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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 84, de 22/05/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 84

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 80

celebrada el martes, 22 de mayo de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las empresas de inserción. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 84-1, de 11 de septiembre de 2000.
(Número de expediente 122/000071.) . . . (Página 4231)

Modificación del orden del día . . . (Página 4238)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de conciertos entre las Administraciones competentes con la finalidad de agilizar los procesos de adopciones internacionales. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 175, de 11 de mayo de 2001. (Número de expediente 162/000279.) . . . (Página 4238)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 161, de 9 de abril de 2001. (Número de expediente 162/000283.) . . . (Página 4238)

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- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Haciendas Locales en lo referente a las compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 175, de 11 de mayo de 2001. (Número de expediente 162/000287.) . . . (Página 4245)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley (continuación):

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del Director de Radiotelevisión Española. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 52-1, de 12 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000042.) . . .
(Página 4251)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del Director de Radiotelevisión Española. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 56-1, de 22 de mayo de 2000. (Número de expediente 122/000046.). . . . (Página 4251)

Mociones consecuencia de Interpelaciones Urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos. (Número de expediente 173/000064.) . . . (Página 4260)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política general para la adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del INSALUD. (Número de expediente 173/000065.) . . . (Página 4266)

- Del Grupo Parlamentario Calatán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector privado, las situaciones de dependencia. (Número de expediente 173/000066.) . . . (Página 4270)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero) «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 32-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/000032.) . . .
(Página 4275)

S U M A R I O

Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


Toma en consideración de proposiciones de ley . . . (Página 4231)

Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las empresas de inserción . . . (Página 4231)

Presenta la proposición de ley para su toma en consideración el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que el objetivo de esta iniciativa es impulsar el fortalecimiento de un instrumento que, nacido en la sociedad civil, actúe para combatir de manera eficaz los problemas derivados de la pobreza y la exclusión social, como son las empresas de inserción, explicando su filosofía y forma de actuar. Recuerda que en la pasada legislatura el Pleno de la Cámara aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley reguladora de dichas empresas de inserción, que Izquierda Unida planteó una proposición de ley reguladora de las empresas de inserción y que la Comisión de Política Social y Empleo por tres veces acordó instar al Gobierno a la regulación de dichas empresas.
Por lo tanto, añade, existennumerosas iniciativas en la Cámara sobre esta materia,

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iniciativas que, por otra parte, responden a una amplia demanda social. Convergència i Unió entiende que la toma en consideración de esta proposición de ley apuesta claramente por la sociedad civil, por la colaboración con el tercer sector y con aquellos sectores de la sociedad que, desde el compromiso social y desde la lógica empresarial, apuestan desde hace años por acceder al empleo.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y las señoras García Pérez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Montseny Masip, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las empresas de inserción, se rechaza por 139 votos a favor y 145 en contra.


Modificación del orden del día . . . (Página 4238)

Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara que los números 2 y 3 del punto I del orden del día, relativos a la toma en consideración de proposiciones de ley, sean debatidos tras el número 6 del punto II, relativo a proposiciones no de ley, y antes del punto III, relativo a mociones consecuencia de interpelaciones urgentes, lo que se aprueba por asentimiento.


Proposiciones no de ley . . . (Página 4238)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de conciertos entre las administraciones competentes con la finalidad de agilizar los procesos de adopciones internacionales . . .
(Página 4238)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional . . . (Página 4238) En primer lugar presenta la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso el señor Azpiroz Villar, quien agradece la oportunidad que le brinda su grupo, la receptividad que ha encontrado la proposición no de ley, que se va a debatir conjuntamente con otra del Grupo Parlamentario Socialista, y la posición mantenida por la señora del Campo, que ha permitido llegar a un texto conjunto en el que se incorporan iniciativas y sensibilidades de otros grupos de la Cámara. Se trata de una resolución que, bajo la forma de proposición no de ley, favorecerá la mejor defensa de los intereses del menor, las legítimas expectativas y aspiraciones de muchas familias y matrimonios españoles y permitirá que se ahonde en una mejor regulación de lo que hasta el momento ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Explica el proceso a seguir en una adopción internacional y los problemas que se plantean, así como el texto de la proposición no de ley, para la que pide el voto favorable.


En defensa de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional, interviene la señora Del Campo Casasús. Se suma, en primer lugar, a las manifestaciones de alegría por haber conseguido un texto que recoge las propuestas de los grupos Popular y Socialista y los distintos matices enmendados por otros grupos, y que satisface las exigencias del interés del menor, suponiendo una sensible mejora en los procedimientos de adopción internacional. A continuación explica el motivo de la presentación de su proposición no de ley y de la aceptación del texto transaccional. Por último muestra su convencimiento de que se ha hecho un buen trabajo entre todos, que permite plantear al Gobierno una serie de medidas que tienen que mejorar en un futuro inmediato la situación de los menores que esperan ser adoptados o de aquellos que ya están en proceso de adopción internacional.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Pigem i Palmés, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y el señor Rejón i Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida).


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Sometido a votación el texto transaccional al que han llegado los grupos Popular y Socialista, que sustituye a las dos proposiciones no de ley defendidas y presentadas por ambos, se aprueba por 280 votos a favor y una abstención.


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Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de Haciendas Locales en lo referente a las compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles .
. . (Página 4245)

Presenta la proposición no de ley el señor Martínez Sanjuán, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Se refiere a la Ley reguladora de haciendas locales aprobada en el año 1988, que supuso un hito importante en la financiación de las corporaciones locales en cuanto que les dio carta de naturaleza en su autonomía fiscal y tributaria, dotando a los ayuntamientos de una auténtica corresponsabilidad tributaria, y al artículo 9 de dicha ley que estableció la posibilidad de que las Cortes Generales, a través de leyes específicas, pudiera establecer exenciones fiscales en aquellos tributos de responsabilidad local y, concretamente, fijó en el artículo 9.2 la estrategia a seguir en las ocasiones en que por ley se establecían beneficios fiscales en materia de tributos locales, recordatorio que todos los años en las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado se vuelven a establecer con carácter anual. Se pregunta por qué en los presupuestos del año 2001 no aumenta la partida de entes territoriales de la misma manera que aumenta la financiación local, en la medida en que la mayor parte de los impuestos podían ir aumentando de acuerdo con lo que creciera la economía del país, y propone en su proposición no de ley que se cumpla el auténtico espíritu de la Ley reguladora de haciendas locales, es decir, que se compense a las corporaciones locales de aquellas exenciones fiscales que se toman muchas veces sin su consentimiento y que se aumente esta partida de acuerdo con la evolución lógica de las compensaciones, informándose desde la Administración Tributaria y desde la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales de cuáles son los derechos de las corporaciones locales.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Martínez- Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas interviene el señor Martínez Sanjuán.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley Reguladora de Haciendas Locales en lo referente a las compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich, se rechaza por 115 votos a favor, 151 en contra y 15 abstenciones.


Toma en consideración de proposiciones de ley (continuación) . . .
(Página 4251)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del Director de Radio Televisión Española . . . (Página 4251)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del Director de Radio Televisión Española . . . (Página 4251)

Presenta la primera de las proposiciones de ley para su toma en consideración el señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que la iniciativa que su grupo presenta es de enorme trascendencia por su contenido y por el momento en que se discute, pasando a defender el tema de fondo, que es la elección por el Parlamento del director general de Radiotelevión Española, y solicitando de los grupos de la Cámara que no planteen enmiendas parciales porque no es el momento procedimental. Explica cómo funcionarían las cosas con un director general elegido por esta Cámara y cómo funcionan con un director general elegido por el Gobierno. Finalmente queda a la espera de los argumentos del Partido Popular ante las iniciativas del Grupo de Izquierda Unida y del señor Saura, que la defenderá a continuación.


En segundo lugar interviene el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, para defender la toma en consideración de la proposición de ley sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se

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regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española. Manifiesta que Iniciativa per Catalunya-Verds plantea también la modificación del Estatuto de Radiotelevisión para que la elección de su director se haga por el Parlamento. Proponen que le designe el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, con un voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas, una vez oído el Consejo de Administración, siendo la duración del mandato de cuatro años y estipulándose también las causas por las cuales el Congreso de los Diputados podría cesarle. En cuanto al problema planteado por el señor Alcaraz del déficit democrático en el funcionamiento de Radiotelevisión, afirma que, en 24 años de democracia y 20 de promulgación del Estatuto, una de las grandes asignaturas pendientes ha sido que la radiotelevisión pública deje de estar vinculada a intereses partidistas de cada Gobierno, planteándose como reto el asegurar la independencia de Radiotelevisión Española de los respectivos gobiernos. Finalmente resume el contenido de su propuesta en que los medios de comunicación públicos estén al servicio del conjunto de la sociedad, en que el director general de Radiotelevisión sea producto de un amplio consenso de la Cámara y en que, en otro trámite parlamentario, se equipare con el resto de los países de la Unión Europea.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Díaz- Cano del Rey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ballestero de Diego, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española, se rechaza por 114 votos a favor, 164 en contra y una abstención.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española, se rechaza por 113 votos a favor, 162 en contra y una abstención.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 4260)

Del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación del acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos . . . (Página 4260)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que la interpelación que el Bloque Nacionalista Galego presentó la semana pasada sobre las medidas concretas que iba a poner en marcha el Gobierno ante la situación en que se encuentra la flota que faenaba en el banco canario-sahariano se debía la alarma despertada ante la inoperancia mostrada por el Gobierno para defender los intereses de esa flota y conseguir un marco en el que pudiese mantener su actividad, alarma que se ha visto acrecentada tras la respuesta del señor Arias Cañete en el debate. Critica la política seguida por el Gobierno y la falta de respuesta a los problemas planteados por lo que en su moción instan al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para reabrir las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Mantilla Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Vázquez Vázquez.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por parte del grupo proponente, se rechaza por 109 votos a favor y 161 en contra.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política general para la adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud . . .
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Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente la señora Valentín Navarro, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Justifica la presentación de su interpelación porque el Tribunal de Cuentas, en su informe del año 1998, ponía de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario, así como en los distintos procedimientos de contratación utilizados por el Insalud, que les llevaron a la conclusión de que el descontrol, el incumplimiento de la ley y los sobrecostes que se daban en este tipo de adquisiciones en el Insalud debían ser objeto de una serie de medidas urgentes por parte del Gobierno, para hacer una gestión de los fondos públicos eficaz y eficiente. Se refiere a determinados aspectos de dicho informe y explica el contenido de la moción.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y el señor Castillo Jaén, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Valentín Navarro.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política general para la adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud, en los términos derivados del debate, se rechaza por 102 votos a favor, 153 en contra y 12 abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector privado, las situaciones de dependencia . . . (Página 4270)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Campuzano i Canadès, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Manifiesta que el debate que su grupo planteó la semana pasada con el ministro de Trabajo y la moción que hoy presentan pretenden fundamentalmente impulsar la participación de las Cortes Generales en la definición de las grandes líneas de futuro de la política de dependencia que se deberá desarrollar en España en los próximos años. Considera que las cuestiones relacionadas con la dependencia como el reto demográfico, la asunción de la presencia importante y masiva de las personas mayores en la sociedad, las necesidades sociosanitarias de esas personas mayores, las transformaciones en los comportamientos de las familias, la dimensión europea de este debate, la necesaria presencia de la mujer en el mercado de trabajo, la necesidad de articular un concepto de dependencia que supere estrictamente el concepto de las personas mayores y permita incorporar a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, enfermedades terminales, demencias y discapacidades físicas que afectan al sistema nervioso central, con graves trastornos de conducta, hacen necesario que desde la Cámara se impulse un pronunciamiento político claro e inequívoco. Finaliza su intervención exponiendo los tres grandes ejes de su moción: primero, que el Gobierno presente a la Cámara antes de finalizar el año 2002 las líneas maestras de su política de atención a la dependencia; segundo, impulsar un amplio pacto institucional; y tercero, facilitar a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo los contenidos materiales necesarios para incorporar esta cuestión a las recomendaciones que los grupos parlamentarios aprobarán dentro de unos meses.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Cortajarena Iturrioz, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Campuzano i Canadès.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar desde el sistema público y en colaboración con el sector privado las situaciones de dependencia, en los términos derivados del debate y de acuerdo con el texto transaccional expuesto por el grupo proponente, se aprueba por 162 votos a favor, 97 en contra y una abstención.


Enmiendas del Senado . . . (Página 4275)

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Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero) . . . (Página 4275)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Gámir Casares, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/ 1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, que son aprobadas.


Se suspende la sesión a las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro de la tarde.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), DE REGULACIÓN DE LAS EMPRESAS DE INSERCIÓN. (Número de expediente 122/ 000071.)

La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Anuncio a SS.SS. que, tras la votación del primer punto del orden del día, se someterá por parte de la Presidencia a aprobación la propuesta de modificación del orden del día con respecto a los puntos segundo y tercero. En primer lugar, punto primero del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las empresas de inserción. Para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, hoy el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presenta a la Cámara para su toma en consideración una proposición de ley reguladora de las empresas de inserción. Con esta iniciativa Convergència i Unió pretende impulsar el fortalecimiento de un instrumento que nacido en la sociedad civil actúa para combatir de manera eficaz los problemas derivados de la pobreza y la exclusión social. Esta no es ni mucho menos la primera vez que en esta Cámara en los últimos cinco o seis años abordamos esta cuestión.
Las empresas de inserción son iniciativas y fórmulas empresariales que desde la economía y desde la propia lógica empresarial apuestan por la inclusión de aquellas personas que, excluidas de los procesos de inserción social y laboral, no pueden participar en plenitud de su condición de ciudadanos. La empresas de inserción suponen una superación de la exclusión desde la lógica del acceso al mundo del trabajo, que aún hoy constituye el elemento central para el ejercicio de esa plena ciudadanía. Las empresas de inserción son una apuesta por permitir que aquellas personas que no gozan de aquellas condiciones de empleo puedan acceder al mercado de trabajo. Las empresas de inserción suponen una concepción activa y dinámica de las políticas sociales, de las políticas dirigidas a las personas con menos oportunidades de nuestra sociedad. En último término, las empresas de inserción suponen también un compromiso de la sociedad civil, un compromiso de los sectores no lucrativos, un compromiso del sector en la creación y en la generación de empleo, un compromiso del tercer sector en el ámbito de las políticas sociales.
Hoy las denominadas empresas de inserción hace años que existen en nuestra realidad social y económica, no es este un fenómeno de los últimos años. Hoy estas empresas, sin un marco legal a nivel del Estado o, incluso, sin un marco legal a nivel autonómico, han podido desarrollar sus actividades. Lo que les planteamos desde Convergència i Unió es precisamente la puesta en marcha de un marco legal que consolide y facilite la actuación de estas iniciativas; unas iniciativas que -insisto- en esa ausencia de marco legal para poder desarrollar sus actuaciones, muchas veces han impulsado sus políticas, han impulsado sus compromisos desde la incomprensión de muchas de las administraciones, desde la inseguridad por la falta del marco jurídico y muchas veces desde la competencia que en muchos ámbitos, en los sectores lucrativos en el sentido estricto, les pueden haber creado.
Decía también que no es la primera vez que en la Cámara discutimos y abordamos esa cuestión. Ya en la última legislatura con mayoría socialista este Pleno aprobó una proposición no de ley que instaba al Gobierno a presentar un proyecto de ley regulador de las empresas de inserción. Incluso en aquella legislatura el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida planteó una proposición de ley reguladora de las empresas de

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inserción. En la pasada legislatura -1996-2000- por tres veces la Comisión de Política Social y Empleo apostó por mandatar al Gobierno precisamente a la regulación de estas empresas de inserción. El informe de la Comisión de Política Social y Empleo sobre la pobreza, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Catalán planteada en la Comisión de Política Social y Empleo y una moción aprobada por el Pleno de esta Cámara de impulso de medidas en el ámbito del tercer sector, todas ellas mandataban al Gobierno sobre la necesidad de poner en marcha esta legislación. Incluso en la pasada legislatura un grupo de trabajo constituido por las organizaciones del sector y el propio Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales avanzaron en la configuración de ese marco legal. En la pasada legislatura no fue posible abordar esta regulación global de las empresas de inserción, pero sí optamos por introducir, a través de la Ley de acompañamiento para el año 2000, un primer paquete de modificaciones a las contrataciones que para la inserción realizasen estas empresas. En definitiva, existe también un mandato amplio de la Cámara en esa materia -que, por otro lado, responde a una amplia demanda social- desde la plataforma de las ONG de acción social, que en diversas ocasiones se han manifestado sobre la necesidad de dar categoría de ley a la regulación de las empresas de inserción, hasta los pronunciamientos de las patronales de la economía social. La semana pasada la propia Cáritas, en sus propuestas al Gobierno a la hora de la elaboración del plan por la inclusión social, remarca como una necesidad de las políticas públicas en su lucha contra la pobreza y la exclusión social el hecho de articular una ley de empresas de inserción. Por tanto, señorías, no se trata de compromisos asumidos por esta Cámara a lo largo de los últimos cinco, seis, siete años, sino que son de amplios sectores que desde la sociedad civil trabajan en este ámbito.
Para Convergència i Unió, la posibilidad de que esta Cámara tome en consideración esta proposición de ley supone, en primer lugar, un reconocimiento político e institucional del compromiso que existe en la sociedad civil en la creación de empleo para aquellos sectores que están más al margen del progreso, más al margen del crecimiento económico; en segundo lugar, un compromiso de los poderes públicos con este modelo de políticas activas en materia de integración social, compromiso que implique al conjunto de las administraciones a la hora de entender que precisamente desde el tercer sector podemos ser capaces de crear empleo, podemos ser capaces de crear condiciones que permitan a aquellas personas que viven al margen incorporarse con plenitud a la sociedad y, en tercer lugar, dar seguridad jurídica y confianza a las actividades que realizan las empresas del tercer sector.
Los mandatos de la cumbre de Lisboa de marzo del año 2000, orientados precisamente a reforzar la perspectiva de la cohesión social del espacio europeo; el artículo 9.2 de la Constitución, donde se afirma que corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social, y la asunción de la existencia de pobreza en nuestra sociedad, como prioridad política importante del conjunto de nuestra acción institucional, son tres factores importantes a este respecto.
Estos días, durante la elaboración del Plan para la inclusión social, en los borradores que hasta ahora ha utilizado el propio Gobierno, se han apuntado cifras del mapa de la pobreza en el Estado español. Por ejemplo, en el propio documento del Plan para la inclusión social se dice que la población-objetivo de personas en pobreza extrema en el conjunto del Estado es de más de 528.000; que los hogares con mucha dificultad para llegar a fin de mes se acercan a los dos millones de personas; que los beneficiarios de las rentas mínimas impulsadas por los diversos gobiernos autonómicos son cerca de 200.000. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Todo ello configura un espacio en relación con el cual hay que afirmar que también hoy en España existe la pobreza y, por tanto, el valorar esta toma en consideración supone que a la política le preocupa esa realidad.
Además, esto se produce en un contexto -y también Cáritas lo hacía público la semana pasada- en el que el conjunto de presupuestos orientados a la lucha contra la pobreza, en parámetros comparativos con la Unión Europea, está lejos de haber asumido los estándares correspondientes. Hoy, Europa destina una media del 0,4 por ciento de su PIB a la lucha contra la pobreza y la exclusión social y en el Estado español nos movemos en el 0,2 por ciento.
Finalmente, planteamos esta iniciativa hoy, en el momento en que el Gobierno está terminando de elaborar su plan por la inclusión social, y nos parece que el compromiso de la Cámara de tomar en consideración esta proposición de ley puede reforzar las políticas que España deberá presentar ante la Unión Europea en esta materia. ¿Existen razones hoy para que esta Cámara se oponga a la tramitación de esta proposición de ley? A nuestro entender, no. Se puede discrepar sobre aspectos concretos de la proposición de ley y, en todo caso, quede claro que a través de la correspondiente tramitación parlamentaria podremos corregir cualquier disfunción que pueda existir en relación al texto que propone Convergència i Unió.
Tres veces ha solicitado esta Cámara al Gobierno la elaboración de ese proyecto de ley, y hoy se refuerza dicha solicitud con la necesidad de que por fin iniciemos su tramitación. Alguien puede entender que quizá no sea necesaria una regulación a través de la ley, sino

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que con la normativa de rango inferior se puede dar respuesta a las necesidades en esta materia. Nosotros entendemos que desde el compromiso que nos marca la Constitución existe la obligación del Estado de promover las empresas de inserción y hacerlo con la máxima fuerza legal posible. También puede haber quien diga que las empresas de inserción podrían introducir algún tipo de competencia desleal en el funcionamiento de nuestros mercados, y tenemos que responder que esa afirmación tan sólo puede producirse desde una visión economicista, sin ningún conocimiento de la realidad de las empresas de inserción. Incluso se podría plantear que con los instrumentos que ya existen en las políticas activas de empleo podemos crear condiciones que nos permitan ayudar a aquellas personas que no pueden participar de los procesos de acceso al mercado de trabajo. Nosotros afirmamos que hoy el conjunto de políticas activas convencionales no son suficientes para dar respuesta a las necesidades de empleo y de acceso al mercado de trabajo a los sectores de la sociedad que viven más marginados.
Señorías, Convergència i Unió entiende que la toma en consideración de esta proposición de ley es claramente una apuesta por la sociedad civil, una apuesta por la colaboración con el tercer sector, una apuesta de colaboración con aquellos sectores de la sociedad que, desde el compromiso social y desde la lógica empresarial, desde hace años quieren acceder al empleo. La toma en consideración en el día de hoy de esta proposición de ley es una apuesta por la innovación social, por la movilidad, por la capacidad de ser creativos, por la capacidad de no instalarnos en la comodidad, por la capacidad de dar respuestas a las necesidades de los más necesitados. En último término, la toma en consideración de esta proposición de ley es una apuesta por situar de verdad como prioridad política de nuestra acción pública la lucha contra la pobreza y a favor de la inclusión social. Desde Convergència i Unió estamos convencidos de que si hoy tomamos en consideración esta iniciativa, podemos estar en condiciones de generar en el trámite parlamentario un amplio acuerdo social con los sectores sociales implicados en esta necesidad, a través de los instrumentos que incorpore el plan por la inclusión, con el diálogo con los agentes sociales, con los sindicatos y las organizaciones sociales y, en último término, con el diálogo con las administraciones públicas que hoy son competentes en materia de servicios sociales, que son las administraciones autonómicas. Nos parece que la toma en consideración nos permite abrir vía hacia ese objetivo. Desde Convergència i Unió estamos convencidos de que esta tarde daremos por fin a este sector una esperanza concreta en el ámbito legal.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Campuzano.
¿Turno en contra? (Pausa.) En el turno de fijación de posición, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Efectivamente, estamos ante uno de los problemas graves que tiene nuestra sociedad, el problema de la pobreza, el problema de la exclusión social. Y si grave es en la sociedad española, una mayor sensibilización aún hay que tener sobre este tema desde aquellos territorios que, dentro de España, tienen unos indicadores más bajos de pobreza. Según los últimos informes de Cáritas, en Andalucía supera los dos millones la población que se puede considerar pobre y más de 300.000 personas pueden pasar hambre. En definitiva, hablar de esta proposición de ley, hablar de estos intentos de regulación para incluir a las personas excluidas es hablar de justicia, no de limosna. A nosotros nos parece que una de las causas fundamentales de esta exclusión es la falta de formación y el analfabetismo de una parte importante de la población, causa que han de tener en cuenta estas empresas. Creemos que habría que incentivarlas con políticas activas de empleo (aprovecho la intervención para exigir una vez más la transferencia de estas políticas a la Administración andaluza, a la más cercana), así como articular estas medidas con otras como la ley de exclusión social, que está ahora mismo en borrador al menos en el Parlamento andaluz, que hagan de ésta una medida integral de política social.
Los andalucistas vamos a apoyar esta iniciativa porque nos parece que es una de las más primarias de nuestra sociedad y es una iniciativa activa. No es limosneo, es enseñar a pescar y no dar pescado; es provocar que haya movimiento, incentivado desde lo público, para generar empleo y así evitar este problema.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
La presente proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) es positiva al introducir una regulación de empresas de inserción definidas como empresas que tienen como objeto prioritario, además de la obtención de beneficios derivados de su actividad empresarial, la inclusión de personas en riesgo de exclusión social, en procesos de inserción laboral en la propia empresa, dándoles así la oportunidad de reintegrarse en la actividad laboral y abandonar situaciones de marginación.


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El Bloque Nacionalista Galego considera positivo reconocer esa labor y, por tanto, dotarles de un marco jurídico propio que les conceda un tratamiento fiscal más favorable que les permita desarrollar adecuadamente sus actividades. Además, creemos positiva la propuesta de regulación de un marco laboral propio en el que confluyan los intereses empresariales y de los trabajadores en exclusión social que se incorporan a esas empresas de inserción. En este sentido, es más positiva la regulación del contrato de trabajo para la adaptación socio-laboral que se define en esta iniciativa legislativa que la solución ofrecida por el Gobierno, a través de la reforma laboral de 2001, a determinados grupos sociales en riesgo de exclusión social (parados mayores de larga duración, inmigrantes residentes en el Estado español con dificultades de empleo), consistente en incluirlos dentro del contrato de formación con retribuciones reducidas, incluso por debajo del salario mínimo interprofesional, y desposeídos de derechos sociales básicos como el de desempleo. Esta proposición de ley deja a salvo todos sus derechos salariales, fijando las retribuciones de las personas contratadas bajo la modalidad de trabajo para la adaptación social, en función de los convenios colectivos sectoriales y sin merma de derechos de protección social.
El Gobierno, apoyando la tramitación legislativa de esta proposición de ley, tiene una buena oportunidad para corregir la precarización del contrato de formación incluida en el Real Decreto-ley 5/2001. En definitiva, el Bloque Nacionalista Galego reconoce que las políticas generalizadas de formación y reciclaje de la mano de obra no han acabado con las desigualdades en el mercado laboral, como pretendía la teoría del capital humano, y por lo tanto las empresas de inserción que propone esta proposición de ley pueden ser un instrumento útil y corrector, aunque limitado, para volver a incorporar a la vida socio-laboral a muchas personas que por causa de la falta de ocupación laboral se encuentran en riesgo de exclusión social. Por tanto, es positivo que gocen de un marco jurídico que les otorgue seguridad para continuar desempeñando sus actividades y el reconocimiento de su función social a través de la concesión de beneficios fiscales y laborales. Por todo esto, vamos a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Buenas tardes y muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo también quiere manifestar su apoyo a esta iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Ya se ha dicho en la Unión Europea, y recientemente el congreso de Niza acordó instar a los Estados miembros el desarrollo y presentación de planes nacionales de inserción social. En esta línea, es ahora el momento propicio para no perder la oportunidad de dar respuestas innovadoras, activas y decididas, y una de ellas es favorecer el desarrollo de las empresas de inserción social porque somos conscientes de que en países como el nuestro, es decir, incluso dentro de los países desarrollados, a pesar de las mejoras de nuestros indicadores sociales y económicos se viven situaciones de pobreza y marginación.
Además, en la mayoría de casos de exclusión social no se trata de situaciones coyunturales en la vida de esas personas, sino que sus causas son múltiples, y aunque no vamos a profundizar en ellas ahora es común y frecuente que dichas causas les acompañen a lo largo de su vida aislándoles y enquistándoles en la marginación.
El acceso a la normalización de la vida social no se hará de una forma espontánea. La exclusión conlleva dificultad para acceder a un puesto de trabajo, por sus carencias sociales, económicas, educativas, falta de cualificación laboral, desmotivación personal, abandono o desconocimiento de hábitos sociales y laborales básicos.
Una de las obligaciones que tenemos es tender puentes con la sociedad normalizada. Esa es también una de las responsabilidades de los poderes públicos, del Gobierno y de la Administración y, por supuesto, una responsabilidad que hoy debiera asumir este Parlamento.


