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DS. Senado, Pleno, núm. 25, de 11/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2000 VII Legislatura Núm. 25

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el lunes, 11 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DIA:

Previo

--Expresión de pesar por el fallecimiento del Exmo. Sr. Senador don Emilio Zapatero Villalonga (Número de expediente 509/000019).


--Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo señor Senador don Alejandro Encinas Casillas (Números de expediente 500/000261 y 545/000001).


Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 28 y 29 de noviembre de 2000.


Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 3, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000003) (Número de expediente C. D. 121/000016).


--De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II,

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número 4, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S.
621/000004) (Número de expediente C. D. 121/000017).


Tercero

Mociones:

--Moción de los Grupos Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Senadores de Coalición Canaria y Mixto por la que se insta al Gobierno para que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y los ayuntamientos que corresponda, aplique las medidas necesarias para reparar los daños en las zonas siniestradas por el temporal de lluvia y viento que se está produciendo desde días pasados (Número de expediente 662/000008).


SUMARIO

Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.


EXPRESION DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EXMO. SR. SENADOR DON EMILIO ZAPATERO VILLALONGA (Página 1162)

La señora Presidenta recuerda al Senador fallecido y la Cámara guarda un minuto de silencio.


Juramento o promesa de acatamiento a la Constitución del Excelentísimo señor Senador don Alejandro Encinas Casillas (Página 1162)

El señor Encinas Casillas jura acatar la Constitución.


Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 28 y 29 de noviembre de 2000 (Página 1162)

Se aprueban las Actas.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 1162)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Página 1163)

De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 1163)

El señor Soto García presenta el dictamen del Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. A continuación interviene el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero)

Se inicia el debate de las propuestas de veto a ambos proyectos de ley.


El señor Granado Martínez defiende las propuestas de veto de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés relativas a ambos Proyectos de Ley. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. El señor Albistur Marin defiende la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende una propuesta de veto al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. El señor Cámara Fernández, en su propio nombre y en el del señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende dos propuestas de veto a ambos proyectos de ley. El señor Caneda Morales consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González y Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió;

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Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2001, por 77 votos a favor, 152 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 75 votos a favor, 153 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2001, por 80 votos a favor y 152 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto del señor Quintana González, del Grupo Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2001, por 78 votos a favor, 153 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuesto Generales del Estado para el año 2001, por 80 votos a favor y 154 en contra.
Se rechaza la propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, por 74 votos a favor, 153 en contra y 7 abstenciones.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (Página 1202)

Moción de los Grupo Parlamentarios Popular, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Senadores de Coalición Canaria y Mixto por la que se insta al Gobierno para que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y los ayuntamientos que corresponda, aplique las medidas necesarias para reparar los daños en las zonas siniestradas por el temporal de lluvia y viento que se está produciendo desde días pasados (Página 1202)

Se aprueba la alteración del orden del día y la inclusión de la moción para su debate y votación. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González Príncipe, por el Grupo Socialista, y Vázquez Portomeñe, por el Grupo Popular.


Se aprueba la moción, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 1204)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Página 1204)

Comienza el debate del articulado.


Título I. Artículos 1 a 12. Anexos II y II.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1028 a 1033. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 2 a 6. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 919 a 921, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1498, 1499 y 1505 a 1507, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 444 a 452, 426 y 527, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Azuara Carod consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Mesa Ciriza, por el Grupo Socialista, y Azuara Carod, por el Grupo Popular.


Título II. Capítulo I. Artículos 13 y 14. Anexos IV y V.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 7 y 8. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 922 a 932, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas números 453 a 456, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Barahona Hortelano consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo

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Mixto; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Fernández Zanca, por el Grupo Socialista, y Barahona Hortelano, por el Grupo Popular.


Título II. Capítulo II. Artículos 15 a 19.


El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas números 455 a 456, de los Grupos Socialista y Entesa Calana de Progrès. El señor Bellido Muñoz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


Título III. Capítulo III. Artículo 20.


No ha sido objeto de enmiendas.


Título III. Artículos 21 a 37.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1034 a 1052. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 9 a 37. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 933 y 934, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Arjona Santana defiende las enmiendas números 457 a 459, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
El señor Barquero Vázquez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Arjona Santana, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.


Se suspende la sesión a las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.


Se abre la sesión a las doce horas y diez minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


--EXPRESION DE PESAR POR EL FALLECIMIENTO DEL EXCMO. SR. SENADOR DON EMILIO ZAPATERO VILLALONGA (509/000019).


Por acuerdo de la Mesa y de la Junta de Portavoces, y antes de dar comienzo a la sesión plenaria, vamos a recordar, siquiera sea brevemente, la figura del recientemente fallecido Senador don Emilio Zapatero Villalonga, Senador por Valladolid y perteneciente al Grupo Parlamentario Popular.
Estoy segura de interpretar el sentimiento unánime de la Cámara al expresar nuestro dolor por el fallecimiento de nuestro compañero Emilio Zapatero, que ocupaba un escaño en el Senado desde 1996. Al lamentar su pérdida, el Senado quiere expresar institucionalmente su más sentida condolencia a su viuda, a sus hijos y a sus familiares y amigos, así como al Partido Popular, al que pertenecía.
Desde que los ciudadanos de Valladolid le eligieron en 1996 hasta el momento de su fallecimiento, Emilio Zapatero, con su actitud, con su trabajo, con su talante y con sus cualidades humanas, ha dejado una profunda huella en el Senado. Ha sido un hombre al que, como dijo el clásico, nada de lo humano le resultaba ajeno. En ese sentido se puede hablar de él como un humanista integral. Médico de vocación y profesión, hombre de cultura inabarcable, siempre estuvo comprometido con la cosa pública y siempre estuvo preocupado por ayudar a toda la sociedad a ser más libre, más culta y más humana.
Haberle tenido entre nosotros estos últimos años ha sido para todos un honor. Descanse en paz Emilio Zapatero.
Ruego a sus señorías que, puestos en pie, guardemos un minuto de silencio en su memoria. (Pausa.)

--JURAMENTO O PROMESA DE ACATAMIENTO A LA CONSTITUCION DEL EXCELENTISIMO SEÑOR SENADOR DON ALEJANDRO ENCINAS CASILLAS (500/000261 y 545/000001).


La señora PRESIDENTA: Asunto previo al orden del día: Juramento o promesa de acatamiento de la Constitución del excelentísimo señor Senador don Alejandro Encinas Casillas, Senador por Badajoz.
¿Juráis o prometéis acatar la Constitución?

El señor ENCINAS CASILLAS: Sí, juro.


La señora PRESIDENTA: Habiendo prestado acatamiento a la Constitución, el excelentísimo señor don Alejandro Encinas Casillas ha adquirido la condición plena de Senador. (Aplausos.)

ACTAS:

--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 28 Y 29 DE NOVIEMBRE DE 2000.


La señora PRESIDENTA: Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 28 y 29 de noviembre de 2000.
¿Alguna observación? (Pausa.) ¿Pueden darse por aprobadas por asentimiento? (Asentimiento.) Se aprueban.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

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--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016).


--DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S. 621/000004) (C. D. 121/000017).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados: De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001, publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 3, de fecha 11 de diciembre de 2000.
Para la presentación del dictamen, en nombre de la Comisión, tiene la palabra el Senador Soto.


El señor SOTO GARCIA: Señora Presidenta, señorías.
Quiero presentar ante este Pleno de forma muy breve el dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2001.
Con fecha 21 de noviembre de 2000 fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» el texto remitido por el Congreso de los Diputados trasladándose, al amparo de lo dispuesto en el artículo 104 del Reglamento del Senado, este proyecto de ley a la Comisión de Presupuestos.
El plazo de presentación de enmiendas quedó fijado hasta el día 27 de noviembre. Se presentaron cuatro propuestas de veto del Senador Quintana González del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés conjuntamente, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares del Grupo Parlamentario Mixto. Asimismo, se formularon a los distintos títulos, artículos y secciones 1.507 enmiendas.
El día 30 de noviembre la Ponencia designada --integrada por los Senadores don Francisco Javier Albistur Marin, don Ramón Aleu i Jornet, don Manuel Cámara Fernández, don Sixte Cambra i Sánchez, don Damián Caneda Morales, don Octavio José Granado Martínez, doña Claudina Morales Rodríguez, don José María Romero Calero y don Pedro Soto García-- emitió su informe introduciendo algunas correcciones e incorporando al texto remitido por el Congreso de los Diputados las enmiendas números 997 a 1011 y 1013 a 1027 del Grupo Parlamentario Popular, una de ellas coincidente con la enmienda número 1470 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El día 4 de diciembre se reunió la Comisión y dictaminó el citado proyecto, introduciendo una enmienda transaccional correspondiente a la número 1012 del Grupo Parlamentario Popular, en concordancia con la número 434 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. El dictamen se ha publicado con fecha 11 de diciembre.
Para su debate en el Pleno se han presentado 13 votos particulares, del señor Cámara Fernández, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares conjuntamente, del señor Quintana González --todos ellos del Grupo Parlamentario Mixto--, del Grupo Parlamentario Mixto manteniendo vivas las enmiendas presentadas por los Senadores Cabrero Palomares y Martín Martín del Grupo Parlamentario Mixto, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés conjuntamente, y del propio Grupo Parlamentario Socialista.
Estos votos particulares contienen cuatro propuestas de veto y diversas enmiendas que se debatirán en esta sesión plenaria.
Esto es todo cuanto tengo el honor de informar a esta Cámara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Soto.
Siguiente dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Para su presentación la Comisión ha designado al Senador Seguí, que tiene la palabra (Pausa.) Al no encontrarse el Senador Seguí en el hemiciclo, decae la presentación del dictamen de la Comisión de Economía y Hacienda en relación con el proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Procede en este momento la intervención del Gobierno al amparo del artículo 84.4 del Reglamento del Senado. En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Señora Presidenta, señorías.
Es un honor acudir hoy al Senado para presentar en nombre del Gobierno los proyectos de Ley de los Presupuestos Generales del Estado del año 2001 y de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Desde que el Gobierno envió a las Cortes el proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado para el año que viene y el de la ley de acompañamiento, hace ya más de dos meses, hemos debatido amplia y pormenorizada-mente estos textos en el Congreso y en el Senado, y hemos tenido la oportunidad de mejorarlos con las enmiendas propuestas por los distintos grupos parlamentarios. Procede, por tanto, acometer en el Senado esta segunda lectura de los rasgos esenciales de los presupuestos que prevé el procedimiento parlamentario. Me propongo resumir brevemente los objetivos económicos fundamentales de la ley presupuestaria para el año 2001, con mención destacada del equilibrio presupuestario, las prioridades del orden económico y social, las previsiones generales de ingresos

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y gastos y una concisa distribución del gasto en las diferentes políticas del Gobierno.
Ante todo, considero obligado reconocer y agradecer el esfuerzo de los grupos parlamentarios y de las Comisiones del Congreso y del Senado en la valoración y mejora de la ley de presupuestos. Hemos abordado con responsabilidad un trabajo necesario para que los ciudadanos españoles tengan la confianza y la seguridad de que tanto el Gobierno como las Cortes cumplen su cometido para decidir la mejor asignación del dinero público.
Los presupuestos generales del Estado expresan cuantitativamente la política económica del Gobierno y proponen unos objetivos generales de orden económico y social que constituyen el cuadro macroeconómico para el año 2001. En los presupuestos del año que viene, que van a ser los últimos expresados en pesetas, el Gobierno mantiene la política económica aplicada durante los últimos ejercicios. Gracias a esa política en los últimos años hemos conseguido para la sociedad española un crecimiento económico elevado con estabilidad de precios y con un extraordinario ritmo de creación de empleo. La economía española continúa aún en el año 2000 un largo período de expansión. En los últimos cuatro años el alto crecimiento económico, situado en el entorno del 4 por ciento, y la extraordinaria creación de empleo han tenido lugar siempre en un marco de estabilidad de precios y de intensa consolidación de las cuentas públicas.
La economía española ha tenido un comportamiento más dinámico en estos últimos años que los demás grandes países de la zona euro. Dentro de un mismo marco económico y monetario España ha logrado estos años mayor crecimiento y mayor creación de empleo, y ha reducido el déficit más decididamente y se ha mantenido en tasas de inflación sólo ligeramente superiores, a pesar de que la debilidad del comercio internacional, y sobre todo del comercio europeo, ha hecho gravitar el mayor peso de nuestro crecimiento sobre la demanda interna.
Desde esta situación la economía española está afrontando en estos momentos el cambio --y el cambio a positivo-- de las condiciones económicas del contexto internacional y europeo que, en resumen, tiene las siguientes características: se confirma, por un lado, el crecimiento de la economía mundial y el comercio internacional; por otro, se anuncia la ralentización del crecimiento de la economía americana; muestran signos de elevado crecimiento los países de la zona euro, mientras que el euro ha comenzado --al hilo de la desaceleración de la economía americana-- su revalorización frente al dólar; al tiempo, el petróleo está dando claros síntomas de moderación en sus cotizaciones internacionales y los tipos de interés marcados por los grandes bancos de intervención del mundo tienden a la contención, cuando no a la baja.
Los objetivos que el Gobierno propone en los presupuestos del año que viene tienen ya en cuenta los efectos previsibles de lo que ha sido la subida del precio del petróleo. Frente al 4 por ciento de crecimiento del PIB que alcanzaremos este año, para el año 2001 estimamos 4 décimas menos, un 3,6 por ciento. También la creación de empleo podría ser algo inferior a la de este año y a la del año pasado pero, en todo caso, seguirá siendo una creación de empleo importante, muy apreciable, de cerca de 400.000 nuevos empleos.
El Gobierno mantiene, por otro lado, la máxima exigencia en el objetivo de inflación. El índice de precios en España debe situarse lo antes posible en el entorno del 2 por ciento si deseamos mantener nuestros objetivos de convergencia real con la Unión Europea.
Los presupuestos del Estado proponen a los agentes económicos y sociales y a toda la sociedad la moderación de los precios durante el próximo ejercicio. No es éste un empeño vano, la economía española es ahora más flexible y puede reaccionar con rapidez a los cambios. Es una economía abierta, capacitada para aprovechar las posibilidades del mercado internacional, tanto para responder a la demanda exterior como para satisfacer la interior en buenas condiciones de calidad y precio.
Salvo circunstancias extraordinarias, es probable que el precio del petróleo se mantenga en una zona de fluctuación aceptable para los países productores y los consumidores. Esta presunción se apoya en la evidencia de que los intereses de unos y otros no solamente no son opuestos, sino que son cada vez más coincidentes. También aparecen ya los primeros signos de la recuperación del euro. Las tasas de crecimiento de Europa y Estados Unidos se están aproximando; es decir, la primera, la tasa de crecimiento de Europa está subiendo, mientras la gran economía americana está dando claros síntomas de agotamiento en su evolución. Este cambio en el ciclo económico traerá consigo la recuperación del euro hacia valores más acordes con los fundamentos económicos reales. Junto a la favorable evolución de estos factores, el Gobierno español ha tomado medidas fiscales y de liberalización, cuyos efectos se apreciarán mejor cuando se alivie la presión de las circunstancias externas. Son medidas de apoyo a la oferta de la economía encaminadas a la estabilidad de nuestros precios.
Al aprobar definitivamente este proyecto de ley de los presupuestos generales del Estado, las Cortes asumen en representación de la sociedad española los objetivos económicos y sociales que nos proponemos, y confía en el trabajo y la responsabilidad de todos para conseguirlos. El objetivo de crecimiento que se propone en los presupuestos es consecuente con las previsiones de las organizaciones económicas internacionales y con la gran mayoría de las instituciones que analizan la economía española. Todos coinciden en que la economía internacional y, en concreto, la europea, continuará creciendo a buen ritmo, a pesar de lo que ha sido la consecuencia negativa del brusco incremento de los precios del petróleo. El dinamismo de nuestros principales socios comerciales de la Unión Europea contribuirá tanto al crecimiento como a una composición más equilibrada de la actividad económica de España. En efecto, la evolución de la demanda de nuestra economía durante los últimos meses muestra una moderación de la demanda interna y un avance de la demanda exterior. A ésta nueva tendencia contribuirá el año que viene a aliviar las tensiones en los precios, sin que se reduzca significativamente el ritmo de incremento del producto interior bruto.


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La estabilidad de los precios es un objetivo central de la política económica del Gobierno. Sólo con la estabilidad de los precios podremos conseguir el crecimiento duradero que nos hace falta para alcanzar finalmente el pleno empleo. Por esta razón, los presupuestos generales del Estado orientan su objetivo de inflación por el índice de precios al consumo del 2 por ciento, que el Banco Central Europeo determina para la zona del euro. También en este ámbito, el Gobierno coincide con los demás gobiernos europeos y la mayoría de los observadores internacionales en una moderación de los precios para el año que viene.
Sin embargo, no todos están interpretando esta coyuntura económica de la misma manera. Aquí en España sufrimos todavía lo que ha sido una abundante trompetería pesimista practicada por la oposición. No se han cansado de repetir que la situación económica está deteriorándose, que el ciclo ha dado la vuelta, que la espiral inflacionista es imparable, y que poco nos falta ya para entrar en lo que van a ser los prolegómenos de una nueva crisis. Han dicho y repetido, además, que el Gobierno no sabe reaccionar ante el «shock» del petróleo, y con el Secretario General del Partido Socialista al frente, nos han exigido, nos han conminado con el dedo en alto una y mil veces a bajar los impuestos de los carburantes.
Todavía se oyen los ecos de esas palabras en las dos cámaras parlamentarias y en la tinta, aún fresca, de los periódicos, ahora, cuando el precio del petróleo se contiene y busca un razonable punto de equilibrio, y cuando el euro va recuperando una cotización respecto al dólar más acorde con la evolución de la economía de Estados Unidos y de la Unión Europea.
Los precios del petróleo están bajando porque los países industriales y, entre ellos España, hemos mantenido la coherencia de la política económica, y no la hemos alterado con bajadas de impuestos contraproducentes en el momento más inoportuno, precisamente cuando se estaba produciendo un reajuste de oferta al incremento de la demanda. Si hubiésemos hecho caso a la oposición entonces, habríamos financiado con dinero público la subida del petróleo, y habríamos retrasado la bajada de los precios que ahora se está produciendo. Si hubiésemos hecho caso a la oposición, por ejemplo, los millones de españoles que esta pasada semana festiva han circulado por las carreteras españolas, seguramente habrían tenido que pagar la gasolina varias pesetas más cara de lo que lo han hecho.
No es noticia que la oposición se equivoque anunciando desgracias económicas. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Laborda Martín: ¡El presupuesto, el presupuesto; la oposición ya hablará!). Tampoco es noticia que se equivoque en sus recomendaciones de política económica, pero en esta ocasión al error hay que añadir la intención oportunista y demagógica de hacerse oír en un discurso de desgracias, que ya la misma realidad se está encargando de desmentir. ¿Qué propondrá ahora la oposición cuando baje el precio del petróleo?¿Nos va a pedir que subamos los impuestos? En todo caso, al margen de esta disputa política deseo insistir en que la política económica que subyace en los presupuestos generales del Estado no está exclusivamente condicionada por las fluctuaciones de la coyuntura. La política económica de estabilidad es una política de largo plazo, que se sustenta en los rasgos más estables de la evolución económica internacional y en las amplias posibilidades de crecimiento de nuestra economía. Hemos comprobado que esta visión de largo plazo tiene gran utilidad para enmarcar y afrontar con realismo los desafíos coyunturales. Recordarán sus señorías que hace tan sólo un par de años, en el otoño de 1998, la crisis económica de los países asiáticos se extendió, se agravó rápidamente, a otras áreas del mundo y lo hizo a través de una profunda crisis internacional de mercados financieros, que afectó al comercio y a la propia economía mundial. En España hace dos años esa crisis mundial tuvo escasos efectos, a diferencia de lo que ocurrió en las principales economías de nuestro entorno. Por primera vez en muchos años conseguimos superar una crisis internacional, gracias en buena medida a la orientación de la política económica En estos meses el «shock» del petróleo y la devaluación del euro también han despertado temores en la evolución de la economía internacional. En España hemos podido hacer frente a esta situación y a estos temores desde una economía más saneada, que crece y crea empleo, y que puede proponer para el año que viene unos presupuestos equilibrados. Dijimos que la factura que tendríamos que pagar por la subida del petróleo era cara, y así ha sido, pero hemos podido pagarla porque hemos seguido creciendo y hemos seguido creando empleo. Dijimos que habíamos de ser coherentes y no caer en la tentación de bajar los impuestos de los carburantes, y hemos mantenido nuestro criterio frente a esa demanda irresponsable por parte de la oposición.
La estrategia del Gobierno se ha orientado a favorecer con medidas fiscales adecuadas a los agricultores, a los pescadores y a los transportistas, que son los sectores más directamente afectados. Y hay que destacar, señorías, esta mañana una vez más, la responsabilidad de las asociaciones que han negociado con el Gobierno y que han llegado a acuerdos, plasmados en medidas fiscales en favor de los mismos. Gracias a esa actitud responsable, los acuerdos logrados han ido bastante más allá de una mera compensación por la subida de los precios de los carburantes en sus costes de producción, y hemos podido introducir mejoras en las estructuras productivas de estos sectores. Estas iniciativas, más allá de los intereses coyunturales, incluso de los intereses estructurales de los sectores afectados, tratan de evitar que la subida de precios se generalice y conviertan un problema pasajero en un incremento de las tensiones inflacionistas, que puedan amenazar al crecimiento de la economía española y a su generación de empleo.
Ya las medidas de política fiscal y las reformas liberalizadoras, adoptadas por el Gobierno el pasado mes de junio, buscaban apoyar la estabilidad de los precios. En efecto, el estímulo del ahorro, de la innovación tecnológica, y de la expansión internacional de nuestras empresas son instrumentos que amplían la oferta de la economía y contribuyen, por tanto, a la estabilidad.
Señora Presidenta, señorías, el principal objetivo de los presupuestos del año que viene es la eliminación del déficit. Desde el comienzo de la democracia ningún Gobierno

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había presentado en las Cortes hasta ahora un presupuesto equilibrado. El próximo año, con el presupuesto equilibrado, el Gobierno del Presidente Aznar culminará un proceso ya iniciado al comienzo de la pasada legislatura. Cuando el Partido Popular accedió al Gobierno, el déficit público ascendía al 6,6 por ciento del producto interior bruto. Desde entonces, la reducción del déficit ha sido intensa y constante y su ritmo ha superado en España al de los grandes países de la zona euro.
Seguramente, recordarán sus señorías que en 1995 nuestro retraso a este respecto era tan considerable que muchos observadores españoles y extranjeros mostraban abiertamente su escepticismo y dudaban de nuestra capacidad para cumplir a tiempo el compromiso de convergencia fiscal necesario para aprobar el examen de Maastricht, es decir, para fundar el euro. Pues bien, la misma política de rigor presupuestario, de disciplina de gasto público y de reducción del déficit que nos permitió llegar a tiempo a la fecha fundacional del euro es la que hemos aplicado estos años y la que seguiremos aplicando para alcanzar y mantener el equilibrio presupuestario.
Este mismo ejercicio en que nos encontramos, igual que en años anteriores, vamos a mejorar una vez más la previsión del déficit. En lugar del 0,8 por ciento en correlación al producto interior bruto que se encontraba reflejado en nuestro Programa de Estabilidad, en el Programa de Estabilidad del Reino de España, concluiremos el año con un 0,3 por ciento. En la contención del gasto, y, sobre todo, del gasto corriente, se encuentra la principal causa de esta acelerada contracción del déficit. Invariablemente, desde el primer año en que nos hicimos cargo del Gobierno hasta estos mismos presupuestos del año 2001, las tasas de crecimiento del gasto público han sido inferiores a las del producto interior bruto. Este ahorro público se ha convertido en uno de los motores más importantes de la expansión económica de estos años, gracias a la cual la Hacienda Pública ha mejorado sus ingresos, contribuyendo de este modo a la paulatina pero incesante eliminación del déficit público.
Un efecto similar han producido las bajadas de impuestos personales y empresariales de estos años. No obstante, a pesar de la reducción de los tipos impositivos, la recaudación tributaria se ha restaurado con creces debido a la mayor actividad económica que se ha propiciado, al afloramiento de la economía sumergida y a las mejoras en la lucha contra el fraude.
Dado que, como acabo de decir, hemos reducido el déficit por la contención del gasto público y, sobre todo, por la reducción del consumo y las transferencias en relación al producto interior bruto, de forma que la reducción del déficit durante este período ha obedecido en sus tres cuartas partes a la contención del gasto público, hemos podido atender la inversión pública, respetando en todo momento la regla de oro de las finanzas públicas, es decir, el esfuerzo inversor del sector público ha sido superior al déficit. Además, el gasto en inversión ha ido incrementándose durante todos los años, de tal manera que ahora, siendo equivalente a un 3,5 por ciento del producto interior bruto, superaremos en un punto porcentual con relación al PIB el gasto medio dedicado a este concepto por los países más desarrollados de la Unión Europea.
Ya el próximo año, con el equilibrio presupuestario, la inversión pública ni producirá déficit ni hará necesario recurrir a la deuda. Las generaciones futuras tendrán, por tanto, mucho más margen, en definitiva, para pagar cómodamente sus impuestos. Pero no vamos a dejar facturas pendientes, por lo que las inversiones en infraestructuras que acometeremos durante este año y el año próximo habrán sido reflejadas en los presupuestos del año 2001, y, por tanto, esas generaciones futuras van a disponer de capacidad financiera para atender a sus propias necesidades de equipamiento, sin necesidad de pagar las facturas dejadas en presupuestos anteriores.
El equilibrio presupuestario nos está abriendo las puertas de una economía más estable y de una sociedad más libre, una sociedad sin las hipotecas del pasado. Dentro de diez años, con una evolución realista del crecimiento y una administración prudente del presupuesto, podríamos haber reducido a la mitad nuestro actual nivel de deuda pública, liberando así más de 700.000 millones de pesetas que actualmente empleamos en los presupuestos en el pago de la carga de intereses y que podremos destinar en los años futuros a incrementar la inversión, a incrementar el gasto social y, en definitiva, a preparar mejor los presupuestos del Estado para afrontar los desafíos del envejecimiento de la población.
El equilibrio presupuestario, más allá de su evidente sentido económico, expresa el cumplimiento exacto del contrato tácito que media entre la sociedad y el Estado. Los ciudadanos perciben y aprecian este respeto del Gobierno por atenerse y conformarse con lo que la sociedad le da, sobre todo, cuando a la vez advierten que mejoran la inversión y los servicios públicos y se bajan los impuestos.
Señora Presidenta, señorías, desde el año 1996 hasta finales de este ejercicio del año 2000, la economía española habrá creado más de dos millones y medio de puestos de trabajo. Prácticamente, todo el crecimiento económico de estos años se ha traducido en empleo. El año que viene seguiremos generando empleo a un ritmo considerable: casi 400.000 nuevos puestos de trabajo. Esto significa que cuando se cumpla este objetivo de los presupuestos que ahora tengo el honor de presentar en esta Cámara habrá casi tres millones de personas que anteriormente no estaban trabajando y que a partir de ahora se encuentran en disposición de hacerlo.
El incremento del empleo es, sin duda, el mejor resultado de la política económica de un Gobierno, es el resultado más feliz que pueden tener unos presupuestos cuando se aplican, cuando se ejecutan. Y, a su vez, la creación de empleo es, realmente, el auténtico motor de crecimiento económico, puesto que cada empleo creado supone una inyección de confianza, es un nuevo impulso a la demanda interna de la economía, significa una persona que ha recuperado la confianza en su proyecto vital y es, en definitiva, un paso más de la sociedad española hacia su gran objetivo de la primera década del siglo XXI: la consecución del pleno empleo.
Sólo en este año, el año 2000, se habrán creado en España, de acuerdo con los datos de la encuesta de población activa, 650.000 empleos netos adicionales. Así pues, con

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una creación de empleo tan importante, no tiene ningún sentido mantener, como lo han hecho determinados grupos de la oposición, que estamos ante un cambio de coyuntura económica, que entramos en una etapa de pesimismo, que nos encontramos ante un invierno frío o que estamos ante un cambio de tendencia motivado por el inmovilismo del Gobierno. Todas ellas son opiniones, además, sin fundamento, articuladas sobre propuestas que antes ya he calificado no sólo de oportunistas, sino de francamente irresponsables, cuando en su día se pidió la bajada de los impuestos sobre hidrocarburos. Hoy, la realidad del día a día va mostrando que España sigue siendo un país en crecimiento y un país donde realmente tenemos razones fundamentadas para seguir viendo el futuro con un marcado optimismo. El número de afiliados a la Seguridad Social, que en estos momentos se sitúa en torno a los 15.300.000 personas, registra ya este aumento de tres millones de nuevos trabajadores desde el año 1996.
Señorías, permítanme que insista una vez más en la importancia de este hecho, porque, como decía hace un momento, es la creación de empleo, es el aumento de la filiación a la Seguridad Social lo que da sentido mismo a la política económica. Para esto sirven los presupuestos. Cuando la economía crea empleo mejora el bienestar y la confianza en el futuro. Y éstas no son palabras abstractas. Son puestos de trabajo, se trata de millones de personas trabajando y de niños y jóvenes que dependen de ellas, como de las personas mayores que necesitan de su solidaridad.
Este extraordinario incremento de empleo ha sido el factor decisivo del saneamiento de la Seguridad Social en España. Ha hecho posible el cumplimiento efectivo del Pacto de Toledo que los partidos políticos firmamos en el año 1995. El presupuesto del Estado se ha hecho cargo de la financiación total del Insalud, del Imserso, de las prestaciones no contributivas y otras prestaciones menores, siguiendo las pautas previstas de separación de las fuentes de la Seguridad Social. En los presupuestos para el año que viene figura un gasto de 5,2 billones de pesetas para atender a todas estas partidas.
En Seguridad Social hemos alcanzado en el año 2000 un superávit del 0,3 por ciento del producto interior bruto, y en los próximos años podemos, gracias a ese superávit, incrementar sustancialmente las aportaciones al fondo de reserva. De este modo cumpliremos el anuncio hecho por el Presidente del Gobierno en el discurso de investidura de incrementar las pensiones más bajas y de viudedad y de promover medidas como la exención de cotizar durante dos años a la Seguridad Social por cada hijo a aquellas mujeres que han sido madres y que se incorporan a su actividad laboral, lo que supondrá un gran estímulo para su contratación por parte de las empresas.
Señora Presidenta, señorías, el equilibrio presupuestario va a permitir nuevas bajadas de impuestos en la presente legislatura. A finales de la anterior ya acometimos una primera reforma tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; en definitiva, una bajada que afectó positivamente a la gran mayoría de los contribuyentes. Hace pocos días estuve en condiciones de difundir los resultados de esa reforma fiscal en su primer año de aplicación; resultados que han superado incluso los objetivos y los cálculos sobre los que fundamos el proyecto de la reforma tributaria.
La reforma tributaria del IRPF de 1998 ha conseguido un impuesto más equitativo, más eficiente y sencillo. Gracias a esta reforma, en 1999 todos los españoles hemos pagado en concepto de IRPF 800.000 millones de pesetas menos, y es que el impuesto ha bajado para todos. Se ha reducido un 13,73 por ciento, pero el porcentaje ha sido mayor en las rentas más bajas y en las procedentes del trabajo. Los contribuyentes con una renta inferior a los 2 millones de pesetas se han beneficiado de una reducción del 38,87 por ciento, mientras que los contribuyentes con rentas superiores a los 5 millones de pesetas se han beneficiado de una rebaja del 9,34 por ciento. Respecto a las rentas del trabajo, las rentas inferiores a 2 millones de pesetas han tenido una reducción de casi un 46 por ciento frente al 9,4 por ciento aplicado a las rentas del trabajo que superan los 5 millones de pesetas.
El IRPF es ahora más equitativo porque las rentas del trabajo han reducido su aportación en un 7,55 por ciento a costa del aumento de las rentas del capital y de otras rentas, y es que las retenciones han disminuido en mayor proporción para las rentas más bajas del trabajo y para los pensionistas, concretamente un 31,7 por ciento. En conjunto, las rentas más bajas reducen en 4 puntos su aportación a la cuota líquida.
Después de la reforma los contribuyentes con rentas superiores a 3 millones de pesetas han aumentado su aportación a la cuota líquida de un 76 al 80 por ciento.
El actual impuesto es más eficiente porque ha incrementado el ahorro de las familias, ha contribuido directamente en medio punto al crecimiento del producto interior bruto en 1999 y a la generación de 60.000 nuevos empleos. También ha conseguido incorporar a 700.000 nuevos contribuyentes que no estaban pagando el Impuesto sobre la Renta en el año 1998, pero que en 1999 sí lo han hecho porque están trabajando y ganando rentas por encima de los umbrales de pago del impuesto. Y todo ello se debe, en parte, a la nueva situación económica que está viviendo nuestro país.
También tenemos un Impuesto sobre la Renta más sencillo, y es que se ha reducido el número de contribuyentes que no tienen obligación de declarar en casi 5 millones. Ha mejorado el ajuste de las retenciones, sobre todo para los contribuyentes con rentas inferiores a 3,5 millones de pesetas, ha reducido y simplificado los trámites y ha agilizado las devoluciones.
Con el nuevo IRPF ha mejorado el cumplimiento fiscal de los ciudadanos, dado el estímulo que implica la misma bajada de los impuestos, la mayor colaboración de la Agencia Tributaria en la elaboración de las declaraciones y el aumento de los recursos que ahora pueden destinarse al control del fraude fiscal.
Esta es, por tanto, la realidad de la reforma. Tuvimos que oír entonces --y permítanme que lo recuerde en esta Cámara--, como tenemos que seguir oyendo ahora, críticas de la oposición a la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Decían entonces que la aplicación

