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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 132, de 20/12/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 132

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA

Sesión plenaria núm. 127

celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2001

ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado.


- Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 46-1, de 28 de septiembre de 2001. (Número de expediente 121/000047.) . . . (Página 6621)

- Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 50-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000050.) . . . (Página 6621)

- Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las Comunidades Autónomas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 48-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000048.) . . . (Página 6621)

- Proyecto de Ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y Ciudades con Estatuto de Autonomía.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 49-1, de 10 de octubre de 2001. (Número de expediente 121/000049.) . . . (Página 6621)

Página 6614


- Proyecto de Ley Orgánica de Universidades. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 45-1, de 31 de julio de 2001. (Número de expediente 121/000045.) . . . (Página 6639)

Votaciones de conjunto . . . (Página 6654)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales.


- Protocolo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo y Convenio entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la constitución del Fondo General de Cooperación de España, hechos en Santiago el 18 de marzo de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 190, de 14 de septiembre de 2001. (Número de expediente 110/000111.) . . . (Página 6655)

- Acuerdo relativo a la organización internacional de telecomunicaciones por satélite (INTELSAT) y acuerdo operativo, con sus respectivas enmiendas, aprobados por la Vigésima Quinta Asamblea de Partes (13 a 17 de noviembre de 2000) y la Trigésima Primera Reunión de Signatarios (9 y 10 de noviembre de 2000). "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 191, de 18 de septiembre de 2001.
(Número de expediente 110/000112.) . . . (Página 6655)

- Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud relativo a las instalaciones y servicios y a la condición jurídica reconocida a la organización con motivo de la celebración en Madrid (España) del 51.º período de sesiones del Comité Regional para Europa, del 10 al 13 de septiembre de 2001, hecho en Ginebra el 2 de julio de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 193, de 27 de septiembre de 2001. (Número de expediente 110/000113.) . . .
(Página 6655)

- Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 194, de 27 de septiembre de 2001. (Número de expediente 110/000114.) . . .
(Página 6656)

- Acuerdo entre España y Colombia relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 196, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000115.) . .
. (Página 6657)

- Denuncia del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 1952. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 197, de 5 de octubre de 2001.
(Número de expediente 110/000116.) . . . (Página 6659)

- Convenio Internacional sobre el embargo preventivo de buques, 1999, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999 y Reserva que España va a formular en el momento de la adhesión. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 198, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000117.) . . . (Página 6659)

- Denuncia del Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, hecho en Bruselas el 10 de abril de 1926. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 199, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000118.) . . . (Página 6659)

- Convenio Internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, 1993, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 200, de 5 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000119.) . . . (Página 6659)

- Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia de transporte internacional por carretera, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 204, de 15 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000120.) . . . (Página 6659)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Ucrania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 205, de 15 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000121.) . . . (Página 6659)

Página 6615


- Convenio de transporte marítimo entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 206, de 15 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000122.) . . . (Página 6660)

- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 208, de 19 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/000123.) . . . (Página 6660)

- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Lituania, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República de Eslovenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 209, de 19 de octubre de 2001. (Número de expediente 110/ 000124.) . . . (Página 6660)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 218, de 16 de noviembre de 2001. (Número de expediente 110/000125.) .
. . (Página 6660)

- Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 25 de julio de 2001. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 219, de 16 de noviembre de 2001.
(Número de expediente 110/000126.) . . . (Página 6660)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 25-1, de 22 de diciembre de 2000. (Número de expediente 121/000025.) . . . (Página 6663)

Debates de totalidad de iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 57-1, de 23 de noviembre de 2001. (Corrección de error en escrito con núm. reg.
53387.) (Número de expediente 121/000057.) . . . (Página 6672)

- Proyecto de Ley Orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 58-1, de 28 de noviembre de 2001. (Número de expediente 121/000058.) . . . (Página 6672)

Votación de conjunto . . . (Página 6696)

Declaración institucional . . . (Página 6699)

Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas.


- Proyecto de Ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 61-1, de 7 de diciembre de 2001. (Número de expediente 121/ 000061.) . . . (Página 6699)

Votación de conjunto . . . (Página 6716)

Página 6616


S U M A R I O

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


Página

Enmiendas del Senado . . . (Página 6621)

Página

Proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 . . . (Página 6621)

Página

Proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social . . . (Página 6621)

Página

Proyecto de ley orgánica de comunidades autónomas . . . (Página 6621)

Página

Proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía . . .
(Página 6621)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; y los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; López de Lerma i López y Padrol i Munté, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Caldera SánchezCapitán, del Grupo Parlamentario Socialista, y De Juan i Casadevall y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En primer lugar se someten a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.


Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 64.1, se rechaza por 189 votos en contra y una abstención.
Sometida a votación la enmienda del Senado a la sección 19, concepto 101, punto 322, punto 454, se rechaza por 16 votos a favor y 178 en contra.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la disposición adicional decimosegunda, apartado tercero y enmiendas a la sección 18, se aprueban por 193 votos a favor y una abstención.


Sometidas a votación el resto de enmiendas del Senado, se aprueban por 179 votos a favor, uno en contra y 14 abstenciones.


En segundo lugar se procede a la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al artículo 1, apartados cinco y doce; artículo 2, apartado nueve; artículo 7 ter; artículo 50, apartado cinco; artículo 64 y disposiciones adicionales decimosexta y vigésimo novena, se aprueban por 194 votos a favor y una abstención.


Sometida a votación la enmienda del Senado al artículo 71, se rechaza por dos votos a favor, 191 en contra y una abstención.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a las disposiciones adicionales trigésima a trigésima quinta, se rechazan por 17 votos a favor, 176 en contra y dos abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la exposición de motivos, apartado II, párrafos 5.º y 6.º, se rechazan por 193 votos en contra y una abstención.


Sometidas a votación el resto de enmiendas, con las correcciones técnicas anunciadas en el debate, se aprueban por 180 votos a favor y 14 abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de financiación de las comunidades autónomas, se aprueban por 193 votos a favor y una abstención.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común y ciudades con estatuto de autonomía, se aprueban por 194 votos a favor.


Página

Proyecto de ley orgánica de universidades . . . (Página 6639)

Página 6617


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, Núñez Castain, Puigcercós i Boixassa, Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Labordeta Subías, del Grupo Parlamentario Mixto; la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; el señor González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades, se aprueban por 194 votos a favor y 136 en contra.


Votación de conjunto . . . (Página 6654)

Proyecto de ley orgánica de universidades . . . (Página 6654)

Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de universidades, se aprueba por 196 votos a favor y 134 en contra.


Proyecto de ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas . . . (Página 6655)

Sometido a votación de conjunto el proyecto de ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, se aprueba por 193 votos a favor, un en contra y dos abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales . . . (Página 6655)

Protocolo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo y Convenio entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la constitución del Fondo General de Cooperación de España, hechos en Santiago el 18 de marzo de 2001 . . . (Página 6655) Sometido a votación, se aprueba por 323 votos a favor y tres abstenciones.


Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (INTELSAT) y Acuerdo operativo, con sus respectivas enmiendas, aprobados por la Vigésima Quinta Asamblea de Partes (13 a 17 de noviembre de 2000) y la Trigésima Primera Reunión de Signatarios (9 y 10 de noviembre de 2000) . . 6655

Sometido a votación, se aprueba por 325 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud relativo a las instalaciones y servicios y a la condición jurídica reconocida a la Organización con motivo de la celebración en Madrid (España) del 51.º período de sesiones del Comité Regional para Europa, del 10 al 13 de septiembre de 2001, hecho en Ginebra el 2 de julio de 2001 . . . (Página 6655)

Sometido a votación se aprueba por 324 votos a favor y una abstención.


Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación . . . (Página 6656)

En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Moreno Sirodey, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ricomá de Castellarnau, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación, se aprueba por 324 votos a favor.


Acuerdo entre España y Colombia relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2001 . . . (Página 6657)

En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora De la Cruz Valentín, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor

Página 6618


Herrera Antonaya, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometido a votación, se aprueba por 303 votos a favor, dos en contra y 15 abstenciones.


Denuncia del Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 1952 . . . (Página 6659)

Sometida a votación, se aprueba por 319 votos a favor.


Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques, 1999, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999, y reserva que España va a formular en el momento de la adhesión . . . (Página 6659)

Sometido a votación, se aprueba por 317 votos a favor.


Denuncia del Convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegios e hipotecas marítimas, hecho en Bruselas el 10 de abril de 1926 . . . (Página 6659)

Sometida a votación, se aprueba por 315 votos a favor y dos abstenciones.


Convenio internacional sobre los privilegios marítimos y la hipoteca naval, 1993, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993 . . . (Página 6659)

Sometido a votación, se aprueba por 315 votos a favor y una abstención.


Acuerdo entre el Gobierno del Reino de España y el Gobierno de la Federación de Rusia de transporte internacional por carretera, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001 . . . (Página 6659)

Sometido a votación, se aprueba por 317 votos a favor.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Ucrania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 . . . (Página 6659)

Sometida a votación, se aprueba por 316 votos a favor y una abstención.


Convenio de transporte marítimo entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001 . . . (Página 6660)

Sometido a votación, se aprueba por 316 votos a favor.


Declaración de aceptación por España de las adhesiones de las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 . . . (Página 6660)

Sometida a votación, se aprueba por 316 votos a favor.


Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Lituania, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República de Eslovenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970 . . . (Página 6660)

Sometido a votación, se aprueba por 316 votos a favor.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 . . . (Página 6660)

Sometida a votación, se aprueba por 313 votos a favor y tres abstenciones.


Página 6619


Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 25 de julio de 2001 . . . (Página 6660)

En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras De la Cruz Valentín, del Grupo Parlamentario Socialista, y Muñoz Uriol, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


El señor Caldera Sánchez-Capitán solicita la palabra en virtud del artículo 71.3 del Reglamento, que le es denegada por la Presidencia, y a continuación la pide en virtud del artículo 102, siéndole también denegada por la Presidencia.


Sometido a votación el Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 25 de julio de 2001, se aprueba por 194 votos a favor y 19 abstenciones.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas . . . (Página 6663)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas . . . (Página 6663)

En defensa de las enmiendas mantenidas a este proyecto de ley intervienen los señores Puigcercós i Boixassa y Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; y los señores Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Lissavetzky Díez y Navarrete Merino, del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora Fernández de Capel Baños, antes de entrar a fijar la posición de su grupo, pide al señor Navarrete Merino que retire la palabra terrorista refiriéndose al Partido Popular, quedando aclarado el incidente por el señor Navarrete Merino.


En turno de fijación de posiciones interviene la señora Fernández de Capel Baños.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas . . . (Página 6672)

Proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia . . .
(Página 6672)

Proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia . . . (Página 6672)

Presenta los dos proyectos de ley en nombre del Gobierno el señor ministro de Defensa (TrilloFigueroa y Martínez-Conde). Manifiesta que los dos proyectos de ley que plantean la reforma del Cesid ponen de relieve una voluntad política sostenida en un pacto de Estado, convocado por el Gobierno para la redacción de estos proyectos y al que han respondido con sentido de Estado, que se honra en reconocer ante la Cámara, el Partido Socialista Obrero Español y también el Grupo de Convergència i Unió y el de Coalición Canaria, y solicita, con la solemnidad y la transparencia que garantiza el Parlamento, que se adhieran a ese pacto de Estado los grupos que aún no lo han hecho y que han presentado enmiendas a la totalidad. Considera que la filosofía que inspira estos dos proyectos de ley puede ser compartida por todos. El Centro Nacional de Inteligencia quiere ser -dice- un centro moderno, eficaz, coordinado adecuadamente para formar una auténtica comunidad de inteligencia y se somete al principio del control que garantiza, sin ninguna duda, la ley orgánica que acompaña al principal proyecto. A continuación explica las características más destacadas del nuevo Centro Nacional de Inteligencia.


En defensa de las enmiendas de totalidad presentadas a los dos proyectos de ley intervienen los señores Alcaraz Masats, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Saura Laporta, Rodríguez Sánchez, Puigcercós i Boixassa y la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto.


Replica el señor ministro de Defensa, duplicando los señores Alcaraz Masats y las señoras Uría Etxebarría y Lasagabaster Olazábal.


Cierra el debate el señor ministro de Defensa.


Página 6620


Pide la palabra por alusiones el señor Alcaraz Masats, que le es denegada por la Presidencia.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Maldonado Gili, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Marsal Muntalá, del Grupo Parlamentario Socialista, y Atencia Robledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. (Votación) .
. . (Página 6696)

Proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al Derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas . . . (Página 6696)

Se procede a las votaciones de las enmiendas presentadas por los grupos parlamentarios Mixto, Coalición Canaria, Federal de Izquierda Unida, Catalán y Socialista al proyecto de ley.


Debates de totalidad de iniciativas legislativas. (Votación) . . .
(Página 6696)

Proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia . . .
(Página 6698)

Proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia . . . (Página 6698)

Sometidas a votación las seis enmiendas de totalidad de devolución presentadas al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, se rechazan por 23 votos a favor, 283 en contra y una abstención.


Sometidas a votación las enmiendas de totalidad de devolución al proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, se rechazan por 22 votos a favor, 282 en contra y una abstención.


Declaración institucional . . . (Página 6699)

La Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone a la Cámara una declaración institucional ante los sucesos registrados en distintas ciudades de la República Argentina, que es aprobada por asentimiento.


Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas .
. . (Página 6699)

Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo . . . (Página 6699)

Presenta el proyecto de ley el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero), en nombre del Gobierno. Explica que el concierto económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco, aprobado en 1981, limita su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que era necesario acordar un nuevo concierto a partir del 1 de enero de 2002.
La ausencia de una ley de concierto económico en vigor supondría para los ciudadanos, las empresas y las diputaciones forales, para los contribuyentes en suma, una situación de inseguridad jurídica provocada por un vacío legal. Por eso -añade- el Gobierno de la nación entabló las oportunas conversaciones con el Ejecutivo vasco y con las diputaciones forales para la renovación del vigente concierto económico, pero ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo, se ha visto en la obligación de presentar este proyecto de ley orientado a garantizar la permanencia del régimen foral de los territorios históricos dentro del Estado de las Autonomías en España.
Explica una serie de modificaciones efectuadas en el concierto económico a lo largo de los veinte años en que ha estado en vigor y argumenta las razones por las que es necesario la prórroga del vigente concierto, aunque no descarta la posibilidad de seguir las negociaciones con el Ejecutivo vasco y las diputaciones forales para intentar alcanzar el acuerdo.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida interviene el señor Rejón Gieb.


En turno en contra interviene el señor ministro de Hacienda (Montoro Romero).


Página 6621


Replica el señor Rejón Gieb, duplicando el señor ministro de Hacienda.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto, y el señor Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV).


Contesta el señor ministro de Hacienda, replican la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Azpiazu Uriarte y duplica el señor ministro de Hacienda.


Continuando con el turno de fijación de posiciones intervienen la señora Mendizábal Gorostiaga, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Cámara Ródriguez-Valenzuela, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Por alusiones intervienen en un breve turno los señores Alcaraz Masats y Cámara Rodríguez-Valenzuela.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, se rechaza por 18 votos a favor, 165 en contra y 77 abstenciones.


Votación de conjunto . . . (Página 6716)

Sometido a votación de conjunto el texto del proyecto de ley por haberse realizado el debate de acuerdo con el trámite de lectura única, se aprueba por 166 votos a favor, 18 en contra y 76 abstenciones.


La señora presidenta, en nombre de la Mesa y en el suyo propio, expresa sus mejores deseos para la Pascua de Navidad a los señores diputados.


Se levanta la sesión a las ocho y cinco minutos de la noche

Se reanuda la sesión a las nueve y cinco minutos de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2002. (Número de expediente 121/000047.)

- PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL. (Número de expediente 121/000050.) - PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/ 000048.)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS DE RÉGIMEN COMÚN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMÍA.
(Número de expediente 121/000049.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Punto VII del orden del día: Enmiendas del Senado.
Recuerdo a SS.SS. que, en función de la ordenación del debate llevada a efecto en la Junta de Portavoces, se debatirán conjuntamente las enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social, al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y al proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común. Asimismo anuncio a SS.SS. que la votación final de conjunto, dado el carácter orgánico del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, así como la votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de universidades se celebrará al finalizar el debate correspondiente a las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades y en ningún caso antes de la una de la tarde. Insisto, hago referencia a la votación de conjunto de carácter orgánico. El resto de las enmiendas se votarán en el momento procesal oportuno, después del debate de cada uno de ellos.
Iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley de presupuestos, al proyecto de ley de medidas fiscales administrativas y del orden social, al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y al proyecto de ley por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) En primer lugar, por parte del Grupo Mixto, señor Aymerich.
(Rumores.) Señorías, guarden silencio. Iniciamos el debate.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, en esta peculiar forma de entender el ejercicio de la potestad legislativa que hoy se nos impone me toca, en el brevísimo tiempo de tres o cuatro minutos,

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valorar las enmiendas introducidas en el Senado a cuatro proyectos de ley, proyectos de ley que no son precisamente de poca entidad. El caso es que las enmiendas introducidas por el Senado esta vez, y espero que el Partido Popular no le coja el gusto a esta peculiar manera de entender y de limitar la participación de los demás grupos en el trabajo legislativo, no son precisamente de poca envergadura.
Hay cambios regresivos en la regulación de los impuestos especiales, revisión de las previsiones macroeconómicas, no por cierto de la que podía aprovechar a empleados públicos y a los perceptores del salario mínimo interprofesional, que siguen año tras año perdiendo poder adquisitivo, y enmiendas que vuelven a la Cámara sólo para ser plebiscitadas y no discutidas, de acuerdo con el entendimiento que de la democracia tiene este Gobierno y tiene el Partido Popular. Uno va perdiendo la cuenta. Cuando el proyecto de ley de presupuestos y la ley de acompañamiento salieron del Congreso afectaban a 24 leyes, ocho reales decretos legislativos y dos decretos leyes. No sería capaz en este momento de saber cuántas y cuáles son las disposiciones con fuerza de ley que a través de tan sumario debate se van a ver modificadas, por no hablar ya de que en el Senado, en una pirueta aún no bien explicada -la verdad es que el dúo Villalobos- Montoro no es el mejor para explicar ciertas cosas-, se pise un acuerdo logrado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. No es que nosotros estuviésemos de acuerdo con ese convenio, nunca lo estuvimos, porque reduce la autonomía financiera de Galicia y consolida -este es el entendimiento que tiene el Partido Popular de la consolidación del Estado autonómico- su subdesarrollo relativo respecto de otros territorios del Estado y de Europa, entre otras cosas, porque los famosos 17.000 millones suplementarios, respecto de las cifras del año 1999, suponen para Galicia un incremento 4,5 veces inferior a la subida media experimentada por el conjunto de las comunidades autónomas.
Me refiero a este acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera simplemente para constatar que el pacto con el Partido Popular es imposible. Allá quien lo intente. Ahí lo tienen. Si no les llegó el fiasco del pacto de la justicia, que sirvió únicamente para incrementar la dependencia gubernamental del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional, tienen ahora el gran éxito de la financiación autonómica. Un mal negocio, porque aquél que pretende acariciar a un perro de presa, como es previsible, acaba perdiendo la mano. En fin, así vamos, por el camino de consolidar un modelo de comunidades autónomas y un modelo de financiación autonómica que lo que hace es consolidar la injusticia entre territorios y entre grupos sociales, consolidar las diferencias retributivas, fiscales y de cobertura social entre personas y clases, pero también consolidar desequilibrios territoriales en nivel estatal y europeo. Porque aunque sean muchas las cosas que cambiaron en el Senado, otras se mantienen invariables, como, por ejemplo, que la inversión media por habitante no alcance en Galicia para el año 2002 las 38.000 pesetas, mientras que la media estatal de inversión sea superior a las 75.000. Así, señorías, convendrán conmigo en que es imposible mejorar infraestructuras, rentas o en general elevar el bienestar de los gallegos y de las gallegas. De esta manera ni en cien años llegaremos a converger a nivel estatal o europeo, máxime si, como todo parece indicar, en el año 2006 vamos a dejar de percibir financiación estructural comunitaria.
Señorías, estamos pasando una ola de frío, estamos pasando heladas que por un momento parecen dejar inmóvil a la naturaleza, pero este frío y este hielo meteorológicos pasan enseguida. El problema va a ser cómo nos libramos del frío político y económico glacial al que nos condena para el año 2002 el Partido Popular y que hoy va a imponer con sus votos.
El Bloque Nacionalista Galego, y si quieren me pueden interpretar literalmente, no va a votar estas cuatro leyes.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señorAymerich.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Señora presidenta, señorías, estamos aquí para analizar estos cuatro puntos, quizá el más importante sin duda alguna el de los presupuestos, en una tramitación que ha durado meses, donde por lo menos desde Andalucía, una comunidad que tiene 9 puntos de diferencia con el resto de España en índice de paro, buscábamos un presupuesto que disminuyese la diferencia entre las comunidades españolas, que incrementase la convergencia interior y que fuese real. Nos hemos encontrado con un presupuesto con un paradigma, el del déficit cero, y con una evolución, con una evolución de lo que ha ido diciendo el Gobierno. El Gobierno ha dicho, en primera instancia, que el escenario que dibujaban los presupuestos era el escenario del mundo, que estaba bien hecho. A la vista de los cambios importantísimos que se han dado en el escenario macroeconómico, el Gobierno pasó a decir que es verdad que el mundo cambia, porque eso es inevitable y sale en los periódicos, pero que España, no. Aquí teníamos bien hechos los números y no cambiamos.
Sostener esta tesis es sostener que no incide en nuestra capacidad de generación de ingresos la variación tan importante que han tenido las previsiones de crecimiento económico en España. Hemos pasado el presupuesto por el Senado y hemos llegado a la tercera fase, que es que el mundo cambia, nosotros no cambiamos, pero maquillamos el cambio real que tenemos que hacer. Maquillamos el cambio real porque no nos cuadran los ingresos; maquillamos el cambio real y creamos nuevas tasas y nuevos impuestos y hacemos, por

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tanto, un presupuesto sin cambiar desde la mayoría absoluta.
Aquí, señorías, se han escuchado cosas muy peregrinas desde la mayoría absoluta, que podrá tener los votos pero no la razón. Este diputado ha llegado a escuchar que el Guadalquivir es gallego, como si la mayoría absoluta fuese capaz de cambiar la geografía. Señorías, atiendan ustedes a la calle. Es posible que tengan la mayoría parlamentaria, pero no la mayoría de la opinión pública. Sean sensibles con lo que está pasando, dialoguen con los grupos que estamos en este Parlamento, dialoguen con las llamadas minorías parlamentarias, que no representan a la minoría de la población, sino que, aplicando esa famosa Ley d'Hont que nos cae a todos encima, resulta que no somos tan minoría. Este humilde portavoz, que es uno nada más, tiene votos como la media de seis diputados del Gobierno.
Por tanto, aviso que no se aplique esa única ley de: somos más, esto es lo que hay, no se negocia y estos son los presupuestos. Así no vamos a ningún lado. Andalucía no se ve reflejada, no resuelve sus problemas y, por tanto, éste no es el presupuesto que necesita España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, vamos aprobar un bloque de cuatro leyes provenientes del Senado, pero, después de pasar por el trámite del Senado, estamos en una situación económica muy diferente, estamos en una situación ya de estancamiento de crecimiento económico y de creación de ocupación y, sobre todo, con la sensación de que el ciclo económico está cambiando. Ante esto, el Gobierno se empecina en mantener unos presupuestos como si la economía estuviera en plena fase de expansión, como si en definitiva aquí no hubiera pasado nada.
El Gobierno, repito, se empecina en mantener el déficit cero, en sacar adelante una ley absurda como es la ley de estabilidad presupuestaria. Y ante todo esto, el Gobierno mete mano en la caja de las sorpresas con la creación de un sobreimpuesto al impuesto de la gasolina. Y la caja de las sorpresas sirve también para cerrar el Presupuesto de 2001 con superávit; mete mano en el fondo de reserva de la Seguridad Social con 1.833 millones. Esta es la situación. Son artilugios contables para mantener la coherencia ante lo que nosotros ya definíamos como absurdo, una ley de estabilidad presupuestaria, un déficit cero ante una situación económica diferente. Pero al final se descubre que todo era para meter en vereda a las comunidades autónomas, que se habían creído que tenían capacidad económica, capacidad presupuestaria, capacidad de financiación. Esta es la mejor definición del programa económico, en materia presupuestaria, del Partido Popular.
El Senado no sólo ha servido para esto, ha servido para crear nuevos impuestos, para legitimar nuevos impuestos inexistentes, algunos afectando incluso a la naturaleza de los que ya existían. Luego no se entiende cuando se cuestiona que algunas comunidades autónomas, como es el caso de las Illes Balears o de Cataluña, creen nuevos impuestos y se lleven al Constitucional. Por ejemplo, impuestos sobre grandes superficies o la ecotasa en el gobierno balear. Es un trámite que no entendemos. El Senado podría haber servido, con lo que ha nevado estos días, para poner en vereda a las compañías eléctricas, visto el funcionamiento, en la ley de acompañamiento y dar la solución desde el Senado. No ha servido para esto, no ha habido reflejos. Al contrario, el Gobierno mantiene rumbo al infinito con esta situación, repito, absurda.
Entendemos que no podemos votar favorablemente a un bloque de leyes, la ley de presupuestos, la ley de acompañamiento, la modificación de la LOFCA, la ley de financiación, porque no persiguen el realismo ni soluciones a los problemas que se pueden plantear en los próximos años. El Gobierno sigue empecinado, repito, en poner en vereda a las comunidades autónomas, en controlar aún más, en esta especie de reconquista del Estado en la que se ha metido el Partido Popular.
Nosotros vamos a votar en contra y el tiempo nos dará la razón. El tiempo, que quita y da razones, va a dar la razón a aquellos que decíamos que la ley de estabilidad presupuestaria, que el déficit cero, no acompaña a los tiempos, que es una ley absurda. Por estas razones, Esquerra Republicana de Catalunya va a votar en contra.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, hoy se da un hecho insólito, se agrupan cuatro leyes importantísimas, como se ha dicho, y prácticamente todos los grupos de la oposición hemos manifestado nuestro acuerdo en no participar en la votación de estas cuatro leyes. ¿Por qué? Porque pensamos que el Gobierno está despreciando el papel del Congreso.
Quisiera empezar mi intervención leyendo lo que dijo el señor presidente del Gobierno, el señor Aznar, en la investidura del 3 de mayo de 1996. El primer párrafo del señor Aznar decía literalmente: Deseo renovar nuestra vida pública, renovación para dar impulso a la modernización de España y que debe afectar a los comportamientos políticos, al modo en que se ejerce el poder. Quiero -seguía el señor Aznar- que la etapa

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que se inaugura se caracterice por un nuevo estilo de gobernar.
Continuaba diciendo: El Parlamento debe recuperar el lugar que le corresponde, el centro del debate político. Hoy, estas palabras aparecen como una burla, como un sarcasmo. Nuevo estilo, nueva forma de ejercer el poder, el Parlamento el centro del debate político, y nos encontramos ante una ley de acompañamiento que viene del Senado con cuestiones importantísimas, el nuevo impuesto sobre los hidrocarburos, nuevos impuestos especiales, la modificación del Estatuto de Radiotelevisión Española, donde no ha sido posible en el Congreso de los Diputados discutir, proponer modificaciones, enmiendas de supresión o enmiendas de adición. Pero además nos encontramos ante unos Presupuestos Generales del Estado que, como decíamos en el anterior trámite, son de ficción, son irreales. Son tan irreales que el propio Gobierno, entre el trámite del Congreso y el trámite del Senado, ha debido variar el cuadro macroeconómico. Voy a hacer referencia al impuesto sobre la gasolina diciendo que el Gobierno ha hecho una perversión del impuesto ecológico. Es un Gobierno que está en contra de la ecotasa de Baleares, es un Gobierno que veta en la Unión Europea el establecimiento de una ecotasa en función de las emisiones de CO2, y es un Gobierno que propone un incremento del impuesto sobre la gasolina simplemente porque el cuadro macroeconómico que ha diseñado es falso, es irreal y necesita cumplir su falso objetivo de déficit cero.
Por eso, señoras y señores diputados, Iniciativa per Catalunya-Verds no va a participar en la votación de estos cuatro proyectos de ley como denuncia de lo que consideramos que es una degradación del funcionamiento democrático del Congreso de los Diputados que ejerce el Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señorías, me gustaría hacer tres reflexiones en este trámite de cuatro leyes fundamentales. Esta es la verdadera cara del diálogo del Partido Popular. Esto es lo que dialogan y esto es lo que preconizan el debate y el diálogo. Nada. A lo largo de la tramitación hemos visto, especialmente en los presupuestos y en la ley de acompañamiento, que se han introducido, vía enmiendas, por parte del propio Partido Popular multitud de elementos absolutamente relevantes y transcendentes en materias concretas. No hablamos, y es ya de por sí absolutamente importante, de la creación de un nuevo impuesto, de las tasas, sino también, aunque algunos probablemente no lo van a decir, de la modificación de leyes orgánicas que afectan a aspectos sustanciales, como la financiación de partidos políticos o la Ley electoral de régimen general, sin entrar en el contenido. Esto es inadmisible en una tramitación que se pretenda cuando menos correcta y acorde con lo que debe ser el espíritu parlamentario.
Señores del Partido Popular, tienen los votos, no tengan miedo. Si realmente quieren modificar leyes, crear impuestos y hacer otra serie de cuestiones, plantéenlo donde deben, y no solamente en el Senado, porque también aquí algo tendríamos que haber señalado; plantéenlo, vayamos a debatir, porque al final tienen los votos y lo sacarán.
Pero lo que no se puede hacer es utilizar los votos como mayoría apisonadora. Y vuelvo a decir que no solamente en las cuestiones que hoy se van a suscitar desde otros grupos parlamentarios, sino también en las que afectan a derechos importantísimos. Esto es lo que nos ha venido a traer la mayoría del Partido Popular y que no admitimos.
Creemos que se ha utilizado ya hasta llegar al paroxismo una técnica legislativa inadecuada. Lo dijimos en el primer momento del debate, especialmente en la ley de acompañamiento, y hoy es el reflejo máximo de lo que no se debe hacer.
No quisiera irme de esta tribuna sin suscitar que no estamos de acuerdo en esta técnica legislativa que cada vez, desde nuestro punto de vista, no va a mejor. Creemos asimismo que, en coherencia con lo que vamos a hacer, no aprobar, no apoyar, no participar en un supuesto debate y votación cuya técnica no nos gusta -aunque mantenemos, como es lógico, la legitimidad de los votos que ustedes tienen-, si les parece inadecuada y abusiva esta técnica -y hablamos también al Grupo Parlamentario Socialista-, porque es contraria al diálogo y porque, en definitiva, puede interpretarse como vulneración de los principios democráticos, supongo que pensarán lo mismo de la técnica utilizada por el Gobierno para la prórroga unilateral del concierto. Así que, señores, miro a la derecha y también a la izquierda, porque, si esto les parece que no es adecuado, que no es propio, que no es conveniente para los principios democráticos parlamentarios, imagino que lo mismo deberían pensar en el caso de la prórroga unilateral del concierto. No compartimos esta técnica.
Tienen los votos, utilícenlos, pero ejérzanlo con un principio democrático de debate y de diálogo.
No vamos a participar en esta votación, pero pediríamos coherencia a todos los grupos parlamentarios, porque lo que no nos parece bien de unas leyes, tampoco debería parecérnoslo de otras.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta,señorías, decíamos el pasado mes de octubre, durante

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el debate de la enmienda a la totalidad presentada por Chunta Aragonesista a la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social de los Presupuestos Generales del Estado para 2002, que era insostenible para una democracia participativa y real.
Se está cercenando el debate parlamentario al negar a los grupos de la oposición el tiempo necesario para discutir adecuadamente las reformas, mostrando un talante en absoluto respetuoso con la Cámara.
Además, no decimos esto sólo nosotros, sino que este hecho quedó refrendado por las argumentaciones realizadas en el dictamen emitido por el Consejo Económico y Social a propósito del proyecto de ley citado. Dice textualmente: El Consejo Económico y Social quiere volver a plantear su disconformidad con la inadecuada técnica legislativa que supone y los problemas que suscita el uso de una ley que regula una profusión de materias tan dispares que acaba provocando una dispersión de las normas reguladoras, que dificulta su localización y entendimiento por parte del ciudadano obligado por ellas a la vez que, por otra parte, impide a este Consejo realizar una valoración global del texto objeto de dictamen, tal y como ha manifestado en sus seis anteriores pronunciamientos sobre el tema.
Han conseguido multiplicar y hacer más consistente el argumento utilizado por el Consejo Económico y Social al comprobar la tramitación que han tenido las leyes objeto del debate -presupuestos, acompañamiento, financiación, etcétera. El incremento que quieren aprobar puede suponer de media más de 15.000 pesetas para un consumidor medio, teniendo en cuenta que la subida afecta a todos, independientemente de su renta, con la discriminación que esto supone. Por si fuera poca indefensión, encima, a los que hasta ahora no teníamos la competencia de Sanidad, como Aragón, se nos impone un nuevo criterio: el de la jerarquía. Adiós a los criterios de coordinación entre instituciones; ahora se tiene como objetivo un ahorro de más de 100.000 millones de pesetas al imponer el traspaso de su sanidad. Y es que las cuentas del déficit cero no les cuadran.
Sus presupuestos incumplen ya, incluso antes de aprobarse. Y ahí están las previsiones que ha realizado por ejemplo el Banco de España.
El rechazo de varias comunidades autónomas a financiar la sanidad con los nuevos impuestos es un ejercicio de coherencia y decisión política que alabamos desde Chunta Aragonesista. Ya decíamos el pasado mes de octubre, en el debate sobre la enmienda a la totalidad presentado por nosotros a la ley de financiación autonómica, que el acceso a la cesta de impuestos se vincula a la asunción de las transferencias sanitarias, lo que coloca a las comunidades autónomas que son todavía territorio Insalud en una posición difícil durante una negociación que es compleja y no exenta de riesgos. Lamentamos que el tiempo nos haya tenido que dar la razón. Decimos sorprendente porque la imposición que se quiere hacer a comunidades como la aragonesa se está haciendo sobre la nada. No estamos discutiendo de una cifra concreta de dinero. Lo cita textualmente la respuesta que indica: En relación con la información solicitada por usted, se señala que hasta tanto no se reúna la Comisión Mixta Estado-Comunidad Autónoma de Aragón para la aceptación del modelo de financiación aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio no pueden proporcionarse cifras, pues las únicas existentes son las que se derivan de estimaciones. Esa manía de ustedes imponiéndolo todo, ignorando las posibilidades de diálogo, nos va a obligar a defender los principios del derecho en los tribunales, y ahí, a veces, hasta se nos da la razón. Si no, pregúntenle, señores del Gobierno, al señor Jaume Matas, por el caso del pantano de Santa Liestra, donde las razones y la voluntad de unos vecinos han sido reconocidas por la propia Audiencia Nacional.
Para terminar, quisiera recordar unas palabras de Baltasar Gracián, que vienen al caso: No proseguir la necedad. Hacen algunos empeños del desacierto y, porque comenzaron a errar, les parece que es constancia el proseguir.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Seré breve al fijar nuestra posición respecto a las enmiendas del Senado a estos cuatro proyectos de ley. Comenzaré por decir en cuanto al primero, al de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, que nuestro voto va a ser favorable a todas las enmiendas que vienen del Senado, con excepción de la dirigida al artículo 64.1.
Las negociaciones que se habían emprendido, con gran sentido de cooperación mutua, entre el Gobierno central y el Gobierno autónomo de Canarias, así como con los grupos parlamentarios Popular y de Coalición Canaria, que produjeron sustantivos y sustanciosos avances, se continuaron en el Senado. No tenemos nada que objetar sino reconocer este buen entendimiento que ha habido entre ambas administraciones y entre los grupos parlamentarios, que llevó a recoger también aquellas iniciativas que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria en el Senado había presentado. Votaremos favorablemente todas esas enmiendas excepto -en concordancia con lo que se había planteado en el Senado entre el Grupo de Coalición Canaria y el Grupo Popular-, como he dicho, lo relativo al artículo 64.1.
Respecto a la ley de acompañamiento -la de medidas fiscales, administrativas y de orden social-, tenemos que reconocer que aquí se ha hecho un sustantivo avance en aquellos aspectos relacionados con el régimeneconómico y fiscal de Canarias, que era donde

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estaba el núcleo fundamental de las observaciones que ya se habían tenido en cuenta y recogido en el proyecto que salió de esta Cámara, cuestiones de perfil recogiendo las propuestas que le había hecho llegar el Gobierno de nuestra comunidad autónoma al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Tenemos una discrepancia -junto con otros grupos parlamentarios- respecto al artículo 71 de esta ley de acompañamiento y vamos a votar en contra de las disposiciones adicionales números 30, 31, 32, 33, 34 y 35 porque no son concordantes tanto en el texto como en el contenido de fondo con el texto que había salido de esta Cámara. Vamos a votar favorablemente todas las enmiendas dirigidas al tercero y cuarto proyecto de la financiación de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas y, por supuesto, también votaremos favorablemente las enmiendas de tono menor que nos llegan del Senado sobre las medidas que regulan los aspectos fiscales y administrativos del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas del régimen común y ciudades con estatuto de autonomía. Las peticiones que el representante del Gobierno canario había hecho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera en su día fueron fielmente recogidas; hubo un respeto absoluto a la legislación marco del régimen económico y fiscal de Canarias y se han visto, por tanto, recogidas aquí todas estas aspiraciones.
Por esta razón, señora presidenta, nuestro grupo votará favorablemente todas las enmiendas que nos llegan del Senado a estos dos proyectos de ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro de Hacienda, ausente, señoras y señores diputados, egunon, buenos días.
Hoy es un día más de resignación, de los muchos en los que constatamos que los esfuerzos realizados por los distintos grupos parlamentarios de la oposición y, en concreto, del Grupo Vasco, tanto del Congreso como del Senado, han chocado frontalmente con la mayoría intransigente del Partido Popular. Han pasado tan sólo dos meses desde que defendimos las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002, a ese proyecto de ley que constituye un auténtico cajón de sastre, cual es la ley de acompañamiento, así como las enmiendas que se presentaron a las leyes de financiación autonómica. Dos meses intensos en el ámbito económico en los que hemos defendido nuestra posición política y hemos preparado nuestras enmiendas con el fin de mejorar los proyectos de ley de presupuestos y de acompañamiento. Dos meses en los que desde el Gobierno y el Grupo Popular se nos ha ignorado, una vez más, y no se han tenido en cuenta nuestras propuestas ni, me temo, las de otros grupos parlamentarios de esta Cámara. Esta es la prueba evidente de su inmovilismo y de la política del avestruz que practican, es el vivo reflejo de su política de diálogo y consenso. Han utilizado estos dos meses para representar una farsa que quiebra los más elementales requerimientos del parlamentarismo democrático, han pervertido el procedimiento parlamentario previsto en la Constitución y en los reglamentos de las Cámaras para la elaboración de las leyes, adulterando el sentido que en los sistemas democráticos reviste la intervención de las cámaras legislativas en la formación de la voluntad general y, muy especialmente, en la porción de la voluntad general que se plasma en el marco legislativo. Han hurtado a las Cortes el debate abierto, franco y transparente del programa económico del Gobierno y de las medidas legislativas con las que quieren articular su implementación, presentando ante la Cámara una serie de proyectos que sólo contienen una parte de los planes que realmente alberga el Ejecutivo, una parte que -¡oh casualidad!- está desprovista de los contenidos políticamente más controvertidos y socialmente más impopulares.
Mientras los grupos parlamentarios se entretienen presentando enmiendas y planteando debates en torno a los proyectos presentados por el Gobierno, el Grupo Popular se encarga de ir dejando al descubierto la verdadera faz de las pretensiones gubernamentales, interponiendo una serie de enmiendas que van subvirtiendo escalonadamente el sentido de los proyectos iniciales hasta convertirlos en algo radicalmente distintos, algo, por cierto, todavía mucho más inasumible si cabe. Como en los mejores tiempos del antiparlamentarismo, el Gobierno y el Grupo Popular se alían en una estrategia común para convertir al Parlamento en un lugar vacío y sin contenido. La maniobra de distracción se organiza tan sutil y cuidadosamente que para cuando los grupos parlamentarios descubrimos la enorme gravedad que encierran aquellos puntos del auténtico programa gubernamental que no se incluyeron en los proyectos iniciales, el debate resulta ya imposible o queda reducido a su mínima expresión, con lo que se elude fraudulentamente el papel del Parlamento como foro de expresión de pluralismo político.
En la presente ocasión, los trámites del Congreso y del Senado han servido para que los proyectos engorden desmesuradamente y vean alterado su contenido inicial con elementos absolutamente ajenos al articulado originariamente confeccionado por el Gobierno. Enmiendas de la más variada condición, impuestas primero en el Congreso y después en el Senado por mor de la implacable mayoría absoluta con la que cuenta el Grupo Popular en ambas Cámaras, han ido modificando el contenido de los proyectos hasta dejarlos virtualmente irreconocibles. Cabe destacar, por ejemplo, toda una batería de subida de impuestos que, so pretexto de

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una actualización de tasas, van a contribuir a elevar la presión fiscal del país sin el más mínimo debate, sin la más leve discusión, sin dejar a los grupos de la oposición expresar su crítica y su contrariedad, sin respetar, en definitiva, los mínimos que exige la democracia deliberativa. ¿Esa era la intención del presidente cuando en el debate de investidura prometió convertir al Parlamento en el centro de la actividad política? ¿Cree el Gobierno que es ese el modo de realzar el papel del Parlamento en la vida política? Señores ausentes del Gobierno, señores del Partido Popular, lo argumentado justifica sobradamente la no votación por nuestro grupo a estos proyectos de ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazui.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Mi compañero y amigo Rejón, que era un gatopardiano de pro, me recordaba que en la novela de Giuseppe Tomasi di Lampedusa, en el momento en que se vota la Unión Italiana, a través de un referéndum en uno de los sitios específicos de Italia, va a votar el príncipe de Salina, don Fabrizio. Naturalmente hay grandes preparativos para que llegue hasta la urna don Fabrizio y, en cuanto vota don Fabrizio, después de grandes preparativos y de la gente apartando a la chusma que impedía su paso majestuoso, se dice: bueno, ya ha votado don Fabrizio, vamos a cerrar el colegio electoral porque para qué continuar con el colegio electoral abierto.
En cierto modo, es lo que ha pasado aquí: el Partido Popular tiene mayoría absoluta y cree que puede hacer lo que quiere. Yo creí haber exagerado cuando nos concedió la señora presidenta el turno de réplica en el debate de Gescartera y hablé del tomate, ustedes recordarán. Pero no, no exageré, por cuanto ha recordado don José Luis Núñez, del Grupo Andalucista, en uno de los debates en el que pedíamos desde Andalucía la transferencia del Guadalquivir se nos dijo que por qué el Guadalquivir era andaluz, que también podía ser gallego. Nos dejó omnubilados el antiguo alcalde de la ciudad de Córdoba con esa aseveración que nos llevaba a conectar nuestra idea de las cosas con la realidad. No saben ustedes practicar la democracia desde que tienen la mayoría absoluta.
Me alegro de que el señor De Grandes esté aquí -me voy a dirigir a él porque sé que era un centrista de pro, no puedo dirigirme a ningún ministro del Gobierno- para intentar desgranar un breve razonamiento de esta situación. Finalmente me referiré al Gatopardo de Giuseppe Tomasi di Lampedusa y al famoso referéndum al que he hecho alusión.
Como ustedes saben, nosotros estamos practicando una oposición directa a la política del Partido Popular porque creemos que son conservadoras, pero que veníamos discutiendo hasta ahora en una normalidad democrática. De un tiempo ahora, se nos retira la urna para que no podamos votar desde la minoría. En una democracia el primer principio no es el respeto a la mayoría, es el segundo; el primer principio es el respeto y la protección de las minorías. Cuando no hay ese respeto, cuando las minorías no se pueden expresar, aunque saben de antemano que don Fabrizio va a ganar, no estamos en una situación de normalidad democrática. Y eso es lo que está pasando. Hemos empezado a ver que eso ocurría en el debate de la LOU, de la ley orgánica de universidades. Hemos empezado a detectar cierta prepotencia, cierto despotismo. No se prestaba atención, no había sensibilidad a la hora de discutir ni siquiera el tiempo que se asignaba a las enmiendas, ni aquí ni en el Senado. Lo vimos también cuando se cambió el formato de la comparecencia de los señores Rato y Montoro en la Comisión de investigación de Gescartera, prácticamente lo único que se nos dijo es: esto se hará porque tenemos votos suficientes. A partir de ahí, se viene reproduciendo en muchos debates en esta Cámara, por ejemplo, en Radiotelevisión Española y en la enmienda que han presentado en el Senado a la ley de presupuestos; en la propia ley de presupuestos que hemos debatido sobre la nada, sobre un papel que no reproduce nada existente, nada real. En un momento de anuncio de una recesión económica, por lo menos de una desaceleración económica, nos presentan un papel que no tiene nada que ver con la realidad. A partir de ahí, como ustedes saben, hemos ido traduciendo nuestras políticas de oposición hacia una política de censura, y lo hemos dicho claramente, sin necesidad de referirnos a nadie. Si Izquierda Unida tuviese hoy los votos suficientes registraría en la Cámara una moción de censura, porque coinciden hechos muy duros respecto a cómo se trata la realidad desde una política hegemónica y legitimada por las urnas. Desde el punto de vista de los contenidos, pensamos que en este momento sería necesaria una moción de censura: la ley orgánica de universidades; la ley de estabilidad presupuestaria, que no coincide con el momento de desaceleración económica desde ningún punto de vista y que supone trasladar los déficit económicos y financieros a la representación periférica del Estado, por así decirlo, incardinada por comunidades autónomas y ayuntamientos; la ley de financiación de las comunidades autónomas; la involución autonómica en general; el tratamiento de Radiotelevisión Española; el Centro Nacional de Inteligencia; los impuestos y tasas que se han interpuesto; el tratamiento de la situación bélica, sin pasar por este Parlamento la autorización de tropas para a Afganistán o cualquier otro país que, hasta el momento, no conocemos cuál es, pero sabemos que se va a abrir paso, etcétera. Por todo ello, habíamos anunciado nuestra política de censura sobre los contenidos. ¿Cuál es el problema actual? Que las formas,

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que son de enorme importancia, la instrumentación de la discusión, de las deliberación política, de la deliberación parlamentaria, se están conculcando gravemente. Desde ese punto de vista, no se pueden votar -de hecho, no vamos a participar en la votación- textos que han sufrido ese recorte de la democracia deliberativa. No podemos participar en esa votación y no vamos a hacerlo.
El señor Aznar nos avisó de que una de las características fundamentales del Partido Popular en cuanto centro político progresista, en cuanto partido de centro de este Estado, sería convertir el Parlamento en el centro de la vida política nacional, pero no es verdad, no ha sido así, y cada vez resulta que es menos así, que hay menos oxígeno político en esta Cámara, y no lo entendemos. Estamos absolutamente perplejos por cuanto ustedes tienen mayoría absoluta, no hay problema de votos. Si la democracia deliberativa cumple todos sus trámites nadie va a protestar, ustedes tienen la legitimidad para ganar cualquier votación. ¿Por qué retiran la urna? ¿Por qué se retira la urna cuando vota don Fabrizio? Tenemos que votar todos. (El señor Cisneros Laborda: ¡Eso hacen!) ¿Cómo? (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.- Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, señor Cisneros, guarden silencio.


El señor ALCARAZ MASATS: Si es que no podemos votar porque han retirado la urna. (Varios señores diputados: ¡No, no!) Han cerrado el colegio electoral. (Aplausos.- Rumores.) Nos quedamos a la puerta del colegio electoral cerrado después del voto de don Fabrizio. Ese es el problema, señorías. Por eso, nosotros hoy no podemos votar. Y desde la puerta del colegio electoral, llamamos a la sensibilidad de centro, señor De Grandes. Usted ha sido un buen centrista de esta Cámara, lo era, pero están rodando las cosas de tal manera que en este momento no sabemos si tenemos ante nosotros un centrista para hablar con él de esta situación. Señor De Grandes, nos hemos encontrado con que el debate presupuestario ha sido falso; lo dijimos, pero no teníamos pruebas documentales. Teníamos la prueba del cálculo aritmético, del cálculo financiero. Dijimos que estos presupuestos no eran posibles en función de las previsiones macroeconómicas; que estos ingresos no eran posibles en función de cualquier cálculo que se hciera en una situación de desaceleración económica y teniendo en cuenta que se quieren cuadrar en cero. A pesar de figurar como ingresos el superávit de la Seguridad Social y del INEM, no nos cuadran, y mucho menos las consecuencias nos cuadran respecto a los presupuestos de las comunidades autónomas y los ayuntamientos. Fue un debate sobre esa base argumental.
Una vez pasan los presupuestos al Senado, señor De Grandes, ocurren cosas que no tienen sentido, que no tienen justificación alguna, y usted lo sabe bien aunque no lo va a reconocer. Allí se aprueban una serie de impuestos y tasas -concretamente, el impuesto de la gasolina puede suponer unos ingresos de alrededor de 130.000 millones de pesetas año- y otras que implican un aumento de lo que va a tener que pagar una familia al cabo del año. Esos presupuestos, ya de una forma probada, habrán de cuadrarse en función de esas cosas que se aprueban de tapadillo en el Senado y que no admiten ningún debate en esta Cámara. ¿ Por qué no lo admiten? Porque no podemos enmendar lo que no se nos ha permitido enmendar. Si ustedes hubiesen incluido esos impuestos y tasas en los presupuestos los hubiéramos matizado, enmendado, recurrido o rechazado, pero ahora no podemos hacerlo porque se nos ha arrebatado la posibilidad de deliberar e integrar nuestra posición en ese debate y en esas consecuencias. Ese es el problema de fondo, que no es baladí, es un problema de la naturaleza democrática de las Cámaras de enorme importancia. Y no sólo se aprueba eso, sino algo de enorme importancia como es la definición de Radiotelevisión Española como servicio público, reformando la Ley 4/ 1980 del Estatuto de Radiotelevisión Española, que se aprobó por unanimidad en esta Cámara. Se aprueba, ni más ni menos, que la definición de servicio público en una largísima enmienda que no se nos consulta previamente, aunque la consulta - que hubiese sido lo menos que se podía hacer- no hubiese integrado nuestra opinión en el debate. Al mismo tiempo, se intenta introducir una enmienda, que afortunadamente se logró evitar a través de la opinión pública, para subir el sueldo del fiscal general del Estado. Otra enmienda absolutamente aberrante en el seno de la dialéctica parlamentaria si lo que se quiere es integrar las opiniones, aunque sean rechazadas, de la minoría. Después se aprueban previsiones que rompen el consenso respecto a la financiación de las comunidades autónomas a través de un acuerdo que no compartíamos, pero que aceptábamos democráticamente, en el mes de julio. Ese acuerdo de financiación, que tiene que hacerse consultando a los territorios y aprobándolo de consuno con ellos, por lo menos con un consenso mayoritario, se rompe en el Senado sin posibilidad alguna de integrar las opiniones ni de los grupos parlamentarios aquí reunidos hoy ni de los territorios, cosa todavía más grave. Parece como si cada vez se tuviera menos conciencia de que estamos en una nación de naciones, en un Estado múltiple, en un Estado de las autonomías que poco a poco se empieza a no respetar, señores del Partido Popular. Además, se introduce un condicionante, según el cual aquella comunidad autónoma que no acepte las transferencias de sanidad en función de los impuestos aprobados asumiendo la carga de los impuestos, con lo que eso supone de confrontación con los ciudadanos, no se integrarán en el sistema de financiación autonómica,

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lo que nosotros hemos calificado en alguna rueda de prensa como un auténtico chantaje de Estado, chantaje territorial que no es posible aceptar.
Creemos tener argumentos suficientes para defender nuestra posición.
Alguno de ustedes se ha dado cuenta, por ejemplo con el la enmienda para subir el salario del fiscal general del Estado, de que se había hecho una barbaridad, lo ha dicho públicamente algún diputado del Grupo Popular. En el mismo orden de cosas ha funcionado el resto de las enmiendas, sin la posibilidad de que este Congreso y sus grupos parlamentarios integren su opinión en el debate.
Termino, señora presidenta. La situación es grave desde el punto de vista de las formas políticas, de la dignidad y de la historia del parlamentarismo español. Las mayorías absolutas siempre son peligrosas. Hay que empezar a lanzar al pueblo el mensaje de que no se concedan más mayorías absolutas y que se de una situación de minorías mayoritarias, porque, si no, quien paga las consecuencias, en primer lugar, son las Cámaras y el parlamentarismo español; si se tiene mayoría absoluta ya no se tiene cuidado de nada, se pone la superdirecta, se quita la urna y se cierra el colegio electoral. Eso es lo que está pasando aquí esta tarde.
Cuando se celebra el referendum -y vuelvo al Gatopardo, a don Giuseppe Tomasi di Lampedusa- todos los votos que salen son positivos. Al día siguiente, salen de caza el señor Fabrizio, príncipe Salina, y un pobre hombre, Ciccio. En una pausa de la cacería le pregunta don Fabrizio a Ciccio: ¿Tú qué votaste? Contesta: Voté que no. Fabrizio pregunta: ¿Cómo que votaste que no, si todo han sido votos positivos? Ciccio responde: Don Fabrizio, yo voté que no.
Don Fabrizio, entonces, hace la siguiente reflexión: ¿Qué hubiese pasado si se aceptan los votos negativos? El voto negativo de don Ciccio, 50 votos semejantes en Tornafugata; 100.000 noes en todo el reino no habrían cambiado en nada al resultado, lo habrían hecho aún más significativo y se habría evitado estropear las almas.
Estamos protestando aquí porque ustedes están estropeando las almas.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma i López.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, el tiempo de que dispone nuestro grupo parlamentario para fijar posición respecto de estos proyectos legislativos va a ser compartido también por mi compañero Heribert Padrol y, por tanto, voy a tratar de fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) respecto del proyecto presupuestario.
Para empezar, voy a hablar del fondo y de la forma iniciándolo con el último aspecto relativo al procedimiento utilizado que, siendo preocupante respecto del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año próximo, lo es mucho más, como seguro va a poner de manifiesto mi compañero, el señor Padrol, con relación al resto de los proyectos legislativos que en estos momentos estamos debatiendo sobre las enmiendas del Senado. Una cosa es usar hábilmente los mecanismos reglamentarios para introducir enmiendas de calado en el Senado, pues la mayoría de ellas lo son, y otra es la estética política que la acompaña, la cual no puede ser en ningún caso compartida por nuestro grupo parlamentario, más larga y tenue del uso de los Reglamentos del Congreso de los Diputados, de la Constitución en el papel que otorga a cada una de las Cámaras. Lo que subyace es, me atrevo a decir, una notable improvisación impropia de un Gobierno en los orígenes mismos de los proyectos legislativos que estamos tratando. Subyace también otra cuestión no menor que es un ritmo no adecuado, por precipitado, en la tramitación parlamentaria de esas futuras leyes cuya importancia nadie puede negar sino todo lo contrario, y hasta este momento todos los portavoces lo han puesto de manifiesto. Me permito añadir, aunque duela, cierto abuso en la posición dominante del Grupo Popular que se ve empujado a corregir los errores de su propio Gobierno.
En cuanto al proyecto o documento presupuestario, voy a distinguir entre las enmiendas a las cuales nuestro grupo parlamentario va a dar un voto de abstención, exceptuando algunas que ya se han puesto en manos de la presidencia, y el cuadro macroeconómico. Las enmiendas se entienden en sus propios términos. Algunas son correcciones técnicas y otras son, reitero, de cierto calado político que necesitaría un debate mucho más sosegado y no el sí, el no o la abstención en este momento. Por lo que se refiere al cuadro macroeconómico, todos sabemos que el Gobierno finalmente, aconsejado por la realidad, ha corregido a la baja sus previsiones. Creemos que ha sido una medida acertada, porque lo que se está produciendo es ya algo tangible y todo el mundo está señalando lo que puede venir y no precisamente como algo positivo para el conjunto de la economía española, sino en detrimento del cuadro macroeconómico que había diseñado el Gobierno entre julio, agosto y septiembre últimos. Por lo tanto nos parece una medida acertada la que ha tomado el Consejo de Ministros respecto de una variación a la baja del cuadro macroeconómico.
Es posible, señorías, que las nubes no dejen ver el sol, pero el sol realmente existe, y los indicadores macroeconómicos relativos a la exportación, a la captación de inversiones extranjeras, a la ocupación o al crecimiento de la producción, pongamos por caso, se resienten porque, efectivamente, como dice la propia OCDE, estamos ante una recesión sincronizada, que probablemente tenga sus orígenes en la globalización

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de la economía y que afecta además al conjunto de los países industrializados, pero, para nuestro grupo al menos, no es tiempo para la autoflagelación sino para asumir el riesgo, para asumir responsabilidades y ejercer la creatividad y la innovación en la empresa.
Nuestro grupo parlamentario, que considera el documento presupuestario como lo que lo define, es decir, como unas previsiones en función de lo que ha acontecido o lo que intuyen o intuimos, en este caso el Legislativo, que se puede producir en el futuro, entiende también que un decenio de crecimiento acelerado de la economía de Estados Unidos y un sexenio de crecimiento notable de la economía en la Unión Europea, más concretamente en la zona euro, y también naturalmente en España, que además ha crecido en términos de producto interior bruto por encima de la media europea, todo ese largo período de crecimiento económico no puede desaparecer de la noche a la mañana sin dejar anticuerpos para combatir una eventual o ya real recesión económica. Por lo tanto creemos que queda intacta una administración correcta de la Hacienda pública que evita el déficit público y queda también intacto el capital humano, así como una renovación tecnológica, una mejora de la formación directiva y laboral, una fiscalidad soportable para los costos empresariales y familiares, un gasto público aceptable en infraestructuras que puede ayudar también a afrontar la recesión económica y sobre todo el cambio de mentalidad que se ha tenido lugar en el conjunto de la sociedad española, que no se produce de la noche a la mañana, lo reitero también, sino que se ha producido a lo largo de los últimos 25 años más o menos, en el sentido de convertir una sociedad cerrada, España lo era, en una sociedad abierta. Nuestro grupo parlamentario, que apoya el conjunto de los presupuestos, no puede, pues, instalarse en el pesimismo ni puede lanzar mensajes de esa naturaleza al conjunto de la sociedad, entre otras cosas porque los grandes gurús de la economía, tanto la Comisión Europea como la OCDE como el Fondo Monetario Internacional, amén de otras entidades públicas y privadas, afirman que España entra en una fase de desaceleración pero no en una fase de recesión económica, es decir, no vamos a crecer tanto ni al ritmo al que lo veníamos haciendo, pero vamos a seguir creciendo y además vamos a seguir creando ocupación y nos vamos a situar en un nivel de crecimiento por encima de la media de la zona euro y de la zona OCDE. Por ello es políticamente irresponsable -lo digo desde esta tribuna- crear desconfianza entre nuestro tejido productivo y llega a ser incluso insensato en términos políticos enviar mensajes de acelerada preocupación al conjunto de la sociedad, que lo que precisa es que los políticos les hablen y les preparen para afrontar la realidad negativa que se nos está acercando, pero en ningún caso para profundizar en una desconfianza, que es la que está moviendo en estos momentos al conjunto de la economía mundial, desconfianza derivada, entre otras cosas, de los hechos del 11 de septiembre. En este punto quiero señalar que nuestro grupo parlamentario también conecta con la posición del Gobierno respecto del papel del sector público. Para algunos es el momento de recuperar viejas tesis keynesianas y de apostar por un mayor protagonismo del Estado y de sus administraciones. Nosotros no compartimos este posicionamiento. La renuncia al equilibrio entre ingresos y gastos y la flexibilización del Plan de Estabilidad que nos viene propuesta por la República Federal de Alemania para admitir mayor endeudamiento de los Estados miembros es para nosotros pan para hoy y hambre para mañana. Esto ya lo vivimos hasta el año 1993, con un volumen de endeudamiento público absolutamente notable y unos tipos de interés altísimos. Sólo cito al comisario Solbes, antiguo ministro de Economía y Hacienda y miembro del Partido Socialista Obrero Español, que nos aconseja no ampliar el gasto público y no dejarse tentar por el uso de instrumentos creadores de déficit para reactivar la economía. El endeudamiento estatal supondría -dice el propio Solbes- un deterioro en la credibilidad de la política monetaria fiscal de la Unión Europea. (La señora vicepresidenta, Rubiales Torrejón, ocupa la presidencia.) Señorías, lo más incierto es lo incierto, esto es una obviedad, pero, políticamente, lo más penoso es elevar la incertidumbre a categoría de dogma, arrojándola sobre el conjunto de la sociedad. La confianza se quiebra y, si se quiebra la confianza, se van a producir los peores augurios. En economía las cosas funcionan mucho peor cuando se quiebra la confianza. No es ese el propósito de nuestro grupo parlamentario. Estamos de acuerdo con las previsiones gubernamentales, aunque estén ligeramente por encima de las previsiones de la OCDE, de la Unión Europea y del propio Fondo Monetario Internacional, pero lo que le conviene en estos momentos a la sociedad es, en primer lugar, tener unos presupuestos y, en segundo lugar, un mensaje de esperanza y de confianza en el futuro.
Nada más, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor López de Lerma.
Señor Padrol.


