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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 134, de 05/02/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2001 VII Legislatura Núm. 134
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 128
celebrada el martes, 5 de febrero de 2002


ORDEN DEL DÍA:

Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 6788)

Convalidación o derogación de Reales Decretos-Leyes:

- Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. ("BOE" núm. 313, de 31 de diciembre de 2001.) (Número de expediente 130/000025.) ... (Página 6788)

Avocación por el Pleno de Proyectos de ley:

- Proyecto de Ley de sanidad vegetal. (Número de expediente 121/000053.) ... (Página 6799)

Toma en consideración de Proposiciones de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 115-1, de 9 de marzo de 2001. (Número de expediente 122/000102.) ... (Página 6799)

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 122-1, de 16 de marzo de 2001. (Número de expediente 122/000109.) ... (Página 6799)

Página 6782


- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 168-1, de 26 de octubre de 2001. (Número de expediente 122/000150) ... (Página 6799)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sres. Aymerich, Rodríguez y Vázquez), sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 91-1, de 27 de octubre de 2000. (Corrección de error en "BOCG", serie B, núm. 91-2, de 22 de enero de 2001.) (Número de expediente 122/000078.) ... (Página 6810)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en lo relativo a las jubilaciones de los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie B, núm. 62-1, de 5 de junio de 2000.
(Número de expediente 122/000052.) ... (Página 6810)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga indefinidamente la jubilación voluntaria regulada en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.
"BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, núm. 129-1, de 16 de marzo de 2001. (Número de expediente 122/000107.) ... (Página 6810)

Proposiciones no de Ley:

- Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficit adaptativos. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm.
295, de 28 de enero de 2002. (Número de expediente 162/000411.) ...
(Página 6817)

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 297, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 162/000417.) ... (Página 6823)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sra. Lasagabaster), sobre la situación en la que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 297, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 162/000419) ... (Página 6823)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Vázquez), relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea (UE) al respecto. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 297, de 1 de febrero de 2002. (Número de expediente 162/000420) ... (Página 6823)

Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes:

- Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002. (Número de expediente 173/000103) ... (Página 6834)

- Del Grupo Parlamentario Mixto (Sr. Puigcercós), sobre los criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial. "BOCG.
Congreso de los Diputados", serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002.
(Número de expediente 173/000104.) ... (Página 6839)

- Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en la Constitución española. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie D, núm. 292, de 16 de enero de 2002. (Número de expediente 173/000105) ... (Página 6844)

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SUMARIO

Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución por nuevos señores diputados ... (Página 6788)

Convalidación o derogación de reales decretos-leyes ... (Página 6788)

Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible ...
(Página 6788)

Presenta el real decreto-ley el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). Comienza explicando el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social suscrito el pasado 9 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa, donde se abordaron entre otros temas la separación de fuentes de financiación, el fondo de reserva, la convergencia de regímenes especiales, la dependencia, el reforzamiento de los principios de contributividad, equidad y solidaridad y la jubilación flexible, destacando en relación con este último punto un conjunto de medidas sobre la flexibilidad de la edad de jubilación con la finalidad de dotarla de caracteres de gradualidad y progresividad, comprometiéndose el Gobierno a introducir las modificaciones legales necesarias y a modificar, por tanto, la regulación actual de la pensión de jubilación, de manera que la misma no impida una presencia social activa de los ciudadanos, extremos a los que responde el real decreto-ley que hoy presenta a la Cámara para su convalidación.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto; los señores Ruiz López (don Antero), del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Campuzano i Canadès, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora López i Chamosa, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Merino Delgado, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, se convalida por 174 votos a favor, uno en contra y 125 abstenciones.


Sometida a votación la tramitación del real decreto-ley convalidado como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia, se aprueba por 298 votos a favor.


Avocación por el Pleno de proyectos de ley ... (Página 6799)

Proyecto de ley de sanidad vegetal ... (Página 6799)

Sometida la avocación por el Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley de sanidad vegetal, se rechaza por 143 votos a favor y 158 en contra.


Toma en consideración de proposiciones de ley ... (Página 6799)

Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad ... (Página 6799)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad ... (Página 6799)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad ... (Página 6799)

Defiende la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista el señor Villarrubia Mediavilla, que considera necesario y urgente dar respuesta a los problemas con los que se encuentran aquellos españoles que tuvieron que emigrar y sus descendientes, los inmigrantes que viven y quieren integrarse en España, todas aquellos que nacen en España y no son hijos de españoles y también los ciudadanos de la Unión

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Europea. Acusa al Partido Popular de no cumplir con la promesa de 1996 de traer a la Cámara un proyecto de ley y de no tramitar la proposición de ley que presentaron en el 2001, después de que el Partido Socialista presentara la que hoy se está debatiendo. De todas formas, anuncia que su grupo votará a favor de la toma en consideración de la iniciativa presentada por el Grupo Popular, aunque le parezca corta en los avances y en las soluciones, y de la presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque también tengan algunas discrepancias puntuales, porque lo importante es la puesta en marcha de la maquinaria legislativa que concluya con un texto que resuelva eficazmente los problemas existentes, que pasa a detallar.


En segundo lugar defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso la señora Muñoz Uriol. Explica las dos razones por las que su grupo presenta esta proposición de ley para su toma en consideración. En primer lugar, porque está recogido en su programa electoral el compromiso de facilitar el acceso a la nacionalidad de los españoles residentes en el exterior y también de sus descendientes y, en segundo lugar, porque consideran importante llegar a un consenso con los otros grupos en este tema, por lo que anuncia su voto afirmativo a la toma en consideración de las otras dos proposiciones de ley presentadas.
A continuación explica el contenido de la proposición de ley.


Defiende la última de las iniciativas el señor Alcaraz Masats, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. Manifiesta que su formación política lleva muchos años intentado que el Congreso de los Diputados refleje la necesidad de esta solidaridad y justicia respecto al tema de la nacionalidad y que España comprenda cómo van evolucionando las cosas en una situación de mestizaje creciente. Hasta ahora, asegura, no lo han conseguido y acusa también al Partido Popular de incumplir su compromiso de regular la materia de la nacionalidad. Critica la iniciativa presentada por el Grupo Popular y afirma que el hecho de que tres grupos parlamentarios presenten hoy tres proposiciones de ley indica que es necesario modernizar el régimen para conservar, transmitir y recuperar la nacionalidad, pasando a explicar los objetivos de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen el señor Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, se aprueba por 296 votos a favor.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, se aprueba por 296 votos a favor y uno en contra.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad, se aprueba por 294 votos a favor.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes ... (Página 6810)

Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en lo relativo a las jubilaciones de los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas ...
(Página 6810)

Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga indefinidamente la jubilación voluntaria regulada en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo ... (Página 6810)

Presenta la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto para su toma en consideración el señor Rodríguez Sánchez. Comienza su intervención recordando los requisitos y condiciones aplicables a los docentes de la enseñanza infantil, primaria y secundaria que quisiesen acogerse a la jubilación anticipada que figuran en la disposición transitoria novena de la LOGSE y propone en nombre del Bloque Nacionalista Galego que la jubilación pueda

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permanecer a través del tiempo con carácter indefinido, para que no haya que estar cada cuatro años inventando la prórroga de la transitoria a la que hizo alusión. A continuación explica las propuestas de su grupo y pide el voto favorable de la Cámara a la toma en consideración tanto de su iniciativa como de las que se van a defender a continuación.


Defiende la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida el señor Centella Gómez.
Considera que el debate que se abre con motivo de las iniciativas presentadas sobre la jubilación anticipada de los profesores de enseñanza infantil, primaria y secundaria es tremendamente interesante por las posibilidades que se abren para la renovación pedagógica del sistema educativo. Explica la redacción que su grupo propone para la disposición transitoria novena, que pretende que los funcionarios de los cuerpos docentes acogidos a regímenes de Seguridad social o de previsión distintos de las clases pasivas puedan también acogerse a la jubilación anticipada.


Por último defiende la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, para su toma en consideración, la señora Valcarce García.
Explica que se trata, por una parte, de conseguir la jubilación anticipada con carácter indefinido y, por otra, de terminar con la intolerable discriminación entre funcionarios docentes que ven regulada su jubilación por el régimen de clases pasivas y aquellos que lo hacen a través del régimen general de la Seguridad Social. Se refiere asimismo a la disposición transitoria novena y explica el contenido de su proposición de ley.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y el señor Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes, se rechaza por 114 votos a favor, 161 en contra y 15 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en lo relativo a las jubilaciones de los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas, se rechaza por 114 votos a favor, 159 en contra y 15 abstenciones.


Sometida a votación la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga indefinidamente la jubilación voluntaria regulada en la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre de Ordenación General del Sistema Educativo, se rechaza por 115 votos a favor, 160 en contra y 15 abstenciones.


Proposiciones no de ley ... (Página 6817)

Del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits adaptativos ... (Página 6817)

Interviene en nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso en relación a la proposición de ley sobre fomento de las comunidades terapéuticas para menores la señora Seller Roca de Togores. Se refiere a la realidad conflictiva y familiar, así como social, que suscitan las drogas y se centra en la situación de los menores en riesgo social, en particular de aquellos que están sujetos a drogadicción y que acusan un grave déficit adaptativo al medio social. Considera que existe un compromiso social urgente orientado básicamente a ocuparse del menor como persona especialmente vulnerable y que es necesario que entre todos se encuentre la manera de atajar el problema rápidamente, anunciando finalmente la no admisión de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.


En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista a la proposición no de ley interviene la señora Varela Vázquez.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y la señora Riera i Ben, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits

Página 6786


adaptativos, en los términos derivados del propio debate, se aprueba por 174 votos a favor, 109 en contra y cuatro abstenciones.


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo ... (Página 6823)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la situación en la que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo ... (Página 6823)

Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea al respecto ... (Página 6823)

En primer lugar interviene el señor López Garrido para defender la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista en relación con los prisioneros que están en Guantánamo y en Afganistán como consecuencia de la guerra en este último país y que ha producido una honda conmoción en Europa, y más allá de Europa, en relación con la posibilidad de que hubiera habido o esté produciéndose una grave violación de los derechos humanos de esos prisioneros. Considera que la actitud del Gobierno español en este conflicto ha sido profundamente decepcionante, cuando no sonrojante, y critica duramente la postura de Estados Unidos que parece que no cree en el derecho internacional, lo que produce una enorme inseguridad.


En segundo lugar defiende la proposición no de ley sobre la situación en la que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo la señora Lasagabaster Olazábal, del Grupo Parlamentario Mixto. Justifica su proposición no de ley en base a que las condiciones a las que están sometidos los presos de Al Qaeda en Guantánamo son inhumanas, a que no se cumple el derecho internacional y a que la presidencia europea, que en este caso le corresponde a España, debe tener en su frontispicio un principio claro, que es la defensa de los derechos humanos.


El señor Vázquez Vázquez, del Grupo Parlamentario Mixto, defiende la proposición no de ley relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea (UE) al respecto. Muestra su preocupación por el hecho de que Estados Unidos esté dispuesto a actuar en el mundo sin ningún tipo de cortapisa, límite o respeto a las normas establecidas, lo que sin duda establece unas bases muy peligrosas desde cualquier punto de vista y abre la puerta a actuaciones y consecuencias inciertas, a lo que hay que añadir la generalizada aceptación de la hegemonía norteamericana y, por tanto, de sus planteamientos políticos y de sus actos por parte de muchos gobiernos.
Por eso, como Bloque Nacionalista Galego plantea en la Cámara la necesidad de que el Gobierno español exprese al Gobierno de Estados Unidos su rechazo por el trato que está dando a los prisioneros de la guerra de Afganistán trasladados a Guantánamo; que exija al Gobierno de Estados Unidos que respete los derechos humanos, y que demande, en definitiva, la clausura del centro de reclusión.


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Centella Gómez, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Arístegui y San Román, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


En turno de fijación de posiciones intervienen las señoras Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), y el señor Guardans i Cambó, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


A los efectos de aceptar o rechazar las enmiendas presentadas interviene el señor López Garrido.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tal y como ha puesto de manifiesto el portavoz, se rechaza por 113 votos a favor, 173 en contra y dos abstenciones.


Sometida a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la situación en la que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo, se rechaza por 114 votos a favor y 174 en contra.


Sometida finalmente a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea al respecto, se rechaza por 111 votos a favor, 174 en contra y dos abstenciones.


Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes ... (Página 6834)

Página 6787


Del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente ... (Página 6834)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Quirós Pulgar, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista. Manifiesta que su grupo presenta esta iniciativa con el único objetivo de impulsar la política ambiental estancada y sin rumbo por la manifiesta falta de criterio y voluntad de la persona que ostenta la cartera ministerial de Medio Ambiente. Critica duramente la gestión llevada a cabo por el señor Matas, ministro de Medio Ambiente, y afirma que la política ambiental del Partido Popular sólo es ruido mediático y propaganda.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Urán González, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y la señora De Lara Carbó, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista sobre política general en materia de medio ambiente, se rechaza por 105 votos a favor, 162 en contra y una abstención.


Del Grupo Parlamentario Mixto (señor Puigcercós), sobre los criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial ...
(Página 6839)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente sobre criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial el señor Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto, denunciando los excesos de centralización y concentración territorial de las decisiones económicas en beneficio de Madrid y en contra de Barcelona, Bilbao o Sevilla y las consecuencias que este proceso comporta de índole política, social y cultural.


En defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Bel i Queralt.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de proponer una enmienda transaccional a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista interviene el señor Puigcercós i Boixassa.


Por el señor secretario (Oliart i Pons) se da lectura a la enmienda transaccional que es aceptada por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) solicita una aclaración al señor Puigcercós i Boixassa en relación con la enmienda transaccional propuesta.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial, en los términos de la enmienda transaccional leída por el secretario primero de la Mesa, se rechaza por 107 votos a favor y 148 en contra.


Del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en la Constitución española ... (Página 6844)

Presenta la moción consecuencia de interpelación urgente el señor Rejón Gieb, en nombre de Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.
Compara las propuestas supuestamente novedosas del último Congreso del Partido Popular, en un intento de romper el poder de los territorios acumulado en las comunidades autónomas apoyándose en los municipios, con el apoyo que las burguesías nacientes de la Edad Media daban a las monarquías autoritarias en contra del poder feudal. Por lo que, parafraseando a Marx, afirma que la historia se repite, la primera vez como tragedia y la segunda como comedia. Acusa al Gobierno y al partido que apoya al Gobierno de no haber sabido resolver la contradicción entre la realidad de la política española con tres niveles del Estado -central, autonómico y local- y el momento de la presidencia de la Unión Europea bajo el slogan de "más Europa".


En defensa de las enmiendas presentadas intervienen los señores Martínez Sanjuán, del Grupo Parlamentario Socialista, y Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto.


Página 6788


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), y Merino López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los solos efectos de aceptar o rechazar las enmiendas propuestas interviene el señor Rejón Gieb.


Sometida a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en la Constitución española, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas aceptadas por el grupo proponente, se rechaza por 92 votos a favor y 145 en contra.


Se suspende la sesión a las once y veinticinco minutos de la noche.


Se abre la sesión a las cuatro y cinco minutos de la tarde.


JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO DE LA CONSTITUCIÓN POR NUEVOS SEÑORES DIPUTADOS.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


Asunto previo al orden del día. Hay que proceder al juramento de una nueva diputada.


Conforme al artículo 20.1.3.º del Reglamento, se procede al llamamiento de la diputada, proclamada electa por la Junta Electoral Central, doña María Teresa Sagarna Alberdi, en sustitución de don Alfonso Alonso Aranegui, para prestar juramento o promesa de acatar la Constitución.


¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

La señora SAGARNA ALBERDI: Sí, juro. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Doña María Teresa Sagarna Alberdi ha adquirido la condición plena de diputada.


CONVALIDACIÓN O DEROGACIÓN DE REALES DECRETOS-LEYES:

- REAL DECRETO-LEY 16/2001, DE 27 DE DICIEMBRE, DE MEDIDAS PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE JUBILACIÓN GRADUAL Y FLEXIBLE. (Número de expediente 130/000025.)

La señora PRESIDENTA: Punto I del orden del día: Convalidación o derogación de reales decretos-leyes. Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.


Para la presentación del real decreto, tiene la palabra el señor ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Señora presidenta, señoras y señores diputados, me dirijo a ustedes con el fin de presentar el Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, cuya convalidación se debate hoy.


El acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social suscrito el pasado 9 de abril de 2001 por el Gobierno, la Confederación de Comisiones Obreras, la Confederación Española de Organizaciones Empresariales y la Confederación Española de la Pequeña y Mediana Empresa abordó diversos temas de protección social, entre los que destacan la separación de fuentes de financiación del sistema, el fondo de reserva, la convergencia de regímenes especiales, la dependencia, el reforzamiento de los principios de contributividad, equidad y solidaridad y la jubilación flexible. En relación con este último aspecto se incluyó un conjunto de medidas sobre la flexibilidad de la edad de jubilación, con la finalidad de dotarla de caracteres de gradualidad y progresividad. Y todo ello en orden a la incidencia de la demografía en la evolución de los sistemas de pensiones, con una repercusión cada vez más acusada. En este sentido, el Gobierno se comprometió a introducir las modificaciones legales necesarias y a modificar por tanto la regulación actual de la pensión de jubilación, de manera que la misma no impida una presencia social activa de los ciudadanos. Dicho de otra manera, se trata de establecer no solamente consideraciones necesarias, de orden jurídico y económico, sino también esas consideraciones humanas, simplemente humanas, de los riesgos y de las circunstancias que se producen por salidas anticipadas del mercado de trabajo.


Esta permanencia activa de las personas de mayor edad repercute incluso en la propia autoestima del trabajador, tiene efectos naturalmente positivos sobre el sistema de pensiones y, de modo más general, presenta indudables ventajas para el conjunto de la sociedad, que de esta forma puede aprovechar la experiencia y los conocimientos de los trabajadores de más edad. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego guarden silencio. Es imposible que sea audible la intervención del señor ministro.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): A esta finalidad responde

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el Real Decreto-ley 16/2001, sobre jubilación gradual y flexible, que supone no sólo un cumplimiento directo de lo dispuesto en el acuerdo social del pasado año 2001, sino también -y esto creo que es muy importante para esta Cámara- de lo dispuesto en la recomendación décima del Pacto de Toledo, guía y referencia obligada de las actuaciones de éste y espero que de futuros gobiernos durante mucho tiempo. Por tanto, para que la flexibilidad -concepto acuñado en el propio Pacto de Toledo- de la edad de jubilación tenga una implantación cierta en nuestro mercado de trabajo resulta necesaria la adopción de medidas que fomenten la prolongación de la vida laboral.


En virtud del compromiso adquirido en el acuerdo social de 2001, el Gobierno quedó comprometido a introducir las modificaciones legales necesarias para hacer de ese compromiso una realidad. Así, en primer lugar, se regula la compatibilidad entre trabajo y pensión y para ello se procede a reformar la jubilación parcial para que esa compatibilidad sea posible desde el momento en que se comience a percibir una pensión de jubilación a cargo del sistema público de Seguridad Social. Asimismo se establece un ambicioso programa de bonificaciones y de exenciones en las cuotas de la Seguridad Social dirigidas precisamente a facilitar la contratación y el mantenimiento en la empresa de los trabajadores de más edad. En concreto, se prevé la exoneración de cotizaciones sociales por contingencias comunes, salvo para la incapacidad temporal, respecto a los trabajadores de 65 o más años que acrediten 35 años de cotización y que decidan voluntariamente la continuación o reinicio de su actividad laboral.


Estaríamos, pues, ante unas medidas claras y directas de incentivo de la prolongación de la vida laboral. Asimismo, y con la finalidad de que se incentive la permanencia en el mercado laboral de los trabajadores de más edad y como una manifestación más del fomento del empleo, a partir del 1 de enero de 2002 ha comenzado a hacerse efectiva la aplicación de bonificaciones en la cuota empresarial, nuevamente salvo la incapacidad temporal, de aquellos contratos indefinidos que se realicen con trabajadores de 60 o más años con una antigüedad en la empresa de cinco o más años. Esta bonificación podrá ser del 50 por ciento y aumentará gradualmente en un 10 por ciento en cada ejercicio hasta alcanzar un máximo del cien por cien.


Como consecuencia de todo lo anterior, el real decreto-ley introduce otras modificaciones en la legislación de la Seguridad Social. Así se posibilita el acceso a la incapacidad permanente con 65 o más años, aunque se reúnan las condiciones de acceso a la pensión de jubilación, cuando la causa originaria de la incapacidad derive precisamente de accidente de trabajo o de una enfermedad profesional. No se extingue el subsidio por desempleo para mayores de 52 años por el mero hecho de alcanzar la edad para tener derecho a una pensión de jubilación en su modalidad contributiva y se hace posible, por primera vez, la mejora de la pensión de jubilación por encima del cien por cien de la base reguladora para aquellos trabajadores que permanezcan en activo más allá de los 65 años y acrediten un mínimo de 35 años de cotización, siendo el porcentaje el resultante de sumar al cien por cien un 2 por ciento adicional por cada año trabajado desde el cumplimiento de los 65 años.


De otro lado, el real decreto-ley no sólo fomenta la prolongación de la vida laboral sino que garantiza al mismo tiempo los derechos de aquellos trabajadores que son expulsados del mercado de trabajo. Para ello y de acuerdo con el contenido del propio acuerdo social de 2001, por una parte se reformulan las condiciones de acceso a la jubilación anticipada de manera que se mantiene la regulación actual de acceso a la jubilación a partir de los 60 años por aplicación del derecho transitorio y, por otra, se posibilita que puedan acceder a la jubilación anticipada, a partir, eso sí, de los 61 años, los trabajadores afiliados a la Seguridad Social con posterioridad a 1 de enero de 1967, siempre que reúnan determinados requisitos que, como saben SS.SS, son: un período mínimo de cotización de 30 años, involuntariedad en el cese e inscripción como desempleado al menos seis meses antes de la solicitud de jubilación. En ambos casos se aplican los correspondientes coeficientes reductores, cuya cuantía varía en función de los años de cotización acreditados, en una aplicación gradual, en una escala que oscila entre el 8 y el 6 por ciento y que introduce una discriminación más selectiva y entiendo que más justa que la preexistente. No digo ya que la preexistente antes de 1996, que, como sin duda recuerdan SS.SS, era un tipo único de penalización con absoluta independencia del número de años cotizados.


Al mismo tiempo, el real decreto-ley trata de proteger los derechos de los trabajadores desincentivando y limitando el uso de las prejubilaciones abusivas. Por ello, se determina la obligatoriedad de suscribir un convenio especial en el supuesto de extinción de contratos de trabajo que se deriven de expedientes de regulación de empleo promovidos por empresas que no se hallen incursas en procedimientos concursales, quiebra o suspensión de pagos, que incluyan trabajadores con 55 o más años que no tuvieran esa condición de mutualistas a uno de enero de 1967. El convenio especial, pues, abarcará desde el cese en el trabajo hasta los 65 años y su coste habrá de ser soportado por empresarios, hasta que el trabajador cumpla 61, y trabajadores, entre 61 y 65. Subrayo la circunstancia de que también estas condiciones nacen de un acuerdo social alcanzado entre empresarios y sindicatos.


Expuestas las medidas y novedades del real decreto-ley cuya convalidación someto hoy a SS.SS., resulta necesario también hablar de la oportunidad formal de esta norma. Dicha oportunidad obedece básicamente al objetivo de poner en práctica los compromisos asumidos por el Gobierno en el acuerdo suscrito el pasado 9

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de abril de 2001, con la finalidad de dar efectividad inmediata al conjunto de medidas previstas en el mismo, respecto a alguna de las cuales era el propio texto del acuerdo el que comprometía como fecha de efectos la del 1 de enero de 2002. De no haberse utilizado el mecanismo jurídico previsto en el artículo 86 de la Constitución, la aprobación de las medidas a esta fecha no hubiera sido posible. Y, de la misma manera, tal vez resulta oportuna también la norma en virtud de las tendencias que se observan de forma creciente en la Unión Europea y con relación a una materia de tanta importancia para el futuro como la que trata este real decreto-ley.


No es ningún secreto que las sociedades europeas atraviesan por una fase de bajos índices de natalidad que, unidos al hecho de una mayor esperanza de vida, circunstancia que ha de ser en todo caso motivo de satisfacción, definen un panorama bien distinto al que vivía la sociedad española hace muy pocos años. Es la conjunción entre los bajos índices de natalidad y el aumento de la esperanza de vida y sus consecuencias lo que constituye un peligroso binomio que, puesto en conexión con los sistemas de protección social, se presenta como uno de los principales temas para la reflexión y, por supuesto, la adopción de medidas. Con este nuevo real decreto-ley en materia de jubilación se trata de sentar las bases para asegurar la sostenibilidad futura del sistema de pensiones; es decir, se toman medidas hoy para afrontar los retos del mañana. Estoy convencido de que las consecuencias derivadas del fenómeno del envejecimiento podrán controlarse si desde hoy mismo se adoptan las medidas necesarias para paliar sus efectos. Entre otras: fomentar la prolongación de la vida laboral como uno de los instrumentos que contribuirán de forma decisiva a garantizar la viabilidad de nuestro sistema de protección social. A estos efectos, los sistemas de pensiones deben ofrecer incentivos para la participación de los trabajadores mayores en la vida laboral y contemplar sistemas voluntarios de jubilación graduales y flexibles como el que diseña la norma que hoy se presenta a convalidación y expresado en términos, entiendo, plenamente coincidentes con la ya citada recomendación décima del Pacto de Toledo. Además, es bueno y oportuno eliminar los factores que incentivan a los trabajadores de más edad a abandonar el mercado de trabajo. Y no sólo por las consecuencias económicas que implica, sino porque ello va en detrimento de los objetivos de crear una sociedad participativa y de estimular el envejecimiento activo. Lograr que los trabajadores de mayor edad continúen en activo exigirá esfuerzos culturales y sociales o, en definitiva, cambios de mentalidad y comportamientos no sólo de los trabajadores, sino también de nuestros emprendedores. Hacer realidad la prolongación de la vida activa redundará en beneficio de la autoestima del trabajador y tendrá efectos positivos sobre el sistema de pensiones, además de presentar indudables ventajas para el conjunto de la sociedad, que de esta forma puede aprovechar la experiencia y los conocimientos de estos trabajadores.


Esta es la línea en la que debemos trabajar, que en este caso es coincidente con la senda que nos marca y define el conjunto de la Unión Europea. De cara al futuro, el real decreto-ley que hoy presentamos para su convalidación ante esta Cámara representa un paso decisivo en este camino y la inmediata puesta en práctica de sus contenidos resulta fundamental para comenzar a afrontar desde hoy los retos a los que se enfrentará nuestro sistema de protección social en el mañana.


Nada más y muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


¿Turno en contra de la convalidación? (Pausa.)

¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Estamos debatiendo la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2001, sobre medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Adelanto que desde Eusko Alkartasuna no somos favorables al contenido de este real decreto, sin perjuicio de que nuestro voto pueda depender de la voluntad del Gobierno, del Partido Popular, que le sustenta, de permitir la tramitación a través del proyecto de ley. En todo caso, nos abstendríamos.


Las razones son las siguientes: en primer lugar, se alega en el real decreto-ley que hay una pérdida de autoestima cuando llega la jubilación.
Creemos que es un enfoque no demasiado acertado, porque en una situación de jubilación también se puede aportar mucho a la sociedad. El problema es que en esta sociedad se ha ligado o se liga mucho la presencia activa de los ciudadanos en ella con el trabajo y sin embargo pensamos que la presencia activa de los ciudadanos también se puede dar en muchos campos además de en el del trabajo, con importancia para la propia sociedad.
Tenemos que buscar vías para aprovechar la experiencia de ese colectivo que realmente existe y canalizar sus ganas de aportar a la sociedad. Por otra parte, el tratamiento de la jubilación no se puede aislar de la situación del mercado laboral. Hay que tener en cuenta que en el Estado español existe una tasa de actividad muy baja, sobre todo en los colectivos de jóvenes y mujeres, y que existen todavía unas tasas de paro altas. Es necesario que estas personas puedan entrar también en el mercado laboral y se necesitan políticas para incentivar su entrada.
Entendemos que una de ellas puede ser el relevo generacional. Se alega asimismo que hay que aprovechar la experiencia de la gente con muchos años de experiencia, valga la redundancia, y es cierto, pero

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también se puede relativizar en la medida en que podemos estar perdiendo formación de gente joven en nuevas tecnologías. Es verdad que todo esto tiene que tener en cuenta los distintos sectores en los que se trabaje.
Hay que considerar esas dos consideraciones y aplicarlas en los distintos sectores.


El efecto positivo que dice tener este real decreto es dejar de pagar una serie de pensiones, pero también es verdad que, si no dejamos participar a los jóvenes, es posible que no se esté cotizando para recibir una futura pensión de jubilación. Por ello, creemos que hay que visualizar esta cuestión desde un nuevo enfoque. Nosotros hemos abogado siempre por el llamado contrato de sustitución para aquellos trabajadores y trabajadoras que, habiendo cotizado a la Seguridad Social al menos treinta y cinco años y siendo mayores de 60, puedan jubilarse con el cien por cien de su pensión, siempre que haya una sustitución en su empresa por otra persona.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Lasagabaster.


Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el real decreto-ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible, como su propio título indica y como se define en la exposición de motivos del mismo, tiene, más allá de otros aspectos y consideraciones, un objetivo básico, que es flexibilizar la edad de jubilación y dotarla de los caracteres de gradualidad y progresividad. En nuestro criterio, abrir claramente la espita para que la edad de jubilación pueda retrasarse más allá de la hoy establecida.


Nosotros pensamos que esta decisión, que no es una cuestión menor, debería merecer un debate más demorado en el tiempo, más sosegado y que permitiese la aportación de los grupos. Nos sigue pareciendo poco oportuno que el Gobierno trate de sustanciar, desde el punto de vista parlamentario, una cuestión tan importante como ésta a través del mecanismo del real decreto-ley. Por tanto, pediríamos que, más allá de la convalidación o no en el día de hoy de este real decreto, esto fuese tramitado como proyecto de ley. En un caso como este, no hay ninguna urgencia, puesto que, como decía el señor ministro, este real decreto-ley es producto del acuerdo para bajar las pensiones firmado en abril de 2001, hace casi ya un año, por el Gobierno, patronal y uno de los sindicatos más representativos en un nivel estatal. Tramitarla como proyecto de ley es más oportuno, si cabe, teniendo en cuenta lo que decía anteriormente. Con el apoyo unánime de la patronal, fue rechazado por la mayoría de las organizaciones sindicales, que expresaron en su día su oposición al contenido. Entrando en él, queremos decir que, al tiempo que se contemplan tímidas mejoras para un colectivo concreto de trabajadores, se introducen medidas regresivas y en principio contradictorias con políticas de empleo defendidas por el propio Gobierno.


Hay algunos aspectos positivos, que valoramos, como son las medidas que se refieren a la extensión de la jubilación anticipada a trabajadores que cuenten con 61 años y que no tuvieran la condición de mutualistas antes de 1967, aun reconociendo el alcance limitado de la misma, pues no se configura como un derecho voluntario del trabajador sino que esta situación tendrá que traer causa de un cese involuntario del mismo; dependerá de si el cese en la actividad laboral parte de una decisión de la parte empresarial. Consideramos también un avance la reducción de los coeficientes reductores en supuestos de jubilación anticipada, al basarse la misma en el esfuerzo contributivo de los trabajadores, de manera que los que tienen una amplia historia laboral no se vean excesivamente penalizados por tener que cesar con antelación en la vida laboral. Pero aquí también lamentamos que no se haya modificado en el mismo sentido la reducción de los coeficientes a los trabajadores que hubieran cotizado antes de 1967 y cesan por voluntad propia.


Entrando en otro aspecto, a nosotros nos parece regresivo en general la introducción de mecanismos para poder retrasar la edad de jubilación más allá de los 65 años, permitiendo la posibilidad de realizar un trabajo remunerado compatible con la percepción de la pensión, ofreciendo incluso, como decía el señor ministro, mejoras en la base reguladora de la pensión a aquéllos que sigan trabajando más allá de los 65 años y con 35 de cotización. Ya sé que, en principio puede resultar atractivo para algunos, pero en realidad no se puede desconocer que plantea problemas o esconde determinados intereses nada altruistas. Ya hizo referencia a esto la señora Lasagabaster. La verdad es que este tipo de fórmulas va a provocar mayores dificultades para el acceso al empleo de los jóvenes, hoy con tasas muy elevadas de paro en menores de 30 años. Por tanto, en una situación en la que no se vislumbra el pleno empleo por ningún lado, va a ser difícil compatibilizar la permanencia en el trabajo después de los 65 años con el acceso de jóvenes a esos empleos. Por cierto, es una política que al tiempo dice impulsar el Gobierno. A nosotros nos parece también que estas medidas esconden una decisión como es favorecer la disminución de las cotizaciones empresariales, al contratar mayores de 65 años. Y mucho me temo que aquí se encuentre una de las claves de la propuesta. Podríamos hablar de las dificultades que en este momento tienen personas en la franja de edad de mayores de 55 años para encontrar empleo y veríamos que al final se trataría casi de poner una serie de trabajadores a la carta.


El señor ministro nos hablaba de que con estas medidas se trataba de sostener el futuro del sistema de pensiones. Más allá de medidas concretas correctoras puntuales

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que se puedan adoptar, para sostener el futuro del sistema de pensiones, el debate debería girar en torno a la necesidad de aumentar el gasto social, por cierto, inferior a la media de la Unión Europea, para garantizar un aumento en la cuantía de las pensiones y para garantizar su dignidad. Esto sería algo perfectamente posible en Estados que se dicen económica y socialmente avanzados. En todo caso concluyo, señora presidenta, diciendo de nuevo que sin duda es posible mejorar mucho el contenido de este real decreto-ley, permitiendo la aportación de los grupos, tramitándolo como proyecto de ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vázquez.


Grupo Parlamentario Vasco (PNV). (Pausa.)

Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Señor Ruiz.


El señor RUÍZ LÓPEZ (Don Antero): Gracias, señora presidenta.


Señorías, debemos empezar diciendo que el reconocimiento de la jubilación flexible a partir de los 61 años es seguramente el mayor logro sindical incluido en el acuerdo que ha dado lugar a este Decreto. Existe una muy fuerte presión desde lugares muy influyentes para elevar la edad ordinaria de jubilación por encima de los 65 años. Sin embargo, esta presión se compadece poco con la cultura empresarial de reducir empleo sobre la base de la jubilación anticipada. El 64 por ciento de los trabajadores del régimen general se jubila actualmente a los 60 años, casi en su mayoría por intereses de las empresas, que explican por una presunta renovación de las plantillas.


Con esta situación, nadie sensato puede pensar que los empresarios van a modificar su conducta manteniendo de manera masiva a los trabajadores en su puesto de trabajo después de los 65 años, a pesar de propuestas que reducen el coste laboral y que Izquierda Unida no apoyará. En todo caso debe afirmarse rotundamente que el derecho a jubilarse a los 65 años es del trabajador; mantenerse en activo es una decisión voluntaria del mismo y no puede contemplarse como una política discrecional del Gobierno o una variable de su política económica. Probablemente nos encontramos ante una de las últimas oportunidades para la afirmación del derecho a reducir la vida laboral y acompasar el tiempo de trabajo a las nuevas condiciones tecnológicas y productivas. El acuerdo alcanzado era probablemente la última posibilidad de conseguir este nuevo derecho y por eso tiene más valor todavía. Debemos enfatizar, además, que el actual derecho de jubilación anticipada a los sesenta años está en proceso de extinción al estar limitado a las personas con cotizaciones a mutualidades antes del 1 de enero de 1967. En la actualidad sólo 1,2 millones de los trabajadores en activo pueden acceder a la jubilación antes de los 65 años. No cabe, por tanto, comparar el nuevo derecho con el antiguo, de hecho, no existe esta posibilidad para la mayoría de los trabajadores en activo. Podemos afirmar que no se trata tanto de haber cedido un año en la posibilidad de entrada de este derecho sino que se han ganado cuatro.


Este acuerdo y este Decreto tratan de interpretar la décima recomendación del Pacto de Toledo. Señorías, existen sobre este Pacto demasiadas presiones que a veces tienden a desnaturalizar aquel acuerdo, que por cierto es bastante limitado en algunos aspectos. De hecho, este Decreto, como el acuerdo, parecen compensar el seguimiento de la recomendación décima con el estímulo a la prolongación voluntaria de la vida laboral, exonerando de cotizaciones a los mayores de 65 años o prolongando más allá de esta edad la compatibilidad de pensiones y salario en contratos de relevo. En ese sentido, no podemos estar a favor de un acuerdo que en principio viene a establecer un sistema flexible de pensiones; por un lado, se exonera de cuotas a los trabajadores con derecho al cien por cien a los 65 años y, mucho peor, que los empleadores, empresarios, queden igualmente exentos de cotizaciones. Esto es una incongruencia, pero además el artículo 10 del Decreto-ley establece en el apartado 2 que, si se sobrepasan los 65 años y se tiene derecho al cien por cien, por cada año más trabajado se aumente la base en un 2 por ciento, lo que vendría a suponer un agravio comparativo muy grave, ya que la pensión de cualquier trabajador que tenga cotizaciones por más de 35 años y se jubile a los 65 años no es posible que sobrepase el cien por cien de la base reguladora; estaríamos creando es un disparate que los tribunales de lo social pondrían en su sitio. Baste poner un ejemplo muy claro de cuál sería ese agravio. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Ruiz, por favor. (Pausa.)

Adelante.


El señor RUÍZ LÓPEZ (don Antero): Si ponemos un ejemplo sobre este tema que veníamos denunciando como un agravio, a lo mejor reclamamos más la atención de SS.SS. Un trabajador que se jubila a los 65 años, con 40 años de cotización, tendría una base del cien por cien, y un trabajador que se jubila a los 70 años, con 35 años cotizados, tendría una base del 110 por ciento. Sobran explicaciones.


Sin duda es en este terreno donde debe de profundizarse más a través de la discusión de enmiendas pues existe la posibilidad de tramitación como proyecto de ley. El señor ministro no nos lo ha planteado, pero según las noticias que tenemos parece que existe un compromiso con los propios sindicatos, que nos ayudará a precisar más algunos aspectos controvertidos de este apartado con las enmiendas que ya anticipó el Grupo Parlamentario Federal que plantearía a ese proyecto de ley. En una palabra, esto de poner una vela a Dios y otra

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al diablo es lo que genera dudas sobre las convicciones profundas del PP y su respeto al Pacto de Toledo; dudas que se agrandan cuando no deja de escucharse que el acuerdo no es sino una tregua hasta el 2003, año en que el Partido Popular pretende, según algunas declaraciones, modificar el período de cálculo de pensiones en una interpretación regresiva del Pacto de Toledo.


