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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 96, de 27/06/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 96

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 92

celebrada el miércoles, 27 de junio de 2001

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ORDEN DEL DÍA:

Comunicación del Gobierno:

- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación (continuación). (Número de expediente 200/000001.) . . . (Página 4699)

Modificación del orden del día . . . (Página 4722)

Comunicación del Gobierno:

- Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación (continuación). (Número de expediente 200/000001.) . . . (Página 4722)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 27-1, de 3 de enero de 2001. (Número de expediente 121/ 000027.) . . . (Página 4747)

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Página

- Proyecto de ley en relación con el proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-ley 5/ 2001, de 2 de marzo). «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 37-1, de 23 de marzo de 2001. (Número de expediente 121/ 000037.) . . . (Página 4752)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales:

- Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Perú, modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 143, de 11 de mayo de 2001.
(Número de expediente 110/000086.) . . . (Página 4760)

- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 147, de 21 de mayo de 2001. (Número de expediente 110/000087.) . . . (Página 4760)

- Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica (Abinia), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999. «BOCG.
Sección Cortes Generales», serie A, número 153, de 1 de junio de 2001. (Número de expediente 110/000089.) . . . (Página 4760)

- Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
«BOCG.
Congreso de los Diputados», serie C, número 113-1, de 21 de mayo de 2001. (Número de expediente 110/000088.) . . . (Página 4760)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas:

- Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie B, número 149-1, de 6 de junio de 2001. (Número de expediente 410/000003.) . . . (Página 4761)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes:

- Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales. (« BOE» núm. 150, de 23 de junio de 2001.) (Número de expediente 130/ 000020.) . . . (Página 4765)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


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Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación (continuación) . . . (Página 4699)

Interviene en primer lugar el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Acusa al señor Aznar de conducirse con prepotencia, intolerancia y fobia contra el discrepante, despreciando cualquier análisis de la situación política que no le sea favorable y reduciendo la realidad del Estado español a un modelo bipartidista, ignorando la diversidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural del mismo.


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Se refiere al desánimo y preocupación que existe en el mundo de la educación por el fracaso de escolar en la enseñanza obligatoria, por el alto número de parados universitarios, por una formación profesional poco acoplada a las necesidades del sistema productivo y a las reformas anunciadas por el Gobierno, encaminadas a centralizar el sistema restando competencias a las comunidades autónomas. Acusa al Gobierno de desatender la problemática socioeconómica específica de Galicia, especialmente en el sector pesquero, donde el Estado español ha estado de acuerdo con la Unión Europea en reducir su peso, o en el sector agroganadero, en el que, en función de los intereses de otros Estados miembros que son excedentarios, se aplica una política de reducción de nuestro sector lácteo a través de la cuota y la correspondiente supertasa. Se queja de la indiferencia e insensibilidad del Gobierno ante los temporales e inundaciones catastróficas que ocasionó la ruina del sector del marisqueo y la pesca de bajura y de la propuesta de integración del régimen especial agrario y del régimen especial de los trabajadores del mar en el régimen de autónomos, de la aplicación del impuesto de sociedades a los montes en mano común, del canon que se pretende que cobren las autoridades portuarias por actividades de acuicultura, de la forma de agrupar los astilleros públicos en la nueva IZAR, de la ausencia de planes de regadío para Galicia en el Plan hidrológico nacional y de la negativa a crear la confederación hidrográfica del Miño, así como de la actitud que se mantiene con la emigración gallega, sobre todo en Latinoamérica.


En segundo lugar interviene el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, que considera muy poco tiempo cinco minutos para tratar de los problemas que aquejan al país: inmigración, paro, pesca, agricultura, transferencias pendientes o modelo de Estado, cuestiones que fueron expuestas por el presidente del Gobierno en su discurso desde una visión de España equilibrada, homogénea y que va bien, con la que el señor Núñez Castain no está de acuerdo. Ante la obligación de priorizar los temas a tratar se centra en la ineficaz política de corrección de desequilibrios entre comunidades autónomas y la frustración que existe en algunas de ellas, concretamente en Andalucía, y solicita al señor Aznar que le explique de qué manera va a pactar con las comunidades autónomas de Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha y Andalucía respecto a empleo y a crecimiento económico.


Interviene el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que el señor Aznar ya dejó claro en el debate de investidura la concepción radial que tiene de las comunicaciones, del poder y de las ideas, porque confunde el Estado con la capital del Estado y considera intolerable las diferencias que existen entre Madrid, que hoy es un agujero negro que engulle bienes, servicios, recursos, inversiones y ayudas europeas, y Barcelona, que debe costearse la llegada del tren de alta velocidad al aeropuerto de Barcelona y encima le niegan los fondos europeos para enlazar el aeropuerto con la línea 9 de Metro. Asimismo se refiere a las diferencias existentes en inversiones en cultura, obras de arte o autopistas y denuncia el déficit acumulado en inversión pública que desde hace décadas sufre Cataluña, sin que se vea voluntad alguna del Gobierno para solucionarlo. Se queja de la beligerancia del Gobierno hacia todo lo que sea normalización cultural y lingüística de Cataluña y de su actitud impositiva, que asimila a la de matón de barrio, ante hechos como el Plan hidrológico nacional, la nefasta financiación basándose en recursos de inconstitucionalidad, las manifestaciones antiglobalización o la lucha de los trabajadores de Sintel, acusándole de ser débil con los fuertes o poderosos y fuerte con los débiles. Finalmente acusa al señor Aznar de haber forzado la mayoría absoluta, legítima por otra parte, a partir de cuatro falsedades: montarse en el ciclo económico expansivo como si fuera cosa suya; exaltar el nacionalismo español ante todo lo vasco; infundir miedo a la población sobre la avalancha de emigrantes, y el anticatalanismo, que es la ideología de masas del españolismo.


Interviene a continuación el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Manifiesta que es el primer debate del estado de la Nación que se hace después de catorce meses de mayoría absoluta del Partido Popular, por lo que, entiende, se tiene que hacer un balance sobre cómo se ha administrado esa mayoría absoluta. Le parece preocupante, desde el punto de vista democrático, la gestión que está haciendo el Partido Popular de esa mayoría absoluta y le achaca una tentación totalizadora en su manera de actuar ante hechos como la manifestación antiglobalización ocurrida el pasado fin de semana en Barcelona, que ha merecido la repulsa del Colegio de Abogados de Barcelona.


La señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, encuentra admirable, casi conmovedor, el listado de virtudes y aciertos que el señor Aznar adjudica a su Gobierno ante datos como el de la inflación, la falta total de diálogo con el País Vasco, la política de inmigración, que restringe, según su opinión, derechos fundamentales, o el problema de la encefalopatía espongiforme. Por otra parte confía en que los aciertos en política exterior, especialmente en Europa, no hagan llegar al presidente

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del Gobierno a la Presidencia en el 2002 enemistado con todos los países de la Unión Europea. A este respecto pregunta sobre el futuro de Europa, deseando que las comunidades autónomas pudieran estar implicadas en el desarrollo y organización de la Presidencia europea. A continuación se refiere a la política autonómica llevada a cabo por el Gobierno, que cercena de forma clara el autogobierno en el País Vasco, y a las recientes elecciones vascas, en las que, criminalizando al nacionalismo vasco, se pretendió distraer a la opinión pública de la política de inmigración, del disparo de la inflación y de otros escándalos en los que el señor presidente del Gobierno no parece ser muy consecuente con la postura que mantenía en otro tiempo. A pesar de todo, desearía que fuera posible una actitud de diálogo constructivo capaz de encaminar al país hacia un clima de paz auténtica y de normalización política.


A continuación interviene el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto, que opina, como Groucho Marx, que la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados. Desde la Chunta Aragonesista se entiende que esto es lo que ha sucedido con el trasvase del Ebro, con el decretazo de la reforma del mercado laboral, con el tratamiento de los inmigrantes, con la apuesta privatizadora de la educación, con las muestras de involución autonómica rampante, a pesar de las promesas del discurso de investidura. Finalmente, y tras una serie de preguntas sobre la actitud que mantiene el Gobierno respecto a Aragón, afirma que en aquella tierra hay motivos para la esperanza y es que, ante estos embates, la sociedad aragonesa está mostrando un vigor inusitado, de norte a sur, que se lleva por delante los silencios y las resignaciones de siglos y siglos.


Finalmente interviene el señor De Grandes Pascual, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso. Recuerda el debate de investidura del 25 de abril del pasado año, en donde José María Aznar anunció su propósito de convencer, buscar el diálogo, discutir y examinar las diferencias para encontrar soluciones viables para todos, lo que sería una de las primeras preocupaciones al constituirse el Grupo Parlamentario Popular: convencer en lugar de vencer, pero sin abdicar de la responsabilidad que el pueblo español les había encomendado al otorgarles la mayoría. Hoy, transcurrido poco más de un año, considera que están en condiciones de responder al compromiso de aunar el Gobierno responsable con la actitud dialogante. A continuación da cuenta de los importantes logros conseguidos, buscando el diálogo y la concertación y llegando al acuerdo siempre que ha sido posible, destacando entre otros temas la lucha antiterrorista, la ley de extranjería, el pacto de Estado para la justicia, el pacto social o el deseado diálogo en torno a la financiación autonómica. Pero esta actitud proclive a involucrar al primer partido de la oposición en los grandes asuntos de Estado les lleva a mantener el diálogo en la totalidad del trabajo parlamentario, como lo prueban los apoyos, innecesarios por contar con una amplia mayoría, de otros grupos en la totalidad de las votaciones. Agradece las actitudes igualmente abiertas de los interlocutores, pero señala al propio tiempo ciertas actitudes de oposición, carentes de la sensibilidad política necesaria para percibir la verdadera dimensión de los asuntos de Estado, con argumentos demagógicos contra la posición del Gobierno en conflictos con terceros países o contra actuaciones en el ámbito de la Unión Europea. A continuación se refiere a los compromisos electorales del Partido Popular y a los próximos proyectos en torno a tres grandes objetivos: la modernización del país, la búsqueda de un mayor bienestar social y la vertebración de España, a los que añade los grandes logros económicos como el déficit cero. En relación con la lucha antiterrorista destaca el comportamiento valeroso y ético de muchos intelectuales y la eficaz movilización de la sociedad, y concluye afirmando que la integración sólo se consigue en función de una cierta idea de España, y la que tiene el Partido Popular es inequívocamente la que consagra la Constitución, claridad que desearía encontrar en todas las fuerzas políticas.


Contesta el señor presidente del Gobierno (Aznar López), replicando los señores Rodríguez Sánchez, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa; Saura Laporta; la señora Lasagabaster Olazábal, y el señor Labordeta Subías, todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto.


Cierra el debate el señor presidente del Gobierno.


Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


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Modificación del orden del día . . . (Página 4722)

La Presidencia de la Cámara, conforme al artículo 68.1 del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone a la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que

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se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales como último punto del orden del día, lo que se acuerda por asentimiento. Asimismo la Presidencia, conforme al artículo 68.1º del Reglamento y de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores del acuerdo relativo al grupo aéreo europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña-Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión como último punto del apartado tercero correspondiente a dictámenes de la comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, lo que se aprueba por asentimiento.


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Comunicación del Gobierno para el debate de política general en torno al estado de la Nación (continuación) . . . (Página 4722)

En defensa de las propuestas de resolución presentadas intervienen el señor Labordeta Subías, la señora Lasagabaster Olazábal; los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castain y Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ- PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera Sánchez-Capitán, del Grupo Parlamentario Popularen el Congreso, y Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se procede a las votaciones de las distintas propuestas de resolución presentadas con las transacciones acordadas.


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Enmiendas del Senado . . . (Página 4747)

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Proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual . . . (Página 4747) En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Leguina Herrán, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Rodríguez-Salmones Cabeza, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual, se aprueban por 192 votos a favor, 109 en contra y dos abstenciones.


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Proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decretoley 5/2001, de 2 de marzo) . . . (Página 4752)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; los señores Txueka Isasti, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Aneto), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Jauregui Atondo, del Grupo Parlamentario Socialista, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto- ley 5/2001, de 2 de marzo, son aprobadas.


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Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 4760)

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Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Perú modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000 . . . (Página 4760)

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Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez, hecho en Túnez el 26 de febrero de 2001 . . . (Página 4760)

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Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica (Abinia), hecho en Lima el 12 de octubre de 1999 . . .
(Página 4760)

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Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectivamente, así como Declaración que España va a formular en el momento de la adhesión . .
. (Página 4760)

Sometidos a votación los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores, son aprobados.


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Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 4761)

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Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205 . . . (Página 4761)

En defensa de las enmiendas presentadas interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205, se rechazan por seis votos a favor, 282 en contra y una abstención.
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Votación de conjunto . . . (Página 4765)

Sometido a votación final de conjunto el texto de la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205, se aprueba por 281 votos a favor y siete en contra, habiendo alcanzado la mayoría absoluta requerida.


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Convalidación o derogación de reales decretos-leyes . . . (Página 4765)

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Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales . .
. (Página 4765)

Presenta el Real Decreto-ley el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) en nombre del Gobierno. Explica que el real decreto tiene como objetivo determinar las potestades de los órganos del Ministerio de Fomento respecto de las carreteras estatales, con el fin de regular su utilización por motivos técnicos o de seguridad vial, y lo hace introduciendo un nuevo párrafo en el artículo 29 de la Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de carreteras, que prevé la circunstancia de seguridad vial o de carácter técnico, de las que se puede derivar la necesidad de desviar el tráfico de las carreteras por una autopista explotada en régimen de concesión o por un tramo de la misma.
Justifica la urgente necesidad del real decreto por la inaplazable necesidad de abordar con carácter específico este tipo de supuestos, habida cuenta de las numerosas incidencias que se producen en la red viaria; por la creciente importancia de la seguridad vial para el interés público, que requiere del establecimiento de mecanismos ágiles y adecuados para solventar los problemas, y por la necesidad de acompañar a las facultades administrativas los créditos necesarios para hacer efectivas las compensaciones que procedan a los afectados por las medidas acordadas.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ortiz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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La señora Urán González solicita que se dé lectura por un secretario de la Mesa a la disposición final primera del Real Decreto-ley debatido.


El señor secretario primero (Oliart i Pons) da lectura a la disposición final primera.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de fomento en carreteras estatales, se aprueba su convalidación por 171 votos a favor y 96 en contra.


Sometida a continuación a votación la tramitación del Real Decreto- ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se rechaza por 98 votos a favor y 170 en contra.


Se levanta la sesión a las diez y treinta y cinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO.


- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN (CONTINUACIÓN). (Número de expediente 200/000001.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
En primer lugar, y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, con motivo del debate para su investidura, hace ahora un año y dos meses, el Bloque Nacionalista Galego denunció que en su forma de conducirse había más que indicios de prepotencia, intolerancia y fobia contra el discrepante. Ahora podemos afirmar que su mayoría absoluta sirvió para agudizar aún más estas características. Usted identifica Gobierno con partido hasta el extremo de anunciarse en las ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros su participación en mítines del PP en la campaña electoral de turno. Demoniza o desprecia con dogmatismo cualquier análisis o interpretación de la situación política que no le sea favorable. Se empeña en formatear la realidad del Estado español reduciéndola a un modelo bipartidista. Este formato, tan antidemocrático como contrario a la expresión de una diversidad plurinacional, plurilingüe y pluricultural, que se niega a dejarse anular, es para usted una obsesión.
No hace falta ser muy crítico para comprender que este Parlamento es el primero en sufrir la devaluación como sede de diálogo, debate, contraste y acuerdos. Recurren a él sólo para legalizar, cuando es necesario, lo que cuecen a sus espaldas con ostentación de prepotencia, sectarismo y desprecio por las minorías; sólo se las tolera si se adhieren como acólitos y aclaman los postulados gubernativos.
Es la suya una concepción de la democracia que no reúne ni siquiera el mínimo respeto formal por el pluralismo político, que constituye uno de los fundamentos de la Constitución vigente. Esta falta de respeto formal por el pluralismo político reluce en los medios de comunicación de titularidad pública, convertidos en centauros de las campañas de propaganda y de las obsesiones agresivas o silenciadoras del Gobierno y contamina también una parte del poder mediático privado. En los últimos meses pasamos por un periodo de autoritarismo sectario de tal calibre que llevó su fobia discrepante al extremo de agriar sus relaciones con aliados tradicionales del PP, como la Iglesia católica.
Las lecturas que hacer el Gobierno de la Constitución Española para fundamentar sus propuestas legislativas son siempre democráticamente restrictivas y obsesivamente centralizadoras. En materia educativa existe desasosiego por lo que llaman fracaso escolar en la enseñanza obligatoria, desánimo por el alto número de parados universitarios, preocupación por una formación profesional poco acoplada a las necesidades del sistema productivo. Sus reformas se encaminan, sin embargo, a centralizar el sistema restándoles competencias a las comunidades autónomas. No existe preocupación por combatir la desigualdad social ni por atender mejor a la enseñanza pública ni por promover una mejor preparación del profesorado. Justifican sus proyectos centralistas en la defensa del derecho a la movilidad de los alumnos y profesores, en la homologación de contenidos en los programas y en una concepción retórica de la calidad.
Deben saber que, para cada sociedad nacional del Estado español, es prioritario contar con un servicio educativo público de calidad en su territorio, adaptado a sus necesidades y realidades socioeconómicas, culturales y lingüísticas. Priorizar la movilidad sirve sólo para justificar la emigración de la juventud, cualificada o no, de determinadas zonas porque no existe en ellas el derecho al trabajo.
Promulgaron un real decreto que atenta especialmente contra el derecho de las comunidades con lengua y cultura propias a establecer programas educativos adaptados realmente a sus contextos sociales y culturales. Resulta patente su interés en dictar una visión de la historia que sacralice la idea de España como una realidad mítica.
Así, no es de extrañar

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que, desde instituciones del Estado, se manipule o tergiverse la historia hasta el extremo de afirmar que nunca existió represión contra el gallego, el catalán o el vasco, o que el español siempre fue una lengua de encuentro, no una lengua del Imperio. Mientras, denuncian como manipulación los esfuerzos por que aparezca escolarmente la historia oficialmente oculta, ignorada, eliminada de los distintos pueblos que conforman el Estado español porque precisamente lo explica como un producto histórico conflictivo.
Este combate ideológico al servicio de su idea de España acompaña objetivos políticos y económicos que se refuerzan entre sí, La Ley de estabilidad presupuestaria anula uno de los pocos mecanismos con que contaban comunidades autónomas como Galicia para incidir positivamente en su transformación económica. Sus presupuestos deben ser aprobados por el Ministerio de Hacienda. Se establece así un modelo jerárquico en el que las competencias que el Estado pierde frente a la UE son recuperadas frente a las comunidades autónomas.
Este modelo anula la capacidad de decisión política que el reparto constitucional de competencias había depositado en los gobiernos y parlamentos autonómicos, sustancial para la autonomía política, que tampoco refuerza su nuevo modelo de financiación autonómica, por lo menos en el caso de Galicia.
Su Gobierno desatiende la problemática socioeconómica específica de Galicia. Concretamente, es connivente con el empeño de la UE en reducir nuestro peso pesquero mientras otros Estados mantienen su actividad o la incrementan. Varios Estados europeos descubrieron su vocación pesquera al detectar avariciosos que el mercado español constituía un negocio redondo, pues es el de mayor consumo de pescado de la UE. Objetivo de la política pesquera común, excluirnos del acceso a determinados caladeros. La última obra maestra de la UE es el plan de recuperación de la merluza. Irónicamente, la UE, encargada de defender nuestra presencia en aguas internacionales, utiliza la pesca como moneda de cambio, la cede progresivamente a terceros países para favorecer otros intereses que, por supuesto, nunca son los nuestros. Véase la falta de acuerdo pesquero con Marruecos: más desguaces, pérdida de la actividad económica y empleo en comarcas altamente dependientes de esta actividad. Su Gobierno es impasible ante esta problemática. Paradójica y sintomáticamente, el Estado español no tiene peso alguno en la política común de pesca, justo en lo que Galicia es la gran potencia europea.
Curiosamente, algo similar acontece con otro sector clave de la economía gallega, el agroganadero. En función de los intereses de otros Estados miembros que son excedentarios, se aplica una política de reducción de nuestro sector lácteo a través de la cuota y la correspondiente supertasa, para que no podamos dimensionarlo debidamente. Este sector, creador de empleo, sustento de actividad económica en muchas zonas de Galicia, se vio gravemente impactado por la crisis de las vacas locas, derivada de una insensata política europea productivista y no basada en la alimentación natural. Su incidencia especial en Galicia se debió a la falta de una política preventiva por parte del Estado español, a la escasez de ayudas compensatorias y a la intención de usar la crisis para una reestructuración encubierta del subsector cárnico, que ya estaba claramente discriminado en las ayudas respecto de las que se conceden a otros productores europeos. Promueven, sin embargo, una política de apoyo a la forestación de tierras agrarias en un país en el que la superficie agraria útil es escasa, tierra vital para la alimentación natural del ganado. Con su aplauso y seguidismo de esta política europea discriminatoria están ustedes contribuyendo a la desaparición de miles de puestos de trabajo, a la despoblación de amplias comarcas rurales y al envejecimiento de la población por la ausencia de perspectivas para los jóvenes.
Padecimos cinco meses de temporales e inundaciones catastróficas. El Gobierno fue insensible hasta la indiferencia con el sector del marisqueo y la pesca de bajura, privado de poder trabajar durante tan largo período y dañado por mucho tiempo su medio de producción. La ayuda de la Administración central para hacer frente a los daños materiales de todo tipo, además de ridícula y discriminatoria en relación con otras catástrofes (menos de 4.000 millones para hacer frente a pérdidas valoradas oficialmente en más de 50.000), todavía no ha llegado a sus destinatarios. Todo un síntoma de la indiferencia e ignorancia que practican con naturalidad respecto de nuestros problemas específicos. No les basta con tratarlos con desinterés y sin preocupación, muchas veces parecen optar por empeorarlos. Véase su propuesta de integración del régimen especial agrario y del régimen especial de los trabajadores del mar en el régimen de autónomos, su aplicación del impuesto de sociedades a los montes en mano común, su empeño en que las autoridades portuarias cobren un canon por actividades de acuicultura en nuestras rías, la forma de agrupar los astilleros públicos en la nueva Izar, la ausencia de planes de regadío para Galicia en el Plan hidrológico nacional y la negativa a crear la confederación hidrográfica del Miño.
Esta indiferencia y desatención las encubren ustedes a veces con una propaganda avasalladora cuando se trata de confundir a la sociedad gallega con pequeñas concesiones conquistadas con perseverancia. El plan ferroviario para Galicia hasta el año 2007-2010 es frágil e indefinido, dual e incoherente en el interior, discriminatorio respecto del exterior, lento y poco asegurado en su ejecución, y encima pagado en parte por la Xunta. Lo venden como un proyecto de alta velocidad para comunicarse con Madrid, pero no se nos garantiza una red interior a la altura de un ferrocarril convencional adecuado para el siglo XXI, en el año 2010. Usted irá a inaugurar las obras antes de las elecciones gallegas,

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habrá palmaditas en la espalda, con sonrisa de suficiencia, anclada en la idea de una Galicia sumisa y agradecida por tamaño esfuerzo del Gobierno amigo.
Una actitud parecida es la que mantienen con nuestra emigración, especialmente en Latinoamérica. No son personas con derechos políticos que deben ejercer con dignidad, libertad y en igualdad de condiciones democráticas. Se niegan ustedes a que ejerzan el derecho a voto en condiciones similares a las que se ejerce aquí, en urna, con identificación del votante, en lugares oficiales, con censos depurados y controlados. Impulsen ustedes su retorno y el amparo de sus derechos sociales, asistenciales y sanitarios. No intenten sólo emplearlos como un peso muerto para impedir la evolución democrática de Galicia. Gran sarcasmo. Primero, nuestra emigración sirvió al interés económico y político del Estado español y al empobrecimiento de Galicia; ahora quieren utilizarla para perpetuar la marginación de nuestro país. Atiendan ustedes nuestros problemas, para que cada año no se vayan de Galicia miles de jóvenes, familias enteras, por falta de perspectivas de futuro.
Prácticamente vendido el sector empresarial público y sin control de la política monetaria, su política económico- social sigue empeñada en el dogma del déficit cero, en la aspiración ideal de controlar la inflación y en las continuas reformas laborales. La última, felizmente, ya tuvo una contestación social contundente en Galicia.
Su Gobierno es contrario o reticente a la asunción de derechos básicos de las personas, como es la no discriminación por motivos de condición sexual o el derecho a una muerte digna.


La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señora presidenta.
La misma reticencia que comprobamos cuando se trata de ampliar y homologar las coberturas sociales para toda la población trabajadora, como es el caso de los autónomos. Su política es una alianza de entusiasmo por la globalización, con sus efectos de desigualdad, miseria y corrupción, que usted a veces ampara con obsesión por apuntalar la idea de España una. No considere inmadura, señor Aznar, la sociedad que se niegue a aceptar resignadamente su proyecto. No se engañe: el que lo preponderante a escala mundial sea aceptar la sumisión y la jerarquización, tal como usted especificó ante Bush, no quiere decir que el presente y el futuro de la humanidad, incluido el Estado español y su dinámica interna, no esté más necesitado de pluralismo, de una relación multipolar entre iguales. Este es el criterio del Bloque Nacionalista Galego.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, cinco minutos es demasiado poco tiempo para tantos problemas: inmigración, paro, pesca, agricultura, transferencias pendientes, modelo de Estado. Son muchas las cuestiones que S.S. ha expuesto en su discurso para tratar de matizar desde aquí esa foto que usted nos hace de una España equilibrada, homogénea y que va bien. Yo diría, señor presidente, que si en esta Cámara no tuviéramos más información que la de su discurso y estuviéramos todos aquí encerrados, cabría una sola resolución unánime de la Cámara que dijera: el Parlamento insta al Gobierno a continuar haciéndolo bien.
Pero hay más problemas concretos, más problemas generales en los que profundizar.
Como tengo que priorizar, le voy a hablar de uno, del que yo entiendo que ese uno de los problemas más importantes de España: la ineficaz política de corrección de desequilibrios entre comunidades autónomas y la frustración que existe en algunas de ellas, comoAndalucía, porque no se corrijan esas desigualdades. Nosotros hemos escuchado la descripción de la foto que usted nos hace de España, que efectivamente crece, que efectivamente converge con Europa y que se aproxima al 85 por ciento de la renta per cápita europea. Ayer mismo le daba usted al portavoz de Convèrgencia i Unió los importantes datos sobre empleo -o sobre paro, según se vea- en Cataluña, que alcanzan el 8 por ciento. Pero, señor presidente, Andalucía no se siente reflejada en esa foto. Usted se empeña en decir que en este país hay 25 grados de temperatura, cuando hay zonas en las que hay 40 y zonas en las que hay 10. Usted se empeña en vestirnos de entretiempo, cuando habrá que mandar abrigos a los que están a 10 grados y habrá que mandar camisetas a los que están a 40 grados.
Señor presidente, convendrá conmigo en que el efecto de convergencia real que usted sostiene que entre Estados es eficaz, porque así lo reconoce también la Unión Europea, no se ha producido entre las comunidades autónomas españolas. ¿Quién tiene la culpa? ¿Cómo se arregla? Me gustaría dedicar más tiempo a cómo se arregla que a quién tiene la culpa. Supongo que la culpa la tenemos todos, señor presidente, pero usted tiene la responsabilidad, como presidente del Gobierno de España, de coordinar las políticas de todos los gobiernos autonómicos para corregir este desequilibrio. Esto es muy difícil por dos variables. Una de ellas es el fortísimo bipartidismo al que está sometiéndose a este país, donde no sólo quieren ustedes ocupar el ring del desacuerdo, sino también ocupar entre los dos la mesa del acuerdo, despreciando el pluralismo político y las minorías.
Señor presidente, yo creo que uno de los factores importantísimos para corregir estos desequilibrios es el

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consenso en la nueva fórmula de financiación autonómica. Me parece fundamental alcanzarlo, porque el desacuerdo fue malo. Usted sabe, señor presidente, que en esta Cámara se han tratado a iniciativa de este portavoz los criterios mediante los cuales se debe asumir este nuevo modelo de financiación autonómica. Habrá que hablar de la disposición adicional segunda del Estatuto de Andalucía, habrá que hablar de la liquidación del modelo anterior respecto al reconocimiento del censo y habrá que hablar del nuevo modelo, pero me gustaría hacer una advertencia: en el nuevo modelo los criterios de equidad y de solidaridad deben estar razonablemente dotados, no testimonialmente dotados. No vaya a pasar como al cura de mi pueblo que, al final, prohibió a la feligresía echar el dinero suelto, la calderilla, en el cestillo para tranquilizar las conciencias. Si aquí hay que dar dinero para la equidad y la solidaridad, no puede ser calderilla. Tiene que ser un dinero cuantificado que resuelva en un escenario temporal, razonable, el desequilibrio entre las comunidades autónomas. A mí, señor presidente, me gustaría escucharle hablar de cuáles son sus medidas para la corrección de estos desequilibrios internos, escucharle de qué manera va a pactar con las comunidades autónomas y, en concreto, con las que están más atrás, Galicia, Extremadura, Castilla-La Mancha, Andalucía, sobre empleo y crecimiento económico con respecto a las que van más adelante. Hace veinte años, Andalucía tenía el 22 por ciento de paro de este país.
Hace diez años, el 26 por ciento de paro de este país y, hoy, el 30 por ciento de paro de este país. A ver si el crecimiento del empleo en España va a consistir en que mañana el cien por cien de paro del país esté en el sur. De modo que no nos sirven las medias, vamos a las correcciones, vamos a los reequilibrios, vamos a las compensaciones para tirar de este carro entre todos.


La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.


Permítame una reflexión, señor presidente, desde la tribuna. Lo veo a usted rodeado de su aplaudiómetro, donde cada decisión, cada gesto, cada cosa que usted hace está fuertemente arropado por el aplauso de los que le rodean. En mi tierra decimos que cuando a alguien se le va la mano en la autoestima, se le va la mano en que lleva razón en todo, no necesita abuela. Usted, señor presidente, baje a la calle, escuche a la gente que aplaude muy poco, porque si se rodea de asesores abuela, si tiene un Gobierno de ministros abuela, y lo arropa un grupo parlamentario de 182 diputados abuela, me temo, señor presidente, que usted no tiene abuela. (Rumores.) Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, a Esquerra Republicana de Cataluña no nos ha defraudado.
Usted lo dejó claro en el debate de investidura. Cualquier capital de provincia de España debe estar a menos de cuatro horas de Madrid en ferrocarril. Entonces ya le decíamos, señor Aznar, que su discurso denotaba un concepto radial de las comunicaciones, del poder, de las ideas y así ha sido. Ustedes han confundido el Estado con la capital del Estado. Madrid hoy es un agujero negro que engulle bienes, servicios, recursos, inversiones y ayudas europeas. Es intolerable que el Gobierno catalán deba costear la llegada del tren de alta velocidad al aeropuerto de Barcelona y encima le nieguen fondos europeos para enlazar el aeropuerto con la línea 9 del Metro, cuando ustedes lo sufragan con el 85 por ciento de fondos europeos; o, lo que es peor, se gastarán 300.000 millones en la ampliación de Barajas o en el de Campo Real a la vuelta de la esquina. Es impresentable que en esta Cámara se menosprecie la propuesta del Parlamento catalán para crear un fondo de rescate de los peajes para todo el Estado español, cuando de las siete autovías que salen de Madrid ninguna es de peaje, mientras que de las siete de Barcelona seis sí lo son.
Es demencial que en los últimos cinco años se hayan gastado más de 25.000 millones de pesetas en la adquisición de obras de arte para los museos de Madrid y una ampliación de 12.000 millones para el Centro Nacional de Arte Reina Sofía, mientras que la inversión en museos de arte del Ministerio de Cultura en Cataluña no roza los 5.000 millones de pesetas. No nos diga que para liberar peajes, deshacer desaguisados como la carretera N-2, entre Cervera e Igualada o entre La Jonquera y Tordera, o la Nacional-340 en Tarragona, o el soterramiento del AVE a su paso por Lleida, el Gobierno catalán dispone de recursos propios, porque con el cariz que está tomando el nuevo modelo de financiación autonómica esto pinta mal. Pintan bastos porque va a perpetuar la negación de la autonomía y la suficiencia financiera del Gobierno catalán. Además, no hay voluntad para acabar con el déficit acumulado en inversión pública que desde hace décadas sufre Cataluña, con lo fácil que sería, señor Aznar, aplicar el artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, que determina que el Estado debe aportar a Cataluña la media entre la población y su esfuerzo fiscal que Cataluña representa en todo el Estado. Es más, cuando el Gobierno catalán, a propuesta de Esquerra Republicana, propone la creación de un nuevo impuesto a las grandes superficies comerciales, ustedes lo recurren al Tribunal Constitucional, lo mismo que con la ecotasa del Gobierno balear.


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Respecto a Cataluña, en financiación y en inversión pública su Gobierno usa el término de solidaridad territorial para reforzar más la capital del Estado y convertir en periferia, aún más si cabe, al resto. Ustedes llevan a cabo una política de recursos centrípeta, que toma un carácter más agresivo si cabe en el ámbito de la pluralidad cultural y lingüística; ustedes sólo piensan en lo hispano. ¿Es que quizá lo hispano no incluye el catalán, el euskera o el gallego? Es suficiente observar la política del Instituto Cervantes, que proyecta desde siempre una imagen unitaria, homogénea e indisoluble de España, o la beligerancia de su Gobierno hacia todo lo que sea normalización cultural y lingüística de Cataluña.
Señor Aznar, en catalán tenemos un término que se llama abusananos.
Sería, más o menos, sin ganas de ofender, lo que podríamos decir un matón de barrio. Su actitud me lo recuerda cada día más: fuerte con los débiles, débil con los fuertes. Se atreve con su mayoría absoluta a imponer por cañetes el Plan hidrológico nacional a los catalanes y a los aragoneses, a llenar Aragón de embalses y a poner en peligro el delta del Ebro. Se atreve con el Gobierno catalán estrangulándolo por medio de una nefasta financiación a base de recursos de inconstitucionalidad y con loapillas encubiertas. Se ve capaz, ante los manifestantes antiglobalización que desfilan pacíficamente por las calles de Barcelona... (Rumores.) Sí, sí, desfilan pacíficamente por Barcelona y se infiltran alborotadores profesionales para legitimar su represión. Ignora reiteradamente a los trabajadores de Sintel, símbolo de la lucha contra los desmanes sociales y laborales de las multinacionales; no sólo desoye su problemática sino que además se niega a utilizar su acción de oro en Telefónica para obligar a la compañía a reparar sus fechorías laborales.
Pero es débil con los fuertes o poderosos, débil ante la política de trust que frena la libre competencia de los operadores de los sectores eléctrico, energético y de telecomunicaciones. Débil ante la industria farmacéutica, que obstaculiza una política de medicamentos genéricos; débil, muy débil, entregado a las grandes superficies comerciales, tanto que le ha empujado a decretar la sentencia de muerte del pequeño comercio de estructura familiar. La prueba física es que el señor AriasSalgado, ex ministro de su Gobierno, es hoy director general de Carrefour España. Más pruebas concluyentes no faltan. Son sólo algunos ejemplos de su doble moral en la toma de decisiones.
Señor Aznar, usted forzó su mayoría absoluta, legítima lo reconocemos, a partir de cuatro falsedades. La primera, montarse en el ciclo económico expansivo como si fuera cosa suya, pero ni el crecimiento económico fue cosa suya ni suya será la del parón.


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Segundo, exaltar el nacionalismo español ante todo lo vasco, confundiendo adrede el nacionalismo democrático con ETA el 13 de mayo, pero el pueblo vasco desarticuló democráticamente su falacia.
Tercero, usted infundió miedo a la población sobre la avalancha de emigrantes e hizo creer que su ley era la varita mágica. Pues no, sin reforzar el Estado del bienestar, sin una política social efectiva para todas las rentas bajas, para los de siempre y los nuevos, no hay ni integración ni seguridad ciudadana. Finalmente, a usted sólo le queda el cuarto elemento, el anticatalanismo, y el anticatalanismo, ya se sabe, es la ideología de masas del españolismo. Un españolismo que capitaliza a golpe de matrícula, usted le llama chapas, de disparates de la Real Academia de la Historia y de reescribir la historia, de loapas encubiertas; pero todo se acaba, aunque tenga secuestrados y en pleno síndrome de Estocolmo a los miembros del Gobierno catalán. Claro que de esto mejor no hablar, porque, como decimos en Cataluña, la ropa sucia se lava en casa.


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego dé por concluida su intervención.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, acabo.
En definitiva, señor Aznar, lo suyo es la reconquista del Estado; el diálogo en la defensa de la pluralidad no forma parte de su acerbo cultural, menos prepotencia, menos autoritarismo, más pluralidad y más libertad.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, quiero decir que este es el primer debate que hacemos después de catorce meses de mayoría absoluta del Partido Popular y, por tanto, es un debate en el que hay que hacer también un balance sobre cómo se ha administrado la mayoría absoluta.
Señor Aznar, quiero decirle, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds, que desde el punto de vista democrático creo que es preocupante la gestión que está haciendo el Partido Popular de la mayoría absoluta. Ustedes están haciendo una gestión como si el país fuera su cortijo, como si las instituciones fueran suyas, quebrantando, como después explicaré, a menudo reglas y comportamientos democráticos y con una deriva hacia tentaciones totalizadoras. Los ejemplos son muchos. ¿Es o no quebrantar el comportamiento democrático la utilización escandalosa y partidista que ustedes hacen del CIS? ¿Es o no quebrantar los comportamientos

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democráticos estar obsesionados por controlarlo todo, por cambiar, por ejemplo, la composición del Consejo de Cooperación para que la Administración tenga mayoría? ¿Son o no comportamientos y talante antidemocráticos las declaraciones del señor Aznar después de las elecciones vascas, cuando dice que el pueblo vasco no está maduro? ¿Es o no intentar reescribir la historia decir que, en el Estado español, el catalán, el gallego o el vasco nunca sufrieron opresión? ¿Creen ustedes que la gestión y la emisión de la información a través de los medios de comunicación públicos son verdaderamente rigurosas y profesionales? Ustedes han impuesto una reforma laboral sin negociar y además, señor Aznar, todo el mundo lo está diciendo, usted está hoy defendiendo una doble moral entre lo que decía que el anterior Gobierno debía hacer ante casos de posibles corruptelas y lo que hoy usted dice que va a hacer. Usted ayer dijo una cosa importante: no va a cesar al señor Piqué porque no está imputado. Esto es discutible y esa es su opinión, pero yo le pregunto: Si finalmente el señor Piqué y el señor Matas son imputados, ¿tampoco los va a cesar? Responda, porque yo creo que el presidente del Gobierno tiene que responder a esto hoy aquí. No estoy de acuerdo con que el presidente del Gobierno diga que no pasa nada, que lo del señor Piqué fue en 1991, que no era miembro del Gobierno, con la importancia que va a tener la figura del ministro de Asuntos Exteriores el primer semestre del año 2002. Por tanto, no estoy de acuerdo, pero sobre todo exijo, señor Aznar, que usted responda.
Señor Aznar, balance preocupante desde la perspectiva democrática y tentación totalizadora, y quiero decirle una cosa: estoy seguro de que ustedes no van a cambiar, pero esto no es gratis, esto finalmente pasa factura, la administración abusiva de las mayorías absolutas es de las cosas que corrompe más la gestión de los gobiernos. Y quiero ponerles un ejemplo de todo esto, que son los hechos de Barcelona el pasado fin de semana. Durante dos y tres días todos los medios de comunicación se han referido a la gravedad de los hechos; viene aquí el presidente del Gobierno ayer y, ante el hecho que ha ocupado mayor información el domingo, el lunes y el martes en los medios de comunicación, hay un sonoro silencio del presidente Aznar. ¿Por qué, señor Aznar? En Barcelona el viernes, el sábado y el domingo miles de personas, de forma positiva, expresaron voluntades alternativas para cambiar un mundo que no nos gusta: la tasa Tobin, la condonación de la deuda externa, el protocolo de Kioto... Todo eso fue pacífico, y el domingo un grupo reducidísimo de provocadores, al que hay que condenar, y la actuación de la policía provocaron que estos hechos fueran muy graves. No lo digo yo, señor Aznar, lo dicen, coincidiendo por primera vez, todos los medios de comunicación: provocadores y policías intentan deslucir una fiesta lúdica; grupos de incontrolados hacen destrozos en Barcelona ante la pasividad de la policía; agentes camuflados practicaron detenciones con barras en la mano, o una fotografía con un pie de título donde hay policías camuflados, por ejemplo, con símbolos identificativos de Cataluña, con barras. No es mi opinión, es la opinión de todos los medios de comunicación, que esta vez han coincidido. En ese sentido quiero, señor Aznar, que usted me responda a cuatro preguntas, se lo suplico, fíjese, sólo a cuatro. Primera, si forma parte de su política de seguridad que los policías vayan camuflados con barras de hierro, porque yo no sé si tiraron piedras o no, yo no lo vi, pero sí los vi salir de la furgoneta tapados con pañuelos blancos y negros con banderas y con barras, eso lo vi yo. Yo no puedo decir si tiraron piedras, pero Iniciativa per Catalunya iba al final de la manifestación con una cadena humana que protegía a los manifestantes durante un kilómetro, y preguntábamos a la policía cómo podía ser que veinte o treinta personas, porque no eran más, fueran paseándose tranquilamente rompiendo cristales, señor Rajoy, totalmente identificables. No hace falta poner a cien personas camufladas para identificarlos, las aceras laterales del Paseo de Gracia -y usted lo conoce- son de treinta metros.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta. Eran totalmente identificables y miembros del servicio de orden de la manifestación se dirigieron a los mandos de la policía para preguntarles que cómo consentían que durante un kilómetro los manifestantes fueran rompiéndolo todo. Y hubo confrontación y casi agresión física entre los manifestantes y los provocadores. Segunda pregunta, señor Aznar.
Hay testimonios gráficos y muchos testigos de cómo manifestantes sentados pacíficamente con los brazos al aire fueron agredidos. ¿Eso también forma parte de su política de seguridad? Tercera pregunta, hay fotografías, testimonios de profesionales de los medios de comunicación que, a pesar de haberse identificado, fueron agredidos.
Y cuarta pregunta, ¿por qué esa pasividad? Señor Aznar, el Colegio de Abogados de Barcelona ha hecho una nota que si uno la lee puede recordarle notas que se hacían en otros tiempos.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego dé por terminada su intervención.