El señor PADROL I MUNTÉ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, enlazo con la intervención de mi compañero el diputado Josep López de Lerma respecto a la tramitación de los proyectos de ley de presupuestos y de acompañamiento, pero antes quisiera hacer una referencia al propio proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado. Todos sabemos que el debate de presupuestos ya se ha producido, estamos analizando las enmiendas aprobadas en el Senado y la posición favorable de Convergència i Unió a estos Presupuestos Generales del Estado fue puesta de manifiesto

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en intervenciones anteriores al debate que llevamos a cabo en el día de hoy, posición que se basa fundamentalmente en dos pilares estructurales, la estabilidad presupuestaria y el control de la inflación, que, como tuve ocasión de exponer en la Comisión de Economía celebrada en el día de ayer, han sido valorados por parte de la agencia de calificación de riesgos Moody's como la causa fundamental de que la calificación a efectos de riesgos de la deuda emitida por España haya pasado de AA2 a AA1, la máxima calificación, es decir, la deuda pública emitida por el Reino de España tiene hoy en día la misma fiabilidad, la misma solvencia y la misma calificación que la emitida por Estados Unidos o por Alemania.
También quisiera recordar que, al margen de esta calificación, producida el pasado 13 de diciembre, hace dos día se revisó al alza la calificación de la deuda emitida por la Comunidad Autónoma de Cataluña. Con ello quiero señalar el importante esfuerzo que han hecho las comunidades autónomas, y en particular Cataluña -porque son sólo tres las comunidades que han recibido esta elevación en su calificación-, en el marco de la estabilidad presupuestaria general del Estado español.
Dicho esto, procedo a referirme a las enmiendas a tres importantes leyes: la conocida como ley de acompañamiento y las dos leyes que recogen la articulación de la reforma del sistema de financiación autonómica. En cuanto a la ley de acompañamiento -lo ha indicado quien me ha precedido, el señor López de Lerma-, la valoración es ambivalente, porque, por un lado, en cuanto al contenido obviamente valoramos positivamente muchas de las enmiendas que se han presentado y aprobado en el Senado. Basta hacer referencia a la revisión al alza de determinadas cuantías de pensiones, determinadas revisiones en el ámbito de límites de aportación a planes de pensiones por parte de personas que tengan minusvalías, etcétera; el elenco es tan amplio que no podríamos detenernos a analizar contenidos concretos. Por tanto, en cuanto al contenido de muchas de las enmiendas presentadas la valoración es positiva, pero en cuanto a la tramitación parlamentaria queda todo dicho con lo expuesto en la intervención anterior por parte del señor López de Lerma. Sin embargo, quiero recalcar simplemente que temas tan importantes como los que se han enmendado en el Senado no pueden ser objeto de un debate apresurado, cuasi no debate, prácticamente no debate, sin posibilidad de enmendar en el Congreso de los Diputados, ya que esto realmente es sustraer a esta Cámara la posibilidad de opinar, de debatir, de desarrollar la acción política y el debate parlamentario sobre temas que afectan de manera muy importante a muchos de los ciudadanos españoles. Por ello el sentido de nuestro voto va a ser positivo lógicamente a las enmiendas de Convergència i Unió, a aquellas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular que son similares o idénticas a algunas presentadas por Convergència i Unió en el Congreso de los Diputados y que fueron previamente rechazadas y también a algunas que tienen una muy directa relación con iniciativas formuladas por Convergència i Unió; posteriormente nos abstendremos en muchas de las enmiendas aprobadas, sin que ello suponga en muchos de los casos reprobación alguna al contenido, pero sí a la tramitación parlamentaria que se ha seguido en el Senado.
En cuanto a las dos leyes, la orgánica y la ordinaria, que vienen a recoger y articular el acuerdo de financiación autonómica de 27 de julio de este año del Consejo de Política Fiscal y Financiera, simplemente quiero significar que, a juicio del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), estamos ante una correcta traslación de lo que es el contenido de dicho acuerdo de 27 de julio. Además, en el debate que se produjo primero la Comisión de Economía y Hacienda y luego cuando se aprobó el proyecto de ley en el Congreso para ser remitida al Senado ya indicamos que había una serie de enmiendas importantes para Convergència i Unió que iban a condicionar nuestro voto y también indicamos que no teníamos dudas de que tales enmiendas iban a ser aprobadas en el trámite del Senado tras la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera que se iba a celebrar pocos días después del último debate en el Congreso sobre estas leyes. Así ha sido. Se han introducido cambios que suponen una mejor adaptación del texto articulado al contenido del acuerdo de 27 de julio de este año, como la posibilidad de establecer recargos sobre los tributos cedidos a cargo de las comunidades autónomas, la capacidad para regular tipos impositivos en el impuesto especial sobre determinados medios de transporte; un punto muy importante como es la introducción del principio de lealtad institucional como uno de los principios que debe regir las relaciones financieras entre la Hacienda del Estado y la Hacienda de las comunidades autónomas, estableciendo la necesidad de valorar anualmente el impacto de aquellas medidas de carácter general por parte del Estado que afecten de manera significativa a las necesidades de gasto o a la capacidad fiscal de las comunidades autónomas, y también determinadas medidas introducidas en la ley ordinaria, fundamentalmente en cuanto a la forma de establecer la dotación del fondo o programa de ahorro en incapacidad temporal, la forma de entender y producir en los territorios de las comunidades autónomas el rendimiento de determinados tributos, que no podía depender de una mera certificación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, o la nueva regulación más específica y detallada de las competencias, que si no es satisfactoria sí supone un paso adelante, del consejo superior de dirección de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
A juicio de mi grupo parlamentario, por tanto, en los dos proyectos de ley, de reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas y por la que se regulan las medidas fiscales y administrativas, que acompaña a esta ley orgánica, se produce una

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correcta traslación del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 27 de julio. En el debate que se ha producido, árido en algunas ocasiones o encendido en otras, respecto de si vincular la asunción de competencias en el ámbito de la sanidad por parte de las comunidades autónomas a la asunción de la nueva estructura de financiación que deriva de este acuerdo de financiación de las comunidades autónomas, no ha tenido lugar cambio alguno respecto del acuerdo, porque en las negociaciones que cristalizaron en el acuerdo de 27 de julio siempre fue una pieza estructural del acuerdo de financiación que el nuevo modelo, tanto en su dimensión cualitativa -más recursos procedentes de ingresos tributarios y menos recursos procedentes de transferencias del Estado- como en su dimensión cuantitativa, era algo que iba indisolublemente unido a la asunción de las competencias de sanidad y a terminar con los bloques de financiación separada para las competencias para prestar servicios públicos de carácter sanitario. Por ello el voto de mi grupo parlamentario a las enmiendas aprobadas en el Senado respecto a las dos leyes que recogen el nuevo acuerdo de financiación autonómica va a ser positivo.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Padrol.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Gracias, señora presidenta.
Señorías, debo utilizar este turno de forma excepcional, y lo lamento, aunque le haga gracia al señor Pujalte. ¡Qué gracioso! Lo lamento porque excepcional ha sido el abuso cometido. Yo pensaba que los tiempos que tan brillantemente ha descrito el señor Alcaraz de la dominación, los de El Gatopardo, habían pasado, pero parece que no.
Por tanto, si ustedes me lo permiten, querría hacer un turno -no hablaré de las enmiendas del Senado- sencillamente de defensa de principios y valores constitucionales. (Aplausos.) Este no es un debate jurídico, señorías, no me detendré en él. Sería estéril porque ustedes ya han dado una respuesta conocida y previsible, rutinaria además. Han elaborado un informe jurídico, a interés de parte, con la obsequiosidad de la mayoría que dirige esta Cámara, para justificar un atropello, pero ese atropello es injustificable. Deberían ustedes escuchar a toda la Cámara. Todos los grupos que se han pronunciado esta mañana aquí, incluido el de Convergència i Unió, han criticado la vulneración de las formas democráticas, porque las formas en democracia constituyen el corazón de la misma. Por tanto me quiero dirigir sencillamente a los ciudadanos españoles para explicarles lo que ha ocurrido en esta tramitación de aprobación de los Presupuestos Generales del Estado, donde el Parlamento, señorías, en nuestra opinión, en lo que se refiere a sus funciones constitucionales, ha tocado fondo.
Aquí se han roto las reglas del juego establecidas en la Constitución, lo decía el señor Alcaraz. Se ha limitado, y gravemente además, la participación de una parte de los ciudadanos españoles, no de los grupos políticos, de los ciudadanos españoles, en la formación de la voluntad legislativa, es decir en la aprobación de las normas que van a regir, y de qué manera, su vida diaria. Por eso no se extrañarán ustedes que cuatro grupos políticos, también, y lo agradezco, Convergència i Unió, en las formas, hayamos decidido concertar nuestras intervenciones en defensa de los valores constitucionales y no participar en esta votación. Es muy sencillo de explicar, señor De Grandes. No participamos porque no hemos podido deliberar. No votamos porque no se nos ha dejado participar en la formación de estas normas. No lo hacemos. No podemos hacerlo.
(Aplausos.) Han utilizado el Senado de forma intolerable. Han modificado profundamente las leyes presupuestarias y de financiación autonómica, impidiendo que la oposición y los ciudadanos a través de ella participen en la deliberación. Han maltratado, señorías, a las comunidades autónomas. Han perjudicado a los ciudadanos creando nuevos impuestos sin que podamos discutirlos, modificando el acuerdo de financiación autonómica y el Estatuto de Radiotelevisión Española sin que hayamos podido participar debidamente.
Señorías, señores del PP, no hay democracia de calidad sin deliberación ni debate. No hay régimen de opinión pública sin debate ni publicidad. No hay publicidad sin el respeto al pluralismo en la información. ¡Pensar que ustedes se presentaron ante los españoles -¿ lo recuerdan?- con un programa de regeneración democrática! Un programa trampa que se ha convertido en un proceso continuo de degeneración democrática, no de regeneración democrática, de degeneración democrática. (Aplausos.) Señorías, la mayoría absoluta de que ustedes disfrutan le permite a esta Cámara aprobar leyes a propuesta del Gobierno sin necesidad de nuestro apoyo, lo pueden ustedes hacer; incluso la mayoría absoluta le permite saber de antemano que se va a ganar el partido pero, señorías, eso no les autoriza a ustedes a ganar sin jugar el partido. (Aplausos.) Miren a qué situación nos han llevado. Hace más de dos siglos un peligroso conservador, lo que pasa que mucho más inteligente que ustedes, escribía lo siguiente: El Parlamento es la asamblea deliberativa de una nación con un solo interés, el del conjunto, y en la que no se deben primar ni propósitos ni prejuicios locales, sino el bien común que resulta de la razón general del conjunto. Fíjense lo que decía Burke en 1774. Verán ustedes que no necesitamos echar mano de teóricos de la izquierda, a los que ustedes por cierto copian, para defender la democracia deliberativa; ya lo hacía Burke y ustedes se han quedado en un estadio anterior a él.


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Señorías, deben ustedes saber que la concreta composición del Parlamento en un momento dado no puede hacer perder de vista una afirmación hecha por el Tribunal Constitucional: El proceso legislativo ordinario es la vía para la participación de las minorías -como dijo el señor Alcaraz- que éste dispensa. Luego una medida, como por ejemplo el nuevo impuesto sobre las gasolinas, que debe ser establecida por ley, puede dar lugar, y lo ha dado con el comportamiento que ustedes han tenido, a que una parte de la soberanía no se contenga en esa medida. Han aprobado una medida que va a afectar a la vida de los ciudadanos españoles sin que una parte de los mismos haya podido participar en su deliberación, y si bien está el principio de las mayorías, en virtud del cual la propuesta de la minoría no se convierte en ley, el principio democrático que ustedes han vulnerado exige que la minoría pueda hacer propuestas, pueda debatirlas, expresarse sobre las de la mayoría. No hemos podido hacerlo y, por tanto, desde la perspectiva del principio democrático aquí vulnerado, no se trata de cuestionar el principio de la mayoría, sus derechos, sino de salvaguardar -como dijo el señor Alcaraz- el principal derecho que debe asistir a una democracia, el principio democrático: los derechos de las minorías, que ustedes han vulnerado.
(Aplausos.- Rumores.) No es un problema por tanto de técnica legislativa, no... (Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Perdone, señor Caldera.
Señorías, por favor, guarden silencio. Dejen que el orador siga haciendo uso de la palabra y escuchemos los demás. Gracias.
Siga, señor Caldera.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: No es, pues, un problema de técnica legislativa, es un problema constitucional, vinculado al contenido material y estructural y a la eficacia jurídica del principio democrático, pues si las decisiones de un órgano representativo son de la mayoría, como dice el Tribunal Constitucional, no pueden ignorar lo que podemos llamar, como también dice el Tribunal Constitucional, derechos de las minorías. De lo contrario, señorías, estaríamos ante lo que Tocqueville llamó la tiranía de la mayoría.
El Senado puede, sobre el texto aprobado por el Congreso, introducir enmiendas, pero este no es un derecho absoluto. Debe respetar el principio democrático de respeto al derecho de las minorías. Claro que el Senado -se nos ha acusado de poner en cuestión sus facultades- puede y debe participar en el proceso legislativo, no queremos limitarlo, como dicen ustedes, pero si se crea un nuevo impuesto, señorías, como el impuesto sobre la gasolina, que hará que los españoles tengan que pagar hasta diez pesetas más por cada litro, lo que queremos es que se presente como proyecto de ley, que se discuta en el Congreso y en el Senado, en ambas Cámaras, no sólo en el Senado, en la última fase de la deliberación, sin que pueda participar el Congreso de los Diputados.
Por cierto, supongo que ustedes serán coherentes con sus propios principios y aceptarán lo que estoy diciendo. Miren lo que decían ustedes en el año 1989, ¿o es que ya se han olvidado de ello? En un recurso de inconstitucionalidad, señorías del PP, firmado por el señor Trillo, que fuera presidente después de esta Cámara, decían: La disposición adicional cuarta no cumplió (recurriendo una norma de carácter menor) lo establecido en el artículo 88 de la Constitución, porque la citada disposición no figuraba en el proyecto de ley remitido por el Gobierno a las Cortes y fue introducida a través de una enmienda en el Senado. (La señora Fernández de la Vega Sanz: ¡Qué escándalo!) Esta forma de proceder -decía el señor Trillo- es incorrecta. Supone aprovechar el proyecto de ley en su último eslabón de elaboración para incorporar un precepto ajeno a la citada disposición. ¿Qué dirían ustedes, señorías, si por una norma de contenido menor llegaban al Tribunal Constitucional, qué dirían hoy de lo ocurrido en el debate en el Senado? : cambio del sistema de financiación autonómica, aprobación de nuevos impuestos, modificación del Estatuto de Radiotelevisión Española. ¿Qué dirían ustedes hoy? (Aplausos.) Ustedes han maltratado a las comunidades autónomas, modificando a fondo el acuerdo de financiación adoptado el pasado mes de julio. Un acuerdo de financiación no significa sino el cauce para la prestación de servicios a los ciudadanos por igual en todo el territorio. ¿No saben ustedes que las comunidades autónomas y el Estado están en pie de igualdad? ¿No saben ustedes que la Constitución española reparte el poder mediante el principio de la competencia? ¿No saben ustedes que las comunidades autónomas y el Estado no pueden tener relaciones de jerarquía, que son iguales, que sólo se distinguen por las distintas competencias que a ellas les atribuye la Constitución? ¿Cómo han podido ustedes romper ese principio, un principio básico de identidad de nuestra Constitución, imponiendo de nuevo una relación de jerarquía, es decir, ordenando a las comunidades autónomas lo que tienen que hacer para prestar servicios esenciales a sus ciudadanos, sin garantizar en absoluto los necesarios recursos para que esa prestación se haga en igualdad de condiciones en todo el territorio? Eso es lo que han hecho ustedes en el trámite del Senado. Aquí tengo la enmienda, señorías. ¿Saben ustedes lo que han hecho? Ustedes obligan a las comunidades autónomas a aceptar la transferencia de un servicio básico para los españoles como es la sanidad, ¿y saben ustedes cómo? Podrían obligarles a aceptarlo sin una sola peseta. (Un señor diputado: ¡Qué barbaridad!) ¡Eso es lo que dice la enmienda introducida en el Senado! (Aplausos.) De acuerdo con lo que normativamente quedará establecido aquí hoy en la perpetración del abuso que ustedes han establecido, las comunidades autónomas sólo tienen dos alternativas,

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o aceptar la transferencia de sanidad sin saber con qué recursos, y podrían ser cero pesetas, o aceptar, si se rechaza la sanidad, quedar fuera del sistema de financiación autonómica en una situación carente de reglas concretas, ciertas y estables, es decir, dejando sometidas a la absoluta discrecionalidad de su Gobierno las futuras entregas a cuenta a las comunidades autónomas para la prestación de sus servicios. Sin duda, señorías, esto es un despropósito, pero me dirán, con razón, ¿cómo piensa usted, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a transferir la sanidad sin una sola peseta? Es posible con la enmienda que han aprobado en el Senado. Les invito a que hagan la siguiente reflexión: en el proyecto de poder que ustedes representan, ¿creen que no lo harían si ese proyecto de poder para el PP estuviera en riesgo? Lo harían ustedes, sometiendo a los ciudadanos españoles a la percepción de una prestación, de un servicio sin los recursos suficientes.
Por último, señorías, han usado también el Senado para perjudicar a los ciudadanos. Han convertido el Senado en una Cámara de errores -por cierto, como hemos visto ahora, parece que se equivocaron en varias enmiendas- y de horrores. No han respetado al Senado. ¿Quieren ustedes respetarle y darle el papel que le corresponde? Hagan el debate sobre las autonomías que llevan cinco años sin hacer (Aplausos.-Un señor diputado: muy bien.), háganlo. Sabemos por qué no quieren modificar el Senado: les va muy bien para perpetrar estas agresiones. ¿Quieren utilizar ustedes el Senado adecuadamente? Retiren ustedes la LOU. Podrían haber retirado la Ley Orgánica de Universidades en el Senado o podrían haber hecho otras cosas. En lugar de usar el Senado para perjudicar a los ciudadanos, en lugar de subir impuestos e imponer un nuevo sistema de financiación autonómica, ¿por qué no han utilizado el Senado, por ejemplo, para exigir a las compañías eléctricas la garantía de la calidad del suministro que impida los apagones? (Aplausos.) ¿Por qué no lo han hecho? Hasta ahora con su actitud ustedes habían ido quitando la luz a este Parlamento, ahora le cortan el suministro eléctrico de forma definitiva.
Señorías, ustedes se comprometieron en el programa electoral del año 2000 a acometer una revitalización institucional del Parlamento por entender que en una democracia representativa debe ser el centro de la vida política, el marco de los debates de las cuestiones de interés general y la expresión de la opinión pública en el ámbito político. Sin comentarios. Así, no me extraña, señoras y señores diputados, que, como dijo alguien, al paso que vamos lo que se va a conseguir es que la labor parlamentaria no interese a nadie y que el Parlamento se convierta en el hazmerreír de nuestra democracia. No crean que es una cita de Azaña, es una cita de Aznar, eso sí, del año 1979. Ha tardado 22 años, pero lo ha conseguido, señorías. (Un señor diputado: falta de memoria.-Aplausos.) Es una triste tradición de algunos sectores de nuestro país que seamos más papistas que el Papa. Ahora se han hecho ustedes patriotas constitucionales. Dime qué es lo que proclamas tan solemnemente y te diré que es lo que ignoras diariamente. (Aplausos.) Ser patriota es ser leal con la Constitución, señorías, es ser leal con el Congreso de los Diputados, y no lo son ustedes, pues cercenan el debate político, impiden la discusión serena de proyectos. Debo decir que ustedes tienen toda la legitimidad para aprobar, señorías, pero ninguna para acallar. Su patriotismo es excluyente, por cierto, como lo ha sido siempre. Nada más lejos, señorías, del espíritu de la Constitución de 1978 que su forma de hacer política; nada más lejos de la abnegación, de la renuncia a sus intereses que su forma de hacer política. (Un señor diputado: demagogo.); nada más lejos de la defensa de la libertad de expresión que su uso de los medios de comunicación, que ahora se llaman medios de propaganda. ¿Saben cómo nos tratan ustedes a todos aquellos que representamos a la oposición en este Parlamento? Nos tratan como vencidos, señorías, y nadie les dio poder para que actuaran así porque en cualquier democracia la regla de la mayoría jamás puede ser la regla del silencio, salvo aquí, donde ustedes la están aplicando. (Prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Gracias, señor Caldera, por su intervención.
Señorías, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra, en primer lugar, el señor de Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Señora presidenta, señoras y señores diputados, quiero hacer dos consideraciones previas: la primera es que mi grupo dividirá su intervención en dos partes y, la segunda, que obran en poder de los diferentes grupos parlamentarios enmiendas de carácter eminentemente técnico, de mejora de la redacción de la ley.
Decía lord Gladstone que todo lo excesivo es trivial. Creo, señor Caldera, que su intervención de hoy ha sido un cúmulo de trivialidades. (Aplausos.) Mi grupo, señorías, venía dispuesto a entablar un debate sereno y reflexivo (Protestas.-Rumores) sobre los proyectos de ley de acompañamiento, de presupuestos y sobre el paquete de financiación autonómica. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Disculpe un momento, señor de Juan.
Señorías, les ruego guarden silencio. Si van a salir, desalojen el hemiciclo para que podamos seguir el debate y oír al orador.
Continúe, señor de Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.
Mucho me temo que el Partido Socialista esté más preocupado por cuestionar la potestad legislativa del Senado que por debatir las líneas generales y el importante

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paquete de medidas financieras, presupuestarias y fiscales que se incluye en las leyes objeto de debate. Lo cual no es de extrañar, sobre todo si tenemos en cuenta que ya vimos el desinterés del Partido Socialista por la política económica, con la ausencia en esta tribuna -sonora ausencia y elocuente silencio- del líder y secretario general de su partido durante el debate de presupuestos. (Aplausos.- Un señor diputado: ¡Muy bien!) Señorías, mi grupo está convencido de la legitimidad constitucional de la capacidad legislativa del Senado, y por ende de la plena e incondicionada capacidad de enmendar de la Cámara Alta. Nuestra Constitución diseña un modelo bicameral de cotitularidad legislativa en el Congreso y el Senado; ambos, como decía nuestro constitucionalismo histórico, son cuerpos colegisladores, con idénticas facultades legislativas.
Se ha dicho que introducir reformas en el Senado supone hurtar el debate al Congreso, que es un fraude contra el procedimiento legislativo, y que podría ser incluso inconstitucional. Señorías, basta con una mera excursión a los artículos de la Constitución para cerciorarse de lo infundado de esa argumentación. El artículo 31 dice que sólo pueden establecerse prestaciones patrimoniales de carácter público con arreglo a la ley; el artículo 133 residencia en el Estado la potestad originaria de establecer tributos mediante ley; el artículo 66 atribuye a las Cortes Generales, es decir, Congreso y Senado, el ejercicio de la potestad legislativa; el artículo 134 establece que no pueden crearse tributos nuevos en la ley de presupuestos pero sí modificarse, limitación que, obviamente, no rige para las demás leyes como la ley de acompañamiento; el artículo 90.2 de la Constitución reconoce al Senado, sin limitación constitucional, la facultad de introducir enmiendas en el procedimiento legislativo, y el Tribunal Constitucional lo tiene entendido así con meridiana claridad. Si ustedes se leen, por ejemplo, la Sentencia 99/1987 del Tribunal Constitucional -por cierto, me temo que es el pronunciamiento del recurso de inconstitucionalidad al que se aludía hace un momento por el Grupo Socialista- se dice: No existe ni en la Constitución ni en los reglamentos de ambas Cámaras norma alguna que establezca una delimitación material entre enmienda y proposición de ley; ni por su objeto ni por su contenido hay límite alguno a la facultad de los miembros de las Cámaras para presentar enmiendas. Más recientemente, otra Sentencia del alto tribunal, la 194/2000 dice en relación a ello: Debe rechazarse también que el procedimiento empleado haya restringido las facultades del Congreso de los Diputados. La posibilidad de que el Senado introduzca enmiendas en los textos remitidos por el Congreso de los Diputados aparece expresamente contemplada en el artículo 90.2, en tanto que el artículo 123 del Reglamento de la Cámara regula el procedimiento a seguir en tales casos; pero, una vez son aceptadas, las enmiendas se incorporan al texto del proyecto de ley con los mismos efectos jurídicos que los aprobados por la Cámara Alta. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Eso dice el Tribunal Constitucional para quien quiera oírlo, obviamente, señorías. (Aplausos.) Señorías, entendemos que la cantidad y la calidad de los argumentos a favor de la capacidad legiferante del Senado son tales que encontramos preocupante que SS.SS., tan pendientes de aumentar el peso político del Senado, no los compartan, pero tengo que decirles, señorías, que el Grupo Socialista en el Senado sí que lo comparte.
(Rumores.) Sí, señorías, en el día de ayer se preguntó al ministro de la Presidencia si es cierto que el Gobierno proyecta una reforma del Senado -como si el Gobierno tuviera que reformar el Reglamento del Senado que es interna corporis y en virtud de la autonomía organizativa lo regula el propio Senado- y si pretendía el Gobierno limitar la capacidad legislativa del Senado.
Señorías, les diría que se pongan de acuerdo porque resulta que en el Congreso critican la capacidad legislativa del Senado y en el Senado se preocupan por si se limita esa capacidad legislativa. Lo que dicen en el Congreso no coincide con lo que dicen en el Senado, lo cual no llama a extrañeza si tenemos en cuenta que muchas veces lo que dicen en el Congreso no coincide con lo que dicen en las comunidades autónomas; por ejemplo, en la famosa enmienda 84 sobre impuesto de hidrocarburos proponen prácticamente la creación del impuesto y luego, con gran algarada, se oponen a la misma. En definitiva, señorías, creo que mal está que propongan como oposición lo que no hicieron como Gobierno, pero no se contradigan ustedes mismos, no sean su propia oposición, la oposición de la oposición.
Señorías, nosotros votaremos favorablemente las enmiendas, convencidos no sólo de su legitimidad constitucional sino también de su oportunidad y de su necesidad política porque entendemos que la legitimidad y la oportunidad concurren en estos proyectos emanados del Senado, que vienen a introducir reformas en segmentos tan importantes de nuestro ordenamiento jurídico como son planes de pensiones, función pública, clases pasivas, maternidad, incapacidad temporal, infracciones y sanciones del orden social, fomento del empleo, impulso de la administración electrónica, agrupaciones de interés económico, mercado de valores, deducciones por inversiones, cajas de ahorros; en definitiva, un conjunto de medidas que entendemos que son necesarias, que modernizan nuestros mercados y nuestra economía y que mantienen su diferencial de crecimiento y su capacidad para continuar generando empleo.
Entre las enmiendas del Senado, probablemente destacaríamos la enmienda que regula el acceso a la información en registros de la propiedad y toda la modificación de la fe pública registral de nuestro sistema inmobiliario registral, donde se vienen a regular aspectos

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tales como el acceso al Registro de la Propiedad a través de notas simples informativas o a través de certificados de formato electrónico, medidas sobre fehaciencia notarial en la representación alegada, reducción del plazo de calificación registral, con una penalización para las calificaciones extemporáneas, posibilidad de calificación por un registrador sustituto, régimen disciplinario, etcétera. Es decir, una serie de medidas que vienen a modernizar nuestro sistema inmobiliario registral, de acuerdo con las ineludibles exigencias de la seguridad jurídica inmobiliaria.
Concluyo ya, señor presidente. Sólo quiero decir que mi grupo votará a favor de este paquete legislativo en la medida en que incluye las reformas necesarias para modernizar nuestra economía, en la medida en que viene a garantizar que nuestra economía continúe con su diferencial de crecimiento y continúe, en definitiva, generando empleo, en la medida en que entendemos que responde a la vocación de un Gobierno que ha hecho del reformismo centrista la divisa principal de su acción política.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor de Juan.
Tiene la palabra el señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Señorías, me voy a atener a la cuestión, como me recomendaba un diputado socialista en un debate reciente, cosa que no ha sucedido en intervenciones anteriores. Hablaba mi compañero de legitimidad y oportunidad. Estamos debatiendo hoy cuatro proyectos de ley -que, por cierto, se debaten conjuntamente porque así fue solicitado por el Grupo Socialista- que son muy importantes para el crecimiento, para el empleo, para el bienestar, para dar sostenibilidad a la situación económica española y para conseguir un diferencial de crecimiento respecto al resto de los países, encarando la situación internacional de forma positiva. Parece que algunos grupos de la oposición están más preocupados por otros temas que por los intereses de los ciudadanos, están más preocupados por otros temas que por garantizar crecimiento, empleo y bienestar.
Señorías, mi grupo cree que es necesario seguir afrontando reformas estructurales que garanticen una continuidad en el potencial de crecimiento de nuestro país. El marco presupuestario al que hoy esta Cámara va a dar su aprobación definitiva constituye una base muy sólida para crecer y para hacerlo, además, con un rasgo diferencial importante, para crecer más que el resto de los países europeos. Fue ayer cuando conocimos, señorías, el informe del Fondo Monetario Internacional. Las previsiones de ese organismo internacional señalan que España va a crecer por encima de Estados Unidos, de Japón, de Alemania, de Francia, de la zona euro y de la Unión Europea; España va a tener un diferencial de crecimiento. Fue anteayer cuando conocimos el informe de Moody's que otorga a España la mejor posición en el ranking de deuda pública, eleva a España al grado de país con mayor credibilidad. Señala el informe, señorías -porque es importante que se sepa en esta Cámara-, que el otorgamiento de esa credibilidad de la economía española está basado en la continua mejora de las finanzas públicas y en los cambios que han tenido lugar en las normas y procedimientos presupuestarios con el fin de mantener aquella mejora en el futuro.
Señorías, el informe dice que las políticas fiscal y macroeconómica instrumentadas, junto a las reformas estructurales, conducirán, con toda probabilidad, a un crecimiento sostenido en nuestro país que va a mantener los niveles de crecimiento y empleo. España, según el Fondo Monetario Internacional, va a ser el único país, en los objetivos y en las previsiones que traza, que va a tener una evolución favorable del empleo. España hoy está mejor que el resto de los países para afrontar esta situación económica. La política del Gobierno ha hecho que España esté hoy en mejor situación que el resto de los países. Hemos roto el tradicional comportamiento de la economía que hacía que España, cuando las cosas iban bien, creciera más que el resto pero, cuando había una situación difícil, nos fuera peor. Me remito a la última, a la de 1986- 1989, cuando no hizo el Gobierno Socialista las reformas necesarias y eso llevó a que en 1992-1993 España padeciera la peor crisis del siglo XX. Ahora, como en la época de bonanza hemos hecho bien nuestros deberes, como hemos cumplido bien con nuestras tareas de reformas estructurales, tenemos una mejor posición para afrontar la situación actual. España va a tener un diferencial de crecimiento positivo y eso, señorías, tiene mucho que ver con la estabilidad presupuestaria -lo señala el informe de Moody's- así como también tiene que ver con las leyes que el Grupo Parlamentario Popular ha apoyado y el Grupo Socialista, el Grupo de Izquierda Unida y algunos otros grupos han votado en contra. Eso tiene mucho que ver con la estabilidad presupuestaria y con las reformas que se han hecho, reformas que han flexibilizado nuestros mercados de bienes y servicios, que han liberalizado dichos mercados introduciendo competencias; reformas que tienen mucho que ver con la modernización de nuestro sistema tributario y las bajadas de impuestos de estos últimos años y que vamos a seguir haciendo.
Señorías, en la ley de presupuestos, que hoy va a recibir la aprobación definitiva, hay más de 26 medidas que suponen bajadas de impuestos; hay 11 medidas respecto al IRPF que suponen bajadas de impuestos; hay más de 6 medidas que suponen bajadas de impuestos a las pyme, y hay bastantes medidas que suponen bajada del impuesto sobre sociedades para garantizar inversión, empleo y que el próximo año en España se vaya a continuar por la senda de generación de empleo. Señorías,

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estos presupuestos garantizan una política por el lado de la oferta, garantizan que vayamos incrementando nuestra capacidad productiva, que España esté compitiendo en los segmentos de la innovación, donde nos queda mucho por hacer -algunas veces lo ha dicho la oposición-, aumentan nuestra modernización y además van a hacer posible que España mejore los niveles de bienestar social.
Las críticas de la oposición están en el guión. Yo creía que hoy íbamos a tener un debate sosegado sobre presupuestos, sobre política económica, sobre empleo, sobre bienestar, pero la oposición no ha querido entrar en temas de fondo. No les importan los temas de fondo, han querido plantear un tema de forma, quizá para que cierto portavoz de algún grupo, a quien no habían dejado intervenir hasta ahora, tuviera su momento en el debate prespuestario y por eso no han querido entrar al fondo de la cuestión. Me extraña más que algunos otros grupos le hagan el juego, pero, en fin, eso también está en el guión y lo tenemos que asumir, porque toda persona tiene derecho a su minuto de gloria, aunque haya sido una gloria efímera y muy poco profunda. (Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señorías, hay un constante rumor que hace cada vez más inaudible al orador. Les rogaría bajasen el tono de las conversaciones en el hemiciclo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, estamos aquí aprobando unas medidas que suponen reformas estructurales. El señor Azpiazu decía que la ley de acompañamiento, la ley de medidas, plantea reformas estructurales; por supuesto que sí. Incluso el Gobierno del PNV, en el País Vasco, lleva al Parlamento una ley de acompañamiento; por supuesto que sí. Hay una ley de acompañamiento que incluye reformas importantes y se incluyen reformas importantísimas en algo tan esencial, que SS.SS. no han mencionado y que, sin embargo, importa tanto a los ciudadanos, como la previsión social complementaria. Vamos a hacer posible que todos los ciudadanos, tras la jubilación, perciban una pensión pública en una mano, garantizada por ley, y una pensión complementaria en otra mano y, además, que eso se haga en el seno de la negociación colectiva, que eso se haga dentro del marco empresarial, pero eso le da igual a la oposición.
Parece que el bienestar de los ciudadanos, la cohesión social le da igual. A mi grupo no le da igual. Por eso hemos negociado con los sindicatos y hemos incluido unas enmiendas muy importantes, en el trámite del Senado, que es cuando se acabó la negociación con Comisiones Obreras. ¿A ustedes les parece mal eso? Yo lo puedo entender, pero no digan, señorías, que no hemos negociado; hemos negociado con Comisiones Obreras y hemos introducido unas reformas para dar cumplimiento a un objetivo que yo creía que teníamos todos los grupos de esta Cámara, que todos los ciudadanos, incluidos los de renta media y baja, especialmente esos, puedan percibir una pensión pública en una mano y una complementaria en otra y no tengan una disminución brusca de su capacidad adquisitiva tras el momento de la jubilación. Eso a la oposición le da igual, lo importante son las formas y el fondo les da igual. Pues a mi grupo, no, mi grupo quiere mejorar el bienestar de los ciudadanos, quiere mejorar el empleo y quiere garantizar el crecimiento. Por eso, señorías, hacemos reformas y por eso nos comprometemos en un presupuesto que da la cara a la situación actual y por eso los organismos internacionales dicen que España va a responder mejor que cualquier otro país. Eso es un motivo de orgullo para toda la sociedad española, se hace gracias al Grupo Parlamentario Popular y con la inhibición del Grupo Parlamentario Socialista y de los grupos de la oposición. (Aplausos.-Rumores.) Señorías, yo sé, y es legítimo, que a veces a ustedes les importan más las formas que el fondo, y lo entiendo. Llevamos todo un período de sesiones en el que no han hecho ustedes ni una interpelación sobre política económica, el Grupo Parlamentario Socialista no ha hecho ninguna interpelación sobre política económica. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Por qué? Porque no hay alternativa, señorías.
En materia de política económica, el único camino posible es el del Grupo Parlamentario Popular y el del Gobierno del Partido Popular (Aplausos.- Rumores.-Protestas.) y vamos a aprobar una reforma de la financiación autonómica muy importante, que se ha hecho con consenso.
Dijo el portavoz socialista en esta tribuna que se hacía tras meses de acuerdos, meses de discusión, un acuerdo político con el Partido Socialista y con las comunidades gobernadas por el Partido Socialista. Ayer hablaban ustedes de diálogo. ¿Cuál fue la respuesta del Partido Socialista a esos meses de acuerdo? Decir, aquí, en la tribuna, que cuando ellos ganaran, lo iban a cambiar. A veces el Grupo Socialista da la impresión de que no sabe perder y que los consensos para ellos son: cuando ganan y tienen mayoría no oír a nadie. Aquí, en esta tribuna un insigne político del Grupo Socialista decía que no tenía que oír a la oposición, que a él le bastaba oír a los diez millones de votos y no a la oposición, a la que tuvo ignorada durante muchos años. Ahora, cuando ustedes pierden, encima de que ofrecemos consensos, dicen: mientras que tenga mayoría yo hago consenso. Ya los cambiaré cuando nosotros gobernemos. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, entiendo que ustedes no quieran oír, porque lo que quieren es no tener debate. El demócrata señor Caldera, que propone un debate, se va para no tener debate, porque no quieren ustedes oír. (Aplausos.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se

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perciben.-La señora Cunillera i Mestres: Está con Arenas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Martínez-Pujalte, le ruego concluya.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señorías, voy a concluir.
El señor Caldera ha venido hoy a lanzarnos un mitin y se ha ido sin escuchar a nadie, ese es su talante democrático. El nuestro es: empleo, crecimiento y bienestar. Ahí nos encontrarán.
Gracias. (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor MartínezPujalte. (Rumores.) Señorías, guarden silencio. Ruego ocupen sus escaños.


Iniciamos la votación. Enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002. En primer lugar, sometemos a votación la enmienda al artículo 64.1. (Fuertes rumores.) Señorías, en tanto en cuanto el nivel de murmullo de la Cámara impida que se escuchen los resultados de la votación con suficiente claridad para que conste en el "Diario de Sesiones", esta presidencia se verá imposibilitada para leer los resultados.
Comienza la votación. (Pausa)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 190; en contra, 189; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda de referencia.
Enmienda a la sección 19,organismo 101, programa 322, concepto 454.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 16; en contra, 178.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas a la disposición adicional decimosegunda, apartado tres, y enmiendas a la sección 18.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 193; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Resto de enmiendas del Senado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002.
Comienza la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 179; en contra, uno; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social. En primer lugar, las enmiendas del Senado al artículo 1, apartados cinco y doce; artículo 2, apartado nueve; artículo 7 ter; artículo 49; artículo 50, apartado cinco; artículo 64 y disposiciones adicionales decimosexta y vigesimonovena.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 195; favor, 194; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Enmienda al artículo 71.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, dos; en contra, 191; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas a las disposiciones adicionales trigésima a trigesimoquinta.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 195; a favor, 17; en contra, 176; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas a la exposición de motivos, apartado II, párrafos quinto y sexto.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; en contra, 193; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Resto de enmiendas del Senado con las correcciones técnicas anunciadas en el debate y que obran en poder de los grupos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 180; abstenciones, 14.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, que se someten a una sola votación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 193; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Por último, votamos las enmiendas del Senado, en una sola votación, al proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las comunidades autónomas de régimen común y ciudades con estatuto de autonomía.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 194; a favor, 194.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Señorías, tal y como he anunciado al principio de la sesión, la votación de conjunto, por tener carácter orgánico, del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas se producirá al final del debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades, y en ningún caso antes de la una del mediodía.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE UNIVERSIDADES. (Número de expediente 121/000045.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos el debate de las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Señora presidenta, señorías, parece que no está la señora Del Castillo para celebrar hoy su triunfo.
Quiero anunciarles que en este debate el Bloque Nacionalista Galego va a ser tan coherente en su rechazo a este proyecto de ley como lo es en su defensa el Partido Popular. Incluso diría que más, porque la defensa del Partido Popular no impide que conspicuos defensores de esta ley en la prensa y en foros públicos se apuren en colocar a sus protegidos antes de que la ley entre en vigor, pero a esta hipocresía ya nos tienen ustedes acostumbrados. Digo que seremos tan coherentes porque asumimos como normal -está en su naturaleza- que quieran imponer al precio que sea y con los métodos que sean, métodos policiales incluidos, una ley antidemocrática, una ley socialmente regresiva, una ley abiertamente centralizadora y una ley privatizadora de la enseñanza superior; antidemocrática porque reduce la participación de sectores de la comunidad universitaria tan importantes como los alumnos en el gobierno de la universidad; socialmente regresiva porque finalmente ustedes consiguen plasmar en una ley lo que estuvieron procurando durante todo este tiempo, dinamitar la universidad pública, una universidad pública que ya no les sirve. Su ideología reaccionaria les lleva a concebir la universidad y a darle, propaganda aparte, una función, la de seleccionar y de reproducir elites. La universidad pública, masificada, a la que aun con problemas puede acceder todo el mundo, ya no cumple esa función; por tanto, vayamos a masters, a universidades privadas, a sitios donde se pueda adquirir lo que se llama el capital relacional, no necesariamente una enseñanza de calidad. Por eso esta ley no aclara cómo se va a acceder a la universidad, por eso esta ley no aclara cómo se va a repartir entre universidades públicas y privadas esa limitación de plazas para determinadas carreras que va a imponer centralizadamente el Gobierno y por eso esta ley la están aprobando ustedes apoyándose en una campaña de propaganda en la que todo vale, hablar de la masificación y hablar de la endogamia. Esta endogamia, por cierto, parece ser como el colesterol, hay endogamia mala, la que practican las universidades periféricas, y hay endogamia buena, la que se practica desde otros lugares o por otras personas. Es una ley también abiertamente privatizadora. Dice la señora Pilar del Castillo que en ningún lugar de la ley se habla de privatizar la universidad pública. ¡Faltaría más que lo dijesen ustedes así! Privatizar la universidad es establecer una competencia desleal entre universidades públicas y privadas, ahora acentuada tras la eliminación en el Senado del apartado 3 del artículo 72, que permite libremente que profesores de la universidad pública den clase en la universidad privada; privatizar la universidad es obligar a los centros públicos a buscar recursos externos, a incrementar las tasas que cobran a los alumnos para financiar sus actividades, y no sólo las investigadoras. También es una ley profundamente centralista. Este proyecto invade competencias autonómicas y anula la autonomía universitaria.
Fortalece el poder de ciertos grupos de poder, de ciertos mandarines de área que operan a escala estatal, impidiendo cualquier dinámica autónoma de las universidades periféricas ¿Cómo, con este nuevo sistema de habilitación que ustedes saben sortear tan bien, se van a valorar investigaciones sobre temas relevantes para Galicia, de interés para Galicia, por ejemplo, pero que pueden no interesar a nivel estatal a esos mandarines a los que antes me referí? ¿Cómo la Agencia Nacional de Investigación, que va a ser quien evalúe los méritos científicos, va a valorar trayectorias investigadoras realizadas en lenguas distintas del español? Si a esto

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sumamos la demagógica clasificación que pretenden realizar de las universidades, con el pretexto de la libre elección de centro, pretexto que encubre la renuncia a cualquier objetivo de equilibrio territorial en materia de enseñanza superior, desde luego a mí ya no me cabe ninguna duda de en qué clasificación o en qué división van a estar las tres universidades gallegas; perdón ahora casi hay que decir otra vez universidades de provincias. Estas universidades de nuevo van a servir de trampolín para acceder a una cátedra ejercida desde Madrid esperando una vacante en las universidades centrales que permita el retorno.
La señora PRESIDENTA: Señor Aymerich, le ruego concluya.


El señor AYMERICH CANO: Acabo, señora presidenta.


Señores del Grupo Popular, ustedes ya no engañan a nadie, pretenden hacer con la enseñanza superior lo que en Galicia lleva ya mucho tiempo haciendo el Partido Popular con la primaria y la enseñanza media: degradar la enseñanza pública, hacer que deje de ser universal y convertirla en una prestación benéfica para los que no puedan pagarse la enseñanza privada. Como los estudiantes no son parvos, como decimos en Galicia, como conocen muy bien la ley, se dieron cuenta a la primera y adivinaron las intenciones del Gobierno.
Ha habido varios referéndum en Galicia en los que el 97,11 de los alumnos de las tres universidades públicas gallegas se manifestaron en contra de esta ley. Debe ser por eso, como manifestación de su impotencia, que el Gobierno ordena a la policía pegar a los estudiantes e imponer a golpe de porra la ley, incluso invadir -actitud que no se daba desde el franquismo- recintos universitarios.
Este, señores del Grupo Popular es su estilo. Sólo me cabe preguntarles si también la nueva ley de formación profesional y la nueva ley de calidad la pretenden imponer así, a golpe de porra.
Nada más. Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.
Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAIN: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, a la vista de la tramitación de esta ley me da la sensación que hoy no estamos tratando la LOU, sino la Locu; que no estamos tratando la ley orgánica de universidades, sino la ley orgánica contra las universidades. Me parece que estamos en un proceso donde el único acierto que tuvo el Gobierno y que compartimos todos hasta ahora es que había que hacer una ley. A partir de ahí es una ley que se basa en la descalificación de la universidad actual, no ya en la descalificación a ciertos niveles, sino en la descalificación desde el presidente del Gobierno que se permite el lujo de descalificar al colectivo de rectores, de mofarse de las manifestaciones de los estudiantes y de decir que nadie lleva la razón nada más que él. Me parece, señorías, que la universidad, que es el templo del conocimiento y que necesita una nueva ley, una renovación, no puede arreglarse con un corsé, con una ley impuesta por el Gobierno; impuesta por el Gobierno con un argumento casi sotto voce: No pasa nada, que ladren, que esto se acaba en enero. Estos son los chillidos propios de la bronca del momento. Me temo, señorías, que va a pasar algo, que tenemos en contra a la opinión mayoritaria y unánime de los claustros, que es una universidad que inicia un proceso de renovación contra el instrumento que se le está imponiendo como corsé, que no se aceptan cómo se han distribuido los órganos, qué control hay en la promoción del profesorado, cómo se regulan las universidades privadas y que se continúa descalificando, hasta la última de las descalificaciones de la ministra respecto a las plazas convocadas ahora por la universidad. Son plazas, por lo menos en Andalucía, convenidas y firmadas por la señora ministra el 26 de diciembre del año 2000 y dotadas presupuestariamente para que salgan en el 2000, 2001 y 2002. Se aprueba la financiación con las consejerías, con los sindicatos y con ella, al abrir los periódicos nos enteramos que las universidades están sacando las plazas porque quieren escaparse del control de la nueva LOU, de una ministra que ha firmado la financiación de esas plazas para este año, para el año pasado y para el año que viene. Por tanto, continuamos en la escalada de descalificación. Vemos a la ministra desfilando con toda la universidad y el Gobierno dice que la compañía lleva el paso cambiado, que la que va con el paso es la señora ministra.
Reflexionen SS.SS., la mayoría de esta Cámara no oye a la mayoría de la opinión pública; la mayoría parlamentaria no debe -que sí se puede y lo van a hacer ustedes hoy- imponer un corsé en el lugar donde se centra el conocimiento y el futuro de esta sociedad. Hoy van a cometer ustedes un error muy grave: imponer un modelo a un colectivo, aprobar la ley orgánica contra las universidades. Esperemos que esta sociedad y que las universidades reaccionen; si ustedes sacan esta ley, pronto tendremos que revisarla, lamentablemente, para evitar este periodo de desconfianza, de descalificación y de interinidad en que van a sumir ustedes a las universidades españolas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, en el fondo uno tenía la esperanza de que después del barullo, de los líos, de gente extraña, de gente extravagante, de rectores atrincherados

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en su universidad, en el Senado habría una reforma, una voluntad de abrir la ley, de buscar consenso, de llegar a un acuerdo no sólo con los grupos parlamentarios allí representados, sino también con la comunidad universitaria. No ha sido así y volvemos con una ley que no consigue crear una reforma necesaria para meter a las universidades de lleno en el nuevo horizonte europeo para hacerlas más competitivas, para afianzar su financiación, para crear una buena relación entre sociedad, empresa y universidad, también para dar un paso adelante en la investigación, y sobre todo para crear una universidad de calidad. Esta reforma no persigue esto, sino el control político de las universidades por parte del Gobierno y del Estado. No es sólo en el ámbito universitario, en este Pleno hemos asistido en el debate anterior cómo mediante otras leyes, como la ley de presupuestos, la LOFCA o la ley de financiación, hay una reconquista, como decíamos antes, por parte del Partido Popular, del Estado, de la sociedad civil y de las diferentes instituciones que de esta dependen.
En este sentido queremos destacar que la falta de democracia y pluralismo no están contrapuestas con eficiencia, y éste es el sentido que parece que el Partido Popular le da a cómo quiere reorganizar la universidad, cómo quiere dejar al 49 por ciento del profesorado, a los profesores contratados, fuera de los órganos de Gobierno y de decisión, cómo va a dejar también fuera de estos órganos de decisión a los estudiantes.
También tienen voluntad de centralismo. Decía el conseller de Universidades de la Generalitat de Catalunya, Andreu Más-Colell, con un optimismo desbordado,que ahora sí podremos hacer una ley catalana de universidades. Yo creo que aquí no hay espacio. En términos populísticos se habla de la táctica de achique de espacios. Aquí no hay espacio posible para una ley catalana de universidades, no hay espacio posible incluso para que las diferentes universidades puedan regular. Esta es una ley excesivamente reglamentista, se reglamenta todo, no creo que haya muchos precedentes de una ley tan reglamentista como es.
Tenemos la sensación de que aquí se nos cuela por la puerta de atrás, sin mencionarlo, una nueva fórmula de universidad; mediante la financiación, mediante las fundaciones da la sensación de que se equipara la pública y la privada. La privada tendrá los mismos derechos que la pública pero no las mismas obligaciones. Yo creo que de este modelo va a nacer un nuevo engendro, que podríamos definir como la universidad privada concertada. Con esta ley da la sensación de que va a nacer este nuevo engendro, repito, y si con este modelo en la universidad privada se dan los mismos cursos, las mismas asignaturas, las mismas especialidades, ¿para qué necesitamos una universidad pública? ¿Para qué pagar una universidad pública? Solución: concertar algunos de los cursos mediante becas, mediante ayudas a las fundaciones de la Administración pública a la universidad privada. Esta ley tampoco fija modelos de financiación necesarios.
La universidad pública necesita una cierta solidez, una cierta sensación de sentirse blindada ante la financiación, y un modelo satisfactorio para los rectores. Como decíamos, se vulnera la sensación de autonomía no sólo de las comunidades autónomas sino también de la comunidad universitaria. En definitiva, es un modelo de centralismo.
Sinceramente creíamos que el Senado podría haber significado una reflexión, y lo que hemos visto ha sido la reacción por parte del Gobierno y del Partido Popular de satanizar toda discrepancia libre, democrática y legítima que cuestionaba el abuso del rodillo, porque el rodillo existe, y es legítimo, la mayoría absoluta es legítima, pero creo que el diálogo y el consenso con las partes implicadas son necesarios. La democracia se legitima cada día no sólo cada cuatro años. Las decisiones tienen que llevarse a la ley, pero también tienen que deberse a mayorías sociales y, en este caso, en el ámbito universitario no se ha respetado la opinión mayoritaria del ámbito universitario. Por eso nuestro voto va a ser contrario a este modelo de universidad.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.
Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Quiero anunciar, en nombre de Iniciativa per Catalunya- Verds, el voto negativo a las enmiendas del Senado. Era difícil pensar que en el Senado se podía empeorar esta ley, pero en cada trámite parlamentario ha ido empeorando. Me decía el otro día un catedrático de universidad que esta ley había seguido un procedimiento esquizofrénico. Cada vez mayor oposición y cada vez peor. Podemos calificar el procedimiento de esta ley como esquizofrénico.
En el debate de totalidad expuse las tres grandes razones por las cuales desde Iniciativa per CatalunyaVerds nos oponíamos a esta ley.
La primera, porque esta ley en el fondo tiene una concepción uniformizadora, un concepto decimonónico de centralismo del Estado, cuando se lee esta ley no se entiende que el Estado español sea plurinacional. La segunda, porque esta ley, como otras leyes del Gobierno del Partido Popular, desprende una ideología de absoluto control sobre la sociedad, de desconfianza sobre la sociedad, en este caso sobre la universidad; miembros del Gobierno han lanzado unos exabruptos sobre la universidad que no tienen parangón en la historia de las descalificaciones. Además, es una ley que invade competencias de las comunidades autónomas. Por tanto, un segundo elemento de control sobre la sociedad, con desconfianza sobre la universidad e invasión de competenciasautonómicas. Y la tercera razón de nuestro

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rechazo es que esta ley es un ejemplo manifiesto del desprecio que tiene el Gobierno por el diálogo social. Ha sido una ley en la que, desde el inicio, a pesar de que la ministra de Educación y Cultura manifestó su voluntad de diálogo, ha sido imposible dialogar. Esta ley ha conseguido la mayor movilización contraria a una propuesta legislativa del Gobierno desde 1996, ha conseguido unir a los estudiantes, a los profesores, a los rectores y a los catedráticos, ha conseguido que la propia Federación Española de Municipios y Provincias pida su retirada y ha conseguido que algunas universidades, como recientemente la Universidad Autónoma de Barcelona, hayan declarado públicamente que van a desobedecer la ley.
Por tanto, esta ley no va a mejorar la universidad, va a empeorarla, va a colocarla en una situación más difícil. Es una de las primeras leyes que va a significar una erosión social, política y electoral importante para el Partido Popular.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señorías, como decíamos antes -y es una desgracia que tengamos que volver a utilizar este argumento, pero la realidad es persistente-, en democracia hay una cuestión muy importante, y es la forma de hacer política, y desde luego la forma de llevar adelante este proyecto de ley es un ejemplo de lo que nunca se debe hacer. Es la consagración absoluta de la falta de consenso y sobre todo -porque al consenso a veces se llega y a veces no- de la voluntad de no querer intentar llegar al mismo. No ha habido un intento para llegar a ese consenso con la comunidad educativa, con la comunidad universitaria, no lo ha habido con las comunidades autónomas, no sólo durante la tramitación del proyecto, sino, ni mucho menos, durante la elaboración del mismo y, desde luego, tampoco lo ha habido en la tramitación en esta Cámara ni en el Senado. Todos los grupos parlamentarios hemos hecho aportaciones, creo que constructivas. Hemos presentado múltiples e innumerables enmiendas que, al menos, debían haber sido objeto de estudio, de diálogo y de debate. Pero no, a ustedes les gusta la nocturnidad, les gusta la urgencia, en definitiva, les gusta el atropello. Es una cuestión relevante porque este proyecto de ley tiene gran trascendencia, afecta de forma notable a la sociedad.
Hubiera sido conveniente incorporar propuestas de los distintos sectores, agentes de la universidad y de las distintas formaciones políticas. En definitiva, hubiera sido muy conveniente tener un modelo de universidad adaptado al siglo en el que acabamos de entrar y que pudiera haber hecho frente a los retos y problemas que vamos a afrontar.
Aquí no se ha hablado de modelos de universidad, se ha hablado de la idea que tienen ustedes, de la idea de este proyecto de ley, de una idea muy clara que ni tan siquiera es un modelo, de la idea de centralismo, de uniformización, en definitiva, de recuperar competencias en algunos de los aspectos que ustedes entienden que ni siquiera tenían que compartir con las comunidades autónomas. No han aprovechado la ocasión para solventar problemas importantes, como el tema de los órganos colegiados unipersonales. No hablaremos de la famosa habilitación, donde ustedes trasvasan de esa supuesta solución de la endogamia a otra endogamia ideológica, mucho más dura y mucho más problemática. En cuanto al alumnado, usted desde luego le pone problemas, y muchos más problemas no sólo al acceso sino a su participación en los órganos de Gobierno. Hablemos también de becas y ayudas. Creemos que ha habido un afán excesivamente regulador y miedoso a la libertad, a la autonomía universitaria y, por supuesto, a la autonomía política de las comunidades autónomas. Es el proyecto de la negación de lo que debe ser esa libertad y esa autonomía en sus distintas vertientes. Han pasado de tener que haber hecho exclusivamente un marco mínimo común, a una exhaustividad normativa y a una uniformización obligatoria a todos los ámbitos. Ustedes quieren reglamentar lo que quieran, como quieran y sin ningún tipo de posibilidad de diálogo y debate con otros múltiples agentes y representantes políticos. Pero esto no va a ser bueno. Esto no tiene parangón en ningún otro país europeo y creemos que también afecta a otro problema muy concreto, que es el de las distintas lenguas que existen en los distintos países.
En definitiva, señorías, no estamos en absoluto de acuerdo ni en el contenido ni en la forma. Pedimos, como lo han reclamado otros parlamentos de distintas comunidades autónomas -están a tiempo, aunque les parezca que es una boutade, lo pide mucha gente-, que retiren el proyecto de ley. No es bueno, ustedes lo saben, retírenlo.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Señora presidenta, señorías, a estas alturas de la mañana y después del rapapolvo progresista que nos ha dado el señor Pujalte, realmente es complicado salir aquí para decir que no vamos a votar la ley universitaria, porque luego se nos atacará por todos los rincones. En menos de tres meses hemos asistido a la atropellada tramitación de la ley de universidades. Ni las enmiendas a la totalidad de la mayoría de los grupos representados en esta Cámara ni las masivas manifestaciones ni las críticas lanzadas desde todos los ámbitos y colectivos universitarios han servido para variar un ápice lo sustancial de la propuesta