En el campo de las dudas generadas, debe reconocerse cierta situación contradictoria derivada de la fijación de 30 años como tiempo cotizado para poder acceder al nuevo derecho. Por una parte, es sabido que el 80 por ciento de las pensiones con entrada durante el año 2000, procedentes del régimen general, se corresponden con trabajadores con cotizaciones superiores a 30 años. También debe reconocerse que es positivo introducir cierta contributividad en el sistema. No obstante, debe considerarse, al efecto de la precariedad en el empleo, que, en el caso de mantenerse en el tiempo la excedencia de temporalidad, la influencia negativa en la pensión percibida se manifestaría de forma significativa como mínimo dentro de 20 años. Podríamos decir que, si existe voluntad política, dispondríamos de tiempo y posibilidades para prevenir y corregir los potenciales efectos negativos de esta regulación. Este periodo de 20 años nos permite actuaciones políticas y económicas, pero debemos empezar a garantizar desde hoy a ciudadanos y ciudadanas sus condiciones para acceder al gasto mediante políticas que afronten seriamente el problema de la precariedad en el empleo. Resulta evidente que los gestos presentes del Gobierno respondiendo a las demandas de los sindicatos no se trasladan a las generaciones futuras mientras se desregula y precariza el mercado de trabajo. La obligación de un político -debería saberlo el Partido Popular- no es hacer gestos para poner fácil la sucesión del señor Aznar satisfaciendo demandas de los pensionistas de hoy, sino conceder el derecho de un trabajo estable y de calidad, esto es el derecho a la pensión futura, a la mayoría de la sociedad.


Entre los aspectos positivos debe señalarse que se han conseguido coeficientes reductores inferiores a los existentes en el antiguo derecho, situándose en la mayoría de los casos en el límite del punto de equilibrio, donde el sistema de pensiones tendría que asumir costes financieros respecto a la situación alternativa de jubilación del trabajador a los 65 años con la base reguladora completa. Nos encontramos entre los que consideran que la obligación de permanecer seis meses como demandante de desempleo para acceder a la jubilación anticipada no es una restricción al ejercicio de este derecho. Ya en el acuerdo de 1996, firmado también con UGT, se redujo el coeficiente reductor del 8 al 7 por ciento para los trabajadores con 40 o más años cotizados, siempre y cuando el trabajador se vea forzado a acceder a la situación de jubilación por razón de pérdida de empleo, por reestructuraciones o reconversiones sectoriales, por crisis de empresa o como consecuencia de la extinción del subsidio asistencial del desempleo.


En definitiva, señorías, y para ir concluyendo, el Decreto ofrece algunas sombras que intentaremos aclarar en el debate de su conversión en ley, pero fundamentalmente cabe decir que las dudas que se generan tienen que ver, por una parte, con la actitud contradictoria del Partido Popular respecto al Pacto de Toledo y, por otra, con la contradicción de la derecha entre sus gestos políticos a corto plazo y una política económica que no sólo no apuesta por el futuro, sino que aboca a las próximas generaciones a notables dificultades. De hecho, se compadece poco con medidas que se presentan como fruto del acuerdo social, políticas de reforma unilateral del mercado de trabajo, la desidia respecto a la situación del empleo o la escasa consideración que los asuntos sociales suponen en sus recientes esfuerzos de liderazgo europeo e incluso universal. Señorías, en el campo que nos reúne hoy, existen posibilidades evidentes de mejora y aspectos cuestionables, pero al final esas dudas nos remiten a la voluntad política de cohesión social, una voluntad política que percibimos con demasiada frecuencia lastrada por los prejuicios políticos radicalmente liberales de los que ustedes hacen gala en su política social y económica. Los pensionistas de hoy son posiblemente afortunados receptores de un notable esfuerzo sindical y, por qué no decirlo, de los gestos populistas que exige la sucesión en el campo de la derecha. Sin embargo, seguimos adoleciendo de sombras en lo que se refiere a las carreras profesionales y de pensiones de los trabajadores más jóvenes. Esta dificultad de planificar a corto plazo crea una cultura de inseguridad que lesiona muchos derechos de los trabajadores actuales.


En este sentido, debo resaltar las desafortunadas declaraciones efectuadas por el presidente de la Comisión sobre el Pacto de Toledo. Precisamente todos los indicadores nos anuncian que la peor situación en términos de calidad de vida, de aproximación a umbrales de la pobreza, la padecen las mujeres pensionistas y las mujeres solteras o viudas con responsabilidades familiares. Lo que viene a proponernos el presidente de la Comisión o el Partido Popular es prolongar esta situación. Se propone aliviar los riesgos financieros del sistema por la vía de deteriorar las condiciones de vida de las mujeres pensionistas. Éstas son las cosas que desvelan una parte del alma conservadora del Partido Popular por muchos esfuerzos centristas que se hagan en los congresos. El Partido Popular tiene ahora la responsabilidad de hacer un gesto de desautorización que sea creíble. No obstante, las declaraciones del señor Troconiz no obedecen a una improvisación sino a una estrategia del Partido Popular de situar las pensiones por debajo del cien por cien y así abrir el camino a un sistema complementario.


Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ruiz.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Campuzano.


El señor CAMPUZANO I CANADÈS: Gracias, señora presidenta.


Voy a fijar la posición del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) sobre la convalidación del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible. Evidentemente, Convergència i Unió anuncia su voto favorable a esta toma en consideración.


Este Real Decreto, fruto del acuerdo del pasado mes de abril entre Comisiones Obreras, las organizaciones empresariales y el propio Gobierno, no es más que un desarrollo de la recomendación 10 del Pacto de Toledo (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.); una recomendación que apuesta por una gestión de la edad de jubilación de manera flexible y dotada de los caracteres de gradualidad y progresividad. Ese acuerdo de abril y el Real Decreto lo que hacen es empezar a avanzar claramente en esa recomendación del Pacto de Toledo. Aquello que pretende este Real Decreto, aquello que pretendía el Pacto de Toledo, aquello que pretendía el acuerdo de abril entre el Gobierno y esos agentes sociales era reforzar el sistema de protección social a medio y a largo plazo.


Ayer mismo -hemos leído hoy en la prensa-, en un encuentro en Lanzarote sobre la viabilidad del sistema de protección social en el conjunto de la Unión Europea, la propia comisaria de Asuntos Sociales de la Unión apostaba por la filosofía que expresa este Real Decreto. El proceso de envejecimiento del conjunto de nuestra población activa y las bajas tasas de natalidad de nuestra sociedad nos orientan hacia la línea de una gestión flexible de la edad de jubilación, hacia un modelo que estimule e incentive esa presencia de los ciudadanos de manera activa en nuestro mercado de trabajo. Además, señorías, esta orientación también parte de la idea de que debemos reforzar todas aquellas medidas y posibilidades que mejoren la empleabilidad de los trabajadores mayores de 50 años, no sólo desde la lógica de mejora de la viabilidad del sistema de protección social, sino desde la perspectiva del aprovechamiento de la experiencia laboral de sectores muy importantes de nuestra sociedad. Creo que todos coincidiríamos, señorías, en que ha sido insultante ver cómo personas -la mayoría de ellas hombres-, en plenas facultades físicas, psíquicas y de opciones laborales, han sido obligadas a abandonar el mundo del trabajo, no sólo desde la perspectiva del aprovechamiento de la experiencia laboral, sino además desde la del reforzamiento de la cohesión social del conjunto de las familias del Estado español. Defender hoy esa prolongación de la edad laboral de los trabajadores, defender hoy que los hombres de más de 50 años continúen en el mercado de trabajo como activos es también trabajar para reforzar la cohesión social de las familias.
Finalmente, señorías, nos parece que este Real Decreto también abre la espita para dar salidas -que nos parecen interesantes- a una jubilación anticipada en aquellos supuestos de trabajadores con largas carreras laborales. Por tanto, en estas tres líneas la propuesta debe encontrar el apoyo de Convergencia i Unió.


Entendemos también que este Real Decreto debe ser tramitado como proyecto de ley, aunque sea por una simple cuestión formal política. Este Real Decreto es el desarrollo del Pacto de Toledo, que fue impulsado en sede parlamentaria. El Pacto de Toledo ha sido objeto de amplios consensos en sede parlamentaria y, por tanto, no sería bueno que la tramitación de este Real Decreto, que es importante, no tuviese la complicidad y la asociación del propio Parlamento. Entendemos que esta sola razón justificaría su tramitación como proyecto de ley. Nos consta que el Grupo Popular va a anunciar también esa petición y que el Gobierno está de acuerdo con ello.


Nos parece que la tramitación como proyecto de ley nos puede permitir también plantear el debate sobre algunas cuestiones a las que el Real Decreto no ha dado suficiente respuesta. Una primera cuestión que, a nuestro entender, va a merecer la reflexión en el trámite parlamentario es el tratamiento de la jubilación anticipada de las personas discapacitadas. En el seno del Pacto de Toledo tuvimos la intervención de un directivo del Cermi que iba en esa línea; ahí se nos plantea una situación de especificidad muy propia que el Real Decreto no contempla.
Entendemos que el trámite parlamentario nos debería servir para configurar una propuesta técnica y legislativamente adecuada que dé respuesta a esa problemática de las personas discapacitadas.


En segundo lugar, ¿existe margen para avanzar en una equiparación más amplia de la que el Real Decreto introduce para los trabajadores autónomos, existe margen para evitar continuar discriminando a los trabajadores autónomos en el terreno de las jubilaciones anticipadas, en este caso? Ahí deberíamos ser capaces también de formular alguna propuesta.


Quizá deberíamos también mejorar el tratamiento que damos a las prejubilaciones resultado de despidos individuales. En un informe que encargó el Gobierno en la pasada legislatura -creo recordar que fue el ministro Pimentel- al Consejo Económico y Social, se afirma que en los supuestos relativos a los despidos individuales, mucho más relevantes desde el punto de vista cuantitativo, al no existir complementos sustitutivos del salario ni mecanismos de mantenimiento de la cotización porque no se materializa el despido mediante un ERE, los trabajadores afectados se ven abocados en muchos casos a permanecer en situación de desempleo, percibiendo durante la fase asistencial una renta equivalente al 35 por ciento del salario mínimo interprofesional,

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en la que además se cotiza por base mínima. A nuestro entender esta cuestión no queda resuelta en el Real Decreto y sería objeto también de una reflexión para dar respuesta a ese núcleo que constituye muchas veces el núcleo principal de prejubilaciones.


Finalmente, el Real Decreto no da respuesta a uno de los mandatos del acuerdo de abril. El acuerdo de abril, en el que se articulan las líneas políticas de la jubilación flexible, afirma que se estudiará la situación actual de aquellos pensionistas que hayan accedido a una pensión de jubilación anticipada en orden a posibilitar la mejora de la pensión de jubilación que vienen percibiendo, todo ello de acuerdo con las posibilidades financieras del sistema. Debemos buscar en sede parlamentaria mejoras que afecten a buena parte de esas personas que se vieron obligadas a abandonar el mercado de trabajo y que hoy están percibiendo una pensión hasta un 40 por ciento por debajo de la que percibirían si no se hubiese producido tal abandono. En resumen, señorías, deberíamos mejorar el Real Decreto en lo que concierne a las personas discapacitadas, a los autónomos, a las prejubilaciones, a los supuestos de despido individual, y al desarrollo de esta previsión del acuerdo de abril.


El debate que se genera con esta iniciativa del Gobierno, fruto del diálogo social, debe ir acompañado de algunas cuestiones. El citado acuerdo del mes de abril invita al Gobierno a elaborar un estudio sobre la edad de jubilación, y nos gustaría ver cómo se concreta en los próximos meses. El Estado y las comunidades autónomas tendrán que plantear políticas más ambiciosas para hacer posible que las personas mayores de 45-50 años tengan un nivel de empleabilidad que les permita continuar activas en el mercado de trabajo. La Unión Europea y el informe del Consejo Económico y Social insisten en la necesidad de mejorar las políticas de formación ocupacional y de formación continua. Nuestras tasas de actividad en ese tramo de edad indican que las políticas activas -en manos del Estado, de las comunidades autónomas y de los agentes sociales- deben priorizar su orientación hacia las personas mayores.


Además, señorías deberemos impulsar -y el Gobierno tiene una importante responsabilidad en ese sentido-, tal como han hecho otros gobiernos de la Unión Europea, códigos de buena práctica para las empresas en la gestión del personal mayor de 45 años, aunque es evidente que no se hará en este Real Decreto, pero evitar la expulsión de esas personas en óptimas condiciones para participar en el mercado de trabajo también es responsabilidad de las empresas. El Gobierno puede impulsar códigos de buena práctica con los que comprometer a nuestro tejido empresarial con ese concepto fundamental, que permitirá mantener y hacer sostenible nuestro sistema de protección social y aprovechar toda la potencialidad de nuestra población, que permitirá, en definitiva, que el proceso de armonización del Estado de bienestar sirva para reforzar los mecanismos de cohesión social.


Convergència i Unió espera que los grupos parlamentarios avancen en esta línea durante el trámite parlamentario, de modo que las cuestiones que afectan a la protección social y al desarrollo del Pacto de Toledo sean objeto también de consensos parlamentarios.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Campuzano.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la señora López.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, buenas tardes a todos. Antes de entrar en el debate sobre el decreto ley y dado que estamos iniciando un nuevo período de sesiones, me van a permitir que les diga un par de cosas a los diputados del PP.


Quiero decirles, señorías, que, a pesar de que en las grandes campañas se ponen ustedes el traje de centristas, de vez en cuando les sale la derecha que llevan dentro. (Rumores.) Eso les lleva a ser soberbios e intolerantes. Son ustedes muy intolerantes porque no toleran absolutamente nada que no esté en su entorno o bajo su paraguas, por decirlo de alguna manera. Son intolerantes cuando, señorías, no son capaces de ir a las honras fúnebres de Adolfo Marsillach; ese es un talante intolerante hacia una figura como la del señor Marsillach.
(Rumores.), son intolerantes, señorías, y les sale. No sé si decirles otras cosas porque el señor Troconiz -y lamento profundamente tener que decírselo al señor Troconiz- ha tenido la genial idea de decir que nos rebajen a las mujeres las pensiones porque vivimos más. Ya sé que lo han desmentido y, si lo han desmentido, pasan dos cosas: o que el PP está dividido en dos facciones porque unos piensan que sí y otros que no, o que es realmente lo que piensan y lo dice el señor Troconiz. (Aplausos.) Es decir, no sé si es la posición de todo el mundo y hacen la comedia que corresponde. (Rumores.) ¿Ven ustedes como no son capaces de escuchar cuando se les habla sin ninguna acritud y sin ningún ánimo de ofender porque no lo toleran? Aguanten y escuchen, igual que hacemos los demás.
(Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora López i Chamosa, le ruego prosiga, por favor.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Hay que reconocer que había que dar vidilla a esto porque estaba muy dormido. (Risas.)

Señorías, entrando en el análisis del Decreto-ley 6/2001, tengo que decir que viene de un acuerdo del 9 de abril de 2001, firmado entre Comisiones Obreras, la CEOE, la Cepyme y el Gobierno. Yo, que discrepo profundamente de aquel acuerdo, que no lo comparto,

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estoy convencida de que Comisiones Obreras, como sindicato obrero que es, no comparte la redacción de este Decreto, porque aquí lo que se demuestra es que en una cosa tan complicada como las pensiones, el sistema público de pensiones no se puede legislar a retazos, deshilachadamente, ahora un poco y después otro poco, porque esto nos lleva a las grandes contradicciones que tiene este Decreto y que yo, señor ministro, voy a intentar explicarles.


Este Decreto crea un montón de desigualdades entre trabajadores que estén en un mismo centro de trabajo. Dice que establece la posibilidad de seguir trabajando más allá de los sesenta y cinco años, pero luego tiene una redacción que penaliza a esos trabajadores que se decidan a seguir trabajando, con lo cual va en contra de aquello que dice perseguir.
Además, por mucho que usted haya dicho aquí que está de acuerdo con el Pacto de Toledo, este Decreto, señor ministro, va contra el espíritu del Pacto de Toledo; legisla de nuevo el Gobierno en contra del espíritu del Pacto de Toledo, que es lo que ha venido haciendo en los últimos tiempos.


Empezaré por el primer artículo, señorías, que se refiere a la jubilación flexible. Aquí tengo el "Diario de Sesiones" que contiene la discusión de una enmienda del Grupo Socialista que proponía la jubilación flexible en 1997 y no fue posible; hoy es posible mediante este Decreto y lo único que pregunto es por qué no fue posible en 1997, y ahora sí lo es; a lo mejor, se debió a que la idea no fue de ustedes. Bienvenido sea, pero creo que hemos perdido cinco años innecesariamente. Este Decreto establece la extensión de la jubilación a trabajadores que no tuvieran la condición de mutualistas. Crean ustedes dos tipos de prejubilaciones, aunque sigue sin haber más que una jubilación anticipada. Miren ustedes, entre un trabajador que haya empezado a trabajar dado de alta el 31 de diciembre de 1966 y otro el 2 de enero de 1967 hay condiciones totalmente diferentes; mientras que el del 31 de diciembre con 15 años de cotización se puede prejubilar a los 60 y no elige él, el otro tiene que tener 30 años cotizados, tiene que haber sido despedido y tiene que haber pasado por el desempleo para poderse jubilar. Por tanto, crean unas desigualdades fundamentales.


Señor ministro, usted decía desde esta tribuna: No queremos incentivar las jubilaciones anticipadas. Ayer estuve reunida con una federación de asociaciones de prejubilados y ninguno se había querido prejubilar voluntariamente, lo hicieron porque les echaron a la calle y no tuvieron más remedio. No digamos que no queremos incentivar: o damos cobertura a la gente que queda en ciertas situaciones o no se la damos, pero lo que no podemos hacer es crear estas desigualdades. Díganme las diferencias, porque al fin y al cabo a uno que se prejubile a los 60 años, mutualista, con 40 años de cotización, ustedes le aplican un coeficiente del 7 por ciento, y a otro que lo haga con posterioridad un 6,5 por ciento. ¿Por qué esa diferencia? Habrá que corregirlo. En ese sentido, yo me sumo a la petición de que se tramite este decreto como proyecto de ley para poder introducir todas las enmiendas relacionadas con lo que estoy diciendo.


Usted hablaba de la obligatoriedad de los trabajadores con 61 años de suscribir un convenio con la Seguridad Social para cotizar la diferencia entre lo que cobren y su base de cotización. Imagine un trabajador que haya sido despedido con 55 o con 56 años que llegue hasta los 61, que es hasta cuando la empresa le paga el convenio, pero que a los 61 no tiene los 30 años cotizados, ¿con qué paga el convenio, señor ministro, si está cobrando un subsidio de 53.000 pesetas y para cubrir la diferencia tiene que pagar en torno a las 60.000 ó 70.000 pesetas? ¿Con qué lo paga? Seamos un poco coherentes con la gente y con las situaciones que estamos produciendo. Meten ustedes de rondón ciertas cosas que implican dinamitar el sistema, porque dicen: Si un trabajador cuya empresa le ha hecho un convenio muere antes de que él pueda cobrar su jubilación se devolverá a la empresa aquello cotizado por el trabajador en el convenio especial.
¿Qué pasa, que ya hemos dejado de ser un sistema de reparto para convertirnos en uno de capitalización? Yo le pongo un ejemplo, el mío, llevo 34 años de cotización, si no cambian las circunstancias -espero que no-, si tengo la desgracia -espero que no- de irme antes de hora, ¿para quién quedan todas las cotizaciones que yo he hecho, señor ministro? Nuevamente ustedes legislan para devolver a los de siempre, a la gran empresa, a las multinacionales y a aquellos que tienen más, porque si no no se entiende. Exoneran ustedes de cuotas y eso va contra el pacto. Una cosa es bonificar las cotizaciones de la Seguridad Social y que se aporte el dinero a la Seguridad Social, pero que entre, no que se les exonere, que en ese caso no entra. Además da lo mismo, si bonificando también usan el dinero de los trabajadores excedentes del INEM, por tanto, se puede hacer de la misma manera. Señor ministro, este decreto se ha hecho a trozos, porque no tiene una correlación; va a crear mucha inseguridad jurídica para los trabajadores porque en circunstancias parecidas no se sabrá lo que corresponde a cada uno. Puede llegar el caso de que se queden en la calle los dos, a uno le pague la empresa el convenio especial y al otro no, porque provengan de antes o de después de 1967, cuando han sido despedidos los dos, porque hablan de que la obligación de la empresa es sólo para aquel que no tenga la condición de mutualista.
Esta es una situación que no se debe producir. Le voy a poner un ejemplo.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora diputada, le ruego vaya concluyendo, por favor.


La señora LÓPEZ I CHAMOSA: Voy terminando, señora presidenta.


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A una persona que se jubila a los 64 años con 40 años de cotización le aplicamos un coeficiente reductor del 7 por ciento; a los 64 años cobra el 93 por ciento; a los 65 años el cien por cien; y si se jubila a los 63 años, cobra el 102 por ciento; es decir, para quitar sí, pero para dar no. Este decreto-ley crea un montón de desigualdades, crea inseguridad jurídica en los trabajadores, penaliza aquello que dice promover y realmente mantiene los privilegios de aquellos prejubilados de las grandes empresas; legisla contra el Pacto de Toledo y abre una puerta para que nuestro sistema pueda hacerse mixto entre sistema de reparto y capitalización.


Le reitero que mi grupo parlamentario se va a abstener en la votación de convalidación. Pedimos que se transforme en proyecto de ley para que, por todo lo que he manifestado, podamos presentar nuestras enmiendas y transformarlo en una ley aplicable y positiva para aquello que dice el título. Termino diciendo que tiene algo positivo. ¿Sabe qué es? Que nos va a servir para debate, no para otra cosa.


Gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora diputada.


Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO DELGADO: Gracias, señora presidenta.


Subo a esta tribuna para hacer unas reflexiones sobre la flexibilidad de la edad de jubilación que constituye hoy sin duda uno de los temas de mayor interés de la política social de la Unión Europea y de los Estados miembros. Los avances producidos en la sanidad están permitiendo que las personas alcancen la edad de jubilación en unas condiciones cada vez mejores, lo que les lleva a desear prolongar su actividad más allá de la propia jubilación. Tampoco debemos olvidar que existe una tendencia por parte del sistema económico a anticipar la edad de jubilación para hacer frente a los procesos de ajuste de plantilla de las empresas y de renovación e incorporación de personas con las capacidades exigidas por un intenso proceso de cambio tecnológico. Hay que tener siempre en el horizonte que el equilibrio financiero de los sistemas de pensiones se siente amenazado por una mayor esperanza de vida que supone un mayor número de años en la percepción de la pensión, así como por la anticipación de la edad de jubilación con sus implicaciones de menores cotizaciones y de mayores desembolsos. Este es el espíritu que sin duda primó en los agentes sociales y favoreció la firma del acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social suscrito el 9 de abril de 2001. Este acuerdo, del que trae causa el real decreto-ley de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible que hoy se presenta ante esta Cámara, es ante todo y para nosotros -y así quiero decirlo expresamente- una muestra más de satisfacción respecto de la política de este Gobierno, porque constituye una expresión de ese diálogo social que está impulsando el Gobierno y que ante todo es necesario señalar. Permitir la jubilación con carácter anticipado a todas aquellas personas que pierden involuntariamente su empleo antes de cumplir los 60 años sin ningún tipo de limitación es, en nuestra opinión, digno de loa y de resaltar.


En el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección social, del 9 de abril -al que ya me he referido-, se incluyeron un conjunto de medidas, como son sobre todo la gradualidad y la progresividad, puesto que estimábamos conveniente proceder a la modificación de la regulación de la pensión de jubilación, para que la misma no viniera a impedir una presencia activa de las personas, teniendo en cuenta a su vez que esta permanencia repercute en la propia autoestima del trabajador. Por tanto, la base de partida es el acuerdo para la mejora y desarrollo del sistema de protección del 9 de abril, y su fundamento es el consenso de aquel acuerdo entre Comisiones Obreras, CEOE y Gobierno. La flexibilidad introducía dos cuestiones, dos caracteres: la gradualidad y la progresividad, y el objetivo era flexibilizar la edad de jubilación y prolongar la vida laboral, compatibilizando trabajo y pensión y reformando la jubilación parcial, bonificando o exonerando a la vez cuotas de la Seguridad Social. Bonifica la cuota empresarial para contratos fijos de mayores de 60 años y exonera de la cuota empresarial a los mayores de 65 con 35 años de cotización que sigan voluntariamente en la empresa. Es un decreto-ley que modifica en la legislación de la Seguridad Social otros aspectos importantes, como son el acceso a la incapacidad permanente a mayores de 65 años; que no se extingue el derecho de subsidio por desempleo a mayores de 52 años, aunque lleguen a la edad de cobrar pensión, y que mejora la pensión por encima del cien por cien de la base reguladora a los mayores de 65 años activos con 35 años de cotización a razón del 2 por ciento por año trabajado. Todas estas medidas suponen más de 200.000 millones de pesetas que el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa. Asimismo, el Gobierno al traer este decreto-ley quiere garantizar los derechos de los trabajadores expulsados del mercado laboral, para ello regula el acceso a la jubilación a partir de los 60 años y la jubilación anticipada a partir de los 61 años para los afiliados a la Seguridad Social anteriores a 1967 y posteriores, con ciertos requisitos, por ejemplo, el periodo mínimo de cotización de 30 años, que el cese sea involuntario y la inscripción como desempleado se haga 6 meses antes de solicitar la jubilación. En ambos casos deben aplicarse coeficientes reductores y en ambos casos también la desincentivación y la limitación del uso de la prejubilación abusiva es un hecho que queremos defender. Hay un último factor que me interesa resaltar de la norma, y es su oportunidad. Debe ponerse en práctica

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el acuerdo social del 9 de abril de 2001, que disponía que algunas se preveían para el 1 de enero de 2002, y el artículo 86 de la Constitución así lo permite. Es oportuna porque sigue la misma tendencia de la Unión Europea, dado que compartimos el bajo índice de natalidad y el aumento de la esperanza de vida; y es oportuna también porque sienta las bases para garantizar la sostenibilidad del sistema de pensiones.


Dando respuesta a lo que los representantes de algunos grupos políticos han planteado en esta tribuna, me interesaba resaltar en lo que se refiere al representante de Izquierda Unida que este Gobierno y también su grupo parlamentario no ha tenido nunca duda alguna respecto a ser coherentes con la ejecución y el cumplimiento del Pacto de Toledo. Este Gobierno ha firmado convenios con los sindicatos y empresarios que usted parece olvidar (Rumores.), y ha firmado y ha hecho posible el Pacto de Toledo; no se hizo antes: se hizo a partir de 1997. Se han mejorado los derechos de los trabajadores, sobre todo en lo que se refiere a contratación fija y en el empleo de la mujer que usted no quiere reconocer. Nosotros no hacemos gestos como usted dice, hacemos políticas que han hecho posible un incremento de las pensiones, nunca visto anteriormente, y una mejora de los derechos de los pensionistas. Señor diputado, la mención que ha hecho del señor Fernández de Trocóniz, me parece poco digna por su parte, cuando usted sabe que ha pedido disculpas varias veces en las últimas horas. Ya sé que ustedes pedir disculpas lo practican poco o nunca; lo siento desde luego por usted, porque el Gobierno y el Partido Popular han sido claros en su posición en este aspecto y van a seguir siéndolo. ¿Qué quiere S.S.? ¿Que figuren en el Boletín Oficial del Estado las disculpas del señor Trocóniz?

En relación con el señor Campuzano, desde luego comparto sus propuestas, comparto su planteamiento, pero tal vez debiera decirnos cómo piensa financiarlas, porque en verdad no es tan fácil. Tal vez en la discusión posterior del propio proyecto de ley sea posible conocerlo.


En cuanto a lo que se refiere a sus reflexiones, señora López i Chamosa, no sé cómo puede usted representar a Comisiones Obreras. Dice que Comisiones Obreras no está de acuerdo con el texto del real decreto-ley, pero usted es de UGT, usted no ha firmado el acuerdo; no hable por Comisiones Obreras, hable por UGT. Comisiones Obreras no ha dicho nada de eso, Comisiones Obreras ha firmado el acuerdo.


El real decreto-ley, por mucho que usted diga, es conforme letra por letra con el apartado 10 del Pacto de Toledo. Usted podrá decir lo que quiera, pero ahí está el texto que es absolutamente conforme con el acuerdo del 9 de abril, firmado por el Gobierno, por Comisiones Obreras y por la CEOE.
Ustedes no fueron capaces de llegar a acuerdo alguno similar. Podrían haberlo hecho en 1994, en 1995 o en 1996. Si tanto defendían a los pensionistas, como usted dice ahora, ¿por qué no lo hicieron entonces? ¿Por qué no mejoraron las pensiones de viudedad? ¿Por qué no evitaron los cientos de miles de prejubilados que ahora les están reclamando a ustedes, y a nosotros también, que resolvamos sus problemas? Ustedes fueron los que produjeron esos cientos de miles de prejubilados que ahora están llamando a nuestras puertas. ¿Eran mayores o eran menores las desigualdades antes del decreto? ¿Era más justo un 8 por ciento para todos los que se prejubilaban antes de esta normativa o menos justo? ¿Eran más justas las condiciones de antes, en las que sólo podían anticipar la jubilación 1.200.000 trabajadores, sin posibilidades para el resto? Comprendo que usted no sepa lo que es un convenio especial, pero el convenio especial está ahí para algo, y se puede firmar en cualquier momento hoy, con esta normativa, no antes. ¿Por qué no hicieron nada desde abril de 1995 en ese sentido? ¿Sabe usted lo que es un expediente de regulación de empleo? Si lo sabe, debería haberlo dicho aquí, porque parece que no lo sabe. Por tanto, como SS. SS. han comprobado por mi exposición, la reforma que ahora proponemos se plantea conforme a uno de los sistemas de jubilación gradual, flexible y parcial que, sin lugar a dudas, nos va a permitir afrontar los desafíos que vamos a tener que acometer en un futuro. Para ello se pretende profundizar en el proceso con acciones como la prolongación de la vida activa, el establecimiento de una jubilación gradual y flexible para mejorar la viabilidad de los sistemas de pensiones y la adaptación de estos sistemas a las nuevas formas de organización del trabajo.


¿Por qué se hace mediante decreto-ley? Realmente, cuando lo que hoy se ratifica ante esta Cámara es un real decreto-ley cuyo contenido desarrolla un acuerdo social aprobado por los agentes sociales y recae en beneficio de toda la sociedad, por mucho que diga la señora López i Chamosa -en beneficio de toda la sociedad-, como es el configurar un sistema de jubilación gradual y flexible, el rango normativo que el Gobierno otorgue a un acuerdo ya firmado no lo va a modificar en su contenido, pero sí puede ampliarlo si se decide tramitarlo como proyecto de ley, que es lo que ahora hace el Gobierno. De ahí la urgencia de su entrada en vigor, porque si bien la disposición final decimoquinta del acuerdo de 9 de abril de 2001 dispone expresamente que la vigencia del referido acuerdo concluirá en el 2004, el Gobierno ha querido que las medidas aprobadas en el referido acuerdo de 9 de abril de 2001 entraran en vigor con la mayor urgencia, de tal modo que se pudiesen acoger a las mismas el mayor número de personas. De ahí que la forma de real decreto-ley que se ha adoptado sea la más conveniente socialmente.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Le ruego concluya, señor Merino, por favor.


El señor MERINO DELGADO: Termino, señorías, diciendo que tampoco debemos olvidar que, al producirse

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modificaciones en la Ley General de la Seguridad Social, el único rango normativo que admite tales modificaciones es un real decreto-ley, al tener carácter de ley, y un proyecto de ley posterior, ya que como SS.SS.
no ignoran, si no fuera así, no se produciría tal modificación en el sistema de jubilación. El Gobierno -y hoy el ministro de Trabajo lo ha anunciado así ante la Cámara- lo va a tramitar como proyecto de ley. Esta Cámara debatirá, perfeccionará, escuchará e intentará conocer aquellas mejoras que se deben fundar en enmiendas. La vocación y la voluntad de esta reforma es que sea una reforma de la sociedad que tenga pervivencia en el futuro. Deseo emplazar, por tanto, desde aquí a todos los grupos parlamentarios a que planteen ideas, a que debatamos, profundicemos y procuremos sin demagogia hacer un proyecto que permita un sistema de protección cada día mejor para todos los ciudadanos.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señor Merino. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, sometemos a votación la convalidación o derogación del Real Decreto-ley 16/2001, de 27 de diciembre, de medidas para el establecimiento de un sistema de jubilación gradual y flexible.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 300; a favor, 174; en contra, uno; abstenciones, 125.


La señora PRESIDENTA: Queda convalidado, el real decreto-ley de referencia.


Sometemos a continuación la votación de la tramitación del real decreto-ley convalidado, como proyecto de ley por el procedimiento de urgencia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 298; a favor, 298.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada, por tanto, la tramitación como proyecto de ley por el trámite de urgencia.


AVOCACIÓN POR EL PLENO DE PROYECTOS DE LEY:

- PROYECTO DE LEY DE SANIDAD VEGETAL (Número de expediente 121/000053.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de sanidad vegetal. Esta avocación se va a someter al Pleno mediante el procedimiento de votación electrónica.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 301; a favor, 143; en contra, 158.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la avocación al Pleno de la deliberación y votación final del proyecto de ley de sanidad vegetal.


TOMA EN CONSIDERACIÓN DE PROPOSICIONES DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000102.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE NACIONALIDAD. (Número de expediente 122/000109.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDAD, DE MODIFICACIÓN DEL CÓDIGO CIVIL EN MATERIA DE ADQUISICIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA NACIONALIDAD.
(Número de expediente 122/000150.)

La señora PRESIDENTA: Punto II del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley.


Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, que se debatirá conjuntamente con la doble consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad, así como con la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo cual ruego a quienes vayan a abandonar el hemiciclo lo hagan en silencio y con rapidez. (Rumores.)

Para presentación de la primera iniciativa, por parte del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Villarrubia.
(Continúan los rumores.-Pausa.)

Adelante, señor Villarrubia.


El señor VILLARRUBIA MEDIAVILLA: Buenas tardes. Muchas gracias.


Señora presidenta, señorías, debatimos hoy tres importantísimas proposiciones de ley de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. La oportunidad,

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la necesidad de debatir esta importante proposición de ley ya la pusimos de manifiesto con reiteración en anteriores debates y consta en la propia exposición de motivos de esta ley. La modificación propuesta es una necesidad para muchos españoles que tuvieron que emigrar y para sus descendientes. No podemos esperar más para dar respuesta a los graves problemas existentes en esta materia. Es una necesidad para los inmigrantes que viven y quieren integrarse con nosotros. Es una necesidad para todos los seres humanos que nacen en España y que no son hijos de españoles, y por tanto, aunque parezca mentira, todavía hoy no les reconocemos como españoles. Es una necesidad también para ciudadanos de la Unión Europea y otros colectivos.


Señorías, el Partido Popular ha venido impidiendo que este tema tan importante se tratara en esta Cámara con trámite legislativo incluido.
Primero, porque no ha traído su proyecto de ley ya prometido desde diciembre de 1996, y posteriormente porque ni siquiera ha traído su proposición de ley que presentaron en marzo del año 2001, después de que el Partido Socialista presentara la que hoy estamos debatiendo. Todavía estamos esperando que expliquen al Consejo General de la Emigración y a todos los interesados por qué incumplieron la expresa promesa realizada ante su propia asamblea de tratar este tema en el Pleno del día 18 de diciembre pasado. Por nuestra parte, el Grupo Parlamentario Socialista y el Partido Socialista prometimos a través de la secretaria de Política Social y Migratoria, doña Consuelo Rumí, traer a la arena política el problema de la emigración, también de la inmigración, y hoy hemos hecho posible utilizando nuestro cupo, que tratemos este tema y que empiece el cauce y el trámite legislativo. Ya debatimos esta proposición a instancias del Grupo Parlamentario Socialista en diciembre de 1996, diciembre de 1999 y junio de 2000, ya en esta legislatura. Vaya por delante, señorías, después de este preámbulo, que el Grupo Parlamentario Socialista va a apoyar la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular, aunque nos parezca corta en los avances y en las soluciones, así como la del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, aunque quizá también tengamos algunas discrepancias puntuales con ella. Lo importante es la puesta en marcha de la maquinaria legislativa para concluir con un texto que resuelva eficazmente los problemas existentes.


Señorías, permítanme que les haga una síntesis de los aspectos más importantes de nuestra proposición de ley. El primero, por ir con el orden del propio Código Civil, en el artículo 17 decimos que se considere españoles a los nacidos en España de padres extranjeros, si al menos uno de ellos hubiera nacido -y esta es la importancia de la modificación- o fuera residente legal en España. Los momentos que vivimos de flujos migratorios importantes hacen que el ius sanguinis no pueda tener ya carácter exclusivo, el ius soli debe tener ya carácter legislativo para dar respuesta a esta cantidad de problemas, a esta integración real.
Señorías, dennos al menos un solo argumento para que los niños y niñas que nazcan en España, hijos de inmigrantes legales, no tengan la consideración de españoles. ¿Quién les va a decir cuando crezcan que ya les marcamos en el origen sin reconocerles igualdad de derechos y deberes con nosotros? Es algo que no se sujeta ya en el año 2002 y por tanto hay que atender a esta necesidad y a esta injusticia en el momento histórico que vivimos.


Importante para los emigrantes e hijos de emigrantes y descendientes en definitiva, tendremos que debatir en el trámite legislativo si podemos llegar a solucionar el problema de la segunda generación, es decir de los nietos, es el derecho de opción. Adelanto ya que mi grupo parlamentario modificará la redacción inicial para admitir que puedan optar por la nacionalidad española de origen todos los hijos de padre o madre española, no sólo que hayan recuperado la nacionalidad como en el texto inicial llevamos sino con carácter general como bien aceptamos de la proposición de ley del Partido Popular que incorpora a mi juicio el único aspecto importante que es éste. Estamos de acuerdo y tendremos que discutir si también nacidos en España, porque este requisito cierra las puertas a la solución de determinados problemas.


Importantísima, señorías, es la modificación del artículo 22 en cuanto a los términos tiempos de residencia para adquirir la nacionalidad. La actual general es de diez años, siempre estamos hablando de residencia legal continuada, e inmediatamente anterior a la petición. Entendemos, señorías, que el tiempo de cinco años es más que suficiente para demostrar el arraigo en nuestro país. Así hay cantidad de documentos doctrinales que lo avalan, e indican que es más que suficiente, pero además por coherencia legislativa. La Ley Orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, que modifica la 4/2000, del mismo mes de enero, como todos sabemos, establece que el término de residencia para tener un inmigrante en España la residencia permanente es de cinco años, luego hay una incongruencia grave en que digamos que reside permanentemente y no le integremos con la posibilidad de adquirir la nacionalidad.


La siguiente modificación en cuanto al término para adquirir por tiempo es a los que están en condición de asilados, y decimos que sean dos años en vez de cinco, cumpliendo ni más ni menos lo que nos mandata la propia Convención de Ginebra, y también parece evidente conceder un tratamiento privilegiado, igual que a los países iberoamericanos, Filipinas, Andorra, Guinea Ecuatorial y sefardíes, a los ciudadanos de la Unión Europea. No parece que tenga mucho sentido que si tenemos vínculos políticos, económicos, sociales, si tenemos un proyecto de futuro común los ciudadanos de la Unión Europea no tengan este tratamiento privilegiado.


Finalmente, en los términos de tiempo decimos que se equiparen al matrimonio las parejas de hecho para adquirir la nacionalidad en el término de un año de residencia

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en las condiciones que explicamos y que doy por reproducidas en el propio texto de la proposición de ley.