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de la reforma provocaría una pérdida de recaudación y que se provocaría un aumento del déficit público. Pero se ha demostrado que no es así, y es que 700.000 contribuyentes más y el incremento de las bases de los impuestos han compensado con creces las bajas que hemos promovido a través de la reforma fiscal.
Sin embargo, hay que felicitar a la oposición porque ha cambiado su discurso teórico sobre los impuestos, pues ahora dicen que bajar los impuestos es de izquierdas y que están a favor de la bajada de los impuestos. Pero la realidad, señorías, es muy distinta. Cada vez que el Gobierno trae a esta Cámara un descenso de los impuestos, y lo hay en los presupuestos generales del Estado para el año 2001 y en ley de medidas fiscales que los acompaña, la oposición vuelve a votar que no a la bajada de impuestos, al igual que hizo cuando promovimos la bajada de impuestos para los agricultores y transportistas y las ayudas para los pescadores.
Es decir, no llevan a la práctica lo que dicen. De hecho, durante la presente legislatura hemos presentado continuamente en las Cortes iniciativas de bajadas de impuestos y todas han sido votadas en contra por la oposición. Pero también han votado en contra de estos presupuestos, que propugnan el equilibrio presupuestario y anuncian una nueva bajada, una nueva reforma y un nuevo descenso del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en España.
Con el equilibrio presupuestario estamos más cerca de una nueva bajada de impuestos. En los primeros meses del año que viene el Ministerio de Hacienda acometerá los trabajos preparatorios de la próxima reforma del Impuesto sobre la Renta. Tratamos de volver a bajar, de nuevo, los tipos impositivos y de mejorar la carga tributaria de las familias que contribuyen en el Impuesto sobre la Renta y el tratamiento fiscal de las rentas más bajas. Pero, además, estamos seguros de que seguirán ampliándose el número de contribuyentes que dejarán de declarar.
Señora Presidenta, señorías, el presupuesto de ingresos del sector público para el año 2001 está en sintonía con la suave desaceleración del crecimiento que registraremos el año próximo. El marco normativo de las previsiones de ingresos incluye medidas de fomento del ahorro, el apoyo a las pequeñas y medianas empresas, la internacionalización de empresas que se adoptaron en junio de este año, la congelación del impuesto especial sobre hidrocarburos y la actualización de la tasa sobre el dominio radioeléctrico. Así, los presupuestos de ingresos no financieros del conjunto del sector público estatal para el año 2001 ascienden a 34,5 billones de pesetas.
En relación con el avance de liquidación del año 2000 se han llevado a cabo unas estimaciones moderadas según las cuales los ingresos tributarios, que ascienden a 18 billones de pesetas, crecen un 6,3 por ciento y las cotizaciones sociales, que suman 10,3 billones de pesetas, suben un 4 por ciento. Es decir, son crecimientos nominales sobre avances de liquidación moderados, habida cuenta que el año próximo la economía española tendrá un aumento estimado, en términos nominales, en torno al 6 por ciento.
En los ingresos previstos para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se estima un crecimiento de un 5,5 por ciento de los 5,6 billones de pesetas. En esta previsión se han tenido en cuenta las nuevas medidas en favor del ahorro y de la inversión de las Pymes, adoptadas en junio, y las mejoras establecidas para los sectores más afectados por la subida de los precios del petróleo.
La cantidad correspondiente al Impuesto de Sociedades es de 3,02 billones de pesetas, y el incremento previsto es del 8,5 por ciento. Se produce, por tanto, una suave ralentización como consecuencia del impacto que sobre la cuenta de resultados de los beneficios de las empresas van a tener los mayores costes energéticos, salariales y financieros.
Los ingresos por el Impuesto sobre el Valor Añadido ascienden a 6,08 billones de pesetas, lo que supone un aumento del 7,6 por ciento. Se trata de un incremento inferior al que ha experimentado en este año debido, fundamentalmente, a la previsible moderación del consumo y de las importaciones.
Entre tanto, los ingresos por impuestos especiales --2,77 billones de pesetas--, aumentan un 3,3 por ciento, que se corresponde con el mantenimiento de los tipos impositivos para el próximo año en el Impuesto Especial sobre Hidrocarburos.
Por otra parte, este año contamos con 6,2 billones de beneficios fiscales; es decir, que en los presupuestos para el año 2001, la previsión de desgravaciones fiscales es mayor que la propia previsión de desgravaciones para el año 2000.
En concreto, quiero destacar que hay 140.000 millones de pesetas para la sanidad, un 12 por ciento más; 200.000 millones de pesetas para el desarrollo de los sistemas complementarios de pensiones, un 1,9 por ciento más; 100.000 millones de pesetas para educación; 375.000 millones de pesetas para protección a la familia, un 9,5 por ciento más; 860.000 millones de pesetas para la política de vivienda del Gobierno a través de desgravaciones fiscales, por tanto, para estimular que los españoles sigan comprando viviendas el año próximo; 650.000 millones de pesetas destinados a fomento de las inversiones, es decir, un 60 por ciento más, en el que se incluyen las nuevas deducciones para I+D+i; y, finalmente, 105.000 millones de pesetas para fomento del ahorro, un 145 por ciento más.
En total, señorías, hay un 10,7 por ciento más de gastos fiscales para el año próximo, que representan 600.000 millones de pesetas de reducciones de ingresos tributarios destinados a mejora de la cohesión social y de la competitividad de nuestra economía.
Señora Presidenta, señorías, el presupuesto consolidado de gastos asciende a 34,5 billones de pesetas, con un incremento respecto al actual ejercicio del 5,4 por ciento, cinco décimas menos que el crecimiento de la economía en términos nominales. Durante los últimos años, mientras el gasto total ha crecido por debajo de la economía, el gasto social lo ha hecho por encima; así, en los presupuestos para el próximo año, el 42,9 por ciento del gasto corresponde al Estado, el 43,6 por ciento a la Seguridad Social --que, por tanto, supera al Estado--, y el 13,6 por ciento al resto de los organismos públicos. Mientras los gastos corrientes crecen un moderado 5,2 por ciento, los gastos de

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capital aumentan un 7,6 por ciento, consecuencia del importante esfuerzo realizado en el capítulo de inversiones reales que, con un crecimiento del 10,3 por ciento, refleja la decidida apuesta del Gobierno por la mejora de nuestra competitividad, del crecimiento y del empleo.
Si observamos el reparto del total del gasto para el próximo año es fácil darse cuenta de cuáles son las prioridades que marcan los objetivos del Gobierno. En primer lugar, la cohesión social, ya que de cada 100 pesetas del presupuesto, el gasto social se lleva 55; es decir, 19,6 billones de pesetas lo que, una vez homogeneizadas las dotaciones de educación, representa un incremento del 7,3 por ciento. En segundo lugar, la cohesión territorial. Las transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas, corporaciones locales y otras administraciones públicas suponen 18 pesetas. Y, en tercer lugar, la mejora de nuestra competitividad. Así, 11 pesetas se destinan a actividad productiva e inversora.
La inversión en infraestructuras crece un 9,1 por ciento, orientada fundamentalmente a promover los trenes de alta velocidad, las autovías, los recursos hidráulicos y el medio ambiente; y, la política de investigación, mejora de manera relevante su dotación con un incremento del 11,3 por ciento, muy por encima de la tasa de crecimiento del PIB nominal.
Señorías, del conjunto de los gastos sociales, las pensiones representan la partida más importante. Un año más, nuestro objetivo es la consolidación de los niveles de cobertura a través del mantenimiento del poder adquisitivo de todas las pensiones, así como la mejora de las pensiones más bajas. Próximamente conoceremos el dato de inflación de noviembre, el cual determinará el porcentaje de revalorización definitivo de las pensiones de este año.
La sanidad mejora de nuevo su dotación presupuestaria gracias al incremento del 6,2 por ciento respecto del año anterior. Además, por tercer año consecutivo, cumpliremos las recomendaciones del Pacto de Toledo ya que los presupuestos del Insalud se van a financiar exclusivamente con las aportaciones del Estado.
Respecto a la educación, elemento básico para el desarrollo de nuestro país y uno de los pilares de la solidaridad y del bienestar, el año 2001 será el primero en el que todas las Comunidades Autónomas financien sus competencias en educación a través del sistema de financiación autonómico. Con datos homogéneos, es decir, teniendo en cuenta las transferencias a las Comunidades Autónomas, el gasto presupuestario se incrementa un 9,6 por ciento respecto al año 2000.
Dentro de las partidas de gasto social, el Título que más crece es el que se denomina Otras prestaciones sociales, con un incremento del 13 por ciento, lo que representa 1,26 billones de pesetas destinados a favorecer a los grupos sociales más desfavorecidos y en situaciones de necesidad.
Destinaremos mayores recursos para protección familiar y por maternidad.
Las pensiones no contributivas crecerán un 6,4 por ciento y el capítulo de la acción social contará con un 7,5 por ciento más de recursos para partidas como el plan gerontológico, que sube un 15 por ciento; la ayuda a los inmigrantes, un 20 por ciento; las acciones para favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar o el apoyo a los enfermos de Alzheimer, que aumenta un 57 por ciento.
En políticas activas de empleo contaremos con 826.700 millones de pesetas para facilitar la reinserción laboral de los desempleados. Las cifras del paro disminuirán el próximo año en torno a 234.900 personas y, a pesar de ello, se destina un 1,4 billones de pesetas para el pago por prestaciones por desempleo.
Señora Presidenta, señorías, en los presupuestos de 2001 vamos a disponer de 3,3 billones de pesetas entre inversiones reales, transferencias de capital y sector público empresarial; es decir, un 20 por ciento más y, por primera vez en la historia de la democracia, se financiarán estas inversiones sin necesidad de endeudarnos.
Sin lugar a dudas, es una apuesta decidida por la competitividad, la convergencia real y la vertebración territorial de nuestro país y, para ello, contamos con las importantes aportaciones procedentes de lo que fueron los acuerdos de la Agenda 2000, dentro de las aplicaciones de los presupuestos de la Unión Europea.
Con el plan de infraestructuras 2000-2007, presupuestado en 19 billones de pesetas, se completará el plan de carreteras de gran capacidad, se crearán nuevas infraestructuras aeroportuarias, se mejorarán los puertos del Estado y se modernizarán las comunicaciones ferroviarias, con especial atención a la red de alta velocidad.
La próxima aprobación del plan hidrológico nacional nos permitirá contar con unos recursos, hasta el año 2008, de más de 3 billones de pesetas, destinados a infraestructuras hidráulicas y de calidad del agua.
El plan nacional de regadíos prevé unas inversiones, hasta el año 2008, de 685.000 millones de pesetas, y con su ejecución mejoraremos el desarrollo duradero del medio rural y contribuiremos a la conservación de recursos naturales.
La investigación y el desarrollo constituye una de las principales prioridades del Gobierno, por ello, incrementaremos esta partida un 11,3 por ciento, hasta los 571.586 millones de pesetas, e incorporaremos nuevas deducciones fiscales porque sabemos que así mejoramos la productividad de nuestra economía, nuestro potencial de crecimiento y la creación de empleo.
Por otra parte, los presupuestos ponen especial énfasis en la agilización del funcionamiento de la Justicia, en la mejora de la seguridad ciudadana, en especial la lucha contra el terrorismo, la droga y el crimen organizado, y en defensa, como sus señorías saben, de concluir la profesionalización de las Fuerzas Armadas.
En política exterior se incrementan los recursos para cooperación internacional para el desarrollo, la difusión de la cultura española y la preparación de la presidencia española de la Unión Europea en el primer semestre del año 2002.
Junto a los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 hemos asistido también durante estas últimas semanas a la tramitación del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Este año se incluyen, como novedades más importantes, la supresión del pago del Impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados

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cuando se cancele o modifique una hipoteca, lo que redundará en la mejora de las condiciones de acceso a la vivienda, y estimamos que de esta medida se van a beneficiar aproximadamente 460.000 familias que decidan modificar o cancelar sus créditos hipotecarios cada año, y la prórroga un año más de la compensación fiscal que se estableció en la reforma del IRPF para aquellas familias afectadas por el cambio de la deducción de viviendas y de alquileres. Por tanto, son mejoras fiscales a favor de la vivienda que, unidas a las de junio de este año para la exención en el Impuesto sobre el Patrimonio de la vivienda habitual y los 860.000 millones de pesetas de desgravaciones fiscales para el año 2001, ponen de manifiesto el esfuerzo realizado por el Gobierno en este apartado.
Continuando con la línea de simplificación emprendida en anteriores reformas, se aclara la delimitación de las personas obligadas a declarar en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Los autónomos que tributen por módulos se podrán beneficiar de los incentivos destinados a incrementar la inversión tecnológica; esta medida, que consiste en la deducción del 10 por ciento de la cuota para las personas que tributan en este régimen a través de módulos, beneficia a dos millones de contribuyentes, a los que les resultará más fácil mejorar sus sistemas informáticos e incorporarse, en definitiva, a las ventajas, necesidades y mejoras de la nueva economía. En la ley de medidas tampoco se modifica el Impuesto especial sobre Hidrocarburos, y se amplía la posibilidad de utilizar gasóleo bonificado a todo el conjunto de vehículos y maquinarias no aptos para circular por carreteras. Se incluye, además, la adscripción del Ente Público Radiotelevisión Española a la Sociedad Española de Participaciones Industriales, con el fin de facilitar su saneamiento financiero.
Durante la tramitación de la ley, a iniciativa de los diferentes grupos parlamentarios, se han incorporado algunas enmiendas que sin duda mejoran el texto inicial, entre las cuales debo destacar la ampliación a dos millones de la exención en el IRPF a las prestaciones por desempleo que se perciban en la modalidad de pago único y la constitución de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos; los incentivos fiscales para la renovación del parque de automóviles de turismo con motores no aptos para emplear gasolina sin plomo y, finalmente, con respecto a la bonificación en el Impuesto sobre Matriculación para vehículos adquiridos por familias numerosas, todavía en el Pleno del día de hoy y si se alcanza un acuerdo prioritario entre los diferentes grupos parlamentarios, el Gobierno está dispuesto a llevar adelante la mejora de las bonificaciones establecidas en los trámites actuales en Comisión y extenderlo para la compra de vehículos de tracción mecánica con cinco o más plazas para familias numerosas.
Señora Presidenta, señorías, para consagrar el equilibrio presupuestario, que es la gran novedad que abordan los presupuestos generales del Estado y de la Seguridad Social para el año 2001, el Gobierno está trabajando en un anteproyecto de ley general de estabilidad presupuestaria, que es una norma que nos va a ayudar a que el equilibrio presupuestario permanezca largo tiempo entre nosotros presidiendo la discusión, el tratamiento parlamentario de los proyectos de presupuestos presentados por los gobiernos en España.
En definitiva, se trata de proteger la política económica de estabilidad, que es la que ha hecho posible nuestro acceso a la Unión Económica y Monetaria con la fundación del euro, y que ha dado lugar al importante cambio estructural que está viviendo la economía española.
Ya anuncio que el objetivo inmediato de la ley de estabilidad, aunque tendremos ocasión de abordarlo en esta Cámara, precisamente, a raíz del sentido del espíritu de los presupuesto generales del Estado para el año 2001, es mantener y prolongar este ciclo expansivo que estamos viviendo en España, un ciclo económico expansivo de larga duración, y aprovechar con plenitud las oportunidades que se derivan de nuestra participación en el proceso de construcción europea.
Desde la perspectiva del Gobierno, lo fundamental es reforzar el vínculo normativo de política presupuestaria de largo plazo con estabilidad, con equilibrio e incluso con consecución de un superávit, por entender que de esa manera garantizamos la protección de una sociedad que tiene por delante importantes desafíos, como es incorporarse cuanto antes a la innovación tecnológica, afrontar los desafíos del envejecimiento de la población y asegurar la reducción de la deuda pública para así generar los recursos suficientes para seguir invirtiendo, para seguir promoviendo el gasto social y descargar a las generaciones futuras de las consecuencias que hoy adoptan tanto el Gobierno como las Cámaras de la Nación.
Es cierto que la difusión del anteproyecto de esta ley de estabilidad ha despertado recelos en grupos políticos de la oposición, e incluso especialmente en determinadas Comunidades Autónomas; también es cierto que cuando se debaten los presupuestos generales del Estado la oposición se declara de acuerdo con el principio, con el equilibrio presupuestario y, sin embargo, se declara contraria a unos presupuestos que ciertamente avalan, abren la puerta del equilibrio presupuestario para el futuro, como lo hace la misma ley.
Para finalizar, a este respecto quiero insistir esta mañana en que ésta es una reacción incoherente. No se puede decir que se está conforme con el principio y oponerse a los medios que llevan al equilibrio presupuestario, y no se puede decir que se está a favor del equilibrio presupuestario y en contra de garantizarlo en los presupuestos generales del Estado para el año 2001, y a través de leyes que hagan fiable a los ojos de los ciudadanos la continuidad del equilibrio, el saneamiento de nuestras cuentas públicas y la preparación de nuestros presupuestos durante la primera década del siglo XXI para el futuro de España, el futuro de una sociedad que está aprovechando sus oportunidades de integración en Europa y asimismo a través de la creación de empleo.
Estoy seguro de que quienes critican el sentido mismo de estos presupuestos lo están haciendo porque les gustaría tener las manos libres para gastar con manos libres, para no respetar ese equilibrio presupuestario, y, por tanto, no estar sujetos a una regla tan fundamental como la que introducen los presupuestos generales del Estado para el año 2001, que es la regla del equilibrio y la de la estabilidad.


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A lo lago del año próximo, vigentes los nuevos presupuestos, tendremos ocasión para discutir con toda tranquilidad en el Senado el significado mismo de esta regla en el ordenamiento de las Comunidades Autónomas, de las corporaciones locales en España. Y los ciudadanos también podrán distinguir con claridad, a lo largo de todas estas tramitaciones, dónde están los partidarios de equilibrar y sanear las cuentas públicas y dónde están los no partidarios de eliminar el déficit de esas cuentas de las administraciones públicas.
Señora Presidenta, en la Historia de España, lo más frecuente en las cuentas del Estado han sido siempre las penurias y el déficit, así como sus secuelas: la inflación elevada, los altos tipos de interés y la devaluación de la moneda; es decir, endeudamiento del Estado y empobrecimiento de la sociedad. En cambio, hoy, los presupuestos para el año 2001 anuncian un largo deseo, que es el de la Hacienda Pública equilibrada. Esa Hacienda Pública equilibrada es la que nos indica que la economía española está ganando su futuro en el siglo XXI, un futuro para el crecimiento y para el empleo, un futuro para la Seguridad Social y para todo el sistema de protección social, un futuro para las generaciones que nos siguen, en resumen, un futuro de progreso para nuestro país y un futuro para seguir mejorando nuestra convivencia.
Muchas gracias, por su atención, señores Senadores (Aplausos.).


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Hacienda.
A continuación van a debatirse las propuestas de veto presentadas a estos dos proyectos de ley. Para la aprobación de una propuesta de veto, ya saben sus señorías que se requiere la mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componen la Cámara; dado que la Cámara está al día de hoy integrada por 258 Senadores, la mayoría absoluta sería de 130. Si alguna de las propuestas de veto resultara aprobada se daría por concluido el debate sobre el proyecto de ley y sería comunicado al Presidente del Gobierno y al del Congreso; si resultaran rechazadas las propuestas de veto, entraríamos en el debate del articulado del Dictamen.
Debate de las propuestas de veto. Según lo que ha acordado la Mesa, oída la Junta de Portavoces, se van a debatir conjuntamente las propuestas de veto presentadas al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 --y no 2000, como figura por error en el papel--, y al proyecto de Ley de Medidas Fiscales Administrativas y de Orden Social.
Se han presentado las siguientes propuestas de veto: dos de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Entesa Catalana de Progrés, referentes al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001 y para el proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social; una, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, referente al proyecto de ley de presupuestos; otra, del Senador don Anxo Manuel Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, referente al proyecto de ley de presupuestos para el 2001, y dos del Senador don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, referentes al proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001 y al proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social.
Para la defensa de cada una de las propuestas de veto, habrá un turno en contra. Si no se hiciese uso de él, cabría un turno en contra al final de la defensa de las propuestas de veto. En cambio, sólo habrá un único turno de portavoces de carácter general en relación con todas las propuestas de veto.
Comenzamos con las propuestas de veto de los grupos parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés. En el turno a favor, y en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado por un tiempo de veinte minutos.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro de Hacienda, quiero en mis primeras palabras dejar constancia en el «Diario de Sesiones» de un recuerdo de quien fue mi amigo, don Emilio Zapatero, simplemente por comentar que no ha podido ver a ese primer nieto que estaba esperando, y lamentar la pérdida que supone para la Cámara de un hombre que, en el buen sentido de la palabra, era un hombre bueno. (Aplausos.) Paso, como le hubiera gustado al señor Zapatero, al debate de las propuestas de veto que, en nombre de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés defiendo en esta tribuna, y lo hago con una cierta perplejidad, después de haber escuchado al señor Ministro de Hacienda consumir el primer turno en contra del veto presentado por el Grupo Parlamentario Socialista. Parece que, «excusatio non petita», el señor Ministro ha querido intervenir en el debate antes de escuchar los argumentos, y lo voy a hacer porque además he tenido el honor de ser portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en el debate de presupuestos cuando el Gobierno del Partido Socialista estaba apoyado por su grupo parlamentario y cuando el Gobierno del Partido Popular estaba apoyado por los ilustres señoras y señores Senadores de los bancos de la derecha.
Yo dije en el debate de presupuestos del año 1994 que si un observador independiente hubiera escuchado al portavoz del Grupo Parlamentario Popular de entonces, hubiera llegado a la conclusión de que no estábamos en España sino en Ruanda, y que probablemente no era la mejor manera de encarar el debate presupuestario. Tengan, señor Ministro, señoras y señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, la absoluta seguridad de que no voy a hacer aquí ninguna trompetería pesimista; tampoco voy a hablar de todas y cada una de las veces que el Grupo Parlamentario Popular ha votado en contra, durante los veintitrés años de democracia española, desde la Constitución en adelante, de textos legales; no voy a hablar de ningún voto en contra a ningún otro proyecto de ley, voy a hablar del proyecto de ley de presupuestos, y lo voy a hacer partiendo de la base de que éste es un año muy interesante para el debate de presupuestos en esta Cámara. Son los primeros

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presupuestos del Partido Popular con mayoría absoluta, es el primer año de una legislatura que comienza, parece que esta novedad política debía haberse traducido en algo en la presentación del debate de presupuestos.
También parece que la sociedad española demandaba algo al Gobierno en esta coyuntura, porque es verdad que estamos en una buena coyuntura económica y que España va a ir bien, como diría un comentarista liberal de algunas tertulias radiofónicas, a pesar del Gobierno; España va a ir bien en el año 2001, va a ir bien como el resto de los países de la Unión Económica y Monetaria. Once países de la Unión Europea van a tener superávit fiscal el año 2000, no el año 2001, bien es cierto que gracias a haber subastado las licencias de telefonía móvil de tercera generación, como no quiso hacer el Gobierno español. Es decir, el objetivo de equilibrio presupuestario de superávit fiscal es un objetivo perfectamente conseguible; si hubiéramos subastado las licencias de telefonía móvil, hubiéramos llegado al superávit fiscal para el año 2000.
Pero también es cierto que hay determinados nubarrones que empañan ligeramente lo que es una buena coyuntura económica, y en este sentido, de la misma manera que no cabe decir que España va a ir mal, tampoco cabe decir que vivimos en el país de las maravillas en el que transitaba Alicia, según los cuentos de Lewis Carroll.
El diferencial de inflación de España con los países de la Unión Económica y Monetaria se ha incrementado en cuatro puntos sólo en el último mes, y crece de manera estructural en los últimos años, haya «shock» del petróleo o no lo haya, tanto en bienes comerciales como en bienes no comerciales. El Fondo Monetario Internacional o la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico han recortado nuestras expectativas de crecimiento y han empeorado nuestras expectativas de déficit y de inflación.
La Bolsa española, que suele anticipar el ciclo económico, y otros indicadores, los paneles de empresarios sobre la confianza o la generación de empleo, pero también los indicadores de confianza de los consumidores españoles, manifiestan que la opinión pública española es algo más pesimista, y estos problemas merecían alguna consideración del Gobierno, y probablemente este año estuviera más justificado que nunca hacer lo que ustedes han hecho en los años anteriores desde que, por encargo del pueblo español, están gobernando la nación española, y es presentar algunas medidas de relativo calado en esta Cámara, porque este año sí merecía la pena haber adoptado algunas medidas que pudieran solucionar los problemas que tiene la economía española para mejorar su competitividad y su nivel de crecimiento. Los presupuestos de este año, que ustedes, por cierto en un pésimo uso del español, han denominado de déficit cero, expresión no muy correcta desde el punto de vista sintáctico, son los del cero en reformas; son los presupuestos con menos medidas de reforma que van a aprobar las Cámaras desde que el Partido Popular está en el Gobierno. Nos habíamos acostumbrado además a que algunas de estas medidas de reforma entraran en el Senado de tapadillo, a última hora, como enmiendas ante las cuales sólo puede uno manifestarse en código binario, enmiendas sin modificación. Nos habíamos acostumbrado a que el Senado aprobara medidas de determinado calado, y este año, sin embargo, el Senado va a aprobar muchas enmiendas del Grupo Parlamentario Popular a la ley de medidas y a la ley de presupuestos, pero todas ellas absolutamente intrascendentes. De hecho, nos hemos convertido en una Cámara de fe de erratas, corregimos los errores de las enmiendas del Partido Popular en el Congreso, corregimos textos legales que todavía no están en el «Boletín Oficial del Estado», corregimos imprevisiones legislativas del Gobierno cuando se aprueban determinadas medidas que luego, según informes publicados hace dos años, ahora tenemos que corregir, y dictamos en forma de ley disposiciones que son pura y simplemente reglamentarias y cuya modificación obligamos a que se haga en forma de ley añadiendo cada vez más peso a la bola de nieve en la que se está convirtiendo la ley de medidas que acompaña al presupuesto, pero reformas de verdad, ninguna.
Tenemos que hablar de dónde hacen falta las reformas. Hacen falta reformas en política de vivienda. En el último estudio publicado por una entidad, creo que de relativa solvencia, el primer banco de este país, se dice que las familias españolas gastan más dinero en vivienda ahora que en el año 1995, porque la espiral de crecimiento de los precios de la vivienda ha sido tal que se ha comido las rebajas de los tipos de interés, con todas las liberalizaciones de los sucesivos Gobiernos del Partido Popular, y sin embargo, los beneficios fiscales a la vivienda han disminuido desde la Ley del antiguo Impuesto sobre la Renta a la Ley del nuevo Impuesto sobre la Renta. Así, un contribuyente puede deducirse 200.000, 300.000 ó 400.000 pesetas menos por la compra o el alquiler de su vivienda en función de que hubiera comprado o alquilado ésta antes de la aprobación del nuevo Impuesto o después.
Y si hablamos de las reformas en materia de política energética, hay que decir que frente al «shock» del incremento de los precios del petróleo había que promover dos tipos de políticas. En primer lugar, conseguir que los españoles consumieran menos, pero no --como decía el señor Rato, Vicepresidente económico del Gobierno-- simplemente porque sí, sino promoviendo, por ejemplo, el transporte colectivo de viajeros. Pero, ¿saben lo que ocurre con estos presupuestos? Que la factura del incremento de los carburantes repercute en las tarifas de los usuarios del transporte colectivo de viajeros gracias a una política absolutamente insolvente e irracional. En lugar de promover el uso del transporte público, con el incremento de las tarifas del transporte público seguimos obligando a la gente a seguir utilizando el transporte privado. ¿Y saben sus señorías cuál es la única disposición legislativa que se va a aprobar en estos presupuestos y en la ley de medidas para el fomento del uso de energías alternativas o renovables? Una enmienda presentada por el Grupo Socialista, y sobre la que se ha llegado a una transacción en la ley de medidas en el Senado, que propone el incremento de las primas a la energía solar. Pero no se prevé nada para derivar el consumo de combustibles fósiles hacia otras formas energéticas.
También hay que hablar --porque, además, es una de las más importantes decepciones que ha tenido la sociedad española en cuanto a la tramitación de este proyecto de ley

