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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 98, de 26/07/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 98

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 93

celebrada el jueves, 26 de julio de 2001

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ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretoss-leyes:

- Real Decreto-ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades («BOE» núm. 156, de 30 de junio de 2001) (Corrección de error «BOE» núm. 176, de 24 de julio de 2001). (Número de expediente 130/000021.) . . . (Página 4854)

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S U M A R I O

Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.


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Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes . . . (Página 4854)

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Real Decreto-ley 12/2001. De 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre Sociedades . . . (Página 4854)

Presenta el Real Decreto-ley para su convalidación, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Explica que el origen de este real decreto-ley está en las sentencias del Tribunal Supremo por las que se anulaban determinados preceptos de los reglamentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades en materia de retenciones y tiene como finalidad, en consonancia con el mandato del alto tribunal, asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades, se convalida por 300 votos a favor y siete en contra.


Se levanta la sesión a la una y cuarenta minutos de la tarde.


Se abre la sesión a la una y cinco minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.
Punto I del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decretoley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades. Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el ministro de Hacienda, señor Montoro. (Rumores.) Señorías, se ha iniciado la sesión y vamos a comenzar el debate, por lo que les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio, a ser posible. (Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar para su convalidación el Real decretoley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades.
Las sentencias del Tribunal Supremo por las que se anulaban determinados preceptos de los reglamentos del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades en materia de retenciones están en el origen de este real decreto-ley, que tiene la finalidad, en consonancia con el mandato del alto Tribunal, de asegurar el cumplimiento de los principios de legalidad y seguridad jurídica. A este respecto, se modifica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el porcentaje? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor ministro, por favor. (Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Decía que a este respecto se modifica en el impuesto sobre la renta de las personas físicas el porcentaje aplicable a los administradores y miembros de consejos de administración de empresas. El Gobierno propone la reducción del tipo de retención e ingreso a cuenta en cinco puntos porcentuales, dejándolo fijado en el 35 por ciento y a la mitad cuando se trate de rendimientos obtenidos en Ceuta y Melilla que tengan derecho a la deducción de la cuota prevista en el artículo 55.4 de la Ley del impuesto.
Los motivos que justifican el recurso al real decretoley y la fijación del tipo de retención en el 35 por ciento son los siguientes: en primer lugar, dotar de seguridad jurídica a los contribuyentes respecto a las retenciones e ingresos a cuenta que soportan y a las empresas que resultan obligadas a practicarlos; en segundo lugar, la necesidad de dar una solución rápida a un supuesto que afecta a un gran número de contribuyentes; en tercer lugar, mantener el porcentaje fijo de retención. La aplicación del sistema general de cálculo de retenciones previsto en la normativa reguladora delimpuesto implicaría que en muchos casos estas rentas

