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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 114, de 24/10/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 114

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 109

celebrada el miércoles, 24 de octubre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación):

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 48-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000048.) . . . (Página 5533)

- Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 49-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000049.) . . . (Página 5533)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 36-1, de 16 de marzo de 2001.
(Número de expediente 121/000036.) . . . (Página 5567)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Continuación) . .
. (Página 5533)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas . . . (Página 5533)

Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía . . .
(Página 5533)

El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta, en nombre del Gobierno, el nuevo sistema de financiación autonómica adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio de este año, acuerdo que se formalizará en tres proyectos legislativos, dos de los cuales se someten hoy a la aprobación de la Cámara: la reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que delimita el marco general de la financiación de éstas, y la elaboración por primera vez en la historia de la descentralización administrativa de España de un proyecto de ley que recoge con detalle el funcionamiento del nuevo sistema de financiación, dejando para el Senado, donde comenzará su trámite parlamentario, el proyecto de ley de reforma del Fondo de compensación interterritorial.


En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas a los dos proyectos de ley por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Rejón Gieb. Reconoce que el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, consensuado con las distintas comunidades y con la inmensa mayoría de los grupos políticos parlamentarios, significa un determinado avance, pero -añade- es claramente insuficiente, porque el paquete legislativo derivado del acuerdo para poner en marcha el nuevo sistema de financiación autonómica, junto con las leyes de estabilidad presupuestaria y la relectura neocentralista del Título VIII de la Constitución, alejan a España de la senda federal y solidaria por la que apuesta Izquierda Unida.
El señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta las enmiendas de devolución presentadas por el Bloque Nacionalista Galego a los dos proyectos de ley porque discrepan del modelo político que alienta las modificaciones y de las consecuencias de la aplicación concreta del modelo escogido para Galicia. Su grupo propone la responsabilidad fiscal plena, máxima capacidad normativa, todos los tributos, sin exclusión, territorializados y un sistema fiscal único a nivel del Estado, así como la necesidad de una política redistributiva a nivel estatal, como hace el Estado en relación con la Unión Europea, para tener en cuenta la situación de partida de cada uno de los territorios del Estado español.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, presenta las enmiendas de devolución de Ezquerra Republicana de Catalunya al nuevo modelo de financiación y consiguiente modificación de la LOFCA, basándose en un acto de lealtad y coherencia con lo que libre y soberanamente expresó el Parlament de Catalunya en la resolución número 257 de la VI Legislatura, en la que se determinan las bases para un modelo estable de financiación para Cataluña basándose en la reducción del déficit fiscal, suficiencia financiera, responsabilidad fiscal, capacidad normativa sobre todos los impuestos, la Generalitat como única administración tributaria, relación bilateral entre el Estado y el Gobierno catalán, incorporación de la sanidad del modelo general, corrección de la discriminación de Cataluña en cuanto a inversión pública del Estado, cumplimiento del artículo 45 del actual Estatuto catalán, transparencia del sistema global y publicación de las balanzas fiscales y creación de un fondo de cooperación entre las comunidades autónomas.


Finalmente defiende las enmiendas de totalidad presentadas por la Chunta Aragonesista el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto. En ellas piden la devolución de los dos proyectos de ley por entender que el nuevo sistema de financiación aporta recursos insuficientes para que las comunidades autónomas puedan atender sus necesidades de gasto y resulta alicorto en cuanto a las atribuciones de corresponsabilidad fiscal a los gobiernos autonómicos, amén de que, desde la perspectiva de Aragón, el nuevo modelo no responde a los criterios y demandas que se habían pactado por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón y que fue aprobado sin ningún voto en contra.


Contesta el señor ministro de Hacienda, replicando los señores Rejón Gieb, Rodríguez Sánchez, Puigcercós i Boixassa y Labordeta Subías, duplicando el señor ministro de Hacienda.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Sevilla Segura del Grupo Parlamentario Socialista, Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario

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Catalán (Convergència i Unió); Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, se rechaza por 13 votos a favor, 286 en contra y nueve abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas, se rechazan por 12 votos a favor, 288 en contra y ocho abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativa . . . (Página 5567)

Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo . . . (Página 5567)

En defensa de las enmiendas mantenidas al proyecto de ley intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); y los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) da lectura a un texto consensuado entre todos los grupos que sustituye a su enmienda transaccional al artículo 11.4.


Se procede a las votaciones de las diferentes enmiendas mantenidas al proyecto de ley.


A continuación se procede a las sucesivas votaciones referidas al texto del dictamen, que es aprobado.


Se levanta la sesión a las dos y cincuenta minutos de la tarde.
Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (CONTINUACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/ 000048.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
(Número de expediente 121/000049.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.Iniciamos el debate conjunto de las enmiendas de totalidad presentadas al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, así como las presentadas al proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Para la presentación de los dos proyectos de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, me satisface comparecer hoy en esta Cámara para presentar el nuevo sistema de financiación autonómica adoptado por unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera a finales de julio de este año; acuerdo que se formaliza en tres proyectos legislativos, dos de los cuales se someten hoy a la aprobación de SS.SS.: la reforma de algunos artículos de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que delimita el marco general de la financiación de éstas, y la elaboración, por primera vez en la historia, de la descentralización administrativa de España de un proyecto de ley que recoge con detalle el funcionamiento del nuevo sistema de financiación. Sólo el proyecto de ley que reforma el Fondo de Compensación Interterritorial no se presenta hoy porque su trámite parlamentario comienza en la Cámara del Senado.Estoy seguro que, en conjunto, hemos hecho un buen trabajo y que los ciudadanos se van a beneficiar de las consecuencias prácticas del nuevo sistema de financiación, al que auguro una larga vida. En la ya dilatada historia de la España de las autonomías es un acontecimiento lograr la unanimidad tanto de comunidades autónomas como de grupos políticos a la hora de promover un nuevo sistema de financiación. Y este hecho resulta todavía más destacable

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cuando, como en esta ocasión, nos habíamos propuesto definir un sistema estable, propio del avanzado desarrollo del Estado autonómico. Hoy podemos decir que hemos conseguido un sistema de financiación duradero, que ha merecido el apoyo de todos los grupos políticos que gobiernan, por mayoría o en coalición, en nuestras comunidades autónomas, es decir, de todos los partidos nacionales más gran parte de los grupos nacionalistas.


Las comunidades autónomas y los grupos políticos han participado, junto al Gobierno de España, en la definición de un sistema de financiación que tiene excelentes cualidades y aprovecha al máximo, tanto en gastos como en ingresos, el margen razonable de descentralización política y administrativa. Con el nuevo sistema de financiación autonómica estamos garantizando el mejor futuro de la prestación de los servicios públicos, destacando por su importancia la sanidad, la educación y los servicios sociales. Estamos estimulando la iniciativa y la responsabilidad de las comunidades autónomas, aumentando su capacidad normativa y reduciendo en consecuencia las diferencias entre el régimen común y el foral.
Estamos reconociendo las diferencias y, a la vez, asegurando la equiparación en las prestaciones y servicios públicos en todo el territorio español. En resumen, estamos consiguiendo que el Estado español esté mejor vertebrado.En realidad, lo que hemos hecho con el solo lenguaje de los números es una reafirmación consciente y responsable de la nueva concepción del Estado español diseñada en la Constitución. Por eso he dicho que este acuerdo en torno a un sistema de financiación estable significa de hecho no sólo la intención de que el Estado español sea más autonómico, sino también que las comunidades autónomas constituyan realmente el Estado.
En efecto, la primera afirmación es indudable. Está claro que España ha vivido un intenso proceso de descentralización política y administrativa. Pocos Estados en el mundo pueden mostrar una organización política tan rápidamente descentralizada como la nuestra. En el lapso de 25 años las comunidades autónomas como Administración han pasado de no existir a ejercer en el año 2000 el 26,6 por ciento del gasto consolidado del Estado. Sin embargo, esta descentralización del gasto no se ha venido correspondiendo con la misma autonomía en los ingresos, ya que en ese mismo año su participación en el total de recursos consolidados era del 9,1 por ciento. Ya en 1996 se dio un paso importante en la descentralización efectiva de los ingresos al cederse a las comunidades autónomas el 15 por ciento del impuesto sobre la renta de las personas físicas con capacidad normativa y otorgarse por primera vez capacidad en los tributos que ya tenían cedidos. Así, los recursos autónomos de las comunidades pasaron del 26 por ciento al 49 por ciento de sus ingresos. Sin embargo, hoy tenemos una señal bien clara de que también la segunda afirmación es cierta. Es decir, que después de estos 25 años las comunidades autónomas son más Estado. Este acuerdo de financiación autonómica habría sido imposible si las comunidades autónomas hubiesen pensado solamente en sus intereses desde una lógica reivindicativa y estrecha. Todos hemos comprendido que defendemos mejor nuestros intereses y satisfacemos mejor nuestras necesidades protegiendo el ámbito de la convivencia y tomando como referencia una política común.
Este acuerdo de financiación expresa también la madurez del proceso de descentralización de competencias previsto en la Constitución y en los respectivos estatutos de autonomía. En este año se presenta el momento oportuno para avanzar en la autonomía financiera y de gasto de las comunidades autónomas. Excepto la sanidad, que aún no han asumido algunas comunidades autónomas, prácticamente la mayoría -casi la totalidad- de las competencias han sido ya transferidas. En los últimos cinco años todas las comunidades han asumido la competencia en educación, lo que ha supuesto un trasvase de gasto de 5.410 millones de euros desde la Administración central a las autonómicas y a lo largo del año 2001 se han venido celebrando las diferentes comisiones técnicas para evaluar el traslado de las competencias en sanidad a las 10 comunidades que aún no la tienen. La descentralización vía gasto está por tanto prácticamente en su término, lo que, unido a la experiencia adquirida y a este momento de madurez de la economía española, que se manifiesta en el equilibrio presupuestario, aconseja abordar un nuevo sistema de financiación que aporte a su vez estabilidad y mayor responsabilidad a las comunidades autónomas.
Es un motivo de satisfacción para todos haber sido capaces de alcanzar este acuerdo de financiación en el momento más oportuno. La madurez del proceso de descentralización competencial y administrativa nos ha permitido acometer el diseño de un modelo de financiación de aplicación general por el cual todas las comunidades autónomas van a tener la misma capacidad normativa, la misma composición de los tributos cedidos, los mismos criterios de asignación de recursos y un nivel equiparable en los servicios básicos que deben recibir todos los ciudadanos españoles, sea cual sea su lugar de residencia. Con toda seguridad, este nuevo sistema de financiación autonómica habría sido imposible hace unos años con la economía deprimida, con elevadas tasas de paro y con un gravoso déficit público. Ahora, en cambio, el producto interior bruto crece por quinto año consecutivo a los ritmos más altos de los países desarrollados. El empleo ha aumentado un 20 por ciento desde 1996 y las finanzas públicas están próximas al equilibrio. En estas condiciones hemos podido abordar la decisiva reforma estructural de la financiación autonómica, con la seguridad de que el cambio va a beneficiar el equilibrio financiero del Estado y va a garantizar las prestaciones de los servicios públicos.


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El nuevo sistema de financiación autonómica entrará en vigor el año que viene, con una situación de equilibrio presupuestario, o muy próxima a él, en la mayoría de las comunidades autónomas. La nueva financiación ayudará a completar el saneamiento de las finanzas autonómicas, porque el equilibrio presupuestario ha de ser el objetivo permanente de todas las administraciones públicas. Es un compromiso especialmente recomendable en países tan descentralizados como España, pues de otra forma la política fiscal no podría cumplir su función básica de garantizar la estabilidad económica y contribuir de esta manera al crecimiento económico, la creación de empleo y la redistribución de la renta. El compromiso de equilibrio presupuestario para todas las administraciones públicas es la clave para aprovechar las mejores ventajas de la descentralización administrativa y evitar sus inconvenientes. De poco serviría ganar eficiencia en la asignación de los recursos públicos si descuidamos la estabilidad económica y la distribución equitativa de la renta.
Una solución desequilibrada no puede ser duradera. Por eso, todo crecimiento en autonomía política y administrativa debe implicar un refuerzo correspondiente en la responsabilidad y la contribución de todos a la consecución de objetivos comunes. Más aún, la disposición a cumplir este compromiso de equilibrio presupuestario es una buena medida de la autonomía financiera que cada uno es capaz de asumir.
(El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) El sistema de financiación autonómica aporta la estabilidad, la capacidad normativa y los recursos necesarios para mantener el equilibrio presupuestario en el largo plazo. Es decir, lo que procura es la garantía de los servicios públicos. Las comunidades autónomas, al financiarse prácticamente con las mismas figuras tributarias que el Estado, se beneficiarán de los mayores ingresos derivados del dinamismo económico que genera la estabilidad económica y podrán financiar mejor sus respectivos presupuestos. Como SS.SS. saben, el nuevo sistema de financiación económica afecta a las quince comunidades del régimen general y a las ciudades de Ceuta y Melilla, las cuales, naturalmente, comparten elementos propios de las comunidades autónomas y de las corporaciones locales. La Comunidad Autónoma del País Vasco y sus tres diputaciones y la Comunidad Foral de Navarra tienen un régimen propio. En estos días estamos manteniendo conversaciones para llevar a cabo la renovación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y las diputaciones forales, y pronto abordaremos la negociación de la actualización del convenio económico y del cupo con Navarra. De este modo, se completará el sistema financiero de todas las comunidades y ciudades autónomas que componen la España del siglo XXI.
Planteado el escenario en el que se desenvuelve el sistema, el proyecto de ley ordinaria por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatutos de autonomía, en realidad, es prácticamente una transcripción del acuerdo de financiación alcanzado el 27 de julio.
Transcripción en la que también se reforma la actual Ley de Cesión de Tributos del Estado, Ley 14/1996, de 30 de diciembre, para dar cabida a las nuevas exigencias del sistema. Este proyecto de ley está estructurado en la exposición de motivos, un título preliminar, seis títulos más, dos disposiciones adicionales y dos disposiciones transitorias y en él se da contenido a la regulación de todos los aspectos del nuevo sistema de financiación, del que paso a comentar su estructura y características más relevantes.
El nuevo sistema de financiación autonómica nace, como ya he comentado, con una vocación de estabilidad y permanencia en el tiempo, por lo que se diseña pensando ya en el momento en que todas las comunidades autónomas hayan alcanzado su techo competencial. En ese momento, las comunidades autónomas manejarán más de 51.000 millones de euros, 8,5 billones de pesetas, en pesetas del año 1999, lo que supone más del 40 por ciento del total del gasto del sector público. Este es precisamente el punto o restricción inicial del que parte el sistema, punto en el que también se han tenido en cuenta aquellas comunidades autónomas que no han aceptado el sistema actual.
Así, se considera que la restricción inicial de estas comunidades autónomas es la liquidación que les hubiese correspondido en el año 1999, según las reglas del modelo de financiación ahora vigente. El sistema es, por tanto, ecuánime y equitativo desde su inicio, pone a todas las comunidades autónomas en las mismas condiciones de partida, con independencia de su situación actual. Una vez fijada la situación inicial, el sistema determina los recursos que asignará a cada una de las comunidades autónomas en función de aquellas variables que identifican sus necesidades de gasto. En este sentido, el nuevo sistema combina, a la vez, la conservación de las variables cuya bondad ha quedado contrastada en el modelo vigente, con la inclusión de nuevos índices que contribuyen a ajustar más adecuadamente las necesidades derivadas de las nuevas competencias. Así, todas las necesidades de gasto de las comunidades autónomas quedan ahora determinadas por la suma de las derivadas de competencias comunes, incluida la de educación, competencias en sanidad y competencias en Imserso.
Las variables y ponderaciones que se utilizan en el reparto de los recursos es diferente en cada uno de estos grupos de competencias, tratando de ajustarse lo más posible a las verdaderas características de cada comunidad autónoma. En el bloque de competencias comunes nos encontramos con tres fondos diferentes. El fondo general, que se reparte en función de las siguientesvariables: el 94 por ciento del fondo se distribuye en

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función de la variable población, que es por excelencia la que recoge de manera más sencilla la necesidad de gasto de cada territorio; el 4,2 por ciento se reparte en función de la superficie; el 1,2 por ciento, en función de la dispersión de la población, que provoca indudablemente un mayor coste de los servicios; el 0,6 restante se asigna directamente a las islas, en función de la distancia que hay entre éstas y la costa peninsular más cercana. El segundo fondo es el que llamamos de renta relativa y se le otorga sólo a aquellas comunidades cuya participación en la población total supera su aportación al valor añadido bruto nacional. El tercer fondo pretende paliar algunas situaciones excepcionales en las que la densidad de población es escasa de acuerdo con su tamaño. El bloque de competencias en sanidad se distribuye en función de tres variables básicas para la prestación de este servicio: la población protegida por el Sistema Nacional de Sanidad, con un peso del 75 por ciento, la población mayor de 65 años, que determina el reparto del 24, 5 por ciento del fondo, y la insularidad, que asigna un 0,5 por ciento de este fondo a las islas cuyas necesidades sanitarias se ven acentuadas por su especial situación. El bloque de competencias que determinan las necesidades de servicios sociales se reparten, tal y como corresponde, en función de la población mayor de 65 años, por ser la principal usuaria de estos servicios. Hay que tener presente que en el reparto de los recursos en función de las competencias o necesidades se respeta el principio de neutralidad, de manera que ninguna comunidad pierde recursos como consecuencia de esta nueva asignación. Para conservar una cierta equidad se establecen una serie de reglas o modulaciones en el bloque de competencias comunes que facilitan un crecimiento homogéneo de la financiación, sin que haya diferencias extremas en las ganancias de cada comunidad. Por ejemplo, entre otras, ninguna podrá incrementar su financiación en más del 25 por ciento de la media en el año base del nuevo sistema. Igualmente la prestación de un servicio tan importante como la sanidad, que la mantenemos enmarcada dentro de la Seguridad Social y que hasta ahora se financiaba mediante transferencias y de manera condicionada, hace necesario que se tomen una serie de precauciones para seguir garantizando una dotación equitativa en todo el territorio. Así, de todo el conjunto de recursos que reciban las comunidades autónomas estarán obligadas a dotar a sanidad, como mínimo, la cantidad que resulte de la aplicación de los índices de necesidad e incrementarla cada año en una cuantía igual a la que se incrementan los ingresos tributarios del Estado. En el caso de que la evolución de éstos sea inferior al PIB nominal a precios de mercado, durante los tres primeros años del sistema las comunidades autónomas con competencias en sanidad tendrán garantizada su evolución en función de este último índice. La financiación de los servicios sociales, el Imserso, también permanece ligado a la Seguridad Social. En la actualidad carece de un índice de evolución y en el nuevo sistema se le garantiza un incremento igual al de los ingresos del Estado, lo que supone una mejora sustancial de financiación en esta área de marcado carácter social.
Después de establecer las necesidades de gasto para cada comunidad, el sistema determina las fuentes de financiación, fuentes que proporcionarán los recursos necesarios. Como he tratado de explicar en la determinación de las necesidades del gasto, la primera aportación del nuevo sistema con respecto al modelo anterior es la integración de todos los servicios y la estabilidad que esta integración proporciona. En lo referente a las fuentes de financiación, la principal aportación reside en el gran incremento de autonomía financiera y de corresponsabilidad para todas y cada una de las comunidades autónomas. Al igual que en el modelo vigente, las comunidades autónomas cuentan con una serie de recursos que destinan a financiar todo el bloque de competencias y otros que siguen manteniendo un carácter condicionado a la realización de determinadas obras o a la prestación de determinados servicios.
Dos son las principales aportaciones que experimenta la financiación del conjunto de competencias: un incremento en su cuantía y una composición más variada de las fuentes de financiación. Con este nuevo modelo, las comunidades autónomas contarán a partir de enero del año 2002 con tres grandes medios de financiación: los tributos cedidos, que son los que ahora tienen; los nuevos tributos, que pasan en todo o en parte a las comunidades autónomas, y el fondo de suficiencia, que completa las necesidades de financiación de cada comunidad. Aunque la novedad más importante es la cesión de nuevos tributos, hemos introducido también importantes modificaciones en los otros dos bloques. Así, los tributos que ahora tienen cedidas las comunidades autónomas incrementan su capacidad normativa hasta el máximo, con los límites precisos para seguir conservando su categoría de tributo cedido. Tanto en el impuesto sobre sucesiones y donaciones como en el impuesto sobre patrimonio, las comunidades autónomas asumen total capacidad normativa sobre sus tarifas. A su vez, pueden establecer el mínimo exento, las reducciones de la base imponible y las bonificaciones y deducciones. En el caso del impuesto sobre sucesiones y donaciones, el único requisito para modificar la tarifa es que respeten los mismos grupos de parentesco que en la legislación estatal. Por su parte, en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, las comunidades autónomas amplían sus competencias normativas sobre el tipo de gravamen, la gestión y la recaudación, y pueden también establecer libremente las deducciones y bonificaciones que consideren oportunas.


Es el impuesto sobre la renta de las personas físicas el más relevante en lo que se refiere al incremento decapacidad normativa, además de incrementarse la parte

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cedida. Así, gracias al establecimiento de una cesión del 33 por ciento de la tarifa del IRPF, se incrementan los ingresos por este impuesto. El 33 por ciento sustituye a la suma del actual 15 por ciento, más la participación en el 15 por ciento de la cuota líquida.
Las comunidades autónomas asumen total capacidad normativa para subir o bajar los tipos impositivos de su tarifa, siempre que cumplan dos requisitos: que siga siendo progresiva, es decir que las comunidades autónomas respeten la función redistributiva y de equidad del impuesto, y que tenga el mismo número de tramos que la tarifa estatal. Las comunidades conservan también la capacidad para establecer las deducciones que consideren oportunas en este impuesto, capacidad que algunas comunidades autónomas han utilizado en este quinquenio para fomentar la natalidad, para financiar los gastos extraordinarios de su particular situación -islas- o para fomentar la conservación de su patrimonio histórico. Se incrementa la capacidad normativa en la deducción en vivienda: del 15 por ciento que supone esta deducción, el 10 por ciento será estatal, y el 5 por ciento, autonómico. Las comunidades autónomas podrán elevar o reducir su porcentaje en un 50 por ciento. En la actualidad, las comunidades autónomas, como SS.SS. saben, no tienen capacidad normativa sobre una deducción tan importante como es la deducción de vivienda. En definitiva, el 33 por ciento del IRPF que pagan los contribuyentes se hace más plenamente autónomo, y son las comunidades autónomas las que habrán de responder de sus modificaciones y de su utilización ante sus ciudadanos.
Otra de las novedades principales del nuevo sistema es la incorporación del IVA y de los impuestos especiales como fuente de financiación. De esta manera se consigue una cesta de recursos más variada y, al mismo tiempo, más estable, ya que evolucionan de manera más pareja al conjunto de ingresos del Estado. Respecto del IVA, se cede a las comunidades autónomas el 35 por ciento; sin embargo, por exigencia de la armonización europea, la capacidad normativa se mantiene en manos de la Administración central del Estado. Como es sabido, el IVA es un impuesto fundamental en el proceso de armonización fiscal en la Unión Europea. Es normal, pues, que las instituciones de la Unión Europea desaconsejen el establecimiento de tipos impositivos diferentes en cada comunidad autónoma. Dado que no hay posibilidad de capacidad normativa y que la recaudación de este impuesto es muy irregular en su distribución en el territorio nacional, ya que depende más del domicilio de las empresas que de los ciudadanos consumidores o verdaderos contribuyentes, hemos decidido repartir el 35 por ciento del IVA entre las comunidades autónomas en función de un índice de consumo especialmente elaborado por el Instituto Nacional de Estadística para esta función. Este reparto en función del consumo real facilita aún más el ajuste de los recursos a las necesidades de gasto de la población de hecho, la que verdaderamente consume, y compensa las deficiencias de ingresos que se pudieran derivar del turismo, de la migración o de incremento de la población. Por otra parte, dentro de los impuestos especiales, nos encontramos con dos tipos diferentes: los que se establecen en la fase de fabricación y están sometidos a armonización y aquellos otros que no están sujetos a las reglas armonizadoras de la Comisión Europea. En el primer grupo se encuentran el impuesto sobre la cerveza, el impuesto sobre el vino y bebidas fermentadas, el impuesto sobre productos intermedios, el impuesto sobre el alcohol y bebidas derivadas, el impuesto sobre hidrocarburos y el impuesto sobre las labores del tabaco. En resumen, los impuestos que recaen sobre las bebidas alcohólicas, carburantes y tabaco. En estos impuestos, y al igual que ocurre con el IVA, se cede el 40 por ciento de la recaudación en función de los índices de consumo elaborados por el Instituto Nacional de Estadística, pero la capacidad normativa queda en manos de la Administración central del Estado. Al estar sujeto a la armonización europea, no es procedente la concesión de una capacidad normativa más descentralizada.
En cuanto a los impuestos no sometidos a armonización fiscal, que son el impuesto sobre la electricidad y el impuesto sobre determinados medios de transporte, el Estado cede el cien por cien de su recaudación a las comunidades autónomas. Este bloque de recursos proveniente del Estado se completa con un fondo de suficiencia, cuya misión es la de atender las necesidades de gasto de aquellas comunidades autónomas cuya capacidad fiscal no es suficiente para cubrirlas, dado que a todas las comunidades autónomas se les ceden los mismos impuestos, con idénticos porcentajes. Dada su función complementaria, la evolución de este fondo se sujeta a la evolución de lo que llamamos ingresos tributarios del Estado, que se corresponde con la parte no cedida del impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre el valor añadido e impuestos especiales que el Estado se reserva. En este fondo encontramos implícita una función equilibradora y solidaria. Las comunidades autónomas con menor capacidad fiscal recibirán más recursos derivados del fondo, que evolucionarán en mayor cuantía que sus ingresos tributarios, dado que su nivel de actividad económica será presumiblemente menor que la media del Estado. Sin embargo, la solidaridad del sistema no se agota con este fondo. Existen otros instrumentos de carácter más condicionado para atender situaciones especiales. Así, en primer lugar, nos encontramos con las asignaciones de nivelación, que intentan cubrir aquellas situaciones extraordinarias que se puedan dar en la prestación de dos servicios tan básicos como la educación y la sanidad. Se toman como indicadores el número de alumnos, en educación, y la población protegida, en sanidad. Cuando en alguna comunidad autónoma seproduzca una desviación de dos puntos al alza o a la

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baja con respecto al estándar nacional, se negociará la aplicación de este fondo para cubrir ese desajuste puntual. Este fondo pretende dar cumplimiento al artículo 15 de la LOFCA en cuanto a la nivelación de los servicios básicos. Además de estas asignaciones puntuales, la sanidad se considera un servicio lo suficientemente importante como para asegurar su prestación homogénea mediante dos instrumentos.
Primero, condicionando la cuantía de los recursos a aportar, como antes he explicado, y, segundo, mediante la constitución de un fondo específico de cohesión y desplazados, que quedará en manos del Ministerio de Sanidad. Su función será cubrir la diferencia de coste por la atención a desplazados de otras comunidades o del extranjero y realizar una política sanitaria global que garantice la equidad de todos los españoles y facilite la coordinación y cooperación entre los distintos servicios autonómicos de salud.
Todas estas modificaciones del sistema, que implican más libertad de decisión y más responsabilidad para las comunidades autónomas, perderían buena parte de su eficacia sin una última e importante novedad, el refuerzo de las relaciones entre las comunidades autónomas y la Agencia Estatal de la Administración Tributaria. Para conseguir esta mejor coordinación entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas, se refuerzan las competencias y la participación de las comunidades autónomas en los órganos ya existentes, es decir, la Comisión Mixta de coordinación de la gestión tributaria y los consejos territoriales de dirección. Se prevé la participación de las comunidades autónomas en los tribunales económicos-administrativos, incorporando funcionarios autonómicos en calidad de vocales o ponentes. Se crean, asimismo, nuevos órganos de coordinación: el consejo superior de dirección de la Agencia Tributaria, presidido por el director de la misma y con representación de las comunidades autónomas, tendrá carácter consultivo para fijar y contrastar objetivos de la Agencia. En el ámbito de las delegaciones especiales, se podrán crear unidades regionales de coordinación con las administraciones tributarias.
El proyecto de ley, en sus títulos I y II, regula también las correspondientes fórmulas para establecer las entregas a cuenta mensuales a las comunidades autónomas, tanto del fondo de suficiencia como de cada uno de los tributos que se ceden. Como ayer quedó patente en esta mima Cámara, hasta que no se aprueben estas leyes y sean ratificadas las correspondientes comisiones mixtas entre el Estado y las comunidades autónomas, no es posible determinar la cuantía individual de las entregas a cuenta, por lo que, dentro de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, se consigna de momento un crédito global para el conjunto de las comunidades. La puesta en práctica del acuerdo de financiación requiere indefectiblemente la reforma de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas que, junto con la Constitución, diseñan el marco general en el que se mueven las posibilidades de la financiación autonómica. Esta reforma se recoge en el proyecto de ley orgánica de modificación de la LOFCA. El proyecto introduce las siguientes y necesarias variaciones en la LOFCA: a) Se modifica el artículo décimo para posibilitar la atribución de la cesión de los impuestos indirectos en función de los índices estadísticos aprobados por el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
b) Se incorporan al artículo 11 la cesión del 35 por ciento del impuesto sobre el valor añadido, del 40 por ciento de los impuestos especiales sobre el alcohol y bebidas alcohólicas, sobre hidrocarburos y sobre las labores del tabaco, el cien por cien de los impuestos sobre la electricidad y del impuesto especial sobre determinado medio de transporte. Igualmente se amplía al 33 por ciento la cesión del impuesto sobre la renta de las personas físicas.
c) La modificación operada en el artículo anterior, implica la necesaria modificación del artículo 12, regulador de los recargos sobre los tributos cedidos que pueden establecer las comunidades autónomas.


d) Se amplían las competencias normativas de las comunidades autónomas sobre los tributos cedidos, modificando el artículo 19 de la LOFCA. Competencias que, en todo caso, se sujetan al cumplimiento de dos preceptos constitucionales: no darán lugar a discriminación por razón de ubicación y garantizarán el mantenimiento de una presión fiscal efectiva global dentro de cada comunidad equivalente a la del conjunto del territorio nacional.
e) Para garantizar este diferencial a aquellas comunidades autónomas cuya capacidad fiscal es inferior a sus necesidades de gasto, es preciso modificar el artículo 13, permitiendo la participación de las comunidades autónomas en los ingresos del Estado a través del denominado fondo de suficiencia.
f) La modificación operada en el artículo 15 responde a la garantía de la prestación de un nivel mínimo de los servicios de educación y asistencia sanitaria en todas las comunidades autónomas, mediante la introducción de las asignaciones de nivelación.
g) Se modifican los artículos 4, 16 y 18 reguladores del Fondo de Compensación Interterritorial para posibilitar la utilización de hasta un 25 por ciento de los recursos percibidos en gastos corrientes asociados a la puesta en funcionamiento de las inversiones financiadas con cargo a este fondo y el acceso al mismo por parte de Ceuta y Melilla.
h) La modificación realizada en el artículo 20 posibilita la participación de las comunidades autónomas en los tribunales económico-administrativos regionalesdel Estado, desde el 1 de enero del 2002.