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en esta Cámara-- de los mal llamados costes de transición a la competencia, que gravan el 4,5 por ciento de la factura por energía eléctrica de los consumidores españoles. Esos costes --que no son tales-- de transición a la competencia --que no tienen nada que ver con la transición a la competencia-- nos los van a obligar a suprimir de nuestro ordenamiento jurídico decisiones de la Comisión Europea, pero era en esta Cámara, donde tuvo lugar ese desaguisado, donde debería haberse corregido éste, siendo ya absolutamente evidente que los CTCs no pueden continuar gravando la factura de energía de los consumidores españoles. Sin embargo, ustedes se han negado a adoptar aquí esta medida, sabiendo que es inexorable la adopción de una u otra forma de alguna medida en ese sentido. No hay, pues, en estos presupuestos ninguna medida que derive consumos energéticos indeseables hacia consumos energéticos más deseables.
Se ha hablado de mejoras en materia de fiscalidad y, con perdón, eso sí que tiene guasa, porque el señor Ministro, para empezar, se ha referido a unos informes relativos al Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas que no pertenecen a este debate y que él sí conoce, pero no así la sociedad española y la comunidad científica, ya que las memorias de la Agencia Tributaria no se publican --ni siquiera se ha publicado la de 1998, aunque él ha hablado de datos correspondientes a la Memoria de 1999--, cuando la propia Intervención General del Estado, sobre los únicos datos conocidos y públicos hasta la fecha, decía en el informe sobre 1999 --que tengo delante-- que las retenciones sobre los rendimientos del trabajo habían subido un 3,5 por ciento; los pagos fraccionados de actividades económicas --lo que pagan los empresarios-- habían bajado un 3 por ciento, y las retenciones sobre los rendimientos del capital mobiliario habían disminuido un 19 por ciento. Pues bien, miren ustedes por dónde, estos datos sobre retenciones se han convertido, cuando se ha presentado la declaración, en las fastuosas cifras del Ministro, las cuales, como sólo él conoce, sólo él puede exponer desde esta tribuna y sobre las que tiene que pronunciarse la sociedad española sin saber si tienen un basamento científico o son simplemente literatura para una mala rueda de prensa.
Pero algo había que decir sobre las reformas en materia de fiscalidad, porque estos presupuestos y la ley de medidas que los acompaña no contemplan ninguna reforma positiva para la fiscalidad de los españoles.
El Ministro ha dicho que los empresarios que tributen por módulos se van a ver beneficiados al poder acogerse a los incentivos sobre investigación tecnológica. Pero cuéntenos, señor Ministro, cuántos millones de personas de entre esos mismos empresarios que tributan por módulos se van a ver perjudicadas, y en cuánto, por la desaparición de las reducciones porcentuales que las cuatro anteriores leyes de medidas contemplaron en la estimación de sus módulos. Son millones, y van a pagar decenas de miles de millones de pesetas más de impuestos, pero usted oculta eso y habla de una hipotética deducción a la que van a tener acceso en las declaraciones desde el año 2002 en adelante.
Pero no, se deflacta la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Al parecer, el esfuerzo fue tan impresionante que ahora tenemos que corregirlo en ejercicios sucesivos. Y se nos dice con todo el cuajo --con perdón-- que no se puede deflactar la tarifa porque en un contexto de estabilidad de precios es conveniente que los impuestos mantengan también una cierta estabilidad tarifaria. Sin embargo, en esta Cámara hace diez días hemos aprobado una ley que reduce la tributación de las ganancias patrimoniales --las que configuran lo que se denomina la base liquidable especial del Impuesto sobre la Renta-- del 20 al 18 por ciento. Es decir, podemos bajar un 10 por ciento la imposición sobre las ganancias patrimoniales pero no podemos acomodar a la inflación las rentas de los trabajadores españoles en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Ese desequilibrio, agudizado cada vez más, en detrimento de las rentas del trabajo está provocado por estos presupuestos, porque en éstos hay tres medidas fiscales de naturaleza importante. La ampliación del Plan Prever para todos los vehículos que utilizaban gasolina con plomo. La deducción generada para familias numerosas por compra de monovolúmenes, que ahora se piensa extender a todos los vehículos --y con la que ya adelanto que estamos de acuerdo--, sobre la que, en todo caso, habría que plantear si es lo más ortodoxo que un mismo bien tenga dos precios distintos en un mercado libre, porque al final eso acaba generando distorsiones y fraude, y eso lo sabe usted, señor Ministro, tan bien como yo. Y una tercera medida que también ha introducido el Gobierno en la ley de medidas y a la que, sin embargo, el señor Ministro no ha hecho referencia, como es la reducción del IVA para las lápidas funerarias. Al parecer, el Gobierno, que es bastante ineficaz para conseguir que vivamos de manera menos cara, va a intentar conseguir que al menos los gastos mortuorios sean más baratos.
Pero las nuevas reformas en materia de fiscalidad se convierten en reformas regresivas cuando hablamos de la protección social en nuestro país. Porque hay que decir que los servicios sociales que son competencia exclusiva de las Comunidades Autónomas y que han sido transferidos a éstas van a crecer durante el año 2001 un 2 por ciento en los presupuestos generales del Estado. Que todos los servicios sociales que prestan las ONGs de este país en relación con el régimen de prestación social sustitutoria de los objetores de conciencia se van a ver perjudicados por la desaparición de los objetores y que no se les va a compensar con una sola peseta por ese concepto. Y que servicios sociales tan importantes como la conducción de ambulancias o el mantenimiento de los centros de tercera edad van a funcionar peor en el año 2001 que en el año 2000 en nuestro país.
Hay que decir que las partidas para los inmigrantes crecen mucho; un 10 por ciento, ha dicho el Ministro: pasan de 540 millones a 600 millones.
Por tanto, tocamos a 1.000 pesetas por emigrante/año en lo referente a la dotación del fondo de ayuda a la inmigración. Pero con estas ridículas partidas presupuestarias no puede haber acuerdo sobre la ley de extranjería e inmigración si antes no ponemos los medios necesarios para que se preste una atención digna a los inmigrantes.
Y hay que decir que toda esta falta de reformas se condensa en una falta de reformas fundamentales, y es que no

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liberalizamos nada y que el incremento de los precios de nuestros servicios compromete nuestra estabilidad y nuestro crecimiento.
Pero estos presupuestos, que no reforman nada, al menos podían ser los presupuestos del equilibrio presupuestario, los presupuestos del mal llamado déficit cero, porque sería más correcto decir déficit nulo. Este equilibrio presupuestario se basa en tres componentes. El primero, un déficit del 0,3 por ciento en las cuentas de la Administración general del Estado, que se consigue, en primer lugar, reduciendo el poder adquisitivo de los empleados públicos. Se acordarán ustedes de lo que decían cuando estaban en la oposición y el Gobierno socialista producía medidas de constricción en lo relativo a las remuneraciones de los empleados públicos. En aquel entonces nos decían, y tenían ustedes razón, que no éramos capaces de solucionar el problema de la reforma de la Administración pública. Pero ustedes llevan ya gobernando cinco años, señor Ministro, señoras y señores Senadores, y en este tiempo su fracaso respecto de la reforma de la Administración pública es absolutamente patente.
Les voy a poner un ejemplo. Tenemos un Ministerio de Educación que no puede abaratar los libros de texto ni incrementar la política de becas pero que gasta al año 71.000 millones de pesetas en pagar a un personal que está ejerciendo competencias en muchos casos transferidas a las Comunidades Autónomas. Repito: 71.000 millones de pesetas es la nómina del Capítulo 1 del Ministerio de Educación, que sin embargo no puede acometer políticas educativas.
Y les voy a poner otro ejemplo, relativo a los gastos corrientes.
Todos los años el avance de liquidación de los presupuestos nos indica que los gastos corrientes van a superar entre el 15 y el 20 por ciento los efectivamente presupuestados. Así, el avance de liquidación del año 2000 indica que serán 67.000 millones más. ¿Por qué? Porque no se presupuestan gastos que ya se sabe que se van a realizar; por ejemplo, los relativos a las misiones humanitarias de las Fuerzas Armadas Españolas en la antigua Yugoslavia o en otros países. Pero también hay otros gastos que se han exteriorizado del presupuesto, como los correspondientes a Radiotelevisión Española, que hemos convertido, para conseguir un déficit cero, en avales para autorización de deuda. Sin embargo, Radiotelevisión Española se va a endeudar durante el año 2001 más que el equivalente al déficit de todas las Comunidades Autónomas en el año 2000. Puestos a buscar leyes de estabilidad presupuestaria, a lo mejor no era malo hacer una ley de estabilidad presupuestaria para Radiotelevisión Española porque este año, además, los gastos financieros de Radiotelevisión Española van por encima de los 40.000 millones de pesetas más que los presupuestados por el incremento de los tipos de interés. (El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!) Pero vamos a seguir contando cosas que no están en el Presupuesto.
Ustedes habrán oído defender al colega del señor Montoro, señor Arias Cañete, que era necesario realizar un plan de choque por los problemas causados, de los cuales, evidentemente, el Gobierno español no tiene ninguna culpa, por la encefalopatía espongiforme bovina. Pues el mal de las «vacas locas» nos va a obligar a hacer intervenciones de compra --parte de las cuales van a ser cofinanciadas por la Unión Europea pero parte no--, destrucción de materiales presuntamente contaminados, análisis, la reconversión industrial de todo el sector de harinas, etcétera. Un coste mínimo de esas medidas son 100.000 millones de pesetas, evaluado por los expertos de la Unión Europea y por los del Ministerio de Agricultura español, del cual, en principio, la Unión Europea no quiere cofinanciar nada. Pero pongamos que va a cofinanciar el 50 por ciento. ¡Es que no hay una sola peseta en los Presupuestos Generales del Estado para esto! Y es un gasto que se va a contraer, que va a generar déficit, y el déficit cero se lo han comido las «vacas locas» (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), señoras y señores del Gobierno del Partido Popular, porque el presupuesto no contiene esos gastos, y para que vea el señor Ministro que estamos dispuestos a contribuir al equilibrio presupuestario real, y no teórico y propagandístico, de la Administración, le anticipo ya, señor Ministro, que estoy de acuerdo con usted en que esos gastos figuren en el presupuesto; estamos dispuestos a transaccionar enmiendas que disminuyan el gasto y que consigan que haya 50.000 o 100.000 millones de pesetas en los presupuestos para hacer frente a la encefalopatía espongiforme bovina. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Laborda Martín: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) En cuanto a la inversión pública, vamos a exponer dos cosas simplemente.
Las consignaciones para inversión de los dos grandes centros gestores del Gobierno --el Ministerio de Fomento y el Ministerio de Medio Ambiente-- son 586.000 millones de pesetas. Las obras presupuestadas en el Anexo de Inversiones tienen un coste de más de siete billones de pesetas. Harían falta once años para hacer sólo las obras que vienen en el Anexo, no las que empezaron los años sucesivos, sino sólo éstas. Y eso sin contar que ustedes han metido 150 regadíos en la Ley de medidas, obligando al Estado a cofinanciarles, para los cuales no hay una sola peseta, y que ustedes, además, como todos los años, han derivado buena parte de las inversiones de la Administración del Estado a entes públicos empresariales cuya financiación no causa déficit, pero sí el incremento de la deuda, porque en este país, el año 2001, con déficit cero, la deuda va a crecer más de un billón, y lo va a hacer, entre otras cosas, por operaciones financieras para realizar inversiones, sin que, aparentemente, causen déficit.
El segundo de los componentes del déficit es el de la Seguridad Social, que va tener --lo ha dicho el Ministro en esta tribuna-- un 0,36 por ciento de superávit, pero es que los 165.000 millones de pesetas de la desviación del año 2000, que vamos a poder pagar con remanentes de este año, se van a convertir en 165.000 millones de pesetas más de gasto en pensiones que el año 2001, con lo cual, el superávit de la Seguridad Social no va a ser de 300.000 millones de pesetas, sino de 300.000 millones menos 165.000, porque el libro de presupuestos de la Seguridad Social especifica muy claramente que las previsiones de incremento de las pensiones son del 2 por ciento para el año 2001.


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Le vuelvo a decir, señor Ministro, que estamos dispuestos a consensuar con ustedes una enmienda que haga que las aportaciones del Estado a la Seguridad Social se incrementen en 165.000 millones de pesetas para conseguir que las pensiones no crezcan pagadas por cotizaciones cuando no son no contributivas, como está sucediendo en nuestro país, con incumplimiento manifiesto del Pacto de Toledo, sino para conseguir que la parte no contributiva de las pensiones se pague con cargo a impuestos y no con cargo a cotizaciones sociales.
Una última y breve reflexión sobre Seguridad Social. En nuestro país, las cotizaciones a la Seguridad Social suponen el 35 por ciento de los ingresos tributarios; en la media de la OCDE suponen el 25 por ciento, y cuando cambie el ciclo económico, sea pronto o sea tarde y cuanto más tarde lo haga, mejor, tener cotizaciones altas se convertirá en un impuesto para el empleo. Pero ustedes han preferido que, en vez de hacer una reforma global de la fiscalidad que supusiera cambiar beneficios fiscales sobre el trabajo y cambiar beneficios fiscales a las empresas por beneficios fiscales reales a la contratación por disminuir la carga del trabajo en las cotizaciones a la Seguridad Social, ustedes, antes que esa reforma global que les recomiendan la OCDE u otros organismos internacionales, han preferido reformas parciales y electorales. Y el señor Ministro nos ha vuelto a decir que van a volver a reformar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que es más bajo en España que en la mayor parte de los países de la OCDE, pero no quieren ustedes reformar el sistema de cotizaciones sociales, y esto nos pasará factura cuando cambie el ciclo, y entonces tendremos que decir que esa reforma la podíamos haber hecho con un ciclo evidentemente más favorable.
El tercer componente del equilibrio presupuestario que nos propone el Gobierno son las cuentas de las administraciones territoriales. A los ayuntamientos se les pide algo muy sencillo: que no suban los impuestos, que mejoren los servicios y que hagan frente a todos los gastos. Esto es simplemente imposible. Las Comunidades Autónomas van a ver crecer sus ingresos un poco más que el PIB, si descontamos los traspasos realizados a su favor. Pero el año 2001, que era el último año del modelo de financiación en estos momentos vigente, tenía que habérseles cedido el 31,5 por ciento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. No se les ha cedido, con un claro incumplimiento legal. ¿Por qué? Pues según explicaciones de un alto responsable gubernamental --el Secretario de Política Territorial del Departamento del señor Montoro--, porque esto perjudicaba a alguna Comunidad Autónoma. Debía funcionar la garantía de que la financiación media por habitante de todas las Comunidades Autónomas fuera, como mínimo, el 90 por ciento de la media. El Gobierno se ha olvidado de esa garantía. Debían funcionar las asignaciones de nivelación, y las hemos convertido en un convenio para la mejora del profesorado universitario, que todavía está por firmar, con algunas Comunidades Autónomas. El Fondo de Compensación Interterritorial facilita a las Comunidades Autónomas recursos por valor de 146.000 millones de pesetas cuando, según la ley, debía ser el 35 por ciento de la inversión en obra civil nueva del Estado, en un Estado que, al parecer, invierte 3,3 billones de pesetas, y el Fondo de Compensación Interterritorial, 146.000 millones, ha crecido el 3,6 por ciento.
Lo que únicamente mantiene en estos momentos el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas son los fondos de garantía. Estos, por la mala evolución del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, ha supuesto a las Comunidades Autónomas, en estos últimos cinco años, 230.000 millones de pesetas. Pero estos fondos de garantía --lo dice el propio acuerdo-- no se consolidarán como recurso de financiación. ¿Y qué es lo que hace el Gobierno cuando está acabando su vigencia el modelo de financiación autonómica? Nos quiere proponer una ley de estabilidad presupuestaria que, además de acabar con la corresponsabilidad fiscal y con la autonomía de las Comunidades Autónomas, va a obligar a éstas a disminuir sus gastos en servicios sociales o en educación en la misma medida que disminuyan los recursos que no se van a consolidar cuando acabe la financiación de las Comunidades Autónomas.
En resumen, señoras y señores Senadores --y con esto termino, señora Presidenta--, nosotros queremos un presupuesto equilibrado y pensamos que es positivo para este país que lo haya. Deseamos que en el presupuesto equilibrado se consignen cuantías para atender al fondo de garantía de las Comunidades Autónomas que están fuera del presupuesto; que se consignen los gastos corrientes que efectivamente se van a realizar y que están fuera del presupuesto; que se consignen partidas para compensar la desviación de inflación de las pensiones, que no están en el presupuesto y que son gastos que se van a realizar; que se consignen también las mayores aportaciones que tendrá que hacer el Estado por el incremento de los costes financieros de Radiotelevisión Española o de otros entes públicos que van a gastar más y que no están en el presupuesto; que se consignen los gastos de la encefalopatía bovina, que vamos a tener que gastar, porque la salud no tiene precio, y no están en el presupuesto.
Entonces será cuando el presupuesto estará realmente equilibrado; si no, será un presupuesto camuflado que podrá equilibrarse si, al final, lo que se incrementa por encima de las previsiones del Gobierno es la recaudación, pero entonces seguirá subiendo la presión fiscal, como ha venido sucediendo en España durante los últimos tres años, que es precisamente lo que ustedes han conseguido hacer.
Como el señor Ministro ha acabado su intervención con una referencia a la Historia, y ésta es mi materia profesional, permítame que yo también haga otra. En otros tiempos, algo lejanos ya en la historia de nuestro país, también hubo un ministro de Hacienda que presumía de hacer presupuestos equilibrados. Hacía los presupuestos ordinarios equilibrados y, luego, unos presupuestos extraordinarios en los que incluía todo el déficit y que desequilibraban toda la gestión pública. A ese ministro también se le ocurrió crear una serie de entes que pudieran distraer el déficit del entonces gasto de Fomento. Ese ministro también consiguió incrementos notables en la recaudación, si bien es cierto que no modernizó en absoluto el sistema tributario

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español. Ese ministro se llamaba don José Calvo Sotelo, y su Gobierno era el del Directorio del General Primo de Rivera. Pero esa política funcionó mientras el ciclo fue a favor de la corriente, cuando el ciclo cambió, la política hizo aguas y acabó con la política sumida en un descrédito y en una falta de apoyo social de todos los grupos que la habían apoyado.
No queremos políticas a favor del ciclo, cortoplacistas, como las que realiza este Gobierno. Si quieren ustedes nuestro apoyo para reformas globales de la fiscalidad, lo tendrán; si quieren ustedes nuestro apoyo para reformas parciales, no lo van a tener. Si quieren ustedes nuestro apoyo para un presupuesto equilibrado, introduzcan en él todas las medidas que saben ustedes que van a generar gasto en este país, y no las saquen fuera, y entonces estaremos de acuerdo en pactar un presupuesto equilibrado; también equilibrado entre el Estado y la Seguridad Social, dando cumplimiento al Pacto de Toledo. Si no es así, no cuenten ustedes con nuestro apoyo, porque éste no va a ser un presupuesto equilibrado, sino camuflado, y por eso lo vetamos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, alguno de mis compañeros se ha extrañado cuando he aplaudido al señor Granado, pero es que yo le aprecio y valoro su categoría de parlamentario, porque, en cuanto al don de la palabra, no tiene precio.
En primer lugar, es realmente un honor tener la oportunidad de defender estos presupuestos, por tantas cosas diferentes y tan especiales en comparación con los tramitados en democracia. Estos presupuestos, junto con la peseta y el siglo XX, dejan atrás los déficit --y esto es muy importante--, pero yo no le doy tanta importancia a ese 0,1 ó 0,2 por ciento; no. Lo importante es que se acaba un trabajo que se inició en 1996, que pretendía --y lo ha conseguido-- el equilibrio presupuestario.
Eso se ve este año y se verá el próximo, y eso es lo que vale: el trabajo y el rigor para conseguir el equilibrio presupuestario. Por eso, lo primero que hay que hacer es darle la enhorabuena al señor Ministro, porque eso sí, cambia y revoluciona los presupuestos en este país.
Este equilibrio de hoy nos sitúa en ventaja con respecto a los demás países de la zona; nos va a permitir tener mejores niveles de renta, nos va a permitir crear más empleo que ellos para realmente poder converger.
Son los adecuados para entrar en una nueva economía. Esta economía nueva, abierta, sin fronteras, que nos estamos dando tiene en el conocimiento y en la libertad las principales fuentes de riqueza, y esto es lo que consiguen estos presupuestos.
Señorías, esté presupuesto --y luego me referiré a la inflación, de la que tanto se habla últimamente-- quiere ver la inflación, precisamente, como un elemento distorsionante al que hay que atacar, al que hay que combatir, y precisamente desde él, con estabilidad, ya se le combate.
En su teoría genérica, con que ha abierto su intervención, un tanto desordenadamente y llena de anécdotas --que es como ir a ver el Guernica y estar buscando una manchita; algo se tiene que buscar--, hablaba de su otra obsesión: el dinero conseguido por las telefonías móviles por otros países, con lo cual, once de ellos llegaban al equilibrio. Ya se le ha dicho en innumerables ocasiones que eso rebajaría deuda, pero no el déficit, y en este caso nosotros tenemos el déficit, y si acaso, con las tasas, que es la periodificación del ingreso a lo largo de los años, sí vamos a conseguir ingresos.
En cualquier caso, hay que felicitar al señor Granado; su puesta en escena es fantástica. Me recordaba a Echanove en una obra de teatro (Risas.), y valoro realmente el esfuerzo que hace por defender lo indefendible y atacar lo inatacable. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señor Granado, en esta nueva economía ustedes están absolutamente descolocados, claro que en la otra también lo estaban. (Protestas.) Leer sólo información sectaria es malo, pero creérsela ya es demencial. Usted sube aquí todos los años --y le he seguido durante muchos-- a decir que se ha acabado el ciclo de la buena suerte; lo dice con mucha vehemencia y seguridad, y pronostica situaciones que inexorablemente el tiempo viene a certificar como falsas. Todos los años encuentra una excusa; este año son las «vacas locas», bienvenidas sean para ustedes; es bueno que les den materia. Usted defendió con la misma falta de pudor las causas que llevaron a la quiebra de la Seguridad Social como ataca las que la llevaron a un superávit; exactamente con la misma falta de pudor.
Defendió los presupuestos que nos llevaron a un déficit de un 7 por ciento --que este año serían siete billones de pesetas--, y sin inmutarse ataca al que nos ha llevado al superávit. Igual de eufórico defendió --haga memoria-- los presupuestos que nos llevaron al 25 por ciento de paro, como hoy ataca a los que nos llevan al pleno empleo. Desde luego, insisto, usted como profesional de la palabra no tiene precio.
Usted ataca todos los años los presupuestos del Partido Popular, pese a que todos los años, todos los años, cumplen sus objetivos. Y permítame el símil --ya que usted es aficionado al fútbol--, es como si el Barcelona ganara la Liga, la Copa del Rey y la Liga de Campeones, y le dijera que no lo hace bien; le puede molestar a usted, pero bien lo hace. (Rumores.) En estos cuatro años se ha superado el objetivo del déficit, el crecimiento económico y el número de empleos marcado, y eso se ha conseguido bajando los impuestos y subiendo los gastos sociales. Les molestará, pero es así. ¿Por qué entonces los consideran malos, si cumplen sus objetivos? ¿Con cuáles nos está comparando para decir que son malos? ¿Con los suyos anteriores? No creo, ¿verdad? ¿Será con los del resto de la Unión Europea? Mire, les sacamos un punto de media de crecimiento; les sacamos casi 2,5 puntos de media anual en creación de empleo, y además hemos sido los primeros en llegar al equilibrio presupuestario. ¿Con quién nos compara? (Aplausos en los

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escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Con esta política que ustedes defienden se hizo la reforma laboral de 1994, sin diálogo, con poca creación de empleo y con mucha basura. Con la política que usted ataca se hizo la reforma de 1997, que ha creado mucho empleo e indefinido, y además se sigue dialogando para mejorarlo.
Señoría, yo veo difícil que usted defienda esa política que no le ha dado resultado, sin embargo, le ofrezco, de una forma sencilla, no tan complicada, un modelo presupuestario; le invito a que lo compartan con nosotros. Es muy sencillo y ha demostrado que funciona. Marcamos un objetivo de crecimiento, y se toman medidas fiscales y medidas liberalizadoras para conseguirlo. En segundo lugar, se marca un objetivo de empleo, y se hacen políticas laborales incentivadoras, y se usa el diálogo social, y se consigue el número de empleos marcados. La riqueza que se genera se dedica a gastos sociales, con lo cual podemos conseguir las tres cosas fundamentales: convergencia real, pleno empleo y una sociedad más justa. Eso es en definitiva lo que consiguen estos presupuestos para el 2001.
Señoría, hay un crecimiento del 3,6 por ciento. En empleo 383.000 nuevas personas con nombre y apellidos podrán encontrar empleo en 2001. En políticas sociales, el 55 por ciento del gasto; es decir, 10 puntos más que en los últimos presupuestos socialistas. ¿Qué es lo que no comparten? ¿El equilibrio presupuestario? Gracias al equilibrio presupuestario, señoría, estos presupuestos son de doble solidaridad: con el presente, porque aumentan un 13,6 por ciento las prestaciones sociales, pero también con el futuro, porque liberan de intereses a las futuras generaciones, que se podrán dedicar a invertir esos dineros y además a más gastos sociales.
Parece que tampoco comparte las previsiones. No le sirve el aval de haber cumplido cuatro años consecutivos unas acertadas y moderadas previsiones.
Me explico. Unos presupuestos, dentro de una política económica correcta, como la nuestra, no sólo prevén el futuro, sino que hacen futuro; y unos presupuestos se utilizan para hacer políticas encaminadas a lograr los objetivos que se persiguen, y no simplemente para hacer de pitonisas: ¡esto es lo que va a pasar! No: tomo medidas que nos hacen llegar a donde quiero que vaya la economía española.
Ustedes andan despistados porque van de un extremo a otro en función de lo que un día diga la prensa o de lo que piensan que puede ser una medida fácil y populista. Y les pasa igual con las liberalizaciones, que pasan del intervencionismo a exigirnos mucha más liberalización sin ningún problema; les ocurre también con los impuestos, que pasan de votar en contra a decir que hay que bajarlos, y hacen lo mismo, en fin, con el mercado laboral, que de crear empleo y legislación basura resulta que ahora quieren todo indefinido. Y no se puede ser radical, no se puede ir donde va el viento, porque si no se sabe dónde va uno, difícilmente el viento sopla a favor de nadie, aparte de que no sólo es cuestión de viento: hay que saber manejar las velas para poder ir en la dirección que uno quiere.
En los años 1998 y 1999 tuvimos una crisis financiera internacional que afectó al comercio, y todos los países de nuestro entorno se vieron afectados, todos tuvieron un aletargamiento del crecimiento, mientras que España no, entre otras medidas, por la rebaja fiscal y por los presupuestos que, por supuesto, ustedes rechazaron.
En el año 2000 se produce la crisis del petróleo. Los datos del tercer trimestre indican que Alemania, Francia, Italia e incluso Estados Unidos bajan el crecimiento, mientras que España no --y mira que ustedes le echan leña para que baje, pero nosotros seguimos manteniéndonos--, y es sencillamente porque no damos vaivenes, porque estamos siguiendo un programa --ese que no teníamos-- y no ocultamos los problemas, sino que tratamos de que toda la sociedad se implique en ellos y, entre todos, los resolvamos.
Por cierto que, como pitonisas sobre las malas previsiones, ustedes lo hicieron regular tirando a fatal, porque en los muchos años que he estudiado sus previsiones no se cumplió ni una sola, ni con las pensiones, ni con las nefastas consecuencias de la rebaja fiscal, ni con los fines de ciclo. En el año 1999, por ejemplo, se batió el récord de venta de coches en España. Según ustedes el ciclo se había acabado, era muy malo, pero es que este año, en el último puente, cerca de un millón y medio de españoles han ido con su coche post-ciclo matriculado este año.
Iba a ser un año malísimo, pero afortunadamente no les oyeron.
En cuanto a ingresos, que es sobre lo que tenemos que hablar, me parece que ha sido bien explicada la moderación de las previsiones. Se estima que van a crecer un 3,6 por ciento que, por cierto, es más o menos lo que pronostican todos los organismos internacionales. Esto supone unos ingresos tributarios del 6,3 por ciento, que es bastante menos de lo que tuvimos el año anterior con un mismo crecimiento estimado.
Un 4 por ciento en cotizaciones sociales me parece que es bastante más que razonable. Evidentemente nos podemos equivocar, pero parece moderado y razonable. Usted menciona 165.000 millones por la revisión del IPC y le preocupa que no podamos cumplirlo. Duerma tranquilo, porque hasta septiembre llevábamos más de 300.000 millones de pesetas más de recaudación en la Seguridad Social de los ingresos previstos. Es una prueba más de la moderación de las previsiones.
Hablan continuamente de las modificaciones de crédito. Hay modificaciones de crédito y va a haber una variación en el Capítulo 2. Obviamente, menos que otros años, pero todas las modificaciones tienen una causa: cancelación de deuda, víctimas de terrorismo o la colza, porque hay generación de ingresos no previstos que luego se aplican a gastos, porque hay ingresos en sanidad, en tráfico o en la Agencia Tributaria que a su vez generan gastos, las misiones de paz de la OTAN, etcétera. Estas son las modificaciones existentes, y si hay que hacerlas por una causa extraordinaria, se hacen, pero no es, desde luego, un motivo como para presentar una enmienda a la totalidad de los presupuestos.
En cuanto a los tributos, yo creo que hay una cosa evidente. Ustedes se empeñan en la subida de la presión fiscal y lo cuentan como quieren. Los impuestos, individual mente, bajan; lo que está claro es que si hay más contribuyentes --porque hay más ciudadanos que trabajan, porque hay más empresas que se crean y ganan dinero y pagan impuestos--,

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aunque uno a uno los españoles estemos pagando menos, todos juntos pagamos más. Por eso suben los ingresos aunque baje la presión fiscal por cada uno de nosotros.
En cuanto al Fondo de Garantía y que el año 2001 es el de la liquidación, efectivamente, la liquidación es quinquenal, pero anualmente se hacen liquidaciones y, en consecuencia, en la Sección 32 hay unas previsiones de las entregas a cuenta y de esas liquidaciones que se tienen que hacer.
El que a usted le preocupe que pueda ser más es una preocupación muy particular suya.
En cuanto a la elección del Grupo Popular y del Gobierno sobre las necesidades que la sociedad tiene, ahí es donde se puede decir cómo son estos presupuestos. Tenemos unos presupuestos que, en su conjunto, crecen menos que el PIB nominal, es decir, sigue disminuyendo la presencia del sector público en la economía. Pese a eso, subimos en infraestructuras más de un 10 por ciento porque generan riqueza, señorías, porque no solamente generan en este momento un bien que es poder suplir una posible debilidad de la construcción privada, sino que además está incrementando las rentas medias de los territorios, cohesionando con que el futuro sirva también para generar ingresos. Aumenta y apostamos por el I+D no solamente con el 13 por ciento de subida, sino con cambios, con coordinación, con centralización de los centros de referencia, con establecimiento de prioridades en el Ministerio para que no se hagan las subidas inerciales porque sí, sino que responden a un objetivo claro de converger en cuatro años con la Unión Europea en los gastos medios.
Asimismo, se incentiva la inversión privada en investigación y en desarrollo. Al igual que en infraestructuras, hay un plan que en siete años nos quiere poner a la altura de los mejores de Europa. En ciencia y tecnología tenemos un plan claro que en cuatro años nos quiere poner a ese nivel y ayudamos a la iniciativa privada a que se implique. En cada una de las áreas tenemos un objetivo a corto y medio plazo. Por eso funcionan los presupuestos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En seguridad ciudadana también hay un aumento de un 8,4 por ciento, muy notable comparado con la media, porque se pretende dar respuesta a las distintas formas del crimen organizado.
Y si hablamos de educación, en lo poco que te queda por transferir, aumenta un 9,6 por ciento.
Las prestaciones sociales suben un 13,6 por ciento. Creo que es una subida notable, muy por encima de la inflación. ¿Por qué se critica esto? No solamente tiene en cuenta cuantitativa mente una gran subida, sino que se hace un especial hincapié en prestaciones nuevas, como la maternidad, que en este año ha subido un 14 por ciento y que se prevé otro 14 por ciento para el año que viene. También se prevén ayudas a la familia, un incremento importante de la ayuda a inmigrantes, a enfermos de alzheimer, al plan gerontológico, etcétera, es decir, justo donde las nuevas demandas sociales están conformando lo que será la política social del futuro. Creo que está amarrado por todas partes.
¿Sigue siendo el empleo importante en España? Evidentemente. Por eso en las políticas activas se le destinan 826.000 millones de pesetas, y son los mayores de 45 años, los jóvenes y los discapacitados los más beneficiados. Además, se establece una ayuda nueva para aquellos trabajadores que están en riesgo de exclusión social, que se incluye en los presupuestos del año 2001 como nuevo acicate para su contratación.
La sanidad crece hasta 4,7 billones, señorías, y esto se ha hecho simultáneamente a la desaparición de la aportación de las cotizaciones de la Seguridad Social.
Si vemos las cifras comprenderemos cómo se está haciendo un superior a los gastos medios. Quizá no les gusten estas prioridades, pero son las nuestras y, además, se hacen bajando los gastos que ustedes subieron.
¿Cómo les puede disgustar que se bajen los gastos de desempleo? Significa que hay muchos menos parados. Por eso bajan estos gastos y ese dinero se puede destinar a las prioridades que les he dicho. Intereses y gastos corrientes. Estos son los gastos que bajan, y de ahí se sacan los fondos para las otras prioridades que he indicado. No me mencionen la protección por desempleo, señorías, porque les recuerdo que, pese a todo, la cobertura neta del desempleo en el año 2001 sube 5 puntos, hasta el 67,7 por ciento.
Y por hablar un poco de esa inflación, aunque sea rápidamente --y se van a escribir con esto más libros que nunca-- quiero decirle que es una cuestión que se contempla como tal, y que hay que atajarla luchando contra ella. En primer lugar, como no se lucha, desde luego, es diciendo: pongo un 4 por ciento como objetivo porque le aseguro que nos vamos al 7 por ciento. En segundo lugar, tampoco se lucha no bajando los impuestos para encubrir o disimular las subidas reales de los costos, porque se provoca más subida de los costos en origen del petróleo. En consecuencia, hay que luchar contra la inflación, pero con sentido común. Y si se prevé es porque se presume que con una base de 35 dólares el barril no es lógico ni razonable que suba un 140 por ciento. No se nos va a poner a 90 dólares; más bien podría ser incluso deflactario si tiende a la línea de los 25 dólares, donde parece, además, que no estamos muy desencaminados con lo que está pasando últimamente. Igual pasa con el dólar. Partiendo de una base de 198 pesetas, difícilmente va a subir un 20 por ciento. Lo normal será que al menos se mantenga o que baje a las 175 pesetas, que sería su valor lógico en términos económicos. Pero, señorías, con que se quedasen como están y dejen de aportar el punto de inflación que están aportando ahora, ya tendríamos bastante.
Señorías, al hablar de inflación no olviden que la política monetaria, la que financia la inflación que maneja el Banco Central Europeo, nos puso el dinero al 2, 5 por ciento, y sus efectos los hemos sufrido en este año. Se van amortiguando con la subida, y de hecho la demanda interna así lo refleja.
En cualquier caso, hasta ahora hemos cambiado tres millones de puestos de trabajo por un punto de diferencia con inflación. Lo vamos a intentar acortar; estamos trabajando en ello, pero permítame, señoría, que le diga que los tres millones de puestos de trabajo bien valen esa pequeña diferencia en inflación. En definitiva, el equilibrio presupuestario es una aportación que el sector público y el Gobierno