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no estuvieran sujetas a retención si las retribuciones percibidas por este concepto fueran inferiores a los límites previstos en el reglamento del impuesto. Además, no puede desconocerse que estos contribuyentes suelen ser perceptores de otras fuentes de rentas, con lo que la determinación de un tipo fijo de retención es la solución más correcta para mejorar la simplificación del impuesto. Con la fijación del 35 por ciento, que es el tipo de gravamen aplicable en el impuesto sobre sociedades, se desincentiva, se desestimula la creación de sociedades interpuestas que realicen las labores propias de los administradores o miembros de consejos de administración y perciban, sin quedar sometidas a retención o ingreso a cuenta alguno, la retribución que corresponda por esta actividad.
Por lo que respecta al impuesto sobre sociedades, baja el porcentaje de retención aplicable a las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización. Así, el tipo pasa del 25 al 20 por ciento. Dada la especial naturaleza de estas rentas y el riesgo de prácticas elusivas por su especial tratamiento fiscal, es aconsejable mantener un tipo de retención superior para estos rendimientos del capital mobiliario distinto del general, establecido en la actualidad -como SS.SS. conocen- en el 18 por ciento. El real decretoley refuerza el principio de legalidad de esta medida al elevar su rango, ya que se incluye en la Ley del impuesto sobre sociedades una norma hasta ahora regulada en el reglamento. El nuevo porcentaje de retención aplicable a estas rentas, el 20 por ciento, es igual al establecido en la normativa reguladora del impuesto sobre la renta de las personas físicas para las mismas rentas. Se logra así una aconsejable homogeneización de tipos que evitará la búsqueda de ventajas fiscales derivadas únicamente de la naturaleza del perceptor.
La especial naturaleza y características de los rendimientos por derecho de imagen aconsejan la aplicación de un tipo de retención sobre los mismos distinto al establecido con carácter general. Así, por ejemplo, tal y como señalaba en su fundamento jurídico décimo la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de enero de 1999, cuando justificaba la divergencia en el porcentaje de retención de estas rentas respecto del aplicable a los derivados del arrendamiento de bienes inmuebles, los gastos de obtención de los rendimientos de la cesión de derechos de imagen son muy distintos de los propios de los arrendamientos de inmuebles, de modo que el porcentaje del rendimiento neto respecto del rendimiento íntegro es muy distinto en unos y otros. Fin de la cita.
A esta misma conclusión de un tipo de retención superior se puede llegar al comparar los gastos propios de estos rendimientos por cesión de imagen con los gastos de cualquier otra explotación económica. Esta divergencia desde el punto de vista de los gastos, junto con la ausencia generalizada de la posible aplicación de deducciones en este tipo de actividades y los elevados niveles de renta que habitualmente disfrutan los perceptores finales de este tipo de rentas, hace necesario establecer una retención más alta que la aplicable a otros rendimientos del capital mobiliario y que sea coherente con el tipo efectivo propio de los sujetos pasivos que obtienen este tipo de rentas. Con estas medidas, que modifican normas del impuesto sobre la renta y del impuesto sobre sociedades, el Gobierno cumple las indicaciones del Tribunal Supremo y refuerza la seguridad jurídica de los contribuyentes dentro de los principios de eficiencia, equidad y sencillez de nuestro sistema fiscal.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque entiende que para ajustarnos estrictamente, como no podía ser menos, a los principios de legalidad y seguridad en materia fiscal se hace preciso comenzar por el pronunciamiento de acatamiento a las sentencias del Tribunal Constitucional, dirigidas tanto a la Ley sobre el impuesto de la renta de las personas físicas como a la Ley del impuesto sobre sociedades, tal como se detalla en las sentencias del 10 de marzo del corriente año 2001 para el impuesto sobre sociedades, así como a las sentencias del Tribunal Supremo de los días 22 y 23 de marzo, también del corriente año 2001, para el impuesto sobre la renta de las personas físicas.
Entendemos que el Tribunal Supremo se ha ajustado a un pronunciamiento de armonía y equilibrio de leyes fiscales y tributarias en cuanto a los porcentajes de deducción de las rentas o ingresos de los presidentes, directivos o miembros de los consejos de administración de las empresas en la desgravación para el impuesto de la renta de las personas físicas, así como a los efectos fiscales que se derivaban en el impuesto sobre sociedades para la tributación aplicable a la retención de algunos conceptos fiscales, a juicio del Supremo, como era la explotación del derecho de imagen y del consentimiento o autorización para su utilización.


Por tanto, como en el articulado concreto de este real decreto-ley hay que hacer la modificación consecuente para adaptar al principio de legalidad la sentencia y decisiones del Tribunal Supremo, damos como buena la modificación que el Gobierno ha hecho en esta propuesta, que llega hoy aquí para la convalidación del real