El señor SAURA LAPORTA: Acabo, señora presidenta, simplemente citando que el Colegio de Abogados de Barcelona denuncia que la actuación policial ha vulnerado derechos fundamentales: el derecho de manifestación, de información, de integridad física y moral, de derecho a la libertad ideológica y de derecho a la libertad y a la seguridad. Y también denuncia que el Ministerio del Interior, cuyo titular señor Rajoy acostumbra

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a ser una persona muy rigurosa, criminalice el sector social que ha organizado esto.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego que definitivamente dé por terminada su intervención.


El señor SAURA LAPORTA: Señor Aznar, responda y háganos un favor: cese a la delegada del Gobierno, que continuamente nos sitúa ante conflictos graves cuando hay manifestaciones pacíficas en Barcelona.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, concluya.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, señorías, resulta admirable, casi conmovedor, el listado de virtudes y aciertos que adjudica a su Gobierno. La gestión económica, al socaire de una coyuntura en los últimos años excepcionalmente favorable, pero eso sí, sin mencionar el disparo de la inflación y otros datos inquietantes. Sea en la proclividad al diálogo como herramienta, del que algunos no tenemos ni noticia, sea, pasando -¡cielos!- por la tierra de acogida en que ha convertido a España su política de emigración; eso sí, con normas que restringen derechos -para nosotros fundamentales- como reunión, manifestación, etcétera. Hasta su sagacidad en el problema de la encefalopatía espongiforme merece sus propios plácemes. Y esperemos que sus aciertos en política exterior, y especialmente en Europa, no le hagan llegar a la Presidencia en el 2002 indispuesto con todos los países de la Unión Europea. A este respecto y aunque sea al final del debate nos gustaría conocer su reflexión sobre el futuro de Europa y también nos gustaría -lo dije en anteriores debates- que las comunidades autónomas pudieran estar implicadas en esa organización y desarrollo de la Presidencia.
No nos olvidamos de su política autonómica, verdadera involución que cercena de forma clara el autogobierno en el País Vasco, con la pseudoamenaza que realizó antes de las últimas elecciones en la Comunidad Autónoma del País Vasco sobre la renegociación del concierto en función de quién ganara las elecciones. Por cierto, me alegra muchísimo que ayer proclamara su lealtad al mismo, lo que me sorprende es que tenga dudas sobre nuestra apuesta por el concierto económico y nuestra lealtad; siempre lo hemos demostrado claramente, no así usted.
El proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria -aquí se dijo que era una auténtica Loapa financiera y lo suscribo- niega la bilateralidad y las especificidades del País Vasco y de Navarra, por no hablar de educación, el decreto de humanidades, universidades, etcétera. Quieren convertir a las comunidades autónomas en meras oficinas burocráticas que cumplan los mandatos de la ley y financien el sistema. Punto. Formación profesional, lo anterior corregido y aumentado.
Por no citar la formación continua, ya que desde luego los trabajadores no reciben vía Obetus lo que les corresponde. No mencionaremos las múltiples y múltiples competencias que faltan por transferir en materias claves, por ejemplo, en investigación científica y técnica, donde tenemos que invertir e invertimos porcentualmente más que el Estado, a pesar de que no nos hayan transferido la competencia.
Señor Aznar, frente a su autoproclamada capacidad de diálogo, de contribución a la estabilidad política o su pretendida sensibilidad autonómica, desde Euskadi debemos manifestar nuestra absoluta decepción por que usted y su Gobierno plantearon una campaña de acoso y derribo al Gobierno vasco impropia de un gobernante responsable.
Una apuesta que obtuvo -eso sí- la respuesta de los electores que ustedes conocen: negándole la mayor. Usted, para ocultar problemas y fracasos, recurrió a la manida argucia de proyectar sobre ellos un eclipse total con el único fin de ocultarlos. En su gran ofensiva contra el nacionalismo vasco, criminalizándolo y echando sobre él todos los medios públicos y todos los instrumentos de que dispone el Ejecutivo, pretendía distraer a la opinión pública de esa admirable política de inmigración, del disparo de la inflación y de otros escándalos que, siento decirlo, ya no son cosas del pasado y respecto a los que usted no parece ser muy consecuente con las recetas que tenía sobre ello en otros tiempos.
La pasada precampaña y campaña electoral de la Comunidad Autónoma del País Vasco han puesto de manifiesto la falta de finura democrática de su Gobierno, y mire que lamento decirlo. Todos, todos han denunciado el escándalo de los medios de comunicación públicos -manipulación del CIS, por citar algún ejemplo- y hasta sus propios socios en esa operación de acoso y derribo al Gobierno vasco lo tuvieron que denunciar cuando les afectaba a ellos claramente.
Señor presidente, la mayor y más grave manipulación que usted realizó fue tratar de imputarnos inhibición y hasta complicidades con la estrategia violenta a quienes siempre hemos apostado por las vías pacíficas y democráticas y jamás las hemos abandonado. Pero nuestro pueblo supo distinguir claramente la mentira de la verdad y no admitió tal insidia. Sabía que el repudio de las vías violentas y el deseo de la paz y normalización política habían guiado siempre nuestros actos en la pasada legislatura y, a pesar del intento de lavado de cerebro que pudo confundir a sectores más alejados de nuestra escena política, nuestros conciudadanos y conciudadanas sabían muy bien que discrepar en los remedios no significa ser más débil ante las estrategias vulneradoras de los derechos humanos; en la defensa de los mismos nunca nos van a dar lecciones, y en sensibilidad democrática, menos. Usted, señor Aznar, que fue capaz de llamar inmadura a la sociedad vasca porque no siguió sus designios en las pasadas elecciones.


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Señor presidente del Gobierno, después de esta lamentable y aleccionadora experiencia, repleta de embates desestabilizadores del Gobierno al Gobierno vasco y presidida por la incomunicación y la negativa a las propias relaciones interinstitucionales, sinceramente desearíamos que fuera posible una actitud de diálogo constructivo.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Voy concluyendo, señora presidenta.
Señor Aznar, un diálogo constructivo capaz de encaminarnos hacia un clima de paz auténtico y de normalización política. Sabemos que nuestras visiones son muy distantes, pero tendremos que hablar; tendremos que hablar. En Eusko Alkartasuna seguimos defendiendo que sólo el respeto a la voluntad democrática del pueblo vasco, sin violencia ni imposiciones de ningún tipo, puede llevarnos a esa meta.
La resolución de los conflictos exige además de firmeza ante los crímenes, cualquiera que sea su inspiración, un esfuerzo de diálogo entre todos los que representan a los ciudadanos, por muy contrapuestas que sean sus ideas, hasta encontrar una síntesis democrática de lo que cada cual representa en la sociedad vasca.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: En unos segundos concluyo, señora presidenta.
En ese esfuerzo de diálogo sin exclusiones ni concesiones antidemocráticas, en ese compromiso de respeto a la voluntad de nuestra sociedad como última ratio para dirimir nuestras diferencias sobre el futuro de Euskal Herría nos encontrará siempre dispuestos.
Pero, por favor, no vuelva usted a llamar inmadura a la sociedad vasca porque haya respaldado mayoritariamente nuestras ideas. En este primer año triunfal, según usted, de la presente legislatura, por favor, cambien su relación interinstitucional con el Gobierno vasco.
Nosotros les ofrecemos -y esperamos que ustedes así lo hagan- un diálogo constructivo.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, señor Aznar, a la hora de afrontar este debate usted ha hecho buena la frase de Marx, don Groucho, no se asuste: la política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después remedios equivocados.


Lo ocurrido con el trasvase del Ebro, con el decretazo de la reforma del mercado laboral, con el tratamiento a los inmigrantes, con la apuesta privatizadora de la educación, con las muestras de involución autonómica rampante son algunos ejemplos de lo que entendemos desde Chunta Aragonesista que ha sido su política este primer año. Eso, a pesar de lo que nos prometió en su discurso de investidura, del que voy a releer algunos párrafos significativos, donde se demuestra la distancia que hay entre la realidad virtual que usted planteaba ayer en esta Cámara y el mundo real que vive la ciudadanía fuera de ella.
Usted dijo: el diálogo seguirá siendo una pauta del comportamiento del Gobierno. Supongo que se referiría al monólogo porque, ante los graves problemas planteados, usted ha hablado consigo mismo.
Continuaba más adelante: las reformas basadas en acuerdos son más duraderas. Sí, pero usted solamente ha hecho acuerdos con el PSOE, deje que los demás podamos participar y opinar y no nos enteremos de los acuerdos por la prensa o por la mañana cuando venimos aquí.
Seguía: queremos impulsar un espíritu de colaboración entre el Gobierno y las comunidades autónomas y las corporaciones locales.
Entonces, ¿cómo se entiende que se quiera imponer un modelo único presupuestario con realidades territoriales tan diversas? ¿Van a aprobar un sistema financiero acorde a las necesidades de nuestro territorio? ¿El Senado empezará, de una vez, a servir para algo o será, como hasta ahora, una Cámara de segundo sesteo? Después afirmaba: el diálogo social contribuye a la creación de empleo. Sin embargo, en Aragón los datos presentados son alarmantes, nueve de cada diez contratos nuevos son temporales, apenas se ha conseguido aumentar la necesaria estabilidad laboral. Esta situación tiene especial incidencia en dos importantes problemas sociales: uno, la baja calidad del empleo de las mujeres y los jóvenes, y un segundo problema relacionado con la siniestrabilidad, sobre el que ustedes se niegan aquí mismo a admitir a trámite sendas propuestas de la izquierda para tratar de solucionarlo. Más adelante, sin rubor, sostenía: hemos de prepararnos para ser un país de acogida conscientes de que los que vienen a trabajar contribuyen a nuestra prosperidad. Pues en un solo año su política inmigratoria se ha convertido en un ejercicio de venganza, vergüenza e improvisación política y en una total desorientación para los inmigrantes y también para los empresarios que necesitan contratarlos. También prometía en su discurso: se va a llevar a cabo un ambicioso programa de inversiones para hacer una España más cercana y más unida a Europa.
Si esa ambición querían demostrarla con las inversiones de los Presupuestos Generales del Estado de este año, entonces sí que vamos camino de nada. Ejemplo de cuestiones pendientes: la autovía mudéjar Valencia-Teruel Zaragoza, el desdoblamiento de la N-232, la liberalización del peaje A-68, las obras de circunvalación, la carretera

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transpirenaica, etcétera; la reapertura del ferrocarril Canfranc, la reapertura de la línea Camín Real-Calatayud, el anuncio de supresión de servicios de ferrocarril convencional y desmantelamiento de estaciones; cada 25 días descarrila un tren de Zaragoza a Teruel.
Posteriormente aseguró que la dificultad que hoy tienen los españoles para acceder a una vivienda por causa del precio no sería irremediable. Aragón es una de las comunidades que más ha visto crecer el precio de la vivienda nueva -un 21 por ciento para Zaragoza, Huesca y Teruel-, además hay que añadir el escaso número de viviendas protegidas que se construyen. Finalmente garantizaba: presentaremos un Plan hidrológico nacional basado en criterios racionales y solidarios. Hay un muro de agua que nos separa pero, como decía el poeta, se abrirá esta muralla al paso de la razón. ¿Por qué permite los insultos de los miembros de su partido al pueblo de Aragón y, por extensión, a todos los que no piensan como ustedes¿ ¿Por qué manipula los datos de participación en las manifestaciones contra el trasvase, cuando más de un millón de personas han salido a las calles de Zaragoza, Barcelona y Madrid? ¿Por qué le interesa disfrazar el debate como un enfrentamiento entre pueblos, afrontando el riesgo de dejar una herida injustificable cuando, en realidad, se trata de una disputa entre un modelo de gestión basado en una nueva cultura del agua, alternativa por la que apostamos en Chunta Aragonesista, frente a otro modelo caduco y anticuado como es su plan? ¿Por qué en pleno siglo XXI se quiere seguir inundando pueblos, obligando a las gentes de Artieda, de Biscarrués y de Santaliestra a abandonar sus casas, sus recuerdos, sus modos de vida, llegando a desestructurar un territorio, con esa megalomanía absurda del hormigón? ¿Por qué es capaz de olvidar los principios recogidos en su propio Libro Blanco del agua y los informes de todos los científicos y expertos consultados, que naturalmente desconocemos? ¿Por qué le llama Plan hidrológico nacional si es sólo un trasvase del Ebro? ¿Por qué este trato a Aragón y a los aragoneses? De todas maneras, para concluir, señor presidente, en nuestra tierra hay motivos para la esperanza y es que en este caso, ante estos embates, la sociedad aragonesa está mostrando un vigor inusitado, de norte a sur, que se lleva por delante los silencios y las resignaciones de siglos y siglos. Han salido a la calle las gentes de Teruel porque sí existe; los habitantes del Pirineo hicieron un paro masivo por la dignidad de la montaña; las multitudinarias manifestaciones contra el trasvase están mostrando una realidad aragonesa diferente. Estamos gritando que aquí hay un territorio interior que quiere seguir viviendo, que quiere seguir luchando por lo que fue, por lo que quiere, y que cree y reclama la dignidad y esperanza para su futuro.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Grupo Parlamentario Popular, señor De Grandes.


El señor DE GRANDES PASCUAL: Señora presidenta, señorías, con ocasión del debate de investidura, el 25 de abril del pasado año, el presidente del Gobierno, José María Aznar, anunció su propósito de convencer, buscar el diálogo, discutir y examinar las diferencias para encontrar soluciones viables para todos. Esta sería una de nuestras primeras preocupaciones al constituirse el Grupo Parlamentario Popular: convencer en lugar de vencer, pero sin abdicar de la responsabilidad que el pueblo español nos había encomendado al otorgarnos la mayoría.
Hoy, transcurrido poco más de un año, estamos en condiciones de responder a nuestro compromiso de aunar el Gobierno responsable con la actitud dialogante. Apenas transcurrida la cuarta parte de la legislatura podemos presentar importantes logros a los que nos habíamos comprometido con los electores, pero también podemos sentir la satisfacción de haberlos alcanzado buscando el diálogo y la concertación, y llegando al acuerdo siempre que ha sido posible.
Citaré para ello algunos ejemplos La perseverancia y firmeza del Gobierno en la lucha antiterrorista y la defensa de las libertades, actuaciones en las que luego insistiré, no han sido obstáculo para alcanzar el pacto por las libertades y contra el terrorismo con el Partido Socialista.
Nuestro grupo sacó adelante con diligencia la nueva ley de extranjería, indispensable para hacer una política de inmigración en la misma línea en la que lo hacen los demás países europeos. No tuvimos -y ya contábamos con ello- el apoyo del grupo mayoritario de la oposición, pero a pesar de todo se creó a propuesta nuestra una subcomisión parlamentaria para el estudio del desarrollo y aplicación de la ley. En ese marco promoveremos la integración de los ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, garantizando la plena efectividad de sus derechos, y continuaremos combatiendo el tráfico de seres humanos, la explotación laboral de los inmigrantes, y las conductas racistas y xenófobas.
El Gobierno propuso en el mes de febrero un pacto de Estado para la justicia, pero ya había desarrollado para hacer frente a problemas perentorios un plan de choque, entre cuyas medidas destaca la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Antes de finalizar el mes de mayo, en poco más de tres meses, se había conseguido el gran pacto de Estado propuesto por el ministro Acebes.
De nuevo se cumple el doble objetivo: no dilatar decisiones inaplazables sin renunciar por ello al diálogo y a posibles acuerdos.
Debo destacar también, señorías, el Pacto social. El Gobierno, al constatar después de unos meses de negociaciones que el diálogo social entre las organizaciones empresariales y sindicales se estaba demorando de

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forma preocupante, decidió actuar tomando mediante decreto-ley las medidas que consideró necesarias a tal efecto. Poco tiempo después la mesa tripartita pudo firmar, aunque con ausencia de una central sindical, el acuerdo sobre la mejora y desarrollo del sistema de protección social. Gobernar de modo responsable y dialogante volvió entonces a demostrarse posible.
Ahora nos anima el deseo, y mantenemos esperanzas fundadas, de que el diálogo en torno a la financiación autonómica fructifique también. No se limita nuestra actitud abierta a la voluntad de implicar al primer partido de la oposición en los grandes asuntos de Estado, en la solución de problemas cuya naturaleza aconseja excluirlos de la confrontación partidista. Llevamos el espíritu de diálogo a la totalidad del trabajo parlamentario, como lo prueban los apoyos, innecesarios por nuestra amplia mayoría, que hemos recibido de otros grupos en la totalidad de las votaciones. Ya sé que nuestra disposición al diálogo hubiera sido estéril de no haber encontrado en nuestros interlocutores, aunque no haya sido siempre así, todo sea dicho, una actitud igualmente abierta, que valoramos y agradecemos.
Pero, al propio tiempo, debo señalar ciertas actitudes de oposición que, carentes de la sensibilidad política necesaria para percibir la verdadera dimensión de los asuntos de Estado, han repetido argumentos demagógicos contra la posición del Gobierno en conflictos con terceros países o contra actuaciones en el ámbito de la Unión Europea, dañando la imagen de España y arriesgando los intereses generales por no haber sabido colocarlos por encima de los intereses partidistas.
Sabemos, como lo saben SS.SS., que la actitud dialogante no prejuzga los acuerdos, ni siquiera es saludable que se consigan siempre. Por el contrario, la confrontación de opciones diferentes es consustancial con la democracia. Si hemos justificado nuestro esfuerzo por aunar la apertura al diálogo con la responsabilidad de gobernar, justificamos igualmente la compatibilidad de idéntica actitud con la responsabilidad de hacer oposición. Lo que no podemos entender, por ejemplo, es la utilización partidista de las consecuencias derivadas de la caducidad de un convenio de pesca con la Unión Europea que, lo saben sobradamente SS.SS., el Gobierno de Marruecos estaba decidido a no renovar a ningún precio. No comprendemos tampoco la disparatada demagogia, por otra parte de tan dudosa rentabilidad política, frente a reconocidos éxitos que mejoran sustancialmente nuestra posición en el seno de la Unión Europea o en las relaciones con otros países, como ocurrió con ocasión de la reciente visita del presidente de los Estados Unidos de América. No es, en fin, fácilmente concebible que, provocando alarmas injustificadas, se intente explotar conflictos menores, cuya verdadera dimensión ha sido establecida por el tiempo, y cuyo origen, como en el caso de Gibraltar, radica en contenciones que por su mayor envergadura y diferente naturaleza requieren tratamientos muy distintos de los irresponsablemente pregonados. Valgan, señorías, estos ejemplos para concluir que si el debate de la política exterior no debe hurtarse al Parlamento, una vez tomadas las decisiones por quien tiene la responsabilidad de gobernar, deberían contar con el apoyo de todos los partidos para la mejor defensa de los intereses de España. Y si alguien creyera que pedir el respaldo expreso es pedir demasiado, que intente al menos abstenerse de interponer obstáculos. Así debe haberlo comprendido, al fin, el secretario general del partido Socialista, de quien el pasado miércoles en el debate sobre la cumbre de Gotemburgo tuvimos la satisfacción de oír, no sin cierta sorpresa, un sensato razonamiento en el que, propugnando la necesidad de debatir la política exterior, se manifestaba con rotundidad a favor de la unión de todos en torno a los asuntos de Estado, especialmente cuando se trate de proteger los intereses de España en los foros internacionales. Como en este debate ha mantenido la misma actitud, creemos en su sinceridad y, en consecuencia, aceptamos el reto y confiamos en que tan loables propósitos se materialicen.
Señora presidenta, señorías, hecha esta reflexión sobre talantes y actitudes, sobre la confrontación política y el interés general, sobre las respectivas responsabilidades de gobierno y de oposición, quiero referirme a las que concretamente nos atañen, al cumplimiento de nuestros compromisos electorales y a nuestros próximos proyectos en torno a tres grandes objetivos, los que en mayor medida influyen en la vida de los españoles. Me refiero a la modernización del país, a la búsqueda de un mayor bienestar social y a la vertebración de España, a los que debo añadir los grandes logros económicos, por ejemplo, el déficit cero, que constituyen importantes objetivos políticos en sí mismos, pero, sobre todo, eficaces instrumentos al servicio de la política general del Gobierno del Partido Popular.
Esta nueva sociedad, la sociedad del conocimiento, ha venido demandando y sigue necesitando aún una radical modernización. Hablo naturalmente de modernizar las infraestructuras de transportes y comunicaciones, sectores en los que se está llevando a cabo un esfuerzo sin precedentes que se mantendrá a lo largo de la legislatura como han tenido oportunidad de conocer SS.SS. en, nada más y nada menos, que las dieciséis comparecencias de miembros del Ministerio de Fomento que han tenido lugar en Comisión.
Hablo también de la modernización de las estructuras jurídicas, para adaptarlas al nuevo entorno. Son ejemplos significativos la ley que regula la firma electrónica, el proyecto de ley de marcas, la proposición de ley para extender a Internet el servicio universal de telecomunicaciones, el proyecto de ley de protección jurídica a las invenciones biotecnológicas, o la creación de una subcomisión para estudiar los problemas que están afectando a la propiedad intelectual.
El esfuerzo presupuestario no ha sido menor, con aumento de un 50 por ciento en las ayudas para proyec-

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tos científicos y de un 15 por ciento para el gasto en investigación, desarrollo e innovación. Señorías, Info 21 es un proyecto atractivo, merecedor de la atención legislativa y presupuestaria que continuaremos dedicándole. El Plan nacional I+D+I introducirá disposiciones de ordenación e impulso en el sector público y de fomento, con medidas fiscales y financieras en el privado.
Promoveremos un proyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico, para su necesaria ordenación y para la protección de los usuarios, dentro del respeto al principio de libertad que inspira el desarrollo de estos servicios.
La plena profesionalización de las Fuerzas Armadas se ha conseguido, acortando los plazos previstos, y nos corresponde ahora continuar las tareas de modernización de las infraestructuras de la defensa y mejorar la calidad de vida de la tropa y la marinería. Pero el esfuerzo principal en este campo se orientará a perfeccionar la formación de los soldados profesionales, para facilitar su reincorporación a la vida civil, a través de convenios con empresas privadas, sin menoscabo de las necesidades de las Fuerzas Armadas.
Quiero enmarcar también en este ámbito de modernización de estructuras las reformas laborales, las del sector público empresarial y las de las empresas privatizadas, como las energéticas o las de telecomunicaciones, cuyo proceso de liberalización, que ha requerido un importante desarrollo legislativo y que está a la cabeza de los países europeos, debe concluirse en el año 2003.
Sin embargo, como ha señalado una y otra vez el presidente del Gobierno, la sociedad del conocimiento, de las oportunidades, con la nueva economía como instrumento, es mucho más que mera tecnología.
Por ello, cuando nos planteamos la modificación y adecuación de nuestras estructuras debemos hablar, ante todo, de las educativas, elemento ineludible para posibilitar el salto hacia el futuro que la nueva sociedad exige.
La señora ministra, que ya había dado a conocer anteriormente sus propuestas para continuar la renovación de la educación general básica y la educación secundaria, ha comparecido recientemente ante el Congreso para informar sobre los anteproyectos de reforma de la universidad y de la formación profesional. Sobre esos planteamientos debe iniciarse un debate riguroso, para corregir las graves deficiencias, mayoritariamente reconocidas, de nuestro sistema educativo.
El Grupo Parlamentario Popular considera que los fines de la educación, potenciar la capacidad de discernimiento, educar para la libertad, para la tolerancia y para la vida, y también para la ciencia -¿quién se atrevería a negarlo?- deben prevalecer sobre los medios: pedagogía, curricula, financiación tecnológica, que se han adueñado del debate cuando sólo son instrumentos al servicio de aquellos fines.
Desde este punto de partida, superado el objetivo de generalización de la enseñanza básica, entendemos que el sistema debe potenciar las enseñanzas humanísticas, no sólo como vehículo para la formación en valores, sino como el basamento más idóneo para cualquier especialización y para facilitar los reciclajes que hará inevitables la nueva sociedad.
El sistema educativo debe respetar la libertad, por imperativo constitucional, formar en el pluralismo y en la tolerancia, y liberar los conocimientos de esterilizantes limitaciones localistas, impartiéndolos en el contexto de su compleja realidad y de sus múltiples relaciones. Debe diversificar suficientemente los itinerarios formativos para facilitar a los alumnos más capaces y mejor dispuestos el acceso a los estudios superiores y el desarrollo de vocaciones de investigación, si es que de verdad queremos potenciar nuestra participación en la comunidad científica mundial.
En fin, el sistema educativo debe acomodarse a las exigencias del mercado de trabajo, especialmente en la enseñanza profesional, actualmente ineficaz y escasamente atractiva para el alumnado. Las cuestiones que ocupan el centro de la polémica, las relativas a los medios, deberán replantearse supeditándolas al servicio de aquellos fines.
Dentro del campo de la educación no me parece menor el Plan nacional de fomento de la lectura, elaborado por el Gobierno a iniciativa de nuestro grupo. Creemos que el índice de lectura debe ser tomado como un indicador clave en este proceso de modernización. Pese a opiniones contrarias, la lectura y las nuevas tecnologías no sólo no se menoscaban mutuamente sino que se necesitan y que se complementan.
El segundo de los grandes objetivos propuestos es el de lograr en nuestro país mayores cotas de bienestar social que nos conduzcan a la convergencia real con Europa en esta materia. Si admitimos que no hay mejor política social que la del fomento del empleo, el mejor aval de la que ha practicado el Partido Popular es el medio millón largo de puestos de trabajo creados en esta legislatura. (Aplausos.) Una gran asignatura pendiente en este terreno, sobre todo para las mujeres -hemos de recordarlo-, es la de hacer compatible la vida laboral y familiar. La atención del Congreso a este complejo problema ha sido constante y ya se han dado algunos pasos legislativos, como la nueva regulación de acceso al trabajo después de la maternidad.
Hemos reclamado también el anunciado plan de guarderías que el Gobierno no tardará en elaborar.
Señorías, la sociedad española dispone de una gran red de solidaridad, me refiero a la familia, que constituye el tejido básico de nuestra sociedad. Sus funciones insustituibles para el relevo generacional, para la transmisión de valores a los hijos y como agente de solidaridad le hacen merecedora de una especial protección, jurídica, económica y social. El Partido Popular cree que la mejor política de familia es aquella que posibili-

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ta que sus miembros acudan al mercado de trabajo, que trata con equidad en los impuestos a las familias, que protege especialmente a las familias con más hijos, que mejora las condiciones para el acceso a las viviendas y que ayuda a las familias que tienen personas mayores o discapacitados a su cargo.
El trabajo parlamentario se ha extendido, señorías, a muchos otros campos, menores, inmigración, violencia doméstica, en cuyos detalles sin duda no puedo hoy detenerme. Sí quiero destacar que en materia de prestaciones sociales las reformas actualmente en curso mejoran, por ejemplo, las prestaciones que afectan a dos millones y medio de viudas, incrementan las pensiones mínimas de más de millón y medio de personas y garantizan el futuro de todo el sistema al culminar el proceso de separación de fuentes de financiación y el de dotación del fondo de reserva.
Para cerrar este capítulo relativo al aumento del bienestar social, mencionaré la flexibilización del requisito de la edad de jubilación para prolongar la vida laboral de quien lo desee o para mantenerla parcialmente haciéndola compatible con una pensión proporcional. Es nuestro propósito continuar mejorando las prestaciones, especialmente las pensiones mínimas, evitar que se expulse prematuramente del mercado laboral a trabajadores capaces e incentivar la prolongación voluntaria de la actividad.
Paso a destacar alguna de las acciones que enmarcaré en el tercero de los grandes objetivos, el de la vertebración de España. Nuestro grupo, señorías, asume, con el deseo de compartirlo tan ampliamente como sea posible, el compromiso histórico de defender el consenso constitucional alcanzado sobre la articulación del territorio y la obligación de preservar el equilibrio que establece el artículo 2 de nuestra Constitución entre unidad y autonomía y solidaridad. En el país más descentralizado de Europa, en nuestro Estado de las autonomías, que hemos logrado construir entre todos, es llegada la hora de no escatimar esfuerzos para salvaguardar con el mismo empeño la unidad de España y la solidaridad entre sus comunidades autónomas.
La vertebración de España pasa por fortalecer y revitalizar las instituciones del Estado, garantizando la independencia y los límites que la Constitución establece para el ejercicio del poder y aunque no sea el único, no es tampoco el menos importante de los propósitos que animan las reformas de la justicia, plasmadas en el gran pacto de Estado al que ya me he referido anteriormente.
La independencia del Poder Judicial y su posición institucional se verán fortalecidas con el equilibrado sistema establecido para la elección de los miembros de su Consejo General. El Tribunal Supremo verá clarificado su rango de órgano jurisdiccional superior y su papel de garante de la unidad de doctrina en todos los órdenes jurisdiccionales. La imagen y la eficacia de la Administración de justicia se beneficiarán de las reformas orientadas a intensificar la profesionalización y mejorar la formación de la carrera judicial, agilizar los procesos sin merma de las garantías, adecuar los medios personales y materiales y modernizar la oficina judicial.
Quiero mencionar también las importantes reformas de nuestra Hacienda pública. La política presupuestaria desarrollada por el Partido Popular en el marco del Pacto de Estabilidad, es indisociable del proceso de modernización de la economía española, que desde hace cinco años nos está conduciendo a la convergencia real con Europa y a elevar el nivel de bienestar. Los efectos de aquella política no se agotan con la eliminación del déficit, objetivo en sí mismo importante, por el cambio radical que supone nuestra cultura hacendística; por el contrario, la estabilidad debe su mayor relevancia a que ha facilitado un apoyo fundamental a la modernización del sector público, ha contribuido al crecimiento y modernización de las empresas y, sobre todo, ha mejorado el nivel de vida de los españoles. Los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria extenderán a todas las administraciones públicas el compromiso de España con el Pacto de Estabilidad, cuyos objetivos nunca podrían consumarse sin la implicación de las administraciones local y autonómica.
En el acuerdo sobre financiación territorial, que pretendemos sin duda concluir, quiero destacar por encima de las condiciones de corresponsabilidad, transparencia y suficiencia, la solidaridad interterritorial, que hará posible la prestación de servicios equivalentes en todas las comunidades autónomas, y ello con independencia de sus recursos presupuestarios, mediante un fondo que garantice, ponderando adecuadamente los criterios de distribución, población, extensión, dispersión, insularidad, aportaciones suficientes a las comunidades menos favorecidas.
La segunda reforma fiscal que nos proponemos acometer no encontrará probablemente una oposición tan frontal como la que se hizo en la primera, la que llevamos a cabo en la legislatura anterior, si nos atenemos al espectacular corrimiento en el sentido de nuestras posiciones, que ha subrayado el presidente del Gobierno, y que, si bien con sorpresa, no podemos dejar de saludar con satisfacción.
Teníamos pendiente una deuda de solidaridad, algo tan indispensable para la vertebración de España como el Plan hidrológico nacional; plan que ha culminado ya su tramitación parlamentaria y que se publicará inmediatamente en el Boletín Oficial del Estado. Estamos orgullosos de que este Gobierno haya tenido la respon sabilidad política y la calificación técnica para reducir los duros perfiles de la más inveterada, lacerante e insolidaria entre todas las históricas divisiones de España: la de la España húmeda y la España seca. Nos proponemos ahora agilizar, en la medida de lo posible, los trabajos para la plena realización del plan en todos su múltiples aspectos, sin reducir las garantías de observancia de sus propios términos y de las normas que lo

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condicionan. La puesta en marcha y la supervisión del plan integral del delta del Ebro serán objeto de la atención necesaria para preservar todos los valores de este entorno tan bello y tan singular.
Señorías, en la consecución de estos grandes objetivos he citado la política económica como el gran instrumento. España continúa creciendo por encima de la media europea. Es una de las economías más abiertas del mundo y sigue diseñando nuevas herramientas liberalizadoras. Tiene unas cuentas públicas sin números rojos, y este equilibrio presupuestario garantizará fuentes financieras más baratas a las familias y a las empresas, asegurará la capacidad de maniobra de los gobiernos y creará más de 300.000 empleos a lo largo de 2001, después de haber creado casi 500.000 en el año 2000. En resumen, las reformas que han pasado por el Parlamento, para configurar la política económica del Gobierno, equivalen a impuestos más bajos, disciplina en el gasto y economía más abierta, competitiva y dinámica.
No se puede hablar de la vertebración de España olvidándose de la primera exigencia para culminarla; me refiero a la erradicación del terrorismo. Por otra parte, el terrorismo requiere una atención especial aquí y ahora por ser el más grave problema que existe en España, que como tal lo perciben los españoles, a enorme distancia de cualquier otro. Si el terrorismo es el primero de nuestros problemas, si el terrorismo es el único problema que nos diferencia del resto de los países europeos, si el terrorismo atenta contra la vida, supremo derecho, y hace imposible el ejercicio de las libertades, ningún demócrata puede poner en duda la necesidad imperiosa de combatirlo con todos los medios disponibles. Si el terrorismo y la democracia constituyen la más irreductible antítesis, cualquier demócrata deberá rechazar la posibilidad de pagar un precio político por erradicarlo.
(Aplausos.) Acabar con el terrorismo es ineludible para el respeto de los derechos y las libertades individuales y hacerlo sin contrapartidas políticas, vulneren o no la Constitución, es una exigencia de la democracia. Por eso hemos alcanzado con el Partido Socialista el pacto por las libertades y contra el terrorismo. Por esas mismas razones nos satisface constatar el largo trecho del camino que hemos conseguido recorrer. Los éxitos que en determinados campos nos han proporcionado la investigación y las actuaciones policiales nos permiten asegurar que podrían conseguirse igualmente en otros y nos dan plena confianza en el éxito definitivo.
Nos alienta la clarificadora actitud de condena de la violencia y de apoyo a la defensa de las libertades que se está manifestando en la Unión Europea de numerosos países que anteriormente daban cobertura a los terroristas o mantenían posicionamientos ambiguos. Especialmente, queremos dejar constancia de nuestro reconocimiento expreso al Parlamento Europeo que, tras otras conocidas actuaciones, acaba de iniciar los trámites conducentes a implantar la orden de busca y captura europea para terroristas, en el marco de nuestras propuestas de crear un espacio efectivo de seguridad y libertad común.
Nos estimula el comportamiento valeroso y ético de muchos intelectuales, que han optado por abandonar pasadas actitudes de pasividad para expresar públicamente su opción por la libertad; nos reconforta el reconocimiento y el desagravio a las víctimas, su liberación del olvido y de la clandestinidad; nos obliga especialmente la voluntad por sobreponerse al terror que muestran quienes lo padecen, abandonando actitudes de resignación o impotencia.
Debo destacar igualmente la eficaz movilización de la sociedad. El esfuerzo por superar el miedo, la presencia en la calle y en la palabra alta y clara de las organizaciones surgidas en defensa de las libertades, que no hay que desactivar, que hay que activar y proteger (Aplausos.), son otras tantas razones complementarias para perseverar en nuestro compromiso por aumentar la eficacia de la lucha antiterrorista, por salvaguardar el Estado de derecho y por garantizar el ejercicio de las libertades.
Diré, señorías, para terminar, que el sentido de la integración sólo puede concretarse en función de una cierta idea de España. La nuestra es inequívocamente la que consagra la Constitución. Por eso nos gustaría encontrar la misma claridad en todas las fuerzas políticas.
Así podremos mantener el próximo debate sobre el estado de la Nación en una España no sólo más próspera sino también más integrada.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Grandes Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta, señorías, procuraré, con la mayor brevedad posible, contestar a las cuestiones que han planteado los portavoces de las distintas formaciones políticas que integran el Grupo Mixto. Lo haré desde un planteamiento de carácter general, y luego entraré en algunas cuestiones concretas que han planteado.
El Gobierno, sin duda, impulsa un proyecto político de carácter general, que ayer fue defendido, en el cual cree que en la legislatura anterior se cumplieron unas bases fundamentales que permitieron que España se haya situado en una posición extraordinariamente positiva a la hora de afrontar las nuevas realidades y los nuevos retos que tenemos delante de nosotros. El ser en este momento un país fundador del euro, el poder afrontar desde una posición económica y social mucho más fuerte los elementos que significan impulsos de progreso del país, todo lo que ha significado la fortaleza de la proyección exterior de España, todas estas cuestiones de modernización de nuestro país determi-

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nan que estamos en muy buenas condiciones para afrontar nuevos retos y nuevas ambiciones. Y los españoles, hace un año, dieron una demostración de confianza apoyando mayoritariamente un proyecto político, que es el que estamos poniendo en marcha. Quiero decir que, desde el punto de vista de los compromisos del Gobierno, nosotros tenemos compromisos con el país, con los electores, que son los que ponemos en marcha, cotidianamente, en el ejercicio de nuestra tarea de Gobierno.
Además de eso, se puede decir si ese proyecto responde, dentro de un marco general, a lo que es la expresión, la proyección de una cierta idea de España. Sin duda, les tengo que decir que sí. No me preocupa nada que me puedan criticar diciendo que proyecto una idea de España.
Me preocuparía mucho que me dijeran que no proyecto ninguna o que no somos capaces de hacer un impulso de vertebración o de cohesión del país. Eso sí que me preocuparía mucho. Mientras nosotros podamos poner encima de la mesa y nadie, con los hechos, pueda desmentir lo que significa la vigencia de la España plural, de la España posible, de la España de la convivencia, que es la España de la Constitución, y eso lo proyectemos desde la cohesión y desde la pluralidad, lo vamos a seguir haciendo porque es lo que quieren los españoles y, además, es lo que responde a nuestras convicciones. Por tanto, quiero decir que hay un proyecto de carácter general. (Aplausos.) Desde ese punto de vista, supone la reafirmación del pacto constitucional y establecer los mecanismos esenciales de cohesión y de coordinación de política económica y social; mantener los elementos básicos de lo que significa la cohesión social del país; saber identificar, dentro de la pluralidad cultural, los elementos en común -que los hay, aunque moleste a alguna de SS.SS.- y saber que la proyección exterior de España tiene que tener elementos de pluralidad, pero tiene que ser, sin duda, una proyección exterior común que nos permita mejorar nuestra posición en el mundo.
Señorías, ese es un proyecto y ese proyecto, en el debate del estado de la Nación que celebramos en este momento, quiere dar un nuevo impulso reformista en nuevas materias que, sin duda, son muy importantes. Entre otras cosas, he propuesto unas reformas educativas completas, para mejorar la calidad de la enseñanza de nuestro país; hemos propuesto, y vamos a poner en marcha, una reforma completa de la justicia; he anunciado una nueva reforma de nuestro sistema tributario, nuevas rebajas de impuestos y, por supuesto, también vamos a afrontar un nuevo sistema de financiación autonómica. Si podemos impulsar esas cuatro reformas (insisto, nada menos, educación, justicia, fiscalidad y financiación autonómica) en un marco que nos permita seguir creciendo y, además, que nuestro país pueda seguir creando empleo, evidentemente, es algo que alguna de SS.
SS. podrá entender que no responde a la realidad del país, pero yo creo, sinceramente, que responde a la realidad del país. Por lo menos, hace un año, más de diez millones de ciudadanos dijeron: Les creemos y les apoyamos. Tengo la impresión de que la mayoría sigue apoyando ese proyecto y voy a hacer lo posible por seguir convenciendo a la mayoría para que siga apoyando ese proyecto, porque creo que es el que conviene a nuestro país.
Desde el punto de vista de lo que es el desarrollo del Estado de las autonomías, el elemento básico es el sistema de financiación. Yo comprendo que se tengan que utilizar expresiones como que hay una involución autonómica, un parón autonómico, pero decía ayer, y lo vuelvo a repetir, que vivimos el momento de desarrollo del Estado de las autonomías más amplio desde el comienzo del proceso.
No existe en términos políticos comparados un proceso con la profundidad del español que se haya llevado a cabo en el tiempo que se ha realizado en nuestro país; no existe. No existe un proceso de distribución del poder territorial y del gasto tan vertiginoso como el que se ha hecho en España en ningún sistema comparado, en ningún sitio. Como alguien decía ayer, lo podemos decir y lo debemos decir, porque es una de las apuestas más importantes que tenían la transición democrática y nuestra Constitución, y sin duda se está zanjando y se está desarrollando con un éxito importante. Ahora bien, señorías, eso hay que enmarcarlo en la situación general de nuestro país y en el área esencial a la que pertenece España en este momento, que es la Unión Europea, y especialmente el euro. Ahí es donde nacen, como he explicado, algunas obligaciones a las que tenemos que hacer frente, como la Ley de estabilidad presupuestaria. La Ley de estabilidad presupuestaria es el compromiso de todos con el crecimiento de nuestro país, salvo que alguien quiera volver a los tiempos del déficit y del endeudamiento. Yo digo: volver a los tiempos del déficit y del endeudamiento es volver a los tiempos del paro, y yo no quiero volver a esos tiempos, señorías, ni voy a proponer al país que lo haga, porque creo que no son los buenos.
La estabilidad presupuestaria es un elemento básico para garantizar el crecimiento de nuestro país y para que, dentro de la distribución del gasto que hay en España, todas las comunidades autónomas puedan aportar al crecimiento del país. ¿O es que tendría alguna lógica que cuando la Administración general del Estado o el Gobierno va a administrar sólo el 40 por ciento de los recursos fuese el único que tuviese obligaciones de estabilidad, y que los que administran el 60 por ciento no tuviesen ninguna? Ese no es un sistema lógico, es un sistema absolutamente ilógico. De lo que se trata es justamente de que esa tarea de cooperación y de estabilidad sea útil para todos.
Eso es lo mejor que se puede hacer también desde el punto de vista del crecimiento y del desarrollo de las comunidades autónomas, sobre todo de aquéllas que tienen más posibilidades decrecimiento, que fue lo que algunos no entendieron,