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i) Por último, se modifican los artículos 23 y 24 para que la junta arbitral conozca no sólo de los conflictos positivos, sino también de los negativos que se puedan plantear, es decir, cuando ninguna de las administraciones implicadas se considere competente en los procedimientos tributarios y, además, se establece un procedimiento simplificado para la resolución de conflictos de pequeña cuantía.
Todo el diseño de este nuevo sistema de financiación responde a unos objetivos que vienen marcados tanto por la madurez del proceso de descentralización como por los buenos resultados obtenidos por el actual modelo. El desarrollo y profundización de las virtudes aportadas por el modelo vigente de financiación, nos ha llevado a conseguir un nuevo sistema integrado y más transparente, corresponsable, suficiente, solidario, estable en el tiempo y coordinado. La integración de todas las competencias comunes de sanidad y del Imserso en un solo sistema y la financiación en el conjunto de todas ellas, facilita la transparencia en los diferentes niveles de Gobierno y, lo que es más importante, entre cada uno de los gobiernos y los ciudadanos a los que atienden. Los ciudadanos tendrán ahora mayor conciencia de los servicios que reciben de las comunidades autónomas y de los impuestos con los que contribuyen a su financiación. De esta manera, se consigue una asignación más eficiente de los recursos públicos y un control político más eficaz de los electores.
En segundo lugar, el nuevo sistema de financiación es más corresponsable. En efecto, aumentan los recursos autónomos desde el 49 por ciento al 68 por ciento de los ingresos totales de las comunidades y se avanza en todo lo posible en lo que a capacidad normativa se refiere. De esta manera, el sistema consigue mejorar la responsabilidad de las comunidades autónomas en la política fiscal y, sobre todo, en las funciones de asignación de recursos y redistribución de la renta al poder combinar sus diferentes fuentes tributarias. Otra consecuencia es el acercamiento de las competencias en materia tributaria de las comunidades autónomas de régimen común a las que tradicionalmente venían ejerciendo tanto País Vasco como Navarra, reduciendo en consecuencia las diferencias entre el régimen común y el foral.
Otra de las características que he destacado del nuevo modelo es su suficiencia. El nuevo sistema de financiación proporciona, en efecto, los recursos suficientes para cubrir las necesidades de gasto de nuestras comunidades autónomas. Por una parte, mejora la selección y el peso relativo de las variables que identifican las diversas necesidades de gasto y añade los fondos específicos de renta relativa y escasa densidad de la población, entre otros, y prevé una garantía financiera para que ninguna comunidad pierda recursos. Es evidente que las mayores competencias para decidir sobre sus ingresos en cada momento y la mayor variedad de fuentes de financiación, ayudan a responder con mayor flexibilidad a las necesidades del gasto y dan soporte a la suficiencia del sistema.
Como expresé anteriormente, hemos perfeccionado considerablemente el modelo actual para acentuar la solidaridad. Hemos introducido una serie de elementos que aseguran la cobertura general de los servicios, equiparan el nivel de prestación de los mismos y la evolución en el nivel de desarrollo de las regiones.Así, se incorporan nuevas variables y ponderaciones que recojan mejor las necesidades de cada comunidad. El fondo de suficiencia equilibra la cobertura de las necesidades con un adecuado índice de evolución. Las asignaciones de nivelación dan respuestas a situaciones extraordinarias en servicios básicos como educación y sanidad. El Fondo de Cohesión y desplazados en la sanidad garantiza la prestación homogénea y coordinada de este servicio en todo el territorio español. Y el Fondo de Compensación Interterritorial sigue estructurado para impulsar el desarrollo económico de nuestras regiones.
Uno de los principales objetivos que nos hemos propuesto con la reforma del sistema de financiación ha sido la estabilidad. El hecho de incluir todas las competencias que aún quedan por transferir, la aportación de recursos más autónomos y estables y el decisivo paso dado en la corresponsabilidad fiscal, otorgan al sistema la estabilidad buscada. En definitiva, al igual que la estabilidad económica favorece las expectativas de los agentes económicos, la creación de riqueza y la generación de empleo, la estabilidad del modelo normalizará el comportamiento y las expectativas de todos los niveles de la Administración.
El nuevo sistema es el resultado de un profundo diálogo político.
Como SS.SS. conocen, la negociación del sistema ha sido laboriosa, compleja y transparente. El Gobierno ha recabado la opinión tanto de los grupos políticos como de las comunidades autónomas y ha facilitado un acuerdo al que también ha contribuido la actitud responsable de todos los interlocutores, es decir, de todos los partidos nacionales más algunos grupos nacionalistas. El nuevo reparto de competencias y de recursos hace necesaria una mayor coordinación entre las comunidades autónomas y la Administración central que, como ya he mencionado, se traduce tanto en un reforzamiento de las relaciones entre la Agencia Tributaria y las comunidades autónomas, así como en el establecimiento de las suficientes garantías en la prestación de los servicios más básicos.
En este sentido, la mayor coordinación se apoya también en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, cuyas competencias se refuerzan en las leyes de estabilidad, convirtiéndole en un verdadero órgano de coordinación consultivo y decisorio a la vez. Como hemos visto, el nuevo sistema avanza considerablemente en el cumplimiento de los principios que tanto la Constitución como la LOFCA establecen para la financiación de las comunidades

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autónomas, pero siempre tomando como punto de partida la experiencia acumulada en el periodo anterior.
Permítanme que exprese esta mañana ante la Cámara mi convencimiento de que en el nuevo sistema de financiación autonómica hemos encontrado una buena solución para mejorar las funciones básicas del sector público en España, una solución que se ha ido perfeccionando con el paciente intercambio de experiencias y opiniones hasta que, poco a poco, se han ido limando las asperezas. En este primer año del siglo XXI estamos determinando los fundamentos de la Hacienda pública equilibrada. El 2001 es el año de la estabilidad presupuestaria, el año del déficit cero, es el año del acuerdo de financiación autonómica que, como hemos descrito, tiene sin duda una trascendencia que, más allá de la económica, llega a la política de una manera extraordinaria. También este año se culminarán otros objetivos como la aprobación de las leyes de estabilidad, la renovación del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco y las diputaciones forales.El próximo año, tal y como expuse ayer mismo, será el año de introducción del euro como moneda física y de la puesta en práctica, tanto del nuevo sistema de financiación como del nuevo concierto económico. Se plantea un gran reto para el Gobierno y para los presupuestos que en el día de ayer se presentaron, reto que los nuevos presupuestos están preparados para asumir. Como quedó patente, están preparados y concebidos no sólo para ello sino también para afrontar las especiales dificultades que atraviesa la economía mundial. En el año 2002 se avanzará también en la definición de un nuevo sistema de financiación de las corporaciones locales que culminará el proceso de descentralización administrativa en España, dotando a las corporaciones locales, a nuestros ayuntamientos, de los suficientes recursos para atender sus necesidades y del grado de corresponsabilidad adecuado tanto a su tamaño como a sus especiales características.
Queda todavía mucho trabajo por delante en el capítulo de las reformas tributarias, pero antes era imprescindible garantizar la estabilidad presupuestaria y configurar el mapa financiero de nuestras administraciones públicas.
Quiero dar las gracias a todos los grupos políticos que han sabido comprender y compartir la trascendencia del esfuerzo del compromiso que entre todos hemos adquirido. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Para la defensa de las enmiendas presentadas, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Antes de intervenir, quería hacer uso de la palabra para exponer un problema de seguridad jurídica. El artículo 72.2 del Reglamento dice que cualquier diputado podrá también pedir, durante la discusión o antes de votar, la lectura de las normas o documentos que crea conducentes a la ilustración... Me ha parecido oír en la intervención del señor Montoro, que siempre es tan preciso y tan redicho, cuando hablaba de las asignaciones de nivelación en aplicación del artículo 15 de la LOFCA, que se revisarán cuando se produzca un incremento superior al 2 por ciento. En el texto que yo tengo aquí se habla de tres puntos de crecimiento. Quería saber si ha habido una corrección de errores o si lleva razón el señor Montoro y yo tengo los papeles equivocados. Lo digo para que en mi intervención pueda tener seguridad jurídica.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Rejón, tiene ahora su turno de defensa de las dos enmiendas a la totalidad de los dos proyectos de ley, el señor ministro luego tendrá opción a la réplica correspondiente y me imagino que cualquier duda quedará aclarada en la subsiguiente intervención del señor ministro.
El señor Rejón tiene la palabra.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, señor ministro, buenos días de nuevo.
Hay que reconocerle que en algunos aspectos usted es un ministro con suerte. Durante los últimos períodos de las monarquías autoritarias europeas, uno de los problemas más difíciles que se encontraban los monarcas era tocar los distintos impuestos en los territorios y distintos reinos que conformaban aquellos Estados incipientes, entre otras cuestiones porque para la modificación del impuesto tenían que contar con el visto bueno de las cortes, de la asamblea, de los grupos de aquellos territorios, y solamente podían doblar la opinión, legítimamente contraria, de los representantes de aquellos territorios para subir o modificar los impuestos con su presencia, aquella famosa figura de adveniente principe cesat magistratus. En el período revolucionario francés, previo a la Revolución francesa, el monarca se encontró con un problema, y es que cuando pretendió convocarlos y asistir a todos, uno detrás de otro, se los convocaron todos el mismo día, con lo cual decidió convocar definitivamente los Estados Generales, aunque luego el tercer Estado se le descompuso.
Hay que reconocer que usted ha tenido mucha suerte, no ha tenido que ir a las quince comunidades autónomas, los ha reunido a todos en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, al final, ha conseguido el acuerdo de la inmensa mayoría del arco parlamentario. Hay algunos grupos de ámbito nacional con presencia en algunos ejecutivos autonómicos cuya postura no respaldamos, pero indiscutiblemente tiene el respaldo de una amplia mayoría, y como tal se lo reconozco. Digo que ha tenido usted suerte, y espero que al final no termine usted como la reina y el Capeto.


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Yo saludo hoy aquí el proyecto de ley. Es bueno reconocer que, por primera vez, la financiación autonómica es más o menos estable, aunque el que se vea en un proyecto de ley no significa que tenga mayor estabilidad; pero el hecho de que usted haya traído aquí un proyecto de ley es digno de saludar. Lo que está bien, está bien. Eso nos permite, en primer lugar, estar discutiendo una enmienda a la totalidad, cosa que no se produjo en anteriores gobiernos, tanto de usted, como de otras fuerzas políticas. Es bueno que haya un proyecto de ley porque es más clarificador, más transparente, da mayor responsabilidad jurídica, y eso hay que reconocerlo. No nos duelen prendas en reconocer que lo que usted ha traído aquí, consensuado con consejeros y consejeras de las distintas comunidades autónomas y con la inmensa mayoría de los grupos políticos parlamentarios, significa un determinado avance. Entendemos, como Antoni Castell, que es un avance, pero claramente insuficiente. Esta vez tocaba un avance mucho mayor, no solamente desde el importante punto de vista del dinero, de los fondos, sino de la política. Saludo, repito, el que usted haya traído aquí esta ley, aunque indiscutiblemente ahora la votación le va a servir, porque tiene una red de seguridad parlamentaria, de elemento propagandístico. Ahora bien, témome -usted también se lo teme- que ese respaldo no sería tal si ya se hubieran discutido y peleado los temas en las comisiones mixtas. Dice el informe de la ley que es una pena que, por razones de tiempo, no se hayan podido reunir las comisiones mixtas, usted se ha referido a ello en su último tramo de su intervención: no se han podido fijar las cuantías, solamente una cuantía global, a cuenta. Cuando las comunidades autónomas conozcan realmente sus pesetas les va a chirriar un poco el acuerdo.
A ello hay que añadir que cuando las comunidades sean cada día más conscientes y se den cuenta -no me importa coincidir, señor ministro, señorías, con valoraciones de presidentes de comunidades autónomas tan distintas como el señor Pujol o el señor Chaves el otro día en la conferencia del siglo XXI- de que ante el proceso de involución autonómica fortísimo que, gota a gota, incluso chaparrón a chaparrón, se está produciendo en los últimos tiempos por parte del Gobierno del Partido Popular, muchas de las conquistas o de los avances que se produjeron en aquel acuerdo de julio y que ahora están tomando cuerpo en estos proyectos de ley son papel mojado o nueces hueras, vacías de cáscara, como decía, les va a chirriar el acuerdo.
Tenga en cuenta, señor ministro, que, al tiempo que estamos debatiendo esta ley, hay una ley de estabilidad presupuestaria que también está en debate en esta Cámara; hay una ley de universidades de claro contenido de involución autonómica; se aprobó aquí hace escasamente un mes, saliendo de su ministerio, no del Grupo Parlamentario Popular, aunque fue presentada como proposición no de ley, la propuesta, aunque estuviera dentro de la Constitución y de las leyes, de satanizar aquellos impuestos de nueva creación en algunas comunidades autónomas; está por ahí la ley de coordinación de competencias de todas las comunidades autónomas en materia de defensa de la competencia, también de claro matiz intervencionista. Señor ministro, hay que valorarlo todo integralmente. Hay un avance -he reconocido que es claramente insuficiente, pero es un avance- en el tema de la financiación autonómica, pero, al mismo tiempo, se están tomando medidas colaterales que están vaciando de contenido ese avance.
Usted firmó un acuerdo y ahora, tranquilamente, no sé si desde un diseño elaborado previamente -si es así habrá que felicitarle aunque esté en total desacuerdo con usted-, va rebajando: usted primero dio y ahora quita, y usted sabe, señor ministro, que el modelo de financiación autonómica está lleno de artificios contables. Señor ministro, hay que ver las tonterías, hay que ver el dinero de monopoly que muchos presidentes de comunidades autónomas han tenido que dibujar para vender ante su propio partido, ante sus propios Parlamentos o ante la opinión pública de su comunidad autónoma, para justificar que donde dijeron digo ahora dicen Diego. Me lo imagino a usted -permítame la expresión- gozando, con risas de ese personaje de cómic -y no es ninguna referencia personal-conocido como el perro pulgoso, me lo imagino a usted riendo, gozando, viendo a algunos personajes haciendo malabarismos ante lo que han tenido que hacer, como decía, para desdecirse sin desdecirse. Ha sido un acuerdo de: aquí todos son consentidos -sabe a lo que me refiero- y admitiendo todos que el rey va vestido aunque vaya desnudo. Se ha llegado incluso a decir -le reconozco su habilidad- que las comunidades del PP en este acuerdo pierden para que ganen las comunidades autónomas del PSOE. A mí eso me da risa, eso ya es de chiste. Se ha dicho incluso que todos ganan, que todos van a tener ahora muchísimo más y que pierde el Gobierno de la Administración central. Yo desde luego le felicito, señor Montoro, por ese malabarismo parlamentario y presupuestario, porque a pesar de que todos ganan y pierde el Gobierno central ayer al final nos trajo un presupuesto que, según usted, cuadraba en el déficit cero. En el fondo, señor ministro, usted sabe que la verdad es que no hay un modelo de financiación de las comunidades autónomas. Hoy no se va a aprobar - sé los votos que contamos, señor ministro- un modelo, ni se va a poner la andadura de un solo modelo, sino de quince modelos de financiación autonómica, y usted es consciente de ello. Usted tuvo que reunirse y al final darles derrames -usted como buen jienense sabrá lo que es un derrame- a algunos presidentes de comunidades autónomas, como el caso de Asturias o de Aragón, para que al final le dieran el apoyo al poder.
Señor ministro, la mascota del modelo que usted nos trae aquí -ahora que se está poniendo de moda ponerle a cualquier evento o a cualquier competición una

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mascota- es el fondo de suficiencia. Nunca se han concentrado más en un hecho todas las contradicciones, las debilidades y los cinismos, permítame la expresión, que en su modelo de financiación autonómica, porque usted sabe muy bien que en un momento determinado y en virtud del desarrollo del artículo 137 de la Constitución -el Estado somos todos, las comunidades autónomas, los municipios-, cuando se empezó la andadura de las comunidades autónomas se les daba su participación en los ingresos del Estado, la PIE, que en principio se les dio en dinero y luego poco a poco se les fue dando una parte en especie, y hasta la cantidad global que les correspondía en virtud de una serie de números y variables usted lo iba completando con la participación en la PIE. Usted ahora, en un acto de malabarismo, ha llegado a convertir lo que es el derecho de cualquier comunidad autónoma, porque son Estado, a quedarse con la parte que en virtud de unos acuerdos políticos le corresponde por la participación en la tarta de los ingresos del Estado en un acto de solidaridad, señor ministro. En este momento, de la noche a la mañana, usted, en el caso de que la gente le creyera -y sin duda algunos le creerán y otros, porque están interesados en creerle, defenderán que eso es así para que no se le noten las vergüenzas porque usted se haya desdicho-, tendrá que convenir conmigo que el fondo de suficiencia no es más que el dinero que falta entre lo que puedan recaudar por sí en la especie que usted les ha dado, en tributos, permítame la expresión, en impuestos cedidos o en participación, y el dinero que les correspondería como parte del Estado en la tarta global de todos los ingresos que tiene este. Por tanto eso no es un fondo de suficiencia, eso no es solidaridad, señor ministro. Ese es un derecho que le corresponde a las comunidades autónomas en virtud de que son parte del Estado.
Cuando usted ha llegado al grado de manipulación de la palabra -y siempre es peligroso manipular los conceptos y la palabra- está desarrollando, le guste o no le guste, quiera o no quiera -quiero pensar que lo quiere, porque desde luego a usted le podré considerar cualquier cosa menos tonto-, una imagen de que ese fondo es producto de una política paternalista, bondadosa desde el centro, es decir, está intentando dar la imagen de que hay una caridad más que una solidaridad desde el centro a determinadas comunidades autónomas.
Usted lo ha dicho aquí, quizás ahora más matizado de lo que se dijo en los primeros días cuando se produjo el acuerdo.
Usted ha dicho desde esta tribuna que a todas las comunidades les da las mismas posibilidades, a todas les ha dado las mismas transferencias, las mismas capacidades de recaudación, el mismo porcentaje y que a aquellas que no puedan o que no lleguen las completará. No. Primero, dar iguales porcentajes a comunidades iguales es injusto, es aquello tan famoso de tan injusto es tratar igual a los desiguales que desigual a los iguales. Si trata igual a comunidades autónomas desiguales por distintas razones, económicas, históricas, administrativas, etcétera, no me diga que luego les va a buscar un fondo de suficiencia. Es lo que les corresponde como parte del Estado. Señor ministro, el problema es cuando se empieza a generar la imagen de pobrecitas estas comunidades en virtud de que tienen menos actividad económica. Yo todavía recuerdo, y me imagino que le dolería de igual manera que a mí, cuando desde algunas comunidades y desde algunas fuerzas políticas se decía que ya estaba bien de las subvenciones a otras comunidades del sur, que eso era porque eran unos vagos que no trabajaban. Usted en el fondo está poniendo en marcha esa misma política, esta misma idea: a aquellas comunidades que en virtud de su situación económica no pueden completar el nivel de servicios -otras sí, Baleares, Madrid, etcétera- habrá que darles una suficiencia, una ayuda. Señor ministro, eso puede traer luego propuestas de desarrollo desigual y de tratamiento desigual dentro de un modelo de financiación que indiscutiblemente puede no solamente cambiarse en el texto sino en la práctica.
Como le decía al principio, señor ministro, es verdad que hay más fondos, es verdad que las comunidades tienen más fondos, pero la realidad es que no tienen más capacidad política, más capacidad normativa; poco más en el porcentaje del IRPF que ya tenían y un poco más sobre tributos cedidos, algunos de los cuales están ya a punto de ser liquidados; en el resto, como dice el libro amarillo de forma muy clara: 35 por ciento del IVA, sin capacidad normativa; 40 por ciento de hidrocarburos, alcohol y tabaco y labores, sin capacidad normativa; cien por cien en electricidad y matriculación, sin capacidad normativa. Sin capacidad normativa, señor ministro, cuando en un momento determinado usted sacó la zanahoria para algunos burros, permítame la expresión, de que podían tener la capacidad normativa. Señor ministro, yo me tengo que plantear una cosa: usted no sabía que no podía traspasar la capacidad normativa porque estaban dentro del grupo de los impuestos europeos de armonización fiscal, usted lo sabía y estaba engañando o usted no lo sabía, en cuyo caso es duro entender que un ministro no supiera que en eso no podía darles capacidad normativa. Por tanto, señor ministro, fíjese que vamos a llegar a la realidad de que por la vía de los hechos van a tener más capacidad normativa no ya las grandes compañías petrolíferas, ésas por supuesto; el dueño de una gasolinera en Villabotijos de Arriba va a tener más capacidad normativa sobre los hidrocarburos por la vía de los hechos que las comunidades autónomas.
Así de claro.
Le decía, señor ministro, que es verdad que las comunidades van a tener más dinero y usted decía: a todas les pongo en las mismas condiciones. Eso no es verdad. El 33 por ciento de una comunidad autónoma que recauda 600.000 millones de pesetas al año por el IRPF no es lo mismo que el 33 por ciento de una comunidad autónoma que recauda 1 billón 200.000 millones

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pesetas, no es lo mismo. Lo que la Constitución a usted le manda es igualdad en el tratamiento de los habitantes de esa comunidad autónoma; no le manda igualdad en los dígitos. La Constitución no le obliga a que diga usted 33 para todos. Le obliga a que por la vía de los hechos, aplicando los dígitos diferentes en comunidades autónomas diferentes, al final cada comunidad autónoma tenga la capacidad de recaudación por vía propia de una cantidad similar o igual por habitante per cápita. Esa es la igualdad, señor ministro, porque no todas al final del proceso van a tener el mismo grado de autonomía financiera, y si no se tiene el mismo grado de autonomía financiera, señor ministro, no tienen el mismo grado de autonomía política. Habrá quienes, usted lo ha dicho y es verdad, con este modelo tengan hasta rebase y habrá quien se quede a mitad del camino. Podemos hablar, por ejemplo, de nuestra comunidad. Se van a quedar a mitad del camino.
Por lo tanto tendrán la mitad de autonomía política que la que tienen otras comunidades autónomas.
Señor ministro, entramos en el tema de la solidaridad. Me ha parecido oír -estará en el «Diario de Sesiones»- que se crea un fondo de nivelación. Señor ministro, había un fondo de nivelación creado desde 1980, en que se aprueba la LOFCA, del que ustedes son responsables hasta determinados años que no se pague. Había un fondo de nivelación de los servicios fundamentales recogido en el artículo 15 de la LOFCA, referido al artículo 13 y a la disposición tercera, que me parece que era la que fijaba la forma de computar esa nivelación de servicios, fondo de nivelación que ustedes han dotado con cantidades ridículas en los tres últimos ejercicios presupuestarios, pero, a modo napoleónico o a modo decimonónico, crearon una comisión que tendría que estudiar la forma de reparto, pero como nunca se reunió o no concluyó sus trabajos, al final ese fondo de nivelación nunca se gastó. Lo tuvo usted dentro de la economía presupuestaria. Ahora usted da un salto malabar y propone que se modifique el artículo 15 de la LOFCA, y en referencia al fondo de nivelación del artículo 64 de la Ley de financiación, me parece que usted no se ha expresado bien, yo no le entendido bien o ha habido un error cuando dice: cuando se produjera. En primer lugar dice usted: los servicios fundamentales en esta ley son educación y sanidad, con lo cual usted produce un recorte sobre una indefinición. Es verdad que usted me dirá: mejor es la definición, aunque sea de dos, que la indefinición global, y puedo estar de acuerdo con usted, pero hace usted un recorte sobre la indefinición con la que jugaba el artículo 15 de la LOFCA cuando hablaba de los servicios fundamentales, y ahí había distintas teorías, desde las anglosajonas de que servicios fundamentales, además de estos, son servicios sociales, vivienda, a incluso las nórdicas, que introducen el medio ambiente dentro de los servicios fundamentales. Usted ha producido un recorte y dice: servicios fundamentales, educación y sanidad. Y luego dice: pondré en marcha este fondo de nivelación cuando se produjera, en el caso de educación, un incremento en la población escolar del tres por ciento por encima de la media del resto de las comunidades, y en el tema sanitario se pondrá en marcha cuando haya un aumento en una comunidad autónoma de personal beneficiario de prestaciones sanitarias superior a un tres por ciento al crecimiento de la media.
Señor ministro, eso nunca se da. Acaba de dar usted la medida de lo que nunca se da. En cierta ocasión y, perdón, pero la cabra tira al monte, al bueno del católico rey Felipe II vinieron a decirle aquello de: mire, majestad, eso de condenar a la gente a galeras de por vida es de una tremenda crueldad porque es durisímo toda la vida. Entonces él les pidió a los arbitristas de aquella época: halladme la media de vida en galeras. Mire usted, nadie supera los 8 ó 10 años. Bueno, pues a partir de ahora se condenará a 12 años a galeras de por vida.
Usted acaba de poner los 12 años de galeras: el 3 por ciento.
Señor ministro, le voy a poner un ejemplo. Como desde la Ley General de Sanidad hay una prestación universal, toda la población andaluza, en principio, está acogida a esa prestación universal (somos 7.400.000, redondeando) Imagínese que la media de crecimiento de la población española quede estancada. ¿Sabe usted que para que usted ponga en marcha el mecanismo en una comunidad autónoma tan necesitada en el tema sanitario como es Andalucía, al tener que crecer un 3 por ciento supone que tendría que haber un aumento de 225.000 personas en un año? Señor ministro, eso es de imposible cumplimiento. A lo mejor usted está dispuesto a aceptar el 2 por ciento, que ya sería mucho más razonable; quizá ha tenido un error de subconsciente razonable, en cuyo caso, aunque también es alto, podríamos discutir el 2 por ciento para que se encienda el piloto rojo de ese fondo de nivelación e inmediatamente se pueda poner en marcha.
Siento mucho, señor ministro, no tanto por usted sino por mi comunidad y por los malabarismos que han tenido que hacer algunos personajes, que no se reconozca la deuda histórica, que ustedes pagaron en su primer gobierno, aunque fue un acuerdo del señor González en su último tramo de gobierno. Ustedes pagaron 20.000 millones a cuenta de la deuda histórica a Andalucía, en aplicación de la disposición adicional segunda. Es una pena que con la modificación del artículo 15 de la LOFCA y el reconocimiento de que no existe, la deuda histórica tanto a Andalucía como a Extremadura haya desaparecido.
Por último, señor ministro, el tema sanitario. Es bueno, no le digo desde mi fuerza política que no sea interesante que usted también introduzca todo lo que es la financiación sanitaria en este bloque, no se lo niego; es un avance, señor ministro, pero me temo, y corríjame con su mejor saber y mejor conocimiento que el mío, que no estén adoptadas las cautelas precisas para que esté asegurado que por consejeros o consejeras,

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presidentes o presidentas de gobierno de las distintas comunidades autónomas, sobre el montante global que usted más o menos va a asegurar en el primer año, con crecimiento del PIB nominal en los tres años siguientes y luego ya veremos, se destine esa cantidad íntegramente al servicio público de sanidad. Usted me podrá decir -me pongo el barro antes de que me pique el tábano- que el artículo 65.2 de la referida Ley de financiación autonómica dice que las comunidades autónomas que tengan asumida la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social elaborarán anualmente el presupuesto de gastos para dicha función, que deberá contener como mínimo la financiación establecida en el sistema de financiación autonómica. Señor ministro, señor diputado con amplia experiencia, ustedes saben que una cosa es el presupuesto que se hace y otra el que se concluye con las modificaciones correspondientes. Sí, me podrá usted decir que cada comunidad..., pero es que yo no me fío de determinadas comunidades autónomas y yo quiero que el servicio público se mantenga. Quedaría muy bien y nosotros quedaríamos mucho más tranquilos, y seguro que también su conciencia -me consta que su conciencia en el tema de servicios públicos también quedaría más tranquila-, si se tomaran unas cautelas, no sé cómo. Usted sabe que en el tema sanitario ha habido siempre un divorcio muy fuerte entre lo presupuestado y lo que luego se ejecutaba. Es más, creo recordar que en la financiación sanitaria, me parece que en la época de la ministra Amador, hubo un modelo en donde se decía que la transferencia que se tenía que producir a las comunidades autónomas que tenían la competencia de la sanidad al principio se fijaba en habitante por lo presupuestado en territorio Insalud, pero al final se corregía y se liquidaba por lo que era el presupuesto ejecutado en territorio Insalud, que podía corregirse bien al alza o bien a la baja. Pues bien, señor ministro, evidentemente las comunidades autónomas tienen obligación de enviarle a ustedes el presupuesto una vez aprobado, para ser comprobado, etcétera, etcétera, pero una cosa es lo que se aprueba y otra lo que al final se gasta y se ejecuta y en medio pueden producirse modificaciones. A mí y a mi grupo nos gustaría que se tomaran las respectivas cautelas. Se podría argumentar que eso significaría restarles competencias. Pues, por esta vez, está muy bien, porque en la colisión entre el servicio público y la competencia, por lo menos esta fuerza política, aun reconociendo que para hacer una tortilla hay que romper los huevos y que para llegar a un Estado federal hay que pasar por todo este proceso de competencias, entre asegurar el servicio público y el tema competencial, esta fuerza política apuesta por la primacía del servicio público.
Concluyo, señor ministro, coloquialmente. Lo digo simplemente para que quede claro. Quiero recordar que en respuestas que usted dio ayer al PNV y a otras fuerzas políticas dijo: aquí, en el templo de la democracia, hay quien se molesta; no podemos hablar de elecciones. Por supuesto que puede y debe hablar de elecciones. Yo sé la fuerza que tengo. Le puedo asegurar que todas las mañanas releo las fuerzas que tengo para no subirme al árbol, pero hay una cuestión de metodología, señor ministro. El problema es que es de pobreza argumental utilizar el respaldo que uno tiene para darle validez o no validez a un argumento. Usted mismo se dio el argumento contrario. Dijo ayer en esta tribuna: aquí ha habido gobiernos que hicieron determinada política que llevó a este país a un millón de parados. Pues bien, ese Gobierno en ese momento tenía una mayoría absoluta mucho mayor que la suya y cuando otras fuerzas políticas minoritarias que habían perdido las elecciones le decían que esa política era equivocada, seguro que el portavoz correspondiente respondía: ustedes han perdido las elecciones. Sin embargo, se demostró que esa política, a pesar de la mayoría absoluta y de la chulería, generó un millón de parados. Por lo tanto las políticas no aciertan o desaciertan porque tienen un respaldo mayor o menor de una fuerza política. Utilizar este argumento es pobre. Usted tiene más capacidad intelectual para esgrimir argumentos de mayor peso. Otra cuestión importante es que el argumento, que es válido utilícese por quien sea, es mucho más normal que emane de una discusión entre grupos parlamentarios interpares. En el momento en que se esgrime como argumento de devaluación por parte de un representante del Ejecutivo sobre un miembro o un grupo del Legislativo, aparece como una prepotencia del Ejecutivo sobre el Legislativo y al fin y al cabo, señor Montoro, es usted el que está compareciendo ante nosotros, el que está intentando convencernos de la bondad de su proyecto y no nosotros de lo contrario, aunque en este caso sea mediante enmienda de totalidad.
Nada más y muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Las dos leyes que vamos a debatir son consecuencia del acuerdo del pasado 27 de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Nosotros presentamos estas enmiendas de devolución en la medida en que discrepamos del modelo político que alienta las modificaciones y de las consecuencias de la aplicación concreta del modelo escogido para Galicia. Ya el señor ministro hizo alusión a que el Estado de las autonomías se caracterizó hasta ahora por un gasto relativamente descentralizado, mientras que los ingresos estaban plenamente centralizados. Todos vivimos y respiramos, según