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decreto-ley, para modificar el artículo 83 de la Ley 40/1998, del impuesto sobre la renta de las personas físicas, así como para modificar el artículo 146 de la Ley 43/1995, del impuesto sobre sociedades, por lo que votaremos favorablemente su convalidación, señora presidenta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar y en nombre de mi grupo parlamentario, quiero pedir disculpas porque por un problema de convocatoria no hemos podido asistir al primer punto del orden del día, sobre el examen, defensa y ratificación del Consejo General del Poder Judicial, Tribunal Constitucional y Tribunal de Cuentas.
Paso a defender la posición de mi grupo en el segundo punto del orden del día. Señoría, este real decreto ley viene a modificar determinados preceptos de los reglamentos del IRPF y del impuesto sobre sociedades en materia de retenciones como consecuencia de determinadas sentencias del Tribunal Supremo al respecto. Lo que estas sentencias vienen a decir -y ustedes lo saben perfectamente, señorías- es que las retenciones por IRPF que se han ido realizando a los administradores y miembros del consejo de administración, desde el año 1999, por las rentas percibidas por la práctica de su cargo, así como el porcentaje de retención aplicable en el impuesto sobre sociedades por la cesión del derecho a la explotación de la imagen, o del consentimiento o autorización para su utilización, deberían disminuirse hasta el punto de que se consiguiera la uniformidad en los porcentajes de retención respecto del resto de las rentas que gravan los dos impuestos citados. En esencia, esto sería una retención de ingreso a cuenta del IRPF del 35 por ciento, en lugar del 40, en el caso de las rentas de administradores y miembros de consejos de administración, y una retención de ingreso a cuenta del impuesto sobre sociedades del 20 por ciento, en lugar del 25, en el caso de las rentas procedentes de la cesión del derecho a la explotación de la imagen o del consentimiento o autorización para su utilización, al igual que lo establecido en el IRPF, señorías, con lo que se consigue la uniformidad en los porcentajes de retención de estos dos impuestos.
Desde el punto de vista de Izquierda Unida, y respetando las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, no estamos de acuerdo con ellas y nos surgen las siguientes preguntas. En primer lugar, respecto a la modificación practicada en el IRPF (tributo directo que grava la capacidad económica de los contribuyentes y que reconoce tratar desigualmente los distintos tipos de renta, capital y trabajo, con retenciones distintas), no entendemos cómo no se puede hacer una cosa parecida en el caso de las rentas de los administradores y miembros de consejos de administración, ya que una retención en la fuente mayor, además de ser buena para las arcas del Estado a corto plazo, supone aplicar un principio de cautela para evitar posibles fraudes fiscales y, además, no supone un aumento de los impuestos para este colectivo de trabajadores. Trabajadores que, por otro lado, se salen de lo normal y lo corriente, que tampoco es malo, ya que esta retención en ingreso a cuenta es sólo eso, una retención en ingreso a cuenta y una vez hecha su declaración, si les sale negativa, habrá que devolvérselo como a todo hijo de vecino o de vecina. Este hecho en sí mismo, señorías, permitía el establecimiento de distintas retenciones.
Respecto a la modificación practicada en el impuesto sobre sociedades, no entendemos la pretensión de igualar las retenciones por la obtención de rentas por cesión de imagen con las practicadas en el IRPF, ya que son dos tributos completamente distintos, y más cuando siempre se ha venido criticando desde nuestras filas la creación de sociedades con el fin de que las rentas obtenidas tributen menos que por IRPF, al ser menores, como ustedes saben, los tipos impositivos en el impuesto sobre sociedades para las rentas elevadas. Señorías, ¿por qué no se consigue la uniformidad al alza para determinadas rentas, independientemente de que éstas tributen por IRPF o por sociedades? La respuesta es obvia.
Por último, quiero hacer tres comentarios más. El primero es que creemos que el Gobierno del PP, para quedar bien con la masa de ciudadanos que religiosamente pagan sus tributos todos los años, al retenerles una cantidad aproximada a lo largo de los mismos, adoptó unas medidas que con este real decreto, en virtud de la sentencia del Tribunal Supremo, ahora quedan sin sustancia, pero que en su día obtuvieron la rentabilidad política buscada, aún dudando de que podía pasar lo que finalmente ha pasado; el segundo es que la justicia, ese eterno vía crucis que supone para muchos ciudadanos, sin embargo, parece que funciona bien, por no decir demasiado bien, en determinados casos, y el tercero es que tenemos la sensación de que la fiscalidad de este país está en manos de los directores de las grandes empresas y de algún que otro deportista o actor, olvidándose de que Hacienda somos todos y todas y que cada uno debe aportar a las arcas del Estado en función de los distintos niveles de renta que se obtenga.
