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DS. Congreso de los Diputados, Pleno y Dip. Perm., núm. 193, de 03/10/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS
PLENO Y DIPUTACIÓN PERMANENTE

Año 2002 VII Legislatura Núm. 193
PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. D.ª LUISA FERNANDA RUDI ÚBEDA
Sesión plenaria núm. 186
celebrada el jueves, 3 de octubre de 2002


ORDEN DEL DÍA:

Enmiendas del Senado:

- Proposición de Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 223-1, de 25 de marzo de 2002. (Número de expediente 122/000199.) ... (Página 9562)

- Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 257-1, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 122/000227.) ... (Página 9562)

Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre Convenios Internacionales:

- Tratado entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la entrega judicial acelerada para delitos graves en un espacio común de justicia, hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2001 y Declaración que España desea formular. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 313, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000182.) ... (Página 9573)

Página 9556


- Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 314, de 7 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000183.) ... (Página 9573)

- Convenio de sede, privilegios e inmunidades entre España y la Organización Iberoamericana de Juventud, relativo al estatuto jurídico de la Organización en España, hecho en Madrid el 21 de febrero de 2002.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 319, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000184.) ... (Página 9573)

- Convenio de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en materia de patrimonio, hecho en París el 18 de abril de 2002. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 320, de 21 de junio de 2002.
(Número de expediente 110/000185.) ... (Página 9574)

- Canje de Notas, constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre supresión recíproca de visados. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 321, de 21 de junio de 2002.
(Número de expediente 110/000186.) ... (Página 9574)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de Misiones Diplomáticas y Oficinas Consulares, hecho en Madrid el 3 de abril de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 322, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000187.) ... (Página 9574)

- Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía relativo a la creación y funcionamiento de centros culturales, hecho en Ankara el 26 de abril de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 323, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000188.) ... (Página 9574)

- Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 25 de abril de 2002.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 324, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000189.) ... (Página 9574)

- Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 25 de abril de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 327, de 28 de junio de 2002. (Número de expediente 110/000190.) ... (Página 9574)

- Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Letonia y de la República Socialista Democrática de Sri Lanka al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 330, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 110/000191.) ... (Página 9575)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 331, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 110/000192.) ... (Página 9575)

- Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Nueva Zelanda, hecho en Madrid el 6 de mayo de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 332, de 19 de julio de 2002. (Número de expediente 110/000193.) ... (Página 9575)

- Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 11 de junio de 2002.
"BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 335, de 31 de julio de 2002. (Número de expediente 110/000194.) ... (Página 9575)

- Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971. "BOCG.
Sección Cortes Generales", serie A, número 337, de 20 de agosto de 2002.
(Número de expediente 110/000195.) ... (Página 9575)

Página 9557


- Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 20 de junio de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 338, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 110/000196.) ... (Página 9575)

- Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Eslovaca, hecho en Bratislava el 22 de mayo de 2002. "BOCG. Sección Cortes Generales", serie A, número 339, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 110/000197.) ... (Página 9576)

Dictámenes de Comisiones sobre iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las Leyes de los Impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 96-1, de 5 de junio de 2002. (Número de expediente 121/000096.) ... (Página 9576)

Votación de conjunto:

- Proposición de Ley Orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie B, número 257-1, de 21 de junio de 2002. (Número de expediente 122/000227.) ... (Página 9590)

Debate de totalidad de iniciativas legislativas:

- Proyecto de Ley Orgánica de calidad de la educación. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 104-1, de 31 de julio de 2002.
(Corrección de error en serie A, número 104-4, de 16 de septiembre de 2002). (Número de expediente 121/000104.) ... (Página 9593)

- Proyecto de Ley de Fundaciones. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 105-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000105.) ... (Página 9620)

- Avocación por el Pleno ... (Página 9632)

- Proyecto de Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 106-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000106.) ... (Página 9633)

- Avocación por el Pleno ... (Página 9645)

- Proyecto de Ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente. "BOCG. Congreso de los Diputados", serie A, número 107-1, de 20 de agosto de 2002. (Número de expediente 121/000107.) ... (Página 9645)

- Avocación por el Pleno ... (Página 9645)

Propuestas de creación de Subcomisiones:

- Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una Subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público. (Números de expediente 158/000046 y 158/000047.) ... (Página 9645)

Página 9558


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


Enmiendas del Senado (Página 9562)

Proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado (Página 9562)

Proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado (Página 9562)

En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Aymerich Cano, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; La señora Uría Etxebarría, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Silva Sánchez, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Barrero López, del Grupo Parlamentario Socialista, y Ollero Tassara, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, se aprueba por 288 votos a favor y seis abstenciones.


Sometidas a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, se aprueba por 283 votos a favor y nueve abstenciones.


Dictámenes de la Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales (Página 9573)

Tratado entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte relativo a la entrega judicial acelerada para delitos graves en un espacio común de justicia, hecho en Madrid el 23 de noviembre de 2001 y Declaración que España desea formular ... (Página 9573)

Sometido a votación se aprueba por 292 votos a favor y una abstención.


Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes, hecho en Estocolmo el 22 de mayo de 2001 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación ...(Página 9573)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Convenio de sede, privilegios e inmunidades entre España y la Organización Iberoamericana de Juventud, relativo al estatuto jurídico de la Organización en España, hecho en Madrid el 21 de febrero de 2002 ...(Página 9573)

Sometido a votación, se aprueba por 292 votos a favor y una abstención.


Convenio de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en materia de patrimonio, hecho en París el 18 de abril de 2002 ... (Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor.


Canje de notas, constitutivo de acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre supresión recíproca de visados ...(Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor.


Página 9559


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares, hecho en Madrid el 3 de abril de 2002 ...(Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 290 votos a favor y cuatro abstenciones.


Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía relativo a la creación y funcionamiento de centros culturales, hecho en Ankara el 26 de abril de 2002 ... (Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 291 votos a favor, uno en contra y dos abstenciones.


Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 25 de abril de 2002 ... (Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 290 votos a favor y tres abstenciones.


Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina, hecho en Madrid el 25 de abril de 2002 ... (Página 9574)

Sometido a votación, se aprueba por 292 votos a favor y una abstención.


Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Letonia y de la República Socialista democrática de Sri Lanka al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores, hecho en La Haya el 25 de octubre de 1980 ... (Página 9575)

Sometida a votación, se aprueba por 293 votos a favor y uno en contra.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre competencia de autoridades y Ley aplicable en materia de protección de menores, hecho en La Haya el 5 de octubre de 1961 ... (Página 9575)

Sometida a votación, se aprueba por 294 votos a favor.


Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Nueva Zelanda, hecho en Madrid el 6 de mayo de 2002 ... (Página 9575)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República de Eslovenia, hecho en Madrid el 11 de junio de 2002 ...
(Página 9575)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre la Ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera, hecho en La Haya el 4 de mayo de 1971 ...
(Página 9575)

Sometida a votación, se aprueba por 294 votos a favor.


Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de la India, hecho en Madrid el 20 de junio de 2002 ... (Página 9575)

Sometido a votación, se aprueba por 293 votos a favor y una abstención.


Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Eslovaca, hecho en Bratislava el 22 de mayo de 2002 ... (Página 9576)

Sometido a votación, se aprueba por 296 votos a favor.


Página 9560


Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas ... (Página 9576)

Proyecto de ley de reforma parcial de Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre Sociedades y sobre la Renta de no Residentes ... (Página 9576)

Intervienen en defensa de las enmiendas presentadas los señores Saura Laporta, Puigcercós i Boixassa, Núñez Castaín, Rodríguez Sánchez, del Grupo Parlamentario Mixto; Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Azpiazu Uriarte, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Frutos Gras, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); Fernández Marugán y Bel i Queralt, del Grupo Parlamentario Socialista, y Martínez-Pujalte López, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


A los efectos de pronunciarse sobre las enmiendas transaccionales presentadas por el señor Martínez-Pujalte, intervienen de nuevo los señores Bel i Queralt, Mardones Sevilla y Sánchez i Llibre.


Votación de conjunto ... (Página 9590)

Proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado ... (Página 9590)

Sometida a votación final de conjunto, dado su carácter orgánico, la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal sobre el procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, se aprueba por 298 votos a favor y seis abstenciones.


Votaciones de las enmiendas presentadas al proyecto de ley de reforma parcial del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos de Sociedades y sobre la Renta de no Residentes ... (Página 9590)

Se someten a votación las enmiendas presentadas al proyecto de ley por los grupos parlamentarios Mixto, Coalición Canaria, Vasco (PNV), Federal de Izquierda Unida, Catalán (Convergència i Unió), Socialista y Popular.


A continuación, se somete a votación el texto del dictamen, que es aprobado 187 votos a favor, 110 en contra y siete abstenciones.


Debate de totalidad de iniciativas legislativas ... (Página 9593)

Proyecto de ley orgánica de calidad de la educación ... (Página 9593)

La señora ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera) comparece ante la Cámara para presentar el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. Sintetiza en siete puntos las razones que justifican la necesidad de introducir un cambio en el enfoque y en las grandes líneas del sistema educativo, así como una mejora de las disposiciones legislativas actualmente vigentes. A continuación pasa a desarrollar los siete postulados más importantes para afrontar la reforma del sistema educativo en nuestro país: la educación ocupa el centro mismo de la sociedad; la educación consiste, como la vida, en un proceso de maduración; la educación sólo puede vertebrarse eficazmente si está en permanente intercambio con un sistema social que, a su vez, cambia y progresa; el proceso educativo tiene que estar constituido por un equilibrio entre aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad; un sistema educativo mal diseñado perjudica sobre todo a los más desfavorecidos, y la necesidad de incrementar la capacidad de nuestro sistema educativo para facilitar una educación y una formación de calidad.


En defensa de las enmiendas de totalidad de devolución intervienen los señores González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Puigcercós i Boixassa, Labordeta Subías, Rodríguez Sánchez, Saura Laporta, la señora Lasagabaster Olazábal y el señor Núñez Castaín,

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del Grupo Parlamentario Mixto, y la señora Castro Fonseca, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Se suspende la sesión a las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


En defensa de las enmiendas de totalidad de texto alternativo al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, intervienen la señora Chacón Piqueras, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Martí i Galbis, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mauricio Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, y Guerra Zunzunegui, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Se someten a votación las enmiendas de totalidad que son rechazadas.


Proyecto de ley de fundaciones ... (Página 9620)

El señor vicepresidente primero del Gobierno, ministro de la Presidencia y portavoz del Gobierno (Rajoy Brey) comparece ante la Cámara para presentar el proyecto de ley de fundaciones, que es el resultado de la apuesta del Gobierno por fortalecer la participación de la sociedad civil en la consecución de los objetivos de interés general y se enmarca en su voluntad de acentuar el papel de esta sociedad civil como protagonista en el desarrollo de actividades que a todos benefician. Explica las principales novedades que presenta el proyecto de ley y muestra su convencimiento de que con esta norma se solventarán en gran medida las carencias detectadas y las demandas que les ha trasmitido el sector, destacando que en la elaboración del texto se ha intentado incorporar las distintas sensibilidades de asociaciones, grupos y colectivos que abarcan un amplio espectro de la sociedad.


En defensa de la enmienda a la totalidad de devolución intervienen los señores Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, y Puigcercós i Boixassa, del Grupo Parlamentario Mixto.


En turno de fijación de posiciones intervienen la señora Julios Reyes, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; González de Txabarri Miranda, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); López de Lerma i López, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Valcarce García, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor Bermúdez de Castro Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


Sometida a votación la enmienda de totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al proyecto de ley de fundaciones, puesto que la enmienda presentada por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido retirada, se rechaza por seis votos a favor, 176 en contra y 87 abstenciones.


Avocación por el Pleno ... (Página 9632)

La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de fundaciones, que se aprueba por asentimiento.


Proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo ... (Página 9633)

El señor ministro de Hacienda (Montoro Romero) presenta ante la Cámara el proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que mejora considerablemente, dice, el régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro y establece importantes incentivos para fomentar las actividades de mecenazgo por los particulares, puesto que era necesaria una nueva regulación para estimular aún más la participación de la sociedad en actividades de interés social y para garantizar que los beneficios fiscales que se concedan cumplan la finalidad social que se persigue.


En defensa de la enmienda de totalidad de devolución presentada interviene el señor Rejón Gieb, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


En turno de fijación de posiciones intervienen los señores Mardones Sevilla, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; Erkoreka Gervasio, del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV); Sánchez i Llibre, del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió); la señora Costa Campi, del Grupo Parlamentario Socialista, y el señor De Juan i Casadevall, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso.


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Avocación por el Pleno ... (Página 9645)

La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, lo que se aprueba por asentimiento.


Del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente ... (Página 9645)

La señora presidenta, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente, lo que se aprueba por asentimiento.


Propuestas de creación de subcomisiones ... (Página 9645)

Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público ...
(Página 9645)

Sometida a votación la propuesta de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público, se aprueba por 156 votos a favor, 72 en contra y una abstención.


Se levanta la sesión a las ocho y veinticinco minutos de la noche.


Se reanuda la sesión a las nueve de la mañana.


ENMIENDAS DEL SENADO.


- PROPOSICIÓN DE LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente 122/000199.)

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente 122/000227.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Punto VII del orden del día, enmiendas del Senado. Se debatirán conjuntamente las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado, con las enmiendas del Senado a la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.


Anuncio a la Cámara que la votación final de conjunto de la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal se producirá al final del debate de los dos puntos del orden del día, pero en cualquier caso no antes de las once de la mañana.


¿Grupos que desean intervenir? (Pausa.)

En primer lugar, por parte del Grupo Mixto, el señor Aymerich.


El señor AYMERICH CANO: Gracias, señora presidenta.


Rápidamente, ya que estamos hablando de juicios rápidos, anuncio el voto favorable del Bloque Nacionalista Galego a estas proposiciones de ley en su trámite final en esta Cámara, un voto favorable que, lo mismo que en anteriores trámites, no nos puede excusar, no nos puede eximir de realizar algunas consideraciones críticas. Primero, la necesidad de que estas reformas procedimentales se vean acompañadas de la dotación a la justicia en las comunidades autónomas competentes, entre ellas la gallega, de los medios materiales y humanos necesarios. Desde nuestro punto de vista, más allá de la enmienda aprobada en el Senado, con la que nosotros estamos de acuerdo, en el sentido de que las comunidades

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autónomas hayan de informar, hayan de ser tenidas en cuenta antes de acordar la separación de los juzgados de Primera Instancia y los de Instrucción en aquellos partidos en los que el número de juzgados así lo aconseje, a nosotros esto nos abre un interrogante. ¿Qué va a pasar en aquellos partidos judiciales, muchos en el caso de Galicia, que cuentan sólo con un único Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, en los que no parece posible que tal separación vaya a ser aprobada en la medida en que el Ministerio de Justicia y en la medida en que el Gobierno se resisten a aumentar y a dotar nuevos juzgados.


Segundo, vamos a votar favorablemente estas proposiciones de ley, en el entendimiento de que, cuando hablamos de juicios rápidos, no nos gusta tanto esa otra expresión, contenida en el título, de juicio o enjuiciamiento inmediato, porque tener una justicia eficaz y sin dilaciones indebidas, como dispone el artículo 24 de la Constitución, no es o no debe ser equivalente, como alguno o algunos grupos pueden tener la tentación de señalar, a una justicia sumaria, a una actuación efectista y seguramente poco efectiva de los poderes públicos, en la línea por cierto de reformas que se anuncian en otros Estados europeos, como en Francia, en los que ya, por parte del Gobierno conservador, se está proclamando a los cuatro vientos que serán jueces no profesionales los que juzguen determinados delitos y determinadas faltas.


El voto del Bloque Nacionalista Galego a esta reforma, ahora en su trámite final, será positivo, en el entendimiento de que estamos mejorando la justicia y no contribuyendo a integrar o aprobar ningún supuesto y desde nuestro punto de vista poco efectivo y poco constitucional plan de lucha contra la pequeña delincuencia.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Aymerich.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo va a votar favorablemente todas las enmiendas que nos remite el Senado a estas dos proposiciones de ley. Lo hacemos porque entendemos, y ahora significaré algunos detalles de las enmiendas en ambas proposiciones, que se ha respetado lo que motivó uno de los pactos más racionales, con una gran elegancia y rigor parlamentario, que todos los grupos suscribimos. No olvidemos que se respondió a una necesidad de la sociedad española de la demanda de la modernización de la justicia, y para atender aquel tipo de delitos que el Código Penal tenía agrupados con una identidad de procedimiento judicial y sumarial, que impedía que, frente a una delincuencia callejera, frente a una alarma social, los procedimientos judiciales tuvieran un tiempo muy dilatado para llegar a su conclusión final.


Se estaba ejerciendo por tanto un principio de mala justicia en el principio de ejemplaridad que ésta debería tener. Ese espíritu que tuvimos todos los grupos parlamentarios al suscribir en su día la proposición conjunta se ha mantenido. En el Senado se ha hecho una labor de perfeccionamiento de una complicada adaptación de estos juicios por el procedimiento rápido e inmediato en determinados delitos y faltas y creemos que se ha perfeccionado de una manera muy inteligente y favorable, corrigiendo algunas ausencias, defectos o excesos, que la adaptación del primer texto que aprobamos en la Cámara tenía. Ahora lo fundamental es que se sigue respetando ese principio de consenso que motivó la proposición conjunta de todos los grupos parlamentarios.


Con respecto a la proposición en la parte de ley orgánica, vienen nada más que dos enmiendas que modifican el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Se limita a una serie de supuestos en los que es aplicable el precepto, lo cual agiliza y permite racionalizar el tema.
También es importante la enmienda que se ha introducido en el apartado 2, estableciendo que el Juzgado de guardia resolverá lo procedente sobre la suspensión o sustitución de penas. Se ha flexibilizado así la excesiva rigidez de la redacción que anteriormente teníamos. La otra enmienda a la ley orgánica nos parece que es racional en cuanto ordena la provisión temporal de las secretarías vacantes de los juzgados y el procedimiento de selección y nombramiento de los secretarios judiciales sustitutos. No es cosa pequeña, porque es una de las ruedas de funcionamiento en estos engranajes para que también por dentro la justicia funcione con el mismo espíritu de inmediatez y sobre todo de rapidez.


Entro en las enmiendas con el mensaje motivado que nos ha remitido el Senado a lo que ya es el texto amplio de la proposición de ley de reforma parcial de la de Enjuiciamiento Criminal para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos. Las enmiendas que se han introducido, a juicio de mi grupo, son muy importantes y han permitido tender unos puentes de entendimiento. Se han recogido bastantes enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, que inteligentemente ya habían generado en el Grupo Parlamentario Popular un espíritu de flexibilidad y entendimiento de aceptación, para permitir la llegada final del consenso. Yo agradezco a ambos portavoces, porque vivimos aquellos momentos cuando tuvimos que votar en la Cámara la última acción parlamentaria del Congreso de los Diputados previa al envío al Senado, el buen entendimiento que hubo entre el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Los demás portavoces entendimos que era necesaria la flexibilidad que tuvo el Grupo Parlamentario Socialista al aceptar aquella votación, con un compromiso contraído por el entonces ministro de

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Justicia, señor Acebes, hoy ministro del Interior, para que en el Senado se limaran aquellas asperezas que pudieran impedir el mantenimiento de ese espíritu de consenso. Yo lo quiero reconocer así porque nos ha ayudado a conseguir al final una buena ley modificadora de la de Enjuiciamiento Criminal en esta reforma que hemos acometido.


La enmienda al artículo 768 por ejemplo, a todos los que están referidos a la ley de Enjuiciamiento Criminal, en cuanto a una economía procesal, haciendo ya innecesaria la intervención del procurador hasta el trámite de la apertura oral, es algo que merece la pena destacarse. Igual que aquellas otras que se han dirigido a una defensa de los derechos del imputado, que quedaba un poco incompleta en el primer proyecto que aprobamos en la Cámara. Se ha reforzado con las enmiendas del Senado una serie de garantías constitucionales, en la mejor tradición de la filosofía del derecho penal en España, donde, desde el momento en que una constitución da un derecho fundamental a la presunción de inocencia, esta tiene que impregnar no solamente el espíritu sino la letra de los textos de Enjuiciamiento Criminal y el Código Penal. Los derechos del imputado tenían que estar destacados, para que la bondad de la norma coincida con una ética de ejercicio constitucional. Las enmiendas al artículo 778, que entran dentro del campo forense, de la autopsia judicial, vienen a clarificar una serie de procedimientos en muchas causas -no nos olvidemos que estamos hablando de juicios rápidos y de inmediatez- en las que el dictamen de los peritos forenses tiene que ser fundamental como pieza resolutoria en la carga de la prueba correspondiente.


Quiero destacar también la enmienda al artículo 795, con la que viene a añadir el Senado dos nuevos apartados para excluir de la aplicación del procedimiento para el juicio rápido de determinados delitos aquellos casos en los que se tiene que acordar el secreto de las actuaciones, conforme al artículo 302, y determinados delitos que, tanto en la investigación como en el enjuiciamiento, necesitan una claridad procedimental. Destaco, señora presidenta, la enmienda al artículo 800, que mi grupo, como todas, va a votar favorablemente. Introducirá una serie de actuaciones que agilicen que el ministerio fiscal pueda formular su acusación de forma oral. En un juicio rápido esto nos parece fundamental, que el fiscal pueda realizar la parte de acusación de una manera oral y no en un procedimiento, por supuesto con todas las garantías de la carga de la prueba que tienen que llevar estas actuaciones. En el artículo 5.º que se ha introducido por el Senado en el nuevo texto ha sido importante su consideración con la figura de la obstrucción a la justicia, porque se podrían dar casuísticas de una picaresca mal entendida, en determinada defensa de presuntos delincuentes que vayan a ser sometidos a este procedimiento rápido, en la que se pudiera dar una obstrucción a la justicia, que sería innecesaria.


Las disposiciones adicionales segunda y tercera merecen una valoración muy positiva para mi Grupo de Coalición Canaria, en la medida en que con esta enmienda que se ha aprobado en la Alta Cámara se establece la necesidad de que el Gobierno cuente con el informe previo de las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia de justicia. La Comunidad Autónoma de Canarias es una de las siete comunidades que tienen transferidas competencias en el ámbito de la justicia, para que se pueda determinar a este nivel de competencia autonómica la separación entre juzgados de Primera Instancia y juzgados de Instrucción en aquellos partidos judiciales en los que el número de juzgados de Primera Instancia e Instrucción así lo aconsejaren. Creemos que es una norma muy racional e inteligente, de sentido común. La disposición adicional tercera viene a modificar la excepción del principio general de que en dicho artículo se contiene la competencia de los jueces de lo Penal para la ejecución de sentencias, competencia regulada en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en la redacción que da a dicho precepto la proposición orgánica complementaria de esta disposición, como antes he comentado.


Por todas estas razones, señora presidenta, mi grupo se congratula de este perfeccionamiento tan racional que se ha efectuado en la Alta Cámara y del mantenimiento del consenso de las fuerzas políticas que nos atribuimos el sentido político de la paternidad, todos los que firmamos la proposición de ley en su día, y votará favorablemente.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), señora Uría.


La señora URÍA ETXEBARRÍA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Vasco va a votar que sí en este último trámite a las disposiciones llamadas de juicios rápidos. Fue promotor de la iniciativa, modestamente creemos que, como todos los grupos, la hemos enriquecido con nuestras enmiendas y la hemos apoyado en todos los pasos procesales que ha dado hasta ahora.


Con pretensión de hacer pedagogía frente al escándalo suscitado, me permitiré un inciso con mención a la propuesta hecha por el lehendakari en el debate de política general vasco. No he perdido el norte, señorías.
La referencia a la petición de autonomía en el Poder Judicial, seis líneas y media, ha motivado afirmaciones a mi modo de ver sin base en el texto, que creo que casi nadie ha leído. Voy al contenido de estas proposiciones que hoy votamos. Aun en el supuesto de que el desvarío de fanáticos, según ha sido calificado por el presidente del Gobierno, llegase a plasmarse en sus propios

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términos iniciales, lo que no creo puesto que la pretensión del Gobierno vasco es abrirlo al debate, la aceptación de estas normas sería idéntica, ya que expresamente se reconoce en esas seis líneas como límite siempre las normas procesales que rijan en el Estado -se refiere evidentemente a España, como es obvio- como salvaguarda, como respeto, de unas normas, repito, que no se pretende tener distintas en el ámbito vasco que en el ámbito del Estado español.


Respecto a los motivos que justifican la norma, creo necesario volver a mencionar -lo he hecho en todos los trámites- que nos hubiese gustado más una insistencia mayor o dar una prioridad especial al valor justicia a tiempo que integra la tutela judicial efectiva, que es derecho fundamental, como ustedes saben, por el artículo 24 constitucional, y no tanto la incidencia en la inseguridad ciudadana o en la reiteración delictiva impune. Además, al escuchar ayer en la sesión de control al Gobierno las respuestas del ministro del Interior al listado de preguntas que sobre esta materia se le hicieron, parecería que esta inseguridad no existe y que por tanto es imposible que haya aumentado. Sería por tanto el valor derecho fundamental que yo cito el motivo de la norma y así debería constar principalmente. Igualmente considero inaceptable la vinculación que se viene haciendo de este procedimiento al fenómeno de la inmigración y a la habitualidad delictiva de estas personas. Cada uno tiene su propio catálogo de valores y desde nuestra perspectiva hay delincuencia, como de la que ayer se hacía eco la prensa precisamente, delincuencia contra las personas, por ejemplo apalear mendigos, cuyos presuntos autores responden a nombres inequívocamente autóctonos. Vida y libertad personal para nosotros van por delante de la propiedad o del reproche al trapicheo. Por ello, nos satisface especialmente que el procedimiento que hoy aprobamos vaya a ser de aplicación a la llamada violencia familiar.


¿Qué ha sido introducido en el Senado? No repetiré el contenido concreto de las enmiendas puesto que quien me ha precedido en el uso de la palabra, el señor Mardones, ha hecho enumeración exhaustiva de todas ellas, pero sí diré que son cuestiones que ya habían sido objeto de advertencia o de discusión durante la tramitación en las fluidas relaciones y conversaciones que se han mantenido con el propio ministerio, especialmente con los encargados de estas proposiciones, a los que agradezco su disposición, el acierto y las explicaciones dadas, al igual que les alabo la solución dada a la bifurcación de las dos normas en una ordinaria y en otra orgánica. Nos hubiera gustado, y así lo pretendimos, una redacción distinta del artículo 795, clave, ya que regula el ámbito de aplicación del procedimiento para el enjuiciamiento rápido de determinados delitos. Nuestra pretensión hubiera sido que no hubiera listado sino que en todo caso la flagrancia o la confesión cierta hubiese permitido la aplicación de este procedimiento. Nos quedamos en minoría, pero nos satisface que, fruto de la presentación de nuestras enmiendas tanto en el Congreso como en el Senado, haya quedado claro en los trámites del debate y en la nota que se nos entregó por el Gobierno el alcance que la proposición de ley da al reconocimiento de los hechos y que fue objeto de especial referencia. El punto quinto del apartado primero de este artículo -se dijo- viene a recoger sustancialmente lo que fueron las enmiendas 65 y 59 del Grupo Vasco. Si consideramos el posible valor de interpretación auténtica que tiene un debate parlamentario, la referencia expresa nos satisface y será útil para los operadores jurídicos.


No se me alcanza el porqué de la exclusión que se hace en el apartado 3, introducida por el Senado, referida a los asuntos en los que se acuerde el secreto del procedimiento. ¿Por qué el secreto impide la rapidez? Con todo, no haremos cuestión de ello. La eficacia de esta norma, que creemos que es buena, se supeditará -reconocida la buena disposición de quienes están llamados a aplicarla y que creemos que han sido atendidos durante la tramitación en sus peticiones- a que se haga efectivo lo que al final del punto primero de la exposición de motivos se manifiesta, que vaya acompañada de recursos humanos y de medios materiales -quedará en algunos casos en manos de las comunidades autónomas proporcionarlos- y que el texto recoge después en la disposición adicional primera. El cumplimiento del acuerdo con las comunidades autónomas, a que se hace referencia expresa en el pacto para la reforma de la justicia, es petición exigente que en este momento le hacemos al Gobierno. Por cierto, nos hubiera gustado contar con la presencia del señor ministro, simbolizando la importancia que nosotros damos a este texto.


Nosotros, señorías, nos retratamos hoy votando sí. El Gobierno lo hará por la forma y por la precisión con la que cumpla ese compromiso, en el período de la vacatio legis. Con la convicción de estar apoyando unas normas procesales buenas para los fines de justicia de calidad y a tiempo, que con el esfuerzo de todos los llamados a aplicarla creo que será eficaz, reitero nuestra conformidad con las dos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Uría.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, buenos días.


En primer lugar quiero mostrar mi reconocimiento al trabajo de los compañeros que conformamos el pacto de Estado por la justicia, pero desde ese reconocimiento mi fuerza parlamentaria, mi fuerza política, desgraciadamente entiende que la tramitación parlamentaria, tanto en el Congreso como en el Senado, no ha convertido

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lo que para nosotros era una preocupante e innecesaria proposición de ley en una buena ley. Y ello por varias razones. Nosotros entendíamos que no era necesaria, salvo que mejorara sustancialmente lo hasta ahora existente. Lo que hay, si se cambia para mejor, bienvenido sea; si se cambia para peor, estense ustedes quietos; y si se cambia para igual, por qué. De verdad creo que se ha ido transmitiendo a la sociedad española una idea que no responde a la realidad. Es que aquí ha habido mucha delincuencia, mucho atasco, porque no había legislación sobre juicios rápidos. Eso no es cierto, señorías. No lo es. Como ustedes saben, en Barcelona funcionan los juicios rápidos. En Sevilla ha habido algunos intentos, exitosos en la mayoría de los casos. Incluso el propio informe del Consejo General del Poder Judicial, que todos conocemos muy bien, viene a decir que para los juicios rápidos no es menester una reforma legal, en todo caso de aspectos de orden organizativo y de orden material. Hay que recordar, además, que sigue estando en vigor la Ley de asistencia a las víctimas, de 1995. En resumen, a nuestro entender, sólo era explicable, justificable, que hubiera una ley más o menos integral de juicios rápidos si mejoraba lo existente. Mucho nos tememos que no es así, y lo decimos con todo respeto hacia las demás posturas y hacia las intervenciones habidas o que habrá.


Como decía, la realización de juicios rápidos en este país depende mucho más de las reformas organizativas -pendientes- y de los medios financieros, hasta ahora nulos y escasos cuando menos en el próximo proyecto de presupuestos. Con la norma en vigor, en Madrid, por poner un ejemplo, no se celebran juicios rápidos y en Barcelona, sí. ¿Dónde está la diferencia? Pues sencillamente en que Barcelona, con menos población, tiene un Juzgado de guardia más que Madrid; esa es la base. ¿Cuánto cuesta un juzgado extra en una gran capital para atender y entender de los juicios rápidos? En salario de funcionarios, 1.080.000 euros al año, más o menos; hay otros costes que añadir: disponibilidad informática de antecedentes penales, peritajes todo tiempo, abogados de oficio ágiles, etcétera, que no incrementarían mucho la factura, puesto que tienen más que ver con la organización que con el gasto público. En todo caso ¿de cuánto estamos hablando? A lo mejor, de 1.500.000-1.700.000 euros por año. Pues bien, en el proyecto de presupuestos se destinan a juicios rápidos 22,22 millones de euros. Haciendo una división, esto da para 12 ó 13 juzgados extra de guardia, que indiscutiblemente no atenderán todas las necesidades de España; como mucho, cubrirán determinados casos punteros.


En relación con el texto, que sin duda se publicará en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor, este grupo parlamentario, después de estudiarlo convenientemente, entiende que no mejora de forma sustancial la legislación existente, como ya he dicho. En muchas ocasiones, simplemente se cambia de ubicación o numeración artículos ya vigentes, y nada más. Por otra parte, señorías, ya que estamos implicados -en el buen sentido de la palabra, en el éxito- los mismos que firmamos la Carta de los derechos de los ciudadanos ante la justicia, tenemos que decir que el texto que al final se publicará en el Boletín Oficial del Estado es difícil de leer y de entender. De modo que, como decían los clásicos, al primer ratón, zurrapa; el primer parto que tenemos después de la Carta, es también ininteligible, como generalmente ocurre con estos textos. Lo más grave, señorías, es que hay deficiencias técnicas que afectan a los derechos y garantías de la defensa. Este texto está preñado de celeridad contra garantías y, en este binomio, la pasión por la velocidad nos puede suponer algún que otro disgusto en materia de garantías y derechos procesales. Este texto tendrá efectos, a nuestro entender, sobre la prisión preventiva y la población reclusa. Pido que todos -y muy especialmente el ministerio- midamos de forma cuidadosa las repercusiones que esta proposición de ley tendrá sobre la población reclusa y sobre la prisión preventiva. No nos gustaría que el efecto neto de la misma fuese sacar gente de la calle para meterla en prisión como sea. Y algo de esto puede haber en la proposición de ley.


Hay que tener en cuenta que las leyes no salen de forma virginal del contexto social, cultural, político o mediático en que se vive. Esta ley se mueve alrededor de la idea de que hay que barrer las calles de delincuentes, esa expresión, en un momento en que el Ejecutivo da lecciones de legislación a los tribunales, en un momento en que, frente a la delincuencia menor -a la mayor, por lo visto, se le ponen alfombras-, se quiere responder solamente, como decía el bueno de Sabina, con mucha, mucha policía; mucha, mucha policía. Señorías, nuestro grupo parlamentario entiende que los juicios rápidos se van a aplicar casi en la totalidad de los casos sobre personas con pocos recursos económicos, que van a recurrir a los abogados y abogadas de oficio. Además, en muchos de estos casos los implicados van a ser extranjeros con dificultades para comprender la trascendencia del proceso. Por ello entendimos en su momento, y seguimos entendiendo, que era necesario que se introdujesen reformas en los siguientes aspectos: en la calidad de la defensa, en la prueba y en la conformidad. Desgraciadamente, ni en la tramitación en el Congreso ni en la del Senado se han producido las modificaciones que Izquierda Unida consideraba vitales. De todo lo anterior debe deducirse nuestra profunda insatisfacción en relación con esta proposición de ley que en breve será reforma de la legislación del procedimiento penal, nuestros recelos hacia muchos de los enunciados, nuestros temores no disipados en materia de garantías, nuestra certeza respecto a la instrumentalización política que de ello ya están haciendo el Gobierno y adláteres en concepto de juicio rápido en relación con la inseguridad ciudadana y la inmigración y nuestro convencimiento político sobre la necesidad

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perentoria de reforma organizativa y aumento presupuestario, que deberían ser prioritarios, señorías, frente a las reformas legales.


Por todo ello, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no respaldará con su voto estas reformas legales. De la misma manera anunciamos que en relación con los juicios rápidos es para nosotros mucho más relevante -y creo que no solamente para nosotros, sino también para otros grupos parlamentarios- el debate de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2003 que esta dudosa y preocupante reforma de la Ley de enjuiciamiento criminal. Deben ustedes tener bien presente que para mi grupo parlamentario es doloroso no poder sumarse a esta reforma legal, pero, reposadamente analizada, vemos, a nuestro humilde entender, que camina en la mala dirección y que no podemos sumarnos a la misma sin violar nuestros compromisos con nuestros electores y con la ciudadanía española.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rejón.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), señor Silva.


El señor SILVA SÁNCHEZ: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, después de oír la intervención del señor Rejón, debo decirle que la satisfacción del Grupo Parlamentario Catalán por la aprobación de esta proposición de ley, por culminar este largo proceso, es inversamente proporcional a la suya, y no porque los motivos o los valores que pretendemos defender sean diferentes, pues yo creo que todos estamos aquí por la tutela judicial efectiva, por la protección de la víctima, por la celeridad de los procesos y, sin duda alguna, también por la seguridad ciudadana, que a fin de cuentas no deja de ser un derecho de los ciudadanos. Parodiando o repitiendo una frase de Churchill, aunque sé que el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida no va a cambiar su voto, voy a intentar que con mi intervención el señor Rejón cambie su criterio.
Después lo contrastaremos.


Iniciaba mi intervención, señorías, haciendo patente la satisfacción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) por culminar hoy este proceso, un largo proceso que debo decirles que ha sido instado, promovido, incluso conformado por mi grupo parlamentario. Introdujimos en el pacto de Estado por la justicia la referencia a los juicios inmediatos; hicimos aprobar una resolución en el debate sobre el estado de la Nación el 27 de junio del año pasado; solicitamos en la primera reunión de la Comisión de seguimiento del pacto de Estado por la justicia, el 26 de septiembre del año pasado, tal y como consta en el acta, que este fuese un tema prioritario y ofrecimos un borrador de proposición de ley al resto de los grupos parlamentarios; en la sesión siguiente, de 22 de noviembre, fuimos también los proponentes de que se extendiese la aplicación de los juicios rápidos inmediatos a los supuestos de violencia doméstica, y hemos aderezado después el trámite parlamentario con una cincuentena de enmiendas, de las que han sido aprobadas más de 30 entre Congreso y Senado. Debo decirles que sin lugar a dudas ha habido acuerdos con otros grupos políticos, y nosotros reconocemos y valoramos la generosidad de los grupos parlamentarios mayoritarios, pero debo decirles que el trabajo que nos va a ocupar hoy en los dos primeros puntos del orden del día está constituido en su mayor parte por las 13 enmiendas de Convergència i Unió que fueron aprobadas en el Senado. De estas enmiendas, unas hacían referencia a potenciar la función de los secretarios judiciales desde el punto de vista de la lectura de los derechos a los detenidos, desde su función de impulso procesal, de advertencia de las consecuencias de una conformidad y muy fundamentalmente -y a ello hice referencia en la aprobación inicial por el Congreso- en la introducción de un régimen de sustitución de secretarios judiciales que, como recordaba el portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones, va a dar mayor estabilidad y va a permitir un funcionamiento mucho más adecuado de estos órganos judiciales en Canarias o Cataluña, lugares donde la volatilidad del secretario judicial lo hace absolutamente imprescindible.


También han sido varias las enmiendas que podemos considerar de mejora técnica que se han introducido en el Senado y que habían sido impulsadas también por Convergència i Unió, unas estrictamente procesales, otras de coordinación con el Código Penal y otras que hacen referencia a la situación de los médicos forenses. Pero quiero llamar muy especialmente la atención respecto a dos enmiendas que para nosotros son sustantivas.
Nosotros entendíamos, y entendemos, que buena parte del éxito de este tipo de procedimiento, cuya necesidad desde el punto de vista de la situación actual es evidente, según después argumentaré, se fundamenta en la necesidad de concentración de los trámites procesales. De ahí que desde el primer momento impulsásemos que no sólo el ministerio fiscal debiera presentar su escrito de acusación inmediatamente en el juzgado de guardia, una vez que se acuerda llevar un determinado asunto por este procedimiento, sino también que pudiese formular esa acusación oralmente, lo que se ha incorporado en el Senado. De la misma manera que defendíamos que la defensa pudiera formular también oralmente y en ese mismo momento su escrito de calificación. De ahí que el tenor final del artículo 800 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal nos resulte en este sentido muy satisfactorio. De la misma manera pretendíamos, señorías, que la conformidad en estos supuestos de enjuiciamiento rápido o inmediato no tuviese un planteamiento tan restrictivo como el que contenía la proposición de ley y que un presunto delincuente que se conforma a la pena que le solicita el ministerio fiscal

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pudiese, en virtud de esa conformidad y en una decisión voluntaria y libre, porque de eso se trata en la conformidad, también ingresar en prisión, esto es, que el no ingreso en prisión no fuese una de las condiciones de la conformidad. Eso es algo que también se ha incorporado a través de nuestra enmienda al artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.


Debemos también mostrar nuestra satisfacción por el mayor protagonismo que se atribuye a las comunidades autónomas en la separación de los juzgados de Primera Instancia e Instrucción, juzgados cuya separación impone la Ley de Demarcación y Planta cuando hay más de diez juzgados de esta naturaleza en un partido judicial, pero es obvio que la aplicación y el éxito de una reforma procesal como la que aquí se contempla requiere bajar ese nivel. En este punto voy a justificar ante el señor Rejón la necesidad de esta ley. Señorías, los juicios rápidos han tenido un funcionamiento muy importante en Barcelona, pero debo decirles que, por ejemplo, en el año 2001 la cifra de juicios rápidos fue inferior a la que se practicaba en el año 1996. La última memoria que nos ha sido suministrada por la Fiscalía General del Estado señala que en 1996 se practicaban en España 4.857 juicios rápidos, en el año 2001, 4.015 y en el año anterior, apenas 3.600. Eso tiene aspectos fundamentales de intendencia, de ahí que una ley de esta naturaleza no tendrá éxito si no va acompañada -y entendemos que lo va a ser- de un plan de implantación de juicios rápidos; desde luego, por lo que corresponde al Gobierno de la Generalitat y a las competencias que tiene en temas de administración de justicia, afirmo aquí el compromiso absoluto con un plan de implantación de juicios rápidos.


También había, no obstante, problemas legislativos, porque, señorías, no es lo mismo configurar el procedimiento de juicios rápidos o inmediatos como determinadas especialidades procesales en algunos artículos de un procedimiento que como un procedimiento autónomo. No es lo mismo establecer una limitación temporal a la práctica de la instrucción -en un partido judicial como es el de Barcelona la instrucción deberá realizarse en un plazo de veinticuatro horas- que no establecer esos límites. No es lo mismo regular y ampliar las funciones de la policía judicial que no ampliarlas. No es lo mismo decir que no se puede celebrar un juicio rápido antes de diez días que decir que debe practicarse en todo caso dentro de los quince días siguientes a la práctica de la instrucción, y así podríamos continuar con muchos más de estos elementos. Pues bien, señorías, entre otras cosas, con la combinación de la enmienda que se nos ha aceptado en el Senado respecto a la conformidad, y dentro del esquema general y global de estos juicios rápidos o inmediatos, si atendemos a las estadísticas, una tercera parte de estos juicios se van a celebrar en las veinticuatro horas siguientes a la comisión del delito, lo que desde luego tiene su importancia tanto a efectos de protección de la víctima como de la ejemplaridad de la justicia como de lo que en el fondo pretendemos todos, que es que si una persona se ve privada de libertad, no lo sea en función de un auto de prisión preventiva, sino a través de una sentencia. Por tanto, señorías, el planteamiento inicial que pretendía Convergència i Unió de que estos juicios pudieran tener lugar en las veinticuatro, cuarenta y ocho o setenta y dos horas siguientes a la comisión de los delitos, lo que no es posible con la legislación actual, en este caso sí se va a producir.


Dije ya en mi intervención en el Congreso sobre esta materia que desde luego la celeridad es un valor a tener en cuenta en el ámbito de la Administración de justicia, pero que aquí no estábamos hablando sólo de celeridad, que no estábamos hablando de celeridad en el mismo sentido que en la Ley de lo contencioso-administrativo o en la Ley de Enjuiciamiento Civil, sino que estábamos configurando también un instrumento de lucha contra la inseguridad ciudadana, respetuoso con los derechos de los detenidos, con los derechos de los presuntos delincuentes, también, desde luego, con los de las víctimas, pero, en definitiva, repito, un instrumento de lucha contra la inseguridad ciudadana. Debo decir también que la configuración del turno de oficio de nuestros colegios de abogados en esta materia es cualificada y tremendamente respetuosa y que no tengo ninguna duda de que va a permitir que una ley de estas características pueda funcionar con la plena y absoluta seguridad de que los derechos de los presuntos delincuentes, de los detenidos, de los sometidos a enjuiciamiento serán absolutamente salvaguardados, de la misma manera que no tengo dudas de que existirán los medios precisos para su aplicación.
Cabe señalar que, si bien los Presupuestos Generales del Estado establecen 22 millones de euros para el plan de implantación de estos juicios rápidos, no es poco lo que van a tener que poner las comunidades autónomas, que es un tema que a mi grupo parlamentario y al Gobierno de la Generalitat les produce una notable preocupación, porque a esos millones de euros habrá que sumar otros cuantos millones de euros que van a tener que invertir las comunidades autónomas para que esto funcione. La Generalitat de Catalunya lo hará y pretenderá también que la Administración del Estado participe de esa financiación, pero desde luego va a poner el dinero porque está comprometida con este proceso. Dentro de un año el Consejo de Política Fiscal y Financiera tendrá que determinar, atendiendo al principio de lealtad institucional, introducido en la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas también por mi propio grupo parlamentario, qué parte de esa financiación que van a tener que implementar las comunidades autónomas deberá asumir el Estado y qué parte deberá conservarse en las comunidades autónomas.


Finalmente, señorías, también hay que poner de manifiesto que desde la perspectiva de lucha contra la inseguridad ciudadana, esta no puede ser una medida

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aislada. Mi grupo parlamentario lleva tiempo impulsando medidas contra la multirreincidencia e incluso pusimos, con los demás grupos parlamentarios, hace prácticamente un año, una propuesta sobre esta materia a disposición de la Comisión general de codificación del Ministerio de Justicia. Y deberá cumplirse también una de las disposiciones adicionales de esta ley, como es la regulación de la prisión preventiva.


En cualquier caso, lo que hoy aprobamos es algo diferente de lo que hay, es un compromiso importante de los grupos parlamentarios que lo estamos impulsando, de las administraciones, de las comunidades autónomas, de la Generalitat de Catalunya, que desde luego también hace una apuesta importante por ello, sin perjuicio de lo que he citado anteriormente en materia de financiación, y que va a permitir acabar con la imagen que tiene el ciudadano de que los delincuentes entran por una puerta del juzgado y salen por otra. Creo que ahora van a salir posiblemente el mismo día, al menos en una tercera parte de los casos, pero con una sentencia en la mano, y seguramente en algunos casos deban dirigirse directamente a un centro penitenciario. Ese es el planteamiento que establece el Código Penal y que aquí no nos incumbe. Lo que nos incumbe es que exista una justicia rápida, inmediata, ejemplificadora, que se proteja a la víctima, que se proteja al delincuente y que acabemos con situaciones -y lo saben SS.SS.- como la que citaba aquí antes del verano, de que el 70 o el 80 por ciento de los supuestos de faltas vinculadas a la violencia doméstica acaban en absolución porque tarda tanto en celebrarse el juicio que, en unos casos por el desánimo del denunciante y en otros por la presión psicológica de su agresor, se producen incomparecencias. Creo que la justicia inmediata también garantiza la presencia de las víctimas, un juicio justo y una sentencia que no tiene que ser ejemplar, sino la que previene precisamente el Código Penal. En ese sentido, creo que debemos congratularnos por el acto que, sin lugar a dudas, vamos a culminar dentro de unos minutos.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Silva.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Barrero.


El señor BARRERO LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista voy a exponer la valoración global que nos merece al final de su trámite esta importante iniciativa parlamentaria.
Se trata de una proposición de ley que nace en esta misma Cámara, consecuencia además de un compromiso articulado en el pacto por la reforma de la justicia, y que sin duda debe llevar a mi grupo a mostrar nuestra satisfacción. Es verdad que no es una satisfacción plena, pero sin duda alguna es de satisfacción la actitud que mi grupo debe presentar ante el último trayecto parlamentario del cambio legislativo en la Ley de Enjuiciamiento Criminal destinado a variar la tramitación de juicios rápidos. No puede ser de otra manera, señora presidenta, señorías, toda vez que en nuestra etapa en el Gobierno y en el año 1992 fuimos quienes implantamos los juicios rápidos, este proceso de agilización y no dilación de determinados procesos penales para enjuiciar delitos menos graves, como consecuencia de dos acontecimientos en nuestro país, que fueron la Expo de Sevilla y las Olimpiadas en Barcelona. Esta implantación tuvo además unos resultados satisfactorios en términos generales, porque aquel Gobierno impulsó además, junto con los cambios legislativos, una serie de medios financieros que hicieron posible no sólo ese logro legislativo sino también la ejecución correcta de este proceso penal, que varió, insisto, a partir de 1992. Por lo tanto, por coherencia, debemos mostrar nuestra satisfacción.


Hemos dado, además, mucha importancia a este tema -y lo decía al inicio de la intervención- en el pacto por la reforma de la justicia, en el que lo articulamos como uno de sus elementos más esenciales. Por lo tanto, también debe ser satisfactorio comprobar que esta articulación ha tenido lugar gracias a la voluntad de todos los grupos parlamentarios, lo que no dejar de ser realmente original -no estamos acostumbrados a que todos los grupos parlamentarios presenten y firmen iniciativas de este contenido y en el que hay además diferencias abundantes entre los grupos-. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la Presidencia.) Así se conformó una voluntad parlamentaria prácticamente plena a la hora de firmar una proposición que tenemos como propia -somos autores de esa iniciativa- y darle la importancia de contenido de la que voy a hablar.
Es, por tanto, una importancia formal, y hoy, en el último trayecto parlamentario, tenemos que ponerla de manifiesto: la importancia de que todos los grupos parlamentarios firmaron esta iniciativa y se comprometieron a dar este instrumento parlamentario, esta legislación, al Gobierno, en el que ahora sí se residencia la responsabilidad de llevarlo a cabo correctamente por vía de la ejecución. Consideramos además que la iniciativa es también importante por su contenido, señorías, porque con él intentamos conseguir, como hicimos posible en el año 1992, unos procedimientos más ágiles, más eficaces y, por lo tanto, una justicia menos dilatoria, con lo que buscábamos una menor sensación de impunidad en el agresor penal y un mayor apoyo a la víctima en términos de no dilación del proceso y de una más rápida compensación.


¿Cuál ha sido nuestro interés, señorías, señora presidenta, en este trámite parlamentario? Siendo autores, como somos, de la iniciativa, necesitábamos además impulsar en el trámite parlamentario tres pilares fundamentales para que esta iniciativa tuviera un valor añadido de garantía y eficacia. En primer lugar, queríamos y queremos una iniciativa que signifique garantía en el

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proceso para todos los que forman parte de él. No creemos que porque un proceso sea más rápido deba renunciarse a las garantías de los que forman parte de él. En segundo lugar, consideramos que son necesarios más recursos para que este proceso se pueda ejecutar con garantía y con rapidez. En tercer lugar, queríamos y queremos acuerdos con las comunidades autónomas por la vía de la negociación y del consenso, de manera que quienes tienen que ponerlo en ejecución, que son las comunidades que tienen competencia en la materia, no se sientan no cómplices de la legislación, sino cómplices y autores del cambio y de la reforma y de su ejecución por vía de transferencia de dinero.