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hacen en esa lucha contra la inflación, lo que consideramos un problema importante y que por serlo no podemos asimilarlo sin más ni más. Hay que enfrentarse a él, y lo hacemos de esa manera.
Señor Presidente, no hay razones, pues, para el veto de estos presupuestos. Dejan atrás el déficit; apuestan por una solidaridad inteligente de presente y de futuro; abren la puerta a nuevas empresas, a nuevos trabajadores que, con sus contribuciones, permitirán que los próximos años hablemos de una nueva rebaja de impuestos porque, sencillamente, seremos más a contribuir.
Por ello, y por sentido común, económico y social, les pido a todos ustedes su voto contra este veto. Les resultará difícil explicarles en su día a sus nietos por qué votaron contra unos presupuestos que por vez primera dejaron atrás el déficit, eran los más solidarios de la historia, y por si eso era poco, se hicieron rebajando los impuestos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Caneda.
Pasamos a la propuesta de veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En turno a favor tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Antes de iniciar mi intervención en defensa del veto, quiero dedicar un recuerdo especial, también en nombre de nuestro Grupo Parlamentario, a nuestro compañero, el Senador Zapatero, fundamentalmente por tratarse de un hombre que todos podemos confirmar que era un hombre bueno, un buen compañero --lo que, por otra parte, no es difícil de encontrar aquí, en el Senado--, un hombre culto, un hombre que sabía tender puentes allí donde hay que tenderlos: en la conversación cotidiana, en la convivencia cotidiana, valores estos que hoy día escasean en el mundo de la política.
Por eso, si hubiese muchos hombres como él, es posible que pudiésemos llegar a entendernos con mayor facilidad, a dialogar más fácilmente, y a seguir encontrándonos para buscar objetivos comunes.
Personalmente tengo que decir también que además de haber perdido a un compañero y a un amigo, he perdido un suministrador de importantes libros de historia y de la cultura de su Castilla y León, que él apreciaba enormemente. A mí me hizo conocer facetas muy importantes de la Historia de Castilla y de León, lo que quiero agradecerle y reconocer aquí personalmente en mi nombre y en el de todo mi Grupo Parlamentario.
(Fuertes y prolongados aplausos.) Señor Presidente, señor Ministro, señorías, lamento que sean ya las dos y veinte de la tarde y que sea éste el momento en que le toca a nuestro Grupo defender nuestro veto. Voy a tratar de ceñirme al horario, dentro de lo que me corresponde. De todos modos, es posible que me alargue un poco más acogiéndome a la misma benevolencia que la Presidenta y el Vicepresidente han tenido para con los anteriores intervinientes. Espero que también lo sean conmigo para que podamos establecer un coloquio, señor Ministro, en relación con los presupuestos que ustedes han presentado.
Han pasado prácticamente seis meses desde la presentación del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio 2001. En los tiempos que corren seis meses, medio año, un período completo de sesiones es demasiado. En estos meses el proyecto ha sufrido cambios, adaptaciones a una realidad económica cambiante y a una realidad social con incertidumbres confirmadas sobre un futuro de bonanza económica, cuando en junio aparentemente sólo se trataba de nubecillas en el horizonte.
Ustedes han presentado ahora 30 enmiendas nuevas al proyecto y 70 a la ley de acompañamiento. Parece que entonces les cogió el toro o faltó tiempo verdaderamente para adaptarse a la realidad social.
En este tiempo, como usted conoce, señor Ministro, los precios del petróleo han crecido por encima de cualquier cálculo pesimista pese a lo que hoy esté sucediendo. La inflación ha duplicado las tasas previstas.
El paro ha detenido su retroceso; en octubre ha crecido, cosa que no ha sucedido en la zona euro. El precio del dinero se ha incrementado, se ha encarecido el precio de la vivienda y el de los préstamos para adquirirlas. Los recursos destinados a la política social han reducido su peso en relación al producto interior bruto. El ahorro de las familias ha descendido, y ustedes han debido plantearse, con un poco de sentido común y de responsabilidad, los objetivos macroeconómicos propuestos hace seis meses, ya que los analistas internos, los organismos multilaterales y los ciudadanos atentos lo están haciendo porque todos estamos preocupados por la evolución del crecimiento económico, la inflación y las consecuencias sociales que de ello se derivan, así como de las medidas de política económica que deberían tomarse o se deberían haber previsto.
Desde esta perspectiva actual, y viendo las modificaciones y correcciones introducidas en el proyecto de ley de presupuestos por el Gobierno, si este debate durara un mes más, ustedes continuarían introduciendo docenas de enmiendas y poniendo de relieve con ello la inconsistencia de las bases de partida. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos contempla con preocupación unos presupuestos que, sin ánimo de remedar a un colega del señor Ministro --quien, por cierto, en estos momentos no está presente--, tenemos que calificarlos de presupuestos-trampa. Ya lo dijimos en el debate de totalidad del Congreso y lo tenemos que repetir en este debate del Senado.
La trampa está fundamentada sobre un cuadro macroeconómico que introdujo en su origen previsiones poco consistentes que han debido ser modificadas a la baja, y es que no existen fundamentos para mantener unos objetivos de crecimiento, tasa de inflación y desempleo y, sobre todo, los diferenciales que existían por estos conceptos con los países de la zona euro se van incrementando o decreciendo, pero siempre en su contexto negativo, tanto en el incremento como en el decrecimiento.
El cuadro de previsiones para el año 2001 fijaba el crecimiento real del producto interior bruto en un 3,6 por

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ciento. Es decir, anunciaba una ralentización del crecimiento experimentado durante este año de menos de 4 décimas. En estos meses los organismos financieros internacionales --el Fondo Monetario Internacional, la ONU, el Banco Europeo, la Unión Europea-- corregían los porcentajes previstos para España en una o dos décimas menos, pero siempre a la baja.
Desde la presentación del proyecto de presupuestos el clima económico ha empeorado dentro y fuera del Estado. Gran parte de culpa la tiene ya una prolongada crisis del petróleo, que ha supuesto el traslado de una parte importante de renta hacia el exterior y una incidencia significativa en el crecimiento de la inflación que ha duplicado las previsiones del Gobierno.
¿Cuáles han sido las reacciones que se han tomado desde el Gobierno? Primero, pregonar a los cuatro vientos las partes laudatorias de los informes de los organismos internacionales sobre la economía española, minimizando los riesgos que en dichos informes también se apuntaban.
Segundo, mantener las previsiones presupuestarias iniciales en crecimiento del producto interior bruto y la inflación pese a las previsiones en contra realizadas desde fuera. Tercero, establecer políticas fiscales coyunturales y exclusivas por motivos partidistas para colectivos que presionan, sin abordar una política general de incentivar el ahorro en el consumo energético, impulsar el desarrollo de medidas energéticas alternativas e intervenir, insisto, intervenir en las actuaciones de las operadoras petroleras en el Estado, cuyas actuaciones han llevado a incrementar el precio medio de las gasolinas frente al descenso de los precios medios en la Unión Europea --y me estoy refiriendo a los datos del mes de octubre.
Dentro de tres días conoceremos el crecimiento del IPC correspondiente al mes de noviembre. En octubre se duplicaba en tasa interanual el objetivo del 2 por ciento y con ello se producía un deterioro de la competitividad; un deterioro de la capacidad adquisitiva de las familias y asalariados, ya penados con la subida de los tipos de interés; un incremento de la distancia o diferencial de inflación con la zona euro, que ya se sitúa en 1,3 puntos; por segundo año consecutivo no se logra el objetivo inicial de la inflación; una pérdida del poder adquisitivo para los funcionarios; activación de cláusulas de revisión salarial para 5 millones de asalariados; compensación, si no se hacen trampas en este mes, a los pensionistas por valor de 300.000 millones de pesetas. Pero hay algo más grave: estamos a punto de que sus temores --los temores del señor Ministro, si hubiera estado aquí presente-- se vean cumplidos, y que el crecimiento económico sea inferior a la inflación --y esto no es trompetería pesimista, como nos decía el señor Ministro al comienzo de su intervención--, porque la evolución del IPC muestra que los precios en España suben con más rapidez que en Europa y que la aceleración de la inflación se está produciendo justamente y en paralelo a la desaceleración del crecimiento del producto interior bruto. Las perspectivas por ahora son que vamos a crecer menos y con mayor inflación.
Para esta situación los presupuestos del año 2001 no ofrecen una fórmula convincente. No está planteada una reforma estructural del gasto; seguimos sosteniendo los graves déficit de una televisión pública --este año 130.000 millones de pesetas--; el gasto consolidado del Estado crece por encima de los ingresos y no hay una propuesta de reforma del gasto público --tantas veces prometida-- como objetivo de la modernización de la Administración y de ejemplo de acompasar desde ésta a la economía real.
En síntesis, señor Ministro, lo prudente, lo responsable, hubiera sido corregir las previsiones de crecimiento a la baja hasta datos más cercanos al 3 por ciento y plantear políticas directas contra la inflación y ajustar los planes de gasto público --el ajuste aplicado al gasto público--. No está siendo así y la premonición del señor Vicepresidente parece adecuada para citarla como explicación de la coyuntura actual. El señor Vicepresidente lo decía hace pocas semanas, exactamente el 29 de noviembre, en este Senado: Al mismo tiempo --eran sus palabras-- quiero decir claramente que la inflación es un elemento básico desde el punto de vista de la política económica y daré dos razones básicas: una, porque una inflación que supere nuestra capacidad de crecer a medio plazo iría contra nuestro objetivo histórico más importante, que es la convergencia real; en segundo lugar, y no por ello menos importante, porque una desviación de los precios erosiona las rentas de las familias y de los ciudadanos españoles, especialmente de los más modestos. Y esta premonición está siendo cierta --se lo dije personalmente al señor Vicepresidente en una comparecencia en este Senado.
Ustedes dicen que tienen una política económica y nuestro Grupo no lo va a discutir, pero sí carecen de una estrategia. La coyuntura y las circunstancias les arrastran, ni siquiera la prevén. Por ejemplo, hicieron afirmaciones hace pocas semanas de que el petróleo iba a descender una vez pasado el invierno; ahora mismo hemos oído en este hemiciclo cómo se ufanan porque está empezando a producirse un descenso --quizás coyuntural-- del precio del petróleo. Después, si el resultado es bueno son ustedes unos genios y si estos resultados no lo son la culpa o es ajena o esconden la cabeza bajo tierra.
Pero pasemos a otros temas también del presupuesto. Recientemente un informe de la OCDE ha puesto de manifiesto que no es tan cierto el mensaje político enviado por el Gobierno de que bajo la administración del Partido Popular los ciudadanos del Estado pagan menos impuestos.
Según la OCDE la presión fiscal española ha pasado del 32,6 por ciento del producto interior bruto en el año 1996 al 35,1 en 1999. El Gobierno tiene una clara política fiscal: ha compensado la rebaja del IRPF con los impuestos que gravan el consumo. El 80 por ciento del incremento de la presión fiscal de 1999 correspondió a los impuestos vinculados a la producción: IVA, impuestos especiales, los impuestos sobre primas de seguros y los vinculados al consumo de electricidad e hidrocarburos; los incrementos experimentados, sin embargo, en el IRPF nos llevan a deducir que la participación de las rentas de los asalariados en la recaudación total se ha incrementado sobre las rentas procedentes de empresas y patrimonios. La conclusión parece que es bastante evidente: los contribuyentes del Estado están rodeados, por una parte, por los impuestos directos

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y por los impuestos indirectos, todos en expansión frente a lo que dice la propaganda oficial; frente a esta propaganda oficial que proclama una rebaja fiscal, el ciudadano ve gravado su consumo sea cual sea la cifra de su nómina y paga al Estado mucho a partir de rentas bajas y no paga demasiado a partir de rentas elevadas; al mantener el mínimo exento en niveles bajos los salarios, que crecen con la inflación, se desplazan hacia tipos impositivos más elevados. El Gobierno plantea una rebaja fiscal en los impuestos directos, es cierto, pero no es posible hoy determinar quién es el individuo o colectivo más beneficiado de esa rebaja, y me gustaría que ustedes aportaran datos para confirmar estos hechos. El ciudadano medio desde luego no lo es, y aquí --vuelvo a insistir-- hay una trampa social.
Ustedes han planteado una reforma fiscal, fundamentalmente del IRPF, cuyo objetivo estrella era precisamente fomentar el ahorro familiar; éste ha descendido a sus niveles históricos más bajos. Más que presumir de los beneficios de una dudosa reforma para los bolsillos de los ciudadanos es necesario plantearse qué es lo que ha fallado en la política fiscal, y como consecuencia en el ahorro familiar, para no continuar acumulando errores y perjuicios a los ciudadanos en la próxima reforma ya anunciada.
Por otra parte, la cadena del ajuste presupuestario continúa rompiéndose por el eslabón más débil; lo confirma la imposición a los funcionarios de una nueva pérdida de poder adquisitivo y el incremento de las pensiones contributivas y no contributivas en un paupérrimo, permítame la expresión, 2 por ciento. No es de recibo afirmar reiteradamente en documentos oficiales que se está por el mantenimiento del poder adquisitivo de las pensiones, que incluye una revalorización de un 2 por ciento para 2001. Es y suena como si fuera un chiste.
El Gobierno descarga el peso de ajustes sobre colectivos que tienen un bajo poder de presión. Por eso, nuestro Grupo rechaza de plano la forma que tiene el Gobierno del Partido Popular de tratar la función pública, porque lleva camino de volver a los viejos esquemas de antaño que creíamos superados: una pobre retribución, una falta de incentivos y una baja productividad.
También queremos dejar clara nuestra distancia respecto a las políticas sociales regresivas que el Gobierno mantiene con estos presupuestos. El gasto en protección social sobre el producto interior bruto continúa descendiendo sucesivamente en el Estado. De los quince países de la Unión Europea nos situamos en el puesto número 13 en la relación gasto social sobre el producto interior bruto y, en este caso, el diferencial con la Unión, Europea se mantiene o aumenta. En los presupuestos del año 2001 nos situamos en la misma relación que diez años atrás, en el año 1990, 20,5 por ciento de gasto social sobre el producto interior bruto, con un descenso sucesivo de tres puntos desde el año 1996. La población envejece, la esperanza de vida se alarga, pero los recursos no se incrementan en la misma proporción. El Gobierno español apenas destina el 9,6 por ciento del producto interior bruto a las prestaciones sociales para la vejez, que representa un 30 por ciento de la población mayor de 20 años.
Otro rasgo de la enorme cicatería social que manifiesta la poca sensibilidad del Gobierno del Partido Popular con los sectores menos favorecidos, se encuentra en la falta de atención a las prestaciones y a las políticas activas de empleo, con tasas de crecimiento en estos presupuestos menores a la mitad del crecimiento nominal del gasto. La política de ajustes desaprovecha en esta oportunidad una ocasión de oro, para entrar de lleno en el tratamiento de la problemática del desempleo para los segmentos de trabajadores que tienen más dificultades de inserción en el mercado laboral, en particular, los jóvenes, las mujeres y los mayores de 50 años.
Yo quería recordarle al señor Ministro --que ahora ya está presente-- que el paro ha continuado creciendo por tercer mes consecutivo; que la dinámica de creación de empleo se ha ralentizado y que la contratación indefinida no supera el 9 por ciento de los nuevos contratos, manteniéndose este porcentaje mes tras mes en los nuevos contratos, entre los que priman precisamente los realizados en condiciones de precariedad laboral. El núcleo duro del desempleo sigue centrado en los jóvenes y las mujeres.
Más que disquisiciones sobre la existencia de políticas sociales, vuelvo a insistir en la falta de estrategias y en la servidumbre de la coyuntura. Mientras tanto, en las mismas fechas, en la zona euro el desempleo descendió hasta el 8,9 por ciento; el año pasado en las mismas fechas era el 9,7. En España, continuando a la cabeza de los países con más paro, representa el 13,6, mantenemos también el diferencial y no hacemos lo que otros hacen para generar más empleo.
El éxito relativo de la competitividad española no ha provenido de las ganancias de productividad que se esperan de cualquier proceso inversor o innovador, lo cual es bastante sorprendente; al contrario, se ha debido al control de los costes salariales, es decir, al notable esfuerzo que han realizado trabajadores, funcionarios y pensionistas, que han visto que su capacidad adquisitiva no aumentaba, a pesar de la bonanza económica. Pero este camino para mejorar la competitividad es pan para hoy y hambre para mañana. Si queremos establecer unas vías sólidas para nuestro futuro económico tendremos que solventar los déficit estructurales de la economía, los déficit de infraestructuras, las distancias con Europa en investigación, desarrollo e innovación, en formación, y sentar las bases para el desarrollo de la sociedad de la información. Este es el camino para ampliar la capacidad productiva del sistema y elevar nuestro nivel de productividad. Este es el único camino, y ello significa hablando del sector público, aumentar sustancialmente la inversión pública, tanto la que el Estado realiza directamente como la que realiza a través de la transferencia de capital.
Para terminar, señor Presidente, nuestro Grupo ha presentado este veto y, además, una serie de enmiendas al presupuesto que no han sido objeto de atención e interés por parte del Gobierno. Nuestras enmiendas persiguen objetivos de rigor presupuestario, mejor control de los recursos públicos, controles de contabilidad presupuestaria, transparencia en la asignación de partidas; objetivos de incremento de la inversión, realizar inversiones en medio ambiente

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--competencia que no ejerce la Administración Central en nuestra Comunidad--, que afectan al bienestar de los ciudadanos vascos. Estas inversiones afectan también a las costas, a infraestructuras de saneamiento. Asimismo nos referimos a las inversiones necesarias para la consecución de infraestructuras claves para el Estado, para nuestra Comunidad Autónoma, y para la conexión moderna y fluida, no saturada, como ahora, con Europa por ferrocarril de alta velocidad y nuevas autopistas. Las enmiendas presentadas por nuestro Grupo pretenden aportar más recursos a la política de impulso de la pequeña y mediana empresas, sus inversiones, su adquisición de tecnología e internacionalización.
También presentamos propuestas para fortalecer las entidades que se dirigen al afianzamiento financiero de las Pymes, cosa que parece olvidarse el Gobierno.
Hace pocas semanas manifestábamos también a la señora Ministra de Ciencia y Tecnología nuestra preocupación por la gestión de los fondos destinados a investigación y desarrollo, porque consideramos que la inversión prevista en investigación para el año 2001 no es suficiente. El peso de los recursos destinados a la investigación no se incrementa en los presupuestos, continúa siendo apenas el 1,6 por ciento del total de las políticas de gasto, y no llegan al 0,6 por ciento sobre el producto interior bruto, Defensa aparte, que es como hay que medir estas cosas.
Insisto en que no son suficientes para cubrir el objetivo de acercarnos a Europa y homologarnos con el gasto en investigación y desarrollo de la zona euro, lo que nos situaría en mejor competitividad y productividad.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Albistur, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ALBISTUR MARIN: Enseguida, señor Presidente.
Nuestras enmiendas, siguiendo la política que ya se practica en Euskadi, pretenden crear un sistema de ciencia y tecnología pegado a la realidad del tejido industrial y económico, armonizando la formación, el trabajo de los centros de investigación y la empresa, la vinculación de la universidad al sector productivo y el impulso de proyectos de investigación científica básica, con incorporación de doctores, becarios, recuperación de investigadores en el exterior, etcétera.
Estas medidas formaban parte de las preocupaciones de la señora Ministra, manifestadas en este hemiciclo. Nuestras enmiendas no han sido ni leídas, lo cual, además de la descortesía y de un cierto revanchismo, indica que la preocupación por incorporar la investigación y la ciencia del Estado a los niveles europeos es sólo propaganda. Ahí quedan nuestras iniciativas; seguiremos apostando en estos momentos de ajuste por el incremento de la inversión pública en infraestructuras, el incremento de los recursos para consolidar el tejido industrial y el fortalecimiento financiero de las pequeñas y medianas empresas, el incremento de recursos para ciencia e investigación tecnológica e incorporación de nuestros ciudadanos a la sociedad de la información. Porque creemos en nuestras políticas, les demandamos los recursos y los medios para su ejecución. Ese es el sentido de nuestras enmiendas y el sentido de este veto.
Este es un proyecto de presupuestos rodeado de incertidumbres en sus objetivos macroeconómicos, como le decía al principio. El Gobierno al albur de la coyuntura no ofrece políticas y estrategias creíbles, se muestra temeroso ante los avisos del ciclo a la baja, y exultante ante las mejoras coyunturales. Lo peor es que se atribuye los éxitos de la bonanza económica, pero no está seguro de poder mantener sus objetivos de crecimiento, inflación y empleo previstos.
Estos presupuestos encierran una trampa social, ya que los colectivos sociales más débiles sufren directamente los efectos del ajuste: pensionistas, trabajadores, funcionarios, desempleados, la salud, la educación, la justicia, pierden poder adquisitivo y peso en el gasto público. No podemos estar de acuerdo con ello, por eso no sólo pedimos su devolución, sino otros presupuestos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.
Señorías, se suspende la sesión hasta esta tarde a las cuatro y media.
Muchas gracias.


Eran las catorce horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Propuesta de veto de don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene un turno a favor el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la reducción del déficit público ha sido la gran baza propagandística que ha acompañado al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no sólo en este año sino en los últimos ejercicios.
Es, precisamente, el empeño en la presentación pública de este objetivo lo que lleva al Gobierno a aplicar previsiones de inflación declaradamente inalcanzables, que obligarán, sin lugar a dudas, a realizar ampliaciones de crédito muy considerables en partidas como las correspondientes a las pensiones de jubilación. El déficit cero de este proyecto de ley no impedirá que el Gobierno tenga que compensar la pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas en un porcentaje cercano al 1,7 por ciento, que es la desviación actual del lPC con respecto a la previsión presupuestaria, ni tampoco que deban ser revisados los salarios de los funcionarios públicos, así como otras partidas dependientes de la evolución del nivel de precios. Por lo tanto, estamos ante la posibilidad de un equilibrio presupuestario de carácter virtual, o ante la posibilidad de déficit diferidos para ejercicios venideros.


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Pero esto, a nuestro modo de entender, no es lo más grave. Lo verdaderamente grave es que la persecución fetichista del déficit cero evidencia una total ausencia de medidas políticas --de política económica-- tendentes a conseguir una verdadera convergencia real con los demás miembros comunitarios y la obstinación en el cumplimiento a ciegas de las condiciones del Pacto de Estabilidad.
Estos presupuestos, a nuestro modo de entender, son una demostración más de la configuración de un sistema fiscal radicalmente regresivo, con sucesivas reformas fiscales que se caracterizan por hacer recaer el peso de la Hacienda Pública sobre las rentas salariales y el consumo, salvaguardando las rentas de capital mediante una distribución injusta de las cargas fiscales, el predominio de la imposición indirecta sobre la imposición directa y la concesión de beneficios fiscales excesivos a las rentas de capital.
Debían ser estas razones suficientes para el veto presentado por el Bloque Nacionalista Galego, pero podemos apuntar algunas más, como la ausencia de política económica tendente a contener el imparable aumento de los precios de los carburantes; la indiferencia del Gobierno ante la escalada de tipos de interés en la zona euro; la incapacidad para corregir el déficit comercial, que registra niveles históricos; la falta de iniciativa para promover la generación de empleo estable y en condiciones dignas; la pérdida de poder adquisitivo de los funcionarios y empleados públicos, no sólo en este año sino por quinto año consecutivo, y la congelación en términos reales de las cantidades destinadas al Fondo de Compensación Interterritorial.
Mención aparte merecería para nosotros la fórmula que aparece en el presupuesto para la participación de las entidades locales en los ingresos del Estado claramente lesiva para los ayuntamientos gallegos.
Una vez más se vuelve a establecer el método ponderado en el criterio de población, sin tener en cuenta en la distribución de los ingresos del Estado para las entidades locales criterios tan importantes para los ayuntamientos gallegos como la dispersión de la población y el número de núcleos de cada municipio. Con este método, los ayuntamientos gallegos una vez más quedarán discriminados en el reparto y participación en los ingresos del Estado.
Nosotros defendemos la utilización del proyecto presupuestario para corregir desigualdades sociales y desequilibrios territoriales, que existen y no son virtuales. Por eso, no podemos estar de acuerdo en que se presente el equilibrio presupuestario como un gran logro que sólo se sustenta en ecuaciones contables. Mientras, asistimos a la realidad de un Estado con la mayor tasa de paro de la Unión Europea y con un nivel salarial y de prestaciones sociales de los más bajos en el mismo ámbito geográfico y político.
Por eso, tenemos que vetar unos presupuestos que hacen una utilización perversa de la inversión pública estatal favoreciendo los desequilibrios territoriales, al concentrarse reiteradamente en aquellos territorios más dinámicos, desde el punto de vista de la actividad económica, mientras se margina a otras Comunidades destinando a ellas inversiones muy inferiores a su propio peso demográfico en el conjunto del Estado.
Galicia es un caso paradigmático de cómo la inversión pública estatal no ayuda a combatir los desequilibrios territoriales. Ni siquiera se respeta el criterio de tener en cuenta su peso demográfico en el conjunto del Estado, como podemos comprobar con un examen poco exhaustivo de los presupuestos. Así, la inversión del presupuesto consolidado estatal en Galicia significa el 3,6 por ciento del total, mientras que la población de nuestro país, de Galicia, supone el 6,84 por ciento del conjunto del Estado. Nosotros tenemos en cuenta que el criterio de igualdad de la inversión en pesetas per cápita no es justo ni correcto, sobre todo porque Galicia queda lejos de los parámetros medios de riqueza y bienestar del conjunto de España. Curiosamente, la inversión consolidada per cápita significa sólo el 52,6 por ciento de la media española; si a ello le unimos la parte correspondiente a las sociedades públicas, comprobamos que soportamos una rebaja de hasta el 48,5 por ciento. La posición de Galicia en la cuestión crucial de las inversiones reales pone de manifiesto su marginación; marginación estructural, no puntual ni eventual, que se repite ejercicio tras ejercicio. Este diseño, ya histórico, debe ser valorado en su significado político.
El Ministerio de Fomento destina a infraestructuras de transporte ferroviario en nuestra Comunidad 14.275 millones de pesetas; es el proyecto propagandístico estrella del Gobierno para nuestra Comunidad.
Pero hay que tener en cuenta que tal inversión forma parte del convenio de actuaciones ferroviarias en Galicia por un coste de 67.533 millones de pesetas, muy inferior al en su día diseñado y aprobado por unanimidad de todos los grupos del Parlamento gallego. Para la línea de alta velocidad --propaganda aparte-- se dotan únicamente 45 millones de pesetas para el año 2001. ¡Muy rápidos no iremos con 45 millones de pesetas! El coste total del proyecto es de 31.790 millones de pesetas, según declaraciones del propio Gobierno, pero tales inversiones se difieren al año 2004 y con el horizonte de terminación --si algún día se consigue-- del 2010. Sobran comentarios, por lo tanto, del tipo de inversión y del trato que se da a nuestra Comunidad.
Lo mismo podríamos decir si analizamos la actuación del Ministerio de Defensa, que repite todos los ejercicios una partida de 2.000 millones de pesetas --que nunca se ejecuta-- para el famoso proyecto Fusa Cetmes 5.56, supuestamente destinado a la fábrica de armas de A Coruña. La peculiar fórmula de financiación del proyecto de las también famosas fragatas hace que se destinen sólo 2.600 millones de pesetas para el año 2001.
El Ministerio de Medio Ambiente invierte 9.785 millones de pesetas, pese a los 5.153 millones de pesetas que dedica al Programa de infraestructura urbana de saneamiento y calidad del agua. Esta cantidad ni siquiera llega para cumplir las obras que en su día el Congreso de los Diputados declaró de interés general y de gran necesidad para nuestro país, como son las depuradoras de aguas residuales de Ferrol, A Coruña, Lugo u Ourense.
Las sociedades mercantiles sólo invierten el tres por ciento del total de su inversión en el Estado. Los datos son elocuentes por sí mismos, como también lo son en el apartado