Nosotros, humildemente, señorías, vamos a abstenernos. Nos gustaría que de la misma manera que se ha cumplimentado con esta rapidez la sentencia del Tribunal Supremo, se hubieran cumplimentado otras sentencias de otros órganos relativas a funcionarios, etcétera, aunque hubiera sido a través del camino no grato, no querido, del real decreto-ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo parlamentario va a votar a favor de la convalidación del real decreto-ley por coincidir tanto en el contenido como en la apreciación en sí del supuesto que habilita la extraordinaria y urgente necesidad. Estamos ante la necesidad de dar cumplimiento al mandato contenido en tres sentencias del Tribunal Supremo, todas ellas de marzo del presente año, por las que se anulan dos preceptos: uno, el reglamento del IRPF y, otro, el reglamento del impuesto sobre sociedades. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Padrol, por favor.
Señorías, es imposible escuchar la intervención del señor Padrol, como la de otros diputados anteriormente, por el nivel de conversación que hay en los escaños. Ruego a SS.SS. que ocupen sus escaños y guarden silencio. (Pausa.) Adelante, señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
En cuanto a la cuestión del impuesto sobre sociedades, qué duda cabe que el panorama de los ingresos a cuenta respecto de los rendimientos obtenidos como consecuencia de la cesión de derechos de imagen es razonable por la situación que dimana del contenido del real decreto- ley, porque hemos pasado de una situación con un tipo de retención del 25 por ciento en sociedades, del 20 por ciento en IRPF y del 15 por ciento en ingresos a cuenta para no residentes, a una situación mucho más razonable como consecuencia de la norma que hoy estamos debatiendo de equiparación del tipo del 20 por ciento en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades.
En cuanto al tipo de retención para administradores y miembros de consejos de administración, aunque podrían haberse planteado varias alternativas para dar cumplimiento al contenido de las sentencias, lo cierto es que, atendiendo a las explicaciones que daba el señor ministro de Hacienda de que normalmente las personas que están en esta situación son perceptores de diversas fuentes de renta, nos parece que el establecimiento de un tipo único del 35 por ciento es una solución correcta desde el punto de vista de contenido y de la política fiscal. Por tanto, mi grupo va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley en todos sus términos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, con carácter previo a la fijación de la posición de mi grupo respecto de la convalidación de este real decreto-ley, quisiera formular algunas consideraciones que nos parecen destacables.
El sistema de retención en impuestos como el IRPF constituye un factor fundamental para el correcto funcionamiento de este tipo de gravámenes, gravámenes masivos, dotados de una poderosa capacidad recaudatoria. Recaudar de millones de contribuyentes las cantidades que esta figura tributaria proporciona es posible gracias a que existen mecanismos eficaces que han de requerir en todo momento y circunstancia la correcta atención por parte del Gobierno. Pero no es menos cierto que, junto a esta realidad, suelen existir realidades distintas. Hoy se da en todo el mundo, aunque en España se reconozca con alguna dificultad, la existencia de grupos de interés que dejan sentir su presencia a lo largo de todo el proceso de gestión de los tributos. En ese terreno la estrategia a adoptar no puede ser otra que la de potenciar la transparencia de la gestión tributaria puesto que la correcta valoración, el éxito de un sistema fiscal y el aprecio que los contribuyentes pueden tener respecto del mismo pasa por que exista un correcto cumplimiento de las normas existentes. En ese terreno tenemos que decir que en España quedan muchas cosas por hacer y que el Ministerio de Hacienda es un ministerio perfectamente opaco, tanto en materia de ingreso como en materia de gasto público.
Quizás en estos días, víspera de vacaciones, convendría recomendarle al señor Montoro un repasito por la literatura financiera que el señor Schultz puso de moda hace muchos años y que le puede servir para corregir las abundantes y frecuentes deficiencias en las que su departamento incurre en materia de transparencia tributaria.