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este criterio, gracias a la existencia del Estado, que suministra la mayor parte de los ingresos para financiar la mayor parte de los gastos que realizan las comunidades autónomas. De ahí se deriva esa idea del carácter solidario del Estado y, en el caso concreto de Galicia, de que Galicia es una comunidad autónoma subvencionada. En 1996 hubo una cesión timorata de algunos recursos de escasa cuantía, suficiencia, en relación a los gastos a realizar por las comunidades autónomas y con limitada capacidad de gestión y normativa, autonomía financiera, situación que se conoce técnicamente como de corresponsabilización fiscal limitada. Para que quede clara nuestra postura, nosotros proponemos la responsabilidad fiscal plena, máxima capacidad normativa, todos los tributos, sin exclusión, territorializados y un sistema fiscal único a nivel del Estado.
Galicia contaría así con un instrumento muy importante, tan importante como la política fiscal, hoy competencia exclusiva del Estado. Nuestra alternativa no excluye, y esto es muy importante, sino que implica la necesidad de una política redistributiva a nivel estatal, como hace el Estado en relación con la Unión Europea, para tener en cuenta la situación de partida de cada uno de los territorios del Estado español.
El acuerdo que ahora se plasma en estas modificaciones legislativas se mueve en los mismos parámetros políticos que el anterior. Se presenta como estable, esto es, indefinido, consolida el actual Estado autonómico e intenta frenar cualquier evolución política en el sentido que yo he defendido anteriormente. Hay que señalar además que nos resulta un modelo en su aplicación práctica muy opaco, que dificulta la evaluación de sus resultados, en concreto en todo lo que se refiere al incremento de la financiación respecto del sistema anterior. No vamos a hablar de las insuficiencias democráticas cuando realmente fue un acuerdo debatido y formalizado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que ahora se traslada al Parlamento exclusivamente con la voluntad de su legitimación democrática. En todo caso, para nosotros una evaluación del sistema de financiación acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 27 de julio requiere como mínimo que se tenga en cuenta lo siguiente: analizar el nivel de autonomía que proporciona el sistema a la Hacienda de Galicia, esto es, comprobar la capacidad decisoria que poseen las instituciones gallegas en la obtención de recursos financieros que utilizan, y, en segundo lugar, analizar si el volumen de los recursos alcanzados por la Hacienda gallega mediante el sistema probado resulta suficiente para prestar los servicios públicos en unas condiciones de calidad homologables a la media estatal.
Primera cuestión: nivel de autonomía. Con el sistema anterior, aprobado en 1996, las instituciones gallegas tenían cierta capacidad normativa sobre los siguientes impuestos: patrimonio, sucesiones, transmisiones, actos jurídicos, tasa de juego y 30 por ciento del IRPF, aunque sólo estuvo vigente sobre el 15 por ciento de este impuesto. En otras palabras, el Gobierno de Galicia, la Xunta y el Parlamento tenían un cierto poder decisorio sobre el 20,5 por ciento de los recursos disponibles. Con el nuevo sistema, ese nivel decisorio pasa al 21 por ciento de los recursos por causa de la ampliación de la capacidad normativa y al 33 por ciento del IRPF. Por lo tanto, ya se ve que el crecimiento es irrelevante. Cuando se habla de que el nuevo sistema permite elevar hasta el 40 por ciento la capacidad de autofinanciamiento de la Hacienda gallega, se está cambiando interesadamente el concepto de referencia. La capacidad de autofinanciamiento alude al porcentaje que representan los ingresos procedentes de los distintos tributos cedidos, haciendo abstracción de la existencia o no de una cierta capacidad normativa sobre ellos.
Aun con esta manipulación, la Hacienda gallega queda en una situación de abierta discriminación. Mientras en el caso gallego en el punto de partida la antedicha capacidad está situada en el 40 por ciento del total de los recursos utilizados, en otras comunidades, en concreto en Cataluña y en Madrid, se alcanza casi el cien por cien. Ya se ve por lo tanto que no es un modelo adecuado y equilibrado para todas las comunidades autónomas.
Hablemos ahora del nivel de suficiencia. ¿El nuevo sistema proporciona recursos suficientes para que las instituciones gallegas garanticen niveles de bienestar convergentes con el sistema a nivel estatal? En absoluto. El Gobierno incluso, en el caso concreto de Galicia, presume de 17.000 millones anuales adicionales que se obtienen con el nuevo modelo. Con los datos que se conocen, ya que no todos fueron hechos públicos para imposibilitar una comparación entre los resultados de las distintas comunidades, sabemos que, descontando la parte correspondiente a la sanidad, en el caso de Galicia ese incremento es 4,5 veces inferior a la media de la suma experimentada por el conjunto de los territorios. En cuanto a proporcionar el volumen de recursos necesarios para cubrir el coste de prestación de los servicios públicos en Galicia, el sistema parte de la cifra de recursos utilizados en el conjunto de las comunidades autónomas en el año 1999, incrementado en una cuantía que no sabemos muy bien en qué cantidad precisa pero que se sitúa entre 300.000 y 350.000 millones de pesetas. En la distribución de esa cifra total se utilizaron unas variables y unas ponderaciones desfavorables para Galicia: poca importancia de la dispersión poblacional -hay que tener en cuenta que más de la mitad de los entes de población de todo el territorio del estado español está en Galicia, hasta el punto de que no fue considerado este criterio de la dispersión poblacional en el reparto de los recursos destinados a la sanidad pública- e insuficiente ponderación de la población avejentada. Por otra parte, el sistema establece un fondo de renta relativa para aquellas comunidades con índices de renta más bajo, pero con una cantidad

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ridícula, 25.000 millones, un 0,29 por ciento de la cifra inicial total de los recursos disponibles, que imposibilitan la consecución de avances significativos en la convergencia entre territorios.
Además, el Fondo de Compensación Interterritorial queda sin aumentar su dotación y sin cambiar el sistema de reparto, consolidando por tanto la posición subalterna de Galicia.
Hay otros dos argumentos adicionales. En primer lugar, el sistema que se acordó el 27 de julio está nítidamente por debajo de las exigencias que están contenidas en los acuerdos tomados en el mes de junio por unanimidad prácticamente o por lo menos por una mayoría del Parlamento de Galicia, por el Partido Popular y por el Partido Socialista Obrero Español. Estamos ante un modelo discriminatorio en un asunto de valor estratégico. En segundo lugar, las dosis muy pequeñas de mayor autonomismo de este sistema respecto del anterior son debidas precisamente a los precedentes instaurados en 1993 y 1996, como consecuencia de la pérdida de la mayoría absoluta del PSOE y de la no obtención de la misma por el Partido Popular y sin duda del peso determinante en aquel momento histórico del año 1996 del nacionalismo catalán. Ahora el Partido Popular pretende una congelación definitiva del sistema de financiación. Por eso no existe una cantidad explícita para el mismo. Desde nuestra perspectiva, desde la perspectiva de un sector de la población gallega, no podemos concordar con lo que se nos ofrece, tanto por el modelo como por los resultados concretos que conlleva. Queremos autorresponsabilizarnos, conocer cuál es nuestra capacidad fiscal, mejorarla, y es fundamental contar con una agencia tributaria, cosa que en el actual modelo también se niega y que es esencial para que un país como el nuestro, que se presenta siempre como un país subvencionado, conozca hasta qué punto lo es y hasta qué punto no lo es. En todo caso, queremos saber cuál es nuestra balanza fiscal en relación con el Estado español y, por otra parte, que en nuestro país se cotice por todas las actividades económicas. Vuelvo a repetir que nada de esto es incompatible con una idea de solidaridad en el Estado español. Y no se puede aceptar un modelo que lo único que hace es sancionar la desigualdad y, encima, en nombre de no se sabe qué criterios solidarios.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor Montoro, las enmiendas a la totalidad al nuevo modelo de financiación y consiguiente modificación de la LOFCA que, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya, voy a defender se basan en un acto de lealtad y coherencia con lo que libre y soberanamente expresó el Parlament de Catalunya en la Resolución 257 de la VI Legislatura. Esta resolución de la actual legislatura del Parlament de Catalunya determina las bases para un modelo estable de financiación para Cataluña y que se basan en los siguientes puntos: reducción del déficit fiscal, suficiencia financiera, responsabilidad fiscal, capacidad normativa sobre todos los impuestos, la Generalitat única administración tributaria, relación bilateral entre el Estado y el Gobierno catalán, incorporación de la sanidad del modelo general, corrección de la discriminación de Cataluña en cuanto a inversión pública del Estado, cumplimiento del artículo 45 del actual Estatuto catalán, transparencia del sistema global y publicación de las balanzas fiscales, creación de un fondo de cooperación entre las comunidades autónomas. Estas son las principales condiciones de la Resolución 257 del Parlament de Catalunya. De todas las condiciones de este acuerdo sólo se cumple una, la séptima, que hace referencia a la incorporación de la sanidad al modelo general.
Nosotros somos respetuosos con el Estatuto catalán, un estatuto que fue vulnerado inmediatamente con la aprobación y aplicación de la LOFCA. Dicho estatuto nunca ha sido cumplido en el apartado en que se reconoce el derecho de Cataluña a recibir recursos que son la media entre la población y el esfuerzo fiscal. Insisto, nunca. En ninguna de las sucesivas reformas del modelo de financiación, por muchas mejoras relativas que se hayan podido introducir, nunca hemos estado cerca de lo que sería un cumplimiento deseable del Estatuto catalán.
Desde su aprobación, la LOFCA ha vulnerado sistemáticamente el estatuto, tanto en lo que se refiere a la financiación de la Generalitat como en especial a las relaciones fiscales bilaterales entre Cataluña y la Administración del Estado y en criterio de asignación de los recursos, unos recursos que -como he dicho antes- deberían situarse en el promedio comprendido entre la población de Cataluña y su esfuerzo fiscal relativo. La realidad nunca ha sido así y la vulneración del Estatuto de Cataluña que se ha ido manteniendo de sucesivas reformas de la LOFCA se reafirma y se fija definitivamente en el presente proyecto de ley.
Es innegable que el sistema de financiación autonómica ha discriminado de manera flagrante a Cataluña, conduciéndola a una situación de sufrir un permanente expolio fiscal expresado en un déficit fiscal de cerca de un billón y medio de pesetas anuales, según los últimos estudios publicados. Las inversiones del Estado en Cataluña han sido sistemáticamente raquíticas. En la época de la mayoría absoluta del Partido Socialista Obrero Español, un 7,5 por ciento sobre un total del 16 por ciento de la población y un 23 de los impuestos. En la época del PSOE en minoría, 8,5 por ciento y en la época del PP ha subido hasta un 14, pero aquí está, señor Montoro, la inversión del AVE que ayer discutíamos y sin esta caemos hasta el 11. Estamos muy por

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debajo de la población en cuanto a inversión del Estado. Este es el panorama para Cataluña: una mala financiación, raquítica inversión y déficit fiscal. Un déficit de un millón por familia que lo deja de recibir en prestaciones sociales, en calidad de vida, en competitividad. Un déficit fiscal que conduce a la situación de que Cataluña sea una nación donde se pagan impuestos como en un país socialdemócrata pero se reciben servicios como en un país liberal, mientras otras zonas del Estado español se permiten el lujo de, con nuestro dinero y con fraude fiscal, pagar como un país liberal y recibir servicios como un país socialdemócrata.
A pesar de que ahora nos pueden argumentar que con un nuevo sistema de financiación que se propone en estos proyectos de ley la situación podría variar, esta teórica mejora estará lejos de situar el déficit fiscal de Cataluña con el Estado al nivel de las regiones europeas con un nivel de riqueza similar a la catalana. En comparación con Länder alemanes, los más potentes, por ejemplo, Baden-Württemberg, tienen un déficit fiscal en torno al 5 por ciento del producto interior bruto. Cataluña está instalada en estos momentos en el 9 por ciento. Si comparamos con otros países, caso de Véneto, caso de Lombardía o de Ronal, en Francia, la situación aún es peor para Cataluña. Con este nuevo sistema se continuarán vulnerando los principios constitucionales de equidad y de no confiscación del sistema tributario, al recaer sobre los ciudadanos de Cataluña una presión fiscal superior a la media, la cual no se compensa con un nivel de inversión y de gasto público acorde con su población relativa, ni con su esfuerzo fiscal, ni con sus necesidades socioeconómicas.
Además de no respetar los principios marcados por el Estatuto catalán y la Constitución, el nuevo modelo no contribuirá a recuperar a corto plazo los déficit de dotaciones de capital público que sufre Cataluña ni tampoco propiciará que el Estado reduzca sustancialmente su peso en los recursos públicos. En este sentido, el nuevo modelo no permitirá a la Generalitat tener capacidad normativa total sobre todos los impuestos pagados por sus habitantes ni tampoco convertirá a la Generalitat en la única administración tributaria de Cataluña, criterios todos ellos respaldados por el Parlament de Catalunya, con el voto favorable de 123 diputados, de los 135 que lo componen.
Quiere esto decir que, excepto el Partido Popular, los demás partidos, la coalición Convergència i Unió, el Partido Socialista de Cataluña, Iniciativa per Catalunya y Esquerra Republicana de Cataluña, votaron favorablemente a este acuerdo. Luego, Convèrgencia i Unió se descolgó unilateralmente, pero los socialistas catalanes dejaron claro, por boca de su presidente, Pascual Maragall, que no aceptaban este acuerdo. Y yo les pido ahora a los socialistas catalanes que hagan un acto de soberanía y un acto de responsabilidad patriótica y que no voten favorablemente un acuerdo que perjudica a nuestro país, tal como defendieron en su día en el debate posterior que hubo en el Parlamento de Cataluña sobre el modelo de financiación.
Entendemos que este es un modelo lesivo y así lo expresó el propio Partido Socialista de Cataluña en el Parlamento catalán. Les reiteramos nuestra petición de que no voten favorablemente un modelo que es lesivo y grave para los ciudadanos de Cataluña. Esquerra Republicana de Catalunya defiende que los impuestos de los catalanes y catalanas deben ser recaudados y administrados en Cataluña y desde Cataluña, que es justamente lo que piensan los dos tercios de la sociedad catalana, como se refleja en los diferentes estudios demoscópicos que se han producido. ¿De quién son los impuestos que se generan en un territorio concreto? De quien los paga y de quien los recibe y los administra. Esta es la pregunta: ¿De quién son los impuestos, señor Montoro? El señor Montoro me contestará que no hay territorios en los impuestos, que los impuestos los pagan todos los ciudadanos del Estado. Esta es una apreciación subjetiva, igual que lo que yo pueda afirmar desde esta tribuna. Los impuestos pertenecen a los ciudadanos de Cataluña y la compensación, la devolución de estos recursos en forma de inversiones directas o indirectas es a beneficio de todos los ciudadanos de Cataluña, hablen la lengua que hablen y hayan nacido donde hayan nacido.
Una vez más el Gobierno pretende, por otra parte, imponer un modelo de financiación autonómica generalizable a todas las comunidades autónomas, sin respetar los hechos diferenciales de cada nación, región o comunidad, ni sus diferencias de consecución de niveles más altos de autogobierno. Querer imponer un modelo igual a Cataluña, que siempre ha expresado su deseo de ampliar su autogobierno, que otras comunidades autónomas, que nunca han demostrado el mismo interés en esta materia, implica situar a un mismo nivel dos realidades diferentes, totalmente diferentes. Cataluña quiere ampliar su autogobierno y para ello necesita una financiación justa y suficiente. Es evidente que el modelo que el Gobierno presenta no se ajusta a esas necesidades; este modelo es la continuidad de la transición franquista del señor Martín Villa: café para todos.
Nosotros no estamos en contra de la generalización autonómica.
Creemos sinceramente que cualquier comunidad, región o nación tiene derecho a aspirar a las máximas cuotas de soberanía pero esto no tiene que ser ni un corsé ni un límite para Cataluña. Este es un modelo centralista y, aunque les pese a algunos defensores de la democracia orgánica, en definitiva es un modelo que va contra la pluralidad y contra el libre deseo expresado en el Parlamento de Cataluña por una mayoría muy cualificada de sus diputados.
Desde Esquerra Republicana de Catalunya defendemos un sistema de financiación autonómica que encamine a Cataluña hacia la soberanía fiscal, un sistema basado en las relaciones fiscales bilaterales entre Cataluña y el Estado, donde la Generalitat sea la única administración tributaria que recaude, gestione y tenga

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capacidad normativa sobre todos los impuestos pagados por sus ciudadanos y transfiera al Estado los recursos necesarios para financiar los gastos que este realice en Cataluña y para contribuir a una transparente y justa solidaridad. En definitiva, un sistema de financiación basado en el concierto económico al que Cataluña no puede ni piensa renunciar. Esto lo defendemos desde Esquerra Republicana -repito- en un acto de coherencia con la Resolución 247 que el Parlamento de Cataluña aprobó en un acto de legítima soberanía, de acatamiento y respeto al Estatuto catalán, que en definitiva fijaba estas condiciones. Unas condiciones a las que nosotros no pensamos renunciar y que defendemos en esta Cámara, porque creemos que el Parlamento de Catalunya es en este caso el que expresa la soberanía y la decisión del pueblo de Cataluña. Insisto en que son 123 diputados del Parlamento de Cataluña contra 12; es una mayoría aplastante del Parlamento de Cataluña la que defendió este modelo de negociación, de relación bilateral entre Cataluña y el Estado. Es un modelo de suficiencia financiera.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Puigcercós, le ruego vaya concluyendo.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy concluyendo, señor presidente.
Es un modelo, en definitiva, para mejorar las condiciones de vida de la mayoría de la población de Cataluña, un modelo que pide dos conceptos más, que considero fundamentales: en primer lugar, transparencia fiscal -cosa que ni su Gobierno ni el Partido Socialista cuando estuvo en el poder pudo ofrecer- y publicación de las balanzas fiscales -recuerdo que en la pasada legislatura se aprobó la publicación de las balanzas fiscales y no se llevó a cabo- y, en segundo lugar, un modelo de solidaridad y cooperación entre las comunidades autónomas. Parece que ustedes, una vez más, han impuesto un criterio, respaldado esta vez por Convergència i Unió y por los demás partidos, que no solucionará los problemas de Cataluña. No los solucionará porque los problemas sociales y culturales de la gente de Cataluña, hable la lengua que hable, haya nacido donde haya nacido, son problemas que sólo puede resolver el Gobierno de Cataluña con un modelo de financiación justo y eficiente.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señor presidente, señor ministro, señorías, desde la Chunta Aragonesista hemos presentado sendas enmiendas a la totalidad pidiendo la devolución tanto del proyecto de ley orgánica de modificaciones de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas como del proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, ya que entendemos que el nuevo sistema de financiación aporta recursos insuficientes para que las comunidades autónomas puedan atender sus necesidades de gasto y resulta alicorto en cuanto a las atribuciones de corresponsabilidad fiscal a los gobiernos autonómicos. Además, desde el punto de vista de Aragón, tenemos que decir que el nuevo modelo no responde a los criterios y demandas que se habían pactado por los grupos parlamentarios de las Cortes de Aragón, a través de un dictamen que fue elaborado a lo largo de un año y que se aprobó en dicha Cámara sin ningún voto en contra. Repito que sin ningún voto en contra.
Desde las Cortes de Aragón, unánimemente en la mayoría de los casos, habíamos lanzado propuestas políticas de carácter general para garantizar que el sistema fuera estable y que respetara el papel de las comunidades autónomas, que también son Estado. Lamentablemente, no han sido atendidas.
Consideramos que el nuevo sistema propuesto resulta insuficiente porque incrementa la aportación global en una cantidad inferior a la que corresponde al nuevo peso competencial de las comunidades autónomas tras la asunción de los grandes servicios públicos en los últimos años. No prevé un espacio fiscal propio para que las comunidades autónomas puedan crear tributos sin acabar siendo recurridos sistemáticamente por el Gobierno central ante el Tribunal Constitucional. No resuelve bien las situaciones de deslealtad institucional que se vienen produciendo desde hace años, en las que el Gobierno central modifica a la baja tributos que habían sido cedidos a las comunidades autónomas, con lo que se merman los ingresos de estas sin desarrollar ningún tipo de medida compensatoria. No reconoce ninguna fórmula efectiva de participación de las comunidades autónomas en la gestión de la Agencia Tributaria, salvo el simple consuelo de un órgano consultivo de dudosa eficacia.
No reconoce que el Consejo de Política Fiscal y Financiera no ha resultado ser el foro más adecuado para que las comunidades autónomas puedan participar en el diseño de las políticas fiscales y de financiación y por tanto no plantea la búsqueda de alternativas, que podrían pasar por la reforma del Senado para que cumpliera, por fin, con el papel de auténtica Cámara de representación territorial, como ocurre en todos los Estados federales o compuestos de nuestro entorno.
Pensando en los intereses generales de Aragón, vemos con decepción que el nuevo sistema no recoge los objetivos que perseguía el dictamen pactado en las Cortes de Aragón. La cantidad adicional que recibe Aragón en la restricción financiera inicial queda lejos del 10 por ciento de los recursos adicionales que noscorrespondería por territorio y ni siquiera alcanza el 3,3

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por ciento que supone nuestra población, por lo que dista de responder a las necesidades financieras de nuestra comunidad autónoma. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) El nuevo sistema, por otra parte, no reconoce la singularidad territorial aragonesa, continúa primando la población como criterio hegemónico -94 por ciento- en el reparto de los recursos, sin introducir criterios correctores: superficie, orografía, dispersión, densidad. Debemos conformarnos con un minifondo para comunidades autónomas con baja densidad demográfica, que no alcanza siquiera el 0,1 por ciento del montante global del sistema. El nuevo sistema no reconoce ningún compromiso con el cumplimiento de los preceptos del Estatuto de Autonomía de Aragón, tanto la compensación por la merma de los tributos cedidos como especialmente el establecimiento de un acuerdo bilateral de financiación. Por otra parte, el nuevo sistema no regula con claridad la situación en que puedan quedar las comunidades autónomas que legítimamente decidan no aceptarlo, con lo que estas pierden de hecho la libertad de asumirlo o no. Finalmente, el nuevo sistema con duración indefinida, y no quinquenal como los anteriores, se presenta como el modelo definitivo y no prevé cauces para su reforma periódica, lo que supone un peligro añadido para las comunidades autónomas que salgan perjudicadas en él, tanto por la insuficiencia de recursos como por la permanencia en una situación de minoría de edad en cuanto a la autonomía financiera, sin la cual no existe una auténtica autonomía política.
Por todos estos motivos, señor ministro, pedimos el voto afirmativo de esta Cámara a las enmiendas de totalidad de estos proyectos que hemos presentado.
Muchas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, en primer lugar quisiera aclarar o precisar que efectivamente en mi discurso inicial se introdujo un error en lo que era la definición de la asignación de nivelación que funcionaría cuando en alguna comunidad autónoma se produzca una desviación de estas variables de más/menos tres puntos. Ese es el error que se ha producido en la lectura de mi discurso. Sigue siendo por tanto vigente el porcentaje de desviación que aparece en los textos del proyecto de ley.
Señorías, estamos ante unos proyectos de ley que ciertamente suponen un avance y un avance formidable en la configuración del Estado de las autonomías en España. Estamos ante unos proyectos de ley que además son fruto del diálogo político, estamos ante unos proyectos de ley que son el resultado de la propia madurez del Estado de las autonomías en España y que culminan en su ámbito financiero el proceso de descentralización administrativa que ha caracterizado a la democracia española durante los últimos 20 años. Estamos ante un gran avance político que sitúa a las comunidades autónomas ante la efectiva responsabilidad de completar, a través de sus recursos propios, la financiación de los servicios básicos que prestan a sus ciudadanos para aumentar su bienestar. Por ello es por lo que hemos sido capaces, a través de un diálogo político desarrollado desde el Gobierno del Partido Popular, de alcanzar las premisas de un nuevo sistema de financiación autonómica que por primera vez se plasma en una ley ordinaria como la que hoy debate esta Cámara y en las modificaciones de la LOFCA, que es necesario acometer para que pueda entrar en vigor el nuevo sistema de financiación autonómica que va a entrar en vigor presuntamente a partir del 1 de enero del año 2002.
Estamos pues ante un avance del Estado de las autonomías que demuestra la vocación autonomista del Partido Popular, del Gobierno del Partido Popular, y estamos ante un avance de ese Estado de las autonomías que lo que hace es desarrollar el programa del Gobierno del Partido Popular, señorías. El señor Rejón recordaba en el debate de ayer el sentido mismo de la democracia, de la celebración de elecciones en esa democracia. Y lo que tengo que recordar esta mañana es que el resultado de la llamada a las urnas de una democracia es el resultado de plasmar en forma de votaciones la elección de programas alternativos que se presentan en esa democracia y la responsabilidad de un Gobierno es llevar adelante, a través de su programa de gobierno, lo que fue el compromiso con los electores. En este caso estamos llevando adelante el compromiso con los electores a efectos nada menos que del desarrollo del Estado de las autonomías, estamos por tanto configurando políticamente nuestro país de una manera mucho más completa, diferente de la del pasado, y estamos desarrollando el sentido mismo de nuestra democracia, avanzando en la descentralización administrativa en su plano financiero.
Nada más lejos que estar viviendo una involución autonómica en España, señor Rejón. Estamos viviendo plenamente el desarrollo del Estado de las autonomías y lo estamos haciendo a través del diálogo político, del acuerdo político, con los grupos fundamentales en esta Cámara -fundamentales son todos, pero quería decir mayoritarios- y con buena parte de los grupos nacionalistas que apoyan a los gobiernos autonómicos que han llegado al acuerdo con el Gobierno de España para configurar el nuevo sistema de financiación autonómica.
En este punto, señorías, quiero comenzar destacando la contradicción, la paradoja de que Izquierda Unida presente una enmienda a la totalidad como una enmienda que denosta el nuevo sistema de financiación autonómica, porque Izquierda Unida está sosteniendo determinados gobiernos parlamentariamente, gobiernos que han aprobado este acuerdo de financiación

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autonómica. Por tanto hay una contradicción patente en su postura política. Ustedes rechazan un acuerdo que en definitiva están sosteniendo de alguna u otra forma en algunos parlamentos autonómicos. Es más, ustedes están participando directamente en algunos gobiernos autonómicos que han acordado esta financiación autonómica.
Quiero recordar a todos que la financiación autonómica acordada es fruto del diálogo político que hemos acometido sobre principios básicos en la definición de la financiación autonómica nueva sobre el sistema actual. Es fruto de un marco general que es el que define la Unión Europea. Es fruto también de una responsabilidad del Gobierno de España, que es la vertebración territorial del territorio, la vertebración económica de ese territorio que tenemos que garantizar al mismo tiempo que desarrollamos el Estado de las autonomías y que es fruto, en una palabra, de lo que es una tarea política fundamental que además debería ser asimismo responsabilidad de un grupo de ámbito nacional como es Izquierda Unida. Al menos, en su enmienda a la totalidad y en su presentación ante esta Cámara, el señor Rejón ha reconocido que estamos avanzando y ese reconocimiento es importante que yo lo destaque en mi réplica en mi rechazo a su enmienda a la totalidad. Claro que estamos avanzando. Estamos avanzando en todos los términos que son básicos y fundamentales para la nueva financiación de las comunidades autónomas. Estamos avanzando en la suficiencia de nuestras comunidades autónomas, como he tratado de marcar aquí. Esa suficiencia significa nuevos recursos presupuestarios, nuevos recursos económicos para que las comunidades autónomas puedan llevar adelante la prestación de servicios que son básicos para los ciudadanos, para que, en definitiva, los gobiernos autonómicos presten servicios clave para el bienestar, como pueda ser la educación, como pueda ser la sanidad, como puedan ser las inversiones que en buena medida promueven el desarrollo territorial de esa comunidad autónoma. Cuando hacemos eso lo hacemos con una auténtica garantía, que es la garantía de equivalencia en la prestación de servicios, que se consigue con un sistema que lo que hace es recoger las peculiaridades y las diferencias entre los diferentes territorios y comunidades autónomas de España. Esas peculiaridades y diferencias son las que definen en nuestro modelo, en el modelo, que es de todos, de buena parte de los grupos políticos en esta Cámara, lo que va a ser la cobertura de esos servicios públicos.
El señor Rejón me pide que haga algo más, me pide que infiera en los presupuestos autonómicos a efectos de garantizar su ejecución. Señor Rejón, esa es una competencia que está fuera de las competencias del Gobierno central y corresponde a los parlamentos autonómicos la vigilancia, como corresponde a este Parlamento, sobre el grado de ejecución de los presupuestos del Estado. No es sólo de la aprobación de los presupuestos del Estado, como usted ha recordado, que históricamente es lo que da sentido al parlamentarismo, al parlamentarismo democrático y al parlamentarismo liberal. Eso es lo que da sentido al nacimiento mismo de la democracia liberal tal como hoy estamos siendo miembros de ella. Lo que no corresponde al Gobierno de la nación es garantizar la tarea de los diferentes parlamentos autonómicos y la responsabilidad de los diferentes ejecutivos autonómicos. Esa es una tarea que corresponde a su grupo parlamentario, allí donde está representado, y también en Andalucía, donde por descontado tiene una presencia activa. Lo que garantiza el modelo de financiación autonómica, sin ningún artificio contable, señor Rejón -déjese de artificios contables, que ya tuvimos ocasión de debatir esos contenidos y ya vimos la pobreza de la crítica a los proyectos que presenta el Gobierno-, es que los presupuestos están sujetos al sistema europeo de cuentas, al SEC-95, las reglas de contabilidad nacional vigentes para todos los miembros de la Unión Europea, reglas a las que todos nos tenemos que atener, que en definitiva garantizan también la propia transparencia de la elaboración de nuestros presupuestos, y son reglas que vamos a traducir en el seguimiento de los diferentes presupuestos autonómicos que van a materializar la aplicación de la financiación autonómica, que se dirige a garantizar, insisto, la prestación de servicios de sanidad y educación, avanzando en la nivelación de servicios básicos, que es el mismo concepto de solidaridad, la esencia misma de la solidaridad contenida en el modelo.
A esos efectos, también hay que identificar que son aquellas comunidades autónomas que no se han acogido a los modelos vigentes las que comparativamente, al acogerse al nuevo modelo, avanzan más, como es el caso de Andalucía, de Castilla-La Mancha y de Extremadura.
Eso es la corrección de una decisión política que en su momento tuvo lugar al rechazar el modelo de financiación, con un alto coste de renuncia a los recursos presupuestarios inherentes al modelo de financiación. Ahora hemos llegado a un acuerdo político distinto.
Tengo que celebrar ese acuerdo político, lo hago otra vez cuando subo a la tribuna, lo haré tantas veces como sea necesario, y tengo que celebrar que estas comunidades autónomas vayan a contar con más recursos presupuestarios, consigan un avance, un avance muy sustancial, en esos recursos presupuestarios, señor Rejón. Fue algo que yo celebré ayer como miembro del Gobierno de España y lo celebro también en mi condición de diputado de esta Cámara con origen andaluz, con origen jienense. Por tanto, eso va a ser así, lo va a ser en unas cuantías que están estimando los gobiernos regionales; en unas cuantías que, lejos de desmentir, tengo que decir en esta Cámara esta mañana que esos cálculos son moderados. Las cuantías que van a recibir como consecuencia del modelo son importantes y van a incrementarse de acuerdo a como lo hacen las dotacionesprevistas en el modelo, por lo cual van a contar