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del Gobierno. La contrarreforma universitaria viene hoy deprisa y corriendo, sin consenso, oculta tras las falsas afirmaciones de la máxima responsable, la señora ministra, a la cual Televisión Española le ha dado un altavoz enorme, manipulando, precisamente el día de la manifestación, las noticias de una manera realmente sorprendente, abogando por el diálogo con un gesto vacío y acelerando la tramitación con el rodillo parlamentario al que nos están malacostumbrando. Desde la Chunta Aragonesista seguimos pensando que dicha ley no sienta las bases que precisa la universidad española del siglo XXI para dar un nuevo salto cualitativo que permita situarla a la cabeza de los sistemas universitarios europeos, marca imprescindible de referencia. Lo que pasa es que ustedes no controlaban la universidad y quieren hacerlo con un proyecto mediante el cual intentan que pase exactamente lo mismo que ha pasado con otras instituciones y sociedades que han privatizado: darle el poder a sus amigos. Veamos lo que está pasando a veces en estas privatizaciones: se las dan a amigos y luego Cataluña se queda sin luz porque el señor Martín Villa, presidente de Endesa, pasea tranquilamente por todo el territorio con una falta de responsabilidad tremenda.
Queremos un proyecto de ley que apueste fundamentalmente por proteger la autonomía universitaria, reafirmar el compromiso de una carrera profesional para los docentes e impedir la quiebra de un modelo de gobierno democrático y participativo en las universidades; ha costado muchísimo empezar este camino que ahora se va a ver cortado de raíz.
Queremos evitar el desmantelamiento de lo público en beneficio de lo privado y conseguir una enseñanza de calidad. Desgraciadamente, el apoyo firme a las universidades privadas lo veremos a partir de ahora de manera escandalosa. Nos echaremos las manos a la cabeza cuando veamos que un profesor puede estar al mismo tiempo en la universidad pública y en la privada; una cosa absolutamente incoherente. Su proyecto de ley no consigue nada de lo que planteamos en estos puntos y que querríamos para una universidad que estamos de acuerdo en que había que reformar; la universidad está vieja y había que darle una forma nueva, pero no es este el modelo ni el sistema que debía implantar esta ley.
Por todos estos motivos, vamos a votar en contra de esta ley que, como decía un parlamentario del Grupo Mixto, no es una ley orgánica de la universidad sino contra la universidad. Posiblemente, la respuesta en la calle la veremos durante muchos días.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.
La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.
Intervengo para fijar la posición de mi grupo en cuanto a las enmiendas del Senado y para presentar la valoración final sobre el proyecto de ley de ordenación universitaria. Mi grupo ha manifestado desde el comienzo de este debate su acuerdo en la necesidad de reformar el marco legislativo universitario actual, y también ha reconocido una realidad: el importante salto cualitativo y cuantitativo de nuestras universidades con la Constitución de 1978 y la Ley de Reforma Universitaria de 1983. Esto ha supuesto una expansión de nuestras universidades en libertad y en democracia. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Pero no podemos congelar la historia, y mucho menos en una institución tan sensible a los cambios sociales, tecnológicos y científicos, como la universidad. Esto nos obliga a buscar nuevas fórmulas para que la comunidad universitaria, cuya obligación es dar respuesta a las necesidades de la sociedad, avance con ella con mayor agilidad asumiendo nuevos retos de calidad, y tenga la garantía de una integración eficaz en el espacio europeo de enseñanza superior.
Esta era y es nuestra valoración del reto que supone este proyecto de ley. Ante él, valorando sus virtudes y defectos, adoptamos la postura legítima de enmendarlo y de intentar mejorarlo en los aspectos que nos parecían más deficitarios. Se han incorporado al texto a lo largo de todo el proceso unas 70 enmiendas, aproximadamente, de las cuales algo más de 20 -del Congreso y del Senado- son de Coalición Canaria; en conjunto, se ha logrado una mejora del proyecto.
En cuanto a las enmiendas aprobadas en el Senado y en el Congreso, valoramos positivamente que se hayan incorporado elementos de reconocimiento de las dificultades que implica el carácter de insularidad de la comunidad canaria y su alejamiento del territorio peninsular; que se hayan reconocido las dificultades de funcionamiento que tienen las universidades canarias para mejorar su calidad y competitividad en el contexto actual. Con las enmiendas aprobadas en el Senado sobre el sistema general de becas y ayudas para estudiantes, ha quedado recogida la singularidad de los territorios insulares, para evitar los obstáculos socioeconómicos, favorecer la movilidad y propiciar la igualdad en la educación de los estudiantes canarios.
En el apartado del acceso a la universidad también es importante que se haya introducido la salvaguarda de que el consejo de coordinación universitaria vele por que las universidades programen sus procedimientos de admisión de forma que los estudiantes puedan concurrir a universidades distintas. Esto es importante para los estudiantes de todos los territorios, pero es aún más importante para los estudiantes canarios no coartar su derecho a la igualdad de acceso y a la movilidad dentro del distrito único. En este sentido esperamos el compromiso de que el ministerio permita un desarrollo reglamentario

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flexible de la presente ley, en donde esto no se interprete sólo como una coordinación de tiempos sino, inclusive, como la posibilidad de homologar exámenes o pruebas. Queremos resaltar también la incorporación al texto durante su tramitación de las especificidades de las universidades insulares en los programas de financiación del fomento de la movilidad de los profesores ayudantes.
Asimismo se han flexibilizado las condiciones de los actuales profesores asociados al haberse introducido -mediante una enmienda transaccional del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Popular- la posibilidad de prorrogar su situación hasta cuatro años para adaptarse a los nuevos requerimientos de la ley. Esto es importante, en general y, en particular, para las universidades jóvenes como es el caso de algunas universidades canarias. Nos parecen positivas aquellas modificaciones que se han introducido, dirigidas a reforzar las competencias de las comunidades autónomas. Algunas en el ámbito del profesorado, como es la posibilidad de desarrollar retribuciones adicionales ligadas a incentivos; el proyecto de ley desarrollaba esta posibilidad sólo para la Administración central, lo que hubiera generado contradicciones innecesarias en el terreno competencial pues, en el caso de Canarias, existen desde hace años incentivos económicos al profesorado ligados a objetivos.
También es importante la preservación de las competencias autonómicas en el régimen económico y financiero de las universidades. Señorías, no quisiera dejar de hacer otra vez en esta Cámara un comentario sobre el nuevo proceso de habilitación del profesorado. Era necesario establecer un nuevo procedimiento, pero nos preocupa la repercusión que pueda tener en las universidades canarias y, fundamentalmente, que no se convierta en un elemento de aislamiento de las mismas en un doble sentido, hacia dentro y hacia fuera. En nuestro territorio existe la dualidad, se ven acentuados los dos fenómenos: el de la endogamia y el de la falta de concurrencia. Por eso planteábamos una enmienda -que no ha prosperado- para no limitar las posibilidades en cuanto al número de profesores habilitados; no limitarla en función de las plazas ofertadas por las universidades para los concursos, sino en función de la acreditación de méritos demostrada durante el proceso de habilitación. Entendemos que de esta forma se garantizaría mejor la concurrencia, la competencia y la verdadera capacidad de la universidad de tener un pool donde escoger profesorado. Insistimos, de todas formas, en solicitar el compromiso por parte del ministerio de que en el desarrollo reglamentario dé garantías para que no se produzcan estos efectos perversos que nos tememos en las universidades canarias.
Como valoración global -es una opinión que no es la primera vez que manifestamos-, entendemos que hemos tenido poco tiempo para debatir este proyecto con sosiego. El debate en esta Cámara ha estado profundamente sesgado por el debate habido fuera de ella.
Lo cierto es que los enfrentamientos entre los dos grupos mayoritarios han sido en muchos casos más de forma y han impedido reflexionar sosegadamente con posiciones diferentes, legítimas, sobre el contenido, el fondo y las diferencias de modelos. Creo que es unánime la necesidad de hacer un replanteamiento legislativo universitario en España que dé pie a que, con las suficientes garantías, situemos a nuestras universidades en mejores condiciones para afrontar la competencia de los nuevos tiempos, la equiparación con las universidades europeas y las necesarias respuestas a las demandas de la sociedad en materia de docencia y de investigación.
En líneas generales, entendemos que este proyecto apunta esas vías y esos caminos con las sombras o las dificultades que he expuesto a lo largo de mi intervención, pero estimo que tenemos que continuar insistiendo en buscar vías de solución.
Por último, como ya ha dicho mi grupo en el debate sobre esta ley en esta Cámara y también en el Senado, insistimos en la necesidad de no cerrar las puertas al diálogo y al consenso; estamos hablando del futuro de las universidades en este país, elemento fundamental del sistema educativo, pero también elemento fundamental en la vertebración, en el impulso del país, en el progreso científico, técnico y productivo, así como también en el mundo de la cultura y en el desarrollo de los valores democráticos de una sociedad. Así ha sido en España y así debe seguir; para ello, nuestra responsabilidad es seguir dotándola de las mejores herramientas y de las mejores condiciones. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) Hemos perdido la oportunidad de tener un debate sosegado, de haber aprobado esta ley por consenso en esta Cámara; creemos que esto es responsabilidad fundamentalmente de los dos grupos mayoritarios que aquí están representados. No debiéramos, señorías, seguir perdiendo la oportunidad en las posteriores e importantes posibilidades que se abren con el desarrollo reglamentario que va a ser necesario y decisivo para la puesta en funcionamiento de la ley, porque si no saldríamos perdiendo todos: la universidad y el conjunto de la sociedad. Hacer esto debe ser un compromiso de todos, pero, insisto, fundamentalmente del Partido Popular, del Gobierno, del ministerio y del principal partido de la oposición, el Partido Socialista, pero hacerlo dentro del respeto a la legitimidad del Parlamento y con la responsabilidad de llenar de contenido los debates, dentro de las legítimas divergencias, porque eso es llenar de contenido a nuestras universidades. No hay que generar inestabilidad en la vida universitaria dando prioridad a los intereses partidistas sobre los intereses generales que enturbian, en definitiva, la confianza que la sociedad tiene depositada en sus universidades, porque de hacerlo así, entendemos que haríamos un flaco favor a la convivencia y a la

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estabilidad necesaria para el progreso de nuestras universidades.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Julios.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, se había anunciado a bombo y platillo por parte del Gobierno y del Grupo Parlamentario Popular en el Senado que el trámite en el Senado podría dar pie a distintas reformas en torno a esta tan debatida ley de universidades, de forma que se anunciaban cambios que preconizaban, de alguna manera, la voluntad del Grupo Popular de responder a distintas demandas universitarias, sociales y parlamentarias de reforma de esta ley.
De la lectura del mensaje motivado que el Senado remite a esta Cámara se ve que toda esa expectación ha quedado en agua de borrajas. Nos encontramos en este trámite de las enmiendas del Senado con meras reformas gramaticales, sintácticas, de estilo, alguna técnica, con algunas reestructuraciones de párrafos, en las que desde luego Descartes no ha tomado parte ni ningún lingüista cualificado. Si se analizan las enmiendas gramaticales una por una se observa que hay algunas correcciones u otro tipo de criterios ortográficos más propios del mundo anglosajón que del mundo español. En el tema de las reestructuraciones de párrafos hay cuestiones completamente aleatorias. Es puro maquillaje para decir que se han introducido 45 enmiendas que no vienen no ya a reformar lo sustancial, que nadie se lo esperaba, sino que sólo vienen a maquillar un texto para decir: Aquí tienen ustedes 45 enmiendas aprobadas, sin más. Así, señora presidenta, asistimos al término de una tramitación espeluznante de un proyecto de ley. Yo llevo diez años en esta Cámara y jamás había conocido, señora ministra, un trámite de esta manera. Usted podrá entrar en los anales del parlamentarismo por ser la primera ministra que ha sido capaz de tramitar así un proyecto de ley.
Le quiero hacer una pregunta, porque si no voy a reventar. Cuando usted dice en los medios de comunicación que habla con todos los grupos parlamentarios, ¿qué es lo que está diciendo? Usted, cuando mira a esta Cámara, ¿la ve como la estoy viendo yo desde la tribuna o la ve de otra manera? Porque verla con esa cara de bondad, de satisfacción, en la televisión, hoy sí y mañana también, diciendo: Si estoy abierta al diálogo, si he hablado con todo el mundo, si he tomado en cuenta la opinión de todos los agentes universitarios y parlamentarios. Y uno, desde la butaca de su casa, dice: ¡Estará diciendo la verdad, se creerá lo que dice! ¿Cómo puede tener, señora ministra, esa tranquilidad de espíritu, esa satisfacción, cuando sabe lo que ha hecho? Usted, señora ministra, va a pasar a los anales de esta casa, porque, en los años de democracia parlamentaria, en esta casa no se ha tramitado un solo proyecto de ley con este estilo, con esta autosuficiencia y con esta falta de rigor. No es sólo que se haya sometido a las universidades a una presión excesiva, que ha producido un shock en determinados sectores, y basta ver las reacciones que se han producido en torno a esta tramitación. Es que se ha descalificado grave y agriamente a sectores importantes de esta sociedad que tienen su aportación a la propia universidad, a la propia sociedad, y que han manifestado sus posturas en la medida en que se les ha dejado.
Si el objetivo de esta ley, como usted ha reiterado una y otra vez, era la calidad, señora ministra, se ha desaprovechado una excelente oportunidad. Todos compartíamos el criterio de la necesidad de actualización de este proyecto de ley y nosotros nos seguimos preguntando al finalizar estos trámites por qué no se mira a las universidades de excelencia en el ámbito europeo para trasladar la legislación a este país; por qué se legisla con el retrovisor puesto cuando todos sabemos cuáles son, en el ámbito europeo, en el ámbito anglosajón, las universidades que funcionan con excelencia y con rigor; por qué, en vez de mirar ese modelo universitario, estamos empeñados en retrotraernos a modelos caducos y claramente superados.
Nosotros, como hemos dicho desde el principio, no compartimos este modelo de universidad ni lo que se refiere a sus criterios de organización, a sus criterios académicos, de investigación o a las relaciones que deben establecerse entre la universidad, la sociedad o las empresas. En las enmiendas que el Grupo Parlamentario Vasco, el Partido Nacionalista Vasco, ha presentado en los trámites de esta ley hemos propuesto un modelo que podía avanzar en esta línea, sin rupturas excesivas sobre el modelo actual pero que avanzaba suficientemente en esos criterios de calidad universitaria. Ustedes se han negado al diálogo, no las han tomado en consideración y, lo que es peor, las han despreciado sistemáticamente.
Desde sus posiciones, señora ministra, predican la pluralidad pero conjugan todos los verbos en singular y ponen todos los sustantivos en singular. En un momento en que las universidades están transferidas y los parlamentos autónomos sostienen las competencias con relación a las materias universitarias -además deben financiarlas- no se deja campo suficiente. Decía antes un diputado que se han achicado los terrenos de forma que no hay oxígeno o margen suficiente para poder respirar. Esta ley restringe el campo en el cual deben desarrollarse las actividades de las universidades y de investigación en este país. Desde el análisis que nosotros realizamos, lo que básicamente vulnera este proyecto de ley es la autonomía universitaria. Es más o menos discutible y plural en qué medida la autonomía política de las comunidades autónomas puede quedar afectada con esta ley. Es de criterio generalizado y compartido

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la vulneración sistemática de la autonomía universitaria que este proyecto de ley conlleva.
En consecuencia, y dentro del conjunto de este análisis, el Grupo Parlamentario Vasco va a votar en contra de todas y cada una de las enmiendas que el Senado remite a esta Cámara, porque entendemos que en su redacción y en su literalidad, en vez de producir una mejora del texto que el Congreso remitió al Senado, se produce el efecto contrario. Nos hubiese gustado que las enmiendas, por ejemplo, que en el trámite de Comisión fueron aceptadas a Convergència i Unió se hubiesen respetado en su literalidad, pero han sido matizadas, han sido restringidas en los términos en que fueron aceptadas en esta Cámara. Y en lo que se refiere a las enmiendas de maquillaje, gramaticales, sintácticas, de estilo, técnicas o de reestructuración, yo creo que son todas altamente discutibles; las podemos someter a autoridades más competentes en esta materia, pero detrás de estas enmiendas no hay más que un juego político, señorías, de decir que el Senado ha aceptado 45 enmiendas. No. No nos engañemos. El Senado no ha aceptado 45 enmiendas. El Senado ha retocado dos pequeñas cosas y ha venido a decir que los diputados no sabemos de cuestiones sintácticas u ortográficas. Ahí se han quedado. Han hecho una serie de correcciones que creo que serían muy discutibles entre técnicos competentes en la materia. Cuando personajes de otros oficios se dedican a asumir y a invadir competencias correspondientes a técnicos de otras materias, suceden estas cosas. Si Descartes, por ejemplo, levantara la cabeza, daría un grito al observar algunas de las reestructuraciones que se han hecho en este texto.
Señorías, estamos al fin del trámite de un proyecto de ley que entendemos que desaprovecha una oportunidad importante para actualizar un sector tan significativo como es el sector universitario, el sector de la investigación. Lamentamos muy seriamente que, cuando se tocan determinadas puertas y se hacen propuestas determinadas para mejorar la calidad de los servicios universitarios, el Ministerio de Educación y Cultura cierre las puertas y esperamos que, en los próximos trámites, cuando las comunidades autónomas comiencen a generar su propia legislación en estas materias, la actitud del Ministerio de Educación y Cultura sea otra y distinta. Así, señorías, no se puede trabajar. La democracia también tiene sus límites. La mayoría absoluta es una mayoría de legitimación de unas posturas, pero, a partir de ahí, debe entender que debe colaborarse con las distintas administraciones gubernamentales, con las distintas administraciones universitarias, con las distintas administraciones educativas, de forma que se pueda trabajar en la consecución de unos objetivos determinados.
Por todo ello, como punto final y colofón a esta tramitación, el Grupo Parlamentario Vasco quisiera dejar constancia de este aviso, de este consejo al Ministerio, en la medida en que los consejos se acepten, para que, en los nuevos trámites, cuando abran los parlamentos autónomos, cuando se pongan mano sobre mano a trabajar sobre la legislación propia en materia de universidades, el Ministerio, señora ministra, aunque no abra la puerta, que por lo menos la entreabra.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor González de Txabarri.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señóra CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta. Buenos días, señorías.
Pasamos esta mañana del diálogo de sordos de los presupuestos al diálogo de sordos de la reforma educativa. Bienvenida, señora ministra, aunque tarde, a este debate parlamentario, en el que, no es por nada, nos gustaría ver también al presidente del Gobierno. Ya que está en la centralidad de su política y de sus intereses la educación, hubiera sido un detalle que agradeceríamos muy sinceramente que el presidente del Gobierno, esta mañana, hubiera manifestado ese interés del Partido Popular por la educación presidiendo este debate.
El pasado 31 de octubre, como todos ustedes saben, esta Cámara aprobó, con nuestro voto en contra, el dictamen elaborado sobre el proyecto de ley orgánica de universidades, que fue remitido al Senado. Mes y medio más tarde vuelve hoy a este Congreso, al haber sufrido unos ligeritos retoques o modificaciones de autoenmiendas, básicamente del Partido Popular, que no cambian sustancialmente la cara del proyecto. El clamor social del rechazo a esta ley, señora ministra, que se ha ido fraguando desde que fue conocida como anteproyecto allá por el mes de mayo de 2000, ha ido in crescendo a medida que se ha conocido mejor, primero, por la comunidad universitaria y, después, señora ministra, y muy a su pesar, por la sociedad en general. No se ha cumplido por tanto su vaticinio ni tampoco el de su Gobierno, el Gobierno del Partido Popular, que alegaba que el desconocimiento o la mala interpretación de la ley era el origen de las protestas. Muy al contrario, en estos seis meses cada vez ha sido mayor la atención que ha merecido este proyecto de ley. Han proliferado reuniones, asambleas, foros de discusión, debates públicos, artículos de prensa, cartas, comunicados, jornadas, en los que la ley, señorías, ha sido desmenuzada, analizada rigurosa y atentamente. No por ello hemos conseguido, señora ministra, concitar apoyos para su proyecto. El desequilibrio hacia la posición de rechazo ha ido aumentando cada vez más. Ha calado socialmente y se ha producido, en uso de los derechos reconocidos en la Constitución, una movilización ciudadana de proporciones insospechadas desde hace algunos meses, proporciones insospechadas de oposición a su maravillosa ley, a la ley orgánica universitaria.


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¿Qué tendría que haber hecho el Gobierno, desde nuestro punto de vista, desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida? En nuestra opinión, el Gobierno debería haber optado por la retirada del proyecto de ley, abriendo un proceso serio de negociación con todos los sectores e instituciones y las instancias políticas y sindicales que hubiera permitido construir un texto de consenso en un tema tan transcendental como la reforma educativa. No haber seguido esta pauta significa apostar por un texto que cosecha reticencias y rechazos en el seno de la comunidad universitaria y en la sociedad en general. Además, será de vida efímera, pues sus días no van más allá de aquel en que la matemática aritmética o parlamentaria en este caso permita otra mayoría. Una ley de universidades, señorías, señoras y señores del Gobierno del Partido Popular, y una ley en general sobre cualquier cuestión educativa no puede estar sometida a los avatares políticos. Esta ley debería ser una ley de Estado, no una ley de partido, que es lo que ustedes nos traen a esta Cámara. Desde el Partido Popular, una vez que el proyecto entra en el Senado, se podría haber optado también por oxigenarlo, por haber abierto nuevas expectativas de debate en la sociedad, por haber aceptado las comparecencias de expertos propuestas por el Grupo Socialista y por Izquierda Unida. Podría incluso haberse autoenmendado para bien. Pero como digo, el trámite por el Senado no merece ninguna reflexión, porque lo único que han hecho ustedes es acercar más la ley a sus objetivos con sus enmiendas, poner la universidad al servicio del mercado. ¿Qué tenemos por tanto que decir desde Izquierda Unida, después de toda esta tramitación parlamentaria Congreso-Senado? Seguimos diciendo que, desde nuestro punto de vista, son tres las grandes lagunas o errores que contiene el proyecto y el proceso de gestación del proyecto. La primera, señora ministra, haber hurtado el amplio debate social que debe anteponerse necesariamente a una ley de esta envergadura.
Izquierda Unida propuso diversas iniciativas en legislaturas anteriores y la última fue el 6 de julio del año 2000 solicitando la creación de una subcomisión en el seno de la Comisión de Educación del Congreso, para analizar la reforma universitaria con todo respeto, como se merece la misma, iniciativa que obviamente no fue aceptada por el Grupo Popular. El segundo punto es haber olvidado, señora ministra, que las comunidades autónomas tienen transferidas las competencias educativas y que las universidades gozan de autonomía. Lejos de diseñar ustedes una ley de bases que permitiera un posterior desarrollo por parte de los parlamentos de las diferentes comunidades autónomas así como por parte de las universidades, su proyecto de ley, el proyecto de ley del Partido Popular, es un proyecto centralista, excesivamente reglamentista y en consecuencia atenta contra el principio básico de autonomía universitaria reconocido en nuestra Constitución, olvidando la pluralidad social, lingüística y cultural de las realidades que conviven a lo largo y ancho del Estado español. No da tampoco solución o da una solución errónea, desde nuestro punto de vista, a los problemas detectados en la aplicación de su predecesora, la LRU.
En este sentido, queremos reiterar una vez más que el proyecto no cuenta con un plan de financiación de las universidades públicas, lo que supone claramente dejar al margen de este debate un asunto central, dado el unánime acuerdo sobre la insuficiente financiación de la universidad pública española, para atender los cometidos que tiene encomendados, máxime, señora ministra, cuando, como usted muy bien sabe, España está muy por debajo de la media europea en gasto público para la enseñanza superior e investigación así como en becas y ayudas a los estudiantes. Tampoco se resuelve el problema del acceso y de la carrera docente del profesorado. Se recorta la democracia interna en los órganos de gobierno de las universidades y se mantiene la incógnita indefinición-arbitrariedad en el acceso de los estudiantes a la universidad y el trato discriminatorio preferencial a las universidades privadas, especialmente a las de la Iglesia católica. Le quiero recordar Segovia, donde permanecen en huelga de hambre los profesores, absolutamente olvidados por este Gobierno frente a una conducta despótica e inadmisible en un Estado de derecho.
Esta ley, señora ministra, es mala por su contenido, pero es quizás más grave por lo perverso del método que usted ha utilizado en su gestación. La gestión política que este Gobierno ha hecho con esta ley y la que ha hecho el grupo que lo sustenta en esta Cámara ha conseguido que este anteproyecto no sólo sea malo sino que esta ley sea nefasta. Desde el primer día, ustedes se han caracterizado por la arrogancia, por la soberbia, por el ninguneo y por el desprecio para los discrepantes. (Rumores.) Pues bien, esta actitud ha sido también, señora ministra, detonante de un crecimiento exponencial en las movilizaciones frente a la ley. Primero, de todos los sectores de la comunidad educativa por todo el territorio del Estado, que, ante el texto del proyecto y la total ausencia de voluntad política por su parte para llegar a ningún acuerdo de modificación, han pedido al unísono la retirada del mismo. Después, se ha producido el rechazo del conjunto de la sociedad. Como demostración cívica de ello, la manifestación del día 1 de diciembre, ejemplar, señor presidente del Gobierno -aunque no se encuentre en la sala-, en cuanto a funcionamiento y organización, realizada, señora ministra, al amparo del artículo 21 de la Constitución y que para el presidente del Gobierno democrático de esta nación no ha merecido más calificativo que el de un lío. Allá ustedes. Paco vendrá con la rebaja y lo hará más pronto que tarde.
Con esta huida hacia delante, el Gobierno del Partido Popular y el partido que lo sustenta han defendidoesta ley, pero no con argumentos sino con la descalificación,

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haciendo así un flaco servicio a la universidad española.
Usted, que es la máxima responsable de que la universidad juegue ese papel que le demanda la sociedad, fíjese lo que ha conseguido: el efecto contrario. Ustedes han presentado a las universidades españolas como entes anquilosados, donde los profesores y las profesoras están por amiguismo, los rectores son inmovilistas y sólo quieren su sillón, y los estudiantes son individuos manipulables que no se han leído la ley y a los que sólo les gusta la algarabía. ¡Vaya imagen de universidad que proyectan ustedes al mundo! ¿Así pretenden ustedes liderar proyectos culturales fuera de España? (Aplausos) Sinceramente, señorías, esto no es para reírse, señora ministra, esto es una cosa muy seria. Ustedes no van a ser capaces de restañar el daño infligido a una de las instituciones más importantes de la sociedad. Restaurar o restañar ese daño va a costar años. Ustedes han creado una crisis de confianza hacia la institución donde se forman no sólo los hombres y mujeres del mañana sino los cuadros de la sociedad española, donde se forman los investigadores básicos y aplicados que crean los elementos claves para avanzar hacia una sociedad de bienestar.
Esto cuando hablamos de una universidad que crece, muy a su pesar, muy a pesar del Partido Popular, en su producción científica, a un ritmo casi cuatro veces mayor que en el resto de las universidades de la Unión Europea, en una época en la que además han tenido que asumir el reto de aceptar la duplicación de su alumnado. En lugar de reconocer ustedes este plus de esfuerzo de la institución, lo que han hecho ha sido lanzar misiles injustificables a su línea de flotación, porque el daño que ustedes han causado, por mucho que lo tilden de colateral, es un daño estructural, señoras y señores del Gobierno del Partido Popular. Los discrepantes estamos aquí, en la tribuna, en la calle, somos universitarios, políticos o ciudadanos de a pie. Para ustedes somos inmovilistas, cavernícolas o manipulados. Pues bien, ¿saben qué les digo? Que se apliquen ustedes los adjetivos, porque les vienen al pelo. Nosotros somos los demócratas, los que defendemos la universidad para todos y para todas. (Aplausos.) Por ello, desde Izquierda Unida no podemos sino solicitar hoy aquí de nuevo al Partido Popular y a la ministra Pilar del Castillo que, en esta cuenta atrás, absolutamente inexplicable en un tema como este, y por última vez, haciéndonos eco del clamor popular, retire usted la LOU.
Retírela, señora ministra, retire la LOU. En segundo lugar anunciamos que, de no ser así -lo que nos tememos todos-, votaremos en contra del texto de la ley y además anunciamos que, en caso de aprobarse con su mayoría absoluta -estoy segura de que se quedarán ustedes muy complacidos-, promoveremos desde el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida acciones a fin de presentar los oportunos recursos de inconstitucionalidad. (La señora GarcíaAlcañiz Calvo: ¡Qué barbaridad!) Y, señora ministra, créame que lo siento profundamente, porque yo de verdad soy feminista y la complicidad de género a veces, fíjese usted, me pone vallas, incluso árboles que no me dejan ver el bosque, pero no sabe usted con qué placer hoy, desde esta tribuna, le digo que, a la vista de la gestión política nefasta y pésima que usted ha venido haciendo a lo largo del proceso de esta reforma universitaria, tiene usted que dimitir inmediatamente. (Rumores.-Aplausos.) Para terminar, yo quiero recordar hoy desde aquí a un magnífico rector, a don Miguel de Unamuno. (La señora García-Alcañiz Calvo: Él votaría la ley.- Rumores.) Rememorándole a él, quiero decir, como él en aquel momento en la Universidad de Salamanca...


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora diputada, concluya, por favor.


La señora CASTRO FONSECA: Gracias, presidenta. Termino.
Quiero terminar diciendo a las señoras y señores del Partido Popular que hoy aquí quizás venceréis, pero que no convenceréis.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Castro.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, terminamos hoy lo que ha sido la tramitación accidentada, muy a nuestro pesar, de la ley orgánica de universidades. Una ley que se ha explicado mal, muy mal -y por tanto esta sería la primera crítica y el primer ejercicio de autocrítica del Gobierno que hubiéramos querido ver y no hemos visto-, y que, con independencia de su contenido, debemos reconocer todos -y lo reconoce mi grupo; no es que lo reconozca, lo ha dicho en todo momento- que se ha tramitado mal. Se ha tramitado mal por el tiempo, por la velocidad que se le ha querido imprimir, que no se corresponde con la urgencia de las necesidades de la universidad española, y se ha tramitado mal por lo que han sido en algunos casos actitudes que no compartimos, de las que nos desmarcamos de la forma más firme y más clara y de las que nadie nos podrá acusar nunca a nosotros, de escasa tolerancia, incluso de escaso respeto a otras opciones y a otras propuestas que en algunos casos compartíamos, en otros no, pero que en todo caso eran perfectamente legítimas y no merecían el insulto que pueden haber recibido. Eso no se somete hoy a votación y no forma parte para nada de lo que es nuestro apoyo a un texto legislativo.
Hablemos de lo que hoy se somete a votación antes de ir a valoraciones más generales: las enmiendas del Senado. En el Senado se han introducido una serie demejoras técnicas de distinto calado, algunas a propuesta

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nuestra, otras que ha introducido el Grupo Parlamentario Popular, otras que, siendo más o menos técnicas, de hecho vienen a reforzar la autonomía universitaria. Se diga lo que se diga, las cosas son como son: se ha reforzado la autonomía del Consejo de gobierno de las universidades, en cuanto al número de miembros, que lo fijarán los estatutos -eso no es demagogia, es la realidad de lo que dice el texto-; se ha reforzado la autonomía de la universidad al cambiar las técnicas de intervención por las técnicas de auditoría, una reclamación de las universidades que se ha introducido en el Senado.
La intervención suponía el control presupuestario previo y, como bien saben muchas de SS.SS., la auditoría introduce criterios de control financiero mucho más ágiles. Era una reclamación de las universidades y se ha introducido en el Senado. Lo votaremos hoy.
Hay alguna otra enmienda que se ha introducido en el Senado que aparentemente modifica un aspecto reclamado por mi grupo y en la que me quiero detener, porque nos hemos encontrado con la curiosa situación, que agradezco, de tener gran cantidad de defensores de las iniciativas de Convergència i Unió cuando Convergència i Unió incluso ha votado a favor de esa enmienda. Me refiero a la supresión del párrafo tercero del artículo 72, que aparentemente pasa a abrir totalmente la posibilidad de la cooperación de profesores funcionarios integrados en cuerpos docentes universitarios con universidades privadas. La realidad es que esa prohibición sigue vigente en un real decreto y lo seguirá estando mientras ese real decreto no sea sustituido por otro. Esperamos -y así se lo exigiremos al Gobierno- que esa prohibición de que los profesores que forman parte de cuerpos docentes universitarios impartan clase en las universidades privadas cuando están en dedicación exclusiva y a tiempo completo se mantenga en cualquier desarrollo legislativo, pero eso no altera lo que era una de las preocupaciones del Grupo Parlamentario Catalán, que era la protección de la cooperación entre las universidades públicas y las universidades no presenciales. Eso tiene su cauce -no lo puedo desarrollar ahora, en el Pleno, porque esto no es para explicar el contenido de la ley, pero lo menciono a efectos del "Diario de Sesiones"- en el artículo 83, párrafo primero.
La universidad no presencial o virtual queda perfectamente protegida en ese ámbito. La colaboración se establecerá entre universidades y no cada funcionario público por su cuenta, decidiendo si quiere o no quiere ganarse un sobresueldo. Esto será un tema entre universidades y los ingresos irán a favor de la universidad pública que decida colaborar con una universidad no presencial o virtual. Por tanto, Convergència i Unió no es que haya visto recortado ese punto en el Senado, sino que incluso había visto que llegaba al Senado un texto que nunca sometió a votación en el Congreso porque había sido retirado ya en Comisión.
En síntesis, hoy votamos una serie de enmiendas que, globalmente, han dejado la ley donde estaba, con algunas mejoras puntuales. Ninguna de las virtudes que tenía la ley y que nos animaron a votarla se ha perdido, ninguna, y ninguno de los graves defectos o carencias que tenía se ha colmado. La ley está donde estaba; sigue siendo una botella medio vacía, medio llena, un poco más llena que vacía y en todo caso un poco mejor que el marco actual. Por tanto, ahora es el momento de hacer las valoraciones finales, antes de que esta ley vaya directamente al Boletín Oficial del Estado. La primera es reiterar lo que hemos dicho desde que empezó esta tramitación: esta no es nuestra ley, en el sentido de que no es la ley que nosotros hubiéramos elaborado si hubiéramos tenido una mayoría absoluta en la Cámara. Es, sobre todo, una ley defectuosa, no por lo que dice, sino por lo que no dice, por las carencias que tiene, por todo lo que le falta a principios del siglo XXI. Esa es la crítica fundamental que, a nuestro modo de ver, hay que hacer a esta ley. Pero también mejora sustancialmente el marco legal actual, corrige muchos defectos de ese marco legal actual. Crea en algunos aspectos incertidumbres, sin duda, pero que se compensan con algunas mejoras. Establece, y en eso discrepo de algún portavoz que nos ha precedido en el uso de la palabra, mucho más margen para el desarrollo en el ámbito autonómico del que había hasta ahora; mucho más. El Gobierno catalán anunció ayer la presentación de una ley catalana de universidades que no se hubiera podido hacer con LRU. No se hubiera podido desarrollar la ley que el Gobierno catalán ayer hizo más o menos pública en sus trazos generales y que se presentará al Parlament de Catalunya antes del verano con la actual LRU y ahora se puede; luego hay más margen para el desarrollo autonómico con esta ley del que había hasta ahora.
Algunas de las críticas que hemos escuchado en la calle, en el Parlamento, a este texto legal las hacemos nuestras -reitero alguna de las cosas que comenté el martes pasado ante una iniciativa del Partido Socialista-; algunas las hacemos nuestras, sin duda. Otras no, otras no las hacemos nuestras porque las consideramos milenaristas, si me permiten la expresión; son críticas de tipo milenarista similares a los que anunciaban el fin de los tiempos cuando empezara el siglo XXI. En el mejor de los casos, por ser un poco más respetuoso, recuerdan las de aquellos que anunciaban el colapso de todo el sistema financiero mundial por el efecto 2000; llegó el efecto 2000, los ordenadores siguieron funcionando y las cosas siguieron. Llega un momento en que este tipo de críticas tampoco causa especial preocupación, porque la realidad es que el tiempo acaba poniendo a cada uno en su sitio, y dentro de seis u ocho meses veremos si hemos caído en un precipicio, como hemos oído desde esta tribuna, si llega el apocalipsis, si la universidad se va a hundir, si toda la universidad española va a quedar destrozada por este texto legal o si sencillamente la universidad está un poco mejor de lo que estaba,

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no tanto como dicen algunos, sigue funcionando y desarrollando su tarea. Veremos cómo todos esos grandes apocalipsis y esa sensación de que se nos viene el mundo encima, que se han escuchado en la calle y en esta tribuna, no se sostienen. Es cuestión de esperar y a cada uno, sobre todo a algunos, las palabras les vendrán a la cara como bofetadas.
Esta ley es un instrumento jurídico, sin duda, el marco para un conjunto de profesionales presentes y futuros en el ámbito de la universidad y por eso su legitimidad para opinar, para formular propuestas y para que las escuchemos todas ellas. Pero esta ley es mucho más. La calidad de la universidad española es algo que interesa -y espero que en eso estemos todos de acuerdo- a mucha más gente que a rectores y estudiantes; los rectores, los estudiantes y los sindicatos, a pesar de toda su legitimidad, que es mucha, no tienen la exclusiva del interés por proteger e impulsar la universidad española, como los únicos preocupados por la sanidad y que pueden opinar sobre ella no son los médicos, ni los únicos que pueden velar por la justicia en España, por la defensa del Estado de Derecho, o por el conjunto de lo que es el desarrollo de un sistema judicial, son los jueces. Eso es nuestro sistema parlamentario, la legitimidad está aquí, señorías, la auténtica legitimidad está en todos estos escaños, y la única que tiene la última palabra en democracia para representar al conjunto de la sociedad es una mayoría lograda en este hemiciclo, no en cualquier otro foro, por muy respetable y legítimo que sea, que, a nuestro modo de ver, lo es. Nosotros representamos a los que se manifiestan y a los que no se manifiestan. Esa es la legitimidad democrática de esta Cámara de la que hoy va a salir esta ley. Por eso estamos muy seguros de que claustros, rectores e incluso partidos políticos harán un ejercicio de democracia, como se corresponde con su tradición y con su propia biografía, y aceptarán esta ley como lo que es, como una ley que pueden haber votado a favor o no. ¡Cuántas leyes ha tenido que obedecer muy a su pesar ese grupo que se sienta ahí en medio desde que tenemos democracia en este país! ¡Cuántas! ¿Y cuántas veces han escuchado ustedes al Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) llamar a la desobediencia de un texto legal? ¿Lo han escuchado ustedes alguna vez desde cualquiera de estos bancos? Jamás. Nosotros obedecemos las leyes que aquí se votan, las que nos gustan y las que no nos gustan; la de hoy en algunas cosas no nos gusta, en otras nos parece oportuna, y estamos seguros de que todos los demócratas españoles, entre los cuales se cuentan -lo digo con seguridad- claustros y rectores, sindicatos y partidos políticos, aceptarán esta ley como lo que es, una ley aprobada democráticamente en esta Cámara.
Nos queda sólo esperar -y termino-, como decía antes, que el tiempo ponga las cosas en su sitio, que todos podamos recuperar un poco la perspectiva de las cosas como son, y la perspectiva es que hoy introduciremos una pequeña mejora en la universidad española, absolutamente distorsionada en algunos casos -y lo digo claramente- por la arrogancia de algún representante político, en otros casos por la falta de tacto, en todos los casos por la falta de pedagogía y por la precipitación en la tramitación parlamentaria. Todo eso ha ocurrido, pero es verdad que todo eso termina hoy. Hoy, sobre todo cuando esta ley esté publicada en el Boletín Oficial del Estado, tendremos una norma jurídica que habrá que juzgar por sus méritos y por las posibilidades que introduce, posibilidades que en el ámbito catalán se verán en el Parlamento de Cataluña -hablo del que yo conozco más-, en una ley que esperamos poder aprobar en Cataluña por consenso de las fuerzas políticas -estoy seguro de que también lo harán otras- y que en otros ámbitos se materializará con la aprobación de los nuevos estatutos de las universidades y veremos que lo de hoy no es el final de nada, no es un precipicio, sino que es el principio de una pequeña nueva etapa menos brillante de lo que algunos hubiéramos querido, pero mejor que el momento actual Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señor Guardans.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Gracias, señora presidenta.
Señorías, parecía imposible, pero lo han conseguido. El Partido Popular ha empeorado la LOU en el Senado. Imposible no era porque lo han hecho también con la ley de acompañamiento a los presupuestos para subirle los impuestos a los españoles o para chantajear a las comunidades autónomas hasta poner en riesgo el propio derecho a la salud. Con la LOU han aprovechado ustedes el paso de la ley por la Cámara Alta para, de rondón, hacerle un favor más a la universidad privada, quitar de la ley la incompatibilidad de la docencia del profesorado funcionario de la universidad pública en la universidad privada.
Hasta que llegó al Senado, en el texto de la LOU el Gobierno había elevado a rango de ley la regulación de la universidad privada hasta entonces en el Decreto 557/1991, pero hete aquí que, casualmente, se cae la previsión de incompatibilidad en el Senado a través de una autoenmienda del Grupo Popular. ¿Por qué, señorías? ¿Por qué justo ese artículo y en el Senado? ¿Por qué de ese decreto están en la ley los artículos 1, 2, 3, 4, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, adicionales primera, segunda, tercera; por qué está todo, señorías, menos eso? ¿Por qué esa nueva estocada, señora ministra, a una universidad pública a la que este Gobierno no ha parado de denigrar durante todo este proceso sólo para justificar su reforma? Este es sólo un ejemplo másdel proceso de aprobación de esta ley. Al abuso de la

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mayoría absoluta, al pisoteo del diálogo y del debate, al ninguneo del Parlamento y al insulto al que discrepa, han unido ustedes el uso torticero del Senado para beneficiar, con su LOU, a la universidad privada. La pregunta de por qué se deslegaliza a través del Senado la incompatibilidad para la docencia del profesorado de la pública en la privada se queda sin respuesta, como tantas otras preguntas, a pesar de que no hace ni una semana que se la planteamos así de clarita a la propia ministra en esta Cámara. Señorías, es sólo el último botón de la muestra.
El proyecto de ley fue presentado por la ministra en esta Cámara en el Pleno del 27 de septiembre. Resumen de su intervención: Esta es una ley para la calidad de la universidad. A partir de ahí, le caen en tropel decenas de interrogantes de los grupos de esta Cámara y la señora ministra no se digna a responder ni a una sola pregunta ni a un solo grupo. Usted, señora ministra, ha evitado el debate en esta Cámara, tampoco lo ha querido con el grupo mayoritario de la oposición, venía demasiado cansada de un partido de fútbol para estar aquel día por la LOU. Ha evitado el debate, se ha limitado a enunciar una y otra vez sus críticas a la universidad española actual, junto a un catálogo de buenos deseos y de buenas intenciones que nada tienen que ver con su texto de ley. Ni una sola respuesta. Ninguna discusión. ¿Sabe, señora ministra, que en ninguna de sus intervenciones en esta Cámara ha mencionado un solo artículo, una sola disposición, una sola medida concreta de las contenidas en su texto de ley? ¿Es usted consciente de que cuando le hemos preguntado por el acceso a la universidad, por cuántas pruebas va a tener que hacer un joven que mañana quiera ser universitario, lo más que hemos conseguido es que nos dijera que eso va en otra ley? ¿Sabe que cuando le preguntamos por la financiación, lo más que se ha dignado a decir es que eso es competencia de las comunidades autónomas? ¿Recuerda usted lo que ha respondido, siempre obligada por mi grupo, cuando le hemos hablado de la política de becas? Que han subido, a pesar de que los datos de su ministerio dicen claramente lo contrario. ¿Recuerda usted lo que contestó cuando le preguntamos el porqué de la disminución de la representación de estudiantes y del personal de administración y servicios en los órganos de gobierno? Nada, señora ministra, ni una sola palabra. ¿Recuerda usted lo que nos contestó cuando le preguntamos por la investigación en la universidad, cuando le pedimos que nos explicara qué argumentos existen para rescatar las viejas oposiciones, cuando existen alternativas más eficaces para combatir la endogamia en los procesos de selección del profesorado, cuando le reprochamos que, a pesar de lo que usted trata de vender, su sistema es potencialmente más endogámico? Nada, señora ministra.
Desde el día en que usted presentó la ley, ni una sola respuesta, nada de nada. Usted ha pontificado mucho, ha descalificado más, pero no ha explicado a los grupos ni una sola de sus reformas. Eso sí, sé que se lo están buscando, se ha aprendido usted una cantinela que repite una y otra vez, con una tozudez que hoy ya tiene suficientemente acreditada ante los españoles: no voy a privatizar la universidad; no se van a subir las tasas; no se bajarán las becas.
Señora ministra, no es posible que usted no hable de su reforma salvo para intentar eslóganes que nada tienen que ver con el debate que hemos intentado abrir en esta Cámara. A estas alturas, su silencio es tan elocuente que a veces pienso que usted peca de aquello de lo que acusa a los estudiantes: usted no se sabe su ley. Le voy a pedir que lea el "Diario de Sesiones", al menos eso, y verá lo que decimos una y otra vez los socialistas: que lo que hace esta ley es favorecer a la universidad privada; que no va a bajar las becas porque lo ha hecho ya. Es lo que tratamos de cambiar con nuestras enmiendas, queremos que las suba. También le decimos que ha aceptado una enmienda -¡fíjese por dónde!- que dice textualmente que las tasas estarán relacionadas con los costes de la prestación del servicio. La pregunta, una vez más: ¿Por qué, señora ministra? ¿Qué ha pretendido usted aceptando esa fórmula? ¿Qué política de tasas trata de estimular con la aceptación de esa enmienda? No sabemos si las comunidades autónomas harán o no caso de lo que dice esa enmienda, lo que sí sabemos, después de que usted la haya aceptado en esta Cámara, es la política de tasas que a usted le gustaría que las comunidades autónomas aplicaran. (Algunos señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!-Aplausos.) No quiero pasar por alto algo que usted dijo ayer en esta Cámara. No se limitó a echar en cara a las universidades que hayan convocado las plazas que el señor Rajoy y usted misma convinieron con ellas y las correspondientes comunidades autónomas, sino que llegó a decir que esas plazas, cuya provisión de fondos está firmada de su puño y letra, se van a cubrir con un sistema que no garantiza la calidad de esos profesores. No quiero creer que piense eso de un sistema que, sin ir más lejos, le permitió a usted ser catedrática de universidad.
No voy a poner en duda su capacidad para ser profesor universitario, pero no lo haga usted de los miles de profesores que trabajan a diario en nuestra universidad (Aplausos.), los mismos que desde principios de los ochenta han multiplicado por cuatro los trabajos de investigación y por seis las publicaciones en el extranjero de la universidad española. No insista en denigrar la imagen de nuestra universidad pública sólo para justificar su ley, señora ministra, porque eso es justamente lo que está pasando. No es posible creer que en diciembre de 2000 a usted le parecieran tan buenos los profesores a quienes quería usted promocionar y estabilizar con su plan, es decir, que el que estaba mejorara o se quedara, y que hoy esos mismos profesores sean tan malos porque viene su LOU. Vale ya, señora ministra. Si algo tiene que reprocharle a alguien, y si alguien

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hipotecó el futuro de alguien, o mira usted al señor Rajoy o se mira a sí misma, pero deje de reprochar ya a la universidad española el cumplir con las decisiones de su propio Gobierno.
Nadie duda en esta Cámara ni fuera de ella que el proceso de aprobación de la LOU no ha podido ser más desgraciado. La inmensa mayoría pensamos también que su contenido es, además, inasumible. Así lo ha afirmado la propia universidad española. Pero malo lo uno y peor lo otro, nada es ya a día de hoy tan preocupante como las consecuencias de tanta sinrazón. A pesar de que algún portavoz vuelva luego a tildarme de apocalíptica, le digo que no son buenos augurios para nuestra universidad lo que está ocurriendo. Incluso antes de que se apruebe hoy aquí su ley, señora ministra, algunas de las universidades están ya tratando de enmendar su desaguisado, por ejemplo, en materia de acceso; otras han decidido la objeción legal; otras minorar los daños de su ley, y otras están pidiendo que presente usted su dimisión. Así las cosas, ¿sostiene usted que su LOU va a mejorar la calidad de la universidad española? ¿Cree usted, de verdad, que una ley plagada de interrogantes, aun hoy sin respuesta o con respuestas equivocadas y que rechaza toda la comunidad universitaria, puede redundar en avance y en innovación para la universidad? Señora ministra, usted sabe mejor que nadie que esta ley sólo aporta a la universidad española, desde hoy y para un plazo demasiado amplio, provisionalidad. En provisionales convierte sus claustros, sus juntas de gobierno, sus rectores, sus decanos, sus directores de departamento, sus estatutos, su ley, incluso convierte en provisionales sus aspiraciones y sus proyectos. A partir de mañana, durante este curso académico y el próximo, las universidades deberán dedicarse a renovarlo todo porque usted ha decidido ponerlo todo patas arriba, y hablarán y discutirán de lo que a usted le apasiona: quién manda en la universidad, en las facultades, en los departamentos. ¿Cree que así se mejora la calidad de la docencia? ¿Se aumenta la capacidad de investigación de nuestras universidades? ¿Nos acercamos más a Europa? No, señora ministra. Así sólo satisfacemos sus intereses. Quiero que sepa que las comunidades autónomas, al menos las socialistas, le están dando hoy ya, aun sin estar aprobada su ley, una lección. Ya se han estado reuniendo con las universidades para dialogar, para trabajar conjuntamente, para consensuar un desarrollo de esta ley que permita que, a pesar de ella, la universidad pública pueda seguir adelante. Están haciendo lo que usted no ha hecho y era su obligación hacer, trabajar conjuntamente para seguir prestigiando nuestra universidad. Con todo, señora Del Castillo, si malas han sido sus formas, mala es su ley y no mejores son sus consecuencias, lo peor de este proceso, con diferencia, es el destrozo que su Gobierno ha pretendido hacer de la imagen de la universidad pública, de sus representantes (Aplausos.), de sus profesores y de sus estudiantes.
Para finalizar, señora ministra, quiero decirle que usted ya no es la ministra de la universidad española (Aplausos.-Protestas.) a la que usted ha despreciado una y otra vez a lo largo de estos meses. Usted, si acaso, es la ministra de la LOU, una ley que se ha pensado, se ha tramitado y se habrá aprobado contra la universidad. No es ya que la universidad española rechace su ley, es que es usted misma la que rechaza a la universidad española. Señora ministra, ¿de verdad cree que puede seguir al frente del ministerio quien ha dicho públicamente que a los rectores de nuestra universidad sólo les alienta perpetuarse en el cargo, quien ha dicho en esta Cámara que los profesores de la universidad sólo actúan por amiguismo y quien ha dicho que sus estudiantes son sólo unos indocumentados? Yo le digo que no. Lo único positivo que la universidad española extraería de este desgraciado proceso es que usted se marche. Le pido que dimita.
(Aplausos.) Le pido que reflexione sobre lo que ha sucedido y que dimita. Si usted no lo decide así, los socialistas la reprobaremos en esta Cámara.
Muchas gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!- Fuertes y prolongados aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Muchas gracias, señora Chacón.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Muchas gracias, señora presidenta.
En la mañana de hoy y cuando estamos debatiendo la fase final de la LOU, concretamente las enmiendas del Senado, yo creía que la mayoría de los portavoces que han intervenido, sobre todo los que han anunciado que van a votar en contra de las enmiendas del Senado, iban a hacer referencia a estas enmiendas del Senado y a las razones por las que iban a votar, como han hecho los representantes de Convergencia i Unió y de Coalición Canaria. (Rumores.) Pero no, resulta que los que aquí han participado, especialmente la representante del Grupo Socialista, no han hecho referencia alguna a esas enmiendas. Ha vuelto a ser como una segunda sesión de lo que aquí se debatió anteriormente y se han repetido los mismo epítetos.
Por cierto, señora Chacón, le voy a decir que parlamentariamente, en los muchos años que yo llevo, nunca he visto traer un escrito para insular. (Aplausos.) A veces los parlamentarios, en la fogosidad de nuestras intervenciones, utilizamos unos adjetivos más altisonantes que otros, pero traerlo escrito... En fin, admito que lo traiga escrito, señora Chacón, pero creo que en adelante debe traerlo en parte escrito y, en parte, improvisar. (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Disculpe un momento, señor Guerra. Señorías, por favor, ruego guarden silencio para que podamos oír

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la intervención del portavoz del Grupo Popular, señor Guerra.
Siga, señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Querría referirme, porque se ha reiterado en muchas de las enmiendas, a algunas de las afirmaciones que se hicieron cuando se debatió anteriormente. Señor González de Txabarri, ¿usted cree de verdad -somos amigos desde hace muchos años- que es serio el que en algunas enmiendas ustedes dijeran que para participar, para ser catedrático o titular en el País Vasco se tenía que estar avecindado allí? ¿Usted cree -usted y yo que hemos sido europeístas cuando era difícil en este país serlo porque se defendía la libertad y los sistemas democráticos- que se puede decir eso en los quince países de la Unión cuando un vasco español, un catalán español, un andaluz van a ir a cátedras en la Sorbona y de la Sorbona van a venir a España? Sin comentarios. Vamos a dejar el tema.
En cuanto al señor Aymerich, siento mucho que no esté presente el señor diputado. ¡Claro, se suelta y luego ya... (Rumores.-Aplausos.-La señora Lasagabaster Olazábal pronuncia palabras que no se perciben.) Se lo dice usted. (Rumores.) El señor Aymerich ha dicho algo...( Continúan los rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, por favor, guarden silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Ha dicho algo que tampoco habíamos oído en los anales de esta Cámara: que la endogamia a veces es buena y a veces es mala, como el colesterol. Para cerciorarme, porque pensé que a lo mejor estaba equivocado, he mirado en el diccionario y reitera: selección restringida de los miembros de un cuerpo o categoría profesional. No hay posibilidad de endogamia buena.
Ha dicho también otro portavoz que esta ley era antidemocrática.
¡Pero cómo va a ser una ley antidemocrática cuando se aprueba por las Cortes Generales, por este Parlamento! (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien, muy bien!) ¿Ustedes han oído alguna vez que el Grupo Popular diga, cuando estaba en la oposición, que había una ley antidemocrática? (Fuertes rumores.-Varios señores diputados: ¡Sí, sí!) Señorías, vamos a los anales. A mí me ocurre como a cualquier ciudadano español: hay leyes que nos gustan más y leyes que nos gustan menos, pero, una vez que son aprobadas por el Parlamento, no incitamos en absoluto a la desobediencia, como algún ilustre rector de la universidad española -ya hay dos, también he oído que hay uno en Barcelona-, el de la Carlos III de Madrid, que ha dicho que se van a pensar si alientan a la desobediencia. ¿Pero qué es esto, señorías? (Rumores.- Aplausos.) Para no caer en el mismo defecto que los otros portavoces, quiero hacer referencia a algunos temas... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, les ruego guarden silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Me voy a centrar en las enmiendas del Senado. Por ejemplo, en el artículo 2, en las universidades privadas, se ha añadido: su objeto social exclusivo será la educación superior.
El consejo de gobierno se ha aumentado a 50 miembros para que puedan estar los vicerrectores, directores de departamento, etcétera. La elección del rector se aclara cuando hay un solo candidato. Las becas -muy importante-, señorías y estudiantes que nos están escuchando -celebramos que estén-, han pasado en este país de 83.000 millones a 113.000 en los años de Gobierno popular. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Hala!-Rumores.) Y si hay menos becarios, que es cierto, es porque nuestra universidad está descendiendo. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Oh, oh!-Rumores.) Señorías, ¿han visto ustedes que yo no sea objetivo cuando intervengo? (Un señor diputado: ¡Anda!- Rumores.) Hay menos becarios por dos razones: primera, porque el número de universitarios disminuye anualmente en 50.000; y segunda, porque ha aumentado la riqueza de las familias españolas.
(Protestas.-Rumores.-Varios señores diputados: ¡Hala!) Esperen, esperen; algunos que estaban en paro y pedían becas hoy en día no lo están. Les voy a decir una cosa para que lo sepa todo el mundo: la ventanilla... (Prolongados rumores.) Señorías, si ustedes creen que en una clase de la universidad o en un Parlamento se puede hablar con un murmullo como el que están haciendo ustedes aquí y como el que hicieron en el Senado, están equivocados porque es absolutamente imposible. (Aplausos.) La ventanilla de las becas ha estado abierta.
No hay un solo caso en que se haya denegado la beca a un estudiante que reuniera los requisitos, bien de umbral de riqueza bien los demás. (Aplausos.-El señor Fernández Díaz: ¡Exactamente! ¡Eso es así!-Rumores.) Si tienen ustedes un solo caso en que se haya denegado cumpliendo los requisitos, tráiganlo a la Cámara y les daremos la razón. (Aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Rumores.) En el Senado se ha recogido una enmienda de Coalición Canaria en cuanto a becas, que es muy importante, tanto para Canarias como para las Islas Baleares. Dice así: se tendrá en cuenta la singularidad de los territorios insulares y su distancia al territorio peninsular, para favorecer la movilidad y las condiciones de igualdad en el ejercicio de la educación de los estudiantes de dicho territorio.
Derechos de los estudiantes. Señorías y señores que están en las tribunas, la representación de los estudiantes en esta ley es superior a la actual y aparece en algunos

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órganos en los que no la había; en el consejo social, en los departamentos, etcétera. Lo que tienen que hacer los estudiantes es hacer la presión correspondiente en los estatutos con objeto de obtener un porcentaje mayor. Les voy a dar a ustedes unos datos: la Universidad de Valladolid tiene más del 30 por ciento de representación de estudiantes; ¿saben SS.SS. cuál es la universidad de España que tiene menos representación de estudiantes? ¿No lo saben? La Carlos III de Madrid, que no tiene más que el 7 por ciento.
(Aplausos.- Varios señores diputados: ¡Ah! ¡Ah!-Rumores.- Risas.) No se rían, compruébenlo.
Señorías, en este momento del trámite final de esta ley, creemos que cumplirá los objetivos que desde el primer momento indicaron el Gobierno y la ministra: mejorar la calidad y la movilidad y especificar la carrera docente; asimismo, es un paso importante la agencia de evaluación y acreditación. Entiende nuestro grupo que esta ley va a ser importante; que no va a modificar de la noche a la mañana la calidad de nuestra universidad, pero que toma el camino derecho hacia la mejora de la universidad que todo el mundo quiere y que, en definitiva, irá en provecho de los estudiantes.
No quiero terminar sin hacer una crítica total y absoluta a las 10.000 plazas que se han convocado. (Aplausos.) Voy a contar una pequeña anécdota. El otro día, en una capital castellana en cuya universidad tuvimos una mesa redonda sobre la LOU, un ciudadano me decía lo siguiente: Mire usted, yo no entiendo exactamente de esta ley. Usted indica que no es cierto lo que se está diciendo: ni la privatización, ni la subida de tasas...; pero lo que sí le puedo confirmar al haberse convocado estas 10.000 plazas es que tienen ustedes razón en que hay una trampa saducea en esta convocatoria.
Esto, señorías, lo han comprendido todos los ciudadanos españoles en estos últimos días. (Un señor diputado: ¡Eso, eso!-Rumores.) Lo que es incomprensible es que un grupo que quiere colaborar en políticas de Estado no haya hecho una crítica firme de estas convocatorias, realmente ha sido absurdo. Que se hubieran hecho unas convocatorias de 2.200 ó 1.300 plazas era lógico, pero no de 10.000 plazas.
Señorías, siento mucho, especialmente por parte del Partido Socialista, los errores que han cometido, la manipulación que han hecho de los motivos de esta ley. Finalmente, que hayan apoyado ...
(Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, por favor, les ruego que guarden silencio.


