Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 102, de 13/09/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 102

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 97

celebrada el jueves, 13 de septiembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas :

- Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 39-1, de 15 de junio de 2001. (Número de expediente 121/000039.) . . .
(Página 4953)

Proposiciones no de ley (continuación): - Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política de inmigración. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 225, de 7 de septiembre de 2001. (Número de expediente 162/000340.) . . . (Página 4968)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes: - Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de la vivienda en general e incrementar la promoción pública de la vivienda en particular. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 209, de 2 de julio de 2001. (Número de expediente 173/000075.) . . . (Página 4977)

Página 4950


- Del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Gobierno informe en materia de formación profesional y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves disfunciones del sistema. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie D, número 209, de 2 de julio de 2001. (Número de expediente 173/000076.) . . . (Página 4982)

- Del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 14/1986, General de Sanidad, artículo 84, estatuto marco, y la trasposición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 209, de 2 de julio de 2001.
(Número de expediente 173/000077.) . . . (Página 4987)

- Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los pagos realizados a través de las mismas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie D, número 209, de 2 de julio de 2001. (Número de expediente 173/000078.) . . . (Página 4991)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 4953)

Proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001 . . . (Página 4953)

Presenta el proyecto de ley orgánica el señor ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps), quien antes de entrar en el tema, aprovecha su presencia en sede parlamentaria para reiterar y expresar de forma solemne la condena más rotunda de los atentados terroristas en los Estados Unidos el pasado día 11.


A continuación destaca que el valor fundamental del Tratado de Niza radica en que con la reforma de las instituciones que lleva a cabo crea las condiciones necesarias para ese gran reto histórico que constituye la ampliación de la Unión Europea, al mismo tiempo que lanza un proceso para profundizar y acordar dentro de la Unión Europea el futuro de España, que se va articulando primero a nivel nacional y que, a partir de la presidencia española, deberá articularse también a nivel comunitario. Por lo tanto, considera que plantear una enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica significa cuestionar y entorpecer tanto la ampliación en curso como ese gran debate cívico sobre el futuro de la Unión Europea, ya iniciado y que va a desembocar en la Conferencia intergubernamental en el año 2004.


En defensa de las enmiendas de totalidad intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, y Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Anasagasti Olabeaga, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Estrella Pedrola, del Grupo Parlamentario Socialista, y Robles Fraga, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001, se rechaza por ocho votos a favor, 282 en contra y nueve abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unica a dicho proyecto de ley orgánica, se rechazan por nueve votos a favor, 285 en contra y seis abstenciones.


Página 4951


Proposiciones no de ley (continuación) . . . (Página 4968)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política de inmigración . . . (Página 4968)

El señor Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, defiende la moción de su grupo. Considera que el Gobierno del Partido Popular no tiene una política real del fenómeno de la inmigración tal y como se está produciendo en el mundo, y específicamente en España, porque no tiene una concepción clara, vigente y pujante de las relaciones entre el primer y tercer mundo.
Explica el contenido de la proposición, criticando la política de inmigración seguida por el Gobierno, y confía en que haya sensibilidad suficiente en la Cámara para no rechazar mecánicamente su iniciativa.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Rumí Ibáñez, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Alcaraz Masats.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre política de inmigración, se rechaza por ocho votos a favor, 251 en contra y cuatro abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes . . . (Página 4977)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de la vivienda en general e incrementar la promoción pública de la vivienda en particular . . . (Página 4977)

La señora Urán González defiende la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida postulando el que se incentive la construcción de viviendas de protección oficial y, al mismo tiempo, cambiar la estructura del gasto público, de manera que se equipare al del resto de los Estados de la Unión Europea, aplicando políticas que ya se vienen practicando en países de nuestro entorno. Proponen asimismo una política de subvenciones directas para la adquisición de primera vivienda, así como fomentar los patrimonios públicos del suelo, con la consiguiente repercusión en el precio de las viviendas. Finalmente proponen ayudas para fomentar el alquiler de viviendas, favoreciendo la posibilidad de que todos los ciudadanos puedan acceder a viviendas dignas.


En defensa de las enmiendas presentadas a la moción intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Núñez Castain y la señora Lasagabaster Olázabal, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Miralles i Guasch, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ortíz González, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones interviene el señor Sedó i Masal, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas debatidas, interviene de nuevo la señora Urán González.


Sometida a votación, se rechaza la moción del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida por 106 votos a favor, 170 en contra y cinco abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Gobierno informe en materia de formación profesional y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves disfunciones del sistema . . .
(Página 4982)

Defiende la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza explicando la paradoja que se da en materia de formación profesional en nuestro país como es el que prácticamente el cien por cien de los alumnos que proceden de la formación profesional se coloquen rápido y bien y, sin embargo, la formación profesional sea la gran olvidada de las reformas educativas, arrastrando un desprestigio social injusto y absurdo; situación que, a juicio de su grupo, reclama reformas urgentes, para lo que apela a la responsabilidad de todos, puesto que es necesaria una auténtica revolución cultural y no sólo una ley.


Página 4952


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Ruiz López, (don Antero) del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Azpiroz Villar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista para que el Gobierno informe en materia de formación profesional y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves disfunciones del sistema, se rechaza por 100 votos a favor, 170 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley 14/1986, General de Sanidad, artículo 84, estatuto marco, y la trasposición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo . . . (Página 4987)

La señora Julios Reyes defiende, en nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, la moción consecuencia de interpelación urgente que tenía como hilo conductor traer a esta Cámara el debate y la preocupación de su grupo por saber cómo y cuándo se iban a desarrollar los contenidos de la Ley General de Sanidad sobre política de recursos humanos, que están aún pendientes de desarrollo, así como cuándo y cómo se van a aplicar las directrices europeas sobre el tema. Considera imprescindible emprender las debidas reformas que permitan la modernización de muchos aspectos de la gestión pública, entre otros el desarrollo de las bases que permitan a los servicios autonómicos de salud una moderna política de recursos humanos. Explica el contenido de la moción y anuncia una enmienda transaccional, a la que han llegado con los grupos enmendantes, en la que se reitera la necesidad de que en un plazo de seis meses se traiga a la Cámara el borrador del proyecto del estatuto marco.


En defensa de las enmiendas interviene la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Calpe Saera, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene la señora Julios Reyes.


Antes de proceder a la votación, la Cámara da la bienvenida a la delegación parlamentaria de la Comisión de Agricultura y Pesca de los Países Bajos.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre las previsiones del Gobierno en relación con el desarrollo de la Ley 14/1986, General de Sanidad, artículo 84, estatuto marco, y la trasposición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo, se aprueba por 275 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago y, en especial,para reducir las comisiones en los pagos realizados a través de las mismas . . . (Página 4991)

El señor Sánchez i Llibre defiende la moción consecuencia de interpelación urgente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a finales del mes de junio, con el objetivo de garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago, así como conseguir también una reducción efectiva de las tasas de descuento y comisiones que deben satisfacer los comerciantes y equipararlas a la media de los países de la Unión Europea.
Manifiesta que Convergència i Unió presenta esta moción con el objetivo de conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios de la Cámara, por lo que, después de estudiar con detenimiento todas las enmiendas presentadas, ofrece una enmienda transaccional que obra en poder de todos los grupos parlamentarios.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Aymerich Cano y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; Díaz Díaz, del Grupo Parlamentario Socialista, y Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor Sánchez i Llibre.


Antes de proceder a la votación, la Cámara da la bienvenida a la delegación parlamentaria de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional Francesa.


Página 4953


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los pagos realizados a través de las mismas, se aprueba por 263 votos a favor y uno en contra.


Se levanta la sesión a las dos y quince minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACIÓN POR ESPAÑA DEL TRATADO DE NIZA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNIÓN EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS CONEXOS, FIRMADO EN NIZA EL DÍA 26 DE FEBRERO DE 2001. (Número de expediente 121/000039.)

La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías, reanudamos la sesión.
Punto VII del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señora presidenta.


Señorías, permítanme que, antes de hablar sobre el tema que nos convoca ahora aquí, que es la ratificación por parte de nuestro país del Tratado de Niza, aproveche por mi parte esta primera presencia en sede parlamentaria para reiterar y expresar de forma muy solemne la condena más rotunda de los atentados terroristas que han tenido que sufrir los Estados Unidos el pasado día 11. Saben SS.SS. que se están poniendo en marcha toda una serie de mecanismos, incluidos los mecanismos multilaterales, en el seno de la Unión Europea y en el de la Alianza Atlántica, para hacer frente a esa horrible agresión terrorista, agresión que va dirigida no sólo contra los Estados Unidos o contra sus países aliados o contra los países occidentales, sino que es una agresión que va dirigida contra todos, contra la Humanidad, ante la que hay que dar una respuesta desde la perspectiva de todos, desde la perspectiva de la Humanidad.
Esta misma tarde compareceré ante la Comisión de Asuntos Exteriores para desarrollar más en concreto todas estas cuestiones. Por tanto, les agradezco este pequeño comentario inicial.
Se trata, como ya he dicho, de autorizar la ratificación por parte de nuestro país del proyecto de ley orgánica sobre el Tratado de Niza, y permítanme que lo haga, anticipándome y desarrollando mi intervención a favor de dicho tratado, al hilo de los argumentos utilizados por el Grupo Mixto, BNG, para justificar una enmienda a la totalidad.
Quiero destacar, ante todo, que el valor fundamental del Tratado de Niza radica en que con la reforma de las instituciones que lleva a cabo crea las condiciones necesarias para ese gran reto histórico que constituye la ampliación de la Unión Europea. Al mismo tiempo, el Tratado de Niza lanza un proceso para profundizar, dentro de la Unión Europea, en el marco de la convocatoria de una próxima conferencia intergubernamental en el año 2004, que está precedida de un debate sobre el futuro de Europa, que se va articulando, primero, a nivel nacional y que, a partir de la Presidencia española, deberá articularse también a nivel comunitario. Por ello, plantear hoy, en esa perspectiva, una enmienda a la totalidad del proyecto de ley orgánica, como ha hecho el Grupo Parlamentario Mixto, como ha hecho el BNG, significa, desde mi punto de vista, cuestionar y entorpecer tanto la ampliación en curso como ese gran debate cívico sobre el futuro de la Unión Europea, ya iniciado, y que va a desembocar en dicha Conferencia Intergubernamental en el año 2004.
El Grupo Mixto justifica su posición en diversos, pero en mi opinión, muy contestables argumentos. En primer lugar, se dice que el Tratado de Niza profundizaría en la concepción de una Europa unida sólo desde el punto de vista económico y monetario, en beneficio exclusivo de los Estados poderosos y de los grandes grupos empresariales. (Cierro la cita de dicha enmienda a la totalidad.) No es mi intención entrar en una discusión de carácter ideológico sobre la concepción de la Unión Europea, pero sí me parece oportuno recordar ahora algo tan elemental como que el Tratado de Niza aborda únicamente cuestiones de carácter institucional, por lo que no se entiende muy bien en qué basa el Grupo Mixto la conclusión que he mencionado. En efecto, el nuevo tratado introduce importantes modificaciones que afectan

Página 4954


a la composición y al funcionamiento de las instituciones y órganos de la Unión, a su sistema jurisdiccional, a los procedimientos y toma de decisiones y a las cooperaciones reforzadas. A estas cuestiones de carácter puramente institucional hay que añadir algunas disposiciones relativas a los derechos fundamentales, la política europea de seguridad y defensa, la cooperación judicial en materia penal y lo relativo a la expiración del Tratado CECA, que pronto va a cumplir sus 50 años. Resulta, por lo tanto, en principio sorprendente achacar a este tratado de carácter esencialmente institucional un enfoque supuestamente economicista y monetario. Sería, en efecto, sorprendente si no supiéramos que ya el BNG utilizó la misma argumentación en su enmienda a la totalidad al Tratado de Amsterdam.
En segundo lugar, el Grupo Mixto critica que se intente aprobar sibilinamente, y cito, este proyecto de ley orgánica a través de un procedimiento de carácter urgente, insistiendo en un modelo de construcción de las instituciones europeas a espaldas de los ciudadanos. Me resulta de nuevo llamativo que se critique al Gobierno por haber solicitado la tramitación de esta ley por el procedimiento de urgencia. Siendo la entrada en vigor del Tratado de Niza una condición necesaria para que puedan tener lugar las adhesiones de los países candidatos a la Unión Europea, parece obligado por parte de España, por un deber de responsabilidad y solidaridad hacia aquellos países, agilizar al máximo los trámites necesarios para que el tratado pueda ser ratificado cuanto antes, porque difícilmente se entendería, y no sería precisamente un buen ejemplo que el país al que le corresponde ejercer la Presidencia de la Unión a partir del 1 de enero del próximo año aún no hubiera procedido a la ratificación del tratado al inicio de su mandato.
En cuanto a la reclamación de que se lleve a cabo una consulta popular sobre la ratificación del tratado, tengo que decir que la razón que aduce el Grupo Mixto de que son los titulares de la soberanía popular quienes deben pronunciarse directamente sobre las cesiones de soberanía a la Comunidad, es una opinión muy respetable pero ocurre que no es la que esos titulares de la soberanía popular emitieron al aprobar nuestra Constitución. Su artículo 93 establece que se podrá autorizar mediante ley orgánica la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización el ejercicio de competencias derivadas de la Constitución. En cualquier caso, también quisiera añadir que el Tratado de Niza no supone en sí mismo ninguna transferencia de soberanía de los Estados miembros a la Unión, factor éste que se tuvo muy en cuenta en el transcurso de las negociaciones, de modo, por ejemplo, que Dinamarca ha ratificado el tratado sin necesidad de someterlo a referéndum, como sería preceptivo en su caso de haber mediado transferencias de competencias.
Permítanme también una observación sobre la afirmación, realizada en términos tan contundentes por el Grupo Mixto, según la cual el Parlamento es un órgano de carácter simbólico y consultivo. Me parece que es por sí misma ilustrativa de la endeblez de los argumentos utilizados para justificar la enmienda a la totalidad. El Parlamento Europeo no ha dejado de ver crecer sus competencias e influencia a lo largo de los últimos años y en particular tras la entrada en vigor del Tratado de Amsterdam. Ello es una realidad tan evidente que no requiere mayores explicaciones para quien tenga un mínimo conocimiento de la realidad institucional de la Unión Europea. Estas competencias a favor del Parlamento Europeo, por cierto, han sido también aumentadas por el propio Tratado de Niza. Me permitiré recordarlo aquí rápidamente. Se le reconoce la capacidad de interponer recursos de anulación contra los actos de las instituciones ante el Tribunal de Justicia sin que, como ocurre ahora, se limite esa facultad al requisito de que tengan como fin salvaguardar sus prerrogativas; queda equiparado el Parlamento al Consejo, a la Comisión y a los Estados miembros en su capacidad de recabar el dictamen del Tribunal de Justicia sobre la compatibilidad de cualquier acuerdo internacional con las disposiciones del tratado; debe dar su dictamen conforme en el procedimiento del artículo 7 del Tratado de la Unión Europea para que el Consejo pueda constatar la existencia de un riesgo de violación grave por parte de un Estado miembro de los principios democráticos y de los derechos humanos, y es preceptivo su dictamen conforme para que puedan establecerse cooperaciones reforzadas en aquellos ámbitos en los que rige el procedimiento de codecisión. El ámbito de la codecisión, por otra parte, se ha extendido a siete disposiciones que pasan de la regla de la unanimidad a la mayoría cualificada.
No quiero tampoco dejar de hacer un comentario a la forma en que se alude al tema de los comisarios y los votos en el Consejo. Se denuncia una especie de mercadeo sobre el número de comisarias y ponderación de votos y al mismo tiempo se critica que no esté garantizada la presencia de todos los países miembros en la Comisión de la futura Unión Europea. Quien haya seguido el curso de la negociación sabe perfectamente que las diversas cuestiones institucionales estaban relacionadas unas con otras y de forma muy particular la composición de la Comisión Europea y los votos en el Consejo Europeo. El acuerdo final reflejó un equilibrio aceptable para todos los Estados miembros, tanto en la composición de las instituciones y órganos de la Unión como en la nueva ponderación de los votos. Tratar de presentar una negociación política es muy difícil, como ha habido probablemente pocas en la historia de la Comunidad. Despectivamente, como una especie de mercadeo, no es precisamente una muestra de responsabilidad ni evidencia tampoco una gran fe en el valor de la negociación como medio de resolver las diferencias.


Página 4955


Como es sabido, una de las cuestiones más criticadas del resultado final de Niza ha sido no haber logrado una limitación sustancial del tamaño de la Comisión, lo que muchos -y entre ellos nosotros- consideraban muy conveniente en una Europa ampliada. El acuerdo final, que prevé que cuando la Unión llegue a 27 Estados miembros se adoptará una decisión por el Consejo sobre el número de comisarios, que deberá ser en todo caso inferior a esa cifra, no es ciertamente lo que el Gobierno español hubiera preferido, pero fue el resultado de un compromiso razonable que, al menos, permite poner un freno a un crecimiento ilimitado de la Comisión, que desde nuestro punto de vista sería absolutamente incompatible con una Comisión fuerte, representante del interés comunitario en general y una Comisión que sea motor de la Unión Europea.
El Grupo Mixto fundamenta su rechazo al tratado también en el supuesto hecho de que éste incluye un procedimiento complejo de cooperaciones reforzadas, que más que constituir un instrumento de cohesión, en su opinión, augura un reforzamiento del poder hegemónico de los grandes Estados europeos. Ante tal afirmación habría que recordar que el nuevo tratado no es el que introduce este procedimiento, sino que lo que hace es reformar y flexibilizar el que se acordó en su día en Amsterdam y que no fue objeto de alusión alguna en la enmienda a la totalidad que en su día presentó el BNG con ocasión de la ratificación del Tratado de Amsterdam.
Las cooperaciones reforzadas están diseñadas como un mecanismo que debe utilizarse solamente cuando no sea posible alcanzar los objetivos de los tratados por los medios establecidos en ellos. Las cooperaciones reforzadas no son algo deseables en sí mismo, sino sólo en la medida en que no haya otra alternativa razonable para que no se detenga la dinámica de la integración, bien sea porque algunos Estados no desean ir más lejos o bien porque no reúnen las condiciones necesarias para ello. En todo caso el tratado contiene las garantías suficientes para garantizar que no se produzca una inadecuada utilización de este procedimiento y así se asegura su carácter abierto a todos los Estados miembros que deseen participar en ellas y se preserva la unidad e integridad del mercado interior y de la cohesión económica y social. España dedicó una atención especial en el curso de las negociaciones a que estas garantías fueran debidamente incorporadas en el texto del tratado, como así ha sucedido.
En definitiva, desde el punto de vista del Gobierno no hay justificación para defender una posición como la que sostiene el Grupo Mixto en su enmienda, que lo justifica en las razones concretas que alega, ni mucho menos lo justifica una valoración general en la que hay que tener presente las gravísimas consecuencias que implicaría la no ratificación del Tratado de Niza, tanto para la próxima ampliación como para el proceso en marcha que debe conducir a una profunda reforma de los tratados en el año 2004 y que debe suponer una etapa decisiva en ese gran objetivo común que es la profundización del proceso de construcción europea. Por ello les pido, señorías, que rechacen dicha enmienda a la totalidad y se proceda a la ratificación del tratado, tal y como estaba previsto.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Para la presentación y defensa de la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, para el Bloque Nacionalista Galego la Unión Europea se encuentra en este momento en una nueva encrucijada en la que está en juego su propio carácter. Ella misma se enfrenta al doble reto de reconocer un carácter político pleno a sus instituciones específicas -el Parlamento y la Comisión Europea- para equilibrar y controlar democráticamente desde las instituciones directamente representativas la unión económica y monetaria, que sí es eficaz, y los pilares de seguridad, militares y judiciales, al tiempo que las adapta para hacer posible la integración de nuevos Estados del Centro, del Este y del Mediterráneo, de manera que la ampliación no lleve al abandono de los objetivos políticos y de cohesión social y territorial que dicen ser constitutivos de la Comunidad Europea. Pero por el momento el Parlamento elegido por los ciudadanos no ha alcanzado su plenitud como expresión de la soberanía popular, dado que los gobiernos de los Estados detentan desde el Consejo el poder ejecutivo y el principal poder legislativo de la Comunidad, mermando asimismo el papel de la Comisión Europea. El avance en el proceso de estructuración política y económica de la Unión Europea da lugar a retrocesos en el control democrático y en la garantía de los derechos políticos, económicos y sociales que fueron logrados históricamente en el ámbito estatal.
Frente a esta situación, el Bloque Nacionalista Galego piensa que en una Unión Europea de carácter político debería pasar a un primer plano un parlamento elegido directamente por los pueblos y los ciudadanos, contando con competencia legislativa y soberanía en las competencias propias de la Unión que deben ser definidas constitucionalmente y una Comisión Europea legitimada por la elección desde el propio Parlamento. El carácter político y democrático de la Unión Europea estaría garantizado a través de la definición clara de las competencias de las instituciones europeas y de las de los Estados y naciones, así como las de las diferentes entidades políticas territoriales.
El texto resultante de la Conferencia Intergubernamental de Niza demuestra claramente que la opción escogida de construcción de la Unión Europea, el predominio

Página 4956


de los criterios de poder y expansión económica de los grandes Estados se consolida cada vez más ahondando en el déficit democrático de la propia Unión Europea ejemplarizado en las reformas operadas en las instituciones europeas. Pasemos a analizarlas y lo comprobaremos.


En primer lugar, la adopción de decisiones en el Consejo. La reforma realizada en el Consejo no partía de cero. En Amsterdam se había alcanzado un acuerdo de principio, que todos los Estados miembros habían declarado expresamente aceptar. El nuevo sistema de adopción de decisiones debería incluir una compensación a los Estados más grandes por la pérdida de compensación de un segundo comisario europeo. Este principio de acuerdo condicionaría la reforma del procedimiento de adopción de decisiones precisando alargar el sistema actual surgido en Amsterdam. Desde luego, ha sido una táctica inteligente de los grandes Estados. Si el sistema actual se aplica a una futura Unión Europea de 27 Estados, para adoptar una decisión en el seno del Consejo serían necesarios 14 Estados representando al 50 por ciento de la población. Al mismo tiempo, una decisión podría ser bloqueada por cuatro Estados grandes o 13 pequeños, que representasen apenas un 10 por ciento de la población. Como consecuencia de ello, la posición de los grandes Estados estaría debilitada. La resolución de este problemático procedimiento de adopción de decisiones por mayoría cualificada en el Consejo originó, ustedes lo recordarán, una crispada posición de los grandes Estados durante la negociación de la Conferencia Intergubernamental de Niza, pues en ello se jugaban mucho, como es evidente. Se desencadenó una frenética resolución del conflicto, que se asimiló más a un mercadeo de votos que a un intento de sentar unas bases sólidas y duraderas que permitiesen llegar a un acuerdo con suficiente legitimación democrática en la más importante institución de la Unión Europea.
Con el sistema incorporado al Tratado de Niza es más difícil bloquear la adopción de una decisión en términos de porcentaje de población.
Serán necesarios ocho Estados, que representen a un 13,79 por ciento de la población, frente a los siete Estados, con un 12,3 por ciento de la población actual. Pero desde la óptica del número de Estados, a pesar de que una primera impresión indica que el sistema se mantiene casi intacto, de manera que dos grandes Estados y uno mediano pueden bloquear la adopción de una decisión, serán tres grandes Estados, gracias a la cláusula de verificación demográfica; si uno de los Estados fuese Alemania podría impedir la adopción de una decisión junto a otro gran Estado y cualquier otro pequeño o mediano, a excepción de Luxemburgo.
En suma, aun siendo similar al modelo actual, en el nuevo sistema de ponderación de votos en el Consejo se observa un nuevo cálculo favorable a los cinco grandes Estados e incluso podríamos incluir al Estado español, reforzando la posición de éstos en detrimento de un debilitamiento de los pequeños y medianos. Esta conclusión concuerda con la idea de que la Unión Europea se construye a marchas forzadas por los Estados fuertes y del centro. Y, es más, reforzando al mismo tiempo su posición como protagonistas únicos en la escena europea, en detrimento de una presencia en paridad de todos los pueblos de Europa y de otorgar una representación a aquellas naciones y regiones constitucionalizadas en la adopción de decisiones que les afecten directamente.
La nueva formulación del Consejo refleja con claridad que las decisiones claves en la Unión Europea, entre ellas las que afecten a la propia evolución de la misma, serán adoptadas en exclusiva por los actuales Estados miembros, sin atender a otras voces que representan instituciones políticas que ostentan competencias políticas y legislativas que pueden ser objeto de análisis y debate en las decisiones del Consejo de la Unión Europea. En este sentido el Bloque Nacionalista Galego considera que es preocupante que el Estado español, con un vertebración territorial y de cuya configuración constitucional se desprende una atribución de competencias -en algunos casos exclusivas- a otros entes territoriales, no haya reivindicado el reconocimiento de los poderes políticos internos reconocidos constitucionalmente en cada Estado en sus relaciones ejecutivas, legislativas y judiciales con las instituciones europeas.
Y, más concretamente en el caso del Estado español, la posibilidad de representación en el Consejo de la Unión Europea de las comunidades autónomas y el poder político necesario para que éstas puedan defender directamente sus propuestas e intereses en lo que atañe a las competencias, exclusivas o compartidas, que constitucionalmente tiene encomendadas por la Constitución española en el seno de las instituciones europeas, señaladamente en el Consejo de la Unión Europea.
Ya notarán que tenemos muy en cuenta el marco institucional que establece precisamente el Tratado de Niza para la futura Unión Europea. Llevaría tiempo hablar de la Comisión Europea, pero queremos remarcar que estamos radicalmente en contra de que no se garantice la presencia directa, estable y constante de todos los Estados que constituyen la Unión Europea. No hay argumentos de peso para que esto no sea así. Y no me voy a detener, porque me faltaría tiempo, en el carácter sesgadamente no democrático que mantiene la Comisión, a pesar de todos los debates a que dio lugar y el reconocimiento de que no habría inconveniente democrático alguno a que estuviese claramente dependiente del Parlamento Europeo y constituida a partir de las sesiones de ésta, exactamente igual que el Parlamento Europeo no queda establecido como una instancia con capacidad de iniciativa legislativa y de control de las actuaciones del ejecutivo o las cooperacionesreforzadas que posibilitan efectivamente lo que siempre