Uno de los puentes a tender es buscar todo tipo de soluciones a la falta de empleo, que es el principal factor de riesgo de situaciones de marginación y exclusión social. El empleo, además de una fuente de ingresos, es el vehículo que permite conectar con toda una red de relaciones sociales que facilitan la integración. Igual que se están tomando medidas dentro del desarrollo del fomento de empleo, que recientemente se ha aprobado, para estimular la contratación de personas en situaciones de exclusión social por las empresas normalizadas, hay que entender que hay otras opciones, y una de ellas es ésta. No es contradictorio con lo anterior el desarrollo de un marco normativo que permita potenciar las numerosas empresas que ya existen en nuestro Estado, cuyo principal objetivo es la inserción social. Es necesario promover un mercado de trabajo abierto a todos, inclusive a los excluidos. No se entendería bien que se siguiera vetando desde esta Cámara la posibilidad de desarrollar un marco normativo estatal para estas empresas. No se debe ver ni como un peligro para la economía, ni como un elemento de competencia desleal para las empresas normalizadas. Son ya numerosas las empresas de inserción social que existen en España: federaciones, asociaciones de empresas de este carácter en las comunidades autónomas, etcétera. En Canarias existe ya una red de promoción de inserción sociolaboral, que tiene una experiencia de quince años en la

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promoción de este tipo de proyectos y empresas. En general, en todo el Estado, son muchas las iniciativas.
En Europa existe ya desarrollo normativo y están surgiendo iniciativas legislativas en este sentido por parte de las comunidades autónomas y las corporaciones locales. No sería lógico que en este terreno no se produjese el necesario desarrollo legislativo en el ámbito del Estado. Es un derecho y un deber de los ciudadanos para y por los sectores excluidos. En última instancia son muchos los beneficios y pocos los perjuicios o los problemas que se pueden producir tras el desarrollo de una normativa como la que se presenta.
Beneficios de utilidad para todo el sector y beneficios para la sociedad en general: disminuye el número de personas beneficiarias de salarios sociales en la medida en que se fomenta este tipo de empresas, aumentan las cotizaciones a la Seguridad Social y las aportaciones a los impuestos. Debe entenderse como un reto el fomento de empresas que combinen la lógica empresarial con una metodología de inclusión de los excluidos sociales, que tengan en cuenta los procesos de desarrollo de itinerarios de inserción en los sistemas productivos.
El ministro de Trabajo nos decía recientemente en la Comisión de Política Social y Empleo, en donde expuso las líneas que iba a desarrollar el Gobierno del Estado en torno al Plan de inserción social, que en España existen diferencias. Hay cinco comunidades autónomas -comentaba él-, que coinciden con las que tienen menos renta: Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia y Canarias, que son las que presentan los índices más altos de pobreza relativa.
Nuestro grupo, Coalición Canaria, hace una apuesta por que hoy se apruebe la presente proposición de ley, con independencia de que estamos seguros de que, de ser así, el debate se enriquecería y se buscaría el máximo consenso para poder llevar a cabo una ley de estas características.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz López.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, al margen del texto normativo de la proposición de ley cuya toma en consideración para su trámite parlamentario realizamos en esta sesión, queremos agradecer al grupo proponente la oportunidad de corregir un nuevo acto de dejación de funciones por parte del Gobierno. Para corroborar esta afirmación, les recordaré que, con ocasión del debate del estado de la Nación, celebrado el 24 de marzo de 1999, se aprobó una resolución, concretamente la número 61, instando al Gobierno a aprobar, en el plazo más breve posible, un proyecto de ley de inserción que configure un marco jurídico estable para las empresas de inserción laboral y contemple a las mismas como instrumentos necesarios y positivos para combatir la exclusión social. Apareció en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, sección Congreso de los Diputados, del 7 de octubre de 1999. Esto ya lo había anunciado el señor Pimentel en ABC, el 11 de julio del mismo año. También es cierto que el Gobierno, sin el señor Pimentel, optó por utilizar una vía más lenta, desregularizada y, por tanto, más ineficaz mediante el proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y de orden social para el año 2000, limitándose a la incentivación de la contratación de estos colectivos, medida rechazada por el Consejo Económico y Social por entender que deberían formularse en una ley de inserción laboral. Sin embargo, tenemos que decirles que ésta no es la primera vez que debatimos la conveniencia o no de dichas medidas. Para confirmárselo tengo que recordar la proposición de ley, que presentó el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en 1995, sobre regulación de las empresas de economía solidaria y alternativa, que trataba de dar cobijo a los distintos colectivos que vienen reclamando desde hace años el reconocimiento oficial de estas entidades y asociaciones que tanto aportan a la cohesión social.
Asimismo, el Grupo Socialista, en septiembre de 1995, presentó una proposición no de ley sobre regulación de las empresas de inserción.
Ambas propuestas son recogidas en el Boletín Oficial de las Cortes Generales, con fechas 11 y 29 de septiembre de 1995. No queremos olvidarnos de que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en 1998, solicitó del Gobierno la regulación de estas empresas, es decir, nuevamente un grupo parlamentario clama por un marco legal regulador de las empresas de inserción. Por ello, esperamos que, esta vez sí, el Gobierno y el Partido Popular que lo sustenta permitan la aprobación de esta propuesta, aunque solamente sea para, acatando los mandatos del Parlamento, saldar la deuda que tiene con los excluidos y con los trabajadores y empresarios de este tipo de empresas. En cuanto al resto, estamos de acuerdo con el espíritu y, por tanto, les adelantamos que vamos a votar favorablemente la proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Tenemos que hacer algunas objeciones que en su momento intentaremos plasmar mediante enmiendas al texto original.
Estas objeciones se refieren, primero, a que en su preámbulo, el grupo proponente establece como causas de la exclusión social las transformaciones producidas por la economía, el cambio de hábitos laborales, los sistemas de organización del trabajo y la pérdida de lazos familiares y sociales. Si bien estas razones existen, son de carácter coyuntural o al menos así aparecen expresadas, no dando la sensación de que además de causas coyunturales existen otras de carácter estructural del modelo de sociedad que la mayoría de SS.SS.
defienden, que dividen a la población entre los de dentro y los de fuera.


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Estas razones estructurales están inmersas en la esencia del sistema neoliberal y son aquellas que, a causa de los déficit de los sistemas de reparto de excedentes económicos, permiten que una empresa como Telefónica obtenga unos beneficios paradigmáticos después de ser privatizada y no tenga ninguna responsabilidad con los trabajadores de Sintel, o que Repsol, también después de privatizarse, obtenga en el año 2000 unos beneficios escandalosos, mientras que con una subida del IPC del 4 por ciento para ese mismo año, entre otras cosas por la subida de precios de los teléfonos o de la gasolina, el Gobierno de todos, eso sí, impone una subida salarial del 2 por ciento, al menos donde puede imponerla, aunque los transportes en Madrid suban un 7 por ciento, es decir, hay otras razones de la propia lógica del sistema que excluye gente, que la margina. Por tanto, en el desarrollo de esta propuesta tendremos que trocar otras lógicas del sistema si queremos que funcione.
En segundo lugar, nos encontramos en el texto un apartado dedicado a las exenciones fiscales: sí a la Seguridad Social, pero no a la fiscalidad. Estas deducciones deben aparecer específicamente, dado el trabajo que realizan por el propio fin que tienen las empresas de inserción. Queremos reproducirles las palabras de don Eduardo Rojo Torrecilla, catedrático de derecho del trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Gerona: Estas empresas posibilitan la rehabilitación social de un número no desdeñable de personas y dan un resultado positivo para las finanzas públicas cuando se efectúa un balance de coste-beneficio de las estructuras de inserción y se compara con el de otros dispositivos de prevención del desempleo y de creación de empleo, habida cuenta de los subsidios ahorrados y de las cargas e impuestos pagados.
En tercer y último lugar, queremos destacar otra carencia, a nuestro entender de gran importancia, que tiene que ver con la que dijimos anteriormente, sobre tocar las estructuras económicas en este caso.
Nos falta un apartado relativo al reconocimiento de las cláusulas sociales de los pliegos de cláusulas administrativas de los contratos de la Administración pública. Es evidente que esto significa tener que tocar la Ley de contratos del Estado, pero, como le decía anteriormente, es imprescindible acabar con la especulación. No ponemos objeciones a que las empresas tengan beneficios, pero no podemos estar de acuerdo con los privilegios de algunas grandes empresas, con situaciones como las que posibilitan que empresas tipo Eulen acaparen el trabajo social, como la ayuda a domicilio, con un riesgo añadido del que hablaremos en otro momento, con lo que supone de negativo que se obtengan beneficios en el trabajo social siendo los clientes más necesitados de ayuda los que a veces, aunque esté subvencionada, no la pueden pagar. Esta necesaria modificación de la Ley de contratos del Estado debe permitir que ámbitos económicos del trabajo social no sean accesibles a grupos empresariales privados cuyas plusvalías no generan beneficios sociales o que si les son accesibles tengan que revertir los beneficios en los propios clientes.
Señorías, por lo expuesto, deseamos que se apruebe esta toma en consideración con el fin de que podamos empezar a trabajar todos en la dirección adecuada. Cuenten con nuestra colaboración en la medida de nuestras posibilidades.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora García Pérez.


La señora GARCÍA PÉREZ: Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Socialista consideramos importante el momento en el que estamos debatiendo esta proposición de ley, porque si bien es cierto, como ya han establecido los distintos intervinientes, que ha habido múltiples intentos por regular este tipo de iniciativas y hasta ahora no se ha conseguido, también es cierto que hoy todas las empresas, organizaciones y personas que trabajan en este campo nos están pidiendo a todos los grupos políticos la necesidad de este marco normativo. Además, creo que la toma en consideración de esta proposición de ley podrá llegar a buen efecto, porque la proposición que nos presenta el Grupo de Convergència i Unió y el anteproyecto realizado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en 1999 son prácticamente idénticos, con lo cual entendemos que no existirán muchas discrepancias en este sentido.
Es necesario que se dote de mecanismos a nuestro ordenamiento jurídico para evitar los riesgos de exclusión social de determinados colectivos que, por diferentes razones, tienen dificultades para integrarse en la sociedad. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Perdón, señora diputada. Un momento que vamos a solicitar de la Cámara un poquito más de silencio y de atención. A las señoras y señores diputados que están de pie les ruego que, o abandonen el hemiciclo, o tomen asiento para que la señora diputada pueda, con toda tranquilidad, terminar su intervención.
Ruego, señora García Pérez, me excuse, pero creo que había que decir algunas palabras.


La señora GARCÍA PÉREZ: Gracias, señora presidenta.


Uno de los principales factores en esta inserción, sin duda, es el mundo laboral, no sólo porque posibilite una independencia económica, sino porque sirve para el desarrollo personal de estas personas y para su integración en la sociedad. Dado que el desempleo se configura, cada vez más, como una realidad estructural, laintegración social de estas personas con riesgo de

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exclusión social son el objetivo principal de muchas organizaciones sociales que coinciden en señalar la importancia del empleo en los procesos de inserción. Además, el hecho de que estas empresas empiecen a ser reconocidas por su valor social, escapando de la ayuda asistencialista que existía hace tiempo para optar por un sistema de formación y capacitación, tanto profesional como social, hace necesario un marco legislativo que las regule. Ya se ha hecho también referencia por parte de otros intervinientes a que dentro del Plan de inclusión social de nuestro Estado se establece como una de las formas de integración para estas personas el empleo y la organización de estas empresas. Es por ello que el Grupo Socialista va a apoyar la toma en consideración de esta proposición de ley, esperando su aprobación para dar lugar a un debate posterior en el que se pueda enriquecer y mejorar con las aportaciones de los diferentes grupos políticos. Digo esto porque, aun compartiendo la necesidad de este marco jurídico, hay cuestiones que no compartimos o que entendemos que se deben de matizar.
En cuanto a lo que en la proposición de ley se establecen como sujetos de inserción laboral, se podrían hacer algunas puntualizaciones como, por ejemplo, que en esta proposición se asume la posibilidad de que haya personas que no puedan acceder a una renta mínima de inserción por falta de disponibilidad presupuestaria.
Nuestro grupo no comparte esa asunción y pensamos que se podría modificar.
Hay otros temas que también pueden ser matizados a lo largo del debate, como pueden ser el número de trabajadores mínimos para establecer una empresa de inserción social, el tanto por ciento de reinversión de los beneficios en los procesos de inclusión o la duración mínima de los contratos que se deben establecer. Todos ellos son temas que entendemos que pueden ser debatidos por los distintos grupos políticos y a los cuales podemos llegar, en cuestiones concretas, a buenos acuerdos.
Otro tema que entendemos que se debe matizar es todo lo que tiene que ver con los niveles competenciales. En este sentido, se debe combinar el respeto de la competencia de las administraciones, de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales, con evitar el riesgo que se puede crear por las desigualdades en derechos, desarrollo y funcionamiento que pudieran darse por parte de las diferentes comunidades autónomas en su voluntad de regular y promover el empleo de inserción. Asimismo debemos partir de la idea de que el objetivo principal de estas empresas ha de ser la inserción laboral y no tanto la estimulación del rendimiento. Bajo esta óptica, habría también que modificar el sentido de alguno de los artículos.
En definitiva, son muchas las cuestiones que se pueden matizar, pero es sólo uno el objetivo que hoy nos trae aquí a todos, y es el que, de una vez por todas, se pueda desarrollar este marco normativo tan necesario en estos momentos. Es por ello que reitero el voto favorable de nuestro grupo a esta proposición de ley. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Montseny.


La señora MONTSENY MASIP: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para defender la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación a la toma en consideración de la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, que posibilitaría la regulación de las empresas de inserción.
Este es un tema importante, apasionante, y yo creo que es verdad que, como dice la exposición de motivos de la proposición de ley, que he leído detenidamente, es un problema que afecta a toda la sociedad moderna, que ya se ha estudiado en algunos países de la Unión Europea, que nos afecta a todos, porque todos tenemos la posibilidad de conocer a personas que están excluidas del mercado laboral en situación de exclusión social, pero si bien en Europa se han hecho cosas, también en España en ese ámbito se han puesto en marcha muchas iniciativas legislativas para mejorar a todas aquellas personas que en un momento dado están o han estado en situación de exclusión social.
Es cierto que hay que luchar contra la marginación y la pobreza, hay que llevar a cabo y debatir en este Parlamento todas aquellas iniciativas que fomenten el empleo, pero también es cierto que las cosas hay que hacerlas en su justo momento, con estudios detallados, con toda la información necesaria, con todos los documentos que se puedan aportar para completar una memoria que puedan facilitar una regulación acorde con las demandas de nuestra sociedad.
Yo creo que en estos cinco años de Gobierno de la fuerza política a la que represento en este momento se han hecho muchas cosas en el ámbito social, en el ámbito de fomentar una mejor calidad de vida, una mayor integración laboral de los excluidos socialmente: se ha aprobado un Plan de choque experimental en cien municipios, propiciado por el Gobierno, para que a nivel local se puedan llevar a cabo esos estudios, esas acciones formativas, esas acciones de práctica para que las personas excluidas socialmente puedan integrarse en ese mercado laboral; todavía es pronto para saber el resultado en toda su extensión de la viabilidad y de los avances que hayan podido suponer en este sector. Se han elaborado programas de tutoría individualizada, asignando un tutor en materia de orientación profesional y de práctica para las personas que están excluidas de la integración laboral en nuestro país. Se han fomentado programas de escuelas taller para mayores de veinticinco años que brindan una formación en prácticas

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en obras y servicios de utilidad pública, promovidos tanto por entidades públicas como privadas sin ánimo de lucro.
En el presente año, en el Plan nacional de fomento del empleo ya se puso en marcha el programa de renta activa de inserción y la consiguiente modificación para incrementar y ampliar la protección de personas pertenecientes a estos colectivos que estamos analizando en un número de 65.000, y se dota por primera vez este programa con 50.000 millones para que pueda dar sus frutos a lo largo de los próximos años.
Es verdad que tenemos una cierta prevención en relación a la proposición de ley, por varios motivos. Si bien tengo que dejar muy claro que el Grupo Parlamentario Popular coincide y hace suya la exposición de motivos y las necesidades de la misma, creo que es prematuro el poder votar esta proposición de ley favorablemente, porque sería necesario que todos los grupos políticos tuviéramos un estudio mucho más detallado de la orientación de la regulación adecuada de la proposición.


Señor Campuzano, mi grupo también ha debatido con el sector.
Entendemos que el sector, que viene realizando tareas de ayuda para la inserción social, coincidiría más en una ley conceptual de dominación de unos rasgos menos rígidos, una proposición de ley menos constreñida y más generalizada que pudiera hacer efectivos esos proyectos de empleo entre personas excluidas socialmente. Adolecemos de una memoria detallada que pueda poner de manifiesto las consecuencias que se pueden derivar. Porque en la proposición de ley sólo se habla de una bonificación del 60 por ciento en el capítulo V, cuando el proyecto de ley que se está debatiendo en la Cámara en estos momentos, que ha modificado el contrato de inserción social, habla de bonificaciones del 65 por ciento para determinados casos de exclusión social. Por tanto, existen razones que nos llevan a ser prudentes en este terreno, porque si no hacemos un estudio adecuado, no sabemos la incidencia que podría tener el desplazamiento de creación ordinaria de empleo al sector de inserción social, ya que podría crear problemas a la economía productiva activa que no necesita de una especial protección con relación a empresas que están ubicadas dentro del mercado laboral de trabajo regulado por el Estatuto de los Trabajadores.
Señor Campuzano, propondría que todos los grupos parlamentarios nos pusiéramos de acuerdo para fomentar una mesa de negociación en la que las partes implicadas fomentaran un estudio y nos hicieran llegar la expectativa que requiere el sector, cosa importante en nuestra sociedad, dadas las continuas transformaciones que sufre la economía de mercado, la propia sociedad y la evolución de las empresas. Pero debemos ser cautos, tener un poco de paciencia y fomentar esa mesa de negociación para conocer los problemas y las soluciones que puedan derivarse, conseguir un éxito próximo en el terreno de la inserción social y poder desterrar a las personas que están en situación de exclusión.
Muchas gracias. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley: Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), de regulación de las empresas de inserción.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 284; a favor, 139; en contra, 145.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la iniciativa.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: Señorías, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de que los puntos 2 y 3 del apartado I, relativos a toma en consideración de proposiciones de ley, sean debatidos tras el punto 6 del apartado II, relativo a proposiciones no de ley, y antes del apartado III, relativo a mociones consecuencia de interpelaciones urgentes. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.


PROPOSICIONES NO DE LEY.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, RELATIVA AL IMPULSO DE CONCIERTOS ENTRE LAS ADMINISTRACIONES COMPETENTES CON LA FINALIDAD DE AGILIZAR LOS PROCESOS DE ADOPCIONES INTERNACIONALES. (Número de expediente 162/000279.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MEDIDAS RELATIVAS A LA ADOPCIÓN INTERNACIONAL. (Número de expediente 162/000283.)

La señora PRESIDENTA: Punto II: Proposiciones no de ley.
En función de lo acordado en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las siguientes iniciativas: la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, relativa al impulso de conciertos entre las administraciones competentes con la finalidad de agilizar los procesos de adopciones internacionales, y la proposición no de ley, del Grupo Parlamentario

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Socialista, sobre medidas relativas a la adopción internacional.


En primer lugar, para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Continúan los rumores.) ¡Señorías, ruego guarden silencio! (Pausa.) Adelante, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Muchas gracias, señora presidenta.
Buenas tardes, señoras y señores diputados. Hoy tengo el honor (y se lo agradezco a mi grupo parlamentario) de intervenir en una proposición no de ley que trata de mejorar las condiciones de acceso a las adopciones internacionales. He de agradecer también la receptividad que he encontrado a una proposición no de ley que se va a discutir conjuntamente con la del Grupo Popular (la del Grupo Popular ya fue objeto de una iniciativa idéntica a la que hoy debatimos a finales del año 1999 y caducó al finiquitar la legislatura precedente), y he de agradecer la posición que ha mantenido doña Carmen del Campo en esta cuestión, que nos ha permitido llegar a un texto conjunto y nos ha permitido incorporar iniciativas y sensibilidades de otros grupos de la Cámara, manifestadas en las enmiendas... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Azpiroz.
Señorías, ruego guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) Para mí es un honor y es un día de agradecimiento y de felicitación porque creo que este Congreso de los Diputados va a aportar una resolución, bajo la forma de proposición no de ley, que favorezca la mejor defensa de los intereses del menor, que favorezca también las legítimas expectativas y aspiraciones de muchas familias y matrimonios españoles y, en definitiva, que se ahonde en una mejor regulación de lo que hasta el momento ha venido haciendo el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en la materia.
Como es conocido por quien ha tenido que pasar el trámite de una adopción internacional, en ocasiones dificultosa y problemática, existen problemas iniciales de información, problemas relativos a la agilidad en la concesión de los certificados de idoneidad y no siempre a un cierto criterio más o menos homogeneizado o conjunto que sería deseable plantear en las diversas comunidades autónomas competentes, para el mejor conocimiento de los ciudadanos y por un principio que, respetando esas competencias, salvaguarde y no quebrante el principio de igualdad de nuestros conciudadanos. Hay problemas cuasi insalvables para no poder adoptar en el país que uno desee cuando en el lugar de residencia de las personas que lo pretenden no existe la ECAI, la entidad de colaboración en la adopción internacional, acreditada en dicho territorio. Y a nosotros nos parece que hay que favorecer que las personas, previo concierto con las comunidades que tienen acreditada y certificada dicha agencia y las comunidades que carecen de ella, que los ciudadanos no se vean impelidos a no poder adoptar en determinados países, por razones de agilidad temporal, por razones de un menor tiempo de permanencia en el Estado o en la nación origen del adoptado, por razones de coste económico, por razones de seguridad o por razones de mero interés en adoptar en un país y no en otro, en función de la afinidad biológica o de la afinidad o no lingüística o cultural de la persona adoptada con la integración de los padres y el matrimonio que pretende adoptar e integrarla en su familia.
Por todo ello, hemos presentado una proposición no de ley que ha sido objeto de una fusión con un resultado que enriquece notablemente tanto la que aportaba mi grupo como la del Grupo Socialista, en pro de facilitar todos estos trámites, garantizando siempre el derecho del menor, el respeto a la Convención de La Haya de 29 de marzo de 1993 y las competencias de las cuales son titulares las comunidades autónomas. Hemos hecho un texto en el cual se promueven, en primer lugar, criterios relativos a la protección del menor; en segundo lugar, hay criterios acordados para la acreditación de las ECAI, entidades de colaboración de la adopción internacional, de manera que no haya una dispersión o contradicción en función del territorio de que se trate y que en Madrid una pueda no estar acreditada y en Navarra, sí, o viceversa, porque se debe tratar de unas garantías mínimas que conformen y respeten la legalidad vigente y que, por descontado, preserven y salvaguarden la mejor defensa del menor como se debe realizar. En tercer lugar, planteamos el impulso de convenios con las comunidades autónomas para la validez de las entidades colaboradoras de la adopción internacional, como he dicho hace un momento, que estén presentes en otro territorio. Ha habido acuerdos intracomunitarios de directores generales de las comunidades autónomas en estas materias en los años 1997 y 1998; ha habido esfuerzos, que hay que reconocer y valorar en su justa medida, por el Ministerio de Trabajo, pero nos parece que, en la práctica, no son realmente suficientes para las legítimas aspiraciones y los problemas de nuestros conciudadanos y que se deben mantener y mejorar los mecanismos hasta ahora existentes para que los ciudadanos, como he dicho, si quieren adoptar en Bulgaria y en el lugar de residencia no hay una ECAI que trabaje allí lo puedan hacer, porque hay que facilitar que un menor sea adoptado, que no permanezcaun tiempo innecesario en la salvaguardia de los lugares

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de tutorización del país de origen, y que tampoco se genere una situación de extrema incertidumbre, de tensión innecesaria, en unos padres ansiosos de poder adoptar, que es algo bueno para el niño, para sus padres y para toda nuestra sociedad, más todavía con el escaso nivel demográfico que tiene la nuestra.
Se han acreditado en esta fusión de las proposiciones no de ley cinco aspectos. Unido a lo que he dicho, agilizar la información, que es importante, y agilizar los procesos de adopción. Vinculado a ello, precisar conciertos con las oficinas consulares, de modo que faciliten un mejor conocimiento de la legislación interna del país de origen, que faciliten los trámites, que faciliten los visados o pasaportes y que, en definitiva, preserven el interés del menor y el legítimo interés de las familias. Me tengo que felicitar, señora presidenta, por poder presentar un texto que puede acoger las diversas sensibilidades y planteamientos que los diversos grupos hoy han presentado. Hemos llegado a un acuerdo expreso en la materia con el Grupo Socialista, que, insisto, agradezco, y con el Grupo de Convergència i Unió, que también agradezco, y recogemos alguna formulación puntual efectuada desde Izquierda Unida en la materia.
En definitiva, señora presidenta, proponemos y apoyaremos un texto que dice lo siguiente -y que a continuación entregaremos-: Primero, promover acuerdos con las comunidades autónomas en el seno de las conferencias sectoriales pertinentes para que, con relación a las adopciones internacionales, mejoren los mecanismos de colaboración entre las mismas y para que cada una de ellas garantice el cumplimiento de los principios relativos a la protección del menor y a la cooperación en materia de adopción internacional, en el marco de lo establecido en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993.
Segundo, agilizar los trabajos de colaboración con las comunidades autónomas para que, en un plazo máximo de seis meses, se llegue a adoptar acuerdos en cuanto a los criterios para conceder la acreditación de las entidades colaboradoras, siempre que se garantice que tengan como objetivo en sus estatutos la protección de los menores, así como la eficacia de su acción y su carácter de organizaciones sin ánimo de lucro. Tercero, impulsar convenios para que las entidades colaboradoras en los procesos de adopción internacional, ECAI, puedan trabajar en todo el territorio nacional mediante acuerdos entre aquellas comunidades autónomas donde estén acreditadas y aquellas otras que lo estimen oportuno, profundizando en los acuerdos de cooperación interautonómica adoptados por los directores generales de las comunidades autónomas en fechas 4 de noviembre de 1997 y 10 de noviembre de 1998. Cuarto, establecer una colaboración fluida entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, con la finalidad de garantizar la rapidez de la información y agilizar estos procesos en aras del interés del menor. Quinto -y último-, establecer conciertos con las oficinas consulares para que se preste la asistencia y asesoramiento necesarios a las familias adoptantes, ayudándolas, siempre desde el respeto a los procedimientos y disposiciones locales en la materia, en la agilización de los trámites para formalizar la adopción ante las autoridades competentes del país de origen del menor.
Nos parece, señora presidenta, señorías, que hemos llegado a un texto, como dije antes, que ha profundizado, ha mejorado y ha enriquecido los textos iniciales que han dado lugar al debate que ahora tenemos en la Cámara. Creemos que hoy estamos dando una legítima satisfacción a las aspiraciones de muchas familias y muchos matrimonios, desde una perspectiva doblemente garantista: por una parte, la fundamental de garantizar los legítimos intereses y derechos del menor y, por otra, siendo escrupulosamente respetuosos con nuestro orden constitucional, con nuestro marco comunitario, con nuestro marco competencial.
Estamos dando una respuesta no sólo a esas peticiones de una parte importante, cada día creciente, en nuestra sociedad, sino que estamos atendiendo legítimas aspiraciones de entidades colaboradoras de la adopción internacional que ven muchas veces frustradas las posibilidades de atender razonables peticiones de ciudadanos españoles que quieren que sean atendidas y quieren plantear adopciones en países que esas entidades colaboradoras tienen concertados, que están acreditadas ante dichos países y ante nuestras comunidades y sin embargo no lo están en el lugar de residencia, en el domicilio de dichos padres. Solventar esto nos parece que es un avance que va a facilitar dos cosas fundamentales: la garantía del menor y seguir acreciendo con una adopción internacional dinámica que responda a una reivindicación social cada día mayor y que da una respuesta garantista a los derechos de todas las partes implicadas.
Tiempo habrá, sin duda, en otro momento, de abordar -probablemente en esta misma Cámara- debates colaterales que hoy no podemos abordar.
Por ejemplo, los relativos a costos, los relativos a algunos países, en relación con la seguridad jurídica que nos dan a la hora de saber si realmente se está procediendo a una adopción o a otra cuestión, pero que afectan, en todo caso, a modificaciones legales que hoy no pretendemos. Hoy pretendemos una modificación para que haya acuerdo de voluntades, que haya concierto, que haya convenio, que haya impulso, que existe pero que queremos que se profundice, desde el Ministerio de Trabajo con las comunidades autónomas, para llegar al doble fin que hemos propuesto y al que ya me he referido en demasía.
Muchas gracias y felicidades a todas SS.SS. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Azpiroz.


