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DS. Senado, Comisiones, núm. 373, de 13/11/2002
 


CORTES GENERALES
DIARIO DE SESIONES DEL
SENADO

Año 2002 VII Legislatura
Comisiones. Núm. 373
COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE
PRESIDENCIA DEL EXCMO. SR. D. JUAN VAN-HALEN ACEDO
celebrada el miércoles, 13 de noviembre de 2002


ORDEN DEL DIA:

Contestación del Gobierno a las siguientes preguntas:

--De don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las previsiones del Gobierno en relación con la homologación de los estudios superiores de turismo con carácter de licenciatura. (Número de expediente 681/000492).


--De don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del hecho de que el porcentaje de becas en España sea tres veces inferior a la media de la Unión Europea.
(Número de expediente 681/000497).


Comparecencias:

--Del Secretario de Estado de Educación y Universidades, Excmo. Sr. D.
Julio Iglesias de Ussel, a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió:

Para que explique las acciones realizadas por su Ministerio, en la presente Legislatura, para agilizar los trámites de convalidación y homologación de títulos académicos, analizando la situación actual y las previsiones existentes. (Número de expediente 713/000609).


Para que explique el funcionamiento práctico de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU). (Número de expediente 713/000596).


--Del Presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), don Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, a petición del Grupo Parlamentario Socialista, para que informe sobre la aplicación de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (LOU) en las universidades españolas. (Número de expediente 713/000640).


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--De la Secretaria General de Educación y Formación Profesional, Ilma.
Sra. Dª Isabel Couso Tapia:

A petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para que exponga los datos de que dispone el Ministerio sobre la actitud del profesorado ante la futura Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
(Número de expediente 713/000658).


A petición del Grupo Parlamentario Mixto, para que informe sobre los datos relativos a los niveles de fracaso escolar en las distintas etapas educativas de la educación no universitaria y las diferencias, si las hubiera, que existan entre los alumnos de las diferentes Comunidades Autónomas. (Número de expediente 713/000656).


Debate y votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a incluir la sardana en su listado de peticiones a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) a fin de que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. (Número de expediente 661/000223).


Designación de la ponencia que ha de informar el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación (LOCE). (Número de expediente 621/000092).


Se abre la sesión a las diez horas y cincuenta y cinco minutos.


El señor PRESIDENTE: Buenos días, señorías. Se abre la sesión de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte del Senado.
Ante todo, debo informarles de algún cambio en el orden del día. El señor presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Salamanca, don Ignacio Berdugo, ha comunicado a la Mesa y a esta Presidencia que le es imposible asistir a la sesión de hoy, aunque agradece la oportunidad que le dan los senadores de colaborar con el Senado, y se ofrece a acudir en una próxima reunión, ya que según comunica, con motivo del desarrollo de la Ley Orgánica de Universidades, a lo largo de esta semana tiene lugar en el claustro un debate de los estatutos de la universidad. Como es natural, desaparece del orden del día la comparecencia de don Ignacio Berdugo, presidente de la CRUE y rector de la Universidad de Salamanca, y se incorpora al mismo la designación de la ponencia que ha de informar del proyecto de ley orgánica de calidad de la educación.
Convendría en este punto dar por aprobada el acta de la sesión anterior, si les parece a sus señorías. (Asentimiento.) Así se aprueba.
También han cambiado los horarios, porque al no comparecer el señor presidente de la CRUE es más que probable que podamos concluir el orden del día por la mañana, aunque fuera a hora tardía, y ya no tendríamos sesión de tarde.


CONTESTACION DEL GOBIERNO A LAS SIGUIENTES PREGUNTAS:

--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA HOMOLOGACION DE LOS ESTUDIOS SUPERIORES DE TURISMO CON CARACTER DE LICENCIATURA (681/000492).


El señor PRESIDENTE: Sin más cuestiones previas, pasamos al primer punto, que es la contestación del Gobierno a dos preguntas.
Ante todo le damos la bienvenida una vez más a esta comisión y agradecemos su presencia al señor secretario de Estado de Educación y Universidades, don Julio Iglesias de Ussel, que siempre es bien recibido.
Tiene la palabra el senador Cámara para formular su pregunta.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor secretario de Estado, por su presencia y por la respuesta que va a dar a mi pregunta. Espero que así yo mismo me pueda aclarar respecto a la situación que viven los teóricamente licenciados en turismo de la Universidad de Baleares.
La pregunta es sobre la posibilidad de homologación de los estudios superiores de turismo de la Universidad de Baleares y de otras universidades con carácter de licenciatura. Lo cierto es que han transcurrido diez años de espera y nueve promociones tras una propuesta determinada desde Baleares y sigue sin reconocerse el título superior como licenciatura. Es obvio, señor secretario de Estado, que la licenciatura no se podía instaurar hasta que los estudios de tres años de turismo --técnico de empresas y actividades turísticas-- dejasen de estar equiparados a la diplomatura para convertirse legalmente en una diplomatura en sí --diplomado de empresas y actividades turísticas--, y la competencia sobre los estudiosos pasase del ministerio encargado de turismo al de educación en su momento.
En el año 1993 la Universidad de las islas Baleares, adelantándose a los acontecimientos y con previsión de futuro, crea un título propio de segundo grado llamado título superior de turismo, al que se accedía una vez aprobado el primer ciclo o a partir de otra diplomatura similar --económicas, empresariales, etcétera--. En fin, la Universidad de Baleares ya había sido anteriormente pionera en este campo cuando en el año 1987 se creó mediante convenio con el Govern balear la Escuela Oficial de Turismo de Baleares, rompiendo en cierta manera el monopolio que en su

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momento tenía la Escuela Oficial de Turismo de Madrid, que había tenido la exclusiva de la oficialidad durante décadas.
Por tanto los intentos de las diferentes promociones han sido fallidos hasta ahora. La pregunta es si realmente existe alguna posibilidad, si realmente a través del Gobierno y mediante aprobación del Consejo de Universidades existe la posibilidad de homologación y que estos estudios superiores de turismo tengan carácter de licenciatura.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias por las amables palabras que se han dedicado a mi presencia en este acto. Siempre es un placer estar ante ustedes y comparecer para cualquier tema que consideren apropiado.
En relación con la pregunta que se me ha formulado sobre los estudios superiores de turismo, hay un dato esencial y fundamental: ni los estudiantes ni las universidades ven entorpecida su capacidad de formar a los niveles que ellos estimen por conveniente en la medida que existe la posibilidad, plenamente autonómica, de título propio por parte de la universidad. Por consiguiente, desde el punto de vista sustantivo y de fondo, las universidades tienen esa posibilidad material de articular sus títulos propios y, por consiguiente, configurar la formación de los cuadros que necesita el entorno geográfico y el área de influencia de la universidad a los niveles que la propia universidad considere. De modo que quizá lo primero que hay que subrayar es que esta situación no entorpece las posibilidades materiales formativas del alumnado y tampoco coarta en absoluto las posibilidades materiales de desenvolvimiento de la universidad.
A continuación debo decir que desde hace tres o cuatro años, desde 1999, se han recibido en la Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria --Consejo de Universidades con anterioridad-- solicitudes en relación con esta titulación que usted menciona. Cuando se produce esa petición pasa a una subcomisión, que en este caso concreto es la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas, que es la que tiene que informar y pronunciarse sobre el tema. Esta Subcomisión, que es el órgano de funcionamiento interno del Consejo, compuesta de una manera abrumadora por señores rectores del área de ciencias sociales y jurídicas, es la que ha debatido preliminarmente sobre esta cuestión y en las conclusiones adoptadas ha prevalecido que todavía no existen unos fundamentos absolutamente inequívocos que motiven la creación de una titulación de estas características. En este sentido, es en la propia comunidad universitaria en su conjunto --puesto que, como he dicho, el 95 por ciento de los miembros de la Subcomisión de Ciencias Sociales y Jurídicas son rectores-- donde ha prevalecido la opinión de que todavía no está suficientemente asentada la necesidad de esta titulación.
La situación está así y, evidentemente, si hay nuevas peticiones se formularía de nuevo, pero ya hubo una petición en 1999, otra en febrero de 2001, otra en mayo de 2001 y otra en octubre de 2002, que ha sido la última y en la que se expresó la necesidad de valorar más datos, incluidos los económicos, que justifiquen la propuesta. Es decir, que lo tienen en estado de hibernación y en esa situación se encuentra.
No sé si con esto le he aclarado la pregunta.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra el senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Es una pena que esté en estado de hibernación.
Estamos hablando de un tema que afecta a un sector de la población y a una carrera que cada vez adquiere más importancia teniendo en cuenta el papel que juega España en la actividad turística.
Efectivamente, señor secretario de Estado, en el año 2001 el Consejo de Universidades informó de que ninguna universidad le había presentado solicitud alguna para la creación de un título oficial de licenciado en turismo. Eso es lo que contestó, parece ser, el Consejo de Universidades en enero, y en noviembre de 2001 dio una nueva información eximiendo de responsabilidades a la Universidad de las islas Baleares y remitiéndose a las políticas educativas de la Unión Europea y la Declaración de Bolonia de julio de 1999. En resumen, se planteaba en aquel escrito que es competencia de la Unión Europea decidir la configuración de un espacio universitario europeo homogéneo y convergente. No entiendo esto en relación con lo que usted me ha planteado de que está en hibernación.
Solamente voy a hacer un comentario --no me gustaría entrar en polémica porque ya la hay de todo tipo, y muy fuerte, en Baleares en torno a esta cuestión que afecta a la Universidad de Baleares--, y es que hoy en día la página web de la Universidad insiste aún en el segundo ciclo, título superior de turismo equivalente a licenciatura; es más, se hacen las matriculaciones con el título de licenciatura. Eso hay que intentar evitarlo y solucionar el problema, porque al final va a haber una conflictividad inclusive de carácter jurídico que perjudica a las universidades y perjudica fundamentalmente a los alumnos. Incluso el propio Defensor del Pueblo advierte sobre la confusión suscitada por este tipo de oferta.
Hay que clarificarlo y me gustaría que este tema se solucionase lo antes posible en sentido positivo, como reclaman diferentes promociones de alumnos. Pero si no es así, es conveniente la clarificación absoluta que evite esencialmente un nivel de expectativa que perjudica a la universidad en su conjunto, pero fundamentalmente a las personas que con ese reclamo están deseosas de tener la licenciatura homologada.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor senador.
Señor secretario de Estado, para dúplica, tiene la palabra.


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El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Gracias, señor presidente.
Evidentemente tomo nota de su reflexión. Comparto, desde luego, la importancia del sector turístico, no sólo desde el punto de vista económico, sino de empleo y de imagen de España y muchas otras cuestiones que son de indudable relevancia.
Desde el punto de vista de la adaptación al entorno, en el ejercicio de la autonomía de las universidades, quizá el título propio tenga una flexibilidad muy adecuada para impulsarla. Tal vez no me corresponde a mí decir qué es lo que es adecuado para nadie, pero un título propio que sirva para potenciar la presencia de una industria muy potente, etcétera, podría tener desde fuera su utilidad.
Al margen de lo que puedan hacer otros y de mi opinión al respecto, voy a trasladar su preocupación de cara a impulsar una nueva reflexión por parte del Consejo de Coordinación y de esa Subcomisión concreta, que daría a luz lo que ellos estimen oportuno porque no soy yo el que tomo las decisiones. Lo que me corresponde en este caso concreto es incentivar que haya una profundización o una reflexión para que se abra el expediente de nuevo con objeto de que se produzca un nuevo posicionamiento próximamente. Eso es lo único que puedo hacer: pedir que lo hagan. Hasta ahí puedo llegar.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
El señor senador que formularía la segunda pregunta, Castro Rabadán, no se encuentra presente en la sala. La pregunta reglamentariamente decae, lo que pasa es que yo creo interpretar el sentir de todas sus señorías diciendo que si el senador Castro Rabadán se incorpora en el punto siguiente del orden del día le daremos, como es costumbre, la palabra. De momento no se puede producir la pregunta, señor secretario de Estado.


--COMPARECENCIA A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES, PARA QUE EXPLIQUE LAS ACCIONES REALIZADAS POR SU MINISTERIO EN LA PRESENTE LEGISLATURA PARA AGILIZAR LOS TRAMITES DE CONVALIDACION Y HOMOLOGACION DE TITULOS ACADEMICOS, ANALIZANDO LA SITUACION ACTUAL Y LAS PREVISIONES EXISTENTES (713/000609).


El señor PRESIDENTE: Pasamos entonces al segundo punto: Comparecencia a petición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió del secretario de Estado de Educación y Universidades, don Julio Iglesias de Ussel, para que explique lo realizado por su ministerio en la presente Legislatura para agilizar los trámites de convalidación y homologación de títulos académicos, analizando la situación actual y las previsiones existentes.
Esta comparecencia ha sido formulada, como ya he dicho, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias.
Comparezco para informar de los trámites de convalidación y homologación de títulos académicos que fue objeto ya en febrero del año 2001 de preocupación porque se trata de un tema relevante y problemático.
Cualquier consideración de este problema debe partir, a mi juicio, de la constatación de que la demanda de homologación de títulos y estudios extranjeros ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años.
Por lo que se refiere a los títulos universitarios, los datos indican que en 1999 se presentaron 8.369 solicitudes de homologación de títulos extranjeros. En el año 2000 la cifra ascendió a 10.960, es decir, un 31 por ciento más. En el año 2001 a 14.700, un 34 por ciento más. Y la previsión para el año 2002 es que se presente en torno a 19.000 solicitudes, un 23 ó 24 por ciento más que el año anterior.
Estos datos evidencian no sólo un incremento importante, sino que se trata de un incremento sostenido y continuado y permiten interpretar no que se trata de un fenómeno coyuntural, sino probablemente de una tendencia estable al menos en el previsible corto plazo, por razones muy diversas de flujos inmigratorios y de mil circunstancias más, aparte del hecho indudable del crecimiento de la movilidad humana en el ámbito del siglo XXI.
¿Qué significa la homologación de un título extranjero de educación superior? Supone el reconocimiento en España de su validez oficial a los efectos académicos y profesionales que posea el correspondiente título español. Por consiguiente, sólo son susceptibles de producir efectos oficiales en España una vez que han sido homologados y reconocidos por la instancia competente.
Aquí hay que hacer un paréntesis en el sentido de que en España el reconocimiento del título tiene ese doble efecto: académico y profesional. No en todos los países circula igualmente y esa duplicidad establece una singularidad y nos restringe los márgenes de maniobra porque al reconocer un título no sólo estamos reconociendo la evidencia de una formación, sino que estamos dando vía libre hacia un mercado de trabajo con una idoneidad profesional que reconoce el Estado, y, por consiguiente, hay que, extremar esas precauciones. Si, como ocurre en otros países, el reconocimiento fuera exclusivamente académico para que las personas pudieran seguir sus cursos académicos, evidentemente esa situación permitiría mayor grado de flexibilidad.
Derivado de estos datos y de la evidencia de que por el momento no es una situación plenamente satisfactoria, se han tomado una serie de medida organizativas y normativas durante los años 2001 y 2002, que paso a comentar.
En la comparecencia de febrero de 2001 le hice algunas referencias que las recuerdo muy brevemente; la ampliación del horario de atención para la tramitación; la contratación

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de una empresa de servicios de auxilio en las dependencias de la Administración para la grabación informática; medidas tendentes a la reducción de plazos en la gestión de los expedientes, acordada por el Consejo de Universidades en su momento; entre otras cosas, el número de expertos pasó de 20 personas a 60 con objeto de que los expertos informaran con mayor rapidez. Se editaron folletos informativos en varios idiomas. Se intensificaron las actuaciones en coordinación con el Ministerio de Asuntos Exteriores tendentes a la negociación de convenios de cooperación cultural de España con países americanos y se empezó a acometer una importante actualización de la normativa aplicable en materia de reconocimiento de títulos y estudios extranjeros de lo cual hablaré más adelante.
Dado que se ha continuado --como le he mencionado-- con la tendencia alcista en las solicitudes de homologación, se han puesto en marcha nuevas actuaciones entre las que quiero destacar, en primer lugar, el desarrollo de un plan especial de actualización y puesta al día de la tramitación de los expedientes que centró sus actuaciones en la intensificación del ritmo de tramitación de los expedientes de homologación, específicamente dirigidas a reducir el retraso acumulado.
En segundo lugar, se ha elaborado una propuesta de medidas conjuntas en el Consejo de Coordinación Universitaria para la simplificación de trámites, incluyendo la emisión de dictámenes generales aplicables a distintos supuestos. Empezaron a disponer de una especie de plantillas, para que cuando viniera un título de una determinada universidad mecánicamente pudiera la Administración dar la homologación con ese informe ya previamente formulado con carácter genérico por el Consejo de Coordinación Universitaria.
Otro extremo ha sido la acumulación de trámites. En el caso muy frecuente de expedientes incompletos, se ha pasado a simultanear el requerimiento de la argumentación al interesado con la remisión de los expedientes al Consejo de Coordinación Universitaria, siempre y cuando el grado de falta de documentos no sea absoluto porque entonces no se podría tramitar. Pero siempre que falta algún tipo de legitimación, de traducción de algún documento que se tiene que aportar en el expediente, lo hemos reclamado y simultáneamente hemos enviado incompleto el documento al Consejo de Coordinación Universitaria para adelantar el ritmo de tramitación.
En cuarto lugar, hemos incrementado los efectivos de personal asignado a través de una ampliación de la relación de puestos de trabajo de personal funcionario y se han reasignado efectivos de funcionarios desde otras unidades del departamento e incrementado puestos dentro de esta unidad.
En quinto lugar, se han planificado las actuaciones para reducir los retrasos: análisis de la carga de trabajo de las distintas unidades a fin de redistribuir internamente el trabajo y los efectivos y conocer las necesidades mínimas de los que están cubiertos.
En sexto lugar, en relación a los cambios normativos, ha entrado en vigor una nueva Orden sobre procedimiento de homologación de títulos extranjeros, la 272/ 2002, de 11 de febrero, «Boletín Oficial del Estado» de 15 de febrero.
Además, la experiencia acumulada en la aplicación de la normativa vigente y el notable incremento del número de solicitudes de homologación aconsejaron dictar una nueva orden que introdujera modificaciones en determinados aspectos de los documentos exigidos a los interesados y de la tramitación del procedimiento, con la finalidad de simplificar las exigencias de aportación documental como, por ejemplo, suprimir la necesidad de aportar el título extranjero original, etcétera. Al mismo tiempo se especifican los documentos que deben permanecer en el expediente, una vez finalizado el procedimiento, con el fin de que quede constancia de los elementos sobre los que se fundó la resolución adoptada.
Por otra parte, tengo que decir que se está elaborando un proyecto de real-decreto --del cual se ha informado al Consejo de Coordinación Universitaria-- de títulos universitarios de educación superior. Ha habido una unidad trabajando en el diseño de una nueva modalidad de regulación de los procedimientos de homologación, y ese estudio que se está haciendo por parte de distintas unidades, no sólo del Ministerio sino también del Consejo de Coordinación Universitaria, tiene por objeto producir un nuevo real decreto que regule de una manera sustantivamente diferente el sistema que hoy está en vigor y desde luego simplificar y agilizar los procedimientos.
Resaltaba anteriormente el rigor que debe presidir la tramitación y resolución de este procedimiento por la relevancia que tiene tanto académica como profesional y, por consiguiente, tenemos que extremar las garantías en el procedimiento, que tendrán que seguir manteniéndose.
Hay que tener en cuenta también que los indudables retrasos que se están produciendo en la resolución de los expedientes en una parte son debidos a las dificultades de la administración para abordar su gestión, etcétera, pero inequívocamente, en un porcentaje muy alto de casos se trata de cuestiones que requieren contactos con personas que están en el extranjero, las comunicaciones son muy lentas, los ciudadanos no siempre remiten la documentación, porque su obtención también requiere sus plazos dentro de sus respectivos países, los plazos se dilatan, etcétera, por lo que no sería correcto achacarlo solamente a procedimientos internos de la administración. La complejidad en sí misma del sistema, por esa dualidad que tiene el reconocimiento de esa homologación, obliga a abordarlo de forma seria. Por lo tanto, teniendo en cuenta que interviene la administración, es decir, el ministerio, el Consejo de Coordinación Universitaria, los expertos que designa éste último y los ciudadanos, que en un abrumador porcentaje de casos están en otros países, con la lentitud que conlleva conseguir el documento en esos países, etcétera, todo ello genera una situación que no es satisfactoria y a la que el nuevo decreto que se está preparando creemos que puede dar cuenta de una manera más eficaz.
En en cualquier caso, hay que resaltar que cabe la convalidación parcial de los estudios, que tiene un ritmo más eficaz. Cuando un ciudadano aporta a una universidad de una manera directa unas titulaciones, unos créditos académicos,

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son éstas las que reconocen o no la validez de esos estudios parciales que han cursado en otra universidad extranjera.
No obstante, el ministerio es consciente de que el sistema no está funcionando con la eficacia debida. Y para solucionarlo la última medida a adoptar será un real-decreto, que esperemos que esté preparado en un plazo de dos o tres meses por parte de la administración para empezar a funcionar en los trámites administrativos del Consejo de Estado, etcétera. Consideramos que con esas medidas administrativas y el cambio en la normativa podremos abordar este problema con la misma garantía de rigor y con mayor celeridad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Iniciamos un turno de intervenciones, comenzando con el senador don Josep Varela, autor de la solicitud de comparecencia.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente; muchas gracias, señor secretario de Estado, por sus explicaciones.
El problema es complejo, como se ha señalado, y reconozco su honestidad al reconocer que el sistema no está funcionando con la eficacia debida.
No me satisface tener que reconocerlo, porque sería mejor que no ocurriera así. Como esta solicitud de comparecencia tiene un ánimo totalmente constructivos no pretende hacer fuegos artificiales, vamos a analizar un poco cómo funcionan estas mejoras que usted ha indicado.
De los 8.000 del año 1999, a los 19.000 del 2002, el crecimiento es tremendo, es clarísimo. Pero la administración debe ser ágil para responder a este incremento con un aumento parecido. Los datos sobre el incremento de expertos, de 22 a 60, son importantes, son correctos, pero al parecer no son suficientes, como luego explicaré.
Ha mencionado vagamente que se ha incrementado el régimen de personal ocupado, pero me gustaría tener cifras exactas. De la misma forma que indica que de 22 expertos se ha pasado a 60, ha señalado que la unidad administrativa que atiende estos expedientes se ha incrementado, pero no ha dicho en cuántos. ¿Qué cifra teníamos y cuál tenemos ahora? Estamos de acuerdo con usted en que es imprescindible hacerlo con el máximo rigor. Cuando solicitamos mayor agilidad en la tramitación de esos expedientes, en ningún caso demandamos un descenso del rigor. Exigimos el máximo rigor, por honestidad intelectual, pero también mayor eficacia y rapidez. Porque, señor secretario de Estado, nos llegan unos casos que son sangrantes.
Usted nos apunta la realidad, pero luego vemos lo que sucede, y voy a poner algunos ejemplos concretos. Tengo aquí el correo de una persona peruana que trabaja en Girona, Cataluña, que está casada con un catalán, que intenta hacer la tesis doctoral en la universidad de Girona. Ella explica toda su historia --que es tremenda-- y termina diciendo que el 3 de mayo de 2000 viajó a Madrid para tramitar una nueva solicitud de homologación, esta vez del título de ingeniería técnica agrícola. La última respuesta a su solicitud es del 16 de enero de 2001. Termina diciendo: desde entonces no he sabido nada más. En esta fecha, 16 de enero de 2001, me comunicaron que procedían nuevamente el envío de mi expediente al Consejo de Universidades para la emisión del dictamen.
Esto fue en enero de 2001 y estamos a finales de 2002. Esta persona inicia el expediente el 3 de mayo de 2000, luego han transcurrido tres años. Va a terminar el doctorado en la universidad de Girona y está desesperada porque dice que no va a poder ejercer.
Otro caso es el de un arquitecto que cursó sus estudios de Arquitectura en los Estados Unidos. El año pasado me envió su expediente, que es espectacular: es fundador de una nueva escuela de arquitectura, da conferencias en diversas universidades de Europa y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, etcétera. Pues bien, todavía no se ha resuelto la convalidación de su título en España. Yo me interesé directamente por el problema a través de los funcionarios del Consejo de Universidades que resuelven ese tipo de cuestiones, y me dijeron que era la cuarta vez que enviaba su expediente.
Entiendo que este asunto es complicado, pero ahí está el expediente de este español, que no tiene por qué engañarme, que se ha hecho arquitecto en los Estados Unidos, ha realizado distintos proyectos, también da conferencias, e insisto en que es la cuarta vez que reclama la homologación de su título. Considero, pues, que estos expedientes deberían resolverse con más agilidad.
Voy a referirme a un último caso, que en cierta medida liga con lo que usted ha dicho respecto de que la regulación de un título por parte de una universidad pudiera ser válido para otras --la segunda de las nuevas actuaciones citada por usted--. En este caso se trata del hijo de un psiquiatra muy conocido de Barcelona, que es doctor en Psiquiatría por la Universidad de Londres, pero no hay forma de que ese título se le reconozca. Tengo aquí un escrito suyo, en el que dice lo siguiente: No entiendo cómo otros doctorados de la Universidad de Londres han sido reconocidos y el mío, no.
Así pues, no dudo de que todo lo que nos ha explicado sea correcto, pero, como decimos los matemáticos, tengo contraejemplos que echan por tierra lo que usted ha dicho, o por lo menos demuestran que esas acciones no son eficaces. Repito que no dudo de que se hayan hechos esfuerzos para solucionar este problema, pero eso no es suficiente. Y hay casos tremendos, como el de la chica peruana que va a tener problemas con su doctorado después de nueve años de esperar la homologación de su título.
Y no se trata de un problema de Correos, porque vive en Girona.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Varela.
Por el Grupo Mixto, tiene la palabra la señora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Muchas gracias, señor presidente.


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Señor secretario de Estado, también yo le agradezco sus explicaciones. No voy a extenderme demasiado porque, como ya ha indicado el senador Varela, solicitante de su comparecencia, usted mismo ha reconocido que el sistema de homologación de títulos no funciona con la eficacia que todos desearíamos. Sin embargo, usted ha dejado plasmada la intención del Gobierno de resolver esta situación a la mayor brevedad posible, una vez entre en vigor --dentro de dos o tres meses, si no me equivoco-- el real decreto previsto, se complete la normativa y se modifique el sistema, de tal forma que situaciones como las indicadas por el senador Varela --a todos nos ha llegado alguna-- no se vuelvan a producir para desesperación, desesperanza y desilusión con el sistema por parte de los titulados, que no pueden cumplir su deseo de tener un futuro profesional abierto hasta que no se lleve a cabo la homologación de sus títulos.
Le agradezco de nuevo sus explicaciones, y esperamos que la resolución de estos problemas tenga lugar en la fecha prevista y podamos comprobar que el sistema funciona con fluidez y respondiendo a las necesidades de los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora De Boneta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el senador Acosta.


