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DS. Senado, Comisiones, núm. 211, de 27/11/2001
 


CORTES GENERALES DIARIO DE SESIONES DEL SENADO

Año 2001 VII Legislatura Comisiones. Núm. 211

COMISION GENERAL DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. VICTOR MANUEL VAZQUEZ PORTOMEÑE

celebrada el martes, 27 de noviembre de 2001

ORDEN DEL DIA: --Comparecencia, a petición propia, de la Ministra de Sanidad y Consumo, Excma. Sra. doña Celia Villalobos Talero, para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con las transferencias de la gestión sanitaria de la Seguridad Social (Número de expediente 711/000175).
--Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a que efectúe el traspaso de competencias sanitarias del Instituto Nacional de la Salud (Insalud) a las diez Comunidades autónomas, pendientes de este proceso, así como a la convocatoria, con carácter extraordinario, de un Consejo Interterritorial de Salud para que informe al respecto (Número de expediente 661/000159).
--Designar la Ponencia que ha de informar el Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (Número de expediente 621/000042).
--Designar la Ponencia que ha de informar el Proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía (Número de expediente 621/000043).


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Se abre la sesión a las diecisiete horas y diez minutos.


El señor PRESIDENTE: Señorías, se abre la sesión.
Antes de entrar en el orden del día, quiero proponer a la Comisión una alteración en el mismo para incorporar, al final de la comparecencia de la señora Ministra y del debate correspondiente, una moción formulada por el Grupo Parlamentario Socialista que ha sido entregada a los señores portavoces en momento oportuno antes del comienzo de esta sesión.
Pregunto, pues, a los miembros de los grupos parlamentarios: ¿Están ustedes de acuerdo con que se altere el orden del día con la finalidad propuesta? (Asentimiento.) Queda aprobada la alteración del orden del día por unanimidad. (La señora Vindel López pide la palabra.) Tiene la palabra la señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


La señora VINDEL LOPEZ: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes a todos.
Desde el Grupo Parlamentario Popular queremos reseñar, para que conste en acta, que la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista se nos acaba de entregar en este momento. No obstante, y en aras del buen orden de los trabajos de esta Comisión, así como por los buenos deseos manifestados por parte del Grupo Parlamentario Socialista en dicha moción, hemos votado a favor de la alteración en el orden del día. Sin embargo, manifestamos una seria protesta, señor Presidente, por el hecho de que se nos haya entregado el texto de la misma en este momento.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Ahora sí, entramos en el orden del día preestablecido. Punto primero: Lectura y aprobación, si procede, del acta de la sesión anterior, celebrada el pasado día 19 de noviembre de 2001, que fue repartida a los señores portavoces de los grupos parlamentarios.
¿Alguna objeción a la redacción de dicha acta? (Pausa.) ¿Se puede considerar aprobada por unanimidad? (Asentimiento).
Queda aprobada por unanimidad.


--COMPARECENCIA, A PETICION PROPIA, DE DOÑA CELIA VILLALOBOS TALERO, MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO, PARA INFORMAR SOBRE LAS ACTUACIONES LLEVADAS A CABO EN RELACION CON LAS TRANSFERENCIAS DE LA GESTION SANITARIA DE LA SEGURIDAD SOCIAL (711/000175).


El señor PRESIDENTE: Punto segundo del orden del día: Comparecencia, a petición propia, de la ministra de Sanidad y Consumo para informar sobre las actuaciones llevadas a cabo en relación con las transferencias de la gestión sanitaria de la Seguridad Social.
Señora Ministra, bienvenida a esta Comisión. Tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señor Presidente.
Es para mí un honor haber pedido esta comparecencia para analizar con los miembros de esta Cámara Alta las transferencias del Sistema Nacional de Salud. Desde mi punto de vista --ya lo he dicho varias veces--, me parece adecuado --habida cuenta del proceso transferencial y de la nueva constitución del Sistema Nacional de Salud-- que sea esta Cámara donde podamos analizar de forma sosegada la situación y los pasos a dar. En este sentido, quiero felicitar al Grupo Popular por la moción que se aprobó hace unos días, por la cual la Ministra de Sanidad tendrá que comparecer en esta Cámara para informar de la salud de los españoles, es decir, del funcionamiento del Sistema Nacional de Salud. Pues,bien, esta comparecencia, a petición propia quiere inaugurar, una serie de comparecencias en esta Comisión, o en la que el Senado considere oportuna, para analizar estas cuestiones.
Como ustedes saben, el proceso de transferencias de la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social se inició en el año 1981 con la transferencia a la Comunidad Autónoma de Cataluña. Inmediatamente después, en el año 1984, se produce la segunda transferencia, que afecta a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Estas dos Comunidades Autónomas reciben la gestión de la asistencia sanitaria --debo recordarlo-- sin la existencia de la Ley General de Sanidad, que se aprueba, como todos ustedes saben, en el año 1986. En el año 1987 se realiza la transferencia a dos Comunidades Autónomas más, País Vasco y Comunidad Valenciana, produciéndose las transferencias a Galicia y a Navarra en el año 1990 y culminándose el proceso en el año 1994 con la transferencia a la Comunidad Autónoma de Canarias. Por lo tanto, señorías, en este momento el mapa del Sistema Nacional de Salud es un mapa con dos divergencias fundamentales: Comunidades Autónomas con asistencia sanitaria transferida y un grupo de Comunidades Autónomas con la asistencia todavía dependiente del Ministerio de Sanidad a través de su órgano gestor, que es el Instituto Nacional de la Salud.
Para mí, como Ministra del Gobierno, ha sido fundamental el compromiso de completar el mapa del Sistema Nacional de Salud. Desde el punto de vista del Gobierno, no se puede mantener un sistema en el que hay Comunidades Autónomas con unas competencias y otras Comunidades que no las contemplan, cuando además en las Comunidades gestionadas por el Insalud se ha llevado a cabo ya la reforma de sus estatutos y, por consiguiente, la aceptación de la gestión de la asistencia sanitaria. En ese sentido, creo que es necesario completar con urgencia estas transferencias a estas diez Comunidades Autónomas que todavía no las han recibido.
Al mismo tiempo, y dentro de esta necesidad de estas transferencias, también es necesario definir cuál es el papel del Ministerio de Sanidad en el futuro. Qué duda cabe de que la Ley de Sanidad significó un hito importante por la creación del Sistema Nacional de Salud, pero ya ha

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transcurrido el tiempo suficiente, quince años, para poder revisar alguno de sus puntos para el mejor funcionamiento de nuestro Sistema Nacional de Salud. Dos de las cuestiones más importantes a las que nos estamos dedicando en el Ministerio son completar el Sistema Nacional de Salud de forma homogénea y que sea posible el desarrollo de las funciones que, basándonos en la Constitución y en la Ley de Sanidad, le corresponderían al futuro Ministerio de Sanidad y Consumo; Ministerio que, como es lógico, en lo que se refiere al Sistema Nacional de Salud tiene un papel fundamental que jugar, que es el que nuestra propia Constitución determina, que es ser la garantía y el garante de la cohesión social y de la equidad del Sistema Nacional de Salud.
Pues bien, iniciando mi intervención sobre el proceso de transferencias, debo decir que este proceso de transferencia de funciones, bienes y servicios del Insalud a las Comunidades Autónomas del artículo 143 que estamos acometiendo en estos momentos nos va a permitir completar --después de quince años, como he dicho antes, de la aparición de la Ley General de Sanidad-- la descentralización sanitaria que contempla esta misma ley, cerrando con ello el modelo del Sistema Nacional de Salud. Las transferencias sanitarias inciden plenamente en el desarrollo actual y futuro de las competencias del Ministerio de Sanidad, lo que permite transmitir a sus señorías una doble perspectiva de la transferencia: por un lado, el papel que tienen que desempeñar las diferentes administraciones y profesionales sanitarios del Sistema Nacional de Salud y que quedará definido y definitivamente configurado con el cierre del mapa sanitario; por otro, las repercusiones que se derivan para el Estado de la descentralización en el papel de dirección del sistema que a este le corresponde.
Transcurridos veinte años, señorías, desde el inicio del proceso transferencia, como he comentado antes, y quince de la publicación de la ley, el modelo territorial de la sanidad española aún no había sido implantado definitivamente. Debemos ser conscientes de que con el proceso de transferencias que ya está en fase final asistimos a un momento histórico para nuestro Sistema Nacional de Salud por la magnitud del proceso emprendido, si atendemos al volumen de recursos humanos, materiales y financieros que serán objeto del traspaso. El Insalud, como quiero recordarles, en este momento gestiona en el territorio de estas diez Comunidades Autónomas, es decir, la denominada gestión directa, el 38,68 por ciento del presupuesto del Sistema Nacional de Salud, algo más de un billón 700.000 millones de pesetas, con aproximadamente 136.000 trabajadores, a través de 1.166 dispositivos asistenciales, 1.087 centros de salud y 79 hospitales, para atender a una población protegida que puede cifrarse en bastante más de 14 millones de personas. Además, es importante hablar del impacto económico que supondrá para las diez Comunidades Autónomas, para las que el presupuesto sanitario representará un considerable impacto en su presupuesto total.
Culminar con éxito este proceso de transferencias pendientes requiere de una decidida voluntad política que, como he dicho anteriormente, he mantenido desde mi primera intervención tanto en el Congreso de los Diputados como en esta sede parlamentaria. El anuncio oficial de la apertura del proceso tuvo lugar el 25 de enero pasado en un acto conjunto de los ministerios de Sanidad y Consumo y Administraciones Públicas.
Hemos pretendido, y ahora puedo confirmar que así está sucediendo, que el proceso transferencial fuera homogéneo y simultáneo en el tiempo, lo que sin duda supone un enorme esfuerzo, ya que requiere sincronizar la negociación con las diez Comunidades Autónomas, con la única y exclusiva finalidad de evitar disfunciones y problemas, bien conocidos por todos, derivados de la propia asistencia sanitaria y de la interdependencia entre sí de algunas de las Comunidades a las que tenemos que transferir.
El proceso de transferencias se ha diseñado con un cronograma de actuaciones que ha discurrido en paralelo a la negociación del modelo de financiación autonómica que corresponde al Consejo de Política Fiscal y Financiera. Este diseño del proceso va a permitir que la efectividad de los traspasos pueda hacerse realidad en el año 2002, objetivo que no sería posible cumplir de haber planteado una negociación secuencial, es decir, no convocar las Ponencias Técnicas hasta haber dispuesto del nuevo acuerdo de financiación sanitaria. Señorías, una vez señalado el modelo de financiación, era necesario culminar el proceso transferencial para que pueda ser aplicable el nuevo modelo de financiación de las Comunidades Autónomas a estas diez Comunidades.
La negociación simultánea y paralela con las diez Comunidades utilizando procedimientos similares y calendarios compatibles, se basa en un procedimiento ordenado que descansa sobre la constitución de un grupo coordinador paritario y reducido, al que cada Ponencia Técnica confía la dirección y supervisión de los trabajos de recogida y elaboración de la información precisa. Este grupo está integrado por representantes de la Administración General del Estado (Ministerio de Sanidad y Consumo e Insalud) y por representantes de las Comunidades Autónomas de que se trate. Los grupos de trabajo dependientes se han diferenciado por áreas materiales de actividad: recursos humanos, patrimonio y recursos materiales, actividad asistencial y sistema de información y asuntos económicos y presupuestarios. Son estos grupos de trabajo los encargados de vehiculizar el flujo de información entre el Estado y las Comunidades Autónomas como única fórmula posible para afrontar con garantías una negociación responsable.
Me satisface indicar que la situación actual del proceso transferencial ha avanzado conforme al calendario previsto en enero de 2001, lo que constituye un esfuerzo notable, no sólo por parte de la Administración del Estado, sino también por las distintas Comunidades Autónomas, con lo que queda patente la receptividad y el interés que las mismas están demostrando por esta transferencia.
Han finalizado ya, señorías, los trabajos de los cuatro grupos dependientes de cada una de las Comunidades Autónomas. Iniciadas sus reuniones el 29 de marzo de 2001, éstas finalizaron en julio pasado dando lugar a un total de 39 reuniones. Las reuniones de los grupos coordinadores iniciadas el 21 de febrero de 2001 finalizaron el pasado mes de octubre, concluyendo con ello el trabajo llevado a

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cabo por dichos grupos. El número total de reuniones de estos grupos coordinadores ha sido de veintiocho. Se celebraron asimismo las segundas reuniones de todas las Ponencias Técnicas de las Comunidades Autónomas.
La primera de ellas, la de la Comunidad Autónoma de Madrid, se celebró el día 14 de febrero, y la última, la Ponencia Técnica de Cantabria, se celebró el pasado 30 de julio. El día 18 de julio pasado se inició la tercera y última ronda de las reuniones de las Ponencias Técnicas, que está previsto concluyan en diciembre.
Ayer, día 26, se celebró la Ponencia Técnica de Madrid, y esta mañana se celebró la Ponencia Técnica de Asturias, finalizando este proceso el próximo 13 de diciembre con la Ponencia Técnica de La Rioja. Una vez concluya esta tercera ronda de convocatorias para las Ponencias Técnicas, en el mes de diciembre se convocarán las Comisiones Mixtas de Transferencias de las distintas Comunidades Autónomas, que discutirán las propuestas de acuerdos de traspasos.
Como les decía a sus señorías, esta configuración que hemos adoptado de transferencias simultáneas en un corto plazo nos va a permitir concluir el proceso en el año 2002, cerrando con ello definitivamente el modelo del Sistema Nacional de Salud establecido en la Ley General de Sanidad.
Así, las Comunidades Autónomas podrán ejercer plenamente sus competencias sanitarias, cuestión largo tiempo deseada por ellas, y el Estado dejará de ejercer su papel de gestor para asumir plenamente su posición de vertebrador del sistema, posición idéntica ante todas las Comunidades Autónomas y con proyección en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Asistimos a un momento singular a partir del cual serán todas y cada una de las Comunidades Autónomas directamente responsables de la asistencia que presten a los ciudadanos. Las transferencias habrán de aportar valor añadido a la asistencia que se presta actualmente con una gestión centralizada, pues aunque parezca obvio no podemos perder de vista que las transferencias no son por sí mismas un objetivo sino un medio para aproximar la gestión de la asistencia sanitaria al ciudadano, procurando con ello una mejora de la calidad asistencial que reciben, de la eficiencia de los servicios, de la equidad con los que éstos se prestan y de la participación de los ciudadanos en la resolución de los problemas que les afectan.
En segundo lugar y de forma breve, quisiera informar sobre el nuevo modelo de financiación sanitaria que ha constituido, sin duda, el elemento clave para el éxito del proceso de traspaso de los bienes y servicios del Insalud. Como sus señorías conocen, el nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas integrará los tres modelos actualmente existentes: el modelo de financiación de competencias comunes, el de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social y el de la financiación de los servicios sociales, también de la Seguridad Social.
Sabido es que la Constitución Española en su artículo 41 contempla el mantenimiento de un régimen público de Seguridad Social que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes ante situaciones de necesidad, a la vez que establece en su artículo 149.1.17ª la competencia exclusiva del Estado sobre legislación básica y régimen económico de la Seguridad Social. La asistencia sanitaria se encuentra enmarcada en el ámbito de acción protectora de la Seguridad Social, según se recoge en el artículo 38.1.a) de la Ley General de la Seguridad Social, teniendo naturaleza de prestación no contributiva. En la actualidad tanto la Administración estatal como la autonómica tienen responsabilidades sobre la asistencia sanitaria de la Seguridad Social. La Administración autonómica asume la gestión, ejecución y administración de la citada prestación, mientras se mantiene como responsabilidad exclusiva del Estado la referida al establecimiento de la legislación básica en la materia y al régimen económico de la Seguridad Social.
Por todo ello, se configura la financiación de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social dentro del sistema general de la financiación autonómica, pero bajo el principio de afectación. Es decir, se establece la obligatoriedad de que las Comunidades Autónomas destinen a la gestión de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social un determinado volumen de recursos para financiar la asistencia sanitaria de esta Seguridad Social, de forma que esta financiación aparezca diferenciada y condicionada a la finalidad perseguida.
La distribución de la financiación aparece reflejada con los siguientes criterios: un 75 por ciento del volumen de recursos en función de la población protegida; un 24,5 por ciento en proporción de la población de más de 65 años, y un 0,5 por ciento por criterios de insularidad. En cualquier caso, señorías, se garantiza como mínimo a la correspondiente Comunidad Autónoma el coste efectivo de la asistencia sanitaria de dicha Comunidad. En el sistema de financiación de la asistencia sanitaria se fija la necesidad de implantar determinadas políticas que coadyuven a lograr una mayor eficiencia en el gasto sanitario, a la vez que garantiza la equidad en el acceso, de tal forma que se hace necesario que una pequeña parte de la financiación total se gestione directamente desde la Administración General del Estado.
De esta forma, en los recursos destinados a la financiación de la asistencia sanitaria se han establecido también fondos específicos para determinadas actuaciones. Los fondos específicos configurados son: por un lado, el fondo denominado Programa de Ahorro en Incapacidad Temporal, gestionado por el INSS, el Instituto Nacional de la Seguridad Social, y el Fondo de Cohesión, gestionado directamente por el Ministerio de Sanidad. Este último tiene por objeto garantizar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios públicos en todo el territorio nacional. En este sentido, con un Sistema Nacional de Salud totalmente descentralizado y para asegurar que la compensación por pacientes desplazados entre Comunidades Autónomas se haga de forma homogénea en todo el territorio nacional, es necesario que dicha compensación por desplazados sea gestionada por el Ministerio. Además, otra finalidad de este Fondo es disponer de recursos centralizados para facilitar un funcionamiento coherente y armónico del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, por último diré que el proceso transferencial se sustenta en un pilar que resulta determinante para garantizar

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el mantenimiento del sistema sanitario como tal sistema, preservando, como he dicho, la cohesión social y la equidad, a la vez que se culmina todo este proceso. Este pilar no es otro que el refuerzo y el establecimiento de las bases precisas para garantizar el mantenimiento de los principios de cohesión y solidaridad en todo el sistema. La perspectiva de culminar el proceso de descentralización en la materia nos sitúa en un momento determinante y singular para el Sistema Nacional de Salud, por lo que en el Ministerio de Sanidad y Consumo se han abordado la evaluación y diagnóstico de los instrumentos y mecanismos que actúan como catalizadores de la cohesión y de la solidaridad del sistema. Para todo ello se están teniendo en cuenta, sobre todo, los aspectos que convertirán la futura situación de ejercicio de las competencias estatales en una situación sustancialmente diferente de la que ahora existe, en la medida en que la Administración del Estado carecerá del referente constante que supone la gestión de los servicios en buena parte del territorio nacional.
Como presupuesto inicial, se parte de la consideración de que es preciso profundizar en las propias competencias estatales para posibilitar una tarea de impulso, reforzamiento o revisión, allí donde procediera, de los mecanismos y procedimientos de coordinación, cooperación y participación del Sistema Nacional de Salud, a fin de garantizar su funcionamiento cohesionado y solidario. Así, se ha puesto de manifiesto la necesidad de abordar, profundizar y desarrollar determinados aspectos que inciden en la interterritorialidad de actuaciones, como mecanismo de garantía de 1a cohesión y coherencia del sistema ante la eminente situación postransferencia.
En este sentido, partiendo de los principios recogidos en la Ley General de Sanidad, sobre la que se articula el Sistema Nacional de Salud y se definen sus características, se trata de consolidar los aspectos de ésta referida a la organización territorial y los instrumentos y mecanismos para garantizar la cohesión del sistema. Y ello, no por el propio reforzamiento de la cohesión en sí misma, sino por el fin último que esta persigue, que no es otro que hacer efectiva la atención al ciudadano.
Se revalidan las características básicas y comunes en que la Ley General de Sanidad configura el Sistema Nacional; para ello, se va a incidir en una serie de principios y criterios que se mantienen dentro de la esfera de lo básico para el buen funcionamiento del sistema sanitario, sin que sus previsiones puedan resultar actuaciones que interfieran en las competencias autonómicas. Entre estos avances y con carácter fundamental debemos situar las previsiones de la ley contenidas en su artículo 43, relativo a la Alta Inspección, así como el artículo 44 y siguientes en lo que se refiere a la existencia del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, será necesario --y lo estamos haciendo-- una revisión de cuál es, según la Ley General de Sanidad, la existencia, el funcionamiento y las competencias del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Tras quince años de existencia de ese Consejo, cabe preguntarse de qué forma tenemos que adecuar su funcionamiento y sus competencias --no las olviden-- en función del reparto de las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas y las del Gobierno central, así como las competencias que necesariamente tendremos que negociar.
Señorías, qué duda cabe que en esa nueva ley, en esa nueva estructura y funcionamiento del Sistema Nacional de Salud hay unos principios que tienen que ser fundamentales. La Ley General de Sanidad fue aprobada en el año 1986, y desde entonces la cultura de la gestión sanitaria en nuestro país ha avanzado de forma decidida y los posicionamientos políticos también han evolucionado de forma importante hacia puntos de encuentro fundamentales.
Por lo tanto, parece necesario que el funcionamiento del Consejo Interterritorial, de la Alta Inspección y de los estándares básicos del Sistema Nacional de Salud forme parte de un sistema que sea útil para las Comunidades Autónomas y para el conjunto de los españoles. Si la base fundamental del sistema sanitario es el ciudadano y la adecuación a sus necesidades, tanto las Comunidades Autónomas con competencias transferidas como las que a partir del 1º de enero van a asumirlas tienen que organizar sus servicios en base a la experiencia de otras Comunidades Autónomas y a su propio desarrollo, y es necesario que el punto de encuentro entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas sea positivo para todos, para el conjunto de los españoles y para cada uno de los que se sitúan en cada una de estas Comunidades Autónomas.
Señorías, en la elaboración del futuro Sistema Nacional de Salud no solamente queremos contar con las Comunidades Autónomas, sino también con los partidos políticos representados en el Parlamento, que significan nada más y nada menos que la voluntad de los españoles, de mañera que, exactamente igual que hemos hecho con los proyectos de ley que hemos elevado a las Cámaras, queremos una participación activa del conjunto de los partidos que componen la Cámara, Alta y el Congreso de los Diputados.
Del éxito de este consenso y de la capacidad de superar enfrentamientos políticos por el interés general depende la consecución de una solución final positiva. En sentido contrario, no encontraremos el espacio adecuado para que nuestro Sistema Nacional de Salud sea lo que tienen que ser: un sistema de atención al ciudadano equitativo y cohesionado social e interterritorialmente, algo básico para la permanencia del Estado social y de Derecho que los españoles nos hemos dado.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
Intervienen ahora los representantes de las Comunidades Autónomas presentes.
Por la nacionalidad histórica de Galicia, tiene la palabra su Consejero de Sanidad y Servicios Sociales. (Pausa.) El señor Consejero renuncia a la intervención.
Por el Principado de Asturias interviene el Consejero de Salud y Servicios Sanitarios, Excelentísimo señor don Francisco Sevilla Pérez, por tiempo de diez minutos.