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Para la defensa de su proposición no de ley, tiene la palabra la señora Del Campo.


La señora DEL CAMPO CASASÚS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, quiero también sumarme a la felicitación por haber conseguido hoy un texto que recoge las propuestas del Grupo Popular, las propuestas del Grupo Socialista y distintos matices enmendados por otros grupos; un texto que para nosotros satisface las exigencias del interés del menor y supone además, aunque sea lo secundario, una sensible mejora en los procedimientos de adopción internacional.
Después de esta felicitación, desde el Grupo Socialista quisiéramos explicar por qué nos sentimos movidos a presentar esta proposición no de ley y por qué hemos suscrito el texto transaccional, que nos parece que la respeta y la mejora. Y es que, señorías, la adopción internacional es un fenómeno en una expansión vertiginosa en España: 942 adopciones internacionales hubo en el año 1997; 1.447, en 1998; 2.000, en 1999; más de 3.000, en el año 2000. Estamos multiplicando por cuatro la cifra de adopciones de hace cuatro años. Y, ante un fenómeno que crece de esta manera, es fundamental que haya un control, sobre todo en un fenómeno en el que la materia prima, el objeto a tratar, es tan delicado, es nada menos que niños. Ha de haber el control adecuado para que lo que nació como una manifestación de solidaridad no degenere en sangrantes casos de tráfico de niños.
España fue firmante del Convenio de La Haya de 1993, cuyo objeto era fundamentalmente establecer garantías para que este tipo de adopción se hiciera en consideración al interés del menor y al respeto a los derechos fundamentales que todo niño tiene. La Ley orgánica de protección jurídica del menor, la Ley 1/1996, reguló la adopción internacional de acuerdo con lo establecido en el convenio, definiendo las funciones de las entidades públicas y las de aquellas entidades sin ánimo de lucro que podían ser acreditadas por las entidades públicas para actuar como mediadoras en el proceso de adopción. La verdad, señorías, es que nuestra legislación de 1996 era una legislación excelente, no hubo discrepancia entre los partidos en este punto, pero la práctica ha venido demostrando que existen graves dificultades en el día a día de los procedimientos de adopción, graves dificultades que convierten la adopción para el niño que es adoptado en una aventura peligrosa que muchas veces atenta contra su propio interés y para el adoptante en un largo calvario difícil y arriesgado.
La proposición no de ley del Grupo Socialista trataba de poner solución a algunos de los más importantes de esos problemas que se producen en el día a día de la adopción internacional. Ante todo, al hecho de que las entidades colaboradoras de adopción que están acreditadas en las comunidades autónomas son variopintas, no sólo en la eficacia de su acción sino también en su carácter de auténticas entidades protectoras de menores y sin ánimo de lucro. Hay comunidades que tienen perfectamente definidos los requisitos necesarios para acreditar una agencia colaboradora de adopción internacional y que tienen perfectamente regulado su funcionamiento, pero también es cierto que hay lugares donde la insuficiencia normativa o la inadecuación de ésta origina casos peligrosos, un marco de permisividad que puede crear graves perjuicios, tanto para el menor como para quienes solicitan adopción, y que es además una fuente constante de denuncias, de intervenciones administrativas e incluso de retiradas de habilitación que dejan en la estacada a los niños y a quienes en ellas trataban de solicitar la adopción de alguno de ellos.
Sabemos que el Gobierno y las comunidades autónomas llevan tiempo tratando de establecer criterios comunes para la acreditación de estas agencias. Sin embargo, aunque, por lo que sabemos, ninguna de las partes tiene inconveniente en la adopción de estos criterios, también es lo cierto que hasta hoy estos acuerdos no han fructificado. Nosotros creemos que ya es tiempo de poner un plazo, un límite, para que fructifiquen y para que todas las comunidades autónomas dotadas de esos criterios puedan tener la garantía de que las agencias de adopción responden a la función que la ley previó para ellas. Pretende también nuestra proposición resolver una situación administrativa complicada que se crea en España con la aplicación del Convenio de La Haya y que es más complicada aún porque hasta ahora no se ha encauzado adecuadamente. De hecho, de acuerdo con las disposiciones del Convenio de La Haya, las autoridades centrales competentes en materia de adopción internacional son las comunidades autónomas. Sin embargo, la autoridad competente, a efectos de transmisión de comunicaciones, es el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, cosa que no sería ningún problema si la comunicación fluyera rápidamente de ese Ministerio a las comunidades autónomas. Pero, por desgracia, no sucede así y con eso los perjudicados son, primero, los adoptantes, que muchas veces ven su calvario burocrático a la hora de adoptar duplicados ante una y otra Administración y, segundo, los niños, que muchas veces ven cómo esta prolongación de los trámites burocráticos les aleja cada vez más las esperanzas de tener una auténtica familia.
Deseamos, por tanto, que se busquen fórmulas para garantizar la fluidez de esta comunicación y también para mejorar la asistencia de nuestro servicio consular a quienes pretenden adoptar en el extranjero. Porque, señorías, lo cierto es que hay países en la Unión Europea, como Alemania o Italia, en que un solicitante de adopción que llega a un país extranjero tiene a un funcionario consular que le atiende, contribuye a aliviarle las actuaciones judiciales administrativas, garantiza que obtenga la información necesaria y, en fin, hace que sea más sencillo ese trámite difícil, largo y siempre

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complicado, para un ciudadano que se tiene que mover en el extranjero, y mucho más cuando hay por medio un niño que está esperando ser adoptado. Sin embargo, lo cierto es que los ciudadanos españoles estas ventajas sólo las tienen por la buena voluntad de los funcionarios consulares aislados.
La experiencia ha demostrado que esta falta de asesoramiento in situ puede dar lugar a auténticos fraudes y a tristes casos de venta de niños. Además, señorías, hoy por hoy, la cifra de adopciones por parte de españoles en algunos países extranjeros es sumamente alta.
El año pasado, por ejemplo, casi 500 adopciones en la Federación rusa; 583, en Rumania; 475, en China; o 420, en Colombia, justifican de sobra que haya funcionarios dedicados a la atención de estos ciudadanos que quieren adoptar y de estos niños que esperan ser adoptados. Precisamente a esta exigencia respondía el último punto de nuestra proposición no de ley. De aquí nuestra satisfacción de que el texto transaccional que hemos aprobado entre todos no sólo recoja los puntos planteados por el Grupo Socialista, sino matizaciones hechas por Convergència i Unió y por Izquierda Unida, y, aunque no recoja todo su texto, sí el espíritu de las enmiendas de Izquierda Unida, puesto que al fin y al cabo las medidas que en el texto consensuado se proponen no son sino medidas, y las más efectivas y concretas, para luchar contra las mafias y contra el tráfico de niños. Además, incluye dos puntos presentados por el Grupo Parlamentario Popular que nos parecen interesantes, especialmente el segundo, el que trata de profundizar en los acuerdos ya existentes de cooperación para que las entidades colaboradoras de adopción internacional puedan facilitar la adopción en países extranjeros a ciudadanos de otra comunidad autónoma cuando en su comunidad autónoma no haya una entidad que trabaje con ese concreto país extranjero.
Por tanto, señorías, creemos que hoy, con más o menos dificultades, hemos hecho un buen trabajo entre todos, un trabajo que nos permite plantear al Gobierno una serie de medidas que tienen que mejorar y que tienen que mejorar en un futuro inmediato la situación de los menores que esperan ser adoptados o de aquellos que ya están en proceso de adopción internacional.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Del Campo.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la proposición no de ley, tiene la palabra, por el Grupo de Convergència i Unió, la señora Pigem.


La señora PIGEM I PALMÉS: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, tomo la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar nuestra posición con respecto al texto consensuado que nos han presentado los grupos parlamentarios Popular y Socialista.
Desde Convergència i Unió compartimos las preocupaciones, las quejas incluso que manifiestan los ciudadanos por los escollos con que se encuentran en la tramitación de las adopciones internacionales y compartimos también con los grupos proponentes la necesidad de adoptar políticas que de una manera eficaz o, por lo menos, de la manera más eficaz posible coadyuven a resolver los problemas que en el largo camino de las adopciones internacionales aparecen y que, tal y como se expresa en la exposición de motivos de la iniciativa socialista, convierten esta adopción en una empresa generalmente difícil y penosa para los adoptantes. Y, lo que es más, tal como se señala en la iniciativa del Grupo Popular, en muchas ocasiones, las dificultades que aparecen, en especial la gran lentitud de trámites administrativos, hacen que pueda llegar a conculcarse el interés superior del menor porque se le está retrasando el derecho que tiene de gozar de la atención y afectividad que le son imprescindibles para su desarrollo personal y que le va a proporcionar, sin duda, su familia adoptiva.
Fruto de nuestra preocupación por este tema y desde la convicción que también tiene Convergència i Unió de que deben adoptarse medidas eficaces para allanar el camino de las adopciones internacionales, habíamos presentado una enmienda a las iniciativas Socialista y Popular. Ahora se nos presenta por los grupos proponentes, Socialista y Popular, un texto no sólo consensuado con todos los grupos, sino enriquecido con las enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida y por nuestro propio grupo. Quiero, en primer lugar, agradecer el esfuerzo que los proponentes han hecho para poder llegar a este acuerdo y decir también que creemos sinceramente desde Convergència i Unió que el texto resultante es un buen texto. Pensamos que profundizar en los acuerdos de cooperación interautonómica ya adoptados por los directores generales de las comunidades autónomas con respecto a que las ECAI puedan trabajar en todo el territorio del Estado, por una parte; establecer una colaboración fluida entre las comunidades autónomas y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, para dar rapidez a la información que los adoptantes solicitan, para evitar duplicidad en las gestiones y para, en definitiva, agilizar los procesos de adopción en aras del interés del menor, por otra, y, especialmente, una buena asistencia de las oficinas consulares, estas tres medidas, en su conjunto, significarán un gran proceso en la agilización de estos trámites e incluso es posible que supongan un abaratamiento en el coste de los mismos.
Con respecto a los puntos primero y segundo, donde se han aceptado con generosidad nuestras enmiendas por parte de los grupos proponentes, pensamos que la redacción actual, que la redacción final, no sólo es absolutamente respetuosa con las competencias, punto

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para nosotros de gran relevancia, sino que también se ajusta más a lo que es desde nuestro punto de vista capital en este tema y es que, más allá de criterios puramente unificadores, la regulación de todas las comunidades autónomas garantice el cumplimiento de los principios relativos a la protección del menor y a la cooperación en materia de adopción internacional en el marco de lo establecido en el Convenio de La Haya de 29 de mayo de 1993, garantías que se dan, y así nos consta, en muchas de las regulaciones, y especialmente quiero citar la de Cataluña. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), como es natural, apoyará el texto resultante.
Finalizo felicitando sinceramente a todos los grupos por haber sido capaces de consensuar un texto que todos podamos votar y que sin duda mejorará la tramitación de la adopción internacional, en interés evidente de los ciudadanos adoptantes, pero, en especial, en interés del menor.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Pigem.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, empiezo como ha terminado la portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), agradeciendo a todos los grupos o, mejor, agradeciéndonos todos los grupos haber llegado a este punto de encuentro.
Ya en la pasada legislatura el Grupo Parlamentario Popular presentó la misma proposición no de ley sobre la adopción internacional. Si en 1999 eran evidentes los variados problemas que aquejaban a los procesos de adopción internacional, hoy, dos años después, esos problemas no solamente no se han solucionado, sino que siguen estando ahí, agravados, por lo cual es netamente saludable volver a presentar esta proposición no de ley. Vaya por delante nuestra felicitación a los Grupos Parlamentarios Socialista y Popular por suscitar de nuevo esta cuestión, ya que, como decía antes, los problemas de burocratización, la disparidad de criterios administrativos y garantías antifraude, así como la lentitud en materia de adopción internacional, siguen necesitando soluciones de las administraciones públicas.
En primer lugar, con respecto a la proposición del Grupo Parlamentario Popular y de cara a su posterior desarrollo, debo decir que, aun estando de acuerdo con el texto, es notorio el interés del PP por insistir en los retrasos como consecuencia de la burocratización, en las disparidades de criterio de las administraciones públicas competentes y en la situación de presunta desigualdad de los ciudadanos. Sin negar la existencia de alguno de esos problemas, que lo son, este grupo parlamentario entiende que éste, como otros muchos asuntos, en un Estado de las autonomías, es un tema que debe ser objeto de profunda y leal cooperación interadministrativa. No es menester echar la culpa a nadie, ni el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales es el bueno de la película y las comunidades autónomas son las malas, ni al revés. Más bien al contrario, todas ellas son administraciones competentes en la materia y está abocadas a dialogar, a entenderse y a trabajar codo con codo. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) A pesar de estos matices que, como ya he comentado, no nos agradan -esa preocupación por la celeridad, quizá un tanto en demérito de las garantías necesarias en este tipo de adopciones, que, irremediablemente, implican tiempo, o esa pasión por la uniformidad, un tanto incompatible con nuestro autonomismo asimétrico-, consideramos de forma positiva el texto del Grupo Parlamentario Popular -mucho más el texto de encuentro por entender que es más lo que tiene de bueno que lo que tiene de malo. Es evidente que en el texto del PP se hace una apelación a las conferencias sectoriales que nos parece muy oportuna, se hace mención a la protección del menor como eje central, se tiene en cuenta la cooperación internacional y se contempla el trabajo en red a nivel interautonómico.
Con respecto al Grupo Socialista, tengo que decir que, aparentemente, el texto que han presentado es muy similar al del Grupo Parlamentario Popular, sin embargo, Izquierda Unida entiende que éste, en vez de centrarse exclusivamente en la celeridad administrativa, como hace el PP, ha tenido en cuenta otros factores que a nosotros nos parecen claves, como es la necesidad de crear un clima de trabajo conjunto, fluido, entre el Ministerio competente y las comunidades autónomas y la reivindicación de un papel central de la administración consular española en la asesoría de los padres y madres en busca de una adopción internacional. También apreciamos en el texto del Grupo Parlamentario Socialista una mayor precaución por las cautelas, las garantías y la lucha contra la irregularidad en materia de adopción internacional. En virtud de esos elementos, hubiéramos votado, con pequeñas enmiendas, tanto a favor de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular como de la del Grupo Parlamentario Socialista, mucho más en este caso habiendo un texto de encuentro. Es interesante la cuestión de la mafia de adopciones y otras terminologías concordantes con el espíritu del texto socialista.
Señorías, termino convencido de que hemos alcanzado un buen texto para impulsar al Gobierno a que colabore con las comunidades autónomas en la solución de los problemas que en este momento aquejan a los procesos de adopciones internacionales. Y reitero una vez más, como no podía ser menos, nuestro apoyo a un texto que ya de por sí, separadamente, aunque con pequeñas cautelas, hubiéramos apoyado.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar a favor de esta iniciativa. Como ha anunciado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, se ha realizado una labor de síntesis para resolver un problema que origina que en este momento las personas que en España desean recurrir a la adopción internacional entren en un laberinto de trabas burocráticas. Diríamos que hay un triángulo de problemas. En primer lugar, la excesiva burocratización en el Estado de los trámites impuestos por las leyes del Registro Civil hace que tengamos que superar esta tremenda barrera burocrática. Tan es así que España está considerada como uno de los países de mayores impedimentos y dificultades para la adopción interna, como se comprueba cuando se intenta la adopción exterior, pues las facilidades en otros países son apabullantes. Yo invitaría a cualquier diputado a navegar por Internet y contactar con los lugares en los que en Estados Unidos de Norteamérica se ofertan las adopciones, no solamente de demanda de adopción, sino también con aquellos que ofertan criaturas para ser adoptadas por parejas o matrimonios. Pues bien, las facilidades de la legislación norteamericana en estos momentos hacen que los impedimentos burocráticos sean prácticamente nulos si se comparan con los españoles.
El segundo problema con el que nos encontramos es la disparidad de los instrumentos de adopción en las competencias que las comunidades autónomas tienen en España, hasta tal punto que funcionan también agencias que podemos llamar de colocación o de gestión, es decir, gestorías que facilitan información a las personas que quieren adoptar niñas o niños, que ante las dificultades y la carencia de ofertas por la disminución de la tasa de natalidad española, para adoptar niños nacidos en España, tienen que acudir a las ofertas internacionales. Pues bien, hay unos circuitos informativos que señalan qué comunidades autónomas tienen determinadas estructuras que favorecen esta gestión y cuáles no, y se empieza a producir un verdadero agravio comparativo inconstitucional, a juicio de este portavoz, porque la Constitución garantiza la igualdad de derechos de todos los españoles, que les está frustrando por la ausencia legislativa de coordinación entre las distintas comunidades autónomas.
El tercer punto de este triángulo es que tenemos que armonizar nuestra legislación civil con los acuerdos del Convenio de La Haya y la Ley 1/1999, para que salga cuanto antes una disposición, dentro del sistema de cooperación y colaboración, que acertadamente se ha recogido como labor de síntesis en la enmienda transaccional entre las enmiendas presentadas en la Cámara. Mi grupo se congratula de esta iniciativa porque en estos momentos la Comunidad Autónoma de Canarias quiere tener una resolución lo antes posible. En una comunidad donde hay una población residencial extranjera nos estamos dando cuenta de que los extranjeros residentes en Canarias tienen más posibilidades para efectuar una adopción internacional que las parejas o matrimonios españoles, que se ven incluso agraviadas frente a las facilidades que tienen ciudadanos de la Unión Europea residentes en Canarias. De aquí, señora presidenta -con esto termino- que mi grupo vaya a votar con gran entusiasmo la aprobación de esta iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Popular y el Grupo Socialista traen a la Cámara dos iniciativas que hacen referencia a una realidad cada vez más frecuente, las adopciones internacionales. Cuando en la legislatura pasada modificamos el artículo 9. 5 del Código Civil, también en relación con las adopciones internacionales, ya expresó mi grupo su parecer de que era una apuesta corta.
Como he manifestado, estamos ante una realidad cada vez más frecuente pero necesitada de mejoras en su regulación. Un dato que demuestra la evidencia de lo que manifiesto es que el último premio otorgado por la prestigiosa revista jurídica La Ley haya sido para un interesantísimo trabajo sobre la regulación de las adopciones internacionales. Pensamos que el grupo mayoritario, el propio Gobierno, debiera preocuparse e interesarse por traer cuanto antes a esta Cámara una regulación más completa de este instituto que efectivamente -y no es una opinión sino un dato- somete a multitud de familias, posibles adoptantes, a un auténtico calvario.Desde esta perspectiva, mi grupo ha formado su opinión además de buscar el superior interés del menor, que es en definitiva de lo que se trata.
No les ocultaré a SS.SS. que las dos iniciativas que se presentan son de las que en principio suscitan ciertas suspicacias en partidos nacionalistas como el que represento, defensores de las competencias asumidas por las comunidades autónomas. Siempre está bien mejorar y coordinar actuaciones, pero uno se pregunta sobre qué título competencial se actúa con estas iniciativas. En las exposiciones de motivos de ambas proposiciones se alude a la acreditación de las entidades que pueden ser mediadoras en materia de adopciones, y esto es microadministración, es título que corresponde a las comunidades autónomas. Se dice que muchas no

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lo han regulado. La Comunidad Autónoma vasca sí, porque tiene desde el año 1996 un decreto. Y también se alude al deficiente funcionamiento de las comunidades autónomas. Será en unas sí y en otras no. Visto el contenido de las dos iniciativas -resaltaré en la socialista la llamada que se hace a la colaboración de la Administración consular, que nos ha gustado especialmente- y visto el texto de la transacción, mi grupo entiende que se mueve en el terreno de lo que es mera coordinación. Coordinación que no es regular, sino establecer mecanismos técnicos y metodológicos y a eso no se opone la formación política a la que represento.
Señor Azpiroz, sí nos hubiera gustado poder formar parte de los consensos a los que usted ha llegado pese a no haber formulado enmiendas al texto. Aun no habiendo sido llamados al acuerdo, mi grupo no tiene ningún inconveniente en votar a favor del texto que se ha transaccionado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Señor Azpiroz, señora Del Campo, del contenido del debate se puede deducir que son retiradas las dos iniciativas y que se somete a votación únicamente el texto transaccional. (Asentimiento.) Señorías, vamos a someter a votación el texto consecuencia de la transacción a la que han llegado tanto el Grupo Parlamentario Popular como el Grupo Parlamentario Socialista y que sustituye a las dos proposiciones no de ley defendidas y presentadas por ambos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 280; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto transaccional sometido a votación.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CUMPLIMIENTO POR PARTE DEL GOBIERNO DE LA LEY DE HACIENDAS LOCALES EN LO REFERENTE A LAS COMPENSACIONES POR DEDUCCIONES FISCALES A LOS MUNICIPIOS ESPAÑOLES.
(Número de expediente 162/000287.)

La señora PRESIDENTA: Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de haciendas locales en lo referente a las compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles.
En primer lugar, para la defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante, señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Gracias, señora presidenta.
La Ley reguladora de haciendas locales aprobada en el año 1988, que supuso un hito importante en la financiación de las corporaciones locales en cuanto que les dio carta de naturaleza en su autonomía fiscal y tributaria y que marcó un nuevo camino en la libertad y la autonomía de los ayuntamientos, dando auténtica responsabilidad...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez Sanjuán. (Continúan los rumores.) Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra, cosa que le resulta harto difícil por el nivel de murmullo que hay en la Cámara.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias por su amparo, presidenta.
Creo que decía, cuando me he callado, que la Ley de haciendas locales al instaurar una auténtica autonomía financiera de los ayuntamientos, les dotó de una auténtica responsabilidad y corresponsabilidad tributaria. Ahora que se está hablando del nuevo modelo de financiación autonómica, también parece que se habla del nuevo modelo de financiación local al hilo de esta discusión futura de la financiación autonómica. Tanto que se habla de la corresponsabilidad fiscal, quiero defender en esta tribuna la autonomía y la corresponsabilidad de los ayuntamientos, dado que en este país fueron y siguen siendo los ayuntamientos, los alcaldes y las corporaciones locales los auténticos corresponsables en materia de fiscalidad. A ellos les atribuye la Ley de haciendas locales la autonomía para fijar los tipos de las principales figuras tributarias: IBI, IAE, transmisiones, padrón sobre circulación de vehículos y licencia de obras, fundamentalmente, y a ellos les corresponde asumir sus responsabilidades delante de sus vecinos, de su electorado, porque son los auténticos conocedores y agentes que desde la responsabilidad que marca la Ley de haciendas locales establecen sus decisiones tributarias. Sin embargo, la Ley reguladora de haciendas locales fue inteligente también cuando en el artículo 9 fijó la posibilidad de que el Estado, las Cortes Generales a través de leyes específicas, pudieran establecer exenciones fiscales en aquellos tributos que son de responsabilidad local. Concretamente, estableció en el artículo 9.2 el camino y la estrategia que se debiera llevar a cabo en las ocasiones en que por leyes se contemplaban beneficios fiscales en materia de tributos locales, recordatorio que todos los años en las diferentes leyes de Presupuestos Generales del Estado se fija con carácter anual, concretamente este año en el artículo 73.
En la medida en que en los últimos años los diferentes tributos locales han venido aumentando el número de exenciones fiscales en las diferentes leyes de presupuestos

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o decretos leyes convalidados luego por esta Cámara, mi grupo parlamentario pensaba que la partida correspondiente, recogida en los Presupuestos Generales del Estado en la sección 32, entes territoriales, con el transcurrir de los años iría en aumento. Cuál ha sido mi sorpresa, al comparar los últimos presupuestos del año 2001 en relación con los del año 2000 y anteriores, que observo que esta partida no aumenta tanto como la financiación local, después del último pacto de financiación autonómica o municipal, en la medida en que la mayor parte de los impuestos podía ir aumentando, de acuerdo con lo que creciera la economía de este país. Me preocupé por este hecho y también pensé en un momento determinado que, debido a los cambios que se producen en función de los resultados electorales y a la falta de medios técnicos, personales y económicos, los miles de ayuntamientos no reclamaban lo suficiente a las agencias tributarias a través del reparto de estas cantidades a las diferentes corporaciones locales. Una parte de la explicación me fue dada en un principio por esta interpretación. Por una parte, porque Hacienda normalmente no hace demasiados esfuerzos por informar a los ayuntamientos de cuáles son sus obligaciones o necesidades y, por otra, porque los ayuntamientos en demasiados casos no reclaman lo suyo. Así que se juntaba, como se suele decir, el hambre con las ganas de comer. Y esta partida a la que posiblemente muchos ayuntamientos tienen derecho a reclamar no se ejecuta en las oportunidades necesarias. También pensé que estas exenciones no eran importantes y por eso pedí información al Gobierno, a través del artículo 7 del Reglamento, preguntando cuáles eran las exenciones que continuaban vigentes en las diferentes figuras tributarias locales, tanto en IBI, como en IAE, como en otras figuras tributarias. Y realmente las exenciones fiscales son importantísimas. Así que pensé que tampoco era razón suficiente.
Después de haber escuchado al secretario de Estado de Organización Territorial, señor Elorriaga, últimamente en la Comisión de Administraciones Públicas, descubrí cuál era la razón fundamental por la que no crecía, y en muchos casos decrecía, la partida correspondiente a subvencionar o financiar las exenciones fiscales a las corporaciones locales. Y es que desde el año 1998 cuando se han introducido bonificaciones o exenciones en figuras tributarias siempre han ido acompañadas de la coletilla de que no eran compensables desde los presupuestos del Estado, cambiando el espíritu, el auténtico sentido, de la Ley reguladora de haciendas locales y concretamente de su artículo 9. Para que nos entienda todo el mundo: el Gobierno invita a copas a mucha gente con cargo a la tarjeta de crédito de los ayuntamientos. Queda bien con diferentes colectivos, diciendo: les eximo de determinadas figuras tributarias, pero luego no compensa a los ayuntamientos. Se está rompiendo el espíritu de la Ley reguladora de haciendas locales. Me dio la razón en este caso el secretario de Estado, señor Elorriaga, cuando le preguntaba si no se estaba produciendo también algún elemento negativo en cuanto a la información de la Administración estatal a las corporaciones locales. Contestó: Es posible que algunos ayuntamientos, por falta de información o por una insuficiente coordinación, no estén haciendo las solicitudes de compensación que legalmente les corresponden.
Con esta proposición no de ley, con esta decisión que quiere proponer el Grupo Parlamentario Socialista a este Congreso, queremos restablecer el auténtico espíritu de la Ley reguladora de haciendas locales. Es decir, que se compense a las corporaciones locales de aquellas exenciones fiscales que muchas veces se toman sin su consentimiento, que se aumente esta partida de acuerdo con la evolución lógica de lo que debiera ser una filosofía normal en la evolución de estas compensaciones y que realmente se informe por parte de la Administración Tributaria y desde la Dirección General de Coordinación de Haciendas Territoriales de cuáles son los derechos de las corporaciones locales.Este es el sentido de nuestra proposición no de ley, restablecer un espíritu, restablecer una forma de trabajo, restablecer una corresponsabilidad en las decisiones fiscales en función de las diferentes administraciones tributarias y, en definitiva, devolver a las corporaciones locales toda su potencia recaudadora, toda su potencia fiscal y económica para resolver los problemas que las corporaciones locales tienen que resolver en el ejercicio diario de su corresponsabilidad.
Estamos demasiado acostumbrados a ver que estas partidas, que muchas veces no forman parte de lo que se llama habitualmente el Fondo de Cooperación Municipal, que constituye el núcleo fundamental de una parte de la financiación de las corporaciones locales, no lleven el mismo ritmo que lo que evoluciona el resto de los ingresos tributarios del Estado en la financiación de las corporaciones locales, como son la financiación en el transporte público, el plan de obras y servicios de los pequeños municipios o, lo que estamos planteando ahora, las compensaciones fiscales. Por eso, señora presidenta, señoras y señores diputados, hemos presentado, casi al hilo de lo que nos sugería el propio secretario de Estado de Organización Territorial, señor Elorriaga, una proposición no de ley sensata, razonable, justa para lo que realmente son las necesidades del Ayuntamiento.
Apoyaremos la enmienda de adición que ha presentado el Bloque Nacionalista Gallego, porque va en la misma línea y, sin embargo, señora presidenta, no podemos aceptar la enmienda de sustitución del Grupo Catalán de Convergència i Unió porque está planteando la solución del problema cuando se vuelva a discutir -si se discute algún día- la nueva financiación de las corporaciones locales o la nueva ley de haciendas locales. El problema, señor Padrol, lo tienen hoy los ayuntamientos;