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entre otras cosas, del anterior sistema de financiación autonómica.
Se dijo que el anterior sistema de financiación autonómica era un desastre, que era injusto y que desvertebraba el país. Al final, hubo algunos que no quisieron estar en ese sistema. ¿Qué pasó? Que se equivocaron, porque el sistema les hubiera beneficiado mucho, y ahí tienen en este momento su responsabilidad. Es un sistema de financiación que ahora hay que mejorar desde el punto de vista de la distribución del gasto en nuestro país y hacerlo más estable, más corresponsable y más solidario. ¿Qué significa esto entre otras cosas? Que cuando uno administra ya un volumen de recursos muy importante, tiene que dejar de utilizar en los discursos y en los planteamientos políticos el latiguillo de la culpa la tiene aquél -o sea, lo que se llama a veces en la jerga política Madrid- o a Madrid hay que arrancarle no sé qué. No, a Madrid ya no hay nada que arrancarle y, además, no tiene la culpa. Las responsabilidades son responsabilidades compartidas y son las que hay que asumir. Ese es el nuevo esquema y el nuevo sistema en el cual estamos. Y si no se entiende esto, en el marco además de una zona económica compartida como es la del euro, algunos tendrán algún problema al respecto. El Gobierno tiene que velar por eso y tiene que velar por la coherencia del sistema de financiación autonómica y por la coherencia de las medidas que se adoptan.
Se podrá pensar que recurrir el impuesto sobre grandes superficies es un atentado a la autonomía catalana. No, señoría, es la defensa de la Ley Orgánica de financiación de comunidades autónomas y es la defensa de lo que significa un principio básico de unidad fiscal en el país, en el sentido de que no se pueden gravar por distintos impuestos dos hechos imponibles iguales, y como quiera que eso está gravado por otro impuesto, no se puede volver a gravar. No tiene nada que ver con la autonomía de Cataluña ni con ninguna autonomía, tiene que ver con el funcionamiento del sistema fiscal. Lo mismo digo en relación con la ecotasa o el impuesto de Baleares, que además de parecerme un grandísimo error, afecta a hechos que están gravados y son principios básicos de un sistema fiscal. Como se sabe, al final, lo que ocurre es que o se tiene un sistema fiscal o no se tiene. Nosotros tenemos un sistema fiscal, que funciona razonablemente bien, que además vamos a mejorar y que estamos dispuestos a seguir manteniendo en el futuro con nuevas reformas.
Por lo que respecta, señorías, a las cuestiones a las que se han referido en términos de empleo, ya conocen SS.SS. los datos generales, pero los vuelvo a repetir. A la hora de pintar la realidad, les rogaría que me dijeran si algún dato de los que doy no es cierto, si no es cierto el número de empleos creados en esta legislatura, más de 400.000, si no son ciertas las cifras de Seguridad Social, si no son ciertas las cifras de reducción del paro y si eso parece bien o mal, porque parece que tenemos que pedir perdón por haber creado en España dos millones y medio de puestos de trabajo. No lo voy a hacer.
(Aplausos.) Señoría, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma de Galicia sin duda hay que mejorar el empleo, como en otras comunidades autónomas, pero toda la catástrofe que ha pintado el señor portavoz del Bloque Nacionalista Galego se traduce en que el empleo ha aumentado prácticamente un 7 por ciento en los últimos años, en que hay más de 60.000 gallegos que trabajan hoy que hace cinco años no lo hacían, en que el paro registrado ha descendido en 58.000 personas y, además de eso, en que hay 142.000 ocupados más en la Seguridad Social; es decir, se baja el paro un 31 por ciento, aumenta el empleo un 7 por ciento y las cosas son una catástrofe; señoría, no estoy de acuerdo.
Se podrá decir: Hay que hacer más. Vamos a procurar hacer más y por eso sigue el proceso de creación de empleo, pero plantear esto en los términos catastróficos que se han manifestado me parece sencillamente, con toda franqueza, no estar en la realidad, salirse de la misma. Algunos, legítimamente porque es una opción política, se suman luego a la convocatoria de huelgas generales que fracasan también en Galicia; otros dedican sus esfuerzos a procurar que haya más empleo para todos los gallegos y lo seguiremos haciendo de esa manera.
En lo que se refiere, por ejemplo -me parece que lo ha planteado el portavoz de la Chunta Aragonesista-, a la situación del empleo en Aragón, me sorprende lo que he escuchado, señoría, porque hay 60.000 aragoneses más ocupados que hace cinco años, porque la tasa de paro en Aragón ha descendido un 44,6 por ciento y porque hay 78.000 ocupados más en la Seguridad Social aragonesa. Me sorprende. Y me sorprende cuando resulta que la tasa media de paro masculino en Aragón está en el 4 por ciento. Entonces se dice: La tasa de paro en Aragón es una catástrofe. Está en el 4 por ciento, que puede ser muchas cosas, pero no puede ser una catástrofe. En términos de encuesta de población activa, Aragón tiene una media de paro del 8 por ciento, incluyendo el desempleo femenino. ¿Cómo se pude decir que los datos de empleo de Aragón no son positivos? Yo hablo con los diputados del Grupo Popular de Aragón, que son bastantes, y además quiero recordar que ganamos las elecciones defendiendo el plan hidrológico. (Aplausos.) Estos son los datos.
Dice el portavoz del Grupo Andalucista en materia de empleo que no distinguí ayer entre regiones o comunidades en las que el paro masculino está en situación casi de pleno empleo y otras. No, exactamente es lo que hice; es decir, nuestro problema en este momento es que existen unas comunidades que tienen casi pleno empleo masculino y otras que tienen todavía el doble de paro de la tasa media europea, ese es el problema. Lo que hay que ver ahora es si se está avanzando en ese terreno o no. Cita S.S. la comunidad autónoma andaluza, donde en los últimos cinco años hay 492.000 ocupados más y hace falta, señoría, decir que ha bajado la

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tasa de paro en un 34 por ciento y que hay 568.000 cotizantes más en la Seguridad Social. Estos son los datos. No me estoy inventando ninguna realidad, señoría, esos son los datos de la realidad, y me gustaría que todavía fuesen mejores, y lo que hemos propuesto a lo largo de este debate y en tiempo sucesivo es que esos elementos puedan ser mejores todavía de cara al futuro.
Sus señorías me han hablado de distintas cuestiones en relación con inversiones y me perdonarán si no puedo entrar con todo detalle en las mismas en algunos casos. El representante del Bloque Nacionalista Galego ha dicho que el Gobierno, poco más o menos, ha maltratado a Galicia con las medidas adoptadas para reparar los daños causados por las lluvias y temporales. Sinceramente, señoría, aparte de conocer el real decreto, porque fue aprobado en Consejo de Ministros, aquí tengo los daños en infraestructuras públicas, los beneficios fiscales, las reducciones fiscales para actividades agrarias y pesqueras, las medidas laborales, los regímenes de contratación, las ayudas de emergencia, los créditos extraordinarios, la cooperación con las administraciones locales, es decir, es un real decreto, como todos los que se hacen en este campo, bastante completo respecto de lo que significa esa situación. Señoría, las inversiones en Galicia crecen, del año 2000 al 2001, un 11,89 y pasan a suponer 91.421 millones de pesetas. Quiero decirle que me parece bastante relevante que, aunque algunos no confiaban en eso ni apostaban políticamente por eso, las conexiones por autovía con Galicia estarán plenamente terminadas este año -y es una inversión muy importante- y que en el horizonte 2000- 2007 existen inversiones por importe de más de 214.000 millones de pesetas, de los cuales este año ya se destinarán 14.420. En las infraestructuras ferroviarias se ponen en marcha los accesos al noroeste y, además de eso, hay un convenio con la Junta de Galicia, y me parece muy bien y agradezco mucho el esfuerzo que hace la Junta de Galicia para hacer ese convenio de infraestructuras. Está planteado el desarrollo de la alta velocidad en Galicia y hay previstas inversiones portuarias por importe de 130.000 millones de pesetas.
Respecto a lo que ha dicho S.S. de los emigrantes, hemos incrementado el poder adquisitivo de las pensiones asistenciales. El crecimiento de esas pensiones ha sido de un 10 por ciento. Se ha ampliado la cobertura sanitaria, lo que ha supuesto un incremento del 22,2 por ciento y 1.100 millones. Se ha aumentado la formación a hijos de emigrantes. Se han concedido ayudas para el autoempleo y la creación de pequeñas empresas. Se han establecido pensiones de jubilación para los emigrantes retornados y, a los que lo necesitan, se les ha facilitado el subsidio de desempleo y se ayuda con programas específicos, que importan casi 400 millones de pesetas, a su integración en el mercado laboral y a la formación de los trabajadores.
Por lo que se refiere, entre otras cuestiones que SS.SS. han planteado, al impulso de inversiones en la Comunidad Autónoma de Aragón, en los próximos años, entre el Plan de infraestructuras presentado por el Gobierno, por el ministro de Fomento, y el del Ministerio de Medio Ambiente, serán aproximadamente unos 800.000 millones de pesetas los que se van a invertir en Aragón. Quiero decirle que en este momento el Gobierno ha impulsado el tren de alta velocidad de Zaragoza a Huesca, que a finales del año 2002 tendrá servicio hasta Lérida. Va a haber una conexión Zaragoza-Teruel. Se está en la reapertura del ferrocarril del Canfranc electrificado y en ancho internacional. La autovía Zaragoza-Huesca-Nueno ya está en servicio de continuidad. La autovía Zaragoza-Teruel ya está en cuatro tramos. Va a producirse la apertura del túnel de Somport. Hay una importantísima inversión para la transformación de las comarcas mineras en Teruel y, luego, están las obras del Plan hidrológico nacional. Les quiero decir, señorías, especialmente al representante de la Chunta Aragonesista, que el Gobierno y su grupo parlamentario que han presentado el Plan hidrológico nacional y son coherentes con él, lo van a seguir manteniendo y lo van a seguir defendiendo. Me gustaría conocer en qué perjudica el plan hidrológico a Aragón.
Además de hacer la regulación de obras de agua del Ebro y las obras establecidas en el pacto del agua hecho y suscrito por todas las fuerzas políticas aragonesas, además de eso y de lo establecido en el Plan de regadíos, dígame, por favor, en qué perjudica el Plan hidrológico nacional a Aragón, porque los regantes aragoneses apoyan el Plan hidrológico nacional. Quiero decirle que yo estoy absolutamente convencido de que los aragoneses que puedan tener algunas dudas acabarán viendo la conveniencia de ese Plan hidrológico nacional, pero tengo que decirle también que nosotros seguiremos defendiendo con coherencia, como el partido más votado en Aragón, que el Plan hidrológico nacional es bueno para España y es bueno también para los aragoneses. Y si alguien me dice a quién perjudica, yo se lo agradeceré mucho porque hasta ahora no lo he sabido. (Aplausos.) Señorías, tampoco creo que tengamos que pedir especiales excusas por la situación en la cual se determinan inversiones en la Comunidad Autónoma de Cataluña que, como ya dije ayer, van a suponer aproximadamente un billón y medio de pesetas del año 2000 al año 2007, y que sin duda son elementos muy importantes y hay inversiones ya muy importantes como el tren de alta velocidad al que se está refiriendo. Ese tren tiene ya 332 kilómetros de plataforma terminada, según me acaba de decir el ministro de Fomento, y otros 228 hasta Barcelona en ejecución. ¿Tenemos que pedir disculpas por eso? Creo sinceramente que no, creo que es algo bueno, creo que es algo positivo. Podemos decir que en carreteras se va a invertir en los años que vienen 242.000 millones; este año la inversión en Catalu-

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ña es de 267.936, ha aumentado el 26,06 por ciento con relación al año anterior, y creo que la situación de empleo en la Comunidad Autónoma de Cataluña es extraordinariamente satisfactoria. Me gustaría que esta situación de empleo fuese generalizable a las demás comunidades autónomas de España, lo que siento es que no lo sea. Me importa mucho decir que la comunidad autónoma catalana, sin duda teniendo que hacer todavía esfuerzos de reducción de algunos elementos de paro, en muchas de sus zonas, en muchas de sus comarcas, vive prácticamente una situación de pleno empleo, y lo que tiene es en gran medida carencia para encontrar mano de obra cualificada; de ahí, evidentemente, surgen algunos temas que son sensibles en la comunidad catalana respecto de determinada mano de obra que viene del exterior.
Señorías, voy a hacer dos comentarios finales. Uno, en relación con el representante de Iniciativa per Catalunya, al cual le diré, para que no tenga ninguna duda, que yo respaldo a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que respaldo lo que ha dicho el ministro del Interior y vicepresidente primero del Gobierno respecto a la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en Barcelona, y quiero recordarle que no me parece razonable confundir el Colegio de Abogados de Barcelona con la comisión de defensa del Colegio de Abogados de Barcelona, y que hay que atender también a las declaraciones que han hecho algunos representantes del Colegio de Abogados de Barcelona.
No me parece tan razonable comprender que se puedan cometer, amparándose en manifestaciones pacíficas, por grupos organizados bien coordinados y bien financiados actos de violencia contra las personas y contra las cosas, y desde luego la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado allí, como en otras partes, ha sido siempre una actuación desde la profesionalidad y desde la eficacia, como estoy seguro que seguirán manteniendo en el futuro. No es este un elemento ni de Barcelona ni español -lo hemos hablado el otro día con motivo del Consejo Europeo celebrado en Gotemburgo-, son fenómenos más generales, son fenómenos más globales. Por eso harán muy bien los ministros de Interior de la Unión Europea, como ya han acordado, en ponerse, por decirlo de esta manera, manos a la obra para impedir que este tipo de cuestiones puedan ser manipuladas. Una cosa es manifestarse pacíficamente contra la globalización o contra lo que uno quiera, o, si me permite la expresión, contra lo que a uno le dé la gana, y otra cosa distinta es dedicarse a romper lunas, a asaltar tiendas, a romper el mobiliario urbano o a hacer en una ciudad lo que no se puede hacer desde el punto de vista de la violencia. Para eso están las fuerzas de seguridad. (Aplausos.) Desde ese punto de vista, quiero decirle que me parece muy razonable la posición que ha adoptado tanto el alcalde de la ciudad como el Gobierno autónomo de Cataluña.
Por último, por lo que se refiere al planteamiento de la señora Lasagabaster, simplemente ratificarme en las palabras que dije ayer.
Creo, señoría, que tenemos el derecho a plantear nuestras alternativas democráticas también en el País Vasco, y creo que tenemos el derecho a haberlo hecho y a seguirlo haciendo. Pues eso es lo que yo quiero decirle, señoría, que lo hemos hecho y lo vamos a seguir haciendo y que, además de eso, espero a cuál vaya a ser la administración de ese triunfo electoral que SS.SS. han tenido, pero no confundamos los términos en relación con cuál es el problema que hay que resolver y cuáles son las iniciativas que se plantean.
Yo dije ayer, y a S.S. eso le va a sonar muy cercano y muy familiar, cuáles son algunas propuestas de diálogo que se plantean: la síntesis democrática, que ya está planteada públicamente. Lo repito, señoría, la síntesis democrática consiste en la territorialidad y la soberanía, el reconocimiento de la autodeterminación a los cuatro años, la federación con Navarra y, además de eso, que por supuesto en la mesa esté sentada Herri Batasuna. Con estas cosas, señorías, a algunos no se les van a pasar las ganas de seguir cometiendo actos terroristas.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señor presidente, llama la atención su intento de descalificar a algunos grupos políticos de esta Cámara diciendo que no tenemos una idea del Estado español, pero yo creo que de sus palabras se traduce que hay una idea con la cual por lo menos el Bloque Nacionalista Galego no está de acuerdo, porque es una idea que repercute negativamente en el equilibrio territorial del Estado y en el derecho a tener una situación política digna y en plano de igualdad entre todas las naciones que lo conformamos. Si no, no estaríamos en desacuerdo con eso que ustedes llaman pacto constitucional, que por cierto es una manera enrocada de interpretar la Constitución a su capricho, porque puede haber otros pactos constitucionales que hagan hincapié en otros problemas, orientados de otra manera y con otras interpretaciones.
No le quiero recordar a usted una serie de artículos de la Constitución, que si fuesen interpretados de forma colectiva entre las naciones que integramos el Estado español, el resultado final sería muy otro. Pero me interesa sobre todo detenerme en aspectos concretos que lo demuestran. Usted habla de que el sistema de financiación es neutro y muy positivo para todas las comunidades autónomas, pero yo le quiero decir que el sistema de financiación que ustedes preparan, como los que hubo hasta ahora, para Galicia no es válido. Podría haber otro muchísimo mejor, y en concreto uno que

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tuviera en cuenta el impuesto sobre sociedades o la participación final en el IVA por la población que tenemos y que cotiza por él. Por cierto, quiero dar un dato muy alarmante sobre ese gran Estado descentralizado que dice usted que es España. ¿Se concibe que Madrid, la capital del Estado español, reúna prácticamente la mitad de los impuestos que se pagan en el Estado español? Esto prueba que este es un Estado centralizado desde el punto de vista económico, y yo no tengo ningún tipo de prurito hostil contra Madrid, lo que le digo es que si el sistema de financiación autonómico fuera de otro tipo esto variaría radicalmente, porque mucha parte del impuesto sobre sociedades no aparecería cotizando en Madrid y mucha parte del IVA no aparecería cotizando en Madrid. Por tanto, se trata de discutir el modelo territorializado de dónde se pagan los tributos y, por tanto, dónde se deposita ese dinero, y para Galicia repercute negativamente.
Segundo, alarma que usted diga que este es el poder autonómico más grande de la Unión Europea. Sin ir más lejos, en Estados que no tienen problemas nacionales dentro, como el Estado alemán, no tienen inconveniente ninguno en que sus landers estén representados en la Unión Europea, y usted sí. Por cierto, yo vivo en una comunidad autónoma donde en las rías manda todo el mundo menos la Consellería de Pesca, yo no sé si es porque el Partido Popular no quiere ejercer las competencias o porque las ejercen sobradamente la Autoridad Portuaria o el Ministerio de Medio Ambiente. Eso no es un Estado mínimamente coherente, incluso desde el punto de vista competencial.
Tercero, señor Aznar, la estabilidad presupuestaria se puede conseguir de muchas maneras: o aumentando los ingresos, que también se pueden aumentar, o reduciendo los gastos. Ustedes están optando por reducir los gastos sociales.
Cuarta cuestión fundamental para nuestro país. Me parece muy bien que diga usted que se invierte mucho en Galicia, pero es que da la casualidad que los datos de inversión que usted me dio corresponden, ni más ni menos, que a la inversión por autovías, que son las últimas del Estado, se lo vuelvo a repetir, que tenían que haberse terminado en el año 1995, estamos en el año 2001 y no se han acabado. Usted podrá decir que eso es culpa de los demás, pero ustedes también están acumulando retraso tras retraso.
Por otra parte, del tren ya prefiero no hablar. Pero le quiero decir una cosa. Me parece muy bien que usted diga que le parece bárbaro que la Administración autonómica pague. ¿Por qué no pagan los demás sus trenes de alta velocidad? Curiosamente, hay una discriminación en negativo para Galicia, precisamente una comunidad autónoma a la que no le sobran los dineros.
Respecto a las cuestiones de carácter social, el Partido Popular tiene una manera peculiar de interpretar las cifras, la macroeconomía. ¿Cómo se puede entender que un país como Galicia, que tiene menos del 48 por ciento de la población activa, es decir, menos de la mitad de la gente que está en edad de trabajar no trabaja, tenga la tasa de paro más alta que la media del Estado español? En concreto, en el año 2001, el 13,43.


La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Voy acabando, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: No, le ruego concluya, por favor.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Ahora tenemos el 15,07, cuando partimos del 17,61 en el año 1995. Tenemos los niveles de renta más bajos del Estado; tenemos emigración y parece mentira que a estas alturas los jóvenes de Galicia se tengan que ir incluso a Canarias. Se lo podía explicar muy bien el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Y, además, tenemos el envejecimiento de la población y la despoblación de muchas zonas más grande y progresiva del Estado español.
No dice usted nada sobre una cuestión muy importante para nosotros, que es la forma en que se ejerce el voto de los emigrantes en Latinoamérica. Y explíqueme otra cosa, señor Aznar, ¿por qué razón, teniendo el 5,72 por ciento de la producción total agraria, recibimos de los fondos europeos el 1,51 por ciento, siendo la comunidad autónoma del Estado español con más población agraria porcentualmente?

La señora PRESIDENTA: Señor Rodríguez, le ruego concluya definitivamente.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Y en lugar de recibir casi un billón de pesetas, recibimos 14.650 millones de pesetas.
Señor Aznar, yo creo que no valen interpretaciones empíricas superficiales, hay que ir a la interpretación cualitativa de los problemas. Y yo le digo que sin ser catastrófico, porque nosotros acreditamos nuestro país hasta el extremo de creer que incluso en un sistema de financiación en el que nosotros nos autorresponsabilizáramos, saldríamos adelante -y esto prueba que no somos catastróficos-, sin embargo, su interpretación sí que es un diseño marginal y nos quiere seguir manteniendo en el servilismo, y nosotros no estamos de acuerdo.
Nada más y muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.


El señor NUÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, si conviene usted con-

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migo, salga un segundo del aplaudiómetro de la Cámara y vayamos a la calle a ver algunas situaciones concretas. Porque yo convengo con usted en las cifras. Las cifras que está dando en valores absolutos son ciertas y, por tanto, no vengo aquí a discutirlas, sino a corroborarlas. Estoy hablando de situaciones relativas. Estoy hablando de cómo yo envidio la situación de algunos lugares que usted ha citado, señor presidente, con pleno empleo técnico, porque las cifras que ha dado de paro son casi de pleno empleo técnico. Yo las envidio, no tengo nada que decir. En esta Cámara yo he expuesto que la situación no es nada homogénea y no hay que decir que a mí me gustaría que no fuera así, sino cuáles son las medidas que hay que adoptar para que se produzca esa aproximación en nivel de bienestar, en nivel de crecimiento en PIB. Usted sabe que la cifra de productividad, de valor añadido bruto per cápita, por ejemplo, en Andalucía, es casi un 70 por ciento menos que la media española.
Usted sabe que, puestos a dar cifras, en todos lados no pasa lo mismo. Y no consuela nada a los que se ahogan ver una multitud tranquila en tierra. Yo creo que hay que estar pendiente de dónde van peor las cosas.
Su Gobierno, señor presidente, por decirle algo respecto al modelo de transferencias, lleva dos años sin producir las cesiones en las políticas activas de empleo, cuando en esta Cámara ha habido compromisos del ministro de que se cerraban el año pasado y eran efectivas el 1 de enero de este año. Podíamos convenir hoy -hay una resolución al respecto- en ser capaces de cerrarla este año y que sean eficaces esas políticas activas el 1 de enero del año que viene, que no es un problema competencial, es un problema de que el paro en determinadas comunidades requiere de una medicina, de un tratamiento distinto del de la media. Por tanto, requiere articular esas políticas activas de empleo con otras medidas de los gobiernos autonómicos mucho más próximas a él. Yo le rogaría, señor presidente, que acelerara esas transferencias de políticas activas. Le rogaría también que visitara Andalucía, concretamente la provincia que represento, Cádiz, para que viera con qué desesperanza ve la gente esas cifras en determinados lugares; cifras que en valores absolutos son espectaculares (ha citado usted más de 400.000 empleos), pero ¿sobre qué población? Es que somos más de siete millones de personas y estamos en unos tantos por ciento relativos mucho más bajos, es que estamos a más distancia, señor presidente. Somos ya casi un tercio del paro de España y éramos la cuarta parte. Vamos más despacio y son necesarias políticas de corrección de desequilibrios. Lo que le pido, señor presidente, son acciones concretas (me gustaría apoyarlas si las toma) sobre la corrección de desequilibrios y que en la nueva fórmula de financiación autonómica estuvieran razonablemente dotadas en un escenario temporal lógico.
La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Termino, señora presidenta.


¿En cuánto tiempo vamos a converger? ¿En 10 años? ¿En ocho? ¿En 20? ¿En 40? Porque al ritmo de crecimiento actual, nunca. Conviene que hagamos unos escenarios donde podamos transmitir a las personas que en un tiempo razonable, porque todo no se puede arreglar en un año, seremos capaces de converger todos en un bienestar y en una riqueza que se distribuya con justicia y equidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, a favor de su intervención voy a decir una cosa: es necesaria una reforma de la educación. Lleva usted razón y esto lo comparte toda la comunidad educativa. Los maestros son profesores que quieren enseñar, no celadores ni guardias de seguridad, privados o no, en este caso. En esto lleva usted razón y estaremos con ustedes para buscar la mejor fórmula para mejorar la educación y la situación del profesorado. Pero que no sirva esto para recuperar competencias de aquellas comunidades que tienen la competencia exclusiva en educación, porque su política reiteradamente persigue legislar para recuperar competencias.
En contra, sólo tres cosas. Hace poco en esta Cámara, el diputado Ayala, de Murcia, tuvo una actitud de agresividad absoluta y de incomprensión a la situación de los peajes en Cataluña. Se pedía un fondo de rescate para todo el Estado, no sólo para Cataluña, que sirviera para equilibrar los precios del peaje entre ocho y diez pesetas por kilómetro, que sirviera para recuperar o recomprar tramos de peaje y sirviera para liberar la circunvalación de las grandes concentraciones urbanas. Fue de una incomprensión absoluta y es una situación que en Cataluña les va a explotar en las manos. Los resultados ya están a la vuelta de la esquina. Cada día hay más grupos organizados contra la situación de los peajes y la discriminación en Cataluña. Porque hay peajes y peajes. Hay peajes que se convierten en única vía. Por ejemplo, la A-7, que es la entrada natural por la frontera francesa. No hay alternativa, no hay una autovía gratuita paralela a la A-7 para poder circular. La A-7, en Cataluña, es una carretera de peaje porque no hay alternativa.
Segunda cuestión. Usted habla de la gran inversión del Gobierno en Cataluña. Es verdad. Pero me viene a la memoria lo que decían diferentes comités de empresa de Renfe en Cataluña, que hablaban de un concepto

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que se llama canibalización de líneas. La gran inversión pública en Cataluña se la lleva el tren de alta velocidad, que será muy necesario, pero usted no puede olvidar que el stock de capital público de inversión en infraestructuras en Cataluña está muy por debajo de la media en lo que se refiere a carreteras. Hay una gran demanda de carreteras y de creación de autovías libres de peaje, eso sí, sobre todo finalizar la Nacional II hacia Lleida o Girona, o la Nacional 340 en Tarragona.
Tercer punto. Ustedes dicen que tienen que recurrir si hay leyes que van contra la legalidad, como es el caso del impuesto de las grandes superficies comerciales, que se creó a propuesta de Esquerra Republicana de Cataluña. Lleva usted razón, pero esto representa el uso y el abuso del recurso de anticonstitucionalidad. Fíjense, tienen recurridas cinco leyes del Parlamento de Cataluña: Protección Civil de Cataluña, asociaciones, carta municipal de Barcelona (que resulta chocante, puesto que ustedes intentan oponer sistemáticamente municipios a comunidades autónomas), apoyo a las elecciones catalanas y el impuesto sobre grandes establecimientos comerciales.
Una reflexión final, señor Aznar, un Estado compuesto, un Gobierno del Estado que quiera hablar, dialogar, tiene que recurrir, si cree que afecta a la legalidad (en eso estamos de acuerdo), pero ipso facto, inmediatamente; tiene que dialogar, buscar soluciones sobre lo que se recurre, buscar la fórmula para que los gobiernos autónomos puedan llevar a cabo sus reformas y sus propuestas. Si usted no permite ni que el Gobierno balear lleve a cabo la ecotasa ni que el Gobierno de Cataluña grave las grandes superficies, dígame usted qué capacidad normativa tenemos para hacer nuevos impuestos. Cada vez que un Gobierno autónomo ha creado un nuevo impuesto, ustedes lo han recurrido. No hay margen. Así la autonomía financiera es falsa.


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Acabo, señora presidenta.
Aquí se descubre la trampa, la autonomía financiera que pueden tener las comunidades autónomas es falsa, no existe. Su margen de maniobra es absoluto y el margen de maniobra de las comunidades autónomas, en este caso Cataluña y las Illes Balears, es negativo.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, vamos a dedicar dos día a debatir el estado de la Nación, pero la sociedad española va a salir de aquí sin saber por boca de su presidente de Gobierno qué va a hacer si algunos ministros suyos son imputados. Es decir, se va a acabar el debate y el presidente del Gobierno, que en otros tiempos había sido un paladín, había hecho de las cuestiones éticas unas propuestas avanzadas en relación con la ética, hoy, en estos dos días no responde, no a nosotros, a la sociedad española si va a ser coherente con lo que dijo hace seis, siete u ocho años; es decir, la sociedad española no va a saber cuál va a ser la actitud del presidente del Gobierno en el caso de que el señor Piqué y el señor Matas sean imputados.
Barcelona, señor Aznar. Cuando usted sale aquí para hablar de Barcelona, después del clamoroso silencio, y dice: Yo respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado, ¿qué está diciendo? Lo que está diciendo es que no todo el mundo las respalda; está diciendo eso. Y lo confirma. Pues, fíjese, me gustaría más un presidente del Gobierno que dijera: Yo respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado siempre y cuando garanticen los derechos constitucionales, porque la actuación de la Policía de Barcelona ha sido una actuación policial sucia, y el respaldo a las fuerzas de seguridad del Estado no puede ser un cheque en blanco. Cuando ha habido gobiernos que han dado cheques en blanco a las fuerzas de seguridad del Estado las cosas han ido muy mal. Acerca de la actuación de Barcelona, no sé si policías infiltrados tiraron piedras, no lo sé pero, por lo que yo ví y por lo que está publicado en fotografías de Barcelona, no puede ser que las fuerzas de seguridad del Estado salgan -cien o doscientos- con pañuelos con anagramas de la bandera catalana o con pegatinas de los partidos para infiltrarse con barras de hierro o con palos. Por tanto, cuando usted dice que respalda a las fuerzas de seguridad ¿qué está diciendo? ¿Usted está diciendo que respalda la utilización de armas no reglamentarias por las fuerzas de seguridad? ¿Está diciendo eso, señor Aznar? ¿Usted está diciendo que, como ocurrió, porque lo vi, se cargó contra manifestantes pacíficos sentados? No ha contestado a una pregunta clave que han hecho todos los medios de comunicación. Barcelona no fue Gotemburgo, no fue Seattle. ¿Sabe usted cuántas personas había al inicio de la manifestación con actitud violenta? No pasaban de 40, y eran absolutamente identificables porque estaban fuera de la manifestación. Pregunte usted si hubo responsables del servicio de orden que se dirigieron a la Policía preguntando por qué no los detenían. El señor Rajoy dice desde Madrid, y simplemente por informes: Había problemas con la manifestación. Si usted conociera el Paseo de Gracia y cómo fue la manifestación, señor Rajoy, no podría decir esto. No haga gestos, señor Rajoy. La manifestación transcurría por la calzada central con un servicio de orden hecho por una cadena humana; hay una acera, dos carriles y a 30 metros ocu-

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rrían los destrozos que hacían 40 ó 50 personas. Esto lo dicen todos los medios de comunicación, hablen con las 350 ONG. Usted dice: Esto no lo dice el Colegio de Abogados -intenta ridiculizar- lo dice la comisión. Fíjese si en acuerdos que aprobamos en las Comisiones de este Congreso alguien saliera de forma ridícula diciendo: Eso no lo dice el Congreso.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, le ruego concluya.


El señor SAURA LAPORTA: Concluyo, señora presidenta.
El Colegio de Abogados, los medios de comunicación y las ONG han denunciado la provocación y la violencia de los grupos alborotadores que rompieron escaparates, han denunciado la pasividad incomprensible de la Policía ante estos hechos y han denunciado que no se pueden tener actuaciones policiales sucias.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señor presidente del Gobierno, claro que usted puede defender sus ideas, y supongo que yo también las mías, ¿verdad? No lo sé, según usted no lo sé. En todo caso, lo que usted no puede hacer es abusar de su responsabilidad y de su cargo como presidente del Gobierno central; eso es lo que usted no puede hacer, y es lo que usted ha hecho a lo largo de este tiempo: utilizar bajo su responsabilidad y por su cargo del presidente del Gobierno del Ejecutivo central los instrumentos que tiene a su alcance para tratar de imponer directa o indirectamente sus ideas.
Eso no es admisible.
Segunda cuestión. Tiene derecho a defender sus ideas, pero también obligación a coadyuvar en la solución de este conflicto; si habla de programa electoral que ha ganado, este habla de diálogo -se lo recuerdo por si usted no lo conoce-; coadyuvar en un conflicto político. Yo le rogaría que leyera- no le voy a citar nada que le parezca malo- el Pacto de Ajuria Enea. El Pacto de Ajuria Enea habla de contencioso entre el pueblo vasco y el Estado español. A lo mejor me dice que tampoco le gusta; se va a convertir entonces en pre 13 de mayo, pre-Pacto de Ajuria Enea, en fin, terminará en la prehistoria.
Tercera cuestión, síntesis democrática. Ya se lo he dicho yo aquí desde esta tribuna: síntesis democrática. Pero una de dos: o a usted le ha traicionado su subconsciente autocrático, que no distingue entre democracia e imposición, o vuelve a manipular. A ver si me explico. Una cosa es que nosotros aportemos nuestras propuestas políticas: soberanía y territorialidad -por cierto, ocho de cada diez vascos piden más autogobierno, por si le suena-; y, otra, que todas las demás fuerzas políticas que representen a los ciudadanos aporten las suyas, y entre todos, respetando lo que cada uno representa en la sociedad vasca y en todos los lugares y respetando a todos los ciudadanos de todos los territorios, lleguemos a una síntesis democrática. ¿Le suena mejor? Sí. Además curiosamente -y lo mantiene por supuestísimo esta portavoz- a la persona que usted se dirigía, porque se dirigía a alguien, es la que dirigió y se responsabilizó en la parte que le correspondía del logro del acuerdo histórico que usted más, entre comillas, venera y cita: El estatuto de autonomía. Por tanto, nadie le tiene que dar lecciones a este partido y a sus responsables de lo que es síntesis democrática. Ese acuerdo histórico lo consiguieron hacer, por cierto, hace veinte años, pero a ustedes todavía no les conozco semejante objetivo ni logro.
Cuarta cuestión, habla usted constantemente de Herri Batasuna, mesas, diálogos. Quizá no lo sepa usted, supongo que sí, y estoy segura de que la sociedad española tampoco lo sabe; no cite tanto en relación con nosotros a otra formación política: ustedes votaron más de veintitantas veces con Euskal Herritarrok en el Parlamento Vasco. Sí, sí, en la campaña electoral hasta en la Diputación Foral de Guipúzcoa estuvieron reprobando a un diputado general, que le llamaban coincidencia, como en la película, y le seguían llamando coincidencia, como en la película, cuando al parecer es gran clave del Estado que Eusko Alkartasuna no tenga grupo parlamentario. Debe de estar por encima de la unidad que ustedes llaman de los demócratas. Evidentemente eso es fundamental en el Estado para votar con Euskal Herritarrok.


La señora PRESIDENTA: Señora Lasagabaster, le ruego concluya, por favor.


LA SEÑORA LASAGABASTER OLAZÁBAL: Sí, señora presidenta.
Por tanto, mire en su interior y vamos a tratar todos de dar tiempo al tiempo y de tener un diálogo constructivo. No nos digan ambiguos, porque cada vez que presentamos las propuestas nos tachan de no se sabe qué cosas. Una de dos: ¿quieren que les expliquemos las propuestas o no lo quieren? Porque nosotros vamos a ser sinceros con los ciudadanos. Señor presidente del Gobierno, le reitero el esfuerzo, la oferta de diálogo constructivo; espero que la acepte.
Propongan lo que ustedes quieran, pero déjennos que nosotros también propongamos lo que queramos para que entre todos hagamos una síntesis democrática, pero respetándonos.
Gracias, señor presidente, gracias señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Lasagabaster.


Tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señorapresidenta.