Importante es también el artículo 23, para adquirir la nacionalidad por opción, carta de naturaleza o residencia, eliminar el requisito de la renuncia a la nacionalidad anterior para adquirir la española, porque lo contrario hace inviable en la práctica la posibilidad de adquirir la propia nacionalidad.


En el artículo 24 en lo que se refiere a la pérdida de nacionalidad (hablamos de pérdida y no de privación, que alguno lo confunde porque la privación está expresamente prohibida por el artículo 11.2 de la Constitución española que establece que ningún español podrá ser privado de la nacionalidad), hablamos de la pérdida que implica un acto de voluntad en las condiciones recogidas en el artículo 24, y decimos igualmente que se incluyan los países de la Unión Europea junto con los privilegiados -entre comillas- que ya habíamos mencionado con anterioridad para que no pierdan la nacionalidad propia cuando adquieren la española.


Evidentemente en el artículo 25 hay que eliminar la pérdida de la nacionalidad como tipo penal, era un anacronismo desde la Ley Orgánica 10/1995, en los artículos 27, 34 y 141 ya derogados, luego es simplemente quitar de un texto legal una legislación que ya estaba derogada, como venimos solicitando desde el año 1996.


Importante es también para el conjunto de la emigración y para sus descendientes la modificación que planteamos en el artículo 26 para poder recuperar la nacionalidad. En síntesis significa que la puedan recuperar simplemente porque quieren recuperarla, porque bastante desgracia tuvieron ya con tenerla que perder normalmente por causas ajenas a su voluntad. Se lo debemos a la emigración en su conjunto, sin exigirles por un lado que tengan que renunciar a la nacionalidad anterior, ni siquiera tampoco que tengan que residir en España, porque si no haremos una ficción de ese teórico derecho. Suprimimos los dos requisitos, y además por sentido común. Si no lo exigimos para adquirir la nacionalidad por qué lo vamos a exigir para recuperarla, que es un trámite inferior en cuanto a la entidad o a la sustancialidad del ejercicio de ese derecho.


Finalmente en cuanto a la no posibilidad de recuperar o de adquirir en su caso la nacionalidad española, cuando presentamos la proposición de ley era febrero del 2001, existía el servicio militar obligatorio y la prestación social sustitutoria y obviamente habrá que suprimir el apartado b) que proponíamos.


Este es el esquema, señorías. Hay algunos temas puntuales más que obviamente en aras a la brevedad no voy a plantear. Hoy la aprobación de esta proposición de ley, señorías, no es más que un punto de partida, que no haya malos entendidos. Afortunadamente es una buena noticia y desde el Grupo Parlamentario Socialista nos ofrecemos en una doble condición: primero para colaborar en sacar un texto legislativo que resuelva los problemas y en segundo lugar adelantamos nuestro nivel de exigencia para que de verdad este buen punto de partida se convierta en un eficaz punto de llegada con la aprobación de un texto legislativo que resuelva los problemas, o al menos la mayor parte de los problemas de los emigrantes, de sus descendientes, también de los inmigrantes y de forma especial, insisto, de todos los seres humanos que nazcan en España ya que tenemos la obligación moral como valor elemental de darles esa integración, no de piquito, sino con valores y sentimiento, integrándoles desde que nacen en la cuna como españoles, como todos los demás que estamos en esta Cámara y en la calle en todo el país.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Villarrubia.


Grupo Parlamentario Popular. Señora Muñoz.


La señora MUÑOZ URIOL: Señorías, ante todo quiero decir que el tono de mi voz seguro que va a ser más bajo que el del señor Villarrubia ya que esta diputada padece lo que la gran mayoría de los españoles, los diputados no vamos a ser menos; aun así, como el tema era tan importante para mí, el debate era tan necesario que no podía dejar de ser yo la que llevara a cabo esta iniciativa. Por ello pido disculpas y si durante el transcurso de la intervención hay algún acceso de tos sepan ustedes que es producido por la propia enfermedad.


Para el Grupo Parlamentario Popular este debate presenta un doble sentido: por un lado lo recogíamos en nuestro programa electoral, teníamos un firme compromiso para facilitar el acceso a la nacionalidad de los españoles residentes en el exterior y también de sus descendientes. El doble sentido, ese segundo motivo de traer hoy a debate esta proposición de ley es porque hemos mantenido que era importante llegar a un consenso, y precisamente por eso, señor Villarrubia, hoy vamos a aceptar a trámite las dos proposiciones que se presentan conjuntamente con la nuestra.


Es cierto que la que usted ha defendido hoy, también la que defenderá el portavoz de Izquierda Unida, ya han sido presentadas en esta Cámara incluso anteriormente en otras legislaturas. Es verdad que tenemos y mantenemos discrepancias con las mismas, pero creemos que esta toma en consideración de los tres proyectos es un buen punto de inicio para un debate importante.


He leído sus iniciativas, como no podía ser de otra manera, y es cierto que las tres quieren modificar el Código Civil, pero también es cierto que esa modificación varía en mucho según sea su proposición, la de Izquierda Unida o la del Grupo Parlamentario Popular.


El Partido Popular define claramente un objetivo cuando quiere modificar el Código Civil en materia de nacionalidad. Lo que yo decía al principio, nuestro compromiso es facilitar la conservación y la transmisión

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de la nacionalidad española. Por ello nosotros vamos a proponer que, como usted muy bien decía, los hijos de padre o madre españoles puedan optar a la nacionalidad. Es cierto, y hoy aquí hay que poner un ejemplo, que mujeres españolas casadas antes del año 1975 con un extranjero no podían dar la nacionalidad a sus hijos y que estos, por tanto, ya que esta mujer perdía su nacionalidad, no podían optar a la misma. Yo creo que hoy, con esta modificación que nosotros queremos llevar a cabo, vamos a poder solventar una discriminación y una deuda importante que manteníamos no solamente con esas familias sino también con nosotros mismos por la gravísima discriminación que había en cuanto a la mujer.


Queremos evitar la pérdida de nacionalidad, y es cierto tal como usted manifestaba aquí que para nosotros simplemente el deseo expreso de querer conservar la nacionalidad será motivo suficiente para que no tengan que perderla.


Por último, propondremos que se facilite la recuperación de la nacionalidad. Es cierto que muchos españoles que tuvieron que salir tuvieron que optar por una nacionalidad en aquellos países donde residían, españoles en Cuba, en América, en Venezuela que tuvieron que hacerse residentes y nacionales de esos países. Nosotros no vamos a exigir que tengan que renunciar a esa nacionalidad de residencia para poder recuperar la nacionalidad española. Esta propuesta viene avalada por los muchos plenos del Consejo General de la Emigración y también por las enmiendas que nos han hecho llegar los propios consejeros. Hoy aquí no puedo dejar de expresar mi total gratitud a todos y cada uno de ellos y decirles que en este trámite que ahora se abre queremos contar también con sus aportaciones. Esa es la base sustancial de nuestra modificación.


Efectivamente haremos otras reformas técnicas tal como usted ha contemplado, porque incluso el servicio militar hoy no es obligatorio y por tanto no se debe de tener en cuenta a la hora de ver si se puede o no recuperar la nacionalidad, pero en cualquier caso y ya lo hemos debatido usted y yo aquí concretamente en junio de 2000, su iniciativa (ya lo dice en la exposición de motivos y hoy aquí ha hecho usted un claro ejercicio de ello) va más hacia la inmigración que hacia la propia emigración, y si queremos ver qué pasa en los países de nuestro entorno para ver si España tiene una legislación diferente o no a esos países, le tengo que decir que Alemania, Austria, Dinamarca, Grecia, Irlanda, Luxemburgo, Suecia o Finlandia sólo contemplan que puedan ser nacionales de origen aquéllos que son descendientes de sus nacionales. Es cierto que nuestro Código Civil mantiene como principio el ius sanguinis, al igual que otros países como Italia, Portugal o Grecia; pero contemplamos la posibilidad de arraigo, cosa que usted hoy aquí ha obviado. Su señoría propone que todos los hijos nacidos de una persona que resida legalmente en nuestro país sea español de origen. Voy hacerle una reflexión que no sé si ustedes habrán llevado a cabo. ¿Por qué a una madre que viene a trabajar a nuestro país y que tiene un hijo aquí, le tenemos que dar la nacionalidad española de origen, si probablemente ella o su hijo quieren seguir siendo nacional de su país? ¿Sabe usted que en el Código Civil actualmente se permite que un hijo nacido en España, sin contemplar siquiera la situación de legalidad o no, al año puede acceder a la nacionalidad española? ¿Sabe por qué? Porque nuestro ordenamiento contempla el arraigo. De verdad que es fundamental el ius sanguinis, pero contempla el arraigo y se les da la nacionalidad a aquellos que puedan caer en apatridia, aquellos hijos a los que no se les pueda dar otro tipo de nacionalidad o aquellas personas que hayan nacido en nuestro país, y que al año si quieren pueden ser nacionales españoles. Ustedes pretenden disminuir los años de residencia, y creo que es importante reflexionar sobre ello y decirlo porque ahí están las discrepancias; pretenden que de diez se pase a cinco, de cinco años para los apátridas a dos, y además introducen la novedad de un año de residencia para las parejas de hecho.
En este caso yo creo señor Villarrubia, y S,.S. estará de acuerdo conmigo, que introducir en el Código Civil una figura jurídica como la pareja de hecho sin que esté establecida de antemano, presupone un comportamiento que puede ser precipitado.


En cualquier caso, y porque creo que es importante dejarlo claro, es un debate abierto en toda Europa. Fíjense el proyecto que está preparando la coalición del SPD en Alemania, el Partido Socialista alemán y Los Verdes, un proyecto que se quiere llevar al Parlamento y que dice así: Los nacidos en Alemania de padres extranjeros, siempre que al menos uno de los progenitores hubiera nacido también en Alemania. Sabe usted, señor Villarrubia, que ese concepto ya está en nuestro Código Civil. Nosotros damos la nacionalidad española a todos aquellos que hayan nacido de padre extranjero, siempre que uno de ellos haya nacido también en España, precisamente por ese concepto de arraigo. Eso es lo que ahora pretenden llevar al Parlamento en Alemania. Ellos piden que lleven al menos ocho años residiendo legalmente en Alemania. Tengo que decirle que en nuestro ordenamiento, además de los diez años o de los cinco años para los apátridas, sólo se requieren dos años de residencia en nuestro país para aquellos que son originarios de los países iberoamericanos, Filipinas, sefardíes o de Guinea Ecuatorial. Usted sabe que este año ha habido una regularización de unos 250.000 inmigrantes. En nuestro país tenemos residiendo a más de un millón, y la mitad de ellos probablemente originarios de países iberoamericanos. Todos ellos al cabo de dos años, sólo dos años desde que adquirieron la residencia legal, con nuestro Código Civil pueden optar hoy a la nacionalidad española. Visto lo visto de lo que proponen en países como Alemania, donde el índice es muy superior al que nosotros tenemos aquí en cuanto al número de inmigrantes, nuestro ordenamiento jurídico

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es mucho más avanzado, mucho más generoso y mucho más flexible. Como le digo, es un proyecto que el Partido Socialista alemán y Los Verdes quieren llevar como punto importante, y que la población alemana en una encuesta rechaza frontalmente. Ellos como propuesta innovadora proponen que puedan ser nacionales aquellos cónyuges de ciudadanos alemanes después de tres años de residencia legal en Alemania. Nosotros sólo exigimos un año. Nuestro ordenamiento, al que usted ahora introduce la pareja de hecho, reconoce que las viudas o viudos de españoles o aquellos extranjeros casados con españoles sólo necesitan un año. Usted propone además introducir la figura de la pareja de hecho, y yo le digo que en Alemania como gran innovación van a exigir tres años. Pero es que fíjese en los otros requisitos que tienen para poder acceder a la nacionalidad alemana: aceptación expresa del régimen constitucional de la República Federal Alemana, ser capaz de entenderse en alemán y, observe usted, señor Villarrubia, poder garantizar capacidad para mantenerse sin tener que depender de ayuda social o subsidio de desempleo. Nosotros no exigimos nada, ni siquiera que sepan una sola palabra en español. No exigimos absolutamente nada, y por supuesto tienen los mismos derechos que cualquier otro español. Le traigo este ejemplo en concreto sobre todo porque es un país socialista y porque estamos dentro del seno de la Unión Europea, pero también para decirle que el debate debe ser más reflexivo.
Nosotros creemos -y así se lo haremos llegar en el trámite de ponencia- que nuestro compromiso fundamental, y yo creo además fundamentado, estaba con la emigración y sus descendientes. Le agradezco que haya dicho públicamente que nuestro proyecto en ese sentido es más amplio que el que ustedes contemplaban. En cualquier caso, nuestro grupo hoy va a apoyar tanto su iniciativa como la de Izquierda Unida, porque como decíamos al principio creemos que es el mejor paso para que tengamos el mejor debate.
Ahora bien, señor Villarrubia, permítame decirle para terminar, y sobre todo visto el tono de la primera parte de su intervención, que si el Partido Popular no hubiera querido debatir esta iniciativa, no se olvide que la mayoría la tenemos nosotros, ustedes no fuerzan al Partido Popular a que se haga o a que se debata y que se apruebe una iniciativa. Yo creo que deben ser generosos -y en ese sentido me gustaría que en algún momento lo ejercieran- y reconocer cuál es el talante de nuestro grupo en este sentido. Nosotros no nos sentimos obligados. La mayoría la seguimos manteniendo nosotros, y sí le aconsejo que las estrategias políticas o que la estrategia de desgastar al Gobierno la utilicen y lo hagan con otros temas; éste es demasiado importante para que se haga uso de él.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.-Un señor diputado: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Muñoz.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Alcaraz.


El señor ALCARAZ MASATS: Con la venía, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo de Izquierda Unida y antes el Grupo Comunista llevamos mucho tiempo intentando que este Congreso de los Diputados primero refleje la necesidad de esta solidaridad, de esta justicia respecto al tema de la nacionalidad, y en segundo lugar que España comprenda cómo van evolucionando las cosas en esta situación -se habla mucho de globalización- de mestizaje creciente. Hasta ahora no lo hemos conseguido. Todos son recortes, todos son parches, incluida la Ley 18/1990 que se hizo en contra de nuestra voluntad; todo son limitaciones, incluida la limitación a la hora de debatir aquí este tema, señora portavoz del Partido Popular, porque efectivamente ustedes contrajeron el compromiso en la reunión del consejo general de noviembre de traer aquí este tema para el Pleno de 18 de diciembre, y no han cumplido. Ustedes lo que han hecho es en función del cupo más amplio del Partido Socialista -nosotros no teníamos cupo-, acumular su iniciativa, acumular su proposición de ley a una iniciativa que ha logrado colarse en función del cupo que tenían, pero ustedes no han cumplido su compromiso. Por tanto, no vea usted acritud en nadie; no crea usted que intentamos desgastarles porque sí. Entre otras cosas intentamos desgastarlos porque es el papel que nos han dado los electores y lo vamos a intentar con total rotundidad ayer, hoy y mañana, pero con datos y con fechas, no inventándonos las cosas. Ustedes contraen un compromiso, no lo cumplen, y a partir de ahí se puede extraer la consecuencia de que son renuentes, que dudan, que no tienen una voluntad clara, que incluso como ahora le intentaré demostrar su proposición de ley es muy limitada y en absoluto supera las deficiencias, las insuficiencias de la Ley de 1990. Complementan ustedes esta ley en algunos aspectos, con algunos matices, pero no superan en absoluto las situaciones de indefensión que produjo.


Por otra parte, señora portavoz, tampoco han cumplido las conclusiones de la subcomisión que se creó en 1996. Se creó una subcomisión en esta Cámara, en el seno de la Comisión de Política Social y Empleo, con el objetivo de estudiar la situación de los españoles que viven fuera, así como la de los inmigrantes y refugiados que han llegado a nuestro país, y proponer las medidas legales y sociales que fueran convenientes para conseguir soluciones a los problemas existentes. Dicha subcomisión terminó sus trabajos a finales de 1997 y, entre otras conclusiones, su voluntad integró la siguiente, señora diputada: las Cortes Generales deben elaborar una ley de nacionalidad. ¿Dónde está esa ley? Al principio nos ponían ustedes pegas porque en la legislatura anterior no tenían mayoría

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absoluta; ahora tienen mayoría absoluta y no deben existir pegas desde el punto de vista de la aritmética, luego existen desde el punto de vista político e ideológico, según las pruebas que tenemos. No cumplen ustedes ni siquiera con el resultado de los trabajos de esa subcomisión, en la que junto a los nacionalistas -fundamentalmente Convergència i Unió- tuvieron ustedes mayoría absoluta a la hora de redactar las conclusiones.


En todo caso, señorías, el hecho de que tres grupos parlamentarios -Popular, Socialista e Izquierda Unida- presenten aquí estos proyectos indica que es necesario modernizar -por decirlo así- el régimen para conservar, transmitir y recuperar la nacionalidad, por injusticias que contienen los textos anteriores por la evolución de la sociedad en este país. Algo, por cierto, que en absoluto se tiene en cuenta, y lo demuestra el hecho de que ustedes hayan aprobado, como lo han hecho, la Ley de inmigración vigente. De la matriz teórica de esa ley se deduce lo que intentan hacer ustedes respecto a la nacionalidad. Se lo demostraré en pocas palabras.


En 1990 se aprueba una ley de consecuencias muy negativas, que retira del Código Civil una serie de aspectos. Dicen en su proposición de ley que ahora se trata, como objetivo fundamental, de la necesidad de facilitar la conservación y transmisión de la nacionalidad española. Dicen ustedes en el preámbulo que ese es su objetivo fundamental, pero hay una ruptura interna entre el preámbulo y el texto articulado porque esto no es así realmente. Le voy a decir los preceptos que se retiran en 1990 del Código Civil. No perderán la nacionalidad española cuando justifiquen ante los registros consular o central que la adquisición de la nacionalidad extranjera se produjo por razón de emigración; esto estaba en la Ley 51/1982, y se retira. Se retira también en 1990 lo siguiente: cuando se trata de españoles que ostenten desde su menor edad, además, una nacionalidad extranjera, caso infrecuente entre los españoles que viven en España pero cada vez más habitual entre los que residen en el extranjero, sólo perderán la nacionalidad española si una vez emancipados renunciaran expresamente a ella en cualquier moment, decía el Código Civil en su redacción de 1982. También se retiró en 1990 el texto que dice: no perderá el hijo la nacionalidad española por quedar sujeto a la patria potestad de un extranjero o porque quienes la ejerzan pierdan dicha nacionalidad, caso prácticamente imposible que se produzca en España pero que se da con relativa frecuencia en familiaS emigrantes.
Pues bien, esto no lo superan ustedes con su texto, no recogen el espíritu positivo de 1982; suscriben de nuevo el texto de la Ley 19/1990.


Ahí verán ustedes una limitación objetiva, que les he señalado a modo de comentario de texto, de la propuesta que nos traen aquí esta tarde; propuesta que nos parece limitada, restrictiva y, eso sí, consecuente con la Ley de inmigración que defienden ustedes, muy consecuente, como iré demostrando más adelante en el plazo de tiempo que tengo. Por tanto, el objetivo proclamado en el preámbulo, en la parte no dispositiva de su proyecto de ley, no se recoge en absoluto en la parte dispositiva, en la parte articulada. Nosotros pretendemos que habría que recoger dos principios clave que superan esa limitación. De una parte, que la pérdida de la nacionalidad española requiere siempre una manifestación expresa de la voluntad y, también, que la nacionalidad española no se pierde cuando se adquiere por razón de emigración. Sería necesario, por supuesto, a nuestro juicio, devolver al Código Civil estos tres preceptos que retienen en su sustancia la idea que yo le acabo de expresar. No van ustedes en absoluto mucho más allá de lo que les permite su posición con respecto a lo que es la comprensión de la situación en España. Ustedes que tanto critican los nacionalismos periféricos, con respecto a la nueva constitución del nuevo mestizaje español deben revisar lo de la lealtad constitucional-; es una lealtad constitucional de la sangre, no del ius soli. Ustedes no tienen en cuenta la situación que tenemos y la que vamos a tener posiblemente en los próximos seis o siete años. Por eso, cuando el señor Aznar nos habla de que hay que aumentar la natalidad en España, etcétera, da la impresión de que hay que llenar España de gente blanca, cristiana, que hable castellano y poco más porque se intentaría no permitir este mestizaje que, por otra parte, no sólo es imprescindible sino que es inevitable. El concepto que tienen ustedes de la nacionalidad también apunta en esa dirección. Ese es, por tanto, uno de los objetivos de nuestra proposición de ley.


Otro objetivo sería posibilitar, señores del PP, que los hijos de los inmigrantes que han nacido en España sean españoles y españolas de origen. Efectivamente, esto es lo correcto desde el punto de vista de una lealtad constitucional que se basa en el derecho del sitio que se ocupa, del espacio y del tiempo, concretamente, en el ius soli y no en el ius sanguinis como ustedes constantemente están dejando entrever a través de las decisiones que toman. No se trata de considerar la pureza de sangre sino de una pertenencia objetiva a la sociedad y un compromiso con los valores civilizatorios que esa sociedad defiende, de esa lealtad constitucional que ustedes hacen leyendo de manera muy parcial lo que es la pluralidad de todo tipo en la Carta Magna de nuestro país. Desde ese punto de vista, por tanto, ustedes sin saberlo o queriéndolo esgrimen los resortes y los valores caducos de aquella derecha española que tenía unas pretensiones de pureza que en absoluto se corresponden con las posibilidades de cara al futuro en este país y en cualquier otro país de Europa.


El tercer objetivo de nuestra proposición de ley se dirige a facilitar que los inmigrantes que ya están en España puedan acceder a la nacionalidad española sin tener que esperar nada más y nada menos que una década como ocurre en este momento. No tiene por qué ser objeto de un largo debate; la propia exposición que acabo de hacer hablando del tercero de los objetivos lo

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expresa por sí misma. Por otra parte, desde Izquierda Unida entendemos que no sería de recibo defender la nacionalidad española de los hijos de los inmigrantes y a la vez poner difíciles requisitos para los padres de esos niños y niñas. Ustedes tienen un concepto y están constantemente reteniendo la situación a través de la Ley de inmigración y del proyecto que hoy nos presentan ante esta Cámara.


Un cuarto objetivo de nuestra proposición de ley consistiría en la necesidad de proteger a los refugiados y asilados a través de la concesión de la nacionalidad española en unas condiciones razonables para éstos o éstas. Nosotros pensamos que España -usted ha citado otros países ateniéndose a una ley muy concreta de un país singular- también copia la legislación de los países nórdicos al respecto teniendo ellos moral, política, social e históricamente muchos menos compromisos y deberes que nosotros. Deberíamos copiar algunos de los aspectos de la legislación nórdica, países que tienen una impecable tradición en materia de asilo y de refugio que nosotros no estamos expresando en absoluto en estos momentos; al contrario, cada vez interponemos más obstáculos al ejercicio de este derecho contenido en la esencia y la estructura profunda de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, máxime cuando ya estamos viendo por dónde camina la vida política y bélica de este mundo tan globalizado.


Otro de los objetivos de esta proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida es la necesidad -ustedes se ríen de estas cosas, como otras veces han hecho- de restablecer la deuda histórica con sefardíes y moriscos a través del paliativo tardío -desde luego tardío e insuficiente- del reconocimiento de la nacionalidad por lo menos con respecto a sus descendientes. Este es otro tema pendiente. Esa limpieza étnica que hicimos en España en su momento, que está ahí, que consta en los anales de la historia y a la que tampoco queremos ni histórica, ni política, ni ideológica, ni moralmente responder; respondamos aunque sea con un pequeño detalle con respecto a la necesidad de restituir, al menos parcialmente, a los descendientes de moriscos y sefardíes el reconocimiento de algo que es suyo y que nunca les debería haber sido retirado: la nacionalidad española. También en ese sentido pensamos que hay que recoger una serie de valores, que se desarrollan a lo largo y ancho de nuestra proposición de ley.


Por la intervención de la señora diputada veo que vamos a aprobar, parece ser, las tres proposiciones de ley y que nos vamos a encaminar a la ponencia, espero que con algún tipo de capacidad de negociación, no para atenernos estrictamente a lo que propone la mayoría. Para ese viaje no hacen falta las alforjas de una pretensión de consenso que después no se va a producir. Esperemos que se mantenga esta voluntad -entre comillas- por ahora de consenso que se anuncia a la hora de votar estas proposiciones de ley.


Ustedes -y acabo-, señora diputada, señores del PP, tienen que terminar comprendiendo que España es plural, es amplia y cada vez más mestiza; que España es blanca, negra, asiática, mulata; que España es cristiana, agnóstica, musulmana, hebrea; que España es homosexual, heterosexual, bisexual. Eso hay que entenderlo de cara a temas tan delicados y tan actuales, que no se asumen en toda su totalidad en este país, como son los temas de inmigración y de la nacionalidad en este momento.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Alcaraz.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Señorías, asistimos esta tarde a un debate que no es nuevo, un debate que se produjo en esta Cámara ya en la anterior legislatura, que se celebró ya también en Pleno en esta legislatura, un debate en el que se discute la reforma de la regulación vigente sobre las condiciones y procedimientos para adquirir la nacionalidad española. Son las propias exposiciones de motivos de las proposiciones de ley las que reconocen este hecho de que el debate no es nuevo. Quiero recordar una de estas ocasiones, octubre del año 2001, cuando había un ejemplo del consenso que espero que se produzca hoy también, cuando se aprueba por unanimidad una moción del Bloque Nacionalista Galego en la que se instaba al Gobierno a facilitar la recuperación de la nacionalidad, así como la obtención de la misma por parte de los emigrantes y de sus descendientes.


En aquel entonces, hace ya más de un año, recordando el informe de la subcomisión de 1998, dijimos que era necesario elaborar una ley de nacionalidad, una verdadera ley de nacionalidad que posibilitase la recuperación de la nacionalidad de los españoles y sus descendientes y que permitiese, en los términos más amplios, compatibilizar la nacionalidad española con la del país de residencia. Pedíamos respecto de la opción por la nacionalidad española que se eliminase la discriminación por edad, que aún permanece, mayores de dieciocho años, y de género, sólo los hijos de españoles varones y no los de españolas, mujeres, tienen este derecho, y que este acceso se permitiese tanto para hijos e hijas como también para nietos y nietas, es decir, hasta la segunda generación.
Como contraste decíamos también en aquella ocasión que quizá conviniese recordar que en ordenamientos europeos, como por ejemplo el italiano, esta atribución de nacionalidad se realiza incluso a los bisnietos de los italianos e italianas de origen. De modo que reclamábamos y reclamamos algo que no es extravagante ni desproporcionado o algo que carezca de precedentes. Además, las demandas de reforma no surgen

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únicamente de la Cámara, de este hemiciclo. El Consejo General de la Emigración ha demandado en reiteradas ocasiones al Gobierno -estamos debatiendo hoy proposiciones de ley, no proyectos de ley- una ley de nacionalidad. Por tanto, no sólo una reforma puntual del Código Civil, sino algo más, es decir, un estatuto de derechos y deberes de los españoles residentes fuera del territorio del Estado. Son derechos y deberes de orden social, de orden económico, de orden político. Esta es precisamente la posición del Bloque Nacionalista Galego: demandar no sólo que los emigrantes gallegos y españoles y sus descendientes de la forma más amplia posible puedan recuperar fácilmente la nacionalidad española sino también reclamar que este acceso suponga para ellos, en la mayor medida posible, el reconocimiento de los mismos derechos de que gozamos, es cierto que cada vez con más restricciones, los que residimos en territorio estatal en materia sanitaria, laboral, social, etcétera; un reconocimiento que es urgente, como está demostrando de forma dramática la crisis argentina. Por cierto hoy mismo por la mañana el flamante conselleiro de Emigración, don Aurelio Miras Portugal, del Partido Popular, reclamó en el Parlamento de Galicia un plan integral de atención a la emigración por ser, dice, el Gobierno central el responsable de garantizar a todos los españoles, incluidos los residentes en el exterior, sus derechos constitucionales. El Partido Popular habla de españoles sin complejos, habla de que es un partido de Estado; por tanto, que demuestre ahora su congruencia y que lo que se dice en una parte del territorio como es Galicia se mantenga también en este hemiciclo.


Por estas razones vamos a apoyar la toma en consideración de las proposiciones de ley que hoy debatimos. Hay aspectos en los que no coincidimos, aspectos que queremos mejorar, pero lo que hoy debatimos y lo que vamos a votar favorablemente es la toma en consideración.


Debe aclararse también otra cuestión: la satisfacción de las demandas de los emigrantes españoles y de sus descendientes no depende únicamente de una reforma legal. Es necesario que esta voluntad legislativa se traduzca también en un compromiso político y sobre todo en un compromiso presupuestario que permita, por ejemplo, mejorar los medios materiales y personales con que cuentan los consulados del Estado español en el extranjero, en concreto el consulado español en Buenos Aires, para eliminar las largas colas y las largas esperas, a veces superiores a un año, que los solicitantes deben soportar para ejercitar el derecho que ya les reconoce la legislación de adquirir la nacionalidad española, porque esta ley -y me dirijo sobre todo al Grupo Popular- no puede ser una ley de coste cero. Reconocer derechos supone también habilitar los medios para que estos derechos puedan materializarse, para que estos derechos puedan ser efectivos.


Existe aún otra razón por la que vamos a apoyar las proposiciones de ley que hoy se someten a nuestra consideración: la de permitir que el acceso a la nacionalidad española se adecue a la realidad, es decir, que responda al hecho innegable de la existencia de importantes contingentes de trabajadores y de ciudadanos nacionales de otros Estados que residen en el Estado español, respondiendo este hecho a una legislación progresista y favorecedora de su arraigo y de su integración social.
Coincidimos pues con la proposición de ley de Izquierda Unida en que con los matices derivados de la importante emigración española -emigración que, como demuestran los saldos migratorios de estos años, dista de ser aún cosa del pasado- el principio rector del régimen de nacionalidad debe ser preferentemente el ius soli. En el mismo sentido, también coincidimos con las proposiciones de ley de Izquierda Unida y del Grupo Socialista en que es preciso facilitar el acceso a la nacionalidad por la vía de la naturalización por residencia, que es el supuesto normal de acceso a la nacionalidad por parte de los nacionales de otros Estados, reduciendo los plazos que actualmente exige el Código Civil.


Termino, señorías. Por todas estas razones, el Bloque Nacionalista Galego va a votar a favor de las tres proposiciones de ley que hoy debatimos, porque queremos profundizar en los aspectos positivos que las tres poseen y, sobre todo, porque queremos ir más allá y que este Parlamento, con el concurso de todos, pueda elaborar y aprobar una verdadera ley de nacionalidad, no sólo la reforma del Código Civil, que proclame de una vez por todas y con toda claridad los derechos y deberes de los españoles residentes en otros Estados. Para conseguirlo, señoras y señores del grupo mayoritario, saben que pueden contar, como en otras ocasiones, con el Bloque Nacionalista Galego.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


Hoy estamos debatiendo la toma en consideración de tres proposiciones de ley en relación con la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. Estas proposiciones de ley nos parecen oportunas y necesarias por diversas razones que ya han comentado los que me han precedido en el uso de la palabra, que son, por un lado, la necesidad de una adaptación a la realidad actual, marcada de forma importante por la existencia de los flujos migratorios actuales y, por otro, la necesidad de una adaptación a las normativas nacionales y europeas, tanto sobre materia de apátridas y de

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personas que han obtenido el asilo en España o la condición de refugiado, como por la necesidad de adaptación de la norma en coherencia con la supresión del servicio militar obligatorio en España.


Destacaré alguna de las consideraciones que son objeto de una mayor preocupación por nuestro grupo y que están directamente relacionadas con el desarrollo del artículo 42 de la Constitución española, donde se encomienda al Estado velar por la salvaguarda de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientar políticas hacia su retorno. Nuestro grupo, Coalición Canaria, es especialmente sensible a estos temas porque tenemos una reciente historia de un pueblo emigrante y de una emigración hacia Sudamérica, fundamentalmente Venezuela, Cuba y Argentina, realizada la mayoría de las veces en condiciones de clandestinidad y casi siempre de desamparo. Lo cierto es que de esas generaciones de emigrantes canarios quedan vivas personas ya de bastante edad y que en muchas ocasiones subsisten en situaciones de precariedad. Estas personas aportaron durante muchos años, aunque desde la lejanía, medios de subsistencia a su familia, así como riqueza a nuestra sociedad. Coalición Canaria siempre ha entendido que la sociedad tiene un deber para con estas generaciones y también para con sus descendientes. Nos parece que este reconocimiento se vería fortalecido con la reducción del tiempo de residencia para optar por la nacionalidad española para los nacidos fuera de España de padres o madres que originariamente hubieran sido españoles.


En estas tres proposiciones de ley hay elementos con los que estamos más de acuerdo y otros con los que no tanto, pero es importante que sean debatidos en esta Cámara. Vamos a votar a favor de estas tres proposiciones de ley. Nuestro grupo aportará enmiendas en la línea de lo que he comentado para dar respuesta a alguna de las reclamaciones que ha venido realizando el Consejo General de la Emigración, entre las que cabe destacar la de suprimir el sistema de plazos preclusivos de opción, establecido en distintas leyes que se han ido repitiendo en 1990, en 1993 y en 1995, para incentivar las iniciativas que el Grupo de Coalición Canaria ha presentado en el Senado, en el sentido de evitar la discriminación hacia la mujer y sus descendientes que en su momento perdieron la nacionalidad española.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, viene hoy a debate una iniciativa que ya existió en la pasada legislatura, pero con una importante y significativa novedad. Una de las iniciativas es ahora del Grupo Popular, y eso nos permite conocer cuál será su suerte, distinta de la que tuvieron en la legislatura pasada las presentadas por el Grupo Socialista y por el Grupo de Izquierda Unida. Sí nos cabe la pregunta de mera curiosidad de por qué del Grupo Popular y no del Gobierno, pero es una opción política posible que quizá se vaya desentrañando según vaya avanzando la tramitación de la ley y en la que quizá algo tenga que ver la especial sensibilidad y empeño puesto en esta materia por quien ha intervenido en nombre del Grupo Popular, la señora Muñoz.


Anuncio también que va a ser distinto el voto que en esta ocasión va a dar a estas iniciativas el Grupo Vasco. Adelanto ya que apostamos por la toma en consideración de las tres iniciativas, en parte porque desde el año 1996 a 2002 algunos de los problemas que se pretende abordar han crecido notablemente: los flujos migratorios, situaciones de asilo y refugio y vuelta de emigrantes o de sus descendientes. Esto nos parece no sólo atendible, sino de urgente solución. Cierto es que seguimos encontrando pegas en los casos del propósito renovador, a lo que aludiré más adelante, pero sabedores de que se tramitarán las tres proposiciones, nuestras observaciones ampliatorias del ámbito de la ley, no del número de nacionalidades a conceder, irán, con este espíritu colaborador, en enmiendas parciales.


Decía yo entonces, y digo ahora, que se esgrimen como razón para la reforma sólo motivos sociales, siempre importantes. La iniciativa del Grupo Popular cita como único precepto constitucional el artículo 42 que, como todos ustedes saben, está dentro de los principios rectores de la política social y económica, y eso está bien, pero todas obvian la dimensión política de la ciudadanía entendida como vínculo de los ciudadanos con un Estado. Ni siquiera se toca en ninguna la posición sistemática de la regulación en el Código Civil. El título de la nacionalidad encabeza los doce consagrados a persona y familia y, quizá, esto no sea lo adecuado en la actualidad.


Me quejaba, en nombre de mi grupo, de que tampoco se abordaban otros dos aspectos de las cuatro posibles acepciones de nacionalidad y, en concreto, me refería a una que hace relación con la naturaleza del Estado definido como autonómico. La primera acepción a la que yo me refería hacía referencia a una colectividad de personas que se individualiza como grupo homogéneo en razón de su origen común, de una misma lengua o de una condición compartida. Es una concepción de carácter sociológico que en nuestro sistema ha encontrado traducción en el reconocimiento del hecho social de la existencia de nacionalidades. Tiene consagración constitucional en el artículo 2 del texto fundamental, que garantiza y reconoce el derecho a la autonomía de las nacionalidades y regiones. Este reconocimiento permite dar una proyección operativa a la dimensión sociológica de la nacionalidad en el plano jurídico; nada en el título VIII de la Constitución se

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opone a ello y así pareció entenderlo la Dirección General de Registros y del Notariado cuando en el año 1980 afirmaba que la expresión nacionalidad puede tener otro significado, pues comprende también la especial condición política del español que pertenezca a una determinada región o nacionalidad que se haya constituido como comunidad autónoma.
Bien es cierto que esta postura fue pronto matizada y que se aclaró que la mención de nacionalidad hace referencia al carácter español o extranjero del interesado, pero se permite que en las actuaciones del Registro Civil, si el interesado lo pidiere, constara entre las menciones de identidad condición política autonómica derivada de su vecindad administrativa. Sin embargo, en todos los textos constitucionales no se le ha sacado más virtualidades a este artículo 2 de la Constitución y, quizá, ha llegado el momento también de abordarlo. En todos los estatutos se ha vinculado la condición política de la comunidad autónoma de que se trate a la vecindad civil, pero es que no solo tiene efectos en cuanto a vecindad civil. En el caso vasco, que es el que más conozco, en el apartado segundo se dice que los residentes en el extranjero, así como sus descendientes, si así lo solicitaren, gozarán de idénticos derechos políticos que los residentes en el País Vasco si hubieran tenido su última vecindad administrativa en Euskadi, siempre que conserven la nacionalidad española. Previsiones parecidas las hay en otros estatutos de autonomía, y estas potencialidades son las que creemos que deben ser también desarrolladas en una regulación que aborde el tema de la nacionalidad en la situación actual. Y es que, además, señorías, una persona puede sentirse enraizada en su nacionalidad o región de origen sin que ello necesariamente enerve la fuerza que le liga con un Estado del que jurídicamente se predica su ciudadanía y, a la vez, que por encontrarnos en un proceso histórico de integración supranacional y supraestatal, sentirse integrante de una realidad que así se genera y que va generando lentamente un status civitatis europeo. Cierto que es nacional de un Estado, pero, a la vez, son o somos europeos, ciudadanos de la Unión, todas aquellas personas que ostentan la nacionalidad de uno de los Estados miembros y existe un sistema de derechos y libertades comunitarias que permite, en determinadas materias, que los ciudadanos de un Estado parte de la Unión puedan obrar, en el ámbito de poder de otro Estado, como si fueran ciudadanos nacionales suyos, y esto, señorías, hay que preverlo. Esta perspectiva está ausente en la iniciativa, que tiene -repito- un marcado tono economicista y social o también -y ello no es malo- de cumplir con algunos mandatos de iniciativas adoptadas por esta Cámara, léase la subcomisión para el estudio de los derechos de los españoles que residen en el extranjero, de 27 de febrero de 1998, la moción de 18 de octubre del año 2000, que ya ha sido citada, también sobre problemas económicos de los inmigrantes españoles, o las recomendaciones del Consejo de la Inmigración. Se pretende además -y en casi todas ellas se cita, o en dos de ellas por lo menos- adecuarse al tenor del vigente Código Penal de 1995, y, por supuesto, en cuanto al procedimiento para la utilización de la obtención de la nacionalidad, al tenor de la Ley 30/1992, en cuanto a procedimiento administrativo. Todo ello está bien pero, repito, desde nuestra perspectiva, es poco.