Señor Guerra, tiene que ir concluyendo.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: ...que hayan apoyado esta convocatoria de 10.000 plazas va en detrimento de los jóvenes investigadores, de los jóvenes estudiantes que en estos momentos están haciendo el doctorado y que tienen vocación docente.
Señora ministra, cuenta usted con el Grupo Popular, cuenta usted con el apoyo absoluto en esta ley que mejorará la calidad. Desde aquí quiero dar las gracias a Coalición Canaria y al Grupo Catalán (Convergència i Unió) porque han reconocido lo positivo de esta ley.
Perdonen, señorías, ya en un tono... (Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Rubiales Torrejón): Señorías, por favor, les ruego guarden silencio.
Señor Guerra, tiene que concluir.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: ..en un tono jocoso, les deseo en estos días paz e incluso con la señora Chacón tendré la deferencia de mandarle turrón para que no nos vuelva a insultar por escrito.
Gracias. (Fuertes aplausos.-Varios señores diputados: ¡Muy bien!-La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, recuerdo a la Cámara que someteremos a votación, en primer lugar, las enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades y, posteriormente, se efectuará la votación de conjunto de carácter orgánico de este mismo proyecto de ley y del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.
En primer lugar, enmiendas del Senado al proyecto de ley orgánica de universidades.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 194; en contra, 136.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.


VOTACIÓN DE CONJUNTO

La señora PRESIDENTA: Señorías, a continuación va a tener lugar la votación final de conjunto de este proyecto de ley orgánica de universidades, dado su carácter. (Los diputados del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, puestos en pie, exhiben una pancarta que dice: LOU NO.-Fuertes rumores.) Señorías, guarden silencio.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 330; a favor, 196; en contra, 134.


La señora PRESIDENTA: Al haber superado la mayoría requerida, queda aprobado. (Fuertes y prolongados aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular puestos en pie.-Fuertes y prolongadas protestas.)

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VOTACIÓN DE CONJUNTO

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE FINANCIACIÓN DE LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS. (Número de expediente 121/ 000048)

La señora PRESIDENTA: Votación de conjunto del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 195; a favor, 193; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haber superado el número de votos exigido por el Reglamento. (Aplausos.-Protestas.)

DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- PROTOCOLO ENTRE ESPAÑA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y CONVENIO ENTRE ESPAÑA Y EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO PARA LA CONSTITUCIÓN DEL FONDO GENERAL DE COOPERACIÓN DE ESPAÑA, HECHOS EN SANTIAGO EL 18 DE MARZO DE 2001. (Número de expediente 110/000111)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de acuerdo con la ordenación del debate que se efectuó en la Junta de Portavoces, comunico a la Cámara que vamos a entrar a continuación en el debate y votación de los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales, por cuanto solamente hay tres acuerdos en los cuales haya petición de palabra por parte de los grupos. Al finalizar el debate y la votación de este punto VIII, iniciaremos el debate del punto IX, dictámenes de Comisión sobre iniciativas legislativas, sin que medie ninguna votación hasta, por lo menos, a partir de las cuatro de la tarde. Seguirá la sesión ininterrumpidamente, pero insisto en que no se producirá ninguna votación hasta a partir de las cuatro de la tarde o en el momento procesal correspondiente. En este momento sí vamos a votar los dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales. (El señor Alcaraz Masats pide la palabra.) Sí, señor Alcaraz. (Aplausos de los diputados del Grupo Parlamentario Popular al abandonar el hemiciclo la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte, del Castillo Vera.-Varios señores diputados: ¡Dimisión, dimisión!)

El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, pediríamos la votación separada de los convenios que tienen el número 48, 49 y 60.


La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, la intención de la presidencia era votar separadamente todos los convenios de manera sucesiva y dar la palabra a los grupos que lo han solicitado en los que así lo han pedido.


El señor ALCARAZ MASATS: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: En primer lugar, Protocolo entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo y Convenio entre España y el Banco Interamericano de Desarrollo para la constitución del fondo general de cooperación de España.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 326; a favor, 323; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO RELATIVO A LA ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE TELECOMUNICACIONES POR SATÉLITE (INTELSAT) Y ACUERDO OPERATIVO, CON SUS RESPECTIVAS ENMIENDAS, APROBADOS POR LA VIGÉSIMA QUINTA ASAMBLEA DE PARTES (13 A 17 DE NOVIEMBRE DE 2000) Y LA TRIGÉSIMA PRIMERA REUNIÓN DE SIGNATARIOS (9 Y 10 DE NOVIEMBRE DE 2000). (Número de expediente 110/000112)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo relativo a la Organización Internacional de Telecomunicaciones por Satélite (Intelsat) y Acuerdo operativo, con sus respectivas enmiendas, aprobados por la vigesimoquinta asamblea de partes y la trigésimo primera reunión de signatarios.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 328; a favor, 325; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DE LA SALUD RELATIVO A LAS INSTALACIONES Y SERVICIOS Y A LA CONDICIÓN JURÍDICA RECONOCIDA A LA ORGANIZACIÓN CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN

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EN MADRID (ESPAÑA) DEL 51.º PERÍODO DE SESIONES DEL COMITÉ REGIONAL PARA EUROPA, DEL 10 AL 13 DE SEPTIEMBRE DE 2001, HECHO EN GINEBRA EL 2 DE JULIO DE 2001. (Número de expediente 110/000113)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la Organización Mundial de la Salud, relativo a las instalaciones y servicios y a la condición jurídica reconocida a la organización con motivo de la celebración en Madrid del 51.º período de sesiones del Comité regional para Europa, del 10 al 13 de septiembre de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 325; a favor, 324; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA REPRESIÓN DE LA FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO, HECHO EN NUEVA YORK EL 9 DE DICIEMBRE DE 1999, Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000114)

La señora PRESIDENTA: Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, y declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. Tiene solicitada la palabra para intervenir, por el Grupo Parlamentario Socialista, la señora Moreno.


La señora MORENO SIRODEY: Gracias, señora presidenta.
El Grupo Socialista considera necesaria y urgente la ratificación de este convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo. La firma de este convenio que en su momento no supuso una adhesión generalizada de los Estados se ha visto impulsada por los últimos acontecimientos internacionales. Así, 24 de los 67 Estados firmantes se incorporaron tras el 11 de septiembre. El contenido fundamental de este convenio es la adopción por las partes firmantes de medidas para prevenir y reprimir la financiación del terrorismo.
También los Estados firmantes deben asegurar que quienes financien las actividades del grupo terrorista responderán criminalmente con penas adecuadas a tales actos y asimismo se pretende hacer posible la identificación, congelación e incautación de los fondos previstos para actividades terroristas mediante la asistencia judicial, que no podrá ser rechazada al amparo del secreto bancario. Por último, este convenio establece la jurisdicción de los Estados respecto de dichos delitos cuando sean cometidos en su territorio o por un nacional, así como mecanismos para facilitar la extradición.
Hay que destacar que Naciones Unidas ha permanecido activa en la lucha contra el terrorismo internacional. Así, desde 1963 la organización y sus agencias han desarrollado una amplia gama de acuerdos legales e internacionales con objeto de permitir a la comunidad internacional adoptar medidas para suprimir el terrorismo y poner a los responsables a disposición de la justicia. Desde el 11 de septiembre el interés que han mostrado tanto Naciones Unidas como el resto de las instituciones internacionales por el terrorismo se ha incrementado, habiéndose dado pasos adelante que antes eran impensables. Así, la Asamblea General, un día después del ataque, esto es, el 12 de septiembre de 2001, condenó enérgicamente a través de una resolución los viles actos de terrorismo y pidió urgentemente cooperación internacional para prevenir y erradicar los mismos.
Igualmente, el Consejo de Seguridad, inmediatamente después del ataque, condenó de forma inequívoca y en términos enérgicos los horrendos ataques terroristas e instó a todos los Estados a que colaborasen con urgencia para someter sus autores a la justicia.
Posteriormente, se adoptó por unanimidad una nueva resolución sobre la amenaza de paz y de seguridad internacional creada por actos de terroristas.
Nos parece especialmente importante el impulso dado a los trabajos para la redacción de un nuevo tratado internacional global contra el terrorismo, que aglutinará y perfeccionará los ya existentes. Por ello, en un contexto internacional de impulso a todos los instrumentos jurídicos multilaterales que pueden ayudar a la lucha contra el terrorismo, el Grupo Socialista cree que es especialmente necesaria y urgente, como hemos dicho al principio, la ratificación de este convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Moreno.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Ricomá.


El señor RICOMÁ DE CASTELLARNAU: Gracias, señora presidenta.
Saludamos también con satisfacción la aprobación de este convenio por parte de España, convenio relacionado con la represión de la financiación del terrorismo, y lo hacemos desde la óptica de ser un país que desde hace ya demasiados años viene sufriéndolo, pero también desde la fortaleza que nos da ser un país cuyo Gobierno lleva mucho tiempo lanzando mensajes a la colectividad internacional sobre la necesidad de hacer frente común al terrorismo, sobre la necesidad de que tenga una consideración penal lo más homogénea posible en todo el mundo y sobre la necesidad de que se

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contemplen en su persecución todos aquellos aspectos de los que se nutre, obviamente incluyendo la parte referida a la financiación. La fuerza de la razón acaba imponiendo sus criterios y cuando hablamos de cuestiones de terrorismo esta razón está perfectamente delimitada entre quienes lo amparan y quienes, desde el respeto hacia el Estado de derecho, lo intentamos combatir. Por ello la firma de este convenio es un activo más en el balance que la comunidad internacional va esgrimiendo en la lucha contra el terrorismo; activo al que se le deben añadir dos éxitos importantes en el seno de la Unión Europea, que ha conseguido nuestro país a través de su Gobierno y que desde hace mucho tiempo se venían reivindicando y reclamando: por un lado, la orden de detención y entrega y, por el otro, la definición del delito de terrorismo y la armonización de las penas mínimas a aplicar.
Sin duda, y aquí se ha dicho, los lamentables sucesos del 11 de septiembre acrecentaron la sensibilidad de la comunidad internacional frente al terrorismo, incluso provocaron que hubiera sentimientos de solidaridad hacia aquellos países que lo venimos sufriendo, pero además tenemos la esperanza, y este convenio creo que hay que interpretarlo en este sentido, de que se va generalizando la convicción de que combatir el terrorismo es salvaguardar el único marco posible para el desarrollo y el progreso de todos los pueblos, el que viene definido por la libertad, la democracia y el respeto a los derechos humanos, porque, independientemente del territorio donde actúa el terrorismo e independientemente de los ciudadanos que de forma directa lo sufren, el terrorismo va más allá queriendo destruir los cimientos sobre los que debe establecerse todo tipo de relación entre personas y también entre países, queriendo en definitiva a minar como principio al conjunto del sistema de libertades. Si el concepto de terrorismo no hay que entenderlo de forma aislada, desgraciadamente tampoco es algo aislado la operativa bajo la que se ejecutan por parte de los terroristas acciones violentas. Se trata de una larga y compleja cadena, de una larga y compleja red de mecanismos, entre los que cobra gran importancia el tema del que estamos hablando, la financiación. Por ello nos alegramos de que este convenio, suscrito por la comunidad internacional, una esfuerzos y haga frente común para tipificar y sancionar los delitos de financiación.
En consecuencia, señora presidenta, satisfechos por el significado que comporta la aprobación del convenio; satisfechos también al comprobar cómo los llamamientos de nuestro país a través de su Gobierno al trabajo de la comunidad internacional para luchar contra el terrorismo van dando resultados positivos y convencidos también de los efectos que tendrá la presidencia española de la Unión Europea, que tiene como uno de sus objetivos principales erradicar el terrorismo, sólo me resta manifestar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ricomá.
Sometemos a votación el Convenio internacional para la represión de la financiación del terrorismo, hecho en Nueva York el 9 de diciembre de 1999, y declaración que España va a formular en el momento de su ratificación.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 324; a favor, 324.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA RELATIVO A LA REGULACIÓN Y ORDENACIÓN DE LOS FLUJOS MIGRATORIOS LABORALES, HECHO EN MADRID EL 21 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000115)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre España y Colombia relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2001.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, tomo la palabra de forma muy breve para decir que no vamos a votar favorablemente ni este acuerdo ni el que figura en el número 60 del orden del día, por entender que responde a la política de inmigración del Partido Popular, que es totalmente contraria a los derechos humanos y a lo que debe ser una política justa. Quiero resaltar que en el caso de Colombia este convenio además va a suponer un duro revés para las fuerzas que están intentando alcanzar la paz, porque este convenio está totalmente al servicio de aquellas otras que están intentando mantener un conflicto armado en Colombia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Centella.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora De la Cruz.


La señora DE LA CRUZ VALENTÍN: Gracias, señora presidenta.
El Gobierno ha firmado hasta el momento tres convenios de este tipo para regular y ordenar los flujos migratorios con Ecuador, Colombia y Marruecos. Se trata de una serie de declaraciones de buenas intenciones sobre la profundización en la cooperación bilateral en materia migratoria. Digo que son declaraciones de buenas intenciones porque las autoridades españolas

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han dispuesto de más de seis meses para poner en marcha los dispositivos que conlleva este acuerdo y así atender a su principal objetivo, cual es regular de forma ordenada y coordinada los flujos migratorios desde Colombia hacia España, y, sin embargo, no se ha desarrollado plenamente; si bien se ha constituido la comisión mixta de selección, no parece que actualmente tenga mucho contenido, porque, al día de hoy, el Gobierno aún no ha enunciado cuál es el número de contingente total se va a adjudicar a cada país con el que se ha firmado un acuerdo de estas características, creando falsas esperanzas con los países con los que firma este tipo de acuerdos.
Por tanto sería imprescindible saber previamente cuántos trabajadores colombianos estaríamos dispuestos a recibir, cuántos trabajadores de temporada necesitaríamos y qué tipo de mano de obra y en qué lugares de España se necesitarían, todo ello habiendo escuchado y atendido previamente las peticiones y necesidades de las comunidades autónomas. Tampoco se ha determinado el número de expertos que formarán parte de dicha comisión de selección, porque para que esto sea posible y eficaz, no podemos dejar que se seleccione al azar.
Tampoco se ha dotado a nuestras oficinas consulares de suficientes medios técnicos y humanos para evitar los colapsos en la tramitación de visados, lo que perjudica también a los españoles que están en Colombia.
En el Grupo Socialista nos mostramos favorables, en términos generales, a la firma de este tipo de acuerdos, ya que pueden ser un instrumento eficaz para la canalización y racionalización de los flujos migratorios. No obstante, para que esto sea así, hace falta ponerlos en marcha en su totalidad. Si no, serán un papel mojado sin eficacia alguna. Por eso, desde nuestra responsabilidad, una vez más, votaremos favorablemente este tipo de acuerdos en la confianza de que se haga de forma correcta.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De la Cruz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Herrera.


El señor HERRERA ANTONAYA: Gracias, señora presidenta.
Después del espectáculo que estamos viviendo a lo largo de este Pleno y de la polémica suscitada por el turismo diplomático en el que se ha embarcado el Grupo Socialista (Rumores.), nos felicitamos muy sinceramente de que en este caso vayan a hacer un ejercicio de responsabilidad y vayan a votar a favor de este importante acuerdo con Colombia, según han manifestado en la Comisión de Exteriores.
(Continúan los rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante, señor Herrera.


El señor HERRERA ANTONAYA: Nuestro grupo va a apoyar el acuerdo relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios con Colombia porque considera fundamental poner la ley al servicio de los ciudadanos colombianos de bien, que ven en la sociedad española la mejor esperanza para el futuro de sus familias. Este acuerdo forma parte de la política de Estado de inmigración puesta en marcha por el Gobierno de José María Aznar y se convierte desde este mismo momento en una pieza fundamental en la prevención de migraciones clandestinas y en la lucha contra la explotación laboral que a menudo afecta a los ciudadanos colombianos que llegan a nuestro país por muy distintos caminos. Como expresaba en el debate de la Comisión de Asuntos Exteriores, SS.SS. deben contemplar este acuerdo en el marco de los ya suscritos o de los que se van a firmar con Ecuador, Marruecos, República Dominicana y Rumania, países de origen del más del 90 por ciento de los inmigrantes residentes en nuestro país.
Hablaba la señora De la Cruz en su reciente intervención de los medios puestos para el desarrollo de este acuerdo. Sus señorías están pidiendo lo imposible, están pidiendo que se desarrollen los acuerdos antes de aprobarlos por esta Cámara. En cualquier caso, desde la responsabilidad del grupo que apoya al Gobierno -lo hemos manifestado en la Comisión de Exteriores y lo hacemos en este Pleno- vamos a hacer todo lo posible por que se desarrollen, en la medida de nuestras posibilidades, en el menor plazo de tiempo.
Pueden poner en duda la viabilidad de este acuerdo incluso antes de que sea aprobado, pero el tiempo es el que da y quita razones y de lo que no cabe duda, a día de hoy, es de que estos pactos garantizan a los inmigrantes colombianos condiciones jurídicas, económicas y sociales de igualdad en España. La satisfacción expresada por distintos representantes de la sociedad colombiana a través de sus principales medios de comunicación nos indica que estamos en el camino correcto para crear una sociedad más abierta, tolerante y justa con los inmigrantes que deciden vivir un futuro mejor en España.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Herrera.


La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación el acuerdo entre España y Colombia relativo a la regulación y ordenación de los flujos migratorios laborales, hecho en Madrid el 21 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 320; a favor, 303; en contra, dos; abstenciones, 15.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DENUNCIA DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS AL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES DE NAVEGACIÓN MARÍTIMA, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE MAYO DE 1952. (Número de expediente 110/000116.)

La señora PRESIDENTA: Denuncia del convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas al embargo preventivo de buques de navegación marítima, hecho en Bruselas el 10 de mayo de 1952.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 319; a favor, 319.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE EL EMBARGO PREVENTIVO DE BUQUES, 1999, HECHO EN GINEBRA EL 12 DE MARZO DE 1999 Y RESERVA QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE LA ADHESIÓN. (Número de expediente 110/ 000117.)

La señora PRESIDENTA: Convenio internacional sobre el embargo preventivo de buques 1999, hecho en Ginebra el 12 de marzo de 1999 y reserva que España va a formular en el momento de la adhesión.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DENUNCIA DEL CONVENIO INTERNACIONAL PARA LA UNIFICACIÓN DE CIERTAS REGLAS RELATIVAS A PRIVILEGIOS E HIPOTECAS MARÍTIMAS, HECHO EN BRUSELAS EL 10 DE ABRIL DE 1926. (Número de expediente 110/000118.)

La señora PRESIDENTA: Denuncia del convenio internacional para la unificación de ciertas reglas relativas a privilegios de hipotecas marinas, hecho en Bruselas el 10 de abril de 1926.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 315; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE LOS PRIVILEGIOS MARÍTIMOS Y LA HIPOTECA NAVAL, 1993, HECHO EN GINEBRA EL 6 DE MAYO DE 1993. (Número de expediente 110/000119.)

La señora PRESIDENTA: Convenio internacional sobre los privilegios marítimos en la hipoteca naval 1993, hecho en Ginebra el 6 de mayo de 1993.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316, a favor, 315; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DEL REINO DE ESPAÑA Y EL GOBIERNO DE LA FEDERACIÓN RUSA DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR CARRETERA, HECHO EN MOSCÚ EL 22 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000120.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Gobierno de España y el Gobierno de la Federación de Rusia de transporte internacional por carretera, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 317.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE UCRANIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000121)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Ucrania al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 317; a favor, 316; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- CONVENIO DE TRANSPORTE MARÍTIMO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA FEDERACIÓN DE RUSIA, HECHO EN MOSCÚ EL 22 DE MAYO DE 2001. (Número de expediente 110/000122)

La señora PRESIDENTA: Convenio de transporte marítimo entre el Reino de España y la Federación de Rusia, hecho en Moscú el 22 de mayo de 2001.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LAS REPÚBLICAS DE NICARAGUA Y EL SALVADOR AL CONVENIO RELATIVO A LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000123)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de las adhesiones de las Repúblicas de Nicaragua y El Salvador al Convenio relativo a los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA, LA REPÚBLICA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA DE SRI LANKA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN MATERIA CIVIL Y MERCANTIL, HECHO EN LA HAYA EL 18 DE MARZO DE 1970. (Número de expediente 110/000124)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Lituania, la República Socialista Democrática de Sri Lanka y la República de Eslovenia al Convenio sobre la obtención de pruebas en el extranjero en materia civil y mercantil, hecho en La Haya el 18 de marzo de 1970.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 316.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LETONIA AL CONVENIO SOBRE COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES Y LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE 1961. (Número de expediente 110/000125)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Letonia al Convenio sobre competencia de las autoridades y la ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 316; a favor, 313; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


- ACUERDO SOBRE MANO DE OBRA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO DE MARRUECOS, HECHO EN MADRID EL 25 DE JULIO DE 2001. (Número de expediente 110/000126)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 25 de julio de 2001.
Tiene pedida la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la señora de la Cruz.


La señora DE LA CRUZ VALENTÍN: Gracias, señora presidenta.
Anteriormente he señalado que España había firmado acuerdos de este tipo con Colombia, Ecuador y Marruecos. En todos ellos se prevé la creación de comisiones mixtas para vigilar la selección de los trabajadores inmigrantes y el cupo que de ellos podemos acoger. Pues bien, hasta el momento el Gobierno sólo ha conseguido crear la correspondiente a Colombia, la de Ecuador permanece aparcada por motivos que nadie sabe precisar y la de Marruecos ha sido aplazada indefinidamente.


No se puede fingir preocupación, como la fingida por el señor Fernández-Miranda, y decir: En el futuro inmediato, al no tener disponible la comisión de selección, carecemos del instrumento que nos permite ofrecer

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al Gobierno marroquí puestos de trabajo en España. Por lo visto, no hay ninguna prisa por constituirla, puesto que debería haberse hecho desde el 1 de septiembre pasado, fecha en la cual se aplicaba provisionalmente este acuerdo. El mismo señor FernándezMiranda, en una conferencia que pronunció en la Universidad pública de Navarra, con motivo del aniversario de la Declaración Universal de Derechos Humanos, invitó a los extranjeros en situación irregular a que regresen a su país. La alternativa, advirtió, será la expulsión y la imposibilidad de volver a la Unión Europea en un período inferior a cinco o diez años.
Señores del Gobierno, un poco de seriedad en este tema. Si el Gobierno tiene intención de regular los flujos migratorios, entre otras cosas para evitar la inmigración ilegal, háganlo y háganlo de forma responsable, no como se ha visto a lo largo de esta mañana en esta Cámara, no firmen convenios, que luego devienen ineficaces sin desarrollar su contenido. Confiamos en que den solución a tiempo. Por el momento, le volveremos a dar otro voto de confianza y un voto responsable, -porque estos votos sí que son responsables, como ha dicho el anterior parlamentario del Partido Popular-, es el tercero que les hemos dado. Esperamos que tengan realmente la voluntad política de resolver estas cuestiones de inmigración, por el bien de los trabajadores y de nuestro país. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora De la Cruz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Muchas gracias, señora presidenta.
Señorías, la ratificación de este acuerdo está englobada en la política coherente que lleva el Gobierno en materia de inmigración y, mire usted, no son tres los convenios que se han firmado este año, no son tres; se han firmado convenios con Colombia, Ecuador, Rumanía, República Dominicana y Marruecos. Como también tiene mal los datos, le diré que con Colombia se ha constituido la comisión de seguimiento, con la República Dominicana también, con Ecuador está previsto constituirla el 11 de enero y con Rumanía el 23 de enero.
Las fechas dadas por el Gobierno al Gobierno de Marruecos han sido las de 1, 5, 17, 27 y 29 de diciembre y, hasta ahora, las fechas 1, 5 y 17 no han sido oídas por las autoridades marroquíes. Por tanto, no diga que no hay voluntad política por parte de este Gobierno para sacar adelante este acuerdo. (Aplausos.) Señoría, Marruecos es muy importante para nosotros, y le voy a dar cifras. De los 1.300.000 extranjeros residentes en nuestro país, más del 20 por ciento son marroquíes. Le digo más, esa cifra se ha duplicado en los dos últimos años. Otro dato, ¿sabe usted que, de los más de 600.000 afiliados a la Seguridad Social, casi un 24 por ciento son ciudadanos marroquíes duplicándose la cifra en los dos últimos años? No nos hablen de preocupación; la preocupación la tenemos nosotros respecto de un tema tan grave como el de Marruecos.
(Rumores.) Ahora quiero preguntarle a usted: ¿Qué van a hacer en un tema tan importante, en una crisis unilateralmente abierta por Marruecos? Porque aquí han tenido cinco posturas diferentes. Primero, un secretario general que viaja a Marruecos sin el consentimiento de este Gobierno. (Risas.-Rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Adelante señor Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Después, no oyen la recomendación de quien tiene la competencia de política exterior. Además, tienen posturas diferentes -el señor Bono y la señora Alberdi son buena prueba de ello- respecto a lo que en Marruecos está pasando y si hay o no hay democracia. Para colmo, tenemos la postura... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


La señora MUÑOZ URIOL: ...que defiende una tesis sobre el futuro de Sahara y ahora tenemos la gran incongruencia, la del señor Chaves, que no es que tenga una postura diferente, sino tres. (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


La señora MUÑOZ URIOL: Tres posturas diferentes ha mantenido el señor Chaves en este tema. (Continúan los rumores.-El señor Estrella Pedrola: Cuatro.- La señora Pozuelo Meño pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Señor Estrella, guarde silencio. Señora Pozuelo, guarde silencio, por favor. ¡Señora Pozuelo, guarde silencio, por favor!

La señora MUÑOZ URIOL: El señor Chaves primero organiza un referéndum sobre el Sahara en la sede del Parlamento de Andalucía. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señora Muñoz, un momento, por favor.
Señorías, ruego guarden silencio.
Adelante, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: El señor Chaves, presidente de su partido y presidente de una comunidad autónoma (Protestas.), organiza un referéndum sobre el Sahara en la sede del Parlamento de Andalucía.
Después reconoce que es un error... (La señora Pozuelo Meño: No hubo acuerdo; cara, vosotros.)

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La señora PRESIDENTA: Señora Pozuelo, le llamo al orden.


La señora MUÑOZ URIOL: A continuación -algo que nos preocupa todavía más-, anuncia que no va a firmar el convenio de colaboración con Marruecos. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Muñoz, por favor. Señorías, para que el debate pueda continuar en la Cámara es preciso, como todos ustedes conocen muy bien, que haya un mínimo de silencio en la Cámara que permita hacer audible las distintas intervenciones. En el momento en que ese mínimo de silencio no exista, desde la Presidencia se mantendrá el debate en suspenso. (Rumores.-Pausa) Adelante, señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Después de ese referéndum ha anunciado -y nos preocupan todavía más sus incongruencias- que no va a firmar el acuerdo de colaboración con todos los programas de cooperación que existen con Marruecos; aquí tengo sus notas de prensa del día 5 de noviembre, de hace bien poco. Para colmo, ahora anuncia que, en vista de que el secretario general se ha ido a Marruecos, él no quiere ser menos y que también se va a ir a Marruecos. (Rumores.) Señores, gravísima preocupación por la actitud que ustedes están teniendo en un tema, si me lo permiten, al menos, tan delicado como la situación actual entre España y Marruecos, sobre todo teniendo en cuenta los grandes intereses que tienen este Gobierno y el de Marruecos en la cuestión que hoy nos ocupa, el terreno de los trabajadores y de los inmigrantes marroquíes que están residiendo en nuestro país. Nosotros vamos a mantener esa postura coherente; la suya aún está por ver. (Aplausos en los bancos del Grupo Popular.-El señor Caldera Sánchez-Capitán pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, ¿a qué efectos?

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Aplicación del artículo 71.3 del Reglamento: cuando se ofende la dignidad. En este caso... (Fuertes protestas.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Señor Caldera, tiene la palabra.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, dado que la Presidencia de la Cámara no ha protegido el derecho de mi grupo parlamentario,invoco el tiempo que me concede el artículo 71.3, que dice: Cuando la alusión -en un debate- afecte al decoro o dignidad de un grupo parlamentario, el presidente podrá conceder a un representante de aquél el uso de la palabra por el mismo tiempo y con las condiciones que se establecen en los apartados 1 y 2 del presente artículo.
Para eso la pido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Caldera, por el enunciado del artículo. Como usted bien ha recordado al final de su intervención, es a juicio de la presidencia cuando se debe fijar si se ha afectado al decoro de un grupo parlamentario. Lamento comunicarle, señor Caldera, que desde esta presidencia no se ha entendido que en estos momentos se haya afectado el decoro de ningún grupo parlamentario de la Cámara de manera distinta a como se vienen desarrollando los debates en los últimos meses en este hemiciclo.
Muchas gracias, señor Caldera. No tiene la palabra. (Fuertes y prolongadas protestas.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta...


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, lo siento, no tiene la palabra.
(Protestas.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Señora presidenta, tengo la razón.
(Protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Caldera, desde esta presidencia se le ha expresado cuál es la interpretación del artículo 71, al amparo del cual usted solicitaba la palabra, y le he indicado que no le concedo la palabra porque entiendo que no se ha afectado al decoro de su grupo parlamentario.
(Protestas.- Rumores.) Señorías guarden silencio.


El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITAN: Señora presidenta, ahora la solicito porque me avala todo el Reglamento para invocar la aplicación del 102, si tiene a bien S.S. admitirlo, si es que conoce el Reglamento. (El señor Matarí Sáez: ¡Fuera de la sala!- Fuertes protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Matarí! Señorías, guarden silencio. (Fuertes protestas.- Rumores.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITAN: Señora presidenta, explico por qué...
Esto no es el Parlamento de Andalucía. (Protestas.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: ¡Señor Caldera! (Protestas.- Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio.
Señor Caldera, sin intentar entrar en discusión con S.S. sobre la profundidad de mis conocimientos del

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Reglamento, le agradezco el que intente dar lectura al artículo 102.
No es preciso, lo tengo delante y hasta ahora tengo los conocimientos suficiente para leer un texto, todavía no los he perdido. Lamento decirle que no tiene la palabra.
Muchas gracias, señor Caldera. El debate ha concluido. (Aplausos.- Protestas.)

El señor CALDERA SÁNCHEZ-CAPITÁN: Expreso mi protesta.


La señora PRESIDENTA: Señor Caldera, no tiene la palabra. (Fuertes protestas.) Votación del Acuerdo sobre mano de obra entre el Reino de España y el Reino de Marruecos, hecho en Madrid el 25 de julio de 2001.
(Rumores.) Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 213; a favor, 194; abstenciones 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el acuerdo. (Rumores.)

DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. (Número de expediente 121/000025)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se modifica la ley 11/1986, de 20 de marzo, de patentes para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44 de la Comunidad Europea, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, con lo cual les ruego que los que vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y de la forma más rápida posible. (Pausa.) Para la defensa de las enmiendas mantenidas para esta sesión por parte del Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, el señor Saura Laporta tiene la palabra.
Señor Saura, si va a hablar desde el escaño espere un momento a que haya un nivel de silencio en la Cámara que permita hacerse oír.
Adelante, señor Saura.
El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidente.


Damos por defendidas nuestras enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.
Señoras diputadas, señores diputados, a pesar de haber presentado sólo tres enmiendas al articulado del proyecto de ley que estamos debatiendo, queremos remarcar tanto la importancia de las mismas como nuestras reservas ante un proyecto de ley que incorpora la Directiva 98//44 de la Comunidad Europea, relativa a las invenciones biotecnológicas, que ya ha sido recurrida por varios países, como es el caso de Holanda, Italia o Luxemburgo, por considerarla incompatible con otros tratados internacionales vinculantes, como el Convenio sobre la Diversidad Biológica, y por vulnerar derechos humanos fundamentales. Además, países como Alemania, Bélgica y Francia han expresado su intención de renegociar la citada directiva a instancias de sus respectivos parlamentos estatales y por razones similares. Por tanto, mientras no se resuelva este proceso jurídico no está justificada la transposición al Derecho español de la Directiva 98/44.
Más allá de esta evidencia, consideramos que la extensión de las patentes al campo de la materia biológica y de los propios seres vivos tiene una enorme trascendencia y plantea numerosos interrogantes éticos y sociales relacionados con la dignidad humana y de los seres vivos, unas cuestiones que apenas han sido debatidas en el seno de la sociedad. Por consiguiente, entendemos que antes de plantearse la aprobación de este proyecto de ley debería haberse realizado un amplio debate previo sobre estas cuestiones. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Por otra parte, estamos convencidos de que las patentes no son la herramienta más adecuada para incentivar la innovación en el campo de la biotecnología y creemos que deberían de estudiarse otras medidas y fórmulas alternativas para la protección de la propiedad intelectual en este campo.
Pasando ya brevemente al contenido de nuestras enmiendas, la primera de ellas es de adición al artículo 4.5. Propone que, si el objeto de una invención consiste en materia biológica vegetal o animal o si se utiliza dicha materia, sólo se concederá la patente a la invención si se especifica el origen geográfico del material vegetal o animal y si el solicitante de la patente garantiza el cumplimiento de las disposiciones jurídicas sobre acceso y exportación vigentes en el lugar de origen, así como las obligaciones derivadas del Convenio de Diversidad Biológica en lo que se refiere a

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participación en los beneficios y transferencia de tecnología.


En el caso de nuestra segunda enmienda, de modificación del artículo 5.1, solicitamos que no se consideren patentables los procedimientos de clonación de seres humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética germinal del ser humano, las utilizaciones de embriones humanos, los procedimientos de modificación de la identidad genética de los animales que supongan para éstos sufrimientos.
Finalmente, nuestra última enmienda, de introducción de un artículo 5 bis. 4, va en la dirección de que nadie pueda ser sometido sin su libre consentimiento a experimentos médicos o científicos. Se trata de una petición lógica y perfectamente asumible.
Fruto de la negociación -avanzo lo que podría ser nuestro posicionamiento sobre las diferentes transacciones con los distintos grupos- hemos llegado al acuerdo de transaccionar las enmiendas números 10 y 12 de Esquerra Republicana de Catalunya, con lo cual daríamos nuestros consentimiento a las mismas; no sucede así con la modificación del artículo 5.1, que la mantendríamos.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Puigcercós.
Tiene la palabra el señor Aymerych para la defensa de las enmiendas.


El señor AYMERYCH CANO: Señora presidenta, señorías, hace diez meses, el 22 de febrero de este año, en el debate de totalidad de este proyecto de ley defendía su retirada por tres órdenes de razones: de oportunidad, de forma, inadecuación del instrumento legal, y de fondo. Por razones de oportunidad ya lo ha señalado quien me ha precedido en el uso de la palabra. Cuando el Gobierno español es moroso, cuando el Gobierno español no muestra ningún tipo de diligencia a la hora de integrar directivas tan importantes como la de vertidos y otras muchas en materia de medio ambiente, uno no llega a entender por qué esta prisa por integrar una directiva tan problemática, que está en este momento pendiente de una impugnación ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Hay otra razón de orden formal o de inadecuación del instrumento legal que el Gobierno propone. Esta directiva afecta, como se ha dicho, a derechos fundamentales reconocidos en la Constitución como la integridad física o la intimidad personal. Por tanto, de aprobarse debería ser a través de una ley orgánica, del artículo 81 de la Constitución, y no de una ley ordinaria. Además existen razones de fondo que al igual que hace diez meses nos llevan a rechazar este proyecto de ley y a propugnar su retirada. Desde el Bloque Nacionalista Galego nos oponemos a crear privilegios, a crear propiedades sobre la vida, sobre la materia viva, incluida la de origen humano. Nos oponemos a sancionar jurídicamente a través de patentes la propiedad de materia de vida obtenida por medio de prácticas que no dudamos en calificar en muchos casos como biopiratería o biocolonialismo. Es decir, nos oponemos a la privatización del acervo genético y cultural de las personas y de los pueblos en beneficio de entidades y de estados desarrollados entre los que -por cierto, y esto hay que decírselo a la ministra de Ciencia y Tecnología- no se encuentra el español. El Bloque Nacionalista Galego se opone a privatizar en beneficio de unos pocos un patrimonio que para nosotros debe seguir siendo público y común a toda la humanidad. También nos oponemos -lo dijimos entonces- a que se abra la posibilidad de patentar elementos aislados del cuerpo humano. El proyecto de ley establece un límite. No se puede patentar el cuerpo humano entero. El proyecto de ley se para a las puertas de la esclavitud. No podemos patentar a un hombre, pero sí podemos patentar humanoides, porque lo que el proyecto de ley permite es patentar animales que compartan casi en su totalidad la carga genética de un ser humano.
En el dictamen de la Comisión que hoy se nos somete a debate ninguna de las enmiendas parciales presentadas por el Bloque Nacionalista Galego fueron incorporadas al texto que hoy tenemos que votar. Somos conscientes de que nuestras enmiendas están informadas por una orientación totalmente contraria a la del proyecto de ley. Valoramos la transacción lograda, en virtud de la cual la exposición de motivos introduce una mención al consentimiento informado y libre de la persona a la que se la realizan extracciones que luego pueden ser patentadas. Esta mención, obligada por otra parte a la luz del Convenio de Oviedo sobre derechos humanos y biomedicinas suscrito por le Estado español, queríamos que se introdujese también en el articulado, porque seguimos pensando que no hay obstáculos técnicos insalvables para esta incorporación y porque lógicamente el alcance de la mención, según sea en la exposición de motivos o sea en el articulado, es muy diferente.
Lamentamos que tampoco se incorporara una enmienda que para nosotros constituye una cautela elemental para evitar la biopiratería.
Proponíamos -seguiremos haciéndolo en el Senado- que siempre que el objeto de la invención consista en materia biológica de origen vegetal o animal quienes solicitan la patente deban justificar su origen, su origen geográfico, la forma de obtención y el respeto a la normativa del Estado donde se realizó la obtención y la normativa internacional aplicable sobre biodiversidad. No entendemos por qué razón el Grupo Popular se opone a la introducción de una cautela, salvo que se quiera evitar la sanción de actuaciones irregulares por parte de personas o entidades que solicitan la patente. Por todas estas razones vamos a votar en contra del dictamen.


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Sabemos que no estamos solos cuando nos oponemos a la patente de organismos vivos, cuando nos oponemos a la apropiación privada de materia biológica; todo lo contrario. Para nosotros la materia viva debe seguir siendo un bien público y común. Para nosotros los avances científicos realizados a través de la investigación sobre la materia viva deben ser compartidos y disfrutados por todas las personas y por todos los pueblos. Por todas estas razones seguiremos solicitando en el Congreso y en el Senado al Gobierno que retire este proyecto de ley y que espere -razones elementales de prudencia lo aconsejan- al pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Aymerich.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.
Ya tuve ocasión de exponer en el trámite en Comisión mis juicios de valor con respecto a este proyecto de ley que, como se dice en su exposición de motivos, no trae nada más que la razón de modificar nuestra vigente Ley 11/1986, de Patentes, para poder incorporar a la misma la Directiva 98/44 de la Unión Europea, del Parlamento y del Consejo, de 6 de julio, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Es un mal proyecto de ley, porque incluso los conceptos de la directiva comunitaria están mal traducidos. De ahí que mi grupo ante el análisis general presentó una modesta batería de enmiendas, de la 16 a la 20, que tengo el honor de defender aquí, sobre las que no voy a entrar en profundidad, porque son enmiendas obvias. Ha sorprendido negativamente a mi grupo que no se nos hayan aceptado, porque son unas obviedades que están incluso en el nomenclátor del Ministerio de Agricultura. Tengo que aventurar que me da la sensación de que el Ministerio de Agricultura -ya que a la Comisión de Agricultura no ha venido a trámite este proyecto de ley, sino a la de Ciencia y Tecnología- desconoce este tema. Hay terminología incluso en el organigrama del ministerio que diferencia perfectamente lo que es lo agrícola y lo ganadero; lo subsume, como era el sentido de nuestras enmiendas, en la palabra agraria. El concepto hoy día de la Administración agraria, europea o española, engloba lo agrícola y lo ganadero. Lo agrícola está dirigido hacia las explotaciones de producciones, de sembrados, de vegetales, y lo pecuario está dirigido hacia la ganadería. Si se junta lo agrícola y lo pecuario, este concepto se llama agrario. Incluso ha habido y hay unidades orgánicas, direcciones generales, subdirecciones generales que funcionan bajo el nombre de agrario. Por tanto, evitemos hacer el ridículo antes de que este documento quede aprobado y empleemos terminología europea. Nos abstuvimos de hacer otras enmiendas porque con los recursos que hay planteados ante el Tribunal Europeo contra esta directiva por varios países y que ya se han citado aquí -incluso lo acaba de relatar el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, del Bloque Nacionalista Galego- creímos que con toda la razón iba a ser modificado, porque hay una serie de países que están en contra de estas aplicaciones. Cuando se leen modificaciones de que no podrán ser objeto de patentes las invenciones cuya explotación comercial sea contraria al orden público y a las buenas costumbres, me da la sensación de estar leyendo textos del siglo XVIII, cuando se podía definir con la moral victoriana qué se entendía por buenas costumbres y qué es lo que eran malas costumbres. A estas alturas del siglo XXI con la democracia y el Estado constitucional y de derecho -de las libertades- en España sería de difícil definición constitucional el concepto de buenas costumbres, si es que es posible definirlo. No conozco ninguna invención biotecnológica que sea de tal alcance popular que lleve al desorden público; sería muy difícil que algo hecho con clones vegetales o algunas razas de animales en ganadería pudiera requerir la presencia de los antidisturbios en las calles de las ciudades o alrededor de los centros de investigación.
Lo único que nosotros pedíamos era una adecuación de la directiva comunitaria a nuestra Constitución y a nuestro lenguaje, de modo que no insisto en la defensa de las obviedades que reflejan nuestras enmiendas, tan simples por gramaticales. Quiero anunciar para que lo tengan en cuentan los servicios de la Cámara que, manteniendo nuestras enmiendas números 16 a 20, solicitamos votación separada de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista números 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 44 y 50, porque las vamos a votar a favor.
Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida tiene la palabra la señora Urán, para la defensa de sus enmiendas.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.
Señorías, mi grupo parlamentario presentó en su día una enmienda de devolución, aduciendo no sólo los errores de transcripción o aquellas frases que podían resultar extrañas en nuestro lenguaje actual -la trasposición no es buena-, sino también que la directiva en sí era compleja y había sufrido cierto rechazo por parte de bastantes Estados, sin perjuicio de lo que los tribunales europeos pudieran resolver en su momento. Desde nuestro punto de vista, como ya dijimos, atenta contra los derechos humanos y contra los de explotación exclusiva en cuestiones vitales para el mundo,

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como la alimentación, la salud y -algo importante- los beneficios que el progreso científico pueda aportar a sociedades y Estados hoy en vías de desarrollo o en situación de extrema pobreza. Decíamos también que el proyecto de ley pretendía hacer patentables algunas cosas que no creemos que sean invenciones, como la posibilidad técnica de aislar o reproducir aspectos que ya existen en la naturaleza. Esto no sería invención sino descubrimiento, ya que la materia prima sobre la que se trabaja está ya inventada, existe en la naturaleza. Habrá un mecanismo de estudio, trabajo o investigación profunda, que no vamos a poner en tela de juicio, pero esto no es una invención, es sencillamente un descubrimiento. El proyecto de ley incumple las obligaciones contraídas por el Estado español en el Convenio de diversidad biológica en cuanto a la soberanía de los Estados sobre sus recursos biológicos, así como la de beneficiar a los consumidores o a las comunidades y sociedades que preserven la biodiversidad.
Quiero hacer hincapié especialmente en una de las enmiendas que nuestro grupo parlamentario presentó en su momento, que tenía que ver con la información previa del lugar de origen de la materia biológica con la que se estuviera trabajando; la identificación de esa materia desde su lugar de origen. Desde que se empezó a discutir este proyecto de ley en esta Cámara hasta hoy han ocurrido cosas. Una nos parece muy importante porque redunda en la preocupación del posible no acceso de los países subdesarrollados a las nuevas tecnologías y de la explotación de los recursos biológicos de los que disponen, que han preservado y que se puede estar haciendo ya en nuestro país. Esa preocupación sobre todo la tiene Naciones Unidas a través de la FAO.
Nuestro país, el Estado español, el Reino de España ha firmado un compromiso internacional -en este caso ya un tratado- sobre los recursos fitogenéticos para la alimentación y la agricultura. Desde este tratado se ofrecen salvaguardas importantes no solamente a la hora de proteger el material biológico, sino además que la utilización de ese material biológico con las nuevas tecnologías garantice fundamentalmente a los agricultores de los países en vías de desarrollo o subdesarrollados que pueden seguir manteniendo su agricultura en las mismas condiciones de sustentabilidad ecológica.
Además también se les garantiza a través de este tratado el acceso -precisamente por convenios multilaterales- a las nuevas tecnologías y a la investigación, que fundamentalmente se poseen en los países desarrollados y a los que les está generando más beneficios, por decirlo de alguna forma, en ese tipo de explotación, precisamente en la conservación de la biodiversidad que hacen estas comunidades y estos países. Por lo tanto, una vez más desde mi grupo parlamentario se reclama la retirada de este proyecto de ley por parte del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Están sucediendo cosas, se están firmando acuerdos internacionales, tratados en Naciones Unidas que vienen en la línea que nosotros estamos defendiendo desde esta tribuna. El proyecto de ley es contrario a todas estas cosas, el proyecto de ley no garantiza la transferencia tecnológica a aquellos países ni desde luego a la sociedad española ni en general a la sociedad mundial que se va a llevar a la práctica y que se va a conseguir gracias a los esfuerzos sobre todo de las comunidades indígenas, de los Estados que por su situación siguen preservando esa biodiversidad.
Hemos discutido largo y tendido en la ponencia con multitud de personas interesantes -unas, expertos y, otras, con intereses comerciales legítimos- y que nos han parecido siempre aleccionadoras, con independencia de compartir o no sus criterios. Señorías, hubo una comparecencia que me llamó bastante la atención -me sorprendió, porque era un experto- cuando nos decía que la diversidad biológica estaba garantizada porque la teníamos en un laboratorio. Me parece totalmente respetable ese tipo de concepción de lo que es el mantenimiento de la diversidad biológica y del patrimonio humano, de aquello que entre todos hemos generado; pero la diversidad biológica no se preserva en un laboratorio, sino que se ha de preservar y garantizar en la naturaleza. Desde luego no es que no nos quede mucho tiempo para conocer el planeta como está, sino que ya estamos empezando a desconocerlo. Además estamos empezando a construir una forma de explotación del planeta que no va a durar muchos años, y no sirven después las recomposiciones. Poner en manos privadas aquello que es de uso general y patrimonio de la humanidad no es que resulte peligroso, sino completamente negativo para los intereses y para el crecimiento de la sociedad y del mundo en general.
Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Urán.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para la defensa de la enmienda tiene la palabra el señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.
El Grupo Parlamentario Catalán mantiene viva la enmienda número 61 al proyecto de ley en la medida en que la enmienda número 60 fue objeto ya de una transacción que nos fue ofrecida por doña Blanca Fernández en el ámbito de la Comisión. La enmienda número 61, al igual que algunas similares de los otros grupos, pretende reforzar la exigencia del consentimiento informado en el ámbito de este proyecto de ley.
Quiero recordar a SS.SS. que ya la directiva que se traspone a través de este proyecto en su considerando número 26 hacía referencia precisamente a la conveniencia o a la necesidad de este consentimiento informado,

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indicando que cuando se presente una solicitud de patente de una invención, que tiene por objeto una materia biológica de origen humano o que utiliza una materia de este tipo, la persona a la que se le hayan realizado las tomas deberá haber tenido ocasión de dar su consentimiento libremente y con la debida información sobre dichas tomas de conformidad con el derecho nacional. No les descubro nada a SS.SS. sí les digo que también este principio del consentimiento informado se recoge en el apartado 3 del artículo 19 del Convenio sobre diversidad biológica de 5 de junio de 1992, de la misma manera que también se recoge en el artículo 7 del pacto internacional de derechos civiles y políticos y en el mucho más reciente -y abundantemente citado en esta Cámara- artículo 5 del Convenio de Europa para la protección de los derechos humanos y de la dignidad del ser humano con respecto a las aplicaciones de la biología y la medicina.
Mi grupo pretende que este reforzamiento del principio de consentimiento se recoja expresamente en el proyecto de ley. A diferencia de algunos otros grupos hemos coincidido con el Grupo Parlamentario Socialista y con el señor Aymerich, del Grupo Parlamentario Mixto, Bloque Nacionalista Galego, solicitando la inclusión de este principio sin supeditar la concesión de la patente a que se haya producido este consentimiento. Obviamente, la falta de consentimiento tendrá efectos en otros ámbitos como puede ser el de la responsabilidad civil y, por tanto, dar lugar a indemnizaciones; sin embargo, como la finalidad fundamental que pretendemos es este reforzamiento del principio de consentimiento, nos resulta imposible aceptar la oferta de transacción que se nos propone desde el Grupo Parlamentario Popular. Si bien pretende que en la exposición de motivos se recoja esta referencia al consentimiento informado, cuando a renglón seguido se dice que la falta de ese consentimiento no constituye obstáculo para la concesión de la patente y no se indica qué otros efectos puede producir en otros ámbitos la falta de ese consentimiento, nos da la impresión que desde el punto de vista pragmático o asertivo, que también es muy importante en el ámbito de las leyes, un lector ordinario va a entender que ese consentimiento es irrelevante y no precisamente que el consentimiento queda reforzado. Por tanto, en este caso mantenemos la enmienda; agradecemos ciertamente el esfuerzo de transacción y de consenso que se nos hace desde el Grupo Parlamentario Popular por doña Blanca Fernández y espero que lo que no hemos podido lograr en esta semana lo consigamos desde ahora a la aprobación del proyecto de ley en el Senado.
Quiero anunciar que votaremos favorablemente, además de a las dos enmiendas que he citado anteriormente del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto que son coincidentes con la nuestra respecto al principio de consentimiento informado, a aquellas enmiendas de los otros grupos que pretenden también proteger la biodiversidad, si bien en este caso se nos ha anunciado -y esperamos que sea cierto- que el Grupo Parlamentario Popular ofrece una transacción a la enmienda número 57 del Grupo Parlamentario Socialista y que seguramente va referida a otras de otros grupos que pensábamos también votar favorablemente. Por tanto, quiero anunciar que votaremos favorablemente las enmiendas 19 y 20 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria así como las números 28 y 40 del Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Silva.
Por el Grupo Parlamentario Socialista para defensa de las enmiendas, tiene la palabra el señor Lissavetzky.


El señor LISSAVETZKY DÍEZ: Gracias, señora presidenta.
Quisiera decirle que para la defensa de las enmiendas vamos a compartir el turno el diputado don Carlos Navarrete y yo. Me voy a referir brevemente a que estamos ante un proyecto de ley que viene a tratar un tema que se puede considerar actualmente como un objetivo estratégico de la Unión Europea. El desarrollo de la biotecnología y de las ciencias de la vida ha supuesto una mejora y unos avances importantes tanto en innovaciones técnicas como en la asistencia sanitaria y el medio ambiente, por tanto, hay que verlo de manera global. No se puede ver solamente cómo afecta a las industrias y a las empresas, sino que hay que ver fundamentalmente cómo afecta a la sociedad, a la salud, a la alimentación y al medio ambiente. En este sentido, dada la distancia que existe entre la Unión Europea y los Estados Unidos de América y Japón, es necesario que haya una armonización desde el punto de vista jurídico para que a través de una modificación de las leyes de patentes de los distintos países podamos intentar reducir esa distancia. Por eso nosotros estamos a favor, como lo estuvimos en el Parlamento Europeo, de que se llegue a esa armonización, pero hay otro problema: que esa armonización no puede ser mirando casi exclusivamente a la empresa y olvidándose en algunos aspectos de la propia sociedad. Por tanto, en esta trasposición tenemos que ir intentando corregir esos efectos secundarios que no son deseables y que afectan a la sociedad. Aquí se ha hablado de piratería genética, de botín genético; hay que buscar fórmulas para dar seguridad a los ciudadanos. En este sentido hemos recorrido un largo camino. He de decir que no va a haber un final feliz, tampoco va a haber un final trágico y evidentemente quizá pueda mejorarse en el Senado. Quiero agradecer personalmente a doña Blanca Fernández de Capel el esfuerzo de aproximación, por supuesto en términos personales y de alguna manera políticos, pero desgraciadamente no creo que se haya llegado a un

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suficiente nivel de acuerdo aunque -repito- agradezco esos esfuerzos.
Nuestras enmiendas se pueden dividir en tres o cuatro bloques. El primero, que puede parecer que no tiene importancia, es el semántico, el lingüístico. Hacía antes una referencia el señor Mardones.
Coincidimos con alguno de los planteamientos que hizo en Comisión. Lo que hay que decir es que aquí hay una mala traducción, hay unos latiguillos que se siguen acumulando, como orden público y buenas costumbres. Reto a que se me diga qué registro de patente se ha tirado atrás o no se ha aceptado por esto del orden público o de buenas costumbres. Hemos propuesto soluciones como poner organización social o ética. Lo ha dicho el vicepresidente de la Real Academia Española que compareció aquí, el señor Municio; lo ha dicho la que va a ingresar -espero- en la Real Academia de la Lengua Española, doña Margarita Salas y el presidente el Instituto de España; lo ha dicho el expresidente del CSIC, Cesar Nombela; lo ha dicho Palacios; lo ha dicho el profesor Lacadena, todo el mundo. Hay un intento de no cambiar esa situación que a mi modo de ver es inexplicable, como cuando se define un gen como un elemento y no solamente desde el punto de vista químico. Los elementos son el calcio, el zinc, el oxígeno; quizá nos vamos a ver patentando el oxígeno porque tenga utilidad para usarlo como soplete. Mire usted, no es correcto. Desde el punto de vista terminológico se plantea una sustitución de elemento por componente. Esto me permitiría ir al segundo gran grupo de enmiendas. No estamos de acuerdo tanto con esa patentabilidad del gen como con su funcionalidad. Tampoco se acepta por parte del Grupo Popular esta funcionalidad. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la Presidencia.) Tercer gran aspecto: el consentimiento informado. Me remito a la intervención del señor Silva. Es absolutamente increíble e inexplicable que cuando hay un considerando, el 26, en la directiva europea alguien se empeñe en que no se puede trasladarlo a la exposición de motivos. No lo ponemos en ningún artículo, se emperran en que no esté. No sé si es la ministra de Ciencia y Tecnología, ausente -me parece una vergüenza que esté ausente cuando se debate un proyecto de ley que ha elaborado su ministerio-, o quién es, pero no entiendo cómo se puede negar que lo que viene en la norma europea no se ponga en la norma española. A mí que me lo expliquen. Mal lo del consentimiento informado.
Agradezco en lo que se refiere al derecho de terceros países citar el origen geográfico del material biológico susceptible de patente. Hay una transaccional que ha presentado doña Blanca Fernández de Capel que aceptamos, y retiramos formalmente la enmienda 57, aunque no colma todas las aspiraciones, porque se nos obliga -pero la aceptamos democráticamente- a quitar la referencia al Convenio sobre la diversidad biológica que ratificó nuestro país en 1993. Eso daría una mayor seguridad jurídica y se protegerían mejor esos derechos, pero algo es algo, un poco sí hemos avanzado.
Derecho de los agricultores. Nosotros presentamos enmiendas en defensa de esos pequeños agricultores, basándonos además en lo que dijo un vicepresidente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, don Pío García Beltrán, y proponemos que se cite la ley española y el régimen jurídico de las protección de las obtenciones vegetales, que se cite concretamente el artículo 14, que no nos ciñamos exclusivamente al Reglamento europeo, porque hay unas excepciones que afectan a los agricultores españoles y ese beneficio del agricultor se puede perder con este proyecto de ley, que es malo.
Para terminar y repartir el tiempo, estamos en desacuerdo con que no se tenga en cuenta ningún tipo de enmienda con respecto a los grupos de ética. Llama la atención la manera tan escrupulosa con que el Grupo Popular ve la investigación de células madre embrionarias y plantea aspectos éticos; estamos de acuerdo con ello, busquemos el punto de equilibrio. Llama la atención que en este proyecto de ley no se tiene en cuenta y se da -entre comillas y perdón por la expresión- barra libre, patentando todas estas cosas que estamos viendo en este proyecto de ley, sin poner coto, sin que nadie pueda hacer incidencia en esos aspectos éticos. Está en la directiva europea y es absurdo que no venga aquí. Termino, señora presidenta. Es otra oportunidad perdida para avanzar en esa dirección.
Entendemos, como han dicho muchos científicos, que en la exposición de motivos se contempla la posibilidad de investigar en células madres embrionarias. Quiero dejar esto claro porque lo que se prohibe es su uso desde un punto de vista comercial e industrial, pero no se habla de investigación. Es un aspecto positivo y es una de las razones por las que no hemos presentado enmienda. En definitiva, por el lenguaje que se contiene y la terminología, por no tener en cuenta el consentimiento informado, por quedarse muy pacato en la defensa de los derechos de terceros países, por no hacer una defensa de los pequeños agricultores, por no tener en cuenta estos aspectos de la ética, nuestro sí en algunos aspectos va a ser sin mucho entusiasmo, aunque esperamos que en el Senado se mejore. Creo sinceramente que hemos perdido una buena oportunidad conjunta para avanzar en la biotecnología en nuestro país.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Lissavetzky.
Señor Navarrete.