Página 4957


se negó cuando debatimos -nosotros no estábamos aquí, pero sí lo debatimos en nuestro país, en Galicia- las consecuencias del Tratado de Maastricht que establecerían una Europa de distintas velocidades que ahora se formaliza desde el punto de vista jurídico e institucional en este tratado.
En todo caso, señor Piqué, está claro que ustedes elaboraron una mínima cobertura institucional que era necesaria para aclarar unas mínimas reglas de juego políticas precisamente a raíz de la ampliación. Pero el carácter economicista del tratado sigue amparando, precisamente por sus vacíos, a todos los precedentes efectivos y eficaces desde el Tratado de Maastricht y en este aspecto para nosotros merece especial atención la aprobación final, sin carácter vinculante, de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, por cierto, de forma sigilosa -lo volvemos a repetir-, y no protestó el Bloque Nacionalista Galego, protestó la señora presidenta del Parlamento Europeo, que no se caracteriza por sus radicales planteamientos antisistema. Esta Carta de Derechos Fundamentales no supera lo ya vigente, más bien representa una regresión en relación con legislaciones internas de varios Estados miembros de la Unión Europea y de pactos y acuerdos internacionales.
Por ejemplo, es increíble que a la altura del siglo XXI esta Carta de Derechos Fundamentales no se atreva a establecer el derecho a una renta mínima de los ciudadanos de la Unión Europea; no se atreva a hablar del derecho a la vivienda; emplee una trécola lingüística como el derecho a trabajar, ni siquiera el derecho al trabajo, o la negativa al acceso a servicios económicos fundamentales. La desigualdad entre los Estados miembros de la Unión Europea, desde el punto de vista de la dinámica interna y de los amparos sociales, queda establecida precisamente por los vacíos que la propia Unión Europea consiente y establece de forma plenamente consciente. Pero, señor Piqué, sí aparece explícitamente la libertad de empresa que, por cierto, no corre peligro, solamente para aquellos que son pequeños propietarios. Hábleles usted, por ejemplo, de la libertad de empresa a los ganaderos gallegos. Cuénteselo usted a los armadores de Galicia. Por supuesto se establece la libertad de circulación de capitales, pero no la libertad de circulación de trabajadores, ni siquiera dentro de nacionales de la Unión Europea.
En cuanto a los derechos civiles y políticos, la rebaja de derechos reconocidos es radical. En concreto, cuando se habla de la legislación o los derechos lingüísticos solamente se habla de respeto a las minorías. Tenemos una radical discrepancia con el texto, pues debió haberse incluido una orientación favorable a la normalización y usos públicos de todas las lenguas cooficiales en los Estados miembros, incluida la suya, que pienso es el catalán. Es una construcción opaca, distante a los ciudadanos, señor Piqué. Esto no es un problema del Bloque Nacionalista Galego. Ya sé que la opinión pública española está muy condicionada por la actitud del Gobierno y unos medios de titularidad pública que nunca pusieron el tema de la Unión Europea a debate. Desde el año del ingreso en la Comunidad Económica Europea es un tema tabú, un tema que no tiene reflejo ninguno ya no como debate, sino ni siquiera como información En ese sentido, sería necesario salir de estos procedimientos rutinarios que llevamos padecidos desde el Tratado de Maastricht, incluso en este proceso de carácter parlamentario ¿Le parece normal que esto se apruebe con un debate diluido, disminuido y que incluso al representante del Gobierno parezca molestarle? Es un proceso que prácticamente tiene carácter de urgencia y la única posibilidad de hablar de este tema con cierta lentitud dentro de la vorágine que caracteriza a este Parlamento parece molestarle a usted profundamente. Sin embargo, los ciudadanos, señor Piqué, desconocen las implicaciones que va a suponer el traslado de la soberanía popular depositada en los Estados, en las instituciones europeas sin legitimidad democrática. Sabemos lo que esto significa, lo que va a suponer hoy ya internamente para los derechos y aspiraciones de las nacionalidades históricas del Estado español. Es un proceso de recentralización de competencias que ustedes dirigen y un discurso práctico, ideológico, cultural y simbólico que aspira a anular el carácter plurinacional del Estado español ¿No sería necesario un debate en la sociedad española? ¿Es compatible en rigor jurídico, no solamente en suspicacia y en derecho a discrepar, la actual Constitución española en sus planteamientos económicos, en las competencias que establece desde el punto de vista monetario, con el diseño de un superestado que está constituido de los Estados hoy incuestionables en la Unión Europea? ¿Es compatible esta Constitución? Podemos seguir mirando sin ver. Señorías, lo que no puede caracterizar a la política es la hipocresía, el cinismo, la doblez o incluso la consideración de que es mejor que la práctica se imponga sin ningún debate que es consustancial a todo derecho político democrático. Así no se practica una cultura democrática.
Por último, señor Piqué, como gallego quiero decirle que debemos tener una visión distinta a la del Gobierno, porque la experiencia económica de Galicia no es positiva, incluso desde el punto de vista de la opinión pública, de los votantes del Partido Popular, del Partido Socialista o del Bloque Nacionalista Galego, lo cual quiere decir que nosotros debemos atender esas demandas. Por cierto, nuestra posición no deja de ser paralela, aunque distinta, a muchas opiniones públicas de la Unión Europea, por cierto que en esos países sí pueden tener la oportunidad de expresarse a través de las urnas. Muchas sociedades están mejor situadas económicamente que la gallega y que nuestros ciudadanos, pero no le voy a extender la problemática al conjunto del Estado español.


Página 4958


Señor Piqué, pensamos que tenemos derecho a la discrepancia y no es una discrepancia prejuiciosa o ideologista. Está basada en la constatación práctica de veinte años de experiencia. Mantuvimos esta posición respecto del Tratado de Maastricht, del Tratado del Amsterdam y sería contradictorio, no coherente, que callásemos precisamente en el momento en que se culmina una parte del proceso fundamental. En todo caso, el Bloque Nacionalista Galego defiende una Unión Europea plenamente participativa y democrática, basada en la integración como conjunto y suma de identidades nacionales y de respeto a la pluralidad económica. Queremos que se respete el derecho de todos a producir. Tenemos legitimidad para exigirlo desde la perspectiva angustiosa de un país que no ve un futuro digno con este marco económico. Tenemos derecho a la pluralidad cultural y lingüística de todos los pueblos de Europa y a dotarnos de mecanismos y garantías de participación política transparente. Pensamos, honesta y claramente, que la cumbre de Niza y el tratado resultante se alejan aún más de este modelo, por lo que el Bloque Nacionalista Galego ejerce su derecho legítimo, democrático, elemental cuando pide la devolución de este proyecto al Gobierno, sin dramatismos y con normalidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señora presidenta, señor ministro, señorías, aprovechando la oportunidad de este debate en relación con el Tratado de Niza, quiero expresar la condena sin paliativos del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida con respecto al acto terrorista terrible producido en Estados Unidos en los últimos días.
Condena sin paliativos de ese acto terrorista, pero al mismo tiempo llamamiento, ya que está aquí el ministro de Asuntos Exteriores, a la prudencia por parte del Gobierno y de los gobiernos europeos, que, sin lugar a dudas, será beneficiosa para la respuesta que pueda tener lugar a este acto terrorista. Nosotros, que coincidimos en la condena y en la solidaridad con el pueblo americano, no coincidimos, como no ha coincidido la tradición cultural europea, en considerar los actos terroristas como actos de guerra. Esa tradición cultural pertenece al mundo anglosajón y no al derecho ni a la cultura europea. Pero además expresamos nuestra preocupación por que esa consideración de acto de guerra lleve a la utilización del artículo 5 del Tratado de Washington y, por tanto, a una respuesta mancomunada desde el punto de vista militar, y no a la utilización ante actos terroristas del derecho internacional y del marco de las Naciones Unidas; la misma contundencia en el rechazo del atentado como en la reivindicación del derecho en la respuesta ante estos atentados. Y una recomendación final: la de pensar con ideas nuevas respuestas a agresiones nuevas. No se puede seguir pensando en términos militares y tecnológicos ante agresiones que no son las clásicas. Es necesario llevar a cabo un cambio hacia políticas de seguridad integral que no sean solamente políticas de armamento y políticas tecnológicas. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

Señorías, mi grupo parlamentario ha presentado una serie de enmiendas a la propuesta de ratificación del Tratado de Niza. Adelanto, para eliminar la preocupación del señor ministro de Asuntos Exteriores, que nosotros no vamos a bloquear nada, no vamos a oponernos a esta ratificación, pero sí queremos aprovechar esta oportunidad para el debate en relación con la construcción europea, un debate que cada vez está más alejado de los ciudadanos y, por otra parte, queremos aprovechar también para plantear una crítica y nuestras diferencias con respecto a un modelo de construcción europea que nos parece que no va por el buen camino.
Señorías, decía Jacques Delors que un buen tratado vale más que una mala constitución; y recientemente, el presidente Chirac, en vísperas de la cumbre de Niza, afirmaba que es mejor ningún acuerdo que un mal acuerdo. Pero en esta escala decreciente la realidad, como en tantas otras cosas, ha superado a la ficción y ahora se somete a ratificación un tratado en opinión de muchos deficiente, que ha sido criticado desde todos los horizontes políticos y los medios de comunicación. Sordo a las críticas, el Gobierno español se ha esforzado por transmitir a esta Cámara una valoración positiva del Tratado de Niza con la que no coincidimos. Sí coincidimos con las valoraciones expresadas por el Parlamento Europeo y por el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, calificando de insatisfactorio y decepcionante el resultado de Niza. Coincidimos también con la afirmación de la vicepresidenta de la Comisión, Loyola de Palacio, calificando el tratado como un tratado de mínimos y apreciamos lo dicho por la presidenta del Parlamento Europeo, Nicole Fontaine, de que el método intergubernamental que ha primado en este tratado es un método caduco.
En definitiva, un método caduco, un tratado de mínimos y un resultado cuando menos decepcionante. El Tratado de Niza pasará a la historia con más pena que gloria, envejecido prematuramente antes de su ratificación. Tan claro tenían los primeros ministros que Niza había sido un fracaso que decidieron fijar para el año 2004 el horizonte de una nueva conferencia intergubernamental. La propia convocatoria de la conferencia de Berlín supone el reconocimiento de las insuficiencias de los resultados de Niza. El Tratado de Niza no será, pues, recordado por lo que hizo a favor de la integración europea, sino todo lo contrario, por cómo se repartieron

Página 4959


el poder los Estados miembros. Porque allí, en Niza, triunfó la divisa de Europa para todos y cada uno para sí.
La conferencia de Niza seguramente también se recordará como un caso muy interesante de la historia diplomática europea. El resultado final ha sido contradictorio con el objetivo inicialmente anunciado.
Lo sorprendente, sin embargo, es que a pesar de ello todos los participantes han salido encantados. Según el diagnóstico inicial, se trataba de renovar las instituciones europeas para adaptarlas a la Unión Europea ampliada, a la futura Unión política de 27 o de 30 Estados miembros. El objetivo era simplificar el proceso de decisión haciendo éste mucho más eficaz y, sin embargo, el resultado ha sido todo lo contrario. Después de Niza podemos decir que será más difícil decidir en la Unión Europea que antes. Antes de Niza se hablaba de acercar Europa a los ciudadanos; pero el nuevo texto es todavía más esotérico y más abstruso que el texto anterior, sobre todo si añadimos la chapuza final de unos acuerdos que requirieron 10 días de espera y dos sesiones del Consejo para ponerse de acuerdo sobre su interpretación. Por cierto, señor ministro, todavía sigue pendiente la interpretación de una disposición de especial interés para España.
Al término de la cumbre de Niza, el Gobierno presentó una declaración formal para defender su interpretación del fondo de cohesión para que se apruebe por unanimidad a partir de 2007 y que debe tener una duración de siete años. Pero Alemania, señor ministro, ha presentado una contradeclaración que asegura que el tratado no fija ningún periodo y que, por tanto, habrá que decidirlo en el futuro. Cabe pensar que las espadas seguirán en alto hasta el año 2006, cuando haya de dirimirse semejante litigio, fruto también de las contradicciones del Tratado de Niza. Se pretendía en los objetivos previos de este tratado reforzar las instituciones comunitarias para que fueran capaces de dirigir una unión política ampliada. Pero las tres instituciones principales han salido de Niza muy debilitadas. La capacidad de decisión del Consejo, en nuestra opinión, parece más reducida. La composición de la Comisión, en teoría defensora del interés común, refleja en mayor medida los intereses de los Estados miembros y en menor medida el interés común. Y el Parlamento alcanzará con el Tratado de Niza un tamaño tan enorme que lo hará incompatible con un trabajo legislativo riguroso. ¿A qué se debe entonces, se preguntan ustedes o se pueden preguntar, la satisfacción de los firmantes? Simplemente, señorías, porque en Niza cada uno de los gobiernos firmantes ha conservado el derecho de veto en los campos que más le importaban: en la política social para España y para el Reino Unido, en la fiscalidad para Luxemburgo, en la excepción cultural para Francia y en los fondos estructurales para nuestro propio país. Todos hemos vuelto satisfechos de nuestro poder de bloqueo, sin reconocer que todas estas victorias individuales representan otros tantos retrocesos de la Unión Europea. Sin un aumento de los recursos a partir de 2006, o quizás antes, nos espera un difícil espectáculo del conflicto, también entre pobres, por el reparto de unos recursos cada vez más escasos y más disputados. ¿No son suficientes cuestiones éstas sin resolver para aparcar la euforia y detenerse a pensar que los grandes problemas económicos reales aún faltan por plantearse con rigor y desde luego por solucionarse? En el lado positivo de la balanza hemos de situar el paso a la mayoría cualificada de algunos aspectos de la ciudadanía, de la libre circulación de personas, la lucha contra la exclusión social, la cooperación judicial civil, las políticas de asilo e inmigración a partir de 2004 y la gestión de las fronteras exteriores tan pronto como se decida su ámbito de aplicación.
La mejor prueba de la mentalidad escasamente europeísta con la que se ha abordado la reforma institucional ha sido para nosotros el rechazo a la Carta de Derechos Fundamentales. Con independencia de su contenido más o menos certero, esta Carta podría haber sido un embrión de la futura constitución europea. Sin embargo, ha sido relegada a una simple declaración publicitaria de intenciones políticas, sin implicaciones jurídicas obligatorias y sin incorporarla al Tratado de la Unión. Por otra parte, el Tratado no ha recogido las propuestas del Parlamento Europeo de crear una fiscalía europea independiente para luchar contra el fraude contra los intereses financieros de la Unión, de incluir un reconocimiento incondicional de los principios de la Carta de Naciones Unidas y la incorporación de la política exterior y de seguridad común al pilar comunitario, reagrupando en un único capítulo todas las disposiciones relativas a los diversos aspectos de la política exterior. Por otro lado, señorías, la Unión Europea ha renunciado a expresar su capacidad autónoma de decisión en la política de seguridad y de defensa común en un momento en que aumenta el aislacionismo y las estrategias unilaterales y de hiperpotencia.
Por tanto, señorías, señor ministro, el diseño aprobado en Niza, que prologa el Tratado de Amsterdam, cerrado en falso en 1997, es insuficiente para una Europa de 27 o de 30 países. No vale porque los Quince no han resuelto el dilema entre ampliación y profundización institucional, entre ampliación y reforzamiento democrático y social de la Unión Europea. Más allá de los contenidos de fondo, el fracaso de Niza es también el fracaso de un método agotado, el método de negociación exclusivamente intergubernamental, que en todas las reformas del Tratado suele conducirnos al borde del abismo. La idea de Europa no ha salido bien parada en el lance de Niza, que a todos ha dejado un sabor amargo, una sensación de malestar. Europa sigue siendo un Gobierno de gobiernos, no una Europa de losciudadanos.


Página 4960


En definitiva, la cumbre de Niza ha sido una frustración y como tal ha sido considerada por los medios de comunicación, por la opinión pública y por el que fuera presidente de la Comisión, Jacques Delors, junto con otros dirigentes de la Unión Europea. Esto es importante porque a pocos meses de que el euro esté en los bolsillos de los ciudadanos europeos, entrando además en una fase importante de las negociaciones de la ampliación y con la mundialización y los nuevos conflictos que el terrorismo global propone en un punto álgido, la Unión Europea no puede permitirse el lujo de quedar parada o, como dice el presidente del Gobierno, de quedar anquilosada. Algunos gobiernos europeos son tan conscientes de la situación de parálisis en la que se está entrando que sus líderes han iniciado un debate político de fondo sobre el futuro federal y constitucional de la unión política. Mientras tanto, sin embargo, el presidente del Gobierno español no ha dejado traslucir aún sus ideas al respecto si no es la defensa de un modelo de integración reducido a un gran mercado con muy débiles conexiones políticas.
En opinión de Izquierda Unida, lo que la Unión Europea necesita a partir de Niza es un claro avance hacia su configuración como una unión política constitucional y federal. Una nueva Constitución europea sustituiría a los tratados en vigor, simplificándolos e integrando en ellos la Carta de Derechos Fundamentales como elemento de identificación a los ciudadanos con la Unión Europea. Lo que la Unión Europea necesita es fortalecer y desarrollar su modelo social; lo que la Unión Europea necesita es culminar la ampliación sin transformarse en una mera zona de libre cambio. Pedimos precisamente para el Parlamento Europeo lo que el Tratado de Niza no ha sido capaz de garantizarle: el derecho de codecisión en todas las disposiciones legislativas que el Consejo adopte por mayoría cualificada como garantía democrática del proceso legislativo, la capacidad de iniciativa legislativa, el control parlamentario de todos los ámbitos, incluida la política de defensa, y el ejercicio pleno de su autoridad presupuestaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Llamazares, le ruego concluya, por favor.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino.
Pedimos para la Unión lo que el Tratado de Niza le ha negado: los medios necesarios para la realización de sus ambiciones, un gobierno económico del euro, la definición de una verdadera Europa social y del pleno empleo, la armonización fiscal y un presupuesto suficiente muy por encima del agotado presupuesto actual. Señorías, la reforma institucional pactada en Niza sólo dio una respuesta parcial a las necesidades del momento. Los problemas de legitimidad, en nuestra opinión, aún no se han resuelto. El Tratado de Niza ha sido sometido a referéndum en Irlanda y con gran sorpresa de todos ha sido rechazado precisamente por el país que quizás más beneficios ha obtenido de su entrada en la unión económica y monetaria.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Llamazares, le ruego concluya.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Termino. Ya es lo último, señora presidenta.
Desde esta tribuna les anuncio que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida se pronunciará en la votación final por la abstención en la ratificación del Tratado de Niza, reconociendo que en Niza se avanzó, pero no en lo que era necesario, y con la seguridad de que 2004 será el año de las grandes reformas. No votaremos en contra de la ratificación del Tratado porque, a pesar de todo, algunas de sus disposiciones van en la dirección correcta. Tampoco queremos enviar una señal negativa a los pueblos de Europa oriental, a Chipre y a Malta, porque deseamos que pronto se unan a nosotros en la construcción de una Europa mejor. En definitiva, señorías, la Unión Europea como conjunto político integrado es el mejor instrumento que tenemos hoy para intervenir de forma constructiva y con nuestros propios valores en el proceso de mundialización y ante los nuevos conflictos.
Muchas gracias por su atención.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Llamazares. ¿Turnos en contra de las enmiendas a la totalidad que se han defendido? (Pausa.) ¿Turno de fijación de posición por parte de los grupos parlamentarios? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, quiero anunciar que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria va a votar en contra de estas enmiendas a la totalidad que piden la devolución del Tratado de Niza. En segundo lugar, y como consecuencia de esta posición, mi grupo votará favorablemente y apoyará el texto que ya ratificaron en su día los señores ministros de Asuntos Exteriores de los países miembros de la Unión Europea que, a raíz de la cumbre celebrada en Niza a finales del pasado año 2000, ha dado otro paso adelante fundamental para la ampliación de la Unión Europea.
Por lo tanto, el Tratado de Niza llega con unos prolegómenos de debates de poder: de si hay una confrontación entre Francia y Alemania, con un silencio británico, en primer lugar, curioso; donde hay una masiva información de un deseo de la República Federal de Alemania de tomar mayores cuotas de poder, porque a fin de cuentas plantearse la ampliación junto a las

Página 4961


repercusiones financieras y económicas, repercusiones en fondos estructurales, de cohesión, etcétera, significa que previamente a este problema económico hay un problema político de representación de poder: el voto ponderado; la representación que cada país tenía, tiene o va a tener después de la ratificación de Niza y de la ampliación con los nuevos países deseosos de entrar en la Unión Europea. Esas cuotas de poder se discuten políticamente con un objetivo que se atribuye a Alemania, una confrontación del eje franco-alemán y la participación de otros países.
Nosotros entendemos que el fondo de la cuestión, una vez que España incluso mejora su participación de representación en el Consejo, es que fundamentalmente se distribuyen unas cuotas de poder, pero en el fondo se toma el acuerdo de la ampliación de la Unión Europea. Ese postulado es fundamental para los que confiamos y creemos en esta idea de Europa y de una Europa solidaria que, pese a todas sus dificultades, tiene que dar una respuesta a la demanda de una serie de países del antiguo sistema del Este que desean incorporarse porque son neta, cultural y plenamente europeos. De aquí que mi grupo parlamentario mantenga este voto firme de compromiso de europeidad en este tema.
A nosotros no nos sirve, sino todo lo contrario, una posición como la que ha tomado Irlanda. Nosotros somos aquí un órgano soberano que no necesita una modificación constitucional para aprobar o rechazar la ratificación de uno de estos tratados. Y con pleno respeto a una voluntad popular, esta voluntad también hoy en España tiene su escenario en el Parlamento y es donde la Constitución democrática que tenemos sitúa precisamente esta toma de decisiones, no olvidemos este punto. No tenemos por qué cuestionar un ejemplo de distinta constitucionalidad en la ratificación de los tratados. Pero nosotros aquí, desde un punto de vista particular, entendemos que esta situación permite a España estar en una posición de principio de dignidad política dentro de la representación de la Unión Europea.
Que en Niza se toman una serie de acuerdos y de tratados no solamente en lo fundamental respecto a un compromiso de ampliación de la Unión Europea, que es lo que en el fondo tenemos que ratificar con responsabilidad política, sino en todos aquellos añadidos fundamentales que están en el Tratado de Niza, como las fórmulas del documento de derechos humanos fundamentales para la Unión Europea, donde ya hay una toma de conciencia, esperando que un día podamos tener este código, esta auténtica Constitución de los derechos y libertades de los ciudadanos de la Unión Europa. Pero al mismo tiempo se toma también una decisión, que en el caso de Coalición Canaria hemos valorado -que fue una de las conversaciones y exigencias que mi grupo tuvo tanto con el presidente del Gobierno español, señor Aznar, como con el ministro de Asuntos Exteriores-, sobre el mantenimiento de la peculiaridad que tiene Canarias dentro de la Unión Europea como región ultraperiférica, artículo 299.2, para que todos juntos, Gobierno autónomo de Canarias y Gobierno central del Estado, podamos hacer gestiones en Bruselas para que en su momento se apruebe definitivamente este Tratado en cuanto a las regiones ultraperiféricas insulares y tener carta de naturaleza plena. ¿Cómo íbamos a poner dudas a la ratificación del Tratado de Niza, si tiene este componente tan importante que afecta a nuestra comunidad autónoma? Ese tren que tira de todo el componente europeo en cuanto significa unas regiones ultraperiféricas que se sienten incardinadas perfectamente en el espíritu, en la política y en la demanda europea, únicamente pidiendo el reconocimiento de su peculiaridad ya recogido en el artículo 199.2, es lo que nos lleva a nosotros hoy aquí, en primer lugar, a tener que rechazar estas enmiendas, por estas razones que no nos parecen de viabilidad política ni de conveniencia política para España, porque a fin de cuentas tenemos que decidir cuál es la conveniencia política para España: sí al Tratado de Niza, con todas las deficiencias que se le quieran imputar, pero cuya parte positiva pesa más en el platillo de la balanza política. Yo como político y representando a mi grupo parlamentario quiero tener la responsabilidad, basada en una conciencia tranquila de que he votado lo que políticamente interesa más a España y a todo su conjunto de regiones.
Ese es el bien jurídico político a defender con un voto de convalidación del proyecto y de rechazo a todas aquellas enmiendas de totalidad o de devolución que, siendo legítimas en la dialéctica y en el debate parlamentario, se han presentado aquí por los grupos.
Europa no implica una devolución, Europa implica un avance y hoy en día, si hay un modesto voto que se suma a apoyar el proyecto que firmó nuestro gobierno y que hoy se trae aquí a ratificación, es el de Coalición Canaria, que será un voto responsable, claro, contundente y fundamentalmente español, canario y europeo.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo del Partido Nacionalista Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Anasagasti.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Señora presidenta, buenos días.
Diez minutos tardó ayer el Consejo Atlántico en solidarizarse con los Estados Unidos y en aprobar su línea de acción ante la monstruosidad ocurrida el pasado martes en Nueva York y Washington, y eso está bien. Nosotros apoyamos cualquier iniciativa legal contra el terrorismo, como lo acabamos de hacer en Estrasburgo. El terrorismo no sólo tiene que ser condenado, sino también combatido con la ley y con inteligencia. La rapidez y contundencia son fundamentales en situaciones