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Señor presidente, yo no he dicho que no se cree empleo en Aragón, pero sí quiero recordarle que he dicho que de cada diez empleos nueve son eventuales. A esto añade que los jubilados no están en la lista del paro, que ya se lo dije el día de la investidura, y el señor Rajoy dice en las páginas de El Heraldo de Aragón que Aragón no tiene paro porque los jubilados no constan en el paro, cuando Aragón es un territorio con mucho paro. Esta información se la podían facilitar sus diputados, pero le indicaré que existe un estudio reciente realizado por José Aranda que dice que el 40 por ciento de los licenciados universitarios aragoneses se van a trabajar fuera de Aragón. Es decir, 230.000 jóvenes aragoneses viven lejos de su tierra. Naturalmente, nuestra cota de paro es absolutamente insignificante porque estamos los abuelos -yo tendría que estar ya jubilado- y están los chicos jóvenes que están trabajando fuera de Aragón. Ante esa situación el paro es muy escaso, pero lo es porque no hay gente.
Quiero recordarle, señor Aznar, que en la campaña de las elecciones autonómicas de 1993 usted prometió que no se iba a hacer el trasvase del Ebro, con lo cual su partido ganó las elecciones. Quiero decirle también que nuestro problema con el trasvase del Ebro es que nos van a hacer 30 pantanos en Aragón, con la excusa de hacer 200.000 hectáreas de regadío. Eso no es absolutamente cierto. Son 30 pantanos para regular las aguas que tengan que ir al trasvase del Ebro. Para terminar, y para que se dé cuenta por qué razón estamos en contra del trasvase del Ebro, los cinco expertos del Consejo Nacional del Agua redactaron unos informes totalmente en contra del trasvase del Ebro que le recomiendo que lea. Señor Aznar, no va pasar usted a la historia como el primer presidente que ejecutó un plan hidrológico.
Tenemos la fuerza de la razón y será suficiente para pararlo. Estamos cargados de argumentos técnicos y científicos, de colaboración ciudadana y encontraremos apoyos en las instituciones europeas y en los tribunales de justicia. No es un empecinamiento de los aragoneses, también la gente del delta del Ebro, que saben que ahí está su vida, están en contra de esa obra que es faraónica y que no va a beneficiar a nadie.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor presidente del Gobierno.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Gracias, señora presidenta.
También intervendré con brevedad. El señor representante del Bloque Nacionalista Galego me habla de las cuestiones relativas a la financiación autonómica. Señoría, vamos a mejorar esa financiación autonómica. Dijeron ustedes que el sistema anterior perjudicaba a Galicia. No ha sido verdad, era incierto. El sistema de financiación actual ha beneficiado sustancialmente a Galicia. Ahora anuncian SS.
SS. que el sistema de financiación que podemos hacer nuevo va a perjudicar también a Galicia. Estoy convencido de que se van a volver a equivocar. No hay ninguna razón por la cual el sistema de financiación vaya a perjudicar a Galicia. Con independencia de que las sociedades establecen su domicilio donde les parece más oportuno, existen los mecanismos de transferencias del Estado a las comunidades autónomas que eliminan cualquier efecto de los que usted dice. Si además establecen elementos de solidaridad y los fondos de nivelación, los elementos que S.S. ha puesto encima de la mesa tienen poco fundamento. Señoría, yo defiendo que la situación de la comunidad gallega, en términos de empleo, de servicios sociales, de competitividad y de modernización de infraestructuras, ha mejorado. Y tengo la fundada esperanza de que también sea respaldada esa opinión por la mayoría de los ciudadanos gallegos. Espero que sea así, como viene siéndolo, de una manera positiva, durante bastante tiempo. Y, por supuesto, si me puedo acercar a Galicia al comienzo de las obras ferroviarias lo haré con mucho gusto, porque se trata de una gran inversión, en una obra muy importante para Galicia.
Respecto a lo que ha dicho el representante del Partido Andalucista, ese es el objetivo, avanzar en la convergencia real. Y para ello es evidente que hay que partir de la situación en la que está cada comunidad autónoma. Los mecanismos de corrección de desequilibrios son los establecidos. Hay varios: desde el punto de vista de la financiación autonómica, los fondos de nivelación y, desde el punto de vista de la inversión del Gobierno o de la Presidencia del Estado, si S.S. prefiere las inversiones en infraestructuras, las políticas de crecimiento, los mecanismos que permitan que el dinamismo económico andaluz, desde el punto de vista de la vertebración de la comunidad autónoma y desde el punto de vista de su desarrollo y su crecimiento, sea importante y cada vez más relevante. Si en otro periodo de años podemos aportar más de medio millón de nuevos empleos en Andalucía el salto que dará la comunidad autónoma será verdaderamente extraordinario, acompañando esto de unas tareas en infraestructuras verdaderamente importantes, repito, y relevantes para evitar desequilibrios.
Por lo que se refiere al portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, señoría, ayer di el dato de que en este periodo el Gobierno ha recurrido ocho normas de las más de cuatro mil normas autonómicas analizadas, ocho. Ha habido otros recursos en otras direcciones, pero normas autonómicas recurridas ha habido ocho. Por tanto, el nivel de conflictividad no es alto, y además se han establecido los mecanismos en las conferencias sectoriales y bilaterales para intentar, en la medida de lo posible, llegar a acuerdos que eviten recurrir al Tribunal Constitucional; esa es la realidad. Por tanto, estamos en un nivel muy razonable, que podríamos llamar bajo, en cuanto a acudir al Tribunal Constitucional. Y el funcionamiento de esos mecanismos de

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cooperación es correcto. Señoría, las comunidades autónomas tienen capacidad normativa sobre los tributos cedidos. Lo que no puede hacer una comunidad autónoma, ni tampoco el Gobierno, es gravar dos veces lo mismo; pero eso no lo puede hacer nadie: ni una comunidad autónoma, ni un ayuntamiento, ni el Gobierno de la nación; no lo puede hacer nadie. Ahora bien, la comunidad autónoma catalana, como las demás que tienen transferida la capacidad normativa, puede subir o bajar los impuestos, señoría. El impuesto sobre la renta, el impuesto sobre el patrimonio, el impuesto sobre transmisiones patrimoniales; ahora se va a aumentar esa capacidad normativa. Lo que pasa es que hay que querer o no querer hacerlo. Y otra cosa distinta es que se diga: Me conviene más un impuesto sobre las grandes superficies. Esto no es cuestión de estar ni a favor ni en contra del comercio minorista ni de las grandes superficies, es decir que no se puede gravar la misma cosa dos veces, porque la legalidad lo impide, y velar por ello es una de las tareas y de las responsabilidades del Gobierno.
Al señor representante de Iniciativa per Catalunya le vuelvo a decir claramente que respaldo la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado -no sé si he sido muy claro- y las respaldo sin necesidad de añadir más, en el marco de lo que significa, como debe ser siempre, la aplicación del Estado de derecho en nuestro país. No me parece razonable, me parece bastante lamentable cualquier actitud que sirva para intentar justificar actos violentos. He dicho ayer y repito hoy, en relación con una pregunta que usted ha planteado, que no hay ningún ministro del Gobierno imputado y también he dicho que no tengo la intención de cesar ni de cambiar a ningún miembro del Gobierno por el momento.
A la señora Lasagabaster le quiero decir que claro que puede defender su alternativa, pero yo también tengo derecho, señoría, a plantearlas. ¿Reconoce, verdad, que tengo el derecho de plantear alternativas? No, es que algunos lo niegan. Pero también en el País Vasco tenemos derecho a plantear alternativas, al igual que en el conjunto de España tenemos derecho de plantear nuestras alternativas y nuestras políticas. ¡Faltaba más! Ya somos bastante perseguidos por plantear alternativas, lo somos. Aspiramos simplemente a poder presentarlas sin que nos persigan. Fíjese cual es nuestra aspiración: plantear unas alternativas políticas y poder expresarnos sin que nos persigan, o sin que nos eliminen, o sin que nos maten; fíjese, señoría, que poco pedimos. Porque cuando alguien, desde el punto de vista de la normalidad democrática, pide alguna cosa nosotros pedimos el derecho a poder vivir, a poder expresarnos y a poder plantear alternativas como en todas partes o a no plantearlas. (Aplausos.) Cuando me habla S.S. de síntesis democrática, hago un esfuerzo de comprensión y créame que no le doy lecciones a nadie, señoría, simplemente me ajusto a los hechos. Pero mientras existan esas cuestiones previas aquí no hay más síntesis democrática que esa, perdone, señoría. Cuando se plantea desde diálogos o mesas de diálogo que hay que llegar a esas síntesis democráticas a las que yo me refiero, que además se definen como irrenunciables, dígame usted cuál es la síntesis democrática, porque el resultado sigue siendo el mismo: unos no pondrán nada, otros seguirán haciendo lo que hacen y los que pagan la factura la seguirán pagando todo el tiempo. Desde luego, señoría, eso no es ni una propuesta de futuro, ni una síntesis democrática, ni una oferta de diálogo, que sí se debe hacer desde el respeto a las normas en los marcos institucionales y, desde luego, sabiendo bien claramente cuál es el problema y cuáles son los elementos previos que tenemos que resolver para la seguridad, la garantía y la libertad de los ciudadanos y de las personas.
Por último quería hacer un comentario respecto a lo que ha dicho el representante de la Chunta Aragonesista, señor Labordeta. Si le he entendido bien S.S. me ha dicho que las cifras de paro en Aragón son más bajas entre otras cosas porque los jubilados no constan en esas listas de paro; no lo entiendo, señoría. Yo creo que le he entendido bien y que S.S. ha dicho eso; tampoco hace falta que discutamos mucho sobre eso. Yo no conozco ningún sitio donde los jubilados figuren en las listas del paro, ninguno; a lo mejor esa es una nueva reivindicación y resulta que los jubilados tienen que constar en la lista del paro; o son parados o son jubilados o algo no funciona en esa propuesta, señoría. (Aplausos.) En relación con el Plan hidrológico nacional le vuelvo a hacer la misma pregunta. Hay que demostrar a quién perjudica. El Plan hidrológico nacional es de vertebración territorial y de cohesión de nuestro país, útil para aquellos que han reclamado durante años el aprovechamiento de aguas del Ebro y ahora van a tener las obras que reclamaban, y ahora que van a tenerlas dicen que no las quieren; útil también para los que pueden recibir agua en el futuro; útil, señoría, desde el punto de vista de lo que es la regulación, la utilización y el aprovechamiento de un bien tan escaso como ése. Sobre eso se pueden construir todas las teorías de agravios comparativos, de agravios históricos que se quiera; esa es la única verdad, señoría.
Cuando se habla de un trasvase se habla de un trasvase desde el delta del Ebro y hay un plan específico de recuperación del delta del Ebro con inversiones muy importantes. Todos los estudios técnicos avalan que los más de 5 millones de hectómetros cúbicos de media que anualmente el Ebro vierte al mar se aprovechan garantizando todos los caudales ecológicos; después de hacer las obras del pacto del agua que firmaban todas las fuerzas políticas aragonesas se aprovecharán 1.000 hectómetros, señoría; eso se hace para llevar agua cuando sea posible y cuando sea necesario a quien no la tiene. Eso se llama en castellano y en cualquier otra lengua expresada con claridad un ejercicio de vertebración y de solidaridad, señoría.


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(Aplausos.) Lo que pasa es que hay que tener la determinación y, si me lo permite, el coraje para hacerlo, para presentarlo y para arrostrar las dificultades. Y nosotros lo hemos hecho y lo seguiremos haciendo.
Muchas gracias, señorías. Gracias al Grupo Popular por su apoyo.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
El Pleno se reanudará a las cuatro y media de la tarde.


Se suspende la sesión.


Eran las once y veinticinco minutos de la mañana.


Se reanuda la sesión a las cuatro y treinta y cinco minutos de la tarde.


MODIFICACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.


La señora PRESIDENTA: En primer lugar y antes de continuar con el debate de las propuestas de resolución, someto a la Cámara lo siguiente: Conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día, en el sentido de incluir la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales como último punto de dicho orden del día. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
Asimismo, conforme al artículo 68.1 del Reglamento, la Presidencia, de acuerdo con los portavoces de los grupos parlamentarios, propone al Pleno de la Cámara la modificación del orden del día en el sentido de incluir el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores del acuerdo relativo al grupo aéreo europeo entre elGobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del norte y el Gobierno de la República francesa y protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999 respectivamente, así como declaración que España va a formular en el momento de la adhesión como último punto del apartado tercero correspondiente a dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.) En consecuencia, queda aprobada la modificación del orden del día.
COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO.


- COMUNICACIÓN DEL GOBIERNO PARA EL DEBATE DE POLÍTICA GENERAL EN TORNO AL ESTADO DE LA NACIÓN (CONTINUACIÓN). (Numero de expediente 200/000001.)

PROPUESTAS DE RESOLUCIÓN.


La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de las propuestas de resolución presentadas por los diferentes grupos. En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, Chunta Aragonesista presenta cuatro resoluciones. La primera, reclamando una retirada urgente del plan hidrológico por el masivo rechazo social que tiene en los territorios afectados, por dar cumplimiento a las conclusiones de los expertos científicos consultados por el propio Ministerio de Medio Ambiente y para evitar perder los fondos comunitarios que nunca llegarán con este plan que ustedes defienden.
En coherencia también pedimos una moratoria indefinida de los procesos de construcción de los pantanos que lo hacen posible, Yesa, Biscarrués y Santaliestra.
La segunda cuestión... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Labordeta.
Señorías, estamos en el debate de las propuestas de resolución. Ruego ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Adelante.


El señor LABORDETA SUBÍAS: La segunda cuestión tiene por objeto la financiación autonómica, donde reclamamos que se incorporen a este sistema, entre otras cuestiones, factores territoriales para compensar el excesivo peso de la población pues la extensión, dispersión, baja densidad y envejecimiento incrementan las necesidades de gasto no sólo de Aragón, sino de otro territorios del interior, y un sistema que pretenda corregir estos desequilibrios.
Finalmente, las dos últimas propuestas tienen como objetivo fijar compromisos para unas infraestructuras básicas para Teruel como son la autovía ValenciaTeruel- Zaragoza, el desdoblamiento de la N-232, así como el aprovechamiento integral de las oportunidades que ofrece la llegada del AVE a la ciudad de Zaragoza, demandando la implantación de una segunda parada en el aeropuerto, la implantación de un servicio de cercanías y el soterramiento urbano de estas infraestructuras.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señora Lasagabaster.


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La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Presento a la Cámara cuatro propuestas de resolución que recogen las cuatro cuestiones que hemos querido abordar en el debate de política general. La primera yo creo que ha estado bastante tratada por parte de los distintos portavoces, desde luego desde el punto de vista de esta portavoz de Eusko Alkartasuna, en relación a la importancia de la renegociación del concierto económico. En nuestra propuesta de resolución proponemos evidentemente el respeto a la autonomía fiscal y financiera que representan los sistemas del concierto económico y el convenio en Navarra. ¿Qué pretendemos? Pretendemos que se renegocie con unos principios concretos, de los cuales destacaríamos dos en lo que se refiere al concierto: uno, la vigencia del concierto de forma indefinida porque hay bastantes problemas cuando la duración del mismo y la renegociación se produce con tiempos muy limitados y sobre todo - también principio clave- que pueda tener un encaje a nivel europeo y tenga el mismo rango que sistemas fiscales de otros Estados miembros para evitar lo que llevamos padeciendo en cuanto a los constantes recursos y defendiéndolo en el marco europeo.
Otra propuesta hace referencia a una cuestión muy importante, la participación de las comunidades autónomas en los consejos de ministros de la Unión Europea. Ustedes saben cuál es el debate y no lo voy a repetir, pero hemos querido añadir una cuestión clave, y es que puedan participar en la organización y desarrollo de la Presidencia de la Unión Europea por el Estado español en el 2002. No es algo que no se pueda hacer; de hecho el Estado belga lo va a hacer ya estos próximos seis meses, y creemos que se pueden articular formulas para que puedan estar implicadas de forma directa en esa Presidencia.
Nuestra tercera resolución hace referencia a una cuestión vital para todos, independientemente de las distintas posiciones que tengamos.
En primer lugar, reanudar las relaciones interinstitucionales del Gobierno central con el Gobierno vasco, algo clave para conseguir ese diálogo constructivo entre todos, y evidentemente dialogar sin exclusiones ni concesiones antidemocráticas y respetando lo que decidan los ciudadanos en cada momento histórico.
La cuarta resolución hace referencia a un derecho que, señoras y señores diputados, ya aparece recogido en el ordenamiento jurídico del Estado español, el derecho a la libre determinación de los pueblos. Está recogido a raíz de la ratificación de los pactos internacionales de 1966 de la ONU y lo único que pedimos es que se aplique a todos los pueblos, tanto a los que están fuera del Estado como a los que están en el Estado.
Por tanto, cuatro propuestas de resolución que sugerimos a SS.SS. las voten afirmativamente.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Iniciativa per Catalunya. Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


También hemos presentado cuatro resoluciones. La primera, hace referencia a diversas medidas para hacer realmente efectivo el plurilingüismo del Estado español.
La segunda es en relación al control del cambio climático, donde proponemos que el Gobierno español defienda en la Conferencia de Bonn la ratificación mundial del Protocolo de Kioto y que en el Estado español se ratifique cuanto antes. Ya anuncio que aceptaremos la transaccional que nos ha ofrecido Izquierda Unida.
La tercera resolución hace referencia a una serie de medidas sobre la siniestralidad laboral, donde destaca una dotación presupuestaria del Plan de formación e instar al Gobierno a que presente una ley de regulación de la subcontratación en el sector de la construcción.
Y la última hace referencia a los temas de globalización, a lo que esta mañana ha sido objeto de debate en relación con el pasado fin de semana en Barcelona, con dos propuestas en positivo: que el Gobierno estudie la implantación de la tasa Tobin y tome medidas para condonar la deuda y un tercer punto relativo a reprobar la actuación de las fuerzas de seguridad del Estado. He de decir que en esta última resolución hay una enmienda transaccional del Partido Socialista que no aceptaré.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Muchas gracias, señora presidenta.
Esquerra Republicana ha presentado cuatro resoluciones. La primera, que este Congreso reconozca, a partir de los pactos suscritos de carácter internacional con la ONU y otros acuerdos, el derecho de las naciones que integran el Estado, y también de Cataluña, a elegir libremente su futuro como comunidad nacional propia, de manera que pueda alcanzar su derecho a la autodeterminación. Nos parece que es de contenido no sólo simbólico sino real, y que responde al anhelo de una parte importante de la población de Cataluña, que aspira a decidir su futuro libremente.
La segunda hace referencia a la financiación y sólo pedimos una cosa que puede parecer lógica y moderada: que se aplique el Estatuto de Autonomía de Cataluña y concretamente los artículos 44 a 48 que hacen referencia a buscar una fórmula de media entre el esfuerzo fiscal de la población de Cataluña en los Presupuestos Generales del Estado, en el PIB y lo que representa en todo el Estado. Asimismo, en esta propuesta incluimos un paquete de medidas para recuperar

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lo que Cataluña ha perdido de inversión pública en las últimas décadas y buscar una fórmula para subsanar el déficit fiscal de Cataluña, que el Consejo Superior de Investigaciones Científicas calcula en más de un billón de pesetas. También proponemos la integración del sistema sanitario de política social en el convenio de negociación de la financiación, el desbloqueo de la Carta municipal de Barcelona, con previsiones para su adecuada financiación, y también dos partidas extraordinarias para subsanar la aplicación de la Logse en Cataluña, pues ya se ha manifestado desde la izquierda muchas veces que la Logse necesitaba un presupuesto propio para su aplicación y también para asumir la integración de la población de otros países que llegan a Cataluña para mejorar sus condiciones de vida.
La número 14 se refiere a la pluralidad cultural del Estado y contiene una serie de propuestas entre ellas la introducción como créditos variables en el sistema educativo del resto del Estado de las lenguas no castellanas, en este caso el catalán, el euskera y el gallego. También se propone la reforma de la Ley de televisiones privadas, para que las comunidades, naciones o territorios que componen el Estado y que tienen lengua propia no castellana puedan acceder a un sistema de televisión privada. También, en definitiva, la supresión lógica del Ministerio de Cultura, igual que en los Estados compuestos, como la República Federal Alemana, donde no existe el Ministerio de Cultura y hay un presupuesto compartido con los Länder o territorios. Nos parece lógica, pues, esta propuesta.
También proponemos un cambio de rumbo de legislación y dirección del Instituto Cervantes para garantizar así la proyección plural y democrática de la realidad cultural y lingüística del Estado español.
Finalmente, se proponen modificaciones en el ámbito de la industria cinematográfica, audiovisual o de las nuevas tecnologías.
La propuesta número 15, de carácter ambiental, propone la derogación del Plan hidrológico nacional de acuerdo con la directiva marco de aguas, de hábitat y de aves de la Comisión Europea, así como la asunción directa y en políticas concretas de las propuestas de la cumbre contra el cambio climático de Kioto, y en ese sentido un giro en la política agrícola, ganadera y pesquera a partir de la concepción de un proceso de producción alimentaria que garantice la seguridad. Finalmente, también en este ámbito, el reconocimiento y la propuesta para desbloquear la situación que el Gobierno balear ha creado con la ecotasa. Nosotros creemos que la ecotasa es una necesidad para los territorios que reciben una importante presión de carácter turístico y urbanístico y también para la eliminación de residuos.
Estas son las propuestas de Esquerra Republicana: financiación, pluralidad cultural del Estado, a favor del medio ambiente y finalmente, también la reivindicación normal de un partido independentista como Esquerra Republicana a favor del derecho a la autodeterminación.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, los andalucistas hemos presentado también nuestra cuota de propuestas, cuatro, dos de las cuales afectan a transferencias. La primera afecta a las transferencias a las políticas activas de empleo, transferencias que como SS.SS. saben llevan pendientes el tiempo transcurrido de legislatura, con promesa del Gobierno de haberlas hecho con eficacia del 1º de enero de este año, y según las últimas informaciones con previsiones para que puedan producirse estas transferencias a final de año y que sean eficaces el 1º de enero de 2002. Me parece que estamos ante una transferencia importantísima para Andalucía no sólo desde el punto de vista competencial sino también para la eficacia de la lucha contra el desempleo.
Hay una segunda propuesta respecto a las transferencias de las cuencas hidrográficas andaluzas, la del Sur, y sobre todo también la reivindicada cuenca hidrográfica del Guadalquivir.
Una tercera propuesta afecta a la financiación de los municipios turísticos y propone que se contemple como criterio de financiación de las administraciones locales en la Ley de haciendas locales la variable de población turística añadida a la población de derecho que actualmente tienen. Nos parece que soluciona un problema grave de muchas ciudades de este país que tienen una población flotante a veces superior a la población real de hecho.
La cuarta propuesta se refiere a un plan de acción y de ayuda a aquellos municipios más afectados por la ruptura del acuerdo con Marruecos en general, y en particular un plan de acción puntual respecto a Barbate, por centrarse en ese municipio la pesca artesanal que tradicionalmente faenaba en caladero marroquí, de imposible traslado a otro lugar y por tanto abocada a una reconversión que no es sino la destrucción de ese sistema, por lo que es necesario establecer una nueva base económica que dé riqueza y empleo en ese lugar.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, una de las virtualidades que tiene un debate como el que estamos desarrollando es poder presentar propuestas de resolución que sin duda expresan las posiciones y las preocupaciones

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de los grupos políticos ante los problemas que afectan a la sociedad.
Como saben SS.SS., el Bloque Nacionalista Galego es muy crítico con muchas decisiones políticas que adopta el Gobierno respecto de las necesidades económicas, sociales, culturales o políticas de Galicia.
Unas decisiones políticas que creemos no atienden a esas necesidades y que además no sólo no caminan en la dirección de corregir el más que evidente retraso en el desarrollo económico de Galicia en cuanto al conjunto del Estado o de Europa, sino que lo perpetúan. Tendríamos por tanto materia para someter a la aprobación de esta Cámara un buen número de propuestas de resolución, pero nos limitaremos a presentar las que el Reglamento nos permite y a hacer una breve defensa de sus contenidos diciendo en primer lugar que son propuestas que responden a necesidades objetivas o demandas básicas de la sociedad gallega y que por eso deberían ser fácilmente asumibles por el conjunto de la Cámara.
La propuesta número 42 pretende que el Gobierno actúe para corregir una situación a todas luces discriminatoria para los productores del campo de Galicia, por otro lado incomprensible ya que los productores de Galicia sólo reciben el 1,51 por ciento del total estatal de las ayudas europeas a la agricultura y a la ganadería vehiculizadas a través del Feoga-garantía; es decir, de los 962.496 millones que en el año 2000 percibió el Estado vía Feoga-garantía, Galicia recibió exclusivamente 14.586. Para que esta situación deje de ser injusta y discriminatoria, se debe implicar activamente al Gobierno en su corrección.
La número 43 también demanda del Gobierno su implicación -y quiero decirlo a su máximo nivel- para que la política común de pesca que va a ponerse pronto en marcha cambie la filosofía y la práctica actual, que está perjudicando nuestros intereses pesqueros, por otra filosofía y otra práctica orientadas precisamente a defender los legítimos intereses de nuestra flota, sea en aguas comunitarias o internacionales. Señorías, esa nueva orientación de la política común de pesca que el Bloque Nacionalista Galego demanda es básica, es fundamental para la supervivencia del sector pesquero.
La número 44 insiste en demandar del Gobierno que realice los esfuerzos necesarios para reparar lo que creemos otra injusticia como es la exclusión de la actual Izar Fene de la construcción naval convencional, lo que evidentemente dificulta tanto la pervivencia como el futuro desarrollo de la construcción naval, de tanta tradición e importancia para Ferrol y comarca y tan básica para su desarrollo socioeconómico.
Con la número 45 pretendemos que el Gobierno adquiera compromisos concretos de actuación para mejorar las actuales prestaciones sociales de los emigrantes, poniendo en marcha políticas concretas que favorezcan un retorno que muchos de ellos desean y se garantice el ejercicio de sus derechos como ciudadanos, entre los que se encuentra el derecho de voto en plano de igualdad con los demás ciudadanos del Estado.
Por último, la número 46 pretende la implicación del Gobierno para que apueste por la ubicación de la Agencia europea de seguridad marítima en Galicia. Y no lo proponemos por capricho, sino en función de que esa ubicación sería la más lógica teniendo en cuenta la importancia del corredor marítimo de Finisterre.
No quisiera finalizar, señora presidenta, sin una referencia telegráfica a la propuesta que el Bloque Nacionalista Galego firma conjuntamente con el Grupo Parlamentario Vasco y el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que simplemente demanda unas medidas básicas, mínimas, de sentido común para que en la práctica se vehiculice la posibilidad del uso de las lenguas del Estado distintas del castellano en diversos ámbitos en función de lo establecido en la propia Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias. En esencia, que se avance en la práctica en el respeto a la realidad plurilinguística del Estado.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vázquez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se honra en presentar 21 propuestas de resolución divididas en tres grandes bloques. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) El primero, además de por Coalición Canaria, está firmado por el Partido Popular y por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), por lo que sus portavoces hablarán también de él en su intervención. Abarca cinco grandes temas: la familia, la inmigración, la financiación local, la hacienda y la economía del Estado español. Entendemos que son valores de Estado y por eso los hemos suscrito conjuntamente, dando una prueba del principio de solidaridad y de la preocupación por dichos aspectos: la hacienda y la economía y sobre todo la inmigración, la financiación local y la familia, algo que preocupa mucho en el archipiélago canario. (Rumores.) El segundo bloque, señorías, consta de cinco propuestas de resolución firmadas por Coalición Canaria y por el Grupo Parlamentario Popular.
Se refieren a la cooperación, al medio ambiente y a sus moratorias, al desarrollo sostenible de futuro del turismo en un área sensible como Canarias y a la construcción, puesto que no queremos morir ahogados en un mar de cemento ni que las costas se contaminen. Y finalmente está la participación de las comunidades autónomas en los asuntos europeos, algo para nosotros importante. Canarias tiene un régimen fiscal y económico específico, así como un tratamiento singular en la Unión Europea en

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temas relacionados con la política exterior, la agricultura, la pesca y la alimentación.
Junto a estas diez propuestas de resolución, Coalición Canaria ha presentado otras 11 específicas que constituyen el tercer bloque y que se refieren a temas que tienen un arraigo fundamental para nuestro archipiélago canario. Las enumero rápidamente. Está el pacto autonómico, puesto que entendemos que una comisión bilateral entre el Gobierno central y el de Canarias es fundamental para que se puedan tratar ante la Unión Europea una serie de aspectos que no afectan ni al territorio peninsular ni a Baleares, pero sí de una manera muy concreta a Canarias. En relación con nuestra financiación autonómica, hacemos una petición a través de esta propuesta de resolución, que es que se mantenga el diferencial fiscal que existe entre la economía y la hacienda peninsular y la canaria, puesto que es fundamental. Por otra parte, reivindicamos a través de los Presupuestos Generales del Estado y de los pactos entre el Gobierno del Partido Popular y Coalición Canaria el tema del déficit de la sanidad en relación con los residentes europeos en nuestro Archipiélago y la fragmentación de nuestro territorio. Y qué decir de este pacto de financiación autonómica para atender las infraestructuras en carreteras, equipamiento y empleo en Canarias como región ultraperiférica.
(Rumores.) Otro aspecto es la fiscalidad de los nuevos impuestos que afectan a Canarias, en relación con lo cual pedimos al Gobierno central una actuación diligente ante los órganos de la Unión Europea para que en impuestos nuevos, como el de la entrega de mercancías, se despeje esta incógnita, fundamental para que el Gobierno de Canarias tenga unos ingresos fiscales ordenados y acordes con la normativa de la Unión Europea.
La propuesta de resolución número 92 está dirigida a un desarrollo estatutario jurídico específico de Canarias como región ultraperiférica de la Unión Europea. Es la más extensa de todas las propuestas de resolución que hemos planteado al estar basada en el artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam. Aquí hacemos una serie de recomendaciones y solicitudes al Gobierno, yendo desde el denominado Poseican agrícola y el tratamiento favorable que queremos que se dé a las producciones agrarias y alimentarias en Canarias hasta los nuevos impuestos y figuras impositivas que se desarrollan allí. (Rumores.) Pasamos seguidamente, señorías, a la propuesta de resolución que viene a reforzar toda la actuación, dentro de la Unión Europea, de una concordancia de intereses de Estado, pero referidos a Canarias, entre el Gobierno central y el Gobierno de Canarias, para que haya una armonía de intereses. (Rumores.) Lo relacionamos con la propuesta de resolución número 94, referente a los acuerdos internacionales.
¿Qué pedimos en ella? Que cada vez que el Gobierno español firme un acuerdo o convenio internacional sobre una materia que afecte a las competencias estatutarias de Canarias ante la Unión Europea tenga en cuenta esta peculiaridad y particularidad, para que Canarias no salga perjudicada en ninguno de los aspectos allí reflejados, sean vertidos radiactivos en aguas canarias, sean cuestiones relacionadas con la pesca, con los transportes internacionales, con la meteorología, con el turismo, con la conservación de la naturaleza... (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Mardones, un momento.
Señorías, el rumor es cada vez más intenso. Rogaría, por favor, que bajasen el tono de sus conversaciones. Gracias, señorías.
Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señor presidente.
La propuesta de resolución número 96 solicita una intensificación de las actuaciones estatales en la revisión del plan integral de empleo en Canarias, verdadera pieza maestra de nuestra política laboral dirigida fundamentalmente a jóvenes, a mujeres y a marginados sociales. Esta llamada de atención sobre la juventud, sobre la mujer en Canarias y sobre los parados de larga duración constituye uno de los ejes de la política social que el Gobierno de Coalición Canaria se honra en defender en el amplio espectro de la política en el Archipiélago y en conexión con los planes estatales de empleo.
La propuesta número 97 está dirigida al reforzamiento de las medidas de seguridad ciudadana. Nosotros pedimos al Gobierno que Canarias, como zona de destino turístico, como zona de posible actuación de mafias internacionales, necesita una protección de los poderes del Estado, y es el Ministerio del Interior, con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, quien tiene que continuar haciendo un esfuerzo de protección de un bien público como es la calidad de la vida en cuanto a la seguridad ciudadana.
La resolución número 98 trata de armonizar la legislación española con la internacional y la competencia del Gobierno de Canarias con respecto a las aguas interiores. Nosotros nos sometemos, como respetuosos de un Estado de derecho nacional e internacional que somos, pero exigimos también la defensa de nuestro estatuto de autonomía y las competencias anejas que tenemos en el tema de las aguas archipielágicas, respetando el artículo 2 del Estatuto de Autonomía de Canarias y la Convención del derecho del mar que en su día firmó España y ratificamos en esta Cámara.
Finalmente, la propuesta de resolución número 98 trata de un tema de honda sensibilidad en Canarias. Se refiere al apoyo al pueblo saharaui, al apoyo a un plan de paz de Naciones Unidas en algo que es para nosotros no solamente proximidad geográfica en el mapa -a 100 kilómetros escasos de distancia de nuestras costas-, sino un compromiso moral del pueblo canario con el pueblo saharaui. Lo que queremos es que pre-

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valezcan en el derecho internacional los acuerdos de Naciones Unidas con respecto al referéndum de autodeterminación y que aquella zona no entre en conflicto bélico y sea una zona de paz. Esa paz se la deseamos fundamentalmente desde Coalición Canaria al pueblo saharaui.
Estas son, señorías, nuestras 21 propuestas de resolución, que al hilo de lo dicho por nuestro portavoz ayer aquí en el debate sobre el estado de la Nación mi grupo parlamentario apoya en representación del pueblo canario, pidiendo el apoyo a esta Cámara en un sentido de racionalidad, demostrando que podemos compatibilizar lo que son intereses legítimos de nuestra comunidad en estas 11 propuestas de resolución específicas que firma en solitario nuestro grupo con las 10 que en firma conjunta con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Catalán de Convergència i Unió; hacemos un ensamblaje de la España de las autonomías, pidiéndoles también este apoyo a las otras fuerzas nacionalistas, bien el Grupo Parlamentario Vasco, bien el Grupo Mixto, estando como estamos en la sintonía de entender la convivencia en el diálogo y en la complementariedad en el Estado español.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Vasco, en coherencia con la exposición realizada por su portavoz en el debate de ayer, presenta 17 propuestas de resolución agrupadas en cuatro bloques. Un primer bloque relativo a la pacificación y normalización de Euskadi, un segundo bloque relativo a su autogobierno con propuestas de futuro, un tercer bloque que hace referencia a la economía y a las inversiones que en el ámbito de sus competencias el Estado debe realizar en nuestra comunidad autónoma y un cuarto bloque que quiere subrayar la dimensión plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado.
Comenzando por el primer bloque que, tal y como sostuvo ayer en esta tribuna el portavoz del grupo parlamentario, hace referencia al proceso de normalización y pacificación de Euskadi, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos, y así lo plasmamos en esta propuesta de resolución, que debe impulsarse una nueva etapa tanto en las actuaciones interinstitucionales como en las actuaciones interpartidistas en este ámbito de actuación, tanto en lo que se refiere a la movilización y concienciación ciudadana como a la generación de dinámicas tendentes a la consecución de este objetivo.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que las elecciones del 13 de mayo deben estar presentes en la adopción de los acuerdos que hoy tome esta Cámara. Eso sería tener respeto a los ciudadanos vascos. En nuestra opinión no vale el sostenella y no enmendalla o formular planteamientos que en nuestra opinión son ciertamente antidemocráticos, como decir que no se pueden alterar las propuestas al albur de las coyunturas electorales, que es ciertamente difícil de sostener en una democracia, o plantear que lo que se pretende es elaborar una alternativa democrática, que da a entender, señorías, que la alternativa victoriosa del 13 de mayo es una alternativa no democrática. Entendemos que desde lo que ha sido el debate electoral, que desde el planteamiento de los ciudadanos vascos expresado libremente en las urnas, es el momento adecuado para que todos nos pongamos en esa sintonía con el objetivo de lograr la tan ansiada normalización y pacificación de Euskadi. En esta línea es indudable que garantizar a los ciudadanos un espacio de convivencia en paz, en libertad y en el respeto, manteniendo el respeto debido a los derechos humanos en su defensa y a la libertad ideológica y de expresión, es el ámbito adecuado en el que hay que entroncar estas propuestas.
Dado que existe un camino que no está lo suficientemente trillado en este momento a los efectos de que esta garantía de los derechos de los ciudadanos por parte de la Ertzaintza, de la Policía autónoma vasca, pueda ser cumplimentada, en una segunda propuesta de resolución proponemos la presencia del Gobierno vasco en el denominado tercer pilar de la Unión Europea, que -como saben- hace referencia a los asuntos de justicia e interior, mediante el impulso de la participación en los órganos europeos que planifican y desarrollan el espacio europeo de seguridad. Conocen SS.SS. que la frontera del Pirineo es hoy en día meramente una frontera psicológica para los ciudadanos, incluso para los agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Sólo tiene una excepción y es que la Ertzaintza no puede actuar en contra de los delincuentes, en la persecución en caliente cuando unos delincuentes están cometiendo algún delito. En esta propuesta de resolución solicitamos que se establezcan los mecanismos oportunos para que esta superación se lleve a cabo en el plazo más breve posible.
Una tercera propuesta de resolución trae nuevamente a esta Cámara el tema de la política penitenciaria, dado que estas propuestas de resolución, que abarcan el bloque de la normalización y la pacificación de Euskadi, buscan un marco de distensión en la convivencia, un marco que conlleve a la consecución de estos objetivos que conduzcan a la paz. Esta Cámara aprobó el 10 de noviembre de 1998 una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno a realizar una nueva política penitenciaria, que instaba al Gobierno a la solidaridad efectiva con las víctimas del terrorismo y que instaba al Gobierno al diálogo, al consenso y al respeto de los principios democráticos como método de trabajo para la culminación de estos objetivos. Nosotros volvemos a

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poner encima de la mesa, porque creemos que tiene más actualidad que nunca en esta coyuntura política, esta propuesta de resolución, que esperamos, al igual que las otras en este bloque de pacificación y normalización de Euskadi, conozca la mayor consideración por parte de SS.SS.
En un segundo bloque hacemos una propuesta de autogobierno. En esta Cámara y en el propio discurso político, muchas veces de forma grandilocuente y reiterada, se hace una reivindicación nominal del estatuto y, por otra parte, observamos la real negación de su cumplimiento, muchas veces de una forma solapada. Por ello, ponemos encima de la mesa la propuesta de resolución número 4, que solicita el cumplimiento íntegro y urgente del Estatuto de Gernika. Señorías, vamos a dejarnos de nominalismos y de planteamientos huecos y hueros, y vamos a aprobar que los contenidos, tanto los vivos como aquellos nonatos, del Estatuto de Gernika sean puestos en vigor y se cumpla, aunque sea 22 años después -ya es hora-, la legislación vigente. Y proponemos que el método de trabajo sea aquel que - por unanimidad, con excepción de Herri Batasuna- aprobó el 20 de octubre de 1995 la Cámara vasca, para afrontar los desafíos de autogobierno que tiene el pueblo vasco.
En este mismo bloque y en el contexto de la discusión que se realizó en el día de ayer, en relación con la renovación del concierto económico vasco, solicitamos que el Gobierno reanude con carácter inmediato la negociación entre las instituciones vascas y el Gobierno del Estado para la renovación de este concierto económico, consolidando y desarrollando la capacidad normativa atribuida a las instituciones vascas en el concierto vigente y sobre la base de una duración temporal ilimitada del mismo.
Dentro de este mismo bloque, señorías, el Grupo Parlamentario Vasco plantea que deben adoptarse las decisiones políticas oportunas para que Euskadi tenga presencia directa en las instituciones de la Unión Europea, con responsabilidad y autonomía propias.
Un tercer bloque, señor presidente, tal y como he indicado, hace referencia a las inversiones que el Estado debe realizar en el ejercicio de sus competencias en Euskadi. Solicitamos que aquellos créditos que están ya comprometidos, aquellas previsiones presupuestarias que están realizadas en el horizonte de los planes de infraestructuras del año 2007 queden recogidos en este debate y haya un compromiso efectivo y real para su cumplimiento. Asimismo, la propuesta número 8 solicita que se establezcan por parte del Gobierno las medidas oportunas para garantizar que la contribución financiera de los fondos europeos se distribuya entre las distintas administraciones del Estado en relación directa a su propio nivel competencial, especialmente en las materias referidas a medio ambiente y transportes, teniendo en cuenta básicamente las competencias que en estas materias ostentan los territorios forales.
No se les oculta, señorías, que en este contexto la Ley de estabilidad presupuestaria -aquello que el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco calificó ayer como la Loapa financiera- es una grave y una seria preocupación para el Grupo Parlamentario Vasco, que en la propuesta de resolución número 9 expone los criterios a través de los cuales estos objetivos de estabilidad presupuestaria, de déficit cero o el correspondiente superávit debieran considerarse por parte de esta Cámara.
En un último bloque, el Grupo Parlamentario Vasco solicita que esta Cámara ratifique aquel aspecto constitucional que hace referencia a la dimensión plurinacional, pluricultural y plurilingüe del Estado.
El Grupo Parlamentario Vasco, además de demandar una actuación leal y positiva en el esfuerzo de normalización lingüística desarrollado por las instituciones vascas, lo que viene a solicitar en esta propuesta de resolución es que la Administración del Estado asuma los objetivos de las instituciones vascas en estas materias, de acuerdo con las responsabilidades que le son propias como titular de las instituciones de su competencia y que, en consecuencia, se presente en esta Cámara un plan de normalización lingüística, del uso de las lenguas oficiales del Estado en las administraciones bilingües, en sintonía precisamente con estas leyes de normalización del uso de las lenguas que distintas comunidades autónomas tienen vigentes en sus ámbitos de su competencia.
La propuesta de resolución número 13 solicita que la Fundación vasca para la formación continua, Hobetuz, perciba los importes pendientes de la recaudación de las cuotas correspondientes a los ejercicios de los años 2000 y 2001.
La propuesta de resolución número 14 hace referencia a la Comisión que esta Cámara constituyó en relación con el estudio que debía realizarse sobre el exilio derivado de la Guerra Civil. Como saben SS.SS., las Cortes Generales decidieron incluir en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 una cantidad para que estos estudios pudiesen llevarse a cabo. Esta Comisión se constituyó, desarrolló sus trabajos, adoptó sus propias propuestas y hoy es el día, desde el 29 de noviembre de 2000, que el Ministerio de Educación y Cultura sigue sin cumplir los acuerdos adoptados por unanimidad en esta Cámara. La propuesta de resolución solicita el cumplimiento de los acuerdos adoptados por esta Comisión por unanimidad.
No queríamos dejar de hacer, señor presidente, un recuerdo especial al reconocimiento de los derechos políticos y morales de todos aquellos ciudadanos españoles que fueron encarcelados, torturados o sometidos a trabajos forzados, tanto por el régimen franquista como por el III Reich. Por esta razón, la propuesta de resolución número 15 solicita que se reconozcan esos derechos políticos y morales y que exista un resarcimiento de cara a este colectivo.


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Finalmente, señor presidente, quisiera notar la singularidad de la presentación de una propuesta de resolución conjunta por parte del Grupo Parlamentario Catalán de Convèrgencia i Unió, del Grupo Parlamentario Vasco y del Bloque Nacionalista Galego, sobre el cumplimiento de las disposiciones de la Carta europea para las lenguas regionales y minoritarias que formulamos en el contexto de lo que se viene en denominar la Declaración de Barcelona.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente.
Izquierda Unida, al margen de cualquier tentación de guante blanco y desde una oposición definida y decidida de izquierdas, presenta 25 resoluciones, es decir 25 soluciones, desde el punto de vista de la izquierda, a 25 problemas no pequeños que presenta el modo de gobernar del Gobierno de don José María Aznar, caracterizado fundamentalmente en este período, teniendo en cuenta la mayoría absoluta, por una especie de turboaznarismo que está agudizando los problemas que ya teníamos en el anterior período.
Presentamos estas resoluciones en un momento de fortísima tentación bipartidista, tentación que en muchos casos deseca la democracia, margina a las minorías y anula en algunos aspectos la dinámica territorial de muchos grupos. Además es un momento, señorías, en el que dos grandes partidos de la Cámara parecen disputarse el centro político en este período de mayoría absoluta, en el que han cambiado los sesgos y los ritmos, sin darse cuenta de que el centro no es un punto fijo, sino un punto equidistante que se traslada ahora poco a poco a la derecha en función de planteamientos que se están haciendo por mor y gracia de la mayoría absoluta. Por tanto, en el fondo, las soluciones a las que se está llegando -veáse el pacto de la justicia o el documento sobre antiterrorismo- son documentos cerrados, excluyentes y que tienen un sesgo tendente más que al centro, al centro derecha. Desde ese punto de vista, nosotros realizamos una crítica a esa situación -ya se hizo ayer y ahora mismo la resumo- y planteamos 25 soluciones.
El primer bloque de soluciones se presenta en contra -por tanto dando una alternativa- del giro a la derecha y a la insolidaridad que significa la actual política del Gobierno de don José María Aznar.
Por ejemplo, con la reforma laboral, el Partido Popular y el Gobierno le han hecho el trabajo sucio a la patronal. Cuando dijeron aquello de: si no hay acuerdo en la mesa de negociación, nosotros, de todas formas y pronto, legislaremos, ya habían roto esa negociación y la habían volcado hacía la derecha. Por tanto, señalamos que la reforma laboral no es válida, que plantea de nuevo el trabajo basura de manera clara, fundamentalmente a través de los contratos laborales, y no podemos aceptarlo de ninguna manera por el fondo y la forma. Proponemos un plan de empleo basado en las 35 horas semanales de jornada por ley, sin reducción salarial. Establecemos la necesidad específica de un plan juvenil de empleo. Y respecto a los precios, ya estamos hartos de una política de precios que dinamiza el liberalismo de un Gobierno que ni sabe ni quiere ni puede intervenir en el control de los precios, que simplemente ataca cuando ataca la supuesta inflación a través del intento de criminalizar, de satanizar, de reducir, de congelar los salarios. Señorías, estamos ante una inflación de beneficios y, por consiguiente, damos alternativas a esta situación hablando de la reinversión de beneficios, de la constitución de fondos de inversión obligatorios.
Por lo que se refiere a las pensiones, cuando el señor presidente habla de que hay que incentivar los fondos complementarios, no está dando la otra cara de la moneda, que es que a partir del año 2003 se va a realizar el cálculo de las pensiones sobre toda la vida laboral, con lo cual los sindicatos mayoritarios han calculado que se rebajarían un 20 por ciento la inmensa mayoría de las pensiones, luego damos una alternativa a esta situación hablando de ese margen como máximo de 15 años a la hora de realizar el cálculo de las pensiones. En cuanto a la siniestralidad, una parte fundamental de esta Cámara hizo un auténtico ejercicio de insensibilidad cuando los trabajadores trajeron aquí 650.000 firmas para atajar el problema de la siniestralidad: temporalidad, subcontratas, economía fácil y especulativa, descontrol, falta de inspectores, que están generando la realidad de cinco muertes diarias, y no es razón de rentabilidad económica simplemente, sino también de este tipo de cuestiones a las que damos alternativas en función de las propuestas en positivo que han presentado los trabajadores. (Rumores.) En cuanto a Sintel, señorías, estamos ante una de las gestas de lucha obrera más importante, si no la más importante, desde el año 1978 a esta parte. Llevan cinco meses en la Castellana, diez meses sin cobrar y mantienen en alto con moderación, con equilibrio, pero con audacia, la lucha por que se recomponga la empresa y por recuperar la dignidad del trabajador. El presidente del Gobierno tiene una responsabilidad parlamentaria aprobada por consenso de esta Cámara, y política, que hasta ahora no ha cumplido. Se ve alguna luz al final del túnel, pero no se termina de salir de este túnel negro de un abandono de 1.800 trabajadores, 1.800 personas afectadas, que merecen un mejor destino.( Rumores.) Con respecto a la inmigración, señoría, lo primero es decir que aquella gran idea que frustró una ley consensuada, esto es, que suponía el efecto llamada, es una idea falsa. Ayer mismo entraban en España 300 inmi-

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grantes que fueron retenidos y otros 500 ó 600 a los que no se pudo retener. Por tanto, no había efecto llamada en la anterior ley. No era verdad. Se cambió la ley. Se hizo una sin derechos fundamentales, sin asociación, sindicación, manifestación, huelga y estamos en una situación en que cada delegación del Gobierno establece criterios diferentes a la hora de regularizar. Hagamos una regularización total y extraordinaria. Por así decirlo, pongamos el cuentakilómetros a cero y empecemos a hablar entre todos de cupos, hablar de normalización, de regularización, pero a partir de esa normalización general, de esa regularización extraordinaria. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, perdone un segundo.
Señorías, es casi imposible seguir la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida en estos momentos.