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ellos tienen los problemas fiscales hoy y mañana, y hoy y mañana todavía no tenemos una nueva ley de financiación de haciendas locales. Nos hubiese gustado poder asumir el espíritu como una enmienda de adición no como una enmienda de sustitución al conjunto de nuestra proposición no de ley.
Señores parlamentarios, piensen en los problemas de las corporaciones locales, piensen en sus problemas económicos, y den un voto, a través de la proposición no de ley, a la autonomía y a la responsabilidad de los ayuntamientos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, como bien ha expuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista la Administración general del Estado cuando modifica las deducciones fiscales de los impuestos municipales está tomando una decisión política tributaria que se corresponde en este caso con el carácter de los municipios que no tienen esa capacidad legislativa, pero también es una decisión que afecta gravemente a la propia financiación de los municipios españoles.De esa disociación entre capacidad legislativa estatal y gestión tributaria municipal nacen problemas como el que denuncia el Grupo Parlamentario Socialista, que tienen dos grandes grupos de consecuencias: en primer lugar, la reducción de la financiación de las corporaciones locales mediante el aumento de las deducciones fiscales supone poner en peligro los servicios públicos municipales y con ello, si ustedes me permiten esta expresión, el Estado de bienestar local. En segundo lugar, la reducción de la financiación local implica un ataque real y efectivo a la autonomía municipal para la gestión de los intereses propios de las corporaciones locales, tal y como es protegida por el artículo 137.1 de la Constitución. Pues bien, ante este problema real y grave de las corporaciones locales a la hora de enfrentarse diariamente a su necesaria suficiencia financiera, nos parece oportuna la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, así como su apelación al cumplimiento efectivo de la letra y el espíritu de la Ley de haciendas locales. Por ello, apoyaremos esta proposición no de ley con nuestro voto y sumaremos nuestra voz a la del Grupo Socialista en la exigencia al Gobierno de un incremento de las compensaciones de las corporaciones locales por las recaudaciones perdidas como consecuencia de la actividad legislativa reductora de la Administración general del Estado. Pero nuestro apoyo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista no es un apoyo acrítico o carente de matices propios. Hemos querido introducir, a través de enmiendas, dos asuntos directamente relacionados con el problema que hoy tratamos y que pensamos que pueden ser resueltas de forma conjunta. En primer lugar, una comprensión del Estado de las comunidades autónomas, coherente con el espíritu y la letra del título VIII de la Constitución, implica que las decisiones legislativas en materia tributaria que vayan a afectar a la vida diaria y a la financiación de las corporaciones locales deben ser objeto de cooperación interadministrativa. Es reiterada y bien conocida la jurisprudencia del Tribunal Constitucional a favor de una lectura de la Constitución proclive a la cooperación interadministrativa y a la comprensión del Estado español como un Estado donde la cooperación prevenga y evite los conflictos entre la Administración general del Estado, las comunidades autónomas y las corporaciones locales. Pues bien, a estos efectos, hemos presentado una enmienda parcial a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista que esperamos que goce del apoyo de los grupos parlamentarios de esta Cámara.
En segundo lugar, hemos querido tratar en esta proposición no de ley el tema específico del tratamiento fiscal de las concesiones de autopistas que también dañan, tal y como nos han informado varios municipios, a las haciendas de las corporaciones locales. A estos efectos, hemos introducido una enmienda por la que se insta al Gobierno a compensar a las corporaciones locales que sufran pérdidas financieras por este motivo y a suprimir el beneficio fiscal en el caso de renovaciones de concesiones de autopistas, por entender que en estos casos no debe existir beneficio fiscal alguno, al estar ya las inversiones amortizadas y ser estas autopistas fuente de beneficios comerciales.
Termino reiterando nuestro apoyo a la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y pidiendo el voto favorable para las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra le señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Anuncio también el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a esta proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista y voy a explicar el sentido de nuestra enmienda.
Sabemos que algún día se tendrá que discutir el sistema de financiación de las entidades locales. Nuestra propuesta es que la financiación local se internalice, es decir, que se discuta a nivel de cada comunidad autónoma.


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En cualquier caso, lo que estamos tratando hoy es un problema previo a la determinación de cuál sea el modelo de financiación local que se acoja. Como señaló el diputado del Grupo Parlamentario Socialista que defendió la proposición no de ley, el problema es que desde hace ya algunos años el Estado no compensa las exenciones que introduce en tributos locales. Pero, atendiendo a declaraciones recientes del señor Montoro, tampoco parece dispuesto a compensar reformas que se van a acometer en el sistema de tributación local, en el sistema de financiación de los entes locales. Se habla de la eliminación o de la reforma del IAE, se habla de la revisión de las figuras tributarias locales relacionadas con el suelo y con la edificación, y el propio señor Montoro adelantó que no esperaran los ayuntamientos, las entidades locales que esta reducción de ingresos fuera a ser compensada en un cien por cien. Pues bien, para hacer frente a esa posibilidad, a esa inexistencia de una compensación al cien por cien es por lo que el Bloque Nacionalista Galego introduce la enmienda de adición a la proposición no de ley del Grupo Socialista, en la que propone que en las sucesivas reformas de impuestos comprendidos en la Ley de haciendas locales se prevean las compensaciones económicas necesarias para asegurar la indemnidad económica de los municipios, es decir, para asegurar una compensación total de los ingresos que los municipios venían percibiendo por esos tributos. En este sentido, nos congratulamos de que por parte del Grupo Socialista se haya admitido nuestra enmienda de adición y reiteramos nuestro voto favorable a la propuesta.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) se muestra de acuerdo con el principio que inspira la presentación de la proposición no de ley por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y la verdad es que no puede ser de otra manera. Qué duda cabe que si quien tiene la potestad tributaria originaria para establecer y modificar tributos, como es el Estado, toma decisiones de carácter normativo a través de sus distintos poderes (Legislativo, Ejecutivo) que afecten a los ingresos tributarios de la Administración local, en buena lógica, y en concreto en aplicación del artículo 9 de la Ley 39/1988, de haciendas locales, debe producirse esta compensación. Por tanto, estamos de acuerdo con el principio de indemnidad financiera cuando una determinada Administración territorial, la local en este caso, ve afectados sus recursos financieros por medidas tomadas en el ámbito del Estado, máxime sabiendo que en los años de vigencia de la Ley 39/1988 se han tomado distintas medidas que han afectado precisamente a estas fuentes de ingreso tributario de carácter local.
A modo de una breve enumeración tenemos el resultado de los contenidos de la Ley 20/1990, de régimen fiscal de cooperativas, los centros educativos concertados y el IBI de naturaleza urbana que no deben tributar por él, los efectos de la sequía que han dado lugar a la adopción de medidas normativas excepcionales por vía de diversos reales decretos-leyes, también las inundaciones o incluso el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica en el caso de bases americanas situadas en España. Repito, con el principio estamos de acuerdo.
Pasando a ver en concreto el contenido específico de esta proposición no de ley, manifestamos distintas diferencias respecto de su formulación, insisto, de carácter concreto. Algunas de ellas son diferencias menores en este debate, sin embargo en otros serían bastante o muy importantes. No compartimos la valoración extraordinariamente positiva que se hace de esta Ley 39/1988, de haciendas locales, porque si bien es cierto que supuso un incremento en el peso de los ingresos tributarios, en el estado de ingresos de los entes locales, a esta ley también le cabe el dudoso honor de haber alumbrado el nacimiento de una figura tributaria como es el impuesto sobre actividades económicas, cuya configuración técnica y su valoración política ha quedado bastante clara en pronunciamientos y debates anteriores de esta Cámara, particularmente protagonizados por mi grupo parlamentario. Por tanto, esta discrepancia menor sí la querríamos dejar sentada. Otra diferencia de valoración respecto de la proposición no de ley que estamos debatiendo es que el análisis se basa en una excesiva generalización, tanto cuantitativa como cualitativa. En cuanto a la generalización cuantitativa, la verdad es que comparar cuantías o dotaciones globales de créditos de un año a otro sin entrar a analizar, sin profundizar en los porqués de las diferencias de cuantías, nos parece un ejercicio de generalización delicado y peligroso.
Por lo que se refiere a las generalizaciones de tipo cualitativo, decir que todas las excepciones a la aplicación de las compensaciones que prevé el artículo 9.2 de la Ley de haciendas locales son per se incorrectas, no es acertado desde nuestro punto de vista. Como ejemplo concreto podría citar el de la disposición adicional novena de la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social para el año 2000, relativa a Salamanca, Capital Europea de la Cultura 2002, que encaja perfectamente con el contenido de este artículo 9.2 (invocado precisamente en la proposición no de ley que estamos debatiendo) al indicar que estas fórmulas de compensación tendrán en cuenta las posibilidades de crecimiento futuro de los recursos de las entidades locales procedentes de los tributos respecto de los cuales se establezcan los correspondientes beneficios fiscales. Hasta aquí las diferencias de enfoque que van a hacer que mi

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grupo parlamentario no vote a favor -se abstenga, por lo tanto- de esta proposición no de ley, pero también hay diferencias de carácter mayor respecto de la concreta proposición no de ley que debatimos. En la proposición analizada, resulta muy claro que no se está hablando de la corrección de un déficit de compensación de carácter concreto, sino de un replanteamiento de las compensaciones que tiene un carácter general. No se trata de un tema particular, sino de un tema general que, por tanto, exige una acción política amplia y de carácter global. Lo cierto es que, si no se trata de corregir situaciones particulares, no valdrán las acciones de carácter particular, sino una visión más amplia, una visión de carácter estructural. Este es el motivo de la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario. Estando anunciada una reforma del sistema de financiación local para dentro de un año y pico (concretamente para el año 2003), si hay una falta de aplicación del sistema de compensaciones de las administraciones locales, debe tratarse no con acciones políticas de carácter particular, sino en un marco de reforma de carácter más amplio.
Mi grupo comparte la preocupación y el principio de la proposición no de ley (por ello no vamos a votar en contra), pero no tratándose de una falta de compensación de carácter particular, sino de un planteamiento global, es mejor aprovechar el cauce que se brindará ahora -habrá la correspondiente tramitación parlamentaria- para tratar este tema de forma más amplia, para introducir en la Ley del año 1988 los mecanismos que permitan asegurar esta corrección de las compensaciones y la máxima transparencia que sea posible.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, vamos a votar estar tarde una proposición no de ley que hemos debatido en la que, para que SS.SS. lo sepan, lo que se pide es que se haga lo que se está haciendo y lo que está en la ley. Estamos debatiendo una proposición no de ley en la que se dice, simplemente, que cumplamos la ley que se está cumpliendo, como demostraré en mi intervención.
Yo me pregunto, cuando debatimos una proposición no de ley que nos trae aquí el Grupo Socialista, en concreto el señor Martínez Sanjuán, para decir a esta Cámara que dediquemos un tiempo a hacer lo que se está haciendo, ¿qué es lo que está buscando el señor Martínez Sanjuán? Yo sé que S.S. es un buen diputado, es un diputado experimentado y que tiene alguna intencionalidad. ¿Qué hace el señor Martínez Sanjuán trayéndonos una proposición no de ley superflua, innecesaria e intrascendente? ¿Acaso se ha convertido al municipalismo y nos quiere convencer de que su grupo defiende las haciendas locales? No, no me lo puedo creer, nunca ha sido así. ¿Acaso hace una propuesta interesante de financiación local hablando del IAE o de cesión de suelo? No, tampoco hay nada interesante en la proposición no de ley. Esta proposición no de ley no levanta ninguna expectación, señor Martínez Sanjuán, porque lo que estamos debatiendo (yo sé que usted lo sabe) es decirle al Gobierno que sea bueno y salvífico. Pues bien, ya lo es, ya está intentando serlo y ya lo estamos intentando hacer, como ahora demostraré. Aquí lo único que se quiere es ver qué vota el Gobierno, qué vota el grupo que defiende al Gobierno para intentar dar una percepción de que si votamos que no no defendemos a los ayuntamientos o que si votamos que sí vamos al rebufo del Grupo Socialista. Mire, estamos votando, señor Martínez Sanjuán, una intrascendencia y mi grupo no va a entrar en ese juego, porque mi grupo va a decir: Esto no es necesario y lo que hemos hecho aquí es perder el tiempo esta tarde. Cuando no se propone nada el debate es nada, y por eso mi grupo va a votar que no.Pero además, señor Martínez Sanjuán, a corto plazo a lo mejor las percepciones tienen alguna rentabilidad partidista, pero a medio y largo plazo los ciudadanos saben quién se preocupa de las haciendas locales, quién se preocupa de bajar los impuestos,quién se preocupa de tener un sistema tributario justo y ese es el Grupo Parlamentario Popular. A corto plazo a lo mejor crea alguna percepción, a largo y medio plazo indudablemente no, señor Martínez Sanjuán.
Usted traía a este debate el artículo 9 de la Ley de haciendas locales; este artículo -como usted muy bien sabe, señor Martínez Sanjuán y por si no se lo digo- dice que cuando se establezcan beneficios fiscales se determinará en la ley que los establece, porque los beneficios fiscales -y esto es muy importante, señorías, por lo que luego voy a decir- se establecen por ley. El artículo 9 de la Ley de haciendas locales dice que cuando se establezcan esos beneficios fiscales se determinará la fórmula de compensación y que cuando se otorguen moratorias de esas bonificaciones además se les dará a los ayuntamientos actualizadas las compensaciones necesarias.
Señor Martínez Sanjuán, usted dice en esta tribuna: No se ha compensado. Cuando hemos establecido bonificaciones a los ayuntamientos, ¿usted ha votado que sí o que no en esta Cámara? Me he preocupado de saber en los últimos años lo que su grupo -y usted también porque cumplía con la disciplina del grupo- ha votado, sí o no. ¿Sabe usted, señor Martínez Sanjuán, lo que ha votado usted? Siempre que sí en los últimos años. Cuando en el Real decreto-ley 2/ 1998 para reparar daños causados por inundaciones de 1997 y 1998 había exenciones de cuotas de IBI, exenciones de IBI de naturaleza urbana, de naturaleza rústica, reducciones en el IAE, ¿usted qué votó? Que sí. En el Realdecreto 4/1999, que también establecía deducciones y

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bonificaciones, ¿qué votaron? Que sí. En el Decretoley de 9 de febrero 3/2001, ¿qué votaron? Que sí. En el Decreto-ley 6/2001, reciente, hace poco, ¿qué votaron? Que sí. En el Decreto 7/2001, también reciente, ¿qué votaron? Que sí. Señorías, siempre han votado que sí y siempre se han establecido las compensaciones. Me he entretenido en buscar -porque si no hubiera habido compensaciones el señor Martínez Sanjuán, con esa sensibilidad municipalista que tiene, habría presentado alguna enmienda diciendo: Que se le compense-, si hay enmiendas del Grupo Socialista y no hay ninguna, señorías; es curioso por lo menos. Usted dice que tenemos que compensar y yo digo: Se han establecido bonificaciones por causas como inundaciones, pedriscos, por catástrofes naturales; en ese caso hemos concedido bonificaciones de IBI y se ha compensado. Pero ¿han presentado ustedes enmiendas? Ninguna, señor Martínez Sanjuán, su grupo no ha presentado ninguna enmienda; o sea, estamos hablando de la nada. Lo que sí ha hecho este Gobierno, señor Martínez Sanjuán, es avanzar en la autonomía de las haciendas locales. Señor Martínez Sanjuán, usted dice que la Ley de haciendas locales es muy buena y yo le comprendo, porque la hizo su grupo, pero incluso el señor Sevilla Segura -no el que nos acompaña en esta Cámara, sino su hermano mayor, que fue secretario de Estado con un Gobierno socialista- dice que la Ley de haciendas locales hay que reformarla porque no es buena, y dice que hay que reformarla en los tributos, en la autonomía, en la solidaridad. Señor Martínez Sanjuán, no será tan buena; y yo me guío por este libro que le aconsejo que lea porque es francamente bueno.
Lo que ha hecho este grupo parlamentario ha sido avanzar en dar autonomía a las haciendas locales y alguna vez, señor Martínez Sanjuán, nosotros hemos votado en esta Cámara no conceder deducciones ni bonificaciones en IAE o en IBI; hemos dicho que los ayuntamientos puedan establecer deducciones o bonificaciones. ¿Para qué? Para que los ayuntamientos, en función de sus propias decisiones, puedan establecer o no esas deducciones. A veces nosotros hemos dicho que los ayuntamientos puedan dar una bonificación en el IAE según qué casos, que los ayuntamientos puedan dar una bonificación en el IBI.
Los ayuntamientos deciden si lo hacen o no. Mi grupo parlamentario, como usted decía, señor Martínez Sanjuán, nunca ha dictado normas, ha aprobado normas para pagar café a nadie con el dinero de otros.
Cuando se han establecido deducciones o bonificaciones ha sido por causas graves, como los estragos producidos por terremotos, como sucedió en Murcia, por inundaciones, por causas naturales que han provocado quiebras en la capacidad de pago de algunos contribuyentes; y por eso se han establecido esas deducciones, nunca para gastos innecesarios. Lo que hemos hecho ha sido aumentar la capacidad de los ayuntamientos para dictar esas normas.
Mi grupo parlamentario -y algún otro diputado se ha referido a eso- quiere avanzar en un sistema tributario más moderno, lo que exige clarificar bien los niveles de administración: Administración central, Administración autonómica y Administración local. Por eso estamos avanzando en reformas profundas de los impuestos de la Administración central, por eso vamos a avanzar en un nuevo sistema de financiación autonómica y por eso, de acuerdo con los ayuntamientos, ha habido un previo pacto local que ya se ha empezado a establecer con la Federación Española de Municipios y Provincias, porque antes de traer normas a esta casa mi grupo habla con los afectados y ya estamos empezando a hablar. Lo estamos tratando ya porque queremos avanzar en la supresión del IAE, queremos avanzar en la modernización de los tributos, queremos avanzar en rebajar los impuestos, queremos avanzar en construir un marco que permita el crecimiento y el empleo.
Señor Martínez Sanjuán -y concluyo-, le quiero decir que me alegra mucho que ustedes descubran hoy, por lo que he leído en algún medio de comunicación, que es bueno bajar los impuestos. Me da alegría que ustedes lo descubran, después de lo que yo he tenido que oír en esta Cámara sobre las reformas del IRPF, después de lo que su grupo nos dijo cuando rebajábamos los tramos del IRPF, cuando yo oía que nosotros estábamos construyendo un sistema injusto; por eso, que hoy me encuentre con que ustedes se pasan al liberalismo, al republicanismo americano más a ultranza, me da un cierto rubor. Pero yo le digo, señor Martínez Sanjuán...


La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Le digo, señor Martínez Sanjuán, que bienvenidos, pero para hacer propuestas correctas en la buena dirección, que esas son las que hace mi grupo.
Esta proposición, por trivial e insuficiente, tenemos que votarla en contra. Pero los ayuntamientos saben que nosotros vamos a construir un sistema que les dé autonomía y suficiencia y los ciudadanos que van a tener un sistema tributario, justo, equitativo y que promueva el crecimiento y el empleo.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte.


Señor Martínez Sanjuán, de su primera intervención he deducido que aceptaba la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, que rechazaba la enmienda de CiU y únicamente queda que manifieste su opinión con respecto a la enmienda del Grupo Federal de Izquierda Unida.


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El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Efectivamente, señora presidenta, no había hecho referencia a las enmiendas del Grupo Federal de Izquierda Unida, que vamos a aceptar.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo. Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre cumplimiento por parte del Gobierno de la Ley de haciendas locales en lo referente a las compensaciones por deducciones fiscales a los municipios españoles, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 115; en contra, 151; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la iniciativa de referencia.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY. (Continuación.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DEL DIRECTOR DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/000042.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY 4/1980, DE 10 DE ENERO, DE ESTATUTO DE RADIO Y TELEVISIÓN, POR LA QUE SE REGULA LA ELECCIÓN PARLAMENTARIA DEL DIRECTOR DE RADIOTELEVISIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 122/ 000046.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley: Del Grupo parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española y, de acuerdo con lo acordado en la Junta de Portavoces, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, del Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radiotelevisión Española.


Para la defensa de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
La iniciativa que hoy defendemos aquí, a nuestro juicio, es de enorme importancia por su contenido y por el momento en que se discute. Ya lo hicimos otra vez en noviembre de 1999, aunque la habíamos presentado en 1997, y si entonces tenía... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Alcaraz. Señorías, hay un diputado en la tribuna intentando hacer uso de la palabra si el nivel de murmullo habitual en esta Cámara se lo permite. (Pausa.) Adelante, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Y si entonces, en 1999, tenía sentido, ahora también lo tiene y mucho más. Por lo tanto, vamos a defender el tema de fondo y rogaría que no se hicieran a este tema de fondo enmiendas parciales, no es el momento procedimental. El tema de fondo es que se elija por el Parlamento al director general de Radiotelevisión Española. Por consiguiente, no valen en este momento enmiendas parciales, si es por dos tercios, tres quintos o mayoría absoluta, si es por cuatro o por cinco años o si tiene o no que intervenir el Senado, todo eso es admisible por el ponente que en estos momentos les habla. Estamos hablando del fondo, que el director general sea de extracción parlamentaria. ¿En qué momento presentamos esta iniciativa? Cuando acabamos de sufrir -y me refiero a la precampaña y a los momentos anteriores a la precampaña- uno de los períodos de menos pluralidad, de menor facilidad de acceso social y político a la televisión pública. Por lo tanto, cuando nosotros defendemos esta iniciativa queremos ir marcando a la hora de caracterizar el presente cómo funcionarían las cosas con un director general elegido por el Gobierno o con un director general elegido por esta Cámara. Con un director general elegido por el Gobierno ya hemos visto cómo funcionan las cosas: mal.
Estas elecciones se han desarrollado bajo mínimos democráticos y nosotros tenemos derecho a esa protesta que hemos presentado en su momento, en tiempo y forma, ante la Comisión de Control de Radiotelevisión Española. Las cosas han funcionado mal, ha habido una orgía de desaparición de partidos políticos, de grupos parlamentarios, de noticias que se daban en la realidad y no trascendían ni a la radio ni a la televisión pública. Con un director general elegido por esta casa se hubiera establecido un control real desde la pluralidad real

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de esta Cámara, cosa que ha sido imposible hasta este momento. Pero es más, estamos atravesando un momento muy singular.
La SEPI, ese hospital de reflotamiento de empresas, al intervenir a Radiotelevisión Española, interviene al director general e interviene al consejo de administración. Por tanto, en este momento están intervenidos no sólo el director general y el consejo de administración, sino también la Comisión de Control de Radiotelevisión Española de esta Cámara. Porque no sabemos realmente a quién preguntamos. Si ahora mismo las competencias de Radiotelevisión Española en una parte dependen de Presidencia y en otra del Ministerio de Hacienda, ¿a quién le estamos preguntando cuando intentamos controlar democráticamente al director general de Radiotelevisión Española? No lo sabemos, pero tampoco lo sabe el director general de Radiotelevisión. Con un director general elegido por esta Cámara, incluso aunque se hubiera dado esta auténtica barbaridad de la intervención por parte de la SEPI, no funcionarían las cosas igual. Hoy mismo hay una entrevista entre los trabajadores de la casa y la SEPI porque hay huelgas parciales convocadas y, de cara al 15 de junio, una huelga general de 24 horas. Miren ustedes con quién se entrevistan los trabajadores: se entrevistan con la SEPI, fundamentalmente con el Ministerio de Hacienda, con el señor Montoro, a través de personas interpuestas, porque ni el director general ni el Ministerio de la Presidencia ni esta casa pintan realmente nada en este momento de intervención por parte de la SEPI.
Con un director general elegido por esta casa no pasarían, en absoluto, las cosas de esta manera. Por lo tanto, estamos atravesando un déficit democrático y de identidad como nunca se había sucedido en esta Cámara con respecto al funcionamiento de Radiotelevisión Española. Por eso pensamos que es el momento de aprobar esta iniciativa, que sería el principio de la reorientación progresista de la radio y la televisión públicas. Es una figura de gran importancia que, por cierto, nunca se contempló por parte del Partido Popular a lo largo del debate que tuvimos en el seno de la subcomisión nombrada al efecto. Cuando, al final, el Partido Popular nos dio su versión sobre el futuro de Radiotelevisión Española, nunca dijo las medidas democratizadoras que había que acometer de cara al futuro de la radio y la televisión públicas -por ejemplo, el nombramiento de los consejos de redacción, por ejemplo, el tema del desarrollo del derecho de acceso a la pluralidad social y sindical de la radio y televisión pública mediante el desarrollo de una parte del artículo 20 de la Constitución, como existe en todos los países de la Unión Europea o, por ejemplo, el tema de la Comisión de Control- ni se habló por parte de dicho partido sobre la posibilidad de elegir por esta Cámara al director general de Radiotelevisión. Se adoptaron otras posibles medidas, otros posibles alcances, otras perspectivas, pero nunca los cambios de la Ley 4/1980 de cara a democratizar el ente. Por cierto, que ahora vemos a estas alturas que todo lo que hicimos en la subcomisión no era verdad, como dijo este diputado ante las risas de sus señorías. Este diputado en el último período de la subcomisión dijo constantemente que ya se había encargado a la SEPI un estudio de viabilidad de cara al futuro de Radiotelevisión Española. Se nos contestó constantemente que no era verdad, en esta misma Cámara el señor Cabanillas nos contestó que no era cierto, cuando desde el 1 de enero de este año la SEPI ha intervenido Radiotelevisión Española, a pesar de los mensajes que dieron en contra en el seno de la subcomisión y en la Comisión de Control de esta Cámara el director general, el ministro y los distintos representantes del Partido Popular.
Hay también otra causa que no puede invocar el Partido Popular a la hora de rechazar esta iniciativa. Cuando la presentamos, en noviembre de 1999, el Grupo Popular dijo que era extemporánea con respecto al límite que tenía la legislatura, que estaba a punto de acabar y que no habría tiempo para, junto al tema de la elección del director general, cambiar otra serie de temas en la Ley 4/1980. En este momento no se puede invocar esto como argumento de fondo; no creo que la legislatura esté cercana a su extinción, sino que, como mínimo, quedan tres años. Por tanto, este argumento que entonces utilizó el Partido Popular no puede ser esgrimido en este momento.
Señorías, tenemos un gravísimo problema sobre la mesa ante el que no hay otra autoridad posible que el Gobierno y la SEPI, con un director general prácticamente en funciones, que no puede responder: el problema de la deuda y de la dimensión de la casa. Respecto a la deuda, se sigue diciendo que es de Televisión Española o de la radio pública y no es cierto, es una deuda del Estado para con Televisión Española, de aproximadamente 800.000 millones de pesetas, que se iba a enjugar en una serie de plazos hasta cumplir ese horizonte al que vamos a llegar este año. En estos momentos no tenemos noticia alguna de cuál es la estrategia por parte del Estado para asumir esa deuda y, al mismo tiempo, la SEPI, cuando se entrevista con los trabajadores, el único lenguaje que sabe utilizar directa o indirectamente, por muy oblicua que ponga la semántica, es el de reducir la dimensión de la casa. Precisamente en esta misma dirección van los estudios que está lanzando la dirección general del ente hacia la SEPI. Por ejemplo, en uno de esos estudios se recoge que las delegaciones territoriales no tienen sentido en una empresa de comunicación si no es entendiendo que se crearon por motivo de compromisos políticos. Es decir, todo apunta a una reducción de la dimensión de la casa, a un expediente de regulación de empleo y al inicio de un proceso de privatización de un sector de la radio y televisión públicas, y nos encontramos con que no hay nadie dentro de la casa que pueda defenderla, porque el director general está en funciones, como he dicho anteriormente,