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con recursos financieros que también son considerables para el día de mañana.
La sanidad está incorporada con cautelas importantes. Lo está con una dotación obligatoria, de acuerdo con las necesidades de cada comunidad, lo está con una obligación de evolución anual de los recursos -si no superior al PIB sí con la misma garantía del PIB- y lo está con la existencia de un fondo especial para desplazados y para cohesión de la sanidad. Estamos ante un modelo que garantiza todo el funcionamiento del Sistema Nacional de Salud una vez completadas las transferencias sanitarias, una vez completado el proceso de transferencias, que es fundamental en la organización del Estado de las autonomías en nuestro país.
Señor Rejón, en una palabra, no hay ningún tipo de involución autonómica en las leyes que hoy traemos a esta Cámara. Es al contrario, es el desarrollo pleno del Estado de las autonomías en nuestro país, un desarrollo que además tiene la característica de pretender ser un desarrollo estable y que, como tal, ha sido saludado por grupos políticos que están hoy gobernando las comunidades autónomas; desde la responsabilidad de gobierno de Izquierda Unida, también Izquierda Unida debería estar apoyando esa financiación autonómica. Hoy, Izquierda Unida trae una enmienda a la totalidad. El señor Rejón ha hecho un planteamiento coherente al máximo para intentar defender una enmienda a la totalidad que no va a desarrollar en los parlamentos autonómicos donde tendría capacidad para desvirtuar esos acuerdos de Gobierno; supongo que eso no lo va a hacer Izquierda Unida, con lo cual el papel político que ha hecho Izquierda Unida aquí esta mañana es el de un grupo parlamentario que, como no logra una coherencia interna mayor -le voy a seguir hablando de elecciones-, en las elecciones le dejan como grupo extraparlamentario en diferentes comunidades autónomas de España, y en este Parlamento van reduciendo su tamaño, su dimensión, porque ustedes tienen una definición ideológica muy grave, señor Rejón, a la hora de precisar cuál es el modelo del Estado español y cuál debe ser el sistema de financiación autonómica de España. Avancen con ello, no tengan tantos problemas intelectuales y conceptuales a la hora de apoyar al Gobierno del Partido Popular en proyectos de ley que son fundamentales en la definición del modelo de Estado en nuestro país y simplemente sacúdanse alguno de sus complejos; si no lo hacen, señor Rejón, si hacen oposición sistemática, como la que hoy ha hecho aquí, y además oposición que no va a ser capaz, insisto, de desarrollar en determinados parlamentos autonómicos que no quiero citar -como ve, soy prudente a la hora de no citarlos-, a Izquierda Unida le pasará como a otros grupos de esta Cámara, que una cosa es cómo hablan aquí, desde esta tribuna, y otra cosa muy distinta es cómo hablan en los parlamentos autonómicos. Cuando eso se hace desde partidos de ámbito nacional, los electores quedan confundidos, pues no se oyen voces monocordes, coherentes en clave política, y después están los resultados electorales a los que una vez más, con su permiso por descontado -que sé que lo tengo-, me he vuelto a referir esta mañana.
Hacemos política para los electores y para esos resultados electorales.


Por lo que se refiere a las otras enmiendas a la totalidad, el señor Puigcercós ha hecho un alegato desde la tribuna que se corresponde con un modelo de Estado diferente. Hasta aquí llega mi opinión, señor Puigcercós. Ustedes defienden un Estado que no cabe en la Constitución española. ¿Qué quiere que le diga? Ese concepto de soberanía fiscal no es el que contempla la Constitución española y no es el que contempla el Estatuto de Autonomía de Cataluña. Supongo que eso lo hace S. S. porque las elecciones catalanas están lejos; el día que estén cerca, le quiero oír esos discursos políticos, como el de esta mañana aquí en la tribuna, no vaya a pasarle como al BNG en Galicia -y vuelvo a hablar de elecciones- que, cuando se acercan las elecciones, se repliegan, no vayan a asustar. Como ustedes ya han asustado antes a los electores catalanes, tienen los resultados y los topes que tienen en los comicios catalanes.
Usted, señor Puigcercós, esta mañana ha defendido un modelo de Estado diferente, permítame que se lo diga; ese modelo del que ha hablado de concierto económico de Cataluña no lo contempla la Constitución española. ¿O es que no se ha leído usted la Constitución? ¿O es que no se ha leído usted los estatutos de autonomía? Por tanto, señoría, por mucho que usted diga aquí que eso está contemplado en el Estatuto de Autonomía de Cataluña, yo le tengo que responder que, con nuestras leyes en la mano, usted está defendiendo un modelo de Estado absolutamente distinto del que contempla nuestra Constitución.
Explíquelo en Cataluña y explíquelo desde su posición de izquierda, tan solidaria siempre, la de reclamar la bajada de los impuestos.
Señor Puigcercós, el Gobierno que está bajando los impuestos es el Gobierno del Partido Popular -se lo voy a decir una vez más desde la tribuna-, los está bajando en Cataluña y en toda España y los está bajando a los ciudadanos de menor capacidad adquisitiva, porque los ciudadanos, en Cataluña y en toda España, pagan impuestos en función de su capacidad adquisitiva, de su capacidad económica. Le insisto, quien está bajando los impuestos es el Gobierno del Partido Popular.
Hoy tiene una mayoría absoluta aquí en esta Cámara y en el Senado de España porque hay una política económica coherente en todos los lugares de España, que está siendo claramente beneficiaria para Cataluña, como va a ser beneficiario para Cataluña el nuevo sistema de financiación autonómica, señor Puigcercós. Cataluña es una comunidad autónoma que tiene una capacidad económica importante en sí misma y una capacidad de generar recursos propios muy considerable.
Lo que abre el nuevo sistema de financiación autonómica

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es una capacidad de recaudar los tributos pagados por los catalanes, que va a redundar en unos beneficios superiores en los servicios públicos que reciben estos ciudadanos catalanes. Por tanto, señoría, estamos ante un sistema de financiación autonómica claramente favorable para Cataluña, para su futuro, para que pueda desarrollar plenamente esa capacidad económica que, sin duda, tiene.
Esa Cataluña emprendedora, con iniciativa, haciendo ejercicio pleno de su autonomía financiera, es la que está dando un gran servicio al conjunto de España y está promoviendo que, no sólo Cataluña sino el conjunto de España, dé pasos decisivos a la hora de recortar su distancia de convergencia y de desarrollo con la Unión Europea.
En lo que se refiere a la enmienda presentada por el señor Rodríguez, representante del BNG, no le he entendido el argumento político de la insuficiencia democrática, no sé a que llama S.S. insuficiencia democrática. Se consigue un acuerdo en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que no es definitorio, el Gobierno de España está trasladando la plasmación de ese acuerdo en proyectos de ley que trae al Congreso y al Senado, que es donde tiene que traerlo; no sé dónde ve S.S. la insuficiencia democrática, ya que la democracia española está jugando a plenitud, está trayendo acuerdos de órganos consultivos, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y plasmándolos en una legislación que S.S., como miembro de esta Cámara, va a tener ocasión de debatir y de completar con sus iniciativas. Iniciativas que supongo que serán más constructivas y positivas que las que se derivan de su enmienda a la totalidad. Su enmienda a la totalidad es el no reconocimiento de lo positivo que resulta el nuevo sistema de financiación autonómica para Galicia.
Usted, también en una posición nacionalista que debo calificar de radical, lo que hace es proclamar que haya una posición de Hacienda propia de un concierto económico para Galicia. Si esa es su solución económica, señoría, le tengo que decir que sus cálculos están mal hechos de la A a la Z. Si ese es el cálculo de su grupo político para Galicia, no me extraña nada que el resultado de las últimas elecciones gallegas haya vuelto a determinar lo que ha determinado: a ustedes les han dejado en su sitio y hay una mayoría que conforma un nuevo Gobierno del Partido Popular en Galicia. Señoría, la oferta que ustedes hacen para Galicia económicamente no es la que responde a las necesidades de desarrollo de una comunidad autónoma como Galicia, con sus peculiaridades y singularidades que aparecen perfectamente recogidas en el nuevo modelo de financiación autonómica y no es verdad que Galicia vaya a recibir ese 4, 5 veces menos recursos que la media de las demás regiones. El modelo tiene un régimen de modulaciones, que he descrito esta mañana aquí, que impide que ninguna comunidad autónoma obtenga una ganancia superior a lo que sería el 25 por ciento del punto de partida que marca la restricción inicial del modelo. Ese modelo incluye también una cláusula de lealtad institucional que pretende atender a las diferentes situaciones que se derivan de los cambios normativos, lo que hace es atender a desarrollar esa responsabilidad común que debemos tener, desde el Gobierno de España y desde los diferentes ejecutivos autonómicos, a la hora de promover iniciativas o cambios legislativos que puedan significar una mayor o menor tributación de nuestros contribuyentes.
Las necesidades de Galicia se reconocen y están presentes en la misma configuración de ese modelo, como lo está también la inclusión de la variable población mayor de 65 años en las competencias sanitarias, significación que claramente favorece a comunidades autónomas donde se da esa circunstancia poblacional, como es el caso de Galicia.
En cuanto a la enmienda a la totalidad presentada por el señor Labordeta, creo que no responde a los contenidos del nuevo modelo de financiación autonómica. Entiendo que el señor Labordeta políticamente se sienta obligado a subir a la tribuna a defender que Aragón queda fuera de este modelo, pero no es así. Existe un fondo específico, el de escasa población, que beneficia preferentemente a comunidades autónomas como Aragón y Extremadura; de hecho, son las únicas beneficiarias del mismo y dicho fondo se introduce en el modelo para ellas. Así, Aragón avanza en su financiación, avanza en su autonomía financiera y, en definitiva, debo esperar el apoyo mayoritario de los grupos políticos presentes en el Parlamento aragonés a un modelo de financiación autonómica que lo que hace es avanzar en esa configuración del Estado de las autonomías en España, avanzar en la autonomía financiera y fiscal de comunidades autónomas como Aragón, reconociendo claramente cuáles son las diferencias y las especificaciones, que son variables que aparecen en el modelo; además de reconocer esas diferencias al identificarlas en el modelo, lo que hacemos es programar unas cuantías económicas para que el modelo rinda en materia de suficiencia y de avance para satisfacción de esas comunidades autónomas. En cuanto a la suficiencia, tengo que recordarle también que no sólo se ha tenido en cuenta la variable población, sino que entran otras como la dispersión y la superficie, lo cual es importante para comunidades autónomas como Aragón. Además, señor Labordeta, la restricción inicial no tiene nada que ver con el punto de llegada de la aplicación de este modelo. La restricción inicial es eso, el punto de partida para calcular las cuantías de ese modelo.
Por último, quisiera referirme a que la actitud del Gobierno de España tiene que ser siempre la de analizar cuándo una comunidad autónoma, un Gobierno autonómico o un Parlamento autonómico da lugar a una figura tributaria nueva que, como tal, pretende financiar actividades de cualquier tipo en esa comunidad autónoma. El Gobierno de España está obligado a

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velar por nuestra legislación, por que la capacidad que tienen las comunidades autónomas de crear nuevos tributos nunca suponga hechos que en sí mismos generen doble imposición, es decir, que los contribuyentes no paguen por los mismos hechos dos veces. Ese criterio es el que lleva al Gobierno de España a recurrir al Constitucional aquellas figuras tributarias que entendamos que den lugar a una doble imposición y que, por tanto, estén perjudicando a los contribuyentes de esa comunidad autónoma, a su crecimiento, en definitiva al desarrollo, al bienestar de esa comunidad autónoma. Una cosa es hacer uso de la legislación vigente, que da esa capacidad, concede esa potestad a nuestras comunidades autónomas para desarrollar nuevas figuras tributarias, y otras es que esas figuras tributarias coincidan con tributos que ya existen, tributos estatales, tributos locales incluso; eso no es crear nuevas figuras tributarias, señorías, eso no es desarrollar el Estado de las autonomías en el ámbito financiero, eso es exigir doble gravamen a nuestros contribuyentes. El Gobierno español está obligado a aplicar nuestra legislación, a denunciar que esas figuras tributarias dan lugar a doble imposición y también a velar por que las iniciativas autonómicas o las iniciativas locales de generación de nuevos tributos se adecuen a las normas de la Unión Europea.
Como he advertido en mi intervención inicial, el nuevo sistema de financiación autonómica es fruto del diálogo político, que lo que está haciendo es garantizar mejor el futuro de la prestación de los servicios públicos en España, y destaco por su importancia la sanidad, la educación y los servicios sociales. Es fruto de un diálogo político que ha permitido desarrollar la iniciativa y la responsabilidad de las comunidades autónomas aumentando su capacidad normativa y reduciendo en consecuencia las diferencias que puedan existir entre nuestras comunidades autónomas de régimen común y las comunidades autónomas de régimen foral. Estamos reconociendo las diferencias entre las comunidades autónomas y estamos asegurando que exista una equiparación en las prestaciones y en los servicios públicos en todo el territorio español. En suma, señorías, estamos consiguiendo que el Estado español quede mejor vertebrado con los proyectos de ley que hoy se debaten en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor Montoro, en El buscón, en un momento determinado, el buscón don Pablo pregunta en la casa de Dómine Cabra: ¿No hay gatos? Es decir, por la pregunta se os nota que sois nuevos. Por algunas afirmaciones, auténticamente suicidas por su parte, se le nota que es nuevo en estas lides, lo cual no quiere decir que no lo haga bien, que lo hace usted muy bien. Señor ministro, subir aquí, en nombre del Partido Popular, con una procedencia andaluza, y hablar de incoherencia y de discursos contradictorios, es ser un desmemoriado o ser un caradura. Luego le hablaré del caso de Baleares sobre los modelos de Estado. Sin ir más lejos, Legislatura 1994-96, Andalucía, el secretario general de su partido defendía a machamartillo -vamos nos comía el terreno a nosotros, a los alocados abertzales andaluces de Izquierda Unida- la deuda histórica. Ni en una votación he visto al secretario general de su partido ni al grupo parlamentario -aquí hay muchos representantes de Andalucía- defender aquí la deuda histórica, señor Montoro ¿Hablamos de incoherencias? Durante ese periodo, y posteriormente, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento andaluz ha defendido hasta la saciedad que el director general de la radiotelevisión andaluza se elija en el Parlamento andaluz; cuando traen aquí iniciativas el PSOE o Izquierda Unida para que el director general de Radiotelevisión Española lo elija el Congreso de los Diputados, ustedes dicen que no.
Hablamos de incoherencia y sin embargo ustedes siguen subiendo en votos; si es que las sociedades democráticas son así de puñeteras, magnífica y maravillosamente puñeteras, señor Montoro, lo mismo que es magnífico y maravillosamente puñetero que un ministro de Franco gane unas elecciones democráticas en Galicia, y no pasa nada. Así es la democracia, señor Montoro, como decía Churchil, el menos malo de los sistemas políticos y ojalá dure un montón de tiempo y cada día más.
No me hable de incoherencias, señor Montoro, ni me hable de quién tiene o no un modelo de Estado. Le recuerdo los recursos y los discursos que hicieron ustedes cuando estos señores se atrevieron tibiamente, por mor de que habían perdido la mayoría absoluta en el año 1993, a ceder el 15 por ciento del IRPF a las comunidades autónomas. Hablaron ustedes de la ruptura del Estado español, de la ruptura de España, de la descomposición del Estado por ceder el 15 por ciento. ¿Me habla usted de modelo de Estado? ¿Me habla usted de coherencia? Por Dios, señor Montoro, en este mundo, paciencia, tragar, aguantar, dar a los pedales, y ya está; unos con muchísima más comodidad, por mor de la voluntad popular, y otros con menos comodidad. No hablemos de incoherencia, no nos tiremos la piedra de la incoherencia uno a otro. Le recuerdo el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno del señor Fraga, de la Comunidad Autónoma de Galicia, al 15 por ciento de del IRPF que está lleno de citas salvapatrias, y ahora ustedes ceden del 33 por ciento. Bien, ya le he dicho que hay un avance, señor Montoro y, como el señor Castelo dice en un magnífico artículo en El País, es un avance pero insuficiente. Como nosotros consideramos que es insuficiente, es más, que a lo mejor no puede ir

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en el camino adecuado, hemos presentado una enmienda a la totalidad.
Usted habla sobre una supuesta incoherencia. Que yo sepa, nosotros estamos en el Gobierno de Euskadi y le puedo asegurar que respaldamos plenamente las posiciones previas que está tomando el Gobierno de Euskadi a la hora de la negociación del concierto. Por lo tanto, ahí no nos va a encontrar en la incoherencia.
En cuanto a Baleares, primero tuvimos una postura muy crítica, pero por mor de la estabilidad del Gobierno, a la vista de que se había producido un avance, de que Baleares es de las grandes beneficiadas -de aquellas que superan el cien por cien- y puesto que lo que se aprueba no es el modelo general sino la relación bilateral entre la Comunidad Autónoma de Baleares y el Gobierno del Estado, dimos un sí condicional. No obstante, le informaré que ayer concluyeron los trabajos de una comisión especial en el parlamento Balear, donde por una inmensa mayoría se ha aprobado una postura muy crítica frente al modelo y una reclamación acerca de determinadas inversiones. Por lo tanto, vamos a hablar de coherencia, de incoherencia y de las posturas. Y vuelvo a insistirle que las famosas incoherencias eran lideradas en un momento determinado por el que ahora es su secretario general. Espero que no esté usted devolviendo una patada porque piense que le han movido algún sillón en el proceso de Gescartera.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.) Cuando dice que han ganado, es evidente; a la gente lo que se le pregunta en la urna es quién quiere que le gobierne y con qué programa. Ustedes han ganado y ustedes tienen que gobernar con ese programa, pero todo programa tiene distintas lecturas. A mí me animó muchísimo estudiar el acuerdo que lograron ustedes en la reunión de presidentes de comunidades autónomas del Partido Popular. Sacaron una especie de decálogo -no tengo aquí el documento- con una serie de puntos, y en uno de los puntos hablaban de la necesidad de igualar a las comunidades autónomas a la hora de una recaudación por habitante.
Nadaban y guardaban la ropa. Supongo que usted lo tendrá, pero le voy a enviar el documento que daba pie a ello, señor Montoro. Vayamos por partes.
Involución autonómica. No hay involución autonómica en este texto; le he dicho que es un avance, no voy a entrar en esa contradicción en el mismo acto, en el mismo sitio y en el mismo discurso. Me he referido a involución autonómica que se está produciendo en una serie de leyes y de procesos políticos, señor Montoro. ¿O no es involución autonómica, incluso municipal, la Ley de Estabilidad Presupuestaria? Por cierto, señor Montoro, ya que le gusta tanto utilizar las cifras de los electores y de los votos, ¿sabe usted que a la Ley de Estabilidad Presupuestaria han votado en contra partidos y fuerzas políticas que en las últimas elecciones generales sacamos 11.470.000 votos y que han votado a favor partidos que en las últimas elecciones sacaron 10.569.000 votos? Si quiere usted hablar de votos, yo también hablo de votos. Todos sabemos hablar de votos y echar números en un momento determinado. Por tanto, la suma del resto de fuerzas políticas representan un millón más de ciudadanos que se han opuesto a la ley de estabilidad presupuestaria, que es un claro ejemplo de involución autonómica. ¿O no es involución autonómica, señor Montoro, por mucho que estemos discutiendo aquí ahora, que diga que el Congreso de los Diputados manifiesta, independientemente de la adecuación de estas nuevas figuras tributarias creadas por los gobiernos autonómicos en la Constitución española, el rechazo a la creación de nuevas figuras tributarias en el seno de las comunidades autónomas? ¿Le parece a usted que eso no es involución autonómica? Y eso no ha salido de ese grupo, eso ha salido de su ministerio, señor Montoro, y usted lo sabe, salió de su ministerio; es decir, da y quita. Por tanto, vamos a hablar de si hay o no hay involución autonómica. Yo no le estoy planteando, ni mucho menos, ¡válgame Dios!, que usted controle los presupuestos de las comunidades autónomas, eso lo dejo a los subdelegados de Gobierno, que por cierto siguen controlando los presupuestos de los ayuntamientos, como en los tiempos del antiguo régimen, y otras cuestiones como acuerdos de hermanamiento con el Sahara, etcétera, como en el caso de Madrid.
Aparte de eso, señor Montoro, lo que yo le planteo es si en su texto de la ley, de la misma manera que pone que deberá recogerse en los presupuestos, se puede introducir: sin posibilidad de modificación de crédito. Si no es una burla, es un acto de hipocresía política y legal. Dice que en los presupuestos que aprueben pongan como mínimo la cantidad sanitaria, aunque dice que luego pueden modificarlo, pero han cumplido el expediente. Es un acto de frivolidad, y aquí no venimos a engañarnos. Si su espíritu, el de su Gobierno y el de su grupo es garantizar que al menos el dinero transferido a sanidad se dedica a sanidad, póngalo, pero no diga simplemente que se garantiza con que se ponga en los presupuestos al principio. Pues, no, porque usted sabe que lo que se pone al principio y lo que se termina puede ser distinto. A eso me refiero, no a que controle usted los presupuestos. ¿Es posible ponerlo en lugar de al principio en la ejecución presupuestaria? Pues no lo sé. Usted me dice que no es posible. Pues no es posible. Lucharemos en los parlamentos.


Por último, señor Montoro, en el tema del FCI, aunque no está aquí porque no es el foro, he de reconocer un avance. Nos parece interesante que haya desdoblado el 75 y el 25 con políticas distintas, más o menos en la línea de las políticas FEDER, nos parece interesante, señor Montoro. Si lo que nos parece bien no por que ustedes lo hayan hecho decimos que está mal, ni mucho menos. Quizá habría que modificar la ley y buscar la cuantía en un porcentaje por ejemplo con respecto alPIB, no a la inversión porque eso es muy aleatorio,

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señor Montoro; quizá buscar un porcentaje con respecto al PIB puede ser interesante, aproximativo, quizá mucho más estable y a lo mejor menos difícil. Que ustedes hayan dividido el 75 y el 25 nos parece un avance mucho más adecuado a la realidad, menos falso burocráticamente porque, al final, se dedicaba un 25 o un 30 y todos nos engañábamos; nos parece adecuado que reconozca por ley esas cuestiones.
Por lo demás, señor Montoro, le puedo asegurar que independientemente de que nos vote o no nos vote la gente, aunque nos gustaría que nos votarán más, como es lógico, procuramos ser lo más coherentes posible, decir lo mismo. Quizá por decir lo mismo nos llevamos tantos tortazos, a lo mejor deberíamos ser un poquillo más caraduras y más hipócritas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, para su tranquilidad le diré que lo que acabo de defender en el Pleno del Congreso no solamente fue defendido en el Parlamento de Galicia, a la luz pública, sino que está en el programa electoral del Bloque Nacionalista Galego y forma uno de los hilos conductores del debate que separa a las fuerzas estatales en Galicia de una fuerza nacionalista, que es la única existente. Por lo demás, al asumir consecuentemente este modelo, somos consecuentemente nacionalistas y consecuentes con el 24 por ciento del electorado de Galicia, que opta por el Bloque Nacionalista Galego con conocimiento de causa en este tema. Usted tiene que tener en cuenta una cosa: cuando se va a las elecciones, afortunada o desafortunadamente, los electores no votan por cada una de las alternativas de los programas electorales de cada uno porque si así fuese seguramente ustedes se llevarían más de un susto. Desgraciadamente votan por un conjunto de elementos en relación con una situación social y política muy determinada, de la que se podría hablar mucho. Pero, además, hay algo en su argumentación que es profundamente antidemocrático. Si hacemos caso a sus planteamientos, sobramos todos los que estamos aquí, porque llegamos al absurdo de que todos aquellos que no estemos de acuerdo con la política del Gobierno no tenemos derecho a existir, con lo cual la dialéctica no parlamentaria sino social sobra totalmente. Ese es un régimen totalitario, no es un régimen democrático.
Hay una segunda cuestión de la insuficiencia democrática. Yo me refería a la insuficiencia democrática diciendo que la elaboración del sistema de financiación y el debate se circunscribió primero a una relación entre ejecutivos y solamente ahora se viene a legitimar a esta institución parlamentaria. Yo creo que el proceso, cuando menos, podría ser paralelo, pero nunca cocer todo entre los ejecutivos y ahora, en escasas cuatro horas, debatir la cuestión y solucionarla. Creo que un contexto democrático, desde nuestro punto de vista, debía de tener otra dialéctica.
Por lo demás, cuando hable de posición nacionalista no le ponga el adjetivo radical. Yo ya sé que eso forma parte del combate ideológico para herir, contradecir o hundir electoralmente a otras fuerzas políticas, pero con nacionalista llega. Le voy a decir una cosa: es tan claro que el régimen de conciertos responde a la filosofía que le acabo de defender, que es constitucional el régimen de conciertos. Y ustedes lo practican en algún sitio. En segundo lugar, no hay nada en la Constitución que impida incluso un régimen de financiación autonómica diferenciado por comunidades autónomas, porque además se está practicando. No deriven de la Constitución ninguna imposibilidad para un modelo como el que nosotros hemos defendido.
Por último, el régimen de modulaciones. Ni ustedes mismos son capaces de asegurar cuál es el futuro de comunidades autónomas como Galicia.
Dicen, por ejemplo, en respuestas del Gobierno: La ganancia que las comunidades autónomas obtengan con el nuevo sistema no puede conocerse en estos momentos, dado que la evolución de la recaudación de los tributos estatales que total o parcialmente han sido cedidos, y que es uno de los principales mecanismos de financiación en el nuevo sistema, no puede ser conocida actualmente. Primer reconocimiento, incluso, de los interrogantes gravísimos que hay respecto del futuro. Cuando les preguntamos sobre la Comunidad Autónoma de Galicia se limitan a decir que obtendrá la que tenía antes, incluso que va a ser favorecida, pero no dicen cómo. Por lo tanto, creo que es una actitud responsable, ante unos datos evidentes, decir que a nosotros no nos vale el modelo filosóficamente ni nos vale su concreción práctica porque nos resulta discriminatorio. Tan discriminatorio es que el señor Orza, que fue conselleiro de Economía y Hacienda de Galicia, reconoció que era un modelo perjudicial para nuestro país, hablando en concreto de la falta de cesión de la fase minorista del IVA y de la falta de capacidad normativa en muchos impuestos. Este no es un problema solamente del Bloque Nacionalista Galego, y su concreción práctica, aun aceptando la filosofía de ustedes, mucha gente del Partido Popular sabe que no es positiva.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señores diputados, señoras diputadas, señor ministro.Yo he intentado explicarme bien, pero supongo que

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usted, con tantos temas, está ajetreado. Nuestra aspiración final es el concierto y cabe en la Constitución, porque existe este modelo en la Constitución. Pero hasta llegar aquí yo le he referido el acuerdo al que se llegó en el Parlamento de Cataluña, que era de base constitucional y que se ajustaba perfectamente al estatuto catalán.
¿Cabe o no en la Constitución la reducción del déficit fiscal? ¿Cabe o no en la Constitución el concierto de suficiencia financiera? ¿Cabe o no en la Constitución la responsabilidad fiscal? ¿Cabe o no en la Constitución la capacidad normativa sobre todos los impuestos? ¿Cabe o no en la Constitución que la Generalitat sea administración única en la Agencia Tributaria? La sanidad está asumida en el modelo general y ya se lo reconocía. ¿Cabe o no la corrección de la discriminación de Cataluña en cuanto a inversión pública del Estado? ¿Cabe o no -¡cómo no va a caber!- la aplicación del artículo 45 del Estatuto de Autonomía de Cataluña? ¿Cabe o no la transparencia del modelo y la comunicación de las balanzas fiscales? Cabe perfectamente en lo que es la constitución del estatuto, no me diga usted que no.
¿Es un modelo alternativo? Evidentemente. Se trata de dos modelos diferentes al suyo.
Usted ha manifestado que yo aquí hago un discurso y que cuando se acerquen las elecciones haré otro. Yo le digo que no. De entrada le voy a reconocer que el discurso de Esquerra Republicana de Catalunya siempre será aquí más claro y más duro que en Cataluña. Eso seguro, porque aquí no vamos a gobernar ni aspiramos a ello, pero en Cataluña sí y pronto va a suceder.
Ha hablado usted también de mayorías. En Cataluña ustedes no tienen mayoría absoluta, ni siquiera son la primera fuerza y, por lo que parece, no lo van a ser, ni tampoco la segunda o la tercera. Esta no es la situación en Cataluña, puesto que hay una parte de su población que se siente discriminada. El concepto de mayoría es muy relativo visto desde Cataluña. A veces parece que ustedes los españoles (Rumores.) utilizan un concepto de mayoría demográfica. Sí, sí, ustedes los españoles utilizan un criterio de mayoría demográfica; ustedes son más, votan y consiguen la mayoría absoluta. (Rumores.) Es un criterio y ustedes no pueden abusar.(Rumores.) Cuando estamos en un Estado compuesto, no pueden abusar; en un Estado plural ustedes los españoles no pueden abusar de las minorías nacionales que componen el Estado, les guste o no. (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.)

El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Han hablado...