El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señor presidente.
Nosotros también agradecemos la comparecencia del señor secretario de Estado de Educación y Universidades, a petición del Grupo de Convergència i Unió.
La cuestión que ahora tratamos es de extraordinaria relevancia para el futuro de muchas personas, tanto en su aspecto académico como en el profesional. Es de sobra conocido que en estos momentos los trámites para la homologación y convalidación de títulos se alargan demasiado, como usted muy bien ha reconocido, lo que en muchas ocasiones resulta incomprensible. Así, la media para la convalidación de un título en el caso de un residente en España es de aproximadamente nueve o diez meses, aunque varía según las titulaciones, y en algunos carreras, como en Arquitectura, se alarga hasta tres o cuatro años. Pero esos tiempos se amplían muchísimo para los residentes en el extranjero, y se observa una permanencia excesiva de los expedientes en el Consejo de Universidades.
Por tanto, es necesario que se adopten las medidas oportunas para agilizar este proceso, con el fin de que el sistema de homologación y convalidación sea más efectivo y los titulados universitarios, que están pendientes de la homologación o convalidación de su título, al menos puedan recibir noticias respecto de la marcha de su expediente.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Acosta.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el senador Bildarratz.
El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado de Educación y Universidades, en nombre de mi grupo le saludo afectuosamente, y paso ya a formular un par de preguntas.
En primer lugar, aunque el senador que me ha precedido en el uso de la palabra ya nos ha aportado algunos datos al respecto, quisiera saber el plazo medio que está necesitando el ministerio para la resolución de los expedientes de convalidación y homologación de títulos académicos extranjeros.
Mi segunda pregunta está relacionada con su anuncio de la entrada en vigor de un nuevo decreto para solucionar los problemas de demora que se están generando en la tramitación de estos expedientes. Existe un informe del Defensor del Pueblo en el que se consideró oportuno recomendar al Ministerio de Educación, que es el que tiene encomendada la tramitación de los expedientes de homologación de estudios extranjeros, que aquélla se realizase en los plazos que al efecto se establecen en la normativa específica de aplicación al caso. Y en el citado informe se dejaba entrever que el problema residía en que ustedes pusieron de manifiesto la posible insuficiencia de los plazos que se configuraban en la referida normativa y su inadecuación a los específicos condicionamientos que afectaban a los mencionados expedientes de homologación. Por tanto, quisiera saber si en el nuevo decreto los plazos van a ser ampliados, si además va a haber otro tipo de medidas más profundas, o si se va a confiar exclusivamente en la ampliación de los plazos para la homologación ya citada.
Muchas gracias por la aclaraciones que nos ha aportado.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATE BORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
En nombre de nuestro grupo quiero agradecer al señor secretario de Estado su comparecencia, y decirle que compartimos la preocupación del senador Varela, peticionario de esta comparecencia, ya que, ante el hecho de que el propio señor secretario de Estado reconoce de alguna forma la lentitud y la necesidad de concretar una serie de medidas para resolver esta lentitud en la convalidación y homologación de títulos, simplemente me limitaría a pedirle que se hiciera el esfuerzo necesario en esta dirección, porque al igual que lo han manifestado los restantes portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, es evidente que se causan unos perjuicios importantes a todas las personas que necesitan de esta convalidación, a todos los efectos, seguramente de forma preferente a nivel profesional, pero también desde el punto de vista académico y, por tanto, sería necesaria cualquier medida que tendiera a reducir los plazos en la resolución de estas homologaciones.
Muchas gracias, señor presidente.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA. Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, hay ciertas cosas que me han quedado en el aire y me gustaría que usted las aclarara. Dio usted los datos desde el año 1999 hasta 2002, que engloban realmente una cifra importante, pero no nos facilitó los datos de cuántos expedientes se resolvieron cada año; habló de las solicitudes, pero para mí es muy importante saber cuántos expedientes se han resuelto cada año, no de éstos, por el retraso que se va acumulando, sino cuántas solicitudes se resuelven favorablemente a lo largo del año, porque no es un fenómeno coyuntural, sino que es algo sostenido y que va a más. Por tanto, estamos ante una falta clarísima de previsión.
Ha dicho usted que se ha ampliado el número de expertos, he creído entender, de veinte a sesenta, pero a lo mejor esos sesenta no son suficientes, dado el volumen de solicitudes, que está creciendo de forma casi exponencial, como usted decía.
No sé si sabe --seguro que sí-- que en el Consejo de Coordinación Universitaria se acumulan más de 15.000 expedientes en cajas amontonadas, y por tanto la pregunta es, ¿cuántos expedientes hay en este momento acumulados de personas que quieren homologar su titulación extranjera? Decía el senador Varela que estaba preocupado por una persona peruana que estaba cursando el doctorado y que todavía no le habían homologado el título. Yo le voy a ampliar algo más: hay muchos extranjeros que se matriculan en los cursos de doctorado, que leen la tesis, que adquieren el grado de doctor, y todavía no han conseguido la homologación del título, con lo cual, en la certificación pone por detrás «este título no es válido en España porque no está homologada su titulación». Por tanto, no quiero decepcionarle, senador Varela, pero el que una persona esté cursando el doctorado no es ningún aval para que consiga la homologación de su título.
Señor secretario de Estado, creí entender una cosa que espero que usted me aclare. Dijo que la validez de las convalidaciones era académica y profesional, y me ha parecido entender que la dificultad estaba en ese reconocimiento profesional. La pregunta es: si no tuviera ese reconocimiento profesional, o dicho de otra forma, si no presionaran los colegios profesionales para que ahí se estableciera una especie de tamiz o de filtro, ¿sería más rápido esto? Otra pregunta asociada con ello es ¿qué es lo que hacen en otros países de nuestro entorno? Es decir, en los países de la Unión Europea, ¿qué es lo que hacen y cómo resuelven esta homologación de títulos? Ya para concluir y ampliando un poco la pregunta que hizo el senador Bildarratz respecto al tiempo que se tarda como media en homologar un título, yo matizaría más, y quisiera saber también cuánto tiempo se tarda en la homologación en caso de títulos de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar y en nombre de nuestro grupo quisiera expresar nuestra satisfacción por la presencia del secretario de Estado, así como el agradecimiento sincero por la pormenorizada explicación que nos ha dado sobre un tema realmente importante, como es el que atañe a los trámites de convalidación y homologación de los títulos académicos, no solamente por esa tendencia y ese crecimiento exponencial, tal y como nos ha explicado, sino por la importancia que en sí mismo tiene el reconocimiento del título, tanto en su vertiente académica como profesional, y en esa vertiente profesional, por supuesto, ajena a cualquier tipo de corporativismo, como se ha insinuado aquí.
Efectivamente, se ha partido de un análisis riguroso por parte del ministerio y se ha tenido en cuenta la complejidad de todas estas cuestiones. En este sentido yo sí tengo experiencia personal en la homologación de títulos de especialista, a través del Consejo Nacional de Especialidades Médicas, asunto realmente dificultoso y complejo, en primer lugar porque hay que analizar caso por caso, porque la documentación que aporta cada uno de los interesados no siempre se puede reconocer con la misma facilidad, sino que hay que verificar exactamente la solvencia de los centros donde ha recibido enseñanzas, y eso entraña una dificultad y un retraso realmente importantes. De cualquier forma, no hay que analizar esto desde el punto de vista anecdótico, aludiendo a casos personales; indudablemente habrá casos perdidos que, si se escudriña un poco más, se verán sus propias dificultades, pero lo que sí es cierto es que se han establecido unas medidas eficaces y que se están aplicando con el máximo rigor, que es algo absolutamente fundamental.
Ya en febrero del año 2001 el señor secretario de Estado pormenorizó e hizo un exhaustivo estudio de las medidas que en aquel momento se pusieron en marcha, pero vemos cómo con el paso del tiempo se han incrementado, se ha hecho un esfuerzo evidente, existe una sensibilización realmente fuera de toda duda y, por tanto, creemos que la actuación es correcta, por todas estas medidas que se han puesto en marcha y especialmente por el próximo real decreto.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Para réplica, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señorías, por todas las intervenciones que me permiten, en la medida de lo posible, responder con alguna precisión a algunos temas complementarios. En primer lugar querría subrayar que, como digo, se trata de un procedimiento

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en el que confluyen cuatro actores: el ministerio, el Consejo de Coordinación Universitaria, los expertos y los propios ciudadanos. Por consiguiente, si acudimos a cada caso individual, puede haber circunstancias heterogéneas que ayuden a interpretar muchos de los retrasos. No hay que considerar, porque no es en sí misma correcta la presunción, que es en todos los casos la administración --en concreto el Ministerio de Educación-- la que retrasa los procedimientos; yo creo que el procedimiento es de por sí complejo y, como digo, hay cuatro actores cuyo engranaje no es fácil, unas veces por circunstancias de los propios ciudadanos, que a su vez tienen sus propios problemas en sus países de origen para aportar los documentos que se les exigen, porque en unas ocasiones los procedimientos son muy lentos, y en otras el ministerio, el Consejo o los expertos son los que aportan su propio granito en relación con esa cuestión.
He de añadir que otra de las circunstancias que ha explicado ese crecimiento del número de peticiones es que se trataba de una actividad que la Administración hacía sin cobrar. La interpretación que nosotros damos es que en determinados países hay sectores que, aunque al ciudadano de su propio país no le interese mucho y sin molestia ninguna, le ofrecen sus servicios para que pueda poner en su gabinete de estudios el título de la universidad equis de su país y, además, el título español, es decir, dos por el precio de uno. Esa es la interpretación que damos del crecimiento, es decir, que puede haber empresas que están ofreciendo esos servicios.
Una de las cosas que contempla la Ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social que está ahora mismo en el Congreso de los Diputados --creo que aún no se ha terminado su tramitación parlamentaria-- es la inclusión de una tasa razonable que, en el caso de la propuesta para homologación del título de doctor son 118 euros, en el título de licenciado 80, etcétera. Quizá esta medida restringe esta situación en aquellas personas que no tengan un interés real.
Por lo que se refiere a la pregunta del señor Varela, he de decir que no le puedo dar la cifra de crecimiento de personal, pero me comprometo a hacérselo llegar.
Ha habido fraudes, y nosotros hemos dado parte porque lo hemos detectado.
Se lo hemos hecho saber a la Fiscalía, aunque desconozco en qué situación se encuentra.
Me han llegado también casos concretos variopintos, y cuando he pedido información de fondo sobre la cuestión observo que el asunto es mucho más matizable. Subsiste el drama personal y humano en muchas ocasiones --eso es inequívoco--, pero a veces hay otros elementos que no son sólo reprochables a la Administración.
Algo que nosotros planteamos --y también se ha sugerido por distintos senadores-- es lo que usted ha mencionado sobre una propuesta conjunta que nos sirva por bloques, pero resulta que en los estudios que hemos hecho en un subgrupo de trabajo que yo he presidido para analizar el tema de la homologación hemos visto que probablemente, si tuviéramos el catálogo de las titulaciones por universidad, sólo nos serviría en un 10 por ciento de los casos porque las titulaciones son muy heterogéneas en sí mismas, y a lo mejor un mismo título de una misma universidad, casi de cursos inmediatos e incluso del mismo curso, tienen expedientes de currículum diametralmente distintos entre sí. No sé si es el caso que puede explicar esa singularidad y atipicidad del doctorado en Londres que usted mencionaba, pero a veces dos compañeros de promoción tienen currículum muy heterogéneos y, por consiguiente, ni siquiera nos servirían en sí mismas las plantillas.
Por otra parte, las plantillas tienen su complejidad. Piensen que sólo en Estados Unidos hay mil universidades, y de ellas muchas son muy conocidas y muy acreditadas, pero el número de titulaciones de universidades americanas que habría que analizar con lupa para saber qué es lo que se está haciendo es muy elevado porque hay todo un gradiente de niveles de rigor y de calidad.
Una de las estrategias con la que estamos trabajando es la de la propuesta conjunta, pero no creemos que ésta vaya a atenuar sustancialmente la agilidad de los procedimientos.
En relación con la propuesta de la senadora de Boneta, a quien le agradezco su intervención, lo que he querido decir es que tendremos elaborado el real decreto en tres meses, no que esté publicado en tres meses. Creemos que en dos o tres meses podremos tener terminada su elaboración e iniciado su recorrido administrativo, pero transcurrirá algún mes más porque tiene que pasar por el Consejo de Estado.
Igualmente, comparto el criterio del senador canario, señor Acosta, en cuanto a la necesidad objetiva de un mayor grado de efectividad en la resolución. Estamos buscando el sistema idóneo que pueda afrontar esa dinámica de una manera más eficaz y más rápida.
En relación con la intervención del senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no le puedo decir el plazo medio de duración porque, además, es extraordinariamente heterogéneo. Los expedientes de la Unión Europea, por ejemplo, tienen un recorrido más rápido, mientras que otros se dilatan. No sé si la Administración dispone de ese dato en este momento. En cualquier caso, no tengo ningún empacho en ponerme en lo peor, es decir, que realmente es obvio y el propio Defensor del Pueblo ha señalado que el tema no funciona con el ritmo debido. En ocasiones los plazos que se mencionan en el decreto no pueden ser cumplidos.
Sí hemos incluido alguna estrategia en el decreto, y de hecho ya la he mencionado. Me refiero a hacer bloques de titulaciones por países que sirvieran de modelo y que se subsumieran en ese procedimiento. Estamos intentando ver cómo podemos establecer un mayor grado de diversidad geográfica, lo cual no es fácil de plasmar en una norma. Las situaciones no son las mismas y, por consiguiente, cabe establecer un cierto reconocimiento de la diversidad en función de áreas geográficas, lo que permitiría una mayor fluidez, diseñar sistemas de comisión más que de solicitudes, es decir, tenemos una batería de medidas sobre las cuales estamos trabajando y creemos que, cuando las pongamos en marcha, podremos cambiar rápidamente la situación en que nos encontramos.
Efectivamente, comparto la apreciación del senador Sabaté, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés,

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en el sentido de que tenemos que hacer un esfuerzo, y creo que lo estamos haciendo, como podemos ver en algunas referencias que me ha hecho el senador señor Fernández Zanca, del Grupo Parlamentario Socialista.
En relación con la estadística, hemos duplicado el número de resoluciones de homologación de títulos extranjeros de educación superior en el año 2001 respecto al 2000, lo que quiere decir que algunas de las medidas que hemos adoptado son positivas. En el año 2000 se adoptaron 4.416 resoluciones y en el año 2001 fueron 8.990, es decir, que casi se ha duplicado.
No obstante, hemos tomado otras medidas porque dentro de la homologación hay distintas circunstancias. Esta primera hacía referencia a homologación de títulos extranjeros, pero también hay reconocimiento profesional por directivas comunitarias que afecta sobre todo a temas médicos y que se sitúa en torno a mil resoluciones anuales.
Otro tipo lo constituye la homologación y convalidación de títulos y estudios extranjeros no universitarios. Aquí hemos pasado en el año 2000 de 15.787 a 18.549, es decir, que también hemos incrementado.
Tenemos una pendiente de crecimiento muy rápida pero, evidentemente, no nos satisface ni se resolvería el problema quedándonos quietos. Aunque duplicáramos en el año 2002 --no le puedo adelantar la cifra-- tardaríamos muchos años en absorber la bolsa, y precisamente por eso estamos adoptando esas medidas en el funcionamiento.
Tampoco dispongo de datos sobre cuántos expedientes hay en el Consejo de Coordinación Universitaria. Sé que hay muchos y que se han habilitado créditos suplementarios para pagar los informes de todos los expertos, que han pasado de ser 20 a 60. No le puedo dar cifras concretas pero en todo caso son muchos.
En cuanto al reconocimiento académico y el reconocimiento profesional, en otros países de la Unión Europea en su mayor parte los títulos académicos son sólo académicos y, por consiguiente, no conllevan ningún tipo de implicación profesional. Distintas instancias, fundamentalmente colegios profesionales, son las que determinan el acceso a la vía profesional de nacionales y no nacionales, sea con títulos propios o extranjeros. Por tanto, al estar disociados, el reconocimiento de los títulos plantea menos problemas, puesto que se trata de personas de quieren acreditar su vocación de seguir estudiando.
En España, sin embargo, cuando se reconoce el título, no sólo se le está dando vía libre para que siga estudiando --cuestión que podría resultar relativamente flexible, con la posibilidad de dejarlo a la autonomía de las universidades, etcétera--, sino que se le está dando el reconocimiento de una idoneidad profesional por parte del Estado, porque en nuestro país, en términos generales, los colegios profesionales no intervienen en absoluto, o muy poco, en cuanto a la idoneidad profesional, puesto que no hay exámenes realizados por los colegios profesionales. Por tanto, el Estado está haciendo lo que en otros países hacen los colegios profesionales y las universidades mediante exámenes.
Por ello, la cuestión es más compleja. Si estuvieran separados y sólo se reconociera la habilitación para estudios, sería posible tener otro ritmo.
Por último, comparto la preocupación y los buenos deseos del senador Barahona y creo que los trabajos de la Comisión, que están muy avanzados, en relación con la modificación del Real Decreto, van a suponer un verdadero impulso para gestionar esta cuestión de una manera más rápida y sirviendo mejor a los intereses de todos los ciudadanos, que es nuestro cometido.
Nada más. Muchas gracias por todas las preguntas realizadas.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Tiene la palabra el senador Varela.
Ruego brevedad porque, si no, pese a haber cambiado el orden del día, nos ocurrirá como nos suele ocurrir, es decir, que nos extenderemos demasiado en el tiempo.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Seré muy breve.
Nuevamente agradezco sus explicaciones, señor secretario de Estado.
Sería muy útil para todos nosotros que el Ministerio elaborara un informe global sobre esta cuestión, un informe que respondiera a las diversas preguntas que usted no ha podido responder ahora --naturalmente, por motivos lógicos--, y que hiciera una evaluación del estado actual y de lo que se ha hecho al respecto, insisto que respondiendo a las preguntas formuladas muy atinadamente por el senador Fernández Zanca, las del senador Bildarratz, las mías también, sobre el personal, etcétera. Por tanto, resultaría muy útil para nuestros trabajos parlamentarios recibir un informe en uno o dos meses sobre esta cuestión.
Finalmente, el senador Barahona dice que se trata de casos anecdóticos.
No es así, porque detrás de esos casos hay personas, personas que con sus expedientes demuestran si las medidas que ha anunciado el señor secretario de Estado son realmente eficaces o no. Y lo que yo he intentado demostrar --y lo demuestro con un contraejemplo-- es que no son del todo eficaces y que hay que mejorarlas.
No puede ser --y éste es un caso concreto, uno de los muchos que tengo-- que, entrando un expediente en el año 2000, la respuesta del Consejo de Universidades de 16 de enero de 2001 diga que se remite al Consejo de Universidades y que ahora --ayer mismo lo preguntaba-- se diga que va a ir a la subcomisión académica en diciembre de 2002, de manera que ha estado dos años en el Consejo de Universidades. Esto no puede ser. Se trata de una persona que está trabajando en España, que ha obtenido el título de doctor y que no puede ejercer porque esta cuestión no está solucionada. Es una situación tremenda.
Insisto en que agradezco sus explicaciones y le pido este informe con vehemencia en el sentido de que sería muy útil poder disponer de él.
Asimismo, agradezco todos los esfuerzos que está realizando el Ministerio para mejorar la eficacia en este punto.
Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Varela. (El señor Barahona Hortelano pide la palabra.) Vamos a conceder un turno de senadores que intervendrán a título individual. (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor presidente, intervendré muy brevemente y por pura cortesía.
Quiero agradecer la explicación que me ha dado el señor secretario de Estado cuando decía que estaba pensando también en que el trámite que tiene que seguir después de sus dos o tres meses de preparación requerirá algún mes más.
Unicamente quiero instarle de nuevo para que el trámite previo en lugar de dos o tres meses pudiera ser de uno o dos, recordando que hay formas de empujar para que todos los trámites sean más rápidos y sea posible solucionar los problemas.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo también consuma brevedad.
En este debate me viene a la cabeza la frase «vuelva usted mañana». Me ha extrañado la intervención del senador Barahona, quien toma como actuación correcta las medidas anunciadas en febrero de 2001.
Las resoluciones sobre la base de los datos que hoy se nos han aportado, que eran 4.416 con respecto al año 2000, es decir, 8.990 con respecto a 2001, todavía suponen que en 2001 se resolvió un 61,15 por ciento de los expedientes que habían entrado, de manera que aún tenemos un mal endémico, al que no se es capaz de dar la vuelta.
Y entiendo que esto solo tiene un calificativo, cual es gestión ineficaz.
Puedo entender que hay problemas, que interviene mucha gente, etcétera.
Pero si, por determinadas circunstancias, no se es capaz de resolver una serie de problemas, eso significa gestión ineficaz. Por tanto, habrá que adoptar las medidas adecuadas para que esa gestión pueda ser eficaz, que es lo que estamos intentado lograr.
Nada más. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, agradezco sus explicaciones. Pero vuelvo a insistir en la misma cuestión.
Usted dijo que en el año 2000 se resolvieron 4.416 expedientes --bien--, pero quedaron 6.500 sin resolver, y que en el año 2001 se resolvieron 8.990 --el doble, perfecto--, pero había 14.700, con lo cual quedan 6.000 sin resolver.
Si se trata de una cuestión de dinero, de pagar a más personas, de ver dónde está el embudo, dónde se produce la ralentización, en qué fase del procedimiento, la administración debe lograr mayor agilización cuanto antes. Y ello por una razón muy simple, porque, como consecuencia de la inmigración, en España tenemos miles de titulados superiores que están desempeñando trabajos no cualificados y, por tanto, nos encontramos ante un extraordinario desperdicio de capital humano, de capital intelectual y de potencialidad de muchas personas. Por tanto, todo lo que se haga para homologar cuanto antes esos títulos también va en nuestro beneficio.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor presidente.
Antes había solicitado la palabra por alusiones y no a título personal y en ese sentido la tomo en este momento.


El señor PRESIDENTE: Señor Barahona, una los dos conceptos.


El señor BARAHONA HORTELANO: En absoluto, senador Varela, tratamos de despreciar los casos individuales, pero sucede que, si consideramos un caso entre 10.000, esto no supone un retraso, sino que algo tiene que ocurrir respecto a ese expediente.
Efectivamente, estos procedimientos en absoluto son mecánicos, sino que hay que verificar caso por caso y documento por documento, y en muchas ocasiones --como muy bien ha explicado el señor secretario de Estado-- hay que recabar datos acerca de la solvencia de los centros, de las universidades probablemente lejanas y con dificultosa comunicación, lo cual, como es lógico, entraña verdaderos problemas. No se trata, por supuesto, de despreciar ese capital intelectual y humano, sino de incorporar un verdadero capital intelectual y humano con rigor y sin que exista ningún tipo de fraude en la concesión de estos títulos.
Con relación al señor Bildarratz, yo había señalado que ya en febrero de 2001 se habían tomado unas medidas. Independientemente de que sean o no eficaces, la tendencia es la gestión eficaz. Pero insisto en que no se trata de un trabajo mecánico, sino que intervienen toda una serie de actores --como bien ha dicho el señor secretario de Estado--, y eso añade una gran complejidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Barahona.
Para finalizar el debate de esta comparecencia, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias, señor presidente.
Quiero resaltar que, efectivamente, no sólo tenemos la voluntad de mejorar esa situación, sino la convicción de que, con las medidas adoptadas y la aprobación dentro de

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unos meses del decreto que regule la homologación con arreglo a nuevas innovaciones, vamos a poder afrontarla de una manera más moderna, rápida y eficaz. Somos conscientes de que se ha incrementado el ritmo de evacuación de estas resoluciones, pero es evidente que eso no es suficiente y que tenemos que agilizar todavía más nuestras actuaciones, y a eso se destina el principal objetivo de la modificación del real decreto.
También hay que tener en cuenta --como ya he dicho-- que no sólo se trata de residentes, sino que en buena parte son los no residentes los que lo solicitan, cuestión que introduce una singularidad en cuanto a la comunicación. Esto no significa que todos los problemas deriven de la difícil comunicación; si fuera así, el problema estaría resuelto porque es fácilmente abordable.
En cualquier caso, comparto las preocupaciones de todas sus señorías y, desde luego, me comprometo a responder a todo lo que no he podido contestar con absoluta inmediatez. Muchas gracias por el impuso que significan sus reflexiones en nuestro trabajo.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.


--DEL SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES, A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, PARA QUE EXPLIQUE EL FUNCIONAMIENTO PRACTICO DE LA AGENCIA NACIONAL DE EVALUACION DE LA CALIDAD Y ACREDITACION (ANECA), EN APLICACION DE LO PREVISTO EN LA LEY ORGANICA 6/2001, DE 21 DE DICIEMBRE, DE UNIVERSIDADES (LOU) (713/000596).