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y porque, al ser elegido por el Gobierno, no tiene ningún tipo de independencia. Todos estos motivos, unos coyunturales, otros estratégicos y de fondo, abonan la necesidad de aprobar esta iniciativa, que, al mismo tiempo, abriría paso a que en ciertas comunidades autónomas gobernadas por partidos de otro color también tuvieran que tener en cuenta esta posibilidad de elección de la figura del director general por extracción parlamentaria.
Quedamos a la espera de los argumentos del Grupo Popular ante esta iniciativa del Grupo de Izquierda Unida y del señor Saura, al que saludo, que también va a defender su iniciativa, similar a la nuestra. Le dejo la tribuna a él, aguardando con atención los argumentos del Grupo Popular, que, repito, no pueden ser los mismos que la vez anterior, ya que, primero, no estamos al final de la legislatura; segundo, la subcomisión terminó sin acuerdo y, tercero, el documento del Partido Popular nunca contempló ningún tipo de medidas democratizadoras, como ésta de la elección, al mismo tiempo que muchos diputados del Partido Popular, o por lo menos uno que yo conozco en Andalucía, están pidiendo que allí, en Andalucía, al director general lo nombre la Cámara andaluza. Esperamos que sepan mantener la coherencia desde esta tribuna.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, sin que sirva de precedente, estoy totalmente de acuerdo con la intervención del señor Alcaraz, de Izquierda Unida, para decir, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds, que lo que planteamos también es la modificación del Estatuto de Radiotelevisión para que se regule la elección parlamentaria de su director general. Por lo tanto, lo que proponemos, igual que el Grupo de Izquierda Unida, es que este nombramiento lo designe el Gobierno a propuesta del Congreso de los Diputados, con un voto favorable de las dos terceras partes de los diputados y diputadas, una vez oído el consejo de administración, y que la duración de este mandato sea para cuatro años. En nuestra iniciativa parlamentaria se estipula además cuáles serían las causas por las cuales el Congreso de los Diputados también podría cesar al director general de Radiotelevisión.
El señor Alcaraz planteaba la gravedad del problema del déficit democrático en el funcionamiento de Radiotelevisión. Yo iría más allá y diría que en 24 años de democracia en este país y en veinte años de promulgación del estatuto, posiblemente una de las grandes asignaturas pendientes es que la radiotelevisión pública deje de estar vinculada a intereses partidistas de cada Gobierno que en su caso corresponda, del anterior Gobierno y de éste, y que por lo tanto el reto que tenemos hoy es asegurar que Radiotelevisión Española sea independiente de los respectivos gobiernos.
También decía el señor Alcaraz que los dos grandes problemas de la Radiotelevisión, especialmente de televisión, son el de su financiación -el del endeudamiento- y el de la manipulación de Televisión Española. Estos fueron dos caballos de batalla que el Partido Popular utilizó cuando estaba en la oposición, pero, a decir verdad, desde 1996 la situación cada vez ha empeorado más y en estos momentos no hay ninguna respuesta ni ningún planteamiento del Gobierno del Partido Popular que permita ver en el horizonte una solución a estos problemas. Desde ese punto de vista, quiero decir también que el nivel de manipulación de Radiotelevisión Española crece día a día, que ha habido sucesos escandalosos en la última campaña electoral del País Vasco y que los propios trabajadores de Radiotelevisión Española han denunciado la manipulación y la instrumentalización que Radiotelevisión Española ha hecho de algunos aspectos de la campaña electoral vasca.
De lo que se trata hoy, como ocurrió en la anterior legislatura, es de asegurar que los medios de comunicación públicos no están al servicio del Gobierno. En ese sentido, en la anterior legislatura y en esta ha habido dos iniciativas claves: en la anterior legislatura, diversos grupos planteamos la creación del consejo de la comunicación y también, como el señor Alcaraz decía, Izquierda Unida planteó en noviembre o diciembre de 1999 la elección del director general de Radiotelevisión por el Parlamento. En la anterior legislatura se votó en contra del consejo de comunicación con unos argumentos peregrinos, se ha vuelto a votar en contra hace pocas semanas, y resulta que España es una de las pocas lamentables excepciones que en la Unión Europea adolecen de una autoridad administrativa independiente del Gobierno. Es decir, España, desde el punto de vista de control democrático por una autoridad independiente del Gobierno en la que estén representados sectores profesionales y sociales, es, insisto, lamentablemente, una excepción. A pesar de que tanto la Comisión Especial del Senado, en 1995, como dos o tres informes del Defensor del Pueblo, en 1996 y 1997, repetidamente, tanto desde la Comisión del Senado como desde el informe del Defensor del Pueblo, se insistía en la necesidad de crear un consejo de la comunicación, un consejo de los audiovisuales que tuviera funciones de control democrático independiente del Gobierno. Quiero también resaltar que hay diversas comunidades autónomas que ya en el Estado español han creado la figura del consejo audiovisual. ¿Por qué presentamos hoy esta iniciativa sabiendo que el Grupo Popular va a votar en contra? Digo que estoy seguro de que va a votar en contra porque dudo de que después de la instrumentalización y de la manipulación que se ha hecho de los medios de comunicación

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pública, el Partido Popular quiera modificar esa línea de orientación. Planteamos esta iniciativa porque, como también ha dicho el señor Alcaraz, es prácticamente imposible que un director nombrado por el Gobierno sea independiente de éste. Es prácticamente imposible; es decir, un director que nombra y que puede cesar el Gobierno está a las órdenes del Gobierno, y ese es el tema de fondo.
¿Queremos unos medios de comunicación que dependan de una persona que depende del Gobierno, o precisamente la superación del déficit democrático de unos medios de comunicación públicos exige que sobre esa figura exista un consenso amplio en esta Cámara que permita asegurar que los medios de comunicación públicos están al servicio de la sociedad? Sólo me queda insistir en que nuestra propuesta se basa en que los medios de comunicación públicos estén al servicio del conjunto de la sociedad, que el nombramiento del director general de Radiotelevisión cuente con un amplio consenso -dos terceras partes de esta Cámara- y que en otro trámite parlamentario el Estado español se equipare finalmente o converja con lo que es hoy la realidad del resto de países de la Unión Europea, donde existen consejos de comunicación que de alguna manera controlan o garantizan que los medios de comunicación privados y públicos no están al servicio de nadie ni están manipulados.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Los grupos Federal de Izquierda Unida y Mixto están planteando exactamente lo que en este momento está vigente en el Parlamento vasco para la elección del director de Euskal Telebista. Es un dato que no se ha aportado al debate, tanto que se habla de transparencia, de extracción parlamentaria, de control parlamentario. Este es exactamente el modelo vigente en el Parlamento vasco y también fue defendido con mucho ahínco por parte del Grupo Popular en dicho Parlamento. Por tanto, entenderíamos razonable que estas iniciativas fuesen adoptadas hoy en esta Cámara. No es verdad el argumento que ahora se intenta esgrimir de que mientras las demás televisiones públicas no sigan o no comiencen este camino, Televisión Española no lo va a empezar, ya que en el Parlamento vasco este es el modelo vigente. Luego la unidad de modelo, que precisamente partía del estatuto de Radiotelevisión Española, está rota desde hace tiempo, y todos los grupos parlamentarios entendieron en el Parlamento vasco que era razonable el planteamiento de que el director general de Radiotelevisión Española, de la televisión pública, fuese de extracción parlamentaria.
Los dos portavoces han expuesto un planteamiento correcto sobre la realidad de lo que es la dirección del ente Radiotelevisión Española y la propia campaña vasca ha dado buenas muestras de un funcionamiento incorrecto por parte de la dirección de un ente público que tiene encomendadas funciones de servicio público y que, en vez de dedicarse al cumplimiento del interés general, usa y abusa de la televisión hasta extremos insospechados. Otra vez han presentado la campaña electoral vasca en blanco y negro, con un planteamiento muy maniqueo. El problema, señora presidenta, es cuando los ciudadanos vascos dicen que lo blanco es negro y lo negro es blanco, entonces se produce el shock y no hay manera de hacer reaccionar a una ciudadanía que se encuentra sorprendida ante las propias decisiones democráticas que se toman con ciudadanos que están tan cerca suyo y que a la vez se encuentran tan lejos. Por ello es razonable el cambio del modelo que se propone en estas iniciativas, de forma que el trabajo profesional en un modelo público de televisión pueda ser llevado a cabo con normalidad en parámetros de profesionalidad que son habituales en otros sectores.
No nos valen los planteamientos que habitualmente hacen los directores generales que comparecen en la Comisión parlamentaria de Control de RTVE: remiten a los profesionales todo el trabajo que se está desarrollando como si ellos fuesen angelitos blancos que no tienen que ver con el asunto. La propia campaña electoral, tal como se ha manifestado, ha dejado buenas muestras de que los propios trabajadores de Radiotelevisión Española, sobre todo los del centro territorial del País Vasco, viendo cómo se manipulaban las informaciones que desde dicho centro territorial se iban planteando en la propia dirección general han sido capaces de realizar sus planteamientos en público y mostrar las discrepancias con una televisión que ha realizado una labor muy partidista, muy poco profesional. En consecuencia, en la Comisión de Control de Radiotelevisión Española hemos venido solicitando la dimisión del actual director, señor González Ferrari, primero, porque pinta muy poco, y segundo, porque donde pinta, pinta mal. Desde esta perspectiva, es muy razonable que esta Cámara asuma las responsabilidades de la elección de un director de Radiotelevisión Española que pueda contar con un perfil determinado para cumplir con estas funciones de servicio público. En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, o la radiotelevisión pública encuentra su forma de imbricación con los elementos parlamentarios o el tiempo la va a privatizar, va a caer por su propio peso, y eso no merece la pena.
Tras una campaña electoral, no es cuestión de entrar en debates demagógicos sobre tú más o tú menos. Si tenemos capacidad de observar lo que se está haciendo desde la radiotelevisión pública española, podremos

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valorar si está al servicio del interés general o si los niveles de manipulación llegan hasta extremos insospechados. Por eso creemos que esta iniciativa que se presenta hoy es muy oportuna en el tiempo. La propia campaña electoral ha puesto en evidencia lo que este grupo parlamentario, junto con otros, ha venido planteando una y otra vez en la Comisión de Radiotelevisión Española, que es la necesidad de que se encuentren perfiles distintos para la Dirección de la radiotelevisión pública en el Estado. Entendemos razonable que, siguiendo el modelo vasco, se pueda realizar esta elección parlamentaria y que lo que hemos conocido en esta última campaña electoral vasca sea una página del pasado, una página que hayamos pasado de una santa vez.
Debemos encontrar las fórmulas adecuadas para que el modelo de radiotelevisión pública se imbrique en una sociedad moderna, en una sociedad transparente, en una sociedad que encuentra con comodidad su imbricación en ámbitos parlamentarios, para que a su director no le suponga un dolor de cabeza cada comparecencia en esta casa. Señora presidenta, comparecer en esta casa debería ser un motivo de alegría para cualquier demócrata, un motivo de satisfacción. Sin embargo, venir a contar lo que están realizando al frente de un ente como Radiotelevisión Española, les supone, a uno tras otro, un auténtico potro de tortura. Es la prueba del nueve todos los meses, una y otra vez, comprobar cómo los distintos directores de Radiotelevisión Española van encontrando serias dificultades para poder explicar en esta casa lo que están realizando.
Para que esta página pueda ser pasada y pueda ser considerada una página del pasado, es razonable que estas iniciativas se tomen hoy en consideración. En consecuencia, nosotros las votaremos favorablemente.
Muchas gracias, señora presidenta.


PRESIDENTA: La señora Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Grau.


El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Las propuestas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y de Iniciativa per Catalunya-Verds nos presentan una configuración del perfil del director general del ente Radiotelevisión Española sujeto a una aprobación de esta Cámara, con una mayoría de dos tercios en las dos propuestas.
Entiendo que ambas propuestas parten de unos principios de transparencia en la gestión, de pluralidad de criterios y de clara objetividad en la información, pero una propuesta de este estilo debería traerse a esta Cámara con el consenso de todos los grupos.
Sin embargo, tras 21 años desde la aprobación de la Ley 4/1980 y habiendo pasado por el Gobierno los dos grupos de esta Cámara que tienen mayor representación en el Estado, esto no ha sido así.
El Estatuto de Radiotelevisión Española señala al consejo de administración como el elemento en el que se sustenta el control parlamentario. Los dos tercios de los votos de los miembros del consejo de administración se definen por los dos tercios de los miembros de esta Cámara. La nominación de los citados miembros del consejo de administración ya fue objeto de debate, a raíz de una propuesta que establecía un sesgo a favor de incluir en el consejo de administración a miembros de todo el arco parlamentario, sobre la base de un criterio de pluralidad y no de mayoría absoluta; pero esto tampoco prosperó en aquel momento.
Una vez nombrado el consejo de administración, es coherente con esta línea que la designación del director general lo sea por decisión mayoritaria de este consejo de administración, porque es en este caso y por ley una de las funciones delegadas por la Cámara. La cesión de la responsabilidad se realiza ante este consejo de administración, que es a quien corresponde nombrar al director general del ente a partir de una propuesta que realiza el Gobierno. Esta escala de responsabilidades es coherente con la exigencia de información que de su gestión realiza el director general en la correspondiente Comisión de esta Cámara, puesto que no hay dejadez de responsabilidad de los grupos políticos que la integran, frente a una gestión del director general con la que puede estarse de acuerdo más o menos o no estar de acuerdo en nada. Estas diferencias se cubren en la Comisión de control que realiza esta Cámara de forma mensual y no discutimos en este momento la oportunidad o no de la Comisión de control parlamentario.
La propuesta que realizan los dos grupos proponentes es insuficiente porque debería ser una oferta más global y comprender de forma más coherente la totalidad de los elementos de gobierno y elección del ente, en el sentido de marcar unas líneas de actuación que contemplen la transparencia de la gestión y su objetividad, sin perder en ningún momento la responsabilidad del Gobierno en la prestación del servicio público que tiene encargado. No corresponde, por tanto, la designación de director general a esta Cámara porque es responsabilidad del Gobierno en la gestión. Radiotelevisión Española es un organismo autónomo, pero a la vez es un servicio público del cual el único responsable frente a los presupuestos es el Gobierno, que debe responder ante esta Cámara de la eficacia de la gestión, de la utilización correcta de los fondos públicos asignados, de la objetividad de la información, de la posible rentabilidad y, en definitiva, de la transparencia de la gestión.
Hoy, con esta moción no discutimos sobre la objetividad de la información ni sobre ningún sesgo partidista o de falta de objetividad en la gestión del ente. Hoy tampoco presentamos una moción de censura a la gestión.Solamente estamos para definir un sistema de

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nominación del director general. Nuestro grupo está muy interesado en la evolución y en la propuesta que el Gobierno piensa hacer mediante la enajenación de la mayor parte de Radiotelevisión Española a la SEPI. Esta propuesta debe hacerse en un marco de claridad, de información previa a esta Cámara, de forma que quede clara la definición de servicio y de su incardinación con el Gobierno y con el control de esta Cámara, que sea a su vez preservada la directiva europea que cataloga las televisiones estatales de servicio público y que queden definidas sus responsabilidades. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)

Nuestro grupo entiende que, ante el cúmulo de cambios que deben producirse al entrar elementos de titularidad pública o privada, deberá acometerse de forma más completa una nueva definición del Estatuto del ente para la nueva situación que va a generarse, y será entonces cuando procederá revisar en su totalidad el Estatuto de Radiotelevisión Española. Será también entonces el momento de estudiar la oportunidad de que las televisiones autonómicas sean consideradas también como servicio público, con derecho a la fijación de su partida presupuestaria dentro del marco compatible que se determine para la futura Radiotelevisión Española y que no sea de aplicación una desconexión territorial a las cadenas estatales únicamente como solución de territorialización del servicio público.
Habrá que poner en el saco de las transferencias esta apreciación.
Convergència i Unió, pues, apuesta por una televisión pública en el ámbito estatal y en el ámbito autonómico y, en consecuencia, abogaremos por que en su momento el Estatuto contemple estos derechos. Insistimos en nuestro posicionamiento contrario a esta propuesta, en la confianza de que será de mayor utilidad en su momento la revisión total y global del Estatuto de Radiotelevisión Española.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señorías, sin duda la modificación del Estatuto de Radio y Televisión para regular la elección parlamentaria del director general de Radiotelevisión Española, tal y como se plantea en la proposición de ley presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Mixto, a instancia del señor Saura, entendemos que contribuye a configurar un modelo que refuerza la independencia en la gestión del ente público, y que, como muy bien se dice en la exposición de motivos, ofrece un ámbito de consenso amplio de las distintas formaciones políticas con representación parlamentaria; posibilidad de consenso que se establece con el requisito de exigir una mayoría cualificada en esta Cámara para elegir al director general de Radiotelevisión Española. Por tanto, es una reforma necesaria la que se plantea, a juicio del Grupo Parlamentario Socialista, en esta proposición de ley. Además, creemos que es importante para alcanzar los objetivos de independencia y de búsqueda de un amplio acuerdo. Ya les anticipo que el Grupo Parlamentario Socialista votará a favor de la toma en consideración de esta iniciativa. Pero también entendemos que esta propuesta debe ir acompañada de una reforma profunda del actual modelo de Radiotelevisión Española.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que es necesario un pacto de Estado para dotar a Radiotelevisión Española de una nueva regulación que garantice plenamente su independencia y la dote de un carácter participativo, innovador y equilibrado, tanto en términos territoriales como de programación, y que sirva de referencia para el resto de las empresas audiovisuales públicas. La reforma del Estatuto de Radio y Televisión es inaplazable y prioritaria. Transcurridos, como ya se ha dicho, más de veinte años desde su aprobación, se hace necesaria una nueva ley que regule el modelo, funcionamiento y financiación de la radio y televisión pública desde una perspectiva moderna, participativa y profundamente democrática. Sus principios podrán extenderse posteriormente a la legislación autonómica, y quiero subrayar que no estamos planteando una reforma sólo del modelo de Radiotelevisión Española, la estamos planteando como básica para el conjunto de las radiotelevisiones públicas que existen en nuestro país.
Desde el punto de vista institucional, es importante volver a definir e incluso crear nuevas figuras que garanticen este modelo. Si el estatuto en su día fue un gran paso adelante, ahora es el momento de dar continuidad a la democratización profunda de Radiotelevisión Española. Si la radio y la televisión pública debe ser, como dice el actual estatuto, un vehículo esencial de información y participación política de los ciudadanos, de formación de la opinión pública, de cooperación con el sistema educativo, de difusión de la cultura española y de sus nacionalidades y regiones, así como medio capital para contribuir a que la libertad y la igualdad sean reales y efectivas con especial atención a la protección de los marginados y la no discriminación de la mujer, es evidente que en la actualidad estos planteamientos no se cumplen.
Para el Grupo Parlamentario Socialista la reforma de Radiotelevisión Española, además de apoyar la iniciativa que estamos debatiendo, pasa por abordar las siguientes cuestiones que enuncio de manera telegráfica. Primero, creación del consejo superior de lo audiovisual, como ocurre en la práctica totalidad de los países de la Unión Europea, configurando este órgano con

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un carácter independiente, cuya misión fundamental será asegurar la transparencia en la titularidad de los medios audiovisuales y velar para que se respeten los principios de pluralismo político, económico, cultural y religioso por los operadores de radio y televisión.
Segundo, establecimiento de principios base en Radiotelevisión Española, tales como ofrecer calidad en su programación, fomentar la participación y garantizar el acceso de todos a los medios de comunicación públicos. La información debe ser imparcial, rigurosa y respetar el pluralismo político y social. Se debe atenter a los intereses de las minorías. La radio y televisión públicas deben renunciar a cierto tipo de programas por su contenido zafio, degradante para las personas o simplemente de mal gusto.
Radio Nacional y Televisión Española han de ser un elemento de cohesión política, social, económica y cultural de todos los españoles. Radiotelevisión Española ha de ser un motor del sector audiovisual y debe ser también un modelo de gestión desde un planteamiento de ética empresarial para que no se provoquen los problemas y situaciones como la que ha constatado recientemente el Tribunal de Cuentas en su informe anual sobre la gestión del sector público estatal en 1998, en relación a las contrataciones de Radiotelevisión Española. En él se critica por el Tribunal de Cuentas la falta de justificación, o la justificación deficiente en el 90 por ciento de las contrataciones analizadas. En ocasiones es la falta de publicidad, en otras la ausencia de libre competencia, e incluso la falta de previsión, lo que ha ocasionado la acumulación de contratos con un mismo objeto; es decir, se trata de establecer un modelo de gestión que, además, aproveche de una forma íntegra todo el potencial de recursos humanos y materiales que no se está realizando en estos momentos como consecuencia de una exagerada salida al mercado con las productoras externas.
Tercero, reforzar y volver a definir las competencias del consejo de administración de Radiotelevisión Española; también de la Comisión de Control Parlamentario de Radiotelevisión Española y de los actuales consejos asesores. Se deben crear nuevas figuras como las del defensor del oyente y del teleespectador y la creación del observatorio del ciudadano, así como el comité profesional de programas e informativos.
Finalmente, el establecimiento de un sistema de financiación estable y suficiente que aborde, de una manera definitiva, la situación actual en relación con la deuda y establezca un modelo de ingresos de Radiotelevisión Española acorde con el modelo que existe en los países de nuestro entorno. En definitiva, señorías, se trata de abordar la definición de un modelo de Radiotelevisión Española que, manteniendo su triple vocación generalista en los contenidos, mayoritaria en audiencia y exigente en la calidad de su programación, asuma con plenitud su función como servicio público. De hecho el Tratado de Amsterdam atribuye a los Estados miembros la obligación inexcusable de establecer y definir de forma precisa y transparente el servicio público televisivo, específicamente encomendado a aquellas empresas públicas a las que se otorga financiación, de tal modo que dicha financiación pueda justificarse plena y detalladamente en las concretas cargas y obligaciones encomendadas a esas específicas empresas. Se trata, por tanto, señorías, de un ofrecimiento de abordar la reforma en profundidad de radiotelevisión pública que sirva como modelo a la reforma del conjunto de las radios y televisiones públicas de nuestro país, desde la búsqueda de un amplio acuerdo, como en su momento se planteó en al elaboración y aprobación del estatuto actualmente vigente.
Creemos, y este es un ofrecimiento sincero, que el Grupo Parlamentario Popular tiene la posibilidad de acogerse o no a esta propuesta. Lamentaríamos que el Grupo Parlamentario Popular pueda seguir amparándose en supuestos o reales problemas en la gestión del pasado de Radiotelevisión Española para justificar y sostener el deterioro de un servicio público esencial que afecta a derechos fundamentales reconocidos en nuestra Constitución. Creemos que nunca más se debería producir, siquiera como pura confusión mental, que por parte de algún directivo de Radiotelevisión Española se pueda afirmar que su consejo de administración es el Gobierno, según las declaraciones de la directora de Radio Nacional de España. Si el consejo de administración sabemos que no es el Gobierno, o no debería serlo -legalmente no lo es, otra cosa es que lo pueda ser de hecho-, estaríamos dotando, desde el punto de vista institucional, desde el punto de vista de la configuración de un servicio público y desde la búsqueda de un marco de financiación estable, un modelo que sea creíble y que recoja las aspiraciones que se plantean en nuestra Constitución cuando regula un servicio público que afecta a derechos fundamentales. Tenemos, con esta iniciativa, una oportunidad de iniciar ese camino, desde el planteamiento por parte del Grupo Parlamentario Socialista, de que sería bueno buscar un gran pacto que sirva para mejorar la situación que atraviesa Radiotelevisión Española. Si es posible le pediría al Grupo Parlamentario Popular que intente analizar el presente y plantear soluciones para el futuro, aunque está en su derecho, como he dicho anteriormente, de ampararse en el pasado.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Por último, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ballestero.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Gracias, señora presidenta.
Voy a defender la posición de mi grupo, que obviamenteva a votar en contra de estas dos proposiciones

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de ley, que ya debatimos en noviembre de 1999. Si me permiten, previamente y en nombre de mi grupo -y supongo que estarán de acuerdo conmigo el resto de los grupos parlamentarios- quiero manifestar nuestro pésame, en un debate como el que nos ocupa hoy de una televisión pública, por el fallecimiento de tres trabajadores de la televisión pública vasca.
Tenemos dos opciones ante estas dos proposiciones de ley: pensar bien o pensar regular, nunca lo voy a hacer mal. Pensando bien, ¿qué se nos plantea en ellas? Con la justificación de que hay una manipulación por parte del Gobierno, de que hay un déficit democrático ocasionado por la acción del Gobierno en Radiotelevisión Española, se pretende decir que la solución es nombrar al director general con el apoyo de dos tercios del Congreso de los Diputados.
Ante esto, si pensamos bien tenemos que votar que no, porque se plantea un problema, que desde luego nosotros no compartimos que exista en absoluto, y se ofrece una solución que no sirve absolutamente para nada. Pero si pensamos regular, porque mal ya digo que no queremos, tenemos que llegar a la conclusión de que hay determinados grupos que con sus iniciativas, y otros, como es el Partido Socialista, con su postura y sus actuaciones durante estos últimos años lo que pretenden probablemente, y eso lo quiero enunciar aquí esta tarde, sea dar el portazo a Radiotelevisión Española.
Entrando en el fondo del asunto, ¿qué se alude? Se alude a la manipulación, al déficit democrático de Radiotelevisión Española.
Desde luego, el de la manipulación no es un concepto jurídico determinado, sino algo muy subjetivo, que supongo que como lo ven determinados grupos será distinto de nuestra propia opinión. Yo he intentado buscar algún elemento objetivable, alguna manera empírica para ver si hay o no esa manipulación. Aquí se ha hablado de manipulación, pero no se ha dado ni un solo dato, como permanentemente se hace en la Comisión de Control. (Rumores.) Al ir a los hechos le voy a poner encima de la mesa lo siguiente: en primer lugar, audiencia de los informativos de Radiotelevisión Española. En estos momentos la audiencia de los informativos de Radiotelevisión Española es la mejor que ha habido desde 1994, año en que la competencia de las televisiones era muchísimo menor y mucho más difícil que ningún informativo consiguiera estos índices de audiencia.
Estoy de acuerdo con que audiencia y credibilidad no son directa y exactamente proporcionales, pero ese dato sí es objetivo. Además, si se pregunta qué piensan los españoles, sólo el 4 por ciento opina que en los informativos de Televisión Española hay un cierto sesgo político, que por cierto es el mismo porcentaje de sesgo político que entienden los españoles que tienen el resto de las televisiones, luego supongo que esto sí será también un dato objetivo de manipulación. Como supongo que lo será qué piensan los profesionales, porque a ellos se les pregunta y se puede ver todos los días si hay o no manipulación. Los presentadores de los telediarios de Radiotelevisión Española últimamente parecen actrices y actores de éxito, están todo el día recogiendo premios. En los años 2000 y 2001, hasta la fecha, más de cuarenta premios han recibido los informativos de Radiotelevisión Española a nivel nacional e internacional, en España y en el extranjero; los últimos: la Antena de Oro al señor Urdaci y los premios de la Academia de la Televisión, que votan entre los profesionales de modo secreto y no son susceptibles de estar manipulados en ningún caso por el Partido Popular. Esa es la opinión de los profesionales de Radiotelevisión Española sobre Radiotelevisión Española.
Además, le pondré un último ejemplo de manipulación que se ha tocado esta tarde en el debate: los resultados electorales de las elecciones vascas. Durante los días previos a las mismas tuvimos que oír por parte del Partido Socialista, de Izquierda Unida, y del Partido Nacionalista Vasco que éstas no iban a ser unas elecciones libres, que no había democracia a la hora de votar y que la responsable era Radiotelevisión Española. Esta tarde he echado de menos una rectificación de algunos sobre esas palabras. (Aplausos.) Efectivamente, no hubo libertad, pero yo estuve en Basauri, en 20 mesas electorales, y vi por qué no había libertad, porque había unos señores de HB que llevaban camisetas en las mesas electorales, porque había pancartas presionando en los colegios electorales. Por eso no hubo de verdad libertad y democracia a la hora de votar. Pero quien sí ha defendido la libertad y la democracia allí han sido los profesionales de Radiotelevisión Española, que tienen que llevar sus unidades móviles pintadas de blanco porque si no se las queman. Eso es falta de democracia y de libertad y no lo que hizo Radiotelevisión Española. Y si no, ahí están los resultados electorales. De verdad hemos echado de menos esta tarde, aquí o en cualquier sitio, una rectificación sobre esas declaraciones.
La realidad es que quienes plantean estas proposiciones de ley y algunos que las apoyan, cuando hablan de manipulación, a los que gobernaron durante muchos años en gran medida les pesa en el subconsciente cómo manipularon día tras día su gestión al frente de Radiotelevisión Española y, sobre todo, la total y absoluta falta de propuestas e irresponsabilidad que están teniendo en este tema en sus actuaciones durante los últimos años.
Pero es que a este problema, que supuestamente había pero que los hechos parece que no dicen exactamente lo mismo, ¿qué solución se da? Pues una solución inadecuada que lo que podría traer es que se paralizase la actividad de Radiotelevisión Española. No se puede plantear una reforma de la elección del director general de un modo parcial como se hace en estas proposiciones de ley. No se puede venir a hablar del director general y no hablar de sus competencias, no hablar de la influencia de estas competencias en el consejo de

