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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 120, de 15/11/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 120

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 115

celebrada el jueves, 15 de noviembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.
(Continuación.)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 48-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000048.) . . . (Página 6028)

- Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
«BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, núm. 49-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000049.) . . . (Página 6028)

Dictámenes de Comisiones de Investigación.


- Dictamen de la Comisión de Investigación sobre Gescartera. (Número de expediente 152/000001.) . . . (Página 6046)

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S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas . . .
(Página 6028)

Proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas . . . (Página 6028)

Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía . . .
(Página 6028)

En defensa de las enmiendas a ambos proyecto de ley interviene el señor Saura Laporta, del Grupo Parlamentario Mixto. Comienza aludiendo a la opacidad del acuerdo sobre el nuevo modelo de financiación autonómica, que les impide conocer datos exactos sobre su repercusión para Cataluña. Reconociendo aspectos positivos en el nuevo modelo, muestra su oposición al carácter cerrado del mismo, ya que a su juicio es necesario modificarlo sustancialmente. Respecto de sus 16 enmiendas, señala que están basadas en tres grandes ideas como son que la responsabilidad fiscal es todavía muy insuficiente; la necesidad de que a igualdad de competencia haya igualdad de ingresos, independientemente de la necesidad de que exista un fondo de solidaridad o desarrollo regional, y la necesidad de que el acuerdo hubiera contemplado unos mínimos garantizados.


El señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende las enmiendas presentadas, manifestando que las mismas son coherentes con la enmienda de totalidad que presentó a este modelo de financiación y a su ley orgánica. Entiende que con este modelo existe una voluntad de bloquear y blindar definitivamente el modelo de financiación. Sus enmiendas van dirigidas a abrir ese modelo y permitir lo que denomina la generalización autonómica. Asimismo pretenden que los territorios o comunidades que lo deseen puedan avanzar libremente hacia modelos como el concierto económico.


La señora Julios Reyes defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Califica de paso histórico el que se va a dar para dotar a las autonomías de un nuevo sistema de financiación, con el pleno acuerdo de todas las comunidades autónomas y los partidos que gobiernan esas comunidades, en cuya elaboración participó el gobierno de Canarias y Coalición Canaria. Respecto al contenido de sus enmiendas señala que todas ellas recogen y apoyan lo ya pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, limitándose por tanto a aspectos puntuales que consideran que no han sido recogidos con la suficiente claridad en los textos de las dos leyes que debaten. A continuación expone el contenido concreto de tales enmiendas que, en todo caso, tiene la esperanza de que sean recogidas en el trámite del Senado.


El señor Rejón Gieb defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Aclara que su grupo no firmó el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, lo que no le impide reconocer que supone un avance, aunque insuficiente. Reconocen que hay mayor capacidad de las comunidades autónomas para recaudar y, por tanto, mayor autonomía, pero entiende que el avance es insuficiente porque, a su juicio, se debería haber dado un salto cualitativo y haber asegurado a las 15 comunidades autónomas de régimen común el cien por cien de autonomía financiera, con lo que nadie podría jugar con agravios comparativos. Cree por otra parte que el nuevo sistema aumenta las desigualdades, ya que cuando se concede mayor capacidad sobre situaciones totalmente desiguales esa desigualdad repercute en la autonomía. Finalmente expresa su preocupación por el modo en que se ha plasmado en los proyectos de ley el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que puede dar lugar a que cuando las comunidades autónomas descubran que lo que van a recibir no es lo que ellas pensaron comiencen a descolgarse del nuevo modelo.


El señor Padrol i Munté defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Se remite a lo que ya expuso en el debate del pasado 14 de octubre, en el que fijó los objetivos fundamentales que debía perseguir una reforma del sistema de financiación autonómica, reconociendo que el modelo acordado avanza en el sentido correcto sobre esos objetivos, aunque en algunos más que en otros, a pesar de lo cual el balance global lo considera positivo. Ello no obsta para que su grupo defienda algunas enmiendas tendentes a lograr una más correcta transcripción del acuerdo alcanzado en el mes de julio. Menciona algunas de estas enmiendas y termina manifestando que no es éste el modelo óptimo de Convergència i Unió, lo que no es obstáculo para valorarlo positivamente, calificándolocomo el mejor de todos los habidos hasta la fecha.


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El señor Bel i Queralt defiende las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Expone que hoy se aprobarán en esta Cámara por amplia mayoría los artículos que hacen referencia al acuerdo sobre el sistema de financiación, pero también saldrá de la Cámara, sin el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista, la plasmación que el Gobierno ha hecho en la LOFCA. Se refiere al debate de las enmiendas en Comisión, en el que a su juicio el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido una actitud de arrogancia extrema haciendo inoperante el debate. Achaca tal actitud del Grupo Parlamentario Popular al hecho de que su portavoz quizás tuviera la cabeza en Gescartera, dedicando poca atención al modelo de financiación hasta poner en riesgo su propia existencia. También les preocupa el que después de todas las negociaciones ninguna de las comunidades autónomas -tampoco Cataluña- tenga garantizados los recursos pactados, ignorando todos los consejeros autonómicos cuáles son los recursos de que van a disponer.
Finaliza refiriéndose a las enmiendas que tienen que ver con la garantía de recursos pactados y que afectan especialmente a los artículos 7, 16 y 17 de la ley de medidas correspondientes de la LOFCA objeto de revisión.


En turno de fijación de posiciones interviene, en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, el señor Martínez-Pujalte López.


Se procede a la votación de las enmiendas al proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, que son rechazadas, así como al texto del dictamen, cuyos artículos 2 y 4 y la disposición adicional única son aprobados por 182 votos a favor, 113 en contra y siete abstenciones, y el resto del dictamen por 185 votos a favor, 11 en contra y 103 abstenciones.


Votación de conjunto . . . (Página 6044)

Del proyecto de ley orgánica de modificación de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas . . . (Página 6044)

Realizada la votación de conjunto, se aprueba el proyecto de ley orgánica por 187 votos a favor, 11 en contra y 104 abstenciones.


Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen

común y ciudades con estatuto de autonomía (Votación) . . .
(Página 6044)

Se procede a la votación de las enmiendas presentadas al proyecto de ley y debatidas con anterioridad, siendo rechazadas.


Sometidos a votación los artículos 2 y 6 del texto del dictamen, se aprueban por 284 votos a favor, 13 en contra y siete abstenciones.


Sometidos a votación los artículos 1, 7, 16, 17, 63, 64 y la disposición adicional primera, se aprueban por 186 votos a favor, 110 en contra y ocho abstenciones.


Sometidos a votación los apartados I, II, III, V, VI y VIII de la exposición de motivos, se aprueban por 186 votos a favor, 16 en contra y 103 abstenciones.


Sometido a votación el resto del dictamen con la corrección técnica al artículo 11.1, se aprueba por 288 votos a favor, 10 en contra y seis abstenciones.


Dictámenes de Comisiones de investigación . . . (Página 6046)

Dictamen de la Comisión de investigación sobre Gescartera . . .
(Página 6046)

El presidente de la Comisión de investigación, señor Mardones Sevilla presenta el dictamen de la Comisión. Informa que el trabajo de la Comisión se prolongó durante los dos meses que fijó el Pleno de la Cámara, constando el dictamen de un primer punto, de antecedentes y actuaciones; un segundo punto referido fundamentalmente a los hechos que la Comisión ha ido viendo y analizando; un tercer punto en el que consta la valoración de las actuaciones de las administraciones públicas y de otros sujetos; el cuarto punto trata de las responsabilidades políticas, el quinto recoge las conclusiones de la Comisión y, finalmente, un sexto punto contiene las propuestas de mejora. Dado que las conclusiones de la Comisión están a disposición de los señores diputados y los medios de comunicación, hace gracia de no proceder a una lectura prolija e innecesaria, limitándose a resaltar los puntos más importantes de aquéllas.


Para la presentación y defensa de los votos particulares presentados intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario de Izquierda

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Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista; Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto; Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.


En un segundo turno intervienen los señores Alcaraz Masasts, del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López Aguilar, del Grupo Parlamentario Socialista del Congreso, y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.


Cierra el debate el señor Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular.


Se someten a votación separada los votos particulares de los grupos parlamentarios Federal de Izquierda Unida, Vasco (EAJ-PNV), Socialista y Mixto, que son rechazados.


A continuación se somete a votación el dictamen de la Comisión, se aprueba por 186 votos a favor y 119 en contra.


Se levanta la sesión a las tres y diez minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.
(CONTINUACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/ 000048.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
(Número de expediente 121/000049.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Punto 3 del orden del día: Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas. La Mesa y la Junta de Portavoces han acordado que se debata conjuntamente con el punto 4 del orden del día: Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Dado el carácter orgánico de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, anuncio a la Cámara que la votación de conjunto no se producirá antes de las 11 horas de la mañana.
Para la defensa de las enmiendas a ambos proyectos de ley del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, paso a defender las 16 enmiendas que Iniciativa per Catalunya ha presentado a estos dos proyectos de ley, aunque previamente haré dos reflexiones. La primera es la opacidad que sigue teniendo el acuerdo firmado sobre el nuevo modelo de financiación autonómica. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) En el caso catalán hay un dato que me gustaría que se me aclarara y no sé si hoy será posible. He solicitado, y se me ha facilitado con retraso, el texto del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Según el mismo el dato sobre la restricción inicial de Cataluña del año 1999, sobre el que se basan todos los cálculos, es de un billón 399.116, mientras que el señor Homs habla de un billón 441.000. Estamos ante una diferencia ni más ni menos que de 50.000 millones de pesetas y no hay forma de saber cuál es el dato exacto. Yo voy a continuar presentado iniciativas parlamentarias para ver si logro saber cuál fue la dotación inicial en el año 1999 de Cataluña. Este no es un dato baladí porque en función de ese dato se podría dar el caso que los nuevos ingresos por el nuevo modelo de financiación autonómica en Cataluña fueran menores que si se hubiera prorrogado el actual sistema. Es la primera reflexión. Estamos ante un acuerdo de opacidad, opacidad que no es nueva, ya que uno de los grandes temas del debate de la ley de acompañamiento de los presupuestos ha sido la continua denuncia por parte de los partidos de la oposición de la opacidad. La segunda reflexión es que, aceptando que este acuerdo tiene aspectos positivos, desde el punto de vista del modelo del Estado nos encontramos ante un acuerdo en que el modelo está cerrado. Pensamos, a pesar de los aspectos positivos -insisto-, que es necesario modificar sustancialmente el modelo.
Voy a agrupar las enmiendas en torno a tres grandes ideas: la primera es que la responsabilidad fiscal todavía es muy insuficiente. Desde Iniciativa per Catalunya siempre hemos propuesto en la cesta de impuestos el 40 por ciento del IRPF, el cien por cien de los especiales y que en los impuestos indirectos hubiera responsabilidad normativa. El acuerdo no contempla responsabilidad

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normativa en los indirectos. Aunque sabemos que esto no es fácil, queremos decir que en países como Alemania existe responsabilidad normativa sobre los indirectos. La segunda idea es la necesidad de que, a igualdad de competencia, haya igualdad de ingresos, independientemente de la necesidad de que exista un fondo de solidaridad o de desarrollo regional. Quiero también hacer patente aquí que con el actual y el nuevo modelo las diferencias de ingresos por habitantes en el régimen común se pueden situar desde el 30 al 40 por ciento, cifra que se elevaría mucho si las comparáramos con las comunidades de régimen foral. La tercera idea es la necesidad de que este acuerdo hubiera contemplado -que no contempla- el tema de las inversiones, es decir, la necesidad de que hubiera unos mínimos garantizados que a nuestro entender deberían pasar aproximadamente por el tanto por ciento de población en relación a las inversiones.
Quiero terminar diciendo que en Cataluña, desde determinados sectores sociales y políticos, a menudo se ha exagerado el déficit fiscal de Cataluña. Cataluña tiene un déficit fiscal importante. No compartimos alguna de las cifras hinchadas que se han dado, aunque sí quiero decir que el déficit fiscal es importante y que con este sistema de financiación autonómica seguirá siendo el mismo, es decir, que lo que ha sido uno de los grandes ejes centrales de la batalla por una mejor financiación de Cataluña no lo resuelve este acuerdo de financiación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, estas enmiendas que presenta Esquerra Republicana de Cataluña son coherentes con la defensa que hicimos en su día desde esta tribuna de una enmienda a la totalidad a este modelo de financiación y a la ley orgánica. Entendemos que con este modelo hay una voluntad de bloquear, de blindar definitivamente el modelo de financiación. Nosotros presentemos un bloque de enmiendas con la voluntad de abrir este modelo y de permitir lo que podríamos llamar la generalización autonómica. Lo decimos porque estamos en contra de que se restrinja la capacidad normativa absoluta sobre ciertos ámbitos: impuesto sobre la renta de las personas físicas, impuesto sobre patrimonio, impuesto sobre sociedades, impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, impuesto sobre sucesiones y donaciones, impuesto sobre el valor añadido, impuestos especiales de fabricación, impuesto sobre electricidad, impuesto especial sobre determinados medios de transporte y los tributos sobre el juego. Nosotros entendemos que un buen modelo con vocación de Estado plural, que realmente avanzara hacia la corresponsabilización, tendría que permitir la capacidad normativa absoluta sobre todos estos impuestos, tendría que permitir la cesión de todos estos impuestos a las comunidades autónomas que lo desearan. En ese sentido una de nuestras enmiendas contempla la necesidad de que haya una agencia tributaria propia para aquellas comunidades autónomas que con vocación de autogobierno, con unas necesidades y por voluntad propia lo requieran. Este sería nuestro modelo y esto implicaría avanzar hasta lo que podríamos definir una administración tributaria única, que en el caso de las comunidades autónomas sería representante real del Estado.
Vamos a pararnos un momento en una enmienda que hace referencia a la necesidad de que este paquete del modelo de financiación recoja el impuesto sobre sociedades, lo que significaría avanzar en el concepto que algunos especialistas en Derecho administrativo han definido como el Estado competitivo. Un Estado competitivo, un Estado plural, un Estado compuesto tiene que tener también competencia, evidentemente equilibrada con modelos de igualdad, en las diferentes comunidades autónomas. Alguien dice que meter en este paquete el impuesto sobre sociedades implicaría una desigualdad con esas comunidades autónomas o territorios que no tienen el mismo número de empresas, la misma estructura económica, pero es evidente que ustedes podrían haber puesto el reloj a cero y buscar un modelo mixto que, a partir de la creación de nuevas empresas, de la captación de nuevas inversiones, permitiera que las comunidades autónomas pudieran ingresar el impuesto sobre sociedades. Sólo así se conseguiría que hubiera una voluntad de captación a beneficio de esa comunidad autónoma, lo que estimularía la competitividad, la voluntad emprendedora de las diferentes economías de cada comunidad autónoma y, sobre todo, repito, cada comunidad autónoma buscaría mejorar su formación, sus infraestructuras, para así captar muchos más recursos.
En nuestro paquete de enmiendas reflejamos como una necesidad evidente que no se bloquee que algunos territorios, naciones, países, nacionalidades o comunidades autónomas, como es el caso de Cataluña, podamos avanzar libremente en modelos como el concierto económico.
Nosotros denunciamos reiteradamente en esta Cámara en las diferentes comisiones, en las comparecencias ante la Comisión de Economía y Hacienda, la necesidad de que el modelo de un Estado compuesto sea transparente, y transparente quiere decir que se publiquen de una vez las balanzas fiscales. No vamos a cansarnos de repetir desde esta tribuna la necesidad de buscar un modelo transparente, público, donde se den a conocer cuáles son los flujos fiscales que se producen entre la Agencia Tributaria y las diferentes comunidades autónomas. Creemos que la transparencia daría una medida real de la intersolidaridad entre los diferentes territorios del Estado. No se puede actuar sin

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un modelo de transparencia, sin un modelo que contemple estudios del Instituto Nacional de Estadística -también hay una enmienda en ese sentido-, que contemple el coste de la vida en cada comunidad autónoma, ya que no es lo mismo vivir en Madrid o en Cataluña que en otros territorios del Estado pues el coste de la vida es más caro.
Sin embargo, hay elementos de igualdad en la venta, precios públicos, en este caso también el sueldo de los funcionarios, el sistema de pensiones o el salario mínimo interprofesional, lo que implica un perjuicio a la hora de valorar las inversiones y los flujos que puede ceder el Estado a las comunidades autónomas o entes locales. En este sentido presentamos una enmienda que busque modelos para lograr el equilibrio y cuál es realmente el coste de la vida en cada comunidad.
También intentamos en nuestras enmiendas que el modelo no bloquee el posible acceso a un modelo de concierto económico que creemos legítimo para Cataluña, una comunidad autónoma histórica con unas necesidades ya valoradas, con voluntad de ejercer esta necesidad y de tener, como he dicho antes, una agencia tributaria propia, que era uno de los objetivos que tenía el Parlament de Catalunya cuando en un debate, antes de llegar a la concepción definitiva del modelo de financiación, se intentó que todos los grupos llegaran a unos mínimos, entre los que figuraba la creación de una agencia tributaria propia. No fue así y creemos que estas enmiendas van a desbloquear un modelo que es un paso. Pero como decimos en Cataluña, este paso que se ha dado respecto al modelo anterior nos recuerda a ese anuncio tan navideño de las muñecas de Famosa, que avanzan hacia el portal pero a un paso lentísimo y muy apocado. Esta es la realidad, se avanza muy lentamente, es un paso casi imperceptible, pero lo peor es que este paso tiene final. Es un modelo que el Partido Popular quiere dejar bloqueado de forma definitiva. Lo que nosotros llamamos un Estado plural es un Estado dinámico. No se puede cerrar el proceso autonómico, no puede haber una ley de punto y final al proceso autonómico. En estados de tradición federal como Estados Unidos o la República Federal alemana hay un debate permanente y son conscientes de que esto no tiene un punto y final. La dinámica en la transmisión de competencias y el debate tiene que ser constante. Por esta razón entendemos que este bloque de enmiendas va a mejorar el sistema, lo va a hacer más abierto y, sobre todo, en el caso de las comunidades o naciones que forman parte del Estado con tradición histórica de autogobierno, van a tener más margen de maniobra.
Muchas gracias, señor presidente, señoras diputadas, señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.
En el debate a la totalidad de estas dos iniciativas mi grupo entendió que estábamos ante un paso histórico para dotar a las autonomías, y por tanto al Estado, de un nuevo sistema de financiación. También es muy importante que éste haya sido acordado por unanimidad a mediados de julio en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, es decir, por acuerdo de todas las comunidades autónomas y por los partidos que están representados en los gobiernos actuales de estas comunidades autónomas. En dicho acuerdo participó el Gobierno de Canarias y también Coalición Canaria.
El comentario general sobre las enmiendas que ha presentado mi grupo y que voy a defender es que todas ellas intentan expresar lo ya pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero en casos puntuales no han sido recogidas con la suficiente claridad en los textos de las dos leyes que hoy debatimos. Las enmiendas que paso a defender son las siguientes. En primer lugar, y con referencia a la Ley orgánica de modificación de la LOFCA, la enmienda número 24 es de adición. En el artículo segundo de la ley, que modifica el artículo 13.3 de la LOFCA y que habla del fondo de suficiencia, de la forma en que se va a fijar el valor inicial de dicho fondo para cada comunidad autónoma y de cómo ha de hacerse en años sucesivos en función de la evolución de la recaudación estatal, nosotros proponemos que se añada la evolución de las variables socioeconómicas previstas en la presente ley, tal como recoge el acuerdo de financiación del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Concretamente en la página 24 de dicho acuerdo, en el bloque de competencias comunes y en referencia al fondo general, apartado de población, se especifica que anualmente se analizarán los efectos derivados de la aplicación al sistema de financiación de la evolución del censo de población respecto a las necesidades resultantes del año anterior. El otro aspecto que consideramos ha de introducirse es el de la aplicación de las garantías de revisión mediante el índice del PIB nominal y de los demás supuestos de revisión del fondo de suficiencia definidos en el modelo de financiación.
En la página 34 del acuerdo, y en referencia al fondo de cohesión sanitaria, se especifica que durante los tres primeros años el índice de evolución de los recursos asignados se hará en función del PIB nominal a precio de mercado. Por lo que afecta a la propia suficiencia dinámica es necesario recoger estas puntualizaciones, que están pactadas en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y también en la propia Ley orgánica que hoy debatimos, aunque se recoge en el espíritu pero no de forma clara en la letra de la ley. Entendemos que la redacción actual quedaría insuficiente si no se recogen estos dos elementos que están en el pacto y que sin duda darían un mayor sustento a la permanencia de esta ley en el tiempo, ya que, como todos sabemos, esta ley en principio no tiene fecha de caducidad.


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Otra de las enmiendas que planteamos se refiere al artículo cuarto, y pretende que vuelva a retomarse una redacción que todavía está en la LOFCA actual, de forma que la dotación del Fondo de Compensación será como mínimo de un importe del 30 por ciento de la inversión pública que para cada ejercicio se apruebe en los Presupuestos Generales del Estado. En el pacto se acordó que dicho fondo pudiera desglosarse en dos, el propio Fondo de Compensación y el fondo complementario, pero que en última instancia ambos debían reflejar ese 30 por ciento que hay que seguir retomando. De hecho, si sumamos los porcentajes que están en el presente texto, el resultado que da es el mismo.
A este artículo presentamos otra enmienda en el sentido de que la forma de dotar anualmente el Fondo de Compensación incluya además de los dos apartados actuales, el a) y el b), un tercer apartado, el c), en el que planteamos que, al igual que se hace referencia a que un porcentaje concreto de la cantidad determinada para el fondo se asigne legalmente en función de la variable ciudad con estatuto de autonomía, en ese mismo sentido debe recogerse otro apartado que haga referencia, con un porcentaje del 4,2 por ciento, a lo que se asigne legalmente por la variable región ultraperiférica. Lo aclaramos en la Comisión y lo vuelvo a reiterar. No se trata de añadir un nuevo porcentaje en reconocimiento de la insularidad o de otra serie de particularidades del archipiélago canario, se trata de reflejar de una forma singular y diferenciada, al igual que se hace con respecto a las ciudades con estatuto de autonomía, el hecho de las regiones ultraperiféricas, avalado en la propia Constitución española en su artículo 138 y en el Tratado de Amsterdam en el artículo 299.2.
Entendemos que Canarias tiene una singularidad, especialmente la ultraperificidad, que debe estar recogida, sin que esto suponga variaciones desde el punto de vista económico a lo ya pactado en el Consejo de Política Fiscal.
Por último, pretendemos añadir una disposición adicional segunda nueva en la que planteamos que se atribuya a la Comunidad Autónoma canaria facultades relativas a determinados impuestos indirectos, de forma que a partir del 1 de enero de 2002 la Comunidad Autónoma de Canarias asuma competencias normativas relativas a los impuestos indirectos relacionados con su régimen económico y fiscal, con el alcance establecido en los apartados siguientes, que no paso a relatar. En última instancia, señorías, habida cuenta de la evolución que se está produciendo en el propio pacto de financiación autonómica, habida cuenta que cada vez son más las competencias que se asumen por parte de las comunidades autónomas, inclusive competencias normativas sustantivas en lo que se refiere a los tributos cedidos, sería una paradoja que Canarias se encontrara con mayor capacidad normativa en lo que se refiere a tributos cedidos que la que debiéramos tener con relación a los tributos derivados del especial régimen económico y fiscal de Canarias. Insistimos en que esta situación ha de corregirse, ha de actualizarse y es una cuestión de fuero y de coherencia. Entendemos que no es de recibo que tengamos que recurrir todos los años al procedimiento de los Presupuestos Generales del Estado para hacer modificaciones del régimen económico y fiscal de Canarias. Esto es coherente y es ni más ni menos que aplicar una disposición ya prevista, la disposición adicional tercera del Estatuto de Autonomía de Canarias, que recoge la posibilidad de desarrollo normativo de estas competencias.
Con respecto a la ley de medidas fiscales y administrativas, tenemos una enmienda a la exposición de motivos en una línea parecida a lo que ya he comentado. Al igual que en la exposición de motivos queda recogida la salvaguardia necesaria del régimen especial de conciertos y convenios de territorios como es el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, a los que se hace una referencia especial en una disposición final segunda, nosotros queremos que se añada una disposición final tercera en los términos específicos de Canarias y que también se añada semejante redacción en la exposición de motivos, haciendo referencia a las especificidades de Canarias. De alguna forma es algo que ya está recogido en el propio acuerdo, en su página 44, que, en lo que se refiere a los nuevos tributos cedidos, especifica que se haga sin perjuicio de las peculiaridades del régimen económico y fiscal de Canarias. Otra de nuestras enmiendas, la número 15, al artículo 4 de la ley, letra b), apartado 5, hace referencia al fondo de cohesión sanitaria. Hay dos fondos específicos: uno, el de incapacidad temporal, y otro, el de cohesión sanitaria. Lo que intentamos es que la redacción quede más clara y recoja textualmente lo que dice el propio acuerdo de financiación, en su página 35, que establece que es necesario configurar un mecanismo de facturación de desplazados entre las distintas comunidades autónomas además de los procedentes de los países de la Unión Europea. Entendemos que dicho fondo va a ser regulado por un desarrollo posterior y por supuesto no debemos entrar en profundidades. El sentido de lo que va a ser el contenido de ese fondo no queda claro en la redacción actual de esta ley y como mínimo debería quedar recogido tal cual está reflejado en el propio pacto de financiación. Esto ya lo comentamos en las comparecencias de presupuestos en la Comisión de Sanidad y el propio Ministerio de Sanidad interpretaba que lo expresado en el pacto era más claro que lo expresado en el texto actual de la ley.
La siguiente enmienda hace referencia al artículo 16. Nos planteamos algo a lo que ya nos hemos referido anteriormente en otra enmienda hablando del fondo de suficiencia, que se especifique que dicho fondo deberá evolucionar en función de toda una serie de fórmulas que se expresan, pero sin perjuicio de la aplicación de las garantías sobre revisión mediante el índice PIB nominal y demás supuestos de revisión de dicho fondodefinidos en el modelo de financiación. La disposición

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transitoria segunda, apartado 2, de esta ley y el propio texto del acuerdo al que hago referencia establecen claramente que la evolución de los fondos sanitarios, en los próximos tres años, se hará teniendo en cuenta la evolución del PIB nominal a precio de mercado. Así nos parece que debe ser recogido en el texto de la ley. La última de nuestras enmiendas a esta ley se refiere al artículo 17 y pretende introducir en su inicio, antes de empezar a desglosar las diferentes causas de revisión de los valores del Fondo de Suficiencia, que se especifique que se haga sin perjuicio de las causas que se contemplan a continuación, pero que anualmente se considerarán las modificaciones o cambios producidos en las variables de cálculo del nuevo modelo. Nos referimos fundamentalmente a la variable población, que entendemos que es una de las variables eje en la que se sustenta parte de estos acuerdos.
Finalmente, reitero que nuestras enmiendas hacen referencia a aspectos puntuales del texto de la ley, que deben recoger de una forma más clara y completa lo ya expresado en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, fundamentalmente en dos temas que para nosotros son importantes: uno, los criterios ya pactados sobre el dinamismo, sobre la evolución de las necesidades y cómo medirlas para garantizar una suficiencia dinámica -hablo fundamentalmente de la variable población y de la variación del propio PIB nominal en lo que se refiere a la financiación sanitaria-; y dos, las especificidades de Canarias, fundamentalmente del régimen económico y fiscal, porque, aunque en el espíritu de esta ley está incluido, debe hacerse un reconocimiento expreso en el texto, puesto que entendemos que lo que se pretende es reconocer las diferencias que existen en el territorio español y asegurar a su vez la equiparación en prestaciones y en servicios públicos en todo el territorio español.
Tenemos conocimiento de que el Grupo Popular y el Ministerio son conscientes de que estas valoraciones puntuales que hacemos no modifican, sino que, al contrario, reflejan de mejor forma los acuerdos que están ya escritos y, como mañana creo que se reúne el Consejo de Política Fiscal y Financiera, esperamos que se termine de valorar con el consenso de todos los grupos y comunidades autónomas que están allí representados y que, en el trámite del Senado, se termine por consensuar la posibilidad de incluir las enmiendas que mi grupo, Coalición Canaria, acaba de defender en el día de hoy.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.
Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, buenos días.
Me imagino que la mayoría de nosotros, cuando allá en los años de la transición empezábamos a meternos en los arcanos de la política, aprendíamos, en esa semiclandestinidad que se vivía, dos anécdotas muy primarias, muy primitivas. Una, la atribuida a Napoleón: si usted quiere que no funcione una cosa, cree una comisión. Y otra, del Conde de Romanones: hagan ustedes las leyes, que yo haré los reglamentos. Con eso pensábamos que ya teníamos las claves de la política. Me imagino que en el futuro, cuando las nuevas generaciones se metan en ese mundo de arcanos que es la política, tendrán una tercera. Será la de Montoro: lleguen ustedes a los acuerdos de financiación que quieran, que yo haré las leyes que me dé la gana. Es un tercer elemento nuevo para ser incorporado en ese mundo de la política. Porque hoy estamos aquí gracias a que el Gobierno, parece ser que rompiendo, en contra de, saltándose a la torera los acuerdos habidos en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera con el Partido Socialista Obrero Español y otros, trae dos proyectos de ley. Nosotros, como fuerza política, saludamos que vengan hoy dos proyectos de ley, sin contemplar su contenido. En primer lugar, porque gracias a que hay dos proyectos de ley estamos debatiendo este tema; si no, esta fuerza política, con presencia en tres gobiernos de comunidades autónomas, pero con una presencia humilde, limitada y sin querer tampoco liar más follones de la cuenta, no podía incidir mucho en todo el proceso negociador y nos hubiéramos tenido que conformar con un gran debate, generalmente residenciado en el Senado, y con una posición. Me parece interesante que a un acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera se le intente dar cuerpo de ley. Si es bueno o malo, cada uno lo dirá; si es lo que se acordó o no, los que firmaron que lo digan. Uno no firmó y por tanto no está de acuerdo.
No obstante, desde esta tribuna y no hace más de dos meses -uno ya tiene bastante práctica en esos temas de financiación-, cuando estudié los números, dije: alguien ha engañado a alguien. Los duros, como se decía antiguamente, no se dan a catorce reales y los círculos no se pueden cuadrar. Todo el mundo estaba contento, todo el mundo saludando a la Natividad, pero al final estamos ahí. Nosotros saludamos este hecho porque también da rigor a la situación. Es verdad que cualquier ley se puede cambiar (hasta se pueden cambiar todos los años en la ley de acompañamiento) y por lo tanto esta ley no es inamovible, pero nos da una garantía, a la Cámara, a los distintos grupos de la oposición, de ir pudiendo incidir, opinar, valorar, presionar y controlar las modificaciones que se pudieran producir con el tiempo. En ese sentido, bienvenidas sean esas leyes, independientemente de la posición que nosotros tenemos.
Nosotros hemos dicho, y lo repetimos -casi con el mismo título de un artículo del señor Castell, que al poco tiempo salía en un periódico de tirada nacional, El País), que creemos que es un avance pero que es un avance insuficiente. Hay quien ha dicho que a lo mejor

