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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 116, de 31/10/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 116

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 111

celebrada el miércoles, 31 de octubre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea («BOE» núm. 234, de 29 de septiembre de 2001). (Número de expediente 130/000023.) . . . (Página 5643)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, núm. 21-1, de 1 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000021.) . . . (Página 5649)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 45-1, de 31 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000045.) . . . (Página 5651)

Votación de conjunto . . . (Página 5701)

Preguntas . . . (Página 5701)

Página 5638


Interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral.
(Número de expediente 172/000125.) . . . (Página 5725)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral. (Número de expediente 172/000126.) . . .
(Página 5731)

- Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español. (Número de expediente 172/000127.) . . . (Página 5736)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Convalidación o derogación de Reales Decretos-leyes ... (Página 5643)

Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea . . . (Página 5643)

En nombre del Gobierno, presenta el Real Decreto-ley el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Califica al Real Decreto- ley como una de las primeras y más importantes consecuencias de los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, que han supuesto una transformación en varios mercados mundiales, entre ellos el mercado del seguro y el reaseguro de las terceras personas no pasajeros en accidentes aéreos provocados por guerras o terrorismo, que es el objeto de la norma que hoy trae a la Cámara. Señala que las compañías aéreas se enfrentan por un lado a una disminución de la demanda, sobre todo en vuelos de gran distancia y a destinos concretos, y a un cambio en los costes derivados del reaseguro.
Agrega que en el caso europeo la Comisión ha considerado necesario que los Estados miembros se hagan cargo transitoriamente de esta cobertura, de manera que no se trata de establecer una solución permanente que sustituya al mercado y a los acuerdos entre compañías mercantiles, sino de solucionar un problema momentáneo durante el plazo de 30 días, prorrogable por otros sucesivos de la misma duración, de los que tendrá informada a la Cámara. La administración del régimen de reaseguro se encomienda al Consorcio de Compensación de Seguros, que gestionará los recursos correspondientes. Termina justificando la urgencia del Real Decretoley en el hecho de que, sin el mismo, el transporte aéreo se hubiera paralizado el 24 de septiembre y, en segundo lugar, en el acuerdo de la Unión Europea como consecuencia de las disminuciones del mercado en los días siguientes al 11 de septiembre y a la vista de las ayudas públicas arbitradas por otros países como Estados Unidos y Suiza para sus compañías aéreas, que indudablemente podrían suponer una competencia desleal.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentariode Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación, se aprueba la convalidación del Real Decreto-ley por 273 votos a favor, uno en contra y tres abstenciones.


Enmiendas del Senado . . . (Página 5649)

Proyecto de Ley Orgánica reguladora delderecho de petición . . .
(Página 5649)

Página 5639


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Romeu i Martí, del Grupo Parlamentario Socialista, y Belda Pérez- Pedrero, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación, son aprobadas las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición por 260 votos a favor.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 5651)

Proyecto de Ley Orgánica de universidades . . . (Página 5651)

La señora presidenta informa que, de acuerdo con la ordenación del debate, las enmiendas mantenidas al dictamen de la Comisión se debatirán en tres bloques sucesivos.


En defensa de las enmiendas al primero de los bloques, título preliminar, títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales, intervienen los señores Rodríguez Sánchez y Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno en contra de las enmiendas al primer bloque interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Guerra Zunzunegui.


En defensa de las enmiendas presentadas al segundo bloque, título III, del Gobierno y representación de las universidades, intervienen el señor Puigcercós i Boixassa y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto; el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Lissavetzky Díez, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Defienden las enmiendas presentadas al tercer bloque, título IX, del profesorado, los señores Saura Laporta y Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda; la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guardans i Cambó; la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se suspende la sesión a las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


Se procede a las votaciones de las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que afectan a los tres bloques en los que se ha dividido el debate del proyecto de ley.


A continuación se procede a la votación del dictamen de la Comisión siguiendo el orden establecido en el debate.


En primer lugar se vota el texto del dictamen del título preliminar, de los títulos I, II, IV, , VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y de las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.


En segundo lugar se vota el texto del dictamen del título III.


En tercer lugar se vota el texto del dictamen del título IX.


Y finalmente se vota el texto del dictamen de la exposición de motivos.


Votaciones de conjunto . . . (Página 5701)

Sometido a votación final de conjunto el texto del dictamen de la Comisión del proyecto de ley orgánica de universidades, por su carácter orgánico, se aprueba por 197 votos a favor y 129 en contra.


Sometido asimismo a votación final de conjunto el texto del dictamen del proyecto de ley reguladora del derecho a petición, por su carácter orgánico, se aprueba por 324 votos a favor.


Página 5640


Preguntas . . . (Página 5701)

Del Diputado don Gaspar Llamazares Trigo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que formula al Excmo. Sr. Presidente del Gobierno: ¿En qué piensa el Gobierno replantear su posición ante los efectos en la población civil de los bombardeos en Afganistán? (Número de expediente 180/000939) . . . (Página 5701)

Del Diputado don Gabriel Cisneros Laborda, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cree el Gobierno que en las últimas semanas se han producido avances sustanciales en la lucha contra el terrorismo en todo el mundo? (Número de expediente 180/000917) . . . (Página 5702)

Del Diputado don José Luis Rodríguez Zapatero, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Presidente del Gobierno: ¿Cuáles son las razones por las que el Gobierno mantiene una reforma de la Universidad que ha provocado un amplio rechazo social? (Número de expediente 180/000930) . . .
(Página 5703)

Del Diputado don Joan Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Qué opinión tiene el Ministro de Economía sobre las posibles incompatibilidades de las actividades empresariales de un miembro del Gobierno con el desempeño de sus responsabilidades políticas? (Número de expediente 180/000916) . . . (Página 5704)

Del Diputado don Juan Manuel Albendea Pabón, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para sensibilizar a las poblaciones más vulnerables ante la llegada del euro? (Número de expediente 180/ 000918) . . . (Página 5705)

Del Diputado don Antonio Cuevas Delgado, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha actuado el Sr. Ministro conforme a la Ley de Incompatibilidades en sus declaraciones de actividades y bienes? (Número de expediente 180/ 000931) . . . (Página 5706)

De la Diputada doña María Teresa Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Con qué criterios elige el Ministro de Economía a sus colaboradores más directos? (Número de expediente 180/000932) . . . (Página 5707)

Del Diputado don Ángel Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cuáles son los criterios que utiliza el Ministerio de Economía para otorgar subvenciones a empresas privadas? (Número de expediente 180/000933) .
. . (Página 5708)

Del Diputado don Juan Fernando López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Cómo valora el Sr. Ministro de Economía la evolución del sector turístico? (Número de expediente 180/000934) . . . (Página 5710)

Del Diputado don Germà Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr. Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha tomado alguna medida el Ministro de Economía para evitar el blanqueo de dinero a través de entidades financieras que operan en nuestro país y mantienen sucursales en los llamados paraísos fiscales? (Número de expediente 180/000935) . . . (Página 5711)

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De la Diputada doña Arantza Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, que formula al Excmo. Sr.
Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía: ¿Ha tomado alguna medida el Ministro de Economía sobre las entidades bancarias que operan en nuestro país, que mantienen cuentas de clientes secretas y opacas al Banco de España y a la Agencia Tributaria? (Número de expediente 180/000936) .
. . (Página 5713)

Del Diputado don Javier Gómez Darmendrail, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo valora el Gobierno la evolución de las privatizaciones de empresas públicas que se están llevando a cabo en la actual Legislatura? (Número de expediente 180/000922) . . . (Página 5714)

De la Diputada doña Ana Belén Vázquez Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de ayudas al estudio? (Número de expediente 180/000920) . . . (Página 5715)

Del Diputado don Joxe Joan González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que formula al Gobierno: ¿En qué basa el Gobierno su acusación de que el Partido Nacionalista Vasco ha presionado al Gobierno mejicano del Presidente Fox, en relación a la extradición de miembros de ETA residentes en la República de Méjico? (Número de expediente 180/000914) . . . (Página 5716)

De la Diputada doña Rosa María Romero Sánchez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué información tiene el Gobiernoen relación a los españoles desaparecidos en Nueva York en el incendio de las Torres Gemelas? (Número de expediente 180/000923) . . . (Página 5717)

Del Diputado don Roberto Soravilla Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué valoración hace el Gobierno de las conclusiones de la Conferencia Mundial Contra el Racismo patrocinada por la ONU, celebrada en Durban? (Número de expediente 180/000924) . . . (Página 5718)

Del Diputado don Carlos Núñez León, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de los resultados obtenidos en las primeras elecciones democráticas celebradas en el Timor oriental? (Número de expediente 180/000926) . . . (Página 5719)

Del Diputado don Sergio Gómez-Alba Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Puede informar el Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de las líneas básicas del Real Decreto 1066/2001, de 28 de septiembre, sobre límites a las emisiones radioeléctricas? (Número de expediente 180/000925) . . .
(Página 5720)

De la Diputada doña Antonia Febrer Santandreu, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué actividades va a realizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para promover en España la celebración de una semana de la ciencia? (Número de expediente 180/000928) . . . (Página 5720)

Del Diputado don Paulino Rivero Baute, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, que formula al Excmo. Sr.
Ministro de Fomento: ¿Tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo de medida que garantice adecuadamente las comunicaciones aéreas entre Canarias-Península- Canarias ante el anuncio realizado por las compañías aéreas de suprimir distintos vuelos? (Número de expediente 180/000913) . . . (Página 5721)

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Del Diputado don Ramón Companys Sanfeliú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que formula al Excmo. Sr. Ministro de Fomento: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras en el tramo de la N-II comprendido entre Lleida y Els Alamús? (Número de expediente 180/000929) . . . (Página 5723)

De la Diputada doña Sandra Moneo Díez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno para facilitar las iniciativas empresariales entre los jóvenes? (Número de expediente 180/000919) .
. . (Página 5724)

De la Diputada doña Amelia Caracuel del Olmo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al Gobierno: ¿Cómo está funcionando el Programa «Renta Activa de Inserción» en el año 2001? (Número de expediente 180/000921) . . . (Página 5724)

Interpelaciones urgentes . . . (Página 5725)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral . . .
(Página 5725)

Defiende la interpelación urgente el señor Jáuregui Atondo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su intención al presentar esta iniciativa es discutir con el señor ministro sobre los efectos que está produciendo la política de empleo en nuestro país teniendo en cuenta que constituye el problema principal no sólo del mercado laboral español sino también de la sociedad española en su conjunto. Se acerca a esta discusión con un espíritu constructivo y no desde la confrontación entre una visión triunfalista de la política de empleo y una visión catastrofista, como pudiera corresponder al Gobierno y a la oposición, y anuncia la presentación de una moción en la que propondrá a la Cámara una serie de medidas para mejorar la política de empleo en España.
Contesta en nombre del Gobierno el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Considera que cualquier momento es bueno para hablar de empleo y está de acuerdo con el señor interpelante en que el empleo es una de las preocupaciones más importantes de la sociedad española, confiando en poder alcanzar en el debate un equilibrio entre el optimismo y el catastrofismo, a lo que sin duda ayudará el saber que se está en un momento histórico en el que el número de ocupados es el más alto desde que se realiza la propia encuesta de población activa, situándose la tasa de paro por debajo del 13 por ciento cuando no hace mucho llegó a alcanzar el 22,3 por ciento. Rebate algunos datos y afirmaciones ofrecidos por el señor Jáuregui y afirma que prestará la máxima atención a cuantas propuestas vengan del principal partido de la oposición en materia de empleo.


Replica el señor Jáuregui Atondo, duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral . . . (Página 5731)

Presenta la interpelación urgente el señor Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Mixto. Recuerda la frecuencia con que vienen a la Cámara iniciativas sobre la siniestralidad laboral, que achaca a la persistencia de unas cifras de siniestralidad intolerables y a una insensibilidad social del Gobierno toda vez que, a pesar de los innumerables propósitos de enmienda y de la retórica empleada en el Parlamento no dejan de estrellarse contra la dramática realidad de las cifras. Da una serie de datos que avalan sus afirmaciones y afirma que el gran fracaso de la política contra la siniestralidad laboral estriba en diversas cuestiones de fondo como, por ejemplo, la duración de la jornada, las subcontrataciones, la temporalidad, la débil formación de seguridad, la débil inspección, la débil sanción y la aceptación pasiva de la actividad constructora especulativa.


Contesta el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez), en nombre del Gobierno. Está de acuerdo con la afirmación de que es un problema que preocupa a todos los grupos de la Cámara y la prueba son la cantidad de iniciativas parlamentarias sobre la materia y, sin eludir sus responsabilidades, afirma que es una responsabilidad que debe ser compartida entre administraciones, empresarios y sindicatos. Confía en que los acuerdos sociales que se demandan con entusiasmo cuenten

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con el apoyo también entusiasta de la Cámara, porque se da la paradoja de que luego, a la hora de debatirlos, no solo son criticados, cosa lógica en un debate parlamentario, sino votados en contra. Rechaza las acusaciones de falta de transparencia en la información y pasa a exponer las acciones más relevantes llevadas a cabo por su Ministerio.


Replica el señor Ruiz López (don Antero), duplicando el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


Del Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español . . . (Página 5736)

Presenta la interpelación urgente el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto. Se refiere a un informe titulado «Impacto económico de las industrias marítimas en Europa» sobre un conglomerado industrial en los quince Estados de la Unión Europea más Noruega, cuyos datos son pasmosos e indican la importancia del sector de la construcción naval dentro de la Unión Europea, lo que se contradice con la situación de las empresas navales del sector público en el Estado español. Centra su interpelación en el caso de Galicia y muestra su extrañeza ante una especie de pasividad, de inercia y de incompetencia que manifiestan los organismos de la Unión Europea a la hora de defender el sector naval en su conjunto, pero en particular del Estado español.


Contesta el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), en nombre del Gobierno. Explica los problemas que han venido arrastrando los astilleros públicos, ya expuestos por el señor Rodríguez, de competitividad y de capacidad productiva, sufriendo elevadas pérdidas, y las medidas que puso en marcha la SEPI orientadas a mejorar la situación de la construcción naval pública

Replica el señor Rodríguez Sánchez, duplicando el señor ministro de Hacienda.


Se levanta la sesión a las ocho de la tarde

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES: - REAL DECRETO-LEY 14/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, POR EL QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN DEL REASEGURO POR CUENTA DEL ESTADO DE LOS RIESGOS DE GUERRA Y TERRORISMO QUE PUEDAN AFECTAR A LA NAVEGACIÓN AÉREA. (Número de expediente 130/000023.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VIII del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea.
Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el vicepresidente segundo del Gobierno, señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, señorías, buenos días a todos.
Comparezco ante la Cámara para solicitar la convalidación del Pleno respecto al Real Decreto 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea. Esto es, sin duda, una de las primeras muestras más importantes probablemente de las consecuencias de los acontecimientos del 11 de septiembre en Nueva York, que ha supuesto una transformación en varios mercados mundiales y probablemente en uno de ellos, como es el caso del mercado del seguro y el reaseguro en concreto de las terceras personas no pasajeros en accidentes aéreos provocados por guerras o por terrorismo, que es el objeto que traigo hoy a la Cámara. Se ha producido una drástica reducción de la capacidad del mercado asegurador debido a un cambio completamente comprensible de criterios de los sistemas de cobertura de riesgos por parte de las entidades reaseguradoras, que son las que, como la Cámara conoce muy bien, garantizan en última instancia estos riesgos.
Por ello y como consecuencia directa de los ataques terroristas en Nueva York y en Washington realizados, como todos sabemos, a través de aeronaves, las compañías de navegación mundial se enfrentan, por un lado, a una disminución de la demanda, sobre todo en vuelos de gran distancia y algunos destinos muy concretos, pero desde el punto de vista de todas las compañías aéreas, a un cambio en los costes derivados del reaseguro.
La cobertura de responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros por riesgo de guerra y terrorismo, como he mencionado, ha sufrido una brusca disminución en los tramos de cobertura, provocando un descubierto en los potenciales riesgos, que seguro que afectaría, si no hubiéramos reaccionado, a las compañías de aviación, hasta el punto de que las impediría ejercer su

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normal actividad y, por tanto, se hubiera producido una paralización del transporte aéreo a nivel mundial y a nivel europeo. Esta es una situación que tiene efectos y consecuencias a nivel mundial, pero que tiene que ser regulada o atendida en los diversos niveles gubernamentales, y en el caso europeo al nivel de la Comisión y del Consejo. En ese sentido, la propia Comisión ha considerado que es necesario que sean los Estados miembros los que transitoriamente se hagan cargo de esta cobertura, basándose las decisiones en el concepto jurídico de fuerza mayor, y bajo tres condiciones que fueron establecidas por el ECOFIN el pasado 22 de septiembre: la primera condición que está en el acuerdo de la Comisión Europea y de los países miembros es que el apoyo dado por los Estados a las compañías aéreas se limitará a un único objeto, que es afrontar el descubierto del mercado de seguros en un determinado plazo, que también mencionaré, para asegurar en todo caso la continuidad de todas las coberturas.
La segunda condición es que los gobiernos de los países de la Unión Europea recibirán una prima por la cobertura ofrecida. Es decir, no estamos aquí ante una ayuda gratuita o un regalo de los Estados, sino que estamos ante una acción que ejercen los Estados en el mercado del reaseguro, por la que van a cobrar, y de hecho estamos cobrando, una prima a las compañías aéreas.
Por último, esta nueva cobertura del reaseguro para accidentes provocados por guerra o terrorismo y para los daños causados a terceras personas no viajeros tendrá un plazo de 30 días. De manera que los gobiernos no tratan de establecer una solución permanente que sustituya al mercado y a los acuerdos entre compañías mercantiles, sino de solucionar un problema momentáneo, entendiendo que debe haber una solución desde el punto de vista de las compañías de reaseguro y de las compañías aéreas. Este plazo de 30 días es prorrogable por otros sucesivos de la misma duración, como mencionaré posteriormente.
Este acuerdo, adoptado el 22 de septiembre por el Consejo ECOFIN, permitió una reacción conjunta y uniforme de los gobiernos de la Unión Europea, evitando así lo que podría haber sido una política de ayudas de Estado prohibidas por el tratado, para dar respuesta a una cuestión de máxima importancia sin duda, como es garantizar el tráfico aéreo, y hacerlo con criterios similares y homogéneos en todos los países de la Unión Europea.
Desde el punto de vista español, señora presidenta, señorías, han sido los ministerios de Fomento y de Hacienda los encargados de perfilar y acordar con nuestros socios europeos este real decreto. El primero, desde el punto de vista de las negociaciones de las condiciones de las compañías aéreas, y el segundo, como consecuencia de su responsabilidad en la rama de seguros. De esta forma, y previo acuerdo con la ssociación española de compañías aéreas, así como con los operadores más importantes del sector de aviación civil, el Ministerio de Fomento y el de Economía han diseñado, a través de este real decreto ley, un régimen de reaseguro por cuenta del Estado que será administrado por una institución que tenemos en España: el Consorcio de Compensación de Seguros.
Recuerdo a la Cámara que esta entidad pública, el Consorcio de Compensación de Seguros, está precisamente especializada en cubrir riesgos de naturaleza catastrófica -como pueden ser riesgos agrícolas o de otro tipo- y, en concreto en nuestro país, riesgos relacionados con el terrorismo. Por tanto, era una institución perfectamente adecuada para enfrentarse y dar respuesta a esta nueva necesidad. De hecho, el artículo 3.2 de sus estatutos legales indica que: el Consorcio de Compensación de Seguros podrá asumir una cobertura concertando pactos de coaseguro o aceptando en reaseguro aquellos supuestos en que concurran razones de interés público que lo aconsejen, atendiendo a la situación o a las circunstancias del mercado asegurador. Por tanto, este estatuto legal, en su punto 3.2, es perfectamente aplicable al caso que nos ocupa, como puede comprobar la Cámara.
El consejo de administración del consorcio adoptó el pertinente acuerdo en sesión celebrada el 24 de septiembre de 2001, dos días después del acuerdo del Consejo ECOFIN, y sobre esta base se ha establecido el sistema de reaseguro regulado por el presente real decreto ley, que persigue restablecer íntegramente la cobertura otorgada a las compañías aéreas, debiendo ésta comenzar donde termina la actualmente disminuida oferta privada, y terminar donde lo hacían los contratos privados hasta ahora.
El real decreto que tengo el honor de presentar ante la Cámara establece un régimen de reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que pueden afectar a la navegación aérea y que se encuentren cubiertos por contratos de seguros de responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros, suscritos por compañías aéreas españolas y por el ente público Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, que se hallasen vigentes a las 23 horas 59 minutos del día 24 de septiembre del año 2001. Por tanto, no traemos aquí contratos nuevos, sino los que estaban vigentes y cuya capacidad de cubrir los riesgos se vio disminuida por los cambios de criterio de las compañías reaseguradoras del mercado internacional.
La administración del régimen de reaseguro se encomienda, como ya he mencionado a la Cámara, al Consorcio de Compensación de Seguros, quien gestionará los recursos correspondientes. A este respecto, y teniendo en cuenta que el mecanismo acordado no puede aplicar criterios técnicos en la instrumentación del citado apoyo, por cuanto es precisamente la enorme intensidad del riesgo la que ha ocasionado la falta de cobertura internacional (no es fácilmente previsible cuándo se puede producir un accidente por causa de terrorismo o de guerra, dónde, y cuáles puedan ser sus consecuencias),

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resulta imprescindible la actuación del Consorcio de Compensación se Seguros que se efectúa por cuenta del Estado.
Existe en nuestra propia experiencia un antecedente de esta forma de operar que se encuentra en la cobertura que realiza el Estado español con ciertos riesgos vinculados al crédito a la exportación que, aunque está gestionada por la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, el propio Consorcio de Compensación de Seguros tiene encomendada la administración de los fondos.
Así pues, señorías, dada la imposibilidad de aplicar criterios técnicos en la instrumentación del apoyo que el Estado debe dar al sistema, se justifica la actuación del consorcio por cuenta del Estado. Como he dicho al comienzo de mi intervención, la duración de este esquema es de 30 días prorrogables por plazos similares de 30 días y, en este sentido, el Consejo de Ministros del pasado 19 de octubre ha hecho uso del derecho acordado en la Unión Europea para prorrogar por otros 30 días más esta situación. Tengo que anticipar a la Cámara que es previsible que el Consejo de Ministros realice prórrogas por lo menos hasta fin de año por bloques de 30 en 30 días.
La cobertura se establece a partir de los límites cubiertos en cada contrato de reaseguro privado y de acuerdo con límites, porcentajes de cobertura y resto de cláusulas contenidas en los contratos de reaseguro que se hallaban en vigor el día 24 de septiembre. El hecho es que a partir del 24 de septiembre las compañías de reaseguro privadas deciden no cubrir más allá de unos determinados riesgos que estaban ya expresamente puestos en las pólizas y es por lo que los Estados cubren el margen de esa diferencia, pero en las condiciones establecidas en los contratos.
En el real decreto-ley se fijan primas para los diferentes asegurados y para los distintos tramos de cobertura porque, como ya he informado a la Cámara, el acuerdo del ECOFIN establece que los Estados cobrarán una prima a las compañías por este reaseguro. Esas primas son las siguientes: para la responsabilidad civil por el transporte aéreo de viajeros; por el tramo de cobertura hasta 750 millones de dólares el coste será de 25 centavos de dólar por pasajero; para el tramo comprendido entre 750 millones de dólares y el límite máximo de cobertura previsto en los contratos vigentes hasta la fecha, 50 centavos de dólar por pasajero para el límite máximo de 2.000 millones de dólares y la parte proporcional de dicho precio para límites inferiores. En el caso de responsabilidad civil por el transporte aéreo de mercancías se establece un importe equivalente al 50 por ciento de la prima que para igual período corresponda satisfacer por la cobertura reaseguradora privada de la responsabilidad civil derivada de riesgos distintos de los que constituyen el objeto de esta norma. Finalmente, sobre la responsabilidad civil de AENA, se establece un importe equivalente al doble de la prima correspondiente a la cobertura de reaseguro de responsabilidad civil general que hasta la fecha de entrada en vigor de la presente norma se encontraba vigente.
Asimismo, señorías, se prevén los mecanismos para que el Consorcio de Compensación de Seguros cuente con los recursos económicos que permitan al Estado atender el pago de las obligaciones que del régimen de reaseguro podrían derivarse en caso de un accidente provocado por guerra o terrorismo en daños a terceras personas no pasajeros, repito. En caso de que fuera necesario que el consorcio hiciese frente al pago de las obligaciones que para el Estado pudieran derivarse de esta cobertura, es decir, que se produjera ese accidente y unos daños en terceros no pasajeros, se habilita al Tesoro público para que conceda anticipo de tesorería hasta el importe necesario, sin perjuicio de que en tal supuesto sería necesario efectuar la dotación presupuestaria correspondiente.
También se regula la colaboración de las entidades aseguradoras, las cuales deberán remitir información sobre sus contratos al propio consorcio. Por último, se establece la posibilidad de que por el acuerdo del Consejo de Ministros, y sobre la base de la situación del mercado de reaseguro, se pueda ampliar la cobertura de otros asegurados, modificar las primas y ampliar el período de cobertura.
En este sentido, por acuerdo de Consejo de Ministros del 5 de octubre de este mismo año, se amplió la cobertura a empresas de prestación de servicios, a compañías aéreas españolas, es decir, a empresas que están en los aeropuertos en labores de transporte de maletas y otras que se pudieran ver afectadas por accidentes provocados por terrorismo y en daños a terceras personas.
Todo ello creo que merece, sin duda, primero, la urgencia del Gobierno en aprobar un real decreto-ley, sin el cual el transporte aéreo en España se hubiera paralizado el 24 de septiembre, y, segundo, de hacerlo en el contexto de un acuerdo de la Unión Europea, que no cierra otras cuestiones planteadas en los temas de transporte aéreo y que han sido abordadas en los consejos tanto de transporte como de economía, que son aquellas que se refieren a la utilización de slots, a los posibles acuerdos entre compañías dentro del régimen de vigilancia de la competencia de la Comisión Europea, a cuestiones de ayudas públicas relacionadas con las disminuciones del mercado en los días inmediatamente siguientes al 11 de septiembre y cuestiones relacionadas con las ayudas públicas que países fuera de la Unión Europea, como es el caso de Estados Unidos y Suiza, han arbitrado para sus compañías aéreas que podrían, indudablemente, suponer una competencia desleal y que estamos estudiándola desde distintos puntos de vista. En cualquier caso, la Cámara será informada por el ministro de Fomento y por mí mismo de todos estos otros aspectos y la Cámara también conocerá, como es natural, las sucesivas prórrogas que de este sistema de reaseguro por daños a terceras personas no pasajeros motivados por guerra o por acciones terroristas se puedan producir.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente. ¿Turno en contra del decreto? (Pausa.) ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Real Decreto-ley 14/2001 aborda la necesidad de amparar temporalmente la cobertura de riesgos derivados de acciones de guerra o terrorismo en la navegación aérea, de forma que sea el Estado quien asume el aseguramiento y la responsabilidad civil de los daños que puedan ocasionarse en la navegación a causa de los citados actos de guerra o terrorismo.
Es evidente que la situación creada a raíz de los atentados de las Torres Gemelas en Nueva York ha generado una importante situación de descobertura para los riesgos de guerra y terrorismo, pues la mayoría de las compañías aseguradoras han rescindido o revisado los contratos que mantenían con las empresas de navegación aérea. Parece claro que las compañías aseguradoras, que no esconden sus beneficios para elevar sus cotizaciones bursátiles, no desean asumir unos riesgos cuya magnitud desconocen y es en este momento cuando el Estado, que muchos y muchas veces están empeñados en hacer desaparecer, tiene ahora que actuar para compensar las deficiencias de un mercado liberalizado. La responsabilidad y la reparación a las víctimas de atentados no puede desaparecer, por lo que el Bloque Nacionalista Galego tiene que compartir que sea el Estado quien articule un sistema de reparación a posibles víctimas de atentados terroristas o actos de guerra acaecidos en el transporte aéreo, y que ello se articule además a través del sistema de seguro, lo que permitirá recibir primas por la cobertura ofrecida.
Por otra parte, los convenios internacionales de navegación aérea o el reglamento C, número 2.027/1997, del Consejo, de 9 de octubre, sobre la responsabilidad de las compañías aéreas en caso de accidente, se desenvuelven en la línea del seguro directo; es decir, se establece la responsabilidad directa de las mismas en caso de accidente y el deber de reparación desde el momento en que se produce el daño, con independencia de las causas, con lo que sería irresponsable no ofrecer una cobertura de reaseguro mientras la situación no se normalice.


Ello, desde nuestro punto de vista, no debe evitar analizar en el futuro inmediato soluciones intermedias que permitan al Estado, cuando ejerce funciones de reasegurador in extremis, no sólo percibir las primas correspondientes de las compañías afectadas, sino también obligar a las aseguradoras a contribuir con porcentajes de las primas que perciben a un fondo que permita responder con suficiencia a las posibles indemnizaciones a satisfacer en concepto de reparación de los daños sufridos.
Por todo esto, vamos a apoyar el real decreto-ley, pero consideramos que se debería hacer un seguimiento de la situación y, en todo caso, contar con un mayor compromiso de las compañías aseguradoras.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Quienes dependemos -aquí en esta Cámara hay parlamentarios de tres fuerzas políticas- del transporte aéreo continuado para poder cumplir con nuestras misiones parlamentarias tenemos una clara sensibilidad especial con este transporte (igual que otros compañeros y toda la parte de la sociedad española que utilice el transporte aéreo para sus actividades sociales, políticas, económicas o de cualquier orden legal), y los atentados terroristas sufridos en Estados Unidos han agravado esta ultrasensibilidad hasta límites insospechados.


Se ha producido el fenómeno de las empresas reaseguradoras planteando un fundamento económico a las compañías aéreas en cuanto al mundo de los reaseguros, porque todo el entramado del seguro de una compañía de transportes tiene que estar soportado en los grandes segundos riesgos, muy aleatorios, muy escasos pero que han aparecido con las compañías de reaseguros; alguien tenía que hacerse cargo para evitar que las compañías trasladaran esos gastos inmediatamente a las tarifas, cosa que tampoco podían afrontar con claridad por la caída de la demanda del transporte aéreo de pasajeros.
Nosotros vamos a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley porque obedece a una lógica y obedece también a un comportamiento que se ha adoptado a nivel de la Unión Europea, como ha señalado el señor vicepresidente segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y ministro de Economía, señor Rato, en cuanto a que ha sido el ECOFIN el órgano que ha puesto en concordancia lo que son las directrices de política económica en la Unión Europea y las doctrinas, vamos a llamarlas así, que ha venido imponiendo, es decir, que sea el Estado el que haga una aportación para las primas de las compañías reaseguradoras. Como bien se ha dicho, con este real decreto se trata, sencillamente, de garantizar una aportación del Estado en un régimen de reaseguros precisamente a cargo de los poderes públicos, en las mismas condiciones que ha señalado el ECOFIN: que sea a corto tiempo. Se han fijado 30 días y esperemos que, como dice

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la tercera conclusión, sirva para que las empresas reaseguradoras, las compañías de aviación y los poderes públicos en el campo del transporte y de la economía armonicen, sobre todo para el mercado aéreo europeo, unas condiciones de viabilidad de las empresas y que no suceda lo más perjudicial para el usuario, que es, en primer lugar, la suspensión de líneas de transporte aéreo por replanteamientos de tipo económico que ya venían padeciendo anteriormente determinadas compañías, en una competencia bastante rara económicamente y que sólo las grandes empresas con circuitos de financiación pueden soportar, y, en segundo lugar, la subida de tarifas, que produciría también un efecto negativo.
Creemos que con este real decreto-ley se da una solución, aunque sea, digamos, un poco a toro pasado, prácticamente después de un mes de la vigencia económica y financiera que se ha señalado para este decretoley, pero pensamos que es una medida que venía dada por sí misma y por los acuerdos del ECOFIN. Por tanto, señora presidenta, nuestro grupo va a votar favorablemente la convalidación del mismo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Muchas gracias, señora presidenta.
El real decreto-ley que hoy convalidamos responde a una necesidad obligada por las circunstancias que se pueden provocar en la navegación aérea como consecuencia de los acontecimientos ocurridos el pasado 11 de septiembre. Esa necesidad se ha resuelto desde la Unión Europea en el sentido de que sean los Estados los que solucionen las descoberturas que puedan producirse en situaciones de guerra o de terrorismo, con tres condiciones generales que figuran en el real decreto y que han sido comentadas por el señor ministro.
Como el detalle viene muy bien especificado en el decreto y, además, la presentación del señor ministro, sus comentarios, han sido más que suficientes, tanto en lo que se refiere a las características generales como de detalle del decreto, a mi grupo simplemente le queda decir que lo vamos a apoyar favorablemente.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, este real decreto-ley que nos acaba de presentar el ministro de Economía sobre régimen de reaseguros por cuenta del Estado de los riesgos de guerra no viene a ser más que una transcripción sencilla, la más escueta, de un amplio mandato que el ECOFIN ha dado a todos los gobiernos de la Unión Europea. Del amplio espectro de medidas que el ECOFIN ha posibilitado a los gobiernos comunitarios, este Gobierno ha elegido la sección más reducida que puede adoptar un Gobierno comunitario para hacer frente a una crisis internacional de colosales dimensiones, sin precedentes en la situación moderna en que se encuentra la aeronáutica.
El mercado internacional del flete es algo tan evidente que pone de manifiesto que las compañías aéreas no sobreviven por sí mismas sino que han de asociarse, han de competir en un mercado internacionalizado, y en consecuencia han de estar en una situación de equilibrio económico-financiero permanente a lo largo del tiempo.
Si se producen acontecimientos como los del 11 de septiembre pasado, ese mercado internacional sufre una convulsión de colosales dimensiones, que implica la necesidad de adoptar medidas por parte de los gobiernos a efectos de garantizar el servicio público del transporte. Las Cortes Generales españolas tienen que ser sensibles ante la grave situación en que se encuentra el mercado internacional del transporte aéreo y el servicio público del transporte aéreo en nuestro país.
Vamos a votar favorablemente este real decreto con un contenido específico, porque es una medida reducida de las muchas que propusimos en un debate anterior ¿cómo no vamos a votar esta medida?, pero no podemos dejar de poner de manifiesto algo que está en el sentimiento ciudadano, pues en otro caso, señorías, ya me dirán ustedes qué estamos haciendo en un debate parlamentario, cuando 40 millones de ciudadanos españoles están preocupados por la situación del sector. Señorías, en estos instantes las tres grandes compañías que operan en los servicios regulares del transporte aéreo en España anuncian extraordinarias medidas de reducción de empleo; no hay más que leer los medios de comunicación. La compañía Iberia, recientemente privatizada pero que ha sido mantenida por los Presupuestos Generales del Estado durante 70 años, reduce en 3.500 el número de empleados, reduce prácticamente en un 20 por ciento el número de vuelos y su producción, reduce las conexiones internacionales de forma importante, y consiguientemente coadyuva a un quiebro importante en el transporte aéreo español. En segundo lugar, una de las compañías filiales de Air Europa, la compañía Air Europa Express, con 17 aviones -son datos que han aparecido en la prensa-, los deja en tierra y deja de operar, produciendo un quebranto importante entre otros a la comunidad balear. La compañía Spanair está en una situación equivalente, reduciendo en más de 500 personas el número de empleos y reduciendo el número de operaciones.
El efecto global de las decisiones adoptadas por los respectivos consejos de administración implica que hay una situación de quebranto importante en el transporte

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aéreo español. Estamos convalidando hoy un real decreto-ley con una medida mínima, una medida singular; de las muchas medidas que podía haber adoptado el Gobierno de España ha adoptado una muy reducida.
Señorías, el ECOFIN adoptó un acuerdo general en el que quedaban excluidas las ayudas directas a las aerolíneas por parte de los gobiernos europeos, para evitar una ventaja competitiva frente a otros sectores con problemas tras los atentados terroristas; que las actuaciones en materia de seguros deben limitarse a esas situaciones de cobertura a terceros en caso de guerra; que los gobiernos europeos podrán cobrar a las aerolíneas, total o parcialmente, una prima razonable que debe estar en consonancia con el coste de los riesgos asumidos; que las medidas que apruebe cada Gobierno, dentro de los límites fijados, han de ser notificados a la Comisión Europea para recibir el visto bueno y comprobar si se ajustan a la legislación comunitaria y que los Quince han de justificar las medidas por la situación de fuerza mayor que se ha declarado en la industria europea. Lo que estamos aprobando hoy aquí es sencillamente el alza de las primas de los seguros. El Gobierno ha impulsado un acuerdo con las compañías aéreas y las compañías aseguradoras para ampliar la cobertura por riesgo de guerra o terrorismo durante un solo mes, un mes que ya ha transcurrido y que fue del 25 de septiembre al 25 de octubre. A partir del 25 de octubre, ¿qué ocurre? Una prórroga. Y después de la prórroga de ese mes, con esa sola medida, estamos comprobando, señorías -y no lo tomemos en broma-, que hay una crisis en el sector del transporte aéreo español, y nosotros dócilmente solamente aprobamos este real- decreto ley que implica la medida de las coberturas de reaseguros que aquí se han puesto de manifiesto, durante un mes, una prórroga de otro mes y probablemente de un tercero, parcheando desde luego una situación durante un trimestre.
La prima, señorías, que recibirá como contraprestación el Consorcio de Compensación de Seguros ha sido expresada aquí: 0,25 dólares por pasajero en siniestros de hasta 750 millones de dólares; 0,5 dólares por siniestros de hasta 2.000 millones de dólares, que deberían ser reembolsados, si se produjese, por las aseguradoras que a su vez lo cargan a las compañías aéreas y que a su vez lo cargan a los usuarios. ¿Y qué ha venido ocurriendo a lo largo de este último mes? Que las compañías han tomado la decisión de subir 8 euros en cada tramo en España y los consumidores y usuarios de las compañías aéreas han tenido que soportar esos recargos sin que se hayan adoptado medidas gubernamentales.
Señorías, nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista, el 26 de septiembre formuló en el Pleno una interpelación al ministro de Fomento. Consecuencia de esa interpelación, muy pocos días después, el 2 de octubre posterior, planteamos una moción y en ella hablábamos de la necesidad de un plan de ayuda al transporte aéreo español desde la perspectiva del servicio público; decíamos y pedíamos que por parte del Gobierno se elaborase un plan estratégico coyuntural o un programa económico de emergencia, con la finalidad de apoyar a las compañías aéreas españolas mediante la aplicación de medidas variadas que en ningún caso deberían representar ayudas de Estado ¡ojo con este dato! que desde luego no se nos puede imputar que planteamos lo que no hemos planteado, y entre esas medidas nosotros proponíamos la asunción por parte del Consorcio de Compensación de Seguros de los riesgos no cubiertos por las aseguradoras, de manera que el tratamiento de las primas de estas coberturas situase a las compañías aéreas españolas en las mejores condiciones de las que se deben dar en la Unión Europea, llegando incluso a ser asumidas por el Estado a través del Consorcio de Compensación de Seguros, si así ocurriese en algún país de la Unión Europea en línea con lo que aprobó el ECOFIN. Esto es lo que trae hoy el Gobierno, como contenido esencial de un real decreto ley para su convalidación, que recoge una de las varias medidas que nosotros propusimos en una moción que curiosamente fue votada en contra por la mayoría de la Cámara.
Proponíamos también que los Ministerios de Economía y de Fomento deberían acordar con el Consorcio de Compensación de Seguros los adecuados mecanismos financieros para instrumentar todas aquellas medidas que permitan afrontar las cuantías exigidas por las compañías aseguradoras por las nuevas cláusulas de reaseguro ante el riesgo de guerra o de terrorismo, debiéndose entender que se deberá impedir que las posibles sobreprimas que se exigen para cada pasajero transportado se recarguen en el precio del billete, y esto no viene ocurriendo. Se están produciendo incrementos injustificados en el precio del billete, y el Grupo Parlamentario Socialista, aquí, en este debate, quiere poner de manifiesto una vez más su rechazo a estos recargos económicos en el coste del billete y su rechazo a que la crisis internacional en el sector tengan que pagarla los usuarios que necesariamente han de tomar los aviones como medio de transporte.
Señorías, somos un Estado con dos archipiélagos, con ciudades situadas en el continente africano, y además para potenciar la cohesión interior es necesario potenciar y dar estabilidad al sector del transporte aéreo. Desde esa perspectiva, señorías, anunciamos iniciativas próximas por parte del Grupo Parlamentario Socialista, que complementen los contenidos de este real decreto-ley, al que daremos nuestro voto favorable a pesar de considerar que es una medida mínima de las muchas que debería contener.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Segura.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señora Torme.


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La señora TORME PARDO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo muy brevemente para anunciar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular a la convalidación de este real decreto-ley; un real decretoley que por cierto nos lleva nuevamente a recordar en esta Cámara los atentados terroristas que tuvieron lugar el pasado 11 de septiembre. Estos hechos han generado una nueva situación internacional; situación que viene exigiendo que se adopten medidas de muy diversa índole y en muy distintos campos.
La Unión Europea, que ha sabido estar a la altura de las circunstancias en este nuevo contexto histórico, ha ido adoptando las decisiones adecuadas. Así, en lo que se refiere a este sector concreto que hoy abordamos, como es el de la aviación que está sufriendo muy directamente las consecuencias de esos atentados, el ECOFIN ha acordado que los Estados miembros se hagan cargo transitoriamentede la cobertura de responsabilidad civil frente a terceros no pasajeros por riesgo de guerra y terrorismo en aquellos tramos que habían quedado al descubierto como consecuencia de la reducción de la capacidad del mercado asegurador.
Como ha señalado el vicepresidente segundo del Gobierno, es precisamente la enorme intensidad de los potenciales riesgos lo que ha ocasionado la falta de cobertura internacional, hasta el punto de que las compañías de aviación no podían ejercer su actividad con normalidad. Se enfrentaban, y lo ha destacado así el señor Rato, por una parte a una fuerte disminución de la demanda de vuelos, y por otra a un aumento de los costes de sus contratos de seguro, dando lugar a una delicada situación que exigía una urgente respuesta. Esa respuesta se plasma en el acuerdo adoptado por el ECOFIN el pasado 22 de septiembre, y precisamente este real decreto-ley que hoy presenta el Gobierno desarrolla dicho acuerdo conforme a las condiciones establecidas en el mismo. Así pues, el texto que nos remite el Gobierno recoge los principios y requisitos establecidos por la Unión Europea que permiten una acción conjunta y homogénea por parte de todos los Estados miembros, mediante el reaseguro por cuenta de los propios Estados de determinados riesgos, articulándose una medida provisional de auxilio al sector de la navegación aérea. No se trata en esta ocasión de desarrollar un debate en su conjunto sobre cuál es la política respecto al sector de la navegación aérea, sino abordar y dar respuesta de manera urgente a una nueva situación que ha surgido precisamente como consecuencia de esos dramáticos atentados que tuvieron lugar en Estados Unidos.
Por todo ello, y con la certeza de que en tanto en cuanto se adopta en el seno de la Unión Europea una solución duradera este real decreto-ley viene a dar respuesta a una situación provisional de urgente necesidad, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente la convalidación de este real decreto-ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Torme.
Señorías, ruego ocupen sus escaños. Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real decreto-ley 14/2001, de 28 de septiembre, por el que se establece el régimen del reaseguro por cuenta del Estado de los riesgos de guerra y terrorismo que puedan afectar a la navegación aérea.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 277; a favor, 273; en contra, uno; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado el real decreto-ley. ¿Desea algún grupo parlamentario que el real decreto- ley convalidado sea tramitado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia? (Pausa.)

ENMIENDAS DEL SENADO:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICIÓN (Número de expediente 121/000021.)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: enmiendas del Senado.
Antes de iniciar el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica del derecho de petición, anuncio a SS.SS. que la votación de conjunto, dado el carácter orgánico de la ley reguladora del derecho de petición así como el proyecto de ley orgánica de universidades que se debatirá a continuación, no se producirá antes de las tres de la tarde.
Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) Grupo Parlamentario Vasco. Señor Erkoreka. (Rumores.)

Un momento, señor Erkoreka. Señorías, ruego ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo al objeto de poder continuar con el debate.
Adelante, señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Vasco para anunciar nuestro voto favorable a las cuatro enmiendas que proceden del Senado en relación con este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Se trata de cuatro enmiendas que suponen cuatro alteraciones prácticamente irrelevantes en el curso... (Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Erkoreka.
Señorías, hay un diputado en el uso de la palabra intentando ser escuchado por los miembros de esta Cámara, cosa que resulta harto difícil con el nivel de murmullo de las conversaciones que SS.SS.
están manteniendo en los escaños. (Pausa.)

El señor ERKOREKA GERVASIO: Decía, que intervenía en nombre del Grupo Vasco para anunciar el voto favorable de nuestro grupo a las cuatro enmiendas que han sido aprobadas en el Senado en relación con este proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición. Se trata de cuatro enmiendas que apenas suponen una alteración mínima en el texto del proyecto de ley que en su día fue dado por esta Cámara. La primera de ellas se intitula expresamente como gramatical, la segunda especifica de modo expreso que se trata de una mejora técnica y las otras dos suponen también, aunque no se intitule de forma expresa, modificaciones de carácter técnico y gramatical en el texto de la ley, todas ellas correctas y compartidas por este grupo. Hay una que aparentemente tiene mayor enjundia que es la enmienda número 3, dirigida a la disposición adicional primera, que pretende sustituir la referencia que esta disposición hacía al artículo 12 de la ley por una referencia al artículo 42 de la Ley orgánica reguladora del Tribunal Constitucional. Se trata de una modificación que a nuestro es juicio es técnicamente correcta porque, se trata de una referencia más precisa y más exacta en el contexto de la ley. Por tanto, anuncio nuestro voto favorable a estas cuatro enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Erkoreka.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Al igual que el portavoz del grupo parlamentario que acaba de intervenir, queremos anunciar nuestro voto favorable a estas enmiendas que vienen del Senado, que efectivamente se trata de enmiendas técnicas que mejoran el redactado. En ese sentido anuncio el voto favorable de Izquierda Unida, puesto que no hay ninguna novedad en la que haya que precisar intervención diferente de la que ya hicimos en su momento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.
Grupo Parlamentario Socialista, señor Romeu.


El señor ROMEU I MARTÍ: Muchas gracias, señora presidenta.
Tratamos hoy el proyecto de ley reguladora del derecho de petición tras las enmiendas aprobadas por el Senado, de conformidad con el artículo 90.2 de la Constitución española. La Cámara Alta ha introducido diversas enmiendas que afectan a la exposición de motivos, al artículo 10.1 y a la disposición adicional primera en sus apartados 1 y 2.
En primer lugar este portavoz manifiesta, en nombre del Grupo Socialista, la intención de aceptar las enmiendas presentadas por el Senado en los propios términos que se han aprobado. No obstante quiero expresar la consideración por la participación y el esfuerzo de consenso manifestado por todos los grupos políticos, tanto en el Congreso como en el Senado, que han posibilitado la consolidación de un texto que regula y protege el derecho de petición siguiendo el propio espíritu de la Constitución española. El derecho de petición es un derecho fundamental y su regulación es importante al considerar además la necesidad de acercar las instituciones a la ciudadanía y aumentar la complicidad de las mismas en la atención y solución de los problemas cotidianos que nos hacen llegar. El proyecto de ley establece una titularidad del derecho de manera amplia y efectiva, reconociendo el derecho de petición a toda persona natural o jurídica prescindiendo de su nacionalidad y pudiendo ejercerse de manera individual o colectiva. Asimismo, el proyecto de ley que hoy aprobamos definitivamente establece, regula y protege en relación con el derecho de petición la confidencialidad de los datos del peticionario; el acuse efectivo de la petición, concretando el órgano competente y el procedimiento; los tiempos para subsanar las deficiencias a favor del peticionario, que se han establecido en 15 días; la obligación de contestar y resolver sobre lo pedido en un plazo máximo de tres meses; la posibilidad de dirigirse a las instituciones públicas donde sea posible en las lenguas cooficiales; la no exigencia de nacionalidad para dar así cabida a los apátridas; la obligación de cumplir de manera efectiva lo que se pide o solicita en el sentido de la resolución aprobada; y finalmente algo importante que este grupo quiere resaltar, se autoriza la audiencia pública en las instituciones a los peticionarios según se regule y establezca.
Atendido lo anterior, las peticiones dirigidas al Congreso, al Senado o a las asambleas legislativas de las comunidades autónomas se tramitarán según lo establecido en sus respectivos reglamentos, que deberán recoger la posibilidad de convocar en audiencia especial a los peticionarios si así se considera. Por tanto, señorías, corresponde ahora adecuar el Reglamento del Congreso para que se permita y se establezca el procedimiento para posibilitar la audiencia pública de peticionarios en el Congreso, dinamizando así la Comisión de peticiones del Congreso para acercar decididamente esa institución a la ciudadanía en general.
Dicho lo anterior y para terminar, manifestamos nuestro voto favorable a la incorporación de las enmiendas del Senado, agradezco nuevamente el esfuerzo de todos los grupos parlamentarios para llegar a un texto

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consensuado, cuya finalidad es la regulación de un derecho fundamental que se basa en la participación y en definitiva en el acercamiento de las instituciones y la dinamización de la vida social y política.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Romeu.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Belda.