Respecto a las garantías, señora presidenta, más de 350 enmiendas en el Congreso y en el Senado han abundado en la conformación más técnica y garantista de la ley. Y aunque ni la satisfacción del Grupo Parlamentario Socialista ni la de ningún grupo puede ser plena -jamás lo sería, en todo caso, la de ningún grupo porque estamos todos cediendo nuestras posiciones máximas en aras de cumplimentar correctamente la legitimación de origen que tiene esta iniciativa, es decir, que todos hemos sido capaces de firmarla-, sin una satisfacción plena, repito, estas 350 enmiendas han hecho posible que haya un mayor recorrido garantista en la iniciativa. Pero es buen momento ahora para decir que estas 350 enmiendas no han tenido sólo la autoría del trabajo de los grupos parlamentarios, sino que han sido muchos colectivos de fuera de esta Cámara los que, interesados también en la reforma porque van a ser sus beneficiarios o sus víctimas en ocasiones, es decir, magistrados, fiscales, abogados, forenses, profesores de universidad, secretarios judiciales, etcétera, han aportado ideas y trabajos, incluso articulación de enmiendas. Hemos tenido un recorrido muy satisfactorio con distintos colectivos, lo que obliga en este momento al Grupo Parlamentario Socialista, señora presidenta, a agradecérselo profundamente. He de decir que esta mejor conformación en términos de garantía de esta iniciativa parlamentaria ha sido posible gracias a la aportación de todos estos colectivos, y es este un buen momento para darles aquí las gracias por sus aportaciones. Estas garantías han significado una rebaja en los efectos perniciosos, a nuestro entender, por ejemplo, del sobreseimiento de la causa en los supuestos de pasividad del ministerio fiscal, en los supuestos de renuncia por vía tácita al ius puniendi, que no deja de ser un elemento realmente preocupante desde el punto de vista teórico pero que ha sido compensado de alguna manera obligando, en todo caso, al juez a que reclame y emplace a las víctimas, a los ofendidos, para ofrecerles la posibilidad de que sigan con la acusación. Se recupera un mayor protagonismo del ministerio fiscal, que en nuestra primera iniciativa aparecía alejado de ese protagonismo indispensable en el proceso penal y ahora, gracias a esas enmiendas, vuelve a ser el gran impulsor del proceso, vuelve a instruir a la policía judicial para la investigación del crimen, vuelve a tener un control indispensable en la investigación y tiene incluso la capacidad de archivo en el supuesto de que la denuncia sea por vía particular a la que accede o por vía de oficio. Por lo tanto, ha habido un mayor protagonismo del ministerio fiscal que reclamaban no sólo las voces teóricas sino también la realidad de la práctica; un mayor protagonismo también de los secretarios judiciales, que garantizan además el impulso del proceso, que informan al detenido de sus derechos, importante en un proceso rápido y sin dilaciones, o informan, por ejemplo, de las consecuencias que tiene la conformidad para el imputado o el procesado.


Hay, por tanto, en términos generales, una aproximación razonablemente satisfactoria a las posiciones más garantistas que firmó el Grupo Parlamentario Socialista. Quedan algunas insuficiencias que intentaremos solucionar, porque más trámites habrá que permitan los cambios legislativos a que están abocadas algunas de las insuficiencias de esta iniciativa parlamentaria, como son, por ejemplo, dos de las que les doy cuenta, señorías. En primer lugar, respecto a la conformidad, debemos ser conscientes al menos de que existe el peligro claro de la posibilidad de nulidad de muchas actuaciones en el supuesto de que algunos actores del proceso consideren que el fallo del instructor contamina el proceso, y eso puede llevar a una dilación del proceso no querida. En segundo lugar, existe también alguna dificultad en los temas de juicio penal en ausencia para aquellos acusados que tengan penas de hasta dos años. Se ha ampliado de uno a dos años este supuesto, y esto lesiona seriamente, a nuestro entender, el derecho de defensa, y seguramente tendremos oportunidad de variar este supuesto por vía legislativa en la Comisión de Justicia e Interior, una vez que hagamos un seguimiento serio de la ejecución de esta iniciativa parlamentaria.


He hablado en principio de garantías, señora presidenta, y nos preocupan también los medios. La justicia no sólo tiene el valor de servicio público, sino que en una democracia de calidad tiene un precio. Si queremos una justicia que sea de verdad un servicio público, eso, señorías, tiene precio. Hay que poner dinero, y eso significa que hay que apostar por vía presupuestaria para hacer posible lo que los legisladores creemos necesario. Esta es una parte que el Ejecutivo, con vocación de asumir lo que el Legislativo le da, que es este instrumento parlamentario que hoy le damos, tiene que realizar. No conocemos el plan de implantación de juicios rápidos todavía. No es normal, pero no lo conocemos. Por tanto, accedemos a esta Cámara con un grado de satisfacción relativo y con un grado de fe grande. Esperamos que el Gobierno haga un plan de implantación consecuente con la iniciativa parlamentaria y el instrumento parlamentario que ponemos en sus manos. Si tuviéramos que fiarnos del grado de voluntad del Gobierno para ejecutar correctamente esta ley, que

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insisto que es iniciativa parlamentaria, conociendo lo que conocemos por los presupuestos, ello nos llevaría a una profunda insatisfacción y a una preocupación importante, señores del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BARRERO LÓPEZ: Termino ya, señora presidenta.


Porque el cambio presupuestario, la asignación adicional entre 2002 y 2003, la aportación que hace a Justicia el Gobierno este año es apenas de 71 millones de euros, unos 11.000 millones de pesetas, que ponen en entredicho el interés del Gobierno por hacer realidad el plan de financiación que recogía el pacto para la reforma de la justicia, que asignaba alrededor de 1.500 millones de euros en ocho años. Los juicios rápidos, según ha dicho aquí el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, sólo tienen asignados 22 millones de euros, 3.500-3.600 millones de pesetas. Insuficientes. La aportación en más jueces, más fiscales y más forenses que aparece en los presupuestos es tan escasa como la siguiente: de 2002 a 2003, a pesar de los juicios rápidos, a pesar de este instrumento parlamentario, el Gobierno piensa ejecutarlos con 30 jueces más, 20 fiscales más y 6 médicos forenses más, sin ningún intérprete ni perito ni técnico más. Difícil de ejecutar.


He hablado de garantías, de medios y de acuerdos con las comunidades autónomas -y termino, señora presidenta-, y nosotros no hemos conseguido que aquí se entienda nuestra posición de hacer posible que el pacto que hemos dicho que hay que hacer, y que nos hemos obligado a hacer, con las comunidades autónomas significaba complicidad en la reforma legislativa y complicidad, por la vía de transferencia, en el consenso y en la negociación para dar recursos que hagan posible los servicios que ahora les imponemos realizar porque tienen las competencias transferidas. No hemos conseguido que sea posible. Lo sentimos porque esto incumple el pacto de Estado por la justicia. Les leo.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Barrero, concluya ya.


El señor BARRERO LÓPEZ: Termino, señora presidenta.


El artículo 22 del citado pacto de Estado por la justicia a que tanto apelamos para hacer posible el acuerdo entre todos, dice: Comunidades autónomas. A tal fin, las partes firmantes -todos los grupos parlamentarios, Gobierno incluido- del presente acuerdo -pacto de Estado por la justicia- hacen suyos los términos del acuerdo adoptado en la conferencia sectorial en materia de Administración de justicia, celebrado el día 22 de mayo de 2001. ¿Qué dice ese acuerdo sectorial? Habla de lo importante del pacto, y uno de sus apartados viene a decir que la reforma es un amplio y complejo conjunto de medidas que por su trascendencia requiere un proceso negociador hasta alcanzar un amplio consenso con las comunidades autónomas el cual debe incluir, entre otras cuestiones, el coste global de la reforma y su financiación. Por lo tanto, toda articulación del pacto lleva consigo la obligación al Ejecutivo de hacer posible la coautoría de la reforma y la transferencia de recursos. No lo hemos conseguido. Están obligados a ello, señores del grupo parlamentario, hagan efectiva esa exigencia a su Gobierno para hacerlo posible. Si no, haremos un fraude al pacto por la reforma de la justicia.
Y el pacto es un pacto de verdad, no es una plataforma de propaganda para un gobierno. Es un pacto de verdad del que nos sentimos corresponsables todos los grupos parlamentarios, especialmente el grupo por el que hoy tengo el honor de intervenir.


Termino, señora presidenta. Vamos a hacer un seguimiento de esta ley. Como grupo parlamentario vamos a hacer un seguimiento en la Comisión de Justicia e Interior para que el Ejecutivo sea capaz de llevar a cabo este instrumento parlamentario que ponemos en sus manos. No empezamos bien en medios ni en transferencias entre las comunidades autónomas. Empezamos mejor en el tema de las garantías legislativas. Haremos un seguimiento de ello, porque le damos al Ejecutivo un instrumento de cuya ejecución tiene que responsabilizarse. En sus manos está, señores del grupo parlamentario, señores del Gobierno.


Gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Barrero.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el señor Ollero.


El señor OLLERO TASSARA: Señora presidenta, señorías, el debate que estamos finalizando es, sin duda, una prueba muy elocuente de lo que puede dar de sí el pacto de Estado por la justicia. Porque después de lo que se ha oído aquí podría parecer que ha sido un proyecto de carril en el que los grupos han firmado una proposición de ley, se han puesto de acuerdo desde el principio y llegan plácidamente al final. Todos sabemos que no ha sido así, que ha habido un gran número de autoenmiendas por parte de todos los grupos; que ha habido también, como ya se ha señalado, una intervención muy activa de muchísimos protagonistas de la vida de la justicia, a título individual y como colectivos, que se han sentido implicados en la elaboración de este proyecto, inicialmente quizás se sintieron en alguna ocasión un tanto marginados, pero eso al final ha podido tener una consecuencia paradójicamente positiva porque no han contemplado este proyecto como una ocurrencia de los legisladores que, como se sabe, tienen que dedicarse a lo suyo y tampoco lo han contemplado con escepticismo, sino que se han sentido personalmente

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implicados, se saben responsables de la eficacia de su aplicación práctica y, en consecuencia, a través de sus sugerencias, que han sido en gran número atendidas, se sienten tan comprometidos como nosotros con su marcha final.


Estamos haciendo una lectura final del proyecto, habitualmente a la del Senado se le suele llamar segunda lectura. La verdad es que es muy ilustrativa también la lectura, a través del "Diario de Sesiones", del debate que tuvo lugar en el Senado por la actitud de los diversos grupos y por las enmiendas que se aprobaron en esa fase, pero no he llegado a captar la postura de un grupo. De la intervención del senador que se vincula a Izquierda Unida -de ahí mi curiosidad por oír hoy la intervención del señor Rejón-, sólo queda claro en el "Diario de Sesiones" que tenía que coger un avión muy pronto, en razón de lo cual dio por defendidas las enmiendas. Durante el debate se alude una y otra vez a la necesidad de que no pierda el avión el citado senador, con lo cual aquello parecía una ley de viajes rápidos más que una ley de juicios rápidos. Hoy, afortunadamente, el señor Rejón sabe que esto va para largo y, por tanto, ha podido exponer con toda amplitud la postura de su grupo que en algún que otro aspecto no ha dejado de ser sorprendente. Ahora aludiré a ello como la cuestión se merece.


Este proyecto pone a prueba la asimilación de aspectos fundamentales de nuestra arquitectura constitucional. Estamos en un Estado de las autonomías -muy consolidado, por cierto- y tenemos también una Constitución que contempla la figura del Consejo General del Poder Judicial. En ese aspecto, todo lo que se ha dicho sobre financiación encuentra ahí su expresión más lógica.


Me ha hecho gracia que el señor Barrero haya subido a la tribuna para hablar de juicios rápidos con el libro amarillo de los presupuestos en la mano. Me recuerda a un colega que tenía en la facultad que iba siempre con un libro en la mano, lo cual le daba aire docto. El problema era que al cabo de los meses, como el libro era el mismo, la gente empezaba a pensar lo contrario. Yo comprendo que el señor Barrero, que lo tiene difícil este año para meterse con los presupuestos, se esté precalentando más de un mes antes porque le va a costar hincarle el diente. Le deseo suerte, pero hoy estamos hablando de juicios rápidos. Los juicios rápidos se van a concretar en un plan, pero el Gobierno no puede presentarlo ya.
Lo hubiera hecho el Gobierno socialista, lo sé, pero el Gobierno socialista no hizo un pacto de Estado. Sería una falta de respeto que antes de que la Cámara decidiera cómo queda organizado ya hubiera un plan. Eso significaría que lo que decimos aquí no sirve para mucho, como ocurría entonces. No es este el caso. Sería también muy poco cortés con las comunidades autónomas que en buena medida van a tener que asumir, como es lógico en un Estado de las autonomías, alguna de esas cargas pues está previsto por ley, no sólo por un acuerdo que S.S. ha leído aquí con gran detalle, que en el órgano oportuno se decida cuál es el impacto que les afecta y en qué medida eso debe contemplarse en los Presupuestos Generales del Estado y en las transferencias económicas oportunas.
Igualmente, entre las enmiendas -y a eso no se ha hecho alusión- que aprobamos hoy hay varias que hacen referencia al Consejo General del Poder Judicial y a su potestad reglamentaria, porque a veces se nos puede olvidar o no marcamos de manera suficientemente neta que el Consejo General tiene también su aportación propia.


Estamos ante una ley indispensable. En nombre de mi grupo, quiero discrepar de cualquier intento de plantear a estas alturas de la película la libertad y la seguridad como si fueran elementos en conflicto. Yo comprendo que el término seguridad no se prestigió mucho durante algunos años, sobre todo vinculado a determinada dirección general, pero han pasado ya 27 años y estamos en un país normal. Quizá porque me dedico a la filosofía de derecho, sé muy bien que la seguridad no es sino la libertad estable; la seguridad no es sino la libertad no amenazada; la seguridad no es sino la libertad no perturbada. Por tanto, entender la seguridad como una amenaza es un anacronismo absoluto y entender la libertad como seguridad para delinquir, es un disparate. Y sacar a relación a los extranjeros a propósito de esta ley, es muy desafortunado.
Porque si es desafortunado unir delincuencia con extranjería en el sentido de la comisión del delito, lo es también a la hora de decir que los juicios rápidos se van a aplicar a extranjeros. Dejemos a los extranjeros en paz, no toca; es una torpeza, con todos los respetos. No es ese el problema, el problema es la violencia doméstica que por las presiones que recibe la víctima, si el juicio no es rápido, acabará probablemente por no ser saldada en justicia. Y lo que es una amenaza para la libertad es que el delincuente tenga la seguridad de que la justicia va a ser ineficaz. Eso sí que amenaza la libertad en cualquier país democrático y normal. Somos un país normal, por lo menos algunos estamos ya acostumbrados a serlo. Comprendo que haya otros que se crean todavía en la clandestinidad, pero eso ya pasó, no estamos ahí ahora ya.
La percepción que tiene el ciudadano de la justicia se debe a eso. El otro día, en Granada, con motivo de una fiesta popular, detuvieron a un delincuente que había sido detenido 106 veces. La policía es la primera que lo dice, para que quede claro que no es su problema, que es el problema nuestro porque hacemos unas leyes en las que confundimos la garantía con la impunidad cuando una cosa no tiene que ver con la otra.
Por eso estamos hoy aquí: para conseguir que en los procesos se respeten las garantías, pero sin trabas, pasando de esa absurda obligación de tener que esperar 10 días para juzgar a otra según la cual hay que procurar que el juicio se realice antes de 15 días. Se trata también de conseguir un cambio de actitudes. Como se

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ha dicho ya, se ha contemplado el papel de los secretarios judiciales y, con estas enmiendas, se ha precisado la intervención de la policía. Se ha corregido el aspecto de la conformidad y, en ese sentido, que cuando alguien señala la luna no nos quedemos mirando el dedo. No es ninguna amenaza para las garantías el que un mismo juez haga dos cosas, lo que es una amenaza es que haya una contaminación. En este caso no la hay y, por tanto, no hay ningún problema.


Asimismo, se ha separado la conformidad de la posible suspensión de la pena, algo en lo que Convergència i Unió, en su día, puso gran interés en que se corrigiera. En cuanto al sobreseimiento, el hecho de que el juez comunique a los afectados directamente que el fiscal no ha presentado acusación, les permite seguir con el procedimiento si lo consideran oportuno y, por tanto, tampoco tiene ningún efecto particularmente negativo.


En resumen, es un día para estar orgullosos de lo que hemos logrado después de bastantes horas de trabajo, después de oírnos atentamente unos a otros y a tantos de fuera de esta Cámara, de la sociedad y del ámbito de la justicia, que han colaborado suministrándonos sus puntos de vista advirtiéndonos de posibles aspectos mejorables. Esa actitud ha sido decisiva y, en ese sentido, me parece muy positivo que el Grupo Socialista haya tenido la nobleza de reconocer que ellos ya lo intentaron. Las leyes, a diferencia de las películas, no se reestrenan cuando tienen éxito.


Nada más. Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Ollero. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Sometemos a votación las enmiendas del Senado a la proposición de ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas, y de modificación del procedimiento abreviado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 288; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 292; a favor, 283; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DICTÁMENES DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS EXTERIORES SOBRE CONVENIOS INTERNACIONALES.


- TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y EL REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE, RELATIVO A LA ENTREGA JUDICIAL ACELERADA PARA DELITOS GRAVES EN UN ESPACIO COMÚN DE JUSTICIA, HECHO EN MADRID EL 23 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA DESEA FORMULAR. (Número de expediente 110/000182)

La señora PRESIDENTA: Dictámenes de Comisión de Asuntos Exteriores sobre convenios internacionales.


¿Algún grupo desea intervenir en alguno de estos convenios? (Pausa.) Vamos a iniciar la votación sucesiva de todos ellos.


En primer lugar, Tratado entre el Reino de España y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, relativo a la entrega judicial acelerada para delitos graves en un espacio común de justicia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO DE ESTOCOLMO SOBRE CONTAMINANTES ORGÁNICOS PERSISTENTES, HECHO EN ESTOCOLMO EL 22 DE MAYO DE 2001 Y DECLARACIÓN QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACIÓN. (Número de expediente 110/000183.)

La señora PRESIDENTA: Convenio de Estocolmo sobre contaminantes orgánicos persistentes y declaración que España va a formular en el momento de su ratificación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO DE SEDE, PRIVILEGIOS E INMUNIDADES ENTRE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN IBEROAMERICANA DE JUVENTUD, RELATIVO AL ESTATUTO JURÍDICO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESPAÑA, HECHO EN MADRID EL 21 DE

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FEBRERO DE 2002. (Número de expediente 110/000184.)

La señora PRESIDENTA: Convenio de sede, privilegios e inmunidades entre España y la Organización Iberoamericana de Juventud, relativo al estatuto jurídico de la organización en España.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO DE COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) EN MATERIA DE PATRIMONIO, HECHO EN PARÍS EL 18 DE ABRIL DE 2002. (Número de expediente 110/000185.)

La señora PRESIDENTA: Convenio de cooperación entre el Reino de España y la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en materia de patrimonio.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CANJE DE NOTAS CONSTITUTIVO DE ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE BULGARIA SOBRE SUPRESIÓN RECÍPROCA DE VISADOS. (Número de expediente 110/000186.)

La señora PRESIDENTA: Canje de notas constitutivo de Acuerdo entre el Reino de España y la República de Bulgaria sobre supresión recíproca de visados.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 293.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE NICARAGUA SOBRE EL LIBRE EJERCICIO DE ACTIVIDADES REMUNERADAS PARA FAMILIARES DEPENDIENTES DEL PERSONAL DIPLOMÁTICO, CONSULAR, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DE MISIONES DIPLOMÁTICAS Y OFICINAS CONSULARES, HECHO EN MADRID EL 3 DE ABRIL DE 2002. (Número de expediente 110/000187.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Nicaragua sobre el libre ejercicio de actividades remuneradas para familiares dependientes del personal diplomático, consular, administrativo y técnico de misiones diplomáticas y oficinas consulares.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 290; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE TURQUÍA RELATIVO A LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS CULTURALES, HECHO EN ANKARA EL 26 DE ABRIL DE 2002. (Número de expediente 110/000188.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo entre el Reino de España y la República de Turquía relativo a la creación y funcionamiento de centros culturales.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 291; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO PARA LA PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN RECÍPROCA DE INVERSIONES ENTRE ESPAÑA Y BOSNIA Y HERZEGOVINA, HECHO EN MADRID EL 25 DE ABRIL DE 2002.(Número de expediente 110/000189.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo para la promoción y protección recíproca de inversiones entre España y Bosnia y Herzegovina.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 290; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- TRATADO DE AMISTAD Y COOPERACIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y BOSNIA Y

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HERZEGOVINA, HECHO EN MADRID EL 25 DE ABRIL DE 2002. (Número de expediente 110/000190.)

La señora PRESIDENTA: Tratado de amistad y cooperación entre el Reino de España y Bosnia y Herzegovina.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 292; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LAS ADHESIONES DE LA REPÚBLICA DE LETONIA Y DE LA REPÚBLICA SOCIALISTA DEMOCRÁTICA DE SRI LANKA AL CONVENIO SOBRE LOS ASPECTOS CIVILES DE LA SUSTRACCIÓN INTERNACIONAL DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 25 DE OCTUBRE DE 1980. (Número de expediente 110/000191.)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de las adhesiones de la República de Letonia y de la República Socialista Democrática de Sri Lanka al Convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de menores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESIÓN DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA AL CONVENIO SOBRE COMPETENCIA DE AUTORIDADES Y LEY APLICABLE EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE MENORES, HECHO EN LA HAYA EL 5 DE OCTUBRE DE 1961. (Número de expediente 110/000192.)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre competencia de autoridades y ley aplicable en materia de protección de menores.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO SOBRE TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y NUEVA ZELANDA, HECHO EN MADRID EL 6 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000193.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Reino de España y Nueva Zelanda.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- ACUERDO DE COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, HECHO EN MADRID EL 11 DE JUNIO DE 2002.
(Número de expediente 110/000194.)

La señora PRESIDENTA: Acuerdo de cooperación científica y tecnológica entre el Reino de España y la República de Eslovenia.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- DECLARACIÓN DE ACEPTACIÓN POR ESPAÑA DE LA ADHESION DE LA REPÚBLICA DE LITUANIA AL CONVENIO SOBRE LA LEY APLICABLE EN MATERIA DE ACCIDENTES DE CIRCULACIÓN POR CARRETERA, HECHO EN LA HAYA EL 4 DE MAYO DE 1971.
(Número de expediente 110/000195.)

La señora PRESIDENTA: Declaración de aceptación por España de la adhesión de la República de Lituania al Convenio sobre la ley aplicable en materia de accidentes de circulación por carretera.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 294.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- TRATADO DE EXTRADICIÓN ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA DE LA INDIA, HECHO EN MADRID EL 20 DE JUNINO DE 2002. (Número de expediente 110/000196.)

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La señora PRESIDENTA: Tratado de extradición entre el Reino de España y la República de la India.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 294; a favor, 293; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


- CONVENIO DE SEGURIDAD SOCIAL ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA ESLOVACA, HECHO EN BRATISLAVA EL 22 DE MAYO DE 2002. (Número de expediente 110/000197.)

La señora PRESIDENTA: Convenio de Seguridad Social entre el Reino de España y la República Eslovaca.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 296; a favor, 296.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DICTÁMENES DE COMISIONES SOBRE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. (Número de expediente 121/000096.)

La señora PRESIDENTA: Punto IX del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre iniciativas legislativas. Dictamen de la Comisión de Economía sobre el proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de no residentes. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que ocupen sus escaños o abandonen el hemiciclo en silencio.


En primer lugar, para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Paso a defender las 30 enmiendas que hemos presentado, que no han tenido ningún éxito ni en ponencia ni en comisión, ni siquiera aquella en la que planteábamos la exención de la aplicación del IRPF en las indemnizaciones a ex presos políticos. Por tanto, anuncio ya nuestro voto negativo al dictamen de la comisión, por cuatro razones que expliqué en el debate de totalidad y que muy brevemente voy a repetir. La primera, porque se disfraza la reducción de impuestos con lo que de hecho es simplemente una corrección del efecto de la inflación, se disfraza al decir que se baja la presión fiscal cuando el incremento de los impuestos indirectos y tasas significa, de hecho, como se ha publicado estos días, un incremento de la presión fiscal. En segundo lugar, porque este proyecto de ley continúa reduciendo la progresividad del impuesto, por lo que una vez más las personas más beneficiadas serán los tramos altos del impuesto. La tercera razón es que, de nuevo, la capacidad recaudatoria de este impuesto sigue reduciéndose; estamos a 7 puntos de la presión fiscal agregada, que se corresponden con la brecha social que en estos momentos España tiene con la Unión Europea. Como veremos en el próximo punto del orden del día, precisamente una de las necesidades fundamentales hoy del Estado español es incrementar el gasto social en áreas como la educación.
La cuarta razón es que se nos plantea una reforma fiscal donde brillan por su ausencia las consecuencias y los resultados de la lucha contra el fraude fiscal.


Por estas cuatro razones, anuncio nuestro voto negativo.


Gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.


Señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, quiero anunciar el voto en contra de Esquerra Republicana del proyecto de ley de reforma del IRPF, por tres razones, que paso a exponer rápidamente. En primer lugar, porque desde Esquerra Republicana de Cataluña consideramos que la presión fiscal y el coste de la vida no son iguales en todas las partes del Estado, y en el caso de Cataluña, la situación es más compleja. Por eso, en algunas de las enmiendas defendíamos que hubiera ámbitos territoriales en los modelos impositivos.


En segundo lugar, consideramos que esta reforma es parcial, con un cierto barniz de defensa de los intereses de la familia, de las familias monoparentales también, pero insuficiente. Faltan más recursos y faltan también políticas paralelas, que evidentemente sólo se pueden hacer con otra política fiscal de apoyo a las guarderías de cero a tres años, al modelo escolar público y al modelo sanitario público y de pensiones.


Finalmente, esta reforma tampoco ataca en profundidad las diferencias que hay hoy en día entre las rentas de capital y las rentas de trabajo. En ese sentido, se mantiene la discriminación en contra de las rentas del

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trabajo, a diferencia de lo que pasa en el resto de la Europa civilizada.
El Partido Popular insiste en esta línea de primar las rentas del capital en perjuicio de las rentas del trabajo.


Por todas estas razones mantenemos nuestro voto en contra de esta propuesta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.


Señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Muchas gracias, señora presidenta.


Para manifestar el voto en contra también del Partido Andalucista de esta reforma, que no nos parece justa, nos parece discriminatoria, y mantener el sentido de las enmiendas que hemos presentado. En concreto, quiero destacar aquella que considere gastos deducibles los gastos de mantenimiento y de conservación de viviendas, para fomentar el uso de viviendas en alquiler del país y, por tanto, acabar con la carestía del alquiler y con la ausencia de viviendas, y por considerar que debe ser deducible todo aquel gasto que es necesario para obtener el ingreso.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Por último, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


El Bloque Nacionalista Galego manifiesta su posición en contra del dictamen de la comisión por tres motivos básicos. En primer lugar, porque realmente seguimos estando muy lejos de un modelo progresivo desde el punto de vista social; segundo, porque no estamos de acuerdo con que se reduzcan los ingresos del Estado precisamente a través del IRPF -3.000 millones de euros menos-, que llevará consigo un recorte del gasto social -lo está llevando ya- y un peligro evidente para una financiación suficiente de las comunidades autónomas. En tercer lugar, porque pensamos que el modelo de los impuestos directos debe seguir siendo prioritario en la equidad y justicia social frente a los impuestos indirectos.


Nos gustaría, señora presidenta, hacer algunas alusiones a las enmiendas que han sido rechazadas y que dibujan a la perfección cuál es el modelo que está imponiendo el Partido Popular. En primer lugar, pensamos que el tratamiento fiscal del problema de la vivienda de alquiler debía de ser muy otro al que le da el Partido Popular en este proyecto de ley.
Recordarán que en 1998 se suprimió la deducción por alquiler de vivienda habitual. Pues bien, la línea que se sigue ahora de beneficiar al arrendador y no al arrendatario nos parece equivocada. Por eso, planteamos la deducción por alquiler de vivienda habitual del 15 por ciento de cantidades satisfechas durante el ejercicio por el arrendatario en un límite de 225 euros anuales.


Por otra parte, hay una línea de actuación para modificar también el proyecto de ley del Gobierno que consiste en suprimir los beneficios fiscales a los rendimientos de capital mobiliario e inmobiliario, como proponemos en nuestras enmiendas 75 a 77; no establecer beneficios fiscales a las rentas percibidas en forma de opciones sobre acciones que mejoran el tratamiento fiscal de las rentas más altas; eliminación del trato privilegiado a los fondos de inversiones cuando no sean productivos, sí cuando sean productivos.


Hay otra serie de enmiendas que también son indicativas y que confrontan nuestro modelo con el del Partido Popular. En concreto, las referidas a la supresión del estímulo a la contratación de regímenes privados de previsión sustitutivos del régimen especial de trabajadores autónomos de la Seguridad Social. La línea que sigue el Gobierno va en detrimento del sistema de previsión público de la Seguridad Social, y por eso presentamos enmiendas en esta dirección. Ocurre exactamente lo mismo con esa supuesta preocupación por la familia; la ponemos en entredicho a través de enmiendas que sí configuran una alternativa muchísimo mejor y más adaptada a la situación real, de defensa de las familias, especialmente de las más menesterosas. En concreto, proponemos la sustitución de reducciones por hijos aplicables en la base por reducciones en la cuota. Esta opción, que proponemos en nuestras enmiendas 61 a 88, es más progresiva y justa desde el punto de vista social.


También proponemos mejoras en el tratamiento de las rentas del trabajo y deducción por gastos médicos no cubiertos por la Seguridad Social, o deducciones del alquiler de vivienda habitual a favor de los arrendatarios. Pensamos, asimismo, que se debería tener en cuenta la nueva modalidad de familia, de modo que pudieran tributar conjuntamente las parejas de hecho, sean homosexuales o heterosexuales, por tanto que haya una cobertura legal y de igualdad de derechos para estas familias.


Por último, señora presidenta, quiero plantear dos cuestiones fundamentales. Primero, nuestra absoluta disconformidad con una modificación que reduce el número de tramos de las escalas y aplica reducciones de los tipos marginales en función de los niveles de renta, para beneficiar siempre las rentas más altas. Esto incide en las escalas autonómicas y altera los ingresos de las comunidades autónomas. Esta forma de proceder es una violación del marco competencial autonómico y una deslealtad institucional que nunca debió cometerse, como ponemos de manifiesto en nuestras enmiendas 65 a 87.


Con mis últimas palabras quiero dejar claro que los trabajadores de nacionalidad española en Andorra, que no modificaron su residencia por motivos fiscales sino

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por necesidades económicas, no deberían estar sometidos a la doble imposición que les aplica el proyecto de ley del Gobierno.


Son demasiados elementos, señora presidenta, como para que no quede claramente justificada nuestra posición contraria al dictamen de la comisión.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo mantiene vivas nueve enmiendas para este trámite de Pleno, resultantes de las votaciones del trámite de comisión. Mi grupo va a votar favorablemente el contexto general de este proyecto de ley por entender que supone un avance positivo, significa ordenación, racionalidad, y considera una serie de figuras jurídicas tributables que, en el caso de aquellas que van dirigidas a la previsión social, a las mutualidades, requieren cierto perfeccionamiento, que tratamos de hacer con las enmiendas, que paso a defender seguidamente. Dentro de nuestra conformidad con la generalidad del texto del proyecto de ley, que vamos a apoyar, como he dicho, nuestras enmiendas quieren llamar la atención del grupo que sustenta al Gobierno para que las valore positivamente, sobre todo en el caso de las que van dirigidas a proteger las situaciones de jubilación o enfermedad de personas que no tienen posibilidad de mejora de vida a través de sus rentas, cuyos efectos negativos tratamos de paliar por la vía fiscal.


La enmienda 122 está dirigida a la reducción y simplificación de los porcentajes de tributación de las rentas vitalicias inmediatas.
Proponemos, señora presidenta, que, en caso de no hayan sido adquiridas estas rentas por herencia, legado o cualquier otro título sucesorio, se considerará rendimiento de capital mobiliario el resultado de aplicar a cada anualidad el porcentaje positivo resultante de restar a 85 la edad del rentista en el momento de devengo del impuesto. ¿Por qué decimos esto? Proponemos fomentar la contratación de las rentas vitalicias inmediatas. Teniendo en cuenta todos esos augurios negativos sobre las pensiones de la Seguridad Social a 10, 15 ó 25 años vista, tiene que haber otros instrumentos perfeccionadores de la situación en que quede el jubilado pensionista. Habría que simplificar el actual sistema de tributación reduciendo la carga impositiva a medida que va aumentando la edad de la persona, cada vez más desvalida fiscal, económica y fisiológicamente, y reduciendo así la carga impositiva a medida que va aumentando la edad del contribuyente ya que la capacidad de éste disminuye; a veces nos olvidamos de que aumentan los gastos en medicinas y aumentan las posibilidades de ir una residencia geriátrica o de la tercera edad, que es el problema deducible del envejecimiento de la población en España.


La enmienda 123 trata de la aplicación de rentas diferidas vitalicias en un porcentaje único de tributación que estimule su contratación. Nuestra enmienda va en esa línea, distinguiendo rentas diferidas vitalicias de rentas diferidas temporales. ¿Por qué? Porque mi grupo cree necesario fomentar al máximo las rentas diferidas vitalicias porque es el sistema que se considera más adecuado por los expertos en atenciones y previsión social para el establecimiento de esquemas de previsión. Veremos dentro de unos años que esto será prácticamente indiscutible por los organismos fiscales administrativos al poseer la jubilación un mayor grado de complementariedad con las prestaciones de la Seguridad Social. Va a ser -ya lo está siendo desde hace unos pocos años- motivo de debate permanente la complementariedad de las pensiones de la Seguridad Social y por tanto vamos a estimular el contratar estas rentas diferidas vitalicias, entendiendo además que cubren una importante función social.
Hay que evitar lo que está ocurriendo en la Ley del IRPF actualmente, dado que somete a tributación la suma de los rendimientos determinados por la aplicación de los porcentajes establecidos en cada término de renta con la rentabilidad obtenida hasta el momento de constitución de la renta, y eso tiene que corregirse.


La enmienda 124 es al capítulo correspondiente al artículo 23 de la Ley del tratamiento fiscal de los rescates de rentas. La normativa actualmente vigente, señora presidenta, penaliza excesivamente el rescate de las rentas y eso hay que corregirlo. No se puede penalizar, como se está haciendo actualmente a nuestro juicio, el rescate de las rentas cuando el mismo puede obedecer a situaciones de necesidad del beneficiado; beneficiado que a medida que aumenta la edad se ve obligado a mayores gastos por las razones que he dicho antes de medicinas, salud, residencias geriátricas para tercera edad, etcétera. Por este motivo proponemos en nuestra enmienda que al rendimiento que se genere en el rescate de rentas inmediatas y diferidas en periodo de devengo se le apliquen los mismos porcentajes reductores que a las prestaciones en forma de capital, como se viene haciendo; medida ésta que, además de ser equitativa, tiende a fomentar la contratación de rentas tanto temporales como vitalicias ya que si la Administración, el Gobierno o la política del momento se empeñan en implementar una reconsideración de la cuantía de las pensiones a que tienen derecho los que han contribuido a la Seguridad Social, si se va a una complementariedad, hay que facilitarla, o el discurso quedaría en plena y pura retórica administrativa.


La enmienda 126 se dirige a la no tributación de la renovación de instrumentos contratados a plazo, según señala el proyecto de ley.
Nosotros introducimos la necesidad de fomentar el ahorro a largo plazo.
La renovación o prórroga del periodo de tiempo inicialmente

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previsto en los productos o contratos cuyos rendimientos tengan la calificación fiscal de rendimientos de capital mobiliario, incluidos los derivados de contratos de las pólizas del seguro, no se considerarán hecho imponible en el impuesto siempre que no se produzca ninguna disposición efectiva. La situación actual lleva a discriminación y solicitamos que no tenga consecuencias fiscales para el ahorrador en la misma línea consecuente de pensamiento en que estoy desarrollando todas las enmiendas que llevo defendidas.


Se justifica la enmienda 127, referida a reducciones previstas en el artículo que tratamos de enmendar, señorías, porque la reforma que se contiene en el proyecto respecto a la tributación de los fondos de inversión mobiliaria, por la que se permite la movilización de participaciones sin que se compute ninguna ganancia o pérdida patrimonial, supone que en buena lógica deben desaparecer también las limitaciones establecidas para los seguros en los que el tomador asume el riesgo de la inversión, que carecerían de toda justificación en la nueva normativa. Tratamos de equiparar situaciones para evitar agravios comparativos y falseamientos de la situación de la persona.


La enmienda 129 está dirigida a que haya un incentivo a los planes de previsión asegurados, dado que las primas satisfechas a los planes de previsión asegurados, son contratos de seguros que deben cumplir una serie de requisitos. Nuestra enmienda pretende perfeccionar estos requisitos, intentando suprimir la posibilidad de que reglamentariamente se fijen nuevos requisitos no previstos por la ley para los planes de previsión asegurados, ya que esta delegación, que puede tener un órgano de la Administración en el ministerio correspondiente, es contraria al principio de reserva de ley en materia tributaria proclamado nada más y nada menos, señora presidenta, que por el artículo 133 de la Constitución española, en relación con el artículo 10, letra a) de la Ley General Tributaria. Por tanto, salvemos, digamos, el comportamiento constitucional y que no ocurra que por una resolución de una dirección general fiscal de la Administración del Estado se puedan adoptar medidas contrarias a este principio de protección legal consagrado en nuestra Constitución y normas que la desarrollan.


La enmienda número 130 también está regulando una serie de comportamientos fiscales que deben cubrirse necesariamente en la contingencia de jubilación de los planes y fondos de pensiones, a través de los planes de previsión asegurados, destinados a las contingencias que nosotros señalamos aquí de fallecimiento y a las personas que tengan declarada una incapacidad laboral total, absoluta o de gran invalidez, que podrán realizar aportaciones para la cobertura de otras contingencias sin necesidad de cubrir la contingencia de jubilación. A nuestro juicio es un planteamiento que corrige el requisito establecido inicialmente en este proyecto de ley de los planes de previsión asegurados, para que no solamente tengan la cobertura de jubilación sustituyendo este requisito por el de la cobertura necesaria de la contingencia de jubilación, así como las que se puedan dar en otras situaciones.


La enmienda número 133 va en la misma línea de los gastos deducibles, para que no haya impedimentos y no se prohiba el acceso a ningún incentivo fiscal para la contratación de seguros de enfermedad.


Finalmente, y con esto termino, señora presidenta, nuestra enmienda número 134, que tiene la misma redacción y principios que la 268 -me quiero referir a ella porque también la vamos a votar favorablemente- del Grupo Catalán de Convergència i Unió, es la dirigida a los requisitos subjetivos, con respecto a lo que dice el artículo 48 de la Ley 40/1998, sobre las reducciones por aportaciones y contribuciones a sistemas de previsión social. Para nosotros esto es muy importante porque, si no se satisface ahora con esta ley, una demanda permanente con la que nos vamos a encontrar en los próximos años, por lo que decía antes de envejecimiento de la población española, va a ser la de las aportaciones complementarias a las pensiones de la Seguridad Social en cualquiera de sus modalidades. Nuestra enmienda dice: Las cantidades abonadas en virtud de contratos de seguros concertados con mutualidades de previsión social por trabajadores por cuenta ajena o socios trabajadores, incluidas en su caso las contribuciones del promotor que les hubiesen sido impuestas en concepto de rendimiento del trabajo cuando se efectúen, estas últimas...
Nuestra enmienda respeta totalmente el texto del proyecto que viene de comisión y solamente introduce dos variantes de pocas palabras: "en su caso" y "estas últimas". ¿Por qué? La ley que vamos a votar, y que merece nuestra conformidad, crea un nuevo instrumento de previsión social individual, figura jurídica que faltaba en nuestro ordenamiento y que ya era hora que llegase, que son los planes de previsión asegurados. Dichos planes podrán ser suscritos por cualquier contribuyente, quien podrá deducir las aportaciones que realice a los mismos de la base imponible de su IRPF, mientras que las aportaciones que los trabajadores por cuenta ajena realizan a mutualidades de previsión social actualmente, señora presidenta, en las que el promotor no realiza contribuciones a las mismas conforme a lo previsto en la disposición adicional primera de la Ley 8/1987, no gozan de la reducción en la base imponible, por no tener encaje -no se citaba en ninguna ley- en ninguno de los apartados correspondientes al artículo 48 de la ley que este proyecto que estamos debatiendo pretende reformar. Para equiparar estas situacioines y evitar que haya agravios comparativos, perturbadores y distorsionadores de la política del sistema, dado que se crea esta figura de previsión social individual como nuevo instrumento de la misma -planes de previsión asegurados-, conviene que los trabajadores por cuenta ajena que están en las mutualidades

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de previsión social tengan el mismo trato fiscal en la reducción de la base imponible.


Con esto termino la defensa de las enmiendas que someto a la consideración de la Cámara, señora presidenta

Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mardones.


Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor Azpiazu.


El señor AZPIAZU URIARTE: Gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, voy a ser realmente breve. Tras pasar por el Pleno y por la Comisión de Economía y Hacienda vuelve al Pleno el debate sobre la reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas, por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de los no residentes. Hoy no es el momento de reproducir ninguno de los debates anteriores, tan sólo quisiera recordar que nuestro grupo no presentó enmienda a la totalidad puesto que, como señalamos, la competencia legislativa de esta materia en Euskadi reside en las Juntas Generales de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa.


No obstante, pensábamos, y seguimos pensando, que este proyecto puede ser calificado como proyecto-trampa y proyecto-propaganda. Señalábamos que era un proyecto-trampa puesto que, a nuestro juicio, no resuelve ningún problema de fondo y tan solo sitúa la fiscalidad por IRPF donde tenía que haber estado si se hubiera deflactado la tabla a los mínimos, etcétera, y es un proyecto-propaganda porque forma parte de los reiterados anuncios del Gobierno del PP de supuestas rebajas impositivas. Creemos que las reformas hay que hacerlas con sentido y seriedad y, desde luego, después de haber analizado y evaluado los resultados de la reforma anterior.


Señora presidenta, doy por defendidas las enmiendas de la 7 a la 12, ambas inclusive, del Grupo Vasco, en los mismos términos en que lo hice en la comisión. Me van a permitir, por tanto, que me refiera tan solo a la enmienda número 13 de nuestro grupo. A través de ella, proponemos modificar la disposición final quinta del artículo quincuagésimoprimero añadiendo el siguiente texto: Disposición final quinta. Habilitación para Ley de Presupuestos Generales del Estado. La Ley de Presupuestos Generales del Estado podrá modificar, de conformidad con lo previsto en el apartado 7 del artículo 134 de la Constitución española, a) La escala y los tipos del impuesto y las deducciones en la cuota; b) Los demás límites cuantitativos y porcentajes fijos establecidos en esta ley.
Segundo. En todo caso, la Ley de Presupuestos Generales del Estado modificará anualmente los elementos cuantitativos del impuesto, adaptándolos a la evolución de los precios, de forma que no se produzca por esta razón un incremento de la presión fiscal efectiva.


Como saben SS.SS., con una escala progresiva en la que un incremento de la renta gravable ocasiona un incremento más que proporcional en la carga tributaria, aumentos estrictamente nominales en las rentas percibidas por los contribuyentes pueden inducir un aumento en la presión fiscal soportada. En consecuencia, el mantenimiento de la presión fiscal real que soportan los contribuyentes del IRPF requiere necesariamente una adaptación de la escala del impuesto, deducciones, etcétera, de acuerdo con la evolución de los precios. En otro caso, se estará provocando una elevación encubierta de la presión fiscal y los contribuyentes verán reducida su renta real disponible.


Dado que esta actualización no se ha producido en los últimos cuatro años, es preciso que la propia Ley del impuesto establezca de forma expresa la obligación de actualizar todos los elementos cuantitativos del impuesto con el fin de evitar un incremento de la presión fiscal por la vía del incremento de los precios.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Azpiazu.


Por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Frutos.


El señor FRUTOS GRAS: Gracias, señora presidenta.


Mi grupo presentó cincuenta enmiendas y estos señores no han recogido ni una. Van sobrados, consideran que aquí nadie puede aportar nada a ninguna ley, nada. Van sobrados. Prefieren pactar y consolidar su pacto con Convergència i Unió, porque plantean la misma política conservadora, y por tanto desprecian toda aportación por parte de los otros grupos, y naturalmente de la izquierda, presentándose aquí a veces una contradicción fundamental entre la tarea parlamentaria y la capacidad de diálogo y de tomar en consideración lo que presentan los grupos.


Nuestras enmiendas se agrupan en seis grupos. Un primer grupo de enmiendas intenta que se dé un tratamiento más correcto a los rendimiento irregulares del trabajo, a los rendimientos irregulares del capital inmobiliario y a los rendimientos irregulares de actividades económicas; va destinado a establecer un sistema de plena integración de las plusvalías y un tratamiento lógico de todos los rendimientos irregulares.
Por tanto, pretende buscar un equilibrio en la imposición e intenta que los impuestos sean más justos y que afecten más a quienes tienen que afectar más en función de sus rentas, de sus patrimonios inmobiliarios y a veces, señor Martínez-Pujalte, también de sus chanchullos financieros.
Otro grupo de enmiendas, todas ellas de sustitución, pretende restablecer el carácter sintético del impuesto y agrupar e integrar todas las rentas del contribuyente

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para que se sepa exactamente qué hay detrás de cada uno de los impuestos.
Un tercer grupo de enmiendas va en la línea de facilitar el acceso a la vivienda naturalmente a las rentas más débiles de la sociedad, a los jóvenes, que tienen una gran dificultad para conseguirla y que tienen que pasarse media vida en casa de los padres porque no tienen capacidad para comprar o alquilar una vivienda. Un cuarto grupo de enmiendas pretende que el impuesto sobre la renta de las personas físicas tenga más progresividad y equidad, es decir, por un lado, que paguen más los que más tienen y, por otro, elevar la capacidad recaudatoria del Estado para poder realizar políticas sociales, de pensiones, etcétera, más adecuadas.
Un quinto grupo de enmiendas persigue evitar la elusión fiscal. La elusión fiscal -que no es la evasión fiscal, que es un delito- es la capacidad de quien tiene dinero para buscar buenos asesores fiscales pueda eludir lo que le correspondería pagar en función de los beneficios que tiene al final del año. Finalmente, el último grupo prentende elevar la capacidad de las políticas de gasto público, que nosotros consideramos más eficaces y con mayor capacidad para redistribuir de forma más solidaria la recaudación que las políticas fiscales, con vistas a conseguir objetivos sociales de acuerdo con una recaudación más justa, más equilibrada y más importante. También se busca, en relación con toda esta cuestión, fortalecer el sistema público de pensiones como otro de los grandes apartados. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

En su momento, el pasado mes de junio, presentamos una enmienda a la totalidad porque considerábamos que esta reforma parcial del IRPF era una vuelta de tuerca más a una política social y fiscal regresiva, a una política que continúa, en la línea de las políticas económicas y fiscales del Partido Popular, favoreciendo a los más ricos y continúa siendo negativa, o como máximo neutral, para los más pobres. La actual reforma del IRPF profundiza, a nuestro entender, la de 1998, que fue una reforma injusta para las rentas más débiles de la sociedad y que fue la madre de todas las reformas. Es la que da vida a esta reformilla que se plantea en este momento, que continúa con la misma política conservadora y regresiva para las rentas más bajas de la sociedad. Con esta reforma se reduce la progresividad, es decir, que proporcionalmente paguen más los que más tienen, convierte el IRPF -que es el impuesto más objetivo y más justo- en una especie de cáscara, no vacía del todo, pero sí cada vez más vacía, es decir, se plantea la progresiva liquidación objetiva del IRPF. Se anuncia la reformilla diciendo que se va a fortalecer el IRPF, pero cada vez es una cáscara más vacía que incluye una progresiva liquidación. ¿Qué es lo que influye en ello? La tarifa cada vez menos progresiva que se aplicará únicamente a las rentas de trabajo. El resto de ingresos tributará a tipos distintos y más reducidos. Se consolida y profundiza el trato de privilegio a las plusvalías. Hay mayores beneficios a los rendimientos del capital y a esas mismas plusvalías. Se reduce la recaudación y, cuando esto ocurre, pagan siempre las políticas sociales y, dentro de ellas, pagan siempre los de abajo, las pensiones y las rentas más bajas de la sociedad. Esta reformilla incentiva la elusión fiscal, eliminando la transparencia con la creación de sociedades ficticias que eluden el impuesto directo. Se utiliza, en definitiva, como instrumento de actuaciones laborales y sociales con menor eficacia y control que las políticas de gasto público, que son más directas y controlables democráticamente.


En resumen, señoras y señores diputados, esta reformilla continúa aumentando las desigualdades. Pagan más las rentas más bajas, porque se fortalecen los impuestos indirectos -los que se pagan con la cesta de la compra cada día-, y se van rebajando progresivamente los impuestos directos. Esta reforma es una pieza más de los recortes sociales y laborales de las políticas del Gobierno del Partido Popular. Esta reformilla es una gemela del decretazo del pasado mes de mayo, que ya está teniendo efectos negativos sobre los derechos de muchos trabajadores que están perdiendo una parte de los derechos históricos conquistados.
Espero que el próximo sábado, día 5, esas políticas, incluida esta, tengan una fuerte respuesta en la calle.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Frutos.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, en primer lugar, desde el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) queremos manifestar nuestra satisfacción por la tramitación de este proyecto de ley, tanto en Comisión como en Pleno, por la tramitación de las enmiendas que hemos presentado al mismo, así como nuestra valoración positiva por el consenso al que hemos llegado con el Partido Popular a lo largo del trámite parlamentario en cerca de 24 enmiendas, que nosotros creemos modifican positivamente el proyecto que estamos debatiendo en la Cámara. También esperamos que en este trámite parlamentario de debate en el Pleno, así como en su debate posterior en el Senado, podamos incorporar de manera consensuada algunas enmiendas importantes que vamos a tratar seguidamente.


Valoramos positivamente esta modificación del impuesto de la renta de las personas físicas y mostramos la satisfacción del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) de que a través de la misma hayamos mejorado dicha ley, en la que quizá lo más destacable sea la rebaja de la factura fiscal para todas

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las familias españolas, siendo especialmente significativa la que va dirigida a todas las familias y todos los ciudadanos y ciudadanas españoles con rentas bajas y medias. También se van a ver beneficiadas con dicha reforma las familias con hijos. Se ha mejorado sustancialmente la fiscalidad de los minusválidos. Hemos mejorado todos los aspectos dirigidos a potenciar la vivienda de alquiler, para que todos los jóvenes que se quieren independizar de sus familias puedan optar a un precio de alquiler más moderado. Finalmente, hemos conseguido mejorar la fiscalidad de los autónomos, cuestión que siempre ha tenido un tratamiento especial por parte del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). A través de las enmiendas que nos han sido aceptadas y de nuestras aportaciones hemos favorecido la creación de un marco fiscal más atractivo y más potente para los autónomos. Así, a partir del 1 de enero de 2003, podrán deducir todas las primas de seguros privados, tanto de los titulares como de sus familias. También hemos conseguido que todas aquellas sociedades civiles que estén afectas a los módulos puedan seguir tributando dentro de este capítulo fiscal, ya que en el proyecto de ley habían quedado excluidas.


Como he dicho anteriormente, hemos ampliado y mejorado sustancialmente la fiscalidad en todos aquellos aspectos que afectan a las personas con discapacidad y minusválidos. Convergència i Unió ha incorporado una enmienda para mejorar las desgravaciones de compañías que contraten minusválidos, facilitando la posibilidad de incrementar dicha deducción de 4.800 a 6.000 euros, algo muy positivo para nosotros. Hemos incrementado las deducciones por discapacidad al igualar los regímenes generales de las clases pasivas al vigente régimen de la Seguridad Social y hemos conseguido ampliar las aportaciones de los planes de pensiones de minusválidos a las personas que los han efectuado en el caso de que sean sus tutores.


Hemos rebajado la fiscalidad de las familias. En este aspecto el Partido Popular ha tenido una sensibilidad importante al mejorar la fiscalidad de las familias que vivan con personas de más de 65 años. Así, aunque estas pesonas tuvieran derecho a devolución o a presentar declaración de renta por separado, se les puede rebajar sustancialmente sus ingresos. Hemos mejorado también la fiscalidad en el caso de hijos adoptados. Esta era una cuestión que había quedado fuera del proyecto de ley y nosotros, de acuerdo con el Partido Popular, hemos incorporado la posibilidad de rebajar la fiscalidad para todas aquellas familias o madres que adopten hijos.