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portuario. Nuestra Comunidad, a pesar de contar con seis puertos de interés general, sólo recibe el 8,2 por ciento de la inversión estatal a este respecto. El resultado es claro: desde 1993 hasta el día de hoy la Administración Central gastó en obras públicas en Galicia 135.000 millones menos que la Administración Autonómica; en el año 2001 la inversión será menor que en el ejercicio anterior.
Por todo ello, solicitamos la devolución al Gobierno del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Quintana.
A continuación, corresponde pasar a la propuesta de veto presentada por don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para el turno a favor, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, esta mañana el Ministro de Hacienda, el señor Montoro, ha empezado su discurso con fuerza y ha dicho que tenían un éxito en su haber: el diálogo con diferentes organizaciones de carácter social. A las once horas y quince minutos de la mañana de hoy diversos portavoces de grupos de esta Cámara nos hemos reunido con los sindicatos UGT y Comisiones Obreras, que representan a más del 90 por ciento de los comités de empresa y juntas de personal del conjunto de las Administraciones Públicas. ¿Qué nos han dicho los portavoces de estos sindicatos? Que habían perdido la confianza en este Gobierno, que había una confianza quebrada porque se estaba negando el derecho a la negociación, no se quería negociar nada. El exponente más claro de sus palabras era que se había introducido la movilidad forzosa de los empleados públicos en el proyecto de la ley de acompañamiento, algo a lo que ellos no se negaban pero querían negociarlo sindicalmente. En definitiva, nos planteaban que querían discutir y poder llegar a acuerdos, pero que el Gobierno no se prestaba a ello. Nos han hablado de la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en la Función Pública (que tenía una reivindicación estructural importante: la cláusula de revisión salarial) y que en el empleo existía una fuerte precarización laboral que en el sector privado alcanzaba el 32 por ciento, en el público el 20 por ciento y en las corporaciones locales superaba el 32 por ciento. Los sindicatos también nos han planteado el problema de la tasa de reposición y hacían un alegato a favor de los servicios y de su calidad en la vía y en la idea del Estado del bienestar. Esa es la opinión de unos sindicatos fuertemente representativos, y les recuerdo, señorías, que la democracia no solamente es esta Cámara y el ámbito parlamentario, sino también los sindicatos y la sociedad civil articulada y organizada en torno a multitud de plataformas y de organizaciones de carácter social.
El veto que presenta Izquierda Unida tiene unos contenidos muy diversos, pero me voy a centrar en algunas ideas básicas y fundamentales.
Señorías, los presupuestos generales del Estado para el año 2001, en nuestra opinión, profundizan en la línea económica ya conocida en los últimos cinco años, de un fuerte contenido neoliberal. Es cierto que la economía en nuestro país acumula en los últimos cinco años una tasa de crecimiento de la riqueza verdaderamente positiva, del 3,7 por ciento del PIB de media acumulativa, superior a la media de los países de la Unión Europea; también es cierto que la fuerte creación de riqueza ha generado una significativa creación de empleo, aunque éste sea, en buena medida, rotatorio y de muy baja calidad. La relación entre el crecimiento de la riqueza y el empleo ha permitido un aumento moderado de la productividad aparente del factor trabajo y también es cierto que, en líneas generales, la situación económica alcanzada es positiva, pero ello no debe provocar la euforia ni signos de prepotencia que nos impidan ver las deficiencias en materia de distribución de rentas y otros problemas de carácter estructural. Nosotros afirmamos que junto al crecimiento de la riqueza ha ido pareja una distribución injusta de la misma y diferencias en el esfuerzo de diferentes sectores de la sociedad, sobre todo en el terreno impositivo, ya que, a pesar del camino descrito, en términos de crecimiento, la sociedad española está muy lejos de alcanzar los niveles de bienestar que todos desearíamos. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Los déficit con los países más avanzados de la Unión Europea, y en algunos casos no sólo con los más avanzados, son más que notorios. La tasa de desempleo es todavía demasiado alta y la tasa de actividad sigue siendo una de las más bajas de la Unión Europea, siete puntos por debajo de la media europea. Sin embargo, donde la tasa de ocupación guarda una mayor distancia con Europa es en los sectores de las administraciones públicas, sanidad y servicios prestados a la comunidad, sectores básicos para el desarrollo del Estado de bienestar. En el sector de prestación de servicios a la comunidad trabajan en España 89 personas por cada 1.000 habitantes, mientras que en la Unión Europea hay 113 ocupados por cada 1.000 habitantes. El hecho de igualarnos supondría crear alrededor de un millón de empleos y, si seguimos con la línea de estos presupuestos, señorías, esto es una auténtica quimera, incluso para varios ejercicios.
Por otra parte, la temporalidad en el empleo es excesiva y la rotación de los puestos de trabajo para un buen número de trabajadores --cerca de seis millones entre ocupados, temporales y parados-- es, a todas luces, insoportable en una sociedad que se dice avanzada.
La cobertura de los desempleados no supera el 50 por ciento de las personas registradas como paradas en el Inem y la mayoría de ellas no cobran más del 75 por ciento del salario mínimo interprofesional. Para más de 200.000 familias en las que algún miembro es un parado de larga duración, su situación se hace insostenible; ésta es otra parte de la realidad de este país y aun así, señorías, no elevan las prestaciones por desempleo, en paralelo con el aumento de ingresos por cotizaciones, provocando un excedente de recursos que el Gobierno no utiliza para superar los niveles de desprotección que padecen los desempleados en nuestro país. En el año 2001, el Estado no aportará nada, absolutamente

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nada, para la financiación del Inem. La previsión del gasto para prestaciones económicas es de un billón 352.000 millones de pesetas, mientras la previsión de ingresos, vía cuotas, es de un billón 831.000 millones de pesetas. Estas cifras dan un excedente de 479.000 millones de pesetas, que no se destinan a mejorar la protección por desempleo; sin embargo, se dedican 300.000 millones de pesetas de esa cantidad a subvencionar a los empresarios, vía contratación, cuestión que sería mejor comentar en un debate monográfico.
En cualquier caso, señorías, España seguirá siendo uno de los países de la Unión Europea que menos gasto dedica a la protección al desempleo, tiene una cobertura de las más bajas de la Unión Europea. El conjunto del gasto social en estos presupuestos sigue siendo escaso, en esta línea, aun cuando el Gobierno insista en que uno de los principales logros de los últimos cuatro años ha sido la mejora de la protección social, afirmación que nosotros refutamos categóricamente.
Si atendemos los datos de la contabilidad nacional, el gasto en protección social pierde peso en nuestro país con relación al PIB. Así, en 1992 representaba el 16,1 por ciento; en 1996, el 15,7 por ciento, y, en 1999, el 14,5 por ciento. De la misma manera, si atendemos a Eurostat, el diferencial de gasto con la Unión Europea se amplía de 5,9 puntos del PIB en 1995, hasta casi siete puntos al final del año 1998. Por tanto, el discurso de la convergencia real, en boca del Gobierno, deja bastante que desear pues su política no hace sino ensanchar la brecha que nos separa de Europa, al menos en protección social.
En el mismo sentido, el Estado no cubre con sus aportaciones la financiación de los complementos de mínimos de las pensiones sino que las reduce desde los 232.000 millones de pesetas que se aportaban en 1996 hasta los 16.000 millones de pesetas que se vienen transfiriendo presupuesto tras presupuesto, desde entonces. El fondo de reserva pensado para afrontar momentos delicados en el pago de pensiones se presupuesta para 2001 en 90.000 millones de pesetas, es decir, el 14 por ciento de la paga de un mes en pensiones contributivas. La Seguridad Social financia, en parte, el déficit del Estado para conseguir el equilibrio presupuestario pues el superávit de la misma, el 0,3 del PIB, se dedica a este menester en vez de dedicarlo a una mejora de la protección social y sus imprevistos en estas materias.
La sociedad en su conjunto sufre, efectivamente, el rebrote de la inflación, pero es indudable que sus efectos negativos son peores para las personas con menor capacidad para defender sus intereses. El Gobierno simplemente desea que remitan las tensiones inflacionistas para estimar una inflación interanual del dos por ciento en diciembre de 2001. En nuestra opinión, esta insensata previsión tiene una implicación negativa sobre buena parte de los asalariados de nuestro país, como los empleados públicos, trabajadores que tienen su referencia en el salario mínimo interprofesiónal o perceptores de subsidio por desempleo (390.000 personas cada mes) y todos los afectados sin cláusula de garantía salarial en el conjunto de la economía. Señorías, en particular los empleados públicos serán, un año más, los que paguen los platos rotos por las previsiones y ajustes presupuestarios que se nos ofrecen. No van a recuperar el poder adquisitivo perdido en los últimos años y, en 2001, no podrán revisar sus rentas al no contar, como decía al principio, con cláusulas de garantía salarial. Por otro lado, en el año 2001 se continuará con la amortización de empleo público, una política que está provocando el aumento de la temporalidad en la Administración Pública y que, en el mejor de los casos, no la disminuye.
Otro capítulo básico para medir la calidad de vida de este país es la vivienda. Su precio sigue siendo desmesurado en España, tanto en propiedad como en alquiler, y su coste, que continúa subiendo, sigue limitando el acceso a la misma a muchas personas, sobre todo jóvenes, quienes, en el mejor de los casos, han de destinar a este fin un porcentaje de renta excesivo. El gasto público en vivienda sigue siendo muy cicatero. Tomando como dato el gasto realizado por el conjunto de las administraciones, vemos que éste representa el uno por ciento del PIB, cifra alejada de la del resto de países de nuestro entorno, cuyo gasto en vivienda se sitúa entre el dos y el 3,5 por ciento del producto interior bruto. En la Sección 17 tendremos ocasión de exponer nuestra posición en torno a esta importantísima cuestión.
Este y otros asuntos que recorren estos presupuestos muestran una muy mejorable distribución de la riqueza en la sociedad, y la política que se nos ofrece una vez más es un desequilibrio de los esfuerzos exigidos a los ciudadanos para lograr los ingresos públicos necesarios para desarrollar la política de gasto. Ya saben ustedes que hay políticas posibles y políticas necesarias; ustedes se sitúan en la política posible, sin mayor problema, y no en la necesidad que tiene este país en el momento presente.
Hay signos suficientes que demuestran una excesiva acumulación de renta en manos de una minoría, de una pequeña parte de la sociedad, y ya de por sí bastante favorecida en otros ejercicios anteriores, en detrimento de los sectores menos favorecidos de la población, a los que me he referido con anterioridad. El sistema de tributación construido es profundamente regresivo en el reparto de las cargas y muy frágil en materia de recaudación. El Gobierno nos dice que ha conseguido rebajar los impuestos, y se queda tan feliz, cuando en realidad la presión fiscal ha aumentado un punto y medio del producto interior bruto en el período 1996-2000. En lo que sí se ha empleado a fondo el Gobierno ha sido en que, sin cambiar su estructura, estos presupuestos representen un paso más en esa conformación de un sistema fiscal cada vez más injusto. El trasvase de la presión fiscal de los impuestos directos a los indirectos es cada vez más evidente, de tal forma que los impuestos indirectos son ya superiores a los directos, acentuando la regresividad impositiva. El anuncio de una nueva reforma fiscal del IRPF para la segunda parte de esta legislatura agravará la situación y mermará el margen de maniobra para potenciar el gasto público.
Señorías, hasta el momento, las medidas introducidas en el sistema tributario han sido, desde nuestro punto de vista, muy negativas. El peso de la imposición sobre la renta ha disminuido un 0,7 del PIB, mientras la imposición

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sobre el consumo ha aumentado en 2,2 puntos del producto interior bruto y, por tanto, en contra de quienes, de forma obligada, deben destinar al consumo una mayor parte de sus ingresos.
La falacia de que la disminución en el IRPF beneficia a todos es clamorosa. El resultado de esta política es una acumulación del 20 por ciento de las rebajas en tan sólo el uno por ciento de los contribuyentes, los más ricos, generando una renta en favor de los más favorecidos de 200.000 millones de pesetas al año para apenas 140.000 personas.
Para terminar, señorías, he de decir que lo más preocupante para Izquierda Unida es que en un panorama económico menos favorable --al menos hay algunos nubarrones-- el Gobierno presenta unas cuentas públicas donde el objetivo central es alcanzar el equilibrio presupuestario del conjunto de las administraciones públicas convirtiendo, en nuestra opinión, este dogma en una coartada para limitar las políticas activas públicas, al margen de los argumentos que ya otros Senadores, otros portavoces, han hecho en esta tribuna. El cuadro macroeconómico intenta desdibujar el deterioro de las expectativas producidas este año, limitándose a plantear un crecimiento menor que en el año 2000, una inferior creación de empleo y un nuevo alegato a favor de la moderación salarial y, por cierto, siempre estamos en las mismas: cuando hay riqueza no se reparte según se crece; en época de vacas flacas se piden sacrificios y en época de vacas gordas se dice que hay que esperar, que primero hay que solucionar otros problemas.
Estos presupuestos no atienden suficientemente el gasto en investigación más desarrollo e innovación. Para el año 2001 éste asciende a 571.000 millones de pesetas, el 0,5 por ciento del PIB, cantidad que queda sensiblemente reducida si contamos lo que se deriva hacia el gasto militar, que es enorme y muy cuantioso.


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, vaya concluyendo, por favor.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy concluyendo, señora Presidenta.
Estos presupuestos continúan con el trasvase de recursos desde el sector público al privado en capítulos como la educación o la sanidad, y en ellos tampoco encontraremos una coordinación de políticas más rigurosas con medio ambiente, energía, infraestructuras y agricultura.
Por todo ello, los Senadores de Izquierda Unida rechazan estos presupuestos, porque no contribuyen a la convergencia real con la Unión Europea --todos los discursos en esta materia son falsos--, son ineficaces para apoyar la creación de empleo estable y de calidad, profundizan en los déficit sociales y consolidan un sistema fiscal cada vez más injusto y regresivo.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Finalizado el turno a favor del último de los vetos, hay un turno final en contra.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intentaré de forma breve --cosa bastante difícil-- dar respuesta a los tres vetos que han sido presentados por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida.
Hay algo que siempre ha quedado claro, y es que después de pedir un mayor gasto y mejora en todo, estos presupuestos no pretenden lograr un mundo perfecto, simplemente un mundo mejor para el año próximo. Es lógico que unos presupuestos confeccionados desde una perspectiva centrista, que buscan el equilibrio en todas sus acepciones, así como el interés general, no puedan ser compartidos por posicionamientos radicales, ya sean radicales permanentes o transitorios, o por posicionamientos localistas. En los presupuestos para el año 2001 se busca un desarrollo equilibrado de todos los territorios. Si continuáramos escuchando, oiríamos 19 marginaciones, pero la suma de las 19 marginaciones da exactamente el presupuesto equilibrado presentado.
Se ha hablado de la marginación en Galicia, pero yo he estado no hace mucho en esta Comunidad y he respirado actividad económica, crecimiento, etcétera. Acabo de ver el informe de las Cámaras de Comercio y es la Comunidad que más ha aumentado sus exportaciones en lo que va de año, hasta un 48 por ciento.
Evidentemente, hay muchas cosas que mejorar, pero si hay algo bueno que ha cambiado en estos cuatro año es que todo el mundo nos compara con los mejores países. Parece que nos hemos olvidado de que es nuestra realidad, que hasta el año 2006 seguiremos recibiendo fondos de cohesión, que tenemos la renta que tenemos y que debemos ir creciendo con trabajo, con rigor y no con milagros. Me parece bien que se tenga esa confianza, esas expectativas y esa ambición de crecimiento, y es bueno que existan estos posicionamientos, pero ni la investigación, ni las prestaciones sociales ni las infraestructuras son alimentos, ni el Gobierno del Partido Popular es un microondas, es decir, no es una cuestión que en tres minutos quede arreglada. Tendríamos que poner los pies en el suelo y saber que solamente con trabajo y acumulando mejoría es como llegaremos a aumentar la calidad y el bienestar social.
No podemos olvidar, insisto, que hace sólo cinco años uno de cada cuatro españoles que deseaba trabajar no podía, y que nuestra tasa de actividad es la más baja, y aunque es bueno que sigamos teniendo pretensiones, debemos situarnos en la realidad.
La filosofía presupuestaria que se defiende sobre la necesidad del gasto, de que el déficit no es importante, me parece bien, pero no la compartimos. Incluso es mucho más fácil decir que vamos a contratar en el sector público todo lo que queramos, sin limitaciones, que vamos a subir los salarios, a gastar y a endeudarnos sin límite, que ya vendrá alguien después. La suya y la nuestra son dos teorías distintas; la de ustedes fue muy compartida en el siglo XIX y en la posguerra, después de una destrucción masiva

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de infraestructuras; hoy ya no es tan compartida. No creo que podamos decir que estamos solos en el equilibrio presupuestario. La Unión Europea, Estados Unidos y la mayoría de los países desarrollados han cambiado de etapa y estamos en el momento en que estamos. Quizá dentro de quince o veinte años habrá que cambiar otra vez, pero la política económica, como toda ciencia, tiene que ir adaptándose a la realidad para tener sentido.
Se habla mucho en estos vetos de la inflación. La inflación es un objetivo del Banco Central Europeo que nosotros compartimos; nosotros compartimos la política europea. Es la política monetaria la que financia la inflación. Nosotros hemos dicho que de la inflación actual, un uno por ciento está importado por el euro y por el factor petróleo y un efecto directo de la política monetaria que se está produciendo en los últimos meses o en el último año es el excesivamente barato precio del dinero, que no convenía para la situación de crecimiento que tenía España en ese momento, y ha tenido sus efectos en la política de liberalizaciones, que normalmente se vota en contra y luego se pide más, y prueba de ello es que en dos sectores básicos como las telecomunicaciones y la electricidad los precios bajan. Tenemos que ser conscientes de que estas medidas deben tener sus efectos a medio plazo. Por eso creemos que sumando estos tres factores, la tendencia lógica, que ya ha empezado a notarse, será que la inflación vaya bajando.
Quiero decir al señor Quintana, que habla del déficit cero como fetiche, que yo no lo considero así; no es un fetiche, es una tendencia. En este momento a mí me da igual que sea un poco más o un poco menos, pero las circunstancias actuales de la economía hacen aconsejable una tendencia al equilibrio. El equilibrio libera fondos y recursos para que en lugar de tener que atender deudas, se atiendan inversiones y gastos sociales. Hay otros planteamientos diferentes, pero nosotros creemos en éste.
Ha hablado de la inflación inalcanzable. Ya le he dicho cuál es nuestro criterio, y pienso que una de las formas que contribuyen más a que sea alcanzable es hacer todo lo posible desde los mecanismos presupuestarios para que esto pueda pasar. Los pensionistas por ley no van a perder su 1,7 por ciento, lo van a recuperar.
He mencionado en otras ocasiones que en septiembre había unos ingresos en la Seguridad Social superiores a los previstos, de más de 300.000 millones, con lo cual se pueden absorber los 165.000 millones, y también creo que las previsiones del cuatro por ciento de incremento de cotizaciones para el año que viene son muy moderadas. Con las previsiones del crecimiento de los salarios y su correspondiente deslizamiento y 383.000 empleos nuevos, decir que crecen sólo un 4 por ciento es muy moderado, con lo cual a mí no me preocupa demasiado ese punto.
En su intervención, curiosamente decía que el sector público de España es de los más pequeños de Europa, pese a que tenemos un alto nivel de desempleo, el más alto de Europa. Y digo curiosamente porque me pone el ejemplo de los dos únicos países que tienen menos gasto público, que son el Reino Unido e Irlanda. Quizá tiene algo que ver que sean los dos únicos países que están casi en el pleno empleo, que tienen un cuatro por ciento de desempleo. Por tanto, no es una comparación negativa decir que tienen un sector público pequeño y que nuestro sector público tiene que crecer para elevar el empleo. Esto es un ejemplo típico de cómo dos países de la Unión Europea, con problemas de desempleo, con un sector público eficaz pero pequeño, han logrado tener un cuatro o un cinco por ciento de desempleo. Que el desempleo sea el más alto de Europa es lamentable, pero cierto, aunque estamos creciendo en empleo de forma óptima. Por otra parte, es difícil, teniendo un crecimiento del 3,7 o cuatro por ciento, que el empleo crezca mucho más. Entre el 89 y el 90 por ciento del crecimiento económico, lo estamos destinando a empleo. Si no creemos en los milagros consideramos que se tiene que crecer trabajando y recuperando el tiempo perdido, la forma de hacerlo es creando 400.000 ó 500.000 empleos al año, y con un crecimiento aconsejable de en torno al cuatro por ciento en un ciclo largo, y no de un seis por ciento de un año endeudándose y luego bajar al dos por ciento.
El modelo que ha elegido el Gobierno del Partido Popular es el que es, está funcionando, y creemos en él. El paro en este momento está muy diversificado, está concentrado en la mujer por su tardía incorporación al trabajo y porque durante muchos años no se hizo una política de incentivación adecuada de la relación entre la vida laboral y familiar, etcétera. Además, el paro está concentrado en determinadas comunidades.
No tienen el mismo paro las Islas Baleares, La Rioja, Navarra o Cataluña que Andalucía o Extremadura, y en ese problema se está trabajando, y por eso es importante la infraestructura, por eso se ha hecho un plan de cohesión territorial a siete años, para que suban las productividades medias de estas autonomías.
Dicen también que mostramos indiferencia ante la elevación de los tipos de interés. Más que mostrar indiferencia, yo digo que bienvenida sea dicha elevación mientras sea hasta donde ha llegado, porque el 2,5 por ciento es malo para la economía. No podemos decir que nos preocupa la inflación y que nos parece mucho que el dinero esté al 4,75 por ciento.
En mi opinión el precio del dinero se puede frenar, como está haciendo el consumo, y sin embargo, con la inflación que hay sigue siendo suficientemente atractivo el precio del dinero real para las empresas, con lo cual la inversión no tiene por qué descender, luego estamos en una situación en ese aspecto que no me preocupa.
Le preocupa mucho el déficit comercial, y yo insisto en dos cosas, en que no se puede decir que estamos muy mal y nuestras empresas bajan de productividad porque la factura del petróleo se ha triplicado. Separemos lo que es la factura, el efecto precios en el déficit comercial, y veremos que nuestras exportaciones este año están aumentando mucho más que las importaciones, no sólo por el efecto de la apreciación en el área dólar, sino que también está creciendo mucho en el área europea, en la Unión Europea con el euro, y una de las comunidades que más ha liderado estas exportaciones ha sido precisamente Galicia.
Cuando habla de las condiciones de las infraestructuras y de que sólo se han destinado 45 millones a la alta velocidad, le digo que hay que empezar por algo. Le doy la razón,

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tenemos que mejorar la infraestructura, lo que ocurre es que todo proyecto empieza por los estudios previos y posteriormente se elabora el proyecto, el estudio de impacto medioambiental, etcétera, y van aumentando y se van habilitando cantidades en los presupuestos en función de los pasos que se van dando. En cualquier caso, el crecimiento de la inversión en infraestructuras respecto al año anterior es notable, es más de un 11 por ciento. Además parece poco sensato que siempre hablemos de las inversiones año a año, hay que ver ciclos, y creo que en los años 1998 y 1999 hubo unas inversiones buenas, y a lo mejor un año en lugar de subir un 20 por ciento suben un 11 por ciento, pero está claro que hay unos planes de infraestructuras.
En el caso de Galicia hay 900.000 millones en los próximos años dentro del Fondo de Cohesión, y con ayuda de las tres administraciones, como tiene que ser. Hay algunas administraciones autonómicas que son más activas y otras más pasivas, hay algunas que se preocupan de traer más inversiones que otras. Creo que la gallega se ha comportado bien, y sólo hay que ver los resultados para comprobarlo.
La exposición del veto del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha sido muy completa, pero la base de casi todo su planteamiento es que no cree en el escenario que el Gobierno plantea. Si no cree en los ingresos, si no cree en los gastos, si le parece mal la inversión en la investigación, si le parece mal la inversión en infraestructuras, si le parece mal todo, poco puedo contestarle; hay una visión absolutamente negativa de un presupuesto. Un cambio tan grande en dos años no parece muy lógico, pues no puede haber tanta diferencia.
Se ha dicho que la situación es muy mala, pero creo que esa afirmación sólo puede estar condicionada por una creencia en el ciclo corto, en el sentido de pensar que en el quinto año de Gobierno todo va a ir mal; apostando sobre seguro se puede decir que todo va a salir mal. Pero, como ya he dicho, se confía poco en la labor de estos presupuestos desde el punto de vista de crear riqueza. Por tanto, no hay que dejarse llevar por el viento, ya que según éste sea más o menos fuerte se moverán las velas en una u otra dirección, y no creo que estos presupuestos tengan que ir a la deriva porque sople un poco más de viento o haya calma.
En cuanto a su segundo deseo, se debe, sencillamente, a que ustedes les gustaría que las cosas fueran mal y, partiendo de esa premisa, a su señoría se le obstruye su habitual lucidez mental y piensa que, efectivamente, todo va a ir mal. Pero estoy seguro de que sentados a una mesa no me puede hacer creer que usted piense que todo es tan negativo como lo ha pintado, porque no es así.
Respecto de que no reducimos el gasto público, hay que contestar que se quiere reducirlo, así como muchos otros gastos, lo cual es posible, como estamos haciendo. Y esto requiere una explicación. Nosotros reducimos el gasto público si comparamos su porcentaje total sobre la economía. Así, en 1996 el sector público era del 45,4 por ciento y en estos momentos está en el 40,5 por ciento. Por tanto, hemos disminuido cinco puntos, pese a que ofrecemos más prestaciones, muchos de los servicios funcionan mucho mejor, por ejemplo, somos más rápidos en materia de devolución en la Agencia Tributaria y hemos mejorado muchísimo las listas de espera, aparte de que también hayan mejorado muchas prestaciones, como las de viudedad, orfandad, etcétera. Y eso es posible hacerlo con menos dinero porque se aumenta la eficacia del sector público, como exactamente ha ocurrido.
Usted ha dicho que no cree en las cifras de ingresos por impuestos. ¿Qué quiere que le diga? Su señoría no piensa que vayan a evolucionar en la forma en que se establece en los presupuestos, aunque yo he dicho que, por ejemplo, en éstos se establece que las cotizaciones sociales --que, por cierto, son un impuesto que básicamente pagan las empresas; no es a los trabajadores a los que se les hace cuadrar, machacándolos, el equilibrio presupuestario-- aumentan un cuatro por ciento. Y sólo considerando el crecimiento de los salarios y su deslizamiento casi van a aumentar ese porcentaje, aparte de los 383.000 nuevos empleos. Así pues, creo que son cifras moderadas. Y en el caso de los impuestos tributarios pasa exactamente lo mismo. Si admitimos --como indican los organismos internacionales, aparte del Gobierno-- que el crecimiento de la economía estará en torno al 3,6 por ciento, me parece bastante sensato que los ingresos tributarios alcancen la cifra prevista en los presupuestos.
También ha dicho su señoría que la rebaja fiscal no ha llegado al ciudadano medio. Pues bien, yo he comprobado que ha afectado a todo el mundo, y fundamentalmente a los que tienen menos ingresos. Si usted discrepa de esta afirmación, bienvenida sea la discrepancia, que la mente es ancha, pero insisto en que han bajado los impuestos.
En fin, como se va a ralentizar la economía --y en eso parece que estamos medianamente de acuerdo--, ya que en lugar de estar en el cuatro por ciento, como ocurre actualmente, vamos a tener que manejar un porcentaje de alrededor del 3,6 por ciento, hemos previsto unos ingresos menores que en el año 2000.
En relación con la subida de las pensiones, se ha dicho que éstas sólo aumentan un dos por ciento, pero no es así. Precisamente en el proyecto de ley se indica que el aumento tiene que ser igual al del IPC. Y como además queremos que se reparta la riqueza que se vaya creando, establecemos que, aparte de la subida y de la revisión salarial, a través de la mesa de diálogo actualmente abierta se aumenten las pensiones más bajas. Este es el mismo criterio que utilizamos el año pasado, por el que aumentaron las pensiones mínimas cuando se revisaron las de viudedad o las de menores de 60 años. Por tanto, cada año damos un paso más en la mejora de la sociedad del bienestar.
En cuanto a la precariedad del empleo, muchas veces sucede que se confunde la precariedad con la temporalidad. Es cierto que en España la precariedad se desarrolló de forma importante durante una época y que actualmente hay mucho empleo temporal. Pero precisamente el objetivo principal del Gobierno en materia de reforma laboral --objetivo que está tratando con los agentes sociales-- consiste en que siga disminuyendo la temporalidad, al contrario, por cierto, de lo que está pasando en toda Europa, en que está aumentado. Como digo, nosotros creemos que, de forma urgente, la temporalidad debería estar en índices de alrededor del 20 por ciento como máximo, y no en el 32

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por ciento. Y como sólo ha bajado algo más de dos puntos --que nos parece muy poco--, queremos que un tema fundamental a discutir en la mesa de negociación sea cómo conseguir que la temporalidad disminuya, aunque, insisto, teniendo en cuenta que un contrato temporal no siempre es precario. Además, le diré que no mantenemos el diferencial de desempleo con Europa. ¡Por Dios! Cuando nosotros estábamos en el 24 por ciento y Europa en el 12 por ciento, efectivamente, teníamos 12 puntos de diferencia, exactamente el doble, pero ahora nos movemos en unas cantidades mucho menores, afortunadamente.
Izquierda Unida ha presentado un veto absolutamente coherente, es decir, si yo tuviera el mismo esquema mental que esa formación política argumentaría lo que su portavoz ha expuesto aquí. Y partiendo de eso me resulta difícil rebatir el argumento de que nosotros estamos profundizando en la línea de lo hecho en los últimos años, porque precisamente eso es lo que está ocurriendo. Para ustedes es malo que profundicemos en la línea de lo que nosotros creemos, y para nosotros, bueno, y lo estamos haciendo porque tenemos un esquema lógico, coherente y que se adiciona un año a otro. Así, en la primera etapa de Gobierno establecimos unas medidas que han dado unos determinados resultados y que nos han hecho cambiar de objetivo, porque ahora ya podemos pensar en el pleno empleo y en converger con Europa. Cuando estábamos en el 77 por ciento, el primer paso fue llegar al 83 por ciento de la renta para poder pensar en el 90 por ciento. Por tanto, estamos profundizamos en esas medidas porque han dado buenos resultados y creemos que debemos seguir dando pasos por el mismo camino. Comprendo que usted, que tiene otros objetivos, no comparta los nuestros, pero repito que ése es nuestro esquema y que ha funcionado, como ha pensado la mayoría de los españoles, que lo refrendan.
También ha alegado su señoría que las previsiones son demasiado favorables, pero ya le he explicado en multitud de ocasiones que no creemos que sean demasiado favorables sino que mantenemos un cierto optimismo propio de aquel que cree en su trabajo. Es decir, consideramos que hay que hacer determinadas cosas y establecemos los medios adecuados para lograrlas. Y hasta ahora ese sistema no ha funcionado mal del todo.
Y en cuanto al alegato respecto del sector público, le diré que el sector público lo queremos todos, por lo que jugar a buenos y malos sólo está muy bien en el colegio. El sector público es un ejemplo para el resto de la sociedad, y nosotros mantenemos que no ha perdido poder adquisitivo, porque la subida salarial no ha sido sólo la del dos por ciento que se ha experimentado en el año 2000, sino que también ha habido deslizamientos y una bolsa de más de 13.000 millones a repartir. Y para el año que viene no tenemos ninguna intención de que las cosas cambien. En ese sentido, hay una mesa de negociación en la que se puede partir de ese aumento del dos por ciento y en la que se puede hablar de lo que se quiera hablar, y eso se debe hacer. Quizá se deba cambiar la forma de reparto --en eso no entramos ni dejamos de entrar--, pero lo cierto es que el Gobierno tiene que practicar lo que predica, es decir, para la creación de empleo, que todavía sigue siendo su primer objetivo, es esencial que haya una contención de la inflación. Y, como he dicho esta mañana, estableciendo objetivos del cuatro por ciento entraremos en el círculo vicioso del seis o el siete por ciento y trabajaremos en términos monetarios y no reales.
Por lo que respecta al incremento del empleo público, cada vez se están haciendo en las mesas de negociación más excepciones cuando realmente es necesario proceder a un incremento de empleo público. En ese sentido, he comprobado que desde todos los partidos se reconocía que, con el proceso de transferencias, se produjo un incremento durante unos años de 600.000 ó 700.000 empleos públicos que no eran los adecuados. Por tanto, unos años de adaptación, con las excepciones que sean necesarias y negociándolas en las mesas, es algo muy sano, porque muchas veces se habla del sector público como si no fuera de nadie, pero al sector público se le puede y se le debe --y en la mayoría de los casos, lo quiere el propio sector-- considerar tan eficaz o más que el sector privado. Para eso hay que adaptar los medios a las necesidades, en todos los aspectos, y también en el humano, porque en muchas ocasiones se produce un fuerte desequilibrio y se necesita conocer dónde están ubicados.
Dice su señoría que el volumen de la protección por desempleo --y ha dado las cifras-- no aumenta; que cada vez tenemos menos cantidad. Me produce perplejidad que diga que en el año 1992, año de gloria, la prestación por desempleo era del 3,2 por ciento del PIB y que ahora solamente representa el 1,3 por ciento. Casi tendremos que aplaudirnos por eso, y el día en que no haya desempleados y no haya que gastarse un duro en prestaciones por desempleo, todos estaremos locos de contentos. No sé cómo puede ponerse como objetivo --y no confundamos-- tener que pagar un subsidio como consecuencia de trabajar mal, de hacer las cosas mal, de no ser capaz una sociedad de crear empleo. El objetivo es crear empleo, ofrecer el marco adecuado para que haya oportunidades para los emprendedores, que los trabajadores puedan tener una formación y así encontrar empleo.
Después, si se falla en ese objetivo, habrá que tener una segunda red asistencial; pero el objetivo no es dar subsidios.
Los gastos sociales están subiendo cada año. Mire usted, si todos los años los subimos y explicamos que suben más los gastos sociales que el PIB nominal, si todos los años, como pasa ahora en este presupuesto de 2001, sobre un 5,4 por ciento, ponemos las prestaciones sociales en un 13,6, no pueden bajar. Distinto es que haya un gasto social, que es la prestación por desempleo, que baja, y como nuestro objetivo es que no haya, si es posible, ningún desempleado, ojalá que siga bajando hasta que lo logremos. Eso es lo que baja del gasto social, y no el resto.
En cuanto al debate de impuestos directos/indirectos, como pasaba antes cuando le hablaba del superávit o del déficit, hay que adaptarse a los tiempos. No se pueden utilizar unos esquemas de hace 25 años, de cuando uno estudiaba, y luego ver cómo ha cambiado la economía, cómo han cambiado las relaciones sociales, la organización social, cómo ha cambiado todo y seguir con los mismos esquemas. Los impuestos indirectos han cambiado de forma,