El señor BELDA PÉREZ-PEDRERO: Gracias, señora presidenta.
Como han dicho los portavoces del resto de grupos parlamentarios, la Cámara Alta, el Senado ha cumplido con su misión de ser una cámara de segunda lectura y ha introducido unas modificaciones técnicas que nuestro grupo va a votar favorablemente.
Al intervenir en último lugar y al tratarse afortunadamente de un texto consensuado sólo tenemos que convenir con el resto de portavoces de los grupos parlamentarios que se ha producido una situación envidiable, y más cuando se refiere al desarrollo de un derecho fundamental y a una libertad pública. De esta manera nos estamos retrotrayendo 23 años atrás para así ponernos todos de acuerdo en algo tan sustancial como es el desarrollo del título I, capítulo segundo, sección 1.ª de la Constitución española, en los artículos 14 al 29. También quiero aprovechar la oportunidad para hacer un llamamiento a que este consenso permanezca en el desarrollo de otros derechos políticos que están en tramitación en esta Cámara y que después pasarán al Senado, como es el proyecto de ley orgánica del derecho de asociación.
Hay que decir una cosa. El consenso es posible porque hay una buena materia prima. En este caso se trata de un buen proyecto de ley orgánica del Gobierno, y entre todos esos avances que aquí se han glosado y que por parte del Grupo Popular en su día se manifestaron en la persona del señor Bermúdez de Castro hay que resaltar dos datos fundamentales: en primer lugar, frente a todas esas garantías de ámbito material, que indudablemente son un acierto, y de ámbito procedimental, la incorporación de los extranjeros como titulares del derecho; y en segundo lugar, como no podía ser de otra manera también, la obligatoriedad que los poderes públicos subsumen del contenido de la propuesta del derecho de petición, una vez que la van a aceptar. Estos son dos avances fundamentales que contribuyen a que este derecho sea algo más que un derecho de cierre del sistema y que manifieste que la individualidad de las personas en el sistema también tiene su valor y puede ser compatible con el sistema de representación popular.
Poco más queda por decir. Agradezco el trabajo de todos los grupos, el afán de consenso que ha presidido, el entendimiento que ha reinado en este tema, y deseo que en el futuro y siempre que se trate de desarrollo de derechos fundamentales y libertades públicas y de temas conexos estemos de acuerdo.
Nada más, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Belda. (Pausa.) Enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 260.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Señorías, antes de entrar en el punto siguiente, dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas, proyecto de ley orgánica de universidades, quiero aclarar a SS.SS. que las votaciones tanto del dictamen del proyecto de ley como de las enmiendas, así como la votación de conjunto como ley orgánica tanto de la reguladora del derecho de petición, las enmiendas del Senado que acabamos de aprobar, como de la de universidades se producirán todas no antes de las tres de la tarde; si el debate finalizara más tarde, al final de debate, pero en cualquier caso no habrá votaciones antes de la tres de la tarde.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS:

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000045.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de los dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas: proyecto de ley orgánica de universidades. De acuerdo con la ordenación del debate, las enmiendas mantenidas por los grupos parlamentarios al dictamen de Comisión las debatiremos en tres bloques sucesivos.
En primer lugar, y por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez. (Pausa.) Adelante, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego quiere expresar su total rechazo a la celeridad en la tramitación de esta ley, que para colmo de males coincidió con todo un proceso electoral en nuestro país, en Galicia. Decimos esto porque el asunto que nos ocupa es suficientemente complicado y problemático como para haber necesitado mayor demora, desde luego mayor preocupación e incluso mayor matiz.
Tenemos que dejar sentado también que si se hubiesen dado las

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condiciones oportunas tendríamos en este momento unas enmiendas mejor elaboradas, muchísimo más amplias y mejor matizadas.
Dicho esto, quiero centrar el debate exclusivamente, debido a la escasez de tiempo que se nos concede, en tres temas para nosotros troncales en esta ley. En primer lugar, el que hace referencia a los aspectos recentralizadores de la misma y a la dependencia al Gobierno español que posibilita esta ley. Nos parece que este es el aspecto más preocupante, el más cualitativo, incluso el que sería motivo de una confrontación política más abierta. Somos totalmente contrarios a que las funciones de evaluación y acreditación de la calidad y de todo tipo de parámetros que debe cumplir la universidad se realicen por órganos de carácter central y de tipo estatal. Somos consecuentemente descentralizadores y pensamos que deben ser las comunidades autónomas las que, en el ámbito de su territorio, constituyan y desarrollen órganos de esta característica, por lo que nuestras enmiendas van destinadas a este fin en los artículos 12 y 35. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Pensamos que hay un caballo de Troya fundamental en todo el sistema, la agencia, que va a convertir la enseñanza universitaria en un modelo ad hoc a favor de una determinada idea de España, de una determinada idea de la universidad e incluso del profesorado.
Hay otro elemento que también contribuye a esta imagen, a esta función, a esta recentralización, y es el sistema que se denomina habilitación nacional. En el artículo 57 optamos por modificarlo con una fórmula que sería de acreditaciones, no de habilitación, que debían ser dadas por las agencias respectivas de cada comunidad autónoma, lo que elevaría estas acreditaciones, puras evaluaciones de cuál es el currículum de cada uno, al consejo de coordinación universitaria, que debe ser el único órgano de carácter estatal que recoja la ley. Además, habría que simplificarla dejando a desarrollo reglamentario, bien de carácter estatal o autonómico, muchos aspectos que la ley trata pormenorizadamente pensamos que de forma equivocada.
Igual que hay que optar por un fomento de la investigación que no impida la vinculación de las universidades al sistema productivo de su entorno, que sería fundamental en el caso de nuestro país. El sistema articulado por la ley va a conducir a que el hecho de usar como lengua vehicular de la enseñanza superior, y especialmente de la investigación, el gallego, el catalán y el vasco, va a ser prácticamente imposible, sobre todo en el caso del gallego.
Igualmente las metodologías de investigación estarán perfectamente determinadas y condicionadas por el carácter recentralizador de la ley.
Otro aspecto es el referido a la privatización. Tal como establece el marco de la ley, pensamos que no hay que aceptar centros privados adscritos a universidades públicas, ya que tienen un margen perfecto para que se creen universidades privadas con todas las consecuencias.
No se debe excluir a los centros de la Iglesia católica de la necesidad de la ley de reconocimiento de los respectivos parlamentos autonómicos.
Otro bloque se refiere a las becas, las ayudas al estudiantado y la financiación. Pensamos que esta ley sí debía de contemplar la dotación y el número de becas suficiente en convergencia con Europa.
Además, en la adicional octava se debió contemplar un plan de financiación para la mejora de la calidad y la equidad del sistema educativo superior en el Estado español en un período de seis meses, exactamente igual que la homologación de la inversión pública en relación con la media europea, e impulsar hasta el umbral europeo el sistema de becas y ayudas al estudio. No nos deja de preocupar el hecho de que la ley no contemple algo muy importante que va a afectar a muchos titulados universitarios. Sería necesaria una nueva adicional que dejase claro que se van a equiparar en la homologación de títulos universitarios con los de la Unión Europea todos los existentes en el Estado español, de tal manera que no haya lugar a discriminaciones que posibiliten que títulos universitarios del Estado español acaben siendo títulos de formación profesional de la Unión Europea.
En el aspecto del profesorado, señorías, pensamos que no es de recibo que todo lo que no es personal funcionario quede a un galimatías de controles que no va a garantizar para nada la calidad de ese profesorado. Por tanto, estamos por la supresión de contratos por obra o servicio de personal de todo tipo que permite el artículo 48.4. Pensamos que los ayudantes deben ser preparados para la investigación y para la docencia, y así modificamos el artículo 49; que los ayudantes doctores no tienen por qué verse limitados por esta ley a no estar vinculados, por lo menos durante dos años, a la universidad en que van a ser contratados; exactamente igual que los profesores contratados doctores no tiene ningún sentido que vayan a ser evaluados previamente por una agencia de carácter estatal o autonómica. El sistema universitario tiene medios para saber la calidad e idoneidad del profesorado contratado de las respectivas universidades.
Por último, hay algo que es muy importante y que debe de garantizar la ley, que son las reclamaciones. Deben ser competencias de las comunidades autónomas, no del Consejo de coordinación universitaria, especialmente en todo...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Rodríguez, le ruego concluya. Su tiempo ha terminado.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Acabo ya, señora presidenta.
Pero los derechos de revisión del proceso y deimpugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa

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deben afectar a todos los actos que pongan fin a la vía administrativa. Esto es fundamental.
Estos son los aspectos claves para nosotros en esta ley, que merecía más demora, más atención y un debate político más pormenorizado.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, en una sociedad cambiante como en la que vivimos, con unos retos y unas incertidumbres tan importantes como las que tenemos encima de la mesa, creo que a nadie, a ninguno de los grupos presentes en esta Cámara, le cabe la duda sobre la necesidad de contar con una nueva ley de universidades. A mi juicio la universidad, que debe estar en la raya de lo desconocido, dispuesta a dar un salto más sobre lo desconocido y siempre aportando o innovando, en este mundo cambiante hace falta que sea flexible, abierta, participativa, esponjosa ante lo que está pasando; una universidad donde se debe enseñar mucho más actitudes, con ce que aptitudes con pe, porque realmente los problemas que tienen que solucionar nuestros universitarios todavía no están ni enunciados. Yo creo que deben prepararse para un futuro que casi desconocemos. ¿Y qué nos encontramos, señorías, en vez de este modelo abierto, flexible y participativo? Pues con una situación forzada de un modelo cerrado, inflexible, donde se niega el diálogo abierto y tranquilo, donde se niega el consenso, donde hay un rechazo importantísimo y donde además se aplica el acelerador. Yo no alcanzo a entender por qué estas prisas de debatir en unas horas 800 enmiendas y de cargarnos en una mañana este proceso con tal de tener la nueva ley ya. ¿Por qué una ley tan confusa? Yo no sé si cuando se renueva la ley cambiando las cosas es la renovación por la renovación, pero espero que no sea como en aquella película de El hotel de los hermanos Marx en la que por la noche cambiaban los números de las habitaciones y cuando le preguntaban al dueño si aquello no iba a ser muy confuso contestaba: Sí, pero será muy divertido. Yo no sé si va ser divertido el marasmo en que nos vamos a meter con esta ley. Son muchas las enmiendas presentadas a los tres grandes temas que estamos debatiendo hoy. Respecto a cómo es la universidad, si es participativa, si es abierta, esta ley se basa en la desconfianza y en la descalificación. Por un lado se mantiene a los rectores actuales -parece que se les reconoce su capacidad de representación democrática- pero se suprimen los claustros, como si los actuales no tuvieran capacidad para emprender la reforma de sus propios estatutos, como si hicieran falta unos claustros democrático- constituyentes que sustituyesen a los actuales. Hay una reforma del profesorado que, buscando cosas, no habla de lo principal: la financiación; buscando luchar contra la endogamia -que me parece muy bien; y una de las armas fundamentales para hacerlo es el dinero, cuánto cuesta mover a la gente-, se fuerza a la exogamia, echando a los profesores ayudantes doctores de su equipo por dos años -a todos-, como si fuera necesario y bueno que se fuera todo el mundo del nido donde está investigando.
Estamos ante una ley que está tan fuera de la realidad que va a forzar la trampa. Es como cuando en el movimiento moderno se diseñaron los bloques en altura para acabar con la densidad y buscar parques y espacios soleados, y acabó usándose el invento para incrementar la densidad de las casas bajas poniendo los bloques unos junto a otros. Esto es igual. Esta ley está inventando un escenario que no existe porque no resuelve la financiación, no se resuelve el respeto a la autonomía de las comunidades autónomas y a la autonomía universitaria, y porque estamos aquí en una gran ceremonia de la confusión diciendo muy rápidamente lo que pensamos de estas 800 enmiendas porque es necesario que hoy, a las tres, esté aprobado el proyecto. Es una responsabilidad grave la que está asumiendo el Gobierno: la de perder la oportunidad de un debate sereno sobre el modelo de universidad; un debate sereno sobre cómo evaluar a nuestros profesores y quién lo va a hacer; un debate sereno sobre cómo se financian las universidades, por qué ese número de laborales y no laborales, por qué esos controles tan distintos entre privados y públicos, por qué puede haber universidades alfa y universidades beta no en base al trabajo de los profesores sino al dinero con que cuenten, que no será similar en todas las universidades. Estamos creando un ranking que va a depender de la gasolina: correrá más quien más gasolina tenga. No se nos oculta el mapa en que estamos situados, el disenso absoluto existente en un asunto tan vital para una sociedad como es la universidad, la fábrica de intelectuales futuros.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Núñez, le ruego concluya. Su tiempo ha terminado.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Para terminar, señorías, creo que esto es un auténtico despotismo sin ilustración; es el despotismo político, el despotismo partidario contra los ilustrados. Si hay un foro donde se mueve el cerebro y la materia gris es la universidad. Se va a imponer, desde una actitud partidaria, un modelo cerrado, inflexible y que no nos va a servir. La responsabilidad será de los proponentes y en ningún caso hoy aquí tengo tiempo ni medios para defender una a una las enmiendas de otro modelo de universidad.
Muchas gracias.


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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para la defensa de sus enmiendas, tiene la palabra la señora Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Son pocas las enmiendas que le quedan vivas el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en esta parte del debate, y ahora pasaré a defenderlas. No obstante, quisiera hacer una valoración general previa. Pensamos que hemos perdidos todos la oportunidad de llevar a cabo un debate que nos permitiese llegar a un consenso amplio -que involucra a los dos grupos mayoritarios de esta Cámara- y a un consenso importante, es decir que abarcase los aspectos más polémicos de esta ley, que hubiera sido sano y bueno para el futuro de las universidades, para la continuación del desarrollo de la reforma de la universidad y para su estabilidad. Lo cierto es que la polémica previa al debate en esta Cámara ha pesado y ha sesgado tremendamente las posiciones partidistas predeterminadas ya antes del debate habido en esta Cámara. Entendemos que esto ha impedido un verdadero debate de fondo sobre los pros y los contras de los modelos. Todos estábamos de acuerdo en que era necesaria una reforma. Nuestro grupo está de acuerdo, en líneas generales, con lo que está planteado en este texto que hoy estamos discutiendo; nos preocupa la repercusión que pueda tener alguna de las novedades que se introducen, como es el caso del nuevo proceso de habilitación y, fundamentalmente, que no se convierta en un elemento de aislamiento de las universidades canarias en el doble sentido, hacia adentro y hacia fuera de la universidad; pero este punto lo veremos en el turno correspondiente. Sin embargo, también es cierto es que -es mi opinión- en el escaso tiempo que hemos tenido para debatir, este proyecto ha estado sesgado profundamente por el debate habido fuera de esta Cámara y que los enfrentamientos entre los dos grupos mayoritarios han sido a veces más de forma que de fondo; más de forma que de una discusión profunda sobre los modelos, que es lo que hubiera dado mayor enriquecimiento al texto. Sabemos el modelo que tenemos actualmente y el que pretendemos reformar; sabemos el modelo propuesto en esta ley, aunque sus repercusiones no hayan sido debatidas con suficiente profundidad, pero no sabemos cuáles eran las otras alternativas que se proponían que no fuera la de que la universidad permaneciera en la misma situación que ahora. Entendemos que si bien la LRU de 1983 supuso un impacto imprescindible y positivo que nos ha permitido tener hoy las universidades que todos conocemos -ha permitido su apertura, su democratización, la autonomía universitaria, la libertad de docencia, etcétera-, lo cierto es que esta evolución positiva de nuestro sistema universitario se ha dado en un contexto social y económico, el de España y de sus autonomías, que también ha evolucionado rápidamente y que exige una constante readaptación e interacción con las respuestas que deben dar las universidades. La evolución económica y demográfica -que ya está impactando en el sistema educativo-, así como el impacto que producen en todos los aspectos de la vida y también en las universidades las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, son aspectos que deben ser valorados en sus justos términos. El entronque de la universidad con la sociedad y la necesidad de educación y cultura así como con el mundo productivo, el entronque de la universidad con el tejido empresarial, con las necesidades formativas de éste, con el desarrollo de la investigación aplicada, se establece como prioritario.
Todos estos aspectos son necesarios si queremos que nuestras universidades no pierdan muchos de los trenes que ya están puestos en marcha y si queremos que sean competitivas tanto en el orden nacional como internacional. Esto implica necesariamente readaptar las estructuras de la universidad para que den respuesta a estos nuevos retos que permitan a las universidades ejercer un efecto de liderazgo en nuestra sociedad como instancia crítica y científica basada en el rigor y en el mérito y como un referente para el conjunto de la sociedad. En este sentido entendemos que tiene que haber una mayor participación y control de la universidad por parte de la sociedad, que debe participar en su organización y en sus objetivos, como la hay o debe haberla en otros servicios públicos. Esto no debe ser enfrentado con un principio que todos defendemos que es el de la autonomía universitaria.
Tenemos también que recordar y reconocer que son las propias universidades públicas las que tienen vocación de abrirse a la sociedad, una sociedad que cada vez exige más: más servicios, más calidad, más compromiso por parte de la Administración pública, más eficiencia, mejor gestión; y también se lo exige a la universidad.
Esto ha de entenderse como una conquista de la sociedad y también como un mérito que hemos de reconocerles a los profesionales que trabajan en el entorno de la universidad, en el mundo académico y en el mundo de la investigación. Hay que entenderlo como una conquista porque también en ellos hay una constante voluntad de apertura y de respuesta a las necesidades de la sociedad.
Se han incorporado bastantes enmiendas a esta parte del texto.
Nosotros mantenemos la número 346, a pesar de que se ha incorporado en el artículo 3 del texto del dictamen una mención especial a la modalidad de las enseñanzas no presenciales. Entendemos que esta es una modalidad de gran importancia en general, pero desde luego es de futuro para territorios insulares y fragmentados como el nuestro. Sin embargo, aunque ha quedado mejor en el texto que hoy tenemos, mantenemos viva la enmienda que planteábamos para que se incorpore una disposición adicional nueva en referencia a que se especifique

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que las enseñanzas universitarias no presenciales deben de ser fomentadas por los poderes públicos, al igual que las tecnologías que permitan la implantación y la modalidad del desarrollo de estas enseñanzas. También mantenemos viva la enmienda 349 donde planteamos una modificación a la disposición transitoria quinta que, como saben SS.SS., se refiere a que a la entrada en vigor de la presente ley los profesores asociados que se encuentren contratados tendrán que adaptarse a la nueva legislación y se fija un plazo de tres años.
Nosotros proponemos que se modifique ese plazo por el de cinco años, ya que con esto intentamos flexibilizar el tránsito de los profesores asociados hacia el nuevo sistema diseñado en este texto, dándoles un mayor margen de tiempo para que puedan obtener el grado de doctor y ser contratados como profesor ayudante doctor. Es importante no sólo el desarrollo de la ley a niveles legislativos, sino que -estoy hablando de un territorio como es el de Canarias en el que hay universidades que son relativamente nuevas, no tan consolidadas como en otros territorios del Estado- para nosotros es importante que el periodo de tránsito, de adaptación de esta nueva ley permita a todas las universidades y por tanto a todo el profesorado que en ellas se encuentra adaptarse para estar en igualdad de condiciones en la aplicación de la nueva ley y en la competitividad también de nuestro profesorado y de nuestras universidades.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri para la defensa de las enmiendas.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco mantiene cuatro conjuntos de enmiendas todavía vivas a este proyecto de ley, tras su debate en Comisión, que quisiera subrayar al inicio de mi intervención para que los portavoces del Grupo Popular en sus respuestas sistematizaran las mismas y nos centrásemos siempre en los debates sobre el fuero, señor Guerra Zunzunegui, con todo el cariño, cuatro paquetes de enmiendas vivas.
Uno primero se refiere a la arquitectura legislativa que en una materia como la universitaria, en la que intervienen tres polos a coordinar, es necesario tener en cuenta previamente a la definición del propio proyecto de ley. Estamos hablando de unas competencias que el Estado sostiene sobre estas materias y que nosotros no negamos. Lo hemos querido dejar claro en y a lo largo de todo el debate: el sistema universitario español tiene que ser único -básico se dice ahora incorporando una enmienda del Grupo Catalán (Convergència i Unió), que a ese respecto, aunque nosotros preferíamos el término de mínimo, hace luz-; un sistema universitario que está coordinado, que es único en sus distintas dimensiones en el conjunto del Estado -para que los ataques no vengan en esa línea-; unas comunidades autónomas que tienen sus universidades transferidas, no estamos en estos momentos en el año 1983 y los análisis no se pueden hacer desde la perspectiva de 1983. Y después está el concepto de autonomía universitaria que, en nuestra opinión, es indudable que hay que definir en términos distintos, más extensos, con más competencia para los propios órganos rectores de la universidad. El esfuerzo que se hace en este tipo de enmiendas es esto que en fútbol llaman ahora el tridente, intentar compaginar el juego de lo que es el Estado, de lo que son las comunidades autónomas y de lo que es la autonomía universitaria para llegar a un modelo que sea eficaz y que sea de calidad y de excelencia.
En segundo lugar, hay una serie de enmiendas que se refieren al modelo de universidad; un modelo de gestión universitaria, un modelo de enseñanzas. Hay un tercer paquete de enmiendas que hace referencia a la concepción pluricultural y plurilingüe de los servicios universitarios en un Estado en el que hay un 40 por ciento de ciudadanos que son bilingües, según las últimas estadísticas del CIS, y un 8 por ciento de ciudadanos que son trilingües. Desde esta posición entendemos que no es razonable plantear un proyecto de ley universitaria como si en el Estado todos fuésemos monolingües. Hay que incorporar también los criterios de calidad desde el punto de vista lingüístico, teniendo en cuenta esta realidad del Estado.
Finalmente están las enmiendas de fuero que hacen referencia a aspectos competenciales de las comunidades autónomas, a un modelo de Estado.
En consecuencia, nosotros creemos que algunas de las previsiones que están recogidas en este proyecto de ley deben remitirse a legislación autonómica y otras a los propios estatutos de las universidades, porque no corresponde a esta Cámara legislar en torno a estas materias y que el esquema de trabajo debiera establecerse, en nuestra opinión, como Partido Nacionalista Vasco, como Grupo Vasco en esta Cámara, en los siguientes términos. En primer lugar, redactar una ley básica que articule el conjunto del sistema universitario. En segundo lugar, que las comunidades autónomas, mediante ley, pudieran desarrollar dicha ley de mínimos para acomodar sus universidades a sus realidades sociales, económicas, industriales, educativas y lingüísticas. En tercer lugar, que las universidades pudieran tener su propio marco estatutario con las normas de que se doten, preservando su autonomía y garantizando los necesarios controles sociales.
Sin embargo, el proyecto de ley, el dictamen de la Comisión que en este momento estamos analizando, tiene un marcado carácter omnicomprensivo, totalizante. El mismo proyecto de ley contiene la ley orgánica,contiene la ley básica y además contiene los reglamentos

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de desarrollo, facultando, más a más, al Gobierno del Estado para ejercer funciones que corresponden a las comunidades autónomas o a la autonomía que cada una de las universidades debiera conocer en el ámbito de sus competencias. En nuestra opinión -y es la crítica más dura que vamos a realizar a este proyecto del Estado- el Gobierno no puede abarcar y agotar todo el contenido legal en estas materias universitarias. La autonomía política de quien va a financiar la universidad, en este caso las comunidades autónomas, debe tener mayor margen de actuación. Tampoco se puede agotar la autonomía universitaria en grandes segmentos de su dimensión académica, organizativa o estructural. En consecuencia, el Gobierno no puede invadir de esta manera todos estos aspectos. En nuestra opinión, el proyecto de ley en su actual redacción pretende determinar hasta la extenuación los objetivos, los programas, los órganos de gobierno, la carrera docente del profesorado universitario, incluso los propios itinerarios del alumnado y la única función que reservan a las comunidades autónomas es la financiera. Están diciendo, en definitiva: pongan ustedes dinero para hacer lo que yo quiero.
En relación con el modelo de universidad -una cuestión que fue suficientemente debatida en el trámite en Comisión-, en nuestra opinión el modelo que presenta este proyecto de ley es el modelo latino, en sus estructuras básicas de personal funcionario, de órganos de gobierno, de control administrativo y de carrera docente; es verdad que, como decía el señor Guerra Zunzunegui en el debate en Comisión, entreverado, con líneas complementarias en orden a dotar al sistema universitario español de flexibilidad, pero esto se enmarca siempre en el proyecto de ley con un carácter secundario y segundón.
En consecuencia, el proyecto de ley presenta una redacción que encorseta al conjunto de universidades españolas en un modelo único que, en nuestra opinión, es el modelo volteriano-napoleónico, de amplia tradición en la Europa continental. Nos seguimos preguntando por qué no se quiere aceptar que las universidades que mejor funcionan en nuestro entorno son las universidades anglosajonas, que son las que mejor preparan a los alumnos y las que mejor investigación realizan. Si de verdad el objetivo que se pretende con este proyecto de ley es el de la calidad y el de la excelencia, nosotros creemos que hay que ser más reformistas, señorías del Grupo Popular, no sé si del centro reformista, pero más reformistas. En consecuencia, las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Vasco intentan avanzar en esta línea de modelo universitario anglosajón. Ya sabemos que no se puede romper completamente con el modelo latino, hasta ahí llegamos, pero sí puede tener más de anglosajón. En esa línea, entendemos que el modelo universitario español necesita mayor flexibilidad, necesita mayor diversidad, necesita mayor pluralidad y necesita mayor modernidad. Nos seguimos preguntando, y esa es la respuesta que quisiéramos obtener hoy, cuando terminamos los trámites de este proyecto de ley, ¿por qué no existe un modelo universitario como el que se propone en ninguna de las universidades más competentes o de más prestigio académico del mundo? ¿Por qué este modelo no es el vigente en ninguna de estas universidades? Ninguna de las universidades de excelencia de nuestro entorno cuenta con un modelo universitario tan rancio, tan encorsetado y tan colegial.
Seguimos sin saber el porqué de la opción de este modelo.
En tercer lugar, siguiendo el esquema con el que he iniciado mi intervención, el Grupo Parlamentario Vasco sostiene dos enmiendas competenciales. La primera se refiere a las comunidades autónomas de régimen foral. El Grupo Parlamentario Vasco sostiene que la tradición foral no está ligada únicamente al fisco, a la hacienda y al bolsillo. En estas enmiendas se significa que esta tradición foral también se entronca en su dimensión cultural y lingüística y que, en consecuencia, debe ser de aplicación en materias de educación en las lenguas oficiales distintas del castellano.
Entrando en la cuarta dimensión de este grupo de enmiendas, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, es necesario introducir en esta ley orgánica la regulación específica que precisa la enseñanza universitaria en lenguas oficiales distintas del castellano. El modelo está redactado sobre una dimensión estrictamente monolingüe.
No existe el profesorado bilingüe o trilingüe en las universidades españolas. Esa es una realidad que el Partido Popular intenta obviar.
Cuando el Partido Popular observa las universidades españolas, está viendo profesores monolingües. Nosotros, cuando observamos esa realidad del profesorado......


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor González de Txabarri, vaya concluyendo por favor.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Comprenderá que es un conjunto de enmiendas muy extenso. Lo intentaré reducir en el tiempo. Gracias.
En nuestra opinión, difícilmente se podrá abordar un modelo universitario único, homogéneo y uniforme cuando la realidad del país y de las propias enseñanzas universitarias es plural, es diversa y además es plurilingüe. El proyecto de ley del Gobierno no contiene ninguna previsión para garantizar los derechos constitucionales de los miembros de las comunidades universitarias bilingües, y creemos que este es un planteamiento grave y miope, que además se agiganta al constatar que tampoco se realiza ningún planteamiento sobre el aprendizaje y el uso de otras lenguas europeas, cuando uno de los principales objetivos que se plantean en el proyecto de ley es la integración en el sistema universitario europeo, una vez que hemos aceptado las

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enmiendas que proponía el Grupo Socialista en relación con el título XIII.
Para terminar, señora presidenta, el proyecto en su actual redacción condiciona terminantemente los derechos y libertades de los ciudadanos que libremente optan por realizar sus estudios universitarios en lenguas distintas del castellano.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le ruego que concluya.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Se potencia el monolingüismo en detrimento del bilingüismo y se ignora que los estudios más especializados se realizan en inglés. Nosotros seguimos insistiendo en que el factor lingüístico es un factor de calidad. El alumno bilingüe o trilingüe está mejor capacitado que el alumno monolingüe, y el profesor que domina varias lenguas está en condiciones de impartir...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor González de Txabarri, le ruego concluya.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Pues concluyo, señora presidenta, pero entenderá que así no se puede debatir un proyecto de ley de esta dimensión y con tantas enmiendas; y comprenderá que si estamos haciendo un esfuerzo serio por hacerlo...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Lo comprendo, señor González de Txabarri, y por eso se ha excedido usted en el tiempo en más de dos minutos, lo entiendo y por eso le ruego concluya ya.
(Rumores y protestas.)

El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Solo le pido, con todo respeto, señora presidenta, que atienda así al resto de los grupos, con esa generosidad.
Muchas gracias. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Sí, procuraré hacerlo. (Rumores y protestas.) Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Buenos días, señorías. Como todo el mundo sabe, esto es un trágala y, evidentemente, a mí también me quitarán la palabra, por eso quiero decirlo al principio. También quiero denunciar la utilización partidista que hace el Gobierno, en el día de hoy, invitando a La Moncloa para una recepción especial a los alumnos participantes en el Aula de verano Ortega y Gasset, organizada por la Universidad Internacional Menéndez y Pelayo, y becada por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, siendo, como ustedes saben, el único requisito para optar a la beca poseer una nota media en el bachillerato superior a 8,5 sobre 10. Esto quiere decir que, curiosamente, invitan ustedes a La Moncloa a los alumnos que tienen los mejores expedientes del país el día en que se debate su reforma universitaria, aunque sinceramente, señora ministra, por mucho que usted quiera bendecir el santo, a este santo no lo va a bendecir en este país ni Dios. (Aplausos.-Protestas.) Dicho esto, hace tan solo tres semanas, en esta Cámara, este Pleno debatió nueve enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica de universidades que el Gobierno había remitido a las Cortes. Todos los grupos enmendantes, entre ellos el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, coincidían en la necesidad de proceder a la reforma de la LRU, a la vista de los cambios experimentados por la sociedad española, de los retos nuevos que se nos plantean y, por supuesto, de las propias insuficiencias que la LRU ha venido demostrando tras cerca de veinte años de vigencia. Sin embargo, ustedes han hurtado el amplio debate social necesario que debería anteponerse a una ley de esta envergadura. Izquierda Unida planteó diversas iniciativas en legislaturas anteriores y la última, señora ministra, el 6 de junio del año 2000, solicitando la creación de una subcomisión, en el seno de la Comisión de Educación, para analizar la reforma universitaria de un modo sereno, de un modo respetuoso, del modo que se merece la sociedad española y la comunidad universitaria. Lejos de aceptar ustedes tal moción, desde el Gobierno se diseña una estrategia de calendario, y no de caracol, a partir del mes de mayo, utilizando los meses de verano e imponiendo plazos para dificultar la articulación de alternativas que pudieran surgir de un debate sosegado y riguroso.
Ustedes han olvidado que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias educativas y que las universidades gozan de autonomía. Lejos de diseñar una ley básica que permitiera un posterior desarrollo por parte de los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas, así como por parte de las propias universidades, el proyecto de ley que usted trae a esta Cámara, señora Del Castillo, es un proyecto centralista, excesivamente reglamentista y, en consecuencia, atenta contra el principio de autonomía universitaria reconocido en nuestra Constitución, olvidando la pluralidad social, lingüística y cultural que convive en el Estado español. No da solución, y si la da es una solución errónea, a los problemas detectados en aplicación de la Ley de Reforma Universitaria. En este sentido, tenemos que reiterar que el proyecto no cuenta con un plan de financiación de las universidades públicas, lo que supone dejar al margen de este debate un asunto central dado el unánime acuerdo existente sobre la insuficiente financiación de la universidad pública para entender los cometidos que tiene encomendados, máxime cuando España, señora ministra -lo sabe usted muy bien-, está muy por debajo de la media europea en gasto público para enseñanza superior y para la investigación. ¡Qué vamos a decir de las becas y ayudas

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a los estudiantes! Hay que denunciar que la ley, tan reglamentista por otra parte en otras cuestiones, no establece procedimiento alguno para asegurar que ningún estudiante quede excluido del sistema universitario por razones económicas a través del sistema de becas. Tampoco se resuelve el problema de acceso ni de la carrera docente del profesorado. Se recorta la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades, se mantiene la incógnita, indefinición o arbitrariedad en el acceso de estudiantes a la universidad y el trato discriminatorio o preferencial a las universidades privadas, y en especial a las de la Iglesia católica.
Rechazadas las enmiendas de devolución, la comisión de Educación ha procedido a estudiar las enmiendas parciales al proyecto. Lejos quedó ese marco idílico que anunciaba en esta Cámara -usted misma, señora del Castillo-, por el que esperaba que, con espíritu abierto, se estudiara el proyecto y sus enmiendas para mejorarlo. La Comisión ha despechado este importante trámite sin que el Grupo Parlamentario Popular haya permitido las comparecencias planteadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida para adquirir mayor conocimiento de causa de la realidad sobre la que se está legislando y dedicando una sesión maratoniana única al estudio de las cerca de 800 enmiendas. Para que lo sepan la Cámara y también las personas que asisten al debate desde la tribuna de invitados, a minuto por enmienda, imposibilitando que se haya producido el necesario debate de aproximación de posiciones para elaborar un dictamen más integrado. Ante la ausencia del debate social que hemos venido demandando junto con amplísimos sectores de la comunidad educativa, esperábamos que la Comisión de Educación hubiera cumplido algún papel respecto al consenso necesario para un tema de tanta transcendencia que no debe estar sometido a vaivenes partidistas o centralistas, sino que debe tener un consenso de Estado que le garantice apoyo y vigencia. Como dicen los geólogos, señora ministra, en la naturaleza, para conseguir buenos cristales, hace falta espacio, tiempo y reposo.
A falta de estas condiciones, un buen caldo de cultivo puede transformarse en un precipitado turbio.
El dictamen que ha elaborado la Comisión, fruto de la precipitación y de la ausencia de un verdadero debate, introduce sobre el texto inicial diversas lagunas que, a nuestro entender, no sólo no mejoran globalmente el texto, sino que, claramente, lo empeoran. Algunas de estas modificaciones abordan omisiones o lapsus importantes que tuvo el Gobierno a la hora de traer este proyecto a la Cámara: El nuevo título XIII trata sobre el espacio europeo de la enseñanza superior- se olvidan ustedes de que estamos en el marco europeo-. Las nuevas enmiendas adicionales versan sobre el acceso de mayores de 25 años y titulados de formación profesional. También olvidan alegremente la integración de discapacitados. Otros ejemplos son: la estructura de los consejos de departamento, artículo 19, señora ministra, el reconocer como criterio relevante al evaluar la dedicación docente, artículo 33.4, etcétera, etcétera; el etcétera podría durar hasta que la señora presidenta me quitara la palabra.
Respecto a la regulación del consejo social, han sido tantos los vaivenes que en este apartado ha dado el Gobierno que, finalmente, el dictamen ofrece una fórmula que se contradice entre lo que se indica en la exposición de motivos y lo que se ha incluido en el artículo 14.3, que da cabida a una mínima representación de la comunidad universitaria en dicho órgano. En esta misma línea de sinsentidos queda sin asegurar la presencia del presidente del consejo social en el consejo de gobierno. (Pido perdón a las estenotipistas, pero la urgencia me hace ir a esta velocidad.) Esperamos que este tipo de olvidos y chapuzas derivadas del procedimiento que se nos ha impuesto se corrijan a partir de mi humilde intervención, señora ministra.
Se suprime el artículo 43.3 sobre política de becas, ayudas y créditos, sin que se incluya en ningún otro sitio del texto de la ley. ¿Acaso piensa en Partido Popular que no se debe instrumentar una política con objeto de que nadie quede excluido del estudio en la universidad por razones económicas? Pues díganlo con claridad y déjense de hacer declaraciones desmintiendo lo que dicen cada día en las comisiones y en las ponencias. ¿Es otro olvido, es otra chapuza o se trata sencillamente de un lapsus freudiano o de un cinismo político de calado que yo no me atrevería ni a calificar? Desaparece el artículo 70.4, señora ministra, que establecía la necesidad de que la relación de puestos de trabajo fuese coherente con las expectativas de realización de una carrera docente, incentivo básico para el profesorado de una universidad pública. Desaparece el requisito de habilitación para un 25 por ciento del profesorado de las universidades privadas, sustituyéndolo por un simple requisito académico, el doctorado (artículo 72.2). Frente a esto Izquierda Unida ha mantenido siempre que las universidades privadas deben cumplir los mismos requisitos que las públicas. Abundando en esta posición de facilitar el máximo funcionamiento de las universidades privadas, abren la posibilidad -modificación de la disposición adicional decimonovena- para utilizar denominaciones propias de los cuerpos docentes universitarios, lo que indudablemente abre la vía a que puedan autodenominarse profesores titulares o catedráticos sin haber realizado ninguna prueba para ello, creando manifiesta confusión y en clara contradicción con lo que, sin embargo, usted le va a plantear al alumnado, que son 12.000 pruebas para llegar a la universidad mientras la carrera docente en las universidades públicas sigue una sinuosa carretera de montaña plagada de obstáculos. Desde este proyecto se pone a disposición de las universidades privadas pistas rápidas para circular a toda velocidad.
Se suprime el punto 2 de la disposición transitoria segunda, se da en consecuencia marcha atrás en la

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necesidad de proceder a convocar elecciones a rector en el plazo de seis meses, se reconoce así la legitimidad de los rectores actuales para dirigir el proceso de elección del nuevo claustro para la elaboración de estatutos con arreglo a la nueva ley. La legitimidad que ahora se reconoce a los rectores se niega a los claustros, que perfectamente podían tener encomendada la función de elaborar los nuevos estatutos. Resulta sintomático otorgarle legitimidad al rector, órgano unipersonal, y negárselo al claustro, órgano colegiado representativo de la comunidad universitaria, cuando este fue quien eligió a aquél a tenor en lo dispuesto en la ley que usted viene aquí a reformar, en la LRU. ¿Esta es la manera que tienen ustedes, señoras y señores del Grupo Popular, de entender la democracia? Se elimina también el plazo de seis meses que se había dejado en la disposición transitoria octava punto 1 para poder realizar accesos a cuerpos de funcionarios según la LRU. Con ello, en la práctica quedan paralizados los concursos de acceso hasta que se desarrollen todas las previsiones que exige el nuevo sistema, desde las que tenga que tomar el Gobierno y comunidades autónomas hasta las que deben establecer los estatutos de cada universidad. Esta medida compromete evidentemente la realización de los acuerdos de estabilización de plantillas que fueron suscritos en su día por el anterior ministro y hoy vicepresidente del Gobierno, señor Rajoy, y cuya vigencia temporal se mantiene aún viva. En las comisiones del consejo de coordinación universitaria se establece un alejamiento entre las de coordinación y la académica al establecer que los rectores no pueden acudir a la primera ni los responsables de la enseñanza a la segunda, impidiendo por tanto incorporar una perspectiva que en ambos casos sería sin duda desde nuestro punto de vista enriquecedora.
El dictamen de la Comisión empeora ...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, señora diputada.


La señora DE CASTRO FONSECA: Ya me lo temía. Sobre las enmiendas no incorporadas a la.... Bueno, para acabar, porque no estoy dispuesta a ponerme más nerviosa (Risas.) -llevamos con este trágala mucho tiempo y con mucho estrés en el cuerpo-, le quiero decir únicamente una cosa para que lo sepa todo el mundo. El dictamen ha sido generoso con las enmiendas de Convergència i Unió, con las suyas, con las de Coalición Canaria y con las demás han aplicado el rodillo más vil -el cien por cien de las del PP, el 70 por ciento y el 50 por ciento de los demás citados han sido admitidas-.
Con independencia, señorías, del previsible resultado de la votación del dictamen queremos hacer una llamada de atención respecto al debate en el Senado porque seguimos siendo optimistas y aún ustedes pueden reflexionar. Todavía estamos a tiempo a escuchar las voces de la sociedad, señora ministra, que está reclamando al Parlamento y especialmente al partido mayoritario, a su partido, al partido que sustenta al Gobierno, al Partido Popular un esfuerzo en la búsqueda del consenso para lograr una ley más sintonizada con lo que la universidad y la sociedad hoy están demandando. Anunciamos desde esta tribuna que Izquierda Unida va a combatir esta ley con uñas y dientes, que apoyaremos todas las movilizaciones sociales de la comunidad educativa y también todas aquellas que se produzcan en el seno de la sociedad. En ese sentido hoy estaremos presentes a las 12 de la mañana -porque aquí realmente vamos a servir para poco, excepto para votar- en las movilizaciones convocadas delante del Ministerio de Educación y los días 7 y 14 Izquierda Unida estará en la calle porque esta es la ley del Partido Popular, no la ley que necesita la sociedad española.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Para la defensa de las enmiendas, por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, la verdad es que llegamos hoy a este debate con mucho ruido de fondo, mucho ruido externo, ruido real y ruido político; ruido de manifestaciones y protestas en la calle muchas de las cuales nos parecen perfectamente legítimas y compartimos en alguno de sus extremos; ruido que en unos casos nace estrictamente de la demagogia, en otros de la ignorancia de la realidad de lo que hoy se va a someter a votación y en algunos -lamentamos decirlo, aunque también lo podamos respetar- de la pura y simple estrategia política de algún grupo parlamentario. (Rumores.) Conviene clarificar las cosas para que al menos en esta Cámara - no sé si conseguiremos hacer llegar esa clarificación a la sociedad- sepamos de qué estamos hablando, qué es lo que vamos a votar y en qué contexto lo vamos a hacer. En primer lugar, recordaré una obviedad que conviene recordar -porque parece que algunos lo olvidan cada vez que se somete a votación algo en esta Cámara-, y es que hay un grupo parlamentario que obtuvo mayoría absoluta en las últimas elecciones que tiene perfecta capacidad y legitimidad democrática para aprobar cualquier ley orgánica con sus votos exclusivamente, en aplicación de su programa electoral. Eso es democracia, es el sistema que entre todos nos hemos dado y es un dato que conviene tener presente entre todos. Habrá ley universitaria si el Grupo Popular decide que la haya. Lo que vamos a discutir es el contenido de esa ley, no si la hay o no. En segundo lugar, existe una gran cantidad de voces en contra de ese proyecto de ley en este momento. Se trata de unas voces en contra que suponen tantas alternativas o respuestas como

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voces se escuchan. Me interesa repetir, como lo hice en el debate de totalidad, que no hay una alternativa a lo que hoy se va a someter a votación; ni la hay entre todos los grupos de la Cámara que van a oponerse a este texto, ni la hay entre los distintos sindicatos que se han opuesto a este texto, ni entre las distintas asociaciones de estudiantes que se oponen a este texto, ni siquiera entre los distintos rectores que están protestando por este texto, que es lo que ha imposibilitado que la CRUE (Conferencia de Rectores) llegara a aprobar ni una sola propuesta positiva alternativa al texto que hoy se somete a votación. Hay infinitos o gran cantidad de elementos de discrepancia por parte de todos. No hay ni un solo punto en el que todos los que protestan estén de acuerdo; es muy importante subrayarlo cuando estamos hablando de legislar y no de un debate de cafetería.
Finalmente hay -me importa decirlo también- un discurso por parte del Grupo Socialista que pretende presentar a la sociedad un texto alternativo, que este grupo se ha ocupado mucho de esconder en sus discusiones y presentaciones a la sociedad, que podría recibir exactamente las mismas críticas en algunos puntos que merece el texto que hoy se va a someter a votación. Cuando se está discutiendo la habilitación no se está discutiendo su puro aspecto procedimental, sino -especialmente en Cataluña- la necesidad de pasar un filtro previo al acceso a la función pública en cada una de las universidades. Ese filtro previo también lo impone el Grupo Parlamentario Socialista en su texto, filtro previo que sería la acreditación, distinto de la habilitación y probablemente mucho más oscuro. Se critica también del texto de hoy la desregulación en la que va a quedar el espacio europeo de enseñanza superior. La realidad es que este texto no prevé los cambios que se van a producir en Europa, y cuando a muy corto plazo en Europa se evolucione hacia un espacio europeo de enseñanza superior, el Gobierno podrá, vía decreto, modificarlo. Esa es una crítica válida y que este portavoz ha escuchado de boca de todos y cada uno de los rectores de las universidades catalanas.
Lo que el Grupo Socialista no ha tenido ningún interés en explicar es que esa es también su propuesta. Por tanto, esa crítica, si es legítima, tiene que dirigirse no sólo al texto que se somete a votación hoy sino también al texto alternativo del Grupo Socialista porque dice exactamente lo mismo en ese punto. ¿Existen razones contrarias a la votación de esta ley? Por supuesto que sí. La primera de ellas -comparto en este punto lo que han dicho el resto de portavoces- es el lamentable proceso de tramitación parlamentaria a que esta ley se ha visto sometida y de la que espero que no se haga cómplice la presidencia de la Cámara en el debate de hoy; una tramitación acelerada que no se justifica por ninguna razón de urgencia, que ha recortado los derechos de los grupos parlamentarios y que ha tensionado innecesariamente a la sociedad. Eso es cierto y lo denunciamos desde esta tribuna. Es una ley que contiene reglas excesivamente intervencionistas como tantas otras leyes básicas, como empieza a ser habitual, que se extienden mucho más allá de lo que tendría que ser el ámbito básico. Ciertamente es una ley con la cual tenemos discrepancias serias en algunos de sus aspectos, muy particularmente en el modelo de habilitación que establece. Es una ley a la que le faltan muchas cosas, que se queda corta para regular la universidad en el año 2001 si pretende tener una cierta estabilidad a principios del siglo XXI. Es cierto que esta ley, lo diremos muy alto y muy claro, contiene elementos muy positivos. En primer lugar, tenemos la sensación, errónea o no en función de los documentos, reuniones de trabajo, etcétera mantenidas con todos los grupos sociales, de que existe unanimidad en que la Ley de Reforma Universitaria tiene que ser modificada y eso debe hacerse porque ha quedado obsoleta en muchos aspectos. En segundo lugar -también me interesa decirlo muy alto y muy claro-, la ley que hoy se vota, no el anteproyecto de ley que elaboró el Gobierno en su momento, ni siquiera la ley que entró en esta Cámara como proyecto de ley; repito, la ley que hoy se vota, después de la introducción de enmiendas de varios grupos parlamentarios y fundamentalmente en este punto del nuestro, no sólo respeta las competencias de las comunidades autónomas sino que clarifica y perfecciona el marco autonómico mucho más allá que el derecho vigente. Clarifica perfectamente las competencias autonómicas. Mi grupo entiende después de un profundo estudio que han quedado desactivadas en su inmensa mayoría, por no decir en su totalidad, las críticas en muchos casos fundadas que se contenían en un bien publicitado dictamen que se elaboró a iniciativa de los rectores de universidades catalanas por parte de varios catedráticos de derecho constitucional. Esas críticas en lo que tuvieron de válidas lo tenían respecto del proyecto de ley, no lo tienen respecto de lo que hoy se va a someter a votación, que es un texto distinto.
La ley que se va a someter a votación va a permitir la elaboración en el caso de Cataluña, y evidentemente en el de las comunidades autónomas que tienen estas competencias, de una ley universitaria catalana que en el marco de las competencias de la Generalitat, que son muchas (estatutarias y bien clarificadas por esta ley orgánica), desarrollará todo aquello que es de su competencia en el ámbito autonómico. El marco para llevar a cabo esa ley universitaria catalana es mucho más claro de lo que hubiera sido antes de la aplicación de esta ley. Esta ley clarifica con toda nitidez la capacidad de la Generalitat de Cataluña y de las demás comunidades autónomas y gobiernos autónomos con competencias universitarias para desarrollar políticas de calidad en el ámbito universitario, para mantener agencias de control de la calidad y para fiscalizar e impulsar la calidad de las universidades en su territorio. Esta ley clarifica que toda la normativa que establece el Estado esnormativa básica, que será desarrollada después por las

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comunidades autónomas. Esta ley fija por primera vez en muchos años (cierto es, siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional, pero saben ustedes que el propio Constitucional se puede interpretar de muchas maneras) un marco válido, jurídicamente correcto y constitucionalmente perfectamente admisible de desarrollo competencial en el ámbito de becas, que reparte perfectamente y con nitidez las competencias del Estado central y de las comunidades autónomas en el ámbito de las becas. Esta ley fija por vez primera un marco jurídico claro y estable que da seguridad jurídica a la enseñanza virtual en España y a aquellas instituciones universitarias que desarrollen, ya sea como complemento de la enseñanza presencial, ya sea con carácter exclusivo, la enseñanza virtual. Eso no existía y eso existe hoy.
Esta ley establece un modelo de carrera docente paralelo al funcionarial, algo por lo que mi grupo parlamentario y muchos otros grupos desde el principio de la transición han venido clamando, la posibilidad de que exista una carrera docente paralela a la funcionarial. Aunque hoy por hoy -someteremos a votación dos enmiendas que nos quedan en ese ámbito- se impide todavía que el profesor contratado o doctor tenga cargos de responsabilidad, salvo eso, como tal carrera docente, esta ley establece la posibilidad de contratos laborales indefinidos, no temporales, como decía el Grupo Socialista, que pueden afectar al 49 por ciento del profesorado docente e investigador en el ámbito universitario. Esa es una reclamación que viene de muy lejos del Grupo Parlamentario Catalán y que hoy queda reflejada perfectamente en este texto. Esta ley establece algunas mejoras en la autonomía universitaria, menos de las que algunos querríamos, pero algunas que se han obtenido fruto de la iniciativa de nuestro grupo: en el ámbito de la creación y supresión de departamentos, donde se remitía a la autorización de la comunidad autónoma, o también en lo que es el funcionamiento del consejo de coordinación universitaria, o también se establece una mejora en la descentralización de ese proceso, que ya de por sí no nos gusta, que es la habilitación. Esta ley mantiene efectivamente la posibilidad de que el Estado pueda crear universidades en las comunidades autónomas, y eso es algo que no nos gusta y es una de las enmiendas que mantenemos pendientes.
Termino. Nuestro grupo parlamentario tenía una responsabilidad como grupo político, y como tal la va a ejercer. Podíamos haber hecho como otros -y no me refiero en este caso tanto a grupos políticos, aunque en alguno también-: protestar, atacar, destruir, impugnar, criticar, sin aportar ni una sola propuesta positiva de sustitución. (Rumores y protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) No se den por aludidos, señorías, ustedes verán por qué se dan por aludidos.
La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Guardans, le ruego concluya.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino, señora presidenta.
Les aseguro que políticamente para mi grupo parlamentario eso hubiera sido tremendamente rentable, y lo saben ustedes perfectamente, mucho mejor que yo. Podíamos haber hecho, y en este caso sí les ruego que se den por aludidos, como ha hecho en muchas ocasiones en este último debate el Grupo Parlamentario Socialista: introducir aquí un grupo de tensión, cogiendo como rehén la política educativa para disimular la incapacidad de hacer oposición en otros ámbitos o los acuerdos que ya tienen (Rumores.), que le impiden hacer oposición en otros ámbitos, y decidir que toda la oposición que realiza al Gobierno se va a concentrar sin excepción en el ámbito educativo para disimular los acuerdos que puede tener con el grupo mayoritario en tantos otros ámbitos. (Rumores y protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, le ruego concluya.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Termino en treinta segundos, señora presidenta.
Si además eso le sirve al Grupo Parlamentario Socialista para hacer política catalana desde Madrid, dos pájaros matados de un tiro.
(Rumores.) Mi grupo parlamentario ha preferido asumir la realidad parlamentaria de esta Cámara y las mayorías que tiene en lugar de limitarse a protestar desde la barrera ganándose quizá la simpatía de unos y otros, habiéndose sumado a esa protesta, que en muchos casos -insisto- nos parece legítima; hemos preferido aportar aquello que hemos podido aportar; mejorar donde ha sido posible el texto, tanto en fase de tramitación de enmiendas como en negociaciones previas; salvaguardar con toda nitidez y rotundidad las competencias autonómicas y mejorar en muchos aspectos el texto de la ley. Eso evidentemente, señorías, en un régimen parlamentario no se hace a cambio de nada, se hace a cambio del compromiso político valiente, y ese compromiso es el que dará nuestro grupo votando afirmativamente hoy este proyecto de ley. (Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, para la defensa de las enmiendas, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, le ruego, por favor, que tenga usted la misma generosidad con el tiempo que la que acaba de tener con el interviniente que me ha precedido en el uso de la palabra.