El señor ALCARAZ MASTATS: Muchas gracias, señor presidente.
Planteamos la necesidad de una batalla firme contra la globalización, ese imperialismo financiero sin fronteras que está afectando de lleno a todas las legislaciones laborales, a los derechos laborales, a los derechos de la mujer, a los derechos de los niños y también a la estructura medioambiental. En esta batalla hay que saludar la batalla de miles de personas que luchan contra la globalización desde un punto de vista pacífico, que ven cómo en Barcelona hay una estrategia desde posiciones contrarias que intenta criminalizar estas movilizaciones. Cuando se dan las primeras agresiones a cristaleras y establecimientos públicos, en Barcelona es el servicio de orden de la manifestación el único que funciona y cuando acaban estas primeras provocaciones de 40 ó 50 personas, la Policía ataca al conjunto de la manifestación y prolonga y amplía las consecuencias de lo que había pasado anteriormente y criminaliza a la inmensa mayoría, al 98 por ciento que eran pacifistas. Nosotros pedimos el cese de la delegada del Gobierno en Cataluña por incompetencia y por haber montado una estrategia utilizando a policías disfrazados, una estrategia consciente para criminalizar a los que están luchando pacíficamente contra la globalización, contra el imperialismo financiero.
Respecto a Euskadi nosotros hemos planteado en esta Cámara mociones; una de ellas de enorme importancia, que fue aprobada, habla de diálogo y de entendimiento. Ahora con más razón, después de que hayan hablado las urnas, tenemos que entendernos todos los partidos democráticos, todos los partidos que condenamos la violencia. Hay que entenderse. No valen pactos bipartidistas de corte excluyente; no sirven. Hay que entenderse porque lo dice la inmensa mayoría de la gente. Entiéndanse ustedes y empiecen a solucionar el problema en sus dos vertientes: lucha antiterrorista con la coordinación policial precisa de la Ertzaintza y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y lucha por la normalización, por un proceso de paz en Euskadi, teniendo en cuenta que supone también desde el principio un problema político.
Pensamos, señorías, que está bajando mucho en este país la calidad democrática por una mayoría absoluta mal gestionada, como prácticamente todas las mayorías absolutas gestionadas por quien no ve crecer la hierba. Como digo, está bajando la calidad democrática y se nota en muchas contradicciones que emergen a veces como titulares de prensa, pero que están ahí de manera recurrente emergiendo a diario en la realidad que vivimos. En función de esto nosotros pedimos, por ejemplo, que el nombramiento del fiscal general del Estado sea aprobado por el Parlamento, y que por tanto se eviten cosas que están sucediendo ahora que derivan de la dependencia del fiscal general del Estado del Gobierno. Pedimos que esta Cámara también nombre al presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas. Ya hemos visto en Comisión que fue el mismo presidente el que dijo que no había fecha, no había por qué darse para la publicación en tiempo y forma la encuesta de Euskadi y que la de Cataluña se hizo sin más explicaciones, lo cual supone realmente una discrecionalidad del presidente del CIS. Pensamos que el director de Radiotelevisión Española debe ser elegido también por este Parlamento, por un tiempo superior al que dure la legislatura para que no haya dependencias que anulan el funcionamiento constitucional, el derecho de acceso, la pluralidad, la objetividad y naturalmente el derecho de los partidos políticos a verse reflejados a través de los medios públicos de comunicación. Abogamos, por fin, por la creación en España de una autoridad democrática en comunicación que no tiene, el único país europeo que prescinde de esto. Consiguientemente abogamos por la creación del Consejo de la comunicación, organismo de extracción parlamentaria e independiente absolutamente del Gobierno.
Respecto a la corrupción, ¿qué decir, señorías? En Izquierda Unida no queremos ser ejemplo de nada, no somos santos, pero sí podemos dar una cierta polarización si queremos y podemos marcar una cierta referencia en la lucha contra la corrupción. ¿Por qué luchamos contra la corrupción? Por mezclar siempre la ética con la política, porque luchar contra la corrupción asegura siempre la defensa del dinero público y porque luchar en este país hoy contra la corrupción es luchar -algo que a nosotros nos interesa mucho- a favor de la política y a favor de los políticos. Por eso luchamos contra la corrupción, no porque seamos gente santa que no sabe exactamente cuál es el motor de su lucha. En función de esta batalla qué menos que pedir el cese inmediato de los señores Piqué y Matas, incursos en una investigación fiscal y judicial de presuntos delitos, siguiendo incluso la propia estilística que marcó el señor Aznar cuando estuvo en la oposición.


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En política exterior últimamente nosotros hemos visto cierta indignidad. Como diría el poeta finamente, ese balancín de síes en el rostro del señor Piqué cuando recibió al representante del imperio no nos pareció bien. No encuentro otra fórmula más caritativa para decirlo que aludir al poeta granadino Javier Egea. En todo caso, nosotros queremos aludir seriamente a los compromisos de España con el Sahara Occidental. La ONU ha tomado una resolución intragable, inaceptable: que durante cinco años dependa el Sahara Occidental de Marruecos y luego se convoque un referéndum, que no sería ya sobre autodeterminación, con un censo en función del último año, con lo cual estamos ante una trampa que va a provocar sin duda un estallido bélico que nadie queremos.


VICEPRESIDENTE El señor (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, le ruego vaya concluyendo.


El señor ALCARAZ MASATS: Ese compromiso hay que cumplirlo desde España, por lo que planteamos una resolución en consonancia con la de Coalición Canaria, que nos parece también completa, respecto al Sahara Occidental. Nosotros creemos que el 0,7 por ciento debe funcionar para ser solidarios con los países del Tercer Mundo.
Recuerden el chiste de El Roto en el que decía un ciudadano del Tercer Mundo: Les agradezco que sólo se queden ustedes con el 99,3 por ciento de los fondos que consiguen. Nosotros estamos decididamente contra el escudo antimisiles y lo hemos dicho. El señor Trillo dijo que no había posición, que no era verdad que se hubiesen definido, y acto seguido el señor Aznar dijo que era posible, que era viable, que lo iban a apoyar, aunque su posición estaba fragilizando la de la Unión Europea. También estamos en contra de la ampliación de las bases de Rota y Morón y contra la creación de la base de Bétera en Valencia. Vamos a luchar para que la próxima conferencia intergubernamental de la Unión Europea empiece a trabajar por una Constitución europea donde la Carta Fundamental de los Derechos Humanos sea vinculante.
Respecto a los servicios fundamentales, de los que no se ha hablado apenas en este debate sino a través de los partidos no mayoritarios, nosotros pensamos que en educación la propuesta fundamental del Partido Popular en relación con la Universidad supone una selectividad trampa. No hay más que decir sobre esto porque coincidimos con lo que está diciendo la inmensa mayoría de los estudiantes. Falta dinero. No puede haber calidad en la enseñanza sin dinero. Al mismo tiempo se quiere atacar, se quiere derruir el derecho constitucional de la autonomía universitaria.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, le rogaría que fuese concluyendo ya.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señor presidente.


En relación con la salud, pensamos que hay que llegar a una financiación estable y superior, porque las listas de espera siguen aumentando. La enfermedad se quiere meter en el carril del mercado.
Las grandes empresas farmacéuticas que quieren aportar una cantidad -quien paga manda- nos llevarían a una situación que no es sostenible desde el punto de vista del mantenimiento de un servicio esencial.
Como ustedes saben, nosotros no planteamos ningún pacto en general.
Sólo vamos a plantear a la Cámara un pacto de Estado por la mujer. La mujer está emergiendo a lo público con la fuerza del renacimiento, una fuerza de verdad, competitiva, sana, que no quiere ajustes de cuentas, que no quiere ningún obstáculo en esta lucha por salir a lo público. Hasta ahora era la reina, entre comillas, y a veces sólo por un día, de lo privado y ahora está emergiendo con fuerza a lo público. Nosotros no dejamos los cauces necesarios, ni las instituciones ni los hombres en general. Hay que ir a un pacto de Estado contra la violencia doméstica, contra este terrorismo del hogar que se está sucediendo con una profusión tremenda y al que se dedican buenas palabras y muy poco dinero, muy poco presupuesto, por ejemplo con casas de acogida y soluciones de este estilo. Hay que ir a una dialéctica de paridad en la sociedad española y en las instituciones, si puede ser recogida por ley, y hay que ir a una igualdad de condiciones sociales y económicas empezando por la más simple: a igual trabajo, igual salario, que no se cumple y por consiguiente lo que no se cumple es la Constitución.
Nosotros queremos reprobar al señor ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, señor Árias Cañete. Llevábamos 20 siglos pescando hasta que ha llegado el señor Cañete. Con eso queda dicho todo.
Respecto a la vivienda...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Alcaraz, ha superado su tiempo en siete u ocho minutos y me viene repitiendo permanentemente que termina. Sepa que los tiempos están pactados por la Junta de Portavoces y todos los portavoces se están ajustando a lo pactado. Le ruego que termine inmediatamente, no ya por respeto a la Presidencia sino fundamentalmente al resto de los grupos parlamentarios.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino inmediatamente.


Señor presidente, nosotros planteamos un sistema de financiación autonómica basado en la solidaridad en el que todas las comunidades tengan la misma capacidad financiera, la misma autonomía financiera.
En noviembre es el centenario de Pi i Margall. No pedimos un homenaje, simplemente lo señalamos porque nosotros sí luchamos por un Estado federal.
Señorías, desde la izquierda planteamos soluciones plenamente constitucionales -todas ellas se pueden cumplir dentro de la Constitución-, soluciones de los

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rojos, de los verdes, de los violetas, y sentimos mucho que últimamente seamos de los pocos que en este Congreso estén defendiendo soluciones constitucionales concretas, directas, posibles y plausibles desde la izquierda transformadora y alternativa.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, decía ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió que nuestra aportación a la tarea común de gobernación del Estado tenía como base y como referente absolutamente intransigible la realidad nacional de Cataluña y, por tanto, nuestra capacidad de proyección política toma como base ese reconocimiento del Estado como una realidad plurinacional, pluricultural y plurilingüe. De ahí que no deba extrañar a SS.SS. que un bloque importante de las propuestas de resolución que presentamos en el día de hoy pretendan precisamente ese reconocimiento; reconocimiento en unos casos de la necesidad de aumentar el autogobierno de las comunidades autónomas hacia el exterior y, por tanto, la admisión de la participación de las comunidades autónomas en la delegación del Gobierno ante el Consejo de Ministros de la Unión Europea en aquellos supuestos en los que se traten o deban debatirse asuntos que son de la competencia exclusiva de las comunidades autónomas. Esta es una resolución que fue aprobada precisamente en el debate de 23 de junio de 1999. También en este mismo sentido se debe admitir, de acuerdo con la recomendación del Parlamento Europeo, la posibilidad de celebrar las próximas elecciones a dicho Parlamento en el año 2004 con circunscripciones electorales de base en la comunidad autónoma, siempre que así lo resuelvan los parlamentos de las respectivas comunidades autónomas y que la distribución del número de habitantes permita una solución proporcional. Pero no sólo pretendemos trasladar o proyectar el autogobierno de las comunidades autónomas hacia el exterior, hacia el ámbito internacional, pudiéramos decir, sino que pretendemos profundizar en el Estado de las autonomías desde una perspectiva interna. De ahí que tampoco les deba extrañar que planteemos continuar avanzando en aquel proceso que Convergènica i Unió pudo impulsar a través de la Lofage y, por tanto, proceder a la supresión de aquellos organismos de la Administración periférica del Estado que deban considerase ya absolutamente innecesarios.
El respeto a las lenguas y a las culturas de España, el respeto a esa realidad pluricultural y plurilingüística tiene dos expresiones en nuestras proposiciones. Una de ellas ya ha sido planteada, ya se ha firmado por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, así como por el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco. Se trata de exigir el cumplimiento de las disposiciones de la Carta Europea para las lenguas regionales o minoritarias. Son cuatro disposiciones que sólo pretenden admitir el reconocimiento de esa realidad pluricultural y plurilingüe en el ámbito de la Administración del Estado, tanto de la Administración de justicia como de la Administración ordinaria del Estado, de los medios de comunicación de ella dependientes y que el Gobierno deba impulsar y rendir cuentas del impulso de esa protección y respeto a esas lenguas y culturas minoritarias o regionales, expresión que utiliza el Consejo y el Parlamento europeos. De la misma manera pretendemos impulsar -y así lo solicitamos- un proceso legislativo y de actuaciones administrativas que permita el asiento en los registros civiles en la lengua propia de la comunidad autónoma, así como también la expedición de los certificados de dichos registros.
Se han planteado algunos problemas en la Comunidad Autónoma de Cataluña, así como en alguna otra comunidad, según tenemos entendido, y es algo que no tiene sentido después de 23 años de Constitución y de la aplicación de las leyes de política lingüística de las comunidades autónomas. En este sentido, debo manifestar la satisfacción por el voto favorable que nos ha sido anticipado por parte del Grupo Parlamentario Popular a esto que no es sino una manifestación de ese reconocimiento de la realidad plurilingüística del Estado.
Hablar de autogobierno, señorías, es hablar sin duda alguna de la financiación de las comunidades autónomas. De ahí que hayamos presentado una propuesta de resolución que pretende impulsar la modificación del sistema de financiación de las comunidades autónomas en base a esos principios de suficiencia, de autonomía, de corresponsabilidad fiscal, de recíproca lealtad; por tanto, que aquellos proyectos de ley que supongan un incremento de gasto para las comunidades autónomas deban contemplar también la financiación de ese gasto, así como también los principios de solidaridad y de especificidad. Desde nuestro punto de vista, el sistema de financiación debe tener como elemento fundamental la población, sin perjuicio de que haya otros elementos como el grado de envejecimiento o incluso la extensión territorial. En última instancia, está absolutamente vinculado, señorías, al principio de transparencia. De ahí que reiteremos la resolución, ya aprobada el día 23 de junio de 1999, de la necesidad de publicar las balanzas fiscales, de efectuar con transparencia, con publicidad, la determinación de ese saldo de los ingresos y gastos fiscales de las comunidades autónomas, incluyendo los flujos financieros europeos. Como saben SS. SS., el planteamiento de Convergència i Unió tiene como base precisamente esa autonomía, esa corresponsabilidad fiscal y sin lugar a dudas el principio de solidaridad.


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Hay otras propuestas de resolución de Convergència i Unió, presentadas con carácter exclusivo o con otros grupos parlamentarios, que pretenden aumentar el ámbito de autogobierno de las comunidades autónomas. Permítanme citar únicamente la proposición de resolución referente a la inmigración, en la que establecemos como condición la necesidad de colaborar con las comunidades autónomas en la gestión de los flujos inmigratorios, en el desarrollo y ejecución de la Ley Orgánica de derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, así como también los imprescindibles convenios bilaterales entre el Estado y las comunidades autónomas, que obviamente deberán contemplar la financiación de este tipo de actividades.
No podemos hablar de un Estado moderno, señorías, si no realizamos unas auténticas políticas de cohesión social, de ganar esa competitividad social, como señalaba ayer el portavoz del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió Xavier Trías. De ahí que reafirmemos el Pacto de Toledo, por tanto los principios de consenso y sostenibilidad, cumplimiento de los principios que en él se encuentran, así como también el aumento de las pensiones más bajas y el fomento de la previsión social complementaria. Especial hincapié debemos hacer en las pensiones de viudedad, cuya base de determinación debe incrementarse gradualmente, así como también impulsar la compatibilidad, por tanto eliminar la incompatibilidad, entre las pensiones del SOVI y las de viudedad.
La jubilación flexible es otro de los aspectos que presenta para nosotros un extraordinario interés, pero en un doble sentido. El problema no es -que lo es- que hay que intentar fomentar la permanencia en el mercado de trabajo a partir de los 65 años cuando así lo desea el trabajador, sino que la permanencia real en el mercado de trabajo se extingue mucho antes de estos 65 años. De ahí que pretendamos impulsar medidas para garantizar ese mantenimiento en el mercado de trabajo de los mayores de 55 años. Entre las políticas de cohesión social y las de competitividad, nos encontramos con los trabajadores autónomos. De ahí que también hayamos presentado una propuesta de resolución que pretende avanzar en ese estatuto del trabajador autónomo, de la microempresa y del emprendedor, con la idea de avanzar también en esa equiparación de las prestaciones a los trabajadores autónomos y en el régimen general de la Seguridad Social, hablando de incapacidad y de desempleo en aquellos supuestos en los que éste pueda acreditarse a través de circunstancias objetivas.
Las políticas de cohesión social tienen para nosotros tres o cuatro ámbitos de un extraordinario interés. De un lado, las políticas familiares. Saben SS. SS. el interés que el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió tiene por este tema. De ahí que hayamos impulsado unas propuestas de resolución con la finalidad de elaborar una normativa de apoyo, de ayuda a la familia, de acuerdo con las conclusiones de la subcomisión que tuvo lugar en el Congreso en la legislatura pasada. Especial interés tiene para nosotros el aumento de las prestaciones por hijo a cargo, el plan de guarderías, el tratamiento fiscal favorable a aquellas familias que tienen discapacitados, así como también aquellas medidas, sin coste, que pretenden la conciliación de la vida familiar y laboral, una mejor regulación de los contratos de interinaje que permita que no se haga de forma que uno se vaya y otro se quede, sin que el trabajador que va a ser sustituido y el sustituto puedan convivir en la empresa durante un cierto tiempo. Algunos otros supuestos que afectan de una forma dura a la organización de la empresa entendemos que deben ser superados, y así lo ponemos de manifiesto en esta proposición, que pretende también favorecer -hablamos de discriminación positiva- la incorporación de la mujer al mercado de trabajo.
La política exterior, la política de erradicación de la pobreza, la necesidad de coordinar esas ayudas públicas y privadas, los microcréditos, la política en relación a la deuda externa, las políticas de fomento o políticas de impulso de la paz, procesos de pacificación, son otras que nos merecen un enorme interés. De la misma manera que no queremos que las nuevas tecnologías, en lugar de reducir la brecha entre unos y otros ciudadanos, efectúen procesos de una mayor marginación y exclusión social. De ahí la necesidad de avanzar, de fomentar y de acordar que Internet se convierta precisamente en un servicio de carácter universal.
En última instancia hay que hacer referencia a esos derechos de tercera generación, como es el derecho al desarrollo sostenible, la necesidad de presentar y de aprobar el programa de desarrollo sostenible así como cumplir con lo acordado en la Conferencia de Kioto.
Señorías, se dice también que la medida de la libertad de un ciudadano está en función precisamente de la conciencia que éste tiene sobre su propia seguridad. De ahí que la seguridad, entendida en un sentido amplio, es algo que ha merecido una gran preocupación por parte de Convergència i Unió y, atendiendo al resultado del debate de ayer, hay que señalar que también de otros grupos.
Seguridad en la vertiente de seguridad ciudadana. De ahí que establezcamos la necesidad de impulsar aquellas modificaciones sustantivas -estamos hablando del Código Penal y procesales, Ley de Enjuiciamiento Criminal- para poder atender con eficacia aquellos supuestos de delitos menos graves y flagrantes así como también los supuestos de faltas contra las personas y contra la propiedad, que acaban generando una enorme sensación de impunidad en nuestros ciudadanos. Se trata de intentar dar un mejor tratamiento a los supuestos de reincidencia, a los supuestos de organización y sobre todo un mejor tratamiento procesal, ir a esos procesos inmediatos -uno de los activos incorporados por Convergència i Unió al pacto de la justicia- que permitan en plazos de 24 horas enjuiciar con todas las garantías este tipo de conductas. Pero no

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sólo seguridad ciudadana, señorías, también seguridad vial. Hemos presentado una propuesta de resolución que pretende crear una subcomisión en la que debe estudiarse algo tan importante como es el carné de conducir por puntos, que es algo que el Grupo de Convergència i Unió entiende que generará una mayor seguridad que otras medidas que en estos momentos estamos aprobando o están en tramitación.
Qué podemos decir, señorías, de la siniestralidad laboral, porque no se trata pura y exclusivamente de un planteamiento estricto de seguridad sino de un planteamiento que afecta a los derechos y a la dignidad de las personas. De ahí que impulsemos la introducción del bonus malus en materia de siniestralidad laboral en lo que hace referencia a las cotizaciones a la Seguridad Social, las deducciones fiscales por los gastos que se efectúan en esta materia, así como modificar aquellas primas de cotización en la medida en que debe ajustarse a una nueva configuración y a una nueva realidad empresarial española. En cualquier caso, las medidas de fomento de la seguridad, las medidas de concienciación en algunos sectores especialmente peligrosos, como es el de la construcción, las debemos atender.
Competitividad, señorías, pero también cohesión territorial como vertebración del territorio son las infraestructuras. De ahí que las infraestructuras en Cataluña hayan merecido una especial atención por parte del Grupo Parlamentario Catalán.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Silva, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Voy concluyendo, señor presidente.
Es necesario atender a esas infraestructuras prioritarias, el tren de alta velocidad, el aeropuerto de Barcelona, los puertos de Barcelona y Tarragona, la N-II y la N-340. Hay que señalar, señorías, el Plan del delta y de los regadíos. Ha sido y es objetivo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) el desarrollo inmediato de la disposición adicional décima de la Ley del Plan hidrológico nacional y, por tanto, el desarrollo reglamentario de la misma, que permita la aprobación del Plan integral del delta del Ebro y la constitución del consorcio correspondiente, así como de las obras de regadío vinculadas a ese Plan integral del delta del Ebro y al Plan hidrológico nacional.
Por lo que hace referencia a las políticas económicas, la participación de la sociedad civil en aquellas políticas de interés general, esto es, el mecenazgo, ha sido otro de los objetivos fundamentales de Convergència i Unió. Lo mismo cabe señalar de la política agraria: la necesidad de definir la nueva política agraria comunitaria, en primer lugar, con participación de las comunidades autónomas; en segundo lugar, impulsar de la Comisión la exigencia de los Estados del cumplimiento de aquellas medidas de seguridad animal y vegetal que son imprescindibles; finalmente, el Plan de ordenación estructural del sector porcino, que fomente el ciclo integrado.
Señor presidente, en materia de política económica están todas aquellas medidas que pretenden un crecimiento equilibrado y un aumento de la competitividad, el estatuto de los emprendedores, de la microempresa y de los autónomos, al que me he referido anteriormente, así como también las políticas estructurales o referidas al euro. En la hacienda general, las medidas de modificación del IRPF, del IVA, del impuesto sobre sociedades y del IAE, así como en materia de hacienda local.
Acabo haciendo referencia a dos aspectos de sendas propuestas de resolución a los que mi grupo prestará un especial interés.
Convergència i Unió votará a favor de aquellas propuestas de resolución que plantean el reconocimiento del derecho a la autodeterminación. Es doctrina clásica de Convergència i Unió que la autodeterminación es un derecho que se tiene y se puede ejercer, esté o no en el ordenamiento jurídico. En cualquier caso, vamos a votar favorablemente teniendo en cuenta que la autodeterminación no presupone necesariamente el camino a la independencia. El president Pujol lo ha señalado en los días anteriores precisamente en un Estado que es independiente desde hace relativamente poco. Lamentamos que no seamos capaces de aprobar una resolución conjunta en materia de terrorismo y de proceso de pacificación. Convergència i Unió entiende que aquí hay que apoyar todas aquellas medidas a favor del diálogo con una exclusión muy clara, y es que no se puede dialogar con quien no renuncie a la violencia y con quien no renuncie al terrorismo. A ese, señorías, nosotros no vamos a darle la mano.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señor presidente, señorías, en el debate de ayer quedaron de manifiesto dos formas de entender la política, dos formas de entender la sociedad española y dos proyectos distintos para el país. Hubo una crítica de fondo por parte de mi grupo parlamentario a un año que cuando menos puede calificarse de perdido; perdido para el avance social, perdido para los equilibrios, perdido para la modernización, perdido para la igualdad, perdido para la vertebración. Ese discurso, ese mensaje, ese proyecto alternativo se hizo desde la confianza de estar construyendo por el Partido Socialista lo que muy pronto será una alternativa para todos los españoles, una oposición que comprende que no se puede eximir de las responsabilidades de los ciudadanos respecto de nuestro destino colectivo. Me explico así sobradamente, señorías de la derecha, que ustedes no nos entiendan; es perfectamente comprensible. Nunca pensaron

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igual, nunca se comportaron igual. (Rumores.) El señor Rodríguez Zapatero describió un proyecto de país y todas las resoluciones del Grupo Parlamentario Socialista se encajan en ese proyecto de país y desarrollan las grandes ideas fuerza que fueron aquí descritas.
Queremos un país más igual, queremos un país más cohesionado, queremos un país más moderno e innovador, más fuerte y seguro y queremos un país con mejores valores cívicos. ¿Por qué queremos un país con más igualdad? Porque esa es la seña de identidad de todo progresista y, por supuesto, del socialismo democrático.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, ustedes han venido presumiendo durante estos años de haber desarrollado lo que llaman un círculo virtuoso del crecimiento económico, pero yo les diré también que este período ha sido el menos ambicioso en inversión y en equipamiento social. Sepan ustedes que no es la primera vez que el país crece (Rumores.), no es la primera vez que el país crece, no lo es, y sepan SS.SS. que lo importante es crecer pero más aún es saber cómo se reparte el fruto del crecimiento. Les pondré un ejemplo.
Entre los años 1987 y 1991 España se acercó más rápidamente a los niveles de bienestar y a la llamada convergencia real con Europa.
(Rumores.) ¿Y saben ustedes por qué? Porque las diferencias se acortaron. (Aplausos.) Y hoy el país ha crecido económicamente pero las diferencias aumentan; las diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen aumentan y eso provoca desequilibrios e injusticia social. (Rumores.) Hay un segundo problema, señorías.
Ustedes nunca reconocieron los efectos de aquel crecimiento económico. Nosotros hoy sí, aunque lo criticamos por su injusticia y por su mal reparto. Por eso, señorías, las resoluciones de mi grupo proponen incrementar el reparto justo del crecimiento económico.
Ustedes presumen de que este año vamos a alcanzar el déficit cero, pero yo les diré a costa de qué: a costa, señorías, del déficit de los servicios para los ciudadanos en España (Rumores.), a costa de que España hoy invierta menos porcentaje de su riqueza en educación que hace cinco años (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Rumores.), de que España hoy tenga unos servicios públicos deteriorados (Aplausos.), de que hoy, señorías, tengamos, por ejemplo, 8.000 personas menos en las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Así nos explicamos esa increíble recomendación de su responsable de seguridad en Madrid diciéndonos que nos paguemos la seguridad privada. (Aplausos.) Eso es inadmisible en un Estado democrático avanzado, eso es inadmisible.
Señorías, hay que desarrollar un contrato social por el empleo estable porque ése es el principal problema del país. Por cierto, señorías, cómo se pueden ustedes atrever a calificar de contratos sin protección social aquellos cuya protección social ustedes han disminuido notablemente en su reforma en esta Cámara, como el contrato de formación, que han ampliado a personas que lleven tres años en el paro o a inmigrantes? (Aplausos.) ¿Saben ustedes cuánto se cobra por un contrato de formación? El 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Y ustedes están condenando a ciudadanos de este país a pasar toda la vida en período de formación percibiendo esa retribución. (Aplausos.) Esto, señorías, ¿saben lo que significa? Esto no es ya una ineficacia económica, que lo es, no es un ejemplo de injusticia social, que lo es, es el mejor ejemplo del esclavismo moderno. (Rumores.) Sí, señoras y señores diputados. Por eso hay que promover un contrato social de empleo estable, mejorar nuestra educación, nuestra sanidad. Aquí no se habló ayer por parte del presidente del Gobierno de las listas de espera.
(Continúan los rumores.) Han aumentado mucho, señorías, y lo que es peor, no hay un mecanismo de transparencia mediante el cual el ciudadano pueda tener garantizado el mismo derecho que los demás a ser intervenido o atendido cuando legítimamente le corresponda. Por eso queremos que se apruebe ese sistema de control y de transparencia. Y, señorías, dado que su ministro de Economía yerra uno y otro año en algo que es fundamental para la estabilidad y para el bienestar social como es la previsión de inflación -tres años consecutivos equivocándose en perjuicio de los más necesitados-, les proponemos, señorías, una revisión del objetivo del índice de precios al consumo, para que millones de familias españolas puedan disfrutar de lo que en justicia les corresponde y no pierdan capacidad de compra en sus rentas o en sus salarios.
Queremos un apoyo a la familia, un apoyo intenso, con planes de dependencia, con planes de ayuda a domicilio, con plan de acción sobre personas con discapacidad y con el plan gerontológico.
Señorías, también queremos un país moderno e innovador. Ayer propusimos un plan de acercamiento a la media comunitaria. ¿Saben ustedes en qué situación nos encontramos en estos momentos en relación con el desarrollo tecnológico y con la sociedad de la información? Se lo diré. En España el porcentaje de población que usa Internet es el 11 por ciento; en Europa, el 22 por ciento. En España tenemos sólo 8,5 ordenadores conectados a Internet por cada 100 alumnos; en Europa, prácticamente el doble. Hagamos un esfuerzo en esa materia.
Y queremos un país fuerte y seguro; fuerte y seguro, señorías, con cohesión territorial. Se nos dijo aquí que la Cámara conocía un plan director de infraestructuras. No se equivoquen, señorías, no lo conoce. En este país se hace política con impacto territorial sin que los representantes de los ciudadanos tengan ocasión de discutir los grandes planes con incidencia en el territorio. Traigan aquí los planes de infraestructura; acepten una agencia de evaluación de la cohesión; acepten un principio que significa que todas las políticas con impacto en el territorio vengan presididas por el criterio de la

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evaluación de su cohesión. Exactamente igual que pedimos en Europa, pidámoslo para España.
Queremos un nuevo modelo policial. Señoras y señores diputados, queremos un sistema público de seguridad que permita universalizar la seguridad a todos los ciudadanos. Queremos una propuesta de España para Europa y de Europa para el mundo. Señorías, antes de que los demás decidan por nosotros, tenemos que discutir y aprobar todos, tanto en política para Europa como en defensa y seguridad, qué alternativa ofrecemos a nuestros socios europeos. Tenemos que decidir si queremos fortalecer las políticas de cohesión en la Unión, si queremos una carta de derechos fundamentales que sea vinculante. Para participar de verdad en las reformas necesarias debemos tener una alternativa y disponer de recursos suficientes para ello.
Y, señorías, queremos también un país con mejores valores cívicos, con mejores valores democráticos, con los valores que se desprenden de nuestra Constitución. Por eso, para elevar la calidad de nuestra democracia, tenemos que impedir que haya cualquier sombra de impunidad en la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley. Por eso, señorías, les proponemos que el fiscal general del Estado, que puede ser cesado cada viernes en un Consejo de Ministros, cuando haya una acción de la justicia que se dirige contra un aforado -no sólo miembro del Gobierno, sino contra cualquier aforado-, se abstenga de actuar, se abstenga de participar. (Aplausos.) Porque el fiscal se debe antes a los principios constitucionales que a la jerarquía que le impone el Gobierno. En este país hay la fundada sospecha de que un miembro del Gobierno puede alcanzar la impunidad a través de la prescripción, porque el fiscal general del Estado no es el fiscal de todos, sino el fiscal de un miembro del Gobierno. (Protestas y aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Caldera, le ruego que vaya concluyendo.
Señorías, silencio, por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Acabo ya.
Señorías, corrupción y política no son lo mismo, aunque ustedes, en la oposición, así lo pensaran; no son lo mismo. Por eso, a mi grupo parlamentario le vale con que haya un código en el que todos seamos iguales ante la ley; con que ustedes acepten que trabaje la justicia, por eso proponemos esta modificación en relación con el fiscal general del Estado.
Señorías, termino. Queremos pluralismo; queremos un nuevo modelo de televisión que difunda los valores. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, silencio, por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: El día en que se solicitaba la imputación para un miembro del Consejo de Ministros y todos los informativos abrían con esa noticia, Televisión Española abría con un eclipse de sol en Zimbabwe.
(Protestas.-Un señor diputado: No es verdad.) Esto, señorías, es un apagón de la democracia; es un apagón de la democracia.
Y queremos un país culto -acabo, señor presidente-, con una proyección del mundo en España. Ustedes nunca han confiado en las posibilidades del país; no confiaron en el año 1992 en el éxito de la Expo de Sevilla (Protestas.-Varios señoras diputados: ¡Por favor!) ni confiaron en el éxito de los Juegos Olímpicos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, por favor. Señor Caldera, le ruego vaya concluyendo.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Y hoy no confían en que España pueda proyectarse con sus valores, sus lenguas y su cultura en el mundo en el próximo decenio y en que para ello utilicemos a un español universal como fue don Miguel de Cervantes Saavedra.
(Rumores.) Ahora entiendo por qué ustedes ayer se tomaban a broma una concepción tan amplia de la cultura española, ustedes, que llevan a España en la boca sólo como retórica. Ahora lo entiendo, después de escuchar a su ministro de la Presidencia comparar El Quijote con los Harlem Globe Trotters. (Risas y aplausos.) Sí, esa es su cultura, esa es su capacidad cultural. Lo lamento, porque España no puede permitirse ese lujo.
Inauguro una nueva forma de reprobación.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Caldera, ha superado suficientemente el tiempo. (Rumores.) Señorías, silencio, por favor.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Hasta ahora estábamos acostumbrados a las reprobaciones políticas. (Un señor diputado: ¡Caldera, te queremos!) Hoy creo que al señor Lucas hay que reprobarle culturalmente y enviarle de nuevo a las aulas. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Caldera.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cisneros. (Rumores.) Un momento, señor Cisneros. Señorías. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!-El señor Blanco López: ¡Igualdad, presidente de todos, de toda la Cámara!) ¿Me puede explicar qué significa ese gesto? (Varios señores diputados: ¡Igualdad!) Exactamente igual que antes.
(Rumores.)

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Ruego silencio, señorías. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora, ahora!-El señor Blanco López: Que sea respetuoso el presidente. El Reglamento es para todos.) Un momento, señor Cisneros.Si les parece, continuamos con la presentación de las propuestas del Grupo Popular, que es la última intervención que estaba prevista para la tarde de hoy.
Señor Cisneros, cuando quiera.


El señor CISNEROS LABORDA: Muchas gracias, señor presidente.
Comprendo que a la vista de las valoraciones dominantes del resultado del debate de ayer (Varios señores diputados: ¡Ah!-Aplausos.) el señor Caldera haya intentado un tardío y extemporáneo ejercicio de moviola. Le confieso, señor Caldera, que el estilo del señor Rodríguez Zapatero me gusta mucho más que el suyo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Señor Caldera, el célebre senador McCarthy, a su lado, Teresa de Calcula. (Rumores.) Pero no teman, que no voy a entrar al trapo de su pretendida y sostenida provocación. Por supuesto que existen dos entendimientos de la vida y de la sociedad española. Por supuesto que teniendo, como podemos tener, un amplio elenco de objetivos por compartir, cuando en vez de datos se manejan adjetivos, es muy difícil no coincidir con todos y cada uno, con la mayoría de los objetivos que ha señalado su señoría. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Lo que ocurre es que existen métodos y caminos distintos, y lo que no podemos aceptarle, señor Caldera, es que nos impute una falta de confianza en la sociedad española, porque ha sido justamente la cancelación del dogal de su intervencionismo, de su dirigismo, de su pretensión injerente en todos y cada uno de los ámbitos de la sociedad civil (Aplausos.), ha sido justamente eso lo que ha permitido la liberación de las espléndidas capacidades ínsitas en el seno de la sociedad española.
Nosotros sí creemos en los españoles, creemos en la sociedad española, creemos en la sociedad civil y en la capacidad de movilizar sus recursos productivos. (Aplausos y pateos.) Mal día ha elegido el señor Caldera para recordar los fastos de 1992: los teletipos de ayer daban cuenta de las resoluciones del Tribunal de Cuentas en torno a las irregularidades que acompañaron aquel fasto; no ha estado muy oportuno. (Rumores.) Pero, frente a aquella vieja y cancelada arrogancia, sepa, señor Caldera, que a lo largo del primer año de legislatura esta Cámara, centro ahora del quehacer político en una democracia representativa (Varios señores diputados: ¡Oooh!), liberal y parlamentaria como es la nuestra y que aspiramos por todos los medios a preservar, ha desplegado una actividad intensísima que ha supuesto la superación de todos los registros de las legislaturas precedentes. El compromiso asumido por el Partido Popular hace ya cinco años de erigir esta casa en el centro de la vida política se ha visto cumplidamente satisfecho. (Aplausos y rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.


Señorías, ruego guarden silencio y permitan... (Protestas.- Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!) Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se escuchen las intervenciones de los oradores que están en la tribuna. (Varios señores diputados: ¡Ahora, ahora!) Ahora, señora Mendizábal, ahora. Ruego guarden silencio.
Adelante, señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Gracias, señora presidenta.
Hace 15 meses, cerca de diez millones y medio de españoles suscribieron con el Partido Popular un contrato de confianza sobre la base de un programa de perfiles diáfanos que nos dispensó una clara mayoría absoluta, una confianza que no sólo nos otorgaba el derecho, sino que nos atribuía la responsabilidad de llevar a buen puerto aquellos compromisos. Pues bien, pese a esta mayoría, pese a la copiosa actividad parlamentaria, en este año no se ha registrado ni una sola votación relevante o significativa en la que el Grupo Parlamentario Popular haya votado en solitario. (Varios señores diputados: ¡Con Coalición Canaria!) Sí, sí, señorías, con los de Coalición Canaria, ¿tienen algo en contra de ese grupo? Me parece absolutamente inadmisible esa interrupción peyorativa para un dignísimo grupo de esta Cámara. (Aplausos.) La evidencia de los hechos, señor Caldera, la terquedad de la realidad se basta y se sobra para desvanecer las neurosis de los tics autoritarios, la exhibición apocalíptica de fantasmagorías del pasado o las bizarras teorías sobre la legitimidad de las que hemos tenido a lo largo del debate algunas singulares muestras.
En rigurosa continuidad de esa ejecutoria, el Grupo Parlamentario Popular puede ofrecer a la consideración y el voto de este Pleno 25 propuestas de resolución, de las que cinco han sido suscritas conjuntamente con los grupos parlamentarios de CiU y Coalición Canaria, cinco más con Coalición Canaria -sólo con ella- y las restantes, firmadas por nuestro grupo. Quiero desde aquí reconocer a los compañeros de ambos grupos parlamentarios el esfuerzo compartido, expresar mi esperanza de que la votación de las propuestas permita ensanchar aún más los espacios de coincidencia y manifestarles mi convicción de que el resultado bien compensa las horas de sueño sacrificadas o el enojo de minuciosas discusiones. (La señora Cunillera i Mestres aplaude.) Gracias por su entusiasmo, señora Cunillera.