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, un segundo, por favor.
Sin que esta presidencia pretenda intervenir en el debate, algo que jamás hace, simplemente quisiera recordar al señor diputado que en esta Cámara reside la soberanía del pueblo español. Todos los diputados somos elegidos en el ámbito de nuestras circunscripciones electorales, pero no representamos única y exclusivamente a los electores que nos han votado, sino que, insisto, representamos a todos los ciudadanos españoles, entre los cuales, hoy por hoy, y lo dice nuestra Constitución, están incluidos los ciudadanos de Cataluña.
Muchas gracias. (Un señor Diputado: ¡Muy bien!Aplausos.)

El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, con todos mis respetos, democráticamente y acatando la Constitución, yo discrepo de este criterio. (Rumores.) No todos los ciudadanos de Cataluña están incluidos en este criterio, si no le comentaría que al otro lado de la frontera también hay ciudadanos catalanes, en el Estado francés.
Decía, señor Montoro, que usted hablaba de consenso de muchas comunidades y de muchos gobiernos autonómicos. Fíjese dónde está la trampa. Señor Montoro, ustedes compraron a algunos con dinero encima de la mesa, pero ahora no dan cifras. ¿Dónde están las cifras oficiales de lo que supone todo el monto de la operación del modelo de financiación? ¿Por qué no dan cifras? Porque no les cuadran. A unos les compraron, algo que me parece lógico, justo y legal, y a otros les presionaron, y si no pregunten a Convergència i Unió cómo los tienen con 12 diputados de rehenes en el Parlamento de Cataluña.
No hablen de un gran consenso. Ustedes tienen aquí mayoría absoluta, legítima en ese sentido, pero ya le dicho lo que opino del abuso de la mayoría absoluta en un Estado compuesto.
Y dice usted por otra parte, señor Montoro, que el modelo de Esquerra Republicana de Catalunya no es constitucional, sino alternativo y que está fuera de la realidad. Lo que nosotros hemos hecho ha sido expresar un acuerdo, una resolución del Parlamento de Cataluña, la Resolución 257 de esta legislatura, y lo que ustedes no pueden decir es que se trata de una resolución anticonstitucional o que está fuera de la realidad, porque fue un acuerdo suscrito por 123 diputados del Parlamento de Cataluña. Si luego ustedes utilizan legítimamente otros mecanismos de negociación, es otra cosa, pero no me quite la legitimidad del Parlamento de Cataluña, su resolución y sus aspiraciones.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados, señor ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Montoro, le agradezco las aclaraciones que ha hecho respecto al fondo específico, pero insisto en que

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la sensación que tenemos nosotros es que el 0,1 por ciento del montante global del sistema es lo que va a apoyar la situación existente en Aragón y Extremadura. Por lo menos es lo que nosotros creemos.
Si es posible, me gustaría que en cuanto a la materia de suficiencia, de dispersión, de superficie, etcétera, nos dijera qué cantidad, qué tanto por ciento de los Presupuestos Generales del Estado, en este aspecto, van a ir a la comunidad autónoma.
Nada más y muchas gracias por las aclaraciones.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor Rejón, en cuanto a la reflexión que a su señoría le gusta hacer en esta tribuna, yo la resumiría diciendo: Efectivamente la culpa la tienen los electores. Es que la democracia es así, ¡que le vamos a hacer! La culpa, en el sentido más positivo, es que vivimos en una democracia, vivimos en el periodo más fértil y de mayor libertad de la historia de España, en el que hemos sabido construir el Estado descentralizado administrativamente, con mayor rapidez y con mayor profundidad, no ya de la historia de España, señor Rejón, sino que no hay ningún país en el mundo que haya sabido llevar adelante un proceso de descentralización administrativa como el que ha llevado España durante estos últimos 20 años y que, realmente, ahora completamos con este paso, con la aprobación de estas leyes que completan el Estado de las autonomías en nuestro país.
A partir de ahí, vamos a hablar, desde esta tribuna, de la evolución del Estado de las autonomías en España y de la actitud de un Gobierno -el Gobierno del Partido Popular- que precisamente pretende completar el Estado de las autonomías en todas sus actuaciones, pero también haciendo el ejercicio de competencias que corresponde al Gobierno de España, haciéndolo en plenitud y en todas las materias que nos reserva nuestra Constitución, porque ese Estado de las autonomías es perfectamente compatible con un Gobierno de ámbito nacional, entre cuyas obligaciones figura la coordinación de las políticas económicas, tal como establece y determina nuestra Constitución.
Dentro de ello también está la tarea de coordinar esa figura que es la estabilidad presupuestaria, señor Rejón. Estamos obligados por los pactos europeos -por el proyecto de España de integración en la unión económica y monetaria europea- a guardar esa estabilidad. Esto es lo que plasmamos en una ley, en la ley de estabilidad presupuestaria, que en modo alguno recorta la autonomía financiera de nuestras comunidades autónomas, ni recorta la autonomía financiera de nuestras corporaciones locales, porque esa ley de estabilidad presupuestaria -como tuve ocasión de recordar ayer en la Cámara, y vuelvo a hacerlo ahora, porque es importante- no determina el nivel de gasto público de ningún agente de las administraciones públicas españolas, ni determina el nivel de los ingresos de ese agente; lo que determina es que haya un equilibrio entre lo que se ingresa y lo que se gasta. Por tanto, hay un ejercicio pleno de autonomía financiera cuando cada parlamento autonómico, cada municipio, cada concejo municipal, cada asamblea autonómica y cada diputación tiene capacidad para determinar su nivel de gasto y su nivel de ingreso de forma autónoma. De manera que la ley a lo que obliga es a una presentación equilibrada de los presupuestos que, además de venirnos demandada y exigida por la unión económica y monetaria europea, lo que hace es introducir un principio político de transparencia en la gestión de los recursos públicos, que los españoles nos están dando a los gobernantes, a través del pago de sus impuestos. De forma que este es el concepto de estabilidad presupuestaria y es el sentido mismo del desarrollo pleno del Estado de las autonomías que pretende el Gobierno del Partido Popular.
También tengo que agradecerle su reconocimiento por los avances conseguidos en el Fondo de Compensación Interterritorial, no objeto de estas leyes, pero que, en definitiva, son avances que van completando la financiación equilibrada de nuestro Estado de las autonomías.
En lo que se refiere al señor Rodríguez, quiero insistirle que ahora -que es lo que yo le he explicado desde la tribuna- es cuando, a partir de esta tramitación parlamentaria, a partir de esta tramitación que su grupo rechaza en forma de enmienda a la totalidad, es cuando tienen plasmación legislativa los acuerdos tomados por un órgano, que no es un órgano decisorio en esta materia, como es el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por tanto, no sé por qué S.
S. habla de comportamiento no democrático en un acuerdo entre ejecutivos, cuando lo que se hace es, por primera vez en el desarrollo del Estado de las autonomías, traer una ley de financiación autonómica plasmada como tal y con vocación de estabilidad. Eso es lo que, en definitiva, pretenden estas leyes que hoy aprobamos aquí. ¿Que ustedes quieren otro sistema de financiación autonómica? Es muy legítimo, pero la extensión del concierto no cabe en la Constitución española y no es propio de un Estado de las autonomías, como reconoce nuestra Constitución y como reconocen los estatutos autonómicos, incluido el de Galicia. Eso es lo que le tengo que decir, se lo he dicho antes desde esta tribuna y se lo vuelvo a repetir desde esta tribuna. ¿Que ustedes lo piden? Pues muy bien, sigan pidiéndolo, por supuesto y muy legítimamente y háganlo tantas veces como tengan oportunidad para hacerlo, tantas veces como yo explicaré a los ciudadanos españoles y a los ciudadanos gallegos que la extensión del concierto no conviene a España, no le conviene al Estado de las autonomías español y no le conviene a Galicia, señoría.


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Eso es lo que yo explicaré y lo hago con la misma legitimidad que usted desde esta tribuna. Eso es lo único que hemos hecho, señoría, ejercer cada uno nuestra responsabilidad democrática. Yo, como miembro del Gobierno español, tengo que decir con toda claridad y con toda rotundidad que el nuevo sistema de financiación autonómica favorece a Galicia, favorece a los ciudadanos gallegos, va a dar más recursos presupuestarios y económicos para seguir ampliando servicios básicos para Galicia y a partir de ahí ese es el resultado positivo para Galicia de este sistema. Además, el concierto económico sería un auténtico -y ahora seré todavía más rotundo- disparate económico para una comunidad autónoma de las características de Galicia. Realmente sería un dislate en los efectos económicos que eso produciría en Galicia.
Por lo que se refiere al señor Puigcercós, ya se lo he dicho antes, está defendiendo un modelo de Estado distinto y ha quedado reflejado en sus palabras de manera suficiente. Yo le voy a recordar al señor Puigcercós que lo que aprueban los parlamentos autonómicos es en el ámbito de sus competencias. Pero, señor Puigcercós, vivimos en el Estado español. ¡Qué le vamos a hacer! En Cataluña en las últimas elecciones generales al Partido Popular le votaron más de 700.000 catalanes que han hecho que haya diez representantes directos de toda la soberanía nacional, como recordaba la presidenta pero, en definitiva, procedentes de Cataluña sentados en esta Cámara, mientras que de Esquerra Republicana de Catalunya sólo está usted sentado. Esa es la democracia, señoría, cuando la democracia habla y cuando las urnas hablan. Por eso usted siga defendiendo su modelo de Estado, que realmente es el modelo de Estado que legítimamente usted defiende, por supuesto, dentro de la democracia, pero con la misma legitimidad yo le tengo que decir que ese no es el modelo de Estado que conviene a Cataluña, a una Cataluña no solamente ya integrada en un modelo de Estado español, sino que es motor de crecimiento para la economía española, que es motor de crecimiento, en definitiva, y motor de aumento de bienestar para Cataluña en sí misma, pero sobre todo también para el conjunto de España, volcada cada vez más en Europa, volcada cada vez más en su internacionalización. Con las mismas palabras que he utilizado para otros ponentes de estas enmiendas a la totalidad, tengo que decirle que sus propuestas no caben en la Constitución española, sencillamente. El modelo de financiación autonómica da una capacidad para Cataluña, como he insistido en mi primera intervención, realmente potente, no sólo para el año 2002, sino para los años futuros y, por tanto, la Generalitat de Cataluña tendrá recursos económicos más que suficientes para ir ampliando esa dotación de servicio público básico para sus ciudadanos.
El señor Labordeta insiste en los mismos argumentos y, por tanto, doy por cerrado este debate con él en el sentido de que entendemos que este sistema de financiación autonómica es muy positivo para Aragón, reconoce las peculiaridades de Aragón y permite avanzar en esa concepción de Aragón integrado en un modelo de Estado de las autonomías en España donde Aragón disfruta de un nivel de autogobierno como nunca antes había disfrutado en la historia de España.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Sevilla.


El señor SEVILLA SEGURA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, el modelo de financiación autonómica que tramitamos hoy aquí, con dos proyectos de ley, no es el modelo del Partido Socialista, no avanza suficientemente en corresponsabilidad fiscal, no avanza suficientemente en mecanismos de solidaridad, no avanza suficientemente en equiparar la financiación per cápita entre las distintas comunidades autónomas y no establece el horizonte de equiparación de resultados entre las comunidades del régimen común y las del régimen foral. Por ello, nos comprometemos a cambiarlo cuando gobernemos. Sin embargo, vamos a votar en contra de las enmiendas de totalidad que se han presentado, porque es verdad que el modelo que se trae aquí ha sido fruto de meses de acuerdos, de meses de discusión y de un acuerdo político con el Partido Socialista y con las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. ¿Por qué? En primer lugar, porque este nuevo modelo reconoce implícitamente el fracaso del modelo anterior, que denunciamos, que criticamos y del que nos quedamos al margen, porque nos negamos a aceptarlo; porque, a pesar de no ser el nuestro, mejora cualitativa y cuantitativamente el modelo anterior; porque es lo máximo que podemos conseguir con un Gobierno que tiene mayoría absoluta, y en todo caso, porque nos parecía que era mejor que cualquiera de las alternativas, sobre todo viendo la facilidad con la que el Gobierno abusaba de su poder para perjudicar a las comunidades autónomas que se quedaban fuera -en el caso nuestro- del modelo anterior.
El paquete de negociación autonómica tiene dos partes. Tiene una parte, que es la financiación en sentido estricto, que afecta a la suficiencia financiera, que fue negociado por los gobiernos autonómicos y donde tengo que decir que hubo gobiernos que lo hicieron mejor que otros, razón por la cual hubo gobiernos que consiguieron resultados bastante satisfactorios para sus comunidades autónomas, mientras otros no fueron capaces de hacerlo o no fueron capaces de obtener esos resultados satisfactorios. Tiene otra parte, que es la legislativa, que es la que hoy discutimos aquí y en laque, aunque no es nuestro modelo, no vamos a apoyar

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las enmiendas de totalidad. Pero, señor Montoro, no abusen. Aquí presentan una ley que, en sentido estricto, no es necesaria, bastaba con los presupuestos; eso sí, si hubieran presentado unos presupuestos un poquito más claros, en los que hubieran quedado claros los avances de financiación a cada comunidad autónoma, y en los que la financiación sanitaria, aunque se ceda a las comunidades autónomas, no desaparezca, de tal manera que llegue un momento en el cual los españoles no sepamos cuánto nos gastamos en sanidad.
Presentan también unas modificaciones de la LOFCA que tampoco son estrictamente necesarias en la textualidad de la reforma que ustedes presentan. Ustedes pretenden que este acuerdo, en sus términos actuales, quede consagrado como tal, con rango de ley orgánica; por tanto, pretenden obligar a que un próximo Gobierno socialista que lo cambie tenga que modificar también la ley orgánica. Lo haremos, si es eso lo que quieren. Lo único que quiero señalar aquí es que había formas de reformar la LOFCA que fueran compatibles con el acuerdo, que fueran compatibles con el modelo y que no significaran una petrificación de la situación, elevando el modelo a categoría intocable por tiempo inmemorial.
Nosotros vamos a presentar enmiendas parciales que defiendan nuestro modelo alternativo de financiación, que parte del reconocimiento de una cesión distinta del IRPF que creemos que equilibra mejor los resultados financieros para las comunidades más avanzadas y las menos avanzadas. Presentaremos enmiendas para incrementar la corresponsabilidad fiscal de las comunidades autónomas. Creemos que ahí el Gobierno ha sido excesivamente timorato respecto a lo que dentro del marco de la Unión Europea se puede hacer. Y nuestra posición definitiva cuando la LOFCA vuelva a esta Cámara después de su debate en Comisión va a depender de cuál sea la posición del grupo mayoritario en torno a estas enmiendas que presentará el Grupo Socialista.
Le quiero decir también, señor Montoro -se lo dije en privado y quiero hoy hacerlo en público-, que están poniendo en peligro el acuerdo que hemos firmado. Si de verdad para usted -y me lo creo- este acuerdo es tan importante, no debería de permitir que se pusiera en riesgo por cosas que difícilmente se pueden explicar a la opinión pública pero que son fácilmente entendibles. Nos hemos pasado mucho tiempo negociando la restricción financiera inicial, que es un elemento clave porque es el punto de partida de la suficiencia financiera. Es difícil de entender que, cuando al final se aclaren, en los presupuestos del año 2002 aparezca menos dinero del que se pactó como restricción financiera inicial. Eso es difícil de entender políticamente, eso es difícil de aceptar políticamente por las comunidades que estuvieron peleando duro por conseguir un buen punto de partida para los ciudadanos de sus comunidades. No lo estropeen al final. La predisposición a continuar en una tónica de acuerdo es grande por parte del Grupo Socialista. Entendemos, como siempre hemos entendido, que este era uno de esos acuerdos de Estado que merecen algo más que la posición de regate en corto o de partidismo ideológico, pero, insisto, no lo estropeen en el tramo final, ni restando recursos a comunidades autónomas por debajo de lo que se pactó como restricción financiera inicial ni manteniendo a lo largo de la tramitación presupuestaria de estas leyes una actitud excesivamente de rodillo, entre otras cosas, porque no está todo el acuerdo en estas leyes. Hay algunas cosas que no están perfectamente recogidas, al menos en nuestra opinión, y que deberán mejorarse a lo largo del proceso de su tramitación parlamentaria. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Por último, señor Montoro, nos quedan las corporaciones locales. Creo que ese es el siguiente gran reto de la financiación pública de este país y que debemos abordarlo con el mismo espíritu con el que hemos abordado la financiación autonómica. Para eso creo que son necesarias dos condiciones que sólo el Gobierno puede cumplir. Primera, dejen de lanzar mensajes confusos y electoralistas respecto a la financiación local. Si todavía no saben qué van a hacer con el IAE, dejen de hablar de ello; si ya lo saben, díganlo. En segundo lugar, retiren la ley de estabilidad presupuestaria porque va a significar, también para las comunidades autónomas, pero sobre todo para los ayuntamientos que han visto en estos últimos años cómo crece la cantidad de servicios que prestan a los ciudadanos, va a significar no ya sólo un corsé presupuestario, va a significar que los ciudadanos -y todos dependemos de algún ayuntamiento- vamos a ver cómo se reduce directamente la prestación de servicios públicos que ofrecen los ayuntamientos. Si van en esa línea, encontrarán la actitud colaboradora que ha mantenido el Partido Socialista y el Grupo Socialista en la financiación de las comunidades autónomas; si no, nos encontrarán enfrente. Ustedes eligen.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Sevilla.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señor presidente, señor ministro, señoras y señores diputados, estamos procediendo a efectuar un debate parlamentario que versa sobre dos leyes que tienen una significativa importancia tanto desde el punto de vista de la política general como desde el punto de vista de la política financiera: se trata de delimitar para los próximos años el modelo de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Es este un debate parlamentario, político, especialmente relevante para el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, porque creo que

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soy totalmente riguroso si afirmo que Convergència i Unió ha sido una fuerza política clave en la acción de empujar, de tratar de conseguir una evolución positiva del sistema de financiación de las comunidades autónomas, históricamente lo ha sido y lo sigue siendo, e incluso en algunas ocasiones habiendo dejado algún girón de piel en el camino y habiendo recibido críticas que la verdad, con el paso del tiempo, se ha demostrado que eran notoriamente inconsistentes, aunque a esta cuestión me referiré posteriormente. La importancia, sin embargo, del objetivo tanto político como financiero que subyace en esta tramitación parlamentaria y en el acuerdo político que tan positivamente valoramos y que le sirve de base hace que incidir en esta situación de mejora de la financiación autonómica valga las críticas o los sinsabores que haya podido ocasionar en el pasado.
Partimos de una situación y de un sistema de financiación en el que la fuerza política de Convergència i Unió fue absolutamente clave en el año 1996 para auspiciar ese acuerdo, que posteriormente se plasmó en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996. Un sistema de financiación hoy todavía vigente que es claramente mejor que el que había antes, hasta 31 de diciembre de 1996, pero que presenta una serie de características que hacen necesaria una evolución del mismo. Con lo cual -y fijo aquí la posición de mi grupo parlamentario-, cuando demandamos una evolución del sistema de financiación hoy vigente lo hacemos sin dejar de reconocer que el que hoy existe supuso un avance importante respecto del que existía hasta el 1 de enero de 1997. ¿Cuáles son los hitos fundamentales de esta necesidad de evolución y de reforma? En primer lugar, necesidad de un avance, de una mejora de carácter cualitativo o estructural. Existe un amplio consenso entre las distintas fuerzas parlamentarias en que el proceso de descentralización del gasto público producido en España desde los años ochenta ha sido ciertamente importante y equiparable a otros Estados de nuestro entorno que disponen de tres niveles de gobierno de carácter territorial. También es cierto, y absolutamente constatable, que el peso relativo de los ingresos tributarios de las comunidades autónomas ha sido menor que el producido en otros Estados de nuestro entorno, como digo, con tres niveles de gobierno de carácter territorial. ¿Se avanzó con el modelo que deriva del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 23 de septiembre de 1996? Se avanzó: se pasó a disponer del 15 por ciento y luego del 30 por ciento de la cuota líquida del IRPF, pero el peso relativo sigue siendo hoy en día, con el modelo vigente, bajo. Por tanto, estamos ante una necesidad de mejora estructural de carácter cualitativo que ha sido sugerida no ya desde la convicción política, que es un hilo conductor de la acción que desarrolla Convergència i Unió, sino incluso desde ámbitos absolutamente académicos o desde organismos internacionales. Por ejemplo, en un informe de la OCDE que vio la luz en marzo de 2000, más o menos coincidiendo con la fecha de las últimas elecciones generales, se censuraba el escaso nivel relativo de los ingresos tributarios que figuran en los presupuestos de ingresos de las comunidades autónomas.
Desde este punto de vista, el sistema, cuya plasmación en texto articulado hoy debatimos, supone un claro paso adelante.
Evidentemente pasar a disponer del 33 por ciento del IRPF, del 35 por ciento del IVA, del 40 por ciento de los impuestos especiales de fabricación, salvo el de la electricidad que se dispone del cien por cien, del impuesto especial sobre determinados medios de transporte y mantener, como es lógico, la configuración de tributos cien por cien cedidos de los que ya lo estaban, supone un clarísimo paso adelante desde el punto de vista estructural y cualitativo. ¿No está el impuesto sobre sociedades? No está. ¿Querría Convergència i Unió que estuviera? Querría, y aprovecho para fijar una posición también muy clara de que este modelo de financiación no es el modelo de Convergència i Unió, sin embargo, lo valoramos positivamente.
Querríamos que hubiera estado el impuesto sobre sociedades. Es cierto que territorializar su rendimiento es más difícil que en el caso de otras figuras tributarias, también es cierto que no es imposible. Sin embargo, la valoración respecto de las ganancias cualitativas y estructurales del sistema de financiación son positivas. Es un sistema que supone claramente una ganancia de corresponsabilidad fiscal para las comunidades autónomas, en nuestro caso, para Cataluña.
En cuanto al peso relativo de los ingresos tributarios, basta con exponer unas cifras para constatar esta ganancia de corresponsabilidad fiscal. Así, en Cataluña, los ingresos de la Generalitat pasan a depender en un 86 por ciento de los tributos generados en el territorio catalán, ostentando las transferencias del Estado un peso relativo del 14 por ciento. Con el anterior sistema el peso relativo de los ingresos tributarios era menor y con el anterior al acordado en 1996, no digamos. Esta mejora cualitativa (y paso al segundo hito o argumento político fundamental y de contenido de la necesaria evolución del sistema de financiación) va a permitir una mejor generación de recursos -ahora hablo del ámbito cuantitativo- en el futuro, una sostenibilidad mayor hacia el futuro de los recursos generados por las comunidades autónomas, sean cuales sean las previsiones económicas que se utilicen para efectuar estas valoraciones. Por tanto, segundo punto fundamental, ganancia en la suficiencia de recursos. El primero era ganancia en la estructura de financiación.
Se produce además un aumento de los recursos destinados a las comunidades autónomas en el marco de esta negociación. A diferencia de lo que ocurrió en las dos negociaciones anteriores, hay más recursos destinados a las comunidades autónomas, además de la

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generación futura que vaya a suponer la implantación de la cesta de impuestos a la que anteriormente me he referido. Una parte de estos recursos se destina -sabido es- a compensar a las tres comunidades autónomas que no están dentro del acuerdo de 1996, tomando el año 1999 como base, y otra parte importante de estos recursos importantes se destina a Cataluña, cuestión que valoramos de manera positiva. La verdad es que Convergència i Unió defiende este incremento de recursos para las comunidades autónomas desde la convicción ideológica, desde la convicción política, pero es plenamente defendible por muy antiautonomista que pueda ser cualquier persona.
Creo que llegar a esta convicción es un paso adelante de madurez política desde el punto de vista social. Me explico. Si las comunidades autónomas gestionan -o gestionarán- la sanidad y la educación, ¿a qué ciudadano no le va a importar que el servicio público de la sanidad y el servicio público de la educación no estén correctamente dotados de recursos? A cualquiera que sea mínimamente responsable desde un punto de vista social le tiene que importar, se sea lo más antiautonomista que se pueda ser. Es una convicción ideológica absolutamente respetable que no compartimos, pero se piense lo que se piense, que la sanidad y la educación dispongan de un nivel adecuado de recursos, desde el punto de vista de la responsabilidad social y política, es un hecho que no puede ser sometido a discusión y debe proveerse de adecuados recursos en un Estado social y democrático de derecho moderno como es el nuestro.
Decía que Convergència i Unió también defiende esta mayor aportación de recursos a la financiación de las comunidades autónomas desde un punto de vista de convicción ideológica. Convergència i Unió está convencido de que el debate sobre las balanzas fiscales, que ha sido algunas veces denostado desde algunas fuerzas políticas, es la medición de los flujos interterritoriales que se producen entre comunidades autónomas, es un instrumento importante para orientar las políticas presupuestarias, muy importante, y Convergència i Unió también entiende, con datos en la mano -lo ha manifestado desde el inicio de su actividad política con la llegada de la democracia- que esta incidencia territorial de flujos en el caso de Cataluña no ha sido correcta, ha sido profundamente incorrecta durante muchos años.
Particularmente llamativa, por ejemplo, en las etapas presupuestarias de finales de los ochenta principios de los noventa. Por tanto, insisto, este concepto de incidencia territorial del gasto público, que debe manejarse con cuidado y con prudencia pero que tiene base académica y ha adquirido una relevancia política muy importante en Estados miembros de la Unión como es el caso de Alemania, no ya sólo con la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de noviembre de 1999, sino también por el acuerdo político entre Estado y Länder producido hace pocos meses respecto de los esfuerzos fiscales y de la territorialización del gasto público en este Estado, es -y creo que va a ser mucho más en los próximos años- un parámetro importante para delimitar las políticas presupuestarias en España, sin ser utilizado demagógicamente, pero un parámetro muy importante. Desde esta óptica valoramos positivamente este acuerdo porque contribuye a mejorar la brecha fiscal en que incurre Cataluña en su esfuerzo fiscal y la incidencia territorial del gasto público.
Sabemos que no se puede lograr una correcta territorialización del gasto público sólo con el acuerdo de financiación autonómico, es necesaria una adecuada política de inversiones desde los Presupuestos Generales del Estado. Desde este punto de vista tengo que recordar, como he hecho anteriormente, que mucho se ha mejorado desde la triste, muy triste situación que se producía a finales de los ochenta y principios de los noventa, con una inversión pública territorializada en Cataluña que no es que no alcanzara el 15 por ciento del peso relativo de la población, es que estaba a niveles del 9, del 8, del 10 por ciento. Hoy en día estos niveles se han incrementado y también lo valoramos positivamente.


Queda la tercera pata para territorializar el gasto público, que es -en esto coincido con el portavoz socialista- la financiación local, que podremos abordar con espíritu constructivo en el próximo año. Por tanto, valoramos también positivamente desde el punto de vista cuantitativo esta reforma del sistema de financiación autonómico.
Vuelvo a decir lo mismo: ¿es el modelo de Convergència i Unió? No lo es, pero es un paso adelante en el buen camino y además entendemos que, sin caer en inmovilismo, merece una estabilidad.
De todas formas, no quiero cerrar la necesidad de reforma del sistema desde la óptica cuantitativa sin dejar de recordar lo que es el tercer hilo fundamental de este proceso de reforma que hoy debatimos en cuanto a su plasmación en el texto articulado: que cualquier revisión del modelo desde el punto de vista cuantitativo tiene que hacerse contemplando, teniendo muy presentes dos elementos que confluyen realmente en un único concepto que es la solidaridad entre territorios. Por esto decía que este tema cuantitativo hay que manejarlo con rigor, con seriedad y no con demagogia, porque nunca debemos olvidar el esfuerzo de solidaridad interterritorial que siempre nos es exigible a todos los ciudadanos y a todos los niveles políticos. Cierto es que España -esto es una noticia absolutamente positiva- no es ya el Estado que tenía unos desequilibrios interterritoriales fortísimos desde hace más de dos décadas, como lo acredita un informe del año 1996 de la Dirección General XVI de la Comisión Europea titulado: Cohesión económica y social en el ámbito de la Unión Europea. En este informe se dice que, por ejemplo, Alemania es el Estado con mayor desequilibrio interterritorial entre Länder por razón de la reunificación alemana, tambiénel Reino Unido e Italia.Pero esto, que es una buena

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noticia y que debemos tener presente, no es obstáculo para que afirmemos con rotundidad -y creo que así lo acredita la trayectoria histótico-parlamentaria de Convergència i Unió- que cualquier reforma del sistema de financiación autonómica, defendiendo lo que creemos que son derechos desde el punto de vista de los intereses de los ciudadanos de Cataluña, debe hacerse respetando la solidaridad interterritorial en España.
Creo sinceramente que estamos ante un sistema de financiación que incorpora suficientes mecanismos de solidaridad para que merezca también una valoración positiva desde este punto de vista. El señor ministro se refería anteriormente a los mecanismos de solidaridad cuando hablaba del fondo de suficiencia, del fondo específico de sanidad para la cohesión y desplazados de la incapacidad temporal, de las asignaciones de nivelación y del Fondo de Compensación Interterritorial y el Fondo complementario del de Compensación Interterritorial. Desde el punto de vista de la necesaria solidaridad, discurso absolutamente compatible con el punto anterior de mi dicción, entendemos que es también un modelo que merece ser valorado positivamente.
Cuarto punto clave de esta reforma, la integración de la sanidad en el sistema de financiación. Antes de referirme más en detalle a esta materia, basta con recordar la situación de partida que se produce en el sistema de financiación de comunidades autónomas de régimen común, sobre todo respecto a la sanidad.Hay cinco comunidades autónomas con competencias en materia sanitaria cuasi plenas, no plenas, pero muy importantes en materia sanitaria; diez sin esta competencia, y además de este abanico de comunidades autónomas, tres de ellas con un sistema de financiación que no es el vigente con carácter general sino que no se incorporaron al que resulta del acuerdo de 23 de septiembre de 1996. Nos parece un paso adelante que se integre la sanidad en el sistema de financiación de las comunidades autónomas, máxime teniendo muy presente que el servicio público sanitario va a enfrentarse en los próximos años a incrementos de demanda de servicios y prestaciones sanitarias -para lo cual son muy importantes los fondos de cohesión a los que anteriormente hacía referencia- de desplazados y no residentes y respecto de las incapacidades laborales, todo ello combinado con una garantía de la evolución de los recursos a tres años con el tope mínimo de la evolución del PIB nominal al coste de los factores, tal como se ha expuesto anteriormente también.
Quinto punto clave de la reforma, competencias normativas de las comunidades autónomas. Tengo que decir abiertamente que en este punto, como en el que trataré posteriormente, las pretensiones de Convergència i Unió iban más allá. Valoramos positivamente los avances en competencia normativa, la eliminación del tope del más/ menos 20 por ciento en la modificación de la tarifa, la mayor incidencia de competencias en el ámbito de deducciones, que puedan regularse reducciones de base para las transmisiones lucrativas intervivos en sucesiones y donaciones, con posibilidad de regular también deducciones y bonificaciones; en transmisiones patrimoniales, la posibilidad de regular el tipo de gravamen en transmisiones patrimoniales onerosas para bienes muebles, derechos reales sobre bienes muebles, y en el caso de actos jurídicos documentados, la posibilidad de regular el tipo para documentos notariales. Lo valoramos positivamente, pero nos hubiera gustado ir más allá, creemos que existe margen para ir más allá y, por tanto, sin dejar de lado la valoración positiva global del sistema, en este apartado creemos que podían haberse dado más pasos.
El ámbito en el que ha quedado más coja la evolución de este modelo es el de la participación de las comunidades autónomas en la gestión tributaria. Sabido es que Convergència i Unió aspira a tener una presencia muy importante en la gestión de los tributos que se generen en su territorio, una presencia que no tiene que suponer dar la espalda a la Agencia Estatal de Administración Tributaria, pero aspira a tener esa presencia importante. ¿Qué avances ha habido en el acuerdo al que estamos haciendo referencia? Pues aspectos puntuales en la Comisión mixta de coordinación de la gestión tributaria y en los consejos territoriales de dirección de la gestión tributaria y la presencia autonómica, eso sí, en el consejo superior de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, que es un órgano con una capacidad o función más consultiva que gestora. Creemos que aquí tenemos una asignatura pendiente, y ello sin embargo no obstaculiza, vuelvo a decirlo, la valoración global positiva que hacemos del modelo.
He dejado para el final la valoración del consenso, la valoración quizá más política de cómo se ha producido este acuerdo y de su contenido. Estamos ante una materia -y en esto coincido con otros portavoces que me han precedido- demasiado importante, que afecta demasiado al bienestar de los ciudadanos para que no hagamos todos un esfuerzo político para alcanzar un acuerdo lo más amplio posible, que tenga la base parlamentaria y política más amplia posible. Es demasiado lo que hay en juego, y debemos intentar entre todos sustraer el debate sobre esta materia a la demagogia, a la crítica fácil y al regate corto pero que tiene poca productividad para los ciudadanos, que es el norte de toda acción política. Desde este punto de vista, este portavoz no era parlamentario en aquellos momentos, pero como seguidor interesadísimo de todas las cuestiones políticas que se producen en nuestro país he de decir que me dejaron absolutamente perplejo algunas de las consideraciones que se realizaron a propósito del acuerdo de financiación autonómica del año 1996, porque yo recuerdo haber escuchado o leído en distintos medios dos críticas, como son las siguientes: una, se ha puesto precio, se ha mercantilizado la situación de estabilidad

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política y la posición política de CiU para la legislatura que empezó en 1996 con un precio alto, lo cual me avergüenza, etcétera, y dos; a CiU se le ha engañado porque los recursos no han evolucionado convenientemente con el modelo de 1996. La verdad es que estos dos argumentos, utilizados a la vez, son, no políticamente sino intelectualmente, incompatibles y mueven a cierto bochorno. El tiempo da y quita razones, el modelo superó al anterior, pero necesitaba una adaptación. Creo que es bueno el clima de diálogo entre fuerzas políticas, lo celebramos, requiere consenso, es una materia muy importante, requiere realismo, porque tengo la convicción de que hacer política es ideología en acción, por tanto deben tenerse muy claras las convicciones, con mucha intensidad, sin eso no hay política, pero convicciones irrealizables tampoco son política y tampoco son satisfacción de los intereses de los ciudadanos.