Página 4962


como éstas y no hacen más que avalar la necesidad de que, cuando el enemigo es común, la acción ha de ser común y sin fisuras.
Sin embargo, así como se ha actuado con semejante celeridad ante la barbarie, hemos de tener mecanismos políticos, económicos y sociales para actuar de forma rápida y común ante los desafíos de esta nueva era, y no sólo del terrorismo, aunque sea ahora lo más evidente.
Nadie con más autoridad que el presidente de la Comisión Europea, como es Romano Prodi, para resumir lo que a su juicio fue la cumbre de Niza. Dijo así el presidente: El Tratado de Niza resultó decepcionante al no haber facilitado las respuestas políticas y de sociedad indispensables para afrontar el gran proyecto de reunificación continental. Las exigencias de una mayor calidad, transparencia y eficacia no se vieron satisfechas. Pese a que los gobiernos apoyaron mayoritariamente la propuesta de la Comisión, destinada a introducir el requisito de una doble mayoría de Estados y pueblos, la decisión adoptada en Niza podría complicar ulteriormente los mecanismos decisivos de la Unión y hacer que éstos resulten aún menos comprensibles para los ciudadanos europeos. Tampoco es satisfactoria la ampliación del voto por mayoría cualificada. Dicho por Romano Prodi, que sabe de lo que habla, no deja de ser un resumen inquietante.
Nosotros añadimos a este comentario algo que ha pasado desapercibido y que la política del Gobierno del Partido Popular ha dado por bueno.
España es el Estado de la Unión Europea que más representatividad pierde a la hora de una elección europea. Mientras toda la atención giraba en la representación y el peso de la Comisión y las competencias del Consejo, hemos visto bien cómo se hacía dejación de la representatividad de España en el Parlamento Europeo al pasar de 64 a 50 eurodiputados. Una vez más, el Parlamento Europeo se sacrifica a los intereses del ejecutivo.
Asimismo, en el Tratado de Amsterdam, en el apartado de declaraciones de las que tomó nota la conferencia, la declaración tercera es la declaración de Alemania, Austria y Bélgica sobre la subsidiariedad.
Dicha declaración dice: Para los gobiernos alemán, austríaco y belga es evidente que la acción de la Comunidad Europea, de conformidad con el principio de subsidiariedad, no sólo afecta a los Estados miembros sino también a sus entidades, en la medida en que éstas disponen de un poder legislativo propio que les confiere el derecho constitucional nacional.
En el Tratado de Amsterdam, el Gobierno español no fue capaz de suscribir esta declaración. A pesar de tratarse del representante de un Estado descentralizado, al igual que Alemania, Austria y Bélgica, su capacidad de entender el principio de subsidiariedad se limita a la trasposición de poderes de las instituciones comunitarias a las instituciones centrales estatales. El Gobierno salió a Europa con el Tratado de Amsterdam olvidando la existencia de una distribución de poderes internos propia de un Estado plurinacional y tratando de aparentar que el Estado español es algo monolítico, cuya representación sólo puede ser ostentada por el Gobierno central. De esta manera, el Estado español se convirtió en el único de los cuatro Estados que, teniendo entes subestatales con poderes legislativos amplios, se negó a firmar la declaración del tratado, que reconoce que las decisiones europeas afectan también a esos poderes legislativos subestatales y que reclama por tanto la aplicación plena del principio de subsidiariedad. Por esa declaración, se reconoce explícitamente que las decisiones europeas afectan a los gobiernos o entes federados autonómicos e implica la necesidad directa de participación de los mismos en los órganos de la Unión Europea, y no es casualidad que los tres países que apadrinan la declaración sean los únicos que tienen procedimientos para la participación de sus nacionalidades y regiones en el Consejo de Ministros de la Unión Europea.
Por otra parte, queda claro que, en relación con las demandas de una mayor y mejor consideración del hecho regional en la Unión Europea, una vez más nos encontramos con que los verdaderos problemas y los peores obstáculos no están en Bruselas, no están en Amsterdam, no están en Niza, sino que están en Madrid, a pesar de que el presidente Aznar diga que ve demasiado sabor nacional en las ideas francesa y alemana sobre la Unión Europea.
Hemos de recordar que la primera semana de septiembre, el presidente del Parlamento vasco, señor Atutxa, convocó en Vitoria a los presidentes de los parlamentos autonómicos del Estado. Allí, entre otras iniciativas, se aprobó una resolución solicitando que las regiones participen en la toma de decisiones a nivel europeo. La iniciativa no prosperó al requerirse la unanimidad, aunque los efectos, habida cuenta del respeto existente a las autonomías, eran fácilmente predecibles. Sin embargo, esto entra en contradicción con lo que el Partido Popular Europeo -y por tanto el Partido Popular español- aprobó el 21 de julio en Santiago de Compostela. El señor don Mariano Rajoy, vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, arremetió contra el acuerdo suscrito en Vitoria por los presidentes de parlamentos autonómicos, a excepción de los del Partido Popular, a la vez que señalaba que dicha propuesta pretende saltarse las reglas del juego, y que, de prosperar, podría generar una situación caótica en Europa. Su partido no lo consideró tan peligroso cuando el pasado mes de julio participó en la reunión extraordinaria que el grupo del Partido Popular Europeo en el Comité de las Regiones celebraba en Santiago de Compostela. Allí aprobó, junto con el resto de partidos conservadores de Europa, una declaración similar referida a las regiones europeas, que en la mayor parte de sus apartados es mucho más explícita y ambiciosa que el texto aprobado por los presidentes nacionalistas, socialistas y regionalistas de las cámaras

Página 4963


autonómicas del Estado español. En aquella ocasión, en Santiago de Compostela y bendecidos por el mismo presidente del Gobierno español, José María Aznar, que intervino en el encuentro, y por el señor Fraga Iribarne, los integrantes del Partido Popular español y del europeo consideraron que las autoridades locales y las regiones deberían participar en la toma de decisiones a nivel europeo y en la aplicación de la legislación europea. Asimismo, reclamaron que la construcción de Europa se rigiera por el principio de subsidiariedad, de forma que el poder y las competencias se distribuyeran entre la Unión y los Estados, pero también entre éstos y sus regiones. En este punto, pidieron incluso que se modificase el Tratado de la Unión Europea de forma que mencionase expresamente a los entes regionales y locales. La declaración de los conservadores europeos y del Partido Popular español no se paró ahí, reclamó que al Comité de las Regiones se le reconociera su especificidad de representante de todos los agentes locales y regionales y su papel político en el debate sobre el futuro de la Unión. El Partido Popular Europeo concluyó que, en caso de que se creara una Cámara suplementaria junto al Parlamento Europeo, debería estar compuesta por los representantes de los entes locales y de los entes regionales. Esto no lo aprobó ni lo propuso ningún partido nacionalista vasco, catalán o gallego, sino el Partido Popular Europeo y, por tanto, el español.
Estas consideraciones, que superan en ambición incluso al texto rebajado aprobado en Vitoria, chocan con las palabras pronunciadas por el vicepresidente, quien aseguró que las reglas de juego con que nos hemos dotado los españoles determinan que la política exterior es una de las competencias que tiene el Estado. Ya es difícil -justificaba Mariano Rajoy- una Europa de 15 países. Para el vicepresidente, todo el proceso de la Unión Europea, según la Constitución Española y todas las constituciones europeas, es una competencia de los Estados nacionales. Esta contundencia falsea la realidad cuando pretende desautorizar que las instituciones reclamen una presencia directa en Europa, incluso a través de los Estados, aireando el fantasma de que ya es complicado manejar una Europea de 15 Estados. Otras regiones europeas ya tienen representación en la Unión Europea, cosa que no ocurre con las del Estado español.
Señora presidenta, a pesar de saber que nuestras iniciativas irán directamente a la papelera porque estamos en el reino de las palabras sin hechos que las avalen, seguimos insistiendo en que Europa no se puede construir de espaldas a sus regiones naturales, y por ello hemos presentado dos enmiendas a este tratado.
Proponemos la inclusión, en la exposición de motivos de este proyecto de ley orgánica, en lugar precedente a su último párrafo, de un nuevo párrafo que diga lo siguiente: El nuevo tratado, siguiendo la tendencia de anteriores instrumentos, amplía los campos de actuación de la Unión Europea en materias que se corresponden con el ejercicio de competencias derivado de la Constitución, incidiendo, de acuerdo con la organización política interna, tanto en materia de competencias del Estado como asimismo en materias sobre las que tienen competencias las comunidades autónomas por la propia Constitución.
Queremos reflejar en la exposición de motivos la realidad completa sobre la que opera el tratado desde la perspectiva del ordenamiento jurídico interno español, en tanto que la propia exposición de motivos recoge a continuación el fundamento del artículo 93 de la Constitución para el dictado de esta ley orgánica, diciendo que, para autorizar la celebración de tratados por los que se atribuya a una organización o institución internacional el ejercicio de competencias derivado de la Constitución, debe expresarse que tal afectación tiene lugar tanto sobre competencias del Estado como sobre competencias que tienen las comunidades autónomas, dado que, por lo que hace a este Tratado de Niza en particular, se referencian actuaciones concernientes a industria, comercio, asuntos sociales, medio ambiente, etcétera.
Asimismo, esta norma constituye el lugar adecuado del ordenamiento para que los procesos de cesión competencial a favor de la Unión Europea se proyecten en el sistema de relaciones institucionales internas entre el Estado y las comunidades autónomas de un modo más democrático, lo que pretendemos articular a través de una nueva disposición adicional en la enmienda posterior.
Hemos propuesto también la inclusión de una nueva disposición adicional única, y lo hacemos con una finalidad de integración democrática en los procesos de construcción de la Unión Europea. Dado que sus respectivos tratados y sucesivos instrumentos que se adopten afectan al ámbito material de competencias de las comunidades autónomas, deseamos que se promueva un acuerdo entre la Administración del Estado y las comunidades autónomas por el que se articulen mecanismos de información y seguimiento completo de todos los asuntos europeos que afecten a sus competencias. Para ello, solicitamos que se establezcan unas vías eficaces de concertación interna de posiciones sobre estos asuntos, que garanticen la presencia de representantes autonómicos en las delegaciones del Estado acreditadas ante los órganos de la Unión Europea.
Deseamos, señora presidenta, resolver una cuestión fundamental que aún no ha alcanzado perspectiva alguna de solución y que permanece en lamentable estado precario desde la adhesión de España a las Comunidades Europeas. Es necesario un mandato jurídico y político expreso y claro, que vincule a todos los poderes públicos en un sentido proclive a la participación democrática de todos los interesados en los asuntos europeos, removiendo cuantos obstáculos existen todavía para alcanzar soluciones más legitimadoras internamente del proceso de construcción europea.


Página 4964


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Anasagasti, le ruego concluya, por favor.


El señor ANASAGASTI OLABEAGA: Sí, señora presidenta, termino inmediatamente.
Los compromisos adquiridos con el Tratado de Niza, y en especial los relativos a cuestiones programáticas de cara al futuro de la Unión Europea, exigen un comportamiento interno consecuente por parte del Estado español.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, esta tarde, en la Comisión de Asuntos Exteriores, tendremos ocasión de fijar con todo detalle la posición de mi grupo parlamentario ante lo que, con mucha razón, entendemos que se ha calificado como un ataque armado, ante el drama que de ahí se deriva y el profundo cambio en lo que es la situación de la seguridad mundial, del equilibrio entre países y de los planteamientos internacionales de lo que es la seguridad y las eventuales reacciones que de ahí se pueden derivar.
Sin embargo, desde este momento, más allá de lo que es la evidente condena radical sin ningún tipo de paliativos eventualmente matizados por decisiones políticas del Gobierno de los Estados Unidos, la condena es absoluta y sin ningún matiz. Desde el absoluto respeto, solidaridad y compasión por los miles y miles de víctimas de este atentado, queremos garantizar desde este instante, y hacerlo público, nuestro más sincero apoyo al Gobierno en las decisiones que decida tomar, un apoyo que prestamos desde un profundo malestar ante lo que interpretamos que ha sido un acto de desprecio por parte del presidente del Gobierno a esta Cámara y a los parlamentarios en ella representados. Cada uno representamos a un conjunto de ciudadanos y merecemos una atención, no es a nosotros, es a los ciudadanos, que a través de nosotros se sientan en estos escaños. Esperamos que el error cometido por el Gobierno ayer intentando intercambiar lo que es la búsqueda del consenso por un acuerdo entre grupos políticos, realizado en esta misma Cámara (un acuerdo bilateral entre el partido del Gobierno y el partido mayoritario de la oposición, con la Cámara reunida, con todos los parlamentarios aquí presentes y pretendiendo intercambiar la búsqueda de consenso por un acuerdo a puerta cerrada en una sala adjunta al hemiciclo), que ese acto de desprecio a la Cámara, no perjudique nuestra capacidad de apoyo y la capacidad de prestar nuestro consenso, nuestro apoyo político y nuestro máximo soporte a las decisiones que el Gobierno pueda tomar a partir de este instante.


Estamos debatiendo hoy dos enmiendas a la totalidad del Tratado de Niza, por tanto, no creo que sea éste el momento de entrar a debatir el propio contenido del Tratado de Niza, al que en su caso nos referiremos con bastante más detalle, probablemente en el momento en que se plantee su ratificación en la comisión y posteriormente aquí en el Pleno. Creo que ése será el momento de entrar a glosar las virtudes y defectos de este tratado.
Baste decir en este momento que no compartimos ni el espíritu ni la literalidad de las dos enmiendas a la totalidad hoy presentadas, aunque entendemos que se trata de enmiendas de alcance distinto. No compartimos la enmienda del Bloque Nacionalista Galego, del Grupo Mixto, aunque sí podemos compartir alguna de las denuncias que en su texto se formulan. Podemos entender las críticas a la falta de transparencia en el proceso de negociación de este tratado, podemos compartir, como bien sabe el Bloque Nacionalista Galego, los comentarios que hace sobre la falta de representación de las comunidades autónomas, y en general a nivel europeo de los entes subestatales, en lo que es el desarrollo de las instituciones de la Unión, podemos compartir algunas críticas que hace sobre el juego de equilibrios en el interior de la Unión, que a veces esconde la realidad de las necesidades de los ciudadanos, y podemos compartir en conjunto lo que supone el distanciamiento -fruto de todo lo anterior y de otra larga lista de defectos- de la construcción de la Unión Europea respecto de los ciudadanos a los que debe servir; pero creemos que nada de todo ello es un argumento suficiente para oponerse a la ratificación del Tratado de Niza, insisto, sobre el cual tenemos nuestras reservas, reservas que son no tanto por lo que dice sino por lo que no dice, no tanto por el contenido concreto de sus disposiciones sino por lo que podría haber sido y no fue. Sabemos cómo se construye la Unión Europea y sabemos que éste es un paso mucho más pequeño que el que nosotros hubiéramos deseado, pero un paso posible y por tanto, lo vamos a apoyar.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida -y permítame que se lo diga con todo el respeto parlamentario-, nos parece sorprendente que pretenda la modificación del propio contenido del tratado por la vía de una enmienda presentada en el Parlamento español, porque eso, desde el punto de vista estrictamente procesal y de negociación internacional, no deja de tener sus interrogantes en términos jurídicos, por lo que entendemos que es un acto simbólico, pero, incluso los actos simbólicos es bueno presentarlos de forma que parezcan verosímiles. En cualquier caso, el contenido concreto de la enmienda parcial, pero que al ser al tratado internacional se convierte en enmienda a la totalidad, por parte del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, ni siquiera en su manifestación literal nos parece que pueda ser sostenida o aceptada.


Página 4965


Por consiguiente, insisto, a reserva de desarrollar lo que son los comentarios sobre el Tratado de Niza en el debate que en su momento tenga lugar en lo que sea estrictamente el proceso de ratificación, quiero dejar claro que votaremos en contra de las dos enmiendas a la totalidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Estrella.


El señor ESTRELLA PEDROLA: Señora presidenta, señorías, en primer lugar, querría unirme a la reflexión que ya se ha hecho hoy y a la declaración de condena de los atentados terroristas que se produjeron anteayer en Estados Unidos, y recordar que, ante el odio, la violencia y el terror, las respuestas no pueden ser únicas, las respuestas tampoco pueden ser débiles, las respuestas no pueden ser irreflexivas y las respuestas requieren cohesión política y fortaleza política también.


La Conferencia de Niza tenía objetivos políticos limitados; tan limitados que convocaba otra conferencia intergubernamental para abordar las grandes cuestiones que tiene planteado el futuro de Europa; tan limitados que se nos presentó lo que era instrumental (el reparto de votos) como el objetivo político central de la conferencia; con una visión tan lejana a los problemas e intereses de los europeos que también se nos presentó en este Parlamento la mayor o menor capacidad de bloquear decisiones, de impedir el avance de Europa como la medida del éxito. En definitiva, señorías, en Niza se habló mucho de votos, se habló mucho de vetos, se habló muy poco de Europa y de los europeos.
Pese a la importancia de lo acordado, en Niza se abordó la estructura de las instituciones sin tener como referentes los objetivos políticos y los fines de esas instituciones. Se hizo un debate institucional que no estaba enmarcado en un debate político sobre Europa. Por ello, Niza ha sido, en gran medida, un trámite de bajo tono político. La CIG, por decisión de los miembros del Consejo, se había establecido como objetivo realizar las reformas necesarias para hacer viable la ampliación desde el punto de vista institucional y para posibilitar el funcionamiento de una Unión ampliada.
Evidentemente, la magnitud de los retos no se corresponde con los limitados objetivos de Niza.
El tratado, es cierto, ha despejado algunos obstáculos, pero ha eliminado pocas incertidumbres. Al contrario, ha generado frustración, incomprensión y serias dudas sobre la capacidad de los dirigentes europeos para afrontar los retos que tenemos planteados.
Las reformas que se han acordado, y que vamos a apoyar desde el Grupo Parlamentario Socialista, son sólo una parte de las reformas imprescindibles para responder a los retos presentes y futuros de la Unión, y no todas esas decisiones van en la dirección correcta o tienen el alcance necesario. Junto con la apertura del camino a la ampliación, que por sí sólo justificaría nuestro respaldo a este tratado, la convocatoria de la conferencia intergubernamental del 2004 para abordar los grandes problemas del futuro de Europa es la principal noticia que nos llega de Niza. Por todas estas razones no vamos a apoyar las enmiendas, enmiendas, sobre las que, por otra parte, tenemos serias discrepancias con su fondo, con los objetivos que persiguen y con las consecuencias que tendría la aprobación de alguna de ellas.
También quiero decir que hay algunos elementos positivos. Por supuesto, el avance en las cooperaciones reforzadas en distintos ámbitos, en particular en el segundo y en el tercer pilar. Nosotros creemos que el progreso en el ámbito de la política europea de seguridad y de defensa es ya irreversible; es importante la modificación del artículo séptimo para afrontar con una mayor legitimidad situaciones como la que se produjo con la entrada del nuevo Gobierno de Austria; y quisiera recordar que el núcleo del tratado aborda las reformas institucionales, la reponderación de votos en el Consejo y el paso a la mayoría cualificada.
En definitiva, en Niza había dos tipos de decisiones: las relativas a la representación de los Estados y las que se referían a la toma de decisiones, al funcionamiento de Europa. Coincidirán conmigo en que las segundas son bastante más importantes. Niza ha realizado un impulso institucional, ha logrado una fórmula matemática para que quepamos todos en una Unión ampliada. No podemos, por tanto, minimizar la importancia de unos acuerdos que hacen viable la ampliación, que tienen como principal mérito abrir el camino a la esperanza de millones de ciudadanos que quieren compartir con nosotros un modelo de bienestar social, de paz, de respeto a los derechos fundamentales tras años de sometimiento a regímenes autoritarios que les han sumido en la pobreza.
Se ha abordado una reforma de la Comisión que era imprescindible, pero tengo que decir que lo acordado supone un retroceso sobre lo que se había decidido en Amsterdam y genera incertidumbre, haciendo mucho más complejo el funcionamiento de la Comisión y disminuyendo su eficacia ejecutiva. Lo mismo puede decirse del Parlamento Europeo, el otro gran perjudicado, será difícil su operatividad, y también se ha violado lo acordado en Amsterdam. España no ha prestado especial importancia a una Cámara, que la va a tener con la extensión de la codecisión, y ha cedido generosamente 14 diputados, cuando otros países, como Alemania, han conservado los suyos. Hemos sido el país que más diputados ha perdido en esa reestructuración del Parlamento Europeo. Resulta especialmente decepcionante para mi grupo el número de materias en que se ha abandonado la unanimidad y queda muy por debajo de las propuestas iniciales de la Comisión y de

Página 4966


la propia Presidencia francesa y nos preocupa especialmente que no se haya producido ese impulso en materias esenciales para reforzar la cohesión europea, como la armonización fiscal, la política social común o decisiones en materia económica que serán necesarias para fortalecer la moneda común.
En cuanto a la extensión de la codecisión, supone siempre mayor democracia, mayor transparencia. El resultado de Niza en lo que a eso se refiere es que Europa no es ni más democrática ni más transparente porque el Consejo ha sido extremadamente cicatero a la hora de pasar materias a la codecisión. La reponderación de votos en el Consejo, en las instituciones, era un acuerdo, como he dicho, necesario y cualquier acuerdo que hubiera sido aceptable para todos era un buen acuerdo. Pero la realidad también es que, después de lo acordado, va a ser más difícil construir Europa, hacer avanzar el proyecto europeo, porque ahora, para adoptar una decisión, se requerirán no una sino tres mayorías diferentes, una mayoría con el 75 por ciento de los votos, otra con el 50 por ciento de los Estados y la mayoría que representa el 62 por ciento de la población, un barroquismo que difícilmente puede ser comprendido y sentido e ilusionante para los ciudadanos europeos. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Hay también, en definitiva, un serio retroceso desde la perspectiva de los equilibrios institucionales en una cumbre que, desgraciadamente, refuerza la visión intergubernamental de la construcción europea. España ha puesto especial énfasis en lograr capacidad de veto, unos vetos que al mismo tiempo que los adquiere España, por ejemplo, en el tema de los fondos, también los adquieren otros países en pie de igualdad con España, con lo cual no existe una ganancia sustancial.
Queda por tanto la esperanza de la Conferencia Intergubernamental y del gran debate que se debe abrir en torno a esos objetivos: la simplificación de los tratados y la adopción de lo que algunos denominan Constitución europea o tratado fundacional, en definitiva, un proceso de constitucionalización de Europa, donde la Carta de Derechos y Libertades se convierta en el preámbulo de esa Constitución, o la delimitación de competencias de la Unión, es decir, lo que queremos hacer en común, y de lo que corresponde a los Estados, esto último articulado, evidentemente, de acuerdo con la organización de cada país. Aquí quiero decir, señorías, que va a ser no sólo inevitable sino conveniente que nosotros abordemos este mismo debate, al margen o en paralelo al debate europeo, en lo que se refiere a nuestro propio país. Hay que abordar, como se ha dicho desde aquí, la subsidiariedad pero también la cohesión. Todo ello sólo puede situarse en un marco, en el de la lealtad constitucional, y con todos estos elementos podemos y debemos hacer un proceso de reflexión común en un ámbito como el Senado.
En la época de la globalización, señorías, Europa es la mejor respuesta ante la nueva realidad para resolver algunos de nuestros problemas actuales. Necesitamos de Europa para luchar contra el terrorismo y la criminalidad organizada, para acordar políticas en materia sanitaria, para defender el medio ambiente. Necesitamos tener una verdadera política exterior y de seguridad común y que se complete la unión económica y monetaria. Necesitamos profundizar en la realización de nuestro espacio común y abordar con valentía las decisiones futuras, pero necesitamos también que nuestros ministros entiendan lo que es Europa. Señor ministro, si me escucha, querría hacer una reflexión especialmente dirigida a usted. En el debate de la globalización Europa tiene unas credenciales a las que no podemos renunciar; es el primer actor en cooperación al desarrollo y está a la vanguardia de muchas de las reivindicaciones que se están planteando por aquellos que quieren evitar los efectos negativos que puede tener la globalización. Por eso creo que la autocrítica que hicieron ustedes hace unos meses cuando se reunieron en el Consejo de Asuntos Generales es un ejercicio que les honra, pero que está desenfocado, porque ha situado a Europa en el ojo del huracán, ya que no tuvieron la habilidad de poner en valor precisamente esas potencialidades y esa realidad de Europa. Espero que la próxima vez lo puedan corregir.
En definitiva, señorías, el Grupo Socialista quiere que el proceso de reflexión sobre el futuro de Europa corrija todos los errores que se han producido en Niza y muy en particular el alejamiento o distanciamiento de los ciudadanos. Por eso esperamos que el debate que se va a poner en marcha a partir del Consejo de Laeken sepa implicar a los ciudadanos europeos y sepa hacerlo con plena transparencia para que podamos construir entre todos un proceso realmente ilusionante.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Estrella.
Grupo Parlamentario Popular, señor Robles.