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El señor CONSEJERO DE SALUD Y SERVICIOS SANITARIOS DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS (Sevilla Pérez): Muchas gracias, señor Presidente. Buenas tardes, señorías.
Señora Ministra, como usted decía, los ciudadanos españoles y en concreto los de Asturias estamos viviendo un momento histórico. Sin duda, es un momento en el que la convergencia entre todos sería buena, lo que ocurre es que para conseguirla tenemos que partir del análisis concreto de la realidad y no de lo que creemos que es la realidad.
En Asturias nos hemos planteado la transferencia sanitaria con la importancia que tiene, y seguro que usted coincide conmigo. El servicio sanitario público es esencial para los ciudadanos, emplea a más de 13.000 profesionales de alta cualificación y tiene un importante impacto financiero en la Comunidad Autónoma.
Por tanto, nosotros nos hemos planteado la necesidad de hacer un acuerdo que nos permita garantizar las prestaciones y la calidad del servicio sanitario en Asturias. En ese sentido, asumimos el reto que planteó el Ministerio de Sanidad y Consumo de hacer una negociación coordinada entre todas las Comunidades Autónomas para facilitarlo, y creo que hemos colaborado lealmente al funcionamiento y metodología del proceso.
Esta mañana, como usted decía, se ha celebrado la Ponencia Técnica con Asturias, donde hemos tenido un importante desencuentro; desencuentro que no significa que no tengamos voluntad de llegar a un acuerdo. Aquí quiero manifestar que, desde Asturias, seguimos con plena voluntad de alcanzar ese acuerdo que nos permitirá mantener las prestaciones y la calidad del sistema sanitario para todos los asturianos, pero también quiero que quede claro que no tenemos ninguna prisa en alcanzar ese acuerdo ahora.
¿Porqué a veces es complicado alcanzar el acuerdo? Yo creo que en el proceso de elaboración hay que tener en cuenta varios aspectos. En primer lugar, en los cuatro últimos años se ha producido una caída del gasto sanitario público, que representa aproximadamente medio punto en relación con el PIB, incumpliendo el acuerdo de financiación que se había alcanzado por su antecesor para el período 1998-2001. Ese incumplimiento ha afectado de forma más importante al territorio Insalud que al territorio transferido, y dentro del territorio Insalud la convergencia entre las Comunidades Autónomas --y se lo digo desde una Comunidad Autónoma con un gasto efectivo alto-- no solamente no se ha producido sino que ha sido menor. Eso nos ha planteado una situación difícil para hacer la coordinación.
En segundo lugar, hay instrumentos de coordinación --usted se refería al final a ello-- como el avanzar en la modificación del Consejo Interterritorial o el tener un Instituto de Salud Carlos III que dé soporte científico-técnico a todas los servicios de salud de las Comunidades Autónomas. Usted ha expresado lo que quiere hacer. El problema es que algunos Consejeros le hemos pedido en el Consejo Interterritorial la creación de un grupo de reflexión para tenerlo preparado en el momento en que llegase la transferencia, y hasta ahora su respuesta no ha sido positiva a nuestra petición.
¿Cómo entendemos el proceso de transferencia? Lo entendemos desde tres puntos de vista: en primer lugar, desde el punto de vista de la garantía del funcionamiento de los servicios, y estamos colaborando lealmente con el Insalud para que ese proceso de transferencia se produzca y garantice a los ciudadanos que los servicios funcionan; segundo lugar, colaborando para que los instrumentos de coordinación general sanitaria sean los necesarios; en tercer lugar, desde el punto de vista del proceso de negociación. En el proceso de negociación, indudablemente, el acuerdo sobre el modelo de financiación autonómica era un paso imprescindible --coincido plenamente con usted--. Pero el problema son las interpretaciones. Y no voy a entrar ya en el tema de las gasolinas para financiar la sanidad en las Comunidades Autónomas, porque, como usted ya ha explicado, eso no es así, sino, que me refiero a la interpretación del modelo.
Como todas sus señorías saben, en Asturias nuestro coste efectivo es alto. Y como se puede optar por el nuevo modelo de financiación o por el coste efectivo, nosotros planteamos el coste efectivo porque creemos que estamos en nuestro derecho. Usted misma ha dicho que hay que garantizar el coste efectivo y, como digo, nosotros creemos que es el que debemos proponer.
Mantenemos una importante discrepancia. Así, durante esta mañana, por parte de la Administración General del Estado se ha puesto sobre la mesa la extrapolación desde el año de referencia, 1999, de la cifra de este modelo, cantidad insuficiente para hacer frente a las obligaciones asumidas por el Insalud durante el año 2001. Por tanto, como usted puede comprender, señora Ministra, con una cifra inferior a la comprometida por el Insalud en el año 2001 es absolutamente imposible que podamos asumir la competencia para el año 2002. Así pues, como ya hice en la última reunión del grupo de coordinación, el 19 de septiembre --fecha desde la que no hemos tenido ninguna otra reunión para progresar en este sentido--, ofrezco nuevamente la colaboración plena de mi Comunidad Autónoma para analizar el coste efectivo. En este sentido, entiendo que la mayor parte de las Comunidades Autónomas vayan al nuevo modelo de financiación, pero mi obligación es ir al modelo de coste efectivo, el cual, como digo, es el único que puede garantizar las prestaciones y la calidad del servicio en la Comunidad Autónoma de Asturias.
Ayer, durante una comparecencia en el Parlamento de Asturias, el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, de la oposición, me planteaba --y no sólo eso, sino que me lo exigía y me daba el escrito correspondiente--, a menos de 24 horas del previsible final del proceso negociador, lo siguiente: Le instamos a que su Gobierno garantice a los asturianos los siguientes derechos: Que la asunción de las transferencias sanitarias no suponga ningún recorte de la calidad de los servicios y de las prestaciones que actualmente reciben los asturianos. Segundo: Que la financiación de la asistencia sanitaria transferida sea la necesaria para garantizar, no solamente el funcionamiento de los actuales servicios, sino también los compromisos que el Insalud tenía asumidos y programados en inversión y desarrollo de nuevos servicios y equipamientos. Etcétera.


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En definitiva, desde Asturias coincidimos plenamente en la necesidad de garantizar la financiación suficiente para que los asturianos mantengan las prestaciones que en estos momentos disfrutan y para que también se mantengan los criterios de calidad de esas prestaciones.
Y en segundo lugar, queremos que desde el Ministerio realmente se impulsen los instrumentos de coordinación que permitan garantizar la movilidad en todo el territorio, así como la equidad, como usted ha dicho. Porque no tenemos sistemas de información acerca de cómo se consideran los desplazados. No sabemos cómo se va a manejar el fondo de cohesión. No sabemos lo que quiere usted en relación con el Consejo Interterritorial. Y la firma del pacto con Farmaindustria nos hace temer las intenciones que se plantean desde el Ministerio en ese sentido.
Señora Ministra, nos gustaría que cumpliéramos aquello que nos comprometemos a realizar. Hay un aspecto fundamental --y con lo que voy a decir finalizo, puesto que somos muchos los que tenemos que hablar-- en el que hemos colaborado lealmente, como sabe usted que hemos hecho siempre que se nos ha pedido. Me refiero a la Ley de estabilidad del personal interino. Esta ley llega tarde en el tiempo. Pero, además, usted ha comprometido diversas actuaciones de cara al futuro.
Durante la tramitación de la ley sobre el personal del Insalud, publicada en el BOE en octubre de 1999, volví a hablar del estatuto marco. Todos sabemos de la dificultad de dicho estatuto, pero en aquel momento --octubre de 1999-- la disposición final primera comprometía al Gobierno a que en el plazo de seis meses presentara el estatuto marco del Sistema Nacional de Salud. Si hubiéramos hecho esa tarea ahora probablemente tendríamos solucionados bastante más problemas. Si se hubiera planteado la ley de coordinación, que era necesaria antes de completar el proceso transferencial, ahora probablemente tendríamos menos problemas. Y si se hubiera cumplido el acuerdo de financiación pactado para el período 1998-2001, y se hubiese mantenido el peso de la financiación sanitaria en relación con el producto interior bruto nominal, como establecía el acuerdo, probablemente en estos momentos también tendríamos muchos menos problemas.
Finalizo, señora Ministra, diciéndole que desde Asturias coincidimos con usted en conseguir un buen proceso de transferencias que garantice la calidad del servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por la Comunidad Autónoma de Cantabria, tiene la palabra su Consejero de Sanidad, Consumo y Servicios Sociales, Excelentísimo señor don Jaime del Barrio Seoane.


El señor CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y SERVICIOS SOCIALES DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANTABRIA (Del Barrio Seoane): Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, en primer lugar debo agradecer la posibilidad de comparecer ante ustedes, y con la presencia de la señora Ministra, en esta Comisión, en un momento tan importante para el Sistema Nacional de Salud como es la próxima asunción de las competencias en materia de asistencia sanitaria por parte de las Comunidades Autónomas.
Antes se ha hablado de cuál ha sido la secuencia del Sistema Nacional de Salud. Desde el año 1981 hasta estos momentos han transcurrido veinte años, demasiados años, para que el Sistema Nacional de Salud estuviera abierto, tiempo en el que ha habido una tendencia a las desigualdades y en el que determinadas Comunidades Autónomas han desarrollado sus propios servicios regionales, y no así lo que consagraba la Ley General de Sanidad en 1986, que establecía unos tiempos que han sido superados holgadamente y que, no obstante, han dotado a España de un sistema nacional sanitario único. En eso algo habrán tenido que ver los diferentes Ministerios de Sanidad, el Insalud y las siete Comunidades Autónomas con dichas competencias transferidas.
Llega el momento en que algunas Comunidades Autónomas, como la de Cantabria, manifestamos --como venimos diciendo desde hace ya tiempo-- que tenemos una mayoría de edad con la que podemos y debemos gestionar nuestro sistema regional de salud. Por tanto, agradecemos al Estado el esfuerzo realizado durante estos últimos meses por intentar que el Sistema Nacional de Salud --en estos momentos reconocido internacionalmente por sus indicadores-- se cierre de una vez por todas y demostremos todos la mayoría de edad que decimos tener.
Han sido éstos unos meses intensos de esfuerzo, de confrontación de documentos e indicadores, de trabajos previos que la mayoría de las Comunidades Autónomas hemos venido preparando en años anteriores. Por tanto, cuando se habla de premura y de que se ha contado con poco tiempo no se puede sino reconocer que en éste tan poco tiempo lo que se ha puesto sobre la mesa ha sido todo el trabajo que habíamos hecho en los años precedentes.
En estos momentos --a falta tan sólo de unas semanas-- asistimos a algo que podría considerarse miedo, incertidumbre, vértigo, y sensación de que quien nos ha estado tutelando en los últimos tiempos deja de hacerlo.
Existe un corte en ese cordón umbilical que, como digo, puede inducir a ese miedo e incertidumbre. Desde Cantabria, como es lógico, también han existido esas sensaciones, y para evitarlas hemos venido trabajando. Por tanto, independientemente de que en la Ponencia Técnica lleguemos a acuerdos sobre la financiación de nuestra Comunidad Autónoma, algo que tanto en dinero como en medios personales va a suponer un importante impacto en nuestra Comunidad, estamos preparados para asumir estas competencias con plena responsabilidad.
Durante los próximos meses tendremos que demostrar realmente de lo que estoy hablando. Indudablemente, ha llegado el tiempo de la emancipación, de la mayoría de edad del Estado de las autonomías, que aquí mejor que en otro foro tenemos que exigir. Ahora tenemos que demostrar la mayoría de edad de diecisiete servicios regionales de salud y, desde luego, en Cantabria estamos dispuestos a hacerlo.


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Durante los últimos meses hemos presenciado cómo órganos de cohesión y de coordinación del Sistema Nacional de Salud, como es el Consejo Interterritorial, se han ido devaluando, degradando y ahora mismo no dejan de ser parlamentos regionales venidos a menos. Allí no se habla para nada de la cohesión del Sistema Nacional de Salud. Allí se utiliza un foro en el que se debe hablar de salud para poner encima de la mesa cuestiones que nada tienen que ver con el Sistema Nacional de Salud. Por tanto, en este foro sí reivindico que cuando pasen por aquí normativas para la cohesión del Sistema Nacional de Salud se ponga cuidado para que esto no derive en lo que está derivando en los últimos meses.
Para terminar, diría que éste ya no es el momento de seguir mirando a un Ministerio. A partir de ahora, diecisiete servicios regionales de salud tenemos que demostrar la mayoría de edad que hemos dicho tener y en los próximos meses en foros como el Consejo Interterritorial tenemos que demostrar que somos capaces, a través de dichos servicios regionales, de tener un único Sistema Nacional de Salud y, en la medida de lo posible, mejorarlo, que ya va a ser difícil.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por la Diputación General de Aragón, tiene la palabra su Consejero de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, excelentísimo señor don Alberto Larraz Vileta.


El señor CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACION GENERAL DE ARAGON (Larraz Vileta): Gracias, señor Presidente, por la oportunidad de poder hablar en este excelente foro.
Señorías, querida Ministra, Consejeros, muy buenas tardes.
Aunque debo reconocer el esfuerzo realizado por algunos altos cargos y funcionarios del Ministerio de Sanidad y Consumo desde que en marzo comenzó el proceso de transferencias --muchas gracias por el trabajo que han hecho--, durante los diez minutos de que dispongo trataré de analizar algunas preocupantes cuestiones que afectan a la gestión del Ministerio de Sanidad en este proceso de transferencias, así como el limitado papel del pleno del Consejo Interterritorial como órgano permanente de comunicación e información de los distintos servicios de salud, con atribuciones planificadoras, y las importantes lagunas que todavía hoy quedan en la negociación bilateral con Aragón.
Algunos de los síntomas que me preocupan son, por un lado, el desafortunado cálculo de las necesidades de gasto del Sistema de Salud y, por otro, el frecuente desencuentro entre los órganos de autoridad y los órganos de gestión del Ministerio, entre sus preceptos y la acción del Insalud en este último período.
Querida Ministra, cuando usted ya conocía que el año base de negociación era 1999 también era consciente de que estaba definiendo la restricción presupuestaria que iba a corresponder al Sistema Nacional de Salud en el entonces desconocido nuevo modelo de financiación. Al fin y al cabo, ésa es su responsabilidad: determinar la restricción presupuestaria del Sistema Nacional en su conjunto y hacer la propuesta de presupuesto para cada ejercicio, es decir, asegurar que el sistema tiene suficiente dinero para resolver las necesidades de salud de los ciudadanos --dinero para listas de espera, para terminar de construir centros de salud y hospitales, para poner resonancias magnéticas donde no las haya--, con independencia de que la sanidad la gestione el Insalud, la Generalitat de Cataluña, el Gobierno andaluz o el Gobierno de Aragón.
Sin embargo, tengo fundadas razones para afirmar que esta restricción puede resultar insuficiente para responder a las necesidades de gasto del sistema. Sólo con observar el cierre provisional del Insalud en Aragón en el año 2001 --y debo recordarle que lo que se transfieren son las obligaciones contraídas durante el año precedente a la transferencia, ni más ni menos que el gasto real-- verá que lo que usted ha puesto como crédito inicial para el año 2002 es muy inferior a las necesidades de gasto en la Comunidad Autónoma.
Lo que no termino de entender --y sería bueno que lo aclarase-- es si usted era consciente de la insuficiencia financiera que se planteaba en el nuevo modelo cuando en un titular de junio de un conocido periódico afirmaba con rotundidad que el proceso de transferencias tenía que cerrarse ya. También sería bueno que aclarase si, siendo consciente de esa insuficiencia, usted la asumió sin negociar con los responsables de Hacienda. Cuando el grupo coordinador de transferencias se reunió en septiembre la última vez --hablo de Aragón--, el Ministerio de Sanidad y Consumo no tenía una postura clara al respecto o simplemente no tenía información al respecto. Eso en septiembre. Hoy seguimos sin saber nada, por lo menos en lo que a Aragón respecta.
Con frecuencia hemos asistido en este proceso al desencuentro entre postulados del Ministerio y la acción gestora del Ministerio y estos desencuentros se saldan con una muy cuestionable gestión de los servicios en las distintas Comunidades a las que se transfieren y este balance se puede resumir en tres puntos.
A fecha de hoy, la ejecución presupuestaria en el capítulo de inversiones es extraordinariamente baja. Espero, señora Villalobos, que no sea con la intención de consolidar menos dinero en la transferencia y permitir que a usted le cuadre el mandato que el Presidente de Gobierno, hizo respecto a las transferencias.
A un mes de las transferencias, según su calendario, el Insalud continúa tomando iniciativas que suponen un coste añadido para el Sistema Nacional de Salud. Estos acuerdos están tomados sin el conocimiento de las Comunidades Autónomas que van a recibir la transferencia y supongo que sin su concurso, porque no he visto en el presupuesto del Insalud la consignación de los respectivos incrementos salariales.
Aún más, el ciudadano debe saber que la Administración va a duplicar en los próximos años los recursos destinados al control de las cuentas públicas; me refiero a los interventores y a todos sus equipos, que no van a ser transferidos

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a las diez Comunidades Autónomas, pese a que es un criterio explícitamente contraindicado en el acuerdo 1/1995 del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Esto supone duplicar recursos por valor de 4.000 millones de pesetas. No me dirá, señora Ministra, que eso es responsabilidad del Ministerio de Trabajo y que usted no tiene nada que ver. Diga que probablemente no ha sabido negociar con ese Ministerio ni con el Ministerio de Administraciones Públicas que los equipos que garantizan a los ciudadanos que los gastos sanitarios son adecuados a norma, equipos altamente especializados en gestión sanitaria, preparados durante muchísimos años para este fin, no van a ser transferidos. Ello supondrá otros 4.000 millones de pesetas más que tendremos que pagar todos y que forman parte de esas cuentas mal hechas que han obligado a incluir el impuesto de las gasolinas durante estas dos frenéticas semanas. Y la norma --les recuerdo-- lo contraindica expresamente.
Además de la situación de aparente debilidad del Ministerio de Sanidad y Consumo frente al Ministerio de Hacienda, al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y al Insalud, quiero hacer mención de lo que, a mi juicio, ha sido un papel muy limitado del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Señalaré dos ejemplos que resultan suficientemente ilustrativos.
Como ya he señalado, el modelo de financiación puede tener una laguna evidente: la insuficiencia financiera. Y como solución se propone introducir una vía de financiación, el impuesto sobre las gasolinas, para la cual muchos Consejeros han planteado ya sus dudas. Y es que, aunque es cierto que todos los impuestos son ingresos que afectan a la financiación de la sanidad, no todos los impuestos con los que se financia el sistema tienen el mismo efecto sobre el bolsillo de los ciudadanos. Así, los impuestos directos, como el IRPF, afectan más a los que más tienen y los impuestos indirectos, como el de la gasolina, afectan a todos por igual, con independencia de la renta que cada uno tiene.
Pues bien, con objeto de promover una postura conjunta del sector sanitario, cuando se apuntaban los primeros esbozos del marco de financiación de la sanidad, en diciembre de 2000 propuse un punto en el orden del día del Pleno del Consejo Interterritorial que abordase este tema. Creo que el Consejo es el foro adecuado para que el sector plantee su opinión sobre las políticas de financiación que le van a afectar.
Viene anunciando, señora Ministra, una iniciativa legislativa que afecta al futuro Sistema Nacional de Salud y al futuro de las Comunidades Autónomas que van a recibir esta transferencia. Me refiero a la Ley de Coordinación Sanitaria. Hoy es 27 de noviembre y este Consejero no conoce ningún documento al respecto. Y eso que ha manifestado donde corresponde, en el seno del Consejo Interterritorial, su interés por el tema. Con fecha 8 de junio de 2001, solicité incorporar al orden del día del Pleno esta cuestión. Como pueden suponer sus señorías, este asunto no fue introducido en ese orden del día, quizás por lo extemporáneo de la pregunta. Nuevamente solicité la inclusión en el Pleno de 29 de septiembre y obtuve el mismo resultado.
En resumen, no se obtiene nada devaluando debates como el que se produjo, por ejemplo, el día 30 de junio a propósito del Plan de calidad total del Sistema Nacional de Salud o sobre el Modelo de atención sociosanitaria o sobre política de personal, señalando que las intervenciones de los Consejeros Socialistas son partidistas y que su único objetivo es sacarle los colores y no dejarle hacer cosas por los ciudadanos. Con exactitud le diré que ha llevado el debate en este Consejo a un terreno estéril y ha convertido la solemnidad de los plenos en puras anécdotas mediáticas.
Para finalizar, permítanme hablar un poco de mi Comunidad Autónoma de Aragón. Voy a aprovechar el tiempo que me resta para hacerle algunas consideraciones o preguntas sobre dos asuntos solamente.
Tenemos dudas sobre el cumplimiento de los acuerdos que hemos pactado entre el Insalud y el Gobierno de Aragón en varias ocasiones y, por tanto, estamos dudando si las obligaciones financieras se van a transferir a la Comunidad. Aunque podríamos hablar de situaciones, como la salud mental, las urgencias, emergencias, etcétera, me voy a dedicar solamente a dos puntos, uno, el Hospital Royo Villanova y, el otro, el Hospital Miguel Servet.
En febrero del año 1999, el Gobierno de Aragón suscribió un protocolo de colaboración por el que se dio la condición de hospital general al hospital Royo Villanova, condición que se sustanció mediante la firma de un concierto singular sustitutorio por valor de 1.250 millones de pesetas; ese concierto está sin renovar, y supone que para dar atención especializada a un área sanitaria, el Gobierno de Aragón debe aportar, además de esa cifra, más de 2.000 millones de pesetas. Yo creo que conoce, señora Ministra, cuál es la cápita que se paga en Alcira, 35.000 pesetas por habitante. ¿Sabe cuánto está financiando el Insalud en esta área que tiene el Gobierno de Aragón? Diez mil pesetas. Espero que la transferencia contemple esta situación.
Por último, querría hablarle sobre algo de lo que ha hablado usted hace muy poco tiempo en el Congreso de los Diputados, con motivo de una pegunta de la Xunta Aragonesista, del Hospital Miguel Servet de Zaragoza.
Por lo que respondió puedo colegir que no le han asesorado bien en cuanto a la información actualizada.
La obra del Miguel Servet no ha comenzado, como usted señalaba en el Congreso de los Diputados. Hace dos años puse, junto con su antecesor, la primera piedra de la reforma del edificio. Hoy puedo decirle que estamos pendientes de ponerla segunda. (Risas.) Señora Villalobos, la única obra en marcha de todo el Hospital Miguel Servet es la adaptación de los accesos para evitar el hundimiento de los camiones que pasan por ahí y ni siquiera esta obra preparatoria tiene terminado los trámites administrativos. Por lo tanto, y desde aquí le invito a que pongamos la segunda piedra cuando usted crea conveniente. La reforma no va a terminar en los plazos previstos, como le han dicho. De hecho, si le hubiesen pasado el anexo de inversiones que la Dirección General del Insalud nos envía a los Consejeros de las Comunidades Autónomas por estas fechas todos los años, comprobaría tres cosas: primero, que el dinero ha tenido que ser actualizado, pero incluido en un modificado de obra.


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El señor PRESIDENTE: Señor Consejero, vaya concluyendo.


El señor CONSEJERO DE SANIDAD, CONSUMO Y BIENESTAR SOCIAL DE LA DIPUTACION DE ARAGON (Larraz Vileta): Gracias, señor Presidente. Termino enseguida.
Se ha pasado de 10.600 millones a 11.300.
Segundo, las obras están previstas paraseis años, plurianualizado por Insalud, y no para cuatro corro usted dijo en el Congreso de los Diputados.
Tercero, sólo las anualidades del hospital Miguel Servet consumen más dinero que lo que usted quiere transferir en inversiones al Gobierno de Aragón.
Como comprenderá, no termino de estar de acuerdo con esta cuestión, y menos con un asunto como es el Miguel Servet tan específicamente sensible para Aragón porque, como usted sabe, supone el 25 por ciento de lo que probablemente nos transfieran.
Espero, señora Ministra, sus respuestas, si no hoy, porque no tuviera los datos a mano, mañana, si pudiera ser. No somos responsables de la salud de los aragoneses hasta que senos transfieran los servicios, y esa responsabilidad de momento es suya.
Para terminar, quiero decir que el día 11 puede que Aragón llegue o no a un acuerdo de transferencias para el día 1 de enero, y si ocurre, como en las dos ocasiones anteriores, que tuviéramos que hacer alguna ronda más, no tendríamos ningún inconveniente en pasar juntos la Navidad con todos los que vamos a negociar.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, tiene la palabra por tiempo de diez minutos su Consejero de Sanidad, el Excelentísimo señor don Fernando Lamata Cotanda.