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y ahora varían en función de la necesidad del producto; luego ya no son tan regresivos. Si están bajos cuando se trata de un producto necesario, y después tienen diferente nivel a medida que los productos son de lujo, están siendo también progresivos. Pero es que además es falso --y es una de las razones que llevaron al Partido Popular a promover una reforma fiscal-- que los impuestos directos estuvieran siendo progresivos. Llegó un momento en que no subían nada, en que los que realmente tenían dinero no pagaban impuestos; en el mejor de los casos se ceñían a pagar el 35 por ciento del Impuesto sobre Sociedades; aumentaba el fraude fiscal, y eran sólo los trabajadores los que cargaban con la imposición directa.
Entonces, no hagamos un endiosamiento de un impuesto que necesitaba una reforma, y que sigue necesitándola, para que sea más justo y más creador de riqueza.
Sobre el resto de situaciones, como que había parados sin ninguna prestación, yo he dicho que la cobertura neta ha subido, aunque las pesetas hayan bajado. En este momento la previsión para el año 2001 es de más de un 67 por ciento --ahora estamos en un 62--, luego el índice de cobertura sube, aunque bajen las pesetas, que no bajan por cierto, sino que suben poco, aunque suben, pese a que hay menos desempleados. Sí se crea para esas situaciones --en las que realmente tenemos que hacer un esfuerzo-- de los parados de larga duración, mayores de 45 años y con cargas familiares, una renta activa de inserción, donde se combinaba prestación con formación para esos parados, y se sigue en esa línea, y probablemente a medida que sigamos avanzando cada año ése será uno de los sectores donde tendremos que incrementar el esfuerzo; en eso estoy totalmente de acuerdo con usted.
En cuanto al superávit de la Seguridad Social, efectivamente está ahí, y hemos dicho por activa y por pasiva que se utiliza para subir las pensiones mínimas, para crear un fondo de reserva y para bajar en su día selectivamente las cotizaciones, como se ha hecho. Yo creo que es bueno hacer esa rebaja selectiva de cotizaciones, que son un impuesto más, para así fomentar y dirigir el empleo hacia los sectores más desfavorecidos.
Ha hecho su señoría referencia a que han subido escandalosamente los precios de la vivienda. Yo creo que la vivienda ha subido porque también ha subido escandalosamente su demanda; tenemos que seguir trabajando, porque es un tema que hay que solucionar, donde tienen que implicarse todas las Administraciones para llegar a un acuerdo en la oferta de suelo; existen ciertos problemas de liberalización que impiden esa competencia, pero lo cierto es que cuando sube mucho es porque nunca se había construido tanto, ya que este año se va a batir el récord de nuevo de oferta de vivienda construida, y cuando hay mucha demanda los precios suelen subir. Si eso coincide con un incremento del empleo tan concentrado, como ha ocurrido en estos años y espero que siga ocurriendo, es consecuencia de la ley de la oferta y la demanda.
No ir demasiado a un gasto, no volcarnos en esa teoría tan simple de querer subir todo, que parece que unos quieren y otros no, no lo entendemos como una alternativa. La nuestra es la que es, y la economía, como el medio ambiente, necesita un desarrollo equilibrado, sostenible.
Esos son nuestros presupuestos para el año 2001.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Caneda.
Terminado el turno en contra, vamos a pasar al turno de portavoces, comenzando de menor a mayor por el Grupo Parlamentario Mixto. Dado que no han comunicado el reparto del tiempo, no es posible que se repartan el turno. Ahora bien, si no hay oposición por parte de la Cámara, podrían intervenir dos portavoces del Grupo Parlamentario Mixto. ¿Algún inconveniente? (Pausa.) En ese caso, como el turno es de diez minutos, dispone de cinco minutos el Senador Quintana y de otros cinco el Senador Cámara.
Tiene la palabra en primer lugar el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Unicamente intentaré, con brevedad, recordar lo dicho por un analista francés, por cierto ni marxista ni radical, que comentaba en su última publicación que desaparece ante nosotros un mundo sin que nadie lo haya decidido y emerge otro sin que nadie lo haya discutido. Hacía esta referencia para ilustrar la idea, casi irreflexiva y a veces fanática, de muchos gobiernos de adoptar medidas políticas y económicas dictadas fuera del ámbito de la decisión pública, y después además trasladarlas a su ejercicio presupuestario y a su actividad política diaria.
No se trata de que sea bueno o malo el déficit cero y el equilibrio presupuestario; lo que es malo es tomar lo que debía ser un instrumento como un fin en sí mismo, y sobre todo hacerlo como un dogma de fe.
Cualquiera puede comprobar perfectamente que la realidad política y la actuación de gobierno en una sociedad subdesarrollada no puede aplicarse, desde un primer momento al menos, como axioma general ineludible a la práctica de negar la posibilidad de aumento de la inflación. Igual que podía ser lo contrario, pero dependiendo del campo material sobre el que uno se desenvuelva. Por tanto, no es lógico intentar explicar las virtudes económicas y políticas de lo que aquí se intenta implantar, hablando de la realidad de Gran Bretaña, a no ser que intentemos igualar la actividad, la realidad social, económica y política de aquel Estado con éste, cosa que sería totalmente absurda. Esa es precisamente la principal «chata» que nosotros achacamos a la actuación del Gobierno en estos presupuestos. Esa y la de comprobar que los presupuestos se dirigen a un Estado de realidad diversa, dentro de la cual hay territorios diversos. Y cuando nosotros hablamos de marginación de Galicia, no es para hacer un ejercicio contable, cuántico, de inversiones en una Comunidad Autónoma en comparación con otra, sino para hablar de mecanismos estructurales de marginación, que no dependen de una voluntad política concreta sino histórica, y que se deben subsanar a través de la actividad política del Gobierno y de los presupuestos, algo que no se practica en éstos. Si usted, en vez de centrar la disputa en los actuales presupuestos para el año 2001 que se someten

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a discusión, lo quiere hacer en un ámbito, como pretendía antes, más amplio, hacia delante o hacia atrás, peor me lo pone, porque todas las cifras que yo le daba antes, no sólo demuestran una marginación de Galicia en estos presupuestos, sino que demuestran que esa marginación depende también de un devenir histórico en los anteriores presupuestos, en los que la inversión no fue mayor ni porcentual ni en términos absolutos, como lo es en ésta, ni tampoco en lo que se previene para el futuro, de acuerdo con lo que se marca en el programa de inversiones plurianual. A eso me refería yo en mi intervención.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Senador Cámara, dispone también de un turno de cinco minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
No me enfada, pero me hace gracia, señor Caneda, que haya empezado usted hablando de radicales permanentes y de radicales transitorios. Creo que se dirigía a los amigos del PSOE por lo de transitorios. Por cierto, casi es una ofensa, porque ser un radical transitorio es aquel al que, de repente, le da una vena y se vuelve radical. Si coge usted el diccionario, verá que ser radical permanente es el ir a la raíz de los problemas. Esa es la verdadera acepción del término. Si lo que quiere con eso es inferir una ofensa a mi persona --de Izquierda Unida, comunista, de Comisiones Obreras--, le diré que toda mi vida he sido radical en el sentido de ir a la raíz de los problemas y pelear por aquello que creo que es justo. No soy radical más que en eso, señor Caneda. Pero, hablando de radicalidades permanentes o transitorias, yo, sin embargo, prefiero ser radical en ese sentido a ser dogmático, como creo sinceramente que son ustedes, defendiendo políticas como una verdad tan absoluta que no cabe discutirlas en ningún sentido.
A nosotros no nos da lo mismo cualquier cosa. Nosotros no jugamos a cuanto peor, mejor. Tenemos los pies en el suelo; yo, al menos, los tengo. Lo que ocurre es que defiendo intereses, porque en este país, les gusten o no les gusten, existen intereses, y ustedes defienden unos y yo prefiero defender otros, en otra dirección distinta y diferente. Nada más. No es más que esto. A fin de cuentas, éste es el juego de la política y de la democracia, porque ¿existen o no intereses distintos? Estoy intentando demostrar con datos y argumentos --en la fiscalidad, en el aspecto tributario-- cómo se beneficia a unos y se perjudica a otros.
Ya el colmo de los colmos es que usted me refute lo relativo a la cobertura del desempleo con datos que yo le he dado. Sin embargo, es curioso, pero ha dicho una cosa. ¿Es verdad, señor Caneda o no es verdad que España seguirá siendo uno de los países de la Unión Europea que menos gasto en protección al desempleo dedica por cada punto de tasa de paro? Si tenemos menos paro, seguimos dedicando proporcionalmente menos que la media europea. ¿Sí o no? Conteste usted a eso. Yo se lo pregunto. Porque si ha habido casi 500.000 millones de pesetas más vía superávit Seguridad Social, yo aquí argumento y digo que se podían dedicar a una mejor cobertura del desempleo, al existente. De todos es sabido que el paro de larga duración es un paro dramático que no conseguimos vencer de una forma eficaz. Por tanto, mientras la gente no tenga un empleo hay que darles de comer para, después, activar las políticas que permitan incorporarlos a la vida laboral; naturalmente que sí. Pero no tengo tiempo para expresar toda la cantidad de cosas que pretendía plantearles.
¿No han perdido poder adquisitivo los empleados públicos? Señor mío, han perdido poder adquisitivo, pero no voy a discutirlo aquí. Ustedes tienen un problema tremendo, y es que uno de los éxitos de la anterior legislatura fue el diálogo social con los sindicatos, pero últimamente lo tienen bastante mal, porque los sindicatos de los empleados públicos dicen todo lo contrario de lo que dicen ustedes. Lo han manifestado esta mañana. Tienen ustedes un problema. No presuman de diálogo social.
Concertar es negociar. Permítanme que les diga que el dialogar está muy bien. Ese diálogo se tiene que convertir en negociación y en la atención, donde se pueda, de las reivindicaciones de los trabajadores.
Una última pregunta. No suban ustedes a los funcionarios públicos ni una peseta más, pero denles ustedes la cláusula de revisión salarial que ya tienen los pensionistas y otros colectivos, así como el sector privado.
Denles ustedes la cláusula. Díganlo aquí, en esta tribuna. Se van a alegrar. No les suban una «pela» más. Denles ustedes la cláusula de revisión salarial. Y denles otra cosa: la capacidad de negociación; que sepan si los sindicatos de la función pública pueden o no pueden negociar, por ejemplo, la movilidad forzosa de los funcionarios. Y denles ustedes otra garantía, otra posibilidad: que puedan negociar aquellas cuestiones del empleo necesarias para cualquier sindicato. Denles ustedes eso y déjenles el 2 por ciento, pero con cláusula. Contéstenme a eso. Se lo van a agradecer. Revisen su política, porque ustedes tienen mayoría absoluta. Pero les advierto una cosa. Otros amigos también la tuvieron.
Luego perdieron la mayoría absoluta y después el poder, como es lógico en el juego político. Al menos el movimiento sindical de este país opina lo mismo que acabo de plantear aquí; el que ha estado allí, en Niza, con 60.000 u 80.000 personas manifestándose a favor de una Europa social. En España quieren que caminemos por la convergencia real. Yo he planteado un discurso en ese sentido, no en otro. Espero que ustedes lo entienden.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias. Senador Cámara.
En nombre del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Señora Presidenta, señorías, en nuestra intervención el Grupo de Coalición Canaria quiere plantear algunas reflexiones sobre los presupuestos, sobre el contexto en el que se desarrollan y sobre los retos que debemos afrontar en el futuro.
En Coalición Canaria pensamos que éstos son unos presupuestos que nosotros llamamos de transición, que, por

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un lado, cierran una etapa --1996-2000-- enmarcada en un ciclo económico de gran éxito, y unas políticas económicas que se han caracterizado por el saneamiento y la estabilidad económica, culminando con estos presupuestos del déficit cero y el equilibrio presupuestario, y que Coalición Canaria va a a apoyar como hizo con los anteriores. Estos presupuestos que, como decía, son la culminación de lo que el señor Montero llamó en su momento el círculo virtuoso, en los que, luchando por reducir el déficit, bajaba la inflación y los tipos de interés, se producía una situación de crecimiento económico, de creación de empleo que, a su vez, reducía los déficit de Seguridad Social y los Presupuestos Generales del Estado. Pero repito que estos presupuestos son de transición, porque acaban con una etapa, ya que a partir de 2001 se abre otra distinta y, por lo tanto, de consecuencias económicas también distintas. El año que viene discutiremos los primeros presupuestos del euro, los cuales nos van a plantear una serie de problemas de gran envergadura.
Por otro lado, el contexto en el que se desarrollan los presupuestos que traemos a debate a esta Cámara ha cambiado significativamente en relación con los últimos años, y sobre algunos de estos aspectos quisiera detenerme y abrir una reflexión.
La subida de la inflación que estamos sufriendo, y que se sitúa en torno al 4 por ciento, es un elemento de incertidumbre y un factor desestabilizador para la sociedad española. Un crecimiento de la inflación que quien más lo ha sufrido han sido las partes más débiles de la sociedad, bien por la vía de los salarios o bien las pequeñas y medianas empresas y algunos sectores que no tienen capacidad para repercutir en precios esta subida.
Hay que destacar otros factores que repercuten no sólo en la inflación y que también deben ser objeto de reflexión: la devaluación del euro en relación con el dólar y la subida del precio del petróleo. Es posible que durante el próximo año el euro empiece a subir respecto al dólar, pero Europa debe avanzar porque Europa seguirá pagando una deuda importante en el escenario internacional y España debe jugar aquí un papel importante.
En cuanto al petróleo, parece que la tendencia es que bajen los precios, pero ello no significa que no abramos el debate de cómo debemos controlar en un futuro estos precios. ¿Qué políticas se aplicarán en el futuro? ¿Incrementando la producción? ¿Controlando las petroleras? ¿Se aplicarán otras medidas, sobre todo relacionadas con las energías alternativas? Lo cierto es que tenemos que generar condiciones para que podamos controlar la política energética y que ésta no sea un factor tremendamente incontrolado en la economía. Teniendo todo esto en cuenta, ¿debemos abrir el debate sobre si estamos entrando en una fase de ralentización del ciclo? ¿Se ha acabado el ciclo expansivo o hay posibilidades de que los efectos negativos que hemos mencionado sean corregidos? Como decía, nos quedan grandes retos que afrontar en los próximos años.
Uno de ellos es la modernización económica, y en ese sentido, desde Coalición Canaria entendemos que estos presupuestos necesitan un gesto más claro de la apuesta por la revolución tecnológica. Uno de los grandes temas que se planteó en la Cumbre de Lisboa fue avanzar más deprisa en los problemas de competitividad, de productividad y, por tanto, de revolución tecnológica. Hay que destinar más dinero a I+D+I. Este Capítulo debe crecer más pero no como ocurre en estos presupuestos debido al incremento en investigación militar. Al Estado español le falta otro tipo de investigación, tanto en el sector público como en el sector privado. La sociedad española necesita recibir el mensaje más claro, a través de estos presupuestos, de que España apuesta claramente por la revolución tecnológica, por la competitividad y por la productividad.
Siguiendo con la necesidad de modernización, quisiera hablar del Plan de infraestructuras. España tiene el reto de colocarse en esta década en el primer nivel europeo en infraestructuras. En estos momentos España es uno de los últimos de Europa, pero tenemos la oportunidad de lograr, entre el año 2000 y 2010, los objetivos del tren de alta velocidad y la red viaria de autovías, pero también de puertos y aeropuertos. Y digo esto porque no se debe cometer el error que se cometió en la década anterior, no entendiendo que no sólo hay que apostar por el tren de alta velocidad, sino por el transporte aéreo, y eso en un archipiélago como el canario es fundamental. Por ello, esperamos que en el programa de inversiones que tenga el Gobierno y en los planes directores esté nuestra red de aeropuertos y puertos canarios que, no está de más decirlo, es el que tiene un nivel de tráfico de viajeros más alto de España.
En este sentido, desde Coalición Canaria entendemos que en los presupuestos, y con respecto a las infraestructuras, Canarias tiene un déficit de 150.000 millones de pesetas, necesarios para el desarrollo de nuestros aeropuertos y para la renovación del convenio de carreteras.
El desarrollo y la modernización de las infraestructuras debe ser uno de los objetivos básicos, y por eso es muy importante mantener el nivel de inversión que será necesario en los próximos años. Como conclusión, la economía española tiene dos grandes retos: la modernización tecnológica y la modernización de las infraestructuras.
Otro de los retos que tenemos en los próximos años son las políticas activas de empleo. El objetivo de pleno empleo que el Gobierno ha fijado en una década debe estar basado en que se han conseguido más de 15 millones de afiliados a la Seguridad Social. En estos momentos estamos acercándonos a los ocho millones de pensionistas. Tenemos que tener 16 millones de afiliados a la Seguridad Social para que haya equilibrio. Hay que apostar por conseguir lo antes posible el millón de empleos que nos hace falta y eso necesita, sobre todo, de políticas activas de empleo.
Las políticas activas de empleo exigen que en estos presupuestos esté más claro el perfil de cómo vamos a hacer la reforma del Pacto de Toledo. Se ha dicho que los superávit de la Seguridad Social hay que invertirlos en el fondo de reserva --supongo que en la mejora de las pensiones más bajas--, en programas especiales para reducir cotizaciones en programas específicos de empleo, en definir qué parte pone el Estado y qué parte la Seguridad Social en los complementos de mínimos y en definir ese fondo de reserva. Si nos equivocamos ahí, todo el escenario

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presupuestario que ha presentado el Ministro de Hacienda caerá por su propio peso. Es ahí donde están los equilibrios.
Si éstos son los grandes retos que hemos definido, no es menos importante abrir otro debate de cómo llevarlos a cabo, y este debate debe ser a través del pacto social, el pacto territorial y el consenso político.
Aquí está la clave del éxito, no sólo en el rigor de la ejecución presupuestaria, no sólo en apostar por políticas de estabilidad, no sólo en la apuesta por la reducción del déficit de la inflación y de los tipos de interés.
Si hablamos del pacto social hay que decir que éste es un factor básico para el funcionamiento de un equilibrio de presupuesto cero, de déficit cero, porque el pacto con los sindicatos, el pacto con los empresarios, es uno de los elementos que ha permitido el crecimiento económico y es el que lo posibilitará en un futuro. Como decía al principio, estamos entrando en una etapa donde el déficit cero, junto con los grandes retos que tenemos en el futuro de inversión en nuevas tecnologías, la inversión en infraestructuras y las políticas de empleo, hace que se tengan que hacer sacrificios, y si queremos repartir por igual los sacrificios y los beneficios, es necesario el pacto social. Tenemos debates importantes que se desarrollarán el año que viene, como el Pacto de Toledo, el Pacto de las Comunidades Autónomas, el Pacto de sanidad, el Pacto de justicia, y esto hace necesario que lleguemos a un pacto político. Se necesita el consenso político y yo creo que el gran peligro para conseguirlo es la mayoría absoluta. A ustedes se les está empezando a notar los efectos de la mayoría absoluta. No se acaba de ver pacto ni oferta a ningún nivel y, como decía, el consenso y el pacto social y político es tan necesario como unos buenos presupuestos.
En cuanto al pacto territorial, hay que decir que las Comunidades Autónomas tienen en estos momentos muchos interrogantes. Se ha dicho que probablemente el año que viene, si tenemos margen, se debe definir una reforma fiscal para volver a estimular el consumo y para crecer sobre la base del consumo. Las Comunidades Autónomas se preguntan si esta reforma fiscal se va a hacer paralelamente a un pacto de financiación autonómica, sobre qué impuestos vamos a ceder, cuál es el pacto que nos va a ofrecer el Gobierno sobre el nuevo modelo de financiación, sobre un modelo federal, sobre el IRPF, sobre el IVA, sobre los impuestos especiales o sobre otra cesta de impuestos.
En el presupuesto del Estado la educación está maltratada. La reforma de la LOGSE y la Ley de Reforma Universitaria implican aumentos de financiación. Si no nos transfieren la capacidad financiera para llevarlas a cabo, pondremos en peligro el Estado del bienestar.
Nos queda para el año que viene la financiación de la sanidad. Hay una serie de temas que a las Comunidades Autónomas nos preocupan verdaderamente, porque acertar en el pacto territorial, en el pacto social que he citado antes, nos lleva a ganar el reto del futuro, pero si no acertamos, España va a fracasar.
Este Gobierno tiene grandes retos en el futuro próximo. Debemos cerrar el modelo de Estado, el modelo de financiación, el pacto social, el pacto de pensiones, la modernización de la sociedad española y la modernización de las infraestructuras. Debemos crear una sociedad competitiva y apostamos por la revolución tecnológica.
España tiene un potencial de crecimiento enorme y, en este sentido, creo que se deben desarrollar políticas acordes para que efectivamente este desarrollo sea así.
Coalición Canaria va a apoyar estos presupuestos y, en la medida en que las políticas del Gobierno se vayan desarrollando en este sentido, Coalición Canaria seguirá apoyando las políticas que se sigan haciendo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Caneda, no sé si usted, que es muy joven, se acordará del Padre Peyton. El Padre Peyton promovía el rezo del rosario en familia a través de un programa de radio para lograr un mundo mejor. Pues acaba usted de descubrir que estos presupuestos son los del padre Peyton. No lo sabíamos, pero son los del Padre Peyton.
La verdad es que creía que en unos presupuestos se podía incidir en determinados cambios económicos, evitar determinadas acciones económicas provenientes del exterior y del interior que pudieran producir unos determinados perjuicios a la actuación económica de los agentes económicos y sociales, pero lograr un mundo mejor no se incluía entre los objetivos que para mí estaban previstos. Yo no creo que el talante que debamos tener en este debate sea el de un debate de predicación, señor Caneda. Y ahora le voy a decir algo en nombre de nuestro Grupo que no voy a repetir.
Usted ha calificado el discurso que he hecho en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos desde esa tribuna de pesimista y de derrotista. No se ha referido usted a la fatídica trompeta apocalíptica que ha citado el Ministro, pero ciertamente creo que aquello que no coincide con ustedes no puede tener solamente calificativos negativos.
Yo les he dicho las tres cosas que, a nuestro modo de entender, tiene este presupuesto. En primer lugar, poca credibilidad en el cuadro macroeconómico, que está modificándose cada mes que pasa; y les he dicho también que si hubiésemos tenido un mes más de debate, seguramente ustedes habrían modificado o habrían introducido incluso más enmiendas de las 100 que han introducido ustedes entre el proyecto de ley de Presupuestos y la llamada ley de acompañamiento.
Ustedes nos están acostumbrando a que el proyecto de ley que entra en el Congreso en cualquiera de estos últimos meses se modifique en esa Cámara, se vuelva a modificar aquí, en el Senado, con las enmiendas que solamente ustedes introducen, con lo cual, comparado aquello que entró con lo que luego sale, resulta que no se parece absolutamente en nada lo uno a lo otro. Y me refiero, por poner un

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ejemplo, a lo que ya dije aquí, a la ley de impulso del ahorro familiar y de las medidas de ayuda a la inversión para las pequeñas y medianas empresas de hace aproximadamente un mes. Han modificado el proyecto de ley de Presupuestos y están modificando con sus enmiendas la ley de acompañamiento.
Señor Caneda, perdóneme que tenga que decirles que no podemos tener credibilidad ante lo que ustedes plantean. Señorías, la coyuntura está cambiando, pero ustedes siguen empeñados en que lo que ustedes dicen es lo mejor. Y eso, no lo digo yo, no lo dice este pobre Senador, que es un pardillo (Rumores.) en comparación con la sabiduría que parece que existe en esos bancos (Señalando a los escaños de la derecha.), es que eso se dice también desde fuera. Y yo, que leo la prensa especializada, que leo a los mismos analistas que ustedes leen, que leo informes hechos por sus propias organizaciones o por algunas cercanas a ustedes, estoy sacando las conclusiones de lo que ellos --y no yo-- están insinuando. Y ellos están diciendo: señores, no hay consistencia en sus cuadros macroeconómicos. Y eso no sólo lo dice desde la oposición el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sino también otros grupos de esta Cámara. Es un problema serio.
Señoría, antes le he anunciado que le iba a decir una cosa que no voy a volver a repetir. Nuestro Grupo estaría interesado en que estos presupuestos fueran los mejores para que mejorasen así la economía y la sociedad españolas, porque cuanto mejor vayan ambas mejor iremos todos.
Eso es una auténtica realidad. Mejor irán Euskadi, Cataluña, Galicia, y Andalucía. Mejor irán todos y cada uno de los pueblos de España. Y quisiéramos que así fuera.
Pero así como su cuadro macroeconómico no nos ofrece credibilidad, tampoco estamos de acuerdo con que en estos presupuestos, donde se plantea un ajuste con el que puedo decir que estoy teóricamente de acuerdo, dicho ajuste solamente se aplique a determinados colectivos. Lo siento mucho, pero si se leen el libro amarillo que tienen ustedes verán que las pensiones no suben más que el 2 por ciento. Y además, repiten ustedes: ... para el mantenimiento del poder adquisitivo. No señor; el mantenimiento del poder adquisitivo no es la subida del 2 por ciento.
Como tampoco estamos de acuerdo --y es el tercer punto-- en los aspectos destinados a la inversión en investigación y desarrollo, donde no se vincula la formación demandada por su Ministra aquí, en respuesta a una pregunta formulada por nuestro Grupo y con ocasión de una interpelación planteada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se planteó que había que buscar una solución global que integrara formación, becarios, formación de doctores y atracción de los investigadores que están en el exterior para crear verdaderamente una política de investigación y de ciencia y tecnología vinculada a la realidad. Y esto es lo que nosotros hemos planteado, aparte de otra serie de cosas relacionadas con un incremento de la inversión que consideramos se debe realizar.
Yo entiendo, señor Caneda, que su discurso haya podido ser meritorio y que tenga mucho de voluntarioso. Y también está usted un poco satisfecho con su discurso. Sus respuestas son: ¡Ah, si a usted no le gusta, allá usted! Creo que no ha encontrado muchos más argumentos. Pero ése no es el problema, señor Caneda. El problema fundamental es que ante un cambio de ciclo que posiblemente se va a producir, tenemos unos presupuestos que están empeñados solamente en buscar un objetivo: el del déficit cero, que es una contradicción «in terminis», como se ha dicho, y un ajuste que afecta solamente a unos determinados colectivos.
Señor Caneda, yo le tomo la palabra sobre que nosotros sí hemos podido cambiar nuestra apreciación acerca de estos presupuestos. Uno de los temas que ustedes tienen sobre la mesa es precisamente la modificación introducida para los famosos CTCs en la ley de acompañamiento del año 1998, si no me equivoco. Este Senador, de acuerdo con el entonces Ministro de Industria, hizo que nuestro Grupo la apoyara aquí y en el Congreso. Y lo seguimos haciendo. Seguimos pensando que aquélla fue una medida acorde precisamente para introducir un menor coste y así facilitar la reducción de las tarifas en el sector eléctrico. Y lo seguiremos haciendo siempre porque tenemos un sentido de responsabilidad, pero no ese sentido de localismo a que usted se ha referido antes. Hemos hablado de inflación, de acercamiento y de convergencia con Europa, de reducción de los diferenciales negativos que tenemos con Europa. Es ahí donde queremos llegar, es ahí donde queremos que la sociedad y la economía española lleguen.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Corresponde ahora el turno al representante de la Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro.
A estas alturas del debate cuesta trabajo decir cosas nuevas, pero vamos a intentarlo.
Yo creo que además de todas las consideraciones macroeconómicas que se han hecho, estos presupuestos deben servir también para que el ciudadano entienda que algunas cosas mejoran, y algunas están en la propia opinión pública, pero desde nuestro punto de vista no tienen reflejo presupuestario. Por ejemplo, ¿ustedes creen que estos presupuestos van a hacer lo que la mayoría de los españoles piensa que hay que hacer con la deuda externa? Yo creo que no. ¿Creen ustedes que el Programa 134 B, de cooperación, promoción y difusión cultural en el exterior contempla la realidad pluricultural de este país? Alguien ha descubierto que este país era plurinacional y pluricultural y se le ha llenado la boca diciéndolo, pero esa realidad no está en absoluto contemplada.
¿Conseguirán estos presupuestos que mejore la confianza de los ciudadanos en la Justicia? Y me remito solamente a la reciente comparecencia del Fiscal Anticorrupción en esta Cámara. El Fiscal nos explicó las dificultades que tiene la Fiscalía para perseguir algunos delitos económicos de nuevo cuño y también nos dijo que necesitaría

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una cantidad importante de medios físicos para poder perseguirlos. ¿Creen ustedes que esto está contemplado en los presupuestos? ¿Van a consolidar estos presupuestos un ejército profesional? ¿Realmente creen que con estos presupuestos de Defensa vamos a tener un ejército convenientemente dotado y preparado según los compromisos que hemos tomado de participación en el Euroejército, o vamos a continuar participando con los TOAs actuales en Kosovo y en Bosnia? ¿Vamos a tener que tramitar antes de 2001 otro proyecto de ley para dotar los gastos que nuestras Fuerzas de pacificación hacen fuera de nuestras fronteras, labor, por cierto, de la que se sienten orgullosos la mayoría de los españoles? ¿Vamos a tener un sistema de seguridad suficiente? ¿Va a necesitar la Guardia Civil continuar pidiendo a los talleres amigos que por favor arreglen sus vehículos? ¿Van a disponer las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado de suficiente combustible para hacer frente a las necesidades del servicio? Porque hemos escuchado aquí que la contención en el Capítulo 2 ha sido espectacular. Queda claro en la liquidación que es una contención nominal, pero lleva a situaciones tan esperpénticas como la que les estoy describiendo; unos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que no tienen gasolina, que tienen escasez de combustible. Por otra parte, ¿está suficientemente contemplado un plan para la defensa de las mujeres maltratadas? Es un tema en el que la sociedad española está muy sensibilizada y vemos que no hay prácticamente dotación presupuestaria.
Desde nuestro punto de vista las inversiones contempladas en el Ministerio de Fomento están basadas en la doctrina Arias-Salgado. Dicha doctrina es aquella que salió a la luz de un acta de una reunión del entonces Ministro con los dirigentes territoriales del Partido Popular, en la que dibujaba un centro peninsular fuerte y una periferia abandonada. Y no solamente Galicia, otras periferias están abandonadas.
Este presupuesto, sin planificar pero haciendo planos, dibuja el grueso de las inversiones en el centro peninsular, en el centro geográfico. La sustitución del señor Arias-Salgado no ha mejorado esto. Les voy a poner un ejemplo en Cataluña. Las inversiones para el año 2001 respecto de las de 2000 en los servicios 38 y 40 del Ministerio de Fomento, es decir, ferrocarriles y carreteras han disminuido un 24,5 por ciento, mientras que en el conjunto del Estado han crecido un 7,46 por ciento. Pero, además, en Cataluña hay dos planes importantes, uno de ellos firmado por ustedes y el otro aceptado por ustedes, que son el Plan Delta y el Plan Director de Infraestructuras del Area Metropolitana. Su presencia en los Presupuestos Generales del Estado brilla por su ausencia.
El Ministerio de Trabajo es el gran beneficiado por la disminución del paro, al poder dedicar esfuerzos y parte de su presupuesto a otras actividades distintas a las que eran típicas del INEM. Estas también existen, han crecido y lo reconocemos, pero resulta que en esta Cámara se ha constituido una Comisión de estudio sobre la siniestralidad laboral.
En las primeras comparecencias los representantes de la Administración han explicado que el principal problema era la Inspección. ¿Se contempla suficientemente esto? ¿Podemos considerarnos satisfechos con el incremento de las pensiones no contributivas y con los complementos de mínimos para que sean unas pensiones suficientemente dignas? La respuesta del Grupo Parlamentario Popular parece que es: se hace lo que se puede.
Nosotros creemos que se puede y se debe hacer más.
El Ministerio de Ciencia y Tecnología parece que no tiene claro lo que hay que hacer en telecomunicaciones, los investigadores no cobran lo pactado; pero eso sí, en el Senado se ha introducido una enmienda para desmantelar el Plan de Reconversión del Sector Textil. ¿Pretenden ustedes que la actividad textil vaya pasando progresivamente a talleres semiclandestinos o que continúe siendo una actividad importante en nuestro país? Ya se ha dicho, pero ¿contemplan los presupuestos de agricultura dos necesidades acuciantes que tenemos en este momento y que son de máxima actualidad? Una es la pesca, porque la renovación del acuerdo pesquero con Marruecos o la no renovación puede llevar a dificultades económicas importantes a un sector considerable de la pesca en el sur del país y en Galicia. Y la otra necesidad es resolver el problema conocido popularmente como el de las vacas locas. No hay partida presupuestaria en este momento.
El Ministerio de Medio Ambiente tiene un reto importante para este país, que es la aprobación del Plan Hidrológico Nacional. Nosotros no estamos de acuerdo con este Plan Hidrológico, reconocemos que es necesario un plan y aportar agua a las zonas con déficit endémico del Levante y del Mediterráneo español en general, pero con este plan o con otro, la dotación presupuestaria del Ministerio de Medio Ambiente para hacer frente a estas necesidades es ridícula, no lo sabemos ver. Tampoco podemos ver las medidas necesarias antes de elaborar cualquier Plan Hidrológico; no vemos medidas para el ahorro y la eficiencia en el uso del agua, ni para la disminución de las pérdidas en las conducciones, ni en general en el uso racional de un bien escaso. Yo recuerdo que hace dos años se aprobó aquí una ley sobre envases y residuos, era una ley progresista, yo les invito a que hagan una revisión para ver qué ha ocurrido con los envases, continúa todo absolutamente igual.
En resumen, estaríamos de acuerdo con un presupuesto equilibrado porque nos parece bueno para la economía española, pero no al precio de que los servicios esenciales actúen bajo mínimos, de que España pierda cohesión social --el Ministro ha hablado de la cohesión social, pero en una publicación de la ONU aparecemos en el octavo lugar, cuando recientemente estábamos en el primer lugar, y esto ocurre porque crecen las desigualdades--, y tampoco a costa de que dicha cohesión territorial solamente se cumpla en el centro peninsular. Por estas razones nosotros votaremos a favor de los vetos que se han presentado la ley de presupuestos de 2001.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En su nombre tiene la palabra el Senador Cambra.