La iniciativa socialista sí contempla a los europeos en la reducción del tiempo de residencia, lo que creemos que es lógico desde la perspectiva de un proyecto de futuro en común en el que estamos avanzando. De ella también destacaré la supresión del requisito de residencia para recuperar la nacionalidad española, y es que la Ley 29/1995 suprimió ese requisito para los inmigrantes, quedando como dispensable por el Ministerio de Justicia.


En la de Izquierda Unida, quizá con alguna incorrección técnica, también vemos aspectos atendibles. Algunos son ciertamente aperturistas, si bien es curioso que en ninguna de las tres se mencione entre los privilegiados -entre comillas- a gozar de especiales facilidades para nacionalizarse a los saharauis, cuando incluso se cita a los moriscos. El Sáhara fue español hasta fecha muy reciente. Sin ser una anciana, recuerdo a los procuradores en Cortes por esa circunscripción en el simulacro de órgano legislativo que fueron las Cortes franquistas. Si son inquietudes socioeconómicas lo que mueve a las proposiciones, pocos tan legitimados, dada su lamentable situación actual, para ser contemplados como posibles beneficiarios de la norma; por supuesto, los que de entre ellos lo quieran.


Es deseo de mi formación política -ya lo he dicho- que todas las iniciativas sean tomadas en consideración como útil material de trabajo y si, conforme a nuestra tradición, la materia de la nacionalidad sigue tratándose en el Código Civil, que esta inclusión no sea un tope para quedarnos sólo en una dimensión del corto alcance que proponen las iniciativas. También está en el Código Civil su título preliminar, que sin embargo es reconocido que tiene valor constitucional. Intentemos por tanto entre todos una regulación más ambiciosa en cuanto al problema social que se contempla, pero también en las posibles acepciones de un distinto estatus jurídico y político en los términos que he manifestado en mi intervención.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Ciertamente a lo largo no sólo de esta legislatura sino de la pasada hemos tenido varios debates de Pleno

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sobre nacionalidad. Hay que recordar el 10 de diciembre de 1996, el 14 de diciembre de 1999 o el 20 de junio de 2000. Entonces mi grupo tuvo ocasión de poner de manifiesto cuál era su posición con relación a la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, muy similar a la que se nos ha presentado en estos momentos. Sin embargo, ya anuncio que votaremos a favor de la toma en consideración de las tres proposiciones por entender que lo que en aquellos momentos se nos anunciaba, que era la remisión por parte del Gobierno de un proyecto de ley -que nos consta que se está elaborando-, todavía no ha accedido a esta Cámara y que mientras tanto se han ido produciendo diversas circunstancias y pronunciamientos legislativos y no legislativos que hacen preciso abordar de una vez por todas la reforma de nuestro sistema de nacionalidad.


El 17 de octubre de 2000 se aprobó en este Pleno una moción que tenía por objeto mejorar jurídica y económicamente la situación de los emigrantes españoles; el año pasado, el 7 de marzo de 2001, se aprobó también en la Comisión de Justicia de esta Cámara una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto con una finalidad similar, y mientras tanto, incluso antes, se había producido la promulgación del nuevo Código Penal que suprime esa pena de privación de la nacionalidad; se ha suprimido el servicio militar obligatorio, se ha aprobado la Ley de Derechos y Garantías de los Extranjeros en España y se han aprobado también las conclusiones de la subcomisión para el estudio de la situación de los españoles que residen en el extranjero. Por lo tanto, yo creo que tenemos elementos bastantes como para proceder, desde una fórmula de consenso, a modificar nuestro régimen de nacionalidad.


Como han puesto de manifiesto otros grupos, compartimos algunos de los planteamientos que aquí se efectúan y discrepamos de otros. Favorecer la recuperación de la nacionalidad no puede sino integrarse en esa política que nos exige la Constitución de velar por la situación de nuestros emigrantes, y más teniendo en cuenta las circunstancias sociales y económicas por las que pasan algunos de los países a los que aquéllos se dirigieron y donde viven ellos y sus descendientes.


La integración en la Unión Europea nos debe hacer recapacitar sobre el plazo para la adquisición de la nacionalidad por residencia de los nacionales de otros países de la Unión Europea. Mi grupo cree que en lo que hay que avanzar es precisamente en un proceso de nacionalidad común, pero en tanto no se llegue a ese proceso, somos partidarios de la reducción de esos plazos, siempre con el requisito de la reciprocidad por parte del Estado de los nacionales beneficiarios de esa reducción de los plazos para la adquisición de la nacionalidad por residencia. Nos podemos plantear también la reducción de ese plazo de diez años para adquirir, con carácter general, la nacionalidad española por residencia siempre que se cumpla el otro requisito que establece el Código Civil, y es que se pueda justificar la integración, acreditar un cierto conocimiento de los idiomas oficiales y cooficiales en España, etcétera.


Somos menos partidarios -ya lo puedo decir en estos momentos- del planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista de la aplicación, desde nuestro punto de vista excesiva, del ius soli. Atribuir la nacionalidad española al nacido en España de un residente legal en España supone o puede suponer la atribución de la nacionalidad española a una persona nacida en España de un residente temporal, por lo tanto, de una persona que no lleva en España más de 91 días. El planteamiento del Grupo Parlamentario Socialista al hablar de residencia legal no distingue temporal y permanente, y si bien podríamos estar de acuerdo en el planteamiento del nacido en España hijo de un residente permanente, entendemos que trasladar al Código Civil la posibilidad de adquisición de la nacionalidad española al hijo de una persona que lleva residiendo legalmente en España 90 días nos parece excesivo, sobre todo si tenemos en cuenta cuáles son las consecuencias desde el punto de vista del reagrupamiento familiar y del deber que tenemos de no separar a ese nacido en España, a ese nacional español, de los titulares de la patria potestad, y los efectos que puede producir en otros ámbitos. Lo mismo indicaría respecto al planteamiento de Izquierda Unida de atribuir la nacionalidad al hijo del residente habitual en España.


Las posiciones son favorables a la apertura de este proceso de negociación y de modificación de nuestro régimen de nacionalidad. Obviamente, haremos las aportaciones que consideramos convenientes a lo largo de este proceso legislativo. Sin lugar a dudas, contemplamos la nacionalidad como ese punto fundamental de integración de ciudadanos que residen en España, con ese planteamiento de evitar la consolidación a lo largo de decenas de años de estirpes de no nacionales en España, pero la utilización de la nacionalidad como elemento de integración debe ser el punto final de la integración, no el punto inicial.


Damos la bienvenida a la posición de los grupos, a su iniciativa y a su generosidad; después, en la ponencia y en la Comisión, ya nos iremos entendiendo. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


Iniciamos la votación de la toma en consideración de proposiciones de ley.
En primer lugar, la del Grupo Parlamentario Socialista, sobre modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 296.


La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.


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Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, de modificación del Código Civil en materia de nacionalidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 297; a favor, 296; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Por último, toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, de modificación del Código Civil en materia de adquisición y recuperación de la nacionalidad.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


La señora PRESIDENTA: Queda tomada en consideración.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORES AYMERICH, RODRÍGUEZ Y VÁZQUEZ), SOBRE PRÓRROGA DE LA NORMATIVA APLICABLE A LA JUBILACIÓN ANTICIPADA DE LOS FUNCIONARIOS DE CUERPOS DOCENTES. (Número de expediente 122/000078.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE MODIFICACIÓN DE LA LEY ORGÁNICA DE ORDENACIÓN DEL SISTEMA EDUCATIVO EN LO RELATIVO A LAS JUBILACIONES DE LOS FUNCIONARIOS ACOGIDOS A REGÍMENES DE SEGURIDAD SOCIAL O DE PREVISIÓN DISTINTOS DEL DE CLASES PASIVAS. (Número de expediente 122/000052.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE PRORROGA INDEFINIDAMENTE LA JUBILACIÓN VOLUNTARIA REGULADA EN LA LEY ORGÁNICA 1/1990, DE 3 DE OCTUBRE, DE ORDENACIÓN GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO.
(Número de expediente 122/000107.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Mixto, señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez, sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes, que será debatida conjuntamente con la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley orgánica de Ordenación del Sistema Educativo en lo relativo a las jubilaciones de los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de Clases Pasivas, así como la toma en consideración de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga indefinidamente la jubilación voluntaria regulada en la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


Para la presentación y defensa de la primera iniciativa, tiene la palabra el señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, comenzaremos por recordar la disposición transitoria novena de la LOGSE, Ley 1/1990, en la que se establecían los requisitos y condiciones aplicables a los docentes de la enseñanza infantil, primaria y secundaria que quisiesen acogerse a la jubilación anticipada. Estas condiciones eran, en primer lugar, estar en activo el 1 de enero de 1990; en segundo lugar, haber cumplido 60 años de edad; en tercer lugar, haber acreditado 15 años de servicio efectivo al Estado. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.) Para que pudiesen realizar la jubilación anticipada, se establecía la cuantía de pensión de jubilación a partir del resultado de aplicar a los haberes reguladores que en cada caso procedan el porcentaje de cálculo correspondiente a la suma de los años de servicio efectivos prestados al Estado que se puedan acreditar por parte del funcionario en el momento de la jubilación voluntaria y el periodo de tiempo que falte hasta la edad de 65 años. De esta manera, la LOGSE establecía este periodo de jubilación anticipada entre el año 1991 y 1996. El Gobierno se vio obligado a sucesivas ampliaciones. Así, la disposición transitoria primera de la Ley orgánica 9/1995, de 20 de noviembre, establece todo el periodo de implantación de la LOGSE en los términos, condiciones y normas de la disposición transitoria novena a la que ya hemos hecho alusión. De esta manera, se podrían jubilar los docentes de estas escalas o niveles educativos entre 1996 hasta el año 2002. Últimamente, el Gobierno del Partido Popular se vio obligado, a través del artículo 51 de la Ley de acompañamiento de presupuestos para el año 2002, a establecer un nuevo periodo que va a durar hasta el año 2006, pero con las condiciones a las que he hecho alusión al principio de esta intervención.


Parece claro, señorías, que este proceder de los sucesivos gobiernos indica que están siendo excesivamente cautelosos y con pautas de conducta además discriminatorias, como después aclararé, no atendiendo a la situación real del profesorado, a la situación real del sistema educativo, a cómo está el mercado laboral, en concreto en las cuestiones referidas a la profesión docente y al gravísimo problema del paro que padecen en general la juventud en el Estado español y en particular los licenciados universitarios que se van potencialmente a dedicar a la enseñanza. Además, es fundamental

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que se tenga en cuenta la incentivación pedagógica y la renovación, incluso cierta capacidad psicológica para enfrentar los retos que las sucesivas reformas educativas vienen provocando en el sector docente.


Es por eso por lo que el Bloque Nacionalista Galego propone que la jubilación pueda permanecer a través del tiempo con carácter indefinido, es decir, que no haya que estar cada cuatro años inventando la prórroga de la disposición transitoria a la que hice alusión al principio. Además, señorías, hay discriminaciones que deben de ser superadas. De las sucesivas prórrogas para que se pudiesen jubilar los docentes quedaron excluidos aquellos docentes acogidos a los regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos a los de Clases Pasivas, en concreto, aquellos profesores de universidades laborales o de centros docentes de la antigua organización sindical que fueron integrados en los cuerpos de profesorado de enseñanza secundaria pero sin conllevar su adhesión al régimen de Clases Pasivas y permaneciendo en el régimen de la Seguridad Social. Es por esto que nuestra propuesta quiere que se puedan acoger también estos docentes a la jubilación anticipada con los requisitos exigidos a los de clases pasivas.


Hay una tercera propuesta novedosa en relación con lo que indiqué al principio de los requisitos y condiciones aplicables a estos docentes en la disposición transitoria novena de la LOGSE: es, en concreto, que los funcionarios que se jubilen voluntariamente, de acuerdo con lo dispuesto en la presente norma, es decir, a los 60 años, puedan con 25 años de servicio efectivo al Estado o de cotización a la Seguridad Social recibir una gratificación extraordinaria por una sola vez en su última mensualidad en activo. Pensamos, señorías, que esta sería la manera de incentivar que el profesorado recurriese a esta jubilación anticipada, y aunque es cierto que aquí las competencias autonómicas son muy importantes, no es menos cierto que el Estado puede contribuir bajando la edad de 28 años de servicio actuales a 25, como proponemos nosotros en nuestra proposición de ley. Queremos exponer en concreto un detalle que puede ilustrar sobre por qué razón algunos profesores no recurren a la jubilación anticipada aun teniendo muchísimas ganas de hacerlo. Hablamos de las cargas familiares de muchos de ellos; pero es que, señorías, en concreto, un profesor del cuerpo de maestros de 62 años de edad y con 30 años de servicio percibiría en la Comunidad Autónoma de Galicia en cantidades brutas 4.748.469 pesetas anuales; es decir en tres años, a los 63, 64 y 65, serían 14.245.407 pesetas. Pues bien, si hoy se jubila en Galicia de forma anticipada este profesor dejaría de percibir casi tres millones de pesetas en estos tres años. Sabemos que el caso de Euskadi es infinitamente mejor, pero aun así perderían dinero de jubilarse anticipadamente. Creemos que el Estado y las comunidades autónomas deberían ofrecer condiciones más atractivas para que la jubilación pudiese producirse y pensamos que incluso sería necesario que el Estado, y aquí sí tiene mucha importancia su legislación, debería hacer obligatoria la jubilación a los 65 años y desechar la posibilidad de que en las administraciones públicas se esté en activo hasta los 70 años, que no es de recibo en una situación laboral como la que tiene el Estado español.


Queremos recordar por lo demás, señorías, que no hay privilegios en esta forma de proceder, porque el texto refundido de la Ley de Clases Pasivas del Estado recuerda que se puede recurrir a una jubilación de carácter voluntario siempre que se declare a instancia de parte y que el interesado tenga cumplidos los 60 años de edad. No se trata, por tanto, de adelantar de forma caprichosa y exagerada la posibilidad de recurrir a esta jubilación anticipada. Debemos de tener en cuenta, además, y esto es muy importante, que estamos ante una demanda generalizada del profesorado. Son un sinnúmero de telegramas y de resoluciones de los claustros de institutos y de colegios de enseñanza primaria los que estoy por asegurar que llegan de todas las partes del Estado español a los distintos grupos parlamentarios pidiendo no una prórroga por cuatro años, como se hizo en la Ley de acompañamiento, sino que esta posibilidad sea indefinida o no limitada en el tiempo, por lo menos hasta que se vea un panorama radicalmente distinto desde el punto de vista educativo, laboral y de las necesidades del sistema. Se sabe que esto es fundamental para la actualización y buena disposición del profesorado. Queremos, señorías, recordar otra vez y sobre todo remarcar el paro existente en general, las pocas plazas nuevas que se crean de acceso a la docencia, y en concreto esto afecta a la adolescencia y a la mocedad, no solamente porque son los futuros profesores sino también porque estamos por asegurar que para la docencia es necesario el entusiasmo; es fundamental, más que ningún otro tipo de criterio, el entusiasmo por parte de todo el profesorado. Además hay, señorías, unos indicadores que demuestran con las estadísticas que el desgaste psicológico a que están sometidos los profesores de enseñanza primaria y secundaria, especialmente del ciclo de 14 a 16 años, es de tal calibre que se demuestra en el tipo de enfermedades profesionales e incluso en la actitud respecto de la profesión. Por todo esto, señorías, les rogamos que tomen en consideración tanto esta proposición de ley como las que se van a defender a continuación que, por supuesto, nosotros vamos a apoyar con el mismo entusiasmo que la nuestra.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rodríguez.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, puede parecer que estamos ante la discusión

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de un tema parcial, incluso de un tema menor, pero yo quisiera resaltar que estamos ante una iniciativa con la cual podríamos estar permitiendo una mejora del sistema educativo. A nosotros nos parece que de esta manera, y luego lo intentaré explicar, es como se puede incentivar la renovación pedagógica, como se puede situar nuestro sistema educativo en condiciones de cumplir el objetivo de formar a hombres y mujeres para integrarse en la sociedad, y no, como pretende la actual ministra, con reformas cavernarias, que nos llevan más al pasado que al futuro.


Estamos ante un debate tremendamente interesante y merece la pena que nos centremos y que hablemos de las posibilidades que se abren para incentivar la renovación pedagógica de nuestro sistema educativo. Cuando nosotros proponemos una nueva redacción de la disposición transitoria novena lo hacemos para que se diga que los funcionarios de los cuerpos docentes a los que se refiere esta norma, acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos de las clases pasivas, podrán acogerse a la jubilación anticipada siempre que reúnan todos los requisitos establecidos en el apartado 1 de esta disposición, salvo el de pertenecer al régimen de clases pasivas del Estado. La cuantía de la pensión de jubilación será la que resulte de aplicar a la base reguladora que en cada caso proceda el porcentaje de cálculo correspondiente a la suma de años cotizados a la Seguridad Social y del período de tiempo que le falta hasta el cumplimiento de la edad de 65 años. Los funcionarios que se jubilen de acuerdo con la presente norma percibirán asimismo la gratificación que establece el apartado 4, siempre que en el momento de su jubilación tengan acreditados al menos 28 años de servicio efectivo de cotización a la Seguridad Social. La cuantía de la gratificación extraordinaria no podrá en ningún caso ser superior al equivalente de 25 mensualidades de salario mínimo.


Entendemos que de esta manera la renovación podía afectar a todo el personal que esté inmerso en la LOGSE y podría ser, como decía, un instrumento útil para situar nuestro sistema educativo en mejores condiciones. Y lo hacemos partiendo de que el objetivo del legislador era sincero pues quería propiciar esa jubilación anticipada con la finalidad de rejuvenecer las plantillas y de que se pudiesen abordar problemas de estabilidad, de formación y de reciclaje del profesorado, con lo que esto puede significar a la hora de recuperar gran parte de la ilusión que en muchos casos los enseñantes están perdiendo por la dejación de las administraciones. Creemos que este era el objetivo del legislador y nos parece que con la propuesta que presentamos y con otras de forma similar que se pueden discutir se consiguen mucho mejor los objetivos que con la redacción actual de la citada disposición, ya que la misma excluye de este sistema de jubilación voluntaria a funcionarios de los mismos cuerpos docentes que no estén incluidos en el ámbito de clases pasivas y que pertenezcan a organismos distintos a la Seguridad Social. Es el caso, por ejemplo, de los funcionarios de las antiguas universidades laborales; también el de los de centros docentes de la antigua organización sindical, que fueron en su día integrados en los cuerpos docentes de la enseñanza secundaria sin que se alterase su régimen de pertenencia a la Seguridad Social. Pensamos que se podría cubrir esta discriminación, porque al final todos forman un mismo cuerpo y todos tienen que tener un mismo tratamiento.


Sería importante que hoy aquí se permitiese la aprobación de esta iniciativa, porque nos permitiría, con las enmiendas que se presentasen por parte del Grupo Popular y de otros grupos, entrar en esta discusión.
Yo me imagino que los diputados del Grupo Popular pueden conocer la situación de los centros igual que la podemos conocer otros diputados que nos dedicamos a la enseñanza y que tenemos bastante relación con ese mundo. También me imagino que ustedes conocerán igual que nosotros el grado de desánimo que cunde muchas veces en los enseñantes, porque se sienten desprotegidos, se sienten discriminados y en muchos casos despreciados por parte de las administraciones, en cada caso según sus competencias. Con iniciativas de este tipo se podría recuperar esa ilusión y la voluntad de construir entre todos un sistema educativo mucho más efectivo, mucho más fiel y mucho más eficaz para la formación de hombres y mujeres que han de jugar un papel en la sociedad. De esta manera podríamos contribuir hoy a empezar a construir una parcela, que no es menor, que puede ser de gran importancia. Porque no sólo serviría para que no haya que renovar esta situación cada tres o cuatro años, sino que permitiría abrir caminos a los que ya se pueden acoger a ella y que aquellos enseñantes que hoy no tienen la edad puedan ver la posibilidad de no tener que acabar sus días arrastrándose por las aulas llevando a cuestas todos los años de tensión y sacrificios. Se verían recompensados con una mayor atención, con una mayor dedicación por parte de las administraciones, que en definitiva tienen la obligación de hacerlo.
Entendemos que a los funcionarios que pertenecen al régimen general de la Seguridad Social, en el caso de optar por la jubilación anticipada, se les debe aplicar esta normativa y no la normativa de carácter general, como se hace ahora, ya que en este caso se estaría produciendo una discriminación respecto a otros compañeros que hacen la misma labor, que llevan los mismos años y que debieran tener el mismo tratamiento.


Para terminar, quisiera pedir esa reflexión al Partido Popular. El futuro de la educación no se consigue con reformas cavernarias que nos llevan al pasado sino abriendo perspectivas de futuro a los jóvenes, abriendo perspectivas de futuro a los enseñantes para que recuperen la ilusión, conscientes de que gran parte de los enseñantes que hoy tienen 40, 50 ó 60 años han contribuido de forma importante a la recuperación del sistema

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pedagógico de este país, y hoy se ven bloqueados y desanimados por la poca atención que han recibido por parte de las administraciones. Ello nos permitiría realizar ese debate, conseguir esa recuperación y sobre todo crear un horizonte de esperanza en muchos enseñantes que hoy tienen que sufrir una situación que ya no pueden aguantar y que tampoco les permite acceder a lo que se han ganado después de tantos años de servicio a la comunidad, como es una jubilación digna, sin tener que estar pendientes de otras cuestiones.


Espero que esta iniciativa sea admitida porque lo que estamos haciendo es iniciar una tramitación. Ni siquiera vamos a defender la literalidad de nuestra propuesta, porque en las distintas intervenciones se han aportado elementos positivos que se pueden mezclar para conseguir un texto mejor que el que nosotros presentamos, incluidas las aportaciones que pueda hacer el Grupo Popular. Cercenar ahora la posibilidad de debatir esta iniciativas sería dar con la puerta en las narices a gran número de enseñantes y no se lo merecen, porque han trabajado y porque están dispuestos a seguir prestando servicios a esta comunidad. No se merecen, repito, que el Grupo Popular hoy les dé la espalda.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.


Grupo Parlamentario Socialista. Señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Gracias, señor presidente. Gracias, señorías.


El asunto que hoy sometemos a su consideración tiene que ver con las pensiones y con la educación, dos temas que probablemente hoy han estado más en la atención de los ciudadanos y en el debate político. Tiene que ver con la educación, aunque es verdad que no tiene que ver con la reválida pero sí con la calidad de la educación. Tiene que ver con las pensiones. Hemos escuchado con atención al ministro de Trabajo, que se ha referido ampliamente a esta cuestión. Lo que se preguntan muchos ciudadanos hoy es si el Partido Popular va a mantener durante mucho tiempo el discurso que ha mantenido el señor Fernández de Troconiz. En cualquier caso, tenemos que agradecer que no se nos haya presentado ninguna enmienda que vaya en esa dirección, en un asunto que ha venido al menos seis veces a esta Cámara como es el tratamiento de la jubilación de los funcionarios docentes. El asunto se inició de forma positiva, porque en la Comisión de Educación se alcanzó la unanimidad para instar al Gobierno a resolver dos cuestiones: una era la que se refería a la prórroga de la propia jubilación con carácter indefinido, la jubilación conocida como jubilación LOGSE con carácter indefinido, y otra era terminar con la intolerable discriminación entre funcionarios docentes, entre aquellos funcionarios que ven regulada su pensión, su jubilación, por el régimen de clases pasivas, y aquellos que, por el contrario, lo hacen a través del régimen general de la Seguridad Social.


Señorías, la LOGSE, como medida de acompañamiento social, incorporó en la disposición transitoria novena, en la disposición adicional undécima y en la decimocuarta, una, dos y tres, la posibilidad de que, con carácter voluntario, los funcionarios docentes anticipasen su jubilación a los 60 años, si reunían unas determinadas condiciones. Esta medida fue muy bien recibida por los profesores. Facilitó, sin lugar a dudas, la renovación de los cuadros docentes y también abrió más la posibilidad de la contratación de nuevos profesores. La medida que contemplaba la LOGSE era, como digo, una medida de acompañamiento para su puesta en práctica.
Por tanto, duraba en el tiempo aquel tiempo durante el que la LOGSE se desarrollaba, el tiempo de su calendario de implantación. El calendario de implantación concluía en el año 2000. Es cierto que se amplió hasta el año 2002. Nosotros tenemos que decir que nuestra insistencia a la hora de presentar iniciativas para que esta medida, que ha sido tan positiva para el sistema educativo español, se ampliase con carácter indefinido ha obtenido algún resultado, y así lo queremos reconocer hoy aquí. Ese resultado es que en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 el grupo parlamentario que sostiene al Gobierno sacó adelante la propuesta de que la ampliación de la jubilación LOGSE fuese por un período de cuatro años, se consiguió al menos que fuese por un período de cuatro años, pero no se resolvió el carácter indefinido ni tampoco la discriminación que afecta a los funcionarios docentes, profesores que realizan la misma tarea, que conviven en los mismos institutos, en los mismos claustros, que atienden a los mismos alumnos y que tienen tras de sí una trayectoria docente, pedagógica, de innovación educativa, que yo, señorías, señores del Partido Popular, creo que deben reconocer ustedes explícitamente y deben hacerlo corrigiendo algo que no es coherente con el espíritu de la norma y mucho menos lo es con el espíritu y con la voluntad del legislador, con lo que quiso hacer el legislador.


Los funcionarios docentes que se jubilan por el régimen general de la Seguridad Social no se acogen a la llamada jubilación LOGSE; no lo pueden hacer, porque, si lo hacen, ven reducida su pensión nada menos que en un 40 por ciento. Esto desde luego es inaceptable y debe resolverse, porque afecta a un colectivo que no debe ser discriminado; pero, además, es que las condiciones de no discriminación y de oportunidad afectan ya, señorías, a un colectivo muy pequeño. Por tanto el esfuerzo presupuestario que supondría esta medida es también muy pequeño, es calderilla en los presupuestos de la Seguridad Social, y no entendemos que ustedes se nieguen reiteradamente a corregirlo. Esto es algo absolutamente incomprensible, porque ha sido reiteradamente solicitado a esta Cámara. En el Partido Popular,

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lo mismo que en el Grupo Parlamentario Socialista, no se han recibido sólo las peticiones de las comunidades autónomas a las que han sido transferidos los funcionarios docentes sino también las peticiones de los representantes de los profesores, de los sindicatos de la enseñanza.
Además, hemos recibido miles de cartas de profesores de todos los colegios, institutos, centros de profesores y centros de recursos pidiendo que se prorrogue la jubilación LOGSE con carácter indefinido y que se resuelva la discriminación que supone jubilarse por el régimen de clases pasivas en vez de hacerlo por el régimen general de la Seguridad Social.


Les decía al principio que este es un asunto que tiene que ver con la calidad de la educación. Esto es un signo de aprecio al profesorado, es un signo de apoyo a la función que viene realizando. Se les envía un mensaje muy claro: los profesores pueden optar por prorrogar su jubilación hasta los 70 años, y en este caso sí es con carácter indefinido, no hay ningún plazo. Ustedes no establecieron ningún plazo a que los profesores puedan retrasar su jubilación hasta los 70 años. ¿Por qué esta reticencia y esta obsesión por no corregir definitivamente esta cuestión de modo que la jubilación LOGSE tenga carácter indefinido cuando es un clamor entre los profesores? Es una medida de calidad. Nosotros lamentamos que por parte del grupo mayoritario de la Cámara no haya voluntad de resolver esta cuestión. Es verdad que este asunto ha venido muchas veces a esta Cámara y les aseguro que volverá; volverá porque así nos lo piden los profesores y sobre todo porque no se entenderá que no se incorpore esta medida -ahora que parece que se va a iniciar el debate de la ley de calidad- como una de las medidas de acompañamiento social, como se hizo con la LOGSE, indicando claramente al profesorado que se cuenta con ellos y que se hace desde la confianza en ellos, porque habrá profesores que quieran prorrogar su jubilación hasta los 70 años y otros que opten por anticiparla a los 60.


Esta medida sería beneficiosa, sin lugar a dudas, para los profesores y para el conjunto del sistema educativo. Por esa razón, el Grupo Parlamentario Socialista les pide su apoyo a esta iniciativa, como nosotros daremos el nuestro a la proposición de ley de Izquierda Unida y a la del Grupo Mixto, defendida por el portavoz del Bloque Nacionalista Galego.


Señorías, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Valcarce.


¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)

Señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señor presidente.


El Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) va a apoyar las tres proposiciones de ley presentadas por estos grupos de la Cámara, como lo ha venido haciendo sistemáticamente cada vez que se ha presentado esta iniciativa.
Nos parece razonable, nos parecería injusto no hacerlo, y los argumentos que el grupo que sostiene al Gobierno ha dado para oponerse a que estas propuestas conozcan el mejor camino no nos parecen ni suficientes ni razonables.


Los criterios han sido suficientemente bien expuestos por los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra y no se trata de reiterarlos. Entendemos que, en este momento en que se está discutiendo sobre la calidad de la enseñanza, se insiste demasiado en los exámenes y en las evaluaciones exteriores y poco en la situación de un profesorado que está muy desmotivado, un profesorado que trata de demostrar ante la opinión pública, ante los representantes de las administraciones educativas y ante los representantes políticos, que, en definitiva, el eje de la calidad es el propio profesorado. Los profesores, ante situaciones tan injustas y discriminatorias como esta, que dura además tantos años y que tantos debates ha generado en esta Cámara y en otros foros educativos, asisten con sorpresa a los razonamientos que se exponen. Si no llegamos a entender, señor presidente, que la calidad de la enseñanza pasa por el profesorado, por un profesorado motivado, que pueda hacer su carrera profesional, por un profesorado al que se ofrezcan condiciones de jubilación razonables, como a los demás colectivos, difícilmente conoceremos una enseñanza de calidad. Ese es el eje y no los exámenes. Por eso vamos a apoyar estas tres proposiciones.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor González de Txabarri.


Señor Guardans.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: Gracias, señor presidente.


Comparto las reflexiones que hacía hace un momento el portavoz del Grupo Parlamentario Vasco sobre la importancia de centrarse en el profesorado y darle estímulos.


Si nos ceñimos a las tres proposiciones de ley que debatimos, podemos decir, desde el punto de vista de mi grupo, que tienen dos elementos fundamentales, o tres, si consideramos un tercer aspecto que añade un matiz. Por un lado tienen una parte que compartimos completamente y es corregir una discriminación que se viene arrastrando desde la disposición transitoria novena de la LOGSE y corregirla -como bien han explicado los portavoces que han defendido las iniciativas y por eso no hace falta que me alargue demasiado en ello- unificando el régimen e incluyendo por tanto en esa posible jubilación a los funcionarios de los cuerpos docentes que no estén en el ámbito de las clases pasivas del Estado, sino que estén en regímenes distintos. Por

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tanto, la corrección de esa discriminación sí nos parece absolutamente positiva.


En dos de las tres proposiciones de ley hay otro elemento que ya nos suscita algunas dudas, sobre todo porque no conocemos exactamente la repercusión económica que de ahí se deriva y, como nunca nos gusta hacer brindis al sol, querríamos conocerla. Se trata del recorte de 28 a 25 en los años de servicio que se solicitan. Ahí tenemos algunas dudas, pero podríamos decir que suspendemos el juicio. En cambio, hay un tercer elemento, que es común a las tres proposiciones de ley, que no podemos llegar a compartir. Sin hacer dogmatismos ni una gran crítica, no nos parece positivo, por razones de oportunidad. Se trata de congelar de alguna forma, dejar ya fijado de forma definitiva esa prórroga que se viene haciendo por años o por períodos. La prórroga de ese régimen de jubilación que ha dejado en el año 2006 la ley de acompañamiento última nos coloca en un escenario de suficiente distancia como para que sea muy difícil en este momento conocer con precisión cuál va a ser la situación y las necesidades de profesorado cuando ese plazo -fijado, insisto, en la ley de acompañamiento de los últimos presupuestos- se cumpla. Tendrá que llegar el año 2005 y en ese momento -con una Cámara nueva, por cierto- se deberá resolver si se hace una nueva prórroga por cuatro años o no. Pero dejar congelado eso de forma indefinida nos parece una opción que no criticamos pero que no compartimos, porque incluye demasiados elementos de riesgo. Podríamos tener dificultades -y hablo concretamente del caso catalán, por ejemplo-, podrían existir, al menos en hipótesis, dificultades en ese momento en cuanto a los profesores y haber generado -que es en lo que consistiría la aprobación de este texto que se discute- derechos adquiridos podría tener efectos tremendamente perniciosos. Hoy no son derechos adquiridos, hoy los tiene un determinado colectivo de personas y con un plazo fijo. En el año 2005 habrá que revisarlo y entonces veremos.


Este equilibrio, que por un lado nos parece oportuno corregir la discriminación y, por otro, no nos convence nada dejar esta prórroga fijada de forma indefinida, es lo que lleva a mi grupo a abstenerse ante estas tres proposiciones de ley.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Guardans.


Señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Quiero manifestar la posición de mi grupo a favor de la toma en consideración de estas proposiciones. Si bien no compartimos al cien por cien la literalidad de lo escrito en las propuestas, sí consideramos importante que sean tomadas en consideración para su posterior tramitación.


La propia Comunidad Autónoma canaria, en esta misma línea, ha alcanzado acuerdos con los sindicatos del sector. La Consejería de Educación, Cultura y Deporte incluso ha adquirido el compromiso de promover ante los organismos competentes la prórroga del actual modelo de jubilación anticipada. Además de lo que he dicho, también entendemos que cualquier actuación en este sentido ayudaría a poder paliar entre otras cosas algunos de los problemas laborales que este sector sufre, fundamentalmente en profesionales que ya tienen una avanzada edad y, en consecuencia, un largo tiempo de ejercicio profesional. Precisamente en ellos se concentra un mayor número, por ejemplo, de bajas laborales, de reducciones importantes por descuentos horarios, etcétera. También entendemos que es un elemento favorecedor de alguna forma de la motivación del propio profesorado tener en cuenta las prioridades para favorecer la calidad de la enseñanza.


Otro de los aspectos a los que se hace referencia en estas proposiciones es la reducción del número de años para poder percibir las gratificaciones. En este caso me remito también a Canarias y a la Consejería de Educación, puesto que hay órdenes del año 2001 en este sentido donde se contempla el aumento de la cantidad total de la gratificación con respecto a lo que se dispone en el resto del Estado. En esa línea el propio Gobierno de Canarias, en acuerdos recientes, ha establecido las ayudas en concepto de premio por jubilación anticipada del personal funcionario docente no universitario al servicio de la Comunidad Autónoma canaria, en el marco de la acción social que para dicho fin se prevé en la Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma canaria en el 2001.


Por estas razones vamos a votar favorablemente la toma en consideración de estas proposiciones y ya haríamos, por supuesto, las matizaciones que consideráramos oportuno en el correspondiente trámite.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Julios.


Señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señor presidente, señorías, podríamos iniciar hoy la intervención como Fray Luis de León: Decíamos ayer. Porque este tema se ha debatido en la legislatura pasada y en la presente en mayo último, cuando todavía no había pasado un año, en una proposición no de ley, que fue aprobada por unanimidad en esta Cámara. Digo que en la legislatura pasada porque, en la Comisión de Educación, se aprobó por unanimidad una proposición no de ley, con una enmienda del Grupo de Convergència i Unió, que quiero citar literalmente, porque se ha citado pero no exactamente. Decía: El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a estudiar la modificación del punto

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quinto de la disposición transitoria novena. A estudiar. Y el Gobierno lo ha estudiado detenidamente.


Quiero hacer un paréntesis. ¿Cómo ustedes, señores del Grupo Socialista, cuando tenían mayoría, cuando aprobaron la LOGSE, no igualaron a los profesores que provenían de las universidades laborales y de sindicatos con los funcionarios de régimen de clases pasivas que provenían del Ministerio de Educación? Ustedes no lo hicieron y buscaron una fórmula en este punto quinto de la disposición transitoria novena de la LOGSE, en la cual indicaban que hasta la aplicación. En principio era hasta 1996 y luego se amplió hasta el 2002. Conforme a esa resolución el Gobierno lo ha estado estudiando y el Grupo Parlamentario Popular trajo una proposición no de ley para que en la ley de acompañamiento, en la ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social del presupuesto de 2002, a este tema se le diera nuevamente una prórroga, porque no era cuestión económica. Saben ustedes que esto aproximadamente puede afectar a 300, de los cuales ya se han jubilado, decíamos en mayo, un 10 por ciento, ahora será un poco más. Afecta a un colectivo pequeño. No es por una cuestión económica, ni porque el Partido Popular no considere la importancia que en la educación tiene el profesorado -eso lo habrán oído siempre a cuantos representantes del Partido Popular hayan tomado la palabra a este respecto-, lo que pasa es que podrímos crear agravios comparativos con otros colectivos en los cuales hay unos que van por el régimen de clases pasivas y otros que van por Seguridad Social. Cuando en el mes de mayo pasado trajimos la proposición no de ley indicamos que además se plantearía otro problema, que habría que reformar la Ley General de Seguridad Social. Además, entendíamos que era al Pacto de Toledo donde habría que llevar la cuestión de las jubilaciones de los profesores, y no me refiero solamente a las de este colectivo sino a las de todos los demás. Para los que no conocen detalladamente el tema de la educación, diré que los funcionarios que provienen el sistema de clases pasivas para jubilarse a los 60 años necesitan 30 años de servicio y además no cobrarían más que el 80 por ciento de las pensiones.


Respecto a que el Partido Popular trajo a esta Cámara, y se aprobó, la posibilidad en general de que en la Función Pública se alargue la edad de jubilación, si es su deseo, de 65 a 70 años, esto se está generalizando en Europa -en Italia es hasta los 68 años-, pero nosotros lo condicionamos siempre a la voluntariedad. En este caso concreto hemos hecho lo que creíamos que se debía hacer, que es prolongar hasta el año 2006. Quiero hacer mención de ello aquí porque no fui yo, como representante del Partido Popular, sino que fue el señor Sedó, del Grupo de Convergéncia i Unió, quien dijo: Porque nos parece aceptable incluso con el plazo de cuatro años, aunque hubiera sido mejor aceptar las enmiendas. De todas maneras de aquí al año 2006, cinco años, muchas cosas pueden pasar y lo que ya se ha prorrogado una vez estoy seguro de que lo prorrogaremos más veces. En el mismo sentido se ha expresado hoy el representante de Convergencia i Unió; es decir, en el año 2006, en la próxima legislatura, veremos en qué situación están estos funcionarios, cuántos de ellos se han jubilado y cuántos no lo han hecho y, conforme al Pacto de Toledo, cuáles han sido las conclusiones y las propuestas para la jubilación de los docentes en general.


Por cierto, aunque no está aquí su portavoz, quiero reflejar en el "Diario de Sesiones" que me ha extrañado la posición de Coalición Canaria puesto que, repito, cuando en mayo de 2001 debatimos la proposición no de ley del Partido Popular, que se aprobó por unanimidad y que luego se ha llevado a los presupuestos para el año 2002 y a la ley de acompañamiento, el señor Mardones dijo que era la fórmula ideal y que ellos iban a apoyar su limitación a cuatro años. Sin embargo, comprendemos y aceptamos que desde mayo hasta ahora puede haber un cambio de posiciones.