El señor ROBLES FRAGA: Señora presidenta, señorías, como no puede ser de otra manera, mi grupo manifiesta también su condena, su solidaridad activa y su voluntad de unirse al pueblo y al Gobierno americano en esta hora de dolor pero también en la hora de la justicia. El señor Llamazares, portavoz de Izquierda Unida, ha hablado de derecho internacional. Es un buen momento para hablar de derecho cuando todavía contamos las víctimas, cuando todavía algunos de los aquí presentes, entre otros, tratan de recuperarse del susto por familiares y amigos y todos sufrimos el choque, el trauma de unas imágenes que preferiríamos no haber llegado a ver nunca. En el derecho internacional un acto de guerra es un acto de guerra y la legítima defensa forma parte también del derecho internacional. La

Página 4967


Organización del Tratado del Atlántico Norte, le guste o no a S.S., forma parte del derecho internacional y del sistema de Naciones Unidas. Como acertadamente ha dicho el presidente de la Asamblea del Tratado del Atlántico Norte, el diputado socialista señor Estrella, no podemos ser débiles en la respuesta, pero tampoco podemos hacer el ridículo en los análisis políticos, señorías. Ni el crimen terrorista de Nueva York es la expresión de un conflicto político ni, desde luego, podemos lanzar el diálogo como respuesta a una agresión armada en el corazón de un país que, además de ser importante, es aliado y amigo y con el que nos unen compromisos muy beneficiosos para España de solidaridad, seguridad y defensa. Señorías, España estará donde tiene que estar, con sus aliados y sus amigos, también en la lucha contra el terrorismo y en la respuesta contra la agresión del día 11 en Nueva York. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) Esta tarde hablaremos y escucharemos las explicaciones del señor ministro en la Comisión de Asuntos Exteriores. El momento para celebrar el debate sobre los sucesos de Nueva York y sus consecuencias es esta tarde. Hoy tenemos que hablar de Niza, pero para hablar de Niza tenemos que recordar lo que fue Niza, y no podemos hacer como Izquierda Unida, el Partido Nacionalista Vasco o el Bloque Nacionalista Galego, en menor medida -todo hay que decirlo-, hablar de todo menos de Niza para presentar enmiendas, bien al articulado, bien a la exposición de motivos o al texto, porque, en primer lugar, hay que pensar que Niza era para hablar de votos y de vetos, del mecanismo institucional, de cómo funcionan, cómo se componen y cómo se forman y conforman los órganos y las mayorías para tomar decisiones en la Unión Europea y no era para otra cosa. Por lo tanto, venir aquí con otra cosa está muy bien, puede tener cierto efecto en la galería, aunque lo dudo, porque no parece que esté muy concurrida, pero, en cualquier caso, no es para lo que nos pagan el sueldo, no es lo que está en el orden del día, no es a lo que tenemos que responder ni es lo que tenemos que debatir y discutir hoy.
Señorías, estamos hablando de un tratado de modificación del Tratado de la Unión Europea y de los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas, etcétera, que se plantea como respuesta a la necesidad de modificar las instituciones de la Unión y de este modo hacer posible la ampliación hasta un número previsible de veintisiete países. Para eso era Niza. Niza no era para hacer un brindis al sol sobre los ciudadanos europeos, sobre la cohesión social europea, sobre la ilusión europea, sobre las alternativas y los distintos proyectos europeos; tampoco era una ocasión para sencillamente discutir sobre la quintaesencia del proyecto europeo. No, era una cosa muy concreta, una cita precisa, dificilísima, tan difícil que fue el Consejo más largo y más trabajoso de todos y en el que se resolvieron aquellas cuestiones que en los anteriores se iban dejando para el Consejo siguiente, porque nadie se atrevía a poner el cascabel al gato de repartir los votos y los vetos, eso que a lo que el señor Rodríguez Zapatero se refería como la aritmética del señor Piqué en el debate del 20 de diciembre del año pasado. Pues bien, la aritmética es importante, sobre todo cuando hay que hablar de aritmética, porque los que somos de letras sabemos que hay momentos en los que se puede hacer literatura y otros en los que hay que contar, y en este caso España no solamente contaba, sino que sumaba, y sumaba votos en el Consejo y peso específico y capacidad de tomar decisiones, que son el instrumento, además del prestigio, la grandilocuencia y la belleza de los discursos europeístas, para conseguir y obtener beneficios concretos para nuestros ciudadanos, para defender los intereses nacionales, que es para lo que mandamos al Gobierno al Consejo de Niza y es el resultado con que vino del mismo.
Desde luego, señorías -y me he quedado tan sorprendido como el señor ministro leyendo los textos presentados-, aquí no estamos aprobando sibilinamente nada, señor Rodríguez. Cuando oía a S.S. buscaba antecedentes parlamentarios del tono iracundo con el que se subía a esta tribuna y recordaba aquel discurso de Dios es grande en el Sinaí, el trueno le acompaña y el rayo le precede. El señor Rodríguez, acompañado por el trueno y precedido por el rayo, nos ha echado una filípica a todos, pero leyendo los textos presentados por el Bloque y escuchando al señor Rodríguez estoy todavía más estupefacto, porque el señor Rodríguez, el portavoz del Bloque Nacionalista Galego se ha constituido en el defensor de la soberanía española y en el enemigo de las transferencias de soberanía a la Unión Europea, hasta el punto que el motivo central de su enmienda a la totalidad es un hecho que les parece escandaloso y que de repente parecen descubrir, lo cual demuestra que leyendo se aprende mucho y que sin duda en algún momento el Bloque Nacionalista Galego conseguirá entender el proceso europeo; quizás este sea uno de ello y, por lo tanto, creo que es bueno que lo hagan en algún momento de su tortuoso camino político.
Ellos se escandalizan por lo siguiente, y cito textualmente una frase de su texto: porque la inminente Unión Europea es realmente un ente supraestatal que asumirá más competencias que anteriormente eran titularidad exclusiva de los Estados. Por eso quieren y presentan una enmienda a la totalidad, eso es lo que les parece escandaloso. Pues bien, eso es la Unión Europea. La Unión Europea es un proceso de transferencia de soberanía a una entidad, a un ente de razón sin fundamento en la cosa, llámelo usted como quiera, que es la Unión Europea. Es un proceso constituyente de los europeos para crear una unión más estrecha entre nuestros pueblos, para crear un proyecto político distinto, desconocido hasta ahora, que garantice la paz, la seguridad y la prosperidad de los europeos. Eso es la Unión Europea y si ustedes no han entendido lo que

Página 4968


es la Unión Europea, creo que ya va siendo hora -sobre todo ahora que pretenden gobernar, por lo menos aspiran a convencer a algunos de sus conciudadanos para que les voten en las próximas elecciones gallegas- de que lo entiendan. Señorías, eso es precisamente la Unión Europea y por eso, porque estamos transfiriendo soberanía a órganos colectivos europeos, eran muy importantes, señor Estrella, los votos y los vetos, era muy importante la aritmética, porque sin aritmética hubiéramos seguido haciendo grandes discursos, pero no hubiéramos tenidos los modos, los medios y los instrumentos para seguir haciendo que España sea uno de los países que más y mejor progresa en el seno de la Unión Europea y que más rápidamente se está poniendo a la cabeza, no sólo del proceso de construcción europea sino a la cabeza de las mismas naciones Estado europeas.
No insistiré mucho sobre la otra enmienda de Izquierda Unida, de contenido también contrario al proceso europeo. Izquierda Unida nunca está de acuerdo con lo que se decide, pero llega la paradoja, porque dice, ¿cómo es posible que los gobiernos salgan satisfechos de la cumbre de un Consejo tan desastroso para ellos mismos? Señor Llamazares, si los gobiernos están satisfechos con el Consejo de Niza es porque han obtenido un resultado satisfactorio para sus propios intereses, que son también intereses europeos, y para el proceso de construcción europea, que requería un acuerdo satisfactorio en Niza, porque si no hubiera habido ese acuerdo, no hubiéramos podido plantear la asignatura de la ampliación, que es el gran reto histórico que tenemos por delante en el seno de la Unión Europea.
Sin repetir las palabras del señor ministro ni reabrir el debate del Consejo de Niza que ya tuvimos en el mes de diciembre pasado, yo creo que el Consejo de Niza ha sido importante para los intereses nacionales de España, para España y para los intereses de la Unión Europea. Ha sido un Consejo difícil, trabajado, arduo, larguísimo, en el que hemos conseguido -y eso escandalizaba al portavoz socialista en el debate del 20 de diciembre- pasar de ser un país mediano a ser un país grande, y eso no es poca cosa. Hay quien se conforma con la medianía, con ser un líder mediano, tener un partido mediano y aspirar a dirigir medianamente un país mediano. Nosotros aspiramos a tener mayorías, gobernar un país importante, hacer cosas grandes y dirigir un país cada vez mejor, más justo, más próspero y más libre, y como a eso es a lo que aspiramos y por eso es por lo que tenemos la mayoría en esta Cámara, señorías, nuestro grupo va a votar a favor del tratado y en contra de las enmiendas de devolución.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Robles.
Enmiendas de totalidad al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001. A solicitud del Grupo Parlamentario Mixto, las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por dicho Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida van a ser sometidas a votación separadamente. Sometemos a votación, en primer lugar, la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, ocho; en contra, 282; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la referida enmienda a la totalidad.
A continuación sometemos a votación las enmiendas a la totalidad de devolución presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, nueve; en contra, 285; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.


PROPOSICIONES NO DE LEY (CONTINUACIÓN).


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA DE INMIGRACIÓN. (Número de expediente 162/000340.)

La señora PRESIDENTA: De acuerdo con la modificación del orden del día aprobada por el Pleno ayer, iniciamos el debate de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre política de inmigración. Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Alcaraz. (Rumores.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. (Pausa.-Continúan los rumores.) Señorías, seguimos en sesión y en debate. Ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio. Hay un diputado en la tribuna esperando intervenir.
(Pausa.) Adelante, señor Alcaraz.


Página 4969


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Ante un tema de la importancia del fenómeno de la inmigración, a nivel mundial y singularmente por cómo afecta a España, queremos ir desde el principio al fondo de la cuestión. A nuestro juicio, el Gobierno del Partido Popular no tiene una política sobre el fenómeno de la inmigración. Tener una política sobre dicho fenómeno, tal como se está produciendo en el mundo y específicamente en España, significa en primer lugar tener una concepción clara, vigente y pujante de las relaciones entre el primer y el Tercer Mundo. Ahí está el tema de fondo y de ahí que nosotros al final de la proposición no de ley introduzcamos el tema del 0,7, el de la condonación de la deuda externa y el de la necesidad de desarrollo de los países del Tercer Mundo. Hablar por tanto en este caso de política de inmigración es hablar de regularización constante, de acogida, de solidaridad; es hablar de apertura constante dentro de los límites necesarios de cara al propio desarrollo español. Ustedes, los del Partido Popular, identifican cambiar la Ley 4/2000, que nació con consenso, por la Ley 8/2000 como su política de inmigración. Esa es la identificación mecánica y constante que ustedes hacen y en todo caso tienen una política policial, una política represiva, consecuentemente insolidaria, sin ninguna planificación real del futuro teniendo en cuenta cómo va a afectar a la estructura social, de Seguridad Social, a la estructura laboral, a la cultura y solidaridad de una sociedad mestiza como va a ocurrir en todos los países europeos, incluida naturalmente España, y a la necesidad de un sentido de justicia global respecto al Tercer Mundo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Su filosofía a la hora de cambiar la Ley 4/2000 por la 8/2000 se basaba fundamentalmente en la necesidad de evitar el efecto llamada.
Se trataba de generar un mensaje en el sentido de que, primero, esto no era el paraíso, pero principalmente que no se podía acceder libremente al paraíso y que tendría consecuencias muy serias para las personas que lo intentaran. Ustedes no sólo ponen un muro policial, sino que van a dedicar una gran cantidad de dinero a muros específicos, sean o no móviles, para proteger la frontera. A mi juicio, no comprenden dos cosas: primera, que no se pueden poner puertas al hambre y, segunda, que no se puede aplicar la Ley 8/2000 y, consiguientemente, no se está aplicando. El efecto llamada se ha duplicado -ahí están las cifras de este verano- y los fenómenos de Barcelona y otros; a partir de que ustedes cerraran la regularización se han ido produciendo constantemente sin que puedan aplicar la ley.
No la pueden aplicar porque saben el rechazo que habría desde la conciencia social media de España en este momento. No la pueden aplicar porque tendría consecuencias muy serias sobre las personas afectadas. Constantemente aparecen negociaciones desencajadas, desajustadas, que conducen a un mare mágnum que deja ver, de forma clara, que ustedes no tienen una política, sino que comprenden simplemente que se trata de una reacción policial y represiva.
Hay otra consecuencia que se está dando, ante la que ustedes cierran los ojos o invierten el discurso diciendo lo contrario de lo que ocurre, en función de las consecuencias de su no política, de su estrategia e incluso, si se quiere, de su política policial. Poco a poco en este país se está construyendo una estructura laboral B. La gente sigue entrando, sigue aumentando la bolsa de irregulares y siguen trabajando por debajo de convenio. Constantemente se denuncia, aunque con menos libertad de la que se debiera porque tiene consecuencias sobre ellos y sobre los patronos y ustedes tampoco pueden aplicar ahí la política, si es que quieren, porque en tiempos de crisis sobre todo esta estructura laboral B va a ser muy interesante para mantener e incluso aumentar los beneficios empresariales. Al mismo tiempo, su denominada política de inmigración, que para nosotros no existe como tal puesto que no es solidaria, tiene otro objetivo: intentar una reacción social frente a la inmigración, intentar aumentar el nivel de racismo de la población española; es decir, elevar el caso de El Egido a nivel general, un caso que tiene repercusión en las instituciones e, incluso, consecuencias electorales. Lo intentan con dificultades porque este país no es racista, pero con la idea de que la inmigración es comparable al aumento de la delincuencia, al tema de la droga, a que los puestos de trabajo están en juego si ésta aumenta y a que crea problemas sociales de todo tipo.
En este marco se desarrolla su política, su diplomacia respecto a Marruecos. Marruecos es un país que no respeta los derechos humanos.
Sin embargo, ustedes tienen con él una relación privilegiada en asuntos fundamentales: económicos, sociales, políticos y diplomáticos, como en el tema del Polisario y del Sáhara occidental, en el que ustedes, quiéranlo o no, por silencio, por omisión y también por acción, están protegiendo las posiciones de Marruecos.
Hay decenas, centenares de empresarios españoles y andaluces allí que están construyendo una nueva modernización de ese país, con el apoyo de los gobiernos, que conduce a la marginación de un montón de gente pobre de Marruecos, que después tiene que saltar el Estrecho. El modelo de nueva modernización, de desarrollo, entre comillas, que están apoyando en Marruecos es la causa fundamental del intento del salto del Estrecho. Nosotros pedimos que haya de inmediato una recomposición de las reuniones con ese país, no de las relaciones anteriores, para aclarar esta situación. Lo único que le piden ustedes a Marruecos es que aumente la represión, que aumente el control policial; no le piden nada más, no le piden nuevos modelos de desarrollo, no le piden que los centenares de empresarios españoles colaboren en un modelo de integración laboral y tampoco le piden que se protejan los derechos humanos. En un momento

Página 4970


en el que su política bascula, le están pidiendo a Marruecos más policía, fronteras más duras y menos permeables. A partir del no acuerdo pesquero con Marruecos, el señor presidente dijo que esto traería consecuencias, una amenaza clara en lenguaje diplomático. Por cierto, acuerdo que no se firmó por la nítida posición previa de una ideología comercial neoliberal del comisario Fischler, la cual se apoya subterráneamente aquí. Al final, el precio del caladero de Marruecos fue un precio de mercado y España no lo aceptó, sino que optó por la reestructuración de la flota y por un punto redondo en relación con la situación de entendimiento con Marruecos a través de los precios de mercado. En uno de los puntos nuevos que introducimos, en concreto en el número 11, pedimos que se celebre una reunión bilateral de inmediato para cambiar el modelo de discurso que se mantiene con Marruecos, ya que el actual conduce a la represión.
Todo esto da lugar a una cadena sin sentido desde el supuesto proceso de regularización o la aprobación de la Ley 8/2000. Tenemos un proceso de regularización previo que deja fuera a una masa ingente de inmigrantes, con un incierto porvenir en función de la modificación de la ley. Está la increíble operación denominada Ecuador. Se producen constantes encierros de inmigrantes porque nadie aplica la ley y no se puede aplicar a menos que se opte por discursos represivos, surge un proceso de regularización encubierto, diferente según la comunidad, con plazos y con reacciones burocráticas distintas; comienza una carrera poco edificante por lograr un acuerdo con cualquier gobierno extranjero, no conociéndose en esta Cámara los pormenores de los que se están adoptando y que en un plazo breve deberíamos conocer. Los métodos de expulsión que se están empleando con los nigerianos son del todo inaceptables. No se tiene en cuenta que Nigeria se encuentra en una situación muy difícil, no sólo está pasando hambre, sino que está en guerra directa y nosotros estamos expulsando a la gente sin ninguna consideración. Otro acontecimiento ha sido el lamentable espectáculo de la arribada masiva que se ha producido este verano sin que se hubiera preparado asistencia humanitaria alguna. No se prepara nada y lo que se anuncia se hace con cuentagotas y no tiene el alcance que debe tener en estos momentos. Y como guinda está el insólito cruce de acusaciones con Marruecos.
Por todo esto, presentamos esta proposición no de ley que modestamente configura lo que es el sentido general, esta vez sí, de una política. No puede haber una política sobre inmigración si no se tienen en cuenta como fondo estructural las relaciones entre el primer y el tercer mundo. Lean a los filósofos de la derecha. A Toynbee, por ejemplo, que desde 1956 viene diciendo que las relaciones entre el primer y el tercer mundo van a tener consecuencias muy serias. O lean a alguien más cercano, como Fukuyama, el teórico del Pentágono, quien en sus conferencias de San Diego lo dice más claro todavía, pero ustedes no lo tienen en cuenta.
Simplemente creen que se pueden poner puertas al hambre y que este problema actual se puede solucionar con una ley represiva, limitada, contradictoria e inaplicable. Por eso pedimos que se cambie la Ley 4/ 2000, que se adopten las medidas necesarias para que los expedientes de residencia y trabajo se cursen a la velocidad adecuada, que se tenga muy en cuenta el caso de Nigeria, que el derecho de sufragio se empiece a consolidar en función de los acuerdos bilaterales necesarios, ya que, a partir de que los emigrantes puedan votar, muchos de los temas empezarían a solucionarse, y que en un plazo breve -aceptamos la enmienda- se consiga en este Congreso un balance de acuerdos bilaterales en materia de inmigración y, naturalmente, todos los acuerdos para que el tercer mundo vea una puerta abierta: el 0,7, la condonación de la deuda externa y el cese inmediato de la venta de armas de cualquier tipo a países en conflicto. A nuestro juicio, esto configura, esta vez sí, una política que, si no es de solidaridad, no es política, sino reacción policial. Nosotros aceptamos las enmiendas del Grupo Andalucista y de Eusko Alkartasuna, pero no podemos aceptar la del PSOE, puesto que parte del horizonte de la ley recién aprobada, la cual rechazamos. Pide un acuerdo de Estado, pero en el marco de la Ley 8/2000 y no creemos que ese acuerdo pueda producir los resultados que nosotros venimos persiguiendo.
Espero que haya la sensibilidad suficiente y no un rechazo mecánico diciendo que esta ley es la que se ha hecho en toda Europa, pues no es verdad. Italia está reaccionando con medidas de integración y acogida y no le echa la culpa al otro lado del mar. Espero que España por fin, por razones históricas, por nuestra propia historia como emigrantes y por nuestras relaciones con el tercer mundo, haga lo mismo y que podamos empezar a entendernos en esta Cámara en función de las necesidades reales.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor Presidente.
Adelantamos nuestro voto a favor de esta proposición no de ley que compartimos en su esencia y, desde luego, en su literalidad. Nuestras aportaciones pretendían aclarar el papel que lógicamente deben jugar las comunidades autónomas. Nuestras tres enmiendas van dirigidas a ese objetivo: dejar claro el papel de colaboración de las comunidades autónomas en los distintos aspectos, en la medida en que tienen competencias en muchas cuestiones que afectan a inmigración.


Página 4971


En el primer punto, entendíamos que era necesario hacer desaparecer la expresión «escalas administrativas» por la colaboración de las comunidades autónomas en relación con sus atribuciones competenciales. Es evidente que la citada expresión suponía una concepción jerárquica muy simplificadora, dado que la Constitución establece unos estatutos de autonomía, un Estado autonómico con competencias claras y concretas. Ante una política de inmigración, estimábamos que quizás sería mejor hablar de colaboración y cooperación entre las distintas administraciones públicas. Entendemos que una auténtica política de acogida e integración pasa necesariamente por las comunidades autónomas, dado que los servicios sociales, la sanidad, la educación, la vivienda, etcétera, están asumidos en los ámbitos autonómicos y locales. Incluso en el tema de la regulación, siendo una competencia estatal, se debería proceder en colaboración con las comunidades autónomas dada la estrecha relación entre regulación y mercado de trabajo. Igualmente ocurre en ese nuevo punto 1 bis que hemos incluido. Estimamos que las comunidades autónomas tienen que intervenir en la elaboración común del contingente anual de trabajadores. No estamos hablando de nada nuevo porque la propia Ley Orgánica 8/2000 -no voy a entrar en ella ahora pues la Cámara sabe cuál es nuestra posición, fuimos y somos muy críticos con esa reforma de la Ley 4/2000 y la actual Ley 8/2000 no nos satisface en absoluto- establecía tal consideración. Lo mismo ocurre en la tercera enmienda en la que se trata de potenciar ese papel de colaboración porque, además de ser lógico y jurídicamente necesario, es muy positivo para una cuestión tan importante y tan vital como es una política de inmigración basada en la inserción y, sobre todo, en la acogida.


Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Los andalucistas pensamos que hay que encuadrar la inmigración en un mundo que no está unificado; está globalizado, pero dividido. Esta globalizado el primer mundo y está también globalizado el tercer mundo. La inmigración no es la misma dentro del primer mundo, donde es libre, que la forzada, de huida, de la miseria, de la pobreza, de la desesperación, que se da entre el tercer mundo y el primer mundo.
Es paradójico vivir en una Europa que intenta luchar con ahínco por que desaparezcan sus fronteras interiores, mientras con el mismo ahínco quiere reforzar sus fronteras exteriores. No es posible dividir el planeta en dos partes. Los que estamos dentro de una, del bienestar, y los que están fuera. Hasta que no encuadremos la inmigración en un mundo único que tenga globalizado el bienestar, que tenga globalizada la democracia y la libertad, no podemos estar hablando de lo mismo.
Nosotros sabemos que este es un problema mundial, pero tiene puntos por donde se producen estos flujos. Andalucía es un punto singular, es un punto frontera, es un punto por donde asistimos al goteo desesperado de esos golpes de patera en nuestras costas, por donde asistimos a la muerte de unos o a la huida de otros y por ello es necesario un organismo, un consejo interterritorial del Estrecho que refuerce las políticas de acogida, las políticas de control, las políticas de desarrollo de estos flujos forzados que vienen a nuestras costas. Es lamentable que la ley existente reconozca esa singularidad a Canarias, pero no lo reconozca a Andalucía que tiene un flujo mucho mayor que el de las propias islas, que también es absolutamente singular.
Nosotros apoyamos la filosofía y la letra de la proposición del Grupo de Izquierda Unida y queremos insistir en la eficacia de la coordinación entre las administraciones pidiendo un marco donde se coordinen las políticas de la Administración central, las políticas de la Junta de Andalucía con las de los ayuntamientos principales afectados sobre todo en recepción, en acogida e integración.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Rumí.


La señora RUMÍ IBÁÑEZ: Señor presidente, señorías, la proposición no de ley que hoy discutimos se inscribe en el marco de la preocupación que a todos nos suscita la situación actual de la inmigración en España. Desde el Grupo Socialista, compartimos el espíritu y la intención que rezuma esta iniciativa e incluso la consideramos necesaria, porque suscita un debate que en el tiempo en el que estamos, después del período estival ciertamente bastante convulso, es oportuno. No obstante, hemos considerado conveniente aprovechar esta ocasión para intentar -y permítanme la expresión- elevar el nivel del debate, el nivel que no el tono, porque consideramos que ese tono elevado es uno de los males que aqueja el tratamiento público de la política migratoria. Para ser más gráficos, señorías, debemos abandonar el quién pide más o quién da más. Por este motivo, presentamos una enmienda de sustitución, una enmienda que intenta en la medida de lo posible, y con las diferencias propias de las intenciones diversas de ambas iniciativas, buscar ese nivel de diálogo en el que todos los grupos nos podamos sentir cómodos. A partir de ese debate, sin estridencias, sin maximalismos, profundamente respetuoso con principios y con derechos, que a buen seguro todos compartimos, podremos fraguar

Página 4972


la base de una política migratoria que dé respuesta eficaz y compleja a un fenómeno que tiende por su propia naturaleza dinámica a desbordar cualquier previsión.


Durante los últimos meses hemos asistido a una serie de hechos que han puesto de manifiesto la fragilidad de las medidas y de los dispositivos adoptados para canalizar, ordenar y gestionar el fenómeno migratorio. No parece excesivo manifestar que las autoridades se han visto desbordadas por el fenómeno migratorio que siempre acude a los periódicos, a los informativos de radio y de televisión en forma de tragedia o de drama. Las imágenes que observamos nos muestran a seres humanos indefensos frente a los riesgos que han asumido, a madres y jóvenes engañados y también, desgraciadamente, nos presentan una lista cada vez más amplia de cuerpos inertes que han perdido la vida en la búsqueda de una ilusión que les empañó la voluntad. Esos sucesos recorren nuestra geografía, han sido las pateras en las playas andaluzas y canarias, las manifestaciones racistas de La Mancha o los sucesos de Barcelona.
Desgraciadamente, esta es sólo la relacción extractada de un verano en el que hemos podido observar demasiadas carencias. A una situación de por sí complicada, hay que añadir los cruces de acusaciones, las desavenencias, las relaciones mal enfocadas con nuestros vecinos o la intemperancia de un delegado, responsable directo de la política migratoria, que cada día se muestra más inoportuno y menos capaz y que además se ha quedado solo en la denuncia de un supuesto efecto llamada en el que ya nadie cree.
Pero estos hechos se depositan como un aluvión en los restos del naufragio de una política migratoria que nunca fue, porque seguramente hasta ahora nadie se había encargado de intentar diseñarla desde la coherencia de un Estado que vive en la Unión Europea, desde la responsabilidad de un Gobierno que debe buscar el consenso y la unidad, desde la generosidad de un país desarrollado que aún conserva intacta la memoria de la emigración y desde la eficacia de un proyecto que debe ser consciente de que la inmigración no es un problema que se pueda solucionar, sino un fenómeno que se ha de gestionar.
Los restos de ese naufragio son, entre otros, un proceso de regularización encubierto, sin normas públicas ni publicadas; la ausencia de medios para canalizar los flujos migratorios y para acoger a los inmigrantes que llegan; la escasez de dispositivos para controlar de forma eficaz las costas, que se evidencia además en el crecimiento vertiginoso de las llegadas de irregulares; los convenios que no se ponen en funcionamiento o que se hacen demasiado tarde; los menores inmigrantes que deambulan por las ciudades y que son indebidamente devueltos a sus países de origen -la expulsión y devolución es constantemente criticada por las asociaciones y por las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos debido a su falta de garantías-; la lentitud a la hora de anticiparse a sucesos que son previsibles o las respuestas tibias frente a manifestaciones de claros tintes xenófobos.
Frente a un panorama tan desolador se puede tener la tentación de presentar una serie de medidas, algunas concretas y otras no tanto, que vendrían sólo a remediar en parte la situación, pero que no cooperarían a lo que en esencia habría de ser la intención de todos los grupos de esta Cámara, que en nuestra opinión debería ser construir un consenso político que sea útil para afrontar el fenómeno con un talante y con una visión más ambiciosa, más coordinada y más global. Por eso quizás haya llegado el momento de huir de las medidas que a estas alturas ya no pueden resolver nada o casi nada, de relegar los postulados meramente declarativos o de cumplimiento imposible y de promover desde el diálogo parlamentario medidas políticas que alcancen a sentar las bases de un gran acuerdo de Estado sobre inmigración. La propuesta, señorías, no es nueva, los socialistas la venimos reiterando desde hace más de un año, pero quizás a fuerza de repetirla también se ha podido comprobar que se ha convertido en un clamor social.
Quienes consideran el fenómeno migratorio como uno de los más importantes desafíos a los que se está enfrentando la sociedad europea, y por tanto también la española, entienden que se debe hacer desde una estrategia que aúne voluntades, asocie medios y reúna mayorías y minorías sociales y políticas en la consecución de un proyecto; un proyecto en cuya esencia todos o casi todos debemos encontrarnos. Por eso consideramos necesario en este momento avanzar en la consecución de este objetivo, al margen de los intentos y caminos que se abran en otros planos y en otros escenarios.
Las medidas que aquí presentamos no son nuevas en lo sustancial, y alguien puede tener la desafortunada tentación de acusarnos de ello, pero no por repetirlas son menos válidas, máxime cuando las carencias son tan grandes y la distancia entre lo que debería ser y lo que es resulta tan abismal. Exponiendo estas medidas, queremos compartirlas porque pretendemos que los demás grupos se hagan -aunque en el fondo ya lo sean- partícipes públicos y políticos de las mismas, para que no sean patrimonio de nadie, sino fruto de la reflexión que la experiencia del tiempo pasado y de los sucesos ocurridos nos ha proporcionado a todos. Que nuestra política migratoria debe insertarse en las líneas que se están construyendo en la Unión Europea es algo evidente, pero precisamente porque compartimos esa intención, porque pensamos que la política migratoria en el futuro o será comunitaria o simplemente estará abocada al fracaso, es nuestra obligación política expresarlo así. Queremos persuadir a las organizaciones no gubernamentales, a los movimientos sociales y a las asociaciones de inmigrantes de que nos acompañen en este camino, porque con ello también estaremoscooperando a ampliar la legitimidad de estas políticas.