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El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, señora Presidenta, me permitirá que antes de entrar en el debate y siendo esta la primera intervención de nuestro Grupo en el Pleno de hoy, nos unamos al sentimiento por el fallecimiento del Senador don Emilio Zapatero. Compartimos todas las cosas que se han dicho esta mañana por otros portavoces, y simplemente nos sentimos muy orgullosos de haber podido gozar de su amistad, con esto queda dicho todo.
Entrando ya en el debate de hoy, para el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió el debate presupuestario de este año tiene un elemento cualitativo que lo hace diferente de los debates de los últimos años. Este elemento diferenciador es la mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular. Los presupuestos anuales de los últimos siete años han sido aprobados con el voto positivo de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, un voto que, además, resultaba necesario e imprescindible para que salieran adelante. Siete años de nuestro apoyo a los presupuestos han configurado también siete años de apoyo a una determinada dirección de la política económica. Nos consideramos satisfechos por las aportaciones realizadas durante este período, y aquello ha sido claramente positivo para la economía y para la sociedad española, a la vez que decisivo para nuestra integración en el área euro.
Desde 1994 a 1996 nuestra economía registró un crecimiento anual del 2,5 por ciento, y a partir de 1997 supera ya el 3,5 por ciento anual. Durante este período se han creado más de 2.000.000 de puestos de trabajo, se ha reducido la inflación, han bajado los tipos de interés, se ha controlado el déficit público, y ha mejorado nuestro sector exterior. Ha sido, por tanto, un largo período de bonanza y de corrección de nuestros principales desequilibrios económicos, con buenos resultados, especialmente durante los últimos cuatro años.
En los presupuestos para el año 2001 la aritmética parlamentaria ya no necesita del voto de Convergència i Unió; para salir adelante basta con la sola mayoría absoluta del Grupo Parlamentario Popular. Sin embargo, por coherencia con lo que hemos venido defendiendo en los últimos años, nuestro Grupo va a atorgarle su apoyo, ya que consideramos que el principal activo de los presupuestos para el año 2001 es la continuidad; continuidad de una determinada política económica que impulsamos conjuntamente el Grupo Parlamentario Popular y Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió en los últimos cuatro años; continuidad en lo que se refiere al crecimiento económico que propician, ya que éste está previsto en el 3,6 por ciento del PIB, un crecimiento que supera el 3 por ciento por quinto año consecutivo y también es superior al crecimiento medio previsto por la Unión Europea; continuidad en lo que se refiere a la política de creación de empleo, a la reducción del paro y a impulsar la estabilidad laboral mediante el plan de empleo; continuidad en la lucha para la corrección del déficit público hasta el punto de que, en el año 2001, la consecución del déficit cero probablemente sea la principal característica del presupuesto; continuidad también en lo que se refiere a las principales políticas de gasto, entre las que destaca el incremento del peso del gasto social que para el año 2001 crece en un 7,8 por ciento, tres puntos por encima del crecimiento global del gasto; continuidad en el impulso a la inversión, que para el año 2001 crece en un 10,3 por ciento y se configura como una de las principales prioridades del gasto; y continuidad, en definitiva, en las políticas de apoyo a la investigación, el desarrollo y la innovación, políticas que con tantos esfuerzos y dificultades --todo hay que decirlo-- pudimos poner en marcha conjuntamente el año pasado --ustedes y nosotros--, con un importantísimo paquete de medidas fiscales, que hoy se considera uno de los más favorables de Europa para incentivar la investigación empresarial; medidas que para el año 2001 siguen vigentes e incluso se perfeccionan.
En consecuencia, consideramos que estos presupuestos son una continuidad de los que desde 1996 hemos venido presentando conjuntamente, con unos resultados evidentemente positivos. En este contexto, por coherencia con el apoyo que hemos venido impulsando a una determinada política económica y social, nos corresponde manifestar que los presupuestos para el año 2001 siguen contribuyendo en positivo al crecimiento, a la creación de empleo y a la mejora del bienestar de nuestra economía y de nuestra sociedad. Por lo tanto, vamos a votar negativamente los vetos que aquí se han presentado.
Damos nuestro apoyo a la globalidad de los presupuestos, para su orientación general, para las prioridades que se desprenden de los mismos. Sin embargo, también querría hacer algunas reflexiones sobre determinados aspectos o materias que nos preocupan.
El primer aspecto que nos preocupa es la inflación, que ha sido citada ya varias veces hoy en esta tribuna. Después de varios años de continua corrección de los desequilibrios que padecía nuestra economía, es decir, inflación, déficit, tipos de interés y paro, para el año 2001 la corrección continúa, pero hay un indicio claro de deterioro de la inflación, deterioro que además viene acompañado de un alza importante de los productos energéticos y de una relación euro-dólar que, a grandes rasgos, nos perjudica más que nos beneficia. A pesar de ello, no nos alarmamos --en esto, Senador Caneda, coincidimos con ustedes--.
Reconocemos que el entorno y las circunstancias en las que se encuentra la economía española son suficientemente estables y sólidas como para que en ningún caso pueda temerse todavía por un deterioro del ciclo positivo de crecimiento. No obstante, debo manifestar que éste es un punto débil de estos presupuestos; reconocen de manera insuficiente el deterioro de la inflación, siguen apostando por una inflación del 2 por ciento, cuando hoy en día ya se encuentra situada en el 4 por ciento y sin perspectivas de corrección a corto plazo. Recuerde, señor Ministro, que en política económica la credibilidad es siempre un importante activo que estimamos hay que preservar.
Nuestra preocupación es, ¿cómo puede afectar a los presupuestos una inflación que para la mayoría de los analistas será superior a la prevista en estos presupuestos? ¿Cómo puede afectar al crecimiento económico y a la

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creación de empleo? ¿Cómo puede afectar un euro débil a nuestro objetivo de internacionalización? La segunda reflexión va dirigida a la consecución del déficit cero. Hay que felicitar al Gobierno --éste es un hito en la historia de la política económica de este país--, pero fíjense que lo conseguimos con un crecimiento de los ingresos del 8,9 por ciento, muy superior al ya elevado crecimiento nominal de la economía y con un crecimiento del gasto del 4,5 por ciento. Además, el equilibrio presupuestario se consigue gracias al superávit de la Seguridad Social, puesto que la Administración del Estado sigue generando un déficit equivalente al 0,3 por ciento.
Con ello, señor Ministro, pretendo destacar lo que usted ya conoce, es decir, que para mantener el equilibrio presupuestario necesitamos crecimiento económico, crecimiento de empleo, contención del gasto y una alta correlación entre crecimiento económico y aumento de la recaudación tributaria.
Estas premisas son necesarias para la Administración central y para las administraciones territoriales. Lógicamente esta correlación crecimiento-recaudación puede modularse cuando la capacidad de decisión sobre los ingresos --dígase también responsabilidad fiscal-- es elevada, pero cuando sólo es marginal las dificultades pueden ser notables. Espero y confío en que el proyecto de ley de disciplina presupuestaria anunciado por el Gobierno y los procesos de negociación previa sepan incorporar a la financiación territorial estas premisas que tan buenos resultados están ofreciendo a la Administración central del Estado para corregir su déficit público.
La tercera preocupación, que también ha sido ya expresada hoy en esta tribuna, hace referencia a los autónomos de las empresas más pequeñas.
Reconozco que en los últimos años ha existido una sensibilidad del Gobierno hacia las empresas más pequeñas, desconocida en épocas anteriores. Reconozco también que las reformas que impulsamos conjuntamente en 1998 con la creación de la estimación directa simplificada y en 1999 con la reforma del IRPF han sido beneficiosas para las pequeñas empresas. Pero en este contexto nos parece una disfunción que sea el colectivo de empresas acogidas al régimen de estimación objetiva del IRPF el único al que se le incrementa la presión fiscal en el año 2001. Quizá el año que viene volverán a gozar, y así lo esperamos, de una disminución de impuestos. ¿Puede ser como consecuencia de la nueva reforma del IRPF? ¿Quizá pronto puedan beneficiarse de la anunciada y comprometida supresión del IAE? Pero por ahora, en el año 2001, y una vez conocida la orden que regula los módulos, la no actualización de las variables básicas, dista mucho de compensar el impacto de la supresión de reducciones entre el 7 y el 12 por ciento en la estimación de rendimientos de estas pequeñas empresas.
Quiero referirme brevemente a la tramitación de estos presupuestos en el Senado, donde se han introducido varias enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, como viene siendo habitual estos últimos años, y algunas de ellas nos crean determinadas disfunciones que espero que a lo largo de este Pleno podremos rectificar. Estoy hablando de la enmienda que hace referencia a las donaciones destinadas a la investigación, a la que se ha propuesto una transacción; esperamos poderla negociar y resolver así este problema.
Discrepamos también, como ha mencionado el Senador Aleu, de las medidas que se han tomado y que afectan a las partidas previstas para el Plan de Ayuda del sector textil --estimamos que una enmienda del Senado no es la forma de llevar a cabo una medida como ésta y sin conocimiento previo del sector--, así como una medida destinada en este caso a agricultura, que hace referencia específicamente al sector de los forrajes y al sector ganadero, ya que se ha modificado la Ley del IVA para las subvenciones procedentes del Feoga, quedan incorporadas así a las llamadas reglas de la prorrata y, por lo tanto, verán perjudicadas su situación fiscal.
Estimamos que es una medida recaudadora sin más y que carece de lógica de política económica, y más en un sector tan necesitado como el agrícola.
Estas son las preocupaciones que se nos han planteado en el contexto global de los presupuestos en el Senado, pero es importante reconocer que en otras hemos mejorado nuestra colaboración a través de la tramitación de estos presupuestos.
En el Congreso manifestamos que íbamos a votar favorablemente estos presupuestos por sus medidas globales, pero a su vez criticábamos al Gobierno por la insuficiente colaboración que habíamos mantenido en el período previo a su presentación.
En aquel momento nuestro Grupo Parlamentario manifestó de manera reiterada su predisposición a establecer con el Gobierno una mayor colaboración, la cual ha tenido una cierta receptividad --hay que reconocerlo-- en diversos Ministerios. Por ejemplo, señalábamos que, en relación a las inversiones del Estado en Cataluña, se habían incrementado significativamente, concretamente con tres grandes obras: el tren de alta velocidad, la depuradora del Vall de Llobregat y la tercera pista del aeropuerto, pero a su vez manifestábamos al Gobierno nuestra preocupación porque había caído de forma muy importante la inversión directa del Estado en Cataluña. En el trámite parlamentario, a través de las enmiendas que se han introducido, se ha podido reconducir la cuestión, porque se han aprobado algunas que permitirán la redacción de proyectos y elaboración de estudios informativos y de esta forma incrementar de nuevo estas inversiones a partir del año 2002.
Desde esta perspectiva, la actuación parlamentaria ha permitido que Convergència i Unió y el Grupo Popular pudieran presentar enmiendas coincidentes en el Senado, básicamente, a la ley de acompañamiento, que entendemos que han generado toda una serie de medidas positivas --algunas de ellas han sido ya citadas por el señor Ministro esta mañana en su intervención--, como las que afectan al tema de vehículos para familias numerosas, la sustitución de coches de gasolina con plomo, etcétera, medidas que nos gustaría que se pudieran incrementar en esa tramitación del Pleno del Senado a través de algunas de las iniciativas que mantenemos a través de nuestras enmiendas y que esperamos que sean atendidas por el Grupo Popular a lo largo del proceso que aquí vamos a vivir en estos próximos días.


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En síntesis, pues, vamos a dar nuestro apoyo a estos presupuestos por tres razones principales: primera, por coherencia con lo que vinimos haciendo cuando nuestro voto era imprescindible para la aprobación de los presupuestos, en beneficio de la estabilidad, el crecimiento económico y la creación de empleo; segunda razón, porque mantienen un aceptable nivel de inversión en Cataluña en la actualidad y una vez introducidas las enmiendas que he comentado; y, tercera, porque el debate parlamentario nos ha permitido avanzar en las coincidencias y aprobar propuestas conjuntas.
Confío en que esta colaboración en las actuaciones de política económica puedan tener la mejor continuidad en el futuro, empezando, naturalmente, por esta tramitación en el Pleno del Senado que iniciamos hoy y, sobre todo, siguiendo con la negociación de un nuevo sistema de financiación autonómica, objetivo político y económico fundamental para nuestro grupo en el próximo año 2001.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señora Presidenta, señor Ministro, señoras y señores Senadores, antes que nada quería agradecer al Senador Caneda su amable comparación con don Juan Echanove. Es lo más original que me han dicho nunca en un debate de presupuestos. Yo le manifiesto la imposibilidad de superar la comparación del Padre Peyton que ha utilizado el Senador Albistur y, en este sentido, no puedo devolverle la pelota.
Después de agradecer esta comparación, sí tengo que decirle, Senador Caneda, porque tengo que referirme a usted necesariamente en este turno de portavoces, que me ha parecido que su intervención era un tanto displicente y que esa tibia frontera que separa lo sublime de lo ridículo a veces no ha quedado suficientemente separada, porque acabar pidiéndonos que votáramos los presupuestos porque si no nuestros nietos nos lo demandarían me parece francamente exagerado. Y, en cuanto a esa concepción de una determinada política económica como la política económica correcta, tampoco me parece que estemos todos para las largas vías y los senderos luminosos. Creo que todos tenemos que ser capaces de reconocer un cierto margen de error y de veracidad en cada una de las posiciones de los intervinientes, más que nada porque yo comparto la afirmación que hacía el señor Rato en una ocasión en cuanto que, en un estado de internacionalización de la economía española como en el que nos encontramos, afortunadamente, por el buen trabajo de la sociedad española y de los distintos Gobiernos en los últimos años, estamos vinculados, con un margen de más, menos ocho décimas de punto a lo que suceda en el entorno económico en el que nos movemos en Europa, en la Unión Económica y Monetaria, en la OCDE, en el mundo civilizado. Y en este sentido, lo que tenemos que definir es el margen, es decir, en qué medida la política del Gobierno puede hacer crecer o bajar esas ocho décimas de punto en las que nos movemos en creación de empleo, en crecimiento económico y en creación y redistribución de riqueza. Empecemos, pues, por definir algunos márgenes.
Me dice usted, contestando tal vez a mi intervención del año pasado --más vale tarde que nunca--, que nosotros impugnamos las previsiones del Gobierno por sistema. No obstante, no he intentado ser demasiado crítico con las previsiones del Gobierno, no he ido por ahí este año. En cualquier caso, es un poco fuerte que me lo diga usted cuando está acabando un año para el que la previsión de inflación del Gobierno se ha multiplicado por dos --insisto, por dos--. Y para contestarme en referencia a otro bloque de argumentos, me dice usted que da lo mismo que la Seguridad Social vaya a gastar al año que viene 165.000 millones de pesetas más porque probablemente las cotizaciones sociales crezcan en esos 165.000 millones de pesetas. Si las previsiones del Gobierno las realiza como las intervenciones su señoría, apañados estamos, porque yo tengo que creerme las previsiones del Gobierno. Ese es mi problema, porque esta Cámara no discute el estado de ingresos, sino el estado de gastos y yo tengo que aceptar como buenas las previsiones del Gobierno. Y esas previsiones nos dicen que en este país va a haber un determinado incremento de la presión fiscal, va a haber un determinado incremento de los ingresos de la Administración del Estado y va a haber un determinado incremento de los gastos. Y el problema es que hay gastos que no están previstos. Pero a usted esto le parece anecdótico. Y lo sería si los gastos fueran de miles de millones --y fíjese en lo que le estoy diciendo--, pero es que son gastos de centenares de miles de millones de pesetas. Y esto ya no es la anécdota, es la categoría.
Además, fíjese usted que, en materia de previsiones --también por decirlo todo--, si usted observa las enmiendas al estado de ingresos y de gastos que realiza el Grupo Parlamentario Socialista en plasmación de su enmienda a la totalidad a los presupuestos de los años 1997, 1998, 1999 y 2000, comprobará que en materia de ingresos nos hemos acercado más con nuestra enmienda a lo que ha sido el comportamiento de los ingresos que lo que era el proyecto de presupuestos del Gobierno. Y lo puede usted comprobar año por año.
En ese sentido, tampoco descalifique usted las previsiones de este Grupo Parlamentario cuando le decimos que los gastos debidamente contraídos en el año 2001 van a ser medio billón de pesetas más que los presupuestados, porque, además, tampoco eso lo niegan ustedes. Implícitamente, reconocen que tenemos razón cuando no lo descalifican. Así, usted me reconoce que vamos a seguir pagando a los soldados españoles en Yugoslavia y eso no está presupuestado. Usted me reconoce que vamos a tener que gastar decenas de miles de millones de pesetas con la encefalopatía bovina y eso no está presupuestado. Usted me reconoce que las pensiones de la Seguridad Social van a importar, el año 2001, 165.000 millones de pesetas más y eso no está en el presupuesto. Y usted me reconoce que los anticipos de Tesorería de las Comunidades Autónomas van a tener que seguir pagándose y eso tampoco está en el presupuesto, porque, señor Caneda --y esto para que lo entienda-- los anticipos que dimos en el año 1999 se cancelarán

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en el año 2001, de manera que lucirán como déficit en el año 2001, y en el año 1999 concedimos 45.000 millones de pesetas en anticipos de Tesorería que no contabilizaron déficit en dicho ejercicio ni en el año 2000 y sí lo harán en 2001, cuando se cancelen. Este es el problema: los anticipos del artículo 85.2 de la ley de presupuestos, que ese gasto tampoco está presupuestado.
Y si nos vamos a gastar medio billón de pesetas más que lo que está presupuestado, o lo incluimos en el presupuesto y pactamos las enmiendas --y nosotros, que no vamos a votar a favor el presupuesto, les decimos que, si quieren, votamos enmiendas que introduzcan estos gastos efectivos en el presupuesto para equilibrarlo de verdad--, o el equilibro, al final, descansará en el incremento de la presión fiscal, en que la recaudación suba, suba y suba.
Fíjese, Senador Caneda, en lo que me viene a decir cuando me contesta que da igual que nos gastemos 165.000 millones de pesetas más en pensiones porque se van a incrementar las cotizaciones sociales porque va a crecer el empleo. Evidentemente, yo deseo tanto como usted que crezca el empleo en España, pero lo que no deseo es que la revalorización de las pensiones dependa de un crecimiento de la ocupación que ha sido del cinco por ciento anual en nuestro país. ¿Qué va a pasar en el año en que no se incremente la ocupación en un cinco por ciento, que ese año no se van a poder revalorizar las pensiones? Es que las pensiones tendrían que revalorizarse creciera la ocupación o no creciera. Y con su modelo de política fiscal, ustedes hacen depender del crecimiento descomunal de las cotizaciones sociales --que hasta ahora, afortunadamente, se ha producido, pero que puede no producirse en un futuro-- la revalorización de las pensiones.
Y no quiero ponerme catastrofista, porque no quiero utilizar los argumentos que manifiesta el informe de expertos de la Unión Europea sobre el sistema de Seguridad Social en España. Lo que sí que les digo es que las cotizaciones sociales en un país que está diez puntos por encima de la media de la OCDE en lo que las cotizaciones suponen en sus ingresos tributarios no puede seguir soportando estos incrementos, de manera que o controlamos la inflación y, por lo tanto, controlamos ese incremento de gasto, o, en caso contrario, tendremos que volver a hacer lo que hacía el Gobierno Socialista.
Senador Caneda, está muy bien que haya menos desempleados. Lo que no está tan bien es que los 800.000 millones de pesetas que el Gobierno socialista aportaba al Inem este Gobierno no los aporte a la Seguridad Social o, por lo menos, no aporte cantidad similar a lo que suponía el porcentaje de producto interior bruto que significaba la aportación del presupuesto del Estado al presupuesto del Inem. Porque si sumamos las aportaciones del presupuesto del Estado a la Seguridad Social y al Inem, vemos que las aportaciones del presupuesto del Estado a la Seguridad Social ha caído en términos de producto interior bruto.
Igualmente, Senador Caneda --también se lo digo para que no hable usted tan alegremente de las cotizaciones--, hay parte de esa desviación de inflación por pensiones que corresponde a pensiones no contributivas que tiene que pagar el Estado. ¿Va a incrementar el Estado su aportación a la Seguridad Social en el año 2000, señor Ministro de Hacienda? ¿Van a aceptar una enmienda para que el presupuesto del Estado incremente su aportación al presupuesto a la Seguridad Social el 2001, aunque sólo sea en esos seis o siete mil millones de pesetas, que es la desviación de inflación de las pensiones no contributivas? ¿O van a seguir ustedes incumpliendo el Pacto de Toledo hasta en lo formal? El Pacto de Toledo decía que las aportaciones del presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas, y las pensiones y los subsidios no contributivos las pagan en nuestro país las cotizaciones sociales; y estamos haciendo que un impuesto sobre el empleo sirva para bonificar las mejoras del empleo, lo cual es un contrasentido en sus propios términos.
Usted ha dicho una cosa que es verdad, y es que todo es una cuestión de opciones. Eso nos separa. Podemos optar por deflactar la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o por reducir la tributación de las ganancias patrimoniales. Ustedes han reducido la tributación de las ganancias patrimoniales y, como bajaron mucho los impuestos en años anteriores, van a hacer que todos los contribuyentes españoles paguen más en el año 2001, especialmente los pequeños y medianos empresarios y comerciantes. Esa es una opción. Nosotros no hubiéramos reducido la tributación de las ganancias patrimoniales y sí hubiéramos deflactado la tarifa de la renta. Ustedes no quieren subir el tipo que en el Impuesto de Sociedades grava específicamente a las empresas petroleras, que han incrementado sus beneficios en un 40 por ciento, y no quieren reducir la fiscalidad sobre los combustibles. Sin embargo, nosotros pretendemos que una cosa compense a la otra. Es un problema de opciones. Ustedes quieren bajar la fiscalidad sobre los beneficios y nosotros queremos bajar la fiscalidad sobre el empleo. Esa es otra opción. Ustedes reducen el Impuesto de Sociedades y el Impuesto sobre la Renta, mientras que nosotros reduciríamos las cotizaciones sociales siempre y cuando incrementásemos las aportaciones del Estado para no poner en peligro el Estado de bienestar social.
En cuanto a la equidad del presupuesto, señor Caneda, y para que usted entienda que yo siempre intento realizar intervenciones moderadas que no susciten el enfado de sus señorías, terminaré diciendo que no debe hacerme una alabanza cerrada y bastante jesuítica --como ha señalado el Senador Albistur-- de las reformas fiscales del actual Gobierno. Para desmentir sus afirmaciones yo voy a utilizar algo que usted debe considerar una fuente de autoridad, las palabras de un miembro del actual Gobierno de España. La señora Ministra de Educación, doña Pilar del Castillo, dice que el 50 por ciento de las becas se concede a las familias que ocultan su verdadero nivel de ingresos. Cuando la señora del Castillo dice esto sabe --o al menos se supone, dado que es Ministra-- que la documentación que tienen que presentar las familias españolas para conseguir becas es una fotocopia de la declaración del Impuesto sobre la Renta. Si la Ministra de Educación dice que el 50 por ciento de los contribuyentes españoles ocultan ingresos en el Impuesto sobre la Renta, ¿qué puede decir un simple Senador Socialista? Que, si los Ministros del Gobierno de España

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descalifican así la gestión tributaria de su propio Gobierno, nosotros no vamos a defenderla más allá de lo que lo hagan los Ministros. Lo mismo, pero no más. (Aplausos.) En conclusión, ustedes van a rechazar nuestro veto con la mayoría parlamentaria que legítimamente les han dado las urnas. Nos van a decir que, como somos menos, estamos equivocados. Pero en democracia ser menos no es estar equivocados sino no tomar las decisiones, lo cual es poner a cada uno en su sitio. Pero, además de rechazar nuestro veto, vuelven a estar a tiempo de presentar enmiendas transaccionales que devuelvan el equilibrio presupuestario a las cuentas públicas en este país para el año 2001, y, por lo tanto, que introduzcan en el estado de gastos del presupuesto los gastos contraídos que ustedes han sacado fuera. Si no lo hacen, el mensaje que estarán lanzando a la sociedad española y a todos los contribuyentes de este país es que las cuentas públicas sólo cuadrarán si se incrementa la presión fiscal y la recaudación por encima de las previsiones del Gobierno. Si lo hacen, serán unos buenos defensores del equilibrio presupuestario que tanto proclaman y tan enfáticamente defienden. Porque una cosa, Senador Caneda, --y me sumo a la intervención del Senador Albistur sobre el Padre Peyton-- es predicar y otra dar trigo.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Para finalizar el turno de portavoces, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creo que el debate ha sido tremendamente instructivo y ameno. Voy a contestar brevemente a algunas de las apreciaciones que han hecho sus señorías.
En primer lugar, quiero dar las gracias a los grupos parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió y de Coalición Canaria por su apoyo a los presupuestos y rechazo al veto. A la señora Morales he de decirle que lo de la subida a la cabeza de la mayoría absoluta debe de notarse poco, por lo menos en su caso, porque hemos aceptado todos sus planteamientos.


La señora PRESIDENTA: Senador Caneda, debido a su estatura, no se le oye bien, por eso le rogaría que se acercase al micrófono o acudiese a la tribuna.


El señor CANEDA MORALES: Sí, creo que debería ser más largo. Pero me acerco, porque voy a acabar en seguida.
Al Grupo Parlamentario Mixto, concretamente al señor Cámara, he de decirle que no se tome como algo malo lo de radical. Yo me considero radical en todo lo que hago en mi vida, salvo en política, donde procuro ser moderado. El ejemplo que me ha puesto de Gran Bretaña me sirve para hacer otra apreciación. Usted ha mencionado el caso de Gran Bretaña, que es el claro ejemplo de cómo con un sector público pequeño se crean muchos empleos, llegándose al pleno empleo. Me responde que las circunstancias son distintas, pero, si son distintas para eso, también lo son para los tipos de gasto o cobertura de desempleo en Alemania o Suecia. Luego no me compare esos datos, porque las circunstancias son bien distintas. Nuestra fase del camino hacia el bienestar social no coincide con la de otros países; no somos iguales en el punto de cobertura de desempleo, ni en renta, ni en infraestructuras, ni en muchas más cosas porque hemos empezado mucho más tarde y estamos avanzando. Pero, igual que en los últimos cinco años hemos avanzado cinco puntos en renta, seguiremos avanzando en otros ámbitos.
El resto de argumentos ya se han repetido y poco queda por añadir, pero sí quiero aclararle algo al señor Albistur. En mi intervención yo no he dicho que fueran ustedes tremendos, tan sólo le he dicho que han sido negativos, que es una forma bastante descriptiva de decir que las previsiones que ustedes hacen no se van a cumplir. Nosotros creemos que nuestras previsiones son las correctas, aunque no utilizamos las de los mismos organismos. Es cierto que el Fondo Monetario Internacional apunta que el crecimiento será de un 3,5 por ciento, pero es que cuando yo me refiero a las previsiones, igual que he hecho con el déficit, hablo de cifras aproximadas; me da lo mismo que sea un déficit del 0 o del 0,1 o un crecimiento del 3,5 o del 3,7. Dice que tenemos poca credibilidad, y lo entiendo. Es más, me encanta que mantengamos posturas distintas porque, como he dicho antes, ancha es la mente. Pero cuatro años acertando en unas previsiones moderadas --y en algunos ejercicios con su colaboración-- avalan las previsiones que se hacen ahora, aunque a usted no se lo parezca. Admitimos la diferencias, pero creemos en nuestras estimaciones.
La postura del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió es coherente, pues en la concepción de estos presupuestos nos ha dado su ayuda permanente, algo que agradezco. Duda de que sea determinante para la consecución del objetivo de empleo, crecimiento e internacionalización de las empresas, pero tiene la respuesta en el propio año 2000; año en que ha habido una excesiva desviación en el objetivo de inflación, pero hemos cubierto con creces el empleo, el crecimiento, nos hemos situado entre el quinto y sexto país exportador de capitales y hemos ganado cuota de mercado en exportación de mercancías.
En consecuencia, tenemos que luchar porque la inflación es un problema realmente importante, pero no tiene por qué condicionar de manera tajante el resto de los objetivos.
Por supuesto, la política económica del Partido Popular va fundamentalmente dirigida a las Pymes y a los autónomos, y cualquier reforma que se haga tendrá que contar con ellos, ya que son los creadores de riqueza, y en 1999 y 2000 han sido el caballo que ha tirado de la creación de empleo.
Quiero decir a los grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista que cuando he intentado explicar los argumentos por los cuales mi Grupo apoya y defiende este presupuesto, he dicho que nos parece que la inflación está en un camino descendente y cuáles son los motivos

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por los que se debe y se puede conseguir ese 2 por ciento.
Asimismo, he defendido el equilibrio presupuestario y el objetivo en infraestructuras, tendente a la convergencia real, con un plan de siete años en aeropuertos, en puertos, en carreteras de gran capacidad y en ferrocarriles; son objetivos concretos, a medio y largo plazo, que explican el porqué defendemos las inversiones y la cuantificación que figura en los presupuestos como diseño de la política económica del Gobierno. Del mismo modo, para nosotros es prioritario el pacto de la justicia y, por ello, esa partida tiene un 9 por ciento de incremento.
Asimismo, somos conscientes de que hay problemas en la seguridad, se necesitan más medios, y es otro gasto prioritario que ha subido un 8,4 por ciento.
Todas estas necesidades se plasman numéricamente en los presupuestos.
Voy a terminar comentando al señor Granado, como hice en mi intervención, que independientemente del convencimiento de cada uno en sus propios argumentos, no hay ningún tono descalificador. Lo único que quiero dejar claro es que la revalorización de las pensiones será, al menos, del IPC de cada año, según se establece merced a una ley que ha promovido este Gobierno y no depende, en absoluto, del número de cotizantes.
Sé que usted tiene un cariño especial por el tema de las desviaciones y la contabilidad --a mí me recuerda mucho al debate del señor Borrell sobre el devengo y la caja--, pero los argumentos ya se han dado esta mañana y no los voy a repetir.
Una vez más, quiero mostrar mi agradecimiento a los que apoyan estos presupuestos porque sigo creyendo que son, para las necesidades del presente y para las del futuro, tanto económicas como sociales, los que necesita España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Caneda.
Vamos a proceder a las votaciones. (Pausa.) Para la aprobación de las propuestas de veto, como he dicho, es necesaria la mayoría absoluta; es decir, 130 Senadores, puesto que la Cámara está compuesta por 258.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto de los grupos parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 231; a favor, 77; en contra, 152; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, quedan rechazadas las propuestas de veto de los grupos parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
A continuación, vamos a votar la propuesta de veto de los grupos parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 75; en contra, 153; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de veto de los grupos parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Votamos ahora la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 80; en contra, 152.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
A continuación, votamos la propuesta de veto del Senador Anxo Manuel Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 233; a favor, 78; en contra, 153; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto de don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
A continuación, votamos la propuesta de veto presentada por los Senadores don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 80; en contra, 154.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto presentada por los Senadores Cámara y Cabrero al Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Finalmente, votamos la propuesta de veto de los Senadores Cámara y Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto, al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 74; en contra, 153; abstenciones, siete.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Mixto al Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (550/000016):

--MOCION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, COALICION CANARIA Y MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, EN COLABORACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA Y LOS AYUNTAMIENTOS QUE CORRESPONDA, APLIQUE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REPARAR LOS DAÑOS EN LAS ZONAS SINIESTRADAS POR EL TEMPORAL DE LLUVIA Y VIENTO QUE SE ESTA PRODUCIENDO DESDE DIAS PASADOS (662/000081).