El señor PRESIDENTE: Pasamos a la segunda comparecencia del secretario de Estado de Educación y Universidades, para que explique el funcionamiento práctico de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), en aplicación de lo previsto en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias, señor presidente.
Uno de los objetivos esenciales de la Ley Orgánica de Universidades es, precisamente, la mejora de la situación de la evaluación de la calidad de la Universidad española. A esa mejora de la calidad responde la creación de una agencia nacional de la calidad que favorezca la mejora de la calidad en todas las áreas de la actividad universitaria, tanto en investigación como en el ámbito de la docencia y de la gestión. (El señor vicepresidente, Campoy Zueco, ocupa la Presidencia.) El artículo 31.3 de la Ley de universidades atribuye una serie de funciones a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), entre las que cabe destacar las funciones de evaluación, certificación y acreditación de las enseñanzas conducentes a: la obtención de títulos de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional; las enseñanzas conducentes a la obtención de diplomas y títulos propios de las universidades y centros de educación superior; las actividades docentes, investigadoras y de gestión del profesorado universitario; las actividades, programas, servicios y gestión de centros e instituciones de educación superior, y otras actividades y programas que puedan realizarse como consecuencia del fomento de la calidad de la docencia y de la investigación por parte de las administraciones públicas.
En relación con éste, el artículo 32 de la misma Ley indica que, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, previo informe del Consejo de Coordinación Universitaria, el Gobierno autorizará la constitución de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y la Acreditación, y así ha sido. El ministerio remitió al Consejo de Coordinación Universitaria el proyecto del acuerdo, y el Pleno del Consejo, en su reunión del 12 de junio de 2002, emitió un informe favorable sobre la creación de la ANECA.
El 19 de julio, mediante acuerdo del Consejo de Ministros, se autorizó al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte a constituir la fundación estatal Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación.
El objetivo fundamental de la Agencia es medir el rendimiento de ese servicio público conforme a procedimientos objetivos y transparentes.
Desde luego, su objetivo esencial es contribuir a reforzar la calidad, la transparencia y la competitividad de nuestro sistema educativo universitario, así como el establecimiento de criterios para la rendición de cuentas a la sociedad.
Para la consecución de estos fines, la Agencia desarrollará actividades de evaluación y otras conducentes a la acreditación y certificación, con el propósito de que las administraciones públicas y las universidades dispongan de la información necesaria para adoptar las decisiones que consideren oportunas en el ámbito de su competencia. Por consiguiente, el objeto de la Agencia es coadyuvar a la mejora de esos procesos, así como favorecer la información transparente de sus resultados al conjunto de la sociedad.
Naturalmente, la ANECA evaluará los planes de calidad de las universidades y anualmente se publicará una convocatoria de ayudas a programas de mejora de la calidad en el sistema universitario y de mejora de los sistemas de evaluación de esa calidad. La finalidad será dotar al sistema universitario en su conjunto de mecanismos homogéneos de evaluación que permitan obtener información para la toma de decisiones por todos los agentes del sistema, tanto por las administraciones públicas como por los alumnos y el personal al servicio de las universidades. En ningún caso, obviamente, esta Agencia ejercerá competencias que sean propias de la Administración General del Estado.
Estará vinculada con la Administración General del Estado a través del ministerio. El patronato, que ya se ha constituido y ha celebrado dos reuniones, está formado por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, que lo preside, el secretario de Estado de Educación y Universidades, el subsecretario del ministerio, el director general, el

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secretario general del Consejo de Coordinación Universitaria, un representante de cada uno de los siguientes ministerios: Ciencia y Tecnología, Sanidad y Consumo, Administraciones Públicas y Hacienda, el coordinador general de la Comisión nacional evaluadora de la actividad investigadora, cinco representantes del Consejo de Coordinación Universitaria y hasta tres personalidades de reconocido prestigio de la vida social, económica y cultural que serán nombradas por la ministra de Educación, Cultura y Deporte, previa consulta a la comisión mixta del Consejo de Coordinación Universitaria.
En cuanto al funcionamiento práctico de la Agencia, hay que señalar que se ha aprobado el Real Decreto 1052/2002, de 11 de octubre, por el que se regula el procedimiento para la obtención de la evaluación de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación y de su certificación, a los efectos de contratación de personal docente investigador universitario.
La Ley de universidades, en sus artículos 50 y 52, exige para la contratación por las universidades públicas de profesores ayudantes doctores y profesores contratados doctores, la previa evaluación positiva de su actividad por parte de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la ley de la comunidad autónoma determine, y para la contratación de profesores colaboradores exige el previo informe favorable de uno de los citados órganos. Además, para la contratación de al menos el 25 por ciento del personal docente e investigador de las universidades privadas, han de haber obtenido la evaluación positiva de su actividad docente e investigadora por parte de la ANECA o del órgano de evaluación externa que la ley de la comunidad autónoma determine.
El procedimiento para la evaluación se iniciará mediante solicitud del interesado, indicando para cuál o cuáles de las modalidades contractuales se solicita la evaluación o el informe. Tanto las evaluaciones como los informes se realizarán por evaluadores independientes y expertos en el campo científico que corresponda.
Los criterios de evaluación serán elaborados por la ANECA para cada una de las figuras contractuales de profesor ayudante doctor, profesor colaborador, profesor contratado doctor y para los supuestos de contratación de profesorado por las universidades privadas, según el artículo 72 de la LOU. Estos criterios han sido publicados en el Boletín Oficial del Estado recientemente.
La ANECA, una vez realizada la evaluación o emitido el informe, lo remitirá a la Dirección General de Universidades, quien, mediante resolución, certificará la evaluación o el informe emitido y lo notificará al interesado en un plazo máximo de diez días desde su recepción. La certificación deberá indicar, además, el carácter positivo o negativo de la evaluación y favorable o desfavorable del informe, el contenido del mismo, así como la figura o figuras contractuales para las que se realiza. Los efectos de la evaluación positiva o informe favorable de la agencia no están sujetos a plazo de caducidad alguno, y tendrá efectos en todas las universidades españolas.
Además, por Resolución de 17 de octubre de 2002 de la Dirección General de Universidades, se han publicado los criterios generales de evaluación de la calidad y acreditación para la contratación de personal docente e investigador, y se determina el procedimiento de presentación de solicitudes de evaluación o informe.
Para finalizar, y como habrán observado a lo largo de mi comparecencia, la Agencia ya ha iniciado su andadura y gracias a ella se introducirán elementos de innovación, competitividad y mejora de la calidad de manera transparente, lo que conferirá vigor y credibilidad a nuestro sistema universitario.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE ( Campoy Zueco): Gracias.
Tiene la palabra el señor Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias.
Muchas gracias, señor secretario por sus explicaciones. Igual que antes le he pedido información, me gustaría que nos enviara la composición de esta fundación estatal y del patronato.
Como al parecer, según me ha dicho mi compañero el senador Fernández Zanca, usted nos ha leído el decreto, me permitiré leer el inicio de un artículo del antiguo rector de la Universidad Autónoma de Barcelona, Carles Solà, pues ese decreto está levantando muchas inquietudes en el ámbito universitario y autonómico, porque pudiera pasar que no se respetase suficientemente la autonomía de las universidades. El primer párrafo de este artículo publicado recientemente dice: Este decreto nos causa alarma, en primer lugar, porque se lanza el proceso sin haber realizado ninguna reforma de las áreas de conocimiento, sin más estructura que el orden alfabético, todas con el mismo rango, a pesar de que en unas el número de profesores funcionarios llega casi al millar, mientras que en otras apenas se supera la decena de miembros. Un concepto, el de área de conocimiento, que sirve para determinar de forma obligatoria y excluyente qué asignaturas pueden impartir los profesores que pertenecen a cada una, aparecidas como anexo al decreto que regulaba el concurso del profesorado, y no ha habido forma de modificar sus funciones, a pesar de diversos intentos de racionalización y flexibilización. Se afirmó por parte del actual equipo ministerial que se procedería a su reforma, pero se ve que hay tanta prisa para aplicar la mal denominada habilitación que se pospone sin fecha. Se confirma también la limitación de la autonomía de la universidad en un doble sentido: la obligatoriedad de cubrir una plaza, aunque a juicio de la universidad no haya ningún candidato idóneo, así como que queda en manos del Gobierno el que una plaza salga a habilitación, pues es éste y no la comisión académica del Consejo de Coordinación Universitaria, quien decide qué plazas son convocadas a habilitación.
Todo esto quiere decir que hay suspicacias respecto a la aplicación de la LOU, en el sentido de que se pueda cercenar la autonomía de las universidades y también sobre qué va a pasar con las autonomías. Porque usted ha leído el artículo 31.3, que atribuye una serie de funciones a la Agencia, pero dicho artículo acaba diciendo sin perjuicio

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de las actividades que desarrollen otras agencias de evaluación de las comunidades autónomas. Entonces le pregunto, ¿qué diálogo o colaboración tienen con las autonomías en este campo? Nos gustaría que nos informase sobre este punto para ver si con su respuesta puede apagar estas sombras de inquietud, de alarma, sobre la disminución de la autonomía universitaria y respecto a que las competencias de las autonomías van a ser respetadas realmente.
Dado que esto está relacionado con la habilitación, también en este mismo artículo el señor Carles Solà afirma que le sorprende la prisa que tiene el ministerio en aplicar la ley --a este respecto considero que no debería sorprenderse porque el Gobierno tiene que aplicar la ley, por lo que no coincido con el señor Solà-- y en cambio, en el proceso de integración europea de títulos de la Declaración de Bolonia y del Convenio de Lisboa el Gobierno va muy lento. Esta es la crítica que hace el señor Solà. Al hilo de esta cuestión de los títulos, el impulso del Gobierno para aplicar la LOU me parece correcto, pero me gustaría saber cuál es la prisa del Gobierno para incorporarnos al espacio educativo europeo a través de la Declaración de Bolonia y la firma del Convenio de Lisboa.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias.
Tiene la palabra la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, señora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA. Muchas gracias, señor presidente.
Lamento tener que haber salido un momento, pero no quería dejar pasar la posibilidad de intervenir y de plantear un preocupación que mantengo en nombre del Grupo Mixto y de Euko Alkartasuna, en relación con este decreto al que se está haciendo reiterada referencia, y que, como bien decía el senador Varela, ha sido leído textualmente en algunas partes de la intervención del señor secretario de Estado, dadas las inquietudes que plantea este decreto, incluso, por su forma de gestación. Es decir, con quién se ha hablado, con quién se ha contado para elaborarlo, qué participación han tenido las comunidades autónomas competentes, qué participación ha tenido la universidad. Y, sobre todo, porque parecen confirmarse los peores augurios sobre la propia Ley de universidades cuando decíamos que de alguna manera cercenaría, tanto la autonomía universitaria como las competencias de las comunidades autónomas en la materia. Elaborada la ley, realmente el inicio de su andadura reglamentaria no hace sino confirmar esos temores, temores que la comunidad universitaria está haciendo patente ante la falta de respeto a la propia autonomía de la universidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Muchas gracias, señora De Boneta.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, señor Acosta.
El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señor presidente.
No haré ninguna pregunta al señor secretario de Estado.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Muchas gracias.
Tiene la palabra el representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
Sigo manifestando la preocupación que están transmitiendo los portavoces que ya me han precedido en el uso de la palabra con respecto a la relación que se mantiene con diferentes comunidades autónomas. Todos sabemos lo conflictiva que fue la aprobación de la LOU. Por ello quisiera que se nos describiese, si fuera posible, la relación que en estos momentos se está manteniendo con las universidades, si es fluida o no, qué opina la CRUE y qué trabajo se está haciendo conjuntamente con ella.
Y voy a subrayar una serie de frases de una entrevista al presidente de la CRUE, Ignacio Berdugo. Las universidades tienen perfiles distintos en enseñanzas, estructuras, etcétera, son difícilmente comparables. Rara es, por no decir ninguna, la universidad española que no tiene unidades de evaluación y de calidad dentro de sus estructuras o que se somete gustosa a ese tipo de actividades de evaluación, y en contra desde ya de los «ranking» generales y globales de universidades porque no son posibles.
Lo que nos está diciendo el señor don Ignacio Verdugo es que, por una parte, se está realizando en las propias universidades un trabajo serio y profundo y, por otra parte --por eso quiero ahondar en la pregunta--, qué relación se está manteniendo con las propias universidades.
A colación de toda la evaluación, reflexión, etcétera, que estamos haciendo sobre la universidad, le pregunto qué opinión le merece --desde el punto de vista evaluativo, aportación de datos, etcétera-- el informe que la CRUE presentó a principios de verano «La Universidad española en cifras».
A efectos prácticos, me gustaría conocer cómo está organizado el patronato. El patronato se reunirá al menos dos veces al año --eso es lo que pone en sus estatutos--, ¿pero cuál será su funcionamiento diario? Parece que va a haber un director, pero quisiera saber con qué organización va contar para realizar esta cantidad de labores que le encomienda la LOU.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias, señor Bildarratz.
Tiene la palabra el señor Sabaté, representante de Entesa.


El señor SABATE BORRAS: Gracias, señor Presidente.
Señor secretario de Estado, nuestro grupo comparte la preocupación expresada por el resto de portavoces que han intervenido hasta el momento y que inició el senador Varela.


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Con la aprobación de la LOU ya se manifestó el recelo ante una posible merma o disminución de eso tan querido en el mundo universitario como es la autonomía universitaria, pero ante la actividad de un Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación aparecen aquí dudas sobre si realmente su actividad no puede ir a mermar esa necesaria --absolutamente necesaria-- autonomía universitaria.
Voy a centrarme en una pregunta sobre cómo se tiene previsto resolver esa duplicidad hasta cierto punto de competencias entre la propia Agencia Nacional y las agencias autonómicas en el caso de que las haya, porque entonces se emitirán dictámenes sobre una realidad desde organismos distintos, uno de ámbito estatal y otro autonómico, con lo cual habría que resolver quién, cuándo y cómo actúa en cada caso.
Gracias, señor secretario. Gracias, señor presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, usted ya sabe lo que pensamos los socialistas de la ANECA y lo que pensamos de esta forma de habilitación. Ya sabemos que esto no garantiza en absoluto el control del profesorado por parte de las universidades, sino que pone en manos de una comisión el proceso de selección del profesorado y lo deja un poco a designios de las escuelas o familias de cada área de conocimiento. Eso ya lo denunciamos en su momento, pero creo que ahora, a raíz de este real decreto --y como han dicho algunos portavoces que me han precedido-- se vulnera la autonomía universitaria claramente impidiendo que sean las universidades las que determinen su profesorado.
Hay una cuestión que a mí me parece inevitable: cuando hablamos de la ANECA hay que hablar de su director --que, por cierto, nos dio plantón a esta Comisión recientemente--. Todo el mundo ha dicho que la ANECA tiene que tener una característica que la defina, un rasgo que la defina, que es la independencia. Entonces: ¿cómo se puede decir que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación es independiente cuando su director fue uno de los padres de la LOU, fue discípulo de la ministra Pilar del Castillo y está casado con una asesora del Presidente? Con todos estos elementos añadidos, ¿cómo se puede pensar que la Agencia puede ser independiente? Y que quede claro que no dudo en absoluto de la competencia del señor Crespo, pero la cuestión es cómo esta Agencia --que tiene que ser, según dicen todos, independiente-- tiene un director cuya independencia, por lo menos desde mi punto de vista, es más que dudosa.
Aunque no está directamente relacionado con esto, ya que está usted aquí, me gustaría que nos contestara cuándo van a nombrar al nuevo director general de universidades.
Gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias, señor Fernández Zanca.
Tiene la palabra el señor Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Gracias, señor presidente.
Señor secretario de Estado, muchas gracias por sus explicaciones.
Compartimos plenamente los objetivos y el papel que desempeña la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación en desarrollo de los artículos 31 y 32 de la Ley Orgánica de Universidades. Ha explicado extensamente el funcionamiento práctico, que en absoluto menoscaba la autonomía universitaria, en absoluto. Ha hecho una extensa explicación de los contenidos del Real Decreto del 11 de octubre y aquí se ha hablado de habilitación, de «La Universidad española en cifras» y de otra serie de cuestiones que en absoluto vienen al caso en relación con la comparecencia del señor secretario de Estado; incluso se ha citado el testimonio del Presidente de la CRUE, pero ahora mismo hemos de ceñirnos al funcionamiento de la ANECA y a sus implicaciones.
En este sentido, voy a hacerle una pregunta concreta al señor secretario de Estado: ¿Por qué la ANECA adopta la forma jurídica de fundación? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Campoy Zueco): Gracias, señor Barahona.
Tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Muchas gracias. Voy a intentar responder a las distintas cuestiones que me han sido planteadas por el orden de las intervenciones.
Señor Varela, efectivamente le enviaremos la composición del patronato.
Aunque se me ha reprochado, implícita o explícitamente, que he leído alguna normativa, también eso se recoge en la normativa; de modo que me he quedado corto en la lectura pero con gusto transmitiré la información completa al respecto.
En relación con las reflexiones que hacía al hilo del artículo del señor Solà, profesor de la Universidad Autónoma de Barcelona, yo no voy a entrar en su apreciación porque él no está aquí presente, si no le diría lo que pienso del artículo y de su contenido literal. Pero, naturalmente, a los tres puntos concretos que usted ha mencionado le respondo con mucho gusto, aunque el artículo --no hay que olvidarlo-- habla de la habilitación.
En primer lugar, en relación con la obligatoriedad de cubrir las plazas, vamos a considerar cuáles son las reglas de juego del Estado de Derecho --que todos respetamos, naturalmente--, y existe un informe del Consejo de Estado que avala el respeto pleno a la autonomía universitaria de ese sistema. Por consiguiente, nos podrá gustar más o menos y podremos debatir en cursos de verano o de invierno sobre si es o no el mejor sistema --ése es otro escenario del debate--, pero desde el punto de vista del rigor normativo, evidentemente, hasta que no haya un pronunciamiento

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del Tribunal Constitucional todo es posible, pero entre tanto existen entidades, como el Consejo de Estado, que avalan eso mismo.
La cuestión es que se obliga a cubrir la plaza con unos márgenes flexibles de dos años --es decir, que no es con carácter inmediato--, existiendo opcionalidad en la elección por parte de las universidades, y no se puede olvidar que lo que se hace en el régimen de profesorado funcionario es una vía de acceso a funcionario del Estado. Podemos discutir si es bueno o malo que haya funcionarios en la universidad --como en otros sitios también--, pero si ésa es la normativa vigente, el Estado es el que tiene que regular, como es lógico, el acceso al funcionariado. Y ahora, precisamente, en contra de cualquier interpretación que se pueda hacer, es cuando se amplía la competencia a las universidades, no se les restringe. El sistema de la LRU consistía en que una comisión imponía mecánicamente al funcionario que había obtenido la plaza. Ahora hay un doble filtro, un sistema de evaluación de los conocimientos que es el sistema de la habilitación --no hay que olvidar que estamos en una sociedad de promoción de las oportunidades--, el cual sí garantiza inequívocamente la competitividad, la transparencia y la publicidad del sistema. Sin embargo, el sistema de la LRU, que no entro a juzgar si es bueno, malo o regular, porque no es el momento, no garantiza inequívocamente todo lo que acabo de decir; el sistema de habilitación sí porque no hay mejor sistema para restringir las deficiencias o intereses humanos que la publicidad. Si todos los opositores se examinan ante un mismo tribunal, evidentemente todo el mundo sabe lo que ocurre, mientras que ahora sí existe una oposición a la que acuden el opositor y su familia, por ejemplo, en «Villagudino de Arriba», y otra a la que acuden el opositor y su familia, por ejemplo, en «Villagudino de Abajo» --no digo que ocurra-- estructuralmente --que es como hay que hacer las normas-- se puede dar una flexibilidad o una tolerancia que con la transparencia, la opinión pública y la competitividad abierta evidentemente no existe. Estos son los hechos, y a partir de ahí se puede reflexionar sobre lo que se quiera.
Naturalmente que hay que cubrir obligatoriamente las plazas, además lo piden las universidades. Por ejemplo, no es el ministerio el que le dice a la universidad de Granada --y menciono esta universidad porque es la mía-- que obligatoriamente tiene que cubrir la plaza de químico, sino que es la propia universidad la que dice que quiere un catedrático de química; se hace el procedimiento y es la propia universidad la que tiene que escogerlo entre un paquete que se le ofrece. Decir que esto es violación de la autonomía, es una interpretación del señor Solà.
En segundo lugar, decía usted que quedaban en manos del Gobierno las plazas convocadas. Naturalmente, se trata de funcionarios del Estado y no de otra cosa. ¡No los vamos a dejar en manos de los ayuntamientos! El ayuntamiento selecciona a sus economistas y convoca 7 ó 27 plazas de funcionarios si son para el ayuntamiento.
La tercera observación que hacía es que urgía la habilitación mientras no hubiera integración europea. Realmente ésa es una licencia literaria del señor Solà, por la sencilla razón de que son cosas que tienen su propio ritmo. El ministerio ha incorporado en el título 13 de la ley el compromiso efectivo, y se han hecho cosas. Pero hay cosas que tienen otro ritmo y como no sólo dependen de España, sino también de Europa, se tienen que establecer unos marcos flexibles, cosa que ya se ha puesto de relieve en conversaciones privadas, porque el proceso de incorporación del sistema universitario al espacio europeo de enseñanza superior no cabe hacerlo por un decreto, habrá que hacerlo con un sistema flexible y muy discriminatorio en el sentido positivo de la palabra. Cada universidad dirá qué titulación está ya homologada, cuán van a hibernar durante un tiempo, etcétera.
Naturalmente que hemos hecho cosas. Hemos tenido varios seminarios con universidades y hemos producido varios documentos de trabajo que estamos compartiendo con el sistema universitario y estamos trabajando intelectualmente sobre ellos, pero al mismo tiempo estamos viendo qué es lo que se decide en Europa, porque nosotros no podemos integrarnos en algo que todavía no ha cristalizado. En esa situación estamos. Por consiguiente, la habilitación estaba en la ley y lo único que hay que hacer es desarrollarla.
Por otra parte está el compromiso del Gobierno de incorporar mecánicamente cualquier decisión europea en el ámbito del sistema universitario español, pero dependemos de las decisiones europeas. En todos los consejos europeos España ha respaldado y ha formulado su compromiso --que está además en la ley-- de incorporar automáticamente cualquier decisión en el ámbito del sistema europeo. No hemos podido hacer nada más que eso. Seguimos trabajando y estudiando los procesos, los ritmos, la complejidad, la diversidad no sólo de las universidades, sino también de las titulaciones, para abordar esa cuestión.
En otra parte de su intervención se ha referido al diálogo.
Evidentemente, el propio decreto reconoce sistemáticamente la existencia de las agencias específicas de las propias comunidades autónomas que quieran ponerlas en práctica. La ANECA ha empezado trabajando con las agencias de las comunidades autónomas, e incluso el documento de criterios de evaluación de los distintos tipos de profesorado, que se ha aprobado y publicado, se ha acordado con las agencias de las comunidades autónomas españolas, en las que, antes y después de la creación de la agencia nacional, se ha trabajado sistemáticamente y se va a seguir haciendo. No se trata de establecer competitividades ni disfunciones, que en ningún caso se han producido ni se van a producir porque no tendrían sentido. No es una vocación de futuro, sino que por la resolución del 17 de octubre del 2002 el criterio de evaluación ha sido previamente debatido y acordado con el conjunto de las agencias de las comunidades autónomas, y así se va a seguir haciendo.
La señora De Boneta ha dicho que en la ley hay una limitación de la autonomía universitaria. Yo voy a suspender el juicio hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, y no voy a hacer una defensa a ultranza. Sí que diré que hay un informe del Consejo de Estado y recordaré que ha habido decenas de escritos en la prensa sobre un ataque

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a la autonomía universitaria, por ejemplo, debido a la intervención del Consejo social en el Consejo de Gobierno, diciendo que eso era un ataque a la comunidad autónoma, cuestión que existe en decenas de países europeos inequívocamente democráticos, por lo que resulta raro que una cosa que aquí pudiera ser inconstitucional, exista en Holanda, que es miembro del Consejo de administración en el Consejo de Coordinación Universitaria, y todavía más, es que esa previsión que está en la Ley Orgánica de Universidades existe ya en la realidad normativa de algunas universidades. Por consiguiente, es difícil pensar que en el uso de su autonomía una universidad pueda acometer una intervención que sea catalogada como de inconstitucional. La presencia de los miembros del consejo, la representación de la sociedad es lo que más se ha dicho que violaba la autonomía universitaria, hay datos, tanto externos como internos, aparte del propio informe del Consejo de Estado, que suprimen buena parte de esas referencias a una erosión de la autonomía universitaria. Es más, le puedo garantizar --probablemente no sea aquí el lugar de hacerlo, sino más bien en un curso de verano-- que la Ley Orgánica de Universidades incrementa muy sustantivamente las competencias tanto de las universidades, como de las comunidades autónomas en materia de gestión y de intervención directa.
Al portavoz del PNV, señor Bildarratz, tengo que decirle, en primer lugar, en cuanto a las relaciones con las comunidades autónomas en materia del funcionamiento de la Agencia, que se está funcionando con transparencia. De su intervención deduzco que iba más allá y que quería saber cuáles eran las relaciones que existían con las universidades. Se está trabajando muy eficazmente --y el propio decreto de habilitación es una prueba--, en relación con el sistema universitario y con los rectores. Tengo que decir, porque recuerdo hechos, no opiniones --los hechos son sagrados y las opiniones son libres--, que el sistema procedimental con el que se ha trabajado para el decreto de habilitación dentro del Consejo de coordinación universitaria es el mismo que se empleó para debatir la Ley de universidades. Esos son los hechos. Y por lo menos en este caso ha funcionado con fluidez, con intervenciones múltiples, etcétera.
En relación con los ranking y las declaraciones del señor Berdugo, tengo que decir que es algo inevitable. El objetivo de la Agencia, desde luego, no es elaborar ranking y no los va a hacer, pero socialmente es inevitable. Y no lo digo sólo por previsión de futuro, sino por previsión de futuro asentada en el pasado. Se han hecho muchos ranking, y antes de que naciera la ANECA. Por consiguiente, es inevitable y cada uno podrá considerarlo positivo o negativo.
Me ha llamado la atención que haya habido reacciones muy positivas cuando se ha estado en la parte de arriba del ranking y reacciones completamente distintas cuando aparecemos en la parte de abajo. Probablemente eso es ley de vida. Ocurre como en la liga cuando uno está arriba y cuando uno está abajo. Pero, de hecho, las universidades se pueden clasificar hasta por el número de alumnos, y al lector y al intérprete le corresponderá fijar sus propios criterios.
Antes de la creación de la ANECA han aparecido y van a seguir apareciendo iniciativas por parte de instituciones y de investigadores; por ejemplo, ranking de universidades en función de sus presupuestos por alumno. Eso es bien fácil de hacer, se hace y están publicados, incluso, a veces, se utiliza para pedir dinero al presidente autonómico. Los ranking van a ser absolutamente inevitables y en unos casos producirán inconvenientes y en otros evidentemente los efectos serán positivos. Hay que verlo como un elemento de estímulo para mejorar.
En relación con el informe de la CRUE, ya mostramos nuestra discrepancia con la información estadística que contenía en relación a las materias presupuestarias. Creíamos que las informaciones eran discutibles y así lo hicimos saber en su momento. En otro momento yo no tengo inconveniente en hablar de este asunto.
La ANECA es una fundación estatal. Yo no soy el presidente ni el director de la ANECA. Yo no debo hablar, por respeto a la propia ANECA, porque es una entidad independiente y si yo empezara a hablar de la ANECA se me reprocharía mi interferencia. Lo que sí puedo decir, naturalmente, es que la ANECA tiene su sistema de funcionamiento al margen de un problema de disfunción informativa o de conexión que se pudiera producir. El director de ANECA no sólo por obligación, sino por sentido del deber y de la colaboración, vendrá aquí cuantas veces estimen pertinente para informar de los aspectos de su funcionamiento y de su gestión.
Con esto engarzo con la intervención del señor Sabaté en relación con la Agencia. Evidentemente, en la vida pública se puede decir lo que uno considere, pero para hablar del conjunto de alternativas reales que tiene la Administración del Estado para poner en marcha una entidad de esta naturaleza, desde luego, la más independiente es la fundación. Podríamos haber creado una subdirección general, un organismo autónomo, etcétera.
Todo eso tiene mayor grado de conexión y de dependencia, tiene una dependencia absoluta desde el punto de vista administrativo en la línea jerárquica en la medida que es pura Administración. De todos los escenarios, el más alejado de su funcionamiento es, desde luego, la fundación privada.
Cada uno podrá decir lo que estime conveniente, pero hay que apostar en favor de la universidad. Incluso desde el punto de vista comparativo, otras comunidades autónomas buscan figuras más o menos análogas y todas ellas estructuralmente tienen que tener dependencia de la Administración; es decir, la figura de autonomía en relación con la universidad, cuando la crea por obligación legal el propio Estado, es una contradicción en los términos. Naturalmente, tiene que haber algún grado de dependencia o conexión administrativa, no en su funcionamiento ni en su actuación.
Y voy a poner el ejemplo de una institución que no ha creado este Gobierno, la CNEAI, la Comisión que evalúa al profesorado. Esta tiene una dependencia absoluta de la Administración, y sin embargo, en sus actuaciones concretas, cuando evalúa a los profesores en su trabajo de investigación podremos mostrar nuestro acuerdo o nuestra consideración de que ha habido acierto o desacierto en casos concretos, pero nadie puede decir y nadie ha dicho que el grado de acierto o desacierto en sus actuaciones concretas

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ha estado interferido por una decisión administrativa. En absoluto. Tiene el grado de error de toda obra humana, pero no imputable no a las dependencias administrativas, no a que se haya ordenado que se den informes favorables a un porcentaje determinado de profesores o no.
Sencillamente se trata de los universitarios que evalúan la tarea de otros colegas con absoluto independencia, cuando funcionalmente su dependencia es completa. (El señor presidente ocupa la Presidencia.) Aquí, desde luego, estamos en la misma honda, tenemos el mismo objetivo y estamos seguro de obtener los mismos logros. Evidentemente tiene que tener conexión administrativa porque es el Estado el que lo financia y naturalmente tiene que tener esa conexión en su actuación, en el núcleo de su actividad, que es sencillamente impulsar la evaluación. En muchos casos ni siquiera será ella misma, sino que promoverá en distintos ámbitos la investigación sobre la evaluación y es ahí donde hay que ser absolutamente radical en que no haya ninguna interferencia.
Si se alimenta un debate sobre la raíz administrativa de esa dependencia que --insisto-- se puede predicar exactamente igual de otras fórmulas análogas escogidas para las comunidades autónomas en su caso; si empezamos a configurar sospechas de dependencia administrativa de lo que es una dependencia económica del Estado de una Agencia que es una fundación estatal en relación con su actuación concreta, realmente estamos haciendo un flaco favor no al funcionamiento de la Administración, sino sencillamente a algo mucho más importante, que es la consolidación de una innovación positiva para la comunidad universitaria y para la sociedad española.
Nadie ha cuestionado la independencia de la CNEAI y tiene hipotecas administrativas inequívocas. Todo el mundo considera que ha sido una decisión muy positiva para la mejora de la situación de la universidad española. Yo creo que hay que tener la misma dualidad en este caso.
Marginemos el debate sobre la realidad administrativa y respaldemos, impulsemos y exijamos su independencia y autonomía en lo que es el núcleo de su actividad, que es la evaluación. Y ya verá como no va a haber absolutamente ningún problema como no lo hay tampoco en la CNEAI.
En relación con la intervención del portavoz del PSOE, señor Fernández Zanca, me he adelantado a decir que sobre el sistema se puede opinar lo que se quiera, pero que hay competitividad y transparencia y que, desde el punto de vista de la ANECA, la realidad administrativa es la que es, pero el funcionamiento tendrá garantías absolutas de independencia y, desde luego, la garantía de que las decisiones van a ser controladas por el Estado de Derecho a través de la vía del recurso administrativa.
Aunque desde un punto de vista implícito al menos, he contestado a la intervención del señor Barahona en el sentido de por qué se adopta la fórmula jurídica de la fundación, tengo que decir que es la fórmula que mejor garantiza la independencia en su actuación tanto en relación con las universidades como con las administraciones públicas y, sobre todo, porque proporciona agilidad en el funcionamiento sin merma ninguna de las garantías de un Estado de Derecho y de los recursos contenciosos-administrativos que procedan.
Naturalmente, esa independencia el que más la requiere es el propio Estado, la propia Administración central, para tener una actuación objetiva y eficaz en el cumplimiento de sus fines. Por consiguiente, la actuación administrativa en esa materia irá a reforzar, respaldar y garantizar esa actuación objetiva, eficaz e independiente en las actuaciones de la Fundación.
Con esto finalizo en la creencia de haber dado respuesta a todas las intervenciones.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado.
Señorías, vamos muy mal de tiempo, y la secretaria general de Educación ya se encuentra en la sala, por lo que voy a conceder un muy breve turno de palabra. Además, estamos hablando de un proyecto que todavía no ha empezado a funcionar; por tanto, ¿qué vamos a decir cuando lleve un año funcionado? ¿Alguna de sus señorías desea intervenir? (Pausa.) En primer lugar, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.
Efectivamente, estamos hablando de una entidad, la ANECA, que va a ser clave en el desarrollo de la LOU. Por tanto, seguiremos hablando de ella en el futuro --tiene usted razón, señor presidente--, pero era interesante conocer las intenciones del ministerio al respecto.
Señor secretario de Estado, como no podía ser menos, le agradezco sus explicaciones. Ha dicho usted que ha existido mucho diálogo con las agencias de las comunidades autónomas. Pero, aunque no tengo por qué dudar de su afirmación, me han llegado ecos de que existe una profunda inquietud por parte de esas agencias, por lo que puede que ese diálogo no se perciba igual en todas partes. En cualquier caso, me quedo con sus palabras.
Y me gustaría trasladarle un deseo. Nosotros votamos a favor de la LOU, en cuya virtudes creíamos y creemos para respetar la autonomía de las universidades. Por tanto, el ministerio debe ser muy generoso con las agencias en ese aspecto concreto con el fin de no duplicar esfuerzos y para que no haya un control excesivo del sistema educativo en ese ámbito.
En el futuro seguiremos hablando de esta cuestión.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.
¿Hay alguna otra intervención extraordinaria en grado sumo y a título individual? (El señor Fernández Zanca pide la palabra.) Tiene la palabra, senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente. Intervendré con muchísima brevedad.
Señor secretario de Estado, le doy mi palabra de que comparto sus deseos de independencia para la Agencia, pero tendrá que reconocer que el hecho de que el director

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haya sido uno de los padres de la LOU, como dije antes, que se haya enfrentado a las universidades no hace tanto tiempo --un año--, y que tenga esos vínculos familiares --absolutamente respetables, pero que son los que son--, hacen difícil que se garantice esa independencia. Y, por cierto, supongo que sabe que el director está muy bien pagado: cobra casi el doble que usted, señor secretario de Estado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias por esa información económica, señor Fernández Zanca, que desconocíamos en estos momentos. (Risas.) Para cerrar el debate, tiene la palabra el señor secretario de Estado.