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Señora presidenta, señoras y señores diputados, señora ministra de Educación, subo a esta tribuna para hacer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista una primera intervención de carácter general sobre el proyecto de ley orgánica de universidades que hoy culmina su acelerada tramitación en esta Cámara. No tengo más remedio que empezar por comentar brevemente justamente eso, señorías: el proceso de tramitación. La mayoría absoluta del Partido Popular le ha impuesto a la universidad española un calendario sumarísimo que supone un agravio, tanto al Parlamento español, sede la soberanía popular, como a la universidad española. Ni nuestra ciudadanía ni nuestra universidad merecen un trato semejante, porque este Pleno tiene que ser consciente de que hemos dedicado doce horas en una sola sesión para discutir alrededor de 800 enmiendas. Como ya les han comentado el cálculo es muy sencillo, el debate se ha saldado a un minuto por enmienda. Ese es para el Gobierno del Partido Popular y para el grupo mayoritario el tiempo máximo que le podemos dedicar en esta Cámara al debate de una ley que va a regular el futuro de nuestra mayor empresa de pensamiento y de formación: la universidad española. La pregunta que querría dejar hoy en esta Cámara es muy sencilla. ¿De verdad, señorías, creen que una ley, la LRU, que ha estado en vigor durante dieciocho años, no podía haber permanecido en vigor tres meses más, para haber debatido a fondo aquí, en el Parlamento, y con la comunidad académica una norma tan trascendente para la universidad española? (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Señorías, estamos sinceramente cansados de oír a la ministra y a los portavoces del Grupo Popular comparar la tramitación de esta ley con la de la Ley de Reforma Universitaria en 1983. Saben SS.SS. que la urgencia de la LRU venía dictada por una razón de sentido común. La universidad española vivía pura y sencillamente en la alegalidad: rectores provisionales, claustros provisionales, provisionales también muchos planes de estudio, títulos que esperaban ser homologados desde hacía años. La universidad fue, señorías, la última gran institución del Estado en acomodarse a la Constitución española.
Esas eran las razones de la urgencia, y en todo caso fíjense ustedes en lo que les voy a decir. Si eso fuera cierto, si como ustedes dicen, se hizo mal, ¿creen de verdad que es un argumento sólido que porque se hizo mal ustedes lo van a hacer peor? A continuación me pregunto en voz alta: ¿Por qué estas prisas? ¿Por qué de manera indefectible había que traer este texto a aprobación el día de hoy? Se lo voy a decir, porque el Gobierno es consciente de que esta es una ley que está provocando el rechazo frontal en la universidad española y quiere sacar la ley de este Parlamento antes de que la universidad despierte y exprese públicamente su rechazo a una normativa impuesta, retrógrada, centralista y reaccionaria. Esa es la única razón para estas prisas dictadas desde la desconfianza y desde el resentimiento.
Señorías, el actual secretario de Estado de Educación le dijo a algunos rectores de universidades de Cataluña lo que para el Grupo Parlamentario Socialista explica lo que ha sucedido en la Universidad española durante estos últimos tres meses: ¿Por qué si tenemos mayoría social no tenemos mayoría de rectores del Partido Popular en las universidades públicas? Eso le preguntaba el secretario a los rectores. Ese es el sentido que para el actual Ministerio de Educación tiene esta ley: conseguir una mayoría política en el Consejo de Rectores, pero, señores del Gobierno, señora ministra, usted se equivoca. Sí que hay rectores conservadores en la universidad española, lo que sucede -eso es lo que usted no ha comprendido- es que antes que conservadores o progresistas los rectores son representantes de la comunidad universitaria y como tal se han expresado durante todo este proceso. Eso es lo que aún no han comprendido ustedes: lo que significa representar a la universidad española.
Las enmiendas socialistas, que derivan del proyecto alternativo que defendí en esta tribuna hace pocas semanas, van en la dirección de corregir la desconfianza, impedir el recorte de la autonomía, evitar las rigideces y constreñimientos, salvar la burocratización y las dificultades de gestión que su ley implica y, finalmente, garantizar la financiación para la universidad y el sistema general de becas. El Grupo Parlamentario Socialista a través de estas enmiendas quiere poner fin a la práctica que empieza a ser ya habitual en el Ministerio de Educación, según la cual el ministerio legisla y las comunidades autónomas pagan. Quien cambia las reglas del juego debe procurar la financiación necesaria para que esas leyes se puedan aplicar. Detrás de nuestras enmiendas existe un texto alternativo, un modelo alternativo al del Gobierno, le guste o no al señor Guardans; un modelo alternativo. Señor Guardans, no voy a perder ni un minuto en discutir con usted un modelo alternativo de universidad porque su intervención aquí no tiene nada que ver con la universidad ni con las enmiendas rechazadas o aprobadas. Su intervención aquí, su sí a esta ley sólo tiene que ver con su debilidad política en Cataluña.
(Aplausos.-Varios señores diputados: Muy bien.) Eso le impide a usted absolutamente no sólo hacer oposición, sino incluso hacer política.
Como les decía, detrás de nuestras enmiendas existe un texto alternativo al del Gobierno, muy distinto; distintos son sus presupuestos de partida, distintas las soluciones que se aportan para resolver los problemas y distintas las prioridades. Los socialistas queremos que haya más universitarios, queremos que la actividad de aprender, también en la universidad, deje de estar ligada a una determinada edad y se extienda durante toda la vida. Por eso, al contrario de lo que propone el Gobierno, con nuestras enmiendas pretendemos abrir nuevas vías de acceso a la universidad. Queremos

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universidades innovadoras, capaces de crear nuevas enseñanzas, de organizarse de acuerdo con las nuevas necesidades y con los nuevos retos. Por eso en nuestras enmiendas incrementamos la autonomía universitaria, al contrario de lo que hace el texto del Gobierno, que reduce la capacidad de autoorganización de nuestras universidades.
Los socialistas queremos universidades eficaces y bien gestionadas, por lo que proponemos simplificar los mecanismos para le gestión universitaria, al contrario de lo que hace el texto del Gobierno, que añade estructuras y suma burocracia. Los socialistas queremos perfeccionar el control social, por eso en nuestras enmiendas reforzamos el consejo social y su eficacia, también al contrario de lo que hace el texto del Gobierno.
Los socialistas queremos facilitar la movilidad y la calidad en los procesos de selección de los profesores universitarios, por eso proponemos que la universidad seleccione a sus propios profesores entre doctores con méritos docentes e investigadores acreditados, a diferencia del texto del Gobierno en el que las universidades deben elegir entre profesores previamente seleccionados. Los socialistas queremos una universidad que enseñe porque investiga, por eso en nuestras enmiendas vinculamos la investigación universitaria al sistema de ciencia y tecnología español. Los socialistas queremos una universidad de más calidad, por eso proponemos la creación de una agencia independiente del Gobierno para evaluar y estimular la calidad y queremos establecer un periodo de 10 años para que el gasto por estudiante se homologue al de las universidades europeas. Los socialistas queremos garantizar la igualdad de oportunidades, por eso nos fijamos un objetivo: que en el plazo de 10 años cuatro de cada diez universitarios estudien con una beca. El Gobierno olvida los recursos financieros para las universidades y para las becas.
Finalmente, los socialistas deseamos que el proceso de adaptación de la realidad universitaria actual a las previsiones de la nueva ley se realice por las propias universidades, respetando su autonomía y la legitimidad de los órganos elegidos democráticamente por la comunidad universitaria, porque, aunque el Gobierno y el grupo mayoritario en esta Cámara no lo quieran reconocer, la universidad española no estrenará autonomía en el año 2001 ni estrenará democracia tras la aprobación de esta ley. Les gustará más o menos, estarán más o menos de acuerdo con lo que piensan los actuales responsables académicos, pero para el bien de la educación universitaria de nuestro país, la universidad española ha gozado ya de más de 18 años de autonomía frente al poder político.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista ha planteado ante esta Cámara sus propuestas para reformar la universidad española. Lo hemos hecho conscientes de la importancia que tiene la universidad en el desarrollo de la sociedad del conocimiento en España. Los países más avanzados del mundo saben que nunca en la historia de nuestra civilización la enseñanza, la investigación y la innovación han tenido tanta trascendencia, porque los avances sociales y económicos en nuestro país van a estar directamente ligados en el futuro a lo que seamos capaces de crear, de innovar y de enseñar a las generaciones venideras. Por todo ello, acertar en la reforma de la universidad es casi una necesidad imprescindible, pero la historia nos ha enseñado que la universidad nunca se ha podido reformar desde fuera de las aulas y desde fuera de los claustros. Las reformas han culminado con éxito cuando la propia universidad las ha asumido y protagonizado finalmente.
Quiero terminar expresando el rechazo de mi grupo parlamentario a una ley que se ha hecho de espaldas a quienes deben desarrollarla y aplicarla y que, por lo tanto, son fundamentales en su éxito o en su fracaso: las comunidades autónomas y las propias universidades. El rechazo a una ley que ni soluciona los actuales problemas de la universidad española ni la preparan para afrontar los retos de futuro. El rechazo a un texto que se ha elaborado agraviando al Parlamento y a la propia universidad española, lo que no es de justicia, porque la universidad española merece nuestra confianza.
Los últimos 20 años, señora ministra, son una buena prueba de ello.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Chacón.
En turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, señora ministra, señoras y señores diputados, en la mañana de hoy este grupo parlamentario ha oído algunas cosas muy pintorescas: desde un diputado que se ha subido a esta tribuna y ha definido la universidad como una fábrica de intelectuales, siguiendo por las manifestaciones efectuadas en la defensa de varias enmiendas por la representante de Izquierda Unida -y siento que no esté en este momento- en las que ha mezclado todo, diciendo algunas frases que son intolerables en un ámbito académico y en un ámbito parlamentario. No quería dejar pasar esto. Entro en los temas concretos.
En primer lugar, quiero agradecerle al representante del PNV la forma de expresarse, a pesar de las divergencias que se pusieron de manifiesto en la Comisión. Quiero indicarle, y así se ha manifestado también un representante de un partido de una comunidad autónoma importante, de Convergencia i Unió, que esta ley no es centralista.
Esta ley respeta las competencias de las comunidades autónomas -como no podía ser de otra forma- estableciendo el régimen jurídico del personal contratado, que se ve reforzado por un incremento de personal que, como sabe S.S., pasa del 20 al 49 porciento. Con esto enlazo con el modelo de universidad

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que defendía el PNV, prácticamente imposible de aplicar en su totalidad en España. Hemos hablado varias veces del sistema anglosajón y del sistema latino, y yo dije en mi primera intervención en este Pleno sobre el tema de universidades que íbamos a un sistema mixto y que avanzábamos respecto a la LRU. Me reconocerá, señor González de Txabarri, que esto es así. No puedo entrar en algunas de las enmiendas, sobre todo en las números 40, 46, 47, etcétera, por falta de tiempo, pero de verdad, señor González de Txabarri, según el dictamen del Consejo de Estado y con las enmiendas que se han introducido en Comisión, el proyecto de ley no atenta en absoluto a las competencias de la comunidad autónoma. Dice S.S. que es una riqueza para los alumnos el ser bilingües o trilingües de lenguas del Estado español y de lenguas extranjeras, estamos totalmente de acuerdo.
En cuanto a la representante de Izquierda Unida, primero, no está en el Pleno y, segundo, creo que ha hecho un totum revolutum que no venía a cuento. Si ella cree que sus diputados y sus parlamentarios deben estar al frente de las manifestaciones, yo entiendo que los parlamentarios lo que deben estar es al frente de defender sus enmiendas y en su escaño cuando se está debatiendo una ley importante, pero allá cada uno en estos momentos.
A la representante de Coalición Canaria le agradezco su tono.
Efectivamente, señora Julios, hemos llegado a acuerdos en la mayoría de las enmiendas. Nos quedan nada más la 346 y 349. Como muy bien ha dicho S.S., la 346 está mejor redactada dentro del artículo 3, párrafo 4. En lo que respecta a la 349, en donde pide cinco años en vez de tres, son tres años cuando venza el contrato correspondiente.
Creo que hemos dado un paso muy importante, y aquí se ha dicho anteriormente, que son los contratos laborales por tiempo indefinido, algo que pedían los sindicatos. Quiero subrayar aquí que desde el primer momento el Gobierno y la señora ministra así lo hicieron saber a los representantes de los sindicatos. Era algo que se pedía desde hace muchísimo tiempo y no comprendo cómo la representante del Grupo Socialista no lo ha considerado positivo.
Señor Guardans, no coincido al cien por cien, como es lógico, y S.S.
no coincidirá al cien por cien con nuestra posición, pero le agradezco, primero, el tono, y segundo, lo positivo que ha sido el decir cómo entró la ley y cómo después de muchísimas reuniones y muchísimo trabajo en común hemos incluido unas enmiendas en el dictamen de la Comisión, por ejemplo, en el artículo 45, de becas, puesto que cuando se redactó todavía desconocíamos la sentencia del Tribunal Constitucional. Reitero, señor Guardans, que esa es la gran posibilidad, en ésta y en otras leyes, de estudiarlas a fondo, de hacer las enmiendas que se correspondan y entre todos sacar las máximas posibilidades de la ley. Reconozco además, como han dicho todos los grupos, la necesidad de modificación de la LRU, que tenía partes buenas y partes no tan buenas, que llevaba 18 años en vigor y que había que modificar.
Quiero hacer referencia a la representante del PSOE. Señora Chacón, ni retrógrada ni centralista ni reaccionaria. O no se ha leído bien la ley o realmente se ha expresado mal, porque la ley no contiene nada en absoluto de estos calificativos. Además, algunas partes de la ley están exactamente igual que la LRU, pero le voy a hacer mención de algunas de las enmiendas que usted ha defendido. Por cierto, ha visto que yo no me he dirigido a los otros grupos respecto de la prisa en la tramitación, pero se lo tengo que volver a repetir. En verano, cuando presidía esta Cámara el señor Peces-Barba -en cuyas manifestaciones no quiero entrar por respeto y por la amistad que le tengo desde hace muchos años-, se hizo la LRU, en los meses de julio y agosto, que se habilitaron, es decir, en plena vacaciones y además por el procedimiento de urgencia declarado por el Gobierno.
(Aplausos.) No me diga S.S. que fue porque la que estaba vigente era la de 1970; más importantes -y eran leyes franquistas- eran la de Enjuiciamiento Civil y la de Enjuiciamiento Criminal, y no se trajeron con nocturnidad, en verano y en dos meses. Creo que lo mejor es que pasemos ese tema, señoría. Este proyecto vino el 31 de julio y hemos tenido tiempo; estoy de acuerdo con usted en que, en vez de 14 horas un día, podríamos haber estado dos, pero se discutieron todas y cada una de las enmiendas en Comisión, y S.S. lo sabe porque estuvimos hasta las 4 de la mañana. En ese momento no eran ya 800, sino 700, porque habíamos admitido gran parte en la ponencia.
Respecto de las comunidades autónomas, tengo algo que decirles.
Incluyen ustedes unas enmiendas en las que se elimina la iniciativa de las comunidades autónomas para la creación, modificación y supresión de centros en las universidades de acuerdo con el consejo social. Se regula de forma exhaustiva la composición del consejo social, dejando poco margen de maniobra a las comunidades autónomas.
Además, no se respetan las competencias y ámbitos de actuación de las agencias de calidad de las comunidades autónomas, presentando un modelo totalmente centralista.
En cuanto a la financiación -se lo volveré a repetir- esta ley lleva una memoria económica con 2.000 millones de pesetas para cubrir las necesidades: las habilitaciones y la agencia nacional. Y no lo pagan las comunidades, como usted dice, lo pagamos todos los españoles, unas veces a través de los impuestos que pagamos a las comunidades y otras a través de lo que pagamos al Estado. Además -y le voy a repetir lo que ya le dije-, hay un acuerdo de financiación con las comunidades autónomas, que han firmado todas ellas, las gobernadas por ustedes, las gobernadas por CiU, las gobernadas por el Partido Popular, etcétera. Por medio de él se han elevado las cifras que recibe cada comunidad, y ahora es responsabilidad de ellas destinar el porcentajeque crean conveniente a educación. Pregunte el

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porcentaje que destina a la educación la Comunidad Autónoma de Andalucía, señora Chacón, y vea usted lo que destina Castilla y León, La Rioja u otras comunidades; ahí es donde hay que hacer el esfuerzo, en el porcentaje que cada una de las comunidades dedique a la financiación.
Se ha olvidado completamente de la investigación, señoría, o yo no le he oído mencionarlo. Ante la importancia que ha adquirido la investigación en el sistema universitario durante los últimos años, el proyecto de ley apuesta por el reconocimiento de esta actividad.
Se crea la figura del profesor contratado, que pueda tener funciones básicamente investigadoras. Se posibilita que las universidades creen estructuras dedicadas a la investigación. Se prevé la creación de estructuras mixtas de investigación. Por fin, se define la actividad investigadora como criterio relevante para el desarrollo de la actividad profesional con efectos retributivos.
Por último, quiero aclarar algo a muchos estudiantes, a parte de los cuales me dirigí el otro día en una manifestación -pequeña, por cierto-, preguntándoles: ¿por qué no estáis de acuerdo con la ley? Uno de ellos me contestó: es que ahora nos van a exigir mucho más para entrar en la universidad -ahora no me refiero a la señora Chacón, ya no es estudiante, aunque el señor Ollero le decía que era muy joven-. Yo le indiqué: eso no es cierto. Aquí, para el ingreso en la universidad, no se exige más que el título de bachiller o de formación profesional de grado superior, dejando aparte la posibilidad para mayores de 25 años. El sistema actual de selectividad -que, al parecer, siguen ustedes defendiendo- de la Ley 30/1974 va en contra del Convenio de Lisboa y de los sistemas generales europeos. La forma de selección del alumnado que contempla el proyecto presentado por el Gobierno ha sido defendida por el Consejo de Universidades en el informe de 1995 y, más recientemente, durante la tramitación del Real Decreto 1640/1999, sobre pruebas de acceso a estudios universitarios. El proyecto de ley se limita a establecer como único requisito para el acceso a la universidad la posesión del título de bachiller o equivalente. Vuelvo a poner un ejemplo, en estos momentos en que nuestros estudiantes se moverán y estudiarán por toda Europa: el bac francés, que es un examen difícil, no sirve para estudiar en la universidad española, hay que hacer la selectividad. Lo que queremos, y proponemos en esta ley, es que se tenga únicamente el título de bachiller, como se exige en los 15 países de la Unión Europea. Ya hablaremos más adelante para el título...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Perdón, señor Guerra; ya ha consumido su tiempo, debe ir terminando.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Perdón, señora presidenta.
Finalizo, señorías. Creo que esta ley es un paso positivo, respeta las competencias de las comunidades autónomas y termino subrayando que elevará la calidad de nuestra universidad mediante la habilitación, va a propugnar la movilización de estudiantes y de profesores y, en definitiva, será favorable para el conjunto de la sociedad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Guerra.
Señorías, pasamos a continuación al debate de las enmiendas relativas al título III, del gobierno y representación de las universidades.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra, en primer lugar, el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, Esquerra Republicana de Catalunya ha presentado 25 enmiendas a esta ley, con la seguridad de que perfectamente podrían ser el triple, aunque hemos hecho un esfuerzo para ceñirnos a lo fundamental. En primer lugar, huelga decir que esta es una ley que cuenta con la oposición de la mayoría de la comunidad universitaria y con un recelo claro por parte de los gobiernos de las comunidades autónomas con más vocación y tradición de autogobierno. Además, el Gobierno ha puesto a fondo el pie en el acelerador, imponiendo un calendario fuera de la lógica del diálogo y supeditando esta ley a unos imperativos de calendario partidistas muy lejos del interés general.
Nuestras enmiendas hacen referencia, en primer lugar, a una gran laguna en esta ley: la financiación pública para la universidad pública. Si esto no se refleja en la ley de forma clara, concisa y detallada es porque es la base de la involución. Sin un buen modelo de financiación estable no hay autonomía universitaria. Además, a la larga, puede suponer un claro perjuicio de lo público ante determinadas universidades privadas; todo ello conllevaría un deterioro claro de la universidad pública que supondría un grave problema social y mermaría la igualdad de oportunidades. Lejos estamos, pues, de la media europea de financiación per cápita de los alumnos. El Gobierno perdió con el modelo de financiación de las comunidades autónomas una oportunidad para fijar un sistema consensuado y estable, y no es justo decirnos que con este modelo generoso -como lo han calificado los diferentes representantes del Partido Popular- tendrán las comunidades autónomas capacidad para financiar públicamente las universidades.
En segundo lugar, significa una usurpación clara de los ámbitos competenciales, lo que aquí se ha llamado la involución autonómica.
Para dotar de las máximas competencias a las universidades no hacía falta una legislación doble Estado-comunidades autónomas; en el ámbito de las comunidades autónomas y con su

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legislación ya era suficiente. No se aprovecha para fijar el papel de las comunidades autónomas en la creación de nuevas universidades y tampoco tiene sentido la creación de una agencia nacional de evaluación y acreditación cuando ya existen agencias de carácter autonómico. Señorías, la coordinación de éstas no implica en ningún caso la suplantación y es la sensación que uno tiene después de leer atentamente la ley. Tampoco fija condiciones para las comunidades autónomas con lengua propia ni éstas pueden exigir el conocimiento de la misma al profesorado estable. La universidad tiene que ser obligatoriamente políglota y esto no es contradictorio con la legítima defensa de la lengua propia y natural de las comunidades autónomas que la tienen, como es el caso de Cataluña. En lo que hace referencia a las lenguas propias, tampoco respeta la Declaración de Bolonia, lo que significa otra vuelta de tuerca a la involución autonómica que ya empezó con el distrito único universitario y que ahora se remacha.
En lo que se refiere a las fundaciones, podría ser la ley una buena ocasión para dar un margen de maniobra a la universidad pública, pero nuestras enmiendas muestran el recelo de que la universidad privada canalice con esta fórmula capital de origen público y que su margen de maniobra no quede suficientemente acotado en la ley. En la legislación actual y con simples retoques se daría un gran margen de maniobra a la universidad pública. Tampoco es de recibo que, vía fundación, pueda aparecer un nuevo modelo universitario, lo que podríamos definir como la universidad privada concertada, y si no, al tiempo.
No podemos estar de acuerdo con el funcionamiento de los órganos de gobierno. Nuestras enmiendas corrigen la voluntad clara de convertir a los rectores en presidentes plenipotenciarios y reducir el margen o simplemente eliminar el claustro. Profesores en activo, representantes del PAS y los estudiantes son la base del claustro y están representados de forma paritaria en los órganos de gobierno, según nuestras enmiendas. Como está fuera de lugar que en el consejo de coordinación universitaria se imponga a 21 parlamentarios escogidos por mayoría, restándole, pues, pluralidad. Para no redundar en el papel que el Grupo Popular quiere otorgar al consejo social, diré que si es social se entiende, por lógica, que tiene que ser plural. Esta es, como mínimo, la concepción de Esquerra Republicana de lo social. Tampoco parece serio querer imponer un sistema de sufragio universal para la elección del rector, que llevaría a una especie de campaña electoral permanente en el seno de la comunidad académica.
La supresión de la selectividad reduce el acceso a la universidad y la selección de cada centro universitario, liquida el filtro objetivo universal igualitario que representaban las actuales pruebas de acceso, beneficiando, pues, a la universidad privada, que podrá discriminar de forma no sólo económica, como ahora, sino también arbitraria la entrada de alumnos.
Por último, no querría pasar por alto lo que nosotros entendemos que es un chantaje. Ha aparecido estos días en los medios de comunicación, básicamente de Cataluña, que el Gobierno ha presionado al Gobierno de Cataluña y, evidentemente, al partido que le da apoyo, Convergència y Unió, con la amenaza de enmendar en el Senado lo que podría ser hoy ya la regularización definitiva de las universidades virtuales y en este caso de la Universidad Oberta de Cataluña. Si es así, nos parece un chantaje en toda regla al Gobierno catalán, que ha trabajado...


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señor Puigcercós, debe concluir.


PUIGCERCÓS El señor I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta.
Que ha trabajado, creemos que con acierto, para la creación de una universidad virtual muy importante para Cataluña, una universidad muy buena, de calidad y que está ofreciendo un gran producto a los estudiantes y también a la comunidad académica en Cataluña. Si fuera así creemos que es inconcebible este chantaje y seguramente nos daría a entender algunas de las actitudes que se han expresado hoy en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Puigcercós.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, estamos en esta fase de la tramitación, después de haber tenido un debate de totalidad y un apresurado debate en la Comisión, al que me referiré mínimamente luego. Desde luego en Eusko Alkartasuna teníamos la intención -en el debate de totalidad así lo dijimos- de hacer aportaciones a lo que nosotros entendíamos que debía ser esta ley de universidades. Así lo hicimos, presentamos 60 enmiendas, ninguna de las cuales ha sido tenida en consideración.
Planteábamos cuatro razones claves por las cuales no estábamos de acuerdo con esta ley y creo que podemos seguir manteniendo en este trámite las mismas razones o las mismas intenciones. En primer lugar, entendíamos que no obedece a una adecuación, actualización y potenciación de la universidad con vistas a afrontar los retos y necesidades que la sociedad requiere. Desde luego en esta fase en la que nos encontramos seguimos sin conocer el modelo de universidad que quiere lograr esta ley, más allá de los atributos retóricos que los autores le dan, ley de calidad, etcétera. Lo cierto es que lo que se deriva del texto es que no existe un modelo universitario al cual pretenda dirigirse la universidad actual y no existe un modelo que nos diga

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cómo pretende adecuarla y potenciarla con vistas a esos retos tan importantes.
Segunda razón o segundo tipo de razones claves: no desarrolla esta ley, es más, obstaculiza y disminuye la autonomía política de las comunidades autónomas, desde luego de la Comunidad Autónoma del País Vasco en particular, y creo que aquí se siguen manteniendo de forma clara toda esta serie de inconvenientes. Hablábamos del artículo 4, creación de universidades, del artículo 8.2, etcétera, que desde luego no mejoran en nada este ataque tan rotundo a la autonomía política de las comunidades autónomas. Se podrá decir que en el ámbito de la evaluación ha habido una aportación por cuanto se ha reconocido la reivindicación de las comunidades autónomas para contemplar sus órganos de evaluación. Lo cierto es que es tan confuso el reconocimiento de esta materia que entendemos se sigue manteniendo, en este y en otros temas, ese ataque a la autonomía política de las comunidades autónomas.
La tercera consideración era que no respetaba la autonomía universitaria y desde luego está claro y es rotundo que se sigue sin respetar y sin creer en la autonomía universitaria. Y qué decir del procedimiento de elaboración. Lo decíamos al inicio de la tramitación: este proyecto de ley que aquí se presentaba no había sido respetuoso en su elaboración, desde nuestro punto de vista, con el sistema establecido al respecto y había ignorado cualquier intento de consenso. Desde luego, si eso ha sido así en la fase previa a la tramitación parlamentaria, en la tramitación parlamentaria se ha elevado no sé a qué potencia. Se ha dicho aquí, y no lo voy a reiterar, que la tramitación parlamentaria que ha seguido es todo lo que no debe ser un debate parlamentario. Es decir: ausencia de debate, ningún intento de consenso, nocturnidad -por decirlo de alguna manera- y alevosía, sobre todo nocturnidad. Lo que está claro es que se ha intentado hacer rápidamente, a ver si lo sacábamos rápidamente con los votos, que son muy legítimos, pero no hablen de consenso porque aquí no lo ha habido. En definitiva, estas cuatro cuestiones han sido las claves que se siguen manteniendo.
En relación con los órganos de gobierno, creemos que la ley ha perdido una ocasión única para resolver los problemas derivados de la continua interacción que mantenían órganos colegiados y unipersonales obstaculizando una toma de decisiones eficaz y eficiente. En segundo lugar, creemos que la reforma que se realiza de algunos órganos, como el consejo social y la junta de gobierno, ahora consejo de gobierno, o la creación de otros órganos como la junta consultiva, llevan a una confusión mayor entre responsabilidad y autoridad que entendemos que hará que no pueda existir una gestión de calidad eficaz y eficiente; la elección del rector por sufragio universal aporta una originalidad a este sistema que puede ser solamente compartida, creo, por alguna universidad en Guatemala. Saquen ustedes conclusiones.
Respecto del profesorado, el sistema de habilitación propuesto no resuelve la endogamia, tan sólo la transforma. Pasamos de un tipo de comportamiento endogámico a incentivar otro tipo de comportamiento endogámico, eso sí, de contenido más ideológico y, por tanto, más criticable. El sistema que aquí está establecido supone que no se confía en que las universidades como instituciones puedan actuar por sí solas en entornos cada vez más abiertos y más competitivos; desde luego, no hay ninguna confianza en las universidades. Creemos que esto no tiene parangón en ningún otro país europeo. Respecto al sistema de contratación es poco valiente y limita al profesor contratado a un ámbito de desarrollo en su carrera profesional excesivamente constrictivo.
En definitiva, señoras y señores diputados, esta ley es más de lo mismo; más de lo mismo en materia educativa, pero más de lo mismo en la concepción que tienen de la autonomía o del Estado autonómico el Partido Popular y el Gobierno del Partido Popular; una clara involución autonómica que se refleja en esta materia, como hemos visto reflejadas en muchas otras materias, eso sí, todo mucho más desordenado en lo que a la materia concreta de universidades se refiere y, desde luego, en cuanto al contenido concreto, mucho más reaccionaria y, tengo que decirlo, mucho más retrógrada. No sé si en el Senado pretenderán ganar otro récord y hacerlo, a ser posible, en medio día para que todavía haya menos debate parlamentario. En todo caso, nosotros no entendemos esto como debate parlamentario, esto es lo que a nosotros no nos gusta como defensa de las autonomías y esto es lo que no nos gusta como respeto a la autonomía universitaria.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco, tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
En este bloque de enmiendas quisiera comenzar incidiendo sobre los argumentos genéricos que he intentado expresar en la intervención anterior, al hilo de la intervención que ha realizado el señor Guardans. Señor Guardans, resulta llamativo que erija usted aquí el suyo en argumento de autoridad, tanto en lo que respecta al modelo de universidad como al modelo competencial al que nos estamos refiriendo. Usted podrá descalificar al conjunto de grupos de la Cámara que presentaron a este proyecto de ley nueve enmiendas a la totalidad sosteniendo que no tienen un modelo alternativo de universidad. En representación del Grupo Parlamentario Vasco, del Partido Nacionalista Vasco, le puedo indicar que nosotros tenemos un modelo alternativo que está reflejado, que está explicado, el nuestro, uno, que se

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puede defender y no pasa nada, que no tiene por qué erigirse en argumento de autoridad sobre uno que indudablemente es mayoritario.
Nosotros defendemos otro modelo, y lo defendemos con toda legitimidad. Incluso le voy a decir que la política catalana es distinta a la política vasca. Por ejemplo, cuando el Partido Nacionalista Vasco dice en Euskadi que va a hacer una ley sobre alguna cosa, como la Agencia Nacional de Evaluación, que ustedes tienen vigente en Cataluña, el Grupo Parlamentario Popular en el Parlamento vasco llama a rebato y dice: ¡Hombre! ¡Esto no puede ser! ¡Qué es esto! Porque es distinta la política catalana que la política vasca, razón por la cual hay que circunscribir los comentarios y las críticas. Por eso esta Cámara es plural y cada uno enfoca los temas desde su propia posición. Al igual, señor Guardans, que todos los estatutos no son iguales, porque los estatutos de autonomía no se hicieron fotocopiados.
Admito que usted pueda sostener en esta Cámara que el estatuto catalán está bien reflejado en este proyecto de ley. Yo le reconozco que los aspectos competenciales están sustancialmente mejorados sobre la LRU anterior gracias a sus enmiendas, porque intento ser riguroso y porque, leyendo el proyecto de ley, eso es lo que leo, pero admítame usted que existen estatutos de autonomía en este país, y que si usted tiene informes que sostienen que este proyecto de ley se ajusta a lo dispuesto en materia universitaria en el estatuto catalán, nosotros tenemos otros informes que dicen que no se ajusta al modelo competencial vasco. Eso es hablar con rigor y con competencia. Yo reconozco lo suyo, pero haga usted el esfuerzo de reconocernos nuestros planteamientos.
Lo mismo ocurre con el funcionamiento por mayorías en esta Cámara, al que se ha referido S.S. Ha dicho una obviedad desde la tribuna en relación con ese tema. Me parece una obviedad de aceptación generalizada en esta Cámara. Le tengo que decir que sobre este proyecto de ley, ni el Grupo Popular ni el Ministerio de Educación se han puesto ni una sola vez en contacto con este grupo parlamentario y con lo que este partido representa. Si usted defiende este tipo de parlamentarismo, lo tendrá que justificar muy mucho, porque no parece razonable que un proyecto de la relevancia del que estamos examinando se tramite con este desprecio y con una actitud política tan excluyente. Usted, que pudo seguir los debates en la Comisión, pudo oír, al igual que este diputado, cómo algún diputado del Grupo Popular sostenía que al PNV ni agua. Pues eso no parece que sea parlamentarismo a principios del siglo XXI.
Una vez hechas estas consideraciones -con el debido aprecio al señor Guardans e intentando aportar temas al debate-, en relación con las enmiendas que mantenemos vivas a estos apartados, entendemos que respecto a la autonomía universitaria deben ser los estatutos de las universidades los que concreten la participación del corpus universitario y las que definan su arquitectura interna y el alcance de la misma respecto a la composición de cada órgano de gobierno, que pueda afectar a la determinación del número de miembros, su elección, designación, duración del mandato, remoción, etcétera. En consecuencia, las enmiendas que mantiene vivas el Grupo Parlamentario Vasco en estas materias sobre órganos de gobierno introducen un cambio significativo, por ejemplo, respecto a la figura de la elección del rector. Aquí existe un modelo alternativo, y en el trámite de Comisión pusimos ejemplos de que las universidades anglosajonas de mayor calidad y excelencia llegan a poner anuncios en prensa buscando un rector: Se busca rector con este perfil para llevar a cabo determinada gestión universitaria. Desde esta perspectiva, y porque creemos que el modelo de la elección de rector, siguiendo estos procedimientos, es un modelo distinto, se flexibiliza la figura de este órgano unipersonal, desde una visión más moderna y más eficaz. Además, pueden definirse distintos modelos, todos homologables, todos sobre requisitos básicos, como indicaba S.
S. Todos deben ser homologables, pero los plurales pueden ser más ajustados a las necesidades de cada una de las universidades a las que deben de servir.
Nosotros creemos que esta posición es aún más relevante en el caso de las universidades privadas, que deben y tienen que mantener una autonomía sobre la definición de este perfil, sobre la formación y capacitación de las personas a las que encomiende la dirección de sus centros, dado que son de iniciativa social, porque ello es consustancial a la libertad de empresa, amén de que sobre el tema de los rectores ningún perfil predeterminado, como el que se quiere dar en el articulado de este proyecto de ley, puede servir de absoluta garantía para el correcto desarrollo de una función multidisciplinar como es la gestora.
En segundo lugar, señora presidenta, quiero hacer una serie de matizaciones en relación a la composición del consejo de coordinación universitaria, que en el texto actual, que está recogido en el dictamen de la Comisión, pasa de tener 15 miembros a 21, rompiendo, en nuestra opinión, equilibrios suficientemente inestables desde la aprobación de la LRU. Nosotros creemos que, en este aspecto, pasamos de Guatemala a guatepeor.
Ayer, señorías, se excluyó en esta Cámara a la persona propuesta por el Partido Nacionalista Vasco para el Consejo General del Poder Judicial, en una decisión sin precedentes en este período democrático, y hoy se realiza una actualización que relativiza las posiciones de lo que representa este grupo parlamentario, porque el consejo de coordinación universitaria, que es, en parte, un consejo de extracción parlamentaria, relativiza su propia posición, dado que, cada vez que se ha elegido o renovado este consejo, no se ha dado cabida al representante propuesto por el Grupo ParlamentarioVasco en este órgano. En general, los dos grupos mayoritarios

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de la Cámara, cada vez que se ha elegido o renovado este consejo, se lo han guisado y se lo han comido solitos, y nosotros entendemos que, con este incremento de miembros del consejo de coordinación universitaria, si hasta ahora existían desequilibrios, el desequilibrio es ahora mayor, y que se siguen primando, dígase lo que se diga, los criterios de exclusión sobre los de integración, los criterios de homogeneización sobre los de pluralidad.
Para terminar, señora presidenta, en relación a la creación de universidades públicas y el reconocimiento de universidades privadas, el Grupo Parlamentario Vasco discrepa de la previsión gubernamental recogida en el artículo 4.1.b). La creación de una universidad por ley de Cortes Generales, en nuestra opinión, debe acotarse a dos supuestos y perder, en consecuencia, su carácter general. Un primer supuesto, cuando la universidad que se cree o reconozca tenga una función especializada y destinada predominantemente a la investigación científica y técnica del Estado, y la de intercambio, fomento y comunicación cultural, en el plano internacional, como segundo supuesto. En nuestra opinión, ese es el ámbito de competencias del Estado en esta materia. Y al igual que sucede en materia de educación universitaria, en nuestra opinión, el único poder público competente para la creación de centros docentes universitarios es la comunidad autónoma y, en consencuencia, también, desde este punto de vista, debía trasladarse este modelo al sistema universitario.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta.
Señorías, quiero empezar mi intervención de esta segunda ronda del debate diciéndole al señor Guerra Zunzunegui que lamento profundamente la descortesía parlamentaria que ha tenido conmigo en su intervención, tanto por su experiencia en esta Cámara, como por su edad, puesto que lleva aquí muchos años. Parece mentira que ignore que, paralelamente a este Pleno, aunque no debería de ser así, hay otros trabajos parlamentarios. Comprendo que usted, desde la cómoda posición de la mayoría absoluta, no tenga más trabajos que hacer, pero yo tengo que asistir a los trabajos de una ley que se va a discutir esta tarde en la que se ventila algo tan importante como el trabajo de 60.000 personas de la sanidad pública, y esta diputada no está manifestándose. Ha anunciado la participación de Izquierda Unida, no la ausencia del debate de esta portavoz.


Dicho esto, voy a defender las enmiendas que el Grupo de Izquierda Unida plantea a los órganos de gobierno que han traído ustedes a la Cámara a través de este proyecto de ley. Nosotros hemos presentado una enmienda al artículo 14, relativo al consejo social. Es una enmienda que va en la dirección de asegurar la cooperación necesaria entre los representantes de los intereses sociales y los de la comunidad universitaria mediante una composición equilibrada y representativa.
La propuesta que sostiene el texto del artículo supone una desvinculación casi total entre la comunidad universitaria y el consejo social, al establecer una composición que deja al margen a los distintos sectores de la universidad y es un claro atentado contra el carácter representativo de los intereses sociales que debe tener el consejo social.
Asimismo, hemos presentado una enmienda de sustitución a la junta de gobierno, en coherencia con otras enmiendas presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, sobre todo porque nos preocupa tremendamente la representatividad de los distintos sectores de la comunidad universitaria, que no queda garantizada, así como tampoco queda garantizado el mantenimiento de los mismos porcentajes.
Señorías, hemos enmendado también el artículo 16, referido al claustro universitario, porque rechazamos -y lo hacemos enérgicamente- el criterio de primar al profesorado funcionario y doctor en la composición de los órganos colegiados, especialmente en lo que se refiere al claustro. Por ello, en nuestra enmienda se sustituye esa categoría por la de personal docente e investigador.
Asimismo, entendemos que para guardar equilibrio en la representación de los distintos sectores de la comunidad universitaria deben asegurarse los porcentajes que en nuestra enmienda se plantean.
Pretendemos también suprimir la junta consultiva porque entendemos que este órgano no es necesario para el gobierno de la universidad.
Hemos presentado una enmienda de sustitución al artículo 20.2 porque no nos parece adecuado el planteamiento que hacen ustedes del rector -no voy a repetir el planteamiento que hacen ustedes porque ya lo he dicho en mi intervención general- y porque pensamos que la elección del rector debe ser una competencia básica del claustro. No cabe presentar la elección directa con voto ponderado como un avance en la participación democrática. Por el contrario, desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entendemos que sólo sirve para potenciar el presidencialismo, recortar las competencias del claustro y la participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios.
Existe una enmienda de sustitución al artículo 21 porque nos parece absolutamente injustificado que sólo los profesores doctores puedan acceder a ser vicerrectores. Por el contario, el Grupo de Izquierda Unida plantea que esos nombramientos puedan recaer sobre miembros de cualquier sector integrante de la comunidad universitaria y no única o necesariamente sobre componentes del personal docente e investigador.


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Enmendamos, asimismo, el artículo 24, referido a los decanos de facultad, en coherencia con las enmiendas que he venido planteando hasta este momento.
Planteamos una enmienda de sustitución al artículo 28 en lo que tiene que ver con el consejo de coordinación universitaria. Entendemos que, dada su composición, este órgano es el que debe asumir plenamente las competencias que se plantean en la enmienda sin las limitaciones que entraña el carácter de órgano consultivo que le atribuye el texto del artículo 28 que ustedes han traído a esta Cámara.
Hemos presentado una enmienda de sustitución al artículo 29 en la que mantenemos que el consejo de coordinación universitaria, cuya presidencia ostentará el ministro de Educación, Cultura y Deporte, estará compuesto por los responsables de la enseñanza universitaria en los consejos de gobierno de las comunidades autónomas, los rectores de las universidades públicas, tres miembros designados por el Gobierno, seis miembros representantes de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, seis miembros representantes de los estudiantes claustrales de las universidades públicas y seis miembros representantes de los sindicatos y asociaciones empresariales de mayor implantación. Los rectores de las universidades privadas serán especialmente invitados a asistir con voz y sin voto cuando se traten cuestiones que les afecten y únicamente en esos casos, señorías. Naturalmente, no hace falta que explique las motivaciones porque tienen plena coherencia con las enmiendas que hemos venido defendiendo y con mi intervención general sobre el carácter de la ley.
Al artículo 30.6 presentamos una enmienda de supresión para evitar el voto sobre cualquier asunto en el consejo de coordinación universitaria de los rectores de las universidades privadas y de la Iglesia católica. No voy a hacer aquí ninguna intervención sobre este tema para que luego ustedes aprovechen la oportunidad de que el Pisuerga pasa por Valladolid para llamarme demagoga, pero sí quiero hacer un llamamiento al sentido de la responsabilidad del Partido Popular. La coyuntura internacional lo aconseja, señorías.
También presentamos una enmienda de adición, el artículo 30 bis.
Entendemos que hay que dotar a las comunidades autónomas de un órgano equivalente al consejo de coordinación universitaria con competencias análogas en su ámbito territorial y con una composición acorde con la planteada en la enmienda al artículo 29 que he defendido. Asimismo enmendamos el artículo 31.3. Presentamos una enmienda de adición en lo que se refiere a la comisión de calidad docente. Pretendemos introducir, señorías, señora presidenta, un sistema de evaluación que contribuya a la mejora de la calidad en la docencia y la investigación y en el que se tenga en cuenta la opinión del alumnado y se asegure la transparencia en el procedimiento y criterios de evaluación.


Dicho esto, señorías, me parece mucho más grave la clamorosa ausencia de la ministra de Educación en este momento en la Cámara que el hecho de que esta ponente esté haciendo otro trabajo parlamentario para una ley que se sustancia hoy en el Pleno con plenas competencias legislativas. Eso sí que es grave, señor Guerra Zunzunegui.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Muchas gracias, señora presidenta.
Yo querría empezar haciendo referencia a las intervenciones de dos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, desde el enorme respeto parlamentario y amistad que creo que tengo con todos ellos. La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha empezado diciendo que no quería dedicarme ni un minuto -entiendo que al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)-. Yo se lo agradeceré, que no le dedique ni un minuto más, saldremos ganando todos. Hablemos de la ley de universidades, pero mientras la portavoz del Grupo Socialista intente utilizar este micrófono para hacer política catalana y más ruido del que pueden hacer en Cataluña con iniciativas estrambóticas y salga a la palestra diciendo que si hoy votamos la ley de universidades estamos votando contra Cataluña -que es algo que tendrá que explicar y que, evidentemente, nos parece de una frivolidad espectacular-, si juega a ese juego, juguemos todos. De ahí que nosotros expliquemos y razonemos el sentido de nuestro voto.
Que el Grupo Socialista explique perfectamente por qué, por ejemplo, tiene también una prueba centralizada o por qué quería suprimir la presencia de la agencia catalana en el ámbito europeo. Pero yo no quiero entrar aquí a hacer política con el PSC, no creo que nos corresponda, hablamos de universidades. Nosotros justificamos nuestro voto por una realidad y lo reitero, y lo reiteraré en cada una de nuestras intervenciones, luego usted haga el juicio de intenciones que desee, puesto que es muy legítimo, tan legítimo como que yo a usted no la inhabilito para hacer política, es más, lo hace usted muy bien. No me inhabilite usted para hacer política, critíqueme los argumentos, que ya decidiré yo o probablemente decidirán los ciudadanos el día en que tenga que dejar los asuntos públicos.
Nosotros justificamos nuestro voto en una realidad: habrá ley orgánica de universidades, con nuestras mejoras o sin nuestras mejoras. Nuestra opción es que la ley orgánica de universidades incorpore las mejoras que le hemos introducido, las garantías de respeto competencial y las demás que he comentado en mi intervención anterior y que hemos introducido. Eso, señorías,

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en política es fruto de una negociación en la cual comprometemos nuestro voto positivo. Ese es nuestro discurso reducido a su mínima expresión.
Con el portavoz del PNV yo creo que me he explicado muy mal. Yo no he dicho que el PNV no tenga una alternativa que, por supuesto que la tiene y me merece enorme respeto, y, probablemente, está mucho más próxima a la nuestra que el texto que hoy vamos a votar. Lo que sí he dicho es que el PNV tiene una alternativa, el Partido Socialista tiene otra que nos gusta mucho menos, Izquierda Unida creo que tiene una alternativa, aunque no la acabo de conocer imagino que la tienen y lo digo sin retintín, la CRUE no tiene alternativa, los estudiantes tienen tantas alternativas como asociaciones existen y los sindicatos tienen varias alternativas. (La señora presidenta ocupa la presidencia) Por tanto, todas las denuncias, ataques y quejas reunidas a la ley que votamos no forman una alternativa.
Lo que pretendo con esta intervención, y reitero, es explicar a la opinión pública desde aquí que no estamos teniendo que escoger entre un texto que se nos somete a votación y otra propuesta que es la que suscriben todos los que están en la calle o todos los que hoy van a votar en contra. Eso no es verdad, hay un texto que se nos somete a votación y 200 posibles alternativas que alguien podrá traer a esta Cámara algún día si gana las elecciones. Esa es la realidad y en términos parlamentarios eso tiene unas consecuencias, porque lo que se hace es votar o no un texto que se somete a votación. Eso es lo que yo he intentado explicar y no negar que ustedes puedan tener la suya. Lamentablemente, parece que ni ustedes ni nosotros juntos tendremos, a corto plazo, la mayoría absoluta de esta Cámara para aprobar leyes orgánicas. Le doy la razón, lo he dicho en mi intervención anterior y aprovecho la ocasión para volver a decirlo ahora que tenemos un poco más de tiempo en esta segunda intervención.
Hemos denunciado la falta de diálogo del Grupo Parlamentario Popular con otros grupos. Nosotros (lo han reconocido ustedes y se constata porque nos quedan muy pocas enmiendas a este título a las que voy a dedicar apenas un minuto) sí hemos tenido una intensa negociación. No lo hemos ocultado sino que hemos mantenido cierta discreción mientras tenía lugar y en este momento ya no hay lugar para ella. Ha habido mucha reuniones de trabajo entre el Grupo Parlamentario Catalán, el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular. También ha existido cruce de documentación antes, incluso, de que se presentara el proyecto de ley a esta Cámara. Nosotros nos consideramos corresponsables de algunos puntos, particularmente en el ámbito del profesorado contratado. Incluso, antes de que el proyecto de ley llegara aquí y mientras estaba aquí, ha habido gran cantidad de reuniones. Eso es así, pero no nos impide, es más, nos legitima para decir que esperamos -y todavía queda el trámite del Senado- que el Grupo Parlamentario Popular también se abra a aquellas enmiendas que contienen las alternativas de otros grupos que puedan ser compatibles con su modelo -porque algunas lo son-, y que sencillamente por una cierta cerrazón, un cierto a estos ni agua, ni siquiera se han sentado a hablar con ustedes.
Hay enmiendas del Grupo Socialista, de Izquierda Unida, del Grupo Mixto y en las propuestas del Partido Nacionalista Vasco que podrían, con un poco más de cintura, ser aceptadas por el Partido Popular dentro de su propio modelo; no digo ya si cediera y admitiera que su modelo puede ser corregido. Eso es lo que esperamos que se haga en el Senado y demostraría un talante de diálogo que respecto de los demás no ha tenido, aunque sí lo haya tenido respecto de nosotros. Por tanto, no se preocupe que no será esta ley la que introduzca un punto de división entre el Grupo Vasco y el Grupo Catalán en este ámbito.
En cuanto a las enmiendas que nos quedan en el título III, que se supone que hacen referencia al gobierno de la universidad, nos quedan muy pocas. Nos queda fundamentalmente un punto, que es llevar a sus últimas consecuencias la existencia del profesorado contratado doctor. Nosotros entendemos que el profesorado contratado doctor debería poder ser decano y director de departamento en las mismas condiciones que el profesorado funcionario. Entendemos que eso, sólo por razones de corporativismo funcionarial y sindical, no se ha aceptado en este momento. Creemos que el tiempo corregirá eso, porque no tiene sentido, lo dije en Comisión y lo reitero, que un profesor -imaginemos que esta ley dure cierto tiempo en su vigencia- con 20 años de antigüedad en un departamento, con una experiencia académica espectacular, un reconocimiento científico y de prestigio y una capacidad para dirigir en el ámbito académico no pueda acceder a la dirección del departamento ni ser decano de facultad simplemente porque no es funcionario, aunque, a efectos de toda su actividad académica, esté desarrollando las mismas actividades. Eso nos parece un punto absurdo de este modelo y una disfunción, una vez aceptado el principio de que existen profesores contratados doctores con contrato laboral indefinido. Ahí es donde se mantiene vigente nuestra enmienda, que es simplemente ser coherentes con las propuestas que ya han quedado aceptadas.
Otras enmiendas que han quedado aceptadas y que me interesa destacar son, por ejemplo, el peso del rector en el consejo social, el hecho de que tenga voz y voto. Ese era uno de los puntos de escándalo antes del proyecto de ley y hoy se ha cambiado. ¿Se ha cambiado porque el Espíritu Santo ha iluminado a alguien, o se ha cambiado fruto de una negociación política, con independencia de si finalmente es la enmienda de uno u otro la que ha quedado aprobada? Yo lo dejo a la interpretación de SS.SS. Cuántas veces el Espíritu Santo ha modificado leyes orgánicas y cuántas veces

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las leyes orgánicas se cambian porque alguien ha pedido que si eso no se cambiaba no habría voto afirmativo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Se ha dicho desde esta tribuna que iba a haber una ley de universidades. El problema es qué ley de universidades, porque haberla la habrá, a no ser, ya que citaba el señor Guardans al Espíritu Santo, que la lengua de fuego del Espíritu Santo se deposite sobre las cabezas de los parlamentarios del Grupo Popular, les haga ser clarividentes y retiren esta ley. Yo creo que harían un favor. El problema no es que exista una ley, el problema es que es una ley que a mí me recuerda una película de Fernán Gómez que se titulaba Viaje a ninguna parte. Es una especie de recorrido circular para tocar muchas cosas de la universidad, algunas de las cuales había que tocar necesariamente, y al final llegar al mismo punto.
Habiendo sido importante el método, y aquí se ha hablado de él, yo creo sinceramente que desde el punto de vista del método ha habido muchísimos aspectos que se han resaltado. Ha habido falta de debate, ha habido falta de diálogo, ha habido prisas. No quiero entrar en las perlas del proyecto de ley como, por ejemplo, en la segunda línea, que dice: el sistema universitario español ha experimentado profundos cambios en los últimos 25 años de democracia. Agradecemos a la ministra de Educación, ausente, que nos haya regalado algún año más de democracia. Estas son enmiendas que no se recogen y que no se quieren corregir, que son errores absolutamente de bulto y que no ponen en buen lugar al Gobierno, ni siquiera a este Parlamento.
Entendemos que haya otras enmiendas que no se recojan o que no se voten por el Grupo Popular porque son modelos distintos el que presenta el Partido Socialista y el que presenta el Partido Popular para la universidad. Lo que uno no entiende es que este tipo de enmiendas, que son abundantes a lo largo del texto, ni siquiera se corrijan. Allá ustedes.
Sí quería referirme a algo que me parece fundamental. Punto de partida. Todos pensábamos que era necesario cambiar algunos aspectos en la universidad. ¿Por qué? Porque partíamos de una sociedad que era mucho más compleja, más volcada a la sociedad del conocimiento, una sociedad que quería integrarse en el espacio europeo de enseñanza superior. Partíamos de esa unanimidad: hay que reformar la universidad. Lo que ocurre es que ha sido distinto cómo hacerlo. Se ha hecho con prisas, se ha hecho sin debate, se ha hecho sin consenso, a no ser que se entienda por debate lo que decía un digno representante del Partido Popular hace unos días en un acto en el que coincidí con él. Decía: si recibir hemos recibido a todos, lo que pasa es que no les hemos hecho caso; hasta ahí podía llegar la broma. No es cuestión de recibir a todos, es cuestión de escucharles y ver qué se puede incorporar. Y desde luego hay dos modelos y hay diferencias porque fundamentalmente lo que el Grupo Socialista detecta en este proyecto de ley es un recorte de la autonomía universitaria.
Si la sociedad es compleja, desde la universidad tendremos que diseñar un modelo que sea lo más flexible posible para intentar dar respuesta a esa complejidad que tiene ahora mismo la sociedad para que la universidad sea lo más útil posible. ¿Qué instrumentos tenemos para ello? El instrumento fundamental es la autonomía universitaria.
La autonomía universitaria es el motor de la universidad y esa autonomía no es que sea algo inmutable; lo que hay que hacer es potenciarla y perfeccionarla y no recortarla. Y a lo largo del proyecto de ley del Grupo Popular y del Gobierno evidentemente hay un recorte de esa autonomía universitaria. Es un recorte que ha llevado a situaciones complejas que yo creo que necesitan respuestas complejas y se ha tendido a la simplicidad. Por un lado, una falta tremenda de imaginación y, por otro lado, ninguna flexibilidad.
El departamento innovador del Ministerio de Educación y Cultura, en el caso concreto de esta ley se ha lucido, porque -y no me quiero quedar con las perlas del proyecto de ley, perdería tiempo en ello- yo creo que le ha faltado dar soluciones a problemas reales de la universidad, han sido soluciones espesas, contra la sensibilidad han antepuesto la rigidez, y ante esa autonomía fundamental de las universidades que tanto teme el Partido Popular o al menos el Gobierno, ha sido una política de perder una oportunidad desde ese planteamiento rígido y temeroso y desde un modelo que hace pensar en muchos años atrás en muchos aspectos.
La autonomía ha de ser también organizativa, y vamos a hablar por tanto de centros, y si cabe llama más la atención cuando desde el Partido Popular se dedican a poner todo tipo de apellidos a la nomenclatura de los propios centros, hacen que unos centros queden fuera, otros quedan dentro, con lo fácil que es llamarles facultades, escuelas y centros, y dejar que las universidades, en su autonomía universitaria, sean capaces luego de darle el nombre que quieran, la nomenclatura que quieran. Habrá que marcar unos mínimos, digámoslo así, y lo que no habrá que hacer es entrar en ese hiper- reglamentismo.
Creemos que además este proyecto de ley entra de lleno y ataca a los departamentos. Consideramos que la estructura departamental es básica a la hora de organizar y desarrollar las enseñanzas y las investigaciones. Se ha bajado el peso del departamento, tanto por arriba como por abajo, y me parece que es un error. ¿Cómo se baja el peso del departamento? Pues diciendo que para temas de investigación, por ejemplo, solamente apoyará a la investigación, y ahí entramos en otro órgano -y

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hago referencia a ello- los institutos universitarios, a los que el Partido Popular llama de investigación, les pone un apellido cuando resulta que no sólo hacen investigación sino que hacen otras cosas.
¿Qué se intenta con esto? Decir: qué preocupados estamos, puesto que ponemos un apellido a los institutos universitarios. La investigación es uno de los principales vacíos que el proyecto de ley tiene, es retórica hueca nombrar de una manera a unos institutos universitarios cuando hay que entrar en el fondo de la cuestión, que son universidades donde investiga más del 66 por ciento de los investigadores españoles, y cuando resulta que hemos aumentado la producción científica y la producción individual en esas universidades, cuando es el primer agente tecnológico del país, cuando tenemos problemas reales dentro de esa conexión del sector productivo con el sector público, es un enorme vacío el que hay en esta ley de universidades.
No hay una sola cita al sistema de ciencia y tecnología, no aparece como tal ni una sola cita a la innovación tecnológica. Las universidades tienen que mirar a Europa y a sus comunidades autónomas, y la innovación debe ser ese punto de encuentro. Se desaprovecha la ocasión, ni una sola idea, ninguna imaginación en lo referente a aspectos como disminuir la carga docente del profesorado que quiera dedicarse a aspectos que tengan interés en la investigación, no se nombra al personal técnico, que es una de las principales carencias que tiene el sistema de investigación de las universidades; simplemente y de forma tangencial se habla de movilidad de personal docente investigador.
En cualquier caso, la desconexión tremenda que existe en el sistema de ciencia y tecnología con las universidades al dividirse en dos ministerios es un clamor. Las propias universidades tienen ellas mismas -de ahí la ventaja de la autonomía universitaria- que defender sus propios proyectos dentro del programa marco de Europa. Los ministerios no la representan. Planteamos en nuestras enmiendas la creación de un consejo que permita esta representación, que posibilite sentarse en torno a la mesa.
En cuanto a las privadas, centros adscritos, yo ya he dicho más de una vez que creemos se rebaja la calidad y que se pueden tomar decisiones, por ejemplo suprimiendo los centros adscritos, que los hay privados y que están adscritos a universidades públicas o privadas, que muchas veces son chiringuitos que dan lugar a publicidad fraudulenta y engañosa, que engañan a los alumnos y a los padres, y además esos centros, que son academias a veces de garaje o de piso, donde incurren en muchas incompatibilidades profesores de las universidades públicas, deberían cerrarse, y hablo porque están haciendo competencia desleal a la universidad pública, pero también a las universidades privadas serias. Hay una oportunidad de oro también en mejorar ahí, y en otros aspectos que se verán luego en profesorado.
Señores del Grupo Popular, este proyecto de ley es hiper- reglamentista, es rígido y constriñe, vulnera la autonomía universitaria cuando vamos a los órganos de gobierno, al consejo social, donde entra por ejemplo el rector -que no le dan el voto, luego lo corrigen-, o la junta de gobierno, que a eso sí le cambian el nombre y hacen que entren otros miembros del consejo social.
Debían dejar que las propias universidades decidieran en sus estatutos, porque ya existen ejemplos para ello, y no obligarlo por ley, recortando y a veces vulnerando en nuestra opinión posiblemente la autonomía universitaria. Todo ello hace que este proyecto de ley sea, si me permiten la expresión, un bodrio. Ustedes disminuyen la participación; disminuyen la participación de los estudiantes y del personal de administración y servicios. Como se ha dicho en público -y evidentemente hay testimonio de ello-, en un debate el viernes pasado, se demostraba como disminuye la participación de estudiantes en la junta de gobierno, al hacer una junta de gobierno rígida de 40 miembros, de los cuales el 40 por ciento se elige por el claustro, hacía que una representación en término medio el 25 por ciento de estudiantes, pasaba en torno al 10 ó 12 por ciento. En el personal de administración y servicios la presencia de los sindicatos era exactamente igual, y se contestó, el señor Ollero lo saber porque fue el que dijo la frase: pero si es así, si es que nuestro proyecto de ley quiere que haya menos representación de los estudiantes y menos representación del personal de administración y servicios; está dicho en la Facultad de Granada, en presencia del rector de Granada. En ese sentido si eso es quitarse la careta, quitarse la máscara -como hacía Juan de Mairena-, me parece perfecto, porque esa es la diferencia con su modelo: la participación. Nosotros no tememos, queremos profundizar, queremos impulsar esa autonomía universitaria, porque creemos que desde la desconfianza no se puede actuar, porque creemos sinceramente que hay que darle más peso al consejo social, al presidente del consejo social; debemos tener más autonomía y también que rendir más cuentas a la sociedad y por eso tenemos un modelo alternativo, un modelo desde el peso que tiene que tener el presidente del consejo social -porque ustedes no consideran ni los órganos unipersonales- desde su elección por dos terceras partes de la asamblea legislativa, que le puede dar un refuerzo importante a su persona, hasta las funciones de investigación, hasta las funciones que tiene que llevar a cabo en programación económica, etcétera.
Queremos unos órganos de gobierno que sean un traje a la medida de las universidades, no queremos que vayan todos de uniforme No sé yo si con este proyecto de ley el Partido Popular intenta que todo el mundo vaya de uniforme a la universidad. No a la uniformidad; sí a la flexibilidad, porque sinceramente a mayor complejidad, mayor autonomía, mayor flexibilidad, menos rigidez, menos burocracia.
Señoras y señores del Partido Popular, creo sinceramente que se está

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perdiendo una gran oportunidad de crear más órganos consultivos -tipo Senado-, como la junta consultiva; que hacer esa injerencia como se hace en el consejo de gobierno de las universidades, no dar el peso que puede tener el consejo social dentro de este modelo universitario, disminuir el peso de los departamentos y su importancia, aumentar la burocracia creando grupos de investigación, que ya existen como tal, pero que no tienen capacidad jurídica de contratar, es cerrar los ojos a una realidad que está ahí de las comunidades autónomas y de Europa, creer en nuestras universidades, actuar de manera inteligente, con altura de miras y no con vuelo rasante, sería una oportunidad aprovechada. Ustedes, señores del Partido Popular, con este recelo o con esta desconfianza desaprovechan una vez más esta oportunidad. No sé cuál será el epitafio de esta ley cuando sea sustituida por otra. Deseo -y mi grupo lo hace así- lo mejor para la universidad española, pero sinceramente desde la obligación que tenemos y con un texto alternativo que sí hemos presentado en esta Cámara, creemos que la universidad española se merecería más tiempo, más respeto, y por favor alguna idea más.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Lissavetzky.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, estamos sin duda, estoy convencido de ello y es para mi un gran honor representar al Grupo Parlamentario Popular en este momento, viviendo un momento histórico dentro de la universidad española, porque sea cual sea el juicio que esta ley pueda merecer, está claro que estamos comenzando una nueva página en la historia de la universidad española. Ya veremos, porque para eso hay que tomarse tiempo, cuál es el alcance de esta página. Yo pienso que no ocurrirá como ocurrió con la LRU, que prácticamente seis años después de haberla hecho, el mismo Gobierno que la había traído a esta Cámara ya la quería enmendar. En este caso creo que no es esa la situación y estoy convencido de ello.
Se ha dicho que hay mucho ruido. Muy bien. Yo he estado en la universidad toda mi vida, sigo en ella en la medida que la ley me lo permite y el ruido de la universidad me parece algo fundamental, me preocupa el silencio en la universidad, salvo en la biblioteca, por tanto el que haya ruido me parece muy bien. Antes ha dicho una portavoz socialista que tenemos miedo a que se despierte la universidad, por lo visto ella piensa que está dormida, desde luego no es la idea de nuestro grupo. La universidad afortunadamente está viva y faltaría más que se movilice mínimamente, lo preocupante es que haya estado tantos años sin movilizarse, habría que preguntarse por qué y por quiénes. Eso es lo que había que preguntarse y es lo preocupante. Quizá por ese sistema corporativista que ha subordinado el gobierno de la universidad a intereses de determinado partido que gobernaba entonces; por eso estaba tan quietecita. (Aplausos.) Ahora no es así, y afortunadamente tenemos en marcha un debate muy amplio. Ha habido legislaturas anteriores en que hemos hablado de estas cuestiones y cuando aquí cuando se ha hablado de esta cuestión se ha entendido que se enriquecía el debate. Así ocurrió con la Ley de lo contencioso, así ocurrió con el Código Penal; todo el mundo ha entendido que una ley ya debatida era una ley que tenía un diálogo en marcha y así ha sido. Ha sido al Partido Socialista el que por dos veces ha intentado modificar esta ley, consciente de los disparates que de ella se derivaban. No es que aquí el Grupo Popular dijera, como acaba de decir el PSOE: el día que gobernemos la cambiaremos.
No; fueron ellos, que decían que esta ley era la visión eterna de la universidad, que ahí quedaba y que no había quien la tocara, los que iban a tocarla seis años después y no consiguieron -porque a su presidente le salieron mal las encuestas y disolvió la Cámara una semana antes- que su reforma, que ya estaba hecha en el Senado, saliera adelante. Esa es la realidad de los hechos.
Ha habido diálogo, claro que lo ha habido, lo que pasa es que ustedes confunden siempre el diálogo con las cuotas. Usted no puede decir, señor Lissavetzky, que hay diálogo si yo le apruebo tales enmiendas.
Les hemos escuchado con el mismo interés que a otros grupos, la falta de habilidad de SS.SS. es que han hecho un texto alternativo que luego han despiezado en enmiendas particulares y eso no había manera de digerirlo. Entre otras cosas me he quedado asombrado de cuáles son sus grandes reparos a la ley, porque al parecer casi todas son cuestiones de nomenclatura, asunto muy curioso que queda en el «Diario de Sesiones» para el que quiera sacar alguna consecuencia.
Estamos hablando de órganos de gobierno, que es un punto significativamente polémico de esta ley, un punto que ustedes no quisieron tocar en ninguno de los dos intentos de reforma, por algo sería; no fuera a despertarse la universidad, que por lo visto la tenían bien dormidita; querían tenerla acurrucadita. Pues, por mucho que a ustedes les perjudique, hemos abordado esa cuestión y la hemos abordado porque entendemos que una cosa es la autonomía y otra el corporativismo y no tiene nada que ver una cosa con la otra. La Constitución dice que se respeta, se reconoce la autonomía de la universidad en los términos que la ley establezca. Simplemente vamos a cambiar la ley. Respetamos la autonomía, no sean maniqueos. La autonomía no es propiedad de ustedes. Hemos hecho esto dialogando con mucha gente, no como el señor Maravall que no dialogó ni con el PSOE.
Todo lo que el PSOE había defendido contra la LAU el señor Maravall lo tuvo a beneficio de inventario. Dialogó con él y con poca atención, lo digo por lo que le salió, y esa es la realidad, señor Lissavetzky.