Señor presidente, señoras y señores diputados, reiteramos los mismos argumentos que dimos en mayo pasado, pero quiero terminar indicando que sentimos un respeto total por el profesorado y creemos que es un punto fundamental para cualquier reforma de la educación, sin duda, la motivación de este profesorado. Ahora bien, lo que no podemos hacer es introducir modificaciones en la Ley General de Seguridad Social. Nos hubiese encantado que en la Logse, con mayoría del Partido Socialista, se hubiese atendido a estos profesores, pero ha tenido que ser el Partido Popular el que prorrogue su situación hasta el año 2006 para que se puedan jubilar. Indudablemente creo que el Partido Popular aprecia al profesorado en general y a estos concretamente les ha prorrogado su situación hasta el 2006. Estoy seguro de que en el año 2006, si queda alguno de estos profesores, no habrá dificultades para dar una solución al problema, pero sin modificar la Ley General de Seguridad Social y veremos qué pasa con el Pacto de Toledo. Hemos cumplido lo que en la Comisión de Educación se aprobó por unanimidad, que el Gobierno estudiara las posibilidades que existían para la jubilación de estos profesores.


Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Guerra. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Toma en consideración de proposiciones de ley. Del Grupo Parlamentario Mixto (señores Aymerich, Rodríguez y Vázquez), sobre prórroga de la normativa aplicable a la jubilación anticipada de los funcionarios de cuerpos docentes.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 114; en contra, 161; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración.


Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre modificación de la Ley orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en lo relativo a las jubilaciones de los funcionarios acogidos a regímenes de Seguridad Social o de previsión distintos del de clases pasivas.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 114; en contra, 159; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Toma en consideración de la proposición de ley, del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se prorroga indefinidamente la jubilación voluntaria regulada en la Ley orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 290; a favor, 115; en contra, 160; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la toma en consideración de la referida proposición de ley.


PROPOSICIONES NO DE LEY:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL CONGRESO, SOBRE EL FOMENTO DE LAS COMUNIDADES TERAPÉUTICAS PARA MENORES CON PROBLEMAS DE DROGADICCIÓN Y DÉFICIT ADAPTATIVOS. (Número de expediente 162/000411.)

La señora PRESIDENTA: Punto III del orden del día: proposiciones no de ley. En primer lugar, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre fomento de las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits adaptativos.


Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra la señora Seller. (Rumores.)

Señorías, ruego guarden silencio. Hay una diputada en la tribuna intentando iniciar su intervención.


Adelante.


La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Gracias, señora presidenta.


Señores diputados, señoras diputadas, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular en relación a la proposición no de ley sobre fomento de las comunidades terapéuticas para menores.


Nadie interesado por los problemas de la sociedad puede inhibirse de la realidad conflictiva y familiar, así como social, que suscitan las drogas. Ésta es, señorías, sin el menor género de dudas, una aseveración suscrita por la inmensa mayoría de los españoles, como también es compartida por todos la preocupación sobre el consumo de drogas y sus efectos, particularmente en el sector más vulnerable de la población, los menores. (La señora vicepresidenta, Becerril Bustamante, ocupa la Presidencia.)

Quisiera detenerme en hacer una mención lo más explícita posible de la problemática en cuestión que motiva esta proposición no de ley que presentamos, que no es otra que la situación de los menores en riesgo social, en particular de aquellos que están sujetos a drogadicción y que acusan un grave déficit adaptativo al medio social. No escapa al conocimiento de nadie que cualquier persona adicta lleva tras de sí una biografía que debe ser considerada para poder ser tratada, porque sin duda no es sólo la adicción química lo que dificulta tanto su rehabilitación sino otro tipo de condicionamientos y factores que, en el caso de los menores, deben resultar especialmente observados, ya que son estos mismos factores la causa por la que se van a introducir en el uso y abuso de drogas para su posterior adicción, llegando con ello a fracturar y limitar su desarrollo familiar, personal y social.


Llama poderosamente la atención el entorno social y familiar en el que estos menores se desenvuelven, así como sus antecedentes familiares en uso y abuso de drogas, particularmente el alcohol. Algunos pertenecen a familias desestructuradas y, en la mayor parte de las ocasiones, conviven en barrios vinculados al consumo y al tráfico de drogas. Éstos son los denominados menores de alto riesgo, a los que además acompaña un abandono de estudios y una carencia de intereses y expectativas formativo-laborales.


Por poner un ejemplo, sólo en la Comunidad Autónoma de Madrid, en el año 1999, fueron tratados 232 menores con edades inferiores a los 18 años, siendo considerados todos ellos en riesgo social y que, además, presentaban serias dificultades para su reinserción. Paralelamente a ello, es frecuente observar el temor y la desgraciada dificultad a los que padres y responsables del menor se enfrentan. Podemos verlos peregrinar, de terapia en terapia y de centro en centro, en busca de una solución que no logran proporcionar, ni con la mejor de las voluntades, asistentes sociales, psicólogos o pedagogos, para finalmente declararse impotentes ante la gran magnitud del problema.


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Aceptando el hecho de que las drogas se han instalado en la sociedad, cuestión esta de singular importancia, estudiada frecuentemente por sociólogos y psicólogos, los gobiernos de diferentes países, en particular el nuestro, en colaboración con las comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales, han desarrollado una serie de planes que, de forma multidisciplinar, tratan esta cuestión, desde su prevención, principalmente en la familia y en la escuela, hasta su tratamiento, ocupándose del sujeto afectado para su rehabilitación y reinserción posterior. Con todo ello, resulta evidente que ante situaciones como las descritas, que atienden a un problema específico en el que confluyen diferentes factores, pocas son las alternativas con las que contamos y que resulten viables.


Por esa razón y atendiendo a este supuesto específico, algunos países han puesto en marcha programas como las denominadas comunidades terapéuticas, también recogidas en el Plan nacional sobre drogas, en el que se incluyen como objetivo a desarrollar. Estas comunidades, que comenzaron su andadura allá por los años setenta, fueron activadas por organizaciones humanitarias impregnadas de un fuerte sentido de responsabilidad y compromiso civil y concebidas, en sus inicios, con el objetivo de tratar a personas con problemas de drogadicción o alcoholismo abandonadas a sí mismas o marginadas, ofreciéndoles amparo, un lugar de protección y asistencia. Años más tarde, con el aval de una sólida experiencia, fueron desarrollando estrategias de intervención profesional a través de un dispositivo social y sanitario completo para el tratamiento.


Para el caso que nos ocupa, señorías, resulta imprescindible la observancia y puesta en marcha de programas de intervención orientados especialmente a menores y dirigidos por profesionales de distinta formación, en espacios donde puedan desarrollar actividades educativas y ocupacionales, así como tratamientos terapéuticos, orientados en su conjunto a restituir su confianza y estimular su voluntad para la integración en la sociedad a través de las relaciones interpersonales. En estos momentos, señorías, existen en nuestro país algunas instituciones públicas, como los planes autonómicos o municipales, así como entidades privadas, que han intervenido a través de interesantes trabajos con menores. No se dispone, sin embargo, de datos concretos y exhaustivos respecto a cuántos centros y programas están dirigidos específicamente a menores. Ese es el motivo por el que la Delegación del Gobierno ha financiado un estudio sobre la implantación de estos programas en España, que estará disponible a partir del próximo mes de abril, con el propósito de impulsar aquellos dirigidos a la detección precoz e intervención temprana en menores con problemas de consumo de drogas, incluido como objetivo a conseguir en la estrategia nacional sobre drogas 2000-2008.


Para finalizar, señorías, independientemente de la preocupación y consiguiente alarma social que provoca la penosa situación de los menores drogodependientes en nuestro país, subsiste un compromiso social orientado básicamente a ocuparnos del menor como persona que es especialmente vulnerable y que precisa que hallemos, entre todos, los medios, modos y formas necesarios para atajar el problema, atendiendo a la inmediatez que requiere. De lo contrario, si demoramos la cuestión, podemos encontrarnos con una realidad que hoy ya se antoja cruelmente tozuda, la de que estos menores puedan degenerar, mañana probablemente, en enfermos crónicos, añadiendo a ello las altísimas probabilidades de derivar también en conductas delictivas, con mínimas posibilidades a esas alturas de operar su reinserción.


Quiero añadir, señorías, con todos los respetos hacia el Grupo Socialista, que hemos conocido la enmienda que ha presentado y no vamos a aceptarla dado que esta, dicho en términos absolutamente humildes, no mejora el texto, aunque sí le reconoce interés.


Si hablamos de fórmulas y soluciones, lo que hay que hacer es hablar de esas fórmulas y de esas soluciones aquí, porque en definitiva no estamos hablando de medidas económicas, que sin duda se tendrán que arbitrar, ya que hemos hablado de los medios, de las formas y de los modos, sino fundamentalmente de soluciones. Nos encontramos en una situación de competencia, nuestra y de SS.SS, que es la de debatir sobre una situación y aportar posibles soluciones para que después puedan ser ejecutadas. Por ello, nuestra decisión vincula al Ejecutivo, a quien le corresponde decidir, sobre la base de los estudios correspondientes, los factores económicos para de esa manera poder ejecutarlos.


Finalmente quisiera decirles, señorías, que se trata de un compromiso que trasciende lo personal o familiar y que nos hace a todos corresponsables de su futuro, porque una persona, en particular un menor, que recupere su salud y que pueda reinsertarse socialmente supone un gran beneficio para la colectividad. Por ello, invito a SS.SS, en nombre de mi grupo parlamentario, a que apoyen esta iniciativa dirigida a instar al Gobierno a que, en colaboración con las comunidades autónomas y organizaciones no gubernamentales, desarrolle programas dirigidos a fomentar, dentro del marco establecido por el Plan nacional sobre drogas, las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits adaptativos.


Muchas gracias, señorías. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora diputada.


Para la defensa de la enmienda presentada a la proposición no de ley, por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Varela.


La señora VARELA VÁZQUEZ: Gracias, señora presidenta.


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Señorías, nos encontramos en este primer Pleno del nuevo período de sesiones debatiendo una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular, mediante la cual se insta al Gobierno a que desarrolle programas dirigidos a fomentar las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits adaptativos, todo ello en colaboración con las comunidades autónomas y las ONG y dentro del marco del Plan nacional sobre drogas.


Dentro del profundo respeto y del consenso que mi grupo siempre ha buscado respecto a las iniciativas del resto de los grupos parlamentarios sobre todos los temas, pero en especial sobre un tema tan importante y de tanta trascendencia como es el problema de la drogadicción, quiero poner de manifiesto una serie de cuestiones que preocupan profundamente al Grupo Socialista. Señorías, estamos ante una lacra de graves consecuencias, que degrada a los consumidores hasta extremos incompatibles con la dignidad humana y que, por su capacidad para inducir a otros delitos, altera la seguridad ciudadana y la paz social, y en esta lacra, por desgracia, se encuentra inmersa una parte de nuestra juventud. Hoy en día el consumo de drogas y la conducta antisocial son dos de los principales problemas de salud que afectan a la población adolescente. Las consecuencias adversas del consumo de drogas en los ámbitos social, legal y de salud constituyen un fenómeno bien documentado en la literatura científica. Sin embargo, a pesar del conocimiento que hoy se posee acerca de estas consecuencias negativas, cada año un número significativo de adolescentes empieza a consumir una serie de sustancias psicoactivas; aunque es cierto que en algunos casos este consumo cesa tras un período más o menos breve de experimentación, también es cierto que para demasiados jóvenes el inicio en el consumo del tabaco, alcohol u otras drogas lleva a patrones de consumo que dan lugar a situaciones de dependencia física y psicológica.


En los últimos años se está produciendo un notable incremento en las conductas antisociales de los jóvenes, agresiones verbales y físicas, dentro del contexto escolar, a compañeros y profesores o, en la familia, a padres y a hermanos, actos de vandalismo contra objetos públicos, robos a pequeña escala; esto se está convirtiendo en conductas normativas para los adolescentes. En los medios de comunicación, cada vez son más frecuentes las noticias relacionadas con este tipo de conductas y los datos empíricos sugieren la existencia de una estrecha relación entre el consumo de drogas y la conducta antisocial.


A Grupo Parlamentario Socialista, le preocupan varias cosas. En primer lugar, nos preocupa el hecho de que no se consigue alargar la edad en la que los jóvenes se introducen en la drogodependencia sino que más bien hay tendencia a la baja, por lo menos esos son los datos del informe del Observatorio Europeo de la Droga y Toxicomanía. En segundo lugar, nos preocupa que como consecuencia de lo dicho anteriormente la prevención sobre el consumo de drogas no esté dando los frutos deseados, ya que los programas diseñados para ayudar a abandonar el tabaco, el alcohol y otras drogas, así como los programas de tratamiento de delincuentes, se están mostrando poco eficaces. En tercer lugar, tampoco se está logrando una reducción de la demanda, porque lo que se ha producido ha sido simplemente que cambien los hábitos y las pautas de consumo; si bien ha descendido o al menos se ha estabilizado, por ejemplo, el consumo de la heroína, sin embargo, no desciende el consumo de otro tipo de drogas como las anfetaminas, alucinógenos, cannabis, cocaína, las denominadas drogas de síntesis, y por supuesto tampoco el alcohol. Todos sabemos, señorías, que son de especial peligrosidad, sobre todo, en un sector de la población especialmente sensible a este consumo como son los jóvenes.


Nos preocupa que este Gobierno no consiga una verdadera reducción de la oferta. Este Gobierno no está consiguiendo una verdadera reducción de la demanda y no está consiguiendo una verdadera prevención. Como consecuencia de ello, se nos presenta a través del Grupo Popular una iniciativa ante hechos consumados, una iniciativa que intenta solucionar un problema, cuando lo que debería hacer además de esto es buscar soluciones para que no surja el problema. Queremos recordar, señorías, que la responsabilidad primera en la actuación sobre este tema la tiene el Gobierno. Por tanto, el Gobierno tiene que reflexionar, tiene que preguntarse qué es lo que está fallando para que nuestros jóvenes se enganchen a la droga. El Gobierno tiene que preguntarse cuál sería la forma más adecuada de luchar en esa prevención, para que se reduzcan las adicciones. El Gobierno tiene la obligación de aplicar las políticas idóneas correctas y eficaces para conseguirlo. También sería conveniente que SS. SS., las señorías del Grupo Popular, se planteen sinceramente un hecho: la votación en contra que sistemáticamente realizan en casi todas las iniciativas presentadas en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas por los partidos de la oposición, iniciativas que me atrevo a decir que son igual o más interesantes que estas que se nos han presentado hoy en esta Cámara. Son iniciativas que se presentan sin lugar a dudas con el ánimo de ayudar a un colectivo de personas que lo necesitan y con el ánimo de superar este problema y esta lacra social; sin embargo-repito-, el Grupo Popular vota en contra de estas iniciativas.


Señorías, como decía, es el Gobierno quien tiene la responsabilidad primera en esta materia; precisamente este Gobierno lleva anunciando iniciativas en materia de narcotráfico desde el año 1996, sin embargo hasta el momento no ha llegado a esta Cámara modificación legislativa importante que nos haga pensar que este Gobierno sitúa el problema del narcotráfico y todo lo que de él se deriva en el primero, en el segundo como

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mínimo, o en el tercer puesto de sus prioridades, como lo hacen los ciudadanos de este país. El Gobierno ha manifestado reiteradamente la necesidad de crear unos medios legales de lucha contra la droga. Ha manifestado que la estrategia nacional prevé la revisión de las penas en determinados supuestos y la necesidad de la regulación de la figura del coimputado arrepentido. Este Gobierno, señorías, promete y no cumple. El Gobierno debe presentar a través del Grupo Parlamentario Popular lo que está prometiendo, pero que no está cumpliendo, por ejemplo, el desarrollo de una iniciativa sobre enajenación anticipada de bienes, o la incorporación de la prueba indiciaria, o la reforma de la regulación de la intervención legal de las comunicaciones, o la integración en la Ley del fondo de los bienes decomisados procedentes del contrabando y de las sanciones impuestas como consecuencia de la aplicación de la Ley de precursores y de la Ley de prevención del blanqueo de capitales.


El Gobierno del Partido Popular ha anunciado iniciativas desde 1996.
Algunas de ellas son modificaciones legislativas, otras son simplemente normativas. Señorías, no entendemos como ni unas ni otras se ponen en marcha. La incorporación del agente encubierto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ha sido la única modificación que este Gobierno ha llevado a cabo y a partir de esto no conocemos las modificaciones legislativas en materia de narcotráfico porque han optado por la paralización. El Gobierno ha optado por la paralización legislativa, por la paralización de los presupuestos y por la paralización del Plan nacional. El presupuesto del Plan nacional es tan escaso que hemos llegado a pensar si realmente está siendo operativo para lo que se creó.
Aquí quiero recordar a SS.SS. y al Gobierno del Partido Popular que, como saben, existe una estrategia dentro del Plan Nacional sobre Drogas definida perfectamente que va del año 2000 al 2008, pero que tiene una frontera en el año 2003, en donde se fijan unos objetivos clarísimos que hay que cumplir. En el Grupo Socialista dudamos mucho que se cumplan. Por tanto, préstenle mucha atención, contrasten continuamente los objetivos del plan con la evolución de la realidad y tomen aquellas decisiones que permitan garantizar y alcanzar los objetivos marcados en los programas de lucha contra la droga.


Dicho todo lo anterior, quiero recordarles lo que manifestó el señor ministro, Mariano Rajoy, en su primera y única comparecencia en la Comisión Mixta para el estudio del problema de las drogas, en la que, refiriéndose a la asistencia e integración social, dijo que España dispone de una red asistencial a los drogodependientes amplia y diversificada que incluye centros, ambulatorios, unidades hospitalarias de desintoxicación, centros de emergencia, programas de metadona y comunidades terapéuticas, todos ellos con carácter público y con financiación pública -repito, y fíjense bien: comunidades terapéuticas con financiación pública-. Hoy se nos presenta aquí por parte del Grupo Popular una proposición que se nos antoja que es un brindis al sol, una pura demagogia. Señorías del Partido Popular, les pregunto: ¿Podrían decirnos quién asume el coste de esta iniciativa? ¿Lo asume por casualidad el Gobierno? ¿Lo asumen las comunidades autónomas? ¿Lo asumen las ONG? ¿Podrían decirnos cuántas comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción quieren fomentar? ¿Tal vez sea sólo una, tal vez sean diez o tal vez sean cien? Por tanto, ¿cuál es el presupuesto estimado necesario para poner en marcha estos programas que ustedes nos presentan hoy aquí por medio de esta iniciativa? Nosotros no lo sabemos desde luego y creo que ustedes tampoco lo saben.


Como comprenderán SS.SS. esta iniciativa del Grupo Popular nos parece interesante, pero incompleta. En el Grupo Socialista entendemos que para desarrollar programas para fomentar las comunidades terapéuticas hace falta poner sobre la mesa dos cosas: una, cuantificar el número de programas que se quieren desarrollar, y, otra, poner encima de la mesa el dinero para desarrollarlo. Se necesitan más recursos financieros, ya que es necesario para llevar adelante y para desarrollar esta iniciativa transferir mayores cantidades presupuestarias a las comunidades autónomas, a las ONG, y de ahí que hayamos presentado nuestra enmienda; si era aceptada pensábamos votar favorablemente, pero ya la portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha manifestado que no la van a aceptar, por tanto adelanto que votaremos en contra, porque esta iniciativa sin un presupuesto detrás es sencillamente humo que se lleva el viento. Esta proposición no de ley sin un presupuesto detrás es farisea, esta proposición no de ley sin un presupuesto detrás es falsa, y no estamos dispuestos a seguir su juego porque el Parlamento no está para florituras ni para el lucimiento personal del Partido Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Señora Varela, le ruego concluya por favor.


La señora VARELA VÁZQUEZ: Ya termino.


Tengan presente que, si el Gobierno consigue poner en marcha comunidades terapéuticas para menores con presupuesto cero, con la lealtad que nos caracteriza sencillamente lo felicitaremos. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Varela.


¿Grupos que quieran fijar su posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios Reyes.


La señora JULIOS REYES: Gracias, señora presidenta.


Quisiera manifestar brevemente la posición de mi grupo ante esta proposición no de ley. Nosotros compartimos

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el sentido de corresponsabilidad que en ella está expresado, viendo desgraciadamente el tremendo impacto que tienen en nuestra juventud los problemas de adición. Se trata de una problemática a la que todos debemos de ser suficientemente sensibles en la medida que estamos hablando de un sector de la población con elevado riesgo social, estamos hablando de jóvenes con problemas de adición y con dificultad de adaptación al medio social. La enmienda presentada por el Grupo Socialista la entendemos en la medida en que en éste como en otros casos cualquier iniciativa deberá ir acompañada, y así se ha debatido recientemente en la Ley de estabilidad presupuestaria, del correspondiente apoyo financiero cuando esto implique la implementación de nuevos recursos. En la medida en que está expresado que se insta al Gobierno a que se haga por medio de la colaboración con las comunidades autónomas y las propias ONG el desarrollo de programas dirigidos a este sector concreto de la población, con la salvedad de que estamos convencidos de que cuando se empiece a profundizar sobre cómo desarrollar específicamente la puesta en marcha de programas que den respuesta a esta problemática, lógicamente las propias comunidades autónomas expondrán los problemas presupuestarios, y estas medidas prioritarias que compartimos van a conllevar incremento para los presupuestos no sólo del Estado sino de las propias comunidades autónomas. De todas formas manifiesto nuestro voto favorable a esta proposición no de ley.


Nada más. Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias.


Por el Grupo parlamentario Vasco (EAJ-PNV), tiene la palabra la señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Gracias, señora presidenta.


Señorías, la iniciativa que nos presenta el Grupo Popular forma parte de las que una se plantea el porqué han venido a esta Cámara. Son loables en su pretensión pero no se sabe bien por qué tienen que instar estas Cortes Generales o este Congreso de los Diputados al Gobierno respecto de una materia que, si una la desbroza en sus títulos competenciales, resulta que es asistencia social, sanidad, droga, educación, en fin, títulos que o bien corresponden a las comunidades autónomas o incluso a los entes locales. Estamos en un momento en que, acabado el último congreso que ha celebrado el Partido Popular, se nos habla como gran oferta del llamado pacto local, de descentralización, por lo que resultan raras iniciativas de este estilo, en las que se está hablando de cosas que realmente la sociedad percibe, y así lo percibe también mi formación política, pueden hacerse desde abajo, desde la iniciativa ciudadana, desde los entes menores, sobre todo teniendo en cuenta que las competencias se residencian -repito- en ayuntamientos, en entes forales en el caso vasco y en comunidades autónomas. Nos hubiera gustado que el Partido Popular nos explicase si ya en alguna de las comunidades autónomas en las que gobierna se ha hecho algo al respecto porque -otra percepción que tiene mi formación política- en el nivel autonómico el Partido Popular prácticamente no existe o no existe con iniciativas individualizadas, salvo en lo que es el mero seguidismo de lo que se permite o se ordena desde instancias estatales, lo cual sorprende y choca con el llamamiento a un pacto local de descentralización; sin embargo, señorías, es muy difícil decir que no a esta iniciativa, ya que se arriesga una a que mañana en los medios de comunicación se manifieste que al Partido Nacionalista Vasco o al Grupo Vasco no le interesan los menores que tienen problemas de drogadicción y de déficit adaptativo. Evidentemente nos interesa y actuamos en los ámbitos en los que tenemos competencias y, por tanto, nos vemos abocados a votar que sí, siendo conscientes de que no estamos instando a nadie a que sea competente para nada. Deben hacerse estas cosas, señorías, por quien corresponde, sin estos llamamientos que pueden resultar vistosos. Se pacta entre quienes sean competentes, se pacta incluso con la sociedad civil o se le financia, puesto que se hace un llamamiento a organizaciones y a las ONG, y luego si se quiere hacer una presentación que dé tono a una intervención de un determinado partido lo que se articula es simplemente una rueda de prensa. Repito, desde la percepción de mi formación política este tipo de iniciativas no añaden nada a lo que el Gobierno venga obligado a hacer y, por tanto, tampoco responden a la naturaleza que debe tener una proposición de ley, simplemente rellenan la estadística parlamentaria.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señora presidenta, señorías, a nuestro Grupo no puede por menos que sorprenderle la presentación de esta iniciativa por parte del Partido Popular, aunque siempre nos sorprende que el Partido Popular tenga que recurrir a presentar una proposición no de ley para instar al Gobierno que sustenta a que realice lo que ya debía de estar haciendo. Se evidencia una total desconfianza del Grupo Popular con su propio Gobierno. Esto sería una anécdota, como ya ha pasado en otras ocasiones, si no estuviésemos hablando de un tema tan sensible como es el de la drogadicción. Por eso hay que ser bastante más serios y no venir aquí simplemente a presentar una declaración de intenciones cuando se está gobernando. Desde la oposición no tenemos otro recurso que las proposiciones no de ley para intentar que el Gobierno nos escuche,

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pero desde el propio Gobierno -repito- suena un poco a sarcasmo el que se nos traiga aquí este tipo de iniciativas, cuando lo que tiene que hacer su Gobierno es traerlo desarrollado, con presupuestos, con intención de ejecutarse inmediatamente; si no, no sólo no tiene ninguna credibilidad sino que lo que pretenden es quedar bien por una parte mientras que por otra su Gobierno sigue haciendo lo que hasta ahora, que es bastante poco.


Afrontar el problema de la droga es algo importante en lo que todos tenemos que colaborar. De paso diré que precisamente con la reforma educativa que la ministra pretende desarrollar va a crear más frustración en los colegios y en la educación, y todos sabemos que la frustración en el sistema educativo es en muchos casos la antesala de la drogadicción.
Es evidente que la voluntad de su partido no es precisamente afrontar las raíces de esta situación.Desde Izquierda Unida estamos convencidos de que hay que actuar y pasar a desarrollar programas que de verdad vayan a la raíz del problema. Hay que facilitar una toma de conciencia de una situación que es realmente grave, fundamentalmente en las zonas más deprimidas social y económicamente hablando. Es un problema que parte de esa consideración social sin la cual difícilmente se podrá tener éxito, pero también es evidente que en una escala de valores consumista, donde lo que prima es la insolidaridad y el éxito a todo pasto, se está siendo proclive a que al final se acabe cayendo en circunstancias como las que aquí hoy tratamos. Por tanto, la escala de valores que el Partido Popular defiende también propicia en muchos casos esa frustración que, como le decía, es la antesala de la drogadicción. El Plan municipal contra las drogas del Ayuntamiento de Madrid cifra en un 40 por ciento el porcentaje de los que necesitan tratamiento ambulatorio para poder salir del problema de la droga, y en ese caso hay que buscar alternativas residenciales.


Lo que tiene que hacer su grupo no es traer proposiciones no de ley, que además no tienen ningún sustento presupuestario, sino propuestas que podamos votar y que sepamos que mañana van a ser una realidad y no una simple declaración testimonial más de cara a la galería que con posibilidades de que sea ejecutiva.Hay dos cosas que sí nos preocupan de su propuesta y queríamos aclararlas: una es que las ONG no pueden suplantar de ningún modo a las administraciones; tienen que ser las administraciones públicas las que tengan la responsabilidad. Las ONG deben ser, y lo son en muchos casos, efectivas colaboradoras porque son capaces de llegar donde no llega la propia Administración, pero en ningún caso nadie puede tener la pretensión de que la suplanten. Otro elemento que a nosotros nos confunde y hay que aclarar es que hay que distinguir entre lo que son déficits adaptativos y los problemas de drogadicción. De déficits adaptativos pueden derivarse problemas de drogadicción pero no es lo mismo, por lo que deberían tener un tratamiento bastante diferenciado, y en su proposición no de ley en algunos casos se mezclan.
Estas son dos ideas que las dejamos para el debate.


Nosotros no vamos a votar a favor de su propuesta porque no estamos aquí para que el Partido Popular haga declaraciones de intenciones sino para que gobierne. Como hasta ahora el Partido Popular no nos ha demostrado que en este caso esté gobernando no nos puede pedir el voto favorable.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señor Centella.


Por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergencia i Unió), tiene la palabra la señora Riera.


La señora RIERA I BEN: Gracias, señora presidenta.


El Grupo Parlamentario Popular presenta una proposición no de ley que es sensible porque toca un tema que nos preocupa, pero compatibiliza la sensibilidad de un tema que preocupa a toda la sociedad con una difícil digestión -si se me permite la expresión- por parte de los que políticamente debemos posicionarnos en esta Cámara. ¿Por qué es difícilmente digerible? Porque de entrada que el tema sea sensible y preocupe, que es la problemática de los jóvenes que tienen conductas dependientes de sustancias psicoactivas, no impide que ustedes estén planteando un problema que compete resolverlo y afrontarlo a las comunidades autónomas. Además así lo hacemos, más o menos bien, probablemente todo es perfectible. No se trata de magnificar las posiciones de cada uno, pero todos tenemos asumidas estas competencias, y en función de estas atribuciones afrontamos el problema de la mejor manera que sabemos y con los recursos de los que disponemos.


Por otra parte, esta proposición no de ley presenta otra problemática.
Focaliza excesivamente el problema de los jóvenes con drogodependencias, con adiciones a sustancias psicoactivas, focaliza excesivamente que parte de la terapia pase por estas comunidades terapéuticas. En casos muy extremos la medida puede ser necesaria, incluso en casos muy extremos quizá sea la única medida, pero el Gobierno de Cataluña cuando ejerce las competencias en la materia considera que, hablando de jóvenes, esta es una medida que se debe adoptar en último extremo, cuando se ha demostrado que el resto de las medidas son ineficaces. En función de este principio, la demanda que existe en la sociedad de comunidades terapéuticas exclusivamente para jóvenes afortunadamente hoy por hoy aún es limitada.
Lo cual no quiere decir que en atención primaria no se esté atendiendo a un número creciente y preocupante de jóvenes que presentan problemas por el alcohol o por sustancias adictivas químicas, las nuevas drogas de diseño. Hoy por hoy no estamos ante conductas tan preocupantes y tan antisociales que requieran de un internamiento.


Valoramos que ustedes dejen entrever que la problemática que hoy se apunta puede que en un periodo más

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o menos dilatado, sobre el que yo no sabría ahora pronunciarme, llegase a más y que estas comunidades fueran más necesarias. De ser así, y siempre con la premisa que le ofrecía de que sea en esos casos, sería indispensable que estas comunidades estuvieran bien dotadas de recursos, tanto de infraestruturas como de personal muy especializado, lo que por sentido común significa aportar una cantidad importante de dinero. La enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista tiene sentido común y es lógico que lo exprese así. Vamos a votar que sí, señora Seller, a esta proposición no de ley, valorando más la parte que tiene de decreto de buenas intenciones que la parte operativa. Insisto, no operativa, porque ustedes están instando al Gobierno a que haga algo que hacemos las comunidades y, sobre todo, porque de llevarse a cabo incluso por las comunidades que tenemos competencias tendría que estar mucho más explicitado de lo que lo presentan en su texto que por parte del Gobierno existirá voluntad de poner más dinero para implementar de manera adecuada estos planes. Valoraremos más la intención que el motivo tal como lo exponen y les daremos nuestro voto favorable. Quisiéramos insistir muchísimo en que tampoco sería deseable que ante el aumento de la problemática que afecta a los jóvenes y adolescentes en relación con estas nuevas culturas, como la llamada del botellón, pensásemos que la fórmula para adecuar estas conductas y reconducir la problemática pase por sistemas de internamiento. Insistimos en que este siempre se debería producir en último caso, en caso extremo, cuando han fallado otras medidas.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Muchas gracias, señora Riera.


¿La señora diputada, señora Seller, ha manifestado su rechazo ya o quiere manifestar nuevamente su rechazo a la enmienda del Grupo Socialista?

La señora SELLER ROCA DE TOGORES: Ya me he pronunciado al respecto, señora presidenta.


Gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Becerril Bustamante): Gracias, señora diputada.
(La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños.


Sometemos a votación la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, sobre el fomento de las comunidades terapéuticas para menores con problemas de drogadicción y déficits adaptativos, en los términos derivados del propio debate.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 174; en contra, 109; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la proposición no de ley.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA SITUACIÓN DE LOS PRISIONEROS EN LA BASE DE GUANTÁNAMO. (Número de expediente 162/000417.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑORA LASAGABASTER), SOBRE LA SITUACIÓN EN LA QUE SE ENCUENTRAN LOS PRISIONEROS AFGANOS EN LA BASE NORTEAMERICANA DE GUANTÁNAMO. (Número de expediente 162/000419.)

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR VÁZQUEZ), RELATIVA A LA SITUACIÓN DE LOS PRESOS EN GUANTÁNAMO Y ACTUACIONES DEL GOBIERNO Y LA UNIÓN EUROPEA AL RESPECTO. (Número de expediente 162/000420.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos a continuación el debate conjunto de las siguientes proposiciones no de ley: del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo; del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la situación en que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo; y del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea al respecto.


En primer lugar, para la presentación de la iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor López Garrido.
(Rumores.-Pausa.)

Adelante, señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señoras y señores diputados, señorías, nuestro grupo defiende una proposición no de ley en relación con los prisioneros que están en Guantánamo y en Afganistán como consecuencia de la guerra en este último país y que ha producido una honda conmoción en Europa y más allá de Europa en relación con la posibilidad de que hubiera habido o esté produciéndose una grave violación de los derechos humanos de esos prisioneros. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)

Aunque me voy a ahorrar los hechos -que son conocidos- creo que hay que recordar que hay una voz de alarma por parte de gobiernos y por parte de organizaciones no gubernamentales desde que se produjo el traslado de más de cien prisioneros de guerra,

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de la guerra de Afganistán, a Guantánamo por Estados Unidos, con eso que se llamó la privación sensorial, con un aislamiento absoluto en este momento; no hay contacto con nada del exterior salvo para interrogatorios sin abogado, sin ningún tipo de defensa jurídica que se están produciendo en estos mismos días y con la pretensión aplicada de Estados Unidos de que con estos prisioneros no va la Convención de Ginebra, no son prisioneros de guerra, no se les aplica esta Convención, y por tanto al no aplicárseles tampoco la jurisdicción americana están en el terreno de nadie, están en el limbo y podrían producirse todo tipo de abusos y ausencia de las garantías establecidas en los pactos internacionales.
Incluso hay alguna duda sobre si hay algún español entre los prisioneros que están en Guantánamo, aunque parece que no hay desde luego ninguna duda sobre que hay varios españoles prisioneros en Afganistán. Sobre ambos grupos de prisioneros hay serias dudas de que se estén produciendo violaciones de derechos humanos y aunque ha habido una inspección de la Cruz Roja y una declaración de su presidente sobre que se respeta en Guantánamo la situación humanitaria, hay que decir que la Cruz Roja emite en primer lugar informes secretos, no son públicos los informes de Cruz Roja, se los da únicamente al Gobierno norteamericano, y además Cruz Roja no se ocupa de derechos humanos en términos generales, se ocupa de saber si ahí, en ese lugar, hay una asistencia sanitaria adecuada, de si están atendidos desde el punto de vista físico; pero Cruz Roja desde luego no entra a ver si se cumple o no la Convención de Ginebra, no entra a ver si existen o no abogados que atiendan a esas personas, no entra a ver si hay garantías jurídicas, no entra a ver si se aplican todos los pactos internacionales. En eso no entra Cruz Roja. Entra sólo a ver si esas personas están atendidas físicamente, que es su objetivo. Además, lo hace en un informe de carácter secreto, repito; no es conocido y se entrega solamente a Estados Unidos. Por esa razón, seguramente sólo a Cruz Roja le ha permitido Estados Unidos visitar la base de Guantánamo.


La actitud del Gobierno español ha sido -como en todo lo que se refiere a una política internacional de defensa de los derechos humanos- profundamente decepcionante, cuando no sonrojante. Las declaraciones del presidente Aznar considerando más o menos -como dijo también el ministro de Justicia, Acebes- que como son terroristas no habría que preocuparse de su situación, juzgando ya antes de que haya un juez que los juzgue, son absolutamente inaceptables; o la actitud del señor Piqué diciendo que no hay ninguna duda de que se respetan los derechos humanos. Me parece que el presidente Aznar dijo algo así como que todos los terroristas son iguales o que todos los terrorismos son iguales. Creo que es una frase del presidente Aznar que además ha dicho aquí, en este hemiciclo; pero me parece a mí que nosotros que en este país sufrimos el terrorismo no tratamos así a los terroristas; los terroristas en España, los que lo pueden ser o los que están juzgados ya como terroristas, no son tratados como trata Estados Unidos a los que tiene en Guantánamo o tiene en Afganistán. Nosotros tenemos aquí un terrorismo de muchos años y no los tratamos así, luego parece ser que no todos los terrorismos son iguales; a unos se les trata de una manera y a otros se les trata de otra forma.
Sobre ello no ha dicho absolutamente nada el Gobierno español. Sí lo ha dicho Alemania; sí lo ha dicho Holanda; sí lo ha dicho el Reino Unido; sí lo ha dicho Francia; sí lo ha dicho Javier Solana en nombre de la Unión Europea; sí lo ha dicho la comisaria Mary Robinson en nombre de Naciones Unidas; sí lo ha dicho Amnistía Internacional, Human Rigths Watch, otras organizaciones no gubernamentales; sí lo ha dicho la iglesia, el Arzobispo de Birmingham, el reverendo Mark Santer decía que la alianza anglo-americana contra el terrorismo está en riesgo en su credibilidad moral a los ojos del mundo como consecuencia de esta situación. Dice el señor Santer, Arzobispo de Birmingham: no es edificante que el país más fuerte del mundo, América, se haya convertido en perseguidor, juez, jurado y ejecutor a la vez en este caso. Esto es lo que ha sucedido. Es decir, que estos países se han preocupado entre otras cosas porque hay prisioneros de veinticinco nacionalidades y lo hacen porque quizá como consecuencia de todo esto habrá tribunales militares y otros tribunales no previstos en la Convención de Ginebra que podrían juzgar a estas personas y condenarlas a muerte.


Pero hay algo más que eso, la preocupación de Europa en relación con el asunto de Guantánamo va más allá de los derechos humanos; va más allá porque está en cuestión la propia lucha contra el terrorismo y la eficacia de la lucha contra el terrorismo cuando no tiene credibilidad, cuando sufre su credibilidad moral o cuando hay una división entre Europa y Estados Unidos a ese respecto. Estados Unidos parece que quiere un derecho internacional a la carta o un multelateralismo a la carta: no firma el Protocolo de Kioto, no firma el convenio sobre el Tribunal Penal Internacional y otros tratados internacionales, y en este caso decide no aplicar la Convención de Ginebra y no considerarlos prisioneros de guerra. Es una sensación para muchas cancillerías europeas de que Estados Unidos en estos casos no cree en el derecho internacional, eso crea una enorme inseguridad y hoy en estos mismos días en Nueva York hay un serio debate entre Europa y Estados Unidos sobre la concepción de las consecuencias de la guerra porque Estados Unidos está pensando ya en atacar a Irak, a Irán, a otros países del llamado eje de los demonios o de los viles o la forma en la que trata a lo que entonces llamaba Estados Unidos los Estados gamberros, a los que habría que invadir también o desencadenar una guerra como consecuencia de esta política muy belicista, profundamente belicista de Estados Unidos.