Página 4973


Una parte importante de los fracasos se centra en la ambición y buenas intenciones de los fines y objetivos declarados y en la escasez de los medios de los que disponen las distintas administraciones para su consecución. Es la eterna discusión que, en política, aleja lo posible de lo deseable. No obstante, en el Estado de las autonomías, de las transferencias y de la descentralización de políticas sociales, proponemos una solución que no implica un aumento de costes, sino la utilización más cercana y racional de los medios que ya existen. En general, creemos que haciendo esfuerzos económicos modestos pero reales podemos conseguir que las políticas que diseñemos y compartamos no se conviertan en mera declaración de intenciones.
La política migratoria de España precisa de forma urgente de grandes dosis de diálogo. Dosis de diálogo en torno a una realidad tangible, que huya de lo imposible para convertirse en un catálogo de objetivos posibles a los que deben acompañar políticas y medidas que también lo sean. Ese posibilismo, como nos recuerda el escritor Mario Muchnik, está con frecuencia muy cercano a la justicia.
Señorías, tenemos el convencimiento de que lo que presenta el Grupo Socialista, lo que hoy proponemos, es realizable. Si esta enmienda fuera valorada debidamente por Izquierda Unida y la proposición aprobada, pediríamos al Gobierno que, en un tiempo razonable, diera cuenta de sus realizaciones para que las declaraciones se prueben con los hechos. Mientras tanto, es necesario seguir avanzando en un diálogo con el que se puedan dar pasos importantes en poco tiempo.
Hasta ahora, ese diálogo ha estado lastrado por posturas teóricamente irreconciliables que, en ocasiones, deberían imputarse más a los talantes y a las formas que a los contenidos y convicciones.
Consideramos que esta iniciativa podría ser un paso para profundizar y concretar ese diálogo sobre política migratoria. Tenemos la certeza de que, sin él, no será posible afrontar, en términos de corresponsabilidad, los desafíos que nos plantean las migraciones.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Rumí. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, mi grupo quiere felicitar al Grupo Federal de Izquierda Unida por esta proposición no de ley sobre política de inmigración. Sin ella, en este primer Pleno ordinario del período de sesiones hubiera parecido que lo que ocurre en el país y preocupa a los ciudadanos -algún sondeo de opinión habla ya de primera preocupación- no entra en la agenda del Congreso.


Ha sido éste, en efecto -y así se ha dicho-, un verano muy caliente en esta materia; baste la cifra, de fuentes policiales, de un 30 por ciento más de fallecidos en el mes de agosto intentando llegar a las costas españolas. Mientras, en ese mismo mes, el Gobierno parecía desaparecido. No a todos los efectos -de algunas cuestiones sí se hablaba-, la desaparición ha sido en inmigración o sanidad. Llegado el delegado del Gobierno a finales de mes, nos llevó otra vez al efecto llamada de la Ley 4/2000, como si quienes vienen empujados por los conflictos bélicos, por las dictaduras o en busca de una vida mejor, lo hicieran con el Boletín Oficial del Estado debajo del brazo. Queda siempre en el aire por qué la contrarreforma de la Ley 8/2000 no ha frenado, entonces, nada. Entiéndaseme, señorías, yo no voy a sostener que el Gobierno no tiene preocupación por la inmigración ni que no ha hecho cosas, y menos aún que no tiene política de inmigración; lo que sostenemos es que ésta, criticada siempre desde mi grupo, se ha evidenciado ya como profundamente inadecuada para acoger, regular e integrar, e incluso para el paso previo de planificar. Estaría bien que se preguntasen si tiene algo que ver con esto que no hayan tenido en cuenta a las demás formaciones políticas en esta cuestión, que nos hayan dejado fuera.
Esta Cámara, el Congreso de los Diputados, empezó muy bien: la subcomisión del año 1997 fue votada por todas las formaciones políticas. De la misma manera, trabajamos mucho y bien en las proposiciones de ley que culminaron en la Ley 4/2000. A partir de ahí, vino la soledad de ustedes, del grupo mayoritario, con la Ley 8/ 2000 y con el plan Greco, hasta llegar al dislate total, a ir detrás de los acontecimientos, y a este galimatías jurídico, extraordinariamente burocrático, que se ha planteado con el reglamento actual.
Apoyamos la iniciativa de Izquierda Unida. Los dos primeros puntos hacen referencia a la mencionada complejidad técnica. En mi caso, por poner un ejemplo, conociendo el idioma y sabiendo algo de derecho, con la tramitación del reglamento me vería forzada a hacer auténticas cabriolas para conseguir que me estampasen todos los sellos en Exteriores, Interior, Trabajo, Asuntos Sociales, mi comunidad autónoma y después el Ayuntamiento, a veces con viajes de ida y vuelta. ¿Por qué no la centralización de todo en las subdelegaciones, con la colaboración que haga falta de las comunidades autónomas? Nos parece también muy interesante la referencia que se hace a los inmigrantes nigerianos; aunque también hay otros, todos conocemos la reciente situación de éstos tras las informaciones que nos han sido facilitadas por el Comité Internacional de Cruz Roja, y se nos han comunicado también informes a través de la ONG Médicos sin Fronteras.
Menores e Inmigración, otro de los puntos de la proposición no de ley, requiere desde luego soluciones mucho más ambiciosas que las hasta ahora dadas, tanto

Página 4974


en lo material como también en la colaboración con todos los poderes públicos. Las reformas legislativas de exigencia de motivación, de plazo y condición dependiente de expulsión fueron ya objeto de defensa por algunas formaciones políticas criticando el contenido de la ley, pero han tenido ya, y eso nos satisface, respuesta judicial.
Ahí están las resoluciones de la jueza de Algeciras, considerando ilegal encerrar a los interceptados en pateras si no se les va a poder devolver a su país en 72 horas. Me congratulo de haberlo sostenido así mientras la ley se tramitaba.
Los tratados de reciprocidad y los acuerdos bilaterales, a los que también se hace mención, deben desde luego ser promovidos y, sobre todo, explicados, sin subterfugio y sin autobombo, no vaya luego a ocurrir que la hermandad o la fraternidad con determinados países terminen como la reciente situación en torno a las relaciones con Marruecos. La incidencia en el fenómeno migratorio a través de la cooperación al desarrollo debe ser también algo más que palabras. La comunidad autónoma vasca ya está en la dedicación del 0,7 y, por cierto, esta área va a ser gestionada ahora desde Ezker Batua y estamos seguros de que recibirá una magnífica gestión, como la efectuada con anterioridad.
Lo he dicho ya en otras ocasiones, pero vuelvo a repetirlo ahora en el Pleno de la Cámara, estos aspectos de desigualdad, estos aspectos que evidencia la materia de inmigración, son también globalización, y a mi formación política, siendo partidaria del progreso, le cuesta admitir que este proceso se vaya a producir admitiendo o transigiendo con que en él tiene que haber de entrada perdedores natos. Repito, cabría hacer mejoras técnicas a la iniciativa que se presenta, pero mi grupo ha renunciado a presentar enmiendas, teniendo en cuenta que finalmente suele acabarse con transacciones en las que se dice que el Gobierno siga haciendo lo que ya viene haciendo y como lo viene haciendo. Esto no nos parece serio, señorías, estos debates son estériles, y lo que nosotros pretendemos es adoptar una postura crítica, como crítica es la proposición no de ley que presenta Izquierda Unida, pero lo hacemos desde luego con talante positivo, que es el que nos caracteriza. Nos gustaría que lleve al Gobierno a enderezar o a cambiar. Esperemos, sobre todo, que este debate no pase a engrosar el número de los tenidos en esta Cámara que jamás tienen respuesta.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señor presidente.
Señorías, efectivamente abordamos el inicio de este periodo de sesiones con un nuevo debate alrededor de la realidad de la inmigración en el Estado español y, como siempre, después de un verano lleno de dramatismo -quizá más este último- y acompañado de un conflicto político abierto con el Gobierno de Marruecos. Desde ese punto de vista, es evidente que la iniciativa de Izquierda Unida es oportuna. Lógicamente, nosotros podríamos coincidir con determinados puntos de esa iniciativa, pero no con su contenido global. Por tanto, votaremos en contra de la proposición no de ley de Izquierda Unida.
Señor presidente, aprovechamos este turno para evidenciar, desde la perspectiva de Convergència i Unió, seis o siete consideraciones que nos parecen importantes en este inicio del curso político. Algunas de ellas, como no podía ser de otra manera, son coincidentes con lo manifestado por otros portavoces. En primer lugar, vemos la necesidad de recuperar el consenso político y social alrededor de la cuestión migratoria. Nuestro grupo defendió esta idea en la tramitación parlamentaria de la Ley 4/2000, así como en la reforma que expuso el nuevo Ejecutivo a partir de las últimas elecciones generales. Es evidente que este es un fracaso colectivo de todos los grupos políticos. Hemos sido incapaces de articular de nuevo un consenso en esta materia. Y hoy, a pesar de la legislación aprobada, hay que continuar haciendo esfuerzos para situar la cuestión migratoria fuera de la lógica partidista, fuera de la lógica electoral.
Segunda consideración. Hoy el gran debate en España en materia de inmigración es qué políticas concretas desarrollamos en acogida y de integración de las personas emigrantes; de acogida, porque no existen operativos potentes desde las Administraciones públicas para recibir a las personas que llegan a Canarias, a las plazas de Andalucía, a mi país, a Cataluña. Sobre políticas concretas en materia de integración, nosotros criticamos que el plan Greco tuviese un contenido presupuestario y específico. Nos alegramos de que posteriormente el ministro Rajoy concretase unas cifras, y vamos a plantear en la próxima discusión presupuestaria la necesidad de llenar de contenido estas políticas de emigración: las relacionadas con la gestión de los flujos migratorios, con los procesos de acogida y con los procesos de integración. Y en este punto, las comunidades autónomas y las corporaciones locales deben tener instrumentos para llenar de contenido, de verdad, el concepto de integración social.
Tercera cuestión. Debemos priorizar en nuestra política exterior nuestras relaciones con los países de donde provienen los flujos migratorios, y piedra de toque de nuestra política de inmigración va a ser la relación con Marruecos. Es inimaginable creer que vamos a gestionar este fenómeno desde la confrontación con el Reino de Marruecos. Hay que exigir a Marruecos sus responsabilidades -faltaría más- pero debemos convertir de verdad las relaciones con Marruecos como una prioridad no ya del Estado español, sino de la propia Unión Europea. El fracaso del proceso de Barcelona, el fracaso

Página 4975


del programa Meda son cuestiones que deben de ser prioritarias en la actuación de la política española, porque son las que nos podrían permitir plantear una racionalidad, que no existe, en la gestión de los flujos migratorios provenientes de nuestro vecino, de ese Reino que está a 14 kilómetros de las costas de Andalucía.
Cuarta consideración. Debemos ser capaces de establecer una colaboración interinstitucional desde la lealtad más estricta. El Gobierno debe entender que la implicación de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales en la gestión inteligente de este fenómeno es fundamental. Existen previsiones, contempladas tanto en la Ley 4/2000 como en la 8/2000, que deben de ser desarrolladas desde la implicación del conjunto de las administraciones en esta consideración.
Quinta consideración. Desde finales del año 2000 el Gobierno va a tener que concretar su propuesta de contingente. Vamos a ver cómo somos capaces, de verdad, de convertir este contingente en un instrumento, que hasta ahora no ha funcionado, de gestión de los flujos migratorios de carácter laboral. Y debemos avanzar hacia un concepto: la mejor manera de controlar los flujos migratorios es desde la existencia de una frontera flexible. La frontera rígida, que quizá es la filosofía que durante demasiados años nos ha acompañado al conjunto de los europeos, es el mayor incentivo a la inmigración irregular. Recordemos que, por ejemplo, en España antes de 1991, cuando los ciudadanos marroquíes no tenían necesidad de utilizar visado para entrar en nuestro país, el número de inmigrantes irregulares era extremadamente inferior. Entrar y salir con facilidad en el Estado español puede hacer más digerible ese control flexible de nuestras fronteras. Ahí tenemos un gran reto.
Sexta consideración. Hemos de dejar de centrar el debate público y político fundamentalmente alrededor de la inmigración irregular. La inmigración irregular es una característica fundamental de las migraciones nacionales a principios de siglo, pero no es la realidad mayoritaria. Hoy la inmensa mayoría de las familias inmigrantes participan, con dificultades si quieren ustedes, de la vida colectiva: en los problemas de la educación, de la sanidad, de los servicios sociales, de la vivienda, del conocimiento de sus lenguas y sus culturas... Ahí es donde deberíamos de ser capaces de centrar el debate público, y no en esa obsesión, que quizás comparten sectores de nuestra sociedad, que no tiene soluciones a corto plazo.
Y dos últimas consideraciones, para terminar. Continuamos, no tan sólo el Estado español sino el conjunto de Europa, sin encontrar la manera de enlazar nuestras políticas de cooperación al desarrollo con nuestras políticas de inmigración. No es tan sólo un problema del 0,7, como nos plantea el señor Alcaraz -que lo es, del 0,23 o del 0,24 por ciento de nuestra cooperación de ayuda al desarrollo, política escasa de condonación de la deuda externa- sino que es más que eso. Es cómo somos capaces de enviar, por ejemplo, esas remesas de inmigrantes marroquíes hacia su país para que puedan convertirse en un elemento real de creación de economía productiva en esa sociedad; cómo somos capaces de relacionar nuestras políticas de la gestión de la deuda externa con la situación que se vive en esos países, como en Ecuador. Ahí nos falta doctrina, no tan sólo al Gobierno español o a los grupos políticos españoles, sino al conjunto de Europa, y en ella existe una necesidad de profundizar.
Una última idea. Señorías, no podemos continuar diciendo a la opinión pública que los retos y los problemas que nos supone la inmigración van a tener solución a corto plazo. Ni las leyes ni los planes ni los pactos que podamos hacer en esta Cámara y en la calle van a resolver a corto plazo tantísimas cosas como ya se han suscitado. Por tanto, quizás es hora de que desde el mundo político lancemos a la opinión pública, al conjunto de la ciudadanía mensajes que introduzcan calma, sosiego, paciencia, comprensión, tolerancia y también firmeza. Ahí está el reto colectivo que tiene planteado nuestra sociedad.
Convergència i Unió, desde su condición de tercera fuerza parlamentaria de esta Cámara, modestamente procurará contribuir a este proceso.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Campuzano.
Señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, es cierto que han sido muchos los debates que hemos tenido en esta Cámara para hablar de inmigración, porque la inmigración, que se da sin ninguna duda, es el fenómeno que más va a incidir en nuestra sociedad, que va a producir cambios más visibles en pocos años y, por lo tanto, debe ser un asunto del máximo interés; por lo menos para mi grupo parlamentario así lo es. Siempre hemos dicho que el Gobierno debía responder a esa planificación necesaria de los flujos migratorios, tenía que ordenarlos, dirigirlos, siempre sobre la base de nuestra capacidad de acogida -esa realidad de España como país de acogida nunca se puede olvidar- y también según nuestros compromisos internacionales. En esta Cámara hemos dicho en numerosas ocasiones que es responsabilidad del resto de grupos parlamentarios hacer una oposición que sea constructiva y que vaya en el sentido del compromiso y de la responsabilidad. Yo estoy convencida, señor Alcaraz, de que ese ha sido el espíritu que hoy ha marcado a Izquierda Unida para traer esa proposición no de ley y no tanto el tono de su intervención. Leyendo y releyendo su proposición no de ley, los motivos no habrán sido otros. Desde el principio le agradezco la presentación de esta proposición no de ley.


Página 4976


España debe ser consciente -nosotros al menos lo somos- del cambio tan importante que ha experimentado. Lo hemos dicho en las numerosas ocasiones que hemos debatido sobre el tema de la inmigración. Hemos pasado de ser un país de emigración a ser un país de paso y de destino para la inmigración. A esto hay que añadir que a buen seguro habrá un número muy superior de personas que quieran venir a España del que realmente pueda hacerlo. Por tanto, esa es la base de la necesidad de la regulación y de la ordenación de esos flujos migratorios. Si nosotros sugiriéramos una política, como puede ser concebida por algunos, de puertas abiertas, de no tener fronteras o de dar facilidad a todo aquel que quisiera venir, estaríamos haciendo una política poco solidaria para aquellos que de verdad puedan venir y podamos acoger y, sobre todo, quebraríamos nuestro sistema de protección social, incluso nuestro sistema de empleo, rompiendo la balanza de la oferta y la demanda, yendo en una dirección contraria al fenómeno que todos perseguimos, a la integración. Por lo tanto, señorías -déjeme decírselo, señor Alcaraz-, es difícil ver en nuestro entorno más próximo, incluso en nuestro entorno más lejano, que exista algún país gobernado por el signo político del que usted forma parte que haga una política que no vaya en este sentido. Hay pocos países, incluso gobernados por signo socialista, que hagan otra política que no vaya en este sentido. Citaba el señor Alcaraz el ejemplo de Italia. Efectivamente, dos países europeos con signo de centro derecha son los que con su legislación están dando mayores garantías a la integración. Desde el Grupo Parlamentario Popular, viendo los diez puntos de su proposición no de ley, observamos que muchas de sus iniciativas ya están recogidas en la propia legislación, en su reglamento y en el propio plan Greco que presentó el Gobierno. Usted habla de coordinación y de cooperación entre las administraciones y a nosotros nos parece importantísimo, tal como decía la señora Lasagabaster en su enmienda, dentro de las propias competencias. Yo le debo decir a la portavoz de EAJ que, efectivamente, el propio reglamento ya recoge esa particularidad cuando hace mención expresa de la labor que deben desarrollar las comunidades autónomas que tienen competencias en materia de empleo a la hora de poder designar los contingentes. Porque nosotros somos los primeros dentro del Estado en dar el papel que necesitan y que deben ejercer las comunidades autónomas. También se habla en su proposición de que tengamos una apuesta decidida por una buena gestión, una tramitación ágil. En el plan Greco fundamentalmente vienen recogidos todos los puntos, todas las actuaciones que por la Administración se van a llevar a cabo con el consiguiente incremento del número de efectivos tanto materiales como humanos. Usted habla, señor Alcaraz, citando el caso de Nigeria, de la situación que están viviendo. Tal como le decía al principio, concretamente en la ley, en su reglamento ya vienen recogidas las situaciones de arraigo y humanitarias, no solamente para las personas que vienen de Nigeria (que en algunos casos concretos puedan ser consideradas dentro del derecho de asilo), sino de cualquier otra nacionalidad que puedan acogerse a ese supuesto.
Respecto a la cuestión relativa a promover convenios que garanticen la participación electoral de los inmigrantes, el Gobierno no solamente pretende que puedan votar en las elecciones municipales, sino que apostamos por mucho más: queremos que esos países sean copartícipes y que el número de derechos que puedan adoptarse y tener los inmigrantes sea el mayor dentro de un plan de colaboración. Ahí están los convenios que se han firmado, los que están por firmarse y todos los acuerdos que se van a llevar a cabo con Ecuador, con Colombia, con Marruecos, con Polonia o con Senegal.
Usted habla en la última enmienda que presenta a su propia proposición no de ley de hacer un encuentro bilateral. Es difícil entender que usted proponga un encuentro bilateral urgente con Marruecos cuando, sin ninguna duda -y se lo digo desde aquí-, por parte del Gobierno de España se pretende la mayor colaboración con Marruecos. Usted está hablando de fechas próximas (de mañana, de la semana que viene), sin tener en cuenta cuál es la posición de Marruecos al hablar de acuerdos bilaterales. No le quepa ninguna duda de que -el propio ministro de Exteriores lo ha manifestado, y es la voz del propio Gobierno, y el embajador designado ahora en Marruecos desarrollará su labor al respecto- se harán todos los esfuerzos necesarios para que esa colaboración se materialice en un acuerdo en el momento en que ambos países estén conformes.
Señorías, si somos serios -y en este extremo es importante dar datos-, uno de los puntos importantes de su proposición son los convenios para trabajadores temporales. Fue el Gobierno del Partido Popular el que firmó y el que impulsó ese acuerdo entre sindicatos (Comisiones y UGT del Campo), COAG, empresarios, Ministerio de Trabajo y Federación Española de Municipios y Provincias. Ahí es donde se puso la base para que después se desarrollaran todos los convenios posteriores. Le voy a dar cifras, señor Alcaraz. En el año 1999 se acogieron simplemente 35 contratos de temporada para inmigrantes. En los seis primeros meses del año 2001 son más de 3.000 los contratos que se han acogido según ese convenio. Le digo una cosa: no estamos satisfechos con que sean sólo 3.000 los contratos, es una fórmula que puede funcionar y que hay que seguir potenciando y tendremos que implicar a sindicatos y a empresarios en este tipo de convenios para que funcionen, haciendo ofertas que sean dignas. Por lo tanto, al hablar de inmigración hay que hacerlo desde un plano positivo, y hay un dato que avala estos convenios de temporada, como es el que yo le he dicho. Quiero darle otro que avala la política de inmigración

Página 4977


del Gobierno. Mire usted, son casi más de seiscientos mil los afiliados actualmente a la Seguridad Social. Fíjese lo que ha cambiado en un año y medio, porque en diciembre del año 1999 eran 332.000 los afiliados a la Seguridad Social; en menos de dos años se ha duplicado la cifra de afiliados a la Seguridad Social. Si esa política de inmigración se avala con esa cifra, los más de un millón doscientos mil inmigrantes que hoy viven en nuestro país lo hacen con todas las garantías de integración, porque cuando se hace una política de empleo se está haciendo una auténtica política a favor de la inmigración. Por lo tanto, viendo esa cifra y la evolución que hemos tenido en los últimos años, no intenten dar la impresión de que España quiere tener una inmigración cero o que apuesta por un cierre de sus fronteras. Nosotros queremos un crecimiento de la inmigración acorde con las posibilidades de acogida. Es la mejor garantía de progreso que podemos dar a nuestro país y para la inmigración.
Cuando hablamos o usted habla de política de cooperación estamos totalmente de acuerdo con ese tema, pero le voy a hacer un recorrido de lo que ha sido la política de cooperación en nuestro país. Fíjense que hasta el año 1981, hace veinte años, España era un país susceptible de recibir ayuda; es más, hasta el año 1995 España era, según la OCDE, país potencialmente receptor de ayuda al desarrollo, con lo cual, el punto de partida de nuestro país es difícilmente comparable al de otros países de nuestro entorno. Y quiero añadir otro dato. Actualmente España está en el puesto duodécimo del mundo como contribuyente neto de ayuda al desarrollo. Yo no le oculto, y seguro que ustedes lo saben, que si políticas anteriores se hubieran hecho de otra manera hoy podríamos estar hablando de otro modo. Pero estamos donde estamos y desde el año 1996 hemos hecho un esfuerzo muy importante desde el Partido Popular para incrementar esta ayuda al desarrollo. Dentro de esta legislatura es compromiso del Gobierno del Partido Popular alcanzar en el 2004 más de trescientos mil millones en ayuda al desarrollo. España ha experimentado una etapa de crecimiento económico, de transformación estructural que nos obliga a una mayor responsabilidad. Y, eso, que yo creo que es importante, nos ha llevado a invertir desde el año 1996 deuda externa en desarrollo y apostar por políticas que vayan en ese sentido. Por ello, señor Alcaraz -y con esto termino mi intervención-, le decía al principio que agradezco la presentación de su proposición. No compartimos algunas de las cuestiones que usted plantea, pero muchas de las actuaciones que usted daba a conocer en su proposición no de ley ya se están llevando a cabo por el Gobierno. En cualquier caso, y aunque no compartamos la visión que tenemos sobre la inmigración, estoy convencida de que el tono de este debate será positivo y tendremos oportunidad de demostrarlo en numerosas ocasiones.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Muñoz.
(Aplausos) Señor Alcaraz, en su intervención ya aceptó las enmiendas del Grupo Mixto y rechazaba la enmienda del Grupo Socialista. ¿Es así?