En tercer lugar, es posible que tengan que considerarse algunos de los planteamientos que hace algunos años, en el ámbito del mundo académico, existían en torno a esta cuestión. Una minoría de profesores hace tiempo que reclamaban la fijación de las retenciones a través de una norma con fuerza de ley. Es cierto que no tuvieron éxito en sus planteamientos, pero no es menos cierto que en este momento este real decreto-ley gira, en alguna medida, en esa dirección, ya que lo que hace es modificar única y exclusivamente dos preceptos, uno de la ley de renta, para aquellos que tengan la condición de administradores y miembros del consejo de administración por las percepciones que obtengan, y una retención del 35 por ciento en el IRPF y del 20 por ciento en la explotación de los derechos de imagen. Como aquí se ha dicho, una y otra son consecuencia de dos sentencias, una del 10 de marzo del 2001 y otra del 22 de marzo del mismo año, en las que el Tribunal Supremo considera que hay una carencia de motivación y, existiendo una carencia de motivación, señala la nulidad y la ilegalidad de los desarrollos legislativos

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que se han llevado a cabo por parte de la Administración tributaria.
Cualquiera que lea el fundamento jurídico quinto de la sentencia de 22 de marzo podrá darse cuenta de este tipo de planteamientos que hemos hecho aquí distintos grupos parlamentarios.
Ahora bien, esas sentencias se inscriben igualmente en una línea jurisprudencial que tienen un arranque inicial en algunas posiciones señaladas en la sentencia del 10 de julio de 1999, que consideraba? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Fernández Marugán.
Cuando quiera.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Que consideró la subida del 15 al 20 por ciento en las retenciones aplicables a las actividades profesionales como una elevación desproporcionada. En esa sentencia se decía que la norma reglamentaria había ido más lejos que la capacidad de pago.
Por lo tanto, sin pretender extenderme en la argumentación, sí quisiera dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de algunos puntos de vista que creo yo que son perfectamente sostenibles en una sociedad como la nuestra, poseedora de una compleja arquitectura democrática.


Como puede observarse, el Tribunal Supremo en esta materia ha adoptado una posición extensiva de su función, siéndole indiferentes las habilitaciones legales contenidas en la regulación de los tributos y, como consecuencia de ello, resulta para él escasamente relevante que el legislador haya fijado el límite máximo de retención, según la fuente de renta, en el 20 por ciento para los rendimientos de las actividades profesionales o en el 40 por ciento para los miembros de los consejos de administración que obtengan retribuciones. Es por lo que ha permitido deducir la ilegalidad de las respectivas previsiones reglamentarias, aunque hubiera al respecto preceptos legales claramente establecidos. Tal situación ha provocado el que hasta el momento se haya rebajado el importe de la retención a cuenta por rendimientos profesionales del 20 al 18 por ciento, y por arrendamientos de inmuebles, del 18 al 15 ciento. Sin pretender ir más lejos, cabría preguntarse si esas mínimas rebajas hacen ya proporcionado y no confiscatorio el pago a cuenta.
Evidentemente, nos encontramos ante soluciones formales que acatamos todos pero que emanan de una jurisprudencia discutible y que en algunos puntos de vista mi grupo entiende como no excesivamente fundada. Con tales antecedentes, el real decreto-ley que hoy convalidamos recurre a la única solución posible, que es la de establecer legalmente no ya un límite sino un importe concreto de la retención aplicable en estos casos.
De todo lo expuesto se deduce que mi grupo parlamentario va a votar a favor de la convalidación de este real decreto-ley, por razones de garantía jurídica y porque queremos establecer la suficiencia en los ingresos de la Hacienda pública.
Ahora bien, nos parece conveniente recordar al Gobierno algunas de las asimetrías que se están generando. Hay -y se ha dicho aquí- retenciones establecidas reglamentariamente, mientras que otras, las que estamos en este momento convalidando aquí, se fijan por ley. Yo me pregunto, ¿hasta cuándo se puede mantener semejante discriminación? Señora presidenta, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez- Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Hoy vamos a aprobar un Real Decreto-ley sencillo, vamos a convalidar un Real Decreto-ley que no tiene grandes complicaciones, se trata simplemente de trasladar dos sentencias del Tribunal Supremo y ajustar las retenciones en dos impuestos y para dos sujetos pasivos: en el impuesto sobre la renta de las personas físicas se trata de rebajar la retención del 40 al 35 por ciento para consejeros y administradores de sociedades, y en el impuesto sobre sociedades poner una retención del 20 por ciento para las sociedades de imagen.
Creemos, señorías, que el respaldo mayoritario que han dado todos los grupos de la Cámara a la convalidación de este Real Decreto-ley pone de manifiesto que se ha hecho bien la tarea de trasladar al ordenamiento jurídico las sentencias del Tribunal.
Decía el señor Fernández Marugán que en un sistema tributario las retenciones juegan un papel muy importante, y eso es así. No estamos hablando de establecer tipos impositivos, estamos hablando de retenciones, pero en un sistema tributario las retenciones son muy importantes. Además, la credibilidad de un sistema tributario exige que las retenciones estén bien calculadas, y hay dos elementos básicos: por una parte que las retenciones sean similares, en lo posible, a la factura fiscal final, y por otra parte que si se producen exigencias de devolución, esas devoluciones se hagan rápidas. Siendo eso así, como ha dicho el señor Fernández Marugán -y que yo comparto-, no se puede concluir luego que el Ministerio de Hacienda lo está haciendo mal. Lo está haciendo francamente bien, porque desde 1996 llevamos cuatro años avanzando siempre en el ajuste entre retenciones y factura fiscal final. Hoy estamos mucho mejor que hace cinco años, las retenciones se ajustan mucho más a la factura fiscal final, y por eso se puede decir con certeza que en ese punto estamos elaborando un sistema fiscal más justo, un sistema fiscal con mayor equidad, y se está avanzando en esa dirección. Además, como muy bien sabe el señor Fernández Marugán, las devoluciones también