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administración o hacerlo de un modo separado de lo que hay que hablar de verdad, que es de la reforma y del nuevo modelo de Radiotelevisión Española. No se puede tener este debate de un modo separado. Tampoco se puede dejar fuera de ese nombramiento al Senado, como se hace en esta proposición. Además, intentar que para nombrar al director general la mayoría sea de dos tercios es cuando menos curioso. Con esa mayoría lo único que se hace son modificaciones constitucionales.
Los nombramientos de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Supremo, del Tribunal de Cuentas, del Defensor del Pueblo se hace con mayoría cualificada pero de tres quintos. Pues aquí pedimos una mayoría de dos tercios. Pero esa mayoría ya vemos que no ha funcionado en otras ocasiones, porque por dos tercios se nombra a los consejeros del consejo de administración de Radiotelevisión Española, y el Partido Socialista ha estado boicoteando e impidiendo durante una legislatura la renovación. Con lo cual llegaríamos a la conclusión de que no podríamos ni nombrar ni cesar al director general. Por tanto, ahí está probablemente la trampa de acabar con el funcionamiento ordinario de Radiotelevisión Española, y entenderán que a esto nosotros no nos podemos prestar.
Pero sí que es una propuesta original. Yo he tenido la curiosidad de ver dónde nombra el gobierno al director general de radiotelevisión.
Tras estudiar más de 20 países en toda Europa, he visto que hay una democracia consolidada, como la de Eslovaquia, donde se nombra de esta manera al director de radiotelevisión. Yo desde luego me voy a mirar en otro modelo. De momento, nos podemos mirar en modelos como el alemán, el austriaco, o el inglés que lo nombran de otra manera.
Pero si me permiten, de momento elegiremos mejor un modelo más apropiado que el eslovaco, porque sinceramente no me vale.
Señorías, arreglar el supuesto problema de la manipulación no está en cómo se nombre al director general, está en cómo se hagan las cosas y quién las haga. Y para eso les doy dos ejemplos. El mejor sistema que siempre se pone como ejemplo de democracia, de funcionamiento correcto de una radiotelevisión pública, es el sistema BBC, donde la reina, a través del primer ministro, nombra a los consejeros, de los que sale el director de radiotelevisión. Ese es el ejemplo que se pone permanentemente y es una radiotelevisión pública que nos puede valer a todos. El problema contrario de cómo se puede manipular es lo que hace el Partido Socialista, no aquí cuando se sube a la tribuna a decir algo, sino cuando tiene la oportunidad de gobernar. Y no voy hablar de lo que se hizo durante 14 años. Ha querido la casualidad que seamos dos castellano-manchegos, el señor Díaz Cano, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, y yo, del Grupo Parlamentario Popular, quienes vengamos a hablar de este tema. Y le voy a decir qué está haciendo en estos momentos, qué va a aprobar pasado mañana el Gobierno del señor Bono en la Junta de Comunidades. Ahora mismo se está poniendo en marcha la radiotelevisión pública de Castilla-La Mancha. Primera acción: se nombra a Jordi García Candau, cuya foto sale en los diccionarios al lado de la palabra manipulación, director general de esa radiotelevisión; el hombre que llevó a la etapa más vergonzante a Radiotelevisión Española. (Aplausos.) En segundo lugar, se dice: vamos a crear un consejo de administración entre cuyas funciones están las presupuestarias y las relacionadas con la plantilla. Llega la hora de nombrar a la plantilla, no se reúne al consejo de administración, se intenta vestir, a través de una sociedad, el nombramiento de los trabajadores y se saltan a la torera las funciones de ese consejo. Pero había una trampa, para convocar el consejo el quórum requería la presencia de la mitad más uno de sus miembros. Quiere la casualidad que, siendo siete socialistas y seis del Partido Popular, haya una vacante porque a un socialista lo nombran delegado provincial. Entonces se tiene que reunir el consejo y, lógicamente, los consejeros del Partido Popular no se prestan a esa farsa en la contratación y no van al consejo de administración, que no se puede reunir. ¿Saben ustedes cómo se soluciona esto cuando gobierna el Partido Socialista?

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Ballestero, ha concluido su tiempo. Termine, por favor.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Concluyo, presidenta. ¿Saben ustedes cómo solucionan esto? Pasado mañana, batiendo todos los récords, siendo la ley que va a tener la tramitación más breve de la historia del Parlamento de Castilla-La Mancha, se modifica el quórum y se dice que con un tercio se puede reunir el consejo de administración. Esto es lo que yo llamo un auténtico ejemplo de cacicada y lo que bajo ningún concepto se puede hacer en ninguna radiotelevisión pública.
(Un señor diputado: ¡Muy bien!) Esto es un ejemplo. Valga, por tanto, este argumento para diferenciar bien qué hay que hacer y qué no hay que hacer, señorías.
Concluyo diciendo que, efectivamente, llega dentro de poco el informe de la SEPI. Entendemos que hay que subirse aquí a intentar calentar el ambiente, que hay que estar agitando a los trabajadores de Radiotelevisión Española, pero el paso del tiempo dirá qué están haciendo unos y cuál está siendo su actuación y qué estamos haciendo otros, porque este Gobierno, le pese a quien le pese, ha decidido arreglar el problema de radiotelevisión, y dijo, primero, que traeríamos un modelo de viabilidad financiera a través de la SEPI, y aquí se traerá y aquí se arreglará; y posteriormente, se hablará de todas esas cuestiones que se han planteado y de muchas más, para, de verdad, tener un modelo para una futura radiotelevisión pública. Esos van a ser los

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plazos; entre tanto, hay quien puede dedicarse a tirotear el consenso...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Ballestero, termine.


El señor BALLESTERO DE DIEGO: Termino, presidenta.
Hay quien puede dedicarse a tirotear el consenso y hay quien puede, cuando llegue la oportunidad, debatir todas estas cosas. Nosotros, como siempre, tendremos nuestra mano tendida.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radio Televisión Española.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 114; en contra, 164; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada.


Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley 4/1980, de 10 de enero, de Estatuto de Radio y Televisión, por la que se regula la elección parlamentaria del director de Radio Televisión Española.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 276; a favor, 113; en contra, 162; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, rechazada la iniciativa de referencia.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA PALIAR LAS CONSECUENCIAS DERIVADAS DE LA NO RENOVACIÓN DEL ACUERDO DE PESCA CON EL REINO DE MARRUECOS. (Número de expediente 173/000064.) La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación del Acuerdo de pesca con el Reino de Marruecos.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, si el Bloque Nacionalista Galego presentó la pasada semana una interpelación al Gobierno para que éste diera a conocer las iniciativas concretas que iba a poner en marcha para dar respuesta a la situación en la que se encuentra la flota que faenaba en el banco canario-sahariano, al amparo del anterior acuerdo de pesca con Marruecos, es porque estábamos alarmados por la inoperancia mostrada por el Gobierno para defender los intereses de esta flota y conseguir un marco que pudiese mantener su actividad.
La verdad es que, después del debate de esta interpelación y después de oír, por tanto, al señor Arias Cañete, nuestra alarma y nuestra preocupación no ha hecho sino aumentar. En líneas generales, confirmó el señor ministro que el Gobierno, por un lado, no tiene el menor interés -nosotros ya lo sabíamos y así lo dijimos el pasado miércoles- en intentar reanudar el diálogo con Marruecos para alcanzar un nuevo acuerdo de pesca y, por otro lado, tiene menor interés aún en utilizar los mecanismos de negociación global capaces de hacer que a Marruecos le convenga firmar ese acuerdo, y desde luego al dar por cerrada esta vía coloca a la flota de la que hablamos en una situación más que delicada.


Pero es que además el Gobierno no sabe qué iniciativas debe poner en marcha para intentar paliar la situación que el fracaso de las negociaciones creó para esta flota. Hoy mismo dice una asociación de armadores: No hay reconversión creíble ni reubicación realista. Creo que es suficientemente concreta la opinión que expresa el sector a este respecto y realmente le pone a cualquiera los pelos de punta pensar que a la falta del acuerdo de pesca se sume la incapacidad del Gobierno para buscar soluciones alternativas que, por cierto, en ningún caso iban a permitir el mantenimiento de la actividad, sino simplemente minimizar en parte las consecuencias. Pone también los pelos de punta que a estas alturas, a pesar de ser una de las hipótesis con las que vino trabajando el Gobierno, aún no tenga mínimamente perfilado y concretado ese plan alternativo. El Gobierno sigue remitiéndose a declaraciones de intención o de voluntad de impulsar medidas de reubicación, sociales, de diversificación económica de las comarcas afectadas, pero la realidad es que no tiene nada concretado, no sabe cuántos barcos y para qué modalidades de pesca puede reubicar en caladeros de terceros países;

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no tiene cerrado ningún acuerdo en este sentido. Eso sí, cuando menos reconoce, por cierto, que ya de reubicación en aguas propias pocos barcos y con dificultades.


Yo ya citaba el otro día el caso de que el Ministerio nos hablaba de Senegal cuando aún no se había renovado el acuerdo anterior, pero es que el día anterior, el señor ministro nos ubicaba a la mayoría de la flota a recolocar en Mauritania, que era la gran esperanza. Hete aquí que Mauritania, en este momento, está ya planteando para renovar el acuerdo con la Unión Europea, para empezar, entre otras cuestiones, la reducción del número de unidades que hay en su caladero en la actualidad; eso para empezar. Por tanto, díganme ustedes en qué se concretaría tal posibilidad. No sabe qué medidas de tipo social y de protección de los trabajadores va a poner en marcha, lo cual, desde luego, resulta absolutamente alarmante. Que a estas alturas los trabajadores no tengan más alternativa que o bien seguir acogiéndose a las ayudas que les están dando como consecuencia del paro de la flota mientras este dure o buscarse la vida por sus propios medios, que no sepan aún en qué situación pueden quedar si tienen que estar en paro, es absolutamente increíble e intolerable.
Tampoco sabe el Gobierno qué iniciativas va a poner en marcha para impulsar planes capaces de regenerar el tejido productivo de las comarcas más afectadas. El Gobierno sigue remitiéndose a vaguedades referidas a la creación de suelo, turismo o comunicaciones que, vuelvo a insistir, por sí solas no generarán ese empleo alternativo; por cierto, vaguedades que valen igual para comarcas con posibilidades de desarrollo absolutamente distintas, vaguedades que sirven igual para Barbate que para Morrazo.
Por último, tampoco sabe el Gobierno, ni por asomo, cuánto le va a costar el plan alternativo ni de dónde va a sacar la financiación necesaria para abordarlo. Una vez más, el Gobierno se encuentra, de entrada, con la reticencia de la Unión Europea a financiar planes inconcretos, cuando, por cierto, el Gobierno daba por seguro que no existía ninguna dificultad en ese sentido porque, según su versión, ya en la cumbre de Niza a este respecto había quedado todo atado.
Por tanto, la preocupación en este escenario no puede hacer más que aumentar. Desde luego, si la fortuna no lo remedia o si el Gobierno no cambia la política que está llevando hasta el momento, se abre un panorama más que desolador para esta flota, también para las comarcas que dependen de ella y, por supuesto, para el empleo directo y para el indirecto. Este papel que está jugando el Gobierno en Europa vuelvo a repetir que es el de: aparte de burro, apaleado. No solamente se aplaude la política de pesca de la Unión Europea, como aconteció con las negociaciones de Marruecos, sino que, como premio, ni siquiera le consuelan con los fondos que necesita para esos hipotéticos planes alternativos.
La enmienda que presenta el Grupo Popular a nuestra moción, que es absolutamente inconcreta y que no establece ningún compromiso, no hace más que confirmar todo lo que he dicho hasta este momento. El Gobierno en este momento no sabe, no contesta, simplemente se lamenta. Quiero decirles, señoras y señores diputados -ya sé que probablemente con escaso éxito y fundamentalmente dirigiéndome al grupo mayoritario-, que en esta situación es necesario que los grupos políticos de esta Cámara tomen cartas en el asunto para hacer de alguna manera que el Gobierno rectifique el rumbo que está llevando hasta este momento, porque si sigue por esos derroteros francamente la cuestión no hará más que empeorar y ser más que preocupante.
Por tanto, la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, con esa intención de modificar el rumbo, insta al Gobierno, en primer lugar, a adoptar las medidas necesarias para reabrir las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino de Marruecos con el fin de alcanzar un nuevo acuerdo de pesca. Nosotros creemos que es la única posibilidad real de mantenimiento de la actividad de la flota.
Como sabemos también que el Gobierno está en esa posición, en su defecto creemos que el Gobierno debe presentar de inmediato, porque la flota no puede permanecer sine die en la incertidumbre...


La señora PRESIDENTA: Señor Vázquez, su tiempo ha concluido. Le recuerdo el compromiso de no consumir más que los siete minutos que ya ha consumido.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo, señora presidenta, haciendo caso a ese compromiso, diciendo que efectivamente debe presentarse de inmediato ese plan alternativo cuyas líneas generales figuran en los sucesivos apartados de nuestra moción; que ese plan se negocie con las organizaciones sociales representativas y que se someta a debate de la Cámara, porque supongo que al Gobierno buena falta le hará el apoyo de la misma para demandar lo que haya que demandar donde haya que demandarlo.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de la interpelación, tiene la palabra, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, realmente el debate sobre la situación de la flota pesquera en Marruecos es cada vez más desolador, más indignante. El Gobierno sigue siendo cómplice de una situación porque no se puede hacer peor. Nos negamos a creer que le haya pillado de sorpresa, que

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sea fruto de la improvisación. Sinceramente creemos que esto corresponde a una decisión predeterminada del Gobierno, desde hace años, de ir a la reconversión de la flota que pescaba en Marruecos y, a partir de ahí, ha dejado, como hacen los malos toreros, que el toro vaya por su cauce, que pase los tres avisos y que, al final, se devuelva al corral. Eso es lo que ha hecho el Gobierno, repito, esperar, como los malos toreros, a que devuelvan el toro al corral porque en ningún momento ha querido torearlo.
Se habla de ampliar los caladeros y no se hace nada. Se dice que se van a buscar nuevos caladeros y se debía haber hecho, independientemente del acuerdo marroquí. Se dice que hay que mirar otros caladeros y esta mañana el Partido Popular vota en contra de una propuesta de nuestro grupo para hacer un plan para el caladero del mar Cantábrico. Por tanto, que no se nos diga a estas alturas que el Gobierno está haciendo otra cosa que ser cómplice del desmantelamiento de una parte importante de nuestra flota.
Por estos motivos, Izquierda Unida presenta una enmienda en la que, en primer lugar, rechaza la actitud mantenida por el Gobierno en todo el proceso de negociación, porque ha sido una actitud nefasta, negativa a los intereses de este país, negativa para un sector pesquero y negativa, en definitiva, para todo aquel que ha confiado en que el Gobierno de España iba a hacer lo que tenía que hacer, defender los intereses de nuestro país. Hay que partir de una realidad, y es que el Gobierno pretende desmantelar la flota. Desde Andalucía creemos que lo que pretende es iniciar un proceso especulativo en la zona de Barbate, poner esta zona en manos de especuladores en lugar de plantear una alternativa real. En el tiempo que llevamos negociando el acuerdo pesquero algo se podía haber hecho, no se ha hecho nada en aquella zona, y ahora se ofrece el desarrollo turístico como la panacea. Señores del Partido Popular, esto llega tarde y mal.
Nosotros planteamos en nuestra enmienda una serie de propuestas que, como en cierto modo están recogidas en la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego, no pretendemos que sean asumidas tal cual. El objeto de nuestra enmienda es reflejar en este debate cuál es la postura de Izquierda Unida con respecto a la situación actual.
Anunciamos que votaremos a favor de la moción que presenta el Bloque Nacionalista Galego y, recalcando lo que ya se ha dicho en esta tribuna, pensamos que la enmienda del Partido Popular es lamentable.
Que a estas alturas el Partido Popular venga a presentar esa enmienda significa, ni más ni menos, su rendición, demuestra hasta dónde hemos llegado en manos del Partido Popular en este tema. No se puede a estas alturas presentar una enmienda que no dice nada. El Partido Popular tiene que estar a la cabeza, pero es una evidencia que cada vez que se ha discutido de pesca en esta tribuna ha sido impulsado por la oposición y siempre ha votado en contra de lo que se le planteaba. Hoy se plantea una vez más y posiblemente no será la última, porque no nos vamos a rendir, no vamos a permitir que desmantelen no sólo un sector económico importante sino toda una cultura en Andalucía y en otras zonas del Estado; no vamos a permitir que sigan los dictados de esos centros económicos, porque pretenden convertir a Andalucía y a otras zonas del Estado en una zona desierta económicamente y fruto sólo del sector servicios para poder determinar mejor su futuro económico; no nos vamos a rendir y vamos a seguir luchando desde Barbate, desde Málaga y desde otros sitios pesqueros; vamos a seguir luchando para que se puedan alcanzar las soluciones que todo el mundo reconoce menos ustedes. Todo el mundo reconoce que se podía haber llegado a un acuerdo; todo el mundo reconoce que no se ha hecho lo suficiente, menos el Gobierno del Partido Popular, menos el señor ministro, Arias Cañete, que brilla por su ausencia una vez más cuando se debaten estos temas en esta Cámara.
A estas alturas poco más se puede decir, pero tenemos que seguir planteando al Partido Popular sus propias responsabilidades, que tiene la obligación de gobernar este país, de prevenir, y que no puede seguir improvisando. Tenía que haber presentado ese plan que se le reivindica y haberlo elaborado hace meses, porque el acuerdo hace años que terminó. Hace más de cuatro años que se sabía que era el último y el Partido Popular tenía que tener preparado un plan para el caso de no firmar el acuerdo. Sin embargo, el Partido Popular no ha hecho nada, no sólo no ha negociado, sino que no ha tenido previstas alternativas, no ha previsto posiciones. Por tanto, repito, el Partido Popular sigue actuando en este momento totalmente en contra de los intereses de este país, totalmente en contra de los intereses del sector pesquero y en ese sentido de nuevo nos va a tener enfrente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, señorías, el miércoles pasado, 16 de mayo, el señor ministro de Agricultura dibujó un panorama idílico para la flota que faenaba en Marruecos. En esa intervención había turrón para todos. La mayoría tenía garantizada su recolocación. La decisión dependía únicamente de los

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armadores. Para el resto, continuidad de ayudas, cursos de formación o primas individuales de cese de actividad y acciones en las comarcas dependientes, acciones que incluían planes de diversificación y apoyo a la industria no extractiva. Simultáneamente, el día 15, la Comisión Europea, en respuesta a una pregunta socialista, decía que las indemnizaciones al sector se intentan prorrogar hasta el 30 de junio, pero el tema debe pasar por el Parlamento, o sea, aún no están cerradas; que el plan de reestructuración debe pasar con la Comisión, Parlamento y Consejo y que no hay plan ni está aprobado; que los recursos económicos comprometidos son únicamente los fondos IFOP asignados a España para la flota; que los hipotéticos fondos suplementarios de los que se habló en Niza no son seguros, están condicionados a las perspectivas presupuestarias y aún más, los responsables de pesca y presupuestos de la Unión Europea remarcan que en Niza la Unión Europea no garantizó a España ayudas sociales y regionales para diversificar las zonas afectadas.
Señorías, esta es otra versión, una versión menos optimista, que nos habla de que estamos ante un problema gravísimo. La irresponsabilidad del Gobierno y su propio peso en la Unión Europea, fruto de alianzas equivocadas y estrategias mal orientadas, nos llevó a perder caladeros y nos puede llevar a la liquidación del sector pesquero. El plan que nos vendió el señor Cañete es humo en globos de colores. Lo único cierto es que se rompían las negociaciones con Marruecos, se cerró una puerta y no hay nada concreto. Lo que hay es irresponsabilidad e improvisación. Hoy por hoy no hay caladeros alternativos rentables para la mayoría de la flota, los interiores están saturados y los exteriores -los más atractivos como Mauritaria y Senegal- tienen acuerdos pendientes de negociación que vencen en julio y encima en Mauritania parece que hay petróleo en la costa y si hay petróleo, adiós pesca. Por otra parte, las empresas mixtas chocan con una normativa europea que les pone dificultades, normativa, por cierto, que el Gobierno actual ayudó a endurecer. Por otro lado, los millones de la Unión Europea son sólo para reducir capacidad, o sea, para liquidar flota.
Señores, nosotros no queremos ser cómplices de tanto despropósito y, una vez más, queremos contribuir positivamente a dar una salida al problema. Nosotros también creemos que aún existen posibilidades de llegar a un acuerdo con Marruecos. Esto es así si España y la Unión Europea revisan su estrategia y la nueva estrategia se enmarca en un amplio programa de cooperación para el desarrollo. De no ser así, para nosotros cualquier salida pasa, en primer lugar, por mantener la capacidad extractiva de la flota que faena en Marruecos. Estamos, en consecuencia, en contra de desguaces que reduzcan nuestra capacidad. Somos el Estado europeo que más redujo su capacidad y no podemos hacer nuevas reducciones para que otros países de la Unión Europea vendan más pescado en España.
También nos oponemos a que los fondos IFOP se destinen preferentemente a atender las necesidades de la flota de Marruecos, ya que esto provoca que otras flotas queden desatendidas. Por ello, nosotros demandamos del Gobierno un fondo específico para ayudas sociales y diversificación productiva en las zonas afectadas que debe ser negociado con la Unión Europea. Los 500 millones de euros que no se pagan a Marruecos no puede ahorrarlos la Unión Europea a costa del sector español. Resumiendo, nuestra posición es que la reestructuración del sector no puede implicar reducción de capacidad y que ni la necesaria diversificación ni las políticas sociales se pueden pagar únicamente por España.
El Gobierno lo hizo mal, tan mal que estamos abocados a eso, a detraer de la cuota española de los fondos estructurales, del fondo Feder y del fondo social, los recursos para minimizar el impacto del fracaso de los acuerdos con Marruecos. Ustedes, señores del Grupo Popular, son un peligro para los intereses de España.


La señora PRESIDENTA: Señor Díaz, su tiempo ha concluido.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, señor Mantilla.


El señor MANTILLA RODRÍGUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, después de escuchar las intervenciones de los portavoces del Bloque Nacionalista Galego y de Izquierda Unida, me sorprende muchísimo que digan que recientemente se ha presentado un plan, etéreo, según dice el señor portavoz del Bloque Nacionalista Galego.
Me gustaría preguntar a los diputados presentes y a los que nos están escuchando desde sus despachos, sin duda, qué opinarían si hace un año o año y pico se hubiera presentado ya un plan alternativo para la flota de Marruecos. Dirían que el Gobierno no defiende la flota pesquera, que ya habían abandonado los intereses de Marruecos, etcétera. Por tanto, si hacemos una cosa, está mal, y si hacemos la otra, está peor. Eso es así y usted bien lo sabe, señor Vázquez. Su política es la de siempre, la política del no, pero se lo diré un poquito después.