El señor NAVARRETE MERINO: Señor presidente, señoras y señores diputados, el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra tiene una formación científica de la que yo carezco. Yo no tengo -lo intento- una formación humanística y jurídica; por

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consiguiente, mis reflexiones van a ir desde esta perspectiva en relación con la ley que nos ocupa.
Es una ley un poco especial porque en un principio parece que su objeto es sólo la protección de una propiedad especial, la llamada propiedad industrial o lo que, en algunas ocasiones, es internacionalmente conocida de una manera genérica como propiedad intelectual. Pero es que no se limita, porque al determinar hasta dónde puede alcanzar la protección jurídica de esta propiedad especial, al mismo tiempo se está diciendo qué cosas se pueden hacer, qué cosas se pueden investigar, qué cosas pueden estar lícitamente en el comercio. Por consiguiente, no nos preocupa desde el punto de vista jurídico la cuestión técnica en cuanto a si se consigue de una manera más o menos perfecta la protección de esta propiedad, sino la trascendencia que para la investigación y para los ámbitos humanísticos y éticos puede tener esta ley.
Se podría decir que es una ley apresurada. En un principio había un cierto pacto más o menos expreso entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular en demorar esta ley para ver si se aclaraban ciertos temores que la envolvían. Me refiero al planteamiento, del que ya se ha hablado, de acciones judiciales ante el Tribunal Europeo, sin una clarificación definitiva de este asunto y también porque ciertas cuestiones, como hasta dónde alcanza la patente en relación con la salud, no están siendo objeto en este momento de un tratamiento pacífico. Sobre la decadencia de los derechos reconocidos por una patente hay una teoría que ha puesto en boga Estados Unidos con el tema de las vacunas para el ántrax, hay otra que está en la Organización Mundial del Comercio, otra que tuvo el Gobierno sudafricano, otra que tiene el Gobierno brasileño y otra la que ha impuesto dentro de la ONU la autoridad magistral del señor Annan.
Quizá hubiera sido bueno que se hubieran unificado estas posiciones, como terminará ocurriendo en el tiempo, pero ni siquiera desde el punto de vista ético hay un consenso. Nos llama la atención que un grupo como el suyo, que tantas demoras pone en el camino del reconocimiento del cuarto supuesto del aborto, de la investigación sobre las células embrionarias, de las uniones de hecho, del divorcio, aquí haya corrido tan olímpicamente sobre una serie de temas éticos, quizá porque en el fondo comparten la postura de lo que podríamos llamar terrorismo pastoral o terrorismo eclesiástico. El otro día veíamos en una pantalla de televisión a un sacerdote que decía que prefería la destrucción de los embriones que no iban a ser utilizados para la fecundación in vitro antes que su utilización terapéutica. A lo mejor ustedes están de acuerdo con esta posición y por eso están rechazando las enmiendas que están rechazando en esta ley.
Decía que nuestras reflexiones van a ser eminentemente técnico- jurídicas. Nos preocupa el descuido con que determinadas elaboraciones parlamentarias se efectúan en el Congreso y en el Senado, con una desconsideración importante hacia los que están aprendiendo derecho, hacia los que lo están enseñando o hacia los que lo tienen que aplicar. Esta ley va a ser una reforma de la vigente Ley de 1986 sobre patentes. Se caracteriza por la creación de una serie de artículos bis que, cuando menos, es un recurso técnico de naturaleza bastante dudosa y, como tal, debiera ser el último recurso, reservándolo exclusivamente para aquellos artículos donde el contenido fuera uniforme, aunque demasiado extenso, o cuando la adición del contenido del hipotético artículo bis contribuyera a evitar una sensación farragosa en la lectura, en el estudio o en la interpretación del artículo en cuestión. Esas no son las circunstancias que se dan en nuestras enmiendas números 29, 35 y 41, y sólo la obstinación que en estos últimos tiempos viene caracterizando al Grupo Parlamentario Popular justifica que estas enmiendas sean desatendidas, sobre todo cuando se nos ha comunicado hace muy poco tiempo que iban a admitirse otras dos enmiendas del mismo corte que las que acabo de mencionar, las números 28 y 40, que todavía permanecen vivas.
Quisiera también incidir sobre un tema que preocupa a diferentes grupos parlamentarios -lo voy a exponer ahora también desde la perspectiva técnico-jurídica-: el principio del consentimiento informado. El Grupo Parlamentario Popular acaba de descubrir una cosa muy importante: las leyes posteriores derogan a las leyes anteriores, como venía establecido en la doctrina desde hace mucho tiempo. Pero también ocurre que las leyes anteriores derogan a las leyes posteriores o, por lo menos, vetan el campo de su aplicación. Hemos estado hablando del bloqueo de una patente. Cuando hay un tratado sobre...


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Navarrete, le rogaría que fuese concluyendo.


El señor NAVARRETE MERINO: Sí, señor presidente. Voy a concluir.
Que todo esto impida que una ley posterior pueda establecer en su articulado, con plena eficacia jurídica, el principio del consentimiento informado, creo que es algo nuevo con lo que nos estamos desayunando las personas que llevamos bastante tiempo en la vida jurídica.
Salto a la licencia obligatoria, enmienda número 45, con la que pretendemos suplir algunas lagunas, como las suplimos también con la disposición adicional nueva, que mi compañero ha defendido. En las disposiciones transitorias hay unas lagunas legales en materia de depósito, de acceso a materias biológicas o las propias licencias obligatorias por dependencia, que no son objeto de tratamiento de la legislación que le es aplicable cuando surgen en momentos distintos de la solicitud o del registro de la patente. Lo mismo sucede con el alcance de la protección, a lo cual se dirige nuestras enmiendas.
Razonablemente, un jurista preocupado porelaborar una ley correcta debiera de haberlas atendido,

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así como una persona que esté preocupada por salvar el gap que en materia de investigación, desarrollo e innovación existe en nuestro país estaría a favor de nuestra disposición final nueva, sobre la creación de un censo de empresas permanentemente actualizado, en coordinación con la clasificación internacional de patentes.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Navarrete.
¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Fernández de Capel.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor presidente, con todo respeto y al amparo del Reglamento y de la ley, considero que ha habido un exceso verbal, quizá por el acaloramiento del debate. Yo exijo que la palabra terrorista referida al Grupo Popular, que puede haber sido pronunciada en el ardor del debate, sea retirada, con adjetivo o sin adjetivo, del "Diario de Sesiones". Todo ello, antes de tomar la palabra para exponer mi punto de vista.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Señor Navarrete?

El señor NAVARRETE MERINO: No puedo retirarla porque no me he referido al terrorismo del Partido Popular; me he referido a lo que he llamado específicamente terrorismo pastoral o terrorismo eclesiástico.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): ¿Señora Fernández de Capel?

La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Señor presidente, nos encuadraba en un grupo de terrorismo. No nos encuadramos en ningún grupo de ningún terrorismo, y quiero que la palabra terrorismo quede retirada del "Diario de Sesiones".


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Fernández de Capel, el señor Navarrete ya ha hecho el juicio de valor a su petición respecto de lo que ha dicho o de lo que ha creído oportuno. Por tanto, quedará recogido en el "Diario de Sesiones" tanto su petición como la aclaración que ha hecho el señor Navarrete.
Señora Fernández de Capel, si le parece, es su turno.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Con la venia, señor presidente.
Lamento mucho, porque eso sí es una falta al decoro de la Cámara, hacer alusiones de alineamiento con algo relacionado con algún tipo de terrorismo, con adjetivo y sin adjetivo. Vuelvo a manifestar mi decepción por que alguien que ha tramitado con nosotros de tan buenas maneras ciertos aspectos de la ley y con quien mantenemos buenas relaciones en un plano científico y en un plano político, pueda tener en un momento determinado expresiones tan desafortunadas. Dicho esto, empiezo mi intervención.
Señorías, el proyecto de ley que nos ocupa, que se dice que es un proyecto precipitado, lleva nada más y nada menos que más de once años dando vueltas por todas las instituciones de la Unión Europea, por el Parlamento Europeo y por el Consejo. Se trata de la Directiva 98/44 del Consejo de Europa, sobre la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas. Se ha discutido durante más de diez años, de 1987 a 2001. La historia de esta directiva es la más larga en las instituciones europeas. Se propuso como una directiva tras el rechazo por el Parlamento Europeo del proyecto común del Comité de conciliación sobre una propuesta de una directiva anterior que trataba de esta materia. Al no ser un reglamento comunitario, que tendría aplicación directa, una directiva necesita de una trasposición específica. Desde 1985 se advertía en el Libro Blanco de la Comisión Europea la variedad de legislaciones nacionales en materia de propiedad intelectual que repercuten negativamente no sólo en el comercio intracomunitario, sino también en el que tiene lugar entre los miembros de la Unión Europea y terceros países. En 1995, la Comisión Europea justificaba esta directiva como el sistema de protección mediante patente que permite fomentar la innovación técnica en esta materia. El derecho aplicable tiene su origen en el Convenio del Consejo de Europa de 27 de noviembre de 1963 y en el de Munich de 1973, sobre la concesión de patentes, al que se han ido armonizando los ordenamientos jurídicos de diferentes países. No ha sido una iniciativa fácil, no ha sido una iniciativa cómoda en ningún sitio, pero no es la comodidad ni la facilidad lo que hará que la Unión Europea pueda avanzar en un afán de conciliar situaciones.
La propuesta inicial, que es la Directiva de 1988, se retiró en 1995.
En 1996, se presentó una nueva propuesta y el Comité Económico y Social la aprobó, mediante un dictamen, en 1996. En 1997, el Parlamento Europeo aprobó la directiva, que consta de 18 artículos y 5 capítulos, que regula la patentabilidad, es decir, qué cosas son patentables, el alcance de la protección, las licencias obligatorias por dependencia, por depósito, acceso, nuevos depósitos en materia biológica, etcétera. Además, tiene una serie de disposiciones finales que no son de menor entidad. Es una directiva compleja, pero no crea un derecho específico, sino que al remitirse a los ordenamientos nacionales reconoce los requisitos nacionales generales de patentabilidad y los de los convenios internacionales a los que España está sujeta. Se sigue la técnica tradicional en todas las legislaciones de patentes -qué es patentable, qué no es patentable- y establece lo que fue el punto de mayor discusión en la Unión Europea, que es la diferenciaentre descubrimiento e invención biotecnológica.


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Establece que la invención consiste en la aportación de una técnica que por determinados procedimientos podría identificar, multiplicar, purificar, etcétera, un elemento aislado o extraído del entorno nacional, incluso cuando tuviese en estado natural una estructura idéntica. El avance de la ciencia nos ha demostrado que esto ha sido así a lo largo de los años, que el conocimiento, que la aportación de técnicas ha permitido identificaciones.


No ha sido menor, y aquí se ha hecho alusión a ello por casi todos los grupos, la problemática suscitada en cuanto a expresiones lingüísticas muy complejas, en materias científicas muy complejas y en muchos idiomas. Acordar un concepto que expresara lo mismo en todos los idiomas -de esto hemos hablado largo y tendido en ponencia y con todos los grupos- ha sido muy complejo. Por ejemplo, aquí se hacía alusión al término elemento. Un concepto abstracto cuando lo identificamos con una ciencia determinada tiene un significado determinado. Elemento no es lo mismo en química, en matemáticas o en medicina. Esto podría ser una discusión bizantina en la que nunca nos pondríamos de acuerdo, nos costaría mucho, aunque el término no nos guste a casi nadie, llegar a acordar un término que pudiera ser sustitutivo.
La directiva garantiza el principio de seguridad jurídica y limita aspectos éticos en materias enormemente sensibles. Introduce novedades en el derecho de patentes, ya que muchas veces se conocía la existencia de ciertos hechos pero sin un procedimiento técnico no se podía saber su función ni cómo actuaban en la naturaleza. Todo ello se consiguió gracias a la intervención científica de mucho tiempo y a mucho trabajo. También se recoge el paralelismo entre patentes biotécnicas, químicas y farmacéuticas -cuestión muy importante para la industria española-, y no afecta a los fundamentos de derecho de las patentes en este momento vigentes, dato de gran importancia en este momento.
La primera patente biotecnológica la hizo Pasteur en el siglo XIX, cuando patentó una levadura, y esta patentabilidad está reconocida con carácter general en el marco de todas las organizaciones. La patentabilidad que supone esta directiva está reconocida en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio y en el acuerdo ADPIC de la propiedad intelectual. La directiva se incluyó en el ámbito europeo de la oficina de patentes y se ha argumentado en su contra que puede atentar contra la biodiversidad. Pero el hecho de que la Directiva 93/626 de la Unión Europea lo recoja en el considerando 55 hace que la directiva y la ley que de ella emana tenga en cuenta esta preocupación de todos los Estados miembros. Esta ha sido traspuesta por cuatro países: Dinamarca, Irlanda, Reino Unido y Finlandia; siete Estados han aprobado el proyecto: Alemania, Italia, Luxemburgo, Holanda, Austria, Portugal y España, que en estos momentos está en trámites parlamentarios; y cuatro no han aprobado todavía el texto: Grecia, Francia, Suecia y Bélgica. Curiosamente, los Estados que la impugnaron, Holanda, Italia y Luxemburgo, ya la han aprobado y, además, el recurso se ha sustanciado, desfavorablemente para estos países, el 9 de octubre del año 2001. Se alegan posibles modificaciones que la directiva tendrá que sufrir en el futuro, cosa muy normal en las directivas que armonizan el derecho internacional. Es una materia donde la investigación transforma día a día el panorama y es lógico que la propia investigación abra un nuevo camino.
Hace un momento se ha dicho por el anterior ponente que dejaba abierto el camino para la utilización de embriones con fines de investigación, y yo quiero recordarle, con todo respeto, que no debe haber leído el artículo 6.2, apartado a), donde se prohibe la clonación de seres humanos, y el punto b), que prohibe modificar la identidad genética germinal. Modificar la identidad genética es clonar un embrión. Se prohiben también los embriones con fines industriales y comerciales. Quien prohibe lo mayor prohibe lo menor, pero además está así explicitado en los puntos a), b) y c) del articulado. El artículo 16 dice que cada cinco años habrá un informe del Parlamento Europeo sobre la protección de los derechos humanos en la regulación en que esta directiva pudiera en algún momento determinado tener alguna afectación, y no sólo eso, sino que deja abierto todos los mecanismos de control de la Comisión Europea. La posible modificación no nos exime de trasponerla, porque una directiva es de obligado cumplimiento, y si estamos en la Unión Europea lo estamos con todas las obligaciones y todos los derechos.
Este modelo legislativo se ha elegido en base sobre todo a la resolución que hizo en su día el Consejo de Estado y el Consejo de Ministros del Consejo de Europa. En el considerando 8 del Consejo de Ministros del Consejo de Europa se dice que no requiere el establecimiento de un derecho específico, sino que se imbrique dentro de la legislación de patentes vigente en este momento en España.
Yo quiero agradecer desde aquí la colaboración sincera que he tenido de todos los grupos parlamentarios -de los mayoritarios y de los minoritarios-, quiero agradecer muy especialmente la labor del señor Lissavetzky, del señor Silva, de todos los miembros del Grupo Mixto, del señor Aymerich, del señor Saura, del señor Puigcercós, incluso del señor Labordeta, que en su momento hizo decaer su enmienda. En este momento no hemos podido incluir las transaccionales en el articulado de la ley por una razón de tipo técnico. Al haber incluido parte de las enmiendas que nos han propuesto y que hemos podido concitar en una transaccional que a lo mejor no nos satisface plenamente a todos pero que está inmersa en el marco del derecho de patentes español, en el europeo, en el acuerdo ADPIC y en el acuerdo de Munich , no podemos establecer,como se nos ha hecho ver desde ámbitos legislativos y

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técnicos, una serie de condicionamientos de patentabilidad que no se exigen para otro tipo de patentes. Por eso hemos pensado -y ha sido muy conciliador ver la acogida que ha tenido por todos los grupos- en una legislación tan compleja y tan conflictiva como esta, pero que en la exposición de motivos llevara el acuerdo de todos para que de alguna manera iluminara el espíritu que ha habido en la tramitación de la ley, de forma que el consentimiento informado, que en España está regulado de otra manera pero que no podemos incluir en la legislación de patentes, o la preocupación que en algún momento han manifestado ciertos grupos, se vieran reflejados. Por la lectura de la legislación europea y por cómo esta cuestión se está llevando en otros países, veo que esto concita beneficios para la investigación, para el empleo y para algo que para mí es muy importante, que es el mundo sanitario y los enfermos, para la industria, para el pequeño y mediano agricultor, para las pymes y para supuestos de invenciones vegetales y animales, porque, aunque queden algunos flecos, estamos en el camino de poder proteger nuestra pequeña y creciente industria.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Fernández, le rogaría que fuese concluyendo.


La señora FERNÁNDEZ DE CAPEL BAÑOS: Termino, señor presidente, muchas gracias.
Tampoco nos gusta mucho el término orden público. Ayer estuve hablando sobre esto con filósofos del derecho, y un compañero filósofo del derecho de una universidad catalana precisamente me hacía ver que es un término que viene quizá a recoger el sentido etimológico que tuvo en su día el derecho consuetudinario basado en el mor moris y el ethos de la lengua griega. Como lingüista, para mí esto es muy importante porque viene a mostrar cómo cuando las palabras dan su significado nos iluminan y cuando lo pierden, como decía Confucio, se ha perdido la libertad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Fernández de Capel.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA.
(Número de expediente 121/000057)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL CONTROL JUDICIAL PREVIO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. (Número de expediente 121/000058)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Punto X del orden del día: Debates de totalidad de iniciativas legislativas. Se van a debatir conjuntamente el proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia y el proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.


Para la presentación de ambos proyectos, tiene la palabra el señor ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señor presidente, señorías, me corresponde el honor de presentar hoy a estas horas, en nombre del Gobierno y ante el Pleno del Congreso, la nueva regulación integral del Centro Nacional de Inteligencia y la ley orgánica que establece su control judicial previo, y si la señora García-Alcañiz nos deja continuar, probablemente ella misma y algunas de SS.SS. podría preguntarse, no sin razón -¡quién lo iba a decir!-, que me correspondiera a mí presentar estos proyectos. En efecto, no hace muchos años esta Cámara se ocupaba, también en sesión plenaria, del CESID. El debate venía motivado por un escándalo en alguna de las actuaciones del CESID y estaba rodeado de un enorme clima de tensión.
Sin embargo, hoy nos convoca un debate legislativo en un clima de consenso. Entonces, el ejercicio del control parlamentario había levantado gran expectación y hoy, la normalidad es tan palpable como el número de asistentes en la Cámara. En aquellos debates de control se enfrentaban abiertamente el Gobierno y la oposición; hoy, el grupo del Gobierno y el principal partido de la oposición, el Grupo Socialista, junto a los grupos Catalán y de Coalición Canaria, impulsan un proyecto con tan sólido apoyo parlamentario como exige uno de los últimos desarrollos de la Constitución española para completar nuestro Estado de derecho.
Dicen los historiadores -por dar la razón a la señora Fernández de la Vega- que todo proceso de cambio, de transición y de reforma conlleva paradojas, y así es. Este debate no podía ser una excepción a esa regla, ni siquiera en quien tiene el honor de dirigirles la palabra.
Pero eso también deja traslucir que en España se han producido muchos cambios en los últimos años y también fuera de España. En el ámbito de los servicios de inteligencia ha variado tanto el contexto internacional como el interno y también, venturosamente, ha cambiado el CESID. El mundo ya no es, señorías, aquel que en 1991 hacía soñar al clásico en esta materia, John Le Carré, con una paz conseguida por los agentes secretos sin que incordiaran los gobiernos. Quizá entre nosotros hubo algún día quien pensó también que los servicios secretos del Estado podían tener cierta autonomía de la política o incluso estar por encima de los políticos. Ya digo, venturosamente, no es así. Ha cambiado mucho el CESID, y más que va a cambiar, para bien, con el marco legislativo que con tal apoyo parlamentariohoy presentamos.


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Señorías, no sería justo olvidar que el proceso de reforma del CESID comenzó justamente en esta Cámara y en aquellas fechas, con la Ley de 11 de mayo de 1995, que vino a regular por primera vez la utilización y el control de los créditos destinados a gastos reservados, que también logró un amplio consenso entre el entonces Gobierno socialista y el principal grupo de la oposición; consenso, además, que se manifestó extraparlamentariamente en el acuerdo entre Gobierno y oposición en torno al Decreto 1324/1995, que aprobó el estatuto del personal del centro, permitiendo desde aquella fecha que se iniciara y se haya completado un proceso de total civilidad de los agentes del centro. La primera norma introdujo, en 1995, el principio de control parlamentario, que desde entonces ha funcionado satisfactoriamente.
De la misma manera, la segunda norma introdujo el principio de civilidad que, puedo decir con orgullo, hoy ya es una realidad en la totalidad de los agentes del centro. Con posterioridad, y durante la VI Legislatura, el Gobierno del presidente Aznar estableció la práctica de una directiva anual que fija los objetivos de actuación del centro, afianzando el principio de control interno e introduciendo el principio de especialidad en las actividades del centro de inteligencia. Ya en esta legislatura, el Gobierno ha cumplido su compromiso de nombrar al primer civil para el puesto de director, que también gozó del apoyo de las principales fuerzas con representación parlamentaria, y hoy culminamos ese proceso reformista cumpliendo un compromiso electoral del Partido Popular y haciéndolo además de común acuerdo con el partido que representa la alternativa y con los grupos que suelen posicionarse en funciones de bisagra.
Señor presidente, señorías, los proyectos que hoy presentamos son en consecuencia un hito, no el primero ni el único instrumento para la reforma, pero tras esta reforma, tras las que se realizaron entonces y las que hoy se formalizan en los textos de los proyectos de ley, hay una amplia y decidida voluntad política, una voluntad política sostenida en un pacto de Estado convocado por el Gobierno para la redacción de estos proyectos y al que han respondido con sentido de Estado, que me honro en reconocer ante la Cámara, el Partido Socialista Obrero Español y también el Grupo de Convergència i Unió y el de Coalición Canaria.
Permítanme, señoras y señores diputados, que vuelva a recabar, con la solemnidad y la transparencia que garantiza el Parlamento, que se adhieran a ese pacto de Estado los grupos que aún no lo han hecho y que han presentado hoy enmiendas de totalidad. Porque la filosofía que inspira estos proyectos de ley puede y, a mi juicio, debe ser compartida por todos. En primer lugar, se alcanza y se consolida el principio de legalidad. El CESID, los servicios de inteligencia, vulgarmente los servicios secretos, no serán ya algo aparte, no trabajarán a la sombra del Estado, sino en el Estado de derecho, con plena homologación con sus estructuras. En segundo lugar, el nuevo Centro Nacional de Inteligencia cambia su nombre, porque cambian sus estructuras, su naturaleza y sus controles. Es y quiere ser un centro moderno, eficaz, coordinado adecuadamente para formar una auténtica comunidad de inteligencia y se somete en fin al principio del control que garantiza, sin ninguna duda, la ley orgánica que acompaña al principal proyecto.
Voy ahora, señor presidente, señorías, a desgranar al filo de esos principios las características más destacadas del nuevo Centro Nacional de Inteligencia. He hablado de unos servicios modernos, organizados en torno al principio de eficacia. Pues bien, la eficacia exige mantener la unidad del centro, unidad que ha sido cuestionada pero que viene aconsejada por la tradición, por el principio de economía de medios y también, después del 11 de septiembre, por la eficacia operativa. Unidad de actuación y unidad de dependencia del presidente del Gobierno, a su través, del Gobierno en su conjunto y del Ministerio de Defensa. Hoy los conceptos de seguridad y defensa van estrechamente unidos porque unidas van, sin ninguna duda, las amenazas y los nuevos riesgos para los intereses de la nación y unidos a nuestros aliados y socios hemos de hacerles frente. Eficacia también significa coordinación. De ahí que se cree por el proyecto una comisión delegada de inteligencia del Estado, presidida por el vicepresidente del Gobierno y en la que se integran los ministros de Exteriores, Defensa y Economía y los secretarios de Estado competentes y que además consigue homologar la coordinación en la forma en que es habitual dentro de las estructuras orgánicas del Estado y de la Administración, como una comisión delegada del Gobierno. Esa eficacia está sometida anualmente a una directiva de objetivos que se establece ya con rango legal, legalizando la práctica a la que antes me he referido, de carácter anual, y alcanza la eficacia a la mensuración del principio de protección funcional de los agentes, al alcance del secreto, al eventual uso de armas y al estatuto de los propios agentes.
He hablado también, en segundo lugar, del principio de homologación, que permite contemplar al centro que se diseña por el proyecto como un organismo público, dotado de autonomía funcional, no confundido como hasta ahora con las estructuras del departamento de Defensa, perfectamente homogéneo a los organismos de esta naturaleza previstos en la LOFAGE. También ese principio inspira la elaboración y ejecución de los presupuestos, de forma que las Cámaras conocerán anualmente cuáles son las dotaciones para el Centro Nacional de Inteligencia -hasta ahora iban confundidas con las de Defensa-, pudiendo medir la eficacia en la asignación de los recursos. De la misma manera la homogeneidad alcanza al personal sometido al régimen estatutario, sin perjuicio de que, como ha señalado el principal grupo de la oposición, puedan preverse -y así anticipamos que se admitirá- contrataciones

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laborales para trabajos de mantenimiento y servicios análogos en el centro.
El régimen jurídico, en fin, del CNI se adaptará al derecho administrativo, pero también permitiendo la utilización del derecho privado cuando las actuaciones desarrolladas por el centro así lo requieran. Especial consideración creo que merece ante la Cámara la estructura orgánica del centro. Un secretario de Estado será el director del centro, ya lo es, y un subsecretario será el secretario general. Con ello, señorías, el director y el secretario general del centro entran en la dinámica de los órganos superiores y directivos de la Administración y por tanto también en el régimen de nombramiento y remoción así como, por razón de sus competencias y de ese régimen de nombramiento y remoción, en la cadena de las eventuales responsabilidades políticas en que pudieran incurrir en sus actuaciones.
Sin duda, la pieza clave de todo este edificio es el control democrático del centro. Si el principio del control es la manifestación moderna de la vieja división de poderes diseñada por Montesquieu, también su finalidad es la misma: garantizar la libertad. Creemos, señorías, honradamente que los proyectos que hoy presentamos logran el adecuado equilibrio entre la eficacia en el servicio de los españoles y la garantía de los derechos y libertades de los españoles mismos. En coherencia con tales postulados se refuerza el control parlamentario del centro, manteniendo el control de los fondos reservados que utiliza una fórmula que se ha demostrado digna de mantenerse a lo largo de los años en que ha funcionado, y se amplía ese control al conocimiento tanto de los objetivos anuales del centro cuanto a la fiscalización de su consecución, dejando, como no podía ser menos, a la autonomía de la propia Cámara la determinación futura de la correspondiente Comisión. De otra parte, se pone en marcha un control judicial previo de aquellas actuaciones que puedan interferir los derechos y libertades garantizados en los párrafos segundo y tercero del artículo 18 de nuestro texto fundamental. Este control, por lo demás, se atribuye a los máximos órganos del Poder Judicial, de forma que es su Consejo General el que habrá de elegir al magistrado que se encargue de despachar las correspondientes autorizaciones o denegarlas, magistrado que además deberá formar parte del Tribunal Supremo, bien de su Sala Segunda, bien de su Sala Tercera, acogiendo en este punto el proyecto las sugerencias tanto del propio Consejo del Poder Judicial como del Consejo de Estado. Y todo ello, además, entendemos que con la adecuada formalización por medio de un proyecto de ley orgánica que se acompaña a la regulación por ley ordinaria del Centro Nacional de Inteligencia.
Concluyo, señorías, señor presidente, recapitulando lo que son las líneas maestras de los proyectos de ley que hoy presentamos y que vienen en suma a completar nada menos que el edificio del Estado constitucional y democrático de derecho que los españoles pusimos en marcha hace más de 20 años. Déjenme por ello invocar, para terminar, el mismo espíritu que presidió las Constituyentes y que a esta hora en la Cámara no parece un desatino: la generosidad, el consenso y el sentido del Estado. Hace ya muchos años que uno de los padres fundadores de los Estados Unidos y redactor de su Constitución, Thomas Jefferson, señalaba que el precio de la libertad es la vigilancia permanente. A ello habrá que añadir ahora en España: Sí, pero de acuerdo con la ley.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Para la defensa de las enmiendas a la totalidad de devolución a estos proyectos de ley, en primer lugar tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señor presidente, y gracias por su presencia en este acto, señor Trillo, ministro de Defensa. No podía ser menos.
Nosotros, desde la izquierda, siempre hemos tenido una gran desconfianza, señor Trillo, porque el sistema de libertades se basa, no en la confianza, sino exactamente en la inversión de esta categoría, en la desconfianza, en el control democrático de una serie de actividades que tienen tendencia a rozar lo ilegal, cuando no caen directamente en esa ilegalidad. Nuestra generación se ha educado, en función de otros sistemas que sufrimos en este país, conociendo el poder del Estado a través, por ejemplo, de la novela negra, del cine negro, de las novelas y de las películas de los servicios secretos.
Hemos analizado esa situación y esa estética desde dentro y desde fuera. Desde dentro era como un Estado dentro del Estado que funcionaba y que, en función de reglas estéticas, era más o menos aceptable. Pero desde la izquierda también analizabámos la situación desde fuera y veíamos la actuación, incluso en John Le Carré, que concibe que la historia la hacen los espías, en definitiva, que concibe que los espías son un factor determinante, no como espías, sino como la proyección del Estado, el funcionamiento real del Estado. Identifican cloacas del Estado con funcionamiento real del Estado, trayendo al presente John Le Carré y sus espías toda la teoría de Maquiavelo. El fin justifica los medios y salvar al príncipe está por encima de cualquier otro tipo de acción humana, salvarle como sea. Salvar al príncipe en el sentido amplio, salvar la hegemonía, salvar el poder del Estado. Por eso nosotros tenemos una total desconfianza.
Nunca podemos aceptar que se pueda trabajar a favor del Estado desde las cloacas, desde las terminales, ni siquiera rozando por fuera la ilegalidad. Nosotros no podemos, desde ningún punto de vista, justificar al CESID. Me refiero a la anterior estructura, la que todavía sigue funcionando hasta cierto punto el día dehoy. Hasta cierto punto. En ese sentido no tenemos ninguna

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razón de Estado, la izquierda no puede tenerla para justificar la actuación del CESID. Partimos de esa aseveración. No justificamos desde ningún punto de vista el funcionamiento del CESID en ningún momento de la democracia. Era un islote, era algo distinto al funcionamiento democrático. Y no nos puede vender nadie la moto -perdón por la expresión- de que han hecho grandes favores a este Estado o a la situación democrática de las libertades en este momento. No estamos de acuerdo. Quede claro, por tanto, esta primera aseveración.
En segundo lugar, queremos pasar la lupa de esa desconfianza a la que usted aludía, pormenorizando nuestra contestación, a estos dos proyectos de ley. No estamos de acuerdo con ellos. Ya iremos desgranando las enmiendas parciales, pero ahora me voy a limitar a dos aspectos fundamentales de los mismos. No estamos de acuerdo por lo que anteriormente le he dicho, que puede en algún caso trasparecer en la situación actual, a pesar de que se aprueben estos proyectos, y no estamos de acuerdo totalmente con el análisis que se viene haciendo desde el 11 de septiembre. En gran parte estamos en desacuerdo. Estamos en desacuerdo porque la situación de equilibrio entre seguridad y libertad es lo que define la democracia. Esa situación de equilibrio -con independencia del terrorismo, que siempre ha beneficiado la falta de libertad, por eso estamos radicalmente en contra del terrorismo, entre otras cosas- ha desajustado ese par, ese binomio a favor de la seguridad. Se está aprovechando la actuación absolutamente reprobable y condenable de Bin Laden para aumentar cuotas de seguridad que rebajan el poder de la libertad, el poder amable de la libertad. Por eso, en principio no podemos estar en absoluto de acuerdo con ese desequilibrio que se viene operando a partir del 11 de septiembre. Para nosotros la defensa de las libertades es la primera defensa que hay que hacer. No hay cosa pública, no hay res publica más importante que la defensa de los derechos y libertades civiles, políticas y sociales, y ese es el primer punto de vista en el que asentamos nuestra modesta intervención esta tarde. Precisamente el Consejo General del Poder Judicial ha expresado sus dudas respecto al encaje real y profundo de estos dos proyectos de ley con el tenor literal del artículo 18 de nuestra Constitución.
Importantes organizaciones civiles españolas y también organizaciones de jueces progresistas han puesto de relieve, de una forma directa o indirecta, que no sólo el artículo 18 de la Constitución puede haber sido leído de manera desequilibrada, sino que también el espíritu del artículo 10 de nuestra Carta Magna puede sufrir importantes erosiones como consecuencia del texto actual de los dos proyectos del Centro Nacional de Inteligencia. Desde ese punto de vista, hemos presentado una enmienda de totalidad y también pormenorizaremos, a través de enmiendas parciales, nuestra oposición a una serie de problemas concretos.
Dos puntos importantes, señor Trillo. El primero, el control parlamentario, un punto de enorme importancia. El artículo 62.2 de nuestra Constitución otorga a las Cortes Generales la irrenunciable misión de controlar la acción del Gobierno y de la Administración de justicia, pero controlar, no visar anualmente. Lo que se viene haciendo y lo que se puede hacer a partir de ahora en la fiscalización en todo caso de los objetivos anuales y del gasto que se produzca por parte de la comisión de fondos reservados no es el auténtico control parlamentario que necesitan unas leyes de estas características. No estamos de acuerdo con ese tipo de control parlamentario y es una de las causas fundamentales para nuestra oposición a estos proyectos de ley que usted ha presentado hoy en esta Cámara. Pensamos que es impropio de un régimen parlamentario esa limitación del control. La propia lógica interna de la ley, que va a producir un funcionamiento diario de unas determinadas características, impide el control en función de las previsiones que se contienen en los dos textos. Y ahora lo veré con más detalle, sin cansar excesivamente a SS.SS. Desde ese punto de vista, se intenta situar a los diputados de esta Cámara, a los grupos parlamentarios, en una especie de razón de Estado, de que asumamos la ignorancia por mor y gracia de la razón de Estado. Y nosotros no podemos estar de acuerdo. Nosotros queremos saber cómo diariamente se produce la actuación de los servicios secretos, conocer efectivamente el dinero que se gasta y para qué y no sólo los objetivos anuales; queremos fiscalizar de manera muy rítmica esa situación, porque si no se pueden producir daños colaterales y rumbos especialmente no controlables, que conducen a lo que, como decía en principio, hemos conocido constantemente a través de las películas, de las novelas y de la realidad en este país. Se lo dice un partido que incluso ha estado espiado constantemente, como se denunció en su momento, por el CESID español.
El segundo punto que no podemos aceptar, señor Trillo, es la ausencia de un procedimiento judicial real de control. Este es un tema clave, capital. Quizá aquí radique la mayor debilidad de estos proyectos, ya que no hay control judicial que merezca este nombre en los dos proyectos de ley. Me puedo remitir de nuevo a la postura expresada literalmente por el Consejo General del Poder Judicial sobre esta futura regulación. Ateniéndose a una sentencia muy concreta del Tribunal Constitucional, la 49/1999, y también a las leyes de Enjuiciamiento Civil y Criminal, se dice que, dado nuestro ordenamiento jurídico, deben tenerse requisitos muy precisos para limitar derechos fundamentales. Esta ley limita derechos fundamentales, rompiendo el equilibrio entre seguridad y libertad.
Por tanto, debería tener un procedimiento judicial muy específico y muy pormenorizado.
El Tribunal Constitucional -usted lo sabe muy bien, señor Trillo- viene reiterando desde hace años en sus

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sentencias que cualquier ley que pretenda habilitar a la Administración para intervenir en el ámbito especialmente protegido de los derechos y libertades de los ciudadanos debe expresar -comillas desde debe- todos y cada uno de los presupuestos y condiciones de intervención y debe ser -comilllas- una ley con singular precisión. Y esta ley no tiene esta singular precisión. La ley ordinaria, cuando habla de los objetivos -creo que lo hace en el artículo 4-, establece dos objetivos absolutamente etéreos, globales y nada específicos, con respecto a la estabilidad y a la seguridad del Estado, pero nada más. Esto no es aceptable desde la óptica del Tribunal Constitucional ni desde la óptica de un Estado de derecho. A nuestro juicio debe establecerse un verdadero procedimiento judicial de autorización de las acciones de los espías españoles sobre la intimidad de nuestros ciudadanos. Este procedimiento judicial, si queremos que sea real y verdadero, debe implicar unaserie de mecanismos que no se recogen en los textos mencionados. Por ejemplo, hay que garantizar el principio de seguridad jurídica -artículo 9 de nuestra Constitución-; lo mismo recomienda el Consejo General del Poder Judicial en el folio 12 de su dictamen.
La ley debe tener una precisión mayor en los supuestos en que debe o no ser autorizada una actuación del CNI -no sé si conservarán este nombre al final, ya hablaremos de él- sobre la intimidad de los ciudadanos y garantizar con ello el principio de legalidad -otra vez el artículo 9.3 de la Constitución. Aparece de nuevo la misma recomendación en el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, en los folios 12 y 13. Hay que definir de forma precisa el procedimiento judicial de autorización de la intervención del CNI en el ámbito de la privacidad ciudadana, con mención expresa de los mecanismos de revisión judicial, de los límites temporales a la intervención de los espías, del papel del ministerio fiscal, de la posición del magistrado especial con relación a las órdenes jurisdiccionales, etcétera. Léanse el folio 14 de las recomendaciones del Consejo General del Poder Judicial. Es también especialmente preocupante, desde nuestro punto de vista, que no se contemple en el proyecto de ley orgánica la posibilidad de reacción jurídica del ciudadano espiado contra una actuación ilegal de espionaje, lo que es difícilmente cohonestable con el principio constitucional de tutela judicial efectiva -artículo 24 de nuestra Constitución. No hay forma humana de protección a través de recursos, puesto que no se prevén, señor Trillo. De no aquilatarse de manera adecuada estas cuestiones en los proyectos de ley, corremos el riesgo de aprobar una ley con serias taras y dudas sobre su constitucionalidad. Además, se margina a las comunidades autónomas. No aparece una visión constitucional, desde este punto de vista, sobre la información, sobre el trasiego de información, absolutamente necesario. Teniendo en cuenta además las peculiaridades de nuestro presente político e histórico, no aparece la coordinación. Luego hay otra serie de cosas de tipo organizativo, operativo y jurídico que tampoco podemos aceptar.
Nosotros hablamos, viendo cómo se organizan las cosas en muchos países civilizados, con mucha tradición, de la necesidad de configurar tres núcleos de inteligencia, con funcionamiento independiente entre sí: la inteligencia exterior, la interior y la militar. Al mismo tiempo, no tenemos el mismo concepto de la adscripción que ustedes. Esa adscripción a Defensa no nos convence, como usted sabe, aunque eso supondría una enmienda parcial que ya haremos en su momento, para cambiar y mejorar dicha adscripción.
En conclusión, señor Trillo, los servicios de inteligencia en España sólo pueden estar caracterizados por las mínimas excepciones y secretos que sean estrictamente necesarios para el cumplimiento de sus operaciones objetivas, sin desequilibrar el binomio seguridad- libertad, que a nuestro juicio se desequilibra. Todo lo que exceda esa línea mínima, de mínimos, que nosotros aceptaríamos, todo lo que exceda esa necesaria particularidad que nosotros aceptaríamos no es a nuestro juicio sino un campo abonado para la arbitrariedad, especialmente prohibida por nuestra Constitución en el artículo 9. El futuro CNI a nuestro juicio, como cualquier otro organismo público, tiene que inscribir su actuación dentro de los principios y mandatos de los artículos 103 y 106 de la Constitución. Entendemos que estos proyectos de ley caminan por una peligrosa senda de maximizar los riesgos y mínimizar las garantías para los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas españoles.
Por tanto, no podemos aceptar esta ley en sus términos reales.
Tenemos dos argumentos muy sólidos para la enmienda de totalidad, el control parlamentario y la falta de seguridad jurídica. No voy a decir, señor Trillo, que esta sea una nueva ley de patada en la puerta. Era usted el ponente de aquel recurso, usted fue a recoger la ley, contraria a la patada en la puerta, pero hay un empujón a la puerta, señor Trillo, hay un empujón serio a la puerta y una falta de control de ese empujón desde el punto de vista parlamentario y judicial. Eso es lo que queremos corregir y esperamos desde su sensibilidad que asuma esa corrección.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Alcaraz.
Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRIA: Gracias, señor presidente.
Señorías, señor ministro, debo empezar manifestándole que esperaba más de unos proyectos de ley que al fin y al cabo pivotan alrededor de su Ministerio. Cierto es que usted los ha mejorado bastante en la exposición

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que ha hecho desde esta tribuna, pero su literalidad es su literalidad y debo manifestarle que los encuentro francamente malos, no ya como opción política o por posibles defectos de hasta inconstitucionalidad que le señalaré, sino que técnicamente son muy deficientes y de una redacción aturullada -léase el párrafo quinto de la exposición de motivos. Y eso que es el segundo intento de normar los servicios de inteligencia desde que gobierna el Partido Popular.
En la pasada legislatura se presentó un anteproyecto, pero las graves objeciones puestas por el Consejo General del Poder Judicial les desanimó o les disuadió de seguir adelante. Ahora el Consejo también les apunta cosas, importantes desde nuestra perspectiva, pero sólo las apunta y ustedes ante eso no se arredran. Ya las veremos luego.
Dicen ustedes que la sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos. Yo, la verdad, no lo percibo como una prioridad, pero, aun admitiéndolo, creo que también debía decirse algo más en la exposición de motivos, algo como que lo que sí existe es una nueva sensibilidad del ciudadano frente a cualquier intento de la burocracia de penetrar en su vida privada o la difícil necesidad, tras la caída de la confrontación de sistemas y de la imagen de enemigo externo, de transmitir el significado positivo de la propia existencia política, democracia representativa, pluralista y con división de poderes; la necesidad de encontrar respuestas apropiadas también a los nuevos retos surgidos de la apertura de las fronteras intraeuropeas con crecientes olas de emigración e inmigración, la convivencia o pluralidad multicultural y la importación de conflictos políticos, culturales y religiosos; el combate de la criminalidad organizada y del terrorismo en condiciones evidentes de alta movilidad internacional. Nada de esto figura en la exposición de motivos, lo suyo -perdóneme que se lo diga- resulta de lo más ramplón. A un CESID con terrible fama -mala fama para nosotros- y con regulación sin rango legal ha de sucederle ahora un Centro Nacional de Inteligencia poco claro, eso sí, previsto ya en ley formal, aunque sea atolondrada y opaca, lo cual puede ir bien si estamos hablando de espionaje. Entiéndaseme, no decimos que no deban existir servicios de inteligencia. Pertenezco a un partido político con fuerte tradición en el espionaje durante y tras la guerra civil; recuérdese a los Epalzas, Iralas o al más famoso, por haber sido novelado, Galíndez. Incluso ahora que intentamos reconstruir la historia de los 80 años de Emakume Abertzale Batzar, Movimiento de Mujeres Nacionalistas, hemos encontrado a una Paula Múgica que fue fusilada precisamente por ser espía.
Vuelvo por donde iba. Sólo parece buscarse un mero patrón formal para la legalización constitucional y, entre comillas, con el peculiar uso que de esta expresión hacen ustedes sin adentrarse más en el fondo del asunto. La actividad que se regula no constituye un fin en sí mismo sino que, sirviendo al interés general, con la debida ponderación y equilibrio, debe conjugar el papel de ser instrumento eficaz para la preservación de aquél y la del propio sistema político democrático, junto con ser además instrumento de respeto escrupuloso para con las libertades y derechos fundamentales de las personas. No hay en su proyecto línea separadora de los campos operativos de la policía, por un lado, y de la defensa constitucional por otro, en el sentido de defensa de un orden libre y democrático, que es el sentido en el que le hablo de defensa constitucional.
En la exposición de motivos mencionan a los países de nuestro entorno. Me gustaría saber cuáles. Las regulaciones de los países de nuestro entorno no tienen nada que ver con lo que aquí se prevé. En Alemania, por ejemplo, existe la Agencia Federal para la Defensa de la Constitución, jerárquicamente subordinada al ministro federal de Interior; el servicio de blindaje de los secretos militares que, obviamente, depende de Defensa y un servicio secreto federal jerárquicamente subordinado a la Cancillería. Aquí todo va a Defensa, pese a esa prevista comisión delegada del Gobierno para la inteligencia del Estado de composición pluriministerial. En los países de nuestro entorno se distingue claramente, creemos, los ámbitos de seguridad interior, seguridad exterior y también en determinados casos existe un apartado en relación con el secreto vinculado a las Fuerzas Armadas. Tampoco se acota la labor que se va a efectuar. Los artículos 1 y 4 son de una apertura y ambigüedad en la utilización de los conceptos que no permiten saber qué se investigará por menoscabar considerablemente algún bien protegido por esta ley, que tampoco se sabe qué protege o si efectivamente protege algo, dónde está, qué medios emplearán o los criterios de proporción al establecerse los presupuestos para la utilización. Da pánico si se piensa en el pasado del CESID; yo repasaba sentencias, en concreto la del 26 de mayo de 1999 de la Audiencia Provincial de Madrid de la que fue ponente el magistrado don Perfecto Andrés, ratificada después por la Sentencia del Tribunal Supremo de 22 de marzo de 2001, siendo ponente Martín Pallín. Quiero en este momento rendir homenaje al que fuera nuestro compañero diputado, Pablo Castellano, espiado, sin duda, en defensa de la seguridad nacional; concepto, por cierto, de cuya definición y análisis se huye. El conflicto entre el derecho del público a la información y las prerrogativas del Estado a mantener un territorio acotado resguardado de la curiosidad general también se evita. El binomio seguridad nacional y secreto de Estado en un sistema constitucional que tan bien han tratado numerosos profesores -lo digo para que vean que hay bibliografía-, como los profesores Revenga o Díez Picazo, en la ley ni se menciona. Tenemos una normativa de secretos oficiales, señorías, que es preconstitucional.
La Ley 9/1968, modificada por la Ley 48/1978, casi coetánea con la Constitución pero anterior, es ciertamente muy permisiva con lo que se le autoriza a hacer al Gobierno. Con

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todo, del propio texto parecería que el secreto oficial debe ser declarado por ley o por acuerdo del Consejo de Ministros y, desde luego, caso a caso.
Una aprende mucho en la actividad parlamentaria y estando comisionada en el caso Gescartera, he aprendido que hay más normas en esta materia porque salieron referencias a un acuerdo del Consejo de Ministros de 28 de noviembre de 1986, no publicado en diario oficial, es decir, secreto y que aparece sólo citado en una respuesta escrita del Gobierno en el año 1987 a un diputado, preguntante que en aquella ocasión, claro, era popular. Tiene un contenido dudosamente legal de declarar secretos o reservados con carácter genérico una serie de cuestiones y de documentos y los documentos en los que esas cuestiones consten, pero así, en bloque y además se trata de normativa oculta. Deberían revisarse estas cuestiones y una enmienda parcial a elaborar es una llamada a que el Gobierno, bien dentro de ese texto, bien en un período ciertamente breve, envíe una nueva normativa acorde con los principios y parámetros del Estado de derecho relativa a los secretos oficiales.


No se engañen, señorías, señor ministro, ni nos engañe a nosotros.
Con estos textos no se ha superado la tradición predemocrática ni se apuesta por un ejercicio de funciones profesionalizado y moderno. Al contrario, creemos que esta ley es peligrosa para la perdurabilidad del sistema democrático desde la perspectiva de los posible controles de transparencia y de ejercicio de las libertades y derechos fundamentales. El señor Alcaraz lo ha dicho, ¿qué pasa con los controles, tanto con los parlamentarios como con los policiales? Ambos en una doble vertiente que la ley no contempla: el control del propio centro y el control de sus actividades presentan, repito, graves contradicciones y una escasez vergonzosa. Lo del artículo 11 nos parece que es una burla para esta institución y a ello se refieren todas las enmiendas a la totalidad que se han presentado.
Antes de entrar en el control judicial, quisiera decirles que ahora que desde el Partido Popular se exhiben expresiones de tradición en la doctrina constitucional, con una finalidad distinta, eso sí, totalmente utilitarista e instrumental. Concluiré con un concepto clásico del constitucionalismo. Constitucionalizar, que es lo que ustedes pretenden, consiste sustancialmente en la búsqueda de mecanismos efectivos de limitación y control del poder político mediante normas jurídicas. Ustedes hacen con esta norma exactamente todo lo contrario, con apariencia formal, eso sí, la ley tiene rango.
La ley orgánica -si me permite utilizar una expresión muy coloquial que me parece muy adecuada- es una auténtica castaña. Su tramitación me parece una burla para el gobierno del Poder Judicial cuya inteligencia, por cierto, ofenden al remitirles sólo para examen el texto del control judicial, sin enviarles el proyecto de la ley de creación del centro, tal y como ellos mismos manifiestan en la página 14 de su informe. Si la posibilidad de limitar derechos fundamentales a los que el control se refiere se vincula a cuando las medidas resulten necesarias para el cumplimiento de las funciones asignadas al centro y esas funciones asignadas al centro el Consejo General del Poder Judicial no las conoce, evidentemente tienen que decir lo que dicen en la página 14 de su informe. Es casi mejor para ustedes, porque la ambigüedad del artículo 4 que ya he citado no augura un pronóstico favorable a la legalidad de sus pretensiones.
El propio Consejo apunta el problema de por qué se ciñe el proyecto sólo a dos apartados del artículo 18 de la Constitución, al 2 y al 3, por qué no al 4: el derecho a la autodeterminación informativa que faculta al individuo para decidir por principio él mismo acerca de la entrega y de la utilización de sus datos personales y prohíbe tajantemente el que se puedan acumular datos en reserva para fines indeterminados o por determinar exige poner en antecedentes al ciudadano, informar y después borrar. Nada de esto aparece previsto, no hay ninguna referencia a la Ley de Protección de Datos en el texto que se nos ha sometido para la presentación de enmiendas. Por qué no se habla de la posibilidad de que se limite el derecho de asociación o también el artículo 23,el derecho de participación política. Quizá sería mejor, si se nos admite la sugerencia lo intentaremos hacer en enmiendas parciales, prever que existirá control judicial respecto de todos aquellos casos en los que vaya a haber una limitación o interdicción en derechos fundamentales, sin especificar cuáles tengan que ser éstos o limitándolos sólo a dos. No se delimita nada, repito.
El bien jurídico que, debidamente ponderado, permitiría la intervención en derechos queda en la más absoluta ambigüedad en el texto. Las citas jurisprudenciales que se hacen sobre el posible sacrificio falsean la realidad de la norma. Todas ellas se refieren a medidas adoptadas en el seno de un proceso judicial abierto o de una investigación policial que llegará a ser un proceso, y aún así tienen unas limitaciones claramente predeterminadas. Aquí no hay requisito de proceso o investigación policial previa. Luego para que se admita constitucionalmente la definición de los valores a preservar y los requisitos, ha de hacerse en la norma de una manera realmente exquisita, no vale la mera sospecha respecto de los individuos o de los grupos. Es conocido lo tentador que resulta, y las experiencias que hay previas, el espionaje a partidos.
Para delimitar derechos fundamentales, concluyo, hay que tener en cuenta dos cuestiones fundamentales. Primero, la regulación lo más precisa posible -que no se hace en el texto de esta ley- y garantía judicial plena; posibilitar el pleno pronunciamiento por el juzgador, que en este caso no se establece como requisito ya que, aunque sí se le dan una serie de parámetros al juzgador, en ningún caso se establece que tendrá que tener el conocimiento lo más concreto posible de la materia. En cuanto a las prórrogas, hay una evidente burla de la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional

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reiteradamente. No se dice cuántas ni por cuánto tiempo van a caber y es conocido que el Tribunal Constitucional exige, a la hora de conceder excepciones a una medida de interdicción de derechos fundamentales, que se diga por qué se cree necesaria la prórroga, es decir, qué se ha encontrado o qué se espera encontrar y también qué fundados motivos se tienen para pensar que la prórroga de la interdicción del derecho fundamental va a permitir averiguar lo que se pretende. Nada de esto, repito, se dice en el texto de la ley y el Tribunal Constitucional lo establece para cuando hay proceso judicial abierto, es decir, actuaciones individualizadas respecto de presuntos delitos, y en el ámbito del espionaje de la inteligencia, hablamos de cuestiones distintas. La seguridad jurídica no viene dada porque exista una norma con rango de ley sin más, sino porque esta ley predetermine debidamente qué es lo que se puede y lo que no se puede hacer, lo que en el proyecto, desde luego, no se hace.
Por razones de operatividad, a mi grupo tampoco le parece adecuado el sistema de magistrado único nominativo, competente por un período de cinco años, que se establece. Con todo el respeto debido al Poder Judicial, lleva un poco -si se me permite decirlo- a la idea de magistrado de cabecera del centro de inteligencia. No se perdería en celeridad si los habilitados para esta función fuesen la totalidad de los magistrados de la Sala segunda y de la Sala tercera; repito, no tendría por qué ser menos ágil el procedimiento, y no requeriría tantas modificaciones de la Ley orgánica del Poder Judicial como las que se pretenden, sino que bastaría con tocar el artículo 350, creo recordar, en su apartado tercero. Nos ha sorprendido la ausencia absoluta del ministerio fiscal que constitucionalmente tiene encomendada, en el artículo 124, precisamente la defensa de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, función tan acorde con el contenido de este proyecto.
Siendo este segundo proyecto, del que ahora hablo, el orgánico, consideramos que también en él sería lugar adecuado para hacer referencia a la protección de datos personales, a la autodeterminación informativa a la que antes me he referido, así como a otra cuestión: el conocimiento posterior de estos datos por los interesados y, en definitiva, la protección de la esfera de esta autodeterminación no tenida en cuenta en absoluto. Tampoco se prevé, ni mucho menos se configura, el derecho del titular de las libertades sacrificadas a conocer la actuación judicial y a reaccionar contra ella, como exige la sentencia del Tribunal Constitucional 49/1999, cuando esta medida se alce.
Señor ministro, me ha mirado en algunas ocasiones extrañado, en otras creo que hasta irónico, como pensando que sostengo en nombre de mi grupo un ingenuo purismo garantista quizá poco acorde con las altas misiones de inteligencia que el Estado tiene encomendadas. Yo tengo claro que su papel como Ministro de Defensa, el del Gobierno, es el de la huida de los controles en una pretendida búsqueda de eficacia. El mío, como diputada que soy, el de mi grupo, es el contrario: el de introducir los contrapesos de respeto a los derechos y garantías de los ciudadanos.
En la ponderación de los valores en juego hemos llegado a una conclusión: ni diseñan un buen sistema de inteligencia ni, desde luego, apuestan por el respeto escrupuloso de los derechos individuales y la salvaguarda de las libertades civiles. Creemos tener razones que nos conducen inexorablemente a pedir la devolución de los dos proyectos al Gobierno.
Muchas gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Uría.
Para defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, en primer lugar, tiene la palabra el señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, señor ministro, usted ha dicho en su intervención que la normalidad de los servicios de inteligencia era proporcional a los diputados, pero yo creo que la normalidad es mayor que el número de diputados y diputadas que asisten a este debate.
Iniciativa per Catalunya-Verds ha presentado dos enmiendas a la totalidad a estos dos proyectos, coincidiendo con el espíritu de la exposición de motivos y de la intervención del señor ministro en la necesidad de actualizar y modernizar los servicios de inteligencia, que no es más ni menos que lo que S.S. decía: es necesario unos servicios de inteligencia más eficaces, más modernos, pero, al mismo tiempo, es necesario que estos servicios estén regidos por los principios de control y plenamente sometidos al ordenamiento jurídico que garantice los derechos y libertades de las personas. En cuanto a esos dos aspectos, el binomio libertad-seguridad, y con relación a la eficacia de los servicios de inteligencia, los dos proyectos de ley que el Gobierno nos presenta tienen vacíos o lagunas importantes, algunas de las cuales han sido enumeradas anteriormente.
Debido al poco tiempo que tengo, quiero hacer referencia a tres motivos por los cuales presentamos esta enmienda a la totalidad. El primero es que el proyecto de ley del Gobierno sigue agrupando los servicios de inteligencia, el área de seguridad interior, exterior y de defensa en un solo bloque. En muchos países de la Unión Europea, como el señor ministro conoce perfectamente, son ámbitos o áreas absolutamente separadas. No quiero decir que el proyecto de ley es continuista de una vocación predemocrática, como en la época no democrática del Estado español donde los servicios de defensa iban ligados a la situación de libertades y derechos de las personas.
Sería importantísimo que estos

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dos proyectos de ley que se nos presentan contuvieran una diferenciación clara entre el área de seguridad interior, seguridad exterior y seguridad militar. No estamos de acuerdo tampoco en la adscripción, en función de esta visión de agrupar estas tres áreas, que prevé el proyecto de ley pues hace depender el Centro Nacional de Inteligencia del Ministerio de Defensa.
La segunda razón es la relativa al binomio seguridad- libertad, donde los dos proyectos de ley abren excesivos espacios de ambigüedad, indeterminación, discrecionalidades que pueden afectar a los derechos y a las libertades de los ciudadanos. Nos hubiera gustado que tanto los aspectos de control judicial, como la definición de las funciones del Centro Nacional de Inteligencia hubieran sido mucho más concretos, rigurosos y que hubieran cerrado la puerta a cualquier posibilidad de discrecionalidad en un ámbito tan importante como el de los derechos y las libertades de los ciudadanos. Esto es especialmente grave desde el punto de vista de que el control parlamentario que propone el proyecto de ley es, a nuestro parecer, deficiente. Los integrantes del Grupo Mixto hemos manifestado que vamos a permanecer al margen de este control parlamentario porque, con independencia de este argumento, nos parece que es insuficiente.
La tercera razón es pequeña, si quieren, entendiendo que la esencia de los servicios de inteligencia, por la información extremadamente sensible de que dispone, necesita prudencia, discreción, pero también hubiera sido necesario contemplar en este proyecto, si ustedes quieren en una orden menor, la necesidad de colaboración de información con los responsables de las comunidades autónomas. No me refiero a un nivel homogéneo, igual e idéntico, pero no puede ser que una vez más en un proyecto de estas características -insisto-, a pesar de la esencia extremadamente sensible del objeto del Centro Nacional de Inteligencia, eso no se tenga en cuenta.
No tengo tiempo de referirme a muchos artículos que han de ser modificados: la consideración de los miembros del Centro Nacional de Inteligencia como no agentes pero portadores de armas, sin que quede claro exactamente bajo que régimen disciplinario están y otras muchas consideraciones. Quiero insistir en estas tres razones, en una estructura unitaria que, a nuestro entender, debería estar superada; en un segundo aspecto de ambigüedades y discreciones que pueden afectar, fundamentalmente, a libertades y a derechos y, en una tercera razón de menor consideración, está la necesidad, a pesar de la esencia muy sensible de la información y de los objetivos del centro, de relación y coordinación con las comunidades autónomas.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Saura.
Señor Rodríguez.
El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señor presidente.
En nombre del Bloque Nacionalista Galego, queremos hacer cinco consideraciones para avalar la presentación de nuestras enmiendas a la totalidad de estos proyectos de ley. En primer lugar, el señor ministro presenta los dos proyectos como un avance en cuanto al abandono de la actual regulación reglamentaria de los servicios de inteligencia y le otorga un tratamiento legal a sus principios y funciones, esto es, tendrán que actuar de acuerdo con la ley. Pero para nosotros existe un primer problema: este nuevo centro de inteligencia amplía el ámbito de funciones y objetivos de los servicios de inteligencia, y más que información pasa a ser una ayuda para la dirección y coordinación de la política de defensa, a la vez que ésta entra en concomitancia con los espacios dedicados tradicionalmente a la policía.
En segundo lugar, el texto asume que la información sobre actividades que no son absolutamente militares, sino independientes de la política militar o de la defensa del Estado, acaban estando bajo control, suspicacia e, incluso, tildadas de peligrosas. Actividades como la prevención de la integridad territorial, que puede ser cuestionada por métodos democráticos, o la estabilidad del Estado de derecho, que queda garantizada por los principios de legalidad y tutela judicial, no deberían figurar en esta ley. Nosotros pensamos que existe un poder independiente como el Judicial que no debe inmiscuirse en este tipo de temáticas, en un servicio de inteligencia militarizado.
En tercer lugar, estas leyes vienen a legalizar y consolidar muchas de las actividades que desempeñaba el CESID, de tal manera que se convierte en un espionaje más político que militar. El centro estará adscrito al Ministerio de Defensa pretestando riesgos emergentes que no acabamos de perfilar de una manera convincente por lo que se refiere a la política interior del Estado. El funcionamiento del centro y toda la arquitectura legal que supone provocará, sin duda, una militarización de determinadas actividades policiales y una presencia importante, indirecta e implícita, del ejército en la vida civil y en funciones reservadas hasta ahora a la policía.
En cuarto lugar, tiene que tener en cuenta el señor ministro que estos dos proyectos de ley están insertos en un contexto preconstitucional como es la Ley de Secretos Oficiales, cuestionada por tribunales y juristas que no entienden por qué estas actividades de inteligencia tienen que estar totalmente presididas por el secretismo. No hay control parlamentario directo de la directiva de inteligencia de carácter secreto y, por supuesto, el desarrollo y cumplimiento de los objetivos va a ser desconocido por los grupos parlamentarios de esta Cámara, y no digamos de los que formamos parte del Grupo Mixto.
En quinto lugar, respecto al edificio constitucional comentado por parte del señor ministro, cuando se va a

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nombrar un magistrado del Tribunal Supremo ad hoc, por tiempo limitado, para que establezca la autorización y la supervisión de aquellas actuaciones del centro que supongan restricciones de derechos fundamentales, se trata de restricciones que no están debidamente garantizadas desde el punto de vista jurídico y democrático, como son la interceptación de comunicaciones telefónicas, postales o electrónicas y entrada, incluso, en los domicilios. La formulación de la ley no es de recibo, porque se debe tratar de la comisión de hechos presuntamente delictivos o indicios evidentes de que van a ser preparados actos calificados de delictivos. Se trata de un tema muy importante en nuestra vida la nuestra intimidad y la inviolabilidad del domicilio. Se desvía a los servicios de inteligencia lo que debía ser una investigación de Policía judicial y no estamos de acuerdo con las modificaciones introducidas en la Ley orgánica del Poder Judicial, que no son correctas ni siquiera en cuanto al procedimiento de designación del magistrado competente para conocer estas autorizaciones del Centro Nacional de Inteligencia; existe demasiada discrecionalidad en su nombramiento, en detrimento del principio de capacidad, mérito y fiabilidad, que es fundamental en este momento histórico.
Por último y como colofón, señor ministro, la expansión de los servicios secretos de inteligencia hasta parcelas relacionadas no solamente con la política de defensa y militar, sino con la vida civil, confudiéndolas en un ósmosis ambiguo, va a provocar, querámoslo o no, aunque haya la mejor voluntad política, la erosión de las libertades públicas y de los derechos fundamentales. No se puede aceptar una ley con un margen tan amplio de indefinición, inseguridad y campos abandonados al control indiscriminado y sin garantías de nuestras vidas, que es fundamental en este momento histórico.
Por todo esto, hemos presentado las dos enmiendas de totalidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señorRodríguez.
Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señor presidente.
Señoras diputadas, señores diputados, señor ministro, hoy defendemos dos enmiendas a la totalidad a dos proyectos de ley que son la legitimación de un nuevo servicio de inteligencia, la refundación del CESID. Hay unos antecedentes que no hay que desdeñar. Para los antecedentes del CESID, hay que remontarse al periodo predemocrático.
Nadie puede discutir cierta aportación también del CESID a la democracia, como cierta literatura ha afirmado. Pero aún así, usted mismo ha explicado muy claramente en su exposición que ha tenido sus antecedentes, sus puntos oscuros, opacos y claroscuros. El CESID y en este momento el Centro Nacional de Inteligencia mezclan tres ámbitos que en la jurisprudencia de otros países están separados: seguridad interior, intereses en el exterior y la inteligencia de defensa. Esta mezcla, este barrullo de funciones, como alguien podría definirlo -no de estos bancos sino de aquéllos-, comporta a veces la sensación de discrecionalidad y arbitrariedad y de militarización de ámbitos que serían del Poder Judicial y del servicio de seguridad del Estado.
Ante los antecedentes anteriormente expuestos, es normal que se exija lo que podríamos llamar una ampliación del control democrático, el control del Parlamento y el control del Poder Judicial, también por la tentación habitual de todo Gobierno de utilizar los servicios de inteligencia. En el caso español hay que destacar lo que podríamos definir como un uso indiscriminado de estos servicios para la defensa de un modelo de Estado que es legítimo, pero no el único posible. Voy a explicarlo. Me da la sensación de que desde determinados partidos de ámbito estatal existe la convicción de que un solo modelo de Estado es posible y cualquier crítica, cualquier discrepancia o cualquier alternativa puede ser automáticamente tachada de anticonstitucional y a partir de aquí se pueden hacer determinadas interpretaciones y se puede abusar de los servicios de inteligencia para controlar y hacer seguimiento de otras alternativas tan democráticas y tan legítimas como la suya.
Hablábamos del control. Hay que reforzar el control del Centro Nacional de Inteligencia en el ámbito judicial. La excepción de dictamen de la comisión de calificación para la elección del magistrado que tenga que conceder autorizaciones a las actividades del centro, favorece la arbitrariedad del nombramiento del magistrado. Tendría que haber más transparencia y el magistrado -ya discutiremos las enmiendas al articulado en las que hablamos de un grupo de magistrados- tendría que pasar por la comisión de calificación.
Respecto al control parlamentario, vemos en la legislación comparada que hay Estados en los que el cargo de director del centro de inteligencia es secreto, pero no es el caso del Estado español ni de la mayoría de países occidentales, y en ese sentido creemos que tendría que ser ratificado por el Congreso. El Congreso tendría que ratificar este cargo a propuesta del Gobierno, por una mayoría cualificada. Ese sería también un modelo de control y de consenso para que no hubiera discrepancias. En el aspecto parlamentario, la Ley de secretos, a la que remite esta ley, margina a algunos diputados de esta Cámara. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la presidencia.) La Ley de secretos Oficiales, como es sabido, margina a grupos de esta Cámara que no tienen acceso a esta información.