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con el anterior sistema alguien estaría mejor que con el nuevo. Habrá que hacer números. No obstante, nosotros consideramos que se ha producido un avance, porque hay mayor capacidad de las comunidades autónomas para recaudar, para participar y, por lo tanto, mayor capacidad de autonomía. Siempre se ha dicho que era necesario tener capacidad recaudatoria porque, al tener capacidad en la recaudación, en los ingresos se tenía más capacidad de autonomía política. Por lo tanto, como hay mayor capacidad que en el anterior sistema, nosotros entendemos que se ha producido un avance, pero que es insuficiente.
Primero, porque creo que ya se había llegado a la suficiente madurez en el sistema de financiación autonómica como para haber dado un salto cualitativo y haber asegurado a las 15 comunidades autónomas del régimen común el entorno del cien por cien de autonomía financiera. Así nadie podría haber jugado con agravios comparativos, aunque siempre cada uno puede hacer lo que le dé la gana; hubiera sido menos justificable la colisión con el sistema foral y además hubiera dado mayor entidad y más responsabilidad a las comunidades autónomas. Ya no podrían seguir diciendo: La mitad, al menos, de mis ingresos corresponden al Estado central, yo todavía dependo de...
Repito que me parece que se había llegado a un grado de madurez suficiente como para haber dado a las comunidades autónomas el cien por cien de la autonomía financiera. Eso en primer lugar. No se ha hecho. Es verdad que se han aumentado unos puntos, interesantes, pero no es conveniente engañar metiendo el tema de la sanidad. No es conveniente jugar con porcentajes en ese sentido.
En lo que nosotros consideramos que es tremendamente insuficiente es en que se da mayor autonomía política, pero no se ha avanzado en mayor igualación de autonomía política. Al contrario. Con este sistema -también con el anterior y con el anterior del anterior-, las comunidades autónomas tenemos mayor autonomía política, pero habrá quien tenga autonomía de 110-120 y quien tenga autonomías que se queden todavía en el 50-52 por ciento. No voy a dar nombres, porque pienso que están en la cabeza de sus señorías. Y esas diferencias no eran tan grandes en el anterior sistema. Cuando se concede mayor capacidad sobre situaciones totalmente desiguales, esa desigualdad repercute en la autonomía. Aquello de tratar igual a desiguales. Las comunidades autónomas tienen desigual capacidad recaudatoria y, si en la ley se las trata igual, lógicamente se llega a desigual capacidad de recaudación, a desigual capacidad de financiación autonómica y, por tanto, a desigual capacidad de autonomía política en ese sentido.
Hubiera sido el momento, además por mandato constitucional y por necesidad, de haber avanzado no sólo en mayor autonomía política, sino en igual autonomía política.
Seguimos atados, no obstante, señorías, a un sistema donde la igualdad la ponen los dígitos: dígito 33, dígito 40, dígito 35. Igualamos los dígitos, decimos que todas las comunidades autónomas tengan el 33 por ciento del IRPF. Pero es que el 33 por ciento del IRPF no es igual para todas y cada una de las comunidades autónomas. Podrán decir que hay una diferencia. Bien, hay una diferencia, pero ¿por qué la foto fija se produce en este momento? ¿Por qué no se rastrea, señorías, y se pone la moviola sobre determinada domiciliación fiscal de determinados ingresos? La gente que declara en Madrid las subvenciones del aceite de oliva de Andalucía pueden formar grandes tomos. Eso por no hablar de otros centros productivos que tienen su residencia fiscal en el País Vasco o en Cataluña. Me parece muy bien, pero no utilicemos el argumento de que: es que ustedes tienen menos capacidad financiera en un momento determinado y yo tengo más. No, tienen ustedes la residencia fiscal o la residencia de vivienda en un momento determinado. Nosotros continuamos defendiendo un modelo donde se garantice a todas las comunidades autónomas el cien por cien de su autonomía, aunque, para alcanzar ese cien por cien de la autonomía, unos recauden el 40 o el 33 por ciento del IRPF y otros recauden el 60 por ciento. ¿Por qué tienen que ser iguales los dígitos? Díganme ustedes en qué párrafo de la Constitución viene expresado eso; sin embargo, sí les puedo decir muchos párrafos de la Constitución donde se dice clarísimamente que los distintos estatutos de autonomía o las vivencias en diferentes sitios del Estado español no pueden ser la razón de un mejor tratamiento en un momento determinado.
Nuestro modelo defiende que se garantice el cien por cien de la autonomía, sabiendo que los porcentajes de recaudación tienen que ser distintos. Así, señorías, se evita un segundo problema. Es curioso cómo se juega con los conceptos. Se han inventado ustedes un fondo de suficiencia. Señor Martínez-Pujalte. Cuando uno leía en el mes de junio o julio las primeras filtraciones del acuerdo, donde se hablaba de fondo de suficiencia, pensaba que era el antiguo fondo de nivelación del artículo 13 y 15 de la LOFCA y que iban a intentar que todos tengan suficiente. Pero no, señorías. Estamos jugando con los conceptos y no es malo jugar con los conceptos si lo único que pasa es que se vende un coche mejor, un güisqui mejor o una casa mejor.
Jueguen ustedes con los conceptos y digan que es de alto standing. Me comprenderán. Cuando se crea un concepto, el fondo de suficiencia, y con eso se refieren al derecho que tienen las comunidades autónomas a participar en los ingresos del Estado por mandato constitucional -porque Estado somos todos, los ayuntamientos y las comunidades autónomas-, y, si por inercia del Estado centralista de anteriores regímenes políticos, quien tenía la infraestructura, cobraba y recaudaba los impuestos totales era la Administración central, al ir creando el nuevo mapa autonómico, la filosofía era que las comunidades autónomas eran parte del Estado,

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recaude quien recaude, el Estado, la Agencia Tributaria o el sursum corda. Al ser parte, tienen ese derecho. Antiguamente se llamaba la participación en la PIE, participación en los ingresos del Estado, y se podía cobrar en especie, en dinero o en especie y en dinero, como sigue funcionando ahora. Y todo el mundo decía: Si por impuestos de sucesiones, de transmisiones, de patrimonio, ustedes han recaudado 200.000 millones y les corresponden 700.000 millones, en doceavas partes -que luego nunca se pagaban doceavas partes; ése era uno de los graves problemas de liquidez-, a ustedes se les pagarán los 500.000 millones. Ahora puede recaudar una comunidad, por los impuestos cedidos, 400.000 millones; hasta los 700.000, los 300.000 ya no son PIE. Ahora son fondos de suficiencia. Y parte de la filosofía de que, habiendo dado a todas las comunidades autónomas la posibilidad de recaudar suficiente para atender los servicios y no teniendo, siendo pobres, siendo incapaces o no haciéndolo bien, como no tienen lo suficiente, nosotros les damos un fondo de suficiencia.
A mí, señorías, me parece tremendamente peligroso que exista esa idea de que lo que corresponde por derecho es algo que se le da como una nueva caridad política en el tema financiero.
Seguimos batallando, erre que erre, por una enmienda, y estaríamos muy abiertos a cualquier transaccional, sobre el tema de las transferencias en sanidad. Nosotros hemos tenido miedo -y no solamente nosotros, consejeros o ex consejeros de sanidad de distintas comunidades autónomas- del final, a lo mejor no el primer año, luego, en la deriva, cuando empieza ya la inercia, el tran tran, si bien en la ley, en el artículo 65, modificación de la Ley General de Sanidad, cuando se habla de que las comunidades autónomas pondrán, dice exactamente el texto, elaborarán anualmente el presupuesto de gastos para dicha función que deberá contener como mínimo la financiación establecida para el sistema de financiación autonómica.
Si son 600.000 ó 700.000 millones -hablo, por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía- lo que tienen que poner en el presupuesto de origen, que lo pongan, pero que a lo largo de los 365 días vayan introduciendo suficientes modificaciones de crédito que lo desvirtúen, por atender a necesidades perentorias, incluso en algún momento una será una inundación y otra una catástrofe. Irán quitando dinero de sanidad y lo irán desviando hacia otro sitio. Si necesitan dinero, ya se están ustedes inventando el recargo sobre la gasolina -del que hablaremos en su momento-, desdiciéndose de todo lo que han dicho ustedes durante muchísimo tiempo; incluyen ustedes de pronto un recargo por si lo que de pronto desvíamos de sanidad hay que conseguirlo por otro lado. Por ello, nosotros seguimos manteniendo una enmienda ad cautelam, en la que decimos que si bien se obligue a las comunidades autónomas a que en el presupuesto originario de gastos, el que aprueben ahora, en estos meses, incluyan, como mínimo, la cantidad destinada a sanidad, se garantice, mediante una enmienda, que esa cantidad tiene que mantenerse y ejecutarse hasta el final de la legislatura. Así evitaremos tentaciones.
Concluyo ya, señor presidente, y muchas gracias por su benevolencia.
Señorías, decía al principio que Montoro creará la tercera idea de: hágan ustedes un acuerdo de financiación autonómica y yo haré las leyes. Eso no pasaría de ser una boutade más o menos de este portavoz si no me preocupara un hecho. He estado comprobando en las distintas comisiones y en los plenos el comportamiento en voto y el posicionamiento del Partido Socialista Obrero Español, que se siente engañado porque no se cumple el acuerdo. Hay auténticos problemas, hay dudas razonables acerca de que es una la idea que tienen las comunidades autónomas por el dinero que van a recibir y el que luego recibirán realmente. Hay montones de consejeros y consejeras que dicen que ellos no saben el dinero que van a recibir por la financiación autonómica, que ellos hacen unos números y que Montoro dice otros. Lean ustedes cualquier medio de comunicación, generalmente de ámbito autonómico. A nosotros nos preocupa que, cuando las comunidades autónomas conozcan la cantidad que van a recibir, realmente descubran que no es lo que ellas pensaron que iban a recibir. El señor Saura, en su intervención, hablaba de que había una diferencia de apreciación, por ejemplo, para la Comunidad Autónoma catalana de 50.000 millones de pesetas. Uno tiene miedo de que haya un acuerdo por unanimidad y haya una ley aprobada unas veces con el voto del Grupo Socialista y otras sin él, pero que, cuando luego lleguen los dineros, muchas comunidades se descuelguen. Uno tiene preocupación por eso. A mí no me gusta que el Estado esté todo el día cuestionándoselo. Señorías, arreglen lo que arreglen y arreglen ustedes lo que tenga que arreglar. Si verdaderamente en la ley viene lo que ustedes han acordado, si alguien se equivocó o fue ligero en la pluma o pensó mal, que se aguante. Y si en la ley no viene lo que ustedes acordaron, modifíquese lo que se tenga que modificar, pero no es bueno que, en un proceso de avance y consolidación federalizante por el que muchos luchamos, nos volvamos a encontrar otra vez con un quinquenio de confrontación de comunidades autónomas, de no recibir el dinero, de ahora te llevo al Tribunal Constitucional, de es mentira, etcétera. Hay elementos que a mi fuerza política le preocupan, desde la seriedad y desde la consideración de que este avance -y concluyo ya- es insuficiente, pero que es un avance.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Grupo Parlamentario Catalán, señor Padrol.


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El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señor presidente.
Señor ministro, señoras y señores diputados, procedemos al debate de dos leyes realmente importantes, que son las que articulan el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de este año, acuerdo producido esencialmente entre las tres formaciones políticas con mayor número de diputados de esta Cámara.
En el debate celebrado en el Pleno sobre las enmiendas de devolución el pasado 14 de octubre tuve ocasión de exponer cuáles eran las líneas maestras que debía seguir, a juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), una evolución o reforma del sistema de financiación autonómico para considerarlo adecuado y para considerar que se avanza en la dirección correcta. No voy a repetir lo que expuse en el debate del Pleno celebrado hace unas semanas.
Simplemente recordaré los objetivos fundamentales que debía perseguir una reforma del sistema de financiación autonómica. En primer lugar, mejora cualitativa del sistema de financiación, de la estructura de los ingresos de las comunidades autónomas en el sentido de una mayor presencia de ingresos tributarios en los presupuestos e ingresos de las comunidades autónomas y menos dependencia de las transferencias.
En segundo lugar, mejora cuantitativa, más recursos en el sistema de financiación autonómica en sentido global y, en el caso particular de mi Grupo parlamentario, en Cataluña. En tercer lugar, un modelo solidario que respete la solidaridad interterritorial dentro de España, ya que entendemos que hay suficientes mecanismos en este acuerdo de financiación para considerar que se produce un acuerdo que es solidario entre territorios. En cuarto lugar, un punto clave como es la integración de la Sanidad en el sistema de financiación. Como quinto eje fundamental y penúltimo, asunción de mayores competencias normativas. En último lugar, incremento de la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los tributos generados en su territorio.
Tuve ocasión de exponer en aquel debate que el modelo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio de 2001 avanzaba en el sentido correcto en estos puntos; en algunos más que en otros. Particularmente nos parecía tenue, débil y escaso el avance en el último de los puntos, la participación de las comunidades autónomas en la gestión de los tributos que hoy en día es efectuada por la Agencia Tributaria. Pero el balance global era positivo y se andaba por un buen camino. Ello no obsta a que mi grupo parlamentario haya presentado una serie de enmiendas cuyo objetivo es esencialmente lograr una más correcta transcripción del acuerdo alcanzado entre las tres formaciones políticas y plasmado en el citado acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera en el texto articulado.
Muchas de las enmiendas que hemos presentado a los dos proyectos de ley, el de reforma de la LOFCA y el de la ley de medidas de financiación de comunidades autónomas y ciudades autónomas, pretenden adaptar mejor el texto articulado al acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. En algunos casos son correcciones evidentemente técnicas de errores conceptuales o de pura transcripción y en otros son adaptaciones con algo más de contenido, pero todas ellas son enmiendas que son fiel reflejo del acuerdo y que pretenden una fiel adaptación del acuerdo.
Cuando se alcanza un acuerdo la consigna de Grupo Catalán (Covergència i Unió) es de lealtad.
No me a referir a todas las enmiendas, las doy por defendidas, pero sí, al menos, concretamente, a las que se refieren a la LOFCA y, muy rápidamente, a la ley de medidas. La enmienda número 36 a la LOFCA pretende recoger como uno de los principios básicos de funcionamiento de la actividad financiera de las comunidades autónomas y de las relaciones en este ámbito con la hacienda del Estado la lealtad institucional, lealtad institucional que se repite a lo largo de diversas enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el sentido de que cuando el Estado legislador adopte medidas que afecten a las obligaciones de gasto o a la capacidad fiscal de las comunidades autónomas sea tenido en cuenta a efectos del contenido del régimen financiero con las comunidades autónomas.
La enmienda número 38 trata de corregir un error que tiene implicaciones importantes. Se refiere a que el artículo 12.1 del proyecto de ley orgánica señala que las comunidades autónomas podrán establecer recargos sobre los tributos del Estado cuando ostenten competencias normativas sobre los tipos de gravamen. Dos reflexiones: primera, si se ostentan competencias normativas sobre tipos es bastante ocioso establecer recargos y, segunda, con la modificación propuesta en la enmienda número 38 se abre la posibilidad, comentada en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, de establecer un recargo sobre la imposición en fase minorista de hidrocarburos, si esta es la configuración que se adopta en esta materia.
La enmienda número 39 hace referencia a la posibilidad de regular los tipos de gravamen en el impuesto sobre la electricidad y en el impuesto sobre determinados medios transportes en los términos previstos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
La enmienda número 40 es un reflejo del contenido del acuerdo, en el sentido de que no cabe excluir la posibilidad de asumir por delegación del Estado competencia en materia de gestión tributaria respecto del impuesto sobre la electricidad y determinados medios de transporte. La enmienda número 41 se refiere a la revisión del valor inicial del fondo de suficiencia, que cubrirá la diferencia entre la necesidad de gasto de las comunidades autónomas y la capacidad fiscal de éstas. Posteriormente, en el artículo 13.4 de la LOFCA se establece que este valor inicial se podrá revisar cuando se produzca el traspaso de nuevos servicios, se amplíen o

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revisen valoraciones de traspasos anteriores o bien cuando cobre efectividad la cesión de nuevos tributos. Propone el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) que se incluya la realización de reformas sustanciales en el sistema tributario del Estado ya que, si se trata de revisar el valor del fondo de suficiencia que depende de dos variables, necesidad de gasto y capacidad fiscal, debe preverse como causa de revisión de la dotación inicial del fondo de suficiencia lo que afecte no sólo a la necesidad de gastos, sino también a la capacidad fiscal. Son enmiendas absolutamente coherentes y que persiguen una perfecta transcripción del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera sobre las que no albergamos especiales dudas que sean incorporadas en esta tramitación parlamentaria.
En cuanto a la ley de medidas hay cuestiones que quisiera destacar, por ejemplo, la enmienda en la que proponemos la eliminación del contenido del título I por entender que el contenido del mismo es más propio de un instrumento jurídico, como es el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que una ley ordinaria, aunque para el caso de que no prosperara esta enmienda tenemos enmiendas alternativas a concretos preceptos del título I. Las enmiendas números 40 y 55 hacen referencia al principio de lealtad institucional, indicando la necesidad de que el Consejo de Política Fiscal y Financiera informe anualmente sobre las decisiones del Estado legislador que afecten a la necesidad de gasto y a la capacidad fiscal de las comunidades autónomas. El resto de las enmiendas las daría por defendidas. Sólo quiero hacer una acotación respecto del Consejo Superior de Dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en el que entendemos -así lo expresamos en la enmienda número 53- que sus funciones, pilares o directrices generales son excesivamente amplias y que es mejor circunscribirlas a los planes y objetivos de la Agencia Tributaria y a la ejecución de estos planes y objetivos.
Esta ha sido la defensa de las enmiendas a las que quería hacer referencia, que buscan la transcripción perfecta al articulado del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Sabemos perfectamente que mañana se celebra una reunión del consejo, que en él se va a debatir políticamente adaptar estas cuestiones que constan en el acuerdo, que no han sido transcritas al texto articulado y que algunas han quedado pendientes, como la posibilidad de establecer una imposición sobre hidrocarburos en fase minorista para financiar la sanidad, tema claramente propulsado por el conseller de Economía, Francesc Homs, en una u otra formulación jurídica, como ocurre en Alemania. Estas cuestiones se comentarán en el consejo de mañana y esperamos que tengan fiel reflejo en la tramitación parlamentaria subsiguiente.


Hecha esta exposición de las enmiendas, no quisiera finalizar mi intervención sin reiterar una posición política ampliamente divulgada. ¿Es este modelo de financiación de las comunidades autónomas el modelo óptimo de Convergència i Unió? No, no lo es. A nosotros nos hubiera gustado ir más allá. En la configuración de tributos cedidos nos hubiera gustado que estuviera el impuesto de sociedades, pero somos conscientes de sus dificultades técnicas; nos hubiera gustado asumir más competencias normativas sobre los tributos cedidos y nos hubiera gustado tener una participación más activa y con mayor presencia en la Agencia Tributaria, pero esto no es obstáculo para que valoremos positivamente este acuerdo. ¿Es un paso adelante? Sin duda, es un paso adelante respecto a los modelos vigentes hasta la fecha. ¿Es el mejor modelo que hemos tenido? Lo cierto es que sí, es mejor modelo que el del año 1996, que el anterior y que el anterior.
Clarísimamente, pese a que alguna exposición dialéctica de contenido más que dudoso trate de convencernos de lo contrario. Es un buen momento, es un paso adelante y lo valoramos positivamente, aunque no sea el modelo de CIU. Hay alguna enmienda del Partido Socialista que incorpora contenidos que no están en el acuerdo. Respecto de las que hacen referencia a la Agencia Tributaria nos vamos a abstener. En los posicionamientos políticos previos CIU ha ido más allá de estas enmiendas, pero habiendo un acuerdo, y con las bondades políticas del consenso, entendemos singular la introducción de enmiendas distintas del contenido de un acuerdo a tres bandas formalizando en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Otras enmiendas que nos puedan gustar de contenido, como la que se refiere al grupo de trabajo de la imposición sobre hidrocarburos, es reiteración del acuerdo que se debate mañana en el consejo, con lo cual, está claro quien tiene interés en impulsar de esta idea.
No es el modelo de CIU, pero tiene algo muy bueno, que es el consenso. ¿Por qué es bueno el consenso? Para intentar evitar determinados debates bastante demagógicos sobre una cuestión tan importante como la financiación autonómica; se trata una acción política relevante desde un punto de vista ideológico para CIU. Es un norte continuo de nuestra acción política el mejorar la financiación de las comunidades autónomas, en nuestro caso, de Cataluña. Es un norte y una guía de actuación política constante a lo largo de los años y lo seguirá siendo; también lo es aunque no participe de la ideología política de Convergència i Unió, lo dije en el debate del Pleno. Hoy las comunidades autónomas van a prestar el servicio público sanitario y de la educación. Se podrá ser visceralmente antiautonomista, pero hay que ser un irresponsable para no desear que las comunidades autónomas dispongan de un buen sistema de financiación. Es un tema muy importante. Si lo podemos sacar de debates forzados, mejor para evitar cuestiones como las del año 1996.
Hubo determinadas críticas de contenido, conceptuales, que reproduje en le debate del Pleno de hace unas semanas, realmenteincompatibles o algo bochornosas. Mejor si hay consenso,

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mucho mejor. Es un tema muy importante para la ciudadanía, repito. Por eso celebramos el acuerdo entre Convergència i Unió, el Partido Popular y el Partido Socialista respecto de esta materia plasmada en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Precisamente por valorar el consenso y darle la dimensión política que tiene en esta materia, estoy obligado a referirme a la posición del Partido Socialista en la Comisión de Economía que debatió sobre estas leyes la semana pasada. Por respeto al consenso, tengo que pronunciarme, aunque no me gustan las polémicas. El Partido Socialista ha introducido una serie de enmiendas con unos contenidos que no están en el acuerdo. Dijo que la transcripción en el articulado de los dos proyectos de ley tenía problemas graves, fundamentalmente dos, aunque hay otros que serán elevados según interese en virtud del termómetro del debate. Se dijo que introducir los porcentajes en que se configuran como cedidos los tributos cuyos rendimientos se cede total o parcialmente a las comunidades autónomas en una ley orgánica era petrificar, marmorizar la configuración como tributos parcialmente cedidos de IRPF, IVA e impuestos especiales. No lo entiendo. Si cada vez que se ha revisado una financiación autonómica se ha modificado la LOFCA, decir ahora que porque figure en la ley que ese 33 por ciento del IRPF ya no se podrá revisar o va a dificultar su revisión, carece absolutamente de contenido. Es un argumento fatuo y demagógico o revela una inconsistencia jurídica y cualquiera de las dos opciones es preocupante para quien desarrolla la acción política.
Respecto a cambiar el año base de 1999 a 2001, no está en el acuerdo; es una opción respetable, pero no está en el acuerdo y pacta sunt servanda, salvo que se traicione. Para entender la posición en la Comisión de Economía del miércoles pasado hay que hacer una reflexión, es obligado. Hay que distinguir entre los hechos y el humo, entre lo que se hace y lo que se dice. Lo que se hace en julio de 2001 es alumbrar, dar origen, crear un nuevo sistema de financiación autonómica y cuando se trata de actuar, se estuvo a favor del nuevo sistema de financiación autonómica, y está bien que sea así, porque valoramos el consenso. Conseguido esto, asegurados los recursos para las comunidades autónomas en las que se tienen responsabilidades de Gobierno, lo que se pretende ahora es generar una fotografía de dudosa calidad, más bien borrosa, para ver si en clave de política catalana echamos un cable al señor Maragall después de su surrealista moción de censura. Decir cosas distintas de las que se hacen tiene un precio, no ya en política; a medio y largo plazo tiene un coste. A nivel personal existe un aforismo que dice lo siguiente: Vive como piensas o procura pensar como vives. Decir cosas distintas de las que se hacen es complicado en política y en otros órdenes. Convergència i Unió quiere el consenso, lo encontramos positivo e importante. En el año 1996 no hubo consenso, las comunidades autónomas que no entraron en el acuerdo perdieron y después de todas las críticas de 1996 CiU ganó en Cataluña y obtuvo un buen resultado en las elecciones a este Parlamento. Al Partido Socialista le ocurrió lo que le ocurrió, perdió en Cataluña y obtuvo mal resultado en este Parlamento. Por lo tanto, queremos el consenso, pero, sobre todo, nos preocupa la responsabilidad política. ¿Cómo actúa CiU en materia autonómica, en la defensa y en la lucha por la mejora de la financiación autonómica? No actúa midiendo el barómetro electoral, sino en base a su ideología; ideología que busca mejorar su autonomía financiera. Se actúa en base a una ideología y los ciudadanos que comulgan con esta ideología otorgan su voto a nuestra formación política. No procuramos cambiar el discurso o, sobre todo -lo cual es más relevante-, hacer un discurso distinto a lo que luego se hace. Esto es precisamente lo que a Convergencia i Unió le da credibilidad, seriedad y rigor en su acción política: no decir cosas distintas de lo que se hace y, fundamentalmente, no decir cosas distintas antes o después de coger el puente aéreo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señoras y señores diputados, hoy en esta Cámara los artículos que hacen referencia al acuerdo del sistema de financiación van a ser aprobados por una amplia mayoría. Hoy de esta Cámara saldrá, sin el apoyo del Grupo Socialista, la plasmación, en términos de modelo, que el Gobierno ha propuesto en la LOFCA. Dijimos desde julio: hay acuerdo, pero deben negociar qué modelo se instituye para dar encaje a ese acuerdo, porque es negar la lógica no distinguir y confundir términos del encaje en el modelo del acuerdo.
El portavoz de economía del Grupo Socialista y responsable de economía del Partido Socialista dijo hace dos semanas en esta Cámara, entre otras muchas cosas, lo siguiente: Nuestra posición definitiva cuando la LOFCA vuelva a esta Cámara después de su debate en Comisión va a depender de cuál sea la posición del grupo mayoritario en torno a estas enmiendas que presentará el Grupo Socialista. La posición, no sólo con las enmiendas del Grupo Socialista sino con todas, ha sido de una arrogancia extrema. Este proceso ha adolecido de dos problemas, inoperancia y arrogancia. Primero, es conocido que en julio dimitió el secretario de Estado de Hacienda, lo cual ha hecho que desde el Gobierno no se haya desplegado el contenido del acuerdo, por eso ustedes han tenido 16 enmiendas del Grupo Socialista, de Convergència i Unió y de Coalición Canaria, cuya única justificación era pedir la plasmación

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en las leyes de acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Además de inoperancia, porque el secretario de Estado dimitió y el ministro ha estado con la cabeza en otro sitio, ha habido arrogancia porque el portavoz parlamentario del PP también ha tenido la cabeza en Gescartera y a esto le ha dedicado poca reflexión, quizás una; de enmienda, ni una. Este tipo de actitudes, la inoperancia y la arrogancia, ponen en riesgo el modelo, el acuerdo.
Como ha dicho el portavoz de Convèrgencia i Unió, hay once enmiendas que piden la traslación de contenidos del acuerdo. No aprueban ni una. Yo entiendo que Convergència y Unió tenga que votar a favor de las dos leyes, aunque no les aprueben ni una sola enmienda. El señor Padrol ha dado muchas vueltas, pero podemos ser más directos. Están discutiendo los presupuestos en el Parlamento de Cataluña (Un señor diputado: ¡Ahí, ahí!), y como ustedes ahora tienen más diputados que menos votos, que menos votos que la candidatura Partit Socialistes de Catalunya-Ciudadans per el Canvi, tienen que estar en lo que están, presentando decenas de enmiendas, no aceptando ni una y votando a favor.
Al menos les pido que voten la enmienda número 84 a favor. ¿Saben por qué?, porque hemos tenido que introducir como enmienda la propuesta del conseller, que ya fue acordada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera; no que se tiene que acordar mañana sino que ya fue acordada en julio, y en los términos literales en que la presentó el conseller Homs. Ha sido otro de nuestros servicios a Cataluña. Como preocuparnos porque después de toda esta negociación ninguna comunidad autónoma, tampoco Cataluña, tiene garantizados los recursos pactados. Está muy bien, nos alegramos. Han convocado un Consejo de Política Fiscal y Financiera para mañana, pero ningún consejero en este momento tiene conocimiento de cuáles son los recursos de que va a disponer. Es una situación un poco paradójica porque todos están discutiendo ya sus presupuestos.