El señor ALCARAZ MASATS: Sí, señor presidente. Aceptamos las enmiendas provenientes de los distintos partidos del Grupo Mixto (EA y Partido Andalucista) y no podemos aceptar la del PSOE porque sustituye aspectos fundamentales de nuestra política.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Alcaraz.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida sobre política de inmigración.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 263; a favor, ocho; en contra, 251; abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada dicha proposición.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE POLÍTICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA A FRENAR Y REDUCIR EL PRECIO DE LA VIVIENDA EN GENERAL E INCREMENTAR LA PROMOCIÓN PÚBLICA DE LA VIVIENDA EN PARTICULAR. (Número de expediente 173/000075.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Vamos a proceder al debate de la moción, consecuencia de la interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de la vivienda en general e incrementar la promoción pública de la vivienda en particular.
Tiene la palabra la señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Señorías, esta moción viene como consecuencia de una interpelación que se produjo antes de las vacaciones del verano, pero no por ello ha perdido actualidad, no por ello ha dejado de ser uno de los problemas más importantes que tiene nuestra ciudadanía, como es el problema de la vivienda. Le decíamos al ministro de

Página 4978


Fomento en la interpelación que considerábamos que la política de vivienda del Ministerio de Fomento del Gobierno del Partido Popular había fracasado totalmente y había conducido a un aumento paulatino de la vivienda. Además, se había renunciado a potenciar, a impulsar la vivienda pública y se había dejado en manos de los constructores o de las constructoras y de las inmobiliarias lo que era el mercado de la vivienda. Por tanto, nos encontrábamos ante una situación económica, con la bajada de los tipos de interés, que había permitido el acceso de determinados sectores de la población a una vivienda pero seguíamos teniendo grandes sectores de la ciudadanía con imposibilidades reales para poder acceder a una vivienda digna.
Señorías, el ministro nos decía que quería ver nuestras propuestas.
Pues bien, aquí están. Son propuestas que en algunos casos son consecuencia de nuestra política, de lo que consideramos debería ser la política de vivienda y otras que empiezan a ser también, si quieren ustedes, más novedosas. Por tanto creemos -y entro en el grueso de la moción- que sería necesario no solamente incentivar, como planteamos en la moción, la construcción de viviendas, dando una cifra aproximada en cuanto a la construcción de viviendas de protección oficial, o tener un parque de viviendas públicas en alquiler destinadas fundamentalmente a las rentas más bajas y al sector de la población que se pueda ver excluido del mercado de la vivienda y que tiene grandes dificultades para poder acceder a ella, sino que es importante, y así lo dice el punto 1.1 de nuestra moción, que haya un cambio en la estructura del gasto público, de manera que se equipare al resto de los Estados de la Unión Europea. No estamos hablando, señorías, de inventar nada; estamos hablando de propuestas y de políticas que ya se están aplicando en otros países de nuestro entorno en la Unión Europea. Nosotros pretendemos con el punto 1.1 que las deducciones en el IRPF por adquisición de vivienda sean más subsidiarias, si quieren ustedes, y tengan menos peso en el ahorro de las familias en cuanto a vivienda y que se vaya más hacia una política de subvenciones directas, bien a la entrada, por decirlo de alguna forma, para la adquisición de la primera vivienda o bien a unos subsidios mucho más claros en los tipos de interés. Es decir, consideramos que el mayor gasto se debe hacer directamente, con subvenciones a fondo perdido bien en la entrada o bien en la reducción o subsidios a los tipos de interés, y que tengan mucho menos peso las deducciones en IRPF. Y esto por algo muy lógico, señorías: hay muchas familias en nuestro país que no tienen la obligación de hacer la declaración de la renta y que incluso no tienen recursos suficientes ni tan siquiera para poder desgravarse lo que les podría suponer la adquisición de una vivienda en una declaración del IRPF.
Respecto al punto 1.2, señorías, creemos que es necesario -y eso lo hemos discutido aquí en determinadas ocasiones- fomentar los patrimonios públicos del suelo. Señorías, hemos discutido sobre modificaciones legislativas en cuanto a suelo, intentando -o así decía el Gobierno- favorecer la bajada de los precios del suelo y, por lo tanto, que éste repercutiera en el precio de las viviendas. Se ha demostrado que no han servido para el objetivo que se planteaba, sí para otros objetivos que desde luego a nosotros no nos parecen los más adecuados para favorecer la política de vivienda, y consideramos imprescindible que se creen estos patrimonios públicos de suelo, como también un sistema de regulación del precio de mercado. Señorías, nosotros no renunciamos a que en una política que va destinada a la población, que además es un derecho fundamental recogido en nuestra Constitución, el Estado deba y pueda intervenir. Eso no quiere decir que el Estado o el Gobierno o las administraciones se vayan a convertir por ello en inmobiliarias o se vayan a dedicar a otro tipo de actuaciones que corresponden al sector privado. Y esto, que se generaría con los patrimonios públicos del suelo, debe estar destinado a determinados sectores a los que hay que beneficiar o favorecer para que puedan acceder a determinados tipos de vivienda.
Pueden ser estudiantes que se vean favorecidos por unos alquileres más baratos y que además les permitan residir en las zonas donde estén estudiando de una manera digna, que no sea onerosa ni para ellos ni para sus familias, y también creemos que, como ejemplo, podría favorecer a sectores con ingresos muy modestos y que podría asimilarse a la situación de cualquier familia con ingresos superiores. Creemos que esto se debe asimilar también al alquiler público de viviendas. Por lo tanto, señorías, son políticas que están concatenadas no solamente con determinados aspectos, sino también con el modelo de desarrollo que se debe llevar a cabo para favorecer que la vivienda esté a disposición de los ciudadanos y de las ciudadanas, y que no sea el mercado de la vivienda el que marque quién puede y quién no puede acceder a una vivienda digna.
Constatamos, señorías, que una política de vivienda de alquiler pública es lo que se está haciendo en otros Estados de la Unión Europea, y creemos que con éxito, y eso está favoreciendo la posibilidad de que los ciudadanos puedan acceder a viviendas dignas.
Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Para la defensa de las enmiendas presentadas a la moción consecuencia de la interpelación urgente, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
La actual política de vivienda, cuya acción es realmente débil, como se advierte en la exposición de motivos de la moción de Izquierda Unida, se centra en apoyar

Página 4979


con fondos públicos la promoción de viviendas de nueva construcción. Así, surgen nuevas urbanizaciones y núcleos de población que generan desajustes desde un punto de vista de la estructuración racional del territorio, mientras antiguas localidades y zonas residenciales ven mermada su población y abandonadas multitud de viviendas.
El objetivo de estas dos enmiendas del Bloque Nacionalista Galego es reforzar los mecanismos en el Plan de vivienda destinados a fomentar la rehabilitación de viviendas usadas destinadas a primera residencia habitual. Se ofrece una solución al deficiente uso de viviendas ya construidas pues se incentiva la rehabilitación de las mismas para que su uso como residencia habitual siga siendo efectivo. Por eso pedimos y partimos del hecho de que como criterio general debe priorizarse la rehabilitación de viviendas usadas frente a la nueva construcción, sobre todo en los núcleos históricos de ciudades y pueblos. Contribuiremos de esta forma a que la despoblación de zonas del territorio del Estado español no sea tan alarmante como es el caso de zonas del interior de Galicia.
La segunda enmienda es complementaria de la primera. Hoy, la superficie máxima regulada para que las viviendas puedan ser declaradas protegidas está cifrada en función del estándar de las viviendas construidas en la actualidad, en detrimento de aquellos pisos o viviendas unifamiliares construidos en décadas pasadas, que tienen una superficie ligeramente superior. Para fomentar la reutilización de estas viviendas mediante la oportuna rehabilitación es necesario que las mismas puedan acogerse a la categoría de viviendas protegidas y con ello ser beneficiarias de fondos públicos.
Por tanto, pensamos que debe establecerse una norma más flexible en cuanto a superficies máximas autorizadas para los supuestos de rehabilitación que permita que un mayor número de viviendas usadas, que van a convertirse en primera residencia, merezcan su inclusión en el Plan de viviendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Gracias, señor presidente.


Las enmiendas que presentamos los andalucistas a esta moción, en la que coincidimos con el fondo -la ineficacia de los planes de vivienda que se han desarrollo en los últimos años, los desajustes con la realidad del mercado, la injusticia que supone el no acceso a la vivienda de las rentas más desfavorecidas-, se centran en unos pocos puntos. El primero es que los planes de vivienda deberían tener un estudio del dimensionamiento real de la vivienda en España en función de los niveles de renta -estamos hablando de la vivienda para los más desfavorecidos- y no tanto en hacer el número de viviendas que seamos capaces sino definir cuántas necesitamos y en cuantos años podemos acabar con la infravivienda o con el déficit de vivienda en España.
La segunda hace relación a establecer mejores segmentos para que puedan acceder a la vivienda los sectores más desfavorecidos. No es posible establecer una raya económica de nivel de renta a partir de la cual el que gane una peseta menos tiene derecho a vivienda, el que gane una peseta más no tiene derecho a vivienda; es necesario establecer escalones para acceso a este tipo de vivienda. Y en último lugar, hacer constar la necesidad de la eliminación de la infravivienda, y nos referimos no sólo al chabolismo, fenómeno todavía real y lacra en nuestras grandes ciudades, sino al conjunto de infraviviendas que están en malas condiciones de seguridad, de equipamiento, etcétera y que hay que abordar.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Respecto de la moción que se nos presenta, daremos nuestro voto positivo. Lo entendemos así porque compartimos el diagnóstico que se ha realizado en la moción con relación a la política de la Administración central en materia de vivienda. Es verdad que hay una fortísima acumulación de necesidades, especialmente en la población joven y en los núcleos más urbanos; que hay grandes desajustes entre la capacidad adquisitiva de la población que pretende acceder a una primera vivienda y los precios que imperan en el mercado, con las consecuencias, sobre las que podríamos hablar largo y tendido, que todo ello conlleva. Pero creo que en política el mejor voto es hacer lo que propugnamos y en este caso desde Eusko Alkartasuna, como responsables del departamento de Vivienda del Gobierno vasco, hemos impulsado gran parte de las medidas que se están proponiendo por parte de Izquierda Unida en esta cuestión. Tres datos simplemente: en el aspecto de medidas de vivienda y de suelo, por decirlo gráficamente, en actuaciones por mil habitantes, por ejemplo, mientras que en la Comunidad Autónoma del País Vasco se han invertido 29,3 millones de pesetas en España se han invertido 11,3 millones de pesetas, dato francamente relevante, por no citar que en la cuota de mercado de vivienda protegida en la Comunidad Autónoma del País Vasco hablamos del 19 por ciento mientras que en la política de la Administración central hablamos del 9 por ciento; o citar que la ratio de vivienda protegida por mil habitantes es de 1,7 en Euskadi y en España es 1.
No trato de hacer un partido a ver cuál está mejor sino simplemente tratar de visualizar que nuestro apoyo

Página 4980


a estas medidas no es simplemente pura cuestión de formalismo sino que son las que estamos haciendo desde hace muchos años, y porque creemos que las políticas de la Administración tienen que ser tendentes a favorecer, a intervenir, en una economía libre de mercado, pero tienen muchas posibilidades y muchas oportunidades para mejorar un problema que existe y que está ahí.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.
Señora Miralles.


La señora MIRALLES I GUASCH: Gracias, señor presidente.
Señorías, frente a un volumen de producción de viviendas desconocido por su abundancia y frente a un mercado en plena expansión, la política de vivienda elaborada por el Gobierno del Partido Popular es un fracaso, y un fracaso reconocido por casi todos los grupos políticos y por toda la sociedad. Pero, además, es un doble fracaso.
El primer fracaso se refiere a las condiciones, ya que en el mundo de la vivienda no es suficiente con asegurar la cantidad producida, sino que hace falta además que lo que se produce se localice en los lugares más próximos a la demanda y, además, que se ajuste a las condiciones que tenga esta demanda.
El mercado de la vivienda ha tenido ocasión de demostrar en estos años si era capaz o no, por sus propios medios, de simultanear los objetivos de eficiencia, suficiencia y equidad. Y ha tenido ocasión de demostrarlo porque la política de vivienda, a lo largo de la segunda mitad del siglo XX, nunca había sido tan inexistente. Nunca, en los últimos 50 años, la política de vivienda en España había alcanzado el nivel de fracaso actual. Pero no es el mercado el que está fracasando en logros que nada tienen que ver con las necesidades primarias de alojamiento, como la inversión a largo plazo o la provisión de vivienda para fines no de primera necesidad, el fracaso está en el número creciente de personas, de españoles que necesitan una vivienda para constituir un hogar, pero no pueden acceder al mercado a causa de su precio. Y esto, claro está, tiene que entenderse como un fracaso, un fracaso, pues, por las exclusiones y por las condiciones. Esta dinámica fracasada se percibe aún más claramente cuando hablamos específicamente de vivienda de alquiler, porque este fracaso incluye no sólo los colectivos que no pueden pagar una hipoteca, sino que incluye también al buen funcionamiento de nuestra economía, y especialmente al mercado de trabajo.
Existen dos tipos de vivienda de alquiler cuya situación y papel dentro de la sociedad es muy distinto, a pesar de tener la misma relación contractual entre el usuario y el propietario. En primer lugar, la vivienda de alquiler de precio libre. Es muy importante tener un parque de vivienda de alquiler libre suficiente para que se pueda asegurar la movilidad laboral. Un profesor de economía de una universidad de Gran Bretaña ha hecho un trabajo comparativo entre porcentaje de paro y el parque de vivienda de alquiler. En países como Suiza u Holanda, donde más del 30 por ciento de su población vive en régimen de alquiler, tienen el 1 y el 2 por ciento de paro respectivamente. El autor, frente a esta situación, pone a España como ejemplo en el extremo contrario: en un país donde más del 85 por ciento de la población vive en régimen de propiedad, el paro alcanza el 13 por ciento. Prosperidad económica y un amplio parque de vivienda de alquiler suelen ir juntos, ya que un parque de vivienda con un porcentaje de alquiler suficiente permite más flexibilidad al mercado laboral y no frena la movilidad laboral. Pero, además, el mercado de la vivienda de alquiler juega un papel fundamental en los colectivos que no pueden acceder a una hipoteca: jóvenes, familias monoparentales, personas con trabajos precarios, etcétera. Para estos colectivos, no es suficiente la existencia de un parque de viviendas de alquiler, sino que además requiere unos precios asequibles a sus ingresos. Por lo tanto, es también imprescindible un parque de viviendas con precios protegidos, una oferta que se ajuste a la demanda, señorías, como una de las prioridades de cualquier política de vivienda. Pero incluso esto no es suficiente, porque en la vivienda no sólo es necesaria la oferta y una oferta asequible, sino que además requiere una localización adecuada. ¿De qué nos sirve tener una vivienda a precio asequible si no se encuentra allí donde existe la demanda? Por eso nuestro grupo propone dos enmiendas: una, de ayuda directa a la población que demanda alquilar viviendas y la otra propone que sea en las grandes ciudades...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, tiene la palabra el señor Ortiz.


El señor ORTIZ GONZÁLEZ: Señor presidente, señorías, ateniéndome al plazo inexorable de los cinco minutos, algo que a mí me resulta difícil, quisiera de forma simultánea fijar posición y hacer una brevísima defensa de la enmienda que presenta mi grupo a esta moción de Izquierda Unida, que es prácticamente una reproducción de otra que data del 30 de mayo.
La señora Urán ha reiterado en su intervención algunos extremos de su interpelación y ha hecho afirmaciones tan radicales y tan fundamentalistas, si me permite decírselo, en la línea característica de radicalismo y maximalismo de Izquierda Unida, como que hay inhibición del Gobierno, dejación de funciones, y la portavoz socialista ha hablado de fracaso. Pues bien, a todo esto me propongo responder sucintamente.


Página 4981


El día que se debatió la interpelación el señor ministro aclaró suficientemente que no hay un mercado de vivienda en términos generales, sino que al menos hay dos, el de la vivienda de protección oficial y el de la vivienda libre, y por tanto dos precios distintos.
Y subrayó cómo la vivienda de protección oficial ha estado prácticamente congelada hasta hace poco, por un decreto de este año, en que a instancias de las comunidades autónomas y del sector privado se han revisado los llamados precios máximos, antes los viejos módulos. Y luego está la vivienda libre, donde ciertamente hay que reconocer que se han producido incrementos que han llegado hasta el 16 por ciento en el primer trimestre de este año. Consiguientemente, hay un hecho cierto y es el crecimiento de los precios de la vivienda libre no obstante el mantenimiento de la demanda, porque no podemos olvidar que sólo en el año 2000 se ha iniciado la construcción de casi 550.000 viviendas libres, para las cuales ha habido demanda, lo que, evidentemente, es fruto de la evolución económica, claramente favorable, y de la evolución del paro.
Decía el señor ministro que el problema básico era el suelo, factor fundamental del encarecimiento. Pues bien, en este ámbito el Gobierno ha hecho todo lo que está en su mano dentro de su marco de competencias: la Ley de 1998 y el Decreto de 23 de junio del año pasado, aún en trámite, ello no obstante los recursos de inconstitucionalidad presentados por algunos grupos. No me resisto en este punto de la inconstitucionalidad a destacar algo que naturalmente los protagonistas no han hecho, y cuando digo los protagonistas me refiero al Grupo Socialista, al de Izquierda Unida y a algún miembro del Grupo Mixto, que recurrieron la Ley de 1998. Una reciente sentencia de 11 de junio de este año -es justo subrayarlo- reitera la plena validez de la Ley de 1998 y deroga por insconstitucionalidad un artículo y medio, medio artículo 16 y el artículo 38. Por tanto, creo que es bueno resaltar que la constitucionalidad de la Ley de 1998 ha sido claramente establecida por el Tribunal Constitucional.
Entrando en la moción, me gustaría referirme rápidamente a todos y cada uno de los puntos. Nuestra enmienda tiene un propósito de texto alternativo. Con ello quiero decir que es una moción construida sobre datos, datos que, salvo en el tema del encarecimiento del precio de la vivienda libre, no son reales. Hay demanda de viviendas, 550.000; hay baja el precio de los créditos hipotecarios y hay una mejora del esfuerzo económico familiar, como subrayó el señor ministro. Y en segundo lugar no es cierto que el Gobierno se haya inhibido o haya hecho dejación de funciones. Antes al contrario, a través del Plan de vivienda, al que contribuyen importantes recursos presupuestarios, financieros y crediticios, se está abordando la problemática de la vivienda, pero en el marco de sus competencias constitucionales. Este argumento lo dijo el ministro y yo lo reitero ahora.


La política de vivienda, de suelo y de urbanismo es competencia de las comunidades autónomas, en otro orden de cosas, de los ayuntamientos. El Gobierno en este marco hace una política de fomento. Es decir, una política de poner a disposición de las comunidades autónomas y del sector privado recursos financieros para actuaciones de carácter protegido. Los auténticos protagonistas son, con independencia del sector privado, las comunidades autónomas y los ayuntamientos. En este orden de cosas, el Gobierno ha modificado recientemente el actual Plan de vivienda y ha anunciado la elaboración de un nuevo Plan 2002...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Ortiz.
¿Desea el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) fijar su posición? (Asentimiento.) Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señor Presidente.


Con respecto a esta moción nuestro grupo cree que facilitar el acceso a una vivienda digna, sea en régimen de propiedad o en régimen de alquiler, a importantes sectores de nuestra sociedad como jóvenes, familias con bajos ingresos o ingresos irregulares, gente mayor, es un objetivo deseable que debería de ser una prioridad para la totalidad de las administraciones implicadas, así como para todas las fuerzas políticas. La dificultad de acceso a las viviendas es uno de los problemas más graves con los que se encuentran aquellos colectivos.
En los últimos años se han producido hechos que han contribuido de manera importante a facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos y ciudadanas de nuestro país; entre ellos podemos considerar la importante reducción de los tipos de interés con la notable baja de los tipos hipotecarios, un importante proceso de creación de empleo, incluido empleo estable, y una reforma del IRPF que ha supuesto mayores posibilidades de deducción para las familias con ingresos medios que acceden a la titularidad de una vivienda.
Pero a pesar de ser cierto que se han adoptado medidas que claramente han contribuido a facilitar el acceso a los ciudadanos a la vivienda, no es menos cierto que los precios de los pisos no han parado de crecer. Además, a pesar de la reforma de la LAU, el mercado de alquiler de pisos continua sin despegar. En este sentido he de recordar una proposición no de ley de nuestro grupo parlamentario, aprobada recientemente, en la que se solicitaba del Gobierno la introducción de medidas de fomento del mercado de alquiler de viviendas.
Consideramos adecuada, de todas maneras, la preocupación del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida por estos aspectos y, sin embargo, nosotros disentimos respecto a las principales propuestas

Página 4982


que contempla la moción. Nos separan las concepciones de distintos modelos de sociedad. La moción reclama mayores dotaciones presupuestarias del Estado para destinarlas a políticas de promoción pública de vivienda. Nuestro grupo considera que esta medida debería quedar resuelta en el nuevo plan de la vivienda, un nuevo plan que debería de ser realista, ágil, efectivo en su puesta en marcha y en su funcionamiento.
Por otra parte, no coincidimos en absoluto con la propuesta de cogestión. La distribución competencial contemplada en la Constitución española y en los estatutos de autonomía debe ser respetada y, por tanto, las comunidades autónomas deben disponer de todos los mecanismos necesarios para articular la política del suelo y la política urbanística en su territorio, al igual que los ayuntamientos y otros entes locales deben ejercer las competencias que tienen asignadas. Puede y debe existir colaboración pero nunca cogestión.
Nuestro grupo disiente de la propuesta de reforma de los incentivos de la vivienda previstos en la actual Ley del IRPF, muy al contrario, consideramos que la reforma de 1998 es suficiente y no es necesario efectuar una reforma de la misma en el sentido que propone la moción.
En fin, nuestro grupo no puede apoyar la moción por los esquemas que en general he explicado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sedó.
Señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señor presidente.


Nuestro grupo parlamentario va a aceptar las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tanto la firmada por el señor Rodríguez Sánchez, como la segunda enmienda de adición firmada por el señor Núñez Castain. Señorías, no podemos aceptar la primera enmienda de adición considerando que queda subsumida en el punto 1.6 de nuestra propia moción. También aceptamos, señor presidente, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista que vienen a matizar y complementar la iniciativa que hemos presentado. Desde luego, no podemos aceptar la enmienda que nos ha planteado el Grupo Parlamentario Popular porque nuestra moción no es una declaración de intenciones, sino que son políticas alternativas a la misma.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Urán.
Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre política del Gobierno dirigida a frenar y reducir el precio de la vivienda en general e incrementar la promoción pública de la vivienda en particular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 281; a favor, 106; en contra, 170; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada dicha moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, PARA QUE EL GOBIERNO INFORME EN MATERIA DE FORMACIÓN PROFESIONAL Y ESTABLEZCA LAS MEDIDAS Y PLANES PREVISTOS PARA CORREGIR LAS GRAVES DISFUNCIONES DEL SISTEMA. (Número de expediente 173/000076.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Pasamos al debate de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Gobierno informe en materia de formación profesional y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves disfunciones del sistema.
Para su defensa, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en materia de formación profesional, que es de lo que trata la moción que ahora analizamos, nuestro país vive una gran paradoja.
La formación profesional ubica a sus alumnos en el mercado laboral con un enorme éxito; prácticamente el cien por cien de los alumnos que proceden de la formación profesional se colocan rápido y bien.
(La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la Presidencia.) La formación profesional ha adquirido en los últimos tiempos en todo el mundo, sobre todo en Europa, una enorme importancia, en un debate que prácticamente califica a los países en función del esfuerzo que realizan en formación profesional para determinar su empleabilidad o la competitividad de su aparato productivo. Sin embargo, curiosamente, en nuestro país la formación profesional ha sido casi siempre la gran olvidada de las reformas educativas y arrastra además un desprestigio social injusto y absurdo. Hay que tratar de responder a este reto. Además debemos tener en cuenta que en el conjunto del sistema de la formación profesional se están produciendo en este momento en España defectos, descoordinaciones, desórdenes y fraudes muy importantes. Hay que ser serios a la hora de calificar esta cuestión. El tema es importante y, sin embargo, la formación profesional en España no está bien.Ustedes llevan ya seis años gobernando, y aquí, en

Página 4983


materia de formación profesional, desgraciadamente, no se ha hecho nada. Es hora de apelar a la responsabilidad de todos porque, como diré después, la reforma implica casi una revolución cultural y no sólo una ley. Es hora de poner el dedo en la llaga y decir que la formación profesional en España reclama reformas urgentes.
La moción plantea siete grandes orientaciones. En primer lugar, pretende partir de la base de la pirámide: hacer una ley. Es urgente que España se dote con una ley de formación profesional que ordene el sistema; que permita, por ejemplo, coordinar de una vez a las diferentes autoridades administrativas en esta materia. Me consta que entre Trabajo y Educación sigue habiendo problemas -lamento que no esté el ministro en este momento- para determinar quién manda, quién planifica, quién orienta y quién dirige la política de FP en España.
La ley es, en esencia, la base y el marco regulador de una gran reforma; reforma que tiene que iniciarse por una ley -insisto- que, señor Azpiroz, no basta con anunciar, sino que también hay que hacerla bien. No olvidemos que casi todas las comunidades autónomas son en este momento competentes en formación profesional inicial o reglada y en formación profesional ocupacional. No se puede hacer una ley sin contar con las comunidades autónomas, como no se puede hacerla sin contar con los sindicatos porque ellos ejecutan luego la formación profesional continua.
Segundo: crear un observatorio nacional del empleo y de las profesiones. Estamos en un mundo en cambio; cada día decaen o desaparecen profesiones y cada día aparecen otras nuevas insospechadas el día anterior. Hay que planificar desde la prospectiva, mirando al futuro, para ver qué tipo de formación profesional hay que dar a nuestros chavales, a nuestros parados y a nuestros trabajadores en activo. En Estados Unidos, en Francia o en Alemania existe un observatorio que planifica, orienta e informa de la política de formación profesional; aquí no hay nada, y esto es lamentable.
Tercero, hay que revisar la formación ocupacional porque no funciona bien. Hay que darle calidad y hay que coordinarla desde el punto de vista interterritorial porque no está coordinada. Hay parados en Aragón que no conocen las ofertas de empleo de Cataluña; hay necesidad de informáticos en Cataluña y no se informa a los informáticos valencianos en paro. Es absurdo que esto esté así.
En cuarto lugar, hay que revisar el Forcem. Estoy de acuerdo en que los sindicatos y los empresarios tienen que participar en la formación continua, pero les voy a hacer unas cuantas preguntas que me hago a mí mismo. ¿Cuántos trabajadores se benefician hoy en España de la formación continua, a pesar de que la pagan todos ellos con sus cuotas? ¿Cuántas pymes conocen la formación continua? ¿Quién revisa la calidad de esos cursos? ¿Cuánto están cobrando sindicatos y empresarios por gestionar el visto bueno de los cursos de formación continua? Esto es un escándalo, y está ocurriendo hoy.
Quinto, hay que reevaluar el papel de la escuela. Hay una profunda infrautilización de ese inmovilizado y del capital humano que hay en nuestras escuelas de FP. La escuela tiene que estar abierta de seis de la mañana a 10 de la noche; no sólo tiene que formar a los chavales, sino también a los parados y a los trabajadores en activo; tiene que surgir una sinergia fructífera del contacto entre empresa y escuela. Esto no funciona así.
Sexto, hay que abordar el problema de la transparencia con el dinero público. El secretario general de Empleo reconoció en esta Cámara hace sólo unos meses la existencia de un alto volumen de fraude en la gestión de la formación profesional en general. No lo digo yo, el territorio español está lleno de casos conocidos. Es, pues, urgente tomar medidas para la transparencia y la eficiencia de los fondos de formación.
Termino, señorías. En definitiva, la moción pretende que haya una acción global en materia de FP. No sólo una ley, señor Azpiroz, sino una auténtica revolución cultural en el país para que todos los trabajadores y los chavales en España sepan que hay que formarse todos los días de la vida para que el país sea competitivo y aumente nuestra empleabilidad.
Esa es la moción del Partido Socialista.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Jáuregui.
Para la fijación de posiciones, en primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Mixto, la señora Lasagabaster, por un tiempo de cinco minutos.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señalamos que nos vamos a abstener en esta moción porque, aunque compartimos la necesidad de impulsar, de revitalizar la importancia de la formación profesional, como señalaba el señor Jáuregui, no estamos del todo de acuerdo en alguna de las medidas que se establecen en la misma. No voy a señalar por segunda vez lo que ha dicho el señor Jáuregui en cuanto a la importancia de la formación profesional. Estamos en la era del conocimiento, en la era del aprendizaje a lo largo de toda nuestra vida, que va a ser necesario para conseguir un mejor conocimiento y una mejor economía para todos nosotros, en definitiva, una mejor sociedad. Es verdad que esta es una cuestión clave en la que tenemos que intensificar todos nuestros esfuerzos, especialmente las administraciones. En el Estado español la formación profesional necesita cambios importantes y, sobre todo, urgentes. Estos cambios deben apoyarse en conseguir diversos objetivos, que no los voy a citar porque ya los ha señalado la propia Comisión Europea, como son, por ejemplo, incrementar el nivel de formación de base consiguiendo el equilibrio adecuado entre

Página 4984


las componentes cultural, científica y tecnológica, y entre las dimensiones teórica y práctica; conseguir la convergencia de la formación inicial y la continua, integrando lo máximo posible las ofertas de formación profesional específica o adaptar los sistemas de formación y establecer sistemas flexibles de reconocimiento de las competencias y acreditación de las mismas.
En el Gobierno vasco, donde tenemos responsabilidades en esta materia, nos hemos tomado con mucha seriedad esta cuestión y tratamos de establecer consenso entre los agentes sociales para que los objetivos de cualificación de nuestra población activa sean claves, vinculando para ello la formación profesional a las necesidades de nuestro desarrollo económico y social. Hemos establecido un conjunto de instituciones, algunas las mencionaba de otra forma el señor Jáuregui, como el Consejo Vasco de Formación Profesional, el Instituto Vasco de Cualificaciones Profesionales, la Agencia Vasca de Calidad y Evaluación o el Observatorio Vasco de Cualificaciones, así como otros muchos instrumentos que llevan a cabo esta necesidad de impulsar la formación profesional.
También creemos, y eso es importante, que la formación profesional no puede tener a nivel del Estado una homogeneidad absoluta. Es necesario reconocer que existen situaciones diferenciadas que necesitan respuestas distintas, y no debemos olvidar que las que están realmente cerca de los sectores productivos y sus necesidades son las comunidades autónomas. Es necesario buscar los acuerdos pertinentes que consigan una coordinación de la política estatal de formación profesional con la que desarrollan las comunidades autónomas. El protagonismo de las mismas creemos que debe ser prioritario e inequívoco porque, como decía el señor Jáuregui, proponente de la moción, son las que están en ejercicio de la formación profesional.
En definitiva, creemos que es verdad que es una cuestión urgente y clave en esta época, como decía el propio Consejo Europeo en Lisboa.
Con respecto a esa ley que se pueda anunciar, no nos han gustado mucho alguno de los documentos que hemos visto anteriormente. Creemos que han reflejado -y esperemos que no sea así en el futuro- un espíritu intervencionista. Una cosa es que haya una ley de bases, pero una ley de bases lo que nunca podrá hacer es reducir a la mínima expresión la capacidad de las comunidades autónomas de poder ejercitar políticas propias en esta materia.
El objetivo de la moción es bueno, no compartimos alguno de los puntos de la misma, pero seguiremos debatiendo sobre esta materia que es importante, vital y urgente para nuestra sociedad.
Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.
El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Estamos muy de acuerdo con el diagnóstico que ha formulado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, tanto hoy en su breve exposición como en la interpelación que en su momento hizo, tanto en lo que se refiere al diagnóstico de la situación de fondo de la formación profesional como en lo que se refiere a la necesidad de ir a una revisión del sistema. Donde no podemos estar de acuerdo, y nos sorprende profundamente la posición del Grupo Socialista en este caso -quizá no, vistas las actitudes recientes en otros ámbitos-, es en la idea del Estado que rezuma este texto, la propia idea de Estado que rezumaba la intervención en la interpelación. Yo no sé qué concepción de Estado tienen ustedes ni tampoco cuál es su concepción del sistema autonómico, pero claramente es un ejemplo de que no es la nuestra. Y tengo la impresión -ése es un problema interno que tendrán ustedes que resolver- de que tampoco es la que predican en Cataluña sus compañeros. Animaría a sus compañeros de Cataluña a leer la intervención de su portavoz, señor Jauregui, con motivo de la interpelación.
La sensación de que las comunidades autónomas lo único que han introducido en España en materia de formación profesional es caos y descontrol, y que lo que hace falta es exigir al Gobierno que una autoridad única venga y ponga orden, es un tipo de lenguaje que estamos acostumbrados a escuchar más bien de este lado del hemiciclo, que en alguna ocasión habíamos oído en el pasado de ese otro, creíamos que había desaparecido y, de nuevo, lo volvemos a escuchar.
Esas llamadas al Estado federal, por ejemplo, que podemos o no compartir, pero, concretamente, en términos federales no compartimos, están a años luz de la música, del tono y de todo lo que refleja la moción. Por tanto, aunque sólo fuera por eso, es evidente que nuestra discrepancia es total.
Puede haber y hay disfunciones derivadas del sistema autonómico: falta información, falta comunicación entre las distintas autoridades competentes en esta materia. Exigir, como hacen ustedes, que venga el séptimo de caballería para que ponga orden y tengamos una autoridad central, como pretende el anteproyecto del Partido Popular, es un anuncio que no se espera, porque si a la mayoría absoluta del PP se suman sus votos sabemos muy bien qué texto saldrá, pero tendrán ustedes que dar cuenta ante su propio electorado del modelo de Estado que defienden, en este caso en el ámbito educativo o en el ámbito de la formación profesional.