Hay otro aspecto que para nosotros es obvio: si los servicios y las funciones del Centro Nacional de Inteligencia

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son para la seguridad interior, es evidente que la seguridad interior también es un tema compartido. Decimos siempre en esta tribuna desde Esquerra Republicana de Catalunya que el nuestro es un Estado compuesto -la jurisprudencia habla a veces de Estado complejo-, y la seguridad interior, la seguridad ciudadana también es compartida. Nos parecería normal que en esta ley se integraran en los órganos de dirección, como miembros natos, representantes de las comunidades autónomas que tengan competencias en materia de seguridad ciudadana. Sería lo normal que se compartieran, máxime cuando algunas comunidades autónomas -en concreto dos- ya tienen también servicios de inteligencia pequeños, algunos mejor que otros, pero también tienen este servicio. En ese sentido los consejeros de Interior de estas comunidades autónomas tendrían que participar como miembros natos en el órgano directivo del centro. Asimismo la ley tendría que coordinarse con los servicios de inteligencia de esas comunidades autónomas.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, señor Puigcercós.


El señor El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Voy acabando, señora presidenta. En cuarto lugar, tampoco es concebible que no se limite la colaboración del Consejo Nacional de Inteligencia a los servicios de inteligencia de los países, siempre que estos cumplan la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es sabido que la ley habla de colaboración con servicios de inteligencia, pero luego pasa lo que pasa, la experiencia nos dice recientemente que determinadas colaboraciones, determinadas amistades, determinados servicios de inteligencia de determinados Estados acaban creando monstruos que, al final, llevan a conflictos y situaciones complejas e incluso a escaladas bélicas, como la que estamos viviendo en este momento. Por esta razón, nosotros entendemos que en la ley tendría que figurar que la colaboración de los servicios del Centro Nacional de Inteligencia tendría que ser con países que hubiesen ratificado y cumpliesen la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas son las razones por las que nosotros entendemos que mantenemos nuestra enmienda a la totalidad a las dos leyes que estamos discutiendo en este momento.
Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas, señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Puicercós.
Tiene la palabra la señora Lasagabaster para la defensa de la enmienda.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, imagino que está pensando que no es el mejor momento para toda esta serie de debates de enmiendas de totalidad. Compartimos lo mismo. ¡Qué le voy a decir! Es la tercera vez que me subo a esta tribuna y creo que este debate no hubiera debido celebrarse en este momento; embutido entre una ley presupuestaria, con sus más y sus menos, una ley complicada, orgánica de universidades, después el concierto... ¡Hombre!, El Centro Nacional de Inteligencia se merecía algo mejor. Un debate en profundidad, un debate necesario y un debate que por sí solo hubiera requerido una gran extensión en tiempo y en cuestiones. Lo digo porque afecta a elementos sustanciales de los derechos y libertades fundamentales, cuestiones muy sensibles desde el derecho a la intimidad a otros temas y porque desgraciadamente nos hemos visto sorprendidos en el pasado, como ha dicho usted, con multitud de prácticas ilícitas por parte del CESID, antecesor pretende ser del CNI, escuchas ilegales, etcétera. Por tanto, debate que hubiera sido necesario con más relajo y no a esta hora. Pero en fin, la vida es así. ¿Qué es lo que nosotros entendemos que no nos gusta de estos dos proyectos de le?. No tengo mucho tiempo y no voy a entrar en cuestiones más o menos jurídicas como alguno de mis compañeros precedentes ha hecho. Reflexiones. Primero: procedimiento. ¿Por qué no han consultado con todos los grupos parlamentarios? Comprendo que a ustedes les gustarán más unos que otros, pero hubiera sido hasta constructivo. Segundo, como dice el Consejo de Estado, en esta materia tan sensible incluso los estudios que ustedes tienen, que los pedía el Consejo de Estado, también nos hubiera gustado tenerlos, ¿por qué no? En esta casa no tenemos muchos estudios y menos recursos humanos para ayudarnos, lo sabe usted mejor que nadie.
Entrando en el contenido, primera cuestión. La función esencial del CNI entendemos que es demasiado ambigua, lo tengo planteado en la enmienda de totalidad, no me voy a extender, pero resulta una muy amplia -si vale la expresión, a veces es redundancia- ambigüedad.
Creemos que hubiera sido necesario hacer más definiciones. Si uno observa legislaciones sobre esta materia, en algunos países se define mucho. Es lógico. Hay conceptos jurídicos muy indeterminados, riesgos emergentes que, por cierto, alguna de las personas que tienen responsabilidades importantes en el Ministerio de Defensa ya lo han citado aquí. Hay que hablar de neutralización, cómo, qué, estabilidad política, intereses de España. ¿Qué hablamos, cómo se configuran, qué hay que hacer? ¿Directiva de inteligencia? Quizás convendría que los diputados que tienen reputado ese deber, esa obligación y ese derecho para conocer de esos temas, previo a esa directiva, pudieran conocer qué es lo que se pretende. Muchas cosas, muchos conceptos que requieren mucha más definición.
El director, la persona que va a tener la responsabilidad de dirigir este centro, ¿por qué no va a tener el apoyo del Poder Legislativo? Sería muy bueno, sería además un apoyo que respaldaría su trabajo y su propia

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legitimidad. No es que no la tenga si lo elige el Gobierno, pero se vería respaldado por el Poder Legislativo. Del control parlamentario, ¿qué le voy a decir que usted no sepa? Sabe que hemos estado miles de horas; bueno, es mucho decir miles de horas, pero muchas horas, debatiendo este tema. ¿Por qué por el mero hecho de no tener cinco diputados no se les permite a formaciones políticas ser elegibles por la Cámara y conocer la confianza de los secretos oficiales? ¿Por qué? Creo que se intentó cambiar, hemos pedido una reforma del Reglamento dado que los trabajos de la ponencia de reforma del mismo no van a buen fin, pero usted sabe mejor que yo que eso no es admisible, que no es constitucional y que debe ser cambiado. ¿Por qué no regular la ordenación del centro? ¿Por qué no hablar del control judicial, en el cual sólo se explicita control previo sobre determinadas cuestiones quedando muchos elementos fuera de ese control? Lo han dicho otros compañeros y ahí hay un tema muy importante. El propio Consejo General del Poder Judicial lo citaba: el recurso de los ciudadanos afectados por estas materias, el control, la custodia, borrar determinadas cuestiones, etcétera. ¿Qué pasa con todo esto? Son temas muy sensibles que no están regulados ni de una ni de otra manera.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego, señora Lasagabaster, que concluya, por favor.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, voy concluyendo muy rápidamente.
En definitiva, hay muchos temas. Por ejemplo, una Ley de secretos oficiales que es preconstitucional, y el mero hecho de cambiar una serie de cuestiones que apenas dan lugar a media página no supone una modificación real adecuada a los retos y a solucionar problemas que existen hoy en los secretos oficiales. No nos sirve, hay muchas cuestiones que requieren ser cambiadas en esta ley. Con todos nuestros respetos entendemos que no ha sido el mejor debate, que no ha sido la mejor elaboración del proyecto porque contiene muchos conceptos jurídicos indeterminados y en este momento no nos sirve. Le pedimos, le solicitamos, señor ministro, un debate más en profundidad con todos los grupos parlamentarios. No tenga miedo de nuestras aportaciones, somos gente muy constructiva, pero dentro de las garantías que el ordenamiento jurídico nos ofrece a todos. Seguiremos hablando en otro momento, en otra consideración, pero usted sabe cuáles son nuestras posiciones.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Lasagabaster.
El señor ministro de Defensa tiene la palabra.
El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa Martínez-Conde): Gracias, señora presidenta. Gracias, señorías.
Procuraré hacer una breve intervención para lograr que otros puntos del orden del día puedan beneficiarse del tiempo que, como ha señalado la señora Lasagabaster, no ha sido el más oportuno a la hora de debatir tan importante iniciativa, que ha merecido las intervenciones que me han precedido en defensa de enmiendas de devolución a la totalidad y que voy a glosar de manera muy sumaria.
En primer lugar, porque todas las intervenciones del Grupo Parlamentario Mixto, prácticamente todas, se pueden debatir luego en Comisión y todos tendremos ocasión de explayar nuestras razones y someterlas al dictamen de la mayoría. Quiero aclarar a la señora Lasagabaster y a algún otro interviniente del Grupo Parlamentario Mixto que esta ni es ni pretende ser una ley de secretos oficiales.
Es más, en la exposición de motivos se dice así expresamente. No es la ley de secretos, por tanto dejemos los secretos a la regulación vigente o a las iniciativas que el Gobierno o SS.SS. puedan tomar al respecto. El señor Saura ha hecho una muy correcta exposición de sus razones. Creo sinceramente que podríamos llegar a integrar un consenso salvo en lo relativo a las comunidades autónomas, e incluso ahí; pero tengo que recordarle a S.S. y al señor Puigcercós que de acuerdo con la Constitución en su artículo 97 la competencia en materia de defensa es exclusiva del Estado, título que es un poquito fuerte y que no hemos querido invocar expresamente en el texto articulado del proyecto pero que obviamente está en la Constitución.
Esto es así, es respetable y sin embargo no impide que, como es natural, se colabore desde el Centro Nacional de Inteligencia con los gobiernos autonómicos para el ejercicio de sus competencias, y de hecho puedo garantizar a la Cámara que así es. Algún grupo parlamentario, especialmente de los que apoyan al Gobierno en este trámite, puede dar fe de ello. No tengan por tanto SS.SS. ninguna preocupación por ese aspecto. Es verdad que lo que no vamos a hacer ahora, señor Puigcercós, es que entre usted, el señor Rodríguez y yo debatamos el modelo de Estado. No sería adecuado para el momento procesal en que se encuentra este proyecto de ley ni probablemente para el orden del día que tenemos señalado.
Se han referido SS.SS. a la exclusión del Grupo Mixto. Ustedes saben, de manera especial alguno de ustedes, que esa no es una decisión del Gobierno, es una decisión de la Cámara y el proyecto de ley se remite a la regulación que hizo en su día esta Cámara y, por tanto, en respetar la autonomía de la Cámara no le van a ganar SS.SS. ni a este ministro ni estoy seguro que a todo el Gobierno. Plantéenlo, se lo digo con toda cordialidad y además con el mejor de los deseos, donde hay que plantear ese tema, que es donde se resolvió, no en esta ley, en el Reglamento del Congreso y en las circulares que se dictaron en su desarrollo, que es donde

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está la exclusión del Grupo Mixto del conocimiento de algunas materias aquí tratadas. No se lo imputen al proyecto, que sólo hace una remisión en bloque al principio de autonomía parlamentaria.
Insisto en que no quiero ser descortés, sino al contrario, creo que se pueden conciliar las posiciones expuestas por el señor Saura, el señor Rodríguez, el señor Puigcercós e incluso la señora Lasagabaster en Comisión en algunos de los aspectos de sus intervenciones. Lo que no se puede conciliar ni se puede creer es la intervención del Grupo Parlamentario Vasco.
La señora Uría empieza diciendo que esperaba más de quien ahora le dirige la palabra. Yo, señora Uría, esperaba más de quienes no están en el hemiciclo, esperaba que le hicieran hacer a usted un papel distinto, porque usted como jurista merece más. Su grupo y su pasado histórico, al que se ha referido S.S., y yo no voy a detallar, en esta materia merecían mucho más; no mucho más entusiasmo del que ha puesto S.S., por la que sabe que tengo todo el afecto y todo el respeto, pero me duele -permítame que se lo diga así- que una vez más uno confíe en la trayectoria del Partido Nacionalista Vasco, invite a sus dirigentes más principales a visitar el CESID, no se pongan pegas en esa visita, se invite a los dirigentes del grupo parlamentario, hoy ausentes de este hemiciclo, a debatir hasta la última coma de estos proyectos con quien les dirige la palabra y el resultado sea que salga la señora Uría, reconocida jurista, a hacer un papelón que no se compadece con esa condición. Usted, señoría Uría, y se lo tengo que decir para que quede constancia en el "Diario de Sesiones", no ha pasado de la exposición de motivos del proyecto de ley, que a lo mejor no le gustado. (La señora presidenta ocupa la presidencia.) Estoy seguro de que si a usted no le ha gustado y me hace enmiendas, lo va a mejorar; estoy seguro de que lo va a mejorar, porque sé de sus cualidades jurídicas, pero a partir de ahí he de decir que no se ha leído los proyectos, señoría, ni el dictamen del Consejo General del Poder Judicial, ni el dictamen del Consejo de Estado. No se puede venir aquí, como en célebre clasificación que hizo un día el señor Boyer, a montar una orgía jurídico-formal sin haberse siquiera leído los proyectos. Fíjese, señoría Uría, se ha permitido decir que no se dedica el nuevo centro a proteger intereses nacionales más allá de los enunciados genéricamente en el artículo 1, no; ni en el propio artículo 4, que S.S. ha mencionado y no se ha leído, porque ahí sí se habla -leo- de los intereses económicos, industriales, comerciales y estratégicos de España. De esos ha dicho S.S. que no se dice una palabra. Ha dicho también que no se dice una palabra de las actividades de servicios extranjeros, párrafo b) del mismo artículo 4; o de la cooperación y colaboración con servicios de inteligencia de otros países, párrafo c) del artículo 4; o del tráfico de señales de carácter estratégico, párrafo d) del artículo 4; o de nuevas tecnologías de información, párrafo e) del artículo 4, y así sucesivamente.
Su señoría se ha permitido citar al Consejo General del Poder Judicial de forma sesgada, de manera que beneficie una argumentación que no se compadece no ya con la conclusión del informe, sino con todo el informe y con esa cláusula que permite al Gobierno decir de acuerdo con el informe del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, porque es conforme. Los proyectos son conformes al informe del Consejo General del Poder Judicial y al del Consejo de Estado. ¿Sabe usted por qué? Probablemente la señora Lasagabaster no los haya leído -a lo mejor es que no se los han remitido, en cuyo caso lo lamentaría, puesto que todo lo que se refiere a los proyectos siempre está a disposición de SS.SS. a través de los servicios de la Cámara, uno de los servicios que mejor funcionan en esta casa- y, por si acaso la señora Uría tampoco ha podido disponer de ellos, les voy a leer lo siguiente: Consejo General del Poder Judicial. La Constitución y las leyes garantizan en qué circunstancias y bajo qué precisas condiciones es posible desvelar el secreto de los particulares o excluir del régimen de publicidad y transparencia algunos aspectos concretos de la acción de los poderes públicos. No es difícil encontrar, dice el Consejo General del Poder Judicial, fundamentos constitucionales que permitan dicho régimen excepcional -son declaraciones a propósito de estos proyectos, no son declaraciones generales-; uno de ellos es sin duda la propia seguridad y defensa del Estado. El Consejo General del Poder Judicial sí se ha leído la Constitución a fondo. Las anteriores consideraciones, dice el Consejo General del Poder Judicial, ponen de manifiesto la existencia de suficientes fundamentos en la Constitución para que las Cortes Generales puedan establecer, en salvaguardia de esos bienes colectivos cuando lo exija un interés público relevante, algunos regímenes diferenciados en el sistema de protección de los derechos y libertades fundamentales en la medida en que ello sea necesario para preservar tales bienes públicos. Y añade: La seguridad nacional aparece como título idóneo para justificar restricciones o modulaciones del ejercicio de algunos derechos fundamentales y así se reconoce expresamente en el Convenio para la protección de los derechos humanos y libertades públicas de 1950. Y sigue diciendo: El establecimiento de un control judicial específico para la autorización de las medidas que afectan a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones cumple las previsiones del artículo 18.2 y 3 de la Constitución, ya que toda limitación de tales derechos fundamentales precisa de habilitación legal. Y por si fuera poco, señora Uría, colofón: El anteproyecto se ha separado de otros modelos de derecho comparado. En efecto. ¿Para qué? Para atribuir al Poder Judicial el control de la actividad de los citados servicios, evitando así, a diferencia de otros sistemas europeos, la existencia de zonas inmunes

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en la actuación de los poderes públicos. Hay que leer las cosas y no hacer citas de forma sesgada.
Señora Uría, usted ha dicho que hace falta un proceso judicial para las autorizaciones. ¿Contradictorio? ¿Con intervención de parte, abogado, procurador y fiscal? ¿Es eso lo que S.S. quiere? ¿En qué cabeza humana cabe? ¿En qué sentido común? Aunque en ocasiones como esta SS.SS. hacen que me reafirme en aquello de que el sentido común es el menos común de los sentidos, incluso en el PNV de hoy se sabe que es absolutamente imposible regular con un proceso judicial una autorización judicial previa. Eso no cabe en ninguna cabeza con sentido común y con sentido jurídico y, como usted lo tiene, señora Uría, por eso le digo que creo que le han obligado a hacer un mal papel. Decir que este Gobierno huye del control cuando trae a la Cámara un proyecto que es apoyado por el Grupo Socialista, apoyo que ellos también tuvieron con motivo del estatuto y del control parlamentario de los fondos reservados, y que establece por primera vez el control de los objetivos del centro y el control judicial previo para la injerencia en algunos de los derechos reconocidos en los párrafos 2 y 3 del artículo 18 de la Constitución, señora Uría, no hace honor a su condición de jurista y sé que eso lo lamenta tanto al menos como yo.
La intervención del señor Alcaraz se ha basado inicialmente en el principio de desconfianza, ciertamente un sano principio en el Estado de derecho y mucho más cuando se representa, y lo digo con todo respeto, a una minoría parlamentaria que está en la oposición. Por tanto, señor Alcaraz, me va a permitir que le vuelva a hacer una apelación al consenso, porque sinceramente considero que, tanto por su trayectoria como por las razones que ha expuesto hoy, ustedes deben figurar en este consenso con respecto al proyecto de ley de regulación integral del CESID y del control judicial previo. Lo creo por su trayectoria y por sus razones de hoy. Si usted tiene desconfianza en el CESID, le pido que ponga la confianza en los órganos del Estado a los que se les encomienda el control: al Parlamento, al Poder Judicial y a la ley. Ponga su confianza en esos proyectos de ley y en la ley. Usted dice que siempre hay un equilibrio difícil entre seguridad y libertad, y es cierto, pero el equilibrio es la ley en un Estado de derecho. Pongan su confianza y su equilibrio en la ley y pongan en manos de los jueces aquello que los proyectos de ley quieren poner en manos de los jueces. Con todo mi respecto vuelvo a decirle que considero que no han profundizado en exceso. Usted me dice que de la lectura que se realiza del proyecto se puede temer por los derechos y libertades y, sin embargo, los jueces lo han leído. Lo han leído en el Consejo General del Poder Judicial en párrafos como los que acabo de mencionar -aunque quede tranquilo porque los puede leer completos-, pero quienes van a leer los derechos y libertades de los españoles en relación con las actuaciones del Centro Nacional de Inteligencia son los jueces. Por supuesto que son los jueces, porque en la solicitud -y esto se lo puedo dedicar también a la señora Uría- que se formula por escrito habrá de figurar la especificación de las medidas que se soliciten, los hechos en los que se apoya la solicitud, los fines que la motivan, las razones que aconsejan la adopción de las medidas solicitadas, la identificación de la persona o personas afectadas, la designación del lugar donde hayan que practicarse, la duración de las medidas solicitadas, etcétera. Es decir, es el juez el que va a hacer la lectura de todas las circunstancias y, por tanto, el que va a proteger -como es connatural a un Estado democrático de derecho- y el que va a autorizar la interferencia eventual y excepcional en algunos derechos fundamentales.
Su señoría me dice que quieren conocer el dinero que se gasta, justamente esto es lo que permite este proyecto. Hoy no se sabe por la Cámara y lo lamento, pero saben cuánto se gasta en fondos reservados lo que es un poco paradójico, por no emplear la palabra inversa. Se sabe lo que se gasta en fondos reservados, se controla, comparecen aquí quienes los manejan y se da cuenta al menos cada seis meses. Sin embargo, no se sabe cuáles son los gastos corrientes ni los gastos de inversión ni los gastos de mantenimiento del CESID.
Ahora se van a conocer, porque al dotarse de autonomía funcional y presupuestaria figurarán -vuelvo a reiterar lo que dije en mi primera intervención- de manera desglosada de los presupuestos del departamento de Defensa, por lo que ahora S.S. podrán presentar enmiendas, en concreto, al capítulo del Centro Nacional de Inteligencia que irá con un presupuesto propio adscrito a la sección de Defensa.
No voy a reiterar los razonamientos que he dado a la señora Uría respecto del procedimiento judicial previo, pero quiero insistir por tranquilizar al señor Alcaraz en cuál es el control judicial posterior. También la señora Uría manifiesta que no se prevé ninguna figura especial -utilizando de manera distinta el argumento que ha dado el señor Alcaraz- para proteger los derechos fundamentales del artículo 18, puntos 2 y 3, si resulta que son agredidos ilegítimamente. ¿Cómo vamos a prever otro proceso? ¿Acaso quieren ustedes que introduzcamos un proceso especial o una jurisdicción especial? Están todos los recursos que abre la Constitución española en sus artículos 24 y 53 y la Ley de protección de los derechos personales de la persona, etcétera. Ante una reacción ilegítima de los poderes públicos -igual da que la haya cometido la policía o que la hayan cometido los agentes del Centro Nacional de Inteligencia- la Constitución ampara a todos y el artículo 24 también. Por tanto, cada uno decidirá qué derecho o qué acción pone en marcha para proteger sus derechos fundamentales.
Concluyo, señora presidenta, señorías, llamando de nuevo al consenso.
Me temo que es imposible en algunas posiciones como las sostenidas aquí por el Partido

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Nacionalista Vasco, que ahora ha decidido, después de cien años de historia, que solo quiere mirar hacia atrás, también en esto. Algunos recelos de S.S. y de algún otro -lo digo con franqueza- me recuerdan el ejemplo, que seguro la señora Uría recuerda también, de la criminología italiana -con perdón- que hablaba del bombero pirómano, es decir, aquellos que gustan atizar los rescoldos para darse el placer de acudir a sofocar el incendio.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alcaraz, por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venia, señora presidenta.
Don Federico, iba usted en un tren de lujo, iba usted en el tren de quien fue ponente contra la patada en la puerta de la ley Corcuera, iba usted en el tren de quien personalmente recogió la sentencia del Tribunal, que le daba a usted la razón. Tenía usted la oportunidad de seguir en ese tren o coger uno igual o de similares características según la alternativa concreta que se diera a este asunto, y ha cogido un tren de tercera. Este es el problema. Ha roto una trayectoria, ha roto una línea por razones de Estado que no terminamos de comprender.
Usted se ha montado en un tren de tercera y ha logrado montar a más gente en ese tren de tercera. Esa es su habilidad, su labia, o no sé qué otra cosa o no sé qué otra razón, pero el fondo de la cuestión es ese, señor Trillo. No solo ha hecho eso, porque en este momento hace una llamada a que nos integremos en un proyecto de enorme importancia en razón de nuestra trayectoria y con argumentaciones de todo tipo.
Sin embargo, usted en la Cadena SER, y por dos veces, en una entrevista que concedió, dijo de manera repetida que se habían adherido los partidos del bloque constitucional. Se le corrigió allí incluso, pero usted mantuvo esa tesis, con la cual nos marginaba a una serie de partidos que no estamos de acuerdo con esos dos textos, señor Trillo. ¿Por qué, desde la unicidad de su criterio con respecto a la Constitución o con respecto al país, nos tienen que echar fuera del sistema, incluso del sistema democrático que es el que cabe en la Constitución? ¿Por qué razón? No aceptamos esos criterios que ustedes están utilizando y no acepto su tono paternalista con una diputada, con una mujer. (Rumores.) No acepto ese tono y lo voy a decir yo, porque ella no lo va a decir. No puedo aceptar ese tono, señor Trillo, y no puedo aceptar que usted a la diputada, y no a los diputados, le diga que no se ha leído la ley. Es lo mismo que se les ha dicho a los estudiantes con respecto a la Ley Orgánica de Universidades. Es un desprecio, en principio, que no se puede admitir. Cae usted en una contradicción que tampoco voy a pasar por alto, y no lo va a decir la señora Uría, pero yo se lo voy a decir. Usted ha dicho que el reconocido prestigio de la señora Uría y su gran preparación no le permite -otro nuevo paternalismo- que le hagan jugar el papel que ha jugado aquí, como si ella no hubiera dispuesto el papel que tiene que jugar aquí como tal personalidad. (Aplausos.-Rumores.) En segundo lugar, ha dicho algo más grave en el calentón parlamentario que ha sufrido aquí esta tarde, señor Trillo. Ha dicho usted que ese reconocido prestigio no le debe permitir que le hagan jugar este papel, y ese reconocido prestigio es el que ustedes no reconocieron cuando fue una aspirante al Consejo General del Poder Judicial. Ahora usted lo reconoce aquí porque le interesa, en un acto parlamentario distinto pero procedente del mismo grupo. Por tanto, vamos a ahormar, vamos a cohonestar las opiniones con lo que estamos viviendo aquí los parlamentarios, señor Trillo, y vamos a dejarnos de paternalismos o de conceptos que no responden a la realidad.
Usted ha hablado del artículo 4 de la Ley ordinaria reguladora del CNI, y se ha remitido al dictamen del Consejo General del Poder Judicial. Señor Trillo, en ese dictamen, en función de la sentencia 49/1999 del Tribunal Constitucional, se dice que ese artículo -que no conocen, porque ustedes no les remiten el texto de la ley- tiene que estar absolutamente pormenorizado, llevando todos los extremos, todas las causas de intervención a la máxima especificidad. Eso dice el Consejo General del Poder Judicial, en función de la sentencia 49/ 1999. Usted, que ha leído aquí el artículo 4, sabe que no se contempla la especificidad que pide la sentencia del Tribunal Constitucional. Es un artículo abstracto, genérico, en absoluto singular, en absoluto específico, como pide esa sentencia del Tribunal Constitucional y como pide, desde el sentido común, la seguridad jurídica de cualquier Estado. Ese es uno de los temas fundamentales por los que nosotros nos oponemos, señor Trillo. Ese artículo es absolutamente inespecífico. No se puede decir tan claro por el Consejo General del Poder Judicial, que tiene que adivinarlo, porque ustedes no han tenido la deferencia de mandarle el texto. El Consejo General del Poder Judicial tiene que leer en la ley orgánica que hay que aprobar la intervención de la comunicación o la entrada en domicilio en función de las causas que no conoce, porque no se les manda el texto ordinario, pero dice: esas causas tienen que ser muy específicas; y ahí está uno de los problemas, señor Trillo. Todos hemos leído el texto. Usted nos dice: confíen en los organismos constitucionales, confíen en los órganos del Estado. Señor Trillo, el Tribunal Constitucional es un órgano del Estado, el Consejo General del Poder Judicial es un órgano del Estado y el Consejo de Estado también lo es. Por tanto, señor Trillo, iba usted en un tren de lujo; va usted en un tren de tercera. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor ministro, he jugado mi propio papel. No soy una niña ni en política ni, por edad, tampoco en la vida. Eso sí, he jugado mi propio papel, exhibiendo orgullosa las siglas de mi propia formación política.
He creído -fíjese si hemos estado distantes en lo que yo he expuesto y en lo que usted ha percibido- que mi intervención era constructiva.
En todo momento le he hablado de la necesidad para un Estado de la existencia de unos servicios de inteligencia. Lo que esperaba de usted era una regulación mejor que la que nos ha presentado, y he aludido a lo escaso de la previsión que se hacía respecto de la propia configuración del centro y, muy especialmente, de los controles judiciales que se prevén en la ley que se acompaña. Hubiese estado bien, puesto que estamos en un Estado de derecho y se trata de la defensa de los derechos y libertades democráticas, que en la exposición de motivos se hubiese acudido a alguna expresión de estas cuestiones de forma más explícita, más amplia, más literaria de lo que en realidad se hace, ya que poco más dice que que quieren hacer el texto de una ley. Elevar a rango de ley la regulación de los servicios de inteligencia me parece correctísimo, pero alguna finalidad distinta debiera haberse expresado. Por lo menos tal es la percepción que a mí, como ciudadana, me gustaría haber visto en la exposición de motivos, y que le traslado en nombre de mi formación política. Por eso decía, cuando hablaba de la garantía de los bienes y derechos propios de un Estado que se define como tal, que tenían que haber jugado dentro de la exposición. Me refería a la posibilidad de separar la seguridad interna de la externa o de la seguridad militar, y en eso reconózcame que han tenido ustedes peleas dentro del propio Gobierno, con lo cual no le estoy diciendo ninguna tontería. Eso es lo que ocurre en los países de nuestro entorno. Las disputas existentes entre la vicepresidencia primera o las querencias de controlar ciertas cuestiones es evidente que existen. Además, señor ministro, se pueden traer ejemplos de otros países de nuestro entorno, ya que usted dice que nuestros servicios se regulan de forma parecida a la suya. En casi todos se separa la seguridad interior, la seguridad exterior y la seguridad militar, y a nosotros nos parece que ese es un modelo adecuado y acorde.
Por supuesto, me he leído todos los informes y, como el señor Alcaraz ha manifestado -y le agradezco enormemente su intervención-, en la página 14 del informe del Consejo General del Poder Judicial se dice que ustedes vinculan la posibilidad de agotar las medidas de que se trata, medidas de interdicción de derechos fundamentales, a que sean necesarias para el cumplimiento de los fines de la agencia. Pero a ustedes no les mandan los fines de la agencia, y con los fines de la agencia -que también me los he leído- mejor me lo ha puesto, más ambiguos son todavía. ¿Qué fines de carácter industrial o económico justifican la adopción de las medidas? La utilización de conceptos jurídicos indeterminados es extraordinaria. Tiene que precisarse eso más para que todos los ciudadanos sepamos exactamente qué cuestiones de carácter industrial o económico van a posibilitar las actuaciones sobre particulares para la interdicción de derechos. Si quiere, en nombre de mi formación política, yo me comprometo a ayudar en la definición de estas conductas porque, como usted sabe, estas cuestiones de derechos y libertades me gustan especialmente.
Yo no he hablado de que haga falta un procedimiento judicial para espiar ¡Por el amor de Dios! Únicamente he dicho que la jurisprudencia del Tribunal Constitucional que se cita está establecida respecto de procedimientos judiciales, es decir, en los casos en los que hay un delito de una persona concreta respecto del que se siguen actuaciones judiciales. En ese caso el tribunal exige unas garantías tremendas; en cuanto a los servicios secretos, que se actúa muchas veces con carácter preventivo y sin que todavía exista procedimiento alguno abierto, habrá que ser todavía más fino definiendo los casos en los que es posible. Comprenderá que no le voy a decir que para empezar una tarea de espionaje hace falta abrir procedimientos judiciales con abogado y procurador, porque eso a nadie se le ocurre y yo no se lo he dicho, léalo en el "Diario de Sesiones". Simplemente he dicho que si en el seno de un procedimiento judicial hay que ser cuidadoso, más cuidadoso y más fino habrá que ser al establecer las posibilidades cuando se trate de procedimientos que se abren antes para averiguar o investigar, teniendo siempre en cuenta, por supuesto, que habrá que ponderar lo que se pretende encontrar, los bienes y valores que están en juego, así como la interdicción del derecho de que se trate.
Señor ministro, también he aludido a un sistema judicial parecido al que usted establece, pero que me parecía más acorde y que no entorpece para nada el procedimiento, como es la posibilidad de que rotasen todos los magistrados de las salas Segunda y Tercera, lo cual nunca iría en demérito de la rapidez del procedimiento. Creo que usted ha jugado sucio conmigo, teniendo en cuenta el número de asistentes en la Cámara en el momento de su intervención y en el de la mía. Cuando yo he intervenido había muy pocos diputados presentes, por lo que me gustaría que lean el "Diario de Sesiones". Cuando ha intervenido usted, menospreciando y descalificando mi intervención no sólo en lo político, sino también en lo técnico-jurídico, ya iban volviendo de comer los señores diputados, por lo que amuchos les puede parecer, si se hace caso de la autoridad

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-el error estaba de su parte, estaba usted en la tribuna-, que mi intervención había sido realmente el disparate que usted ha pretendido manifestar que era. Creo que no es así y me gustaría que usted mismo lea el "Diario de Sesiones" y que lo hagan también SS.SS.
Sepa que es intención de la formación política que represento formular enmiendas que permitan mejorar el texto desde el terreno de la garantía y la defensa de las libertades, pero entendiendo que hay que hacer posible una tarea que nos parece importante, la tenencia de unos servicios de inteligencia en un Estado, a lo que no ponemos cortapisas.
No se aproveche cualquier momento para dar un viaje -como se dice en lenguaje coloquial- a la formación política a la que represento porque eso se lleve. Creo que mi intervención ha sido digna, acorde con lo que se pretendía y que los dos proyectos de ley que nos han traído -todavía ahora lo sostengo- adolecen de importantes defectos que, repito, mi formación política intentará ayudar a corregir.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, para un turno de réplica, tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Señora presidenta, señor ministro, señorías, no se preocupen, sólo voy a intervenir yo en nombre del Grupo Mixto.
Son tres las consideraciones, una general y dos más particulares, que ha opuesto usted a nuestros argumentos. Una, general, a los recelos de todos los que hemos formulado enmiendas de totalidad al CNI. Señor ministro, creo que usted es el más indicado para saber que el pasado no nos ha dado muchos antecedentes como para poder plantear una gran credibilidad y confianza en determinadas actuaciones, y creo que usted es el primero que lo puede entender de manera clara y clave.
¿Qué hubiera sido necesario para que hubiéramos cambiado nuestra opinión? No voy a decir como santo Tomás, ver para creer, que también podría ser una respuesta, pero sí, en primer lugar, unos proyectos de ley que contuvieran definiciones concretas y no tantos conceptos jurídicos indeterminados. Se habla de neutralización. Yo he mirado el diccionario y me vale igual para un roto que para un descosido. La palabra neutralización tiene muchos significados. Y en los artículos 1 y 4 de la primera de las leyes, los más fundamentales, se habla de otra serie de formulaciones sin tener ninguna definición. Por ejemplo, los intereses de España, alguien los tendrá que decidir. Y otra serie de cuestiones en el artículo 1 hacen difícil la credibilidad. Hasta que no nos digan exactamente qué es lo que pretenden, en qué fórmulas, cómo y qué procedimientos, que es lo que se hace también en otros países, lógicamente, serán ustedes los que tienen la carga de la prueba y el trabajo de convencernos, no nosotros los que tengamos que hacer un acto de fe sin saber nada y con un proyecto de ley que realmente es muy vago.
Si además nos atenemos a que ustedes no han consultado a todos los grupos parlamentarios, en una especie de temor reverencial a qué es lo que vamos a decir, como usted comprenderá, lo que yo no puedo hacer es creerles si ni tan siquiera han tenido la deferencia y la educación de consultar a todos los grupos parlamentarios. Señor ministro, no nos han consultado a todos los grupos parlamentarios, ni una cartita para decir: oiga, que le queremos explicar lo que queremos hacer. (Rumores.) De nuestro grupo, a ninguno. Así de claro.
Usted me podrá pedir que yo tenga interés en dar credibilidad a una nueva ordenación cuando usted haga el esfuerzo para que yo lo vea.
Pero, hasta ahora, nada de nada.
En segundo lugar, hablando de documentos, claro que tenemos los dos informes del Consejo de Estado, nos los facilita esta Cámara. A lo que yo me refería es a lo que dice el propio Consejo de Estado; nos hubiera venido bien que, aunque no nos lo dijeran de palabra, nos lo hubieran mandado. El Consejo de Estado dice: Hubiese sido deseable incorporar al expediente los documentos más significativos o relevantes que reflejen los estudios y trabajos internos que se han desarrollado en el seno del departamento consultante en la elaboración del anteproyecto. Eso es lo único que yo le pedía. Puede que a usted le parezca que no son relevantes, pero si al Consejo de Estado le parecen relevantes, a mí, lógicamente, también debieran parecerme relevantes. Además, lo digo por una cuestión muy clara y que ha causado una gran controversia política en esta Cámara. Hace no demasiado tiempo, en una serie de consultas de distintos responsables políticos de los ministerios en cuestiones presupuestarias, una persona del Ministerio de Defensa (no sé si es el director de la JUJEM, no sé si la graduación está muy clara o no, pero creo que usted sabe a quién me refiero) habló de la participación y la nueva actividad que va a tener el ejército en los riesgos emergentes. Sin ningún tipo de explicación más, creando una confusión objeto de la mayor controversia en esta Cámara, y diciendo además que tenían documentos y trabajos que contenían estudios en esta materia. Señor ministro, creo que es razonable que esta cuestión se hubiera explicitado. No hablo por hablar, hablo de algo que se ha planteado en las Cámaras, que ha creado confusión y gran recelo y que hubiera sido necesario explicar en este mismo momento porque afectaba a lo que ustedes mencionan aquí, a los riesgos emergentes. Por tanto, no hablamos por hablar.
Tercera cuestión, también particular en lo que se refiere al control parlamentario. Ustedes hablan de la autonomía parlamentaria. Yo comparto la autonomía parlamentaria, no sé si igual o más que ustedes, y quiero

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decirle, porque probablemente usted no lo sabrá, que al igual que hemos presentado las enmiendas de totalidad a estos dos proyectos, hemos presentado una reforma del Reglamento el día de hoy. No lo hemos hecho hasta ahora. Por cierto, no habíamos acudido al Tribunal Constitucional porque somos gente, aunque le parezca que no, civilizada y habíamos entendido... Señor Montoro, sí, civilizada, aunque le parezca mentira a usted también; luego hablaremos de otra cosa. Habíamos entendido que podíamos llegar a un pacto, somos gente que pacta, y a un consenso en una reforma que, desde luego, es inconstitucional. Usted es testigo de que hemos hecho múltiples esfuerzos, y que se han hecho por parte de todos, para cambiar esa resolución de Presidencia. A día de hoy, por debates y cuestiones que no voy a entrar a señalar, no se ha cambiado. Por tanto, al igual que las enmiendas de totalidad, hemos presentado una proposición de reforma, porque es discriminatorio respecto de determinados diputados y diputadas de esta Cámara.
Estoy convencida de que el Gobierno no quiere entrar en la autonomía parlamentaria, pero también estoy convencida, señor ministro, que a usted no le importará -y al Gobierno tampoco- que aparezca en el texto de esta ley que en ningún caso habrá discriminación en lo que se refiere al control parlamentario. Sólo le pido eso. No se preocupe, que luego ya articularemos la no discriminación en la autonomía parlamentaria, pero el Gobierno no hablará de defender la discriminación. Es una cuestión bastante lógica y elemental.


También podríamos hablar de qué es lo que nos parece que falta en el control judicial previo y en el posterior, pero lo dejaremos para la Comisión. En definitiva, creemos que precisa mucho más trabajo que el que estamos haciendo ahora, intentando pasar esto entre la mañana y la tarde para ver si se nos olvida a todos.
Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Matínez-Conde): Señora presidenta, intervengo, entiendo que para cerrar el debate, de manera en un caso pacífica y en otro para poner alguna cosa en su sitio, porque ha habido unas alusiones que entiendo graves del señor Alcaraz.
En primer lugar, señora Uría, espero sus enmiendas, ya le he invitado a hacerlo. Quede claro que los objetivos por los que se preocupa S.S.
la ley dice que vendrán aquí cada año y, por tanto, los conocerá el Parlamento; es una de las innovaciones. En cualquier caso, espero sus enmiendas con todo interés.
Señor Alcaraz, no ha respondido a mi invitación no ya en el fondo sino ni siquiera en la forma. No ha habido reciprocidad de estilo, porque cualquiera que estuviere en la Cámara cuando he debatido con la señora Uría sabe que en ningún momento ha tenido mi intervención los caracteres de ruptura del principio de igualdad o de alusión a la condición femenina que ha querido insinuar. Le voy a decir una cosa más, ni en mi estilo ni en mi trayectoria hay nada que permita la afirmación que ha hecho S.S., nada En la suya, defendiendo a quien no lo necesita porque tiene competencia propia para hacerlo, sí que ha habido un auténtico derroche de paternalismo y de abuso de posición. (Aplausos.) Segundo. Señor Alcaraz, sobre la sentencia de la Ley de Seguridad Ciudadana, que ha tenido la virtud de recordar que se dictó de acuerdo con un recurso que yo redacté, le recomiendo que aprenda de la jurisprudencia. No hace falta leer demasiado de esa sentencia ni del recurso que recoge y estima y que presenté en nombre del Grupo Popular. La diferencia es sencilla. Aquella ley pretendía la entrada en domicilio sin autorización judicial y esta ley, aunque alguna vez pudo pensarse por alguien otra cosa, lo que hace es exactamente lo contrario: siempre será necesaria autorización judicial para entrar en el domicilio de los españoles. Esa es la diferencia elemental, aunque a usted parece que le cueste entenderlo. Desde luego, no a quien tiene a orgullo el haber defendido en ese caso la libertad y la inviolabilidad domiciliaria de todos los españoles.
Gracias. (Varios señores diputados: ¡Muy bien!- Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
Señor Alcaraz, usted sabe que los turnos de réplica y dúplica han finalizado.


El señor ALCARAZ MASATS: No es por réplica, señora presidenta, es por alusiones. (Risas.)

La señora PRESIDENTA: Señor Alcaraz, no se puede confundir citación con alusión. Ha habido un debate en el cual el señor ministro ha hecho uso de su turno de réplica, usted del suyo de dúplica y ha finalizado el señor ministro. Lógicamente, en ese debate hay posiciones divergentes que se ponen de manifiesto. Difícilmente el señor ministro podía oponerse a sus razones sin citarlo. Insisto, hay diferencias entre citación y alusión. Alusión es juicio de valor y esta Presidencia entiende que no lo ha habido. Lo que ha habido es una contraposición de argumentos.


El señor ALCARAZ MASATS: No voy a entrar en el fondo. Permítame decirle, señora presidenta, que al contestarme el señor ministro ha dicho: voy a contestar a una alusión grave del señor Alcaraz, y me ha contestadocon la misma.


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La señora PRESIDENTA: Pues le recuerdo al señor ministro que lo que habrá hecho es una respuesta por una citación que había hecho el señor Alcaraz, no por alusión.
Muchas gracias. (El señor Alcaraz Masats: No vale, no vale todo.) ¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Con la venia, señora presidenta.
Fijo la posición de mi grupo, Coalición Canaria, frente a las diversas enmiendas que han presentado los grupos parlamentarios cuyos portavoces han hecho uso de la palabra anteriormente. El voto de mi grupo va a ser contrario, va a desestimar la oportunidad de estas enmiendas, dado que piden la devolución al Gobierno de un proyecto de ley cuyas deficiencias pueden ser corregidas. Mi grupo va a presentar diversas enmiendas que entiende son una crítica constructiva y correctora en cuanto al medio con que el Gobierno trae su proyecto.
Tenemos que decir que esta norma, con este primer juicio crítico sobre las deficiencias que entendemos pueden ser corregidas sensible y profundamente por la vía de enmiendas en la Comisión, es mucho mejor que lo que hay, porque mejor que lo que hay es esto y cualquier otra cosa que se hubiera hecho ya con un espíritu más constitucional que la norma que tenemos.
No nos engañemos con querer seguir anclados en prejuicios históricos sobre los servicios de inteligencia del Estado español que vienen del régimen anterior, de los servicios de documentación de la Presidencia del Gobierno. El general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno de UCD para Asuntos de la Defensa, hizo una estructuración de los mismos más unitaria incluso que la que había, porque lo que existía era un servicio exterior, un servicio interior y unos servicios de inteligencia de información militar, incluso internos, de seguridad del propio régimen, pero esa estructuración estaba condicionada por el ruido de sables y la Transición.
Hemos tardado más de 20 años en traer este asunto, pero bendita y democrática sea la hora en que lo ha hecho el señor ministro de Defensa, don Federico Trillo. Tenemos que tener dos cautelas principales con todos los servicios secretos. A quien más le interesa el control es al Gobierno. Que se lo digan al que iba a ser el Gobierno entrante de Calvo Sotelo o al saliente de Adolfo Suárez el 23-F. Los servicios secretos generan por ley y por cometidos autorizados tal poder que pueden tener la tentación de convertirse en un poder en sí mismos, y que no se conviertan en un poder en sí mismos es una obligación y una necesidad del gobierno democrático de un Estado constitucional de derecho. Si un instrumento de este tipo tiene la tentación de transformarse en un instrumento de poder en sí mismo, hay que evitar que se autoadministre sus propias reglas de funcionamiento y de regulación. Esto ha pasado en nuestro servicio secreto del CESID en determinados momentos. Es una cautela sobre la que tenemos que tener la máxima sensibilidad. El primer responsable que tiene un contacto físico diario con sus servicios secretos es el Gobierno legítimo y democrático de la nación; después, el control parlamentario. En cuanto a los controles judiciales, son una especie de garantía de un procedimiento adaptado a derecho, dentro de las garantías de lo que el señor ministro acertadamente ha definido como principio de legalidad, pero un principio de legalidad completo, no un principio de legalidad como el que se suponía hasta ahora, que estaba basado en circulares, en órdenes ministeriales, a lo sumo en un decreto, porque el CESID no pasaba de tener un decreto como norma de legalidad. Ahora vamos a tener dos cuerpos legales, por la necesidad del carácter orgánico de uno de los aspectos que se estructuran en él. Podríamos, por tanto, abrir esta serie de críticas.
He sido el primero en esta Cámara, y está recogido en el "Diario de Sesiones" que he mantenido estos criterios en aspectos internos de organización, de si debe haber un servicio unitario, de si debe haber un servicio interior, exterior y de defensa, y lo sabe don Federico Trillo, por una cuestión de especialidad y de especificación y también por otra cuestión que puede ser discutible, como es qué implica más seguridad para el propio servicio en sí mismo, en sus normas de garantía de funcionamiento, porque habiendo visto la experiencia española desde el 23-F para acá, había que cuestionarse este asunto también. Es un procedimiento legítimo de debate en cuanto a este aspecto que estoy planteando aquí.
Cuando se ha consultado con expertos de los servicios de Estados Unidos, que los tiene muy pluralistas y muy esparcidos en distintos ámbitos de la Administración del Estado, los expertos que han pasado por esa experiencia dicen: Sí, una diversidad de servicios de inteligencia es complicado de manejar, y obliga por tanto a tener unos órganos de coordinación porque la información siempre es poder, y como la información está ejercida por personas, como diría Malraux, la naturaleza humana dirige a veces la intencionalidad hacia normas de conducta dudosas, interesadas o no democráticas. Sin embargo, ellos dicen que esa pluralidad les permite una cosa: los servicios de inteligencia tienen que ser unos servicios blindados, para que el contrincante, el enemigo, el contrario, no disponga de las fuentes informativas de que se dispone ni de los datos. Aquí aparece la figura del topo. La vulnerabilidad de los servicios unitarios estriba en que si una persona está infiltrada en un servicio unitario descompone toda la estructura organizativa. De eso tenemos experiencia enEspaña, no tenemos que irnos a buscar novelas de aventuras,

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de ciencia-ficción o del señor John LeCarré. Tenemos estas experiencias aquí.
Habrá que sopesar. Mi grupo le va a brindar al Gobierno una serie de enmiendas críticas, hechas en el mejor sentido, señor ministro. Hemos sido de los grupos consultados y este portavoz lo agradece, conoce nuestros criterios y el criterio de mi grupo es que estará siempre a disposición de una política de Estado. Podremos discrepar del planteamiento con que el Gobierno instrumentaliza su deseo de organizar un servicio o unos servicios de inteligencia. Al final, nosotros somos responsables de un apoyo al programa del presidente del Gobierno y estaremos en esa sintonía, señor ministro. Quiero añadir que nuestra lealtad estará en defender las enmiendas que entendemos que son positivas, y, si no son aceptadas por el Gobierno a través de su grupo parlamentario, ahí quedará el testimonio para los tiempos venideros.
Tendremos una sensibilidad especial por las competencias parlamentarias. Adelanto que el proyecto del Gobierno ha entrado en decirle al Parlamento cómo tiene que hacer o no hacer determinada consideraciones sobre los secretos oficiales o qué es lo que tienen que hacer los parlamentarios Tendrá, señor ministro, una aportación en la línea que conoce de este grupo y de este diputado que le habla.
Un control parlamentario necesita ser dejado en esa área de responsabilidad, en la propia Cámara, como se deja al Poder Judicial, al Tribunal Supremo y al Consejo General del Poder Judicial unas áreas de decisión en los aspectos que les corresponden. Este criterio lo sopesará el Gobierno, porque al final el Gobierno es quien tiene el voto democrático de la mayoría y es el responsable de gobernar la nación. Nosotros haremos una aportación según nuestra inteligencia parlamentaria, política y profesional, en la medida en que podamos, y creemos que se pueden hacer bastantes aportaciones al texto del proyecto de ley. Mi grupo, este diputado, da una prueba de confianza y coloca el beneficio de la duda en el área del señor ministro de Defensa, don Federico Trillo, a quien un día se le llamó -porque se han hecho otras invocaciones a la patada en la puerta- fino jurista.
Ese fino jurista, con todo respeto, será quien haga la lectura que yo le pido de las enmiendas que los grupos presentemos, al menos las que firmará este diputado, una persona que este diputado valora como un buen jurista que respeta la Constitución, porque muchas de nuestras enmiendas van a ir en la defensa de los valores y prerrogativas constitucionales. Tiene que ser un servicio secreto instalado en el principio de legalidad, porque además ahora se le da ya una estructura de personalidad jurídica propia, semejante a otras entidades del Estado, exigiéndole un estatuto de personal, para que el mismo esté regulado por unas normas de personal, porque será tan digno servir al Estado con actividades que se pueden anunciar en una placa o en una tarjeta de visita, como aquellas que están vetadas a figurar en una tarjeta de visita. Se podrá poner en una tarjeta de visita abogado del Estado o cualquier otro cargo; lo que no se podrá poner son determinadas actividades que estén relacionadas con la inteligencia.
Esto nos hace a nosotros ser copartícipes de un proyecto que tiene que mejorarse.


En este tema de personal me quiero referir al señor ministro para que él sea tutor, dado que le van a poner la percha de estos servicios secretos en el Ministerio de Defensa. Desearíamos coordinación y armonía en quien va a tener toda la responsabilidad directa de todo lo bueno, pero también de todo lo malo, porque le entrará al señor ministro de Defensa el cable con toda la alta tensión cuando haya descarga en línea -y ya me entiende el señor ministro- con el vicepresidente primero del Gobierno, como presidente de la Comisión Delegada del Gobierno para los Asuntos de Inteligencia. Ojalá haya una buena armonización de funcionamiento, como ocurre en los Estados Unidos con la señora Condoleeza Rice, consejera para asuntos de la defensa nacional, que coordina toda la información que le venga de la CIA, de la inteligencia militar, de la inteligencia civil, del FBI, etcétera y lo pueda poner encima de la mesa del presidente de los Estados Unidos para que la política sea completamente unitaria, pero también para que no haya arbitrariedades.
El Centro Nacional de Inteligencia tiene personlidad jurídica nueva, por lo que no debe ser una figura extraña en el ordenamiento orgánico funcionarial del Estado. En el CESID se ha hecho cazas de brujas y se ha puesto en la calle a profesionales y militares, que muchos de ellos, cumpliendo con su deber constitucional, no sintonizaban con determinadas personas y han tenido que pasar por una especie de ignominia profesional, como si fueran unos enemigos de España, del Estado, de su seguridad, cuando lo único que reclamaron fue un respeto constitucional.
Vamos a dar nuestro voto a este proyecto de ley, presentando en su momento las enmiendas pertinentes. Rechazamos las que se han presentado porque perturbarían su perfeccionamiento. Ya podemos hablar de una nueva ley, lo que antes no era posible. Aunque se aprobara el proyecto remitido por el Gobierno, con todos los defectos que pueda tener que, a nuestro juicio, se pueden corregir por vía de enmienda en ponencia y en Comisión, sería mejor que la actualmente existente. Por tanto, devolver lo que es mejor que lo que hay no nos parece ni política, ni jurídica, ni parlamentariamente oportuno, Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.
Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Maldonado.