La mayoría lo ha hecho muy mal. El jueves pasado discutimos tres leyes. En una de ellas, la que afecta a la distribución del poder político en la España autonómica, el texto salió con el apoyo del Grupo Popular -era un proyecto de ley- y del Grupo Socialista, además de Convergència, me refiero a la Ley de coordinación de competencias entre Estado y comunidades autónomas en materia de defensa de competencia. El trabajo bien hecho tiene futuro. Una ley que distribuye poder político en el territorio español salió por consenso en Comisión el jueves pasado. Insisto, lo han hecho muy mal con las leyes de financiación autonómica y el trabajo mal hecho no tiene futuro. Nos alegramos de que mañana se reúna el Consejo de Política Fiscal y Financiera; nos alegramos tanto que nos permitimos especular si el desarrollo de la Comisión del pasado jueves ha tenido alguna influencia. Nos gusta pensar que sí.
Señor Pujalte, con las afirmaciones que usted hace sobre las cosas que se proponen, las que salgan del Consejo de Política Fiscal y Financiera por unanimidad, usted se está haciendo trampas en solitario; y digo en solitario porque, en solitario, el Gobierno central tiene la mayoría en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esta propuesta la suscribiremos todos el día en que tengamos un Senado como el que nosotros proponemos, en el que las comunidades autónomas puedan llevar a cabo su diálogo multilateral sobre aquellos aspectos que les afectan. Entiendo que a los nacionalistas de diferente signo y ubicación geográfica lo de un Senado a la alemana no les guste porque les va bien la relación permanentemente bilateral, pero el futuro del país es éste; el futuro del país es dotarse de elementos de federalismo cooperativo, aunque la palabra a alguno le produzca sarpullidos, que funcionan razonablemente bien en países importantes de nuestro entorno y que permitan a las comunidades autónomas dialogar sobre sus problemas.
Ese día, tenga la certeza, señor Pujalte, de que los acuerdos a que lleguen las comunidades autónomas en el Senado y después con el Gobierno no serán objeto de imputación en un debate parlamentario. Lo veremos porque España es un país que es como es, rico y plural, aunque a veces a algunos les cueste la idea de que se refleje como es. Lo veremos.
Nosotros mantenemos una serie de enmiendas a la ley de medidas y a la LOFCA, enmiendas que tienen que ver con la garantía de los recursos pactados y que afectan especialmente a los artículos 7, 16 y 17 de la ley de medidas correspondientes de la LOFCA en materia de revisión.
Enmiendas que afectan a corresponsabilidad fiscal y participación de las comunidades autónomas en la Administración Tributaria; enmiendas que afectan a las asignaciones de nivelación y a cuestiones de equidad y otras. Voy a dar por defendidas las enmiendas puesto que da igual el énfasis que ponga en su defensa -usted y yo ya nos entendemos-, pero le voy a responder a una interrogante. Usted, el otro día se preguntaba ¿de dónde proceden estas enmiendas?, ¿quién inspira estas enmiendas?, ¿de quién son? Señor Pujalte, usted sabe que yo le tengo mucho respeto, mucho, más del que usted a veces se profesa a sí mismo con sus estrambotes y con su anecdotización personal de la polémica parlamentaria. Le respeto como conocedor del tema de la financiación autonómica, porque usted ha estudiado, ha escrito y ha publicado sobre el tema. Yo he tenido oportunidad de leer algunas de sus publicaciones y una por duplicado, en un trabajo suyo y en el libro El acierto de España, del señor Zaplana. Me supo muy mal, porque le respeto, que tuviera que salir a decir que había copiado, cuando quien copió fue el señor Zaplana, porque quien sabe del asunto es usted. Esto pasa en los modelos cuartelarios de partidos como el que ustedes tienen. (Rumores.) En mi partido no va a haber eso, señor Pujalte. Nosotros tenemos un partido plural en el que discutimos, y le voy a dar

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una nota bibliográfica. Tenemos un partido plural, mantenemos discusiones y damos lugar a documentos como éste: La estructura del Estado. Política autonómica y municipal del PSOE. Texto aprobado por el comité federal de 21 de marzo de 1998, por unanimidad. El partido tiene mérito porque nosotros discutimos; en el suyo, menos. Estamos viendo el proceso de designación de ponentes en su congreso. Le paso la nota porque usted estaba interesado y le recomiendo que siga haciendo las especulaciones que quiera sobre los orígenes, pero cuando escriba, al final, diga que lo ha escrito usted, no diga que lo ha copiado porque tendrá usted la bibliografía.
Es necesario esforzarse todavía más para que la LOFCA, que es una ley muy importante, salga adelante con un consenso tan amplio como el que va a gozar el acuerdo en sus aspectos básicos. Por eso hoy, manteniendo el voto negativo a algunos de los artículos de la LOFCA, nos vamos a abstener en la votación de su totalidad. (Varios señores diputados: ¡Coherencia, coherencia!) Además, vamos a retirar una serie de enmiendas, las accesorias o de detalle técnico, a la LOFCA: las enmiendas 14, 15, 16, 17 y 20; a la ley de medidas, las números 66 a 68, 72 a 77, 81, 86 y 87.
Lo han hecho muy mal desde la inoperancia y desde la arrogancia.
Queremos invocar el consenso. Invocación que en esta Cámara se ha encontrado con la respuesta de: enmienda, ni una, porque la cabeza estaba en Gescartera. Mañana hay Consejo de Política Fiscal y Financiera y la ley se va a tramitar en el Senado, con lo cual tendremos ocasión de comprobar cuán cierta es su voluntad de que la LOFCA goce del apoyo tan mayoritario, como sería de desear, de esta Cámara. Señor Pujalte, espero comprobar dentro de un momento si hoy, por fin, han escuchado, o si la arrogancia continúa ahora.
Gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero decir que nos han pasado los servicios técnicos de la Cámara una corrección de errores y mi grupo cree que ese documento se tiene que incorporar. Agradezco a los servicios de la Cámara que los hayan detectado, así como el trabajo y el esfuerzo que han hecho a lo largo de las últimas tramitaciones parlamentarias.


Decía el señor Bel que había leído alguna de las obras que hemos publicado. Se lo agradezco, señor Bel, ya sabe que tengo gran respeto intelectual por usted, le he leído -usted lo sabe- y hemos comentado alguno de los artículos que usted ha escrito sobre temas que me parecen muy interesantes. En la Comunidad Valenciana llevamos mucho tiempo trabajando en financiación autonómica. Antes de las últimas elecciones ya presentó el presidente Zaplana lo que luego pasó al debate como modelo Zaplana, llevamos trabajando mucho tiempo coordinadamente y hemos impulsado un modelo de financiación que ha sido un elemento extraordinariamente útil para el debate que se ha tenido en las últimas épocas. Por tanto, señor Bel, yo le agradezco que lo haya leído, porque creo que se hicieron aportaciones humildes, tanto por el presidente Zaplana como por mí mismo, pero que pretendían servir a que el debate de la financiación autonómica se celebrara con corrección.
Empieza usted diciendo que hay arrogancia e inoperancia. Señor Bel, yo no me atrevería a decir eso. Es mucho decir que haya arrogancia ante el hecho de un acuerdo que se aprueba por primera vez con unanimidad. Hablar de arrogancia cuando un grupo parlamentario con mayoría absoluta plantea este debate desde hace muchos meses, se reúne con la oposición largo y tendido, como saben SS.SS., se reúne con los grupos nacionalistas de otras comunidades autónomas, se reúne el Gobierno bilateralmente con las comunidades autónomas...
Arrogancia sería traer aquí una ley y aprobarla con nuestros votos -tenemos suficientes para hacerlo. Traer una ley después de muchísimas horas de conversación y llamarlo arrogancia me parece un poco fuerte. Más arrogancia me parece, señor Bel, decir en esta tribuna: este no es mi modelo, yo lo acepto porque no tengo mayoría, pero sepan ustedes, señorías, que si yo gano los voy a arrollar. Me parece más arrogancia eso y no decir: ustedes han negociado y si yo gano seguiré negociando. Me parece que sería más correcto. Mi grupo ha negociado. Se ha aprobado el acuerdo por unanimidad de las comunidades autónomas y previamente a ese Consejo de Política Fiscal y Financiera hubo muchísimas horas de conversaciones bilaterales.
Hablar de inoperancia cuando el Grupo Parlamentario Popular asume su responsabilidad de Gobierno en junio de 1996 y hay un nuevo modelo antes del 31 de diciembre pactado con los grupos que le daban el apoyo o cuando presentamos un modelo para el año 2002 desde el acuerdo, antes del verano, para que se pudiera tramitar bien y además por unanimidad; hablar de inoperancia cuando estamos aprobando un modelo que se va a desarrollar en el tiempo, me puede decir usted otras cosas, pero inoperancia no.
Algunos diputados decían que este es un paso hacia delante. Yo creo que estamos ante un buen modelo. ¿Que alguien le quiere llamar un paso hacia delante? Yo lo acepto. Estamos ante un buen modelo de financiación autonómica, y ahora lo explicaré, que además de ser bueno, tiene la guinda del consenso en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Yo entiendo algunas de las cosas que decían los portavoces y entiendo lo

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que decía el señor Rejón. Es verdad que en este modelo, al integrar los tres canales de financiación de las comunidades autónomas, la sanidad se incorpora. Por tanto, me parece bien lo que dice el señor Rejón -y yo creo que es una buena aportación la que hace- de que en el presupuesto para la sanidad no sólo se diga que la cantidad tiene que incorporarse en los presupuestos iniciales de las comunidades autónomas, sino que ese sea el presupuesto para la sanidad real, no el inicial. Yo creo que es una aportación que habrá que estudiar para garantizar en mayor medida que los ciudadanos reciban ese servicio básico que es la sanidad con la financiación adecuada y que luego no pueda haber una transferencia en las partidas presupuestarias. Me parecen bien algunas de las enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y ellos los saben. Hay algunas que se van a incorporar a lo largo de los trámites parlamentarios, pero ya saben ellos que nos parece que se deben plantear previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Igualmente nos parecen bien las enmiendas del Grupo de Convergència i Unió. Son enmiendas que en algunos casos hacen aportaciones para que se incorporen al texto de las leyes los acuerdos que se adoptaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, pero también saben, y así se lo dije en la Comisión a los diputados de Convergència i Unió, que es bueno que esas enmiendas se debatan previamente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera para que, en caso de que se adopten, se incorporen en otro trámite parlamentario. ¿Con qué objetivo, señor Bel? (El señor Bel i Queralt: Ni una.) ¿Ni una? No es verdad. Mi grupo no ha venido a este debate parlamentario a no aprobar ninguna enmienda. No es verdad que no nos hayamos estudiado el modelo de financiación autonómica. Es lisa y llanamente falso, señor Bel.
Nosotros hemos venido a este debate de financiación autonómica a transcribir en unos proyectos legales los acuerdos que quince comunidades adoptaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y usted sabe, señor Bel, y el señor Sevilla también porque fue jefe de gabinete de un ministro que tuvo que negociar modelos de financiación autonómica, que es muy difícil llegar a acuerdos. Saben que cuando se llega a acuerdos con comunidades autónomas, cada comunidad va con su librito y dice: ¿y de lo mío qué? Ustedes saben que eso se hace así.
¿Cómo que los consejeros no saben lo que va a depararles este acuerdo? ¿Cree usted que las consejerías de las distintas comunidades autónomas todavía están en la prehistoria? Señor Bel, son acuerdos a los que se llega en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y cada consejero ya va con su modelito económico para saber que tras este acuerdo hay una financiación para ellos. Por eso en este modelo se han incorporado todas las comunidades autónomas y ha habido que articular mecanismos para que todas pudieran estar presentes. Usted lo sabe, señor Bel, y el señor Sevilla también. Cuando las comunidades autónomas iban unilateralmente, sabían lo que estaban haciendo, sabían que ese modelo de financiación autonómica iba a trasladarse posteriormente a su presupuesto y eso es lo más sagrado que tiene un consejero de economía de cualquier comunidad autónoma. Cuando iban a negociar sabían lo que estaban negociando. ¿Que mañana hay un Consejo de Política Fiscal y Financiera? Nos parece bien, pero no se va a corregir el acuerdo ya adoptado. Tenemos que avanzar en los acuerdos que quedaron abiertos. Se tiene que celebrar ese consejo y nos parece muy bien.
Vamos a aprobar dos leyes que son importantísimas porque dan un paso sin precedentes en la configuración de la España de las autonomías.
El sistema de financiación común que se ha ido configurando a lo largo del tiempo se ha basado en acuerdos adoptados en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera. El consejo, que fue creado en el artículo 3 de la LOFCA como órgano consultivo y de deliberación, es el que ha impulsado todos los acuerdos de financiación que se han celebrado. Ahora por primera vez se ha adoptado un acuerdo por unanimidad, porque se pueden distinguir tres etapas claras, y yo sé que usted lo sabe, señor Bel, la primera, hasta 1986, donde las comunidades autónomas recibían fundamentalmente transferencias del Estado a partir de que habían asumido competencias con el gasto ya determinado; una segunda fase entre 1987 y 1996, donde se les iban cediendo impuestos a las comunidades autónomas, pero sin capacidad normativa y con acuerdos que se abrían en canal cada cinco años; y a partir de 1997, donde se cede a las comunidades autónomas capacidad normativa en impuestos muy importantes. Ahora, una vez concluido el proceso de transferencias, estamos en un momento adecuado para pegar el gran avance en el modelo de financiación autonómica, un modelo que sea estable en el tiempo. Esa es la voluntad que nos ha movido. Como usted sabe, señor Bel, si ha leído lo que escribió el presidente Zaplana y lo que escribí yo mismo, uno de los primeros requisitos era estabilidad. ¿Por qué? Porque ningún país con descentralización política tiene modelos de financiación inestables, ningún país tiene modelos de financiación que cada cinco años se abran en canal, y hemos estudiado muchísimos países, señor Bel, y usted los conoce también: Suiza, Canadá, Estados Unidos, Alemania. Las comunidades autónomas requieren saber cuál va a ser su horizonte de financiación, y por eso este modelo partía con un objetivo básico que nos parecía esencial: dar estabilidad a la financiación autonómica, y como queríamos un modelo estable, señor Bel, dijimos -y ya lo escribía yo también, ya que me ha leído, señor Bel, porque no hemos cambiado de opinión- que tenía que ser un modelo que contara con un consenso que lo hiciera estable en el tiempo. Nos parecía muy importante quela estabilidad viniera amarrada con el consenso, porque

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si no sería el modelo de unos, el modelo de otros, el modelo del que mande, y eso abriría la puerta para que fuera modificado cuando cambiaran las mayorías parlamentarias. Nosotros a esto dijimos que no, que tenía que ser un modelo que no fuera el modelo de nadie, sino el modelo de todos, señor Bel. Nos parecía esencial que no pudiera decir nadie, cuando aprobáramos en esta Cámara el modelo de financiación autonómica, que este era el modelo de uno o el modelo de otro, sino que fuera el modelo de la España de las autonomías, que fuera el modelo de los españoles, que fuera el modelo que garantizara los servicios públicos de calidad a los españoles.
El señor Sevilla ha dicho muchas veces, y yo se lo he oído en público y en privado, que hablar de financiación autonómica no es hablar del dinero que reciben los gobiernos autonómicos; es hablar de los servicios básicos que reciben los ciudadanos. Por eso el modelo tenía que tener consenso. Por eso iniciamos hace mucho tiempo conversaciones en dos ámbitos: en el ámbito político-parlamentario y en el ámbito territorial; conversaciones con los grupos políticos y conversaciones con los gobiernos autonómicos, fueran del color que fueran: con gobiernos autonómicos donde tiene responsabilidad el Grupo Socialista, con gobiernos autonómicos donde tiene responsabilidad Convergència i Unió y también con comunidades autónomas donde hay pactos de gobierno y donde también participa Izquierda Unida. Nos parecía muy importante que el modelo tuviera estabilidad y que por eso se forjara en el consenso. Por tanto, señor Bel, no entiendo que en el Pleno rechacen las enmiendas de totalidad, sin embargo en Comisión voten que no a la LOFCA y hoy se abstengan.
En la LOFCA no se hace otra cosa que recoger lo que pone el modelo pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Uno puede decir: es que a mí me gustaría que no fuera el 33 por ciento del IRPF, sino que fuera el 40, y otro puede decir que sea el 25, y uno puede decir que en los impuestos especiales no sea el 40 sino el 50 ó el 30, pero lo acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera son esos porcentajes, que son los que se han trasladado al proyecto.
Usted me puede decir que no es necesario ponerlo en la LOFCA. Ya sé que no es necesario ponerlo en la LOFCA, pero si estamos haciendo un modelo pactado, lo lógico y lo que se ha hecho siempre es modificar la LOFCA. Si queremos modificarla en otro momento, se hará, pero lo que se ha hecho siempre es incorporarlo a la LOFCA, porque ese es el modelo que hemos pactado; un modelo, por otra parte, que aumenta la suficiencia de las comunidades autónomas, pero no sólo va a aumentar en un horizonte temporal futuro la suficiencia y la financiación de las comunidades autónomas, sino que va a aumentar la financiación de las comunidades autónomas desde el primer día.
El señor Sevilla dice que no lo sabe. Pues para no saberlo han hecho declaraciones diciendo lo que les va a aportar el modelo la consejera de Andalucía, la consejera de Castilla-La Mancha, por citar algunos que son de su partido, y el consejero de Extremadura. Todos los consejeros han ido a sus Parlamentos y han dicho lo que el modelo les iba a aportar. Para no saberlo, bien que lo han hecho. Lo han hecho porque lo saben, porque saben que este modelo les va a aportar más financiación, porque, si no, no hubieran firmado y ustedes lo saben, pero yo no sé si ahora el Grupo Socialista lo que está haciendo es lanzar un mensaje a sus comunidades autónomas de que no firmen en la comisión mixta. No sé si lo que está haciendo es eso o es decir a ver quién manda aquí en el Grupo Socialista, si los barones, si el señor Maragall o si el señor Zapatero, y entonces votamos cada vez una cosa y al final, entre la confusión, uno se puede acoger a lo que votamos en el Pleno, otro se acoge a lo que votamos en la Comisión y otros a lo que votamos de vuelta en el Pleno, porque han votado ustedes que sí, que no y abstención. Han batido todos los récords. (Aplausos.) En cada trámite una cosa, que sí, que no y abstención. Han jugado ustedes al 1-X-2. Seguro que aciertan el resultado.
Este modelo da más suficiencia a las comunidades autónomas y aumenta la capacidad de autogobierno de las mismas, y ustedes lo saben. Lo hemos discutido hasta la saciedad, señor Bel, y usted no lo puede rebatir. Existen 15 grandes impuestos y el Estado sólo se reserva dos: el impuesto sobre sociedades y el impuesto de las primas de seguro. Sólo dos se quedan para las corporaciones locales -uno de ellos con vocación de ser modificado-, el IBI y el IAE. El resto de impuestos o están en su totalidad cedidos a las comunidades autónomas o estas tienen una participación importante en ellos. Tienen cedidos impuestos muy importantes: sucesiones y donaciones, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos no documentados, electricidad, etcétera, pero es que participan en el IVA, participan en los impuestos especiales, participan en el IRPF y, además, participan mejorando su capacidad normativa. Uno puede decir que se podría ceder más capacidad normativa a las comunidades autónomas -en un libro del señor Sevilla Segura que hemos tenido ocasión de leer a lo largo del último año hay un desideratum de ceder más capacidad normativa-, pero dentro del marco comunitario en el que España está presente se ha cedido a las comunidades autónomas más capacidad normativa, y las comunidades autónomas van a poder también hacer políticas con los ingresos a partir de ahora y eso me parece muy importante.
Sólo hay una restricción en la capacidad normativa en el IRPF: que sea progresivo, que el impuesto tenga los mismos tramos que el impuesto estatal. Entiendo la enmienda del Grupo Socialista de querer un tipo único para las comunidades autónomas, la entiendo, pero eso

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no es progresivo; eso es liquidarse la progresividad del impuesto en las comunidades autónomas. Entiendo dentro del debate político lo del tipo único, pero eso no está en el acuerdo; es que el acuerdo pone que las comunidades autónomas tengan una restricción, y así lo firmaron los consejeros, los mismos tramos. Por tanto, señor Bel, sus enmiendas no recogen los acuerdos, no es verdad, y le pongo un ejemplo, el de la tarifa del IRPF. Que hay más capacidad de autogobierno es evidente, lo dicen todos los consejeros, lo dicen todos los analistas; que hay más solidaridad en este modelo, eso es evidente; que se da un avance en la solidaridad, eso es evidente. Es un modelo con más suficiencia, con más autonomía, con más corresponsabilidad y con mayor solidaridad. Señor Rejón, hay más solidaridad en este modelo. El fondo de suficiencia va a dotar a las comunidades autónomas de recursos que les van a permitir prestar los servicios públicos de calidad que tienen encomendados y lo va a permitir porque se les da financiación para que lo hagan, porque este modelo, que es el de todos los españoles, de todas las comunidades autónomas, para todos los españoles y para todas las comunidades autónomas, va a permitir que todos los ciudadanos reciban, vivan donde vivan, un nivel de servicios públicos de calidad en materia educativa, en materia sanitaria, en políticas sociales, y ese es un avance que se da aquí en este modelo y se da también un avance en solidaridad territorial con el Fondo de Compensación Interterritorial...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Martínez-Pujalte, le rogaría fuese concluyendo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor presidente, voy concluyendo.
Se da un avance importante también en materia de solidaridad con el Fondo de Compensación Interterritorial y se va a permitir que las comunidades autónomas que están más alejadas de la renta per cápita media de España tengan fondos para realizar inversiones que les permitan acercarse a las comunidades autónomas más prósperas y se va a permitir además que esas inversiones sean financiadas con el Fondo de Compensación Interterritorial también en los gastos corrientes durante los primeros ejercicios y eso, señor Bel, sabe usted que es muy importante y que ha sido valorado muy positivamente por las comunidades autónomas.
No sé al final, señor Bel, qué es lo que van a votar ustedes. Cuando estemos celebrando la votación nos enteraremos, porque cada vez han votado una cosa distinta. Espero que recobren el camino de la coherencia en la financiación autonómica, porque sepan ustedes que si votan que no van a ser desautorizados, creo, por los gobiernos donde tiene responsabilidad el Partido Socialista, porque seguro que ellos votarán que sí en las comisiones mixtas, porque estamos, señorías, ante un modelo de financiación autonómica que mejora sustancialmente el Estado de las autonomías, que va a permitir que los ciudadanos reciban servicios de mejor calidad y que va a permitir de verdad vertebrar la España de las autonomías con una mayoría, pero con una mayoría que sabe dialogar y que llega a acuerdos y eso es lo que se ha hecho en el modelo de financiación autonómica.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Martínez- Pujalte. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a iniciar la votación de las enmiendas y el proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de financiación de las comunidades autónomas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Sometemos a votación las enmiendas números 27 y 28, del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 97; en contra, 184; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 295; a favor, cuatro; en contra, 184; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, las enmiendas números 31 y 33.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, cinco; en contra, 186; abstenciones, 102.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 32 y 35, también del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 98; en contra, 184; abstenciones,15.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, seis; en contra, 277; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la enmienda número 23.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, cinco; en contra, 181; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 24, del mismo grupo parlamentario.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 101; en contra, 180; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, cinco; en contra, 271; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la enmienda número 5.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, nueve; en contra, 279; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 103; en contra, 185; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 10; en contra, 187; abstenciones, 101.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar, la enmienda número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 39.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 106; en contra 172; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 108; en contra, 173; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 107; en contra 175; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Han sido retiradas las enmiendas números 14 a 17 y la 20.
Votamos, en primer lugar, la enmienda número 9.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 96; en contra 185; abstenciones, 17.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 10.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 98; en contra, 182; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 101; en contra, 174; abstenciones, 26.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 97; en contra, 187; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del dictamen. En primer lugar, los artículos 2 y 4 y la disposición adicional única.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 182; en contra, 113; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos el resto del dictamen.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 185; en contra, 11; abstenciones, 103.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.


La señora PRESIDENTA: Efectuamos a continuación la votación de conjunto dado el carácter orgánico de este proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 187; en contra, 11; abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el mínimo de los 176 votos exigidos. (Aplausos.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.


La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación la votación de las enmiendas al texto del dictamen del proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
En primer lugar, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto.
Enmienda número 20 del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, cinco; en contra, 185; abstenciones, 111.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del señor Saura.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, tres; en contra, 281; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar la enmienda número 17.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 102; en contra, 183; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 103; en contra, 180; abstenciones, 14.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar las enmiendas números 6, 7 y 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, nueve; en contra, 283; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 12, 13, 89 y 90.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 107; en contra, 185; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, siete; en contra, 285; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) En primer lugar las enmiendas números 33 y 43.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 14; en contra, 177; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 34.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 113; en contra, 174; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 35.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 299; a favor, 112; en contra, 172; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 36.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 114; en contra, 174; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 37.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 114; en contra, 171; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 111; en contra, 174; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 41 y 42.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 15; en contra, 270; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 53.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 113; en contra, 175; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 54.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 112; en contra, 174; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 55.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 113; en contra, 177; abstenciones, 15.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 112; en contra, 177; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 112; en contra, 176; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, excepto las números 66 a 68, 72 a 77, 81, 86 y 87, que han sido retiradas. En primer lugar votamos las enmiendas 78 y 85.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 99; en contra, 177; abstenciones, 29.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 84.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 99; en contra, 187; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 99; en contra, 188; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el texto del dictamen, en primer lugar, los artículos números 2 y 6.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 284; en contra, 13; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los artículos 1, 7, 16, 17, 63, 64 y la disposición adicional primera.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 186; en contra, 110; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos a continuación los apartados I, II, III, V, VI y VIII de la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 186; en contra, 16; abstenciones, 103.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos, por último, el resto del dictamen con la corrección técnica al artículo 11.1.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 288; en contra, 10; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del dictamen.


DICTÁMENES DE COMISIONES DE INVESTIGACIÓN.


- DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN SOBRE GESCARTERA. (Número de expediente 152/000001.)

La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Dictámenes de comisiones de investigación. Dictamen de la Comisión de investigación sobre Gescartera.
Para la presentación del dictamen de la Comisión tiene la palabra su presidente, señor Mardones. (Rumores.)

Señorías, ruego ocupen sus escaños y guarden silencio o abandonen el hemiciclo quienes lo vayan a hacer, también en silencio, a ser posible. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y abandonen el hemiciclo quienes lo vayan a hacer para poder continuar con el debate.
Adelante, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Comparezco cumpliendo este trámite reglamentario, una vez que han terminado mis competencias como

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presidente de la Comisión de Investigación Gescartera, para presentar el dictamen que ha realizado la Comisión. Para tranquilidad de SS.SS.
sólo a efectos de visualización, este es el dictamen que ha elaborado la Comisión, donde están todas las partes que yo voy muy somera y sucintamente a señalar.
Se ha hecho un trabajo a lo largo de los dos meses -mandato que dio el Pleno en esta Cámara precisamente para la creación de esta Comisión- que se divide en la presentación actual en un primer punto de antecedentes y actuaciones; un segundo que se refiere fundamentalmente a los hechos que la Comisión ha ido desgranando, viendo y analizando; un tercer punto donde está la valoración de las actuaciones de las administraciones públicas y de otros sujetos; un cuarto punto que es el de las responsabilidades políticas; un quinto de conclusiones, y un sexto de propuestas de mejora.
En los antecedentes, desde aquella reunión de la Comisión de Economía y Hacienda, el 2 de agosto pasado, con comparecencia de la entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, doña Pilar Valiente, se produce una serie de hechos que llevan al Pleno del 6 de septiembre a crear esta Comisión y se le señalan diez objetivos a cumplir, que van desde conocer a fondo la actuación de Gescartera, el análisis del funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, la asistencia de cualquier figura cooperadora para el fraude que se había evidenciado ya judicialmente, las irregularidades que pudiera haber en la captación de inversiones públicas o privadas, tratos de favor, régimen de incompatibilidades de personas implícitas en las comparecencias o en las actuaciones del Banco de España con relación a Gescartera.
Esta presidencia entiende que estos diez puntos han sido cumplidos en análisis por la Comisión. La Comisión estaba constituida por 16 diputados, contando con la presidencia, y este presidente quiere agradecer a los 15 la cooperación, el entendimiento de hacer posible que avanzara una Comisión conflictiva por ser fundamentalmente una Comisión parlamentaria política, y la política tiene la servidumbre democrática, honrosa servidumbre, del debate, de la discrepancia.
Esta presidencia quiere decir aquí, en el informe que presenta ante este Pleno, que ha tratado en todo momento de darle una credibilidad, con el auxilio de los 15 restantes parlamentarios, una credibilidad sin intermediarios expuesta ante todos los medios informativos, dado que las sesiones de comparecencias fueron públicas, abiertas a todos los medios de comunicación para que la opinión pública española tuviera fiel reflejo de todo lo que allí se debatía.
La presidencia tuvo que realizar estos trabajos con el auxilio de la Mesa que le acompañó, el vicepresidente y el secretario, a lo largo de 24 sesiones celebradas, que contemplaron 54 personas que fueron llamadas a comparecer y con un total de aproximadamente 190 horas de trabajo en la Comisión formal. Eso ha llevado a la Comisión a presentar una serie de conclusiones, en número de siete. Al ser objeto de una votación de la Comisión, en un respeto democrático de pluralismo, presentado el documento formal de estas siete conclusiones, esta presidencia entiende que serán los portavoces de los grupos parlamentarios los que fijen su posicionamiento ante ellas para hacer vivo, democrático, transparente y profundo el debate.
Los siete puntos de estas conclusiones -que SS.SS. y los medios de comunicación tienen a su disposición, por lo que hago gracia de su lectura prolija e innecesaria- contienen las exigencias que pueda haber de responsabilidades políticas y administrativas, bien de personas que dimitieron, bien de personas que están o estuvieron al frente de áreas de responsabilidad, bien de aquellas instituciones, llámese Comisión Nacional del Mercado de Valores, llámese Agencia Tributaria, llámese Banco de España, llámese organizaciones privadas, que estuvieron presentes en los debates de esta Comisión y fueron respondiendo disciplinada y legalmente al llamamiento producido.
Entiende la presidencia que estas siete conclusiones tienen que ser glosadas y debatidas por los distintos portavoces dado que el documento, como he dicho anteriormente, obra en poder de todos.
En los trabajos de la comisión, se añadió acertadamente a estas conclusiones una serie de propuestas de mejora porque entendió la Comisión que junto a lo que pudiera estar afectado, por respeto a las distintas jurisdicciones y soberanías sobre personas y cargos políticos o responsabilidades de terceros privados, había que analizar alguno de los puntos que ha elaborado la Comisión, por mandato del Pleno que se refieren a instituciones o administraciones públicas o privadas. Creemos que se ha hecho una gran aportación con este apartado tercero de propuestas de mejora, donde menos presentes han estado el debate y la polémica política porque se han concitado concordancia o similitud de pareceres entre todas las fuerzas políticas parlamentarias representadas en la Comisión. Aquí se ha extendido en una serie de llamadas a las distintas administraciones públicas, como medidas cautelares unas, como medidas de reforma de legislaciones presentes otras; tanto al sistema financiero español como punto de ahorro de la ciudadanía española, como a aquellas entidades que están obligadas por ley bien a su tutela, inspección o supervisión, bien a la vigilancia de centros de inversión, desde la Bolsa a las agencias de valores, bancos y cajas, que tienen que estar aquí junto con los instrumentos del Estado, como puede ser la Agencia Estatal de Administración Tributaria o el Banco de España, y sobre todo observaciones de propuestas de mejora dirigidas a instituciones que han sido verdaderamente nucleares en los debates de la Comisión, como es la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que se dirige una amplia batería de propuestas de reforma y de

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mejora. No han quedado fuera de ellas las instituciones financieras.
Por ejemplo, en la propuesta de reforma número 17 se incide en fomentar la asociación de sociedades gestoras de cartera para que ellas mismas generen en una sociedad civil la autorregulación de estas agencias de valores y de las sociedades gestoras de patrimonio.
Hemos insistido fundamentalmente en que se debe prestar atención, por el legislador y por el poder del Estado residenciado en el Gobierno, a las sociedades que se dedican desde el mundo privado a prestar funciones de auditoría (ha sido una de las piezas a la que los señores diputados miembros de la Comisión han dedicado su atención preferente en el análisis del comportamiento de las sociedades de auditorías de empresas) para que la auditoría sea un elemento garante y de confianza ante la Administración y ante los administrados.
No falta en este informe una referencia fundamental a un comportamiento de esta Cámara. Eso se refleja en tres puntos que esta presidencia, terminando ya su exposición ante SS.SS., quiere evidenciar aquí. En primer lugar, proponer que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores comparezca ante la Comisión de Economía y Hacienda del Congreso de los Diputados una vez cada periodo de sesiones para presentar la memoria anual e informar del desarrollo de los trabajos del organismo. En segundo lugar, esta Cámara tiene soberanía para tomar la decisión, que viene en esta propuesta, de remitir al ministerio fiscal, a través de la mesa de la Cámara, los diarios de sesiones correspondientes a las comparecencias celebradas ante la Comisión, así como toda la documentación aportada por los comparecientes durante o como consecuencia de la misma. Todo ello para colaborar con la investigación que se está desarrollando en relación con Gescartera en el Juzgado de Instrucción número 3 de la Audiencia Nacional. Esta Cámara tiene que cooperar con el Poder Judicial a través de la residenciación de esta documentación, en presunción de que pudieran haberse cometido delitos, como no podía ser de otra manera.
Finalmente en la recomendación número 22 se insta al Congreso de los Diputados, señora presidenta, para que realice una regulación detallada de las comisiones de investigación, de acuerdo con la experiencia manifestada en la Comisión de Investigación sobre Gescartera y los antecedentes de otras comisiones de investigación, dentro del proyecto de reglamento de la Cámara, actualmente en trámite. Señora presidenta, esta es una recomendación a la cual el presidente de la Comisión quiere prestar el mejor apoyo de participación con el anuncio de que, con los servicios de la Cámara que han acompañado en su asistencia letrada a esta presidencia y a la Mesa de la Comisión, elevaremos a la presidenta de nuestra Cámara un escrito de reflexiones que va en la línea de cumplimentar este acuerdo para que la Comisión de Reglamento del Congreso pueda dotar a las comisiones de investigación de un reglamento concreto para que la posición del presidente no sea de precariedad y para que, cuando se invoca el derecho de amparo al presidente, no sea éste el más desamparado por el Reglamento en el funcionamiento de la Comisión. Señora presidenta, este presidente creyó entender, en un sentido democrático de dignidad, que había que velar por el prestigio de la Comisión, prestigio ante los medios de comunicación, prestigio ante la opinión pública, prestigio de autoestima ante nuestra propia Cámara, y por eso hizo una interpretación flexible de aquellos artículos del Reglamento que, con referencia genérica a las comisiones parlamentarias, pudieran no constreñir el derecho de los diputados a utilizar amplitud de tiempos en los interrogatorios de las comparecencias, en el análisis de la documentación y en corregir todas las deficiencias posibles.
Quiere esta presidencia señalar esta necesidad de un nuevo reglamento para que la credibilidad esté junto a la eficacia y que el nuevo reglamento contenga mandatos imperativos a las distintas administraciones públicas para la colaboración con esta Cámara. Esto lo tiene que referir esta presidencia por la polémica que se ha suscitado ante medios de opinión pública con el problema de la garantía. Este nuevo reglamento y la legislación que afecte a organismos oficiales y a las distintas administraciones públicas tiene que recoger el deber inmediato de cooperación con la Cámara, órgano soberano de la voluntad popular española, de acuerdo con nuestra Constitución, para que no se produzcan hechos como que demandas de documentos a una administración pública determinada el día 11 de septiembre hayan obtenido respuesta el 8 de noviembre, incluso dejando a la presidencia fuera de una actuación competencial, al interpretarse, de acuerdo con el artículo 51 de nuestro Reglamento, que las funciones de una comisión terminan en el momento de cumplir con su cometido y mandato. El día 7 de noviembre terminaron las competencias de la Comisión, de acuerdo con el mandato del Pleno, y también terminaron las competencias de la presidencia, pero las secuelas han continuado. Ese amparo que merece cualquier ciudadano debe estar recogido ahí. Todas las administraciones públicas tienen que sentirse obligadas por un mandato imperativo de cooperación con el Congreso de los Diputados, con las comisiones de investigación soberanas para que no ocurran estas dilaciones, porque, incluso, podría producirse, como se ha producido, la imposibilidad de amparo a alguna persona determinada. Lo tengo que referir aquí porque están los hechos sumariales de nuestro dictamen. La entonces presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores compareció ya sin serlo y documentos que han producido menoscabo de los rigores de garantía de información han traídoproblemas, tanto a la presidencia de esta Cámara, como

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a la presidencia de la Comisión de Investigación de Gescartera.
Para finalizar, señora presidenta, quiero expresar aquí mi agradecimiento de una manera específica a los dos letrados que la presidencia puso a disposición de esta Comisión, don Alberto Dorrego, director de comisiones de esta Cámara, y doña Mónica Moreno, que dieron arropamiento y seguridad jurídica a las decisiones de orden interno que tuvo que adoptar la presidencia. Quiero agradecer a los servicios de la Cámara las horas y horas, y malos ratos nocturnos que han tenido que soportar para facilitar a todos los comisionados el inmenso caudal de documentos llegados y las peticiones reiteradas de documentos a distintas personas y entidades públicas; fundamentalmente el agradecimiento a los quince compañeros, en este momento diputados de todas las fuerzas parlamentarias, que supieron entender las dificultades de la presidencia para llevar adelante, como digo, el trabajo de una Comisión sin reglamento o utilizando retales y remiendos del Reglamento de la Cámara para comisiones generales. A todo ello la Comisión ha prestado un importante servicio de transparencia ante la opinión pública porque, cualquiera que haya sido después la aplicación aritmética del voto, ninguna fuerza política parlamentaria se ha quedado sin expresar su pensamiento en la Comisión. De las deficiencias de funcionamiento puede ser responsable solamente el presidente que hoy, una vez más y al final, se acoge sencillamente al amparo de la cámara para que las comisiones de investigación en el futuro puedan trabajar con el valor, la fuerza y el asentamiento democrático que un Estado de Derecho, como el nuestro, reconoce.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Tras la presentación del dictamen, corresponde el turno a favor de los votos particulares por el orden de presentación.
En primer lugar, para defensa y presentación del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario de Izquierda Unida ha votado en contra del dictamen de la Comisión, y sigue con sus opiniones votando en contra de las alternativas que se han dado a esta situación; es como la voz que clama en el desierto, aunque consta desde primera hora que nosotros somos la voz y vosotros sois el desierto.
Señora presidenta, nosotros hemos empezado esta Comisión viendo cómo el señor Aznar con rotundidad, incluso con elegancia, esgrimía el eslogan de caiga quien caiga. A partir de ahí hemos visto cómo se producía un cierre en vida de la Comisión en dos etapas: una primera cambiando el formato que nos habíamos dado a la hora de aprobar los planes de trabajo, fundamentalmente para proteger a los ministro Rato y Montoro, en un momento en que los trabajos de la Comisión, ese parlamentarismo hasta cierto punto de nuevo tipo estaba arraigando en mucha gente. No podía continuarse por esta vía y se cortó radicalmente sustituyendo los planes de trabajo por otros que se había dado la mayoría absoluta en sus reuniones correspondientes; después se produjo el cerrojazo final, abrupto y astillado.
Pensamos que el Ministerio de Administraciones Públicas se ha quedado absolutamente fuera de juego, y no basta con disfrazarse de pulga para no cumplir con las responsabilidades con esta Cámara. Cuando llegan nuevos documentos a la misma, al menos después del cierre definitivo en Comisión, hasta cierto punto se reabre la Comisión y son necesarias desde nuestro punto de vista otras comparecencias, por ejemplo, la del señor Posada; por ejemplo, la de don Enrique GiménezReyna que hubiera tenido que comparecer por segunda vez, ya que aparece absolutamente clara su responsabilidad a la hora de mezclar lo público con lo privado, a la hora de establecer un poder público como ayuda personal en función de sus contactos comerciales y clientelares de todo tipo. Al mismo tiempo quedaba una vía por investigar, en la que no hemos podido entrar.
Había dicho un altísimo dirigente del Partido Popular que Gescartera es una gran lavadora de dinero negro. Pues bien, no hemos podido entrar en esa lavadora, en los trabajos de esa lavadora. Sí hemos visto que en la Comisión el tema del dinero negro utilizado por Gescartera se usaba como arma arrojadiza para intentar callar a unos y a otros. Hemos visto también que del informe que se iba hacer, al final se hablaba simplemente de actuaciones personales, con lo cual nunca vamos a acceder a un informe global, enterizo, a un redactado con respecto a la utilización, al trasiego de dinero negro a través de Gescartera. Nosotros pedimos la prolongación de los trabajos de esta Comisión y, señora presidenta, pedimos que esta parte específica de nuestro voto particular se segregue y tenga una votación aparte.
Señorías, hemos comprobado que el caiga quien caiga, al final, ha sido más un eslogan del Gran Wyoming que un discurso solemne y ponderado del presidente del Gobierno. Al mismo tiempo, pensamos que se intenta cerrar, falsificar el sentido de esta Comisión cuando se quiere eludir el problema de las responsabilidades políticas.
Voy a ir en corto y por derecho a lo que decía el señor Aznar en la oposición, con el que estábamos de acuerdo, con el que seguimos estando de acuerdo. Él decía: Hay que separar culpas de responsabilidades. Llegó a decir en un momento: No más datos, hay suficientes datos; ahora hay que ir a los responsables, hay

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que ir a quien nombró a los responsables, hay que ir al máximo responsable siempre, el presidente del Gobierno. Y se le instaba al presidente del Gobierno: Señale usted a los responsables, porque si usted no los señala, usted será el responsable. Esa era la estilística, ese era el criterio. Ese criterio, por coherencia y por decencia, hay que mantenerlo con mayoría absoluta y sin ella, hay que mantenerlo en la oposición y en el Gobierno. El responsable es quien elige y el elegido. Desde ese punto de vista, nosotros pensamos que el señor Aznar, el Partido Popular, no ha sido coherente con lo que es la matriz exacta del funcionamiento democrático, la ética de la representatividad. Ustedes no creen en ella y han utilizado la lucha contra la corrupción como un instrumento meramente de tipo electoral.
Saltará en esta Cámara, como ha saltado en algunos medios de comunicación, una frase que sin duda es efectiva en el trabajo mediático de cara al contacto con los electores y electoras, con los ciudadanos, pero falsifica el objetivo de esta Cámara y falsifica el objetivo de la comisión de investigación. La frase muy simple, pero que se va a repetir, es: No se ha demostrado que el señor Rato estuviese detrás de la trama de Gescartera. No se trata de eso. Ese es un discurso jurídico, ese es un discurso penal, ese es un discurso que no se corresponde con la búsqueda de una responsabilidad política. Nosotros no tenemos que demostrar que se ha pillado al señor Rato en un delito flagrante, no tenemos por qué demostrar que se le ha cogido con las manos en la masa; tenemos que demostrar que ha elegido mal, que no ha controlado a aquellos que ha elegido y que los reguladores, puesto que él es el regulador de reguladores, no han funcionado y han funcionado fatalmente en algún caso. Voy a poner un ejemplo para que se entienda, aterrizando de inmediato. Lo contó el señor Ramallo en la Comisión. Cuando lo llama el señor Rato al dejar este Congreso, le pregunta: ¿Tu que quieres, Transmediterránea o la Comisión Nacional del Mercado de Valores? El señor Ramallo contestó: En función de lo que yo voy a hacer en el futuro, prefiero la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esa es la responsabilidad del señor Rato, esa forma de elegir. (Aplausos.) La responsabilidad del señor Rato es que en un momento determinado, «partidizando» la Comisión Nacional del Mercado de Valores, manda a tres guerreros de la división al consejo de la CNMV, a doña Pilar Valiente, a don Luis Ramallo y al señor Roldán Alegre. Esta división, que neutraliza y aborta las posibilidades de intervención, es la que está en la base y en la relación de causa efecto con respecto de la provocación de la estafa y al agujero de 18.000 millones de pesetas. Ésa es la responsabilidad del señor Rato, haber dividido la Comisión, no haberla dejado funcionar y haber permitido que cambiara la dialéctica desde la intervención a la protección de Gescartera. Ésa es la responsabilidad y esa responsabilidad está absolutamente mostrada, demostrada y comprobada.
Desde luego, es responsabilidad nombrar, proponer al gobernador del Banco de España, señor Caruana, anterior miembro del consejo de la CNMV, anterior director general del Tesoro y en la línea directa de una negligencia, de una imprudencia, de una falta de actuación de los reguladores, porque como ha dicho el señor Aznar, menos gobiernos, menos controles, menos reguladores, mercado libre; y en ese mercado libre se produce otra decisión: el nombramiento de don Enrique Giménez-Reyna. Se conocía cómo actuaba, se conocía que mezclaba su influencia en la Agencia Tributaria, en el Ministerio de Hacienda con sus intereses privados. Se conocía a fondo, pero claro desde un punto de vista neoliberal, eso es normal -se nos ha dicho en la Comisión-, así funcionan todos los sistemas financieros de Europa. Eso es absolutamente normal, comer con los clientes, mezclar los consejeros de la CNMV con Gescartera, saludar la elección como presidenta de Gescartera de doña Pilar Giménez-Reyna. Nos han dicho que eso es normal. Entonces lo anormal en todo caso es que se le haya cogido en este tipo de cosas a don Enrique Giménez-Reyna.
Descendamos, si ustedes quieren, a los datos concretos, a los datos que no admiten duda y que prácticamente están en todos los medios de comunicación y en todos los votos particulares. El 16 de abril de 1999, hay una reunión cuyas pruebas circunstanciales anuncian que hacía falta la intervención, un informe de supervisión encima de la mesa, y se dice que hay un posible agujero de 4.500 millones de pesetas. ¿Qué impide intervenir? La división del consejo, la politización, con comillas, que ha practicado el señor Rato, neutralizando la iniciativa del presidente y de uno de los consejeros que se reúnen un día antes con el señor Vives, jefe de la división de supervisión. No se interviene y a partir de ahí se puede empezar a cometer un enorme error, un enorme defecto por imprudencia. El 17 de junio de 1999 sucede una serie de cosas que parece que son normales, pero tienen un sentido profundo. El señor Botella, que sustituye al señor Vives, realiza un gesto simple: cambia la fecha de referencia del expediente de supervisión. Eso significa que todo lo actuado, todo lo investigado por el señor Vives se segrega y desaparece del expediente, ni más ni menos. Se anuncia una medida tranquilizadora en el seno de la reunión del consejo, se dice: se va a constituir una SICAV en Luxemburgo y esto es -textualmente- una noticia tranquilizadora; SICAV que nunca se constituye. Invirtiendo la dialéctica, si el anuncio de la constitución de la SICAV supone una noticia tranquilizadora para empezar a proteger Gescartera, ¿por qué nunca supone una noticia intranquilizadora que no se constituya la SICAV? Porque hay ya una filosofía de protección. Se pasa de la filosofía de la intervención de Gescartera a la filosofía del salvamento de Gescartera. Una prueba más. A partir de fallar la posibilidad de constitución de una SICAV o SIMCAV en Luxemburgo, el señor Camacho engaña a todo

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el mundo, y ahora veréis como el engaño es un engaño que se puede conectar con las películas de Toni Leblanc de la postguerra. Le dice a un señor que se llama Rodríguez Gil: dame tres talones por 3.900 millones. Rodríguez Gil le dice: oye, que yo no tengo ni un duro. Le vuelve a decir: dame tres talones por 3.900 millones, toma estos tres talones míos por 3.900 millones y guárdalos; si tú sacas dinero de ahí yo me gasto los tuyos. El señor Camacho coge los tres talones y empieza a pelotear con ellos, termina ingresándolos en la Caixa y nadie comprueba que esos tres talones del señor Rodríguez Gil, que dirige Hari 2000, son tres talones sin fondos, engaña a todo el mundo. Y con esos tres talones sin fondo se habla de constituir una SICAV, que tampoco se constituye nunca porque era falsa. La Caixa, la CNMV y todos se dejan engañar por el señor Rodríguez Gil, que terminó llorando después del interrogatorio de la Comisión de investigación.
Todavía pasa más, algo que han reiterado hasta la extenuación, incluido el señor Rato, ya que se produce en ese momento la entrega de una auditoría de Deloitte & Touche que está limpia y que no tiene salvedades. Y se les olvida que, en función del Decreto de 1990, que ellos corrigen subrepticiamente al final, en el marco de la trasposición de una directiva que tiene veintitantos folios, los auditores no tienen que investigar el patrimonio de los clientes, solamente las cuentas que se les entrega. Eso lo saben ellos, pero corrigen y hacen la chapuza en pleno verano del año 2000 y constantemente repiten: la auditoría no tenía salvedades, la auditoría era limpia. Porque no podía ser de otra manera, como todas las auditorías en este país. Existen, sin duda, agencias de valores tocadas en este momento, no voy a ir más allá, pues las auditorías que conforman la situación contable no patrimonial de esta agencia de valores son limpias todas, no tienen ninguna salvedad.
Bien, julio del año 2000, para que vean ustedes la chapuza que se viene produciendo en esta filosofía de salvar Gescartera y, para algunos, como sea; algunos que ya están recibiendo regalos. Se produce la dialéctica del vigilado obsequioso que captura al vigilante, llegando al esperpento que el modelo de vigilado es el señor Camacho y el modelo de vigilante es el señor Ramallo, en julio del año 2000. En este mes, en uno de los primeros puntos del orden del día, desemboca el expediente que va a dar con la sanción a Gescartera, y en uno de los últimos puntos del orden del día se propone la elevación -voy a utilizar el mismo término que el señor Rato- de Gescartera de sociedad de gestión de cartera a agencia de valores. Se aprueba el primer punto pasando la sanción de muy grave a grave y el mismo día se aprueba la elevación de Gescartera a agencia de valores. Julio del año 2000.
Fíjese cómo siguen las cosas. El 5 de agosto, en pleno verano, entra la propuesta de elevación, firmada por el señor Martínez Pardo y aprobada en consejo por unanimidad, en la Dirección General del Tesoro, dependiente directamente del señor Rato. Y la Dirección General del Tesoro, en un gesto que se ha producido muy pocas veces, entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre, que es la fecha de la orden ministerial, aprueba la elevación de Gescartera. En pleno verano, en pleno mes de agosto, entre el 5 de agosto y el 1 de septiembre. Firma el señor Folgado el 1 de agosto, con firma delegada del señor Rato, y esa orden ministerial tiene -me van a permitir una metáfora- un gran aroma prevaricador. Esa orden ministerial tendría que ser estudiada en todas las facultades de Derecho a partir de ahora, porque dice: sí -desvaído- y no. Y se queda con no, y ese «no» no reproduce el acuerdo del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Estuvo el señor Pardo y dijo: esta orden ministerial tiende a la confusión, yo no hubiera aceptado el contenido de esta orden ministerial. ¿Por qué? Porque el consejo aprueba que para elevar Gescartera tiene que participar la ONCE en un 10 por ciento en Gescartera Dinero y en un 25 por ciento en Gescartera Holding. Hay que dejar a Camacho en minoría, Camacho tiene que dejar la presidencia, lo mismo que el señor De la Serna el apoderamiento de Gescartera, y hay que pasar a una serie de técnicos de la ONCE a Gescartera, porque poco a poco se va a ir convirtiendo Gescartera en la división financiera de la ONCE. Pues bien, nada de esto ocurre excepto lo del 10 por ciento. Y en lo que aprueba el consejo de la CNMV se dice: al tiempo, el 10 por ciento en el accionariado y la participación del 25 por ciento en Gescartera Holding. ¿Esto es ayudar o no a Gescartera? Pues claro que sí, señorías. Aquí hay un papel que lo dice clarísimamente. Desde ese punto de vista, nosotros creemos que hay aquí una gran responsabilidad política.
Febrero del año 2001. Se produce la inscripción de Gescartera, se aprueba, se cumplen una serie de trámites y hay que inscribir, y solamente se recoge el requisito del 10 por ciento. Otra cosa más: no se observa de manera adecuada el cumplimiento del artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores. Ese artículo dice que para esa elevación, o cosas similares, tiene que probarse la honorabilidad no sólo del presidente -ha sido sustituido Camacho por Pilar Giménez-Reyna-, sino de los accionistas destacados, y el señor Camacho tiene el 90 por ciento de Gescartera cuando se produce la transformación en agencia de valores; no se cumple el artículo 67 de la Ley del Mercado de Valores.
El 14 de junio del año 2001, tres meses y medio después, en un solo día cae el castillo de naipes, en un solo día, con menos garantías formales que el 16 de febrero de 1999. Se dijo que Armesto había citado de un día para otro; Pilar Valiente cita el mismo día. Se dijo que no se conocía sino desde la mañana el informe de supervisión del señor Vives; no hay informe de supervisión el 14 de junio del año 2001. Se dijo que se había discutido poco tiempo, dos horas y media; se discute en una hora y cuarto la intervención inmediata, sin

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informe del consejo de supervisión, sin orden del día. Eso sí, de pronto, el 14 de junio, recupera la inteligencia la Comisión Nacional del Mercado de Valores y ve que los depósitos en dos bancos son falsos, lo ve de pronto. Reciben de Atlanta un fax, que el señor Camacho ha encargado. La Comisión Nacional del Mercado de Valores, por primera vez, a simple vista, descubre que el fax de Atlanta no reproduce sino una falsificación de los depósitos de Gescartera; de pronto ha recuperado la inteligencia y se produce la intervención.
Qué casualidad, un día después -esto está comprobado por la declaración del señor Botella- de que se les llame desde Cajamadrid y se les diga que se ha intentado falsificar por dirigentes de Gescartera un sello de Cajamadrid. A partir de ahí todo estalla, llamadas telefónicas, parece que todo se descubre, coincide el descubrimiento de los depósitos falsos. Sin orden del día, sin informe de supervisión, se interviene Gescartera. ¿Se tenía que haber intervenido? Sí, claro que sí, el 14 de junio de 2001 y el 16 de abril de 1999. ¿Cuál es la responsabilidad política, y veremos qué es lo que dice el artículo 121 del Código Penal por imprudencia? Pues que en lugar de intervenir con 4.500 millones de agujero se interviene con 18.000 millones de agujero, en un proceso de protección política a Gescartera. No hay responsabilidad ahí, no se sigue desde el punto de vista del político responsable ni desde el punto de vista del político que a la hora de elegir, que a la ahora de vigilar al elegido, tiene que seguir cumpliendo su misión. Son hechos y son responsabilidades políticas.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya.


El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Hay otro problema más: los reguladores no funcionan. La Comisión Nacional del Mercado de Valores tiene un proceso de funcionamiento degenerativo. El Banco de España, como mínimo, un proceso abúlico, que no tiene competencias y las pocas que tiene no las cumple. La Dirección General del Tesoro lleva un funcionamiento absolutamente irregular e inaceptable y la Agencia Tributaria igualmente no funciona y se producen inhibiciones absolutamente sospechosas. ¿Y quién es, señorías, el regulador de reguladores? El señor Rato, ministro de Economía, quien marca los cauces, el terreno de juego, la posibilidad de intervenir o no políticamente. (Aplausos.) A partir de ahí, las medidas que plantea el Partido Popular no son aceptables. Parece decirnos con sus medidas que todo estaba bien, que eso es normal en el mundo financiero, que el funcionamiento de ellos es normal pero que han caído unos cuantos sobre la marcha porque han sido descubiertos y ha sido muy descarado, y plantea medidas absolutamente superficiales. Y algunas dimisiones no se producen en función de una asunción de responsabilidad política, no. Doña Pilar Valiente dimite cuando se publica un dietario que la implica, no cuando ella asume una responsabilidad política. (Aplausos.) Por tanto, señorías -termino, señora presidenta-, aquí no vale con que dimitan el ecónomo y dos figurantes (Rumores.), máxime cuando me acabo de enterar que el ecónomo tiene indulgencia plenaria. (Risas.) Aquí hay que ir a la responsabilidad política real y, en función de ella, nosotros pedimos el cese por el señor Aznar de los señores Montoro y Rato y la dimisión del señor Caruana. Y entre las medidas de fondo, de las cuales hasta ahora no nos han aceptado ni una coma (ni siquiera nos han aceptado que se graben en vídeo o audio las reuniones del consejo de la CNMV), planteamos, por ejemplo, que el presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores se elija y se controle por el Congreso, tramitándose el informe semestral que tiene que rendir ante este Congreso de los Diputados.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, le ruego concluya. Sabe que ha sobrepasado en mucho su tiempo. (Protestas.-Varios señores diputados: ¡Siempre igual!)

El señor ALCARAZ MASATS: Termino, señora presidenta.
Planteamos que se democratice la ONCE, planteamos que la Iglesia se dedique a lavar almas y nada más (Aplausos.), que rinda un balance anual de todo el dinero que reciba del Estado, de óbolos, de limosnas, de lo que sea, y planteamos, en definitiva, que haya medidas de fondo. Porque a partir de aquí, señores del Partido Popular, lo que puede empezar a pensar mucha gente es que el Partido Popular no es que sea incompatible con la corrupción, sino que es incompatible con la transparencia.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, nos sorprenden enormemente las ausencias de los ministros del Gobierno y de los diputados del Partido Popular (Varios señores diputados: ¡Muy bien!-Aplausos.) en un debate político tan importante como éste, incluso del presidente Aznar. (Varios señores diputados: Ahí, ahí.) El Partido Popular y el Gobierno que este sustenta nos han traído hoy aquí este asunto de forma precipitada, para dar carpetazo a un tema que les compete, les afecta y que empezaba a hacerles daño desde el punto de vista político.
La filosofía de luz y taquígrafos y del caiga quien caiga del señor Aznar no se ha aplicado en la Comisión

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de investigación de Gescartera. Muy al contrario, el Partido Popular, pilotado por el Gobierno, ha dirigido y orientado todo el proceso, utilizando sin reparos la posición de mayoría absoluta que tiene en esta Cámara. Desde que comenzamos los trabajos pudimos observar que los intereses de los grupos parlamentarios no eran los mismos, que unos queríamos contribuir a esclarecer los hechos y que otros, fundamentalmente el Partido Popular, pretendían tapar los hechos que pudieran afectar al Gobierno y al Partido Popular. (Varios señores diputados: Sí, sí, sí.-Rumores.) Los comisionados del Partido Popular han conducido el proceso controlando a los comparecientes, estableciendo quiénes y cuándo debían comparecer, controlando la información recibida, imponiendo el calendario y el ritmo de trabajo, cambiando el formato de las últimas cuatro comparecencias, las de los señores Folgado, Caruana, Montoro y Rato, con el fin de evitar que tuvieran que responder algunas preguntas comprometidas para ellos; en definitiva, dándoles un trato discriminatorio difícil de explicar a los ciudadanos que han seguido con interés y preocupación este asunto. Tan sólo la colaboración de ciertos comparecientes, el trabajo y las preguntas realizadas por los comisionados, informaciones aparecidas en los medios de comunicación, que han seguido la Comisión con auténtico interés, y las declaraciones de los implicados en la Audiencia Nacional nos han permitido saber algunas cosas relevantes y avanzar en la investigación.
A tenor de lo que hemos conocido con gran esfuerzo, a juicio de este comisionado y del Grupo Vasco, el caso Gescartera no es un caso de estafa financiera con implicaciones políticas, en nuestra opinión, el caso Gescartera se evidencia cada vez más como un caso de corrupción política con consecuencias de estafa financiera. (El señor Hernando Fraile: ¡Bueno, vaya chorrada!- El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: ¡Las tragaperras!-Un señor diputado: ¡Tranquilo!) Debe ser una chorrada, según los señores del Partido Popular, suba aquí y explique por qué, señor Hernando. A nuestro grupo le preocupan los cientos de inversores bien intencionados que han perdido sus ahorros acumulados a lo largo de años de duro trabajo, pensando en garantizarse el futuro. Por ello, trabajaremos en la búsqueda del dinero y apoyaremos cualquier medida para resarcir a los inversores de los perjuicios que Gescartera les haya ocasionado. Sin embargo, en esta Cámara tenemos fundamentalmente que delimitar y esclarecer las responsabilidades políticas habidas, y este es nuestro empeño hoy y en el futuro.
Si han leído SS.SS. el dictamen que ha sido resumido hoy aquí por el señor presidente de la Comisión, en el que se han incorporado la mayoría de las propuestas de Convergència i Unió y algunas marginales del resto de los grupos, habrán colegido que el asunto Gescartera es un tema insignificante, que todo el mundo ha actuado de forma correcta, haciendo y decidiendo en cada momento lo que tenían que hacer o decidir, que la CNMV ha sido engañada, que la Agencia Tributaria ha actuado correctamente, al igual que el Banco de España, y que los ministerios de Economía y Hacienda, en el ánimo de llegar al fondo de las cosas, han abierto múltiples investigaciones de las que se concluye algo realmente inesperado y sorprendente: que no ha habido irregularidades y, por supuesto, que se demuestra claramente que no ha habido responsabilidades políticas. Es obvio que nuestro grupo no puede apoyar este dictamen. De las autoinvestigaciones realizadas queda demostrado que no hay más responsabilidades políticas que las que ya han sido depuradas. Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, los ciudadanos españoles no son tontos y ustedes no les pueden engañar de esta manera. Se merecen unas explicaciones más creíbles de su partido guía. En el dictamen de la Comisión se realiza una descripción light de algunos hechos, obviando otros realmente relevantes. No hay un análisis ni una reflexión política sobre los mismos, y mucho menos algo de autocrítica. En definitiva, se oculta la realidad y a sus protagonistas con el fin de proteger al Gobierno y al Partido Popular.
El Grupo Vasco tiene otra versión y otra visión de lo que ha acontecido, y es por lo que hemos presentado un voto particular al dictamen elaborado por los comisionados del Partido Popular. Frente a la teoría de las casualidades del Partido Popular, por la que explica que, actuando todo el mundo correctamente, un cúmulo de casualidades al azar han llevado a que se produzca una estafa financiera, en el Grupo Vasco creemos que ha sido la actitud negligente y connivente de personas concretas y responsables vinculados al Gobierno lo que ha permitido que el tema Gescartera fuera tan lejos y afectara a un número de clientes tan elevado. Lo hemos tratado de poner de manifiesto en las diferentes reuniones de la Comisión y en muchas de las comparecencias habidas. Hoy no es posible materialmente reproducir con cierto detalle nuestra posición, tan sólo podemos dejar constancia de la misma. Nos interesa resaltar algunos hechos a modo de flash que, en nuestra opinión, han quedado diluidos en el dictamen que hoy se ha presentado aquí y que son relevantes y esclarecedores de lo que ha ocurrido en el asunto Gescartera.
El 14 de junio es intervenida Gescartera. El consejo de la CNMV, en sesión extraordinaria, sin orden del día previo y sin informe técnico que lo soporte, interviene la sociedad. Los inversores afectados -ahora parece que son alrededor de 1.300- ven desaparecer al menos 15.500 millones de pesetas, sin contar los detentores de dinero negro, de los que desconocemos el número y el importe del mismo. Esta sociedad intervenida, Gescartera, antes Bolsa Consulting, venía mostrando irregularidades en su funcionamiento desde el inicio. Ya en 1994 se impuso a Bolsa Consulting una sanción de más de 128 millones de pesetas, sanción recurrida e impagada.


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Las inspecciones realizadas por la CNMV a Gescartera han sido numerosas a lo largo de los últimos diez años. En todas ellas se observan ocultaciones de información sobre el patrimonio gestionado, manipulaciones contables, demoras en la rendición de cuentas, falsificaciones de documentos, etcétera; en definitiva, engaños y tomaduras permanentes de pelo al órgano supervisor. El órgano supervisor, la CNMV, en lugar de actuar con diligencia, demora sus actuaciones y busca justificaciones para no invertir. Prefieren defender a una sociedad que comete irregularidades que los intereses de cientos de inversores que han arriesgado, sin saberlo, en exceso su dinero.
El 16 de abril de 1999 se convoca un consejo extraordinario de la CNMV para tratar sobre la posible intervención de Gescartera. El denominado informe Vives pone de manifiesto un desbalance patrimonial superior a los 4.500 millones de pesetas, entre otras cuestiones. Sin embargo, ante la pregunta de si hay certeza de que falta dinero, se decide no intervenir y adoptar medidas cautelares como solución de consenso. Las posiciones entre los consejeros son inicialmente opuestas. Pilar Valiente, Luis Ramallo, José María Roldán y el secretario, Antonio Alonso Ureba, están por la no intervención. Es más, en las comparecencias querían hacer ver que de la intervención no se habló. Juan FernándezArmesto y José Manuel Barberán defendieron las posiciones de David Vives, quien sí planteó la intervención. Los defensores del chiringuito de Camacho evitan la intervención en perjuicio de los inversores.
En julio de 1999 se cambió el equipo supervisor; se crea un equipo ad hoc y se reorienta la investigación, cambiando el período base del informe anterior. Desaparece el desbalance. Van apareciendo justificaciones teóricas y supuestas explicaciones de dónde puede estar el dinero. Primero es en una SICAV en Luxemburgo y posteriormente son cheques falsos de Bakinter y La Caixa los que tranquilizan a la CNMV y les permiten demorar la intervención.
Paralelamente, se está tramitando una petición de Gescartera para que ésta pase de ser gestora de carteras a agencia de valores. El mismo día en que se le rebaja una sanción de falta muy grave a grave, la CNMV aprueba en su consejo la transformación de la sociedad en agencia de valores. El Ministerio de Economía tramita este expediente en agosto de 2000 y lo firma el secretario de Economía el 1 de septiembre, si no modificando, sí ocultando los requisitos exigidos por la CNMV. La CNMV, y en concreto el señor Basallote Ureba, se dirige a Gescartera para exigirle los requisitos de la CNMV y del Ministerio de Economía y, sin recibir respuesta satisfactoria, el señor Camacho decide dar el paso e inscribir Gescartera en el registro de la CNMV.
El relato de estos hechos pone de manifiesto el papelón de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en este asunto. También queremos destacar la inacción, la falta de explicaciones y el desconocimiento que tenemos en la Comisión sobre los famosos cuatro expedientes relacionados con Gescartera y que han sido paralizados y no inspeccionados suficientemente en la Agencia Tributaria. Ahora sabemos por otros medios, no por el responsables de la Agencia Tributaria ni por el ministro de Hacienda, lo cual es increíble, que dos de las cuatro inspecciones abandonadas y prescritas (ahí radica la responsabilidad de la agencia) investigaban al padre de Antonio Camacho; las otras dos iban dirigidas a Gescartera y a Bolsa Consulting. Resulta igualmente curioso que la Agencia Tributaria no haya detectado a priori las bolsas de fraude que se estaban produciendo en su entorno, lo que cuestiona la eficacia de la agencia. Quizá también sea sólo una casualidad que el señor don Enrique Giménez-Reyna presidiera la Agencia Tributaria en un momento como el descrito.
De la misma manera, a nuestro juicio, el Banco de España ha perdido gran parte de su necesaria credibilidad en este proceso. Es increíble la confusión que generó en su comparecencia el señor Caruana con las cuentas numeradas y la responsabilidad de que éstas existan en el sistema financiero español. Igualmente, las actuaciones del Banco de España con relación a las entidades financieras vinculadas a Gescartera ha sido insuficiente y deficiente.
No podemos ignorar el papel jugado por el señor Giménez-Reyna en todo este proceso ni las responsabilidades que de ello se derivan para el Ministerio de Hacienda. El ex secretario de Estado y presidente de la Agencia Tributaria actuaba de intermediario entre la CNMV y Gescartera en defensa de los intereses de la empresa en la que su hermana era presidenta, concertando comidas y entrevistas en las que él también participaba. Es también destacable la relación o el contacto entre Luis Ramallo y Enrique Giménez-Reyna el 15 de abril de 1999, víspera de la posible intervención de Gescartera. Resulta también curiosa la concentración en unos pocos sectores de los clientes más importantes de Gescartera. Destacan, entre ellos, las instituciones religiosas como el Arzobispado de Valladolid; la Mutualidad de Huérfanos de la Guardia Civil, cuyo responsable, el señor Blanes, era el superior inmediato de José Giménez-Reyna, hermano de Pilar y Enrique, cuya relación con Antonio Camacho era muy estrecha, según sus propias declaraciones; la Mutua de la Policía, afectada por 1.500 millones de pesetas; las Fuerzas Armadas y las empresas públicas de la SEPI, como Cetarsa y SAES, en las que se ha sacrificado a algunos de los supuestos responsables. Creemos que la actuación de estos denominados clientes importantes o especiales merece la adopción de medidas políticas contundentes que el Gobierno no va a tener la valentía de adoptar.
Se ha producido igualmente un trasvase significativo de personas vinculadas al ministro de Economía de unos puestos a otros y que han tenido un papel estelar

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en el asunto Gescartera. Me estoy refiriendo, sin ánimo de ser exhaustivo, a personas como Pilar Valiente, que pasa como vocal a la CNMV de la Inspección de Tributos, para ocupar posteriormente el puesto de presidenta; Luis Ramallo, que pasa del Congreso a vicepresidente de la CNMV y de allí a su despacho de notario con una nutrida cartera de clientes obtenidos en la CNMV y vinculados a Gescartera, o Antonio Alonso Ureba, que pasa de secretario de la CNMV a secretario del consejo de Teléfonica, aparentemente sin hacer más que esperar en su casa a que le llamen, según su propia declaración en la Comisión.
Tampoco comprendemos muy bien en nuestro Grupo parlamentario la actuación del Ministerio de Administraciones Públicas en el control de las incompatibilidades. No se exigen las declaraciones con rigor.
En los informes solicitados por la Comisión de investigación la pretensión exculpatoria se impone siempre a preservar las garantías de ejercicio no contaminado de un puesto público. Estoy pensando en Luis Ramallo y en las declaraciones de bienes y actividades del vicepresidente segundo del Gobierno y ministro de Economía. Me van a permitir que les traiga a colación una frase del señor Ramallo que considero ilustrativa. El 12 de octubre de 1989 el señor Ramallo decía literalmente: España va a ser pronto el país con mayor densidad de sinvergüenzas por metro cuadrado de la Unión Europea. A tenor de lo ocurrido, convendrán ustedes conmigo que estas palabras parecen reflejar más una amenaza que una premonición.
Quedan otras muchas cuestiones pendientes como el papel de la ONCE y de la Fundación ONCE o la actuación incomprensible de la auditora Deloitte & Touche, a las que por falta de tiempo no me voy a referir.
En definitiva, y a tenor de lo expuesto, nuestras principales conclusiones son que se han producido importantes anomalías en el funcionamiento de la Comisión de investigación de Gescartera que han impedido una mejor averiguación de los hechos y responsabilidades políticas. Ha quedado patente el irregular funcionamiento de los órganos de control, comenzando por la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pasando por el Banco de España y la Agencia Tributaria, además de la Dirección General del Tesoro. Sólo un comportamiento anómalo de estos organismos ha hecho posible la existencia y funcionamiento de Gescartera y, por lo tanto, del fraude cometido. Se considera desacertada la política de nombramientos en los órganos reguladores, basada más en la búsqueda de fidelidades personales que en la competencia y solvencia profesional. Ha habido un claro incumplimiento de la legalidad en las incompatibilidades que acompañan al desempeño de cargos públicos; falta de respeto tanto de los propios cargos como de la Administración encargada de controlarlos. También se ha producido un incumplimiento por parte del Gobierno de la obligación legal de constituir el fondo de garantía para hacer frente a este tipo de insolvencias. Han quedado en evidencia las responsabilidades políticas. Actuaciones de responsables y altos cargos de los ministerios de Economía y de Hacienda, así como de responsables de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, del Banco de España y de la Agencia Tributaria, han permitido la estafa financiera de Gescartera.
En coherencia con estas conclusiones, el Grupo Parlamentario Vasco en el Congreso propone, en primer lugar, introducir elementos de control parlamentario en la designación, o en los trámites previos, del presidente y vicepresidente de la CNMV, del gobernador del Banco de España y del director de la Agencia Tributaria. Reforzar, a su vez, las responsabilidades de los consejeros de la CNMV en relación con las áreas que tengan encomendadas, además de las responsabilidades colegiadas. Exigir, en segundo lugar, la cualificación técnica predefinida como necesaria para el adecuado desempeño de los puestos de responsabilidad de la CNMV. Exigir que por el Ministerio de Administraciones Públicas se vigile el estricto cumplimiento de la normativa de incompatibilidades, dando periódica cuenta al Parlamento. Exigir al presidente del Gobierno el cese del vicepresidente segundo y ministro de Economía, don Rodrigo Rato, y del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro; igualmente se solicita la dimisión del gobernador del Banco de España, don Jaime Caruana.
Quisiera señalar, para concluir, tal y como decía al principio, que esta Comisión de investigación se ha cerrado en falso, que el tiempo va a sacar a la luz temas aún desconocidos y que van a reflejar la auténtica dimensión política del asunto Gescartera. Si el Partido Popular y el Gobierno tuvieran la suficiente honestidad política, se comprometerían hoy a reabrir la Comisión y a ahondar en las responsabilidades que pudieran derivarse de ello. Significaría respeto a la democracia y a los ciudadanos, que tenemos derecho a conocer toda la verdad y a que se depuren todas las responsabilidades. Me temo que todos nos quedaremos con las ganas.
Será su responsabilidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Grupo Parlamentario Socialista. Señor López.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señora presidenta, señorías, día de conclusiones en la Comisión de investigación de Gescartera y lo que hemos escuchado decir al grupo mayoritario de esta Cámara ha sido sentenciar con regocijo que la Comisión Gescartera no solamente no ha cumplido sus objetivos sino que además se ha vuelto en contra del Grupo Parlamentario Socialista. (Rumores.) Bien. Y, si es así, ¿por qué no permiten que se vuelva en nuestra contra un mes más, como hemos solicitado? (Aplausos.) ¿Por qué no permiten que se vuelva en nuestra contra el 70 por ciento de la

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documentación que hemos solicitado y que nunca ha llegado a la Comisión de investigación? ¿Por qué no permiten que se vuelva en nuestra contra ese 60 por ciento de comparecencias solicitadas que nunca han tenido lugar? (Rumores.-Aplausos.) Yo se lo voy a decir, señores del Grupo Popular. No lo permiten porque nunca estuvo en la idea del Grupo Popular que la Comisión de investigación cumpliese sus objetivos, nunca estuvo en su proyecto que la Comisión pudiera cumplir sus objetivos. Por el contrario, han puesto todas las trabas inimaginables, desde el principio. Y, como resultado, de los 10 puntos que se había propuesto cubrir la Comisión de investigación, hemos cubierto apenas 2 y 8 se quedan sin explorar. Manifiestamente.
Mucha de la información relevante ha sido enviada amputada, recortada o sencillamente no ha llegado jamás y en cuanto ha aparecido alguna línea de investigación en la que a ustedes les llegaba el agua al cuello, inmediatamente han cercenado los trabajos de la Comisión de investigación y han intentado cortar el tiempo político de la Comisión para eludir sus responsabilidades.


El ejemplo seguramente más grave es el incumplimiento manifiesto del punto número 7, que es el que habilitaba a la Comisión a investigar cualquier comportamiento irregular que fuese detectado en el curso de la investigación de cualquier persona física o jurídica, pública o privada. Porque han surgido comportamientos irregulares en el curso de la Comisión de investigación en la Administración tributaria, que ustedes nos han impedido conocer en su totalidad, o en las conexiones financieras de Gescartera con esos bancos extranjeros no sujetos a la supervisión del Banco de España y que ustedes no han permitido investigar en su totalidad. Pero quizás el incumplimiento más flagrante y más democráticamente intolerable es la conculcación de las propias reglas de trabajo de la Comisión, el incumplimiento del artículo 52 del Reglamento del Congreso y de la Ley orgánica de comparecencias, que nos mandata a cumplir nuestro propio plan de trabajo, con la desnaturalización de la Comisión de investigación que les permitió que, cuando llegaba el momento de las responsabilidades políticas -que es de lo que se trata, que para eso está una comisión de investigación, para depurar responsabilidades políticas, porque es un instrumento de control parlamentario-, ustedes desnaturalizan la Comisión de investigación para convertirla en incienso y blindaje pretoriano para los miembros del Gobierno, para que no tengan que responder a las preguntas de la oposición, para que no tengan que someterse a las preguntas que les son incómodas. (Aplausos.) Con ello, evidentemente, ustedes están diciendo a la sociedad española que hay algo que ocultar al Parlamento y que hay algo que explica ese blindaje pretoriano. Hay algo en lo que ustedes se han empleado a fondo desde el comienzo de la Comisión de investigación, que es intentar, por todos los medios a su alcance, retratarse moralmente, intentando enfangar y enturbiar a la oposición desde el primer día. Todavía estamos esperando que aparezca ese socialista, o algo que se le parezca, que ustedes han estado buscando desesperadamente desde el primer día y que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular se permitió anticipar, en esta tribuna, el día en que se abrieron los trabajos de esta Comisión de investigación.
Todavía estamos esperando que se mantengan en pie con esa bravuconada inadmisible con la que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, y hasta el ministro de Hacienda, en diversas ocasiones, ha blasonado conocer implicaciones de socialistas que acabarían apareciendo en el curso de la Comisión de investigación pero que nunca han aparecido.
(Protestas.) Todavía estamos esperando que ustedes sean capaces de mantener sus afirmaciones, las afirmaciones de quienes rebajaron la dignidad parlamentaria de esta Cámara para mantenerla a la altura de su propia catadura moral, lanzando imputaciones falsas que desde el primer día intentaron desviar el foco y la tensión del trabajo de la Comisión. (Aplausos.) A estas alturas produce sonrojo recordar el grito de caiga quien caiga o el grito que constituyó la Comisión de investigación, porque aquí no ha caído nadie. Ninguna responsabilidad política. Ustedes presentan como responsables políticos a los que están imputados como consecuencia de acciones judiciales puestas en marcha y que, naturalmente, no han concluido, pero no ha habido ninguna responsabilidad política. Ha habido gritos desaforados y un trabajo salpicado de falseamientos de la realidad. En primer lugar, la Comisión de investigación no la ponen en marcha ustedes, la solicita el Grupo Socialista el 3 agosto. Ustedes, un mes después. Un mes después. (Aplausos.) En segundo lugar, la Comisión de investigación se pone en funcionamiento cuando el Grupo Popular no tiene ni le queda a Aznar ninguna otra salida, porque es una exigencia de esclarecimiento frente al fracaso clamoroso de instituciones de regulación y de supervisión del mercado de valores que estuvieron en el origen del escándalo y de la investigación. Ustedes han intentado, durante todo este tiempo, amputar y obstaculizar la información que llegaba a la Comisión. Finalmente, el formato privilegiado, que es un retrato muy acabado del estilo de gobierno del Partido Popular. Para los ciudadanos de a pie, la ley, a palo seco; para los amigos y los miembros del Gobierno, tratamiento privilegiado, blindaje frente a la ley que no les gusta. (Aplausos.) Se llame Montoro, se llame Piqué o se llame señor Rato. Blindaje frente a la ley cuya aplicación a ustedes no les gusta. Siempre encuentran un subterfugio legal para que, al final, la ley que se aplique a los ciudadanos sea una ley distinta a la que ustedes se autoaplican. De manera que lo que ha caído ha sido efectivamente un telón, un telón de hierro sobre la Comisión y sus posibilidades de esclarecer la verdad; un telón de hierro sobre las connivencias y

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complicidades que hicieron posible a Camacho y a Gescartera; y un telón de hierro sobre el fariseísmo y la doble moral de los altos cargos del Partido Popular que se distinguieron en el pasado como martillos herejes, como grandes inquisidores, como torquemadas de corruptos, pero que se aplican a sí mismos la ley del embudo; embudo grande para sí, la parte pequeña para los demás. (Aplausos.) El más indigno doble rasero con olímpico desprecio a lo que pueda pensar la estupefacta mayoría de los ciudadanos de este país, que tienen tantas dificultades para creerse que ustedes estaban interesados en esclarecer la verdad del caso Gescartera como para creerse que se pueda comprar una moto de 350 centímetros cúbicos por 35.000 pesetas o un piso en el centro de Madrid por 2 millones de pesetas.
(Aplausos.) No resulta creíble, señores del Partido Popular.
Ustedes han intentado cerrar en falso la Comisión de investigación cuando todavía queda muchísima documentación por llegar y sigue llegando. Cuando todavía quedan testimonios que acabarán dando de sí y produciendo revelaciones, ustedes se autoabsuelven, se autoexculpan. La sociedad, no; la sociedad no les absuelve, no les exculpa. (Rumores.-El señor Albendea Pabón pronuncia palabras que no se perciben.) La sociedad tiene clara percepción de cuáles son las responsabilidades que hay detrás de lo que ustedes consideran que es el fracaso.


La señora PRESIDENTA: ¡Señorías! Señor Albendea, le ruego guarde silencio.


El señor LÓPEZ AGUILAR: La sociedad tiene clara noticia de cuál es su comportamiento ante lo que consideran el fracaso de la Comisión Gescartera. Con un mes más de fracaso nos arreglamos. Es lo que hemos solicitado, ampliar el trabajo para poder hacer lo que ustedes prometieron que iban a hacer: dar esa oportunidad de careo entre comparecientes que han incurrido en contradicciones flagrantes, testar la verdad, llegar hasta el fondo, atrevernos desde este Parlamento a ver la luz al final de ese túnel. Ya lo hemos dicho, Gescartera llama dos veces y estamos convencidos de que Gescartera va a tocar en su puerta, en la puerta de su responsabilidad tantas veces como haga falta para esclarecer cómo fueron posible Camacho y su sociedad estafadora, detrás de la cual se escondía una lavandería de dinero negro. Este Parlamento tiene derecho a saber más y por eso hemos solicitado -lo anunciamos en el debate de presupuestos- una comisión de investigación sobre la Agencia Tributaria, a la que ustedes han pervertido y manipulado. Una comisión de investigación sobre la Agencia Tributaria que nos permita averiguar cómo fue posible que no se siguiera la pista de todos los indicios que había, de que efectivamente en Gescartera se estaba traficando con dinero negro, de que efectivamente las cuentas de Gescartera eran sospechosas y que aquellos expedientes tributarios que se abrieron y se cerraron sospechosamente debieron haber llegado hasta el final. Sólo con posterioridad nos hemos enterado de que detrás de esos expedientes sospechosos estaban el padre de Camacho, el propio Camacho, Bolsa Consulting, la médula espinal de Gescartera.
Por eso les anunciamos que la investigación no va a parar. Pero lo que hemos vivido ya ha puesto de manifiesto un buen rosario de hechos probados, de hechos que no admiten contestación, de hechos que ya no son controvertidos por la opinión pública. Les voy a recordar algunos. En primer lugar, que ustedes han tenido en su Gobierno a un secretario de Estado, el número dos del Ministerio de Hacienda, nombrado por el ministro de Hacienda, que está imputado por favorecer, desde esa posición tan importante, sus intereses y negocios personales y familiares; por ayudar en esos negocios a una hermana que era la presidenta de Gescartera, hermana que cobraba en dinero negro y que presidía lo que a todas luces ha resultado ser una lavandería de dinero negro. La hermana del secretario de Estado de Hacienda, que es el que tiene la obligación y el deber de crujirnos fiscalmente a todos para que cumplamos con nuestras obligaciones tributarias, la hermana del secretario de Estado de Hacienda, que es el responsable de la legalidad y la igualdad tributaria de los españoles, era beneficiaria de las connivencias y la complicidad del responsable de la legalidad y de la igualdad tributaria.
En la propia Agencia Tributaria, en segundo lugar, hubo señales de irregularidades, al menos desde 1996 y notablemente en 1998. No solamente no se siguió la pista, sino que se paralizaron las inspecciones tributarias más relevantes para determinar la verdadera naturaleza y la entidad del fraude. La Agencia Tributaria finge todavía hoy no haberse enterado de nada, no haber sabido nada del dinero negro que circulaba a través de Gescartera. (Rumores.) En tercer lugar, en la Secretaría de Estado de Economía se procedió a la aprobación de un expediente de transformación irregular que no verificó los requisitos de legalidad en cuanto a los socios, ni a su idoneidad y honorabilidad de la sociedad gestora de carteras que aspiraba a su conversión en agencia de valores y se contradijo el informe condicionado que vino remitido desde la Dirección de Fomento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En el Banco de España tampoco la actuación fue correcta. No se hizo lo debido para averiguar cuál era el origen o el destino de 138 cuentas opacas, que sacaban dinero de España, que estaban siendo manipuladas por un banco extranjero con sucursal en España, aun cuando estuviese implicado el riesgo grave de que alguna de esas cuentas opacas tuviese algo que ver con alguna organización de criminalidad organizada. Aun cuando ese riesgo severísimo debió haber sido investigadoen su totalidad, desde el Banco de España se tuvo

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una actuación sencillamente negligente. Lo mismo sucedió naturalmente en todas y cada una de las terminales de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, a la que ustedes han degradado a través de un proceso degenerativo hasta la putrefacción. (Protestas.- Aplausos.) En la Comisión Nacional del Mercado de Valores no solamente no se intervino Gescartera sino que se la toleró, se la alentó, se la apoyó, se convivió con sus mentiras al borde de lo imposible, se propuso su ascenso de categoría, se consintieron documentos mercantiles y bancarios manifiestamente falsos y sobre todo se decepcionó de forma intolerable la función para la que fue concebida la Comisión Nacional del Mercado de Valores: inspeccionar, supervisar el mercado de valores y sancionar a las empresas incumplidoras.
Tienen que oír ustedes a las empresas del mercado de valores que alguna vez han sido sujetos pasivos de una sanción para que cumplieran la ley, empresas cumplidoras de la ley que por algún tipo de transgresión se han visto sujetos pasivos de una sanción impuesta por la Comisión. ¿Qué credibilidad les puede merecer ahora esa sanción que ellos recibieron después de haber visto que la Comisión Nacional del Mercado de Valores era una olla conspirativa de personas que dedicaban su tiempo útil a pelearse entre sí, a recibir regalos y a confiar políticamente para obtener recompensas en sus otros expedientes de los que entendiera la Comisión Nacional del Mercado de Valores? (Aplausos.) Todo eso sucedió con su tolerancia en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, que además ha dado una versión absolutamente falsa de lo que sucedió. No se intervino Gescartera como consecuencia de la diligencia de la Comisión. No fue así. Por el contrario, incluso después de esa intervención que ha sido descrita en una intervención anterior, incluso cuando se produce la intervención, se actúa con negligencia, no se insta de la justicia penal las medidas cautelares, que eran las adecuadas para impedir que hubiese dificultades con posterioridad para seguir el rastro del dinero. Pero todas las personas que participaron de ese modo de operar fueron recompensadas por el Gobierno, todas, y sus nombres han salido muchas veces en el curso del trabajo de la Comisión de investigación: Pilar Valiente, Antonio Alonso Ureba, Luis Ramallo, Enrique Giménez-Reyna, José María Roldán Alegre -más alegre desde que fue promovido a la Dirección general del Banco de España-, Jaime Pérez Renovales, personas de confianza del señor Rato, que no responden en su actuación a ninguna casualidad. Ustedes tenían que defender en el mejor de los casos un ejercicio soberano de incompetencia y vista gorda, pero con todas las razones para sospechar algo muy distinto.
Finalmente, claro, el Banco, que era la escotilla por la que respiraba Gescartera, ese banco extranjero que ha demostrado tener tanta relevancia y que, cuando resulta que surge en el curso de la Comisión de investigación un punto de conexión con un relevante miembro del Gobierno, ustedes, siguiendo instrucciones, se las arreglan para filtrar datos en unos términos que violentaban las reglas de trabajo de la Comisión de investigación, obteniendo primero conocimiento de ello los diputados del Grupo Popular antes que ningún otro grupo de la Cámara; en segundo lugar, para impedir el acceso a la declaración de actividades y de bienes del vicepresidente del Gobierno e impedirnos certificar que en ese crédito se pone de manifiesto una participación accionarial del 33 por ciento, superior por tanto a la tolerada por la Ley de incompatibilidades de altos cargos de 1995. (Aplausos.) Ustedes no han hecho nada para esclarecer la verdad de todo eso. Por el contrario, oscurantismo, ocultación, falta de transparencia. Todo esto nos lleva naturalmente a apostar por modificaciones normativas que impidan que esto pueda volver a suceder, modificaciones normativas institucionales que aseguren que este resultado catastrófico no puede volver a repetirse, pero también naturalmente a la exigencia de responsabilidades políticas.
En cuanto a las modificaciones normativas, para empezar, de la propia Comisión de investigación, tenemos que reforzar los poderes de una Comisión de investigación parlamentaria para asegurar que podemos acceder a la documentación que resulta relevante para esclarecer la verdad, que no se puede aducir un secreto inexistente de ciertas empresas que pueden poner de manifiesto que desde esas empresas, joyerías o tiendas de regalos, pudieron ser enviados o fueron enviados regalos a centros públicos y de la Administración del Estado y que eso no pueda ser conocido por la Comisión de investigación.
Tenemos que conseguir potenciar la capacidad de inspección de los asuntos que estén en la médula espinal de los trabajos de una comisión de investigación, haciéndolo de acuerdo con un único procedimiento que no permita de ninguna manera que cuando llega el momento de la responsabilidad política la comisión de investigación deja de serlo para convertirse en una comparecencia ordinaria en incienso de un miembro del Gobierno, que puede negarse así a responder a las preguntas que resultan relevantes para el esclarecimiento de la verdad. Proponemos también medidas de reforzamiento y garantía de los inversores en el mercado de valores, la articulación de un fondo de garantía de inversores de carácter privado que garantice adecuadamente sus aportaciones, la elaboración de una normativa clara y precisa sobre inversiones financieras de las empresas con participación estatal y de las organizaciones no gubernamentales o sin ánimo de lucro, y naturalmente la prohibición de que puedan hacerlo en empresas que no tengan garantías de solvencia y que no hayan sido autorizadas por el responsable político del organismo público o del departamento de la Administración del Estado al que estén adscritos esos organismos. (Rumores.) Proponemos también reforzar las auditorías a las empresas de servicios de inversión, reforzar la capacidad de inspección sobre las entidades

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financieras para que no puedan colaborar con tramas de blanqueo de capitales o de dinero negro, y sobre todo reformar en profundidad la Comisión Nacional del Mercado de Valores, permitiendo al Parlamento participar de los nombramientos, para que no puedan, politizada y partidariamente, desvirtuar y desnaturalizar hasta términos monstruosos y hacerla irreconocible la función que justificó la creación y la existencia de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, potenciar su eficacia y su responsabilidad y por supuesto su régimen de incompatibilidades.
El Grupo Socialista apuesta también por una modificación profunda de la operativa de la Administración tributaria, mejorando su sistema de información, mejorando el rigor de la motivación formal de sus decisiones de inspección y la revisión periódica de sus actuaciones, potenciando la planificación relativa a todas las áreas de gestión de la Administración tributaria. En el Banco de España, por supuesto apostamos por promover los acuerdos necesarios entre la Unión Europea y la Confederación Helvética para poder seguir la pista del dinero negro que pueda estar titulada por organizaciones delictivas e incluso por organizaciones criminales de carácter transnacional.
Finalmente, sobre incompatibilidades, proponemos cerrar el paso a esas interpretaciones benevolentes y munificentes de las incompatibilidades de los altos cargos, que resultan jurídicamente disparatadas. Jurídicamente disparatadas, señor Posada. Esas incompatibilidades de las que han disfrutado altos cargos que han estado en el epicentro de la Comisión de investigación tienen que ser certificadas por un organismo provisto de autonomía funcional, no, como ahora, sometido a la jerarquía de la responsabilidad política del propio Gobierno. Pues bien, concluimos hablando de responsabilidades políticas.


La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego vaya concluyendo.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo, señora presidenta.
En el curso de su comparecencia, el señor Rato nos urgió a los socialistas a explicar nuestra teoría de la responsabilidad política.
Pues se la vamos a explicar. En primer lugar, entérense, la responsabilidad política no es un deshonor, ni es una infamia, ni es la muerte civil ni política de quien ostenta un alto cargo; la responsabilidad política es una relación vital en democracia y enaltece a quien la ostenta porque es el vínculo de confianza entre quien ejerce un cargo público y quien le ha dado la confianza para ello. Si el cargo es representativo, la responsabilidad política se ejerce ante los electores, que le sitúan a uno en un mandato representativo; si el cargo es ejecutivo y uno está en él por depósito de confianza de quien es responsable político ante los electores se ejerce la responsabilidad ante quien le ha nombrado a uno. La responsabilidad política es una relación digna y enaltecedora tanto en su origen, porque procede del pueblo, como en su ejercicio, porque obliga a explicar los fundamentos de las propias decisiones. La responsabilidad política no es sujeción a la ley; eso es responsabilidad jurídica. La responsabilidad política es acertar, señores del Grupo Popular, hacer las cosas bien, acertar o tomar decisiones oportunas. Y resulta que uno es responsable cuando, desde una posición de responsabilidad ante el Parlamento, nombra a altos cargos que perpetran profundos desaciertos, que son valorados así de forma universal, que producen perjuicios a las instituciones públicas y a su credibilidad, que producen perjuicios al prestigio de las instituciones que encarnan.


La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya, por favor.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: No, le ruego que concluya ya. (Protestas.) ¡Señorías! Señor López Aguilar, el tiempo previsto son quince minutos y usted es consciente de que lleva ocho consumidos en exceso sobre los quince.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Voy concluyendo, señora presidenta. Le ruego que sea generosa conmigo, como lo ha sido con otros portavoces de otros grupos parlamentarios y como lo será sin duda con el portavoz del Grupo Popular. Se lo ruego. (Rumores.-Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, un momento.
Señor López Aguilar, el portavoz de Izquierda Unida, que ha intervenido antes que usted, ha recibido el aviso de esta presidencia cuando llevaba seis minutos consumidos de exceso de su tiempo y ha abandonado la tribuna cuando llevaba nueve minutos consumidos. A usted le faltan 40 segundos para alcanzar al portavoz del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que es el que más tiempo ha consumido.
Puede continuar. (Rumores.)

El señor LÓPEZ AGUILAR: Bien. Se es responsable cuando uno se equivoca al nombrar y esos nombramientos producen efectos perjudiciales para la Hacienda pública o cuando uno es pasivo o negligente en la vigilancia de los subordinados. Me parece que este es exactamente el caso que afecta a los miembros del Gobierno. El señor Montoro nombró al secretario de Estado, Enrique Giménez-Reyna, que dedicó su tiempo a coadyuvar y a impulsar los negocios de su hermana, involucrando intereses personales y familiares, y, además, no hizo todo lo posible para que la Agencia Tributaria pudiese esclarecer las cuentas irregulares que se

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han puesto de manifiesto en el expediente de Gescartera. La responsabilidad del señor Rato no puede estar más clara. Es el responsable de haber nombrado, al menos, a altos cargos que fracasaron de manera insuperable en el cumplimiento de las funciones que tenían encomendadas. Convirtió la Comisión Nacional del Mercado de Valores en una conspiración permanente contra sí misma, contra el mercado de valores y contra los sujetos pasivos de ese mercado de valores, perjudicando no solamente al prestigio de la institución sino a las empresas que tienen derecho a poder fiarse de ella.
Además, ha actuado con oscurantismo y falta de transparencia en todo esto. (Rumores.) Inexorablemente, el Grupo Socialista solicita la dimisión de los ministros Rato y Montoro o su cese por el presidente del Gobierno, aunque sólo sea, señores del Grupo Popular (Prolongados aplausos.), aplicando la teoría de la responsabilidad política con la que ustedes quisieron llenarse la boca con hipocresía, que ahora queda puesta de manifiesto, cuando involucraban la responsabilidad del presidente del Gobierno en fracasos producidos en los segundos y terceros escalones de la Administración del Estado. (Rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, señor López Aguilar, le ruego que abandone la tribuna en 30 segundos. (Protestas.)

El señor LÓPEZ AGUILAR: De manera que ustedes no van a poder parar esta investigación, no van a poder parar a una justicia independiente, no van a poder parar a la opinión pública, no van a poder parar al Grupo Parlamentario Socialista, que va a seguir empedrando con nuevas revelaciones el camino que conduce a su responsabilidad política. (Prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Aguilar.
Para la defensa de los votos particulares presentados por los distintos miembros del Grupo Parlamentario Mixto, tiene en primer lugar la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Puigcercós.


Al objeto de que no extrañe, la intervención del Grupo Parlamentario Mixto va a correr toda a cargo de usted.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro -porque sólo hay uno en este caso-, hablo en representación de los partidos políticos Bloque Nacionalista Galego, Partido Andalucista, Esquerra Republicana de Catalunya, Iniciativa per Catalunya, Eusko Alkartasuna y Chunta Aragonesista. (Pausa.) No se vayan todavía, como diría la Warner Bross, que aún hay más. (Risas.-El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Estamos aquí en esta recta final, en esta especie de prórroga de la Comisión de investigación Gescartera y uno tiene la sensación de que hemos asistido a una guerra de trincheras donde el Partido Popular iba retrocediendo sistemáticamente con el tiempo. Primero se dijo que esto era un caso de estafa, lo es; un delito común sin implicaciones políticas, sin responsabilidad del Gobierno; luego pasamos a la famosa subcomisión de investigación del señor Arenas; y, al final, el Gobierno tuvo que ceder y nos encontramos ante una Comisión de investigación. El retroceso, abandonando trinchera tras trinchera. El Gobierno sólo pudo encontrar un búnker en la falta de información, el del escamoteo permanente de la información, de la documentación que llegaba a la Comisión, y sobre todo cerrando en falso esta Comisión de investigación. Este búnker en el cual se ha refugiado el Partido Popular también se ha visto con el pie en el acelerador. Hemos visto cómo había comparecencias en la Comisión cuando aún no había llegado la documentación. Los primeros días de la Comisión de investigación los diputados y diputadas que asistíamos teníamos que preguntar, requerir a los comparecientes con retales de los diferentes medios de comunicación. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Porque aún no había llegado la documentación a la Comisión; o, lo que era peor, a veces la documentación llegaba el mismo día que el compareciente, produciéndose una especie de maratón permanente subiendo y bajando escaleras de los comisionados hacia el centro de documentación económica.
Esta Comisión se creó con la voluntad clara de detectar responsabilidades políticas y vamos a demostrar que sí las ha habido; anomalías en el sistema financiero, también las ha habido; y afrontar las reformas necesarias. Las propuestas no han sido precisamente bien acogidas por el grupo mayoritario que da apoyo al Gobierno. El funcionamiento de la Comisión, como hemos dicho, fue irregular, pie en el acelerador, dándole prisa a las comparecencias. Hubiera faltado una segunda vuelta de comparecientes, parece lógico que el señor Enrique Giménez-Reyna tuviera mucho que decir, asimismo podríamos haber cotejado y contrastado algunas de las mentiras que se dijeron en las primera comparecencias. El cambio de formato de los interrogatorios es el ejemplo más ilustrativo del búnker delPartido Popular y del Gobierno. Se protegió, se blindó,

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se bunkerizó a los dos ministros y al gobernador del Banco de España para que no pudieran contestar como lo hicieron los demás comparecientes. Aún hay clases en España. Falta documentación que aún está llegando a la Comisión, con la situación de esperpento que se produce cuando en estos momentos aún falta documentación o se ha escamoteado desde el Gobierno. En buena lógica, una de las conclusiones claras de este debate sería reabrir la Comisión. Hay elementos claros para reabrirla a no ser que, como han afirmado y han requerido otros grupos, tengamos que crear otras Comisiones de investigación, en este caso sobre la Agencia Tributaria o incluso sobre el Banco de España. Este diputado, en representación del Grupo Mixto, se pregunta qué sentido tiene una Comisión de investigación con una mayoría absoluta, legítima, claro está, pero una mayoría absoluta que ha utilizado esta aritmética, repito, para bloquear, para boicotear, para, en definitiva, desorientar habitualmente a la Comisión. También queda claro que hay que reglamentar por ley las funciones de una Comisión de investigación y hay que buscar que los comisionados tengan la capacidad de documentación, de información y de requerimiento de las comparecencias, y no como ha sucedido hasta ahora.
Vamos a demostrar en este debate por qué el Gobierno es responsable.
El Gobierno del Partido Popular es responsable político del caso Gescartera; es responsable político de que la sociedad de valores llegara hasta el mes de junio del año 2001 y que facilitara la desaparición de 13.500 millones de pesetas, con más de 1.300 víctimas, del caso Gescartera. En primer lugar, el Gobierno es responsable político por los nombramientos del consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y, por tanto, también de la gestión supervisora de ésta. La Comisión Nacional del Mercado de Valores da muestras de la incapacidad, la negligencia y el trato de favor ante un expediente que se arrastra durante cinco años. En primer término, una incapacidad que se traduce en la impotencia de supervisión para detectar un fraude como el de Gescartera. En segundo término, un trato de favor que se basa en el puenteo, la obstaculización y la erosión permanente de altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores hacia la división de supervisión y, en concreto, hacia el señor Vives. En tercer término, la negligencia que se traduce en el cambio de responsable de supervisar Gescartera y empezar el expediente de nuevo, que le permite a la empresa del señor Antonio Camacho sobrevivir nuevamente. En cuarto término, la incompetencia para detectar la falsificación bancaria que se repite al menos tres veces. En quinto término, la indolencia -la abulia que decía el señor Alcaráz-, la indolencia absoluta para detectar la falsa SICAV luxemburguesa, que sirve de excusa para esquivar, nuevamente, la intervención y ampliar la estafa. Y, en sexto término, el trato de favor en la división de fomento para utilizar la transformación de Gescartera en agencia de valores, sin el compromiso escrito, ratificado y claro de la Fundación ONCE. Todo ello es muy grave, pero más grave es el hecho de que la mejor garantía que exhibía Gescartera para engañar a los clientes era el sello de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Por estas razones, el grupo que represento exige el cese del ministro de Economía y responsable último de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, el señor don Rodrigo Rato.
En segundo lugar, el Gobierno también es responsable de la función y el funcionamiento de la Agencia Tributaria. No detectar a una empresa como Gescartera Holding, inviable económicamente, inviable fiscalmente, inviable financieramente, implica una incapacidad manifiesta. Durante todos estos años la Agencia Tributaria ha aparcado, no cuatro, veinte actuaciones del grupo Gescartera, veinte expedientes dirigidos al núcleo duro de accionistas y ejecutivos de Gescartera. Aparcados y sin resolver. Es más que un cúmulo de errores, es clara negligencia. Más cuando se ha confirmado que el ex secretario de Estado de Hacienda, señor Enrique Giménez-Reyna, se interesó claramente por los expedientes de instituciones y clientes relacionados con Gescartera. Ni tampoco detectó el dinero negro que se presume tanto en Bolsa Consulting como en Gescartera. Por esta razón este grupo exige también el cese del ministro de Hacienda, señor Montoro, porque es el responsable político y último de la negligencia manifiesta de la Agencia Tributaria.
El Gobierno es responsable, en tercer lugar en el orden de responsabilidades, del nombramiento del gobernador del Banco de España y de la tutela de éste. Uno se pregunta qué pintaba el señor Caruana como representante nato del Banco de España en el seno del Comisión Nacional del Mercado de Valores. Uno se pregunta qué pintaba el señor Miguel Martín a posteriori. Tenían que coordinar el Banco de España con la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Tenían que cruzar información. Tenían que crear automatismos. ¿Qué pintaban allí? A mí me parece que como se autodenominó el señor Jaime Morey, pintaban como el padre de la novia. Con la experiencia que tenían en el seno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores fueron incapaces, desde el Banco de España, de iniciar trámites, de buscar qué de falso, qué de fraude podía haber en Gescartera. Tenían, repito, la función de cruzar la información, de coordinarla. No lo hicieron. El Banco de España ya no es un banco emisor. Sólo le queda la facultad de inspección y no la ejerce. Es esa sensación de abulia.
En términos cinematográficos, uno tiene la sensación de que, como en la película Star Gate, hay una puerta estelar en Madrid, una puerta estelar en la torre Picasso, en la que se entra con dinero negro y se aparece de súbito en un paraíso fiscal con todo blanqueado. Esto existe. Star Gate no lo hubiera podido contar mejor en su película. Y esto también esresponsabilidad del Banco de España. El máximo responsable

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de esta situación de descontrol e inseguridad es el señor Jaime Caruana, hoy gobernador del Banco de España y antes miembro nato de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, cuya dimisión pedimos.
Cuarta responsabilidad del Gobierno en este caso. El Gobierno es responsable de no detectar o no querer detectar el papel del ex secretario de Estado de Hacienda, señor Enrique Giménez-Reyna. El señor Enrique Giménez-Reyna, como mínimo, media, negocia, presiona, recaba información, asesora e influye a favor de Gescartera. El Gobierno lo permite, lo tolera y el señor Rato y el señor Montoro lo defienden; al principio lo defienden. En otra versión cinematográfica lo defienden porque, evidentemente, es uno de los nuestros. Esta es la versión por la cual el señor Enrique GiménezReyna llega hasta el final, hasta su dimisión. Uno de los nuestros, cierran filas. Luego, en este retroceso de trincheras es cuando, evidentemente, tienen que abominar de la imagen y de la persona del señor Enrique Giménez- Reyna.
Quinta responsabilidad. El Gobierno también es responsable de asumir el cúmulo de despropósitos, negligencias, errores y trato de favor con el broche final, que es la autorización de la transformación de Gescartera en agencia de valores. El Gobierno elevó, con la rúbrica del señor Folgado, en delegación del señor Rato, a Gescartera a agencia de valores. Es el broche de oro al cúmulo de despropósitos.
Pero hay también responsabilidades de carácter menor. El Gobierno es responsable, como mínimo por omisión, de la sensación que hay hoy en el Estado español de que las auditorías se hacen a la carta, y tenemos un ejemplo muy claro en el caso de Gescartera. También es responsable de la situación que se ha generado en ONCE y en Fundación ONCEpor permitir que una entidad que recibe dinero público, que tiene subvenciones públicas en definitiva, tenga esta sensación de que puede invertir alegremente en cualquier parte. Todo esto da la sensación de que el Gobierno es responsable político de la situación de Gescartera, y lo es también por cómo se ha demostrado en este caso que el régimen de incompatibilidades no se cumple. Pero hay más, aquí tenemos una muestra de dónde nos ha llevado el modelo de capitalismo popular que vende el Partido Popular. El Partido Popular vendió a la ciudadanía un liberalismo y una defensa de la libre competencia que no aparece por ningún lado. Tenemos un mercado tutelado por reguladores designados por el mismo Gobierno, algunos incluso ungidos por el Gobierno; un Gobierno bajo permanente sospecha por mezclar el interés público con los intereses privados. Telefónica y el compañero de pupitre del señor Aznar fue un anticipo; ahora tenemos un caso parecido en Gescartera; o los avales que las empresas del vicepresidente segundo del Gobierno, señor don Rodrigo Rato, tienen de bancos poco transparentes e inexplicables. ¿Cómo un Gobierno que presume de liberalismo permanentemente puede tolerar tales muestras de amiguismo, de endogamia y trato de favor? Primero, de amiguismo y endogamia, como los nombramientos de la señora Valiente. La señora Valiente ya tiene un currículum ganado a pulso. Recordemos el falso escándalo -por llamarlo de alguna forma- de los 200.000 millones de amnistía de la Agencia Tributaria. El señor Ramallo al que, como ya se ha dicho en esta tribuna, se le ofreció elegir entre Trasmediterránea y la Comisión Nacional del Mercado de Valores y el, como buen extremeño, renunció a esta potestad que fue la tumba de algún político catalán, renunció a Trasmediterránea y prefirió la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Esta es la sensación, favores prestados; lo dijo el señor Ramallo, no quería permanecer de aprietabotones en el Congreso. El señor Roldán Alegre, ex jefe de gabinete en este caso del señor Rato; nadie niega su capacidad profesional ni técnica, pero con sus antecedentes no eran las personas más indicadas para tomar las decisiones en el seno de un órgano regulador de creciente importancia.
Trato de favor. Con esta relación en el entorno gubernamental ¿estaba el consejo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en condiciones de objetividad para analizar y tratar el caso Gescartera? Claro que no. La respuesta es que no. Se aparcaron expedientes en la Agencia Tributaria y se impidió la intervención en 1999 por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. En definitiva, se dio trato de favor a una sociedad apadrinada, asesorada por Enrique Giménez- Reyna, ex secretario de Estado de Hacienda, y de la entera confianza del presidente del Gobierno, el señor José María Aznar López. ¿Quién vigila, pues, a los vigilantes? Este Gobierno ha perdido su virginidad pública en cuanto a corrupción. Sin el apoyo de Giménez- Reyna Gescartera no habría llegado hasta junio del 2001. No. Y si fuera de otra manera, peor que peor. Esta sería la teoría que en algún momento barajó el Partido Popular, la teoría del caos, la teoría de la fatalidad: esto ha pasado porque es una fatalidad, no se detectó en la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se aparcaron actuaciones de la Agencia Tributaria. El Banco de España tiene una puerta estelar en la torre Picasso y no se entera. Esta es la fatalidad; o la teoría del caos que viene a ser lo mismo. Si eso fuera verdad sería terrible, aún sería peor. ¿Cuántas Gescarteras andan sueltas hoy en día en la Agencia Tributaria y en la Comisión del Mercado de Valores? Para impedir un nuevo caso Gescartera hay que crear reguladores independientes elegidos por una mayoría cualificada del Congreso. Esto es fundamental. Un regulador no lo puede elegir el Gobierno, no lo puede elegir el Ejecutivo y la mejor muestra es esta Comisión de investigación y las conclusiones a las que ha llegado.
También parece necesario descentralizar la sede de los reguladores y alejarla del centro del poder político para evitar interferencias de éste. No lo decimos nosotros, lo dice el círculo deeconomía de Cataluña, nada sospechoso ni de redentorista

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ni de atrabiliario ni de independentista. El círculo de economía sostiene que el alejamiento de los reguladores de los centros de poder, y en este caso de la capital del reino, mejora su independencia y evita interferencias. Esto es de cajón. Los países con tradición federal, con tradición de Estado compuesto y plural, como la República Federal Alemana, así lo hacen. Un Banco de España independiente, inflexible y volcado en sus tareas actuales a la inspección sin interferencias ni recomendaciones. Esto implica, señores de la mayoría, poner en su sitio a algunos directivos de la banca española. Un Gobierno que no tiene ni independencia ni manos libres no está en condiciones de hacerlo. De ahí la abulia y la relajación del Banco de España ante la fuga de divisas y el blanqueo del dinero. Una Agencia Tributaria que acabe con la sensación de que sólo las clases medias y trabajadoras tienen obligaciones fiscales, éstos pagan, y las grandes fortunas y las grandes rentas pactan. Esta es una sensación creciente con el Gobierno del Partido Popular: las clases populares pagan y las clases altas pactan con Hacienda. Esta sensación se transmite también en el caso Gescartera. Uno creía que el escándalo de los inspectores Huguet y Aguiar era el techo máximo del descrédito del sistema tributario, pero por lo que estamos viendo se está superando. ¿Con qué legitimidad piensan afrontar las actuaciones fiscales el Gobierno con todas aquellos que no lucen ni apellido, ni contactos, ni protección de miembros del Gobierno? Esta es una pregunta que queda en el aire en estos momentos. Esta es la consecuencia de Gescartera, descrédito e inseguridad en víctimas que requieren todo lo contrario y en instituciones que lo que requieren es la seguridad, la credibilidad y la objetividad del sistema. Todo esto con un Gobierno que en lugar de tomar decisiones, de acelerar ceses y dimisiones, se escuda, repito, en la fatalidad. Aquí, señores del Gobierno, la única fatalidad es la de más de 1.300 reclamantes o víctimas que han perdido el dinero y de muchas sociedades y agencias de valores, honestas y excelentes profesionales que han visto mermada su credibilidad. Esto es responsabilidad del Gobierno. Cuéntenle ustedes a las sociedades de valores, a las agencias de valores que hacen bien su trabajo, que trabajan profesionalmente, que tienen cuidado de sus clientes. Díganselo, ¿qué credibilidad tienen ahora ante el mercado? (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Para acabar, señorías, esta Comisión cerrada en falso ha determinado que hay responsabilidades políticas. El rodillo de la mayoría absoluta refugiado en su búnker va a votar que no. Nosotros creemos que sí, hay pruebas objetivas, hay elementos claros e indicios, negligencia, trato de favor y amiguismo. Decía el señor Cuevas, en un periódico independiente de la mañana: compadreo. Hace poco estaba haciendo un artículo para un diario catalán el Avui y esta palabra me parecía difícil de traducir -los idiomas tienen esto-, compadreo. Esa es la palabra, compadreo. Compadreo, repito, amiguismo, trato de favor y endogamia. Hay responsabilidad política.
Si hay o no culpabilidad, es cosa de los tribunales. Aquí no vamos a entrar. Vamos a respetar la decisión de los tribunales, que hagan su trabajo, pero lo que es evidente, a nuestro entender, es que hay responsabilidad política del Gobierno. Por eso pedimos el cese del ministro, don Cristóbal Montoro, el cese del señor Rodrigo Rato y la dimisión del don Jaime Caruana, como Gobernador del Banco de España.
El sistema ha quedado tocado, la credibilidad del Gobierno también.
El capitalismo popular y la intervención -menos Gobierno como repetían el Gobierno del Partido Popular y el señor Aznar- han quedado también tocados. No hay las mismas reglas de juego para todos, hay apellidos y están los demás.
Muchas gracias, señoras diputadas, señores diputados, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Señor Mauricio, por Coalición Canaria.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, el Grupo de Coalición Canaria ha vivido en los últimos años en este Congreso de los Diputados la creación de varias y sucesivas comisiones de investigación. En la época del Gobierno socialista se crearon coincidiendo con un momento político muy importante, la presidencia española en la Unión Europea, cuando presidía el Gobierno el señor Felipe González. En aquel periodo hubo un momento de deterioro del poder político, unos sucesivos escándalos y se crearon varias comisiones de investigación en este Parlamento en algunas de las cuales partició este diputado. El Grupo de Coalición Canaria defendió en aquel tiempo que las Comisiones de investigación son unos instrumentos políticos democráticos de particular importancia, de gran trascendencia, porque sirven no sólo para el control del Gobierno, sino también para la lucha contra las degeneraciones del poder político, las corrupciones y tienen el objeto de fijar las responsabilidades políticas de los cargos públicos, evitar la impunidad de éstos, crear un elemento de ejemplaridad hacia la sociedad y que ésta comprenda que el poder político no es generalizadamente corrupto, sino que se pueden crear instrumentos que le corrigen y controlan.
Cuando el Grupo Popular en aquel entonces actuaba -es verdad que con el ariete del señor Ramallo casualmente, porque yo participé junto con él en varias Comisiones de investigación- con procedimientos y métodos que nuestro grupo no compartía, como tampoco los compartía el Grupo de Convergència i Unió, decíamos que la primera cuestión era saber exactamente cuáles eran las responsabilidades políticas, unas directas y otras de negligencia; segundo, que no se trataba de

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generalizar la responsabilidad encadenando hacia arriba, porque una Comisión de investigación debe de investigar los hechos y no convertirse en una moción de censura encubierta para sustituir un gobierno. Lo que hay que buscar de verdad son las responsabilidades penales, que son de los tribunales, y la Comisión de investigación debe ofrecer elementos, responsabilidades políticas de los cargos públicos directas y las que son de negligencia y, por último, establecer conclusiones que mejoren los instrumentos de control de la sociedad, como en este caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, porque muchas veces los instrumentos de vigilancia deben ser vigilados. Es verdad que cuando Coalición Canaria defendía esas tesis en esta tribuna los señores del Partido Popular me miraban con reproche y me criticaban duranmente -hay que decirlo-, porque consideraban que nosotros, que no teníamos ningún pacto con el Grupo Socialista, ninguno, éramos cómplices suyos porque no generalizábamos las responsabilidades ni atacábamos al Gobierno. Ese mismo criterio es el que me sirve a mí, con la autoridad que me da nuestro grupo, el único que, junto al Grupo Catalán (Convergència i Unió) -tengo que decirlo con admiración-, ha defendido siempre estas tesis en la Cámara. Lo que veo ahora es el mundo al revés. Lo que hizo en un momento el Grupo Popular ahora lo hace, de manera tremenda y muy irresponsable, el Grupo Socialista. De lo que se trata es de aprovechar esta situación para generalizar las responsabilidades del Gobierno, para ver si un adversario político que está bien situado en la línea de lucha por la sucesión del señor Aznar puede ser derrotado hoy aquí y no en las urnas, como tendrá que ser derrotado democráticamente en las próximas elecciones. Mi grupo, repito, no utilizó nunca esos elementos (y los había, como los hay hoy, de situación grave, de irresponsabilidades políticas) para generalizar una lucha contra un Gobierno, como el del Partido Socialista, e hizo enormes esfuerzos para que, de cara a la presidencia europea del señor González, como viene ahora la del señor Aznar, no fuera un elemento de deterioro del Estado y sirviera, simplemente, para fortalecer las posiciones del Gobierno de España y del Estado español en esta presidencia.
Nosotros vivimos también una experiencia muy interesante y es que cuando hay que corregir los instrumentos de control hay que tener muchísimo cuidado de no ir de un extremo a otro. Mi grupo recuerda la experiencia de la reforma de la Ley de Contratos del Estado. Cuando el señor Borrell denunció que había corrupción y comisiones de las empresas constructoras, aquí todos nos pusimos muy nerviosos e hicimos una corrección de la Ley de Contratos del Estado, como ahora hay que hacerla de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, excesivamente pendular, que produjo efectos tan negativos que tuvimos que corregirla posteriormente.
Dicho eso, entro en la experiencia de lo que es Gescartera, con el mismo criterio, con la misma responsabilidad, la nuestra, de una voz menor en esta Cámara (sabemos que somos una voz menor y que nuestras posiciones no tienen mayor trascendencia); pero, chiquititos que somos, mantenemos la misma posición antes y ahora. Ahora nuestra posición es la siguiente. En primer lugar, se ha producido una estafa de carácter gravísimo, pero no nos caemos del guindo ni somos ingenuos. Vivimos en una sociedad en la que estas cosas pasaban antes y pasan ahora, en una sociedad que crece económicamente, donde se producen pelotazos, donde ahora no hablamos de sociedad de valores sino de valores de la sociedad, que muchas veces están deteriorados hasta el punto de que instituciones respetables juegan papeles lamentables. Es verdad que no hemos llegado al Banco Ambrosiano, en Italia, pero hemos empezado un poquito por ese camino. Instituciones respetables deben de reflexionar y debemos de reflexionar todos porque no existe sólo un escándalo Gescartera en la sociedad española, hay muchos escándalos que tenemos que detectar, analizar y corregir. En el ranking internacional de las corruptelas de la Administración y de la corrupción, España ocupa el puesto número 22, según las instituciones y los organismos internacionales, y debemos mejorar ese puesto. No es un puesto tan malo, de los ciento y pico países del mundo, pero deberíamos estar en el 15 ó en el 16 y no en el 22. Debemos de estar en el 15 ó en el 16 porque no es posible corregirlo todo, no seamos ingenuos, porque la lucha contra la corrupción tiene, primero, un elemento moral, que es el más importante, pero tiene también un elemento de eficiencia política y económica. Los países que tienen un buen nivel en el ranking mundial contra la corrupción son países eficientes, son países rigurosos, países que funcionan bien, como los países nórdicos de Europa, por ejemplo, que todos ocupan los primeros puestos. Nosotros debemos luchar y aprovechar estas experiencias. El Partido Popular debe perder la inocencia, caerse del guindo también, y darse cuenta de que las corrupciones no son sólo de un lado. Las corrupciones están en la sociedad y los políticos caen una vez que el ejercicio del poder político se alarga demasiado tiempo. Aquí no hay maniqueísmos, cualquier poder político puede, de alguna manera, tener complicidades o responsabilidades con la corrupción. No hay partidos anticorrupción y partidos de la corrupción. Todo ejercicio del poder tiene un peligro y debemos estar siempre con la prevención puesta y con los controles de observación preparados porque, si no, se producen situaciones como la de Gescartera. Lo que debería haber habido aquí es un debate político serio sobre que todos podemos caer en eso y que todos tenemos responsabilidades. Debemos pactar entre todos para ver cómo luchamos contra eso.
La lucha hay que dirigirla en primer lugar a investigar para que los estafadores tengan responsabilidades penales y se produzca un elemento básico en el ejerciciode la justicia, que es el de ejemplaridad a partir de

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la sanción. No puede quedar impune una estafa como ésta, porque la sociedad tiene que valorar que este no es un problema generalizado, sino que es un problema en el que el que la hace la paga. En segundo lugar, hay que ver cuáles son las responsabilidades políticas, y las responsabilidades políticas son o de complicidad, y las ha habido, en la Comisión Nacional del Mercado de Valores y en algunos cargos públicos como la Secretaría de Estado de Hacienda, sin duda, o por elementos de negligencia en el control de esa situación. Nosotros estamos por condenar políticamente las responsabilidades políticas, como hace el dictamen de la Comisión, y, al mismo tiempo, deberíamos haber ofrecido un debate que no fuera el de la mina antipersona -me parece que todos hemos apoyado aquí que en las convenciones internacionales hay que acabar con las minas antipersonas-, pero la lucha y el canibalismo político de ir contra el hombre, contra el responsable, sea quien sea, generalizando la responsabilidad para derrotar a un adversario político, es un instrumento lamentable con el que nosotros no jugamos.
En el Parlamento de Canarias nosotros hemos tenido alguna experiencia de este tipo. Hemos vivido una experiencia donde un responsable político del Gobierno era responsable de actos realmente graves y le hemos ofrecido al Partido Socialista y al Partido Popular su condena.
No. Ambos votaron -asunto Tindaya- para que la responsabilidad fuera general del Gobierno, ¿recuerdan? Nosotros eso no lo aceptamos, porque no era una responsabilidad general del Gobierno, era de un solo responsable político. Luego hemos vivido una experiencia con los fondos del INEM, donde no había ningún tipo de lucro personal o de aprovechamiento de un partido político. Había habido irregularidades en la Administración y se dijo que había corrupción. Lamentable.
Después hemos vivido en estos últimos meses la experiencia de un responsable político del Gobierno de Canarias, de nuestro partido, que ha denunciado hechos que se han producido en un Gobierno anterior de nuestro propio partido. ¿Qué se ha hecho en el Parlamento de Canarias? Ir contra el denunciante, porque lo que importa no es si se lucha contra la corrupción, sino cómo destruir un proyecto político, cómo utilizar cualquier escándalo, no para buscar los responsables.
Aquí se ha hablado de trincheras y es verdad que en las guerras y en las comisiones de investigación la primera víctima es la verdad, porque no se busca la verdad, se busca el intento de generalizar una responsabilidad causando un deterioro en la sociedad, en los valores y en la opinión pública para que aparezca que todos son responsables y que aquí la política es corrupta, sea cual sea el partido, y si un partido tuvo una condena política en unas elecciones, de lo que se trata es de que ahora el otro sufra la misma condena para poder sustituirle, pero así no se crea una alternativa. Cuando hay una experiencia de este tipo, si se hubiese hecho un debate serio y responsable para ver, primero, las responsabilidades penales para denunciarlas a los juzgados, segundo, las responsabilidades políticas reales, que se expresan en el dictamen, y, tercero, los elementos de negligencia, se hubiese originado un serio deterioro al Gobierno. Sin embargo, cuando no se ha querido ver los elementos de negligencia y lo que se ha hecho son ataques personales sobre la fortuna, las empresas o los créditos pedidos por una empresa de un vicepresidente del Gobierno, lo que se ha hecho es disparar y el tiro ha chamuscado al que lo ha disparado. Entonces, la guardería no ha llegado a la mayoría de edad y por eso no hay alternativa. La mayoría de edad de una alternativa se configura sobre la base de la responsabilidad política y de ofrecer una alternativa responsable, no echando tinta de calamar a todo el mundo para generalizar la confusión y la responsabilidad y a ver cómo entre todos deterioramos el sistema político.
Nosotros no jugamos a eso, ni vamos a jugar, aunque el Partido Popular, en el asunto Tindaya, lo haya aprovechado para generalizar una responsabilidad nuestra que sabe muy bien que no era tal. Cuando nosotros, en la época de Felipe González, no seguimos al Partido Popular ni al señor Ramallo en aquella actitud y defendimos la misma de hoy con respecto al Gobierno socialista, ustedes nos reprochaban, y ahora han comprendido que lo que importa de verdad es buscar la verdad, definir la responsabilidad y corregir el sistema político para que no se vuelvan a producir situaciones como la de ahora. Mi grupo sólo valora aquí, y lo digo con toda sinceridad, que nosotros hemos aprendido -aquí no somos nosotros los árbitros o los que tenemos la fuerza moral- de un grupo como el de Convergència i Unió, que ha mantenido siempre esa posición de responsabilidad en esta Cámara, en la época de González y en la época de Aznar.
Hoy, el mismo día en que se está intentando transmitir a la sociedad española un mensaje de generalización de la corrupción y de problemas, de que si la familia, el hermano, la hermana, la monja o no sé cuánto, se ha aprobado aquí en esta Cámara la ley de financiación autonómica, que es un acontecimiento histórico para la sociedad española, y pasa desapercibido, aquí no importa y nadie se acuerda que se ha ganado hoy aquí un gran acuerdo histórico en el proceso de la construcción europea. En este momento yo digo aquí que lo que importa es la financiación autonómica y lo que importa es que la sociedad reciba un mensaje de que no hay impunidad para los estafadores, que no hay impunidad para las responsabilidades políticas, pero que toda la Cámara, todo el Gobierno y todos los partidos políticos no son corruptos, que la mayoría de los políticos de esta sociedad no son corruptos, sino, al contrario, hacen un esfuerzo y un sacrificio enorme para seguir soportando acosos como los que se hacen aquí, dentro de la responsabilidad que hay para dirigir y gobernar un país que se está convirtiendo en un país modélico en la

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Unión Europea y no un país que dé vergüenza y nos humille ante la Unión Europea y ante el mundo. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!) Por eso, amigos, compañeros, nosotros votaremos a favor del dictamen y ya sé que nos dirán desde este lado (El señor diputado señala la izquierda del hemiciclo.) que somos cómplices del Gobierno, como nos dijeron ustedes (El señor diputado señala la derecha.) que éramos cómplices del Gobierno anterior.
Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.
Por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, permítanme que desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) exprese hoy aquí lo que creo que es un sentimiento unánime de toda la Cámara, nuestra condolencia por la muerte ayer, en la provincia de Huelva, de 19 personas de la tercera edad, catalanas, que pasaban unos días de vacaciones en Andalucía. Permítame, pues, señora presidenta, que muestre esa condolencia en nombre del Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, pero soy consciente de que lo hago en nombre de toda la Cámara. (Aplausos.) Señora presidenta, señorías, el 6 de septiembre creamos en esta Cámara una comisión de investigación sobre Gescartera. Escuchaba ahora al señor Mauricio, que explicaba una posición que ha sido siempre compartida por Convergència i Unió a lo largo de las distintas legislaturas. Nuestro grupo, señora presidenta, nunca ha sido partidario de crear comisiones de investigación cuando los hechos están en conocimiento de la justicia. No lo hemos dicho ahora, lo hemos dicho siempre. Hemos considerado que las comisiones de investigación pueden ser útiles, aunque tienen también un componente de erosión política, legítima; muchas veces, las comisiones de investigación tienen dentro de sí más ruido que voluntad expresa de esclarecer lo que ha pasado. Esto lo hemos dicho siempre. Lo decíamos cuando el Grupo Popular estaba en la oposición y las pedía, y en eso coincidíamos entonces con el Grupo Socialista; lo decíamos en época de UCD, lo hemos dicho siempre. Si cogemos la normativa, por ejemplo de la Asamblea Nacional francesa, vemos que allí no se puede crear una comisión de investigación si de ese hecho conoce la Administración de justicia, y si está conociendo el Parlamento, debe parar la investigación y pasarla a la Administración de justicia. El propio reglamento del Parlamento Europeo dice lo mismo: no se puede crear una comisión de investigación dentro del mismo si está conociendo de ello la Administración de justicia. A pesar de ello, el 6 de septiembre nuestro grupo se sumó a lo que era un consenso unánime de esta Cámara para crear una comisión de investigación con una voluntad explícita -se decía ese día-: esclarecer los hechos, las posibles responsabilidades y plantear propuestas para que un caso como Gescartera no pueda volverse a producir. Así pues, las líneas de la comisión eran: hechos, responsabilidades y propuestas.
Pues bien, hoy llegan al Pleno de esta Cámara las conclusiones.
Nuestro grupo, señora presidenta, ha introducido 28 puntos concretos en estas conclusiones. En el documento que hoy se vota hay 28 puntos que son de puño y letra de nuestro grupo parlamentario. Paso a relatar, en primer lugar, los hechos. ¿Cuáles son los hechos que nos trae hoy aquí esta comisión de investigación? Un hecho claro es que debemos mejorar el funcionamiento interno de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Hemos detectado disfunciones en esa comisión. Las comparecencias lo han demostrado. Señorías, como no todos ustedes han estado en esa comisión, les voy a poner seis ejemplos detectados de funcionamiento no óptimo de esa comisión y seis aspectos que hemos introducido con nuestras enmiendas en el dictamen que hoy se va a votar.
En primer lugar, la división de supervisión, con el señor Vives al frente, realizó un informe que traigo hoy aquí en el que se valoraba la situación de Gescartera a 17 de mayo del año 1999. Ese informe decía, por ejemplo: los diferentes certificados facilitados por Gescartera son falsos. También decía ese informe: se ha detectado una importante diferencia entre la liquidez de clientes informada por Gescartera y la confirmada por Bankinter por importe de 4.518 millones de pesetas. Asimismo decía: la sociedad Gescartera ha respondido por escrito a diversos requerimientos con manifestaciones cuya falsedad hemos podido constatar mediante confirmación de terceros. Ese informe estaba en la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el mes de mayo de 1999 y ningún miembro del consejo, ni el señor Fernández-Armesto ni la señora Valiente ni nadie del consejo sabía de ese informe. Yo les pregunté a ellos por el informe y desconocían su contenido, lo cual demuestra que no funcionaba bien, porque ¿cómo no iba a conocer el presidente Fernández-Armesto un informe tan claro y tan nítido? Por tanto, nosotros hemos puesto esto en las conclusiones y hemos dicho que debemos mejorar el sistema para que, a partir de ahora, cualquier documento que afecte a una supervisión llegue a los miembros del consejo.
Les voy a poner un segundo ejemplo. Se decía: el Arzobispado de Valladolid hoy nos dice que son 30 millones de pesetas y mañana nos dice que son más de 1.000 millones los que tiene en Gescartera. Dice la CNMV con buen criterio: hagamos una circularización a distintos clientes para comprobar cuál es su saldo. Todos contestan igual. ¿Por qué? Todos contestan igual porque presumiblemente esa respuesta venía a través de la propia Gescartera. Nuestras conclusiones dicen

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que a partir de ahora esto no puede volver a ocurrir. Debemos hacer mayores comprobaciones cuando la respuesta de los distintos clientes es idéntica.
Un tercer ejemplo de esas disfunciones es que hemos podido asistir a una comisión de investigación en la que cada consejero nos daba su versión de lo que había ocurrido, por ejemplo, el 16 de abril de 1999, fecha en la que no se intervino pero en la que, unánimemente, se acordaron unas medidas provisionales aceptadas por todos. Cada uno daba su versión y eso es también una disfunción. En cuarto lugar -lo decía también el señor Alcaraz-, se cambia la fecha de referencia para realizar la supervisión. Unos dicen que el cambio está bien hecho y otros dicen que no. Aclarémoslo. Pongámoslo también en las conclusiones.
Otro ejemplo más. Gescartera es elevada a agencia de valores el mismo día en que se la sanciona; el mismo día que sancionamos una conducta irregular proponemos que se eleve a agencia de valores. ¿Qué dice el informe? Dice que a partir de ahora, el comité consultivo que debe hacer dentro de la Comisión Nacional del Mercado de Valores el informe para elevar de rango a una gestora deberá contemplar expresamente las sanciones graves o muy graves que esa gestora tiene impuestas. Esto no estaba y a partir de ahora esperamos -porque está en estas conclusiones, y estoy convencido que el proyecto de ley financiero que llegará pronto a esta Cámara las recogerá- que esto cambiará, como debe cambiar el control que hace la Comisión Nacional del Mercado de Valores antes de inscribir en el registro una nueva agencia de valores. En el informe destacamos que no realizó el control exhaustivamente porque la inscribieron sin que se hubiera comprobado que la Fundación ONCE había adquirido el 25 por ciento de Gescartera Holding y ese era un requisito. Esto también figura en el informe que hoy vamos a someter a votación de esta Cámara. Por tanto, dentro de los hechos constatamos que hay disfunciones en el funcionamiento de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.
Las auditoras tampoco en este supuesto han dado una respuesta efectiva. No han logrado reflejar el estado contable real de las empresas auditadas. Debemos cambiar el sistema. Debemos prestigiar a las auditoras porque este caso ha hecho daño a la auditoría en general. Debemos darles prestigio pero también identificar un procedimiento claro de sus actuaciones e incrementar los mecanismos de comunicación entre el supervisor y el auditor. Cuando la Comisión Nacional del Mercado de Valores está investigando a una agencia debería comunicarlo también al auditor de esa agencia o de esa gestora; hay que establecer una mejor comunicación.
Otros hechos conocidos son que ha habido poca prudencia por parte de organizaciones no gubernamentales o asociaciones sin fines de lucro.
No pueden invertir alegremente el dinero que les confían las personas, y muchas veces se trata de donaciones. Ha habido falta de prudencia y hemos tenido constancia de ello en la Comisión; falta de prudencia también por parte de aquellos que administraban fondos públicos de entidades y empresas integradas en el sector público.
Esto también lo decimos en las conclusiones y en las enmiendas aportadas por nuestro grupo, así como que no hemos conseguido saber dónde está el dinero que falta y que los clientes reclaman. Sabemos que quizá parte de ese dinero está en un paraíso fiscal, fuera de España. Por eso en las conclusiones decimos expresamente que debemos atajar esos paraísos fiscales, que en el ámbito de la Unión Europea y en el de los distintos países del mundo debemos intentar que desaparezcan paraísos fiscales que son encubridores de actuaciones delictivas. Lo decimos en nuestras conclusiones. Por tanto, hay unos hechos constatados.
A continuación debíamos esclarecer responsabilidades. Ha dimitido el secretario de Estado de Hacienda, ha dimitido la presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, pero ¿son suficientes esas dimisiones? ¿Con eso hemos acabado con las responsabilidades políticas? Cada uno puede tener su visión sobre este aspecto. Se nos dice por parte de otros grupos que uno es responsable cuando se equivoca al elegir. Nuestro grupo siempre ha mantenido en esta Cámara en todas las legislaturas -los diputados del Grupo Socialista y de otros grupos que llevan ya muchas legislaturas en esta Cámara lo saben- que para exigir una responsabilidad política del Gobierno debemos probar que ese miembro del Gobierno conocía y permitía la situación irregular. En opinión de nuestro grupo debemos probarlo.
Para otros es suficiente haber elegido mal; para nosotros no y no vamos a cambiar hoy de criterio. En las distintas comparecencias, preguntas y documentos no hemos encontrado una prueba que responsabilice a un miembro del Gobierno. Así lo decimos en las conclusiones, porque no se ha encontrado. De momento, esa responsabilidad, con lo que se ha visto en la comisión y con el criterio que ha aplicado siempre nuestro grupo en esta Cámara, no se ha encontrado. También se afirmó por varios dirigentes que Gescartera era una lavadora de dinero negro del PSOE o del PP. Tampoco se ha podido probar que Gescartera sirviera para financiar irregularmente al Partido Socialista, al Partido Popular o a cualquier otro partido de la Cámara. De esto también queremos dejar constancia hoy en estas conclusiones finales.
Señora presidenta, finalmente, hay una propuesta que hoy votaremos y que plantea que debemos reglamentar las comisiones de investigación.
Señora presidenta, quiero abrir una reflexión pública. Nos hace falta una normativa, porque no podemos estar discutiendo en medio de una comisión que si viene el Gobierno tenemos este formato o aquel otro.
No podemos, debemos tenerlo fijado y que sirva para todos para siempre.
No podemos, señora presidenta, conculcar el deber de secreto que los miembros de una comisión de investigación

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tenemos sobre aquello que entra con tal carácter. Voy a poner dos ejemplos y creo que los medios de comunicación me entenderán de forma correcta. Los responsables de cualquier medio de comunicación, legítimamente, deben buscar una información, sea secreta o no. Es la labor profesional que deben hacer; como están obligados -y ellos tienen el deber de guardar secreto- a no manifestar la fuente de una información que han recibido. Pues bien, los diputados de esta Cámara, señora presidenta, tenemos el deber de secreto de aquello que nos llega con ese carácter y no lo podemos conculcar. Es responsabilidad de todos. A esta Cámara han llegado documentos que no podía conocer cualquier miembro del hemiciclo, sólo los dieciséis que éramos miembros de la Comisión de investigación. Si iba un diputado que no era miembro de esa Comisión, la Cámara le decía que no podía acceder al documento y si iba uno que lo era, abrían una caja fuerte, sacaban el documento y se lo enseñaban. Pues bien, ese documento salía después reflejado en los medios de comunicación. Yo puedo asegurar que no ha sido por parte de nuestro grupo parlamentario (Rumores.), pero con esta práctica, señora presidenta, estamos conculcando una norma que nos hemos dado todos, el artículo 16 del Reglamento de esta Cámara, que nos obliga a un deber de secreto. Por tanto quiero que en un futuro reglamento de las comisiones de investigación dejemos bien fijado esto, porque no es de recibo que no se conozca nunca el contenido de un documento secreto y confidencial que custodia la Administración y que, sin embargo, entre en este Parlamento y se conozca media hora después. Esto debemos atajarlo, porque no redunda en el buen prestigio de esta Cámara, y es responsabilidad de todos, no de un diputado en concreto, de todos en general. Deberíamos ser conscientes de que en un futuro deberíamos cambiar esta práctica, porque es responsabilidad de todos los diputados no conculcar el derecho a la intimidad de nadie, esté o no imputada esa persona. No tenemos ningún derecho a facilitar el dato de que una persona vive en un sitio determinado si ha llegado con carácter confidencial. Esto no podemos hacerlo porque estaríamos conculcando un derecho constitucional de esa persona. Esto no lo ha hecho nunca la Administración, ni en época socialista ni ahora ni en época de UCD, ni tampoco debe hacerlo esta Cámara. Debemos ser muy cuidadosos en estos aspectos y, por tanto, bienvenido sea ese reglamento de funcionamiento de las comisiones de investigación que debemos aprobar.
Señora presidenta, quiero terminar agradeciendo a los servicios de la Cámara la labor que han hecho durante esta Comisión de investigación, que se ha reunido durante casi 200 horas. Es la comisión más larga de la historia de este Parlamento. Quiero agradecer expresamente la labor de los servicios de la Cámara con la documentación que ha llegado. Quiero también agradecer a todos los miembros pertenecientes a los distintos grupos que integran la Comisión los momentos de coincidencia y de discrepancia. Han sido muchas las horas que hemos compartido y quiero en este momento agradecer a todos el talante que hemos tenido, con sesiones maratonianas, que en ocasiones nos han cansado, en otras nos han divertido o crispado. Quiero agradecer también la labor que han hecho los medios de comunicación, en sesiones de seis, siete y hasta más de doce horas. Uno se giraba y los veía en la sala, como un faro, cubriendo la crónica para el periódico del día siguiente, realizando una labor -no sé si sus responsables se lo van a agradecer- que me consta que ha sido dura para ellos, porque tenían que escucharnos y posteriormente sintetizar lo que habíamos dicho durante horas y horas; por ello quiero agradecerlo de forma expresa.
Las propuestas que vamos a aprobar son constructivas. Mi grupo parlamentario ha incorporado una relativa a la necesidad de que el nombramiento del presidente de la CNMV pase por este Parlamento, de que haya un hearing previo. Sería bueno también que se nombrara al presidente y a todo su equipo, porque después hay disfunciones de los miembros del propio consejo y sería conveniente reflexionar sobre si no es mejor nombrar un presidente con un equipo que pueda realizar la labor de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Otra propuesta de nuestro grupo, que se aprobó, es la necesidad de prohibir que un técnico de la CNMV pueda pasar a prestar sus servicios para la entidad que está supervisando. Que no se vuelva a producir nunca más un caso como el del señor Ruiz de la Serna, que trabajaba e investigaba a Gescartera y, de repente, el señor Camacho lo ficha porque se dice: este tiene un buen conocimiento de la cocina interna de la CNMV. Que no se dé nunca más un caso de pase directo de un funcionario de la CNMV a trabajar en la entidad que estaba gestionando.
Por último, señora presidenta, hoy aprobamos una conclusión que es importante. Hay un proceso judicial abierto que va a continuar. Mi grupo tiene la impresión de que si esta Comisión continuara sus trabajos un mes más, las conclusiones de los votos particulares serían muy similares a las de hoy y las conclusiones finales de la Comisión también. Mi grupo cree que trabajar otro mes supondría conocer algunos datos más, pero me temo que las conclusiones de unos y de otros al final serían muy similares a las que vemos en el Pleno de hoy. Me temo que esto sería así. (Rumores.) Señora presidenta, señorías, quiero señalar que vamos a remitir todos los trabajos, los documentos y los diarios de sesiones de todas las comparecencias al ministerio fiscal, para que si de esas comparecencias se deduce algún hecho delictivo, pueda actuar la Administración de justicia. Creemos que este es el camino adecuado, porque, repito, nuestro grupo siempre ha sido partidario de que si de un asunto conoce la justicia, no debe conocer el Parlamento.


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Termino, señora presidenta, con un agradecimiento especial a la diputada Mercè Pigem, que ha colaborado conmigo en los trabajos de la Comisión. Hemos estado trabajando con rigor para preparar las distintas comparecencias y formular las preguntas a todos aquellos que hemos convocado desde el Parlamento.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías. Subo a esta tribuna con la conciencia del deber cumplido. (Aplausos.- Risas.- Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, hemos trabajado durante estos últimos meses en la Comisión de investigación para dar cumplimiento a lo que el Parlamento nos demandó el 6 de septiembre y para dar cumpliento también a lo que nos demandó la dirección del Grupo Parlamentario Popular, y no es otra cosa, señorías, que transparencia, claridad y llegar a la verdad hasta el final.
(Aplausos.- Protestas.) Mi grupo parlamentario y los diputados de mi grupo parlamentario no tenemos que sumar puntos ante nadie, no tenemos tampoco la necesidad de que nos den una segunda oportunidad. (Aplausos.) Hemos trabajado, señorías, para llegar hasta el fondo en el caso Gescartera y desde luego todos los ciudadanos saben que, después de la Comisión de Gescartera y gracias al impulso que ha dado a esta Comisión el Grupo Parlamentario Popular, hoy se sabe mucho más de Gescartera.
(Aplausos.) Señorías, al Partido Socialista y a los diputados del Partido Socialista los mandaron en su grupo no a saber la verdad, los mandaron de cacería y han vuelto con el morral vacío. (Aplausos.- Risas.) Señorías, yo creo que los diputados de la Comisión de Gescartera del Grupo Socialista no es que lo hayan hecho mal, como pueden entender algunos, es que lo que les encargaron no se podía demostrar. Se han demostrado, y está en las conclusiones de la Comisión, todos los hechos y las responsabilidades a que hubiera lugar, pero no a la cacería que el Grupo Socialista quiso montar, y por eso, señorías, cuando el señor Zapatero monta su estrategia política en los últimos meses en dos direcciones, en las elecciones gallegas y en Gescartera, se puede decir, y se puede decir con claridad, que en eso ha fracasado; ha fracasado en las elecciones gallegas y ha fracasado en el caso Gescartera, señorías. (Aplausos.- Protestas.)

Señorías, yo, después de estar atento a lo que ha dicho el señor López Aguilar, creo que antes de hablar de conclusiones hay que hablar de algunos puntos básicos. Señor López Aguilar, primero, usted omite cosas; usted en esta tribuna ha omitido cosas y, claro, la película le sale a usted con el final que le han diseñado en su dirección, pero usted omite cosas, y se las voy a demostrar. Señor López Aguilar, usted ha hablado de regalos, y yo le voy a hablar de regalos, ¿sabe usted que en la lista de regalos que figuran en la Comisión de Gescartera el único cargo público actual, actual, que ha recibido un regalo de Gescartera es un miembro elegido por el Grupo Socialista en el consejo de Radiotelevisión Española? ¿Saben ustedes esto, señorías? (Aplausos.- Protestas.) Porque yo no le quería hablar de esto. (Protestas.- Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.) En la lista... (Rumores.-Protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.-La señora Serna Masiá pronuncia palabras que no se perciben.) Señora Serna, le ruego guarde silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, aquí hay un distinto nivel para medir las responsabilidades, y ustedes tienen otro. ¿Saben que ese miembro del consejo de Radiotelevisión Española -por si no lo saben SS.SS. les voy a ilustrar-, cuando cumplió 23 años, empezó a trabajar en el periódico El Socialista y que a partir de los 25 ha ocupado siempre cargos (Fuertes y prolongadas protestas.) en el Grupo Socialista? Ha sido responsable de prensa del grupo parlamentario, jefe de prensa de diversos ministerios con el Gobierno socialista, ha sido director general de la Presidencia con el señor González y ha sido portavoz del Gobierno de Andalucía. (Rumores.-Aplausos.) Pero no se acaban ahí las omisiones, señorías. (Protestas.) El señor López Aguilar ha omitido algunas cosas y conviene ilustrarle. (Continúan las protestas.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.) ¿Saben ustedes que entre los amigos del señor Camacho...


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor MartínezPujalte.


Señora Cunillera, que yo sepa, usted no está interviniendo ni está en el uso de la palabra. Le ruego guarde silencio en su escaño.
(Rumores.) Señora Cunillera, le ruego guarde silencio en su escaño.
(Continúan los rumores.) Señorías, ruego guarden silencio también en el otro lado de las bancadas.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Decía, señor López Aguilar, que usted ha omitido en su película algunas cosas. ¿Sabe usted que entre las relaciones del señor Camacho, que son las personas que invita

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a su próximo enlace matrimonial, estaba el señor Chaves, presidente de la Junta de Andalucía? (Aplausos.- Protestas.) Pues está aquí demostrado. (Continúan las protestas.-Algunos señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, ruego guarden silencio, y además de guardar silencio ruego que se abstengan de emitir las palabras que desde las últimas filas de esa bancada se están diciendo. Señorías, ruego guarden silencio.
(Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Le llamo al orden por primera vez.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Por si SS.SS. no lo saben, les voy a ilustrar. ¿Saben que entre la lista de felicitaciones de Gescartera figura el director general de Tesorería y Política Financiera de una comunidad autónoma y que esa comunidad autónoma es la Junta de Andalucía? El señor González Marín. (Rumores.) El único que figura.
¡Qué película, señor López Aguilar, hubiera organizado usted con esos datos! El señor López Aguilar omite también que entre los clientes de Gescartera está una persona próxima a un grupo parlamentario, está el cuñado del señor Yáñez. (Risas.-Fuertes y prolongadas protestas.) Señorías, yo les ruego que no se pongan nerviosos. (Varios señores diputados: ¡Oh!) Estoy aportando algunos datos a la película del señor López Aguilar para intentar que tenga un final más feliz que el que ha tenido hasta ahora. No estoy intentando otra cosa. ¿Saben que también el señor Nevado, miembro del consejo de Radiotelevisión Española del Grupo Socialista, tenía inversiones en Gescartera? (Rumores.) Sí, señorías.


La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.
Señorías, me supongo que todos los miembros de esta Cámara, sin dejar ninguno, estamos interesados en que lo que esta mañana se está debatiendo aquí pueda ser escuchado fuera de estas paredes con la suficiente claridad y nitidez. Les puedo asegurar, señorías, (El señor Blanco López, pronuncia palabras que no se perciben.), le puedo asegurar, señor Blanco, que con el nivel de murmullo y de intervenciones (El señor Blanco López, pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Blanco, le llamo al orden. Señor Blanco. (Rumores.- Fuertes protestas.) Señorías, guarden silencio. (Rumores.) Estaba diciendo desde la presidencia que les puedo asegurar que con el nivel, no de murmullo, sino de vocerío que hay en los escaños es imposible que los ciudadanos que están fuera de esta casa, a través de ningún medio de comunicación puedan escuchar lo que se está diciendo. (Rumores.) Sus señorías seguramente recuerdan que las sesiones se retransmiten en directo por el canal de televisión, con lo cual hay ciudadanos que lo pueden estar viendo en este momento. En cualquier caso, creo que todos estaremos especialmente interesados en que todo lo que se diga aquí desde la tribuna por los diputados que están en el uso de la palabra pueda trascender. Por lo cual les ruego que guarden silencio, respeten los turnos de palabra y conseguiremos, insisto, que todos los españoles puedan conocer exactamente lo que aquí se está diciendo.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, continúo. Entiendo que estos datos no le gusten al Grupo Socialista y de hecho los omito, pero son datos relevantes señorías. (Rumores.) Son datos relevantes que le hubieran permitido al señor López Aguilar hacer otra película.
Quizá, incluso, le hubieran permitido hacer otro organigrama, esa especie de parodia, de divertimento que ayer hicieron ante los medios de comunicación y que hoy no se ha atrevido a mantener en la tribuna (Aplausos.-Protestas.) por que era una parodia más propia del rigor como dibujante, que del rigor jurídico, señor López Aguilar, más propia de otro tipo de actitud que del rigor en esta Comisión.
(Rumores.) Les decía que habían omitido, pero les quiero decir también, señorías, que en su intervención caen en la irresponsabilidad. No se puede, señor López Aguilar, acusar sistemáticamente a toda la Agencia Tributaria, a todo el Banco de España, a todos los funcionarios del Ministerio de Economía; no se puede responsabilizar a todos porque a usted le venga bien para su película; no se puede, señor López Aguilar, decir, porque a usted le venga bien para su película, que son los funcionarios los que han hecho posible la trama de Gescartera. (Rumores.) Sí, señorías, sí. El señor López Aguilar dijo, por si ustedes no lo saben y se lo quieren recordar: Sin la ayuda de esos funcionarios Gescartera y Camacho no serían explicables. Señor López Aguilar es una irresponsabilidad querer manchar a los funcionarios y a las instituciones para el desarrollo de su propia película. (Rumores.) Señorías, si he hablado de omisiones y de irresponsabilidades también hay que hablar de acusaciones falsas. Han estado haciendo acusaciones falsas un día sí y otro también. Decían que un ministro viajaba con el señor Camacho de Londres a Barcelona, a los diez minutos cambian y es de Londres a Madrid, y hasta la fecha, señorías, eso es una falsedad, una falsedad de la que no se han retractado, señorías.
(Rumores.) En su voto particular hablan de inversiones públicas, y omiten una cosa, señor López Aguilar, que la inversión pública más importante es la sugerida por el cuñado del señor Yáñez, como él mismo reconoció en esta Comisión. (Rumores.-Aplausos.-La señora López i Chamosa : ¿Dónde está la bomba?)

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La señora PRESIDENTA: Señora López, guarde silencio. (Rumores.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señor López Aguilar, hay un cuarto elemento antes de hablar de conclusiones que me gustaría reseñar: inmadurez. Vinieron a la Comisión con pataletas, y perdonen la expresión, que si me voy, que si me quedo, y han acabado la Comisión sin querer saber la verdad e intentando focalizarla hacia otro sitio, y eso es por inmadurez. Señor López Aguilar, no se puede decir una cosa y la contraria, no se puede decir -y usted ha sido jefe de gabinete en el Ministerio de Administraciones Públicas- que se emplea la ley para unos y para otros no, no se puede decir eso porque usted sabe, porque ha sido miembro de la Comisión, que el presidente de la CNMV, y antiguo ministro socialista, a los tres meses de estar en la CNMV pasó a desempeñar un cargo en el consejo de administración de una empresa que salió a Bolsa a los tres meses, y eso usted lo omite, señor López Aguilar. (La señora López i Chamosa: ¡Es la bomba!) ¿Qué diría, señor López Aguilar, hablando de incompatibilidades, si el jefe de gabinete de un ministro nuestro aprovechara su cargo para sacar una oposición a cátedra? (Rumores.-Aplausos.) Señorías, el Partido Popular ha impulsado esta comisión de trabajo, el Partido Popular con sus votos mayoritarios hizo posible que existiera la Comisión de Gescartera, y hemos hecho un trabajo con luz y taquígrafos, un trabajo que los medios de comunicación conocen bien. Hemos interrogado a más de cincuenta personas. (Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Señorías, no hablaremos de cuentas en Suiza si no quieren (Algunos señores diputados: Sí, sí.), pero también se puede hablar. (El señor Blanco López: Hablemos, hablemos.-La señora López y Chamosa: ¡Délas!)