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Nosotros sí hemos dialogado y un síntoma de ello son las caricaturas que ustedes tienen que hacer para criticarnos. Cada vez que cojo un periódico y veo las declaraciones de algún portavoz del PSOE me asombro más. El otro día estuve en Barcelona, y casualmente me tropecé con una entrevista en La Vanguardia. Allí se decía que el señor Ollero defiende que los profesores no enseñan. El señor Ollero es profesor y enseña, enseña en la medida que la ley se lo permite en dos universidades por falta de una, y gratis, por supuesto. Cómo va a decir el señor Ollero que los profesores no enseñan. Señora Chacón, yo sí enseño. No sé si S.S. ha vuelto a clase desde que está aquí; yo sigo yendo a clase en la medida que la ley me lo permite y sin cobrar un duro. Por tanto, hay profesores que enseñan y al señor Ollero le merecen el máximo respeto. Que he dicho que los alumnos son unos gandules. Mire usted, los alumnos no son unos gandules. El otro día en Granada, en un coloquio al que se ha hecho referencia, había unos alumnos protestando con pancartas, con pitos, con caretas de la ministra, le han regalado una a la ministra como recuerdo. Al salir hablé con ellos y les pregunté por qué estaban contra la ley. Me reconocieron que no conocían la ley porque estaban contra cosas que no están en la ley y yo los animé a venir hoy al debate. Han venido.
Eso no lo hacen unos gandules, eso es gente que tiene interés por estos problemas. Por tanto, jamás he dicho eso. Por lo visto, he dicho también que los rectores prevarican. Quisiera saber dónde y cuándo. Le encantaría a S.S. que yo hubiera dicho eso, pero no lo he dicho, como tampoco es verdad que el señor presidente del Gobierno, en un acto al que tuve el honor de asistir, mencionara para nada a los rectores. No los mencionó. Habló del rancio corporativismo, y por lo visto los rectores ayudados por algún medio de comunicación se dieron por aludidos, es su problema; pero el presidente del Gobierno no mencionó a los rectores. Doy fe de ello porque estuve allí.
Hay que hacer caricaturas, hay que hacer decir al contrario lo que no dice. Eso es muy original. Ahora que estamos en la época del plagio, en que todo el mundo se atribuye a sí mismo lo que dicen otros, aquí estas portavoces son tan generosas que hacen lo contrario: me atribuyen a mí lo que nunca he dicho, pero a ellas les gustaría que hubiera dicho. Ya puestos, plágienme, pero no me organicen esos líos.
A la hora de la verdad, aquí hay simplemente unas propuestas que están sobre la mesa y que no son insólitas. Son sistemas que han existido ya. En España han tenido un curso y una práctica, ahí están los resultados y cada cual tendrá su opinión sobre los mismos.
Desde el Partido Nacionalista Vasco se observa que no hemos contado con ellos. El Partido Nacionalista Vasco presentó una enmienda dirigida al modelo. Ustedes tienen un modelo muy pensado para una comunidad autónoma determinada, lo cual me parece muy legítimo sobre todo si hacen la ley allí; pero aquí estamos haciendo una ley para todas las comunidades autónomas, y por tanto ese modelo no cabe. Ya hablaremos luego, en el tema del profesorado, de algunas de las sugerencias que SS.SS. hacen.
Simplemente, con toda simpatía no lo podemos aceptar porque es un modelo distinto. Respecto al consejo de coordinación dicen que se produce un incremento y un desequilibrio. El incremento es lógico porque si cada vez hay más rectores, lo normal es que también entren en juego otros miembros que están pensados para compensar ese posible corporativismo y para que las comunidades autónomas no queden tan desequilibradas. ¿Que usted profetiza que el PNV se va a quedar fuera a la hora de nombrar esos miembros? Eso depende de cómo planteen ustedes su vida política. Evidentemente no es cosa mía. En cuanto a la presencia en ese mismo consejo de coordinación, ya que hablamos de las universidades privadas, señora Castro, se puede estar a favor de que haya universidades privadas o de que no las haya, pero estar a favor de que las haya y dejarlas sin voto en el consejo de coordinación sería tan curioso como dejar sin voto en el Consejo Escolar del Estado a los representantes de los centros escolares privados. ¿Su señoría haría eso? ¿Su señoría tiene algún interés en que las universidades privadas estén descordinadas? No acabo de ver la ventaja, aparte de que pueda dar lugar alguna intervención más o menos espectacular. En cuanto al consejo social, el Grupo de Izquierda Unida propone la posibilidad de que los propios sectores sociales elijan a sus representantes en el consejo social. Nos parece que es entrar en una dinámica de elecciones obligatorias, cuando estamos en una ley marco. Allá luego cada comunidad autónoma cómo monte ese asunto, que lo monte como quiera; pero hacer obligado ese tipo de cosas en una ley como esta no viene a cuento. En cuanto al consejo de gobierno, el Grupo Parlamentario Socialista entiende una injerencia la presencia de miembros del consejo social. A nosotros nos parece que por el contrario no perturba y puede ser positivo.
Vamos al claustro. Izquierda Unida dice que el claustro no tenga más de 400 miembros y que sean con unos porcentajes de 50, 35 y 15 por ciento. Señora Castro, si ustedes entienden eso así ¿por qué defienden que un claustro que no cumple esos requisitos sea el que desarrolle la ley? ¿Por qué un claustro que tenga más de 400 miembros y cuyo porcentaje no se ajuste a su composición, según ustedes está legitimado, cuando ustedes mismos dicen que no, que es así como debe ser el claustro para desarrollar la ley? Reconózcame que es una contradicción en sus propios términos. Si el claustro es nuevo y se supone que no es cambiar por cambiar sino porque entienden que esa es la manera de desarrollar óptimamente la autonomía universitaria ¿por qué lo dejan ustedes fuera nada menos que al hacer los estatutos que desarrollan una ley nueva? Es un disparate,reconózcamelo. No tiene pies ni cabeza.


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Al Grupo Parlamentario Socialista no le gusta la junta consultiva. Ya lo dije el otro día también. En el peor de los casos, lo más que puede pasar es que no sirva para nada. Ojalá ocurriera eso con todas las leyes. No hay ningún problema. No afecta para nada a los órganos de gobierno de la universidad; por tanto no entendemos cuál puede ser el problema.
Los departamentos. Nomenclatura aparte, lo que tendría que explicar el señor Lissavetzky es si a una empresa de esas que usted sabe como yo que debe procurarse que se acerque a la universidad, le supone una ventaja que en vez de contratar con un grupo de investigación, como reconocemos que ya existen, que saben quiénes son y cómo trabajan, tenga que pasar por el lío burocrático de un departamento. Yo por ejemplo formo parte de un departamento con más de 100 profesores al que pertenecen diez áreas de conocimiento sin ningún tipo de conexión entre sí, ¿por qué va haber que pasar por ese asunto? Las empresas se quitan del medio y se van porque no quieren líos, porque no les gusta jugar a esos numeritos; por tanto, no acabo de entender tampoco su reticencia. En cuanto a la ciencia y la tecnología, hay una ley entera dedicada a ella. Ustedes lo que hacen es copiar un artículo de esa ley y ponerlo como enmienda, lo cual es una pura redundancia que no sé qué beneficio tendrá.
Nos preocupan los estudiantes, señora Castro, ya se lo he dicho antes. No sólo habrá estudiantes hoy con el presidente Aznar, según su información, también hay estudiantes hoy y han venido al debate simplemente por puro interés. Aquí nadie es propietario de los estudiantes. Con arreglo al proyecto, nada impide que un rector -que no será el de la Carlos III, seguro- con su porcentaje de presencia en el consejo de gobierno que puede nombrar, sean todos estudiantes, señor Lissavetzky. Usted y yo sabemos que el rector de la universidad Carlos III no lo va a hacer, pero lo podría hacer simplemente para dejarle a usted bien; nada lo va a impedir. Ahora bien, si usted me dice como el otro día que se puede dar una circunstancia en que haya menos estudiantes y menos personal de administración y servicios en los órganos de gobierno yo digo que sí, y si lo dije delante de estudiantes con pancartas y pitos, ¿cómo no lo voy a decir aquí? No se me caen los anillos. Pues claro que sí. Y si usted me dice que el peligro de la universidad española es que en sus órganos de gobierno haya un estudiante menos, dígalo usted, coja mármol, déjelo ahí para que todo el mundo le rinda pleitesía hasta el fin de la humanidad.
Señoría, aquí cada cual es muy libre de decir lo que se le antoje, pero no me va a asustar diciendo a ver si yo soy capaz de decir que haya un estudiante menos; pues claro que sí, sobre todo si el rector no quiere que haya un estudiante más. Ese problema se va a resolver ahí.
En cuanto a la elección del rector, nos hemos enterado hoy de una cosa que no sabíamos, yo por lo menos.


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya, por favor.


El señor OLLERO TASSARA: Por lo visto el diseño de la elección por sufragio universal del rector se debe a que a través de una alta autoridad del Gobierno sabemos -y se lo cree el Partido Socialista- que elegidos por sufragio universal los rectores serán del PP. Muy bien. O sea que por lo visto se quiere mantener la elección del rector por el claustro para que no sea del PP, porque se da por hecho que es de verdad, que si es por sufragio universal será del PP.
Estupendo, es una cosa que no sabía, que demuestra en qué medida las encuestas no se equivocan. Esto no debe ir tan mal como algunos dicen. Lo único que queremos es que los miembros del claustro no sean los que elijan al rector por dos cosas: primero: para algo que es una afrenta a la autonomía universitaria, que es el absentismo. Ustedes saben como nosotros que se presentan al claustro una serie de personas para poder elegir rector y luego no van ni una vez. En Granada se ha intentado elegir cuatro veces seguidas al defensor universitario y no hubo quórum, porque pusieron el quórum de aquí...


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego concluya, por favor, en treinta segundos.


El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta, pero son muchas las enmiendas. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. La presidencia se basta y se sobra para dirigir el debate.
Señor Ollero, es el tiempo pactado, le ruego concluya en treinta segundos.


El señor OLLERO TASSARA: Termino.
Aquí hay un gran interés, por ejemplo, en que los vicerrectores no sean doctores. Muy bien, si ésa es la universidad del futuro, vicerrectores que no son doctores, pues encantado. No es nuestro modelo, por eso rechazamos esa posibilidad. Y al señor Guardans, aunque no está aquí ahora, le voy a hacer una observación que le va a sorprender, y es que él defiende una enmienda anarquista -aquí llega el señor Guardans- y es la enmienda del profesor que lleva 20 años, que publica, que es conocido mundialmente y que sin embargo por no ser funcionario no pude dirigir un órgano de gobierno. Me recuerda esa sentencia del Tribunal Constitucional de una pareja anarquista que no se quiso casar porque era anarquista. Pues el otro día había una manifestación de anarquistas delante del Ministerio que decían: ni estatal ni privada. Muy bien, es un modelo. Pregunto al señor Guardans: un profesor con esas características ¿qué problema tiene en ser funcionario? Es mi única pregunta.
Nada más, muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Iniciamos el debate del tercer bloque, título IX, del profesorado.
En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, paso a defender las enmiendas de Iniciativa per Catalunya-Verds. Como las tengo que defender globalmente, me referiré a conceptos globales, no a detallar en concreto el contenido de cada una de ellas porque evidentemente no tengo tiempo. Se han aceptado algunas enmiendas en el trámite de ponencia y de Comisión, pero evidentemente el modelo y la orientación global del proyecto continúa siendo el que era y que por nuestra parte significa el rechazo de este proyecto. Rechazo de este proyecto no quiere decir que creamos que no hay que modificar la ley vigente.
Tiene un gran consenso en la sociedad española, en la universidad, y estoy seguro de que en esta Cámara la necesidad de modificar la ley actual, pero no compartimos la orientación y el modelo que se nos propone.
Dije en el debate de totalidad que había tres concepciones que atravesaban todos o prácticamente todos los proyectos de ley del Partido Popular, y que a nuestro entender también atravesaban este proyecto de ley, lo que implicaba la necesidad de rechazarlos. Me referí entonces a la concepción uniformizadora del Estado; alguien dijo en el anterior debate de totalidad que esta ley podría ser preconstitucional, y quiero recordar que leyendo el proyecto de ley de universidades no sabemos que estamos en un Estado plurilíngüe. En segundo lugar, hay una concepción intervencionista del Gobierno, de control de la sociedad que lleva a la intervención de la universidad a través de esta ley que a nuestro entender -y al entender de juristas y de una parte importantísima de la universidad-, vulnera la autonomía universitaria, y la ley de nuevo corre el riesgo de acabar en el Tribunal Constitucional. En tercer lugar, falta el diálogo social en torno a la ley. El proyecto de ley que se aprobará hoy es un gran error; no es posible que lo rechace prácticamente todo el mundo. Al final, no significará una mejora, sino el empeoramiento de la situación de la universidad y su distorsión.
Desde el punto de vista de los contenidos, nuestras enmiendas responden a la necesidad de dar respuesta a cuatro grandes temas. El primero es modificar, dentro del modelo que propone el Partido Popular, la concepción centralista decimonónica; esta ley vulnera competencias de las comunidades autónomas y desconfía de las universidades públicas. Hay un segundo bloque de enmiendas que trata de evitar el retorno a antiguos modelos de selección del profesorado; la habilitación ha sido ampliamente debatida, y es rechazable. El tercer bloque pretende modificar la contradicción que se manifiesta en la reducción de los requisitos de habilitación de profesores en las universidades privadas, con los privilegios que esto comporta. El cuarto bloque quiere cambiar el sistema de elección del rector, que revela la debilidad democrática del proyecto.
Quiero señalar también tres aspectos que han sido objeto de discusión a lo largo de todo el debate, tanto en el de totalidad como en Comisión, que son fundamentales y de los cuales adolece el proyecto de ley. El primer lugar, el proyecto de ley carece de un marco financiero, absolutamente necesario para llevarlo adelante. En segundo lugar, y esta es una de las cuestiones más graves del proyecto de ley, desatiende la adecuación de las carreras universitarias a las orientaciones del nuevo espacio educativo europeo. En tercer lugar, aunque existe una ley y un Ministerio de Ciencia y Tecnología, en esta ley no hay ninguna referencia a la interconexión y a la necesidad de relación real de la universidad con la ciencia y la tecnología, lo que a nuestro entender es absolutamente rechazable.
Voy a decir aquí una vez más que no estamos de acuerdo con el contenido de esta ley y vamos a votar en contra de su aprobación.
Estamos preocupados porque significará distorsión y conflicto en las universidades españolas y sobre todo no supondrá una mejora de las universidades para que den respuesta a los retos de la sociedad española de hoy.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, después de la intervención de algún diputado en esta Cámara hace falta mucho valor para subir a la tribuna e intentar defender tímidamente las enmiendas que hacemos los grupos minoritarios, porque la ley está ya decidida, el grupo mayoritario nos va a arrasar y no sabemos muy bien qué puñetas hacemos aquí los ciudadanos que representamos grupos pequeños. De todas maneras, echándole valor y levantando la depresión por encima de estas situaciones, vamos a intentar decir por qué y cuáles son las enmiendas que seguimos presentando y defendiendo.
Me quedo siempre asombrado porque estamos viviendo una realidad que no es la normal. Mientras hay una especie de exaltación de que esta ley universitaria es una maravilla -que sí hacía falta renovar la reforma universitaria anterior, pero una cosa es renovarla y otra cambiarla completamente-, es impresionante el amplio rechazo de la comunidad universitaria, de los agentes sociales a la ley. Los rectores dicen que este amplio rechazo debería hacer reflexionar sobre su contenido y la necesidad de adoptar actitudes abiertas y flexibles que permitan alcanzar el deseable consenso

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que requiere la ley de universidades que precisa nuestra sociedad.
Precisamente el lunes pasado estuve en Barcelona, en la facultad de Psicología y Pedagogía, y charlando con los profesores y los alumnos ponían como ejemplo a una persona que creo que tenemos todos en la memoria, González Seara -me parece que era secretario de Universidades-, que recorriéndose el país de norte a sur y de este a oeste intentó llegar a una ley universitaria de consenso. Pues bien, por razones electorales aquella ley no salió, pero lo que debería haber hecho el Partido Popular, a pesar de su mayoría absoluta, es intentarlo, porque la realidad es que todas las universidades y las facultades están en contra de esta ley universitaria, aunque naturalmente el Partido Popular, igual que en otras leyes como el Plan Hidrológico Nacional o la Ley antiterrorista, siempre saca a colación que hay gentes que están a favor de estas leyes que hemos ido viendo cómo se han pasado por aquí rápidamente. La verdad es que uno llega a las facultades y se encuentra con que el enfrentamiento a esta nueva ley es absoluto.
A pesar de todo, nosotros seguimos defendiendo las enmiendas parciales que Chunta Aragonesista ha presentado intentando proteger la autonomía universitaria, reafirmar el compromiso de una carrera profesional para los docentes, impedir la quiebra de un modelo democrático y participativo de gobierno en las universidades. En definitiva, queríamos evitar el desmantelamiento de lo público en beneficio de lo privado y conseguir una enseñanza de calidad. Así, pedíamos en unas enmiendas parciales que han sido rechazadas en Comisión y que ahora mantenemos cuestiones como reclamar, en el artículo 16, que sean las propias universidades las que puedan definir el tamaño de su claustro universitario; diferentes propuestas referidas a la junta consultiva regulada en el artículo 17, a la junta de facultades o escuelas y a los consejos de departamento, con el fin de garantizar la autonomía universitaria y la participación de todos los sectores implicados. La enmienda al artículo 29 pretende conseguir la supresión de los privilegios que, a nuestro juicio, se otorgan a las universidades privadas en cuanto a la representación en el consejo de coordinación universitaria, muy superior a su importancia real. Recordemos que las universidades privadas son el 26,5 por ciento del total de las universidades, pero en el curso 1999-2000 sumaban el 6,5 por ciento de los estudiantes y su capacidad investigadora era menor; si a ello sumamos la débil regulación que sobre ellas realiza el proyecto de ley, no parece lógico otorgarles representación en el consejo de coordinación universitaria. En este mismo ámbito presentábamos una enmienda de supresión a la disposición transitoria tercera porque no nos parece lógico establecer privilegios temporales para las privadas; igualmente al artículo 40, relativo a la investigación en la universidad. También presentábamos enmiendas en ámbitos vitales para los estudiantes como los que se regulan en el artículo 42 sobre el acceso a las universidades, la oferta de plazas en las universidades públicas y el límite máximo de admisión de estudiantes. Igualmente, presentamos enmienda al artículo 50 en la que denunciamos la inexistencia de una auténtica carrera docente para el profesorado con iniciativas tanto para profesores ayudantes doctores como para profesores contratados doctores y con propuestas para la convocatoria de concursos.
La sensación que nos da, señorías, es que esta ley universitaria ha salido urgente y rápidamente por razones que no acabamos de entender.
Da la sensación de que esta ley tan importante ha sido puesta en marcha por un problema de resentimiento de alguien; alguien se sentía resentido contra la universidad y ha decidido montar una ley con la que va a pasar lo mismo que ha pasado con la Ley de extranjería y como va a pasar, supongo, con el Plan Hidrológico Nacional; la Ley de extranjería no ha servido absolutamente para nada y el Plan Hidrológico Nacional esperamos pararlo. Supongo que dentro de muy poco tiempo vamos a ver que el Partido Popular se ha precipitado al sacar adelante esta ley y por eso pediríamos que se rechazara o que, por lo menos, se volviera a discutir tranquilamente un proyecto tan importante como es todo el proceso universitario en un país como España, tan necesitado de una universidad mucho más moderna de la que actualmente tiene.
Nada más. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidentaA este título, que hace referencia al profesorado, nuestro grupo presentó bastantes enmiendas, muchas de ellas recogidas en el texto. Hay aspectos importantes que han atenuado muchas de las preocupaciones que teníamos en este título, algunas otras no y por tanto comentaré las enmiendas que quedan vivas a nuestro grupo.
En primer lugar, es cierto que el artículo 50, que habla de la forma de contratar al profesorado ayudante doctor, ha quedado algo más flexible pues en el texto originario figuraba que para poder ser contratado no debía haberlo estado en esa misma universidad en los dos últimos años. El texto actual lo que pretende fundamentalmente es no penalizar que esté o haya estado contratado en esa universidad, sino incentivar el que de alguna forma haya optado por movilizarse en un periodo de dos años a cualquier otra universidad. Creemos que aun siendo una cuestión de matiz es importante.
Mantenemos viva la enmienda 326, relativa a los profesores colaboradores. La actual redacción dice que éstos podrán ser contratados en las áreas que establezca el Gobierno. En nuestra enmienda lo que proponemos

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es añadir otro párrafo de forma que, manteniendo éste, también las comunidades autónomas puedan establecer, por motivos de interés autonómico, criterios para adaptar la figura del profesor colaborador a titulaciones con una proyección preferentemente profesional, en atención a las peculiaridades y a las circunstancias de cada comunidad autónoma, en función de aquellos sectores del mundo empresarial y de la actividad productiva de cada comunidad autónoma que queremos que enlacen con la figura del profesor colaborador. Nos parece que podría seguir discutiéndose en el Senado, porque no desvirtúa el sentido del artículo, pero sí que permite posibilidades a las comunidades autónomas a la hora de utilizar con mayor agilidad la figura de los profesores colaboradores.
Por seguir comentando aspectos que han sido recogidos en el texto, es importante un bloque de enmiendas que habíamos planteado sobre las retribuciones del personal docente investigador, tanto contratado como funcionario. Ha quedado recogida la posibilidad de que las comunidades autónomas, con criterios homogéneos para su propio territorio, en las diferentes universidades que tengan, establezcan retribuciones adicionales ligadas a méritos individuales de investigación y docencia. Creemos que es importante pues ayuda a dar cohesión a las estrategias de desarrollo de las universidades en cada ámbito territorial, unido al punto que se ha incorporado, de forma que en estos programas que desarrollen tanto las comunidades autónomas como el Gobierno del Estado la distribución individual de estos incentivos se haga previa valoración de sus méritos por un órgano o una comisión de evaluación externa. Pensamos que introduce criterios objetivos y de transparencia a la hora de facilitar la gestión de la distribución de esos incentivos.
Mantenemos viva la enmienda número 330, que hace referencia al procedimiento de habilitación, y reitero lo que comenté en la Comisión. Nosotros tenemos fundadas preocupaciones en torno a ciertos aspectos del proceso de habilitación. Tenemos razones para estar preocupados puesto que puede impactar de forma negativa en las universidades, en concreto, como es lógico, por sus peculiaridades en las universidades canarias. Entendemos -y es lo que planteamos en nuestra enmienda- que debe quedar explícito en el texto el que, por un lado, las universidades públicas establezcan en sus estatutos acordar anualmente el número de plazas que van a necesitar que sean ocupadas mediante el concurso de acceso que se hará entre los habilitados; esto unido a que también figure en el texto explícitamente que el consejo coordinador de universidades debe convocar anualmente esas habilitaciones a las áreas de conocimiento, en función de que hayan determinado su necesidad las universidades.
Ahora no figura ninguna cadencia en el tiempo, no se dice cada cuánto tiempo van a ser convocadas las habilitaciones. Nos preocupa que se produzcan descoordinaciones en este sentido, puesto que del pool de profesores habilitados van a tirar todas las universidades, incluidas las privadas, y nos podemos encontrar con desfases que dificulten que se ocupen las plazas que han solicitado las universidades públicas. Nosotros decimos que por lo menos figure una cadencia y que sea anual.
Nos preocupa esta cuestión si la unimos al tercer punto del artículo 62, al cual también presentamos una enmienda, puesto que en la actual redacción el número de habilitados va a ser igual al número de plazas que hayan solicitado las universidades. Nosotros planteamos que, para poder garantizar que las universidades hagan la selección entre los habilitados, las comisiones de habilitación podrán proponer al consejo de coordinación universitaria la habilitación de cuantos candidatos estimen que reúnen méritos para ser habilitados y no limitarlos en cuanto a su número. Lo digo porque en Canarias tenemos la experiencia -y es lo que nos preocupa- de procesos centralizados que se han dado y se dan ahora mismo en otras administraciones públicas y que afectan a servicios públicos en los que existen mecanismos de selección centralizados bien para la contratación, bien para la incorporación a los cuerpos de funcionarios, bien para el acceso a la formación de postgrado, como es el caso en sanidad de la selección de los MIR. Aunque estamos de acuerdo en los efectos positivos que muchos de estos procesos ocasionan desde el punto de vista de la homogeneidad, en cuanto a garantías de mínimos de calidad, lo que sí es cierto -y además es constatable- son los efectos que a la larga estos mecanismos, por no estar corrigiéndose, están produciendo en comunidades autónomas como la nuestra; efectos negativos desde el punto de vista de la excesiva movilidad por un lado y, por otro, de la descapitalización de los recursos humanos en ciertos sectores públicos, como es en este caso la universidad. La excesiva movilidad es evidente, y lo vemos en administraciones como las de justicia o sanidad, donde una vez tomada posesión de la plaza se produce una movilidad que dificulta la continuidad y la garantía de calidad en esos servicios, si bien con la incorporación de una enmienda nuestra está algo salvada esta situación puesto que se ha incorporado en el texto que una vez obtenido destino, tras el concurso de acceso, se tenga que estar -nosotros decíamos tres y ha quedado en dos- dos años de permanencia en la plaza. Lo cierto es que nos preocupa, insisto, la descapitalización, como está ocurriendo en otros sectores públicos, de los recursos humanos en este caso en nuestras universidades y que haya las mismas posibilidades de acceder a esas convocatorias de la primera fase de homologación, que los profesionales que salen formados de nuestras universidades tengan las mismas probabilidades de ser habilitados que los que salgan de otras universidades, como hemos venido comentando. A la hora de seleccionar profesores habilitados por medio de concursos, nuestras universidades deben tener la capacidad de optar

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por un pool suficiente en el que los profesores habilitados puedan competir de alguna forma. Quiero dejar constancia de nuestra preocupación en este debate; después el tiempo nos lo dirá. Espero que exista el compromiso de reaccionar para corregir estas situaciones en caso de que se den. Este es un punto importante para nosotros y es una enmienda que mantenemos viva aquí y para su debate en el Senado.
Para finalizar, señora presidenta, quiero comentar una enmienda que mantenemos viva, la número 336. En el articulado, tal como está, se dice que las universidades van a poder crear categorías de personal.
En nuestra enmienda especificamos, primero, que estamos hablando de personal laboral, puesto que el resto pertenece a la Función pública, y segundo, que ésta debe ser por ley una competencia a desarrollar por las comunidades autónomas. En caso contrario nos podemos encontrar diferentes categorías en cada universidad dentro de un territorio autonómico, con dificultades para la movilidad, entre otras cosas. Pensamos que entre el Estado y las universidades hay que interponer por ley la capacidad de las comunidades autónomas para regular estos aspectos, por razones de coherencia entre las diferentes universidades que estén dentro del mismo territorio y de capacidad normativa de las propias comunidades autónomas en este sentido.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, respecto al apartado referido al personal docente investigador, más que repetir los planteamientos que el Grupo Parlamentario Vasco ha realizado en las intervenciones anteriores o en el debate en Comisión, y dado que el señor Ollero, en su intervención anterior, ha dejado ver por dónde se va a producir el ataque del Grupo Popular en la defensa de sus posiciones, me he permitido ir a mi despacho a recuperar un artículo que el lunes de esta semana publicó el rector de la Universidad del País Vasco, don Manuel Montero -nada adicto a las tesis nacionalistas, como bien saben SS.SS.-, que en relación con este tema dice: Cabe mencionar un aspecto crucial en la ley que nos afecta de lleno, el referido al personal docente e investigador. Sin duda resulta imprescindible mejorar los procesos de selección del profesorado universitario, incluso cabría admitir una evaluación de méritos que habilite para participar en los concursos de acceso convocados por las universidades. Pero el sistema propuesto no es una habilitación, sino un examen nacional, un modelo centralista del pasado que ajusta el número de habilitados al de plazas convocadas. Es una fórmula insólita en la universidad europea. En el caso de la UPV -la Universidad del País Vasco- tiene un efecto particularmente negativo: no garantiza el desarrollo de las enseñanzas en euskera, pues no podrían realizarse convocatorias de profesorado con ese perfil. No las impide necesariamente, pero dificulta las previsiones que al respecto pueda realizar la universidad, y aquí estamos en una cuestión crucial.
Nuestra obligación es desarrollar la enseñanza universitaria en euskera, asegurarla. De hecho, la nuestra es la única universidad en el mundo con esta obligación; no hay otra. Sí está reconocido, y es de simple sentido común, el derecho de nuestros estudiantes a cursar sus estudios en euskera sin más límites que nuestras propias capacidades de ir desarrollando la oferta de asignaturas en euskera.
Ollero jauna: hemen kontua da herritar batzuk gaztelera ez den hizkuntza batean bizitzeko aukera egin dugula, eta, ondorioz, erakundeek beren zerbitzuak aukera horietara egokitu dituztela, euskaldunon kasuan, Euskararen Erabilerarako Oinarrizko Legean xedatutakoaren arabera, Euskal Herriko Unibertsitateak euskaraz ere eskaintzen ditu bere zerbitzuak. Egoera honen aurrean, Ollero jauna, ezin dira begiak itxi eta ez ikusiarena egin. Decía, señora presidenta, que esta es la cuestión, que hay ciudadanos que han optado por vivir en más de una lengua y consideran como propia una lengua distinta del castellano; que la propia universidad tiene estudiantes que requieren estos servicios, que existe una dimensión plurilingüe en ciudadanos que han hecho determinadas opciones en universidades que ofertan determinadas cuestiones y que lo que no se puede es ser sencillamente miope porque esas opciones están hechas y están asumidas en la sociedad con toda naturalidad. Se lo dice el rector de la Universidad del País Vasco, como digo, nada adicto a tesis nacionalistas. Usted decía en su intervención que el PNV verá cómo se plantea su vida política. Esa no es la cuestión. Se lo está diciendo el rector de la Universidad del País Vasco en nombre de lo que él representa. No es cómo nos planteamos nosotros nuestra vida política; ya nos la planteamos sin ninguna duda y con toda coherencia. El problema es que aspectos sustanciales, dimensiones fundamentales de la vida de los ciudadanos de este país están siendo sesgadas por lo más bajo y que es obligación nuestra derrotar aquí estas consideraciones. Dice el rector de la Universidad del País Vasco que es un modelo insólito el de la habilitación, y es verdad.
Por mucho que se empeñen ustedes en argumentar en sentido contrario, no existe en ninguna de las universidades europeas un modelo como el que ustedes plantean y, en consecuencia, el Grupo Parlamentario Vasco sigue manteniendo vivas sus enmiendas, reforzadas tras los debates habidos en relación con esta cuestión en el trámite de ponencia. De acuerdo con el dictamen de la Comisión que estamos analizando ahora se abren dos vías: la habilitación para el profesorado funcionario de las universidades públicas y la acreditación para el profesorado

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de las universidades privadas. Dado que para sostener la habilitación y sus virtudes el Grupo Popular ha optado por ridiculizar la opción de la acreditación sostenida, entre otros, por el Grupo Parlamentario Vasco y, a la vez, la acepta para las universidades privadas, nosotros insistimos en optar por la fórmula de la acreditación con carácter general. Lo que no puede ser es que lo que es bueno, razonable y justo para las universidades privadas sea injusto y no razonable para las universidades públicas, porque no es una cuestión semántica, lo es de fondo, dado que acreditar es un verbo que se ajusta con mayor precisión al objetivo de medir la calidad, mientras que habilitar contiene el sema negativo de trasladar una intervención pública sobre la capacitación profesional, que no se puede poner en duda desde la perspectiva de las titulaciones que respaldan y ostentan los candidatos. ¿Se imaginan la aplicación de este sistema generalizado en el ámbito sociolaboral? El Ministerio de Industria habilitando a los ingenieros de Iberdrola o el Ministerio de Economía y Hacienda habilitando a economistas del BBVA. Que convoquen estos ministerios pruebas ad hoc a este respecto.
¿Les parecería razonable? Nosotros seguimos manteniendo vivas estas enmiendas para que en el texto del proyecto de ley se introduzcan las normas necesarias para que se garantice la igualdad en el desarrollo del sistema y coordinación de la acreditación del profesorado, sin perjuicio de las decisiones que corresponden a las comunidades autónomas y a sus universidades, que a través del pertinente convenio conducirá a la celebración de convocatorias conjuntas. Este es, señor Ollero, el meollo de la enmienda que creo que usted no ha entendido suficientemente, pues de lo que se trata es de articular una fórmula cooperativa. En nuestra opinión, esta fórmula cooperativa basada en la residencia es la única forma admisible para justificar constitucionalmente la intervención del Estado en esta materia. Ese es el modelo que propone el Grupo Parlamentario Vasco en sus enmiendas al respecto.
La enmienda número 67, sobre el acceso a la universidad, solicita la eliminación de la remisión al Gobierno de una norma básica sobre la admisión de alumnos que en nuestra opinión debe producirse en coherencia con los razonamientos que he intentado exponer esta mañana, según dispongan las universidades de acuerdo con el consejo de coordinación y teniendo en cuenta la programación de oferta pública que determinen las comunidades autónomas. En esta misma dirección, la enmienda 68 traslada del Gobierno a las comunidades autónomas el establecimiento de los límites máximos de admisión de alumnos, toda vez que ninguno de los motivos aducidos por el Grupo Popular justifica, en nuestra opinión, esta competencia para el Gobierno del Estado, pues la ponderación del interés general o el cumplimiento de directivas europeas o de convenios internacionales corresponde, a tenor de la Constitución, a todos los poderes públicos de acuerdo con sus competencias, y así lo ha manifestado reiteradamente y con la misma claridad el Tribunal Constitucional. En nuestra opinión, se ha subsanado un grave error en el planteamiento inicial al incorporar el título XIII, como he indicado anteriormente. Otro conjunto de enmiendas, señora presidenta, pretende introducir una reforma que dote a las universidades de instrumentos más flexibles y eficaces respecto a la planificación y gestión de los recursos humanos, lo que entraña modificar las normas de la legislación general funcionarial en el sentido de adaptarlas a la modernización de la organización universitaria, así como a la mejora de la eficacia y la eficiencia de la gestión universitaria. Existe también un par de enmiendas relacionadas con el vigente modelo sobre la UNED. Creemos que esta es una ocasión propicia para actualizar la adaptación de las funciones y de las estructuras de esta universidad, de modo que se posibilite, alternativamente, la transferencia de sus funciones, servicios y medios a las comunidades autónomas que así lo soliciten o la adaptación, en el resto de los casos, en cuanto a la participación autonómica de sus estructuras y a la aplicación del ámbito territorial en el que desarrollan su actividad. Existen también varias enmiendas relacionadas con la prestación de servicios en instituciones sanitarias por parte del profesorado universitario perteneciente a áreas de conocimiento de carácter clínico y asistencial, que en nuestra opinión deben estar recogidas en su conjunto en una disposición final.
Anuncio, señora presidenta, que el Grupo Parlamentario Vasco, a la vista del dictamen de la Comisión, va a retirar las siguientes enmiendas: la número 44, relacionada con los requisitos mínimos, al incluir el término de básicos; la número 62, relativa a la agencia de evaluación; la número 69, relativa a las becas y la número 85, referida a las acreditaciones de universidades privadas.
Como valoración final, dado que es la última intervención, señora presidenta, quisiera manifestar que la sociedad del conocimiento reclama una profunda transformación del sistema educativo a todos los niveles y que esa transformación es especialmente relevante en lo que respecta al sistema universitario. Desde la posición del Grupo Parlamentario Vasco, los tiempos son los que van en contra de esta ley o esta ley es la que va en contra de los tiempos. Desde nuestra perspectiva, la propia dinámica universitaria será la que romperá y rechazará las posturas de este corsé de belle époque que el Grupo Popular trata de imponer a las comunidades universitarias.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


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La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, presidenta.
Señor Ollero, yo no esperaba coincidir con usted en este debate porque, evidentemente, ustedes plantean un modelo de universidad que tiene que ver con el modelo de sociedad que defienden y es radicalmente contrapuesto al que defiende Izquierda Unida. Nosotros queremos una sociedad más democrática, más participativa y más plural y, en consonancia, esa es la universidad que demandamos para esa sociedad.
Respeto y reconozco su talla intelectual, pero me ha dejado usted perpleja planteando aquí cuestiones que no voy a pasar por alto.
Parece mentira que sea usted precisamente quien diga en esta Cámara que es un estudiante eterno y que los demás, la señora Chacón y los portavoces parlamentarios de los otros grupos, no seguimos estudiando y no estamos en la universidad. Primero, la única forma de acceder al conocimiento, señor Ollero, y se lo digo yo que no soy catedrática, no es el academicismo. Segundo, fíjese si estamos en la universidad que la universidad está con nuestras posiciones y con nosotros, no con las suyas. Tercero, no le voy a permitir bajo ningún concepto, señor Ollero, que desde esta tribuna se permita usted el lujo de llamar tontos a los universitarios, a los hombres y mujeres universitarios. Dice usted que no sabe por qué se manifiestan. Tal vez por eso les han mandado ustedes la policía, que les tiene rodeados en la puerta del Congreso en este momento. Los periódicos de este país, las televisiones y la radio dejan bien claro que los estudiantes sí saben por qué se manifiestan. Tal vez son ustedes o tal vez sean los alumnos de su ámbito de influencia, de los profesores como usted, los que no saben por qué hay que manifestarse.
Permítame que se lo diga con todo respeto, señor Ollero.
Dicho esto, subía yo a esta tribuna para defender las enmiendas de Izquierda Unida sobre el profesorado. Enmendamos artículos del proyecto de ley relacionados con este tema, como el artículo 53, porque es evidente que en el caso de que una universidad establezca un perfil lingüístico docente asociado a una plaza deberá tener la posibilidad de requerir la correspondiente competencia lingüística para el acceso a la misma. ¿Por qué lo planteamos? Porque queremos eliminar todos los artículos relativos al procedimiento de la llamada habilitación nacional, del 57 al 67, por entender que este reglamentismo es absolutamente impropio de una ley de carácter general, por tanto sustituir las múltiples figuras de personas docente e investigador por una estructura más simplificada -personal contratado, en formación y PDI permanente-, ya sea contratado o funcionario. En definitiva, ¿qué venimos a plantear? Que es solamente admisible para profesores asociados o visitantes que pueda existir la contratación temporal o a tiempo parcial; eliminar, por tanto, cualquier exigencia de trashumancia -artículo 50- como requisito, señor Ollero, señorías, para poder pasar de personal en formación con contrato temporal a profesorado permanente, funcionario o contratado.
Enmendamos también el artículo 47. Alguien decía por aquí que no sabía si Izquierda Unida tenía proyecto alternativo. Pues sí, señorías, tenemos proyecto alternativo al modelo de sociedad y tenemos proyecto alternativo a la reforma universitaria, lo que ocurre es que, como ustedes bien saben, somos un grupo pequeño - no hace falta que explique que con ocho diputados no tenemos tan fácil el trabajo parlamentario como ustedes, que gozan de una mayoría parlamentaria absoluta- y hemos presentado una enmienda de devolución sin texto alternativo. Enmendamos el artículo 47, que se refiere al personal docente e investigador, porque el profesorado que tendrá funciones docentes o investigadoras debe estar formado por funcionariado y por personal contratado laboralmente en la forma que establezcan los estatutos de la propia universidad.
Enmendamos también el artículo 48, que se refiere al personal docente e investigador en formación, porque el profesorado en formación debería ser contratado laboralmente como ayudante de forma temporal con una docencia reducida, teniendo como tarea central su formación docente e investigadora con vistas a la obtención del doctorado y, en su caso, con una primera fase orientada a la obtención de la -valga la redundancia- suficiencia investigadora. La contratación será con dedicación, en nuestra opinión, a tiempo completo y con una duración de cuatro años prorrogables dos años más. Su dedicación docente no podrá superar en ningún caso el 50 por ciento de la correspondiente a los profesores a tiempo completo pertenecientes a los cuerpos docentes universitarios. Además, la contratación como ayudante requerirá desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida-Iniciativa la posesión del título de licenciado o equivalente o del de diplomado en aquellas áreas de conocimiento en las que así se establezca, en cuyo caso se preverá una mayor duración durante de la primera fase. La universidad podrá también contratar, señor Ollero, laboralmente de forma temporal personal investigador en formación. La contratación de este personal será también con dedicación a tiempo completo y con la misma duración que en el caso de los ayudantes.
Enmendamos también el artículo 49. Nuestra voluntad en la reforma de esta ley ha sido la del consenso, pero, a la vista del interés que ustedes tienen en el consenso en una reforma del calado social que tiene ésta, nosotros hemos tratado de mejorar naturalmente su texto.
En el artículo 49, que se refiere al profesorado permanente, nosotros decimos que deberá estar en posesión del doctorado y será colaborador con contrato indefinido o titular con la adscripción a una plaza funcionarial. En aquellas áreas de conocimiento en las que así se establezca por el consejo de coordinación universitaria podrá existir la figura del colaborador o titular de diplomatura sin el requisito del doctorado. El total

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del profesorado colaborador no superará el 20 por ciento de la plantilla docente de la universidad. Izquierda Unida enmienda también el artículo 50 que se refiere al profesorado titular y decimos que el acceso al mismo requerirá la previa habilitación que acredite la madurez docente e investigadora. Los concursos de habilitación podrán ser convocados, señor Ollero, por el Estado, por una o varias comunidades autónomas y por una o varias universidades, con validez para el ámbito correspondiente y serán resueltos atendiendo únicamente a los méritos académicos de cada concursante y sin limitación numérica, por comisiones formadas por especialistas de distintas universidades de la Unión Europea. En el punto 2 del mismo artículo nos referimos a la adscripción a las plazas funcionariales como titulares, que debería realizarse por concurso resuelto por una comisión de la misma universidad de acuerdo con sus estatutos y atendiendo, naturalmente, a la idoneidad para las tareas a realizar.
Así mismo, en el apartado 3, planteamos que el Estado o una o varias comunidades autónomas y una o varias universidades podrán convocar concursos de habilitación entre titulares para la categoría de catedrático, que serán resueltos, señorías, únicamente atendiendo a la excelencia académica de cada concursante y sin limitación numérica, por comisiones formadas por especialistas de distintas universidades, también de la Unión Europea, que tengan la condición de catedráticos o equivalente. Dicha habilitación entendemos que capacitará para el desempeño de las funciones de dirección académica que se establezcan en los estatutos de la universidad. La condición de catedrático se adquirirá por la asunción de dichas funciones de acuerdo con el catálogo de puestos de trabajo de la universidad y por los procedimientos establecidos en los propios estatutos de la universidad.
Enmendamos también el artículo 51 que se refiere al profesorado asociado. Las universidades podrán contratar profesorado asociado a tiempo parcial entre profesionales de reconocida competencia que desarrollen su actividad principalmente fuera de la universidad. El total del profesorado asociado no superará el 20 por ciento de la plantilla docente de la universidad. También enmendamos el artículo 52, que se refiere al profesorado visitante. Las universidades podrán contratar profesorado visitante entre el profesorado permanente de otras universidades para que sea posible la realización de estancias temporales en la propia.
Señor Ollero, como sé que no le voy a convencer ni a usted ni al Partido Popular y que este debate es estéril, desgraciadamente, para la sociedad española y para la comunidad educativa, no voy a agotar mi tiempo para no tener que poner a la presidenta en una situación de apuro en la que tenga que llamarme la atención y tenga yo que recurrir perdirle la generosidad política que ha tenido con usted en su intervención. Así que, señorías, gracias por su atención. Me voy a mi escaño para ver qué es lo que tiene que contestarme esta vez.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señora presidenta.
Voy a ser breve porque aunque algunos grupos están utilizando legítimamente estos turnos para hablar de más temas de los que estaban originariamente previstos, y tienen toda la razón para hacerlo vistas las limitaciones de tiempo, la realidad es que se supone que este tercer bloque va dirigido a hablar del profesorado, recogido en el título IX, al que nuestro grupo parlamentario apenas tiene presentada ninguna enmienda, concretamente mantiene una enmienda viva.
Antes de hacer referencia a esa enmienda - ya que otras muchas ya han sido aprobadas o incorporadas en ponencia o en Comisión- quería hacer aludir a las palabras del señor Ollero. Es un tema menor pero de cierto interés parlamentario, porque me dicen que, como ya ha hecho un compañero de usted con la portavoz de Izquierda Unida y usted mismo lo hace conmigo, en el momento en que nos ausentamos del debate ironiza un tanto por el hecho de no estar presente. Yo le quiero recordar que usted tampoco está presente desde el principio, igual que está ocurriendo en el Grupo Parlamentario Socialista. Los grupos pequeños, porque efectivamente somos un grupo pequeño en esta Cámara en número de diputados, tenemos un portavoz, por tanto, permítanos salir en algún momento durante un debate de cuatro horas y no aproveche para ridiculizar, aunque entiendo que usted se encuentre a veces más cómodo ahí. También quería decirle que yo sabía, porque usted lo ha dicho más de una vez y lo reconoció en el último debate en Comisión, que tiene usted unas gotas de sangre jacobina; lo ha admitido y además me consta que a veces se ha manifestado muy satisfecho por ello. Hoy he detectado algo más. Usted pregunta por qué un profesor contratado doctor que lleva veinte años en una universidad no quiere ser funcionario. Yo le voy a contestar de una forma muy sencilla: porque no le da la gana, que es una razón suficiente para hacer las cosas en la vida. Entiendo que usted, cuando formula las cosas de esa manera, se está haciendo portavoz de una gran masa de gente, que afortunadamente va disminuyendo pero que existe, por tanto no está usted solo, que sigue creyendo que la máxima aspiración del profesional es ser funcionario y que el que no es funcionario no ha colmado su satisfacción. En Cataluña, por fortuna, desde hace muchos años no vemos las cosas así. Creemos que se puede ser muy digno y tener la plena satisfacción profesional, no a medias sino el máximo, sin tener asiento funcionarial. Entiendo que usted no lo vea así. Usted es funcionario y tiene su asiento garantizado. Otros prefieren la libertad que da un contrato laboral, la flexibilidad que da un contrato

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laboral, indefinido pero laboral. Eso, afortunadamente desde esta ley, se introduce también en el ámbito de la carrera académica para un 49 por ciento del profesorado; sigue quedando un 51 por ciento como mínimo -ciertamente será bastante más durante muchos años- que será funcionario. Desde nuestro punto de vista -usted revela con su intervención que no desde el suyo y tengo mis dudas sobre el del Grupo Popular como tal- la ley dice lo que dice y aquí votamos leyes y no discursos, por fortuna, porque, si no, no sé dónde estaríamos.
La ley dice que estarán en igualdad de condiciones, excepto en aquello que nosotros queremos enmendar, que es que puedan ser decanos o directores de departamento. Por tanto, tendrá la misma respetabilidad académica el profesor contratado doctor que el profesor titular, por ejemplo, la misma, aunque algunos funcionarios hoy, entre ellos usted, intenten transmitir a la sociedad que como no son funcionarios son menos. No. Ya nos ocuparemos algunos y ya se ocupará la sociedad de poner a cada uno en su sitio según sus méritos académicos e intelectuales y no conforme a su estatus funcionarial.
Ese es nuestro modelo de universidad y eso es lo que entendemos que recoge el título IX en el ámbito del profesorado: un profesorado funcionarial que tiene una prueba de habilitación para ser catedrático, para ser titular, y un profesorado contratado, previa la evaluación por parte de las comunidades autónomas, con un régimen que fijarán las comunidades autónomas y que puede concurrir incluso después de ocho años de ejercicio directamente a la cátedra. No será indispensable ser titular de universidad para concurrir a la habilitación de la cátedra sino que un contratado doctor, con ocho años de experiencia, previa una simple comprobación de que cumple los requisitos pero de forma automática, reglada, por decirlo en términos administrativos, podrá concurrir a la cátedra. Nosotros entendemos que eso encaja con nuestro modelo y es el punto de acuerdo al que hemos llegado con su grupo. Entiendo que le pueda gustar más o menos pero la ley, afortunadamente a partir de hoy, dirá lo que dirá.
Evidentemente, no nos gusta el modelo de habilitación pero no hemos presentado grandes enmiendas a este punto. Se nos podrá decir que por qué. Es una opción parlamentaria; porque, como he comentado anteriormente, nosotros estábamos en diálogo con el Grupo Parlamentario Popular desde antes incluso de que el proyecto de ley se trajera a esta Cámara, es algo de lo que nos mostramos perfectamente satisfechos, y sabíamos hasta qué punto el Grupo Parlamentario Popular, como así ha sido, no iba a ceder ni un milímetro en su modelo de habilitación. Por tanto, como los esfuerzos inútiles provocan melancolía, ni siquiera hemos concentrado nuestros esfuerzos en presentar enmiendas a la habilitación; simplemente, desde el primer al último momento, hemos dejado claro que no nos gusta, y hoy lo vamos a hacer de una forma parlamentaria muy evidente, como es votar en contra. Vamos a votar en contra de cada uno de los artículos que hacen referencia a la habilitación. Por tanto, mayor expresividad democrática no podemos tener. Votaremos a favor de la ley, votaremos a favor del conjunto de las mejoras de la ley, votaremos en contra de los artículos, separadamente, sin perjuicio de la votación de conjunto del texto, que hacen referencia a la habilitación. No es nuestro modelo, no nos gusta y lo dejamos bien claro y palmario en términos parlamentarios con una votación. Tampoco es muy distinto -y también lo digo y lo he dicho antes- del modelo del Partido Socialista, en el punto que menos nos gusta no es radicalmente distinto del modelo de acreditación del Partido Socialista, pero me dicen que estoy dedicando demasiadas energías a criticar el modelo socialista y puede que tengan razón. Critiquemos en este punto el modelo del Grupo Popular, que en este punto no es el nuestro ni nos gusta.
Nos queda vigente una enmienda al artículo 68 que se relaciona con otra al artículo 83 -las dos van juntas, aunque una haga referencia a otro título-, sobre las relaciones que pueden tener los funcionarios -eso sí, de los cuerpos docentes universitarios- en dedicación exclusiva con la actuación económica de la universidad. No me he traído a la tribuna el texto del proyecto de ley, pero el artículo 83 es el que establece la participación regulada de los profesores universitarios en régimen de exclusiva en actividades económicas, fundaciones, etcétera, que desarrolla la universidad. Se fijan algunas excepciones, pero en conjunto nosotros creemos que ese régimen es perfectamente correcto, y así lo votaremos favorablemente, aunque entendemos que precisa y que cabe un desarrollo autonómico más explícito que el que prevé la propia ley. Tanto lo entendemos que, en el fondo, aunque voten ustedes en contra de esta enmienda, tenemos perfectos títulos constitucionales y autonómicos para hacerlo y por eso no le causamos gran alarma, pero preferiríamos que quedara claro ahí. ¿Por qué? Porque el artículo 83, que, insisto, regula esa posibilidad de que las universidades tengan relaciones con institutos de investigación, e incluso con empresas, y por tanto los profesores universitarios en dedicación exclusiva en determinados casos puedan colaborar con empresas, no sólo afecta a las competencias en el ámbito universitario en términos políticos, sino que la regulación de esos contratos, el desarrollo de las figuras jurídicas que se deriven de ahí, afectan también a otros títulos competenciales, como pueden ser industria, turismo o incluso, si me apuran, medio ambiente, distintas competencias en las cuales las universidades podrán aportar su profesorado, con un régimen legal que establece la ley, y el desarrollo de las figuras contractuales afectará no sólo al ámbito académico, sino también a otros ámbitos. Querríamos que este elemento competencial fuera más explícito en la ley, pero insisto en que estamos tranquilos desde la certeza de que tenemos esa competencia y que por tanto podremos desarrollar esa legislación. Tendríamos más

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tranquilidad a efectos pedagógicos, si se quiere, que también lo hace la ley, si así apareciera, pero, si no es así, en su momento legislará el Parlamento catalán, si lo estima oportuno, en ese ámbito, porque tiene plenas competencia autonómicas, estatutarias y constitucionales para hacerlo.
Esta es la última intervención en este debate, que ha sido fructífero, aunque lo hubiera podido ser mucho más si el Grupo Parlamentario Popular hubiera decidido una tramitación más tranquila, y termino como empezaba. El proyecto de ley que vamos a votar hoy no es el que hubiera elaborado, ni mucho menos, el Grupo Parlamentario Catalán. Es un proyecto de ley que queda corto para el año 2001 y para empezar el siglo XXI, pero es un proyecto de ley que, a nuestro modo de ver, mejora -botella medio llena, botella medio vacía; preferimos verla medio llena-, y mucho, la actual situación legal, tanto desde el punto de vista del funcionamiento en algunos aspectos de la universidad española como desde el punto de vista del respeto competencial. Porque eso es así nosotros daremos nuestro voto favorable a la ley. Preferimos una ley que será mejor que la que ustedes hubieran hecho sin nuestro voto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señor Guerra Zunzunegui, visto lo visto, quisiera comenzar por agradecerle el tono de su intervención, incluso cuando me llama joven, cosa que hacen muy habitualmente y que en la Comisión repitió el señor Ollero por tres veces, aunque de su tono no podría decir lo mismo que del suyo. En cualquier caso, sí que querría decirles una cosa. Es cierto que pertenezco a una generación distinta de la suya, pero no es a causa de la edad, señorías, es a causa de las ideas que defiendo. Más allá de eso, quisiera decirles respecto al título que estamos defendiendo, que en el Grupo Socialista compartimos algunos de los objetivos que en relación con el profesorado universitario se recogen en el preámbulo del proyecto de ley. Creemos que es necesario revisar algunos extremos de la actual normativa para corregir disfunciones, introducir más flexibilidad en el régimen del profesorado universitario contratado y revisar la distribución competencial entre Estado, comunidades autónomas y universidades.
Nada que objetar. Compartimos en lo esencial que es preciso evitar la endogamia en los procesos de selección del profesorado, que resulta necesario recuperar el carácter original de la figura del profesor asociado, que hay que revisar las categorías del profesorado contratado y que hay que continuar con las prácticas de evaluación -continuar he dicho- de la calidad docente e investigadora de los docentes en nuestro ordenamiento universitario. Todo ello porque si mejoramos la calidad de nuestros profesores, estaremos sentando las bases más sólidas para mejorar también la calidad de nuestra enseñanza superior. Todo ello y sobre todo partiendo del reconocimiento de la tarea que desarrollan nuestros profesores y profesoras. Si hoy tenemos la mejor universidad de la que nunca ha dispuesto la sociedad española es porque tenemos los mejores profesores e investigadores de los que nunca, señorías, hemos dispuesto. El problema es que lamentablemente no podemos compartir prácticamente ninguna de las propuestas que para alcanzar esos objetivos nos propone el Gobierno. Se trata de propuestas poco meditadas, que en muchos casos no solo no van a alcanzar los objetivos que se proponen sino que, al contrario, van a empeorar los sistemas actuales y van a restar flexibilidad a las universidades, propuestas que en algún caso son radicalmente incompatibles con la autonomía universitaria, insólitas en los países con sistemas universitarios más avanzados y en algún otro son sencillamente incumplibles. El Gobierno nos ha planteado que con el objetivo de luchar contra la endogamia y favorecer la movilidad establece un nuevo modelo de profesorado, del que buena parte, hasta el 51 por ciento, va a ser funcionario y el 49 será profesor contratado. Se establece así lo que en la jerga universitaria se conoce como doble vía, dos tipos distintos de profesores universitarios estables, unos funcionarios y otros contratados laborales; dos tipos de profesores, que en principio van a efectuar exactamente las mismas tareas, ambos, contratados y funcionarios, darán clases e investigarán; eso sí, tendrán distintos derechos, distintas retribuciones, distintos sistemas de jubilación y, por supuesto, distintos mecanismos de acceso y de promoción. Harán lo mismo, pero serán distintos, y ya sabemos lo que eso quiere decir: dificultades de gestión e incluso eventuales discriminaciones. Si hacemos lo mismo -dirán los profesores- por qué no ganar lo mismo; si hacemos lo mismo, ¿por qué no tenemos los mismos derechos? Descendamos un poco más. ¿Por qué si yo soy contratado como catedrático de universidad -y no lo duden va a existir ese tipo de contratos- por qué no puedo ser rector? ¿Por qué si yo soy catedrático de universidad, no tengo derecho a un convenio laboral como mis compañeros contratados? ¿Cuál es realmente, señorías, la diferencia que en la ley se establece -y digo en la ley- entre un profesor funcionario y uno contratado laboralmente? Su sistema de acceso. Para un funcionario -pongamos un titular de universidad- un complejísimo sistema que comienza con una habilitación, que en realidad no es otra cosa que resucitar las viejas oposiciones centralistas, es decir, una oposición con tres ejercicios, a la que le sigue un concurso en la universidad en la que se pretende ingresar. Una fórmula insólita en nuestros días en la universidad europea e inimaginable en cualquiera de

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los países de mayor desarrollo universitario, porque su sistema de habilitación no es otra cosa que unas oposiciones para elegir aquellos profesores de entre los que las universidades tienen obligatoriamente que seleccionar a sus docentes. Esta ley, señorías, reimplanta un sistema contrario a la autonomía universitaria y a la autonomía política, creo que ha quedado bastante claro; contrario, además, a la lógica académica más elemental y lo hace al tiempo que establece una vía de contratación estable en las universidades a la que puede accederse con la obtención de una evaluación positiva de la Agencia Nacional de Calidad u órgano autonómico equivalente. En ambos casos se exige la titulación de doctor y tres años de experiencia docente e investigadora postdoctoral, en el supuesto de acceso al contrato laboral. Puestas así las cosas, no es difícil imaginar, señorías, que la vía elegida preferentemente por aquellos doctores que pretendan alcanzar un puesto estable en la universidad va a ser la vía contractual. Sin embargo, la decisión simultánea de diseñar una fórmula de acceso centralizada y retrógrada para acceder a los cuerpos docentes y crear la figura de profesores contratados estables puede conducir a muchas universidades a que vayan orientando sus plantillas hacia la que podríamos denominar vía contractual, por cierto, la potencialmente más endogámica de las dos. Se trata de una verdadera vía paralela a la funcionarial que, bajo el objetivo de dotar de mayor flexibilidad a las universidades a la hora de contratar a su profesorado, no sólo relativiza la lucha contra la endogamia, sino que aumenta las rigideces en el sistema de selección del profesorado, porque, no lo olvidemos, el profesorado contratado en el texto de ley no es una categoría temporal, sino dotada de estabilidad laboral y en ese punto el Estatuto de los Trabajadores es taxativo; la temporalidad laboral tiene un tope, fijado en el propio estatuto: tres años. Después, la fijeza, el contrato laboral indefinido. Por cierto, una estabilidad que, a tenor de la experiencia, es tan sólida e inamovible como la de los funcionarios.