Creo sinceramente que la trayectoria de Convergència i Unió en esta fase de negociación política que se plasma en estos textos articulados, como en las anteriores negociaciones políticas, ha sido de defensa con fuerza, con convicción, de su ideología, de los intereses de sus votantes, de los intereses de Cataluña, pero siempre con responsabilidad y siempre sabiendo lo que es la plasmación posible de las convicciones ideológicas. Desde este punto de vista, vuelvo a valorar muy positivamente el clima que se ha producido en las conversaciones para llevar a cabo este acuerdo así como el modelo que en su plasmación articulada nos trae hoy el Gobierno a esta Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Gracias, señor presidente.
El nuevo modelo de financiación autonómica lo ha apoyado el Gobierno de Canarias y también este grupo parlamentario, y lo apoya por varias razones que intentaré resumir de la forma más breve posible. Primero, creo que el acuerdo de julio del Consejo de Política Fiscal y Financiera es un acuerdo histórico que cierra de alguna manera, por una década al menos o por muchos años, la forma de financiación de las comunidades autónomas de España, proceso que se abrió con la Constitución española de 1978 y que ha estado presente en toda la vida política española desde entonces con un enorme debate sobre cómo articular el llamado Estado de las autonomías, que, en mi opinión, en muchos aspectos es un Estado federal. Hemos tenido la virtud de no entrar en un debate nominalista sobre si es un Estado federal o cuasi federal o un Estado de autonomías y hemos encontrado un modelo intermedio. Ese modelo se basa en la creación de unas comunidades autónomas con unas determinadas competencias y con un modelo de financiación. Me parece a mí que algunas competencias, no muchas, todavía están por cerrarse, pero lo más importante era el modelo de financiación, un modelo de financiación que está basado en la autonomía financiera, en la suficiencia, en la corresponsabilidad fiscal -instrumento muy importante- y en la solidaridad.
El debate que tenemos, y no creo que lo haya situado ningún portavoz, está en el marco del proceso de construcción europea y no es casualidad que en enero de 2002 entre en vigor el nuevo modelo y la circulación del euro. Europa en estos momentos está en un debate muy importante -que será la Conferencia Intergubernamental de 2004- sobre cómo construir la Europa política, cómo articular los Estados en esa Europa política y cómo articularse éstos en su interior. Europa tiene problemas en el Reino Unido con Escocia y Gales, hay problemas en Bretaña, Francia o en Córcega, España tiene un debate interno importante e Italia lo ha tenido con Lombardía, etcétera. Para resumirlo de manera breve, en el mundo de la globalización, en el mundo que se abre en el siglo XXI, los Estados nacionales cada vez son menos operativos y eficaces para tratar los grandes temas y necesitan integraciones internacionales continentales. Al mismo tiempo, los Estados nacionales no son eficaces y operativos para tratar los problemas inmediatos de los ciudadanos, donde las comunidades autónomas o los Estados federales son más eficientes en resolver temas que ahora en España ya están resolviendo. El gran debate en este momento no es el Estado centralista contra las comunidades autónomas. El gran debate es que el Estado llamado centralista histórico está perdiendo competencias transfiriéndolas hacia arriba y hacia abajo, y en el nuevo mundo de la Europa y de la globalización esos Estados están perdiendo contenido, competencias y capacidad de decisión. Eso es así. Aquí no estamos asistiendo a un reforzamiento del Estado centralista, estamos asistiendo a un debilitamiento de los viejos Estados nacionales, y España es el primero de la Europa que nace a finales del siglo XV en un mundo del siglo h, donde esos Estados jugarán un papel pero ya no el que han jugado en los últimos cinco siglos. En ese contexto, el modelo de financiación autonómica es una de las patas de la España europea y, la otra, es cerrar el modelo de transferencias de competencias, reconociendo siempre esa España plural, esa España que modela la Constitución española en la que se distingue entre nacionalidades y regiones, entre comunidades que tienen hechos diferenciales. La Constitución reconoce dos hechos diferenciales esenciales: la disposición adicional primera el concierto económico vasco, y la disposición adicional tercera el régimen económico fiscal canario.
Dentro de esos dos hechos diferenciales hay peculiaridades

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de territorios insulares como Baleares, o territorios más continentales, como es el resto de las comunidades españolas.
Señorías, estamos todos de acuerdo en que por primera vez hemos logrado un gran consenso con pequeños grupos que podrían tener algunos matices distintos; hay un consenso de todas las comunidades españolas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera -hay que celebrarlo, es histórico- y de la gran mayoría de los grupos parlamentarios en empezar a cerrar ese modelo porque tenemos que construir Europa. En ese gran debate estamos, y los debates de la década pasada, de finales del siglo XX, empiezan a quedar viejos. En la medida en que crece Europa, crecen las autonomías o los Estados federales, cada vez son más débiles, como decía antes, los Estados nacionales. Mi grupo es claramente europeísta, cree en el proyecto de construcción europea y dice que el régimen económico fiscal canario está justificado porque somos la única comunidad española que está a mil kilómetros del continente, no sólo de España, sino del continente en su conjunto, y los tratamientos de los territorios continentales no son los mismos que los de un territorio insular alejado. El Estado español reconoce esa situación peculiar, el modelo de financiación autonómica, y la Constitución europea, el Tratado de Amsterdam, dice que las regiones ultraperiféricas tienen que tener un tratamiento diferenciado. Se nos reconoce nuestro hecho particular, y Europa ha dado un ejemplo con nosotros de cómo tratar situaciones peculiares y diferenciales para articularlas en el modelo común, de lo cual estamos satisfechos. Es la primera vez en la historia de España, desde que los guanches fueron derrotados por los ejércitos castellanos, en que nuestro hecho peculiar y nuestra articulación especial ha tenido una consideración a escala de Europa y de España.
Ese es nuestro pacto con el Estado español y con el proyecto europeo, y nos mostramos satisfechos.
Nuestro nacionalismo diferencial está dentro de la Constitución española -artículo 2- y de la Constitución europea, en el Tratado de Amsterdam - artículo 299. Hemos negociado prudentemente, hemos tenido receptividad de la Comisión, del Consejo Europeo y del Gobierno de España, y creo que somos un modelo a ser estudiado -como hace muy poco decía un periodista británico en el Financial Times- para articular fórmulas en el nuevo proyecto de construcción europea para Escocia, Gales, Lombardía, Córcega, etcétera, con problemas diferenciales. Es un acontecimiento histórico que viene en el tiempo necesario. Hay que mirar a Europa. En 2004 entraremos en el debate de una nueva política económica en la que sea posible ampliar Europa hacia el Este, es el momento en el que hay que reformar las instituciones reforzando eso que llama la presidencia española más Europa. Va a haber más potenciación de Europa, más regiones, más Estados federales y más debilidad del Estado nacional.
La historia ha derrotado los viejos Estados centralistas y el modelo de financiación autonómica es su derrota.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mauricio.
Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, señorías, vamos a rechazar las enmiendas de totalidad de unos proyectos que van a continuar su vía parlamentaria y que van a suponer una mejora y una profundización sustancial en el Estado de las autonomías que aprobó la Constitución.
Quiero empezar haciendo alguna consideración a tenor de lo que ha dicho el portavoz socialista. En primer lugar, ha destacado que no es su modelo. No, es el modelo que ha aprobado por unanimidad el Consejo de Política Fiscal y Financiera, un modelo que cuenta con un gran acuerdo. No hay que renunciar a ese gran acuerdo en el trámite de enmiendas. El portavoz del Grupo Socialista dice que si no se aprueban algunas enmiendas que van a presentar a lo mejor cambian su voto, pero yo les quiero pedir prudencia no vaya a ser que las enmiendas del Grupo Socialista rompan un acuerdo que, como muy bien ha señalado, ha costado muchísimas horas de trabajo conseguir. Seamos prudentes y procuremos también que las enmiendas cuenten con el consenso de todos los grupos que han apoyado el modelo de financiación autonómica que ha dado origen a las leyes que hoy vamos a debatir.
Ha mencionado el portavoz socialista algo que a mí me ha preocupado: cuando nosotros ganemos lo cambiaremos. El Grupo Parlamentario Popular tiene mayoría absoluta y no ha impuesto un modelo, ha consensuado un modelo que por primera vez ha contado con unanimidad en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Me da mucho miedo que el Grupo Socialista diga: ahora, como estoy en minoría, me gusta el consenso, pero cuando esté en mayoría, si alguna vez lo estoy -no parece que por los resultados gallegos vaya a ser pronto-, voy a imponer la técnica del rodillo. Yo creo que es un mal camino, lo mejor sería que en un tema tan esencial como éste estemos dispuestos siempre al consenso, cuando tenemos mayoría absoluta, como la tiene mi grupo ahora mismo, y cuando, dentro de unas décadas, ustedes lleguen al Gobierno. Ha dicho usted: no es mi modelo. No es el modelo de qué Partido Socialista, ¿del PSC del señor Maragall? ¿De donde gobierna el Partido Socialista y lo ha apoyado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera? Es el modelo que se ha consensuado y es un buen modelo. La particularidad que tiene el sistema de financiación autonómica que hoy se concreta en unos proyectos de ley es que es bueno. Además de ser un buen modelo tiene una guinda fantástica, que es el consenso. Seamos respetuoso

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con este consenso en un tema tan esencial como es el desarrollo del Estado de las autonomías.
Señorías, en la España actual, en la España que sale de la Constitución de 1978, nos otorgamos un Estado de las autonomías que se ha ido desarrollando poco a poco, paso a paso. Ha habido un proceso de transferencias continuas que se han ido desarrollando en el tiempo. El Gobierno del Partido Popular ha impulsado ese proceso en aquellas comunidades no históricas en más del 70 por ciento.
Cuando acabe la financiación de la sanidad, el Gobierno del Partido Popular habrá impulsado en más del 75 por ciento la transferencia de competencias a las comunidades no históricas, hablando cuantitativamente. Muchas competencias educativas que no tenían y todas las competencias sanitarias, que son los grandes pilares del Estado del bienestar, esas transferencias se han impulsado con el Gobierno del Partido Popular; el Gobierno que más ha hecho por las autonomías en la historia de la democracia española, si nos referimos a transferencias valoradas cuantitativamente. Ese proceso de transferencia de competencias, que se ha ido desarrollando paulatinamente, ha tenido que contar con unos sistemas de financiación que al principio se llamaban provisionales. Luego se les dio el nombre de definitivos, pero no eran tales, como todos sabemos, porque cada cinco años se abrían en canal. Cada cinco años habríamos un debate sobre el modelo de financiación, que ponía patas arriba todo el modelo anterior. Ahora, cuando ya en un momento histórico España se encuentra con un desarrollo de las competencias de las comunidades autónomas casi finalizado, cuando casi todas las competencias que tienen que asumir las comunidades autónomas están ya transferidas, es el momento preciso. Estoy de acuerdo con lo que decía el señor Mauricio, respecto a que es el momento histórico en el que hay que abordar este sistema de financiación autonómica. Es bueno que en este momento histórico un partido con mayoría absoluta, un partido que no necesitaba los votos de nadie, ni de los grupos nacionalistas de otras regiones de España ni del principal grupo de la oposición, haya presentado un modelo con consenso. ¿Por qué? Porque una vez efectuado el traspaso de competencias, es el momento de aprobar un sistema de financiación que tenga vocación de permanencia en el tiempo. Eso es lo que nos parece importante, un modelo que sea permanente en el tiempo, que cada cinco años no se tenga que abrir en canal, que le dé a las comunidades autónomas estabilidad sobre cuál va a ser su desarrollo de financiación. Me parece muy importante que las comunidades autónomas, que ya tenían competencias en el gasto, que tienen parlamentos autonómicos que deciden en qué se van a gastar el dinero de los ciudadanos, tengan también competencias en materia de ingresos. Eso es lo que hace fundamentalmente este modelo.
Señorías, quiero ponerles un ejemplo. En España hay quince impuestos importantes. Siete van a ser ingresos exclusivos de comunidades autónomas: matriculación, sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, juego, electricidad y patrimonio. Hay cinco donde las comunidades autónomas participan parcialmente, pero con porcentajes importantísimos. En el IRPF, el 33 por ciento; en el IVA, el 35 por ciento; en hidrocarburos, en bebidas y en tabaco, el 40 por ciento. Sólo hay dos impuestos exclusivamente del Estado, el impuesto sobre sociedades -no puede ser de otra manera porque se produciría una deslocalización empresarial- y el impuesto sobre las primas de seguros, porque no se podría territorializar. Y hay otros dos impuestos exclusivamente de las corporaciones locales: el impuesto sobre bienes inmuebles y el impuesto sobre actividades económicas.
Con este modelo las comunidades autónomas que tenían competencias en el gasto, cuyos parlamentos podían decidir en qué se gastaban el dinero, van a tener también competencias importantísimas en los ingresos, van a poder ejercer su autogobierno también en los ingresos, van a tener capacidad de decisión amplísima en los ingresos.
Mi grupo cree que estamos ante un excelente modelo. Con este modelo, que da origen a las leyes que hoy vamos a aprobar, nos encontramos con sistemas equiparables a los de los países con mayor grado de descentralización, no sólo administrativa sino también política, del mundo. Avanzamos más y damos más competencias a las comunidades autónomas en materia de ingresos que las que tienen los Länder alemanes, bastante más. Somos el país que, con un régimen de descentralización no sólo administrativo sino también político, se dota de un sistema de financiación que hace que esas nacionalidades o regiones, como dice la Constitución, tengan capacidad de autogobierno en los ingresos. Es un modelo que profundiza en los principios de suficiencia económica, de solidaridad, de corresponsabilidad y de autonomía. El sistema anterior fue bueno, fue un avance importante en la suficiencia. Prueba de ello -y no quiero entrar en este debate- es que las comunidades autónomas que no lo aceptaron ahora piden que se les reconozca el dinero que han perdido. Este modelo avanza aún más en suficiencia de las comunidades autónomas, pero avanza también en autonomía, como antes decía, porque van a tener más capacidad de autogobierno. Este sistema profundiza en la corresponsabilidad fiscal porque va a hacer que todas las administraciones estemos en el mismo barco. Algún grupo que ha presentado enmienda de totalidad ha dicho que se eliminan algunos sistemas de garantía. Por supuesto que se eliminan algunos sistemas de garantía porque nos hacemos corresponsables, porque las comunidades autónomas adquieren su mayoría de edad y nos hacemos corresponsables comunidades autónomas y Estado en el devenir económico; cuando vaya bien económicamente nos irá bien a todos, cuando se produzca una desaceleración también

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repercutirá en todos. Es un sistema que profundiza enormemente en la solidaridad en dos direcciones. Con este sistema se garantiza que todos los ciudadanos, vivan donde vivan, tengan unos servicios públicos de calidad, independientemente de que vivan en una comunidad autónoma o en otra. Garantizamos servicios de calidad para todos los ciudadanos. Hay una segunda línea de solidaridad en este modelo, y es procurar que las comunidades autónomas que están más alejadas de la media en renta per cápita cuenten con ingresos adicionales para ponerse a tono. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Eso también es importante. Porque es un modelo que mejora suficiencias, que mejora la solidaridad y que mejora la corresponsabilidad, se ha conseguido un consenso que, como antes decía, es la guinda del pastel; sobre un modelo bueno, se ha conseguido que todos hayan dicho que sí. Por supuesto que a unos les habría gustado haber llegado a un extremo del consenso y a otros a otro extremo, pero al final hay unas posiciones comunes que son las que recoge este modelo y las que han permitido que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, por primera vez, se apruebe por unanimidad.
La población gana peso -decía el portavoz socialista- si no se avanza suficientemente en el criterio de financiación per cápita. Ya saben SS.SS. que hay comunidades que desean avanzar más que otras. Yo provengo de una comunidad en la que entendemos que el criterio de población tiene que avanzar más, pero hay otras que tienen otra opinión y se han buscado puntos equidistantes para llegar a acuerdos que permitan apoyar el modelo. Yo quiero agradecer el esfuerzo que han hecho grupos políticos y gobiernos territoriales de distinto color para que podamos estar rechazando hoy con una amplísima mayoría las enmiendas de totalidad a un sistema de financiación autonómica que va a ayudar a vertebrar España en el futuro. Mi grupo va a estar atento a las enmiendas, pero quiero decirle con toda amabilidad al portavoz socialista que nos gustaría que las enmiendas que se presentaran, para que pasaran los trámites parlamentarios, tuvieran el grado de consenso que ha alcanzado el modelo. No queramos en el trámite de enmiendas salvar la cara de posiciones distintas en diversas comunidades autónomas presentando unas enmiendas que amenacen el consenso que hemos conseguido. Mi grupo tiene la voluntad de que en el trámite parlamentario podamos seguir manteniendo ese consenso. No vamos a lanzar sobre la mesa cartas que lo pongan en duda o lo amenacen. Me gustaría que todos los grupos lo hicieran.
Hay que abordar un modelo de financiación de las corporaciones locales. Mi grupo quiere alcanzar ese gran acuerdo para dar estabilidad en el tiempo y que mejore la suficiencia de las corporaciones locales, que, por cierto, no son las que peor están en suficiencia. Si uno observa los presupuestos de los últimos años verá que las corporaciones locales están teniendo presupuestos equilibrados o con un cierto superávit, pero sí es verdad que hay que dar estabilidad para el futuro al modelo de financiación de corporaciones locales. Mi grupo tiene un compromiso de supresión del IAE para el 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas. Lógicamente, ese compromiso tiene que ir unido a un nuevo modelo de financiación de corporaciones locales. Yo quiero que todos los grupos de esta Cámara tengan claro que mi grupo va a hacer los mismos esfuerzos que ha hecho con el modelo de financiación autonómica para llegar a un acuerdo tanto con grupos políticos como con corporaciones locales, en el seno de la Federación Española de Municipios y Provincias. El nuevo modelo de financiación de corporaciones locales tiene que tener ese amplio consenso, y vamos a luchar por conseguirlo. Yo sé que el señor Sevilla ha sido testigo presencial de los esfuerzos que se han hecho para llegar a acuerdos.
Pues los mismos esfuerzos vamos a hacer en el modelo de financiación de corporaciones locales. Por supuesto que mi grupo sigue comprometido con los compromisos electorales que adquirió en las pasadas elecciones y los va a llevar a la práctica, también el de la supresión del IAE para el 90 por ciento de las pequeñas y medianas empresas. Usted sabe, señor Sevilla, como sé yo, que todo tiene un calendario. Las reformas hay que hacerlas con calendario. ¡Qué le voy a hablar de calendario! Si usted mismo, para sus propuestas -eso que no está en el Gobierno-, también tiene un calendario, cuánto más las nuestras, que sí van al BOE, tienen que tener un calendario que las haga viables en el tiempo.
Mi grupo tiene un compromiso con los ciudadanos y ese compromiso pasa por garantizar y mejorar el Estado del bienestar. Somos conscientes de que las comunidades autónomas y las corporaciones locales tienen mucho que decir en la garantía y en la mejora del Estado del bienestar. Somos conscientes de que comunidades autónomas y corporaciones locales están haciendo políticas importantes -en el caso de las comunidades autónomas, básicas- para garantizar y mejorar el Estado del bienestar y por eso necesitamos modelos consensuados que garanticen suficiencia, solidaridad, autonomía y corresponsabilidad. Nos hemos comprometido a hacer todo lo posible para que los ciudadanos españoles tengan más posibilidades en relación con su calidad de vida, así como para que haya una distribución justa de la riqueza y por eso elaboramos modelos de financiación que harán, cuando los aprobemos, que las corporaciones locales y las comunidades autónomas tengan sistemas estables y perdurables que les permitan cumplir con las competencias que tienen asumidas. Mi grupo va a rechazar las enmiendas de totalidad, algo, señor Rejón, que debería hacer usted porque estamos ante un buen modelo de financiación autonómica.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Pujalte.
Finalizado el debate de las enmiendas a la totalidad de devolución de los dos proyectos de ley de referencia, vamos a someter a votación, en primer lugar, de manera conjunta las cuatro enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 13; en contra, 286; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las referidas enmiendas a la totalidad de devolución.
A continuación, vamos a votar las cuatro enmiendas a la totalidad de devolución del proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 308; a favor, 12; en contra, 288; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas las referidas enmiendas.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000036.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos al Punto II del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Para la defensa de las enmiendas mantenidas, tiene la palabra, en primer lugar, el señor Aymerich. (Rumores.)

Señorías, sigue el debate en la Cámara. Les ruego a aquellos que lo vayan a hacer que abandonen el hemiciclo en silencio y al resto que ocupen sus escaños para conseguir un nivel de murmullos que nos permita continuar con el trabajo de la Cámara. (Continúan los rumores.) Señorías, no sé si es mucho pedir desde esta presidencia que las conversaciones se mantengan fuera del hemiciclo al objeto de facilitar el trabajo de la Cámara.
Adelante, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Intervengo brevemente para defender las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego al proyecto de reforma parcial de la vigente Ley de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, enmiendas que, dado que pretenden mejorar el texto que resulta del dictamen de la Comisión, parten del apoyo del Bloque Nacionalista Galego a este texto y a esta reforma. Votaremos a favor de este proyecto de ley, a pesar de que nos hubiese gustado que en primer lugar se aumentase la seguridad jurídica de los usuarios de las vías públicas, de los peatones y de los conductores. Así, un grupo de nuestras enmiendas intenta limitar las potestades discrecionales que el proyecto de ley reconoce a la Administración, especialmente en materia sancionadora, precisando conceptos jurídicos indeterminados o tipificando adecuadamente las infracciones e incluso las sanciones.
Por ejemplo, pretendemos que no se considere como conducción temeraria la ocupación excesiva de un vehículo, constitutiva per se, sin otras condiciones, sin crear un peligro a la circulación. En segundo lugar, y hemos pedido que esta enmienda se vote separadamente, queremos también aprovechar la ocasión... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Aymerich, por favor.
Señorías, les ruego que ocupen sus escaños y guarden silencio al objeto de que la intervención del señor Aymerich sea audible.
(Pausa.) Adelante, señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Decía que en segundo lugar y aparte de estas enmiendas dirigidas a aumentar la seguridad jurídica y a precisar correctamente las potestades discrecionales de la Administración en materia sancionadora, queríamos también aprovechar la ocasión para, ya que se aborda una reforma del vigente texto de la Ley de tráfico y seguridad vial, introducir en ella ciertas mejoras, mejoras exigidas socialmente. Me refiero en concreto a la introducción de una nueva disposición final en la que se inste al Gobierno a presentar a este Parlamento en un plazo breve de tiempo, de seis meses, un proyecto de ley sobre publicidad en materia de tráfico y de vehículos a motor con una nueva regulación de la publicidad

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de estos productos que no incentive conductas que vulneran las reglas de circulación y de seguridad vial y que también dificulte o prohíba mensajes publicitarios que fomenten directamente la violación de estas conductas. Me estoy refiriendo a los mensajes que aluden a la velocidad o a la potencia de los vehículos o incluso a ciertos mensajes sexistas o machistas que están directamente relacionados con la publicidad de este tipo de productos. Las nuestras son enmiendas que pretenden mejorar el texto que resulta de la Comisión, pero que en ningún caso van a comprometer el apoyo del Bloque Nacionalista Galego al mismo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Aymerich, hay unas enmiendas de otro diputado del Grupo Mixto, el señor Saura, y no veo que esté en el hemiciclo.