Dicho lo anterior, comparto absolutamente, y lo hago desde mi grupo, el fondo de la cuestión: la necesidad de una revisión, la necesidad de integrar los distintos subsistemas que en este momento existen.
Todo el diagnóstico que se hace y algunas de las medidas que se proponen en cuanto al contenido, las compartimos,

Página 4985


las defenderemos y, en su momento, las apoyaremos con enmiendas, si es que no vienen en el texto, o apoyando el texto cuando el Gobierno traiga un texto de ley de formación profesional. En este momento, hacer una especie de ley de bases, que es lo que sería aprobar esta moción, no nos parece correcto.
Resumiendo, y termino, señora presidenta: discrepancia total sobre el planteamiento competencial; más suave la moción que las palabras del portavoz en la intervención en el Pleno anterior; pero aun así, no es nuestra visión de las cosas. Y sintonía en la necesidad de reformar la formación profesional; otra cosa es que creemos que eso, en muchos casos, lo tendrán que hacer y desarrollar quienes tienen competencia para hacerlo.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Guardans.
Señor Guardans, voy a dar la palabra al señor Ruiz; tendría que haber intervenido antes que el señor Guardans, por lo que le pido disculpas, y doy la palabra al señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, deseo expresar mi temor de que por mucho espíritu constructivo que ustedes le pongan, el debate de esta moción camine por los mismos derroteros de incomprensión por los que caminó el debate de la interpelación correspondiente y, al tiempo, temo que la insatisfacción que a muchos nos produjo el anterior debate se pueda repetir hoy.
Desde luego, las cuestiones que apunta la moción revelan algunos de los problemas que atraviesa la formación; pero permítanme expresar algunas dudas. No creo que las cuestiones que aquí se apuntan zanjen una cuestión tan relevante. No cabe duda de que algunas de las cosas que la moción apunta, desde la revisión del sistema de cualificaciones a la revisión de la formación profesional, desde el fortalecimiento de la escuela de formación profesional a la intensificación de la lucha contra los fraudes potenciales, desde el establecimiento del sistema de formación al nuevo sistema de evaluación, pueden ser útiles y por ello merecen, y merecerán, el voto favorable de mi grupo. Pero con esto no me quedo mucho más tranquilo de lo que estaba antes de esta moción. La cuestión de fondo es el modelo educativo y de empleo que deseamos para nuestro país, los recursos que decimos emplear y las oportunidades que deseamos ofrecer a los desempleados. Hoy existe una elevada relación entre grado de formación y oportunidades de empleo, una elevada relación entre baja formación y paro de larga duración, entre cualificaciones superadas por la economía y desempleo potencial, entre baja formación y baja renta. Son, por lo tanto, muchos los factores que deben movilizarse para superar esta circunstancia y muchos son los aspectos del sistema educativo para superar un alto grado de fracaso escolar, que lanza al mercado de trabajo jóvenes sin formación, explotados por contratos leoninos tan injustos como indecentes.
En estos puntos veo, señorías, la debilidad de su moción. Presentan ustedes una razonable propuesta a veces, como hoy, sugerente ante la política sin alma de la derecha, pero se pierden en rasgos tecnocráticos que les impiden ser sensibles a las demandas reales de la población que debiera ser objeto de su propuesta. La formación constituye un factor relevante de cohesión, porque entre los grupos débiles de la sociedad, desempleados jóvenes y trabajadores afectados por vertiginosos cambios profesionales, la debilidad de este factor constituye un riesgo de exclusión potencial. La enseñanza reglada fracasa y curiosamente fracasa en zonas de renta elevada donde existen recursos formativos. Tengo la impresión de que mucha de la formación ofrecida guarda poca relación con las nuevas profesiones o es una formación tan desvinculada de las posibilidades de empleo que dramatiza la ya escasa confianza existente en la formación ocupacional que existe en numerosas ocasiones por imperativo legal.
En no pocas ocasiones la intermediación real entre formación ocupacional y mercado de trabajo la realizan no los servicios públicos de empleo sino las academias, que muchas veces de forma torticera han establecido vínculos más flexibles y realistas con las empresas y el mercado de trabajo. La formación ocupacional es coto reducido al que no acceden muchos trabajadores, que ven mermada su capacidad de reciclaje y movilidad sectorial. En fin, señorías, como se decía en una película, lo importante es el concepto y ser muy profesional. Quizá la moción sea muy profesional, pero queda lejos de un concepto de formación integrada, vinculada al mercado de trabajo y al mundo real de la economía. Me temo que los agentes sociales, a pesar de las sombras que de vez en cuando se lanzan contra determinados proyectos, estén más cerca de la realidad y el conocimiento de las demandas que muchas de las reflexiones que aquí se vierten.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Azpiroz.


El señor AZPIROZ VILLAR: Gracias, señora presidenta.


Paso rápidamente a contestar la intervención del señor Jáuregui. Como él ha dicho, su moción plantea siete puntos concretos. En cuanto al primero, la necesidad de un proyecto de ley de ordenación de la formación profesional y el sistema de cualificaciones, he dedecirle -y ya lo anticipó en la interpelación el ministro,

Página 4986


como no podía ser de otro modo- que este Gobierno, la ministra de Educación y Cultura, el 19 de diciembre del año pasado ya presentó ante el Consejo General de Formación Continua un borrador del proyecto de ley que venía avalado por el apoyo de los interlocutores sociales y que en este momento se encuentra pendiente de dictamen del Consejo de Estado, por lo que en breves fechas es previsible que entre en la Cámara. El tema al que aluden del catálogo de cualificaciones y el catálogo modular ha sido objeto de desarrollo por el artículo 4 de este borrador de proyecto de ley conocido por todos ustedes y también por el señor Jáuregui.
El segundo punto plantea la creación de un observatorio nacional de empleo y de las profesiones. He de decirle que ya está contemplado en el actual programa de formación profesional, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del año 2002. Además, desde el año 1987 existe un observatorio ocupacional del INEM. También el borrador del proyecto de ley al que acabo de aludir, en el artículo 7, estructura la organización del observatorio; en el 6, la participación de las administraciones públicas y en el 5, el Instituto Nacional de Cualificaciones Profesionales.
El punto tercero de su moción alude a la revisión del conjunto de políticas de formación profesional ocupacional. Recordaremos aquí que la formación ocupacional continua la desarrolla el Inem en colaboración con las administraciones de las comunidades autónomas y que además existe, dentro del ámbito del Ministerio de Educación y Cultura, la llamada Conferencia de Educación, donde también se relacionan y conjugan los intereses implicados.
La cuarta cuestión es la revisión de la formación profesional continua. He de decirle que el Gobierno, el 19 de diciembre también del año 2000, ha acordado -y se ha suscrito- un acuerdo tripartito de formación continua y además en él se introducen novedades de relieve.
Por fin, la formación va a llegar al campo de la economía social que lo ha venido reivindicando durante largos años. Por fin el campo de las sociedades laborales y de las cooperativas va a tener acceso a la formación que hasta ahora no tenían de modo directo. Se establece también dar formación a trabajadores que no tienen obligación de cotizar por la contingencia formación profesional. Se adecua la formación profesional ocupacional a la estrategia europea de empleo y se asignan las cuotas de formación a los trabajadores ocupados y a los desempleados en función de las prospectivas y demandas del mercado laboral.
La quinta cuestión -integración de los tres subsistemas, la formación reglada, ocupacional y continua- es objeto de desarrollo en el artículo 11 del borrador, centros integrados de formación profesional, es decir, se parte de la filosofía de la unificación y de la integración de los tres subsistemas. El artículo 6 regula la colaboración de las empresas en todo el sistema nacional de formación profesional, haciendo partícipe a la realidad del mercado laboral y de la sociedad en las mismas.
El punto 6, la evaluación permanente del sistema de formación, no es ni más ni menos que objeto de todo un capítulo del proyecto de ley, el capítulo IV.
El punto 7, la lucha contra el fraude en la gestión de los fondos.
Hay controles de fraude en las instancias europeas que financian con fondos comunitarios, en la Administración Central y en las comunidades autónomas. De hecho, alguna buena parte del fraude conocido lo es justamente como consecuencia de la labor inspectora de la Inspección de Trabajo. Obviamente el fraude aquí, como en cualquier otra cuestión, siempre que exista hay que perseguirlo, pero ni más ni menos.
He de decir respecto al punto 1 que, ya en el debate del estado de la Nación de 26 de julio pasado, hubo una resolución por la que se acordaba que el Gobierno remitiera a esta Cámara, como así va a hacer, un proyecto sobre formación profesional.
Decir, como se ha dicho, que no se ha hecho nada en materia de formación profesional, creo que es algo que falta plenamente a la verdad. Si un acuerdo de formación tripartita sobre la formación continua no es hacer algo, usted me dirá; si plantear un complicado proyecto de ley de regulación, unificación, actualización y modernización de toda la formación profesional, con el previo acuerdo de todos los interlocutores sociales implicados es hacer nada, usted me dirá; si el que este año puedan acceder a la formación continua en España más de dos millones de personas y se puedan beneficiar de los 134.000 millones de pesetas destinados a este fin es no hacer nada, usted me dirá. En la formación ocupacional, hay 76.000 millones de pesetas previstos de gasto, de los cuales se van a beneficiar 70.000 alumnos y diré que el 70 por ciento de todos los alumnos que...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Ha concluido su tiempo, señoría.


El Señor AZPIROZ VILLAR: Concluyo en medio segundo, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Ha concluido su tiempo, señoría. Lo siento, señor Azpiroz. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Socialista, para que el Gobierno informe en materia de formación profesional y establezca las medidas y planes previstos para corregir las graves disfunciones del sistema.
Comienza la votación. (Pausa.)

Página 4987


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 271; a favor,100; en contra, 170; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda por lo tanto rechazada la moción.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACIÓN AL DESARROLLO DE LA LEY 14/1986, GENERAL DE SANIDAD, ARTÍCULO 84, ESTATUTO MARCO, Y LA TRASPOSICIÓN DE LA NORMATIVA EUROPEA EN MATERIA DE JORNADA DE TRABAJO. (Número de expediente 173/000077.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Vamos a proceder al debate de la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno en relación al desarrollo de la Ley General de Sanidad 14/ 1986, artículo 84, estatuto marco y la trasposición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo.
Para la defensa de dicha moción, tiene la palabra, por parte de Coalición Canaria, la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, la moción que presentamos es consecuencia de la interpelación que se debatió en uno de los últimos Plenos de junio.
Recordarán que la misma tenía como hilo conductor traer a esta Cámara el debate y la preocupación de mi grupo, Coalición Canaria, sobre cómo y cuándo se iban a desarrollar los contenidos de la Ley General de Sanidad sobre política de recursos humanos, aún pendientes de desarrollo, así como cuándo y cómo se van a aplicar las directrices europeas sobre este tema.
Si bien es una tarea pendiente el desarrollo de la Ley General de Sanidad desde los inicios de la puesta en marcha del Sistema Nacional de Salud, hoy ha pasado a ser una tarea urgente y vital para la cohesión y para el futuro del Sistema Nacional de Salud. A esta legislatura le toca afrontar un período histórico importantísimo para el sistema sanitario público en España; en ella ha de culminarse el proceso de transferencias, ha de desarrollarse e implantarse un nuevo mecanismo de financiación de la Sanidad y esto, señorías, ha de hacerse desde la corresponsabilidad para que se produzca en la debida armonía entre el Estado y las comunidades autónomas y entre éstas y los agentes sociales.
Es imprescindible, en este contexto, emprender las debidas reformas que permitan la modernización de muchos aspectos de la gestión pública; para ello, entre otras cosas, ha de desbloquearse el desarrollo de las bases que permitan a los servicios autonómicos de salud -ahora son siete, pero mañana serán diecisiete- el desarrollo de una moderna política de recursos humanos. Si esta cuestión sigue siendo una asignatura pendiente, estamos hipotecando gran parte del futuro del sistema, su modernización y su competencia.
Todos sabemos que, tanto desde un punto de vista político como de gestión, entre los recursos de toda empresa, el recurso humano es el más valioso, aunque quizás resulte algo genérica esta afirmación.
Precisamente es más evidente esta afirmación cuando se trata de un servicio público que requiere de profesionales altamente cualificados, especializados y motivados, como es el caso de la prestación sanitaria.
En esta moción que el Grupo de Coalición Canaria presenta hoy en esta Cámara, plasmamos la necesidad de dar respuesta a un compromiso vigente desde el año 1986, porque vigente es aún el artículo 84 de la Ley General de Sanidad, donde se establece que el personal de la Seguridad Social, transferido o no a las comunidades autónomas, se regirá por lo establecido en el estatuto marco que debía aprobar el Gobierno en desarrollo de esta Ley. A fecha de hoy, no se ha dado cumplimiento a dicho mandato, y lo más grave es que el vacío generado en el desarrollo de esta competencia en materia de legislación básica se traduce en el que Sistema Nacional de Salud carece de esta normativa básica sobre personal y que sigue pendiente de ella desde hace ya más de quince años. Desgraciadamente, junto con otros elementos, es éste uno de los causantes de gran parte de los conflictos que en materia de personal ha ido sufriendo el Sistema Nacional de Salud y que han configurado el escenario de problemas históricos -no resueltos- que todos conocemos, pues muchos son comunes a los servicios autonómicos y al territorio del Insalud, ya sea el Gobierno del PP, el del PSOE o gobiernos nacionalistas el que esté a su frente. Estamos hablando de la no estabilidad del personal, de la dificultad para llevar a buen fin oposiciones, de oposiciones que se han celebrado y están recurridas, de la imposibilidad de modificar los sistemas retributivos adaptándolos a nuevas fórmulas de gestión, al desarrollo de la carrera profesional, etcétera.
Esto tiene sus orígenes en que el mencionado artículo 84 de la Ley General de Sanidad establecía textualmente que el estatuto marco contendrá la normativa básica aplicable en materia de clasificación, selección, provisión de puestos de trabajo, derechos, deberes, incompatibilidades, etcétera, todo en relación con el personal.
Asimismo, la ley establece que las normas de las comunidades autónomas en materia de personal se ajustarán a lo previsto en dicho estatuto marco. En la práctica, el mantener secuestradas estas competencias sin haberse podido desarrollar en sus aspectos básicos y con el consenso debido con las comunidades autónomas ha supuesto, y supone, tanto para el Insalud como para los servicios autonómicos de salud, no poder avanzar

Página 4988


con agilidad, con la suficiente seguridad jurídica. Para reformar, para modernizar las políticas de personal, es importante dotarlas de flexibilidad, adaptándolas a las necesidades del momento, a las necesidades de la organización de los territorios y de las poblaciones a atender.
Por ello, en la moción instamos al Gobierno en torno a dos aspectos fundamentales. Uno, con relación al estatuto marco que hemos mencionado, instando a que se aceleren las negociaciones que se están llevando ya en el seno del Consejo Interterritorial y con los interlocutores pertinentes, de forma que se pueda dar cumplimiento al artículo 84 de la Ley General de Sanidad y al desarrollo del estatuto marco en sus aspectos básicos para que en un plazo no superior a seis meses se presente el proyecto en esta Cámara.
Entre todos los portavoces y con base en las enmiendas presentadas, hemos llegado a una enmienda transaccional. Nosotros hacíamos una enumeración de los contenidos y de los principios, pero en última instancia están recogidos haciendo referencia a que sean los contenidos que ya establece la propia Ley General de Sanidad.
Señorías, somos conscientes de lo complicado de esta tarea y de que se produzca el consenso necesario en el Consejo Interterritorial y con los interlocutores sociales. En este sentido y en la medida en que también en 1999, con el desarrollo de la Ley 30/1999, el Gobierno había apostado por traer a esta Cámara en seis meses el desarrollo definitivo del estatuto marco, siendo conscientes de la complejidad de este proceso, aunque ya han pasado más de dos años, en esta moción reiteramos, de forma definitiva, la necesidad de que en otro plazo de seis meses se traiga a esta Cámara el borrador del proyecto del estatuto marco.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Socialista, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señor presidente. Señorías, buenos días.
Subo a esta tribuna para defender la enmienda que el Grupo Socialista ha presentado en aras a enriquecer un poco la moción. Además, creemos oportuno debatir estos temas en un momento en que nuestro sistema de salud está pasando unos momentos un poco complicados, por ser generosa. Podemos decir que, gracias a los profesionales y trabajadores de nuestro sistema de salud, a pesar de todos los males que nos acaecen, al ciudadano se le está dando la atención debida.
Señorías, si nos tuviéramos que fiar de la señora ministra o de la Administración pública sanitaria, sería complicado porque, cuando necesitamos que haga unas declaraciones sobre lo que pasa con la diálisis, resulta que está de vacaciones y, cuando se plantea el problema del aceite, toma una medida de suspensión. En definitiva, señorías, tenemos una ministra de Sanidad que, cada vez que habla sube el pan, y creo yo que la suerte que nos acompaña es la profesionalidad de los trabajadores del sector.
Nosotros vamos a retirar nuestra enmienda y a aprobar la enmienda sobre la que la proponente y el Grupo Parlamentario Popular han llegado a un acuerdo, pero tenemos que decir que falta algo fundamental, que es una mesa de negociación del Sistema Nacional. En el mes de junio, absolutamente todos los sindicatos de la sanidad han enviado una carta a la señora ministra exponiéndole las necesidades que tiene el sector en lo referente a personal, pidiéndole además que inicie unas negociaciones conjuntas, y la respuesta ha sido que no se pueden hacer las negociaciones conjuntas con los agentes sociales porque no hay ningún organismo donde se puedan reunir. Es decir, no hay una mesa de la sanidad pública que permita la negociación y les lleva a la negociación individual sindicato por sindicato, con lo cual pueden ustedes hacerse una idea de cómo pueden ir las negociaciones y de la dificultad de saber qué se trata en una y en otra.
Nosotros reivindicamos que se haga el estatuto marco, que se constituya también la mesa, pero que se haga ya el proyecto, porque en estos momentos en que están pendientes las transferencias a varias comunidades autónomas, piensen qué conflicto se va a montar cuando traspasemos al personal en las condiciones que tienen ahora mismo.
Por otro lado, hay una directiva europea que nos habla de la ordenación del trabajo, que dice que debemos hacerla y que no la hemos hecho y sobre todo habla de la necesidad de tener un marco en el que haya cuatro o cinco temas que sean comunes a todo el sistema, es decir, a las 17 comunidades, no a la negociación colectiva y salarios y condiciones individuales que se negocian, si tienen la competencia, en cada comunidad autónoma, sino los temas generales que permitan que el personal que así lo solicite voluntariamente pueda aplicar la movilidad funcional de una comunidad a otra y que permita aprovechar la profesionalidad de unos y otros trabajadores del sector.
Señorías, vamos a votar esta enmienda, pero les he de decir que mi fe, que es mucha para otras cosas, para el asunto que debatimos va a ser escasa, porque lo que vamos a decir hoy aquí es lo que decimos en la Ley General, lo que dijimos en la ley de 1999 y lo que venimos diciendo siempre. De una vez por todas, dejemos de hablar y pasemos a la acción: que el ministerio presente al Consejo Interterritorial y a los agentes sociales un proyecto, que se negocie, que se debata, y pasemos a solventar realmente los problemas y no contribuyamos a crear más. Hablamos del Consejo Interterritorial, y nosotros hemos hecho propuestas en varias ocasiones, pero no hemos conseguido nunca...


Página 4989


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora López.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Calpe.


El señor CALPE SAERA: Señor presidente, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria nos ha presentado una moción, consecuencia de la interpelación que a finales de junio formuló a la señora ministra, planteando una vez más la cuestión de las relaciones del personal del Sistema Nacional de Salud con sus administraciones sanitarias y la necesidad de que se llegue a la aprobación de un estatuto marco.
Coincidimos -y creemos que el principio de la intervención debe ir en ese sentido- en el reconocimiento del esfuerzo que hace el personal, así como que es el mejor activo del sistema. También creemos que este es el mejor momento para atender su petición, de hace ya tiempo, de tener una norma jurídica clara a la que atenerse y dejar esta situación de incertidumbre con unos estatutos que datan de la época franquista, cierto que con muchísimas modificaciones posteriores, incluso tantas que a veces hacen difícil su aplicación e interpretación.
Hace 15 años que existe la previsión legal de aprobar un estatuto marco y ahora se ha agravado uno de los aspectos de la relación del personal con la reciente sentencia del Tribunal Europeo y con la sentencia del Tribunal Superior de la Comunidad Valenciana relativa al horario y a la jornada de trabajo. A los profesionales les interesa esta cuestión, incluso alguna central sindical ha elaborado un estatuto, un texto articulado. Es cierto que no es una cuestión fácil -y quizás eso explique que desde el año 1986 no lograran aprobarlo-, primero, porque ha de ser un estatuto único que afecte a todo el personal que hoy se regula en tres estatutos y que tenga las bases para que esos tres estatutos se mantengan; segundo, porque los centros sanitarios son muy variados, su plantilla muy diversa, las posibilidades de organización muy distintas y en cambio ese estatuto marco habría de tener unas bases comunes a todos ellos, y tercero y sobre todo, porque el texto del proyecto de ley que queremos que se remita a esta Cámara ha de ser el resultado de un consenso; un consenso, en principio, en el Consejo Interterritorial de Salud, y si en el año 1985 ó 1986 era difícil obtenerlo porque ya había comunidades que tenían la transferencia de la asistencia sanitaria y el Insalud tenía una gran parte, hoy es más difícil porque son más las comunidades y además porque, siendo inminente la transferencia a todas las demás, se han incorporado ya a las negociaciones de la comisión de recursos humanos del Sistema Nacional de Salud y habiendo tantos interlocutores es más difícil obtener dicho consenso. Sin embargo, tenga por seguro el Grupo Parlamentario Socialista -que en vez de hablar propiamente de lo que era el contenido de la iniciativa se ha dedicado a criticar a la señora ministra- que lo que precisamente no queremos, y lo que con toda seguridad no quiere el Gobierno, es redactar un texto, mandarlo aquí y cumplir el compromiso. Lo que se quiere es dialogar, que exista consenso, tener un texto que pueda ser asumido por todas las comunidades autónomas en el seno del Consejo Interterritorial, que se someta a los interlocutores sociales, que lo puedan conocer, debatirlo y hacer sugerencias y que finalmente venga aquí en condiciones de tener el máximo respaldo posible. Esa es una postura dialogante que creemos que hay que reconocerle al Gobierno. Porque lo cierto es que ya ha habido esfuerzos este año en el seno del Consejo Interterritorial, de presentar un decálogo para el desarrollo de este estatuto y no ha sido posible que prosperase porque ha habido comunidades autónomas que se han opuesto. La dificultad está ahí y nuestra voluntad, y esperamos que la del resto de los grupos -que al fin y al cabo representan a partidos que tienen responsabilidades de gobierno en diversas comunidades y que por tanto están representados en el Consejo Interterritorial-,sea la de que esto pueda salir adelante. En cualquier caso, es un compromiso que está en nuestro programa electoral; ya en una moción de nuestro grupo en el Senado el pasado año se instó a que se llevara adelante, y la propia ministra, al contestar la interpelación, manifestó que habría estatuto.
Es cierto que nosotros presentamos una enmienda a la proposición inicial de Coalición Canaria porque los plazos perentorios que imponía, precisamente por la necesidad del diálogo que se impone en esta cuestión, podían ser difíciles, por no decir imposibles de cumplir. Agradecemos al grupo proponente su flexibilidad, que haya llegado a una enmienda transaccional que permite, por una parte, que la cuestión más apremiante, la trasposición de la directiva 93/104 -que, por cierto, fue traspuesta por el Gobierno socialista en el año 1995 pero dejando fuera precisamente a los profesionales sanitarios, lo cual no quiere decir que no supieran hacerlo sino que habrán de reconocer que hay dificultades importantes, cuando menos-; en cuanto a ese plazo, admitimos el que propuso la propia señora ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Calpe. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señor presidente.
Señorías, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, estando de acuerdo con los tres puntos de la moción del Grupo Canario, estima que el estatuto marco reconocido con rango de ley en la Ley General de Sanidad debe alcanzar varios objetivos. En primer lugar, debe superar los estatutos preconstitucionales aún vigentes, incapaces de dar respuesta a las aspiraciones de los trabajadores y trabajadoras del sistema e incapaces

Página 4990


de solucionar los problemas creados por la evolución del sistema sanitario -por ello la urgencia de su tramitación y aprobación-. En segundo lugar, debe defender firmemente los intereses y legítimos derechos conquistados por los trabajadores y trabajadoras del Sistema Nacional de Salud, su libre circulación por el sistema, la consolidación de derechos y garantías, el establecimiento de fórmulas de acceso, promoción y carrera profesional encaminadas a incentivar el esfuerzo, compromiso de los trabajadores y trabajadoras con el sistema sanitario público. En tercer lugar, debe servir para dotar al sistema de un instrumento de gestión de recursos humanos que contribuya a mejorar la cantidad y calidad de las prestaciones que reciban los ciudadanos. En definitiva, que el estatuto marco sirva para preservar y mejorar el sistema sanitario público. Estamos en contra de la pretensión del Gobierno de reducir este estatuto marco a un conjunto de normas básicas para exclusivamente coordinar la política de personal del Sistema Nacional de Salud. Nos preocupa que la negociación del estatuto marco no vaya paralelo con el proceso transferencial, lo que puede suponer crear 17 normas distintas en 17 servicios de salud y así dificultar o hacer imposible la homologación.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señor presidente.