El señor CONSEJERO DE SANIDAD DE LA JUNTA DE COMUNIDADES DE CASTILLA-LA MANCHA (Lamata Cotanda): Muchas gracias, señora Presidenta.
Traigo a este noble foro del Senado la voz de Castilla-La Mancha, sus preocupaciones y sus propuestas en un tema tan importante como es la sanidad y ese proceso final de traspaso de competencias. Estamos en el momento de culminación de ese proceso, pero conviene subrayar que las competencias de la asistencia sanitaria de la Seguridad Social ya están asumidas en el Estatuto de Castilla-La Mancha, en su modificación de 1997, que fue refrendada en este Senado el 17 de junio de aquel año, y ya somos competentes en esta materia. Lo que estamos negociando es el traspaso de los recursos para hacer efectivas esas competencias y poder prestar esa atención sanitaria a los manchegos como queremos, a los alcarreños también, Senadora, a los castellano-manchegos. Castilla-La Mancha tiene ganas y voluntad de llegar al acuerdo; quiere la gestión de esta importante competencia para poder igualarse a otras Comunidades que ya están gestionándola, como Cataluña, Galicia, Valencia, con un resultado que beneficia, sin duda alguna, a la atención sanitaria de los ciudadanos.
Todas las Comunidades sin excepción han modificado sus estatutos para poder asumir esta competencia, y en ese balance que se ha hecho brevemente en esta Cámara de esos veinte años lo de ejercicio de competencias --unos la salud pública, la planificación, otros también la asistencia sanitaria-- hemos de decir que el resultado ha sido muy positivo, que el Estado de las Autonomías funciona y funciona bien, que el Sistema Nacional de Salud tiene un balance que puede ser presentado con orgullo en cualquier ámbito europeo e internacional, y quiero en ese sentido sumar mi voz a las que ya se han expresado para subrayar que este Estado Autonómico ha podido ofrecer a los españoles el período más largo de convivencia en paz, en desarrollo, en bienestar, en tolerancia de toda su larga historia, algunos de cuyos debates se han producido en esta Cámara.
Quiero recordar también aquí a uno de los artífices de ese proceso, al señor Ernest Lluch, que fue asesinado por ETA el 21 de noviembre del año pasado, siendo por desgracia esta banda terrorista la única que sigue manchando de sangre nuestro país, evitando que en una parte de esta tierra se pueda hablar con libertad. Pero el proceso autonómico, el Estado de las Autonomías, el Sistema Nacional de Salud es un modelo que ha funcionado con total satisfacción, y se refleja de esa manera en el beneficio para los ciudadanos: mejoras en los estándares de sanidad, de indicadores de vida y también de satisfacción. Queremos culminar ese proceso, pero hemos de ver también si hay algún problema que debamos afrontar y resolver.
Quiero detenerme en ese asunto que la Ministra subrayaba, al igual que el Consejero de Cantabria y algunos otros Consejeros, y es que la clave del arco para el equilibrio de este Sistema Nacional de Salud es la coordinación, señorías. Las Comunidades Autónomas gestionamos ya competencias de salud pública, de planificación, pero la clave del arco es esa coordinación que pasa por dos cosas: instrumentos, mecanismos, como decía la señora Ministra, y también lealtad institucional. Es necesario que haya unos mecanismos y estructuras adecuadas, pero es necesario actuar con lealtad.
Señorías, a mi juicio, los instrumentos no están funcionando adecuadamente, como decía Jaime del Barrio; algo no funciona y, aunque seguramente nuestro diagnóstico no coincida, algo no funciona; el mecanismo de coordinación no recoge en los órdenes del día propuestas de los Consejeros, como el debate sobre financiación sanitaria, sobre traspasos de competencias, sobre encefalopatía espongiforme bovina --la crisis más importante de salud pública de los últimos años-- y, por tanto, no se pueden debatir y sería importante que se hiciera.
Además, en los debates no es posible llevar un razonable clima de diálogo. Lo calificaba el Consejero como un Parlamento venido a menos; no, es un Consejo Interterritorial venido a menos. Ha habido otras épocas, que recuerdan usted y otros Consejeros, con otros climas. Podemos discutir cuál ha sido el origen del mal pero, en todo caso,

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creo que hay que cambiar el instrumento, y eso compete a los legisladores, a ustedes, señorías.
El Consejo Interterritorial de Sanidad, a mi juicio, debe reforzarse en su composición con la presencia de la Ministra o Ministro y Consejeras y Consejeros, en sus contenidos, en sus funciones, donde se puedan debatir asuntos de tanta importancia como la incorporación de nuevas prestaciones; como los debates que llevan a decisiones en la Unión Europea, en la que no estamos participando los órganos políticos y las administraciones sanitarias que luego hemos de aplicar esas resoluciones y pagarlas; tenemos que tener voz, opinión y formación de criterio en esos debates.
Decía que hay otra cuestión tan importante como el mecanismo, que es la lealtad institucional. Esa lealtad, señorías, señora Ministra, desde mi punto de vista, se ha quebrado con la firma del acuerdo con Farmaindustria en nombre del Consejo Interterritorial, o al menos firmando como Presidenta del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud sin tener la autorización de este Consejero y me consta que de otros Consejeros tampoco. Firmar un acuerdo en nombre de un organismo que es la clave de la coordinación del sistema sin haber pedido autorización a los miembros de ese Consejo me parece de una gravedad inusitada.
Además, se han invadido competencias. Como he dicho, la competencia de la asistencia sanitaria ya es de Castilla-La Mancha. Nos falta la gestión, pero ésta ya está transferida también a Cataluña, Galicia, Valencia, Andalucía, etcétera, y se ha invadido esa competencia tomando decisiones que condicionan el futuro de un aspecto fundamental del Sistema Nacional de Salud, que es la prestación farmacéutica --casi dos billones de pesetas--, con un acuerdo que genera unas condiciones discutibles --a mi juicio, escandalosas-- para el futuro de la industria farmacéutica, de la sanidad, del Sistema Nacional de Salud.
Señorías, me parece un asunto de enorme gravedad porque pone en cuestión el funcionamiento de la coordinación del sistema. Podremos diseñar un mecanismo perfecto, pero hay que trabajar con voluntad de diálogo.
Ministra, usted expresaba esa voluntad de consenso al finalizar su intervención, pero esa voluntad no se ha expresado en la firma de ese acuerdo, y esa firma quiebra la confianza que tenemos depositada en el Gobierno de España, porque es necesario que ese Consejo Interterritorial se base en la lealtad mutua. Por eso, Ministra, porque lo ha quebrado y porque puede recomponer usted ese principio --los instrumentos ya los modificarán los legisladores, pero la lealtad solamente la puede rectificar usted--, le ruego que rectifique ese acuerdo y que nos dé pie para discutirlo de nuevo con la política farmacéutica en el Consejo Interterritorial de Salud.
Muchas gracias, señorías.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por la Junta de Extremadura tiene la palabra, también por un tiempo de diez minutos, su Consejero de Sanidad y Consumo, Excelentísimo señor don Guillermo Fernández Vara.
El señor CONSEJERO DE SANIDAD Y CONSUMO DE LA JUNTA DE EXTREMADURA (Fernández Vara): Señor Presidente, señora Ministra, señorías, venía yo esta mañana desde Extremadura contento, con la ilusión de poder asistir a un debate que creo que llega en un momento importante y oportuno --yo creo que las transferencias sanitarias no son un fin en sí mismo, sino un medio para lograr otros objetivos de mucho más largo alcance--, y lamento decirle --es posible que a lo largo del debate podamos entrar en lo que yo creo que es fundamental y que debería ser el objeto del mismo--, con todo el respeto, que me decepciona el contenido de su intervención en tanto en cuanto ha sido un mero relato formal de en qué ha consistido este proceso. Ministra, a esto hubiéramos podido tener acceso en «diario médico.com». No era necesario utilizar una sesión de la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado para saber qué es lo que hemos estado haciendo a lo largo de este tiempo, porque creo que lo sabemos sobradamente los que aquí estamos y muchos de los ciudadanos que están fuera de aquí.
En cualquier caso, Ministra, quiero destacar lo positivo que haya podido tener su intervención. Creo que el objetivo de completar el proceso de transferencias, en el que hemos ido juntos a lo largo del año, ha sido largo. Es verdad que es un proceso que se ha impulsado desde el propio Ministerio y que ha habido una disposición positiva por parte de las Comunidades Autónomas en un proceso que ha sido sumamente complejo y yo quiero, igual que hacía alguno de mis antecesores, felicitar de verdad a la gente que desde el Ministerio de Sanidad ha participado en este proceso porque creo que han hecho un esfuerzo importantísimo para poder lograr y llevar en paralelo una negociación tan sumamente compleja como la de la asistencia sanitaria de Seguridad Social.
Destaco también de su intervención el hecho de la necesaria definición del futuro. Creo que ahí es donde está la clave de lo que nos va a deparar el futuro. Creo que se ha sobreestimado en exceso la importancia de este proceso de transferencias. Usted ha recordado en su intervención que, efectivamente, se va a transferir a un 38 por ciento de población, pero que un 62 por ciento está transferido, y a una parte importante desde hace mucho tiempo. Veinte años es demasiado tiempo --en esto podemos coincidir todos-- y creo que eso hace que le hayamos dado un exceso de transcendencia a este proceso, olvidando que tan importante como el hecho de que podamos llegar a acuerdos para que éstas se produzcan lo antes posible y en las mejores condiciones, es lo que podamos conseguir en el futuro de cara a garantizar lo que para mí es esencial, y es que la sanidad y los que nos movemos en su entorno no es un servicio más, sino un derecho de primer rango, porque se puede tener derecho a la vivienda, a la educación, al ocio, al tiempo libre, pero si no se tiene vida, si no se tiene salud, difícilmente se puede disfrutar de todo lo demás.
Es en ese contexto de la sanidad como derecho y no como servicio en el que yo creo que tenemos una enorme responsabilidad tanto usted, Ministra, por el cargo que ocupa, como nosotros como consejeros de las distintas Comunidades Autónomas para construir el edificio del

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futuro. En esa construcción puede usted contar con nuestra lealtad, como creo que lo ha hecho a lo largo de este tiempo cuando hemos tenido la oportunidad de participar.
En ese contexto también puedo decir con toda claridad que nos preocupa sobremanera el hecho de que se pueda estar discutiendo, negociando e incluso afirmando que va a haber una norma en los próximos meses, como se está haciendo públicamente, sin que las Comunidades Autónomas tengamos posibilidad de participar. A mí me gustaría que, en ese contexto, pudiéramos tener la oportunidad de poner nuestro granito de arena en lo realmente importante para el futuro, que no es otra cosa que lo que va a ocurrir con la sanidad en nuestro país, y no sólo con la asistencia sanitaria.
Creo que uno de los errores en los que podemos caer con relativa frecuencia es en vincular todo con lo asistencial sin que nos preocupemos de cómo podemos lograr lo que hasta ahora no hemos sido capaces de lograr --y yo entono mi cuota de responsabilidad--, es decir, las razones que deberíamos analizar llevan a concluir que la coordinación en materia de salud pública que existe ahora mismo en España no es la más idónea, y no hay más que referirse a situaciones como la vacunación de la meningitis; unas Comunidades Autónomas vacunan y otras no, como si los virus y bacterias conocieran de límites regionales o de límites fronterizos.
Yo creo que falla algo, y eso que falla es lo que tenemos que intentar tapar entre todos para que podamos construir un edificio no sólo en coordinación asistencial. No me gustaría que lo que quedara en el futuro fuera qué forma tiene el Ministerio de controlar a las Comunidades Autónomas ahora que se va a descentralizar completamente, sino qué forma tiene de coordinar, para que no fuera una forma de controlar, sino una forma de construir. Yo tengo muchísima más vocación de arquitecto o de albañil que de barrenero y por esa razón es por la que me gustaría, en la medida de lo posible, contribuir a que ese edificio lo podamos construir juntos en el futuro.
Creo que la lealtad es imprescindible y creo que usted ha tenido suficientes muestras de ello en los últimos tiempos, como ha ocurrido con la Ley de estabilidad, y yo me alegro de que se haya dado ese paso. Le negaría la evidencia si dijera lo contrario, pero me hubiera gustado que esa lealtad no sólo fuera para su aprobación, cosa que ha tenido usted por parte de las Comunidades Autónomas en el Consejo Interterritorial, y del partido político al que pertenezco en las negociaciones en sede parlamentaria, sino también ahora, en estos días, en estos meses, cuando se están produciendo las consecuencias de esa Ley, como los concursos que se van a convocar. Creo que hubiera sido oportuno que hubiéramos sido oídos. Se está haciendo aflorar un determinado número de plazas que están en estos momentos con fórmulas de contratación temporal y que van a pasar a ser plazas de interinos. Creo que quien, como a todas luces parece lógico pensar, en los próximos meses va a tenerse que responsabilizar de la asistencia sanitaria debería haber sido oído un poco más de lo que lo ha sido en todo este proceso.
Junto a esa necesaria lealtad que le ofrezco y reitero una vez más, le diré que nosotros podemos pasar y pasaremos, señora Ministra --usted pasará como Ministra y nosotros como consejeros-- pero el sistema se va a quedar. Tenemos por delante un objetivo, construir algo que les vamos a dejar a los que vengan detrás, como nosotros hemos recibido lo que construyeron los que vinieron antes. Mi compañero Fernando Lamata, recordaba a Ernest Lluch, yo le recordaría a él y a todos los ministros que han ido pasando por el Ministerio de Sanidad, que han ido construyendo un edificio que ahora nosotros tenemos que cambiar para dejárselo a los que vengan detrás, teniendo en cuenta que nadie es eterno y que ocupamos trabajos eventuales que se tienen que renovar periódicamente.
Por tanto, le ofrezco esa lealtad, y me gustaría que pudiéramos tener un debate en profundidad sobre lo que queremos que sea el futuro, de modo que no sea un trágala, una norma que se introduzca a última hora, porque es el futuro lo que nos estamos jugando. Yo y el Gobierno de Extremadura podremos negociar con Madrid mejores o peores transferencias para Extremadura, pero aquí no estamos discutiendo qué va a ocurrir con la asistencia sanitaria en mi Comunidad; estamos hablando de construir el Estado de las Autonomías, y yo quiero que también se construya desde las Autonomías, porque en algunas ocasiones parece como si éstas fueran para su Gobierno un estorbo, como si fuéramos una mera estrategia de buscar una corresponsabilidad, pero cuando llega el momento parece como si estorbáramos. Tengo esa sensación, que me va a permitir su señoría que le traslade.
Respecto al proceso de transferencias sólo le voy a hacer mención de algo que creo imprescindible, y es que debe ser transparente. Es una negociación bilateral en la que todos hemos participado y que me gustaría que fuera transparente. No quisiera que a lo largo de los meses tuviéramos conocimiento de que se han utilizado estrategias que en poco beneficiarán a lo que pretendemos que sea el futuro.
Tan sólo una palabra para el modelo de financiación. Señora Ministra, no es el modelo de financiación que a nosotros nos gustaría, ni al Gobierno de Extremadura ni al Grupo político al que pertenezco, pero creo que es el mejor modelo de los planteados hasta ahora en comparación con los anteriores. El modelo anterior era, a mi juicio, absolutamente perverso porque atribuía prácticamente el 90 por ciento de su peso a la población, con lo cual discriminaba el resto de variables, y cuando introducía alguna nueva era para beneficiar a determinadas Comunidades y perjudicar a otras. Creo que este modelo introduce elementos positivos, como es que el envejecimiento sea una variable a contemplar, la insularidad, lo relativo a la afectación del fondo y al fondo de desplazados, que también pido a su señoría que tengamos la oportunidad de discutir. Esta semana pasada he tenido la oportunidad de ver un documento en la Comisión Nacional de Transplantes que ya empieza a avanzar algo de lo que va a ser el fondo de desplazados, cuando hasta ahora no hemos tenido absolutamente ninguna noticia, y creo que ha sido un logro que se pueda garantizar la evolución PIB durante tres años. No es

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el modelo que a mí y a los que pertenecen a mi Grupo político --digo-- nos hubiera gustado porque genera incertidumbres de futuro, y en eso creo que todos debemos estar de acuerdo. La señora Ministra sabe que la sanidad y el gasto sanitario evolucionan con independencia de cómo lo haga la economía del país. Es decir, puede haber una época de un menor crecimiento económico, pero el gasto sanitario va a seguir evolucionando al mismo ritmo -- ya nos conformaríamos con contenerlo--, como ha venido haciéndolo a lo largo de los últimos lustros.
Por tanto, me preocupan las incertidumbres que sobre el futuro pueda haber. Supongo que habrá que plantearlo cuando llegue el momento procesal oportuno, pero ahora lo que quiero --y con esto termino, señora Ministra-- es trasladarle que el que el Consejo Interterritorial sea una cosa u otra va a depender de los que lo conformamos. Que seamos capaces de lograr un verdadero debate donde lo que más pese sea conseguir dejar un futuro mejor del que hemos encontrado va a depender de los que formamos parte de él. Lo único que tenemos que hacer es ponernos manos a la obra e intentar poner los instrumentos para lograrlo.
Gracias, señor Presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Consejero.
Por la Comunidad Autónoma de las Illes Balears tiene la palabra su Consejero de Presidencia, Excelentísimo señor don Antonio Garcias i Coll.


El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES (Garcias i Coll): Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señorías, las transferencias sanitarias suponen para nuestra Comunidad un importante reto que condiciona en buena medida el futuro de la atención sanitaria de los próximos años. Su importancia viene determinada porque, además de implicar la consolidación del Estado de las Autonomías, aumentando el peso político y económico de las Comunidades Autónomas en el seno del Estado, supone la posibilidad de gestionar desde la propia Autonomía la atención sanitaria, permitiendo una percepción de las necesidades y una gestión más próxima a los ciudadanos. Implica, además, la oportunidad de gestionar una gran transferencia económica, tan elevada como casi la mitad del presupuesto de toda la Comunidad Autónoma de las Illes Balears, así como la transferencia de unos recursos humanos altamente cualificados. Igualmente debe conllevar la mejora de todo el Sistema Nacional de Salud por cuanto representa el cierre definitivo del proceso transferencial, favoreciendo una distribución más equitativa de los recursos y redefiniendo el papel del futuro Ministerio de Sanidad, que debe adoptar un papel impulsor de las políticas de salud que garanticen la equidad y la información a nivel de todas las Comunidades Autónomas.
No obstante, para que todo ello sea posible es necesario un acuerdo de financiación sanitaria, y para llegar a él tenemos que situarnos en nuestro punto de partida, tanto a nivel individual como al compararnos con el resto de las Comunidades Autónomas. Por desgracia, actualmente la financiación sanitaria en nuestra Comunidad no es buena. Y no lo es porque arrastramos un déficit histórico que se ha ido acentuando en los últimos años. Un déficit tanto en inversiones, en infraestructuras sanitarias, como en gasto sanitario por habitante. De hecho, y respecto a este último concepto nos situamos 11.000 pesetas por debajo de la media estatal, y a más de 21.000 pesetas por habitante por debajo de las Comunidades que están a la cabeza, tomando como año de referencia 1999.
Es curiosa esta situación, ya que si nos fijamos en los países de nuestro entorno e, incluso, en nuestras propias Comunidades, observarnos que a mayor riqueza o bienestar --como ustedes lo quieran llamar-- mayor gasto sanitario público. Pues bien, la Comunidad Autónoma de las Illes Balears es de las que tienen un producto interior bruto más elevado del Estado español, superior incluso a muchos países occidentales. Es decir, pasamos por ser una Comunidad rica, pero, señorías, algo falla, porque esta riqueza no se traduce después en las partidas que el Gobierno invierte en Baleares.
En fin, volviendo a la sanidad, hay datos suficientes que avalan nuestra afirmación de que las Illes Balears se encuentran muy por debajo de la media en atención sanitaria. Por ejemplo, en nuestra Comunidad se da la circunstancia de que contamos con unas plantillas altamente cualificadas, pero que no se han visto incrementadas en proporción al gran aumento demográfico que hemos experimentado en los últimos años. Si en épocas anteriores nuestra ratio de número de pacientes por profesional se situaba entre 1.500 y 1.800, actualmente nos encontramos entre 2.200 y 2.500. Como ustedes se pueden imaginar, la consecuencia de esta situación ha sido una sobresaturación de los servicios, una dificultad en la accesibilidad y una gran presión a los profesionales para poder desarrollar con garantías la profesión para la cual fueron formados, con la insatisfacción que ello produce.
En cuanto al déficit de inversiones en infraestructuras sanitarias, podemos recordar que el último centro de salud financiado por el Insalud se inició en el año 1995, hace ya seis años. Desde entonces nuestra población de derecho ha crecido en más de 75.000 habitantes y, no obstante, como les decía, las instalaciones son las mismas. A esta situación debemos añadir el retraso que han sufrido las obras del segundo hospital de la ciudad de Palma, que finalmente será operativo el próximo mes, si se cumplen las previsiones del Ministerio. Esta es, sin duda, una buena noticia, pero, no debe hacernos olvidar que este hospital se proyectó, se diseñó y se aprobó a finales de los años ochenta, con una previsión de ejecución de entre cinco y siete años. El retraso ha provocado que, por ejemplo, el área destinada a unas urgencias correctamente dimensionadas para la década de los noventa, se haya tenido que ampliar a marchas forzadas a causa del elevado aumento de población que hemos tenido en nuestra Comunidad. Y en cuanto el resto de estructuras hospitalarias de las islas --y no quiero que esta exposición se interprete en clave de reproche--, la situación del hospital de referencia de Son Dureta es, por decirlo de una manera suave, muy mejorable. Sencillamente, está apuntalado por todas partes, se caen trozos de fachada

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y los marcos de las ventanas y su distribución es obsoleta. Aun así, está soportando la actividad que condicionan más de 900 camas abiertas y el hecho de ser el referente de urgencias de toda la Comunidad.
El Ministerio ha sido consciente desde el año 1996 de la necesidad de acometer una reforma en profundidad de este centro. Fue en el año 1999 cuando se presentó el Plan director fase II, que debía completar la reforma en profundidad del hospital, valorada en 12.000 millones de pesetas.
En el año 1999 se colocó --como decía anteriormente otro Consejero-- la primera piedra en la citada reforma en un acto al que asistió el Ministro Beccaría acompañado por altos cargos del Ministerio. Poco más --y no estoy repartiendo culpas-- se ha hecho desde entonces.
Después de tanto tiempo la reforma ha quedado casi tan obsoleta como el hospital. El Insalud ha sido consciente y durante este año renunció a las obras de rehabilitación que ya estaban adjudicadas, ya que nada podía dar solución a los problemas existentes y, consecuentemente, retiró el plan asumiendo, incluso, el pago de las indemnizaciones y anunció que se iba a presentar otro más acorde con las necesidades actuales.
El hecho de que el Insalud sea consciente de nuestras necesidades y del enorme lapso de tiempo que ha transcurrido desde que éstas se han intentado solucionar, no obsta para que mientras tanto Son Dureta siga apuntalado y los ciudadanos continúen pagando las consecuencias.
En cuanto al resto de los hospitales, Menorca tiene aprobada la construcción de un nuevo hospital desde el año 1998. En Ibiza se han cometido algunas reformas, pero no son suficientes. El hospital de Inca, para cuya construcción se nos pide la cofinanciación, todavía desconocemos si el solar en que se debe ubicar reúne las características legales para poder construirse.
Ante semejante situación de la sanidad pública, a las Illes Balears no nos ha de extrañar que la nuestra sea la Comunidad Autónoma con mayor presencia y uso de la sanidad privada. El déficit de financiación y también de personal se ha traducido en un sobredimensionamiento del sector sanitario privado. Nuestros habitantes, conscientes de cómo funciona la sanidad pública, sabedores de las listas de espera y de las deficiencias que les he comentado, en absoluto achacables --como repito-- a los profesionales de nuestras islas, no han tenido más remedio que recurrir desde hace años a la sanidad privada. Este hecho supone un importante agravio comparativo para nuestros habitantes que, pagando como pagan vía impuestos una sanidad pública que en otras Comunidades funciona con mejores dotaciones económicas, deben, además, hacer frente al coste de seguros privados o de las facturas correspondientes a consultas y tratamientos.
Que nuestra Comunidad Autónoma sea rica, por así decirlo, no justifica en absoluto que la Administración responsable permita ese sobrecoste, especialmente si consideramos que en sanidad se crea una obligada división entre ciudadanos de primera --aquellos cuyos recursos les permiten acudir a lo privado cuando lo público no funciona-- y de segunda --los que no tienen más remedio que depender de la sanidad pública.
He comentado que el gasto por habitante en nuestra Comunidad se sitúa muy por debajo de la media nacional. Aquí tengo unos cuantos datos de todas las Comunidades que todavía no han recibido la sanidad, y las Illes Balears ocupan el último puesto con 104.599 pesetas por habitante; año de referencia 1999; como decía 21.000 pesetas más que las que tienen mayor dotación per cápita.
Por todo lo anterior, señoría, y por lo que para nuestros ciudadanos supone todo lo expuesto, nuestra Comunidad desea firmemente las transferencias de sanidad. Nos consideramos capaces de mejorar la atención sanitaria, de acercarla a las necesidades reales de nuestros ciudadanos, de acabar con esa división de ciudadanos de primera y de segunda, con esa obligatoriedad de acudir a la sanidad privada. Pero no queremos las transferencias a cualquier precio, porque aceptarlas mal dotadas supondría condenar a nuestros habitantes y a nuestros profesionales a padecer las mismas carencias que afrontan actualmente.
Exigimos, porque estamos en nuestro derecho, que el gasto sanitario por habitante se equipare a la media nacional. No pedimos ocupar los primeros puestos de la lista. No solicitamos quimeras ni imposibles, simplemente que se tengan en cuenta nuestras aportaciones a las arcas del Estado, que están entre las primeras, y que se nos reviertan con una equiparación de nuestro gasto sanitario por habitante a la media estatal.
Como ya he avanzado anteriormente, arrastramos un importante déficit de inversión en infraestructuras sanitarias. En este sentido es absolutamente necesario que las transferencias vengan adecuadamente dotadas, y no sólo en gasto por habitante, para hacer frente a este déficit de estructuras sanitarias que padecemos. La Comunidad Autónoma --ha sido cuantificado incluso por el propio Insalud-- precisa de una cantidad de más de 27.000 millones de pesetas para dotar todas esas infraestructuras que antes he señalado.
Quizás así, si conseguimos que el Estado se sensibilice de nuestra situación y nuestras carencias y asuma toda esa inversión, en ocasiones comprometida y siempre necesaria, conseguiremos nuestro principal objetivo a la hora de asumir estas transferencias: situar la sanidad pública en los mismos niveles que tienen otras Comunidades Autónomas y resolver, como no puede ser de otra manera, los problemas sanitarios de nuestros ciudadanos. Sólo lo conseguiremos con la aportación adecuada del Estado, con una financiación suficiente que deseamos venga vía recaudación general y no a través de impuestos específicos, como el de la gasolina del que nos quieren corresponsabilizar.
Piensen en nuestros habitantes que actualmente ya se ven obligados a pagar dos sanidades: pública y privada. No sería justo que tuvieran que pagar, vía impuestos sobre gasolina, tres veces para tener lo que en otras Comunidades sólo les cuesta una.
Dennos los medios y les aseguro asumiremos sin dudar toda la responsabilidad de acabar con la situación que les he expuesto anteriormente. El Govern de las Illes Balears está más que dispuesto y se sabe más que capaz de mejorar el sistema sanitario público de la Comunidad.