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El señor MALDONADO GILI: Señora presidenta, señor ministro, señorías, después de este toma y daca dialéctico que ha tenido lugar aquí en este hemiciclo hasta hace unos minutos, procuraré introducir un discurso más relajado, aunque eso sí, no exento de crítica donde deba haberla y de alabanza donde se deba.
Señor ministro, permítame que le diga lisa y llanamente, a bote pronto, que mi grupo apoyará siempre al Gobierno en aquellos temas que sean de seguridad, sobre todo si esa seguridad es la del Estado de derecho y es la seguridad de las libertades de las personas. Lo hemos hecho antaño con otros gobiernos. Lo hicimos con el Partido Socialista en su momento. Lo haremos ahora con su Gobierno. Esta es una ley que viene a paliar déficit históricos en el mundo de los servicios de inteligencia, déficit en varios aspectos: el primero, desde el punto de vista legal; el segundo, desde el punto de vista de funcionamiento. El primer aspecto nos viene a decir otra vez que el CESID carecía de marco legal que enmarcara, valga la redundancia, sus posibilidades de actuación, no había coto. El CESID no estaba acotado legalmente. Por tanto, no había un marco que acotara sus actuaciones, de aquí las diferentes actuaciones filtradas del CESID que asustaron a los ciudadanos. Se espiaron, se escucharon, se pincharon teléfonos, se investigaron personas honorables, partidos políticos, etcétera. El CESID no se dedicaba a lo que debía dedicarse en su momento, y nos encontramos con graves actuaciones que escandalizaron a los ciudadanos, pero no sólo por sus actuaciones sino incluso por sus déficit. Fue un clamor que durante el famoso 23-F, del que en este hemiciclo aún quedan huellas patentes y palpables, los servicios de inteligencia no participaran en su cometido de investigación, de alertar y, por tanto, no actuaran en base a sus obligaciones. Era un CESID que preocupaba a la ciudadanía, era un CESID que tenía déficit de marco legal, tenía problemas de funcionamiento, no estaban bien acotados sus objetivos, había hecho actuaciones no correctas, e incluso había tenido déficit importantes de actuación como el que he hablado del 23-F.
No quisiera ser injusto diciendo que el CESID lo hizo todo mal. Hay que reconocer una trayectoria importante, positiva, de servicio para garantizar la seguridad del Estado y los derechos y libertades de las personas. Sus miembros, hombres y mujeres que durante un cuarto de siglo han trabajado, merecen un reconocimiento a su valor, sin duda, pero varias pifias, por no decir actuaciones flagrantemente ilegales, de alguno de sus miembros -no todos- han manchado este curriculum del CESID que hizo que fuera requerida cada vez más una actuación como la que ahora estamos llevando a cabo. ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué hubo estas pifias en la actuación? ¿Por qué hubo estos errores? ¿Por qué hubo esta actuación flagrantemente ilegal? Porque no había control jurídico, no había control político, y algunas veces nos encontrábamos con estos errores, con estas malas actuaciones que tanto escandalizaban a la opinión pública.
Estos dos proyectos de ley que hoy se presentan en el Parlamento y estamos debatiendo, una reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, la otra orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia, vienen a cubrir un vacío legal importante y que, como he dicho antes, se clamaba al cielo porque existía este vacío y se debía subsanar. Por tanto, como decía antes, el primer aspecto viene a cubrir el vacío legal.
El segundo aspecto de estas leyes viene a regular su funcionamiento, a decir cómo ha de funcionar el Centro Nacional de Inteligencia, a marcar criterios y a organizar su funcionamiento. Si me permiten, podríamos decir que es una ley orquesta. Antes era una orquesta en la que sus músicas iban por libre, alguno desentonaba en su actuación, y ahora se pone a un director de orquesta civil, se le dan las partituras, que son dos leyes, y se le dice a cada músico qué tiene que hacer. Permítame que en este deseo de poner relajamiento en el discurso y en el diálogo existente la defina como una ley orquesta.
Esperemos que salga bien el concierto.
No compartimos lógicamente, aunque respetamos, las enmiendas a la totalidad. ¿Por qué no las compartimos? Por muchos aspectos, pero principalmente por tres: porque las leyes de salida son buenas, no son óptimas, no son perfectas pero son buenas; porque la seguridad necesita consenso. Yo creo que es bueno que tengamos consenso y no lo rechazo de salida. Hoy muchos ciudadanos del Estado están pendientes de saber qué opinan los políticos de estas leyes, y es bueno el diálogo pero es necesario el consenso. Por tanto, leyes buenas y necesidad de consenso porque, permítame que lo diga, hasta ahora el talante dialogante del ministro de Defensa nos augura la posibilidad de introducir mejoras en el proyecto de ley. Usted lo ha dicho.
Incluso se lo ha dejado abierto a algunos portavoces de otros grupos diciéndoles que sus propuestas pueden ser recogidas en Comisión. Por tanto, leyes nuevas, con carencias, con déficit, no son óptimas, pero leyes de salida buenas; la seguridad necesita consenso, y el talante del señor ministro, que hasta ahora ha sido dialogante, nos augura la posibilidad de mejorarla.
Hemos tenido ejemplos de leyes de las que se ha pedido su devolución.
Recuerdo que fui ponente de la Ley de Pesca, que era un bodrio, hablando coloquialmente. Era una ley que ningún grupo aceptaba excepto el que daba apoyo al Gobierno. Pero la actitud del ministro, señor Arias Cañete, de dialogar y consensuar, hizo que fuera una ley votada por amplia mayoría, cercana a la unanimidad. ¿Qué significa esto? Que las leyes de las que se pide su devolución, cuando se dialoga, se pueden aprobar por unanimidad. Es lo que usted ha pedido y lo que haría falta. No hay que aportar oscuridad

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donde haya nebulosa, sino luz. Por tanto, no pediremos su devolución, sino que se aprueben enmiendas. Nosotros presentaremos enmiendas. Unas de talante político, otras de mejora técnica, de perfeccionamiento, etcétera. Déjeme que le hable sólo de la de carácter político.
Presentaremos una enmienda al apartado segundo del artículo 5 del proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia, en la que pediremos que se diga: El Centro Nacional de Inteligencia mantendrá con el resto de las organizaciones públicas, cuando proceda, las relaciones de cooperación y coordinación y actuará siempre con pleno respeto a las competencias de las comunidades autónomas. De manera específica deberá informar a los miembros del Gobierno de las comunidades autónomas bajo cuya dependencia actúan las policías autónomas propias, siguiendo con la redacción que figura en el texto del proyecto. ¿Qué pedimos? Que se tengan en cuenta a los gobiernos autónomos.
Me ha preocupado cuando ha dicho: El Estado tiene competencias exclusivas en materia de seguridad. Lo sabemos, señor ministro. Pero no olvidemos que los gobiernos autónomos ostentan la representanción del Gobierno en el territorio. Por tanto, competencia exclusiva ostentada en este caso también por el presidente del Gobierno de Cataluña. Sea generoso, ayude. No es cuestión de definir un modelo de Estado. De los tres diputados catalanes de diferentes ideologías políticas que hemos subido a la tribuna, los tres hemos hablado de lo mismo. ¿Qué quiere decir? Que es una opinión mayoritaria que en el territorio, en este caso en Cataluña, se le pedirá desde la sociedad catalana generosidad, teniendo en cuenta la España plural. Todo esto lo debatiremos en Comisión, señor ministro. No me quiero alargar porque veo que se me acaba el tiempo y quisiera comentarle algún aspecto más.


La señora PRESIDENTA: Con brevedad, señor Maldonado, porque se le ha acabado ya.


El señor MALDONADO GILI: Voy acabando.
Señor Ministro, estas dos leyes han de contener más hojas, han de tener más contenido. Esto quiere decir que en Comisión debe añadírsele contenido. En catalán decimos cal farcirles, quiere decir rellenarlas. Hay que darle más contenido. Tiene la oportunidad, señor ministro, de recoger las propuestas de otros grupos políticos.
En la exposición de motivos se dice que la sociedad española demanda unos servicios de inteligencia eficaces, especializados y modernos, yo creo que hay que añadir y democratizados. Vamos a democratizar los servicios de inteligencia y, por tanto, hay que introducir aspectos nuevos.
Señorías, el señor ministro ha pedido benevolencia; yo pediría generosidad. Generosidad por ambas partes, generosidad por los grupos oponentes. No es bueno demonizar estas leyes, no es bueno negar las bondades a éstas, que las tienen. Miremos hacia atrás, miremos de dónde venimos, casi un cuarto de siglo sin normativa, sin marco jurídico, sin base legal.
Por tanto, generosidad a los grupos proponentes para incorporarse al consenso. Generosidad al Gobierno para mejorar estos textos...


La señora PRESIDENTA: Señor Maldonado, le ruego concluya, por favor.


El señor MALDONADO GILI: Acabo enseguida, señora presidenta.
Generosidad al Gobierno para mejorar estos textos, que seguro que es posible. Nuestro grupo reclama diálogo. También quiero, señor ministro, manifestarle cariñosamente mi preocupación por el tono, por el contenido de sus palabras respecto a la portavoz del Partido Nacionalista Vasco señora Uría, a la que usted posteriormente ha relajado y ha reconducido al diálogo. Podremos incorporarnos al tren de lujo al que se refería el señor Alcaraz y si es posible al tren de alta velocidad también con el PNV en él. El PNV tiene que estar en este consenso y, por tanto, subamos al tren no de lujo, sino al tren más rápido incluso, al tren de alta velocidad, y tengamos en cuenta que este diálogo es importante. No hablamos de películas de James Bond, no hablamos de Mata Hari, hablamos de espías, si, pero de espías que han de garantizar nuestros derechos, nuestras libertades y el Estado de derecho de los ciudadanos y ciudadanas de este Estado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Maldonado.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, señor Marsal.


El señor MARSAL MUNTALÁ: Muchas gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, estamos hoy ante un debate que podemos calificar de importante. Subo a esta tribuna para fijar la posición de nuestro grupo para resumir los principios que han guiado, guían y van a guiar en el trámite parlamentario nuestra posición ante estos dos proyectos de ley.
Los servicios de inteligencia son servicios del Estado, son un instrumento más que el Gobierno tiene para garantizar la seguridad, es decir, para garantizar las libertades de los ciudadanos y para garantizar la democracia en un país. Creo que es bueno en este momento, reconociendo problemas, reconociendo errores dentro y fuera del servicio, reconociendo actuaciones impropias de algunos de sus miembros. Tenemos que reconocer también los importantes servicios que el servicio de inteligencia ha prestado a la democracia española. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamente, ocupa la Presidencia.) El objetivo de los servicios de inteligencia, a diferencia de otros servicios, no tiene como

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finalidad obtener pruebas, no tiene como finalidad perseguir delitos o crímenes y, por lo tanto, eso fija características distintas de otros servicios que sí que tienen como finalidad la obtención de pruebas y la persecución de delitos. La finalidad de un servicio de inteligencia es obtener información; a partir de esta información, elaborar inteligencia para ofrecerla al Gobierno y que el Gobierno tome las decisiones necesarias para garantizar la seguridad, la libertad y la democracia y que estas medidas se ejecuten a través de los servicios correspondientes que tiene el Gobierno. Y todo esto debemos tenerlo en cuenta a la hora de valorar y analizar los proyectos de ley.
Creemos que este es un buen proyecto de ley; si no lo creyésemos, no habríamos llegado al consenso básico al que hemos llegado. Después de trabajos y cesiones por ambas partes ha sido posible llegar a un consenso que es fundamental y que sigue siéndolo en esta cuestión de Estado como en todas las cuestiones de Estado.
Primero, todo buen proyecto, por bueno que sea, es mejorable en el trámite parlamentario; para esto existe el trámite parlamentario y en él y entre todos aún conseguiremos mejorar el proyecto de ley para que sea una buena ley. Será una buena ley -y en el proyecto están los elementos básicos para permitirlo- si garantiza los derechos de los ciudadanos, y las bases están en el proyecto al fijarlo al sometimiento al ordenamiento jurídico general. Pero no únicamente esto, sino que se refuerza ese sometimiento al ordenamiento jurídico con una medida específica de control judicial previo en determinados casos para aumentar las garantías de los ciudadanos. Además, se establece un control parlamentario que, en virtud de la autonomía de las Cámaras, estoy seguro de que entre todos conseguiremos mejorar, porque es un elemento importante.
Segundo, esta ley deberá garantizar también la eficacia de los servicios. Tenemos unos servicios de inteligencia -o debemos tenerlos- para que sean eficaces. Si no son eficaces, no sirven para nada o en todo caso sirven para lo contrario de lo que fueron creados. También hay otros elementos, como la figura del organismo público en el marco de la LOFAGE. Es una definición que establece un marco que permite un buen funcionamiento. Un elemento también importante es que es un marco de coordinación para los servicios de inteligencia o de información pertinentes, tema que sabemos que no es fácil, que va a ser difícil, lo ha sido en todos los países, y si se me permite la anécdota, en Francia se aprobó la ley del servicio de inteligencia en el año 1962 y en ella se fijaba la figura de una comisión delegada de coordinación; no se reunió hasta el año 1989, es decir tardó 27 años en celebrar su primera reunión. Esperemos que entre todos no sigamos el ejemplo francés en este caso.
Tercero, la ley debe ofrecer garantías al trabajo del personal que está en el centro, que realiza un trabajo de características muy especiales y por lo tanto también necesita unas garantías especiales, y la base de las mismas estará en el estatuto de personal -existe ya uno que está funcionando bien- y existirá también en los sistemas de cobertura y protección a sus actividades que se fijan en el proyecto de ley.
Estamos, señor ministro, señorías, ante una ocasión única en un tema sensible. Nuestro grupo podría haber optado por mirar al pasado, por mirar a la historia. Podría haber optado por la línea de los reproches y las culpas a actitudes anteriores. Pero hemos optado por el sentido de la responsabilidad, como también reconozco que ha hecho el señor ministro y el Gobierno. Ojalá siempre lo haga en todos los temas. Este sentido de la responsabilidad es el que ha permitido el consenso básico y el que con toda seguridad permitirá el aumento del consenso al máximo posible de la Cámara. Señor ministro, señores del Grupo Popular, no se puede confundir nuestro sentido de la responsabilidad y nuestra voluntad de consenso con la carta en blanco. No se puede pretender que la voluntad que tenemos en cuestiones de Estado vaya en una sola dirección y que sea únicamente el Gobierno el que determine lo que es una cuestión de Estado en la que puede haber consenso. La oposición tiene también el derecho a defender lo que son cuestiones de Estado en las que cree que debe haber consenso. Usted ha dado múltiples muestras de esta sensibilidad. Ojalá se generalicen y lo que hoy va a ser posible en el trámite de las leyes del Centro Nacional de Inteligencia lo sea en todos los temas de Estado.
Por todas estas cuestiones, señorías, nuestro grupo va a votar en contra de las enmiendas de totalidad que han sido presentadas por distintos grupos.
Muchas gracias, señora presidenta; muchas gracias, señorías.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Marsal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, para fijar la posición, tiene la palabra el señor Atencia.


El señor ATENCIA ROBLEDO: Con la venia, señora presidenta.
Señoras y señores diputados, señor ministro de Defensa, me corresponde subir a esta tribuna del hemiciclo del Congreso de los Diputados para fijar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con los dos proyectos de ley, uno con carácter orgánico, otro con carácter ordinario, que regulan el nuevo Centro Nacional de Inteligencia y el control judicial previo en las actividades de este centro. También me corresponde fijar la posición de nuestro grupo -el debate ya ha permitido profundizar de sobra en ello- respecto a las enmiendas de totalidad formuladas por tres grupos parlamentarios y que además es lo que provoca este debate y lo que al final votaremos.


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Pero, si me permiten, antes de mostrar la posición del Grupo Popular contraria a las enmiendas que solicitan la devolución de los proyectos, he de destacar algunas cuestiones. En primer lugar, que las leyes que hoy se someten a esta Cámara eran absolutamente necesarias, que no sólo corresponden a un compromiso político y programático del Partido Popular y del presidente Aznar, sino que corresponden, como seguro que todas SS.SS. coincidirán conmigo, a una necesidad de nuestro sistema constitucional.
Era necesario, señorías, que los servicios de inteligencia del Estado estuvieran regulados por ley y era necesario que se ajustasen al marco constitucional de nuestro país. Era necesario reformar el actual Centro Superior de Información de la Defensa, el CESID, creado durante la transición política y antes incluso de la elaboración de la Carta Magna. Era necesario, por tanto, someter los servicios de inteligencia del Estado al principio de legalidad y ajustarlos a los principios de control que de nuestra Constitución se derivan, que son el control parlamentario y el control judicial.
Los proyectos de ley que han sido presentados ya hace un buen rato por el ministro de Defensa atienden, a juicio del Grupo Parlamentario Popular, a estas necesidades. En primer lugar, ajustando el rango legal de las actividades propias de los servicios de inteligencia al marco constitucional, regulándose en una ley de forma unitaria la naturaleza, los objetivos, los principios, las funciones y los aspectos sustanciales de la organización y del régimen jurídico- administrativo del nuevo Centro Nacional de Inteligencia. En segundo lugar, velando por la adecuada coordinación de los servicios de información y de inteligencia del Estado y la formación de una comunidad de inteligencia que en la ley de creación del Centro Nacional de Inteligencia se establece, como es la Comisión Delegada del Gobierno para la Inteligencia del Estado, presidida por el vicepresidente primero del Gobierno, de la que formarán parte cuatro ministros y tres secretarios de Estado, entre ellos el propio secretario de Estado, director del Centro Nacional de Inteligencia.
Y, en tercer lugar, estableciéndose por primera vez en el ordenamiento jurídico de nuestro país los controles parlamentarios y judicial de las actividades del servicio de inteligencia a que antes hacía referencia.
Señorías, una vez que hagamos realidad los presentes proyectos de ley y los mismos estén vigentes, el Parlamento va a controlar las actividades del Centro Nacional de Inteligencia a través de la Comisión específica que en estos momentos existe en esta Cámara para los secretos oficiales que, como SS.SS. saben, es la que a la vez conoce y controla los gastos y los créditos reservados, y ello sin perjuicio de la autonomía, como ha dicho el señor ministro, de esta Cámara para establecer el mecanismo de las comisiones que se dedican a cada una de sus actividades. Esto es lo que se establece en la ley en función de la normativa vigente.
Además, en el proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo de las actividades del centro, ley complementaria, se establece que todas las actividades del Centro Nacional de Inteligencia que puedan afectar a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones que establece el artículo 18, apartados 2 y 3, de nuestra Constitución, exijan esa autorización judicial previa, que será estudiada y en su caso autorizada por un magistrado del Tribunal Supremo, ya sea de la Sala Segunda, de la Sala Tercera, de lo Penal o de lo Contencioso-administrativo, elegido por el pleno del Consejo General del Poder Judicial de acuerdo con las propias recomendaciones que dicho Consejo y el Consejo de Estado hacían en relación con el anteproyecto. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.) Es un procedimiento configurado de forma que garantiza el máximo respeto a los principios y a los derechos constitucionales. Y este, señorías, quiero remarcarlo, es un control que no sólo se introduce por primera vez en el ordenamiento jurídico de España, sino que es novedoso y yo diría que pionero en el sistema jurídico de nuestro entorno occidental. Baste analizar los sistemas jurídicos de los países de nuestro entorno, como hace el propio Consejo General del Poder Judicial en el informe que se une a esta ley. Creo que es de justicia resaltarlo.
Señora presidenta, señorías, sucintamente, por cortesía, puesto que la intervención anterior del señor ministro ha permitido profundizar en las enmiendas, voy a hacer en nombre del Grupo Parlamentario Popular un análisis de las enmiendas de totalidad que se van a someter a consideración. Tienen una característica general y es que con respecto al texto de las enmiendas se hacen algunas afirmaciones, y para nada tiene que ver nuestro punto de vista con el tenor literal de la ley, la voluntad y los principios que inspiran las propias leyes que estamos elaborando. Una cuestión que han planteado varios grupos parlamentarios es la adaptación o no de la ley a los principios constitucionales y de qué forma se respetan los derechos y libertades fundamentales de nuestra Constitución. Simplemente me remito a lo que el propio Consejo de Estado dice en su informe cuando analiza los límites, las posibilidades del desarrollo de nuestros preceptos constitucionales. Los informes del Consejo de Estado sobre estas dos leyes y el del Consejo General del Poder Judicial han destacado la plena constitucionalidad de ambos proyectos de ley.
Asimismo, el proyecto de ley orgánica de control judicial previo ha introducido recomendaciones del Consejo de Estado que han reconducido algunas de las sugerencias que hacía el informe del Consejo General del Poder Judicial, adaptándolas a la doctrina del Tribunal Constitucional, que en sentencia de noviembre de 1993 abordó la cuestión a la que tanto se ha hecho referencia con anterioridad, esto es, la famosa Ley de seguridad ciudadana, la llamada ley de la patada en la puerta o ley Corcuera, que, con el impulso precisamente

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del Grupo Parlamentario Popular y actuando como comisionado quien hoy ha intervenido y es ministro de Defensa, permitió establecer los principios en los que debe enmarcarse esta cuestión.
Precisamente esta ley regula, establece y se ajusta a ese marco que el propio Tribunal Constitucional ha mantenido y por eso, señorías, difícilmente se puede hablar de expresiones como patada en la puerta, porque nada más lejos de la voluntad del Grupo Popular y de este Gobierno, que ha dado ejemplo estando en la oposición y en el Gobierno de defensor de los principios fundamentales de las personas, concretamente de los principios establecidos en el artículo 18 de la Constitución. Aquí, señorías, no hay patada en la puerta, sino un escrupuloso respeto a los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos.
Señora presidenta, en las propias enmiendas se plantea alguna cuestión más como es la estructura de los servicios de inteligencia.
Ya lo dijo el señor ministro en su intervención: La eficacia exige mantener la unidad del Centro Nacional de Inteligencia frente a otros modelos de nuestro entorno, los modelos dualistas o triádicos que establecen otra situación. Aquí razones de eficacia, como ha dicho el señor ministro, de tradición y de economía aconsejan que se mantenga así. Además, quisiera remarcar que por eficacia operativa la unidad de actuación y la unidad de dependencia deben mantenerse, unidad de actuación y de dependencia del presidente del Gobierno, del conjunto del Gobierno de la nación y del ministro de Defensa. Pero esta unidad también está acompañada del principio de coordinación que la propia creación del mecanismo de comunidad de inteligencia significa en la Comisión delegada del Gobierno para la inteligencia del Estado, y representa un avance sustancial.
Voy a hacer algún comentario respecto a los controles parlamentario y judicial. Iba a hacer alguna referencia al informe del Consejo de Estado, pero no quiero cansar a SS.SS. y además el ministro de Defensa en la intervención de réplica pudo hacer referencia a ello.
El control parlamentario se introduce por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico y el control judicial no sólo se establece por primera vez en nuestro ordenamiento jurídico sino que -reitero- es pionero en todo nuestro entorno. Lean toda la legislación y todo el derecho comparado sobre esta materia y podrán comprobar que España es el país más avanzado, porque ha buscado unos mecanismos que permiten garantizar los principios de seguridad y de eficacia y hacerlo con perfecto respeto a la filosofía de esta ley.
Señora presidenta, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular entendemos que nos encontramos ante unos buenos proyectos de ley, la ley reguladora del nuevo Centro Nacional de Inteligencia y la ley orgánica que establece el mecanismo de control judicial previo. Estas son leyes que sin duda aún pueden ser mejoradas en el trámite parlamentario, son leyes que además responden a nuestras necesidades nacionales y a los principios que defiende este grupo parlamentario, pero son leyes que han nacido -como se ha remarcado en las anteriores intervenciones y por el propio ministro de Defensa- con un amplio consenso político y parlamentario. Como asunto de Estado que es requiere un pacto de Estado como el que se ha alcanzado hasta el momento. Por tanto, además del respaldo del Grupo Parlamentario Popular tiene el respaldo de otros tres grupos de esta Cámara, entre ellos ni más ni menos que el segundo y el tercer grupo de la Cámara. Por tanto, vamos a votar en contra de las enmiendas que se han presentado, pero este voto en contra no significa que en el propio trámite parlamentario no estemos abiertos a incorporar voluntades con la idea de que el propio texto pueda enriquecerse y tener más respaldo parlamentario, sino que significa un voto a favor de la modernización, a favor de la eficacia y a favor de la coordinación de nuestro servicio de inteligencia. Es un voto a favor de ajustarlo a los principios constitucionales y al principio de legalidad y es un voto a favor de disponer de unos servicios de inteligencia a la altura de los intereses de nuestro país, a la altura de España que cada vez tiene un papel más relevante en el concierto internacional. Con la apertura y la disposición del Grupo Parlamentario Popular de aprobar este texto con el mayor respaldo de esta Cámara, damos las gracias a la intervención de los distintos portavoces, incluso a los que no han coincidido con dicho respaldo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Atencia.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS: (VOTACIÓN)

- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY 11/1986, DE 20 DE MARZO, DE PATENTES, PARA LA INCORPORACIÓN AL DERECHO ESPAÑOL DE LA DIRECTIVA 98/44/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 6 DE JULIO, RELATIVA A LA PROTECCIÓN JURÍDICA DE LAS INVENCIONES BIOTECNOLÓGICAS. (Número de expediente 121/000025)

La señora PRESIDENTA: Enmiendas al proyecto de ley por la que se modifica la Ley 11/1986, de 20 de marzo, de Patentes, para la incorporación al derecho español de la Directiva 98/44/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 1998, relativa a la protección jurídica de las invenciones biotecnológicas.
En primer lugar, enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto. Enmienda número 26, del señor Saura Laporta.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 17; en contra, 173; abstenciones, 115.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 25, del mismo señor diputado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 115; en contra, 172; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la número 27, del señor Saura, y a la número 12, del señor Puigcercós.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 305; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas del señor Puigcercós. En primer lugar, la número 11.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 16; en contra, 174; abstenciones, 116.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda transaccional a la número 10, del señor Puigcercós, y a la número 5, del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 303; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Enmiendas del señor Aymerich. En primer lugar, votamos las números 6 y 8.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 13; en contra, 174; abstenciones, 119.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas Votamos a continuación la número 7.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 128; en contra, 171; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 9, del señor Aymerich.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 116; en contra, 171; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la número 19.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 134; en contra, 171.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 20.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 133; en contra, 172.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 116; en contra, 172; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, la número 22.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 116; en contra, 172; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 23, asimismo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 14; en contra, 171; abstenciones, 121.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 115; en contra, 171; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 135; en contra, 172.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, las números 28 y 40.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 304.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos a continuación las enmiendas números 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 44 y 50.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 120; en contra, 170; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda transaccional a la número 57.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 303; en contra, dos; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos a continuación la enmienda número 58.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 134; en contra, 172; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 306; a favor, 117; en contra, 171; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Iniciamos la votación del texto del dictamen. En primer lugar, los artículos 1 y 3.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 191; en contra, 19; abstenciones, 97.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Resto del articulado.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 290; en contra, 13; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos a continuación la exposición de motivos.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 182; en contra, 14; abstenciones 111.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


DEBATES DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS. (VOTACIÓN.)

- PROYECTO DE LEY REGULADORA DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA.
(Número de expediente 121/000057)

- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA REGULADORA DEL CONTROL JUDICIAL PREVIO DEL CENTRO NACIONAL DE INTELIGENCIA. (Número de expediente 121/000058)

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La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las seis enmiendas a la totalidad, de devolución, al proyecto de ley reguladora del Centro Nacional de Inteligencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 307; a favor, 23; en contra, 283, abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas de devolución al proyecto de ley orgánica reguladora del control judicial previo del Centro Nacional de Inteligencia.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 22; en contra, 282; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


DECLARACIÓN INSTITUCIONAL.


La señora PRESIDENTA: Señorías, la Presidencia, de acuerdo con la Junta de Portavoces, propone a la Cámara la siguiente declaración institucional: Ante los sucesos registrados en distintas ciudades de la República hermana de Argentina, como consecuencia de la aguda crisis económica por la que atraviesa el país, el Congreso de los Diputados manifiesta su inquietud y preocupación por tales hechos, expresa su más firme y plena solidaridad con el pueblo argentino, su confianza en que el Gobierno y la oposición, las instituciones y organizaciones sociales acertarán a afrontar la crisis, restablecer la confianza y concertar un gran esfuerzo nacional para superar la difícil situación. Insta a que se intensifiquen las acciones internacionales, especialmente en la Unión Europea, Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo, que contribuyan a superar la gran crisis económica y política que padece. Afirma su convicción de que la democracia argentina puede y debe encontrar, en el respeto a sus instituciones y en las reglas propias de los Estados de derecho y las sociedades libres, los recursos y energías suficientes para superar la crisis, promover la justicia y fortalecer las instituciones y prácticas democráticas.


¿Lo acuerda la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

TRAMITACIÓN DIRECTA Y EN LECTURA ÚNICA DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE PRORROGA LA VIGENCIA DEL CONCIERTO ECONÓMICO CON LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DEL PAÍS VASCO APROBADO POR LEY 12/1981, DE 13 DE MAYO. (Número de expediente 121/000061)

La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Tramitación directa y en lectura única de iniciativas legislativas. Proyecto de ley por la que se prorroga la vigencia del Concierto Económico con la Comunidad Autónoma del País Vasco aprobado por Ley 12/1981, de 13 de mayo.
Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.) Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que les ruego que abandonen el hemiciclo, quienes lo vayan a hacer, con la mayor diligencia posible y en silencio. (Pausa.) Adelante, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, comparezco hoy ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley de prórroga del vigente concierto económico, una ley que salvaguarda y da legitimidad a la foralidad de las diputaciones del País Vasco y a sus relaciones con la Hacienda estatal.
Como SS.SS. conocen, el artículo 1.º del concierto económico, aprobado en 1981, limita su vigencia hasta el 31 de diciembre de este año, por lo que se creó la necesidad de acordar un nuevo concierto que entrase en vigor a partir del 1 de enero de 2002. Aunque la Ley del concierto lleva vigente 20 años, hemos de reconocer que es una ley viva, una ley actual, y eso es así porque se han realizado a lo largo de este tiempo sucesivas modificaciones, todas ellas necesarias, para mantenerla actualizada. Así, han sido en concreto cinco las actualizaciones que la ley vigente ha experimentado a lo largo del tiempo, todas ellas siempre coincidentes con cambios en la legislación tributaria estatal. En diciembre de 1985, la Ley 49/1985 adapta el concierto económico a la legislación del impuesto sobre el valor añadido. En junio de 1990, la Ley 2/1990, modifica el concierto económico para dar cabida a la nueva Ley reguladora de las Haciendas locales y a la Ley de tasas y precios públicos. En diciembre de 1990, la Ley 27/1990 actualiza nuevamente el vigente concierto económico.
En diciembre de 1993, tras cambios en la legislación del impuesto sobre el valor añadido y en la de impuestos especiales, el concierto vuelve a modificarse con la Ley 11/1993. En agosto de 1997 se aprueba la última, y más importante, modificación de la Ley del concierto.
Así, la Ley 38/1997 aborda la adaptación del concierto económico a distintas modificaciones producidas en el ordenamiento jurídico tributario del Estado, de entre las que destacan la implantación del impuesto sobre las primas de seguros y las derivadas de la reordenación de una parte del sistema tributario estatal, integrada por

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los denominados tributos cedidos, como consecuencia del nuevo sistema de financiación autonómica establecido en ese año para las comunidades de régimen común. Se amplió la potestad tributaria foral con motivo de la concertación de los impuestos especiales, una vez que dejaron de recaudarse mediante monopolios fiscales. Se avanzó en materia de principios de armonización fiscal, simplificando y aclarando el sentido de los mismos, y en materia de colaboración entre administraciones, previendo la colaboración de las instituciones del País Vasco en los acuerdos internacionales que incidan en la aplicación del concierto económico. Se avanzó también en materia de no residentes, fijando la competencia para la exacción de estos tributos. Finalmente, en materia de régimen de tributación consolidada de grupos de sociedades, se permitió la aplicación de la normativa autónoma cuando las entidades integrantes del mismo estén sujetas a normativa foral en el régimen de tributación individual. El principal resultado de esta última modificación es un claro incremento, un claro avance de la capacidad de autogobierno de los territorios históricos del País Vasco, hasta el punto de que el actual lehendakari del Ejecutivo vasco, don Juan José Ibarretxe, que en 1997 ejercía como vicelehendakari, en una entrevista concedida al Correo Vasco el 31 de mayo de 1997 afirmó literalmente: La reforma supone un gran paso desde el punto de vista del autogobierno vasco, porque profundiza en algo muy querido como es tener mayor capacidad para establecer los impuestos, para recaudarlos y gestionarlos.
Estamos, por tanto, señorías, ante un buen concierto económico que ha permitido una plenitud de autogobierno en materia fiscal al País Vasco, a su comunidad autónoma y a sus territorios históricos. Es la Ley del concierto la que dota de virtualidad la capacidad de los territorios históricos para mantener, establecer y regular su propio régimen tributario y la que regula las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco. La Ley del concierto es aquella que determina los puntos de conexión que permiten conocer cuándo se entiende producido el rendimiento de un impuesto en el territorio de una diputación foral y la normativa común o foral por la que se debe regir el pago de ese tributo. Debo insistir esta tarde precisamente en este punto. La ausencia de una ley de concierto, el no tener una ley de concierto económico en vigor supondría para los ciudadanos y para las empresas, para los contribuyentes en suma, una situación de inseguridad jurídica provocada por un vacío legal. Es precisamente este vacío legal el que el proyecto de ley de prórroga pretende corregir, pretende subsanar.
Tal como he expresado, señorías, tanto el Ejecutivo del País Vasco como las diputaciones forales y los propios agentes económicos y sociales de esa comunidad reconocen, al igual que lo reconoce e identifica el Gobierno de España, que el actual concierto ha servido para potenciar el autogobierno del País Vasco, potenciando a su vez su desarrollo económico. Ha dado madurez a ese autogobierno en materia tributaria, en materia fiscal de Euskadi, y ha dado en sí mismo plenitud al Estado de las autonomías en toda España. Todos coincidimos no ya en la necesidad, sino en la oportunidad, de mejorar esta institución a partir de la experiencia acumulada en los veinte años de vigencia y de la experiencia derivada también de sus sucesivas adaptaciones. Es precisamente esta voluntad la que lleva al Gobierno a entablar las oportunas conversaciones con el Ejecutivo vasco y con las diputaciones forales para la renovación del vigente concierto económico. La negociación acometida ha sido larga y laboriosa. En mi condición de ministro de Hacienda propuse el inicio de esas conversaciones con la vicelehendakari ya en el mes de febrero de este año, antes de que se celebraran las elecciones en el País Vasco, precisamente para separar las relaciones institucionales de las campañas políticas propias de una convocatoria electoral. En aquel momento no pudimos siquiera llegar a un acuerdo para llevar adelante la convocatoria de una comisión mixta de cupo. En definitiva, las circunstancias políticas llevaron a posponer la negociación hasta pasadas las elecciones. Una vez constituido el nuevo Gobierno en el País Vasco se retomaron las negociaciones y, después de más de 25 reuniones técnicas y políticas en las que se llegó a concluir que era conveniente introducir en el concierto hasta 68 mejoras de ámbito jurídico-fiscal, no ha sido posible alcanzar un acuerdo definitivo. El pasado 30 de noviembre era la fecha tope para la tramitación de un proyecto de ley que entrara en vigor el 1 de enero del año próximo, de acuerdo con los plazos reglamentariamente establecidos en las Cámaras. Llevar el actual proyecto de ley al Consejo de Ministros del 30 de noviembre implica, respetando los plazos, habilitar un Pleno no previsto en el Senado que se celebrará el próximo 27 de diciembre, por lo que no podíamos demorar más la negociación, no podíamos demorar más la toma de decisiones sin poner en peligro la existencia misma de una ley de concierto para el año 2002.
El Gobierno de España pretende, mediante este proyecto de prórroga, como ya he dicho y quiero repetir, salvaguardar la seguridad jurídica de los ciudadanos, de los contribuyentes y de las instituciones mismas del País Vasco, muy en concreto de sus diputaciones forales, de sus haciendas forales. La ausencia de una ley de concierto que regule las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco originaría un vacío legal no deseable, no deseado por ninguna de las instituciones, tampoco por ninguna de las administraciones, y provocaría la vulneración -como vengo insistiendo- del principio de seguridad jurídica para los ciudadanos cuya protección ampara la Constitución española en su artículo 9.º, artículo por el que se garantiza el principio de legalidad y seguridad jurídica. Asimismo, el artículo149.1.13 atribuye al Estado las bases y coordinación

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de la planificación general de la actividad económica. Respondiendo a estas obligaciones constitucionales, el Gobierno presenta hoy a la Cámara este proyecto de ley que está orientado a garantizar la permanencia del régimen foral de los territorios históricos dentro del Estado de las autonomías en España. De hecho, la Ley del concierto económico se fundamenta, en primer lugar, en la Constitución española y, como es lógico y también normal, en el propio Estatuto de Autonomía del País Vasco.
La disposición adicional primera de la Constitución española ampara y respeta los derechos históricos de los territorios forales. El Estatuto de Autonomía para el País Vasco, por su parte, plasma y conforma la previsión constitucional en el ámbito tributario y prevé los mecanismos para la fijación del cupo, que se concretan posteriormente en una ley quinquenal. En particular, en su artículo 41 se establece que las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco vendrán reguladas mediante el sistema foral tradicional de concierto económico o convenios, recogiendo además los principios y bases del contenido del régimen del concierto.
Igualmente este artículo 41, en su punto 2.A, faculta a las instituciones competentes de los territorios históricos para regular el régimen tributario dentro de su territorio, atendiendo a la estructura general impositiva del Estado y a las normas que contenga el propio concierto, explicitando claramente que el concierto se aprobará por ley.
Señorías, es necesaria la existencia de una ley que establezca el marco tributario y el método de determinación del cupo en el que se pueden y se deben desenvolver las diputaciones forales. Para delimitar el campo de actuación de los territorios históricos hace falta, pues, una ley aprobada por las Cámaras parlamentarias, la Ley del concierto que salvaguarde la esencia misma de la foralidad y las capacidades que de ésta se derivan. La mera existencia de un acuerdo en cuanto a renovación del concierto no es suficiente si no se plasma en una ley, porque sin una ley, señorías, ¿cómo vamos a garantizar que los contribuyentes efectúen sus pagos en las correspondientes diputaciones? Todos sabemos que en cualquier Estado de derecho es la ley el instrumento necesario para que todos los ciudadanos cumplamos nuestras obligaciones y también, dentro de las mismas, las obligaciones tributarias. En este caso las leyes tributarias, como en definitiva es hoy la que presentamos en lo fundamental aquí, son leyes que establecen el procedimiento a seguir. Es necesaria una ley y, desde ese convencimiento, el Gobierno propone la prórroga del concierto vigente, que fue objeto de acuerdo para garantizar la existencia de esa ley y con ella las capacidades tributarias y financieras de las diputaciones forales. En cualquier caso, la tramitación de la prórroga del concierto no supone, en modo alguno, el abandono ni mucho menos la marginación de las negociaciones que estamos llevando adelante por parte del Gobierno con el Ejecutivo vasco y con las diputaciones forales. Como de todos es sabido, las conversaciones continúan e incluso la próxima semana está previsto que celebremos una nueva reunión al máximo nivel político en la que tendremos ocasión de alcanzar o, por lo menos, de acercarnos al acuerdo. Sin embargo, estas conversaciones y negociaciones ahora las realizamos con la seguridad de que, sea cual fuere el resultado final, el concierto económico, como garante de la foralidad y de la articulación de ésta dentro del Estado español, está plenamente garantizado por el proyecto de ley que estoy presentando; proyecto de ley que se transformará en ley y que entrará en vigor, si así lo deciden las Cámaras, el 1 de enero del año 2002. Sin duda, para alcanzar el acuerdo hace falta voluntad política. Esa es la voluntad que tiene el Gobierno de España y es la voluntad que se ha plasmado en una propuesta de más de 68 mejoras al actual concierto, que en definitiva es positivo y eficiente, pero también es un concierto que entre todos podemos actualizar y mejorar. La principal propuesta sería la declaración del carácter indefinido del concierto.
La carencia de una ley de concierto pondría en peligro la propia capacidad que otorga la Constitución y el Estatuto de Autonomía de Euskadi a los territorios históricos. En su artículo 3 el estatuto expresa que cada uno de los territorios históricos que integran el País Vasco podrán, en el seno del mismo, conservar o en su caso establecer y actualizar su organización e instituciones privativas de autogobierno; y el artículo 37 llega aún más allá diciendo que los órganos forales de los territorios históricos se regirán por el régimen jurídico privativo de cada uno de ellos. Para que se puedan cumplir estos preceptos necesitamos de una ley marco, la Ley del concierto que permita a estos territorios fijar y modificar su régimen tributario de carácter privativo. Esto es, señorías, lo que el Gobierno ha pretendido con el proyecto de ley que hoy presento.
Pretende, en definitiva, que exista un concierto económico en el País Vasco para que el vacío jurídico no se imponga, para que el vacío jurídico no atente contra el régimen foral de los territorios históricos que tanto nuestra Constitución como el Estatuto de Autonomía de Euskadi reconocen y ratifican, conformando definitivamente el Estado de las autonomías consultancial a la España democrática europea, con marcada vocación internacional, que es la España del siglo XXI.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.
A este proyecto de ley ha sido presentada una enmienda de devolución y de totalidad. Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene lapalabra el señor Rejón,

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El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, a tenor de lo que aparece en diversos medios de comunicación que va a ser uno de los hilos conductores o de los elementos fundamentales que recorre la ponencia sobre tema territorial, tema constitucional del próximo congreso del partido que soporta al Gobierno, parece que el leitmotiv, el pegamento es una especie de estereotipo en expansión, que dirían los estudiosos, que ustedes han acuñado retomándolo del viejo Habermas acerca del patriotismo constitucional.
Señorías, no hace mucho tiempo, veinte años escasos -la memoria no es flaca en estas cosas-, que el núcleo fundamental de lo que hoy es el partido que soporta al Gobierno, los sectores políticos, ideológicos y de clase que estaban detrás del partido que soporta al Gobierno apostaban más por el patriotismo y por el patrioterismo que por lo constitucional. No obstante, nunca es malo lo que al final llega; más vale tarde que nunca. Al mismo tiempo que reconozco el más vale tarde que nunca, señorías, hay un hecho, y es que espero que eso se tenga en cuenta a la hora de no utilizar la Constitución como piedra, que abrazarse a la Constitución no se utilice como elemento arrojadizo sobre fuerzas políticas que están vivaqueando en la Constitución, asentados a gusto en la misma durante muchos años. Muchos de los que nos sentamos por estos lados, posiblemente tragándonos elementos con los que no estábamos de acuerdo como la monarquía parlamentaria, o elementos sentimentales como el color de la bandera, fuimos por los pueblos defendiendo el sí a la Constitución, y defendiendo el no vi muchas caras que luego aparentan otras cosas. Por eso la antigüedad en esto también es un grado, y es conveniente que encima no vengan extramuros de la Constitución a darnos lecciones a los que estuvimos en casa tragando muchas cosas, en desacuerdo pero intentando, eso sí, construir entre todos la Constitución de la concordia.
La segunda cuestión es que esta es la Constitución que tenemos, y mientras que sea esta la que tenemos hay que cumplirla, y hay que recordar a quien corresponda que la vigente Constitución española, que tiene algo así como 169 artículos, cuatro disposiciones adicionales, nueve transitorias, tres derogatorias y una final, es un todo integral, por lo que no es más artículo el 2, el de la unidad territorial del Estado español, que otros artículos en un momento determinado, sino que es todo una integralidad que se va cruzando. Yo creo que nunca se estará suficientemente agradecido a aquellos padres -no hubo ninguna madre entre los redactores- de la Constitución española -uno se sienta en un escaño de esta Cámara- y hay que reconocer que hicieron esfuerzos malabares en unos momentos complejos, pues el año 1978 no era cualquier año y había demasiadas brujas, como en Macbeth, velando la cuna de aquella Constitución.
Incluso si me lo permiten -y no es una falta de respeto sino, al contrario, un exceso de cariño a la Constitución- el año 1978 no fue una buena añada en el Rioja, hubo zonas buenas y zonas malas, y la Constitución, por esa necesidad de atender a todos los juegos y a toda la gente que estaba trabajando en torno a ella en esa situación compleja, tuvo que ser también muy variopinta. Por eso somos muchos los que, reconociendo el esfuerzo de la gente que hizo aquello, pensamos que en la Constitución no hay un modelo de Estado. En la Constitución española de 1978 conviven cuatro modelos de Estado, lo que le permite una determinada flexibilidad. Hay un modelo autonómico clásico, que es el que durante mucho tiempo se ha aplicado para la relación con las comunidades llamadas del 143; hay en la Constitución -y se hace uso de ello- un modelo no federal pero cuasi federalizante, que es el que sirve en la relación con las comunidades del 151; hay también en parte de la Constitución netamente un Estado centralista y hay en la Constitución elementos de una relación confederal. Nos podrá gustar más o menos, pero esa es la Constitución. Los padres de la Constitución española plantearon una relación confederal en los temas económicos fundamentalmente con los territorios denominados forales, y esa relación confederal obliga, nos guste o no. Pero como la Constitución es un todo, y no se puede decir que yo cojo la carne y aparto las patatas o cojo las patatas y aparto la carne, se tiene que tener un tremendo respeto hacia ella.
Es más, hay una sentencia del Tribunal Constitucional, la 76/1988, que traigo en amparo y que dice más o menos: Ni las instituciones comunes vascas (Gobierno vasco, Parlamento vasco, etcétera) ni las instituciones comunes españolas (Gobierno de la nación, Cortes Generales, etcétera) pueden atacar el núcleo intangible de la foralidad. Más adelante dice: Este Tribunal Constitucional garantiza que la foralidad se actualice de acuerdo con la Constitución española pero también que el sistema foral, que en materia financiera cristaliza en el caso vasco en el concierto económico, no sea desnaturalizado de forma unilateral por ninguna de las dos partes llamadas a negociar el concierto y el cupo vasco. De todo el proceso, usted, su ministerio, los técnicos o la comisión negociadora cuentan una versión, y seguro que es la que han vivido, pero también hay otras versiones que hablan de que usted ha llegado con el trágala. Ha habido partes del tramo de la negociación que han sido interesantes y se ha podido llegar a 68 puntos de acuerdo, como usted planteaba, pero en muchos temas ha llegado usted con el trágala y ha dicho: Esta es la cantidad que yo tengo que llevarme de cupo y esto es la que hay. Lo mismo ha hecho usted o su ministerio -y no me extraña- con la enmienda en el Senado relativa a la sanidad: Esto es lo que hay, si la quiere la toma y si no se van a enterar ustedes por dónde sale el sol todas las mañanas. Algo ha dejado entrever en su intervención. Se saltó todo el entramado constitucional y amenazó en público diciendo: Si no llegamos a un acuerdo ya me pondré a negociar con las diputaciones forales. Señor ministro, eso es pegarle

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unas cuantas patadas a la Constitución o al bloque constitucional, estatuto, etcétera. Le he traído la sentencia donde dice que no se puede actuar unilateralmente. Me imagino que tanto a S.S. como a mí nos hubiera gustado no estar aquí porque este punto no se hubiera tenido que debatir. Incluso yo ayer planteaba que ojalá se hubiera llegado a un acuerdo y hoy la presidenta lo hubiera retirado. Me consta que hay voluntad para llegar a un acuerdo la próxima semana.
Aunque nos fastidien ustedes el 27 ó el 28 de diciembre, ojalá tengamos que venir, aunque sólo sea un momento, a ratificar la cuestión. Estoy apostando por ello. Pero, señor Montoro, no se puede llegar a los acuerdos por la técnica del trágala. Lo que le criticamos fundamentalmente es que cuando hay una relación confederal, los acuerdos hay que pactarlos, pero también los desacuerdos. Usted no ama más, simplemente igual; no le preocupa más, simplemente igual que al Ejecutivo vasco el empresario y el ciudadano vasco. Fíjese que le digo igual; aquí ya no hay más salva patrias que otros, aquí ya todos tenemos el pescado vendido en un sentido determinado, no nos contemos historias; pero no venga usted diciendo que el empresario vasco se va a encontrar, es que el ciudadano vasco se va a encontrar; oiga, es que el Gobierno vasco también se debe plantear eso, aparte de que habría otra cuestión. El desacuerdo, señor ministro, hay que pactarlo cuando hay ese tipo de relación y no decir paternalmente aquí que usted soluciona el tema. No puede haber ese vacío -aunque hay distintas interpretaciones sobre si existe o no ese vacío-, pero para que no haya ese vacío usted dice que soluciona el tema. Pacte también si quiere esa prórroga con un Gobierno determinado. Y yo, señorías, ¡qué decir! Evidentemente sobre el tema de la cuantía se podría hablar, sí. Hay sectores en mi fuerza política que opinan que a lo mejor habría que aumentar el cupo, que podía negociarse, que puede no estar bien colocada en un momento determinado, por qué no. ¿Por qué vamos a discutir? Me consta que el Ejecutivo vasco está dispuesto en ese sentido, pero su gran preocupación no es solo la relación con la Comunidad Europea, que entraría en un marco general, su auténtica preocupación sobre el ECOFIN y su presencia, está en que con estas actuaciones el concierto y el cupo vasco -como intentan en algunos sectores europeos- va a parecer más una subvención que una auténtica política fiscal y tributaria. Con actuaciones como la de hoy ustedes debilitan la credibilidad de ese sistema; esta propuesta terminará y será utilizada en algunos foros europeos para intentar justificar, señorías, que el concierto y el cupo vaso es una forma de subvención en el Estado. Al tiempo. La preocupación del Gobierno vasco no lo es tanto en el tema de la prórroga, aunque yo no sé lo que puede estar pensando el Gobierno del Partido Nacionalista Vasco. Si yo fuera Gobierno estaría encantado con la prórroga de los presupuestos. La prórroga presupuestaria por un Gobierno autonómico y otras prórrogas es un Nirvana, es una cosa encantadora, puedes hacer lo que te dé la gana y de aquello que no puede ser echas la culpa a la oposición que no te deja aprobar; de eso algo sufrí en la Andalucía de 1994 a 1996 y aprendí que la prórroga presupuestaria es magnífica. Independientemente de esto, lo que sí preocupa al Gobierno, y no solamente al Gobierno vasco nos debe preocupar a todos aquellos que vivimos con la preocupación de la territorialidad de ese Estado plural y plurinacional recogido en esta magnífica Constitución de 1978, es que se esté debilitando la credibilidad y el enclave jurídico de todo ese concierto. Espero que el tiempo resuelva a favor; desde luego es nuestra intención, en la medida de nuestra humildes posibilidades, que se llegue a un acuerdo cuanto antes para no debilitar todo el proceso negociador y todo el sistema de conciertos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. ¿Turno en contra de la enmienda de totalidad? (Pausa.-El señor ministro de Hacienda, Montoro Romero, pide la palabra.) Señor ministro, usted puede intervenir cuando quiera, bien entendido que reabre debate.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señoría, me parece un asunto suficientemente importante como para que dediquemos unos minutos a lo que es el sentido mismo de una enmienda a la totalidad que presenta Izquierda Unida. En primer lugar debo recordar a todos, a la Cámara y supongo que no al portavoz de Izquierda Unida que ha subido a esta tribuna, que Izquierda Unida es parte del Ejecutivo vasco, forma parte del Gobierno vasco, porque ha subido a esta tribuna como para hablar de otros, de alguien que está sosteniendo al Gobierno vasco. No, Izquierda Unida está en el Gobierno vasco, señor Rejón, y por tanto se supone que está hablando un socio del Gobierno vasco desde esta tribuna. Se supone que es así, lo digo para que todos nos coloquemos en el sitio que estamos y con nuestras responsabilidades políticas.
En segundo lugar, en relación con lo que le gusta hacer al señor Rejón, que es dedicar parte de su tiempo a un planteamiento filosófico sobre lo que ha sido la historia reciente de la democracia española, la historia de nuestra Constitución y la historia de lo que han sido las diferentes fuerzas políticas que dan lugar a esa Constitución, no le voy a recordar, señor Rejón, cuáles son los ancestros del Partido Comunista de España y lo que es el planteamiento democrático, que sin duda alguna ayudó a auspiciar esos reconocimientos y esa identificación. (Rumores.) Sin duda alguna, ustedes pueden decir que no hay un modelo de Estado en la Constitución española. Yo no puedo aceptar ni muchísimo menos esa conclusión,

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señoría. En la Constitución española hay un modelo de Estado, hay un modelo de democracia, hay un modelo de Estado de derecho y hay una organización política del Estado español, señor Rejón. En la Constitución española, como yo también he descrito en mi intervención, es donde se ampara el derecho, que es un derecho histórico de los territorios forales. Ahí es donde reside ese derecho, señor Rejón, y ese derecho histórico de los territorios forales es su capacidad de autogobierno en materia fiscal armonizada con la Hacienda del Estado. Eso es lo que hace nuestra Constitución, eso es lo que desarrolla a continuación el Estatuto de Gernika, señor Rejón; y después se establece en el propio estatuto el sistema de cupo, que no es otra cosa que la financiación que nace de las propias haciendas forales para el conjunto de la Comunidad Autónoma Vasca a efectos de financiar aquellos servicios del Estado que la comunidad autónoma, las propias diputaciones forales no están financiando directamente. Por tanto, señoría, una cosa es el concierto y otra es el cupo. Le he visto mezclando en su intervención, que ha sido mezclada cuando no confusa en relación a lo que se estaba negociando y a lo que se estaba definiendo. La Ley del concierto, como he dicho en mi primera intervención, es la ley que en definitiva está articulando a la Hacienda foral, a la definición del hecho imponible, es la ley que también establece los puntos de conexión entre los hechos imponibles forales y los hechos imponibles estatales. No se puede aplicar la foralidad sin la Ley del concierto, señoría, y me gustaría que usted me dijera desde la tribuna, porque ha dicho que hay varias interpretaciones sobre el vacío que provocaría la inexistencia de una Ley del concierto; pues diga desde aquí, desde la tribuna, si en opinión de Izquierda Unida, del enmendante a la totalidad de un proyecto de ley que preserva la foralidad, realmente habría vacío jurídico. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.) Y diga sobre todo (pero dígalo sin que se lo apunte ningún integrante de otro grupo político, porque se supone que una enmienda a la totalidad ya tiene estudiado el planteamiento), diga exactamente desde la tribuna por qué no habría o sobre qué artículos del Estatuto de Gernika se define la concreción de ese hecho imponible y por qué un contribuyente estaría sujeto a una hacienda foral, señor Rejón. Dígalo y no diga que hay varias versiones. Supongo que Izquierda Unida tendrá una versión cuando presenta una enmienda a la totalidad en una cuestión tan importante, señor Rejón. Estamos hablando efectivamente de un modelo de Estado en España, estamos hablando del modelo del Estado de las autonomías en España, señor Rejón, de eso estamos hablando; estamos hablando del papel que tiene la Comunidad Autónoma Vasca en el Estado de las autonomías, estamos hablando de la foralidad en el Estado de las autonomías, señor Rejón, de eso estamos hablando, y cómo es posible que se ejerza esa foralidad, esa capacidad tributaria propia armonizada con el Estado español si no existe una Ley del concierto. De eso estamos hablando esta tarde, señor Rejón, y eso es lo que pretende Izquierda Unida, que haya un vacío legal, que haya un vacío jurídico (Aplausos.), y que por tanto las diputaciones forales no puedan ejercer a partir del 1.º de enero del año 2002. Eso es lo que realmente se está proclamando por quienes aducen que no se promueva una ley de prórroga. La ley de prórroga no toca una sola coma de la Ley del concierto actual, señorías. La ley de prórroga, por tanto, está prorrogando un acuerdo. Lo que esa ley pretende es evitar el vacío jurídico fiscal que se produciría si no tuviéramos en vigor una Ley del concierto. Una ley no es igual a un acuerdo, señoría. Lo que el Gobierno y yo mismo deseamos es alcanzar la próxima semana un acuerdo, que tendríamos que plasmarlo en ley. El Consejo de Ministros, a partir del acuerdo que consiguiéramos en los próximos días, tendría que promover otro proyecto de ley que deberíamos remitir a las Cámaras, las cuales tendrían que tramitarlo, sea por la vía de urgencia o por la vía ordinaria. Por tanto, tendríamos que emplear semanas, cuando no meses, para tener en vigor una nueva Ley del concierto. Por eso era necesario promover esta prórroga, señor Rejón, para evitar el vacío jurídico que se produciría en el supuesto de no llegar a un acuerdo, provocando que caducara la Ley del concierto el 31 de diciembre del año 2001.
Estos son los argumentos del Gobierno, argumentos que resumo después de la intervención que S.S. ha hecho, filosofías aparte sobre la Constitución y concreciones sobre el modelo de Estado que quieren ustedes para España, que algún día sería bueno que supiéramos todos los ciudadanos españoles qué quiere Izquierda Unida como modelo de Estado para España. También en Andalucía, señor Rejón, sería bueno que Izquierda Unida explicara cuál es el modelo de Estado que quiere para el conjunto de España. Ese modelo de Estado, señorías, es el que define la Constitución y lo que preserva una ley como la que trae a la Cámara el Gobierno, una ley que salvaguarda la foralidad, que nos abre espacios al acuerdo político para que podamos renovar ese concierto. La voluntad del Gobierno ha estado expresada en los 68 puntos que ya han sido acordados por la otra parte de ese acuerdo, empezando como decía por uno que es fundamental: el carácter indefinido del concierto, para que ningún Gobierno de España, ningún Gobierno de Euskadi, ninguna Diputación Foral tenga que volver a vivir una situación como la del no acuerdo, porque no tiene sentido, señorías. La foralidad es consustancial a la España de las autonomías, la foralidad es consustancial a nuestro modelo de Estado que define la Constitución, y por tanto no tiene sentido que se esté oponiendo a la prórroga de una ley que preserva la foralidad, el funcionamiento de las diputaciones forales y abrir tiempos al acuerdo que permita unaley del concierto renovada, modernizada y actualizada

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a partir de la propia experiencia, una ley que evite los conflictos entre las haciendas, y en definitiva que adecue el funcionamiento de las diputaciones forales a la nueva hacienda del Estado, resultante de las reformas tributarias que está promoviendo el Gobierno y a las normas de la Unión Europea, que cada vez son más importantes y que nos obligan a todos.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor ministro.
Señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señor Montoro, con su historia reciente de gran ministro y dirigente de un equipo colectivo yo no me subiría a la tribuna a dar lecciones a todo el mundo, porque hasta ahora, señor ministro, lo que le conozco son dos cuestiones: que su hombre de confianza ha sido un chorizo, pero un chorizo como la copa de un pino... (Rumores.). Sí, así de claro, en el caso de Gescartera. Le reconozco otra cuestión: que ha tenido que irse al truco, a la vía torticera del Senado para introducir una serie de enmiendas; y una de dos, o verdaderamente usted lo tenía previsto y si no lo trajo aquí y lo llevó al Senado usted estaba engañando a los que firmaron los acuerdos y a esta Cámara, o bien señor ministro no lo tenía pensado, se le ocurrió en el último momento y entonces es usted un chapuzas. O es un trilero o un chapuzas, señor ministro, así que no suba aquí a dar lecciones a nadie. (Aplausos.-Rumores.) Siempre he defendido la educación parlamentaria hasta que se empiezan a decir tonterías acerca de los ancestros comunistas y luego le voy a comentar algo acerca de eso, porque todo en esta vida llega. Además, a usted le sale el alma de nardo. Dice que al señor Rejón le gusta hablar de filosofía. A mí me gusta hablar de política. ¿Tiene usted miedo a que hablemos de política? Ese es el problema. A usted le gusta lo administrativo, pero aquí no estamos en la sede de una cátedra de derecho administrativo, sino en el templo de la política, señor ministro, hay que hablar, y por eso yo he hablado de ese marco. Usted en un momento determinado plantea qué modelo de Estado tenemos. Le pienso regalar el libro. Tenemos un modelo muy amplio, una propuesta teórica que tendrá un respaldo mayor o menor, pero tenemos modelo; lo que no tenemos muy claro es cuál es el modelo de Estado del Partido Popular, dirigido por un presidente, el señor Aznar, que hace 20 años decía que el título VIII de la Constitución española era una charlotada. Ahí están los ancestros, señorías. Yo le pediría a usted, señor ministro, que respete más a fuerzas políticas como el Partido Comunista. No voy a hacer una interpretación selectiva de la historia, pero el sacrificio de los hombres y mujeres que formaron y forman parte del Partido Comunista, así como el de otras personas, el de gente perteneciente al Centro Democrático, de los que ustedes han abjurado en ciertos momentos, trajo la democracia a este país. La historia del Partido Comunista en este país, señor ministro, es totalmente impecable, con todos sus errores, pero no debe coger S.S. el camino fácil. Yo no voy a coger el camino fácil del correaje ni de las camisas blues.
(Risas.) ¿Para qué? Eso es muy fácil, señor ministro, eso es lo más fácil, igual que hablar de la derecha montaraz que es muy fácil y yo no lo voy a hacer, ya que como demócrata aposté y puse mi pequeño grano de arena para que existiera una derecha democrática necesaria en este país, de la misma forma que algunos sectores suyos, como Suárez y otros, apostaron porque hubiera una izquierda democrática.
Por tanto, no nos echemos aquí esas cosas en cara. (El señor Del Burgo Tajadura: Tú has sacado la cuestión a colación.) No, quien la ha sacado ha sido el señor Montoro al hablar de esos temas en un momento determinado. (Rumores.) Pero vamos a la cuestión. No se produciría vacío, señor ministro; las propias leyes vigentes ocuparían el sitio en su propio desarrollo sin necesidad de su decreto de hoy, porque su decreto de hoy consiste en decir que este es el puente por el que hay que pasar, señor ministro. Esa es la situación y usted, vuelvo a insistir, sigue anteponiendo lo administrativo a lo político. (El señor Del Burgo Tajadura: ¿Qué pasaría?) Señor ministro, concierto viene de concertar, de acordar y no de imponer, porque si no sería un impositorio (Risas.), pero no un concierto. Concierto es la acción de concertar, llegar a acuerdos entre las partes, entre partes que se reconocen con suficiente capacidad en un momento determinado.
Por último, señor ministro, yo he dicho aquí que me siento parte del Gobierno vasco, pero nosotros tenemos una estructura federal y nuestras partes, nuestras federaciones tienen un determinado grado de autonomía para concertar con fuerzas políticas de su ámbito. Desde aquí tienen nuestra solidaridad y el respaldo, como hemos demostrado a los compañeros de Ezker Batua. Al mismo tiempo he terminado diciendo que desde nuestra pequeña cuota parte -porque uno también sabe quién es, cuantitativamente sabe quién es- procuraremos que haya un acuerdo. Esperaba que usted se agarrara a ello y no que en un momento determinado me sacara los ancestros.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Rejón, le ruego que concluya.