El señor SECRETARIO DE ESTADO DE EDUCACION Y UNIVERSIDADES (Iglesias de Ussel): Gracias, señor presidente.
Senador Varela, los hechos prueban que vamos por el camino del entendimiento y del trabajo con la agencias. Como ya he dicho, las resoluciones han sido acordadas con las agencias regionales, y vamos a seguir trabajando con ellas porque cada uno de nosotros tiene su propio espacio.
En cuanto al senador Fernández Zanca, señoría, no me parece conveniente hablar de vínculos familiares, porque forman parte del escenario privado de cada persona; cada uno es cada uno --tanto él, como su cónyuge, o su pareja de hecho o de derecho-- y, por tanto, puede hacer de su vida privada lo que tenga a bien. Y, desde luego, la sociedad legal de gananciales lo es a efectos de bienes, pero no a efectos de cualquier tipo de hipotecas, que yo no voy a admitir. Por otra parte, la independencia no es una cuestión de ánimo, sino de posiciones jurídicas que garantizan una situación.
Usted ha dicho, además, algo que no puedo compartir en absoluto: que el director de la Agencia se ha enfrentado con las universidades. No voy a abrir ahora ese debate, pero me gustaría que eso ocurriera en un curso de verano, porque precisamente el que menos ha hablado de este asunto es el ministerio, que es el que menos declaraciones ha hecho durante todo el proceso de debate de esta ley, y algunos datos hay sobre lo que digo.
Insisto, pues, en que no ha habido enfrentamientos, sino sencillamente discrepancias. Por otra parte, en la elaboración de esta ley ha existido una mayoría parlamentaria mayor que nunca, así como un grado de debate mayor que nunca. Ustedes elaboraron la ley anterior por el procedimiento de urgencia, en sesión extraordinaria, y debatiéndola en el mes de agosto. Sin embargo, nosotros hemos aprobado esta ley tras un debate de varios meses de duración en el Consejo de Coordinación Universitaria y en el primer trimestre del curso, cuando no hay obsesiones de exámenes, etcétera, por lo que todo el mundo ha podido decir lo que ha querido al respecto. Sin embargo, el inventario de atribuciones que ha aparecido en la prensa --no me refiero en absoluto a personas que están en esta sala ni a los integrantes del órgano elegido-- sobre cuestiones que carecen de la más mínima vinculación con la realidad jurídica de la ley es muy amplio.
Lo que ha hecho este Gobierno es abrir un debate y proponer una serie de medidas, las cuales se podrán compartir o no, eso es perfectamente legítimo, que evidentemente son serias, rigurosas, académicas, y en absoluto más deficientes que las de la LRU --permítame que se lo diga así--. En este sentido, después de 16 años he buscado un libro que analizara positivamente dicha ley, y ese libro no existe; y no voy a decir ni siquiera en dónde, para no sacar los colores a alguien que no esté presente aquí, porque no me gusta hablar de personas ausentes. Esa es la realidad jurídica de una ley que tuvo deficiencias notorias y notables en su redacción. Por tanto, no admito que se diga que una persona que defiende un proyecto se enfrenta con una universidad.
Sencillamente, repito, mantiene posiciones discrepantes en el ejercicio legítimo de sus obligaciones y derechos constitucionales; ¡faltaría más! Pero eso no se puede traducir en la afirmación de que se ha enfrentado con las universidades, porque, además, no existe un concepto unívoco de éstas; ha habido posiciones divergentes sobre el sistema universitario en todo momento, y así está acreditado. Y en este caso ha habido posiciones de responsabilidad y de defensa de un proyecto legislativo que tiene sus virtualidades y que ha tenido una acogida mayoritaria en el Congreso de los Diputados.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor secretario de Estado. Le agradecemos de nuevo su asistencia y su intervención.
Damos por concluido este punto del orden del día.


COMPARECENCIA DE LA SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL:

--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, PARA QUE EXPONGA LOS DATOS DE QUE DISPONE EL MINISTERIO SOBRE LA ACTITUD DEL PROFESORADO ANTE LA FUTURA LEY ORGANICA DE CALIDAD DE LA EDUCACION (713/000658).


--A PETICION DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, PARA QUE INFORME SOBRE LOS DATOS RELATIVOS A LOS NIVELES DE FRACASO ESCOLAR EN LAS DISTINTAS ETAPAS EDUCATIVAS DE LA EDUCACION NO UNIVERSITARIA Y LAS DIFERENCIAS, SI LAS HUBIERA, QUE EXISTAN ENTRE LOS ALUMNOS DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES AUTONOMAS (713/000656).


El señor PRESIDENTE: Señorías, oídos los portavoces, vamos a cambiar el orden del día, ya que no podemos hacer esperar tres cuartos de hora o una hora a la señora secretaria general de Educación. Vamos a celebrar antes la comparecencia de la señora Couso y posteriormente votaremos

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la moción. Siento el nuevo cambio del orden del día, pero no parece correcto, ya que ha cumplido la señora secretaria general el horario previsto y nosotros no, que espere.
Damos la bienvenida a la comisión a la secretaria general de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Couso Tapia, que comparece a petición del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, para que exponga los datos de que dispone el ministerio sobre la actitud del profesorado ante la futura ley orgánica de calidad de la educación.
Como vamos bastante mal de tiempo, ruego tanto a la compareciente como a los señores portavoces que sean breves. No sé si sería posible hacer las dos comparecencias juntas.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): Sí, podría hacerlas juntas.


El señor PRESIDENTE: ¿Les parece que las hagamos juntas en un solo acto? (Asentimiento.) Muchas gracias, señorías, por su comprensión.
La señora Couso hablará de la comparecencia que acabo de mencionar e inmediatamente después, a petición del Grupo Parlamentario Mixto, informará sobre los datos relativos a los niveles de fracaso escolar en las distintas etapas educativas de la educación no universitaria y las diferencias, si las hubiera, que existan entre los alumnos de las diferentes comunidades autónomas. La primera comparecencia es a petición del Grupo Entesa Catalana de Progrés y la segunda a petición del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra, señora Couso.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): Muchas gracias, señor presidente por facilitarme que pueda dirigirme a ustedes sin esperar los trámites que ustedes tenían a continuación.
Paso a responder al primer motivo de la comparecencia. Del estudio de las encuestas realizadas por los sindicatos y asociaciones que se detallan a continuación se deduce una posición claramente favorable del profesorado a las reformas del sistema educativo vigente, en general, y al proyecto de ley de calidad y a sus puntos fundamentales, en particular. En cuanto a los datos que obran en poder del ministerio con respecto a los publicados por la Asociación nacional de profesores de enseñanza (ANPE), la encuesta realizada por ANPE a 10.000 profesores refleja, en un avance de marzo de 2002, los siguientes resultados: el profesorado manifiesta mayoritariamente su deseo de que cambie la situación actual del sistema educativo y apoya las mejoras introducidas por la ley orgánica de calidad de la educación. Un 94,02 por ciento del profesorado de secundaria y un 93,50 de primaria no son partidarios de la promoción automática de los alumnos; un 62,43 por ciento del profesorado de secundaria y un 53 por ciento de primaria son favorables al establecimiento de itinerarios en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria; un 72,52 de secundaria y un 69,50 de primaria son partidarios de la prueba general de bachillerato.
En cuanto a los datos que obran en poder del ministerio, publicados y comunicados por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados, de la encuesta realizada a finales de septiembre de 2002 por el Colegio Oficial de Doctores y Licenciados entre 813 profesores se deduce que el 72,76 por ciento de los mismos sería favorable a la ley orgánica de calidad de la educación y un 74,18 por ciento al conjunto de reformas llevadas a cabo por el Gobierno. La desaparición de la promoción automática es aceptada por el 79,93 por ciento. El establecimiento de itinerarios en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria está visto favorablemente por el 79,08 por ciento. La introducción de la prueba general de bachillerato parece bien y adecuada al 52,61 por ciento del profesorado.
Las medidas para mantener la convivencia en los centros es contemplada como necesaria por el 92,62 por ciento.
Datos que obran en poder del ministerio de la Federación de sindicatos independientes de la enseñanza (FSIE). La Federación de sindicatos independientes de la educación, que representa a más de 30 organizaciones sociales, en una carta a la señora ministra, de fecha 26 de septiembre de 2002, apoya el proyecto de la ley orgánica de calidad de la educación, especialmente en los siguientes aspectos: el proyecto ha sido fruto de un amplio debate entre más de cien organizaciones del sector educativo y con la participación de más de 5.000 profesores. El proyecto de la ley de calidad ha partido de un diagnóstico previo, serio y riguroso que apoya la necesidad de la ley: Eurostat 99, indicadores de calidad 2000 del Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, estudio del Instituto Idea, Informe OCDE 2000, previamente evaluación y diagnóstico del sistema educativo llevado a cabo por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, etcétera. La ley no es segregadora ya que ampara a los alumnos más desfavorecidos mediante una formación de calidad para todos que vertebre equitativamente la enseñanza.
La Sociedad española de estudios clásicos, que agrupa a 4.500 profesores, la mayoría de ellos de educación secundaria, en un comunicado de 23 de septiembre de 2002 manifiesta su apoyo a la ley orgánica de calidad de la educación por los siguientes motivos: el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha consultado constantemente a la Sociedad sobre cuestiones relacionadas con las materias de cultura clásica y con las humanidades en general. La ley orgánica de calidad de la educación ha recogido satisfactoriamente las posiciones defendidas por la Sociedad española de estudios clásicos sobre cuestiones de interés general: promoción automática, itinerarios en el segundo ciclo de la educación secundaria obligatoria, configuración del bachillerato de humanidades y ciencias sociales, que suponen, en conjunto, un avance significativo respecto a la normativa anterior.
Instituto de evaluación y asesoramiento educativo Idea. Del informe «Opinión de los profesores sobre la calidad de la educación», realizado por el Instituto de evaluación y asesoramiento educativo en septiembre de 2001,

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se desprende que hay un alto grado de insatisfacción por parte del profesorado de secundaria respecto al actual sistema educativo: el 41,1 por ciento del profesorado de enseñanza secundaria valora mal o muy mal la etapa de la educación secundaria obligatoria; el 72,5 por ciento del profesorado apoya la creación de itinerarios en el segundo ciclo de educación secundaria obligatoria; el 53,2 por ciento del profesorado que imparte bachillerato valora mal o muy mal esta etapa. Existe también gran apoyo del profesorado a las propuestas contenidas en la ley de calidad de la educación.
El día 26 de septiembre de 2002, 40 instituciones representativas del ámbito educativo manifestaron su apoyo al proyecto de ley orgánica de calidad de la educación en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Entre estas organizaciones, que previamente han hecho debates entre todas sus personas asociadas y representadas, se encuentran las veinte siguientes instituciones representantes del profesorado: ANPE (Asociación nacional de profesores de enseñanza); FSIE (Federación de sindicatos independientes de la enseñanza); CSEI-CSIF (Central sindical independiente de funcionarios); USO (Unión sindical obrera); APS (Asociación de profesores de secundaria); CSI (Confederación sindical independiente); APESV (Asociación de profesores de enseñanza secundaria de Valencia); Asociación de profesores de enseñanza de secundaria de Castilla y León; Asociación para la mejora de la enseñanza secundaria (AMES); ANCABA (Asociación nacional de catedráticos de enseñanza secundaria); Asociación nacional de profesores de música; Asociación de profesores de Geografía e Historia; Asociación de geógrafos; Asociación andaluza de profesores de Latín y Griego; Asociación de catedráticos de Cataluña; Comisión permanente de profesores de Física y Química; Real sociedad española de Matemáticas; Sociedad española de estudios clásicos; Consejo general de colegios de doctores y licenciados; Colegio oficial de físicos. Pues bien, estos serían, de modo muy resumido, los principales datos a efectos cuantitativos de un conjunto general de datos que obran en poder del Ministerio de Educación, porque han sido transmitidos por estas asociaciones que apoyan la ley de calidad y que, evidentemente, son las que también han venido manifestando el clima y el sentir de los centros educativos, complementando a su vez la visión y el conocimiento que en el propio Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, se tiene sobre ello.
En cuanto a los datos relativos al fracaso escolar, en una primera aproximación se definiría ese fracaso escolar como una situación en la que un alumno o un grupo de alumnos no ha alcanzado los objetivos educativos previamente definidos. Otra interpretación lo define como un desajuste entre la capacidad real del alumno y su rendimiento escolar valorado académicamente. Un análisis más detallado distinguiría cuatro niveles de fracaso escolar. En primer lugar, fracaso académico, situación que se da en aquellos jóvenes que no llegan al nivel exigido, entendiendo por tal el nivel que pide el programa oficial para la certificación, el nivel medio de la población o el nivel a que puede aspirar un sujeto determinado en relación con su edad en cada momento. En segundo lugar, el fracaso del sistema en cifras macroestadísticas. En tercer lugar, el fracaso escolar podría ser el fracaso personal de los sujetos que, en el proceso de socialización, interiorizan un autoconcepto muy negativo. En cuarto lugar, el fracaso escolar podría definirse o establecerse como aquel fracaso de determinados grupos que, por sus condiciones socioeconómicas, no pueden acceder al nivel de los procesos normalizados en la escuela. En los estudios internacionales es habitual llegar al compromiso de considerar también el fracaso escolar como la situación en la que un alumno abandona el sistema educativo sin haber obtenido una titulación de los niveles correspondientes. Donde con más frecuencia se puede medir es en la educación secundaria. No obstante, otros factores deben ser tenidos en cuenta, como la transición educativa, las enseñanzas postobligatorias a pesar de ser difícil de medir. Más complejo aún es valorar la opinión negativa de aspectos muy importantes del sistema educativo como son la falta de estímulo, el deterioro de la disciplina, el rechazo del esfuerzo y la excelencia o el absentismo escolar.
Los indicadores estructurales de cohesión social utilizados por la Oficina de Estadística Europea también arrojan luz sobre el fracaso escolar. Muestran que el indicador que se denomina «Abandonos tempranos escolares», que tiene como referencia muestral la población de 18 a 24 años de edad, que solo siguió sus estudios hasta la Educación Secundaria Obligatoria y que declara que, en el tiempo en que se ha realizado la encuesta, no ha recibido ningún tipo de formación o educación durante las cuatro semanas anteriores a su realización, para el año 2000 en este tipo de estudio habitual en la Unión Europea España alcanzó un porcentaje de abandonos tempranos de un 28,1 por ciento. El valor de este índice o indicador fue, para la media europea, del 18,3 por ciento. Este indicador mide la carencia de actividades de educación y de formación para el grupo de edad de 18 a 24 años, con un nivel elemental de preparación académica.
La fuente y la transmisión de estos datos corresponde a Eurostat 2002.
Los datos objetivos que evidencian el fracaso escolar, procedentes del Instituto Nacional de Calidad y de Evaluación, recogidos en su estudio titulado «Diagnóstico del sistema educativo español», realizado en 1997, presentaba resultados desagregados por comunidades autónomas, excepto las de Andalucía y Canarias, que no participaron en el estudio. Las comunidades de Cataluña, Galicia, Navarra, Valencia y País Vasco, participaron de manera parcial. La media de rendimiento en las áreas evaluadas por comunidades autónomas para los alumnos con 14 años de edad, en una escala de puntuación que va de 0 a 500 puntos, es la siguiente.
Para la comprensión lectora, se obtuvo una media de 220 puntos; en Gramática y Literatura, 226; en Matemáticas, 227; en Ciencias de la Naturaleza, en lo que fue anteriormente el territorio MEC, territorio de gestión del Ministerio de Educación, 230; en Geografía e Historia, en ese mismo territorio de gestión, 228. Los resultados estadísticos para los alumnos de 14 años ponen de manifiesto que en ninguna de las cinco áreas evaluadas se alcanzaba la puntuación media de 250 puntos.


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La media de rendimiento en las áreas evaluadas por comunidades autónomas para los alumnos con 16 años de edad, en una escala de puntuación que va de 0 a 500 puntos, es la siguiente. En cuanto a comprensión lectora, una media de 271 puntos; en Gramática y Literatura, 267; en Matemáticas, 263; en Ciencias de la Naturaleza, exclusivamente en el antiguo territorio de gestión del ministerio, 267; en Geografía e Historia, antiguo territorio de gestión del ministerio, que, como saben, por aquel entonces estaba formado por nueve comunidades, 270 puntos.
El sistema estatal de indicadores de la Educación 2000, realizado también por el Instituto Nacional de Calidad y Evaluación, nos aporta los siguientes resultados. Para los alumnos de 12 años, prueba de lengua castellana, en una escala de puntuación de 0 a 100, la media del porcentaje de aciertos de los alumnos era de 64 puntos: la prueba de matemáticas, en una escala de puntuación de 0 a 100, la media del porcentaje de aciertos de los alumnos fue de 50 puntos; para los alumnos de 16 años, los resultados en comprensión lectora se corresponden con que el 50 por ciento de los alumnos obtiene puntuaciones en el intervalo entre el nivel 251 y 300, en una escala de 0 a 500 puntos, puesto que significan ya las puntuaciones con respecto a las evaluaciones internacionales, la más conocida de las cuales es la correspondiente a la evaluación de indicadores del proyecto PISA; resultados en reglas lingüísticas y literatura, el 40 por ciento de los alumnos obtiene puntuaciones en el intervalo entre el nivel 251 y 300, dentro de una escala de 0 a 500; resultados de matemáticas, el 39 por ciento de los alumnos obtiene puntuaciones en el intervalo entre el nivel 251 y 300, en una escala de 0 a 500.
Los datos que se presentan a continuación proceden también de la Oficina Estadística del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, en el marco de colaboración con las administraciones educativas de las comunidades autónomas, Dichos datos se encuentran recopilados y publicados en las cifras de la educación en España. Los datos más relevantes que enmarcan el estado de nuestro sistema educativo, su eficacia y el grado de fracaso escolar, se refieren a la educación secundaria obligatoria y a los bachilleratos. No obstante lo anterior, quisiera señalar el porcentaje de alumnado repetidor de Educación Primaria en el último curso de cada uno de los tres ciclos que la componen,datos correspondientes al curso 1999-2000. En el segundo curso, el 2,3 por ciento de los alumnos repitieron; el 2,7 por ciento en 4º curso y el 5,1 por ciento en 6º curso.
En la Educación Secundaria Obligatoria se tienen los siguientes resultados. En cuanto a la adecuación de edades, la distribución porcentual por edad del alumnado de 4º curso de la ESO, en el curso 1999-2000, fue la siguiente. Un 62 por ciento de alumnos tienen 15 años, lo que correlaciona en el nivel que estudian, dentro de la etapa de la Educación Secundaria Obligatoria, con las edades cronológicas que corresponden a los alumnos. Un 24,9 por ciento de esos alumnos tenía 16 años y un 13,2 por ciento había cumplido 17 ó 18 años. Esto indica un excesivo retraso acumulado a lo largo de estas enseñanzas. El porcentaje de alumnado que pasa de curso en el curso escolar 1998-1999 fue del 84,6 por ciento en 2º curso; de 73,6 por ciento en 3er curso y del 73,2 por ciento en 4º curso. Por lo tanto, un 26,8 por ciento de los alumnos, en el curso 1998-1999, no pasó de curso en 4º curso de la Educación Secundaria Obligatoria.
Por otra parte, la tasa bruta de población que alcanza los objetivos de la Enseñanza Obligatoria, en el curso 1998-1999, fue del 76,4 por ciento.
Esta relación porcentual se calcula entre el total del alumnado que no consigue el título y su comparación con la población total de 16 años.
Otro factor fundamental viene medido por las tasas de abandono del sistema educativo, que establece el estado de la transición educativa a las enseñanzas postobligatorias. Abandonan el sistema educativo en el curso escolar 1999-2000 un 13 por ciento de los alumnos de 14 a 16 años de edad, porcentaje que se eleva al 25 por ciento si se considera el tramo de 14 a 17 años de edad.
En el Bachillerato, los datos más relevantes son los siguientes. El porcentaje del alumnado que aprueba el primer curso fue del 73 por ciento en 1998-1999 y del 69,5 por ciento en el curso escolar 1999-2000. Los porcentajes del alumnado que aprobó el 2º curso fueron del 63,4 por ciento y del 63,1 por ciento en los mismos cursos escolares. En el curso escolar 1999-2000, las tasas brutas de escolarización por plan y grado, referidas a la formación profesional, son las siguientes. Un 9,4 por ciento de los alumnos eligieron los estudios de Formación Profesional II, entonces todavía vigente. Un 15,6 por ciento eligieron los estudios de ciclos formativos de grado medio, y un 13,2 por ciento, los de grado superior. Esto supone una tasa bruta total de alumnos que eligen estudios de Formación Profesional del 38,2 por ciento.
En la Educación Secundaria Obligatoria, en el curso 1998-1999, el porcentaje medio de alumnos que aprobaron en el 2º curso del primer ciclo fue del 84,6 por ciento, y en el 4º curso del segundo ciclo descendió al 73,2 por ciento. Este último dato es preocupante pues refleja que el 26,8 por ciento de los alumnos no han aprobado este 4º curso, que es fundamental para la continuación de estudios superiores. El rango de valores entre comunidades oscila desde un 13,6 por ciento a un 35 por ciento, para los alumnos que no aprueban el 4º curso del segundo ciclo de la Educación Secundaria Obligatoria.
En cuanto al Bachillerato, para el curso 1998-1999, el porcentaje medio de alumnos que no aprobó el segundo curso fue de 36,6 por ciento.
En mi intervención quiero introducir otro aspecto significativo, que aporta datos de interés: las tasas de idoneidad en relación con la edad del alumnado de educación obligatoria. Dichas tasas corresponden al porcentaje de alumnado que se encuentra matriculado en el curso o los cursos teóricos correspondientes a su edad. En el informe denominado «Sistema Estatal de Indicadores de la Evaluación 2000», elaborado por el Instituto Nacional de Calidad de Evaluación, se muestran los siguientes resultados: en el curso 1996--1997, el 96 por ciento --prácticamente la totalidad-- de los alumnos de 8 años estaban matriculados en el curso que correspondía con su edad; este porcentaje va disminuyendo y, concretamente, baja hasta el 86 por ciento en el caso de los alumnos de 12 años, y llega al 60