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El señor PRESIDENTE: Señor Conseller, vaya concluyendo, por favor.


El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LAS ISLAS BALEARES (Garcías i Coll): Voy concluyendo.
Sólo necesitamos que así como nosotros nos comprometemos a asumir esa responsabilidad futura, el Estado asuma la pasada y la tenga en cuenta a la hora de calcular la dotación económica de esta transferencia.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Conseller.
Señora Ministra, tiene la palabra para responder a los intervinientes.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señor Presidente.
Antes de entrar en algunas de las cuestiones que han planteado los consejeros, me gustaría hacer una necesaria reflexión general. No es sólo la primera vez que ustedes están aquí. También para mí es la primera vez.
Y digo esto porque esta Comisión tiene la ambición planteada por los grupos políticos representados en esta Cámara de ser punto de encuentro entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas. Si éste es el objetivo, si el objetivo es que las políticas sectoriales, la mayoría de ellas transferidas, como todas aquellas competencias que la Constitución da a las Comunidades Autónomas la posibilidad de asumir, si --como he dicho al principio-- queremos convertir esta Comisión en ese lugar de encuentro, tenemos, qué duda cabe, mucho camino por andar.
Es la primera vez que se plantea en esta Comisión un debate sectorial sobre la sanidad. El hecho que se haya producido en el fragor de la batalla de unas transferencias ha posibilitado que algunos de los consejeros hayan hecho --estoy convencida porque conozco a todos ellos-- lo que sería su debate político en el Senado, entre otras cosas porque ésta no es la mesa de negociación de las transferencias. Pero comprendo que como están en la fase de las transferencias traigan aquí sus amargas quejas, o sus planteamientos, o los anuncios al Ministerio de sanidad de su posición en esa mesa de negociación.
Uno de los Consejeros ha dicho algo que aunque no está flotando en este debate, sí lo está en el debate de las transferencias y es a fin de cuentas algo profundamente humano: el miedo escénico a enfrentarse con una realidad, que es la gestión de la asistencia sanitaria. Eso es humano y el que no lo tenga es un irresponsable. El que no tenga miedo a asumir las competencias en sanidad es un irresponsable. Y como conozco a todos los consejeros de Sanidad sé que ninguno de ellos es un irresponsable y sé que muchos de ellos llevan muchos años en la sanidad pública.
Por cierto, señor Consejero de la Presidencia de las Islas Baleares, siento que no esté aquí la Consejera. Debe estar enferma porque lleva ausente un tiempo. Transmítale mi solidaridad y que espero que esté bien y que pueda incorporarse a nuestros debate sobre la sanidad.
Con la reforma del Senado, estos debates sectoriales adquirirán --estoy convencida-- la dimensión que tienen que tener porque ustedes y yo, las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, creemos que es necesario.
Se habla también sobre el modelo y todos ustedes lo han planteado en varios puntos. Quien lo ha hecho de una forma más incisiva ha sido el Consejero de Extremadura que ha dicho que no es el modelo que más les gusta a los socialistas. Ni usted ni yo hemos debatido el modelo, lo han negociado los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas y los Consejeros de Economía y/o Hacienda; ni ustedes ni yo no hemos tenido la posibilidad de negociar entre nosotros el modelo sanitario, sino que ha formado parte de un modelo global con un planteamiento diferente de cuáles van a ser las relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno central, y cuál va al ser la explicación de muchas cosas, entre otras de la sanidad, porque a partir de este modelo hay una corresponsabilidad.
Decía un Consejero que no siempre van a ir las cosas económicamente bien para España --efectivamente-- y que, por tanto, no se puede ligar la sanidad a los resultados económicos. En primer lugar, desde el año 2000, en que se financia la sanidad al cien por cien por los impuestos de todos los españoles, la sanidad, lógicamente, está ligada a los impuestos. ¿Qué ocurre? Que hasta ahora el esfuerzo de recortar en otras políticas para dedicar a la sanidad era una decisión del Gobierno central. ¿Por qué? Porque en el último modelo, la financiación de la asistencia sanitaria, 1997-2001, era finalista y al margen de la financiación del sistema común de las Comunidades Autónomas. Pero hemos entrado en un modelo diferente, en el que la suerte de la economía la corren el Gobierno central y todas las Comunidades Autónomas; todos somos corresponsables de lo que pase con todas las políticas sectoriales, también las de la sanidad, y tendrán que ser las Comunidades Autónomas las que, en una situación de menor recaudación de impuestos por el conjunto de los españoles, que --vuelvo a recordar-- realiza el Ministerio de Hacienda, tendrán que decidir de dónde van a recortar si quieren dedicar más dinero a la sanidad. Esto es muy sano y es lo que han decidido; y aunque no fuera así, nosotros no lo podemos discutir porque lo han acordado los Presidentes de todas las Comunidades Autónomas y los Consejeros de Economía y/o Hacienda en aquellos casos en los que están unidos, que son la mayoría.
Por tanto, es un modelo definitivo de financiación, por eso hay una ley que lo sostiene. Esto funciona así porque todos sus Presidentes han acordado este modelo, y por tanto, lo que hemos garantizado es que la sanidad sea una prestación de la Seguridad Social, cosa que algunos Presidentes de Comunidades Autónomas ni siquiera habían planteado. Eso es lo que hemos defendido, y en los debates que hemos tenido en el Consejo Interterritorial, ustedes han dicho claramente que estábamos en la misma línea de una prestación de la Seguridad Social, con lo cual estábamos garantizando la prestación universal, estábamos garantizando formar parte de unas prestaciones sociales del conjunto de los españoles en el sistema de la Seguridad Social, financiado por los impuestos de los españoles, efectivamente,

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pero formando parte del sistema de Seguridad Social con todo lo que eso significa de garantías, que es mucho. Ojalá la educación tuviera la misma consideración; la sanidad la tiene en ese modelo; por tanto esa sensibilidad del Gobierno y de la Ministra, se ha demostrado claramente.
En segundo lugar, yo comprendo que para todos los Consejeros que han intervenido aquí sería fantástico que antes de hacer la transferencia se completaran todas las necesidades de su Comunidad Autónoma. Si yo fuera Consejero de Sanidad de una Comunidad, le garantizo que estaría en la misma posición que ustedes, pero hasta ahora no se ha producido ni una sola transferencia --empezando por la catalana-- en la que se haya dicho: éstas son las inversiones necesarias en diez años, por tanto, vamos a transferir el dinero para garantizar lo que algún Consejero ha dicho aquí.
Yo estoy convencida de que todas las Comunidades Autónomas tienen la capacidad de gestionar, eso está en la propia estructura organizativa que nos hemos dado los españoles en el Estado español. Si una Comunidad Autónoma tiene capacidad de gestionar la educación, tiene capacidad de gestionar la sanidad; si una Comunidad Autónoma tiene capacidad de gestionar la sanidad, la tienen todas, las más grande y las más pequeñas, Madrid y La Rioja. En esto es en lo que estamos.
Señor Consejero de Baleares, si yo le cubriera a su Comunidad absolutamente todas las necesidades, como al resto de las Comunidades, entonces no les daría la transferencia; es broma. Ustedes garantícenme las inversiones necesarias para mi Comunidad en diez años, y entonces yo acepto las transferencias. Estaríamos creando un precedente que no existe. Las Comunidades Autónomas que hoy tienen las transferencias como Galicia, las recibieron con las inversiones como estaban, y el resto de las inversiones las ha tenido que satisfacer la Comunidad Autónoma gestionando de forma adecuada los fondos, exactamente igual que lo hace hoy el Insalud. ¿Qué cree, que en el Insalud no somos conscientes de que hoy por hoy no se cubren todas las necesidades posibles? Entre otras cosas, los que conocen la sanidad saben que cuando se generan nuevas prestaciones se generan a la vez nuevas demandas; las demandas en sanidad son infinitas, y es un debate que hemos tenido en el Consejo Interterritorial en variadas ocasiones. Por tanto, tendrá que haber un debate político de cuáles son las prioridades. Lo que ocurre es que ahora el debate político entre las Consejerías y los Gobiernos de las Comunidades Autónomas es sobre las prioridades, sobre a qué quieren dedicar los presupuestos de esa Comunidad; y serán los ciudadanos de esa Comunidad los que tendrán que valorar las preocupaciones y ocupaciones de su Gobierno. Esta es la realidad de lo que va a suceder a partir del 1 de enero del año 2002.
Entrando en el debate que han planteado algunos Consejeros de la lealtad institucional, del consenso, de la coordinación, yo entiendo que son debates permanentes. No entiendo muy bien cuál es la lealtad institucional, porque ésta funciona siempre en el doble sentido. Ustedes no me pueden decir que sea leal con ustedes, pero que ustedes hacen lo que quieren, porque entonces no habría lealtad. La lealtad funciona en el doble sentido: del Consejo hacia el Ministerio y del Ministerio hacia ustedes, si no no sería lealtad, tendría otro nombre, pero no lealtad.
¿Cómo conseguir que el Consejo Interterritorial sea un mecanismo de coordinación? Me alegro de que el Consejero de Extremadura haya dicho que hoy existe coordinación, pero en realidad no existe coordinación. ¿Dónde existe realmente una coordinación? De alguna forma en el Plan Nacional del Sida, en transplantes y en las redes de alerta sanitarias y de consumo, y tenemos muchas. ¿Por qué? Esta es la pregunta que yo me he planteado y que me he respondido: porque nos necesitamos mutuamente. Esa coordinación de futuro tiene que basarse en la necesidad de unos hacia los otros.
Es necesario coordinar el sistema. Yo no sólo he seguido las intervenciones del Consejero, señor Sevilla en el Consejo Interterritorial, sino que he leído lo que piensa sobre el Sistema Nacional de Salud, sobre cuál era el papel de la sanidad en el nuevo modelo de financiación y sobre cuál era el papel de la coordinación del Sistema Nacional de Salud. Lo que ya no tengo tan claro es si lo que dice el señor Sevilla es lo que dicen su partido, y otros Consejeros de su propia idea.
¿Cuál es esa coordinación necesaria? ¿En qué sentido va? ¿Cómo la podemos poner en funcionamiento? ¿Debe ser una coordinación que nos obligue a todos, o una coordinación que, en cierta forma, nos comprometa? ¿Que nos obligue con un texto legal o que nos comprometa en función de que todos tengamos esa sensibilidad del mantenimiento del Sistema Nacional de Salud? Si no, sería difícil que lo pudiéramos hacer.
Cuando llegué al Ministerio, examiné con mucha atención los debates que se habían ido produciendo en el Consejo Interterritorial porque entendí que, una vez completado el mapa transferencial, tendríamos que estar en una cultura diferente de relaciones entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio de Sanidad. Por tanto, me parecía adecuado que iniciáramos ese proceso y, como ustedes recuerdan, lo hicimos con el documento sobre listas de espera, donde hubo un consenso total --creo recordar que el único-- posiblemente porque alguno fue llamado al orden, como así me confesaron en mi despacho, pero esto es normal.
¿Dónde vamos a poner el límite del debate político imprescindible en un sistema democrático y esa lealtad institucional del Sistema Nacional de Salud? Esto lo tendremos que construir entre todos, cuando se complete el mapa transferencial, cuando todos los consejeros de Sanidad tengan las mismas competencias y responsabilidades. Yo estoy encantada de negociarlo y de hablarlo con todos ustedes tantas veces como sea necesario.
Efectivamente, el mecanismo Consejo Interterritorial ha fallado porque su propia definición en la Ley de Sanidad es profundamente cicatera, posiblemente por algo esencial, primero, porque se habían completado solamente dos transferencias, una a Andalucía y otra a Cataluña y, segundo, porque estábamos en un momento histórico en nuestra democracia absolutamente diferente al de hoy, que hay una mayor experiencia

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adquirida en la gestión de1a asistencia sanitaria. Por tanto, ese excesivo resquemor que subyace en esa parte del articulado de la Ley General de Sanidad, tal vez tengamos que adecuarlo a estas nuevas realidades que significan las competencias y el análisis de veinte años de desarrollo del Sistema Nacional de Salud, lógicamente, cuando ustedes hayan adquirido la capacidad de gestionar la asistencia sanitaria.
Estoy absolutamente de acuerdo en que lo hablemos todo, pero no me pidan que renuncie a las competencias exclusivas del Estado porque no lo voy a hacer, y es algo que he podido desprender de algunas intervenciones. La Ley del medicamento, la Ley General de Sanidad, sus propios Estatutos, la Constitución y las diferentes sentencias que ya se han producido sobre competencias en sanidad tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Supremo enmarcan bastante bien las competencias del Estado, del Gobierno central. Y les puedo garantizar que las voy a ejercer porque, si no lo hiciera, ustedes lógicamente me lo reclamarían. Voy a respetar, como he hecho siempre, las competencias de las Comunidades Autónomas, lo he hecho y lo seguiré haciendo, pero no voy a renunciar a mis competencias porque el reparto de papeles es el adecuado, y si no lo fuera, es el que los constituyentes decidieron y, por tanto, habrá que aplicarlo en el espíritu y en la letra. Les puedo garantizar que voy a ejercer las competencias del Ministerio de Sanidad porque es mi obligación y así está reflejado en las leyes que creo recordar son de todos. Se cambiarán aquellas que sea necesario, pero podremos estar todos de acuerdo en que en lo referente a sanidad, salvo temas muy concretos como el relativo al Consejo Interterritorial, no necesitan ninguna reforma profunda, al menos así lo hemos planteado en varias ocasiones.
No sé si todas las Comunidades Autónomas desean llegar al acuerdo sobre las transferencias. Lo que quiero decir es que es obligatorio en el nuevo modelo de financiación. Estamos condenados --digámoslo así-- a asumir las transferencias porque el modelo de financiación lo condiciona.
Anteriormente, algún consejero --intentando utilizar unos datos de forma absolutamente torticera, cosa que yo no voy a hacer-- ha dicho que el Insalud hoy tiene menos dinero. Claro, pero es que en el modelo de financiación las Comunidades Autónomas van a disponer de más dinero para lo mismo que el Insalud. El crecimiento del Insalud ha sido del 6,04 por ciento y cuando ustedes adquieran esas transferencias el porcentaje para las Comunidades que hoy todavía figuran en el Insalud se elevará al 8,7 por ciento. Fíjense si ha habido un crecimiento importante, y eso lo saben todos los consejeros de Economía. Y me preocupa que algunos de ustedes apunten este dato porque quiere decir que sus consejeros de economía les tienen secos de información, ya que deberían contárselo a todos.
Algún Consejero ha reprochado que el Insalud siga tomando iniciativas, pero es lógico, porque es su obligación. ¿Cómo no va a seguir el Insalud convocando concursos, adjudicando obras, tomando decisiones sobre la gestión de los hospitales o de los centros de salud, acordando lo que ya se había acordado en mesa sectorial hace ya tres años en lo relativo a incrementos salariales en cuatro años? Alguno de ustedes también ha hecho referencia al acuerdo sobre la solución final de la interinidad en el Sistema Nacional de Salud. Esta ley es consecuencia de un acuerdo sectorial en el Insalud con los sindicatos más representativos del sector, pero también de una voluntad así expresada por todos ustedes sobre la preocupación --que yo comparto-- de asumir esa competencia sin que se hubiera resuelto el problema del personal en el Insalud.
Por estas dos razones, iniciamos las negociaciones para plantear una solución; planteamiento que, como ustedes saben, al partir del Senado es una ley que afecta a todo el territorio nacional, es decir, al Sistema Nacional de Salud, porque era un problema de todas las Comunidades Autónomas, también de las transferidas, pero no por dejación de competencias de algunas Comunidades o de mis antecesores --téngase en cuenta que la mayoría de los interinos llevan en esta situación ya veinte años--, sino debido a un proceso complicado, complejo, de sentencias que han hecho casi inviable una solución diferente a la que aquí se ha negociado y planteado. Y quiero recordar que esa ley ha obtenido tanto en el Senado como en el Congreso el consenso de los representantes del pueblo, de los grupos políticos representados en la Cámara.
Por tanto, ha habido capacidad de negociación del Ministerio; capacidad para buscar soluciones globales a los problemas; y éste es el camino que hemos elegido; podemos equivocarnos, como todos, pero creo que es el camino que nos corresponde en estos momentos. Y desde luego las diferencias que hoy estamos viviendo de la negociación concreta de las transferencias corresponde a las mesas creadas y a las negociaciones que sus consejeros de Economía y los Presidentes de las Comunidades han llevado a cabo a la hora de determinar el modelo de financiación.
Yo estoy convencida de que ustedes van a asumir esas competencias porque lo que no se puede volver a producir es una nueva división. Ya no podemos decir que vamos a conceder la transferencia a Madrid, Castilla-La Mancha o Murcia, queda solicitan, porque ¿qué pasa con las demás? Por tanto, la situación planteada tanto por el Consejero Sevilla como por el de Cantabria y algún otro sobre esa equidad y esa garantía de una prestación sanitaria adecuada se quebraría: Todos debemos hacer ese esfuerzo. Sé que es un enorme esfuerzo y agradezco la felicitación a los miembros del Ministerio de Sanidad, tanto de la Secretaría General, de las direcciones generales, como del propio Insalud para conseguirlo en tiempo récord.
Pero me gustaría que ustedes también transmitieran a los trabajadores de sus consejerías mi agradecimiento porque igualmente han realizado un esfuerzo enorme para conseguir entre todos el objetivo final, que son esas transferencias. Estoy convencida de que se harán y de que entre todos seremos capaces de buscar ese nuevo modelo de relaciones, que sea de cooperación entre Comunidades y Ministerio y que, como antes he dicho, constituya un ejemplo a seguir por otras sectoriales y que realmente funcione de forma adecuada , tanto para las Comunidades Autónomas como para el Ministerio porque, no olviden ustedes, que es el garante -- así lo dice la Constitución-- de esa equidad y de esa cohesión social en todo el sistema.


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Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra.
A continuación corresponde intervenir a los señores portavoces.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (El señor Consejero de Presidencia de las Islas Baleares pide la palabra.) ¿Qué deseaba usted, señor Consejero?

El señor CONSEJERO DE PRESIDENCIA DE LAS ISLAS BALEARES (Garcías i Coll): Señor Presidente, quisiera intervenir en turno de réplica. Yo no soy Consejero de Sanidad, pero he acudido en multitud de ocasiones a esta Comisión, y en ella siempre se ha concedido a los Consejeros un turno de réplica tras la intervención de la señora Ministra. Eso ha sido algo normal y común, y no sé a qué se debe este cambio por parte de la Presidencia...


El señor PRESIDENTE: ¡Señor Consejero, ya le he escuchado bastante! No hay tal turno de réplica; el debate sigue su curso en la forma en la que ha sido ordenado. (Rumores desde los escaños de los señores Consejeros de las Comunidades Autónomas y del Grupo Parlamentario Socialista.) El artículo 87 no es aplicable a su señoría, puesto que sólo lo es a los señores Senadores.
Pasamos, pues, al turno de portavoces. Le ruego a usted que nos permita continuar con la sesión.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora Loroño Ormaechea.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señora Ministra, y buenas tardes a los señores Consejeros que han tenido la amabilidad de acudir a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas, a sus señorías y a todos aquellos que nos acompañan en esta Comisión.
Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de la señora Ministra de Sanidad y Consumo, que nos ha informado sobre la situación de las transferencias de la gestión en materia de Sanidad y el desarrollo de dicho proceso. Al hilo de su intervención y de las de los señores Consejeros que han tomado la palabra, me gustaría realizar una serie de consideraciones, así como formular una serie de preguntas que, si tuviera usted la amabilidad, quizá me podrá aclarar en su próxima intervención.
Está clarísimo, tal y como aquí ya se ha comentado, que en estos momentos se está negociando la transferencia de la gestión con el resto de las Comunidades Autónomas que no tienen asumidas competencias en materia de Sanidad, así como los términos en los que ésta se va a llevar a cabo. Lo cierto es que en estos momentos existen ya una serie de instrumentos que podrían facilitar dicha transferencia. De hecho, ha comentado usted misma que el nuevo sistema de financiación autonómica, que próximamente será debatido y sometido a votación en el seno de esta Cámara para su aprobación a través de la Ley Orgánica de Financiación de Comunidades Autónomas y de las medidas fiscales y administrativas de la propia Ley, contempla un apartado referido a las competencias de gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social. En ese sentido, como bien decía usted, el ámbito de la asistencia sanitaria y de la propia Sanidad entra a conformar una prestación dentro del marco de la Seguridad Social.
Como Grupo entendemos que se han dado pasos encaminados a proporcionar estabilidad aun sistema de financiación autonómica, a dotar a las Comunidades Autónomas de capacidad normativa, y en cierto modo, a plantear un sistema de corresponsabilidad. Es decir, ahora no sólo va a ser responsable el Gobierno a través de los distintos Ministerios, sino que también lo van a ser las distintas Comunidades Autónomas.
En nuestro caso, y en el mío propio, como Senadora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pertenecemos a una Comunidad Autónoma que ya tiene asumida la competencia en materia sanitaria desde hace aproximadamente 15 años. Y en ese sentido, sí quisiera lanzar un mensaje: Cuando se tiene muy claro que se quiere asumir la transferencia de la gestión de una competencia con todos los riesgos que ello entraña, hay que asumir esa responsabilidad con el planteamiento de que dicha gestión y prestación del servicio se va a realizar con dinero público, y lo que nosotros debemos conseguir, al fin y al cabo, es la mayor rentabilidad económica y social de los recursos públicos que vayamos a destinar al cumplimiento de la gestión de dicho servicio.
Entiendo que el Ministerio se encuentre con problemas a la hora de abordar el tema de las transferencias, como también entiendo que, por parte de las Comunidades Autónomas que vayan a asumir las competencias, se estén generando dudas al respecto. Y es lógico y loable que éstas quieran hacerlo con la mayor seguridad posible y contando con los medios necesarios para dar una respuesta adecuada a las situaciones de déficit que puedan existir respecto de los equipamientos, infraestructura o prestación del servicio, todo ello encaminado a equiparar su prestación dentro del conjunto de los distintos servicios de salud que configura el entramado de la Sanidad en las Comunidades Autónomas, de forma que este servicio se preste con las mismas garantías, en condiciones de igualdad, tal y como se desprende de los principios que rigen en materia de Sanidad, y con la misma calidad para todos los ciudadanos, evitando así, tal y como aquí se ha dicho, que se generen ciudadanos de primera, segunda y tercera clase, y contando, por supuesto, con la garantía de una suficiencia financiera para hacer frente a las necesidades sanitarias y, por tanto, a las prestaciones que correspondan dentro del marco de la Sanidad.
Comparto, pues, las dudas y temores al respecto, pero también animo, tanto a los Consejeros presentes y Comunidades Autónomas que en estos momentos están negociando la transferencia, como al Ministerio, a que, de alguna forma, acerquen sus posturas y asuman los riesgos

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de forma compartida con el ánimo de ganar en eficacia y eficiencia en la prestación de un servicio que entendemos básico y fundamental para el conjunto de los ciudadanos.
Señora Ministra, señores Consejeros, quisiera, pues, sugerirles --e insisto en ello-- que acerquen sus posturas y entiendan que en este tema el riesgo se asume por, parte de todos, así como que se gana en la intervención, pues acercamos el servicio a los ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad, de los que cada uno de nosotros conocemos mejor sus necesidades y demandas. De ahí que anime a todos a que sigan negociando, entendiendo, por supuesto, las posturas de cada una de las partes, pero planteándoles a su vez que hagan un esfuerzo por acercarse para conseguir que dichas transferencias fructifiquen.
Decíamos que ya nos habíamos dotado de uno de los instrumentos, el sistema de financiación autonómica, donde se establecen, por un lado, y en aras de las distintas necesidades de financiación, unos fondos específicos que, como bien decía usted, señora Ministra, tienen como objetivo incentivar a aquellas Comunidades Autónomas que lleven a cabo programas y medidas de ahorro en incapacidad temporal, medidas dirigidas, por tanto, a controlar el gasto relativo a dicha contingencia, mejorando la gestión de los servicios de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, y, por otro, un fondo de cohesión sanitaria para garantizar la igualdad de acceso a los servicios de asistencia sanitaria, y que, según creo, sería gestionado por el propio Ministerio de Sanidad y Consumo. Lo que sí establece la propia ley y las medidas fiscales y administrativas en el marco de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas es que la distribución de estos fondos, concretamente los fondos de cohesión sanitaria, se articulará de acuerdo con una regulación específica. En ese sentido, sí me gustaría saber, señora Ministra, en qué términos se va a plantear esa regulación, si ese tipo de regulación ya ha sido discutido con el conjunto de las Comunidades Autónomas y de qué forma va a velar el Ministerio en este caso para que el destino de estos fondos sea el de conseguir esta equidad en los servicios de salud y, por tanto, en asistencia sanitaria. Por otro lado, en el artículo 6, referido a los recursos financieros del sistema en el año base 1999 y en donde se habla de cesión de gestión y de recaudación de impuestos a las Comunidades Autónomas, se establece la cesión del 40 por ciento de la recaudación líquida por el Impuesto sobre Hidrocarburos.
Al hilo de las intervenciones que se han suscitado por parte de los Consejeros quisiera plantear una cuestión que también preocupa al Grupo que represento, me refiero al impuesto recientemente aprobado y puesto en marcha por el Consejo de Política Fiscal y Financiera con el acuerdo de distintas Comunidades Autónomas en el sentido de crear un impuesto finalista dentro del marco de los impuestos destinados a carburantes, concretamente a hidrocarburos, y cuya finalidad, la financiación de la sanidad, con un tramo de cuatro pesetas litro, que será gestionado y gravado por el propio Gobierno y otro tramo autonómico, en el cual se da competencia a cada Comunidad Autónoma para que lo aplique en un marco que va desde cero hasta 1,6 pesetas por litro el año 2002, pudiendo llegar hasta 4 pesetas litro en el año 2004.
Señora Ministra, dado que eso incide también directamente en la financiación de la sanidad v entiendo que en la financiación que pueda ir a las Comunidades Autónomas, quisiera saber en aras a qué se ha establecido ese fondo específico de financiación sanitaria, gravando un impuesto sobre los hidrocarburos...