El señor AYMERICH CANO: Aprovecho entonces para dar por defendidas las enmiendas del resto de los diputados del Grupo Mixto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo mantiene para este trámite de Pleno dos enmiendas, la número 92 y la número 95, que voy a defender. Después fijaré la posición de mi grupo respecto a todo el proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que nos viene por el Real Decreto legislativo 339/ 1990. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) La primera de las dos enmiendas que mantiene mi grupo para este trámite quiere provocar la reflexión del Grupo Popular y no tenemos ningún inconveniente en que esto se vuelva a reconsiderar en el Senado. Es una enmienda que trata de salvaguardar un principio de intimidad constitucional. Nuestra enmienda número 92 está dirigida al actual artículo 71 -que antes era artículo 72-, personas responsables, y viene a decir lo siguiente: Si en las alegaciones presentadas en el plazo el interesado no autoconfesara conductas culpables o emitiera una declaración no admitiendo su culpabilidad, no se considerará vulnerado el deber legal de identificar. El deber legal de identificar viene explicitado en el texto del proyecto del Gobierno, mantenido en la Comisión, en el apartado 3 de lo que era el artículo 72, cuando se dice que el titular del vehículo, debidamente requerido para ello, tiene el deber de identificar al conductor responsable de la infracción, si incumpliera esta obligación en el trámite procedimental, etcétera. Si esto se aprueba tal como está, señorías, sin una salvaguarda constitucional, los tribunales de justicia, si actúan en primera instancia y recogiendo jurisprudencia del Tribunal Supremo y sentencias del Tribunal Constitucional, lo van a echar por tierra, porque se puede entender que se está vulnerando un principio constitucional, pues nadie, ningún español, al amparo de la Constitución, está obligado a declarar contra sí mismo ni está obligado a declarar contra nadie. Es decir, el principio de acusación se puede ejercer ante una instancia, pero no es una obligación sino un acto de voluntariedad de un testigo, máxime cuando se pueden estar situando las responsabilidades de la conducción de un vehículo, que no lo haga el titular, pero sí por una persona de su ámbito de intimidad, familiar o no, o por alguna otra reserva que pueda haber incluso en los servicios de seguridad del Estado. Esta es la reflexión que quería hacer a la señora doña Ana Torme, como portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Quiero reconocer aquí, señora presidenta, la magnífica actuación que la señora Torme ha realizado en los largos ocho meses que lleva este proyecto de ley en la Cámara, durante los cuales se han recogido todas las aportaciones positivas de los grupos. No me gustaría que este principio resultara en su día echado por tierra por el Tribunal Constitucional.
La segunda y última enmienda que mantenemos, señora presidenta, es la número 95, dirigida a la disposición final segunda. Se trata con nuestra enmienda de hacer una aportación positiva y no se me alcanzan las razones por las cuales no ha sido aceptada hasta este momento.
Viene a solventar un problema que se va a producir en las estructuras del Ministerio del Interior y de la Jefatura Provincial de Tráfico.
Se refiere a que en la disposición final segunda, atinadamente, se modifican las disposiciones que la Ley de 1990 había señalado cuando se dice que el Gobierno, en el plazo máximo de seis meses, desde la entrada en vigor de esta ley en su momento, proceda a modificar dos reglamentos, el reglamento general de circulación, aprobado por Real Decreto 13/1992, y el reglamento de procedimiento sancionador en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que trae causa del Real Decreto 320/1994. Qué duda cabe que la Ley de 1990 de tráfico y seguridad vial generó estos dos reglamentos, que quedan tremendamente modificados por la ley que estamos actualmente debatiendo y que nosotros apoyamos porque lo vemos lógico. Lo que no entendemos son los efectos que esta nueva ley va a traer sobre el segmento de las escuelas privadas de conductores de vehículos de motor, porque en este proyecto de ley que ahora estamos discutiendo y que vamos a enviar al Senado se contempla una serie de medidas, incluso por vía de las sanciones, por ejemplo, cuando los conductores penalizados o sancionados por faltas tienen que volver a hacer un aprendizaje en las escuelas de conductores de vehículos de motor. ¿Por qué no abordamos

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en esta misma disposición final segunda la medida que propone nuestra enmienda? Nosotros proponemos que, igual que se van a modificar estos dos reglamentos que he citado, por imperativo legal y porque se quedan obsoletos, se aproveche la coyuntura para actualizar el reglamento regulador de las escuelas particulares de vehículos de motor, que viene del Real Decreto 1753/1984. Desde 1984 se ha producido la Ley de 1990, se va a producir esta nueva ley cuando le demos el nuevo número para el Boletín Oficial del Estado y, desde luego, es evidente que el reglamento de escuelas particulares de conductores de vehículos de motor está obsoleto. Creo que sería una buena ocasión aprovechar este texto de la disposición final segunda para que el Gobierno, también en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, proceda a modificar el reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores de vehículos de motor, que son pieza fundamental en todo lo que es la ordenación pedagógica y de enseñanza del tráfico. En esta ley están recogidas las sanciones a los conductores por las faltas que cometan y está todo lo que se prohíbe: hablar por el teléfono móvil conduciendo, determinadas prácticas, los excesos de velocidad, etcétera. La ley supone un endurecimiento lógico ante los problemas que nos está causando el aumento desmedido del tráfico rodado en nuestras calles y carreteras: aumento de parque, aumento de conductores indeseables por razones de alcoholemia o de droga, etcétera, pero todo empieza en un proceso pedagógico. Un conductor empieza matriculándose en una escuela de conductores de vehículos de motor, va a clase, después es examinado por los funcionarios correspondientes y, en caso positivo, obtiene el carné de conducir; es decir, todo el proceso empieza con el acto de una persona física que se matricula en una escuela de conductores.
¿Cómo podemos regular toda la ley de tráfico si no empezamos desde el principio, desde el momento en que una persona entra a tomar clases en una escuela de conductores de vehículos de motor? Resulta que le vamos a decir que ahora vamos a tener una nueva ley perfectamente estructurada de cara a las necesidades actuales del tráfico -que mi grupo apoyará con su voto-; le vamos a decir que dentro de seis meses el Gobierno va a modificar estos dos reglamentos fundamentales y le vamos a decir que nos vamos a seguir quedando con la pieza de 1984, el reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores de vehículos de motor. Por congruencia, señora presidenta, nuestra enmienda plantea la modificación de este reglamento. Digo esto para que sirva de reflexión y se estudie o se nos dé una razón objetiva, clara, contundente y asumible de por qué no se aprovecha la ocasión de la ley y de su disposición final segunda, que recoge la actualización de los dos reglamentos vigentes, para cerrar toda la pieza: los dos reglamentos que es necesario modificar y el relativo a las escuelas, que es imprescindible porque es pieza fundamental para que en España haya conductores legalmente dotados de su permiso de conducir.
Dicho esto, mi grupo apoyará esta ley, donde ha sido fundamental la labor de entendimiento y de conciliación que han hecho doña Ana Torme y la Dirección General de Tráfico. Creemos que es una buena ley, es una ley dura, por supuesto, pero tenemos que considerar el número de muertos en las carreteras españolas, las infracciones que se cometen y la irresponsabilidad de muchos conductores. Esta es una ley que va a favor de un buen tráfico, va a favor del buen ciudadano, va a favor del peatón, va a favor del buen conductor; va en contra del conductor indeseable, va en contra de todo el que quiera saltarse, no digo ya un semáforo o un stop, sino unas normas del ejercicio de la conducción como un fenómeno social, que bien hecho permite articular y vertebrar la sociedad y mal hecho es un peligro de muerte, pues la mala conducción es la causa del mayor número de fallecimientos, por encima de terrorismo alguno, por encima de enfermedad alguna.
Nuestro grupo se congratula de este trabajo que se ha hecho en ponencia y en Comisión durante ocho largos meses. Un proyecto que entra con ocho folios, se puede decir, del Gobierno y sale ahora con trece demuestra que ha habido una labor positiva y que se ha recogido un problema. Faltan pequeñas atenciones y de aquí la aportación que quería hacer, señor presidenta, mi grupo con estas dos reflexiones al respecto. Pido su consideración debidamente reglamentada bien en trámite del Pleno en la Cámara de Diputados, bien posteriormente en el Senado.
Nada más. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, cuando en enero entró en esta Cámara el proyecto de ley para modificar el texto articulado de la Ley de tráfico el Grupo Vasco ya estuvo de acuerdo con la necesidad de normar las reformas que se proponía y también con la corrección técnica para que con las enmiendas parciales que fuesen necesarias se pudiese trabajar sobre ello. A este tronco común todas las formaciones políticas le hemos hecho importantes añadidos en cantidad, en cualidad, puesto que nos excedíamos bastante de lo inicialmente previsto, y también creemos que en calidad, que colocaron a la ponencia ante un importantísimo material que había luego que reconducir a texto legal, que es hacia donde ahora -después del paso por el Senado esperemos que quede completo- vamos.
Se ha trabajado mucho, se ha trabajo además conespíritu de debatir, de aceptar, con buen ambiente, bien

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escaso éste en otras ponencias y en otros textos legales en esta Cámara. Doy, por tanto, las gracias a los ponentes, a la señora Torme, que tanto ha trabajado y ha sido citada con anterioridad, al señor Mayoral, al señor Jané, al señor Rejón y al resto de formaciones políticas, con la mención que espero que me permitan de que incluso estos dos últimos, el señor Jané y el señor Rejón, han hecho experimentos prácticos con las velocidades para llegar a fijar las cifras de las fronteras de las infracciones muy graves. Quienes teníamos escasas habilidades en la conducción nos hemos limitado sin más a la labor de despacho. ¿Qué fortuna han tenido las numerosas enmiendas que presentaba el Grupo Vasco? Pues bastante fortuna, señorías. El primer bloque, el referido a la práctica del ciclismo, coincidente con las enmiendas presentadas por otras formaciones políticas, ha resultado en gran medida acogido, tanto en lo que hace referencia a la práctica profesional, como a la práctica como aficionados. Creemos que suponen una gran mejora en cuanto a la seguridad y a la práctica de este deporte y de este medio de comunicación sin riesgo. Hay una pequeña queja. Queda quizá poco concretado cuáles son las condiciones para que luego reglamentariamente pueda regularse en la práctica del ciclismo en paralelo, vieja reivindicación de quienes se dedican a este deporte.
Manteníamos por eso hasta este momento las enmiendas que todavía nos quedaban vivas entre la 18 a la 34. Sin embargo, creemos que sus textos en la actualidad no casan ya con los contenidos aprobados, nos parece más oportuno retirarlas en este momento y dejar como tarea a nuestros compañeros senadores, a los senadores del Grupo Vasco, varios de ellos ciclistas, que intenten establecer, de manera más feliz a como creemos que ha quedado, este pormenor que decimos y también algún otro, para que así el texto legal tenga una más feliz acogida entre los numerosos ciclistas que hay en este país. Todo lo referido a la potestad sancionadora, tipificación de infracciones y sanciones, afición conocida en esta Cámara de esta ponente, creemos que ha quedado felizmente plasmado, no por una actitud represora, que se suele vincular siempre a las conductas en materia de tráfico y seguridad vial, sino siempre con la finalidad de la más eficaz tutela del bien jurídico del valor seguridad vial que toda norma de tráfico debe pretender.
Nos ha quedado una enmienda que sí someteremos a votación y que nos hubiera gustado ver incluida, puesto que creemos que supone una perfección en lo que es la tipificación de las medidas cautelares en materia sancionadora cuando proponíamos que desapareciese la expresión, en el artículo 64, de: o perjudiquen notoriamente el interés público. Creíamos que la llamada inconcreta al interés público abría la espita de la discrecionalidad en un ámbito que debe ser refractario a la misma, cual es el de las medidas cautelares, limitadoras de derechos subjetivos o intereses legítimos de los ciudadanos. En un ámbito en el que se sanciona tan frecuentemente o en el que el número de infracciones acarrea tal número de expedientes sancionadores, nos parecía que hubiese sido posible llegar a un texto más feliz y más concreto, menos indeterminado en esta materia, y por eso hemos sostenido hasta este momento esta enmienda, única que nos queda, de este apartado referido a infracciones y sanciones.
Como casi siempre, son los aspectos competenciales los que no han tenido acogida o bien esta acogida, que sí ha habido alguna, ha sido escasa. Se nos dice constantemente que nos quejamos de involución autonómica. En este aspecto no diré yo tanto, pero sí de un cierto parón, puesto que cuestiones que podían haber sido aclaradas, que están ahí reivindicadas y no atendidas desde hace tiempo, no han tenido tampoco acogida en este texto. Citaré en concreto tres enmiendas que sobre este particular sostengo. La número 35 y la 48 hacen referencia a la autorización para instalaciones y funcionamiento de centros de enseñanza o de centros de reconocimiento y ahí creemos que la salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas, sobre todo en los términos en los que se establecía, con un llamamiento a la colaboración con las comunidades autónomas con competencias en esta materia, debiera haber tenido algún reconocimiento. En el mismo sentido y también referida al artículo 60.2 es la enmienda 48, que pretende igualmente que las comunidades autónomas con competencias asumidas en materia de seguridad pública puedan llevar a cabo los desarrollos reglamentarios por sus organismos competentes, hablando nuevamente de materia referida a lo que es seguridad privada dentro de los centros de reconocimiento. En nuestra opinión, nuestra enmienda no hacía sino cohonestar mejor los textos del proyecto de ley y de las leyes vigentes en materia de seguridad privada al otorgar facultades que sí tienen reconocidas -y en algún caso asumidas, como la comunidad vasca o la catalana- en esta materia.
Más importante y troncal con la materia tráfico es la enmienda número 47, que también sostenemos y que contiene la vieja reivindicación de que, por fin, de una vez, se considere que según el artículo 17 del Estatuto de Autonomía vasco y el correspondiente texto de la ley que según el artículo 150.2 hubo de aprobarse para el ámbito catalán, es posible asumir las funciones y servicios correspondientes a la expedición del permiso de circulación y de matriculación de vehículos que actualmente ejerce la Administración del Estado. Esto crea un importante problema, a veces de bis in idem y siempre de inseguridad, cuando se sanciona en el ámbito de estas dos comunidades que he citado, puesto que la potestad sancionadora en materia de infracciones que lleva aparejada sanción pecuniaria se hace por la Policía autónoma, no sin embargo la que hace referencia a la retirada de los permisos de conducir. Se agrava esta circunstancia con la aprobación del presente texto,puesto que va a ser difícil, sobre todo cuando se quiera

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el cumplimiento fragmentado de la suspensión del permiso de conducir o su sustitución por mecanismos reeducadores, por la falta de conexión entre las dos administraciones sancionadoras, que los ciudadanos catalanes o vascos puedan beneficiarse de estas interesantes aportaciones y novedades que el texto legal incluye.
Cuando menos, y lo vamos a intentar en el Senado, debió aceptarse la segunda parte de nuestra enmienda 47 cuando dice que entre los órganos competentes de la Administración del Estado y los del Gobierno correspondiente se establecerán los adecuados mecanismos de coordinación para una mutua información y correcta gestión de las funciones y servicios respectivos. Iremos a algo más, por supuesto.
Nuestra reivindicación es poder ejercitar la competencia en expedición de permisos de circulación y matriculación, pero cuando menos debiera establecerse esta exigencia de mecanismos adecuados de coordinación para una mutua información. La vamos a someter ahora a votación, no creemos que vayamos a obtener las mayorías restantes y la repetiremos; seguiremos insistiendo en la argumentación en el Senado.
Nos queda, señorías, una pega de inconstitucionalidad que yo ponía en ponencia y que he visto que no ha sido corregida. No quedan enmiendas al respecto pero me parece importante señalarlo. Cuando se habla de reincidencia en el artículo 67.3 se habla de comisión de dos infracciones que sean firmes en vía administrativa. Hay jurisprudencia constitucional abundante que dice que la reincidencia debe remitirse a la firmeza tras la vía judicial correspondiente.
Pensamos que, examinada esta jurisprudencia, debiera intentarse, o por lo menos mi formación política lo hará, corregirlo en el trámite del Senado.
El texto, lo manifesté así en Comisión y vuelvo a manifestarlo ahora ante el Pleno, queda cojo en una cuestión de gran calado social y requiere ser completado: conducir sin seguro. Mucho se ha escrito sobre el precio de circular sin póliza ya que el Código Penal de 1995 rebajó drásticamente las multas por esto en su artículo 636. Conducir sin seguro en España se ha dicho que es más barato que tener seguro.
Esto nos parece que es una inconsecuencia y nuestro criterio es que, al igual que se ha corregido en el texto de la ley la existencia de un bis in idem en relación con la omisión de socorro, que se ha decidido mantener como delito y no como infracción administrativa, esta misma idea de erradicación debiera llevarnos a intentar sacar del Código Penal la falta consistente en conducir sin seguro.
La dogmática general de prioridad del proceso penal, que recoge además explícitamente el artículo 65.1 del texto que aprobaremos, lleva también a que tenga prioridad este precepto penal. ¿Cómo arreglarlo? A mi grupo se le ha ocurrido utilizar una vía, una filigrana jurídica, como dije en mi intervención en Comisión, que quizá contenga alguna incorrección de técnica legislativa. Explicaré primero en qué consiste. Puesto que la modificación del Código Penal requeriría en todo caso de ley orgánica, y estamos hablando de una ley ordinaria, pedir al Gobierno que traiga a la Cámara otra ley orgánica en este momento podría resultar un esfuerzo excesivo. Teniendo en cuenta que existen varias modificaciones del Código Penal ya tramitándose, nos ha parecido que se podría enganchar en alguna de ellas este cambio de la tipificación de esta falta, aun no siendo iguales los tipos penales de los que se estaba hablando. Mi grupo ya lo ha hecho en la modificación que se pretende de los delitos contra la libertad sexual. He dicho que puede ser una incorrección de técnica legislativa, pero valores tales como la eficacia del ius punendi, que todos los autores que trabajan en este mundo en situaciones y sanciones de tráfico están de acuerdo en que queda mejor garantizado con la infracción administrativa, la propia economía procesal legislativa, el principio de seguridad jurídica nos ha llevado a intentarlo, aunque aceptaríamos cualquier otro método que llevase al mismo resultado, a que en el mismo tiempo en el que se apruebe este texto desaparezca del Código Penal la falta consistente en conducir sin haber abonado la correspondiente póliza del seguro. Si no, creemos que lo que es una buena norma que mi grupo va a apoyar quedará con un importante punto negro a este respecto.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, hay un dicho coloquial por mi tierra, aquello de que los gitanos no quieren a sus hijos con buenos principios, que a mí me parece que es de plena aplicación a la tramitación de esta ley. Ustedes recordarán el espectáculo más o menos bochornoso, más o menos motivado no precisamente por portavoces parlamentarios, con respecto a la primera votación de esta ley. Sin embargo, de las intervenciones que se han producido y del resultado se puede colegir que ha sido un buen trabajo el que se ha hecho en la Comisión por parte de todos, cada uno con nuestras particularidades, con nuestra forma de ser. Incluso por el mismo hecho, como decía el señor Mardones, de que hemos pasado de ocho folios a unos poquitos más. Se ha ido mejorando, se han ido tocando los casos reales con seriedad, hemos contrastado situaciones, hemos hecho muchas hipótesis de trabajo. Es un trabajo por el que este Parlamento, la Comisión o los distintos grupos debemos felicitarnos. Quiero unir también una felicitación muy especial a la portavoz del Grupo Popular, que con un buen hacer ha sabido integrar, ha sabido matizar y ha sabido torear las distintasposiciones para llegar a un buen resultado; ha tenido

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una parte importante en el resultado final alcanzado. Lo que es de reconocer se reconoce y punto.
Vayamos por partes. Nosotros mantenemos una serie de enmiendas, a algunas de las cuales voy a ofrecer una transaccional -por diversas razones familiares y políticas no pude asistir a la Comisión y los distintos portavoces sabían que iba a plantearlo en el Pleno- que entenderé que se traslade al Senado. Se trata de la consideración de falta grave en el exceso de ocupación de un vehículo. Decimos que será falta grave cuando el vehículo tenga una ocupación superior al 50 por ciento del permitido, descontando el conductor. En un vehículo de cinco personas, descontando al conductor, son cuatro y, como el 50 por ciento son dos, meter a tres personas más para superar el 50 por ciento ya es una temeridad. Pero en el caso de los autobuses interurbanos de 60 plazas, para que exista falta grave hay que meter a 31 personas más, lo cual, como ustedes comprenderán, ya no es una temeridad, es una osadía y un guinness. No digo que no se haya excedido en algún que otro momento. Por eso nosotros ofrecemos una enmienda transaccional de adición del siguiente tenor al artículo 65.5.d): En el transporte interurbano de pasajeros se entenderá por ocupación excesiva del vehículo cuando se aumente en un 50 por ciento o en cinco pasajeros el número de plazas autorizadas. Tenemos ahí los dos márgenes. En un microbús, de 30, serán seis. Eso por un lado.
Con respecto a otras enmiendas, nosotros seguimos siendo, iba a decir beligerantes, no es verdad, tampoco es beligerancia, pero sí nos gustaría. El hecho es que pensamos que hay que ser mucho más duros, incluso desviar el tiro -permítaseme la expresión- de la sanción, en el caso del exceso del horario de conducción. Nosotros entendemos que no se puede aceptar que en una ley en la que se pretende reducir la siniestralidad en las carreteras, en un tema como este, se permita poder circular a conductores con un exceso de jornada de trabajo de un 49 por ciento, de un 50 por ciento, o lo que es igual un tiempo de conducción de trece horas y media, cuando en la normativa específica sobre los descansos y la conducción se recoge una jornada diaria máxima de nueve horas de conducción y un descanso mínimo de once horas entre jornadas. ¿Cómo se puede plantear por medio de esta ley esta situación, cuando en Europa se está actuando desde los departamentos de tráfico con dureza, inspeccionando y paralizando los vehículos en cuanto pasan de los límites de la conducción de nueve horas o no se cumple el descanso de once horas? En España, sin embargo, seguimos diciendo que el exceso es del 50 por ciento cuando está demostrado, y ahí están las estadísticas de tráfico, que la fatiga mata. Nosotros entendemos que quizá el 50 por ciento es leve, que se debe ser mucho más duro a la hora de fijar este límite. Y sobre todo habrá que trabajar la particularidad de a quién se sanciona. No tengo una formación jurídica suficiente, ni insuficiente, pero de alguna forma habría que buscar una responsabilidad subsidiaria, porque muchos de estos excesos de conducción son obligaciones que se le imponen por parte de la patronal o del patrón al conductor, al que dicen: o te chupas las trece horas o te pongo de patitas en la calle, que siempre habrá alguien que coja el volante en tu lugar. Esas cuestiones habrá que verlas. Sé que no se cierra a ello el Gobierno ni el Partido Popular y considero que, en el Senado o en esa subcomisión a la que se comprometió el ministro y por la que el señor Jané tanta vara, en el buen sentido de la palabra, nos ha dado en la Comisión, habrá que irlas perfeccionando, habrá que irlas desarrollando en sus distintos puntos.
Nosotros consideramos, lo mismo que los sindicatos de los trabajadores, que habría que diferenciar entre las sanciones que se imponen cuando tienes una conducción profesional, que no debían ser acumulables, que las que se imponen en una conducción personal, de ocio, de descanso o de lo que quieras considerar en un momento determinado. A cualquiera de nosotros en un momento determinado la retirada del carné por exceso de acumulación de faltas puede significar una molestia, pero en el caso de los conductores profesionales el exceso de acumulación significa la retirada del carné y por tanto la retirada de su comer, por así decirlo. Nosotros pensamos que no debieran acumularse y que las sanciones en utilización del vehículo personal propio vayan por una vía y las profesionales se acumulen en otro sentido. Quiero agradecer, repito, el talante de la portavoz del Grupo Popular en un tema tan interesante como el del chaleco y que se inste a una normativa posterior para que no solamente tengamos que llevar los triángulos sino que también se lleve un chaleco reflectante para que en un momento determinado sean visibles. No solamente tiene que verse al vehículo; muchas veces el peligro mayor es para el conductor o para los ocupantes, que se están moviendo por la carretera porque han pinchado o porque tienen otros problemas.
Para terminar me voy a referir a una enmienda transaccional, que en última instancia plantea el señor Jané y que también es una enmienda del Grupo de Izquierda Unida, acerca de la prohibición de que los menores de 12 años puedan ir de paquete en los ciclomotores. Me imagino que todos hemos recibido muchas llamadas, a lo mejor de las mismas personas cambiando el tono y el contenido. A mí cuando me llamaban me decían: ¿Y usted es de izquierdas? ¿Y yo que soy un pobre hombre que no tengo nada más que una moto? Le preguntaba: ¿Qué moto? Me decía: una Kawa 700. Y le decía: Pues con eso se puede comprar tres coches. Todo eso da para mucha demagogia y como uno ha tenido una Kawa 700 sabe lo que puede pasar. Es una realidad y bastaría con que hubiera una cierta cultura del padre, del tutor, de la persona que lleva al niño o a la niña al colegio. Al colegio. Que sean niños en edades de primaria, pero en horario y en días escolares. Si ese es un argumento

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de peso, tásese para esos días. El señor Jané lo entenderá. Pero que esto no sirva de coladero para pegar motazos un sábado por la mañana por la Diagonal de Barcelona o por la ronda de los Tejares en Córdoba. Podríamos aquilatar. Si verdaderamente lo que tenemos que solucionar es ese problema, soluciónese, pero que no se permita de coladero; que el niño menor, con el casco homologado, etcétera, pueda ir con su padre, con su madre o con su tutor, eso sí en días y en horario escolares.
Nosotros mantenemos nuestras enmiendas aunque, admítanse o no, votaremos a favor de un texto que a nuestro entender ha mejorado notablemente.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, señoras y señores diputados, hoy entra en este Pleno del Congreso un proyecto de ley importante, importante para la sociedad. Vamos a regular, señorías, un tema que afecta a la inmensa mayoría de la población: el tráfico.
Nos preocupa a todos. Actualmente es la primera causa de mortalidad entre jóvenes en nuestro país y provoca que España sea, dentro de los Estados de la Unión Europea, de los que más accidentes registra.
Estamos entre los tres con más accidentes; hay once países en el ámbito de la Unión Europea que tienen menos accidentes que España.
Por tanto es un tema que debe preocuparnos a todos. Hay un interés común por parte de todos por intentar aumentar la prevención, por intentar que a través de la ley pueda disminuir el número de accidentes de tráfico. Creo que hemos hecho un esfuerzo importante en la ponencia y a todos sus miembros quiero agradecerles la colaboración, el diálogo que hemos tenido y el debate a veces apasionado, guiados por la voluntad de encontrar en cada caso y en cada supuesto la mejor solución posible. Insisto en que agradezco expresamente a todos los miembros de esta ponencia su trabajo y muy especialmente quiero agradecer a la señora Torme el esfuerzo que ha realizado, porque es la representante, la ponente principal del Grupo Popular y el Grupo Popular tiene mayoría absoluta; podía no haber aceptado ninguna enmienda y en cambio en este proyecto de ley ha tenido una posición abierta al diálogo y al consenso. Pienso que al Grupo Popular, al Grupo Socialista, a todos los grupos, al Grupo Vasco, al Grupo de Izquierda Unida, señor Rejón, nos ha inspirado en este proyecto de ley la voluntad de intentar buscar buenas soluciones. No es de extrañar por tanto que al final, de todos los proyectos que han entrado en esta Cámara en esta legislatura, el que mayores modificaciones ha experimentado sea este proyecto de ley de tráfico. No hay ningún precedente.
De todos, el número de modificaciones que hemos alcanzado en este es el más notable.
A nuestro grupo nos quedan tres puntos de discrepancia y una reflexión competencial. Hablare de los tres puntos de discrepancia con la máxima brevedad. El primero es el relativo a si los menores de doce años pueden ir o no como pasajeros de una moto o de un ciclomotor. Hemos reflexionado sobre este tema y estamos en contra de que se prohíba a estos menores de doce años ir como pasajeros, estamos en contra de una prohibición genérica. Entendemos las motivaciones de quienes pueden avalar esta prohibición, que son la seguridad y el riesgo, pero también entendemos que hay otras situaciones de inseguridad o de riesgo que no están prohibidas. No prohibimos que un menor con catorce años conduzca un ciclomotor, no prohibimos que un adolescente de 16 vaya con un chaval de doce en una moto. Esto está permitido, no está prohibido y tiene un alto riesgo.
Nos centrábamos únicamente en una prohibición, la que puede afectar por ejemplo a que un padre acompañe a su hijo al colegio. Creemos que no hay datos suficientes que avalen la prohibición de forma global y radical este único supuesto y por tanto nuestro grupo mantiene una enmienda al artículo 11, en la que decimos que no estamos de acuerdo con esa prohibición y pedimos que se busque una alternativa de seguridad. Busquemos elementos de seguridad que hagan esa conducción totalmente segura y responsable. Esperamos que eso pueda ser objeto de un acuerdo y, si no lo es, estamos abiertos a un planteamiento transaccional en aras a un consenso global, que yo elogiaba al inicio de mi intervención. Desde el Grupo Catalán estamos dispuestos a estudiar si el Grupo Socialista o el Grupo Popular nos quieren hacer algún planteamiento transaccional, no al cien por cien de lo que decía el señor Rejón, aunque le comprendo. No podemos limitarlo a unos horarios, porque a lo mejor el padre acompaña a ese hijo al centro escolar a una competición deportiva un sábado por la mañana.
Seamos rigurosos con las prohibiciones porque después nos pueden causar algún problema de interpretación y algún ciudadano puede decir que no entiende al legislador. Me parece que hay alguna fórmula transaccional que se está estudiando y que nuestro grupo estaría dispuesto a aceptar si realmente cumple una lógica e impide que, en áreas como Barcelona, donde el uso del ciclomotor está muy extendido, prohibamos algo que el ciudadano no nos pide y cuando el ciudadano es consciente de la responsabilidad que tiene cuando acompaña a un menor y va con todas las precauciones necesarias. Por tanto agradezco al señor Mayoral, a la señora Torme, los esfuerzos que han hecho estos últimos días para encontrar una fórmula de consenso.
Había otro punto de discrepancia que en aras al consenso voy a retirar. Era intentar definir la conducción negligente. A nosotros nos parecía mejor esa definición,pero, como vamos a crear una subcomisión que

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ha propuesto mi grupo parlamentario, que sea en esa subcomisión donde abordemos si es posible o no una mejor concreción de lo que entendemos y de lo que debemos interpretar como conducción negligente. Dos últimas enmiendas voy a someter a votación. Una es el permiso por puntos. Consideramos que el permiso de conducción por puntos va a ser el futuro. Estamos convencidos de que en materia de tráfico vamos a tener que incidir más en la prevención que en la sanción y que una posible vía de solución -nunca hay una varita mágica- será el permiso por puntos. Los japoneses fueron los pioneros en el año 1969; después vinieron los alemanes, en 1974; Francia, en 1992; lo ha instaurado ya el Reino Unido y el Parlamento Europeo el pasado 7 de diciembre hizo una recomendación a todos los Estados diciendo que se instaure el permiso de conducir por puntos. Nuestro grupo defiende este permiso, lo hace en la enmienda número 159, que esperamos que tenga una buena acogida. Si no la tiene, esperamos poderlo tratar en la subcomisión. En el último debate de política general, el 27 de junio, se aprobó una propuesta de resolución de nuestro grupo en la que ya se decía que en la subcomisión que íbamos a crear se estudiaría el permiso por puntos. En esa unión política que tenemos, en esa unión cada vez más profunda de todos los Estados de la Unión Europea, vamos a conseguir que también tengamos un sistema homogéneo, el sistema de conducir por puntos.
Una última discrepancia es la relativa a la velocidad. Todos estamos de acuerdo en que los excesos de velocidad deben ser falta grave y algunos muy grave. La nueva ley va a ser una ley muy sancionadora, va a ser una ley que va a dar un mensaje a la ciudadanía de que en materia de tráfico no podemos bajar el listón, va a ser una ley, si me lo permiten, dura. La persona que cometa una falta muy grave va a tener una multa de hasta 100.000 pesetas y se le va a retirar el permiso hasta un máximo de tres meses. Si comete tres, le retiramos para siempre el permiso. Por tanto, una falta muy grave va a ser una cosa muy seria. A mí me gustaría que el catálogo de lo que consideramos muy grave sea muy riguroso para que se cumpla. De ahí la pequeña discrepancia que sigo manteniendo sobre que en algunos supuestos ir a más de 80 por hora sea muy grave, con lo que ello va a suponer. Preferiría que fuera grave y que fuera muy grave ir a más de 90. Estoy pensando por ejemplo en la Diagonal de Barcelona. Cuando uno llega procedente de Tarragona y entra en la Diagonal -a la una de la madrugada la Diagonal está despejada, no hay tráfico- es muy fácil ir a más de 80; ir a más de 80 es falta muy grave y conlleva que se quede la persona sin permiso durante tres meses y con una multa de 100.000 pesetas. Quizá ese mensaje, al ser tan riguroso, no se cumpla. Yo preferiría que fuera absolutamente comprendido por el ciudadano y por eso digo que a partir de 90 kilómetros por hora pero no a partir de 80, porque son muchos los ciudadanos que se sitúan en esa franja de entre 80 y 90 en vías urbanas. Me refiero a grandes ciudades, como Barcelona o Madrid, al paseo de la Castellana o la avenida Diagonal. Es un punto de reflexión que quiero mantener para su votación.
En lo que se refiere al tema competencial, mi grupo aceptó una transacción que se nos ofreció, una transacción que introducía un nuevo párrafo en el artículo 81, que intenta resolver en la práctica el problema de la caducidad del expediente sancionador. Somos conscientes de que no se resuelve el tema competencial, no se resuelve el tema de comunidades como Cataluña o el País Vasco, que en materia de tráfico tienen reconocida la imposición de la sanción económica pero también la imposición de la sanción derivada de la retirada del permiso o licencia de conducción. En la práctica, ese problema competencial de la doble autoridad sancionadora no lo acabamos de resolver. En la medida de lo posible, la solución que nos ofreció el Grupo Parlamentario Popular permite resolver el problema de la caducidad del expediente sancionador. Para ese consenso, aceptamos esa transacción.
Quedan muchos temas pendientes y estoy seguro de que todos los ponentes, señora Torme, señor Mayoral, señora Uría, señor Rejón, vamos a reflexionar sobre ellos en la subcomisión. Pero creo que podemos sentirnos satisfechos de cómo ha evolucionado este proyecto de ley, de los cambios que hemos introducido. Hay cuestiones que tenemos que ver, como la de las personas que tienen diabetes, a las que tenemos que solucionar el problema de tener que renovar el permiso cada seis meses. Debemos intentar buscar una solución y en la subcomisión podremos hacerlo. Una vez más quiero alabar a todos los grupos el esfuerzo del consenso en aspectos como la seguridad de los ciclistas sobre el que hemos avanzado de forma importante. En el tema del medio ambiente; vamos a dar un mensaje a los vehículos contaminantes. Estoy de acuerdo con la señora Uría; tenemos que reflexionar también sobre el tema del seguro obligatorio. Quien va sin seguro es un peligro; además, cuando le paran, se escapa de las Fuerzas de Seguridad, porque sabe que está cometiendo una infracción.
Debemos ser vigilantes. Debemos reflexionar sobre el alto coste del seguro, porque cuando un joven se compra una motocicleta y quiere matricularla, como es tan caro, no se hace el seguro obligatorio. Hay elementos de reflexión que dejaremos para la subcomisión y quizá para el Senado. Pero, repito, en materia de tráfico nos debe preocupar a todos el consenso, llegar a soluciones que sean de sentido común para dar a la sociedad, a todos los ciudadanos, el mensaje de que queremos que la ley les incite a ser más prudentes, a una mayor prevención y no tanto a una sanción económica. Que, con la nueva ley de tráfico, ese ranking en el que España está entre los países con mayor número de accidentes seamos capaces entre todos de mejorarlo. Que la prevención