Una reivindicación latente de Convergència i Unió desde hace muchos años ha sido la de favorecer y mantener el equilibrio de las explotaciones forestales a través de sociedades anónimas, mejorando el tratamiento de las subvenciones. Hemos conseguido un acuerdo con el Partido Popular para implementar, a partir del 1 de enero de 2003, el equilibrio fiscal para las subvenciones de las explotaciones forestales. Así, se equilibra esta tributación a la que hoy existe en el impuesto sobre la renta de las personas físicas.


Hemos incorporado un aspecto muy importante para Convergència i Unió, y que también llevábamos años planteándolo, que es la posibilidad de equiparar las rentas en especie en servicios de guardería para que quedaran exentas. Este es un primer paso importante de cara a configurar un mejor tratamiento fiscal de las guarderías, que en los próximos años habrá que potenciar. Hoy hemos dado un primer paso al considerar exentas todas aquellas rentas en especie que se orienten al servicio de las guarderías.


Hemos resuelto una cuestión que era una injusticia latente tremenda, ya que, a partir del 1 de enero del año 2003, podremos conseguir la exención de las pensiones de orfandad. En esta cuestión estábamos de acuerdo todos los grupos parlamentarios y cabe destacar la sensibilidad del Partido Popular para conseguir, finalmente, que las pensiones de orfandad estén exentas a partir del 1 de enero del año 2003.


Finalmente, dentro de las propuestas aprobadas en la Comisión, hemos conseguido dar un paso cualitativamente importante al mejorar todos aquellos aspectos que van destinados a potenciar las viviendas de alquiler. Es cierto que en el proyecto de ley ya hay unos incentivos fiscales para todos aquellos arrendatarios que quieran promover viviendas de alquiler, pero hemos conseguido incorporar dos aspectos: que se puedan deducir los gastos de conservación, reparación y de servicios, así como la posibilidad de incrementar con otro 10 por ciento todos aquellos gastos de difícil justificación. Por tanto, en el capítulo de rentas de alquiler también hemos dado un paso cualitativamente importante para que se potencien dichas viviendas y nuestra juventud tenga más posibilidades de conseguir precios más asequibles.


En la Comisión hemos conseguido mejorar la fiscalidad de las familias (de las familias con hijos, de las familias que vivan con ascendientes, de las familias que vivan con minusválidos); hemos potenciado la fiscalidad de los minusválidos y discapacitados, y hemos mejorado sustancialmente, como hemos explicado, la fiscalidad de los autónomos. Para el debate en el Pleno del Congreso de los Diputados nuestro grupo parlamentario tiene un bloque potente de enmiendas que esperamos reciba la aceptación por parte del Grupo Parlamentario Popular. Yo sé que en el Pleno nos han presentado algunas enmiendas transaccionales, pero supongo que existirá el compromiso parlamentario de que en todos aquellos aspectos que vayan orientados a potenciar la fiscalidad de las mutuas, de los autónomos, de las familias y de las viviendas de alquiler tengamos una negociación intensa y extensa para que cuando este proyecto vuelva otra vez al Congreso de los Diputados sea un proyecto de ley moderno, competitivo y la fiscalidad revierta también en todos los sectores de la sociedad.


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De las enmiendas que hemos mantenido para defender en el Pleno, algunas van orientadas a declarar exentas (son las enmiendas números 241, 242, 243 y 245) aquellas rentas que afectan a todas aquellas personas que desde el año 1936 hasta el año 1975, finales de la dictadura, han sido objeto de indemnizaciones por cuestiones políticas, por privación de libertad, por indemnizaciones por estas referencias al Estado a que antes me he referido. Entiendo que ésta es una cuestión de justicia de cara a una serie de españoles que estuvieron privados de libertad durante todo este periodo y que al erario público le va a costar poco dinero. Entiendo que, o bien en el Pleno o bien en su tramitación en el Senado, tendríamos que hacer un esfuerzo para hacer justicia. También hemos presentado una serie de enmiendas para eximir de tributación a las pensiones extraordinarias por inutilidad o por incapacidad.


Respecto a la potenciación de las viviendas de alquiler, nosotros hemos presentado, y estamos negociando con el Partido Popular, la enmienda número 292, a la que damos una importancia política evidente. Es cierto que hoy se ha dado un paso importante para potenciar las viviendas de alquiler, pero no es menos cierto que en todo el Estado español y en la mayoría de sus municipios cada vez hay menos licencias para construir viviendas de alquiler a precios módicos, orientados y destinados a nuestra juventud o a aquellas personas que se quieran independizar de su familia. Por eso, Convergència i Unió ha presentado una enmienda dirigida a modificar un aspecto del impuesto sobre sociedades, una enmienda con un objetivo fiscal muy potente para que todas aquellas sociedades que se dediquen a la rehabilitación y construcción de viviendas para alquiler tengan un régimen fiscal específico que les permita, a partir del 1 de enero del año 2003, dedicarse a construir gran cantidad de viviendas de alquiler a precios módicos. El Partido Popular también presentó una proposición no de ley al respecto en el Congreso de los Diputados, que se aprobó por unanimidad de todos los grupos parlamentarios. Pensamos que si hemos potenciado las viviendas de alquiler en el ámbito del impuesto sobre la renta de las personas físicas, también las tendríamos que potenciar en el ámbito de las sociedades, siempre y cuando se dirijan única y exclusivamente a construir y promover o a rehabilitar viviendas cuyo uso final sea el alquiler.


Asimismo, hemos presentado una serie de enmiendas orientadas a mejorar la fiscalidad de los administradores autónomos de las pequeñas y medianas empresas. Hoy, el régimen fiscal en lo relativo a retenciones para este segmento tan importante -hay casi tres millones de españoles en el régimen de autónomos- supone un 35 por ciento. Pensamos que dichas retenciones no son acordes con la fiscalidad que les vamos proporcionando a través de las diferentes modificaciones. Tendrían que estar al mismo nivel que las retenciones medias de trabajo. Nosotros proponemos que dichas retenciones pasen del 35 al 20 por ciento. Sabemos que el Partido Popular, el Gobierno, lo está estudiando y entendemos que en el marco de esta reforma, dentro de los diversos cambios que se puedan producir a lo largo del 2003, tendríamos que hacer efectiva una rebaja de sus retenciones -del 35 al 20 por ciento- si queremos hacer justicia con los trabajadores autónomos.


También hemos presentado una serie de enmiendas orientadas a equilibrar, a mejorar la fiscalidad de aquellas empresas que tienen un tope de facturación de 5 millones de pesetas. Cada vez nos acercamos más a las normativas, a las directivas europeas, y hoy la normativa europea define como pequeñas empresas a todas aquellas que no sobrepasen el umbral de los 7 millones de pesetas. Sería bueno aprovechar este marco legislativo para equiparar la tributación de todas las pequeñas empresas que no sobrepasen los 7 millones de pesetas.


Hemos presentado enmiendas para mejorar la tributación de las aportaciones hechas en las mutuas de previsión. Este es un aspecto de vital importancia para el mutualismo español, para la previsión social española y estamos negociando con el Partido Popular la posibilidad de que dichas enmiendas sean aprobadas, si no en este Pleno, en el Senado.


Otras de las enmiendas presentadas están dirigidas a clarificar los conceptos fiscales relativos a los derechos de imagen. Es importante evitar las bolsas de fraude y queremos dotar a la Agencia Tributaria de mecanismos para evitar el fraude y mejorar fiscalmente la tributación por derechos de imagen. Asimismo, algunas enmiendas técnicas van en la dirección de equilibrar las deducciones relativas a los kilometrajes, que están un poco desfasadas en la legislación actual y quizá valdría la pena incorporar estos aspectos en dicha modificación.


Señorías, estos son todos los aspectos que desde Convergència i Unió queremos mejorar en este trámite parlamentario del Congreso. Sabemos que en algunas enmiendas ya va a haber acuerdo en este trámite y en algunas otras lo habrá en el Senado. Para acabar mi intervención, quiero decir lo que he dicho al inicio de la misma: en Convergència i Unió consideramos esta reforma del impuesto de la renta de las personas físicas globalmente positiva, ya que a partir del primero de enero de 2003 va a haber una rebaja fiscal efectiva para todas aquellas familias españolas, especialmente para las familias con rentas medias y bajas. Además, se van a ver favorecidos con esta reforma del impuesto de la renta de las personas físicas las familias con hijos, con ascendientes, los minusválidos y también este colectivo tan importante de trabajadores autónomos.


Muchas gracias, señoras y señores diputados. Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Sánchez i Llibre.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Fernández Marugán.


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El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Señoras y señores diputados, el punto de partida de esta reforma parcial del IRPF tiene, en lo que se relaciona con la base imponible, una situación caracterizada por lo siguiente: Existen regímenes especiales que favorecen las rentas de capital que han dado origen a una gama amplísima de productos financieros, que han servido para determinar un haz de tipos de efectivos que han sido utilizados por un conjunto de contribuyentes que pretenden impedir que sobre ellos se proyecten los efectos de una fiscalidad progresiva. El instrumento al que han recurrido normalmente es el uso de múltiples coeficientes reductores, y lo han hecho de forma desordenada, desigual y discriminatoria, dando origen a movimientos radicales y regresivos en la distribución de la carga fiscal en España. Como consecuencia de ello, hoy vivimos una situación de iniquidad tributaria, porque son los contribuyentes de alto nivel de renta los que pueden disfrutar de tipos más reducidos, inclusive situándolos, como se verá más adelante, por debajo del mínimo de la tarifa.


En ese contexto, ¿cómo se enfrenta esta reforma a esta situación? De la peor de las maneras posibles, porque lo que hace es ampliar, ahondar e incrementar la técnica de las reducciones. El último paso lo ha dado el Grupo Popular en la enmienda que ha presentado en relación con los alquileres, donde se establece un coeficiente reductor de hasta el 60 por ciento, es decir, que lo que empezó siendo o queriendo ser un estímulo para la oferta de las nuevas viviendas o de los nuevos contratos ha terminado siendo un mecanismo espurio de desfiscalización total de cualquier forma de propiedad alquilada.


El siguiente efecto es un hecho que tiene alguna trascendencia y que a mi grupo le preocupa. Estamos vaciando de contenido las categorías constitucionales que dicen que los sistemas tributarios tienen que obedecer al principio de capacidad de pago y estamos contribuyendo a la ineficacia de un sistema tributario que en cualquier lugar del mundo donde haya un Gobierno sensato tiene que mantener un equilibrio entre equidad y eficacia. ¿Cómo puede valorarse esta reforma? Yo lo voy a valorar desde la perspectiva del origen de las rentas. Las rentas de trabajo quedan sometidas al fiscal drag, al drenaje tributario que produce la progresividad en frío, mientras que las rentas del capital se han ido situando en una fiscalidad mínima, en una fiscalidad blanda, a pesar de que es abundante este tipo de rendimientos y a pesar de que por motivos de suficiencia, de equidad y de asignación de recursos parecería que debieran tributar.


Un contribuyente que se sitúe en la escala alta de la tarifa, que tribute al 45 por ciento en renta del trabajo, puede ver cómo utilizando la gama de estímulos que tiene este proyecto, si lo que hace es contratar un seguro entre dos y cinco años, tributará al 25 por ciento; si lo que hace es establecer un depósito, tributará al 27 por ciento; pero si lo que hace es contratar una póliza de seguros a ocho años su tipo efectivo es del 11,25 por ciento. A eso le llaman en el Partido Popular neutralidad: sistemas de fiscalidad del 45 por ciento para unos contribuyentes, mecanismo de incentivación de electivo fiscal para otros del 11 por ciento. Sinceramente, lo dije en Comisión y lo digo aquí, esto es un tipo de fiscalidad típicamente haitiana.


Estamos ante una reforma desequilibrada que plantea con más radicalidad que nunca en esta sociedad la dualidad y la discriminación entre rentas del trabajo y rentas del capital. La proximidad afecta única y exclusivamente a quienes tienen nómina. Acerca de la neutralidad, que se quería corregir con este proyecto, lo único que se ha hecho ha sido agravarla en él. ¿Qué consecuencias se derivan de esta actuación? La arbitrariedad en muchos casos. En el periodo de declaración de la renta para unos rendimientos el largo plazo es un año y para otros dos. Es el cambio que se ha producido en el concepto de la protección complementaria de la Seguridad Social. Hasta hace poco tiempo los planes de pensiones tendrían que venir de rendimientos de trabajo o de rendimientos empresariales, ahora puede venir de cualquier manera.


La eliminación de los supuestos acuerdos de devengos a través de ese procedimiento de los unit link que permite las salidas del corralito fiscal que en él se establecen se puedan hacer sin ningún tipo de restricción cuando sean a otros fondos, cuando sean a otros seguros, cuando sean a otros productos financieros. En el caso de los seguros de vida que se contraten para ocho años les voy a hacer un ejercicio matemático que es relativamente sencillo. Se declara exento el 75 por ciento de los rendimientos, por lo tanto tributan el 25; el 25 del 48, que estaba en la Ley 40, en la ley que hoy está en vigor, es una tributación efectiva del 12; el 25 de lo que va a ser tributación efectiva el día que esto esté en el BOE, que es 45, el 25 del 45, es única y exclusivamente el 11,33. Por lo tanto, aquí hay un descalabro brutal, hay unos rendimientos que van a tributar al 45 por ciento y otros que los obtienen contribuyentes de alto nivel de renta y buena información que van a tributar al 11,3 por ciento; 33 puntos de diferencia. (El señor Martínez-Pujalte López: ¡Qué barbaridad!-El señor Martínez Sanjuán: Eso, qué barbaridad.) Seguramente porque usted los tiene, señor Martínez-Pujalte. En 33 puntos se produce la reducción de la tributación en España. A todo esto, el ahorro por los suelos, se mida como se mida. No acaban ahí los problemas.


Ustedes han producido una fragmentación en las rentas del trabajo, que tiene alguna importancia y que yo quisiera poner de relieve, porque favorecen fundamentalmente a aquel tipo de retribuciones que adquieren una temporalidad plurianual y que pueden obtener rentas con diferimento.
Me estoy refiriendo a aquel tipo de directivos o de dueños de las empresas (los jefes de

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Montoro, los jefes para los que trabaja todos los días Montoro) que pueden transformar una parte importante de las rentas de trabajo en productos financieros, y ese tipo de contribuyentes han optado o han visto que al otro lado del puente hay un estribo y que, como consecuencia, pueden cambiar lo que ha sido históricamente una retribución laboral por un mecanismo de capitalización. A esos son a los que ustedes se han dirigido. Se produce un fenómeno que tiene una enorme importancia. En España estamos asistiendo a la dualización de la renta del trabajo. La OCDE dice que la tributación de las rentas del trabajo en esta sociedad es excesiva, pero hay un grupo pequeño, una capa fina y reducida, selecta, que va a ser capaz de situarse en unos niveles mínimos. Ese es el resultado al que lleva el Partido Popular. El Grupo Popular en esta reforma no contribuye a la neutralidad, sino al artificio contable a través de la programación fiscal; eso tiene un ejemplo que les voy a poner y que recordará cualquiera de ustedes. Hace dos años las stock options eran el botín de la elite, la rebelión de la elite en esta sociedad. Hoy puede decirse que cuando entre en vigor este tipo de reformas las stock options se habrán quedado anticuadas; se habilitan unas nuevas fórmulas, a través del incremento de los porcentajes reductores en la base y del destope de los rendimientos, que van a permitir ir más lejos de lo que hoy son las stock options. Señoras y señores diputados, prepárense para una nueva jerga que va a dominar a esta sociedad, una jerga que es la de los phantom plan, los planes fantasmas, unas opciones sin opciones, sin rendimiento; los long bonus, los donuts, las indemnizaciones por pago retrasado, los permisos por actividad, la productividad o la permanencia.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Fernández Marugán, le ruego vaya concluyendo.


El señor FERNÁNDEZ MARUGÁN: Voy terminando, señora presidenta.


¿Cuál es el resultado de esto? El resultado de esto es la deserción tributaria legalizada por el Partido Popular para un conjunto de contribuyentes y que otro tipo de contribuyentes no puedan ni siquiera deflactar la tarifa. Aquí se ha organizado, señorías, una situación muy radical: hay una tributación exigente para las rentas del trabajo y hay una orgía tributaria montada fundamentalmente por el Partido Popular que establece una auténtica piñata, que hace que en este momento nosotros tengamos que decir que después de la entrada en vigor de esta norma, las rentas del capital, las rentas de la propiedad y aquellas rentas del trabajo de nivel alto que puedan transformarse en rentas de capital o en rentas de la propiedad tendrán el nivel de fiscalización más bajo de la Unión Europea. Permítanme que les diga, señoras y señores del Partido Popular, que eso hace que detrás de esta norma haya una suma injusticia y después de aplicarse esta reforma en modo alguno se pueda decir que se pretende favorecer a las rentas del trabajo. Aquí lo que hay es una mentira política, por eso no quieren darnos información; aquí lo que hay es una impostura absoluta, porque esta reforma no está hecha para favorecer al trabajo, sino para favorecer al capital.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Fernández Marugán.


Igualmente en nombre del Grupo Parlamentario Socialista el señor Bel tiene la palabra.


El señor BEL I QUERALT: Gracias, señora presidenta.


Después de que Paco Marugán ha disertado con eficacia y clarividencia sobre las rentas del capital, yo lo haré un poco sobre las rentas del trabajo, no sin reconocer que a nosotros el debate en Comisión nos ha ido un poco mejor que a Izquierda Unida. A Izquierda Unida le aceptaron cero enmiendas de cincuenta y al Grupo Socialista nos aceptaron una de sesenta, que es bastante mejor.


Esta reforma viene de donde viene, y es de una reforma de 1999 que tuvo como consecuencia que el 10 por ciento de contribuyentes de mayor renta obtuviera el 35 por ciento del total del ahorro y el 10 por ciento de contribuyentes de menos renta, en la escala baja de renta, obtuviera sólo el 0,4 por ciento del ahorro; es decir, los contribuyentes de mayor renta, en la punta alta, ganaron casi cien veces más que los contribuyentes en la punta baja, pero a los contribuyentes de rentas medias y bajas y a aquellos que por tener rentas tan bajas, como las pensiones medias, no tributan en IRPF, por otro lado, les han aumentado impuestos sobre gasolinas, butanos, peajes, transportes públicos... En conclusión, unos pocos pagan menos, bastante menos; otros más, muchos más, pagan más. Este es el conjunto de la política fiscal del Partido Popular. Esta reforma trae algo más de lo mismo. A veces se ha presentado como una revolución. Para las rentas del trabajo, más que una revolución es una devolución; una devolución de lo que han estado cobrando de más durante los tres últimos años al no haber actualizado el impuesto por la inflación. Esa devolución para muchos millones de contribuyentes es parcial, porque el mínimo vital no lo actualizan de acuerdo con el IPC acumulado. Las deducciones por trabajo asalariado no las actualizan de acuerdo con el IPC acumulado. Por tanto, devolución, no revolución, y para muchos parcial. Por ello, nosotros proponemos que se introduzca en el IRPF la actualización automática por IPC, es decir, que cada año de forma automática los elementos del IRPF se adapten a la inflación para que los contribuyentes no paguen más sin comerlo ni beberlo. Bueno, cuando comen y beben

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también pagan más debido a la política de impuestos indirectos del Gobierno.


Existe otro ejemplo de tratamiento desacertado técnicamente e injusto de cambios en este impuesto, como señalaba antes Paco Marugán, que es el tratamiento de la vivienda en alquiler. Ustedes pueden declarar que se proponen fomentar la vivienda en alquiler para mejorar los problemas de aquellas familias que tienen dificultades para el acceso, pero con unas medidas que básicamente lo que hacen es beneficiar fiscalmente a los oferentes y especialmente a aquellos que ofrecen pisos de alquileres muy altos, es decir, que generan rentas muy altas, ustedes están beneficiando fiscalmente a la gente que alquila pisos de rentas muy altas, y esa gente no es la que tiene problemas de acceso a la vivienda en alquiler. La gente que tiene problemas de acceso a la vivienda en alquiler son aquellas rentas medias y bajas y aquellos jóvenes a los que la situación del mercado les hace difícil pagar un alquiler. Por eso nosotros les proponemos que en lugar de subvencionar la oferta subvencionen la demanda con unos topes: 24.000 euros para declaración personal, 33.000 euros para las familias. Tenemos propuestas diferentes; cuidamos intereses diferentes. Es normal. (El señor Martínez-Pujalte López: Cuidan intereses; nosotros, no.)

Finalmente, con las rentas de capital pasa una cosa. Yo ahí sí que me atrevería a hablar de la revolución fiscal del PP, ahí sí. Ahí no hay devolución sino revolución. ¿Por qué? Porque en el año 1996 la primera medida fiscal que tomaron ustedes, después de acceder al Gobierno, fue aumentar la tributación de ganancias por capital para el 85 por ciento de familias españolas y reducir la tributación de ganancias por capital para el 15 por ciento. ¿Para qué 15 por ciento de familias lo redujeron? Para las que están en la escala de rentas más altas. Eso es lo que consiguieron al introducir el tipo fijo del 20 por ciento para las ganancias del capital; además eliminaron aquellas cantidades pequeñas que quedaban exentas del impuesto y que hacían que los trabajadores, las familias de clase media o los pensionistas que hubieran generado algunos ahorros no tributaran por sus rendimientos, dadas las reducciones de rentas de capital para tributación. Después dieron un paso más porque a ustedes el tipo fijo les gusta para las ganancias del capital; lo bajaron al 18 por ciento para las familias cuyo tipo efectivo del IRPF está por encima, claro, no para la mayoría. Ahora nos traen una reducción del tipo fijo de ganancias de capital para el 15 por ciento. Ahí yo sí que reconozco que hay una revolución. Como se señalaba antes, estamos entre los países de Europa, probablemente con Luxemburgo, que tienen más desfiscalizadas las rentas del capital y ustedes han conseguido extremar el desequilibrio de trato entre las rentas del trabajo y las ganancias del capital. Desde el Grupo Socialista consideramos que las rentas del trabajo, que también son unas ganancias del capital humano, de lo que las familias han invertido en educación, en formación, tienen que tener un trato más equilibrado; de ahí algunas de nuestras propuestas en materia de tributación de capital.


Yo sé que ustedes no van a aceptar ninguna de nuestras enmiendas, pero hay una que deberían aceptar, por lo que vamos a pedir que se haga de ella votación separada, que es la número 135. ¿Qué proponemos en la enmienda número 135? El Grupo Socialista propone en ella que queden exentas de renta las indemnizaciones concedidas por lesión o mutilación en la guerra civil o por haber sufrido privación de libertad, es decir, prisión, por motivos políticos durante el franquismo; parece de justicia meridiana.
Desde el PP se ha argumentado que las que den las administraciones territoriales con sus presupuestos se lo coman, pero, ¡hombre!, si el 2 por ciento del IRPF lo cobra el Estado. Además no necesitan gastar más, retiren la subvención a la Fundación Francisco Franco y tendrán los recursos necesarios para eximir de tributación a la gente que ha sufrido prisión durante el franquismo. (Aplausos.- Rumores.)

Voy acabando. Este es un momento de la historia de España en que los símbolos que nos unen a todos son usados de una forma partidista y desafortunada. Traten con dignidad a aquellos que son símbolo del sufrimiento, de la barbarie del franquismo. Trátenlos con dignidad y eximan sus indemnizaciones del IRPF. Por eso hemos pedido votación separada de la 135. Algún día en España las rentas del capital y las rentas del trabajo tendrán que tener un trato más equilibrado. Esto lo tendremos que hacer los socialistas desde el Gobierno. Algún día en España la política de familia tendrá que ser más igualitaria de lo que es en el impuesto; esto ya ha pasado en la historia de España. De 1985 a 1990 se ha hecho la mejor política de familia de la historia de España, con la universalización de la sanidad, de la educación y las pensiones.
Ríase, señor Pujalte. Estas medidas son las que entre 1985 y 1990 ustedes siempre votaban en contra y ahora alguna o varias las están intentando desarticular. Después tendrán un debate en esta Cámara sobre la ley de calidad donde intentan desandar la mejor política de familia que se ha hecho en España, que es el acceso igualitario a una educación de calidad.
(Rumores.) Esa política de familia igualitaria que España necesita en el siglo XXI la tendremos que hacer los socialistas desde el Gobierno. Por último, si el IRPF tiene un problema, que se ha agravado desde que están ustedes, es la existencia de estos pocos contribuyentes con mucha renta que pueden usar instrumentos societarios, sociedades, para eludir la presión fiscal por IRPF a la que estamos atados los que cobramos por nómina y los pequeños comerciantes y empresarios. Ustedes dan un paso más con la eliminación de la transparencia fiscal, y la conclusión es que para eliminar esa diferencia en capacidad de hacer frente a la presión fiscal por IRPF este país también tendrá que esperar a que el PSOE vuelva al Gobierno.


Gracias. (Aplausos.)

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La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bel.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, ha salido el señor Bel y nos ha revelado la política fiscal del Partido Socialista, que es la que hicieron durante los gobiernos socialistas; la mejor política fiscal ha dicho el señor Bel: efectivamente, subir los impuestos a los españoles. Esa es la política fiscal del Partido Socialista, subir los impuestos. La nuestra, señor Bel, es bajarlos, y además bajarlos más a las familias, a los discapacitados, a los ciudadanos de rentas más bajas. Por eso no podemos admitir sus enmiendas, porque usted ha dicho -y ha quedado claro en esta tribuna- que estaba de acuerdo con la política fiscal que siempre ha hecho el Partido Socialista, y por eso han desautorizado al señor Sevilla. Por eso el señor Sevilla no está aquí, porque no puede estar aquí con la cabeza alta. No puede estarlo un portavoz del Partido Socialista que haya defendido el tipo único, si ustedes no se atreven ahora a defenderlo en la tribuna. (Rumores.) Están haciendo una política fiscal absolutamente incoherente, señoría.
Defienden cosas que retiran a los cinco minutos y diez minutos después las vuelven a poner; por eso el señor Sevilla no ha podido estar aquí.
(Rumores.) Probablemente por eso han tenido que sacar a dos portavoces en este trámite parlamentario: uno defiende una postura y otro defiende otra distinta. Eso es el Partido Socialista en materia tributaria hoy, como en política de agua y en tantas otras política: cada día defienden una cosa y algo diferente en cada sitio; no hay quien mantenga un debate serio con ustedes porque no tienen ninguna alternativa. (La señora López i Chamosa: Eso ya no cuela.- Rumores.)

He buscado con paciencia la enmienda del tipo único, señoría, y no estaba.
He buscado las enmiendas que recogieran el famoso informe que presentó el señor Sevilla y que hicieron no sé cuantos expertos, y tampoco estaban.
¿Qué política tributaria plantean ustedes hoy aquí? Ninguna; no tienen alternativa. El señor Fernández Marugán da un mitin y habla de que falta información. Yo le respeto, señor Fernández Marugán, porque es usted un experto en no dar información; si no, que se lo pregunten a un tal señor Barbero. (Rumores.) Luego sale el señor Bel diciendo otras cosas, que no se plasman en sus enmiendas como alternativa fiscal. Ahora me referiré a algunos aspectos que han tocado ustedes.


Desde luego, el Partido Popular es predecible: nosotros bajamos los impuestos; se los bajamos a todos los ciudadanos españoles, a todos. Los bajamos en 1999 y los vamos a volver a bajar ahora: más de 3.600.000 millones de euros de bajada de impuesto, que van a ir a las familias españolas. De igual modo, la reforma de 1998, que entró en vigor el 1 de enero de 1999, supuso más de 800.000 millones de pesetas, que fueron a las familias españolas. El Partido Popular baja los impuestos; los baja a los ciudadanos de renta más baja, a las familias, a los discapacitados y a las rentas del trabajo.


El señor Fernández Marugán ha subido a la tribuna a hablar de rentas del trabajo. Oiga, las rentas del trabajo han experimentado una reducción de impuestos muy importante desde 1999. Cuando subió de verdad la tributación de las rentas del trabajo fue con el modelo fiscal del Partido Socialista, y muchísimo más con la reforma del señor Borrell, que defendieron ustedes y aprobó usted, señor Fernández Marugán, en esta Cámara. Entonces sí que subió la tributación de las rentas del trabajo.
Ahora ha bajado. Por eso en la legislatura pasada subían ustedes a la tribuna y decían: Va a suponer una rebaja de 700.000 millones de pesetas; ¿cómo van a poder mantener los gastos sociales o llegar al déficit cero? Bajando impuestos, señoría, pero haciéndolo en la línea adecuada para que la economía crezca y para que se cree empleo, aumentan las bases, aumenta el número de ciudadanos que pagan -todos pagan menos, pero son más a pagar- y se puede recaudar más. De este modo se puede llegar al déficit cero y se puede llegar a aumentar los gastos sociales y en infraestructuras, como hace el Gobierno del Partido Popular. Dicen ustedes que se aumenta la presión fiscal. Mire, señor Bel, no me lo vuelva a decir más. El último Gobierno que aumentó el IVA en este país fue el Gobierno socialista. Además, el señor Sevilla tenía rango de director general en ese Gobierno. Aumentó el IVA un punto. ¿Sabe lo que pasó, señor Bel? Que recaudaron menos. Ustedes no sólo subían los impuestos, sino que eran además ineficientes e ineficaces. Por eso subían los impuestos y recaudaban menos, señor Bel. No hable más de impuestos indirectos. Con el Partido Popular no ha subido ningún impuesto, hemos bajado todos y cada uno de los impuestos. Lo que sí es verdad es que hay más recaudación porque hay tres millones y medio de nuevos afiliados a la Seguridad Social que cotizan cada mes y que pagan también IRPF, y pagan menos pero pagan. ¿Sabe qué pasa con el IVA, señor Bel? Que nosotros no hemos subido el IVA como hizo el señor Sevilla pero se está produciendo un mejor cumplimiento de las obligaciones tributarias, por eso se recauda más y se está aumentando la recaudación del IVA por encima del crecimiento de la economía, por encima del crecimiento del consumo, porque se está haciendo de verdad una política tributaria coherente.


Señorías, no podemos admitir las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Dice el señor Bel que hemos admitido una. Hemos admitido una y poco importante, señor Bel, porque todas sus enmiendas son: subir impuestos, molestar al ahorro a largo plazo, perjudicar a los ahorradores, y no se pueden admitir; nosotros no estamos en esa dirección. Hablan aquí de las rentas de capital. ¡Oh maravilla, rentas de capital! Señor Bel, ¿sabe lo que pasaba en el año 1995? Que en

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España las rentas de capital no pagaban impuestos; con el Partido Socialista había plusvalías de miles de millones a las que ustedes eximían de impuestos. Señor Fernández Marugán, con usted votando que sí en este Parlamento había plusvalías de miles de millones con tributación cero. Con el Partido Popular hemos puesto un marco tributario para las rentas de capital, para las plusvalías, y todas tributan; eso favorece a las rentas más bajas porque las rentas más altas podían planificar su desinversión y podían no tributar, usted lo sabe. Por eso tenemos un sistema más justo. En esta reforma hemos rebajado los impuestos a todos y se van a rebajar mucho a partir del 1 de enero de 1993. (Rumores.) Del año 2003, señor Bel; en el año 1993 fue cuando subieron con el Gobierno socialista y en el año 2003 cuando los bajamos. Se van a bajar mucho, más del 11 por ciento para todos los contribuyentes, casi 3.500 millones de euros más, que sumados a la rebaja de 1999 hace que las familias españolas tengan hoy más poder adquisitivo, puedan mejorar su bienestar, puedan consumir más, tengan mejor calidad de vida; pero lo hemos hecho de forma selectiva, es verdad. Decía el señor Bel que ustedes cuidan intereses. Yo no sé qué intereses cuidan ustedes, porque ha dicho en tribuna: Nosotros cuidamos intereses. Nosotros no cuidamos ningún interés, señor Bel, ninguno. A nosotros nos preocupan las familias, los contribuyentes de rentas más bajas, nos preocupan los discapacitados, los asalariados, y a esos les rebajamos los impuestos; les rebajamos los impuestos a las mujeres que se incorporan al mundo laboral, porque nos preocupan los ciudadanos.


Señor Bel, la reforma se hace con un triple objetivo: primero, que España siga creciendo y creando empleo. Hay una diferencia radical, abismal, entre la política fiscal que hizo el Partido Socialista y la que hacen los gobiernos del Partido Popular. El Partido Socialista sólo hacía política fiscal en una dirección, recaudar más para pagar el despilfarro de gastos en que habían sumido a los presupuestos públicos. ¿Qué es lo que hace el Partido Popular? Una política fiscal que está al servicio de los objetivos de la política económica; esta reforma fiscal se hace al servicio del pleno empleo, al servicio de la convergencia real, al servicio del aumento de renta per cápita para los ciudadanos españoles; ese es el primer objetivo. Con esta política fiscal, con esta reforma fiscal se va a seguir creando empleo en España, y España va a seguir creciendo más que la media europea. Hoy todos sabemos, lo han escrito organismos internacionales y ustedes lo saben porque lo han leído, que España el año 2003 va a crecer más que la media. Y una de las razones que dan los organismos internacionales por las que España va a crecer más que la media es porque afrontamos una nueva reforma fiscal. Y la afrontamos porque podemos afrontarla, porque tenemos las cuentas claras, porque tenemos un equilibrio presupuestario. Por eso esta reforma va a producir un crecimiento diferencial positivo con el resto de los países. Ya no tenemos que ir a la cola de Europa, podemos ir a la cabeza del crecimiento y del empleo. Ese es el primer objetivo.


El segundo objetivo, señorías, es distribuir con equidad la carga tributaria. Nosotros, en esta reforma, lo que pretendemos es que los impuestos sean distribuidos de forma cada día más equitativa. Por eso la reforma no es lineal; se baja más a algunos, se baja más a las familias, se baja más a los discapacitados, se baja más a las rentas del trabajo, se baja más a las mujeres que se incorporan al mundo laboral. Y se toman medidas para el ahorro.


El tercer objetivo es bajar impuestos a todos. A todos. Con esta reforma todos van a pagar menos impuestos. Para conseguir esos objetivos, señoría, tomamos medidas para el crecimiento de la economía. Y en esta reforma se toman medidas muy importantes, en contra de las cuales vota el Grupo Socialista o se opone con enmiendas. Una exención cuando un contribuyente cambia de fondo de inversión. Les pediría que reconsideraran su voto. Nos parece que hay nueve millones de personas con fondos de inversión, creo que son ese número ahora mismo, que van a poder cambiar de fondos sin pagar impuestos. ¿Cómo van a votar ustedes que no a eso, señorías? (El señor Bel i Queralt: La SINCAV.) ¿Cómo van a votar en contra de nueve millones de ciudadanos? ¿Cómo lo hacen ustedes, señorías? Es que no tienen coherencia. ¿Cómo van a votar que no a los alquileres? Decía el señor Fernández Marugán, decía usted mismo: A mi grupo le preocupa... Lo que le preocupa a mi grupo es que hay muchos jóvenes que quieren alquilar y que no tienen vivienda que alquilar. Y nos preocupa mucho que haya parque de viviendas en alquiler, que haya posibilidad de alquilar viviendas. ¿Para qué sirve una deducción al que alquila si los ciudadanos no tienen dónde alquilar? Lo que habrá que hacer es aumentar el parque de viviendas en alquiler. De la construcción de los últimos años -y todas sus señorías lo saben- hay muchos, miles, cientos de miles, de inmuebles vacíos. Y lo que se hace en esta reforma es facilitar que esos inmuebles se pongan en el mercado, que haya parque de viviendas en alquiler en buenas condiciones. Cuando hay oferta, bajan los precios, ustedes lo saben, y valdrán menos los alquileres. Pero ustedes siguen con su vieja política de querer oponerse a todo y de que no haya viviendas en alquiler, que es lo que hicieron en sus años de gobierno.


Hablan del mínimo personal y familiar. Eso sí que no tiene desperdicio, señorías. Lo que hace el Grupo Socialista con el mínimo personal y familiar no tiene desperdicio. Presentan enmiendas y dicen: vamos a deflactar la tarifa a todos por igual. Yo les digo: ¡Si tienen recurrido al Constitucional el mínimo personal y familiar! Lo tienen recurrido. Yo me imagino que, después de esta sesión, el Partido Socialista irá al Constitucional y retirará el recurso, porque lo que no tiene ningún sentido es que estén hablando de aumentar el

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mínimo personal y familiar y que sigan manteniendo un recurso de inconstitucionalidad. Eso es una incoherencia que no se mantiene en pie, señorías. Nosotros creemos que hay que mantener el mínimo personal y familiar, porque no tiene razón de ser que se aplique la misma progresividad a una familia con un hijo que a una familia con cinco hijos. No tiene sentido que se aplique la misma progresividad, eso no es justo. Por eso nosotros creemos que se tiene que poner el mínimo personal y familiar y además que se tiene que aumentar incidiendo más en aquellas familias que tienen más gastos. No aumenta igual, señorías, el mínimo personal y familiar para aquellas familias que tienen un hijo que para las que tienen dos o para las que tienen tres o cuatro; para unas aumenta 200 euros; para otras, 300; para otras, 400; depende de las cargas familiares. ¿Ustedes van a votar que no a una medida justa? Señorías, no hay quien les entienda. A mí desde luego me cuesta mucho trabajo entenderles.


¿Qué hablamos de la tarifa? Salieron algunas voces de su partido que decían que les parecía justo, señorías, bajar el tipo máximo del 45 al 25 y subir el tipo mínimo del 18 al 25. Eso les parecía muy justo cuando lo anunció el señor Sevilla. Les parecía justo bajar 20 puntos el tipo máximo y subir 7 puntos el tipo mínimo. ¿Y ahora que nosotros les proponemos bajar del 48 al 45 el máximo, pero bajar el mínimo del 18 al 15, no les parece bien? Señorías, no hay quien les entienda, insisto. Y porque no hay quien les entienda no se atreven a plantear alternativas fiscales. Y porque no hay quien les entienda dicen una cosa en rueda de prensa y hoy se esconden en el Parlamento, para no defender lo que ustedes habían dicho en rueda de prensa. Porque ni tienen alternativa, ni tienen coherencia, ni son ustedes responsables para ofrecer alternativas a los ciudadanos españoles.


Estamos ante la segunda bajada de impuestos. La primera supuso 800.000 millones de pesetas de mayor ingreso a las familias españolas. Se ha aumentado el empleo en España como nunca y una de las bases por las que esto se ha producido ha sido porque tuvimos la valentía de bajar impuestos. Los diputados socialistas subían a esta tribuna diciendo: ¿Pero cómo bajan ustedes impuestos? Van a conseguir que el Estado entre en desequilibrio. Pues no, señoría. Bajamos impuestos con valentía, lo hicimos una vez conocidos los datos y ello ha supuesto una rebaja de casi el 15 por ciento a todos los ciudadanos. Y a las rentas más bajas, casi el 50 por ciento, señor Bel. Eso sí que es equidad: al que menos tiene bajarle con mayor intensidad lo que paga a Hacienda.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Señor Martínez-Pujalte, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Acabo, señora presidenta.


Ahora vamos a plantear la segunda reforma. Señorías, ustedes pueden votar que no otra vez, pueden votar que no a que bajemos los impuestos a los españoles, pero después ya no digan de nuevo si es de izquierdas, si es de derechas o si es de centro bajar impuestos. Ustedes no bajan impuestos y el Partido Popular baja impuestos; y bajamos impuestos con una mayoría de la Cámara, porque hemos planteado una reforma que Convergència i Unió y Coalición Canaria también apoyan y en la que han colaborado. Por eso hemos llegado a un texto especialmente bueno para los ciudadanos españoles. Porque lo que a nosotros nos interesa, el grupo al que nosotros defendemos es el grupo del conjunto de la sociedad española, al que vamos a bajar otra vez los impuestos. Fundamentalmente se los vamos a bajar a las familias, a los discapacitados, a las mujeres que trabajan y a los ciudadanos de rentas más bajas. Con el Partido Popular, señorías, y con esta línea de trabajo, con nuevas rebajas de impuestos, España mejora su bienestar, crecemos más que el resto y creamos más empleo.


Muchas gracias. (Aplausos.-Rumores.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor Martínez-Pujalte López pide la palabra.)

Señor Martínez-Pujalte.


El señor MARTÍNEZ-PUJALTE LÓPEZ: Me dicen los servicios de la Cámara que hemos presentados dos enmiendas transaccionales, que creían que se daban por defendidas. Hemos presentado dos enmiendas transaccionales a dos enmiendas, una del Grupo de Convergència i Unió, la número 282, y otra del Grupo de Coalición Canaria, la número 127. Pedimos que, si los grupos lo aceptan, las votemos por separado.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Martínez-Pujalte. (El señor Bel i Queralt pide la palabra.)

Señor Bel.


El señor BEL I QUERALT: Intervengo muy brevemente sólo para comentar que no parece el modo político de presentar enmiendas transaccionales. De todos modos, anuncio que vamos a votar particularmente en contra de una de ellas, porque queda muy claro qué intereses y de quién se defienden.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Bel.
(El señor Mardones Sevilla pide la palabra.)

Señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Señora presidenta, intervengo a los efectos de anunciar que votaremos a favor de la enmienda transaccional que ha mencionado el señor Martínez-Pujalte, a la enmienda 127,

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de Coalición Canaria. Por tanto retiraríamos nuestra enmienda.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Mardones. (El señor Sánchez i Llibre pide la palabra.)

El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


En este mismo sentido, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió aceptará la enmienda transaccional presentada por el Grupo Parlamentario Popular a nuestra enmienda número 282, que retiraremos.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Gracias, señor Sánchez i Llibre. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

VOTACIÓN DE CONJUNTO

- PROPOSICIÓN DE LEY ORGÁNICA COMPLEMENTARIA DE LA LEY DE REFORMA PARCIAL DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL, SOBRE PROCEDIMIENTO PARA EL ENJUICIAMIENTO RÁPIDO E INMEDIATO DE DETERMINADOS DELITOS Y FALTAS Y DE MODIFICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO ABREVIADO. (Número de expediente 122/000227.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego ocupen sus escaños. Vamos a iniciar las votaciones.


Señorías, antes de iniciar la votación de las enmiendas del dictamen de Comisión sobre el proyecto de ley del impuesto sobre la renta de las personas físicas, vamos a hacer, dado su carácter orgánico, la votación final de conjunto de la proposición de ley orgánica complementaria de la Ley de reforma parcial de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, sobre procedimiento para el enjuiciamiento rápido e inmediato de determinados delitos y faltas y de modificación del procedimiento abreviado.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 298; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado al haberse superado la mayoría requerida, dado el carácter orgánico de la referida proposición de ley.


- VOTACIONES DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA PARCIAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y POR LA QUE SE MODIFICAN LAS LEYES DE LOS IMPUESTOS SOBRE SOCIEDADES Y SOBRE LA RENTA DE NO RESIDENTES. (Número de expediente 121/000096.)

La señora PRESIDENTA: Iniciamos la votación de las enmiendas al proyecto de ley de reforma parcial del impuesto sobre la renta de las personas físicas y por la que se modifican las leyes de los impuestos sobre sociedades y sobre la renta de no residentes.


Empezamos la votación con las enmiendas de diversos diputados del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, la enmienda número 100, presentada por el diputado señor Saura.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 127; en contra, 170; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 101 a 109, 112, 114 a 116, 118 y 120.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 112; en contra, 183; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas 119 y 121.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 14; en contra, 185; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda 120 bis.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 12; en contra, 184; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de las enmiendas del señor Saura Laporta.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 12; en contra, 285; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas presentadas por el señor Puigcercós. En primer lugar, la número 68.


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, cinco; en contra, 286; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas 71 y 72.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, ocho; en contra, 189; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de enmiendas del señor Puigcercós.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 115; en contra, 183; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas firmadas por el señor Núñez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, ocho; en contra, 188; abstenciones, 107.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas del señor Rodríguez Sánchez.


En primer lugar, las enmiendas números 74, 76, 80, 92 y 95.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 113; en contra, 185; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 77, 78, 81, 87, 96 y 97.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, seis; en contra, 185; abstenciones, 113.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 89, 93 y 94.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, siete; en contra, 279; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 75, 79, 88 y 99.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 108; en contra, 182; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda número 90.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 11; en contra, 182; abstenciones, 110.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmiendas números 91 y 98.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 12; en contra, 285; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del señor Rodríguez.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 58; en contra, 141; abstenciones, 106.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. (Rumores.)

Señorías, recuerdo a la Cámara que la votación se refería al resto de las enmiendas del señor Rodríguez. (Rumores.) Señorías, ruego guarden silencio al objeto de que podamos seguir con claridad la votación.


Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, la enmienda transaccional a la 127.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos a favor, 304; a favor, 185; en contra, 109; abstenciones diez.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 17; en contra, 277; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). En primer lugar, las enmiendas números 7, 8 y 13.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 120; en contra, 167; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 114; en contra, 164; abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida. En primer lugar, las enmiendas siguientes: 14 a 22, 28, 31, 33, 41, 42, 46 a 53, 55 a 62 y 64.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 114; en contra, 184; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 23, 25 a 27, 29, 30, 35, 36, 43, 44 y 54.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 12; en contra, 182; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, diez; en contra, 280; abstenciones 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió). En primer lugar votamos las enmiendas números 241 a 243, 245 y 263.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 130, en contra, 168; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos las enmiendas 247 y 266.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 122; en contra, 165; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmiendas números 283, 288, 290 y 291.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 15; en contra, 267; abstenciones, 22.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación la enmienda transaccional a la enmienda número 282.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 184; en contra, 101; abstenciones, 19.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


Enmienda número 262.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 302; a favor, 27; en contra, 166; abstenciones, 109.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Comienza la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 20; en contra, 275; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Iniciamos la votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista; en primer lugar la enmienda número 135.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 127; en contra, 168; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Votamos las enmiendas números 136 y 147.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 103; en contra, 191; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Votamos a continuación las enmiendas números 143, 145, 148, 150, 152, 153, 159, 161, 163, 164, 166, 169, 175, 186, 187 y 193.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 305; a favor, 106; en contra, 183; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 303; a favor, 112; en contra, 180; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Señorías, votamos a continuación el texto del dictamen.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 304; a favor, 187; en contra, 110; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


DEBATE DE TOTALIDAD DE INICIATIVAS LEGISLATIVAS.


- PROYECTO DE LEY ORGÁNICA DE CALIDAD DE LA EDUCACIÓN. (Número de expediente 121/000104.)

La señora PRESIDENTA: Punto X del orden del día: Debate de totalidad de iniciativas legislativas. (Rumores.)

Señorías, les ruego guarden silencio.


Debate de totalidad del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.


Para la presentación del proyecto de ley tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora presidenta, señorías, comparezco en este acto para presentar el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, y voy a comenzar mi intervención exponiendo las razones de fondo, es decir, la filosofía que inspira el proyecto de ley orgánica para la calidad de la educación. Me voy a referir no a todos los motivos, naturalmente, pero sí a los más sustantivos que justifican la necesidad de introducir un cambio en el enfoque y en las grandes líneas de nuestro sistema educativo, así como una mejora de las disposiciones legislativas actualmente vigentes en este campo. Sin que ello encierre ninguna significación especial, he resumido en siete puntos las razones que están detrás del proyecto de ley de calidad de la educación y que sintetizan, como decía, la filosofía que la inspira. Se trata de siete razones de fondo que sustentan tanto la exposición de motivos de la ley como cada una de sus medidas.


Empecemos por el primero. Pues bien, el primero de los motivos responde al convencimiento de que la educación no se encuentra ni a la derecha ni a la izquierda, ni arriba ni debajo del tejido de una sociedad, sino que ocupa su centro mismo. Y lo ocupa además tanto en el tiempo como en el espacio porque la ocupación se encuentra entre el pasado y el futuro de cada sociedad y entre cada agrupación y el resto del todo social. Estas dos afirmaciones que he usado en alguna ocasión pertenecen a Hanna Arendt. La pensadora alemana escribía que la educación se sitúa entre el pasado y el futuro, entre la estabilidad y el cambio, entre la tradición y la innovación. El valor trascendental de la educación para las vidas individuales y para el futuro común de las sociedades, que guió con tanto acierto las reflexiones de la pensadora mencionada y de tantos otros filósofos, tiene una importancia radical en la infancia. Mientras somos niños nos iniciamos, pero no somos lo que queremos y decidiremos ser, sino que vamos haciendo acopio de recursos para afrontar nuestro futuro.
Por eso la progresiva universalización de la escolarización encierra un gran valor, particularmente en el

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caso de los niños procedentes de medios más desfavorecidos, más adversos.
No hay duda de la importancia vital y la prioridad absoluta que tiene a esa edad el aprendizaje de las materias instrumentales. Sin ellas es imposible el progreso ulterior, es decir, leer y comprender lo que se lee, escribir y saber expresarse con corrección por escrito y conocer los elementos básicos del cálculo.


El segundo motivo -que expongo muy en síntesis por el tiempo del que disponemos- que justifica esta propuesta de reforma y este proyecto específico podría resumirse en el siguiente sumario: La educación no es un compartimento estanco de la vida; consiste, como ella, en un proceso de maduración. Por eso la educación, como la vida, rechaza los sistemas rígidos. La educación, en efecto, nunca termina en realidad y por eso es casi infinita y debe ser flexible. Hoy debemos serlo más que nunca. Los poderes públicos central y autonómicos tienen una responsabilidad que nace no sólo de las obligaciones que impone el ordenamiento constitucional, sino también, y de modo muy especial, de las continuas demandas de nuestra sociedad en este nuevo siglo. Por eso todos los países deben adecuar periódicamente sus sistemas educativos, y en los comienzos del siglo XXI sabemos que nuestro sistema educativo debe responder a dos exigencias. La primera es la de integrar y mantener dentro del sistema al mayor número posible de alumnos a lo largo de las etapas de la educación obligatoria, incluido el número creciente de alumnos que proviene de la inmigración. La segunda exigencia consiste en mejorar sustancialmente la capacidad formativa del sistema, y el único modo en que puede conjugarse esta doble exigencia de manera que capacidad inclusiva y capacidad formativa se refuercen mutuamente en nuestro sistema educativo, es el de la flexibilidad.


La educación debe enfocarse hoy como un sistema de oportunidades en el que cada alumno pueda obtener una formación de base sólida y a la vez conforme con sus aptitudes y aspiraciones, desarrollando responsablemente su capacidad de elección con las ayudas oportunas a unas edades que corresponden ya a una primera etapa de madurez y que no son en absoluto edades tempranas. De esta forma se multiplica la capacidad integradora del sistema educativo y se promueve la excelencia, que son dos aspectos esenciales que en nuestro sistema educativo resultan manifiestamente mejorables y distan de forma significativa de los países más avanzados de Europa. Por eso el proyecto de ley establece diferentes medidas de flexibilidad, tales como los itinerarios o los programas de iniciación profesional, que no hay que confundir, obviamente, con la formación profesional, que constituyen estudios postobligatorios.


Vayamos al tercer motivo: la educación no es un compartimento estanco de la vida de la sociedad; por eso la educación sólo puede vertebrarse eficazmente si está en permanente intercambio con un sistema social que a su vez cambia y progresa. La realidad es que sociedad y educación son hoy en nuestro país dos realidades desacompasadas en muchos aspectos, y si no cambiamos lo que debe ser cambiado, correremos el riesgo de que la necesaria simbiosis entre ambos se convierta cada vez más en un intercambio de amargos reproches mutuos. Uno de los aspectos que desconcierta y preocupa en el sistema educativo vigente es que los planteamientos y actitudes que lo inspiran chocan una y otra vez con la experiencia y se ven desmentidos por los hechos y por los resultados de su aplicación. Si la vida pública de la democracia necesita basarse en los valores de la sensatez, de la racionalidad y de las lecciones de experiencia, es incongruente que el sistema educativo no tenga en este aspecto el papel preciso y subrayado que ha de tener. Tomemos como ejemplo la evaluación que se propone en este proyecto de ley. Cuando este anuncia y acentúa la importancia de los resultados, en modo alguno ignora el papel de los procesos que conducen a ellos; más bien pone de manifiesto que la evaluación, es decir, la identificación de los errores y de los aciertos, debe convertirse, como en la vida, en un factor fundamental y continuo de motivación y de progreso. El aspecto en el que más evidente resulta la falta de compás entre la realidad de nuestras sociedades y la de nuestro sistema educativo es el de la pérdida del valor del esfuerzo, una ausencia que me lleva a plantear el cuarto de los motivos de fondo de este proyecto de ley.