El señor REJÓN GIEB: Termino ya, señora presidenta.


Vuelvo a insistir que no es bueno porque puede haber derechas como la francesa o trayectorias -como la de la persona que en este momento preside el Parlamento- que sean dignas de mirarse desde una derecha o desde un centro; pero desde luego para un gran sector de la derecha española es mejor no remover el pasado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Rejón.
Tiene la palabra el señor ministro. (Rumores.-Un señor diputado: No, ya no tiene más la palabra.)

El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
Señorías, señor Rejón, como S.S. comprenderá con facilidad no trato en modo alguno de impartir lecciones desde la tribuna. En todo caso lo que hago siempre es llamar a la coherencia de los oradores, a la coherencia de los argumentos políticos que se plantean en esta Cámara, así como a la coherencia en la ordenación de los planteamientos. Ni mucho menos he tratado de faltar al respecto al Partido Comunista de España, que es un partido plenamente democrático, pero como S.S. ha reconocido ha tenido una evolución ideológica clara. Me he referido a ello, puesto que usted ha empleado la primera parte de su intervención -así consta en el "Diario de Sesiones"- a explicar a la Cámara una filosofía política e interpretativa sobre la Constitución, que por lo que he podido deducir después, señor Rejón, usted suele hacerlo desde la tribuna.
Le he dicho con toda la amabilidad que no entiendo por qué ocupar una parte del tiempo en esa explicación y no debatimos exactamente lo que venimos a debatir aquí durante esta tarde. (Un señor diputado: No nos ha dicho qué pasa.) Por lo demás, agradezco su tono francamente positivo, porque ha hecho un ejercicio de elegancia política y dialéctica admirable. Realmente cuando venimos a hablar del sentido de la foralidad, del estatuto de autonomía, los recordatorios que ha hecho S.S. son de una pobreza argumental digna de elogio, señor Rejón, y seguro que me está entendiendo de manera suficiente. (La señora Cortajarena Iturrioz: ¡Que faltón es!) Supongo que S.S. en sucesivas sesiones parlamentarias acabará superándose así mismo. Pero no se refugie en el insulto, señor Rejón. (La señora Cortajarena Iturrioz pronuncia palabras que no se perciben.) Lo que le he dicho a Izquierda Unida es una cuestión básica que quiero extender a la consideración de todos los grupos de la Cámara. El proyecto de ley que debatimos esta tarde tiene como intención evitar un vacío jurídico fiscal enormemente grave y perjudicial para la hacienda foral. Usted como enmendante a la totalidad no me puede responder que hay otras leyes. ¿Qué leyes vigentes hay? No hay ninguna sino es el Estatuto de Autonomía de Euskadi, que además no fija esos hechos imponibles, ni determina realmente cuál es la capacidad de acción de las haciendas forales, sino que todo esto lo hace la Ley del concierto. Por eso, señor Rejón, pretender que haya un vacío jurídico y un vacío fiscal en las haciendas forales a partir del 1.º de enero del año 2002, es un planteamiento político grave. Desde esta responsabilidad, el Gobierno promueve la cobertura de ese vacío prorrogando un concierto que es fruto del acuerdo, ya que no mueve nada de lo acordado hasta ahora, sino que si la Cámara así lo acepta y este Parlamento así lo acuerda democráticamente prorroga un año más algo que ya está concertado previamente, y que es nada más y nada menos que la propia definición de la actuación de las haciendas forales. Esto no son lecciones de derecho administrativo para nadie, como dice el señor Rejón, y mucho menos para Izquierda Unida. Esto es un planteamiento político fundamental del Estado de las autonomías, un planteamiento político fundamental para el autogobierno de Euskadi y un planteamiento fundamental para el Gobierno de España que cumpliendo sus deberes y sus obligaciones trae a la Cámara la cobertura de un vacío que sería enormemente grave para el país vasco.
Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.-La señora García- Alcañiz Calvo: ¡Muy bien!)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, la señora Lasagabaster tiene la palabra.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Señor ministro, señorías, intervengo para fijar la posición de Eusko Alkartasuna en relación con el proyecto presentado por el Gobierno de prórroga unilateral de la vigencia del concierto económico de la Comunidad Autónoma del país vasco. Nuestra posición es clara, firme y rotunda: Señor Montoro, damos por no tramitado políticamente este proyecto de ley. (Rumores.- Un señor diputado: ¡Insumisión!) No se preocupe que hablaremos de la insumisión que hacen ustedes en el Parlamento vasco. Este proyecto de ley es una prórroga unilateral anticonstitucional y antiestatutaria. (La señora García-Alcañiz Calvo: ¡Pero, qué tontería!)

En términos históricos nos encontramos con un caso flagrante de contrafuero y tales términos -el se obedece pero no se cumple-, tienen por expresión más suave ignorar que tal desmán se ha producido debiendo esperar de una elemental visión de Estado que la prórroga no se materialice ni siquiera en su tramitación. Desde luego, nosotros debemos darla por no presentada por coherencia con una posición abierta, interesada e impulsora de la negociación; negociación, señor ministro, que no ha concluido.
La vigencia de la Ley 12/1981, de 13 de mayo, es hasta el 31 de diciembre de este año. Tiene tiempo para llevar a cabo la negociación, si es que de verdad tiene voluntad para ello, salvo si lo único que pretende es el enfrentamiento y anular el carácter paccionado del concierto. Señor ministro, no vamos a hablar de contenido, no; y no lo haremos por respeto a la negociación, a las partes y a la discreción sobre estas cuestiones; cuestiones que en ningún caso y ninguna de ellas son ajenas ala defensa de una institución como es el concierto, que

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no son caprichos de una posición ideológica concreta, sino necesidades claras y evidentes para conseguir la defensa del concierto en todos los ámbitos que nos movemos, y evidentemente el europeo.
Señor ministro, en materia de concierto o de convenio económico no cabe la solución unilateral. No cabe porque históricamente y en su actualización en el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del país vasco se recoge claramente que la relación de orden tributario entre el Estado y el país vasco vendrá regulada mediante el sistema foral tradicional del concierto económico o convenio, estatuto de autonomía, lo he leído literal. Incluso la propia ley actual del concierto, en su disposición final primera prevé que el desarrollo reglamentario del presente concierto se realizará de mutuo acuerdo entre el Gobierno del Estado y una representación del Gobierno vasco y de las instituciones competentes de los territorios históricos.
Estas normas, amén de otras que reservan los derechos que hubieren podido corresponder al pueblo vasco en virtud de su historia, establecen la verdadera naturaleza del concierto hoy. Este es el concierto, el reconocimiento de la capacidad tributaria del país vasco en paridad con el Estado.
En este contexto es inaceptable desde el punto de vista jurídico, político o institucional la prórroga unilateral del concierto. Ahora, explíqueme ¿por qué lo han hecho? No es ni mucho menos para paliar el presunto vacío legal o la inseguridad jurídica que aducen de no aprobarse la nueva ley de concierto, entre otras cosas porque el acuerdo -como decía antes- puede realizarse antes del 31 de diciembre, todavía hoy, pero desde luego se podía hacer cuando ustedes presentaron este proyecto de ley. La ley en este caso, como lo estuvo por cierto la ley de 13 de mayo de 1981, podría tener efectos retroactivos; pero además de la interpretación del propio artículo 41 del estatuto de autonomía se ofrece la necesaria seguridad jurídica de la existencia del concierto. Creemos, y lo lamentamos, que lo han hecho claramente desde la intención de dificultar y por supuesto de demorar el acuerdo. Recordamos muy bien su negativa a iniciar las conversaciones antes del pasado 13 de mayo, probablemente en la creencia de que estarían en el Gobierno vasco; creencia que fue falsa, porque los ciudadanos no les han dado el voto en las urnas. Quizás tenían la intención de intentar el enfrentamiento o de someter a la otra parte, a la parte vasca, a condiciones no asumidas de grado y con acuerdo, sólo por la fuerza de las circunstancias. A esto, señor ministro, se le llama presión, y me quedo corta. Están haciendo una exhibición de irresponsabilidad política, crispando la negociación, presionando con una prórroga unilateral, antiestatutaria e inconstitucional y con la amenaza de negociación con las diputaciones, que no va a existir. Como le decía ayer mismo en el Senado mi compañera, la senadora Boneta, existe el concierto, no conciertos, y su vigencia, su actualización o un nuevo concierto lo negocian el Gobierno vasco y los representantes de las instituciones forales. No es posible esa vía, ni judicial, ni política, ni legalmente, y no les va a dar ningún resultado si lo intentan.
Ayer acusó a Eusko Alkartasuna de que no aceptando la prórroga estábamos llamado a la insumisión fiscal en Euskadi y enfrentando a las diputaciones forales. (La señora García-Alcañíz Calvo: Esa es la verdad.) El único que tiene esa intención -y lo ha dicho tan claramente como lo hemos podido leer en algún medio de comunicación- es el Gobierno central, en la persona del señor Montoro, y lo hace además bajo amenazas de prórroga unilateral. Y de insumisión, señor Montoro, mejor no hablemos, como decía antes. El Partido Popular está dando buen ejemplo de insumisión y boicot a un Parlamento vasco. (Un señor diputado: Atutxa.) Además, como diríamos en derecho de defensa de la competencia, lo hacen en prácticas concertadas con otros partidos, a algunos de los cuales ustedes mismos piden que se les incluya en una lista europea de lucha contra el terrorismo; algo bastante curioso. La insumisión, señor Montoro, a ustedes se les queda hasta corta.
Señor ministro, retiren la prórroga unilateral. Hablo desde el dato objetivo: Este es el mayor ataque al concierto desde que Franco declarara a Vizcaya y a Guipúzcoa provincias traidoras, derogando brutalmente su concierto. La historia lo tiene muy claro; es un dato objetivo. Me da pena que sean ustedes, que son los demócratas de toda la vida, los que lo hagan.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Lasagabaster.
Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), para fijar la posición de su grupo, tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, señor ministro, señorías, para evitar toda torcida interpretación de mis palabras, debo advertir desde ahora que voy a hablar no desde el punto de vista de los derechos del País Vasco, que desde luego son imprescriptibles y los dejo expresamente a salvo, sino desde el punto de vista de la legalidad española, dentro de la cual nos movemos en el presente. Así se explicaba Federico de Zabala y Allende, en la introducción a un trabajo que sobre el concierto económico publicaba en 1927, y esas palabras las quiero hacer mías en esta intervención, en la que voy a tener que explicar las decisiones que más tristeza me han causado en mi breve vida política. Tener que vivir la situación de desencuentro entre el País Vasco y el Gobierno central que se está dando en estos momentos es algo que me apena profundamente. Fíjese que he hablado del País Vasco y no de los nacionalistas, porque el concierto económico es de todos los ciudadanos de la comunidad autónoma de Euskadi, ni de unos ni de otros, ni de lasdiputaciones ni del Gobierno vasco, ni de los políticos

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ni de los empresarios ni de los trabajadores, es propiedad de todos y cada uno de los habitantes de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa, y a todos y a cada uno de ellos afectan las decisiones que tomemos en esta Cámara.
El Grupo Parlamentario Vasco va a votar no a la prórroga del concierto económico, y lo va a hacer a sabiendas de que esta decisión va a ser mal interpretada de forma voluntaria. Por eso recurría a las palabras de Federico de Zabala. ¿Por qué creen ustedes que el Grupo Vasco en el Congreso, el Partido Nacionalista Vasco, va a votar no cuando ha sido el protagonista principal de la negociación del actual concierto económico y uno de sus mayores defensores? Votaremos no porque queremos el concierto que conocemos y que ha existido desde el 28 de febrero de 1878, día en el que se publicaba el real decreto que recogía el primer concierto económico. Votaremos no porque el concierto es un pacto entre partes que se reconocen capacidad de pactar, y lo que se trae a esta Cámara no recoge, ni en el fondo ni en la forma, esa manera de actuar. Votaremos no a esta prórroga porque su posibilidad se ha utilizado como una amenaza en la negociación y no como una salida a una situación de bloqueo de negociaciones. Lo mismo que se utilizaron los plazos de aprobación como una forma de presión durante la negociación. Votaremos no porque se ha utilizado la negociación del concierto no como un medio para llegar a un acuerdo sino como una forma de desgastar a las instituciones vascas. Incluso hemos tenido que ver cómo algún ministro hacía chistes sobre nuestro deseo de participar en las instancias europeas, intentando ridiculizar nuestras posturas en el mismo semestre en que durante la presidencia de Bélgica ministros regionales presidían reuniones comunitarias. Votaremos no porque esta propuesta de prórroga es la proyección de esa voluntad del Gobierno español de hacer ver que los nacionalistas vascos quieren romper con todo y con todos. Votaremos no porque para nosotros el concierto es muy importante, algo tan importante que para los vascos de la comunidad autónoma representa la única y genuina forma de relación fiscal y financiera entre el País Vasco y el Estado, y, como tal, exige el máximo respeto de las partes, algo que le niega este proyecto de ley. Votaremos no porque, en definitiva, este proyecto de ley es el reflejo del valor que el Gobierno central le da a nuestro concierto económico. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? ¿En qué han consistido las diferencias que han impedido hasta ahora el acuerdo? ¿Son éstas tan importantes que hacen inútil la evidente voluntad de cerrar el pacto de ambas administraciones? Las respuestas a estos interrogantes debemos buscarlas en la diferente concepción que de las capacidades que otorga el concierto mantienen una y otra parte de la mesa de negociación. Si por la parte vasca se concibe el concierto como un instrumento que reconoce y otorga a su Hacienda las características de una Hacienda integral, por la parte estatal se identifica aquél como un sistema más de descentralización fiscal. Si por nuestra parte mantenemos que el concierto económico es la actual manifestación del poder fiscal originario, que el País Vasco ha disfrutado y mantenido a lo largo de la historia, el Estado entiende que no es sino una concesión suya, disponible unilateralmente, graciosa y voluntaria, que nace, se desarrolla y muere con el actual texto constitucional. Si los vascos creemos que el sistema de concierto no es sino una forma especial y peculiar de articular las relaciones entre iguales, el Estado lo identifica con un régimen otorgado de privilegio, que siempre debe ser interpretado de manera restrictiva. Si pensamos que el sistema concertado es un sistema abierto, que reconoce a los órganos forales la capacidad para decidir cuál va a ser la forma en que sus ciudadanos van a aportar a las necesidades públicas, el Estado ve en él un sistema cerrado, de forma que lo que no está expresamente previsto en su texto no existe ni puede existir, convirtiendo su régimen fiscal y sus propias normas en el necesario colofón que otorga sentido al sistema.
Si a estas diferentes concepciones de la naturaleza del régimen concertado añadimos el convencimiento tautológico instalado en las mentes de los negociadores estatales de la insolidaridad del sistema de cupo, así como de la insuficiencia de las aportaciones del País Vasco a los gastos estatales, y lo unimos a la secular desconfianza con que se analizan y juzgan cualesquiera decisiones que en el ámbito tributario aquí se adoptan, tenemos el inventario completo de las diferencias que explican el permanente desencuentro en que se instalan las relaciones entre una y otra Administración y que es la consecuencia directa de esta situación. Precisamente estas diferentes ideas que se mantienen respecto a la naturaleza del concierto son las que provocan y explican la dificultad de llegar a acuerdos.
La incorporación de cauces que posibiliten la participación de forma efectiva de las instituciones vascas en foros e instancias europeas, en las que se debaten y deciden cuestiones que afectan muy directamente a las materias relacionadas con competencias reconocidas en el propio concierto, su pleno y pacífico encaje en el derecho comunitario, el establecimiento de procedimientos alternativos de conciliación y arbitraje que dificulten el permanente recurso a la judicialización utilizado para limitar el ejercicio de nuestras competencias, constituyen pretensiones legítimas e incluso, en algunos casos, imprescindibles para un adecuado ejercicio de las propias capacidades.
Son estas algunas de las cuestiones relevantes que se encuentran en la mesa de negociación y a las que ambas partes les han de dar una solución satisfactoria. No olvidemos que las partes negociadoras tienen la responsabilidad política de llegar a un acuerdo. La parte vasca de la negociación ha mostrado su firme voluntad de hacerlo antes del 31 de diciembre; sin embargo, la solución escogida por el Gobierno central, y que hoy

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debatimos aquí, es la de formalizar el desencuentro. Sé que las razones esgrimidas -y usted lo ha repetido, señor ministro, reiteradamente- son las de garantizar la propia existencia de esta figura, pero en realidad es la proyección práctica de una amenaza reiteradamente esgrimida por la parte estatal en la negociación: Si no llegamos a un acuerdo, a nuestro acuerdo, prorrogaremos el concierto. Esta actitud política es, a nuestro juicio, insólita e inaceptable.
El Gobierno lo que tiene que hacer es sentarse a negociar, con voluntad de acuerdo, respetando la Constitución, el estatuto y el propio concierto, dejando de hacer de esta negociación un pulso con el Gobierno vasco y defendiendo los intereses generales de los ciudadanos vascos que, desde todos los sectores políticos, incluyendo el que apoya al Gobierno central, defienden un concierto en los parámetros presentados por la parte negociadora vasca. Una propuesta realista, no maximalista y que de verdad pensamos que puede ser asumida sin grandes problemas por el Gobierno del señor Aznar y por este Parlamento. No utilicen, señores del Gobierno, supuestas artimañas jurídicas para encubrir decisiones políticas del calado de la prórroga unilateral del concierto económico. Desde un análisis jurídico mínimamente consistente se deriva la innecesariedad -y digo innecesariedad- de la prórroga del concierto para que continúe su vigencia hasta alcanzar un nuevo acuerdo y tramitarlo como corresponde en esta Cámara. Y ustedes lo saben muy bien. Ustedes saben que el régimen de concierto implica por definición un acuerdo o pacto sobre las relaciones de orden tributario entre el Estado y el País Vasco y el cupo que éste ha de pagar a aquél. Así lo determina el artículo 41 del Estatuto de Autonomía del País Vasco. Además, este mismo artículo señala que el concierto se aprobará por ley. Esta caracterización supone, además de su presentación formal como artículo único, la indisponibilidad por parte del Gobierno del contenido pactado conforme al artículo 41 a la hora de ejercer la iniciativa legislativa. Como ustedes saben, existe incluso jurisprudencia al respecto. El carácter meramente receptivo o formal de la Ley del concierto como ley de aprobación obliga, so pena de inconstitucionalidad, a que su presentación en fase de anteproyecto ante el Consejo de Ministros y su posterior remisión a las Cortes sólo puede realizarse si existe un acuerdo formalmente adoptado en la Comisión mixta de cupo, ya que dicho acuerdo es el presupuesto de su validez.
No es cuestión de ahondar más en los aspectos jurídicos de esta prórroga, pero quisiera señalar que la disposición adicional primera de la Constitución no admite la hipótesis de inexistencia de un sistema de concierto. Cualquier otra forma de relación sería, además, contraria al bloque de constitucionalidad. Por lo tanto, en opinión del Grupo Vasco, lo dispuesto en el artículo 41 del estatuto prevalece sobre el señalamiento de la vigencia hasta el 31 de diciembre próximo. Prevalece.
Además, el fundamento de las competencias declaratorias de las diputaciones está, según reconoce la disposición adicional tercera del concierto económico, en el todavía vigente Real Decreto de 13 de diciembre de 1906, que no ha sido derogado por la Constitución por ser conforme a ella.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Azpiazu, le ruego concluya, su tiempo ha terminado.


El señor AZPIAZU URIARTE: Voy terminando, señora presidenta.
De lo anterior es fácil colegir que la permanencia del concierto no se garantizaría o constituiría a través de una ley de prórroga, como la que hoy se debate, tan sólo su declaración formalmente en recta aplicación al artículo 41 del estatuto que es la norma que verdaderamente contiene esa garantía incluso frente al legislador.
Ustedes saben señores del Gobierno y señores del Partido Popular que el Gobierno central no tiene en sí mismo la posibilidad de decidir la prórroga unilateralmente. No cabe esta posibilidad ni siquiera conceptualmente.


Para concluir me gustaría aclarar al Gobierno, que viene realizando declaraciones interesadas y amenazas veladas y no tan veladas de acordar el concierto económico con las diputaciones forales, que no se engañen y no engañen a los ciudadanos vascos por lo menos. Según el artículo 41 del estatuto el concierto económico se ha de acordar entre el Estado y el País Vasco. Las diputaciones forales participan cualificadamente, como parte de la representación vasca, en la Comisión mixta de cupo, pero en cuanto a órganos las instituciones privativas de autogobierno de cada uno de los territorios históricos han quedado integrados en la Comunidad Autónoma de Euskadi siendo poderes de la misma. La sentencia del Tribunal Constitucional 76/1998 no abriga ninguna duda al respecto.
Señores del Gobierno, señores del Partido Popular, desde el Grupo Vasco hemos argumentado por activa, por pasiva, jurídica y políticamente nuestra posición en relación con la prórroga unilateral que el Gobierno trae hoy a esta Cámara para su aprobación.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Azpiazu, le ruego que concluya.


El señor AZPIAZU URIARTE: Señora presidenta, permítame un instante, creo que el carácter del proyecto lo requiere. Termino en pocas palabras.
Reconozcan sus argumentos y retiren este proyecto de ley. Apoyen a los negociadores del concierto y faciliten el acuerdo en el seno de la Comisión mixta de cupo que es donde se debe producir. Tramítenlo parlamentariamente como manda la ley y, sobre todo, el sentido común.
Nuestro grupo cree firmemente que esnecesario y posible llegar a un buen acuerdo para el

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conjunto de los ciudadanos vascos que lo esperan con impaciencia y en ello, desde luego, desde nuestra posición de grupo parlamentario en el Congreso, empeñaremos los esfuerzos que sean precisos.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.
Señor ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, intervengo para aclarar cuál es la posición del Gobierno en relación con los argumentos que los dos portavoces que han intervenido hasta ahora, en primer lugar, la señora Lasagabaster y, en segundo lugar, el señor Azpiazu, han expuesto desde esta tribuna.
Lo primero que quiero aclarar es que en modo alguno y en ningún momento en el debate de ayer en el Senado, cuando yo me referí a que se podría promover una situación de insumisión fiscal se la adjudiqué a ningún grupo político, señoría, y mucho menos a Eusko Alkartasuna.
No es esa la intención del debate que tuvo lugar ayer como consecuencia de una interpelación que presentó la senadora Boneta en el Senado. De lo que estamos hablando aquí, y yo llamo a la reflexión a sus señorías., es de un vacío jurídico-fiscal, señorías. No pueden decir seriamente SS.SS. a la Cámara que estamos ante ataques al concierto. Por favor, no utilicen esa terminología, que es impropia del debate que estamos manteniendo en clave política, cuando tenemos abierta una negociación. Cada uno puede ser más o menos impetuoso en sus argumentos y más o menos respetuoso con el adversario pero, cuando estamos hablando de conseguir un acuerdo político, tan fundamental para la continuidad de las instituciones como es el caso de las instituciones forales vascas, estos ataques al concierto, contra fueros y demás palabras, señora Lasagabaster se las puede usted ahorrar y llevar en la mochila porque son absolutamente impropias de que se pronuncien esta tarde en la Cámara. Se puede o no estar de acuerdo con la prórroga, pero lo que pido es que se explique desde esta tribuna que la carencia de una ley que determina la capacidad fiscal de las diputaciones forales, esa ley, va a asegurar las relaciones entre el contribuyente y la Hacienda foral. Suban a esta tribuna los portavoces y díganlo así de claro. No hagan tanta filosofía sobre las concepciones de lo que es la relación entre Euskadi y la Hacienda del Estado, señorías. De acuerdo en que esa filosofía es la que está subyacente en los negociadores, pero suban a esta tribuna a decir que el 1 de enero del año 2002 no pasa nada en Euskadi. Suban a esta tribuna a decir que el 1 de enero del año 2002 la Diputación Foral de Guipúzcoa va a poder seguir cobrando los tributos. Suban a esta tribuna a decirlo así de tajante y claramente como lo está diciendo este miembro del Gobierno de España, señorías.
Y yo les digo que no, que eso es imposible porque las leyes fiscales necesitan eso, leyes fiscales.
No puede ser que una referencia como la que contiene el Estatuto de Gernika sea suficiente para aclarar algo tan serio como sería un vacío jurídico. Lo que establece la Constitución, en definitiva, es la salvaguarda de los derechos históricos de los territorios forales.
Eso es lo que hace la Constitución, mientras que el estatuto de autonomía determina la composición de la comunidad autónoma donde están insertos esos territorios forales. Eso es lo que hace el Estatuto de Gernika. La Ley del concierto, insisto a SS.SS., lo que hace es mantener, establecer y regular el régimen tributario. Por tanto, dejen de hacer afirmaciones de carácter político y suban a esta tribuna y expliquen a los ciudadanos vascos, a los contribuyentes vascos, que el 2 de enero del año 2002 no va a ocurrir nada, porque sí ocurre. Es imposible que una relación tributaria no esté sustentada en una ley cuando esa ley tiene una caducidad, como es el caso de la Ley del concierto. Hay un vacío jurídico muy grave, un vacío atentatorio contra las instituciones forales y quiero dejar abierta una pregunta: ¿A quién le interesa que exista un vacío jurídico que falsee a la propia institución foral? ¿A quién le interesa políticamente esa clave? Esa no es la clave o el planteamiento del Gobierno de España que está trabajando en una negociación respecto a la que hasta las fechas que han manejado SS.
SS., son imperfectas, son incompletas. La negociación se abrió en febrero, como he relatado en mi primera intervención, y hasta ahora, no ha sido posible el acuerdo. ¿Son muchas las diferencias que nos separan del acuerdo? No, no son muchas las diferencias que nos separan del acuerdo. Sin embargo, aunque consiguiéramos el acuerdo en los próximos días, no evitaríamos un vacío legal. No pueden confundir ustedes como parlamentarios, como miembros de esta Cámara, el sentido del acuerdo, que tendría que traducirse después en un proyecto de ley con su correspondiente tramitación, con el vacío legal que se produciría a raíz de que caducara una ley como la Ley del concierto.
Por eso, señorías, el apoyo a la prórroga no tiene sólo un sentido político. Tiene también la cobertura, la salvaguarda de las propias instituciones forales de Euskadi. Por tanto, subir a esta tribuna a adoptar posturas políticas es ir contra la institución foral, es desvirtuar la Hacienda foral, es exactamente lo contrario de lo que pretende el Gobierno con este proyecto de ley, señorías, proyecto de ley que sólo se ha traído cuando hemos llegado al límite temporal en esa negociación y que permite negociar sin premuras de tiempo, permite abrir espacios nuevos a esa negociación. Ni siquiera el asunto de la representación de la comunidad autónoma vasca o de cualquier otra comunidad autónoma de España, también la Navarra con su foralidad, con su régimen foral, ante la Unión Europea debe ser el determinante de ese concierto. No es siquiera materia del concierto, señoría.


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No es la materia esencial del concierto. La materia esencial del concierto, insisto, es determinar el rendimiento de un impuesto en el territorio de una diputación foral y cuál es la normativa que debe regir los puntos de conexión con la Hacienda del Estado. Eso no podemos dejarlo al albur de las interpretaciones, no podemos dejarlo caer en un vacío que, más allá de los planteamientos políticos, es un vacío jurídico que debemos completar, y ese es el espíritu, la intención de este proyecto de ley.
Señorías, hasta ahora no ha sido posible el acuerdo, por tanto, y esta sí que es una clave política, tenemos que plantearnos escenarios de nuevo acuerdo, tenemos la obligación de plantearnos escenarios de nuevo acuerdo. Puedo decirles que lo que está haciendo el Gobierno es una reflexión que se fundamenta en nuestra propia Constitución, es la Constitución la que salvaguarda la capacidad fiscal de nuestros territorios forales, eso es lo que hace la Constitución española, señorías.
La historia de los territorios forales, de los territorios históricos, ha sido la historia de conciertos con la Hacienda del Estado, esa ha sido la historia, a la que el señor Azpiazu ha hecho largas referencias. La historia ha sido siempre de conciertos de cada territorio foral con la Hacienda del Estado. Esa es la historia, señorías, que, a partir de la entrada en vigor del Estatuto de Autonomía de Euskadi evidentemente se modifica, pero la historia es la que he descrito, el planteamiento que hace la Constitución es el que he leído esta tarde ante la Cámara, y esto es lo que debemos saber explicar también a toda la sociedad vasca y a toda la sociedad española. La historia de España efectivamente es la historia del reconocimiento de los territorios históricos, de la capacidad foral de esos territorios históricos, y eso es lo que pretende, tan sencilla y tan simplemente, una ley de prórroga como la que se plantea aquí, que es una ley que proyecta hacia el futuro la entidad misma del concierto económico del País Vasco.
Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor ministro.
Señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.
Muy brevemente. Primero, me alegra que el señor ministro diga que él que no dijo esas palabras de que estábamos llamando a la insumisión.
La verdad es que yo las tenía aquí recogidas de los teletipos, no sé si fue dentro del Senado o fuera, pero si no las dijo evidentemente me alegro muchísimo.
En todo caso, a la cuestión. Aquí de lo que se trata es de lo siguiente. El artículo 41 del estatuto de autonomía señala que la única relación de orden tributario entre el Estado y el País Vasco sólo puede venir regulada por concierto. Eso lo tenemos todos claro.
A sensu contrario, lo que dice claramente es que ustedes no pueden imponer una prórroga unilateral, eso lo dice claramente. Si es concierto, no es unilateral, eso está claro. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: Eso no lo dice. ¡Anda ya!) Por tanto, quien tiene que explicar no somos nosotros sino son ustedes por qué hay una prórroga unilateral, no me desvíe usted el argumento.
Que yo sepa, el Estatuto de Autonomía del País Vasco sigue vigente y si sigue vigente, sigue vigente la existencia de un concierto. (El señor Del Burgo Tajadura pronuncia palabras que no se perciben.) Usted me podrá decir cómo hacemos la concreción, perfecto, pero no me lleve a un tema que no es. Sólo vale el concierto, su prórroga unilateral no vale. Esto es lo que dice claramente el estatuto que está vigente. Ahora bien, ¿qué hacemos? Yo le he dicho dos posibilidades que se han producido en el pasado. Ha habido un momento en que la negociación se ha producido a posteriori, ha tenido efectos retroactivos y no ha pasado nada. Que yo sepa, no hemos llegado al 31 de diciembre.
Ustedes lo que no pueden hacer es, primero, porque lo dice la ley, establecer o traer aquí una prórroga unilateral, y, segundo, menos en la forma en que lo han hecho, y lo han hecho haciéndolo públicamente como ultimátum a la otra parte, a la parte vasca, para que negocie.
Eso no es la justificación que ustedes pretenden y, a lo más, no voy a entrar porque le he dicho que no voy a entrar en ánimo de salvaguardar la negociación, podría habérseles ocurrido alguna otra cosa como la prórroga bilateral, por ejemplo, entre ambas partes. (El señor Cámara Rodríguez-Valenzuela: ¡Menos mal!) Pero lo que usted dice que podría hacer es precisamente lo único que está prohibido realizar en virtud del ordenamiento jurídico.
Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias.
Señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Muy brevemente, señor ministro.
Yo le he explicado sobradamente la inexistencia de vacío legal y le he argumentado por qué no existe la posibilidad de que no haya concierto. No creo que sea momento de repetir los argumentos. Pienso sinceramente que esta disculpa de la prórroga que han llevado adelante ha servido como una herramienta más dentro del proceso de negociación, y así ha de entenderse. Yo no voy a seguir argumentando por este camino. Usted ha dicho que las diferencias son pequeñas y yo también lo creo. Estamos en fiestas navideñas y le pediría a usted, como parte importante de esta negociación, que facilite este acuerdo al que se puede llegar sin muchas dificultades, y usted lo sabe.
Tiene una reunión la semana que viene, acuérdenlo y lo celebraremos con cava y con txacolí estas fiestas navideñas.


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Muchas gracias, señor Montoro.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Azpiazu.
Señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora presidenta.
La pregunta que sencillamente he dirigido a los portavoces queda sin respuesta y me gustaría que los grupos intervinientes dieran contestación a la misma a la hora de fijar posición ante un proyecto de ley de esta importancia. La pregunta es: ¿el 1 de enero del año 2002, un contribuyente de una hacienda foral, sin concierto, va a estar sujeto a un régimen tributario? Señorías, sin ley de concierto, la respuesta es que no. Eso sería muy grave que ocurriera, Y cuando eso puede ocurrir, el Gobierno tiene la obligación, tiene la responsabilidad de evitarlo. Eso objetivamente es así. A partir de ahí, no se puede hablar nunca de prórrogas unilaterales. Se puede y se debe hablar de prórrogas del concierto económico, pero no de unilateralidad en el sentido de lo que lo que pretende el Gobierno es prorrogar un año un concierto que, a su vez, ha sido fruto de un acuerdo. Y no se puede comparar con situaciones anteriores, como se ha hecho erróneamente, porque las situaciones anteriores de revisión del concierto tenían lugar cuando la Ley del concierto estaba vigente y, por tanto, no se producía el vacío jurídico. Es la primera vez en la historia del concierto, en la historia del Estatuto de Autonomía de Euskadi, en la que vence el concierto, concierto previsto para 20 años, que se cumplen el 31 de diciembre del año 2001. Es la primera vez. Por tanto, si eso se ignora, como se ha ignorado por parte de algún portavoz esta tarde aquí, es que se está ignorando lo más esencial. Señorías, es la primera vez que se da esa circunstancia y, ante esa circunstancia y ante la circunstancia del desacuerdo, lo que tenemos que hacer es tomar medidas para evitar el vacío que se produciría ante el decaimiento de la legislación vigente. Lo único que cabe hacer es prorrogar el único acuerdo conseguido hasta ahora, prorrogar el concierto. Ese es el sentido y la intencionalidad política del proyecto de ley que se presenta esta tarde ante la Cámara.
Eso no excusa, como decía el señor Azpiazu, para llegar al acuerdo.
Evidentemente, se puede y se debe llegar a un acuerdo, pero, señor Azpiazu, usted reconocerá que tenemos que tener una ley vigente y el acuerdo será posible con independencia de que esa ley esté vigente.
Las distancias no son muchas para llegar a ese acuerdo. Lo que sí hace falta es voluntad política para conseguir ese acuerdo. Eso es lo que es necesario. La oferta del Gobierno ha sido muy amplia en materia tributaria, como reconoce S.S., la oferta por parte del Gobierno es la consolidación del sistema de las haciendas forales, de las diputaciones forales, como base del Estado de las autonomías de España, declarando indefinido ese concierto. Por tanto, estamos ante una oferta clara, importante. No estamos ante una disputa de cifras de cupo, donde la aproximación es muy manifiesta, en contra, por cierto, de lo que se ha dicho desde el País Vasco, a veces por personas de alto rango institucional. La diferencia no está ahí, no está en las cifras del cupo. Decir otra cosa es falsear las circunstancias de esa negociación. La disputa es por falta de voluntad política. Confío que estemos en condiciones de aportar la suficiente voluntad política para conseguir pronto ese acuerdo.
Gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor ministro.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora Mendizábal.


La señora MENDIZÁBAL GOROSTIAGA: Gracias, señora presidenta.
La verdad es que me hubiera gustado tomar hoy la palabra para hacer un debate distinto, máxime después del debate que he estado oyendo, centrado en si la prórroga es necesaria o no lo es, cuando lo único que era necesario era el acuerdo. Hemos debatido este proyecto de ley de prórroga del concierto después de cinco modificaciones y de 20 años de vigencia del mismo, un instrumento fundamental para el autogobierno, con un plazo fijo de caducidad. La verdad es que el fracaso de las negociaciones lo único que puede dar es una sensación de frustración.
Como pueden comprender, la situación que se está viviendo hoy en esta Cámara genera, por lo menos en el Grupo Socialista, en los socialistas vascos, en los socialistas españoles y en muchos ciudadanos, una profunda desconfianza, máxime cuando la última modificación del concierto, la del año 1997, está muy cercana. La reforma del concierto no se hizo porque había una modificación sustancial del ordenamiento jurídico; no, se hizo por mutua conveniencia del Partido Popular y del Partido Nacionalista Vasco. Se hizo entonces una negociación rápida, muy rápida, una negociación con un gran éxito, pero entonces el escenario era distinto, la negociación se hacía dentro de un marco político de acuerdo con un objetivo muy claro, que era dar los apoyos del Partido Nacionalista Vasco al Gobierno del señor Aznar. Yo creo que esto es una evidencia clara de que existen negociaciones de conveniencia partidaria que, en definitiva, lo que hacen es utilizar el concierto no como un instrumento con unos fines muy concretos, sino con fines ajenos a la institución del concierto y desde luego con fines ajenos a la construcción de un sistema fiscal más armonizado, más cohesionado, más solidario en el conjunto de España.
La desconfianza es lo que hay esta tarde aquí, una desconfianza que además que se ha acrecentado porque,como he dicho antes, ni los grupos parlamentarios

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de esta Cámara ni los ciudadanos conocen cuáles han sido las negociaciones y las razones de la ruptura. En esta negociación la falta de información ha sido total. Las solicitudes de comparecencia que hemos hechos los socialistas tanto en el Parlamento vasco -dos solicitudes para que comparezca la vicelehendakari- como en esta Cámara -la del ministro Montoro- para que expliquen las negociaciones han sido desoídas totalmente. Querer mantener estas negociaciones en la intimidad nos parece francamente sospechoso. La única información que hemos recibido ha sido a través de la guerra mediática. Se estaban echando los trastos a la cabeza unos a otros desde las administraciones competentes, diciendo quién era el responsable de romper las negociaciones, y los demás sin saber absolutamente nada.
Una guerra mediática que sólo puede calificarse de frívola, que lo único que ha puesto en evidencia es la falta de responsabilidad institucional de dos partidos que están pensando más en su posicionamiento político que en la defensa del interés general. ¿Cómo pueden interpretarse las visitas de algunos miembros del Partido Popular vasco al señor Montoro para sacarse una fotografía? ¿En virtud de qué? ¿O el arrinconamiento en algunos casos del diputado general de Álava dentro de la delegación vasca? ¿Cómo puede explicarse eso? Sólo tiene una explicación, y es la utilización del concierto como un arma de defensa del posicionamiento político de dos partidos.
La verdad es que yo quisiera saber cuáles son las discrepancias. ¿Es la representación de las comunidades autónomas en la Unión Europea? ¿Son las diferencias que dicen que existen en la valoración del cupo? ¿Es la ignorancia, señor ministro, de todos menos de usted, que parece que está au-dessus de absolutamente todo? Deben ser razones muy poco confesables porque las desconocemos. Nadie ha dicho por qué se están tomando esas actitudes tan poco responsables. Desde nuestro punto de vista, son razones puramente de defensa numantina de una posición política partidaria.
Señorías, el concierto es uno de los máximos exponentes de la singularidad del autogobierno del País Vasco y un instrumento esencial para el progreso económico y social de esa comunidad. Por eso, no pueden permitirse, no podemos permitir, que las administraciones competentes no alcancen un acuerdo a tiempo de esta renovación. No debemos permitir que existan declaraciones sobre soberanía fiscal, con claras pretensiones de ir más allá, con claras pretensiones de superar el marco estatutario. No podemos permitir que esas declaraciones pongan piedras en el camino. No podemos permitir que estas declaraciones intenten bombardear un sistema con una gran legitimidad democrática, una gran legitimidad, sobre todo para quienes hemos defendido antes y siempre tanto la Constitución como el estatuto de autonomía. No podemos permitir y debemos denunciar los continuos pulsos lanzados por el señor Montoro, utilizando la posibilidad de una prórroga como una amenaza, o la posibilidad de firmar con las diputaciones, declaraciones que sólo contribuyen al deterioro del clima negociador.
Al final nos preguntamos: ¿es eso lo que realmente se pretende, deteriorar el clima de la negociación? Vuelvo a insistir, no hay cabida más que para la desconfianza.
Después de una sesión como la de hoy, que no quiero calificar, la situación es como mínimo excepcional en un sistema de democracia parlamentaria -a pesar de sus intervenciones en estos momentos, señor Montoro, respecto a lo que estoy diciendo- y sobre la que, señoras y señores del Partido Popular, se debería hacer una pequeña reflexión, por lo menos en este período navideño, que es muy dado a este tipo de cuestiones.
Señor Montoro, su denominación de origen en estos momentos está totalmente desprestigiada y falta de credibilidad. Me refiero a la denominación de origen Montoro. (Risas.) En cuanto alguien viene de Montoro, hay que olvidarse del tema. Es lo que usted ha hecho con el sistema de financiación. Usted hablaba antes de cohesión; efectivamente, usted tiene mucha cohesión, sobre todo en materia de financiación autonómica, mucha cohesión: la intransigencia. La intransigencia ha sido el eje vertebral de todo su comportamiento en materia de financiación autonómica, lo ha sido con su famosa enmienda en el Senado y con sus declaraciones queriendo poner en peligro la financiación sanitaria de determinadas comunidades autónomas, y la verdad es que lo es en este tema del concierto.
En resumen, señorías, ante este panorama, al que nos obligan a asistir como convidados de piedra, porque somos convidados de piedra, no nos queda más salida que la abstención. Ante la falta de información, ante la opacidad de todo este proceso negociador, ante la falta de responsabilidad acreditada por las administraciones competentes, los socialistas vascos y españoles instamos una vez más a las administraciones a que alcancen un acuerdo. La verdad es que sólo el acuerdo es posible, porque el concierto es un importante capital para la estabilidad y el prestigio no sólo del sistema fiscal, sino del sistema de autogobierno en su conjunto.
Nada más. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Mendizábal.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Muchas gracias, señora presidenta.
Nuestro grupo se hace varias preguntas ante el debate de esta tarde con relación a la prórroga del concierto. Creo que a todas SS.SS. les gustará que la primera se conteste. La primera es evidente: ¿por qué es Izquierda Unida quien presenta la enmienda a la totalidad si, quien a la vista de los hechos, quien ha tenido verdaderointerés en mostrar la necesidad de devolver el proyecto

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es el Partido Nacionalista Vasco y Eusko Alkartasuna? Sencillamente porque, señorías, es el pago del precio político de Izquierda Unida, el peaje que ha tenido que pagar para poder poder tener un consejero, para meter de rondón un consejero en el Gobierno vasco. Y nada más. (Aplausos.) Hacen el trabajito al Partido Nacionalista Vasco y a Eusko Alkartasuna mientras la diputada señora Lasagabaster y los diputados del PNV miran divertidos cómo el trabajo que ellos debían haber hecho hoy con coraje político lo hacen ustedes. Pero esto es lo que ocurre, señorías, con el nacionalismo vasco en el País Vasco. Así es como funciona el nacionalismo vasco: unos mandan, ustedes, y otros les rinden el vasallaje, estos. Eso es lo que ocurre en el País Vasco, señora Lasagabaster. (El señor Txueka Isasti hace gestos.-Varios señores diputados: ¡Grosero, grosero!- Fuertes protestas.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor Txueka, estoy segura que retirará S.S. el gesto que ha efectuado, que no es correcto ni oportuno. (Fuertes rumores y protestas.) Señores diputados del Grupo Popular, les ruego que guarden silencio.
¿Lo retira? Retirado.


El señor TXUEKA ISASTI: Señora presidenta, lo retiro si él retira el término vasallos, porque entiendo que en democracia no existen vasallos.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señor diputado, no está en el uso de la palabra. Le he solicitado que retire el gesto que ha efectuado. Nada más.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Pues bien, señorías, como ven, esta es la muestra de lo que ocurre en el País Vasco todos y cada uno de los días del año. O se da la razón al Partido Nacionalista Vasco y a los nacionalistas vascos o sencillamente el presidente Atutxa modifica el Reglamento de la Cámara del Parlamento vasco para que se puedan resolver los problemas de sus miserias, que es la debilidad política que ahora mismo tiene el nacionalismo vasco en el País Vasco. (Aplausos.) Señorías, ¿por qué es necesaria la prórroga? Porque ninguno de los grupos que ha intervenido anteriormente ha hecho mención a lo que dice el concierto económico en su artículo primero. Y se lo he de leer. Artículo primero: El presente concierto económico acordado entre el Estado y el País Vasco durará hasta el 31 de diciembre del año 2001. Esa es la razón. Porque el 1 de enero, señora Lasagabaster, ¿me quiere usted decir, cobrando su sueldo como diputada en Madrid y teniendo su residencia en el País Vasco, dónde va a ingresar la cuota correspondiente al IRPF? (Rumores.) Sencillamente, sin la existencia de puntos de conexión del concierto, que es lo que verdaderamente aprueba el concierto, es imposible que los vascos conozcan a quién corresponde la obligación de recaudar los impuestos de cada uno de los vascos.
Eso es lo que recoge el concierto económico; en definitiva, ofrecer seguridad jurídica a las relaciones tributarias entre el Estado y la Comunidad Autónoma del País Vasco. Eso es por tanto lo que hace el proyecto de ley de prórroga que aprobamos en estos momentos, sencillamente ofrecer seguridad jurídica. Ante el término del plazo de vigencia del concierto económico tendríamos que afrontar los vascos la inseguridad jurídica de no saber ante qué haciendas habría que presentar nuestras obligaciones tributarias. Fíjense, se dice que no hay precedentes, que nunca ha ocurrido esto en la historia del concierto. Pues se equivocan también. Yo les quiero ilustrar sobre la historia real del País Vasco y la historia real del concierto económico. No es la historia soñada por el nacionalismo vasco. La historia real dice, y lo voy a recordar, que el primer concierto económico, el aprobado por Real Decreto de 28 de febrero de 1978, vencía el 30 de junio de 1986, y los tres diputados generales del País Vasco solicitaron la aprobación de un decreto de prórroga para que pudiera seguir vigente el concierto económico que finalizaba el 30 de junio del año 1986. (La señora Lasagabaster Olazábal hace gestos negativos.) Sí, sí. Usted mira con cara de extrañeza porque esta es la historia que ustedes no manejan, señora Lasagabaster, esta es la historia real del País Vasco. Hubo un precedente: el primer concierto económico después de la Ley de prórroga del año 1986 se aprobó el 3 de enero de 1987 a través del artículo 14 de la ley de presupuestos del año al que hago mención; el segundo de los conciertos económicos con el País Vasco. Por tanto, aquellos diputados generales, los del primer concierto, sí sabían que la inexistencia de un concierto aprobado en la fecha que finalizaba significaba la inseguridad jurídica a la que ellos sencillamente no querían enfrentarse, porque lo que producía era el vacío normativo que en su opinión no se produciría. Pues miren, los diputados generales de aquella época sabían perfectamente lo que ustedes desconocen o aparentan desconocer: que es necesario que haya un concierto económico vigente, y lo que hace el proyecto de ley de prórroga es precisamente esto.
Se puede formular S.S. otra pregunta que habrá que contestar: ¿por qué no se ha llegado a un acuerdo entre las delegaciones vasca y de la Hacienda estatal? Pues mire, todos supimos por los medios de comunicación que el 29 de noviembre los tres diputados generales de las tres provincias vascas, de los tres territorios, se acercaban a Madrid con la intención de firmar al día siguiente, el día que finalizaba el plazo, el 30 de junio, el nuevo concierto económico. Y la única razón por la que no se pudo llegar a un acuerdo es sencillamente porque la vicelehendakari del Gobierno vasco no quiso acudir a esa obligación que tenía con todos los vascos al día siguiente en Madrid. (La señora presidenta

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ocupa la Presidencia.) Esa es la única razón, señorías, porque los tres diputados generales sabían que los 68 acuerdos a los que ha hecho mención el ministro (cinco acuerdos sobre la junta arbitral y la comisión de coordinación y de evaluación normativa, ocho acuerdos sobre residencia fiscal y domicilio fiscal, 11 acuerdos sobre transmisiones patrimoniales, nueve acuerdos sobre el IVA, nueve acuerdos sobre el impuesto sobre sociedades, entre los que se contaba la elevación de la base extractiva del impuesto sobre sociedades de 500 millones a 1.000 millones, 16 nuevos acuerdos sobre el IRPF y el impuesto sobre el patrimonio) beneficiaban notablemente la posición de las diputaciones forales. ¿Por qué razón el Gobierno vasco tenía menos interés que las diputaciones? Hay una cuestión que se ha pasado hoy por alto, que el Gobierno vasco no tiene ninguna competencia en materia financiero-fiscal en el País Vasco y la tienen exclusivamente las diputaciones forales. Este es uno de los debates que se viene produciendo desde hace tiempo entre el nacionalismo vasco, y lamentamos mucho que las miserias de ese debate se hayan tenido que trasladar al día de hoy ante esta Cámara.
Ustedes, señores del Partido Nacionalista Vasco y de Eusko Alkartasuna, apuestan de nuevo por la confrontación política, que es el terreno en el que más cómodos se mueven y lo que hacen es dejar de digerir, imposibilitar la digestión de una cuestión que a ustedes les costó, les recordaré, en el año 1983 la división de su partido. Este es un tema que sigue vigente en el País Vasco. El Gobierno vasco, fíjese qué contrasentido, el 1 de enero del año que viene, cuando se apruebe la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas, será el único Gobierno de una comunidad autónoma de España que no tenga competencias en materia financiero-fiscales porque esas competencias sólo las tienen las diputaciones forales en el País Vasco. Esa es la razón de la falta de voluntad política real del Gobierno vasco, sencillamente porque les importaba un bledo, porque a quienes les importaba era a las diputaciones forales, que eran las que tenían en su mano incorporar al ordenamiento jurídico de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya los potenciales beneficios del acuerdo que estaba sobre la mesa.
Señores nacionalistas, métanselo en la cabeza, ustedes no tienen el monopolio de lo vasco. El monopolio de lo vasco, en todo caso, lo tienen en materia de inestabilidad; en materia de inestabilidad y de confrontación política. La prueba de lo que digo es que mientras el lehendakari Ibarretxe se quedaba solo con ustedes y con Izquierda Unida, a 250 metros del Parlamento vasco había una diputación foral, la de Álava, que aprobaba por segunda vez consecutiva sus presupuestos. Mientras, el Parlamento vasco no es capaz de dar salida a unos presupuestos que no van a tener en la Comunidad Autónoma del País Vasco. la Diputación Foral de Vizcaya sigue sin presupuestos, la Diputación Foral de Guipúzcoa sigue sin presupuestos, el Ayuntamiento de Bilbao lleva dos años sin presupuestos y esto es lo único que ustedes son capaces de ofrecer a las instituciones donde ustedes gobiernan: inestabilidad política y confrontación. Por eso mismo, y para evitar esta cuestión, el Grupo Parlamentario Popular hoy, para que no haya sombra de dudas sobre cuál es nuestra pretensión de llegar a un acuerdo, aprobará con los votos de nuestro grupo y con quien quiera la prórroga para que el concierto económico, el instrumento de autogobierno más importante con que nos dotamos los vascos, siga vigente en toda su potencialidad, exactamente con las mismas consecuencias y con los mismos acuerdos que se obtuvieron en aquella noche del año 1997, en la que al vicelehendakari entonces, hoy lehendakari Ibarretxe, le parecía magnífico el acuerdo con el Gobierno central. Han ocurrido muchas cosas, pero fundamentalmente una. Para aquel lehendakari en el año 1997 el concierto económico no era un estorbo, sino todo lo contrario. Después de la deriva soberanista de Estella, para el nacionalismo vasco, hoy, el concierto económico es un estorbo. Sin embargo, para nuestro grupo parlamentario, lejos de ser eso, es el instrumento que garantiza las posibilidades de desarrollo económico y social de nuestro pueblo.
Nada más, señora presidenta, muchas gracias. (Aplausos.-El señor Alcaraz Masats pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señora presidenta, ha habido una alusión que consideramos insultante. Por el artículo 71 le pido un breve tiempo.


La señora PRESIDENTA: Un muy breve tiempo, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Señor Cámara, usted cree que Izquierda Unida es una fuerza dependiente de insultos, de presiones de todo tipo. Le quiero recordar en principio una cosa: desde el primer concierto, partidos que están hoy en Izquierda Unida han estado siempre defendiendo este entendimiento fiscal con respecto al País Vasco; desde la creación del cupo vasco.
En segundo lugar, señor Cámara, si usted piensa que cuando se hace un acuerdo de gobierno la fuerza minoritaria rinde siempre vasallaje con respecto a las fuerzas mayoritarias, está acusando a todos sus socios de que le están rindiendo vasallaje porque pactan con ustedes.
(Aplausos.) Nosotros hemos hecho un acuerdo transparente, a la luz pública, explicando en función de nuestras fuerzas cómo queremos realizar la gobernación del País Vasco. Nos sentimos orgullos con ese acuerdo, señor Cámara y, le voy a decir más -voy a

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terminar, señora presidenta-, no quiero aludir a otros acuerdos que por debajo de la mesa se están realizando con grupos que ustedes quieren incluir en listas de partidos terroristas. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Anda, calla!)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.
Señor Cámara, por el mismo breve tiempo.


El señor CÁMARA RODRÍGUEZ-VALENZUELA: Señor Alcaraz, yo lamento mucho que el papel que a ustedes les toca desempeñar sea el que han desempeñado hoy, pero en la reciente historia del pueblo vasco es la segunda vez que ustedes rinden vasallaje al nacionalismo vasco.
Primero lo hicieron con Estella, con el resultado que todos sabemos, y hoy lo hacen de nuevo aquí. Yo lamento mucho que esa sea la posición que ustedes quieren mantener en el día de hoy, pero mientras ustedes defendían posturas que tan sólo el nacionalismo es capaz de defender en el País Vasco, ustedes le hacían el trabajito en Madrid, y esa es la realidad.
Ustedes tenían muchas opciones de defender la cuestión debatida en el día de hoy, pero lo que a los ojos de todos los miembros de esta Cámara ha ocurrido hoy es que ustedes han pagado el precio político que el nacionalismo vasco les exige para seguir en el Gobierno vasco.
Y nada más. (Aplausos.-El señor Llamazares Trigo: Eres un mentiroso.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Cámara.
Señorías, vamos a iniciar las dos votaciones que corresponden a este trámite. En primer lugar, votamos

la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 18; en contra, 165; abstenciones, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


VOTACIÓN DE CONJUNTO.


La señora PRESIDENTA: Efectuamos a continuación la votación de conjunto del texto del proyecto de ley en una sola votación por haberse realizado el debate de acuerdo con el trámite de lectura única.
Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 260; a favor, 166; en contra, 18; abstenciones, 76.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Señorías, antes de levantar la sesión de este, en principio, último Pleno del año, permítanme que en nombre de los miembros de la Mesa y en el mío propio les exprese mis mejores deseos para la Pascua de Navidad, así como para el próximo año.
Muchas gracias. (Aplausos.) Se levanta la sesión.


Eran las ocho y cinco minutos de la noche.

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