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sea un elemento cultural y que todos seamos más prudentes para que el número de accidentes no tenga estas cifras que a todos nos alarman tanto.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Jané.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señora presidenta, señorías, entre los refranes y dichos parlamentarios siempre se suele citar una frase de un lord inglés, que decía: El debate parlamentario a veces me hizo cambiar de opinión pero nunca de voto. En este caso estamos ante un hecho parlamentario en el que el debate ha hecho cambiar un proyecto de ley, lo cual es un espléndido ejemplo de parlamentarismo, como ya he entendido que han valorado todos mis compañeros portavoces que han hecho uso de la palabra enteriormente. Por eso entiendo, señorías, que no es hoy día para recordar aspectos negativos del pasado, de un 8 de marzo, cuando debatiendo nuestra enmienda de totalidad se produjo la devolución al Gobierno de aquel proyecto de ley que hoy ya no es el mismo que vamos a aprobar; ha cambiado sustancialmente. Creo que la providencia impuso una salida que fue un acierto, una providencia que actuó con los votos de todos, incluidos hasta los del Grupo Parlamentario Popular. Aquella pausa ha permitido a todos un mejor conocimiento, una mejor reflexión y un mejor debate de este proyecto de ley. Mi grupo ha trabajado para mejorar el proyecto de ley del Gobierno, para adecuarlo a los problemas de seguridad vial que padece España, para que fuese instrumento idóneo que facilitase mejoras y rectificaciones de una dura realidad cotidiana que se resume en los 17 fallecidos, los 390 heridos, las tres personas que quedan en sillas de ruedas, que es la media que desgraciadamente nos ofrece la siniestralidad vial en nuestro país. Presentamos una enmienda de totalidad con petición de devolución del proyecto de ley, hicimos una interpelación al Gobierno, propusimos soluciones a través de mociones y de nuestras enmiendas. Estábamos convencidos de que el problema de la inseguridad vial que padecemos no podía ser satisfecho mediante medidas de carácter limitado, mediante retoques o modificaciones procedimentales, acompañadas en algún caso de modificaciones que considerábamos erróneas, discutibles e incluso involutivas, pues había elementos, como la deslegalización de las actividades industriales relacionadas con la seguridad vial, la deslegalización de la composición del consejo superior de tráfico, la eliminación de la autorización previa para publicidad de vehículos, etcétera. Planteamos al nuevo señor ministro en aquel momento entrante, señor Rajoy, soluciones de fondo y no soluciones provisionales, coyunturales o ineficaces. Era necesario, señorías, abordar no sólo medidas sancionadoras sino también preventivas, y espero que este proyecto de ley no sea entendido como el proyecto que endurece las sanciones, el que se dedica exclusivamente a endurecer las sanciones relacionadas con la seguridad vial -por cierto necesarias en algunos elementos-, sino que también sea entendido como un proyecto de ley que intenta otro tipo de soluciones, aunque en este aspecto haya alcanzado una menor velocidad de crucero.
También planteamos que se trataran las conductas peligrosas y se analizara la situación de los sectores más vulnerables en el tráfico.
Dijimos que había conductas peligrosas que exigían un tratamiento más profundo (véase el caso de la velocidad excesiva, la conducción bajo los efectos del alcohol y de las drogas, los problemas derivados del sueño y la fatiga en la conducción), así como la necesidad de aplicar en España un auténtico plan estratégico de seguridad vial, dotado de recursos, de instrumentos de carácter pluridisciplinar, capaces de fijar objetivos cuantificados y realistas en lo que se refiere a la reducción del número de accidentados y del número de fallecidos en el tráfico.
Tengo que decir que el diálogo ha permitido mejorar sensiblemente el proyecto. Tengo que decir que hemos realizado una tarea de pacto y de consenso entre los grupos, que es lo que el pueblo español esperaba de nosotros. El pueblo español tiene que recuperar la confianza, tiene que recuperar expectativas de que estas cosas pueden mejorar.
Frente a esa tragedia continua, fría y resignada, en la que nos vemos envueltos debido a siniestralidad en el tráfico, es necesario que el pueblo español adquiera la conciencia de que las cosas pueden y deben ser distintas, que deben cambiar. Por eso creo que tenemos que felicitarnos porque algún rayo de esperanza se ha abierto a partir de este momento. No quiero magnificar ni repartir felicitaciones de manera indiscriminada, creo que todos nos tenemos que felicitar.
Quiero recordar en este momento la actuación que hemos tenido todos los portavoces y particularmente alguien que no está en esta Cámara, la señora subsecretaria del Ministerio del Interior doña Ana Pastor, que propuso iniciar unas negociaciones al Partido Socialista en orden a alcanzar acuerdos para mejorar el proyecto de ley.
Quiero resaltar como elementos más constructivos, más importantes e interesantes que afectan a la posición del Partido Socialista, cuestiones que van más allá de los elementos sancionadores que tiene el proyecto de ley. Quiero recordar en este momento la reforma que apuntamos en la composición del consejo superior de seguridad vial, un consejo que hemos consensuado en lo que se refiere a su composición, estableciendo una participación equilibrada de la Administración del Estado, de las administraciones autonómicas y de las administraciones locales, más

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los representantes sociales; un consejo que está llamado a asumir cuestiones importantes de coordinación de todas las administraciones públicas en materia de seguridad vial. No es solamente el Estado el competente en materia de seguridad vial, también están las comunidades autónomas y los municipios. Por eso era tan importante que el consejo asumiera competencias, estableciera una equilibrada composición, de tal manera que todo el mundo se sintiera cómodo y bien representado en esta tarea.
También hemos impulsado -algo aparece en el proyecto de ley, ya veremos el resultado final- que España se dote de un plan estratégico de seguridad vial, que creo que debe ser el resumen y la síntesis de todas las políticas que se pueden articular en torno a la reducción del número de accidentes. Hemos abordado también el uso de los teléfonos móviles en términos de racionalización y de impedir que su uso sea un factor de peligrosidad en la conducción en las carreteras, y también hemos abordado elementos que interesan mucho a los vecinos, a los ciudadanos que viven la vida cotidiana de las ciudades cuando sufren agresiones como consecuencia del exceso de emisión de ruidos o de gases por los vehículos. Esta es una medida protectora para los vecinos de las ciudades. También hemos establecido normas que regulan el derecho de los minusválidos, prohibiendo el estacionamiento en los pasos que les están reservados o estableciendo la tarjeta de aparcamiento que los ayuntamientos les tienen que conceder, de las autoescuelas. Asimismo, hemos hablado de prevenir y de luchar particularmente contra ciertas conductas peligrosas, como son las que se refieren al exceso de velocidad, al exceso en los tiempos de conducción y a la duración de los tiempos de descanso. Hay una medida que puede resultar discutible en relación con determinados profesionales del transporte. En este sentido hemos insistido en que, aparte de regular esta dimensión, se estableciera también el carné por puntos, con una particular especificación del carné por puntos para los profesionales del transporte, que se debería haber creado ya; esperemos que en el futuro se cree en nuestro país.
No quiero olvidar el establecimiento de medidas alternativas al cumplimiento de las sanciones, medidas reeducadoras. Solamente quiero advertir a la opinión pública y a todos los grupos de esta Cámara que en este momento no tenemos los instrumentos para hacer cumplir esas medidas y habrá que crear la regulación y el funcionariado conveniente para que estas medidas sean perfectamente realizables y controlables.
Este punto que acabo de tratar -y finalizo ya- me sirve para hacer también una cierta advertencia a esta Cámara y a la opinión pública sobre el contenido y alcance de este proyecto de ley. Lo hemos consensuado, todos estamos de acuerdo en casi todo lo que va a ser este proyecto de ley, pero también será conveniente decir que sólo es una parte de lo que debe ser una política de seguridad vial, que no es el todo de la política de seguridad vial, que, si no se añade otro tipo de medidas, habremos resuelto algunos problemas puntuales, pero no habremos dado una solución, no habremos abierto la solución de fondo que requiere el problema de la inseguridad vial que padece la sociedad española. Por eso, vamos a seguir insistiendo en algunas cuestiones que posiblemente hoy no van a quedar resueltas: el carné por puntos que mencionaba, el uso de las bicicletas en las autovías, que debe ser objeto de una mayor preservación de elementos de seguridad que no aparecen en el proyecto, las 12 medidas que hemos propuesto de mejora en lo que se refiere a actuaciones complementarias, algunas incluso en materia de infraestructura, y véase el tema de puntos negros, que no voy a relatar ahora.
Finalmente, quiero aterrizar en lo que mencionaba el señor Jané cuando hablaba de los menores de 12 años, de las posibilidades para que sea autorizada la circulación de menores de 12 años como acompañantes en motocicletas y ciclomotores. Esta es una cuestión que bien merece la pena aprovechar esta mañana para solventarla en esta Cámara. El punto de vista de mi grupo político es el siguiente. Todos los grupos, de común acuerdo -Partido Popular, Convergéncia i Unió, el mío y otros-, hemos incorporado en el proyecto de ley algo que considerábamos que debíamos aceptar en función de la propuesta que nos hacía la Federación Española de Municipios y Provincias, la prohibición genérica de que los menores de 12 años fueran de acompañantes, de paquete por decirlo de alguna manera, en ciclomotores y motocicletas. Incluso el señor Jané, en la sesión del 8 de marzo, llegó a defenderlo. El señor Jané en aquel momento -lamento romper los elementos de armonía existentes en el trayecto de esta sesión, aunque espero que sobrevivan a lo largo de ella- fue un adversario muy duro en relación con la posible aprobación de que fuesen como acompañantes niños menores de 12 años. Hoy hemos comprobado un cambio de opinión que nos parece bien, pero en aquel momento, a partir de la posición del señor Jané y del Grupo Popular, haciéndonos eco, repito, de la Federación de Municipios y Provincias, propusimos que se estableciera esa prohibición general. Pues bien, ahora el Grupo de Convergència i Unió nos ha hecho una propuesta de modificación de dicha prohibición. Tengo que decir que nosotros hemos entrado en ese juego, hemos entendido que se podría establecer algún tipo de excepción, que hay que considerar algunos casos particulares y que no hay que adoptar una postura cerrada y dogmática, pero tenemos que ver lo que queremos hacer, dónde puede conducirnos y regularlo de la manera más precisa posible. En este sentido, yo mismo he propuesto al señor Jané una serie de elementos que aparecen recogidos en una iniciativa que él mismo nos va a presentar esta mañana.En primer lugar, que estamos hablando de una

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excepción; en segundo lugar, que esa excepción debe referirse a la circulación en el ámbito urbano y no en el interurbano; en tercer lugar, que dicha excepcionalidad solamente es permisible si los padres y tutores asumen la responsabilidad y son los conductores de ese tipo de vehículos; en cuarto lugar, que se establezca una edad mínima a partir de la cual ese asunto quede excluido y prohibido.
Pues bien, en este momento hemos llegado a lo que parecía iba a ser el elemento más difícil de concordia o solución y estamos hablando de que esa edad mínima se corresponda con la del inicio de la educación primaria de los niños, es decir, los seis años. Si hay consenso por parte del Partido Popular, de Convergència i Unió y de todos los que quieran incorporarse, nosotros estamos dispuestos a apoyarlo y a impulsarlo, animando, si ese es el propósito y si vamos a resolver cosas -que espero que así sea-, a que se presente esa enmienda de carácter transaccional -en la cual, repito, nosotros ya hemos participado de alguna manera-, ya que posiblemente daremos solución a una cuestión que no habíamos previsto. Así pues, si es así, bienvenido sea, pero luego asumamos todos las consecuencias de nuestros actos. Esperemos que ese asunto sirva para resolver alguna situación particular y no para crear más problemas de los que ya tiene la circulación vial.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Por favor, señor Mayoral, le ruego concluya.


El señor MAYORAL CORTÉS: Voy terminando, señora presidenta.
Solamente quiero decir, para fijar totalmente la posición de mi grupo, que obviamente vamos a apoyar la mayor parte del texto y que únicamente nos separaremos del Grupo Popular en dos o tres cuestiones, que desde nuestro punto de vista son importantes, y en nuestra negativa a que se incluya una propuesta que hace el Partido Popular, que nosotros creemos que nada tiene que ver con la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. Se lo digo con todo respeto y seriedad a los miembros del Grupo Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, por favor.


El señor MAYORAL CORTÉS: Concluyo ya.
No debiera tener cabida la disposición adicional tercera, en la cual metemos todo el programa de obras de autovías que pretende hacer el Gobierno en materia de infraestructuras, estableciéndose una autorización global para la urgente ocupación de los terrenos.
Creemos que eso es algo que va más allá de lo que debe ser un proyecto de ley de seguridad vial, por lo que nos opondremos en esa parte.
Muchas gracias, señoría.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para explicar la posición del grupo, tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, abordamos hoy lo que esperamos sea el debate final del dictamen del proyecto de ley de reforma del texto articulado sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial. La reforma relativa a esta materia se abordó en marzo, cuando vino aquí el ministro del Interior a presentar el proyecto de ley que había elaborado el Gobierno. ¿Qué pretendía ese proyecto de ley presentado por el Gobierno en esta Cámara? Sin duda, como así lo afirmó el propio ministro y vicepresidente primero, pretendía modernizar la legislación que en esta materia había quedado en cierto modo desfasada por el transcurso de más de 10 años desde que había entrado en vigor ante una realidad profundamente cambiante, como es la del mundo de la automoción. Junto a esto, se pretendía mejorar determinados aspectos que se contemplaban en esa normativa y que la puesta en práctica de la misma había manifestado que podían ser claramente perfeccionables. El objetivo fundamental era garantizar, mejorar y proteger la seguridad vial reduciendo los índices de siniestralidad que se dan en nuestras carreteras, las muertes de personas y los accidentes con distintas consecuencias, que nos preocupan a todos y que nos han hecho trabajar para contribuir a reducirlos.
Ese objetivo que planteaba el Gobierno con ese proyecto, que sin duda introducía mejoras muy importantes -algunas se han quedado como se presentaban, otras han sido mejoradas a lo largo de esta tramitación-, ha sido compartido por todos los grupos parlamentarios a lo largo de las numerosísimas sesiones que hemos tenido de reuniones en ponencia, reuniones entre los grupos, profundas reflexiones que nos han llevado a intentar mejorar la redacción para conseguir esa protección jurídica, que todos queremos, de un bien que desde luego hay que proteger, como es el de la seguridad vial. El clima que ha imperado en esos trabajos y en esas reflexiones ha sido el del diálogo. Ese talante buscando la mejores soluciones, buscando el acercamiento en las distintas reflexiones, buscando llegar al consenso, es el que ha presidido todos los trabajos y queremos que siga imperando en los futuros debates que podamos abordar.
Se ha puesto de manifiesto desde el principio que el trabajo que se ha hecho ha sido serio y concienzudo con el hecho inicial de la presentación de 218 enmiendas a un proyecto que abordaba la reforma de 24 artículos. Eso demuestra el interés y la importancia que todos los grupos parlamentarios aquí representados damos a esta materia, al tráfico, a la seguridad vial y a

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paliar las consecuencias negativas que su desarrollo puede tener. La voluntad integradora que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular ha quedado manifestada, y así se ha puesto en evidencia, en el propio debate del día 3 de octubre en la Comisión de Justicia e Interior, en el que quedó acreditado que un porcentaje altísimo de las 218 enmiendas presentadas ha sido integrado en el propio dictamen, en algunos casos de manera literal, en otros de una forma parcial, a veces mediante textos transaccionales para conjugar las distintas enmiendas similares que hubiéramos podido plantear los distintos grupos parlamentarios. De manera que aunque hoy podamos votar algunas de las pocas enmiendas que han quedado vivas, incluso en algún caso hasta nos podíamos ahorrar esa votación, puesto que el contenido de las mismas, en todo o en parte, se ha incluido en el dictamen que hoy estamos debatiendo.
Para no ser muy redundante en mi intervención, no quiero volver a esgrimir los argumentos que ya pronuncié en el debate en Comisión, por lo que me remito a ellos y los doy por reproducidos. En todo caso, quiero hacer mención a alguna de las enmiendas que se han defendido hoy, porque me parece que son las más significativas o porque en su defensa han coincidido distintos grupos parlamentarios.
Respecto al primer interviniente, el Grupo Parlamentario Mixto, hace un especial hincapié en velar por que la publicidad no pueda animar a conductas que puedan introducir riesgos. Esto es lo que se pretende en el artículo 52 que ya venía redactado en el proyecto de ley remitido por el Gobierno, en el que, por enmiendas de los distintos grupos, se ha recuperado la autorización previa de la publicidad en materia de tráfico.
Respecto al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, quiero agradecer las palabras que el señor Mardones ha pronunciado y hacer extensivo ese agradecimiento a todos los grupos, porque el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido esa voluntad integradora, pero ha habido una actitud de colaboración y de un riguroso trabajo por parte de todos los grupos. Este grupo mantiene dos enmiendas vivas. Quiero decir al señor Mardones que nos parece bien hacer una nueva reflexión sobre la configuración del artículo 72, pero también hay sentencias del Tribunal Constitucional que apoyan la redacción actual que ya venía en el texto del Gobierno. Respecto a la posibilidad de modificar el reglamento de escuelas particulares de conductores, en todo caso se va a hacer, aunque no se apruebe en este momento la enmienda en los mismos términos en los que la introducía el señor Mardones. De todas formas, estas modificaciones van a dar lugar a un desarrollo reglamentario, así como a la modificación de algunas cuestiones. Coincido con él en el importante papel que juegan los centros de reconocimiento en esa transmisión pedagógica de unos buenos hábitos en la conducción.
Respecto a las enmiendas que mantiene vivas el PNV, ya ha señalado la señora Uría que prácticamente no quedan, salvo alguna referida al tema competencial. Quiero señalar que esta ley no es el sitio para hacer reivindicaciones de transferencia de competencias. En todo caso, respecto a una cuestión muy específica como es la potestad de suspender el permiso de conducir, la sanción más grave que puede haber, es bueno que haya unos criterios de homogeneidad en todo el territorio nacional. De ahí que esa potestad esté en manos del Estado y yo creo que se debe mantener tanto la de conceder permisos de conducir como la posibilidad de su suspensión. Gracias a una enmienda transaccional que hemos acordado con el portavoz del Grupo de Convergència i Unió y que hemos incorporado a nuestro texto, se han podido corregir posibles interferencias en el procedimiento sancionador al intervenir distintas administraciones, por una parte, las comunidades con competencias como son Cataluña y País Vasco y, por otra parte, la propia Administración del Estado. Así lo ha reconocido el señor Jané, también con esa salvedad de que no renuncia a seguir haciendo esa reivindicación competencial.
Respecto a la enmienda que mantiene Izquierda Unida referida a la distinción de los conductores profesionales, quiero señalar que en un momento inicial, con la configuración que se daba a la nueva sanción que supone la revocación del permiso de conducir, sí que podía tener razón de ser plantearnos un tratamiento específico para conductores profesionales, pero, con la regulación definitiva que se plasma en este dictamen que hoy debatimos, ya no tiene razón de ser, puesto que respecto a esa figura de la posible retirada del permiso de conducir, la revocación se une exclusivamente a la comisión de tres infracciones muy graves en el plazo de dos años. Infracciones muy graves son unas conductas que, de forma muy clara, introducen muchos riesgos en la conducción. De hecho, entre estas infracciones aparecen dos que son las causas fundamentales de los accidentes que tenemos en España, accidentes con graves consecuencias como la pérdida de vidas en nuestras carreteras. Yo no creo que ningún grupo aquí representado, que la sociedad, que los propios profesionales nos reivindicarían el que por ser profesionales puedan conducir más veces que cualquier otro tipo de conductor bajo los efectos del alcohol o que puedan incurrir en más excesos de velocidad, esos excesos que son en más de un 50 por ciento responsables de los accidentes. Los profesionales, en reuniones que hemos tenido con ellos, nos decían que ellos son los más responsables, porque son profesionales y son conscientes de que no pueden conducir bajo los efectos del alcohol, que los hábitos en conductores profesionales han cambiado y que son los más plenamente conscientes. Hay que tener en cuenta que los riesgos que puede entrañar un accidente de un conductor profesional no son los mismos que cuando se trata

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de un vehículo particular, por las mercancías a veces peligrosas que transportan o porque transportan también a pasajeros. De ahí que esta distinción ya no tiene sentido. Además, el Gobierno introducía en la propia ley un aspecto específico precisamente para tratar de una forma más adecuada a los conductores profesionales, como es la posibilidad de que la suspensión del permiso de conducir se pueda cumplir de una manera fraccionada. Por otra parte, si podían tener un miedo a que se les privara de esa herramienta de trabajo con la retirada del permiso de conducir, con la redacción actual ha quedado claro que esa revocación no es automática, sino que tienen la opción de acudir a una medida de reeducación para recuperar esos buenos hábitos, como el resto de conductores.
Izquierda Unida nos presenta una transacción en lo que se refiere a la infracción grave que supone un exceso de ocupación de personas en más de un 50 por ciento. Propone que, en todo caso, respecto al transporte público interurbano, añadamos que no se podrá superar en más de 5 plazas. Compartimos la propuesta que nos hace desde la prudencia y la sensatez que ha caracterizado el trabajo del señor Rejón y puedo anticipar que vamos a estar de acuerdo en que en el trámite del Senado se pueda incorporar. Quiero destacar también la iniciativa que tuvo, que aprobamos por una transacción que ofrecimos desde nuestro grupo, respecto a la incorporación de elementos de visibilidad, lo que se ha denominado chalecos reflectantes o cualquier otro tipo de prenda.
De la intervención del portavoz de CIU ha quedado puesto de manifiesto que, de 66 enmiendas que presentaron, únicamente quedan 3 puntos de discrepancia. Es otra buena muestra de ese talante de esa voluntad integradora que ha presidido los trabajos de todos los grupos.
Respecto a la prohibición genérica de que los menores de doce años vayan como pasajeros, como ha señalado el señor Mayoral, era una enmienda presentada por cuatro grupos: Izquierda Unida, el Grupo Socialista, Convèrgencia i Unió y el Grupo Popular. Cuando uno está legislando, no lo hace en abstracto, y desde luego todos somos sensibles a intereses que, aunque puedan ser particulares o muy concretos, son legítimos y se pueden defender. El señor Jané nos ha hecho llegar unas reivindicaciones legítimas, unos determinados supuestos, que queremos contemplar y recoger de una forma adecuada en esta ley. Ha ofrecido un texto, que los distintos grupos hemos ido revisando, se han recabado todas las firmas y creo que se podrá admitir a trámite. Los propios servicios de la Cámara o el portavoz de Convèrgencia i Unió nos lo podrá leer en su literalidad.
El carné por puntos es otra de las enmiendas que queda viva, compartida también en este caso por el Grupo Socialista. Se trata -y así se ha dicho también en distintos debates- de una medida que sin duda exigiría una reflexión mucho más profunda; ambos portavoces y el resto de los grupos así lo han mantenido. No se puede abordar esto sin más, sin saber qué resultados ha tenido en los países en los que se está aplicando. Por cierto, a mí me han pasado datos de Francia, que es uno de los países donde se ha implantado este carné, que reflejan que las encuestas y las estadísticas están demostrando que la siniestralidad está aumentando, de manera que quizás no sea tan efectivo. De todas formas, la filosofía que late en esta propuesta de carné por puntos está perfectamente recogida en el texto que hoy debatimos. De lo que se trata es de vincular la reeducación a los casos en los que se incide en determinados comportamientos infractores que introducen riesgos para la seguridad vial y que causan accidentes. Precisamente lo que se hace con esa nueva sanción que se contempla, la revocación del permiso de conducir por la comisión de tres infracciones muy graves -aspecto en el que también se ha trabajado mucho y de cuyo texto definitivo, que hoy se presenta, podemos estar satisfechos-, es unir esa comisión de infracciones muy graves, que podrían llevar a la retirada del carné de conducir o podrían dar lugar a la revocación, con la posibilidad de realizar un curso de reeducación para recuperar esos nuevos hábitos en la conducción. En todo caso, ese debate se podrá mantener a lo largo de la subcomisión, como también se ha mencionado aquí.
Quedan otras enmiendas vivas, para las cuales los argumentos son los mismos que se dieron en la Comisión.
También se han planteado temas novedosos, que no se abordan ahora en la ley, como la diabetes o los seguros. En el caso de la problemática específica que afecta a los diabéticos en relación con el tráfico, quiero señalar que el señor Sánchez Garrido fue muy sensible y nos lo hizo llegar a todos los grupos, que también fuimos unánimes en esa preocupación. El propio Gobierno ha introducido en la ley de acompañamiento una medida para aminorar las tasas para renovar el permiso de conducir a determinados colectivos que han de renovarlo con una frecuencia menor que el resto de las personas, como es el caso de los diabéticos. Además, la propia Dirección General de Tráfico está trabajando con un informe para permitir cambiar los plazos establecidos actualmente en el caso de este colectivo.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señora diputada, que vaya concluyendo.


La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta, voy concluyendo.
Las enmiendas del Partido Socialista se referían fundamentalmente al carné por puntos; alguna otra enmienda ya se había defendido aquí en una moción yen una interpelación al Gobierno, enmiendas que fundamentalmente

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tienen un contenido de gestión del Gobierno y están referidas al ámbito de infraestructuras, uno de los ámbitos claves también en la seguridad vial. Desde el Ministerio de Fomento se están desarrollando importantes planes a los que ahora, por la premura de tiempo, no voy a mencionar. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Como señalaba, el hecho de que la mayor parte de las enmiendas haya sido integrada en el texto refleja el trabajo que se ha hecho. Como señalaba al principio, ese objetivo común del Gobierno y de todos los grupos parlamentarios de mejorar la seguridad vial no se agota con una medida como es la regulación legal, sino que va más allá y abarca el ámbito de las infraestructuras, el ámbito de la vigilancia, el ámbito del control y ordenación del tráfico, el ámbito de la concienciación. Pero aunque este proyecto de ley no sea una varita mágica, tener una buena ley es un elemento imprescindible para contribuir a avanzar en ese bien que todos queremos, como es mejorar la seguridad vial; desde luego, es un objetivo irrenunciable en toda sociedad moderna. (Rumores.) Pero es que además, una democracia moderna... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señora Torme, un momento.


Señorías, ruego guarden silencio. Señora Torme, le ruego concluya su intervención.


La señora TORME PARDO: Decía que una democracia moderna como es España no sólo puede sino que debe plantearse también objetivos ambiciosos. En este caso, en la ley de tráfico, junto con ese objetivo de seguridad vial muy claro, hemos defendido otros objetivos como el de conciliar el desarrollo de la automoción con el desarrollo sostenible, el que en nuestras ciudades -y lo ha mencionado el señor Jané- tengamos un medio ambiente adecuado, y para ello se va a evitar que puedan circular vehículos emitiendo ruidos, gases o humos por encima de lo reglamentariamente previsto.


La señora PRESIDENTA: Señora Torme, le ruego que dé por concluida su intervención. Lleva consumido en exceso el tiempo asignado. Luego le ruego que en un minuto dé por concluida su intervención y abandone la tribuna.


La señora TORME PARDO: Sí, señora presidenta.
Simplemente quiero agradecer la postura y la colaboración de todos los grupos parlamentarios, mencionar el apoyo que hemos tenido todos los grupos por parte del Gobierno, que nos ha facilitado con prontitud todos los datos que le hemos requerido, y decir que confiamos en que este clima de diálogo y de buena colaboración que ha imperado en nuestros trabajos quede reflejado en el apoyo mayoritario que se dé a este dictamen y en futuros debates que podamos acometer en esta Cámara.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme. (El señor Jané i Guasch pide la palabra.) Sí, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señora presidenta, a los efectos de ganar tiempo, si le parece leo ya el texto que vamos a someter a votación, que ha sido firmado por todos los grupos y que sustituye mi transacción al artículo 11.4. Así ganamos tiempo.


La señora PRESIDENTA: Señor Jané, puede leerlo, pero en cualquier caso le ruego que el texto lo pase a la Mesa.


El señor JANÉ I GUASCH: Lo tiene ya la Mesa. El texto objeto de consenso de todos los grupos supone añadir una excepción al final del artículo 11.4 y es el siguiente: Excepcionalmente se permite esta circulación en vías urbanas, para actividades escolares, siempre que sus conductores sean los padres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, los pasajeros sean alumnos de educación primaria, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente. Esta excepción ha sido aceptada por todos los grupos y la someteríamos a votación, sustituyendo nuestra transacción a este artículo 11.4.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Vamos a iniciar la votación del dictamen y de las enmiendas al proyecto de ley de reforma del texto al articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Mixto, firmadas por el señor Aymerich. En primer lugar enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 291; a favor, cinco; en contra, 273, abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, cuatro; en contra, 276; abstenciones, 13.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, firmadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 13; en contra 272; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 92 y 95 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, puesto que el resto han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, tres; en contra, 285; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Al haber sido retiradas las enmiendas números 18 a 34 y 37, sometemos a votación conjuntamente las enmiendas números 35, 47 y 48 del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 22; en contra, 265; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Sometemos a votación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 11; en contra, 275; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas y mantenidas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la número 159.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 121; en contra, 163; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda transaccional a la transaccional al artículo 11.4.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 293; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda transaccional al artículo 65.5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 14; en contra, 271; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas mantenidas por el Grupo Socialista. En primer lugar, la número 125.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 116; en contra, 171; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas mantenidas por el Grupo Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 102; en contra, 181; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos a continuación las sucesivas votaciones referidas al texto del dictamen.
En primer lugar, artículo único F), artículo 18.1, párrafo segundo del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 189, en contra, 103, abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Sometemos a votación el artículo único Q), artículo 72.3 del texto articulado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos 294; a favor, 187; en contra, 102; abstenciones, cinco.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación la disposición adicional tercera y el anexo I.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 191; en contra, 100; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la disposición final segunda.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Por último, votamos el resto del dictamen con una corrección técnica al artículo 60.2 del texto articulado de la ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, 295.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y cincuenta minutos de la tarde.

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