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por ciento, en el caso de los alumnos de 15 años. Es decir, entre los alumnos de 8 años y 15 años hemos perdido cuarenta puntos de tasa de idoneidad, bien sea por abandonos o por retrasos por no haber aprobado o promocionado, etcétera, tal como se ha venido manifestando en las cifras anteriores.
Cabe señalar también que un 4,3 por ciento de los alumnos ha cursado programas de diversificación curricular en el segundo ciclo de la educación secundaria, durante el curso 1999-2000; es decir, que se obtienen prácticamente un 5 por ciento de titulaciones por una vía más fácil, lógicamente, adecuada a los alumnos que tienen mayores carencias.
Señorías, los datos aportados ponen de manifiesto que aproximadamente un 25 por ciento de alumnos no aprueba el cuarto curso de la Educación Secundaria Obligatoria, que hay un desnivel elevado entre el número de alumnos que eligen las enseñanzas de Bachillerato y las enseñanzas de Formación Profesional, que la tasa de abandono del sistema educativo, del 24,8 por ciento para la población de 14 a 17 años, es sumamente elevada y, finalmente, que el indicador de abandonos tempranos escolares sitúan a España en la penúltima posición de los países europeos. Si se añadiesen a estos datos los de evaluación internacionales-- que no es argumento de esta comparecencia-- podríamos comprender y analizar la urgencia y la necesidad de adoptar medidas.
La Secretaría General de Educación, a la que represento, responde aquí con un ejercicio de máxima responsabilidad, tratando de aportar las evidencias que se han pedido y que se han solicitado desde esta Cámara, pero no como un arma arrojadiza sino siempre con la intención de mejorar la calidad de nuestro sistema educativo. Para ello, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte ha diseñado el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación, que se debatirá los próximos días en el Senado.
Como refuerzo a la misma, la Ley Orgánica de las Cualificaciones y de la Formación Profesional, publicada en el «Boletín Oficial del Estado» de 20 de junio de 2002, establece el marco que permitirá que se den las mejores relaciones entre la formación y el empleo, de manera que sirva de motivación para todos aquellos alumnos que deseen escoger estas enseñanzas.
Muchas gracias por su atención.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria general.
En primer lugar, voy a dar la palabra a los dos senadores que han solicitado su comparecencia, empezando por la petición más antigua, la del Grupo Parlamentario Mixto.
Por ello, tiene la palabra la senadora De Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
En primer lugar, quiero agradecer la presencia y los datos que nos ha facilitado la señora secretaria general de Educación y Formación Profesional.
La pasada semana, ante una pregunta parlamentaria formulada por el senador Bildarratz, la señora ministra dijo que no existían datos, por ejemplo, sobre la desagregación por comunidades autónomas. Sin embargo, usted sí ha podido aportar un aluvión de ellos y, por ello, comprenderá que tenga que ordenar mis papeles.
Obviamente, no puedo poner en duda los datos que nos ha facilitado, pero también es cierto que, dependiendo de las variables que se introduzcan en las mediciones, los resultados pueden ser algo distintos. Por ello, me preocupa que la frialdad de los datos nos pueda llevar a adoptar soluciones que, desde mi punto de vista, no sean acertadas.
La señora ministra decía el otro día, y creo que es verdad, que no se puede ventilar un tema como éste en una pregunta parlamentaria, pero que tendríamos tiempo de discutir la cuestión --yo creo que hoy-- en el debate de la ley de calidad, a la que también ha hecho referencia la señora secretaria general. En este sentido, quiero decir que dudo que hoy vayamos a tener tiempo suficiente o que lo vayamos a tener durante el debate de la ley de calidad, por los calendarios establecidos y porque, según observaciones del propio Gobierno en esta Cámara, ya se ha debatido suficientemente en el Congreso de los Diputados. Así, el Senado lo debatirá de mala manera y a todo correr, junto con los Presupuestos Generales del Estado.
Quiero señalar que la importancia de los datos que nos ha facilitado la señora secretaria general de Educación deberían hacernos analizar las causas por las cuales esto ocurre. Tanto en la exposición de motivos, como en las declaraciones que han hecho algunos miembros del Gobierno a la hora de justificar la necesidad de la ley de calidad se ha hablado de cuestiones que también se han mencionado hoy: la falta de estímulo, el desprecio al esfuerzo personal, el rechazo, las actitudes más o menos violentas o no concordantes con una actitud lógica en la escuela, etcétera. Es cierto que estos puedan ser algunos de los motivos pero, según los datos que poseo en este momento, no me cabe duda de que existe también una correspondencia entre el fracaso escolar y la falta de dotación presupuestaria necesaria y que la baja aportación por alumno conduce a abandonos prematuros.
A pesar de lo que pudiera decir el otro día la señora ministra sobre la inexistencia de cifras desagregadas por comunidades autónomas en materia de fracaso escolar, yo sí dispongo de unos datos aparecidos en un diario poco sospechoso de aportar datos contrarios a los intereses del Gobierno y, sobre todo, poco sospechosos de favorecer a determinadas comunidades autónomas: me estoy refiriendo a «El Mundo», de 17 de febrero de 2002. En este sentido, el mencionado periódico ofrecía unos datos muy concretos sobre el porcentaje de alumnos que dejan de estudiar a los 16 años y el gasto anual por alumno en el año 2000, en euros, en los que se puede apreciar que cuanto mayores son las aportaciones por alumno, menores son los porcentajes de abandono. Así, el gasto anual por alumno en la Comunidad Autónoma de Extremadura fue de 360 euros y el porcentaje de alumnos que abandonaron los estudios a los dieciséis años fue del 39,4 por ciento; sigue con los datos de Murcia, Castilla-La Mancha, Andalucía, la Comunidad Valenciana, etcétera y, al final, se señala que el gasto anual por alumno en la Comunidad Autónoma de Madrid fue de

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2.760 euros por alumno y, el porcentaje de abandonos, del 15,5 por ciento; en Navarra, 3.790 euros por alumno y abandonaron el 9,4 por ciento; y, por último, el País Vasco, 3.810 euros por alumno, con un 8,6 por ciento de abandonos. Digo esto por datos que «El Mundo» dice sacar de fuentes del Ministerio. Todo eso me hace pensar que, a la hora de la verdad, además de esas cuestiones que pueden afectar al alumno como su posición personal o su falta de esfuerzo, hay unos datos objetivos clarísimos: a mayor esfuerzo presupuestario, mayor interés. Un alumno bien orientado obtiene necesariamente mejores resultados escolares y nos encontramos con una tasa objetiva y subjetiva de menor fracaso escolar. Y cuando digo objetiva y subjetiva, me estoy refiriendo, obviamente, a las mediciones que se hacen, por ejemplo, para la tasa de idoneidad.
¿Alcanzan los niveles en la edad que corresponde o no los alcanzan? Esa es una medición objetiva. Y luego está la sensación de fracaso del alumno por no haber podido pasar de curso o por tener que repetir, lo que también puede influir en unos resultados finales negativos.
Creo que la inversión condiciona el número de alumnos por aula, la atención a la diversidad, el reconocimiento de las diferencias y también la posibilidad de que en situaciones o en contextos sociales de marginación se pueda acudir a la mejor educación. Creo, en definitiva, que la mayor aportación a la igualdad de oportunidades es una dotación importante en materia de educación, una dotación necesaria. Entonces sí que estaríamos en disposición de decir si es la demonizada LOGSE la que provoca el fracaso escolar o si es la falta de recursos de que se ha dotado esa ley lo que impide cumplir sus objetivos. Esa sería una cuestión.
La segunda cuestión se refiere a esos datos desagregados a los que usted hacía referencia y a los que, basándome en fuentes de «El Mundo», yo planteaba. Según esos datos, en la Comunidad Autónoma vasca, a mayor aportación hay menor índice de fracaso escolar, o al menos según la medición relativa a la edad de 16 años, aunque sabemos que el fracaso escolar tiene muchos más componentes y a veces se produce, desgraciadamente, antes de llegar a esa edad. Don Javier Murilo planteó estos datos, y manifestó que la educación en el País Vasco era ejemplar y que él la consideraba buena. Pues bien, después de llevar doce años como director del programa de estudios del Centro de Investigación y Documentación Educativa fue destituido fulminantemente precisamente por esas palabras. Decía también, a propósito de eso, que en ocasiones los funcionarios no pueden dar datos objetivos porque eso les puede acarrear consecuencias desagradables. He planteado esta cuestión aquí porque me parece un tema grave.
Las diferencias que parecen existir entre las tasas de fracaso a que ha hecho usted referencia...


El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, le ruego concluya.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Sí señor presidente.
Esas diferencias son muy grandes, hasta 24 puntos entre las expresadas como media, lo que coloca la educación en España en el penúltimo lugar de los países de Europa, tal y como usted ha dicho, y en situaciones muy desagradables en algunas áreas de conocimiento concretas en relación con el resto de países europeos. Por ejemplo, esto no pasa en países en que, además de atender diversidades culturales y lingüísticas, la tasa de idoneidad es muy superior, por lo que se obtienen resultados también muy superiores en todos los niveles educativos objetivos desde todo punto de vista, cualesquiera que sean las edades que hemos analizado aquí.
Por tanto, lo que le quiero plantear a la señora secretaria general en primer lugar es que no concuerda su documentadísima relación de datos con lo que la señora ministra decía el miércoles 6 de noviembre en el Pleno de esta Cámara en contestación al senador Bildarratz en relación con la desagregación de datos.
Como última pregunta quisiera saber si se tiene en cuenta la necesidad de hacer otra serie de desagregaciones que creo serían interesantes a la hora de analizar todas las variables que influyen en el fracaso escolar.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a desagregaciones...


El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, termine, por favor.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor presidente.
Me estoy refiriendo, por ejemplo, a las diferencias en función del género. Hay estudios sobre ello, y aquí en el Senado tuvimos ocasión de conocer un estudio hecho por un ex senador que hacía referencia a todo esto. A mí me parece muy interesante. También aquí se producen datos de desagregación por Comunidades Autónomas. Yo quisiera saber si el Ministerio ha entrado en ese proceso de desagregación para analizar con seriedad las causas del fracaso del plan y también las que hacen referencia --las he mencionado-- a los contextos sociales, procedencia e influencia de los inmigrantes, etcétera.
Lamento, señor presidente, tanto la extensión de mi exposición como de la de mis preguntas, pero el tema no es para menos. Además, continuamente estamos asistiendo a promesas de que estos temas se van a tratar con tranquilidad aquí, allí o más allá, pero desde luego yo creo que al final vamos a pasar por la ley de calidad sin romperla ni mancharla por razones de rapidez y por la forma en que veo se va a debatir aquí en el Senado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias. Supongo que su señoría ha podido hablar con tranquilidad esta mañana.
Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATE BORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
Gracias, señora secretaria general de Educación y Formación Profesional, por responder a la petición de comparecencia de nuestro Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Nuestro interés se centraba en conocer de alguna forma de qué datos disponía el Ministerio respecto de la actitud

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del profesorado ante la ley de calidad de la educación sobre todo a raíz de las manifestaciones de la propia señora ministra ante el Congreso de los Diputados al presentar datos de apoyo ampliamente mayoritario en línea con los que usted ha expuesto hoy aquí de un colectivo de profesores. Los datos que usted nos ha facilitado sorprendentemente responden a una serie de organizaciones todas ellas prácticamente favorables a la ley de calidad. Se nos ocurre pensar que posiblemente se ha ignorado la existencia de otras organizaciones sindicales o profesionales de los docentes que no se han tenido en cuenta. Se habla, por ejemplo, del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados. Es cierto que hubo una encuesta a la que también se refirió la señora ministra en el Congreso de los Diputados en un seminario en el que participaron 813 profesores, como usted muy bien ha dicho, pero pocos días después los colegios oficiales de doctores y licenciados de Cataluña, Andalucía, Canarias y Euskadi se desmarcaban claramente de esta posición aparte de entender que una muestra así no era significativa. Hablaba usted después de una manifestación por escrito al propio Ministerio del Colegio Oficial de Doctores y Licenciados a nivel de España manifestando su adhesión.
También daba datos de una encuesta hecha por el sindicato ANPE o la Federación de Sindicatos Independientes de la Educación, pero echamos en falta referencias a la posición de los sindicatos mayoritarios en España, la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras aparte de otros sindicatos de carácter sectorial que mantienen públicamente posiciones contrarias a lo que significa la ley de calidad y a lo que se pretende con esta reforma porque seguramente cambiarían de una manera significativa el panorama. Y por otra parte este ambiente de un cierto optimismo contrasta también con la percepción que tenemos desde nuestro Grupo Parlamentario, evidentemente limitada. Nosotros somos un grupo parlamentario de carácter catalán y, por tanto, nuestra percepción más inmediata viene muy directamente influida por la realidad de nuestra comunidad autónoma, pero debo decirle, por ejemplo, que el Movimiento de Renovación Pedagógica de Cataluña, que tiene una larga tradición y agrupa a los sectores más innovadores de la pedagogía catalana, en su última asamblea general, celebrada en Tortosa, manifestó claramente una opinión no favorable diría yo --por no decir contraria, porque a lo mejor el término no nos suena bien -- a lo que se pretende con la Ley de Calidad de la Educación. Y si un movimiento de este tipo, ampliamente representativo del profesorado en una comunidad autónoma como Cataluña, opina así, más allá de la opinión de los sindicatos ampliamente mayoritarios como son UGT y Comisiones Obreras, esto permite suponer que fuera de Cataluña posiblemente también exista una opinión similar en otras comunidades autónomas.
Nos gustaría que desde el ministerio se tuviera en cuenta a todo este sector de la opinión, que, si no se ha hecho, se consultara a estas organizaciones y, sobre todo, se tuviera en cuenta una cuestión que se nos antoja importante, y es que una cosa es que en un momento dado determinadas organizaciones profesionales puedan manifestar la necesidad de reformar el marco educativo actual, modificar el marco que estableció la LOGSE --seguramente, en eso habría un cierto consenso, en la medida en que todo es mejorable y, por supuesto, la Ley Orgánica General del Sistema Educativo también--, pero una cosa es apostar por introducir modificaciones que tiendan a mejorar esa situación, y otra cosa es compartir los criterios en los que se funda la Ley de Calidad de la Educación.
En definitiva, es importante que cuando se den datos a la opinión pública se clarifique muy bien esta opinión distinta, porque una cosa es --insisto-- ser partidarios de introducir reformas, sobre lo que seguramente todos los docentes, fruto de su propia experiencia y a través de sus organizaciones mucho más, serían capaces de aportar elementos de renovación, de mejora y de reforma --en eso seguro que estaríamos de acuerdo y ya se verá en el trámite parlamentario en el Senado; creo que la mayoría de los grupos parlamentarios estaríamos de acuerdo en introducir mejoras en el marco educativo--, y otra cosa es compartir lo que a nuestro grupo se le ocurre que es un intento en cierta manera de contrarreforma educativa, como lo es la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, que, según nuestra percepción --insisto-- y por los datos que tenemos, aunque muy circunscritos, es cierto, y, por tanto, parciales, a la Comunidad Autónoma de Cataluña, en absoluto goza del beneplácito y de la opinión favorable de la mayoría de los docentes, sobre todo en Enseñanza Secundaria y Primaria.
En cualquier caso, reitero nuestro agradecimiento por su comparecencia, por sus datos y por su presencia hoy en esta Comisión.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Sabaté.
Siguiendo el orden de menor a mayor, si a sus señorías les parece bien, corresponde el turno al senador Acosta, del Grupo de Coalición Canaria.


El señor ACOSTA PADRON: Intervendré brevemente, en primer lugar, para dar la bienvenida a la señora secretaria general de Educación y Formación Profesional y, a continuación, para formularle dos preguntas.
En primer lugar, nos ha mostrado usted, como ya manifestó mi predecesor en el uso de la palabra, una serie de datos totalmente favorables a la Ley de Calidad de la Educación, pero también sería interesante conocer si el ministerio dispone de los datos sobre los sectores que son contrarios a esta reforma. Evidentemente, algunos hay; al menos, así se manifiesta en los medios de comunicación y en la calle. Por tanto, quisiéramos conocer la valoración que hace el ministerio y qué datos tiene al respecto.
La segunda pregunta es referente a la formación profesional y el fracaso escolar. Usted ha reconocido que hay fracaso escolar, evidente y lógico.
Me gustaría conocer qué valoración hace el Gobierno sobre este fracaso, qué es lo que, desde su perspectiva, está fallando y qué mejoras propone para evitar su continuación en el futuro.
Nada más. Muchas gracias.


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El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor presidente.
También yo quiero dar la bienvenida a la señora secretaria general de Educación y Formación Profesional. De todas maneras y en un tono jocoso, no sé si agradecérselo, porque he terminado terriblemente mareado con la cantidad de datos que nos ha expuesto --insisto que es en un tono jocoso, por supuesto--. No obstante, como sistema y método, no sería malo que en otra ocasión pudiésemos disponer previamente de un informe, de una serie de datos, de tal forma que pudiésemos trabajar con mayor amplitud y reflexión sobre todo lo que se está debatiendo.
Respecto a la primera parte de su intervención, sobre el grado de satisfacción o insatisfacción por parte del profesorado o agentes implicados y pertenecientes a la comunidad educativa, nos ha dado una serie de datos sobre gente que parece ser que está muy identificada con el proyecto que en estos momentos está en trámite. Pero a mí me ocurre algo similar a lo que le sucede al senador que me ha precedido en el uso de la palabra, es decir, no encuentro esa identificación en mi comunidad autónoma, no encuentro en Euskadi esa identificación ni en las asociaciones de padres, ni tampoco en los sindicatos mayoritarios.
Como no quiero ahondar en una ensalada de datos, optaré por cuatro conceptos que creo que usted ha trabajado en su primera intervención para mostrar cuál es el grado de insatisfacción por parte de los sujetos implicados en la educación.
En primer lugar, se refiere a un alto grado de insatisfacción con el sistema actual. Quizá hasta yo mismo me podría identificar con ese criterio. Si estamos valorando que nuestro sistema arroja aproximadamente un 25 por ciento de fracaso escolar, es obvio que yo tengo que estar insatisfecho como responsable político que soy. Ahora bien, también tengo que preguntarle si la gestión que se está realizando es la adecuada y si el cambio legislativo que se está proponiendo en estos momentos va a superar los problemas que estamos constatando, porque yo entiendo que no va a ser así.
Otro concepto que también ha trabajado usted para comentar el grado de insatisfacción de los profesionales es el relativo a la promoción automática. Continuamente oigo hablar de este tema y no entiendo qué es promoción automática. Por una parte, no he conseguido captarlo en la LOGSE. Por otro lado, usted me está dando otro dato y es que las tasas de idoneidad en estos 12 años ha sido del 86 por ciento. Así pues, si hay promoción automática, se debiera corresponder al cien por cien. Por tanto, es un concepto que no entiendo y creo que se está utilizando inadecuadamente.
Tercer concepto, itinerarios. Podemos compartir la opción de los itinerarios, pero tampoco creo que este concepto esté totalmente reñido con los conceptos relativos a la opción que trabaja la LOGSE. Por tanto, no creo que se nos esté aportando nada nuevo.
Finalmente, en cuanto al cuarto concepto --que también me parece de Perogrullo porque siempre lo he conocido-- usted nos ha mostrado un indicador del alto grado de insatisfacción del profesorado del bachillerato con las etapas anteriores. Eso lo he conocido siempre, es decir, la queja por la falta de preparación con la que llegan los alumnos, la falta de coordinación, etcétera. Me está dando una serie de datos que no me están aportando nada nuevo para demostrar que los profesionales implicados están demandando esta Ley de Calidad.
Respecto a la segunda parte de su intervención, referente al fracaso escolar, de toda la ensalada de datos que nos ha aportado, me quedo con dos.
Primero, nos ha comentado el informe Eurostat 2002. Al parecer en España el abandono escolar se cifra en un 28,3 por ciento mientras que en la Unión Europea la media se sitúa en el 19,3. Este es el porcentaje de población entre 18 y 24 años que no continúa en el sistema educativo.
Según la evolución que se da en el panel que usted nos ha indicado, vemos que desde 1992 a 1996 se produce una evolución positiva de diez puntos, porque en 1992 el porcentaje era de un 40,2 y en 1996 de un 30,9, que es cuando ustedes adquieren responsabilidades de Gobierno, también en el ámbito educativo. Pues bien, de ese 30,9 de 1996 se pasa a un 28,3 en el 2001. ¿Por qué, bajo un mismo ámbito normativo, se está dando una evolución tan diferente en esos dos amplios intervalos de tiempo? Mi segunda reflexión se refiere al fracaso escolar. Créame si le digo que he tenido una grata sorpresa, puesto que en el Pleno de la semana pasada le formulé esta pregunta a la ministra de Educación, la señora Pilar del Castillo, y me contestó que no había diversidad de datos en las distintas comunidades autónomas. Sepa que me alegro de que ahora exista lo que antes no existía, pero me voy a quedar con un dato. Usted ha planteado que el fracaso escolar es muy diverso. En 4º de ESO en algunas comunidades autónomas el fracaso escolar es del 13 por ciento y en otras de un 35 por ciento, a pesar de que todas comparten el mismo ámbito normativo: la LOGSE. ¿Por qué motivo en unas comunidades autónomas existe un determinado índice de fracaso escolar y en otras uno distinto? En mi opinión, todos los presentes compartimos que existe un grave problema que, por supuesto, hay que solucionar. Estimamos que no se están adoptando las medidas adecuadas para poder hacerlo y que se están generando falsas expectativas en la sociedad, al intentar relacionar los dos componentes de la ecuación: nueva ley de calidad--superación del fracaso escolar.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, senador Bildarratz.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor presidente.


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Muchas gracias, señora secretaria general, por sus explicaciones.
Simplemente, voy a hacer una reflexión general porque comparto las preguntas e inquietudes que han expresado algunos de los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra.
La reflexión general es la siguiente. Usted ha dicho que no presenta estos datos o la misma Ley de calidad como arma arrojadiza, pero bastantes ámbitos de la sociedad y muchos profesores así lo entienden.
Nos duele profundamente que se utilice la educación como arma arrojadiza entre partidos, y ésa al menos es la impresión que tenemos.
En el ámbito científico, sin embargo, no ocurre eso. España sigue aún atrasada en investigación científica y en resultados educativos, pero el enfoque dado para salir del pozo científico en el que estamos es mucho mejor que el utilizado para mejorar los resultados educativos. En ciencia no existe esta polémica entre partidos ni continuos intentos de imponer voluntades. Se da la lucha normal entre partidos, legítima en democracia, para lograr la mayor eficacia en las acciones del ministerio, pero siempre buscando el consenso. En educación no se busca el consenso, y esto me parece muy grave. La dinámica a la que nos tiene acostumbrados el Ministerio de Educación no es, desde luego, la búsqueda del consenso en esta materia. Esto es grave y traerá consecuencias no deseadas a nuestro país.
Esta es mi reflexión general, por lo que me gustaría que reconsiderase la actitud del ministerio. Lo bueno sería que en la reforma educativa gobernase el diálogo y no el requerimiento, de forma que la relación entre las administraciones fuese más fluida.
En relación con el primero de los aspectos que usted ha tratado, el relativo a los profesores, vuelvo a decir lo que he dicho en la comparecencia anterior. Cuando un compareciente explica muchas cosas de las que no tenemos por qué dudar y uno conoce casos concretos que no se corresponden con lo que dice el compareciente, todo empieza a tambalearse. El señor Sabaté ya ha explicado lo del colegio de doctores, argumentando las razones por las que varios colegios se han desmarcado de esta lista. Usted ha citado a los profesores de música, pero yo he visto cartas de profesores y asociaciones de música en las que se manifiestan en contra y se desmarcan por completo. Respecto a un ámbito que conozco bastante bien, el de las matemáticas, usted ha nombrado a la Real Sociedad Española de Matemáticas, a pesar de que hizo una rueda de prensa para desmarcarse del ministerio y manifestar que no estaban conformes con su inclusión en el listado de adhesiones incondicionales.
Estos son algunos de los ejemplos que usted incluye en el listado de adhesiones aunque se hayan declarado manifiestamente en contra, y por eso digo que su argumentación se tambalea. Tampoco quiero contabilizar el número de adhesiones; es más, me parece ridículo contar si uno tiene 40 adhesiones o 39 en contra. Lo que interesa es el consenso, o al menos así debería ser, y que exista «fair play», juego limpio. Lo mínimo que uno puede pedir a la administración es que los datos que proporciona sean correctos.
En este caso, no se puede hablar de una adhesión cuando los propios matemáticos hicieron pública una carta en la que dejaban clara su postura. Un fragmento de esta carta dice así: «Alguien no relacionado con el mundo de la enseñanza podría llegar a la conclusión de que todos los profesores apoyan la Ley de calidad. Pues no. La federación de sociedades de profesores de matemáticas, organización independiente de cualquier partido, que engloba a sociedades de distintas comunidades autónomas y a más de 6.000 profesores de matemáticas, la rechaza.» Sin embargo, usted incluye a los matemáticos en su listad de adhesiones. Realmente, me disgusta que se den listados con datos de débil sustento.
El cuanto al segundo punto al que se ha referido, el fracaso escolar, considero que es un tema importante que deberíamos discutir más a fondo, y seguramente tengamos ocasión de hacerlo en otro momento. Me ha parecido entender que, según ustedes, fracaso escolar sólo es abandono de los estudios. Quizá no le he entendido bien, pero desde luego no estoy de acuerdo con esa afirmación. El fracaso escolar engloba el abandono y el nivel de conocimientos, y en uno y otro caso los presupuestos tienen mucho que ver.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señor Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Señora Couso, bienvenida a esta comisión, una vez más.
Cuando en la primera parte de su intervención nos ha dado los datos del profesorado en relación con su aceptación de la LOCE, me ha llamado la atención que todos los sindicatos que usted citaba fueran de una misma tendencia ideológica, y es que todos están en el espectro conservador.
Como decía el senador Sabaté, aquí no tenemos datos de UGT, STEs, CC.OO.
y algún otro sindicato más, pero se pueden extrapolar perfectamente si nos dice cuántos profesores fueron a la huelga a finales del mes pasado.
La verdad es que parece increíble que los datos que usted nos da reflejen que los profesores, mayoritariamente según le he entendido, estén de acuerdo con la LOCE. Pero, claro, todo depende de las preguntas que se les haga. Fíjese, señora Couso. ¿Cómo pueden estar los profesores de acuerdo con una ley que recorta su participación, como sucede en la elección del director? ¿Cómo algún profesor de primaria, secundaria o bachillerato puede estar de acuerdo con esto? Yo creo que ninguno lo está, por lo que hay que pensar que depende de la pregunta que se les haga.
¿Cómo algún profesor que no sea catedrático, que son minoritarios dentro de todo el panorama, puede estar de acuerdo con que se recree el cuerpo de catedráticos, que suena a rancio y a antiguo? Yo creo que eso no puede ser asumido por los profesores; por tanto depende del tipo de preguntas que se le hagan. Si ustedes van a confundir a la gente y les prometen calidad, ¿quién no quiere calidad para sus hijos, para sus nietos, para sus alumnos, para el sistema? Yo creo que todo el mundo, pero parten ustedes de

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un engaño; quieren confundir a la gente; ustedes prometen calidad, prometen acabar con el absentismo escolar, prometen que no va a haber absentismo en las aulas, prometen ustedes el mundo feliz de Aldous Huxley, pero el problema es que eso no es así. Lo único que van a hacer ustedes, y no quiero entrar en un debate sobre la LOCE, ya habrá momento...


El señor PRESIDENTE: Se lo agradeceríamos.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Lo que van a hacer ustedes es separar a los chicos a una edad muy temprana según su rendimiento. Eso es así de claro y así de rotundo. Que ustedes maquillen el fracaso escolar a efectos estadísticos, puede ser, ¿pero eso resuelve los problemas? Nosotros creemos que no.
Usted sabe que la LOGSE terminó de aplicarse completamente en el curso pasado 2001-2002; por cierto los seis últimos años, bajo la administración del Partido Popular, con recortes sistemáticos anuales en muchos capítulos importantísimos. Por tanto, ¿cómo se puede decir que la LOGSE es una ley mala, que hay que acabar con ella cuanto antes por el bien de este país, que si no, nos vamos al garete todos, cómo se puede decir eso, cuando no hay elementos porque no ha pasado el tiempo suficiente como para evaluarla completamente? Fíjese que partimos de la base de que estamos de acuerdo en que tiene elementos claramente mejorables y que hay que revisar y mejorar, pero de eso a arrumbarla en una esquina, hay una gran diferencia.
Sabe que el ingenio popular --del pueblo, no del partido-- ya ha puesto un nombre a la Ley Orgánica de Calidad de la Educación, la LOCA. La Ley Orgánica de Calidad de la Educación no va a aportar absolutamente nada que mejore la educación de nuestros jóvenes, lo que va a aportar es una marginación de determinados jóvenes con dificultades a una edad muy temprana, va a entrar por el aro...