El señor PRESIDENTE: Señora Senadora, vaya concluyendo, por favor.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Sí, voy concluyendo.
Quisiera saber si se ha decidido en aras a garantizar que el Gobierno en sus presupuestos mantenga ese déficit cero; en aras a garantizar ese fondo específico de financiación, ese fondo de cohesión que está contemplado en el propio sistema de financiación autonómica.
Para concluir --y ya lo ha dicho, señora Ministra--, diré que lo que nos preocupa, una vez concluido el proceso de transferencias, es cuál es el papel que va desempeñar el Ministerio, cuál es el papel que va a desempeñar, como aquí ya se ha comentado, el Consejo Interterritorial de Salud. Consideramos que en el debate legislativo que haya que plantear y en el marco de la Ley General de Sanidad en su conjunto habría que ahondar en cuál es el contenido y en qué ámbitos habría que proceder a una modificación exhaustiva, fruto de la nueva situación al asumir las Comunidades Autónomas las transferencias en materia de sanidad y fruto del consenso entre el Ministerio y Comunidades Autónomas. Hay que abogar para que se modifique esa ley y se le dote a ese órgano de coordinación y de información del verdadero papel que tendrá que desempeñar una vez sean asumidas las transferencias por el conjunto de las Comunidades Autónomas, que es el de ser un verdadero órgano de información y de coordinación sanitaria, en el que la información y la comunicación mutua sean fluidas y abiertas, porque, señora Ministra, señores Consejeros, esa información mutua y abierta y esa comunicación continua es la que genera confianza y sirve para establecer lazos de colaboración y cooperación y eliminar dudas e incertidumbres.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Espasa i Oliver.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Señores Consejeros, señora Ministra, la Ministra es muy fogosa, lo sabemos, la conocemos desde hace tiempo y no puede reprimir sus impulsos.
Igual que ella preguntaba a algunos Consejeros y les regañaba si su opinión aquí expresada era la misma que la de su partido, cabría preguntarle a la señora Ministra por qué no están todos los Consejeros de su propio partido en esta reunión tan importante.


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Estamos haciendo un acto --lo ha dicho la Ministra, lo han dicho los Consejeros-- realmente importante. Veo ausencias significativas de su propio partido. No es mi estilo hacer este tipo de preguntas, pero usted, señora Ministra, tiene facultades más que sobradas para pasarse de la raya. Su intervención sobre este aspecto me mueve a hacerle esta pregunta, que sé que es impertinente pero que me parece obligado hacerla, ya que usted ha empezado por ahí.
Acababa su intervención, señora Ministra, diciendo que al final lo que nos preocupaba a todos, lo que le preocupaba a usted era si el sistema iba a ser útil para todos los españoles, si el sistema iba a ser adecuado para cubrir las necesidades en salud de todos los españoles, vivan donde vivan, es decir, la preocupación por la equidad, por la igualdad, por igualar los niveles de salud, cosa que a todos los que nos hemos dedicado en política a temas sanitarios nos ha preocupado siempre y estoy seguro que a usted también, y el instrumento utilizado para eso es la Ley General de Sanidad, desarrollo de esta ley, transferencias, coordinación como elemento fundamental --se ha repetido hasta la saciedad aquí y no voy a insistir en ello--, coste de estas transferencias y margen de maniobra de las autonomías. No es cierto, señora Ministra, que las autonomías --y creo que con eso los señores Consejeros no me van a tildar de receloso de las autonomías que van a recibir los traspasos, pero hemos de ser fieles a la verdad objetiva--, no es cierto que las autonomías tengan el mismo margen de maniobra para gestionar autónomamente un servicio tan complejo como es la salud. No es lo mismo una Comunidad de 8 millones de habitantes --sólo las mencionaré por su número de habitantes-- que una Comunidad de 200.000 habitantes. No es cierto, no es correcto, por no decir una palabra más gruesa, es casi demagógico decir que un consejero de salud o un Gobierno autonómico de una Comunidad con 200.000 habitantes tiene el mismo margen de maniobra política, porque lo que hacemos, señora Ministra, es descentralización política, no administrativa. Creamos 17 centros de decisión política en España y no se puede decir sin faltar a la verdad que es igual 8 millones que 6 millones, que 2 millones, que millón y medio, que doscientos mil. No es lo mismo, y eso hay que decirlo y esto tendría que haberse contemplado en las negociaciones y en la filosofía de la descentralización o de la autonomización del sistema de salud español.
Vamos a hacer una cosa en la que todos tenemos mucha ilusión, los que recibimos las primeras transferencias y los que las van a recibir ahora, pero hemos de ser conscientes que no por ser los primeros o los últimos se es más guapo o más feo. Nos hemos de sujetar a la realidad, a la experiencia, a lo que dicen la leyes sanitarias, que dicen que hay un soporte demográfico mínimo para poder hablar de autonomía sanitaria. ¿Es que en determinadas patologías no es sabido el mínimo demográfico para dar sentido a un servicio u otro? Usted ha hablado, y todos los Consejeros, de que habrá que vigilar muchísimo la interterritorial y la coordinación, es decir, nos imponemos deberes suplementarios en un modelo por mor de nuestro sistema político, que ha funcionado muy bien, la España de las autonomías es la mejor España que ha habido nunca, por supuesto que sí, pero tiene y va a tener un sobrecosto político, administrativo, de coordinación, de interterritorialidad y sanitario y esto parece que no lo pensamos. Se dice: aquí, todos con la misma responsabilidad, todos con la misma capacidad. Pues no es cierto, señora Ministra, no tiene la misma capacidad de maniobra un Gobierno de 8 millones de personas que un Gobierno de doscientos mil. No la tienen y, por lo tanto, habrá que pensar en mecanismos adecuados de compensación si queremos que todas sean autonomías. ¿O es que estamos hablando de mera descentralización administrativa con la palabra autonomía? Espero y creo que no, señora Ministra, pero de todo hemos visto en la viña del Señor.
Decía que esto va a representar un sobrecosto de esfuerzo político, intelectual y económico, y aquí es donde viene la madre del cordero, que el Ministerio, que el Gobierno del Partido Popular elude y centrifuga a las Comunidades Autónomas. Señores Consejeros, no voy a ser yo quien les abra los ojos, ustedes lo saben perfectamente, pero tengo que decir que el nuevo modelo de financiación tiene dos graves problemas. Primer problema, que lo prometido de que el año base 1999 se iba a actualizar al 2001 no se va a cumplir. Este es un hiato importantísimo. Quizá habría que pensar en dirigirse al coste efectivo, y de aquí a tres años ya veremos si entramos en el nuevo sistema de financiación. No lo tomen como recomendación sino simplemente como una consideración que yo quería hacer porque creo que es mi responsabilidad el hacerla. Por tanto, coste efectivo o nuevo sistema de financiación que tiene, como digo, este primer problema: los tres años prometidos de actualización, el año base 1999, repito que no se va a cumplir.
Segundo problema. El famosísimo impuesto finalista sobre los hidrocarburos, seguramente inconstitucional, posiblemente no se va a poder tramitar en esta Cámara aunque ha entrado hoy como enmienda de última hora en la ley de acompañamiento de los presupuestos del 2002. En él se proponen cuatro pesetas para el Estado y 1,6 pesetas para las Comunidades Autónomas. A esto añádanle el IVA y entonces nos ponemos cerca de las nueve pesetas. Pero esas cuatro pesetas se detraen del fondo de suficiencia, es decir, no aumenta en absoluto la financiación. En primer lugar, se burla lo que se prometió; no es 1999 actualizado al 2001 sino que es el año base 1999 y, en segundo lugar, las cuatro pesetas del impuesto finalista de hidrocarburos se detraen del fondo de suficiencia.
Por lo tanto, este sobrecosto político, de ilusión sanitarista, de esfuerzo de coordinación y de interterritorialidad, ¿con qué bagaje nos lo plantea el Partido Popular, doña Celia Villalobos? ¡Con menos dinero cada año! Porque todos conocemos el discurso de las necesidades crecientes en sanidad, etcétera, pero no me voy a extender en ello. Esta es una centrifugación de responsabilidades y de gasto y habría que pensar la forma de asumirla. No digo que el reto no sea importante --todos ustedes han estado de acuerdo en asumirlo--, pero hay que buscar la forma, los mecanismos y las garantías económicas con las que se debe asumir este importante reto para estas Comunidades Autónomas.


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Incremento del gasto del Insalud. La señora Ministra nos dice: es que va a aumentar el incremento en un 6 por ciento, cuando resulta que los nuevos ingresos van a representar un incremento del 8 por ciento. Esto habrá que verlo. Lo que yo digo es que todos los que hemos estudiado y debatido presupuestos sabemos que este 6 por ciento es sin contar don la desviación anual que lo eleva mucho más. Por tanto, siendo piadosos, la señora Ministra nos ha dicho aquí una media verdad.
Ley de estabilidad y consolidación de los puestos de trabajo. La señora Ministra les dice a los Consejeros: Fíjense en que se ha aprobado aquí por unanimidad. Señora Ministra, sí, lo hemos aprobado por unanimidad --con una abstención--, pero todos lo hemos hecho con la nariz tapada, los de su propio Partido los primeros, sabiendo que aprobábamos un campo minado de posibles recursos complejísimos en su resolución, algo enormemente complejo que se transfería también a las Comunidades Autónomas --me refiero a la responsabilidad de su resolución última--.
Por tanto, sí, consenso sí, pero consenso de la responsabilidad y con la nariz tapada.
Termino, señor Presidente, aunque habría muchas más cosas que decir. Lo cierto es que diez minutos dan para poco.
No estaba completamente al día en lo que se refiere al mecanismo de transferencia, y por ello me ha satisfecho poder comprobar el carácter de asistencia sanitaria de la Seguridad Social, carácter que continuará teniendo transferido. Ahí sí quiero manifestar mi acuerdo con lo dicho por la señora Ministra. Temía por el resultado final y por el papel de lo transferido. Me preguntaba si continuarían siendo partes de una entidad gestora de la Seguridad Social o qué acabarían siendo. Si le parece bien podría contestar luego a esto con más detalle.
En líneas generales he quedado satisfecho y tranquilo con lo que ha dicho, señora Ministra, pero no lo estoy tanto con lo de poner en práctica eso que todos han dicho y hemos dicho mil veces: Abordamos un gran reto político, sanitario, económico y de descentralización. ¿Con qué mecanismos? ¿Realmente tenemos un plan de salud para toda España? ¿Tenemos para toda España unos indicadores de calidad fiables, homogéneos y a partir de los cuales podamos trabajar y luchar seriamente por evitar las desigualdades, por evitar lo que todos sabemos: que la mortalidad no se reparte por igual en toda la geografía española? Esto hay que saberlo, señorías, sea cual sea la Comunidad que podamos estudiar, como también debemos saber que dentro de cada Comunidad hay una distribución asimétrica de las expectativas de vida y muerte de los ciudadanos en función de sus niveles de salud y de su accesibilidad a los sistemas de salud. ¿Qué coordinación interterritorial tenemos prevista --hoy nos hemos llenado la boca con ello, y es bueno que sea así-- para cuando esto empiece?

El señor PRESIDENTE: Le ruego concluya, señoría.


El señor ESPASA I OLIVER: Ya termino, señor Presidente.
Y es que, pase lo que pase, esto empieza el día 1 de enero de 2002, pero ni coordinación, ni niveles de calidad, ni mapa de servicios sanitarios para toda España están aún hechos. Estamos sólo ante un reto político, pero sobre todo temporal, que ha de cumplir una fecha: la del 1 de enero de 2002. ¿Cómo cumpliremos este reto? Eso ya se verá después, pero me parece un mal inicio para un tema tan importante y tan apasionante.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, dignísimos representantes de las Comunidades Autónomas, señorías, en primer término queremos agradecer la comparecencia de la Ministra de Sanidad y Consumo en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas para informarnos de las actuaciones llevadas a cabo en relación con las transferencias de la gestión sanitaria de la Seguridad Social a aquellas Comunidades Autónomas que aún no la tienen transferida.
Efectivamente, la Ley General de Sanidad de 1986 es el marco legal que consagra un sistema sanitario de cobertura universal y financiación pública equitativo y solidario y que a la vez permite un Sistema Nacional de Salud configurado por los servicios de salud de las 17 Comunidades Autónomas.
Considero conveniente hacer una somera referencia al momento en que Cataluña recibió las transferencias de sanidad hace 20 años, es decir, en el año 1981. La situación de la sanidad catalana era la siguiente a grandes rasgos: el porcentaje de camas de agudos de titularidad pública era tan sólo el 30 por ciento del total y los hospitales transferidos tenían graves déficit estructurales y de equipamientos. Se transfirieron cuatro hospitales --1.500 camas-- sin dotación económica para su financiación. Hubo ausencia de un ordenamiento del sector con 21 niveles diferentes de concertación y con duplicidades, ausencia de un sistema de información global, ausencia también de coordinación entre niveles asistenciales, un grado de endeudamiento muy elevado y una oferta asistencial no adecuada a la demanda.
¿Por qué digo esto? Lo digo para explicar cuál era la situación en aquel momento, por qué se aceptó y cuáles eran las condiciones para desarrollar precisamente un modelo sanitario que nosotros entendemos propio de Cataluña y cuáles fueron las principales acciones desarrolladas sobre unas bases de planificación, por ejemplo, el mapa sanitario, la acreditación de centros, la primera orden de conciertos y unas bases del modelo como la creación del Instituto Catalán de la Salud, la red hospitalaria de utilización pública, la reforma de la atención primaria y un plan de reordenación hospitalaria.
En el año 1990 se promulga la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña, que es la que consolida el modelo sanitario

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catalán, con la separación de la función de financiación y compra de servicios de la provisión, la diversificación de proveedores y fórmulas de gestión, el mercado mixto de competencia planificado y regulado, el equilibrio territorial de la distribución de los servicios y la desconcentración de la organización en regiones y sectores.
Finalmente, el Plan de salud es el instrumento de planificación estratégica y para el período 2001-2005 se pretende dar una nueva orientación basada en un incremento del peso del Departamento en la planificación global, que el Cat Salut sea la gran aseguradora pública, una mayor coordinación en el sistema de potenciación de alianzas estratégicas como complemento de la competencia regulada y planificada y una intensificación de las políticas de sustitución e introducción de más visión longitudinal. Todo ello se acompaña de otras actuaciones dirigidas a incrementar la accesibilidad, modernizar los servicios y orientar al paciente y la participación de los profesionales mediante el Libro Blanco.
Eran, efectivamente, otros tiempos y estábamos en otro contexto. Lo recibimos en muy malas condiciones, pero ¿por qué? Nosotros aceptábamos unas transferencias porque pretendíamos, y aún pretendemos, autogobernarnos y ejercer la autonomía consecuente en este ámbito de la sanidad.
Dicho esto, nos vamos a referir a lo que más nos preocupa de cara a un futuro próximo. Con las transferencias al resto de las Comunidades Autónomas, efectivamente, finaliza un proceso previsto en la Ley General de Sanidad y, a su vez, se nos presenta una gran oportunidad para modernizar el sistema y llevar a cabo unos cambios en la configuración del Sistema Nacional de Salud. Establecido un nuevo modelo de financiación en el que ya no será sólo la Administración General del Estado la responsable de la suficiencia o no de su sostenibilidad y ante el previsible aumento de recursos humanos.y económicos, serán propiamente las Comunidades Autónomas las que tendrán que administrar esos recursos y ofrecer eficiencia y calidad asitencial.
Al hablar de la financiación sanitaria todos los intervinientes, la propia Ministra y los Consejeros, han hecho referencia a la lealtad institucional. Quiero someter a la consideración de esta Comisión una prueba que demuestra justamente lo contrario, y si no es así espero que me lo explique. El Consejero de Economía de la Generalitat de Catalunya, el señor Homs, interpela sobre el futuro de las necesidades del sistema cuando sea transferido a las Comunidades Autónomas con un sistema de financiación global y autonómica por la vía de los recargos especiales.
La señora Ministra sabía que nos preocupaba que se aportasen parte de los impuestos especiales sobre el tabaco y el alcohol, que es una forma de hacer pedagogía para la financiación de la sanidad, pero encontramos más margen con los hidrocarburos, por su cantidad y la permisividad europea.
Al exponerle esta posibilidad al Gobierno, el Ministerio de Economía decidió aplicar este año cuatro pesetas para el Estado y 1,6 para las Comunidades Autónomas, pudiendo seguir aumentando otras cuatro pesetas hasta el 2004. No sé si eso es así, pero si es cierto poco tiene de lealtad institucional.
En efecto, la financiación de las transferencias sanitarias debe servir para modernizar el sistema sanitario del Estado español introduciendo reformas estructurales para mejorar la eficiencia del sistema, planificando mejor la oferta sanitaria en función de las necesidades específicas reales de la población, desarrollando un sistema más acorde con la realidad histórica de cada Comunidad y aproximando la toma de decisiones al nivel más cercano al ciudadano, potenciando, así la autonomía, la responsabilidad y la implicación de los diferentes agentes.
A su vez, conllevará una serie de retos para múltiples instituciones y actores. Los propios ciudadanos deberán hacer uso de unos servicios públicos con una adecuada educación sanitaria que haga aumentar la demanda --y cuanto mayor es la asistencia, más se incrementa esta demanda--, pero también son protagonistas las Comunidades Autónomas con competencias transferidas y aquellas que van a asumirlas --y son éstas las que mayor esfuerzo de adaptación tendrán que hacer--, la Administración central y, sin duda, las entidades de la Administración local. En general, están implicados los ciudadanos y todo el conjunto de las instituciones y empresas que conforman el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
Será necesario, por tanto, establecer unas nuevas reglas del juego. A nuestro entender, el Estado deberá ejercer sus competencias exclusivas en permanente diálogo y colaboración con las Comunidades Autónomas; diálogo que ha de ser articulado en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Los elementos en los que el Estado debe concentrar sus esfuerzos de coordinación en el marco de este Consejo deben ser prestaciones comunes del sistema: equidad, libre circulación de personas, regulación de profesionales del Sistema Nacional de Salud, centros y servicios de referencia e innovación y sistema de información.
Todo ello obligará a definir nuevas formas de actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo y a establecer un nuevo papel del Consejo Interterritorial; estamos de acuerdo, pero creemos que deberá ser y continuar siendo el principal órgano de coordinación entre las Comunidades Autónomas. Nos preocupa profundamente, señora Ministra, que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud no funcione últimamente. A la pregunta que le hacía en la última sesión de control de esta Cámara el Senador Sabando quedó meridianamente claro, y no seré yo el que diga de quién es la culpa. En cualquier caso, en los medios de comunicación y en la opinión pública está muy presente la idea de que el Consejo Interterritorial no funciona, ya no como debería funcionar, como había funcionado antes.
Qué duda cabe que habrá que adaptarse a la nueva situación y que serán necesarios cambios en su composición --ya lo ha enunciado-- para incrementar el peso específico de las Comunidades Autónomas --si antes sólo eran siete y ahora son diecisiete, entendemos que tendría que ser así aunque sea paritario (La señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero: Están todas.)--, y en los órganos de apoyo propios del Consejo Interterritorial. Entendemos que, además, hay que dotar de un mayor papel a las Comunidades Autónomas en el marco de la Unión