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Nosotros tenemos una enmienda a su moción totalmente constructiva. En el tema de Marruecos, lógicamente hay aspectos que hay que considerar. Tenemos que intentar mantener el máximo número de buques faenando, tenemos que mantener el máximo de tripulantes faenando en Marruecos o en cualquier otro caladero, tenemos que intentar reubicar a nuestros tripulantes en otras flotas, tenemos que intentar, sin duda, mantener un equipo productivo en tierra, equipo que da, sin duda, un elevado número de puestos de trabajo. Eso es nuestra enmienda. Cualquiera de los cuatro puntos está en nuestra enmienda y los suyos, no. Su planteamiento inicial es volver a iniciar, o intentarlo, las negociaciones con Marruecos.
Señor Vázquez, no sé si estuvo en la manifestación de anteayer en Cangas, en la cual el lema era: Defensa de los intereses de Marruecos y defensa del Frente Polisario. Sin duda, son intereses totalmente homogéneos, pero estoy convencido de que habría grandes amigos suyos al frente de esa manifestación. Lo que le quiero comentar es que, si ustedes quieren realmente un acuerdo con Marruecos, ustedes no solamente tienen que instar al Gobierno a que intente lograrlo, sino que también tienen que, con su sindicato amigo, por todos los medios, intentar apoyar un acuerdo y no bloquearlo. Ayer, en la autovía de Tuy a Vigo -lo sabe también-, hubo una manifestación, cortaron la carretera, como siempre, y había mucha gente con pasamontañas. ¿Por qué? Porque siempre son los mismos, señor Vázquez. Es el antipeaje, es el antimejillón, es el antiMarruecos. Siempre son los mismos. Y resulta que, al frente de ellos, estaba su gran amigo, que, curiosamente, lo habían detenido todavía no hacía muchos días en otra lucha que hubo sobre un tema conflictivo de transporte escolar. Pero es el mismo y siempre serán los mismos.
Por tanto, le vuelvo a repetir que el Gobierno está intentando por todos los medios buscar soluciones y lo lleva haciendo desde que asumimos el Gobierno en 1996. Usted bien sabe que hemos tenido reuniones con los alcaldes de El Morrazo, La Guardia, Ribeira y Barbate. También quiero decir a SS.SS. que El Morrazo, Cangas, Moaña y Bueu, especialmente, eran el fortín del Bloque Nacionalista Galego, y en las últimas elecciones municipales, en las que no tuvo demasiado éxito el Partido Popular en Galicia, precisamente esas tres alcaldías las ha ganado el Partido Popular por mayoría absoluta. Por algo sería, señor Vázquez, por algo sería. Es que ustedes lo estaban haciendo terroríficamente mal y siguen haciéndolo. Vuelvo a repetirle que nosotros estamos intentando consensuar con los alcaldes, que son los conocedores del problema, y esos alcaldes nos han dicho que su problema fundamental es el terreno industrial. Por poner un ejemplo, le diré que, en estos momentos, el metro cuadrado de nave industrial alrededor de Vigo está en 110.000 pesetas. Y no hay terreno industrial. Estoy convencido de que en la zona de Bueu y Cangas, si se consigue terreno industrial, se generarán industrias y seremos capaces de mantener los puestos que tenemos en estos momentos. Si ustedes colaboran con el Gobierno, si ustedes colaboran con sus amigos apoyando al Gobierno, estamos convencidos de que, a corto plazo, el problema de Marruecos no existirá.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mantilla. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hablaré desde el escaño y con la máxima brevedad posible.
Desde hace algún tiempo, estamos hablando de forma continuada sobre la situación del sector pesquero y de forma especial de lo que hace referencia al banco de pesca saharaui-marroquí. La problemática actual de la pesca con Marruecos no es más que el resultado de la falta de planificación y, quizá, de una cierta autosuficiencia, que nos ha llevado a la creencia de que Marruecos está dispuesto a que la Unión Europea y el sector extractivo español continúen trabajando en sus aguas por un tiempo indefinido. Somos muchos los que hace tiempo adelantamos que el sector pesquero español tiene una potencia de pesca que no está compensada por la capacidad del Ministerio de Asuntos Exteriores de crear ambientes favorables en terceros países que nos permitan un desarrollo adecuado. Estamos en un momento en que todo el mundo habla de globalización y, si hay algo que efectivamente debe ser global y coherente, debe ser la política de un país y, de forma especial, la política exterior, que es la que proyecta nuestra acción sobre el resto del mundo.
Por tanto, nos encontramos ante una cierta paradoja: la Unión Europea, por delegación, está asumiendo algunas competencias, en materia de pesca, que hasta hace algunos años habían estado llevando los Estados: En ese momento, su mala gestión al respecto y la propia Unión Europea no asumen, a nuestro entender, los resultados de esta mala negociación. La Unión Europea no aplica una visión globalizada a la problemática y no intenta hacer unas negociaciones mucho más globales. Por ejemplo, seria una broma de mal gusto que la Unión Europea dedicase una cantidad importante -se hablaba de 3.500 millones de pesetas- a la modernización

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de la flota marroquí, como se ha apuntado, mientras que la flota española está en un proceso drástico de reestructuración. Como decía, la política exterior de un Gobierno es global y la estabilidad del Magreb no sólo es buena, sino necesaria. A nuestro entender, la Unión Europea mira con excesiva intensidad hacia los países Pecos, en detrimento del Magreb, que, por cierto, son los que crean más problemas, básicamente a Alemania. Por tanto, una visión de la Unión Europea más cercana en relación con la problemática del Magreb a lo mejor hubiera resuelto alguno de los problemas que en este momento tenemos encima de la mesa.
No crean, señoras y señores diputados, que una política exterior española más intensa, unida a una mayor voluntad política de encontrar soluciones al problema, serían elementos suficientes para intentar resolver la problemática. Por ejemplo, en este momento el presidente del Gobierno está en Rusia y parece ser que van a firmar una serie de convenios sobre transporte. Sería interesante que hubiesen hablado de pesca, de la posibilidad de que una parte de nuestra flota se hubiese situado en la zona del mar Báltico, en Baring. Son temas importantes, que se deberían haber puesto encima de la mesa. La situación en este momento es dramática y tengo la sensación de que no encontramos aliados importantes en la Unión Europea. De hecho, el refortalecimiento del frente franco-alemán da la impresión de que va a debilitar la posición española. Si el Gobierno español sólo tiene el soporte de la Italia de Berlusconi, el futuro es, desde luego, poco preciso.
Por lo anteriormente expuesto, nuestro grupo parlamentario, en esta situación difícil, insta también al Gobierno a que dedique los esfuerzos necesarios para que la solución que se debe encontrar no afecte de una forma negativa al sector, que desde hace tiempo lo está pasando muy mal.
Señora presidenta, señoras y señores diputados, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor Vázquez, de su intervención hemos podido deducir en la Presidencia el rechazo de la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero falta que manifieste su criterio con respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: No sé, señora presidenta, si de mi intervención se podía deducir que no íbamos a aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, pero después de la intervención del señor portavoz, obviamente, sí tenemos ya muchos más motivos para no aceptarla.
En todo caso, como simple aclaración, a efectos del «Diario de Sesiones», tengo que decir que la manifestación a la que alude ...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Vázquez, usted sabe que este trámite es única y exclusivamente para indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas. No es un turno de aclaraciones ni de réplica, que en el trámite de mociones no lo hay.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta, lo comprendo.
Sólo quería hacer una aclaración, pero la haré en otro momento.
Como he indicado, no podemos aceptar la enmienda del Grupo Parlamentario Popular, porque en esencia lo que propone es que el Gobierno siga en la inconcreción e inoperancia en las que se mantiene, por lo que no es de recibo.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Socialista, no vamos a aceptar la primera, de adición al punto 2, porque creemos que no aporta nada que no esté recogido en nuestra moción. Y sí vamos a aceptar la enmienda que, aunque no está numerada, creemos que correspondería al número 2, que desarrolla medidas concretas para la diversificación económica de las comarcas afectadas; aunque la intención de nuestra moción no era entrar en concreciones, no altera el contenido.
Las enmiendas de Izquierda Unida, aun compartiendo buena parte de su filosofía, no las vamos a aceptar, porque lo que proponen se contempla en líneas generales en los puntos de la moción del Bloque Nacionalista Galego y además sería de difícil encaje en la misma.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez. (Pausa.) Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre medidas que va a adoptar el Gobierno para paliar las consecuencias derivadas de la no renovación del Acuerdo de Pesca con el Reino de Marruecos, en los términos derivados del debate y con la incorporación de la enmienda que ha sido aceptada por parte del grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 270; a favor, 109; en contra, 161.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE CRITERIOS DE POLÍTICA GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE FÁRMACOS Y OTROS PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y SANITARIOS EN LOS HOSPITALES DEL INSALUD. (Número de expediente 173/000065.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política general para la adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Valentín. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio, al objeto de poder continuar con el debate. (Pausa.) Adelante, señora Valentín.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Socialista presentaba hace una semana una interpelación en el Pleno del Congreso para que la señora ministra nos explicara cuáles eran los criterios de política general que se utilizaban en los hospitales del Insalud para adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y hospitalarios. Queríamos esta información porque el Tribunal de Cuentas, en su informe del año 1998, ponía de manifiesto una serie de irregularidades en la gestión del gasto farmacéutico hospitalario, así como en los distintos procedimientos de contratación utilizados por el Insalud, que nos llevaron a la conclusión de que el descontrol, el incumplimiento de la ley y los sobrecostes que se daban en este tipo de adquisiciones en el Insalud debían ser objeto de una serie de medidas urgentes por parte del Gobierno para hacer una gestión de los fondos públicos lo más eficaz y lo más eficiente posible.
El informe del Tribunal de Cuentas analizaba de una forma pormenorizada una partida presupuestaria que, en el año 1998, se incrementó en un 18,20 por ciento con respecto al año anterior y en el año 1997 tuvo una subida de un 22,7 por ciento con respecto al año precedente. Señorías, el propio Tribunal llega a la conclusión de recomendar al Insalud y al propio Ministerio de Sanidad que han de homogeneizar los precios de adquisición de los medicamentos de forma que los centros del Insalud no paguen por un producto médico o farmacéutico un precio superior al que pueda encontrarse en el mercado, ni que distintos centros del Insalud paguen precios diferentes por un mismo medicamento. Del propio informe se deduce que en algunos casos estas diferencias superan el 104 por ciento -más caro- de un hospital a otro.
Señorías, interpelamos a la señora ministra. De aquella interpelación solamente me quedó clara una cosa, que el Ministerio de Sanidad no sabe qué camino tomar con la política de medicamentos que se ha de aplicar en los hospitales del Insalud y, por tanto, aunque tuviera voluntad y quisiera, no puede realizar una gestión eficiente de los recursos farmacoterapéuticos y de los fondos públicos que lleva aparejados.
El Grupo Socialista es consciente de que el objetivo final de la política sanitaria es el mantenimiento de la salud de las personas o la curación del paciente en el supuesto de enfermedad. Somos conscientes de que un servicio público tan esencial como es el sanitario ha de ser eficaz, ha de ser eficiente y de calidad. Somos conscientes de que en el tema que nos ocupa, de farmacia hospitalaria, tan importante es saber comprar los medicamentos como saber usarlos. Es imprescindible que por parte de los hospitales y por parte del Insalud se sepa qué se utiliza en cada hospital, dónde se utiliza y para qué se utiliza, o, lo que es lo mismo, cuánto se gasta, dónde se gasta y para qué se gasta. Desde el Grupo Socialista tenemos claro que la política de medicamento en los hospitales tiene la suficiente importancia como para que los gestores sanitarios se ocupen de ello, entre otras cosas, porque la sanidad pública la financiamos todos los ciudadanos a través de nuestros impuestos y hemos de rentabilizar al máximo, desde el punto de vista social, todos los recursos sanitarios públicos.
Por todo ello y por responsabilidad política de este grupo, presentamos la moción que hoy debatimos, con una serie de propuestas que estamos convencidos de que pueden ser útiles para mejorar la gestión de estos recursos públicos. En la moción instamos al Gobierno, en primer lugar, a que se fijen precios de referencia máximos para medicamentos de utilización en el ámbito hospitalario, precios de referencia ligados a principios activos y ligados a las características genéricas, cuando se trata de productos farmacéuticos y sanitarios, y precios de referencia revisados anualmente. Sobre estos precios de referencia, los centros sanitarios hospitalarios celebrarán los correspondientes contratos en la forma de adjudicación que en cada caso sea de aplicación de acuerdo con la normativa estatal.
En segundo lugar, es imprescindible que los hospitales del Insalud estén dotados de un sistema de información a través de la red informatizada, de modo que las adquisiciones de medicamentos o productos que se hagan en un hospital pasen directamente a los servicios centrales del Insalud para que se pueda analizar mensualmente con el fin de permitir una utilización eficiente

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de esos recursos públicos. La potenciación de las comisiones de farmacia y terapéutica de los hospitales, el fortalecimiento de la formación continuada del personal al servicio del Sistema Nacional de Salud, de modo que se oriente por la propia Administración cuáles son las líneas prioritarias de formación y no sea la industria farmacéutica la que haga este tipo de orientaciones. O la política de uso racional del medicamento, o el control riguroso de las autorizaciones y registros de los nuevos fármacos. Son propuestas de sentido común.


La señora PRESIDENTA: Señora Valentín, su tiempo ha concluido.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Termino, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señora Valentín, le recuerdo que el compromiso es terminar inmediatamente.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Son propuestas de sentido común y pediría su apoyo a los grupos de la Cámara, porque vamos a mejorar el funcionamiento y la eficiencia de los hospitales.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Valentín.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.)

La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para decir una vez más, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que en este caso concreto el Partido Socialista tiene un gran sentido de la oportunidad, porque éste es un tema que está preocupando a la población y está teniendo últimamente una gran influencia mediática.
Voy a hacer unas breves consideraciones para que la señora presidenta no me tenga que cortar porque no sé ceñirme al tiempo.
Para Izquierda Unida, la política del Ministerio de Sanidad para controlar el gasto farmacéutico registra un exceso de medidas puntuales, como son la restricción de medicamentos, lo que hemos venido en llamar medicamentazo o decretazo, precios de referencia, sin que se acabe abordando nunca una política global e integrada ante la excesiva prescripción de medicamentos. Es necesario, pues, desde nuestro punto de vista, adoptar estrategias globales e integradoras en la gestión del gasto farmacéutico en contraposición con las políticas parciales y reduccionistas. La necesaria racionalización del consumo de medicamentos en España tiene su origen lógico, tanto en su evolución como en el nivel diferencial del gasto farmacéutico soportado por nuestro sistema sanitario, con relación a los países de nuestro entorno más cercano. Lo importante no es, señorías, el mayor gasto farmacéutico por persona, sino el porcentaje del gasto farmacéutico en el conjunto del gasto sanitario público.
El abordaje de este problema requiere, pues, la combinación de distintos principios de farmaco-economía. Las políticas de copago o los precios de referencia aisladamente no sirven, no porque lo diga esta parlamentaria ni el Grupo de Izquierda Unida, no sirven porque está demostrado el fracaso de las políticas que la señora ministra y el Gobierno actual han puesto en marcha sobradamente.El abordaje requiere, pues, la combinación de instrumentos de regulación, políticas de integración de servicios, comprar salud y no servicios sanitarios, primando a proveedores no lucrativos, regulando de forma estricta la distribución y utilización de los beneficios e involucrando a médicos, usuarios y farmacéuticos. El gasto farmacéutico es una parte más del gasto en atención sanitaria y debe valorarse exclusivamente su efectividad y eficiencia. Debe valorarse en el conjunto de los recursos utilizados en la sanidad pública. En el sistema sanitario español, medidas como el copago farmacéutico están desfasadas y, a pesar de la normativa del 40 por ciento del coste a cargo de los usuarios, apenas el 8 por ciento del gasto total es sufragado por ellos. El copago tampoco favorece la equidad. Existe un importante trasvase de recetas de activos hacia pensionistas y no hay evidencia de que sean éstos los que se concentren en los tramos de renta y riqueza más pobres de este país.
En lo que a los precios de referencia se refiere, hay que decir que el impacto de éstos es probablemente limitado por varias razones: el diferencial de precios de los productos de marca y los pocos genéricos es bastante reducido. Conocen bien SS.SS. la situación. La cuota de mercado de los productos potencialmente objeto de aplicación de los precios de referencia es escasa. España es uno de los países de la Unión Europea en el que los nuevos productos farmacéuticos consiguen rápidamente una mayor cuota de mercado y están protegidos por la patente. Los precios de referencia refuerzan la presión por introducir en el mercado nuevos productos de precio más elevados y pueden no estar afectados por esta regulación, señora Valentín, como ya le decía a usted en conversación privada. De

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ahí que nuestras enmiendas vayan en la línea de nuestras preocupaciones.
El gasto farmacéutico en España es, sobre todo, un problema de sobreconsumo y costes de dispensación. Las medidas que aquí se discuten deberán estar englobadas -iba a decir que me dirijo al Gobierno, pero diré al grupo que sustenta al Gobierno, porque en estos momentos no hay ningún representante en la Cámara- en el plan integral de medidas del control del gasto farmacéutico y del uso racional del medicamento, aprobado por esta Cámara en diciembre del 2000, que el Gobierno se ha comprometido a presentar en el mes de junio. Allí nos volveremos a ver y tendremos de nuevo la oportunidad de reflexionar sobre esta materia.
No obstante, señorías, y termino...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señora Castro, tiene que terminar pues ha terminado su tiempo.


La señora CASTRO FONSECA: No digo nada más.
Espero solamente que la portavoz del Grupo Socialista tenga a bien aceptar las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, porque tengo la plena convicción de que es el camino para avanzar en el tema que nos ocupa hoy en la Cámara.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Castillo.


El señor CASTILLO JAÉN: Señora presidenta, señorías, he echado de menos hoy y el otro día en la interpelación, hablando de política sanitaria, un hito histórico que se ha dado en el Ministerio de Sanidad. Digo histórico porque es la primera vez que se produce una contención del gasto del 5 por ciento, en el mes de marzo pasado. Una contención del gasto, año tras año, del 6 por ciento, en contraposición con el 14 ó 15 por ciento de otro gobierno, hecho que merece destacarse y que pone de manifiesto que se está haciendo una política eficiente, que se está preocupado por el gasto y por factores sanitarios. La política farmacéutica que conlleva los genéricos, los precios de referencia, la contención del gasto, no puede esconder que se está actuando de manera prudente pero eficaz.
El Grupo Socialista ha hecho un estudio del informe del Tribunal de Cuentas del ejercicio de 1998 un tanto sesgado y sin demasiado detenimiento. Ha carecido de la prudencia y de la objetividad necesarias para analizar los años precedentes y, mucho menos, observar datos comparativos con otros sistemas sanitarios tanto nacionales como internacionales.
De haberlo hecho así, su portavoz hubiera tenido la oportunidad de haber observado tres hechos fundamentales. En primer lugar, que el informe referido es poco analítico, muy poco generalizado y continuación de informes de años anteriores, incluso de años de Gobierno socialista con lo que hay similitud en sus conclusiones. En segundo lugar, que los procedimientos de adquisición de medicamentos por el Insalud son similares en todos los sistemas sanitarios y adolecen de la misma problemática, sin distinción de comunidades autónomas. Los gerentes de los hospitales de todos los sistemas sanitarios tienen el mismo problema a la hora de adquirir, por lo tanto no se puede generalizar en un sistema sanitario. El principal problema del encarecimiento en la adquisición de los medicamentos hospitalarios y ambulatorios tiene tres orígenes fundamentales: en primer término, el envejecimiento de la población que conlleva ingresos de crónicos en los hospitales. En segundo lugar, la aparición de patologías emergentes, que tiene tratamientos nuevos de alta tecnología y con precios muy caros. Este suministro ambulatorio de medicación para algunas enfermedades como el sida, la esclerosis múltiple y otras como la nueva enfermedad de Gaucher, es eminentemente caro, factor que condiciona sanitariamente. El sida ha pasado de ser una enfermedad aguda y mortal a una enfermedad crónica y controlada gracias a los medicamentos. No podemos ver el componente puramente económico. Valga el ejemplo de que al Servicio Nacional de Salud se le ha incrementado la facturación, el precio de los medicamentos ambulatorios, de un 26 a un 29 por ciento en el año 2000. Sigo insistiendo en que no es un problema de una comunidad u otra, sino generalizado.
Si hubiera recopilado un poco de información publicada en todos los textos del Insalud, hubiera llegado S.S. a la percepción de que, tras el informe del Tribunal de Cuentas del año 1998, el Insalud, organismo responsable, se puso en movimiento y lo primero que hizo fue analizar cuáles son las consecuencias que le llevaron a esa desviación y automáticamente poner en marcha mecanismos correctores.
Creo que eso es de una responsabilidad seria. Nosotros hemos presentado una enmienda con tres puntos para hacerle ver a los representantes del Grupo Socialista que ya estaban iniciadas todas estas acciones. Queremos instar al Gobierno a que continúe lo ya iniciado porque es importante. Si se hubiera tenido un poco de interés en preguntar información, la representante del Grupo Socialista hubiera visto que por lo menos el 90 por ciento de su mociónya estaba desarrollada. Cuando se habla de continuar

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con las acciones iniciadas para la convocatoria de un acuerdo marco para adquisición de medicamentos en el ámbito hospitalario, debemos responder que ya se ha iniciado. Lo único que le pedimos al Gobierno es que acelere su funcionamiento y se llegue a ese acuerdo marco.
Potenciar las condiciones de farmacia terapéutica de los hospitales en su vertiente de garantizar calidad, seguridad y eficacia en la prescripción farmacéutica, siempre con el objetivo de optimizar la atención farmacéutica hospitalaria. Continuar con el desarrollo de los temas ya definidos como prioritarios y publicados en el contrato de gestión de 2000. Todos los temas que menciono están publicados...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Castillo, lo siento pero ha finalizado su tiempo, señoría.


El señor CASTILLO JAÉN: Finalizo, señora presidenta, diciendo que no podemos aceptar la moción del Grupo Socialista, porque es un tema que está perfectamente iniciado. Sólo nos resta animar al Insalud y al Gobierno para que sigan en la línea responsable y aceleren esta gestión en beneficio de los ciudadanos.
Muchísimas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Castillo. ¿Grupos que deseen fijar su posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Vasco, PNV, tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRIA: Señora presidenta, señorías, no soy revanchista y no quisiera parecerlo, pero he seguido con enorme interés esta interpelación y la moción subsiguiente por su enorme parecido -sólo cierto parecido, en el actuar administrativo hay una gran distancia- con algo sucedido en Euskadi, protagonizado por los parlamentarios populares en plan enorme gresca con aparataje mediático que ha precedido a las elecciones recientemente celebradas.
La interpelación tiene su origen, como todos ustedes saben, en el informe del Tribunal de Cuentas que destapa múltiples irregularidades en las adquisiciones de 1998, sobre todo, de fármacos con destino a los hospitales del Insalud. En Euskadi, y respecto de las mismas fechas, el Tribunal de Cuentas Públicas vasco en su informe dice textualmente que Osakidetza cumple razonablemente con la normativa legal que regula su actividad económico-financiera y, añade, que en los sucesivos informes que el Tribunal ha tenido ocasión de examinar se aprecian sustanciales y progresivas mejoras a lo largo de los últimos años. Eso sí, el propio Tribunal señala algunas disfunciones que él mismo atribuía a que en el citado año 1998 se había producido el cambio de Osakidetza pues pasó de ser organismo autónomo a ente público, pero dice que, en modo alguno, puede calificarse de conducta dolosa, negligente, fraudulenta o corrupta.
Ante esta situación, los parlamentarios del Grupo Popular pidieron primero una comisión de investigación, con gran revuelo mediático, y a continuación el cese del consejero de Sanidad. Me parecía- y ahí viene la equiparación- que tamaña preocupación por la rectitud en la gestión del sistema sanitario llevaría al Partido Popular, a la vista del enorme varapalo que da al Insalud el Tribunal de Cuentas, a la inmediata petición de creación de una comisión de investigación en el Congreso o a solicitar numerosos ceses, pero hasta ahora no ha mostrado la más leve preocupación ni siquiera por hablar de concursos centralizados que en el ámbito de la Comunidad Autónoma del País Vasco se llevan ya celebrando hace muchos años.
La moción socialista es prudente pero propone actuaciones que en nuestro ámbito ya se vienen haciendo. Me permitirán señalar que el que en una moción se inste al Gobierno a cumplir la ley me resulte a mí, que creo en la obligatoriedad de cumplir el derecho vigente, sorprendente en cuanto reconocimiento de que se está ignorando o inaplicando. Espero que no se acepte la enmienda que propone el Grupo Popular, porque, a pesar de la inaplicación de las normas que se reconoce, plantea en tres apartados un seguir, un continuar y un continuar; es decir, más de lo mismo, más de incumplimiento de la normativa vigente. Se justifica como mejora técnica, justificación que, perdónenme, me parece indescriptible. Mejoras técnicas, muchas mejoras técnicas, es lo que le está haciendo falta a la gestión sanitaria en el territorio Insalud.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Uría.
Para manifestar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra la señora Valentín.


La señora VALENTÍN NAVARRO: Gracias, presidenta.


Respecto a las tres enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida aceptamos las dos últimas, rechazando la primera por respeto a las comunidades autónomas y a la autonomía de gestión propia de los hospitales.
En cuanto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, la rechazamos porque no aporta nada nuevo, es más de lo mismo, seguidismo total en la

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política del Gobierno y, por tanto, no soluciona el problema que existe en este momento.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Valentín. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre criterios de política general para la adquisición de fármacos y otros productos farmacéuticos y sanitarios en los hospitales del Insalud, que se somete a votación en los términos derivados del debate.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 102; en contra, 153; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CALATÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA AFRONTAR, DESDE EL SISTEMA PÚBLICO Y EN COLABORACIÓN CON EL SECTOR PRIVADO, LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA. (Número de expediente 173/000066.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector privado, las situaciones de dependencia.
Para la presentación de la moción, tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Catalán presenta la correspondiente moción consecuencia de interpelación, sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar, desde el sistema público y en colaboración con el sector privado, las situaciones de dependencia. El debate que planteó nuestro grupo parlamentario la semana pasada con el ministro de Trabajo y la moción que hoy presentamos pretenden impulsar la participación de las Cortes Generales en la definición de las grandes líneas de futuro de la política de dependencia que se deberá desarrollar en España en los próximos años. Proponemos reforzar uno de los debates de futuro más importantes que debe abordar la sociedad.
El debate del miércoles pasado puso de manifiesto determinadas coincidencias con el análisis que hacía el señor ministro de las cuestiones relacionadas con la dependencia: el reto demográfico, la asunción de esa presencia importante y masiva de las personas mayores en nuestra sociedad, las necesidades sociosanitarias que se deriven de esa mayor presencia de las personas mayores, las transformaciones en los comportamientos de las familias, la dimensión europea de este debate, reforzada con la cumbre de Lisboa de marzo del 2000, la necesaria presencia de la mujer en el mercado de trabajo, la necesidad de articular un concepto de dependencia que supere estrictamente el concepto de las personas mayores y permita incorporar a aquellas personas que tienen enfermedades crónicas, con enfermedades terminales, con demencias, con discapacidades físicas que afectan al sistema nervioso central y con graves trastornos de conducta. Por tanto, una concepción amplia de las dependencias. La coincidencia en las políticas que el Estado español deberá impulsar en esta materia deben ser el resultado de un amplio debate social y político. Hoy es imposible imaginar la configuración de estas políticas sin escuchar a las administraciones autonómicas, a las administraciones locales, al sector privado de carácter lucrativo, al tercer sector de carácter no lucrativo y a los agentes sociales.
Desde la coincidencia de que esta política, que debe ser necesariamente duradera y sostenible, debe ser fruto de un amplio consenso político e institucional.
Estas cuestiones son las que nos permiten entender que es necesario impulsar un pronunciamiento político claro e inequívoco en la necesidad de articular en el seno del Parlamento este debate sobre las políticas de dependencia. Es evidente -y la semana pasada así se puso de manifiesto, y el debate que estos días, poco o mucho, existe en nuestra sociedad; quizás aún con poca trascendencia pública, pero es evidente que en los sectores profesionales implicados en estas cuestiones ese debate ya está abierto- que existen cuestiones que no tenemos resueltas, desde la financiación de estas nuevas políticas sociales, pasando por la insuficiencia de los actuales recursos destinados a las mismas, el nivel de desarrollo de la participación de los seguros privados en estas contingencias, la implementación de la cooperación entre el sector sanitario y el sector social, la articulación de las prestaciones que se deriven de la atención a la dependencia, su nivel de gratuidad o de pago por parte de los usuarios, la configuración de los mercados proveedores de dichos servicios, la articulación con relación a las competencias que hoy tienen las

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comunidades autónomas en esta materia, en el caso de Cataluña evidenciando que si es necesaria esta presencia de la dimensión autonómica no es tan sólo porque lo marquen los títulos competenciales correspondientes, o porque creamos que la proximidad de esos servicios a los ciudadanos necesitan una gestión desarrollada desde el ámbito autonómico, sino sobre todo porque la provisión de esos servicios en el Estado es muy diferente. Señorías, en opinión de nuestro grupo parlamentario, son cuestiones que configuran parte del debate a impulsar en los próximos meses, junto con una discusión importantísima, que es el relativo a la transición a ese modelo de atención a la dependencia de carácter universal desde la actual situación, seguramente, de un modelo más graciable, más de voluntariedad de las administraciones públicas, en función de sus competencias. Eso forma parte del debate que debemos impulsar en esta legislatura.
Convergència i Unió, el miércoles pasado, no pretendió abrir un debate sobre la actual política de atención a la dependencia que desarrolla el Gobierno del Estado español ni sobre los niveles de estas actuaciones que puedan desarrollar las comunidades autónomas.
Es evidente que ahí podríamos tener puntos de coincidencia con lo que manifestaba el señor ministro, pero también -estoy seguro- con determinadas consideraciones que los grupos de la oposición podamos hacer: desde la mala financiación de los planes concertados -desde la perspectiva del Grupo Parlamentario Catalán-, hasta la necesidad de lo que el Gobierno ha hecho bien, como es articular una primera política de conciliación de la vida familiar y laboral. En la interpelación Convergència i Unió exponía los grandes objetivos en esa materia, a medio y largo plazo.
La moción que hoy presentamos marca tres grandes ejes. En primer lugar, que el Gobierno presente a la Cámara, antes de finalizar el año 2002, una comunicación sobre sus líneas maestras de política de atención a la dependencia, enlazando esa fecha con la finalización de los trabajos que debe realizar el grupo que se indica en el acuerdo de mejora de la protección social al que llegó el Gobierno con los agentes sociales. En segundo lugar, que el Gobierno...


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, muchas gracias, pero su tiempo ha concluido.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Señora presidenta, si me deja un minuto, digo dos cosas más.