Cuarto motivo, por tanto: es imposible una educación de calidad e integradora sin esfuerzo, siendo a la vez la educación el fundamento de la libertad del individuo. En efecto, una sociedad cuyos ciudadanos intentan obtener con enorme esfuerzo un grado de bienestar y de calidad de vida cada vez mayor es incompatible -y esto es sólo un ejemplo- con un modelo educativo que permite el paso de un curso a otro sin haber alcanzado los conocimientos y las destrezas necesarias y sin haber socializado al alumno en la realidad, en el hecho cierto de que las acciones tienen siempre consecuencias, como les va a ocurrir en su vida de adultos. Este modelo habitúa a un pretendido éxito inmediato, fácil y sin esfuerzo, que provocará serias inadaptaciones cuando los jóvenes tengan que afrontar las exigencias y los retos de la vida real, de una vida social y laboral exigente y competitiva. La realidad es que ante los retos se triunfa generalmente, a la hora de afrontarlos, con actitudes inspiradas en la libertad y en la responsabilidad. De hecho, si hay un aspecto que marca con nitidez el paso de la adolescencia a la madurez, es la aparición acompasada de los valores del esfuerzo y de la responsabilidad, la aparición, en definitiva, de la conciencia y de la capacidad para la acción en la que uno es consciente de sus responsabilidades. Por eso resulta necesario revisar, por ejemplo, el paso de un curso a otro, por eso y porque lo propio de los seres humanos no es simplemente saber sino, sobre todo,

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saber que se sabe y saber lo que se sabe, es decir, lo que Hanna Arendt, a quien nuevamente evoco, con toda la tradición filosófica, llamó capacidad de reflexionar y capacidad de hacer juicios, de poseer criterios y, por tanto, de ser libres. Lo mismo expresa con frase feliz Epicteto, quien nos recomienda que escuchemos a aquellos filósofos que dicen que sólo los hombres cultos son hombres libres. La reflexión y el pensamiento crítico requieren la capacidad de plantearse problemas y ser capaz de encarar las dificultades de su solución, y a su vez el planteamiento de los problemas surge del conocimiento y de la capacidad de análisis de los datos de la realidad. Todo este proceso es fruto del esfuerzo, un esfuerzo que, lejos de estar reñido con la amenidad, la crea y la estimula, pero sobre todo estoy señalando aquel tipo de esfuerzo que representa el ejercicio...
(Rumores.)

Voy a pedir a la presidenta de la Cámara que, por favor, solicite más silencio porque me está costando un gran trabajo hablar, así que rogaría que lo pidiera.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora ministra.


Continúe.


La señora MINISTRA DE EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias.


Pues bien, decía que la reflexión y el pensamiento crítico en general, no sólo el de dimensión política, requieren la capacidad de plantearse problemas y ser capaz de encarar las dificultades de su solución, y a su vez el planteamiento de los problemas surge del conocimiento y de la capacidad de análisis de los datos de la realidad. Todo ese proceso es fruto del esfuerzo, un esfuerzo que, lejos de estar reñido, decía, con la amenidad, la crea y la estimula, pero sobre todo estoy señalando aquel tipo de esfuerzo que representa el ejercicio más cabal de la libertad que puede llevar a cabo el ser humano y cuyo hábito se adquiere mediante la educación. Santiago Ramón y Cajal tenía muy claro el papel central que ocupa el esfuerzo en el proceso de la educación, y por eso escribió: Bien puede afirmarse que las conquistas científicas son creaciones de la voluntad y ofrendas de la pasión. Y, glosando el papel de la voluntad y la tenacidad, que son los soportes del ejercicio de la libertad, añadía: Si hay algo entre nosotros verdaderamente divino, es la voluntad; por ella afirmamos la personalidad, templamos el carácter, desafiamos la adversidad, corregimos el cerebro y nos superamos diariamente.


Pasamos al quinto motivo: la educación es el único sistema de orientación inventado por el ser humano que no es externo, sino que se integra plenamente en su personalidad, y es el único que garantiza que nuestro futuro no es algo que padeceremos, sino algo que queremos, algo que decidimos y algo que conseguimos. Nuestro futuro como personas libres depende del equilibrio entre aprendizaje, esfuerzo y responsabilidad, que constituyen el proceso educativo. De ahí el proyecto de ley de calidad de la educación y su orientación hacia el logro de dos objetivos fundamentales: el primero de ellos, la integración, y el segundo, la calidad. Por tanto, integración de todos en la calidad. Por eso insisto en que el proyecto de ley tiene como objetivo convertir el sistema educativo en un sistema de oportunidades educativas de calidad para todos. El otro objetivo fundamental del proyecto de ley consiste en prevenir y combatir el abandono escolar, fomentando y estimulando la presencia efectiva de nuestros adolescentes en el sistema educativo, de tal manera que logren alcanzar los conocimientos básicos establecidos para la Educación Secundaria Obligatoria y obtener la titulación correspondiente.


Sexto motivo: un sistema educativo mal diseñado perjudica sobre todo a los más desfavorecidos. Aun cuando se entienda que la función exclusiva y única del sistema educativo es la superación de las desigualdades sociales, es necesario reconocer que el modelo vigente, lejos de favorecer, perjudica a los más desfavorecidos al ser incapaz de proporcionarles las oportunidades necesarias para integrar a los que muestran más carencias. La razón, señorías, es evidente: en un sistema que carece de oportunidades adecuadas y flexibles y cuyo resultado se sitúa lejos de la calidad y de la excelencia, los que tienen más que perder son los que parten de condiciones más desfavorables; los provenientes de un medio social y cultural más favorecido buscarán, si lo necesitan, las oportunidades fuera del sistema. Sólo, señorías, desde un concepto estrecho y sin perspectivas de futuro de la equidad puede acusarse al sistema de oportunidades que nace con este proyecto de ley de injusto frente a la situación actual, que tiende objetivamente a igualar a la totalidad de los alumnos en la falta de estímulos y la ausencia de calidad. Por ahí iguala.


Séptimo y último motivo en esta síntesis obligada: la educación es el medio más rápido y ecológico que se conoce; con ella se llega lejos y sólo cuesta esfuerzo responsable; un combustible que impregna favorablemente el conjunto del tejido social. El futuro que la sociedad de conocimiento proyecta sobre la educación hace imprescindible incrementar la capacidad de nuestro sistema educativo para facilitar una educación y una formación de calidad. Los análisis internacionales nos indican que en lo que concierne a la calidad de los resultados educativos, España debe mejorar. Estamos ante una cuestión no solamente estratégica, señorías; estamos ante una cuestión trascendental que condicionará el progreso de cada individuo y que afecta a nuestro desarrollo económico y a nuestra cohesión social. En Europa la tendencia propia de la globalización a romper tiempos y reducir distancias se hace mucho más intensa e implica la movilidad de la información, del conocimiento y de las personas. En ese contexto, el sistema educativo no puede cerrarse sobre sí mismo y su

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apertura se ha convertido en el tiempo presente no sólo en un nuevo factor de calidad sino también en una necesidad: ampliar la red de oportunidades de calidad para todos; subrayar la importancia del esfuerzo y de una mayor relación entre calidad y evaluación. Todo ello constituye elementos presentes en todas las orientaciones de las reformas educativas que se están llevando a cabo en los países de la Unión Europea. El proyecto de ley de calidad de la educación pretende incidir en este punto: que no sólo es preciso mejorar las competencias de comunicación de nuestros alumnos en otras lenguas, sino que también es necesario promover implícitamente una homologación de objetivos básicos del sistema, de conformidad con los compromisos asumidos por los países miembros de la Unión en materia educativa en la última cumbre de Barcelona.


Señoras y señores diputados, existen todavía otras razones importantes para decidirse a reformar el sistema educativo en nuestro país, pero creo que con las citadas, al menos en el tiempo disponible, es suficiente porque son muy elocuentes. En estos minutos he ido explicando lo que en los últimos meses he podido explicar en diversas ocasiones. Nuestro país, señorías, se halla en el momento decisivo de definir un nuevo sistema normativo en materia de educación. Este nuevo sistema, a la vez que quiere consolidar nuestros avances históricos, desea también colmar las carencias de nuestro sistema educativo que los análisis nacionales e internacionales han puesto reiteradamente de manifiesto. Por eso, en congruencia con el conjunto de razones que fundamentan este proyecto de ley y que acabo de glosar, procederé a sistematizar, señoras y señores diputados, las medidas fundamentales que este proyecto contiene y que están destinadas a garantizar el incremento sustantivo de la capacidad integradora, de la capacidad formativa y cualificadora, así como la flexibilidad y estructura de oportunidades que debe tener en adelante nuestro sistema educativo.


Empezaré por la educación infantil, etapa a la que el proyecto atribuye el doble carácter de gratuita y voluntaria. De la educación infantil nos consta su capacidad preventiva del fracaso escolar, a la par que representa una ayuda fundamental para la incorporación de la mujer al mundo laboral y profesional. Su extensión abarca ya hoy en torno al 90 por ciento de los niños de hasta tres años en buena parte de las comunidades autónomas. En cuanto a la educación primaria, es necesario que conserve su estructura actual. Así entendemos que debe ocurrir, aunque hemos redefinido sus objetivos con objeto de adelantar la edad del aprendizaje de la lectura, la escritura y las operaciones básicas del cálculo, así como de la primera lengua extranjera. Una vez aprobado por las Cortes este proyecto de ley, será el momento de revisar los contenidos de esta etapa educativa. Es una etapa decisiva, que merece una profunda atención porque se trata de unos años fundamentales de la vida durante los cuales se establecen los anclajes de la personalidad y se configura el conjunto de condiciones que prefiguran aptitudes y actitudes de las personas en el futuro. Para mí no hay duda alguna de la importancia vital y de la prioridad absoluta que tiene en esa edad el aprendizaje, un aprendizaje sólido de las materias denominadas instrumentales sin las cuales es imposible el progreso ulterior, es decir, leer y comprender lo que se lee; escribir y saber expresarse con corrección por escrito y conocer los elementos básicos del cálculo. Es la etapa de la educación secundaria, señorías, la que padece ahora en mayor medida la rigidez de que adolece el modelo educativo actual, una rigidez fruto, en mi opinión, entre otras cosas de la confusión entre igualdad de oportunidades e igualdad de resultados en la educación, que inspira en buena parte el modelo educativo importado del viejo modelo anglosajón ya reformado de la comprensividad. Este modelo se aplicó en España con la LOGSE cuando ya se conocía su fracaso en los Estados Unidos y en Gran Bretaña, pese a lo cual se desarrolló entre nosotros a veces con un giro especialmente radical. Las consecuencias negativas derivadas de este planteamiento se manifiestan fundamentalmente en las tasas altas de abandono escolar en la secundaria. Se constata que si la universalización de nuestro sistema educativo obligatorio ha de permitir todas sus potencialidades y evitar su progresivo deterioro, lo que necesita con urgencia en estos momentos, a comienzos del siglo XXI, es sumar la calidad a la universalidad dentro de un sistema educativo flexible. De ahí que el proyecto de ley introduzca como elementos de integración y de calidad medidas de refuerzo educativo que permitan una enseñanza más personalizada y acorde con las necesidades específicas del alumno. Estas medidas se ofrecen en primero y segundo de educación secundaria a aquellos alumnos con dificultades en el aprendizaje de unas u otras materias. Se trata de nuevas posibilidades, de nuevas ayudas, con el objetivo de que todos los alumnos puedan adquirir los conocimientos que se necesitan en este período.


Dentro de lo que constituye el fomento efectivo de la igualdad de oportunidades, así como de la capacidad formativa integradora de la educación secundaria, el proyecto establece los itinerarios a los que se añade un nuevo planteamiento y desarrollo de la garantía social con los programas de iniciación profesional. Los itinerarios representan una medida de flexibilidad muy importante. Hemos considerado que son los dos últimos años de la secundaria obligatoria, tercero y cuarto, entre los 14 y 16 años, donde las materias se deberían organizar en itinerarios para que respondan a los intereses de los alumnos de acuerdo con sus motivaciones y expectativas, en sintonía con lo reiteradamente manifestado por la inmensa mayoría de nuestro profesorado. La decisión de cursar uno u otro itinerario corresponde al alumno y a sus padres, se trata de una decisión reversible. Los itinerarios, por tanto, no imponen nada, sino que establecen unas posibilidades de elección para

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que los alumnos, de acuerdo con esos estímulos o aptitudes, puedan realizar un mejor aprovechamiento de sus capacidades en la configuración de su propio futuro académico. Me parece importante subrayar que todos los centros sostenidos con fondos públicos deberán ofrecer todos los itinerarios, aunque las administraciones educativas -ha sido obligado incluirlo así-, de acuerdo con las características de los centros, podrán adecuar este principio a las necesidades generales y a la demanda, con un criterio de equidad entre todos los centros.


En cuanto al otro gran elemento de flexibilidad del sistema educativo, los programas de iniciación profesional, constituye la respuesta específica al reto que debemos encarar en estos momentos, que consiste en lograr que el mayor número posible de alumnos termine la educación obligatoria, o, lo que es lo mismo, reducir significativamente la tasa de abandono escolar. La experiencia nos advierte de que, pese a todas las medidas que adoptemos para flexibilizar y hacer más atractiva la educación secundaria, habrá alumnos que no alcanzarán los objetivos de esta etapa; por eso consideramos que se les debe ofrecer otras oportunidades nuevas.
Este es el propósito de los programas de iniciación profesional que, además de incorporar contenidos de formación básica esenciales para el desarrollo de las capacidades establecidas en la ESO, incluirán otros que abran el camino a la adquisición de destrezas profesionales mediante el aprendizaje de módulos del catálogo nacional de las cualificaciones. A los alumnos que superen los contenidos del programa de iniciación profesional -que se desarrollará en dos años- se les proporcionará el título de graduado en educación secundaria obligatoria. Estos programas van destinados a todos aquellos alumnos que, habiendo cumplido los 16 años, no hubieran obtenido la titulación correspondiente a esta materia y, excepcionalmente -sólo excepcionalmente, señorías-, a aquellos alumnos que realmente lo necesiten a los 15 años; siempre por decisión voluntaria los alumnos, también en el otro caso, puesto que ya han cumplido la edad y no tienen que estar necesariamente dentro del sistema educativo. El objetivo último de este sistema de oportunidades es hacer más tupida e interconectada la red educativa, en aras de prepararla para la formación continua y, sobre todo, para que nadie que quiera aprovechar las oportunidades del sistema educativo carezca de una solución de continuidad, de una puerta que atravesar, para proseguir su formación.


Una de las medidas importantes que incluye el proyecto de ley para estimular la cultura del esfuerzo, la evaluación y la atención a los resultados, es la eliminación de la promoción automática, tan demandada también por la práctica totalidad de los profesores. Así, el alumno que suspenda tres o más asignaturas deberá repetir curso. A lo largo de la educación secundaria la evaluación será, por tanto, continua y diferenciada por asignaturas. Los alumnos, al final de cada curso, podrán realizar una prueba extraordinaria de las asignaturas que no hayan superado, y cada curso podrá ser repetido una sola vez. Calidad y evaluación están, por otra parte, íntimamente unidas, por lo que referirse al aprendizaje sin mencionar la evaluación no es otra cosa que un espejismo. Esta es la razón por la que el proyecto de ley establece pruebas de evaluación del sistema en la educación primaria y en la secundaria obligatoria. Esta evaluación se referirá a las competencias básicas del currículo con criterios de homogeneidad para todo el territorio español, y, aunque no conlleva efectos académicos, ayudará a las administraciones competentes a conocer los resultados de su acción educativa para que puedan adoptar las medidas oportunas para mejorar su calidad. Sí tiene, por el contrario, efectos académicos la prueba general de bachillerato, que habrá de superarse para obtener el título de bachiller. Se trata de una prueba de evaluación de conocimientos externa a los centros. Con su introducción, España se homologará al resto de los países miembros de la Unión Europea. Además, la prueba general de bachillerato servirá a las administraciones educativas para adoptar aquellas medidas que consideren más convenientes para fomentar la calidad de la formación en la educación secundaria. El contenido de la prueba general de bachillerato se referirá a los dos cursos de bachillerato y será organizada por las administraciones educativas en institutos, con la participación de los profesores de secundaria.


Señoras y señores diputados, la mejora en la calidad del sistema educativo, así como de la convivencia en los centros, dependerá en buena medida de enfocar con claridad los contenidos esenciales de la relación entre profesores y alumnos. Los primeros, en condiciones de transmitir conocimientos con competencia y autoridad; y los alumnos, conscientes de que forma parte de su responsabilidad e interés, adquirir todos aquellos saberes y actitudes que les van a permitir en el futuro integrarse de un modo positivo en el mundo de los adultos. Con esa finalidad, el proyecto de ley introduce distintas medidas con relación al profesorado tendentes a mejorar su preparación. Así, el proyecto de ley exigirá el título de especialización didáctica para el acceso a la función docente en la enseñanza secundaria. Asimismo, establece medidas para garantizar la actualización permanente de la preparación de los profesores en el desempeño de las diferentes facetas de su actividad y de apoyo al profesorado tales como licencias retribuidas para participar en actividades de formación e innovación; la reducción o sustitución parcial de la jornada lectiva para los mayores de 55 años; protección y asistencia jurídica. Por otra parte, y dentro del impulso a la cultura de la evaluación y a la atención preferente que otorgamos a los resultados, las administraciones educativas elaborarán planes para la valoración de la función docente. Con la misma finalidad, las administraciones promoverán la evaluación voluntaria del profesorado.


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Lo que el Gobierno se propone en el proyecto de ley es reforzar una verdadera carrera docente, de ahí el sentido de la creación del cuerpo de catedráticos al que se le encomienda la coordinación de la función docente e impulsar proyectos de innovación e investigación en el propio centro. De esta forma, la carrera docente queda configurada con la posibilidad de progresar dentro del cuerpo de pertenencia: maestro, profesor de educación secundaria, catedrático y también mediante la progresión entre los diferentes cuerpos, así como la posibilidad de acceso desde cualquiera de los cuerpos docentes al cuerpo de inspectores de educación. El proyecto de ley establece también que dentro de la Conferencia sectorial de Educación, se impulse el estudio y, en su caso, la implantación de medidas destinadas al desarrollo de la carrera profesional; específicamente dentro de cada uno de los cuerpos todavía se puede avanzar en el futuro.


Al papel clave del profesorado se añade la extraordinaria importancia de renovar y profesionalizar la dirección y gestión de los centros para alcanzar una educación de calidad, que es la razón de ser del proyecto.
El director de una institución tan importante como un centro educativo ha de reunir una serie de requisitos tales como los de ser docente con experiencia, interés por ser director y, sobre todo, disponer de una formación inicial adecuada. Requisitos como los citados plantean la necesidad de seleccionar al mejor candidato y con ese fin, el proyecto de ley considera el concurso de méritos como el procedimiento más adecuado.
En la selección participará el centro educativo, pero también la Administración, de modo que al nuevo planteamiento de la función directiva el proyecto de ley atribuye unas decisiones nuevas que tienen que ser desarrolladas por las comunidades y que se refieren a las nuevas funciones del director, entre las que destaca la capacidad para adoptar las decisiones disciplinarias que correspondan para resolver los conflictos de su centro. En definitiva, el nuevo director será un profesional docente con responsabilidad y autoridad para dirigir el centro educativo, sabiendo que se está evaluando su función directiva a efectos de su continuidad o no.


En cuanto a los equipos directivos, contribuirán a reforzar la delimitación entre órganos de gestión y de control que promueve el proyecto de ley. Los equipos tendrán también cursos de formación y la pertenencia a uno de estos equipos constituirá un mérito para la carrera docente de sus integrantes. Por otro lado, la mejora y la profesionalización que introduce en la gestión el proyecto de ley a la hora de abordar los centros educativos se ven completadas con los cambios que también se introducen en la inspección educativa, que queda organizada por especialidades; del mismo modo, el proyecto regula el acceso al cuerpo de inspectores mediante concurso-oposición. Por otra parte, considerando que es un elemento esencial de calidad y flexibilidad del sistema, el proyecto de ley refuerza la autonomía de los centros en los distintos planos de su actividad, refuerza su autonomía pedagógica, de manera que habrá centros de especialización curricular. Estos centros, al desarrollar proyectos educativos de calidad, serán un referente para otros y una oportunidad real para aquellos alumnos interesados en un ámbito determinado de especialización. Las administraciones educativas apoyarán los centros de especialización curricular y podrán establecer con ellos contratos-programa. De la misma manera, los centros dispondrán de autonomía organizativa, así como de autonomía de gestión económica, dentro de la normativa vigente, con el fin de que puedan obtener recursos complementarios a sus presupuestos.


Voy a ir concluyendo, señoras y señores diputados, con una mención a tres aspectos que considero esencial destacar al final de mi intervención.
Primero, el relativo a temas competenciales; segundo, financiación y, tercero, el debate del proyecto de ley. Sobre los tres es obligado hacer una referencia. Este proyecto de ley está configurado, como todos los que el Gobierno aprueba, desde su incardinación en el Estado jurídico-constitucional que tenemos, que no es otro que el Estado de las autonomías, de largo recorrido, que tiene una serie de elementos de referencia jurídico-constitucional que hay que tener en cuenta a la hora de desarrollar los contenidos competenciales de un proyecto de ley. Pues bien, hay toda una serie de referencias, desde las más generales a las más particulares. Primero, hay que tener en cuenta los textos en los que se recoge el régimen competencial de la educación, que integran el denominado bloque de constitucionalidad, esto es, el texto constitucional y los estatutos de las distintas comunidades autónomas. En segundo lugar, hay que observar el desarrollo en leyes del bloque de la constitucionalidad -que no es reformado en este momento- referidas a la educación. En tercer lugar, hay que tener en cuenta las sentencias del Tribunal Supremo que tratan sobre los mismos temas y que han sentado doctrina. Sobre todo, hay que estar convencidos, no hay que tener dudas acerca de que estamos en un Estado de las autonomías que implica una distribución competencial de naturaleza administrativa, legislativa y política. De ahí parte siempre el Gobierno cuando elabora, define y finalmente aprueba un proyecto de ley, porque carecería de sentido hacer algo que no tuviera relación con ello, de tal manera que cuando viene a esta Cámara un proyecto de ley viene en el buen entendimiento del Gobierno, en el buen soporte técnico y fundamentación técnico-jurídica y constitucional, de que traemos un proyecto de ley en el que la Administración central y la administración autonómica, es decir las dos administraciones del Estado, tienen perfectamente delimitadas sus competencias. Esto puede estar sujeto a cuestión por parte de algunos que pueden pensar que en este caso ha habido algún tema que no lo está. Se discutirá y si alguien considera que no se ha resuelto satisfactoriamente, el propio sistema proporciona los instrumentos

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adecuados para que se pueda resolver acudiendo al Tribunal Constitucional.
Pero me resulta inexplicable que cada vez que hay una propuesta de esta o de otra naturaleza del Gobierno haya quien por delante se pone la venda y dice que va a acudir al Tribunal Constitucional. Es como si las autonomías cada vez que hacen un proyecto en virtud de la competencia legislativa que tienen el Gobierno dijera, incluso antes de debatir el texto en el Parlamento, que va a ir al Tribunal Constitucional. Si queremos desarrollar unas ciertas lealtades en nuestro sistema político, cuyo desarrollo ha sido tan complejo y tantas dificultades de asentamiento tiene en una serie de aspectos, sería conveniente tomárselo con más sosiego, con más serenidad, hablar tranquilamente, ver en qué aspectos sí y en qué aspectos no, pero no ir con la propaganda por delante, porque no me parece que se contribuya en nada al buen fin que todos perseguimos, que es hacer las mejores leyes posibles. En cuanto a los temas competenciales, traemos un texto que respeta todas las competencias, según están atribuidas y distribuidas en materia educativa.


En segundo lugar, está el tema de la financiación. Hay que subrayar por parte del Gobierno, para que no haya equívocos, que la inversión educativa que se ha hecho en España desde el curso 1996-1997 en cuanto a su cuantía global, al dinero destinado a becas de cualquier naturaleza, a la creación de nuevas becas, a cualquiera de los indicadores que se utilice, nos da un saldo significativamente superior, más positivo, que en la primera mitad de la década de los noventa, cuando no gobernaba el Partido Popular. Se adopte el indicador que se quiera sobre financiación, todos nos dicen que el Gobierno ha hecho un esfuerzo inversor muy superior en materia educativa, con un descenso muy significativo del número de estudiantes. Por razones de sentido común, por el tiempo de que dispongo y porque los distintos portavoces tienen también que intervenir, no me voy a entretener en dar la lista completa de estos datos que cualquiera tiene a su disposición y que, por lo demás, ha sido publicada en muchas ocasiones.


Tercer elemento. Este proyecto de ley que se presenta hoy aquí es fruto del debate y de la colaboración de todos aquellos que han querido debatir, que han querido colaborar y que han querido contribuir positivamente a encontrar soluciones a los problemas y a la necesidad de mejorar nuestro sistema educativo. Han sido muchísimos los que han querido. El ministerio tiene el aliento constante de decenas de organizaciones, de infinidad de profesores, de padres, de gestores educativos, de directores de centro, cuyo trabajo quiero reconocer desde esta tribuna, que durante meses han contribuido positivamente a la definición de este documento. Una inmensa mayoría del profesorado, una inmensa mayoría de la comunidad educativa está detrás de esta reforma apoyando las líneas sustantivas que el Gobierno ha definido en este proyecto educativo. Que nadie se llame a engaño, la inmensa mayoría de la sociedad española y la inmensa mayoría de la comunidad educativa está esperando que se tomen decisiones responsables que conduzcan con eficacia a resolver los problemas de una mayor calidad y de una mayor integración.
Desgraciadamente, ha habido quien ha dicho desde el principio no, no y no. Ha habido quien no ha abierto ni una sola puerta al diálogo. Ha habido quien ha decido desarrollar una confrontación radical con el Gobierno en esta materia desde el principio. Tengo que mencionar con muchísimo pesar una circunstancia que no ha sido ni la primera ni la última. No ha sido la primera porque no se ha sustanciado en acuerdos y apoyos explícitos. Ha habido algún grupo político con el que hemos mantenido largas conversaciones, provechosos intercambios de opinión y aproximaciones esmeradas y esforzadas de un gran rigor técnico y con una magnífica buena voluntad que al final, súbitamente, se han transformado en un cambio de posición. Yo no voy a estar discutiendo eternamente qué es lo que se había dialogado y hasta dónde se había llegado, pero sí vuelvo a reiterar con enorme pesar que siento mucho que intereses y objetivos distintos a los de los padres, a los de los profesores y a los del futuro de los alumnos, por tanto, a los de la educación, se hallan antepuesto en este caso en el que había unos márgenes de acuerdo muy elevados a otros intereses.


Señorías, para concluir, confío sinceramente en que, ante estos problemas, se pueda llegar a un debate riguroso y sereno en esta Cámara y que con aquellos en los que habíamos avanzado en una serie de elementos importantes y teníamos el convencimiento de poder encontrar esa posición, podamos recuperarla. Frente a aquellos del no, aquellos que nunca han querido debatir la reforma educativa, aquellos que han apelado al reclamo del diálogo como único instrumento para distraer y paralizar, espero que también tengan la oportunidad de desarrollar ese debate sereno que necesita de verdad la educación. No se puede defraudar la confianza de toda la sociedad española, de los padres, de los profesores y de los alumnos para dar una respuesta eficaz a los problemas, a las demandas y a la necesidad de avanzar en una educación de calidad para todos en nuestro país. Muchísimas gracias, estoy convencida de que así será. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora ministra.


Señorías, a este proyecto de ley se han presentado enmiendas a la totalidad por parte de cinco grupos parlamentarios, de las cuales dos son de devolución y tres de texto alternativo. De acuerdo con la ordenación del debate, se va a proceder a la intervención de aquellos grupos que han presentado enmiendas de devolución. El orden es el de la presentación de la enmienda, me estoy refiriendo al Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) y a varios diputados del Grupo Parlamentario Mixto. Dada la hora en la que estamos y haciendo un

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cálculo aproximado, esta presidencia entiende que se podrían debatir ahora las enmiendas de devolución para suspender la sesión en torno a las dos o dos y cuarto y reanudarla a continuación con la defensa de las enmiendas de texto alternativo, en el bien entendido de que si el debate de las enmiendas de devolución fuera más rápido y lo hubiéramos acabado a las dos, podríamos entrar en la defensa de la primera enmienda de texto alternativo, del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, dejando para la tarde las del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió).


Para la defensa de la enmienda de devolución del Grupo Parlamentario Vasco (PNV), tiene la palabra el señor González de Txabarri. (Pausa.-Rumores.)

Señorías, guarden silencio, por favor, pues debemos continuar con el resto del debate. Un momento, señor González de Txabarri. (Pausa.-Rumores.)

Señorías, guarden silencio. Hay conversaciones telefónicas que se están oyendo desde la presidencia.


Adelante, señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Gracias, señora presidenta, por esta ordenación racional del debate y gracias, señora ministra, por los esfuerzos que ha realizado en la defensa de este proyecto de ley.


Tiene usted razón en que los cambios de orden social, económico y tecnológico que se han producido en todos los países occidentales de nuestro entorno se han convertido en demandas de cambio hacia los sistemas educativos, que afectan tanto a los sistemas curriculares como a la ordenación estructural de los mismos y a la vinculación de los centros educativos en el tejido socio-económico en los que están radicados; demandas de cambio que están presididas por la necesidad de reforzar los criterios de calidad de los sistemas educativos. Hasta ahí compartimos su análisis, pero, señora ministra, estas demandas de cambio y de actualización no pueden entenderse a la brava, sometidas a los vaivenes políticos del Gobierno de turno, ni emprenderse con la mirada puesta en el espejo retrovisor, con el convencimiento de que cualquier tiempo pasado fue mejor.


En nuestra opinión, el enfoque de calidad que presenta el Gobierno está escorado hacia dos ejes: hacia el estructural, alterando la estructura del sistema educativo y retocando su arquitectura hacia estéticas demodées, y hacia el eje personal, insistiendo en que es el alumno quien tiene que rendir más: más trabajo, más esfuerzo. En nuestra opinión, para que el conjunto de la educación experimente una mejora de la calidad, es necesario reforzar también otros ejes como la innovación pedagógica de los programas, los materiales didácticos, la formación del profesorado o la autonomía de los centros educativos. Del texto articulado del proyecto de ley, señorías, no se puede concluir en qué consiste la calidad de la educación que se pretende; y esta es, señora ministra, la cuestión central del proyecto de ley. Para nosotros resulta relevante saber si se trata de mejorar el nivel académico de los alumnos, reducir el fracaso escolar, aliviar el malestar docente, atender a las nuevas demandas sociales, utilizar nuevos instrumentos tecnológicos o prestigiar socialmente al profesorado. Desde esta perspectiva, se echa en falta una delimitación más afinada para proponer una reforma integral de mejora de la calidad de los sistemas educativos que, de forma coherente, abarque los ámbitos nucleares en los que basar la criteriología tendente a la mejora de los parámetros de calidad.


Señora ministra, este proyecto de ley destila en su parte dispositiva una interpretación espontaneísta y mecanicista de la innovación pedagógica.
Desde el punto de vista formativo, llama la atención la enorme laguna existente en la perspectiva de aprender a aprender, que equivale a dominar los procesos intelectuales, desde los más básicos hasta lo más avanzados, la transmisión de métodos de trabajo, de organización, sistematización, interrelación y asimilación de conocimientos. Cuando se habla de competitividad, se debería matizar y precisar sobre qué parámetros debe regir esa competitividad en los centros educativos para la consecución del objetivo propuesto que nosotros compartimos: la mejora de la calidad de la enseñanza. Es bien cierto, y usted ha insistido en ello en su intervención, señora ministra, que la educación ha sido considerada como vehículo esencial de la igualdad de oportunidades, pero en la parte dispositiva de este proyecto de ley, este criterio ha sido subordinado por el Gobierno al criterio de competitividad, cuando ambos deberían equilibrarse. Los programas educativos deben tener y conocer un marcado carácter social. Por ello, es necesario reequilibrar ambos criterios, el de competitividad y el de igualdad de oportunidades, en el convencimiento de que el progreso económico y social de una sociedad debe plantearse equilibradamente.


De la lectura de la parte dispositiva del proyecto de ley, que es lo que estamos discutiendo, señora ministra, mi grupo parlamentario entiende que este proyecto de ley nos retrotrae a un concepto antiguo, desfasado, de la calidad. El proyecto de ley, cuando se refiere a la calidad, recurre casi únicamente a un planteamiento de consecución de resultados previamente definidos con carácter general, y así se proyecta una visión de la eficacia entendida exclusivamente desde la perspectiva de los resultados.


Ha afirmado en su intervención, señora ministra, que la educación no es un compartimento estanco -claro que no-, pero las intenciones que ha expuesto usted en esta tribuna en la mañana de hoy no se corresponden con la parte dispositiva del proyecto de ley. Está aquí precisamente uno de los centros nucleares de este debate. Se trata de la superación del concepto de calidad estanco y estancado. Tanto en el sector educativo como en sectores productivos o sociales del país, la superación

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de este concepto ha supuesto, entre otras cosas, la modernización del tejido socioeconómico del país. La eficacia es un criterio fundamental, pero no el único criterio, señora ministra. Con esto, el Gobierno nos propone retrotraernos a planteamientos superados. El paradigma educativo que este proyecto de ley propone infravalora planteamientos psicológicos y pedagógicos hoy en día plenamente asumidos, como los del proceso de enseñanza, el aprendizaje, la valoración formativa y continua, la orientación personalizada, centrándose casi exclusivamente en el rendimiento escolar y obviando procesos y factores contextuales.


Ha resaltado también, señora ministra, la importancia de los cambios que propone para los tipos de evaluación. En nuestra opinión, resulta paradigmática la concepción de la calidad otorgada por el Ministerio de Educación que usted preside cuando se analiza la situación actual de los órganos de calidad y evaluación adscritos al ministerio. Señora ministra, desde que usted es titular de este ministerio se están censurando y manipulando deliberadamente los análisis y resultados de los técnicos que evalúan los parámetros del sistema educativo. ¿Por qué? Porque no coinciden, señora ministra, con la verdad educativa oficial que proclama el Partido Popular y, como no coinciden los resultados que los técnicos les ponen encima de la mesa con los que ustedes políticamente predican, se están manipulando y dirigiendo. Desde los datos que los técnicos les están proporcionando en el Ministerio de Educación, es el sistema educativo vasco el mejor del Estado; esto, señora ministra, le deja atónita, con los ojos a cuadros, y ordena encerrar esos informes bajo siete llaves. Indudablemente, con esto no se puede cambiar el tipo de evaluación, como ha indicado usted esta mañana. Es verdad que los informes que sistemáticamente pone encima de su mesa el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, sea cual sea el parámetro sobre el que esté basado el estudio, indican con toda claridad que el mejor sistema operativo hoy vigente en el Estado es el vasco. Esa es la cuestión. ¿Por qué, sistemática y reiteradamente, el discurso político oficial del Partido Popular dice lo contrario? Hay más, señora ministra. La paranoia llega hasta tal extremo que se rescinden las comisiones de servicio en la Dirección General de Innovación Educativa y en el INCE, cortando las cabezas de aquellos funcionarios que, como el señor Murillo, realizan su trabajo con rigor y con honestidad. ¿Son estos, señora ministra, funcionamientos presididos por criterios de calidad o por caciquismo puro y duro? ¿Es esto inquisición o calidad?

Es verdad, señora ministra, que el interés por la calidad de la enseñanza cada día es más patente y cada día está más en el centro de las inquietudes sociales. Ahí tiene usted un eje de debate fundamental. El Grupo Parlamentario Vasco presenta esta enmienda de devolución porque discrepa sobre la noción y el sentido que el Gobierno otorga a la calidad en el sistema educativo por considerarlo difuso, ambiguo y caduco. En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, el Gobierno nos está planteando un concepto reduccionista de la calidad en el sistema educativo, excluyendo de su planteamiento criterios de calidad, de general aceptación en la sociedad y en el conjunto de los sistemas educativos, y relegando criterios de calidad que nosotros consideramos fundamentales. Hay que incluir en este proyecto de ley como criterios de calidad educativa valores democráticos, como la dignidad humana, la justicia social, la igualdad de derechos, la libertad, la participación, la transparencia. El proyecto de ley, obviando estos criterios, se centra en criterios de eficacia y soslaya la consecución de objetivos sociales fundamentales.


Otro eje del debate, señora ministra, es situar a los valores en el lugar que les corresponde en el proceso educativo, que demanda reconsiderar el modo en que los contenidos curriculares se vertebran. Los valores no deben ser considerados como un componente más de los procesos educativos, sino como la parte sustancial, la parte nuclear de los mismos, en primer lugar, por el valor intrínseco de los propios valores a socializar y por la capacidad articuladora de dichos valores sobre el resto de los contenidos educativos. Un adecuado planteamiento de los valores exige, indudablemente, un tratamiento de transversalidad que ustedes tratan de obviar. Además, es necesario incluir criterios más específicos de calidad que se derivan de estos principios generales y tratar de operativizarlos.
Nosotros consideramos que este proyecto de ley tiene algunas lagunas desde el punto de vista de los recursos, desde el punto de vista de la revisión y evaluación del sistema, desde el punto de vista de la definición de parcelas de autonomía suficientes en los centros a los profesores, desde el punto de vista de las actuaciones concretas con relación a la atención a la diversidad, desde el punto de vista de la participación de los agentes implicados en las tareas educativas.


Ha hecho, señora ministra, otro eje de debate en relación al bloque competencial de constitucionalidad. Nosotros creemos que este proyecto de ley -todos los grupos que plantean enmiendas así lo manifiestan en las mismas- no es conforme con el bloque de constitucionalidad. Usted no puede decirnos que, si no nos gusta, ya dictaminará el Tribunal Constitucional en su momento. Esa actitud no parece la más positiva para afrontar este debate. En nuestra opinión este proyecto de ley vulnera las competencias de la Comunidad Autónoma del País Vasco; en las enmiendas al articulado le señalaremos cuáles, en qué sentido y en qué dirección.
Además, queremos significarle que la opción normativa que se plasma en este proyecto de ley vulnera también la Constitución, no solo desde la óptica de distribución de competencias sino también por desconocimiento del núcleo esencial del artículo 27 de la Constitución. Creemos que el derecho a la educación debe ser considerado

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de una manera mucho más abierta, mucho más participativa y rigurosa.


Quisiera insistirle en uno de los puntos que va a concentrar la mayor parte de las enmiendas al articulado del Grupo Parlamentario Vasco, el de la autonomía de los centros. Aunque en la exposición de motivos y en su propia intervención se ha hecho hincapié en la necesidad de incrementar la autonomía de los centros, aquí nos encontramos ante la misma situación, nominalmente se hacen esas consideraciones pero en la parte dispositiva no se recogen suficientemente. Señora ministra, todo proyecto de calidad debe desarrollarse partiendo de las circunstancias de cada centro educativo porque la homogeneidad es contraria a la calidad, que requiere de soluciones particulares a situaciones que son de hecho cada vez más heterogéneas. Este es un criterio, como usted bien conoce, de general aceptación, lo puede encontrar en todo tipo de informes de la UNESCO, de la OCDE y en los trabajos de especialistas educativos de todo tipo. Nos encontramos, señora ministra, en relación a estos temas grandilocuentes, planteamientos liberales y propuestas concretas intervencionistas de excesiva ingerencia y creemos que es aquí donde deben de desligarse los campos suficientemente e interrelacionar mejor el planteamiento nominal con la propuesta concreta que se hace después en la parte deliberativa.


La nueva concepción de la calidad de la enseñanza, ligada tanto a los procesos como a los resultados, debe conducir, en opinión del Grupo Parlamentario Vasco, a una nueva visión de qué y para qué es la participación. Resulta por ello necesario volver a incidir en la eficacia académica de los centros escolares, pero no exclusivamente en términos de selección de los mejores alumnos, sino de su permanente orientación.
Incluso la competitividad entre centros adquiere su sentido nato siempre que se ponga en relación, y no en contraposición, con la cooperación. En definitiva, señora presidenta, la calidad del sistema educativo que nominalmente se pretende debe conseguirse mediante la articulación de factores que incidan en la consecución de dicho objetivo, en la existencia de un proyecto que ordene y oriente los recursos y actuaciones de toda la comunidad escolar, el trabajo en equipo, especialmente del profesorado, que dé coherencia y refuerce las actuaciones individuales, la adaptación al contexto tanto en la formulación de objetivos como en el definición del proceso a seguir para lograrlos, la necesidad de una mejora continua a través de procesos de innovación y formación permanentes y la importancia de una organización flexible y múltiple, operativa y abierta, coherente con el proyecto del centro y con su propio liderazgo. Desde este punto de vista, la participación es un factor de calidad en sí misma, es una condición necesaria para que los factores de calidad sean operativos, reales y efectivos.


En opinión del Grupo Parlamentario Vasco, señora presidenta, y así concluyo, las reformas y cambios en educación sólo pueden ser posibles si se planifican como un proceso continuo en el que los profesores y los centros son tomados en consideración y se consigue su implicación. Por más que se repite que la clave del éxito de cualquier tipo de cambio educativo reside en la formación inicial y continua del profesorado, este proyecto de ley no presenta, señora ministra, medidas legislativas relevantes para reforzar la función docente, para revalorizar la función social del profesorado, para dignificar la variable más relevante de un proyecto de ley cuyo objetivo es la calidad de la enseñanza. Por todo ello, señora ministra, el Grupo Parlamentario Vasco solicita la devolución del proyecto al Gobierno y, en coherencia con el planteamiento que hemos expuesto, apoyaremos las enmiendas a la totalidad de texto alternativo presentadas por los tres grupos parlamentarios.


Muchas gracias, señora presidenta, gracias, señora ministra.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor González de Txabarri.


Iniciamos la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto; en primer lugar, señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, señora ministra, el Gobierno y el partido que le da apoyo tienen la habilidad de detectar antes que nadie -tienen sus observatorios sociales- los problemas que preocupan a buena parte de la ciudadanía. El bajón de nivel que ha tenido la educación secundaria, la mala aplicación de la LOGSE, la falta de presupuestos, han conducido a una situación preocupante y el Partido Popular ha detectado perfectamente que había un problema en la comunidad educativa de padres y alumnos. Sin embargo, lejos de averiguar cuál es el problema, lejos de buscar soluciones a la mala aplicación de la LOGSE o incluso, más en profundidad, a la mala concepción del concepto de igualdad -la LOGSE describe algunos parámetros de igualitarismo, lo que es malo; en definitiva, lo que nos interesa son condiciones de igualdad y no igualitarismo-, lejos de mejorar el problema de la financiación de la educación, de reforzar los mecanismos de socialización en la educación pública, el Partido Popular ha puesto una mala solución. El Partido Popular, ante un grave problema, ha puesto una mala solución; una mala solución porque esta ley conlleva más desigualdad, conlleva perjuicios a la escuela pública y refuerza a toda la escuela privada, la concertada y la privada. Voy a explicar por qué.


En primer lugar, en lugar de buscar mecanismos de apoyo a los grupos de riesgo, en lugar de reforzar la integración de los grupos con conductas antisociales, en lugar de buscar solución a los problemas que conlleva la inmigración, problemas de integración y de adaptación

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al nivel de los demás escolares, lo que hace el Gobierno es segregar; segrega en grupos de nivel creando un salto inalcanzable y un problema gravísimo en la comunidad educativa. Dígame usted, señora ministra, cómo puede ser que el director de un instituto tenga que decir qué profesores van a los grupos conflictivos y qué profesores van a los grupos buenos; dígame qué harán unos padres que vean que su hijo va al grupo inferior, al grupo de menos nivel. ¿Qué van a hacer esos padres? Algunos, los que puedan, van a coger a su hijo y lo van a llevar a una escuela concertada.
Todo esto va a provocar una sensación de gueto, de pozo negro de la escuela pública en determinados barrios, en determinadas ciudades, en determinadas partes del país. En ese sentido, lo que hace su solución es reforzar a la escuela privada.


En segundo lugar, es una ley que no observa el modelo de primaria, que no trabaja sobre la primaria -y el fracaso escolar o la situación de desarraigo ya puede venir de primaria y esta ley, repito, no interviene en ese sentido-, también es un fracaso.


Tampoco creemos que sea la solución lo que se ha hecho en relación con la formación profesional. Si en la LOGSE había aspectos que podían conducir a la solución del problema endémico, histórico, de la concepción de la formación profesional como la hermana pobre del bachillerato, o en su momento del BUP, en esta ley eso no se soluciona ni tampoco en la Ley de Formación Profesional que ustedes aprobaron.


Para acabar, dos cosas más. Esquerra Republicana, como partido democrático, no puede aceptar la regresión que significa para Cataluña y las comunidades con lengua propia lo que conlleva esta ley, que hace que el catalán sea una lengua de segunda. No podemos estar de acuerdo con la mentalidad supremacista del Partido Popular y del Gobierno de creer que hay lenguas de primera y lenguas de segunda.


Finalmente, señora ministra, un Estado aconfesional no puede hacer de la religión una asignatura obligatoria. En el momento que vivimos de complejidad interconfesional, lo lógico habría sido hacer una asignatura puente, una historia de las religiones para todos, para los creyentes y los no creyentes, para los católicos y los musulmanes, para los evangélicos y los que practican la religión judía; hubiera sido lo lógico.


La señora PRESIDENTA: Señor Puigcercós, le ruego que concluya.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Hubiera sido lo lógico, pero ustedes no, ustedes han impuesto la religión católica de un Estado teocrático como es el Vaticano.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Puigcercós.


Tiene la palabra el señor Labordeta.


El señor LABORDETA SUBÍAS: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, en mis más de 30 años de ejercicio como profesor de historia en la enseñanza media pública, me he visto sometido a los más elementales acosos por parte de los sucesivos ministerios -entiéndase equipos ministeriales- que en mi larga etapa me ha tocado sufrir, y cuando digo sufrir lo digo con toda razón. Los primeros años, la herencia del franquismo nos obligaba a caminar por lindes inverosímiles para explicar a nuestros alumnos, por ejemplo, la teoría de la evolución y sólo lo podíamos hacer a través de las teorías del padre jesuita Theilhard de Chardin. A pesar de ese cuidado, algún colega profesor de religión comentaba con los mutuos alumnos que si la inclinación del señor Labordeta era descender del mono, eso era cosa suya. Luego vino el señor Villar Palasí repartiendo juego y haciendo que los alumnos de menores capacidades económicas o los menos dotados para el estudio se detuvieran en la famosa reválida de cuarto curso, pudiendo elegir los estudios entre la FP o bien haciendo magisterio. Materializaba un dicho muy popular en mi tierra: El que vale, vale y, el que no, pa maestro. Llegamos a la democracia y los señores ministros de la UCD intentaron también renovar los ciclos, las asignaturas y los finales de las enseñanzas medias. No tuvieron tiempo porque llegaron los socialistas y, con unas utopías roussonianas llenando los centros de pedagogos, sociólogos y demás, nos retiraron a muchos hacia otros campos de trabajo. Ahora, viene usted y se pone a revolver el cotarro en lugar de amansarlo. No nos habla de financiación, se olvida de las comunidades autónomas, se amplía la fractura social, se impone la segregación de itinerarios -qué palabrería-, se nombran a los directores más como comisarios políticos que como gerentes de un centro escolar, se vuelve a la religión obligatoria y evaluable; esto me parece bien porque la mayoría de mi generación, después de siete años de esta asignatura, salieron agnósticos. Finalmente, una cuestión importante que el Consejo de Estado y el Consejo Escolar del Estado han recomendado, que esta futura ley recogiera en su articulado lo más importante de las legislaciones anteriores y derogara todo aquello que ya no sirviera de LODE, LOGSE y LOPEG.


Señora ministra, me manifesté en las calles de Madrid contra las normas de la UCD, contra la ley del Partido Socialista y ahora contra su ley. Usted la va a sacar adelante porque para eso tiene mayoría. Me gustaría que escuchase y no fuese de prepotente por la vida. Le aseguro que los enseñantes, a pesar de lo que usted dice, están cansados de tanto ir y venir sin saber a dónde les conduce ¿Por qué esa manera de arrumbarlo todo y hacer un edificio nuevo? Recuerde los versos de Juan Ramón: No la toquéis que así es la rosa.


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Por todas estas razones, señora ministra, apoyaremos las enmiendas a la totalidad y presentamos también nuestra enmienda de devolución al Gobierno.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Labordeta.


Señor Rodríguez.


El señor RODRÍGUEZ SÁNCHEZ: Gracias, señora presidenta.


Durante todos estos meses, el Ministerio y las autoridades oficiales emplearon tópicos agitativos como el de fracaso escolar, la preparación deficiente de los alumnos, la frustración de los profesores y la violencia en las aulas para justificar esta reforma educativa. Señorías, las soluciones o recetas de este proyecto de ley frente al fracaso escolar son exclusivamente más controles, más clasificación, más segregación, especialmente en edades muy problemáticas como la de la pubertad. Señorías, así tenemos garantizado que lo que se va a conseguir va a ser formalizar y justificar mejor el fracaso escolar, porque no hay ninguna selección neutral a partir de una supuesta capacidad intelectual en concreto y especialmente en estas edades.


Respecto a la preparación deficiente de nuestros alumnos, según se dice por falta de cultura del esfuerzo y de la competitividad, lo que se ofrece es más control de los contenidos académicos, academicismo desde la infancia, informes y evaluaciones de rendimiento escolar continuos, es decir, mayor homogeneización del sistema y mayor control desde el centro del Estado. Esta forma de concebir la enseñanza como competitividad y selección solamente valdrá para marcar centros, alumnos y profesores, pero en absoluto para tener la debida atención y seguimiento de las etapas de maduración intelectual y social de los individuos. La educación es un problema de medios, de valores, de integración y no de clasificación. No es solamente un problema intelectual ni de aprendizaje en abstracto, es un problema fundamentalmente social.


Frente a la frustración del profesorado, la ley propone más funciones burocráticas, más división funcional -injustificada- y salarial, menos democracia en los centros, en lugar de más preparación para los profesores, homologación de la titulación de todos los docentes, salarios más dignos, conocimiento e identificación con el medio y protagonismo en la marcha del sistema educativo. Cuando ustedes hablan de violencia en las aulas, una generalización abusiva, está la causa en el problema del mercado laboral y la crisis del sistema de los valores tradicionales, que esta ley va a reforzar en lo que tiene de individualismo y competitividad como alternativa.


Hoy, escuchando a la señora ministra pudimos comprobar que intentó recubrir el proyecto de ley con buenas intenciones filosóficas, pero no pudo ocultar algo que para nosotros es central, la obsesión por la centralización del sistema. Las comunidades autónomas, especialmente las que tienen lengua y cultura propias, se van a convertir, si la ley se aplica estrictamente, en meras delegaciones del Ministerio de Educación, pero serán ellas las que tendrán que dar la cara por el funcionamiento del sistema ante sus sociedades respectivas.