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Europea, una vez tengan las competencias transferidas, así como traspasar la titularidad de centros y establecimientos sanitarios a los servicios transferidos.
Para concluir, señor Presidente, señora Ministra, señorías, la impresión que hemos sacado de ese debate es doble. Nos da la sensación --y ojalá sea una falsa sensación-- de que las transferencias se harán, si no a machamartillo, a empujones, y que las perspectivas futuras postransferencias son realmente preocupantes para cualquiera que piense en el Estado de las Autonomías y no crea, como ha dicho el Senador Espesa, que es una simple descentralización administrativa. En cualquier caso, si hay quien se conforma con esa descentralización administrativa, está en su derecho y nosotros no se lo discutiremos. Pero sin autonomía real, en vez de dotarnos de un Sistema Nacional de Salud con diecisiete Comunidades Autónomas, tendremos un Sistema Nacional de Salud con diecisiete provincias, y eso es algo que todos lamentaríamos. Ojalá no sea así.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, tengo que decirle, señor Presidente, sin ánimo de recriminación que, conociendo su sensibilidad por esta Comisión y por el hecho autonómico, hubiera sido preferible, pese a no seguir el orden del debate, conceder una breve intervención a los Consejeros como turno de rectificación. Creemos que tanto usted como todos los presentes queremos que asistan a esta Comisión los miembros del los Consejos de los Gobiernos autonómicos y, por lo tanto, tenemos que hacerles ver que esta Comisión es suya.
En segundo lugar, debo agradecer la presencia de la señora Ministra y de los Consejeros --en este caso no hay que feminizar la palabra.
En tercer lugar, no se comienza bien una intervención con disculpas, pero la Senadora Vindel al comienzo de la Comisión ha dicho: esta resolución nos acaba de llegar ahora, y protestamos por ello. Tiene razón, no voy a poner ningún pero, lo único que transmito, por parte de mi Grupo, es que no ha habido intención alguna de retrasarla. Ha habido una equivocación sin más. Pido disculpas. He terminado el turno de agradecimientos.
Señora Ministra, yo me he preguntado: ¿Al comienzo de la Comisión el Presidente ha señalado que venía usted a comparecer a petición propia o es que viene obligada? Porque, después de su intervención uno se pregunta --y ya lo hacía antes, porque conoce un poco el estado en que se encuentra el proceso de transferencias-- ¿a qué viene la señora Ministra a la Comisión General de las Comunidades Autónomas? Porque no viene para un debate de sanidad, como usted ha indicado. No.
Viene para hablar del proceso de transferencias. Y es posible que, como estaba pedida aproximadamente hace un mes, usted creyera que las transferencias estarían ya en un proceso bastante más maduro y, por lo tanto, usted podría venir aquí y decirnos: señores Senadores, está todo negociado, con fecha enero de 2002 todas las Comunidades van a tener sus transferencias.
Y le tengo que decir, señora Ministra, con todo el respeto --el otro día le oí decir que tenía respeto a esta Cámara--, yo también le tengo respeto a esta Cámara, que como mejor se la respeta es transmitiendo el fondo de su comparecencia. Y su comparecencia, antes de que interviniera ningún miembro del Consejo de Gobierno, se ha dedicado a dos cosas: la primera, a relatarnos la historia general de las transferencias --tomo I, II y III--, objeto de las mismas, mecánica y presente en el mundo actual.
El segundo punto de su intervención ha sido el nuevo sistema de financiación, que posteriormente le he oído que, en el ámbito de salud, tanto el Ministerio como los Consejeros no han intervenido prácticamente para nada, sólo el de Hacienda.
Entonces, yo me pregunto, ¿para qué encima nos habla del nuevo sistema de financiación? Pero, diría más, ¡para qué nos habla del nuevo sistema de financiación si resulta que ya no vale! Sabe usted que el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la creación de un nuevo impuesto, ha modificado la estructura del acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera. (El señor Escobar de las Heras hace signos negativos.) Sí, señor Escobar, sencillamente porque no estaba previsto.
El otro día en el Pleno nos decían al Grupo Parlamentario Socialista que lo que se acuerda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera va a misa. ¿Cómo que va a misa si luego resulta que uno de los curas --de la parte bilateral--, sencillamente dice: ahora lo modifico? Luego tendrá que ratificarlo el Congreso y el Senado, pero ha sido una modificación unilateral.
Señora Ministra, con la brevedad que me permite mi tiempo, quiero señalar tres cuestiones. En primer lugar, una reflexión general; en segundo lugar, le voy a hablar del tomo II de su intervención, que se ha dedicado a la financiación y, en tercer lugar, unas preguntas. Señor Presidente, incluso le diría que cuando me falte un minuto, me avise, porque lo más importante van a ser las preguntas.
Hubiera merecido la pena que usted viniera aquí y que nos informara de algo al Senado, que nos diera un dato que llevarnos, que saliéramos de esta Comisión y pudiéramos preguntarnos: ¿La señora Ministra qué ha dicho? Ha dicho esto. Por ahora no podemos decir nada más que unos elementos como generalidades, y usted ha venido para decirnos aquí y ahora cómo está el proceso de transferencias entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas.
Y esas preguntas van a ser facilitas. No obstante, aun siendo facilitas, vamos a ver quién está seco aquí, si está seco usted o están secos los Consejeros --como usted ha indicado-- de información de la parte de Hacienda correspondiente.
En primer lugar, la reflexión. Lo ha dicho usted: Esta Comisión tiene que ser horizontal, se tiene que preocupar de la coordinación de las Comunidades, el Gobierno y esta Cámara Alta. De acuerdo. Pero hay un problema --lo he manifestado en más de una ocasión, vamos a ver si es sensible

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a él, que posiblemente lo sea--, las negociaciones, bien en los Consejos Interterritoriales, que no se han dado, bien en las Comisiones Técnicas, que al parecer han tenido lugar, y se están realizando, son negociaciones bilaterales. El Ministerio presenta unas determinadas cifras y el Gobierno correspondiente tiene que discutir y ver si se puedan adecuar para una futura prestación de servicios. Y lo que queremos nosotros saber, una de las cuestiones fundamentales del papel de esta Comisión, es la mirada global, porque con el concepto bilateral hay bastante oscurantismo, y lo que queremos saber los Senadores es exactamente cómo va el proceso. Porque le voy a decir una cosa, y lo voy a hacer sin maldad: hay Comunidades Autónomas, hay Consejeros, hay gobiernos que creen que puede haber un trato discriminatorio entre unas Comunidades y otras a la hora de la negociación, a la hora de la determinación de cada una de las variables.
Usted pone cara de extraña. Pues venga aquí y dedique su comparecencia a decir qué criterios objetivos ha aplicado a cada una de las Comunidades.
¡Diga eso! Diga claramente cómo están las negociaciones! ¡Por qué a Asturias se le niega o se le deja de negar un coste efectivo o lo que sea! ¡Dígalo! ¡Diga el porqué! Porque se trata igual a Aragón, a Castilla y León y a La Rioja. Para eso vale esta Cámara, para mirar globalmente todo este proceso de transferencias y comprobar si efectivamente hay criterios de discriminación o no.
Tomo II de su intervención, financiación autonómica. No es manera --ya lo he advertido-- que, estando los Presupuestos Generales del Estado en tramitación en esta Cámara, empiecen a modificar, a través de decisiones, sin contar con el ámbito autonómico, el nivel tributario de este país en los dos tramos del Estado y de las Comunidades Autónomas. Sencillamente, lo que verdaderamente creo es que esconde una política desastrosa desde el punto de vista fiscal y presupuestario. El hecho de que estén en el Senado unos Presupuestos y tengan que introducir enmiendas de un carácter definitivo me parece que no dice nada desde el punto de vista de la técnica presupuestaria y, sobre todo, cuando nos están volviendo locos con que su función, su objetivo, es la estabilidad del Presupuesto.
Lo que esconde es que la presión fiscal en España ha subido desde 1996, que ha pasado del 33,7 por ciento del PIB al 35,7 en el año 2000. Al mismo tiempo, también esconde que el gasto público ha caído del 43,7 por ciento del PIB al 39,8 por ciento. Si quiere consultar sus papeles, le diré que no sé si el Ministerio de Sanidad estará de acuerdo con estas cifras, pero los datos son del Informe anual de la Administración del Estado dependiente del Ministerio de Hacienda.


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, efectivamente, le queda un minuto.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señor Presidente.
Me gustaría que explicara por qué en el momento del traspaso de una transferencia tiene que crecer el gasto. Esto es importante, porque luego repercute en contra de las Comunidades Autónomas.
Insisto: usted ha manifestado que la transferencia en sí misma va a repercutir en el gasto y, por tanto, que las Comunidades Autónomas son derrochonas, como siempre dicen ustedes. Pero ¿por qué esa transferencia va a llevar aparejada inevitablemente un aumento del gasto? (La señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero, hace gestos negativos.) Sí, señora Ministra, eso lo ha dicho usted.
En segundo lugar, ¿por qué desde que usted es responsable de esta materia, es decir, desde 1998, en el denominado territorio del Insalud ha crecido menos el gasto que en las Comunidades Autónomas que tienen transferida la sanidad? ¿Por qué usted ha sido tan irresponsable? Dígamelo, porque es importante saberlo. Repito que quiero saber por qué desde que usted es responsable de Sanidad el gasto sanitario ha crecido menos en el territorio del Insalud que en el resto de las Comunidades Autónomas.
En cualquier caso --y tengo que finalizar-- creo que la explicación real desde el punto de vista de la negociación del nuevo modelo es, simplemente, una subida de impuestos, sin más. Es decir, el Partido Popular sube los impuestos. (La señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero, hace gestos negativos.) Y no lo niegue, porque lo que digo no es complicado.
Por otro lado, ¿cuál es la cantidad de que va a disponer cada una de las Comunidades Autónomas en el año 2002 en concepto de ingresos en sus presupuestos --y ahí está el Presidente del Insalud que le puede pasar la nota correspondiente--? Porque lo que queremos saber los miembros de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y los Senadores --por lo menos, los del Grupo Parlamentario Socialista-- es, repito, la cantidad que se va a llevar cada Comunidad Autónoma en el año 2002. Esta pregunta es facilita. Y si se viene aquí a hablar de transferencias, se dice que las Comunidades las deben asumir, y no me indica usted la cantidad que el Ministerio está ofreciendo a las mismas para que ingresen en cada uno de sus presupuestos durante el año 2002, es que no se sabe nada.
Así pues, quisiera saber cuál es esa cantidad, teniendo en cuenta que el gasto en las Comunidades Autónomas tiene un criterio finalista y que el Senado va a tener que hacer un seguimiento acerca de que lo que se está gastando en cada Comunidad Autónoma año tras año es al menos la cantidad transferida. Por tanto, repito una vez más, díganos cuál es la cantidad que va a ser transferida, porque, si no, el Senado no va a poder cumplir su papel.
Por otra parte, queremos saber si se va a compartir o no la gestión.


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, hemos multiplicado por tres el minuto que le faltaba. (Risas.)

El señor PEREZ SAENZ: Ya he dicho antes, señor Presidente, que usted es generoso.
Voy acabando. También me gustaría conocer el gasto de inversión, porque, usted, a través del Ministerio, ha ido vendiendo planes quinquenales. Por tanto, como digo, me gustaría que determinase el gasto de inversión en cada una de las Comunidades Autónomas.


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Y, como parece que a la señora Ministra no le ha gustado nada mi intervención, concluyo con lo siguiente. Usted ha dicho que se debe intentar asumir las transferencias sanitarias en cada una de las Comunidades Autónomas porque, de lo contrario, éstas van a perder debido al sistema de financiación, que prácticamente les obliga a ello. Sin embargo, creo que lo que más obliga a los Consejeros a asumir las transferencias sanitarias en breve, en 2002, no es eso, sino que usted se las quite de encima.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
He de repetir una vez más que ésta es la Comisión General de las Comunidades Autónomas y que todas ellas nos honran con su presencia. Le agradezco sus amables palabras, pero esta Presidencia no ha hecho más que aplicar la ordenación del debate aprobada por la Mesa y Junta de Portavoces. No hay ninguna dificultad para que en la próxima sesión de la Comisión la ordenación del debate sea distinta y los señores asistentes representantes de las Comunidades Autónomas tengan un turno de réplica.
En cualquier caso, insisto en que nos honran con su presencia, y agradezco muy profundamente sus amables palabras y sugerencias.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, señores Consejeros y representantes de las Comunidades Autónomas, señorías, el Grupo Parlamentario Popular avala la actuación del Presidente de la Comisión General de las Comunidades Autónomas, la cual, como él mismo ha dicho, no ha sido sino reflejo del cumplimiento del acuerdo adoptado por la Mesa y Junta de Portavoces para la ordenación de este debate.
El Grupo Parlamentario Popular desea dar la bienvenida a la Comisión General de las Comunidades Autónomas a la señora Ministra de Sanidad y Consumo, así como a los Consejeros y representantes de las diferentes Comunidades Autónomas, presentes hoy en esta su casa, y en esta Comisión, que es precisamente donde su voz es escuchada en la Cámara de representación territorial.
Señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular hacemos una valoración muy positiva del trabajo realizado y un sincero reconocimiento del esfuerzo llevado a cabo por el Ministerio de Sanidad y Consumo y por los representantes de las Comunidades Autónomas, así como por su decidida voluntad política y la también decidida voluntad política del Gobierno del Partido Popular para cumplir el compromiso por él adquirido, consistente en cerrar el mapa de transferencias en materia de sanidad.
Debemos resaltar el impulso del Gobierno a este proceso de transferencias, con las cuales no se hace sino cumplir con un mandato inconstitucional y con un mandato de la Ley General de Sanidad, que concibe y crea el Sistema Nacional de Salud como el conjunto de servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas.
Como bien ha expuesto la señora Ministra, el momento que vive nuestro Sistema Nacional de Salud puede calificarse de histórico por su magnitud, por su impacto económico y por lo que va a suponer de acercamiento de los servicios sanitarios al ciudadano. Eso nos satisface, desde luego, pero en ningún caso nos lleva a la autocomplacencia, ya que somos conscientes de que debemos seguir trabajando por la consecución del que, en definitiva, es un objetivo de todos: del Gobierno, de las Comunidades Autónomas y del Senado, como Cámara de representación territorial, y un objetivo tan importante como es la salud de todas las españolas y todos los españoles. Porque aumentar la calidad de la sanidad, la eficacia en la gestión de unos recursos escasos, la equidad y la solidaridad interterritorial son los criterios que deben guiarnos en la consecución del objetivo que, como he dicho, es tarea de todos.
Y en el camino hacia la consecución de dicho objetivo valoramos muy positivamente que el proceso se haya llevado a cabo de manera homogénea y simultánea, con lo que ello ha supuesto de sincronización en las negociaciones llevadas a cabo con diez Comunidades Autónomas muy diferentes entre sí, tanto en volumen de habitantes como de recursos sanitarios, así como por su vinculación a diferentes opciones políticas.
Creemos que la única forma de conseguir un elevado nivel de consenso y de coordinación entre el Gobierno central y los Gobiernos autonómicos es que la información se transmita en las dos direcciones, esto es, de manera bilateral, y desde luego de manera fluida. Así es como se ha venido trabajando, y eso ha sido, junto con la receptividad y el interés que se ha demostrado por parte de las Comunidades Autónomas en todo el proceso, el secreto del éxito del cierre del proceso en el calendario previsto.
Otro acierto en opinión del Grupo Parlamentario Popular ha sido el planteamiento del proceso de transferencias de las competencias sanitarias en paralelo a la negociación del nuevo modelo de financiación autonómica adoptado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 27 de julio, modelo que incorpora la financiación sanitaria con carácter finalista al modelo general de financiación de las Comunidades Autónomas.
Este modelo, que sin ninguna duda podemos calificar de integrador, estable, suficiente y solidario, es clave para garantizar los principios inspiradores del Sistema Nacional de Salud. Uno de ellos es la equidad, que va a estar garantizada por un fondo específico, el fondo de cohesión, cuyo objetivo es asegurar la igualdad en el acceso a los servicios sanitarios en todo el territorio nacional.
En segundo lugar hay que hablar de la suficiencia financiera, pues el carácter finalista y el principio de afectación que rige este nuevo modelo de financiación va a obligar a todas las Comunidades Autónomas a destinar a la gestión sanitaria un determinado volumen de recursos para financiar su asistencia sanitaria.
Y en tercer lugar, del criterio de la solidaridad interterritorial, al introducir nuevos mecanismos de compensación de las posibles desigualdades que puedan surgir. A ese fin se dirigen tanto los criterios de reparto del fondo como la compensación por pacientes desplazados.


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Señorías, desde el punto de vista político el aspecto más positivo de este nuevo modelo de financiación, y eso nadie lo puede negar, estriba precisamente en el apoyo unánime que ha recibido por parte de todas las Comunidades Autónomas.
En cuanto al papel del Gobierno y del Ministerio de Sanidad tras el cierre de las transferencias a todas las Comunidades Autónomas, podemos decir que el Gobierno ya está preparado para asumir este nuevo papel de dirección del conjunto del Sistema Nacional de Salud, como consecuencia del nuevo escenario, y de garante de la cohesión en el mismo. Así lo hizo precisamente al diseñar la nueva estructura del Ministerio de Sanidad y Consumo en esta legislatura, con el propósito precisamente de dar la mayor importancia a la coordinación y a la cooperación sanitaria, para profundizar en ellas desde la nueva estructura, como es propio de un Estado descentralizado como el nuestro, introduciendo nuevas fórmulas que permitan vertebrar mejor el sistema y con el objetivo final de garantizar el acceso a las prestaciones por igual en todo el Sistema Nacional de Salud.
Ya ha anunciado la señora Ministra de Sanidad y Consumo la futura regulación de estas cuestiones desde, como no podía ser de otra manera, el profundo respecto a las competencias de las Comunidades Autónomas y con el consenso como instrumento de la mejor relación entre el Estado y las Comunidades Autónomas. Asimismo, se ha anunciado el impulso a la reforma del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, ya señalada por la Ministra tanto en el Pleno del día 23 de noviembre como hoy mismo ante esta Comisión General de Comunidades Autónomas, para potenciar el papel del Consejo Interterritorial como órgano de coordinación que le otorga la Ley General de Sanidad.
Desde el Grupo Parlamentario Popular hemos escuchado atentamente a los representantes de las distintas Comunidades Autónomas y les agradecemos sinceramente sus valiosas aportaciones en cuanto a lo que han sido las críticas constructivas, que siempre son bienvenidas, si bien debemos confesar también que no compartimos algunas de las aportaciones, y me estoy refiriendo a las negativas.
Sabemos que es misión de la oposición controlar al Gobierno y misión de las Comunidades Autónomas defender su autonomía, su gestión, su capacidad para llevar a cabo los intereses de sus ciudadanos, porque así se lo otorga la Constitución, su respectivo Estatuto de Autonomía y la Ley General de Sanidad en materia de asistencia sanitaria a sus ciudadanos.
Por otra parte, destacamos también la voluntad de cooperación y de acuerdo que debe presidir --y de hecho, a nuestro juicio, ha presidido-- todo el proceso de las transferencias en un común esfuerzo de cerrar el mapa sanitario, de crear los servicios sanitarios de las Comunidades Autónomas, de acercar los dispositivos sanitarios a los ciudadanos, ganando así en eficacia, en calidad, en equidad y en participación del protagonista, que es el ciudadano. Sin embargo, no compartimos, en absoluto, la visión catastrófica que alguno de los Consejeros de las Comunidades Autónomas ha pretendido transmitir a esta Cámara.
Como ha puesto de manifiesto algún Consejero y la propia señora Ministra, a todos nos da vértigo y miedo asumir nuevas responsabilidades, más cuando son como éstas, que tienen un gran impacto en la asistencia sanitaria, un gran impacto en las Comunidades Autónomas. Pero no nos vale que alguien que sienta este vértigo y este miedo, algo perfectamente comprensible, se escude en el desencuentro, porque de esa manera jamás lograremos acuerdos de ningún tipo.
Agradecemos la invitación que nos ha hecho algún Consejero de comer el turrón juntos, aunque quizás detrás de esta invitación se trasluce el deseo de que el Gobierno del Partido Popular no cumpla con el compromiso ya anunciado de cerrar el mapa sanitario en la fecha anunciada.
Creemos que tanto el Gobierno como las Comunidades Autónomas han cumplido con su trabajo. A juicio de este Grupo Parlamentario, no procede dilatar más un proceso que lleva abierto más de quince años. ¿Que ha habido imperfecciones? Creo que las imperfecciones son permisibles en cualquier proceso de regulación de las relaciones humanas; siempre las hay y, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, en ningún caso es justificación para no mirar al futuro con ilusión.
Sabemos que todos los representantes de las Comunidades Autónomas que han intervenido en esta sesión desean recibir las competencias en materia de asistencia sanitaria a pesar de que el partido que mayoritariamente se ha visto representado en sus Consejeros diga que no las quiere. Nos parece algo totalmente contradictorio y quizá más adelante nos expliquen por qué esta contradicción.
No quiero contestar a los portavoces. Creo que no es mi misión. Lo hará con tanta corrección, brillantez y argumentos bien planteados como lo ha hecho en su respuesta a los Consejeros la señora Ministra de Sanidad, sosegadamente, de forma equilibrada y respondiendo a cada una de las cuestiones que ustedes le han planteado, pero, por una cuestión de orden y respeto, me veo obligada a mostrarles mi más profunda protesta por la intervención y el estilo del Senador Espasa, aunque diga que no es el suyo.
Sin entrar en el fondo de la cuestión de lo que usted ha dicho, Senador Espasa, no me parece adecuado ni procedente calificar a una Ministra de fogosa e impulsiva. Creo que en ningún caso tiene relación con su mejor o peor gestión. Senador Espasa, en mi pueblo al que dice impertinencias se le llama impertinente.


El señor PRESIDENTE: Señora Senadora, vaya concluyendo.


La señora LOPEZ GARNICA: Sí, señor Presidente. Acabo.
Senador Espasa, su discurso nos parece amargo, y aunque usted diga que no es su estilo, creemos que el estilo de cada uno no es el que cada uno dice que tiene sino el que cada uno muestra en todo momento.
Para terminar, diré que el Grupo Parlamentario Popular desea felicitar tanto a la Ministra de Sanidad y Consumo y a todo el conjunto del Ministerio, así como a las Comunidades

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Autónomas y a sus Consejeros, como verdaderos artífices de este proceso, y, como no podía ser de otra manera, a los ciudadanos, que, en definitiva, son los verdaderos protagonistas y beneficiarios de este proceso.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
Para concluir este debate, tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer a la Senadora representante del Grupo Parlamentario Popular sus palabras de apoyo, no sólo de apoyo político, sino también personal. Pero le quiero decir que no me siento afectada cuando alguien dice que soy fogosa o dejo de serlo. Sinceramente --no sé cómo decirlo--, me trae realmente sin cuidado. Igual sucede cuando dicen que si riño o no riño, porque si repasara las intervenciones de sus señorías, tanto de los Senadores como de algunos Consejeros, no es que me hayan reñido, es que --¡palabra de honor!-- me he sentido como si mi abuela, mi madre, mi padre y mis tres abuelos estuvieran echándome la bronca al mismo tiempo. Entiendo que es el debate parlamentario normal y corriente y que las ofensas están en el fondo de las palabras y nada más.
Por tanto, ni me he sentido ofendida por lo que han dicho los Consejeros, ni por lo que han dicho los distintos representantes de los grupos parlamentarios. Si algún Senador es impertinente, como ha dicho la señora Senadora, es su problema.
En cualquier caso, se han expuesto cuestiones muy importantes. Y en la medida de lo posible, me gustaría responder a las preguntas que se me han formulado.
En primer lugar, quiero agradecer a la Senadora Loroño su intervención.
Es cierto, se trata de conseguir la utilización adecuada y sacar la mayor rentabilidad posible de los fondos públicos. Quiero expresar que el País Vasco es una de las Comunidades que más va a colaborar en esa nueva dinámica de cooperación en el futuro, que yo he planteado, para que otras Comunidades Autónomas también puedan mejorar su propia gestión en muchos aspectos; es lógico, como ocurre también con la Comunidad catalana. ¿Por qué? Porque llevan más años y, por tanto, es normal que tengan más experiencia. ¿Por qué en estos momentos hay Comunidades Autónomas que tienen una mayor eficiencia y eficacia en el control del gasto farmacéutico, por ejemplo? Porque tienen muchos años de experiencia. Y esto también se aprende. Es, pues, en este sentido en el que me refería al aprovechamiento de la experiencia de muchos años de otras Comunidades Autónomas.
Es cierto, existen dos fondos: el Fondo IT, que va a gestionar el Instituto Nacional de la Seguridad Social mediante convenios con las Comunidades Autónomas para su aplicación, y el Fondo de Cohesión, que es fundamental por dos razones. En primer lugar, por lo que ya planteé en mi intervención respecto a garantizar la equidad al conjunto de los españoles en todo el territorio nacional. Una de las preguntas que hoy se pueden estar haciendo algunos ciudadanos es la relativa a qué va a ocurrir con quienes viven en una provincia donde no hay una determinada prestación y para la que antes se acudía a otra Comunidad Autónoma. Se va a mantener y a potenciar con este Fondo de Cohesión, lógicamente. En segundo lugar, porque con este Fondo de Cohesión tendremos la oportunidad de colaborar con aquellas Comunidades Autónomas que por su tamaño necesitan mayores apoyos para la cohesión del sistema, exactamente igual que respecto de otras Comunidades Autónomas más grandes o con un presupuesto mayor.
Una cuestión que se introduce en este nuevo modelo de financiación es una cultura diferente. Yo creo que hay señorías y algunas Comunidades Autónomas que no son conscientes de lo que se ha aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, y que ha sido firmado por mí, como representante y solidaria con las decisiones del Gobierno, y por las Comunidades Autónomas, por sus Presidentes y sus Consejeros de Hacienda y Economía, excepto el del País Vasco que tiene en este momento un concierto diferente, pero sigue formando parte del Sistema Nacional de Salud. Es decir, hay una corresponsabilidad real, que ya existía en El País Vasco, y esto significa una cultura diferente a la que todos tendremos que acostumbrarnos.
La Senadora Loroño me preguntaba cuál era la regulación específica del Fondo de Cohesión. Es una ley que regule adecuadamente las condiciones y los límites del Fondo de Desplazados. ¿Para qué? Para garantizar la equidad en todo el sistema. El Fondo de Desplazados y el Fondo de Cohesión afectan a todo el Sistema Nacional de Salud y no sólo a las Comunidades que hoy todavía están en territorio Insalud; es un fondo de cohesión para todo el Sistema Nacional de Salud y, por lo tanto, para los desplazamientos que se en efectúan en el conjunto de las diecisiete Comunidades Autónomas. Hay que regular esa ley de forma muy específica para delimitar claramente cuáles son los límites de la aplicación de ese Fondo de Cohesión; ese texto legal necesariamente tiene que pasar por las Cámaras, trámite que supone otra de las garantías del nuevo modelo una vez completadas las transferencias sanitarias.
¿Cómo se van a regular las prestaciones del Sistema Nacional de Salud? Por ley y no por órdenes ministeriales como venía sucediendo. Los Consejeros del Consejo Interterritorial son conscientes de que yo retiré una propuesta en una orden ministerial de una nueva prestación porque uno de ellos --si no me equivoco fue el señor Sevilla-- apuntó la posibilidad de que en la nueva estructura sería bueno que se hiciera por ley, y como estuve de acuerdo, lo hicimos. Se hace a nivel de ley para que sea eficiente y eficaz en el conjunto del territorio nacional y para que ese nuevo nivel de coordinación del Sistema Nacional de Salud tenga una adecuada insertación dentro de las normas jurídicas del Estado.
¿Cómo se encuentra en estos momentos? Estamos terminando el borrador, que es complejo y difícil, y lógicamente lo discutiremos en el seno de la Comisión Técnica correspondiente del Consejo Interterritorial con los técnicos de todo el conjunto de Comunidades Autónomas para que pase más tarde al nivel político.