El señor PRESIDENTE: Señor senador, cumpla usted su promesa de no adelantar el debate de la LOCE.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Perdón, señor presidente, es la querencia.
En resumen, y ya que me ha llamado la atención el señor presidente, señora Couso, sinceramente pongo en duda --no digo que usted no haya dicho la verdad-- los datos que usted nos ha dado y que haya una postura claramente favorable del profesorado hacia este proyecto de ley que está en el Senado.
Termino diciendo algo que dijo el senador Bildarratz y que comparto al cien por cien ¿Cómo es posible que en determinadas comunidades autónomas el fracaso escolar esté en términos homologables a la media de la Unión Europea? Estamos hablando de la Logse, por tanto no es tan mala. A lo mejor habría que reflexionar sobre lo que vamos a hacer, y sobre los vaivenes a los que vamos a someter al sistema educativo español. A lo mejor habría que pensarse un poco más las cosas.
Muchas gracias.
El señor PRESIDENTE: Muchas gracias por su comprensión, señor Fernández Zanca.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Quiero agradecer, en primer lugar, la presencia una vez más de la secretaria general de Educación, doña Isabel Couso, en esta comisión así como su intervención, amplísima en datos, algunos ya conocidos, otros desconocidos, pero que siempre aportan mayor luz y mayor claridad para conocer el estado de la cuestión. Ha sido sobre todo una comparecencia del estado de la cuestión, y en ese sentido yo no tengo más remedio que no poner en cuestión los datos, como jamás he hecho cuando he sido portavoz de mi grupo en la oposición. Nunca he tenido el atrevimiento de poner en cuestión los datos que me daba el Gobierno. Pero en torno al tema de los datos, y suponiendo que todos tuviesen algo de razón que no lo creo, pero suponiéndolo--, se me ocurre hacer una pregunta, que es la siguiente: ¿mejorar a los peores perjudica a los mejores? Lanzo esta pregunta ante una serie de afirmaciones que se han hecho por parte de comunidades autónomas, etcétera.
Por lo que se refiere al disenso manifestado aquí en relación con el debate social en torno a la ley, en el sentido de que la señora secretaria general aportó una serie de datos de organizaciones sindicales --no precisamente sindicatos de clase, pero organizaciones sindicales--, asociaciones de profesores, asociaciones de padres y otros grupos de tipo académico, cultural y social, que hicieron sus encuestas y que además dieron su opinión al ministerio, es evidente que la sociedad española no es una sociedad monolítica y consecuentemente habrá otros sindicatos y otros grupos sociales que disientan de este tipo de planteamientos. En ese sentido yo estoy muy de acuerdo con lo que usted planteaba, senador Varela, y quiero introducir esta breve reflexión.
Quiero recordar el papel que se encomienda a los partidos políticos, y para ello voy a leer el artículo 6 de la Constitución, que dice literalmente: «Los partidos políticos expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento fundamental para la participación política...» Los partidos políticos expresan el pluralismo político, y quiero introducir esta reflexión: no tratemos de sustituir el papel fundamental que los partidos representan en una democracia parlamentaria inorgánica de partidos políticos, por lo que en su momento históricamente en España han representado, no habiendo partidos políticos, otro tipo de organizaciones. Y no quiero decir con eso que no se oiga a estas organizaciones, por supuesto que sí; que no se las escuche, por supuesto que sí, pero es que últimamente tengo la sensación de que se le está dando tal preponderancia al papel y a la intervención de estos grupos sociales, que sin ningún tipo de crítica, simplemente a efectos de que figure en el acta, quiero una vez más poner de relevancia aquí que los representantes del pluralismo político son los partidos políticos, y eso conlleva una responsabilidad legislativa que

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no tienen otras organizaciones ni sindicales, ni culturales, ni académicas, ni sociales.
El planteamiento economicista en torno a la mejora de la calidad de la educación, tal como se ha planteado aquí, lo debatiremos en su momento.
Yo no estoy en absoluto de acuerdo con él, y no voy a desarrollar este punto. El planteamiento economicista tal como aquí se ha planteado, con datos concretos, está lleno de falsedades y de contradicciones, y si se vuelve a producir en el debate de totalidad, demostraré que está lleno de falsedades y de contradicciones, al menos algunos planteamientos economicistas que aquí se han hecho esta mañana.
Y en torno al consenso, es necesaria una ley de esta importancia, como sucede con las leyes sobre calidad...


El señor PRESIDENTE: Señor Barquero, siga si quiere, pero no entre en el debate de la ley, que tiempo habrá.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: No.
En torno al consenso, como digo, éste siempre es conveniente, a veces es necesario, hablemos por ejemplo de la política antiterrorista, pero a veces puede entrar en contradicción precisamente con ese sentido profundamente constitucional de los partidos políticos. Y en el caso de la educación, sin negar que lo mejor sea llegar a un consenso, a veces lo mejor es contradictorio de lo bueno porque la educación es una materia altamente ideologizada, a la que no se puede tratar como si fuese una asignatura científica. Esto no es una cuestión de matemáticas ni de biología, sino altamente ideologizada en la que a veces se manifiestan muy claramente principios doctrinales esenciales de un determinado grupo o formación política. Pero a la propia responsabilidad de la representación política que tiene una formación con representación parlamentaria corresponde también la coherencia con sus propios programas y principios. Quiero decir, lleguemos al consenso hasta donde se pueda llegar, y razonemos con argumentos sólidos los disensos en los que no podamos llegar a un encuentro. Y eso con un debate sereno, como corresponde al debate parlamentario en esta Cámara.
Por último, si usted me lo permite, señora secretaria general, quisiera terminar haciéndole solamente una pregunta, que aunque no está dentro de los enunciados concretos de la petición de comparecencia, me parece importante hacerla porque es una pregunta que está en la calle. Hoy ha salido aquí también y a mí me preocupa profundamente, no ya sólo como representante político, sino como miembro de la comunidad académica, de la enseñanza no universitaria en este caso. Es la siguiente: ¿En qué medida el proyecto de ley que constituye la LOCE contribuye y mejora al principio y al derecho de igualdad de oportunidades? Nada más y muchas gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Barquero.
La señora secretaria general tiene la palabra.
La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): Muchas gracias, señor presidente.
En primer lugar responderé a la portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, que me hace una serie de consideraciones, primero, sobre los datos mostrados y la desagregación por comunidades autónomas. Seguramente usted querría que en el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte nosotros hiciéramos una radiografía actualizada de los datos de estos problemas educativos que se entienden bajo el epígrafe de fracaso escolar por comunidades autónomas. Es decir, usted seguramente desearía que nosotros lanzásemos un debate de enfrentamiento absoluto y de radicalización de posturas entre unas comunidades autónomas y otras. Pues bien, yo ante eso le digo que no hay datos desagregados por comunidades autónomas, no hay esos datos desagregados que usted solicita.
Dice usted que la ministra respondió determinadas cosas y, efectivamente, la respuesta de la ministra es correcta. En todas las evaluaciones que nosotros tenemos actualizadas no existen datos desagregados por comunidades autónomas. Existió en 1997 un estudio del INCE denominado «Diagnóstico de la situación del sistema educativo», publicado en cinco tomos --ustedes pueden ir a las fuentes--, para comparar el estado del entonces territorio de gestión del Ministerio de Educación --por eso he hecho la precisión varias veces--, que por entonces eran nueve comunidades autónomas --hoy son ya comunidades autónomas en plena gestión de sus competencias, pero entonces era territorio MEC--, y con la salvedad de algunas comunidades autónomas que no participaron en ese estudio. De tal manera que si usted me vuelve a preguntar hoy ¿existen datos evidentes por comunidades autónomas de fracaso escolar? Yo le responderé no existen. En los datos actualizados del Instituto IDEA, de la Fundación la Caixa, en los indicadores de calidad del INCE correspondientes al año 2000, en los nuevos resultados de los indicadores de calidad que se publicarán antes de final de año, no existe ni existirá desagregación. En las fuentes estadísticas del MEC tampoco existe esa desagregación; en la evaluación internacional TIMSS en la que participamos, no existe esa desagregación; en los Estudios PISA tampoco existe esa desagregación. Tal vez usted querría que se comenzara ahora un debate en España entre unas y otras comunidades, un enfrentamiento radical entre resultados y, además, con el agravante de vincularlos luego a una serie de consideraciones subjetivas, como las que usted me ha manifestado.
Ha mencionado una información del periódico «El Mundo» sobre la vinculación de los abandonos, una de las manifestaciones del fracaso escolar, con el gasto. Si incurriésemos en este debate o enfrentamiento entre las comunidades autónomas, pero además lo vinculásemos a lo que los medios de comunicación consideren oportuno en cada momento, imagínese, el nivel de enfrentamiento en la educación ya sería de unas dimensiones absolutamente inconmensurables. ¿Por qué «El Mundo» vincula el porcentaje de abandonos con el gasto? A lo mejor también se podría vincular con muchísimos más indicadores que no son exactamente el gasto. Quizás es que aquí se quiere incidir

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continuamente en el esquema y en el mensaje, previamente concebido, sobre gestión del Partido Popular igual a déficit presupuestario para la educación. Pues se vincula al gasto como se podría vincular a muchísimos indicadores, y no por eso adquiriría una valoración objetiva. Es absolutamente subjetivo en la decisión de un determinado periodista o de un equipo periodístico, por supuesto, respetable para sus lectores, hacer este tipo de vinculación, pero no la podemos tomar como referencia objetiva.
Fíjese, en la radicalización del debate educativo, a la que algunos de ustedes han aludido --es cierto y tiene muchas causas--, realmente se está instalando el todo vale. Entonces, cada día nos sorprendemos con una de estas manifestaciones del todo vale. No recuerdo ahora la hoja del periódico que usted me ha exhibido porque no lo he visto en detalle, pero en muchas ocasiones se alude a fuentes del MEC. Fíjese, si no existiera este principio del todo vale, el hecho de poner fuentes del MEC tendría que reflejar que nosotros vamos al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y en las fuentes de documentos publicados exactamente tendríamos que encontrar esa gráfica u otras que vienen publicándose. Por ejemplo, ayer vino otra en un gran medio y ponía fuentes del MEC. Pues bien, el todo vale quiere decir que con datos que cuando se publican son perfectamente coherentes, pero dispersos a efectos de configurar la noticia, se puede coger una serie de datos alojados cada uno en unos archivos determinados y que se publicaron entonces con una coherencia determinada, se reproducen, se hacen unas nuevas versiones, y se pone fuente MEC, pero no lo es. El dato en origen fue fuente MEC, pero ésa es una elaboración nueva de determinados medios de comunicación. No sé si es en ese caso o en «El Mundo» porque no lo conozco, pero nos hemos venido encontrando con este tipo de cosas. Quiero decir que antes cuando se ponía fuente y los datos, desde un punto de vista de precisión científica eso era inapelable, pero ahora los medios de comunicación a veces consiguen que con ese tipo de elaboraciones parezca que son fuentes reales del ministerio, cuando a veces hemos comprobado que no lo son. Ya digo que, a lo mejor, este no es el caso, pero nos hemos encontrado muchas veces con que eso es así. Es decir, que si usted apela a que eso lo hace «El Mundo» y, entonces, es absolutamente incontrovertible, yo le digo que puede ser discutible.
Luego menciona que hay estudios en los que el fracaso escolar también puede relacionarse con algún otro tipo de vinculación como, por ejemplo, el género. Pues sí, estudios académicos se pueden hacer, en un país libre y moderno se puede imaginar la cantidad de estudios que cada mes y cada año se publican. Pero, en fin, creo que venimos aquí a debatir sobre ciertos aspectos que pudieran ser más incontrovertibles o más objetivos.
Los datos que yo les he mostrado y a los que otros senadores han hecho referencia, son en respuesta a una pregunta parlamentaria que venía formulada precisamente bajo este epígrafe; es decir, datos.
Por tanto, si se muestran datos se podrán analizar y tomarlos dentro de la objetividad que todas estas evaluaciones puedan tener. He precisado después que buscando un punto intermedio entre todas estas valoraciones y lo que se pretende valorar en cada uno de los momentos España se sitúa entre un 25 y un 30 por ciento de fracaso escolar, denominado de esta manera un conjunto de elementos, como también he comentado en mi intervención.
En este momento la vinculación con el gasto carece de una valoración estrictamente objetiva, quizá se haya discutido esta cuestión al debatir los presupuestos, pero no creo que sea este el momento ni la adecuación para vincular una cosa y otra como relación causa-efecto. Es una cuestión que aparece en los medios de comunicación, es interesante y se puede analizar, pero no puedo compartir su idea de que sea algo extraordinariamente objetivo.
El portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés me ha comentado que los datos que he expuesto sobre la actitud del profesorado son favorables; evidentemente es así, y le voy a decir por qué. Nosotros pensamos que entre las organizaciones mayoritarias, las más conocidas a través de los medios de comunicación por la sociedad española y la comunidad educativa, que están en contra de la Ley de calidad situaríamos a UGT, Comisiones Obreras, STEs y en representación de los estudiantes a CANAE y Sindicato de Estudiantes --no creo haber dejado a ninguna mayoritaria que pudiera estar en contra, pero quizá podría haber algunas más parciales--, y tengo que decir que si no hemos mostrado estos datos con sus porcentajes correspondientes acerca del descontento sobre esta ley es porque sencillamente no los tenemos; es decir, si hubiéramos conocido estos estudios sobre qué profesorado no está de acuerdo con estas medidas, si Comisiones Obreras o STEs nos hubiesen presentado un estudio pormenorizado diciendo que los profesores de Educación Secundaria están de acuerdo con la promoción automática en determinado tanto por ciento, no me hubiera importado darlos a conocer a la opinión pública, pero no disponemos de ellos hasta este momento y al menos con el grado de pormenorización con que otras organizaciones lo han llevado a cabo y, por tanto, no puedo aportarlos a una Cámara de esta seriedad y prestigio en una comparecencia como ésta. Pero sí le admito el hecho de que estas organizaciones son las que están enfrentadas a la ley de calidad.
Ha planteado que establezcamos consultas y diálogos con estas organizaciones ya que no comparten las propuestas del proyecto de ley de calidad, y quiero decirle que ya se ha intentado por activa y por pasiva como hemos dicho públicamente. Cuando se comenzaron los trabajos de elaboración de los primeros documentos para ir caminando hacia el documento de bases, el anteproyecto y después el proyecto, establecimos contacto con el conjunto de las organizaciones, y si con el resto de organizaciones que nos apoyan se ha podido alcanzar un mayor grado de consenso al conjunto o a un tipo de medidas concretas ha sido quizá porque, dados los problemas y la envergadura de las cuestiones que hoy vemos en educación y la necesidad urgente de acometer medidas, dichas organizaciones no han adoptado una posición maximalista a la hora de valorar un consenso. Todas tienen programas maximalistas para mejorar la educación, pero es imposible lograr un consenso si se exige su total cumplimiento. Lógicamente todas las organizaciones que nos apoyan, algunas muy mayoritarias entre

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los representantes del profesorado, no comparten el cien por cien del proyecto de ley pero han visto que hay una serie de elementos que son razonablemente importantes para mejorar la educación y han mostrado su apoyo. El resto de las organizaciones a lo mejor no han hecho ese ejercicio de posibilismo de ver que si no están de acuerdo con el cien por cien, a lo mejor sí podrían estar de acuerdo con unos ejes o con una parte. Ha sido posible con el resto de las organizaciones, pero con las que no están de acuerdo, no. Pienso que hay otras incidencias que han operado para no lograr ese consenso; tal vez se quiera exhibir una postura de fuerza porque consideren que la educación no se debe configurar bajo una serie de presupuestos ideológicos de un Gobierno del Partido Popular; quizá exista una incidencia política fundamental que impide el consenso que no tiene origen en temas educativos, a lo mejor en estas organizaciones el debate está muy entrecruzado, muy entreverado y muy impregnado de posiciones políticas que interesa manifestar al exterior antes que llegar a un consenso. No lo sé. Quizá todo ello haya podido influir. Yo le digo que se ha intentado llegar a este consenso y escuchar sus posiciones.
El portavoz del Grupo de Senadores de Coalición Canaria quiere saber las medidas que vamos a adoptar para solucionar estas evidencias de fracaso escolar, y he de decirle que consideramos que el conjunto de medidas que va a intentar atenuar estas tremendas cifras de fracaso escolar en todas sus manifestaciones son las que están contenidas en el proyecto de ley.
Creemos firmemente que se han elaborado con un conjunto muy amplio de representantes de la comunidad educativa y surgen de la necesidad de mejorar la vida en los centros y los resultados académicos de los alumnos, puesto que, si no, podríamos seguir teniendo los resultados que todos ustedes conocen en comparaciones internacionales.
Consideramos que todo el conjunto de medidas contenidas en el proyecto de ley y el conjunto de principios que subyacen como la idea de cultura del esfuerzo, la idea de establecer un sistema más flexible, más abierto, con más posibilidades para la obtención de los títulos, todo ello va a mejorar los datos de fracaso escolar y ésta es nuestra apuesta decidida, como no podía ser de otra manera.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha comenzado su intervención afirmando que hay datos en exceso, y he de decirle que son los que tenemos, los que se han ido produciendo tanto en organismos vinculados de una u otra forma al Ministerio de Educación como los que se han ido produciendo con instituciones privadas, como puede ser la Fundación La Caixa, que ya he mencionado, o el Instituto IDEA; son datos proporcionados también por el conjunto de organizaciones que finalmente nos han mostrado este acuerdo con propuestas a la ley y éste es el panorama que tenemos, aunque es muchísimo más complejo; normalmente los datos que se muestran se corresponden en general con cada uno de los organismos, con la última evaluación del último año en el que se han comprobado, porque lógicamente todas estas instituciones están realizando evaluaciones continuamente; es decir, el panorama de los datos es muchísimo más amplio que todo lo que se ha expuesto aquí; he hablado sólo de una parte relevante que confirma la situación en la que estamos puesto que la representante del Grupo Parlamentario Mixto en su pregunta lo vinculaba al fracaso escolar. Repito, usted ha comentado que hay un exceso de datos y me parece una apreciación muy interesante.
Ha comentado también que no ve una identificación con la ley en el País Vasco, que no hay apoyo a la ley de calidad y, por tanto, entiendo que el conjunto de la comunidad educativa está en contra de ella; yo creo que en su comunidad autónoma usted tendrá un muestreo que represente la complejidad de la situación de unos grupos sociales determinados o la complejidad de la propia sociedad española; tendrá un conjunto de personas y un conjunto de organizaciones que estén a favor de la ley, tendrá usted moderadamente a favor, tendrá usted moderadamente en contra, tendrá usted otras radicalmente a favor y otras radicalmente en contra.
Yo me imagino que su comunidad se rige por los principios --creo que deben ser de sociología-- con los que se hacen los muestreos y se obtienen luego los datos. Ojalá que con esa afirmación de que allí no hay identificación con la ley no estemos en una idea de un pensamiento único en contra de la ley o de adhesiones unánimes a estar en contra de la ley de calidad. Ojalá no signifique eso. Yo creo que usted tiene una muestra representativa de la sociedad, lógicamente, estoy absolutamente convencida.
Me habla del tema --que yo he mencionado-- de la insatisfacción con el sistema. Con los datos y con las aportaciones de las instituciones que los proporcionan hay que ser rigurosos. Yo he mencionado la insatisfacción vinculada a los datos que nos ha aportado el Instituto IDEA y he mostrado una parte de esa insatisfacción. Pero fíjese que, previamente, en la elaboración de todo este tránsito hasta llegar al proyecto de ley, había datos como, por ejemplo, que un 72,5 de los docentes están a favor de la división de la ESO en itinerarios y que un 73 por ciento solicitaban tres itinerarios: bachillerato, formación profesional e inserción laboral. Es decir, que según las evaluaciones de este Instituto, un 73 por ciento de la muestra --que fue muy representativa porque este Instituto hace unas evaluaciones que luego se pueden mostrar en público, lógicamente, porque tienen rigor y seriedad-- nos pedían tres itinerarios diferenciados. Luego, cuando muchas veces se dice la ley que están ustedes elaborando es segregadora, fíjese lo que pedían un 73 por ciento de los profesores: segregación y separación en tres itinerarios diferenciados. Pero es que un 62 por ciento de los profesores de esa misma evaluación nos pedían doble titulación al terminar la Educación Secundaria Obligatoria: una titulación para acceder al bachillerato y una titulación diferente para acceder a la formación profesional. Como usted sabe, nosotros no hemos optado por esta vía, pero esto mueve a una reflexión profunda: si tan gran mayoría de profesores quiere separar absolutamente a los alumnos --separados los que estudien bachillerato de los que estudien formación profesional y de los que vayan a la inserción laboral-- y, además, quieren que se les den títulos diferenciados, es que algo grave está ocurriendo en la educación.


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Nosotros hemos optado por una medida de mayor valor social que es la igualdad de los itinerarios, la igualdad de valor académico de todos los itinerarios, y hemos optado por una medida más social que la que nos piden los profesores a través de estas fuentes del Instituto IDEA, que consiste en unos itinerarios que van a conducir todos exactamente al mismo título; no títulos diferenciados y segregadores de los alumnos, sino título indiferenciado. Con ese título en el bolsillo el alumno puede ir a cualquiera de los panoramas educativos que se abren a partir de ahí.
Usted se ríe mucho, me dice que en tono jocoso... Ríase, ríase de tantas cosas que ocurren en la educación, pero mientras usted se ríe la educación pública puede que vaya a la deriva. No he dicho nada que pueda ser jocoso porque más bien todas las cosas que se muestran cuando vemos datos cuantitativos precisos son bastante preocupantes.
Usted no entiende la promoción automática y dice que la promoción automática debería ser del cien por cien. Por cierto, usted no puede encontrar el término promoción automática en los textos legales porque promoción automática es un concepto que, junto al de promoción por imperativo legal, ha adoptado la comunidad educativa; lo han adoptado los profesores ante el estado de indefensión que la voz de los profesores puede tener para promocionar a los alumnos; el término promoción automática no lo busque en la legislación porque no está explícitamente recogido.
El paradigma de la promoción automática es la Educación Primaria. Por adecuación a las enseñanzas más globalizadas y por la edad de los alumnos se puede entender que haya una promoción a través de los ciclos en lugar de a través de los cursos, eso quiere decir la promoción automática. Le decía antes que fíjese si he sido precisa en las cifras, que yo podía haber dicho, efectivamente, que en Primaria la promoción automática es del cien por cien; pues no, yo misma he aludido a que hay una cierta tasa de repeticiones. Quiere decirse que la promoción automática no es un efecto del cien por cien; no, los profesores le han puesto esta denominación porque la mayoría de los alumnos está permitido que promocionen con el conocimiento de los padres, con independencia de las calificaciones de sus propios profesores; eso no impide y es perfectamente compatible con que haya una cierta tasa de repeticiones.
Ambas cosas son compatibles porque esa es la verdad absoluta de lo que existe hoy día: existen tasas de repeticiones, existen tasas de abandono, se da, por tanto, que las edades se van desacompasando con respecto a los niveles de estudio, pero existe a la vez la promoción automática o promoción por imperativo legal.
Alude usted a ensalada de datos. Me lo tomo como ofensa. Dícese de la ensalada de datos cuando los políticos utilizan deliberadamente datos dispersos con la voluntad decidida de confundir al auditorio. Pues mire, en este caso no ha sido así. He hecho mención precisa a las instituciones que nos han proporcionado esos datos y cuando usted estudie --si quiere yo le puedo suministrar el conjunto de todas estas evaluaciones-- los datos en su conjunto verá que aquello tiene coherencia y que al final vamos afinando y vamos viendo cuál es la fotografía que tenemos hoy en la educación. Eso es lo que he pretendido con mi intervención y por eso yo he hecho esta precisión al final. He dicho: Señorías, los datos aportados ponen de manifiesto que aproximadamente un 25 por ciento de nuestros alumnos... --a continuación una serie de reflexiones--, porque si tomamos como punto de referencia ese conjunto de evaluaciones, más o menos todas vienen a decir --con esa amplitud de datos que usted llama ensalada y que no es sino aportación de un universo educativo que se ha estudiado y que se ha tomado como muestra-- que estamos instalados entre un 25 y un 30 por ciento de fracaso escolar. Fíjese: si entra en la OCDE verá que estamos instalados ahí con datos de hasta un 32 por ciento, y nosotros estamos diciendo entre un 25 y un 30 --tómese el 32 por ciento como parecido al 30--. Es decir, nunca hemos ido al dato peor, al dato más radical, no. De todas estas deducciones de las evaluaciones más o menos hay una fotografía que, lamentablemente, es real, y digo lamentable porque ojalá tuviésemos otros datos; ojalá cuando estos alumnos, que responden satisfactoriamente a lo mejor en las evaluaciones de sus centros educativos, fuesen a las comparaciones internacionales no tuviesen los resultados que nos muestran las comparaciones internacionales; sería muchísimo mejor para todos nosotros.
Yo creo --y siempre lo digo así públicamente-- que de la misma manera que la sociedad española en su conjunto --el conjunto de las fuerzas políticas, organizaciones sociales y todas las fuerzas en presencia-- se sensibilizó de que el paro era una lacra social, todos nos tenemos que sensibilizar, sin utilizar los datos como arma arrojadiza, de que el fracaso escolar en sus múltiples manifestaciones es un problema en la sociedad española y en la comunidad educativa hoy. Ahora mismo es difícil por todos los debates que estamos viendo, pero ojalá lleguemos a ese valor que podamos compartir todos y que cada uno, desde su posición política --como se ha hecho también con el paro--, pueda tomar medidas sin deslegitimar a ninguna fuerza política, etcétera. Esta es un poco la idea, no hay ensalada de datos, hay datos mostrados de múltiples organizaciones e instituciones, nacionales e internacionales, que van manifestando en dónde estamos y hacia dónde deberíamos tender o hacia lo que legítimamente tenemos derecho a aspirar, tanto como sociedad española como también la propia comunidad educativa.
Hace usted mención a que si tomamos en consideración una serie de datos anteriores, parece ser que de la comparación vamos mejorando. Pues sí, esto lo hemos oído hace tiempo, pero yo les digo que en estos datos de resultados no se retrotraigan a esos años, vayamos todavía más atrás, vayamos a cuando España no tenía generalizada la Educación Primaria y vean cómo hemos mejorado en nuestro país.
Vayamos a datos de hace años, cuando no estaba generalizada la educación secundaria obligatoria. Cada vez que nos retrotraemos en el tiempo, vemos que se han producido mejoras, lo que también es lógico. Ahora bien, que con ello se trate de anular la verdad de la situación en la que estamos, lo lamento, pero nuestro ejercicio de responsabilidad no es ése. Si vemos una realidad habrá que tomar las medidas para lograr mejorarla.