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El punto neurálgico, por tanto, va más allá del tema de los derechos humanos. Las víctimas de las Torres Gemelas no eran sólo norteamericanas, eran de muchas nacionalidades y nos preocupa no solamente por eso sino porque somos aliados de Estados Unidos, porque hemos sido solidarios con Estados Unidos después del ataque a las Torres Gemelas, porque en la Unión Europea, en la OTAN está España siendo aliada de Estados Unidos.


¿Cuál ha sido, por tanto, nuestra posición al hacer esta proposición no de ley? Una cosa muy sencilla: decirle al Gobierno español que en nombre de la Unión Europea se interese por la situación de estos presos, exija el cumplimiento del derecho internacional y sobre todo permita que organizaciones internacionales humanitarias como Amnistía Internacional, como Human Rigths Watch u otras que han pedido visitar ese campo puedan entrar y con informes públicos; si allí se respetan los derechos humanos, ¿cuál es el problema de que entren esas organizaciones a verlo? Si se respetan, ¿por qué no se les deja entrar? Eso debe hacerlo España en representación de la Unión Europea.


Hay que tener en cuenta que uno de los objetivos básicos del Tratado de la Unión Europea, el artículo 18 del Tratado es sobre la política exterior y de seguridad común que asumirá la presidencia. Este es un tema de política exterior y de seguridad común que la asume España y que lo asume en su integridad no como el primer pilar que es comunitario; el segundo pilar está absolutamente en manos de España en este momento. Es la presidencia la que tiene que hacer eso y uno de los objetivos básicos de la Unión Europea es la defensa de los derechos humanos, está en el Tratado, y por tanto es importante que España en este caso represente a la Unión Europea, pero no la está representando, en este tema España no está representando a la Unión Europea, no está actuando conforme a lo que dicen los Estados de la Unión Europea, lo que hay aquí es la continuidad de eso que nuestro portavoz Jesús Caldera llamó una vez la diplomacia del cabezazo, continúa una actitud de pleitesía, de sumisión a la política exterior de Estados Unidos en este tema que es algo no compartido por la Unión Europea, no solamente no compartido por el Grupo Socialista, no compartido por el conjunto de la Unión Europea a resultas de lo que hemos estado viendo todos estos días y semanas en reacciones que surgen de la propia Unión Europea.


Creemos, señora presidenta, que el Estado de derecho es la mejor arma para luchar contra el terrorismo y cuando el Estado de derecho se vulnera por quien dice luchar con él contra el terrorismo, esa lucha se debilita profundamente. Por tanto, al presentar esta proposición no de ley no solamente estamos luchando por los derechos humanos, estamos haciendo posible que haya una lucha sostenida mucho más contundente y moral contra el terrorismo y que haya una unión entre Europa y Estados Unidos en esa lucha, que no se ponga en cuestión, en cuanto a la lucha contra el terrorismo, la alianza imprescindible entre Europa y Estados Unidos.
Creemos que la superioridad militar o la victoria en el campo de batalla debe ir seguida de una superioridad moral que en este caso nos parece que no se da.


Muchas gracias, señor presidente. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor López Garrido.


Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra en primer lugar la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señor presidente.


Señorías, permítanme que desarrolle la justificación, la explicación de esta proposición no de ley en tres grandes reflexiones. La primera haciendo mías unas palabras que escribía Barbara Probst Salomon en un diario, porque me parecen muy acertadas. Las condiciones a las que están sometidos los presos de Al Qaeda en Guantánamo son inaceptables por una sencilla razón: porque son inhumanas. Sin más.


Nosotros -y cuando digo nosotros imagino que somos todos los que estamos aquí, lo deduzco- no nos guiamos por la venganza, sino que nos guiamos por una serie de normas que pretenden justicia, pero respetando siempre los derechos humanos, independientemente de quiénes sean o de qué actos hayan cometido, incluidos los derechos humanos de aquellos que han cometido actos realmente deplorables, y creo que cualquier ejemplo como el de las Torres Gemelas no puede ir más allá. Primera consideración: debemos respetar los derechos humanos de todas las personas, aunque sean presuntos -y digo presuntos- que hayan cometido actos delictivos terriblemente graves.


Segunda reflexión: cumplimiento de la legalidad. Creemos que como consecuencia de la primera reflexión se han establecido, hemos conseguido entre todos tener un derecho internacional que recoge los derechos humanos y el cumplimiento de los derechos humanos. En este sentido creo que hay un conjunto de principios de Naciones Unidas que protegen los derechos humanos de todas las personas sometidas a cualquier forma de detención o prisión. Hay una serie de recomendaciones del Comité contra la tortura de Naciones Unidas que no permiten el maltrato o la tortura que sibilinamente se denomina privación sensorial.


No voy a entrar en la dinámica de si son o no prisioneros de guerra, porque ya existen normas que determinan quién y cómo debe realizar esa definición. Creo que el artículo 5 de la Convención de Ginebra lo dice de forma clara: Será un tribunal competente el que determine si son o no prisioneros de guerra. No el presidente de Estados Unidos, sino un tribunal competente, y este convenio también está ratificado por Estados Unidos. Pero Estados Unidos, como otros muchos países, también tiene ratificados el Pacto internacional

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sobre derechos civiles y políticos y en ese pacto se introducen cuestiones clave como la del derecho a impugnar la legalidad de la detención, a comparecer ante un tribunal independiente, a guardar silencio o a la asistencia letrada. Por tanto hay normas de derecho internacional que son de aplicación, se atribuya o no a estas personas la condición de prisioneros de guerra; en todo caso corresponde al tribunal competente decidir si son o no prisioneros de guerra. Esto es absolutamente importante.


Una de las reflexiones y conclusiones debe ser que no se puede exigir el cumplimiento de determinadas normas en función de si nos gustan o no, a unos sí y a otros no. Estados Unidos debe cumplir toda la normativa internacional que tiene ratificada y ojalá pudiera hacerlo también el Tribunal Penal Internacional. Faltan dos ratificaciones y ojalá Estados Unidos lo ratificara.


La tercera consideración importante hace referencia a la presidencia europea. Creemos que la presidencia de la Unión Europea, que en este caso corresponde a España, debe tener en su frontispicio un principio, que es tener la perspectiva clara de la defensa de los derechos humanos. No hemos visto que éste haya sido un caso claro de defensa y de preocupación por parte del Gobierno español, que en este momento tiene la responsabilidad de representar a la Unión Europea. No voy a citar todas las personalidades, a todos los jefes de Gobierno, a todas las organizaciones internacionales que han manifestado su preocupación por las condiciones de estas personas. No hemos oído a ninguna persona, a ningún miembro del Gobierno que haya manifestado la más ligera duda. No hablamos de hacer afirmaciones categóricas, sino simplemente de que se interesen para saber realmente cuál es la situación. No lo hemos oído, lo único que hemos oído han sido afirmaciones rotundas sin tener una sola información, y eso es inadmisible en cualquier responsable político, mucho más en un responsable político que en este momento tiene la obligación de representar a toda la Unión Europea. Sólo le hubiéramos pedido que se preocupara, que se interesara antes de hacer afirmaciones tajantes, sin ningún tipo de soporte, por los derechos humanos de estas personas.


Creemos que no es un buen comienzo de la presidencia europea y que ésta tiene que aplicarse en materia de derechos humanos. Hay muchas cuestiones. Hablamos de este tema pero también hablamos de la Carta de derechos fundamentales de la Unión Europea; hablamos de la obligatoriedad de exigir el respeto de los derechos humanos en la firma de acuerdos con relación a la Unión Europea; hablamos de todo lo que se refiere al Tribunal Penal Internacional y otras cuestiones; hablamos de transferencia de armamento; hablamos del tema del asilo, etcétera.
Queremos que la presidencia, que en este caso corresponde al Gobierno español, se caracterice porque ha tenido en su frontispicio los derechos humanos, y lo único que tenemos a día de hoy es frustración, porque ni tan siquiera se ha preocupado por condiciones realmente graves.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señora Lasagabaster, le rogaría que fuese concluyendo.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señor presidente.


Voy a hacer tres reflexiones que me parecen oportunas: primera, cumplimiento de la legalidad internacional a todos y de todo; segunda, respeto a los derechos humanos de todos para todos, porque existe una responsabilidad; y tercera, pedir al Gobierno español que realmente ejerza esa presidencia en la preocupación por el respeto de los derechos humanos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señora Lasagabaster.


Señor Vázquez.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, en este debate estamos recurriendo a algunas citas y yo voy a aprovechar este recurso. Recientemente, un analista norteamericano, William Pfaff afirmaba literalmente: Una sola nación, Estados Unidos, disfruta de un poderío militar y económico sin rival y puede imponerse prácticamente donde quiera. Afirmaba, además, que ninguna nación ha poseído jamás un poder como éste.


El director ejecutivo de Human Rigths Watch decía el pasado 24 de enero que la situación de Guantánamo es solo la punta del iceberg de la política de la Administración Bush, que consiste en una revisión radical de la ley internacional; decía, además, que Estados Unidos no está interesado en quedar vinculado de ninguna manera por algún tipo de ley o tratado internacional, aunque al mismo tiempo exige respeto a los demás países a esa legislación. Son dos opiniones que ayudan a comprender y situar lo que está pasando en la esfera internacional, dominada claramente por un Estado hegemónico, Estados Unidos, dispuesto a actuar en el mundo sin ningún tipo de cortapisa, límite o respeto a las normas establecidas, lo que sin duda establece en nuestro criterio unas bases muy peligrosas, desde cualquier punto de vista, y abre la puerta a actuaciones y consecuencias inciertas. Si a esta situación añadimos la más que generalizada aceptación de la hegemonía norteamericana y por tanto de sus planteamientos políticos y de sus actos por parte de muchos gobiernos, la preocupación para nosotros, como Bloque Nacionalista Galego, no puede ser mayor.Por eso hoy, como Bloque Nacionalista Galego, planteamos en esta Cámara la necesidad de que el Gobierno español exprese al Gobierno de Estados Unidos su rechazo por el trato que está dando a los prisioneros de la guerra de Afganistán trasladados a Guantánamo; que exija al Gobierno de

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Estados Unidos que respete los derechos humanos como demandan las organizaciones humanitarias; que en definitiva demande la clausura del centro de reclusión, y lo haga desde luego con un poco más de convicción que la expresada por el señor Aznar, el pasado 28 de enero, después de que el propio Colin Powell pidiese la aplicación de la Convención de Ginebra a estas personas. Mucho nos tememos que no vamos a tener éxito en esta demanda, dado el contenido que acabamos de ver de la enmienda que plantea el Grupo Popular en este debate.


Quiero decirles, señoras y señores diputados, que formo parte de esos representantes políticos a los que se refería con ironía el señor Rumsfeld. Decía que preocupados por las cosas que suceden a 5.000 kilómetros, incapaces de descubrir lo que en Guantánamo acontece.
Efectivamente, preocupados porque no es un asunto menor que la violación de los derechos de las personas la lleve precisamente a cabo la primera potencia del mundo, la que justifica muchas de sus intervenciones militares en defensa de esos derechos; la potencia que por su importancia, por su hegemonía abre el camino a otros comportamientos a modos de actuar semejantes. En esa preocupación nada de antiamericanismo visceral o primitivo: sencillamente necesidad de no callar, de no tolerar, de no ser cómplices de actuaciones incompatibles con el modo de actuar de los Estados democráticos.


Tampoco descubridores de nada. Fue el propio Gobierno norteamericano el que se encargó de mostrar al mundo lo que acontecía y acontece en Guantánamo. Tenía interés en hacerlo como aviso, como escarmiento, como advertencia a todos. Es evidente para cualquier observador que esos prisioneros podrían estar siendo tratados igual o peor sin que posiblemente nadie se enterase si el Gobierno del señor Bush no lo hubiese querido, y sin embargo fueron mostrados a los ojos de todos, encadenados, aislados sensorialmente, enjaulados, etcétera; por cierto, pregúntense ustedes por qué enjaulados, por qué precisamente enjaulados, y cada uno que se conteste a sí mismo.


La situación legal de esos prisioneros también es cuestionada. La definición del Gobierno norteamericano de considerarlos combatientes ilegales, además en territorio cubano, no debería sostenerse ni apoyarse porque la indefinición legal favorece la arbitrariedad. Es necesario que cuando menos se les aplique la Convención de Ginebra como prisioneros de guerra que son o, ¿acaso el señor Bush no nos comentó, no definió su actuación en Afganistán como una guerra? ¿No la definió así el presidente norteamericano?

Ya que hoy se habla tanto del Comité Internacional de Cruz Roja, quiero decir que precisamente las declaraciones de hoy del presidente de ese organismo internacional dice que Cruz Roja consideraría a estas personas como prisioneros de guerra.


Antes estas cuestiones, evidentemente, caben dos posturas: la de callar, la de tolerar o la de aportar el grano de arena para impedirlas, para evitar que esas prácticas se produzcan y se extiendan. Nosotros, naturalmente, optamos por la segunda. Nosotros condenamos enérgicamente los atentados del 11 de septiembre, pero eso no nos lleva a considerar legítimas todas las actuaciones del Gobierno del señor Bush y menos aún sus pretensiones de actuar o de extender esta actuación fuera, o en definitiva la guerra a otros Estados bajo el pretexto de acabar con el terrorismo. Esta política, .insisto, abre perspectivas desconocidas, por más que a corto plazo pueda resultar beneficiosa a los intereses económicos o electorales del Gobierno estadounidense. El trato dado a los presos en Guantánamo o las amenazas de intervención militar en otros países no contribuirán precisamente a evitar el antinorteamericanismo, como reclaman Estados Unidos y otros muchos, y menos aún cuando, a ojos vista, al tiempo se permiten, incluso se apoyan y en todo caso se silencian actuaciones de otros Estados vulneradores de los derechos humanos de los pueblos por el simple hecho de ser considerados aliados.
Dobles varas de medir nunca fueron buenas.


En un momento en el que, como hemos denunciado en otras ocasiones, la ONU resulta casi un organismo inservible para regular las relaciones internacionales, es más necesario que nunca que los gobiernos democráticos demanden el respeto de los derechos humanos y el cumplimiento de lo establecido en las normas y tratados internacionales.
El Gobierno español y la Unión Europea en su conjunto deberían tener una posición independiente y activa en ese terreno, como creemos que también debería tenerla esta Cámara. Desde luego, simples actuaciones o protestas que han acontecido por parte de muchas organizaciones a lo largo del mundo han contribuido, en principio, a frenar el espíritu vengador norteamericano.


La superioridad moral de los sistemas políticos se demuestra con hechos.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Señor Vázquez, le ruego concluya.


El señor VÁZQUEZ VÁZQUEZ: Concluyo inmediatamente, señor presidente.


Aun cuando los prisioneros de Guantánamo -ya se dijo aquí- fuesen los autores materiales de los terribles hechos del 11 de septiembre, merecen un trato ajustado a derecho. Estados Unidos no puede arrogarse en exclusiva, en el mundo, la capacidad de interpretar las normas internacionales.


Concluyo, señor presidente, diciendo que nosotros compartimos la idea de que estamos ante la punta de un iceberg en el caso de Guantánamo, de un problema más de fondo. Por tanto, estamos también ante la obligación de ponernos de un lado u otro para inclinar la balanza,

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de consolidar o no la tendencia que se adivina a nivel mundial. Me parece que ante ese dilema nos encontramos.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Vázquez.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Centella.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Señor presidente, señorías, desde Izquierda Unida queremos empezar señalando lo que consideramos una grave incongruencia sobre la que se está intentando construir un nuevo orden mundial; un nuevo orden mundial en el que la doble vara de medir es la norma; un nuevo orden mundial en el que los intereses unilaterales de Estados Unidos marcan la línea divisoria entre buenos y malos, y un nuevo orden mundial en el que no todos los seres humanos tienen la misma consideración.


Señorías, no se puede hablar de lo que está pasando en Guantánamo sin denunciar la existencia de una serie de hechos que deberían herir la sensibilidad de cualquier demócrata y que deberían haber provocado la reacción inmediata de nuestro Gobierno. No se puede decir, como se ha dicho, que quienes pedimos respeto a los derechos humanos en Guantánamo estamos a favor de los terroristas. Esto, además de no creérselo ya nadie, es la clara evidencia de un pensamiento mucho más cercano al fascismo que a cualquier otra filosofía política. Reclamar un trato justo, reclamar un juicio con todas las garantías no es sino reclamar que el Estado de Derecho sea la norma en el funcionamiento de la comunidad internacional. Lo que hemos leído y oído sobre Guantánamo nos preocupa, como nos preocupa la complacencia del Gobierno español. A veces se tiene la sensación de que este Gobierno lamenta no poder utilizar los mismos métodos y lamenta no tener un Guantánamo en nuestro país en el que internar, por ejemplo, a los miembros de los movimientos antiglobalización que pueden molestar los fastos de este semestre de la presidencia europea. A veces tenemos esta sensación. Las cadenas de televisión, los medios de comunicación de todo el planeta, nos están mostrando las condiciones en las que permanecen detenidos en la base de Estados Unidos los prisioneros de la guerra de Afganistán -hay que decirlo, de la guerra de Afganistán- y el conjunto de condiciones materiales en que se encuentran dichos prisioneros: jaulas al aire libre, privación sensorial, reclusión en pequeños espacios físicos, etcétera, así como el confuso, por no decir inexistente, estatuto jurídico de los mismos, a pesar de que, como hemos dicho, son y tienen que ser considerados prisioneros de guerra. Estas condiciones hacen que esto sea rechazable desde cualquier elemental óptica de un Estado de derecho democrático y evidencia un trato totalmente ajeno a lo que debe ser el mínimo respeto de los derechos humanos, y repito que sorprende cómo el Gobierno español sigue mirando complaciente esta situación.


Sin perjuicio de la repulsa -aquí lo hemos denunciado en reiteradas ocasiones- que nos produjeron y nos siguen produciendo los crímenes cometidos por el régimen talibán (ahora y antes, cuando eran aliados de los Estados Unidos nos producían la misma repulsa), así como la necesaria condena penal que deben de sufrir los mismos, no podemos admitir que se niegue el mínimo derecho a la defensa, que se niegue el mínimo derecho al reconocimiento de prisioneros de guerra a estos seres humanos y que muy especialmente se les niegue la aplicación de la Convención de Ginebra.
Esta falta de respeto a las mínimas normas de derecho internacional evidencia cómo Estados Unidos está tratando de construir un nuevo orden internacional basado en la injusticia y en la prepotencia, en lugar de en los derechos humanos y en un mínimo respeto al Estado de derecho.


Está claramente demostrado que se ha dado un gran paso atrás desde el 11 de septiembre, que Estados Unidos ha aprovechado el dolor causado en todo el mundo por los atentados del 11 de septiembre para dar un paso atrás en el concepto de justicia y de jurisdicción universal que había avanzado -hay que reconocerlo- en torno al caso Pinochet. Los Estados Unidos se están tomando la justicia por su mano, están aplicando a los prisioneros de guerra de Afganistán unos tribunales militares excepcionales y extraterritoriales incompatibles a todas luces con el conjunto de principios y normas que emanan del sistema jurídico de Naciones Unidas e incluso, entendemos, contrario a la propia Constitución de Estados Unidos. Los Estados Unidos, en lugar de impulsar ese Tribunal Internacional Penal que tendría que juzgar estos crímenes, trata de imponer su justicia, trata de imponer su vara de medir, trata de imponer su propia legalidad saltándose cualquier otra intención. Estas actuaciones de los Estados Unidos son, como decía, claramente contrarias al acervo europeo en materia de garantías y derechos procesales, así como a la concepción de Estado de derecho y de justicia universal que sostienen la mayor parte de los Estados miembros de la Unión Europea.


El Gobierno de España, como presidente de la Unión Europea, debe realizar de forma inmediata -y tendría que haberlas realizado ya- gestiones ante los Estados Unidos elevando la protesta europea por los métodos de detención y de tratamiento de los prisioneros en la zona de Guantánamo.
Debía de protestar por el desprecio de los Estados Unidos a la legalidad internacional emanada del sistema jurídico de Naciones Unidas. Señorías, la sociedad no puede volver la cabeza y desconocer que en Afganistán se han causado miles de víctimas civiles, tan inocentes como las que se produjeron el 11 de septiembre en Nueva York y en Washington. Víctimas que todos lamentamos pero que no se pueden

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ignorar, aunque sólo sea para evitar que estos hechos se vuelvan a producir en Irak, en Irán, en Corea o en cualquier otro país simplemente por el hecho de que Estados Unidos los considere sus enemigos.


Desde Izquierda Unida hemos mantenido y seguimos manteniendo una postura clara de solidaridad con las víctimas, sean las víctimas de Estados Unidos, sean las víctimas de Afganistán o sean las víctimas de cualquier otro país del mundo, porque entendemos que lo mismo vale un ciudadano afgano que un ciudadano norteamericano. Eso parece que no lo entiende nuestro Gobierno ni lo entienden tampoco los Estados Unidos. De ahí la exigencia de que se haga justicia con respeto a los derechos humanos y con respeto a un mínimo Estado de derecho, que es el que debe de imperar en las relaciones internacionales. Por eso compartimos el objetivo y el fondo de las iniciativas aquí presentadas, y hemos presentado una serie de enmiendas que vienen a ampliar y a completar lo que aquí se trata de evidenciar, que no es otra cosa que la necesidad de que nuestro Gobierno salga de su autismo, salga de su complacencia y, de una vez por todas, se erija en lo que tiene que ser como presidente de la Unión Europea y exija a los Estados Unidos que rectifiquen. Nosotros presentamos una enmienda por la que instamos a que el Congreso de los Diputados manifieste su rechazo a los tribunales militares y extraterritoriales que están siendo utilizados en el contexto de la guerra de Afganistán, por considerar que los mismos carecen de las más elementales garantías procesales y jurídicas que en un procedimiento penal deben ser garantizadas a todo sujeto pasivo de acción penal. Creemos que sin esto no hay justicia y, por tanto, no hay ninguna posibilidad de que el derecho internacional prevalezca.


También planteamos que el Congreso de los Diputados exprese, una vez más, su inequívoca apuesta por el principio de justicia internacional en materia penal, así como por el desarrollo y puesta en marcha, de una vez por todas, de ese Tribunal Penal Internacional que están bloqueando, entre otros, los propios Estados Unidos. Sin duda, este es el tribunal que debe de juzgar la responsabilidad habida en el conflicto afgano, como debía de haber sido el que hubiese juzgado la responsabilidad habida en otros conflictos. También creemos que ha llegado el momento de dejar ya que Estados Unidos se tome la justicia por su mano y se establezcan actitudes unilaterales.


Señorías, y termino con alguna cita, desde Izquierda Unida estamos dispuestos a ser protagonistas de ese famoso poema de Bertolt Brech. No queremos decir que cuando ocurre una injusticia con los prisioneros de Afganistán a nosotros no nos corresponde porque no son nuestros. Tampoco diremos lo mismo si son de Irán, Irak o de otro sitios del mundo porque al final cuando después de haber acabado con los afganos, los iraquíes y con los cubanos vengan a por los demócratas, entonces, señorías, puede ser demasiado tarde para reaccionar, porque no tenemos la menor duda de que el proceso que se está siguiendo no lleva ni más ni menos que a acabar con las libertades y hacer que el derecho internacional no sea ni más ni menos que un paripé en manos de los Estados Unidos.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Centella.


Por el Grupo Parlamentario Popular, señor Arístegui.


El señor ARÍSTEGUI Y SAN ROMÁN: Señor presidente, señorías, el debate que nos trae aquí esta tarde es fruto de la legítima preocupación de la opinión pública internacional en torno a los derechos humanos. Esa preocupación es la que nos hace distintos a los totalitarios, a los bárbaros, a los terroristas. Las democracias son el sistema político que, sin duda con sus luces y sus imperfecciones, mejor garantiza los derechos humanos.


Quiero decirle al Grupo Parlamentario Socialista que nosotros consideramos que a la luz de los acontecimientos, de las informaciones que hemos venido sabiendo todos por los medios de comunicación, consideramos que su texto ya no recoge la realidad en este momento. Por eso hemos hecho un esfuerzo y vamos a presentar una enmienda transaccional que paso a leer: El Congreso de los Diputados se hace eco de la preocupación surgida en la opinión pública internacional en relación con la situación de los prisioneros del grupo terrorista Al Qaeda y del régimen talibán, expresando sus deseos de que sean tratados conforme a la legislación, usos y costumbres del derecho humanitario internacional, como al parecer ha sido el caso a la luz de las últimas declaraciones del Comité Internacional de la Cruz Roja y de otras informaciones al respecto a nuestra disposición, sin menoscabo de las lógicas y normales medidas de seguridad en estos casos.


Señorías, otras proposiciones no de ley nos parecen, sinceramente, exageradas y faltas de equilibrio, cuando este equilibrio es imprescindible en materia de política exterior, y muchas veces rozan lo ofensivo con la dignidad de un amigo y aliado como los Estados Unidos.
Nos da la impresión de que se está haciendo gala de algún sentimiento antiestadounidense un tanto trasnochado. A este respecto conviene recordar que los Estados Unidos son una antigua y plena democracia, con 226 años de historia democrática y que defendió con la sangre de sus ciudadanos la libertad de Europa contra la barbarie nazi y la barbarie fascista. Ha sido además la principal víctima de los atentados del 11 de septiembre. Por otra parte, en Europa estamos haciendo un serio esfuerzo para construir un espacio común de libertad, seguridad y justicia. El pilar básico de esa construcción europea es la confianza en el Estado de derecho de las otras democracias, y lo tenemos que hacer también en el ámbito extraeuropeo y no sólo en

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el ámbito europeo. Además tenemos que demostrar cierta confianza en una democracia como los Estados Unidos, que también es aliada.


Señorías, a nuestro entender, cuando se sube a esta tribuna tenemos que ser equilibrados, sobre todo cuando hablamos de política exterior, porque realmente tenemos que tener en cuenta todos los acontecimientos, todas las informaciones y todos los matices que están a nuestro alcance. En la información a la que hemos tenido acceso todos a través de los medios de comunicación ha cambiado la circunstancia. La alarma lógica que se despertó en la opinión pública internacional ha dado paso a un cierto alivio. Sabemos que las cosas no son tan graves ya como se planteaban en un principio. Tenemos que felicitarnos, por tanto, por las declaraciones del presidente de la CICR, Jakob Kallenberger, que han resultado, creo yo, profundamente clarificadoras en este sentido. Además, señorías, la CICR no es cualquier organismo en este terreno. Actúa como guardián del derecho humanitario internacional. Es la máxima instancia, la máxima autoridad mundial en esta materia. Es una institución imparcial y neutral. Es verdad que emite informes secretos, pero las declaraciones del señor Kallenberger dicen claramente varias cosas. Primero, que hay una discrepancia de orden jurídico, es cierto, pero en el orden práctico reconoce que los miembros de Al Qaeda y del régimen talibán reciben en Guantánamo el trato de prisioneros de guerra, aunque no tengan aún reconocida la condición legal de tales. Esperamos que les sea de aplicación a quienes tengan derecho a la misma, que se les acabe reconociendo esa condición de prisionero de guerra. El problema estriba en que muchos de ellos no pueden ser considerados combatientes legales de un ejército regular. A pesar de ello, reciben el tratamiento de prisioneros de guerra o quizá también los derechos que cualquier detenido de un sistema penitenciario democrático debe tener y debemos velar por ello. Por eso este debate es positivo en esta tarde. Los funcionarios de la CICR están sobre el terreno. Han tenido la ocasión de entrevistarse a solas con cada uno de los prisioneros, sin trabas, sin la vigilancia de los militares estadounidenses. Por tanto, podemos decir que han podido comprobar de forma clara cuáles son las verdaderas condiciones, que es de lo que se trata. Esa es la función esencial de la CICR. En política tenemos que ser responsablemente prácticos. El resultado es que hay una derivación positiva. Hemos visto que hay un cambio, que la situación no era como la creíamos.


Quisiera, además, añadir que mi grupo apoya sin reservas las declaraciones que ha hecho este Gobierno al respecto. Muchos de sus miembros han manifestado, sin ningún tipo de ambage, que los prisioneros de Al Qaeda y del régimen talibán deberían recibir un trato humanitario y digno, sin menoscabo de las medidas de seguridad que se tienen que tomar con presos de este tipo. Por tanto, sí ha manifestado su preocupación por esta situación. Las nuevas informaciones aparecidas nos han movido a presentar nuestra enmienda, buscando el máximo consenso en una cuestión tan delicada como es la de los derechos humanos. Por eso estamos buscando el apoyo a esta enmienda transaccional. Esta es la consecuencia lógica de ver que una democracia como la de Estados Unidos tiene que actuar necesariamente de acuerdo con esos 226 años de historia democrática que tiene. Una de las mayores grandezas de la democracia es que garantiza, protege y defiende de manera inequívoca los derechos y libertades fundamentales de todos, incluso de los terroristas, más si cabe las de los terroristas, incluso de cualquiera que intenta destruir o menoscabar nuestro sistema de libertades, de aquellos que tratan de destruir nuestras democracias. Si cayéramos en la tentación de proteger estos derechos y libertades justamente limitándolos, estaríamos cayendo en un grave error, estaríamos convirtiéndonos o dando el primer paso para convertirnos en el mismo tipo de monstruo que estamos tratando de combatir.


Por último, señorías, este debate no sería posible si la intolerancia y el fanatismo se extendieran algún día por el mundo. Desde nuestras convicciones y principios democráticos, desde la convicción de que luchamos por los derechos fundamentales de todos, incluso de los terroristas como decíamos, queremos presentar hoy esta enmienda transaccional, porque nosotros también creemos sin ninguna duda que la legitimidad democrática es el arma más eficaz en la lucha contra el terror, la legitimidad democrática, el imperio de la ley y los principios irrenunciables que todos defendemos como demócratas.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Arístegui.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señor presidente.


Quisiera manifestar la posición de nuestro grupo respecto del punto del orden del día que se está debatiendo en este momento en la Cámara. Aunque nosotros no compartimos al cien por cien la literalidad de las proposiciones no de ley, entre otras cosas porque probablemente desde que se redactaron al día de hoy han existido más y nuevas informaciones, inclusive por algún tipo de consideración de orden legal que conllevaría a nuestro entender una redacción más precisa, lo cierto es que entendemos que el fondo de lo que hoy estamos discutiendo aquí es la necesidad de preservar ante todo la seguridad de que estamos defendiendo una serie de principios internacionales sobre los derechos humanos que forman parte de la tradición europea y del acervo europeo.


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Todo esto está por encima de cualquier discrepancia de orden técnico o de orden legalista, aunque haya situaciones que se hubieran podido resolver de mejor forma. Lo cierto es que las imágenes y la información que se ha difundido han provocado una legítima preocupación en el contexto internacional desde organizaciones no gubernamentales como Amnistía Internacional, a organizaciones de defensa de los derechos humanos y del propio Parlamento Europeo. El representante, por ejemplo, de la política exterior de la Unión Europea ha declarado que entiende que los presos de Guantánamo deben ser tratados según la Convención de Ginebra y deben ser considerados prisioneros de guerra.


Compartimos la preocupación expresada por la opinión pública internacional, de la que se ha hecho eco la alta comisaria de los Derechos Humanos de la ONU, Mary Robinson, que expresó en su momento la preocupación por la denuncia sobre malos tratos, cuestión que incluso está siendo objeto de fuertes debates y críticas dentro de la propia sociedad norteamericana, según referencias aparecidas en prensa recientemente, al tiempo que se ha aceptado por un juez de California la demanda interpuesta por colectivos del mundo eclesiástico, cultural, universitario y judicial de Estados Unidos. Insisto en que estamos convencidos de que la mayoría de la propia sociedad norteamericana está interesada en aclarar esta situación y que comparte la misma preocupación que los europeos por defender la cooperación y la lucha contra el terrorismo, pero haciéndola convivir con la necesaria prevalencia de los valores democráticos del Estado de derecho y de la defensa de los derechos humanos.


España, a nuestro entender, ha de tener en el contexto internacional una posición independiente al igual que Europa después de la solidaridad demostrada ante los hechos ocurridos el 11 de septiembre y ante cualquier hecho terrorista ocurrido en el contexto internacional. Incluso el que tengamos una posición independiente desde España y desde Europa no entra en contradicción con la cooperación que debe seguir prevaleciendo en la lucha antiterrorista y a que ésta vaya unida a que se sigan salvaguardando y se salvaguarden los derechos humanos, el cumplimiento de la legalidad internacional y el respeto a los derechos humanos.


Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señora Julios.


Señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señor presidente.


Intervengo a los solos efectos de que conste la presencia del Grupo Vasco en este momento en la Cámara y el apoyo que desde nuestro grupo damos a las iniciativas de censura presentadas por tres distintas formaciones políticas.


La extensión de las exposiciones que se han efectuado me exime de mayores pormenores y SS.SS. dada la hora sin duda me lo agradecerán. Pero he aludido en una intervención anterior a la falta de confianza que tengo en las proposiciones no de ley y en que estas encierren ninguna vinculación siquiera ética o moral para el Gobierno. Viene ello a cuento al recordar que en la legislatura pasada con ocasión de celebrarse el 50º aniversario de la Declaración de Derechos Humanos hicimos no ya una proposición no de ley sino algo más largo y específico en una subcomisión creada al efecto, un trabajo digno de valoración, presididos por el entonces diputado don Javier Rupérez. Les ahorraré también a SS.SS. su lectura y me remitiré al "Diario de Sesiones" del día 22 de junio del citado año 1999, pero sinceramente les manifiesto, señorías, que al cooperar a su elaboración y al votarlo a favor creyó mi grupo que hacía algo más que una bonita literatura sobre el derecho internacional y la situación de los derechos humanos en el mundo actual, que así se titulaba. Se contienen en el informe que se aprobó obligaciones que asumían estas Cortes Generales y su Comisión de Asuntos Exteriores y también orientaciones importantes al Gobierno. El hito o la catástrofe que supusieron los sucesos del 11 de septiembre no pueden apartarnos de la senda emprendida de institucionalización y consolidación de unos códigos internacionales cuyo primer corpus son, sin duda alguna, las declaraciones de derechos y el estatuto del todavía non nato Tribunal Penal Internacional y lo que habrá de ser su norma procesal con las debidas garantías. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Ha dicho el señor Arístegui desde la tribuna que ahora, además, la situación no parece tan grave como al principio. Debemos leer prensa distinta porque al Gobierno, al menos en la que yo leo -creo leer casi toda-, no le vi preocupado en momento alguno. Su apoyo, al revés, me pareció incondicional desde el primer momento a lo que se hiciese por el Gobierno que tiene en su poder a los detenidos, y no se vea en mí antiamericanismo, ni trasnochado, ni sin trasnochar porque no soy, en absoluto, antiamericana. A los terroristas, señorías, creo que se les persigue eficazmente, se les detiene, se les juzga con todas las garantías y, si procede, se les pena como esté establecido en el ordenamiento internacional. En materia de derechos humanos creemos que esta Cámara debiera decidir que no caben retrocesos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor Guardans.


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El señor GUARDANS I CAMBÓ: Señora presidenta, señorías, las tres iniciativas plantean un problema, más allá de su literalidad que luego podremos comentar y que también ha de ser tenida en cuenta cuando estamos votando un texto concreto. Por empezar un poco más allá, la problemática de fondo que se plantea hoy aquí es un tema tremendamente grave al que le damos toda la trascendencia que tiene sin sombra de ironía, de broma o de descalificación, como lo ha hecho el conjunto de la opinión pública europea, como lo ha hecho el alto representante para la Política Exterior y de Seguridad Común, don Javier Solana y, me atrevería decir, como lo entiende el sentido común. Lo que está ocurriendo en Guantánamo, el conjunto de esa situación y de la derivación del conflicto en Afganistán respecto de los prisioneros que ahí fueron detenidos, es algo que merece toda preocupación para cualquier conciencia jurídica mínimamente formal, y jurídica no significa ser jurista, significa tener respeto por el derecho, por el Estado de derecho y por aquello que el derecho protege.
Por tanto, es un tema que nosotros afrontamos, al menos para intentar ser organizado, con tres premisas, tres afirmaciones. En primer lugar, sentar claro que aquí sí hay buenos y malos. Lo que nosotros no haremos es, al hilo de defender los derechos -que los defenderemos- de quienes han sido derrotados en este conflicto, sumarnos al carro, que algunos han vuelto a poner en funcionamiento, de un cierto antiamericanismo visceral. No estoy hablando de las iniciativas concretas que hay hoy aquí, sí de las voces que se oyen a veces, que consideran que han encontrado por aquí un filón para volver a traer a la superficie un antiamericanismo que nosotros no compartimos; pero también decimos -no se trata de ser ecléctico, se trata de que a veces la verdad es muy matizada- que creemos, defendemos y esperamos que los Estados y los gobiernos con voz y con peso digan en voz alta que ningún Estado por potente que sea, y eso no excluye a los Estados Unidos de América, puede quedar fuera del derecho internacional, puede considerarse exento del derecho internacional, puede considerar que puede operar sin respetar lo que son las reglas del derecho internacional, concretamente en este caso del derecho internacional humanitario. Esa sería una primera afirmación.


En segundo lugar, también sostenemos, como no puede ser de otra manera y es bastante evidente, que todo criminal, incluso el mayor de los criminales, tiene derechos fundamentales, esa es la grandeza de nuestro sistema occidental, todos, y no pueden existir ámbitos fuera de la ley, fuera de las garantías, ni ámbitos en sentido conceptual, terrenos donde no hay norma que se aplique porque no hay norma que lo defina, ni ámbitos en sentido geográfico, espacios de la tierra donde se pueda considerar que ahí la justicia no rige.


Sentados los dos principios anteriores con toda claridad, también sentamos una tercera afirmación: estamos aquí ante una situación nueva, ante una situación en la que no hay reglas claras, en la que es muy cómodo afirmar o defender dogmáticamente determinado texto o determinado instrumento convencional, muy específicamente el Convenio de Ginebra, como si fuera la solución a todos los males y como si fuera la Biblia. No lo es. Es un instrumento que tenía su razón de ser y que puede haber quedado obsoleto en muchísimas de sus disposiciones. Por tanto, cuando hablamos del derecho internacional probablemente no nos va a quedar más remedio que hablar de los principios -que también en derecho internacional son fuentes del derecho- del derecho internacional. Esos deben regir. De ahí a dar el salto a tal o cual convenio y a tal o cual disposición de tal convenio es muy discutible, y lo es, insisto, también en términos estrictamente jurídicos. No podemos ser dogmáticos, y no lo será mi grupo, con el Convenio de Ginebra y con su aplicación. Cualquier persona que quiera tomarse la molestia de leer el Convenio de Ginebra, que es el que definirá si estamos hablando estrictamente o no de prisioneros de guerra, sabe que ese convenio ha quedado en muchos ámbitos obsoleto.