Para el Grupo Socialista la solución que se aporta para combatir la endogamia es mala. Se sacan del baúl de la historia las viejas oposiciones centralistas a las que se bautiza con nombre alemán, habilitación, pero son viejas y son centralistas y, además, como dije antes, son un sistema insólito, porque, con la excepción de Italia, no existe ningún otro país de la OCDE en que las universidades tengan que elegir obligatoriamente sus profesores de entre aquellos previamente soleccionados por tribunales estatales. Existen países, como Francia, en los que se establece algún sistema de acreditación, por cierto, como el que los socialistas proponemos en nuestras enmiendas: acreditación sin límite de plazas; otros, en los que ni tan siquiera se exige ningún tipo de acreditación. Señor Ollero, digo acreditación, no carné de baile; digo acreditación, semejante a las que ustedes proponen para el profesorado contratado permanente de la universidad española. El sistema que ustedes deciden en este texto es insólito y, sobre todo, incompatible con la autonomía universitaria y política que protege la Constitución y, además, no es nuevo en nuestro país. Oposiciones como las que plantea esta ley ya las hubo en España y ya las rechazaron nuestras universidades.
Hemos oído del Gobierno que este sistema es el idóneo para garantizar la incorporación a nuestros claustros de los profesores e investigadores que en estos momentos trabajan fuera de nuestro país.
La verdad es que nos resulta imposible imaginar a uno de esos investigadores brillantes encerrado unas cuantas horas en una habitación preparando una lección de un temario básico de su especialidad para exponerlo después frente a un tribunal antes de ir a concursar a las distintas universidades para obtener una plaza de profesor titular. Que deje su universidad, que deje su laboratorio, sus colaboradores, sus estudiantes de doctorado y se vuelva a España, donde después de tres ejercicios y unos cuantos concursos va a tener una plaza y podrá empezar de nuevo. Señorías, ¿de qué estamos hablando? Y me dirán: para eso tenemos la vía contractual. Yo les digo: sí, siempre que no se presente a los concursos un doctor que tenga la habilitación, porque, si se presenta, según la ley que ustedes defienden, tiene un mérito preferente. Es más, contratamos a nuestro investigador o a nuestro profesor, se supone que con un gran currículum, pero no puede ser rector ni decano ni jefe de departamento ni participar en los tribunales de habilitación.
Señorías, su ley tampoco arregla este problema.
El sistema de profesorado que han diseñado, lejos de dotar de mayor flexibilidad a las universidades, les resta capacidad de maniobra. Ya he hablado de la contratación laboral; sin duda, tiene ventajas, pero presenta algunas limitaciones sobre las que cabría reflexionar. La universidad podrá contratar con las características ya comentadas, profesores doctores, también ayudantes y ayudantes doctores y en algunas áreas de conocimiento, pero sólo en algunas, colaboradores.
¿Por qué establecer limitaciones? ¿No resultaría más razonable dotar a las universidades de un sistema menos rígido, más flexible, que permita contratar temporalmente a las universidades, con más libertad, de acuerdo con sus necesidades? Nosotros creemos que sí, como creemos que los efectos negativos de la endogamia se pueden corregir sin limitar la autonomía universitaria. Se puede garantizar a través de un sistema de acreditación abierto que todo aquel que pase a ser profesor estable de la universidad tenga los méritos suficientes para serlo y, después, que sean las universidades quienes decidan, de entre quienes tengan esos méritos suficientes, el mejor en función, desde luego, del currículum, pero también de sus propias necesidades docentes e investigadoras. En fin, creemos que a las universidades se pueden incorporar a profesores de otras universidades o centros de investigación españoles o extranjeros mediante concursos específicos convocados de acuerdo

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con las universidades. En ese sentido van nuestras enmiendas. Además, por difícil que parezca, la ley, en su tramitación parlamentaria, ha empeorado algunas de sus propuestas iniciales. Se han reducido las exigencias que el proyecto de ley enviado por el Gobierno contenía respecto al profesorado de las universidades privadas para garantizar la calidad de la enseñanza. Donde había una exigencia de habilitación para un 25 por ciento del profesorado de las universidades privadas hoy nos encontramos con una simple evaluación positiva de la Agencia Nacional de Calidad u órgano autonómico equivalente, habilitación nacional con tres ejercicios para los profesores de la universidad pública, evaluación para sólo el 25 por ciento del profesorado de la universidad privada. Esa es la ley del embudo, señorías, la parte ancha para la universidad privada y la estrecha para la universidad pública.
Se ha modificado asimismo el régimen transitorio para impedir que las universidades convoquen plazas después de la aprobación de la ley.
Esta modificación, aparte de paralizar por un tiempo difícil de predecir las convocatorias de cualquier concurso para acceder al funcionariado docente universitario, va a impedir en la práctica el cumplimiento del plan de estabilización del profesorado que firmaron con el anterior gobierno del Partido Popular. En resumen, la ley de Pilar del Castillo enmienda un acuerdo de Mariano Rajoy. Finalmente, la ley mantiene una prórroga de tres años para la adaptación a la nueva ley de los actuales contratos de profesores asociados. Por cierto, en el documento que el Ministerio envió ayer a los medios de documentación para tratar de parar lo ya imparable hay muchos errores. Uno está referido a este asunto, porque los actuales profesores asociados tendrán sólo tres años a partir de la aprobación de esta ley. Léanse su propia ley, señorías del Grupo Popular, y déjenme que le recomiende desde aquí al gabinete de prensa del Ministerio que se la lea también. A todas luces, como pueden comprender, tres años son un tiempo insuficiente para que ellos puedan acomodar su situación a la nueva, respecto a sus proyectos docentes e investigadores.
Señorías, señora presidenta, termino ya. Como he tratado de relatar a lo largo de mi intervención, el tratamiento que el proyecto de ley da al profesorado universitario, lejos de mejorar la tramitación en esta Cámara, ha empeorado. El Grupo Popular ha ignorado todas las propuestas del Grupo Socialista en esta materia, propuestas que venían avaladas por buena parte de la comunidad universitaria, incluidos los actuales responsables académicos. Quisiera equivocarme, pero mucho me temo que su habilitación sencillamente no va a funcionar; su carrera docente tampoco. En resumen, como en el resto de la ley, estamos ante una oportunidad perdida, porque la voluntad de llegar a un acuerdo se ha sustituido por el empecinamiento y el miedo al debate y a la discusión. Déjeme acabar diciéndole, señora Ministra, que ha dado usted un nuevo ejemplo de ello no interviniendo en esta Cámara. Hemos sabido que dará una rueda de prensa esta tarde para hablar de este tema. Así entiende este Gobierno que debe debatirse la universidad, con el monólogo.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, ha quedado puesto de relieve que nos hallamos ante un punto decisivo de esta reforma que da final a un largo debate. Como ya hemos recordado, el Grupo Socialista intentó por dos veces modificar la situación actual del profesorado, que es donde se cebaron particularmente los desajustes y la falta de conocimiento de la realidad universitaria española del proyecto del señor Maravall. Como ya quedó claro en Comisión, no es la primera vez que se debate en esta Cámara sobre el modelo que proponemos, porque ya en una enmienda con texto alternativo que tuvimos ocasión de presentar hace años se habló de la habilitación.
Por tanto, no es ningún tema que surja hoy como una novedad. Estamos desarrollando un trámite que ha sido calificado de sumarísimo, pero que duplica al de la LRU -nunca vendrá mal recordarlo- y que iguala el de leyes tan importantes para salir de la configuración del sistema político anterior como el de la Ley orgánica del Consejo General del Poder Judicial, que se debatió en el mismo tiempo, cuatro meses, que es en el que acabará debatiéndose esta ley. Por tanto, no hay ninguna novedad al respecto.
El problema que se aborda en este título es cómo hacer compatible un auténtico control del mérito y la capacidad de los que aspiran a incluirse en la Función pública como profesores con la autonomía de nuestras universidades, reconocida por la Constitución en los términos que fije la ley. Ahí es donde la LRU fracasó lamentablemente. El otro día en una reunión en la Fundación Santillana fue muy expresivo el diagnóstico que se hizo por parte de sociólogos de reconocido prestigio, que dijeron que era una vergüenza la endogamia que viene sufriendo la universidad española. Recordaron con cifras, que es como hablan los sociólogos, que el 90 por ciento de las plazas está viciado por esa endogamia localista. Es más, el rector de la Universidad de Alcalá, el señor Gala, no elegido por sufragio universal todavía y, por tanto, según la teoría que mantiene el PSOE, imposible que sea del PP, dijo concretamente: Lo que hay no es endogamia, lo que hay es que ha entrado en el profesorado universitario todo el que pasaba por al puerta. Esto ya es un clamor.
Por eso cuando se habla de que toda la universidad en pleno está contra esta ley se falta a la verdad. Toda la universidad española está escandalizada de que la endogamia que el PSOE intentó desmantelar hace diez años siga en pie. Simplemente hay algunos profesores, y yo les entiendo, que después de que aquí ha habido vacas gordas desde 1983 se preguntan: ¿Por qué precisamente a

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mí me toca ahora el que no sea por ese sistema? Yo lo comprendo, pero estoy haciendo una ley; haré una ley y daré un pésame. De acuerdo que hay que darles el pésame a los que les ha tocado, pero es así; es absolutamente impresentable. El presidente de la CRUE dice: El hablar de endogamia hace que se dé por hecho que el de casa es el malo, a eso se ha llegado.
Usted puede criticar aquí las oposiciones todo lo que le dé la gana, pero sus compañeros de partido con don Gregorio Peces Barba a la cabeza, que las hizo conmigo, estaba orgulloso de haberlas hecho y eso le desmarca de los que no las han hecho. Eso han conseguido ustedes. Eso es una realidad. En este país se hacen oposiciones para otras muchas cosas y prestigian socialmente, les guste a ustedes o no, porque son esclavos de un discurso que sólo se lo creen ustedes.
¿O es que ustedes me van a decir que en España desprestigia hacer oposiciones? ¿Qué me cuenta usted? Eso no es así, en absoluto, y mucho menos en el ámbito universitario. Eso es una realidad. ¿Qué es lo que hemos propuesto? Algo muy simple, que haya un control del mérito y la capacidad creíble, mientras que ustedes lo han hecho al revés, con ese carné de opositor que se han inventado, que ya me dirá en qué país europeo existe eso con unas pruebas posteriores. Dígame, señora Chacón, porque yo no le acabo de entender, si las pruebas que ustedes ponen en las universidades son para garantizar el mérito y la capacidad, ¿la acreditación para qué es? ¿Para expender un carné de opositor? ¿Tienen ustedes interés en hacer eso? ¿Lo van a hacer en otros ámbitos de la Función pública? Si usted me dijera: Yo hago una acreditación que consiste en presentar un currículum y punto, sin publicidad, así voy a juzgar el mérito y la capacidad y luego la universidad se va a llevar el que quiera; eso sería pintoresco, pero tendría algún sentido. Usted me dice que va a acreditar para que luego alguien pueda hacer los ejercicios; para hacer los ejercicios hace falta saber hablar, simplemente. Es como si usted pidiera un carné a los estudiantes para examinarse. Eso es absurdo. Se pagan los derechos de matrícula y punto. ¿Tiene usted que acreditar a un estudiante para que se examine? Usted examina en las universidades, dos ejercicios y en algún caso tres. ¿Para qué acredita antes? Eso es una cosa churrigueresa, perdone que se lo diga. Es absurdo totalmente, y ya me dirá a qué modelos se remite con ese tipo de inventos tan originalísimos que nos trae aquí. Se trata de hacer una habilitación que no es una habilitación abierta. Vamos a ver el mérito y la capacidad para acceder a la Función pública, que tiene las plazas que tiene, no más. No queremos incurrir en corruptelas como los adjuntos sin plaza que llegaron al Tribunal Constitucional, que tuvo que establecer que era algo que no rimaba con nuestra Función pública.
Tampoco se van a producir bolsas de paro, como dice alguna enmienda del PNV, aunque hoy aquí no se ha expresado. Ya que está doña Begoña Lasagabaster y como reconocimiento al rigor de su trabajo, le diré que el planteamiento que ella hace en la enmienda dentro del Grupo Mixto no es real. Dice que vamos a limitar la libertad profesional, no es verdad, y se lo voy a explicar. Va a haber libertad en tres sentidos: primero, libertad de traslado en un cuerpo que el Tribunal Constitucional ha definido como de profesores interuniversitarios y que hoy no se pueden trasladar, tienen que hacer oposiciones para trasladarse, y el Grupo Socialista quiere que tengan que seguir haciendo oposiciones para trasladarse con un tribunal donde el candidato local pone un miembro. Eso es absurdo. En toda la Función pública se trasladan los funcionarios sin ningún problema. ¿Por qué en la universidad no va a ser así? Gracias a este proyecto va a haber esa libertad, porque no hay un pool de habilitados, como se ha dicho antes. Todos los que tienen una plaza pueden trasladarse cuando haya una convocatoria de una universidad, no tienen que pertencer a pool ninguno, porque por fin hay traslado, por fin hay movilidad, como por fin la hay entre los estudiantes. Vamos a enterarnos de qué universidad quieren los estudiantes y qué universidad quieren los profesores y nos vamos a dejar de rollos. Se habla mucho de los chiringuitos privados -y yo el primero-, pero lo que me duele en el alma, puesto que he estado toda la vida -y sigo estando- en la universidad pública porque he querido, es que haya chiringuitos públicos; no hay derecho a que se hagan chiringuitos con dinero público. Vamos a ver dónde quiere ir la gente y a enseñar qué.
Hay además una segunda libertad: la de la universidad para poner por orden a los candidatos que reciba. Caben dos posibilidades, señor González de Txabarri: o monta usted una acreditación basada en que uno sepa euskera y luego las universidades eligen, o monta una acreditación basada en que uno sepa filosofía del derecho y luego la universidad del País Vasco entre los candidatos pondrá el primero al que sepa euskera. Lo que propone su grupo -y perdóneme que se lo recuerde- es un sistema de acreditación que es como el Atlético de Bilbao pero sin entrenadores extranjeros; o sea, para presentarse a la acreditación hay que ser de la comunidad autónoma, avecindado -con el padrón en la mano-, y para estar en la comisión también. Luego usted sugiere que haya un pacto entre la comunidad autónoma vasca y la andaluza para intercambiarse estampas; es realmente de aurora boreal. Explíquemelo; ni en Suiza montan un lío de ese calibre. Ya me contará; la universidad, que es pura universalidad, convertida en un asunto en el que hay que estar avecindado en una comunidad autónoma para decir aquí estoy yo, y eso es compatible con su discurso del euskera -por cierto, le envidio por la fluidez con que lo utiliza; algunos de su partido no tienen tanta suerte-. En tercer lugar, el propio candidato, si varias universidades le han colocado en su ránking, elegirá universidad -la que le dé la gana-, y algunos van a quedar en evidencia; algunos que han malbaratado la autonomía hundiendo

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su propia universidad van a quedar en evidencia, como están quedando ya desde que la señora ministra ha convertido en realidad el distrito abierto, y se ha acabado el rollo de estabular a los estudiantes y obligarles a estudiar donde no quieren; ese rollo se acabó también, y eso es muy sano.
No va a surgir otra endogamia, señora Lasagabaster, esa otra endogamia funciona ya. En mi universidad, el candidato local coloca en el tribunal a profesores de fuera de su universidad, porque los que hay dentro lo conocen, y busca apoyos que no tienen nada que ver con la endogamia local, sino con esa otra endogamia. Eso pasa ya; eso no va a entrar ahora, pasa ya, lo sabe todo el mundo. Las escuelas han ido colocando a sus candidatos en universidades mostrencas, donde no había nadie en una plaza, para que activaran desde allí la plaza.
Eso es más viejo que la mar, no es nada nuevo. Frente a eso, la alternativa del PSOE es la del carné de opositor, con un puro curriculum, y luego a pasar pruebas. Se escandaliza la señora Chacón de que pretendamos que los profesores se sepan la asignatura. Señora Chacón, ¿examina usted a sus estudiantes diciéndoles: Hábleme usted de lo que usted quiera? Pues así la habrían examinado a usted con la LRU, si la hubieran examinado; así: Hábleme usted de lo que usted quiera. Sería como en el festival de Eurovisión: cada uno lleva su canción a su gusto y antojo. Pretendemos que un señor se sepa el programa; si se lo exigimos a los estudiantes, ¿cómo no vamos a exigírselo a un profesor? Yo les digo a los estudiantes que exijan en su universidad que les examinen diciendo: Hable usted de lo que usted quiera, por lo menos a los que defienden esta ley; si no, estamos en un doble lenguaje absolutamente intolerable. Eso sí que es atropellar a los estudiantes, señora Castro, y no tirarse aquí farolitos. Eso es atropellar a los estudiantes, exigirles más que a los profesores. Eso es una vergüenza, y es lo que se está haciendo actualmente. ¿Es un crimen pedirle a un profesor titular o catedrático que se sepa el programa? ¡Por favor, de qué estamos hablando! ¿Es eso así? Pues, claro que sí; es que no lo acabo de entender.
Luego está el concurso de méritos, puramente facultativo, como ahora, por tanto, no hay traslado; con una posibilidad de no provisión por parte de la universidad, por lo que seguiremos con la endogamia. Por fin, como monumento a la mala conciencia por todo esto, se dice que habrá un 15 por ciento de profesores no endogámico; claro, se da por hecho que al 85 por ciento restante no hay quien lo salve. ¿Qué tiene usted contra la doble vía, señora Chacón, si usted la mantiene en su proyecto a través de los profesores colaboradores? Tiene una doble vía, absolutamente igual. Además a gusto y antojo de las universidades, que se lo organizarán como les dé la gana.
Por parte de Izquierda Unida, lo único que vemos es que el discurso del cuerpo único se ha vuelto femenino, lo cual es un avance, ahora se habla de estructura simplificada; pero es el cuerpo único, para entendernos. Nos parece muy bien, es el discurso de siempre con una nueva vestimenta. En cuanto al personal laboral lo defendemos porque tiene más derechos reconocidos que esos contratos atípicos administrativos; algún grupo, el de Iniciativa per Catalunya-Verds, se oponía a ello. Defendemos el contrato para obra y servicio, que es una exigencia además en el ámbito del I+D, y por tanto algo necesario; el Bloque Nacionalista Galego se opone a ello. Defendemos la flexibilidad en el porcentaje de contratados hasta un 49 por ciento, mientras que Izquierda Unida se queda en un 20. En ese sentido hay más posibilidades para que la universidad se organice.


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego que concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Termino, señora presidenta.
La señora Chacón ha aludido a los asociados en su carácter original; el carácter original de los asociados es el que conocemos todos, demencial, porque admite el asociado a tiempo completo, que es lo que ha vuelto absolutamente del revés a la universidad española. Ese es el carácter original, no ha habido otro. A no ser que llame usted carácter original a las críticas que desde el Grupo Popular se mantuvieron desde el primer día, diciendo que eso era un disparate, que un señor de reconocido prestigio no se iba a dedicar a tiempo completo a la universidad, sino que sería un botarate, como evidentemente acabó siendo porque no había otra opción. Se trataba de alguien que dedicaba a enseñar el tiempo que necesitaba para aprender; así lo he definido y no me arrepiento de ello porque es la verdad.
Profesores de las privadas. Mire usted, señora Chacón, el embudo consistiría en que para ser contratado en la pública como doctor haya acreditación y para ser contratado en la privada como doctor hubiera habilitación. Eso sí que sería un embudo, cuando además la habilitación tiene sentido en la medida en que se accede a la Función pública y en la universidad privada no se accede a la Función pública. Al contrario, el proyecto lo que ha hecho -aceptando una enmienda muy razonable de CiU- es dar el mismo trato en la pública y en la privada a los contratados doctores, eso es lo que hay. Léaselo usted con tranquilidad, porque a lo mejor va a tener que ir alguien del servicio de prensa a leérselo, y tienen mucho que hacer porque después de la movida que tienen ustedes montada... No obligue al servicio de prensa a ir a contárselo. Léase la ley usted, que tampoco le vendrá mal; léasela un poquito.


La señora PRESIDENTA: Señor Ollero, le ruego que concluya.


El señor OLLERO TASSARA: Por último, estamos terminando con este trámite la corrección de un malunánimemente reconocido que es el de la endogamia

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universitaria y lo hacemos de una manera decidida y no con los parches, las timideces y las vacilaciones del Grupo Socialista.
Ponemos así fin, por el momento, a este largo debate. No puedo olvidar una escena que, la verdad, me place mucho recordar ahora y es a la actual ministra en una reunión en una fundación -donde eran inmensa mayoría los que no eran del Partido Popular- donde se hablaba de la reforma futura de la universidad. Ella ejercía allí una de sus mayores virtudes que es la capacidad de oír a los demás. Recuerdo que en aquella reunión que presidía el que aún no había sido secretario de Estado porque estábamos en la oposición, profesor Tejerina, ya se hablaba de estos temas. Hoy está aquí, sentada en el banco azul, sacando adelante contra viento y marea -también contra esas movilizaciones legítimas pero que serán como las hojas del otoño, se las llevará el viento- una ley como la que se merece la universidad española. Enhorabuena. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ollero.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las tres de la tarde.
Iniciaremos en ese momento la votación de las enmiendas y, posteriormente, el dictamen del proyecto de ley de universidades.
Se suspende la sesión.


Eran las dos y veinte minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, vamos a iniciar las votaciones correspondientes tanto a las enmiendas como al texto del dictamen del proyecto de ley de universidades. Votaremos en primer lugar y de manera sucesiva las enmiendas de los distintos grupos parlamentarios que afectan a los tres bloques en los cuales se ha dividido el debate del proyecto de ley. A continuación votaremos el texto del dictamen, también de forma sucesiva, y terminaremos con la votación de conjunto de carácter orgánico del proyecto de ley de universidades, así como con la votación de conjunto de carácter orgánico del proyecto de ley reguladora del derecho de petición, que ha quedado pendiente de esta mañana.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto números 286 y 318.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 17; en contra, 186; abstenciones, 114.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 319.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 17; en contra, 300.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 284, 297 y 320.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 125; en contra, 187; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda número 287.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 144; en contra, 173.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas que afectan al primer bloque, presentadas por el diputado del Grupo Parlamentario Mixto (BNG) señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 130; en contra, 185; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castain, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las números 596 y 608.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 21; en contra, 189; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 310; a favor, 125; en contra, 183; abstenciones, dos.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas números 174, 177 y 182.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 18; en contra, 186; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas número 171, 172 y 176.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 17; en contra, 298; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 169.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor 126; en contra, 187; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 173 y 175.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 12; en contra, 185; abstenciones, 121.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 179, 180 y 181.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 315; a favor, 12; en contra, 292; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 160.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 136; en contra, 174; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 131; en contra, 188.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del bloque de enmiendas firmadas por el señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas números 202, 203, 205, 208, 235 a 237, 248 y 252.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 17; en contra, 192; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 245.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 13; en contra, 193; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 190, 197, 200, 201, 231, 250 y 251.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 126; en contra, 188; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 204, 206, 207 y 246.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 12; en contra, 189; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 188.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 142; en contra, 176; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 131; en contra, 189.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, enmiendas números 616, 619, 637, 640, 641, 659, 663, 664, 666, 671 y 672.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 17; en contra, 189; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 635, 638, 639, 642, 644 y 658.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 17; en contra, 300; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 620 y 670.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 195; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 669.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 11; en contra, 190; abstenciones, 118.


La señora PRESIDENTA: Queda rechaza.
Enmiendas números 636, 660 y 667.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 14; en contra, 302; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 617,618, 643, 657,662.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 13; en contra, 190; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 668.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra, 298; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 613.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 31; en contra, 178; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 615 y 656.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 142; en contra, 177; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 665.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 35; en contra, 175; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por la señora Lasagabaster, del Grupo Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 15; en contra, 300; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, las números 25 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 17; en contra, 190; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 22 y 27, del mismo señor diputado.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 18; en contra, 301; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 31.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 13; en contra, 303; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 127; en contra, 191; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 336.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 26; en contra, 285; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, tres; en contra, 187; abstenciones, 131.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las enmiendas números 58, 86, 87 y 98.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 301.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 41, 45, 47, 64 y 68.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 17; en contra, 192; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 59 y 92.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra, 194; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 67.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 12; en contra, 306; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (Rumores y protestas.- Aplausos.) Señorías, les ruego que presten un mínimo de atención al objeto de poder seguir el orden de las votaciones.
Enmiendas números 60 y 97.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 125; en contra, 189; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 147; en contra, 175.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 43.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 146; en contra, 176.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), excepto las números 44, 62, 69 y 85, que han sido retiradas.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 113.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
En primer lugar, votamos las números 105, 127, 130, 132, 134, 144 a 146, 147, 148, 150 y 152.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 18; en contra, 189; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 128 y 137.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 11; en contra, 309; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 130; en contra, 189; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
En primer lugar, votamos la número 560.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 26; en contra, 176; abstenciones 119.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 538.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 146; en contra, 172; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda 542.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 145; en contra, 174; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 581.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 31; en contra, 282; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 592.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 24; en contra, 182; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 593.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor 27; en contra, 185; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán(Convergencia i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 30; en contra, 286; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmiendas números 384, 385, 417, 495 y 505.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 122; en contra, 195; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 357, 365 y 509.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 124; en contra, 188; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 369.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 140; en contra, 175; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas al primer bloque del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 131; en contra, 190.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas que afectan al segundo bloque.
En primer lugar, las del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez Sánchez, las números 289 a 291.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 128; en contra, 189; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 294.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 15; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Que rechazada. (Rumores.- Aplausos.) Resto de las enmiendas formuladas por el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 191; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Núñez, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 603.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 304; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 605.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 191; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 598 y 599.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 123; en contra, 191; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 602.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 12; en contra, 191; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el señor Núñez Castain.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 190; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas que han sido mantenidas por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, la 161.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 124; en contra, 191; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 163 y 166.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 126; en contra, 192; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 164.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 17; en contra, 303; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 167.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 304.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas presentadas por el señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 128; en contra, 190; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto, números 211, 217, 219, 223 a 225 y 228.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 189; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas presentadas por el señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 130; en contra, 190; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 622 y 634 de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 15; en contra, 192; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números, 623 y 627.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 122; en contra, 196; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 624, 631 y 632.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 300; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 630.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 12; en contra, 192; abstenciones, 118.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto, a este segundo bloque. En primer lugar, enmiendas de la número 7 a la número 13.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 131; en contra, 188.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 14 a 18, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 129; en contra, 191; Abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), en primer lugar, las números 53 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 19; en contra, 191; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 55, del Grupo Parlamentario Vasco.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 11; en contra, 199, abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 125; en contra, 192, abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 131; en contra, 193.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las números 114 y 117.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 131; en contra, 191; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este bloque.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 18; en contra, 191; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) a este segundo bloque. En primer lugar, la número 552.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 24; en contra, 289; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 32; en contra, 290; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 403 y 404.
Comienza la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 126; en contra, 190; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas a este bloque del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 131; en contra, 192; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a iniciar la votación de las enmiendas que afectan al tercer bloque. En primer lugar, las presentadas por el señor Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto, números 301 a 303, 310 y 312.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 19; en contra, 301; abstenciones, dos.


PRESIDENTA: La señora Quedan rechazadas.
Enmienda número 313, del señor Rodríguez Sánchez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 21; en contra, 192; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 300 y 304, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 11; en contra, 297; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


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Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 131; en contra, 192; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 13; en contra, 307; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Saura, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la número 255.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 14; en contra, 195; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 260.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 13; en contra, 301; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 262, 277, 278, 280, 281 y 283.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; favor, 18; en contra, 194; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda 256.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 133; en contra, 192.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas 257, 259, 263, 264 y 272.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 18; en contra, 305; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 132; en contra, 190; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas de la señora Lasagabaster, del Grupo Parlamentario Mixto.
En primer lugar, la 646.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 18; en contra, 304; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas de la señora Lasagabaster números 653 a 655.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 18; en contra, 193; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas de la señora Lasagabaster.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 129; en contra, 193; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 30, del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 18; en contra, 192; abstenciones, 114.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas a este bloque del señor Labordeta, del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 19; en contra, 299; abstenciones, dos.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 125; en contra, 195; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJPNV). En primer lugar, las números 75 a 77, 80 y 83 a 85.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 125; en contra, 191; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 71, 72, 78 y 79.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 19; en contra, 303.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 73.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 14; en contra, 193; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 85.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 126; en contra, 190; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 70.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 144; en contra, 177; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV).


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 19; en contra, 192; abstenciones, 112.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas a este bloque de debate por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 322; a favor, 128; en contra, 192; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 321; a favor, 138; en contra, 182; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas mantenidas a este bloque del debate por el Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la número 472.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 318; a favor, 119, en contra, 190; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a este tercer bloque de debate.
Comienza la votación. (Pausa.-Entran en el hemiciclo varios miembros del Gobierno.-Aplausos.- Rumores.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 127; en contra, 192; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos a continuación la votación del dictamen de la Comisión también siguiendo el orden establecido para el debate, en tres bloques. En primer lugar, votamos el título preliminar, los títulos I, II, IV, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII y XIII y las disposiciones adicionales, transitorias, derogatorias y finales.


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Empezamos la votación de este bloque por lo siguiente. Texto del dictamen de los artículos 1, 2, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 31, 33, 39, 41, 77 a 81 y 86, disposiciones adicionales primera, undécima y vigésima, disposición transitoria tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales segunda y cuarta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 323; a favor, 197; en contra, 19; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos artículos y disposiciones. (Entra en el hemiciclo el señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.- Aplausos.-Rumores.- Varios señores diputados: ¡Dimisión, dimisión!) Seguimos con la votación del texto del dictamen. Sometemos a votación los artículos 3, 4, 9, 11, 28, 29, 30, 32, 34 a 38, 40, 42, 46, 73 a 76, 82 y 83, las disposiciones adicionales tercera, cuarta, sexta, octava, novena y decimoquinta, las disposiciones transitorias primera, segunda, cuarta, quinta y octava y la disposición final quinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 196; en contra, 129; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos artículos y disposiciones.
Votamos a continuación los artículos 43, 44, 45, 84, 85 y 87 a 89, las disposiciones adicionales segunda, quinta, séptima, décima, duodécima, decimotercera, decimocuarta, decimosexta a decimonovena, vigesimoprimera a vigesimosexta, las nuevas disposiciones transitorias sexta y séptima y las disposiciones finales primera y tercera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 309; en contra, 15; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto de los referidos artículos y disposiciones.
Iniciamos, señorías, la votación del segundo bloque. Título III. En primer lugar, los artículos 13 a 18, 20 y 24 a 26.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 195; en contra, 130; abstenciones, 2.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los artículos números 19, 21 a 23 y 27.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 195; en contra, 21; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Iniciamos la votación del tercer bloque que se ha sometido a debate.
En primer lugar, votaremos los artículos números 47, 49, 50, 53, 54, 68 y 71.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 307; en contra, 18; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos.
Votamos a continuación los artículos números 61, 66, 67 y 69.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 196; en contra, 130; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos referidos.
Votamos los artículos números 48, 51, 52, 55 y 56.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 197; en contra, 129.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los referidos artículos.
Artículos números 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64 y 65.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 184; en contra, 143.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Artículos números 70 y 72.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 197; en contra, 19; abstenciones, 111.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
A continuación vamos a votar la exposición de motivos.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 327; a favor, 195; en contra, 129; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


VOTACIONES DE CONJUNTO:

La señora PRESIDENTA: A continuación, señorías, votamos el conjunto del texto del dictamen de la Comisión del proyecto de ley de universidades por tener carácter de orgánico.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 197; en contra, 129.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley en votación final sobre el conjunto del texto. (Fuertes aplausos.-Fuertes protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Señora López, le ruego guarde silencio.
Señorías, sometemos a votación final de conjunto del texto por tener el carácter de orgánico el proyecto de ley reguladora del derecho de petición.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de ley en votación final sobre el conjunto del texto.


PREGUNTAS:

- DEL DIPUTADO DON GASPAR LLAMAZARES TRIGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿EN QUÉ PIENSA EL GOBIERNO REPLANTEAR SU POSICIÓN ANTE LOS EFECTOS EN LA POBLACIÓN CIVIL DE LOS BOMBARDEOS EN AFGANISTÁN? (Número de expediente 180/000939.)

La señora PRESIDENTA: Punto XII del orden del día: Preguntas. En primer lugar, las dirigidas al señor presidente del Gobierno.


Pregunta número 19, que formula el diputado don Gaspar Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Buenas tardes, señor Aznar. ¿Piensa usted cambiar su política de apoyo incondicional a los bombardeos en Afganistán a tenor de las importantes víctimas civiles que se están produciendo en los últimos días?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta, señorías, el Gobierno va a mantener su política.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Llamazares.


El señor LLAMAZARES TRIGO: Señor Aznar, ha sido usted uno de los primeros en sumarse a la guerra y a los bombardeos, como expresión de la legítima defensa. Yo quiero preguntarle mirándole a los ojos...
(Risas.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor LLAMAZARES TRIGO: ...si piensa que es legítima defensa bombardear a la población civil y a los organismos internacionales, si es legítima defensa utilizar bombas de racimo, prohibidas por la legislación internacional, si es legítima defensa autorizar a la CIA para asesinatos extrajudiciales. Coincidirá conmigo en que eso no es legítima defensa, que esa guerra no es legítima.
Señor presidente, la guerra es el fracaso de la política, pero también puede ser una política fracasada. Yo también le pregunto, señor presidente, ¿nos encontramos más cerca o más lejos de la solución del problema? En nuestra opinión, estamos más lejos de encontrar a los terroristas y de ponerlos a disposición de los jueces, pero estamos más cerca, peligrosamente cerca, de provocar una confrontación entre civilizaciones. Las víctimas civiles y los millones de personas que están en peligro de catástrofe humanitaria y también la confrontación y la inestabilidad en Oriente Medio y en Asia Central nos alejan cada vez más de la solución de los problemas y en concreto de la solución del ataque terrorista del 11 de septiembre.
Señor Aznar, esperamos que escuche la voz de los que cada vez en mayor número plantean que esta guerra termine. Lo plantean los organismos internacionales, la ciudadanía y, probablemente, cada vez más gobiernos. Señor Aznar, no haga usted como Otto von Bismarck que en vez de parar la guerra la trasladó

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luego al seno de su propio país criminalizando a la oposición, amordazando al Parlamento o planteando salidas de restricción de las libertades. Espero que no haga eso.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Llamazares.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señoría, lo que se está librando es un combate importante en la lucha entre la comunidad internacional, los terroristas y el terrorismo. (Rumores.) El dilema no es tanto bombardear o no, el dilema es si somos capaces de responder al terrorismo o si el terrorismo queda impune y, por tanto, puede golpear cuando quiera. Desde luego, lo que está muy claro es que la comunidad internacional ha decidido -y yo me alegro mucho de ello- que el terrorismo no quede impune y en ningún caso vamos a esperar impávidos a que podamos ser golpeados otra vez, sin reaccionar y, además, sin acabar con los terroristas, naturalmente, si podemos.
Quiero aprovechar para reafirmar nuestra posición, como he dicho antes. Nuestra posición no tiene fecha de caducidad. Todos sabemos muy bien que conforme pasa el tiempo es difícil mantener las posiciones, es difícil mantener un proyecto y una acción política determinada, pero el Gobierno de España no va a flaquear en la lucha contra el terrorismo. No asumirá esa responsabilidad y apoyará a aquellos que asumen el riesgo de combatir el terrorismo, aunque algunas veces tengamos que lamentar víctimas inocentes que no deseamos. Hay que lamentar las víctimas inocentes del pueblo afgano, que es víctima de un régimen tiránico que ampara a una organización terrorista responsable de los ataques terroristas en los Estados Unidos. Hay que empezar por ahí, señoría, y darse cuenta del coste que significa erradicar el terrorismo y mantener claramente una posición política y moralmente digna.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON GABRIEL CISNEROS LABORDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CREE EL GOBIERNO QUE EN LAS ÚLTIMAS SEMANAS SE HAN PRODUCIDO AVANCES SUSTANCIALES EN LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO EN TODO EL MUNDO? (Número de expediente 180/000917.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 21, que formula el diputado don Gabriel Cisneros. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Señora López, le ruego guarde silencio.
Adelante, señor Cisneros.


El señor CISNEROS LABORDA: Señor presidente del Gobierno, hace unos días Su Majestad el Rey formuló la contundente afirmación de que la democracia es el único sistema político digno de la especie humana. A este juicio de estirpe ética cabría añadir que, en términos de eficiencia productiva y de capacidad de expandir y distribuir los beneficios del crecimiento, la democracia se ha acreditado como la más útil herramienta de organización de la convivencia. Partiendo de esa convicción, hay que añadir que ninguna apelación a las creencias religiosas, al peculiarismo multicultural, a la identidad nacional o étnica, al irredentismo territorial o a cualquier otra coartada, deben disuadir la voluntad de la comunidad de los pueblos libres de preservar su estilo de vida y erradicar la amenaza global del terrorismo. Así, el terrorismo, todos los terrorismos sustancialmente idénticos muestran su descarnada fisonomía totalitaria, acogidos al denominador común de la pretensión de sojuzgar a los demás mediante el uso artero de la violencia ilegítima. No es sorprendente que ante la dimensión de la agresión del 11 de septiembre se venga produciendo un rearme moral, jurídico y político en la comunidad de los pueblos libres y en el interior de cada uno de ellos.
Pese a la interesada teoría de la especificidad de los terrorismos que algunos han querido propalar entre nosotros, ningún observador ha dejado de vincular el 11 de septiembre con el anuncio del desarme del IRA, noticia que ha tenido entre nosotros comprensible repercusión al comprobar que a España le toca la triste singularidad de albergar el último reducto del terrorismo en Europa, como dijo el señor presidente hace pocos días, el más cruel, el más fanático, el más estúpido. Sin entrar en el debate estéril de las analogías y de las diferencias, nada tiene de mistificador recordar que hace más de 20 años el País Vasco se otorgó libremente un estatuto de autonomía que le dispensa las más amplias facultades de autogobierno que todo el derecho comparado ofrece en los ejemplos de Estados compuestos; una autonomía, por cierto, que improbablemente el Ulster tendría nunca, triunfasen a muy largo plazo las tesis unionistas o las tesis republicanas. Nada tiene de mistificador evocar que hace más de veinte años sucesivas amnistías excarcelaron a todos los terroristas y, sobre todo, nada tiene de mistificador concluir que ningún sedicente derecho colectivo de autodeterminación puede prevalecer sobre el más primario derecho de autodeterminación individual, el derecho de todas las personas a seguir vivas. (Rumores.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cisneros.
Señorías, ruego guarden silencio. (Continúan los rumores y las protestas.)

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Señorías, ruego guarden silencio.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Señora presidenta, señorías, sabemos muy bien que la lucha contra el terrorismo es extraordinariamente dificultosa, extraordinariamente difícil, pero creo que el mundo va avanzando claramente en su decisión, en su determinación de aislar, eliminar y erradicar el terrorismo. En la búsqueda y eliminación de los terroristas en Afganistán, desde el primer momento se anunció que iba a ser una operación duradera, larga y difícil, que incluso iba a durar años. Sabemos nosotros, por nuestra dura experiencia al respecto, que no es la lucha contraterrorista precisamente una lucha para aquellos que aspiran a tener resultados inmediatamente o que son tan impacientes que aspiran a que se desarrollen las cosas buscando las naturales consecuencias.
En la Unión Europea se ha producido un avance muy importante que se tiene que consolidar en el ámbito de la lista común de organizaciones terroristas, las organizaciones que les apoyan, la lucha contra la financiación, la construcción de una Europa más segura jurídica y políticamente, que va a tener sus repercusiones muy importantes en todo el mundo y, por supuesto, también en España. Desde el punto de vista de las consecuencias, hemos visto también el anuncio de un grupo terrorista irlandés, el IRA, de abandonar las armas. Como ha dicho S.S., nos queda el triste honor aquí de ser el último reducto de un grupo terrorista en toda Europa. Desde el punto de vista de la lucha contra el terrorismo en España, se ha avanzado. Me quiero referir solamente a lo que ha ocurrido a lo largo del día de hoy. Las fuerzas de seguridad actúan con plena determinación en el marco del Estado de derecho. Sí quiero marcar una diferencia muy clara. Hay quien se dedica a eso y hay quien se dedica a establecer diferencias con el terrorismo o a subvencionar a grupos que son colaboradores del terrorismo, como se ha demostrado esta misma mañana.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.


- DEL DIPUTADO DON JOSÉ LUIS RODRÍGUEZ ZAPATERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR PRESIDENTE DEL GOBIERNO: ¿CUÁLES SON LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO MANTIENE UNA REFORMA DE LA UNIVERSIDAD QUE HA PROVOCADO UN AMPLIO RECHAZO SOCIAL? (Número de expediente 180/000930.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 34, que formula el diputado don José Luis Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, es la segunda ocasión que le pregunto sobre la universidad española y la reforma que su Gobierno ha puesto en marcha. Es notorio que desde la primera vez a hoy las cosas están peor, y que el rechazo en la comunidad universitaria a su proyecto y a su texto ha aumentado de manera significativa. Por eso le quiero preguntar cuáles son las razones que le llevan a mantener, de una manera claramente obstinada, la reforma que ha planteado y que, por cierto, acabamos de votar en esta Cámara.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez Zapatero.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): Que acabamos de votar y de aprobar, afortunadamente.


Consideramos esa reforma necesaria y conveniente y, además, es un compromiso electoral, político, refrendado hoy ante esta Cámara por una gran mayoría de españoles que quieren el proyecto de reforma de la universidad española. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor Rodríguez Zapatero.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor Aznar, los métodos y las formas en democracia tienen una gran importancia. Hemos vivido en los últimos días situaciones en el uso de su mayoría absoluta que no enriquecen la democracia, más bien la deterioran y empobrecen el Estado de derecho. (Rumores.) Hemos visto cómo ministros de su Gobierno se han parapetado para no responder en una Comisión en pie de igualdad con todos los ciudadanos. (Rumores.- Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor RODRÍGUEZ ZAPATERO: Hemos visto cómo el debate de la reforma de la universidad se ha producido en muy pocas horas y con nocturnidad, en la Comisión y en este Pleno. Hemos visto cómo usted se ha negado -y se reúne con mucha gente- a reunirse con los rectores de este país, que no le han merecido la mínima consideración, ante la reforma de la universidad. Ha comprobado que los claustros y las aulas han rechazado su reforma, ha mantenido su soledad en esa carrera hacia una reforma inútil y hacia un calvario que va a suponer el intento político de hacer una universidad con menos autonomía, con menos burocracia, que no nos incorpora a la era digital, que no facilita la estabilidad de los investigadores, que no mejora la calidad

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de la docencia y que lo único que va a suponer es un paso atrás. Pero no tenga duda, señor Aznar, de que una nueva mayoría derogará esta ley (Rumores.) y hará una reforma con la universidad, no contra la universidad, para dar un impulso de futuro y, desde luego, ningún mensaje negativo. Han sido frecuentes sus voces sobre lo mal que está la universidad y los docentes. Lo que yo creo que es un desastre es el área educativa de su Gobierno y no la universidad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor presidente.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): No se preocupe S.S.
porque la mayoría actual hará lo posible por preservar la Ley de Reforma Universitaria, naturalmente en los términos que acaba de aprobar la Cámara. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor PRESIDENTE DEL GOBIERNO (Aznar López): De la reforma de la universidad se lleva hablando bastante tiempo en nuestro país y tenemos una universidad bastante distinta de la del año 1983, en la cual se aprobó la Ley de la Reforma Universitaria. Quiero recordar que en el año 1995 se envió un proyecto de ley que no pudo ser debatido porque las Cámaras fueron disueltas. Por tanto la reforma de la universidad es una idea con la que no se viene trabajando con apresuramiento por parte del Gobierno sino que se ha discutido en España desde hace mucho tiempo. Hay un dato objetivo: estamos en una universidad sustancialmente distinta de la de hace 18 ó 20 años en nuestro país.
Nuestra aspiración no es hacer nada de lo que S.S. ha dicho sino sencillamente mejorarla, que haya más calidad en la enseñanza universitaria, que haya más movilidad del profesorado, que haya más movilidad en los estudiantes, que haya más posibilidad para la investigación, que haya mejor formación, que haya una universidad de más calidad y unos universitarios mejor formados que los que tenemos ahora. Señoría, no se engañe, nadie está diciendo que la universidad sea mala, está diciendo que puede ser mejor y que la ley que tenemos puede ser mejor para alimentar lo que significa un espíritu universitario en el siglo XXI, basado fundamentalmente en la calidad y no en ningún prejuicio del pasado que, sin duda, puede ser útil para pronunciar algunos discursos, pero que es perfectamente inútil para las necesidades de la universidad española.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor presidente.
- DEL DIPUTADO DON JOAN SAURA LAPORTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿QUÉ OPINIÓN TIENE EL MINISTRO DE ECONOMÍA SOBRE LAS INCOMPATIBILIDADES DE LAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE UN MIEMBRO DEL GOBIERNO CON EL DESEMPEÑO DE SUS RESPONSABILIDADES POLÍTICAS? (Número de expediente 180/000916.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía.
En primer lugar, pregunta número 20, que formula el diputado don Joan Saura Laporta.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señor Rato, en julio de 1998, el abogado del Estado en nombre del Gobierno solicitó a la juez el archivo del caso de las cesiones del crédito del Banco de Santander, caso que apareció en su momento como uno de los posibles fraudes fiscales más importantes. Esta decisión -usted lo recuerda- fue de sorpresa y de incomprensión, movió grandes debates parlamentarios, hizo correr mucha tinta, significó declaraciones de la Fiscalía Anticorrupción en contra de la decisión del abogado del Estado, que en repetidas ocasiones ha tenido el rechazo de la juez que reiteradamente ha mantenido el procedimiento abierto. Pocos meses después de esta decisión, señor Rato -según informaciones aparecidas recientemente que, en caso de ser falsas, me gustaría que las desmintiera e inmediatamente y yo retiraría la pregunta-, Banesto, grupo financiero integrado en el grupo de Santander, adquirió participaciones de empresa en su familia. También fue ésta, a mi entender, una compra sorprendente e incomprensible porque son las únicas compras de Banesto ajenas a su grupo corporativo.
Señor Rato, estos hechos, tanto desde un punto de vista político como ético, son feos - por decirlo de forma simple- y me gustaría que usted diera explicaciones para desmentir algo, si hay que desmentirlo, o en todo caso, para escuchar su valoración.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor vicepresidente, el diputado interviniente no ha leído el enunciado de su pregunta que, de acuerdo con el Reglamento, es a lo único que usted está obligado a contestar. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
El enunciando de la pregunta dice: ¿Qué opinión tiene el Ministerio de Economía sobre las posibles incompatibilidades de las actividades empresariales de

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un miembro del Gobierno para el desempeño de sus responsabilidad políticas? Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señor diputado, es indudable que la pregunta no tiene nada que ver con lo que S.S. ha dicho, pero no tengo ningún inconveniente en contestarle. No existe ninguna relación entre las decisiones que tome independientemente y siguiendo criterios jurídicos la Dirección General del Servicio Jurídico del Estado y actividades de ningún miembro de este Gobierno. Si S.S. creyera lo contrario, debería manifestarlo y, probablemente, acudir a los tribunales. Si no lo hace es porque S.S. está utilizando una capacidad parlamentaria para injuriar impunemente a miembros del Gobierno. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Señor Rato, si no pudiéramos ejercer la crítica política al Gobierno y sólo ir al juzgado, tal vez deberíamos cerrar este hemiciclo. Este hemiciclo está para pedirle responsabilidades políticas y éticas también, porque la política en definitiva es ética, independientemente de las responsabilidades penales. (Aplausos.) Es incorrecto, inaceptable, éticamente indefendible, que el ministro de Economía que juega un papel fundamental -no el abogado del Estado, señor Rato- en la decisión de archivar un caso como éste, al mismo tiempo, sus empresas familiares están relacionadas financieramente en una operación que, en todo caso -lo digo de forma neutra-, es sorprendente con esa misma entidad financiera. No dudo de su honorabilidad, señor Rato, pero le recuerdo lo de la mujer del Cesar: no sólo es necesario ser honrado, sino parecerlo y creo que usted se ha equivocado. (Un señor diputado: ¡Muy bien!-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Rato.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.
Tengo que decirle que quien no me parece honrado en este caso es S.S.
(Rumores.) Afirmar aquí que un profesional del servicio jurídico del Estado ha vulnerado su conciencia y su profesionalidad partiendo de la base de afirmar también que yo he vulnerado la mía para que S.S.
pueda hacer crítica política, demuestra por qué los votantes no se fían de S.S. (Aplausos.-El señor Saura Laporta pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rato.
Señor Saura, ¿a qué efectos pide la palabra?