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El representante del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió me hace la precisión de que bastantes profesores sí entienden que se está utilizando el proyecto de ley de calidad en general como arma arrojadiza. En tanto no dispongamos de ese porcentaje de profesores, bastantes es un término impreciso. Las preguntas aludían a datos, por lo que no he querido aludir a imprecisiones subjetivas de este tipo, como que cuando nosotros vamos por España y por todas las comunidades autónomas a explicar la ley vemos muchos, muchísimos, bastantes profesores que la aplauden y la aclaman. No. Hoy había que aportar datos y por tanto hay que precisar. No sabemos lo que significa el término bastantes.
Ha comentado también que en el ámbito científico se supone que hay un cierto consenso a la hora de compartir los problemas de la ciencia, cosa que no existe en la educación. Es cierto. Tal vez tenga que ver con el intento de patrimonializar la educación por algunas fuerzas políticas o con la idea de que cambios en la legislación vigente suponen hacer tabla rasa de la educación o que se va a comenzar desde cero y que, por tanto, se empieza a contabilizar el tiempo porque la educación va a responder a unos presupuestos ideológicos distintos, anulando absolutamente todo lo que se ha hecho por gobiernos anteriores, en fin, una visión un poco catastrofista de lo que se pretende hacer con el proyecto de ley. A lo mejor algo tiene que funcionar así en ese tipo de interpretaciones como para que, efectivamente, sea difícil hoy llegar al consenso en la educación. Cuando existen evidencias empíricas que nos conducen a una serie de concreciones, la necesidad de tomar medidas no debería provocar estas separaciones entre fuerzas políticas y el conjunto de las fuerzas sociales. Pero quienes tienen que proponer las medidas son las primeras.
Quizá no debería ocurrir, pero la verdad es que ocurre así, tal vez porque la educación tenga un impacto en la sociedad que no es el que tiene la ciencia o porque para entenderla e interpretarla hay que ser en cierta medida un experto y en la educación no, ámbito éste en el que todo el mundo puede opinar, con lo cual es un tema que divide más a la sociedad. Hay múltiples consideraciones por las cuales hoy día, efectivamente, existe un debate muy radicalizado en posiciones diferenciadas.
Dice que dentro del conjunto de las asociaciones que han apoyado al Ministerio de Educación y Cultura hay instituciones que se desmarcan.
Pues bien, se ha trabajado durante una serie de años con el conjunto de estas instituciones siempre desde la independencia, y me interesa mucho destacarlo porque, afortunadamente, la fortaleza de la sociedad civil en España es tal que estas asociaciones --quizá desde fuera se puede considerar que el Ministerio de Educación las ha domesticado en cierto modo y por ello dan su apoyo al cien por cien--, desde su crítica y su posición de independencia, han considerado que muchos aspectos de la ley van a mejorar la situación que ahora mismo tenemos en la educación. Por tanto, si se ha trabajado durante años con estas organizaciones y, al final, en un acto público, sus representantes legítimos vienen a expresar públicamente su apoyo además ante los medios de comunicación, que se supone que al día siguiente lo van a difundir, no tenemos por qué dudar.
Si luego en el seno de dichas organizaciones existen divergencias u otros planteamientos, es distinto, empezará a contar al día siguiente para ellas, pero en cuanto a las relaciones Ministerio e institución más representativa de esa organización o persona que la representa, no tenemos porque qué dudar, y es lo que se ha hecho. Si de aquí a que se apruebe la ley, durante el proceso de debate y votación en el Senado y en el Congreso de los Diputados, se desvinculan organizaciones, no impide que sigamos diciendo que hasta un día concreto mostraron su apoyo al proyecto de ley de calidad.
Asimismo, dice que los conocimientos son también importantes y me planteaba que podían estar relacionados con las aportaciones presupuestarias. Ya he hablado de ello, pero considero que tendría que tratarse en el debate de los presupuestos para que se pudiese entrar en el meollo de lo que es propiamente la financiación de la educación y las fórmulas de financiación de que dispone la sociedad española, porque creo que hoy no es el momento. En todo caso, les podría decir que es interesante acudir a las fuentes de la OCDE, organismo de muy diversa composición, como saben, y, por tanto, muy apreciables sus consideraciones.
Cuando se han mostrado los datos correspondientes a las evaluaciones del proyecto PISA, por medio de los países con una determinada financiación y la posición que a España le corresponde, se explica y se analiza muy precisamente que en el ámbito de esos estudios de la OCDE y de las evaluaciones del sistema educativo no se puede vincular la financiación de la educación con los resultados obtenidos por los alumnos, porque en determinados países esos resultados contradicen absolutamente la verdad.
No se puede tomar como elemento de referencia que a más presupuesto --que es lo que, en definitiva, se quiere decir en el debate español-- se correspondan mejores resultados. Más bien la OCDE hace una mención expresa a que la financiación de la educación podría explicar hasta un 30 por ciento de los resultados de la educación, sobre el 70 por ciento restante se puede intervenir para mejorar los resultados. Déjennos que, por lo menos, podamos intervenir sobre ese 70 por ciento de temáticas que, mejoradas, pueden también dar origen a una mejora de los resultados.
Por tanto, la OCDE, como fuente cuyas últimas evaluaciones acabamos de presentar hace dos semanas, desvincula absolutamente los resultados con la financiación de la educación, niega toda relación directa de causa-efecto. Pero sabemos que ese debate está instalado en el corazón de la sociedad española. Nos acompaña por donde vamos, a todas las comparecencias, pero no importa. En cualquier momento podemos tener debates sobre financiación de la educación, que créame que no los vamos a rehuir.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista también menciona que sólo he mostrado los datos a favor, y ya he respondido a este planteamiento.
Precisa que tales son las muestras de no compartir el anteproyecto de ley o los principios y contenidos del proyecto de ley, que ha habido una huelga y manifestaciones. A este respecto tengo apuntados aquí los datos de la huelga. La media de los datos suministrados de toda España ha sido de un 20,8 por ciento de participación. Yo sé

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que en los medios de comunicación se ha hablado de un 80 por ciento, pero quienes estén vinculados a la educación y piensen lo que significa un 80 por ciento de participación en una huelga, sabrán que supone un clima insoportable por la tensión social que produce. Eso no es lo que ha habido en la huelga. Entre un 20 por ciento, que son las fuentes oficiales, y un 80 por ciento, hay mucha diferencia. Créanme que tal panorama se hubiera detectado previamente, durante la huelga y hasta hoy.
Es decir, generaría un clima tal que nadie se engañaría en la sociedad española sobre si ha habido un 80 por ciento o no. Si se hubiera dado una cifra más moderada, como un 30 o un 40 por ciento, podría pasar, pero un clima de un 80 por ciento de tensión en las enseñanzas escolares supondría poder hablar, créame, de algo conocido por todo el país y, desde luego, no ha sido así.
Pregunta también cómo pueden estar los profesores de acuerdo con un proyecto de ley que les da menos participación. Pues bien, si recorremos el proyecto de ley, precisamente si de novedades traídas a la educación con respecto a lo que se tenía pudiéramos hablar, sería de la recuperación, de la participación y de la voz del profesorado en las evaluaciones, en las aportaciones de orientación que tienen que hacer sobre los estudiantes cuando tienen que tomar medidas muy importantes como los itinerarios, los bachilleratos, los programas de iniciación profesional, por ejemplo; la participación del profesorado a la hora de decidir las fórmulas flexibles de escolarización de inmigración, a la hora del seguimiento, de los alumnos con necesidades educativas especiales; en fin, un sinfín de participaciones, como en el proyecto educativo de centro, o un mayor nivel de participación del claustro como organización. Lógicamente los profesores tienen que apoyar esto, además de las medidas de un tratamiento más adecuado del factor edad por medio de lo que está previsto para los profesores mayores de 55 años; el tratamiento de las tutorías, que hasta ahora usted sabe que no estaban consideradas desde el punto de vista de complementos económicos, que es lo que interesa al profesorado también; la valoración nueva que trae la ley sobre la participación del profesorado en todas las actividades de innovación, lo cual ha de ser tenido en cuenta tras la aprobación de la ley a efectos de promoción y de movilidad. En definitiva, si recorremos la ley, hay una serie de incentivos para el profesorado que son importantes y que seguramente el conjunto de profesores han podido detectar y valorar.
Por otra parte, pregunta su señoría cómo pueden estar los profesores de acuerdo con que se recree el cuerpo de catedráticos que suena a antiguo.
Claro, es que ustedes son muy modernos, incluso postmodernos --la postmodernidad que termina con las certezas básicas-- en el sentido de debatir todo, incluso toda la concepción y conceptualización del fracaso escolar; no importa que las cifras sean tozudas y estén ahí, mientras tanto, debatamos todo y luego llegaremos a esta conclusión también muy postmoderna de todos son responsables de la educación, toda la sociedad educa. Mientras tanto los profesores están desmotivados, no hay candidaturas para la gestión directiva, los centros están desconcertados ante los imputs que le llegan de la sociedad para que los estudiantes no se centren en lo que tienen que hacer. Pues bien, el cuerpo de catedráticos, si tiene que vincularnos a algo, es a una idea de prestigio en la educación, a una idea de solidez intelectual y, sobre todo, a una idea de precisión en la estructuración y vertebración de los centros educativos. Cuando el partido socialista cambió y desestructuró los centros educativos por medio de actuaciones concretas sobre los cuerpos docentes de inspección y de catedráticos, porque cambió el sistema de acceso a los cuerpos de catedráticos y la denominación y la estructura por algo que entonces se conseguía a nivel personal que era la condición de catedrático, algo tendría el nombre, alguna alusión, alguna reminiscencia en nuestra sociedad, en nuestra memoria colectiva histórica asociada al prestigio que no se cambió la denominación. A lo mejor en el partido socialista hay voces que son partidarias también de que aquello nunca se debió hacer. Suena antiguo, pero hay antigüedades que son muy interesantes seguirlas conservando y teniendo en las sociedades.
Después alude usted de nuevo al tema de la financiación, a los recortes anuales, quizá preguntándose cómo los profesores pueden estar de acuerdo si lo que se proponen son recortes anuales en capítulos muy importantes.
Estamos en lo mismo, no procede hoy un debate sobre los presupuestos. Las cifras de los presupuestos se han mostrado públicamente y en todos los debates hemos aludido a la tasa de variación interanual de lo que significa para la sociedad española alcanzar las cifras de PIB que tenemos para la educación, y en múltiples debates hemos dicho lo mismo, es decir que los presupuestos no tienen un efecto taumatúrgico sobre la educación. Si nosotros inyectáramos en el sistema ese volumen de presupuestos que ustedes, por cierto, no terminan de concretar o las fuentes de donde van a salir esos presupuestos no terminan de concretarse porque se conocen las vías por las que se accede a esos presupuestos, pero ustedes no las concretan públicamente, ¿a la mañana siguiente tendríamos unos mejores resultados educativos? Según la OCDE no tendríamos mejores resultados educativos, y según la comunidad educativa o, permítame más precisión, según la comunidad educativa que ve la ley como razonable, oportuna y justa, no es una cuestión de presupuestos porque el grado de desmotivación en la enseñanza pública quizá es más fuerte y se necesitan un conjunto de medidas más variadas y más amplias que sólo una inyección presupuestaria.
Usted me dice que la LOGSE se termina de implantar y, por lo tanto, no ha pasado el tiempo suficiente para evaluarla e impulsar un nuevo cambio.
Pues bien, realizamos cambios sobre la legislación vigente porque consideramos que es urgente tomar este tipo de medidas, ya que, efectivamente, mientras nosotros hablamos, mientras algunos se ríen, mientras otros no comparten los datos, la enseñanza pública cada día tiene más problemas para mejorar los resultados que no se consideran positivos ni esperables hoy día hoy día. Como es lógico, creemos que la educación en su conjunto en España es mejorable, y que hay cosas que se pueden mejorar. Y a este respecto me pregunta qué habría que mejorar si la LOGSE se acaba de implantar. Pues, por ejemplo, los principios sobre los que se basa

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la LOGSE, el principio de comprensividad, que se ha visto como un fracaso en muchos países y que con menor grado de debate han podido establecer sus propios cambios; la promoción automática, que ya hemos mencionado; la ausencia de evaluaciones del sistema o las dificultades para llevar a cabo las evaluaciones del sistema; la desmotivación del profesorado; el clima que existe en muchos centros, que dificulta también el estudio por ausencia de medidas porque se considera un autoritarismo el que tanto los profesores como los equipos directivos, como los propios directores puedan tomar algunas medidas importantes para la vida de los centros; todo lo que acontece con la función directiva; la estructura organizativa de los centros en una sociedad moderna, más abierta y más flexible cada vez, por supuesto, como decía antes, toda la estructura y vertebración de los centros educativos en torno a un tipo de organización clara, no con procedimientos que cambiaron cuerpos por condiciones a título personal, con lo cual la estructura departamental que teníamos en la educación española, consolidada y acuñada a través de años en torno al departamento, verdaderamente ya ni existe. El conjunto de órganos que coexisten allí, la desvertebración organizativa realmente es una de las causas de desmotivación que tiene hoy día el profesorado. Por lo tanto, nosotros consideramos que sí hay cuestiones que se pueden mejorar.
El representante y portavoz del partido popular hace unas consideraciones sobre el pluralismo político y el valor que se debe dar a las organizaciones sociales. No nos olvidemos que son las fuerzas políticas, y concretamente quien tenga la incumbencia de la función de gobierno en un momento dado, quienes deben tomar las medidas y deben hacer sus propuestas; quiere decirse con esto que no se trata de deslegitimar el que un gobierno del partido popular pueda tomar medidas para mejorar la educación o que por el Ministerio de Educación, y Cultura y Deporte se puedan proponer medidas para mejorar la educación.
Hace un análisis sobre el porqué de los consensos o si son útiles en un momento determinado. La sacralización del término consenso muchas veces nos puede llevar a equívocos. Si los consensos a veces suponen que no se puede avanzar porque fuerzas exactamente de sentido contrario, por mor del consenso, impiden tomar decisiones o medidas sobre algunos ámbitos que tienen problemas de funcionamiento, como es el caso de la educación, habrá que poner por encima del concepto consenso el concepto de responsabilidad de gobierno, y quizá sería más interesante y más justo hablar de eso para representar lo que ocurre en este momento. Se intenta el consenso, por supuesto, cómo no, pero si no funciona o no se puede conseguir finalmente el consenso, ello no implica que no haya que avanzar o que no haya que tomar medidas.
No se puede deslegitimar la acción de los partidos políticos y, mucho menos, del partido político que gobierna en un momento dado porque los consensos no han sido posibles. La rotura de los consensos tiene múltiples variantes. Nosotros sí sabemos, puesto que hemos sido los protagonistas de ello y de todas las conversaciones, por qué se han roto en cada momento las posibilidades ciertas de llegar a consensos. Como digo, es múltiple la casuística que opera en el sistema.
En cuanto a cómo la ley puede mejorar o hacer más efectivo el principio de igualdad de oportunidades, toda la redacción y todo el trabajo que se ha llevado a cabo, desde el documento de bases hasta al proyecto de ley que existe hoy día en el Senado, se ha basado en la idea de hacer efectivo este principio de igualdad de oportunidades. Para ello, hoy día hay que tomar medidas en la educación porque con los problemas que existen en este campo no se está haciendo efectivo este principio en las mejores condiciones posibles. Para conseguir este objetivo, hay que tener en cuenta, por supuesto, medidas de cohesión social y medidas de compensación, porque para hacer efectiva la igualdad de oportunidades, dado que los perfiles de los alumnos son distintos y que proceden de contextos sociales también muy distintos, los gobiernos tienen que tomar medidas de compensación social. Y en ese sentido, el proyecto de ley contiene una serie de medidas para hacer efectivo este principio.
Nosotros creemos que hoy día es perfectamente posible y en todos los sistemas educativos europeos se está debatiendo sobre ello, de hecho en los principales países están tomando una serie de medidas en el ámbito de la educación. Si tuviéramos que resumir cuáles son las máximas preocupaciones hoy día en el siglo XXI, al menos en la Unión Europea o en los países de la OCDE, diríamos que precisamente una de ellas es hacer efectiva la calidad y la equidad.
Se ha sustituido el término «igualdad» por el término «equidad», que hace más evidente lo que es la idea de igualdad de oportunidades, en el sentido de dejar atrás un término «igualdad» que podría llevarnos a un igualitarismo que, al final, condujese también a que los sectores socioeconómicamente desfavorecidos no hubiesen alcanzado a través de la educación la compensación educativa que les capacitase para insertarse socialmente en la sociedad que les espera en el futuro.
Existen una serie de principios que recorren el proyecto de ley que hacen efectivo el principio de igualdad de oportunidades y se recogen una serie de medidas importantes. Por ejemplo, que los alumnos pueden preacceder al sistema en las edades obligatorias. Hay ahí una franja de edades que va desde cero a seis años que tienen también un tratamiento específico en la ley. (Rumores.)

El señor PRESIDENTE: Perdón, señora Couso.


El señor VARELA I SERRA: Ahora no estamos debatiendo la ley.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): Voy a hacer solamente un listado. No se preocupe.


El señor PRESIDENTE: La señora secretaria general está contestando exactamente a una pregunta que le ha formado el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


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La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): No se preocupe que no voy a entrar en todos los temas.
En principio, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades el tratamiento que se da a la educación infantil, considerándola gratuita, nos parece que es un cambio importante cuando los alumnos van progresando en distintas edades. En la enseñanza secundaria, que es donde tenemos hoy la mayoría de los problemas de la educación, se han establecido medidas de refuerzo a lo largo de los dos primeros años precisamente para los alumnos que tengan mayores dificultades y carencias en la educación. Se han establecido los itinerarios que finalmente distribuirán al alumno según sus intereses y sus motivaciones en el sistema, de tal manera que estos alumnos con carencias también se pueden ver reflejados en unos determinados estudios a los que ellos voluntaria y libremente accedan. Se han establecido medidas de compensación muy importantes a través de los programas de iniciación profesional, por cierto conducentes a la obtención de título a diferencia de la garantía social. Se han establecido pasarelas importantes y flexibilización en todo el contexto de la Formación Profesional, precisamente para aquellos alumnos que puedan proceder de contextos socioeconómicamente desfavorecidos o alumnos procedentes del bachillerato que no quieran estudiar otras cosas para que tengan facilidad en los estudios, de la misma manera que se ha facilitado también el tránsito por la educación secundaria y por el bachillerato; es decir, para que la educación, a través de la Formación Profesional, tenga el mismo tratamiento y, finalmente, la misma validez académica que a través de la educación secundaria obligatoria y del bachillerato. En fin, se han establecido medidas de compensación muy importantes en el tratamiento a los emigrantes y también medidas que harán más efectivo el principio de igualdad de oportunidades a partir de la educación de los adultos.
La OCDE nos viene diciendo también que en España existen pocos alumnos que puedan trabajar y estudiar a la vez. Se supone que esos alumnos que están trabajando desde los 16 años no lo hacen por gusto. Creemos que al menos una mayoría sensible de ellos lo harán por necesidades económicas familiares y, por tanto, la educación tiene que brindarles una serie de soluciones para que puedan trabajar y estudiar al mismo tiempo. Esto se ha posibilitado con el tratamiento de las enseñanzas de adultos.
En fin, para no cansarles a ustedes y no incurrir en el debate de la ley, les diré que este proyecto contiene una serie de medidas importantes para que se haga efectivo este principio de igualdad de oportunidades y combinar ambos principios, calidad y equidad.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señora secretaria general.
Les aclaro que además de que el Gobierno no tiene tasado su tiempo reglamentariamente, la señora secretaria general ha contestado a dos comparecencias y a un turno doble de intervenciones.
Saben sus señorías que aún tenemos pendiente el debate de una moción.
Pero ahora deberíamos continuar dando un turno de palabra. No obstante, las posiciones están clarísimas y no debemos crear un antecedente debatiendo la ley, porque lo que ha hecho la señora Couso ha sido contestar a un interrogante de un portavoz en esta última parte que ha sido más pormenorizada en cuanto al tema de la igualdad de oportunidades.
Por tanto, ruego brevedad porque tenemos una moción que debatir y nombrar precisamente la Ponencia de esta ley de calidad.
Primero intervendrá la senadora De Boneta. Y utilizaremos, si les parece, el mismo sistema que antes.
Senadora De Boneta, por favor le ruego brevedad.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Intentaré ser breve, lo que pasa es que la intervención de la señora secretaria, en el uso por supuesto de su derecho, como si quiere estar toda la tarde interviniendo, ha sido tan prolija y en algunos casos...


El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, no discutamos. Tiene dos minutos.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor presidente, dudo que todas las citas, incluso personales o que se pueden entender como personales que ha hecho la señora secretaria, se puedan contestar en dos minutos, pero voy a obedecerle.
En primer lugar, la señora secretaria ha equivocado su papel. Ha hablado mucho de la ley, aunque no voy a entrar en el tema. Pero ha hecho de oposición de la oposición, es decir, nos ha reñido, a unos porque se ríen, a otros porque lo hicieron muy mal cuando les tocó, etcétera; es decir, oposición de la oposición. Y, en todo caso, usted debería defender el papel del Gobierno y las ideas del Gobierno.
Lo que me preocupa fundamentalmente es que ha hecho usted unos juicios de intención, en lo que a mí se refiere, porque quizá yo querría que los datos que ha aportado produzcan un enfrentamiento entre comunidades y que no se va a entrar en esa guerra. Señora secretaria, en absoluto quiero que se entre en una guerra educativa y, sobre todo, no quiero que ningún dato sirva de enfrentamiento entre comunidades.
Los argumentos que yo he aducido y las citas y estudios han sido publicados en determinados medios de comunicación y en otros que por supuesto no sacralizo, pues creo que tendrán sus intenciones. Yo quería hacer notar que cuando ustedes hablan de fracaso escolar demonizan una determinada normativa que ha producido ese fracaso, en este caso la LOGSE, ley que, por supuesto, después de años de andadura, hay que estudiar y ver lo que se debe modificar. Pues bien, con esa misma ley, en distintas comunidades, con distintas políticas y con distintos esfuerzos inversores, en educación por alumno, porque no todo es un planteamiento economicista del tema, señora secretaria, se han producido resultados distintos, con lo cual mi intención --y se la digo yo, no hace falta que usted procese mi intención-- es decir por qué en este caso ha funcionado y

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por qué en este otro no ha funcionado o por qué ha funcionado medianamente bien, o por qué en otros casos ha funcionado muy mal. Por tanto, habrá que analizar las distintas evoluciones con la misma normativa y con distintas políticas autonómicas y habrá que ver por qué razón ha dado unos resultados de una clase y de otra. Esa es la intención de las citas y de la relación de determinados datos que he aportado en este caso.
En el mismo sentido, sin poner en duda los datos --otra cosa es que los mismos se realicen desde distintos ángulos-- sean o no sean ciertos, pues debería estar más documentada para ello, tengo que decirle que cuando usted habla de la tasa de idoneidad en la media europea o en el Estado español, España es el penúltimo lugar, yo le puedo decir, volviendo a la comunidad autónoma vasca, que hay 8 puntos de diferencia de media en esa tasa en todos los niveles educativos. Si nos referimos a datos de primaria, de 6 a 12 años, del año 2000, un 91 por ciento pasaron en la edad que les correspondía en la comunidad autónoma frente a un 88 por ciento en el Estado; en secundaria obligatoria, un 79 por ciento la comunidad autónoma, un 74 por ciento el resto del Estado; en bachillerato, un 63...


El señor PRESIDENTE: Señora De Boneta, en materia de datos es evidente que o se está de acuerdo o no se está. Por lo tanto, no hagamos, como diría el señor Bildarratz, una ensalada de datos. (El señor Bildarratz Sorron: Tenga cuidado, que le va a reñir.--Risas.) Le ruego que vaya concluyendo.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Señor presidente, la ensalada la considero absolutamente coloquial, y no me ofendo en absoluto. Quiero decir que no estoy hablando de una ensalada de datos, estoy diciendo que cuando hay unos datos objetivos, o por lo menos presuntamente objetivos, a lo mejor resulta que hay que analizar por qué se producen, y no es otra la intención. Esa sería la primera cuestión.
No se puede hablar de economicismo simple, vuelvo a decir, porque la propia Unión Europea recomienda en 1991, alarmada por el índice del fracaso escolar, y la asociación de este fracaso también repercute en los problemas de empleo, en la baja ocupabilidad o en la mala estabilidad de los empleos, a los que acceden los ciudadanos, y recomienda que se realice por los Estados miembros un gran esfuerzo inversor. En efecto, no solamente se trata de invertir, sino de invertir bien y de hacer una buena política a la hora de invertir.


El señor PRESIDENTE: Señora De Boneta, no me ponga en el compromiso de tener que retirarle la palabra.
Gracias.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Termino, señor presidente.
Considero que no se puede generalizar, no debemos entrar en este momento en el debate de la ley pero, en todo caso, a mí me ha parecido muy revelador algunas de las cuestiones que ha planteado la señora secretaria de Educación, y sobre todo los términos en los que se han planteado esas apreciaciones, despreciando cualquier otro planteamiento, en este caso, de la oposición, hablando de posmodernismo, de no sé qué cosas y actitudes poco coherentes y poco preparadas de estos portavoces que hemos intervenido.
Vuelvo insistir en la intención absolutamente constructiva y positiva de los planteamientos y de los datos que yo al menos he aportado.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Senadora De Boneta, nadie lo duda. Gracias por su comprensión y le aclaro que la cita del señor Bildarratz obviamente era también en tono coloquial.
Tiene la palabra el señor Sabaté.


El señor SABATE BORRAS: Gracias, señor presidente. Intervendré con la máxima brevedad.
Señora secretaria general, decía usted que no tienen datos de la posición de los sectores representados por los sindicatos Comisiones Obreras, Unión General de Trabajadores y STES, sindicatos que, si no me equivoco, representan ampliamente la posición mayoritaria, por lo menos en la enseñanza pública y, por lo tanto, deberían hacer un esfuerzo por conocer su posición que, por otra parte, ha estado explicada hasta la saciedad con documentos que están publicados y que se conocen.
En efecto, es difícil imaginar por qué el Ministerio no conoce esta posición. Pero lo más grave es que ha hablado usted de que hubo un intento de diálogo en un principio con estas formaciones sindicales y que este diálogo no fue posible, porque de alguna forma da a entender usted que estas organizaciones --con muchos matices y mucha prudencia-- pudiera ser ser que estuviesen instaladas en una posición política ya prefijada con mucha fuerza ideológica.
Precisamente se me ocurre todo lo contrario, porque en la medida en que estas fuerzas sindicales aparecen como defensoras del proceso de renovación que significó en su momento la Ley Orgánica General del Sistema Educativo, un proceso que, por cierto, se hizo con la máxima participación, pues durante años los centros y los colectivos profesionales se implicaron en la experimentación y en el debate sobre la nueva ley que debía regir la enseñanza en España, y precisamente ahora es cuando, con unas ciertas prisas, y desde una posición que a mí se me ocurre de muy fuerte, muy politizada por parte del Grupo Parlamentario Popular y de su Gobierno, es cuando realmente se está haciendo muy difícil el diálogo.
Señora secretaria general, gracias por sus datos, pero el debate sobre la ley lo haremos, en su momento, con las señora ministra y con los portavoces del Grupo Parlamentario Popular.
Ahora bien, de su exposición, de alguna forma se deduce que están ustedes con una enorme añoranza del pasado, están mirando constantemente hacia atrás y con una exaltación de un pasado --que no necesariamente fue mejor-- cuando defienden el cuerpo de catedráticos frente a una estructura por departamentos que sí existe, con la elección,

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en la mayoría de los centros, democrática de los jefes de departamento.
De alguna forma usted manifiesta esta añoranza, esta carencia por tiempos pasados que no necesariamente son los que están defendiendo la mayoría del profesorado en nuestro país.
Sería importante que contraste los datos, la opinión del profesorado...


El señor PRESIDENTE: Señor Sabaté, le ruego que vaya terminando.


El señor SABATE BORRAS: Termino, señor presidente, en dos segundos.
... porque realmente si tuviesen un estudio prospectivo de la realidad de la opinión del profesorado, más allá de la opinión de que hay que mejorar y reformar el sistema, seguramente se encontrarían ustedes con la sorpresa de que el profesorado mayoritariamente no comparte sus criterios, como la mayor parte del arco parlamentario, lo que sin duda llevará a que, en futuras legislaturas, sea necesario modificar la Ley Orgánica de Calidad de la Educación.
Gracias, señor presidente.


El señor PRESIDENTE: Muy amable por su concreción, señor Sabaté.
El senador Acosta Padrón no hace uso de la palabra.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Gracias, señor presidente.
Señora Couso, usted ha empezado su reflexión con respecto al Grupo Parlamentario Mixto con la calificación de que: todo vale. Y todo no vale. Usted puede tomar lo que exprese como usted entienda oportuno, pero eso lo que yo hace es calificar a cada uno también, tanto a usted como a mí.
Mi único objetivo ha sido intentar hacer un planteamiento en el sentido de que si queremos hacer una reflexión serena en base a una serie de datos quizá fuera mejor conocerlos con una cierta antelación para que puedan ser significativos, sin más.
Dice que me río mucho. Pues vuelvo a lo anterior; si usted quiere utilizar la demagogia que se ha utilizado, si quiere entrar en ese tipo de debate, lo podemos hacer, pero usted sabe que ni me he reído ni lo he intentado ni la he ofendido.
Además, como quien no quiere la cosa, deja otra ecuación que tanto le gustan: pensamiento único, Euskadi. Pero fíjese en su cinismo, que me pide datos para Euskadi que usted no quiere dar para el resto del Estado español. Es decir, es usted la que está mostrando el pensamiento único cuando dice que sólo tiene datos favorables porque el resto no se los han comunicado. ¿Y es usted la que me pide otra cosa, cuando precisamente ha sido la única que ha demostrado tener un pensamiento único? Ha continuado su intervención falseando la realidad, tergiversándola, para buscar sólo su propia teoría, es decir, para reafirmarse en el proyecto que ustedes han presentado; por ejemplo,en la promoción automática.
Como a usted no le gustan los datos, ¿qué es lo que ha hecho? Ridiculizarlos. Sin embargo, estos datos, recogidos y publicados por los servicios de las Cortes Generales, y utilizados por usted, son los que yo he empleado; ni más ni menos. No he utilizado los correspondientes a los años setenta, sesenta o cincuenta, sino únicamente los que hoy he recogido de la publicación de las Cortes Generales correspondientes al período 1992-2001. No sé con qué criterio se han publicado, pero insisto en que son los que he utilizado, y usted también dispone de los mismos.
Por otro lado, puedo compartir el razonamiento empleado por usted al hablar de la sacralización del consenso. Ha dicho que se ha intentado el consenso, etcétera. Pero, ¿cómo se ha hecho? ¿Aprobando una enmienda, de las más de mil existentes, en el Pleno del Congreso de los Diputados? ¿Es ése el intento de consenso? Por tanto, y se lo digo sin acritud, le pido seriedad en el debate, algo que usted hoy no ha demostrado.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Bildarratz. Creo que nadie tiene mala fe.


El señor BILDARRATZ SORRON: No puede utilizar esos términos y usted lo sabe.


El señor PRESIDENTE: Insisto en que, en este contexto, nadie falsea la realidad a nivel de conocimiento. Por otro lado, éste no es el tono habitual.
A continuación, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.
Yo no atribuyo en absoluto a la secretaria general de Educación mala fe ni ganas de faltar a la verdad; sin embargo, el tono de su intervención me ha parecido lamentable, y empiezo a entender muchas de las cosas que pasan con la educación en este país. Nadie sacraliza el consenso, pero yo sí sacralizo la voluntad de llegar a acuerdos, de intentar acercar posiciones. Y venir aquí con actitudes despreciativas hacia los portavoces, que no voy a repetir, me parece, insisto, lamentable.
Como anécdota diré que es curioso que tanto la ministra como usted sean los únicos representantes del Gobierno que cuando vienen aquí nos consideren personas anónimas, cuando para los demás somos portavoces, es decir, el señor Sabaté, el señor Fernández Zanca, etcétera. Me llama la atención esa actitud de distanciamiento, y en mi opinión de soberbia en lo que a las posiciones se refiere.
Y como no dispongo de tiempo, sólo diré dos cosas. En primer lugar, que no puedo compartir la idea, que ustedes repiten machaconamente, de que la educación cada vez vaya peor. Eso es injusto, señora Couso, para con los miles de profesores que están trabajando --por cierto, muy bien-- con actitudes muy positivas, gracias a las cuales los alumnos salen muy bien preparados. ¿Que hay muchos problemas? Es cierto. Pero también los hay en Alemania, o en Francia, con la violencia, y allí no tienen la LOGSE. Por tanto, considero muy desafortunado e injusto ese maniqueísmo para con los profesores.


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En cuanto a la OCDE, me ha parecido muy interesante esa referencia al 30 y al 70 por ciento. Pues bien, un 30 por ciento en los resultados algo tendrá que ver con el incremento económico o en los presupuestos.
Para finalizar, considero que todos debemos hacer autocrítica; por tanto, ustedes también.
Gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Varela.
Por el Grupo Socialista tiene la palabra el senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señor presidente.
Señora Couso, yo calificaría tanto su primera intervención, como sobre todo la segunda, de decepcionantes en el fondo y en la forma, ya que ha hecho usted gala de una soberbia que a nuestro juicio no procedía.
Me gustaría aclararle que a mí no me ofende que me llame posmoderno; pero es que son ustedes los que se autodenominan así. Y lo digo, porque precisamente leí ayer que la LOGSE era moderna, pero que esta ley es posmoderna. Por tanto, a ver si aclaran ustedes esos conceptos.
Por otro lado, se ha referido varias veces a la promoción automática.
Pues bien, señora Couso, yo creo que ya es hora de dejar de decir verdades a medias. Usted sabe que la promoción automática no existe, que los alumnos se promocionan en determinadas circunstancias, pero eso no significa que se promocionen siempre. ¿Saben lo que ustedes han hecho en la LOCE? Incrementar un año de repetición. Así, el gravísimo conflicto que era la promoción automática se ha resuelto con un año más de repetición. ¡Qué fácil! También ha dicho que el 73 por ciento de los profesores apoyaban tres itinerarios, e incluso defendían títulos diferenciados. Me gustaría conocer la ficha técnica, porque supongo que usted se ha basado en alguna encuesta. Y al hilo de eso le preguntaba si esa medida era también para sus hijos, o sólo para los hijos de los demás, porque es absolutamente increíble lo que usted ha dicho. Así pues, si me facilita la ficha técnica me quedaré más tranquilo, ya que creo que está tachando usted a los profesores de reaccionarios, cosa absolutamente injusta.
Por otra parte, en mi opinión la huelga de profesores ha supuesto placidez, no tensión. No voy a entrar en una guerra de datos con usted acerca de si fue respaldada por el 20 o el 80 por ciento del profesorado, me da lo mismo, pero el caso es que hay un porcentaje elevadísimo de profesores que están radicalmente en desacuerdo con el proyecto de ley que empezaremos a debatir en breve.
También ha dicho que si se inyecta dinero en el sistema educativo a la mañana siguiente hay mejores resultados. A la mañana siguiente, no, pero al año siguiente, sí, y al final de un ciclo de diez años, por supuesto.
Si se inyecta dinero para que los departamentos de orientación funcionen correctamente y cuenten con todos sus miembros, si los profesores sustitutos pueden cubrir una baja al día siguiente, si hay laboratorios, si hay bibliotecas, si hay profesores de apoyo, etcétera, por supuesto que mejora el sistema educativo.
Nada más. Sólo me queda decirle que, o no lo conoce, o ha olvidado lo que es un instituto. Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Fernández Zanca.
Por el Grupo Popular, tiene la palabra el senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señor presidente.
Simplemente quiero felicitar a la secretaria general de Educación por su comparecencia. En mi primera intervención me manifesté absolutamente de acuerdo con el contenido de su exposición. Y ahora, diré que, aunque la respeto, no participo de la opinión de los portavoces de algunos grupos de la oposición ya que considero que en su intervención ha sido respetuosa con todos los portavoces. Probablemente quepa decir que no hay palabra mal dicha sino mal interpretada.
Quiero poner de manifiesto, y lo que voy a decir quizá levante ampollas, que en pocos proyectos legislativos he visto por parte del Gobierno proponente un convencimiento tan importante y profundo de lo que va a hacer. Cuando se presentó en las Cortes Generales el proyecto de la LOGSE yo era diputado y, desde luego, el Gobierno socialista de entonces no estaba tan convencido de lo que hacía como lo está actualmente el Gobierno del Partido Popular. Quizá esa convicción lleve consigo intervenciones y manifestaciones de una rotundidad que puedan molestar a algún portavoz de la oposición, pero repito que en opinión de nuestro grupo su intervención, señora secretaria general, ha sido prudente, educada y correcta.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Barquero.
Tiene la palabra, señora secretaria general, rogándole brevedad.


La señora SECRETARIA GENERAL DE EDUCACION Y FORMACION PROFESIONAL (Couso Tapia): Gracias, señor presidente.
La señora portavoz del Grupo Mixto ha hecho una serie de consideraciones sobre las diferencias entre los datos que yo he aportado y los que ella tiene, así como sobre la importancia de realizar un gran esfuerzo inversor. Asimismo, ha dicho que no ha estado en su ánimo promover una guerra educativa entre comunidades autónomas. Por supuesto, estoy convencida de que eso es así. No puedo compartir que yo la haya tratado con desprecio ni regaño, pues nada de ello estaba en mi ánimo. No puedo entender cómo ha podido interpretarlo así, pero, en cualquier caso, si así lo ha interpretado y hay algo que pueda haberle parecido desprecio y regaño dése por retirado. Como digo, yo no lo interpreto así, pero si hay otra parte que puede entenderlo de esa forma o si ha habido algún matiz en el que le haya podido parecer que había alguna de esas dos cosas, queda retirado.
Sí me gustaría quedarme, sin embargo, con algo que ha dicho y que me parece muy importante, porque al final de

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este duro debate que estamos manteniendo en educación, y no me refiero sólo al de hoy, sino en general en la sociedad española, hay cosas que sí se van asentando. Así pues, de esta segunda intervención que su señoría ha tenido oportunidad de dirigirme me quedaría con que efectivamente hay problemas en la educación y hay que modificar algunos aspectos de la ley.
Esto es algo que me parece adecuado y ojalá este tipo de cosas se hubieran producido al principio, pues quizá habríamos podido llegar a posturas más afines. Pero, como digo, me parece muy importante lo que ha comentado.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés me ha hecho también una serie de consideraciones continuas sobre ideas recurrentes que nos acompañan a lo largo de este debate educativo. Hay una serie de 10 mensajes clave negativos que nos acompañan continuamente al tratar de explicar las posturas, justificaciones o evidencias, y uno de ellos, lamentablemente, es el de la añoranza por el pasado. Usted lo interpreta así, pero lógicamente yo tampoco lo puedo compartir. Me ha dicho que antes había un consenso absoluto, una idea en la que todos aportaron soluciones y que entonces se vivía la educación de forma más pacífica o consensuada. Nosotros creemos que los problemas que existen hoy en la educación no son un invento de ninguna fuerza política o social que nos apoye, es decir, no corresponden a algo distinto a una evidencia de la realidad, y lógicamente debo decirle que cuando nosotros hacemos estas propuestas, en las que hemos avanzado con parte de la comunidad educativa, lo hacemos mirando al futuro.
Pensamos que algunos de los problemas que hoy existen en la educación quizá se deban a que el avance de la sociedad española hace necesario que haya que introducir cambios en la legislación precisamente para adecuarse a ese futuro que todos tenemos en el ámbito profesional, laboral, etcétera. Las legislaciones hay que adecuarlas al compás de los cambios que se van produciendo en la sociedad y todo ello se hace mirando hacia adelante. Eso es lo que nos anima a nosotros. Y en cuanto a que no tenemos una realidad prospectiva debo decirle que nos apoyamos en este conjunto muy amplio de evaluaciones que se han venido haciendo sobre el sistema.
El señor Bildarratz también me hace la consideración de que he tenido con él un trato negativo, y le digo lo mismo que he dicho a la señora portavoz del Grupo Parlamentario Mixto: si le ha parecido que ha sido así, por supuesto lo retiro. En cualquier caso, lo cierto es que he tenido dos sorpresas con su intervención de hoy, una ha sido la utilización de la palabra «jocoso». Cuando estamos hablando de que nos encontramos en un contexto complejo y difícil por el debate que se está manteniendo, un contexto en el que las posiciones políticas están alejadas, es decir, un contexto que no promueve a la risa o a la jocosidad, la utilización del término «jocoso» me ha llamado muchísimo la atención. Asimismo también me ha llamado la atención que haya dicho usted que no veía posiciones favorables a la ley en el País Vasco. Le repito que me llama la atención, al igual que si me lo hubieran dicho de cualquier otra comunidad autónoma; me llama la atención que no se responda al universo sociológico habitual que se tiene en el conjunto de las posiciones. Pero, insisto, mi respuesta se circunscribía únicamente a su intervención, y por tanto, le pido que lo derive hacia otras interpretaciones porque en absoluto ello ha estado en mi ánimo. Como digo, mi respuesta se limita a su intervención y no debemos vincular a ello a Euskadi ni a otro tipo de planteamientos que no son objeto de esta comparecencia.
El señor portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió me ha hecho la consideración de que ustedes son parte de un anonimato que ni siquiera merece la atención por nuestra parte de llamarles por sus nombres y apellidos. A este respecto debo decirle que quizá sea una costumbre, pero es muy habitual que a quienes trabajan en la Administración se les llame por sus cargos o responsabilidades y no por sus nombres concretos, y así también lo hacemos en la dinámica parlamentaria. Desde luego yo no me ofendo si se dirigen a mí como secretaria general, pues creo que resulta más fácil. En todo caso, todo esto son apreciaciones muy subjetivas y personales.
Siento que el tono haya sido lamentable, créame que me he esforzado en intentar demostrar algunas evidencias que para nosotros se encuentran en los datos que este conjunto de la educación nos manifiesta. No puedo compartir con usted que se tengan actitudes despreciativas. Resulta muy duro que a diario nos acompañe todo este conjunto de negatividades asociadas a que desde un ministerio se emiten propuestas para mejorar la educación. Con paciencia tratamos de explicarnos, pero el hecho es que continuamente se nos hace un sumatorio de calificativos negativos, aunque las responsabilidades de cada uno hacen que se tenga que soportar todo aquello que está asociado a esos niveles de responsabilidad, y eso también lo sé. En cualquier caso quería manifestarle personalmente lo duro que resulta que haya continuamente una serie de mensajes tan negativos hacia nosotros. Entiendo que no ha sido así hoy, pero si usted está en su legítimo derecho de verlo de esa forma.
Decía usted que nos empeñamos en mostrar que la educación va a peor, y ello no es así. La educación no va a peor, sino que ésta tiene una serie de problemas y yo en general siempre suelo decir que la sociedad española y la comunidad educativa debe tener legítimas esperanzas de obtener mejores resultados en los alumnos para el nivel de recursos que se destinan a educación, y precisamente siempre digo también, para el nivel de dedicación del profesorado. El profesorado en España no sólo tiene una altísima cualificación profesional, sino que también cuenta con un alto nivel de dedicación personal a lo que constituye el acto educativo y la entrega a sus alumnos. Esto es algo que he defendido siempre y que defenderé continuamente. No se trata, pues, de mostrar una radiografía de negatividades, sino de evidencias que en un momento concreto han coincidido.
El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista se refería también a mi intervención como decepcionante y a mi insistencia en mostrar la promoción automática. Señoría, la promoción automática existe, es cierto, y en el proyecto de ley se han introducido medidas para que se pueda terminar

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con ella. Usted sabe cómo se promociona entre curso y curso y entre ciclo y ciclo, y por qué se ha denominado así, promoción automática. Como digo, ésta existe y es real, y tampoco es un invento de esas asociaciones que nos apoyan ni del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Usted me ha manifestado su acuerdo con el hecho de que la financiación mejora los resultados. Esta es una posición y está usted en su legítimo derecho de asumirla y defenderla, pues ello constituye también la esencia del debate que nos está acompañando sistemáticamente en educación.
Al portavoz del Partido Popular, por supuesto, le agradezco las apreciaciones que ha hecho sobre el tono, sobre las formas y sobre los contenidos, porque, insisto, estar a diario en el debate y venir acompañados sistemáticamente de un conjunto de aspectos negativos es complicado. Creemos que no debería ser así, pero muchas veces se produce.
No ha sido ésta la intención, en absoluto, sino mostrar unas evidencias, analizarlas y verlas; no hay más. Ni hay falta de atención a los representantes en el Senado ni otras cosas, por lo que le agradezco su apreciación.


El señor PRESIDENTE: Muchas gracias, señora secretaria general de Educación y Formación Profesional, doña Isabel Couso Tapia. Le agradezco nuevamente su comparecencia y espero que vuelva por esta comisión en breve. Muchas gracias por su explicación.


--DEBATE Y VOTACION DE LA MOCION DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGENCIA I UNIO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A INCLUIR LA SARDANA EN SU LISTADO DE PETICIONES A LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO), A FIN DE QUE SEA DECLARADA PATRIMONIO INMATERIAL DE LA HUMANIDAD (661/000223).


El señor PRESIDENTE: Pasamos al debate y votación de la moción del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a incluir la sardana en su listado de peticiones a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a fin de que sea declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.
Para exponer el contenido de la moción, tiene la palabra el senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor presidente.
Voy a ser muy breve. Además, ya tengo la triste noticia de que el partido mayoritario votará en contra de esta moción, lo que me parece sorprendente. Como las cosas están cantadas, la defenderé rápidamente, a pesar de la ilusión que me hacía este asunto.
He traído aquí un breve resumen documental. Los orígenes de la sardana se remontan al fondo Mediterráneo, es una cultura mediterránea. En el folleto que les acabo de entregar se ven vasos del siglo VIII antes de Cristo, que se conservan en el Museo del Louvre en los cuales aparecen personas de Grecia o de Beocia bailando; en esta otra imagen se muestran unos cuadros que están en el museo de Jaén en los que aparecen personas danzando. He puesto este ejemplo de Jaén porque fue precisamente en Alcalá la Real donde nació Pep Ventura, hijo de catalanes y reiniciador de la sardana, el adaptador de la sardana moderna a mediados del siglo XIX. El fue quien adaptó el instrumento más típico de la sardana, la tenora, que es una especie de oboe, así como la copla. Popularizó la danza que se bailaba desde la antigüedad y que a partir del siglo XIX se adoptó en todas partes de Cataluña. En esta otra imagen aparece una cerámica de Barcelona del siglo XVIII con personas bailando la sardana.
En fin, estas imágenes demuestran cómo se ha ido popularizando esta danza.
Es una danza muy popular en todas las plazas catalanas; es un baile muy democrático y liberal, cualquier persona puede entrar en la danza una vez iniciada, se mezclan las posiciones sociales de una manera natural, y esto supone un orgullo para Cataluña. Pero además de la danza, está la música, que también tiene su importancia. Hace un mes o dos la orquesta sinfónica de Barcelona tocó una sardana de Juli Garreta, «Juny», en el Carnegie Hall de Nueva York, como pieza final del concierto sinfónico.
Hay conciertos de sardanas sólo con música.
Dicho esto, quiero decir que en junio de este año en el Congreso de los Diputados se presentó una proposición no de ley para instar al Gobierno a que apoyase que el flamenco fuese declarado patrimonio inmaterial de la humanidad. Voy a leer dos frases de nuestro portavoz, señor Guardans, en el Congreso de los Diputados apoyando esta proposición. Sobre las danzas se forja muchas veces la identidad de un pueblo o un colectivo social, y así es exactamente como entendemos nosotros el flamenco, como la identidad de un pueblo, de un colectivo social. El flamenco es ya hoy un patrimonio oral de la humanidad diga lo que diga la UNESCO --decía el señor Guardans--. Lo que se le pide al Gobierno español, para que lo plantee a la UNESCO, es su reconocimiento formal, su formalización, su juridificación, con todo lo que ello supone como elemento de sana publicidad y sana pedagogía. Afortunadamente --seguía el señor Guardans--, poco a poco España ha sido capaz de ir reconociendo su diversidad cultural en su seno y, por tanto, de asumir que ni la muñeira es de todos ni el flamenco es de todos ni la sardana es de todos y al mismo tiempo sí son de todos.
Estos párrafos me parecen muy interesantes. Creía sinceramente, en mi ingenuidad --que ya debería estar a prueba de bomba-- que servirían esos argumentos que daba nuestro portavoz para apoyar al flamenco. La proposición fue aprobada con una enmienda del Partido Popular; decía así: El Congreso insta al Gobierno, siguiendo las directrices del Consejo de patrimonio histórico, a presentar la candidatura del flamenco. Esto es lo que se aprobó.
Francamente, no llego a comprender cómo no se puede aprobar una moción de este tenor, que insta al Gobierno a que, a través de los caminos pertinentes, apoye que la sardana, que no es de todos pero que también es de todos --al

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menos así lo creía yo--, pueda ser declarada patrimonio inmaterial de la humanidad.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Varela.
Y el poema de Maragall sobre la sardana.
Tiene la palabra doña Inmaculada de Boneta.


La señora DE BONETA Y PIEDRA: Gracias, señor presidente.
Muy brevemente, para expresar el apoyo a la moción del señor Varela, de Convergència i Unió, y afirmar, en el mismo tono que se ha dirigido a los grupos y a los senadores aquí presentes y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto y de Eusko Alkartasuna, que las tradiciones culturales que se transmiten y perviven a lo largo de los tiempos son señal inequívoca de la identidad propia y diversa de los pueblos. Pero también coincido con el señor Varela en que esta pervivencia precisamente hace que trasciendan de su localismo o de la identidad de un determinado pueblo para ser también un bien a preservar, un bien cultural, un bien patrimonio de todos.
Por tanto, debemos apoyar esta moción, por lo que por parte del Grupo Parlamentario Mixto y de Eusko Alkartasuna el voto será favorable a la moción presentada por el senador Varela.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senadora De Boneta.
Tiene la palabra el senador Acosta.


El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señor presidente.
También desde el Grupo de Coalición Canaria entendemos que la sardana constituye un símbolo de identidad, en este caso del pueblo catalán, y por tanto apoyamos la moción presentada por el senador Varela en el sentido de considerarla patrimonio inmaterial de la humanidad.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, senador Acosta.
Tiene la palabra el senador Bildarratz.


El señor BILDARRATZ SORRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros también estamos de acuerdo en que existen lenguas, rituales religiosos, sociales, cantos, representaciones teatrales, danzas, técnicas artesanales únicas en su género que, a fin de cuentas, lo que hacen es distinguir unas culturas de otras, conformar unas identidades.
En nuestra opinión, estas manifestaciones, que son fruto de la creatividad humana, reflejan, recogen y perpetúan lo que es la diversidad cultural, y eso lo que constituye asimismo el patrimonio inmaterial de la humanidad, por eso también en nuestra opinión la sardana ya es patrimonio inmaterial de la humanidad, guste o no guste. En consecuencia, nosotros sí apoyaremos también esta moción presentada por Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, porque entendemos que es factible, que es posible y además es positiva.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Sabaté.


El señor SABATE BORRAS: Muchas gracias, señor presidente.
En mi intervención, sin duda, debería aludir a mi condición de portavoz de un grupo parlamentario catalán en el Senado y, en función de esta condición, otorgar el apoyo de nuestro grupo a la moción que plantea el senador Varela, en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y por supuesto la vamos a apoyar, pero lo vamos a hacer no simplemente para que se considere patrimonio inmaterial de la humanidad a la sardana, una danza, un elemento cultural propio de Cataluña, sino porque, como muy bien se ha dicho, forma parte del patrimonio cultural de Cataluña, de España y de la propia humanidad. Por tanto, lo hacemos por el interés que tiene en sí mismo y por el respeto que se merece como expresión cultural, sin duda singular, dentro del mundo de la danza, que responde a realidades muy profundas de nuestra historia y que a la vez se ha adaptado al cambio de los tiempos, y hoy es un elemento identificativo, cultural, sin más, de lo que es la cultura catalana de este momento, pero con vocación de proyección universal, no con una vocación de mirarse el ombligo, sino de proyectar las propias realidades en un mundo cada vez más complejo, más plural, un mundo en el cual sin duda el respeto a todas las expresiones culturales, y más cuando son singulares y profundas, se merece precisamente ese reconocimiento.
Por supuesto, nuestro Grupo de la Entesa Catalana de Progrés va a dar su voto favorable a la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo sólo para manifestar el apoyo del Grupo Parlamentario Socialista a la moción defendida por el senador Varela.
El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señor presidente.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para expresar nuestra posición acerca de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Nos parece enormemente interesante la propuesta de Convergència i Unió; la sardana puede ser, de hecho lo es, una buena candidatura para su declaración como patrimonio oral e inmaterial. Sin duda se trata de una manifestación de danza popular que forma parte de nuestra más rica cultura tradicional, y así lo demuestra su antigüedad

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y su riqueza, que han perdurado a lo largo de los siglos en el pueblo catalán; es sin duda la expresión de un sentimiento y de una identidad.
Permítanme que, independientemente del soneto que Joan Maragall dedica a la sardana, cite otros versos suyos en el Himno Ibérico, que dicen: «Al crit de la tramuntana, ballem la sardana. / A vora el mar blau: / devant la neu del Pirineu / sentint llunyants uns altres cants.» Indudablemente, señorías, participamos del sentimiento del pueblo catalán; participamos del sentimiento de nuestro rico patrimonio cultural, como parte del mismo, pero no obstante nuestro folclore es tan extenso y tan rico que, junto a esta manifestación, existen otras, como la muñeira, el zorzico, la jota, que igualmente merecen una propuesta de reconocimiento universal. Pero se debe matizar que no depende del Gobierno de la Nación la selección, sino que, tal y como se ha acordado en el seno del Consejo del Patrimonio Histórico, que es el órgano de coordinación entre la Administración General y las comunidades autónomas en esta materia, es precisamente este órgano el que decide qué candidatura es la seleccionada, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte simplemente asume esa decisión.
Así, el pasado 31 de mayo, en Teruel, el Consejo del Patrimonio Histórico, eligió por unanimidad las fiestas de San Juan de Ciudadela como candidatura española para el año 2003. Asimismo, se confeccionó la lista indicativa que incluye las futuras candidaturas; se acordó que cada comunidad autónoma presentase una candidatura y Cataluña presentó La Patum de Berga como manifestación folclórica, sobre la que llevaban trabajando tiempo.
Por otra parte, cabe recordar que España sólo puede presentar una candidatura cada dos años, por lo que es necesario ser muy selectivos y presentar una candidatura sobre seguro. Por ello, se acordó que los posibles futuros aspirantes lo expresaran con antelación para hacer los sondeos correspondientes en la UNESCO, con el fin de ver las posibilidades reales de cada candidatura y presentar la que más opción tuviera.
En este sentido, el Jurado Internacional del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, que es el que hace la declaración, estimó en unas primeras declaraciones no elegir tipos de música o baile, por considerar que cada país tiene uno o varios bailes o tipos de música propios y, por tanto, no conviene realizar declaraciones aisladas. Así, a título anecdótico, mencionaremos que se rechazó el tango, propuesto por Argentina.
Por el momento, se considera que canciones o bailes no son aceptados, sino que se pretenden declarar actos inmateriales concretos, con valor universal y, en este sentido, La Patum coincide más con este perfil. Por lo tanto, el sentido de nuestro voto es negativo, pero única y exclusivamente por estas razones que hemos expresado.
Nada más y muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señoría. Le felicito por mi desconocimiento de su pronunciación del idioma catalán (Risas.), y sobre todo por leer un poema.
Señorías, una vez concluido el debate y antes de pasar a la votación de la moción, vamos a comprobar la asistencia de sus señorías.
Ruego a la señora Letrada que compruebe la asistencia de los señores Senadores.


Por la señora Letrada se procede a la comprobación de las señoras y de los señores senadores presentes.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Vamos a votar la moción presentada por el senador Varela, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por la que se insta al Gobierno a incluir la sardana en su listado de peticiones a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), a fin de que sea declarada Patrimonio Inmaterial de la Humanidad.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos a favor, nueve; en contra, 13.


El señor PRESIDENTE: Queda rechazada.


--DESIGNACION DE LA PONENCIA QUE HA DE INFORMAR EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE CALIDAD DE LA EDUCACION (LOCE) (621/000092).


El señor PRESIDENTE: Antes de levantar la sesión, nos queda la designación de la ponencia que ha de informar el proyecto de ley orgánica de calidad de la educación (LOCE).


La señora DE BONETA PIEDRA: Yo misma.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor SABATE BORRAS: Yo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor BILDARRATZ SORRON: Yo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor ACOSTA PADRON: Yo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Doña Cristina Agudo Cadarso y un servidor.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


El señor VARELA I SIERRA: Yo mismo.


El señor PRESIDENTE: Gracias.


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El señor BARAHONA HORTELANO: El senador José Manuel Barquero Vázquez y las senadoras Lucía Delgado y María Teresa Novillo.


El señor PRESIDENTE: Gracias.
Queda cumplido el trámite de designación de la ponencia.
Cumplido el orden del día y siendo las cuatro y cuarto, se levanta la sesión, rogándoles que permanezcan cinco minutos para la reunión de Mesa y Portavoces, como habíamos previsto.


Eran las dieciséis horas y quince minutos.

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