Muy brevemente deseo manifestar el apoyo del Bloque Nacionalista Galego al texto transaccional y realizar también algunas reflexiones acerca de la falta de diligencia, es decir, de la negligencia con la que el Gobierno actúa a la hora de trasponer ciertas directivas, sobre todo las que se refieren al medio ambiente, o como esta que nos ocupa, que se refiere a los derechos de los trabajadores, y únicamente el Gobierno accede a trasponerlas cuando hay condenas del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, como en este caso, o de tribunales internos y después de repetidas demandas y reivindicaciones de los trabajadores afectados.
Desde luego, el Bloque Nacionalista Galego va a apoyar que en diálogo con todos los agentes sociales -y digo todos porque hay sindicatos más representativos que tienen esa condición legal y que no son de ámbito estatal, como los sindicatos gallegos, que tienen esa condición y por tanto también deben participar en la negociación- se elabore un estatuto marco -y aquí sí que siento disentir con lo manifestado por el compañero de Izquierda Unida- que se limite a establecer normas básicas, es decir, que respete las competencias de las diferentes comunidades autónomas. Ahora bien, dentro de esas normas básicas, debe recogerse el establecimiento de instrumentos que permitan esa exigencia de la incompatibilidad entre la práctica en la sanidad pública y en la privada; instrumentos hábiles para la exigencia de la exclusividad para aquellos que la tengan nos parecen cuestiones irrenunciables, así como también la financiación por parte de la Hacienda estatal de los mayores gastos que la aplicación de esta directiva va a suponer para los servicios autonómicos de salud y, en nuestro caso, para el Servicio Galego de Saúde. Aplicar estas normas en materia de turnos y de jornadas debe suponer, desde nuestro punto de vista, un esfuerzo presupuestario, así como también en la contratación estable de más personal médico.
Apoyamos, como decía, este texto transaccional y valoramos una cuestión que aparece en el mismo: que por una vez el Partido Popular haya consentido en que al Gobierno se le fije un plazo. Antes de que remate este período de sesiones, antes de diciembre, el Gobierno tiene que presentar a esta Cámara el texto de trasposición de la directiva al ordenamiento jurídico español. Esperemos que, como excepción, este plazo se cumpla y desde luego que como excepción también este texto llegue con el consenso de todos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich.
Señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señor presidente.


La moción que presenta el Grupo de Coalición Canaria sin duda tiene dos aspectos que compatibilizan la categoría de ser importantes y trascendentes. Son trascendentes porque ambos aspectos, tanto la trasposición de la Directiva europea 93/104 como el desarrollo del artículo 84 de la Ley General de Sanidad, que habla del estatuto marco, tienen gran complejidad. Si por ejemplo nos referimos al estatuto marco, aspecto que, reitero, contempla una ley hecha en el año 1986 -hasta el día de hoy han transcurrido 15 años desde que se promulgó dicha ley- y no ha sido posible hacer tal estatuto, quiero entender que los distintos gobiernos responsables de presentarlo y elaborarlo han tenido interés en hacerlo, pero no han conseguido encontrar un texto ajustado que pudiera ser satisfactorio para todos.
Si hablamos de la directiva europea, tenemos que reconocer que lo estamos haciendo de una directiva que tiene unos criterios de mínimos, que no entra en regular aspectos concretos, y en nombre de mi grupo parlamentario me atrevo a decir que tenemos suerte de que sea así, ya que se trata de una directiva que habla de la ordenación del tiempo de trabajo, de múltiples y diversos trabajos, por lo que no podemos centrarnos en el que por ejemplo nos ocupa hoy, el trabajo de los profesionales de la sanidad. Señorías, existe una gran variedad de modelos de organización de la estructurasanitaria en el entorno europeo y si nos centramos en el

Página 4991


Estado español, comprobaremos que también existe esa variedad en nuestro territorio. Por lo tanto, si una directiva fuese excesivamente reglamentista en su normativa, nos encontraríamos ante una directiva de obligado cumplimiento para todos, pero que en la práctica sería inviable.
Adelanto que mi grupo parlamentario celebra -y ha sido partícipe- que entre todos hayamos sido capaces de elaborar un texto que hoy va a ser aprobado por consenso en esta Cámara. También quiero dejar muy claro, para que no haya dudas, que nosotros vamos a votar hoy a favor de dicho texto, en el que queda claro que en el Consejo interterritorial de Salud se va a tratar, de acuerdo con los interlocutores sociales, de encontrar un marco en el que todos nos podamos sentir cómodos. Esto quiere decir que este marco tiene que tener un denominador común, pero sobre todo tiene que ser forzosamente muy respetuoso con las competencias de cada comunidad, por principios y por necesidad, porque las realidades de las comunidades son muy distintas, y el café para todos una vez más sería la mejor garantía de que nos veríamos abocados al desastre. Nosotros deseamos que esto prospere y que el Gobierno cumpla lo que hoy aquí nos vamos a proponer, que es que antes de finalizar este período de sesiones presente aquí el proyecto de ley. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta una cosa. La baraja está en este momento en la mesa de negociación, en el Consejo interterritorial de Salud, y es muy importante que el Gobierno y las comunidades autónomas tengan la misma flexibilidad y la misma visión general de la problemática que hemos tenido hoy aquí en sede parlamentaria.
Quiero agradecer, puesto que me parece justo, la actitud que ha tenido hoy la ministra de Sanidad, ya que ha sido evidente que por parte del grupo que sustenta al Gobierno ha habido buena voluntad para llegar a este acuerdo. Asimismo agradecemos la colaboración prestada por la proponente, la señora María del Mar Julios, que tenía que decir si estaba dispuesta a aceptar enmiendas, y, por descontado, la del Grupo Socialista. Hoy vamos a llegar a un gran acuerdo y lo importante va a ser que a partir de hoy seamos capaces, en el seno del Consejo interterritorial de Salud, de encontrar lo que todos necesitamos para dar satisfacción al personal sanitario y seguir mejorando el sistema.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Riera.
Señora Julios, a los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
Hemos presentado a la Presidencia el texto de la enmienda transaccional y quisiera brevemente agradecer de nuevo las enmiendas planteadas y el trabajo realizado por los diferentes portavoces de Sanidad de esta Cámara, tanto del Partido Popular, del Partido Socialista y de Convergència i Unió, como del resto de los grupos, porque hemos podido con flexibilidad llegar entre todos a elaborar un texto común. En este mismo sentido, agradezco también al Ministerio y a la ministra que hayan mantenido los compromisos que ella misma ha expuesto en diversos foros, inclusive en esta Cámara, respecto a estos dos temas tan importantes: la trasposición de la sentencia del Tribunal de Luxemburgo y el estatuto marco. En este momento y con esta enmienda transaccional no sólo se mantienen los compromisos, sino que en esta enmienda y en esta moción adquieren cuerpo en forma de plazos tanto en un tema como en otro. Creo que esto es importante para el futuro del Sistema Nacional de Salud y quisiera reiterar nuevamente las gracias a los portavoces de los grupos parlamentarios.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Julios.
Señorías, antes de pasar a la votación quiero comunicarles que nos acompaña una delegación parlamentaria de la Comisión de Agricultura y Pesca de los Países Bajos. (Aplausos.) Gracias.
Vamos a proceder a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria sobre las previsiones del Gobierno en relación con el desarrollo de la Ley 14/1986, General de Sanidad, artículo 84, estatuto marco, y la trasposición de la normativa europea en materia de jornada de trabajo.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 278; a favor, 275; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), SOBRE LAS MEDIDAS DE POLÍTICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR UN MEJOR USO DE LAS TARJETAS DE CRÉDITO COMO INSTRUMENTO DE PAGO Y, EN ESPECIAL, PARA REDUCIR LAS COMISIONES EN LOS PAGOS REALIZADOS A TRAVÉS DE LAS MISMAS. (Número de expediente 173/000078.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder al debate de la moción consecuencia

Página 4992


de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los pagos realizados a través de las mismas. Por parte del Grupo Parlamentario Catalán, tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado esta moción consecuencia de la interpelación defendida en esta Cámara a finales del mes de junio con el objetivo de garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago, así como también para conseguir una reducción efectiva de las tasas de descuento y comisiones que deben satisfacer los comerciantes y equipararlas a la media de los países de la Unión Europea.
Como SS.SS. saben, en España cada vez es más frecuente el uso de las tarjetas de crédito como medio de pago y existen en la actualidad alrededor de 55 millones de tarjetas de crédito privadas y bancarias emitidas con un volumen de negocio que oscila en torno a los 15 billones de pesetas entre disposiciones de cajeros automáticos y ventas de comercio. Si a esto añadimos que las compras en España a través de las tarjetas de crédito suponen el 8 por ciento del consumo privado nacional y la media de la Unión Europea y de los Estados Unidos es del 20 por ciento, verán SS.SS. que existe un largo camino por recorrer para incrementar el uso de las tarjetas de crédito en nuestro país.
La puesta en circulación de la moneda única, el euro, a principios del año 2002 incrementará el uso de tarjetas de crédito no solamente en España sino también en los países de la Unión Europea. En España existen estudios que dicen que en nuestro país su uso se incrementará en alrededor de 800.000 millones de pesetas, que complementarán las cifras anteriormente mencionadas. La media de las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito en la Unión Europea es del 2 por ciento, mientras que en España es del 3 por ciento, por lo que observarán SS.SS. que en nuestro país existe un diferencial del 40 por ciento que recae sobre nuestros comerciantes cuando se utiliza la tarjeta de crédito como instrumento de pago. Además, si trasladamos las diferencias a las ventas de productos de gran consumo en España, veremos que estas son muy significativas en función de dónde se realiza la compra. Por ejemplo, por la compra de un pantalón vaquero o de un litro de leche realizada a través de una tarjeta de crédito en un comercio o en una gran superficie de distribución existe una diferencia por el incremento de comisión del 70 por ciento, que han de soportar los pequeños comercios respecto a las grandes compañías de distribución. Por estos motivos, el incremento del uso de las tarjetas de crédito con la entrada de la moneda única -el euro-, el diferencial medio que existe entre nuestro país y la Unión Europea y las diferencias en función de dónde se realiza la compra, en los pequeños comercios o las grandes superficies, nuestro Grupo Parlamentario de Convèrgencia i Unió presenta esta moción, con el objetivo de conseguir el apoyo de todos los grupos parlamentarios de esta Cámara para que en el horizonte del año 2002 pueda conseguirse una rebaja efectiva de las comisiones por el uso de las tarjetas de crédito y una reducción del diferencial de nuestro país respecto al resto de los países de la Unión Europea.
Hemos analizado con gran detenimiento y cariño las diferentes enmiendas que nos han presentado los grupos de esta Cámara: el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Mixto y el Bloque Nacionalista Galego, así como la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y hemos presentado una enmienda transaccional, que vamos a trasladar a la Mesa de este Congreso de los Diputados, con el objetivo de conseguir que en horizonte del año 2002 se haga efectiva la rebaja de las comisiones de las tarjetas de crédito. Dicha enmienda transaccional, que está ya en poder de todos los grupos parlamentarios, insta al Gobierno, en primer lugar, a que en el horizonte del año 2002 presente un estudio detallado de la situación real y de la evolución experimentada por las tasas de descuento que satisfacen los comerciantes cuando aceptan pagos con tarjetas de crédito. Todas SS.SS. saben perfectamente que en mayo de 1999 se constituyó una comisión formada por representantes del Ministerio de Economía, por asociaciones de comerciantes y por instituciones financieras para trasladar a la opinión pública y a los sectores afectados la posibilidad de llevar a cabo una rebaja efectiva de las comisiones en el uso de las tarjetas de crédito. Antes de que finalice el año 2002, el Gobierno, a través de esta moción, ha de comprometerse a presentar dicho estudio, para ver si se han cumplido realmente las rebajas significativas que se acordaron en esta reunión de trabajo, y en caso de que esto no hubiera sido así, tomar las medidas oportunas. También planteamos en esta enmienda transaccional la posibilidad de prestar una atención muy especial a la posición que adopte la Comisión Europea en todas aquellas cuestiones que se refieren a la compatibilidad entre las tasas multilaterales de intercambio y las normas de competencia al respecto. En este sentido, si en la Unión Europea existe una rebaja efectiva de las tasas de intercambio, que como SS.SS. saben suponen un porcentaje muy elevado del coste de las tarjetas de crédito y de las comisiones efectuadas a los comerciantes, hay que trasladarla rápidamente a nuestro país y aplicar los criterios correspondientes. Hay un tercer punto, en el sentido de que una vez que estén aprobados dichos criteriosadoptados por la Unión Europea, estos sean trasladados

Página 4993


al Tribunal de Defensa de la Competencia para que a través de dicho organismo exista un seguimiento del cumplimiento de los acuerdos que determinen los procesos de fijación de las tasas de intercambio.
Por último, hemos recogido una propuesta interesante, que es buscar la complicidad del Banco de España de modo que presente un análisis de la evolución de las variables de los costes de las tarjetas de crédito en España para que se pueda realizar un seguimiento permanente de las mismas incorporando en dicho estudio el número de tarjetas de crédito o de débito, la facturación de dichos mecanismos de pago en España y las tasas de intercambio y descuento. Se trata de recomponer la situación y que efectivamente, en el horizonte del año 2002...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente, señoras y señores diputados.


El señor VICEPRPESIDENTE (Camps Ortiz): Para la defensa de las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios, tiene la palabra en primer lugar el señor Ruiz, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Intervendré con mucha brevedad.
En nombre del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, damos por defendida nuestra enmienda en los términos expresados. Aceptamos la enmienda transaccional con la voluntad que se ha manifestado aquí y esperamos que sirva en el futuro para responder a las expectativas que se han suscitado en nuestro país.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Ruiz.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Intervendré también con toda brevedad para explicar el sentido de nuestra enmienda y para anunciar que apoyaremos la transacción que se nos propone, a pesar de que en ella vuelve a remitirse la solución de una situación que para nosotros está ya suficientemente calibrada y es sobradamente conocida a la realización de un nuevo estudio. Decimos que la situación es ya suficientemente conocida porque, como señaló en su intervención en defensa de la moción el señor Sánchez i Llibre, las entidades bancarias aplican en este momento a las grandes superficies unas comisiones por los pagos realizados con tarjetas de crédito muy inferiores a las que aplican a los pequeños y medianos comerciantes, a pesar de que las gestiones que realizan las entidades bancarias son exactamente las mismas en uno y otro caso. Es una situación insostenible que viene a desequilibrar aún más la posición relativa en el mercado de pequeños y medianos comerciantes y de grandes superficies.
Sabemos, además, que es designio de este Gobierno favorecer a las grandes superficies, a las multinacionales de la distribución comercial; de hecho, miembros notorios del Partido Popular, ex ministros, son ahora presidentes de la filial española de alguna de estas grandes superficies comerciales. Creemos que esta situación debe ser solucionada de inmediato; no estudiada, sino solucionada de inmediato. Aún así, en aras del consenso y con la voluntad decidida del Bloque Nacionalista Galego de fiscalizar el cumplimiento de esta moción y la realización ágil y lo más rápida posible del estudio que se cita, manifestamos nuevo nuestro voto favorable a la transacción, esperando que se concrete en algo práctico.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Aymerich. (El señor Núñez Castain pide la palabra.) Señor Núñez, sabe que no tiene posibilidad de pedir turno, pero habida cuenta que su compañero de grupo no ha consumido los cinco minutos, tiene usted dos minutos.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente, seré aún más breve. Sólo quiero manifestar nuestro apoyo a la enmienda transaccional, que todos esperamos que conduzca al arreglo de esta situación en la que no existe una competencia legítima entre las pymes y las grandes empresas, lo que podría lesionar la libre competencia. Apoyamos la transaccional y el establecimiento de unas reglas del juego para el pago con tarjetas de crédito similares para pymes y grandes empresas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Díaz.


El señor DÍAZ DÍAZ: Señor presidente, señorías, como ya se dijo, es un dato objetivo que la tasa de descuento que paga el pequeño comercio en España por aceptar tarjetas de crédito es superior a la de la media de la Unión Europea; lo era en 1999 y lo sigue siendo ahora. Que la aceptación de tarjetas como medio de pago tenga para la mayoría del pequeño comercio una penalización respecto a sus competidores comunitarios, indica que algo no funciona y que algo habrá que hacer. El Gobierno, hasta ahora, elude responsabilidades, esperemos que a partir de esta moción el tema comience a cambiar. Si las tasas de descuento pagadas por el pequeño comercio son más elevadas que las de lamedia de la Unión Europea para el mismo sector, el

Página 4994


problema no está en las marcas básicas, que cobran cuotas semejantes en España o Alemania, sino que reside en el sistema financiero español. No es un problema de competitividad o eficiencia en el sistema, nuestro sistema financiero es competitivo y eficiente. En este caso, el problema es que en el sector no hay competencia; es competitivo, pero no hay competencia porque no hay información.
Podríamos explicar también la diferencia de tasas por el diferencial de inflación español. Desde nuestro punto de vista, este diferencial se explica por las dificultades que existen en la competencia que tiene, cómo no, un responsable que es el Gobierno. Es cierto que en el año 1999 las asociaciones de comerciantes y de medios de pago acordaron reducir la tasa de intercambio máxima de manera paulatina hasta llegar al 2,75 por ciento. Es cierto también que este acuerdo se está cumpliendo y que la tasa de descuento, la que paga realmente el pequeño comercio a los bancos, está bajando en menor proporción.
El señor vicepresidente, señor Rato, sabe que la tasa de descuento, la que pagan directamente los comerciantes, es una tasa contractual, fruto de un contrato entre entidad financiera y el comercio. El señor Rato tiene datos. Ante esta Cámara nos dijo que el 61 por ciento de los comerciantes no sabía nada del acuerdo del año 1999; en esa intervención echó balones fuera afirmando que los comerciantes no sabían negociar. Si los comerciantes no están informados del alcance del acuerdo del año 1999, difícilmente pueden negociar. Si el Gobierno detecta que hay problemas de información en la mayoría de los comerciantes debe informarles porque, señorías, hablamos del pequeño comercio, no siempre bien organizado y, en consecuencia, no siempre bien informado. El Gobierno en este caso no es un observador imparcial. Si detecta desinformación, él mismo debe corregirla. Como, a nuestro entender, el problema es de competencia por falta de transparencia e insuficiente información a disposición de los afectados, nuestras enmiendas tratan de dar transparencia a las operaciones que se realizan con tarjetas de crédito. Con ellas queremos contribuir a solucionar el problema favoreciendo la competencia en el sector. Coincidimos con el grupo proponente en solicitar de la Comisión información sobre la evolución del acuerdo en el que participó la Administración central, tanto en términos de reducción de las tasas de intercambio como de evolución de las tasas de descuento por sectores. Creemos que el Banco de España debe realizar un seguimiento permanente de los medios de pago y publicar sus resultados trimestralmente, así como que debe divulgar mejor los acuerdos del año 1999 para su conocimiento entre el pequeño comercio.
Señorías, la solución al problema no debe ir por la intervención reglamentaria de la Administración sino por remover los obstáculos que se oponen a la convergencia del sector. Estimamos que la transacción que hoy se somete a votación es un paso adelante que, de materializarse, debe servir para que progresivamente nuestros comerciantes paguen unas tasas similares a las que pagan sus competidores en la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Díaz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Gómez.


El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecer al señor Sánchez i Llibre que haya aceptado nuestra enmienda en su literalidad, incorporándola a la transaccional que nos ha presentado. Efectivamente, es una enmienda que está de acuerdo con los objetivos de Convergència i Unió, del Partido Popular y, lo que es más importante, con los del propio sector. Lo cierto y verdad es que parece existir un acuerdo generalizado sobre la conveniencia de rebajar las comisiones que pagan los comerciantes a los bancos por el uso de tarjetas. Prueba de ello es que el Pleno del Congreso aprobó, el 9 de febrero de 1999, una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se instaba a la creación de una Comisión en relación con los sistemas de pago mediante tarjeta; proposición que, justo es reconocerlo, estaba inspirada en las propuestas del Observatorio de la distribución comercial y de la Secretaría de Estado de Comercio, Turismo y Pymes del Gobierno Popular.
Pues bien, señorías, el 12 de mayo de 1999, la Comisión llegó al acuerdo -con bastante celeridad, por cierto- de reducir paulatina y progresivamente las tasas de intercambio. Pero si la Comisión de expertos se centró en la tasa de intercambio que le cobra la marca básica de la tarjeta al banco y no en lo que paga al banco con el que descuenta la tarjeta, es porque entendió que lo que un banco cobra a un cliente es una relación privada, son relaciones bilaterales, en las que intervienen diversos factores y una serie de criterios muy variados. Según se puso de manifiesto en las reuniones de la Comisión, la limitación de las tasas de descuento por vía imperativa atentaría contra el libre funcionamiento del mercado en un sistema de competencia como el que diseña la Constitución. Por ello, las asociaciones de comerciantes se comprometieron a asesorar a sus asociados para negociar individualmente las tasas de descuento y, por otro lado, las organizaciones de medios de pago se comprometieron a limitar las tasas de intercambio a un máximo de un 3,5 por ciento y reducir anualmente un 0,25 por ciento hasta llegar al 2,75 por ciento de tasa máxima en julio de 2002. Por lo que nosotros sabemos -aquí lo ha dicho algún portavoz-, el acuerdo se está cumpliendo en lo sustancial. Sin embargo, hay que reconocer que la reducción de tasa de intercambio prevista en el acuerdo no constituía

Página 4995


un fin en sí mismo, sino que se consideraba exclusivamente como un medio para conseguir una rebaja, al menos paralela, de las tasas de descuento que satisfacen los comerciantes; pero de ninguna manera puede confundirse una cosa con otra. En todo caso, las comisiones que satisfacen los comerciantes también han bajado, con toda seguridad, a un ritmo y a unas cuantías inferiores a las que quisieran los comerciantes afectados por las tasas más altas; pero han bajado. Por no aburrir con cifras a SS.SS., me remitiré a las dadas por el señor Rato, que constan en el «Diario de Sesiones», de junio pasado.
En definitiva, señorías, el Grupo Popular cree que hay que respetar el horizonte del año 2000, que es cuando termina la eficacia del acuerdo del 12 de mayo de 1999. Considera que no tiene sentido volver a reunir a la Comisión, que en su momento cumplió el encargo recibido del Congreso de los Diputados y cuyos acuerdos están todavía en fase de ejecución. Somos sensibles al esfuerzo que ha hecho el señor Sánchez i Llibre, al incorporar en todos sus términos la enmienda que presentamos. Lo que queremos saber es la evolución experimentada por las tasas de descuento que satisfacen los comerciantes, porque es lo que preocupa al Grupo Catalán (Convergència i Unió), al Partido Popular y al sector.
Nada más y muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Gómez.
Señor Sánchez i Llibre, a los efectos de rechazo o aceptación de enmiendas, tiene S.S. la palabra.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señor presidente.
El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha presentado, ha hecho llegar a la Mesa y a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara, una enmienda que trata de subsumir los puntos planteados por los diferentes grupos, un texto definitivo con los cuatro puntos que he mencionado en mi intervención.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sánchez i Llibre. (Pausa.) Señorías, antes de pasar a la votación, quiero comunicarles que nos acompaña una delegación de diputados de la Comisión de Cultura de la Asamblea Nacional francesa. (Aplausos.) Gracias.
Pasamos a la votación de la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), sobre las medidas de política general que tiene previsto adoptar el Gobierno para garantizar un mejor uso de las tarjetas de crédito como instrumento de pago y, en especial, para reducir las comisiones en los pagos realizados a través de las mismas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 264; a favor, 263; en contra, uno.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda aprobada la moción.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y quince minutos de la tarde.


Corrección de error.-En el «Diario de Sesiones» núm. 101, correspondiente a la sesión plenaria celebrada ayer, 12 de septiembre de 2001, en la intervención del señor ministro de Fomento (Álvarez- Cascos Fernández) -página 4916, segunda columna, línea 18-, debe completarse el párrafo, de manera que quedaría: «... 614 kilómetros de autovía Rías Baixas y autovías de Galicia, porque había estudios informativos y proyectos...» (Rumores.) Asimismo, en la línea 22 debe entenderse completado el párrafo, que quedaría de la forma siguiente: «... un Gobierno que trabaja frente a un Gobierno que no trabaja». (Aplausos.-Protestas.)

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal