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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 125, de 29/11/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 125

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.a LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 120

celebrada el jueves, 29 de noviembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000:

- Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000. «BOCG. Sección Cortes Generales», serie A, número 201, de 8 de octubre de 2001. (Número de expediente 260/000002.) . . . (Página 6287)

Enmiendas del Senado:

- Proyecto de Ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 36-1, de 16 de marzo de 2001.
(Número de expediente 121/000036) . . . (Página 6311)

- Proyecto de Ley General de Estabilidad Presupuestaria. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie A, número 29-1, de 9 de febrero de 2001. (Número de expediente 121/000029.) . . . (Página 6318)

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Debates de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945.028.721 pesetas (17.699.979,09 euros), para abonar a la Compañía Transmediterránea, S.A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional. «BOCG. Congreso de los Diputados», serie A, número 52-1, de 26 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000052.) . . . (Página 6327)

- Proposición de Ley de modificación de la Ley 32/1999, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. «BOCG.
Congreso de los Diputados», serie B, número 129-1, de 6 de abril de 2001. (Número de expediente 122/000115.)

S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000 . . . (Página 6287)

El señor Defensor del Pueblo (Múgica Herzog) comparece ante la Cámara para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución y en la Ley Orgánica del Defensor del Pueblo y dar así cuenta de la gestión llevada a cabo por la institución del Defensor del Pueblo durante el ejercicio del año 2000, cuyos datos más relevantes se contienen en el informe anual que obra en poder de sus señorías.


Intervienen en el debate los señores Labordeta Subías y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Grau Buldú, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Cunillera i Mestres, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Delgado Arce, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Enmiendas del Senado . . . (Página 6311)

Proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo . . .
(Página 6311)

En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas presentadas por el Senado intervienen la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Jané i Guasch, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Mayoral Cortés, del Grupo Parlamentario Socialista, y la señora Torme Pardo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Intervienen de nuevo el señor Rejón Gieb y la señora Torme Pardo.


A continuación se someten votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.


Proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria . . .
(Página 6318)

En turno de fijación de posiciones sobre las enmiendas del Senado presentadas al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria intervienen los señores Núñez Castain y Rodríguez Sánchez, del

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Grupo Parlamentario Mixto; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Cámara Rodríguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, que son aprobadas.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 6327)

Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945.028.721 pesetas (17.699.979,09 euros), para abonar a la Compañía Trasmediterránea, S.A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional . . . (Página 6327)

Presenta el proyecto de ley, en nombre del Gobierno, el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero). Explica el Real Decreto 1876/ 1978, de 8 de julio, que estableció el régimen de prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y aprobó las bases del contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional a suscribir entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea S.A., así como la denuncia de dicho contrato en el año 1995 por parte de la Administración, dándose por finalizado dicho contrato a los dos años siguientes, en 1997. Esta denuncia se basó en consideraciones relativas al proceso de liberalización del transporte marítimo, en el que debía desenvolverse la actividad de Trasmediterránea, y al traspaso de competencias en la materia a las comunidades autónomas. A efectos de garantizar determinados servicios de transporte marítimo se encomendó su prestación a una empresa pública, la Compañía Trasmediterránea S.A.
garantizando al mismo tiempo las aportaciones estatales necesarias para asegurar el equilibrio económico-financiero de dichos servicios.
El pago de las distintas liquidaciones anuales se han ejecutado a través de créditos extraordinarios, quedando pendientes los intereses de demora de los ejercicios 1996 y 1997, por lo que el Gobierno presenta este proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario que se ha tramitado de conformidad con lo que establece el artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria, habiendo recaído sobre el mismo el dictamen favorable del Consejo de Estado.


En defensa de la enmienda de totalidad presentada interviene el señor Segura Clavell, del Grupo Parlamentario Socialista.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Sedó i Marsal, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Jiménez Suárez, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945.028.721 pesetas (17.699.979,09 euros), para abonar a la Compañía Trasmediterránea S.
A. los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, se rechaza por 95 votos a favor, 160 en contra y una abstención.


Se levanta la sesión a las dos y treinta minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


INFORME DEL DEFENSOR DEL PUEBLO CORRESPONDIENTE A LA GESTIÓN REALIZADA DURANTE EL AÑO 2000. (Número de expediente 260/000002.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VI del orden del día, informe del Defensor del Pueblo correspondiente a la gestión realizada durante el año 2000.
Tiene la palabra, señor Defensor del Pueblo.


El señor DEFENSOR DEL PUEBLO (Múgica Herzog): Señora presidenta, señoras y señores diputados tan numerosos (Risas.), de nuevo comparezco ante esta Cámara para dar cumplimiento a lo preceptuado en la Constitución y en nuestra ley orgánica, y dar así cuenta de la gestión llevada a cabo por la institucióndel Defensor del Pueblo durante el ejercicio del

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año 2000, cuyos datos más relevantes se contienen en el informe anual que obra en poder de SS.SS.
A principios del pasado mes de octubre tuvimos ocasión de presentar y debatir ampliamente numerosas cuestiones de las que afectan al mencionado informe ante la Comisión Mixta para las Relaciones con el Defensor del Pueblo, en el marco de una sesión estimulante y constructiva en la que se nos animó a continuar en la línea iniciada durante esta nueva etapa de la actividad institucional. Un poco más tarde también se presentó el informe ante el Pleno del Senado, por lo que ruego a SS.SS. se sirvan excusar las coincidencias intertextuales sobre las que tanto se ha especulado últimamente y que de modo inevitable aparecerán a lo largo de mi intervención.
En la segunda parte del ejercicio 2000, a partir de que se produjera la designación del Defensor y sus adjuntos, se llevó a cabo un análisis organizativo y funcional de la trayectoria y de los métodos utilizados para tratar de aumentar la eficacia en la gestión ordinaria. Por ello, además de atender la inaplazable y principal tarea de tramitar las correspondientes quejas y de realizar las actividades inherentes a las competencias que la institución tiene atribuidas, se puso en marcha una inicial reestructuración en las áreas de trabajo para hacer frente al desequilibrio en la carga de tareas debido al incremento de los asuntos investigados y, al mismo tiempo, a la creciente complejidad de estos asuntos, porque en la actualidad, señorías, bien puede afirmarse que cualquier materia que afecta a los derechos humanos se relaciona al mismo tiempo con múltiples sectores de la Administración. Por poner un solo ejemplo, resulta bien notorio que los problemas planteados por las personas de otros países que desean establecerse en el nuestro, asignados para su estudio y tramitación al área funcional de inmigración, suscitan, como es lógico, cuestiones colaterales de gran importancia en otras áreas: aumento de las listas de espera hospitalaria en la de sanidad, necesidades de personal en la de función pública, demoras en la expedición de permisos laborales en la de trabajo, necesidades de alojamiento en la de vivienda o dificultad de integración escolar en la de educación. Asimismo, desde la perspectiva de los medios materiales, tan decisivos para el normal desenvolvimiento de las tareas ordinarias, debo aludir a las previsiones realizadas con objeto de superar los problemas derivados de la limitación de espacio físico en la actual sede de la institución, por un lado, y la obsolescencia del equipo ofimático y de telecomunicaciones, por otro.
La insuficiencia de espacio para albergar las dependencias administrativas en razonables condiciones genera incomodidades a los ciudadanos que acuden a la sede y a quienes prestan sus servicios en ella. Por estos motivos estamos tratando de acondicionar un inmueble adecuado y, además, se ha elaborado un plan integral de renovación tecnológica que habrá de desarrollarse en varios ejercicios.
Tras esta información abreviada acerca de las circunstancias condicionantes de la actividad, entro en la exposición -también obligada y afortunadamente breve- del propio contenido del informe.
Un informe, el que ahora se presenta, que ofrece determinadas modificaciones en cuanto a estructura y distribución de contenidos respecto de los elaborados en ejercicios anteriores, con el propósito evidente de facilitar tanto su lectura y su consulta como el debate y la discusión sobre el mismo. Tras un primer apartado de presentación panorámica de problemas generales, el informe se centra en los datos principales de la gestión del año 2000, respondiendo de modo preciso a las exigencias de la Ley orgánica del Defensor del Pueblo. En relación con anteriores informes, se procura aumentar la claridad expositiva de este imprescindible apartado con numerosos cuadros- resumen y su correspondiente texto explicativo, detallando el número y tipología de las quejas recibidas, su origen geográfico, los sectores de la Administración afectados, el trámite en que se encuentran las quejas y otros datos de interés que permiten una visión global de la actividad llevada a cabo. Después se ofrecen los datos relativos a las administraciones públicas que han incumplido el deber de colaboración con el Defensor del Pueblo. Merece la pena aclarar que, aunque en términos generales las administraciones cooperan con el Defensor, sería deseable una mayor agilidad en la remisión de la documentación que se solicita, y asimismo se producen determinadas situaciones, oportunamente señaladas, en que no se atiende ese deber de auxilio preferente y urgente. Hasta ahora se ha venido ejerciendo la prudencia y la mesura, pero la responsabilidad ante las funciones atribuidas reclama la utilización en el futuro, para los casos más significativos, de la vis coactiva que permite el ordenamiento mediante la aplicación estricta de la legislación penal; en concreto el punto 2 del artículo 502 del Código Penal vigente, en el que aparece tipificada la conducta delictiva de desobediencia por parte de la autoridad o funcionario que obstaculizara la investigación del Defensor del Pueblo. Respecto a eso he de decir que hay algunos ayuntamientos -pocos pero algunos- que se resisten a colaborar. Estamos dispuestos a emplear esta vis coactiva, y estamos esperamos que nos caigan ayuntamientos de todos los colores del arco político para, dentro de la mayor imparcialidad, remitirlos al Fiscal General del Estado a fin de instar el ejercicio de la acción del artículo 502. En su apartado cuarto el informe se refiere a la labor de supervisión de la actividad administrativa, con la descripción de las cuestiones más significativas en el tratamiento de las quejas, distribuidas en 17 epígrafes competenciales. Su recorrido permite un diagnóstico aproximado de las dificultades y de la situación de los ciudadanos en lo que se refiere a sus relaciones con las administraciones públicas. El apartado quinto recoge las resoluciones adoptadas por el Defensor del Pueblo y las solicitudes

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de interposición de recursos de inconstitucionalidad y amparo, así como los efectivamente presentados y las sentencias recaídas sobre los mismos en el año 2000, las sugerencias, las recomendaciones, los recordatorios de deberes legales y las advertencias formuladas a las autoridades y funcionarios de las administraciones públicas. Las relaciones institucionales, entre las que se destacan las comparecencias parlamentarias y las actividades de coordinación con los comisionados autonómicos, ocupan el apartado sexto, y culmina el informe con unas conclusiones que intentan facilitar la lectura y la consulta del documento.
Entrando ya en el comentario de los cuadros estadísticos, el incremento del número de quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo durante el año 2000 ha sido notable. Pasar de un total de 13.700 quejas en 1999 a 26.995 en el año 2000 supone casi un cien por cien de aumento en las peticiones. Destaca en ese sentido el papel de las quejas denominadas colectivas, cuyo incremento ha sido muy llamativo y puede hacer fluctuar las cifras globales entre los distintos ejercicios, relativizando su sentido al mismo tiempo, porque los conjuntos de quejas colectivas sometidas al Defensor por medio de entidades varias o de colectivos de quejas agrupados en la propia institución para facilitar el estudio y la tramitación de las mismas inciden con gran peso en el total. Así ha ocurrido, por ejemplo, en el ejercicio cuyo informe se presenta con los conjuntos siguientes: 6.812 peticiones relacionadas con la protección de animales domésticos, entre los cuales no están los toros, naturalmente; 1.506 quejas en torno a la situación de los profesores de enseñanza no universitaria transferidos al Principado de Asturias y otras 5.702 presentadas acerca de los conciertos educativos en la misma Comunidad Autónoma de Asturias.
En cuanto a las cifras relacionadas con las quejas de oficio, aparentemente menos numerosas que en ejercicios anteriores, es necesario aclarar que en realidad se han abierto más expedientes de oficio. Lo que sucede, sin embargo, es que la presentación de una queja ordinaria por el mismo motivo hace desaparecer la anotación registradora de oficio. Así ocurrió, por poner sólo un ejemplo, en el caso de la queja de oficio abierta por la noticia de las deficientes condiciones en que se prestaba tratamiento de quimioterapia a determinados pacientes de oncología en un centro hospitalario público. Al tener entrada, pocos días después, algunas quejas individuales por ese mismo motivo dejó de computarse como queja de oficio la inicial abierta por la propia institución. La situación de tramitación en que se encontraban todas esas quejas a 31 de diciembre del año 2000 era la siguiente. En primer lugar, el conjunto de las no admitidas a trámite alcanzó la cifra de 7.354 quejas, muchas menos que en 1999. El dato parece indicar una mejor información de los ciudadanos acerca de las competencias atribuidas al Defensor del Pueblo y un cierto conocimiento de los mecanismos procedimentales establecidos en la gestión de la actividad, así como de las circunstancias que impiden la intervención; circunstancias como la resolución judicial pendiente, el anonimato, la mala fe, la carencia de fundamento, la inexistencia de pretensión o el perjuicio a tercera persona. De otro lado, las quejas efectivamente tramitadas en el ejercicio 2000 alcanzaron un total de 19.641, una cifra también muy superior, cercana al triple, a la del año 1999. Este total de quejas tramitadas comprende las concluidas, 15.813, las no concluidas o en trámite abierto, 2.552, las dejadas en suspenso por cualquier circunstancia relacionada con la investigación, 7, las pendientes de información, 297, y las que necesitan de estudios complementarios, 908.
Por lo que respecta a las sugerencias instando la actuación o la abstención en casos singulares se formularon 169, de las que fueron aceptadas 68, no lo fueron 29 y se encuentran pendientes de comunicación otras 72. Como siempre los números son agrestes. En el caso de las recomendaciones exponiendo la conveniencia de crear o modificar alguna norma se formularon 103, de las que se aceptaron 53, no lo fueron 10 y se hallan pendientes de respuesta 40. Tales cifras corresponden al 31 de diciembre del año 2000. En estos momentos, según los últimos datos disponibles, esas cifras se han convertido en 107 aceptadas, 51 no aceptadas y 11 pendientes respecto a las sugerencias, lo que supone un porcentaje de aceptación cercano al 63 por ciento, y 81 aceptadas, 18 no aceptadas y 4 pendientes respecto a las recomendaciones, con un porcentaje de aceptación de casi un 80 por ciento. Hasta aquí las cifras y dejamos ya de lado los números, que son lo más pesado del informe.
Merecen destacarse, por su importancia, las sugerencias y recomendaciones relativas a los procedimientos para la declaración de incapacidad en relación con los internos de los psiquiátricos penitenciarios, a la opción acerca del señalamiento o no del nombre del padre en el registro civil para los casos de las mujeres que fueron madres por aplicación de técnicas de reproducción asistida, a la comunicación de las resoluciones sobre visado mediante notificación personal, a la creación de un fondo de garantía de pensiones derivadas del derecho de alimentos para aquellos supuestos en que la persona condenada al pago no haga frente a sus obligaciones, a la necesidad de que las mujeres detenidas sean custodiadas preferentemente por personal policial femenino, a la homologación de las condiciones de ingreso y estancia en centros de minusválidos psíquicos, al derecho de los extranjeros para acceder al sistema público de becas y ayudas, a la agilización de actuaciones para modificar las líneas de alta tensión, a la información adecuada en los procedimientos para la obtención del permiso de conducir y a la tramitación adecuada de altas y bajas en la contratación temporal de personal por parte del Insalud. Otra muestra delnivel de actividad generado por la demanda de los ciudadanos

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la constituyen las tareas de información y atención al público, que se reflejan en las visitas recibidas, 5.719 personas, y las consultas telefónicas, 5.010, cifras ligeramente superiores a las del ejercicio precedente. Un aspecto de enorme trascendencia, el de los estudios sectoriales y monográficos, no aparece reflejado en el informe por no haberse finalizado ninguno durante el ejercicio, si bien merecen ser aludidos los trabajos y gestiones emprendidas para la realización de algunos de esos estudios. Me refiero en concreto a los estudios que se están llevando a cabo sobre escolarización de niños procedentes de familias migrantes, sobre la situación de las listas de espera sanitarias y sobre los problemas derivados de los procesos de adopción internacional.


En cuanto a los aspectos sustantivos que configuran materialmente la actividad de control de las administraciones públicas, por ofrecer a SS.SS. una concisa visión global, se destacan unos cuantos núcleos de problemas. En el marco de los aspectos relacionados con el personal al servicio de las administraciones públicas, las quejas presentadas ante el Defensor del Pueblo ponen de manifiesto la necesidad de una normativa general eficaz y se refieren, por ejemplo, a la movilidad de los funcionarios entre las diversas administraciones, derivada tanto de la consolidación de los procesos de transferencias como de los cambios posteriores de situación y de adscripción del personal a los servicios públicos. Ocurre así en el caso mencionado de 1.506 funcionarios transferidos desde la Administración central a la del Principado de Asturias, cuyos derechos retributivos pueden haberse visto perjudicados, o en el del personal laboral, cuyos efectos extintivos del contrato por el paso a otra Administración territorial se exceptúan tan sólo mediante la aplicación de convenios ad hoc suscritos por la Administración general del Estado o por algunas comunidades autónomas. Esa misma normativa general que se reclama podría facilitar la superación de determinadas cuestiones relacionadas con la interinidad, los procesos de selección, la estabilidad en el puesto, la precariedad de las condiciones de trabajo y, en definitiva, todas las que se refieren a una adecuada administración de personal; cuestiones todas ellas de gran trascendencia para la función del Defensor del Pueblo, toda vez que cualquier proceso de reforma de las administraciones públicas que afecta a los trabajadores públicos afecta paralelamente a los usuarios de los servicios públicos, a la calidad misma de los servicios y a la labor de control y supervisión de tipo interno y externo de las propias administraciones. Destaca en este apartado el elevado número de quejas y la gran variedad de asuntos concernidos procedentes de los miembros del instituto armado de la Guardia Civil.
Las duras condiciones bajo las que desempeñan su labor, las discriminaciones de orden económico en relación, por ejemplo, con el pago de horas extras y la frecuencia de bajas debidas a causas de carácter psicológico-psiquiátrico son motivaciones que aparecen con frecuencia en los correspondientes escritos de queja.
Otro núcleo de gran trascendencia es el de las cuestiones planteadas acerca de los derechos y las libertades de los extranjeros en España.
El año 2000 resultó especialmente significativo y complejo en esta materia, dentro de un proceso cualitativa y cuantitativamente marcado por los problemas derivados del hecho de la inmigración; problemas que muy previsiblemente seguirán planteándose en el futuro desde diversos planos. En esta materia, la Ley orgánica 4/2000, de 7 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social condiciona, como es natural, toda la actuación del Defensor en la materia, principalmente las tareas dirigidas a la supervisión de las instalaciones destinadas a albergar a los extranjeros rechazados en la frontera, el cumplimiento escrupuloso de las garantías procedimentales, en especial la de asistencia letrada desde la primera declaración, y la normalización, mediante el allegamiento oportuno de recursos materiales y personales, de la actividad administrativa tanto en las dependencias exteriores, desarrollando el ordenamiento en lo que se refiere a los consulados, como interiores, generalizando y perfeccionando el esquema administrativo establecido por las oficinas únicas de extranjeros.
Entre las actividades de control llevadas a cabo de oficio por el Defensor del Pueblo, merece la pena citar, además de las aludidas, las visitas a instalaciones aeroportuarias para supervisar el efectivo cumplimiento de la nueva normativa y a los centros de acogida e internamiento para inmigrantes, en los que se observó una duración de las estancias demasiada prolongada, que ni siquiera se considera como circunstancia favorable para la tramitación de la documentación de los mismos inmigrantes. En este punto cabe mencionar la aprobación por las autoridades administrativas de las normas de funcionamiento y régimen interior de los centros de internamiento de extranjeros en el mismo sentido propuesto por la institución que represento. Por otro lado, es preciso señalar las condiciones inapropiadas de habitabilidad que reúnen algunos centros, a veces sólo remediables mediante la construcción de otros nuevos. Especial atención en este ámbito se prestó a los menores procedentes de Marruecos en situación de desamparo, sobre todo en los territorios de Ceuta y Melilla, respecto a los cuales se formularon recomendaciones dirigidas a la mejora de las instalaciones de acogida y a la provisión de la documentación adecuada, incluido el permiso de residencia durante su periodo de acogimiento. En relación con otros aspectos, y para lo relativo al momento del tránsito a la mayoría de edad, resultan necesarias normas de suficiente rango que sean reguladoras de la repatriación de estos menores.
En cuanto a los retrasos en la expedición de resoluciones judiciales y administrativas, de nuevo es precisoinsistir en el informe anual acerca de las dilaciones en

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la resolución de los procesos tanto de carácter judicial como administrativo. En el ámbito judicial han sido sobre todo las salas de lo contencioso-administrativo de los tribunales superiores de justicia, seguidas de las de la jurisdicción civil, las que mayor número de investigaciones han requerido y las que acumulan más casos pendientes. Ejemplos ilustrativos por evidentes son los de los tribunales superiores de justicia de Castilla y León y del Principado de Asturias, que acumulaban a principios del año 2000 más de 10.000 procedimientos contencioso-administrativos pendientes de resolución; o la Audiencia Provincial de Madrid, con más de 25.000 asuntos pendientes. Precisamente en relación con este último curso acaba de llegar a la institución -llegó hace unos meses- una nota del Consejo General del Poder Judicial en la que se nos informa del acuerdo de la comisión permanente para el establecimiento de un plan de refuerzo de las secciones civiles en la citada audiencia provincial.
Por lo que se refiere a las reclamaciones económicoadministrativas, además de los inconvenientes que supone para los ciudadanos la exigencia de agotar la vía correspondiente antes de impugnar las resoluciones tributarias ante los tribunales de justicia, el incumplimiento frecuente de los plazos legales para resolver constituyó el objeto principal de las quejas presentadas en esta materia. A la tardanza en la resolución hay que añadir de otro lado la derivada de los plazos para la notificación y para la ejecución.
Aun atribuyendo la última causa de los retrasos a la reconocida insuficiencia de recursos materiales y humanos, podría plantearse sin embargo la necesidad de una reforma que teniendo presentes los principios recogidos por el artículo 103 de la Constitución española, en particular los de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación refuerce de manera adecuada las garantías para el ciudadano.
Por lo que toca a la situación de las prisiones, durante el año 2000 se efectuaron visitas a más de 20 centros penitenciarios. Esas visitas han permitido conocer de modo directo las instalaciones correspondientes e iniciar las oportunas investigaciones sobre su estado y actitud funcional. Los centros que presentaban más deficiencias, los de Zaragoza y Huesca, iban a ser sustituidos por el centro penitenciario de Zuera, ya inaugurado cuando se estaba elaborando el informe que se presenta. Merece destacarse con satisfacción una notable reducción en las denuncias por malos tratos en las prisiones, si bien con propósitos claramente preventivos se ha vuelto a comunicar a la Fiscalía General del Estado la necesidad de extremar la vigilancia cuando se produzcan estas denuncias.
En cuanto al principio de proporcionalidad que debe existir entre la gravedad de los hechos delictivos y las penas impuestas, algunas decisiones jurisprudenciales han apuntado la conveniencia de una solución legislativa clarificadora con objeto de individualizar las penas al máximo, y de ello se ha hecho eco el Defensor del Pueblo en relación con algunos supuestos regulados por el Código Penal que tipifican, establecen y agravan la pena para quienes cultiven, elaboren, trafiquen, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas y estupefacientes. Por otro lado, durante los últimos meses del año 2000 se produjo un incremento en el número de quejas de españoles presos en el extranjero referidas a las condiciones de vida en las prisiones, sobre todo en Marruecos y en Iberoamérica, y a la escasa atención de las autoridades consulares, a la falta de asistencia jurídica y al deseo manifestado de cumplir sus condenas en España. La información recibida se está analizando con objeto de fundamentar las recomendaciones pertinentes.
El control de las entidades financieras y en especial de las promotoras de planes de pensiones ha motivado que el Defensor del Pueblo haya sugerido racionalizar la acción de vigilancia ejercida por el Banco de España en lo que concierne al cumplimiento de sus resoluciones y a las consecuencias que ello pudiera suponer para las entidades financieras. Así, la Memoria que el ente emisor publica anualmente suele incluir opiniones desfavorables para las entidades, con el fin de contribuir a erradicar prácticas incorrectas, pero esa mención no es objeto de seguimiento alguno de los casos en que se ha observado vulneración de la adecuada práctica bancaria para comprobar si las entidades financieras modifican en su caso la forma de actuar.
También merece destacarse de este punto el caso de la supuesta discriminación sufrida por un amplio colectivo de 3.444 personas que prestan sus servicios en establecimientos bancarios, cajas de ahorro, compañías de seguros y sociedades o agencias gestoras de valores. La obligación de confiar la gestión de los compromisos relacionados con los fondos de pensiones para sus empleados a entidades externas no se genera excepcionalmente en el caso de los bancos, los cuales pueden seguir manteniendo planes de pensiones internos gestionados dentro de la misma entidad. Esta excepción priva a los trabajadores de la posibilidad de movilizar las cantidades asignadas al pago de pensiones cuando cambian de puesto de trabajo, lo cual puede considerarse como una conculcación de la libre circulación de los trabajadores, tanto en el ámbito nacional como en el comunitario.
Otro grupo de cuestiones relacionadas con el medio ambiente, la cooperación y el desarrollo económico constituye un sector muy condicionado por la pugna permanente de intereses de difícil equilibrio entre diversos derechos, bienes y valores constitucionalmente protegidos; así puede observarse una aparente incompatibilidad entre el derecho al disfrute de un medio ambiente adecuado para el desarrollo de la persona (artículo 45 de la Constitución), el reconocimiento de la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado (artículo 38 de la Constitución), la subordinación de la

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riqueza del país al interés general (artículo 128.1) o la atención a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos (artículo 130).
Desde el punto de vista funcional, se percibe bien a las claras la necesidad de que se refuercen adecuadamente los mecanismos de coordinación y cooperación entre las diversas administraciones públicas con competencias en materia de medio ambiente; esto es la estatal, la autonómica y la local.
Como actuaciones sustantivas específicas de la oficina del Defensor, cabe señalar en este ámbito, entre otras, las relativas a las declaraciones de impacto ambiental, en cuyo proceso ha influido especialmente la aparición del Real Decreto de 6 de octubre de 2000, modificando el Real Decreto legislativo de 28 de junio de 1986, disposiciones por las que se amplían los supuestos susceptibles de valoración del mencionado medio ambiente y la tramitación de numerosas quejas acerca del proyecto de plan hidrológico nacional, referidas en gran parte tanto a los efectos económicos como socioambientales de los trasvases previstos.
En materia urbanística, cabe citar la actividad llevada a cabo para tratar de evitar la urbanización de terrenos con riesgo de sufrir inundaciones y la lentitud en la tramitación de expedientes por infracción urbanística; para garantizar la participación de los afectados en las actividades de planeamiento urbanístico y el efectivo cumplimiento del artículo 49 de la Constitución en lo que se refiere a la eliminación de barreras arquitectónicas en pro de la integración de ciudadanos con discapacidad. En cuanto al problema de la vivienda, las quejas recibidas indican algo casi evidente: la dificultad para que los grupos desfavorecidos, particularmente jóvenes e inmigrantes, vean consolidado el derecho constitucional al disfrute de una vivienda digna y adecuada.
Por lo que respecta al Sistema de Seguridad Social, sigue generando un número elevado de quejas, tanto en cuanto se refiere a sus elementos imprescindibles de control como en lo relativo a su panorama prestacional. En el primer aspecto, el relativo al control, los procedimientos recaudatorios han planteado cuestiones como las que afectan al ingreso ya realizado de cuotas reclamadas o a la denegación de devolución de cuotas erróneamente ingresadas. El asunto de las reclamaciones de intereses al sistema de la Seguridad Social por cantidades retenidas indebidamente a los asegurados y beneficiarios ha sido considerado positivamente por la Tesorería General en determinados supuestos y siempre que se produzca en plazo.
El segundo gran aspecto mencionado, el de las prestaciones, afecta principalmente a las pensiones de jubilación, particularmente en lo relativo a las normas sobre coeficientes reductores, cuando se accede a la pensión al cumplir los 60 años por causa no imputable al trabajador; a las pensiones de incapacidad permanente, cuando sobre la base de informes médicos considerados insuficientes por los reclamantes se deniegan por no alcanzar las lesiones padecidas la entidad suficiente o no se estima producida la agravación supuesta por el interesado en el proceso de revisión del grado previamente reconocido; a las pensiones de supervivencia, dados los enormes cambios experimentados por la institución familiar, cuando dejan fuera de su campo de aplicación, por ejemplo, a las familias monoparentales; a las prestaciones por desempleo, en el sentido de admitir como justificante de enfermedad por menos de cuatro días el parte de consulta y hospitalización expedido por un facultativo del Sistema Nacional de Salud, posibilitando sellar en plazo la demanda de empleo, según había propuesto el Defensor del Pueblo; a las prestaciones por maternidad, para tener los casos de adopción múltiple como asimilables a los de parto biológico múltiple, en el marco del Real Decreto-ley 1/2000, de 14 de enero, sobre determinadas medidas de mejora de la protección familiar, según recomendación formulada por el Defensor del Pueblo; y a las prestaciones derivadas de la guerra civil, en el sentido de aumentar las existentes o de establecer otras nuevas, sobre todo para tratar de evitar agravios comparativos.
Acerca de los problemas derivados de la atención sanitaria, merece ser destacado el de las listas de espera antes de recibir la oportuna asistencia sanitaria en los casos no urgentes, por su influencia en los aspectos sociolaborales y en el mismo tratamiento de las dolencias. En una perspectiva general, teniendo en cuenta el valor que reviste la reducción de la demora como indicador de la calidad asistencial en el ámbito sanitario, desde el Defensor del Pueblo se entiende útil y hasta necesario que el Consejo Interterritorial de Salud valore la oportunidad de establecer para el conjunto del Sistema Nacional de Salud tiempos máximos de espera, rebasados los cuales el paciente debe ser inmediatamente asistido según las indicaciones del correspondiente centro de salud.
Otros aspectos de especial interés en el ámbito de la sanidad fueron los relativos a la información y documentación clínica, que carecen de una norma básica unificadora e integradora, respecto por ejemplo del consentimiento informado del usuario a la hora de iniciar o continuar un tratamiento continuado; los relativos a contenido, alcance y extensión de las prestaciones sanitarias, con cargo a fondos estatales (así ocurre con la inclusión de audífonos en la prestación audioprotésica, la facilitación de las operaciones de corrección de la miopía o la aplicación de las técnicas de reproducción humana asistida dentro del conjunto del Sistema Nacional de Salud); los relativos a salud mental, entre los que persisten graves carencias e inadecuaciones, especialmente en lo que respecta a la provisión de recursos comunitarios de rehabilitación (hospitales de día, pisos protegidos, comunidades terapéuticas) y a los acusados desequilibrios territoriales entre las diversas comunidades autónomas en cuanto a la financiación, acentuados por una notable ausencia de coordinación

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interterritorial; y finalmente los relativos a carencias en centros sanitarios, con casos puntuales de negligencia en la atención, demoras, ausencia de clasificación de pacientes en la admisión, infrautilización de recursos, deficiencias en las instalaciones y problemas de coordinación.
Me refiero ahora al núcleo de problemas relacionados con la materia educativa. De acuerdo con la realidad percibida por el Defensor del Pueblo, necesitan de una decidida y continuada actuación los que se refieren a la escolarización, del modo más integrador posible, de alumnos con necesidades educativas especiales asociadas a condiciones personales, sociales o culturales desfavorecidas, entre las que destacan los alumnos procedentes de grupos de inmigración y los alumnos con discapacidad, y el régimen de admisión de alumnos asegurando la adecuada distribución de éstos entre los diversos centros sostenidos con fondos públicos, a los que es preciso dotar de personal especializado y de material idóneo. Al Defensor del Pueblo le viene preocupando el hecho de que la concentración en centros escolares de alumnos procedentes de familias de inmigración donde son mayoritarios, impide la necesaria visión de la igualdad del derecho humano, de la dignidad humana que debe existir, debiendo excluir toda visión comunitaria de la inmigración que pugne contra los derechos humanos sobre el plano de la igualdad.
En lo que se refiere a la gratuidad de la enseñanza, se ha instado a las distintas administraciones educativas para que los correspondientes servicios de inspección actúen en los centros decentes concertados, tratando de comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en los conciertos educativos ante la presuntas prácticas incorrectas que afectan al contenido y finalidad de los mismos. Parece que algunos cobros se perciben como si fueran donaciones voluntarias o a través de entidades interpuestas como fundaciones o asociaciones de padres. Se trata de prácticas reconocidas como habituales y respecto de las cuales los centros aducen que los conciertos no les permiten cubrir el coste real de cada puesto escolar. Además, uno de los múltiples efectos de tales prácticas podría ser el de constituir un mecanismo selectivo indirecto de alumnos evitando el ingreso de los procedentes de entornos sociales desfavorecidos, de familias inmigrantes o de minorías étnicas. Asimismo, la gratuidad de los libros de texto para quienes cursan enseñanzas obligatorias y gratuitas, ha sido también objeto de la actividad del Defensor del Pueblo, habiéndose registrado en este particular determinados progresos en algunas comunidades autónomas.
El último núcleo que voy a mencionar, señorías, en el ámbito del control de las administraciones públicas, se refiere a algunas cuestiones relacionadas con la actuación de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Por parte de la institución se ha insistido en la necesidad de proceder a la apertura del oportuno expediente disciplinario en los casos de denuncia por presuntos malos tratos, aunque los agentes implicados se hallen a la espera de resolución firme en un procedimiento judicial, con objeto de evitar la prescripción de la infracción denunciada. Se ha puesto de manifiesto ante las autoridades responsables la necesidad de que las citaciones de comparecencias en dependencias oficiales dirigidas a los ciudadanos respeten los derechos constitucionales y no vulneren el principio de seguridad jurídica. En cuanto a las identificaciones practicables preocupa al Defensor del Pueblo y así lo ha manifestado en una de sus recomendaciones, que la actividad identificativa se ajuste al contenido de la sentencia número 341/1993, de 18 de noviembre, del Tribunal Constitucional, en el sentido de que la identificación no incluya diligencias diferentes, tales como registro de pertenencias, cacheos y otras, lo cual ha sido aceptado para ser tenido en cuenta por parte de las fuerzas concernidas. Finalmente, para que se haga efectiva la cancelación de antecedentes policiales, se propuso la constitución de un grupo de trabajo específico integrado por representantes del Ministerio del Interior y del Consejo General del Poder Judicial.
Para finalizar, señorías, mencionaré la importantísima actividad de la institución relacionada con los recursos de inconstitucionalidad.
Dentro de la línea de prudencia y rigor técnico-jurídico con que ha de actuar el Defensor del Pueblo, en el año 2000 fue interpuesto un recurso contra varios incisos de la Ley orgánica de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal, que fue estimado por el Tribunal Constitucional en sentencia de 30 de noviembre de 2000, declarando nulos determinados incisos recurridos.
En este ámbito, también se comunicaron dos sentencias sobre recursos de inconstitucionalidad interpuestos en ejercicios anteriores, una estimando parcialmente el interpuesto contra la Ley del Parlamento de Canarias, de 26 de diciembre de 1996, de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para 1997, y otra declarando la pérdida sobrevenida del objeto del recurso en el interpuesto contra la Ley Orgánica 5/1992, de 29 de octubre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Debo insistir a este respecto en el exquisito cuidado y en la escrupulosa observancia de los criterios técnico-jurídicos en el proceder de la institución. En virtud de ello, además de los informes jurídicos internos y externos sobre la conveniencia o no de ejercitar la legitimación que le es propia, el Defensor, de acuerdo con la junta de coordinación y régimen interior, ha venido actuando en el sentido de inhibir el ejercicio de su legitimación cuando ya lo hubiere llevado a cabo alguno de los sujetos también legitimados para recurrir. En este sentido se ha operado ya en varias ocasiones, de entre las que cabe destacar los recursos solicitados a propósito del proyecto de ley orgánica de libertad sindical, de la Ley de la Comunidadde Madrid reguladora del parque regional de la

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cuenca alta del Manzanares, de las leyes canarias sobre régimen de aguas, de la ley valenciana de ordenación del comercio y superficies comerciales, y de las leyes orgánicas de reforma del Código Penal y de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Pues bien, dada la repercusión que en la opinión pública suscitó en su día la resolución adoptada por el Defensor del Pueblo acordando no ejercer la legitimación en relación con el recurso solicitado contra la Ley orgánica 8/2000, conocida como Ley de extranjería, y haciendo salvedad de lo que pueda ser expuesto en la comparecencia para presentar el informe del ejercicio 2001 en el que realmente se dio a conocer la resolución, no me resisto, señorías, a mostrarles el sorprendente paralelismo de esta resolución con la tomada por el anterior Defensor en el caso de la Ley de política lingüística de la Generalitat de Cataluña, paralelismo que se manifiesta nítidamente en relación con varios aspectos. Entre ellos destacan el estado de opinión creado al respecto, las múltiples entidades que solicitaron la interposición del recurso en ambos casos, y sobre todo los criterios básicos que guiaron las decisiones respectivas. Para mostrarlo, señorías, permítanme recoger en su propia literalidad las palabras pronunciadas por mi predecesor, don Fernando Álvarez de Miranda, en el curso de los debates relativos al informe de 1977 sobre la citada Ley de política lingüística. Por su contenido doctrinal y su oportunidad, resultarían aplicables casi en su totalidad al caso de la Ley de extranjería. Tras aludir al intenso eco producido en la sociedad, aun teniendo presente que la acción sustantiva correspondiente se desarrolló en ejercicio distinto al del informe -hasta en eso se parecen los dos casos-, justificaba la resolución el señor Álvarez de Miranda en los siguientes términos: El Defensor del Pueblo -como ustedes saben- ha recibido de la Constitución la más amplia legitimación para poder interponer recursos. La praxis de la institución evidencia que se ha venido haciendo un prudente uso de dicha legitimación, actitud ésta que no siempre ha sido bien comprendida por algunos sectores sociales pero que considero absolutamente esencial para salvaguardar nuestra autonomía, nuestra libertad de criterio. Cuando recibimos escritos que nos instan a promover un recurso de inconstitucionalidad, debemos proceder, como es obligado, a un profundo análisis de la norma en cuestión.
Quiero reiterar ante SS.SS., porque ustedes lo conocen, que la legitimación procesal que se otorga al Defensor del Pueblo para acudir ante el Tribunal Constitucional es una facultad del titular de la institución. Por esa razón nuestra ley orgánica sólo ha previsto un trámite al respecto, la necesidad de escuchar a la junta de coordinación con carácter previo a la decisión final. Con independencia de ello, el Defensor, para formar su propio criterio, puede acudir a los medios que estime más oportunos para ello, pero ningún otro organismo, ninguna otra institución, ninguna otra persona puede exigir el derecho a ser oído antes de que se adopte la decisión que corresponda.
El Defensor del Pueblo lo es de todo el pueblo español y tiene perfectamente presente esta condición. Para llegar a una decisión, el Defensor del Pueblo tiene que realizar un juicio previo sobre la constitucionalidad de una norma; juicio para el que obviamente sólo puede tener en cuenta argumentos jurídicos de orden constitucional.
Resulta especialmente importante asumir que toda obra legislativa goza de una presunción de constitucionalidad, la cual en último término es correlato de la legitimación democrática y directa que ostentan las cámaras parlamentarias. Así pues, nuestro análisis tiene que partir de esta premisa: Sólo cuando aplicando la lógica jurídica se apreciara con claridad radical la discrepancia con un determinado precepto de nuestra Carta Magna debe procederse a la presentación del recurso. Por el contrario, cuando esta discrepancia no exista, o existiendo aparentemente pueda ser salvada por medio de una interpretación acorde con la Constitución, el respeto al Poder Legislativo, en tanto que es depositario de la representación popular, aconseja que el Defensor no plantee recurso. Contrariamente a lo que se ha venido manteniendo por algunos, considero que la mera duda no vale para desvirtuar la presunción de constitucionalidad a la que me he referido antes, ya que toda norma ha de ser interpretada en el sentido que más favorezca su plena constitucionalidad, como tiene acreditado la reiterada jurisprudencia de nuestro Tribunal Constitucional. Otra cuestión sería que esta institución debe procurar la mejor garantía de los derechos y las libertades de los ciudadanos, porque para eso se creó en nuestra Constitución. En consecuencia, si se advierte una norma que ofrece diversas interpretaciones, que tiene el riesgo de ser aplicada o desarrollada en una dirección contraria al orden constitucional, lo lógico es que lo pongamos de manifiesto precisamente para contribuir a que esa posibilidad no llegue a darse. En tales casos nos dirigimos bien al Ejecutivo, para recomendar que en la aplicación y desarrollo de la norma se tenga especial cuidado en no desviarse de la interpretación constitucionalmente correcta; bien al Legislativo, para sugerir que se realicen reformas que corten de raíz la posibilidad de que puedan darse interpretaciones desviadas; o incluso a los dos, fórmula que también viene siendo utilizada por la institución - quiero recordarlo- desde sus comienzos, y hasta el presente puede estimarse que ha sido un instrumento eficaz, probablemente porque también haya contribuido a dicha eficacia el hecho de que también aquí la institución ha procurado conducirse con prudencia. Fin de la cita del señor Álvarez de Miranda en relación con la no interposición del recurso de inconstitucionalidad sobre la Ley de normalización del catalán.
Hasta aquí la panorámica general del informe y la mención de algunas actuaciones sustantivas que se han llevado a cabo por la institución del Defensor del Pueblo.


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Me interesa recalcar, como punto final de mi exposición, la permanente preocupación de todos los que colaboramos en la gestión por encontrar vías eficaces para consolidar el horizonte de los derechos humanos y de las libertades públicas en nuestro país. Espero que todo lo expuesto y el propio cuerpo del informe sirvan de base a SS.SS. para fijar el debate y las conclusiones sobre la actividad realizada.
Muchas gracias a todos. Muchas gracias, señora presidenta.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Múgica. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.) En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Muchas gracias, señora presidenta.
En primer lugar, señor Múgica, le agradezco su presencia ANTE el Pleno del Congreso como Defensor del Pueblo. Hay en este informe una serie de cuestiones que nos parecen relevantes. En primer lugar, comprobar cómo actúan todavía las distintas administraciones públicas a la hora de colaborar con el Defensor del Pueblo. Querríamos destacar, ya que es el ámbito que nos concierne más directamente, dos administraciones del propio Estado, la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento.
Pedimos a los responsables ministeriales que tomen buena nota de este problema y que en el próximo informe desaparezca el mismo.
Un segundo aspecto es la cuestión del colapso judicial, donde destaca el hecho de que, por ejemplo, la Sala de lo Contencioso- Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón venga tardando una media de cuatro años en resolver los recursos. Usted ha indicado que en todos los casos el Consejo General del Poder Judicial ha informado de medidas de refuerzo, y nos gustaría conocer más detalles de su puesta en marcha.
Otro aspecto que nos reclama la atención es el de la vivienda, especialmente en el caso de Zaragoza. Tengo que decirle que su informe causó un impacto informativo importante en Aragón por su recomendación de evitar la venta de suelo público como método de financiación municipal, dado que precisamente por aquellas fechas el equipo de gobierno municipal había puesto en venta solares públicos.
Queremos expresar nuestra satisfacción por las críticas realizadas ante la venta de suelo público de los ayuntamientos y queremos pedirle que haga extensiva su recomendación a otras administraciones públicas, ya sean responsabilidades del Gobierno central o de las comunidades autónomas, porque son propietarias de grandes cantidades de suelo que no debería servir para actuar en el mercado como un agente inmobiliario más. Baste recordar que en los Presupuestos Generales del Estado de 2002 está prevista la venta de suelo público de distintos organismos autónomos adscritos a diferentes ministerios por valor de más de 250 millones de euros.
Nos gustaría que, si fuese posible, realizase un informe específico sobre la cuestión del trasvase del Ebro contemplado en el Plan Hidrológico Nacional, ya que ha movilizado a un millón de personas en este último año en Zaragoza, Barcelona, Madrid y Bruselas. Usted en su propio informe indicaba que esta cuestión es fuente de polémica social y seguro que sería de gran utilidad para aportar puntos de vista más objetivos.
Como crítica querríamos señalar que don Enrique Múgica debería separar su persona de su cargo de Defensor del Pueblo y mantener algunas declaraciones en secreto o guardárselas para cuando abandone el puesto de Defensor del Pueblo.
Nada más. Me hubiese gustado que hubiera estado aquí y que hubiera escuchado lo que yo le he dicho, pero espero que lo lea en el «Diario de Sesiones».
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta, y no puedo dar gracias al Defensor del Pueblo porque no sé dónde está.
Con relación a su informe, me gustaría resaltar algunas cuestiones.
En primer lugar, por lo que se refiere a la situación en las cárceles españolas, a la situación de la Administración penitenciaria, hay varios informes, entre ellos uno reciente de Amnistía Internacional en el que se destaca que las cárceles españolas están, como tantas otras cosas, a la cola de la Unión Europea, que tenemos uno de los porcentajes de población reclusa más alto de Europa y que la situación en las cárceles es francamente preocupante. Hay un informe de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas, de los años 1999/2000, en el que se destaca la existencia de numerosos supuestos de malos tratos y de numerosas muertes no aclaradas en prisión. Por eso, cuando el señor Defensor del Pueblo dice en su informe correspondiente al año 2000 que disminuyeron las quejas por este tipo de cuestiones, yo creo que más bien la causa de la reducción no es porque los problemas se vayan eliminando, sino que los propios reclusos y reclusas son conscientes de la nula eficacia que tienen estas quejas.
Se echa en falta en su informe -no sé si es porque no hubo quejas, pero hay que recordar que el Defensor del Pueblo puede y debe actuar de oficio- cuestiones relativas a la incidencia del sida y de otras enfermedades en prisión, cuestiones como la pervivencia del régimen FIES, un régimen de aislamiento ilegal no contemplado en la Ley orgánica general penitenciaria, y deficiencias relativas a la sanidad penitenciaria, aparte

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de la que ya mencionó él de la psiquiatría. La asistencia psiquiátrica en las prisiones es una asistencia meramente farmacológica, de entrega de medicamentos para que el recluso o la reclusa no moleste, pero no hay realmente una atención psiquiátrica digna de tal nombre. Respecto a la situación de la sanidad penitenciaria se discutió varias veces en esta Cámara sobre la conveniencia de que se integrase en los respectivos servicios autonómicos de salud para eliminar discriminaciones como -otra idea para un informe- que los reclusos enfermos de sida no puedan acceder a los mismos medicamentos a los que tienen acceso los ciudadanos libres en los servicios públicos de salud, y el Ministerio del Interior dice que es directamente por razones económicas, o la situación en la que están las reclusas, las mujeres privadas de libertad, que tienen -y hay también muchos supuestos y muchas quejas que me han llegado- grandes problemas para tener acceso a lo que es la atención ginecológica, la atención médica en asuntos propios de las mujeres.
Respecto de la tutela judicial efectiva de los ciudadanos reclusos, de los ciudadanos internos en instituciones penitenciarias, se debería destacar no sólo la tutela judicial en el seno de procesos penales sino también en el seno de procesos o expedientes disciplinarios instruidos por la Administración penitenciaria. Deja mucho que desear y se echa en falta este aspecto en el informe del Defensor del pueblo. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

Por lo demás, quiero destacar la curiosa actitud del fiscal general del Estado respecto de estas cuestiones, ya que directamente se lava las manos, que contrasta con la que adopta con ciudadanos menos necesitados de esa tutela o, como mínimo, en una situación más favorable para buscársela por su cuenta. Lógicamente, me estoy refiriendo al señor Piqué.
En materia educativa tenemos de nuevo la gratuidad de los libros de texto, planteada en diferentes ocasiones en esta Cámara y en tantas otras sorteada la cuestión por el Grupo Popular, así como lo que se refiere al estatuto laboral de los becarios de investigación. Se hace eco el Defensor del Pueblo, y es laudable, de la situación irregular, de la situación de inseguridad jurídica en la que se encuentra este personal, que contrasta con los discursos de la ministra de Ciencia y Tecnología acerca de la importancia de la sociedad del conocimiento, de la importancia de un salto tecnológico en España, pero esta es la situación.
Respecto al medio ambiente, habló usted de la falta de coordinación entre las administraciones competentes, de los problemas existentes en el acceso a la información ambienta. Espero que en el informe correspondiente al año 2001 nos pueda decir qué sucedió en un caso importante, de hecho aún está coleando, como es la construcción de una balsa de residuos tóxicos en Oza, en A Coruña.
Hay otras cuestiones que no están recogidas en el informe y que yo, en ese afán de colaboración, le transmito. Está la retirada de pensiones por invalidez, de prestaciones no contributivas de la Seguridad Social, después de que en enero del año 1999 se reformasen los criterios de valoración mediante el Real decreto 1971/1999.
Muchas personas afectadas de sida están quedando, debido a esta revisión de la calificación de invalidez, sin ningún tipo de protección social ni económica. No se trata sólo de la pensión sino que, además, se elimina el derecho a no tener que pagar por los medicamentos.
No hay ninguna referencia en este informe a los emigrantes españoles y gallegos en el extranjero, pero les puedo asegurar que hay problemas sangrantes, problemas que tienen que ver con la falta de gestión de la Administración española. Hay problemas que se refieren a la actuación de la Administración española respecto a la salud de estos emigrantes, problemas que se refieren a la discriminación existente en relación con las pensiones asistenciales o problemas que se refieren a las revisiones que también está haciendo la Seguridad Social española de los emigrantes retornados de Suiza y que cobran una pensión de invalidez en Suiza, a los que debido a estas revisiones realizadas por la Seguridad Social española, estas pensiones se les están retirando o reduciendo. Parece que el compromiso del Gobierno español con el déficit cero llega incluso a la Hacienda suiza, lo cual es incomprensible.
En materia de inmigración hace usted numerosas recomendaciones y consideraciones, pero pasa por alto una cuestión que para nosotros resulta inconcebible. En un informe referido al año 2000, usted pasa por alto los sucesos acaecidos en El Ejido en febrero de ese año.
Quizás es que considera también, como otros personajes, que se trata de una pataleta, que no tienen ningún tipo de tinte racista o quizás es que, dentro de la prudencia y mesura con que usted dice que actúa, resultaba incómodo al Gobierno y al Partido Popular tratar en profundidad este asunto. Yo creo que excusatio non petita, accusatio manifesta. Si usted tiene que argumentar tan largamente acerca de por qué no interpuso el recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de extranjería, usted mismo se está, en este aspecto, delatando.


Habla usted también de las conferencias. Durante el año 2000 usted desarrolló una extensa actividad como conferenciante, como interviniente en diferentes foros y cursos. Lo que sucede es que no siempre sus intervenciones reales se correspondieron con el título de esas conferencias o de esas jornadas. Como quien me ha precedido en el uso de la palabra, le recomendaría, por el bien de la institución, que usted actuase como Defensor del Pueblo -de todos los pueblos de España, como usted dijo- y que las opiniones políticas se las reserve para cuando deje ese cargo, porque son opiniones que pueden poner en causa la independencia de la

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institución que usted dirige. Ya sé que no es usted el único presidente de un órgano constitucional del Estado que sigue últimamente este camino, pero así se lo aconsejo.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Señorías, una vez más cumplimos casi con el ritual de hacer el análisis parlamentario, y por tanto político, del informe del Defensor del Pueblo, esta vez correspondiente a la gestión realizada por la institución del Defensor del Pueblo durante el año 2000, como comisionada de las Cortes Generales.
En primer lugar, tendríamos que hacer una valoración global, que para mi grupo es positiva. En cuanto a la forma, creemos que se sigue manteniendo un formato adecuado, con una sistemática exhaustiva, muy ilustradora de cuál es la radiografía de esta especie de patología de la queja, de la reclamación del ciudadano ante las distintas administraciones públicas. El formato del informe de este año presenta algunas variaciones, ya que desaparece una serie de estudios, y yo recomendaría al Defensor que no se perdieran los estudios sectoriales realizados por la propia institución del Defensor del Pueblo y que si no anualmente, sí periódicamente aparecieran en otros informes, por ejemplo, los relativos a las cárceles, a la Seguridad Social, etcétera, porque nos permitiría a los grupos parlamentarios tener unos instrumentos de diagnóstico de diferentes soluciones que requieren una corrección, al menos social y muchas veces política y legislativa, relativa a las competencias de esta Cámara.
En cuanto al contenido, vemos que sigue siendo una radiografía muy valiosa para que los grupos parlamentarios podamos tomar aquellas iniciativas que permitan un perfeccionamiento y una colaboración con nuestro instrumento fundamental, en este aspecto políticosocial, que es la institución del Defensor del Pueblo. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Señor presidente, haré un breve análisis y algunas observaciones a los datos que el Defensor, don Enrique Múgica, nos acaba de exponer desde esta tribuna. Ya en la Comisión correspondiente habíamos pedido que, en cuanto a las quejas de la población recibidas, en los informes de los próximos años se indique no solamente la cantidad por comunidades autónomas, sino también el tanto por ciento. Aquí hay un problema de pedagogía de la institución del Defensor del Pueblo sobre los distintos estamentos sociales. Tenemos la caja de resonancia que pueda significar esta Cámara, en la medida en que los medios de comunicación lo puedan transmitir, pero aquí hay que hacer una pedagogía de la institución del Defensor del Pueblo como un gran logro de la democracia en España. Desde hace ya más de 20 años, cuando estas Cortes fueron ya, por fin, Cortes democráticas y sede de la soberanía del pueblo, sería bueno que, a través de los departamentos ministeriales competentes en la educación pública, la escuela y los escolares aprendieran cómo se utilizan estas instituciones constitucionales y democráticas. También sería deseable un traslado a la opinión pública utilizando todos los instrumentos -a algunos de los cuales me voy a referir seguidamente- para ver cuál es el pulso y la utilidad que la institución está teniendo para el pueblo soberano, para las personas que necesitan estos recursos cuando no van por la vía de lo contencioso-administrativo, por la vía de los tribunales de Justicia, etcétera; que sepan que, aparte de esas otras vías del Estado de derecho, están las vías y las garantías del Estado constitucional mediante la institución del Defensor del Pueblo.
Una de las cuestiones que quisiera resaltar aquí es el origen de las quejas recibidas y la sistemática con que estas quejas vienen dirigidas hacia esta Cámara. La institución del Defensor del Pueblo las agrupa en dos, las individuales y las colectivas. Las cifras que se aprecian al respecto son muy significativas porque sobre el total que nos trae la memoria de 26.995 quejas recibidas, resulta que hay 10.212 individuales y 16.662 colectivas. Pues bien, acabamos de votar en esta Cámara - ahora está en trámite en el Senado- el proyecto de ley de asociaciones. Las asociaciones van a ser un buen cauce para que en su seno se pueda inspirar, incentivar, dirigir y concretar ante la institución del Defensor del Pueblo una serie de reclamaciones que, no siendo de carácter puramente individual, sean objeto de que las asociaciones las canalicen e impregnen de un sentido más colectivo y más solidario en las cuestiones que se pueden plantear aquí.
Otro de los temas que quiero resaltar de este informe del Defensor del Pueblo es el referente a las recomendaciones. El señor Múgica, acertadamente y con buen tino, ha puesto el acento en este capítulo de los datos sobre recomendaciones y sugerencias, y es muy importante el concepto político con que valora este apartado. En la memoria del año 2000 se indica que se han hecho, nada más y nada menos, que 98 recomendaciones o sugerencias a las administraciones públicas. ¿Por qué es esto importante? Porque eso es una especie de voz de la conciencia de esta Cámara a través de la institución del Defensor del Pueblo, que dice aquí: Las recomendaciones son resoluciones fundamentadas en los principios constitucionales mediante las que el Defensor del Pueblo se dirige a las administraciones públicas o a los órganos legislativos para exponerles la conveniencia de dictar una determinada norma o de modificaralguna de las existentes. Pues bien, aquí está todo

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un principio de conducta política que creo que debe ser muy bien escuchado por las administraciones públicas porque a veces muchos grupos parlamentarios tenemos que hacer a muchas administraciones públicas el firme reproche de que dan la callada por respuesta, cuando no se entra en procesos de dilación de estas respuestas, actuaciones que son incompatibles con una cortesía o un respeto a los ciudadanos que se dirigen de esta manera.
Para ir terminando, señor presidente, quisiera destacar aquellos aspectos en que se ha ejercido la legitimación de ley que tiene el Defensor del Pueblo ante el Tribunal Constitucional. Este informe del año 2000 trae un ejemplo verdaderamente magnífico adestacar políticamente, que es el recurso presentado a la Ley orgánica 15/ 1999, de protección de datos de carácter personal. Pues bien, la base en derecho del recurso de inconstitucionalidad que presenta el Defensor del Pueblo con un resultado positivo está tan bien argumentada jurídicamente que es una pieza a considerar y que puede servir de matriz o de patrón para futuras actuaciones de presentación de recurso de inconstitucionalidad ante el máximo tribunal de nuestra nación. Ese recurso se gana porque hay un buen planteamiento en la forma de exponer los argumentos en derecho, los principios y fundamentos jurídicos que van a hacer valer el principio de razón política de la protección de datos. Digo esto porque con lo que se nos avecina a los ciudadanos en este mundo globalizado -las telecomunicaciones, la telefonía digital, la cantidad de datos que el ciudadano tiene que aportar a una serie de entidades privadas para domiciliar un recibo de contribución urbana, de asociaciones o de cualquier otro tipo y la cantidad de datos que estamos suministrando a distintas administraciones públicas-, o el ciudadano tiene una certeza y una confianza en los sistemas de protección jurídica de sus datos en un país democrático o, si no, la persona está siendo vulnerada en sus derechos jurídicos constitucionales, en el derecho fundamental a la intimidad. Todos debemos adoptar políticamente una actitud de una sensibilidad especial al defender el derecho a la intimidad de la persona, de forma que sin una autorización expresa individual del ente humano, sus datos no puedan ser utilizados ni para mandarle publicidad de cualquier producto que no quiera recibir en su buzón de correos, ni para que se vea sometido a una auténtica extorsión económica, social, política o policial por el derecho que tiene a su intimidad. De ahí que apoyemos a la institución del Defensor del Pueblo para que mantenga, con una sensibilidad a flor de piel, el derecho a la intimidad de las personas frente a la vulneración de los datos de carácter personal.
Finalizo. En lo que respecta a las conclusiones, capítulo 7 de este dictamen, quisiera señalar las de carácter sustantivo, no las de carácter cuantitativo que están en la memoria, en lo que afecta a lo que mi grupo considera -y desde una óptica del archipiélago de Canarias- de una alta gravedad en este momento y que el Defensor del Pueblo señala aquí. En primer lugar, los retrasos en las resoluciones judiciales y administrativas. Hay aspectos en la denuncia que se hace que son de bochorno público. Esperemos que, ante el nuevo Consejo del Poder Judicial, volvamos todos los grupos a insistir una vez más en el derecho del ciudadano a tener una justicia buena por supuesto, y, valga la redundancia, justa, pero, sobre todo, rápida y en tiempo oportuno; una justicia tardía no es una buena justicia.
Otro aspecto que quisiera resaltar, con lo que ha llovido últimamente, es la recomendación sobre buenas prácticas financieras y aseguradoras. La vulnerabilidad del ciudadano ante la posibilidad de ser estafado, como se ha demostrado recientemente -y esta Cámara ha votado el dictamen de la Comisión de Gescartera-, por granujas, por delincuentes que operan en este mundo de las finanzas y de la Bolsa con malas prácticas, hace necesario que se ponga en pantalla como primera actividad la exigencia, como se trae aquí en las conclusiones, de las buenas prácticas financieras y aseguradoras. Qué decir de las declaraciones de impacto ambiental que se señalan en el epígrafe correspondiente al medio ambiente, cooperación y desarrollo económico. Áreas turísticas españolas como los archipiélagos balear y canario y zonas costeras del territorio español peninsular están siendo agredidas, con un deterioro del espacio, del medio ambiente, donde se ve que la construcción de instalaciones, de viviendas urbanísticas hoteleras, conculca las normas sobre el impacto ambiental y queda ya en el terreno de la burla. Verdaderos estropicios irrecuperables del territorio se están haciendo, unas veces al amparo de un auténtico fraude de ley y otras de un incumplimiento de la legislación vigente. Es una llamada a los ayuntamientos dentro de las competencias urbanísticas de la administración local y las comunidades autónomas.
Aquí vuelvo a insistir una vez más a la institución del Defensor del Pueblo a que traslade a aquellas comunidades que tienen la figura de comisionados similares para el ámbito autonómico este sentido de responsabilidad y de exigencia ante las agresiones, tanto al derecho de la intimidad, como al de disponer de un medio ecológico aceptable para la calidad de vida humana. La presión de la especulación inmobiliaria no debe destrozar con carácter irrecuperable e irreversible el patrimonio que hemos heredado de la naturaleza y, por tanto, las exigencias de impacto ambiental deben tener todo el rigor y toda la penalización si se conculcan.
Finalmente, quiero dirigir unas palabras de felicitación al equipo de la institución del Defensor del Pueblo, a su titular don Enrique Mügica por su sensibilidad demostrada, a los adjuntos al Defensor del Pueblo, al señor secretario general de la institución y a todo el personal de la misma, que han hecho posible la puesta a disposición de esta Cámara de un instrumento de diagnóstico, de análisis y de iniciativas sobre tantos

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temas políticos, sociales, económicos y laborales que se encierran en este dictamen. A ellos, nuestro reconocimiento y felicitación.
Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Nacionalista Vasco, tiene la palabra el señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señor presidente.
Como impone la más elemental cortesía parlamentaria, damos la bienvenida al Pleno de la Cámara, en nombre del Grupo Vasco, al Defensor del Pueblo, a sus dos adjuntos y al equipo que colabora con ellos en el cumplimiento de las funciones que la institución tiene constitucional y legalmente encomendadas.
Con la comparecencia de hoy del Defensor del Pueblo ante el Pleno de la Cámara se viene a completar el conjunto de trámites que prevé el ordenamiento jurídico en relación con el informe anual que ha de presentar ante las Cortes Generales. La comparecencia ante la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo se celebró el pasado 18 de octubre; muy pocos días después tuvo lugar la comparecencia ante el Pleno del Senado y, con este de hoy, damos el tercer y último paso dentro del trámite previsto para la rendición de cuentas del informe correspondiente del año 2000. Así las cosas, es ciertamente poco lo que de novedoso podemos expresar hoy en esta sesión en relación con la actuación que ha venido desarrollando la institución a lo largo del año 2000. El informe, como en otras ocasiones, aborda con rigor e innegable ponderación un amplísimo haz de temas de gran interés. En numerosas ocasiones hemos dicho que los informes del Defensor del Pueblo son una especie de retrato sobre la problemática social que tiene planteado el conjunto español, un retrato muy gráfico y elocuente que incide, sobre todo, en aquellos aspectos y materias en las que intervienen los poderes públicos, lo que es lógico, ya que el cometido del Defensor del Pueblo consiste precisamente en supervisar la actuación de las administraciones públicas a efectos de garantizar la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas. Sin embargo, al ser esta la tercera comparecencia del Defensor del Pueblo sobre el informe correspondiente al año 2000, aunque los temas de interés son muchos y muy importantes, inevitablemente las cuestiones a abordar se agotan, lo que nos obliga a los parlamentarios a repetirnos. Con todo, el grupo al que represento cumple con placer el cometido de repasar una vez más aquellos aspectos del informe que han recibido mayor atención por parte de nuestro grupo en la comparecencia en Comisión, y vamos a incidir singularmente en aquellas cuestiones que más desatendidas han quedado en las comparecencias anteriores del Defensor del Pueblo.
En primer lugar, hemos visto con agrado que procede con gran ponderación y con extremo tiento al analizar la queja que le ha sido dirigida por 128 personas en relación con la aplicación de la Ley orgánica 1/1992, de 21 de febrero, sobre protección de la seguridad ciudadana. Se trata de una queja que podríamos calificar, sin ninguna duda, de arquetípica en la historia de la institución porque, como se señala en el propio informe correspondiente al año 2000, en la historia del Defensor del Pueblo se han repetido en años anteriores hasta 964 quejas muy similares. Es un tipo de queja que, en la mayoría de los casos, se formula a través de denuncias imprecisas y muy genéricas, como la de que se producen sistemáticos abusos en la aplicación de la ley y otras de similar tenor, que casi nunca vienen acompañadas de los elementos de prueba necesarios para darlos por suficientemente acreditados. El Defensor del Pueblo, en este caso, no ha admitido la queja y ha pedido a los interesados que comuniquen a la institución los hechos de los que tuvieran conocimiento y que pudieran suponer una aplicación arbitraria y abusiva de la ley, con el fin de proceder a su investigación y extraer las consecuencias que le competen. Ha adoptado, a nuestro juicio, una actitud razonable, de cautela, de extremo cuidado a la hora de apreciar la existencia o no, en los funcionarios policiales y en sus responsables, de conductas que no sólo son irregulares, sino que pueden llegar a constituir infracciones disciplinarias e incluso integrar determinados tipos penales, lo cual constituye una acusación extremadamente grave. El Defensor del Pueblo ha adoptado una actitud ponderada, que no toma en consideración la acusación frívola, superficial e indocumentada y rechaza la generalización infundada. Una actitud que el grupo al que represento ha defendido en repetidas ocasiones, cuando hasta hace muy poco tiempo se atribuía, también muy genéricamente y sin pruebas, a otros cuerpos policiales actitudes delictivas de inhibición y de tolerancia con respecto al delito; acusaciones siempre imprecisas e intangibles que, pese a su extrema gravedad, se repetían una y otra vez, incluso a través de los medios de comunicación, sin que se aportaran pruebas concretas; acusaciones que fueron recogidas en el informe de algún comisionado encargado de la defensa de los derechos fundamentales y de las libertades públicas, pese a que el comisionado reconocía en el propio informe que carecía de pruebas que acreditasen fehacientemente la acusación. Nos felicitamos de que el Defensor del Pueblo comparta con nosotros el criterio de negar crédito, de no dar por bueno cualquier rumor o acusación infundada y pida pruebas concretas para aceptar este tipo de quejas. Esperamos que cunda el ejemplo.
Dentro del apartado relativo a la justicia, al que aludí largamente en la comparecencia del Defensor del Pueblo en la Comisión Mixta, quisiera referirme ahora a la problemática suscitada en relación con los supuestos de ruptura familiar en los que, tras señalarse judicialmente

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la obligación de pago de una pensión alimenticia, normalmente con cargo al marido, éste se niega sistemáticamente a hacerla efectiva. Desde que en el año 1995 en el informe del Defensor del Pueblo se propusiera -en este caso infructuosamente- la creación de un fondo de garantías de pensiones y alimentos para que, una vez acreditado el impago de las pensiones, el Estado asumiera una cobertura mínima en aquellos supuestos en los que se apreciaran situaciones de auténtica necesidad, especialmente cuando se vieran afectados menores de edad, se han sucedido numerosas iniciativas parlamentarias y se ha dado también una recomendación al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, a la que se hace referencia en el informe correspondiente a este año, interesando la creación de un fondo de garantía de pensiones que evite las dificultades prácticas generadas para el cobro de alimentos aprobado en resoluciones judiciales en supuestos de separación legal, divorcio, nulidad matrimonial y procesos de filiación, cuando el impago de las mismas suponga problemas de subsistencia para el cónyuge económicamente más desprotegido o para los hijos, todo ello sin perjuicio de repercutir posteriormente contra la persona obligada al pago cuando sea posible.
Aquí hay una problemática que ha sido objeto de debate en esta Cámara en numerosas ocasiones. Efectivamente se discute, y se discute con razón, si un fondo de naturaleza pública tiene que responder a los impagos cometidos por el cónyuge económicamente mejor situadoque incumple flagrantemente resoluciones judiciales que le obligan al pago de esas pensiones alimenticias. Es una discusión abierta, pero nosotros consideramos que, en consonancia con la recomendación del Defensor del Pueblo -la que dirigió en este sentido al Ministerio de Trabajo-, habría de adoptarse alguna iniciativa pública para garantizar la efectiva realización de estos pagos, sin perjuicio de que después el ente público que los abordara repercutiera esas cantidades adelantadas al cónyuge legalmente obligado a hacer esos pagos. A ver si todos juntos conseguimos superar los obstáculos, parece ser que políticos y presupuestarios, siempre blandidos desde el partido en el poder en cada momento y que desde 1995 están impidiendo la consecución de algo tan necesario y positivo desde el punto de vista de la tutela de la familia y especialmente de la dignidad de la mujer y de los hijos. Ése sería, sin duda, un gran paso adelante.
Por lo que se refiere al epígrafe concerniente a la responsabilidad penal de los menores -un punto muy importante al que también me referí en Comisión-, el informe da cuenta de la recomendación dirigida al Ministerio de Justicia, en la que, entre otros aspectos, se le pide que considere la posibilidad de ampliar la duración de la medida de internamiento en régimen cerrado para los supuestos más graves, así como que revise el tiempo mínimo que los menores tienen que permanecer internados antes de modificar o sustituir dicho internamiento. En este sentido, el informe se hace eso de la opinión expresada por algún grupo de ciudadanos en virtud de la cual los cinco años de internamiento en régimen cerrado serían un lapso de tiempo insuficiente para hacer eficaz el principio de resocialización a que hace referencia el artículo 55 de la Ley de Protección Penal del Menor.
Permítanos, señor Defensor del Pueblo, expresar en este punto una opinión distinta a la de estos ciudadanos, una opinión, más que distinta, antagónica. El artículo 55, que proclama el principio de resocialización, establece literalmente que toda la actividad de los centros en los que se ejecuten medidas de internamiento estará inspirada por el principio de que el menor internado es sujeto de derecho y, por tanto, continúa formando parte de la sociedad. En consecuencia -añade el 55.2-, la vida en el centro debe tomar como referencia la vida en libertad, reduciendo al máximo los efectos negativos que el internamiento pueda presentar para el menor o para su familia, favoreciendo los vínculos sociales, el contacto con los familiares y allegados y la colaboración y participación de las entidades públicas y privadas en el proceso de integración social, especialmente de las más próximas geográfica y culturalmente. La exposición de motivos de esta misma ley proclama en este sentido la absoluta prevalencia del superior interés del menor -la califica expresa y literalmente así- sobre cualquier otro valor, sobre cualquier otro interés público que pueda concurrir en la regulación de la ley y, en coherencia con ello, subraya la naturaleza educativa de sus preceptos, renunciando expresamente a otras finalidades esenciales del derecho penal de adultos, como, por ejemplo, la proporcionalidad entre los hechos cometidos y las sanciones a imponer o la intimidación de los destinatarios, que, sin embargo, carecen de sentido en el ámbito del derecho penal del menor. Por ello, tampoco compartimos la bondad de la reforma impulsada a través de la Ley orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, que, como se sabe, amplía hasta 10 años el periodo máximo previsto para las medidas de internamiento en régimen cerrado.
El informe hace referencia a esta reforma, pero no emite un juicio valorativo en torno a la misma; se limita a constatar su existencia, pero no la enjuicia, no emite un punto de vista valorativo. Creemos que el Defensor del Pueblo debe abordar con criterio crítico, desde el punto de vista de la defensa de los derechos fundamentales y libertades públicas, este problema, y singularmente esta reforma, porque estamos hablando de menores de edad, un sector de la población sobre la que el derecho penal tiene que intervenir educativamente, con el fin, además, de facilitar su integración social según los principios básicos que inspiran esta ley. Por tanto, la reforma articulada a través de la Ley orgánica 7/2000 nos parece desproporcionada y sobre todo inadecuada desde el punto de vista educativo. Se inscribe de alguna manera en lo que la doctrina viene

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llamando el derecho penal simbólico, que persigue satisfacer ciertas exigencias sociales y dar respuesta a ciertas presiones mediáticas, pero sugerimos al Defensor del Pueblo que analice ponderadamente el tema y alcance sus conclusiones. Con la peripecia surgida en torno al recurso de inconstitucionalidad planteado, o no planteado en este caso, contra la Ley de Extranjería, el Defensor del Pueblo ha demostrado que puede afrontar con libertad de criterio las presiones sociales y los efectos de los medios de comunicación social. Y si puede resistirse a las presiones sociales y a los medios de comunicación social cuando éstas tienen por objeto la defensa de derechos fundamentales y libertades públicas de los extranjeros, supongo que podrá hacerlo, y con más razón, cuando lo que pretenden de la institución del Defensor del Pueblo es que se abstenga, se inhiba o no sea lo suficientemente beligerante en la defensa de los derechos fundamentales, en este caso, del menor.
Desde un orden de cuestiones muy diferente, el del personal al servicio de las administraciones públicas, el informe da cuenta del incumplimiento por parte de la Administración pública de diferentes recomendaciones que le han sido formuladas por el Defensor del Pueblo. Creemos que la Cámara, que ha comisionado a esta figura institucional para supervisar la actuación de las administraciones públicas con el fin de garantizar, como se sabe, los derechos fundamentales y las libertades públicas, no puede quedar impasible ante el incumplimiento de recomendaciones por parte de las administraciones públicas, y muy singularmente de una Administración pública, la general del Estado, cuyo impulso y control corresponde sobre todo a esta Cámara, de acuerdo con lo previsto en la Constitución. Por tanto, es preciso que esta Cámara haga un pronunciamiento expreso, en este caso de censura, al Ministerio de Administraciones Públicas por la conducta que ha mantenido en relación con la controversia originada en torno a los empleados públicos del ámbito de la enseñanza no universitaria transferidos por el Estado al Principado de Asturias, porque, según los datos que se recogen en el informe, parece evidente que la recomendación del Defensor del Pueblo estaba correctamente planteada -a nosotros nos parece así- y que el ministerio debería haber abonado a los 1.507 funcionarios transferidos las cantidades correspondientes al Fondo para la mejora de la prestación de los servicios públicos previstos en el acuerdo suscrito el 24 de septiembre de 1999 entre la Administración general del Estado y determinadas organizaciones sindicales. Si las fechas que se consignan en el informe son correctas, y efectivamente no tenemos motivos para pensar lo contrario, en el momento de la transferencia los funcionarios de la Administración del Estado pertenecientes al ámbito de la Administración educativa habían perfeccionado ya su derecho al cobro de esta paga de productividad y, por lo tanto, no había ninguna razón para negársela. La Administración general del Estado actuó incorrectamente en este caso, y su conducta rechazando la recomendación del Defensor del Pueblo merece, a nuestro juicio, ser censurada.
Nos alegramos de que el informe insista en la necesidad de clarificar la situación jurídica en la que se encuentra el derecho de los funcionarios docentes no universitarios a disfrutar de casa y habitación, porque viene a avalar una posición que mi grupo defendió durante la tramitación del proyecto de ley de medidas vigente en el presente año, pero que fue rechazada por el grupo mayoritario de la Cámara. La necesidad que ahora plantea el Defensor del Pueblo en realidad estaba ya expresada en la Ley de medidas del año 1997, que ordenaba expresamente al Gobierno la aprobación de una norma reglamentaria que disciplinara definitivamente este tema y clarificara el panorama, pero el artículo 41 de la Ley de medidas también de este año, cuatro años después, ha permitido de modo expreso que continúe esta indeterminación al establecer que, en tanto el indicado desarrollo reglamentario no tenga lugar, continuará en el disfrute de la vivienda el personal que la viniera ocupando; es decir, una disposición transitoria que permite que el panorama de indefinición jurídica que viene manteniéndose desde el año 1997, a pesar del mandato legal expresamente recogido en la Ley de medidas del año 1997 para que se produjera el desarrollo reglamentario, continúe sin límite temporal indefinidamente en el tiempo.
En el apartado relativo a las clases pasivas, nos parece necesario resaltar el epígrafe concerniente a las prestaciones derivadas de la guerra civil. El informe señala que durante el año 2000 se han seguido recibiendo quejas, algunas individuales y otras muchas colectivas, que plantean la necesidad de ampliar los derechos reconocidos a los perjudicados por la guerra civil, bien, se dice, mejorando las ya existentes o bien creando otras de nueva configuración. En este sentido, el informe señala los hitos fundamentales del panorama normativo que rige esta materia y se identifican, creo que bastante certeramente, algunas de las insuficiencias que el mismo plantea: se hace referencia a la recomendación que dirigió el año 1997 al Ministerio de Hacienda y que no fue aceptada; se identifican una serie de discriminaciones que provoca inevitablemente el panorama actual entre algunos colectivos, lo cual refleja clarísimamente que la normativa que regula esta materia ha sido dictada en épocas distintas, con planteamientos parciales y fragmentarios y sin que exista una visión de conjunto; se relaciona un listado de colectivos que no han podido acogerse a estas ayudas y hay un apartado específico relativo a los ex presos políticos y represaliados por el régimen franquista. A juicio de nuestro grupo hay que poner fin definitivamente al parcheo normativo que viene disciplinando esta materia, es decir es preciso dictar una norma general que aborde de una manera integral esta problemática, con una visión de conjunto, y que prevea medidas claras que supongan una evidente

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reparación tanto moral como económica a las personas que se encuentran en este tipo de situaciones. En fin, apoyaremos las iniciativas que se adopten en este sentido o plantearemos en su caso o compartiremos el planteamiento de iniciativas parlamentarias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Erkoreka, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Concluyo, señor presidente.
Como punto final a mi intervención haré dos pequeñas observaciones.
Una primera, relativa al apartado que se refiere a los recursos de inconstitucionalidad planteados por el Defensor del Pueblo en relación con las leyes estatales o autonómicas dictadas a lo largo del año 2000. Hice mi valoración en Comisión y no voy a incidir de nuevo en esos aspectos. Me ha llamado la atención el énfasis que ha puesto en su comparecencia de hoy al analizar la decisión de no plantear recurso de inconstitucionalidad contra la Ley de extranjería porque es una decisión del año 2001 y por tanto no entra en el informe, es decir sería una cuestión a incluir en el informe correspondiente al año 2001 y a analizar por tanto en las sesiones parlamentarias tanto de la Comisión Mixta como del Pleno que se celebren el año que viene. En consecuencia, no voy a abordar esa cuestión en torno a la cual evidentemente tenemos nuestro propio criterio y tenemos mucho que decir.
Finalmente, le felicito por incorporarse al grupo de quienes venimos criticando desde hace tiempo la técnica jurídica que se articula a través de la Ley de medidas. Hay un párrafo muy elocuente del informe que critica duramente la técnica legislativa de la Ley de medidas por contraria al principio de seguridad jurídica y por tanto ya no es sólo el Consejo de Estado, no es solamente el Consejo Económico y Social, tampoco es sólo el Tribunal Constitucional, que ya son muchos, no son sólo ellos los que se oponen a esta técnica jurídica, sino que ahora el Defensor del Pueblo también tiene párrafos explícitos y clarísimos en contra del uso de esta técnica legislativa. Esperemos que la Cámara tome nota y singularmente los grupos parlamentarios que tienen poder decisivo en su funcionamiento.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Erkoreka.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señor presidente.
Buenos días, señorías. Comenzaré diciendo que desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida querríamos trasladarle al Defensor del Pueblo la preocupación que nos produce ciertas declaraciones públicas en diversos medios de comunicación que, a nuestro modo de ver, no son propias de la función que ha de desempeñar el Defensor del Pueblo y por tanto pedirle al señor Múgica que rectifique esta conducta, porque la institución del Defensor del Pueblo se merece credibilidad ante la ciudadanía y no se la puede poner en cuestión con declaraciones que tienen más que ver con la ideología personal, por otra parte respetable, que con el cargo que ocupa el Defensor del Pueblo. Dicho esto, también queremos trasladarle al Defensor del Pueblo que en los últimos tiempos esta institución ha perdido, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, peso, prestigio y eficacia; ha perdido ese calor, ese entusiasmo, ese impulso inicial que tenía y cada día se vacía más de contenido. El Defensor del Pueblo aparece más vinculado a la realidad madrileña que a la del conjunto del Estado español.
Nosotros queremos destacar algunas cuestiones que se nos presentan en el informe. Nos llama la atención el significativo aumento de las quejas colectivas, lo cual creo que debe ser celebrado en esta Cámara porque indica la madurez democrática de la ciudadanía y del pueblo español. Efectivamente, esta madurez democrática se demuestra organizándose para presentar quejas ante instituciones como la del Defensor del Pueblo. También nos llena de satisfacción ver cómo ha crecido la participación de las mujeres en la presentación de quejas en los últimos tres años ante el Defensor del Pueblo, participación que se está acercando vertiginosamente a la de los hombres, estando ya a poquitos puntos de distancia. Este es un dato que esta diputada quiere también destacar porque no creo que el aumento de la participación se produzca porque se lo hayan propuesto desde la propia institución, sino porque es un signo de que las mujeres avanzamos en la defensa de nuestros derechos y en el conocimiento de las instituciones, para qué sirven y qué es aquello que pueden asumir.
Por comunidades autónomas, hemos visto que Cataluña y el Principado de Asturias son las que registran una variación interanual al alza relevante, yo diría espectacular. Por sectores, tenemos que decir que la Administración educativa se lleva la palma en lo que a quejas colectivas se refiere, nada menos que 5.767 quejas, así como el personal al servicio de las administraciones públicas, que tanto en las quejas colectivas como en las individuales es el segundo colectivo, por detrás de la Administración educativa, que numéricamente plantea quejas sustanciales y sustanciosas, tanto cuantitativa como cualitativamente hablando.
Señor Defensor del Pueblo, las quejas de oficio, aunque cuantitativamente hemos de destacar que no son numerosas, sólo 121, sin embargo entendemos que algunas de ellas sí son significativas y revelan cierta sensibilidad de la institución sobre cuestiones que generan alarma social y que vulneran derechos fundamentales de las y los ciudadanos españoles. Estamos hablando de las listas de espera de cirugía cardíaca, de las denuncias

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sobre la saturación de los hospitales públicos, de los derechos humanos de los emigrantes, de los derechos humanos de la población reclusa, del acoso sexual de las mujeres en el ámbito laboral y de otras muchas cuestiones, como los estudios de impacto ambiental, los malos tratos producidos por algunos miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que se siguen produciendo desgraciadamente en nuestro país y que nos llena de satisfacción que desde esta institución se aborden.
Respecto a las quejas no admitidas y, por tanto, no tramitadas, tenemos que decir que nos parece muy elevado el número, 7.354 quejas no admitidas y por tanto no tramitadas, frente a un total de 26.874, casi un 25 por ciento. Esto genera una gran frustración en los ciudadanos y, por ende, en la propia institución del Defensor del Pueblo y en esta Cámara. Es por lo que nosotros pensamos, dados los motivos que se aducen en el informe que se ha presentado hoy en esta Cámara, que sería preciso acercar más la institución a los ciudadanos a través de aquella campaña informativa que se nos prometió en la comparecencia del año pasado. Ello no sólo evitaría una pérdida de tiempo a los ciudadanos que indebidamente se dirigen a la institución, sino que también ahorraría tiempo a la propia institución que usted preside, señor Defensor del Pueblo. Desde Izquierda Unida seguimos preguntándonos, al igual que el año pasado, quiénes son los que acuden a esta institución, qué ciudadanas o ciudadanos se dirigen al Defensor del Pueblo. Desafortunadamente, seguimos constatando que en general son colectivos sociales privilegiados culturalmente hablando, seguimos constatando que el Defensor del Pueblo sigue sin ser una institución a la que puedan acudir las ciudadanas y los ciudadanos más desamparados del Estado español. Por tanto, es necesario poner en marcha estrategias y políticas de acercamiento a los sectores sociales más desfavorecidos, los cuales, por diversas limitaciones y generalmente por falta de información, no utilizan este recurso, que yo creo que precisamente debería dirigirse de forma prioritaria a las ciudadanas y ciudadanos del pueblo español más desamparados. Y cuando hablo de desamparados me refiero también a los indigentes, a los ciudadanos y cada vez más ciudadanas, más mujeres, que nos encontramos cada día durmiendo en las calles de Madrid soportando las bajas temperaturas del invierno.
Los indigentes, los sin techo, no acuden al Defensor del Pueblo, por lo que esta institución tiene que hacer un esfuerzo y poner en marcha políticas para que estos ciudadanos tengan acceso a la institución y puedan presentar quejas a la misma.
En relación con las recomendaciones que plantea el Defensor fundadas en los principios constitucionales y dirigidas principalmente a las administraciones públicas y a los órganos legislativos, nos deja perplejos la falta de colaboración, por otra parte obligatoria, de los ayuntamientos, de las consejerías, de las comunidades autónomas. Concretamente en el territorio al que represento, Madrid, varias consejerías obvian sus obligaciones para con esta institución, así como el IVIMA, el Instituto de la Vivienda, etcétera. Habrá que tomar medidas, porque la institución del Defensor del Pueblo no puede permitir que esto se convierta en una peregrinación a Lourdes una vez al año para curarnos la artrosis y volver al siguiente porque la enfermedad sigue su curso y tenemos más molestias. Este no es el papel del Defensor del Pueblo y ni su equipo ni él mismo se van a sentir cómodos ni satisfechos con este funcionamiento, por lo que desde Izquierda Unida queremos pedir al Defensor del Pueblo que tenga en cuenta algunas consideraciones que ya le hicimos el año pasado y que volvemos a poner hoy encima de la mesa. Señor Defensor del Pueblo, esta parlamentaria, portavoz en la Comisión Mixta del Defensor del Pueblo, el año pasado expresamente le pidió a usted que en el informe de este año incluyera un epígrafe específico sobre las mujeres maltratadas, los malos tratos de que son objeto las mujeres, un epígrafe que sería extenso y absolutamente necesario. Es lamentable que una vez más esta institución no haya tenido en cuenta esta recomendación, que por otra parte el Defensor del Pueblo aceptó y dijo que iba a poner en marcha. Aquí se ha producido la misma dialéctica que se crea entre el Defensor y esta Cámara cuando hace recomendaciones y no son atendidas. Le rogaría que este fuera el último año en que se nos presenta el informe sin este epígrafe, porque estamos hablando, señor Defensor del Pueblo, del otro terrorismo, del terrorismo que padecemos las mujeres, que es un terrorismo de alto calado, que cabalga vertiginosamente sobre la vida de las mujeres y que nos tiene sometidas al tercer grado, y parece imposible que al Defensor del Pueblo se le haya pasado por alto cuando no tiene estas mismas posiciones al hablar del otro terrorismo, que nosotros también condenamos con toda sinceridad y, desde luego, con toda contundencia.
Pedimos al Defensor del Pueblo, como hicimos hace un año ya en esta Cámara, que establezca mecanismos de colaboración para que la coordinación auténtica, real y efectiva se produzca con los defensores del Pueblo de las comunidades autónomas donde los haya o con los comisionados de los parlamentos en el caso de que no lo tengan. Dado que en el informe del Defensor una de las cuestiones que destaca en gran medida es el tema de la inmigración, por muchas razones pero sobre todo por violación de derechos humanos, le pedimos que establezca mecanismos de cooperación con los defensores del Pueblo de los países a los que corresponde una mayor presencia de inmigrantes en nuestro país y que trate de establecer relaciones estables, coordinadas, efectivas y reales con los defensores del Pueblo de estos países que son origen de una mayor presencia de hombres y mujeres inmigrantes en nuestro país.
Lamentamos que la institución que usted representa, señor Múgica, haya puesto en marcha muy poquitos

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recursos de inconstitucionalidad o de amparo ante la agresión que determinadas normas de las administraciones suponen para amplios colectivos sociales de este país. Evidentemente no puedo por menos que señalar la frustración que supuso, no solamente para este grupo parlamentario sino también para el conjunto de la sociedad y, en particular, para el colectivo de los inmigrantes, que usted pasara por alto el recurso de inconstitucionalidad de la Ley de extranjería.
Señor Múgica, está bien lo del tirón de orejas, lo de venir aquí a tirar de las orejas a las administraciones, pero si esto sigue así, usted se convertirá en un buzón de quejas y lo más lamentable y lo más triste es que este Parlamento también. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque usted ha pasado por alto recomendaciones interesantísimas, como las que tienen que ver con iniciativas parlamentarias que el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida y, particularmente, esta portavoz han defendido en esta tribuna sobre estas cuestiones, que también acaba de mencionar el diputado del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) que me ha precedido en el uso de la palabra. Desde que soy diputada he presentado esta proposición al menos en tres ocasiones. Usted recomienda que se cree un fondo de garantía de pensiones que evite las dificultades prácticas generadas para el cobro de las mismas en el supuesto de impago por parte del cónyuge cuando se produce separación, divorcio, nulidad o procesos de filiación. Dice usted que remite dicha recomendación al ministro de Trabajo y que se encuentra pendiente de ser contestada. No me extraña, porque, por tercera vez en menos de año y medio, esta diputada la ha presentado recientemente en esta Cámara sin que haya habido ninguna respuesta por parte de este Gobierno del Partido Popular. Esta es una recomendación estrella que he querido significar por lo sustancial e importante que es para disuadir y prevenir la violencia que se ejerce contra las mujeres. Quiero insistir en que si esta institución no tiene capacidad para que sean tenidas en cuenta las recomendaciones que hace al Gobierno sobre cuestiones tan sensibles y tan importantes como ésta, deberíamos de replantearnos una vez más cuáles son o cuáles han de ser las funciones de esta institución, porque de lo contrario este debate se va a convertir en un vía crucis, más que en un hecho que debería ser trascendente, importante y altamente valorado por el conjunto de la Cámara, y, señorías, como todos podemos ver a estas horas de la mañana, desgraciadamente no es así. Digo desgraciadamente porque nosotros lamentamos que no sea así.
Nosotros querríamos señalar preocupaciones múltiples y variadas, pero sé que lo importante en este caso no es ser exhaustivo, sino dejar bien claro que esta institución y su representante contarán con nuestro apoyo siempre que de verdad este trabajo sirva para algo y se sustancie en esta Cámara en iniciativas que vengan a resolver los problemas que nos plantea el Defensor del Pueblo. En la medida en que esto no sea sí, nosotros, como grupo minoritario, tendremos necesariamente que dedicarnos a otras cosas, porque no podemos permitirnos el lujo de perder el tiempo. No hablamos de una cosa baladí. Insistimos en que el señor Múgica debería exigir el cumplimiento de las recomendaciones que hace a las administraciones públicas y, en particular, las que plantea a los ministerios y que son producto de las múltiples denuncias individuales o colectivas que los ciudadanos y ciudadanas españoles formulan ante la institución que representa.
Siguen apareciendo discriminaciones de todo tipo en las denuncias que se recogen en el informe del Defensor del Pueblo, discriminaciones, señorías, que no son de recibo en un Estado como el nuestro, en un Estado democrático, social y de derecho, discriminaciones por razón de raza o por razón de sexo, discriminaciones por razón de creencias religiosas. Hay recomendaciones que nosotros agradecemos muchísimo, pero casualmente todas ellas se encuentran a la espera de ser contestadas; prácticamente ninguna de las que a nosotros nos parecen interesantísimas han recibido respuesta positiva por parte de las administraciones públicas. Esperemos que cambie la tendencia en este sentido y que el próximo año no se repita esta situación. Esperemos que la figura del Defensor del Pueblo ponga toda la fuerza que le da el hecho de estar al frente de una institución como esta para hacer que esta situación termine, señorías.
Por último, señor Defensor del Pueblo, le pedimos que recupere usted ese impulso necesario para que este instrumento sea lo más eficaz posible, para que las ciudadanas y ciudadanos de este país, para que las ciudadanas y ciudadanos que viven en este país, en este Estado de derecho, confíen en esta institución y la perciban como lo que debería ser, como lo que indica su nombre, como la institución que defiende al pueblo, al pueblo llano, al pueblo no tan llano, al pueblo en general. Sepa usted, señor Múgica, que si va por este camino, usted va a contar con la colaboración del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, que seguirá con rigor el trabajo de su equipo y de su institución, pero si no es así, si no van a ser exigentes, si se van a limitar a venir aquí a leernos el informe, nosotros -repito- no vamos a seguir permitiendo que se vayan acumulando déficit democráticos una y otra vez para que esta democracia cada vez goce de menos salud.
No sé si lo he dicho al principio y como no me gusta ser maleducada -seguramente se me ha olvidado-, queremos agradecer la presencia del Defensor del Pueblo en esta Cámara y de su equipo, reiterarle el agradecimiento en nombre del grupo parlamentario al que represento y pedirle una vez más que no olvide que el Defensor del Pueblo es una figura al servicio de todos los ciudadanos. En lo sucesivo le recomendamos mayor prudencia en las declaraciones públicas, porque de lo

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contrario tendremos que vernos obligados a tomar otro tipo de medidas en esta Cámara.
Nada más, señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Grau.


El señor GRAU BULDÚ: Muchas gracias, señor presidente.
Señoras y señores diputados, nuestro grupo quiere reiterar ante todo el agradecimiento al Defensor del Pueblo por su presencia en la Cámara para la presentación del primer informe realizado bajo su responsabilidad.
Nuestro grupo, en su intervención en la Comisión, ya manifestó el reconocimiento al nuevo formato del informe que presentó el Defensor del Pueblo, así como su posición favorable al mismo. El Defensor ha manifestado rigor en su actuación y en la organización de su institución, asignado funciones específicas a sus adjuntos, actualizando sus sistemas informáticos y propiciando un cambio de edificio -cosa que ha explicado aquí- para poder atender mejor a los ciudadanos que acudían a visitar la institución, pero el rigor que ha habido en estas actuaciones no se ha manifestado en algunas declaraciones públicas, fuera de contexto, que no corresponden al informe anual, ni son acordes con la ecuanimidad que esperábamos en dicho informe.
En la Comisión ya dijimos que la información estadística se ha presentado de forma sesgada, intentando presentar un aumento del cien por cien. Ha hablado de 29.000 quejas, cuando 14.000 de ellas corresponden en realidad a 26 asuntos, ya que son reclamaciones colectivas, que incitaban a respuestas que eran copia unas de las otras y que en algún caso no representaban investigaciones específicas de cada una de ellas. Sin embargo, estas reclamaciones colectivas -y así lo manifesté en Comisión- estaban mejor preparadas, mejor documentadas, cumplían todos los requisitos de la ley, propiciaban soluciones que la Administración podía cumplir de una forma más coherente y favorecían al mismo tiempo una gestión más efectiva y más lucida del Defensor del Pueblo, lo cual es importante.
En este caso, esta tramitación única ha permitido mejores resultados, pero, por ejemplo, 1.500 quejas para un solo caso han excedido muchísimo las quejas que ha mantenido el Sindic de Greuges en Cataluña. Se trataba de un solo caso, de un solo colectivo; se trataba de la política lingüística y reflejaba un sentimiento popular. Esto nos lleva a considerar que la configuración actual del informe no incita a estudios sectoriales o específicos, pues posiblemente las quejas colectivas pueden ser un elemento conciliador que marque la pauta para los estudios específicos a los que nos tenía acostumbrado el anterior Defensor del Pueblo y que el portavoz del Grupo de Coalición Canaria ha manifestado como necesarios o al menos recomendables para el futuro. En su comparecencia en la Comisión este año hemos visto temas como la violencia en los centros escolares o el problema de los residuos en España, que han permitido a esta Cámara contar con unos informes globales sobre las apreciaciones que tienen los ciudadanos sobre los problemas que les aquejan, que afectan a temas específicos de su vida y sobre los que no tienen información suficiente. Es obligación de esta Cámara tener la visión global para poder legislar y proceder coherentemente, marcando disposiciones que sean suficientes y que al menos solucionen los problemas que afecten a la convivencia de las personas.
Los estudios sectoriales también tienen que ver con dos temas específicos. El primero, que es de nueva aparición, es la Ley de extranjería, que ha concitado una serie de problemas durante el año 2000. Precisamente -también lo ha citado el Defensor del Pueblo-, las diferencias de aplicación territorial de los principios legislativos han generado en Barcelona una serie de problemas sociales que han puesto de manifiesto una insuficiencia de instalaciones, de dotación de funcionarios y una precariedad de presupuestos que han originado problemas sociales, colas, enfrentamientos y, en definitiva, malestar en la ciudadanía. Este problema no está solucionado y el Defensor del Pueblo tiene que continuar sobre ello; al menos tendrá que servir de base para un estudio relativo al año 2001. Esto se une al hecho de que nosotros -de acuerdo con lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Vasco- entendíamos que el recurso de inconstitucionalidad requerido para la Ley de extranjería sería objeto del informe de 2001 y que no era problema del año 2000. Como él lo ha citado pero en el informe no figuran los recursos sobre la Ley de extranjería solicitados este año, entendemos que el tiempo de aplicación de la ley no ha dado margen para presentar este recurso de inconstitucionalidad y, en segundo lugar, los problemas sociales generados durante la aplicación inicial de la ley se han dado precisamente en este año 2001, y por ello creemos que este tema lo debemos tratar con mayor profundidad y con mayor rigor en el informe correspondiente a este año, en el que esperamos que se refleje con mayor detalle.
Finalmente queremos hacer referencia a que no ha mencionado en su comparecencia la relación con otros defensores del Pueblo territoriales. Aludo a ello porque en uno de los apartados habla de la justicia de menores y de su aplicación en la Comunidad Valenciana, olvidando que ha habido buenas prácticas realizadas anteriormente por el Sindic de Greuges de Cataluña con el País Vasco y con Galicia para la aplicación de la justicia de menores en cuanto a la protección de los mismos, lo que ha redundado también finalmente en su aplicación en la Comunidad Valenciana. Entendemos que este sistema de coordinación entre los diferentes defensores del Pueblo de las comunidades autónomas ha sido positivo, se han sumado y han obtenido soluciones

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que han ido aplicando correlativamente, y ya que el Defensor del Pueblo ha citado esta última aplicación, posiblemente hubiera sido positivo recordar las demás y propiciar otras nuevas.
Nuestro grupo quisiera recordar una experiencia positiva que se ha llevado a cabo en los Balcanes mediante una cooperación del Sindic de Greuges con el Colegio de Abogados de Madrid y con la Agencia Española de Cooperación Internacional, que ha sido muy bien valorada en la región de destino, porque se trata de la actuación de unas instituciones públicas que están operando en una zona donde tradicionalmente sólo están presentes organizaciones no gubernamentales u organizaciones internacionales, y creemos que ha sido una actividad importante para su institución, una vía que puede repetirse -ya lo recordamos en Comisión- en otras zonas con este amplio espíritu de cooperación con el que se intenta establecer el Estado de derecho como principio de la relación entre las personas.
Para concluir, la ejecución del informe va por una buena vía. Se ha detallado en el mismo ampliamente su primera actuación y nos felicitamos por el resultado de su trabajo, en la seguridad de que el camino emprendido hoy, cuya importancia reconocemos los grupos de esta Cámara, tendrá una continuidad en las mejoras que hemos expresado y en la forma de actuación que esperamos que el Defensor del Pueblo mantenga en sus declaraciones y en sus actuaciones.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Grau.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Cunillera.


La señora CUNILLERA I MESTRES: Gracias, señor presidente.
Señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista quiero dedicar mis primeras palabras a dar la bienvenida a esta Cámara al Defensor del Pueblo, en este caso a don Enrique Múgica, a mostrar mi satisfacción por contar una vez más con su presencia y a felicitar tanto al Defensor del Pueblo como a sus adjuntos y a su equipo de trabajo por el informe que nos han presentado.
En cuanto al informe, queremos mostrar nuestra satisfacción por el cuidadoso tratamiento en la elaboración de datos y la nueva metodología de trabajo, lo que ha llevado implícitas mejoras materiales, con la implantación de nuevos soportes informáticos, herramientas imprescindibles en el siglo XXI para ser capaces de trasladar de un modo práctico la eficacia e inmediatez en la información a los ciudadanos y la elaboración de datos estadísticos que nos permiten visualizar rápidamente la situación. Aunque seguramente voy a repetir algunas consideraciones ya expuestas por el Defensor, es inevitable a la hora de hacer la valoración de este informe, al margen de otras consideraciones que haré posteriormente, evaluar brevemente los datos estadísticos. En primer lugar, hay un aspecto importante, el notable incremento de quejas, 26.995, un 97 por ciento más que el año anterior, y de estas hay que resaltar que 16.662 son de carácter colectivo, 10.212 de carácter individual y 121 de oficio, lo que nos lleva a evaluar el segundo dato, que es el incremento de las quejas de carácter colectivo. Esto quiere decir que estamos ante el reflejo de una sociedad articulada y viva, y yo no entraría en la discusión de si eso se ha hecho a través de demandas colectivas o no colectivas; simplemente quisiera defender la manera en que la sociedad civil se dirige al Defensor del Pueblo. Hay un descenso evidente en las quejas de oficio, casi un 19 por ciento menos que en el año anterior, pero ahí nos atenemos a las explicaciones gráficas que nos dio el propio Defensor en la Comisión, porque fue una época de transición, aunque sí queremos dejar constancia del deseo de incrementar esa actitud vigilante para promover las quejas de oficio cuando las circunstancias y ponderación de la institución así lo aconsejen.
Al hilo de esto, quisiera hacer una breve reflexión sobre el deber de las instituciones públicas de colaborar con el Defensor, ese deber de auxilio preferente y urgente que prescribe la ley orgánica, respecto al que en el informe se percibe una importante dejación, a todas luces injustificable. Podríamos citar al respecto ayuntamientos, capitales de provincias de todo tipo -Las Palmas, Alicante, Zamora-; consejerías de comunidades autónomas, como la de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, de Ordenación del Territorio y Vivienda del País Vasco o de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, por hacer un repaso muy somero para demostrar que las hay de todos los signos políticos. Hay elementos que cabría destacar, por ejemplo, la escasa diligencia de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones o la de Infraestructuras del Ministerio de Fomento, en una demostración de que mal se puede ser sensible a las demandas de los ciudadanos si no se atienden los requerimientos del Defensor del Pueblo. He escuchado atentamente y con satisfacción al Defensor del Pueblo esta mañana cuando se ha comprometido -con las debidas cautelas y prudencia que sin duda ejercitará- en la necesidad de aplicar la ley, incluso lo previsto en el Código Penal, tal y como se señalaba en la reunión de la Comisión respecto al informe del Defensor, por nuestro grupo y por otros grupos de la Cámara, ante los reiterados comportamientos que obstaculizan la labor del Defensor y de la institución que representa y, por tanto y lo más importante, el amparo de los ciudadanos.
El contenido del informe -y es uno de los motivos de satisfacción de nuestro grupo- es un barómetro bastante aproximado de los problemas que preocupan a los ciudadanos y ciudadanas: retrasos judiciales, falta de coordinación entre las administraciones, la situación de los inmigrantes, la calidad de la educación y la sanidad o la indefensión e inseguridad del ciudadano ante

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prácticas abusivas de la banca privada o de las aseguradoras, por citar algunas. Sería imposible en esta intervención tratar todos y cada uno de los temas que son motivo de queja, pero intentaré referirme a los que, a nuestro juicio, son los más importantes, por ejemplo, la falta de información tanto en la Administración pública como en la empresa privada. Me gustaría señalar el caso concreto de la empresa privatizada Telefónica, donde no hay una oficina pública, sino que el ciudadano se topa con la pared de un número telefónico al que ha de atarse si quiere resolver sus problemas, y eso es una consecuencia de la reducción de costes; o la necesidad de la ordenación de las entidades financieras y de seguros para dar seguridad ante abusos por cobro de comisiones o posibles fraudes.
Existen dos líneas de quejas coincidentes. En primer lugar, el mal funcionamiento de las administraciones públicas, con un problema de fondo que afecta a importantes colectivos de la Administración local, autonómica o estatal, con un descontrol generalizado que evidencia la necesidad de un estatuto de la Función pública, un marco armonizador para todas las administraciones públicas que defina y concrete las líneas básicas de una Administración moderna y ágil, acorde con las necesidades del siglo XXI y que el Grupo Socialista ha venido reiterando en esta Cámara. Quiero recordar que han pasado dos años y medio desde que el 5 de julio del año 1999 apareció publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Generales. Ese mal funcionamiento de las administraciones se evidencia de un modo notorio en la Administración de justicia. Los datos ofrecidos en el informe y hoy mismo en esta tribuna por el Defensor del Pueblo son elocuentes, y lo reiterado de esta lamentable situación hace pensar que la costumbre y el mal funcionamiento hacen ley. Ni planes de choque ni declaraciones han permitido avanzar, puesto que, una vez más, los Presupuestos Generales del Estado no contemplan recursos que permitan vislumbrar un cambio de rumbo y evitar el colapso de las salas de lo contencioso-administrativo y de la jurisdicción civil, por poner dos ejemplos. Existe, además, una degradación de la oficina judicial, con pérdida de piezas de convicción o falta de atención al ciudadano o la falta de intimidad personal en los reconocimientos médicoforenses, que se realizan en las oficinas jurídicas, con largas esperas, y no en clínicas forenses. Lo decía en la Comisión la representante de nuestro grupo, la señora Marón, hace unas semanas: es tal el deterioro de la Administración de justicia que merecería un monográfico especial. No obstante, el Grupo Socialista deja una puerta abierta a la esperanza con el pacto de la justicia y confía en que su evolución nos dará nuevas pautas de actuación.
Una segunda línea de quejas abarca un amplísimo abanico que evidencia un deterioro de los servicios públicos vinculados con dos facetas prioritarias para la vida de las personas: la sanidad y la educación.
La Administración educativa acumula el mayor número de quejas, que van desde el deterioro de la calidad de la enseñanza pública a los problemas planteados en los colectivos de educación especial o a la política de becas. Existe una verdadera necesidad de impulsar medidas para que la inspección educativa actúe en situaciones de abuso por parte de los centros concertados que cobran cantidades no justificadas ni obligatorias y que llevan a un elitismo progresivo, además de influir negativamente en la imagen de otros centros concertados que sí actúan correctamente. Hay también quejas sobre el funcionamiento de la educación universitaria, desde la carencia de becas al largo trámite para la obtención y homologación de títulos universitarios, etcétera, y se quiebra, en definitiva, ese principio de igualdad de oportunidades ante la educación, amenazado más si cabe por la futura LOU.
En la sanidad, otro de los temas que preocupa en gran manera a la ciudadanía, las quejas se centran fundamentalmente en tres aspectos: en primer lugar, el derecho de la información al paciente, historias clínicas, atención a los familiares, tratamientos, etcétera; en segundo lugar, la salud mental, gran carencia en la sanidad pública, en la que los familiares asumen el papel asistencial de dedicación y de seguridad para el enfermo por falta de centros ocupacionales de internamiento temporal o de larga duración, según sus situaciones, y, en tercer lugar, pero quizá el primero en cuanto a la preocupación de los ciudadanos, las listas de espera. El Grupo Parlamentario Socialista, en la intervención con ocasión de la presentación del anterior informe hace un año, pidió un estudio monográfico sobre las listas de espera, fundamentalmente para pruebas diagnósticas y quirúrgicas, ya que el larguísimo tiempo de espera que tienen produce una gran inseguridad e insatisfacción que con frecuencia agrava las dolencias y en muchos casos la cita llega demasiado tarde. En la presentación del informe que el Defensor ha hecho este año se confirma que tal estudio se está elaborando, pero desde esta tribuna queremos urgir a la finalización del mismo y le deseamos suerte en el trabajo, ya que la opacidad con que funciona el Ministerio de Sanidad, negando incluso al Parlamento datos y cifras que sin duda debieran de ser transparentes, nos parece muy preocupante.
En el informe también destacan otros temas sociales, por ejemplo, la necesidad de acabar con la violencia doméstica -la representante de Izquierda Unida se ha referido extensamente a este tema- y la necesaria previsión de políticas sociales que permitan el bienestar de las personas mayores. En un país como España, con una creciente población envejecida, se carece de la previsión necesaria de centros de día, de residencias, de ayudas a domicilio, en definitiva, de una red de servicios sociales con carácter público que cubra el amplio abanico de demandas sociales. En definitiva, creo que estamos ante la necesidad de que el Gobierno presente

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de una vez por todas la ley de dependencia a que se ha comprometido.
Vinculado al ámbito de políticas sociales, cabe destacar en el informe el apartado relativo a la inmigración, tratado con gran rigor jurídico pero, evidentemente, con muchos problemas y, como el señor Múgica señalaba al terminar su intervención en Comisión, con un principio básico y es que la institución tiene que estar insatisfecha con su trabajo. Esa insatisfacción, también en este campo, tiene que ser un acicate para mejorar. Venimos de una puesta en funcionamiento de una reforma legislativa tumultuosa. En ocasiones, representantes del Gobierno han conseguido que la inmigración haya sido noticia permanente con un contenido negativo, colocándolo así, en el término negativo, incluso en sucesivas encuestas del CIS, como preocupación importante de los españoles. Muchos problemas son de gestión y de mejorar cuestiones administrativas pero otros son de mayor calado político, de dar tranquilidad, normalidad, diálogo y voluntad de no crispar situaciones de por sí conflictivas y con gran carga de dolor humano. Al respecto quisiera citar lo señalado esta mañana por el Defensor del Pueblo en defensa de las reivindicaciones de presos del franquismo, dispersas y mal atendidas. Esperamos que a través de los mecanismos que tiene la institución del Defensor del Pueblo se siga actuando de oficio y haciendo las aportaciones necesarias para normalizar la situación que vive nuestro país como receptor de inmigrantes.
Quiero hacer un inciso especial en los temas medioambientales a los que el Defensor del Pueblo dedica un interesante apartado, percibiéndose una creciente preocupación ciudadana que abarca distintos aspectos: contaminación acústica, contaminación atmósferica, residuos, saneamiento, depuración, etcétera. Incluso los ciudadanos demandan mayor información y el Defensor podría ser así más útil a la sociedad. El Gobierno adolece de impulso legislativo y presupuestario para adelantarse a las demandas ciudadanas. Reflejo del talante del Gobierno y de la falta de diálogo del Ministerio de Medio Ambiente con las asociaciones ecologistas que venimos diciendo es que no se ha reunido ni una sola vez en cuatro años el Consejo Asesor Medioambiental, motivo de denuncia ante el Defensor del Pueblo, como hemos podido ver recientemente en los medios de comunicación. Por ello insistimos en que la sensibilidad por el cuidado y defensa del medio ambiente siga siendo una línea específica de sugerir recomendaciones cuando corresponda. En este sentido, el Grupo Parlamentario Socialista anima a la institución del Defensor del Pueblo a seguir haciéndose eco de las quejas de los ciudadanos y a seguir actuando de oficio cuando se detecten carencias de las administraciones o de nuevas situaciones generadas en la propia sociedad. Los grupos políticos respaldaremos esta actuación y cooperaremos además responsablemente para que el trabajo de la institución sea eficaz en el cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias que hace al Gobierno, ya que de otro modo el Gobierno las convierte en papel mojado.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Cunillera.
Grupo Parlamentario Popular. Señor Delgado.


El señor DELGADO ARCE: Señor presidente, señorías, señor Defensor del Pueblo, adjuntos que le acompañan y miembros de su equipo, hace unos minutos tuvimos oportunidad de escuchar al señor Múgica, que, en cumplimiento de las disposiciones del ordenamiento jurídico vigente, planteaba con brillantez ante el Pleno del Congreso el informe anual sobre la actividad realizada durante el año 2000. Es este, por parte del actual titular, el primer informe que se presenta en su mandato, después de su toma de posesión en junio del pasado año.
El día 18 de octubre, en el seno de la Comisión mixta, debatíamos con amplitud este densísimo informe y precisábamos con detalle muchos de sus aspectos. Nos corresponde ahora de un modo sucinto y breve fijar posición sobre este informe de gestión y plantear algunas conclusiones. En primer lugar, apreciamos una mejora de la organización y de la gestión interna de la institución. Destacaremos el esfuerzo desplegado por el Defensor del Pueblo por dotar de eficacia la gestión ordinaria mediante innovaciones de organización y materiales. Organizativamente, valoramos de modo positivo la reestructuración interna acomodando las responsabilidades de las distintas áreas funcionales en orden a producir un equilibrio tanto en cuanto a carga de trabajo como en cuanto a eficacia de funcionamiento. También en medios materiales, en lo referente a una renovación ofimática y tecnológica que permita la incorporación del Defensor del Pueblo a las nuevas tecnologías en beneficio de los ciudadanos y a la adquisición de ese nuevo inmueble que deberá paliar los importantes problemas de espacio que tiene hoy la institución.
Por otra parte, apreciamos un notable incremento de las quejas y sobre todo una mejora de la eficacia de la tramitación. El total de las 26.995 quejas representa un 97 por ciento más que las del año anterior, destacando, cómo no, el importante incremento de las quejas colectivas y la progresiva igualación de las quejas presentadas por hombres y mujeres, que no deja de avanzar. Diecisiete sectores son básicamente los que recogen estas quejas. Destacan aquellas referidas al personal de las administraciones públicas de justicia y las referidas a la seguridad pública. Hay que reconocer la complejidad de muchas de estas quejas que tienen con frecuencia aspectos transversales que exigen la regulación coordinada y la colaboración funcional de diversos órganos administrativos.


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Con relación a las quejas colectivas, como decía el Defensor, han sido muy numerosas y sin duda tiene mucho que ver la existencia de un importante cuerpo intermedio en nuestra sociedad y también que se fomenta desde la propia institución del Defensor del Pueblo, desde la propia personalidad del Defensor, la presencia en los medios de comunicación, lo que estimula su conocimiento y estimula a los ciudadanos a dirigirse a la institución. Por lo que se refiere a la tramitación, hemos dicho que se ha tramitado casi más del triple de quejas que en el año 1999. Y hay algo muy importante, que se rechazan muchas menos, lo que hace suponer que los ciudadanos están mucho mejor informados sobre las competencias atribuidas al Defensor del Pueblo, sobre los mecanismos de procedimiento y sobre las circunstancias que impiden la intervención. En el número de quejas recibidas no admitidas nos encontramos en el 27 por ciento, porcentaje muy inferior al 43,9 del año 1999, lo que parece indicar, repito, una mejor información, sin que ello nos deba llevar a la complacencia porque todavía tenemos que tender a reducirlo. Las quejas de oficio han sido importantes y no es nada significativo que su número no haya sido superior al del año anterior. Sobre las investigaciones efectuadas por el Defensor queremos hacer constar ante el Pleno del Congreso que un elevado porcentaje de la actuación de las administraciones se ve como consecuencia de estas quejas. Ni más ni menos que el 54,89 por ciento de las investigaciones del Defensor concluyó en que hubo un correcto proceder de la Administración; bastó una simple comunicación para que el 23,90 por ciento restante fuese subsanado por parte de las administraciones.
También quiero destacar en nombre de mi grupo la alta receptividad por parte de todas las administraciones públicas para aceptar recomendaciones y sugerencias del Defensor. En relación con las recomendaciones, fueron formuladas 103, de las que, a la fecha de hoy, según nos informa el Defensor, fueron aceptadas más del 78 por ciento. Nos parece una cifra muy importante y evidencia un prestigio de la institución que tal cantidad de recomendaciones se acepte. En cuanto a las sugerencias, que tienen como resoluciones del Defensor un rango menor pero no por ello menos importante, hay que afirmar que ese 63 por ciento de sugerencias admitidas es asimismo un alto porcentaje.
Constatamos que son pocas, afortunadamente, las administraciones que no cooperan con el Defensor del Pueblo. Es cierto que es deseable una mayor agilidad y es cierto que deben remitirse antes los informes configuradores de la indagación. Son normalmente pequeñas administraciones y pequeños ayuntamientos los que han omitido esta obligación de contestar o esta obligación de colaborar. Cito una circunstancia que ha sido aludida por la portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en relación con dos entes de la Administración central del Estado. El hecho de que estemos en el mes de noviembre debatiendo un informe de la gestión del año 2000 evidencia que han pasado muchos meses desde que se cerró el informe, en los que algunos de los problemas detectados se subsanan. En el caso, por ejemplo, de la Secretaría de Estado de las Telecomunicaciones, que es citada en el informe, en los primeros días del año 2000 procedió a dar cumplida satisfacción a aquellos requerimientos que le fueron hechos, como no podía ser menos por otra parte. Es cierto que la magistratura del Defensor del Pueblo es una magistratura de persuasión, es evidente que se debe basar en la prudencia y en el espíritu conciliador, pero también es cierto que no podemos admitir la negativa de los funcionarios o de sus superiores responsables al envío de los informes iniciales ni dolosa ni negligentemente. Nuestro ordenamiento jurídico penal, en su artículo 502.2, prevé un tipo que regula el delito de desobediencia a la autoridad de un funcionario que obstaculice la labor del Defensor del Pueblo. No seremos nosotros quienes animen a la utilización indiscriminada de esta facultad, pero sí somos los primeros en decir que no se descarte la utilización de esta vía cuando existan comportamientos que sean claramente y de forma reiterada hostiles.
Un amplio apartado del informe del Defensor se refiere a la supervisión de las administraciones públicas y alude a un total de 17 sectores. Todos son importantes, pero la premura de tiempo hará que me refiera exclusivamente a alguno de ellos. Efectivamente se constatan retrasos en las resoluciones judiciales y administrativas y se pone el acento fundamentalmente en las salas de lo contencioso- administrativo de los tribunales superiores de justicia con los problemas derivados de los recursos de la jurisdicción civil y de la jurisdicción contencioso-administrativa. Es cierto que estas carencias y problemas existen, pero las recomendaciones del Defensor sirvieron para que en su momento se crearan juzgados de lo contencioso-administrativo. En el informe también se denuncia una situación bastante lamentable de retrasos en la Audiencia Provincial de Madrid y, como ha puesto de manifiesto el Defensor del Pueblo, un plan de choque aprobado por el Ministerio y por el Consejo General del Poder Judicial ya está en marcha y permitirá la celebración de juicios civiles, de nuevas secciones, para así aligerar el importante retraso que se acumula en este tribunal. Surtió asimismo efecto la recomendación, aceptada parcialmente, en relación con el aplazamiento de la entrada en vigor de la Ley de responsabilidad penal de los menores, con una moratoria para los jóvenes mayores de 18 años y menores de 21, y muchas otras recomendaciones que ha hecho el Defensor y que nosotros compartimos han sido integradas en lo que nosotros denominamos pacto de Estado para la justicia, suscrito, afortunadamente, por varios grupos parlamentarios de esta Cámara y que va a permitir abordar la problemática de este importante sector de la Administración que es la Administración de justicia.


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El informe se refiere con amplitud a los derechos y libertades de los extranjeros en España. El año 2000 fue un año complejo. Nada más y nada menos que se encontró el Defensor, que nos encontramos todos, con una Ley 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España, que derogó la Ley orgánica 7/1985, y a los pocos días de entrar en vigor esta nueva ley se anunció una modificación por la Ley orgánica 8/2000, que se publicó el 23 de diciembre del citado año.
Todo ello hace que a la hora de valorar el informe del Defensor tengamos que tener en cuenta la existencia de estas tres normativas.
Yo quiero decir, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que las recomendaciones del Defensor del Pueblo han sido decisivas para que se configurara el texto de la nueva Ley 8/2000 y más decisivo, si cabe, para el reglamento de ejecución de la Ley de extranjería, reglamento que se aprobó este año por el Real Decreto 864/2001. Las recomendaciones fundamentales del Defensor, acogidas en la legislación, hacen referencia al régimen de entradas con unas garantías en cuanto a la formalización del procedimiento, al derecho de asistencia jurídica gratuita y a la garantía judicial en aquellos casos en que el retorno no se produzca en el plazo de 72 horas.
Valoramos de modo muy positivo todas esas visitas que se han hecho a aeropuertos, centros de acogida e internamientos de emigrantes, porque la presencia de los miembros del Defensor del Pueblo allí permite la solución in situ de problemas que, de no realizar estas visitas y viajes, no se detectarían.
En cuanto a los menores extranjeros y su situación de desamparo en Ceuta y Melilla, es muy importante que se hayan hecho recomendaciones en este sentido, porque así se ha podido mejorar instalaciones, documentar mejor a los menores y, en el reglamento de ejecución al que antes he aludido, se ha podido ser escrupulosamente respetuoso con los derechos del menor. Al mismo tiempo se han abordado problemas de coordinación y tramitación de la reagrupación familiar y soluciones que se están planteando a través del Plan global de regulación y coordinación de la extranjería y la inmigración en España, el Plan GRECO. El Defensor alude también a las listas de espera, un problema que preocupa a todos los españoles. Ha sido muy oportuno que se abordase esta cuestión, porque muchas comunidades autónomas, como consecuencia de esto, aquellas que tienen competencias en materia sanitaria y el propio Insalud, han establecido planes específicos para reducir las listas de espera, especialmente las de cirugía cardíaca.
Con relación a la Administración penitenciaria -bien lo dice usted en el informe, señor Defensor del Pueblo- es un indicador muy claro de cómo funcionan los derechos fundamentales en España. Se puede decir que nos encontramos con un informe sobre las prisiones que supone una ruptura con una larga tradición en la que los aspectos negativos primaban sobre los aspectos positivos. Estas visitas revelan una mejora generalizada de nuestros centros penitenciarios en lo que se refiere a cuestiones de alimentación, de higiene y en el área sanitaria, incrementándose los programas libres de drogas dentro de la prisión y desde la perspectiva de reducción del daño que el consumo de estos estupefacientes produce en los internos. Así hay que destacar programas de intercambio de jeringuillas como el que se cita en el propio informe, que corresponde a la prisión provincial de la provincia que tengo el honor de representar, la prisión de Pereiro de Aguiar. Las cuestiones relativas a la Seguridad Social son muy importantes. Se hacen recomendaciones que afortunadamente están teniendo encaje en las modificaciones legislativas y en los grandes acuerdos para la reforma de las pensiones y de las prestaciones sociales que se están planteando en España. Por ejemplo, el relativo a la mejora de los coeficientes reductores para el caso de la jubilación anticipada o la recomendación que se hace en el sentido de que debe incrementarse la cuantía de las pensiones mínimas, especialmente para las viudas y las pensiones del SOVI. Se nos anuncia que se van a materializar, a partir del año que viene, en una subida de las pensiones de viudedad en un 55 por ciento, incrementándose la base reguladora del 45 al 70 por ciento.
Voy a terminar mi intervención con una referencia a la cuestión de los recursos de inconstitucionalidad, dejando sentada de una manera clara cuál es la posición de nuestro grupo. Nos dice el Defensor que en el año 2000 fue interpuesto un recurso contra varios incisos de la Ley orgánica de 13 diciembre de 1999, de protección de datos de carácter personal, y que este recurso fue estimado por el Tribunal Constitucional, declarando nulos los incisos recurridos. También nos informa el Defensor de otros recursos que finalmente no ha planteado.
En efecto, el artículo 54 de la Constitución española y nuestra Ley orgánica reguladora establecen, como misión fundamental del Defensor, la defensa de los derechos comprendidos en el Título I de la Constitución y entre los mecanismos de los que se ha dotado para esta defensa está, en lugar prioritario, la interposición de recursos de inconstitucionalidad. Dicha legitimación le permite interponer en todos los supuestos en los que lo considere oportuno, si bien de la amplitud de esta competencia se deriva que deben estudiarse con detalle todas las solicitudes que se plantean, al objeto de contrastar cuáles son admisibles y cuáles no lo son. En definitiva, prudencia y rigor jurídico deben inspirar la actuación del Defensor.
No puede en modo alguno quien es llamado a contribuir decisivamente a la defensa del orden constitucional ejercitar su legitimación para cuestionar leyes emanadas de los representantes de la soberanía popular, de los que además es comisionado, sino en virtud de la indubitada convicción de las posibilidades de éxito procesal de la acción. Nuestro grupo por tanto respeta y alienta la independencia del Defensor del Pueblo.


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Concluyo, señor presidente. Nuestro grupo otorga una alta calificación a la gestión del Defensor, refuerza su confianza en su persona y le anima a seguir en la senda iniciada, sin ninguna complacencia, incitándole a la insatisfacción y al inconformismo como método ideal para estar más cerca de las inquietudes de los ciudadanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Delgado.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA DEL TEXTO ARTICULADO DE LA LEY SOBRE TRÁFICO, CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS A MOTOR Y SEGURIDAD VIAL, APROBADO POR REAL DECRETO LEGISLATIVO 339/1990, DE 2 DE MARZO. (Número de expediente 121/000036.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Concluido el debate sobre el informe del Defensor del Pueblo, corresponde pasar al punto VII del orden del día, enmiendas del Senado. En primer lugar, la fijación de posición de los grupos parlamentarios en relación con las enmiendas al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo. ¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.) Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente. (Rumores.) Señorías, llegamos al trámite final de un texto legal que la propia exposición de motivos...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Perdone, señora Uría.
Señorías, se hace casi imposible escuchar a quien en estos momentos está utilizando su turno para defender su postura sobre las enmiendas al proyecto de ley en el Senado. Es necesario, señorías, que continuemos con el debate en este Pleno con el mayor silencio posible. Gracias.
Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señor presidente.
Decía que llegamos al trámite final de un texto legal que se presenta en la propia exposición de motivos como de ajustes y mejoras y que al final es más que una mera obra de reparación, porque tiene mucho de obra nueva, de aceptable obra nueva, según la perspectiva del grupo al que represento.


Las enmiendas que proceden del Senado -a las que me referiré para no prostituir el trámite- tienen mucho, como es habitual, de enmiendas de precisión. Ya en el artículo 1 añaden a lo que esta Cámara dijo que la ley modificada es la de Tráfico y Seguridad Vial, lo que, desde nuestra perspectiva, resultaba de todo punto obvio. Más interesante es la precisión del artículo 11, cuando, a los aparatos de telefonía móvil, se añade cualquier otro medio o sistema de comunicación. Pasan luego a uno de los aspectos de la ley que ha quedado más confuso, el relativo a la prohibición de circular llevando menores en las motocicletas. Nos parece que la referencia a las edades o a la envergadura de los menores que vayan a ser transportados no ha quedado suficientemente clara, según se nos cuenta también por un error de votación producido en el Senado.
Creemos que el intento de sacar en este trámite parte del artículo aclarará quizás la cuestión, si bien lo que se prevé como excepcionalidad, a partir de 7 años, mucho nos tememos que se vaya a convertir en generalidad y que al final sea este tope de edad el que funcione y no el de los 12 años.
Menores son las correcciones de expresiones, como peso por masa y algún plural por singular. Más nos gusta un matiz de protección a los ciclistas, ya que se ha avanzado algo en relación con lo previsto en esta Cámara, y lo digo desde la perspectiva de un ámbito social con notable afición a este deporte y en el que sin duda alguna se nos agradecerán -a nosotros y al Senado- las importantes mejoras en seguridad vial producidas en el texto de esta norma para quienes practican el ciclismo como medio de transporte o como deporte.
Después, en el artículo 60, se proponen modificaciones que afectan al área de la formación vial y que tienen, desde nuestra perspectiva, una importante vertiente competencial, y es que, señorías, se habla de centros de reconocimiento de conductores y estos centros no están contemplados en la normativa de transferencias a la Administración vasca; sí a la catalana. No están contemplados en las nuestras porque el momento inicial de acceso a la autonomía no permitía pensar que en un futuro iban a existir estos centros de reconocimiento. Respecto de ellos, reivindicamos competencias que nos hubiera gustado que quedasen mejor salvadas, con un texto del tenor de nuestra enmienda.
No ha sido así, pero la llamada que se hace al reglamento nos permite pensar que quizá aquí sea posible el ejercicio competencial, si hay voluntad, y la Dirección de Tráfico suele manifestar esta voluntad.
Sí se nos ha hecho caso, y nos satisface porque es una de las mayores querencias de nuestra promoción, en relación con la adopción de medidas cautelares en una materia en la que es tan importante la potestad sancionadora. Ha desaparecido la expresión de que se perjudique notoriamente el interés público, que siempre nos había parecido un concepto excesivamente indeterminado. Fruto de una enmienda de los senadores vascos,

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esto ha quedado definitivamente corregido. Es también correcta, y votaremos a favor, la referencia que se hace a las formas de terminación de un procedimiento distinto de la sentencia y la precisión de límites mínimos y máximos en lo se refiere a las infracciones y a las sanciones, señalándose además que asimismo se van a sancionar los incumplimientos de la normativa de reconocimiento de conductores. Nuevamente esto suscitará un problema competencial, saber exactamente a quién compete, puesto que, como ya he indicado, es competencia que reivindicamos algunas comunidades autónomas. Es correcto prever la cancelación de la sanción como requisito para obtener un nuevo permiso, cosa que no estaba así en el texto; la sistematización de los casos de inmovilización queda bastante mejor de lo que salió de esta Cámara y es justo reconocérselo al Senado.
Igualmente nos parece muy aceptable la desaparición de la disposición adicional cuarta, porque contenía una precisión que no tenía nada que ver -era meramente recaudatoria- con la seguridad vial. Aun siendo entendible, no nos parecía adecuada en una norma cuya finalidad última es la seguridad del tráfico. Confieso no entender qué se pretende con la nueva disposición adicional séptima en relación con el atropello de especies cinegéticas, pero, sabiendo que se propuso por la totalidad de los grupos del Senado, no me atrevo a manifestar votación en contra. Seguramente protege algo especialmente digno de tutela, que tendrá que ver sin duda con los valores de conservación de determinadas especies o con la ecología. Nos parece interesante la llamada a las modificaciones que se hace en cuanto al reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores de vehículos, materia respecto de la cual también es de todos conocido que queremos competencias en el ámbito autonómico. Me queda finalmente por manifestar que mi grupo todavía alienta la esperanza de que pueda llegar a aprobarse la parte, que nos parece importantísima, respecto de las normas de tráfico y seguridad vial, que se refiere a que desaparezca del Código Penal la falta por conducir sin seguro y que sin embargo sea contemplada como infracción administrativa. Conocemos que el Tribunal Constitucional impide que se contemple en una ley ordinaria un precepto orgánico y nos gustaría que en algunas de las modificaciones del Código Penal que en este momento están abiertas en la Cámara tuviese aceptación lo que ya se ha articulado como tal por el Grupo Vasco. No hacemos cuestión de que sea en la norma que nosotros hemos sugerido; sí hacemos cuestión sin embargo de que la mejor represión de estas conductas, que tanto perjuicio social causan, es que queden definitivamente contempladas como infracción administrativa y tengan la adecuada respuesta, que en este caso no es la penal sino la administrativa, como unánimente se reconoce por la doctrina y por las administraciones competentes.
Termino, señorías, diciendo que llegamos al final de un largo trayecto que nos coloca a las dos Cámaras, Congreso y Senado, a las Cortes Generales, pero sobre todo a quienes hemos sido ponentes de esta ley, en el punto de mira de lo que serán innumerables críticas, porque en pocas materias hay tantas opiniones como en la materia de tráfico. Modestamente, confieso que, dentro de mi propio grupo, tengo sector crítico en cuanto a los límites de velocidad o a la tipificación de las infracciones y sanciones. Todos pensamos sin embargo que con el texto que hoy se aprueba se ha perdido una nueva ocasión para poder adecuar la normativa de tráfico a la delimitación competencial en un Estado autonómico. Desde hace mucho tiempo, todas y cada una de las veces que se trae una norma de tráfico a esta Cámara hacemos referencia al texto del artículo 17 del Estatuto de Autonomía, en el cual tiene perfecta acogida el hecho de que pretendamos reivindicar, de la misma forma que se reivindica desde la autonomía catalana, la posibilidad de que sea competencia propia la expedición y la retirada de los permisos de conducir.
Repetimos que hubiese sido un buen momento para que tanto el Gobierno como los dos partidos mayoritarios de la Cámara, que no han acogido favorablemente esta pretensión nuestra, hubiesen acreditado su convicción de que efectivamente es correcta la definición del Estado que se predica como autonómico. En lo demás, la formación política a la que represento va a votar favorablemente todas las enmiendas procedentes del Senado.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señor presidente, por su benevolencia. Pido excusas por no haber estado en el orden del turno y agradezco también al PNV su consideración.
Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos ha remitido la Cámara Alta a este proyecto de ley que modifica el texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que viene ya del Real Decreto-ley 339/1990. Creemos que el Senado ha introducido una serie de mejoras específicas, incluyendo una enmienda que había presentado el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en trámite en esta Cámara y que no pudo ser aprobada; ha sido aprobado en el Senado en el carácter que tiene de disposición final segunda, con un nuevo párrafo que va a permitir encomendar al Gobierno que, en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la presente ley, proceda a modificar el reglamento regulador de las escuelas particulares de conductores de vehículos a motor. De no haberse corregido el texto en este sentido en el Senado, y como tuvimos ocasión de manifestar en la defensa de nuestra enmienda en esta Cámara en su momento procesal de tramitación, la ley hubiera quedado falta de este tercer instrumento reglamentario

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regulador, sobre todo en el importante papel que en la educación para el tráfico y la seguridad vial realizan las academias y escuelas de conductores para aquellos que optan a obtener el carné de conducir, educación que tienen que garantizar las enseñanzas, programas y controles de dichas academias o escuelas de conductores. Hay solamente una salvedad, señor presidente. Queremos dejar constancia de ella porque según nos informa nuestro grupo en el Senado y hemos podido ver ha habido en la aprobación de enmiendas un descontrol en la segunda parte del artículo 11.4, que viene como 7.o

en este proyecto del Senado y que entendemos que sobra. Además, se hace una reglamentación sobre cosas peregrinas en una ley que más bien deberían ir en la letra pequeña de un reglamento, como por ejemplo si los pies de una persona alcanzan o no los pedales de un ciclomotor. Hecha esta salvedad, señor presidente, en todo lo demás nos congratulamos de este perfeccionamiento de enmiendas que viene del Senado y lo votaremos favorablemente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mardones.
Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, señorías, salvo que se produjera alguna modificación significativa anunciamos el voto contrario a las enmiendas introducidas en el Senado y nuestro malestar porque algunas cuestiones no han sido mejoradas cuando había toda una filosofía y una voluntad política aparente de solucionarlas.
Me refiero en primer lugar al hecho -ya manifestado en anteriores debates- de que se considere falta grave la ocupación del vehículo superior al 50 por ciento de las plazas autorizadas, menos el conductor. Señorías, llevado esto al extremo permitiría que sólo fuera considerada falta muy grave cuando un autobús interurbano llevase 31 personas de más al ser las plazas autorizadas 62 descontado el conductor. Se produciría una situación de película de países tercermundistas con gente montada en lo alto del autobús, en el techo o agarrados a las ventanillas, como en las guaguas de La Habana, para que fuese considerada falta grave. Entiendo, por tanto, que debería hacerse una corrección o mejora técnica, no sé si ahora o en el reglamento.
La segunda cuestión es que, aparte de coincidir con el señor Mardones -sin que sirva de precedente- en lo relativo a la altura de los reposapiés en una motocicleta -algo que me parece de chirigota porque es cuestión de modificarla; todos lo hemos hecho en nuestra juventud, no para el acompañante sino para el que conducía-, aparte de que no tiene identidad ni ningún sentido, estamos en total desacuerdo con lo que entendemos un acto de frivolidad política como son las modificaciones que se han ido produciendo por mor de las legítimas presiones utilizadas por un grupo parlamentario. No voy a poner nombre a las personas pero sí decir que ese grupo parlamentario, en el primer Pleno en que se trató esta cuestión, dijo cosas como las siguientes, y cito textualmente: Pero nada se dice en el proyecto sobre que los menores de 12 años nunca deberían ir como acompañantes -nunca, nunca- en un ciclomotor o motocicleta; son muchos los accidentes y un niño menor de 12 años no tiene la fuerza suficiente a veces para adherirse al conductor de la motocicleta o ciclomotor.
Luego incluso se dio una rueda de prensa recalcando estos extremos.
Este mismo grupo, con otro portavoz, dijo el día 5 de abril: También hemos propuesto otras enmiendas sobre la prohibición de circular con menores de 12 años como pasajeros en ciclomotores o motocicletas.
Esto nos convenció, todos estábamos de acuerdo, en la Comisión nos pareció interesante y así se puso, pero hete aquí que por no sé qué razones -todo el mundo tiene derecho a caerse del caballo en el camino de Damasco; se cayó hasta San Pablo, imagínense ustedes, pues por debajo de él todo el mundo- a partir de ese momento hemos entrado en una procesión de despropósitos como si es una vía urbana o no, si se puede en sábado o no, si el niño llega a los pedales o no, si el casco pesa mucho o no. A mí eso ya me parece una falta de seriedad.
También me parece una falta de seriedad y me opongo políticamente en la medida de mis posibilidades -que son nulas o escasísimas- a que se llegue a un consenso en una redacción global en un proyecto de ley y luego, sabiéndolo de antemano, se modifique en el Senado colándolo no por la puerta falsa -me guardaré muy mucho de considerar al Senado puerta falsa-, pero sí de una forma torticera en un momento determinado. Nos encontramos con una redacción que suena a chirigota.
Argumentos hay muchos y a todos nos ha sonado alguna vez el teléfono; además con la percepción cutre de que se considera que el que tiene una motocicleta y no un coche es un pobre. Nos llamaban diciendo: Seguro que ustedes tienen coche; yo, en cambio, como soy pobre tengo sólo una motocicleta. Depende de la motocicleta que sea porque con lo que cuesta una Kawasaki 700 se puede uno comprar dos coches. Con esa concepción demagógica que se ha ido utilizando se producen situaciones como ésas. El argumento de que yo solamente tengo para llevar a mi hijo una motocicleta debería llevar a que se prohibiera, por ejemplo, que hubiera tiempos o zonas de veda en la pesca o en la cacería, pues alguien podría decir que como tiene una escopeta tiene derecho a utilizarla durante todo el año o como tiene una caña de pescar tiene el derecho a utilizarla durante todo el año en todos los ríos; o, por hablar del tema automovilístico, como yo tengo un todoterreno tengo derecho a conducirlo por todos los parques naturales que me dé la gana, porque para eso tengo un todoterreno y no otro coche. Este argumento a mí me parece un tanto pobre. El argumento

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de que es para llevar a los niños a los colegios, que es donde obligatoriamente tienen que estar durante la semana a esta edad, no me sirve, porque además yo me imagino que en esta comunidad autónoma hay una racionalidad y una planificación magnífica en el asentamiento territorial de las escuelas. Generalmente todo el mundo tiene prioridad para una plaza en el centro público escolar de su barrio, ya que la proximidad es una de las razones que se tienen en cuenta para admitir a los alumnos en el centro público escolar del barrio; pero si uno no quiere ir al centro público sino a uno privado que está a 10 ó 12 manzanas más alejado, entonces allá cada cual. No se puede legislar para el que quiere llevar a su niño no a un centro público sino a uno privado que le cae más alejado. El legislador no puede estar para estos casos de tan poca entidad. Desde luego, ha cambiado muchísimo lo que aquí se aprobó, que hablaba de tiempo, de actividad escolar y de circulación en zonas urbanas. Ya se puede circular con un niño o una niña de siete años, pero eso sí, si es el padre, la madre, el tutor o un amigo al que le han dado un papel en el que se dice que le han autorizado para llevarlo; si lleva el casco reglamentario puede motear a la velocidad que le dé la gana, por las calles y carreteras que quiera. Flaco favor hemos hecho en esta ley por mor de no sé qué equilibrios políticos. A la vista de esto, el voto de mi grupo parlamentario será negativo.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, señor Jané.


El señor JANÉ I GUASCH: Señor presidente, señoras y señores diputados, concluye hoy en esta Cámara la tramitación dilatada del proyecto de ley de modificación de la Ley de tráfico; tramitación dilatada que ha permitido a todos los miembros de la ponencia debatir vivamente distintas propuestas. Creo que todos los grupos han intervenido con el objetivo común de mejorar el texto que nos trajo el Gobierno y, comparándolo con el que finalmente hoy va a ser aprobado por esta Cámara, se puede decir que es un texto sustancialmente mejorado por las Cortes Generales. Los debates que hemos tenido en el Congreso de los Diputados a veces han sido intensos y con el objetivo común, repito, de mejorar la ley y conseguir que el número de accidentes de tráfico sea menor. La prevención ha sido el objetivo de todos los grupos parlamentarios.
Mi grupo hace una valoración positiva, aunque considera que hay aspectos que requieren una reflexión más profunda. Por eso hemos propuesto la creación de una subcomisión sobre tráfico en la que podamos analizar de forma más detenida con qué alternativas reales contamos para que disminuyan los accidentes de tráfico y para que la cifra de mortalidad por accidentes y la de lesionados sea menor. Puedo adelantar que esta subcomisión se va a crear en el mes de diciembre o a principios del año 2002. Es una propuesta de Convergència i Unió que creo puede ser aceptada por todos los grupos y en la que tenemos previsto incluir el acuerdo de creación de esta subcomisión. Espero que en ella podamos realizar un trabajo fructífero y que se pueda abordar con seriedad un aspecto que para mi grupo es muy importante: la introducción del permiso de conducir por puntos. Consideramos que es importante porque implicaría una mayor concienciación del conductor con su expediente sancionador, lo que ayudaría a esa política de prevención. Sancionar menos pero prevenir más sería el mensaje; mensaje que se concretaba en una enmienda presentada por mi grupo en el Congreso y en el Senado que no ha sido aceptada, pero esperamos que en esta subcomisión pueda ser objeto de mayor debate y de una mayor profundización.
Hay otro tema que tampoco ha quedado resuelto: el competencial. Mi grupo quiere decir solemnemente -coincidiendo en ello con el Grupo Vasco- que las comunidades autónomas de Cataluña y del País Vasco tienen asumidas competencias en materia de tráfico; competencias que deben permitirles la tramitación completa del expediente sancionador, contenga dicho expediente una sanción pecuniaria o la suspensión del permiso de conducir, y dejar para la Administración general del Estado la ejecución material de esa suspensión. Repito que el expediente global debe poder tramitarlo la autoridad de tráfico catalana o vasca, ya que han asumido esas competencias. Consideramos que se trata de un tema que no está resuelto y que deberemos abordar en la subcomisión. Así pues, existen aspectos pendientes y el Senado ha introducido diversas enmiendas que mi grupo considera que globalmente mejoran el texto del Congreso, por lo que recibirán el voto favorable.
Quiero referirme ahora a un aspecto al que ha aludido en su intervención el señor Rejón, del Grupo de Izquierda Unida, y que quiero aclarar desde esta tribuna. Es cierto que la Federación Española de Municipios y Provincias propuso que se prohibiera que los menores de 12 años fueran de acompañantes en los ciclomotores. La propuesta fue aceptada por la mayoría de los grupos de esta Cámara, es cierto, pero también es cierto -y lo sabe el señor Rejón porque lo discutimos vivamente en ponencia- que desde el trámite de ponencia mi grupo, primero en solitario y luego con el consenso de otros grupos, planteó la necesidad de reflexionar sobre esa prohibición. Hoy puedo decir que consideramos positivo que gracias a la intervención de Convèrgencia i Unió y al consenso de todos los grupos se permita a los menores continuar viajando como acompañantes en motocicletas con independencia de si van al colegio o no. No establezcamos matices, sino que los menores puedan viajar como acompañantes siempre que lo hagan de forma segura. De ahí que mi grupo vaya a votar a favor de la enmienda introducida

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por el Senado en la que se establece un parámetro de seguridad, no de edad. Mi grupo considera necesario que la conducción sea segura, que los pies lleguen al reposapiés, que el niño utilice el casco y que vaya situado entre el conductor y la parte posterior del mismo y no entre el conductor y el manillar. Ese es un parámetro de seguridad fácilmente comprobable. Si fijamos un parámetro de edad, el padre no puede ir siempre con el libro de familia para justificar cuántos años tiene su hijo. Por tanto, consideramos que es mejor no poner tantos límites a la ley y que se primen los aspectos de seguridad. Esta es la propuesta de Convergència i Unió, congratulándose mi grupo de lo que es una práctica habitual en muchas zonas -en Cataluña lo es-, esto es, que muchas personas llevan como pasajero a un menor pero de forma segura. Por consiguiente, mi grupo celebra y considera positivo el consenso alcanzado para que esto pueda seguir siendo así. Las ponencias y las comisiones están para reflexionar con más tiempo sobre las distintas propuestas y en lo que era una propuesta de la Federación Española de Municipios y Provincias -aceptada inicialmente por todos- se ha podido introducir un cambio para abrir la excepción -lo que mi grupo considera positivo porque fue el que la forzó- que permita a los niños menores de 12 años continuar viajando como pasajeros de ciclomotores y motocicletas, pero que lo hagan con seguridad, con lo que al final se ha convertido en un texto de consenso aceptado por todos.
Señor presidente, quedan algunos aspectos importantes sobre los que debemos reflexionar, en concreto de qué forma sancionamos menos y prevenimos más, para que la ley que hoy salga aprobada no dé a la población el mensaje de que queremos aumentar las multas y que paguen más. No se trata de eso sino de disminuir el número de accidentes, y para ello las sanciones pueden ser un elemento importante pero las leyes no son la varita mágica, por lo que debemos cambiar actitudes e imprimir una cultura distinta en el mundo del tráfico. No podemos seguir haciendo, como se hace, publicidad con apología de la velocidad, sino que debemos ser cautelosos y regular de forma expresa esos aspectos de la publicidad en la subcomisión. Otro aspecto que deberemos tratar en la subcomisión es el seguro obligatorio, el incumplimiento de esa obligación, lo que convierte en potenciales delincuentes a los conductores que van sin seguro y pueden causar un accidente, pero que como no tienen los papeles en regla se escapan a la obligación de pararse para atender ese accidente, por lo que son un peligro para la sociedad en su conjunto. En la subcomisión debemos reforzar la obligación del seguro obligatorio, pero debemos hacerlo sin unos precios excesivos. Hoy un joven que quiere conducir una motocicleta o un coche tiene que pagar una prima de seguro altísima, con lo que parece que se estuviera incentivando a que no contrate esa póliza del seguro obligatorio, por lo que también debemos tomar medidas sobre ello. El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) lamenta que no se haya aprobado en el Senado una enmienda nuestra en la que se proponía que el Gobierno estudiara la fórmula para abaratar los precios de los seguros obligatorios de los jóvenes, porque las compañías aseguradoras están ofreciendo unos precios altísimos que al final provocan que muchos jóvenes vayan sin seguro, con el riesgo que comporta para ellos y para terceros que pueden ser objeto de un accidente.
Señorías, simplemente espero que esta ley pueda dar a la población el mensaje positivo de que nos ocupamos de un asunto que preocupa a la sociedad y que en este Parlamento hemos intentado mejorar el texto, con las lógicas diferencias, y que con las cifras de los próximos años podamos demostrar que esta ley puede haber sido positiva para que los accidentes no sean tan abundantes, para que cuando la noche del sábado los padres que están en su casa reciban una llamada de teléfono que sea siempre positiva y no tengan que estar vigilantes pensando que puede haber un accidente de tráfico en el que a lo mejor un hijo o un familiar pueda estar implicado.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Jané.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Mayoral.


El señor MAYORAL CORTÉS: Señor presidente, señorías, llegamos al trámite final de este proyecto de ley que lleva en esta Cámara aproximadamente ocho meses. Vamos a ver si podemos despedirlo en buenas condiciones y con la máxima armonía posible.
En primer lugar, quería decir que este proyecto de ley va a contribuir de alguna manera a mejorar la seguridad vial. Esa es la esperanza con la cual hemos venido todos trabajando. Sin embargo, sería importante dejar claramente definido que este proyecto de ley, aunque incluya medidas que mejoren la seguridad vial, no va a mejorar la política de seguridad vial. La política de seguridad vial es otra cuestión, es un conjunto de elementos que va más allá de la elaboración de unos preceptos, que es lo que hemos hecho aquí, por supuesto, con buena intención y procurando acertar, pero que no está en el marco del conjunto de actuaciones que desde nuestro punto de vista tiene planteado en este momento el Gobierno del Estado. No se introducen medidas de carácter incentivador desde el punto de visto financiero o desde cualquier otro punto de vista que se refiera a la acción cotidiana de gobierno, que todavía permite una amplitud de medidas que no se han adoptado ni parece que se vayan a adoptar a tenor de lo que conocemos según el último debate presupuestario y otros debates que hemos tenido en esta Cámara. Como digo, por lo menos podemos sentir cierta satisfacción al contribuir a mejorar un poco la seguridad vial en nuestro país.


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En relación con las enmiendas procedentes del Senado quisiera resaltar dos de ellas que a mi grupo le han preocupado. La primera, la número 40, de Convergència i Unió, que por un error al parecer fue apoyada en el Senado por el Grupo Popular, razón por la cual aparece recogida en el texto que se nos remite, es una enmienda que nosotros consideramos peligrosa. Se lo digo con toda sinceridad, señor Jané.
Hay que establecer una edad. Existe una enmienda que en el Senado se pactó y en la que se establece una edad mínima de siete años. Si no fuera así, señor Jané, vamos a inventar algo que va a ser revolucionario porque tendremos que decir a los fabricantes que nos realicen la motocuna. Si no es así, dígame usted cómo van a llevar los motoristas a niños de un año, de dos años o menores, ya que no se establece ninguna edad, usted no ha estado dispuesto a aceptar ninguna edad. Por tanto, la motocuna sería un invento que necesitaría desarrollarse en términos reglamentarios.
La segunda enmienda que a nosotros nos causa una gran preocupación es la relativa a la disposición adicional nueva séptima. Esta es una cuestión importante que ha contribuido a dar esa sensación que decía el señor Rejón de que se ha frivolizado en algún momento con este proyecto de ley y no voy a decir dónde -cada cual que saque sus conclusiones-, pero ha habido una cierta frivolidad y nos hemos encontrado con una enmienda, apoyada por el grupo parlamentario proponente, obviamente, el Grupo Parlamentario Popular, que nos introduce un elemento que no estaba en esta ley cuando salió del Congreso y que ha sido incorporado no sabemos por qué causa y no sabemos por qué presiones; no sabemos quién ha vendido la moto en este supuesto. En el otro supuesto también ha habido una cierta venta de moto y en éste, señora Torme, sería conveniente que supiéramos quién, por qué y cuándo. Porque a los ciudadanos de mi región, concretamente esta enmienda relativa a la presunción de responsabilidad legal por daños en los supuestos de accidentes donde hay especies cinegéticas implicadas, a los ciudadanos de mi región, Extremadura, donde hay muchos cotos y muchas especies cinegéticas, nos ha causado bastante preocupación. Se establece la presunción legal anticipada de que el responsable no es el dueño del coto ni la Administración. Si en una carretera y a una velocidad superior a la permitida uno se encuentra un venado y se estrella contra él ya se supone, por la presunción legal que se establece aquí, que el responsable es el conductor y no el dueño del coto; digo responsable desde el punto de vista de quién va a pagar los daños, la responsabilidad por daños. Esta enmienda que se introduce en el Senado es al parecer el mal menor que mi grupo vio y pudo valorar allí, porque la enmienda que SS.SS. habían previsto en el Senado y que desde luego no tenía nada que ver con el consenso que habíamos logrado en el Congreso era el establecimiento de una presunción legal -repito- por daños contra el conductor por cualquier tipo de incumplimiento de la Ley de tráfico.
Parece que finalmente se quedó en que sólo sería en el supuesto de que hubiera un atropello a especies cinegéticas. Repito una vez más que esto introduce un cambio importante porque hasta ahora, cuando se producía este tipo de accidentes, los daños los pagaba la Administración o el dueño del coto, si se circulaba por una zona de cotos. En consecuencia, pedimos que esta enmienda desaparezca.
Señorías, esta enmienda les va a hacer perder votos, por lo menos en Extremadura, porque muchas veces no medimos las cosas desde la perspectiva de la seguridad vial, sino desde la perspectiva de si se ganan o se pierden votos, pues obviamente esta es un Cámara política.
Desde luego, en este momento puedo decir que en zonas como mi región, donde se producen del orden de 250 accidentes al año como consecuencia de atropellos a especies cinegéticas -en el año 2000 así fue en Extremadura-, esta medida origina preocupación y originará injusticia. De esta manera, los dueños de los cotos y la Administración se quitan de en medio sus responsabilidades, mientras que el ciudadano que tenga que circular por estos espacios va tener que hacerlo con una preocupación añadida, sabiendo que en el supuesto de que tenga algún percance los platos rotos los va a tener que pagar inexorablemente.
Pedimos que este proyecto de ley quede aprobado, pero que se eliminen estos aspectos que son contrarios a la seguridad jurídica de los ciudadanos y que perjudican a amplios sectores de conductores en muchas regiones de nuestro país.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Mayoral.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


Señorías, como se ha dicho aquí, finalizamos la tramitación de este proyecto por el que se modifica la vigente Ley de tráfico, circulación de los vehículos a motor y seguridad vial. La característica que ha presidido los trabajos parlamentarios ha sido el diálogo, la búsqueda de acuerdos, siempre tratando de encontrar la mejor solución para proteger ese bien jurídico que es la seguridad vial. Esa característica ha presidido asimismo los trabajos parlamentarios en el Senado. Por ello, en este trámite, el Grupo Parlamentario Popular va a votar favorablemente las enmiendas del Senado con una única excepción, una excepción a una de las enmiendas introducidas al artículo 11.4, que más adelante mencionaré.
En el Senado se han introducido algunas correcciones gramaticales, se han introducido mejoras técnicas, se ha procedido a una nueva redacción de algún precepto que había salido de aquí con un texto en ciertos casos confuso y se ha introducido alguna cuestión que

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no se había contemplado en el Congreso. Por ello, como decía, votaremos favorablemente estas enmiendas en conjunto.
Había mencionado una excepción, que es una de las enmiendas que se han incorporado al punto 4 del artículo 11. En el Senado se incorporaron dos enmiendas a este artículo. Hay que hacer una historia de cómo se gestaron los acuerdos y cómo se produjo la votación. Había una enmienda inicial, presentada por el Grupo de Convergència i Unió, la enmienda número 40, sobre la cual negociaron los grupos parlamentarios acordando entre todos un texto transaccional que la modificaba firmado por los siete grupos representados en el Senado. Sin embargo, dicha enmienda no fue retirada por el grupo proponente a pesar de que había firmado esa transacción, y en la votación se procedió a incorporar ambas enmiendas, si bien son contradictorias y, desde luego, introducen una gran confusión a la hora de interpretar este precepto. De ahí que nosotros vayamos a votar en contra de ese párrafo que se ha introducido como consecuencia de la enmienda originaria de Convèrgencia i Unió. Por tanto, solicitamos votación separada de dicha enmienda, en concreto del párrafo segundo del artículo 11.4, desde «Asimismo» hasta «el manillar.» En cambio, votaremos afirmativamente el último párrafo, que es el fruto de esa enmienda transaccional entre todos los grupos. Como podría haber cierta confusión, voy a proceder a leer el texto tal como quedaría, pues al votar en contra de esa enmienda de Convèrgencia i Unió se vuelve a recuperar una parte del texto que originariamente salió del Congreso.
Por tanto, el punto 4 de este artículo sería el siguiente: «Queda prohibido circular con menores de doce años situados en los asientos delanteros del vehículo, salvo que utilicen dispositivos homologados al efecto. Asimismo, queda prohibido circular con menores de doce años como pasajeros de ciclomotores o motocicletas, con o sin sidecar, por cualquier clase de vía. Excepcionalmente se permite esta circulación a partir de los siete años, siempre que los conductores sean los padres o madres, tutores o persona mayor de edad autorizada por ellos, utilicen casco homologado y se cumplan las condiciones específicas de seguridad establecidas reglamentariamente.» Aquí coincido con el señor Mardones y con el señor Rejón en que el texto que vamos ahora a suprimir, si votamos negativamente esa enmienda, es más propio de desarrollo reglamentario. En mi caso discrepo del señor Rejón diciendo que no me importaría que esa coincidencia fuera un precedente.
El resto de enmiendas no voy a pasar a analizarlas, puesto que como digo han sido fruto también del acuerdo de todos los grupos parlamentarios. Únicamente voy a hacer mención a una de las que el Grupo Socialista ha manifestado que en este trámite votará en contra, y es la enmienda que se refiere a la disposición adicional séptima.
En este caso también hay que hacer una pequeña historia de cómo se ha gestado en el Senado.
Este texto es fruto de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Popular, cuyo texto verdaderamente podía dar lugar a confusiones y podíamos tener discrepancias que yo misma también expreso en este acto. Fruto de los acuerdos y de las conversaciones entre todos los grupos parlamentarios se llegó a un texto transaccional -aquí tengo la copia- firmado por los siete grupos con representación en el Senado, y en concreto también por el portavoz del Grupo Socialista, el señor Laborda. Con ese texto yo creo, y aquí discrepo de los argumentos que ha expresado el señor Mayoral, que se da una redacción correcta. Pienso que no podemos decir que en la Cámara Alta se haya incurrido en frivolidad. Se ha contemplado un aspecto que no se tocaba en el Congreso y se da una respuesta, de forma técnicamente muy correcta, a una cuestión que preocupaba. Se introduce un nuevo elemento, pero también se han introducido nuevos elementos, en concreto por ejemplo a través de una enmienda del Grupo Socialista, que aquí no se habían tocado. Yo creo que esa Cámara, en esa segunda lectura, tiene la opción de introducir nuevos elementos.
No creo que se predetermine la responsabilidad del conductor con esta redacción que se da, puesto que se señala que en accidentes de tráfico por atropellos de especies cinegéticas será causa legal que permita, no se dice que será responsable el conductor, se dice que permita atribuir la responsabilidad al conductor del vehículo por los daños producidos en un accidente de circulación el hecho de que se le pueda imputar un incumplimiento de las normas de circulación que pueda ser causa suficiente de los daños ocasionados. Quiero recalcar este último aspecto, porque es clave, se dice causa suficiente, no cualquier incumplimiento de una norma de circulación podrá determinar en su caso que el conductor tiene la responsabilidad, se necesita que haya causa suficiente, y además se añade sin perjuicio de la responsabilidad que sea exigible a quien corresponda, conforme a la normativa específica, y de que sean probadas debidamente las circunstancias del accidente.
Con esta redacción no se ha hecho otra cosa que trasladar a un supuesto concreto, que son los accidentes de tráfico, el principio fundamental que rige en la responsabilidad civil, que es el de la causalidad. Aquí lo que se hace es señalar que ha de existir un nexo causal entre el hecho generador del accidente y los daños efectivamente producidos. Con esta enmienda el Senado viene a precisar esta regla general en relación con el atropello de especies cinegéticas, y para nada se predetermina la responsabilidad, sino que se concretan esos principios elementales del derecho de la responsabilidad civil a este supuesto concreto de los accidentes motivados por el atropello a una especie cinegética. Permite que el juez pondere las responsabilidades concurrentes que puede haber de los distintos intervinientes, teniendo en cuenta ese principio de causalidad, y también los

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hechos probados. Señor Mayoral, yo no desconfío de la aplicación que vayan a hacer los jueces; a la hora de determinar responsabilidades tendrán en cuenta ese nexo causal y por supuesto la prueba acreditada, de manera que nosotros votaremos afirmativamente esta enmienda, así como el resto de las enmiendas, con la excepción que he mencionado anteriormente.
Concluyo destacando, como hacía al inicio de mi intervención, que la característica que ha presidido todos los trabajos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, ha sido el diálogo, la búsqueda de acuerdos, sentarnos y buscar entre todos esa solución mejor para contribuir a la seguridad vial. Aquí no tendría una postura pesimista diciendo que esta ley no va a valer para nada; yo creo que entre todos hemos hecho un trabajo serio y se ha enriquecido el texto con los trabajos de ambas cámaras. Por tanto confiamos en que esta ley, que pronto verá la luz en el Boletín Oficial del Estado, va a empezar a desplegar sus efectos positivos para mejorar la seguridad vial, siendo conscientes, por supuesto, de que no es un instrumento mágico y tampoco un instrumento único, porque la política de seguridad vial es muy compleja, exige la adopción de medidas de muy distinta índole y que actúan sobre múltiples factores, pero no podemos olvidar de ninguna manera que un marco legal adecuado es un aspecto clave para mejorar la seguridad vial.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Torme.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor presidente, a la vista del anuncio que ha hecho la portavoz del Grupo Popular de que va a seccionar una parte de las enmiendas recogidas en el Senado y aprobadas por confusión en dicha Cámara a propuesta de Convergència i Unió, plantearía a la portavoz del Grupo Popular, ya que no todo lo que propone Convergència i Unió es malo, que se pudiera añadir al final del artículo el apartado que dice: En todo caso, el pasajero de un ciclomotor o motocicleta deberá sentarse a horcajadas y en ningún caso podrá situarse en lugar intermedio entre la persona que conduce y el manillar. Es una práctica muy peligrosa, y que en los modelos de moto Vespa, antigua Lambretta, etcétera, el niño o la niña se suele llevar delante, entre la persona y el manillar. Quisiéramos que se incorporara esa parte de la enmienda de Convergència i Unió al final de todo.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Torme.


La señora TORME PARDO: Gracias, señor presidente.


En este trámite no podemos hacer una transacción sobre las enmiendas del Senado. En todo caso, señor Rejón, comparto con usted que la fijación de determinados requisitos será clave para garantizar la seguridad del menor, pero como anunció el señor Mardones consideramos que esa especificidad, esa casuística de todos los condicionantes es más propia de una norma de carácter reglamentario, y así se hará en ese trámite.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señoría. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, aprobado por Real Decreto legislativo 339/1990, de 2 de marzo.
En primer lugar votamos la enmienda del Senado a la disposición adicional séptima, de nueva creación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 183; en contra, 109; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda al segundo párrafo del apartado 4 del artículo 11 del texto articulado de la Ley, desde «Asimismo, no podrán» hasta «y el manillar».
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 19; en contra, 272; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Senado al referido proyecto de ley.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 285; en contra, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


- PROYECTO DE LEY GENERAL DE ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA. (Número de expediente 121/000029.)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas del Senado al proyecto de Ley general de estabilidad presupuestaria. ¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

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En primer lugar, por parte del Grupo Parlamentario Mixto, señor Núñez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.- Pausa.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¡Señorías! Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, como era de esperar pocos cambios ha sufrido la ley de estabilidad presupuestaria en su trámite en el Senado; por tanto debemos repetir los posicionamientos que los andalucistas hemos tenido a lo largo de su tramitación en esta Cámara.
El otro día, en la comparecencia del ministro Posada respecto a la posible ley de cooperación autonómica -de la que, al parecer, aún no existe texto-, decía el ministro que todos somos Estado, que tan Estado es una comunidad autónoma como la Administración central o como una corporación local. En su exposición no sólo sostenía esta equiparación entre todas las administraciones que conformamos el Estado, sino que había evitado la palabra coordinación que siempre implicaba una jerarquía entre el que coordina y el coordinado siendo sustituida por la palabra cooperación, en tanto en cuanto se estaban hablando de competencias compartidas. Señorías, me gustaría que ese mismo discurso lo pudiera construir el Gobierno respecto a la ley de estabilidad presupuestaria y que se hablara de cooperación y coordinación y no de imposición legal y rígida de una Administración a la otra. Es lógico que tengamos responsabilidades compartidas respecto al cumplimiento de acuerdos internacionales, absolutamente lógico. Es lógico que el Gobierno sea el que coordine el cumplimiento de esos acuerdos internacionales contenidos en el Pacto de Estabilidad y crecimiento respecto a lo que tienen que cumplir las cuentas públicas españolas. Lo que no parece lógico es que desde la Administración central se fije un marco rígido de cuál es la capacidad de movimiento que tienen las comunidades autónomas, que tienen en definitiva todas las corporaciones locales en el cumplimiento de esos compromisos y en la evaluación de esos resultados. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

Señorías, que al no haber cambios, creo que estamos en lo mismo: estamos en una especie de ahorcamiento propio, en una especie de disminución de la capacidad de movimiento del propio Gobierno por nosotros mismos, en una cantinela repetida mil veces de igualar endeudamiento con despilfarro, de igualar desbalance con quemar el futuro de las generaciones venideras como si no hubiera capacidad de endeudamiento en bienes e inversiones que son rentables desde ya.
Creo que en este escenario que durante todo el tiempo de elaboración de esta ley ha evolucionado tanto y a peor la situación de recesión económica internacional, no se han movido un ápice las consideraciones respecto a la teórica bondad de este instrumento presupuestario. Por tanto creo que no ha habido reflexión respecto a lo que está pasando, que no ha habido sensibilidad respecto a lo que están haciendo otros países centroeuropeos como pedir incluso prórroga de ese margen del 3 por ciento del Pacto de Estabilidad y crecimiento; lo que habido es un enroque, un enroque de nosotros a nosotros mismos, quitarnos incluso ese más/menos tres y cerrarnos en el cero. Considero que es una ley que tiene consecuencias instrumentales negativas, que coarta incluso la capacidad de crédito de tesorería en corporaciones locales; es una ley que no nos viene bien, es un zapato diseñado en un momento que no estaba lloviendo y nos interesa más saber si habría que cambiarlo por una bota de agua. Por tanto, yo creo que nos vamos a dar un instrumento que muy posiblemente tengamos que volver a modificar cuando veamos que no nos sirve para resolver la crisis que nos viene para estos años; incluso no nos sirve, y habla de plurianualidad, para haber metido estos objetivos de estabilidad presupuestaria en marcos plurianuales, no en marcos anuales consecutivos; estar más pendiente, por tanto, de la posibilidad de políticas anticíclicas, en definitiva de la posibilidad de inyectar para que la demanda suba y corregir esta recesión económica en que nos hallamos metidos. No estamos por tanto de acuerdo con esta ley, porque como decía al principio lo que se ha hecho en el Senado es cambiar por consiguiente por sin embargo.
Muchas gracias, señor presidente.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias señor Núñez.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.
El Bloque Nacionalista Galego va a seguir oponiéndose al proyecto de ley de estabilidad presupuestaria después de haber pasado por el Senado, porque no recibió ningún tipo de transformación cualitativa esta ley tan peligrosa desde muchos puntos de vista, como explicaré.
Seguimos protestando en relación al marco comunitario que dice impedir los déficit públicos excesivos, cuando todos sabemos que incluso este marco permite el endeudamiento sobre el 3 por ciento del PIB. Además esta ley confunde adrede lo que es el principio de estabilidad económica y lo que es el principio de estabilidad presupuestaria, principio que identifican con un equilibrio de las cuentas públicas cero o incluso con resultado positivo. Por todo esto pensamos que hay una serie de argumentos gravísimos, que además debían ser reconsiderados en esta coyuntura económica que estamos viviendo. En primer lugar, señorías, queremos reafirmar

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de nuevo que ninguna política de déficit cero es garantía de crecimiento ni de convergencia con los Estados más desarrollados.
Pueden comprobar cómo incluso el CES ha anunciado e informado de que el Estado español tiene un gasto social del 21,6 por ciento del PIB frente a la media europea de 27,7 por ciento, con lo cual no hay una protección pública adecuada para el desempleo, la sanidad pública empeora progresivamente y los salarios incluso están por debajo de la subida del IPC. En segundo lugar las comunidades autónomas del Estado español tienen un dispar desarrollo, una diferencia en la capacidad de endeudarse e incluso una diferencia competencial y déficit históricos derivados del papel que cada uno ocupamos dentro del Estado español. Cabe recordar que uno de los estados de la Unión Europea, Irlanda, que más crecimiento tuvo en los diez últimos años, se pasó durante ocho años con un déficit presupuestario claro. No vamos a hablar de diez comunidades autónomas del Estado español que están por debajo del 75 por ciento de la media comunitaria y que efectivamente necesitarían una política de no mantener el déficit cero para poder promover el desarrollo económico de sus propios territorios. En tercer lugar esta política va a conducir a que realmente determinados tipos de parcelas de actividad pública pasen a la actividad privada puesto que no habrá inversión pública en estos terrenos, por ejemplo en el terreno de la sanidad o en el terreno de las infraestructuras. Además, por último, un control férreo de los presupuestos de las comunidades autónomas por parte del Gobierno central deslegitima a estos gobiernos y a los parlamentos de las comunidades autónomas, subordina a todas las instituciones de Gobierno y parlamentarias al Gobierno central y nos preguntamos dónde queda la autonomía financiera de las comunidades autónomas según lo dispuesto en el artículo 156.1 de la Constitución Española. Todos seremos menos administradores de recursos públicos con limitaciones impuestas desde el poder central, desde el Gobierno del Estado.
Por último, señorías, queremos decir que en la Constitución Española está claramente establecido el principio de planificación general de la economía a partir de la planificación conjunta con las comunidades autónomas, y esto no solamente no se contempla así sino que va en sentido inverso. Por tanto, el hecho de que la ley convierta la estabilidad presupuestaria -no la estabilidad económica- en rango orgánico por encima de la planificación, por encima de la suficiencia financiera y por encima de las características de un Estado descentralizado, incluso en el caso de los ayuntamientos, no respetando el principio de suficiencia financiera para atender a una serie de servicios que también está establecido en la Constitución española, nos lleva a seguir manteniendo una oposición férrea a este proyecto de ley. Por lo demás, ya se ve que las enmiendas del Senado van destinadas exclusivamente a perfeccionar mecanismos de carácter burocrático dentro del espíritu más estricto de la ley, por lo cual votaremos en contra.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Buenos días, señora presidenta.
Señorías, desde comienzos de la presente legislatura y de manera obsesiva y continuada, el Gobierno ha venido amenazando con la aprobación de unas leyes con las características de los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria. Contra viento y marea, en contra de toda posición fundada han utilizado la mayoría absoluta para cumplir sus amenazas e imponernos al conjunto de ciudadanos y de instituciones públicas del Estado unos proyectos absolutamente increíbles hoy día. No es ahora el momento de repetir el discurso y de argumentar con la intención de convencer al Gobierno, y digo al Gobierno puesto que el Grupo Popular no ha mostrado ningún margen de maniobra no ya para discrepar sino para poner algún reparo a los planteamientos del Gobierno. Los diputados de la oposición que hemos trabajado en estos proyectos y multitud de economistas de reconocido prestigio estamos hartos de clamar en el desierto del Grupo Popular el sinsentido económico y político que va a constituir la aprobación de estos proyectos de ley. Sin embargo, antes de resignarme definitivamente me van a permitir que, como portavoz del Grupo Vasco en esta materia, señale muy brevemente cuatro características que definen el contenido real de estos proyectos. En primer lugar, son unos proyectos insensatos, son preocupantemente insensatos. No es que sean innecesarios o inoportunos -y por tanto neutrales o inocuos-; son perversos y sus negativas consecuencias económicas y políticas habrán de pagarse en un futuro no muy lejano. Un Gobierno que no tiene competencias en política monetaria por razones de integración europea y que se automutila la capacidad de actuación en materia de política fiscal o presupuestaria, es un Gobierno sin instrumentos, un Gobierno sin capacidad de actuación y sin margen de maniobra, por tanto es un Gobierno preocupante. ¿No cree el Gobierno en la necesidad de adaptar la política presupuestaria al ciclo económico? ¿Cómo concuerdan estos proyectos con la necesaria flexibilidad de adaptarse a las nuevas situaciones económicas, con la obligada revisión del Pacto de Estabilidad y crecimiento de la Unión Europea y con la necesaria adaptación del Programa de Estabilidad español? ¿Por qué creen, por ejemplo, que los alemanes están preocupados? A juicio del Gobierno del Partido Popular, estas cuestiones no nos afectan. El Gobierno del Partido Popular ha encontradoen el inmovilismo el elixir mágico para superar

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los problemas económicos que puedan surgir. Ante la adversidad la táctica del avestruz. Como les decía en el debate presupuestario, el inmovilismo es una de las características que mejor definen al Partido Popular. En segundo lugar, estos proyectos de ley van a ser incumplibles; la ralentización económica que estamos padeciendo a nivel internacional, con Japón y Estados Unidos inmersos en plena recesión y con una Europa que crece a ritmos cada vez inferiores, afecta negativamente a la economía española. Negando la evidencia, el Gobierno popular no quería revisar las cifras de crecimiento económico para los años 2000 y 2001 hasta que no les ha quedado más remedio. Sin embargo, el Gobierno se apresura al señalar que esta rebaja del 50 por ciento de la previsión del PIB para el año 2002 realizada por organismos internacionales de toda solvencia, no va a afectar a las cuentas públicas; es decir, que ellos no cambian las cifras presupuestarias ni el objetivo de déficit cero. Nos lo tendrán que explicar muy bien, puesto que o nos están engañando ahora o nos han engañado en el proceso de elaboración y discusión presupuestaria.
¿Quién se lo va a creer? No pierdan la escasa credibilidad, si es que alguna les queda, como responsables de la política económica. No sacrifiquen la cordura económica en aras a mantenerse en sus posturas inmovilistas. Saben que no van a cumplir el próximo año con el objetivo de déficit cero, no nos engañen. ¿Por qué, si no, están subiendo los impuestos de las gasolinas, alcohol, pymes, etcétera? Será por su promesa continuada de rebaja impositiva, pero ustedes nos explican que ello es coherente. Increíble. En tercer lugar, estos proyectos van a suponer un grave varapalo al Estado autonómico y a las corporaciones locales. Lo hemos dicho y repetido multitud de veces: las corporaciones locales, globalmente consideradas, se encuentran desde hace años en situación de superávit presupuestario.
Por otro lado, el déficit de las comunidades autónomas es reducido y está muy localizado. Por cierto, donde más ha subido últimamente es en la Comunidad Valenciana, en la que alguna responsabilidad tendrán los representantes del Partido Popular.
En la década de los noventa, cuando los problemas de déficit fueron acuciantes, la colaboración y cooperación interinstitucional funcionó perfectamente y se logró contener e incluso eliminar el déficit público. Desde que el Partido Popular tiene la mayoría absoluta en la Cámara, prefieren imponer a acordar, queriendo demostrar de esta forma tan primaria quién manda. Se equivocan, una vez más, y su deriva neocentralista les va a jugar una mala pasada. Van a establecer un sistema absurdo, burocrático, policial, absolutamente ingestionable; van a entrometerse allá donde no les llaman, donde la autonomía de los gobiernos y de las corporaciones locales debería ser respetada. Ahí no les importa pasar por encima de los estatutos de autonomía e incluso de la Constitución. Por supuesto, su concepción neocentralista del Estado está por encima de cualquier marco legal. En cuarto lugar, estos proyectos suponen un ataque al concierto económico. (Un señor diputado: Mentira.) Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, con tal de ir en contra del Partido Nacionalista Vasco son ustedes capaces de ir en contra del concierto económico que tanto dicen defender. Con la aprobación de estas leyes se va a quebrar uno de los principios básicos que inspiran el concierto económico, y es su carácter pactado y bilateral entre el Estado y la Comunidad Autónoma de Euskadi cuando afecta a materias económicas, financieras y tributarias. Sin embargo, respetan esta especialidad en el convenio de Navarra, lo cual nos parece muy bien, pero lo respetan porque UPN les ha obligado a corregir la situación inicial mediante una enmienda aprobada en el Congreso. Una enmienda similar del Grupo Vasco ha peregrinado por el Congreso y el Senado sin ningún éxito y bien saben el Partido Popular y el ministro de Hacienda que hemos peleado por ello. Hemos peleado porque es incomprensible que se les dé al convenio de Navarra y al concierto económico vasco un tratamiento diferente cuando ambos sistemas son esencialmente idénticos.
El Gobierno del Partido Popular crea de esta forma una brecha injustificada e inexplicable entre el convenio navarro y el concierto económico de la Comunidad Autónoma de Euskadi. ¿Son estos los criterios de actuación del Partido Popular? ¿Los amiguismos o no amiguismos están por encima de las instituciones como el concierto económico? ¿Saben que ello es una afrenta al concierto, a los que lo aman y defienden? ¿Cómo van a explicar está agresión? Supongo que con más neocentralismo. Sin embargo, espero que esta situación anacrónica se reconduzca en el futuro inmediato.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Azpiazu.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, para expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, el 29 de noviembre de 1901, hace hoy 100 años, fallecía en su casa de Madrid el que fuera presidente de la Primera República española, Francisco Pi y Margall. Trece días antes había pronunciado una conferencia en la Unión Escolar recomendando una vez más a los jóvenes la independencia de espíritu. A la salida del acto, el frío otoñal, imagino que un frío otoñal similar al de hoy, ocasionó la enfermedad que puso fin a la vida del casi octogenario político barcelonés. Sean éstas mis primeras palabras como reconocimiento a un hombre bueno, que en su vida política siempre utilizó el debate, el diálogo por encima de las medidas de fuerza. Mal día para un hombre que defendió la federalidad, El sueño federal -hago mías las palabras de Elorza en su magnífico artículo que aparece hoy en El País-, ya

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que hoy se trae aquí la aprobación definitiva de la ley general de estabilidad presupuestaria.
Además, me parece que este es ya un acto de soberbia política. Cuando los propios ministros reconocen que hay que rebajar las grandes cifras -el PIB, el IPC, el paro- y que eso va a llevar a una modificación presupuestaria importante, me parece un acto de soberbia decir: aquí no pasa nada. Sostenella y no enmendalla. Señorías, para compensar el decrecimiento o la desaceleración de la economía española y mundial, salvo que privaticen el museo del Prado -algo tendrá que ver la dimisión o el amago de dimisión del director; a lo mejor hay un intento de eso y ha amenazado con tal dimisión-, porque ya quedan pocas cosas que privatizar, difícilmente les van a cuadrar ustedes las cuentas; difícilmente. Hombre, el Congreso de los Diputados también se puede privatizar, pero dan menos dinero que por el Museo del Prado, señor Cámara.
Hago mías intervenciones de anteriores portavoces, tanto del Grupo Mixto como del Grupo Vasco, en el sentido de que, además, esta ley es una agresión muy fuerte, sin sentido, a autonomías y a ayuntamientos.
Ustedes han olvidado aquello de que, en ese mundo, para poder endeudarse, el endeudamiento tiene que ir a inversión. Eso ha ido llevando a unas prácticas presupuestarias que hacen que, en estos momentos, sin endeudamiento no haya inversión. Claro, que ustedes pueden endeudarse, ustedes pueden hacer de una capa un sayo -luego hablaremos de eso-, pueden dibujar, maquillar, hacen con los presupuestos plastilina e ingeniería financiera, pero, por encima de todo, hay un punto sobre el que me gustaría que reflexionaran. Si los votos que hubo aquí en la anterior sesión y los que ha habido en el Senado se reproducen, señores del Grupo Popular -no hay nadie del Gobierno, por tanto, señores del partido que sustenta al Gobierno, que soporta en el sentido más puro del diccionario de la Real Academia Española. (El señor Fernández Marugán: Que aguanta.) Que aguanta al Gobierno. Bien, vamos corrigiendo- sepan ustedes que la inmensa mayoría del pueblo español, expresado en votos populares, va a votar contra esta ley. Voto a voto, sumen ustedes los votos populares de las fuerzas políticas parlamentarias -no los de los diputados, que son legítimos, pero es que estoy invitando a la reflexión, no a la matemática parlamentaria, que ya la sabemos- que votamos en contra de esta ley de estabilidad presupuestaria y verán que son más que los votos populares que hay detrás de las fuerzas políticas que van a votar a favor. Esto va a tener repercusiones muy graves sobre autonomías y ayuntamientos, pero es que este desequilibrio aún es mucho mayor si hablamos de habitantes de comunidades autónomas gobernados por fuerzas políticas que están en contra de la ley de estabilidad en relación con las que están a favor. Ustedes pueden decir lo que quieran, pero uno siempre ha entendido, como figura en los manuales de democracia, que un Estado es mucho más que una mayoría absoluta, por mucho que esa mayoría tenga una legitimidad democrática. Un Estado es mucho más. Ustedes van a condicionar, por mor de su mayoría de diputados, que no de votos populares, la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas que están gobernados en comunidades autónomas por fuerzas políticas que se oponen a la ley de estabilidad presupuestaria. Estamos hablando de proporciones tales como 23 millones de personas que están gobernadas por fuerzas políticas que se oponen, o nos oponemos, frente a 16 millones, y esa proporción es aún mayor si hablamos de habitantes de municipios que están gobernados por fuerzas políticas que se oponen a la ley de estabilidad presupuestaria y fuerzas políticas que apoyan la ley de estabilidad presupuestaria. Con ello están ustedes tomando decisiones, se entrometen y cambian los presupuestos de gente que tiene una representación mayor que ustedes en autonomías y en municipios. A mí eso me parece grave. Si ustedes sacan aquí, en un momento determinado, con su mayoría absoluta, legítima, democrática -eso ya está dado por supuesto, como el valor en el soldado y antiguamente la cartilla blanca-, una cuestión de índole menor, es normal, pero una cuestión de esta entidad no deben sacarla contra la mayoría de la que estamos hablando. Lo van a sacar, pero no deben hacerlo, señorías. Me he referido a estos números para invitarles a la reflexión. Decía el otro día, ya que hablaba de soberbia, que hasta el bueno de Juan Pablo, el soberbio de Juan Pablo, en el buen sentido de soberbio, dice que ya ha acabado la infalibilidad, que la infabilidad del Papa no existe, y ahora resulta que ustedes están trabajando prácticamente con la infalibilidad del Partido Popular, están ustedes imponiendo en un momento determinado esa infalibilidad.
Concluyo, señorías, con un dato que para mí es mucho más significativo que todo lo demás. Tengo aquí, en la contestación a una pregunta parlamentaria, las modificaciones realizadas al 31 de agosto en los presupuestos vigentes: deuda pública, ampliaciones de crédito hasta el 31 de agosto, un billón 42.013 pesetas. Si ustedes hubieran reconocido esa cantidad como ampliación de crédito para pagar deuda pública en el proyecto de presupuestos, no hubieran tenido déficit cero, no hubieran tenido equilibrio presupuestario. Es cuestión de que después en el desarrollo presupuestario ustedes introduzcan las modificaciones que crean convenientes como modificación de deuda pública, y dicen que van a amortizar una deuda pública de 882.000 millones. Pues claro, pero es que esa previsión la tenían ustedes y aplicaron un maquillaje presupuestario para que les cuadraran los presupuestos, a martillazos en un momento determinado. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela hace gestos al orador.) Sí, señor Cámara, me va a decir que lo que hay que cuadrar son las operaciones no financieras y las financieras, pero hemos denunciado aquí muchos grupos parlamentarios que es curioso lo que está pasando con la

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deuda pública en este país. Ustedes lo han vendido todo, hasta el brazo incorrupto de Santa Teresa, lo han privatizado todo y dicen que están obteniendo el déficit cero, pero año a año va aumentando la deuda pública. Yo no sé cómo cuadra eso; desde luego, doctores tiene la Iglesia, y mientras tanto nosotros no estamos para prestarnos a falsedades y a maquillaje votando a favor de este proyecto de ley. No obstante, ustedes, con su legítima mayoría absoluta, lo sacarán adelante.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Rejón.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Señora presidenta, señoras y señores diputados, nuevamente estamos en este Pleno para debatir el proyecto de ley de estabilidad presupuestaria y concretamente en este trámite las enmiendas incorporadas en el Senado, enmiendas que nada aportan desde el punto de vista de la valoración política que a mi grupo le merece esta ley, como la orgánica complementaria a la ley general de estabilidad presupuestaria, que no ha vuelto al Congreso al no haberse aprobado enmiendas en el Senado. Introducen algunas modificaciones a las que luego haré referencia pero desde el punto de vista de posición política son realmente irrelevantes por cuanto regulan determinadas cuestiones de trámite. Es decir, la ley nos sigue mereciendo una valoración negativa por la relación de causas a las que hice referencia en anteriores intervenciones en este Pleno y a las que volveré a referirme con posterioridad. ¿Sobre qué materias versan estas enmiendas? Lo abordo muy rápidamente. Simplemente afectan a cómo debe tramitarse el acuerdo del Gobierno que fija el objetivo de estabilidad presupuestaria una vez en la Cámara: documentación que debe acompañarle, mención expresa a que condiciona los Presupuestos Generales del Estado, por otra parte ya ínsita en el articulado de la ley, etcétera y remisión del informe del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, que es previo a la fijación del acuerdo de estabilidad presupuestaria por parte del Gobierno. También se modifica el artículo 14.3, que hace referencia a la corrección del desequilibrio presupuestario en el ámbito estatal, el artículo 15.4 respecto del fondo de contingencia de ejecución presupuestaria, concretamente el informe trimestral que el Gobierno debe rendir sobre aplicación de este fondo, y una modificación meramente puntual del 17.1. No hay más. Desde luego, no son las enmiendas que a mi grupo parlamentario le hubiera gustado que se aprobaran en el Senado, que hubieran tenido calado político y que hubieran permitido cambiar el contenido esencial, sustancial, de fondo, de esta ley, pero estos puntos esenciales realmente no se han modificado. Por tanto la posición política sigue siendo la misma. Recuerdo, aunque ha sido ampliamente expuesta en esta Cámara, que la posición política es la que sigue: Convergència i Unió está a favor del rigor presupuestario, está a favor del axioma de que las administraciones no deben gastar más de lo que ingresan. También consideramos que esta ley es la propia realidad y los presupuestos y su ejecución de los últimos años han demostrado que no son necesarias por cuanto se pudo pasar la reválida de examen de Maastricht y ajustar los déficit presupuestarios hasta una situación de equilibrio sin necesidad de estas leyes marco. Pese a ello, si las leyes hubieran tenido otra plasmación concreta, otro articulado, otro sentido político, nos hubieran parecido bien por cuanto hubieran servido para incidir en una mejora del rigor presupuestario. Sin embargo, son diversos los puntos, no sólo de la ley general de estabilidad presupuestaria, sino de la orgánica que no debatimos hoy, que no son asumibles para mi grupo parlamentario y que por tanto motivan una valoración negativa de los mismos. Han sido expuestos ampliamente. En primer lugar, no haber utilizado el concepto de estabilidad presupuestaria establecido en el Pacto de estabilidad y crecimiento, que limita muy seriamente la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de la Administración local; en segundo lugar, el régimen establecido para los planes de corrección de los desequilibrios presupuestarios de las comunidades autónomas, que están sometidos a una tutela ulterior que no se exige, por ejemplo para la Administración local, lo que es ciertamente sorprendente y, en tercer lugar, las limitaciones al endeudamiento, fundamentalmente en las comunidades autónomas, preceptos a los que tuve ocasión de referirme en el último debate celebrado en este Pleno.
Mi grupo parlamentario tiene que decir que está a favor del rigor presupuestario, pero que no está a favor de leyes que afecten a la autonomía financiera de comunidades autónomas y de la Administración local. Por ello que mi grupo no va a votar a favor de estas enmiendas, por su total irrelevancia desde una óptica política, y mantiene su posición negativa ante esta ley.
Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Fernández Marugán.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señora presidenta, señoras y señores diputados, todos ustedes conocen que mi grupo parlamentario se ha opuesto a estas leyes, a esta ley en concreto, tanto en el Congreso como en el Senado. Lo mejor que se podría decir de este proyecto de ley es que es una iniciativa que sirve para los buenos tiempos pero que resulta bastante difícil

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de admitir cuando las circunstancias se tornan algo turbulentas.
Cuando hay mutaciones en la singladura se requiere que se establezcan nuevas reglas y nuevas actitudes, que se adopte una actitud política y mental destinada a ampliar los contenidos de las políticas para poder regular las posibilidades de crecimiento, para poder afrontar los conflictos que puedan surgir y para tratar de condicionar el desenvolvimiento de la propia crisis. Nada de esto se propone en este proyecto de ley. El representante del Partido Nacionalista Vasco y el representante de Izquierda Unida así lo han puesto de relieve. La filosofía que se incorpora a este proyecto de ley es ajena, contraria a este tipo de planteamientos, donde tanto vale la adaptabilidad a las circunstancias. Se deja ver en él un doctrinarismo muy preocupante, fruto del cual Aznar hace en España lo que Ross Perot no logró hacer en Estados Unidos. Además, la comparación podríamos y deberíamos hacerla con otros socios de la Unión Europea. Esta iniciativa legislativa supone la prescripción, con un aumento radical de la dosis, de la pócima que se suministró en un momento determinado de la vida política europea, cuando Alemania exigió que para que aceptara la sustitución del marco por el euro tendrían que adaptarse un conjunto de políticas económicas que supusieran el aislamiento y la marginación de los gobiernos no honorables. Sin embargo, si uno tuviera que buscar un tercer antecedente lo podría encontrar en algunas realidades existentes en el hemisferio sur. Este es el tipo de iniciativas que nunca adoptan gobiernos equilibrados, que nunca adoptan gobiernos sensatos; desgraciadamente este tipo de iniciativas lo suelen imponer los organismos internacionales a aquel tipo de Gobierno que se ha caracterizado por una pésima gestión económica. No obstante, no es solamente este tipo de críticas el que fundamenta la oposición de mi grupo a este tipo de proyectos, sino algo que ocurre en la realidad presupuestaria de España. El presupuesto hoy no es un fiel reflejo de la actividad financiera del sector público. No lo es porque existen múltiples organismos que escapan a su control y esos organismos crecen semana tras semana por acuerdos del Consejo de Ministros. En el presupuesto español hay una actividad bancaria que se realiza a favor de entidades y empresas para poder llevar a cabo políticas públicas que no se computan a la hora de medir el déficit.
Además, del presupuesto español ha huido una parte importante de la inversión pública y la parte que se ha quedado se está realizando mediante un sistema que consiste en gastar hoy y pagar mañana y que es conocido fundamentalmente como el método alemán.
Nadie cree que si hubiera criterios de contabilidad razonablemente aceptados estaríamos en una situación de equilibrio. Por eso yo casi me atrevería a proponer al grupo mayoritario que en lugar de haber procedido a establecer este tipo de normas, hubiera restaurado aquella vieja ley de Administración y contabilidad de la Hacienda pública española, que en 1911 fue capaz de cobijar una parte de la actividad financiera del sector público durante muchos años. Desde luego, a esta ley le auguro un menor tiempo de vigencia que aquélla. En cualquier caso, esta norma pivota sobre dos hechos: un cuadro macroeconómico establecido en un horizonte plurianual y unos escenarios presupuestarios articulados con él. El horizonte plurianual, créanme, es un sarcasmo. No figuraba en el proyecto que remitió el Congreso al Senado, pero sí figura en el mensaje motivado.
Digo que es un sarcasmo porque las previsiones macroeconómicas del año 2001 no han tenido una vigencia plurianual, ninguna ha superado un trimestre. La corrigieron en abril, la corrigieron en julio, la corrigieron en septiembre y la van a corregir en diciembre. Además, la van a corregir y se van a volver a equivocar porque el resultado final será distinto al que hoy dice el Gobierno. Por lo tanto, uno tiene que dudar de la capacidad de este Gobierno para establecer objetivos plurianuales, aunque sí tiene que decir que en este momento ha decidido mentir por decisión propia. ¿Qué decir respecto de los escenarios presupuestarios? Nadie piensa en este momento que el documento presupuestario español sea creíble, entre otras cosas por que se hurta la posibilidad de debatir ese presupuesto con criterios reales. ¿Qué sentido tiene esta ley con los antecedentes de los presupuestos del 2001 y del 2002, en donde se han presentado previsiones de ingresos, de gastos y de déficit público que son absolutamente inverosímiles, que sabemos de antemano que no se van a cumplir? Podríamos, señora presidenta, plantearnos este tipo de disposiciones si el sistema presupuestario español integrara todos los ingresos y todos los gastos, pero sabemos que no es así. Lo sabemos y lo padecemos en este momento. En este momento el Congreso y el Senado tienen un conjunto de documentos que afectan al comportamiento financiero del sector público. ¿Qué decir de ellos? Pues que constituyen una auténtica ficción económica, un esperpento político y, lo que es peor, una perversión constitucional y, como consecuencia de ese comportamiento, se van a crear impuestos a través de enmienda.
Señora presidenta, cuando sin ningún pudor se ha convertido la ley de medidas, la ley de acompañamiento, en un basurero normativo, de nada sirve que se nos diga que el Ministerio de Hacienda confeccionará previsiones referidas a los ingresos y a los gastos. Señorías, esto es una petulancia falsa y pretenciosa que sobra en un texto jurídico que pretenda estar a la altura de estas circunstancias. Hoy en España la situación es diferente. El Gobierno ha renunciado a la facultad de presentar proyectos de ley y ha pasado a utilizar al Grupo Parlamentario Popular como un buzón destinado a resolverle algunas de sus dificultades. Me pregunto en nombre de mi grupo si las enmiendas del Senado al paquete presupuestario forman parte de la programación del Ministerio de Hacienda. Señorías, creo que no

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y terminaría tratando de adoptar una actitud más posibilista.
¿Estamos delante de un proyecto rectificador? Si detrás de una liquidación hay un liquidador y detrás de una rectificación hay un rectificador, ¿este proyecto que se ha traído a la Cámara y que ha estado auspiciado por el señor Montoro significa que se van a corregir los comportamientos que se han venido teniendo a lo largo de los últimos meses? Porque siempre me he preguntado para qué esta ley y contra quién. ¿Va esta ley contra Álvarez-Cascos para impedir que día a día un número importante de diputados hable con él y proyecten la infraestructura pública en España para los cinco próximos años? ¿Va contra el señor Matas para impedir que llene de cemento el territorio nacional? ¿O es para someter a una disciplina presupuestaria al señor Zaplana? Sinceramente, creo que ninguno de estos planteamientos es creíble. En cualquier caso, renuncio a la broma y a la chanza a la hora de hacer este parangón. Simplemente me apoyaré en la personalidad de algunos de los proponentes y desde luego no renuncio a utilizar una vieja frase de Ortega, que sinceramente se puede aplicar al señor Montoro. Decía que en su cabeza no anida el acierto. Es verdad. En la cabeza de Montoro no anida el acierto, pero tampoco el rigor y la neutralidad. Hoy vivimos un auténtico aquelarre presupuestario, que ha generado una profunda preocupación en el conjunto de la sociedad española por su confusión, por su regresividad y por su autoritarismo, que tiene alarmados a centenares de ayuntamientos y comunidades autónomas y que ha producido una profunda preocupación al menos en mi grupo. El resultado de tan brusco y torpe proceder es que padece el principio democrático, cuya defensa ha sido esencial para muchos grupos de esta Cámara, desde luego para muchos de los formamos parte de ella. Forma parte de nuestra identidad, de nuestro legado histórico, de nuestra convicción y por eso las minorías del Congreso no hubieran podido, llegadas las personas que las integran a su madurez biológica, dedicarse al accidentalismo político. No todos pueden decir lo mismo.
Ese principio democrático es el que reclama mi grupo hoy aquí, en este trámite y en esta ley, el que va a emplear en el Senado en la defensa de sus posiciones en la ley de presupuestos o en la ley de acompañamiento. Lo vamos a defender porque no estamos dispuestos a soportar con nuestro silencio el nulo respeto que en este momento se está teniendo al Parlamento en la tramitación del bloque de normas presupuestarias.
Muchas gracias. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Así se habla!)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Fernández Marugán.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Señores diputados, durante esta mañana se ha hablado sobre la ley de estabilidad presupuestaria en términos de agresión y mi grupo acepta, como no podía ser de otra manera, el término agresión en palabras del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, del señor Nuñez y del señor Fernández Marugán, pero no acepta el término agresión en boca del señor Azpiazu. Su grupo político no está legitimado en esta Cámara para hablar de agresión política a ningún ordenamiento jurídico. La única agresión que en estos días está sufriendo el concierto económico del País Vasco es la posición que su grupo parlamentario, el Partido Nacionalista Vasco y el Gobierno vasco mantienen sobre el concierto económico. (Protestas.) Esta es la única agresión que se está experimentando estos días en materia negociadora. (Aplausos.) Por tanto, en su boca y en palabras de su grupo parlamentario no cabe el término agresión. (Un señor diputado: ¡Muy bien!) Lo que el País Vasco necesita, señor Azpiazu, es que ustedes olviden las veleidades de sus necesidades de carácter nacionalista para representar a todos menos a Álava en Europa (El señor Azpiazu Uriarte: ¡Pero qué tiene que ver eso con el concierto!) y se apruebe lo que hace dos semanas ya estaba en condiciones de aprobarse. Esto es lo que necesita el País Vasco y no las menciones que hacen sus responsables políticos en el País Vasco al casus belli, a la agresión o a irse al monte. Esto es a lo que usted tiene que vincularse hoy en esta Cámara y no hablar de agresión de la ley de estabilidad presupuestaria. Por tanto, le invito a que lo haga; todavía tiene tiempo.
El señor Rejón hablaba en términos mucho más aceptables de la agresión que suponía la ley de estabilidad presupuestaria al entendimiento de la autonomía financiera de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos. Le debo decir que comprendo que puede producirse agresión a la forma en la que ustedes entienden que debe operar el presupuesto en la Administración pública. Precisamente nuestro grupo parlamentario sostiene que hay que operar un cambio de mentalidad, para que eso que a ustedes les parece una agresión se convierta en la inercia de funcionamiento normal de las administraciones públicas ante el dinero de los españoles, con lo que dejaría de ser una agresión -en los términos que ustedes manifiestan- para ser la única manera que tendrán las administraciones municipales y las administraciones de las comunidades autónomas de poder sustentar las necesidades políticas de todo tipo. Nosotros no decimos que endeudamiento significa despilfarro, como decía el señor Núñez, y de ninguna de las maneras reconozco que lo haya dicho algún miembro del Grupo Parlamentario Popular. Lo que significa y seguirá significando despilfarro es endeudarse sin poder pagar. Esto es lo que significa despilfarro. El proyecto de ley establece posibilidades y márgenes para seguir haciendo uso del déficit presupuestario y del endeudamiento, por tanto no es una

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fórmula rígida. Lo que sí establece es que ha de operarse ese cambio de mentalidad y esa modificación de la inercia en la que desde hacía mas tiempo del estrictamente necesario se veían inmersas las administraciones públicas de España. Se trata de que verdaderamente las administraciones públicas -todas, incluidas las municipales- asuman sus obligaciones de gobierno en materia financiera con responsabilidad, De modo que no sea tan simple dejar hipotecadas a generaciones futuras y a gobierno municipales futuros -no el presente- las posibilidades de acción política como consecuencia del excesivo endeudamiento, lo que supondría un estrangulamiento financiero, que es lo que viene ocurriendo en los últimos años en la Administración pública española. Por tanto, estas leyes, lejos de suponer una agresión, significan todo lo contrario, posibilitan la existencia de un perfecto funcionamiento de las administraciones públicas con respecto a sus responsabilidades de gobierno, sus responsabilidades de carácter económico. Además, haría falta leerse en profundidad el proyecto de ley. El proyecto de ley está repleto de referencias a las nuevas competencias que el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a tener en relación con los criterios de estabilidad presupuestaria.
Decía el señor Padrol (que no ha hablado de agresión y yo se lo agradezco) que las leyes no eran necesarias. Yo le quiero recordar que su discurso en el debate de totalidad era diferente. Entiendo que a lo largo de la tramitación parlamentaria no haYA sido suficiente que en el Congreso incorporáramos las enmiendas que ustedes nos solicitaban y que se produjera una cuestión muy importante. Van a ser las asambleas legislativas de las comunidades autónomas las que aprueben los planes de reequilibrio, tal y como ustedes solicitaron al Grupo Parlamentario Popular. Nosotros hemos mantenido ese acuerdo al que llegamos con ustedes porque consideramos que es bueno y que mejora la ley, pero no me diga que aquellas incorporaciones que ustedes hicieron en la ley no sirven para mejorarla y que lo que era necesario hace dos meses deje de ser necesario en ésta. Nuestra opinión es que las dos leyes siguen siendo necesarias y que además las aportaciones de Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados sirvieron para mejorar de forma muy sustancial ese entendimiento que ustedes querían sobre qué tipo de capacidad iban a mantener las comunidades autónomas en relación con los criterios de estabilidad presupuestaria. Bueno, pues creemos que siguen no sólo intactos, sino mejorados por las aportaciones que hizo Convergència i Unió. En consecuencia, me hubiera gustado ver que el discurso era diferente, que consideraban que las leyes seguían siendo necesarias.
Lamento que esto no sea así, pero verán cómo esas incorporaciones que ustedes introdujeron en la ley van a permitir visualizar en todas las asambleas legislativas de las comunidades autónomas que la realidad es otra, que sí que son necesarias y que no sólo no se vulneran, sino que lo que hacen es proteger realmente las competencias que en materia financiera siguen teniendo las comunidades autónomas en materia de equilibrio. Como ustedes siguen estando de acuerdo en que el principio es lo verdaderamente relevante, aquellas incorporaciones suyas con la vigencia y la validez del principio harán posible que todas las fuerzas políticas, las de Cataluña y las de esta Cámara, entiendan que el discurso de entonces era válido y el que hacían ustedes hoy era menos válido.
En cuanto a las manifestaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, nosotros entendemos que falta una respuesta política de su grupo que seguimos sin encontrar. Queremos saber si al Grupo Parlamentario Socialista le parece o no le parece que España necesita el equilibrio y la estabilidad económica para seguir venciendo los obstáculos que la economía española tenía en el año 1996. Queremos saber si creen o no creen que la estabilidad económica es la que puede proporcionar a España las posibilidades de seguir creando empleo. Queremos saber si ustedes consideran o no que la estabilidad económica es la única que puede permitir que España se pueda ir acercando, a ritmos superiores de los que ocurrían antes del año 1996, a los márgenes de renta y de empleo que hay en Europa en estos momentos. Queremos saber de qué manera encontraría el Partido Socialista márgenes para poder afrontar situaciones de crisis y de incertidumbre económica como las que existen en la actualidad en la economía mundial y en la economía española. Seguimos sin encontrar respuestas. Lo que sí sabemos son las recetas que incorporaron en el entendimiento de cómo se había de gestionar el presupuesto público por parte de los gobiernos socialistas. Quiero recordar que en el año 1996 España tenía que hacer frente a unos intereses de la deuda que suponían el 5 por ciento de su producto interior bruto. Para que podamos hacernos una idea les diré que nos estamos refiriendo al presupuesto que en el año 1996 tenía el Ministerio de Sanidad. Los intereses de la deuda suponían exactamente la misma cantidad que el Grupo Socialista destinaba al presupuesto de sanidad en el año 1996 y tres veces más de lo que se atribuía al Ministerio de Educación. Si hubiéramos seguido con las recetas, que hoy no ponen sobre la mesa, en España estaríamos hablando de una deuda del 76 por ciento del producto interior bruto, por tanto, estaríamos fuera de la convergencia con Europa, no sólo en términos de convergencia real, sino de convergencia nominal, como todos los españoles saben. Los intereses de la deuda supondrían ahora mismo el 25 por ciento del gasto público y, en términos económicos, estaríamos hablando de tres billones de pesetas. Estas serían las recetas de no haber intervenido con seriedad, como hizo el Gobierno del Partido Popular en el año 1996 con las medidas de disciplina presupuestaria.
Puesto que son ustedes padres de aquella inercia del déficit presupuestario, nos gustaría saber de qué son padres en este momento.
Les voy a decir qué paternidad

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se puede atribuir hoy al Grupo Parlamentario Socialista, sólo una: estar en contra de lo que piensan la mayoría de los españoles.
En una encuesta del CIS de julio de este año, los españoles dijeron mayoritariamente -el 79,1 por ciento- que estaban de acuerdo en que las administraciones se gastaran sólo lo que tenían o, en todo caso, menos de lo que tenían. Ustedes hoy no quieren mirar al futuro, son ustedes simplemente una cosa, la alternativa del no: no a la estabilidad presupuestaria, no a la reforma de la universidad, no a la reforma del mercado de trabajo, no a la reforma tributaria, no a la financiación autonómica. A ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, los españoles seguirán diciéndoles que no quieren que gobiernen España, mientras que seguirán diciendo que sí quieren que gobiernen estos señores del Grupo Parlamentario Popular.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Cámara. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Vamos a proceder a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley general de estabilidad presupuestaria. Se someten a votación todas ellas conjuntamente.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 279; a favor, 160; en contra, 118; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Quedan aprobadas las enmiendas del Senado al citado proyecto.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESIÓN DE UN CRÉDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 2.945.028.721 PESETAS (17.699.979,09 EUROS), PARA ABONAR A LA COMPAÑÍA TRASMEDITERRÁNEA, S.A., LOS INTERESES DE DEMORA CORRESPONDIENTES A LA LIQUIDACIÓN DE LOS EJERCICIOS 1996 Y 1997, SEGÚN EL CONTRATO REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARÍTIMAS DE INTERÉS NACIONAL. (Número de expediente 121/000052.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Siguiente punto del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945.028.721 pesetas, para abonar a la Compañía Trasmediterránea, S.A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
Se ha presentado una enmienda a la totalidad de devolución por el Grupo Parlamentario Socialista. Para la defensa del citado proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor ministro, cuando quiera.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, tengo el honor de presentar hoy a la Cámara el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 2.945 millones de pesetas, para abonar a la Compañía Trasmediterránea, S.
A., los intereses de demora correspondientes a la liquidación de los ejercicios 1996 y 1997, según el contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional.
El Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, estableció el régimen de prestación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y aprobó las bases del contrato regulador de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional a suscribir entre el Estado y la Compañía Trasmediterránea, S.A. El anexo II a las bases de dicho real decreto estableció la tabla inicial de servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, que comprendía los servicios de Baleares, norte de África, Canarias e interinsulares de Canarias. La cláusula tercera del contrato regulador establece que el mismo tendrá una duración de 20 años a partir de su entrada en vigor, con efecto retroactivo desde el 1 de enero de 1978. Debe entenderse prorrogado si dos años antes de su terminación no hubiese sido denunciado por las partes, no pudiendo exceder la prórroga tácita de dos años.
El Consejo de Ministros, con fecha 19 de mayo de 1997, autorizó la denuncia del contrato regulador en los términos establecidos en su cláusula tercera. Así, el contrato finalizó en diciembre de 1997, al ser denunciado oportunamente por la Administración dentro del plazo en él establecido para que no se produjese su renovación automática.
Esta denuncia se efectuó, entre otras razones, debido al diferente contexto existente en el año 1978, ejercicio de inicio del contrato regulador, y en el año 1995, año de denuncia del contrato, tanto en lo relativo al régimen de competencia en el sector del transporte marítimo nacional como respecto de la organización del Estado. La denuncia se basó en consideraciones relativas al proceso de liberalización del transporte marítimo, al que debía pasar a desenvolverse la

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actividad de Trasmediterránea, y al traspaso de competencias en la materia a las comunidades autónomas.
En cuanto a las obligaciones económicas, el contrato señala, en su cláusula vigésimo quinta, que el equilibrio económico-financiero de los servicios se obtendrá mediante las aportaciones del Estado, cuya cuantía figura en la denominada cuenta del Estado, que tiene dos componentes, el de explotación, que se cuantifica saldando el déficit de las cuentas de ingresos y de gastos, y EL de inversiones, que financia la amortización de la flota y los gastos financieros. Es decir, a efectos de garantizar la prestación de determinados servicios de transporte marítimo que asegurasen la movilidad de los ciudadanos entre determinados puntos del territorio nacional, se encomendó su prestación a una empresa pública, la Compañía Trasmediterránea, S.A., y al mismo tiempo se garantizaba a dicha empresa las aportaciones estatales necesarias para asegurar el equilibrio económico-financiero de dichos servicios. La propia cláusula vigésimo quinta dispone que por los capitales invertidos por la compañía para financiar la demora de pago de las deudas contraídas por la Administración, en la medida en que no sean financiadas por la misma, se abonará el interés básico del Banco de España. Y la cláusula vigésimo sexta del contrato establece que el importe de las aportaciones del Estado se pagará por cuartas partes y por trimestres adelantados a la rendición de cuentas.
El pago de las distintas liquidaciones anuales a la compañía Trasmediterránea, S.A., devengadas según lo anteriormente indicado, se han ejecutado en su totalidad en los últimos ejercicios mediante la tramitación de créditos extraordinarios, no existiendo desde 1993 hasta 1997, inclusive, créditos iniciales en los Presupuestos Generales del Estado para estos fines. Estas liquidaciones han sido verificadas en cada ejercicio por la Intervención General de la Administración del Estado. Así, con fecha 24 de abril se aprobó la Ley 4/2001, sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de más de 15.560 millones de pesetas, es decir, 93.521,239 euros, para compensar el déficit de la compañía Trasmediterránea correspondiente al ejercicio 1997 por laexplotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios. Estos ajustes correspondían básicamente a gastos devengados en el año 1997 y a derechos de cobro realizados durante la vigencia del contrato, cuya regularización quedó aplazada hasta su conclusión. Queda pendiente, finalmente, satisfacer a la compañía el abono de los intereses por el retraso en el pago de las deudas contraídas por la Administración, a cuya cobertura responde el presente crédito extraordinario.
La compañía Trasmediterránea ha solicitado el abono de los intereses de demora de los ejercicios 1996 y 1997, cifrados en estos 2.945 millones de pesetas, es decir, algo más de 17 millones de euros. La Intervención General del Estado ha emitido informe de control financiero de la liquidación de los intereses de demora de la compañía Trasmediterránea, S.A., ejercicios 1996 y 1997, habiendo verificado que la liquidación presentada por la compañía es correcta, según el detalle de la división correspondiente: algo más de 366 millones de pesetas para el año 1996 y 2.578 millones de pesetas para el año 1997. En definitiva, se trata de satisfacer una obligación de la Administración cuya cuantificación viene avalada por el informe de control financiero de la Intervención General de la Administración del Estado.
Este proyecto de ley de concesión del crédito extraordinario se ha tramitado de conformidad con lo que establece la legislación al respecto -artículo 64 del texto refundido de la Ley General Presupuestaria-, habiendo recaído sobre el mismo el dictamen favorable del Consejo de Estado.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor ministro.
Para la defensa de la enmienda a la totalidad, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Segura.


El señor SEGURA CLAVELL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, año tras año, en cumplimiento de los contenidos del contrato-programa que durante 20 años ha vinculado a la compañía Trasmediterránea con el Estado, las Cortes Generales han venido aprobando, en forma de proyecto de ley de crédito extraordinario, las liquidaciones presentadas por la compañía Trasmediterránea a la Administración general del Estado a través de la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Economía y Hacienda, en su momento, de la que dependía. Esa ha sido una mecánica de trabajo que se ha venido manteniendo desde el año 1978 hasta hace muy pocas fechas.
El señor ministro ha hecho referencia, una vez más -ha leído un documento-, a los contenidos del contrato- programa. Cierto es que se trata de una compañía de transporte marítimo singularmente importante para comunidades como Ceuta, Melilla, el archipiélago canario, el archipiélago balear, y juega un papel fundamental en el transporte de mercancías de carga rodada y en el tráfico de pasajeros. Luego no se trata de una empresa baladí, tiene una importancia estratégica y desde esa perspectiva es desde la que el Grupo Parlamentario Socialista considera fundamental, antes de aprobar este proyecto de ley de crédito extraordinario de intereses de demora, producir un debate para saber qué va a ocurrir con el futuro de la compañía para la que la SEPI, que depende del ministro de Hacienda que acaba de defender este proyecto de ley, ha puesto enmarcha ya el proceso de privatización.


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Señor ministro, para que todos los miembros de la Cámara tengan idea clara de lo que se va a aprobar, creo que conviene reiterar de forma nítida algunos de los contenidos que recoge este proyecto de ley. Se va a aprobar darle a la compañía Trasmediterránea alrededor de 3.000 millones de pesetas en concepto de intereses de demora en la que ha caído la Administración general del Estado, que, según la compañía y el contrato programa, ha incumplido. Concretamente, señorías, la base 25, en el párrafo tercero del punto número 3 dice claramente lo siguiente -y me estoy refiriendo al contrato programa que ha mantenido en vigor la vinculación entre la compañía Trasmediterránea y el Estado-: El equilibrio económico-financiero de los servicios objeto de este contrato se obtendrá a través de las aportaciones del Estado. Estas se fijarán mediante la cuenta del Estado, que se formulará de acuerdo con los criterios que a continuación se detallan. Se exponen unos cuantos criterios, pero el que a nosotros nos interesa es el criterio 3.3 que dice: Por los capitales invertidos por la compañía para financiar las demoras de pago de las deudas contraídas por la Administración, en la medida en que no sean financiadas por la misma, se abonará el tipo de interés básico del Banco de España. En principio, no hay nada que objetar. ¿Qué ha ocurrido? La compañía Trasmediterránea presta una serie de servicios en el año 1996 y hace una liquidación por los servicios prestados al amparo del contenido del contrato programa. Esa liquidación por los servicios prestados en 1996 asciende a 7.673 millones de pesetas, aproximadamente. Se le liquida a la compañía el 7 de agosto de 1998 y la compañía dice que se le deben alrededor de 300 millones de pesetas por intereses de demora. En el año 1997 la compañía presta también una serie de servicios y es el último año en el que como consecuencia de la obligación contractual presta los servicios que recoge el contrato programa. La compañía le presenta una liquidación al Estado un año y medio después de 17.000 millones de pesetas, aproximadamente -estoy hablando en números redondos-, en los que se recoge además la liquidación del contrato programa. Es decir, en 1996, son 7.000 millones de pesetas por los servicios prestados y se le liquida un año y medio después; en 1997, 17.000 millones de pesetas y se le liquida unos dos años después, concretamente, en el mes de abril de 2000; ahora la compañía dice que tal y como establece el artículo al que acabo de hacer referencia, el Estado le debe alrededor de 3.000 millones de pesetas en concepto de intereses de demora. Esto, en efecto, es correcto desde el punto de vista legal, pero desde luego dudamos que desde el punto de vista político y de gestión eficaz de la compañía tenga una cobertura que reciba el correspondiente apoyo parlamentario. ¿Por qué, señorías? Si se ha tardado en hacer la liquidación es consecuencia de la ineficacia de la gestión de la propia compañía y de los servicios del Ministerio de Hacienda. A lo largo de los algo más de doce años de Gobierno del Partido Socialista nunca se liquidaron intereses de demora porque las liquidaciones se hicieron año tras año en el período de tiempo adecuado. Ahora nos enfrentamos con la consecuencia de la ineficacia y de la incompetencia gestora y del desinterés de los gestores de la compañía Trasmediterránea, que tuvieron un presidente que estuvo a punto -hablando en términos marineros- de llevarla a la ruina más absoluta y de hundirla, por lo que el ministerio tuvo que cesar al anterior presidente. Ahora, como consecuencia de esa mala gestión de la compañía, de la mala gestión de los servicios del ministerio, que no le presta el más mínimo interés, hay que pagarle 3.000 millones de pesetas de intereses de demora, que pagaremos todos los ciudadanos españoles, por la negligencia de la incompetente Administración española, en un momento en que la SEPI, que depende del ministro de Hacienda, ha puesto en marcha el proceso de privatización de la compañía, en un momento en el que la compañía mantiene un número importante de situaciones contractuales con distintas empresas. Por ejemplo, con la empresa Trasfesa mantiene una situación contractual en lo que se refiere a la empresa naviera Navicon, que presta importantes servicios de cabotaje entre distintos puertos españoles con dos barcos ya muy antiguos en cuanto al número de años de navegación. Tiene créditos con distintas entidades financieras, una de ellas muy conocida ya por esta Cámara como es el célebre Banco de Shanghai, de los que se tendrá que dar explicación a la Cámara.
En segundo lugar el Ministerio de Fomento, a través de la Subsecretaría y de la Dirección General de Marina Mercante, ha abierto un concurso público -que se cierra el día 30, concretamente mañana o pasado mañana, y que ha tenido un mes de duración- al que se van a presentar aparentemente distintas compañías para cubrir nueve rutas de interés público en el Estado español -Barcelona-Palma de Mallorca, Cádiz-Tenerife, Algeciras-Ceuta, Almería-Melilla, etcétera- con la aceptación y aquiescencia de la Comisión Europea. Señorías, lean la prensa económica del pasado lunes en la que aparece la noticia de que las distintas empresas navieras privadas españolas anuncian que se retiran del concurso porque se ha hecho como un traje a medida, adaptado a las características de los buques de la compañía Trasmediterránea, ya que no hay ningún otro buque en el mundo que reúna los mismos requisitos, porque cada compañía encarga sus barcos, con unas capacidades tecnológicas y unas capacidades en bodega específicas. Este concurso se ha hecho con unos pliegos de condiciones que son un auténtico traje a medida.
Estas son las circunstancias vinculadas a la temática del transporte marítimo, primero, la puesta en marcha de la privatización de la compañía; en segundo lugar, toda una serie de situaciones contractuales de la compañía con otras empresas, tanto para la gestión de la carga rodada en los puertos, y en cada puerto tiene una

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empresa específica, como en la prestación de las rutas de interés público; en tercer lugar, un concurso público, al que acabo de hacer referencia, que está en marcha y, en cuarto lugar, que por primera vez se trae a las Cortes Generales una liquidación de intereses de demora, que es cierto que la IGAE la ha informado favorablemente. Fue un contrato programa hecho a toda prisa en unas circunstancias de crisis políticas adversas, como fue la transición política, en el año 1977, que fue cuando la compañía pasó a manos del Estado, y hay unas cláusulas a las que los gobiernos socialistas no se acogieron porque fueron eficaces en la gestión de los pagos a la compañía. Todas estas circunstancias, señorías, justifican que el Grupo Parlamentario Socialista haya pedido en primer lugar la comparecencia del presidente de la compañía Trasmediterránea, y no se ha producido, hay dificultades de agenda; en segundo lugar, la del presidente de la SEPI para que explique las características de la privatización de una empresa fundamental en el transporte marítimo español y la situación financiera que justifica este crédito extraordinario de 3.000 millones de pesetas. Por todas estas razones, si bien es cierto que el Grupo Parlamentario Socialista fríamente puede indicar que, tal como dice el contenido del contrato programa, la liquidación de esos intereses tiene cobertura legal -no lo discutimos-, desde el punto de vista político queremos poner de manifiesto la rotunda incompetencia de la Administración española, responsable de la gestión de esta compañía, por lo que nosotros recabamos información para mejor posicionarnos y pedimos la devolución de este texto legal, porque, entre otras cosas, queremos saber si en la liquidación del contrato programa que se produjo en 1997 y se materializó en el mes de agosto del año pasado no estaban ya subsumidos los intereses -en los 17.000 millones de pesetas- que ahora reclama la compañía y que las Cortes Generales previsiblemente van a aprobar. Por todas esas razones y por la importancia del transporte marítimo en España, el Grupo Parlamentario Socialista no quiere desaprovechar la oportunidad de ayudar a construir y coadyuvar a la potenciación del transporte marítimo en el Estado español en un momento en el que, en los próximos seis meses, le va a corresponder al Gobierno español presidir la Unión Europea y al ministro de Fomento español presidir los consejos de ministros de Transportes y, consiguientemente, definir las políticas de cabotaje marítimo, las autopistas marítimas que están recogidas en un capítulo específico del Libro Blanco del transporte para los próximos diez años que termina siendo titulado: es el momento de decidir. Por eso nosotros planteamos, señorías, que este es el momento de decidir, de tomar decisiones importantes para la potenciación de la compañía dentro de un espíritu de libre competencia, de cumplimiento de la normativa comunitaria y de la libertad en el transporte marítimo, no sea que se esté produciendo con estas medidas la puesta en marcha de mecanismos de ayudas de Estado que violenten los principios de la libre competencia. Por esta razón el Grupo Parlamentario Socialista solicita la remisión de este proyecto de ley al Gobierno a efectos de producir, en la comisión pertinente, el debate adecuado y obtener el auténtico conocimiento de qué es lo que se está aprobando. Aquí no se están aprobando sólo intereses de demora; se está aprobando mucho más, se está coadyuvando a una privatización teledirigida hacia alguna empresa constructora, tal como lo han denunciado muchos medios de comunicación económica.
Nada más, señora presidenta, y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Segura. ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Mi grupo va a votar favorablemente este proyecto de ley sobre el crédito extraordinario a favor de la compañía Trasmediterránea. Lo hacemos porque habiendo estudiado detenidamente el expediente que se nos remitió a la Cámara entendemos que, en primer lugar, se han cumplido todos los trámites preceptivos del procedimiento. Este proyecto de ley trae el dictamen favorable del Consejo de Estado y la conformidad previa de la Dirección General de Presupuestos.
Observamos que las órdenes de pago, informadas favorablemente por la Intervención General del Estado, están cumplimentadas perfectamente de acuerdo con el derecho correspondiente. Esto viene del último Gobierno del partido hoy en la oposición, cuando el Consejo de Ministros de 19 de mayo de 1995 acuerda la denuncia del contrato regulador. Este es un tema bastante laberíntico en las idas y venidas en cuanto a aspectos contables y de intervención de los presupuestos públicos. Por tanto, vuelvo a decir que tiene su origen en un acuerdo de 19 de mayo 1995, en que se denuncia el contrato regulador que existía entre el Estado y la compañía Trasmediterránea a los efectos del compromiso para los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional -el señor Segura los ha descrito perfectamente- con los archipiélagos canario, balear y Ceuta y Melilla. ¿Con qué nos encontraríamos si este proyecto de ley se devolviera al Gobierno y no se aprobara? Pues con la reclamación que en derecho le corresponde a la compañía Trasmediterránea para seguir aumentando la cuenta de los intereses de demora. Es un procedimiento complejo que no es la primera vez que se plantea, sino que se viene dando según la memoria histórica parlamentaria de este diputado, pues con todos los gobiernos siempre ha habido demora en los plazos, con las consiguientes compensaciones, que tienen que ser sedimentadas jurídicamente en los presupuestos del Estado,

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por compromisos de contratos-programas y de servicios de interés nacional o de subvenciones por el transporte de mercancías y viajeros, sobre todo con el archipiélago canario, y que se vienen haciendo con demoras superiores al año por los procedimientos complicados de intervención. Además, la compañía Trasmediterránea no entrega la cuenta de resultados el 1 de enero del año siguiente al ejercicio económico, porque si se ven los expedientes, una vez que tiene hecho los cálculos correspondientes de los compromisos financieros, vienen con considerable retraso. Nosotros entendemos que habiéndose cumplido todos los principios exigibles en derecho, como demuestra el dictamen favorable del Consejo de Estado, habiéndose ordenado por la Intervención General del Estado los pagos correspondientes y estando concedidas las autorizaciones de la Dirección General de Presupuestos, lo que procede, cuanto antes, es aprobar este proyecto de ley y realizar la liquidación correspondiente a la compañía Trasmediterránea, única que viene prestando este servicio de pasajeros en los archipiélagos, y que no se produzca ningún deterioro más en su condición financiera. Por lo demás, mi grupo no tiene nada que añadir, sino reafirmar el voto favorable para la aprobación de este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) tiene la palabra el señor Sedó.


El señor SEDÓ I MARSAL: Gracias, señora presidenta.


Quiero anunciar que nuestro grupo va a votar a favor del proyecto de ley que se presenta y en contra de la enmienda de totalidad que se está debatiendo. Tras la denuncia del contrato regulador y habiendo llegado a esta Cámara el proyecto de liquidación con el respaldo, como se ha citado, del Consejo de Estado y de la Intervención General de la Administración del Estado, tenemos plena garantía de que el tema se está llevando correctamente. En nuestra opinión lo que procede es cursar rápidamente el proyecto y el debate futuro sobre Trasmediterránea se podrá hacer en la comisión correspondiente, que sería la de Infraestructuras, en la que ya se ha solicitado la comparecencia del presidente de Trasmediterránea. Siempre se comenta pero nunca se exige en las reuniones de la Mesa una comparecencia de suma urgencia. Hoy podría haberse solicitado -yo no he estado presente en la reunión de la Mesa-, pero las urgencias son otras distintas de la comparecencia del presidente de Trasmediterránea.
El señor Mardones, del Grupo de Coalición Canaria, ha dicho hace un momento que si el proyecto se devuelve se generarían más intereses que tendría que pagar Hacienda, en perjuicio para el Estado. Si ha habido una ineficacia en la gestión por parte de la Administración, tendríamos que hacer la oportuna reclamación por otra vía, pero si es correcta la actuación, como viene a confirmar la Intervención General del Estado, lo que hay que hacer es tramitar el proyecto de ley. La devolución alarga todos los plazos. En todo caso, si se necesita más información al respecto, este proyecto pasa a la comisión, no a la de Infraestructuras sino a la de Presupuestos, en la que se podrá solicitar. Lo que corresponde en este momento es dejar de lado otros aspectos sobre el futuro de Trasmediterránea o la perenne obsesión sobre la organización que tiene la compañía y solicitar más información dentro de la Comisión de Presupuestos y tramitar el proyecto, que es lo que procede. Nuestra votación será a favor de la tramitación del proyecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Sedó.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Jiménez Suárez.


El señor JIMÉNEZ SUÁREZ: Gracias, señora presidenta.


Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular evidentemente para anunciar nuestro voto en contra de la enmienda presentada por el Grupo Socialista. Confieso mi escepticismo en cuanto a convencer al señor Segura, porque a este diputado le han explicado las cuentas de Trasmediterránea por activa y por pasiva. Se las ha explicado el ministro de Hacienda dos veces en Pleno; el ministro de Fomento una vez en Comisión; se las han explicado los distintos portavoces de la Comisión de Infraestructuras y de la Comisión de Hacienda, señores Ortiz, López-Amor y Souvirón, en Comisión y en Pleno. Ha leído los informes del Tribunal de Cuentas, ha leído los informes del Consejo de Estado, ha leído los informes de la Intervención General del Estado y sigue diciendo lo mismo que hace un año, sin ningún tipo de argumento. Hace un año nos anunciaba que venía el lobo de la Unión Europea y nos iba a dar un varapalo. No ha venido el lobo de la Unión Europea y no nos ha dado ningún varapalo. No tiene ningún argumento, señoría.
Hoy dice que el argumento es la ineficacia de la Administración y el concurso público. Señoría, está confundiendo la política de Estado con la política de partido. Estamos ante una obligación del Estado con una empresa pública -repito, empresa pública- que adquirió el Gobierno de la UCD en 1978, mediante un contrato, con sus cláusulas, como todos los contratos. Estamos ante unas obligaciones del Estado para con una empresa pública que adquirió el Gobierno, por una decisión del Partido Socialista en 1995 de denunciar un contrato y a la hora de denunciar el contrato se generaban derechos y obligaciones hacia la empresa pública. Lo único que ha hecho el Gobierno del Partido

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Popular es liquidar las bonificaciones de tarifas de 1996 y 1997 y los derechos y obligaciones derivados de la denuncia del contrato por parte del Gobierno del Partido Socialista. En cuanto a lo que usted dice de que no es admisible la denuncia del contrato, están, por ejemplo, 1.200 millones por impuestos de carburantes al Gobierno de Canarias, que no se habían incluido en las cuentas porque estaban litigados o denunciados ante el Tribunal Supremo. Señoría, no tiene argumentos y lo único que hace es seguir la estrategia, el librito de su grupo de oponerse a todo porque sí, pero hay determinadas obligaciones de Estado que hay que cumplir, que es lo que hace el Partido Popular. Se lo puedo decir más alto, pero no más claro. Mis dotes pedagógicas no superan las de mis antecesores, pero sí apelo a su responsabilidad y a lo inútil de su estrategia partidista de decir a todo que no. Simplemente le hago una pregunta para su reflexión: ¿se imagina S.S. lo que hubiese ocurrido si el año pasado se hubiese aprobado la enmienda a la totalidad que puso el Partido Socialista sobre un crédito de 15.000 millones y se hubiese devuelto el decreto- ley? ¿De cuántos intereses estaríamos hablando hoy, señoría? Sería su responsabilidad, pero, afortunadamente, la Cámara adoptó el acuerdo de aprobar el decreto-ley y abonar una responsabilidad del Estado y hoy estamos hablando de los intereses de los que hablamos. Le recuerdo que son intereses de unas deudas de bonificaciones de tarifas, de obligaciones contractuales, de derechos y obligaciones por la denuncia de un contrato hecha por el Gobierno socialista.
Sigo sin entender su postura, porque hace un año parecía que usted era un comisario de la Unión Europea advirtiéndonos de que lo estábamos haciendo mal. Hoy nos dice que es porque estamos sacando un concurso público y habla de la ineficacia de la Administración. No sé si está defendiendo una empresa pública, si está constatando el rigor jurídico y la procedencia legal de lo que estamos haciendo o si está defendiendo a las navieras privadas. Señoría, que conste que me confunde usted con su actitud.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Jiménez Suárez. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, vamos a proceder a la votación de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Socialista.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 256; a favor, 95; en contra, 160; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Queda rechazada la enmienda a la totalidad.
Se levanta la sesión.


Eran las dos y treinta minutos de la tarde.

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