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¿Qué papel tiene el Ministerio? Aquí hemos hablado del papel del Ministerio en lo que se refiere al Sistema Nacional de Salud, pero el Ministerio es mucho más que eso. La sanidad española en una gran medida es pública, pero hay otra parte en la cual es necesario también que hayan controles de calidad, controles de eficiencia en sus propios términos y, por lo tanto, tendremos esa responsabilidad. Me refiero solamente a lo que significa la asistencia sanitaria, dejando al margen todas las otras competencias importantes como es el futuro del Carlos III, todos los temas relacionados con la investigación de competencia nacional y la aplicación de fondos de investigación, y muchas otras cuestiones, como el consumo.
Es verdad que la salud pública está transferida a las Comunidades Autónomas. Acabamos de crear la Agencia de Seguridad Alimentaria donde están presentes las Comunidades Autónomas en sus propias estructuras organizativas. ¿Por qué? Porque entendemos que ése es el nuevo modelo que debe imperar para que la cooperación y la coordinación sean una realidad y no una imposición de nadie frente a nadie. Por lo tanto, creemos que tenemos que seguir trabajando ese modelo.
He oído algunas cosas aquí que sinceramente creo que se han dicho en el fragor y en la pasión que pone algún Senador en sus intervenciones, y no solamente en esta Cámara, pues también lo hacía cuando formaba parte del Congreso de los Diputados donde siempre se mostraba profundamente fogoso en los temas sanitarios, circunstancia que yo ligo a lo muchísimo que le interesan.
Dice que ha intentado ser piadoso conmigo. En política el tener piedad...
Si usted es religioso y cree en la piedad, me parece muy bien y tendrá un lugar en el Cielo, pero ahora no estamos hablando de eso, sino de otras cosas.
Me preocupa algo importante de su intervención pues ha llegado a decir que la ley de punto final que resuelve el problema del personal interino del Sistema Nacional de Salud usted la ha votado con la nariz tapada, una ley que ha sido aprobada con votos a favor y abstenciones y sin ningún voto en contra en ambas Cámaras. No sé muy bien por qué se puso usted los dedos en la nariz. Será su problema. No sé si usted es impertinente o fogoso, pero sí que es un irresponsable, y el que no haya votado en contra de una ley que considera que no tiene ningún sentido y que es un desastre, que no haya sido capaz de convencer ni siquiera al Grupo que representa, es algo que me preocupa.
Esta ley es para una sola vez y la Constitución la contempla; se ha analizado muy profundamente, y no solamente por los servicios técnicos del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Insalud, sino también por los partidos políticos aquí representados, que le recuerdo que reflejan la voluntad popular de los españoles en las urnas. Ha sido analizado por los grupos y, por favor, no diga usted que todos los grupos políticos son irresponsables, pues no lo son, lo han estudiado. ¿Sabe usted lo que ha primado por encima de todo? Es cierto que en veinte años tanto las Comunidades Autónomas como del Gobierno central han intentado solucionar el problema del personal interino del Sistema Nacional de Salud y se han enfrentado a muchos problemas, pero confiemos en que la decisión que hemos tomado entre todos sea la adecuada y garantice por fin una estabilidad en el empleo al Sistema Nacional de Salud. Comunidades Autónomas, como la andaluza (que tiene transferida la sanidad desde el año 1982), como la valenciana, como la gallega, como la canaria han dicho que quieren que les afecte porque saben que es buena para resolver un problema insoluble hasta ahora. Por lo tanto, no debe ser tan mala y no podemos ser todos tan tontos. Para llamarme tonta a mí, no llame tonto a todo el mundo. Busque otros argumentos que seguro que usted con su sapiencia los encontrará clara y fácilmente. Por lo tanto, no estoy de acuerdo con usted. Es una ley con suficientes garantías legales; es una ley constitucional. Las medidas que se toman están amparadas en la propia Constitución y en las leyes españolas, y tienen el apoyo de la Cámara.
Yo quiero agradecer la enorme sensibilidad que han tenido los grupos en la Cámara para buscar soluciones finales a un problema de muchos años acumulado en todo el Sistema Nacional de Salud. ¿Que no es el mejor posible? Siempre hay gente que puede pensar eso, pero es la que hemos podido hacer entre todos. Yo sinceramente quiero felicitar al Insalud, a los que han dirigido esta operación, a los sindicatos y a todos los partidos políticos que han intervenido de forma decidida desde el origen para dar solución de este problema.
Yo no he entendido muy bien la intervención del Senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Es cierto que cuando una mentira se repite indefinidamente acaba convirtiéndose en verdad. Dice que no funciona el Consejo Interterritorial y que solamente hay representados siete Consejeros. No es cierto. En el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud están todos los Consejeros, tanto los transferidos como los que no lo están, y todos tienen la oportunidad de opinar lo que quieran. Al igual que en esto, también está equivocado en lo anterior y le voy a explicar por qué.
Yo me leí con mucha atención cuando llegué al Ministerio, porque no había estado antes en el área de la sanidad, cuál había sido el funcionamiento y la razón de ser del Consejo Interterritorial y cuál era la forma de, en el tiempo que teníamos para completar el mapa transferencial pues había una voluntad política real de no dilatarlo más en el tiempo, darle esa nueva cultura al Consejo Interterritorial. Le tengo que decir que hablar de listas de espera con la profundidad que se ha hablado en el Consejo Interterritorial, no se había hecho nunca; analizar un plan de calidad, no se había hecho nunca. En el Consejo Interterritorial se han examinado otras cuestiones que los Consejeros y los Ministros de turno consideraban oportunas, y normalmente --me le leído las actas-- se dice que fue presentado por el Ministro o por el Director General correspondiente tal decreto-ley, que fue informado, y se dieron todos por enterados.
Lo que hemos introducido en los debates del Consejo Interterritorial ha sido algo absolutamente novedoso, y algunos Consejeros así lo han dicho e incluso algunos lo han agradecido, y algunos de los presentes ya han intervenido de una forma importantísima en los acuerdos; han funcionado las comisiones sectoriales que dependen de ese Consejo

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Interterritorial, y han trabajado mucho todas, con la colaboración de todos los técnicos de todas las Comunidades Autónomas, transferidas y no, todas, y han conseguido documentos importantes. Hay un documento sobre la asistencia socio-sanitaria elaborado por los técnicos responsables, directores generales de las Comunidades Autónomas, muy interesante. Hay otro importantísimo sobre calidad del Sistema Nacional de Salud; el de lista de espera también es muy importante. ¿Que después, cuando eso se traduce en el debate político en el Pleno, funcionan otros parámetros? Sí, lo acepto. ¿Cómo podemos conseguir ese equilibrio que yo he dicho al principio? No funciona no porque la Ministra, el Ministerio o los Consejeros no quieren que funcione, sino porque los debates políticos se transfieren al Consejo Interterritorial. ¿Es eso imprescindible? A lo mejor sí, en cuyo caso tendríamos que buscar un modelo de «nos damos por enterados», a lo mejor no. Ese es el debate de fondo que tenemos en este momento.
El Sistema Nacional de Salud, por primera vez, se ha reunido cuatro veces al año --una vez cada trimestre-- y con un orden del día donde se han introducido criterios de muchos Consejeros. Otros han dicho que han planteado asuntos al Consejo Interterritorial y que no se han tenido en cuenta. Siento decir que yo no tengo constancia de esas cartas --no existen en mis archivos--, aunque las voy a buscar; otras existen, peros las peticiones a lo mejor no se correspondían con lo que tiene que ser el debate del Consejo Interterritorial, y otras muchas se han debatido.
Saben ustedes que el día 10 --se les ha mandado ya la convocatoria-- hay una reunión del Consejo Interterritorial en la que vamos a hablar de transferencias y de lo que ustedes quieren que hablemos, que es del pacto farmacéutico, que es largo y complejo y lo debatiremos con profundidad.
Yo no sé si lo podemos convocar antes. Tendremos que dejar un mínimo de tiempo para que ustedes vengan con toda la artillería mental preparada para poder hacer un debate inteligente y de aportaciones por parte de todos.
La transferencia no la vamos a hacer a martillazos. La transferencia se va a hacer, lógicamente, como se hizo con la Comunidad Autónoma de Cataluña, en un debate permanente en el que la Comunidad Autónoma quiere más y el Ministerio de Sanidad da hasta donde puede darle. Así ocurrió en el caso de Andalucía, Galicia, etcétera, y en las mismas condiciones queremos que se desarrollen estas últimas.
Y no se trata de diecisiete provincias, sino de Comunidades Autónomas con la misma capacidad para tomar decisiones, la misma capacidad de gestión de la asistencia sanitaria. Esto es así, y el papel del Ministerio no está en controlar a las Comunidades Autónomas, sino en garantizar la equidad y la cohesión social.
Señor Pérez, le agradezco sus palabras en todo lo que ellas significan.
Cuando ha empezado usted su intervención ha enganchado usted mucho mi atención --se lo digo con sinceridad--, porque era un debate muy político y bonito, y a mí, que soy política, que me gusta el debate parlamentario porque creo que el Parlamento es la base fundamental de un sistema democrático, la verdad es que me ha gustado.
En cuanto a sus preguntas, intentaré contestarlas todas. ¿Por qué he venido? ¿Por qué hablo del modelo de financiación ¿Qué he venido a decir aquí si ya está todo cerrado? Después ha decaído la atención a su intervención, como en las películas que son medio malas.
¿Por qué he venido? Porque entendía que era necesario que tuviéramos este debate en esta Comisión del Senado, y no era para vender el producto ya absolutamente repartido. No es ése mi papel. De hecho, incluso las Comisiones Mixtas no las presido yo ni nadie del Ministerio de Sanidad, sino alguien del Ministerio de Administraciones Públicas. He venido porque en un momento en el que se están debatiendo las transferencias no es nada malo que ustedes, los miembros del Senado, escuchen qué piensan los Consejeros, qué piensa el Ministerio y aporten ustedes lo que quieran. Asimismo, también es positivo que los Consejeros y el Ministerio escuchemos su opinión sobre este complejo proceso de transferencias que supone un billón 800.000 millones de pesetas, que es lo que en estos momentos gestiona, en números redondos, el Insalud.
Yo comprendo que es complejo, y comprendo que todas las Comunidades Autónomas quieran más. Si yo fuera Consejero estaría en esa posición, lo que ocurre es que el tema es el que es.
Ha introducido usted una frase que sí me ha preocupado mucho, porque no la he percibido yo en ninguna de las intervenciones de los Consejeros.
Usted dice que hay Consejeros que entienden que hay discriminación. En mi intervención primera, que usted ha dicho que era de no sé de cuántos tomos --mis intervenciones suelen ser bastante cortas--, he dicho que están negociando los Consejeros en las mesas de transferencias y se les ha dicho claramente que todos tienen exactamente el mismo papel, lógicamente en función de la población asistida, etcétera, es decir, de los parámetros a los que el propio modelo sanitario nos obliga. Por tanto, no hay discriminación hacia nadie, y además no vamos a primar a nadie. Tampoco quiero analizar si se primó en el pasado a alguien. No voy a entrar en ese debate, pero no queremos favorecer a nadie, sino hacer una transferencia que garantice esa equidad y garantice a los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma que van a recibir una prestación cuanto menos igual que la que reciben, que es buena, señor Pérez. Por lo tanto, si algún Consejero se siente discriminado, desde luego hoy aquí no lo ha expresado, y en las conversaciones que haya podido tener con ellos tampoco me han manifestado que sientan esa discriminación.
Con lo de la mirada global o mirada sectorial ya me he perdido un poquito, se lo confieso. No sé si por mirada global se refiere usted a que no hable yo y que hable otro Ministro, o si se refiere a que analicemos a todas las Comunidades Autónomas juntas. Ellos tienen los papeles de todas las Comunidades Autónomas. (El señor Pérez Sáenz: ¡Nosotros no!) En segundo lugar, a mí no me importa tener un debate directo con usted, pero entonces vamos a definir cuál es el papel de un Grupo Parlamentario y de una Comunidad Autónoma. Si las Comunidades Autónomas socialistas son menores de edad y necesitan que el Grupo del Senado

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tenga los datos, va bien para que hagan lo que usted quiera, pero si las negociaciones de las transferencias son Comunidad Autónoma-Ministerio, tendrá que mantenerse en esos términos. (Rumores.--El señor Laborda Martín: ¡Eso es una falacia!) No se pongan ustedes nerviosos, por favor, que cuando algo no les gusta pierden el control. Estoy intentando ser muy prudente para no salirme de los márgenes y que ustedes no se consideran perjudicados por el hecho de que no haya réplica. Me estoy limitando a responder sin entrar en descalificaciones que se han oído aquí; simplemente quiero dar datos. La financiación se está negociando entre la Comunidad Autónoma y el Gobierno central en la Comisión de transferencias con los datos que nos manda el propio modelo: año 1999 más ITE; gasto actual del sistema por cada una de las Comunidades Autónomas que tienen transferencias y, a partir de ahí, se está hablando dentro del modelo de financiación global, porque el nuevo modelo lo sitúa ahí y no nos podemos salir del mismo. Esto es así y no hay quien lo cambie.
¿Cómo van a acabar las negociaciones? Con la aplicación del modelo exactamente igual a todas las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, no le puedo decir que se va a cerrar con tantos miles de millones. No estoy sentada en la negociación, y malo sería si en una negociación paritaria de dos uno dijera ya que de aquí no pasa porque usted me podría a mí acusar de arbitraria, de prepotente y de todo lo que quisiera, y con razón. Por lo tanto, yo no le puedo dar la cifra de cada una de las Comunidades Autónomas. Me hace usted preguntas que, de verdad, sinceramente, no sé responderlas.
Dice usted que yo he dicho que las Comunidades Autónomas son derrochonas.
Nada más lejos. De lo que nos quejamos todos los responsables sanitarios, incluidos los de la Administración central --pero no hoy, siempre-- es que hay un cierto concepto de que a todos los que nos dedicamos hoy a la administración de la sanidad nos llaman derrochones. A mí no se me ocurre llamar a un consejero de sanidad derrochón. No ha salido de mi boca esa palabra.
Tampoco entiendo que diga usted que hay menos financiación en el Insalud desde que yo soy Ministra. Ahí es cuando he perdido el norte de su intervención. Dice usted que desde que yo soy Ministra, es decir, mayo del año 2000, el Insalud tiene menos financiación que las Comunidades Autónomas transferidas. ¡Lo dirá usted! El modelo de financiación sanitaria es de 1998, aplicación en 1998-2001, y se ha aplicado exactamente igual desde el primer año hasta el último, con un crecimiento según el PIB, y no quiero sacar cifras porque no quiero abrir ningún debate, sino simplemente responderle a las preguntas que usted me ha hecho. Ha sido exactamente igual en 1998, en 1999, en 2000 y en 2001. En el año 2002 ya cambia, porque el nuevo modelo establece que si sigue existiendo el Insalud, los ciudadanos de esas diez Comunidades Autónomas van a perder en torno a una cantidad que significa dos puntos porcentuales, entre 70 y 80.000 millones de pesetas. Eso es lo que tienen que saber los ciudadanos de las Comunidades Autónomas, y lo que yo no he podido recoger para inversiones en los presupuestos del Insalud que se están debatiendo en esta Cámara, las Comunidades Autónomas si lo van a poder incluir en su financiación sanitaria. Es decir, las Comunidades Autónomas de Cantabria o de Castilla-La Mancha van a tener más dinero para hacer lo mismo que yo estoy haciendo ahora en el Insalud. Por tanto, van a ser un poco más «estiraditos» en el reparto de inversiones. Esto ya lo sé y no me parece mal, desde las posiciones del Insalud no hay ningún problema en este sentido.
Uno de los mejores sistemas de gestión sanitaria es el Insalud. Tiene grandes profesionales y, por cierto, muchos de los consejeros aquí presentes son antiguos dirigentes de esa institución. Ha funcionado y está funcionando perfectamente. Por lo tanto, no es cierto lo que usted está diciendo. Yo podré gestionar peor, podré gustarle a usted menos, pero, sinceramente, esto entra dentro del debate político habitual; yo no le voy a decir lo que usted me gusta a mí. (Risas.) Por otro lado, me pregunta por qué vengo aquí a hablar de modelo de financiación sanitaria si después no lo hemos cumplido. Como argumento político se lo acepto y me parece razonable, pero como argumento de peso no. Usted. dice que ha cambiado el modelo que las Comunidades Autónomas apoyaron. Teniendo en cuenta que en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del mes de junio ya se planteó lo de la gasolina, me parece mal. Porque, además, en la corresponsabilidad y en las transferencias de impuestos a las Comunidades Autónomas aparecen todas reflejadas y en qué cantidad, unas al cien por cien, otras al 40 por ciento, y el IVA y el IRPF con otras fórmulas diferenciadas. Y hay una realidad, y es que la Unión Europea ha aprobado un impuesto sólo y exclusivamente para sanidad y medio ambiente. Dada esa circunstancia, si el Ministerio de Hacienda ha decidido establecer ese impuesto de la Unión Europea, me va a perdonar --y los consejeros de sanidad estarán de acuerdo conmigo-- pero prefiero que sea para sanidad porque es una prestación esencial para el conjunto de los españoles, y forma parte de las políticas de estabilidad y bienestar de cualquier Gobierno de la órbita de la que estamos hablando en este momento, sean ustedes, nosotros, o cualquiera de los grupos políticos aquí representados. En eso creo que hay un consenso social y político muy fuerte. Por tanto, que sea para sanidad; claro que sí.
¿Qué es el lo que, a lo mejor, no puede gustar? ¿Que las Comunidades Autónomas se tienen que retratar? ¿En qué se tendrán que retratar a partir de ahora? Que tendrán que decidir si quieren ir a más o a menos.
Y, por supuesto, a mí, como a todos los españoles, le puedo garantizar que la subida de impuestos no es precisamente de las cosas que más me gusten para nada, como a todos los españoles que pagamos impuestos.
Después usted ha dicho que, como señala el documento de la OCDE, la presión en España ha subido. (El señor Pérez Sáenz hace signos negativos.) También hay un documento de la OCDE en el mismo sentido, si quiere yo se lo proporciono, señor Pérez. Pero a usted se le olvida la segunda parte, es decir, ¿cómo sube la presión fiscal? La presión fiscal sube porque suben los impuestos o porque sube

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la recaudación; lo importante es qué se paga por cada ciudadano. Claro, la presión fiscal siempre sube o porque suben los impuestos o porque sube la recaudación de la Hacienda Pública. Y aquí en España ha subido la recaudación de forma importante en estos últimos años. ¿Por qué? Porque ha habido más empleo, más empresas, un crecimiento económico por encima del 4 por ciento y, lógicamente, eso se refleja en los impuestos.
Usted dice que han bajado los gastos sociales, en eso sí que le voy a dar la razón al cien por cien. ¿Sabe usted en qué han bajado los gastos sociales? En desempleo. ¿Sabe usted por qué? Porque hay menos desempleados, y ojalá fuéramos capaces entre todos de mantenerlo así porque será bueno para los españoles, que prefieren tener un puesto de trabajo que recibir una subvención. Se acaban de aprobar por las centrales sindicales, la patronal y el Ministerio de Trabajo las nuevas pensiones para el año 2002 y los incrementos en pensiones de viudedad. A partir del año 2002 una viuda que se vuelva a casar no perderá su pensión. Por favor, no me diga usted que estamos recortando gastos sociales porque no es cierto. (El señor Pérez Sáenz: No lo he dicho.) Han bajado los gastos sociales y ha subido la presión fiscal; ésas han sido sus palabras y las he tomado con muchísima atención.
¿Cuánto va a llevarse cada Comunidad Autónoma? Ha dicho usted que vengo aquí sin decir la cantidad y creo que a estas preguntas ya le he contestado. Respecto a cuánto van a llevarse, tengo que decirle que lo que les corresponda, y cada una de ellas lo están negociando en este momento en la mesa de negociación. Cada una tiene sus números, y lo sabe exactamente igual que la mesa que lo está negociando. Señorías, cuando hayan firmado y se debata aquí ese decreto-ley, lógicamente aparecerán las cantidades.
La última pregunta que me ha hecho usted es si se va a compartir la gestión; no. Si ha aparecido en algún medio de comunicación que el hecho de que Insalud vaya a pervivir a partir de enero del 2002 significa que unas decisiones se van a tomar por el Insalud y otras por la Comunidad Autónoma, le diré que no, porque las decisiones las tomará la Comunidad Autónoma correspondiente en el ejercicio de sus competencias. ¿Por qué se va a mantener unos meses el Insalud? Porque es necesario; primero, porque hay Comunidades Autónomas con poca capacidad de personal a las que vamos a ayudar técnicamente con los servicios del Insalud en la medida en que nos lo pidan. Tienen al Insalud a su disposición durante estos meses, porque tenemos que liquidarlo. Como usted sabe, el Insalud es un órgano gestor de una prestación de la Seguridad Social y tiene un proceso. Esa es la razón por la que va a pervivir el Insalud, pero no porque vayamos a compartir gestión; sería impensable.
¿Por qué el 1 de enero de 2002? De verdad, señor Pérez, le garantizo que no es porque yo me lo quiera quitar de encima. Mal favor le estaría usted haciendo a los compañeros de su partido si le estuviera trasladando algo que yo me quiero quitar porque no es bueno. Sinceramente, la gestión de la sanidad es una gran suerte; para mí ha sido una gran suerte ser Ministra de Sanidad. ¿Por qué el 1 de enero de 2002? Por el nuevo modelo de financiación. ¿Por qué no podemos prorrogarlo? Porque el tiempo se nos ha echado encima, porque en Hacienda los consejeros estaban negociando el modelo de financiación definitivo, que influye de forma total en las transferencias. En segundo lugar, porque en sanidad como en cualquier otra cosa rige el principio de autoridad. En este momento los trabajadores del sistema, lógicamente, están pendientes de un momento los trabajadores de proceso que les afecta en su vida cotidiana y hay una mayor inquietud. Por lo tanto, nuestra obligación es que en una competencia tan absolutamente sensible como es la asistencia sanitaria, los tiempos de duda no duren demasiado porque eso va en perjuicio de la gestión y, al final, del ciudadano que tiene que recibir esa prestación sanitaria. Esas son las dos razones profundas para establecer como fecha el 1 de enero de 2002. Y, desde luego, lo que le puedo garantizar es que esta Ministra no va a mantener el proceso de transferencias abierto más allá de dicha fecha, porque no se puede gestionar así.
Como tampoco puedo hacer, dentro de las Comunidades Autónomas del 143, una separación entre unas y otras porque estaríamos rompiendo un modelo que nos hemos dado nosotros mismos; no porque yo no quiera quedarme con una Comunidad, o porque una sea la predilecta sobre las otras. Entiendo perfectamente, porque llevamos muchos meses debatiendo con los consejeros de sanidad, que quieran una negociación dura, como tienen que ser todas las negociaciones, pero sé que todas estas Comunidades tienen la auténtica vocación de gestionar la asistencia sanitaria. Señorías, las Comunidades Autónomas del 143 tienen la misma capacidad de gestionar que las otras, y ya va siendo hora de que Comunidades Autónomas muy importantes que todavía gestionamos desde el Insalud tengan esa competencia plena, como las demás. Creo que ésa es mi obligación y les puedo garantizar, señorías, que la voy a cumplir.
Muchísimas gracias, a todos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra, por su comparecencia y sus explicaciones. (El señor Espasa i Oliver pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias.
Señor Presidente, solicito un minuto puesto que he sido aludido repetidamente por la Senadora López Garnica y por la señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Señor Espasa, tiene dos minutos por el artículo 87.