Por otra parte, señora ministra, pensamos que esta ley es la definitiva estocada a la enseñanza pública, el impulso definitivo a una enseñanza privada concertada que colabora con su funcionamiento a la desigualdad, a la segregación y a la gestión a favor de grupos privados. Es en esta línea donde tenemos que entender la legitimación como asignatura sometida a control académico de la religión católica. Nosotros nos preguntamos si este es el proyecto de la calidad o el proyecto de la desigualdad, de la jerarquía, de la burocracia, de la homogeneización cultural y lingüística, y este es el motivo esencial por el cual el Bloque Nacionalista Galego presentó esta enmienda de devolución y, por supuesto, va a apoyar todas las presentadas, a pesar de que tenemos ciertas reticencias respecto de algún proyecto que se presenta perfectamente formalizado con texto alternativo.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Rodríguez.


Señor Saura.


El señor SAURA LAPORTA: Gracias, señora presidenta.


Hay una cosa en la que sí coincido con usted, en que la comunidad educativa espera y desea decisiones en el terreno de la mejora de la educación, pero, en cambio, no es cierto que la comunidad educativa comparta sus criterios, como mínimo en Cataluña no lo es. El marco unitario de la comunidad educativa, que agrupa a las federaciones y asociaciones de padres y madres y a escuelas de renovación pedagógica, está en contra de su propuesta. ¿Por qué? Porque yo creo que su propuesta se puede calificar de retrógrada y de regresiva. ¿Por qué utilizo estos dos calificativos? Porque, ¿qué debe garantizar, en definitiva, la educación? La educación es un derecho que debe garantizar la igualdad de oportunidades a las personas en el futuro; la educación debe ser un instrumento de compensación de desigualdades, de cohesión social, de progreso, y el proyecto de ley que ustedes nos traen no va en esta dirección sino en otra dirección. ¿En qué dirección va? En la dirección de segregar la sociedad elitista y dual, en definitiva, es una propuesta educativa que enlaza con el modelo de sociedad que antes discutíamos en el IRPF, un modelo de sociedad que se aleja de los criterios europeos y que se quiere orientar hacia los criterios del modelo social de Estados Unidos.


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Voy a dar muy resumidamente seis razones por las cuales nosotros solicitamos la devolución de este proyecto de ley. En primer lugar, porque este proyecto de ley, señora ministra -y usted lo sabe-, va a significar una reducción del número de alumnos que van a estudiar después de la educación obligatoria y van a quedar fuera aquellos alumnos más desfavorecidos, los que necesitan más recursos y más apoyo. Por lo tanto, este proyecto de ley, si se aprueba con el texto que hoy tenemos encima de la mesa, va a determinar negativamente el futuro de muchas personas.
En segundo lugar, porque esta ley cristaliza una red educativa dual, una red educativa pública asistencial para los sectores más desfavorecidos y, en la medida que trata de educación como consumo, fundamentalmente fomenta un tipo de educación para las personas que se lo puedan pagar. En tercer lugar, un retroceso histórico en el concepto de la educación infantil. La educación infantil no es simplemente un concepto asistencial, sino que debe ser un concepto educativo. En cuarto lugar, se ha dicho antes en dos intervenciones y creo que es fundamental, este proyecto de ley vulnera y lamina competencias autonómicas y, sobre todo, hace desaparecer la participación de los claustros y de los consejos escolares. En quinto lugar, España, señora ministra, a pesar de que a ustedes les gustaría que lo fuera, no es un Estado confesional, y como no lo es, no se puede colocar la materia de religión como una asignatura. Y en sexto y último lugar, es imprescindible, si ustedes quieren mejorar la calidad de la educación, poner dinero, no una cantidad extraordinaria de dinero, sino que tienen que acercarse a la media de la Unión Europea en gasto educativo. No sólo no nos estamos acercando sino que nos estamos alejando, y esto enlaza con el debate que teníamos hace pocas horas respecto al IRPF. España está 7 puntos por debajo de la presión fiscal europea, que significa, en coherencia, 7 puntos por debajo de gasto social. ¿En qué? En educación, en bienestar social, en atención a la gente mayor.


Por tanto, ustedes son muy coherentes con su proyecto, un proyecto de modelo social de Estados Unidos que nosotros rechazamos. Seguimos defendiendo un modelo social europeo y una convergencia, también desde los criterios sociales, de España con el resto de países de la Unión Europea.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Saura.


Tiene la palabra la señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, presentamos esta enmienda de totalidad por diversas, variadas y múltiples razones. Desde un punto de vista competencial, nos encontramos ante un texto que excede de lo básico y rebasa, en consecuencia, las competencias que la Constitución atribuye al Gobierno del Estado en esta materia. En el proyecto de ley se recurre para ello a dos mecanismos diferentes: por un lado, se regulan al detalle numerosas materias, por ejemplo, cuestiones tan significativas como el régimen de becas, la organización y dirección de los centros docentes, la función docente, la inspección educativa, el calendario escolar, etcétera; pero, por otro lado, utilizan otro sistema, incluyen continuas remisiones en blanco y habilitaciones genéricas o indeterminadas a favor de la Administración central para su posterior regulación reglamentaria.
También hay ejemplos variados y múltiples, desde los itinerarios, la educación preescolar, los programas de iniciación profesional, etcétera.
Esta técnica también la utilizan para quitar o invadir las competencias de las comunidades autónomas.


Desde la óptica educativa, en principio creemos que este proyecto de ley no se ha basado en una evaluación seria y rigurosa del sistema educativo actual, y además nos encontramos ante un texto tremendamente reduccionista, que limita su visión sobre la educación a la enseñanza de aspectos cognitivos, marginando la concepción del desarrollo integral del alumnado. La interpretación del acto educativo como una actividad instructiva reduce la figura del profesor a un papel de mero instructor, o la figura del alumno a la posición de aprendiz. No se apela en ningún caso al desarrollo de habilidades o a la realización del alumno como persona.


Pero además su texto, señora ministra, esconde una visión segregadora de la educación, que acentúa, según ustedes, la función de selección social, clasificación y segregación, y crean condiciones para la dualización de la enseñanza. No estamos de acuerdo en la pretensión de conseguir elevar la calidad educativa endureciendo los niveles de exigencia en los estudios y potenciando los exámenes y sistemas de control, porque entendemos que todo ello puede conducir al resultado opuesto al pretendidamente buscado, dado que puede llevar a la desmotivación y al abandono, incrementando lo que se dice que se pretende corregir.


En nuestra enmienda, y posteriormente en las enmiendas parciales, hemos hecho referencia a varias cuestiones muy significativas, como la admisión del alumnado, el fracaso escolar, la figura del profesor, la elección por la Administración del director, las cuestiones relativas a las pruebas generales de bachillerato, la cuestión de la convivencia y, por supuesto, las lenguas oficiales, que para ustedes es como si no existieran más allá del castellano; múltiples cuestiones en las que nos permitimos decir que no estamos en absoluto conformes con su proyecto de ley.


En definitiva, y ya desde otra perspectiva, desde la perspectiva vasca, este proyecto de ley no responde a la realidad ni a las necesidades de Euskadi, puesto que parte de un análisis que está llamado a servir a realidades o a situaciones muy diferentes a lo que es en este momento la educación vasca, administración, profesorado

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y todos los agentes que intervienen, que han realizado importantes esfuerzos, desde el esfuerzo presupuestario al esfuerzo humano, y que por tanto han adquirido, y tenemos que decirlo, un importante prestigio, y lo dicen también sus técnicos, pese a que ustedes, a pesar de decirlo o por decirlo, rápidamente los cesen.


Señora ministra, no creo que tenga usted la reputación de traer proyectos de ley que conciten el consenso. En este tercer gran proyecto de ley de su departamento vuelve a obtener un montón, yo diría que una gran mayoría, como no se ha encontrado en otro ministerio, de enmiendas de totalidad, de devolución o alternativas. Creo que sería buena ocasión para reflexionar...


La señora PRESIDENTA: Concluya, señora Lasagabaster.


La señora LASAGABASTER OLAZÁBAL: Concluyo, señora presidenta.


...si la dirección es la oportuna y conveniente.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.


Tiene la palabra el señor Núñez.


El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Gracias, señora presidenta.


Señora ministra, S.S. ha expuesto hoy aquí un discurso con contenido filosófico, con citas cultas, algunas de ellas con contenido poético (no está mal que en esta Cámara entren la poesía y la cita culta), pero me hubiera gustado que fueran citas o poesías algo más sentidas y algo menos leídas, algo más discutidas. Lo dicho por S.S. sobre la importancia de la educación en una sociedad yo no tengo más que suscribirlo, no tengo más que decir que es importantísimo. El problema es que hoy aquí no estamos debatiendo qué significa la educación, no estamos discutiendo una filosofía, estamos discutiendo un texto concreto que debería responder a esa exposición de motivos, a ese discurso que ha expuesto aquí su señoría. Y yo creo que ahí hay fallos. El primero y más grave, de procedimiento, en el sentido de que traemos un texto sobre una materia tan vital para la sociedad fuertemente contestado, con muy poco consenso.
Por mucho que S.S. diga que todos los que conoce son partidarios de la ley, lo que percibo en Andalucía es que el propio sector educativo, en un tanto por ciento elevado, así como muchos agentes sociales están en contra de este texto concreto por muchas razones. A mí me gustaría, señora ministra, que se recuperara el consenso, el máximo consenso posible, nunca se habla del cien por cien, pero desde luego estamos lejos de un consenso razonable para esta ley orgánica.


La segunda cuestión es que habría que corregir cuestiones de fondo. Yo no estoy de acuerdo en algunas de las filosofías del texto. Con respecto al alumnado, y yo también soy docente, señora ministra, ya que estamos tratando la educación de gente pequeña, al igual que en los mayores, a mí me parece mucho más importante la impartición de actitudes que de aptitudes. Hay una excesiva obsesión, en una docencia que parte de la educación infantil, de medir todo sobre la base de las aptitudes y en parecer secundario otro sistema de valores, otras cuestiones que forman parte de la educación y que en edad tan temprana deben primar más incluso que el propio resultado de enumeración matemática, de la nota, en definitiva, de contenido medible científico o de cultura que imparte la docencia. Tampoco estoy de acuerdo en cómo se aborda desde el punto de vista competencial. Me parece que en el consejo sectorial, donde están todas las comunidades autónomas, habría que ver este texto desde la luz de las competencias educativas de estas comunidades autónomas.


Y no sólo tengo desacuerdos respecto a cuestiones de fondo sino respecto a ausencias del texto, y desde luego la más notable es la ausencia económica, aunque hay muchas más. No se puede hablar de una ley de calidad sin decir cuánto cuesta y quién la paga.


La señora PRESIDENTA: Señor Núñez, le ruego concluya, por favor.


El señor NÚÑEZ CASTAÍN: Termino, señora presidenta.


Además de esta ausencia, además del fondo, se podrían producir incorporaciones, que se van a ver a lo largo de hoy y del desarrollo en este Congreso, de nuevas cuestiones de calidad hechas por otros grupos y que deberían formar parte de esta ley. Recuperar el consenso, resolver cuestiones de fondo e incorporar innovaciones; eso es lo que necesita el nuevo texto.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Núñez.


Para la defensa de la enmienda con texto alternativo del Grupo Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra la señora Castro.


La señora CASTRO FONSECA: Muchas gracias, señora presidenta.


Saludo a los invitados de la tribuna que esta mañana nos acompañan.


Señora ministra, hace diez meses esta portavoz parlamentaria del Grupo de Izquierda Unida subía a esta tribuna para decirle a usted que no nos gustaba su actuación con respecto a la gestación de la LOU. Recuerdo perfectamente, y supongo que también usted, que acabé mi intervención con una cita de Unamuno. Y hoy, señora ministra, viendo que usted no ha aprendido absolutamente nada en todo este proceso, voy a tener que empezar con otro catedrático salmantino: Fray Luis de León. Como decíamos ayer, señora ministra, como decíamos ayer, señores del Gobierno del Partido Popular, porque éste va a ser el estribillo eterno. Cuando

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usted ha salido aquí esta mañana me ha recordado una anécdota muy particular. Yo me acuerdo que estaba muy mal visto cuando éramos usted y yo más jóvenes, en la universidad, que las chicas decentes dijeran tacos.
Es curiosísimo, porque depende del tono que se utilice, uno puede decir un taco impresionante y pasa absolutamente desapercibido. Es una estrategia -yo no sé si usted habrá coincidido con esta amiga mía- que usted utiliza habitualmente. Usted sube aquí y nos suelta un larguísimo discurso, en el que al final los que estamos reñidos somos nosotros, porque parece que somos los que hemos petardeado el consenso en una reforma educativa, el valor del consenso que es algo fundamental en una reforma educativa. Han sido ustedes, señora ministra, los que no han querido hablar. Y no suba aquí a la tribuna para decir que ha tenido reuniones con todo el mundo, porque las ha tenido con los orgánicos del PP y con la Iglesia y pare de contar. Sí, se ha reunido con los grupos parlamentarios, ¡hasta ahí podíamos llegar!, porque además nosotros tenemos interés, y probablemente haya tenido algún otro encuentro. Pero permítame que le diga que usted no ha rectificado, que no ha respetado ese requerimiento de la izquierda política, de la izquierda social, de toda la comunidad educativa. Nosotros subimos a la tribuna y alto y claro le vamos a decir por qué no nos gusta su ley y por qué nos hemos molestado en presentar un texto alternativo, porque nosotros sí tenemos cosas que decir, porque sí tenemos ideas, porque sí estamos en la calle y porque sí sabemos cuáles son las preocupaciones que tiene la comunidad educativa y cuáles son los problemas que realmente hay que afrontar, cuáles son los nuevos retos. Por eso, desde la oposición constructiva que caracteriza a mi grupo parlamentario, venimos a esta Cámara una vez más con un texto alternativo.


Ustedes han utilizado la calidad como señuelo exclusivamente para hacer una reforma del sistema educativo público absolutamente regresiva, y se han apuntado al señuelo de la calidad para completar su paquete de reformas educativas que tiene mucho que ver con el modelo de sociedad que defiende el Partido Popular. Es legítimo que intenten imponer su modelo, pero es igual de legítimo que nosotros intentemos evitarlo. Señora ministra, no nos gusta su ley, porque recupera fórmulas caducas del siglo pasado. Me da igual que usted diga con su vocecita, que no es la mía, que somos unos demagogos, que queda muy mono, pero si yo le digo a usted demagoga queda fatal, porque yo tengo voz de cazallera. Le repito, fórmulas caducas que recuperan reválidas, asignaturas, exámenes de septiembre -¡qué bonito, cuando llegue septiembre!-, promoción por estricta aritmética de asignaturas suspensas, cuerpos de catedráticos; en definitiva, señora ministra, caducas, antisociales, segregadoras y selectivas.


Ustedes aprovechan la ley para aumentar la financiación con fondos públicos de los centros privados, y eso tiene una lectura muy clara en detrimento siempre de los públicos, y es más grave todavía porque usted lo hace incluso en niveles que no son obligatorios. Aprovechan igualmente la ley, ¿para qué? Pues una vez más para dar satisfacción a la jerarquía católica, elevando el estatus de la religión, y una vez más desde esta tribuna Izquierda Unida le recuerda que en un Estado aconfesional la religión no debería estar en la escuela. El que quiera clientela que se preocupe de tenerla. Las iglesias económicamente son poderosas. Yo creo que todo el mundo debe tener la posibilidad de aprender de todo, de practicar una religión o de no practicarla, pero usted no es quien tiene que garantizarlo, la escuela pública no es quien tiene que garantizarlo.
Por tanto, usted eleva el estatus de la asignatura de religión en el marco de la escuela pública, rompe el sentido unitario de la educación infantil cuando reduce el período de cero a tres años a una labor puramente asistencial. Se lo dije entonces, tiene usted un concepto muy equivocado de la escuela. No es un garaje de niños, no es un aparcamiento de niños. Es un lugar de crecimiento integral de los seres humanos. Con esta ruptura del concepto de ciclo educativo usted hará mucho daño y no sólo a la comunidad educativa, sino también a los hombres y mujeres de la sociedad española, porque el éxito y la garantía del desarrollo y de la convivencia democrática dependen en buena medida de qué escuela pública ofrecemos a nuestros niños y niñas; ellos son los ciudadanos y ciudadanas del futuro.


Ustedes reducen drásticamente la participación de la comunidad educativa en el control y gobierno de los centros. No han hecho ningún estudio ni diagnóstico de cómo funciona la LOGSE y no han propiciado ningún debate social. Como le decía al principio, lo que ha hecho es una presentación mediática con los grupos orgánicos del Partido Popular y afines, pero no han abierto debates ni cauces de participación para la sociedad española.


La ley del Partido Popular es un atentado a la autonomía: a la de los centros y a la de las comunidades autónomas, a las cuales pone usted un corsé que va muchísimo más allá de lo que el Estado puede y debe decir en materia educativa. Ustedes, señora ministra, señoras y señores del Partido Popular, no se creen el Estado de las autonomía, esta es la cuestión. Y todo esto se hace llamando a la cultura del esfuerzo, mientras ustedes no se esfuerzan para nada en cumplir con la adicional tercera de la LOGSE, esa que habla de la equiparación del gasto educativo público a la media de la Unión Europea. Ni tampoco se han tomado la más mínima molestia o tenido la responsabilidad de presentar la preceptiva memoria económica -tan traída y llevada- que hemos venido reclamando constantemente los grupos de la oposición.


Por todo esto, porque no nos gusta ni el fondo ni la forma de su ley, porque no nos gusta ni el fondo ni la forma de la ley del Partido Popular, defenderemos aquí un texto alternativo que trata de dar respuesta a todas

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estas cuestiones que he criticado en su propuesta. Traemos a esta Cámara un texto alternativo que pretende tener un fondo distinto y unas propuestas de calidad desde la perspectiva de una izquierda progresista, que también le da importancia a las formas y plantea un plan de acción para devolverle el protagonismo a la sociedad y a las autonomías, para que definan, a partir de su realidad, lo que pueden y deben hacer.
Acompañamos nuestra propuesta de cofinanciación, de actuaciones que permitirían consolidar, al final del proceso, un incremento del gasto público educativo de 8 décimas respecto al PIB, que daría cumplimiento -fíjese si somos moderados- a lo establecido en la adicional tercera de la LOGSE.


Señora ministra, hablando de la LOGSE, el tiempo transcurrido, esos 12 años desde su aprobación viene prácticamente a coincidir con la generalización casi completa del sistema educativo establecido en la misma, porque ha sido precisamente en el pasado curso 2001-2002 cuando se ha completado la implantación del último curso del nuevo bachillerato, quedando todavía pendiente la puesta en marcha de determinados ciclos de formación profesional específica de grado superior. El tiempo transcurrido no permite hacer un balance completo, en nuestra opinión, de las nuevas enseñanzas, ni mucho menos aconseja plantear modificaciones sustanciales sin hacer previamente una evaluación rigurosa y coordinada por parte de las administraciones educativas y sin proporcionar a la sociedad un diagnóstico fiable de la situación de nuestro sistema educativo.


Problemas que se han venido detectando a lo largo de este periodo de 12 años. Todos, no únicamente ustedes, hemos venido constatando que existen algunos problemas asociados a la implantación de la LOGSE que conviene identificar y, cómo no, subsanar, dado que es nuestra obligación, y además cuanto antes. Tanto los sucesivos retrasos en el calendario inicial de aplicación de la LOGSE como una implantación deficiente y muy desigual de la misma, especialmente en la educación secundaria obligatoria, se han debido principalmente -y lo sabemos todos y todas en esta Cámara- a la ausencia de una financiación adecuada, sobre todo, naturalmente, para la educación pública. Curiosamente en los últimos años ha ido disminuyendo progresivamente el gasto público educativo, justo en el momento en que las reformas en marcha exigían el mayor esfuerzo económico; un esfuerzo, por cierto, que estimamos que era y es considerable, pero imprescindible para poder atender estas demandas adecuadamente. Pues bien, ha sido la insuficiente cobertura financiera la que no ha permitido realizar las requeridas actuaciones en formación del profesorado, la dotación de recursos materiales a los centros, las disminuciones de ratio en zonas, centros o grupos de especiales circunstancias, la aplicación de las medidas de atención a la diversidad, la extensión y mejora de la red pública para atender a la demanda de plazas escolares -especialmente, señora ministra, en lo que se refiere a la educación infantil- y en formación profesional de grado superior; para qué hablar del fomento de la participación democrática en los centros y consejos escolares. Actuaciones, señora ministra, que hubieran sido imprescindibles para mejorar nuestra enseñanza pública y para permitir a la sociedad tener esa visión más optimista sobre el funcionamiento del servicio educativo.


Pues bien, el incumplimiento global de lo previsto en la adicional tercera de la LOGSE sobre equiparación del gasto público educativo a la media de la Unión Europea, así como la desigual distribución de dicho gasto entre las diferentes comunidades autónomas, constatan que habría sido necesaria una ley de financiación de la educación pública que asegurase recursos suficientes para la misma y compensase las desigualdades dentro y entre las distintas comunidades autónomas del Estado. En este sentido, tenemos que lamentar la negativa de las sucesivas mayorías parlamentarias a tramitar y aprobar dicha ley promovida en su día como iniciativa legislativa popular por la Federación estatal de enseñanza de Comisiones Obreras.


Por otra parte, señora ministra, las transformaciones sociales, económicas y culturales que se han experimentado de forma vertiginosa en nuestra sociedad en la última década, así como la situación derivada de la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 años, plantean nuevos retos y mayores exigencias a las que es necesario dar respuesta para mejorar la calidad de la educación pública. Nosotros entendemos que se avanza en la calidad, señora ministra, apostando por una educación cuyo objetivo principal consista en asegurar a todos y cada uno de los alumnos y alumnas el logro de unos aprendizajes que les permitan formarse como personas capacitadas para participar autónoma y críticamente en la convivencia o en el marco de una sociedad democrática. Se trata, por tanto, de una calidad asociada ineludiblemente al principio de igualdad de oportunidades en el acceso, en el proceso y en los resultados, porque en lo que concierne a la educación obligatoria, una educación de calidad o sirve para garantizar que el conjunto de la población escolar logre las capacidades básicas requeridas o, señora ministra, no puede usted titularla ley de calidad.


En la actualidad, señora ministra, nuestro sistema educativo sigue presentando carencias muy importantes en cuanto a su capacidad para responder a esa diversidad de necesidades educativas que presentan nuestros alumnos y alumnas a lo largo de toda la etapa de escolaridad.
Siguen siendo demasiados los que no progresan lo suficiente en sus aprendizajes para alcanzar los objetivos previstos en las etapas obligatorias; siguen siendo excesivas las cifras de estudiantes, señora ministra, que finalizan su escolaridad obligatoria sin lograr ese objetivo. En definitiva, nuestro sistema educativo sigue siendo manifiestamente mejorable en cuanto a su

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capacidad para responder de forma adecuada a las diferentes necesidades educativas del alumnado.


La señora PRESIDENTA: Señora Castro, le ruego concluya.


La señora CASTRO FONSECA: Termino, señora presidenta, diciendo quedesde el punto de vista de Izquierda Unida la culminación del proceso que abre esta ley que trae a la Cámara hoy debería ser la aprobación en cada comunidad autónoma de su propia ley de calidad de la educación pública, en la que se concreten las correspondientes actuaciones, el calendario de aplicación y el compromiso financiero para asegurar su puesta en práctica.


En definitiva, como no voy a faltar al respeto a la presidenta que ha sido generosa conmigo, voy a intentar acabar resumiendo y diciéndole que el articulado de nuestra ley se estructura en un único título que especifica los principales factores, señora ministra, de calidad educativa, junto a lo que han de ser las actuaciones necesarias que han de llevarse a cabo para desarrollarlos. Incorporamos a través de las disposiciones adicionales el procedimiento y el sistema de financiación para completar las acciones previstas en el plazo de seis años. Por último, señora ministra, a través de las transitorias regulamos, hasta tanto se modifique la legislación correspondiente, lo relativo a las condiciones de impartición de la enseñanza religiosa, así como los requisitos y circunstancias para la posible aplicación del contenido de esta ley a los centros privados sostenidos con fondos públicos.


En definitiva, señora Del Castillo, nuestro desencuentro continúa. No vamos a tener espacio para el encuentro, porque francamente usted ha reformado ya todo lo reformable.


Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Castro.


Se suspende la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las dos y treinta y cinco minutos de la tarde.


Se reanuda la sesión a las cuatro de la tarde.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


Para la presentación y defensa de la enmienda de totalidad de texto alternativo presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, tiene la palabra la señora Chacón.


La señora CHACÓN PIQUERAS: Señora presidenta, señorías, subo a esta tribuna para defender, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la enmienda a la totalidad del proyecto de ley de calidad de la educación enviado por el Gobierno a esta Cámara y para presentar el proyecto alternativo que a esta ley ha elaborado mi grupo. (La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Señorías, en los últimos 25 años la educación española ha experimentado una profunda transformación. De la mano de los gobiernos de la democracia hemos sido capaces de extender la educación obligatoria, de aumentar espectacularmente nuestras tasas de escolarización, de modernizar nuestras estructuras educativas, de descentralizar nuestro sistema, de garantizar la igualdad de oportunidades a través de una ambiciosa política de becas y de ofrecer, en suma, más calidad educativa a un número siempre creciente de jóvenes españoles. Esta transformación tiene su origen en buena medida en el pacto constitucional que plasmó en el artículo 27 de nuestra Carta Magna un trabajoso acuerdo; acuerdo que se ha traducido en cinco grandes consensos que con mayor o menor intensidad han estado siempre presentes en las políticas educativas de los diferentes gobiernos democráticos estatales o autonómicos, fuere cual fuere su color político; consensos referidos al establecimiento en España de una red de centros sostenidos con fondos públicos (centros públicos y privados concertados) para atender las demandas de escolarización de los niveles obligatorios de educación y la elección por parte de las familias del tipo de educación que quieren para sus hijos; consensos también referidos al carácter participativo de nuestros centros, a la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, al carácter descentralizado de nuestro sistema educativo, basado en un esquema competencial respetuoso con el carácter autonómico del Estado, que reclamaba el diálogo y la coordinación como método de trabajo de las distintas administraciones educativas; y finalmente un quinto consenso, señorías, por el cual los distintos gobiernos incrementarían el gasto público educativo de forma constante para alcanzar el nivel de gasto de los países europeos que hoy nos acompañan en la Unión. Convivencia entre la escuela pública y la privada, democracia en nuestros centros escolares, extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años, colaboración entre las administraciones educativas y compromiso presupuestario con nuestra educación, cinco grandes consensos que han supuesto la expansión más importante de la educación en nuestro país. Es la historia, señora ministra, de una ampliación de derechos básicos, los más poderosos contra el determinismo social: los derechos de escolarización de nuestros ciudadanos. Usted, señora Del Castillo, y la ley que hoy trae a esta Cámara quiebran esa historia. Su ley recorta derechos educativos y rompe además los cinco consensos básicos que han permitido construir el sistema educativo de nuestra democracia. Usted establece sólo derechos para la escuela privada y sólo obligaciones para la escuela pública. Usted recorta la participación en nuestras escuelas e institutos. Usted permite que abandonen el sistema educativo jóvenes

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con 15 años. Usted sigue empeñada en el enfrentamiento entre las administraciones educativas y usted y su Gobierno han disminuido además el gasto público educativo desde hace ya más de seis años y hoy vienen aquí sin ni siquiera una memoria económica que avale su ley. (Aplausos.) Como podrá comprobar, señora ministra, hoy se queda usted muy sola en esta Cámara. ¿Sabe por qué? Porque, con su ley, usted ha roto los consensos que durante tantos años nos han unido aquí y fuera de aquí en materia educativa, porque usted, señora ministra, ha traído a esta Cámara la primera ley de la educación española que en vez de ampliar derechos de escolarización, los recorta (Aplausos.-La señora Fernández de la Vega Sanz: Ahí, ahí.) y que en vez de afianzar los consensos educativos básicos, viene a quebrarlos.


Señorías, nuestro proyecto alternativo busca lo contrario; busca ampliar y reforzar esos acuerdos para corregir las deficiencias de nuestra educación, para acometer con garantías los nuevos retos de nuestra sociedad y por tanto de nuestra escuela y para mejorar la calidad de la enseñanza para todos los alumnos, sin exclusiones. El refuerzo del consenso educativo no puede ser, señora ministra, más olvido y más provocación hacia la escuela pública. Usted debería saber lo difícil que ha sido en nuestro país conseguir una convivencia entre la enseñanza pública y la enseñanza privada, porque durante muchos años aquel cuya fundación usted hoy financia defendió el carácter subsidiario de la educación pública (Aplausos.) y después los distintos gobiernos democráticos se esforzaron por asegurar la existencia de centros públicos de calidad junto a centros privados -una buena parte de ellos sostenidos con fondos públicos- para asegurar así la existencia de una enseñanza obligatoria de calidad para todos, y ustedes han venido alterando esa convivencia. Ustedes, por acción y, sobre todo, por omisión, han favorecido a la escuela privada y llegamos a este debate con un sistema educativo desequilibrado en el que una vez más en nuestra historia empieza a proliferar esa imagen de una escuela pública a la que acuden todos aquellos que la privada no quiere admitir o, lo que es peor, todos aquellos de los que la privada se desentiende. Con esta ley, usted, en vez de poner coto a esa tendencia, como es su obligación, la refuerza. Su ley permite que los centros privados impartan sólo algunos itinerarios y se especialicen en algunas modalidades, porque saben que siempre existirán centros públicos que acojan a quienes cursen los otros, los socialmente menos valorados. Ustedes han redactado una ley llena de derechos para los centros privados y de obligaciones para los públicos, y los socialistas queremos apuntalar en esta materia el consenso constitucional, queremos educar a todos los niños y las niñas entre todos los centros sostenidos con fondos públicos. Para ello proponemos que exista una igualdad de derechos, señorías, pero también de obligaciones, entre ellas, la de educar a los alumnos con mayores dificultades de aprendizaje, a todos, sin exclusión y sin discriminaciones, cualquiera que sea su sexo, su raza, sus creencias, señorías, o su origen social.
Para seguir reforzando el consenso, señora ministra, la respuesta tampoco era menos participación en nuestros centros, sino más; no era menos democracia, sino mejor democracia, y el Gobierno ha optado por el recorte de la participación de la comunidad educativa en el funcionamiento de nuestros centros, convirtiendo a los consejos escolares en meros órganos consultivos, y donde ayer había directores elegidos democráticamente en nuestros centros ahora tendremos directores elegidos a dedo por la Administración. ¿Y así creen que hay que reforzarla en sus competencias? Así sólo se le resta legitimidad y se dificulta su trabajo.


Finalmente, señorías, cuando todos parecíamos coincidir en que era cada día más necesaria la implicación de padres y madres en la educación de sus hijos, el Gobierno opta por alejarles de la escuela, y los socialistas, señorías, hemos optado por reforzar la participación de la comunidad educativa y conseguir mayor implicación de ésta en el funcionamiento de nuestros centros; reforzar al director y a su equipo, dotar a ambos de mayores competencias y mayor autonomía, así como de más estabilidad. Para ello es básico no restarle legitimidad, sino reforzarle en la misma con su condición de electo por la comunidad educativa.
Creemos además que para mejorar la educación de nuestros hijos es imprescindible la colaboración de sus padres. Muchos de los problemas que hoy abordamos, señorías, no son de la escuela; van a la escuela, y lejos, pues, de separar escuela y familia, lo que procede es buscar vínculos cada vez más estrechos de trabajo en común. Para avanzar en ese camino los socialistas apostamos por un incremento de plazas públicas de educación infantil de 0 a 3 años, la ampliación del horario de apertura de los centros escolares, la gratuidad de los libros de texto, la dotación de comedores escolares y derechos laborales para las familias cuyos hijos con dificultades de aprendizaje puedan ser ayudados con una mayor implicación de sus padres en su proceso de escolarización. No se trata, señores del Partido Popular, de que los padres sustituyan a los profesores; se trata de que dispongan del tiempo necesario para cooperar con los profesores en lo que más le importa a una familia: la educación de sus hijos.


La ley del Gobierno quiebra también, señorías, otro de los grandes consensos educativos, el más ambicioso: la búsqueda de más y mejor educación para todos. Ante los problemas de aprendizaje de un niño, señora ministra, hay dos recetas muy claras, que responden a dos filosofías también muy claras y muy distintas: apartar, separar de su clase y de su grupo a los niños con problemas para que no molesten a los que van bien o echarles una mano desde el sistema educativo para que llegue al final el mayor número posible, unos con sobresaliente y otros con aprobado, cuantos más, mejor, y mientras usted quiere la primera receta, la de

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la segregación, yo quiero un sistema educativo que no se rinda frente al fracaso escolar, que no baje los brazos (Aplausos.), un sistema educativo, señora ministra, que intervenga a tiempo de superar las dificultades y se esfuerce no en poner más vallas o poner las vallas más altas, sino en enseñar a los alumnos a saltarlas mejor, aunque es verdad, eso se lo reconozco, que su propuesta, la de apartarles, es más fácil y más barata, pero sólo a corto plazo. Es verdad que segregar es más fácil y más barato que educar, pero también más injusto. Usted dice que con sus recetas busca atender a la diversidad. Yo le digo que lo que hace es discriminar. Es cierto que al distinto hay que tratarle diferente. La cuestión es si se le trata diferente para separarle y con ello certificar su retraso o se le trata distinto buscando su recuperación manteniendo la integración en su grupo. ¿Cree usted que separar en un aula, señora ministra, a todos los alumnos que presentan retraso, desde edades tan tempranas como los 12, los 13 o los 14 años, va a mejorar su rendimiento? Yo le digo que no, que colocar juntos a todos los que tienen dificultades no hace sino multiplicar las de cada uno de ellos. ¿No le parece más eficaz para combatir el retraso escolar dar más horas de clase a esos alumnos? Déjeme que le haga una pregunta muy sencilla. Si su hijo fuera mal en el colegio, señora ministra, ¿qué preferiría usted, que le encasillaran y le separaran con el resto de niños con problemas o que le dieran clases particulares? No me conteste, la respuesta es tan evidente... (Rumores.)

Señorías, nosotros queremos un sistema educativo que no separe, que no discrimine durante la educación obligatoria, que proporcione más horas de clase para quienes tienen problemas. Le diré una cosa más, señora ministra. Ustedes, el Partido Popular, fueron los únicos que no se sumaron al consenso alcanzado en la LOGSE para extender la educación obligatoria hasta los 16 años. (La señora Fernández de la Vega Sanz: Porque no les interesaba.) Todos los grupos de la Cámara, todos los agentes sociales, todos los sindicatos de profesores, todas las patronales de la educación privada, la Conferencia Episcopal, todos se sumaron al consenso, menos ustedes, porque querían una educación obligatoria sólo hasta los 15 años, y eso, señora ministra, es lo que usted nos trae aquí, como siempre intentando que no se les note mucho, siempre ocultando sus intenciones: la reválida, las memorias económicas, las becas. Ustedes quiebran aquí el consenso que ha sido la gran conquista de nuestra democracia educativa, la extensión de la educación obligatoria hasta los 16 años. (Aplausos.) Frente al recorte de los años de escolarización, señorías, frente a la segregación de quienes presentan dificultades, la propuesta socialista se basa fundamentalmente en la prevención del fracaso escolar. Para ello queremos una etapa infantil educativa en vez de asistencial, con más puestos escolares, y el aumento de horas lectivas tanto para quienes tienen dificultades como para quienes tienen mayor motivación, cinco en primaria y tres en secundaria.
Queremos también desdobles en aulas en las materias básicas que rebajen la ratio de profesor-alumno, que también se debe rebajar en aquellas zonas y centros desfavorecidos o con alumnos con más dificultades para aprender, todo ello para atender tan individualizadamente a los alumnos como nos sea posible. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

Señora ministra, usted ha quebrado también el consenso educativo en materia territorial. La definición del Estado de las autonomías, la voluntad de trabajar juntos, de compartir las directrices generales de la política educativa, ese consenso no es que lo haya roto, lo ha destrozado. No sólo lleva usted casi tres años gobernando su ministerio de espaldas a las comunidades autónomas, sino que lo ha hecho contra ellas. Ellas pagan y usted convida, usted legisla y a ellas sólo les manda la factura, y las comunidades autónomas no pueden ser para usted las meras pagadoras de las reformas unilaterales del Gobierno central.
Ellas son y deben ser esencialmente las garantes del mejor sistema educativo posible en su territorio y cuando para ello esperan su ayuda y su cooperación, resulta que obtienen el rechazo, el ninguneo y la descalificación. Frente al constante enfrentamiento que este Gobierno promueve, la propuesta socialista quiere reforzar la cooperación y el diálogo entre las administraciones y dotar a la Conferencia sectorial de Educación de los medios necesarios para que se convierta, señorías, en el órgano fundamental de debate, de coordinación y de evaluación de las líneas generales de la política educativa, un órgano para debatir y sobre todo para consensuar. Señora ministra, no me cansaré de repetírselo, la educación hoy en España es sobre todo, entérese ya, una tarea compartida, le guste a usted más o le guste a usted menos. Llevan ustedes ya más de seis años en el poder. Encontraron un país que gastaba el 4,9 por ciento del producto interior bruto en educación; hoy está en el 4,5. Por cierto, señora ministra, porque ayer le escuché de nuevo faltar a la verdad también en esto, le recuerdo que la LOGSE trajo memoria económica a esta Cámara y desde su aprobación en el año 1990 hasta el año 1996 el gasto público creció del 4,4 del PIB al 4,9, y sus años de Gobierno lo han devuelto al 4,4. También aquí han roto un consenso social y encima usted, arrastrando esa rémora, viene aquí hoy y nos trae un proyecto que, incumpliendo la ley, no incluye memoria económica; una memoria que existe, pero que dice demasiado de sus vergüenzas: que piensan dedicar muy poco dinero a mejorar la educación y que además la mayor parte va a la escuela privada. Conocida esa memoria, tuvo que hacer una elección: la enviaba a la Cámara y descubría el carácter sectario y antisocial de su ley o decía que no la tenía, y optó por la segunda. Usted optó por aparecer como una irresponsable ante la opinión pública (Un señor diputado: ¡Muy bien!), porque sólo así se puede calificar a una ministra que envía al Parlamento

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una ley que no se sabe lo que cuesta. (Aplausos.) Le diré una cosa más. La educación española necesita cambios y reformas, pero también más recursos. Eso le ofrecemos el Partido Socialista: convergencia educativa con la media de gasto de la Unión Europea.


Señora ministra, le reitero que usted con esta ley ha roto los cinco consensos básicos que han permitido el avance educativo en nuestra democracia. No se ha quedado ahí. Pretende además que aprobemos una ley que se olvida del profesorado, que no contiene medidas para estimular su labor, pero no nos ha extrañado. ¿Sabe usted, señora ministra, que en el documento de bases que aprobó su ministerio -55 páginas- sólo aparecía una vez la palabra maestro? También aquí hemos planteado alternativas que parten de que para incrementar la calidad de nuestras escuelas e institutos hace falta mejorar las condiciones en las que trabajan nuestros docentes, empezando por la elaboración de un estatuto en el que se establezcan sus derechos y sus deberes, se modifique su formación inicial, se incluyan nuevos conceptos retributivos vinculados a su trabajo, se incorpore la posibilidad de acceder a períodos sabáticos, se establezcan mecanismos de promoción, horizontal y vertical, y se generalice la jubilación voluntaria. Le reitero, señora ministra, lo que tuve ocasión de decirle en el debate de la LOU. Nuestra educación ha mejorado mucho en los últimos 25 años, entre otras cosas, gracias al trabajo de nuestros docentes. Por ello merecen nuestra confianza y nuestro reconocimiento, algo más que la retórica hueca de su proyecto y, sobre todo, algo más que las descalificaciones con las que usted y el señor Aznar suelen trufar sus discursos sobre nuestro sistema educativo y que hacen extensivas a ellos.


Señorías, señora ministra, como de costumbre, partía usted de un amplio acuerdo a la hora de acometer el proyecto que nos trae aquí. El actual sistema educativo necesita cambios. Todos creíamos y se lo hemos dicho que había que hacer cambios, pero lo que usted nos trae aquí no es una reforma, es una regresión en toda regla. Por eso quiero decirle, señora ministra, que existe una política alternativa a la suya, que no segrega, sino que incluye; que no baja la guardia frente al fracaso escolar, sino que lo previene; que no recorta la participación de las familias, sino que la promueve; que no otorga privilegios a la educación privada, sino que se preocupa de los derechos y de las necesidades de la escuela pública; que incentiva al profesorado, en lugar de desanimarlo; que busca el consenso educativo, en lugar del enfrentamiento, y que fija compromisos económicos para la mejora de la calidad en nuestros centros, en lugar de esconder tras sus ominosos silencios la tijera presupuestaria a la que nos tienen tan acostumbrados en educación. Existe otra política, aunque usted se niegue a verlo. Existe otra manera de hacer reformas, aunque usted sea incapaz de escuchar a nadie, porque usted, señora ministra -la ministra de la LOU-, ha vuelto hoy a las andadas, esta vez aún más sola que antes, convirtiendo de nuevo su mayoría absoluta en un puro ejercicio de absolutismo.


Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Chacón.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor Martí.


El señor MARTÍ I GALBIS: Señora presidenta, señora ministra, señorías, subo a la tribuna en nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) para defender la enmienda a la totalidad que hemos presentado al proyecto de ley de calidad de la educación. Se trata de una enmienda a la totalidad con texto alternativo, circunstancia que pone de manifiesto una vez más que mi grupo parlamentario, ante la situación que dibuja el proyecto de ley que ahora nos ocupa, no se limita sólo a la crítica de un modelo concreto, de un modelo educativo determinado, sino que expresa un claro compromiso político de futuro con la comunidad educativa, con el sistema educativo y con las sociedades catalana y española, aportando -como siempre intenta nuestro grupo parlamentario- una visión propia y constructiva que creemos que es acorde con la realidad autonómica del Estado español. Debo decir, en primer lugar, que la presentación de esta enmienda a la totalidad con texto alternativo es una opción que el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) no hubiera deseado realizar, hubiéramos deseado evitarlo. Eso es así porque en el fondo está muy claro que la presentación de una enmienda de este tipo supone una confrontación política que nosotros no buscamos. Estamos debatiendo una ley, cuya relevancia política... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señor Martí, por favor. (Pausa.)

Adelante.


El señor MARTÍ I GALBIS: Gracias, señora presidenta.


Como decía, estamos debatiendo una ley de una gran relevancia política y social y que va a situarla en lo más alto del ranking de las leyes que se van a aprobar por esta Cámara en la presente legislatura. Por este motivo y por la importancia de las prerrogativas de las competencias de las comunidades autónomas en materia de educación, hubiera sido deseable poder llegar a un amplio consenso -al menos en lo principal de la reforma- entre todos o la mayoría de los grupos parlamentarios, pero muy especialmente con aquellas fuerzas políticas que tienen responsabilidades de Gobierno, sea en el ámbito autonómico o en el ámbito del Gobierno del Estado. Evidentemente, como lo demuestran las enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios y por la oposición política generalizada

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y casi unánime que ha provocado la aprobación del proyecto de ley del Gobierno, ese consenso y ese acuerdo no han sido posibles hasta la fecha, circunstancia -repito- que nuestro grupo parlamentario lamenta profundamente.


La presentación del texto alternativo, al que me referiré dentro de unos instantes, es, pues, una prueba irrefutable de que, pese a las conversaciones que hemos mantenido con el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, persiste una distancia insalvable entre las posiciones del Gobierno y las de mi grupo parlamentario, tanto en la vertiente parcial de aspectos puntuales del modelo, como muy principalmente -y lo subrayo- en lo relativo a los aspectos de orden competencial, cuyo tratamiento en el proyecto de ley representa una clara amenaza para el completo ejercicio de las competencias de las comunidades autónomas en materia educativa. Esto no lo defiende un grupo parlamentario nacionalista, como es el nuestro, sino que esta mañana lo han defendido portavoces de otros grupos parlamentarios que no son nacionalistas. Esa es la razón principal, señora ministra, de nuestra discrepancia, esa y no otras razones que usted desde el lunes se ha encargado de ir ventilando cada día, hasta hoy, incluso esta misma mañana, en la defensa del proyecto de ley. Señora ministra, usted ha dicho que los temas competenciales no son una excusa porque el acuerdo era casi total. Esta es una teoría como cualquier otra, pero en todo caso creemos que no concuerda fielmente con la realidad. Con independencia de que las conversaciones mantenidas hayan dado más o menos frutos -la verdad es que hemos mantenido conversaciones muy largas-, para mi grupo parlamentario y para el Gobierno de Cataluña las cuestiones competenciales nunca van a ser moneda de cambio de nada, ni algo secundario. Se toman todas o no se toman, señora ministra. Es más, la defensa de las cuestiones competenciales ha constituido, constituye y va a seguir constituyendo en el futuro la parte nuclear de nuestra acción política y a la que nunca vamos a renunciar, sean cuales sean las consecuencias que de esta actitud puedan derivarse, y usted, señora ministra, ya me entiende. Estos días también hemos tenido la oportunidad de oír -usted misma lo ha afirmado, señora ministra, incluso en la intervención de esta mañana- que las discrepancias que mantenemos no justifican la presentación de la enmienda a la totalidad y que ha sido una sorpresa para el Gobierno que hayamos presentado esta enmienda. Pues bien, nadie en su sano juicio se va a creer que una enmienda con un texto compuesto por 98 artículos y 31 disposiciones se puede elaborar, se puede estudiar y se puede consensuar en un fin de semana. Supongo que es usted consciente de que esto no es creíble. Lo cierto es que esta enmienda es fruto de semanas y semanas de trabajo, y obedece a los malos presagios que anunciaban los tímidos avances negociadores en todo lo relativo a la salvaguarda de las competencias de las comunidades autónomas, muy especialmente de la Comunidad Autónoma de Cataluña. También tenemos que lamentar el tono de profunda desconfianza hacia todas las administraciones educativas, incluida la catalana, que subyace en el proyecto de ley. Artículo tras artículo, se consolida una actitud reticente, cuando no abiertamente contraria a reflejar la realidad educativa del Estado, que es como el mismo Estado -siempre lo hemos dicho y lo seguiremos diciendo-, plural y asimétrica. Hasta la fecha ha habido una evidente voluntad por parte del Gobierno de que este Parlamento aprobase una ley que definimos como una LOAPA educativa. Una LOAPA educativa o una LOAPA con cualquier otro adjetivo detrás es letal, y en el caso de aprobarse en los términos del actual proyecto de ley, no solamente va a ser letal para la configuración del sistema educativo del Estado, sino que incluso puede ser letal para la consolidación del Estado de las autonomías. Ante esta situación, nos encontramos ante una nueva secuencia del ímpetu centralizador y uniformizador del Gobierno del Estado, que afecta a la mayor parte de las iniciativas y proyectos de ley que en el ámbito sectorial trae el Gobierno frecuentemente a esta Cámara en estos últimos tiempos. Están ustedes en la senda de poner orden en el Estado de las autonomías, y poner orden pasa por recuperar para el Estado competencias que en su día asumieron las autonomías, competencias previstas en sus estatutos mediante la negociación de los procesos transferenciales correspondientes.


Señora ministra, esta mañana hacía usted una interpretación legítima del bloque constitucional. Usted ha hecho una interpretación personal y política, pero no se corresponde con la nuestra. Por suerte, en democracia todo es discutible, incluso puede afirmarse que en el matiz está la gracia. Todo el mundo puede tener las cosas muy claras, plantearlas y defenderlas, sin quebrar por ello el espíritu constitucional. Por favor, señora ministra, no quieran ustedes estar en posesión de toda la verdad, porque nadie lo está, tampoco ustedes con o sin mayoría absoluta. Si siguen ustedes transitando por este camino (a menudo acompañados por un Partido Socialista que se caracteriza muy frecuentemente por un seguidismo acrítico en todo aquello que tiene que ver con el desarrollo autonómico), van a ser los responsables de un incremento exponencial de la conflictividad entre el Gobierno y las autonomías ante el Tribunal Constitucional. Usted se ha referido antes a ello; no es ningún pecado plantearse en el futuro una hipotética asistencia del Tribunal Constitucional, para que éste dirima cuál es la posición final antes estos temas. Llegados a este punto, cobra especial significación lo dicho hace apenas 48 horas por el presidente del Gobierno de Cataluña, con motivo del debate de política general que tuvo lugar hasta ayer. Cito textualmente: Si en la legislatura que viene, sea cual sea la situación parlamentaria, se mantiene el rechazo y la orientación actual, tendremos que constatar que las bases sobre las

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cuales se hizo la transición en el tema autonómico han dejado de existir.
Aquí termino la cita.


También queremos dejar claro, porque lo cortés no quita lo valiente, que el ministerio ha ofrecido diálogo a lo largo de todo el proceso, desde su inicio con la presentación del documento de bases hasta la aprobación del proyecto de ley. No tenemos ningún problema ni nos produce urticaria aceptar esto, señora ministra. Estamos absolutamente convencidos de que la predisposición era positiva, simplemente no ha habido acuerdo. Un diálogo, sin embargo, en el que contrastan los significativos avances en cuestiones del modelo educativo con los casi nulos avances en las cuestiones autonómicas o competenciales, por lo que el balance general, repito, no es suficientemente satisfactorio como para que el proyecto de ley cuente con nuestro apoyo, al menos hasta la fecha.


Aun así, mi grupo parlamentario va a continuar abierto, como siempre lo ha estado con cualquier gobierno, éste, los anteriores, con cualquier iniciativa de política legislativa de la importancia y relevancia que tiene ésta; vamos a seguir abiertos al diálogo y dispuestos positivamente a llegar a acuerdos hasta el último minuto de la tramitación parlamentaria, aquí o incluso en el Senado. Eso lo decimos y estamos convencidos de que usted nos va a creer.


Antes de referirme sucintamente a algunos aspectos del proyecto de ley con los que mantenemos nuestras discrepancias, quiero reiterar que mi grupo parlamentario y el Gobierno de Cataluña compartimos la conveniencia de revisar la legislación actual. Creemos en la oportunidad y en la necesidad de que se arbitren cambios en el sistema educativo, y prueba de ello es que hemos elaborado un texto alternativo que incorpora numerosas propuestas reformistas. Esto es así; otra cosa es que no estén ustedes de acuerdo, pero no pueden decir que estamos en contra de un proyecto legislativo del Gobierno y que no tenemos alternativa.


Señora ministra, éste no es el debate, aunque desde el Partido Popular se haya intentado plantear que todo aquel que se opone a esta ley se opone automáticamente a la calidad de la educación. En nuestro caso estamos, como no podía ser de otra forma, a favor de la mejora de la calidad de la educación, de la igualdad de oportunidades y de la reforma de aquellos aspectos de la LOGSE que sean mejorables. Por principio es lo que debe caracterizar y caracteriza a todo partido o formación política de gobierno, y nosotros lo somos en una autonomía.


Señora ministra, por favor no se moleste, pero le pido humildemente que no haga más demagogia, porque esta mañana usted ha hecho demagogia. No nos diga más a nosotros que anteponemos intereses partidistas a los intereses de la comunidad educativa y a los intereses del sistema educativo del Estado. No nos lo diga más, se lo suplico, porque esto es falso. Es falso, y si usted no lo acepta no lo haga, pero yo se lo digo de forma contundente y muy sinceramente.


En ese sentido, incluso discrepamos del nombre que se ha dado al proyecto de ley, porque de él se podría deducir que el sistema actual, con todos sus déficits, es un sistema que no tiene calidad. Nosotros creemos que es un sistema mejorable sustancialmente, como todo el mundo se ha encargado de reconocer y de afirmar, pero aceptemos que es un sistema que ha avanzado mucho y que ha alcanzado logros inimaginables hace 15 o 20 años.