La señora PRESIDENTA: Señor Campuzano, esta Presidencia puede darle un minuto, pero insisto en lo que le dije la semana pasada. Hay un acuerdo de Junta de Portavoces de cumplir estrictamente los cinco minutos.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Sólo 20 segundos, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: 20 segundos, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Y dos puntos más: impulsar un amplio pacto institucional y facilitar a la Comisión no permanente del Pacto de Toledo los contenidos materiales necesarios para incorporar esta cuestión a las recomendaciones que los grupos parlamentarios aprobaremos dentro de unos meses.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Campuzano.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, Coalición Canaria quisiera felicitar al Grupo Catalán por traer esta iniciativa a la Cámara y abrir un debate que va a formar parte de los principales retos que tenemos que afrontar para el mantenimiento y la mejora del Estado de bienestar, no sólo en el presente, del cual podemos estar disfrutando las generaciones que hoy vivimos en España, sino pensando en las que están por crecer y por nacer. El mantenimiento futuro de parte de nuestro Estado de bienestar va a depender precisamente de la capacidad de resolver no sólo el día a día de los prestaciones sociales que hoy se demandan, sino de la visión estratégica que se tenga para dar respuesta a las nuevas necesidades, afrontando con agilidad las nuevas demandas de una sociedad como la nuestra, que está sometida a cambios constantes y profundos. Entre los principales cambios a los que estamos sometidos están los demográficos, además de los sociales y económicos, así como los culturales. La incorporación de España a la vida europea ha sido, si nos comparamos con otros países europeos de nuestro entorno, relativamente más reciente; pero también es cierto que no por ser de los últimos somos de los más lentos. En muchos casos lo estamos haciendo de una forma bastante acelerada, lo que nos obliga también a tener respuestas más ágiles y más rápidas para que estos procesos se hagan sin perder cohesión social y sin producir fracturas importantes. Si nosotros observamos las tendencias demográficas en España, por ejemplo, veremos que de ser un país con elevadas tasas de natalidad

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hemos pasado a un periodo de transición hacia una población con tendencia a envejecer y lo hemos hecho de una forma vertiginosa, de manera que hoy por hoy encabezamos la lista de países con tasa de natalidad más baja. Esto, unido también a que afortunadamente encabezamos la lista de los países con mejores expectativas y esperanzas de vida, nos lleva al importante incremento de la población dependiente, tanto por razones económicas como por la capacidad disminuida de realizar actividades de la vida cotidiana.
Además a estos acontecimientos, señorías, hay que añadir el de la incorporación de la mujer al trabajo, los cambios en los roles, en la configuración de la nueva familia y, en definitiva, la crisis de los llamados cuidadores o cuidadoras informales, que todos sabemos que ha sido fundamental y tradicionalmente un papel asumido por la mujer.
Aunque es cierto que cuando hablamos de población dependiente nos referimos sobre todo a la tercera edad, no debemos olvidar que también hay otros sectores de población dependiente por otras causas en las que no vamos a profundizar. Sabemos que están apareciendo nuevas patologías, incluso algunas que sin ser nuevas antes no eran mortales -actualmente son susceptibles de tratarse-, pero sí que producen de forma crónica invalideces y generan dependencias tanto sanitarias como sociales.
No voy a extenderme, pues no es el momento, pero estoy convencida de que todo lo que podamos avanzar para mejorar la respuesta social a las situaciones de dependencia será positivo y extensible a todos los colectivos que sufren situaciones de dependencia, sea cual sea su causa.
Hemos presentado una enmienda de adición al primer punto de la moción de CiU en la que se aborda la necesidad de incluir en el estudio y en la valoración el desarrollo de propuestas de forma consensuada con las comunidades autónomas, tal como plantea la propia moción de CiU, propuesta de definición de catálogo de derechos y prestaciones sociales básicas ante las situaciones de dependencia. En España no hay tampoco una ley básica de servicios sociales como la que hay, por ejemplo, en sanidad, la Ley general de sanidad, lo que retrasa las políticas de servicios sociales y su adecuada dotación presupuestaria, generando estas ausencias efectos negativos. Todos somos conscientes de que al final gran parte de estas deficiencias terminan recargando el sistema sanitario de una forma inadecuada, recargando las prestaciones sanitarias, desbordándolas a veces ante una demanda que no puede ser correctamente satisfecha desde una prestación estrictamente clínica o asistencial, de asistencia sanitaria, y que debe ser, por tanto, encauzada desde un ámbito mixto sociosanitario o en algunos casos desde un ámbito exclusivamente social.


La señora PRESIDENTA: Señora Julios, muchas gracias; su tiempo ha concluido.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta, gracias, señorías.
Izquierda Unida va a apoyar la moción de Convergència i Unió en la medida en que constituye una necesaria reflexión sobre la mejora de la calidad de vida de las personas más necesitadas en la sociedad española. Dentro de estos grupos desfavorecidos se encuentran las personas más mayores, que siempre a partir de una cierta edad mantienen alguna disfunción motora y, por tanto, algún grado de necesidad de asistencia. Hablamos de casi un millón y medio de personas de más de ochenta años y casi siete millones que superan los sesenta y cinco años, de los que el 14 por ciento cuenta con algún problema de dependencia. Según el Consejo de Europa por dependencia se entiende aquella persona que por razones ligadas a la falta o a la pérdida de capacidad física, psíquica o intelectual tiene necesidad de asistencia o ayuda importante para la realización de las actividades de la vida diaria y cotidiana. Los expertos que trabajan en este campo, señorías, estiman que hay 1,5 millones de personas con algún grado de dependencia y que 700.000 personas más requieren atención directa y personal. El gasto para la atención a estas personas se cifra en 1,2 billones de pesetas y son las familias, las comunidades autónomas, el Estado y otras instituciones las que soportan este gasto. Nos referimos también a un sector que funciona en buena parte bajo el esquema de economía sumergida, una situación que a todas luces debe ser regulada de modo inmediato. Hablamos, pues, de un sector, el de la asistencia a las personas dependientes, que puede convertirse, por otra parte, en un potente sector económico -eso que llaman los especialistas los nuevos yacimientos de empleo-, en el que las aspirantes fundamentales somos las mujeres, que podría traducirse más o menos en 300.000 nuevos puestos de trabajo.
La alternativa en la que trabaja el Gobierno es regular el seguro de dependencia. Detrás de esta perspectiva se encuentra el interés mercantil de aseguradoras y reaseguradoras.Sin embargo, no escuchamos ninguna

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idea sobre el incumplimiento a todas luces de los objetivos y de las prácticas comprometidas por el plan de gerontología que se refieren, por ejemplo, al porcentaje de plazas para mayores en residencias, a la necesaria extensión de la ayuda domiciliaria -este ha sido uno de los temas que hemos tratado hoy en la Comisión del Defensor del Pueblo-, a plazas de teleasistencia o al desarrollo de programas sociosanitarios. Lo que proponemos es plantear servicios sociosanitarios suficientes y eficaces para el tratamiento de estas personas, creados dentro de la esfera pública, siendo complementario en todo caso el papel de la empresa privada, favoreciendo a empresas y a entidades sin ánimo de lucro que operen bajo la relación administrativa de conciertos. Este criterio, señorías, señor Campuzano, explica alguna de las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y que desgraciadamente usted no ha tenido en cuenta o no ha podido considerar.
Otro de los puntos de discrepancia es este plazo de año y medio que plantea el resto de la moción. El Gobierno ha tenido dos legislaturas, señor Campuzano, dos legislaturas completas para poner en marcha el plan gerontológico nacional y esta acción que se propone sería únicamente complementaria de aquél. No compartimos, por tanto, su idea de incluir el sector empresarial en el texto de la moción; no deseamos subvencionar a empresas lucrativas, aunque están haciendo un buen servicio en los ayuntamientos, en las comunidades autónomas. No estamos de acuerdo con subvencionar a estas empresas o a otras de cualquier signo -no voy a decir ningún nombre-, sino que queremos aplicar el incentivo de la subsidiación al campo antes mencionado del sector público, señor Campuzano, y a las empresas sin ánimo de lucro.
Es imprescindible que la propuesta que se hace al Gobierno determine la eficacia, la eficiencia y la suficiencia del plan para evitar encontrarnos ante un nuevo ejercicio de política virtual. Al mismo tiempo, esta política debería servir para potenciar las empresas de economía social; no podemos permitir que los empresarios de este sector se enriquezcan a costa de las necesidades de los más débiles ni tampoco podemos permitir que empresas sin ánimo de lucro compitan, rebajando la calidad de las prestaciones y de sus servicios, con grandes grupos financieros.
Nuestras enmiendas, pues, entiende esta diputada, permitirían en buena medida mejorar el futuro inmediato de nuestros ciudadanos, sobre todo de los mayores, de los hombres y mujeres mayores que sufren discapacitaciones. Unicamente me resta decir, señorías, que a pesar de la falta de generosidad de Convergéncia i Unió el Grupo de Izquierda Unida va a votar a favor de la propuesta.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Cortajarena.


La señora CORTAJARENA ITURRIOZ: Buenas tardes, señorías.
En primer lugar, quiero decir que nos ha llamado poderosamente la atención ver la inclusión de una interpelación sobre el tema de la dependencia, máxime teniendo en cuenta que el día 23 de marzo nuestro grupo parlamentario presentó una proposición no de ley con este mismo fin. Produce un cierto rubor ver el contenido de la moción porque lo único que se pretende es dilatar en el tiempo la asunción de medidas frente a este problema. Digo que produce sonrojo, señorías, porque es necesario, como ha dicho un interviniente anterior del Grupo Parlamentario Popular, que la oposición tiene que colaborar con el Gobierno. Pues bien, vamos a colaborar, pero tenemos que recordar los incumplimientos que en esta materia ha efectuado el Gobierno del Partido Popular.
En el año 1999, señorías, a instancias del Grupo Parlamentario Popular, se presentó una enmienda a la Ley de presupuestos del año 2000. En la misma se daba un plazo de seis meses a la Dirección General del Seguro para presentar un informe relativo al seguro de dependencia. Todavía -y estamos en mayo del año 2001- no ha sido presentado a la Cámara. Segundo, cuando se finalizaron las transferencias en materia de servicios sociales a las comunidades autónomas se acordó en una conferencia sectorial elaborar un plan gerontológico; pues bien, el Partido Socialista cumplió este compromiso, elaboró el primer Plan gerontológico y todavía estamos esperando, desde el año 1997, que el Gobierno elabore el segundo plan. Tercero, no podemos pasar por alto el plan de Alzheimer.
Señorías, ha habido tres iniciativas parlamentarias presentadas por Convergéncia i Unió, por el Grupo Federal de Izquierda Unida y por el Grupo Parlamentario Popular, tres iniciativas en las que se daba seis meses al Gobierno para elaborar el plan de Alzheimer. Nos consta que después de seis borradores todavía estamos esperando en esta Cámara la remisión del plan de Alzheimer. ¿Por qué? Porque las comunidades autónomas, cuando vieron que el borrador que les proponía el Gobierno del Partido Popular no llevaba aparejada ninguna cuantía económica, decidieron no aprobar dicho plan y, por tanto, ha dormido el sueño de los justos.


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Podemos referirnos a sus compromisos presupuestarios, señorías, con relación al tema de la dependencia. En el plan gerontológico han incrementado 835 millones. ¿Saben cuánto han incrementado para el ámbito de las inversiones? Siete millones de pesetas. Con eso podemos hacer muchísimo en colaboración con las comunidades autónomas. Año tras año han rechazado las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Socialista y nos parece un sinsentido, señorías, porque en la política social es donde se ven las diferencias y aquí realmente lo que queda claro, patente y demostrado es que está gobernando la derecha. Parece urgente también analizar el papel que Convergència i Unió ha desempeñado en esta moción, que nos parece un brindis al sol, porque realmente lo que hace es ralentizar y dilatar en el tiempo los compromisos que tiene que asumir el Gobierno.
Señorías, si tuviésemos el informe de seguro de dependencia que hace año y medio debía estar hecho y se solicitó por parte de ustedes, del Grupo Parlamentario Popular; si hubieran actuado con rigor en la elaboración del plan gerontológico; si estuviera confeccionado el plan de Alzheimer con una serie de propuestas económicas que lleva aparejadas, más de la mitad del trabajo estaría concluido y no sería necesaria esta actuación. El acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social es cierto que en el punto octavo ha incluido el tema de la dependencia, pero lo ha incluido sin ningún compromiso añadido a este tema. Quiero, desde esta tribuna, señorías -y tenemos la obligación de hacerlo-, agradecer y alabar el trabajo de los funcionarios expertos en esta materia, de las ONG que están vinculadas, de los agentes sociales. Realmente este es un problema que abarca una inmensidad de personas, estamos hablando de más de millón y medio de personas dependientes, de personas que necesitan el plan gerontológico, el plan Alzheimer y el compromiso de un proyecto de ley sobre el seguro de la dependencia. ¿Para cuándo esperan acometerlos? Puede que con estos ritmos se les pase también la VII Legislatura, como ya ocurrió con la VI, pero si no cumplen el mandato, si no cumplen la atención de los estados de necesidad de las personas, cada día estarán más cerca de perder el Gobierno.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Cortajarena.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Buenas noches, señorías. Nosotros agradecemos el debate que se ha suscitado ahora en la Cámara y me parece que es un debate importante, probablemente uno de los grandes debates del inicio del siglo XXI en cuanto se refiere a la sociedad de bienestar. Se ha dicho por alguno de los intervinientes que es un debate que concierne a lo que es el envejecimiento de la población, a los cambios demográficos de la sociedad española, a las técnicas sanitarias que afectan a la prolongación de la vida, al llamado espacio sociosanitario y su definición, a la terapia génica, a las nuevas posibilidades técnicas y también afecta a los cambios sociales, como he dicho hace un momento, y a la transformación de la familia, a la soledad en determinados supuestos de nuestros conciudadanos, a la dependencia económica, al aseguramiento privado, a la estabilidad del sistema de la Seguridad Social, a las transformaciones sociales, a las minusvalías, a la incapacidad de dementes y a las incapacitaciones civiles que también en esos estadios de la enfermedad se pueden plantear. Se trata, en consecuencia, de una cuestión compleja y multidisciplinar, afecta, por una parte, a diversas instituciones y a las comunidades autónomas, en primer lugar, pero materialmente también afecta al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la sanidad, a Hacienda, a la Seguridad Social, a la educación y, cómo no, al Ministerio de Administraciones Públicas.
Nosotros agradecemos este debate, que en el tiempo se profundizará sin duda. Hemos formulado una enmienda porque el Gobierno del Grupo Popular el día 9 de abril suscribió un acuerdo con Comisiones Obreras y con la patronal, en cuyo punto octavo se establecía un capítulo en torno a la dependencia, la dependencia como fenómeno global, como cuestión integral, como problema que debemos abordar progresivamente y en profundidad, como cuestión compleja y también como cuestión que va a requerir la utilización de recursos públicos de todas las administraciones implicadas en cuantías que probablemente hoy poco imaginamos, por lo que he escuchado hasta el momento. Y nuestra enmienda, concorde con este acuerdo que ha suscrito justamente el Gobierno con los interlocutores sociales, hecha excepción de la Unión General de Trabajadores, plantea que se remita a esta Cámara antes de finalizar el año 2002 un informe sobre las propuestas que elabore la comisión creada en el apartado octavo del acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social sobre la política, y seguimos ya con el texto que ha planteado Convergència i Unió.
El punto segundo de nuestra enmienda de sustitución supone impulsar un amplio debate político y social con las administraciones públicas, organizaciones sociales, el tercer sector y el sector privado sobre los

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ejes de la política de atención a la dependencia, con la finalidad de desarrollar una política estable y sostenida de atención a las personas dependientes. Y eso lo hacemos dentro de un ámbito en el cual los interlocutores sociales, estudiando el Pacto de Toledo y la viabilidad del sistema de Seguridad Social, nos han dicho que son conscientes de que el fenómeno de la dependencia está adquiriendo actualmente una dimensión inédita, debido básicamente al aumento de la esperanza de vida, y que su solución es compleja y exige el esfuerzo de todos y de todas las administraciones que son competentes y están implicadas en la materia. En consecuencia, afirma el acuerdo que en el plazo de tres meses se constituirá una comisión de trabajo con la participación de los ámbitos competentes en las tres administraciones públicas (la general, la autónomica y la local) con la finalidad de llevar a cabo un análisis y elaborar las propuestas adecuadas sobre el marco jurídico en el que ha de incardinarse la cobertura de las situaciones de dependencia, así como elaborar las líneas básicas de actuación en esta materia, cuyos trabajos deberán estar finalizados antes del 30 de junio del año 2002. Por consiguiente, nosotros, ante este compromiso de que exista este informe antes del 30 de junio del año 2002 y sabiendo como sabemos que son inhábiles los meses de julio y agosto, hemos puesto como fecha tope la finalización del año 2002 para que el informe pueda ser presentado en la Cámara.
No puedo concluir, señora presidenta, ante esta complejidad reconocida por quienes actúan de forma directa en la materia y que recogen un compromiso de hacer un informe y traerlo aquí, sin recordar que se pueden criticar muchas cosas, pero no se deben olvidar otras. Si hay un plan de Alzheimer es porque el Gobierno del Partido Popular lo hizo, ya que hasta entonces no existía ninguno que contemplara el tratamiento de esta demencia senil; si hay un incremento, creo recordar, en el presupuesto de este año del 37 por ciento, ha sido por el Gobierno del Partido Popular y si hay un acuerdo sobre la dependencia, lo ha sido también, como acabo de exponer, por un acuerdo suscrito por nuestro Gobierno. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz.
Señor Campuzano, a los efectos de indicar la aceptación o rechazo de las enmiendas.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.
Hemos facilitado a los servicios de la Cámara y éstos a los diversos grupos parlamentarios la enmienda transaccional que supone aceptar los puntos 1 y 2 de la propuesta del Grupo Popular más un añadido de la enmienda de Coalición Canaria, manteniendo el punto 3 del Grupo de Convergència i Unio en su literalidad. Esta es la propuesta, por tanto, que sometemos a votación, lamentando no poder aceptar las propuestas de los grupos parlamentarios de Izquierda Unida y del Grupo Socialista.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre medidas de carácter general que tiene previsto adoptar el Gobierno para afrontar desde el sistema público, y en colaboración con el sector privado, las situaciones de dependencia. Se somete a votación en los términos derivados del debate y de acuerdo con el texto transaccional expuesto por el grupo proponente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 162; en contra, 97; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la moción de referencia.


ENMIENDAS DEL SENADO

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELÉCTRICO, Y DETERMINADOS ARTÍCULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO. (Número de expediente 121/000032.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: enmiendas del Senado. Proyecto de ley por la que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, procedente del Real Decreto-ley 2/2001, de 2 de febrero. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Para fijar la posición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Urán. (Rumores.) Ruego silencio, por favor. Hay una diputada esperando para hacer uso de la palabra. Les ruego que ocupensus escaños y guarden silencio.


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Adelante, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida va a votar en contra de las enmiendas que el Senado ha introducido al proyecto de ley de modificación de la disposición transitoria sexta de la Ley del sector eléctrico y a la modificación de Ley de defensa de la competencia. Al mismo tiempo, el Senado -como viene siendo habitual, aspecto al que nos tiene acostumbrados- ha incluido una modificación a una ley que nada tiene que ver con lo que debatimos en esta Cámara con respecto a estas modificaciones.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Urán, por favor. (Pausa.) Adelante.


URÁN La señora GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Desde el Senado, a través de sus enmiendas, se ha introducido una modificación a determinados artículos de la Ley 46/1998, de 17 de diciembre, sobre introducción del euro. A nosotros nos parece muy bien que el Gobierno intente aprovechar cualquier iniciativa que está en debate en las Cámaras para subsanar aquellos olvidos que se le producen y, desde luego, éste nos parece que es de los más clamorosos, puesto que se está haciendo campaña por todo el Estado para que las empresas adecuen sus instalaciones y sus infraestructuras a la entrada en vigor del euro en nuestro país, pero -mira por donde- al propio Gobierno se le había olvidado que tenía que modificar la Ley de introducción del euro para poder acomodar los redondeos en diferentes tramos. Nosotros no vamos a entrar a valorar si es correcta o no la modificación que hace el Gobierno, porque, entre otras cosas, estamos cansados de criticar constantemente que el Gobierno utilice de una manera fraudulenta desde nuestro punto de vista las enmiendas del Senado para introducir modificaciones legislativas que impiden el debate en el Congreso de los Diputados y que impiden a los grupos parlamentarios presentar enmiendas.
Sencillamente, se nos da como un hecho consumado y para eso, señorías, no necesitamos una Cámara de representación como la que tenemos en este país y que, desde luego, merece todos los respetos de mi grupo parlamentario, pero no parece que los merezca así del propio Gobierno.
Por todo ello, señorías, vamos a votar en contra de esta modificación y vamos a votar en contra también de la modificación que se ha introducido a la disposición transitoria sexta de la Ley del sector eléctrico, entre otras cosas porque, además de que no ha aportado nada el debate en el Senado, introduce una modificación que, a nuestro juicio, sólo va a llevar al Estado a una serie de pérdidas por ingresos en el impuesto sobre sociedades. Señorías, que las empresas puedan descontarse en un ejercicio las posibles pérdidas que la introducción de la competencia en el mercado les haya podido producir significa que en ese ejercicio el Estado va a dejar de tener los ingresos necesarios para mantener su nivel de funcionamiento, incluso el nivel de las prestaciones no solamente con esta medida sino también con las otras muchas que desde el Gobierno se están planteando. También se establece un mecanismo que es poco transparente, porque, además de no ser transparentes ya los costes de transición a la competencia que ustedes se empeñan en seguir reconociendo en este texto legislativo, introducen más beneficios para un sector que, desde luego, no merece la caridad de esta Cámara y mucho menos el beneficio tan amplio que se les está otorgando en su funcionamiento. Supongo que muchos sectores de nuestra economía habrían pretendido un paso a la libre competencia en las mismas condiciones que lo ha tenido el sector eléctrico, al que ustedes deben de seguir debiendo muchos favores, porque siguen beneficiándoles de una manera bastante descarada, bajo nuestro punto de vista.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
Estamos en el trámite final de un real decreto-ley que podríamos calificar de cajón de sastre, pero de desastre, de verdadero desastre, porque, como ya hemos dicho en todos los debates que se han ido celebrando y que han sido varios, como real decreto, como proyecto de ley y en las enmiendas a la totalidad, lo único que ha reflejado ha sido una política errática del Gobierno en materia energética. Una política errática cuyo reflejo ha sido precisamente la historia de los CTC, que se inició en la anterior legislatura con un ministro de triste recuerdo no sólo porque hizo desaparecer el Ministerio de Industria, sino también por otras razones, que se empeñó en dar luz a unas compensaciones a priori por costes de transición a la competencia y con la posibilidad de que fueran pagadas de una vez a través de la titulización, cuando lo único que la Ley eléctrica reconocía era la posibilidad de establecer unas compensaciones a posteriori cuando hubiera un mercado competitivo.
Este era el marco, se pretendió en esta legislatura, por un

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problema muy concreto como fue la cuestión de la fusión de las dos grandes empresas eléctricas, arreglar el tema de los costes de transición a la competencia y se hizo un real decreto, se supone que por motivos de urgencia, que todavía en estos momentos estamos debatiendo porque ha sido producto de una serie de enmiendas por parte del grupo proponente o por el grupo que apoya al Gobierno, que es el que propone el proyecto de ley. Unas enmiendas por las que en este trámite del Congreso se introduce una modificación a un proyecto de ley de dos artículos que modifica dos leyes. Se introduce en el Congreso una enmienda que modifica la elección de los miembros del Tribunal de Defensa de la Competencia, que no tiene nada que ver, pero es que finalmente llegamos al Senado y se introducen dos nuevas enmiendas, una de las cuales lo único que pretende es arreglar un problema contable de las empresas a la hora de computar los CTC y que lógicamente mi grupo no apoya porque no acepta la valoración que se hace de los costes de transición a la competencia. La segunda enmienda que se introduce en el Senado, como bien ha dicho la portavoz que ha intervenido anteriormente, lo único que pretende es arreglar un olvido del Gobierno, olvido del Gobierno que resulta francamente chocante, pero haciendo un análisis se ve que hay un problema con las tarifas, y en este caso, hablando del sector eléctrico, consideramos que es mejor arreglarlo a que las cosas queden mal. Por tanto, mi grupo parlamentario apoyará la disposición adicional de introducción o modificación de la ley del euro para ordenar el tema tarifario. En cambio, votará que no al punto 6 del artículo 1, que responde a la contabilización de los CTC. De todas formas, resulta triste que tengamos que estar haciendo, y no sólo con la Ley de medidas fiscales de fin de año, esa recogida de ley escoba, y que incluso cuando pretendemos arreglar un tema concreto, como es el caso del señor Rato con la fusión de las eléctricas, nos dediquemos a recoger con este real decreto todo lo que queda por el camino. Nada más. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Gámir.


El señor GÁMIR CASARES: Presidenta, señorías, en cuanto a las dos enmiendas, quiero destacar en la primera, la relacionada con el euro, que en el tema de fondo hay un amplio consenso entre la mayoría de los grupos parlamentarios. El amplio consenso es sobre que era necesario elevar esa normativa a rango de ley. Cuando en el fondo se está de acuerdo, los problemas de forma, si se hace o no a través de una enmienda del Senado, cobran menos importancia. Comprendo lo que usted ha dicho sobre las enmiendas del Senado cuando se trata de problemas en los que en el fondo hay una gran discrepancia, pero cuando el propio Grupo Parlamentario Socialista votó a favor de esta enmienda en el Senado, demos a la forma la importancia que tiene si resuelve un problema en el que la gran mayoría de los grupos estamos de acuerdo sobre que en el fondo debía ser resuelto.
En lo referente a la segunda, se trata de una enmienda técnica que, dado un sistema ya aprobado por el Congreso y por el Senado relacionado con los CTC, lo hace más coherente. En ese sentido, lamento la profunda discrepancia, como he dicho, con los dos grupos anteriores, por ejemplo, con el Grupo Parlamentario Socialista, porque su postura lógica debería ser decir: dado que tengo un enfoque distinto, errático, cambiante -ya en los «Diario de Sesiones» viene la maestría en los cambios de postura y en la contradicción que ha tenido dicho grupo en estos temas relacionados con la energía, entre ellos en los CTC-; dado que se aprueba o que se va a aprobar un bloque concreto, si el Grupo Parlamentario Socialista piensa que su última idea, la de ahora, la última, es diferente, lo lógico sería en último grado que se abstuviera diciendo: ese no es mi campo de juego, luego en una enmienda que lo que hace es más coherente el campo de juego del otro, me abstengo. Pero votar en contra de algo que en todo caso hace más coherente lo que se va aprobar, no tiene lógica.
Acabaré diciendo que hoy aprobamos por fin una normativa legal que tiene su origen en este decreto-ley y que lo que da es... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Gámir, por favor. Señorías, ruego guarden silencio, es imposible escuchar las intervenciones.
(Pausa.) Adelante, señor Gámir.


El señor GÁMIR CASARES: Gracias, señora presidenta.


Quisiera destacar que lo que se hace con ello es incrementar la concurrencia, la competencia del sector energético. El sector energético que se heredó en el año 1996 no va a tener nada que ver con el sector energético que el Partido Popular va a dejar en funcionamiento después del año 2003. En el año 2003 habrá una total liberalización desde el lado de la demanda; y desde el lado de la oferta, el sector será mucho más concurrencial, mucho más competitivo. Para que sea mucho más concurrrencial, mucho más competitivo hay que aprobar normas como las actuales. En resumen, va a haber dos sectores eléctricos o dos sectores

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energéticos muy distintos: el que recordaremos del año 1996, prácticamente de planificación central, y un sector liberalizado desde la demanda y adecuadamente competitivo desde la oferta, que es el que Partido Popular podrá presentar a las próximas elecciones del 2004. Entre ellos dos, la sociedad decidirá.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Gamir.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de defensa de la competencia.
En primer lugar, sometemos a votación las enmiendas al artículo 1.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 252; a favor, 159; en contra, 93.
La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las referidas enmiendas.
Resto de las enmiendas del Senado del citado proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 251; a favor, 247; en contra, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto de las enmiendas del Senado del referido proyecto de ley.


Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las nueve y cuarenta y cinco minutos de la noche.

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