Toda esa convención está inspirada en una determinada filosofía, que es la de una serie de soldados que han quedado derrotados, ya sea luchando en nombre de un Estado legítimo, ya sea incluso como combatientes, eso está previsto en el Convenio de Ginebra, pero que han quedado derrotados, hay una potencia vencedora y esa potencia vencedora tiene que administrar la libertad o la falta de libertad de ese conjunto de soldados. No piensa el Convenio de Ginebra ni ninguna de sus disposiciones en asesinos, como se demostró en el caso de la revuelta de Masari-i-Sarif, en personas que una por una están dispuestas a asesinar a sangre fría incluso después de haber sido derrotadas o, lo que es más -eso no está previsto en absoluto en el Convenio de Ginebra-, a gente dispuesta a morir matando, a inmolarse y a suicidarse en ese ejercicio. Toda la lógica del Convenio de Ginebra, suponiendo que fuera aplicable -que de eso también vamos a hablar brevemente si me queda tiempo-, se viene abajo cuando está hablando de la posible libertad provisional bajo palabra de honor.
¿Ustedes creen que esto rige aquí? Cuando está hablando del derecho a llevar los uniformes y las insignias y a guardar consigo el casco, eso también está en el Convenio de Ginebra, tienen derecho a tener el casco, dice el Convenio de Ginebra. ¿Ustedes creen que eso se puede aplicar aquí? El Convenio de Ginebra les reconoce el derecho a conservar los artículos de uso personal, y tenemos casos concretos que por puro respeto a la Cámara y al "Diario de Sesiones" no voy a detallar, como el de un peine, un pequeño peine que ha sido utilizado como arma dejando tuerto a uno de los guardianes, un peine. Por tanto, vamos a ver qué tipo de sentido tiene la noción misma de los objetos de uso personal.


La lógica del Convenio de Ginebra queda distorsionada, pero vamos a ir a la literalidad, queremos ser

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estrictos con el convenio, porque efectivamente se ha dicho, y es cierto, que el propio Convenio de Ginebra prevé en su artículo 5 que debe ser un tribunal competente el que diga si es o no aplicable; cierto, y eso plantea sus dudas. No dice si es o no es aplicable, sino si deben considerarse o no prisioneros de guerra a la luz de una determinada lista que aparece ahí. Pero la propia noción de si se aplica el Convenio de Ginebra en una lucha en la cual el Estado legítimamente reconocido, que era el Gobierno legítimo de Afganistán, combatía, ¿esto era un conflicto internacional o un conflicto interno? Lo planteo como interrogante en términos jurídicos. Y el señor López Garrido sabe bien, por la honradez intelectual que le caracteriza, que estos interrogantes están ahí.
Jurídicamente esto era el apoyo a un conflicto interno por parte de un Gobierno legítimo que luchaba con unos insurgentes que nunca han sido reconocidos en el derecho internacional. El régimen talibán no es un régimen invadido por una potencia extranjera, no lo ha sido nunca y mucho menos Al Qaeda, pero ni siquiera el régimen talibán. El gobierno legítimo estaba combatiendo ahí. Por tanto, no simplifiquemos.


No voy alargarme mucho más en eso porque tiene un interés muy escaso, pero sí pongo estos ejemplos para matizar un poco la sensación de que aquí hay un texto clarísimo de indudable aplicación que los Estados Unidos están simplemente ignorando. Eso no es así. La prensa nos alarmó a todos con determinadas imágenes que a todos escandalizaron, pero esa misma prensa nos ha tranquilizado en parte a algunos porque esa misma prensa, y puedo citar claramente el diario El País, que ha sido seleccionado por las razones que sean con otros cinco para seguir de cerca la situación en esos campamentos, es la que nos ha hablado de las condiciones de higiene, del hospital de campaña, de las operaciones de oftalmología para extraer balas, de la alimentación, de la libertad religiosa. De todo eso también nos ha informado la prensa, como nos ha informado de que existen representantes de la Cruz Roja que están ahí. Luego no todo es tan dramático como algunos lo ponen. Tampoco todo es correcto. Hay interrogantes, por supuesto. Sigo diciendo, como al principio de esta intervención, que suscribimos la inquietud y que no hay que aflojarla.
Hay interrogantes, sobre todo jurídicos. No sabemos en base a qué o en qué condiciones están siendo interrogados. Sabemos que esas personas están siendo interrogadas sin asistencia letrada, y eso nos parece injusto. No sabemos cómo serán juzgados. Aunque si son juzgados con un tribunal militar, eso sí estará acorde con el Convenio de Ginebra, que desprecia los tribunales civiles y anima a que sean juzgados por tribunales militares. Eso dice el Convenio de Ginebra. En cambio, todos preferiríamos que fueran juzgados por tribunales civiles porque hoy nos inspiran mucha más confianza. Por tanto, pedimos del Gobierno español, que tiene la presidencia de turno de la Unión Europea, que siga este tema, que se preocupe por la seguridad jurídica de todas esas personas, que se preocupe por que no haya tortura (la Cruz Roja, que ha tenido ocasión de hablar con cada uno de ellos, si hubiera habido tortura, lo hubiera dicho en voz alta, y no lo ha denunciado), que se preocupe por el marco jurídico con el que van a ser juzgados y por la individualización de todos ellos. Pero no nos sumaremos al discurso que pretenda dar la sensación de que aquí estamos ante una serie de gente que, insisto, están dispuestos a morir matando y a inmolarse y cuyos derechos están siendo violados en aplicación de un instrumento internacional. No. Ese instrumento internacional -que está en Internet y animo a acudir a él a quien tenga interés- puede no estar vigente en su aplicación literal, y además sería muy discutible jurídicamente que fuera aplicable al caso; discutible, no voy a caer en el dogmatismo de que no es aplicable, pero tampoco en el dogmatismo de que sí lo es.


La señora PRESIDENTA: Señor Guardans, le ruego concluya.


El señor GUARDANS I CAMBÓ: La enmienda originaria del Grupo Parlamentario Popular nos parecía pobre, en la medida en que daba la sensación de que aquello era jauja y todos sus derechos estaban garantizados. Esa enmienda no nos parecía correcta. La enmienda que finalmente ha presentado el Grupo Parlamentario Popular en la que el Congreso se hace eco de la preocupación surgida en la opinión pública internacional con relación a la situación de los prisioneros, expresando los deseos de que sean tratados conforme a la legislación, usos y costumbres del derecho humanitario y que todo eso sea compatible con medidas de seguridad extraordinarias, porque extraordinaria es la situación, esa enmienda hubiera permitido una votación de consenso. A falta de eso, compartiendo la inquietud que hay detrás de estas iniciativas, no podemos compartir la literalidad, porque entendemos que en algún caso no es cierta. Cuando se dice que se permita el acceso a los prisioneros, ya lo hay; hasta corresponsales de prensa han estado al pie de la cama de algunos de esos prisioneros -eso está publicado- y lo están los representantes del Comité Internacional de la Cruz Roja. En otros casos se introducen afirmaciones políticas ya de otro calado sobre Estados Unidos o sobre su papel en Guantánamo que podemos respetar, pero que no compartimos y que tienen poco que ver con el problema concreto que es el derecho humanitario internacional.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guardans.


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A los solos efectos de expresar la aceptación o rechazo de las enmiendas, tiene la palabra el señor López Garrido.


El señor LÓPEZ GARRIDO: Señora presidenta, no podemos aceptar la enmienda presentada por el Grupo Popular, que tiene poco que ver con nuestra proposición no de ley. Sin embargo, las proposiciones no de ley presentadas por el Grupo Mixto están incluidas en el espíritu, aunque no encajan exactamente en la redacción de nuestra proposición no de ley. Por tanto, sin aceptarlas en su literalidad, entendemos que están aceptadas en su espíritu en nuestra proposición no de ley.


Vamos a aceptar parcialmente la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida. En el punto segundo de nuestra proposición no de ley añadiríamos la parte de la enmienda de Izquierda Unida que dice: "De la misma manera, el Congreso de los Diputados insta al presidente del Gobierno español a exigir al presidente de los Estados Unidos el respeto de los derechos humanos de los prisioneros de guerra de Afganistán". Por tanto, ampliamos a Afganistán lo que está pensado en nuestra proposición no de ley para Guantánamo.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor López Garrido. ¿Qué numeración tiene la enmienda de Izquierda Unida que ustedes están aceptando parcialmente?

El señor LÓPEZ GARRIDO: La primera de las que aceptamos -luego seguiré- es la enmienda número 2.


La señora PRESIDENTA: ¿Totalmente, desde organizaciones hasta Afganistán?

El señor LÓPEZ GARRIDO: Sí, totalmente, porque es simplemente de adición.


Aceptamos parcialmente la enmienda número 4, voy a leer exactamente lo que aceptamos. Sería añadir un nuevo punto 5 a nuestra proposición no de ley que dijera: "El Congreso de los Diputados quiere expresar una vez más su inequívoca apuesta por el principio de jurisdicción o justicia internacional en materia penal, así como por el desarrollo y puesta en marcha inmediata del Tribunal Penal Internacional".


También aceptamos parcialmente la enmienda número 5, que significa añadir un nuevo punto. Diría así: "El Congreso de los Diputados insta al Gobierno de la nación a realizar de manera urgente ante el Gobierno de los Estados Unidos las gestiones diplomáticas necesarias para certificar de forma fehaciente la presencia de españoles entre los prisioneros de guerra en Guantánamo, así como para garantizar el trato de los mismos, de acuerdo con el conjunto de tratados internacionales aplicables a los derechos y garantías propias de los detenidos y prisioneros de guerra". Y enlazamos con la última frase que dice: "así como la garantía absoluta de que no les serán aplicadas penas de muerte a ciudadanos españoles".


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López Garrido.


Señor Centella, el Grupo Parlamentario Socialista propone la aceptación parcial de sus enmiendas, y para ello debe contar con la aceptación del grupo proponente.


El señor CENTELLA GÓMEZ: Cuenta con ella, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Centella.


Iniciamos la votación de la proposición no de ley del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la situación de los prisioneros en la base de Guantánamo, en los términos derivados del debate y con la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tal y como ha puesto de manifiesto el portavoz señor López Garrido.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 113; en contra, 173; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señora Lasagabaster), sobre la situación en la que se encuentran los prisioneros afganos en la base norteamericana de Guantánamo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 288; a favor, 114; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Proposición no de ley del Grupo Parlamentario Mixto (señor Vázquez), relativa a la situación de los presos en Guantánamo y actuaciones del Gobierno y la Unión Europea al respecto.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 287; a favor, 111; en contra, 174; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACIONES URGENTES:

- DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE POLÍTICA GENERAL EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE. (Número de expediente 173/000103.)

La señora PRESIDENTA: Punto IV del orden del día: Mociones consecuencia de interpelaciones urgentes.


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En primer lugar, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente.


Para la presentación y defensa de la misma, tiene la palabra el señor Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: Gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción con el único objetivo de impulsar la política ambiental de nuestro país, estancada y sin rumbo por la manifiesta falta de criterio y voluntad de la persona que ostenta la cartera ministerial de Medio Ambiente.


La interpelación formulada al ministro el pasado 19 de diciembre de 2001 puso de manifiesto las graves carencias del Gobierno actual en relación con la política ambiental. Si al señor Matas le viene grande la responsabilidad de liderar la política ambiental de nuestro país, pues imagínense ahora la de la Unión Europea. Nos condenan a un semestre vacío. No es extraña la desconfianza con la presidencia española de la Comisión Europea y de los países más comprometidos con el medio ambiente; se lo han ganado a pulso. El medio ambiente no es una prioridad de la presidencia española, a pesar de que en este período se tiene que ratificar el protocolo de Kioto y la preparación de la cumbre de Río más diez. Miren ustedes, somos los campeones europeos del incumplimiento de la legislación ambiental comunitaria por goleada. En el año 2001 incumplimos 12 directivas ambientales europeas. Tenemos de ministro al rey de la improvisación; ha improvisado la agenda ambiental europea y la estrategia de desarrollo sostenible la ha realizado en dos meses, cuando hay países europeos que la han hecho en dos años. Es un buen ejemplo para el resto de Europa. Señorías, ¿qué estatura moral va a tener el ministro de Medio Ambiente ante sus homólogos europeos por el hecho de haber sido declarado responsable del caso Formentera por una comisión de investigación del Parlamento balear y que está denunciado ante el Tribunal Supremo? (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Quirós.


Señorías, les ruego que guarden silencio.


Adelante, señor Quirós.


El señor QUIRÓS PULGAR: De estrategias de desarrollo sostenible no saben ustedes mucho, pero las estrategias para salvar ministros sí son su fuerte. No tenemos más que ver los casos del lino, Ercros o Gescartera.
Después de tanta experiencia acumulada no les será difícil echar un capote al señor Matas. La Fiscalía del Supremo no ha tardado mucho en tirarle un salvavidas nacional. Esto, en lo que se refiere a la visión que pueden tener los europeos de nuestro ministro.


Si nos centramos en nuestro país, el panorama es mucho más decepcionante y pone en cuestión el acierto de su elección; han puesto al frente a una persona que no cree en el medio ambiente y menos en el desarrollo sostenible, como lo demostró en su etapa de presidente del Gobierno balear. Como botón de muestra está el fallo de ayer de la Audiencia Nacional rechazando el recurso interpuesto por el señor Matas al Ministerio de Medio Ambiente cuando estaba de ministra la señora Tocino por la delimitación del dominio público del litoral de Formentera; ¡vaya marrón que se ha tragado! Su política ambiental no es más que fachada, está vacía, sin contenido, sólo es ruido mediático y propaganda. Miren ustedes, lo de hacer documentos se les da muy bien, pero lo que no se les da tan bien es pasar de los papeles a los hechos. Elaboraron el Libro Blanco del agua para nada, como se demuestra con su Plan Hidrológico Nacional, donde no han tenido en cuenta ni sus medidas ni sus planteamientos. Han dado un paso de gigante hacia la insostenibilidad de este país y el desequilibrio territorial. Su anexo de inversiones es una auténtica carta a los Reyes Magos. La bondad de su plan hidrológico queda en entredicho por la confrontación territorial que han originado y las denuncias presentadas al Tribunal Constitucional y a Bruselas. El ministro tendrá guardado en algún cajón ministerial el documento de la estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica porque no le gusta el origen de la iniciativa de los gobiernos socialistas. Después de casi tres años desde su presentación a bombo y platillo, este documento no ha sido aprobado por el Consejo de Ministros ni ha sido llevado al Parlamento, lo que demuestra el nulo interés político de los gobiernos del Partido Popular por la biodiversidad, a excepción, claro, de la perdiz roja y otras especies de caza sobre las que ustedes han aprobado iniciativas parlamentarias.
Desempolven este documento y pongan en marcha los 12 planes sectoriales contemplados en la estrategia para la biodiversidad y sobre todo para el desarrollo sostenible. Hablando de desarrollo sostenible -ya se lo he dicho anteriormente-, el documento de la estrategia es una auténtica chapucería, fruto de la improvisación y de salir del paso, aunque muy coherente con su planteamiento político y con el trabajo del ministro.
Por eso no quieren que el Consejo Asesor del Medio Ambiente analice y debata su documento, para evitar que lo contradigan y ponga en evidencia su enfoque de desarrollo. Miren ustedes, no se cuantifican en el diagnóstico los problemas de este país, para que no se les caiga el eslogan de que España va bien -aunque últimamente lo utilizan poco, será por algo-; esta estrategia hace aguas por todas partes, por eso han puesto al frente de la misma al secretario de Estado de Aguas y Costas, dejando fuera de juego a la secretaria general de Medio Ambiente y el enfoque global del resto de las políticas ambientales del ministerio.


En definitiva, su estrategia de desarrollo sostenible falla en el planteamiento, en su procedimiento de participación, en su contenido y en su estructuración y, como es su costumbre, ni se marcan prioridades ni se

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ponen horizontes de plazo ni de financiación. Convoquen ustedes al Consejo Asesor del Medio Ambiente, ajusten el escenario de trabajo hasta la cumbre de Johannesburgo e integren en la elaboración de esta estrategia a las comunidades autónomas y a la FEMP.


Hablemos ahora de los compromisos incumplidos. No se ha alcanzado el objetivo del Plan Nacional de Residuos; no hay un plan nacional de residuos peligrosos; no hay una estrategia de lucha contra el cambio climático; el Plan Nacional de Energías Renovables no está dando los resultados esperados. Por fin, después de muchos años de espera, han presentado un borrador del plan forestal español a las comunidades autónomas. Vamos a ver si ahora tienen en cuenta sus aportaciones. Pero lo que es una desfachatez es el convenio de financiación forestal que han presentado en base a este plan forestal que ni siquiera ha sido aprobado y cuando llevan dos años sin transferir a las comunidades autónomas los fondos europeos forestales. No hay una ley de montes que sirva de soporte a este plan nacional, lo mismo que ocurre con la ley de responsabilidad civil.


Son muchísimos los incumplimientos de este Gobierno en política ambiental.
Los niveles de participación internacional son escasos y nulos y ya por el poco tiempo que nos queda, aunque podríamos seguir explicándolo, me voy a ceñir, señorías, a señalar que se lo podemos decir más alto pero no más claro, por lo que les pedimos el voto favorable a los trece puntos de esta moción, que lo único que persigue es impulsar la política medioambiental de este país, como dije en un principio. El ministro se ha ganado a pulso la reprobación, como lo manifiestan todas las encuestas, incluso las que hace el Partido Popular. El ministro nunca ha aprobado una encuesta, pero no es que no las apruebe, es que además cae en picado.
Su mala gestión lo hace acreedor de esta petición, que entendemos razonable y justa. Con la interpelación y esta moción está más que argumentado que el ministro ha hecho méritos suficientes para marcharse.
Por el bien del medio ambiente en nuestro país, no tarde mucho en destituirle, señor Aznar.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Quirós.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señora Urán.


La señora URÁN GONZÁLEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, creo que la moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista es un reflejo bastante fiel de lo que está ocurriendo en nuestro país con las políticas medioambientales. La verdad, señorías, es que la política medioambiental en nuestro país está llena de incumplimientos y desde luego de pocos aciertos a la hora no solamente de llevarlas a cabo, sino también a la hora de elaborar aquellas estrategias o planes que desde luego el Gobierno sabe presentar muy bien a bombo y platillo. El ministro de Medio Ambiente ya nos ha hecho en esta legislatura un par de ellas: primero fue la estrategia española sobre la biodiversidad y después la estrategia de desarrollo sostenible, pero que no se ponen en práctica y cuyo contenido en materia de políticas concretas deja bastante que desear, con independencia de la falta de financiación que suele acompañar a estos proyectos.


Hay casos que ya resultan, al entender de nuestro grupo parlamentario, bastante escandalosos. Vamos a ratificar el Protocolo de Kioto, bastante tiempo hemos tardado en hacerlo, bastantes cumbres y conferencias han conseguido los mínimos avances que se han podido producir para luchar contra el cambio climático en todo el mundo, pero lo que no puede consentirse en nuestro país es que a estas alturas todavía no tengamos ni un mínimo borrador sobre el que poder trabajar en la estrategia de cambio climático. Cuando a ustedes no les interesa ni tan siquiera son capaces de elaborar ese mínimo papel, aunque después no se lleve a la práctica, como ocurre con el plan de residuos o como ocurre con el plan de envases y residuos de envases, que marcan, sobre todo el plan de envases y residuos de envases, objetivos claros y concretos que se incumplen sistemáticamente en nuestro país. Desde luego lo que no hicieron ustedes fue incluir objetivos en el plan de residuos porque les obligarían por lo menos a dar cuenta de por qué no se cumplen, con independencia de que sigue faltando la financiación adecuada para poderlos llevar a cabo. La tan prometida ley de montes, señorías, sigue sin entrar en esta Cámara, y lo mismo ocurre -y no tardaremos mucho en discutir de ello- con la infinidad de directivas europeas en materia medioambiental que nuestro país todavía no ha traspuesto al ordenamiento jurídico español. Las transposiciones no solamente es que dejen mucho que desear, sino que cada vez que vienen a esta Cámara como proyecto de ley son realmente un desastre, porque no son ustedes capaces de hacer una transposición en condiciones, ni tan siquiera de plantearse una transposición con unos objetivos si no más amplios por lo menos sí más contundentes de lo que plantean las propias directivas, tal y como hacen algunos otros países miembros de la Unión Europea. Es clarísimo, señorías, el porqué del funcionamiento del Ministerio de Medio Ambiente cuando precisamente es el que tiene que conservar, prevenir y mejorar las condiciones de nuestro entorno. Hay que tener en cuenta que al final, en todas estas estrategias, quienes tienen la última palabra, quienes participan realmente no son las partes del Ministerio que más tienen que ver con la preservación del entorno. Al final, el que tiene la voz cantante es el secretario de Estado de Aguas y Costas, porque si en algo es campeón el propio Ministerio de Medio Ambiente es en planificar y en

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algunos casos llevar a la práctica aquellas obras de infraestructura hidráulica que más dañinas son para el propio entorno.


La Ley de Aguas, señorías, se aprobó en su momento con la denuncia de nuestro Grupo Parlamentario de que iba a generar graves problemas a la hora de la conservación de la calidad de las aguas de nuestros ríos y de que se dejaba a las confederaciones hidrográficas sin las competencias adecuadas para poder establecer los controles de vigilancia. Los últimos acontecimientos vienen a darnos la razón y a decirnos que cada vez más las confederaciones hidrográficas tienen menos peso a la hora de poder vigilar y controlar los vertidos que se hacen a las aguas y que no actúan con la contundencia que sería de rigor a la hora de penalizar y prevenir que se puedan seguir contaminando las aguas de nuestros ríos, como ha sucedido recientemente. Para eso deberían tener interés político. El Partido Popular, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Partido Popular se tendrían que creer que hay que hacer una política medioambiental y, señorías, los hechos demuestran que no es así.


Por tanto, no sólo nos sumamos...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Urán.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). Señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para fijar la posición en relación con esta moción subsiguiente a la interpelación urgente que presentó el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el anterior período de sesiones.


Quiero empezar mi intervención anunciando, especialmente al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, que mi grupo parlamentario no va a poder dar apoyo a esta moción, principalmente por una razón que explicaré, aunque hay algunos aspectos en los que sí coincidimos. Entendemos que se trata, porque así se especifica concretamente en el apartado 12 del texto de la moción, de una moción de reprobación al ministro de Medio Ambiente y por tanto al Gobierno, por su política medioambiental. Aunque creemos que la política del Ministerio de Medio Ambiente, es nuestro criterio, es manifiestamente mejorable en algunos aspectos, no nos parece que la reprobación del ministro sea la mejor solución para mejorar esta labor.
También quisiera recordar al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista que mi grupo parlamentario tradicionalmente en anteriores legislaturas nunca se ha sumado a estrategias de reprobación del Gobierno o a mociones de reprobación dirigidas a ministros en concreto. No votamos en su día mociones de reprobación del Grupo Parlamentario Popular a ministros de gobiernos socialistas y no vamos a votar ahora mociones de reprobación a ministros del Gobierno popular, a no ser que hipotéticamente se diesen circunstancias que obligasen a ello, y entendemos que en estos momentos no se dan estas circunstancias. De hecho, tal como transcurrió la interpelación en el anterior período de sesiones, eran previsibles los términos en que se redactaría y se defendería esta moción. Recuerdo que otro portavoz de Medio Ambiente del Grupo Parlamentario Socialista inició su intervención pidiendo la dimisión del ministro. Creemos que se trata de una moción que busca el desgaste político, que es una moción lícita, coherente con la línea que ha adoptado el Grupo Parlamentario Socialista en esta legislatura, pero nosotros en estos momentos no podemos compartir los objetivos finales que persigue.


Sin embargo -y entro en la segunda fase de mi breve intervención-, podemos estar de acuerdo y compartimos de hecho algunas de las críticas y de las propuestas positivas que contiene la moción. A nadie se le escapa -y este portavoz que les habla se ha hecho eco de ello en más de una ocasión en diversas sesiones de la Comisión de Medio Ambiente- que por ejemplo, como antes decía la portavoz del Grupo Federal de Izquierda Unida, la Ley de Residuos no se está desarrollando como se prevé en la misma. También es objetivamente cierto, y el mismo ministro de Medio Ambiente lo ha reconocido ante la Comisión de Medio Ambiente, que la estrategia española de desarrollo sostenible avanza con retraso, por no citar problemas que también hemos tratado en la Comisión en relación con su campaña de difusión.


No es menos cierto asimismo que en el Consejo de Ministros del viernes pasado se ha acordado la remisión a las Cortes Generales del Protocolo de Kioto para su ratificación, pero la política de control de emisiones contaminantes por parte del Gobierno hasta la fecha no ha sido ejemplar.
En este mismo contexto, el de la lucha contra el cambio climático, debemos recordar que uno de los principales recursos e instrumentos con que contamos es la Ley de IPPC, siglas inglesas de la Directiva 96/1961 de la CEE, que ha llegado a esta Cámara con más de dos años de retraso, lo cual nos va a dificultar el trabajo a todos los grupos parlamentarios.
También recuerdo que hay algunas directivas comunitarias -antes se ha referido a ello la portavoz de Izquierda Unida- que no han sido traspasadas al ordenamiento interno del Estado español y algunas de ellas han tenido sentencias condenatorias para el Reino de España por parte del Tribunal Europeo de Justicia.


Podría referirme también a otros aspectos sectoriales de la política medioambiental del Gobierno susceptibles de una clara mejora, desde las relaciones con las entidades ambientalistas hasta el funcionamiento del Consejo asesor, y a aspectos relacionados con el funcionamiento de las confederaciones hidrográficas. En concreto, por lo que se refiere a mi comunidad autónoma, al papel que últimamente ha llevado a cabo la Confederación

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Hidrográfica del Ebro en relación con los vertidos contaminantes en el río Ebro.


Coincidimos parcialmente con algunas de las propuestas pero en este momento no podemos dar apoyo a una moción que se basa especialmente en la reprobación del ministro de Medio Ambiente.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.


Grupo Parlamentario Popular. Señora De Lara.


La señora DE LARA CARBÓ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para fijar nuestra posición respecto a la moción presentada por el Grupo Socialista, posición que adelanto que se manifestará con nuestro voto en contra, ya que los múltiples apartados contenidos en ella denotan, a la vez que un desconocimiento de la realidad medioambiental española, una carga demagógica, a mi entender, inaceptable.


Lamento, señorías, que el escaso tiempo de que dispongo me impida referirme a cada uno de los doce puntos contenidos en ella, puntos que por cierto no han sido defendidos por el portavoz del Grupo Socialista.
Me referiré solamente a unos pocos que pueden tomarse como ejemplo de la falta de rigor de sus propuestas. Permítame, y como inciso, que lamente el tono impropio utilizado por el portavoz socialista, un tono insultante diría yo, que se descalifica por sí mismo. (Rumores.) El primer punto de la moción solicita la creación de una subcomisión para el estudio y seguimiento de la estrategia de desarrollo sostenible. Señorías, ¿seguimiento de qué estrategia? ¿Acaso ignoran ustedes que el documento que se remitió a la Cámara el pasado mes de diciembre es un documento de consulta? ¿Acaso desconocen ustedes que se ha iniciado una etapa de consultas y de participación pública con todos los sectores sociales y comunidades autónomas porque el Gobierno de la nación considera la estrategia como un proyecto de toda la sociedad? ¿Han olvidado, señorías, la invitación que les hizo el ministro de Medio Ambiente en la Comisión de Medio Ambiente para incorporar sus sin duda valiosas aportaciones que hasta este momento no se han producido? ¿Qué seguimiento tiene que hacer esta comisión de seguimiento de una estrategia que todavía no existe? Señorías, por favor, sean un poco más rigurosos en sus propuestas.


En el punto dos solicitan que se apruebe con carácter inmediato un proyecto de ley para dar cumplimiento a la directiva relativa al vertido de residuos. Señorías, el Boletín Oficial del Estado de 29 de enero de 2002 publica el real decreto que incorpora al derecho interno la citada directiva, y ustedes no se han enterado. No son rigurosos, no leen los papeles. Punto cinco. Remitir en el plazo de tres meses un plan nacional forestal. El documento para el debate del plan forestal español ha sido presentado ya al Consejo Nacional de Bosques, órgano consultivo y asesor en materia de montes y recursos forestales -usted seguramente no lo conocía-, y se ha abierto un plazo de alegaciones a este documento técnico que finalizará el 28 de febrero. ¿No le han informado que paralelamente se están acordando con las comunidades autónomas, con todas, incluidas las gobernadas por socialistas, convenios de colaboración para aplicar el plan forestal? ¿No les han informado a ustedes las comunidades autónomas en las que gobiernan? Punto ocho.
Solicitan elaborar y remitir con carácter inmediato una evaluación ambiental estratégica de las medidas contempladas en el Plan Hidrológico Nacional. Señorías, por favor, ya está hecha la evaluación ambiental estratégica y ya está enviada a la Comisión Europea, les guste o no les guste. No estaba exigido de manera legal; sin embargo, en un esfuerzo más, en la línea de garantizar la coherencia e integración ambiental del Plan Hidrológico Nacional, se ha convertido en objetivo prioritario del Gobierno. Por cierto, señorías, que esa evaluación ambiental estratégica ha permitido constatar la compatibilidad del Plan Hidrológico Nacional con la directiva de hábitat, la directiva de aves y la directiva marco de aguas. Se lo digo porque estaban muy preocupados y supongo que estarán contentos de saberlo. Estos puntos a los que me he referido, señorías, son lo suficientemente elocuentes para hacernos una idea de cómo es la moción que nos presentan.


El último punto, al que voy a referirme brevemente, solicita que se repruebe al ministro de Medio Ambiente por los graves errores cometidos en su gestión. Señorías socialistas, si los graves errores de gestión los han concentrado ustedes en estos doce puntos de la moción que hoy debatimos, ha quedado claro que lo que lo que ustedes definen como carencias son en realidad una muestra de la eficacia del Ministerio de Medio Ambiente, de la eficacia del ministro de Medio Ambiente. Todo lo que ustedes solicitan imperativamente, de manera inmediata, o está hecho, como he demostrado, o se está finalizando. El Grupo Popular considera que la gestión del ministro de Medio Ambiente es excelente. Le apoyamos plenamente, nos sentimos orgullosos de nuestro ministro y compartimos su criterio de apostar por el consenso y por el diálogo, aunque ustedes se nieguen a él. Señorías, no es, obviamente, la primera vez que en esta Cámara, desde que se reinstauró la democracia, se pide la reprobación de un ministro por parte de la oposición. Es una actitud legítima. Lo que les aseguro, señorías socialistas, es que esta es la vez en que se utiliza esta grave y seria petición parlamentaria con mayor frivolidad y falta de rigor. Este es el Parlamento de la nación, donde se residencia la soberanía nacional.


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La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, su tiempo ha concluido.


La señora DE LARA CARBÓ: Termino, señoría.


La señora PRESIDENTA: Señora De Lara, muchas gracias. En las mociones el tiempo se termina de inmediato. (Aplausos.-Pausa.)

Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Socialista, sobre política general en materia de medio ambiente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 268; a favor, 105; en contra, 162; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO (SEÑOR PUIGCERCÓS), SOBRE LOS CRITERIOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORA DEL EQUILIBRIO ECONÓMICO TERRITORIAL.
(Número de expediente 173/000104.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, señor Puigcercós, sobre los criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial.


Para la presentación y defensa de la misma tiene la palabra el señor Puigcercós. (Rumores.)

Señorías, ruego guarden silencio y ocupen sus escaños.


Adelante, señor Puircercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, Samuel Langhorne Clemens, también conocido como Mark Twain, autor, entre otras novelas, cuentos o ensayos, de Las Aventuras de Tom Sawyer o de Huckleberry Finn, en uno de sus artículos periodísticos de réplica a alguna críticas literarias injustas y podríamos incluso calificar de atrabiliarias, afirmó algo parecido a...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Puigcercós, por favor. (Pausa.)

El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Mark Twain, en una réplica a una crítica literaria injusta y atrabiliaria, decía algo parecido a: Que yo sea paranoico no quiere decir que no vayan a por mí. Esta es una sensación que, en lo que podríamos llamar, despectivamente o no, periferia del Estado es creciente. (El señor vicepresidente, Camps Ortiz, ocupa la presidencia.)

En la interpelación del pasado mes de diciembre fijé los elementos objetivos donde se detallaban los excesos de centralización y concentración territorial de las decisiones económicas. En los últimos diez años ha habido una gran modificación de la geografía del poder económico, una redistribución del poder económico en beneficio de Madrid, del centro, contra lo que se podría decir la periferia, Barcelona, Bilbao o Sevilla, estableciendo las bases de un nuevo modelo de crecimiento económico a partir del cual el centro concentra las decisiones económicas estratégicas y de servicios de alto valor añadido; por el contrario, en la periferia continuarían localizadas las fábricas, con sus problemas ambientales, sus bajos sueldos o el poco valor añadido en investigación y desarrollo. Las consecuencias que este proceso comporta no sólo son económicas, son también de índole política, social y cultural.


Como decía el economista, el catedrático de política económica de la Universidad de Barcelona Antón Costas, las causas de esta concentración las podríamos resumir en cinco puntos. En primer lugar, desplazamiento de algunas empresas regionales importantes hacia el centro. Es el caso de la Compañía Eléctrica Sevillana o Fecsa-Enher, en Cataluña, con la absorción por parte de Endesa hacia Madrid o, por ejemplo, la desaparición de Catalana de Gas, en el caso de Cataluña, a partir de la creación de Gas Natural y la absorción o abducción, en términos alienígenas, por parte de Repsol. En segundo lugar, la localización en Madrid, en la práctica, de todas las empresas surgidas del proceso de privatización, sobre todo de telecomunicaciones. En tercer lugar, la ubicación de todas las agencias reguladoras en la capital del Estado. En cuarto lugar, todos los puntos anteriores conllevan la tendencia a que las grandes consultoras, los grandes despachos profesionales y las empresas de publicidad también trasladen sus centros de decisión a la capital del Estado. En quinto lugar, un diseño radial de las grandes infraestructuras, un megaaeropuerto en Madrid, ferias en Madrid. En Cataluña está teniendo lugar la polémica sobre el plan de la moda que ha diseñado la Secretaría de Estado de Comercio para llevarse a Madrid lo que hasta ahora era el punto de la moda en el Estado español, la Pasarela Gaudí. En conclusión, todo lo que funciona bien de la periferia se lo llevan al centro. Además, no hay que confundir nunca la concentración empresarial que se puede producir en la periferia con la centralización del poder económico, porque es posible privatizar evitando la centralización. Un ejemplo claro es el de la SEAT, lo dice Antón Costas. Cuando el grupo alemán Volkswagen compró la empresa, trasladó la central de Madrid a Barcelona. El Gobierno español y los grupos privatizados españoles han hecho todo lo contrario.


Decía el ministro Rato en la sustanciación de la interpelación, en una buena muestra de reducción a lo

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absurdo, que este diputado pretendía descentralizar los ministerios. No estamos hablando de eso. Hablamos de organismos reguladores, hablamos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, hablamos del Consejo Nacional de la Energía o de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, que, repetimos, en países como la República Federal Alemana o en Italia están absolutamente descentralizados. Si no, ¿cómo se explican que las diferentes agencias reguladoras comunitarias no tengan la sede en Bruselas? Es normal, la Unión Europea ha hecho un proceso de descentralización de las agencias europeas.


Crece la sensación, sobre todo en la periferia, de que Madrid es una especie de corte de negocios y que la frase Te vemos poco por Madrid puede significar la pérdida de adjudicaciones, concesiones, contratos públicos o cambios legislativos favorables a una empresa. Muchas decisiones empresariales económicas importantes dependen más del amiguismo y de la discrecionalidad política que de los mecanismos de la libre competencia. Todo ello conlleva una pérdida clara de dinamismo de la economía española en su conjunto, porque, como diría el catedrático de derecho administrativo de la Universidad Autónoma de Barcelona, Manuel Ballvé, lo que hace falta es un Estado competitivo. Las partes compiten entre sí en beneficio del conjunto. Lo contrario a esto es la megalópolis más típica del modelo de desarrollo latinoamericano que basa su modelo en la macrocefalia.


El Grupo Mixto, Esquerra Republicana de Catalunya, hemos presentado una moción con cinco puntos. Consideramos importante no sólo la descentralización de los órganos reguladores sino una concepción no radial -Madrid no es el kilómetro cero, es la comprensión de la economía como kilómetro cero-, una concepción en red, una concepción que apoye la multipolaridad en el Estado. Los órganos de decisión tienen que estar descentralizados. En esta línea consideramos básico que los agentes reguladores se descentralicen, que haya una recomposición de lo que podría ser el proceso de privatización de las empresas públicas y que haya, en definitiva, un sentido plural del Estado y un sentido de un Estado complejo. También creemos que, mientras sea el Gobierno el que designe la composición de los órganos reguladores, las comunidades autónomas tengan un puesto y tengan capacidad de decisión en estos órganos.


Por todo esto presentamos esta moción, que, repito, no tiene un sentido disgregador sino sencillamente un espíritu regeneracionista. No podemos tener un modelo de crecimiento centralizado, de concentración. Es un modelo superado en la actual Unión Europea y mencionaba el ejemplo de la República Federal Alemana. Incluso países que están en pleno proceso de descentralización, como Italia, abogan por este proceso. El órgano regulador de las telecomunicaciones en Italia está en Nápoles y el órgano regulador en materia de electricidad en Italia está en Milán. Este es, en definitiva, un modelo que avanza en ese sentido. Y esta es la Europa que viene. La Europa que viene no es amiga de concentrar todo el poder en Bruselas. La Europa que viene, que en definitiva ya es una realidad, es amiga de la distribución. No todas las agencias europeas están en Bruselas, se redistribuyen en el territorio. Y esto sería lo lógico que un Estado complejo, un Estado en definitiva plural, tendría que llevar a cabo.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras diputadas y señores diputados.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Puigcercós.


Para la defensa de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Señor presidente, señores diputados, yo no puedo por menos que compartir gran parte de las argumentaciones del diputado Puigcercós porque ha citado, y no en vano, a Antón Costas, que, aparte de catedrático, es mi director de grupo de investigación en la Universidad de Barcelona. Y no voy a cometer el pecado de desobediencia.


Hay un elemento básico que ha comentado el señor Puigcercós y es que la creciente ampliación de mercados por la integración europea y la globalización han inducido procesos de fuerte concentración del poder económico. La concentración del poder económico, que también tiene elementos de enclave territorial, es un elemento de preocupación para todos aquellos que pensamos que los desequilibrios son perjudiciales y los desequilibrios de poder económico matan. En este contexto, la capital de España, Madrid, se ha situado en una posición preferente para constituirse en la capital del mundo latinoamericano y esta es una oportunidad que España debe aprovechar. España debe ejercer la capitalidad del espacio iberoamericano y Madrid, como centro financiero, como capital política, es la ciudad destinada a ejercer ese papel. Desde luego, mucho mejor Madrid que Miami. Pero la política española creo que cometería un error si pensara que las posibilidades de España se agotan ahí. Las posibilidades de España van mucho más lejos. Las posibilidades de España están en la senda de esos países, como Alemania, como Italia, como otros países desarrollados, que han optado por aprovechar su compleja trama de ciudades, por jugar y aprovechar las sinergias entre ellas y establecer un modelo organizado de forma compleja pero efectiva para que España y todos sus territorios estén enclavados en el espacio europeo y en el espacio internacional. Para eso es preferible una política de infraestructuras que no sea estrictamente radial, que combine elementos de radialidad con elementos de transversalidad, y para eso es preferible una distribución en sentido territorial de los centros de poder económico o de supervisión de mercados porque eso permite

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aprovechar mucho mejor las potencialidades de España.


Ese es el sentido de la moción que presenta Esquerra Republicana de Catalunya.