Comprenderán SS.SS. que el esquemático formato de este debate no permite ni tan siquiera enunciar el contenido de las proposiciones, habré de limitarme a

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glosar la filosofía que las anima y detenerme en las que considero más relevantes. Y no se sorprendan SS.SS. si encuentran en nuestras propuestas de resolución el eco o el trasunto del ambicioso programa desgranado en la mañana de ayer por el señor presidente del Gobierno.
Comprenderán SS.SS. que, en el dominio de la política económica, cuando se parte de cinco años de crecimiento sostenido y se logra trasladar íntegramente a la creación de empleo, eso es igualdad y política social, señor Caldera. (Aplausos.) Con dos millones y medio de nuevos puestos de trabajo, cuando estamos afrontando la desaceleración a un ritmo comparativamente saludable del 3,4, cuando se ha logrado reducir el gasto público del 46 al 40 por ciento del PIB y el peso de la deuda pública del 68 al 60 por ciento, cuando en cinco años estamos en trance de erradicar el déficit público, sería absolutamente insensato -para eso ya están ustedes- instar al Gobierno a hacer algo distinto que perseverar y profundizar en las reformas estructurales, en la modernización del sector público y en la liberalización de los mercados de bienes y servicios, culminar el proceso de privatización del sector público económicoempresarial que actúa en mercados productivos y continuar las iniciativas de desregulación y liberalización. Nuestra apuesta por la economía productiva nos lleva a reclamar del Gobierno un estatuto para las nuevas empresas que agilice su creación, reduzca transitoriamente sus cargas fiscales y laborales en sus primeros años de vida y recoja instrumentos financieros específicos. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.


Señorías, estamos terminando el debate sobre el estado de la Nación, un debate que ha sido largo, por lo que entiendo que algunos de ustedes estén cansados. Ahora bien, a aquellos que tengan deseos de desahogarse canturreando les ruego que lo hagan en los pasillos de la Cámara por respeto a todos los diputados que estamos aquí. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Adelante, señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Señora presidenta, estamos persuadidos de que en la sociedad española de esta hora existen energías emprendedoras prestas a movilizarse a poco que el marco institucional se lo propicie. En idéntica dirección proponemos medidas de apoyo a las pymes y a los autónomos, reclamamos el incremento gradual de los recursos afectados a I+D+I hasta alcanzar la equiparación con el nivel medio de nuestros socios de la Unión, alentamos el proceso de normalización de las empresas españolas y proponemos cambios normativos para mejorar la eficiencia y competitividad de nuestros mercados financieros. Sugerimos la potenciación de la previsión social complementaria y el fomento de los planes de pensiones en el marco de la negociación colectiva y concretamos las propuestas de liberalización y la defensa de la competencia en distintos sectores productivos. Un largo y detallado epígrafe de nuestra propuesta de resolución en materia de economía se consagra a recoger un elenco de medidas tendentes al más rápido proceso de introducción del euro. En materia fiscal -eso sí, sin saltos acrobáticos y con la credibilidad que corre en nuestro auxilio tanto como se aleja de nuestros principales adversarios políticos-, instamos una reforma del impuesto sobre la renta de las personas físicas que lo simplifique y rebaje singularmente para las familias con hijos a su cargo, así como una reforma del impuesto sobre sociedades que modernice el tratamiento de las empresas reduciendo la carga fiscal en especial de las pymes para favorecer el empleo, la innovación tecnológica y la internacionalización de las empresas. En materia de haciendas locales, creemos posible y reclamamos en un horizonte temporal razonable la supresión del IAE para el 90 por ciento de las pymes y de los autónomos y la disminución del peso de la propiedad inmobiliaria como fuente de ingresos de las entidades locales. En el ámbito laboral, y sin pretender suplantar la iniciativa y protagonismo del acuerdo entre los agentes sociales, instamos al Gobierno a adoptar medidas dirigidas a evitar la expulsión prematura del mercado laboral y a incentivar la prolongación voluntaria de la vida activa de los trabajadores una vez alcanzada la edad legal de jubilación. El equilibrio financiero a medio y largo plazo, sustentado por ese récord histórico de 16 millones de cotizantes, 550.000 de ellos emigrantes, y por los 190.000 millones de pesetas del fondo de reserva de la Seguridad Social, nos anima a reclamar del Gobierno la continuidad de las políticas de mejora de las pensiones mínimas del sistema de la Seguridad Social sin desnaturalizar el carácter contributivo del propio sistema. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor CISNEROS LABORDA: Instamos otras políticas sociales en materia de sanidad y consumo, asistencia sociosanitaria, discapacitados, fundaciones e incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, y singularmente, porque compartimos en todos sus términos el diagnóstico formulado ayer por el señor presidente de Gobierno sobre el estado de la cuestión de nuestras políticas educativas, reclamamos la más pronta remisión a la Cámara de los proyectos de ley de universidades, de formación profesional y de calidad de la educación.
Yo, creo, señorías, que podrán convenir con la afirmación escasamente polémica (inclusoel señor Caldera ha hecho referencia a ella, pues no me estoy refiriendo sólo al pasado inmediato) de que la protección de la familia es una auténtica asignatura pendiente de la

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democracia española. A despecho de su papel de sacrificada red de seguridad en los años de las cifras mastodónticas del paro, de seguro sin cotización para afrontar tantas situaciones de dependencia y vulnerabilidad, de proveedora de infinitas prestaciones sin otra posible cobertura, a despecho de la poco favorable comparación con países de nuestro entorno, parece llegada la hora de impulsar una resuelta protección de la familia, tanto más cuanto que la feliz incorporación masiva de la mujer a la actividad productiva, al tiempo que está en trance de cancelar un anacrónico reparto de roles en la asunción de las responsabilidades domésticas y al haberse convertido en uno de los factores más determinantes para la comprensión de nuestro crecimiento, plantea nuevos problemas a los que no cabe dar la espalda. Por ello, los grupos parlamentarios que la suscriben instan al Gobierno a que, de acuerdo con las recomendaciones del informe de la subcomisión de estudio sobre la familia, impulse medidas de discriminación positiva para los núcleos familiares con hijos a cargo, con especial consideración a los ámbitos de la fiscalidad, la educación, la vivienda y el transporte.
La prensa de esta mañana -el señor Alcaraz se refería a ello- nos ofrece dos noticias de signo contrapuesto, inquietante la una, esperanzadora la otra, sobre el fenómeno históricamente inédito, en los términos en que lo estamos viviendo, de la emigración. Hemos conocido con esperanza que la debilísima tasa de fecundidad española ha experimentado un leve incremento que todos los demógrafos coinciden en atribuir fundamentalmente al aporte de madres inmigrantes. El envés dramático está representado por esos centenares de inmigrantes ilegales que saltaron el Estrecho la pasada madrugada, conducidos por las mafias de los nuevos esclavistas y que se ven abocados a instalarse en la extrema vulnerabilidad a que les condena su situación irregular. Nuestra propuesta de resolución en materia de inmigración tiende a ordenar los flujos migratorios acomodándolos a nuestra capacidad real de acogida, a promover la integración de los extranjeros residentes en nuestro país garantizando la plena efectividad de sus derechos, a luchar contra el tráfico de seres humanos, la explotación laboral de los inmigrantes y las actitudes racistas y xenófobas. Quienes asumimos sin temor el futuro posible de una España multicultural, de una España mestiza, quienes descartamos de raíz cualquier rasgo identitario como soporte de una comunidad que no aspiramos a construir sobre otras nociones distintas que no sean las de la ciudadanía, los derechos humanos y la libertad, no podemos sino afrontar con esperanza el desafío de la inmigración, a condición de que no se convierta en una fuente de exclusión y marginalidad.
Me resulta materialmente imposible reseñar todas las propuestas de resolución. Tengo que advertir que he hecho llegar a los servicios de la Cámara, en relación con la propuesta de resolución en materia de ciencia y tecnología, la rectificación de una errata mecanográfica que dejaría sin sentido o convertiría en incongruente la formulación tal y como ha sido distribuida.
Yo no puedo terminar sin fijar mi posición con respecto a algunas de las propuestas de resolución que se han defendido esta tarde aquí.
(Varios señores diputados: ¡Tiempo!-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio y les recuerdo que es la Presidencia la que fija el tiempo y las intervenciones. Les ruego que se abstengan de hacer indicaciones. (Protestas.) Señor Blanco, las intervenciones de todos los parlamentarios han sido...
(Pateos.) Señorías, ruego guarden silencio.


LABORDA: El señor CISNEROS Señor Alcaraz...


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Cisneros.


Señor Blanco, para su información, le diré que la luz roja se ha encendido a los 10 minutos, que el tiempo pactado en Junta de Portavoces es de 15 y que se ha empezado a avisar a los portavoces a partir del decimosexto minuto. Por la información que yo tengo, y he seguido el debate a través del monitor de televisión, su portavoz ha sobrepasado en exceso los 15 minutos. (Protestas.) Por tanto, señor Blanco, le ruego que no haga indicaciones a la Presidencia.
Señor Cisneros, le ruego que termine en dos minutos.


El señor CISNEROS LABORDA: Termino en dos minutos, señora presidenta, para decirle al señor Alcaraz que no se puede, por la trocha de una propuesta de resolución, proponer nada más y nada menos que una reforma constitucional en toda regla, como él lo ha hecho respecto al procedimiento de nombramiento del fiscal general del Estado. Eso lleva sus trámites y tiene los términos que la propia Constitución aloja. En todo caso me parece mucho más franca y aceptable esa posición que la que, bajo una aparente hipocresía virtuosa, nos formulaba S.S., el señor Caldera, otra que supone un auténtico torpedo bajo la línea de flotación de una institución central de la configuración constitucional de la justicia como es el fiscal general del Estado. Para salir al paso de supuestas sospechas ciudadanas, que bien pueden estar instigadas por el interés partidista y secundadas o precedidas por implacables campañas mediáticas, a S.S. no se le ocurre otra cosa que poner bajo sospecha al propio ministerio fiscal.
Es decir, para preservar supuestamente la igualdad ante la ley, se pretende colocar en condiciones desfavorecidas a determinadas categorías de ciudadanos. Es una propuesta que presume nada menos que la falta de independencia del órgano que tiene constitucionalmente atribuida la función de velar por la independencia de los tribunales.
(Aplausos.) Señor Caldera, la Constitución quiso equilibrar el nombramiento gubernamental reglado -en ocasiones,

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con algún precedente que no hace falta mencionar, esas reglas no fueron muy tenidas en cuenta- con una plena autonomía del fiscal, justamente como garantía de su única sujeción a los principios de legalidad e imparcialidad -única sujeción, señorías, insisto- y todo ese sabio equilibrio pretende ser arrasado y, partiendo de una presunción indemostrada e indemostrable de eventuales interferencias gubernamentales, se mediatiza de hecho la libertad de juicio y la rectitud de conciencia del fiscal general (Risas y rumores.) perturbando el ejercicio de su función e incluso pretendiendo cercenar arbitrariamente sus atribuciones. No van a contar para ello con el concurso de nuestro voto.


La señora PRESIDENTA: Señor Cisneros, le ruego concluya, por favor.


El señor CISNEROS LABORDA: Termino, señora presidenta.
Saludo con alegría y hasta con un punto de paternal emoción la encendida reivindicación que del espíritu de la transición nos hacía ayer el señor Rodríguez Zapatero. Me complace haber aprendido que el señor Rodríguez Zapatero pudo votar en el referéndum constitucional en virtud de un decreto-ley a cuya promulgación algunos no fuimos ajenos. Eso está muy bien, pero, por favor, no vaya a estas alturas a intentar apropiársenos también de la transición. Fuimos muchos, casi todos los de la época por fortuna, quienes tuvimos que ver algo con aquello.
Muchas gracias. (Fuertes rumores y aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señorías, si los grupos están en condiciones, con las últimas incorporaciones, iniciamos la votación de las propuestas de resolución.
Propuestas de resolución presentadas por el Grupo Mixto. En primer lugar, sometemos a votación las del señor Saura. Propuesta de resolución número 1.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 158; en contra, 181.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta de resolución número 2, en los términos de la transaccional número 9, del Grupo Socialista, que también afecta a la 127 de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, sometemos a votación la propuesta de resolución número 4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 25; en contra, 200; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta número 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación las propuestas de resolución firmadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto. En primer lugar, la número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 31; en contra, 299; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 157; en contra, 183.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación del resto de las propuestas firmadas por la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 36; en contra, 302; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, las propuestas del señor Labordeta, del Grupo Mixto. En primer lugar, las números 9 y 10 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 140; en contra, 197; abstenciones, tres.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, la propuesta de resolución número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 141; en contra, 184; abstenciones, 15.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.
Votamos la número 12.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 22; en contra, 198; abstenciones, 120.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas firmadas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 13.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 12; en contra, 305; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 14.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 27; en contra, 299; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 15.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 141; en contra, 196; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la número 16.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 36; en contra, 300; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución firmadas por los grupos parlamentarios Popular, Catalán y de Coalición Canaria. En primer lugar, propuesta de resolución número 17, afectada por la transaccional número 4, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 199; en contra, dos; abstenciones, 139.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.) Señorías, si no es posible que se oiga el enunciado de las votaciones, es probable que haya confusiones. Les ruego bajen el nivel de sus murmullos de modo que permitan seguir las indicaciones, en aras de la brevedad de la votación.
A continuación, sometemos la votación de la propuesta de resolución número 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 335; a favor, 197; en contra, ocho; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Seguidamente, sometemos a votación el resto de las propuestas firmadas por los referidos grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 197; en contra, 126; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas de resolución firmadas por los grupos parlamentarios Popular y de Coalición Canaria. En primer lugar, la propuesta de resolución número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor 197; en contra, 120; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
A continuación, votamos la propuesta número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 197; en contra, 20; abstenciones, 122.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 24.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 321; en contra, uno; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta de resolución número 25.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 333; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, dentro de este bloque, votamos la número 26.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 205; en contra, tres; abstenciones 130.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, las números 29, 30, 32 y 37.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 200; en contra 131; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (Aplausos y rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
Votamos la número 31.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 182; en contra 132; abstenciones 26.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.) Votamos a continuación la número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 314; abstenciones, 25.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 35.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 198; en contra, cuatro; abstenciones 135.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.) Votamos la número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 209; en contra, uno; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 309; en contra, uno; abstenciones, 29.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada. (Rumores.) Sometemos a votación la número 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 182; en contra, 129; abstenciones, 28.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación las propuestas números 27 y 41, esta última afectada por propuesta transaccional.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 199; en contra, diez; abstenciones, 130.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las propuestas números 28 y 38, ambas afectadas por propuestas transaccionales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 259; a favor, 215; en contra, ocho; abstenciones, 36.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas. (El señor De la Encina Ortega pide la palabra.) Sí, señor De la Encina.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, habíamos pedido votación separada de las propuestas números 28 y 38.


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La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, los servicios de la Cámara han tomado nota de la votación conjunta de las propuestas números 28 y 38, que es lo que la Presidencia ha sometido a votación.


El señor DE LA ENCINA ORTEGA: Señora presidenta, es que son distintas. Le indiqué a la letrada que son votaciones distintas una de otra.


La señora PRESIDENTA: Señor De la Encina, no se lo discuto, en absoluto, lo que le indico es que es una votación compleja y S.S. ha hecho la indicación en el último momento. Lo siento.
Sometemos a votación la número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 197; en contra, 142; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos en un solo bloque las propuestas de resolución presentadas por los señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 144; en contra, 180; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), excepto la 51, que está retirada.
En primer lugar, la número 52.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 21; en contra, 296, abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 63.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 28; en contra, 301; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las números 54 y 55.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 28; en contra, 305; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 53, que está afectada por la transaccional número 26, del Grupo Parlamentario Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 337; en contra, tres; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 62 Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 142; en contra, 184; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 145; en contra, 190; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se vota, a continuación, la número 50.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 43; en contra, 180; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos conjuntamente las propuestas números 58, 60 y 61.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 157; en contra, 179; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 59.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 23; en contra, 302; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 37; en contra, 302; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, votamos conjuntamente las números 82, 86 y 88.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 124; en contra, 204; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta número 80, afectada por la transaccional número 8 de Convergència i Unió.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 148; en contra, 180; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos el resto de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 133; en contra, 197; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 89.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 313; en contra, seis; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 90.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 327; en contra, uno; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 91.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 332, en contra, uno; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 92.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 333; en contra, uno; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 93.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 326; en contra, siete; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 94.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 336; en contra, uno; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 95.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 337; a favor, 333; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 96.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 336; abstenciones, cuatro.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 97.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 330; en contra, siete; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la propuesta número 98.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 331; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, dentro de este bloque, votamos la propuesta número 99.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 162; en contra, 179.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución número 100, firmada por los grupos parlamentarios Catalán (Convergència i Unió), Vasco (EAJ-PNV) y Mixto, señor Rodríguez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 158; en contra, 180; abstenciones, una

La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las propuestas de resolución presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 101, que está afectada por las transaccionales 1, del Grupo Parlamentario Popular a los párrafos 2 y 4, y 19, del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 329; en contra, uno; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la número 102.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 337; en contra, uno; abstenciones, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 103.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 199; en contra, 17; abstenciones, 124.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 104.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 158; en contra, 177; abstenciones, 4.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 105.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 338; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 106.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 150; en contra, 181; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 107.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 108.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 31; en contra, 307; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Sometemos a votación la propuesta de resolución 109, en los términos de la transaccional número 6, del Grupo Popular, que ha sido aceptada.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 338; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 110.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 330; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, la 111.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 336; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 112.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 204; en contra, 10; abstenciones, 126.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la 113.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 337; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Sometemos a votación la número 115 por cuanto la 114 ha sido ya sometida votación junto con la 28, del Grupo Popular. Iniciamos la votación de la número 115.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 337; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 116 afectada por la transaccional número 7, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 341.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 117.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 339; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos la número 118 afectada por la transaccional número 25, del Grupo Popular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 340; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Dentro de este bloque, votamos, por último, la número 119.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 337; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Iniciamos, a continuación, la votación de las propuestas de resolución presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 122.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 338; a favor, 141; en contra, 180; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, el resto de las propuestas del señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 339; a favor, 140; en contra, 196; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las propuestas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, excepto la 127, que ha sido votada ya con la transaccional número 9, del Grupo Parlamentario Socialista a la propuesta número 2, del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, votamos la 144, afectada por la aceptación de la transaccional número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 145; en contra, 196.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de resolución 126.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 37; en contra, 301; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 135.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 20; en contra, 187; abstenciones, 133.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 146.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 141; en contra, 182; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, las propuestas de resolución números 131, 132, 133, 136 y 137, conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 23; en contra, 198; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la 138.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 340; a favor, 21; en contra 199; abstenciones 120.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la 148.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 22; en contra, 315; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, por último, el resto de las propuestas de resolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 341; a favor, 142; en contra, 198; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Aplausos de los señores diputados del Grupo Popular puestos en pie.- Rumores, protestas y pateos.) Señorías, les recuerdo que el Pleno sigue reunido.


ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCIÓN DE LA CINEMATOGRAFÍA Y EL SECTOR AUDIOVISUAL. (Número de expediente 121/000027.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la señora Julios. (Rumores.) Un momento, señora Julios.
Señorías, es preciso que continuemos con el transcurso del Pleno, se hace necesario que en el hemiciclo exista un mínimo de silencio que nos permita escuchar las intervenciones de las señoras y los señores diputados, por lo cual una vez más les ruego que los que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan rápidamente y en silencio. (Continúan los rumores.) Señorías, les recuerdo que estamos en sesión, y entre otras cosas está prohibido fumar en el hemiciclo, señor Leguina. ¡Señor Leguina! Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Voy a fijar la posición de nuestro grupo y anuncio que vamos a votar positivamente las enmiendas que han venido del Senado y que aunque no introducen cambios en cuanto a contenidos, sí lo hacen en cuanto a la forma, mejorándola. Entendemos que a lo largo del trámite se han presentado numerosas enmiendas por todos los grupos y muchas de ellas, incluidas también algunas que nuestro Grupo de Coalición Canaria presentó, se han incluido en el texto que se ha presentado en el Senado y que hoy vuelve a esta Cámara.
Para terminar, señora presidenta, quiero manifestar que lamento que aunque, como dije, algunas de nuestras enmiendas fueron incluidas en el texto definitivo, hay alguna otra, quizá de las más importantes para nosotros y que incluso pudiéramos considerar como fundamental para potenciar y sobre todo para mantener un mínimo de producción audiovisual en el archipiélago canario, que no fueron aceptadas a lo largo del trá-

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mite parlamentario. Este texto hace bastantes referencias a las recomendaciones de la Comisión Europea y del Consejo de Ministros de Cultura de la Unión Europea. En ese contexto planteábamos una enmienda para que a la hora de distribuir las ayudas que contempla la ley se tuvieran en cuenta en el reparto los sobrecostes añadidos para territorios insulares alejados; no obstante, debe hacerse un esfuerzo para que en el desarrollo del reglamento estos aspectos puedan ser tomados en cuenta.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Concluido el debate de política general, el mensaje motivado y las enmiendas que nos remite el Senado en relación al proyecto de ley sobre promoción y fomento de la cinematografía y el sector audiovisual es buena muestra de lo que en el debate anterior se ha sostenido; todas y cada una de las enmiendas que remite el Senado son correcciones ortográficas o morfológicas, alguna concordancia, algún aspecto polisemántico, incluso en algún caso hasta se puede discutir desde la ortodoxia lingüística del castellano la conveniencia de algunas de las enmiendas; pero es que no existe ninguna enmienda, señora presidenta, que tenga contenido alguno. Se ha discutido en el debate anterior sobre la función del Senado. Creo que haremos bien en bajar de las musas al teatro y comprobar cuáles son las enmiendas y qué correcciones se proponen en este proyecto de ley.
Desde el Grupo Parlamentario Vasco queremos lamentar que se haya desaprovechado una formidable oportunidad de haber legislado de forma moderna en este sector, sobre todo en el audiovisual y en lo que se refiere al mundo cinematográfico. Vamos a ser el único Estado del área europea que va a mantener cuotas en la defensa del mundo cinematográfico y audiovisual. Todos los países de nuestro entorno y por ende los de la Unión Europea han retirado a estas alturas las cuotas por entender que esta forma de fomentar y de proteger el cine ha quedado obsoleta. En el debate en Comisión planteábamos desde el Grupo Parlamentario Vasco si una legislación de este tipo y con esos planteamientos se hubiese realizado desde los parlamentos de Cataluña o del País Vasco, en qué situación y qué cosas tendríamos que oír y leer. Sin embargo, por parte de una mayoría muy significativa de la Cámara se ha renunciado a apoyar unas medidas fiscales, industriales, para que el mundo del cine pueda ver encaminado su planteamiento industrial desde posiciones más modernas y más acomodadas a una sociedad actual, indudablemente con un plus cultural que debiera recoger también este proyecto de ley. Una vez más, se vuelve a desaprovechar una oportunidad y se realiza una política cultural de ombliguismo; eso que tanto se critica a los demás es lo que se fomenta cuando se legisla en esta Cámara con planteamientos que en nuestra opinión están claramente superados.El Grupo Parlamentario Vasco indudablemente va a votar a favor de estas correcciones porque, como he indicado antes, son simplemente morfológicas o de concordancia lingüística, sin más relevancia.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
En la exposición de motivos del II Congreso democrático de cine, se señalaba que de no adoptar medidas urgentes era probable que no tardásemos en tener que levantar el acta de defunción del cine, concretamente del cine europeo y particularmente del cine español.
Pues bien, señorías, lo que esperábamos del debate parlamentario sobre el proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual era que diéramos respuesta a las inquietudes del sector y que se legislara con visión de futuro. Sinceramente, tengo que manifestar la decepción que nos ha causado el trámite del Senado, que ha remitido de nuevo al Congreso el proyecto con unas enmiendas de corrección de estilo, que revela en cierto modo que es preciso caminar en la reforma del Senado, tal y como aquí planteó ayer el portavoz de mi grupo, el señor Gaspar Llamazares, y algunos otros responsables de los grupos políticos de la oposición.
Hemos perdido una oportunidad de oro, a pesar del magnífico talante de la compañera del Partido Popular ponente de este proyecto. No hemos avanzado mucho. Es verdad que se ha aprobado alguna enmienda en la que trabajó mi grupo parlamentario, una enmienda que tiene que ver con la cuestión de los subtítulos para las personas que tienen discapacidades, lo cual valoramos positivamente, pero también es verdad que en relación con las restantes y numerosas enmiendas que ha elaborado mi grupo parlamentario, casi todas cualitativas, no hemos obtenido respuesta adecuada relativa a ninguna de las importantes como la cuota de pantalla o la creación de la cuota de distribución, algo que nosotros entendemos necesario. Por tanto, como vamos a remitirnos a la votación de las enmiendas que vienen del Senado, tan sólo quiero decirles que nosotros advertimos de algo que precisamente en la prensa de hoy, concretamente en La Vanguardia, se recoge a toda página y es que los cines españoles denuncian prácticas abusivas con Pearl Harbor. Pues bien, señorías, no vamos a evitar esas prácticas abusivas con este proyecto de ley y

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hemos desaprovechado una nueva oportunidad. Dice hoy La Vanguardia que la distribuidora multinacional Buenavista quiere obligar a los exhibidores de cine de España a proyectar la película Pearl Harbor en condiciones abusivas, y además para que los cines puedan obtener este film, tienen que programar previamente el último de la factoría Disney: El emperador y sus locuras. Esto es una muestra más del vasallaje cultural al que nos tiene sometido el cine norteamericano.
Desde luego, creo que hemos perdido una magnífica oportunidad, a pesar de que el Partido Popular ha dado marcha atrás en algunas cuestiones, habiendo suavizado el tema de las cuotas de pantalla. No obstante, no va dar la respuesta que en este momento reclama el sector y la sociedad en su conjunto.
Nos vamos a abstener en la votación de las enmiendas del Senado. No podemos pronunciarnos en contra, puesto que únicamente, como digo, se trata de correcciones de estilo que poco tienen que ver con la política y mucho menos con la etimología y con la filología.
Nada más y muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Efectivamente, la ley cuyo último trámite vamos a votar ahora es una buena ley. No es la mejor de las posibles. Ninguna de las leyes que se aprueban en esta Cámara son prácticamente nunca la mejor de las leyes posibles y este caso es claro. No lo es y tampoco es la ley que hubiera redactado el Grupo Parlamentario Catalán si hubiese tenido, cosa que difícilmente ocurrirá algún día, mayoría en esta Cámara.
Pero sí es una buena ley, una ley en todo caso mucho mejor que el régimen vigente, una ley que da seguridad jurídica y que pone en manos del Gobierno unos instrumentos claros y nítidos si quiere impulsar el cine. Será una pura decisión política dar más o menos impulso al cine, ya que el marco lo tiene perfectamente establecido, pero faltará evidentemente la voluntad en cada Ley de presupuestos y en las decisiones de aplicación de esa ley de destinar determinados fondos y de administrarlos. Ahora bien, la ley está ahí y el ejemplo que acaba de poner la portavoz de Izquierda Unida es un buen ejemplo.
De hecho, la ley lo que va a hacer es precisamente permitir atacar de raíz ese tipo de situaciones abusivas. Más que un ataque a la ley, el comentario que ha hecho la portavoz de Izquierda Unida tendría que entenderse en sentido contrario. Es casi una aplicación anticipada de la ley la que ha llevado por ejemplo a los exhibidores a denunciar las prácticas de abuso de posición dominante por parte de determinados distribuidores (que habrá que ver si son ciertas o no; pueden serlo, pero habrá que verlo; hay que hacer presunción de inocencia también aquí), es precisamente la aplicación anticipada de la ley la que permite eso. La ley, por primera vez, introduce instrumentos de lucha contra el abuso de posición dominante de cualquiera de los agentes que intervienen, muy especialmente distribuidores pero también podrían ser exhibidores, aunque lo normal es que fueran distribuidores frente a exhibidores. Por tanto, más que un ataque a la ley nos parece una descripción positiva.
Es una ley positiva también porque reconoce - insisto-, seguro que no con el grado que hubiéramos querido pero sí con cierta claridad, el carácter pluricultural del Estado español y de la industria cinematográfica española. Por tanto, también condicionada a la voluntad política cotidiana que nunca una ley puede sustituir pues las leyes no sustituyen la acción de Gobierno, son el marco de la acción de Gobierno, posibilita el reconocimiento y el apoyo a la cinematografía y a la industria audiovisual en lenguas distintas de la lengua castellana. Eso es algo que no estaba recogido con esta nitidez y lo está a partir de hoy.
Posibilita un apoyo claro al cine europeo y posibilita muy expresamente un apoyo a la industria cinematográfica española preservando y manteniendo -es una opción política en la que nosotros apoyamos al grupo mayoritario de la Cámara, a diferencia de otros grupos-, las cuotas de pantalla durante cinco años por lo menos y quizás más, porque dependerá del Gobierno dentro de cinco años suprimir o no, en función de la evolución del mercado, esa cuota de pantalla.
Por tanto, en conjunto nos parece una ley buena, no es una ley muy distinta la que viene del Senado de la que salió de aquí, en el Senado se han introducido una serie de enmiendas técnicas, prácticamente lingüísticas y sintácticas, que apenas hubieran necesitado ni siquiera la modificación por vía de enmienda, pero en todo caso ahí están, que sean bienvenidas y queda esperar a partir de ahora fundamentalmente tres cosas, que son las tres que le faltan a esta ley para realmente poder desplegar todo su efecto. En primer lugar, evidentemente, el reglamento. En todas las leyes es importante el reglamento que la desarrolla; en ésta de una forma muy especial.
Las normas reglamentarias de desarrollo de esta ley serán auténticamente la prueba de la voluntad política del Gobierno de desplegar toda la eficacia que la ley puede llegar a tener.
En segundo lugar -y el orden no es de importancia-, la disposición de recursos. Esta ley, como he dicho más de una vez en esta intervención, lo que está haciendo es posibilitar un apoyo económico a la industria cinematográfica y audiovisual española, pero está por ver efectivamente qué recursos quiere destinar el Gobierno a ese apoyo, y eso es lo que esperamos ver en adelante y evidentemente lo veremos cuando llegue la Ley de presupuestos.


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Finalmente queda una pata coja, si se me permite, de lo que es el apoyo a la industria cinematográfica, que entendemos y compartimos la idea del Grupo Popular de no incluirla en esta ley, pero evidentemente creemos que es un elemento pendiente, y es el marco fiscal. Falta un perfeccionamiento serio, profundo y generoso del marco fiscal de la industria cinematográfica en España, y eso hay que hacerlo. Habrá que hacerlo en el marco de las reformas fiscales que están anunciadas. Cuando llegue ese momento nosotros plantearemos, o apoyaremos en su caso, las iniciativas que al respecto se traigan, sabiendo que eso queda pendiente y dejando claro que ese asunto no es que no le demos importancia o que no compartamos la importancia que otros grupos le dan, sino que sencillamente que no era este ni el momento ni el lugar.
Con esas tres salvedades, reglamento, apoyo presupuestario o desarrollo presupuestario y un marco fiscal correcto, si eso se desarrolla con el mismo espíritu que esta ley se ha elaborado y aprobado, entendemos señora presidenta y con esto termino, que empieza una nueva etapa para la industria cinematográfica española, y de rebote, si se me permite la expresión coloquial europea, donde en España contaremos con un instrumento de enorme apoyo y promoción.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Leguina.


El señor LEGUINA HERRÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, yo soy menos optimista que el señor Guardans, en esta ocasión no en todas; pero en esta ocasión soy menos optimista que él.
La ventaja que tiene esta ley es que va a existir y que recoge normas dispersas, las unifica, las ordena y las mejora. Por tanto, desde ese punto de vista la ley está bien, pero el cine español no está bien porque al ser una industria necesita de otras cosas y esta ley pierde la gran ocasión. Esta ley es una gran ocasión perdida. Se habla, por ejemplo, en el título de la ley de fomento del cinematógrafo y del audiovisual. Del audiovisual apenas se habla nada, no se cita ni una sola vez en el texto de la ley las series de televisión que son la base misma de una industria incipiente cinematográfica y del audiovisual. Es decir no se entra nada a fondo en las cuestiones en que se debían haber entrado. Insisto que en España la industria cinematográfica es -digámoslo piadosamente- incipiente y no se habla nada en la ley de apoyos fiscales.
El presidente del Gobierno ayer en esta Cámara dijo que se preparan -siempre se están preparando-, apoyos fiscales para la producción cultural. Los grupos parlamentarios hemos presentado enmiendas en esa dirección y se nos han laminado por la mayoría. Tampoco existe un mercado financiero cinematográfico o del audiovisual. Si algún ahorrador quiere invertir en cine, porque le apetece o porque considera que es un sector positivo desde el punto de vista de los beneficios, no puede hacerlo en España, no hay un mercado financiero y es imprescindible que lo haya. Esta ley no lo toca.
Tercera cuestión: la cuota de pantalla. La ley vino aquí al Congreso mediante un proyecto promovido por el Gobierno donde iba a desaparecer la cuota de pantalla. Ha bastado que el sector pusiera pegas, que el sector no estuviera tan de acuerdo como se había anunciado por parte del Ministerio, para que las cosas se hayan quedado como la botella, medio llena o medio vacía, no se sabe muy bien; pero si queremos una ley de fomento de la cinematografía española, tendríamos que haber puesto más cuota de pantalla y no menos.
En cuarto lugar, el doblaje. Tampoco se entra en este tema. Señora presidenta, permítame un minuto sobre este asunto, que me parece es capital. Las películas producidas en idioma distinto del inglés, de hecho no pueden proyectarse en Estados Unidos dobladas y no hay ninguna ley norteamericana que prohíba el doblaje. Se pueden doblar al inglés, pero a la hora de estrenarlas los lobbies de exhibidores no permiten su exhibición. Esto es un juego sucio. Si ustedes norteamericanos, uno de los cines más productivos del mundo desde todos los puntos de vista -sin duda como dijo un clásico, cine norteamericano es una redundancia- pueden exhibir en España doblados sus productos, nosotros les regalamos eso y ustedes no nos regalan nada. Me parece que, sin prohibir como hacen en Norteamérica de hecho la exhibición de productos norteamericanos doblados al castellano o a otra lengua oficial de España, tendríamos que sacar algún beneficio, tendrían que pagar algún peaje por esa corrida en pelo que nos están dando, y ese peaje sería un canon. Lo hemos propuesto, pero no se ha querido entrar en ese asunto. Este asunto es bastante grave para la cinematografía española. Es verdad que el sector pide que se prohíba el doblaje, pero me parece que por ahí no debemos ir de forma directa legal ni siquiera de forma torticera como en Norteamérica a través de los exhibidores, pero sí sacar algún provecho del doblaje, no regalar gratis et amore las lenguas y además sacaríamos un dinero precisamente para fomentar de verdad la cinematografía española.
Luego está el recurrente asunto, que tampoco se entra en la ley directa ni indirectamente, del abuso de poder de las llamadas majors, ni se toca. Ese abuso de poder es evidente que se está produciendo y se está produciendo con la venta de paquetes de películas de suerte que una película que va a ser con toda probabilidad comercial se le vende al distribuidor con otro conjunto de contrapesos y aquí no hay forma fácil de defensa de esa competencia, porque de hecho quien tiene la sartén y el mango es el que fríe los huevos. Eso es lo que está pasando y esta ley no ha querido abordarlo.


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Por último, el cine en televisión. Las relaciones entre el cine y la televisión (ambiguas, perversas o mediopensionistas, no voy a entrar en ello) tampoco se abordan aquí, y me refiero a dos cuestiones que son más importantes de lo que parece. En primer lugar el hecho de que las televisiones, públicas o privadas pero especialmente éstas últimas, para comprar el producto cinematográfico, exijan que ese producto haya sido estrenado previamente en pantalla grande, es decir en los cines comerciales, es una perversión porque el consumo de cinematografía que hacen las televisiones es de tal tamaño que al obligar a que todos los productos que han comprado hayan sido estrenados, lo que están haciendo es tapar la posibilidad de que en las grandes pantallas se proyecte cine español. Eso se podía haber regulado -nuestras enmiendas iban por ahí- y no se ha querido. En segundo lugar, la publicidad de las películas norteamericanas (hablemos claro y castellano, y hablemos de países concretos) en la televisión es arrasadora. Ninguna productora española, ningún producto de la industria incipiente española puede competir en publicidad en televisión, que es la más eficaz, con las películas norteamericanas. Si ésta quería ser una ley de defensa y fomento de la cinematografía española, era la ocasión de abordarlo; tampoco se ha querido.
Termino, señora presidenta. Creemos que no es una ley deleznable, pero no es una ley votable. Creo que nosotros, cuando lleguemos al Gobierno, podremos dar ese paso adelante que ustedes no han sabido o no han querido dar.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Leguina.
Grupo Parlamentario Popular, señora RodríguezSalmones.


La señora RODRÍGUEZ-SALMONES CABEZA: Muchas gracias, presidenta.
Nuestro grupo, como es lógico, va a votar a favor de las enmiendas puramente técnicas que el Senado nos remite, y lo va a hacer con la satisfacción de ver llegar al final del trámite parlamentario una ley que es demandada por todo el sector y que creemos es necesaria; creemos, incluso, que es muy demandada y muy necesaria. Aquí se han hecho una objeciones que repetidamente las hemos oído en estos casi cuatro meses de trámite parlamentario; no creo que sea el momento de reabrir el debate, pero a algunas sí tendré que responder.
Nosotros creemos que el cine español está pasando un momento brillante, pero las estructuras que lo soportan son frágiles.
Decíamos aquí un día que es una muestra artística, pero que se hace encima de una industria, no se hace sólo con un pincel, por ejemplo.
El cine español necesita tener una estructuras que no sean frágiles y hoy todavía no lo son. Suponemos que dentro de unos años -y podemos esperar- no sea necesario ni siquiera este apoyo que hoy estamos brindando, pero creemos que de momento ese apoyo es indispensable.
Esta ley satisface y busca los puntos de confluencia en toda una cadena de un sector, porque si no es con esa confluencia no parece que nos vaya a llevar a buen término. Los creadores, los productores, los distribuidores y los exhibidores ven aquí recogidas sus aspiraciones, es muy posible que no en un cien por cien (desde luego, no será una ley como ha dicho el señor Guardans, una ley perfecta, será muy mejorable), pero sí las ven recogidas en sus comunes denominadores, que son muchos.
En primer lugar, nosotros creemos que con este marco legal, al darle rango de ley se da estabilidad a todo el sistema de apoyo al sector; se le dan también unos criterios objetivos, fuera del criterio político de lo que cada Gobierno quiera instrumentar en cada momento; se busca un equilibrio importante entre los sectores, digamos, noveles y la gran industria, porque uno y otro son necesarios para un buen desarrollo de la cinematografía. Por otro lado, con la cuota de pantalla se da una inyección económica muy importante al sector.
Hemos visto aquí que unos grupos propugnan su desaparición y otros su ampliación. Teniendo en cuenta que somos el único país europeo que mantiene la cuota de pantalla, nos parecía necesario establecer un plazo de cinco años, ya que hoy se haría un daño al cine si desapareciera la cuota de pantalla. Por las posturas que aquí se han expuesto, entre la desaparición y el refuerzo, está claro que estos cinco años son convenientes; después, el Gobierno podrá tomar las decisiones que estime necesarias para el sector.
También se regula el fondo de la cinematografía. Por tanto, además de la cuota de pantalla, contamos con este fondo y con un tercer apoyo muy importante. Me sorprende que se diga que no se regulan lo audiovisual ni las televisiones, cuando nada menos que se regula la cantidad, tanto económica como de espacio en los programas, que tienen que dedicar las cadenas públicas y privadas a la exhibición de cine, concretamente de cine en cualquiera de las lenguas españolas.
Este 60 por ciento que van a tener que dedicar supone una inyección importante para el cine. En ningún caso se hubiera podido ir más allá, ni tampoco lo hubiera admitido la Unión Europea.
Voy a contestar al portavoz socialista, que ha dicho que se ignoran las series. Hemos dicho una y otra vez cuánto valoramos las series.
Sencillamente las series hoy, y cada vez más, no necesitan este apoyo, y esto se sabe, ya que tienen otros sistemas de financiación y otros sistemas de amortización. Esta es una ley que se dirige fundamentalmente a películas, a documentales, a cortometrajes y a nuevos productores. Además, las

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series hoy no han demandado este apoyo, ni parece que este sea el marco que necesitan.
Otra cuestión que aquí se ha planteado varias veces es la de las majors y las competencias. Esto lo ha dicho muy bien el señor Guardans. No sólo no se ignoran las posiciones dominantes o abusivas, sino que se ha presentado una enmienda expresa para dotar al Instituto de la Cinematografía de la capacidad para instruir los procesos y elevarlos a los tribunales de la competencia si se dieran estas situaciones abusivas, que era una capacidad que no existía y que no es frecuente que exista en ningún sector. No creemos que se pueda ir más lejos. Como ha dicho el señor Guardans, contestando a la portavoz de Izquierda Unida, si en La Vanguardia sale hoy la denuncia de esta posibilidad de abuso de posición dominante es precisamente porque esta ley va a dar el cauce.
Por tanto, nos congratulamos, porque creemos que va a ser una ley importante para el sector. Y, además de anunciar nuestro voto afirmativo, queremos agradecer a los grupos, voten o no a favor de ella, las importantes aportaciones que han hecho. También damos las gracias a todos los representantes de los distintos sectores, que han trabajado mucho en esta ley y que incluso han venido al Parlamento para enriquecerla.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Rodríguez Salmones.
Sometemos a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 192; en contra, 109; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al referido proyecto de cinematografía.


- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO- LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000037)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por parte del Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Muy brevemente voy a exponer la posición de Coalición Canaria con respecto a las enmiendas que vienen del Senado. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Julios, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio y ocupen los escaños o abandonen el hemiciclo.
Adelante.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias.
En líneas generales, unas enmiendas introducen mejoras muy positivas, y otras son de carácter puramente técnico desde el punto de vista de la redacción. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) En lo que se refiere a aspectos positivos, resaltaría aquéllas que van dirigidas a mejorar situaciones en relación con el pacto de horas complementarias, donde se salvaguarda la no sanción del trabajador en circunstancias en que se ocasione la no realización de los pactos por parte del trabajador, por incumplimiento por parte del empresario, en los convenios colectivos o en el régimen jurídico de aplicación.
También nos parece positivo que en algunas de las enmiendas se favorecen las posibilidades de contratación a tiempo parcial, así como adecuar la regulación de los contratos de trabajo o de relevo en cuanto a la regulación del contrato a tiempo parcial.
En diferentes ocasiones mi grupo ya ha manifestado que el proyecto, que se viene debatiendo en esta Cámara y ahora en el Senado, introduce y mejora diversos aspectos que son fundamentales y necesarios en estos momentos, con relación a la problemática del mercado laboral en España, en lo referente a la lucha contra la precariedad en el empleo o al fomento en la creación de empleo femenino. También quisiera manifestar que se ha desaprovechado, en parte, la oportunidad en el debate, tanto en esta Cámara como en el Senado, de haber sido más flexible a la hora de introducir enmiendas si no totales sí parciales con respecto a numerosas enmiendas presentadas por parte de todos los grupos en esta Cámara. Si bien la ley introduce mejoras importantes no son todas las mejoras posibles que se podíanhaber introducido producto de las enmiendas presentadas y del debate que sobre ellas se hubiera podido producir con mayor profundidad. En el transcurso del debate nosotros presentamos enmiendas, que no fueron aprobadas, en relación con los contratos de inserción, dirigidas a prevenir el abuso en la utilización continua en los contratos temporales, a medidas que podrían beneficiar a los trabajadores autónomos y al empleo del trabajo femenino en la línea de empezar a desarrollar elementos que normalizaran el trabajo doméstico. Entendemos que algunas de las enmiendas que se pre-

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sentan por parte del Senado, sobre todo las que hacen referencia al contenido y no sólo a la forma, tienen aspectos más positivos que otras. Creemos que en las dos Cámaras se podía haber sido algo más flexible, desde nuestro punto de vista, en la introducción de algunas enmiendas, aunque hubieran sido enmiendas transaccionales con las del resto de los grupos. Entendemos que si bien las propuestas que hoy se presentan son importantes, probablemente no son todas las que podrían haberse desarrollado en el contexto de esta ley.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario del PNV, tiene la palabra el señor Txueka.


El señor TXUEKA ISASTI: Señor presidente, señorías, buenas tardes, arratsalde on.
El Grupo Vasco presentó una enmienda de fondo, la número 56, que, tras el debate en el Senado, el Partido Popular vuelve a no tomarla en consideración. Nos temíamos que iba a ser así porque en el área sociolaboral es probablemente más palpable, no ya las reticencias, sino la involución en la profundización del régimen competencial autonómico vasco. El Grupo Vasco creía que coherentemente con el discurso autonómico del Partido Popular, tan esgrimido en los días anteriores, se iban a articular las transferencias correspondientes a las comunidades autónomas con competencias en materias de ejecución de la legislación laboral y de gestión del régimen económico de la Seguridad Social, incluyendo lógicamente en el traspaso de funciones y servicios en materia de políticas activas de empleo la gestión de los incentivos por bonificaciones de la cuota empresarial a la Seguridad Social que contempla el presente programa de fomento de empleo.
Ayer mismo el presidente del Gobierno manifestaba que el Gobierno vasco no tiene las políticas de empleo del Inem sencillamente porque no ha querido tenerlas. Otras comunidades autónomas han aprobado y aceptado estas transferencias. Nosotros no vamos a decirles al resto de las autonomías lo que tienen que hacer, pero ustedes sí deben de tener claro que no vamos a aceptar que lo que vale y cuesta 40 se nos transfiera y valore en 16, porque esa es la diferencia de incluir o no los programas de políticas activas de empleo que articulan incentivos a través de los mecanismos instrumentales de las bonificaciones. ¿Por qué creen ustedes que, con lo que nos va en asumir las competencias totales para dotar a Euskadi de un autogobierno completo, seamos de las pocas autonomías que no aceptamos esta transferencia? Pues porque el grifo y la manilla de los incentivos siguen en el Estado y la jarra con fisuras en las comunidades autónomas.
Finalizo diciendo que ante el rimbombante discurso teórico autonomista nos encontramos otra vez ante una realidad centralizada y un informe que no compartimos, por lo que desde el Grupo Vasco no vamos a darle nuestro apoyo político a esta ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Txueka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, el paso de la reforma laboral por el Senado no nos permite recuperar ninguna tranquilidad. Es decir, esta ley vuelve al Congreso prácticamente en los mismo términos en los que salió, y el Partido Popular ha vuelto a confirmar lo que ya entendimos en su debate en este Congreso: la afirmación de un mercado laboral basado en la temporalidad y en un trabajo sin derechos, en la autoridad sin limitaciones del empresariado en las relaciones laborales, en la eliminación de derechos sindicales, empezando por los derechos de información. Esta reforma laboral, señorías, es una reforma inútil ante la precariedad del mercado de trabajo, regresiva para quienes tienen contratos a tiempo parcial, lesiva para quienes a partir de ahora se ven obligados a asumir un contrato para la formación enormemente desnaturalizado, y perjudicial para unas relaciones laborales basadas en el acuerdo y en el diálogo. Se desvirtúa de tal manera el contrato para la formación que se convierte en cajón de sastre del subempleo. Tras la fanfarria pueden percibirse las contribuciones centrales del Partido Popular a esta reforma: eliminan el límite de edad en el contrato para la formación para los colectivos de inmigrantes desempleados de más de tres años, desempleados en situación de exclusión social y trabajadores acogidos a escuelas taller y casas de oficio.
Señorías, en el artículo 1.2 del real decreto-ley realizan una importante modificación al artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores que afecta al contrato para la formación, ampliando los colectivos susceptibles de este contrato formativo, rompiendo el límite de edad, que saben que era de 16 a 21 años, desvirtuando, por tanto, seriamente el sentido del contrato de formación como contrato destinado al aprendizaje de la gente más joven que inicia su vida laboral y nunca para trabajadores que por circunstancias laborales, económicas o personales, se han descolgado del mercado de trabajo o se incorporan a él procedentes de otra realidad cultural, laboral y económica por razones de inmigración. Es decir, se incorpora aquí a los inmigrantes. Eso sí, ese contrato lógicamente tiene menos derechos, no tiene prestación por desempleo y, por tanto, la gente que pueda tener más edad, que pueda tener una familia, como un inmigrante que viene aquí a trabajar legalmente, puede tener ese contrato pero con menos dere-

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chos, por ejemplo, sin prestaciones por desempleo, lo que no sólo es regresivo, sino una evidente desnaturalización de este contrato.
Lo mismo podríamos decir de este tema de los inmigrantes en lo que se refiere a los empresarios agrícolas importantes de este país que consideraron un problema la persecución que se produjo cuando se pusieron de manifiesto los flagrantes casos de los inmigrantes sobreexplotados. Dichos empresarios pensaron que se iban a quedar sin mano de obra, porque estos inmigrantes eran ilegales. El contrato a tiempo parcial -lo hemos denunciado ya reiteradamente- es otro de los aspectos más regresivo que tiene esta ley. Lo mismo ocurre con la contratación de inserción en las administraciones públicas, que todavía grava más el tema de temporalidad.
La coincidencia de esta ruptura del mercado de trabajo y de la negociación social en un contexto de ralentización del ciclo económico no augura una expectativa de equilibrio social. Deberemos estar atentos a esta cuestión. Un frenazo económico tendría como consecuencia un efecto muy grave sobre el mercado de trabajo en estas circunstancias.
Tenemos, por tanto, dos barreras ante la reforma: el intento de que la negociación colectiva limite su alcance y la presión política e institucional. El primero corresponde a los sindicatos, y no dejaremos de señalar nuestra preocupación por su declarada voluntad de intervenir en la regulación de la negociación colectiva con la intención expresa de blindar el mercado de trabajo a acuerdos de los agentes sociales. El segundo corresponde a las fuerzas políticas. En este sentido, Izquierda Unida no dejará de perseverar por la paralización de esta reforma, por su modificación en cuanto la situación política lo haga posible. Tenemos bastantes razones, después de escuchar las opiniones del Partido Popular en este debate, para esperar en un futuro cercano una agenda sociolaboral bastante lesiva para los trabajadores y trabajadoras.
La reforma laboral puede ser sólo el primer aspecto tras el que empiecen a desgranarse otros, especialmente en el campo de la protección social. El acuerdo sobre pensiones ha supuesto una importante barrera, pero para temas como la sanidad, la dependencia, las políticas de inserción, etcétera, no parece augurarse nada positivo. Esta reforma ha sido, en nuestra opinión, el primer paso de una regulación desequilibrada del mercado de trabajo. El Partido Popular ha sido opaco a cualquier influencia de las sugerencias sindicales y de propuestas de los grupos políticos que permitieran equilibrar, en derechos y contribuciones, las responsabilidades de empresarios y trabajadores. Esta reforma era, en un 90 por ciento, la reforma deseada por la patronal cuando entró en el Congreso y sigue siendo una receta patronal e insolidaria para el mercado de trabajo a su regreso del Senado, sin que la derecha haya sido capaz de definir un compromiso o un esfuerzo para los empresarios.
Las enmiendas que ha defendido Izquierda Unida tenían el objetivo de imprimir un giro a estas circunstancias tratando de equilibrar el mercado de trabajo, reducir el exceso de temporalidad e incorporar algún elemento en el mercado de trabajo que permita a los trabajadores algún dominio sobre el tiempo de trabajo, regalado al empresario en esta reforma.
En definitiva, señorías, debemos tomar nota de que la derecha abandona el combate contra la temporalidad y por un empleo de calidad y con derechos. Este es el momento político en que el Partido Popular ha desvelado sus auténticas pretensiones sobre los trabajadores, el modelo de renta y el mundo de los derechos; en una palabra, es el momento en que el Partido Popular nos convoca a una alternativa política pensada para una nueva cultura del equilibrio en el mercado de trabajo, para un modelo social de integración laboral con derechos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Llega hoy aquí, al final de su trámite parlamentario, esta reforma laboral del año 2001. Es evidente que el trámite parlamentario no ha podido resolver lo que ha sido la principal consideración crítica hacia esta acción legislativa del Gobierno, que fue en su origen el fracasado acuerdo social. El trámite parlamentario no ha resuelto ese mal de origen y el tiempo nos dirá si esta reforma laboral, que nace desde esa falta de acuerdo con los agentes sociales, va a dar todos los frutos que sí ha dado la reforma laboral de 1997, sobre todo en lo que hoy constituye la principal prioridad relativa a la creación de empleo en España, la creación de empleo estable. El tiempo nos lo dirá. Desde la perspectiva de los objetivos que se planteó Convergència i Unió en este trámite parlamentario, que era la mejora de la propuesta que inicialmente había hecho el Gobierno, se han introducido mejoras tanto en el trámite en el Congreso como en el Senado.
Con respecto a las enmiendas que se han introducido en el Senado, nuestro grupo quiere destacar, en primer lugar, el aumento en las contingencias comunes en los contratos temporales que tengan una duración de menos de siete días del 36 por ciento. Esta nos parece una buena medida para combatir una de las evidencias más claras de abuso de la contratación temporal. En segundo lugar, una mejora del tratamiento de los contratos a tiempo parcial de aquellos trabajadores con jubilación parcial y la introducción del contrato de relevo, residiendo esta propuesta en lo que ha sido el acuer-

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do de mejora de las pensiones que va a permitir facilitar incorporación de gente joven al mercado de trabajo, de personas en paro y, al mismo tiempo, incentivar y facilitar la permanencia de trabajadores mayores en nuestro mercado de trabajo, lo que constituye una de nuestras prioridades tanto en política de empleo como en política de protección social; la ampliación de las posibilidades en el campo de la negociación colectiva de introducir mecanismos para luchar contra el abuso de esa temporalidad, enmienda que en su día no fue aprobada en el trámite en el Congreso pero que ahora sí se ha hecho de manera conjunta con el Grupo Popular; la incorporación, de manera evidente y clara, de los contratos fijos discontinuos en toda la política de bonificaciones en las cotizaciones sociales, enmienda muy técnica pero que clarifica que también estas fórmulas contractuales forman parte de la política de creación de empleo por la cual apostamos; la apertura de la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan realizar en un solo contrato diversas puestas a disposición, que nos parece que clarifica y dignifica el trabajo que se hace desde el ámbito de las ETT; y finalmente una cuestión que para nuestro grupo parlamentario en el trámite del Senado se le ha dado una especial importancia. Esta reforma laboral incorpora por primera vez en la legislación del conjunto del Estado una mención explícita a las empresas de inserción laboral. Ustedes recordarán que el Pleno de la Cámara rechazó con los votos del grupo de la mayoría una proposición de ley de Convergència i Unió que apostaba por una regulación con rango de ley y con un cierto detalle de las empresas de inserción sociolaboral. En aquel debate se puso de manifiesto, por parte del conjunto de los grupos, esa necesidad de conformar una legislación que diese a esos instrumentos de la sociedad civil un marco legal que desde la seguridad jurídica les permitiese avanzar en el desarrollo de políticas orientadas a permitir el acceso a condiciones de empleabilidad a las personas en situación de exclusión social, a los colectivos situados en el ámbito más claro de la marginalidad de nuestra sociedad. Esa proposición de ley, decía, fue rechazada por el grupo de la mayoría. Nosotros no entendimos entonces por qué el Grupo Popular rechazaba aquella propuesta y, seguramente como resultado del debate de aquella tarde, en el trámite en el Senado de la reforma laboral se ha creado una nueva disposición adicional novena en la que se introduce una primera regulación de estas empresas de inserción. ¿Responde esto a las demandas de Convergència i Unió y a las demandas del sector? Es evidente que no responde a esas demandas pero supone un primer paso en la medida en que por primera vez en el ámbito de una ley del Estado reconocemos la existencia de esas empresas de inserción.
A nosotros nos hubiese gustado que esta regulación de las empresas de inserción que introduce la reforma laboral recogiese de manera muy explícita -y nuestra opinión es resultado de la opinión del sector- que el registro que la disposición crea tuviese un carácter obligatorio desde el punto de vista de la descripción de las entidades de inserción laboral, porque nos parecía que era dar rigor y seriedad a este sector. Finalmente, de manera incomprensible en el trámite en el Senado el Grupo Popular no ha optado por esta solución y lo lamentamos. Nos parece que en esta materia continúa pesando un excesivo dogmatismo por parte del equipo económico del Gobierno, un excesivo dogmatismo que quizá desde el desconocimiento de la realidad de las empresas de inserción no nos permite apostar, con todas las consecuencias, por este instrumento de lucha contra la exclusión social. Nosotros lamentamos esa falta de sensibilidad del equipo económico del Gobierno en esta materia.
Estamos convencidos de que esta disposición adicional deberá tener un desarrollo legislativo por los gobiernos autonómicos que así lo deseen. En este sentido, por ejemplo, en el Parlament de Cataluña el conjunto de los grupos políticos, incluido el Grupo Popular, ha decidido crear una ponencia para ir a la elaboración de una ley catalana de empresas de inserción. En todo caso, lo que está claro es que esa disposición adicional refuerza esa perspectiva y Convergència i Unió votará favorablemente la propuesta que nos llega del Senado.
Dicho esto, quiero señalar como efecto negativo, a nuestro entender, que la reforma laboral tan sólo incorpora un cambio respecto a aquello que aprobó el Congreso en una materia que nos parecía especialmente significativa. El debate parlamentario en el Congreso nos permitió configurar la indemnización de ocho días en los supuestos de contratos eventuales con una indemnización de mínimos y que a través de la negociación colectiva podía ser aumentada. Es posible que existan consideraciones de técnica jurídica que aconsejaran un redactado mejor que el que se formulaba desde el Congreso, pero a nosotros nos parecía lanzar un mensaje a la negociación colectiva importante en el que quedase muy claro que la negociación colectiva podía introducir una indemnización superior a esa de ocho días que la ley nos marcaba. En este sentido, la enmienda que el Senado votó no va a encontrar nuestro apoyo en esta sesión de hoy. Lamentamos haber perdido la oportunidad de lanzar ese mensaje a la negociación colectiva.
Señorías, hacemos un balance positivo del trámite en el Senado, como hacemos una valoración globalmente positiva de la propuesta de real decreto de modernización del mercado de trabajo que en su día formuló el Gobierno. Esta ley nos va a permitir avanzar hacia el objetivo de empleo estable. Es especialmente significativa la extensión a más colectivos del contrato indefinido de 36 días de indemnización. Esta es una apuesta sólida que ha hecho esta Cámara para fomentar el empleo estable. Estamos introduciendo por primera vez medidas concretas para atacar la temporalidad y el

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tiempo nos dirá si son suficientes o no, pero estamos introduciendo por primera vez medidas de penalización de la contratación temporal.
Finalmente, yo creo que en parte hemos garantizado que esta ley continúe apostando por la conciliación de la vida familiar y laboral.
Lo hacemos porque hemos flexibilizado el contrato de tiempo parcial, pero hemos mantenido la racionalidad de situar las horas complementarias como un instrumento que no quede sólo en manos de la empresa, sino que por razones objetivas el trabajador pueda renunciar a esas horas complementarias. Al mismo tiempo, hemos introducido una regulación específica en los supuestos del nacimiento de hijos prematuros, dando respuesta a un grave problema social, ya que nuestra sociedad aún no había encontrado en el marco legislativo fórmulas suficientemente flexibles para dar respuesta a las necesidades de aquellas familias en este tipo de situaciones. Por consiguiente, esta reforma laboral avanza hacia objetivos de empleo estable, de disminución de la precariedad y de conciliación de la vida familiar, aunque quizá con timidez. A nosotros en algunos aspectos, especialmente en ese ámbito de la vida familiar y laboral, nos hubiera gustado una mayor osadía por parte del Gobierno, pero me parece que hemos avanzado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Campuzano, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Voy concluyendo, señor presidente.
En todo caso, el mensaje que esta Cámara debe lanzar al Gobierno en la perspectiva de los próximos meses es que en el otoño que viene va a ser necesario concluir la discusión sobre la negociación colectiva y seguramente el Gobierno va a plantear una ley pública del servicio de ocupación. Hemos aprobado esta tarde una resolución en ese sentido. En estos dos ámbitos el mensaje muy claro que la Cámara debe lanzar al Gobierno es que tanto la negociación colectiva como esta nueva ley de empleo deben ser el resultado de un amplio acuerdo social entre patronal, organizaciones sindicales y comunidades autónomas. En España hay que continuar apostando por legislar en materia sociolaboral desde la lógica del consenso y desde la lógica del diálogo social. Desde 1997 esta fórmula nos ha funcionado y en el futuro nos debe permitir continuar creando empleo estable.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, señorías, empezaré por expresar la posición del Partido Socialista en el debate final de esta ley. Vamos a votar negativamente todas las enmiendas que se han incorporado a la ley en el trámite del Senado. Es verdad que algunas de ellas responden a correcciones técnicas que pudieran resultar impecables desde el punto de vista de técnica jurídica, pero no podemos por eso cuestionar lo que fue nuestro voto negativo al conjunto de los preceptos así corregidos. Además ocurre, por lo que he escuchado a otros portavoces, que a diferencia de la ley anterior en ésta sí se han incorporado algunas enmiendas que tienen contenido y que luego comentaré porque también nos merecen todas ellas un juicio negativo.
Por eso el Partido Socialista va a votar al conjunto de la ley de nuevo negativamente en gran parte porque, como ya dijimos en su día, seguimos considerando -convencidos además- que la ley no corrige las anomalías a las que estaba dirigida en cuanto que cabe suponer que pretende resolver una serie de anomalías de nuestro mercado laboral -temporalidad, subcontratación, poca tasa de trabajo a tiempo parcial, etcétera- que son de reforma urgente y que nosotros creemos que no van a ser enmendadas en la práctica por los efectos de esta ley, por lo que consideramos -lo repetimos- que esta es una ley no solamente regresiva, por lo que luego repetiré, sino sobre todo inútil. Regresiva también por lo que ya en su día dijimos, porque la aportación filosófica de la reforma laboral que hoy estamos consumando, legislativamente hablando, responde a una filosofía que está inspirada en estos dos nuevos tótems de la regulación laboral que son la desregulación y la flexibilidad. Creo que el conjunto de los preceptos que se han incorporado a nuestro cuerpo jurídico laboral está inspirado en estos principios y, por tanto, hay más desprotección como consecuencia de la desregulación y más flexibilidad, siguiendo en cierto modo los dictados que los empleadores habían venido estableciendo para esta cuestión.
No olvidemos tampoco, señorías, que esta ley es consecuencia de un fracaso, del fracaso del diálogo social. Lo que en su día fue su éxito, señor ministro, hoy es su fracaso. Es un fracaso en parte debido a su actuación. Yo creo, sinceramente, que el Gobierno gestionó mal este diálogo porque sus interferencias en un diálogo bilateral siempre tuvieron un contenido protector de las posiciones de los empresarios, lo que les hizo fuertes para negarse a un acuerdo, y esta es una consecuencia que hoy estamos pagando. El fracaso es en gran parte la consecuencia de una firmeza empresarial amparada en las previsiones de intervención del Gobierno; intervención que ciertamente se produjo yo diría que de manera abrupta a finales de febrero, poniendo de esa manera fin a un diálogo social que durante muchos años había regulado las relaciones laborales.
Voy a detenerme, señorías, solamente en el comentario que me ofrecen dos innovaciones que el Senado ha incorporado a la ley después de su trámite en el Congreso. El primero de ellos es el que hace referencia a

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una nueva figura contractual que contempla la posibilidad de que las ETT -las empresas de trabajo temporal- puedan celebrar contratos eventuales para cubrir puestos de trabajo a disposición en sucesivas empresas usuarias. Para que ustedes me entiendan, lo que se regula en esta nueva figura es más o menos lo siguiente. Una ETT contrata eventualmente a un trabajador para que trabaje sucesivamente en una serie de empresas a lo largo de un período -el período para el que le contrata la ETT-, fijando previamente en qué empresas va a trabajar este trabajador eventual. Realmente esta es una nueva figura de contratación eventual, porque esta modalidad responde a una casuística que tiene otras modalidades contractuales que podían haberse hecho cargo de la figura. Por ejemplo, un contrato a tiempo parcial de la empresa usuaria; por ejemplo, un contrato fijo discontinuo de la propia ETT, puesto que si la ETT es obligada a señalar cuáles son las empresas en las que va a trabajar, si planifica cuáles son las empresas usuarias en las que va a hacer su puesta a disposición ese trabajador eventual, podría haberle hecho un contrato fijo discontinuo. Por eso, cuando ayer el presidente del Gobierno enfáticamente preguntaba a la Cámara -yo creo que de manera un poco simplista- si estábamos o no de acuerdo con que para luchar contra la temporalidad había que prolongar el contrato estable, querríamos haberle respondido lo que hoy tengo que decir aquí, que no estamos en contra de que se prolongue el contrato estable a otros colectivos, estamos en contra de que se incorporen nuevas figuras de eventualidad para luchar contra la temporalidad. Esto es lo absurdo y hoy vuelve a incorporarse. No es uno; son cuatro contratos nuevos eventuales que se han incorporado en esta legislación a la capacidad empresarial de contratar eventualmente.
La segunda referencia que quiero hacer es a la incorporación en el texto de las empresas de inserción laboral. El representante de Convergència i Unió ha dicho -y tiene mucha razón- que en esta Cámara se vio hace poco tiempo una proposición de ley que ustedes rechazaron que regulaba las empresas de inserción y, de pronto, en el Senado se incorpora una pequeña disposición que las regula, yo diría que las malregula. Pero, claro, ese es un trámite que roza el filibusterismo parlamentario porque tendrá toda la legitimidad democrática, pero tiene una base dialéctico-política fatal porque nos impide participar en esa regulación. Ustedes enmiendan en el Senado, nosotros no podemos enmendar y hoy tenemos que decir sí o no. Es una técnica que hurta el debate e incluso impide a los proponentes incorporar lo que ellos habían propuesto. Créanme que la regulación que se ha hecho de las empresas de inserción es por lo menos reducida, pero yo añadiría que nefasta. Por ejemplo, contempla un porcentaje mínimo de puestos de trabajo para el empleo de personas en situación de exclusión social, el 30 por ciento. En el Gobierno vasco se ha establecido el 40 por ciento, como usted sabe muy bien, señor Azpiroz. Esto de que sea voluntario el registro es una decisión muy arbitraria. ¿Dónde están los beneficios que van a tener estas empresas? ¿Cuáles son? Una cuestión tan importante como es regular este tipo de empresas se hace de mala manera, se remite al reglamento y se impide a los grupos parlamentarios participar en esta decisión. El curso legislativo que viene nos debía permitir -y se lo digo en un tono absolutamente constructivo- hacer una evaluación de lo que esta reforma significa en la práctica. Nadie sabe -ustedes tampoco- si tendrá o no éxito. Yo le reto, señor Azpiroz -entre vascos casi podríamos decir yo le apuesto- a que al final del año que viene evaluemos qué pasa. Si esto va mejor, yo lo reconoceré públicamente, pero si no va mejor, rectifiquen. Por cierto, yo he leído al secretario general de Empleo hace poco tiempo: Trabajo -se entiende que el Ministerio- cambiará su reforma laboral si ésta no resulta eficaz. Lo dijo el 30 de mayo de 2001, hace unos días. Yo creo que tenemos que darnos este plazo y este propósito, y yo le animo, señor Azpiroz, a que en nombre del Grupo Popular nos anuncie que si la reforma laboral no va bien, si no corrige las anomalías que pretende corregir, tenemos que rectificar ustedes, desde luego, pero en conjunto todos, dando una nueva oportunidad al diálogo social que se frustró con la interrupción abrupta de esta reforma laboral.
Termino, señor ministro, señalándole lo que creo que es una preocupación general. Usted compartirá conmigo que el clima sociolaboral del país se está deteriorando peligrosamente; es mi opinión. Yo creo que hay una insatisfacción salarial creciente en relación con el IPC -ahora que tiene al ministro de Hacienda a su lado pueden consultar fórmulas de corrección-; hay pongamos que no menos de ocho o nueve millones de asalariados que bien porque no tengan la cláusula de revisión, bien porque tienen salario mínimo, bien porque son funcionarios, están perdiendo poder adquisitivo tres años seguidos; hay un deterioro en el clima sindical por la ruptura del diálogo social sobre relaciones laborales; hay una fractura en el mundo sindical por el acuerdo de pensiones y hay un temor a que la intervención del Gobierno en la negociación colectiva a través de una ley de acompañamiento de presupuestos para intervenir en la negociación colectiva acabe de crispar definitivamente el mundo sociolaboral español. Y eso es grave. Yo quiero reivindicar en nombre del Grupo Socialista, señorías, que las relaciones laborales no pueden ser secuestradas por el economicismo porque afectan al equilibrio de relaciones humanas capitales en lo que es la relación -valga la redundancia- capital trabajo. Algunos creyeron -no es mi caso pero ha ocurrido frecuentemente en la izquierda testimonial, en la izquierda a veces extraparlamentaria- que las políticas de empleo debían hacerse al margen de los empleadores o inclusive contra los empleadores. Personalmente hace tiempo que concluí que las políticas de

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empleo hay que hacerlas de acuerdo con los empleadores. Pero el corolario lógico de esa afirmación para mí siempre ha sido que las políticas de relaciones laborales hay que hacerlas de acuerdo con los agentes sociales. Y hoy sabemos que en España el Gobierno sigue una política en función de lo que dicen los empleadores para la política de empleo, pero desgraciadamente también para las relaciones laborales.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, anticipo ya que como es obvio el Grupo Popular va a votar favorablemente las enmiendas introducidas por el Senado. Yo voy a procurar ajustarme al trámite en el que nos encontramos, que es fundamentalmente este análisis, y no - como algún portavoz ha podido pretender- un nuevo debate cuando ya en cuatro ocasiones el Pleno de la Cámara ha conocido y debatido en relación con la reforma laboral. Por tanto, esta es la cuarta y última ocasión en que vamos a tener oportunidad de analizar concretamente dichas enmiendas del Senado.
Se han formulado e incorporado al texto diversas enmiendas de carácter técnico, de mejora jurídica, que en definitiva creo que contribuyen a un texto mejor que el que se envió de esta Cámara a la Cámara Alta. Y hay -en contra de lo que en anteriores debates se ha expuesto aquí- un ejercicio político de los senadores de la Cámara Alta que ha tenido oportunidad de conocer, profundizar, modificar y aportar determinadas cuestiones y mejoras al texto que en su día les enviamos, como he dicho anteriormente, desde el Congreso de los Diputados. Yo dividiré fundamentalmente estas enmiendas en dos bloques. Ha habido tres enmiendas, que creo que no son de gran calado pero que son dignas de mencionar, relativas al pacto de horas complementarias, que hace una remisión específica a aquellas condiciones que se establezcan expresamente en los convenios colectivos de aplicación. Asimismo, hay una apertura a todos los convenios colectivos y se quitan matices sectoriales a efectos de poder establecer requisitos dirigidos a prevenir los abusos en la utilización abusiva de la contratación temporal de los sucesivos contratos temporales. Hace un momento, el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) pedía un protagonismo de la negociación colectiva y le doy dos buenos y concretos ejemplos en línea con la demanda que nos formulaba. El artículo decimocuarto introduce una en mi opinión necesaria modificación vía adición a la Lisos y, por tanto, a la regulación del régimen de infracciones y sanciones del orden social cuando se produzca el quebranto de los derechos de información que en el texto se reconocían a los trabajadores en determinados supuestos.
Dicho esto, hay tres enmiendas que tienen calado y que demuestran que la Cámara Alta no es sólo una Cámara territorial y que no ha dejado de ser, como alguno ha podido decir a lo largo de estos días, una Cámara que ya no es de segunda lectura porque lo sigue siendo y sigue teniendo capacidad, como en este caso, de introducir determinadas mejoras. Una de ellas ha sido el contrato de relevo, el contrato parcial, la posibilidad de jubilación bien anticipada, bien después de la edad de jubilación de los trabajadores, entre un 25 y un 85 por ciento de la jornada, y el corolario del contrato de relevo de la persona que debe sustituir a quien se ha acogido a este contrato parcial. Nosotros tenemos fundadas esperanzas de que los empresarios lleguen a conocer esta figura y esta modalidad contractual que en la anterior regulación no ha tenido ciertamente ningún grado de eficacia, por reconocerlo con claridad. Pero puede ser un buen elemento para los trabajadores en situaciones cercanas a la jubilación o que quieren continuar trabajando un período de tiempo y son precisos para muchas pequeñas y medianas empresas que deben ser el foro natural donde este tipo de contratos pueda tener lugar y que, a su vez, supongan la incorporación a un mercado laboral y a un puesto de trabajo estable de las personas relevistas, de los que tienen, en definitiva, un contrato de relevo, por lo general personas jóvenes que puedan incorporarse a los mismos.
Se ha planteado una segunda modificación de importancia como es la posibilidad de que las empresas de trabajo temporal puedan celebrar un contrato de trabajo para la cobertura de varios contratos de puestas a disposición sucesivos. En contra de lo que decía el señor Jáuregui se produce una plena garantía de los derechos del trabajador en este contrato. En primer lugar, porque a la hora de poner este contrato global a disposición del trabajador se debe fijar la delimitación expresa y concreta de las empresas que van a ser objeto en el futuro de la contratación del mismo; y en segundo lugar, porque los requisitos formales deben ser en todas y cada una de las empresas que puedan tener un contrato de puesta a disposición en este contrato global los mismos que en cualquiera. Es decir, que no se diluyen sino que individualmente cada uno de ellos recoge y retiene ese tipo de garantías. Esto va a ir en dirección contraria a la crítica que se formulaba y debe producir una cierta estabilidad o una posibilidad razonable en un trabajador que es contratado en una ETT, que puede saber que en un período de tiempo puede trabajar los fines de semana en un bar pero los jueves puede trabajar en no sé qué empresa que tiene una punta de actividad o en un cine que tiene una jornada especial ese día. En definitiva es un aporte, una seguridad jurídica y un reconocimiento previo de una situación laboral que eso sí, mediante contratos eventuales del artículo 15.1.b) del Estatuto, mediante contratos de puesta a disposición,

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tienen que celebrar con las empresas de trabajo temporal. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) El tercer tema es el de las empresas de inserción laboral. Hubo aquí un debate y se rechazó una proposición de ley del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Esa proposición al Grupo Popular le pareció inadecuada porque era profundamente reglamentista. Nosotros pensamos que las leyes deben ser los marcos que fijen los principios básicos y fundamentales porque tiempo hay, por desarrollo reglamentario, como la propia disposición incorporada en el Senado prevé, para el desarrollo natural de lo que no corresponde por su naturaleza a la regulación legal. Dicho con otras palabras, siendo suficiente, como entendemos que es, que haya una regulación expresa a lo que es una empresa de inserción social, ¿es preciso hacer una ley ad hoc, una ley específica o, como se ha hecho aquí, que con una fórmula de rápida y urgente aplicación que hoy va a ser aprobada y por tanto va a entrar en vigor con inmediatez hagamos una definición de estas empresas que funcionaban alegalmente? Yo creo que la fórmula que hemos empleado podrá ser perfectible, pero es una fórmula que atiende y satisface en buena medida las demandas de este sector, demandas que además se hacen con el criterio de establecer el 30 por ciento de los contratos de excluidos sociales, a los cuales hay que dotar de ese valor añadido para que en el futuro puedan ser demandantes de empleo en el mercado laboral normal, por llamarlo de alguna forma, y perdóneseme la expresión. Como digo, el 30 por ciento permite equilibrar las posibilidades de competitividad empresarial con el carácter de empresa de inserción social y de atracción de estos marginados a la normalización y a la entrada en el mercado de trabajo.
De la dialéctica utilizada por los portavoces intervinientes se desprenden diferentes posiciones. Pues bien, yo le diría al señor Txueka con aprecio que no estamos en el debate sobre el estado de la Nación. Ha venido a plantear una segunda vuelta y no estamos ya en él. Ha finalizado hace un rato y, lógicamente, el debate que hoy concluimos es la valoración que cada grupo hace en relación con las enmiendas que se han introducido en el Senado y su aceptación o rechazo. A mí me parece muy bien que se introduzca ahora un motivo, desconocido por mí al menos, en relación con las razones del Partido Nacionalista Vasco para no aceptar las políticas activas de empleo en nuestra comunidad. Ahora se dice que es un problema de cuantificación. Es la primera vez que lo oigo, pero me alegro de que lo exprese así. Tiempo habría de cuantificar y de debatir eso. Es decir, me alegro de que no me diga que es por una razón de orden político o por una razón de que no se conjugan las políticas de caja.
Por lo tanto, agradezco esa aclaración y ahora nos damos por enterados de la misma.
En relación con la reforma laboral, se ha dicho que esta ley es un fracaso; sin embargo, el Grupo Popular estima justamente lo contrario. La reforma laboral que vamos a aprobar ahora aquí es la subsanación de un fracaso ajeno y no voy a entrar a hacer valoraciones de los legítimos intereses, o no tan legítimos, que han podido impulsar a cada una de las partes a ser incapaces de suscribir un acuerdo en el plazo que en su día se dieron y, como he dicho más de una vez, en un período de plazo prorrogado.
Si en 1997 hubo un acuerdo, fue dentro del plazo que se dio y no se eludió y, quien suscribió entonces aquel acuerdo, lo hizo en plazo y no alegó que el tiempo era escaso. De tal manera que, si hay una reforma laboral, si hay una actuación de la Cámara legislativa, si hoy se va a aprobar una ley es para dar cumplida respuesta a un fracaso de otros, a un vacío ajeno, a una necesidad de que continuemos por la senda de establecer mecanismos legales que procuren y consigan una mayor cantidad y mejor calidad de empleo. Por cierto, cuando se habla de esto, a algunos es difícil contentarles del todo, porque, cuando hay empleo, siempre se puede decir que no todo es bueno; cuando haya mucho empleo indefinido, se dirá que queda empleo temporal y, cuando haya empleo a tiempo fijo, se dirá que hay bastante a tiempo parcial. Yo le diría al señor Jáuregui que tiene toda la razón al hacer el planteamiento que ha hecho. Si esta reforma no es válida, pierda cuidado que el primer interesado en modificarla para seguir creando empleo y riqueza para todos los ciudadanos españoles será el Gobierno de la nación y el Partido Popular, al que me honra representar hoy aquí. Yo le emplazo a lo mismo que usted ha dicho, a una apuesta a lo vasco. Si la reforma funciona, tenga la diligencia -estoy convencido que la tendrá-, la ética y la capacidad de reconocer que hicimos lo que debíamos y que una vez más lo hicimos bien. Le ruego al señor Jáuregui que esté en esta encrucijada. De momento sólo puedo añadir una cosa. Los datos de mayo, que ojalá se confirmen, van por el buen camino. No parece que haya sentado tan mal lo que fue real decreto-ley y ahora ley. Hemos tenido una contratación indefinida sin precedentes en el mercado laboral español, casi 143.000 contratos indefinidos en mayo, que supone un incremento del 37,48 por ciento sobre el mes de abril de este mismo año -que también creció comparativamente con el año 2000- y un incremento del 33,32 por ciento -35.736 contratos indefinidos más- sobre el mes de mayo del año 2000.


La señora PRESIDENTA: Señor Azpiroz, le ruego concluya.


El señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo, señora presidenta.
Ojalá -y estoy convencido de que ustedes también se alegrarán y sabrán reconocerlo en el futuro- esta sea la pauta que se marque en el futuro, para beneficio de todos nuestros ciudadanos, en términos de empleo, de riqueza y de mejor distribución de la misma.
Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiroz. (Rumores.) Señorías, ruego ocupen sus escaños.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda al artículo 3.1, por el que se da nueva redacción a la letra c) del apartado 1 del artículo 49 del Estatuto de los Trabajadores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 167; en contra, 126; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 182; en contra, 115; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- PROTOCOLO ADICIONAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ MODIFICANDO EL CONVENIO DE DOBLE NACIONALIDAD DE 16 DE MAYO DE 1959, HECHO EN MADRID EL 8 DE NOVIEMBRE DE 2000. (Número de expediente 110/000086.)

- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TÚNEZ, HECHO EN TÚNEZ EL 26 DE FEBRERO DE 2001. (Número de expediente 110/000087.)

- ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOCIACIÓN DE ESTADOS IBEROAMERICANOS PARA EL DESARROLLO DE LAS BIBLIOTECAS NACIONALES DE LOS PAÍSES DE IBEROAMÉRICA (ABINIA), HECHO EN LIMA EL 12 DE OCTUBRE DE 1999.
(Número de expediente 110/000089.) - ACUERDO RELATIVO AL GRUPO AÉREO EUROPEO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA Y PROTOCOLO DE ENMIENDA, HECHOS EN LONDRES EL 6 DE JULIO DE 1998 Y EL 16 DE JUNIO DE 1999, RESPECTIVAMENTE, ASÍ COMO DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN.
(Número de expediente 110/000088.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.
¿Algún grupo desea intervenir con respecto a alguno de los convenios? (Pausa.) En primer lugar, sometemos a votación el Protocolo adicional entre el Reino de España y la República del Perú modificando el convenio de doble nacionalidad de 16 de mayo de 1959, hecho en Madrid el 8 de noviembre de 2000.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 302.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República de Túnez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 299; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el Acta constitutiva de la Asociación de Estados Iberoamericanos para el desarrollo de las bibliotecas nacionales de los países de Iberoamérica.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 301.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se somete a votación el nuevo punto que ha sido incorporado en el orden del día, que se corresponde con el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre el Acuerdo relativo al Grupo Aéreo Europeo entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y el Gobierno de la República Francesa y Protocolo de enmienda, hechos en Londres el 6 de julio de 1998 y el 16 de junio de 1999, respectiva-

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mente, así como declaración que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 296; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el punto de referencia.


TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROPOSICIÓN DE REFORMA DEL REGLAMENTO DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS POR LA QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 205. (Número de expediente 410/ 000003.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205.
A este texto existen dos enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rejón.
(Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Les ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo con diligencia. (Pausa.) Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señoras y señores diputados, prometo no ser breve.
Pues bien, hace más o menos 70 años, en esta Cámara... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Rejón, por favor. (Pausa.) Adelante.