El señor SAURA LAPORTA: Por alusiones, porque ha dicho que yo no era una persona honrada, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señor Saura, en el turno de preguntas no se aplica, habitualmente (Rumores.), la réplica por alusiones por cuanto permanentemente, en un debate de preguntas como es éste, de dos minutos y medio de un interpelante y dos minutos y medio del miembro del Gobierno, siempre hay alusiones.
Señor Saura, lo siento pero no tiene la palabra.


- DEL DIPUTADO, DON JUAN MANUEL ALBENDEA PABÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTUACIONES ESTÁ LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO PARA SENSIBILIZAR A LAS POBLACIONES MÁS VULNERABLES ANTE LA LLEGADA DEL EURO? (Número de expediente 180/000918.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 22, del señor Albendea Pabón.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.
En el mes de julio de 1996, señor vicepresidente, cuando usted asumió la responsabilidad de dirigir la política económica del Gobierno, España no cumplía ninguno de los requisitos exigidos en el Tratado de Maastricht. (Rumores.) Ninguno, señorías.


La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor ALBENDEA PABÓN: En mayo de 1998, España se sometió al examen y aprobó holgadamente dichas exigencias. Ese es un hecho incontestable y por hechos de ese relieve pasará usted, señor vicepresidente, a la historia de este país y no por los infundios, y no por los infundios... (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Albendea.
Señorías, ruego guarden silencio y permitan que se celebre el debate en esta Cámara en todos los casos.


El señor ALBENDEA PABÓN: Gracias, señora presidenta.


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Decía que usted pasará a la historia no por los infundios con los que la oposición intenta manchar su limpia trayectoria política.
(Rumores.) Como no tuvieron bastante con el revolcón del lunes pasado, esta tarde vuelven a las andadas. Masoquismo se llama esa figura. (Una señora diputada: ¡Pelota!) El euro ha prestado ya a España relevantes servicios. ¿Cómo hubiera aguantado la peseta la crisis del verano de 1998, o más acentuadamente la crisis actual, si no hubiera estado al socaire del euro? ¿La favorabilísima evolución de los tipos de interés de los últimos años se hubiera producido en España sin pertenecer a la zona euro? De todas estas ventajas derivadas de pertenecer al área del euro tiene cabal conciencia la sociedad española, y los esfuerzos de comunicación que están haciendo tanto el Gobierno como los agentes económicos y financieros permiten aventurar que la operación de conversión física a llevar a cabo a partir del 1.º de enero va a resultar un éxito. Hay, sin embargo, algunos sectores de la sociedad más vulnerables a los que se hace más difícil trasladar los mensajes y su intelección. Por ello le pregunto, señor vicepresidente, ¿qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno para sensibilizar a las poblaciones más vulnerables ante la llegada del euro? Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Albendea.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado.
Como sabe la Cámara, desde el año 1997 el Ministerio de Economía está llevando a cabo una campaña de comunicación del euro y en el caso concreto en los que podrían llamarse sectores con mayores dificultades, que están identificados por la propia Comisión Europea como personas mayores, personas que vivan en lugares rurales apartados y los disminuidos físicos y psíquicos, y también la población escolar. Entre los meses de julio 2000 y julio 2001, titulados superiores con experiencia en formación de adultos han impartido más de 4.600 charlas a personas mayores, y este número, directa o indirectamente, ha podido llevar esta información ya a 860.000 personas. El objetivo es que a finales del año 2001 o principios del 2002 se visiten los 7.000 centros, que es el 50 por ciento aproximadamente de hogares y residencias de España para impartir formación a más de 1.300.000 personas, por fórmulas directas e indirectas, lo cual supone el 20 por ciento de la población de más de 65 años. Asimismo, siguiendo experiencias de la Comisión Europea, se han elaborado materiales adaptados a las necesidades de los mayores, llamados de eurofácil, y se están llevando a cabo programas de este tipo que irán más allá de finales del 2001. Estamos ampliando este programa con la colaboración de ayuntamientos y diputaciones provinciales a escuelas de adultos y a centros culturales.
En cuanto a deficientes visuales, auditivos y psíquicos, se han repartido manuales expresos para cada uno de ellos, en cifras bastante considerables, en colaboración con la ONCE, la Confederación Nacional de Sordos y otras asociaciones, y además se ha hecho una distribución, con la autorización del Banco Central Europeo, de billetes y monedas ficticios entre los formadores de las personas con deficiencias visuales auditivas y mentales, para poderles ayudar. Al mismo tiempo, en el medio rural, aproximadamente entre los años 1999 y 2001, 1.500 localidades han sido visitadas por un número de 400.000 visitantes en autocares concebidos con aulas móviles y dotados de formadores, vídeos y puntos informáticos. Por otro lado, en el año 2001 diez exposiciones itinerantes sobre el euro recorrerán 400 municipios, estimando que las vean también un millón y medio de personas. Por otra parte, se ha puesto en marcha un material didáctico en todas las lenguas cooficiales, además del castellano como es natural, junto a vídeos infantiles que se han repartido en los colegios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


- DEL DIPUTADO ANTONIO CUEVAS DELGADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA ACTUADO EL SEÑOR MINISTRO CONFORME A LA LEY DE INCOMPATIBILIDADES EN SUS DECLARACIONES DE ACTIVIDADES Y BIENES? (Número de expediente 180/000931.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 35, que formula el diputado don Antonio Cuevas Delgado.


El señor CUEVAS DELGADO: Gracias, señora presidenta.
Señor vicepresidente y ministro de Economía, mantiene usted intereses en numerosas empresas de este país, en sectores importantes como la alimentación, la energía, el turismo, el sector inmobiliario; en algunas de ellas con participaciones por encima del 10, del 20 ó del 30 por ciento, y en otras también mantiene contratos con el Estado, subvenciones que a veces da su propio ministerio y créditos en condiciones muy peculiares.
Con todo esto, ¿considera usted que ha cumplido con la Ley de Incompatibilidades y por lo tanto puede explicar a los ciudadanos la conducta de no reflejar ensu declaración de actividades ninguna actividad?

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta, gracias, señor diputado. Sí.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor vicepresidente.


Señor Cuevas.


El señor CUEVAS DELGADO: Señor vicepresidente, esa respuesta le descalifica ante los ciudadanos, que son los que querían haber conocido la verdad.
Señor Rato, le hemos pedido por activa y por pasiva su declaración de bienes que, como usted sabe, es secreta. No la conoce, no sé si la conocerá alguien, o si usted se acordará de ella. La declaración de actividades, como he dicho, refleja nula actividad. Sin embargo, mantiene todas estas relaciones y le quiero decir que después del asunto Rebecasa -¿se acuerda usted?-, con una frenética actividad de cambios de accionariado -me imagino que tendrán mucho trabajos los notarios-, de declaración de nuevas sociedades, en todas estas sociedades familiares usted mantiene el accionariado con sus familiares más directos, se obtienen, como he dicho antes, créditos, subvenciones; estas empresas van funcionando, algunas de ellas participan en otras, como por ejemplo la empresa Muinmo, que participa en Ibermar -aunque se ría la señora ministra de Sanidad, se ve que tiene mucho conocimiento de esto-, y lo que acabo de enumerar no lo estoy diciendo yo solamente, sino que lo dice usted. Usted públicamente ha dicho que es accionista de esa sociedad y de otras más en las que ésta participa. A mí me parece, señor ministro, que es una actuación intolerable, no digna de un vicepresidente de este Gobierno y ministro de Economía. Debe usted tomar en consideración su dimisión por esta actitud absolutamente irregular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Cuevas.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta. Gracias, señor diputado.
Cuando llegue a la edad del señor Zapatero y necesite hacer una biografía, S.S. será la persona que mejor la pueda escribir, porque parece que se conoce mi vida, la de mis hermanos y la de mis familiares de manera detallada. Si dedicara tanto esfuerzo a hacer propuestas para mejorar la vida de los españoles (Rumores.), sin duda los electores se lo agradecerían.


Una vez que sé que S.S. será un impagable colaborador si alguna vez puedo escribir una biografía, me gustaría sólo hacer dos matizaciones sobre algunas afirmaciones. La primera es que cuando S.S. dice que en empresas en las que participo directa o indirectamente tengo créditos bancarios en condiciones peculiares, se refiere a que nunca me han provisionado un crédito, que nunca he pedido un crédito que he pagado a tipo de interés por debajo del mercado. ¿Sabe S.S. lo que es provisionar créditos? Es ir a una Caja de Ahorros andaluza a pedir un crédito que al día siguiente lo anulen por impagado. Eso es provisionar un crédito.
Pues bien, respecto a la empresa Rebecasa, quiero decirle que yo estoy en el lado de los accionistas españoles que cuando una empresa suya va mal, probablemente por responsabilidad de los gestores, venden su patrimonio para que los derechos de los trabajadores no se vean disminuidos. (Aplausos.) Fíjese lo que le digo, estoy orgulloso de que tanto mis familiares como yo, no cuando nos va bien, sino cuando nos va mal, vendamos nuestro patrimonio para que los trabajadores y los demás acreedores puedan cobrar. Estoy seguro de que S.S. y su grupo parlamentario siempre podrían decir lo mismo.
(Aplausos.)

PRESIDENTA: La señora Muchas gracias.


- DE LA DIPUTADA DOMA MARÍA TERESA COSTA CAMPI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CON QUÉ CRITERIOS ELIGE EL MINISTRO DE ECONOMÍA A SUS COLABORADORES MÁS DIRECTOS? (Número de expediente 180/000932.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 36, que formula la diputada doña María Teresa Costa. (Rumores.)

Señorías, guarden silencio.


La señora COSTA CAMPI: Señor ministro, le recomiendo la última película de Woody Allen. Se sentirá como él cuando afirma: Piensan que soy un sospechoso pero muy prometedor. La ficción siempre ayuda, señor Rato, a sobrellevar la realidad, porque la suya es harto complicada y usted es el único responsable de la situación en que se encuentra. Quiere huir hacia delante, señalando a tirios y troyanos como causantes de sus males, pero ya se lo ha dicho ABC: Lo suyo son las tablas sin argumentos, y eso no da credibilidad.
No nos diga que esa ingenuidad que le caracteriza, ese rasgo distintivo de su personalidad es la causa de los nombramientos que usted ha hecho, que sus currícula eran adecuados pero su alma menos, y eso usted no lo sabía. Son catorce los nombramientos en los que se

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había equivocado y ahí ya no cabe error. Sus nombramientos en la CNMV han permitido el robo de 18.000 millones de pesetas, minando la credibilidad del órgano regulador y creando una alarma social. ¿Qué criterios de elección son los suyos, señor Rato? (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.
Tiene la palabra el señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señoría, yo le recomendaría que viera una película española que se llama Los otros, porque es sobre personas que creen que están vivas pero están muertas (Risas.) y políticamente a lo mejor es lo que sucede en este momento en su grupo parlamentario. (Aplausos.) Pero aparte de que nos intercambiemos gustos cinematográficos... (La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.-Aplausos.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Perdón, señor vicepresidente. Señorías, guarden silencio. ¡Señora López, le llamo al orden!

El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, déjela, si es lo más alegre de la sesión. (Risas.) Señoría, la elección de mis colaboradores tiene diversos momentos. La última es un impulso del señor Caldera y del señor Zapatero que me han urgido a que ayer por la mañana presentara un escrito para garantizar que voy a elegir a un señor que yo no conozco y que ellos sí para la Comisión Nacional de la Energía. (Risas.) Por lo tanto, en la variada...(Aplausos.) No se me moleste, señor Zapatero, que no he dicho nada. (Rumores.) En la variada vida de un ministro sucede de todo. En serio, ¿su señoría afirma que las catorce personas nombradas por el Ministerio de Economía y el resto de los funcionarios de la CNMV son cómplices del señor Camacho? ¿Su señoría se da cuenta de lo que acaba de decir? (Un señor diputado: ¡Díselo a Ramallo!) ¿Su señoría se da cuenta de que a catorce personas que han pasado por esta Cámara, que son personas honorables, que son funcionarios públicos (Una señora diputada: ¡Ramallo!), que es posible que a S.S.
le convenga utilizarlos como ariete para desgastarme a mí políticamente y que vienen acompañados de decenas de funcionarios de la CNMV, S.S. acaba de equipararlos a los estafadores gestores de Gescartera? Perdone que se lo diga, pero S.S. está mucho mejor en el cine que en esta Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra la señora Costa.
La señora COSTA CAMPI: Iré al cine cuando sea usted la estrella de una película de terror. (Risas.- Aplausos.) Señor Rato, a quienes nombró, sus próximos, sus fieles -léase las actas- adoptaron acuerdos contrarios a la ley, contraviniendo sus obligaciones en la supervisión, en la inspección y en la protección de los inversores.
Otros fueron los intereses que toleraron, en beneficio, señor Rato, de Gescartera. Sus dimisiones no son por responsabilidades políticas.
Esas, en su caso, le corresponden a usted y se derivan de los actos realizados por los elegidos. Ningún otro órgano regulador del Mercado de Valores se ha visto envuelto en supuestos de esta envergadura con una normativa similar, pero aquí el caso es que los eligió usted.
Señor vicepresidente, léase a Bobbio y podrá saber que podemos tener leyes excelentes, pero si quienes deben aplicarlas carecen de ética es como si no tuviéramos nada. No es cuestión de normativa. Es cuestión de personas, señor Rato. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Costa.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Señora diputada, cuando una persona de un grupo parlamentario dice que funcionarios públicos actúan en contra de la ley, si su grupo parlamentario tiene un poco de decencia, se persona en los tribunales. Nosotros lo hemos hecho y me voy a referir en otra pregunta a esa cuestión.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON ÁNGEL MARTÍNEZ SANJUÁN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CUÁLES SON LOS CRITERIOS QUE UTILIZA EL MINISTERIO DE ECONOMÍA PARA OTORGAR SUBVENCIONES A EMPRESAS PRIVADAS? (Número de expediente 180/000933.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 37 que formula el diputado don Ángel Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta. ¿Con qué criterios concede el Gobierno las subvenciones y ayudas a las empresas privadas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.
Señor vicepresidente.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señora presidenta, señor diputado, con los que marcan las leyes y si S.S. se refiere a incentivos regionales, con la ley del año 85.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.
Esto ya lo sabía, señor ministro, pero me parece que también usted debe de saber... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Señor Rato, usted también debe saber esa frase del Nuevo Testamento que dice que muchos son los llamados y pocos los elegidos, con esa misma normativa, y usted sabe que su entorno familiar es precisamente de los elegidos. Señor Rato, yo pensaba que Peridis cuando lo pintaba de mago lo hacía por sus previsiones económicas -aunque en cuestión de inflación no acierta casi nunca-, pero me he enterado que es por su habilidad. Lo pinta de mago por su habilidad para echar balones fuera, para contestar lo que no tiene que contestar cuando mis compañeros le preguntan lo que le preguntamos, para conseguir que le esponsorizaran viajes cuando estaban en la oposición; luego, con bancos que parece que son los que tienen alguna relación con los créditos de sus empresas, por su habilidad para sumarse a la ingeniería fiscal tan de moda en su Gobierno, posiblemente para optimizar fiscalmente sus ingresos; por su habilidad para conseguir créditos en condiciones que posiblemente casi nadie en este país consigue y, sobre todo, con bancos que hasta hace cuatro días nadie conocíamos, pero también por su habilidad, señor Rato, para conseguir subvenciones y ayudas destinadas a su entorno familiar.
Señor vicepresidente, nos preocupa, aunque el señor Arenas lo aplauda, que el ministro de Economía mezcle tanto lo privado con lo público y haya permanentemente este conflicto de intereses. Nos preocupa, señor Rato, que el máximo responsable del turismo de España, es decir usted, conceda ayudas y subvenciones a empresas turísticas de su entorno familiar. Nos preocupa, señor Rato, que el máximo responsable de la energía en este país conceda explotaciones a empresas que van a producir energía eléctrica. Nos preocupa que se concedan créditos a su entorno familiar.
Señor Rato, sin ponerse colorado, hay que mantener la ética y la estética. Como decía mi amigo Carmelo, en cuestión de estética y ética, señor Rato, usted mismo. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martínez Sanjuán.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Entiendo que el señor diputado considera que los responsables del Ministerio de Economía del año 1988, 1991 y 1995, además de los representantes de la Junta del Principado de Asturias de esos años, además de los representantes de la Junta del Principado de Asturias de abril de 2001, todos ellos han prevaricado. (Rumores.) Sí, señoría. Lo que no se puede es insultar gratuitamente. (Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


EL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Si S.S. considera que en la concesión de estas subvenciones regladas, que proponen las comunidades autónomas y da el Gobierno central a una empresa de la que yo era accionista en esos años, y fueron personas del Gobierno socialista en Asturias y en Madrid los que las concedieron, éstos han prevaricado -algunas de estas personas puede que incluso estén sentadas aquí- S.S. está faltando al honor de estas personas, que yo defiendo.(Rumores.- Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego que guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En segundo lugar, en ese magnífico trabajo bibliográfico que están ustedes haciendo para cuando yo pueda hacer mi biografía, como el señor Zapatero -la voy a hacer más viejo-, quiero decirle que la famosa empresa de viajes nunca cobró la subvención y que por tanto S.S. está haciendo mal su trabajo de perseguir a una familia española (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.), porque ni siquiera conoce...
(Rumores.) Sí, sí, señoría, hay que tener la hombría de reconocer lo que uno hace, y S.S. está haciendo eso.
En tercer lugar, si su grupo parlamentario cree que la Ley de incompatibilidades de altos cargos del año 1995 está mal hecha, ¿por qué no proponen un cambio? Adelante. Háganlo. Ahora, si S.S. quiere hacer una ley específicamente contra una persona porque esa persona es de otro grupo parlamentario, el nivel democrático de S.S. está muy bien definido.
Muchas gracias. (Aplausos y protestas.)

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La señora PRESIDENTA: Señorías, si se dignan guardar silencio, podremos continuar con el turno de preguntas.


- DEL DIPUTADO DON JUAN FERNANDO LÓPEZ AGUILAR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿CÓMO VALORA EL SEÑOR MINISTRO DE ECONOMÍA LA EVOLUCIÓN DEL SECTOR TURÍSTICO? (Número de expediente 180/000934.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 38, que formula el diputado don Máximo Díaz-Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Gracias, señora presidenta.
Señor Rato, a estas alturas no sé si preguntarle, después de oído lo oído, por el nombre del toro que mató al Espartero, o darle las gracias en nombre de todos los españoles por tener un poco de tiempo para dedicárselo al Gobierno después de todos los intereses que tiene usted en tantos sectores. No sé qué hacer. (Protestas.-Rumores.) En cualquier caso, señor Rato, para ir por lo derecho, le hago la pregunta que viene en el orden del día no sólo como responsable político del sector turístico, sino también, por lo que hemos podido conocer por distintos medios de comunicación, por los intereses que usted tiene en este sector. ¿Qué le parece, cómo va el turismo, señor Rato? (Risas.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Díaz-Cano.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): El turismo internacional hacia España ha crecido (Risas.) al 2,7 por ciento desde los incidentes que se han producido en el mes de septiembre y la temporada de verano va por lo tanto a saldarse con un crecimiento del 4 por ciento. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
Señor Díaz-Cano.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Muchas gracias, señor Rato, por la información. Yo creo que es importante que un sector tan relevante para nuestra economía vaya como usted ha mencionado, pero yo he querido ir de frente y le he preguntado por lo que conocemos -además se ha mencionado una empresa, Viajes Ibermar-, y quería conocer su opinión no solamente sobre lo que le pregunto obviamente, sino también sobre si a usted le parece normal que el vicepresidente económico del Gobierno no dé respuestas claras e información transparente a este Parlamento en relación a si no le parece que existe una colisión entre sus intereses privados y su responsabilidad política. ¿No va usted a responder a esta cuestión en toda la tarde? (Protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Porque, señor Rato, la mayoría de los españoles, cuando salen de su casa, el primer banco que ven es el Hong Kong & Shanghai Bank. Cuando salgo de mi casa, lo primero que veo en la esquina de mi calle es el Hong Kong & Shanghai Bank, y resulta que este banco, que es el que trabaja con Gescartera, es el que le da un crédito -sobre cuyas condiciones usted debe informar- a su familia, a su empresa, a una empresa en la que usted tiene participaciones. (Protestas.-Rumores.) ¿Usted no va a dar en toda la tarde explicaciones sobre este asunto, que es el que realmente interesa a los españoles? Creo que usted es un ministro a tiempo parcial porque usted no puede tener dedicación exclusiva a la política teniendo los intereses que tiene. (Continúan las protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.


El señor DÍAZ-CANO DEL REY: Estos segundos que usted me concede, señora presidenta, me sirven para decirle que el toro se llamaba Perdigón y que en cualquier caso le pido, si puede explicar, señor Rato, que me diga, por el bien de esta Cámara y por el bien de la clase política, que usted no está infringiendo -y espero que así sea y mi grupo quiere que así sea- la ética política mezclando actuaciones públicas con actuaciones privadas. Que un presidente de una sociedad que era pública, Aldeasa, que ahora es privada y de la que sigue siendo presidente, concierte con Viajes Ibermar una serie de condiciones, con una empresa en la que usted tiene intereses, me parece que es algo que necesita una mínima explicación, al margen de cualquier otra broma, señor Rato.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Gracias, señor diputado. Dada la finura intelectual y la oratoria de su señoría, me he conmovido. (Protestas.-Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Me he conmovido porque hay que reconocer que sus compañeros no han sido capaces de centrar bien la cuestión. La cuestión es muy simple. Yo cumplo la ley, desde el año 1993 hago mis declaraciones y por lo tanto le ratifico lo que he dicho a sus compañeros. Si SS.SS. quieren cambiar la ley, tienen un elemento muy distinto del que tiene cualquier otro ciudadano español, que es hacer una proposición de ley. Por cierto, la ley es de ustedes, o sea que la cambien. Si SS.SS. no la quieren cambiar pero creen que me pueden erosionar a mí personalmente acusándome de cosas que no he hecho, es cuestión de credibilidad, señoría, y después de escucharle, no es que yo me considere con una gran credibilidad, pero la suya es cero. (Protestas.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) En tercer lugar, yo no sé cuándo sale S.S. de su casa, a qué hora sale y cómo sale, si se encuentra de bruces con lo que se encuentra, pero, por ejemplo, la Junta de Andalucía al salir de su casa también se encontró con el Hong Kong & Shanghai Bank, que es el tercer banco del mundo. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON GERMÀ BEL I QUERALT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA TOMADO ALGUNA MEDIDA EL MINISTRO DE ECONOMÍA PARA EVITAR EL BLANQUEO DE DINERO A TRAVÉS DE ENTIDADES FINANCIERAS QUE OPERAN EN NUESTRO PAÍS Y MANTIENEN SUCURSALES EN LOS LLAMADOS PARAÍSOS FISCALES? (Número de expediente 180/000935.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 39, que formula el diputado don Germà Bel i Queralt. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor BEL I QUERALT: Bueno, les veo excitados y, si me apuran, muy excitados, ¿eh? Señor Rato, ¿ha tomado alguna medida para evitar el blanqueo de dinero a través de entidades financieras que operan en nuestro país y mantienen sucursales en los llamados paraísos fiscales? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Antes de contestarle, señor diputado, me gustaría saber si me va a hacer una pregunta o me va a dar un consejo. (Risas.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor Rato, usted no me va a contestar a mí, como no ha contestado a ninguna de las cuestiones que le han planteado aquí ni a las que le han planteado en la Comisión de investigación, pero su posición en esta materia es sumamente volátil.
Usted comenzó la semana declarando que había ordenado al Banco de España que investigara si hay cuentas secretas en el Hong Kong & Shanghai Bank Corporation, un banco que le es familiar. (Rumores.- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) Dijo por la mañana: He dado instrucciones al Banco de España -le cito literalmente- para que investigue si existen en nuestro país cuentas numeradas en entidades de crédito, bla, bla, bla, habida cuenta que estas cuentas están prohibidas en la legislación española. Son sus palabras del lunes, pero bueno, donde dije digo, digo Diego. Ayer, como quien no quiere la cosa, usted informa a España que las 138 cuentas opacas del HSBC no son ilegales, pues su titular está identificado, es el HSBC-Republic Suisse. O sea, las cuentas opacas son legales en España a día de ayer. Usted el lunes lanzó la piedra para tener un titular y ayer escondió la mano. ¿O es que usted hasta ayer estaba mal informado? Créame, esta permanente confusión nos ha introducido problemas e inquietudes adicionales, porque usted certifica la existencia en España de vericuetos legales -según su valoración de ayer- que permiten que cuentas en España tengan un titular que no es el propietario real, eludiendo el control fiscal y la transparencia monetaria. Señor Rato, si esto se puede hacer en España, ¿puede usted asegurar a los españoles que el terrorismo nacional, es decir ETA, o el terrorismo internacional no tienen alguna de esas cuentas en España? Pero, señor Rato, visto lo visto, lo probable es que usted hoy nos diga una cosa y mañana la contraria.
Usted ha reaccionado tarde y mal a los muchos disparates que han emergido con el escándalo de Gescartera. ¿Tardanza en el conocimiento? ¿Falta de diligencia? ¿Una mezcla de ambos? ¡Usted sabrá! Cualquiera de estas hipótesis le deja francamente mal y usted debería actuar en consecuencia.
Gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Mi duda sobre la pregunta de S.S. -que como es exactamente igual que la siguiente que me van a hacer la voy a responder en segundo lugar- era porque S.S.
pertenece a un partido político muy conocido en estos ámbitos. Mire usted, existen 41 sucursales o entidades propiedad de bancos españoles en paraísos fiscales, pero no existe más que un partido político que tenga cuentas en paraísos fiscales, el Partido Socialista Obrero Español, condenado en sentencia firme. (Protestas.- Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señorías.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Y como S.S. además pertenece a la rama del Partido Socialista catalán (Un señor diputado: ¡Qué poca vergüenza!-Rumores.), donde premian manteniendo en las listas a las personas condenadas por el Tribunal Supremo y Tribunal Constitucional por financiación ilegal, por eso creí que S.
S. me iba a dar más consejos. (Protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): En cualquier caso, para que la Cámara lo conozca -y como quieren que la Cámara lo conozca me lo pregunta-, en la causa especial 880/91, caso Filesa, se prueba que el PSOE se financió a través de una trama de empresas. (Rumores.) De aquella causa especial se desgajaron al inicio de la instrucción (Continúan los rumores.) una serie de asuntos relacionados con la trama Filesa y la financiación del PSOE, como el pago de comisiones ilegales al AVE y la circulación de dinero de origen ilícito a través de cuentas... (Continúan las protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías guarden silencio. ¡Señora López, le llamo al orden por segunda vez! (Continúan las protestas.) Un momento, señor vicepresidente. Señorías, guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): No hay como preguntar...


La señora PRESIDENTA: Señor vicepresidente, un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio. ¡Señora López, no me obligue a llamarla al orden por tercera vez! (Continúan las protestas.-La señora López i Chamosa pronuncia palabras que no se perciben.) Señora López! Señorías, ruego guarden silencio.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Señor Bel, en el auto del Juzgado de Instrucción 39 de Madrid, en las diligencias previas 3037/94, ha quedado confirmado, y esto es lo que yo quería que S.S.
me aclarase (Rumores.), que el 17 de octubre de 1988 se abrió una cuenta en la Union des Banques Suisses de Ginebra, que a lo mejor es con la que tropieza su compañero, entre varias personas, entre ellas don Guillermo Galeote Jiménez, que estaba autorizado para utilizarla (Rumores.), y que en dicha cuenta, así como en otras abiertas por los señores Navarro y Oliveró en la banca suiza, fueron ingresadas comisiones ilegales pagadas por las empresas adjudicatarias del AVE.
(Continúan los rumores.) Don Íñigo Larrazábal, ex miembro del comité electoral del PSOE y presidente de la empresa Viso Publicidad, proveedora del PSOE, reconoció el pasado 17 de septiembre de este año que con cargo a dicha cuenta en Suiza pagó los trabajos realizados...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.
(Aplausos.-Protestas.)

El señor BEL I QUERALT: Señora presidenta, invoco el 71.1 del Reglamento.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Bel, no le veía.


El señor BEL I QUERALT: Artículo 71.1 del Reglamento y petición de aclaraciones expresamente formulada por el señor vicepresidente.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Bel, que no está en el uso de la palabra. (Rumores.) Señor Bel, le tengo que argumentar exactamente lo mismo que le he argumentado al principio de la tarde al señor Saura. (Un señor diputado: ¡Qué vergüenza!- Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. Quería comprobar si usted me estaba argumentando otro artículo del Reglamento. Señor Bel, permanentemente, en el debate de las preguntas, se pueden plantear alusiones directas al diputado o al miembro del Gobierno que las formula y normalmente no aplico turno de alusiones en preguntas. (Protestas.) Señor Ripa, le ruego guarde silencio y sabe que no le llamo la atención por esta vez. (Continúan las protestas.)

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- DE LA DIPUTADA DOÑA ARANTZA MENDIZÁBAL GOROSTIAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, QUE FORMULA AL SEÑOR VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA: ¿HA TOMADO ALGUNA MEDIDA EL MINISTRO DE ECONOMÍA SOBRE LAS ENTIDADES BANCARIAS QUE OPERAN EN NUESTRO PAÍS, QUE MANTIENEN CUENTAS DE CLIENTES SECRETAS Y OPACAS AL BANCO DE ESPAÑA Y A LA AGENCIA TRIBUTARIA? (Número de expediente 180/000936.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 40, que formula el diputado don Juan Fernando López Aguilar. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, ¿ha tomado el Ministerio de Economía alguna medida sobre las entidades bancarias que operan con cuentas secretas y opacas al Banco de España y a la Agencia Tributaria?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Sí.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señor ministro, usted nos anunció en la Comisión que había adoptado una indagación de irregularidades a 138 cuentas opacas del HSBC en España. Demasiado tarde, incluso demasiado tarde para que se pueda asegurar que esas cuentas no son vaciadas como fueron vaciadas a Gescartera. Demasiado tarde actuaron todos los organismos bajo su responsabilidad en el área económica del Gobierno y demasiado tarde aceptó usted la dimisión de doña Pilar Valiente al frente de la CNMV, aceptó, que no exigió, a pesar de todo lo que se sabía entonces acerca de lo desastrosamente que funcionaba la CNMV.
Demasiado tarde se ha dado cuenta de que catorce altos cargos de su confianza política cometieron errores concatenados, sólo que todos esos errores, mira qué casualidad, en la misma dirección. ¿Y todavía se pregunta usted, señor Rato, sobre el concepto socialista de responsabilidad política? Se lo expliqué. En primer lugar, asumir los propios errores sin echar la culpa al pasado ni a los demás ni amenazar con querellarse contra quienes quieren indagar una estafa.
Queréllese usted contra los estafadores, no contra los estafados ni contra quien quiere indagar una estafa, señor Rato (Aplausos.), sin intentar dictar prisión provisional contra los miembros de la oposición que le hacen preguntas incómodas. El concepto de responsabilidad política exige también explicaciones transparentes y resulta que hay algo difícil de explicar. El director del HSBC, el representante en España, acude a la Comisión de investigación y falta a la verdad varias veces en relación con viajes de miembros del Partido Popular y en relación con un crédito; en relación con un crédito falta a la verdad. Ayúdenos, señor Rato, a despejar cualquier duda que pueda alcanzársele a la imaginación acerca de las motivaciones del director de un banco para faltar a la verdad en ese punto. Ayúdenos a despejar cualquier duda de su capacidad para inspeccionar un banco al que usted le debe dinero, señor Rato. Usted puede inspeccionar sin ningún problema a ese banco, un banco que le otorga un crédito, que explicó como una reasignación técnicamente muy sofisticada pero sobrevenida, sin enseñar ningún papel, tampoco la fecha de la reasignación del crédito. Señor Rato, tenemos derecho a pensar que ese crédito no hubiera sido concedido a ninguno de los que estamos aquí presentes.
Usted utilizó un símil cinematográfico: sólo o en compañía de otros, en la película de los socialistas. Señor Rato, explique la verdad a solas con el Parlamento, sin la compañía de la guardia pretoriana que le acompañó en la Comisión, que le blindó en la Comisión y le blinda aquí en el Pleno.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONÓMICOS Y MINISTRO DE ECONOMÍA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora presidenta.
Sólo quiero decirle una vez más, señor diputado, que incluso para hacer desgastes políticos no hay que cometer errores de bulto. El Gobierno no tiene capacidad de inspección sobre entidades financieras. A partir de aquí, voy a contestar a la doble pregunta que me ha hecho, puesto que creo que interesa a los españoles, independientemente de que S.S. quiera hacerme el tercer turno que no pudo realizar el lunes y me parece que voy a cargar con esa cruz lo que me queda de vida parlamentaria.


Según la Ley 19/1993, de medidas de prevención de blanqueo de capitales, no se permiten las llamadas cuentas cifradas o cuentas fiduciarias. La citada ley recoge como sujetos obligados al cumplimiento de la misma a todas las entidades de crédito y aclara expresamente que se entenderán incluidas entre ellas los sujetos obligados, las personas o entidades extranjeras

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que a través de sucursales o mediante prestación de servicios sin sucursal permanente desarrollen en España actividades de igual naturaleza a las entidades anteriormente citadas. Además, en nuestro país no son posibles las denominadas cuentas cifradas, porque entre otras obligaciones establecidas en la ley figura la de identificar a los clientes en el momento de entablar relaciones de negocio. Por todo ello si el Banco de España tuviera conocimiento, en el ejercicio de sus funciones supervisoras, de que una entidad ha incumplido la normativa, debe ponerlo en conocimiento del servicio ejecutivo de la Comisión para blanqueo de capitales. El lunes 29 de octubre remití una carta, de la cual informé a S.S., al Banco de España, en la que solicitaba una información acerca de si en las inspecciones practicadas por el mismo se había detectado este tipo de cuentas.
Esta misma mañana se ha reunido el secretario de Estado de Economía, el servicio ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales, el Banco de España y la Agencia Tributaria para dictaminar y en dicha reunión el Banco de España ha informado que no se han detectado cuentas cifradas o sin identificación del titular en el sistema español. En todo caso, el Banco de España va a remitir al servicio ejecutivo de la Comisión de prevención de blanqueo de capitales información sobre estas cuentas y sobre las que usted se preocupa con el objeto de que se examine si la entidad donde están abiertas ha cumplido sus obligaciones derivadas de la legislación en materia de blanqueo de capitales. El secretario de Estado de Economía, como presidente de esa Comisión, ha dado instrucciones al servicio ejecutivo para que preste especial atención dentro de su plan de inspección. Espero que esto, que ya sé que a S.S. no le importa nada, porque ya se lo expliqué el otro día, por lo menos sea de utilidad para el resto de los españoles y que S.S. no pretenda que estemos haciendo el mismo debate durante toda la legislatura.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


- DEL DIPUTADO DON JAVIER GÓMEZ DARMENDRAIL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CÓMO VALORA EL GOBIERNO LA EVOLUCIÓN DE LAS PRIVATIZACIONES DE EMPRESAS PÚBLICAS QUE SE ESTÁN LLEVANDO A CABO EN LA ACTUAL LEGISLATURA? (Número de expediente 180/000922)

La señora PRESIDENTA: Pregunta dirigida al señor ministro de Hacienda, la número 26, que formula el diputado don Javier Gómez Darmendrail.
El señor GÓMEZ DARMENDRAIL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, en la anterior legislatura se pusieron en marcha las bases y los principios fundamentales para la modernización del sector público empresarial. El objetivo era salvarlo, consolidarlo haciéndolo viable económicamente y privatizarlo siempre que se dispusiera de un proyecto industrial solvente. En la anterior legislatura el Gobierno Aznar cambió el rol del Estado pasándolo de propietario a regulador, pagó la deuda histórica del INI, actuó en defensa de la competencia, evitó dificultades financieras a los Presupuestos Generales del Estado y siguió las directrices de la Unión Europea, que prohíbe ayudas estatales a las empresas, excepto defensa. Todo ello permitió sustituir el anticuado Ministerio de Industria, cuyo presupuesto fundamentalmente se empleaba en compensar las pérdidas de las empresas públicas deficitarias, por el moderno Ministerio de Ciencia y Tecnología, que utiliza esos recursos liberados en programas para el futuro a través de I+D+I. Aunque resulta evidente que muchas de las empresas públicas que han ido pasando al sector privado lo han hecho con éxito, tanto para el Estado como para la sociedad española, en las actuales circunstancias internacionales cada privatización se realiza en un entorno de mucha mayor incertidumbre. En esta legislatura es más difícil elegir el mejor momento, es más difícil encontrar compradores industriales de garantías y también es más difícil encontrar capitales dispuestos a colocarse en proyectos empresariales, si no es a cambio de un riesgo contenido y un proyecto empresarial convincente. En definitiva, parece que es más complicado privatizar como se hizo años atrás.
Por todo ello, señor ministro, a mi grupo le gustaría conocer si se mantiene el pulso privatizador y si se mantiene la convicción que permitió desarrollar el programa de modernización del sector público empresarial de 1996, a pesar de las condiciones cambiantes de la actual coyuntura económica internacional. Por lo que le pregunto, señor ministro, ¿cómo valora el Gobierno la evolución de las privatizaciones de empresas públicas que se están llevando a cabo en la actual legislatura? Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez Darmendrail.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, como recordaba al final de su intervención, desde la aprobación en 1996 del programa de modernización del sector público empresarial del Estado, se ha culminado la privatización de 41 empresas, se han realizado tres OPV y se han obtenido ingresos por más de 4,3 billones de pesetas. En esta legislatura se ha aprobado la Ley 7/2001, de modificación de la Ley de Patrimonio

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del Estado, con el fin de mejorar la reestructuración del sector público empresarial y se han llevado a cabo importantes privatizaciones en diferentes sectores. En el sector del transporte aéreo, sector que atraviesa un momento difícil, se ha llevado adelante y con éxito la privatización de Iberia, y recientemente, la de Aerolíneas Argentinas. Otras privatizaciones de importancia han sido en el sector aerospacial CASA, en el sector de defensa, Santa Bárbara, en el sector de aluminio, Conversión Aluminio, en el sector de celulosa, ENCE y en el sector de bienes de equipo, Babcock & Wilcox. Algunas de ellas son empresas tradicionalmente deficitarias que han sido saneadas y ahora se enfrentan a un futuro más optimista.
En primer lugar, por el fortalecimiento financiero y societario de la empresa que se ha privatizado, a través de la aportación de fondos y de la entrada de nuevos socios. En segundo lugar, la empresa se abre a una mayor internacionalización y amplía su mercado. En tercer lugar, se ha mejorado su competitividad, gracias a las aportaciones de tecnología de los nuevos socios. Por último, y lo más importante, por el mantenimiento de la actividad y, por tanto, del empleo.
En la mayoría de las privatizaciones se han diseñado planes industriales y se ha llegado a acuerdos sindicales para asegurar la viabilidad de las empresas, mantener los proyectos industriales y la estabilidad en el empleo, en un clima de diálogo y cooperación con las partes implicadas. Esta es la filosofía que sustenta el proyecto de privatización que el Gobierno continuará en esta legislatura y que aplicaremos en próximas privatizaciones, como son las que se están planteando para la Compañía Trasmediterránea, Expasa, Alicesa, Coosur o Empresa Nacional de Autopistas.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANA BELÉN VÁZQUEZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ PREVISIONES TIENE EL GOBIERNO PARA EL CURSO 2001-2002 EN MATERIA DE AYUDAS AL ESTUDIO? (Número de expediente 180/000920.)

La señora PRESIDENTA: Pasamos a la pregunta número 24, dirigida a la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, que formula la diputada doña Belén Vázquez Blanco.


La señora VÁZQUEZ BLANCO: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, en primer lugar quiero felicitarla y felicitarnos como Grupo Parlamentario Popular por el logro conseguido, en la tarde de hoy, con la aprobación por esta Cámara de la Ley de Universidades.
Hace escasas semanas dio comienzo el curso escolar y con ello también dieron comienzo las preocupaciones para las familias españolas que se ven obligadas a desembolsar una cantidad de dinero para la educación de sus hijos. Pero siempre les queda una luz, que es saber que van a contar con ayudas del Estado, sin más límite que la vocación y actitudes personales que tengan sus hijos. Nadie ha de verse privado a causa de su condición económica o de su origen social de las posibilidades y beneficios que la sociedad de las oportunidades reporta. La sociedad española no puede prescindir de ese enorme potencial intelectual y de progreso que reside en una ciudadanía bien formada y adecuadamente cualificada y el Estado debe ayudarle. El objetivo básico del Ministerio de Educación en los presupuestos nos decía que debía seguir siendo hacer real el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación. Nuestra preocupación hoy, señora ministra, es saber cómo se va a llevar a la práctica este principio y en concreto es por lo que le formulamos desde el Grupo Parlamentario Popular la siguiente pregunta: ¿Qué previsiones tiene el Gobierno para el curso 2001-2002 en materia de ayudas al estudio? Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Vázquez.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señoría, querría comenzar dándole las gracias por esa enhorabuena y trasladando esa felicitación al Grupo Parlamentario Popular, a sus portavoces por el trabajo realizado en esta Cámara sobre la Ley de Universidades y también a los grupos parlamentarios de Coalición Canaria y Convergència i Unió que han votado favorablemente. No obstante, quiero agradecer a esta Cámara y al conjunto de grupos parlamentarios el trabajo que han dedicado también a debatir la ley.
Con relación a la pregunta específica que me hace, señoría, usted sabe bien que un objetivo básico del Ministerio de Educación es hacer efectivo el principio de igualdad en el ejercicio del derecho a la educación mediante la provisión de los recursos económicos que aseguren las mismas oportunidades para que todos, con independencia de su situación económica, puedan acceder a la educación. En este sentido, en el presupuesto para el año 2002 las dotaciones totales que se canalizan directamente para becas y ayudas al estudio se elevan a 690,6 millones de euros o, lo que es lo mismo, 114.900 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 8,99, casi un 9 por ciento, sobre el presupuesto vigente, exactamente la cantidad de 9.500 millones de pesetas o 57 millones de euros. Debo resaltar

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que ese incremento se produce además en un entorno de notable disminución del alumnado, lo que pone de manifiesto que se está continuando en el proceso de extensión de ayudas para la adquisición, por ejemplo, de libros de texto y material didáctico complementario para niveles obligatorios, iniciado este proceso ya en años anteriores. Asimismo se han aumentado en más de un 4 por ciento los umbrales -y esto es muy importante- de renta máxima que dan derecho a la obtención de una beca, lo cual permite un notable incremento de las familias beneficiarias.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON JOXE JOAN GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO VASCO (EAJPNV), QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿EN QUÉ BASA EL GOBIERNO SU ACUSACIÓN DE QUE EL PARTIDO NACIONALISTA VASCO HA PRESIONADO AL GOBIERNO MEJICANO DEL PRESIDENTE FOX, CON RELACIÓN A LA EXTRADICIÓN DE MIEMBROS DE ETA RESIDENTES EN LA REPÚBLICA DE MÉXICO? (Número de expediente 180/000914.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Asuntos Exteriores.
En primer lugar pregunta número 18, que formula el diputado don José Juan González de Txabarri Miranda.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, ¿en qué basa el Gobierno sus acusaciones en contra del Partido Nacionalista Vasco para sostener que éste ha presionado al Gobierno de México con relación a la extradición de miembros de ETA residentes en esa República? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


El Gobierno no acusa de nada, se ha limitado a tomar nota de lo que ha dicho el presidente de México. Como es natural no sólo se lo cree sino que tiene la convicción de que es verdad, cosa que además ha sido confirmada por el comisionado del Instituto Nacional de Inmigración de México, como sabe muy bien S.S.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Humo, señor ministro, hablar por hablar y pura palabrería. No me podrá mostrar una sola cita pública en medios de comunicación en la que el presidente Fox haya sostenido eso. Ustedes diciendo que el presidente Fox dice eso, sí.
El comisionado de Inmigración dice que tiene una carta de ocho ayuntamientos vascos, presididos por el Partido Nacionalista Vasco.
Son de la Comunidad Autónoma de Navarra y están presididos por HB.
Señor ministro, ¿esto es una broma o qué es? Pero, ¿ustedes se creen que se puede jugar con estas cosas así? Están intentando poner contra las cuerdas al Partido Nacionalista Vasco. Parece que acusar al Partido Nacionalista Vasco sale gratis. Pero, señora presidenta, a esto no hay derecho. El presidente Fox no ha dicho eso, no lo ha dicho en ninguna de sus intervenciones. Fueron los gobiernos de Suárez y los de González los que negociaron en su día con el Gobierno de México la reinserción de miembros de ETA, y lo hicieron muy bien.
Ahora México, ese comisionado que usted cita, no logra probar las presiones del PNV contra las extradiciones. Ustedes, señor ministro, les han obligado a realizar una cantinflada. Menuda forma de entender la diplomacia. Esto es una utilización flagrante y partidista de las instituciones. En vez de poner contra las cuerdas al Partido Nacionalista Vasco, han puesto al borde de los nervios al presidente Fox y a su equipo. Esa es la realidad; agit-prop, señor ministro, agit-prop puro y duro. Le sale ese joven soviético que lleva dentro, débil con los fuertes y fuerte con los débiles. Si a esto le llaman patriotismo constitucional... Esto, señor ministro, es fanatismo, es fundamentalismo, es rigidez mental. Quieren llevar a Euskadi al precipicio, buscando la confrontación. Están tratando de imponer sin rubor. Señor ministro, el embajador de Marruecos se les ha ido y ni se han enterado. Activen las alarmas, porque el de México va a ser el siguiente que se va a marchar. Ha puesto a su presidente en evidencia de tal manera, realizando un ridículo internacional, que no ha podido visitar ni la ciudad natal de su madre. ¿Qué temían, que el lehendakari Ibarretxe le contase las cosas a la cara? Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Yo al presidente Fox le he visto muy tranquilo. A quienes veo muy nerviosos es a usted, señor González

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de Txabarri, a su grupo y a su portavoz, porque quien reaccionó a las declaraciones del presidente Fox no fue el Gobierno, sino el señor Anasagasti; por algo será. (Rumores.) Yo no tengo nada más que decir, ustedes reaccionaron y ustedes sabrán por qué. A mí, en lugar de verle tan nervioso, argumentado como ha argumentado, lo que me gustaría es que usted dijera que tenemos que perseguir a los terroristas allí donde están (Los señores Anasagasti Olabeaga, Txueka Isasti y González de Txabarri Miranda: ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí!), y que ustedes celebran que pidamos la extradición de los etarras...


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Pero no me lo digan aquí, ahora, de esta manera; díganlo cuando lo tienen que decir y de la forma en que lo tienen que decir, y a partir de aquí a lo mejor les hacemos algún caso.
Gracias. (Aplausos.-El señor González de Txabarri Miranda pide la palabra.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señor González de Txabarri, usted sabe perfectamente que en el turno de preguntas hay intercambio de opiniones y en algunos casos se dejan en el aire preguntas de carácter retórico, no para que sean contestadas en ese momento. (Los señores Txueka Isasti, Anasagasti Olabeaga y González de Txabarri Miranda hacen gestos negativos.- El señor Txueka Isasti pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Txueka, le ruego guarde silencio.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ROSA MARÍA ROMERO SÁNCHEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ INFORMACIÓN TIENE EL GOBIERNO CON RELACIÓN A LOS ESPAÑOLES DESAPARECIDOS EN NUEVA YORK EN EL INCENDIO DE LAS TORRES GEMELAS? (Número de expediente 180/000923)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 27, que formula la diputada doña Rosa María Romero Sánchez.


La señora ROMERO SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, me gustaría comenzar por decirles que tomo la palabra hoy, en esta Cámara, con un sentir muy profundo, un sentir que tengo la seguridad que todos compartimos y que ya ha sido ampliamente manifestado en esta sede de la representación popular, tanto por el Gobierno como por los representantes de todos los grupos parlamentarios, desde los terribles atentados terroristas ocurridos en los Estados Unidos el pasado 11 de septiembre, que no es otro que la profunda solidaridad con todo el pueblo americano, con todos los pueblos del mundo que, como el nuestro, se han visto conmocionados por los trágicos sucesos ocurridos en Nueva York y Washington. Una solidaridad que se nos une al dolor de los familiares de los miles de desaparecidos por las nunca justificables actuaciones terroristas que tanto sufrimiento ocasionan en los pueblos que lo único que desean es vivir en paz y libertad. Estos dramáticos acontecimientos son un atentado contra todos los que compartimos unos mismos principios y valores democráticos.
Por todo ello, con la seguridad de que el Gobierno del que usted forma parte, señor ministro, ha actuado en todo momento guiado por este sentimiento de solidaridad y ha puesto en marcha desde un principio todos aquellos mecanismos que nos permitieran conocer la presencia de compatriotas, tanto en las Torres Gemelas, en el momento de los atentados, como en los aviones utilizados por los terroristas, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué información tiene el Gobierno en relación con los españoles desaparecidos en Nueva York en el incendio de las Torres Gemelas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Romero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Efectivamente, tan pronto como tuvimos noticia de los atentados terroristas del 11 de septiembre en Nueva York y en Washington, el Gobierno, a través del Ministerio de Asuntos Exteriores, determinó como una de sus prioridades averiguar si había víctimas españolas, tanto en el Pentágono como en las Torres Gemelas del World Trade Center, y también, como es natural, a bordo de los cuatro aviones utilizados por los terroristas en sus acciones. Rápidamente pudimos establecer que no había ningún español fallecido ni en el ataque al Pentágono ni en ninguno de los cuatro aviones siniestrados; como es lógico, fue más difícil averiguar si entre los miles de desaparecidos en las Torres Gemelas había algún compatriota. Se distinguió entre residentes españoles que trabajaran habitualmente en el World Trade Center y no residentes que pudieran encontrarse circunstancialmente en dichas torres. Respecto a estos últimos, la hora en que se llevaron a cabo los ataques resultó decisiva porque, como ya se sabe ahora, los turistas podían disfrutar de la vista de Nueva York desde las Torres Gemelas a partir de las 9,30 de la mañana. El primer ataque se produjo un poco antes de las nueve y, por lo tanto, se inició inmediatamente el desalojo de las torres y ningún turista pudo acceder a dicha plataforma. Cabe añadir que había varias decenas de turistas españoles esperando y la circunstancia que acabo de citar les libró de un terrible destino. Hablando de los residentes, debo decir también que no había ninguna

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empresa española que tuviera su sede en el World Trade Center y, por lo tanto, se reducía drásticamente la posibilidad de que hubiera un número apreciable de compatriotas afectados por esta tragedia. Sin embargo, era necesario averiguar si había ciudadanos españoles que trabajaran en alguna de las múltiples empresas cuyas oficinas estaban situadas en dichas Torres Gemelas. Habilitamos inmediatamente teléfonos de información al público, funcionaron 24 horas al día hasta el domingo 16, y a través de este servicio establecimos un listado de personas, residentes y de paso en Nueva York, por cuya integridad física temían familiares, amigos y allegados. En comunicación permanente con el consulado general en Nueva York, se fue depurando rápidamente dicho listado y finalmente la lista de presuntos desaparecidos se redujo a tres personas. Dos de ellas, siendo españolas de origen, ostentaban en el momento del atentado la nacionalidad norteamericana y una tercera, doña Silvia San Pío, ostentaba ambas nacionalidades.
Debo decir, por lo tanto, que nuestro país ha sido, dentro de la enorme desgracia de lo que estamos comentando, entre los socios de la Unión Europea, uno de los menos afectados por esos sucesos trágicos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON ROBERTO SORAVILLA FERNÁNDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ VALORACIÓN HACE EL GOBIERNO DE LAS CONCLUSIONES DE LA CONFERENCIA MUNDIAL CONTRA EL RACISMO PATROCINADA POR LA ONU, CELEBRADA EN DURBAN? (Número de expediente 180/000924.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 28, que formula el diputado don Roberto Soravilla Fernández.


El señor SORAVILLA FERNÁNDEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, la Asamblea General de las Naciones Unidas convocó la Conferencia mundial contra el racismo, la discriminación racial, la xenofobia y otras formas conexas de intolerancia en 1997 para celebrarla precisamente este año 2001, declarado Año internacional de la movilización contra el racismo. La Conferencia tuvo lugar en Durban, Sudáfrica, del 31 de agosto al 7 de septiembre pasado, bajo el lema Unidos en la lucha contra el racismo. Igualdad, justicia, dignidad. Sin duda, la convocatoria era oportuna y ahora, en perspectiva, tras los trágicos sucesos del 11 de septiembre, adquiere, si cabe, mayor relieve.
Ante los alarmantes brotes de intolerancia aparecidos en las últimas décadas, con resultados dramáticos de conflictos religiosos, limpiezas étnicas y discriminaciones de género, era imperativo proclamar con toda nitidez desde una conferencia mundial que todos somos una sola humanidad, pero de una pluralidad complementaria y enriquecedora, que es una idea que yo creo que los españoles entendemos muy bien. Sin embargo, asuntos del pasado como la trata de esclavos, el colonialismo o incluso asuntos del presente como el conflicto de Oriente Medio hicieron que su desarrollo y el consenso final fueran difíciles. Aunque tampoco debemos olvidar que ningún consenso fue posible en las conferencias anteriores, de los años 1978 y 1983.
Señor ministro, sabemos de la activa participación de España en la complicada consecución de tal consenso, en el que se manifestó la más firme repulsa al racismo y a todas las formas de intolerancia; donde, por otra parte, se aceptaron en buena medida los planteamientos de la Unión Europea y de España sobre el conflicto de Oriente Medio y en el que, reconociéndose los errores del pasado, se aceptó que tanto la declaración como el plan de acción emanados de la Conferencia tuvieran carácter exclusivo de documentos políticos carentes de validez legal para reclamaciones históricas, aspecto relevante que yo creo que debe subrayarse. La alta comisionada de las Naciones Unidas para los derechos humanos y secretaria general de la Conferencia a la sazón, señora Robinson, valoró este consenso en la clausura como un hito que marca el comienzo del camino. En este contexto y desde la posición de vanguardia que el Gobierno de España ha desempeñado, le pregunto: ¿Qué valoración hace de las conclusiones de la Conferencia de Durban? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Soravilla.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta.