Hemos presentado una serie de enmiendas, algunas porque nos parecía que lo que quería expresar la moción podía hacerse en tonos más positivos, otras más de fondo, pero voy a centrarme en particular en una. Nosotros hemos propuesto suprimir que se establezca representación de las comunidades autónomas en organismos como la Comisión del Mercado de Telecomunicaciones, la Comisión de la Energía, la Comisión Nacional del Mercado de Valores, etcétera ¿Por qué proponemos suprimir la representación de las comunidades autónomas? Porque nuestro modelo de organismos supervisores de mercados y promotores de la competencia es un modelo de organismos independientes del Poder Ejecutivo ¿De uno? No, de todos, del Poder Ejecutivo central y de los poderes ejecutivos autonómicos. Por eso hemos propuesto suprimir esa institución de una representación adicional de órganos ejecutivos. Creemos -lo hemos defendido en otras ocasiones- que son los parlamentos los que deben jugar un papel determinante en la elección de los presidentes de estos organismos y que los presidentes de estos organismos deben tener más margen de actuación para la designación de consejeros, etcétera. Ahí, en el juego Congreso-Senado, se puede dar salida a la pretensión que exponía el diputado Puigcercós.


Voy acabando. El diputado Puigcercós dijo hace unos meses desde esta tribuna: Hago el discurso más duro en este Parlamento que en el de Cataluña. Eso seguro porque aquí no vamos a gobernar ni aspiramos a ello, pero en Cataluña sí y pronto va a suceder. Con las enmiendas que hemos planteado, algunas de música -la música y los tonos son importantes-, quiero felicitar al señor Puigcercós porque la moción hoy es de un partido que aspira a gobernar. Si conseguimos llegar a una salida positiva con nuestras enmiendas, será positivo para todos.


Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Bel.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Sí, señor presidente.


Señorías, de manera muy breve.


Desde mi grupo parlamentario, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, queremos saludar la moción del señor Puigcercós porque tiene bastante que ver con el debate consecuencia de la interpelación que vamos a ver luego sobre los procesos de involución autonómica. Nada es casual, un determinado modelo de apuesta autonómica condiciona una determinada situación económica y, al mismo tiempo, la situación económica va condicionando el modelo autonómico, es algo así como la pescadilla que se muerde la cola; sin caer, señorías, en un economicismo de abecedario simplón del marxismo, es aquello de las infraestructuras condicionando las estructuras y las superestructuras.


Como decía, quiero saludar la moción. Creo que es una apuesta moderna por un desarrollo multipolar, por una estructura multipolar del Estado español con una serie de subsedes. Por eso queremos recalcar los tres grandes grupos en los que la moción se asienta. Por un lado, el proceso de privatización de muchos entes públicos -a algo se refería anteriormente el portavoz socialista- ha llevado a que una serie de sedes o subsedes que habían realizado anteriores administraciones dentro del Estado español, se concentran ahora fundamentalmente sobre la capital del reino. En cuanto a la segunda cuestión dentro de este primer bloque, indiscutiblemente también quiero aplaudir y respaldar todo lo que significa una distribución más equilibrada de los gastos públicos, las inversiones públicas en temas de investigación.


En cuanto al segundo bloque, no tendría por qué haber contradicción -y coincido con alguna enmienda del Partido Socialista- en el hecho de plantear la descentralización de muchas de las agencias que hay en este momento en funcionamiento, tanto de la Comisión del Mercado de Valores, de las telecomunicaciones, de la energía o de la protección de datos, con el planteamiento de que haya una presencia de las comunidades autónomas.
Yo no creo que esté contra el espíritu de la enmienda del señor Puigcercós que la presidencia de la mayoría de estas agencias sea a propuesta de este Parlamento.


Por último, suscribo todo el bloque de una apuesta por un desarrollo de infraestructuras, de comunicaciones, totalmente alejado del modelo radial. Uno recuerda cómo todavía en los primeros libros que aparecieron sobre la estructura económica española en la transición democrática se criticaba de manera muy dura la estructura radial de carreteras y se decía que qué se iba a hacer, que era una herencia del XIX. Parece que alguna fuerza política sigue anclada en el siglo XIX cuando intenta imponer esa misma estructura radial al sistema del ferrocarril. Por tanto, reconociendo lo que tenga de interesante parte de esa estructura radial, la misma producirá un mayor desequilibrio a favor de determinadas zonas y en detrimento de la inmensa mayoría de lo que hubiera podido haber sido una comunicación mucho más transversal, mucho más equilibrada.


No obstante, espero de la moción del señor Puigcercós que no haya ese sentimiento que se está apropiando de muchos medios en Barcelona con respecto a Madrid. Es evidente que hubo momentos en que Barcelona parecía que iba a adelantar a Madrid en muchas cuestiones, es también evidente que ha habido determinadas decisiones políticas a favor de Madrid que pueden

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ayudar a esa centralidad de Madrid sobre Barcelona, pero tampoco debe olvidar el señor Puigcercós que, en tema de puertos, de costes, de tratamiento y de gestión de las ferias ha habido también -y eso no quita ni un ápice de interés a su moción- mucha dejación por algunos niveles institucionales y económicos de Barcelona y de Cataluña.


Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Gracias, señor Rejón.


Señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Gracias, señor presidente.


Señoras y señores diputados, el Grupo Catalán de Convergència i Unió va a votar favorablemente la moción presentada por el Grupo de Esquerra Republicana de Cataluña, sobre los criterios para el mantenimiento de mejora del equilibrio económico y territorial, ya que los puntos básicos que plantea dicha moción forman parte de una serie de objetivos que desde Convergència i Unió hemos venido planteando y defendiendo en el Congreso de los Diputados a través de muchas iniciativas parlamentarias desde hace muchos años, concretamente desde hace muchas legislaturas, en la dirección que usted plantea en dicha moción de territorializar las inversiones en infraestructuras, evitando la centralización de las mismas y buscando siempre complicidades con todas las administraciones, la Administración central, la Administración autonómica y las administraciones locales.


¿Cómo no íbamos a votar favorablemente esta moción que contiene aspectos programáticos de Convergència i Unió defendidos en el seno de esta Cámara, algunos de los más importantes, como el de potenciar una estructura multipolar del Estado para que se organice pluralmente, tanto desde el ámbito económico, como desde el ámbito social? También contiene aspectos como que se territorialicen, sobre la base de una distribución más equilibrada y más justa, las inversiones de los centros públicos en investigación, en desarrollo y en innovación. En cuanto a este aspecto, me permitiría decirles, señorías, que nosotros hemos sido pioneros ya desde la época de la mayoría absoluta del Partido Socialista. También propone que se descentralicen las futuras agencias reguladoras, así como algunas de las ya existentes. En este aspecto me gustaría recordar a SS.SS. que desde Convergència i Unió ya hemos incorporado algunas iniciativas parlamentarias en el sentido de descentralizar algunas de las existentes como podría ser la Agencia de Telecomunicaciones, así como también que, en el caso de que se creen nuevas agencias reguladoras, puedan ir a las diferentes comunidades autónomas. Concretamente pedimos para Cataluña la nueva Agencia de la Televisión Europea, así como también el Banco Mediterráneo, o la Agencia Alimentaria. Todas estas iniciativas han sido planteadas desde diferentes iniciativas a través de nuestro Grupo Parlamentario de Convergencia i Unió. También propone que se pueda potenciar una ordenación del transporte aéreo no consolidando un único macroaeropuerto sino, por el contrario, como sucede en muchos países de la Unión Europea -y tenemos ejemplos muy significativos como Frankfurt, Milán, Marsella, Lyon o Hamburgo-, potenciando los aeropuertos regionales, pues creemos que también es una vía válida para España, como que se tenga en cuenta un diseño de nuevas infraestructuras y transportes, así como también un criterio de racionalidad que permita conectar de forma directa los diferentes polos de mercados interiores entre sí y también, cómo no, con los mercados europeos.


Este planteamiento lo hemos venido haciendo durante muchísimos años desde Convergència i Unió, pero no desde un enfrentamiento entre Cataluña y Madrid, sino buscando otro planteamiento que creemos que es bueno para España, como el de potenciar al resto de comunidades autónomas, por ejemplo las mediterráneas, frente a Europa o frente a otros países internacionales. Desde esta perspectiva, señoras y señores diputados, nosotros vamos a votar favorablemente estas iniciativas y propuestas presentadas por Esquerra Republicana de Catalunya.


No me gustaría acabar la intervención sin manifestar que, a pesar de nuestro voto favorable a este planteamiento de Esquerra Republicana, nosotros siempre mantenemos y decimos que Cataluña va bien, que la economía catalana va bien; ahí están los datos más significativos planteados y especificados en muchos medios de comunicación. En este sentido, si es válido que España va bien, no es menos cierto que Cataluña también va bien, pero también me gustaría añadir que si Cataluña va bien, España puede ir mucho mejor. Por este motivo, desde Convergència i Unió creemos necesaria una potenciación, una colaboración leal y una coordinación entre las diferentes administraciones con competencia en infraestructuras, así como también en el diseño de todos aquellos aspectos relacionados con las políticas de transporte, comunicaciones e investigación, al mismo tiempo que reclamamos más sensibilidad en la ubicación de los organismos reguladores. Es en este aspecto en el que, si no existen modificaciones al respecto, votaríamos favorablemente la moción presentada por Esquerra Republicana de Cataluña.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Me quiero referir a una enmienda que han presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): Tiene 20 segundos.


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El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Me gustaría que el señor Puigcercós me aclarara si se van a establecer diferencias sustanciales en la moción que ha presentado ya que me ha entregado una enmienda presentada por el Partido Socialista y veo alguna modificación sustancial que quizá descafeine un poco la iniciativa presentada por S.S.


Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Camps Ortiz): El señor Puigcercós, como decía el señor Sánchez i Llibre, tendrá luego un turno para explicar cuál es el alcance de las enmiendas que acepta.


Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.


Señorías, yo no sé si el señor Puigcercós tiene vocación de gobernar -en España no, quizá en Cataluña sí-, tampoco sé si esa vocación de gobernar le lleva a tener un compromiso con el Partido Socialista de manera permanente porque creo que solo no puede, pero lo que sí le digo es que niego la mayor. No se está produciendo en España, como usted reconoce en la exposición de motivos, un avance en desequilibrios regionales sino todo lo contrario, se está produciendo un avance en la cohesión social.
Usted mismo dice en la exposición de motivos, señor Puigcercós: No me hablan de índices porque lo que está claro es que, a lo mejor, los índices sí indican que hay cohesión en España; de lo que hay que hablar es de la percepción que yo tengo, y la percepción que yo tengo es que se está produciendo un desequilibrio.


Como usted comprenderá, yo no puedo discutir sobre sus percepciones, pero es evidente que todos los índices indican que se está produciendo un avance en la cohesión en España, derivado fundamentalmente del desarrollo del Estado de las autonomías. Señor Puigcercós, yo comprendo que usted esté enamorado del modelo italiano, pero es que en España hemos ido mucho más allá, no es que hayamos descentralizado organismos llevándolos a puntos exteriores de la capital, es que en España hemos dado poder político a las comunidades autónomas, que es mucho más; no es que en España hayamos puesto el Tribunal de Defensa de la Competencia en otro punto, sino que hemos dado competencias a las comunidades autónomas en esta materia y ellas, como muy bien sabe el señor Bel, podrán crear sus propios tribunales de Defensa de la Competencia; no es que hayamos puesto el organismo central del Insalud en otro punto, sino que las competencias en materia de salud pública, de sanidad, están ya residiendo en las comunidades autónomas. De hecho, casi el 60 por ciento del gasto está ya transferido y las decisiones en materia de gasto de sanidad, educación, etcétera, se toman en las comunidades autónomas. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

Lo que sí es verdad es que en este Parlamento hay que hacer alguna vez un análisis y una reflexión sobre cómo usan las competencias distintas comunidades autónomas, y también hay que examinar el comportamiento; si no, puede ser falaz el análisis de los desarrollos regionales (Rumores.), porque las comunidades autónomas tienen competencia para incentivar el desarrollo económico. Sin embargo, cuando se pone una ecotasa en Baleares, que es un impuesto a la pernoctación hotelera, lo que se está haciendo es incidir en un negativo desarrollo para esa comunidad; cuando se pone un impuesto al ahorro en Extremadura, se está incidiendo negativamente en el desarrollo de esa comunidad (Rumores.). Cuando no se hacen las políticas correctamente es cuando se incide negativamente.


Señorías, en España en estos años se ha producido un proceso de descentralización muy importante, que está llevando a que las comunidades autónomas crezcan, se desarrollen y además se haga ese proceso de una manera cohesionada, y los índices son claros. Yo les animo, señorías, a darse un paseo por algunas otras comunidades autónomas que están desarrollando sus competencias con eficacia y verán que se está produciendo un desarrollo importante, que se están construyendo focos de desarrollo económico muy importantes.


Desde el Gobierno de España, se está trabajando intensamente para que las infraestructuras lleguen a todas partes de España, y de ahí la importancia del desarrollo del Arco Mediterráneo, del Eje Atlántico, de la Cornisa Cantábrica, etcétera. Se puede decir aquí lo que se quiera, pero es claro que el modelo de autonomías de la Constitución ha ayudado al desarrollo y es el Gobierno del Partido Popular el que lo ha desarrollado en los últimos años con mayor profundidad.


Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Puigcercós, en turno de aceptación o rechazo de la enmienda presentada.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, es para proponer una transaccional a la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós. Por cuanto el texto de la transaccional se ha hecho llegar a la Mesa, se procede a su lectura por parte del secretario primero de la Cámara.


El señor SECRETARIO (Oliart i Pons): Enmienda transaccional entre el Grupo Parlamentario Mixto, Esquerra Republicana de Cataluña, y Grupo Socialista.


El Congreso de los Diputados insta al Gobierno a adoptar las medidas necesarias para que:

a) Las políticas estatales compensen los posibles efectos desequilibradores desde el punto de vista territorial de la integración europea, el proceso de privatización

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de empresas públicas y de la globalización de los mercados.


b) Se creen los cambios reglamentarios y legislativos necesarios y se emprendan las negociaciones pertinentes para que grupos privados, antaño públicos y recientemente privatizados, mantengan un equilibrio interterritorial en sus inversiones en I+D y en sus mecanismos de toma de decisiones, garantizando así la permanencia y, si hace falta, el reforzamiento de subsedes regionales de estas empresas o de otras absorbidas por estas.


c) Se descentralicen las nuevas agencias reguladoras con el objeto de mejorar su independencia y su eficacia y se lleven a cabo los estudios pertinentes para la posible descentralización de las ya existentes.


d) Se facilite una distribución más equilibrada territorialmente del gasto de los centros públicos en Investigación y Desarrollo, ya que no existen razones científicas y económicas que justifiquen la actual centralización en este ámbito.


e) El diseño de las nuevas redes de infraestructuras de transportes y comunicaciones responda a un criterio de cuadrícula y de capiralidad que permita que los diferentes polos y mercados interiores estén conectados entre sí y también con los mercados europeos. Para ello será necesario que se adapte la legislación vigente en estas materias y que todos los poderes públicos incentiven la colaboración leal y la coordinación entre las diferentes administraciones con competencia en infraestructuras.


f) La ordenación del transporte aéreo no se oriente hacia la consolidación de un único macroaeropuerto, ya que ello sería ineficaz, tanto económica como socialmente. Asimismo, la gestión de los diferentes medios de transporte, por carretera, ferrocarril, aéreo y marítimo, se coordinará con el objetivo de conseguir su competitividad internacional.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Oliart.


Entiendo, señor Puigcercós, que este texto transaccional que propone a la Cámara cuenta con la aceptación del Grupo Parlamentario Socialista, que le obligaría a retirar su enmienda.


El señor BEL I QUERALT: Sí cuenta, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Bel. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

¿A qué efectos, señor Sánchez i Llibre?

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Solamente a los efectos de una pequeña aclaración antes de proceder a la votación.


Nuestro grupo le quisiera preguntar al señor Puigcercós si en la transaccional que ha leído el secretario de la Mesa está incluida la totalidad del punto g) original de la moción presentada por Esquerra Republicana. Si no está incluido es una moción muy descafeinada y no lo entendemos.


Muchas gracias, señora presidenta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


Señor Puigcercos. (Rumores.) Señorías, guarden silencio.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Señora presidenta, yo creo que el punto g) nunca puede ser descafeinado, pero eso es otra cuestión.
(Risas.-Aplausos.) Como he dicho en la exposición de la moción, nosotros somos partidarios de que los órganos reguladores sean escogidos por este Congreso y por el Senado. En función de esta lógica y de acuerdo con el Grupo Socialista nos reafirmamos en lo dicho y el punto g) no está.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercos.


Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los criterios para el mantenimiento y mejora del equilibrio económico territorial, en los términos de la enmienda transaccional que ha sido leída por el secretario primero de la Mesa.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 255; a favor, 107; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- DEL GRUPO PARLAMENTARIO FEDERAL DE IZQUIERDA UNIDA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO ESTÁ IMPULSANDO UN PROCESO DE INVOLUCIÓN AUTONÓMICA CONTRARIO AL MODELO DE ESTADO CONTENIDO EN LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA. (Número de expediente 173/000105.)

La señora PRESIDENTA: Moción consecuencia de interpelación urgente del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en la Constitución Española.


Para la presentación y defensa de la iniciativa, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, una vieja frase de Hegel decía aquello de que la Historia se repite. A ello, un joven Marx le dijo: Sí, pero la primera

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vez como tragedia y la segunda como comedia. Señorías, hubo un momento en la historia política y económica del mundo occidental, la conformación de las monarquías autoritarias, en que los nacientes reyes o las nacientes reinas que intentaban conformar su autoridad se encontraban con el pulso que le echaban los señores feudales representantes del poder territorial.
Para intentar romper ese pressing, buscaron un apoyo, una especie de contrapeso, en aquellos burgos, en aquellas burguesías nacientes que estaban surgiendo y que fueron el principio de los municipios europeos.
De esta forma, apoyándose en los municipios, se consiguió romper el poder de los territorios. Unos cuantos años después, a la vista de las propuestas supuestamente novedosas del último congreso del partido que soporta al Gobierno, parece que estamos intentando repetir la historia, pero no como tragedia sino como comedia, en un supuesto intento de romper el poder de los territorios acumulado en las comunidades autónomas, salvando las diferencias con los poderes feudales medievales, apoyándose en los municipios o diciendo que es la hora de los municipios. Señorías, como decía el joven Marx, indiscutiblemente la Historia se repite, la primera como tragedia y la segunda como comedia.


Señorías, uno se preguntaba cómo era posible que un partido con cinco años ya de experiencia de Gobierno pudiera plantear algo de tan poca consistencia política. Basta una ojeada -con hache y sin hache- a los documentos aprobados en el último congreso del partido que soporta al Gobierno, para entender el porqué de esta salida de pata de cabra producto de una contradicción no suficientemente asumida ni superada.El partido del Gobierno y el propio Gobierno no han sabido resolver la contradicción entre la realidad de la política española, el papel que intentan dar a los tres niveles del Estado -central, autonómico y local- y el momento que vivimos de presidencia de la Unión Europea bajo el eslogan Más Europa. Por otra lado, está la contradicción entre eso y la concepción que de siempre ha tenido el Partido Popular de reforzar el papel del Estado. Claro, más Europa y más Estado era bastante difícil porque, al fin y al cabo, como en aquella vieja película de Chaplin, La quimera del oro, la manta o tapa los pies o tapa el bigote; no puede tapar a la vez los pies y el bigote del actor porque es escasa.Decía, señorías, que bastaba con una lectura de los documentos aprobados. Frente al eslogan de Más Europa del señor Aznar, se lee en uno de los documentos -el Estado del siglo XXI, las nuevas responsabilidades-: Sabemos que la Unión Europea tampoco es un Estado, ni debe aspirar a serlo; es decir, no tiene la legitimidad suficiente para imponer decisiones. La legitimidad de la Unión Europea reside en su funcionalidad. Más adelante dice: Las sucesivas cesiones de soberanía por parte de los Estados en los ámbitos económico, judicial y de política exterior no nos deben hacer olvidar que el monopolio de la violencia legítima y la verdadera política exterior es ejercida por los Estados. Parece ser que la función del Estado para el Partido Popular es sólo, curiosamente, el monopolio de la violencia legítima y la verdadera política exterior. Yo haría aquí un paréntesis desgraciado para decirle que en el mundo en que vivimos habría que hablar en todo caso del oligopolio de la violencia que está ejerciendo Estados Unidos, en el cual nosotros somos unos meros mindundis, y del nivel de violencia más cercano al ciudadano que desgraciadamente se ejerce por bandas terroristas, por un lado, y por algún que otro gorila dependiente de organizaciones mafiosas, por otro. Poco le queda al Estado español de eso que llaman el monopolio de la violencia legítima.


Sigo leyendo. Dice: La Unión Europea no se fundamenta en una constitución formal -eso lo sabemos-... Todo ello viene a decir que no nos creamos esto de la Unión Europea, que es una especie de eslogan. Como el papel es muy sufrido y tenían que salvar esa contradicción han llegado a una especie de clímax -antes se hablaba del punto G- político que a mí me llama la atención y que debería tener un frontispicio mejor dentro de los arrebatos místicos en política. Para el Partido Popular -dice- es verdad que la descentralización política española se está haciendo en este momento paralelamente a la integración europea, pero dice: No se preocupen ustedes que a pesar de eso los Estados no están perdiendo fuerza porque la integración europea en buena medida ha servido para reforzar los Estados al haber ofrecido un renovado y atractivo proyecto nacional, el de la construcción europea, es decir, la cuadratura del círculo, señorías. Es por eso, por lo que ustedes no han sabido resolver a tiempo esa cuadratura del círculo y entender que en el momento del adelgazamiento de las funciones de la Administración central hay mayor asunción de poderes por la Unión Europea. A nosotros nos hubiera gustado que temas como política exterior, defensa, seguridad y distintos ámbitos de mayor competencia y de control de los presupuestos estuvieran en Europa, pero no van por ahí sus propuestas. Como ustedes no han entendido, digo, que ese adelgazamiento les lleva al mismo tiempo al reconocimiento de una mayor debilidad del Estado-nación modelo del siglo XIX, ustedes sin embargo lo que plantean es que lo que me quite Europa...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón, su tiempo ha concluido.
Las mociones, señor Rejón, usted sabe que se atienen estrictamente al tiempo, por acuerdo de los grupos.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Martínez Sanjuán.


El señor MARTÍNEZ SANJUÁN: Muchas gracias, señora presidenta.


Muy brevemente, voy a defender la enmienda que ha presentado mi grupo parlamentario al texto de la

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moción del Grupo Federal de Izquierda Unida. Es una enmienda de sustitución, señora presidenta, señores diputados, que respeta en esencia las ideas básicas que el Grupo Federal defendió hace un mes y pico en la interpelación y que hoy en líneas fundamentales ha defendido en la moción. Hemos pretendido hacer un texto que, respetando esta línea básica de denuncia, de reclamar el diálogo y reclamar un acuerdo y una política que reconduzca la situación autonómica, sea más acorde con la situación actual; una situación actual que realmente no nos gusta, se diga lo que se diga. Me contestará el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que estamos equivocados, como lo dice siempre, que no hay una involución autonómica y que no hay una política que respira en un sentido muy distinto al que demandan las comunidades autónomas españolas, las de un color político y las de otro, las que llegaron al Estatuto de autonomía por una vía o por otra distinta. El Partido Popular seguramente -y lo dice casi siempre- adjunta en su repertorio de argumentos el salto cuantitativo que se ha producido en los últimos años en materia de transferencias de servicios a las comunidades autónomas y de la evolución del número de empleados públicos que han sido transferidos a las comunidades autónomas y confunde cantidad con calidad y con cualidad. El Estado autonómico no sólo se construye, señor Merino -me contestará posiblemente usted-, en función del número de competencias que han sido transferidas, sino de un espíritu, de una política de colaboración entre el Estado y la constitución de las comunidades autónomas. Esto es algo, señora presidenta, señoras y señores diputados, que vemos que no avanza en el sentido correcto en función de las actuaciones que conocemos en política autonómica en los últimos años, pero que nos preocupa más sobre todo en esa especie de cóctel molotov que se produce con la aprobación de la ponencia del patriotismo constitucional con la España o el Estado en el siglo XXI. Tengo la sensación -muchos españoles también la tienen- de que el Partido Popular desde la mayoría absoluta entiende el Estado autonómico de una forma completamente distinta a como lo entendía en la anterior legislatura. No hay que olvidar que ese Partido Popular en el Gobierno en la anterior legislatura produjo transferencias en un momento determinado más allá de lo que era prácticamente el acuerdo institucional entre el Partido Socialista y el Partido Popular; llegó a acuerdos absolutamente razonables con comunidades autónomas, concretamente la vasca, que hoy prácticamente sataniza por intereses de carácter político y por otra serie de razones que no alcanzamos a entender.


Así que el Partido Popular llega a su máxima de acción o de inacción, porque no sé si es mejor su patriotismo constitucional de la ponencia o su pasotismo constitucional o institucional en la interpretación de cuál es su política autonómica a la luz del parón que se está produciendo en determinadas políticas; no sé cuál es mejor de las dos. No sé si es patriotismo constitucional, señores del Partido Popular, negarse a transferir competencias a comunidades autónomas porque no llegan a acuerdos desde una perspectiva política desde el Gobierno central cuando hay comunidades autónomas de otro color político que reclaman insistentemente políticas de empleo o transferencias en materia de justicia; cuando se imponen planes hidrológicos a comunidades autónomas caiga quien caiga; cuando se toman decisiones en materia de normas básicas que afectan a la estabilidad económica y política del país en materia de funcionarios y en materia de retribuciones. Recuerde, señor Merino, lo que nos dijeron los funcionarios, a usted y a mí, hace muy pocos días sobre quién tiene razón y quién está escuchando o no las razones de la sociedad. A veces ustedes, desde la mayoría absoluta, parece que tienen cera en los oídos, de verdad. Señores del Partido Popular, ustedes están en una política de involución, por eso no entienden esa política de afrontar la realidad constitucional, la realidad de las comunidades autónomas con valentía. Da la sensación, como decía Erich Fromm, de que tienen miedo a la libertad y todo lo que no sea responder a su forma de ser parece que lo arrojan a las oscuras cavernas desde una perspectiva de satanización de todos los que no piensen como ustedes. Nosotros pensamos de una forma distinta y la prueba está en que hemos presentado una enmienda que espero que les guste a ustedes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Para la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego presenta dos enmiendas de adición. Una de ellas va destinada a dejar bien remarcado la enumeración que se hace de fenómenos o de prácticas políticas involutivas en materia autonómica; una de ellas, muy importante, es la que se refiere a la materia educativa y cultural. Pretextando seguramente situaciones que son reales o problemas que son reales, sin embargo el objetivo del Partido Popular en materia educativa es recentralizar competencialmente aquellas facultades o aquel tipo de capacidad que hasta ahora tenían las comunidades autónomas como una materia exclusiva. Esta es una obsesión, igual que lo es en materia cultural, en materia de combate ideológico, de propaganda; no hay nada más que ver cómo se comportan algunos institutos de carácter cultural o incluso las proclamas de dirigentes muy significados del Gobierno.


Por otra parte, la otra enmienda de adición va destinada a dejar claro que el proceso de descentralización está totalmente paralizado desde la llegada al poder del Partido Popular, pero sobre todo con mayoría absoluta. No es que se esté solamente paralizando el proceso que

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había hasta el año 1996, sino que se está reorientando de tal forma que incluso materias de competencia autonómica se está dispuesto a entregarlas en una especie de descentralización administrativa a las entidades locales; por otra parte, se considera a las propias comunidades autónomas entidades o unidades de carácter administrativo sin valor político de ninguna clase. Es por eso que nuestra enmienda va destinada a dejar claro que hay una vía claramente política establecida por la Constitución española que es la transferencia de competencias estatales del artículo 150.2 por medio de ley orgánica a las comunidades autónomas.
Esto se hizo así en la anterior legislatura cuando no había mayoría absoluta del Partido Popular, lo cual indica hasta qué extremo es muy importante que los partidos de ámbito estatal no tengan mayorías absolutas en el Congreso de los Diputados y en el Senado de España.
Recordaré, por ejemplo, las transferencias en materia del INEM, de tráfico o de las facultades en los puertos de interés general. Esto se puede seguir haciendo, se debe seguir haciendo y en todo caso -acabo ya, señora presidenta- no es que el Partido Popular sacralice la Constitución española, es que hace una interpretación tan restrictiva y tan sumamente involutiva que estamos ante un verdadero peligro, y no cabe duda de que sería de desear que en el futuro tengamos un Gobierno sin mayoría absoluta para poder volver a crear una dialéctica positiva para todos.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, fijo efectivamente la posición de nuestro grupo parlamentario respecto de la moción que debatimos y lo hago en los siguientes términos.
En primer lugar, aunque resulte ocioso decirlo y más aquí en el Congreso de los Diputados, cada uno tiene su discurso y la democracia no es otra cosa que la feliz convivencia de la diversidad, por eso hablamos a menudo de pluralismo político. Pues bien, a pesar de que la moción, como se ha recordado, traiga causa de una interpelación de Izquierda Unida presentada y tramitada en el mes de diciembre, su actualidad es bien manifiesta.Nos hallamos, ciertamente, en una intranquilizadora etapa de involución autonómica que protagonizan el Gobierno y el partido que lo sustenta. No sabemos aún, como ocurrió en otros momentos, si el principal partido de la oposición, a pesar del discurso federalizante que nuevamente entona en estas últimas semanas, va a sumarse por la vía de entregar a los entes locales, pongamos por ejemplo, ámbitos competenciales que son propios de las comunidades autónomas y que lo son en función de la propia Constitución.


En segundo lugar, señora presidenta, señorías, quiero dejar constancia de que el modelo de Estado diseñado por la Constitución de 1978 trata de resolver de manera razonablemente equilibrada no pocos conflictos históricos que se han dado respecto del ser y de la realidad de España.
Nuestro grupo político en Cataluña ha venido siendo leal al modelo y al pacto político, a ambas cosas, que en su día sustentó. No todos pueden decir lo mismo, ciertamente. La desconfianza hacia el hecho autonómico y la desconfianza también hacia la realidad plurinacional de España se constata no sólo con discursos alejados de la voluntad constituyente, sino además con leyes y con actos de Gobierno que contradicen aquella voluntad constituyente; se reinterpreta a la baja el espíritu y la letra de la Constitución por algún temor, no sabemos a qué o por simple resquemor histórico.


En tercer lugar, señora presidenta, la autonomía de las nacionalidades y de las regiones hace que la gente, sobre todo la clase dirigente, ejerza la iniciativa. La autonomía no es sólo derivación de un modelo de Estado y de una cierta idea sobre una España plural y diversa, sino también instrumento al servicio de la responsabilidad. La autonomía anima a la gente a no esperar que las cosas les vengan dadas y a no esperar que todo lo haga alguien desde Madrid, sino a hacerlo ellos directamente en sus propios territorios, a solucionarlo ellos. Por tanto, las actitudes son otras, se prima así la imaginación, se prima así la creatividad, se favorece la capacidad de iniciativa y la competitividad en la gestión de lo público. Por eso, en cuarto lugar, señorías, no podemos compartir la filosofía según la cual es posible tener como socio a uno para desarrollar un modelo de Estado y a otro para desarrollar un modelo de sociedad. Esa actitud, que se ha dado históricamente y que como el cartero vuelve a llamar a la puerta, no es solamente frívola, sino que además es irresponsable, señorías. El modelo de Estado incorpora indisociablemente un modelo de sociedad. Lo importante es tener y mantener una sociedad libre, una sociedad democrática, una sociedad abierta, avanzada, que respete la potencialidad y la capacidad de iniciativa de los individuos y también de las colectividades, por tanto, de las comunidades autónomas en que libremente se agrupan. En una sociedad así, señorías, no cabe un Estado centralista, no cabe un Estado intervencionista, no cabe un Estado dirigista, no cabe un Estado desconfiado. En una sociedad como esta el hecho autonómico la blinda en su dinamismo interior y le favorece el ejercicio de la creatividad, de la libertad. Un socio para esto y un socio distinto para aquello sólo es garantía de desorientación interna de quien así lo propone.


En quinto lugar, señorías, cada uno es lo que es y resulta importante estar de acuerdo sobre todo con uno mismo. Nadie puede negar que en Cataluña Convergència

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i Unió ha sido y somos una fuerza -creemos- serena, constructiva, responsable, puesta al servicio del progreso social, económico, incluso espiritual del conjunto de la ciudadanía. Nadie puede imputarnos incoherencia ni incongruencia, todo lo contrario, por eso nos sentimos orgullosos. En ese sentido, al fin y al cabo, poner la marcha atrás, como se está poniendo, no puede ser otra cosa que sinónimo de temor y de debilidad no confesada.


Nada más, señora presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor López de Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Merino.


El señor MERINO LÓPEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Sean mis primeras palabras en nombre del Grupo Parlamentario Popular para agradecer sincera y enormemente al Grupo Parlamentario de Izquierda Unida la presentación de esta moción porque permite a este Grupo Parlamentario que apoya al Gobierno jugar en un terreno que es enormemente favorable.
Cómo no, en nombre de todo el grupo parlamentario quiero agradecerle, señor Rejón, que haya dedicado sus cinco minutos a leer las ponencias de nuestro congreso nacional, que le ilustrarán bastante y que vienen a demostrar que usted no ha sido capaz de sostener ni el discurso que hizo en la interpelación con el señor ministro ni lo que contenía la moción que usted ha presentado, porque es políticamente insostenible lo que usted planteaba en esa moción. Decir que el Gobierno de España está actuando con una actitud involucionista con respecto a las comunidades autónomas es no querer ver la realidad de España, no querer reconocer los hechos de este Gobierno y no querer enterarse absolutamente de nada de lo que está pasando en las comunidades autónomas de este país. Con el señor Rejón, que ha leído la ponencia y no voy a debatirla porque ya lo hicimos y la aprobamos todos en el congreso nacional, no puedo seguir, pero con el portavoz socialista uno no sale de su asombro, aunque me tiene permanentemente acostumbrado.


Señor Martínez, con una sola frase podría contestarle toda su intervención, y es la siguiente: Se firma porque creemos que lo que se nos presenta es bueno para los extremeños. Esto lo dice en el periódico de hoy el consejero de Economía de la Junta de Extremadura, que ayer fue la primera comunidad que firmó el Pacto de financiación autonómica. Usted tan tranquilo viene y nos dice que cuando las comunidades son de otro color político el Gobierno no las hace caso, las maltrata, las discrimina. Bueno, a usted le da igual... Yo comprendo que como hay 17 discursos no hay quien se entere con ustedes. (Aplausos.) Acuérdese que cuando tuvimos el debate les dije: Se equivocarán en el tema de la financiación autonómica y verán cómo sus comunidades aceptarán los modelos que está proponiendo el Gobierno. Cuando la Junta de Extremadura, gobernada por el Partido Socialista desde que comenzó, dice que el modelo de financiación autonómica es bueno para los extremeños, señor Martínez, ¿qué le está usted contando a los españoles en esta Cámara? ¿Qué les está contando a los españoles? ¿Que el Grupo Parlamentario Socialista no se entera de la realidad de España? ¿Que ustedes no son capaces de tener un discurso en las 17 comunidades? ¿Que ustedes no tienen discurso autonómico, que ustedes no tienen proyecto de España? ¿Eso es lo que usted le está diciendo a los españoles desde esta tribuna? Como nosotros hemos hecho más transferencias que nadie, ahora dice: No importa la cantidad, lo que importa es la calidad. Ustedes, en su última legislatura, la quinta, transfirieron 36.000 puestos de trabajo, que son pocos, pero de mucha calidad, por 250.000 millones. El Partido Popular en su primera legislatura, que fue la sexta, transfirió 190.000 funcionarios, de menos calidad según usted, pero por un importe de un billón de pesetas. Usted dice que no importa la cantidad sino la calidad.
Digo yo que dentro de los 192.000 habrá calidad. ¿O es que usted no sabe que los acuerdos de transferencias de competencias hay que hacerlos de acuerdo con las comunidades autónomas? ¿O es que me está diciendo usted que los presidentes de sus comunidades autónomas no saben firmar o están firmando cosas que no son de calidad para su comunidad autónoma? Eso es lo que usted tiene que explicar a los ciudadanos. Tiene que tener unos planteamientos políticos serios; si no tiene proyecto, dígalo, que nosotros le ayudamos a confeccionarlo y les pedimos que se unan al que tenemos. (Aplausos.)

Para terminar con el Grupo de Izquierda Unida, me gustaría saber qué entiende por involución. ¿Usted entiende por involución un Gobierno autonómico, del que usted forma parte -que nadie en España se entera de que ustedes forman parte-, en el que dicen que las prórrogas de convenio que se acuerdan por este Parlamento, que es la soberanía del Estado, no las va a cumplir? ¿Eso cómo lo llama Izquierda Unida? Es decir, un Gobierno autónomo del que ustedes forman parte dice que no lo cumplen, que la prórroga no va con ellos. Ustedes se quedan tan tranquilos y se está votando en este Parlamento. ¿Eso cómo lo califica usted, señor Rejón? ¿Qué calificativo da usted a una actitud de un Gobierno autónomo cuando realiza estas cosas? Mire, España hoy es el país más descentralizado del mundo. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Merino. Su tiempo ha concluido.


Señor Rejón, a los solos efectos de indicar la aceptación o rechazo de las dos enmiendas presentadas.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, quisiera responder a una pregunta del portavoz del Grupo Popular.


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La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, un momento. La pregunta debe entenderse en un sentido retórico y ni está obligado ni es el momento de responder a la pregunta. (Rumores.)

El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta...


La señora PRESIDENTA: Señor Rejón, un momento, por favor. En el debate de las mociones no hay réplicas ni dúplicas, por tanto, cualquier pregunta que haya podido quedar en el aire se queda sin respuesta en este turno.
Le ruego que de manera escueta indique si acepta o rechaza las enmiendas del Grupo Socialista y del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, usted dice que la pregunta ha sido retórica. ¿Puedo dar una respuesta retórica?

La señora PRESIDENTA: No, señor Rejón. (Risas.)

El señor REJÓN GIEB: Bien. Entonces, señora presidenta, aceptamos la enmienda del Grupo Socialista. En el punto 2 de la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista queremos añadir a partir del primer punto y aparte: Asimismo, se insta al Gobierno a que impulse un proceso de ampliación competencial de las comunidades autónomas a través de las leyes orgánicas de transferencias previstas en el artículo 150.2 de la vigente Constitución española.


Nada más, señora presidenta, y muchas gracias por su generosidad.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón. (Rumores.)

Sometemos a votación la moción consecuencia de interpelación urgente, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, sobre las razones por las que el Gobierno está impulsando un proceso de involución autonómica contrario al modelo de Estado contenido en la Constitución española, que se somete a votación en los términos derivados del propio debate y con la incorporación de las enmiendas aceptadas por el grupo proponente.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 237; a favor, 92; en contra, 145.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción de referencia.


Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las cuatro de la tarde.


Eran las once y veinticinco minutos de la noche.


Corrección de error.-En el "Diario de Sesiones" núm. 132, correspondiente a la sesión plenaria celebrada el jueves, 20 de diciembre de 2001, intervenciones de la señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), en la página 6678, primera columna, línea 32, se dice "controles, tanto con los parlamentarios como con los policiales", cuando debe decirse "con los judiciales". En la página 6688, primera columna, línea primera, se dice "el error estaba de su parte", en lugar de "el rol estaba de su parte".

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