El señor REJÓN GIEB: Gracias, señora presidenta.
Decía que hace 70 años, en este mismo hemiciclo, en la tarde del 19 de noviembre de 1931, un poco más tarde, eran las once y diez, se dio lectura, por parte del portavoz de la Comisión de Responsabilidades (Comisión creada para estudiar las responsabilidades por la Guerra de África, que fue suspendida por el golpe de Estado de Primo de Rivera, y a la que se unió después la subcomisión para estudiar las responsabilidades por el propio golpe de Estado), al acta de acusación que dicha Comisión de Responsabilidades plantea al ciudadano Alfonso de Borbón y Habsburgo-Lorena. En aquella sesión (en la que, por cierto, la resolución fue aprobada por aclamación de todos los miembros de la Cámara) se acusaba al que había sido hasta el 14 de abril Alfonso XIII de España de los delitos tanto de lesa majestad como de rebelión militar. El dictamen -que leo textualmente y que, como digo, fue aprobado por asentimiento y por aclamación de la Cámara- decía: Aunque la gravedad de sus culpas le harían merecedor de la pena de muerte, la Comisión, representando el espíritu de la Cámara (en aquel momento se estaba discutiendo la Constitución de 1931) contrario en principio a esa pena, propone que se le condene a la reclusión perpetua en el caso de que pise el territorio nacional. No se trata de una invocación a una reunión de hace 70 años, sino de ver cómo en otro momento, padres y madres de la patria resolvían la colisión entre una decisión puntual muy importante (sin duda la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial, el gobierno del Tercer Poder, es algo muy importante) y una decisión mucho más global y más integral, que era la propia Constitución española del año 1931.
Señorías, el Constituyente en aquel momento decidió no condenarlo a la pena de muerte porque su espíritu iba más allá, a pesar de que tenía que ser castigado con ella -y se puede leer todo el dictamen y todas las discusiones que se produjeron en la Comisión-. Es curioso, señorías, que hoy vayamos a debatir una cuestión puntual que entra en colisión con prácticas, decisiones y resoluciones de la Presidencia de esta Cámara. Señorías, alguien tendrá que solventar -permítanme la expresión, la digo con todo el respeto porque no he encontrado otra en el diccionario- la chapuza que se puede producir esta tarde/noche en caso de aprobarse tal cual la modificación del artículo 205 del vigente Reglamento.
Voy a intentar mostrar la chapuza, señorías. Hasta ahora se trabajaba con una resolución de la Presidencia de la Cámara de mayo de 2000, que dice: El título XII del vigente Reglamento desarrolla las previsiones constitucionales sobre la intervención de la Cámara en la propuesta de designación de los miembros del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial, así como los restantes. Más adelante dice: A la espera de una regulación definitiva de esta materia en el futuro Reglamento del Congreso, la presente resolución tiene por objeto introducir un procedimiento para el examen previo de las candidaturas. Señorías esto ha sido usado ya, es una norma con la cual hemos ido trabajando. Pues bien, señorías, esta norma -que está vigente en estos momentos y que va a seguir vigente en la parte que no entra en colisión con la reforma del artículo 205- exige el examen previo de los candidatos y candidatas propuestos ante una Comisión consultiva de Nombramientos. Es más, además de dicho examen, en la resolución tercera, punto séptimo dice: Aquellos candidatos que fuesen invitados a comparecer ante la Comisión consultiva y no lo hicieran, quedarán excluidos durante el resto del procedimiento. Es decir, establece de una forma taxativa cuál es el papel que

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tiene que desarrollar esa Comisión consultiva ante la propuesta de los candidatos.
Señorías, la reforma que se trae aquí, firmada por cuatro grupos parlamentarios, para modificar el artículo 205, dice -además, con habilidad- respecto a los miembros propuestos por la carrera judicial, jueces y juezas: Los candidatos presentados conforme a lo dispuesto en la letra anterior serán sometidos directamente a la votación del Pleno; es decir, no van a examen. Pero solamente se refiere a la presentación de los candidatos correspondientes a los jueces y magistrados. Al no referirse a aquellas nominaciones que tienen que realizar las Cámaras, cuatro a propuesta del Congreso y cuatro del Senado, resulta -porque está vigente la resolución de la presidenta del Parlamento- que a esos cuatro o a esas cuatro tendremos que examinarlos, con lo cual, señorías, entraremos en la contradicción más grande del mundo, y es que a aquellas personas que nosotros proponemos y que se supone que conocemos, las examinamos; sin embargo, a aquellas que nos proponen desde la carrera judicial y que no conocemos -entiéndase el sentido de conocimiento al que me refiero-, no las examinamos. Ya me dirán ustedes cómo se resuelve ese tema. Les puedo asegurar que este grupo parlamentario va a exigir el cumplimiento de la norma. Que nadie entienda que estamos jugando a un filibusterismo parlamentario que sería legítimo; el filibusterismo parlamentario es de otro tipo. La exigencia de la norma es así, señorías, y cuando la prisa en la elección del Consejo General del Poder Judicial se ha convertido en un elemento político, todo lo que sea actuar sobre la dilación de esa prisa es también político, y legítimamente. Por tanto, salvo que todavía se haga una chapuza más grande que la actual, nosotros exigiremos el examen, la comparecencia de aquellos cuatro nombres que vamos a elegir aquí. Y tendremos -si se aprueba esta noche, que espero que no, espero que el sentido común se imponga- que aceptar que los seis ciudadanos y ciudadanas propuestos por la carrera judicial no sean examinados.
Señorías, nos encontraríamos con una situación bastante chocante. La resolución de la presidenta del Parlamento fue celebrada por mi grupo y yo creo que por todos los grupos de la Cámara. La modificación del artículo 205 significa un paso atrás sobre lo que era ya una práctica en este Parlamento e incluso en países con un constitucionalismo comparado muy similar al nuestro. Además de eso, de echar marcha atrás, jugamos otra vez con una ficción. A los cuatro nuestros los examinamos, está claro porque los examinamos y decidimos, pero a los seis propuestos por la carrera judicial no los examinamos. Entonces, ¿cómo los elegimos?, ¿los más votados?, ¿los señalados con un puntito rojo?, ¿los que además de no venir en la lista me llaman por teléfono para decir, estos están propuestos, pero tocan estos y estos? ¿A quién vamos a engañar, señorías? Esto es muy serio. Mi grupo no tiene ningún inconveniente en decir que en un momento determinado elegimos a las personas desde esta Cámara. Que se dice: ése es el triunfo de la partitocracia. Pues muy bien; las partitocracias pueden llevar a muchas deformaciones, pero todas ellas democráticas. Las elecciones corporativas llevan a otro tipo de deformaciones; recomiendo lecturas sobre las culturas prefascistas.
Por tanto, señorías, planteo una reflexión, porque además estamos en el primer escalón, en el frontispicio de lo que se ha llamado ampulosamente un pacto de Estado por la justicia. Este es el primer escalón, esta es la primera piedra y sobre esta piedra se piensa construir la iglesia de la futura justicia. A mí, que soy un gran lector de todos los medios que caen a mi alcance y que suelo leer El Siglo, gracias a un compañero del Grupo Socialista que me lo pasa gratuitamente, me ha llamado gratamente la atención un artículo de una persona nada sospechosa como Santiago Belloch sobre el pacto de Estado, que dice: El llamado pacto de Estado ha roto toda esperanza a corto plazo de que la justicia afronte su propia transición democrática. Lo suscribimos desde Izquierda Unida donde haga falta e incluso estamos dispuestos a suscribirnos (aunque habría que ver qué capacidad económica tenemos, señor coordinador) a El Siglo en un momento determinado. Esa es una realidad y, además, lo pueden unir ustedes a la situación a la que se está llegando, que se advirtió desde esta tribuna por este portavoz, al tema de la elección de los no afiliados. Habría que ver cómo funciona el tema del listado de los afiliados y el censo de los afiliados, habría que ver qué control hay. Señorías, cuando algunos jueces se han dirigido al Consejo General del Poder Judicial pidiendo el listado de los no afiliados para dirigirse a ellos con el fin de recabar la firma, el presidente del Consejo General del Poder Judicial les ha contestado que entiende que no es jurídicamente posible facilitar las listas de los jueces y magistrados no asociados, con lo cual me imagino a los juececitos y juececitas no afiliados que quieran presentarse, con las calimas que están cayendo en el mes de junio, llamando por el teléfono móvil a otros para preguntarles en primer lugar: ¿tú estás afiliado o no? El otro le dice: yo no sé si me han dado de baja o no me han dado de baja en la asociación en donde me he apuntado. Fíjense ustedes qué situación esperpéntica, aparte de un tremendo problema que se va a encontrar el no afiliado, con lo cual lo que aquí se denunció de que al final la elección no iba a ser de los jueces y magistrados sino de las cúpulas de determinadas asociaciones cobra todavía mucha más fuerza.
Señorías, yo pediría, en virtud de la salud pública, que pararan esta situación y, si no, con la autorización de mis autoridades, les hago una propuesta constructiva. Puedo entender esto -entre comillas-, lo digo con seriedad, en un momento determinado, por las prisas, porque ustedes quieren tenerlo para dar la sensaciónde que se está gobernando perfectamente, que no

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hay dilaciones en las elecciones; no lo entiendo pero puedo admitir que, por esta vez y sin que sirva de precedente, los seis miembros propuestos por jueces y magistrados no sean examinados. Si los portavoces que corresponden salen aquí, aunque no pediría tanto, y dejan indicado que es solamente por esta vez, como si fuera una situación transitoria, pero que indiscutiblemente a partir de las próximas, que ya hay una normalidad -me podrá gustar más o me podrá gustar menos el sistema de elección, pero si es la ley es la ley- todos van a volverse a examinar conforme a la postura, que nosotros aplaudimos, de la resolución de la Presidencia del Parlamento, yo retiro las enmiendas y ya está. Salir va a salir de todas maneras, pero sale encima sin enmiendas, con la voluntad de que esta vez, en virtud de la prisa, los seis miembros no se examinan, pero a partir de ahora, ya que se ha solventado -uno puede entender que muchas veces puede haber una situación transitoria-, bien en la reforma del Reglamento o bien porque, sin reforma del Reglamento, se sigue manteniendo el criterio de la resolución de la Presidencia y mi grupo parlamentario no tendría ningún inconveniente en retirar la enmienda y, en todo caso, abstenerse en la votación de esta reforma.


La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, le ruego concluya, por favor.


El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta, voy terminando.
Vuelvo a a insistir en que no voy a hablar de aquellos maravillosos tiempos del 19 de noviembre de 1931, pero si de aquella maravillosa forma de solventar la colisión entre un momento particular y algo mucho más amplio, que era todo un gobierno.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Por el Grupo de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Brevísimamente, señora presidenta, por ser mi grupo uno de los cofirmantes de esta proposición de ley, que vamos a votar favorablemente, como no podía ser menos, atendiendo a las razones que nos movieron a todos los grupos en aras a resolver este tema favorablemente, en trámite de lectura única parlamentaria y dentro de un consenso que entendemos que salva todas las circunstancias de eficacia y de prontitud de la Cámara para resolver cuanto antes el problema de la elección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.
El señor SILVA SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Las enmiendas del señor Rejón ciertamente requieren alguna respuesta.
Son enmiendas razonadas, del mismo modo que lo son las objeciones que algunos podemos tener. En primer lugar, la reforma del Reglamento que traemos hoy no deja de ser sino una pura consecuencia de un acuerdo que ya se trajo a esta Cámara a través de una modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial; mi grupo lo acordó y lo entiende como un todo y, por lo tanto, en todo lo que signifique romper ese consenso, que no es unánime pero que sí es amplio, mi grupo entiende que no puede participar.
En segundo lugar, es cierto que en la legislatura pasada votamos alguna resolución para modificar, por ejemplo, el Estatuto del ministerio fiscal y acordamos los hearings. Mi grupo parlamentario en algún otro debate del estado de la Nación presentó y sacó adelante la celebración de los hearings y tenemos precisamente esa resolución de la Presidencia. También le tengo que decir al señor Rejón y al resto de los grupos que mi grupo, desde el momento que se acordó que esas audiencias iban a ser públicas, iban a ser con luz y taquígrafos y además y fundamentalmente con la prensa, desconfiamos de esos efectos y tengo que decirle que si nos atenemos a las audiencias que hemos celebrado en la legislatura pasada, los efectos no han sido precisamente esperanzadores, con lo cual mi grupo se limita a sustituir ese hearing por lo que podríamos decir que es el reading, que será leer los curricula que nos aporte el presidente del Consejo General del Poder Judicial y quizá de esa lectura saquemos más en claro que lo que hemos sacado en algunas audiencias que se han tramitado aquí.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Socialista para ratificarnos en los argumentos que son causa de la reforma reglamentaria y que no son otros que el proceso de cambio que este Parlamento ha hecho en la elección y selección de los miembros del Consejo General del Poder Judicial. Ese cambio, que ha sido votado por más del 90 por ciento de los miembros de esta Cámara, no sólo tiene causa sino que obliga instrumentalmente a que haya una modificación reglamentaria. Yo no sé, contestando a lo que decía el brillante portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, si dicha modificación será la que después sea sólidamente refrendada por la Comisión correspondiente en los cambios que se están operando en el Reglamento, porque es cierto también que la Ley Orgá-

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nica del Poder Judicial que hemos votado hace dos semanas plantea una tramitación distinta cuando la urgencia del cambio de vocales no sea la que en este momento tenemos en nuestras manos. Por tanto, yo, en nombre de mi grupo, considero que este es un cambio al menos instrumental. No sé si después será sólidamente aprobado y ratificado por los miembros de la Comisión de Reglamento y por este Parlamento cuando hablemos, insisto, de otra tramitación más lenta que la ley impone, de seis meses al menos, a la hora de elegir los nuevos vocales.
En todo caso, señora presidenta, señorías, estamos de acuerdo con lo que ha sido objeto de nuestra argumentación más nuclear en este asunto y es que el Grupo Parlamentario Socialista ha llegado a acuerdos, en primer lugar con el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno y con el propio Gobierno, para pacificar un tema de enorme importancia como es la elección de los miembros vocales del Consejo General del Poder Judicial y hacerlo además, a ser posible, en tiempo y forma. Nosotros fuimos los que en su momento, como Grupo Parlamentario Socialista, indicamos la oportunidad de dilatar un poco en el tiempo esta tramitación, con el fin de que las asociaciones tuvieran tiempo suficiente para marcar sus estrategias electorales e incluso aquellos que no son asociados tuvieran margen para recabar avales que les permitieran llegar a esta Cámara. La Cámara al final va a ser la que decida sobre la elección y la Cámara hoy, si lo aprobamos -los cinco grupos parlamentarios lo hemos firmado y tenemos que ser consecuentes con esa firma-, permite, con un instrumento concreto, que es el cambio en el artículo 205, que en el término menos dilatado posible esto sea lo que tengamos que hacer y lo que hagamos, de acuerdo, insisto, con lo que decidió esta Cámara hace dos semanas: dar un trámite muy concreto, muy corto, sin dilación posible, para lo cual, insisto, el cambio reglamentario es indispensable.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Barrero.
Señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Muchas gracias, señora presidenta.
Creo que la intervención del portavoz de Izquierda Unida ha tenido un doble valor; por un lado ha sido un fino ejercicio de ironía, como corresponde además a la calidad de quien ha intervenido, y luego, como diría un clásico, a contrario, ha sido un argumento a favor del pacto de Estado por la justicia, porque cuando un grupo se desmarca del pacto de Estado lógicamente tiene que ir en contra de él y algo tiene que hacer, y hoy algo tenía que hacer para enmendar un trámite tan absolutamente obvio como el que estamos analizando aquí. La verdad es que se ha hecho con gracia, con soltura y con una cierta vis dramática, sacando a relucir a Alfonso XIII, que ya tiene mérito, no sé si como afiliado o no afiliado a las asociaciones judiciales. Incluso, después de ese esfuerzo por darle contenido al debate, se ha olvidado de defender una de las enmiendas, de la que no ha dicho nada. Hay una enmienda con la cual el Grupo de Izquierda Unida -y aprovecho para hablar de ella, ya que no lo ha hecho el señor Rejón- propone que la explicación del voto que se haga sobre los candidatos no sea de cinco minutos sino de un cuarto de hora.
Quizá le ha dado miedo hablar de aumentar el tiempo en un día como hoy, en que estamos ya un poco sobrados. Yo estoy seguro de que la señora presidenta no me llamará al orden si sugiero que, aunque ya el Reglamento en el artículo 89.1 señala que las explicaciones de voto son de cinco minutos -por tanto estamos coherentemente en la misma línea-, la generosidad bien probada de la presidenta llevaría a que esos cinco minutos siempre pudieran ser algunos más. Estoy seguro de que no me llamará al orden por sugerirlo, no sólo porque he agotado ayer ya para una buena temporada ese pasaje parlamentario, sino porque seguro que su comprensión así lo estimará.
Hay un aspecto que está bastante claro. Cuando esta reforma se debatió aquí en el hemiciclo nuestro grupo, que no era consciente de que pudiera plantearse hoy una estrategia tan audaz e imaginativa como ésta, ya dejó sentado, como un aspecto más del alcance de la reforma, que precisamente no iba a haber esas consultas previas. ¿Por qué? Porque los candidatos los proponen los jueces. En eso consiste el cambio. O sea, hemos dejado que sea esta Cámara la que elige a todos los miembros, a los diez, y hemos decidido que seis de ellos sean candidatos propuestos por los jueces. Por tanto, me reconocerá el portavoz de Izquierda Unida que no tiene mucha lógica que hagamos que unos jueces acrediten su candidatura con avales de compañeros no afiliados, con las dificultades censales a las que se ha referido S.
S., y luego aquí filtremos esa candidatura y decidamos que algunos de ellos no van a ser candidatos.
Yo creo que la relación entre los poderes siempre es un tema muy delicado en todas las constituciones, en la de la República, a la que se ha referido, y en la actual y conviene no hacer muchos experimentos con esas relaciones. Hemos hecho una modificación que precisamente devuelve a los jueces la posibilidad de plantear las candidaturas y, en consecuencia, no tiene ningún sentido el trámite que se propone, tampoco -por lo que ya he dicho- ampliar el tiempo de explicación del voto de cinco a quince minutos, que queda para la comprensión de la presidenta. En todo caso, mi grupo reconoce el esfuerzo argumental e implícitamente el elogio soterrado que hay en esta intervención de lo difícil que es argumentar en contra del pacto de Estado por la justicia.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
En cuanto a la posible llamada al orden o no por parte de la Presidencia, por indicar la flexibilidad en el uso de los tiempos, permítame decirle una cosa. En un futuro, no sé si S.S. ha agotado o no las llamadas al orden, pero sí estoy segura que tiene en su mano evitarlas.
Muchas gracias.(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación, en primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a la proposición de reforma del Reglamento del Congreso de los Diputados por la que se modifica el artículo 205.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 289; a favor, seis; en contra, 282; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las enmiendas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación final el conjunto del texto, que según el artículo 150.2 se someterá a una sola votación y, en virtud de la disposición final segunda, la aprobación de la reforma requerirá una votación final de totalidad por mayoría absoluta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 281; en contra, siete.


La señora PRESIDENTA: Al haberse alcanzado la mayoría requerida, queda aprobada la modificación del Reglamento del Congreso de los Diputados.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES.


- REAL DECRETO-LEY 11/2001, DE 22 DE JUNIO, POR EL QUE SE MODIFICA EL ARTÍCULO 29 DE LA LEY 25/1988, DE 29 DE JULIO, DE CARRETERAS, Y SE ESTABLECEN NORMAS PRESUPUESTARIAS PARA ATENDER LOS GASTOS DERIVADOS DE ACTUACIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN CARRETERAS ESTATALES.
(Número de expediente 130/000020.)

La señora PRESIDENTA: Nuevo punto del orden del día: Convalidación o derogación del Real Decretoley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales.
Para su presentación tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro. (Pausa.) Adelante.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Decía que el Real Decreto-ley modifica el artículo 29 de la Ley 25/ 1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales. Este Real Decreto-ley tiene por objeto determinar las potestades de los órganos del Ministerio de Fomento respecto de las carreteras estatales, con el fin de regular su utilización por motivos técnicos o de seguridad vial. En este sentido, se regulan de forma específica las potestades de la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje cuando de las anteriores circunstancias se derive la necesidad de desviar el tráfico por una autopista explotada en régimen de concesión. A tal efecto, se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, introduciendo un nuevo párrafo que prevé las circunstancias de seguridad vial o de carácter técnico, de las que se puede derivar la necesidad de desviar el tráfico de las carreteras por una autopista explotada en régimen de concesión o por un tramo de la misma. Así, el delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje podrá acordar dicho desvío y en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y audiencia del concesionario, podrá determinar las condiciones de utilización de la autopista con carácter temporal estableciendo la compensación que corresponde al concesionario por los perjuicios causados.
Esto se hace especialmente necesario para aquellas travesías en las que la existencia de un elevado número de accidentes mortales exige con carácter inmediato la adopción de medidas como las aquí previstas, que pueden contribuir eficazmente a la lucha contra la siniestralidad en nuestras carreteras. Asimismo, se prevé que estas limitaciones a la circulación o cualquiera otra restricción adoptada y, en su caso, los desvíos acordados se comuniquen a las autoridades competentes en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, al objeto de que estas adecuen las medidas

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de vigilancia, disciplina y regulación del tráfico y asimismo mantengan actualizada la información que sobre las vías se ofrezca a los usuarios. Por lo tanto, con esta modificación normativa lo que se regula de una manera específica es el recurso a las autopistas o a tramos de las mismas como variantes provisionales de carreteras, especialmente por razones de seguridad vial. Esto resulta justificable sólo cuando lo demuestran las razones de interés público mencionadas, derivadas de la necesidad de aunar el mayor grado posible de seguridad vial con motivos de economía de medios, que aconsejan recurrir al uso de instrumentos ya disponibles, siempre con el carácter de provisionalidad determinado por la duración temporal de las circunstancias expuestas. Por su propia naturaleza, estos supuestos no encajan en el procedimiento ordinario de modificación contractual previsto en el artículo 24 de la Ley 8/1972, de 10 de mayo, de construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, tanto por el carácter excepcional de la medida como por las razones de urgencia a que normalmente responden, por lo que se declara expresamente que no resulta de aplicación este artículo a estos supuestos.
Todas estas actuaciones conllevan la indemnización al concesionario por los perjuicios causados, lo que se traduce en una financiación con cargo a los presupuestos públicos y durante el tiempo que dure la medida de los peajes a satisfacer por categorías específicas de vehículos. Por todo ello y como complemento de la modificación legal expuesta, por el presente real decreto- ley se dictan las normas para efectuar las modificaciones presupuestarias necesarias para atender las indemnizaciones correspondientes a las actuaciones que con este motivo van a realizarse en el presente ejercicio, así como las derivadas de resoluciones adoptadas por las mismas razones por la delegación del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje y, en un caso, por la demarcación de carreteras del Estado en Cataluña con anterioridad a la entrada en vigor de este real decreto-ley, que son resoluciones que se relacionan en su anexo, para las que se establece asimismo su aplicación. Como señala el artículo 2 del real decreto-ley, la financiación necesaria para atender estos gastos se realizará con cargo al presupuesto del Ministerio de Fomento, de conformidad con el régimen de modificaciones presupuestarias establecido en el texto refundido de la Ley General Presupuestaria, sin que resulten de aplicación las limitaciones que para las transferencias de crédito de operaciones de capital a operaciones corrientes establece el artículo 11.3 de la Ley 13/2000, de 28 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Finalmente, la justificación de la extraordinaria y urgente necesidad del presente real decreto-ley deriva de diversas circunstancias: primero, por la inaplazable necesidad de abordar con carácter específico este tipo de supuestos, habida cuenta de las numerosas incidencias que se producen en la red viaria, especialmente de cara a la próxima campaña estival, en la que va a tener lugar un incremento realmente importante del tráfico por carretera; segundo, por la creciente importancia de la seguridad vial para el interés público, que requiere del establecimiento de mecanismos ágiles y adecuados para solventar los problemas que se plantean en la red de carreteras del Estado, cuestión ésta que no había sido abordada adecuadamente hasta la fecha; y, tercero, por la necesidad de acompañar a las facultades administrativas los créditos necesarios para hacer efectivas las compensaciones que procedan a los afectados por las medidas acordadas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra la señora Urán, en nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se va a oponer a la convalidación de este real decreto-ley y en este acto también solicita su tramitación como proyecto de ley.
Una vez más, el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Hacienda nos plantean que solventemos, porrazones de urgencia, un problema que ya es conocido en nuestras carreteras no soló en la estación estival, problema que se puede ver agravado. Los puntos negros y las travesías que tienen una alta siniestralidad son conocidos desde hace bastante tiempo y el Ministerio de Fomento no ha adoptado las medidas necesarias para abordar de una manera real y no precipitada, sino planificada, la modificación de estos puntos negros y, por lo tanto, la mejora en la seguridad vial de determinadas carreteras. Nos traen un real decreto-ley cuya convalidación a nosotros no nos parece tan urgente. Estimamos que debería tramitarse como proyecto de ley, dado que las modificaciones que se nos proponen, aunque parezcan no tener importancia, son de un carácter económico bastante relevante. Aunque no sea necesario presentar una memoria económica, no hubiera estado de más que el Gobierno la hubiera adjuntado a este real decreto para que hubiéramos podido valorar cuál va a ser el coste económico no de las que ya han sido adoptadas, sino de las que se puedan adoptar posteriormente, y la incidencia que puedan tener en los Presupuestos Generales del Estado.
Por otra parte, este real decreto-ley viene a aplicarse con carácter retroactivo a medidas que ya había adoptado el Ministerio de Fomento.
Esto cuando se han aprobado los Presupuestos Generales del Estado y ya se conocía, de la misma manera que se conocía porque seaprobó la modificación del artículo 24 en la Ley de

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medidas administrativas y fiscales de los presupuestos del año 2000.
Señorías, rellenamos a este real decreto ley, que ahora urge, con seguridad vial y con la sensibilidad que todos los diputados y diputadas de esta Cámara tenemos ante la inseguridad en nuestras carreteras durante todo el año y especialmente en los períodos vacacionales. Pero este problema se conocía y ya se habían adoptado medidas que también se conocían y que se adjuntan en un anexo, algunas de las cuales caducaban en el año 2000, en el momento en el que se hizo el uso de las autopistas y otras acababan en marzo del año 2001. Por lo tanto, la urgencia se debe a no adoptar las medidas necesarias cuando corresponde a los distintos ministerios, en este caso al Ministerio de Fomento y después -de manera conjunta, si ustedes lo prefieren- al Ministerio de Economía y Hacienda. No creemos en esa urgencia cuando se podrían buscar alternativas distintas que no supongan un costo y un beneficio adicional para las concesionarias de las autopistas, a quienes tampoco causaríamos un excesivo perjuicio porque algunos de sus tramos puedan quedar libres de peaje cuando así lo requiere el interés general del Estado, el interés público. En este caso, hablamos de seguridad vial.
Señorías, tienen ustedes mecanismos legislativos para poder conseguir que al Estado esto no le tenga por qué costar dinero y, por lo tanto, puedan ustedes aplicarlo sin necesidad de establecer esas compensaciones. Estamos hablando de interés general, de interés público, que se supone que está por encima del interés privado.
Nuestro grupo parlamentario se va a oponer no porque no estemos de acuerdo en que hay que mejorar la seguridad vial, sino todo lo contrario; se va a oponer por la falta de previsión que tiene el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Economía, porque ustedes nos facilitan un anexo que viene a dar cobertura a actuaciones anteriores a esta modificación. Al mismo tiempo, consideramos que no es necesario conceder ese beneficio extraordinario a las ya bien amparadas por el Gobierno concesionarias de las empresas de explotación de autopistas.
Señorías, repito que nuestro grupo votará en contra de la convalidación del real decreto-ley y a favor de su tramitación como proyecto de ley.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo va a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley. Ya era hora de que entrase en la Cámara un decreto-ley como éste, aunque venga con urgencia. La urgencia la puede provocar alguna de las obras que se citan en el anexo.
Con este real-decreto, el Ministerio de Fomento - aprovecho la oportunidad para cambiar el nombre en la Ley de carreteras porque, cuando se elaboró no existía como tal este Ministerio- tiene la posibilidad de modificar algunas de las condiciones. El delegado del Gobierno puede, por seguridad vial, ejecutar con mayor celeridad determinadas obras y determinar que se desvíen tráficos desde las carreteras nacionales hacia autopistas de peaje, algo que no recogía la ley. El delegado del Gobierno, junto con el informe del Ministerio de Hacienda, fijará las condiciones de utilización de la autopista en el momento en que se estime oportuno. No hablo del anexo, sino que en el futuro pueden presentarse otros casos no recogidos en el anexo.
Respecto al anexo, hemos de hacer constar que en su punto 4, que nos habla del tramo de Vendrell-Salou, de la autopista A-7, pone la fecha del 5 de marzo, que ya está vencida, con lo cual estimamos que con él se da soporte a las actuaciones realizadas. El delegado del Gobierno no tiene que esperar al proyecto de ley pues con la aprobación de este real decreto-ley se le dice que queda prorrogado hasta el mes de septiembre, aunque probablemente entonces habrá que reconsiderar su continuación porque es una zona muy conflictiva pues la ejecución de las obras de una variante son insuficientes. Para el futuro esto puede solucionar problemas no sólo en el tramo Cervera-Santa María del Camí, que es imprescindible que pueda derivarse el paso de los vehículos de gran tonelaje, porque la obra es un desdoblamiento y no hay solución si no es a través de algo que define el decreto. También hay problemas en la travesía del Cambrils y en la zona de la Junquera.
He citado algunos temas contenidos en el texto del real decreto-ley que, en nuestra opinión, son suficientemente importantes para que nuestro grupo le dé su voto favorable.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, nosotros nos vamos a oponer a la convalidación de este real decreto- ley y solicitaremos su tramitación posterior como proyecto de ley por unos argumentos ideológicos de modelo de redes viarias en la estructura integradora del Estado español, como hemos expuesto en reiteradas ocasiones desde esta tribuna los diputados que sobre estas materias hemos intervenido en las últimas legislaturas.
Señor ministro, este real decreto-ley adolece de tantos defectos hasta de naturaleza formal en su vertebración lingüística, que produce cierto rubor intelectual que el Gobierno presente un documento de estas características. Esto es lo menos relevante, porque las negli-

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gencias de naturaleza lingüística las transformarán los expertos, pero pone de manifiesto la celeridad a trompicones con la que se ha elaborado. Porque, fíjese, señor ministro, se aprueba el viernes de la semana pasada, día 22 de junio, se publica en el Boletín Oficial del Estado el 23, se trae a esta Cámara hace dos días y la Mesa y Junta de Portavoces del Congreso de los Diputados toman la decisión de incluirlo, por razones de urgencia, en la tramitación de este Pleno tan singular del debate sobre el estado de la Nación. Aquí lo tenemos en el orden del día, y no hay razón ni técnica ni de seguridad vial que justifique su inclusión, porque qué duda cabe que tenemos que luchar permanentemente contra la siniestralidad en nuestras carreteras; tenemos que defender la seguridad de nuestras carreteras haciendo todos los esfuerzos institucionales que tengamos que hacer, pero este real decreto-ley no viene motivado por la siniestralidad. Es cierto que en determinados tramos se ha producido y es cierto también que, en sesiones plenarias, distintos municipios de la provincia de Tarragona se han pronunciado en los últimos años en el sentido -y he leído en los últimos días precisamente las resoluciones plenarias- de que se encuentre una solución singular a las vías a las que hace referencia este real decreto-ley, esencialmente en el anexo.
Señor ministro, este es un tema de más calado. Se está modificando el artículo 29 de la Ley de Carreteras, y la modificación se produce manteniendo el texto actual del artículo 29 y produciendo un añadido al que usted ha hecho referencia. En la exposición de motivos, realmente motivadora de las decisiones contenidas en los restantes artículos, no se logran entender las razones que luego se argumentan en los artículos. Señoría, cuando en las anteriores circunstancias se derive la necesidad de desviar el tráfico de los vehículos que se determinen por la totalidad o parte de la autopista explotada en régimen de concesión, el delegado del Gobierno, en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje, podrá acordar dicha desviación -¿cómo no vamos a estar de acuerdo con eso?, evidentemente que sí- y, en tal caso, previo informe del Ministerio de Hacienda y audiencia del concesionario, fijará las condiciones de utilización de la autopista con carácter temporal. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Señor ministro, en la disposición final primera, que complementa esta ampliación del contenido del artículo 29, es donde se encuentran unas argumentaciones que nosotros no podemos tolerar. Es suficientemente conocido que el anterior Gobierno del Partido Popular, en las sucesivas leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado de los años 1997, 1998, 1999 y en la del presente ejercicio 2001, ha venido modificando constantemente normas reguladoras de los regímenes concesionales de las autopistas de peaje. Recordará usted la Ley de acompañamiento de 1997, que posibilitó ampliar espectacularmente los mecanismos vinculados al negocio de la explotación de las autopistas de peaje. Recordará usted también cómo en el presente ejercicio ha entrado en vigor un mecanismo de revisión de tarifas y peaje en las autopistas de peaje de titularidad de la Administración general del Estado, que fue una enmienda que introdujo el Grupo Parlamentario Popular en la fase de tramitación de la ley de Presupuestos Generales del Estado en el Senado in extremis, no en el Congreso de los Diputados. Y ahora, también in extremis, viene este real decreto-ley que choca con el concepto que desde el Grupo Parlamentario Socialista se ha venido defendiendo.
Queremos exponerlo de forma sintética y clara: que no se argumente nunca que el Grupo Parlamentario Socialista se opone a la convalidación de este real decreto; que no se argumente lo que nosotros no decimos aquí, como se ha hecho en otras ocasiones. En primer lugar, qué duda cabe que nosotros defendemos la seguridad vial e instamos al Gobierno a que adopte muchas medidas que podría adoptar y que no ha venido adoptando. Es una lástima que no esté aquí el ministro de Fomento porque se le podrían recordar determinados compromisos adquiridos en su comparecencia en la Comisión de Infraestructuras del Congreso de los Diputados del 15 de junio de 2000, cuando expuso su programa de gobierno y que no ha puesto en marcha ni ha implementado. Luego sí a todas las medidas que permitan incrementar la seguridad vial. Segundo, sí a la utilización de las autopistas de peaje por todos aquellos vehículos que circulando por redes sometidas a actuaciones de mejoras en infraestructuras pudiesen conllevar situaciones de peligrosidad. Pero lo que no aceptamos es que se incremente espectacularmente a cargo de los Presupuestos Generales del Estado el negocio de las entidades concesionarias, que se incrementen los beneficios de las entidades concesionarias como consecuencia del aumento del tráfico. No se carga, naturalmente, a los usuarios, ¡hasta ahí podríamos llegar! pero se carga a los Presupuestos Generales del Estado.
Señorías, si en 1997 a concesionarias como Aumar o Acesa se les prorrogaron hasta finales de la década próxima las concesiones a cambio de unas disminuciones muy reducidas de las tarifas de peaje, ¿cómo es posible que ahora, con los Presupuestos Generales del Estado, se les incremente la capacidad de negocio derivado de una necesidad vial estructural, vertebradora de un territorio? ¿Cómo es posible que venga este real decretoley con un anexo -que no tiene desperdicio- que indica en el primer punto que se va a financiar el 37 por ciento del peaje por el tránsito de vehículos pesados por al autopista A-68 Bilbao-Zaragoza como consecuencia de los desvíos de los tráficos pertinentes que se produjeron desde el 1 de mayo de 1999 hasta cuando se produzca la recepción provisional de la obra, y a pagarle a la concesionaria? ¿Cómo es posible que en los puntos2, 3 y 4 se establezcan mecanismos de financiación

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como consecuencia de esas actuaciones a cargo de los Presupuestos Generales del Estado y se sienten una larga serie de precedentes para incrementar esa capacidad de negocio como vienen incrementando espectacularmente las concesionarias de autopistas de peaje? Señor ministro, según se lee en noticias de prensa, porque el Grupo Parlamentario Socialista no ha tenido aún acceso a ese proyecto de ley que viene consensuado por los Ministerios de Economía, Hacienda y Fomento, va a ser un proyecto de ley regulador de la participación privada en la financiación de las infraestructuras vinculadas al transporte, que tendrá otro título pero que va a posibilitar la ampliación de esa capacidad de negocio, incluso de utilización del suelo colindante a las propias autopistas de peaje para la construcción de hoteles, parques comerciales, parques temáticos, ecétera. En resumen, señor ministro, aumenta el negocio.
En consecuencia, el Grupo Parlamentario Socialista, coherente con planteamientos anteriormente expuestos desde esta tribuna en la pasada y en la actual legislatura, manifiesta que este real decreto- ley debe ser tramitado en forma de proyecto de ley para posibilitar la introducción de las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista, si así se produce, presentará a buen seguro. Pero, desde luego, que no se desvirtúe el planteamiento defendido desde esta tribuna. No queremos que recaiga en la economía del usuario de esas autopistas de peaje, como consecuencia de que se ve obligado a utilizarlas, el pago pertinente; tampoco en los Presupuestos Generales del Estado, y deben ser las concesionarias quienes, habiendo sido receptoras de tal mecanismo de beneficio en los tres o cuatro últimos años, aporten solidariamente esa infraestructura para la solución solidaria de un problema de seguridad vial en esas comarcas a las que hace referencia el anexo pertinente de este real decreto-ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta, señor ministro.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Muchas gracias.
Señora presidenta, empiezo por decir que este decreto- ley tiene tal cantidad de sentido común en su motivación que, hasta que ha intervenido el señor Segura, en aras a la brevedad por ser la hora que es, tras una larga jornada, tenía la idea de contestarle desde el escaño, pero su intervención me ha impulsado a hacer algunas apostillas, matizaciones u observaciones absolutamente inexcusables.
Insisto en el sentido común. ¿Es o no de sentido común que el Estado en una vía de carácter público como es una autopista, aunque esté en régimen de peaje, es o no de sentido común que ante emergencias -fundamentalmente el elevadísimo número de obras de nuestras carreteras gracias a un ambicioso plan de infraestructuras que está en curso-, ante situaciones de accidentalidad o ante cualquier otro imprevisto que pueda tener lugar de cara a una etapa estival que ya se ha iniciado y que se nos viene encima, autorice el desvío del tráfico por una vía que se denomina autopista, pero que es pública, aunque esté en régimen de peaje? Pues este es el sentido de este decreto-ley y por eso que alguien con sentido común y con sus peculiaridades, como mi adversario y amigo el señor Segura, lo ponga en duda y le lleve hasta oponerse, este modesto portavoz en este momento no lo entiende. Sólo lo entiende de una forma y es que el señor Segura se vea obligado a mantener ante la galería de los escaños que le rodean la fobia de autopistas que conocemos en esta Cámara desde hace muchos años. Y en esta línea de fobia incluyo también a la señora Urán.
Señorías, no voy a abrir un debate sobre la fobia o la no fobia o sobre si las autopistas de peaje son buenas o malas. Lo único que digo por experiencia, porque yo autoricé alguna concesión en otros tiempos, es que este país no tendría vías rápidas si no hubiera sido por la Ley de autopistas del año 1972, a la que han apelado todos los gobiernos, también el de ustedes, haciendo concesiones de autopistas y modificaciones de las concesiones. En definitiva, señorías, señor Segura, no pierda el sentido común y no se oponga por puro oposicionismo. Permítame darle aesto un sentido del humor y sin carácter agresivo, ya que no es mi estilo ni es el caso.
Este es el fondo de la cuestión. Aquí se podría poner aquí un punto final a esta intervención, pero no lo voy a hacer. No obstante, voy a ser muy breve. En primer lugar, quiero decirle a la señora Urán que, en relación con el anejo de obras, la retroactividad a la que se ha referido no es tal. Es tal retroactividad en la fórmula específica que se aplica. Ya el párrafo único del artículo 29 de la Ley de Carreteras habilitaba -este diputado lo sabe bien- al Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo para tomar medidas como las que se han adoptado en los cuatro casos que figuran en el anejo.
Consiguientemente, no se trata de crear una cobertura que no hubiera; se trata de buscar una fórmula específica más hábil y más ágil, que permita al delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias, previaaudiencia de la concesionaria y con el informe favorable del Ministerio de Hacienda, adoptar unas medidas que son de sentido común.
Añado, señora Urán. No se trata sólo del problema de los puntos negros, que, por otra parte, es uno de los objetivos prioritarios del actual Ministerio de Fomento, como el señor Álvarez-Cascos ha repetido hasta la saciedad, desde la primera comparecencia en la Comisión de Infraestructuras el 15 de junio del pasado año. Se trata de afrontar, sencillamente, la conflictividad del verano, las consecuencias de las obras, etcétera, y tener un cauce para la utilización de las autopistas. No es un

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gravísimo problema económico, no se alarmen; no se trata de enriquecer, como han vuelto a reiterar el señor Segura y usted, a las concesionarias. El montante, según mi información, de lo que se va a gastar en esta partida asciende a 2.006 millones de pesetas de aquí a fin de año. Si eso le parece una gran fortuna es que no sabe cuáles son las cantidades que maneja el Ministerio de Fomento. Son 2.006 millones de pesetas lo que se va a compensar a las distintas concesionarias de aquí a fin de año. Consiguientemente, ni hay retroactividad ni hay una gravísima situación económica ni tampoco se trata de enriquecer a ningún género de concesionarias de autopistas de peaje. Se trata, señorías -y perdonen porque no quiero ser ofensivo- de utilizar el sentido común. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Como quiera que el decreto tiene todo lo que en términos normativos hace falta para afrontar la situación sin ninguna incorporación más, sin ninguna enmienda más, mi grupo va a votar también en contra de su tramitación como proyecto de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.-La señora Urán González pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señora Urán, ¿a qué efectos pide la palabra?

La señora URÁN GONZÁLEZ: Señora presidenta, no me acuerdo en este instante del número del artículo del Reglamento, pero solicitaría que por un secretario de la Mesa se leyera la disposición final primera, efectos económicos iniciales, del real decreto que estamos debatiendo.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo señora Urán.
Señor Oliart.


El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Disposición final primera, Efectos económicos iniciales: «El presente real decreto-ley será aplicable asimismo a las compensaciones derivadas de actuaciones anteriores a su entrada en vigor, siempre que sean como consecuencia de las resoluciones adoptadas por el delegado del Gobierno en las sociedades concesionarias de autopistas nacionales de peaje o, en su caso, por el jefe de demarcación de Carreteras, y que se relacionan en el anexo, consistentes en la financiación estatal de los peajes por el tránsito de vehículos en autopistas de peaje en razón de las mismas circunstancias previstas en el artículo 29 de la Ley 25/1988».


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliart.
Señorías, convalidación o derogación del Real Decreto-ley 11/2001, de 22 de junio, por el que se modifica el artículo 29 de la Ley 25/1988, de 29 de julio, de carreteras, y se establecen normas presupuestarias para atender los gastos derivados de actuaciones del Ministerio de Fomento en carreteras estatales.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 267; a favor, 171; en contra, 96.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley.
A continuación sometemos a votación el trámite por el cual el Real Decreto-ley convalidado pueda ser tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 98; en contra, 170.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley convalidado.
Se levanta la sesión.


Eran las diez y treinta y cinco minutos de la noche.

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