Dicho esto, mi grupo parlamentario quiere recordar que las competencias en materia de educación están traspasadas a las comunidades autónomas. Ya no existe un territorio MEC -siglas de épocas pasadas, Ministerio de Educación y Ciencia-, el papel del Ministerio, y por tanto del legislador estatal en el establecimiento de la legislación básica tiene que ser desde el respeto escrupuloso a las competencias de las comunidades autónomas. Sinceramente, de la lectura del proyecto de ley cualquier profano en la materia deduciría, como han dicho otros portavoces esta mañana, que las administraciones educativas autonómicas podrían ser meras delegaciones periféricas del Ministerio, y en esto nadie está de acuerdo, y supongo que ustedes tampoco.


En cualquier caso creemos que desde la salvaguarda del principio de igualdad el reparto de competencias en el Estado autonómico tiene como consecuencia la existencia de una diversidad de modelos dentro del Estado, y este proyecto de ley, a nuestro entender, rompe esa diversidad, por lo que sin duda alguna podemos decir a fecha de hoy que es un texto definible, repito, como una LOAPA del sector educativo.


Discrepamos abiertamente de numerosos planteamientos que contiene el proyecto de ley. Queda poco tiempo y me voy a ahorrar citarlos uno por uno, están contemplados notoriamente en el proyecto alternativo de mi grupo parlamentario y a ellos nos podemos referir más adelante si hay oportunidad, pero si alguna discrepancia política justifica por sí sola la presentación de la enmienda a la totalidad esa es, repito, la que se deriva de la conculcación de las competencias de la Generalitat de Catalunya por parte del Gobierno, y en concreto por parte del Ministerio que usted preside.


El proyecto de ley no es respetuoso con la distribución competencial que en materia de educación establece el bloque constitucional. En ese sentido no aceptamos ni aceptaremos laminación alguna de las competencias ni la disminución de atribuciones políticas y de gestión, que situarían a las administraciones educativas autonómicas, especialmente a la catalana, sin posibilidad alguna de modelar, de organizar su propio modelo educativo. Un ejemplo de ello lo tenemos en el hecho de que en el proyecto de ley podemos encontrar hasta 43 remisiones al reglamento estatal para desarrollar con carácter básico muchas materias que de largo exceden la excepcionalidad de esta medida, tal como la acepta y la interpreta el Tribunal Constitucional

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hasta la fecha; digo hasta la fecha porque no nos atrevemos a pensar qué va a dictaminar el Tribunal Constitucional al respecto en el futuro.


En ese sentido nos parece inadmisible que el proyecto de ley, a través de lo establecido en la disposición final octava, conceda el carácter de básica a la totalidad de la ley. Aquí quiero hacer una referencia a lo que decía la portavoz socialista. La portavoz socialista ha hecho un discurso autonomista, de defensa a ultranza, acérrima de las competencias de las autonomías en materia educativa, pero si alguien dedica un minuto a su texto alternativo verá que al igual que el Partido Popular lo que hace el Partido Socialista es considerar la ley como básica en todos y cada uno de sus artículos. Por tanto lo siento, pero hay defensas que no tienen demasiada credibilidad.


Señora presidenta, señorías, como ya estoy agotando el tiempo, lo que vamos a hacer para ir acabando es reiterarle, señora ministra una vez más nuestra voluntad de diálogo, pero con la misma franqueza vamos a advertirle que no dudaremos en acudir al Tribunal Constitucional si no se modifican sustancialmente los aspectos competenciales a los que me he referido a lo largo de mi intervención.


Finalmente, en relación con el resto de enmiendas a la totalidad presentadas por otros grupos parlamentarios a este proyecto de ley, anuncio que mi grupo parlamentario se va a abstener en cada una de ellas.


Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Martí.


¿Turno en contra de las enmiendas? (Pausa.)

¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mauricio.


El señor MAURICIO RODRÍGUEZ: Señora presidenta, señorías, señora ministra, nos hablaba esta mañana de la posibilidad de tener un debate sereno y responsable sobre este proyecto de ley tan importante y tan decisivo para el futuro de la sociedad española. De momento me parece que no lo hemos conseguido. En cierto modo creo que en este primer debate parlamentario hemos fracasado respecto a hacer una reflexión y un diálogo común sobre las grandes necesidades de una reforma educativa en España. Hasta ahora es muy difícil fijar posición sobre los discursos más electorales, más basados en la caricatura del contrario y en el prejuicio que en una alternativa precisa y clara sobre lo que entendemos debe ser la reforma educativa necesaria en España.


Mi grupo quiere fijar posición en este debate dejando algunas ideas generales sobre las que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria entiende que hay que afrontar esta reforma. En primer lugar una pequeña reflexión histórica. No hay que mantener el modelo educativo de cada etapa histórica y hacerlo rígido hacia el futuro. Cada etapa tiene unos objetivos históricos y unos objetivos educativos, a los que corresponde un tipo u otro de modelo. España ha experimentado en 50 años un cambio social que podemos calificar de auténtica revolución social gracias a la educación. En 50 años hemos pasado de que la educación era el privilegio de unos grupos sociales minoritarios para conservar su poder a la extensión generalizada de la educación al conjunto de la sociedad. En esa época de los grupos minoritarios, la educación era un privilegio fundamentalmente de los colegios privados, en general religiosos, que mantuvieron su hegemonía en el sector educativo. En la segunda etapa, el sector público pasó a jugar un papel integrador, dinamizador y de extensión de la educación al conjunto de los ciudadanos. De esa fase de la extensión de la educación tan importante para la historia española y que hemos superado, yo quiero retener un elemento clave, y por eso he hablado de revolución social. Ha permitido una enorme permeabilidad social y ha permitido que los ciudadanos no se clasificaran por su origen, por su nacimiento o por su riqueza, sino por el esfuerzo y el talento que cada ciudadano ha podido desarrollar para convertirlos en elementos de promoción social. Retengo que la cultura del esfuerzo ha sido clave para cambiar las estructuras sociales en España y en muchos países y es la base de la permeabilidad social. Desde ese punto de vista hemos entrado en una siguiente fase de la extensión de la cantidad a todos los ciudadanos, ese cambio social profundo que se introduce a la sociedad a través de la educación como la prioridad y el elemento básico de los cambios y transformaciones sociales, y hemos pasado a una fase donde se globaliza el mundo a principios del siglo XXI, donde Europa desarrolla todo un proyecto autónomo y nuevo, donde se descentraliza España, donde se produce un impulso, una revolución nueva hacia la sociedad del conocimiento. Esa etapa necesita el avance hacia la calidad.


Hemos resuelto que en cada lugar de España, en cada pueblo de España y en cada isla de España hubiera escuelas, que ningún niño estuviera fuera no sólo de la educación secundaria sino también de la primaria e incluso hemos generalizado de forma notable la educación infantil y por supuesto la universitaria. En este momento el reto en las sociedades integradas a nivel mundial es la calidad, y el reto de la calidad desde nuestro punto de vista abre otro segundo reto: ¿Tiene que seguir haciéndose desde el servicio público o está en cuestión los fallos y las dificultades del sector público educativo y se plantea la necesidad de la privatización parcial o general de la educación? Mi grupo quiere definirse en ese debate que está teniendo lugar estos días en el congreso laborista, que ha sido de los debates centrales de las recientes elecciones alemanas, que ha sido una cuestión central en los debates escolares de las elecciones francesas de mayo; mi grupo apuesta y sigue

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apostando por la educación dentro del bloque constitucional de un Estado social y democrático de derecho y por la educación como servicio público, como un instrumento básico para la equidad, la igualdad de los ciudadanos y la promoción social. Nosotros apostamos por el servicio público en la educación, sin ningún tipo de duda, entendiendo por servicio público un amplio sector gestionado mayoritariamente por el sector público y un sector concertado, complementario y competidor que ayuda a desarrollar el servicio público.


La primera pregunta que se me ocurre a mí después de oír este debate es: ¿Se ayuda al sector público y a las reformas necesarias para potenciarlo y consolidarlo simplemente como una exaltación del sector público de la educación diciendo que lo único que le falta es financiación, que lo que hay que hacer es conceder más y más ayuda al sector, que por supuesto que hay que concederlas pero sin ligarlas a la eficiencia y a la calidad? ¿Es que un servicio público ganará la batalla de hacer entender a los ciudadanos que sigue siendo imprescindible y necesario en la defensa del Estado del bienestar simplemente con la ideología o hay que ganar la batalla de los resultados, la batalla de la eficiencia, la batalla de ganar ante los ciudadanos? Señorías, esa batalla se gana en nuestra opinión sólo desde la percepción de que la reforma de la educación no es una reforma para contentar a los enseñantes. Cualquier reforma de servicio público tiene que estar basada en el objeto central del servicio público que es el cliente de ese servicio, los ciudadanos, y en este caso los alumnos. El objeto central de una reforma educativa es el alumno y no pactar con uno u otro sector corporativo de la educación para contentar, porque ese no es el instrumento ni el medio.


La mayoría del interés general de la sociedad lo reflejan los poderes públicos, los poderes democráticos, el Parlamento y el Gobierno constituido que debe dialogar con los sectores sociales, con los sectores de la educación para intentar hacer eficiente algo que es imprescindible para que una sociedad progrese que es la educación. Entonces el primer tema es cómo mejorar la calidad y la eficiencia de nuestro servicio público hoy, que tiene importantes deformaciones y está aquejado de enfermedades. ¿Eso quiere decir que es un ataque al sector público, que es un ataque a la educación pública? No, es una defensa decidida de la escuela pública, pero esa defensa como elemento fundamental de desarrollo y de progreso tiene que pasar porque los ciudadanos que lo pagan tienen que saber que están mejorando y que somos cada vez más eficientes en ofrecer esos servicios. Los funcionarios públicos, a los que hay que recuperar y darles toda la dignidad de su función, son antes que nada servidores públicos que tienen unos privilegios, unos derechos y unas obligaciones de mejorar su calidad. Por eso la cultura del esfuerzo, señora ministra, que comparto, que ha sido la base del cambio y de la promoción social en España, es una cultura del esfuerzo del alumno y del profesor. Los servidores públicos, sean médicos en la sanidad, sean funcionarios públicos en la Administración estatal o de la comunidad autónoma o sean enseñantes, maestros o catedráticos, antes que nada son servidores públicos y eso no está del todo claro en esta ley en nuestra opinión. Se avanza en algunas cosas en ese sentido. Por tanto, ¿el problema es de financiación? Sí ¿El problema es que hay que dar más recursos a la educación, que una de las prioridades de la política española en los próximos años va a ser necesariamente proporcionar más dinero en la educación? Sí, mucho más dinero para la educación pero ¿dar dinero para pagar reivindicaciones puramente corporativas, aunque hay que darle toda la dignidad necesaria a los docentes y a los funcionarios públicos? No, sólo para eso no, sino para mejorar la eficiencia y la calidad de nuestros servicios porque hoy el sector público de gestión directa de las administraciones públicas está sufriendo la competencia tremenda del sector concertado. Me encuentro constantemente con gente que ideológicamente defiende de manera clara el servicio público y el sector público y en ese sentido quiero ser un ejemplo y apuesto claramente en mi familia por esa decisión, pero veo a señores que defienden la enseñanza pública y colocan a sus hijos en el sector concertado o privado. Tenemos que ver por qué ocurren esas cosas, por qué tenemos que dar la batalla de que la privatización de la enseñanza puede ser un retroceso, aunque sólo sea parcial, lamentable dentro del progreso social de España.


Nosotros definimos cuatro cuestiones principales en esa línea. Primera, ¿estamos o no a favor de la cultura del esfuerzo? Ya lo hemos dicho. Eso es lo que ha cambiado la sociedad española. Los niños no nacen unos ricos y otros pobres, que sí ocurre así, pero al mismo tiempo tienen que saber que a través de su esfuerzo, de su responsabilidad y de sus sacrificios pueden ganar la batalla de la promoción social. Hoy en los barrios más pobres de España hay jóvenes que salen de las universidades con una capacidad de dirección y promoción social extraordinaria y ese tipo de sociedad no son las sociedades estratificadas de los siglos XIX y XX, donde lo único posible para cambiarlas era un tipo de revolución social.
Son sociedades permeables y se ha hecho esa revolución, pero se ha hecho desde el esfuerzo, desde el sacrificio y la responsabilidad.


Para eso se introducen elementos de itinerario ¿Son discutibles o no los itinerarios? ¿Hay que colocarlos en los 15 o en los 16 años? Vamos a discutirlo. No hay que cerrarse en ese tema ¿Hasta cuándo el itinerario? ¿Por qué? También hay que decir que la formación profesional no es la marginalización de los jóvenes y de los alumnos, que la formación profesional es una manera muy digna de integrarse en la sociedad y tenemos que dignificar con la ley que hemos hecho la formación profesional ¿Que al final hay una prueba general del bachillerato? Estamos de acuerdo. La hemos pasado, la hemos superado. Ha sido un elemento de superación.


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No es un elemento de marginar a nadie. Es un elemento de hacer entender a nuestros jóvenes que tienen que entrar por esa cultura del esfuerzo.


El segundo elemento que se plantea con claridad es el problema de cómo gestionar eficientemente los centros. No estamos de acuerdo con la estructura que se crea entre director, Consejo Escolar y junta de profesores. Hay que mejorar esa estructura. Funcionarizar la figura del director es preocupante. No se trata de quitarle poderes al Consejo Escolar ni se trata de crear una figura funcionarial por encima del bien y del mal, porque al final el control de los poderes públicos de la eficiencia a través de la evaluación, a través de los resultados de cada centro debe ser un instrumento fundamental porque no hay que crear una competencia absurda, pero sí hay que crear un elemento de competitividad basado en el principio de la calidad. Esa estructura hay que cambiarla y reformarla para lograr un consenso entre el equilibrio del poder público y el poder democrático de la escuela respetando su autonomía.


No nos gusta que no demos un paso decisivo hacia la integración de la escuela en la sociedad. La autonomía no es para que los centros escolares estén cerrados a las dos de la tarde, la autonomía no es para que la familia no participe en la educación. Hoy hay crisis gravísima de la juventud española. ¿Por qué esa crisis? Primero, el maestro tradicional se encuentra con que se ha perdido autoridad y disciplina en los centros; la familia con la promoción de la mujer, con el desarrollo de la mujer, que es una de las mayores consecuciones del siglo XX y pronto también de principios del siglo XXI ha logrado una familia distinta, y ya la familia tiene que estar basada en la igualdad de la mujer y el hombre. Pero esa familia con la mujer y el hombre trabajando destina poco tiempo a la educación de los niños. Entonces la familia, la escuela, los medios de comunicación, los medios públicos, tenemos que ser un elemento educador e integrador del conjunto de la sociedad de los valores de la educación, y eso no está claro. Por eso, la batalla del botellón no es sólo un problema de a qué hora se cierran los centros y qué cantidad de alcohol se vende o no se vende en las estaciones que venden combustible. Ese no es sólo el problema. Hay una crisis de una parte de nuestra juventud porque hay una crisis de valores, y esa crisis de valores se resuelve en la escuela y en la familia con una integración.


Nosotros creemos que el Consejo Escolar tiene que tener más potenciación y que la relación entre escuela y sociedad hay que desarrollarla en un contesto en que la escuela se convierta en el motor de la cultura, del deporte, con unas instalaciones educativas que son el orgullo de todos los españoles, en unos instrumentos del desarrollo cultural deportivo y educativo del conjunto de la sociedad.


El maestro se queja de que la familia le deja a los niños y no participa, y la familia se queja de que el maestro tiene un sentido puramente profesional y funcionarial de sólo transmitir conocimientos y no transmitir valores. Ese debate tenemos que abrirlo, y es uno de los debates básicos para construir una sociedad democrática.


Por último, decirle que se habla del tema sobre comunidades autónomas y Estado. Busquemos la colaboración todos, porque este Estado está en Europa, está construyendo la nueva Europa y todos tenemos que construir e integrar para que Europa juegue un papel en la escala mundial. Por eso me interesa tanto ese raquitismo que hay sobre la transmisión de la sociedad de valores. ¿Por qué no hablamos más de qué valores? Hay que hablar del valor de la paz, el valor de la ecología, el valor de la igualdad de la mujer y el hombre, el valor de la tolerancia, que nosotros no somos precisamente un ejemplo en los debates parlamentarios sobre el valor de la tolerancia y de oír al otro, y de la falta de fanatismo y de dogmatismo a la hora de explicar nuestras posiciones. Nosotros explicamos la nuestra sabiendo que tenemos un montón de errores y que en el debate de todos encontramos las soluciones, pero si no logramos un consenso entre todos vamos a ser un desastre para la sociedad española, porque, señora ministra -termino, muchas gracias, señora presidenta-, estamos en tiempos de tolerancia, en tiempos de paz, y aunque hay tambores de guerra en el mundo, la escuela española, el parlamento español, la sociedad española tienen que estar por la paz. Después de esa honda expansiva que fue ese atentado terrible el 11 de septiembre, honda expansiva que nos está llegando todavía en una ola conservadora que destruye los valores de la sociedad europea y los valores democráticos, es el momento de la afirmación democrática, es el momento de la tolerancia, es el momento del diálogo y de la apuesta por la paz, y en mi opinión no es el tiempo de subir o bajar banderas; es el tiempo de apostar por el diálogo y por la paz, y no hacer guerras escolares, pero tampoco hacer guerras de otro tipo, y si en las campas del País Vasco levantan banderas, en Colón no levantemos otra, porque si no en vez de en un mundo globalizado de la construcción europea tenemos la sensación a veces de que estamos intentando repetir una nueva guerra carlista. Por eso mi grupo parlamentario hace una apuesta por el pacto constitucional, por el pacto democrático, porque en el pacto constitucional está la escuela como servicio público, la sanidad como servicio público, y porque creemos en el Estado de bienestar hay que reformar nuestra escuela para que los jóvenes que se esfuercen, que se sacrifiquen y que tengan talento, sean los que dirijan nuestra sociedad.


Estamos en una época de meritocracia, y no queremos que sean los niños de papá, aquéllos que son los herederos sólo de la riqueza de sus padres, los que dirijan la sociedad, sino los jóvenes que se promocionen desde la sociedad de trabajo, por eso estamos en la cultura del esfuerzo, y por eso, señora ministra, nosotros nos vamos a abstener, y le diré por qué.
Porque hace

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tres meses nos abstuvimos en la reforma laboral y cuando lo hicimos les pareció a ustedes mal, y les dijimos: Hay que hacer algún cambio por recuperar el diálogo. Yo felicito al Gobierno del cambio que ha hecho, de la apuesta que ha hecho por el diálogo. Estoy convencido de que la semana que viene llegaremos a un acuerdo, no con mi grupo, sino también con los sindicatos, y yo creo que entre todos, desde la modestia y de no alardear y tirarnos nuestra verdad unos contra otros, sino desde una humildad de dialogar para construir, seremos capaces también, señora ministra -nosotros aprobamos la ley universitaria y estamos contentos, le aprobamos la ley de formación profesional-, con enmiendas inteligentes, de aprobarle su ley. Pero hoy le ayudamos diciéndole que nos abstenemos para que usted mejore y perfecciones su proyecto.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Mauricio.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Guerra.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señora presidenta, señora ministra, señorías.
Hoy estamos debatiendo en esta Cámara algo muy importante para nuestra sociedad, algo muy importante para el futuro de nuestros chicos y chicas.
Es cierto que en España se ha cambiado desde los años treinta, en donde Salvador de Madariaga, que estuvo unos meses en el Ministerio de Educación dijo aquello de: Este es un país en donde hay 6.000 escuelas sin maestro y 6.000 maestros sin escuela. Ha cambiado mucho, y lo ha hecho con la Ley de 1970 que la recoge en el preámbulo de la enmienda a la totalidad del PSOE; ha cambiado mucho cuando con los Pactos de La Moncloa se crearon en España, con el Gobierno de UCD, 1.200.000 puestos escolares que ha sido el mayor esfuerzo que ningún país de la Europa Occidental ha hecho en menos años; y ha sido importante también cuando un Gobierno del PSOE puso que fuera obligatoria de seis a 16 años.


Yo creo que todos estamos orgullosos de recoger lo que se ha hecho en la época democrática, y también anteriormente, para que cambiara este país en materia educacional 180 grados. Pero hoy nos encontramos con una situación, y es que así como cuantitativamente este país está en cotas similares a las de países de la Unión Europea, sin embargo nuestra calidad no es de la que nos podemos enorgullecer. Además, tenemos todos la responsabilidad de modificar esta realidad de la calidad, calidad porque en el sistema fracasan en la ESO el 25 por ciento de nuestros alumnos; calidad por los informes del ICE, por los informes de la OCDE, etcétera, de nuestros estudiantes; y porque realmente con el sistema que tenemos no existe el menor incentivo de la cultura del esfuerzo. Ustedes comprenderán que un chico o una chica en primer año de la ESO que sabe que, ocurra lo que ocurra, aunque suspenda siete asignaturas, va a pasar a segundo de la ESO no tiene motivación alguna, y salvo una excepción que tiene motivación cualquiera que sea el resultado, nos encontramos con problemas. Ante esta situación, el Partido Popular trae una ley de calidad con la que da pasos importantes, por ejemplo, que entre los tres y seis años la educación sea gratuita. Por cierto, en esto tiene grandes contradicciones el Partido Socialista. En algunas comunidades lo han implantado, en otras lo han dejado porque ya lo había implantado el Partido Popular y en otras se niegan absolutamente. Pero en cuestión de contradicciones, ya sabemos lo que es el Partido Socialista.


En esta ley que ha descrito esta mañana minuciosamente la ministra de Educación, queremos que en el tercer y cuarto curso de la ESO haya unos itinerarios, no para segregar, sino itinerarios que puedan ser reversibles, y que conduzcan al mismo título. Por cierto, es el sistema que se está aplicando en la mayoría de los países de la Unión Europea.
Hemos hablado también de la necesidad de una prueba general al finalizar el bachillerato. Pero es curioso cómo, por ejemplo, la enmienda del PSOE no dice nada de ese tema. No sabemos si quiere continuar con la selectividad, si no quiere que haya una prueba exterior, cuando siempre nos decían que un niño, desde los tres hasta los 18 años, podía pasar por un colegio y no tener ninguna prueba exterior.


En la ley tratamos un tema fundamental, los profesores, que es lo más importante que existe en todo sistema educativo. Restituimos algo que fue importantísimo en nuestro país como es el cuerpo de catedráticos...
(Risas.) No se rían ustedes, señorías, porque si lo hacen se ríen ustedes de Machado, de Gerardo Diego, de Mingarro, etcétera. (Aplausos.) Queremos una carrera profesional en donde estén recogidos perfectamente los pasos que puedan dar los enseñantes. Queremos una dirección de centros que tenga más competencias y más responsabilidades, porque actualmente en el 60 por ciento de los centros públicos no se presentan para ser directores de los centros. Algún problema habrá cuando el 60 por ciento no quieren ser directores de centros. (Aplausos.)

Por falta de tiempo no puedo seguir desmenuzando las reformas que prevé la ley de calidad, pero sí quiero decir a toda la Cámara, para que quede recogido en el "Diario de Sesiones", que en estos últimos años el Partido Popular ha hecho enormes esfuerzos en materia financiera. (La señora Chacón Piqueras: ¡Huy, Huy!) Los datos, por favor. En cuestión de becas, hemos pasado de 502.000 millones a 541.000. Es decir, que mientras que el Partido Socialista entre 1992 y 1996 aumentó el gasto en educación un 4,4 por ciento, nosotros, entre 1996 y 2001, lo hemos incrementado en un 16,2 por ciento.


Paso a las enmiendas. Comprenderán, señora Lasagabaster y señor Rodríguez, que no me dé tiempo a contestarles a cada uno, pero sí querría decirle una

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cosa, señora Lasagabaster. Sobre las competencias, léase a fondo el informe del Consejo de Estado. Hay una frase suya, recogida en su enmienda, que me ha gustado mucho y que después ha repetido la portavoz del Partido Socialista: No debemos educarlos para que salten más obstáculos, sino para que salten más alto. Eso es lo que pretende la ley de calidad. En lo que respecta a Izquierda Unida, y siento que no esté la señora Castro, diferimos totalmente de su modelo. Ustedes siguen empeñados en algo que en Europa ya no existe y que, además, quedó plasmado en el artículo 27 de nuestra Constitución. Ustedes quieren la escuela única, laica y pública. Nosotros no y, por lo que he oído aquí, la mayoría de la Cámara tampoco. Pero sí coincidimos en una cosa. Ha dicho, después de toda su intervención, que el sistema actual es manifiestamente mejorable. Eso es lo que nosotros queremos hacer.


Señores de Convergència i Unió, siento que no esté el señor Guardans, pero quiero decirle que hemos tenido muchísimas reuniones aquí y en el ministerio. Habíamos llegado por una parte y por otra a conseguir una serie de acuerdos, pero ha habido una enmienda, entre comillas, con la cual no contábamos ni S.S. ni nosotros, que es la enmienda Pere Esteve.
Con esa enmienda no contábamos y eso lo ha modificado completamente.
(Aplausos.) Estábamos de acuerdo en todo menos en dos temas. (El señor Martí i Galbis hace signos negativos.) No gesticule que es verdad, usted no estaba. Estábamos de acuerdo en todo menos en dos temas, en el tema de inspección y en el tema de evaluación. Eran los dos únicos temas en los que no estábamos de acuerdo, en todos los demás sí lo estábamos. Hay algunas otras cosas además que ya nos explicarán en Comisión. No quieren la prueba general de bachillerato, pero en fin, ya lo veremos. De todas maneras, señorías, las puertas están abiertas y estoy seguro de que con un talante abierto tanto por su parte como por parte del Grupo Popular, podremos llegar a acuerdos.


Me quiero referir a la intervención de la portavoz del Partido Socialista.
Señoría, usted nos habla de que hemos roto el consenso. No hemos roto ningún consenso, puesto que ustedes lo rompieron cuando en la LOGSE no quisieron oírnos en absoluto. Por tanto, no hable usted de que nosotros hemos roto el consenso. (Rumores.-Aplausos.) Vuelve usted a querer enfrentar la escuela pública con la escuela privada. No hay tal enfrentamiento, es la elección de los padres. Le voy a poner un ejemplo.
El señor Rodríguez Zapatero en León llevaba a sus niños a un colegio concertado. Aquí los lleva a un colegio público. Nos parece perfecto. Es la elección que nosotros defendemos y es la que el artículo 27 de la Constitución ampara. (Aplausos.)

En cuanto al gasto educativo y financiación, no hemos querido traer memoria económica porque sabe usted que desde el año 2001 funciona el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y una vez que se apruebe es cuando se verá, junto con las comunidades, el costo y en lo que van a participar las comunidades y en lo que vamos a participar nosotros. Por cierto, le quiero decir una cosa que quizá, por lo que acumulo de juventud, conozco perfectamente. Cuando trajeron ustedes la memoria económica de la LOGSE me parece que la cifra que alcanzaba era alrededor de 836.000 millones. Ustedes en los años de aplicación de la LOGSE de esos 836.000 millones ni tan siquiera han llegado al 20 por ciento. ¿Pero cómo nos piden ustedes ahora responsabilidad cuando tienen ustedes ese porcentaje? (Aplausos.)

Quisiera decirle -ya lo ha señalado alguno de los portavoces aquí, creo que el de Coalición Canaria, con quien coincido, por cierto, plenamente en que se debería de haber hecho un debate más sosegado, que yo espero que en Comisión se haga, porque el tema de la educación es un tema fundamental, y en donde estoy seguro que llegaremos a acuerdos con Coalición Canaria, porque en un principio normalmente las enmiendas que se presentan son enmiendas racionales- que hay algo de contradicción en lo que se ha dicho aquí. (¡Ah! no, ha sido por parte del representante de Convergència i Unió.) Que ha hecho usted un discurso superautonómico y luego la adicional octava que ustedes llevan es completamente centralista. A ver si se ponen de acuerdo usted y su grupo, porque no se puede hacer un discurso en un sentido y otro en otro.


Quisiera señalar algunas contradicciones de las enmiendas y texto alternativo del Partido Socialista. Señorías, en la adicional novena se llega a algunas cosas tan contradictorias y tan absurdas que se modifica el Estauto de los Trabajadores. Se dice que las familias que sean monoparentales o en las que trabajen ambos cónyuges tendrán tres días de vacaciones al año. No sabemos por qué. Se dice también que aquellos que tengan hijos con problemas especiales pueden pedir el cambio si tienen un puesto con jornada completa a un contrato laboral parcial. Entonces en ese contrato laboral parcial recibirán del Estado, de todos nosotros y de los ciudadanos a los que representamos, el importe correspondiente. La adicional novena, señoría: o no ha leído lo que le han escrito o no comprendo que no lo reconozca. (Aplausos.-Rumores.) Señoría, me parece perfecto que se quiera hacer demagogia aquí, pero que esa demagogia quede plasmada en lo que se aporta a la Cámara en forma de documentos o es infantil o es que quiere engañar a alguien. ¿Quién se va a creer en este país que a través de la ley de calidad tengamos que cambiar el Estatuto de los Trabajadores y tengamos que dar a unos tres días de vacaciones, a otros cinco y cambiar los contratos completos? (Aplausos.-Rumores.-Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.)

Señora Chacón, cuando le dice a la ministra que está sola puedo contestarle que está con 183 diputados del Partido Popular, que está con más de ocho millones de españoles que nos votaron. (Varios señores diputados:

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¡Diez, diez, diez!) Sí, diez; y lo llevábamos en nuestro programa. Además hay una gran diferencia. Estamos en Educación, y le voy a repetir lo que decía el profesor Tierno: Que lo que se prometía en las elecciones no era para cumplirse. Pues la profesora Del Castillo lo que promete lo lleva a cabo porque tiene el apoyo del Partido Popular. (Aplausos.-Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Y además de los apoyos que tiene la ministra quiero decirle que este proyecto de ley está apoyado por sindicatos docentes, algunos de los más importantes, si no los más: (Varios señores diputados pronuncian palabras que no se perciben.-Rumores.) ANPE, CESIF, USO, USPL, CSTI, la Asociación de Confederaciones de Padres (CONCAPA), asociaciones de alumnos como CES, Colegio de Doctores y Licenciados, Asociación de Profesores de Secundaria, Sociedad Española de Estudios Prácticos...


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Señorías, a ustedes todo eso no les importa (Rumores.) Ustedes van a piñón fijo, absolutamente decididos...
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señor Velasco, guarde silencio.


El señor GUERRA ZUNZUNEGUI: Desde el primer momento quieren tener el monopolio de la educación y no permiten que ningún otro grupo mejore la calidad de la educación en este país, que es el futuro de nuestros chicos y chicas para que se eduquen con mayor calidad en los principios de libertad y democracia. (El señor De la Encina Ortega y la señora Chacón Piqueras pronuncian palabras que no se perciben.) Nosotros creemos en eso; los demás, no lo sé.


Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Guerra.


Señorías, ruego ocupen sus escaños.


Vamos a iniciar la votación de las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación. En primer lugar, se someterán a votación conjuntamente las enmiendas de devolución y posteriormente las enmiendas de texto alternativo de forma individualizada.


Enmiendas a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Vasco (PNV) y del Grupo Parlamentario Mixto al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 113; en contra, 163; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 106; en contra, 163; abstenciones, 24.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 293; a favor, 114; en contra, 162; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


Por último, enmienda a la totalidad de texto alternativo del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió)

Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 292; a favor, 24; en contra, 164; abstenciones, 104.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


- PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES. (NÚMERO DE EXPEDIENTE 121/000105.)

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de fundaciones. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, por lo que ruego a aquellos diputados que vayan a abandonar el hemiciclo que lo hagan de la manera más rápida posible. (Pausa.)

Para la presentación del proyecto de ley, tiene la palabra el vicepresidente primero del Gobierno. (Rumores.)

Señorías, por favor, es preciso que continuemos con el debate. Ruego que abandonen el hemiciclo aquéllos que lo vayan a hacer. (Pausa.)

Adelante, señor vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO, MINISTRO DE LA PRESIDENCIA

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Y PORTAVOZ DEL GOBIERNO (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, tengo el honor de comparecer hoy ante esta Cámara para presentar el proyecto de ley de fundaciones. La norma que hoy debatimos se entiende como resultado de la apuesta del Gobierno por fortalecer la participación de la sociedad civil en la consecución de los objetivos de interés general. Se enmarca en nuestra voluntad de acentuar el papel de esta sociedad civil como protagonista en el desarrollo de actividades que a todos benefician.


La aún vigente Ley, la 30/1994, de 24 de noviembre, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general representó en su día la necesaria adaptación que demandaba nuestro ordenamiento jurídico al mandato del artículo 34 de la Constitución española. Resultaba ineludible contar con una ley postconstitucional que desterrara de nuestro cuerpo normativo un régimen fragmentario, impreciso y alejado de las necesidades a las que pretendía dar respuesta. Sin embargo, las circunstancias han variado desde la aprobación de la Ley de 1994, con un peso cada vez más significativo de las fundaciones y una experiencia acumulada que nos lleva a concluir en la necesidad de un nuevo marco regulador, una necesidad que los propios destinatarios de la norma venían apuntando desde hace algún tiempo. Desde que iniciamos este camino hemos mantenido, señoras y señores diputados, la intención de hacer partícipes del proyecto a todos aquellos actores representativos del sector fundacional. Son ellos los que nos han transmitido sus aspiraciones, sus necesidades y sus pretensiones, y son ellos los que nos han inspirado en el desarrollo de muchas de las novedades del texto. Nuestra intención no ha sido otra que la de dar respuesta a lo que la sociedad nos demandaba. Y ello, porque el nuevo régimen que hemos diseñado encuentra su lógica en una sociedad que gradualmente va tomando conciencia de su capacidad de aportación en causas de interés general, una sociedad preocupada, en suma, por la comunidad, solidaria, dinámica y participativa, con una demostrada voluntad de actuación. Precisamente por ello, el espíritu que nos ha guiado en la elaboración de este nuevo instrumento reside sobre todo en la intención de fortalecer y dinamizar el fenómeno fundacional. Y lo hacemos desde una posición de confianza en el empeño, en la aptitud y en la responsabilidad de los propios ciudadanos para contribuir en la mejora de nuestra sociedad en los más variados ámbitos. Nos sumamos de este modo a una tendencia iniciada en algunos países de nuestro entorno, donde se ha venido renovando la regulación sobre fundaciones, siempre bajo la premisa de reforzar el papel de la sociedad civil.


En este mismo sentido, la Comisión Europea, en su comunicación sobre el fomento del papel de las asociaciones y fundaciones en Europa, de 30 de marzo de 1998, ya resaltaba la relevancia de las fundaciones señalando que estas organizaciones están desempeñando un papel en casi todos los ámbitos de la actividad social, contribuyendo a la creación de empleo, a la ciudadanía activa y a la democracia, proporcionando una amplia gama de servicios, representando los intereses de los ciudadanos ante las administraciones públicas, asumiendo una función muy importante en la salvaguarda de los derechos humanos y ejerciendo una actividad esencial en las políticas de desarrollo. Con estos parámetros, la nueva ley persigue en todo momento la potenciación de esta figura, entendida como elemento colaborador de los poderes públicos en su actividad de defensa del interés general.


En segundo lugar, pretendemos también, señorías, articular soluciones a los principales problemas que presenta la vigente Ley de Fundaciones y que el propio sector fundacional ha venido poniendo de manifiesto en los últimos años. Así, daremos respuesta a los déficit normativos que presenta la actual regulación en áreas como el modelo de organización y funcionamiento de los patronatos o los procedimientos administrativos, en especial los de carácter económico y contable.


Finalmente, me gustaría destacar que el proyecto de ley se inspira claramente en la idea de ajustar la intervención de los poderes públicos en relación con el fenómeno fundacional. Nos inspira la certeza de que es necesario apuntalar la autonomía, pero también la responsabilidad, de los propios órganos fundacionales.


Pienso que con este proyecto avanzamos en la superación de ciertas rigideces que suponían una intervención excesiva del protectorado. Con el nuevo texto, éste pasaría a configurarse no sólo como un órgano de control sino, primordialmente, como una institución de apoyo, impulso y asesoramiento de las fundaciones. En esta línea, podría destacar, por ejemplo, que en muchos actos de disposición o gravamen de bienes que forman parte del patrimonio de la fundación el proyecto sustituye la anterior y preceptiva autorización del protectorado por la simple obligación de comunicar al mismo las actuaciones realizadas. En todo caso, quiero señalar también que en el texto se conservan numerosos preceptos de la ley vigente que no han planteado problemas en la práctica, han sido pacíficamente aceptados por la doctrina y, sobre todo, asumidos por la sociedad civil, destinataria última de esta norma. En ese sentido, se mantienen las referencias relativas al concepto de fundación, domicilio, constitución, estatutos, extinción de las fundaciones y proceso de liquidación patrimonial o Consejo Superior de Fundaciones.


Señorías, una vez enunciadas las grandes líneas que cimentan el proyecto de ley que hoy presentamos, me gustaría exponer algo más detenidamente las principales novedades que contiene. Comenzaré haciendo una referencia a la regulación de las fundaciones extranjeras,

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que se restringe a aquellas que pretendan ejercer sus actividades de forma estable en el territorio español, las cuales deberán mantener una delegación en España, que tendrá la consideración de domicilio a los efectos legales. Igualmente, se especifica el registro español competente para su inscripción, en función del ámbito de sus actividades, y la consecuencia del incumplimiento de los requisitos legales, que se traduce en que las fundaciones extranjeras que no respeten dichos requisitos no podrán utilizar la denominación de fundación.


Por otro lado, la novedad más importante en lo relativo a la dotación es la introducción de una cantidad mínima general, cifrada en 50.000 euros, que garantice la viabilidad económica de la fundación naciente. Me gustaría destacar que esta dotación podrá ser inferior o superior en atención a los fines de la fundación. Hemos considerado que, de entrada, se trata de una cantidad ajustada y razonable que salvaguarda la futura capacidad de actuación fundacional. Pero, insisto, podrá constituirse, previa justificación, con una dotación inferior o, excepcionalmente, y a juicio del patronato, podrá ser exigible una dotación superior.


Entrando en el terreno organizativo, se introduce la obligatoriedad de la figura del secretario. Se admite también la posibilidad de creación de órganos delegados para el desempeño de los cometidos que expresamente se le encomienden. Con ello hemos pretendido garantizar estructuras orgánicas estables que aseguren el correcto funcionamiento de la fundación.


En cuanto a la regulación del patrimonio fundacional, incidimos en el criterio de autonomía que preside todo el contenido del texto, al reducirse los supuestos de actos de disposición o gravamen de bienes que formen parte del patrimonio de la fundación en que resulta preceptiva la autorización del protectorado. A partir de ahora, únicamente requerirán esa autorización aquellos actos relativos a los bienes y derechos que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. En el resto de los casos, se sustituye la autorización por la obligación de comunicar al protectorado los actos de especial importancia económica, al objeto de que éste pueda llevar a cabo las acciones legales procedentes en caso de que se aprecie alguna irregularidad en el acto realizado.


Dentro de esta orientación general de dotar a las fundaciones de una mayor autonomía de actuación, el proyecto, como una de sus más importantes novedades, introduce además en nuestro sistema la posibilidad de que las fundaciones desarrollen actividades económicas, siempre que éstas se encuentren relacionadas con los fines fundacionales o sean accesorias de las mismas. En este terreno, la dinámica social había dejado ampliamente desfasada la realidad legal y, por tanto, nos aconseja hacer esta modificación. Es cierto que la Ley de 1994 admitió la posibilidad de que las entidades fundacionales pudieran tener participaciones en sociedades mercantiles, pero ahora se da un paso más al permitirse que las fundaciones puedan por sí mismas realizar actividades mercantiles o industriales cuyo objeto esté relacionado con los fines fundacionales.


Por otro lado, se prevén modelos abreviados de cuentas anuales para las fundaciones de menor tamaño, en términos de patrimonio, ingresos y cifras de negocios, respondiendo así al criterio de flexibilidad antes apuntado, puesto que trata de facilitar y agilizar el funcionamiento de las fundaciones, eliminando al máximo las trabas burocráticas, lo que era una de las principales preocupaciones del sector. Ello sin perjuicio, como es natural, de mantener el rigor económico y la transparencia operativa que debe presidir la administración patrimonial de las fundaciones.


Como antes anticipaba, hemos querido redefinir el papel del protectorado, potenciando sus facetas como elemento de apoyo y asesoramiento a las fundaciones sobre las que ejerce su competencia, en especial a las que se encuentran en proceso de constitución. Ahora bien, en aras al mantenimiento de un punto de equilibrio entre la consecución del interés general, la libertad fundacional y la voluntad del fundador, SS.SS.
coincidirán conmigo en que el protectorado no puede quedar desapoderado de sus funciones de control, que también recoge el proyecto, aunque de una manera menos rígida que en el sistema anterior.


Una novedad importante también es la regulación del régimen aplicable a las fundaciones constituidas mayoritariamente por entidades del sector público estatal, haciéndonos pleno eco de lo que ya es una realidad. La ley vigente, en su artículo 6.1, ya admite la posibilidad de que puedan constituir fundaciones tanto las personas físicas como las jurídicas, sean éstas públicas o privadas. Ante la realidad que, como digo, se advierte ya en nuestro ordenamiento jurídico, parecía conveniente proceder a una regulación más completa de este tipo de fundaciones. Y el marco no podía ser otro que el de la Ley de Fundaciones, porque, pese a sus especificidades, su naturaleza responde al patrón fundacional. En cualquier caso, sí quisiera recordar ahora que estas fundaciones no podrán ejercer potestades públicas y sólo podrán realizar actividades relacionadas con el ámbito competencial de las entidades del sector público estatal fundadoras, sin que suponga la asunción de sus competencias propias, salvo expresa previsión legal. Presentan, además, otras especificidades como la aplicación de la Ley General Presupuestaria en materia de presupuestos, contabilidad y auditoría de cuentas; la selección de personal bajo los principios de igualdad, mérito y capacidad, o la contratación ajustada a los principios de publicidad, concurrencia y objetividad. Estas particularidades derivan de la naturaleza jurídico-pública

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de la entidad fundadora y no pueden desconocerse en este tipo de fundaciones.


Señoras y señores diputados, he pretendido exponer, sin ser en exceso prolijo, las principales novedades que presenta este proyecto de ley.
Creo que con esta norma solventaremos en gran medida las carencias detectadas y las demandas que nos ha trasmitido el sector. Me gustaría destacar que en la elaboración del texto hemos intentado hacernos eco de las distintas sensibilidades de asociaciones, grupos y colectivos que abarcan un amplio espectro de nuestra sociedad.


En su día se constituyó un grupo de trabajo interministerial, coordinado por el Ministerio de la Presidencia, que elaboró un borrador de anteproyecto de ley de fundaciones. A partir de ese primer esquema, hemos dialogado y negociado mucho. Hemos dialogado con el Centro de Fundaciones, con la Confederación Española de Fundaciones, con el Consejo General del Notariado, con plataformas de organizaciones no gubernamentales de acción social y con la Coordinadora de organizaciones no gubernamentales para el desarrollo de España, por citar sólo algunos.
Pero me gustaría añadir algo más. Permítanme que aporte algún dato. De las 14 observaciones planteadas por el Centro de Fundaciones se han aceptado 11, el 78 por ciento; de las 9 observaciones planteadas por la Confederación Española de Fundaciones se han aceptado 8. Son sólo unas cifras, pero creo que ilustran adecuadamente el empeño al que me he venido refiriendo.


Señoras y señores diputados, desde una perspectiva formal quiero señalar que se consideró oportuno tratar en normas legales diferenciadas la regulación de las fundaciones y el régimen de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, por ser esta una materia que presenta unos perfiles específicos que demandan un tratamiento separado. Sin perjuicio de ello, y dada la evidente conexión entre la regulación proyectada en materia de fundaciones y la correspondiente al mecenazgo, se ha venido manteniendo la debida coordinación a efectos de asegurar la necesaria homogeneización entre ambas regulaciones.


Por último, me gustaría poner de relieve que nos encontramos ante un proyecto que conjuga la regulación de las fundaciones de competencia estatal, junto con la inclusión de preceptos que se aplicarán al conjunto de las fundaciones. A este respecto, quiero simplemente señalar que hemos mantenido la delimitación establecida por la Ley 30/1994.


Termino. El camino ha sido complejo, pero creo que hemos confluido en una norma cabal y ajustada que aporta cauces novedosos y soluciones audaces a las necesidades de un entramado social cada vez más dinámico y emprendedor. Estoy convencido de que SS.SS. estarán de acuerdo en lo acertado y necesario del paso que estamos dando, y confio en que, continuando con la línea de diálogo que ha caracterizado el proyecto desde sus inicios, en breve dispondremos de una nueva ley de fundaciones.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor vicepresidente.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, por primera vez en mi vida, y sin que sirva de precedente, disculparé la ausencia del ministro correspondiente por razones de trabajo. Digo por primera vez en mi vida y sin que sirva de precedente, porque no es bueno coger malas costumbres.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Señorías, al santo por la peana. Por tanto, a la hora de regular el marco legal de las fundaciones, cabe preguntarse, en primer lugar, qué ha sido una fundación, en segundo lugar, qué es una fundación y, finalmente, qué pretende legítimamente -como no podía ser menos- el Gobierno de la nación que llegue a ser una fundación gracias a este proyecto de ley. A la primera pregunta, a la pregunta de qué ha sido una fundación, debemos responder que las conocidas como universitas rerum han sido entendidas desde los romanos como un patrimonio al servicio de un fin prefijado por el fundador. Como tal, señorías, la fundación es una manifestación colateral de nuestro derecho constitucional a la propiedad y debe, por tanto, legislarse sobre el mismo con pleno respeto a los mandatos recogidos en el artículo 53 de nuestra Constitución española.


Respecto a la segunda pregunta, es decir, qué es en estos momentos una fundación, hay que reconocer que de las fundaciones clásicas hemos pasado a las fundaciones impulsadas por grandes sociedades, impulsadas por corporaciones mercantiles, que no sólo buscan una cierta imagen pública a través de labores filantrópicas, sino que por encima de otras consideraciones buscan, legítimamente, los beneficios fiscales, económicos y jurídicos que las modernas legislaciones occidentales han dado a esta figura. Digamos que se produce una cierta transacción entre lo público, que ofrece beneficios de todo tipo y obtiene una entidad dedicada a fines de interés general -o lo público en sentido laxo-, y lo privado, que obtiene beneficios económicos y jurídicos de todo tipo a cambio de impulsar instituciones que realizan labores no relacionadas directamente con la lógica del beneficio mercantil, aunque indirectamente sí se produce cierta relación: inversión en imagen pública y publicidad a un bajo precio. Así, señorías, si con respecto al primer tipo de instrumento, las fundaciones mortis causa clásicas, no se produjeron excesivas maniobras fraudulentas en los pasados siglos, hay que reconocer que, a pesar de la probidad de la mayor

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parte de las fundaciones -quiero dejarlo claro, de la probidad de la mayor parte de las fundaciones-, algunas corporaciones han utilizado la figura jurídica de la fundación como pantalla jurídica y económica de actuaciones difícilmente cohonestables con la legalidad vigente.


Sea como fuere, en estos momentos, señorías, cabe preguntarse qué pretende hacer el Gobierno con la figura de la fundación. La propia exposición de motivos del proyecto de ley es bien clara al respecto. Incluso las palabras del señor ministro -aceleradas por mor de una reunión urgente y, desde luego, inaplazable- lo han dejado meridianamente claro. ¿Qué es lo que pretende? Sencillamente pretende la combinación del principio de mínima intervención estatal en las fundaciones con la intención del Gobierno y del PP de utilizar la figura jurídica como cauce de prestación de servicios o pseudoservicios públicos. De esta forma se deja al descubierto la razón de ser de esta norma, cual es privatizar prescindiendo de los controles públicos clásicos. Si, por un lado, sobre las anteriores legislaciones vamos a disminuir el control de lo público sobre las propias fundaciones y, por otro lado, vamos a alentar la prestación de determinados servicios o pseudoservicios a través de las fundaciones, no nos cabe otra interpretación más que la razón que se plantea en el texto del Gobierno es privatizar prescindiendo de los controles públicos clásicos.


Para comprender las verdaderas y profundas consecuencias de esta operación, hay que insertarla en un marco más amplio. En primer lugar, desde hace más de una década, los gobiernos europeos -y el de España, por razones obvias, no es una excepción- vienen realizando una huida del derecho administrativo en una teórica búsqueda del aumento de la economía, eficiencia, eficacia y calidad de los servicios públicos. Si quieren, el ejemplo más chocante o más de vodevil es el de un consejero de mi comunidad autónoma que dijo aquello de: prefiero dos corrupciones por año a una Administración lenta.


La segunda cuestión es que todo este proceso ha llevado a liquidar la cartera industrial estatal, a hacer desaparecer el concepto tradicional de empresa pública, a liberalizar, a privatizar, a sustituir el principio de servicio público por el de las obligaciones de servicio universal, a crear agencias reguladoras y supervisoras de mercados liberalizados, a subcontratar, a externalizar, etcétera. Es precisamente en este contexto donde aparecen las fundaciones como forma de introducir la lógica privada en la gestión de los servicios públicos. Las fundaciones sanitarias o, más recientemente, las universitarias -antes hemos hablado de muchas cosas, pero al final todas siguen un hilo conductor- han servido para introducir lógicas de private management en los servicios públicos.


Pues bien, frente a todas estas operaciones de huida del derecho público y de privatización de los servicios y las prestaciones públicas, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida quiere dejar claro que está dispuesto a apoyar las reformas que de verdad mejoren la eficacia, eficiencia, economía y calidad de nuestros servicios públicos, pero en modo alguno apoyaremos, por lógica política, reformas que pretendan quebrar nuestro incipiente Estado social, siendo el presente proyecto de ley una de esas acciones, a nuestro entender, contra los derechos, servicios y prestaciones sociales de los ciudadanos españoles.


Es cierto que el potencial disolvente del Estado social, de medidas como la destrucción del antiguo INI o las privatizaciones de la sanidad, la educación, las pensiones o la seguridad pública, han tenido un efecto mucho mayor sobre el Estado del bienestar que el que va a tener esta reforma de la legislación de fundaciones. Somos conscientes de ello; somos conscientes de que éste no es sino un episodio de importancia relativa dentro de un proceso de mucha mayor complejidad, jalonado de actuaciones de mayor calado que ésta. Sin embargo, todo lo anterior no obsta para que consideremos disfuncional, desde el punto de vista del Estado social y democrático de derecho, atribuir mayores potencialidades a las fundaciones -fundaciones limítrofes con la teoría del servicio público-, a la vez que se reducen los controles públicos sobre dichas entidades. No es lógico aumentar las funciones públicas o parapúblicas de una entidad privada para, acto seguido, reducir el control público sobre la misma. Y eso es su ley; eso es el proyecto de ley. Repito, no es lógico aumentar las funciones públicas o parapúblicas de una entidad privada para, acto seguido, reducir el control público sobre las mismas.
Al menos no es lógico desde una comprensión del Estado como instrumento al servicio de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, con especial atención a aquellos que necesitan una mayor tutela y un mayor apoyo público.


En consonancia con lo anterior, pasar de la técnica de la autorización a la simple notificación en el caso de entidades que pueden incluso realizar materialmente misiones de servicio público, señorías, es un desatino. Reducir el control presupuestario, económico, financiero y legal sobre fundaciones que van a transitar por terrenos limítrofes a la Administración pública es, de nuevo, un desvarío. En fin, poner -permítanme la expresión- a la zorra o al zorro a cuidar a las gallinas hace temer por la vida de los animales; con el agravante, en el caso que nos ocupa, de que las gallinas son los servicios y las prestaciones públicas destinadas a garantizar la igualdad de oportunidades de todas las españolas y todos los españoles.