La señora PRESIDENTA: Señora López, le llamo al orden.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Que lo diga ya, que suelte la bomba.


La señora PRESIDENTA: Señora López, le llamo al orden por segunda vez.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Y por tercera si quiere.


La señora PRESIDENTA: Adelante, señor Martínez- Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, me perdonarán, y yo no quería, pero si el líder, señor Blanco, me dice que lo saque, yo lo saco. ¿Sabe quién tenía cuentas en Suiza, señor Blanco? Diputados del Grupo Socialista: el señor Navarro, el señor Galeote, y presidentes autonómicos. (La señora Rumí Ibáñez: Las de ahora, no las de antes.)

La señora PRESIDENTA: Señora Rumí, le ruego guarde silencio. (Varios señores diputados de ambos lados de la Cámara pronuncian palabras que no se perciben.-El señor Hernando Fraile pronuncia palabras que no se perciben.) Señor Hernando, le ruego guarde silencio, también.
(Rumores.)

El señor MARTÍNEZ PUJALTE: Señorías, yo no quería hablar de cuentas en Suiza, han sido ustedes los que me lo han dicho. (Rumores.) Pero si tienen interés, se lo voy a decir. No se priven. (La señora López i Chamosa: Saca las cuentas, Pujalte, saca las cuentas. ¿Dónde están?) En una cuenta en Suiza, la número 519788 BH, la tenían abierta el señor Navarro, diputado socialista y el señor Galeote.
(Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!- El señor Blanco García: ¡A la cuestión, a la cuestión!- Rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. ¡Señor Blanco, le llamo al orden! (Rumores.)

El señor BLANCO GARCÍA: ¡A la cuestión, a la cuestión!

La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, le llamo al orden por segunda vez. (Fuertes y prolongadas protestas.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Se ponen nerviosos, señorías, lo siento pero yo respondo al requerimiento del líder, señor Blanco, que es el que me ha dicho que hablara de esto. Y le estoy diciendo, señorías,...(Fuertes y prolongadas protestas.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte ....(Rumores y Protestas.) Señorías, en tanto en cuanto no sea posible escuchar al interviniente que está en el uso de la palabra, el Pleno no va a continuar. (Fuertes y prolongadas protestas.) Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, si quiere el señor Blanco, sigo hablando de esto. Si me dice que no siga, no sigo hablando de esto. Pero si el señor Blanco quiere que siga, yo sigo. Porque, señorías...( Rumores.-Protestas.-El señor CalderaSánchez-Capitán: El Reglamento, el Reglamento. Artículo 102.-La señora Cunillera i Mestres pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señora Cunillera! guarde silencio, por favor.
Adelante, señor Martínez-Pujalte, continúe con su intervención.


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El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: El señor López Aguilar ha hablado de cuentas en Suiza y yo le estaba informando de que los que tenían cuentas en Suiza son el señor Navarro, el señor Sala, diputados socialistas...(Varios señores diputados: ¡Gescartera!, Gescartera, Gescartera!) Sí, señorías, y tenían cuentas en Suiza los presidentes autonómicos socialistas, señor Urralburu y señor Otano, y está en las actas judiciales. (Aplausos.) Señorías, yo no lo quería sacar. (El señor Caldera Sánchez-Capitán, pide la palabra.) Señor Caldera, no se ponga nervioso, ahora le sigo diciendo. Y tenían cuentas en Suiza donde está demostrado...(Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!) Y tenían cuentas en Suiza donde se ingresaban las comisiones de Filesa. Lo ha declarado recientemente en el juzgado el presidente de la sociedad El Viso, que es una sociedad de publicidad cuyo presidente era del comité electoral del Partido Socialista, que le pagaban con cargo a esas cuentas trabajos que hacía para el Partido Socialista. (Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte.


El señor BLANCO GARCÍA: A la cuestión. (El señor Caldera Sánchez- Capitán pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Blanco, no es preciso que auxilie a esta presidencia en la dirección del debate. (Rumores.-Varios señores diputados: Sí, sí.-El señor Caldera Sánchez-Capitán, pide la palabra.) Señorías, el Reglamento le da a la presidencia la competencia para dirigir el debate y, por tanto, lo voy a seguir ejerciendo. Señor Caldera, le daré la palabra cuando termine el señor Martínez-Pujalte.
Señor Martínez-Pujalte, le ruego termine en tres minutos.
(Protestas.-Rumores.)

El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, vuelvo a la cuestión. Se pagaban con cargo a esas cuentas en Suiza gastos de la campaña electoral del PSOE, y esas cuentas eran de Filesa, y, ¿saben, señorías...( Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera, Gescartera!)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martínez-Pujalte, por favor.
Señorías, en tanto en cuanto las intervenciones espontáneas de determinados bancos de este hemiciclo se sigan produciendo, no vamos a terminar este debate ni va a ser posible que el diputado que está en el uso de la palabra lo haga. Señorías, el Reglamento le concede a la presidencia... (Rumores.) Señorías, guarden silencio. El Reglamento le concede a la presidencia la dirección de los debates, lo que el Reglamento no le concede, porque no es posible, es impedir que SS.SS. emitan sonidos y gritos desde sus bancos. Pero como sí me permite suspender el debate...(Un señor diputado pronuncia palabras que no se perciben.) Señorías, ruego guarden silencio. (Rumores.-Protestas.) Señorías, les llamo al orden.
Estaba diciendo, y ruego que guarden silencio todos los diputados, que en tanto en cuanto no sea posible que la intervención del diputado que está en el uso de la palabra sea audible, vamos a seguir con este planteamiento. Por tanto, señorías, insisto, como el Reglamento lo que no me posibilita es que ustedes sigan emitiendo sonidos, la única forma que me cabe es la de que solamente le dé la palabra al diputado interviniente cuando haya un suficiente nivel de silencio en la Cámara que permita seguir el debate.
Adelante, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, concluyo con este tema, pero digo que una persona ligada al entorno de Filesa está ligada al entorno de las empresas de Gescartera. (Varios señores diputados: ¡Gescartera, Gescartera, Gescartera!) No, si es que están ligadas las personas, señorías; están ligadas las personas. (Aplausos.) Señorías, esta Comisión se inicia porque el 14 de junio la CNMV decide intervenir la sociedad sin que hubiera mediado ni reclamación de cliente ni salvedad en la auditoría. Se hace porque en esa reunión del 14 de junio se descubre que hay descuadre patrimonial y es la Comisión la que decide intervenir e ir a los órganos jurisdiccionales. (Rumores.) Sé que les sienta mal, pero eso es así, señorías. Desde entonces hemos trabajado con intensidad, tanto la Comisión de Gescartera como el Gobierno apoyando a los órganos jurisdiccionales. Desde luego, señorías, mucho más que cuando hubo otros casos en España, cuando el Grupo Popular por responsabilidad, criticó a los estafadores y no criticó a los órganos de supervisión; por responsabilidad, señorías, que ustedes no han demostrado.
Señorías, estamos ante una gran estafa, y mi grupo lo sabe, sabemos que hay otros sujetos implicados y así lo hemos hecho constar. pero también decimos que la Comisión Nacional del Mercado de Valores, desde su fundación hasta ahora, ha hecho un buen trabajo. Es verdad que se ha equivocado con Gescartera, desde el inicio. Señorías, en 1994, teniendo una sanción grave el señor Camacho, el señor Croissier le deja seguir funcionando. Eso, señoría, el señor López Aguilar lo pasa de largo.
Señorías, ustedes han hablado de irregularidades. Yo les quiero decir, para que lo sepan todas SS.SS., que los informes de auditorías internas, de entidades independientes, de organismos de la función pública con alta profesionalidad e independencia han puesto de manifiesto que no ha habido irregularidad alguna ni en la Agencia Tributaria, ni en los centros directivos de Hacienda, ni en los centros directivos de Economía. Así

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figura, señorías, aunque el señor López Aguilar lo quiera ocultar esta mañana a la Cámara. Por eso, mi grupo cree que no hay responsabilidad política adicional en el caso de Gescartera. Mi grupo cree que los señores Rato y Montoro han hecho y están haciendo un trabajo extraordinario en beneficio de todos los españoles y, desde luego, una tarea de primer orden para modernizar y dar transparencia a la estructura económica, que se está traduciendo en crecimiento y empleo. Mi grupo felicita al señor Rato y al señor Montoro por su tarea. (Aplausos.) Señorías, nos ha hecho el señor López Aguilar una digresión jurídica sobre la responsabilidad que no aplica a su propio grupo. Hay responsabilidad cuando un nombramiento no se ajusta al perfil adecuado o cuando se conocen los hechos irregulares y se tapan. Eso es lo que sucedió con el gobernador del Banco de España en épocas socialistas, que conociendo los hechos se taparon. Ahora, es el Grupo Popular el que los ha descubierto, el que le ha dado transparencia y el que ha llegado hasta el final. (Rumores.-Aplausos.) Señorías, ni en la documentación ni en las comparecencias se ha desprendido implicación alguna, ni directa ni indirecta, de algún miembro del Gobierno, ni de ningún otro cargo, aparte de los ya señalados que SS.SS. conocen. Mi grupo también ha propuesto medidas positivas para que esto no pase. Estamos ante una Comisión, señorías, que ha supuesto un fracaso para el Partido Socialista, vinieron a cazar y se han ido de vacío, señorías, pero nosotros hemos llegado hasta el final, hemos dado un ejemplo a la democracia española de transparencia y de claridad y además, señorías, hemos propuesto mejoras para el futuro. (Rumores.- Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego que concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LOPEZ: Concluyo, señora presidenta.
Señoría, es ridículo el papel del Grupo Socialista, llevado al máximo apogeo en el organigrama que ayer hicieron, ridículo, señoría. Al Partido Popular le ha valido este caso para demostrar nuestro compromiso con la transparencia y con la claridad. (Risas.), para demostrar que es un partido donde no cabe la corrupción y un partido, señorías, donde el que la hace la paga. Mientras, en el Grupo Socialista están en el sálvese quien pueda porque lo han hecho fatal.
(Fuertes y prologados aplausos de las señoras y señores diputados del Grupo Popular puestos en pie.-Varios señores diputados del Grupo Socialista: ¡Rato dimisión! ¡Rato dimisión!-El señor López Aguilar pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Señor López Aguilar. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) Un momento, señor López Aguilar, que el señor Alcaraz pide la palabra. ¿Señor Alcaraz?

El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, con la venia, suponemos que corresponde, en función de la sesión que estamos viviendo, un turno de réplica, aunque sea mínimo, a todos y cada uno de los grupos.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, en principio no ha habido turno en contra porque se ha utilizado el turno de fijación de posición...
Déjeme que termine, no haga gestos, señor Alcaraz.
Había visto que me pedía la palabra el señor López Aguilar y pensé que era el único que la pedía, por eso se la he dado a él, pero veo que hay otras peticiones de los grupos que han presentado votos particulares y entonces, como usted planteaba, por un tiempo mínimo vamos a seguir el mismo orden. En primer lugar, tiene usted la palabra. (Pausa.) Está en el uso de la palabra, señor Alcaraz, porque si mal no recuerdo ha sido el primero en intervenir defendiendo su voto particular.


El señor ALCARAZ MASATS: Acepto que usted haya estado flexible en este momento, pero también le digo que es una flexibilidad ponderada, por cuanto usted en el trámite oportuno debiera haber anunciado si alguien pedía el turno en contra, cosa que no se ha hecho desde la presidencia en su momento.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, cuando desde la presidencia no se ha hecho es porque tenía conocimiento -porque así se lo habían hecho llegar los grupos que no habían presentado votos particulares- de que no iban a pedir turno en contra. Es un dato que seguramente le faltaba a usted.
Adelante.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias, señora presidenta.
Nosotros, señora presidenta, hemos hecho un trabajo serio de investigación por cuanto pensamos que la democracia se consolida día a día. A nuestro juicio, las mayorías absolutas no son favorables a la transparencia, pensamos que este tema se ha demostrado de manera sobrada no sólo en este debate aquí en Pleno, sino a lo largo de los trabajos de la Comisión.
La Comisión de investigación empezó a trabajar autoasignándose unos planos de trabajo que han sido muy positivos, que el señor presidente tenía a gala proteger y así lo ha hecho prácticamente hasta el final, en el sentido de que estábamos marcando una nueva forma de hacer parlamentarismo desde este Congreso y de conectar con la sociedad.
Nosotros pensamos que los intereses partidarios en ningún caso hubieran debido abortar esta situación a través de los cambios de formato de los planes de trabajo. Por tanto, esa es nuestra primera protesta.


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En segundo lugar, yendo al fondo de la cuestión, la democracia fundamentalmente se basa en algo que se llama la ética de la representatividad y en la ética de la representatividad va incurso, inserto el tema de la responsabilidad política. No se trata de demostrar ningún delito ni presunto delito; aquí se ha estado defendiendo, más que a un partido político, la irracionalidad del forofismo, del futbolismo, del fútbol y de los partidos de fútbol. No estamos de acuerdo con esa forma de hacer política, señora presidenta, y lo decimos aquí. Se han demostrado cuestiones de responsabilidad política que no se asumen; una mayoría absoluta, por muy absoluta que sea, no puede votar que un tomate es un mamífero y meter el tema en el Boletín Oficial del Estado, y eso es un poco lo que se está intentando aquí.
Le digo al señor portavoz del Partido Popular, que sabe que lo tengo en estima como a un portavoz cualquiera de cualquier otro grupo en cualquier otro momento de los trabajos de esta Cámara, que su discurso tenía que haber sido político. Usted puede hacer el discurso que quiera, pero se trata de contrastar argumentos políticos en función de un objeto que nos ha reunido aquí: la búsqueda de una responsabilidad política. Ese discurso político no se ha hecho. A partir de ahí y en función del nerviosismo de la Cámara, estamos generando una noticia que no es positiva para la Cámara, que no es positiva para la democracia. El cruce de argumentos, la dialéctica argumental ha dejado paso a otro tipo de cuestiones que no dignifican precisamente la imagen democrática de esta Cámara, por una parte y por otra.
Señora presidenta, yo quiero dejar constancia aquí de que nosotros hemos querido que se hiciera un debate con todos los argumentos, desde la serenidad y contrastando realmente el peso de cada argumento desde el principio hasta el final. No ha sido posible. Se ha abortado el estilo de la Comisión de investigación, se ha abortado la prolongación necesaria de esta Comisión de investigación y ahora, al final, en función de unas cosas y de otras, se ha abortado que se concluya con un debate político de altura. Lo sentimos de verdad, señora presidenta, y queremos decir que los trabajos de la Comisión, serios y rigurosos, no se corresponden con el debate que ha tenido lugar esta tarde aquí, en el Pleno de la Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco PNV, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muchas gracias, señora presidenta. Muy brevemente.
Hoy hemos asistido a un espectáculo de alguna manera lamentable. La Cámara está excitada y lo que nos dice esta excitación es que el tema era realmente importante. Pues bien, yo creo que aquí hemos puesto el dedo en la llaga de lo importante los grupos de la oposición, y el Partido Popular no ha dicho absolutamente nada de lo que pasó en Gescartera, pero nada de nada. (Aplausos.) La habilidad del señor Pujalte para irse por las ramas es realmente increíble. La sociedad no se ha enterado de lo que ha pasado hoy aquí, sólo se va a enterar de que ha habido un follón terrible, pero lo que pensarán -y yo creo que esto lo van a tener claro- es que el Partido Popular no ha contribuido en absoluto a esclarecer los hechos. Frente a las explicaciones que hemos dado unos, las no respuestas y las descalificaciones de los otros. A nosotros no nos ha descalificado porque no somos nadie, porque somos el Partido Nacionalista Vasco y no entra dentro del juego político. No se trataba de aclarar cuestiones, se trataba de hacer un partido de ping-pong entre los partidos mayoritarios, y creo sinceramente, señores del Partido Popular, que esto es realmente un error.
No hay que confundir. Nosotros no estamos diciendo, por lo menos nuestro grupo, que el señor Rato, el señor Montoro y el señor Caruana sean culpables, no; estamos diciendo que son responsables. Señor Pujalte, usted ha reconocido que hay sujetos implicados. Pues bien, para pasar de sujetos implicados a sujetos responsables, en política, simplemente basta con ser coherentes y profundamente demócratas, y esto hoy aquí no se ha producido. Realmente lo siento. Me gustaría tener la oportunidad de que este debate no quedara aquí, que los ciudadanos supieran qué es lo que ha pasado. No traten de tapar este debate de forma artificial. Este es un debate real de un problema real, con responsabilidades reales, y esto no se puede tapar con algaradas salidas de tono en esta Cámara.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Aguilar.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Señorías, el Grupo Socialista habló de responsabilidades y no nos van a parar, ni a la justicia ni al Parlamento ni a la opinión pública. Le digo al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que usted no habla con el señor López Aguilar, cuyo nombre ha repetido 25 veces, usted habla con el Grupo Parlamentario Socialista, habla con ocho millones de votantes y habla con millones de españoles que tienen derecho a saber la verdad sobre el caso Gescartera, sobre lo que usted no ha dicho ni una sola palabra. (Aplausos.) Le digo también que no va a conseguir rebajar el tono del Grupo Socialista para situarlo a su propia estatura moral, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Señor Martínez- Pujalte, no va a conseguir rebajar nuestro tono para que tengamos que explicarle que cumplimos con nuestro deber. No ha

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habido ninguna cacería, aunque comprendo que el Grupo Parlamentario Popular se encuentra muy incómodo con la cacería porque se siente mucho más cómodo con las monterías con trofeos amañados, que sé que les gusta mucho a los portavoces del Grupo Popular. (Aplausos.) Monterías con trofeos amañados, pero aquí el trofeo no estaba amañado, era la verdad sobre el caso Gescartera, a cuyo esclarecimiento ustedes no han contribuido en absoluto. Cumplimos con nuestro deber y créame que estamos convencidos y seguros de que, entre la inmadurez y la putrefacción, somos capaces de encontrar un punto medio con millones de españoles. Entre la inmadurez y la putrefacción, hay un punto medio en el que los socialistas quieren poner la verdad sobre el caso Gescartera, que ha sido el motivo de nuestro trabajo.
Usted nos pide que hagamos frente a nuestras contradicciones; no vamos a rebajar el discurso del Partido Socialista para hablar de contradicciones con quien un lunes dijo que admitir el paso a una comisión de investigación era igual que admitir el dolo en el comportamiento del Gobierno y al martes siguiente se vio obligado a desdecirse con desvergüenza. (Aplausos.) Se vio obligado a desdecirse al martes siguiente porque le contradijeron los hechos, la presión de la opinión pública y la exigencia de la constitución de la comisión de investigación.
No va a obligar a bajar el tono del Grupo Socialista para explicarle que nuestra investigación sobre la Agencia Tributaria no afecta a 30.000 funcionarios, afecta a sus cargos políticos. Créame que nos preocupan los 30.000 funcionarios de la Agencia Tributaria, pero nos preocupa mucho más 16 millones de contribuyentes que tienen derecho a fiarse de la Agencia Tributaria, tienen derecho a tener confianza en la Agencia Tributaria. Los expedientes de inspección no pueden ser manipulados con criterios selectivos dirigidos por altos cargos de confianza del Partido Popular, que pueden ser sorprendidos a las dos y media de la mañana, manipulándolos sin ofrecer ninguna explicación.
(Aplausos.) Esos 16 millones de contribuyentes tienen que ser ciudadanos que puedan exigir de su inspección tributaria transparencia y fiabilidad.
Créame que en algunos momentos de la intervención del Grupo Parlamentario Popular he sentido vergüenza ajena compartida, con toda seguridad, por el Grupo Popular. (Rumores.-El señor Arenas Bocanegra: ¿Vergüenza?-El señor de Grandes Pascual: ¡Caradura!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Créanme que he compadecido y compadezco a los diputados del Grupo Popular que han tenido que sufrir esta ducha de vergüenza ajena durante la intervención que hemos escuchado.
(Aplausos.) y compadezco especialmente a esos diputados del Grupo Popular que no son capaces de sonreír ni siquiera cuando se habla de cuentas en Suiza, los compadezco. (Aplausos.) Cuando se habla de cuentas de Suiza, hay algún diputado del Grupo Popular que ni siquiera puede sonreír, ni siquiera entonces, y lo comprendo, porque usted con su intervención, absolutamente extemporánea, les ha obligado a pasar un mal rato de vergüenza ajena. Permítame que le diga que ciertas intervenciones en esta Cámara sitúan su aportación a la dignidad parlamentaria al mismo nivel que la aportación del ecónomo de Valladolid a la teología y a la moral, exactamente al mismo nivel. (Risas y aplausos.) Ustedes se han proclamado aquí incompatibles con la corrupción; de lo único que tenemos noticia los españoles, los ciudadanos que tenemos derecho a saber la verdad sobre el caso Gescartera, es que ustedes son compatibles con todo. (Aplausos.) Son compatibles con los negocios privados desde los cargos públicos, compatibles con la connivencia, compatibles con la tolerancia, compatibles con la ley del embudo que ustedes se han aplicado. Yo les he explicado la teoría de la responsabilidad política por la cual, cuando uno comete un error, o bien ofrece una explicación plausible en democracia que pueda convencer o sencillamente se va. Yo creo que no hay mayor prueba del nueve de su total, palmaria incapacidad para ofrecer una explicación plausible de cómo fue posible Gescartera que el hecho de que usted suba a esta tribuna y sea incapaz de hablar un solo minuto de Gescartera, porque no puede mirarle a la cara de la verdad sobre el caso Gescartera. Tiene que recurrir, como predijimos desde el primer día, al pasado y a la infamia, pero es incapaz de hablar ni un solo minuto de su responsabilidad política en el año 2001. (Rumores.) Mírense a su espejo, si son capaces, señores del Grupo Parlamentario Popular, y recuerden su doctrina. Recuerden su historial, recuerden cómo bramaban y gritaban, cómo braceaban como han braceado hoy (Rumores.-Protestas.), recuerden cómo bramaban y cómo gritaban ustedes cuando estaban en la oposición exigiendo responsabilidades políticas a la Presidencia del Gobierno cada vez que se descubre un error o una gestión impresentable en los segundos y terceros escalones de la administración, y cómo ahora eluden su responsabilidad política siendo incapaces, incluso cuando suben a esta tribuna, de hablar ni un solo segundo del asunto que estaba en el orden del día. Yo creo que eso ha retratado la altura parlamentaria del Grupo Popular. En eso -y estoy en lo cierto- se han quedado absolutamente solos. Nadie en esta Cámara era capaz de comprender a qué estaban dedicando su tiempo los portavoces y los diputados del Grupo Parlamentario Popular y a qué lo han dedicado aquí, a hablar de cualquiercosa menos de Gescartera.


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La señora PRESIDENTA: Señor López Aguilar, le ruego que concluya, por favor.


El señor LÓPEZ AGUILAR: Nada más, señora presidenta. (Fuertes y prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señor Martínez-Pujalte, creo que su discurso hace un flaco favor a esta Cámara porque hurta el debate político. Uno es nuevo y afrontaba esta Comisión de investigación y este debate de hoy con novedad. Al ver cómo ha actuado usted, en el próximo debate vamos a venir con chubasquero porque la táctica del ventilador, señor Martínez-Pujalte, ha funcionado, pero no ha dado ninguna razón ni ninguna argumentación de la postura del PP ante este hecho. No sólo ha hurtado usted el debate político, sino que los dos ministros, con su ausencia, han hecho un flaco favor al Congreso. Les falta altura política al señor don Rodrigo de Rato y al señor Montoro para estar hoy aquí.
(Aplausos.) Lo mínimo que podían hacer, si tal es la seguridad, es estar hoy aquí.
Señor Martínez-Pujalte, me parece inconcebible que usted se refugie en el búnquer -en este caso, búnquer barraqueta- y no sea capaz, en ningún momento, de un solo atisbo de autocrítica del Gobierno y del grupo que apoya al Gobierno sobre la actuación de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y sobre la Agencia Tributaria, ni un atisbo de autocrítica. Este es un flaco favor a la Cámara. Creo, incluso, que sus electores habrían aceptado y agradecido autocrítica por su parte. No ha habido ni una palabra del innombrable. En este debate hay un innombrable para el Partido Popular, el ex secretario de Estado de Hacienda, el señor don Enrique Giménez-Reyna. No han dicho ni una palabra, ni una mención, no lo hicieron en la Comisión ni en su dictamen ni en su voto, en definitiva. Es altamente sospechoso que haya un personaje con responsabilidad en este caso como el señor Giménez- Reyna.
Finalmente, me parece también fuera de lugar que el señor representante de la mayoría sea incapaz de dar argumentos a las propuestas constructivas que se han hecho desde la oposición. Ya lo hicieron en la Comisión. Ni un argumento se dio acerca de porqué, por ejemplo, la conclusión principal fuera que el Congreso nombrara al presidente y a los miembros no natos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. No han dado ni un argumento. Tendrían dos, uno concebible que sería el celo habitual del Ejecutivo en no ceder competencias al Legislativo, pero hay otro que es la sensación de que ustedes no quieren que los vigilantes sean vigilados. No quieren que los vigilantes, en ese caso la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sean vigilados por esta Cámara. Aquí no han dado explicaciones y no son capaces darlas.
Para acabar, usted ha dicho que el Partido Popular había llegado hasta el fondo. Me parece difícil. Estamos hablando en el caso Gescartera de una fosa abisal y en las fosas abisales hay mucho barro y mucho lodo. En este caso creo, señor Martínez-Pujalte, que el lodo también les ha encharcado a ustedes.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Puigcercós.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte López.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Los españoles, gracias al Partido Popular, han tenido más información de Gescartera que de ningún otro escándalo que salpicó en la época socialista a todos los españoles, (Rumores.) se ha dado más información que nunca, señorías.
(Aplausos.) Hemos dedicado a la Comisión de Gescartera más horas de trabajo que a ninguna otra comisión; hemos tenido más comparecientes que nunca -y eso lo saben también los medios de comunicación que nos han acompañado- y hemos hablado de lo que ha sucedido en Gescartera, pero ustedes, señores del Grupo Socialista, nunca han querido saber la verdad. Lo que el primer día dijeron en la tribuna parlamentaria ya estaba augurando las conclusiones que querían sacar; dijo el señor Cuevas en tribuna parlamentaria que lo único que le interesaba de la Comisión Gescartera era buscar pruebas para las conclusiones que ya tenían establecidas. Por eso no les han importado los informes.
Señores del Grupo Socialista, creo que harían muy bien en leerse los documentos que figuran en la Comisión. Auditorias de organismos independientes, Inspección de los Servicios de la Administración pública, que es un organismo independiente y profesional, todos reseñan en sus conclusiones: Como resultado de lainvestigación no se han constatado conductas concertadas tendentes a favorecer a los contribuyentes analizados en el informe del Servicio de Auditoría Interna. Eso es lo que ha sucedido, señorías. Hemos hecho un trabajo intenso que nos ha permitido conocer a fondo lo que ha sucedido en Gescartera y hemos visto, señorías, que la Administración pública ha actuado con corrección, que los funcionarios han actuado con corrección y que no ha habido responsabilidad política más allá de la que ya se conoce y se constata en el documento de conclusiones, señorías.
Yo no sé a qué se refería el señor López Aguilar cuando hablaba de putrefacción e inmadurez. ¿Se refería, en esa disyuntiva entre putrefacción o inmadurez, a las dos direcciones socialistas? (Rumores.) ¿Se refería

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al antes y al ahora de la dirección socialista? (Rumores.- Aplausos.) ¿Se refería al hablar de putrefacción a lo que todos los españoles han conocido y al hablar de inmadurez a la actitud que hemos visto del señor Zapatero? ¿A eso se refería el señor López Aguilar? (Aplausos.) Porque desde luego, señorías, el señor López Aguilar tenía ya la réplica escrita, ya sabemos que tenía la réplica escrita, se lo había oído antes al señor Caldera ahí, en el bar, previamente a este discurso; ya la tenía escrita. (Rumores.-Risas.-protestas.) Señorías, hemos hablado de Gescartera, pero de lo que ustedes no quieren hablar es de que el único señor que ha recibido regalos y conserva un cargo público es del Grupo Socialista y está en el consejo de Radiotelevisión Española. (Rumores.-Protestas.) Señorías, hemos hablado de Gescartera a fondo, pero por mucho ruido que hagan, señorías, no van ocultar el fracaso que han tenido. Desde luego, señorías, la altura moral no necesita alzas, no necesita ruido; la altura moral la ha manifestado nuestro grupo parlamentario aceptando una comisión de investigación con mayoría absoluta (Risas.- Protestas.), algo que ustedes no hicieron ni hacen ahora donde tienen responsabilidad de Gobierno. (Protestas.) No lo hacen, señorías. No vamos a hablar de actitudes personales porque algunos de su grupo tienen mucho que ocultar.
Muchísimas gracias. (Aplausos.-Rumores.- Protestas.-Varios señores diputados: Ramallo, Ramallo.-Los señores ministros de Economía y Hacienda entran en el hemiciclo.-Varios señores diputados: ¡Cobardes, cobardes, cobardes!)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación del dictamen de la Comisión de investigación sobre Gescartera, así como de los votos particulares que han sido presentados.
Empezamos con la votación del voto particular presentado y defendido por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Dentro de este voto particular votamos, en primer lugar, el nuevo apartado de dicho voto incluido en virtud de lo solicitado mediante escrito, número de registro 51.288.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 119; en contra, 181; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación las propuestas números 4 y 16 del voto particular del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 174.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 120; en contra, 185.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, la propuesta número 2 de dicho voto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 130; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 187.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, sometemos a votación el nuevo apartado de dicho voto incluido en virtud de lo solicitado mediante escrito, número de registro 51.504.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 118; en contra, 187.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos a continuación el apartado 3.1 de las propuestas incluidas en el voto particular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 131; en contra, 173; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos el resto del voto particular presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 119; en contra, 186.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Iniciamos la votación del voto particular del Grupo Mixto. En primer lugar, el apartado relativo a la descentralización

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de la Comisión Nacional del Mercado de Valores incluido en las propuestas relativas a cambios normativos del voto particular.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 131; en contra, 173.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Resto del voto particular del Grupo Parlamentario Mixto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 119; en contra, 186.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.


Realizada la votación de los votos particulares, sometemos a votación el dictamen de la Comisión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 186; en contra, 119.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Comisión.
(Aplausos.) Se levanta la sesión.


Eran las tres y diez minutos de la tarde.

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