Muchas gracias, señoría. Efectivamente, la Conferencia de Durban tuvo un proceso de preparación, de desarrollo y de finalización enormemente complejo, y es la primera vez que la comunidad internacional aprueba por consenso documentos en una conferencia de este tipo, algo que no se logró en experiencias anteriores, tanto en el año 1978 como en el año 1983. Se ha conseguido un acuerdo final debido a la voluntad de entendimiento respecto a los elementos esenciales de un análisis del pasado, como usted nos decía, y también de las injusticias históricas cometidas contra personas y contra pueblos y a partir de ahí se ha acordado una agenda de actuación para los próximos años.


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La Conferencia de Durban ha abierto un proceso nuevo que ahora debe desarrollarse. Se reconocen tragedias del pasado pero sin responsabilidad jurídica y por lo tanto se entiende que las eventuales reclamaciones históricas deben satisfacerse de otra manera. Sin embargo, y precisamente por la enorme complejidad de todo el proceso, el Gobierno español valora muy positivamente los resultados alcanzados en la conferencia y entiende que el programa de acción y la declaración aprobados tienen un contenido que ha de considerarse, no sin reconocer las imperfecciones, como satisfactorio. No cabe duda de que los enfrentamientos entre los distintos grupos regionales, debido al colonialismo, a la esclavitud, dificultaron la búsqueda de un consenso. Pero, finalmente, gracias a la ardua labor emprendida por la Unión Europea y, en particular, por las delegaciones belga y como usted bien recordaba por la delegación española, pudo ser alcanzada.
La participación de la Unión Europea permitió armonizar los puntos de vista divergentes respecto a un tema tan serio y tan dramático como la situación en Oriente Medio y también respecto a las compensaciones a las víctimas por la esclavitud y la colonización. Hay que insistir en que era bueno que se consiguiera un mínimo resultado y así seguir trabajando en ocasiones venideras. Se trata de establecer una conciencia universal incompatible con el racismo, incompatible con la intolerancia, con la xenofobia y con la discriminación. Y desde luego, en ello estuvo la delegación española.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON CARLOS NUÑEZ LEÓN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿CUÁL ES LA VALORACIÓN QUE HACE EL GOBIERNO DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LAS PRIMERAS ELECCIONES DEMOCRÁTICAS CELEBRADAS EN EL TIMOR ORIENTAL? (Número de expediente 180/000926.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 30, que formula el diputado don Carlos Nuñez León.


El señor NUÑEZ LEÓN: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el pasado 30 de agosto del presente año se celebraron las primeras elecciones democráticas en Timor oriental, elecciones que abren el camino a la puesta en marcha de instituciones políticas para un nuevo Estado democrático. No es la primera vez que en esta Cámara se aborda el problema de déficit democrático en Timor oriental. En abril de 1999 se aprobó una proposición no de ley instando al Gobierno de España a seguir prestando total y absoluto apoyo al secretario general de Naciones Unidas en sus esfuerzos para conseguir una solución definitiva, pacífica y democrática al conflicto de Timor oriental. Es por eso por lo que le formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la valoración que hace el Gobierno de los resultados obtenidos en las primeras elecciones democráticas celebradas en el Timor oriental? Gracias, señor ministro. Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señoría.
La valoración que hace el Gobierno español es una valoración claramente positiva y que corresponde perfectamente con la que hace la propia Unión Europea que presenta una declaración, el 31 de agosto, según la cual toma nota con satisfacción de los resultados de su misión de observación. Informa que las elecciones a la Asamblea constituyente de Timor oriental han tenido lugar de forma pacífica y tranquila y felicita al pueblo de Timor oriental y a sus dirigentes comprometidos en un largo proceso hacia la independencia que ese día se ve recompensado. Al mismo tiempo aplaude a Naciones Unidas cuya administración transitoria del territorio ha permitido el éxito de dicho proceso.
Quiero decirle, por lo tanto, que todo eso se corresponde a una actitud que ha mantenido la Unión Europea, pero particularmente España respecto a Timor oriental, en plena coordinación con nuestros hermanos portugueses que creo que ha dado resultados. Debo recordarle que durante la ocupación de Indonesia, España nunca reconoció la anexión de Timor. Siempre apoyamos las resoluciones de Naciones Unidas sobre el territorio, adoptamos una posición moderada tanto individualmente como en el seno de la Unión Europea, y alentamos el compromiso y el diálogo político entre las partes. Hemos sido miembros de los países amigos de Timor y hemos contribuido a las misiones de la ONU. Quiero recordarle algo que probablemente todavía es poco conocido por la opinión pública española, y es que enviamos efectivos de la Policía nacional y de la Guardia Civil para que se desplegaran en territorio de Timor en junio del año 1999 y a principios de 2000 hemos enviado un contingente de guardias civiles de la unidad especial de acción rural, cuyo destacamento sigue en estos momentos en Timor oriental. Hemos aportado, a su vez, una serie de recursos financieros, de tal manera que la participación proporcional de España es de aproximadamente el 7 por ciento, en función de una circunstancia y es que la independencia desde el punto de vista oficial se va a producir durante la próxima presidencia española de la Unión Europea, es decir, el 20 de mayo del próximo año. Hemos enviado una

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misión oficial a Dili, capital de Timor oriental, para preparar la visita de una delegación de constitucionalistas españoles, entre los que se encuentra el diputado del Partido Popular, don Gabriel Cisneros, que puedan explicar a los recién elegidos miembros la Constitución española y ayudar en la redacción de una nueva constitución que rija dicho territorio hasta que culmine este proceso de independencia que todos celebramos.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON SERGIO GÓMEZALBA RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿PUEDE INFORMAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA ACERCA DE LAS LINEAS BÁSICAS DEL REAL DECRETO 1066/2001, DE 28 DE SEPTIEMBRE, SOBRE LÍMITES A LAS EMISIONES RADIOELÉCTRICAS? (Número de expediente 180/000925.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas a la señora ministra de Ciencia y Tecnología.
En primer lugar, pregunta número 29, que formula el diputado don Sergio Gómez-Alba.


El señor GÓMEZ-ALBA RUIZ: Señora presidenta, señora ministra, en los últimos años la competencia en el sector de las telecomunicaciones y el fuerte desarrollo de la telefonía móvil ha provocado la existencia de un elevado número de instalaciones radioeléctricas que si bien proporcionan un nivel de cobertura y de calidad óptima, también han suscitado la preocupación de algunas asociaciones de ciudadanos, administraciones territoriales, acerca de la protección efectiva de la salud de las personas.
El Gobierno, a través de los ministerios de Ciencia y Tecnología y el de Sanidad y Consumo, ha sido sensible a esta nueva situación y se han adoptado medidas para conjugar el necesario impulso a la sociedad de la información con la debida protección de la salud pública, habiéndose aprobado recientemente y de forma coordinada entre los dos departamentos ministeriales y tras un amplio proceso de consulta pública, un reglamento que adopta las medidas necesarias para la protección sanitaria de la población ante las emisiones radioeléctricas. Por ello, señora ministra, ¿puede informarnos acerca de las líneas básicas de este real decreto por el que se aprueba el citado reglamento sobre límites a las emisiones radioeléctricas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gómez-Alba.
Señora ministra.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Gracias, presidenta.
Señoría, efectivamente es un objetivo básico del Gobierno fomentar el uso de estas tecnologías de la información en las comunicaciones, el desarrollo de la sociedad de la información y cumplir las garantías de toda índole para los ciudadanos. Por tanto, el citado reglamento sobre condiciones de protección del dominio público radioeléctrico, restricciones a las emisiones y medidas de protección sanitaria frente a estas emisiones, aprobado el pasado 28 de septiembre, regula varios aspectos esenciales. En primer lugar, y de gran alcance para la opinión pública, con el objetivo de garantizar esta protección sanitaria se establecen límites de exposición a las mismas, de acuerdo con la recomendación del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea y, por tanto, establece unos valores límites máximos de lo que se denomina densidad de potencia, por debajo de los cuales no existe peligro alguno para la salud pública.
En segundo lugar, establece una serie de condiciones que hacen compatible el funcionamiento simultáneo y ordenado de las diversas instalaciones radioeléctricas evitando interferencias, dando cobertura a la población y cumpliendo estas condiciones de protección sanitaria. Además, el reglamento refuerza los sistemas de control preexistentes, garantizando un sistema de control permanente del cumplimiento de los límites de protección sanitaria por parte de los operadores de telecomunicaciones, los cuales previamente a la autorización del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que es previa a su puesta en servicio, tienen que pedir esta autorización para las estaciones de radio y comunicación presentando certificaciones de los niveles de exposición en las áreas cercanas a las mismas y, además, dicha exigencia tiene carácter retroactivo, por tanto, con las que ya están establecidas. Se exigen, además, una presentación y una certificación anual por parte de los operadores, una vez en funcionamiento, y la obligación de señalización y vallado de las áreas próximas en el caso de estaciones que por circunstancias especiales puedan superar los límites de protección generales.
Además, hay una realización de planes de inspección por parte de los servicios del Ministerio de Ciencia y Tecnología y dicho ministerio pone a disposición de los ciudadanos un informe anual, con total transparencia, sobre los resultados obtenidos en el control y seguimiento de este nivel de emisiones y, por tanto, los ciudadanos conocen perfectamente cuál es la situación de los que como mínimo tienen a su alrededor y pueden...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DE LA DIPUTADA DOÑA ANTONIA FEBRER SANTANDREU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,

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QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACTIVIDADES VA A REALIZAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA PARA PROMOVER EN ESPAÑA LA CELEBRACIÓN DE UNA SEMANA DE LA CIENCIA? (Número de expediente 180/ 000928.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 32 que formula la diputada, doña Antonia Febrer Santandreu.


La señora FEBRER SANTANDREU: Gracias, señora presidenta.
Señora ministra, un año más, desde 1996, hemos podido observar cómo el Gobierno del Partido Popular sigue proponiendo por la vía presupuestaria, entre otras, un peso cada vez mayor de las partidas dedicadas al desarrollo científico y tecnológico. Para ello solamente hay que fijarse en el porcentaje de incremento que tiene la sección 20, dedicada a ciencia, tecnología y sociedad de la información, y, dentro de esta sección 20, el incremento que tienen los denominados organismos públicos de investigación, más del 7 por ciento.
Observamos con claridad cómo el Gobierno pone como objetivo prioritario de su política económica el cumplimiento de aquellos programas públicos que permitan desarrollar con profundidad y celeridad lo que se ha denominado la sociedad del conocimiento. Sin embargo, el Gobierno, lejos de colmar sus prioridades de desarrollo científico únicamente por la vía presupuestaria, también está dispuesto a aproximar este importante avance al conjunto de la sociedad española.
Así por lo menos nos parece que hay que entender la iniciativa que desde el Ministerio de Ciencia y Tecnología se ha tomado con el impulso a la celebración de la denominada semana de la ciencia y tecnología, inscrita en el ámbito más tradicional de las denominadas semanas europeas de la ciencia. Ahora bien, dado lo novedoso en España de este tipo de iniciativas, nos gustaría conocer con mayor detalle y extensión y de boca del propio Gobierno en qué va a consistir esta semana y qué objetivos concretos se pretenden con la misma. Por ello nos parece oportuno hacer la siguiente pregunta al Gobierno: ¿Qué actividades va a realizar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para promover en España la celebración de una semana de la ciencia?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Febrer.
Señora ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA (Birulés Bertrán): Efectivamente, el reto de contar con un sistema de ciencia- tecnología-empresa, señoría, requiere no sólo actuar desde el punto de vista del reforzamiento de la ciencia, de la transferencia tecnológica y de la inversión de las empresas, sino que es imprescindible actuar en el campo de las relaciones entre la ciencia y la sociedad. Ciencia y tecnología deben ser una prioridad social y por lo tanto tienen que estar involucradas con un importante elemento, con un importante componente cultural.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología está trabajando activamente en el desarrollo de acciones de divulgación y difusión. Una de ellas y muy relevante es este impulso dado a la celebración de la semana de la ciencia y tecnología, que, enmarcada dentro de la semana europea de la ciencia, está planteada bajo el lema Conciénciate, y que celebraremos entre los días 5 y 18 de noviembre. Este conjunto de actuaciones afecta a más de 850 actividades, que se realizarán en organismos públicos y privados de investigación, universidades, parques científicos, tecnológicos, asociaciones empresariales, museos, bibliotecas, fundaciones y otras instituciones educativas y culturales, actividades que además se están desarrollando y se van a desarrollar con total autonomía de gestión y en muchos casos con el respaldo directo del Ministerio y de las comunidades autónomas, todas las cuales, sin excepción, han apoyado la iniciativa de la que muy pronto darán cuenta los medios de comunicación y podrá disfrutar el conjunto de la población. Además, con esta finalidad, el propio Ministerio ha mantenido abierta una convocatoria de ayudas para colaborar a financiar este tipo de actividades orientadas a estimular el interés social para la ciencia y la tecnología, en el marco del programa nacional de difusión de la ciencia y la tecnología del plan nacional de I+D, con más 500 millones de pesetas.
Con ocasión de la semana de la ciencia tendrá lugar en España el acto de entrega de los nuevos premios nacionales de investigación, el próximo día 7 de noviembre, presidido por Sus Majestades los Reyes.
Todos estos eventos además están disponibles y se pueden conocer a través de un portal específico para esta semana que el Ministerio ha abierto en Internet. Reforzará la identidad y la imagen de la iniciativa y será una referencia y punto de encuentro permanente, no sólo para esta semana de la ciencia sino para futuras ediciones de la misma. Confío en que los ciudadanos participen y disfruten...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


- DEL DIPUTADO DON PAULINO RIVERO BAUTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE COALICIÓN CANARIA, QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿TIENE PREVISTO EL GOBIERNO ADOPTAR ALGÚN TIPO DE MEDIDA QUE GARANTICE ADECUADAMENTE LAS COMUNICACIONES AÉREAS ENTRE CANARIAS-PENÍNSULA- CANARIAS ANTE EL ANUNCIO REALIZADO POR LAS

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COMPAÑÍAS AÉREAS DE SUPRIMIR DISTINTOS VUELOS? (Número de expediente 180/000913.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Fomento.
En primer lugar la número 17, que formula el diputado don Paulino Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señorapresidenta.
Señor ministro, el transporte aéreo en general pasa por graves dificultades después de los graves incidentes ocurridos en los Estados Unidos: disminución del tráfico de pasajeros, despidos de personal, crisis económica en diversas compañías aéreas. Yo le pregunto, ¿tiene previsto el Gobierno adoptar algún tipo de medida que garantice adecuadamente las comunicaciones aéreas entre Canarias- Península-Canarias ante la suspensión de diversos vuelos por las compañías aéreas españolas?

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señora presidenta, señoría, primero, en relación con el concepto graves dificultades que S.S. menciona quiero decirle que los datos de tráfico en los aeropuertos de Canarias en los meses de septiembre y octubre reflejan caídas no superiores al 5 por ciento. Y en otros casos hay aumentos. Por ejemplo, un aeropuerto típico de comunicaciones nacionales con la Península como es Tenerife norte ha recogido un aumento del 4,2 en septiembre y un aumento del 2,9 en octubre. Esa es la situación de las graves dificultades que ha mencionado S.S. en términos de tráfico. Segundo, sabe S.S. que el funcionamiento del sistema de transporte aéreo se ajusta a los reglamentos comunitarios y que el paquete comunitario sólo justifica una intervención del Estado en los casos de falta de interés comercial de las compañías aéreas que produjesen el abandono de los servicios o su atención claramente insuficiente. En Canarias hay tres compañías aéreas, que mantienen su oferta de servicios. Y en ese ámbito es en el que el Gobierno se está moviendo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rivero.


El señor RIVERO BAUTE: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, cuando hablaba de graves dificultades me refería en términos generales a lo que está ocurriendo en estos momentos en el mundo, no particularizando en el caso de Canarias. Yo me alegro mucho de que en Canarias se siga manteniendo el volumen de pasajeros y, si se sigue manteniendo el volumen de pasajeros en los aeropuertos de Canarias, usted, con esos datos, va a reforzar la inquietud que tenemos allí. Si efectivamente la crisis que en estos momentos vive el sector del transporte aéreo no ha afectado a Canarias no tiene ningún tipo de explicación que se haya llevado a cabo la suspensión de distintos trayectos entre la Península con distintas islas o que se hayan disminuido las frecuencias en general entre los tráficos de Canarias- Península.
El Gobierno del Estado, señor ministro, tiene que garantizar desde su ámbito competencial la cohesión territorial y social del Estado español. Estamos ante un régimen liberalizado y privatizado del sector del transporte, estamos ante una situación en la que el Ministerio en principio sólo tiene la responsabilidad de organismo regulador, pero por encima de todo tiene que garantizar la cohesión territorial del Estado. En una situación como la actual, en los archipiélagos del Estado español en estos momentos no existen alternativas al tráfico aéreo, no existe conexión por carreteras, obviamente, ni existe ferrocarril. Para garantizar la cohesión entre las islas de ambos archipiélagos, en la ley de acompañamiento del año 1997 se declaró el tráfico interinsular obligación de servicio público. Las obligaciones de servicio publico, que son un instrumento previsto en los reglamentos comunitarios, especialmente para...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rivero. Ha concluido su tiempo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señor diputado, estamos de acuerdo en los objetivos pero no estamos de acuerdo en el método a seguir para alcanzarlos. En primer lugar, porque, con arreglo a los datos que hasta ahora han sido remitidos al Ministerio, la oferta de frecuencias y de asientos en los vuelos Península-Canarias y CanariasPenínsula prácticamente se mantiene. 281 vuelos semanales en la temporada del invierno del año 2001, 269 en la temporada de invierno del año 2002; y en asientos, 2.166.000 asientos frente a 2.158.000. Por tanto, en estos momentos, en términos de servicios y frecuencias hay un nivel de mantenimiento. ¿Cuál es la fórmula que prefiere el Ministerio para garantizar la continuidad de las frecuencias en un territorio que, por razones de cohesión, sólo tiene la alternativa del transporte aéreo? La profundización en el sistema de transporte liberalizado de la Unión Europea. Y precisamente para mejorar la calidad y la cantidad necesitamos perfeccionar nuestro ordenamiento jurídico con medidas que permitan adoptar decisiones en función de lo que cada compañía haga o deje de hacer con los slot que tiene asignados. No disponemos de la norma reguladora, espero que en muy pocas fechas el

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Gobierno se dote de la misma para que se resuelva el problema.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DEL DIPUTADO DON RAMÓN COMPANYS SANFELIÚ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALÁN (CONVERGÈNCIA I UNIÓ), QUE FORMULA AL SEÑOR MINISTRO DE FOMENTO: ¿CUÁNDO TIENE PREVISTO EL GOBIERNO INICIAR LAS OBRAS EN EL TRAMO DE LA N-II COMPRENDIDO ENTRE LLEIDA Y ELS ALAMÚS? (Número de expediente 180/000929.)

La señora PRESIDENTA: Pregunta número 33, que formula el diputado don Ramón Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro de Fomento, el día 20 de octubre de 1995 se aprobó definitivamente el proyecto de desdoblamiento de la carretera N-II entre Lleida y Els Alamús, quedando dicha obra pendiente de contratación. Se trata, como usted sabe, de una obra de desdoblamiento de la carretera en un tramo de 7,1 kilómetros, con un presupuesto inicial de 3.676 millones de pesetas. Dicha obra está situada en una de las entradas más importantes de la ciudad de Lleida y a pesar de la autovía lo cierto es que en esta zona se forman atascos y sobre todo hay muchos accidentes. Desde hace tiempo, el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ha trasladado el interés de los afectados instando a su Ministerio para que se realicen las obras con la máxima rapidez. Como desde hace varios años se están consignando en partidas presupuestarias cantidades importantes para la realización de dicha obra y a la vista de que hasta el momento no se ha iniciado es por lo que le pregunto: ¿Cuándo tiene previsto el Gobierno iniciar las obras en el tramo de la N-II comprendido entre Lleida y Els Alamús? Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Señoría, la previsión del Gobierno es enviar a la programación económica la licitación de esta obra en el momento en que esté terminado el proyecto que necesita Lleida para resolver los problemas que S.S. ha mencionado. Su señoría ha dado un dato que es cierto y es que había un proyecto en el año 1995. Lo que no ha contado S.S. es que el tramo LleidaTárrega, de la N-II, se inauguró en el año 1992, y por el tramo Lleida-Els Alamús, consecuencia de que no estaba la variante de Lleida, circulaban entonces 25.000 vehículos. El proyecto que cita S.S. responde a la necesidad de dotar a ese tramo de capacidad para que circulen 25.000 vehículos.
Posteriormente, en julio de 1996, se puso en servicio la variante de Lleida y rebajó la intensidad de circulación en el tramo Lleida-Els Alamús a 8.784 vehículos/día, básicamente ya comunicación urbana con Lleida. Eso significa un cambio sustancial en la funcionalidad de la vía. Porque, frente a una vía de gran capacidad para dar cauce a 22.000 vehículos, ahora hay que diseñar una vía que tenga permeabilidad urbana, accesibilidad urbana, porque esa es la prioridad de los tráficos que se generan en la zona y las necesidades urbanísticas del entorno. Por eso estamos adaptando el proyecto. Una vez terminado y supervisado, pasará a la fase de programación económica, para lo cual, como S.S. dice, sigue teniendo dotación económica en los presupuestos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Companys.


El señor COMPANYS SANFELIÚ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, estoy sorprendido -yo creo que en 1995 la autovía estaba ya inaugurada o faltaba poco para ello- de que en el momento de hacer el proyecto no se hubiese previsto que la autovía estaba en proceso de licitación. Pero no tendría que ser ningún problema para que diesen la máxima celeridad al proyecto. Se lee en los proyectos que las máximas aportaciones se realizarán en el año 2004.
Independientemente de que tuviesen que adaptarlo a la realidad, aunque es cierto que hay menos tráfico que en 1995, me cuesta mucho entender que en aquel año, cuando hicieron el proyecto, no lo tuvieran en cuenta. Por tanto, señor ministro, le ruego que con la máxima celeridad aprueben el proyecto y realicen las obras, porque efectivamente hay atascos pero sobre todo hay muchos accidentes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Companys.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (ÁlvarezCascos Fernández): Yo no quiero mirar al pasado. Yo no soy responsable de la funcionalidad con la que se diseñó esta vía en el año 1995. Lo que le digo es que hoy nos proponemos acometer esta obra adecuada a sus características funcionales, a las necesidades de los tráficos que circulan por ella, a su accesibilidad con la trama urbana y a la permeabilidad de la vía para el resto de los movimientos que afectan a esa zona de Lleida.
Así es como se hacen los proyectos cuando afectan a las tramas urbanas. Hace muy pocos días hemos puesto en servicio el acceso a la ciudad de Ávila o la circunvalación de la ciudad de Segovia y, como son funcionalmente distintos, tienen

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soluciones técnicas distintas. Lo tendrá Lleida y muy pronto, señoría. Se lo aseguro, muy pronto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA SANDRA MONEO DÍEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, QUE FORMULA AL GOBIERNO: ¿QUÉ ACCIONES ESTÁ DESARROLLANDO EL GOBIERNO PARA FACILITAR LAS INICIATIVAS EMPREARIALES ENTRE LOS JÓVENES? (Número de expediente 180/000919.)

La señora PRESIDENTA: Preguntas dirigidas al señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
En primer lugar la número 23, que formula la diputada doña Sandra Moneo.


La señora MONEO DÍEZ: Gracias, señora presidenta.


Señor ministro, durante años si hubo en este país un colectivo azotado por la lacra del desempleo ese fue el de los jóvenes. La generación mejor preparada de este país se veía abocada inexorablemente a una frustrante sensación ante la imposibilidad de optar a un empleo estable. A la vez, las iniciativas surgidas de sus inquietudes empresariales topaban con un sistema fiscal rígido e insolidario con aquel que arriesgaba su futuro en la aventura del autoempleo. Nuestro grupo parlamentario siempre defendió -y así lo entendió también este Gobierno- que la creación de empleo para los jóvenes pasaba no sólo por potenciar y facilitar el diálogo social, fruto del cual se acometieron sucesivas reformas laborales, sino por crear las condiciones objetivas a través de los planes de empleo, a través del incremento de los incentivos a la pequeña y mediana empresa y, por supuesto, del plan de acción global en materia de juventud, cuyos incrementos presupuestarios hacen especialmente énfasis este año en actuaciones en materia de empleo.
Siendo conscientes de que los emprendedores de hoy son los potenciales creadores de empleo del mañana, le formulo, señor ministro, la siguiente pregunta: ¿Qué acciones está desarrollando el Gobierno para facilitar las iniciativas empresariales a los jóvenes? Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Moneo.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.


Señoría, nuestras acciones están enmarcadas en el Plan nacional de acción para el empleo, en este caso en el pilar segundo, que desarrolla el espíritu de empresa y de creación de empleo. Estas actuaciones tienen como objetivos facilitar la creación y la gestión de empresas especialmente a través de programas de apoyo financiero a las pymes así como favorecer el acceso a la actividad empresarial. Como puede comprender S.S., dichas medidas van a favorecer el desarrollo de las iniciativas empresariales de los jóvenes, particularmente en el área relacionada con la sociedad de la información, por tratarse de un sector innovador que ofrece especiales oportunidades. Junto a estas actuaciones de carácter generalista, desde el Ministerio de Trabajo y a través del Instituto de la Juventud se están desarrollando líneas de cooperación con asociaciones empresariales, fundaciones y corporaciones locales, dirigidas específicamente a personas menores de 35 años. Así, a través de convenios de colaboración con la Confederación de Asociaciones de Jóvenes Empresarios se vienen realizando actividades para el fomento empresarial entre jóvenes y para la potenciación de los llamados semilleros o viveros de empresas. En lo que va de año se ha asesorado a 205 jóvenes, se ha atendido a 195 consultas y se han creado 49 empresas, habiéndose inaugurado un semillero de empresas en Álava. Asimismo, del pasado ejercicio proceden otros 51 proyectos, que están siendo estudiados para su constitución como empresas.
Una acción quizá especialmente grata para el Ministerio es la que se lleva en colaboración con la Asociación de seniors españoles para la cooperación técnica, Consecot, que es una entidad que ofrece el asesoramiento técnico y específico a jóvenes que desean crear o consolidar una empresa y que carecen de recursos económicos para acceder a consultores comerciales. En lo que va de año el número de consultas se aproxima al millar, previéndose un porcentaje del 25 por ciento aproximadamente de constitución de nuevas empresas. En tercer lugar, también ese año se ha suscrito un convenio de colaboración con la Fundación Instituto Cameral para la creación de desarrollo de empresas, Incide, y para la realización de actividades y programas dirigidos a la sensibilización, formación y promoción empresarial de jóvenes. En este caso son siete jornadas de formación y orientación, siete cursos de formación empresarial de 400 horas, con amplio repertorio territorial y casuístico. Son actuaciones que también tienen su cabida en el segundo Plan de juventud 2000-2003 y sin duda ninguna intentan que los jóvenes no queden al margen de lo que es una de las grandes necesidades para crear empleo. Hace falta trabajadores cualificados, pero también buenos profesionales.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


- DE LA DIPUTADA DOÑA AMELIA CARACUEL DEL OLMO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO,

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QUE FORMULA AL GOBIERNO:¿CÓMO ESTÁ FUNCIONANDO EL PROGRAMA RENTA ACTIVA DE INSERCIÓN EN EL AÑO 2001? (Número de expediente 180/ 000921.)

La señora PRESIDENTA: Por último, pregunta número 25, de la diputada doña Amelia Caracuel.


La señora CARACUEL DEL OLMO: Gracias, señora presidente.
Señor ministro, el Real Decreto 236, de 18 de febrero de 2000 como su posterior modificación del 6 de julio de 2001 establecía las bases de un programa de actuación que trataba de mejorar la inserción profesional de los desempleados de larga duración y mayores de 45 años, combinando medidas de empleo activas con pasivas. Pues bien, considerando este grupo parlamentario, de la misma forma que lo hacen los mencionados decretos, eso sí, cumpliendo las directrices sobre el empleo de la Unión Europea, que, si bien ha de mantenerse una protección adecuada frente al desempleo, la mejor protección no es una política exclusiva de garantía de ingresos sino combinar esta con una adecuada política de inserción laboral. De ahí el interés de este grupo parlamentario por saber cómo está funcionando el programa de renta activa de inserción en el año 2001.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Caracuel.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora presidenta.


Señoría, cabría decir que razonablemente bien, porque el paro de larga duración, como señalaba S.S., representa aún un fenómeno de importante y considerable presencia en nuestro mercado laboral a pesar de haberse reducido también de manera significativa en estos últimos años. Una de las principales estrategias que nos señala la Unión Europea, y que recoge también nuestro Plan nacional de acción para el empleo, consiste en la puesta en marcha de políticas selectivas que combinan protección social con medidas adecuadas de inserción laboral. Y el programa de renta activa de inserción se enmarca, yo creo que perfectamente, en esta directriz. Tiene un marcado carácter innovador pues en él se combinan en la misma medida elementos de política activa y de protección por desempleo, supeditando la percepción de una ayuda económica. Se trata de un programa pensado para los trabajadores desempleados de larga y muy larga duración, mayores de 45 años en situación de necesidad, bien por haber agotado su derecho a la protección por desempleo o bien porque nunca pudieron acceder a ella.
Entre las principales ayudas que se contemplan, hay que destacar las de orientación profesional, incorporación inmediata a los programas públicos de formación y empleo, prioridad en las ofertas de empleo y la percepción de una ayuda durante diez meses equivalente al 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Se implantó en el año 2000, en el 2001 se han introducido mejoras sobre la base de la experiencia obtenida y dirigidas a incrementar el colectivo potencial de beneficiarios, especialmente de trabajadores autónomas, que no tenían acceso, y también un nivel de compatibilidad con trabajos y con rentas que creemos que amplia este objetivo social, logrando así que la renta preestablecida se convierta en un claro instrumento de inserción laboral. Como resultado de esta mejora, el número de beneficiarios al final del presente año calculamos que alcanzará los 68.000 respecto al potencial, digamos, máximo previsto en la medida, que sería de unos 75.000, con lo cual estaríamos en un importante acercamiento a la plena cobertura del potencial al que va dirigido en este caso. Y aunque el programa no ha alcanzado todavía su velocidad de crucero, hay que destacar que estamos produciendo una media de unas 1.000 nuevas incorporaciones diarias al mismo, y ello a pesar de que la suscripción del compromiso voluntario de actividad sigue siendo el principal elemento de autoexclusión de esta medida. En el escenario presupuestario para 2002, con los beneficiarios de este programa vamos a poder alcanzar una tasa de cobertura en torno al 70 por ciento de protección al desempleo en dicho año. Ello supone una reducción de más de 700.000 personas con respecto a las existentes en el año 1996.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA GESTIÓN DEL GOBIERNO EN POLÍTICA DE EMPLEO Y SOLUCIONES QUE CONTEMPLA A LAS GRAVES CARENCIAS Y ANOMALÍAS QUE SE OBSERVAN EN NUESTRO MERCADO LABORAL.
(Número de expediente 172/000125)

La señora PRESIDENTA: Punto XIII del orden del día: Interpelaciones urgentes.
En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la gestión del Gobierno en política de empleo y soluciones que contempla a las graves carencias y anomalías que se observan en nuestro mercado laboral.
Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señora presidenta, señor ministro, en la interpelación que vamos a debatir en la intimidad sobre la política de empleo, mi propósito es discutir con usted sobre los efectos que está produciendo la política de empleo en nuestro país,

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teniendo en cuenta que, como todo el mundo sabe, constituye el problema principal no solamente del mercado laboral español sino también de la sociedad española en su conjunto. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Yo quiero acercarme a esta discusión con usted con un propósito constructivo en la perspectiva de analizar qué es lo que no se está haciendo bien o qué es lo que no se está haciendo en la política de empleo en España. No quiero que tengamos una especie de confrontación entre lo que pudiéramos llamar una visión triunfalista de la política de empleo y una visión catastrofista, que pudieran corresponder al Gobierno y a la oposición; desde luego, tampoco voy a hacer de botafumeiro en el diagnóstico de esta cuestión, pero sí creo que podemos encontrar, tal como es el espíritu que me anima al presentar esta interpelación, señor ministro, algún diagnóstico común en torno a las cosas que debieran mejorar en la política de empleo en España.
Porque mi propósito -ya se lo anuncio ahora- es presentar una moción correspondiente a esta interpelación, proponiendo a la Cámara una serie de medidas precisamente para mejorar la política de empleo en España.
Es una evidencia afirmar que desde finales de 1994 se recuperó la senda de crecimiento de creación de empleo en nuestro país y que desde esa fecha aproximadamente estamos creando empleo. Además estamos creándolo por encima de la media de la Unión Europea, como también es evidente, y hemos creado más empleo que la mayoría de los países de la Unión Europea. Ahora, son grandes las distancias con la Unión Europea en materia de empleo. Por ejemplo, seguimos hablando de tasas de paro cuando creo que debiéramos incorporar a nuestro lenguaje las tasas de actividad, que son las que han fijado la Unión Europea en sus directrices y objetivos. Y, en lo que es el conjunto de la calidad del empleo en nuestro país, es tanta la distancia que tenemos todavía para aproximarnos a esas medidas que tenemos que analizar qué estamos haciendo y si estamos haciendo bien las cosas en lo que es, repito, el conjunto de la política de empleo. Acepto también que la importancia de las políticas de empleo de un país en relación con la creación de empleo es relativa, porque para usted, igual que para mí, es una evidencia que el empleo en gran parte evoluciona con arreglo a los ciclos económicos y es evidente que los países tenemos una capacidad relativa de influencia y de acción política en el marco de nuestra propia legislación para establecer políticas propias, porque estamos en un mundo global, todos lo sabemos bien. Pero dentro de lo que es lo que podemos y lo que debemos hacer los españoles en la política de empleo -aquí es donde le hago mi primera crítica-, creo que en la política de empleo española sigue habiendo una rutina, una especie de continuación permanente de las mismas políticas, hay claras insuficiencias, evidentes ineficiencias en lo que son las políticas concretas.
En primer lugar, señor ministro, en España gastamos poco en política de empleo para la dimensión del problema que tenemos; nuestra proporción de gasto en políticas activas sobre las políticas pasivas, que llega al 40 por ciento, aunque ha mejorado, para mí y para nuestro grupo es insuficiente, y el conjunto de gasto de políticas de empleo sobre nuestro PIB es un porcentaje muy bajo, claramente inferior al de la media europea. Si a esa cantidad pequeña que gastamos en políticas de empleo le aplicamos un primer gran concepto, el de promoción de empleo, que dedica nada más y nada menos que 300.000 millones de pesetas aproximadamente a bonificar las cuotas de los empresarios para que estos contraten trabajadores fijos, ya estamos prácticamente pegándole un corte casi por la mitad al conjunto de las políticas activas. Es el momento, señor ministro, de preguntarnos honradamente. Todos sabemos que esta partida procede de un compromiso con los sindicatos cuando se estableció la reforma laboral de la contratación estable en 1997, pero llevamos gastados ya un billón largo, un billón doscientos mil millones quizás, en este concepto. Y es hora de preguntarnos, insisto, si este es un dinero bien empleado, si efectivamente sirve para algo, puesto que es verdad, mejoró un poco la contratación fija, pero realmente seguimos haciendo solamente ocho o nueve de cada 100 contratos fijos y yo me pregunto si esos no se harían prácticamente igual si no hubiera este estímulo económico. De aquí surge una segunda reflexión que también le quiero hacer: ¿Quién evalúa estas políticas? ¿Hay alguien que haya evaluado esto? ¿Cuándo lo vamos a hacer? En España hay muy poca cultura de evaluación de las políticas públicas y no solamente en el Ministerio de Trabajo, en prácticamente ningún Ministerio. Es importantísimo incorporar a la cultura administrativa española la necesidad de evaluar sus políticas. Y esta, por ejemplo, debía evaluarse, pero evaluarse para mirar la eficacia y la eficiencia de estas políticas, evaluar a través de agencias independientes o dependientes pero suficientemente autónomas: Francia -usted lo sabrá mejor que yo- y otros países europeos tienen organismos de evaluación de sus políticas. En España no hay y creo que es urgente que lo hagamos.
Sigamos. Por debajo de la cifra que he citado antes está el gran capítulo de la formación profesional. Ya discutí con usted en una interpelación lo que eran nuestras críticas a la situación actual de la formación profesional en España, la necesidad de integrar el conjunto de la formación profesional para parados y para ocupados, junto con la inicial; la necesidad de hacer más transparente el sistema; la necesidad de que la formación profesional tenga una perspectiva y una prospectiva que responda a las demandas de las empresas. En fin, todo lo que se refiere a la FP, honradamente le digo, en España, siendo como es tan importante, necesita una revisión profunda.
Esto me lleva a hablar del instrumento principal de la política de empleo, el INEM. Yo no sé si usted me creerá, señor ministro, pero le aseguro que tengo mucha proximidad personal, inclusive una cierta aficióndoctrinal, a este instituto, y le hablo con todo afecto

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respecto del INEM. Sinceramente, creo que el INEM está agonizante, en gran parte porque ustedes no están tomando las medidas que les corresponde tomar, porque desde que se hicieron las transferencias o desde que se están haciendo, mejor dicho, estamos pendientes de una reestructuración territorial del organismo que no llega. Los funcionarios están, me consta, desorientados y desesperanzados. No funciona una de las misiones clave del INEM, cual es la intermediación laboral -no sé si llegaremos al 5 por ciento en la intermediación laboral-; la conexión interprovincial del organismo no funciona, el famoso SIPE lleva dos años para echar a andar y todavía, parece ser que por dificultades técnicas, no avanza. No conocemos la existencia de un observatorio que examine la demanda de las empresas para orientar la formación profesional; no conocemos la existencia de un instituto de las profesiones que determine por dónde hay que ir en la formación inicial ocupacional continua, inclusive en la universitaria; no conocemos un instituto que esté evaluando cuáles serán las necesidades de mano de obra. Así, la radiografía de nuestro desempleo nos ofrece una imagen tan absurda como que haya provincias con pleno empleo y provincias con el 20 por ciento; que haya parados en Castellón o en Teruel que no se enteran de las ofertas de empleo o de las demandas de empleo, como quieran llamarse, de Cataluña o de Baleares; que en Madrid o en Cataluña hoy haya serios problemas para atender sus demandas de mano de obra; no hay ninguna previsión, que yo conozca, a largo o medio plazo, a 10 años vista, sobre la provisión de mano de obra a las empresas.
Señor ministro, también cabe decir que las políticas activas son rutinarias; creo que falta una política más activa en relación con los desempleados de larga duración; creo que tenemos la obligación, por mandato europeo, de que cada desempleado de larga duración tenga una nueva oportunidad laboral antes de un año, y esto obviamente no lo estamos cumpliendo; creo que no hacemos lo suficiente en formación tecnológica, en lo que se llama ahora la formación digital, el acceso masivo de la población laboral a las TIC, a las tecnologías de la información y de las comunicaciones; creo que no hay una aplicación de buenas prácticas en políticas de empleo local en muchos ayuntamientos, en muchas regiones y comunidades españolas, que podrían servir de ejemplo para el desarrollo, para la atracción, para la generación de empleo local; creo que tenemos un serio problema, como se sabe, de desarrollo del tiempo de trabajo a tiempo parcial; creo que tenemos un problema gravísimo de movilidad geográfica entre nuestros parados; creo que -también hay que decirlo- no se está haciendo lo suficiente para desarrollar el espíritu emprendedor y la vocación emprendedora como una gran línea de la Unión Europea. Todo esto merece un esfuerzo, señor ministro.
Queda todo el capítulo de la calidad del empleo. Tengo que terminar, pero he de decir sinceramente que lo que se ha hecho desde el Gobierno para mejorar la calidad del empleo -otra línea básica de los pilares de la Unión Europea- no ha salido bien. La reforma laboral del 5 de marzo, aunque todavía es pronto -lleva ya ocho meses-, me parece que no ha mejorado la calidad del empleo, no ha resuelto la problemática grave de siniestralidad, eventualidad, etcétera, de nuestro mercado laboral.
Creo que el intento de la negociación colectiva se ha saldado con un fracaso y que hay una insuficiencia evidente en la inspección. Todo esto impide que haya una calidad de empleo suficiente.
Por último, el desempleo en España, señorías, tiene nombre de mujer, como suele decirse. El paro es fundamentalmente femenino. ¿Qué hacemos en relación con ello? Honradamente, creo que poco. Hay que desarrollar nuevas políticas para fomentar la potencialidad del empleo para las mujeres y este Gobierno no las utiliza.
Mi interpelación, señor ministro, evidentemente es una interpelación crítica, pero responde a una crítica que conoce todo el país. En estas materias no vamos bien. Hemos creado empleo porque la economía ha crecido, pero se pueden hacer muchas más cosas y sobre todo mucho mejor.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señor presidente, señorías, muchas gracias.
Sinceramente, pienso que cualquier momento es bueno para hablar de empleo. No hay duda alguna de que, en la inquietud sociológica española y en la propia sociedad, el empleo debe figurar siempre como una de las materias a tener en cuenta. El momento es bueno para hablar porque quizás, buscando esa razonable armonía entre el optimismo -nunca la autocomplacencia, ese no es mi estilo- y el pesimismo, se pueda llegar a alcanzar un equilibrio. Datos que pueden contribuir a ello es saber que estamos hablando en el momento histórico en el que el número de ocupados es el más alto desde que se realiza la encuesta de población activa. Estamos hablando felizmente de más de 14.700.000 personas ocupadas. La tasa del paro se ha situado algo por debajo del 13 por ciento cuando no hace tanto llegó a alcanzar el 22,3 por ciento; incluso en momentos, por qué no decirlo, de expansión económica, como pudo ser el año 1991, no bajó del 15,9, prácticamente el 16 por ciento. De manera que yo creo que las cifras pueden contribuir a una reflexión siempre oportuna y necesaria.
De algunas de las cuestiones que ha suscitado S.S. -me voy al plano estrictamente técnico- discrepo, pero porque discrepan las estadísticas, no el concepto. Afirma que España sigue siendo el país con más baja tasa de actividad. Pues no es lo que dice la Comisión Europea en el informe que recientemente ha presentado, con presencia de la señora Quentin, informe que se

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llama, como usted sabe, El empleo en Europa, 2001: tendencias recientes y perspectivas. Es un documento del mes de julio y en él se dice que España tuvo... (Rumores.) ¿Puedo seguir con el permiso de SS.
SS.? Gracias.
España tuvo en el año 2000 una tasa de actividad del 64 por ciento para las personas de 15 a 65 años; Italia tiene el 59,9 por ciento y Grecia un 62,9 por ciento. Hago esta observación porque quizá rompe uno de los tópicos más tradicionales y clásicos, y entiendo que eso también da una imagen de un dinamismo positivo del mercado del empleo español.
El Plan nacional de acción para el empleo, que aprobamos hace cinco meses, sin duda ninguna tiene que ser semejante a los anteriores.
Esto lo digo porque sabe S.S., igual o mejor que yo, que, si en algo hemos buscado una razonable coordinación de los sistemas y de las políticas de empleo todos los países de la Unión Europea, es a partir de la cumbre de Lisboa. A partir de ahí, entiendo que es difícil cometer, por decirlo de alguna manera, extravagancias, lo cual es una ventaja, o proponer grandes innovaciones. Por cierto, respondo a otra de sus dudas. Nos autoevaluamos. Dice que podemos carecer de mecanismos internos, pero estamos produciendo ya una evaluación, en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, una entidad seria y responsable, de lo que ha sido la aplicación de la estrategia llamada de Luxemburgo. Si de algo no se puede acusar al Plan nacional de acción para el empleo español o al de cualquier otro país de la Unión Europea es de falta de evaluación. En el propio método de coordinación abierto radica que todos los años el resto de países seamos tribunales que debemos juzgar la calidad y adecuación de las acciones de los demás países.
Permítame que haga una corrección simplemente técnica. Se dice respecto al Plan nacional de acción para el empleo del 2001 que no se han seguido las directrices de años anteriores de la Unión Europea.
Me remito al borrador de informe conjunto propuesto por la Comisión para este año, que dice que las medidas propuestas abarcan el conjunto de las recomendaciones, aunque no todas se abordan de forma explícita. Ya que en este caso la Comisión Europea reconoce nuestra capacidad de atender a los objetivos, me parece una opinión más objetiva que la mía y que la suya.
Dice también que los recursos públicos destinados a favorecer al empleo están entre los menores de la Unión Europea y lo que nos vuelven a decir las estadísticas a este respecto es que estamos en una posición intermedia. ¿A usted le parecen insuficientes? A mí también me gustaría poder dedicar, se lo digo con toda franqueza, cuantos recursos sean necesarios, pero parece que España está actuando con una razonable ratio o proporción de eficiencia, puesto que el mismo informe que le señalaba antes del mercado de trabajo en Europa dice que uno de cada cuatro puestos de empleo se ha creado en la economía española.
Para hacerse una idea del esfuerzo presupuestario, desde 1996, el esfuerzo en políticas de mercado de trabajo ha crecido un 24 por ciento, pasando de 1,8 billones a casi 2,3 billones presupuestados para el año 2002. En estos últimos años, hemos mantenido la participación en el PIB en torno al 2,2 por ciento, pese a la importante reducción -felizmente, reducción- del número de parados. Tal vez convenga recordar que en 1996, del conjunto de políticas, solamente el 16 por ciento eran políticas activas; en el año 2002, como bien señalaba S.S. - y ha manejado el dato-, estamos en torno a un 40 por ciento, y no solamente nos aproxima al estilo, sino también a las cifras de la propia Unión Europea. Como sin duda sabe S.S., es en el año 1997 cuando se produce el punto de inflexión en lo que era un descenso continuado del gasto en políticas activas, que llegó a estar en el 0,38 por ciento del PIB, y en este momento, la cifra es prácticamente el doble, estamos hablando del 0,77 por ciento. Se ha seguido esa tendencia, en la que insistía por parte de la Unión Europea, de reequilibrar nuestro gasto entre políticas activas y pasivas. También quiero afirmar que no ha sido a costa de las políticas pasivas, sino que han mantenido -incluso han expandido- los niveles de cobertura en protección al desempleado y sin realizar ningún cambio normativo que haya implicado una reducción. Asimismo ha comentado que España gasta poco en relación a cada parado, pero podemos comparar el año 1996, en el que el gasto capitativo por parado era de 812.500 pesetas, con el presupuesto para el año 2002, que lo eleva a 1.675.000, es decir, más del doble. Su señoría me va a decir que es insuficiente, amén de que toda obra humana es perfectible, quienes estamos en el área denominada de lo social, tenemos que enfatizar más en estas políticas, pero también debemos admitir que tenemos que tener unas políticas, que en conjunto permitan lo que están permitiendo las actuales, que crezca la economía y que naturalmente crezcan el empleo y la protección social.
En cuanto a la falta de evaluación, que es otra de sus afirmaciones, quiero insistir en que todos los países de la Unión Europea estamos evaluados por el resto. Ese es uno de los compromisos de la propia dinámica del denominado método de coordinación abierta, que felizmente se está extendido a materias como la exclusión social y probablemente, con grandes matices, también se lleve a las políticas de protección social. Algunas acciones están evaluadas, han venido a este Parlamento y son sobradamente conocidas. El nivel de eficacia en la inserción laboral de las escuelas taller, de las casas de oficio, está medido, como sabe S.S., porque el grado de inserción laboral en las escuelas taller o en las casas de oficio se sitúa en torno al 77,8 por ciento y en los cursos de formación profesional se sitúa en el 67 por ciento.
Nos dice que somos reiterativos, pero insisto en que es muy difícil, cuando uno acuerda una estrategia, como la de Luxemburgo, para un plazo de 5 años en la que se está autoevaluando, no insistir o incidir en lo que se demuestra efectivo y positivo, sobre todo, cuando en el ámbito de la Unión Europea se produce eseintercambio con unas prácticas, que por supuesto las

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vamos incorporando ya que lo que funciona bien se va trasladando a las demás pero, como el resto de cambios que afectan al mercado laboral, no hay duda de que la gradualidad y la prudencia no son malas guías.
No voy a ir por el camino -quizás más sencillo desde el punto de vista político, pero que me parece inadecuado- de decirle que felizmente el INEM tiene unos excelentes profesionales. Estoy seguro de que es una afirmación que usted comparte y que no hay reproche hacia la capacidad de gestión de los muchos y buenos profesionales que tiene el INEM. Prueba de ello es que están atendiendo a muchísimas personas por cada ejercicio. Simplemente, durante el año pasado han atendido a más de 1.200.000 personas -por cierto, más del 57 por ciento de las acciones del INEM han sido para mujeres-, lo que da una idea de la gran dimensión de su esfuerzo.
Cuando antes hablaba de la capacidad de intermediación, se puede ver claramente que en la intermediación laboral hay un antes y un después, porque en el año 1994 se produce una reforma que tiene efectos claros sobre la intermediación laboral; por decirlo en corto y por derecho, se rompe el monopolio, es decir, la exclusiva que hasta entonces tenía el INEM. Esta es una decisión que, entonces como ahora, nos pareció correcta y que permite que, con limitaciones y para ciertos sectores, puedan intermediar las Empresas de Trabajo Temporal. Con lo que intentar hacer ahora emulaciones o simulaciones sería realmente complicado desde el punto de vista de las series estadísticas. Estamos hablando de porcentajes superiores incluso a las cifras de antes producirse esa ruptura, con lo cual, aplicando el coeficiente que haya de ser aplicado de estas nuevas formas de intermediación, no solamente ha sostenido, sino que ha mejorado su capacidad de intermediación.
Voy a bastante velocidad, pero me gustaría ir buscando ese razonable equilibrio entre lo que nunca va a ser autocomplacencia y lo que tampoco puede ser una imagen muy en negro.
Consumo este primer turno refiriéndome a dos grandes conceptos dentro del paro que llaman la atención de S.S. y la mía: el paro de larga duración y el paro juvenil. Felizmente, también aquí es el propio documento de la Comisión cuando habla del empleo en Europa el que señala que precisamente España es el país donde más se ha producido un descenso, el mayor descenso en el paro de larga duración. Dice que declinó en 6,5 puntos hasta situarse en el 5,9 por ciento del año 2000. Si usted me dice si yo creo que me siento satisfecho, le diré que no, que todavía deberíamos hacer mayores esfuerzos, y en ello estamos, pero qué duda cabe que ha habido una evolución también positiva este año no sólo en términos de cantidad, sino también de calidad.
Si un tipo de paro debe llamar nuestra atención es el paro juvenil.
Por definición, es inaceptable socialmente que personas que tienen preparación, juventud y energía para trabajar no lo hagan. También conviene recordar que la tasa de desempleo de jóvenes en los últimos cinco años ha bajado más de 17 puntos, con lo cual cabrá mayor velocidad, no lo dudo, pero también cabe pensar que estamos en un camino sustancialmente correcto.
Finalmente, con relación al último epígrafe, relativo a las modificaciones de la Ley básica de empleo, sabe que asumimos ese reto. Su señoría me va a decir, y con razón, que intentemos que este reto de cambios en la Ley básica de Empleo y en el propio sistema público de empleo se intente hacer al menos por la vía del diálogo social. En este caso, lógicamente, tengo que proponer un calendario.
En el año y poco de gobierno de esta legislatura, se ha acometido una reforma del mercado laboral, se ha acordado una de las grandes líneas de trabajo en materia de protección social mediante un acuerdo. Hoy se está hablando de la negociación colectiva de cara al próximo ejercicio y no descarto, sino que los seguiremos proponiendo, cambios allá donde fueran necesarios, especialmente en materia de mejora de nuestro sistema público de empleo. El ritmo que puede seguir no ya este gobierno, sino los propios interlocutores sociales, me parece que cabe calificarse como de bastante alto. Yo no sé cuando acabe la legislatura si nos podrá reprochar mayor o menor actividad, pero a esta hora, si alguna queja recibo de los agentes sociales es el exceso de trabajo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.
Señor Jáuregui.


El señor JÁUREGUI ATONDO: Señor presidente, rápidamente paso a hacer la réplica de las cosas que merecen un comentario por mi parte. En primer lugar, insisto en que la evaluación que hacen los países de la Unión Europea se hace sobre los objetivos que el conjunto de la Unión Europea establece para los países de la Unión, pero yo le hablo de otro tipo de evaluación, de una evaluación de las políticas públicas que nos permita determinar la eficacia y la eficiencia de muchas de las subvenciones o de las estrategias que en materia de política de empleo estamos desarrollando; creo que esa evaluación no existe.
En segundo lugar, me dice que hay que ser prudentes, que no se pueden plantear medidas o iniciativas que estén fuera de la realidad. Esto es lógico, pero en mi intervención le he sugerido cuatro o cinco reflexiones sobre dónde intensificar las políticas activas de empleo que en España no se está haciendo. No son estrambóticas, de manera que cuando yo le he sugerido ese tipo de actuaciones o de acentuaciones en nuestras propias políticas es porque creo que está fallando el sistema en esas mismas políticas.
Esta es siempre una discusión en la que puede surgir lo de la botella medio vacía y medio llena. Usted puede darme todas las cifras que quiera, pero lo que me parece más decepcionante, señor ministro, es que usted no me reconozca lo que es vox populi en el funcionamiento del conjunto, por ejemplo, del INEM, lo que pasa

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con la disparidad geográfica del país, lo que pasa con la ausencia de políticas que orienten la formación profesional, lo que significa la dificultad de la movilidad geográfica y qué se está haciendo o qué no se está haciendo sobre todo esto. Me parece un poco decepcionante que no me reconozca nada de eso.
Le voy a leer una conclusión que se produjo el otro día en un debate.
Este lunes hubo un debate en Barcelona, un debate interesante que organizó la pequeña y mediana empresa de allí con los partidos políticos, un debate en el que estaba su compañero, el señor Azpiroz, y también el señor Pujol y el señor Rajoy. Allí era una evidencia el sentimiento de que en España no se está haciendo nada por las políticas activas de reciclaje profesional, de previsión sobre la necesidad de atender las demandas de mano de obra de los empresarios, sobre los problemas demográficos en relación con la mano de obra, sobre las políticas de inmigración; era un clamor y todos lo compartieron. Le voy a leer un texto que se concibió en aquel simposio. Dice: En este sentido, en ausencia de políticas proactivas de reciclaje de aquellos colectivos con niveles de estudio más bajos que permitan adecuar el nivel de la población potencialmente ocupada a los requerimientos de capital humano de las empresas, las necesidades de inmigración con un nivel educativo en formación profesional ascienden a 90.000 personas, las de un nivel educativo en secundaria a 110.000 y las de una diplomatura a 68.000. Vienen a señalar toda una serie de políticas que faltan: políticas para incrementar la tasa de actividad de la población residente, políticas de formación para incrementar la tasa de escolarización, etcétera. Es una evidencia que hay una demanda general de políticas en esta materia que no se está atendiendo.