En otro orden de cosas, señorías, excluir a las fundaciones de la Iglesia católica de las obligaciones de esta ley supone situar a las fundaciones de una organización religiosa privada -muy respetable, por cierto- más allá del nuevo ordenamiento jurídico, más allá del espíritu y la letra de nuestra Constitución. Esta

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operación de excepcionalidad jurídica para la Iglesia católica ya se realizó con motivo de la Ley de Asociaciones, y se repite en este proyecto de ley haciendo avanzar la idea de que las instituciones de la Iglesia católica no tienen por qué cumplir las leyes españolas. Y el Gobierno de la nación, lejos de proteger nuestro acervo legal y constitucional, se muestra satisfecho con la interpretación confesional que de la ley hace la jerarquía católica.


El Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida entiende que en España las fundaciones de la Iglesia católica deben respetar el mismo marco legal que es aplicable a todas las fundaciones, máxime en su propuesta, que es un marco legal laxo, flexible y todo lo que ustedes quieran. Lo contrario, señorías, implica violar el principio de igualdad y supone introducir lógicas confesionales y religiosas en un Estado aconfesional.
Es decir, implica introducir lógicas jurídicas disolventes de la solidez de nuestro edificio constitucional. A mí, cuando se plantean estas cosas, no me extraña nada, en esa especie de demiurgo colectivo de nacional-catolicismo en que están ustedes convirtiendo a este país. Ya tenemos primeros viernes de cada mes, beatificaciones televisadas y hasta últimos miércoles de cada mes. Yo pediría que alguien tuviera un poco de sensatez.


Por todas las razones esgrimidas, en esta enmienda a la totalidad el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida solicita la devolución de este proyecto de ley al Gobierno, señorías, pero no nos gustaría que la oposición del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida a este proyecto de ley se interpretase como una falta de voluntad política para trabajar por la mejora del marco legal de las fundaciones en España. Muy al contrario, entendemos que estamos cumpliendo con nuestra obligación al denunciar el intento del Gobierno del PP de utilizar las fundaciones para menesteres que no les son propios, y esta denuncia la hacemos en defensa de lo que nosotros entendemos como Estado social y democrático de derecho; defensa en la que esperamos estar acompañados por la izquierda plural española representada de varias formas en este Congreso de los Diputados. Todo lo anterior no obsta para que, una vez que comience la tramitación parlamentaria del proyecto de ley (dado que no hace falta ser un genio de la estrategia parlamentaria para contar con el rechazo de nuestra enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular), el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida aporte, a través de enmiendas parciales, las mejoras que consideremos oportunas a la futura regulación de las fundaciones en España. Esperamos que, aunque se rechace nuestra enmienda a la totalidad y se haga lo mismo con la del Grupo Parlamentario Mixto (no es que pidamos que hagan ustedes lo mismo con la del Grupo Parlamentario Mixto), ello no signifique que los grupos parlamentarios mayoritarios no presten alguna atención a las denuncias y llamadas de atención, sociales y autonómicas, que contienen ambas enmiendas. No digo que el cien por cien de nuestra enmienda a la totalidad deba ser asumido por todos los grupos parlamentarios, ni siquiera los grupos parlamentarios de izquierda tienen por qué asumir el cien por cien de la misma. No somos tan pretenciosos ni hemos bebido demasiado del champán de la política, pero esperamos, al menos, que los grupos parlamentarios, especialmente los de izquierda, capten este toque de atención sobre la relación entre las fundaciones y la solidez del Estado social, en un contexto en el que el Gobierno de España está llevado por una derecha que ayer fue centrista y reformista y hoy es derecha a palo seco. Espero que por ahora solamente sea del palo de la escoba de barrer la calle, que no nos gusta, pero que, por lo menos, solamente sea de palo de escoba de barrer.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el señor Puigcercós.


El señor PUIGCERCÓS I BOIXASSA: Gracias, señora presidenta.


Señoras diputadas, señores diputados, Esquerra Republicana presentó esta enmienda a la totalidad básicamente por un concepto. Podríamos ampliar también otros conceptos, pero creemos que en las enmiendas al articulado podremos defender mejor algunos aspectos parciales. Nuestra principal preocupación y el objeto de nuestra enmienda a la totalidad era lo que nosotros considerábamos una laminación de competencias exclusivas que tenía la Administración catalana conforme al artículo 148 de la Constitución y al Estatuto catalán, que le otorgaban la competencia exclusiva en materia de fundaciones.


Después de las necesarias aclaraciones y discusiones previas al debate de hoy, hemos decidido retirar nuestra enmienda a la totalidad y fijarnos ya en las enmiendas al articulado.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Puigcercós.


¿Grupos que deseen fijar posición? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la señora Julios.


La señora JULIOS REYES: Muchas gracias, señora presidenta.


Expreso la posición de nuestro grupo tanto respecto al proyecto de ley de fundaciones como al que debatiremos posteriormente, que es el relativo al régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


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Casi todos los grupos políticos de esta Cámara hemos expresado la necesidad de introducir modificaciones a la Ley 30/1994, de Fundaciones e Incentivos Fiscales a la Participación Privada en Actividades de Interés General, y concretamente nuestro grupo, Coalición Canaria, había expresado en distintos debates la necesidad de no seguir demorando la reforma de la ley vigente. Por ello, saludamos positivamente el inicio del trámite parlamentario de estos dos proyectos de ley, ya que entendemos que son muchas las nuevas exigencias por las que era aconsejable hacer una revisión del marco legal que actualmente tenemos para las fundaciones. Esta reivindicación también ha sido expresada desde distintos ámbitos de la sociedad civil organizada, tanto desde el mundo de la cultura, como desde el mundo del deporte, como desde las ONG.
Además es necesario dar respuesta a la resolución de problemas prácticos detectados por las propias fundaciones ya existentes en la aplicación de la actual norma.


Nuestro grupo entiende que también es necesario, en la línea de las recomendaciones realizadas desde la Unión Europea, que se estimule de forma más decidida en España el fenómeno de las fundaciones. Entendemos que a través de las fundaciones se puede contribuir a nuevas e innovadoras fórmulas de participación de la sociedad en asuntos que son de interés general que ayudan y contribuyen a dar una mayor solidez al Estado del bienestar. En este sentido, diferimos de lo expresado anteriormente por el portavoz de Izquierda Unida porque no creemos que se deba de contraponer la defensa del Estado del bienestar a la necesaria incentivación de la sociedad civil a través de organizaciones que si bien son de carácter privado también son de carácter social y persiguen objetivos de carácter general. Es de gran importancia abrir esta vía para canalizar actividades, por ejemplo, de cooperación para el desarrollo. La sociedad está cada vez más sensibilizada y organizada para contribuir al desarrollo de los países del Tercer Mundo y esta es también una vía válida que ha de fomentarse en España. No es contradictorio sino necesario, y se demuestra en la práctica de otros países europeos donde no se ha hecho incompatible sino incluso factible, el desarrollo del Estado del bienestar con la potenciación de las fundaciones y el apoyo al mecenazgo. Existen países en Europa, que utilizamos muchas veces de referencia por tener consolidado más que nosotros un Estado del bienestar incluso con mayores prestaciones que el nuestro, que también tienen consolidada una mayor cooperación de los poderes públicos con la sociedad civil a través, entre otras cosas, de las fundaciones y el apoyo al mecenazgo. Este anteproyecto de ley da pasos importantes en este sentido, al igual que lo da el anteproyecto de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo que supondrá medidas concretas de incentivos fiscales que mejoren la situación actual.


A nadie se nos escapan las posibilidades de perversión en la utilización de los instrumentos fiscales con fines distintos a los objetivos de las fundaciones (la perversión hacia la utilización con fines lucrativos y distintos al interés general), pero ante esta posible utilización perversa la posición no debe ser la de invalidar o dificultar la incentivación o funcionamiento de las fundaciones. Nuestra posición es que ante esto deben regularse los adecuados mecanismos de control que eviten el fraude fiscal. En el trámite de enmiendas parciales y en el debate parlamentario los distintos grupos debemos poner especial empeño en lograr en nuestros textos un equilibrio entre la necesaria autonomía de las fundaciones en su funcionamiento interno y el obligado control público del cumplimiento de sus funciones y de sus objetivos. Nos parece importante que se amplíen los fines a los que van dirigidas las fundaciones y el que éstas abarquen el desarrollo de la sociedad de la información. También nos parece positivo dar prioridad en los incentivos a las organizaciones que trabajan en el campo social, en el necesario reconocimiento hacia aquellas organizaciones que trabajan con los sectores más excluidos de nuestra sociedad.


Creemos que es necesario abrir el debate sobre la necesidad de reformar la regulación actual para la obtención de la declaración de utilidad pública. Hoy en día no puede obtener dicha consideración gran parte del mundo asociativo, ya que los requisitos para obtener esta declaración son muy restrictivos y muchas asociaciones, bien por su ámbito local o por su dimensión, no pueden acceder a ello y sin embargo cumplen una función social muy importante. Para que realmente sea efectivo el alcance y los objetivos que se pretenden en estos dos proyectos es necesario iniciar el debate de reformar el real decreto que regula la declaración de utilidad pública. El proyecto de ley del régimen fiscal para las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que inicia también su debate, refleja en su exposición de motivos la necesidad de dar respuesta al denominado tercer sector, al gran desarrollo experimentado por éste en esta última década y al desarrollo de actividades de interés público que se han venido realizando dentro de dicho sector. En esta línea y coincidiendo con la recomendación realizada por el Consejo Económico y Social, en la relación de fines de interés general de las entidades sin fines lucrativos se debería incluir también el del fomento de la economía social, los fines de carácter laboral y los de inclusión social. En los textos que hoy estamos debatiendo hay que revisar el distinto alcance de las mejoras introducidas, pues si bien hay una importante reducción de la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, el incremento de los incentivos fiscales al mecenazgo es moderado y es necesario profundizar en estos aspectos durante el proceso de debate de las enmiendas parciales.


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Por las razones expuestas, nuestro grupo opta por la aportación en el debate de estos dos textos legislativos de enmiendas parciales en la línea de los temas que he comentado y de otros que por razones de tiempo no me voy a extender y, como ya he dicho, no apoyaremos en este caso las enmiendas de totalidad presentadas.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Julios.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), el señor González de Txabarri.


El señor GONZÁLEZ DE TXABARRI MIRANDA: Muchas gracias, señora presidenta.


Señorías, el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) fija su posición en relación con este proyecto de ley de fundaciones. No sé si a estas alturas del debate político será una sorpresa subrayar, en nombre del Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV), que compartimos la mayoría de los contenidos de este proyecto de ley que el Gobierno ha remitido a esta Cámara, ciertamente porque las innovaciones que se producen desde el proyecto de ley del año 1994 y el que presenta ahora el Gobierno están básicamente sustentadas en las enmiendas al articulado que quedaron pendientes porque el Grupo Socialista no las aceptó en 1994 y que proponían el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) y el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV). El Gobierno, ocho años después, viene a modificar este proyecto de ley en esa línea de reducir al mínimo indispensable la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento interno de las fundaciones, a flexibilizar y simplificar los procedimientos, especialmente los de carácter económico y financiero, con el objetivo de dinamizar y potenciar el fenómeno fundacional en determinadas áreas siguiendo las resoluciones del Parlamento Europeo.
Esta ley admite además la posibilidad de que el patronato acuerde una retribución adecuada a los patronos que prestan a la fundación servicios distintos de los que implica el desempeño de la función de miembro del patronato y facilita la gestión contable de fundaciones menores en tamaño para que sean más dinámicas. Estos eran, señorías, los planteamientos que los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y el Partido Nacionalista Vasco realizaban en el trámite de 1994 y para nosotros es agradable constatar que la reforma que el Gobierno plantea en este proyecto de ley de fundaciones viene en esta línea. En todo lo demás, las novedades que se introducen son básicamente irrelevantes y se siguen los mismos principios y la estructura en la mayoría del articulado de la ley que está vigente.


No hacemos más que acordarnos de Miguel Angel Cortés cuando en el año 1994 auguraba los grandes cambios que esta ley iba a conocer cuando el Partido Popular gobernara. Para que los debates de esta Cámara tengan una línea de continuidad es procedente citar y mentar al entonces portavoz del Grupo Popular, el señor Cortés, que manifestaba los cambios que se iban a producir en esta ley. Nosotros nos alegramos de que no se produzcan más de los que el Gobierno trae a esta Cámara. Estamos de acuerdo con este diseño binario del Gobierno al presentar la ley sustantiva de fundaciones, por un lado, y la ley adjetiva de mecenazgo e incentivos fiscales a las actividades de interés general, por otro. Esta ley de fundaciones, como ha significado el portavoz de Izquierda Unida -y por eso no vamos a votar su enmienda de totalidad-, afecta a una concepción de la sociedad, a un planteamiento más rico, más participativo, más generoso también por parte de las instituciones públicas, más comprometido, mejor entroncado en la realidad social, y a un planteamiento de una sociedad civil fuerte que esté articulada y estructurada en la consecución de objetivos de interés general. Por eso nos alegramos de que los anuncios que el señor Cortés hizo en 1994 desde esta Cámara no tengan virtualidad hoy, porque somos partidarios de un marco estable para las fundaciones, que no estén al vaivén de la coyuntura política y que conozcan un marco de permanencia en el tiempo para la consecución de sus objetivos, para lo cual es necesario un marco que permita planteamientos a largo y medio plazo y que venga adjetivado por la ley que vamos a discutir en el trámite siguiente con un marco normativo incentivador. Estamos de acuerdo en aquellos cambios que se realizan en orden a reducir considerablemente los trámites burocráticos.
Desaparece el actual sistema de concesión administrativa para aplicar el régimen fiscal especial del que disfrutan, que se sustituye por un régimen de opción, y a cambio las fundaciones deberán elaborar una memoria anual con detalle de ingresos y gastos y del cumplimiento de objetivos sometiéndose a un modelo simplificado de contabilidad.


Señorías, hay un debate en el fondo de este proyecto de ley que es el que hace mención a los criterios de relación entre la autoridad pública, el protectorado y las fundaciones; lo ha expuesto el señor Rejón en su intervención. Nosotros planteamos un modelo de sociedad en el que el poder público estimula la actividad de las fundaciones, de las asociaciones, de aquellas entidades que acometen objetivos de interés general; no somos partidarios del excesivo control ni del dirigismo gubernamental; y a la vista de lo que ha sucedido en los últimos años creemos que no existen motivos para recelar de la actividad de las fundaciones para adoptar desde esta Cámara o desde el Gobierno posiciones de desconfianza. Creemos que, aunque desde la puesta en vigor de la Ley de 1994 esta desconfianza en algunos momentos ha presidido la relación entre la autoridad pública con todas las fundaciones, con el paso del tiempo esa desconfianza se ha ido superando y desde el Grupo Parlamentario Vasco entendemos que hay que

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potenciar este dinamismo de segmentos de la sociedad, interrelacionándolo además con el voluntariado.


La única aportación relevante que trae este proyecto de ley, al margen de las valoraciones que he hecho en la primera parte, se refiere a la regulación que compete a las fundaciones estatales, tema fundamental que habrá que debatir. Puede haber posiciones distintas en relación con este tema, pero es interesante que el Gobierno lo introduzca en el proyecto de ley porque está en el debate social, está en la realidad social, y habrá que articular en nuestra opinión fórmulas más rigurosas, una vez abierto este tema de las fundaciones estatales.


Para terminar, quisiera hacer mención al tema competencial al que se ha referido el señor Puigcercós en su intervención. Nosotros creemos que un tema como el de las fundaciones debe responder a los planteamientos del derecho foral histórico, donde entronca el tema competencial de las fundaciones, tanto en lo que se refiere a la forma de su constitución como a la consideración de prevalencia de la voluntad del fundador para definir el régimen de funcionamiento de la fundación o el destino de su patrimonio fundacional y en su caso de disolución. Sobre las decisiones que puedan ser tomadas por los fundadores, entendemos que la reflexión que hacía el señor Puigcercós en su intervención es relevante y que hay que pensar en este tema para evitar la invasión estatal de competencias autonómicas y para ser justos con el planteamiento del derecho foral histórico. Desde este planteamiento habrá que hacer referencia al registro de fundaciones, a los órganos, a la constitución del protectorado o del consejo de las fundaciones, y a los aspectos más administrativos como el del domicilio, el carácter público o privado y el ámbito de actuación de las fundaciones.


Señorías, tras realizar estas valoraciones quiero resumir la posición del Grupo Parlamentario Vasco en el sentido de que básicamente estamos de acuerdo con los contenidos que presenta este proyecto de ley. Valoramos las aportaciones que se hacen, que creemos que están realizadas en la línea positiva de incentivar a la sociedad civil y de reducir trámites burocráticos y superar desconfianzas con los órganos de estas entidades, dándoles un marco incentivador más propio y más ajustado a los objetivos que las mismas tienen. Quiero hacer hincapié en la cuestión del derecho foral histórico, que en el conjunto del debate habrá que tomarlo en consideración, y una llamada a los diputados del Grupo Popular sobre todo en el sentido de que, en el trámite parlamentario, el tema de las fundaciones públicas encuentre el entronque necesario en el conjunto del proyecto de ley y pueda ser suficientemente matizado para que podamos formular y poner en vigor un proyecto de ley que en nuestra opinión -no sé si lo sienten ustedes así, señores del Grupo Popular- está a la altura de las circunstancias.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor González de Txabarri.


En nombre del Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), tiene la palabra el señor López de Lerma.


El señor LÓPEZ DE LERMA I LÓPEZ: Señora presidenta, señorías, voy a fijar la posición de nuestro grupo parlamentario respecto del debate que tiene lugar en relación con el proyecto de ley de fundaciones.


Como todas SS.SS. recordarán, el artículo 34 de nuestra Constitución reconoce precisamente el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Lamentablemente no fue hasta el año 1994 cuando se desarrolló, mediante la hoy vigente Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, este importantísimo punto de nuestro ordenamiento jurídico, concretamente de nuestra Carta Magna. Hasta aquel entonces un totum revolutum, un montón de normas preconstitucionales regían la ordenación jurídica de las fundaciones. Nuestro grupo parlamentario en aquellos momentos, y dos legislaturas antes, ya había impulsado la revisión de la normativa y el desarrollo de este artículo 34. Lo hizo bajo la batuta o la dirección siempre acertada de Miquel Roca, intentando convencer a la Cámara de la bondad de la iniciativa privada en el ámbito del mecenazgo.
Todos podemos recordar -está en la historia de esta Cámara- cómo en 1993 finalmente, después de varios intentos, la mayoría de entonces aceptó a trámite una proposición de ley de nuestro grupo parlamentario que lamentablemente decayó por disolución anticipada de las Cortes Generales.
No obstante, ese convencimiento general a partir de la iniciativa de Miquel Roca supuso que en la legislatura siguiente fuera el propio Gobierno del Estado el que bajo ese hilo conductor recogiera el guante y presentara un proyecto de ley que con las modificaciones introducidas en su trámite del Congreso y del Senado es el que hoy rige. Desde esta perspectiva histórica, en la que reitero que nuestro grupo parlamentario tuvo un protagonismo a favor de la sociedad civil y de su impulso en el ámbito del mecenazgo, nosotros saludamos con afecto la iniciativa gubernamental de actualizar tanto la legislación sobre fundaciones como el marco fiscal del conjunto de las entidades sin ánimo de lucro y el mecenazgo en su doble vertiente, tanto en la de impulso desde el sector público como desde lo privado, obviamente.


Es cierto, como se ha puesto de manifiesto, que afortunadamente la capacidad de iniciativa y de innovación surgida desde la sociedad civil ha desbordado -lo ha puesto de relieve el vicepresidente del Gobierno y ministro de la Presidencia- el marco legal aprobado en 1994. De hecho, como nuestro compañero diputado González de Txabarri ha puesto de relieve, esta ley recoge no pocos planteamientos que en su momento

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hizo tanto el Grupo Parlamentario Vasco (EAJ-PNV) como el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), que no tuvieron eco en ese momento histórico de 1994 pero que hoy lo tiene vehiculado a través del Gobierno del Estado, lo cual es un reconocimiento explícito a que, si bien lo andado es mucho, se podía haber hecho mejor.


Nuestro grupo parlamentario avala los tres objetivos que el Gobierno establece en la exposición de motivos como prioritarios y que desea ver alcanzados -nosotros también- al término de la tramitación legislativa de este proyecto de ley. El primero es reducir al mínimo indispensable la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento interno de las fundaciones. Creemos que es de gran fortuna reconocer la madurez de la sociedad civil para autoorganizarse en fundaciones y, por tanto, la necesidad de reducir el intervencionismo público. El segundo objetivo prioritario será -y sería bueno que fuera así- flexibilizar y simplificar los procedimientos y reducir las obligaciones exigibles a ese tipo de entidades. Y el tercer objetivo será dinamizar, potenciándolo, el fenómeno fundacional, entendiéndolo como una aportación muy positiva, muy de agradecer, de la sociedad civil en la consecución de fines de interés general, en la línea de lo que viene sucediendo en nuestro entorno europeo y que es reconocido -lo ha citado el propio vicepresidente del Gobierno- por las altas instancias de la Unión Europea. De hecho, salvando todas las excepciones que se deseen destacar, todos los matices que se quieran indicar y sin ánimo de polémica, el proyecto enviado por el Consejo de Ministros tiene su fuente de inspiración, su orientación, incluso su redacción y no poca estructura precisamente en la Ley de Fundaciones aprobada por el Parlamento de Cataluña en el pasado año, lo cual a nuestro grupo le satisface profundamente y fortalece nuestra actitud positiva para tramitar el texto objeto de este debate.


No obstante, a pesar de cuanto se dice en el proyecto y cuanto ha indicado el representante del Gobierno que lo ha presentado, tenemos ciertas discrepancias en el ámbito competencial en la misma línea que la expresada por el señor Puigcercós, en nombre de Esquerra Republicana de Catalunya. Así, en base al artículo 9.24 del Estatuto de Autonomía de Cataluña, la Generalitat, que es la institución de autogobierno, dispone de competencia exclusiva sobre fundaciones de carácter docente, cultural, artístico, benéfico-social y deportivo, que tengan su ámbito de interés más directo en el territorio catalán. A pesar de la voluntad que manifiesta el proyecto y la manifestada por el ministro de la Presidencia, observamos hoy una inaceptable vulneración competencial esencialmente en el terreno del derecho civil catalán, también en otros ámbitos como por ejemplo el registro, y también del derecho foral, ámbitos que están especialmente protegidos por el artículo 148.1.8.ª de la Constitución, cuestión perfectamente solventada en el momento de aprobarse la hoy vigente Ley 30 de 1994.


Creemos que es posible mejorar técnicamente el proyecto. Confiamos en la voluntad política del Grupo Parlamentario Popular -y no me duele prendas en reconocer que algunas conversaciones hemos tenido con el diputado Bermúdez de Castro, con quien pacíficamente la mayoría de esta Cámara acordó la Ley del derecho de asociaciones; por tanto tiene un plus a favor el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en ese sentido para confiar en su palabra-, confiamos, repito, en la voluntad de ratificar cuanto dice nuestra Constitución y el Estatuto de Autonomía de Cataluña en relación con los ámbitos competenciales y deseamos -por eso no hemos presentado enmienda a la totalidad- contribuir positivamente en la tramitación parlamentaria de este proyecto. En consecuencia, hoy no daremos apoyo a la enmienda que todavía está presente en este debate de Izquierda Unida, y vamos a dar apoyo a la tramitación de este proyecto legislativo desde una actitud de afecto, repito, a la iniciativa del Gobierno, porque es un avanzar en la línea de la participación y la responsabilidad de la sociedad civil en no pocos ámbitos, pero también desde una actitud no precisamente conforme con el reparto de ámbito competencial que el proyecto marca, aunque reitero que estoy absolutamente convencido -y si no nos queda el veto del Senado- de poderlo solucionar entre todos.


Nada más, señora presidenta. Muchísimas gracias, señorías.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor López de Lerma.


Por el Grupo Parlamentario Socialista, señora Valcarce.


La señora VALCARCE GARCÍA: Señora presidenta, señorías, el artículo 34 de la Constitución reconoce el derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley. Precisamente en el año 1994 se da respuesta a este precepto constitucional desarrollando la actual Ley de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general. Esta ley daba el marco jurídico a la pretensión legítima de una emergente sociedad civil en España que también legítimamente aspiraba a participar más activamente y a contribuir al interés general.
Desde entonces hay en nuestro país nada menos que 5.500 fundaciones de ámbito estatal. La pujanza de este sector fundacional, de este tercer sector, del sector no lucrativo, se evidencia muy bien sobre todo porque está presente en ámbitos muy diferentes: la educación, la cultura, la investigación, el medio ambiente, la asistencia social, la sanidad y también la cooperación al desarrollo. En definitiva, este dato quiere expresar que en España la sociedad civil crece, se expande y se profundiza. Es lógico también que la sociedad civil contribuya más y mejor, y

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esta contribución desinteresada, generosa, de la sociedad civil hay que reconocerla. Para nosotros, por tanto, no sólo no debilita la acción pública, no sólo no debilita la acción del Estado, sino que muy al contrario la fortalece, y la fortalece haciendo de la nuestra una sociedad mejor y también un país más justo.


Desde el año 1994 ha transcurrido suficiente tiempo como para abordar cambios. Hemos acumulado una importante experiencia y tenemos que atender las muy razonadas aspiraciones y propuestas del sector fundacional y sobre todo asumir las recomendaciones de la Conferencia de Estocolmo del año 2001. Esta experiencia del tiempo transcurrido y las aspiraciones del sector es lo que esperábamos encontrar en el proyecto de ley del Gobierno. Sin embargo esas aspiraciones, en opinión de mi grupo parlamentario, han sido defraudadas. Desde nuestro punto de vista el proyecto de ley nace viejo; desde nuestro punto de vista este proyecto de ley será ineficaz. El Grupo Parlamentario Socialista quiere colaborar con ánimo constructivo a mejorarlo, creemos que se puede mejorar técnicamente y que puede tener una orientación muy distinta, diferente; por tanto aprovecharemos el trámite parlamentario de enmiendas parciales para mejorar el texto del Gobierno. Con las enmiendas parciales que vamos a presentar nos proponemos sobre todo tres objetivos. En primer lugar, queremos asegurar un marco jurídico claro, preciso y estable para el sector fundacional. En segundo lugar, queremos facilitar el funcionamiento del sector fundacional bajo los principios de economía y eficiencia garantizando la máxima transparencia, algo absolutamente imprescindible en una sociedad moderna. En tercer lugar, queremos mejorar los mecanismos de dación de cuentas por parte de las fundaciones y el control de sus obligaciones fiscales, como corresponde también a un país moderno que se precia de que la participación tiene que ir unida al mejor control social.


Señorías, nuestras propuestas tienen el objetivo de enriquecer un proyecto de ley y está en nuestro ánimo alcanzar el máximo consenso en la Cámara porque creemos que esta es la aspiración del sector, de un sector que también quiere un marco estable de funcionamiento, un marco transparente de funcionamiento y que está convencido, persuadido, de que su futuro, continuar creciendo en la sociedad civil, va muy vinculado a la transparencia en la dación de cuentas y a la transparencia en el control de sus responsabilidades fiscales. Hoy estamos en el trámite de enmiendas a la totalidad; enmiendas que presentan dos grupos parlamentarios, el Federal de Izquierda Unida y el Grupo Parlamentario Mixto, Esquerra Republicana de Catalunya. La posición del Grupo Parlamentario Socialista respecto de la enmienda de totalidad de Izquierda Unida es que aun compartiendo en buena parte la argumentación de la misma, no la aceptamos del todo porque no compartimos la desconfianza general hacia las fundaciones; sí estamos de acuerdo en dos cuestiones que nos parecen muy trascendentes. Compartimos en primer lugar nuestra repulsa a que se utilice el marco jurídico de las fundaciones para algo que no les es propio, que se utilice el marco jurídico de las fundaciones para privatizar la gestión de determinados servicios públicos y me estoy refiriendo en concreto a las fundaciones sanitarias. Del mismo modo, señorías, compartimos plenamente el punto de vista expresado en la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en lo que se refiere a rechazar que se aplique a las fundaciones de la Iglesia católica la excepcionalidad jurídica por creer que todas las fundaciones han de someterse al mismo marco jurídico precisamente para asegurar la seguridad jurídica de esta norma. Por tanto nuestra posición respecto de la enmienda a la totalidad de Izquierda Unida será de abstención.


En cuanto a la enmienda a la totalidad del Grupo Parlamentario Mixto, en concreto de Esquerra Republicana de Catalunya, no compartimos su planteamiento dado que la Constitución, insisto, recoge en su artículo 34 de modo expreso el reconocimiento del derecho de fundación para fines de interés general con arreglo a la ley, y este proyecto de ley desarrolla este precepto constitucional. Por tanto, anuncio que mi grupo parlamentario votará en contra de la enmienda de totalidad del Grupo Parlamentario de Esquerra Republicana de Catalunya.


Muchas gracias, señora presidenta.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señora Valcarce.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor Bermúdez.


El señor BERMÚDEZ DE CASTRO FERNÁNDEZ: Gracias, señora presidenta.


Señorías, iniciamos hoy el trámite parlamentario de la nueva ley de fundaciones, una ley muy esperada y que además formaba parte de los compromisos adquiridos por el presidente del Gobierno en el debate de investidura ante esta Cámara, en el que ya adelantó la voluntad del Gobierno de elaborar un nuevo marco legal de fundaciones y además de separar en cuerpos jurídicos diferenciados, de un lado, la regulación sustantiva y procedimental y, de otro, la regulación fiscal en esta materia.


Hoy se va a celebrar el debate de ambas leyes, comenzando por la nueva regulación civil, cuyos objetivos, novedades y principios inspiradores han sido expuestos con meridiana claridad y definidos con toda nitidez en su intervención por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro de la Presidencia, por lo que no me detendré en ellos toda vez que además habrá tiempo suficiente a lo largo del trámite parlamentario para debatirlos y hacer un análisis concreto y detenido de cada uno de ellos.
Lo que sí quiero manifestar en nombre de mi grupo parlamentario es la coincidencia

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con la filosofía de este proyecto de ley y el apoyo tanto al contenido como a la oportunidad política de traer hoy a esta Cámara esta nueva ley de fundaciones. Una ley oportuna, una ley necesaria, que además recoge gran parte de las inquietudes, demandas, reivindicaciones y reclamaciones del sector de fundaciones, con quien nos consta, y así hacia alusión el propio vicepresidente del Gobierno en su intervención, ha habido un previo e intenso diálogo, con ánimo precisamente de que antes de entrar en esta Cámara este proyecto de ley contase ya con un amplio respaldo del movimiento fundacional. Eso, señorías, es una práctica muy beneficiosa y muy saludable en democracia, porque lo que se trata es de legislar no sólo para la sociedad sino también de legislar con la sociedad, y siendo muy positivo que las normas que nazcan de este Parlamento puedan recoger la posición de los distintos grupos parlamentarios, tanto más importante es que incorpore ya las inquietudes y propuestas del sector a quien va a ir destinada. Pues bien, ese enriquecimiento de la norma por parte de las organizaciones más representativas de las fundaciones ya se ha dado y quiero anunciar también en nombre de mi grupo la mayor predisposición para que, a través de un diálogo fluido y espero que fructífero, podamos conseguir que este proyecto de ley, que nace a iniciativa del Gobierno, finalmente lo sea, si no de todos, al menos de la mayor parte de los grupos parlamentarios. Esa ha sido la norma de conducta permanente de mi grupo parlamentario cuando se trata fundamentalmente de desarrollar derechos contenidos en el título I de nuestra Constitución y lo seguirá siendo, máxime en este caso en el que tratamos de desarrollar el derecho de fundación, que ha cobrado una importancia creciente en nuestra sociedad.


Ese incremento que se está produciendo en el ejercicio del derecho de fundación no deja de ser sino un reflejo, un barómetro de lo que es y quiere ser la sociedad española: una sociedad viva, una sociedad articulada y pujante, una sociedad solidaria, una sociedad civil fuerte que reclama un papel protagonista ante los poderes públicos y que por tanto requiere una normativa que sirva de cauce y no de freno a todo ese caudal, a todo ese potencial, a toda esa capacidad de iniciativa.
Precisamente por la confianza en la sociedad civil, unida a una concepción de las relaciones entre los poderes públicos y las fundaciones basadas en la cooperación los principios que inspiran la nueva normativa de fundaciones, no es de extrañar que en su contenido se refleje un mayor grado de autonomía y por tanto una menor intervención de los poderes públicos en la vida de las fundaciones. Por eso no entendemos ni podemos compartir las objeciones y los argumentos en que se basa el Grupo de Izquierda Unida en la enmienda de totalidad a este proyecto de ley. En todo el texto justificativo de su enmienda, si hay algo que late, si hay algo que rezuma, es una desconfianza en la capacidad de iniciativa y de participación de la sociedad civil en la consecución de fines que benefician al conjunto de la sociedad, como si sólo el Estado pudiera velar por el interés general. Eso, señor Rejón, además de no ser cierto, creo que es injusto. Es injusto porque hay miles de asociaciones, miles de organizaciones no gubernamentales y, por su propia naturaleza jurídica, todas las fundaciones, también las de las grandes empresas, que contribuyen a realizar actividades en beneficio de la comunidad. En este campo, como en muchos otros, el Estado tiene limitaciones y por eso siempre es positivo potenciar el ejercicio del derecho de fundación. Para ello, nada mejor que estimular a la iniciativa privada para la realización de actividades de interés general, mediante un tratamiento fiscal atenuado que incentive ese tipo de iniciativas. Esa es la filosofía inspiradora de este proyecto de ley, como también lo fue del proyecto de ley 30/1994 que ustedes, señores de Izquierda Unida, apoyaron en esta Cámara sin reticencias, por lo que no entiendo ahora su cambio de posición y las reticencias -repito- que muestran ahora en esta materia.
No se trata de privatizar ningún servicio público. Yo creo que aquí hay una cierta confusión de conceptos. Hay una clara diferencia entre lo que es una actividad de servicio público y una actividad de interés general.
Eso es de mediana cultura jurídica. Además, en ese campo, los ejemplos que nos ponen, que son las fundaciones universitarias y las fundaciones sanitarias, no son precisamente los más afortunados. Primero porque la posibilidad de que las universidades constituyan fundaciones era algo que ya se preveía en la Ley de 1994 -ahora de forma expresa en la Ley de universidades- y ese acto es una decisión, un acto de liberalidad propio de los órganos de gobierno de una universidad dentro del marco del principio de autonomía universitaria, que espero -no creo- que ahora no quieran poner en entredicho. De otro lado, las fundaciones públicas sanitarias quedan excluidas del ámbito de aplicación de esta ley. Por tanto, los dos ejemplos que nos han puesto en su intervención no parece que sean los más acertados.


Tampoco es contrario ni disfuncional al Estado social y democrático de derecho atribuir mayores potencialidades a las fundaciones, y no porque lo diga yo. Ha sido precisamente el Tribunal Constitucional quien ha dicho justamente lo contrario. Ha dicho que las fundaciones, en un Estado social y de derecho, desempeñan un papel de primera magnitud. Creo que ustedes, cuando han leído en la exposición de motivos de la ley que es pretensión del proyecto de ley reducir el intervencionismo público, probablemente les han saltado las alarmas y han decidido presentar una enmienda a la totalidad, sin pensar ni reflexionar sobre la importancia que tiene en la vida de las asociaciones la reducción de ese intervencionismo, el principio de intervención mínima de los poderes públicos. Eso es algo, además, que ya hicimos en la Ley de asociaciones.
Ese principio de intervención mínima de los poderes públicos en la vida de las asociaciones creemos que

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es positivo que se refleje en esta nueva ley de fundaciones. ¿Por qué? Por el propio concepto de fundación. Porque el derecho de fundación -ya sé que ustedes dicen que es una manifestación del derecho de propiedad- es fundamentalmente una manifestación del derecho de libertad y el ejercicio del derecho de fundación es un acto de liberalidad privado, de aceptar unos bienes al cumplimiento de un fin de interés general y, como tal, no exige más intervención pública que aquella que se deriva de la salvaguarda del fin fundacional. Por eso precisamente, para salvar esa situación, se mantiene en el proyecto de ley la autorización previa de protectorado para enajenar bienes o derechos que formen parte de la dotación o estén directamente vinculados al cumplimiento de los fines fundacionales. Ya sé que no es propio de su ideario defender el ámbito de lo privado ni tampoco las reformas liberalizadoras y sé que además sería inútil y ocioso por mi parte intentar ahora, desde esta tribuna, convencerle de lo contrario, pero llevar esa hostilidad o esas reticencias al campo de las fundaciones, créame, señor Rejón, es un error y es estar en contra de toda una corriente europea favorable a esta institución, como recordaba muy acertadamente en su intervención el vicepresidente del Gobierno y alguno de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra. En fin, es su posición, que respetamos, pero lógicamente no compartimos.


Por último, lo que no entendemos es esa crítica que nos ha realizado -y también la señora Valcarce- por excluir del ámbito de aplicación de esta ley a las fundaciones de la Iglesia católica.No entendemos esa crítica, y especialmente no entendemos que venga de usted, señora Valcarce, puesto que no es ninguna novedad. Esa previsión ya se contemplaba en la disposición adicional tercera de la Ley 30/1994. Sí, señora Valcarce, lo único que estamos haciendo es reproducir eso que ya aparecía contemplado en dicha disposición, ampliándolo a otras iglesias y confesiones religiosas, lo mismo que hicimos, de acuerdo con ustedes, en relación con la Ley de asociaciones. Haga usted un repaso. Además, realizando esto lo único que hacemos es respetar el sistema de fuentes establecido, tal y como hicieron ustedes en la Ley de 1994, respetar los acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede, que tienen plena vigencia y además -quiero recordarlo- la categoría de tratado internacional, por lo que con una ley ordinaria no se puede modificar lo que contiene un tratado internacional. Por tanto, no entiendo cómo usted, señora Valcarce, cuando resulta que apoyaron con decisión, habiéndose glosado además el reconocimiento de lo que supuso, algo que yo también hago desde esta tribuna, la Ley de 1994, puede criticar lo que ustedes ya establecieron en una disposición adicional de dicha ley.


A juicio del Grupo Parlamentario Popular, no hay razones que justifiquen la devolución de este proyecto de ley; antes al contrario, hay muchos y sobrados argumentos para defenderlo. Con este proyecto de ley, señorías, daremos respuesta a las demandas del sector fundacional y superaremos las insuficiencias y el déficit de regulación de la vigente legislación, algo que ha sido puesto de manifiesto por la doctrina científica, pero no se preocupen, mantendremos -lo ha dicho el vicepresidente- el actual marco competencial y se recogerá el respeto de los derechos civiles, morales y especiales allí en las comunidades autónomas en donde existan. Lo que sí espero, señorías, es que con las aportaciones de los distintos grupos parlamentarios elaboremos una buena ley, una ley que además tenga vocación de permanencia en el tiempo. ¿Por qué? Porque se trata de una ley trascendental, que incide directamente en la articulación de las relaciones entre los poderes públicos y la ciudadanía, unas relaciones que son cada día más frecuentes e intensas y que demuestran el creciente compromiso de la sociedad civil española de coadyuvar con los poderes públicos en la consecución del interés general, de mejorar la sociedad en la que vivimos. Con esta ley favoreceremos esas relaciones, fortaleceremos ese compromiso y daremos un paso más en el reconocimiento de la importantísima labor que realiza en favor de nuestra sociedad el conjunto de las fundaciones en España.


Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Bermúdez. (La señora presidenta ocupa la presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ruego que ocupen sus escaños.


Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución, presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, al proyecto de ley de fundaciones, puesto que la enmienda presentada por el señor Puigcercós, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido retirada.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 269; a favor, seis; en contra, 176; abstenciones, 87.


La señora PRESIDENTA: Queda por tanto rechazada.


AVOCACIÓN POR EL PLENO:

-DEL PROYECTO DE LEY DE FUNDACIONES. (Número de expediente 121/000105.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento, se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de fundaciones. ¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

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En consecuencia, queda aprobada la propuesta de avocación.


- PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 121/000106.)

La señora PRESIDENTA: Debate de totalidad del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


Para la presentación del referido proyecto de ley, tiene la palabra el señor ministro de Hacienda. (Rumores.)

Señorías, es preciso que continuemos con el debate, con lo cual les ruego que permitan que se den en la Cámara las condiciones precisas para ello.
(Pausa.)

Cuando quiera, señor ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora presidenta, señorías, tengo el honor de presentar a la Cámara el proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que mejora considerablemente el régimen fiscal de las entidades sin fin de lucro y establece importantes incentivos para fomentar las actividades de mecenazgo por los particulares. Una vez más, el Gobierno trae a esta Cámara un proyecto de ley que da cumplimiento a un compromiso del Partido Popular contraído con los ciudadanos en el programa electoral del año 2000. Era necesaria una nueva regulación para estimular aún más la participación de la sociedad en actividades de interés social y para garantizar que los beneficios fiscales que se conceden cumplan la finalidad social que se persigue.


El primer objetivo de esta ley es dar más apoyo a las personas o colectivos más necesitados, por ejemplo, niños y jóvenes con problemas especiales, personas mayores dependientes, discapacitados, víctimas de malos tratos, minorías étnicas, marginados, proyectos de cooperación con países menos desarrollados y un largo etcétera de personas y situaciones que requieren una solidaridad activa y eficiente. Por eso esta ley es un instrumento más para mejorar la cohesión social en nuestro país y la solidaridad internacional. La ley persigue también otros fines, el apoyo a las diversas manifestaciones culturales, la defensa del patrimonio histórico y artístico, la conservación del medio ambiente, las iniciativas de mejora y complementación de los servicios de sanidad y educación, los proyectos de investigación y desarrollo y el apoyo a la educación física y a la práctica del deporte. Este proyecto de ley es un estímulo para impulsar la emergencia de la sociedad civil en España. La ley ensancha los cauces para la participación de la iniciativa privada en actividades de interés general, porque la sociedad civil puede y debe contribuir directamente al progreso y al bienestar. Esta ley facilita esta iniciativa social, complementaria a las funciones del Estado. Los Estados de las sociedades desarrolladas deben sustentarse cada vez más en la libre iniciativa solidaria de los ciudadanos. La existencia de un amplio sector privado orientado hacia fines de interés público ayuda a encontrar un equilibrio entre las virtudes de creatividad y eficiencia de lo privado y la orientación al bien común propia de lo público. Cuando la sociedad asume actividades de interés general no se debilita el Estado, sino todo lo contrario, el Estado se refuerza con la mayor participación de la sociedad en sus funciones y responsabilidades. La reforma del Estado no consiste en reducirlo, sino en reconstruirlo y revitalizarlo constantemente desde la sociedad. Además, este es un proyecto de ley oportuno que llega en el momento adecuado para contribuir a canalizar hacia fines de interés general los beneficios del crecimiento de estos últimos años con la concesión de importantes incentivos fiscales a las actividades de interés general que supone en muchos casos una exención total del pago de los impuestos.

La iniciativa social juega un papel destacado en el desarrollo de actividades de interés público mediante la constitución de organizaciones sin fines lucrativos que persiguen directamente objetivos de interés general o mediante aportaciones dinerarias o no dinerarias a favor de dichas entidades. El intenso proceso de crecimiento económico y de creación de empleo que ha experimentado nuestro país en los últimos años ha tenido además una dimensión internacional innegable. En un plazo muy corto de tiempo, España ha pasado de ser una economía relativamente cerrada a convertirse en una de las economías más abiertas del mundo desarrollado. Nuestra economía ha sido capaz de competir con éxito en los mercados internacionales y la presencia de España en el mundo es hoy muy superior a la de hace tan sólo unos pocos años. Como consecuencia del elevado crecimiento económico y de la internacionalización de nuestra economía, estamos en mejor disposición para potenciar las actividades sin ánimo de lucro y de mecenazgo, tanto dentro de España como en la cooperación con los países menos desarrollados. Con este proyecto de ley queremos establecer el mejor cauce para aprovechar al máximo la eficacia con la que estas entidades de naturaleza privada atienden las actividades de interés general y procurar el mayor rendimiento social de las donaciones de los particulares y de las sociedades. La Ley 30/1994, de fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, es ya un marco estrecho para abarcar la realidad actual y del todo insuficiente para encauzar el gran potencial de estas actividades en nuestro país. Es imprescindible por tanto una nueva ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, que el Gobierno presenta hoy al Parlamento.


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Señorías, antes de pasar a una somera descripción del contenido de este proyecto de ley, quiero destacar que esta iniciativa está en plena coherencia con las orientaciones generales de nuestra política económica.
En efecto, toda nuestra política económica es una opción a favor de la iniciativa de la sociedad y de la estabilidad, que son los ejes de la política presupuestaria, tributaria y de liberalización de mercados y factores de producción. La consolidación fiscal de estos años hasta el equilibrio presupuestario, conseguida gracias a la disciplina del gasto corriente, ha sido un poderoso estímulo de la iniciativa económica de los ciudadanos, respaldada por la abundante financiación que ha liberado el ahorro público. Del mismo modo, las bajadas de los impuestos aumentan la disponibilidad financiera de las empresas y de las familias y estimulan el crecimiento económico y la creación de empleo. Este proyecto de ley es, de hecho, un eslabón más de nuestra reforma fiscal que está modernizando el sistema impositivo español para hacerlo más justo y más eficiente. En las reformas del impuesto sobre la renta de las personas físicas de 1998 y en la que actualmente se está debatiendo en esta Cámara se baja el impuesto a todos los ciudadanos, pero de un modo especial a las rentas más bajas, a las familias, a los mayores y a los discapacitados. Los resultados de la reforma de 1998 nos muestran que en los dos primeros años de aplicación la reducción media del impuesto ha sido de un 13,7 por ciento, mientras que para las rentas inferiores a 12.000 euros la reducción ha ascendido al 40,5 por ciento. Del mismo modo, la actual reforma del impuesto sobre la renta supone una reducción media del 11 por ciento, mientras que para las rentas inferiores a 12.000 euros esta reducción se eleva hasta el 38 por ciento.


Este proyecto de ley que hoy tengo el honor de defender es también una reforma fiscal que canaliza recursos económicos a favor de los sectores más desfavorecidos y de otros objetivos sociales y culturales de interés público. La política económica aplicada en España por el Gobierno del Partido Popular desde 1996 ha reducido asimismo el déficit público año tras año hasta conseguir el equilibrio presupuestario y ha saneado la Seguridad Social hasta un superávit capaz de hacer frente a las crecientes demandas de la protección social, pero sabemos que en este terreno es necesario tener más capacidad de respuesta si queremos satisfacer las necesidades del próximo futuro. Con la economía sustentada en el equilibrio económico y presupuestario, es posible preparar con perspectiva un nuevo modelo de sociedad del bienestar, un modelo que también en este campo estimule la previsión y la iniciativa de las familias, las empresas y las organizaciones sociales. En el nuevo modelo de sociedad de bienestar, las instituciones sin ánimo de lucro y el mecenazgo están empezando a cumplir ya una importante función complementaria del sistema público, que está llamada a experimentar un amplio desarrollo en los próximos años.


Señorías, en España, el denominado tercer sector, compuesto por entidades privadas sin ánimo de lucro y con gran participación voluntaria, está iniciando un proceso de crecimiento al cual están contribuyendo los cambios económicos y sociales de los últimos años. En la actualidad existen en nuestro país alrededor de 200.000 organizaciones no lucrativas, gran parte de ellas de reducida dimensión, en las que colabora cerca de un millón de personas, algunas con puestos de trabajo remunerados y la mayoría como voluntarios. Esta nueva ley de mecenazgo sustituirá al título II de la Ley 30/1994, ya que el Gobierno ha decidido separar la regulación sustantiva de los preceptos fiscales. Por tanto la iniciativa que ahora nos ocupa va a contemplar únicamente y con carácter general la tributación de las entidades sin fines de lucro y los incentivos fiscales al mecenazgo, mientras que la regulación sustantiva se recoge en el proyecto de ley de fundaciones que acaba de ser presentado en esta Cámara.


Los objetivos fundamentales que el Gobierno se ha propuesto con la aprobación de esta nueva ley son los siguientes: mejorar la fiscalidad de las entidades sin fines lucrativos, ampliando sustancialmente las exenciones para las rentas que obtengan y para las actividades que desarrollen; simplificar el régimen aplicable a estas entidades reduciendo la intervención administrativa y aumentando su seguridad jurídica; contribuir a una mayor transparencia en su gestión que permita garantizar un mejor conocimiento por parte de la Administración y de los ciudadanos del fin al que se han destinado esos recursos, y, por último, incrementar los incentivos fiscales a la participación de la sociedad civil en actividades de interés general.


El contenido de la ley se estructura en dos grandes bloques. En primer lugar, el régimen fiscal especial de las entidades sin fines lucrativos, regulado en el título II, y, en segundo lugar, los incentivos fiscales al mecenazgo contemplados en el título III. A efectos de la presente ley, tendrán la consideración de entidades sin fines lucrativos las fundaciones, las asociaciones declaradas de utilidad pública, las organizaciones no gubernamentales, las delegaciones de fundaciones extranjeras, las federaciones deportivas, El Comité Olímpico y Paralímpico Español y las federaciones y asociaciones de las entidades citadas. Para que estas entidades puedan disfrutar del régimen fiscal especial que la ley crea deberán cumplir unos determinados requisitos.
Primero, perseguir fines de interés general, como son, entre otros, la defensa de derechos humanos, la asistencia e inclusión social, los objetivos de interés público de carácter cívico, educativo, cultural, científico, deportivo, sanitario, laboral, de fortalecimiento institucional, de cooperación al desarrollo, promoción del voluntariado y de la acción social, defensa del medio ambiente, fomento de la economía social, desarrollo de la

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sociedad de la información, investigación científica y desarrollo tecnológico. Segundo, destinar a la realización de dichos fines al menos el 70 por ciento de los ingresos y resultados que obtengan por cualquier concepto. El resto deberá incrementar la dotación patrimonial. Este requisito es precisamente el que garantiza, en última instancia, que la actividad de las entidades sin fines de lucro y sus recursos se dirigen al cumplimiento de los fines de interés general que constituyen su objeto social. Tercero, que su actividad principal no consista en el desarrollo de explotaciones económicas distintas de las consideradas de interés general en la propia ley. Cuarto, los fundadores, asociados, patronos, representantes estatutarios y miembros de los órganos de gobierno, así como sus cónyuges y parientes hasta el cuarto grado, no podrán ser, con carácter general, los destinatarios principales de las actividades que realicen las entidades, ni podrán beneficiarse de condiciones especiales para utilizar sus servicios. Quinto, los cargos de patrono, representante y miembro del órgano de gobierno deberán ser gratuitos, así como los de administrador que la entidad haya nombrado en las sociedades mercantiles en que participe. Sexto, en caso de disolución, su patrimonio deberá destinarse íntegramente a alguna de las entidades a las que sea de aplicación el régimen fiscal de la ley o a entidades públicas de naturaleza no fundacional que persigan fines de interés general. Séptimo, deberá inscribirse en el registro que corresponda, de acuerdo con su naturaleza jurídica. Octavo, deberá cumplir las obligaciones contables y de rendición de cuentas previstas en su normativa específica o, en su defecto, en el Código de Comercio. Por último, deberá elaborar una memoria económica anual en la que se especifiquen los ingresos y gastos del ejercicio por categorías y proyectos, así como el porcentaje de participación que mantengan en entidades mercantiles.