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se están acelerando, con lo cual también estamos contribuyendo a construir un sistema tributario mucho más justo.
Mi grupo parlamentario quiere, y así lo hemos ido haciendo a lo largo de los últimos años, que cuando se van realizando modificaciones impositivas, cuando vamos modernizando nuestro sistema tributario, vayamos haciendo que se establezcan retenciones que las equiparen con la factura fiscal final. Todos convendrán conmigo en esta sesión que una retención del 35 por ciento a consejeros y administradores es una retención adecuada a los tipos impositivos que van a tener al final del ejercicio, y por tanto estamos estableciendo retenciones equivalentes a lo que van a ser sus tipos efectivos en el IRPF.
En el tema de las sociedades, y mucho más de las sociedades de imagen, se ha puesto una retención del 20 por ciento, además a lo largo de los últimos años se han establecido cautelas para evitar la elusión fiscal, y en esa tarea hay que seguir.
Mi grupo va a votar favorablemente, creemos que estamos trabajando de manera adecuada para construir un sistema tributario justo, un sistema tributario equitativo y que distribuya con justicia la carga tributaria; queremos seguir haciéndolo en el futuro y vamos a seguir haciendo reformas que modernicen nuestro sistema tributario y que mejoren nuestros sistemas de retenciones. Ese es nuestro compromiso, y hoy este Real Decreto-ley, que simplemente regula el fallo de dos sentencias del Tribunal Supremo, avanza en esta dirección, pero en esta dirección tendremos que seguir avanzando mucho más en el futuro, y nosotros esperamos hacerlo con la misma calidad con que se han hecho todas las reformas tributarias desde 1996 hasta ahora.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte.
Sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto- ley 12/2001, de 29 de junio, por el que se aprueban medidas fiscales urgentes en materia de retenciones e ingresos a cuenta del impuesto sobre la renta de las personas físicas y del impuesto sobre sociedades.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 300; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el Real Decreto-ley. ¿Desea algún grupo parlamentario que se tramite el Real Decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.) Muchas gracias.


Se levanta la sesión.

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