Ya que usted me ha citado los textos de la Unión Europea, voy a releerles el informe de recomendaciones para España de este año 2001 para el 2002. La Unión Europea nos dice que el desempleo sigue siendo muy elevado, 14,1; que la tasa de desempleo de larga duración ha disminuido, pero las mujeres siguen estando especialmente afectadas por el problema del paro; que la tasa de empleo -55 por ciento-, aunque ha aumentado, está entre las más bajas de la Unión Europea y muy lejos del objetivo de Lisboa; que aunque la tasa de empleo femenino ha aumentado, sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea, 40 por ciento. Podría seguir hablando así sobre la formación profesional, sobre el INEM, sobre las diferencias regionales, sobre la movilidad geográfica. Todo esto nos lo dice la Unión Europea.
Tendrían que impulsar unas reformas evidentes, unas reformas necesarias en las políticas nacionales de empleo en España.
Por eso mi grupo, lo anuncio aquí, va a presentar una moción correspondiente a esta interpelación, con siete grandes líneas de actuación que espero que ustedes consideren y, en su caso, si merecen su buena consideración, las puedan aprobar.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jáuregui.
Señor ministro de Trabajo.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señor presidente.
Señoría, no dude que pondré el máximo interés y prestaré la máxima atención sinceramente a cuantas propuestas vengan del principal partido de la oposición en materia de empleo.
Ha planteado como cuestiones fundamentales algunas cuyo objetivo es evidente que compartimos, como mejorar la movilidad geográfica en el mercado laboral español y tratar de salvar lo que sin duda son importantes desequilibrios, pero S.S sabe tan bien como yo que la política de movilidad geográfica no es una política unidimensional y que elementos como las políticas de vivienda pueden ser determinantes de una mayor o menor predisposición a los desplazamientos. Sin duda ninguna también tenemos que intentar resolver estrangulamientos mediante movilidad, pero no podemos pedir a ninguna comunidad autónoma que renuncie a su propia cuota de desarrollo, que renuncie a las expectativas que tenga ante sí de poder alcanzar esos mismos niveles de prosperidad y de riqueza.
Dicho eso, y agradeciéndole también que me informe de la reunión de Barcelona, que ha descrito con una viveza y un realismo propio de quien hubiese asistido -me consta que mi compañero Azpiroz sí que asistió, pero no así usted, lo cual le honra como relator-, debo decirle que no hay duda de que se han puesto sobre la mesa grandes estimaciones y a veces grandes expectativas de empleo, no solamente de empleo, sino también de expansión de determinados sectores. Si hablamos del sector de las nuevas tecnologías, que mantiene un importantísimo potencial de crecimiento, no hay duda tampoco de que muchos de los que hicieron predicciones sobre la capacidad económica y financiera de ese sector, parece que están bastante arrepentidos, y a lo mejor de algunos de estos arrepentimientos nacen las dificultades que están atravesando empresas y grupos que quizás hicieron apuestas no demasiado realistas. Eso no debe llevarnos a alejarnos de ese objetivo de ser capaces de atender cuantas oportunidades de empleo dispense una buena evolución económica.
Naturalmente, ese juego de evaluaciones que señalaba tiene que mantener también ese juego de evaluación externa, porque hoy tenemos confiada la evaluación de nuestras políticas de empleo a ese duro tribunal que es el resto de los países de la Unión. Como antes le señalaba, sobre algunas de nuestras políticas se han alcanzado acuerdos, también conforme a metodología europea, con algunas de las principales universidades española; trabajos que con mucho gusto pondremos a su disposición.
La evolución de la reforma está teniendo una situación de contexto distinta a la que todos podíamos imaginar hace unos meses, porque sin duda alguna hay un antes y un después del 11 de septiembre. Como muy

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bien señalaba S.S., no es imaginable una evolución del empleo al margen de lo que es la evolución económica. Sí puedo informarle de que se ha producido una atemperación, una deceleración económica que afecta al mercado del empleo, pero que no se ha perdido, afortunadamente, por los porcentajes, la participación, al menos la presencia, de los contratos estables. Y ahí sí que con cierto orgullo, si se me admite, tengo que decir que España es uno de los pocos países de la Unión Europea que, también en ese contexto, ha reducido su temporalidad. Es verdad que queda mucho diferencial por recorrer, pero admítame también que parte se ha recorrido en camino inverso al de otros 12 países de la Unión.
Permítame que le diga también, para concluir y agradeciéndole con toda sinceridad el que podamos debatir sobre empleo, que entre las muchas obligaciones que tiene un Gobierno no está la de elogiar a la oposición, como supongo que tampoco la oposición incluye entre sus obligaciones elogiar al Gobierno. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA REDUCIR LOS ÍNDICES DE SINIESTRALIDAD LABORAL. (Número de expediente 172/000126.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): La siguiente interpelación es la que presenta el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para reducir los índices de siniestralidad laboral.
Señor Ruiz.


El señor RUIZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señor presidente.
Señor ministro, una vez más venimos a esta Cámara a interpelar sobre siniestralidad laboral. Le recordaré que Izquierda Unida formuló el 26 de mayo del año 2000 una moción con 14 medidas concretas; otros grupos, como el PSOE o Iniciativa per Catalunya lo han hecho igualmente. Especial relevancia tuvo también en esta Cámara la ILP que Comisiones Obreras de la construcción trajo a este hemiciclo, avalada por nada más y nada menos que 600.000 firmas. No quiero recordarle a usted el tratamiento que tuvo aquella iniciativa. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Hay una evidente razón por la que esta cuestión viene al Congreso con tan inusitada frecuencia: la persistencia de unas cifras de siniestralidad intolerables. Mientras percibimos el elevado consenso que se está generando entre los grupos de esta Cámara sobre la gravedad de esta cuestión, percibimos que el Gobierno es incapaz de desempolvar algo de la sensibilidad social de la que suele presumir, toda vez que la retórica que se emplea, la legislación vigente y los innumerables propósitos de enmienda y atención que se formulan en el Parlamento no dejan de estrellarse contra la dramática realidad de las cifras. ¿Qué ha ocurrido durante este año, desde la última vez que debatimos este problema? En los seis primeros meses del año, señor ministro, en tan sólo este tiempo, cerca de un millón de trabajadores han sufrido un accidente relacionado con el trabajo; de ellos, más de 487.000 han sufrido un accidente con baja en su lugar de trabajo, 66.000 fueron graves, muchos de los cuales quedarán marcados con minusvalías invalidantes. Tan sólo en el primer trimestre, cuatro trabajadores perdían la vida diariamente.
Si las cifras se refieren sólo al sector de la construcción, se constata que en los primeros nueve meses del año se han producido 83.195 accidentes laborales y que 197 trabajadores han perdido la vida. En una palabra, 22 trabajadores fallecen al mes en la construcción, mientras no faltan voces, incluidas las del Gobierno y empresarios, que siguen atribuyendo a la actividad económica estas dramáticas cifras. El último, señor ministro, ayer mismo, un trabajador de 64 años a punto de jubilarse. Si dramática es la muerte de cualquier persona, aún más cuando un trabajador después de toda su vida laboral pierde la vida en un accidente que, según el primer informe de los sindicatos, se produce por la caída de un andamio que no tenía las medidas de seguridad suficientes.


Señorías, lo que afirmo desde el comienzo es, en primer lugar, la incapacidad del Gobierno para acometer las acciones necesarias que permitan frenar la siniestralidad laboral y, en segundo lugar, su desesperante desidia en la función de vigilante y garante del cumplimiento de las normativas en prevención de riesgos laborales. Ha pasado casi un año desde que nuestro grupo presentó las medidas a adoptar por el Gobierno para reducir de manera significativa los índices de siniestralidad laboral en nuestro país. Vemos que un año después es necesario volver a recogerlas y plantearlas, porque los índices de siniestralidad siguen subiendo y es responsabilidad de todos y del Gobierno adoptar medidas para reducirlos.
El gran fracaso de la política contra la siniestralidad estriba en diversas cuestiones de fondo que, sin agotarlas todas, cito: la duración de la jornada, las subcontrataciones, la temporalidad, la débil formación de seguridad, la débil inspección, la débil sanción y la aceptación pasiva de la actividad constructora especulativa. Una y otra vez se plantean estas cuestiones y una y otra vez el Gobierno se escuda en imponderables. El hecho político es que se hace preciso intervenir con urgencia en este campo. Una legislación reciente, pero que no frena la siniestralidad, nos debe obligar a intervenir sin ninguna duda.
Se exige de este Parlamento, pero sobre todo del Gobierno, que afronte a muy corto plazo una importante serie de cuestiones, como serían: precisar en las condiciones

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de licitación el régimen de subcontratas; impedir que liciten, soliciten subvención o lleguen a acuerdos con las administraciones las empresas sin plan de prevención; hacer públicos los datos de las empresas en las que se producen accidentes y que han sido sancionadas; aumentar los recursos inspectores; aceptar con más claridad la concertación de acuerdo sindical en este campo, e impulsar un plan extraordinario de formación y prevención en seguridad, especialmente en las pequeñas empresas. Lo que decimos hoy aquí ha sido dicho en no pocas ocasiones en esta Cámara por diversos grupos. Creemos sinceramente que trabajadores, sindicatos y sociedad española requieren de nosotros acción y propuestas concretas.
Los incumplimientos de la Administración en sus campos de responsabilidad, señorías, son flagrantes en materias como: evaluación de riesgos; planes de evaluación y emergencia; planificación de la actividad preventiva; servicios de prevención; información y formación de trabajadores; coordinación empresarial y participación y consulta de los delegados de prevención.
El Gobierno, en su afán de esconder sus responsabilidades y la de los empresarios, nos decía, en el año 2000, que el camino no era el traslado de responsabilidades, sino la cooperación interinstitucional y el diálogo. ¿Qué cooperación interinstitucional han emprendido o qué diálogo se ha impulsado? Ninguna relevante, señor ministro. Lo que sí crecen son los accidentes. He apuntado hace un momento iniciativas que deben tomarse si se desea afrontar el problema de fondo, que sustanciaremos en la moción que seguirá a esta interpelación. Pero hay un hecho evidente en el campo de su responsabilidad que deseo resaltar: las invocaciones a la ley son inútiles porque es imposible aplicar la ley en estos momentos.
Señorías, por ejemplo, el sector de la construcción es la actividad productiva que presenta mayores índices de siniestralidad laboral.
¿Qué puede hacer la ley en este campo, en empresas donde prácticamente se carece de representación sindical, debido a la subcontratación y con tasas de temporalidad del 80 por ciento? Lo que ocurre, simple y llanamente, es que la normativa existente, la Ley 30/1995 y el Real Decreto 1627/1997, no se aplica, no se cumple y sencillamente se ignora.
Se hacen necesarias nuevas instituciones. No hemos dejado de proponer, lo han hecho los sindicatos también, la creación de delegados territoriales sectoriales que cumplan el doble objetivo de prevenir riesgos laborales y vigilar el cumplimiento de la legislación. Estas instituciones deben ser aplicadas allí donde, como ocurre en el sector de la construcción, las condiciones productivas hacen imposible el cumplimiento de la ley. En este contexto, la inhibición de los poderes públicos y la escasez de recursos que las administraciones públicas le dedican a la prevención de riesgos, forman parte de los problemas que deben resolverse. Señor ministro, las causas de los accidentes graves siguen siendo fácilmente evitables, además, sin elevados costes por parte de las empresas.
Notaremos, por último, que los accidentes de jóvenes representan un porcentaje mucho más alto que la media, y conocemos las razones: alta rotación, falta de formación, reducida experiencia e imposibilidad real de ejercer derechos sindicales. Seguimos sin saber, o mejor dicho, estamos convencidos de que ustedes no piensan ampliar el número de medidas y mecanismos concretos más allá de las campañas publicitarias, importantes pero insuficientes en este contexto para afrontar este escenario de siniestralidad. Debe reconocerse que existen una serie de condiciones que exigen una intervención política y administrativa sin que quepa escudarse en competencias de otras administraciones o en el tran tran de una acción administrativa que no está produciendo ningún resultado y, por el contrario, hay que afrontar regulaciones de fondo que limiten las causas objetivas de estos accidentes. Lo que se exige son medidas concretas ceñidas al terreno de los sectores más relevantes en este campo de la siniestralidad. Lo que se exige es impulsar un nuevo diálogo social en este terreno. Lo exigible es dar respuestas a las cuestiones de fondo que explican estos accidentes y que se han señalado hoy aquí.
Señor ministro, el imperio de la ley, del que hacen gala dentro y fuera de nuestras fronteras, no se aplica en este campo, mientras la mesa del diálogo social sobre la salud laboral languidece sin que el Gobierno contribuya con idea alguna para atajar el problema. Las instrucciones a la Fiscalía General del Estado, la circular de la Inspección de Trabajo son pasos insuficientes que no pueden encubrir su responsabilidad política. Señorías, esta es para nosotros una de las cuestiones más graves que afectan a la sociedad española y no estamos dispuestos a guardar comedido silencio o prudencia alguna en la denuncia de su desidia y su inactividad.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Ruiz.
El señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señorías, siempre hay que intentar buscar un punto de coincidencia con las intervenciones que preceden y, en este caso, a lo mejor sólo estoy de acuerdo con la última, con que no quería usted guardar mesura en sus afirmaciones. Ciertamente, creo que ha conseguido ese objetivo. Lo que no sé es si ha conseguido -se lo digo también desde la cordialidad parlamentaria- describir la realidad de un problema que preocupa a todos los grupos de la Cámara. Creo que en esta afirmación no hay ningún exceso. Y digo que preocupa porque ahí está la demostración evidente de que en los últimos meses ha habido intervenciones parlamentarias de la práctica totalidad de grupos y ahí está también el hecho de que en este momento esté operando una Comisiónparlamentaria en el Senado, que entiende y atiende a

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uno de los principales problemas - se lo digo y se lo reconozco- del mercado laboral español. Ha hablado de responsabilidad y, al menos, yo debo expresarme sin eludir un ápice la propia, pero reconociendo lo que también reconoce la sociedad española, que es una cuestión de responsabilidad compartida entre administraciones, entre empresarios y entre sindicatos. Ha hecho varias apelaciones al diálogo social y espero, en lo que tengo puesta mucha confianza, que si se alcanzan acuerdos, cuando vengan a esta Cámara merezcan el mismo entusiasmo que cuando se solicitan, porque le puedo asegurar que se piden acuerdos sociales con gran entusiasmo, se traen a esta Cámara y son votados en contra, no le digo ya criticados, porque, como el resto de la obra humana, pueden serlo.
Dice en su interpelación que no somos transparentes y no damos información. Lo primero que me gustaría explicar es una cuestión puramente metodológica. Las estadísticas de siniestralidad se confeccionan por agregación matemática de las que remiten las comunidades autónomas y solamente una fracción la aporta el Instituto Nacional de la Seguridad Social. Difícilmente puedo ser más diligente y difícilmente podría pensar en manipular dato alguno. Además le diré una cosa, están en Internet. Usted me dice que hay falta de transparencia. Falta de transparencia creo que es una afirmación difícil de compadecer con el hecho de que lo único que realiza en este caso el Ministerio de Trabajo es esa agregación de datos.
Segundo aspecto. Yo no tengo ningún interés -yo no hago juicios de valor ni de intención, se lo digo también- en arrojar optimismo sobre esta materia, pero tampoco tengo el más leve interés en ocultar lo que son avances conseguidos gracias a la cooperación entre administraciones, agentes sociales y Gobierno. Tampoco me apetece desanimar a quien creo que está haciendo su trabajo con responsabilidad. Lo que hemos puesto en valor durante estos meses como motivo de estímulo, que no de autocomplacencia, es el hecho de que los índices de incidencia, tecnicismo que rápidamente traduzco, los porcentajes de siniestralidad de accidentes en España, en el periodo que podemos medir de este año con los datos disponibles -no tengo más porque alguna comunidad autónoma no nos lo ha dado-, que es el periodo enero-julio, son más favorables en esos indicadores porcentuales, que son los más objetivos, que el año pasado. ¿Con esto se pretende trasladar un enorme optimismo y decir que está resuelto el problema? En modo alguno, pero no creo que haya que negar lo que es una buena realidad estadística y en este caso social.
Se ha producido una disminución global, no ya de lo que usted sin duda alguna va a dar más importancia, como yo, de los accidentes mortales, sino también de los graves y de los leves; en conjunto, el 0,56. Sabe S.S. igual que yo que los leves representan más del 98 por ciento de los accidentes en España, felizmente. Pero, puestos a dramatizar, si quiere yo también dramatizo, porque parece que es una de las figuras obligadas. En los accidentes mortales se ha producido también una reducción. Por sectores, afortunadamente también, salvo en servicios. En servicios, sabe S.S. como yo, que también hay factores externos en muchos casos, como puede ser la diferencia de protección social dispensada a la situación de incapacidad temporal, según proceda de enfermedad común o de accidente de trabajo, que parece determinante, no ya en mi modesta opinión sino también en opinión de los expertos y de los propios agentes sociales.
La mayor reducción, felizmente, le decía, se ha producido en los mortales. ¿Y eso puede cambiar en un periodo breve de tiempo? También le digo que sí, porque si se produce, Dios no lo quiera, una situación de esas colectivas, por cierto de muy difícil delimitación de responsabilidad, como sabe S.S., pueden cambiar las cosas, pero en ese periodo los mortales se han reducido un 9,56 por ciento, y no pretendo hacer más juicios de valor. Los graves, más del 1,38.
Insisto en que el único sector que, desgraciadamente, no se ha visto beneficiado de esta reducción de accidentes graves ha sido el industrial. ¿Por qué se producen estos cambios? Yo creo que se están llevando a cabo acciones importante, como un plan de choque contra la siniestralidad, que estoy seguro que conoce. Estamos aprendiendo también, y eso es bueno, a distinguir la siniestralidad derivada del tráfico y de la circulación de la otra, aunque usted se ha empeñado una vez más en agregarme los datos, supongo que por presentación parlamentaria está justificado, pero admítame que la etiología -voy a ponerme yo también técnico- de los accidentes in itinere -no se lo digo yo, se lo dirá cualquier experto- también parece que a veces es externa y distinta a la intrínsecamente laboral. Me dirá que el estrés y el cansancio pueden ser factores de riesgo. Sin duda alguna, pero no me negará que también excede con mucho las posibilidades de actuar al menos desde una simple legislación. Como tantas veces he dicho, desgraciadamente no por la dureza del Código de Circulación ni por la dureza de las sanciones mejoran automáticamente las estadísticas de tráfico. Respecto a las medidas de disuasión de las campañas publicitarias, créame que se han hecho de acuerdo con los agentes sociales y están en los acuerdos suscritos entre mutuas de accidentes de trabajo y el propio Gobierno, diseños y aplicaciones.
Si quiere que estemos de acuerdo en algo más -yo por lo menos vengo con un ánimo bastante distinto al de S.S.- le diré que coincido en que no se trata de una cuestión solamente normativa, no basta -que es mucho- con tener una normativa comparable, homologable a la del resto de países europeos. Sabe que una de las peticiones españolas es que dispongamos de estadísticas favorables, lealmente comparables, si se me permite el término, entre los países. El problema es que la ley no solamente se apruebe sino que se conozca y se pueda exigir. ¿Para poderla exigir también es necesario mejorar el número de profesionales, incluso en algunos aspectos su reciclado profesional? Sí. ¿Estamos

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haciendo una expansión importante, de más de un 25 por ciento, de las plantillas de inspección y subinspección? Le digo también que sí, pero permítame que, junto a estas afirmaciones, avalando mi absoluta confianza en los profesionales, le diga que no es sólo un problema coactivo, pues también debo decirle que es un problema de difusión, de conocimiento y también de exigencia, pero no sólo de exigencia.
Yo no quiero pasar a un segundo plano órganos importantes, que usted los ha pasado a toda velocidad, pero ni la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, que creo que es un foro que está actuando con corrección, ni la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que está llevando medidas de apoyo concretas a los proyectos especialmente de pequeñas y medianas empresas, ni la mesa de diálogo establecida me parece que haya que minimizarlas. Tal vez esté en la relatividad o en la subjetividad la importancia que tengan, pero mientras sigan dando resultados, y ha habido acuerdos recientes en esa mesa, yo seguiré considerando importante su trabajo.
Yo creo que esa línea de acuerdo y de diálogo es la que ha permitido elaborar, por ejemplo, el Plan general de actividades preventivas de la Seguridad Social para el año 2001, y que está dando resultados.
Brevemente, por las limitaciones de tiempo, por el día y por la hora, todo hay que decirlo, sí me gustaría destacar las acciones que considero más relevantes. Hemos mencionado un plan sobre siniestralidad laboral, compuesto por tres grandes piezas: un plan de formación, un plan nacional de investigación, insertado naturalmente en el Plan Nacional de I+D+I 2000-2003, y un plan de choque sobre empresas de alta siniestralidad. Son proyectos que están en marcha.
El último incluye a más de 23.000 empresas con altos índices de siniestralidad, y hemos observado tras su aplicación, y no hay ningún empacho en reconocer que consecuencia de un intercambio de buenas prácticas que deberían ser más frecuentes entre administraciones, una disminución sobre ese bloque de empresas de más del 20 por ciento.
¿Nos sirve a todos de buena experiencia y de referencia a utilizar? Sin duda ninguna, a cada cual, como le decía antes, desde su responsabilidad y desde su competencia.
Respecto a la mesa de diálogo social, sin perjuicio de otras explicaciones que, si S.S. desea, puedo darle, quiero decirle que ya se van alcanzando acuerdos: acuerdos en materia de enfermedades profesionales, que van a permitir mejorar y adecuar a la realidad social de nuestro país los procedimientos técnicos y normativos que regulan la contingencia de enfermedades profesionales, evitando esa contaminación estadística que antes le señalaba; desea el Gobierno actualizar el cuadro de enfermedades profesionales conforme a la recomendación europea al respecto; la problemática de falta de profesionales sanitarios también ha sido objeto de análisis; hay una deficiencia reconocible en el ámbito de la prevención y especialmente en el ámbito de la medicina del trabajo, que hemos estimado, también de acuerdo entre el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Trabajo y los propios agentes sociales, en 1.200 nuevos especialistas formados, mejorando también los recursos de los sistemas públicos de salud, del Sistema Nacional de Salud en esta materia. En cuanto a la vigilancia de la salud de los trabajadores, se han establecido criterios que sean razonablemente armónicos para el conjunto del territorio nacional, orientados a dar una prioridad real a la labor preventiva y de detección precoz del daño, y a promover la utilización de protocolos médicos específicos en función de los riesgos a los que esté expuesto el trabajador, de acuerdo con lo establecido en la ley. También ha sido abordado por esta mesa el sistema de información sanitaria y salud laboral. En este sentido, los acuerdos ponen de manifiesto el interés de las partes en desarrollar un sistema de información a nivel de Estado que permita recabar información sobre los problemas de salud derivados de la actividad profesional y desarrollar el soporte técnico que permita el uso de las tecnologías de la información para notificación de lo exigido por el sistema a través de los nuevos métodos.
Insisto en que cuando he traído datos que considero que son alentadores no lo he hecho desde ningún ánimo de complacencia; no tengo inconveniente en reconocer que queda mucho por hacer, pero también debemos reconocer que se están produciendo cambios positivos.
Ojalá -lo digo en este momento- no conozcamos etapas como aquellas en las que se producía descenso de la siniestralidad, pero por simple descenso del empleo, por simple retracción del ciclo económico. Yo confío que momentos, que espero próximos, de recuperación de la economía sean perfectamente compatibles con la reducción de la siniestralidad, pero, insisto, será un esfuerzo de diálogo y de comprensión de todos.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor ministro.
El señor Ruiz tiene la palabra.


El señor RUIZ LÓPEZ (don Antero): Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, no le quepa duda de que yo vengo también con el ánimo tranquilo, pero cuando hablamos de temas como el de las muertes de personas, a lo mejor nos ponemos un poco más dramáticos. Mi ánimo es el mismo que usted pueda traer aquí, el de tratar de resolver un problema en el que no avanzamos. Los avances conseguidos a los que se refiere el señor ministro, son ciertos y algunos incluso se realizan al margen de su ministerio, como el acuerdo por la obra pública que se ha realizado. Son los acuerdos en los que hay que seguir insistiendo, como en el del Ivima, Metrosur, ayuntamiento, comunidades, porque están demostrando que dan más rentabilidad, como, por ejemplo, elegir delegados de prevención en más sitios. Esa es la vía por la que hay que incidir, pero no se incide, y las cifras son las que son. Podemos maquillarlas, podemos decir que hay un 9,56 por ciento menos de muertes. Nosotros también

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sabemos cómo se manipulan esas cifras y cómo, en lugar de hacer todo el año, se hacen seis meses y parece que ha reducido, pero, al final del año, cuando se hace toda la estadística se ve que estamos aumentando.
Señor ministro, lo que he afirmado y mantengo es lo siguiente: Su incapacidad para acometer las acciones necesarias que permitan frenar la siniestralidad laboral. Su desesperante complacencia, por no decir desidia, en la función de vigilancia y garante del cumplimiento de la normativa en prevención de riesgos laborales. En cuanto a las actuaciones del ministerio que usted dirige, le voy a decir algunas frases que no quiero que se las tome a mal, pero me recuerdan a aquel consejero faccioso que decía que un muerto es un escándalo pero que muchos es una simple estadística. En algunos casos queremos complacernos a nosotros mismos y hablamos de estadísticas como si estuviéramos hablando de una estadística simple, pero estamos hablando de estadísticas de muertes.
Usted se enfrenta a la responsabilidad política y administrativa de explicar este auténtico escándalo moral que constituye la siniestralidad como forma de abaratar costes laborales. Y, por mucho que nos duela, en muchos sitios es así. Resulta dramático, señor ministro, que la única medida original que ustedes han anunciado, según declaraciones de su ministerio a algunos medios, sea hacer pruebas de alcoholismo a los muertos por accidente laboral. Supongo que este será el penúltimo favor del Gobierno del PP a las empresas y compañías de seguros, pero que no ayuda a los trabajadores a conservar su vida, porque de eso se trata, señor ministro. Insisto en que usted es el responsable de explicar y adoptar medidas ante las cifras puestas de manifiesto por el Plan nacional de seguimiento de empresas de alta siniestralidad. Le doy unas cifras para que las anote. En el año 2000, 36.000 empresas sumaban el 40 por ciento de los accidentes. En las empresas de menos 200 trabajadores, el 54 por ciento no tenía delegado de prevención, el 64 por ciento no había constituido comité de salud laboral y el 31 por ciento no había adoptado ninguna medida de prevención. Estas cifras, ya escandalosas, son notablemente más altas en el sector de la construcción, y ustedes conocen las respuestas que se deben adoptar: ampliar la responsabilidad de las empresas; aumentar la capacidad de inspección y sanción; prohibir la contratación de empresas incumplidoras o con insuficiente estructura organizativa; regular la subcontratación, especialmente en la construcción, y controlar la extremada desregulación y precariedad laboral. Ustedes saben lo que hay que hacer, pero no tienen voluntad política para hacerlo. He afirmado y reitero su desidia en la función de vigilancia que les corresponde.
En una palabra, sus acciones no pueden cubrir el hecho político más evidente: su responsabilidad o la de su ministerio por complicidad en el homicidio cotidiano que se produce en la economía española.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor diputado.
Tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señoría, he intentado, no sé si lo he conseguido en la primera parte de mi intervención, hablar sobre la base de unas estadísticas y de unos datos. Por cierto, vamos a empezar aclarando las cosas. Habla usted de manipular. Le recuerdo que esta tarde, a lo largo del debate, ha surgido en varias ocasiones un principio perfectamente compatible con la libertad de expresión, que es la no imputación de delitos.
Si usted cree que alguien manipula, le vuelvo a insistir en que por parte del Ministerio de Trabajo no se hace otra cosa que no sea la agregación de las cifras. Debemos acostumbrarnos a hacer compatible la libertad de expresión con el respeto a la decencia. Si usted conoce a alguien que esté manipulando estadísticas, denúncielo, por favor. Se lo agradeceremos todos. Pero creo que debemos dejar un poco ese camino, no ya del juicio de valor de poner en mi boca o en mi intención lo que no está, sino además acusar de delitos. Y se lo digo desde la más absoluta cordialidad, pero también con mucho años de Parlamento. Comprendo la excitación que puede producir el día, la hora o la materia. Lo que no entiendo es que sistemáticamente se insulte. Si usted no quiere compararme con un consejero faccioso lo tiene muy fácil, no lo diga, y evitará que yo también tenga que hacer juicios semejantes. También se lo digo con toda claridad. Esa es la forma de evitarlo. Usted dice: yo no quiero compararle a usted. Pues no lo haga, así de fácil. Hablaba de escándalo. Me lo voy a tomar, si quiere, por la vía del humor. ¿Sabe quién postuló, y todos lo aceptamos, que desapareciese el delito de escándalo, ahí le doy la razón? Un antiguo compañero suyo, Nicolás Sartorius, con lo cual me parece que la figura está suficientemente deteriorada como para que hoy tampoco venga a colación.
Finalmente, aquí es muy fácil hacer afirmaciones como que uno interpreta mejor que nadie la sensibilidad ciudadana, el sentir de los demás; lo que sucede es que de vez en cuando la calidad de esas afirmaciones y esos asertos tiene un contraste, son los procesos electorales. Ahí se puede saber hasta qué punto uno simpatiza, sintoniza, entiende o no entiende a la ciudadanía. Ese no es el camino, evidentemente. Veo que reconoce que ese no es el camino.
Insisto en que puede molestar, pero al final es una de las pocas formas de objetivar las cuestiones. Es difícil de entender que simultáneamente en el mismo discurso se pidan acuerdos sociales que luego se rechazan, y desde luego seguiremos intentando que las acciones del mercado de trabajo sean por la vía del diálogo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Es más, seguiremos intentando que ese diálogo no sea solamente diálogo social, le aseguro que seguiré intentando que también permita el diálogo político, aunque, insisto, con intervenciones, como la de esta tarde, es una labor aún más ardua, si cabe.
Muchas gracias. (Aplausos.)

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El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor ministro.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, RELATIVA A LA SITUACIÓN ACTUAL Y PERSPECTIVA DE FUTURO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL PÚBLICA EN EL ESTADO ESPAÑOL. (Número de expediente 172/000127.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente interpelación, la que presenta el Grupo Parlamentario Mixto, relativa a la situación actual y perspectiva de futuro de la construcción naval pública en el Estado español.
Señor Rodríguez Sánchez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, se acaba de publicar un informe, titulado Impacto económico de las industrias marítimas en Europa, sobre este conglomerado industrial en los quince Estados de la Unión Europea más Noruega. Los datos son pasmosos e indican la importancia de este sector dentro de la Unión Europea. Nada menos que el 37 por ciento de la demanda mundial de equipos marítimos corresponde a la Unión Europea. La construcción naval de la Unión Europea representa el 21 por ciento del total del mundo, y si contamos los servicios que giran alrededor, desde luego las cifras serían aún más pasmosas.
Tanto que el propio documento indica que son 70.000 millones de euros de valor añadido lo que produce esta industria marítima. Si tenemos en cuenta todo el trabajo indirecto que crea, serían 111.000 millones de euros, nada más y nada menos, de este conglomerado industrial. El Estado español representa el 8 por ciento de la construcción de la Unión Europea, en equipos marítimos el 6 por ciento y en actividades de puertos y servicios vinculados estrictamente a esta industria el 11 por ciento. Pero es más, si se analizan los datos de empleo, se ve que nada menos que 1.545.000 personas están ligadas en la Unión Europea a la industria marítima, y si se cuentan los empleos indirectos serían 2.400.000 personas el total de trabajadores dentro de la Unión Europea. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Es curioso que en los últimos años, desde 1964 hasta hoy, el Estado español pasó de representar el 20 por ciento de participación en la Unión Europea al 8 por ciento actual; Galicia en concreto pasó del 30 del Estado al 7 por ciento en la actualidad. Como ven ustedes, el sector, que no es solamente el de la construcción sino el conjunto importantísimo que hemos denominado el conglomerado industrial marítimo, no ha sido reestructurado por igual en todas partes y en todos los territorios de la Unión Europea y del Estado español. Si hacemos caso a las cifras oficiales, tal como aparecen en la respuesta por escrito del Gobierno a este diputado, sobre la situación y el futuro del sector naval público en el Estado español de 19 de junio de 2001, podemos comprobar lo siguiente: entre 1984 y 1999 hubo una pérdida de puestos de trabajo en el sector de la industria naval civil de 12.000 personas. Pues bien, más de 4.000, concretamente 4.437, corresponden a Galicia. En el sector militar, entre 1984 y 1989, el conjunto del Estado perdió 8.055 puestos de trabajo, de los cuales casi 4.000 pertenecen a la comarca de Ferrol. Por si esto fuese poco, nos encontramos con la situación atípica del antiguo Astano, hoy Izar-Fene. Fue expulsado del sector de la construcción naval civil convencional hasta el horizonte del año 2007. Curiosamente, es el único centro que no puede recibir ayudas oficiales, y además fue utilizado su cierre a la construcción naval civil a cambio de las ayudas a la reestructuración del sector naval de la construcción en el Estado español, de tal forma que mantiene la prohibición de construir buques prácticamente hasta el 2007, si bien en las respuestas del Gobierno se dice que en julio del año 2002 podría haber una posibilidad de levantar ciertas restricciones. Señor ministro, nos gustaría saber si ustedes van a pedir el levantamiento de estas restricciones en julio del año 2002.
Le pedimos que tenga en cuenta que la reestructuración que hubo en el Estado español no fue por el alto nivel de salarios, y mucho menos en Galicia, y tampoco porque no hubiese un ascenso en los últimos cinco años de la demanda internacional de buques; en concreto, el incremento del año 2000 fue del 11 por ciento respecto del ejercicio anterior.
Por otra parte, tampoco se entiende -y nos gustaría que usted nos dijese las causas- esa especie de pasividad, de inercia y de incompetencia que manifiestan los organismos de la Unión Europea a la hora de defender el sector naval de la Unión Europea en su conjunto, pero en particular del Estado español. ¿Por qué no acaban de dar fruto las negociaciones en el seno del Consejo de Ministros de Industria? ¿Por qué su incapacidad para articular ayudas decisivas y definitivas al sector naval de la Unión Europea y en particular, lógicamente, del Estado español? Una vez que Corea del Sur rompió el acta de acuerdo que parece que tenía definitivamente perfilado con la Unión Europea, ¿por qué no se acaba de presentar ante la OMC el recurso por competencia desleal? No parece haber idea en la Unión Europea de la importancia económica de la industria marítima a la que aludí al principio. ¿Por qué? Porque hay intereses encontrados, porque no se acaba de encontrar un mínimo común denominador que sirva para defendernos a todos. ¿Cómo es posible que, sabiendo que hay grandes competidores en la industria civil, como son Japón y Corea del Sur, y otro grandísimo en la industria militar, como es Estados Unidos, no se logra un consenso capaz de defender de una forma definitiva a este sector tan importante desde el punto de vista industrial? Ustedes respondieron a nivel doméstico con un plan de empresa 2001-2005, que llevó a reunir todos los astilleros públicos, civiles y militares, en la nueva empresa Izar, diciendo que todos iban a participar de la industria civil y militar, pero esto no se ha

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producido; hay astilleros que siguen enfeudados a la industria militar y otros no a la industria civil, sino a un segmento muy determinado de especialización offshore, como es el caso de Izar- Fene, y encima no se lo dejan ustedes en exclusiva.
Por otra parte, ustedes han agrupado los centros en unidades según el criterio de capacidad tecnológica y posibilidad de transferencia de trabajo, pero tampoco se demuestra en la práctica. Han agrupado a un astillero como Izar-Fene con Sestao y con Cartagena, en una agrupación de buques oceánicos, y no se acaba de ver la similitud en capacidad tecnológica ni se transfiere trabajo de forma evidente.
Está claro que Cartagena no transfiere trabajo a Izar-Fene, pero también está claro que Izar-Fene está a 500 metros de Izar-Ferrol y ésta no transfiere carga de trabajo a Fene, ni siquiera se ponen de acuerdo en las reparaciones ni se coordinan. Le pregunto: ¿No es cierto que este plan no va a sacar al sector naval de la grave crisis productiva y de empleo en el Estado español? ¿No será cierto más bien que ustedes hicieron esto para que se evitase la quiebra técnica del grupo AESA? Señor ministro, quiero decirle en representación del Bloque Nacionalista Galego, por las noticias recogidas en la zona de Ferrol, que se están deteriorando gravemente los centros productivos, hay más gasto y menos rentabilidad y, en concreto, usted tiene que saber que las pérdidas se están aproximando a los 20.000 millones de pesetas por año. Puede entenderse un argumento muy fácil: ¿Cómo va a ser rentable una industria que tiene que mover bloques enormes a distancias de mil kilómetros para agrupar de forma tan irregular y no geográfica los centros de trabajo; llevar bloques por mar hasta Cádiz o Cartagena, de Sestao a Ferrol o de Ferrol a Juliana? Creo que es un despropósito total que tendrán que acabar por rectificar y en este caso solamente cabe una agrupación territorial. Hay una agrupación territorial en el sur, bastante clara en el caso de la bahía de Cádiz, pero en Ferrol no funciona así y Cartagena es un centro en cierta manera muy especializado en la industria naval militar de bienes de equipo. Señor ministro, hay que contar con que ahora sí es posible que lo que fue un aumento progresivo de la demanda de buques a nivel internacional se reduzca como consecuencia de esta guerra calamitosa que estamos padeciendo. De hecho, las cifras hablan de que solamente se aumentará un 1 por ciento en el año 2001 a causa de estas peripecias bélicas.
Por último, algunas cuestiones de interés. A pesar del nuevo plan de empresa, la incorporación de jóvenes a la industria naval del Estado español es prácticamente nula; solamente contemplaron 310 personas hasta el año 2001 en el antiguo plan de Bazán, sin embargo, en el nuevo plan de Izar no figura la renovación de plantillas a través de la incorporación de jóvenes en cada una de estas comarcas tan castigadas por el paro. Otra cuestión que nos interesaría saber, señor ministro, y que no acaban de dilucidar, pero hay movimiento en el trasfondo, oculto, es cómo van a relacionar la industria naval del Estado español a nivel internacional: ¿Van a optar por la colaboración con la Unión Europea en grandes conglomerados industriales o van a ir por el camino de Estados Unidos, como hicieron con Santa Bárbara y General Dynamics? A nosotros nos consta la visita, por lo menos a Izar-Ferrol, de representantes de General Dynamics que están interesados en el astillero y estaría bien no seguir ocultándolo, decirle a la opinión pública, a la sociedad, a los sindicatos, cuál es su proyecto estratégico de futuro en este aspecto. Sabemos que ustedes quieren privatizarlo todo, pero no deja de ser un problema de definición política si van a ir por la vía de la transnacionalización europea o la de Estados Unidos: saberlo a tiempo, debatirlo a tiempo y que no ocurra igual que en Santa Bárbara.
Señor ministro -acabo ya-, a nosotros nos preocupa especialmente que su actuación esté conduciendo al debilitamiento progresivo de una industria tan importante, no residual; que podría serlo incluso muchísimo más, que puede llevar a su desaparición o a ser solamente la puerta de entrada de grandes transnacionales en Europa. Quedó claro al principio que es un sector estratégico, todo el mundo sabe que gran parte del comercio del Estado español se realiza por mar, que la industria marítima mueve muchísimo valor añadido, que puede producir tantos puestos de trabajo y hay que guiarla con esmero y con un cariño con el que hasta ahora no se hizo, y tuvimos desde el año 1984 para rectificar fue una política equivocada. Espero muy ansioso e interesado sus respuestas a los interrogantes que le he planteado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías.
Como el señor Rodríguez ha expuesto y como SS.SS. saben, desde hace ya muchos años los astilleros públicos han venido arrastrando problemas que son los que ha venido a exponer desde esta tribuna el señor Rodríguez, problemas de competitividad y de capacidad productiva, sufriendo elevadas pérdidas. En el caso de los astilleros civiles, a pesar de los sucesivos planes de ajuste entre 1984 y 1998, no se pudo evitar que el conjunto de los astilleros acumulara unas pérdidas, después de impuestos, de 408.389 millones de pesetas y redujera la plantilla en 13.000 trabajadores. Por su parte, los astilleros militares de Bazán, entre 1984 y 1999, acumularon pérdidas por valor de 105.740 millones de pesetas y redujeron su plantilla en 8.203 trabajadores. Esta difícil situación de Astilleros Españoles y Bazán ha requerido, a lo largo de los últimos años, un esfuerzo muy importante de fondos públicos por importe de 835.000 millones de pesetas. En 1996, SEPI puso en marcha una serie de medidas orientadas a mejorar la situación de la construcción naval pública. En primer lugar, se llevó a cabo la definición de un plan industrial para

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Bazán 1998-2002, con el objetivo de situarlo a corto plazo en rentabilidad. El acuerdo para su aplicación fue suscrito por los sindicatos más representativos de la empresa y fue aprobado por los trabajadores prácticamente por unanimidad. Los buenos resultados del plan se pusieron de manifiesto ya en el año 2000, año en el que se obtuvieron resultados positivos.
La segunda medida puesta en marcha fue el incremento de la actividad comercial en la construcción naval. Gracias a ello se obtuvieron importantes contratos. Por citar el más relevante, el contrato para la construcción de cinco fragatas para la Armada noruega, que sin duda alguna supone una gran exportación dentro de la historia comercial de España, o el contrato para la construcción de cuatro gaseros. Por otra parte, se inició un proceso de negociación con los representantes sindicales en los que se suscribieron sendos acuerdos para garantizar un buen clima laboral, así como la integración futura de astilleros civiles y militares.
Finalmente, SEPI ha acometido la fusión de Astilleros Españoles y Bazán para la creación del grupo Izar, actualmente, entre los 10 primeros del mundo. Se han concentrado las actividades militares y civiles, siguiendo el modelo existente en otros países europeos y en Estados Unidos, con el objetivo de alcanzar su rentabilidad y conseguir un sólido posicionamiento estratégico, dando respuesta empresarial a lo que son muy exigentes condicionantes del mercado mundial y acabar con las periódicas aportaciones de capital a la construcción naval. Para reforzar competitivamente Izar, SEPI diseñó un plan industrial para los años 2001 a 2005, plan consensuado con los sindicatos, con los trabajadores. Este plan gira sobre dos importantes características. Es el primer plan para la construcción naval que parte del mantenimiento de todos los centros de trabajo y no supone reducción alguna de plantilla ni coste para los Presupuestos Generales del Estado. Por otra parte, con el plan se da una respuesta estrictamente empresarial a los factores que condicionan en la actualidad el mercado mundial de la construcción naval, que son, como ha citado S.S., la competencia, dado que la que viene de determinados astilleros del sudeste asiático no siempre es leal; la política de supresión de ayudas de la Comisión Europea; el exceso de capacidad de producción, que también estamos obligados a acometer, y el descenso de los presupuestos de Defensa en buena parte del mundo.
El conjunto de medidas contempladas en el plan pretende, de una parte, un aumento de las ventas, fruto de los nuevos y mejores productos y de la política comercial a aplicar y, por otra, un descenso de los costes y el aumento de los márgenes, lo que debe permitir a Izar reforzar progresivamente su solvencia financiera y económica y obtener rentabilidad, de forma que se pueda cumplir el objetivo de mantener la totalidad de los puestos de trabajo y de los centros de producción. En el plan se incluyen inversiones por importe de unos 120.000 millones de pesetas, destinadas fundamentalmente a programas de innovación y desarrollo de nuevos productos y a la mejora de los procesos productivos que incrementen la competitividad de la empresa. Estas inversiones tratan de beneficiar a todos los centros y líneas de negocio, que son concretadas en el programa operativo anual correspondiente. Para este ejercicio están previstas inversiones por importe de casi 25.000 millones de pesetas, de los cuales 8.000 son para innovación tecnológica. Por otra parte, Izar está llevando a cabo una política comercial activa, que contribuye a la apertura de mercados en todo el mundo, actividad que se mantiene tanto en el campo civil como en el militar. No sólo se tienen en cuenta los programas militares nacionales, sino que se presentan ofertas en todos los programas internacionales. En el área civil existen importantes expectativas -quiero resaltarlo aquí esta tarde- de nuevos contratos de gaseros, ferries y artefactos off- shore, entre otros. En la actualidad, Izar tiene una importante cartera de pedidos que eleva la ocupación prevista para el conjunto de la compañía en este ejercicio hasta el 84 por ciento. Se espera que las nuevas contrataciones en negociación permitan que incluso en años sucesivos ésta se mantenga por encima del 90 por ciento. En estos momentos están en vigor en Izar contratos tan importantes como el de las cuatro fragatas F-100 para la Armada española, por importe de 237.270 millones de pesetas; el de las cinco fragatas para la Armada noruega, por importe de 225.730 millones de pesetas; el de los seis gaseros, por importe de 235.000 millones de pesetas; el de las cuatro dragas, por importe de 53.100 millones de pesetas y el de los dos submarinos para la Armada chilena, por importe de 22.070 millones de pesetas. Todos estos contratos, tanto las unidades militares como las civiles, corresponden a buques tecnológicamente avanzados, según lo previsto en el plan industrial de Izar y con ellos se han consolidado o iniciado líneas de productos con buenas perspectivas de mercado.
Por último, en cumplimiento del acuerdo de aplicación del plan industrial, se ha elaborado un plan estratégico de formación para el período 2001-2005, del que se beneficiarán todos los trabajadores de Izar. Así, se están desarrollando diversas actividades formativas destinadas, por ejemplo, a la flexibilidad funcional de la plantilla, a la formación de mandos intermedios, al desarrollo de competencias de gestión directiva o a la gestión de proyectos. Para este año 2001 está previsto que participen 16.800 alumnos y que se alcancen unas 520.000 horas lectivas. Se puede afirmar que a lo largo del primer año, casi transcurrido de andadura de Izar se ha avanzado en la ejecución de las líneas maestras del plan industrial. Se está cumpliendo tanto en sus aspectos estructurales como en los organizativos, comerciales, tecnológicos, productivos, de inversiones y de personal. S.S. ha expresado con libertad desde esta tribuna que no le parecen bien esos programas, pero yo tengo que destacar sus resultados y no si le parecen bien o mal o si entiende que hay que transportar una plataforma de aquí para allá o de allá para acá.
Tenemos un plan industrial serio que usted puede criticar, pero es el que está demostrando que el Gobierno tiene un presente

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y un futuro claro para Izar, habiéndose plasmado ello en dicho plan, en aplicación en la actualidad. Se trata de un programa que ha sido acordado con las centrales sindicales en marzo de este año -yo mismo estuve en esa firma-, lo que significa que recibimos el apoyo de los trabajadores. ¿Es un proyecto muy ambicioso? Sí, señoría. Es realmente la ambición que hoy tiene la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales por poner en marcha dentro de lo que son las normas europeas, dentro de las complejidades del mundo actual, dentro de lo que significan los límites de la competencia internacional, una empresa, que son nuestros astilleros, por la que hacemos una apuesta de realidades, de aplicación de programas como los que he descrito, que dan respuesta a los problemas que S.S. ha subrayado, como el último: ¿Cuál es el proyecto, señoría? El que le acabo de describir. El que le acabo de describir es exactamente el proyecto de Izar. El proyecto que está dando lugar a que hoy asistimos con esperanza a la evolución de un sector que, efectivamente, es estratégico e importante para nuestra industria, para nuestro empleo, para amplias zonas de nuestra economía y para amplias zonas de nuestra sociedad, como en Galicia, donde los astilleros tienen un grado de ocupación muy alto, como S.S. conoce.
¿A usted le parece un grado de ocupación improductivo? No sé de donde saca esa impresión. Para su tranquilidad, le tengo que decir que ese plan esta realizándose, estamos acometiendo las inversiones programadas y estoy convencido de que van a proporcionar una mejora de la competitividad que harán de Izar, de nuestros astilleros, una empresa sólida, viable y con futuro, tanto para la empresa como para sus trabajadores.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, el hecho de que estemos defendiendo una interpelación significa que hemos hecho preguntas y nos gustaría que se nos contestaran. Es el sentido de la interpelación: hacer las preguntas y en la moción ofrecer nuestras propuestas.
Es curioso que usted haga una versión de la situación tan sumamente optimista que no coincide con las versiones de múltiples directivos de las empresas que están instaladas allí. Todo el mundo sabe que las cuentas que se están dando, no es que sean fraudulentas, sino que momentáneamente son falsas. Sin ir más lejos, usted sabe que todo lo que tiene que ver con los contratos militares tiene un gravísimo problema. En primer lugar, su evolución: la compra de bienes de equipo en el caso de Noruega; las fragatas de la Armada cuyo pago, desde el punto de vista de los Presupuestos Generales del Estado, está retrasado o, incluso, algunas inversiones que darán muchísimo que hablar dentro de 6 ó 7 años. Nosotros aceptamos incluso que el Estado pueda hacer determinado tipo de ingenierías financieras para sacar adelante ciertas industria y no nos oponemos a eso. Quiero hacer hincapié en que las cuentas no son como usted dice y que en dos o tres años veremos cómo el grupo va a tener problemas, a no ser que efectivamente se haga una venta a la baja, como se hizo con Santa Bárbara y se transnacionalice de forma gratuita, pero seguramente con una carga importante para los astilleros de carácter militar.
Afirma S.S. que hay que seguir reduciendo capacidad de producción porque hay un exceso, afirmación que no nos gusta porque pensamos que la capacidad de producción en el Estado español ya está reducida al mínimo. En segundo lugar, la forma de repartir la carga de trabajo no solamente es discriminatoria, sino que repercute en que este tipo de gaseros o de artefactos offshore va a salir sensiblemente más caro que los precios de mercado y, por tanto, va a reducir la competitividad del grupo. Nos gustaría que usted nos respondiese a la siguiente pregunta: ¿Van a pedir el levantamiento de las restricciones que pesan sobre Izar-Fene en julio del año 2002? ¿Podría explicar, porque esto es un problema político y es lo que nos interesa, a qué se debe que la Unión Europea sea incapaz de defender su industria naval y ponerse de acuerdo frente a la competencia de Japón, Corea y Estados Unidos? Por otra parte, ¿usted cree que el plan va a conseguir no solamente mantener el empleo existente, sino aumentarlo en el sentido de integrar a gente joven? En último lugar, ¿por qué razón se empeñan en seguir haciendo una agrupación para utilizar sinergias horizontales y verticales que, desde nuestro punto de vista, es contraproducente? No se entiende que estén mejor agrupados Astano y Bazán en la ría de El Ferrol, como está mejor agrupado San Fernando- Cádiz y Sevilla en la Bahía de Cádiz. Es imposible entender que se pueda hacer un conglomerado industrial en la ría de Ferrol en el que se utilicen mejor las sinergias y, por tanto, sea más rentable y no utilizar el modelo que ustedes han escogido para Juliana y Sestao que, desde nuestro punto de vista, es totalmente disparatado, que no es rentable y está provocando graves deficiencias al hacer que dos industrias y dos centros de trabajo que están situados a 500 metros no estén coordinados en absoluto. ¿Eso es una empresa única que se llama Izar? No sé, en el caso gallego no está repercutiendo positivamente.
Nos gustaría también que nos ilustrase sobre cuáles son las propuestas del Gobierno. Sabemos que va a privatizar, usted dice que la privatización es universal, que afecta también al sector de la industria naval. Nos gustaría saber cuál es su predisposición, qué privatización se va a llevar a cabo, teniendo en cuenta que esto va a ser transnacionalizado, porque es evidente en el mundo que corre. Nos gustaría saber cuáles son sus predilecciones o por qué van a optar ustedes si por una industria naval europea, que por lo que se ve tiene muchísimas dificultades, o por una industria naval que incluiría a los gigantes de Estados Unidos y, en particular, a General Dynamics, que se acaba de hacer con unos

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importantes astilleros militares en Estados Unidos, de cientos de miles de trabajadores a nivel internacional.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Rodríguez, en primer lugar, S.S. puede llorar sobre la leche derramada, sobre la historia de los astilleros, sobre las destrucciones de plantilla. Está muy legitimado para hacerlo, sin duda alguna, pero la obligación del Gobierno es construir y garantizar la viabilidad empresarial de empresas que son públicas y que están residiendo en la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esa es la tarea del Gobierno. Lo que no me parece tan loable ni aceptable es que vuelva a insistir en que se están falseando las cuentas. No hay falseamiento de cuentas, porque es imposible falsearlas. Lo pagamos de una forma o de otra, no sé dónde está ese falseamiento. Una contratación de pago aplazado, cuando llega el momento en el que se va a materializar la primera entrega, se hace a cargo del presupuesto del ministerio correspondiente; en el caso de una fragata, del Ministerio de Defensa. No sé dónde ve S.S.
falseamiento alguno. No se preocupe, señoría, porque desde que está gobernando el Gobierno del Partido Popular las cuentas están cuadrando en toda España y también en Galicia. Gracias a eso hay más actividad económica y gracias a eso estamos siendo capaces, en unas circunstancias muy difíciles, con empresas que han tenido muchísimos problemas en el pasado, de abrir un futuro para esas empresas. Ese futuro es el que está en el plan. ¿Que S.S. tiene otro plan que es capaz de hacer un rediseño empresarial, un rediseño diferente de sinergias empresariales? Con mucho gusto, sírvanos de ese plan, porque lo que ha hecho S.S. ha sido descalificar el actual.
A S.S. le parece que el asunto debería ser una agrupación territorial, no una sinergia empresarial de ámbito nacional, sino territorial. Ese es un criterio, pero a mí me gustaría verlo sustentado sobre cifras reales. Si es así, con mucho gusto se estudiará para ver si efectivamente son encajables en el plan. Hoy existe un plan, unas sinergias empresariales y unas cargas de trabajo que se están utilizando. Los astilleros gallegos tienen una carga de trabajo muy importante, lo sabe S.S. Están trabajando. Astilleros Ferrol, al 96 por ciento de ocupación y Astilleros-Fene, al 78 por ciento. ¡Si eso no es estar trabajando, señoría! A mí también me gustaría que estuvieran al 150, pero estamos hablando de realidades, estamos hablando de materializar viabilidad para una empresa que ha tenido muchos problemas durante décadas en España. A partir de ahí, estamos trabajando en el seno de la Unión Europea para evitar cualquier competencia desleal dentro de la Organización Mundial del Comercio y seguir favoreciendo la actividad económica dentro de los límites de nuestra capacidad de actuación, que debe ser una actuación conjunta con la Unión Europea.
Estoy convencido de que las instituciones de la Unión Europea son las primeras que avalan la actuación de las autoridades españolas a la hora de hacer esta política que abra planos de futuro y de viabilidad para nuestras empresas públicas con problemas, como ha sido históricamente Astilleros. Dentro de esos límites europeos, en el 2002 tendremos ocasión de acometer la revisión de las restricciones.
Dependiendo de cómo vayan las aplicaciones de este plan, como nos permite la legislación europea, estudiaremos la oportunidad de llevar adelante esa revisión de restricciones.
En lo que se refiere a los proyectos de privatización, le he hablado de IZAR, como empresa pública, y ese es el único plan que en este momento está manejando el Gobierno. Su señoría seguramente tendría otros planes para Santa Bárbara; los planes del Gobierno han sido precisamente garantizar los puestos de trabajo, garantizar los centros de producción de Santa Bárbara e incorporar a la industria de defensa española los proyectos tecnológicos más actuales, que están dando viabilidad y futuro a esos puestos de trabajo y a esos centros de producción.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor ministro.
Se levanta la sesión.


Eran las ocho de la tarde.

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