El señor ESPASA I OLIVER: No los voy a consumir, señor Presidente. Con la misma pena con que lo dice el poema del «Mio Cid»: «Dios que buen vasallo si hubiera un buen señor». Señora López Garnica, la misma Ministra la ha desmentido a usted. Ella como yo sabe de nuestra fogosidad, política por supuesto; de nuestra pertinencia e impertinencia, política por supuesto.
Ella, como yo, hemos

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estado en las mismas batallas. Por cierto, casi siempre me ganaba ella a fogosidad y a pertinencia o no pertinencia.
Por lo tanto, podría usted ahorrarse estas alusiones «ad personam» puesto que yo las he hecho y las hago siempre, aunque sean o puedan parecer duras, en términos políticos, nunca en términos personales.
Señora Ministra, a usted le digo lo mismo. He dicho que habíamos votado todos --y lo sostengo-- con la nariz tapada. Léase usted el «Diario de Sesiones», señora Ministra, en Comisión y en Pleno. Lo votamos. Claro que lo votamos y lo que cuenta es la votación. Por lo tanto, fuimos tan o más responsables que usted, pero veíamos y vemos un enorme peligro en aquel instrumento. En todo caso, la historia dirá. No discutamos más. La historia dirá qué sucede con esta ley única por una sola vez. Ya lo dirá, pero no me haga aparecer como mentiroso cuando no lo soy en absoluto.
Esto lo dijeron todos los portavoces. Esto está en el «Diario de Sesiones» y, a pesar de todo --excepción hecha del Partido Nacionalista Vasco, a cada uno lo suyo-- lo votamos afirmativamente por responsabilidad, porque nos primó más el principio de consolidación del puesto de trabajo que no el instrumento.
Señora Ministra, no haga signos de tiempo porque usted ha dilapidado todo su tiempo en decir cosas no pertinentes sobre mi intervención.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.


El señor ESPASA I OLIVER: De todo lo que le he dicho --acabo, señor Presidente-- de cuestiones sustantivas de lo que hoy nos trae aquí no me ha contestado usted nada. Pero allá usted. Usted hace con su tiempo y con sus palabras lo que quiera.


El señor PRESIDENTE: Señor Senador, su tiempo ha concluido.
Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz. Dos minutos también.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias, señor Presidente.
Intervendré brevemente. Señora Ministra, no se preocupe que voy a intentar no ser polémico. Sencillamente ha dicho que mis datos no son ciertos. Siempre me he referido al gasto público. No me he referido al gasto social. La referencia no es la OCDE, sino un informe de la propia Administración, del Ministerio de Hacienda. Usted dice que el problema es que la recaudación ha subido. Le voy a decir una cosa sin hacer ningún tipo de demagogia. Este nuevo impuesto que han creado sobre hidrocarburos --que no es el que forma parte de la financiación autonómica, sino uno nuevo-- se ha establecido sencillamente porque las variables de la cesta de impuestos, la recaudación que viene en el 2001, tanto del IVA como de tributos generales, ha descendido. El IVA, por ejemplo, ha pasado del 7,5 al 5 por ciento, y eso son cientos de miles de millones. Ha descendido.
Lo dicen los presupuestos, la liquidación del presupuesto de 2001, señora Ministra. Al descender esa recaudación se tiene que suplir --como bien ha dicho don Ramón Espasa-- a través del fondo de suficiencia. Esa es la explicación.
Señora Ministra, termino. Una cosa me ha preocupado. Dése cuenta que en su final hay una puerta que no se abre. ¿Qué ocurre si una Comunidad Autónoma, en el mismo ejercicio de responsabilidad que el Gobierno de la nación en la negociación, no llegara a un acuerdo? El problema está en que usted dice que las Comunidades Autónomas no tienen más remedio que recoger las transferencias de sanidad en enero de 2002. Esto no puede ser, señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra la señora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
Senador Espasa, lo que hemos visto es que usted con su impertinencia política ha logrado templar la fogosidad de la Ministra. Pero nos da igual, fogosa o templada, a lo que ha venido aquí, y lo ha conseguido, ha sido a informar al Senado y a los Consejeros de las Comunidades Autónomas y a hablarnos de resultados, que es lo que a nosotros, fogosa o templadamente, nos parece que es lo importante.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Senadora.
Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señor Presidente.
Me hubiera gustado que la misma condescendencia que ha tenido usted con los Senadores la hubiera tenido con los consejeros. Ese es mi gesto un poco contrariado, pero no porque le den la palabra a usted, sino porque no se la hayan dado a ellos. Lo siento. Ese es mi único enfado, se lo puedo garantizar, o mi única pena, porque uno tiene que medir aquí mucho las palabras.
Usted para abrir un debate puede utilizar el argumento que quiera, señor Espasa, el que usted quiera. Puede decir que ha sido citado varias veces.
Pues claro; ha intervenido usted de portavoz; claro que ha sido usted citado. ¡Ha hecho usted en la segunda parte de su intervención una distinción tan jesuítica! Ha dicho: no me he referido a usted; yo hago descalificaciones políticas. Yo también, señor Espasa. Yo a usted también lo descalifico absolutamente desde el punto de vista político. Es usted un impertinente, señor Espasa, desde el punto de vista político. Es usted un fogoso, desde el punto de vista político, señor Espasa.
Mire, señor Espasa, yo no he venido aquí a medir ni su carácter ni el mío. Hasta ahí podíamos llegar. No entre usted en el juego de otros compañeros suyos, porque no hay que hacer tanto para estar en el Partido Socialista. No hay que hacer tanto, señor Espasa. (Rumores.) Yo le rogaría al Partido Socialista que, de verdad, me dejaran intervenir. Yo comprendo que a determinados miembros de su Partido les molesten mis intervenciones. Lo siento. No estoy aquí para complacerles a ustedes, se

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lo garantizo, sino a los españoles. Respondo a las preguntas que me hacen como entiendo que debo contestarlas.
Yo no le he llamado a usted mentiroso, ni muchísimo menos. Usted ha dicho que tenía una cierta piedad, y yo le he dado mi argumento sobre la piedad en política. Le he dicho --segundo tema-- que la solución de ese problema en el Congreso de los Diputados, que es otra Cámara como ésta --de primera lectura y ésta de segunda--, se analizó muy en profundidad ese proyecto de ley, que entró para el personal del Insalud y que, a petición de los grupos, se ha convertido en el Sistema Nacional de Salud. Por ejemplo, en Andalucía se firmó un acuerdo entre el Consejero y los sindicatos del sector representados en esa Comunidad Autónoma.
Usted no puede --perdóneme que se lo diga-- despreciar en un minuto, de esa forma, un trabajo hecho por mucha gente. Usted dice que puede ser recurrido. Y todo puede ser recurrido. Esa es la ventaja de un Estado democrático que los jueces son independientes y aplican la ley, lógicamente con sus criterios, siendo lo más objetivos posible, en esto y en todo. Lo mismo ocurre en las oposiciones a jueces. Y también hay recursos contra determinados acuerdos en mesas electorales. Hace poco hemos tenido uno. Claro que sí; ésa es la ventaja del sistema democrático, que, cuando uno no está de acuerdo en cómo se aplica la ley, va a un juez; claro, pero para eso no hay que ser profeta; simplemente hay que mirar a nuestro alrededor; esto es bueno; yo creo que sí.
La esencia del pacto entre el Partido Socialista y el Partido Popular para la reforma de la Justicia es la garantía. Todos los españoles pueden recurrir a la justicia cuando se sienten agredidos en sus derechos fundamentales. ¡Claro! Pero ésa y todas, señor Espasa. Ahora, anunciar todos los males porque no se ha hecho lo que a usted y a otros muchos les hubiera gustado, no es correcto. Lo que ocurre es que hay veces que para resolver un problema hay que buscar la solución posible, la menos mala de todas las soluciones, que normalmente en política es la más sensata, señor Espasa, pero como usted no ha gobernado nunca, tiene ese problema.
En lo que se refiere a los impuestos --debate que ha vuelto usted a abrir-- es cierto que el informe al que usted ha hecho referencia es del IGAE, pero hay un informe de la OCDE. Yo lo único que he hecho es darle más datos. La presión fiscal --se lo vuelvo a decir-- es consecuencia del aumento de los impuestos o de la mayor recaudación. El informe del Ministerio y el de la OCDE no es de la liquidación del año 2001 ni tampoco de la previsión del 2002, lógicamente. Hablan de presupuestos cerrados.
De 1986 al año 2000 la rebaja en el Impuesto sobre la Renta ha sido de 13,7 de media. El tratamiento del Impuesto sobre Sociedades a las PYMES ha pasado del 35 al 30 en los primeros 15 millones de base imponible. En el año 2002 vuelven a bajar los impuestos a las PYMES y usted lo sabe como yo. Al incremento de impuestos en el tabaco estamos obligados por la Unión Europea porque los impuestos del tabaco en España están por debajo de la media europea. Esta Ministra de Sanidad es partidaria de que se vaya al límite máximo de subida de impuestos en el tabaco. Lógicamente ahí está la batalla de sacarlo de lo que es la cesta de la compra y que no forme parte del IPC. Esa es una de las cuestiones por las que los Gobiernos no aumentan el impuesto del tabaco.
En los últimos tres o cuatro años la economía ha crecido el cuatro por ciento y el empleo, el 3,5 por ciento, y todo esto se ha traducido en una mayor recaudación de impuestos. Este es el aumento de la presión fiscal, que a veces, por desgracia, está bastante por debajo de la media de la Unión Europea, porque la presión fiscal en Francia es del 45,5 por ciento, en Italia, del 42,3 por ciento, y en Alemania de 37,8 por ciento.
Esta es la realidad.
¿Qué pasa con los impuestos transferidos a las Comunidades Autónomas? El cien por cien de electricidad y de determinados medios de transportes, el 40 por ciento de vino o productos intermedios, alcohol y bebidas derivadas, hidrocarburos y tabaco, el 35 por ciento del IVA y el IRPF, por un modelo que afecta a cuatro parámetros de cada Comunidad, más la capacidad de corresponsabilidad de aumento de impuestos por parte de las Comunidades Autónomas.
Hay un principio en el que espero que los socialistas y el Partido Popular podamos estar de acuerdo, aunque las últimas declaraciones de algún Consejero me han preocupado. Los impuestos los recauda el Ministerio de Hacienda, y hay un principio de solidaridad en todo el territorio nacional para la aplicación de los impuestos, tanto directos como indirectos. Porque si quiere hablamos de impuestos directos, el Impuesto sobre la Renta lo paga quien tiene rentas, así como el de patrimonio, etcétera. ¿Qué ocurre? Que al final lo que funciona es el principio de solidaridad que garantiza la cohesión social. Y ése es un principio que, hasta ahora, se lo he escuchado a los socialistas por activa y por pasiva, y que además el Partido Popular lo comparte al cien por cien. Es necesario seguir manteniendo el principio de solidaridad; es necesario mantener que Comunidades Autónomas que ingresan en el Estado más de lo que reciben puedan solidarizarse con otras Comunidades Autónomas con situaciones más desfavorecidas. Este es un principio que creo que hemos mantenido todos y que, en sanidad, es la base fundamental del Sistema Nacional de Salud. No se puede decir: Yo, como soy de las islas Baleares, todo es para mí; yo, como soy de Andalucía, todo es para mí; porque éste no es el principio de solidaridad. Los impuestos los pagamos todos los españoles y, por tanto, tienen que beneficiar la solidaridad y el bienestar social de todos los españoles. Tendrá que haber un principio de solidaridad y un fondo de cohesión para aquellas Comunidades Autónomas que no llegan a un límite que garantice ese bienestar.
El impuesto sobre hidrocarburos va en el mismo sentido. Le vuelvo a decir, señoría, que es la única fórmula: o a Sanidad o a Medio Ambiente.
Yo prefiero, si el Ministerio del área económica del Gobierno ha decidido que el nuevo impuesto sea de cuatro pesetas, que sean para las Comunidades Autónomas. Me parece profundamente positivo, señorías, que las Comunidades Autónomas decidan

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libremente si lo quieren aumentar o no; creo que están en el ejercicio de su libertad y en el ejercicio del poder que significa ese nuevo modelo de financiación que se acompaña al proceso transferencial.
Entramos en una nueva época, señoría. Estoy segura de que usted y yo podremos estar de acuerdo en muchísimas cosas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora Ministra. (El señor Espasa i Oliver pide la palabra.) Señor Senador, ¿para qué quiere la palabra?

El señor ESPASA I OLIVER: Señor Presidente, medio segundo para rectificar una inexactitud de la señora Ministra.


El señor PRESIDENTE: A la señora Ministra no tiene nada que contestarle, si quiere rectificar sus propias palabras, puede hacerlo por tiempo de un minuto.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Voy a utilizar menos de un minuto.
Demuestra el talante de la señora Ministra la forma como se acaba de producir... (Protestas.)

El señor PRESIDENTE: Señor Senador, no le he dado la palabra para eso.
(El señor Espasa i Oliver pronuncia palabras que no se perciben.--Fuertes rumores y protestas impiden oír las palabras del orador, que termina diciendo: ... sea más exacta cuando intente descalificar a sus adversarios.) Muchas gracias, señor Senador, no tiene la palabra para ese detalle.


--MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EFECTUE EL TRASPASO DE COMPETENCIAS SANITARIAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) A LAS DIEZ COMUNIDADES AUTONOMAS PENDIENTES DE ESTE PROCESO, ASI COMO A LA CONVOCATORIA, CON CARACTER EXTRAORDINARIO, DE UN CONSEJO INTERTERRITORIAL DE LA SALUD PARA QUE INFORME AL RESPECTO (661/000159).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al punto siguiente del Orden del día, que es la moción introducida en este debate.
Como bien conocen sus señorías, tiene dos apartados en su parte dispositiva y no es necesario, por tanto, darla lectura.
Los señores portavoces están de acuerdo en reducir sus intervenciones a un único turno de cinco minutos.
Invito al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, como presentante de la moción, que acceda a la tribuna a defenderla.
El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a defender la moción del Grupo Parlamentario Socialista y voy a intentar no ser reiterativo, lo cual significa que tengo que ser inexorablemente breve. En cualquier caso, quiero agradecer la presencia de todos los Senadores que están todavía en la Cámara, a pesar de que el debate se prolonga ya casi más de cuatro horas.
Hay un aspecto importante del proceso de asunción de competencias, que no de transferencias como muy bien puntualizaba el Consejero de Castilla-La Mancha, en el sentido de que este proceso se lleva a cabo dentro de dos parámetros fundamentales. En primer lugar, el fin del actual modelo de financiación autonómico, y en segundo lugar porque el proceso coincide con el fin del modelo de financiación vigente para la sanidad durante los últimos cuatro años. Todo ello tiene un respaldo, un telón de fondo, que es el nuevo marco sobre la financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común, alcanzado en el seno del Consejo Interterritorial el pasado 27 de junio.
Pues bien, en este contexto, el punto primero de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista lo que pretende es garantizar que el proceso de asunción de competencias se lleva a cabo dentro de un sistema económico suficiente, garantizado por los Presupuestos Generales del Estado y que no implique subidas de impuestos indirectos.
En este punto quiero aportar un argumento novedoso. Creo que la gran tragedia de la sanidad en estos últimos quince días es que ha sido responsabilizada por el Ministro, señor Montoro, de la creación de este nuevo impuesto, que grava la venta minorista de los hidrocarburos. Yo creo que hay que rebelarse frente a este argumento, nos tenemos que rebelar todos los que creemos que la sanidad no es sólo una pesada carga sobre la Hacienda Pública sino un derecho constitucional de todos los españoles, y también para aquellos que compartimos una defensa de la sanidad pública, una de las primeras coberturas del Estado social.
Yo creo, en definitiva, que si existe un problema real, que es la insuficiencia de recursos del Estado debido a la actual recesión económica, el Gobierno debe decirlo públicamente y afrontar la situación con claridad, incrementando la presión fiscal, pero con criterios de justicia y no con criterios eminentemente recaudatorios, como se dan en este impuesto. Un impuesto, por otro lado, y a tenor de la intervención de la Ministra, cuya creación está respaldada --según ella-- por la Directiva 92/12 del Consejo de Europa, de 25 de febrero de 1992, porque esta Directiva dispone que los productos objeto de los Impuestos Especiales podrán estar gravados por otros impuestos indirectos de finalidad específica, pero esto significa que se puede subir el impuesto especial y no que se puede crear un nuevo impuesto que grava la venta minorista de hidrocarburos, por tanto se abre un frente, desde el punto de vista jurídico, de una enorme importancia.


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La segunda parte de la propuesta de resolución del Grupo Parlamentario Socialista en el punto primero, y tal vez incluso en el segundo, puede calificarse de arriesgada, porque si la Ministra en su comparecencia hubiese cumplido con las expectativas que todos teníamos la hubiese hecho innecesaria. Pero realmente, señorías, no sabemos si hemos asistido a la comparecencia, por lo menos en la primera parte, de la Ministra de Sanidad o del Ministro de Administraciones Públicas, porque se nos ha relatado todo el proceso de asunción de competencias de las diferentes Comunidades, y hay un montón de preguntas que están en el aire. Y precisamente para eso consideramos que, como mal menor, toda vez que en esta Cámara no hemos sido informados suficientemente, se debe convocar un Consejo Interterritorial extraordinario para que se aporten los datos que no se han aportado aquí; para que se diga realmente cómo se va a cerrar el capítulo de inversiones plurianuales que evidentemente está negociando cada una de las Comunidades, porque si, como dice la señora Ministra, el argumento es que a cada uno le corresponde según lo que se desprende de los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, cabe siempre una pregunta: ¿Cuál es el margen de negociación? Si se está negociando como reitera la señora Ministra, ¿sobre qué existe discrepancia? ¿Por qué aparecen en la prensa de hoy y de ayer discrepancias con Consejeros como, por ejemplo, el de la Comunidad de Madrid, que no pertenece al Grupo Parlamentario Socialista? ¿Dónde están esas discrepancias? ¿En qué se sustentan? Esa era una de las respuestas y esperemos que se dé en ese Consejo extraordinario que el Grupo Parlamentario Socialista está reivindicando.
Finalmente, consideramos importante reiterar que la culminación del proceso de transferencias de la gestión sanitaria debe caracterizarse por la coordinación, la cooperación y la colaboración entre las Administraciones central y autonómica, todo ello desde la exigencia de considerar el Sistema Nacional de Salud evidentemente como garante de un derecho constitucional, como he dicho anteriormente. El Estado no debe renunciar a ejercer sus competencias, obviamente compartimos la opinión de la Ministra en este punto. Pero no estamos ante el problema de que el Estado deje o no de ejercer sus competencias sino ante un problema de estilo, de talante, sobre cómo se debe gobernar el Ministerio de Sanidad y Consumo de aquí en adelante.
En ese sentido hay sobre la mesa un conjunto de leyes que van a tener el carácter de básicas para las cuales el Grupo Parlamentario Socialista ha solicitado que se constituya una Comisión especial dentro del Consejo Interterritorial, y la respuesta ha vuelto a ser negativa; volvemos a insistir, queremos que esas leyes no se tramiten en el Congreso y en el Senado con ese concepto de urgencia, de prisa en definitiva con el que se ha tramitado la Ley sobre el personal interino del Sistema Nacional de Salud.
Por consiguiente, esperamos que estas razones puedan resultarles a ustedes lo suficientemente convincentes como para apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador López Carvajal.
¿Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? Tiene la palabra el Senador Cardona i Vila.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Intervengo sólo para manifestar que nuestro Grupo se va a abstener. En general, nos parece bien lo propuesto en la moción, pero no estamos de acuerdo en todo. Si hubiera habido alguna forma de llegar a un texto consensuado, nuestro Grupo hubiera votado a favor. En consecuencia, nos vamos a abstener.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senador Cardona i Vila.
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias señor Presidente.
Quiero agradecer la brevedad de los portavoces, dado lo avanzado de la hora. Voy a intentar ser también todo lo breve que pueda, pero como mi Grupo votará en contra de la moción, por cortesía y respeto hacia el Grupo autor de la moción he de explicar, aunque sea brevemente, nuestra postura.
Aceptamos las disculpas del Senador Pérez y he de decir que aunque esta moción estaba anunciada y por nosotros aceptada su presentación desde el jueves, hemos insistido el viernes y también el lunes, pero ha llegado hoy y la hemos admitido por respeto al grupo parlamentario proponente y a esta Comisión General de las Comunidades Autónomas.
Vamos a votar en contra porque nos parece una moción que llega tarde, todo lo que en ella se solicita se está haciendo, como nos ha contado la señora Ministra; ya en anteriores debates todos ustedes han tenido ocasión de conocer esta cuestión. El proceso de traspaso de las competencias sanitarias, como todos ustedes saben, se encuentra en pleno desarrollo y a punto de culminar y, por tanto, no nos parece procedente instar al Gobierno a que efectúe el traspaso. Este proceso tiene además su foco de discusión y de negociación en las Ponencias técnicas y en las Comisiones mixtas de transferencias.
Por otra parte, como ya hemos escuchado con anterioridad, la suficiencia financiera del sistema está garantizada con el nuevo modelo de financiación; modelo aprobado

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por todas las Comunidades Autónomas, y el Impuesto sobre Hidrocarburos se ha aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera donde participan todas las Comunidades Autónomas.
El punto número 2 solicita una convocatoria con carácter extraordinario del Consejo Interterritorial de Salud y todos ustedes saben, o deberían saber, que este Consejo ya ha sido convocado para el próximo 10 de diciembre, en el que se informará, en primer lugar, sobre el estado actual de las transferencias y, en segundo lugar, sobre el estatuto marco del personal de recursos humanos en general.
Sobre el punto 2. b), la previsión legislativa sobre la coordinación sanitaria, he de decir que está en su fase final de desarrollo, como ya comentamos en el pasado Pleno del día 23 , para proceder a su discusión con los Grupos, como igualmente ha expuesto la ministra.
Esta moción ha sido presentada por ustedes a los medios de comunicación antes de escuchar la comparecencia de la señora Ministra; no sé si es o no muy correcto, pero en todo caso se está solicitando algo que el Gobierno ya está haciendo. Este ha venido a petición propia a informar a esta Cámara, no solamente a los Senadores, sino a los Consejeros de Sanidad de las diferentes Comunidades Autónomas. Esto me hace pensar, señorías del Grupo Parlamentario Socialista, que ustedes no pretenden sino hurtar un protagonismo que corresponde al Gobierno, junto con la otra parte, las Comunidades Autónomas. En base a su mérito, las cosas se han hecho bien y el Gobierno del Partido Popular va a cumplir su compromiso en cuanto al cierre del proceso de transferencias en el año 2002.
Como ustedes saben, las últimas Comunidades Autónomas del artículo 143 que reformaron su Estatuto para hacer posible la asunción de las competencias sanitarias, lo hicieron en el año 1999; en enero de 2001 el Gobierno ya anunció su intención de cerrar el proceso transferencial y, por tanto, esta moción nos parece inoportuna a 27 de noviembre de 2001.
Pensamos que la señora Ministra ha cumplido con creces las expectativas que todos teníamos respecto a su comparecencia, gracias además a ustedes, porque han abierto un debate sobre impuestos, del cual pensamos que no han salido precisamente bien parados.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, Senadora López Garnica.
Concluso el debate de esta moción, vamos a someterla a votación.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, 12; en contra, 24; abstenciones, dos.
El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--DESIGNAR LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (621/000042).


--DESIGNAR LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE REGULAN LAS MEDIDAS FISCALES Y ADMINISTRATIVAS DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION DE LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE REGIMEN COMUN Y CIUDADES CON ESTATUTO DE AUTONOMIA (621/000043).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a los dos puntos siguientes del orden del día. Señorías, les ruego se mantengan en sus escaños.
Se trata de designar la Ponencia que ha de informar el Proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas. Y la designación de la Ponencia que ha de informar el Proyecto de ley por el que se regulan las medidas fiscales y administrativas del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía.
Se me ha dado una relación a la que doy lectura: Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, don Victoriano Ríos Pérez; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Francisco Xabier Albistur Marin; por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, don Carles Josep Bonet i Revés; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Jaume Cardona i Vila; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Joaquín Jesús Galán Pérez y don Joan Lerma Blasco, y por el Grupo Parlamentario Popular, doña Carmen Primo Albert, don José Manuel Ruiz Rivero, don Nicolás Fernández Cucurull y don Juan José Imbroda Ortiz.
¿Aprueban sus señorías estas designaciones? (Asentimiento.) Queda constituida la Ponencia conjunta que ha de informar ambas leyes.
Quiero recordar a sus señorías que el próximo día 10 se celebrará, previa convocatoria, una sesión para dictaminar ambas leyes, lo cual significa que la Ponencia deberá reunirse con la debida antelación a los efectos de emitir su informe.
Muchas gracias.
Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión.


Eran las veintiuna horas y quince minutos.

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