Las entidades sin fines de lucro que cumplan todos los requisitos citados estarán exentas en el impuesto sobre sociedades por la obtención de las siguientes rentas: los ingresos por donativos y donaciones, las cuotas satisfechas por los asociados, colaboradores o benefactores y las subvenciones; las procedentes del patrimonio mobiliario e inmobiliario de la entidad como, por ejemplo, los dividendos, intereses, cánones y alquileres; las derivadas de adquisiciones y transmisiones de bienes y derechos por cualquier título; las obtenidas en el ejercicio de explotaciones económicas, siempre y cuando sean desarrolladas en cumplimiento de su objeto o finalidad específica y se hallen incluidas en la relación del artículo 7 de la ley que enumeraré a continuación: prestación de servicios de asistencia social e inclusión social, entre los que se encuentran la protección de la infancia y de la juventud, la asistencia a la tercera edad, a discapacitados, a víctimas de malos tratos, a minorías étnicas, a refugiados y asilados, a emigrantes e inmigrantes, a ex reclusos, a alcohólicos y toxicómanos, la acción social comunitaria y familiar, la reinserción social y prevención de la delincuencia, la cooperación para el desarrollo y la inclusión social de las personas que pertenezcan a alguno de los colectivos citados.
Prestación de servicios de hospitalización y asistencia sanitaria, investigación científica y desarrollo tecnológico, explotación de los bienes declarados de interés cultural, así como de museos, bibliotecas, archivos y centros de documentación, en cuanto se facilite su acceso al público. Organización de representaciones musicales, coreográficas, teatrales o circenses. Explotaciones económicas de parques y otros espacios naturales protegidos. Educación infantil, incluida la guarda y custodia de niños hasta 3 años; educación especial y compensatoria; educación permanente y de adultos y, en general, la práctica totalidad de las actividades de enseñanza y formación profesional. Organización de conferencias, coloquios, cursos o seminarios; edición de libros, revistas, folletos y material audiovisual. Prestación de servicios de carácter deportivo a personas físicas, con excepción de los relacionados con espectáculos deportivos y de los prestados a deportistas profesionales. Las explotaciones económicas que tengan un carácter meramente auxiliar o complementario del objeto de la entidad -tendrán esta consideración todas aquellas cuya cifra neta de negocios no exceda del 20 por ciento de sus ingresos totales- y las explotaciones económicas calificadas en la ley de escasa relevancia por no superar en su conjunto un volumen de ingresos de 20.000 euros.


En consecuencia, las entidades sin fines lucrativos que reúnan los requisitos para acogerse al régimen fiscal de la ley sólo tributarán en el impuesto sobre sociedades por las rentas que obtengan en el desarrollo de explotaciones económicas distintas de las que acabo de citar. La base imponible, integrada exclusivamente por estas rentas no exentas, será gravada a un tipo reducido del 10 por ciento. Para la aplicación del régimen fiscal descrito bastará con la comunicación de la opción elegida a la Agencia Tributaria por parte de la entidad que cumpla los requisitos de la ley; automatismo que elimina la discrecionalidad actual y que se extiende al impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Asimismo, la entidad que opte por la aplicación del régimen también obtendrá la exención en los tributos locales que gravan los bienes inmuebles, las actividades económicas y el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.


Señorías, pasaré ahora a describir los incentivos al mecenazgo, regulados en el título III de esta ley y que serán de aplicación a los donativos, donaciones y aportaciones que se hagan a favor de: las entidades sin fines lucrativos a las que sea de aplicación el régimen fiscal establecido en el título II de la ley que acabo de exponer; el Estado, las comunidades autónomas y las entidades locales, así como sus organismos y entidades autónomas; las universidades públicas y los colegios mayores adscritos a las mismas, y el Instituto Cervantes

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e instituciones con fines análogos de las comunidades autónomas con lengua oficial propia.


Las personas físicas que realicen donaciones a favor de las citadas entidades tendrán derecho a deducir en la cuota íntegra del IRPF el 25 por ciento de su valor, frente al 20 por ciento contemplado en la ley vigente. Respecto a las personas jurídicas, se establece una deducción en la cuota del impuesto sobre sociedades del 35 por ciento del valor del bien donado, con el límite del 10 por ciento de la base imponible. El exceso, en su caso, se podrá aplicar en los diez años inmediatos y sucesivos. Este sistema de deducción en cuota sustituye al actual de deducción en la base imponible. Los contribuyentes del impuesto sobre la renta de no residentes también podrán aplicar los incentivos al mecenazgo, que consistirán en una deducción en cuota del 25 por ciento sobre el valor de la donación, cuando operen en territorio español sin establecimiento permanente, o del 35 por ciento, cuando operen mediante establecimiento permanente. Si como consecuencia de la donación o aportación realizada por la persona física o jurídica se hubiera puesto de manifiesto una ganancia patrimonial, esta quedará exenta de tributación para el donante.


El proyecto de ley también prevé que las leyes de Presupuestos Generales del Estado podrán establecer una relación de actividades prioritarias de mecenazgo respecto a las cuales se podrán elevar en cinco puntos porcentuales como máximo los porcentajes de deducción en el IRPF y en el impuesto sobre sociedades alcanzando hasta el 30 y el 40 por ciento respectivamente. Respecto de las cantidades satisfechas y de los gastos realizados en el desarrollo de convenios de colaboración empresarial y actividades de interés general, la ley contempla su deducción total en la base imponible del impuesto personal que corresponda, sin los límites contenidos en la vigente Ley 30/1994.


Por último, la norma regula los programas de apoyo o conjunto de incentivos fiscales aplicables a las actuaciones que se realicen para asegurar el adecuado desarrollo de acontecimientos de especial relevancia que así se determinen por norma legal. El proyecto de ley finaliza con una serie de disposiciones adicionales y transitorias entre las que cabe destacar la creación de una deducción del 15 por ciento en la cuota del IRPF y del impuesto sobre sociedades del importe de inversiones o gastos que se realicen para la protección y difusión del patrimonio histórico español y de las ciudades, conjuntos y bienes españoles declarados patrimonio mundial por la UNESCO. Estas disposiciones adicionales y transitorias en su conjunto pretenden facilitar el cambio normativo que supondrá la entrada en vigor de la nueva ley, manteniendo durante un plazo de dos años la vigencia de las exenciones concedidas al amparo de la Ley 30/1994 y respetando el actual estatus fiscal de determinadas instituciones con gran relevancia social como la Cruz Roja Española, la Organización Nacional de Ciegos Españoles, la Iglesia católica y demás iglesias, confesiones y comunidades religiosas que tengan acuerdos de cooperación suscritos con el Estado español.


Señorías, en este proyecto de ley el Gobierno propone a las Cortes la aprobación de importantes incentivos fiscales para respaldar la iniciativa de los ciudadanos y de las organizaciones sociales que quieran contribuir a mejorar las condiciones de vida de los grupos más necesitados, a promover la cultura, la educación, la investigación, la protección del medio ambiente y demás actividades de interés general.
Este proyecto de ley contiene una nueva reforma fiscal que refuerza la equidad de nuestro sistema tributario y al mismo tiempo mejora la eficacia de las políticas públicas gracias a la mayor participación de la iniciativa social. Con esta reforma fiscal aumentarán considerablemente los recursos disponibles en mano de las entidades sin fines de lucro para llevar adelante sus iniciativas. Por otro parte, el proyecto de ley contiene los instrumentos necesarios para garantizar que estos recursos bonificados se dediquen de hecho a las actividades previstas. El incremento de las entidades no lucrativas y de las actividades de mecenazgo supone un paso más en la evolución hacia una auténtica sociedad del bienestar en la que los servicios públicos que presta el Estado se potencian y complementan con la actividad de las familias, las empresas y las organizaciones sociales que deseen contribuir al interés general.


Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor ministro.


Para la defensa de la enmienda a la totalidad de devolución presentada por el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, tiene la palabra el señor Rejón.


El señor REJÓN GIEB: Señora presidenta, señorías, señor ministro, voy a utilizar, espero que no sea de forma torticera, la defensa de la enmienda a la totalidad para responder a parte de la intervención del portavoz del Grupo Popular, sabiendo que no le dejo en indefensión, porque luego cerrará sin duda un compañero de la misma formación política. No lo voy a hacer de forma torticera porque sin duda hubiera sido conveniente -no me voy a meter, Dios me guarde, en la estrategia parlamentaria del Gobierno de la nación- que estos dos proyectos de ley hubieran venido juntos como han estado hasta ahora. Por tanto, si utilizo la defensa de la enmienda de totalidad de uno para hablar de la otra, al fin no estoy más que retomando la virtud originaria. En ese sentido, el señor Bermúdez de Castro, con el tono educadísimo que siempre le caracteriza, decía: al señor Rejón bien en la exposición de motivos o en el prólogo se le cruzaron los cables, se le encendieron todas las luces y arremetió. No.
Usted sabe que ya estuvimos discutiendo, Castellana arriba, en una mesa redonda

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hace ya meses, sobre un proyecto de ley o borrador de fundaciones y de mecenazgo. Por cierto, es una cosa muy curiosa que para algunas leyes el Consejo de Ministros, el Gobierno, tenga una gran habilidad para hacerlas llegar a todo el mundo antes que a los grupos parlamentarios. Alguien podrá decir: ¿le molesta que la sociedad civil se entere antes que los grupos parlamentarios? No, lo que me molesta es que por lo menos no me entere al mismo tiempo. Con razón o sin razón desde su punto de vista, que es tan legítimo como el nuestro, hemos presentado una enmienda no porque se nos calentara la boca ni se nos cruzaran los cables, sino porque sencillamente tenemos esa percepción.


El Grupo Federal de Izquierda Unida, señorías, considera imposible, y lo decía antes, analizar esta norma sobre el mecenazgo si no es relacionándola como parte de un todo con el proyecto de ley de fundaciones. Es cierto que el proyecto de ley de mecenazgo excede los límites de la forma jurídica de la fundación y que se adentra por los territorios de las asociaciones, federaciones deportivas o las ONG, etcétera, pero todos sabemos que las ONG y asociaciones tienen un peso económico y financiero infinitamente menor que el que tienen las más de 5.500 fundaciones que hay en España, ya que estas facturan unos 24.000 millones de euros al año, cerca de los cuatro billones de antiguas pesetas.


Señor Bermúdez de Castro y señorías, les puedo asegurar que no hay desconfianza ninguna por parte de mi grupo parlamentario hacia las fundaciones. Aquí el que más y el que menos tiene alguna que otra fundación y no es cosa de empezar a tirarnos piedras sobre los propios tejados. Sin embargo, hay fundaciones y fundaciones y no sería conveniente que, como en un mal enroque, rey o reina, en este caso el rey, se escondiera detrás de los humildes peones. Hay que ver las de ONG, de gente buenecita y de fundaciones que hay por ahí de las que ustedes están desconfiando. No desconfiamos de ellos, señorías. Desconfiamos de otros.


Nadie pondrá en duda que sin estar ante una norma que de aplicarse exclusivamente a las fundaciones estaríamos analizando desde otro punto, si esta ley del mecenazgo va a estar principalmente ligada a la vida diaria de las fundaciones, que son, por su propia naturaleza de universitas rerum, susceptibles de poder acceder a prácticamente todas las ventajas fiscales y económicas, estaríamos hablando de otra situación distinta. Por otra parte, y le concedemos una tremenda importancia a este hecho, es innegable, señor Montoro, que no se puede analizar el régimen de beneficios económicos, fiscales y jurídicos de todas estas figuras, y muy especialmente el de las fundaciones, sin tener en cuenta el papel que el Gobierno concede a estas formas jurídicas y, entre ellas, a las fundaciones. Como ya se ha justificado o se ha intentado al menos en la enmienda a la totalidad al proyecto de ley de fundaciones, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida no comparte el interés del Gobierno en promover formas directas o indirectas de privatización de servicios sociales y de reducción del ya de por sí débil Estado social español. En este terreno es importante tener claras las relaciones que el Gobierno del PP realiza entre mecenazgo, fundaciones y servicio público.
(La señora vicepresidenta, Mariscal de Gante Mirón, ocupa la presidencia.)

Ya hemos justificado suficientemente en el anterior debate lo peligroso que resulta considerar a las fundaciones como entidades de prestación de servicios públicos o parapúblicos, pues un Gobierno conservador y ultraliberal como el del PP utilizará sin duda esta técnica -ya viene utilizando una cosa similar- no para incrementar el nivel de bienestar de los españoles, sino para debilitar a las administraciones públicas y a los servicios y prestaciones públicas. Por ello, sin ni siquiera entrar a juzgar las concretas medidas públicas de apoyo fiscal y económico a fundaciones, asociaciones, ONG y federaciones deportivas contenidas en esta norma, este grupo parlamentario entiende que el proyecto de ley de mecenazgo es peligrosamente instrumental a una determinada concepción del Estado y de Administración pública, que pretende reducir el Estado social y privatizar directa o indirectamente servicios y prestaciones sociales.
Como es obvio, no todo beneficio fiscal concedido a toda fundación es per se o ipso facto una amenaza para el Estado social y los servicios públicos, quede ya en defensa ante posibles ataques, pero no me negarán ustedes, señorías, al menos desde los bancos de la izquierda, que cuando se le abre un poquito la puerta a este Gobierno ultraliberal del PP, entra en tromba y va mucho más allá de lo que en principio se pensaba. Ya sabemos que hay que separar las fundaciones que realizan labores de interés social de las que simplemente benefician a las corporaciones que las crearon, pero además debemos diferenciar las fundaciones que fortalecen la cohesión social de aquellas que pueden dañar nuestro débil e incipiente Estado de bienestar. En estas dos operaciones de disección está, a nuestro juicio, la clave de la diferencia que hay entre entregar beneficios fiscales, es decir, privar al sector público de casi 50 millones de euros anuales, a entidades que favorezcan los intereses generales o a entidades que los perjudiquen. Sin perjuicio de que este grupo parlamentario con las enmiendas parciales al proyecto de ley de mecenazgo fije su postura respecto a la ayuda pública económica, fiscal y financiera a fundaciones, asociaciones, ONG y federaciones deportivas, no podemos sustraernos a nuestra obligación de enmendar el fin último de esta norma, cual es reducir el Estado social y privatizar servicios y prestaciones públicas en España, y no nos permitimos dejarnos distraer por el debate, interesante y necesario pero al fin y al cabo parcial, de los incentivos económicos concretos, debate en el que también entraremos a través de las enmiendas parciales, pero en este momento consideramos que no es el asunto clave. La clave en este momento está en la llamada de atención a los bancos de la

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izquierda con relación a la conexión entre el proyecto de ley de fundaciones y este de mecenazgo y la necesaria defensa de nuestros servicios y prestaciones sociales que, como gustan de decir últimamente desde los escaños socialistas, son verdaderas máquinas al servicio de la igualdad social. Nuestra gran preocupación, señorías, señor ministro, con relación a estos dos proyectos de ley, el anterior de fundaciones y el actual de mecenazgo, es si los mismos añaden posibilidades de igualdad social a través de la conjunción del esfuerzo de unas administraciones públicas fuertes y una sociedad civil sana, o si, por el contrario, en manos del Gobierno del Partido Popular estos dos proyectos de ley no pueden llegar a significar un ataque velado, pero al fin y al cabo ataque, al propio concepto de servicio público y, lo que es más importante, al papel de tutela de las administraciones públicas respecto a los derechos sociales y económicos de las ciudadanas y ciudadanos españoles. Como ya hemos hecho con el proyecto de ley de fundaciones, invitamos a SS.SS. a reflexionar sobre estos razonamientos. Pedimos a los grupos parlamentarios de la denominada izquierda plural que consideren en calma y con calma lo que está en juego en esta coyuntura y que apoyen nuestra enmienda de totalidad al proyecto de ley de mecenazgo. Sin duda, como dije al final en el proyecto de ley de fundaciones, señorías, no hace falta decir que esta enmienda a la totalidad no va a salir. Vamos a ir con este texto del proyecto de ley tal cual a ponencia y Comisión, presentaremos enmiendas y espero, señorías, por parte en este caso del Grupo Popular, una postura similar al menos a la que se tuvo en un momento respecto a la negociación de la modificación de la Ley de Tráfico. Creo que ahí, todos y, al fin y al cabo, las ciudadanas y ciudadanos, para los que estamos aquí, salimos beneficiados.


Muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA: (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Rejón.


¿Grupos que desean fijar posición? (Pausa.)

En nombre del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, señor Mardones.


El señor MARDONES SEVILLA: Muchas gracias, señora presidenta.


Mi grupo ha hecho una lectura diametralmente distinta de la que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, buen amigo y respetado señor Rejón, con quien he compartido muchas identidades culturales en el patrimonio histórico, cultural, pictórico y literario español. Vamos a apoyar el texto del Gobierno, y por tanto vamos a votar en contra de esta enmienda de totalidad, por las siguientes razones.


A nuestro juicio hay un hecho verdaderamente objetivo, y lo ha señalado el ministro de Hacienda señor Montoro, y es que la Ley 30/1994, de Fundaciones y de incentivos fiscales a la participación privada en actividades de interés general, está obsoleta, está desfasada. Aquella ley tenía una serie de reticencias fiscales para evitar supuestas evasiones de impuestos y reducción encubierta de los mismos en determinadas entidades con la excusa -vamos a llamarlo así entre comillas- de hacer actividades de tipo cultural o patrimonial en cualquiera de los órdenes históricos de la cultura en España. Pero hemos visto que al calor de una situación económica hay una serie de entidades, personas físicas o jurídicas, que tienen un afán de proteger todo un patrimonio cultural a través de una serie de inversiones, y que una manera de incentivar ese tema y no dejárselo, por poner un ejemplo, solamente a la red museística estatal, autonómica o local, era hacer bueno el significado tanto semántico como etimológico de la palabra mecenazgo, es decir la historia del mecenas como una persona que ayuda a artistas al uso de un instrumento de la cultura a través de una bonificación económica. Ese es el origen del mecenazgo semántica y etimológicamente hablando, y está en la historia.


¿Con qué nos encontrábamos al hacer la aplicación de la Ley 30/1994? En primer lugar, una suspicacia para quien quisiera ejercer esta actividad, una presunción de algo negativo para los intereses fiscales estatales, que se traducía en una indiferencia del poder administrativo ejercido por la Hacienda Pública hacia las actividades de interés general en el ámbito de la cultura. Por tanto ese régimen, como bien se señala en la exposición de motivos y ha señalado el señor ministro de Hacienda, ha quedado desfasado por su rigidez, y a estas entidades sin fines lucrativos, una de las características de la ley, era necesario flexibilizarles esos requisitos y darles un tratamiento fiscal distinto, porque si derogáramos ahora esta norma, lo que pretende la enmienda de totalidad de devolución, sería como decir: no se dé este paso de avance y vuélvase a la situación que contemplaba la Ley 30/1994. Cualquier cosa que supere esta rigidez y falta de flexibilidad en el tratamiento fiscal de las actuaciones de mecenazgo cultural sería ir en contra de dar un paso adelante y dar un paso atrás, bastante impresentable en este momento cuando España está mereciendo la atención de UNESCO con ciudades patrimonio de la humanidad, patrimonio histórico, una serie de bienes culturales que es necesario tratar fiscalmente para que tengan un incentivo, porque de otra forma no lo va a haber.


El proyecto de ley que ha traído el Gobierno es merecedor de nuestro apoyo porque va a señalar todas estas actividades, incluso al amparo del artículo 149.1.14.ª de la Constitución española donde dice que hay que incentivar que una serie de particulares, en una situación económica desahogada, puedan invertir en ese patrimonio. Solamente estamos siguiendo una senda que ya hace muchos años el fisco de Estados Unidos ha entendido, y esto ha permitido enriquecer las colecciones privadas, museísticas y públicas en

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Estados Unidos y en otros países que la han seguido. Creo que en este momento España con este proyecto de ley moderniza la contemplación y el tratamiento de estos bienes culturales de interés general que hay ahí.


En el título II se señalan una serie de requisitos que, así como el Título II de la Ley 30/1994 estaban en una situación de obsolescencia, una serie de rigideces que hacen totalmente inoperante este principio aceptado cultural y fiscalmente por muchos países, ahora vienen unas garantías que no son ya de suspicacia sino de ordenar. Se mantiene el requisito previsto en la legislación anterior de destinar a la realización de los fines de interés general al menos el 70 por ciento del resultado de las explotaciones económicas que realicen. Las entidades y fines lucrativos podrán adquirir libremente participaciones en sociedades mercantiles. Se establece como nuevo requisito que el importe neto de la cifra de negocios del ejercicio correspondiente al conjunto de las actividades económicas no exentas del impuesto sobre sociedades no supere el 30 por ciento de los ingresos totales de la entidad. Para acogerse al régimen fiscal se exige que los órganos rectores deban ser gratuitos. Había una suspicacia en la Ley de 1994 que parecía pretender que entidades físicas o jurídicas creaban una línea de mecenazgo para tener retribuidos en unos consejos de administración a una serie de señores y tener ahí un subterfugio por esa vía de desviación de rentas y disminución de impuestos. Con esta ley se exige esta gratuidad de los órganos rectores; igual gratuidad que se extiende a los administradores de entidades mercantiles designados por las entidades sin fines de lucro para participar en su capital. Se detalla de forma minuciosa el destino del patrimonio de estas entidades en caso de disolución. Se hacen las garantías pertinentes en el listado que hay de entidades que van a ser beneficiarias. Por todo esto, señora presidenta, mi grupo entiende que nos encontramos ante un proyecto de ley que necesita un estímulo y un apoyo. Mi grupo se lo va a dar porque hacemos un cambio. Posiblemente en los próximos años veremos sus resultados, es decir la bondad de la norma, y en aquellas situaciones en que se vea que existen líneas de rigidez o de flexibilidad en el comportamiento de la norma, porque esta norma va a ser utilizada de manera activa por personas físicas o jurídicas privadas, entonces el Gobierno, la Administración fiscal del Estado, o en su caso de las comunidades autónomas que también se reconocen en la ley, actuará como órgano pasivo en la aplicación de la bondad de esta ley; pero quien la tiene que utilizar es la sociedad española, la sociedad civil con sus personas físicas o jurídicas. De aquí que mi grupo valore positivamente esta cuestión. No recoge ni acepta los argumentos que se han dado en la enmienda de totalidad de devolución, vamos apoyar el proyecto del Gobierno y vamos a votar en contra de la enmienda de totalidad.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Mardones.


Por el Grupo Parlamentario Vasco (PNV), señor Erkoreka.


El señor ERKOREKA GERVASIO: Gracias, señora presidenta.


En nombre del Grupo Vasco voy a fijar su posición en relación con el proyecto de ley de régimen fiscal de entidades sin fines lucrativos y de mecenazgo.


Como ya se ha señalado y se deriva de la propia denominación, el proyecto de ley objeto de debate tiene como finalidad ampliar algunos incentivos fiscales previstos en la ley 30 /1994, de acuerdo con las actuales tendencias de participación de la sociedad en el desarrollo e impulso de las actividades de interés general.


Este proyecto pretende solucionar los problemas detectados en la normativa específica con que se dotó a estas entidades el año 1994, la cual ha quedado desfasada como consecuencia de la impresionante evolución sufrida desde entonces por el tercer sector, evolución que ha impulsado la creación de un nuevo concepto de entidad no lucrativa, viva y dinámica, cuyo ámbito de actuación, y por ende de obtención de recursos, crece con la finalidad de atender de forma más amplia su objeto social. Por tanto, la norma que se presenta a aprobación trata de dar respuesta al gran desarrollo alcanzado en los últimos años por el denominado tercer sector, a la importancia creciente experimentada por el mismo y al desfase que acusa la normativa vigente. Es por ello por lo que desde el Grupo Vasco hemos recibido satisfactoriamente el texto del proyecto de ley de fundaciones, que vendrá a sustituir al régimen de la Ley 30/1994.


El texto del proyecto maneja un concepto moderno de fundación, con simplificación de trámites fiscales y la introducción del reconocimiento del derecho de estas entidades a desarrollar actividades económicas, lo que sin duda alguna redundará en el crecimiento de este sector. No podemos negar que el proyecto se presenta ambicioso en algunos aspectos.
Por este motivo, y en un primer análisis de carácter conceptual, tenemos que mencionar como aspectos positivos de la nueva normativa la flexibilidad de los requisitos exigidos a las distintas organizaciones para poder acogerse al régimen fiscal privilegiado de las entidades sin ánimo de lucro, la mejora de los incentivos fiscales que tienen por finalidad incrementar la participación social en las actividades de interés general, así como la introducción de nuevas formas de participación del sector privado en el desarrollo y estímulo del interés general. A estas mejoras globales del régimen de las entidades sin fines lucrativos, hay que añadir otras de carácter más técnico contenidas en el proyecto que hoy se presenta a debate, como son la sustitución del anterior sistema de exención rogada por una lista cerrada de explotaciones económicas, de tal manera que las rentas derivadas de las explotaciones económicas incluidas en la lista estarán

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exentas ex lege en virtud de la propia ley; la exención en el impuesto sobre incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana; y la sustitución del régimen de discrecionalidad administrativa por el de opción por la propia entidad y comunicación a la Administración tributaria. No obstante, no se puede negar que el reto no era complicado sino más bien sencillo, y me explico. La Ley 30/1994 contenía una regulación fácilmente mejorable. Se seguía basando en ese sentimiento de fundación defraudadora a la cual había que controlar por la Administración, y además los incentivos fiscales se habían vuelto caducos e insuficientes ante el auge experimentado por este tipo de entidades. Y es que para analizar a este tipo de organizaciones hay que partir de una idea clara que se ha olvidado en todo este proyecto: el régimen especial previsto para las mismas se basa en que desempeñan una serie de actividades de interés general que en otro caso deberían asumirse por el Estado. Esto es, los incentivos fiscales que se conceden a estas entidades tienen su origen en la propia actividad que desempeñan y que supone un ahorro importante al erario público, al cubrir un ámbito de actuación que de otra forma tendría que ser asumido por los propios poderes públicos. Insisto, no hay que olvidar que el fundamento del régimen tributario especial concedido a las entidades objeto del presente análisis radica en la exclusión del ánimo de lucro, ya que las entidades no lucrativas atienden directamente al interés general por la vía de aplicación de las rentas que obtienen a su objeto social o finalidad específica, por lo que al dar cumplimiento a una de las competencias que en principio corresponden a la Administración, debe eximirse, o al menos mitigar la atención del fin general por la vía indirecta del pago de impuestos.


En consecuencia, a pesar del incremento de los incentivos fiscales contenidos en el proyecto, los mismos no alcanzan siquiera a devolver el ahorro que para las arcas públicas suponen las actuaciones de estas entidades, y por este motivo puedo afirmar que ha sido escaso, incluso diría que tacaño. A este argumento añado que la memoria económica no contempla nada más que el coste fiscal que suponen los incrementos de los incentivos fiscales, pero en ningún caso contempla el ahorro que para los presupuestos del Estado supone el trabajo de tantas y tantas organizaciones dedicadas al cuidado de disminuidos, a la asistencia de minorías étnicas, a la reinserción social o a la prevención de la delincuencia, por citar algunos ejemplos de las áreas de actuación de estas entidades; áreas de actuación en las que, por cierto, el Gobierno pretende actuar a través de sistemas ejecutivos y no preventivos. Por tanto la solución otorgada por el texto legal a la cuestión se encuentra inspirada en gran medida por la desconfianza del legislador hacia estas figuras, sometiendo a las entidades merecedoras de un régimen fiscal especial a la tramitación de un alambicado procedimiento de control tendente al reconocimiento de la exención y simplemente denegando la posibilidad de exención para las entidades parcialmente exentas. El texto, sin embargo, no da soluciones a múltiples problemas de estas entidades que a continuación paso a enunciar. En primer lugar, la omisión de todo comentario relativo al impuesto sobre el valor añadido, que no debemos olvidar supone una merma de los ingresos de estas entidades y un aumento en la recaudación del Estado. Asimismo hay que destacar la incongruente discriminación entre los donativos efectuados por personas físicas y jurídicas, la deducción para las primeras es del 25 por ciento y para las segundas del 35 por ciento, y por último, y ahondando sólo en aquellos aspectos más importantes, se echa en falta en el proyecto un tratamiento específico para las donaciones de servicios por parte de empresarios o profesionales.


Si antes he valorado positivamente algunos aspectos técnicos contenidos en el proyecto, ya que contempla sustanciales mejoras que no puedo negar, también hay que ser crítico porque la mejora del texto anterior era una tarea sencilla para cualquier Gobierno. Por lo señalado, dado que en Euskadi son los territorios históricos competentes para regular la fiscalidad de dichas entidades, nuestra postura va a ser abstenernos. Sin embargo, si a lo largo del debate parlamentario se tomaran en consideración las enmiendas que nuestro grupo va a presentar a este proyecto, podría reconsiderarse nuestra posición inicial.


Nada más y muchas gracias.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Erkoreka.


Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió), en su nombre señor Sánchez i Llibre.


El señor SÁNCHEZ I LLIBRE: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) va a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida al proyecto de Ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, y ello por varios motivos. En primer lugar, porque Convergència i Unió siempre ha creído en la sociedad civil y en las diferentes organizaciones y asociaciones sin ánimo de lucro que a nuestro entender y desde la perspectiva y óptica de Convergència i Unió, enriquecen nuestro tejido colectivo, y este proyecto de ley de mecenazgo, que hace referencia a los incentivos fiscales para dichas entidades sin fines lucrativos, la consideramos un gran instrumento para vehicular aquellos proyectos personales que quieran hacer aportaciones importantes en función del interés general, vincularlos y estructurarlos con un entramado más potente para la consecución del bien común, y al mismo tiempo fortalecer y ampliar el interés general. Pensamos asimismo desde Convergència

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i Unió, tal y como ha hecho nuestro diputado Carlos Campuzano a lo largo de estos últimos años, con un trabajo incansable a través de conferencias y contactos con dichas organizaciones en Cataluña, y por qué no decirlo también en muchísimos lugares de España, en el sentido de estos proyectos y fundaciones de mecenazgo e incentivos fiscales, aparte de ser un instrumento vital para la consecución del bien común y del interés general son al final una gran herramienta muy útil para reforzar nuestra democracia. Convergència i Unió, que está muy comprometida con esta sociedad civil y estas asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro, desea dotarlas de los instrumentos fiscales necesarios para que puedan seguir sus actividades orientadas al interés general así como ser un gran complemento, un buen complemento, un complemento muy potente de los poderes públicos que van en la misma dirección.


En segundo lugar, porque lógicamente el modelo de sociedad que defiende Convergència i Unió es diferente del que defiende Izquierda Unida, que respetamos pero no compartimos. Para Izquierda Unida el interés público es exactamente igual que el interés general y para Convergència i Unió el interés general lo componen el interés público más aquellas aportaciones positivas que quiera hacer la sociedad civil a fin de complementar y reforzar el interés general.


En tercer lugar, porque fue justamente Convergència i Unió quien posibilitó la aprobación de la actual Ley de incentivos fiscales para las actividades de interés general, concretamente en la legislatura de los años 1993 a 1996. Fue un primer paso si se quiere tímido, pero hay que reconocer que significó que por primera vez en el ordenamiento tributario español existiera un trato específico para las actividades de mecenazgo, así como para todas aquellas entidades que lo impulsan.


Transcurridos más de siete años de la entrada en vigor de aquella ley, dos son las constataciones que hacemos desde Convergència i Unió en la base de la experiencia acumulada. En primer lugar, la insuficiencia de los estímulos establecidos en su momento con el objeto de fomentar de forma más efectiva el mecenazgo; y en segundo lugar, hay que destacar las excesivas cautelas que la ley otorgó al Ministerio de Hacienda para evitar posibles pérdidas de recaudación; cautelas que hoy hacen de esta ley un instrumento muy poco útil para dar respuesta a los objetivos de estímulo al mecenazgo que inicialmente se proponían. Es una realidad que al objeto de solventar estas carencias el Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) presentó una iniciativa a principios de esta legislatura, con la que se pretendía dar un impulso a las actividades de interés general que realiza la sociedad civil. Por este motivo, desde nuestro grupo parlamentario recibimos la tramitación y aprobación en su momento de este proyecto de ley con muchísimo optimismo y con unas ganas tremendas de negociarlo, en este caso con el Grupo Parlamentario Popular y con el Gobierno, para conseguir finalmente que esta ley sea un instrumento muy útil para la sociedad civil.

El Grupo Parlamentario Catalán (Convergència i Unió) ha empezado a estudiar en profundidad el texto de dicho proyecto de ley con el que estamos globalmente de acuerdo, y pensamos que no deja de ser un paso adelante respecto a la restrictiva reglamentación que contenían los anteriores anteproyectos. Nuestro grupo planteará e impulsará algunas cuestiones que consideramos de interés en la negociación a efectos de poder configurar un proyecto de ley más competitivo y de más utilidad para la sociedad civil.


Pensamos que en su tramitación sería muy importante intentar buscar una complicidad muy potente de toda la población española al efecto de involucrar a un mayor porcentaje de dicha población en las actividades de interés general. Por ello creemos que sería necesario poder dotar en el impuesto de la renta de las personas físicas una deducción del cien por cien en una cantidad que lógicamente debe ser pequeña y que nosotros estimamos del orden de 150 euros para cada contribuyente que pudiera destinar a las fundaciones o acciones de mecenazgo, pues consideramos que es una manera muy útil de fomentar la participación de los ciudadanos en actividades de interés general. Si repasamos el número de ciudadanos que en la anterior ley han participado en dichas aportaciones, veremos que de 15 millones de contribuyentes españoles sólo un millón de ellos han accedido a la anterior reglamentación. Pensamos que ahora sería el momento más oportuno para buscar esa gran complicidad de los contribuyentes españoles para que pudiéramos ampliar la base de dichas aportaciones.


Mi grupo presentará un grupo de enmiendas dirigidas a la potenciación de aquellas entidades dependientes de administraciones públicas cuyo objetivo principal sea la difusión y proyección de las diferentes culturas existentes en España en el exterior. Es cierto que el proyecto contempla este hecho al incluir el Instituto Cervantes. Ahora bien, dicho texto no contempla instituciones como el Instituto Ramón Llull, que tienen como objetivo la promoción de la cultura catalana en el exterior.
Creemos sinceramente que también en dicho trámite parlamentario sería de justicia que esta ley diera el mismo trato que al Instituto Cervantes a otros institutos de Cataluña o de otras comunidades autónomas que tuvieran el mismo objetivo.


También pensamos que en la tramitación de dicho proyecto sería el momento oportuno de incluir una apuesta más clara para la potenciación de todas aquellas actividades de investigación, especialmente las que se desarrollan por las universidades o por aquellas fundaciones reconocidas por éstas como colaboradoras en el proceso de investigación en dichas universidades. Estos incentivos creemos que han de ser de carácter universal y su aplicación entendemos que se habrían de ampliar a todas las universidades públicas o privadas. Lo importante desde la perspectiva de Convergència i

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Unió, es que se produzca un salto significativo en la investigación de estos entes, haciendo especial incidencia en su conexión con las empresas y el mundo de la actividad productiva.


Por estos motivos que acabo de mencionar rápidamente vamos a votar en contra de la enmienda a la totalidad presentada por el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida y anunciamos los deseos de Convergència i Unió de negociar este proyecto tan interesante.


Muchas gracias, señora presidenta, señoras y señores diputados.


La señora VICEPRESIDENTA (Mariscal de Gante Mirón): Muchas gracias, señor Sánchez i Llibre.


En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, señora Costa.


La señora COSTA CAMPI: Señora presidenta, señorías, los principios que subyacen en la vigente Ley 30/1994 que el Gobierno somete a reforma, se sitúan dentro de los fundamentos del Estado social. En ningún momento las fundaciones sustituían, ni sustituyen desde nuestro punto de vista, la responsabilidad del Estado en esta materia. Nuestro tratamiento de esta cuestión es, y no podía ser de otra manera, el que subyace en la Ley 30/1994. (La señora presidenta ocupa la Presidencia.)

La aparición de problemas y áreas de interés social distintos que orillan el ámbito de responsabilidades del Estado en materia social pero que no forman parte del núcleo de éstas, ha dado lugar a la aparición de iniciativas asociativas sin ánimo de lucro cuyo objetivo es desarrollar proyectos de interés colectivo. De ahí que cuando se justifica en la enmienda a la totalidad que la nueva norma puede reducir el Estado social y privatizar servicios y prestaciones públicas, nuestro grupo manifiesta también su rechazo a que esto pueda producirse y entiende que la norma necesariamente debe tener otros objetivos y desarrollarse en otros ámbitos. Por ello no presentamos enmienda a la totalidad, para ser coherentes precisamente con el propósito último que pretende el grupo enmendante: Es necesario llevar el debate a sus términos técnicos, que es la vía de enmiendas parciales en Comisión. En esta tarea trataremos de impedir que la ley de mecenazgo no sea otro adelgazamiento radical, impulsado por el Gobierno del Partido Popular, de las responsabilidades sociales del Estado y nos abstendremos respecto a la enmienda a la totalidad.


El texto presentado por el Gobierno es muy diferente del anteproyecto inicialmente elaborado, sobre el que teníamos más puntos de acuerdo que sobre el proyecto presentado. El actual proyecto de ley facilita que actividades cuyo fin último no sean de naturaleza social sino privado, acaben acogiéndose a un tratamiento fiscal privilegiado. Creemos que debe aprovecharse el debate en Comisión para reforzar los aspectos débiles del texto que se sitúan desde nuestra perspectiva en la esfera de los patrocinios, es decir del mecenazgo, que a pesar de que da nombre al proyecto no forma parte del interés sustancial del Gobierno, dando un trato diferente, por ejemplo, en el IRPF y en el de Sociedades, que ya adelanto que nosotros vamos a igualar. En el mismo sentido, entendemos que la investigación merece un trato mejor que el que le da el texto del Gobierno. En cambio, este texto se excede, primero, en las exenciones, que abarcan a las carteras valores y a las rentas en los bienes inmuebles; segundo, en el menor protagonismo que se concede al protectorado y a su papel regulador, que debería dar legitimidad a que una fundación sea considerada como tal y reúna las condiciones para acogerse a las exenciones fiscales; y tercero, en la sospechosa ampliación de las finalidades de las fundaciones, en la medida en que en el proyecto anteriormente discutido, en la ley de fundaciones, se acaba permitiendo que los familiares del fundador sean beneficiarios de las prestaciones.


Desde nuestro punto de vista, la ampliación de las exenciones fiscales no se ha dirigido en beneficio del sector, sino en beneficio de un grupo de fundaciones muy concretas, vinculadas a determinados intereses. Es obvio que compartimos la necesidad de buscar fórmulas que mejoren la participación de los recursos privados en las entidades sin fines de lucro -de hecho, esto ya se reflejó en la Ley 30/1994, que se ha de mejorar, pero en un sentido distinto del que pretende el Gobierno-, pero no admitimos que sea esta una vía, la ley de mecenazgo y la ley de fundaciones, que acabe generando una situación de injusticia entre los contribuyentes frente a Hacienda ni que se favorezcan situaciones de competencia desleal. Los cambios introducidos respecto a las rentas no relacionadas, si me permiten una traducción directa del inglés, tal y como aparece en el texto, pueden dar lugar a situaciones injustas y a pérdidas de eficiencia tanto para Hacienda como para los mercados afectados. Es sabido, -lo sabe el ministerio proponente- que el actual estado de la cuestión es que no existe consenso respecto al trato que se debe dar a las rentas no relacionadas, y varias son las cuestiones que aquí se plantean. ¿Deben declararse exentas todas las rentas o las no relacionadas deben tener un trato distinto y en este caso igual o más ventajoso que el dado a las sociedades mercantiles que realizan las mismas actividades? ¿Qué es lo que lleva a las entidades sin fines de lucro a desarrollar actividades económicas no relacionadas? ¿La imposibilidad de cumplir sus objetivos con los ingresos procedentes de las actividades relacionadas, de las donaciones o de las subvenciones, la posibilidad de que aparezca una oportunidad de negocio o la pregunta clave que hay en este debate: todas las entidades sin fines de lucro siguen las mismas pautas o tienen comportamientos diferenciados? Y si ello es así, ¿es adecuado un trato ex lege o debe establecerse un procedimiento rogatorio? La evidencia americana

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ha tratado de conocer el efecto de la exención y de la tributación reducida en los criterios de selección de las actividades económicas no relacionadas por parte de las entidades sin fines de lucro y, a pesar de la dificultad de distinguir en algunos casos los ingresos provenientes de actividades relacionadas y de actividades no relacionadas, los análisis realizados tienden a convenir que un sistema rogatorio y con tratamiento fiscal específico rectifica las ineficiencias que conlleva la exención total o igual de los ingresos no relacionados, por lo que las actividades no relacionadas deben tributar con un tratamiento fiscal diferente, pero únicamente si se justifica la necesidad de esos ingresos para el fin fundacional, distinguiendo por clase de entidades y naturaleza de los ingresos en actividades no relacionadas y siempre por el procedimiento rotatorio y obligando en nuestro caso al protectorado y a la Agencia Tributaria a dar una respuesta razonada en cada caso.


Nuestra posición descansa en la doctrina y en las experiencias habidas en nuestro entorno, lo que nos permite establecer los principios sobre los que basaremos nuestras enmiendas parciales, respetando el principio de competencia, reforzando la eficiencia de las políticas públicas, reforzando el principio de equidad, fijando una autorización previa y un control continuado, estableciendo un trato tributario diferenciado según la actividad de la organización y un trato también diferenciado según el origen de los ingresos, obviamente respetando nuestro marco constitucional y las competencias autonómicas. Porque aunque aquí no se ha dicho, el Gobierno del Partido Popular se olvida de las competencias de las comunidades autónomas, hasta el extremo de que cuando aborda los beneficios fiscales del IRPF no tiene en cuenta que es un doble impuesto, estatal y autonómico.


En definitiva, señorías, este proyecto de ley responde a un grupo muy reducido de entidades del sector no lucrativo. En cambio, nuestras enmiendas tenderán a beneficiar al conjunto del sector. Entendemos que está hecho a medida de un grupo de fundaciones y en el debate en Comisión nuestras enmiendas intentarán asegurar que no sirva para reducir las obligaciones sociales del Estado -como está ocurriendo en el caso de Sanidad- ni para eximir de la tributación a quienes, en el límite de la ley, quieren ser fundaciones como contribuyentes y empresarios en el desarrollo de su actividad económica en los mercados.


Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Costa.


En nombre del Grupo Parlamentario Popular, señor De Juan.


El señor DE JUAN I CASADEVALL: Muchas gracias, señora presidenta.


Señoras y señores diputados, el Gobierno trae hoy a la Cámara una importante iniciativa legislativa que no tiene otra finalidad que crear un marco fiscal favorable para las actividades de mecenazgo y para la participación privada en actividades de interés general. Más concretamente se trata de proporcionar un nuevo instrumento normativo, que ha glosado ampliamente en esta tribuna el ministro de Hacienda, que regule el régimen fiscal de las entidades sin ánimo de lucro, así como los incentivos fiscales al mecenazgo. Se trata de fortalecer por la vía fiscal el llamado tercer sector, esa tupida red de organizaciones no gubernamentales, de fundaciones, de asociaciones de utilidad pública, de federaciones y de un largo etcétera que inciden en el tejido social para realizar funciones o satisfacer intereses sociales, educativos, sanitarios... En definitiva, para coadyuvar a la satisfacción del interés general y, asimismo, para potenciar, vía incentivos fiscales, esa participación a través del mecenazgo.


De la simple lectura de esta enmienda de totalidad presentada por Izquierda Unida, que ya anuncio que vamos a votar negativamente, se nos plantea básicamente una pregunta que es dilucidar si fortalecer ese tercer sector -ese sector dinámico, privado, creativo de la sociedad- supone en alguna medida ir contra el sector público. Es decir, si fortalecer ese tercer sector supone -como dice el texto de esta enmienda a la totalidad y como ha dicho el señor Rejón en esta tribuna, y leo literalmente- promover formas directas o indirectas de privatización de servicios sociales y de reducción del ya de por sí débil Estado social español, o si fortalecer ese tercer sector supone, en definitiva, privatizar los servicios sociales. Señorías, sinceramente creo que tan solo desde un planteamiento excesivamente simplista podemos llegar a esa conclusión. Lo que ocurre es que ustedes no creen en la sociedad civil.
Nosotros creemos, confiamos, apelamos a la sociedad civil para que contribuya, junto al sector público -no en lugar del sector público, sino junto al sector público-, a la satisfacción del interés general. Creemos en la sociedad abierta y en los valores inherentes, entre ellos en la fortaleza de la iniciativa privada convenientemente estimulada por el poder público. Entre su grupo y el mío media probablemente, señor Rejón, una gran diferencia, no sólo de talante, sino de fondo, que es la misma diferencia de fondo que late en la posición que sostiene el Grupo Parlamentario Popular y la que sostiene el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, que me lleva a defender la bondad de este proyecto y que lleva a S.S. a defender una perversa maldad supuestamente desmanteladora del Estado social. Ese es un planteamiento, señorías, que no compartimos, pero que obviamente respetamos y lo hacemos básicamente porque, pese a la distancia ideológica, entendemos que si ustedes tuvieran responsabilidades de gobierno, que no las tienen, pero que si las tuvieran probablemente harían lo que dicen y no como otros que dicen una cosa y hacen otra,

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y me refiero al Partido Socialista con su conocida tesis de que bajar impuestos es de izquierdas, que luego castigan con un recurso de inconstitucionalidad, una rebaja de la presión impositiva por el IRFP -y lo recordaba aquí el ministro de Hacienda- de en torno a 13 puntos y especialmente intensa en lo que son las rentas más bajas, donde esa reducción fue del 40 por ciento. Dicen que bajar impuestos es de izquierdas y se oponen también, señorías, a la segunda reforma fiscal que ha supuesto una reducción del 11 por ciento, o bien plantean y no se atreven a sostener, probablemente porque es insostenible, su conocida propuesta del tipo único, que suponía castigar a más de nueve millones de contribuyentes a la más lacerante injusticia fiscal.


No compartimos tampoco los planteamientos que exhibía la señora Costa.
Esta ley de mecenazgo es mucho mejor que la ley del año 1994, más ponderada y con un marco fiscal flexible que viene a potenciar ese tercer sector. Mi grupo, señorías, tampoco comparte la afirmación que se contiene en el texto de la enmienda de Izquierda Unida sobre la supuesta debilidad del Estado social. La debilidad, la precariedad del Estado social era la debilidad y precariedad que nos tocó en suerte en el año 1995, cuando no se podían pagar las pensiones de jubilación y se decía, por un ministro del Gobierno, que los ciudadanos deberían acudir a los planes privados de jubilación, o cuando el paro rozaba el 24 por ciento, o cuando la inflación gangrenaba el poder adquisitivo de las economías más modestas. Señorías, la España del paro, la España de la quiebra de la Seguridad Social no tiene nada que ver con la España de las oportunidades que ha creado empleo y que ha dotado un fondo de reserva de la Seguridad Social. Usted me dirá, señor Rejón, si eso es responsabilidad suya.
Obviamente, tendremos que decirle que no es responsabilidad suya, sino que es patrimonio exclusivo del Partido Socialista.


Quiero decirles, señorías, que mi grupo cree en el Estado del bienestar, pero cree también -junto a, no en lugar de- en la sociedad del bienestar como se desprende de nuestros planteamientos y como se desprende de la propia intervención del ministro de Hacienda. Tampoco podemos compartir la afirmación que ha hecho el señor Rejón y que luce en su propia enmienda de totalidad sobre una supuesta privatización de servicios de titularidad pública que vienen establecidos por el ordenamiento constitucional y que por lo demás no se corresponde con la realidad.
Decir eso equivale, señorías, a confesar que no se ha leído la ley o lucir una etiqueta de falso progresismo. Incluso desde la distancia ideológica, si su grupo se hubiera leído la ley se daría cuenta de que no puede estar en contra de un texto que, en primer lugar, viene a establecer que se aplicará a fundaciones, a asociaciones de utilidad pública, a federaciones deportivas, etcétera, que persigan el interés general, que se define como la defensa de los derechos humanos, asistencia social, valores educativos, culturales, científicos, deportivos, fomento de la economía social, promoción y defensa del medio ambiente, etcétera. Yo no quiero creer que Izquierda Unida no comparta esos valores. En segundo lugar, que dediquen un 70 por ciento de su actividad a ello. Por eso tengo que reafirmarme con lo que ha dicho hace un momento el señor Bermúdez de Castro. Hoy nos acusan de ultraliberales, pero en el año 1994 ustedes eran partidarios de reducir ese 70 por ciento al 60 por ciento, eran partidarios de relajar los controles sobre las fundaciones y eran partidarios, en definitiva, de que el propio protectorado se ejerciera en la fundación, lo cual no sólo es una perversión del derecho de fundaciones, sino una relajación ultraliberal de lo que se entiende por las fundaciones. Por tanto, no le acepto tampoco la etiqueta que usted nos ponía.


En definitiva, se trata de una ley que declara exentas -por tanto, no pagan impuestos- las rentas dedicadas a una serie de explotaciones económicas que lucen en el artículo 7 y que tienen un carácter marcadamente asistencial. Señoría, mi pregunta es: ¿Izquierda Unida no comparte esos valores asistenciales sociales que lucen en la ley? Porque eso es lo que se desprende de su enmienda de totalidad. Creo que en este caso incluso han ganado ustedes en incoherencia al Partido Socialista.


Concluyo, señora presidenta, diciendo que se trata de una ley que se inscribe claramente en lo que se conoce como la acción administrativa de fomento, que moderniza el régimen fiscal aplicable a las entidades sin fines lucrativos y el régimen de incentivos fiscales al mecenazgo y que intenta encauzar la iniciativa privada hacia el fomento y protección del mecenazgo. Es una ley, señorías, permeable a una sociedad civil abierta, viva, dinámica y creativa, que reclama un papel y un protagonismo en la España del siglo XXI, un país más próspero, más solidario y con más sensibilidad social.


Nada más. Muchas gracias, señora presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor De Juan.


Sometemos a votación la enmienda a la totalidad de devolución del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales del mecenazgo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, cinco: en contra, 157; abstenciones, 67.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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AVOCACIÓN POR EL PLENO:

- DEL PROYECTO DE LEY DE RÉGIMEN FISCAL DE LAS ENTIDADES SIN FINES LUCRATIVOS Y DE LOS INCENTIVOS FISCALES AL MECENAZGO. (Número de expediente 121/000106.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley de régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


- DEL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE ESTABLECE EL RÉGIMEN JURÍDICO DE LA UTILIZACIÓN CONFINADA, LIBERACIÓN VOLUNTARIA Y COMERCIALIZACIÓN DE ORGANISMOS MODIFICADOS GENÉTICAMENTE (Número de expediente 121/000107.)

La señora PRESIDENTA: De conformidad con lo dispuesto en el artículo 149.1 del Reglamento se somete al Pleno de la Cámara la avocación de la deliberación y votación final del proyecto de ley por la que se establece el régimen jurídico de la utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de organismos modificados genéticamente.


¿Lo acuerda así la Cámara? (Asentimiento.)

Queda aprobada la propuesta de avocación.


PROPUESTAS DE CREACIÓN DE SUBCOMISIONES.


- PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE CREACIÓN DE UNA SUBCOMISIÓN PARA EL SEGUIMIENTO DE LOS PROCESOS DE PRIVATIZACIÓN Y RECONVERSIÓN DE LAS EMPRESAS PERTENECIENTES AL SECTOR PÚBLICO. (Números de expedientes 158/000046 y 158/000047.)

La señora PRESIDENTA: Punto XI del orden del día: Propuesta de creación de subcomisiones.


Propuesta de la Comisión de Economía y Hacienda de creación de una subcomisión para el seguimiento de los procesos de privatización y reconversión de las empresas pertenecientes al sector público.


De acuerdo con la resolución de Presidencia de 1996 se somete a votación sin debate previo.


Comienza la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: votos emitidos, 229; a favor, 156; en contra, 72; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la referida creación de una subcomisión.


Se levanta la sesión.


Eran las ocho y veinticinco minutos de la noche.

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