La señora PRESIDENTA: Señorías, finalizada la votación de los vetos, los siete grupos parlamentarios presentes en esta Cámara presentan, al amparo de lo establecido en el Reglamento, la siguiente moción para su debate y aprobación en el Pleno del Senado: «El Senado insta al Gobierno para que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Galicia y los ayuntamientos que corresponda, aplique las medidas necesarias para reparar los daños en las zonas siniestradas por el temporal de lluvia y viento que se está produciendo desde días pasados.» Sus señorías han de acordar, al amparo del artículo 71.4 del Reglamento, que se produzca una alteración del orden del día, y al parecer han convenido que se concediera un minuto de tiempo por cada grupo para la defensa de esta moción.
¿Está conforme la Cámara con alterar el orden del día e incluir esta moción? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada la alteración del orden del día.
Comenzamos de menor a mayor. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana, por un tiempo de un minuto.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero intervenir únicamente para agradecería sensibilidad de todos los grupos parlamentarios para que esta moción pueda ser tratada y, espero, también aprobada.
El fuerte temporal de lluvia y viento que ha azotado y azota a la Comunidad Autónoma de Galicia en estos últimos días, que todavía permanece en algunas zonas, ha producido importantes daños materiales y, por desgracia, también la pérdida de vidas humanas. El balance de este desastre, aunque todavía está por cuantificar, ha producido el desbordamiento de ríos que prácticamente han inundado localidades enteras, como Caldas de Reis, Padrón, Cambre; localidades de la comarca de Bergantiños, de Ames, da Costa da Morte, Ribadavia o Xinzo de Limia, anegando calles y comercios en Santiago de Compostela, Vigo, Ourense o Lugo; por no hablar de la intranquilidad y preocupación de la vecindad por el peligro de desbordamiento del embalse de Cecebre que es una amenaza constante debido a la enorme presión que sus compuertas han tenido que soportar.
Llueve sobre mojado, señorías, y nunca mejor dicho, porque si bien es cierto que los desastres son ocasionados por agentes meteorológicos y que a éstos nadie les da órdenes, no lo es menos que la reiteración de daños, cada vez que la climatología no acompaña, hace pensar que existen déficit de infraestructura que conviene resolver cuanto antes. Los daños materiales y humanos, el duro golpe económico a la flota pesquera, la ganadería y la agricultura, el comercio y el deterioro de las infraestructuras han provocado que varios ayuntamientos solicitaran la declaración de zona catastrófica. No queremos nosotros, y estamos seguros de que nadie lo desea en esta Cámara, que esto se convierta en una historia de pedir para dar; mucho mejor será que el Gobierno tome la iniciativa, y solidariamente, en coordinación con las demás administraciones, adopte las medidas necesarias para restituir los daños ocasionados por el temporal. Este es el objetivo de la moción, éste es el cometido de la Cámara para su demanda al Gobierno y espero que ésta lo apruebe por unanimidad.
Muchas gracias a todos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
¿Desea hacer uso de la palabra algún otro grupo parlamentario? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intervenir con brevedad para manifestar la solidaridad de Coalición Canaria con esta iniciativa, como un grupo más, y nos parece importante a 2.500 kilómetros de distancia mantener esta solidaridad con los gallegos que en este momento están sufriendo, como recientemente ocurrió con la Comunidad Autónoma de Cataluña con la iniciativa planteada en este Senado. Además, quiero valorar de manera positiva la sensibilidad del portavoz del Bloque Nacionalista Galego, el Senador Quintana, al plantear la corresponsabilidad en las actuaciones de todas las administraciones. No basta sólo con pedir a la Administración General del Estado; en este caso, hay una corresponsabilidad de la Comunidad Autónoma y también de las corporaciones locales gallegas. Por supuesto, nos alegramos de haber firmado esta iniciativa, juntamente con los demás grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Zubia.


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El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Gracias, señora Presidenta.
Lamentablemente, en los últimos tiempos, esta Cámara está acostumbrada a plantear con demasiada frecuencia iniciativas como la que nos ocupa.
Deseamos que tarde mucho tiempo --ojalá nunca-- en plantearse otra similar. Mientras tanto, deseamos hacer nuestras las manifestaciones del proponente originario, el Senador Quintana, y manifestar que apoyamos con nuestra firma la iniciativa y que, consiguientemente, vamos a apoyarla con nuestro voto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra su portavoz, el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente quiero expresar la solidaridad de este grupo parlamentario, así como el acuerdo con la moción que presentamos conjuntamente todos los grupos de la Cámara. Asimismo, deseamos exponer nuestra voluntad de que el Gobierno tome la iniciativa para alcanzar la colaboración con las instituciones públicas de Galicia, a fin de poder remediar los daños materiales y humanos producidos como consecuencia de la catástrofe.
Manifestamos nuestra solidaridad con todos los afectados y nuestro deseo de que se restañen las heridas creadas por la misma.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
Evidentemente, deseo sumarme al apoyo a esta moción, y quiero dar un sentido de esperanza con buenos ejemplos. Hace unos meses, yo personalmente, como portavoz, agradecí la firma de una moción similar en esta Cámara que, hay que decirlo, se ha resuelto muy rápidamente, sobre todo en lo que respecta a las infraestructuras y, a pesar de que queda pendiente algún tipo de ayudas, la realidad es que se ha hecho un notable esfuerzo por parte del Gobierno del Estado en colaboración con la Comunidad Autónoma para restañar, como decía el Senador Molas, estas heridas.
Me sumo a la propuesta que hoy se presenta, entiendo que no puede ser de otra manera, y brindo un mensaje de esperanza al Senador Anxo Quintana con la solicitud al Gobierno para que actúe con la misma celeridad con la que lo ha hecho en otras ocasiones.
Cuando he firmado la moción no he tenido en cuenta que había otros lugares afectados por las riadas, concretamente la Comunidad andaluza y algún pueblo de Extremadura. Entiendo que aunque no se cite explícitamente van a tener el mismo trato y se va a procurar por parte del Gobierno, con la adecuada colaboración con las Comunidades Autónomas, solucionar lo más rápido posible este problema.
Ya sé que el problema del agua es difícil de prevenir; nuestros abuelos siempre decían que contra el fuego se puede luchar, contra el agua no, pero sería deseable tomar medidas adecuadas para encontrar soluciones a estos problemas que tienen un carácter prácticamente endémico. En todo caso, en este momento lo que corresponde es dar una solución pronta y rápida a los afectados, y puntualmente, en este caso, la moción lo que pide es que Galicia sea atendida. Este Senador recuerda que si hay otros casos, se tienen que atender.
Muchas gracias, y me alegro de haberme sumado a la iniciativa.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para matizar la posición de los socialistas.
En primer lugar, creo que ésta es una declaración institucional, de todos los grupos políticos con presencia en la Cámara y, en segundo lugar, creo que tenemos que alegrarnos de que en estos últimos quince días en que Galicia ha sido sometida a dos embates de fuertes vendavales, haya funcionado la colaboración institucional. Creo que es un motivo de alegría que los ayuntamientos, la Xunta de Galicia y el Estado hayamos funcionado con relativa coordinación para atender a las familias y personas que han sufrido desgracias.
Los socialistas queríamos decir que a día de hoy distintos ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Galicia han presentado ya solicitudes formales de declaración de zona catastrófica, y evidentemente el expediente tendrá su trámite, pero querríamos que el llamamiento que hoy va a aprobar unánimemente la Cámara sirva para que el Gobierno de la nación entienda que en el momento de la reparación habrá que poner encima de la mesa ayudas financieras, y sería pertinente que hoy, que estamos iniciando el debate de presupuestos, se contemplara en futuros ejercicios y en este mismo, partidas presupuestarias que vinieran a subsanar estos problemas cuando se originan, y que, desgraciadamente, cuando se dan, la mayoría de las veces se quedan en buenas palabras, pero las familias que han perdido sus bienes, los pequeños comerciantes y las pequeñas industrias que han perdido sus maquinarias y sus útiles, tardan demasiado tiempo, y a veces nunca, en recobrar su patrimonio. Eso debería llamar la atención de todos nosotros para que desde el punto de vista legislativo preparáramos esas medidas.
Evidentemente, Galicia ha sido la golpeada en esta ocasión, pero no podemos olvidarnos en nuestra solidaridad de otras regiones de la zona norte de España, muy especialmente de los hermanos asturianos, que también han sido golpeados por este vendaval.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador González Príncipe.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el señor Vázquez Portomeñe.


El señor VAZQUEZ PORTOMEÑE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Galicia, ciertamente, es el país de los mil verdes y de los mil ríos. La lluvia caída no sólo este año, sino todos los años, ha sido importante, aunque éste la naturaleza ha sido bastante cruel con aquellas tierras. Yo he de dar a los señores Senadores, empezando por mi grupo parlamentario, y siguiendo por los Senadores de Galicia, las gracias a todos por esta solidaridad demostrada hoy en día, pero también quiero recalcar que esta solidaridad ha de probarse con el concurso de las tres administraciones, tal como reza la moción: ayuntamientos, Autonomía y el propio Estado, y que las tres administraciones tienen que ser efectivamente solidarias en el esfuerzo, y de ninguna forma pueden utilizar su poder para entorpecer las obras que están en marcha en Galicia o aquellas otras que se pretendan realizar simplemente por motivaciones políticas.
He visto que todos y cada uno de los Senadores que han intervenido lo han hecho desde la mayor sensibilidad. Gracias una vez más y mi esperanza de que efectivamente las administraciones concurran solidariamente al remedio de la situación.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vázquez Portomeñe.
Entiendo de la intervención de los portavoces de todos los grupos parlamentarios que la moción se da por aprobada por asentimiento.
(Pausa.) Así se hace y se trasladará al Gobierno. (Aplausos.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000015).


La señora PRESIDENTA: Continuamos, señorías, con el debate del articulado y anexos del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Comenzamos por el Título I, artículos 1 a 12, anexos I y II.
Vamos a comenzar por el voto particular sostenido por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara, por tiempo de seis minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, este grupo de seis enmiendas tiene el siguiente significado: la número 1028 pretende el control por las Cortes y su contenido de ingresos y gastos por medio de una Oficina Presupuestaria. La argumentación está escrita. Cabe hacerse la siguiente pregunta: ¿un particular aceptaría destinar su dinero a algo cuyo destino, mecanismos de control y modos de pedir cuentas desconociera? Si la respuesta es no, no se entiende la opacidad, el impulso de apelaciones financieras en forma de créditos a lo que son gastos, o finalmente la proliferación de entelequias jurídicas que esquivan la mirada inspectora del poder legislativo y facilita la privatización en gestores y consejos de administración de las decisiones públicas apartadas de luz y taquígrafos.
La enmienda número 1029 pretende cambiar el cuadro que aparece en el texto que se nos propone en la modificación de ingresos. Cuando en la Comisión de Presupuestos se me dijo que de dónde salían diferentes gastos que proponíamos en las enmiendas, no me dio tiempo a contestar que aquí hay una enmienda, se esté o no de acuerdo, que pretende modificar los ingresos para distribuir los gastos que proponemos en diferentes enmiendas de Izquierda Unida, y que tienen que ver con el Impuesto sobre la Renta, la limitación de la reducción de aportaciones a planes privados de pensiones, la elevación de la tributación de las ganancias patrimoniales, la mejora de la progresividad en la tarifa en el Impuesto sobre Sociedades, la revisión y disminución de diversos gastos fiscales, 320.000 millones, mayores ingresos fiscales y mejores resultados en la lucha contra el fraude y la elusión fiscal en 500.000 millones. Total, dos billones de pesetas, y con ello se pretenden financiar, lógicamente, diversas enmiendas que presenta Izquierda Unida.
La enmienda número 1030 pretende conocer ordenadamente la pérdida de recursos y el coste de oportunidad de esta política en el sentido de añadir un párrafo con el siguiente tenor: Desde este ejercicio presupuestario y en adelante, el gobierno adjuntará a los documentos presupuestarios una Memoria de beneficios sociales que comprenda el conjunto de bonificaciones a los ingresos de dichas administraciones públicas y en particular de la Seguridad Social.
La enmienda número 1032, de modificación, propone la supresión en el artículo 10, apartado dos, del punto 2, que comienza: Autorizar las transferencias de crédito ...
La argumentación es la misma que para el caso de la enmienda anterior, con un añadido, que indica lo siguiente: Además, en la ley de presupuestos se escribe lo que se pretenda aprobar; la creación de «conceptos nuevos» se deja para el gallego de la película «Airbag».
La enmienda número 1033 pide la supresión, en el artículo 11, del último párrafo del apartado tres, que dice: «Las que resulten procedentes...» En nuestra opinión, el presupuesto de Defensa tiene que ser transparente, y debemos saber cuánto nos gastamos en cañones o en mantequilla.
Disfrazar I+D, desinversiones de capital que debieran incorporarse al presupuesto público y no financiar operaciones corrientes de ejercicios militares, en nuestra opinión, no es correcto.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora el turno de defensa de las enmiendas presentadas por el señor Quintana.
Su señoría tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Presentamos seis enmiendas al TItulo I. Las dos primeras se refieren a la necesidad de establecer medidas que aseguren la recuperación del poder adquisitivo de los empleados del sector público y a dirimir determinadas medidas, que en los presupuestos se pueden entrever, respecto de su movilidad geográfica. En ese sentido, con una de las enmiendas se propone una subida salarial de acuerdo con el IPC real, además de la recuperación del poder adquisitivo de los últimos cinco años, al tiempo que con la otra queremos evitar que el Gobierno pueda hacer uso, en el marco actual, de la movilidad geográfica entre los presupuestos y objetivos que se establecen.
La enmienda número 3 pretende evitar la autorización de generaciones de crédito por servicios prestados a ejércitos integrados en la OTAN, al considerar que, de producirse tal habilitación de crédito, debería ser sometida al arbitrio de las cámaras legislativas y no a una decisión unilateral por parte del Ejecutivo.
Las enmiendas números 4 y 5 se justifican en evitar la habilitación al Gobierno para suspender determinadas partidas presupuestarias, que podrían ser incluso gastos sociales o inversiones en infraestructuras, al objeto de conseguir el déficit previsto. Efectivamente, en el artículo 11, apartados cuatro y cinco, se establece esa posibilidad, lo cual afianza nuestra idea de que, atendiendo al objetivo, casi obsesivo, del equilibrio presupuestario, el Gobierno está estableciendo la posibilidad de que, durante el ejercicio, o al final del mismo, se eliminen determinadas partidas de sentido social o de inversión con el fin de cumplir ese objetivo de equilibrio. Y estas enmiendas intentan evitar tal circunstancia.
La última enmienda propone actualizar la aportación de los presupuestos generales del Estado a la Seguridad Social para financiar los complementos a mínimos, puesto que el Gobierno propone la congelación de esa aportación. Por tanto, según nuestra propuesta la cantidad establecida, de 16.288.000 pesetas, pasa a ser de 17.183.840 pesetas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y para la defensa de las enmiendas números 919, 920 y 921, tiene la palabra el Senador Albistur, por tiempo de tres minutos.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estas tres enmiendas introducen modificaciones relacionadas con un control estricto de los gastos y de las cantidades asignadas a las partidas para cada gasto en el capítulo de gastos corrientes.
La primera de ellas, número 919, se justifica en que la limitación taxativa que se realiza en el proyecto de la ley de presupuestos de la potestad de reconocimiento de obligaciones no financieras, excluidas las derivadas de los créditos extraordinarios y suplementos de créditos aprobados por las Cortes, se encuentra, no obstante, con una serie de excepciones que permiten al Gobierno modificar a su libre albedrío, y soslayando la autorización del poder legislativo, los créditos inicialmente aprobados. Además, se permite el aumento del gasto corriente en detrimento de los gastos de inversión.
Por todo ello, en aras de un mayor control de la gestión y la evolución del gasto público y, principalmente, de un control efectivo del déficit público, objetivos que tanto nos ha reiterado el Gobierno, resulta oportuna la supresión de dichas excepciones.
Con la enmienda número 920 insistimos en lo mismo. En consonancia con la enmienda anterior, resulta oportuno el establecimiento de la prohibición absoluta de que el reconocimiento de obligaciones por operaciones corrientes supere la cuantía total de los créditos inicialmente aprobados para atender operaciones de dicha clase. Se trata de cosas de Perogrullo.
Finalmente, con la enmienda número 921 pedimos que el exceso de derechos reconocidos sobre los inicialmente previstos se aplique a reducir el déficit inicial, como el Gobierno propone. La justificación de esta enmienda está basada también en lo que he expuesto con anterioridad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Albistur.
Para la defensa de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente, paso a defender las cinco enmiendas que mantiene mi Grupo a este bloque. Dos de ellas se presentan al Título I, y ambas afectan al artículo 12, de la Seguridad Social, con el fin de compensar a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Sanidad de la pérdida de ingresos que se ha derivado de distintas medidas adoptadas previamente.
Concretamente, la enmienda número 1498 propone incluir en el presupuesto para 2001 el ahorro previsto y no conseguido correspondiente a las medidas de contención del gasto farmacéutico que se aplicaron en 1999. En aquel momento hubo una expectativa de ahorro por parte del Gobierno de 68.900 millones de pesetas, y no se ha conseguido el ahorro previsto por importe de 42.900 millones. Eso ha supuesto un déficit de financiación, puesto que ese ahorro ya se había aplicado a los fondos necesarios para la Sanidad, por lo que con esta enmienda pretendemos su compensación.
Por lo que respecta a la enmienda número 1499, dado que con el nuevo modelo de financiación la liquidación de las Comunidades Autónomas se realiza en función del crecimiento

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real del PIB nominal y, por tanto, no recoge la financiación correspondiente a las decisiones que adopta el Gobierno central, proponemos que se contemple la compensación cuando estas decisiones significan un incremento de gasto para las Comunidades Autónomas con competencias en materia Sanidad. Pongo como ejemplo la introducción en el año 2000 de la vacuna antimeningocócica conjugada, que es una prueba de cómo determinadas decisiones de ámbito estatal reducen los escenarios de financiación que previamente se acordaron con las Comunidades Autónomas.
Las otras tres enmiendas presentadas por nuestro Grupo a este bloque se refieren al Anexo II. Todas ellas pretenden dar la consideración de ampliables a distintos créditos y complementan otras enmiendas que defenderemos durante la tramitación de las secciones. Concretamente, la 1507 complementa la número 1495, y la número 1506, la 1496. Como digo, se trata de otorgar la categoría de créditos ampliables, en el caso de la enmienda 1507, al crédito que se dotará posteriormente, cuando se consigne el convenio de infraestructuras para el transporte metropolitano de Barcelona, que está pendiente de renovación para principios del año 2001.
La enmienda número 1506 pretende dar la consideración de crédito ampliable a la partida de crédito creada para la compensación a las Comunidades Autónomas por la pérdida de recaudación derivada de la supresión de los impuestos, por la copia de las cancelaciones de hipotecas, que se va a aprobar con la Ley de acompañamiento posteriormente.
La enmienda número 1505 hace referencia al crédito para facilitar la disponibilidad de los recursos destinados a las políticas de integración social de los inmigrantes, para atender a las necesidades inmediatas que se puedan presentar, máxime teniendo en cuenta la próxima aprobación de la Ley de Extranjería en esta Cámara, en este mismo Pleno.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Para la defensa de las enmiendas que con los números 444 a 452, 526 y 527, han presentado los Grupos Parlamentarios Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Mesa.


El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, subo a esta tribuna para defender las enmiendas presentadas por mi grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, conjuntamente con el Grupo de Entesa Catalana de Progrés, concretamente al Título I, Anexo II, del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Empezaré por la enmienda número 444, que afecta al artículo 8.dos que, como sus señorías saben, hace referencia a las retenciones de crédito que se efectúen como consecuencia de la Ley 16/1985, del Patrimonio Histórico Español. Con ella pretendemos que el Gobierno remita a la Comisión de Presupuestos del Senado y también a la del Congreso de los Diputados información precisa, detallada, de todas las inversiones comprometidas, así como la previsión para ejercicios posteriores. Nos referimos concretamente a los créditos obtenidos de acuerdo con el artículo 68 de la citada ley.
Nuestro grupo entiende que la ejecución de estas inversiones, las llamadas del 1 por ciento cultural, adolece de claridad informativa, y no sólo queremos saber el montante global de estas inversiones, sino que además la oposición tiene el derecho de exigir y el Gobierno de darle explicaciones de para qué, en qué proyectos se va a invertir y sobre todo la ubicación de los mismos. Yo creo que es lo mínimo que se puede dar a la oposición: explicaciones de hacia dónde va el gasto y en qué se invierte el dinero.
A continuación hemos presentado un paquete de enmiendas que van desde la número 445 a la número 450, ambas inclusive, así como las números 526 y 527. Con ellas proporcionamos una serie de mejoras técnicas para posibilitar una más correcta gestión presupuestaria, y como sus señorías saben, afectan tanto a los artículos 9, 10 y 11 del Capítulo II, norma de modificación y ejecución de créditos presupuestarios, como al Anexo II, créditos ampliables.
Por último, me referiré a las enmiendas números 451 y 452, que, como ha quedado muy claro en el debate del veto, y yo creo que lo tienen ustedes en mente, lo que pretende nuestro grupo con ellas es que el Estado incremente en 160.000 millones de pesetas su aportación al sistema de la Seguridad Social, para atender a la financiación de los complementos para mínimos de las pensiones de dicho sistema.
Como les decía, señorías, ha quedado muy clara la posición de nuestro grupo, pero voy a insistir en ella porque venimos repitiendo que el Estado está reduciendo su déficit a base de incumplir el Pacto de Toledo, obligando a que las cotizaciones sociales sufraguen las prestaciones no contributivas del sistema. Yo creo que hay ahora una oportunidad de cambiar esa dinámica y de aprobar estas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista conjuntamente con el de Entesa Catalana de Progrés.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Mesa.
Para turno en contra de las enmiendas presentadas por los distintos grupos al Anexo I y al Título I, tiene la palabra el Senador Azuara.


El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Partido Popular, estudiadas las enmiendas y previos informes de los Departamentos y Direcciones Generales, ya anuncia que no va a aceptar las presentadas por los distintos grupos políticos, entre otros motivos, que luego aduciré, porque los presupuestos que el Ministro de Hacienda ha entregado al Parlamento son ecuánimes, serios y transparentes, y porque además marcan un hito histórico: déficit cero.
No obstante, me voy a referir, partiendo del articulado: exposición de motivos y artículos 1 a 12, a las intervenciones

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que aquí se han producido, intentando ser lo más breve posible.
La enmienda número 1 a la exposición de motivos, presentada por el Senador Quintana, está relacionada con el incremento general de retribuciones del 2 por ciento al 5,5 por ciento que solicita. El incremento propuesto en el proyecto de ley para el año 2001, que es del 2 por ciento, es igual a la previsión de crecimiento de la inflación, medida a través del IPC, y por ello dentro de la planificación general de gasto público. Dicho incremento se considera adecuado para el mantenimiento del poder adquisitivo individual de los funcionarios, al margen de las variaciones que experimenten las masas salariales de los mismos, debido a determinadas políticas de personal, superiores a dicha previsión.
El Gobierno del Partido Popular considera que el incremento de gasto que la aceptación de este apartado de la enmienda conllevaría, compromete los objetivos macroeconómicos previstos por el Gobierno, especialmente el equilibrio presupuestario, y por lo tanto consideramos que esa enmienda, como he dicho anteriormente, no va a ser aceptada.
La realidad es que también a esto tendría que añadir que el IPC producido durante este ejercicio se ha elevado precisamente --y todos lo sabemos-- por el incremento de los precios del petróleo así como por la bajada del euro, que son los motivos que han alterado la cifra que el Gobierno tenía prevista para este año. Esperamos que para el año 2001 --y lo estamos viendo últimamente-- mejoren estas condiciones, ya que el crudo está bajando y el IPC se mantendrá en la cifra prevista por el Gobierno ya que también el euro está experimentando un incremento, lo que será refrendado probablemente por la postura que en la Cumbre de Niza ha obtenido el Gobierno de José María Aznar.
A los artículos 1, 2 y 3, se han presentado enmiendas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. Al artículo 1, se ha presentado la enmienda número 1028, relacionada con la Oficina de Presupuestos. Yo viví esa Oficina de Presupuestos en el Congreso de los Diputados, y en ella se adoptó, por la transparencia que en sí existe, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, solicitar una comparecencia del entonces Secretario de Estado de Presupuestos, señor Folgado, cada tres meses, y es una tónica que se va a seguir llevando a cabo; al menos en el Congreso de los Diputados se llevaba y creo que aquí en el Senado podría ser una buena medida: que si alguien quiere enterarse de la marcha de esos presupuestos, se solicite una comparecencia que otorgue transparencia, como ocurre con todo lo que afecta a los presupuestos, y sobre todo a los que estamos en este momento debatiendo en esta Cámara.
Artículo 2, Estado de Ingresos. Si entramos a valorar la exactitud de los cálculos sobre incremento de la regulación, debe informase la enmienda de manera desfavorable por tener una orientación completamente contraria a la política tributaria del Gobierno, que no va dirigida a elevar los impuestos sino, por el contrario, a reducirlos, en particular para las pequeñas y medianas empresas, los ahorradores y los perceptores de rentas del trabajo.
Dados los resultados tan favorables que la política de reducción de impuestos está generando, lo oportuno es proseguir por el mismo camino, ampliando y profundizando las reformas durante la presente legislatura, tarea ya iniciada en el Real Decreto-ley 3/2000, de 23 de junio.
En lo que respecta al artículo 3, que también se refiere a beneficios sociales, el artículo 134 de la Constitución española establece que los Presupuestos Generales del Estado incluirán la totalidad de Gastos e Ingresos del sector público estatal, y con ello se considerará el importe de los beneficios fiscales que afecten a los tributos del Estado. Este mandato constitucional, que incide exclusivamente en los beneficios fiscales que afectan a los tributos, se cumple anualmente con la documentación que acompaña a los Presupuestos Generales del Estado.
Con respecto a la enmienda al artículo 8, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Entesa Catalana de Progrés, relacionada con el 1 por ciento cultural, el párrafo que se propone incluir ya figura, en el mismo artículo, en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000. Todos sabemos que ese 1 por ciento cultural, a pesar de lo que aquí se ha dicho, es transparente y, además, cualquiera puede acceder a él, lo que ocurre es que todos sabemos que se van realizando las consignaciones a medida que las peticiones se van presentando, pero esto es totalmente transparente. Sobre esto no ha lugar a ninguna duda, y a pesar de lo que se ha dicho se puede ver perfectamente su distribución.
La enmienda al artículo 10, presentada por el señor Quintana González, se refiere a la movilidad del personal laboral. La nueva regulación de la movilidad geográfica que introduce el proyecto de ley de medidas para 2001 responde a necesidades organizativas de las administraciones públicas, que reflejan los cambios sociales de los últimos años. No obstante, al estar supuestamente justificada la supresión del correspondiente artículo sobre dicha movilidad de la ley de medidas, el informe, que estamos diciendo que ha sido desfavorable por parte de la Dirección General a la enmienda de dicha ley, debe hacerse automáticamente extensivo a la presente.
Con respecto a las enmiendas presentadas a este artículo 10 por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que está relacionado con las transferencias de crédito, tengo que repetir lo mismo que he dicho antes. Las transferencias son totales, y creo que no ha lugar a que discutamos sobre esto, porque todos sabemos que las transferencias se realizan en los momentos oportunos y cuando realmente se precisan para los distintos cometidos que se plantean.
Con respecto a la enmienda presentada por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, relativa a las generaciones de crédito y a las transferencias de crédito, estamos en la misma situación. Quiere decirse que, cuando llega el momento, son transparentes, y cuando deben producirse, se realizan sin ninguna dificultad.
Pasamos al artículo 11. La enmienda número 4 pide su supresión. Parece que esa supresión no es necesaria, y se informa desfavorablemente.
Las enmiendas números 449, 450 y 451, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, proponen la modificación del artículo

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11 en sus apartados uno, tres y cinco, respectivamente. Decimos exactamente lo mismo que antes. Dicha propuesta está también incluida dentro de esa transparencia, lo cual da lugar a que no se acepten estas enmiendas.
Las enmiendas números 919, 920 y 921, al artículo 11, han sido presentadas por el Senador Albistur, y son también relativas a las limitaciones presupuestarias que se ha estado comentado. Tampoco ha lugar a ese hecho, pues están ya muy bien relacionadas con el Presupuesto que se ha presentado a la Cámara.
La enmienda del señor Quintana González al artículo 12 se refiere a complemento para mínimos y está relacionado con el Pacto de Toledo. Como digo, el Pacto de Toledo lo establece definitivamente, por lo que no hay nada que añadir a esta enmienda que reconocemos que ya está contemplada, por lo que no ha lugar a que se produzca esa petición que ha hecho el señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto.
Señorías, creo que ya no hay nada más que comentar a todo lo que aquí se ha propuesto con la presentación de las enmiendas ya que, como he dicho anteriormente, los Presupuestos Generales del Estado están totalmente definidos, están totalmente aclarados. Además, insisto en que son unos presupuestos extraordinarios que el Partido Popular ha presentado para el ejercicio 2001.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Azuara.
Comienza el turno de portavoces. El orden de intervención es de menor a mayor.
¿Senador Cámara, del Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo únicamente para decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que los presupuestos son de carácter ordinario; no son extraordinarios. Estamos aprobando un proyecto de ley de presupuestos, no los presupuestos extraordinarios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
¿Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
He de empezar agradeciendo la sinceridad del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, porque reconoce que nos ha leído los informes que le han hecho en los diferentes ministerios. Pero yo me he quedado con ganas de plantear dos interrogantes. El primero es saber qué resultado final van a tener las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a las que no se ha hecho ninguna referencia. El segundo es continuar el debate de si se cumple o no se cumple el Pacto de Toledo. Desde nuestro punto de vista no se cumple, y por eso las enmiendas que hemos presentado deberían ser tomadas en consideración más de lo que lo ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
Nosotros creemos que la aportación del Estado a la Seguridad Social para el pago de las pensiones no contributivas y para el pago de los complementos a mínimos, que son cuestiones que decidimos en este Parlamento, no tienen que salir de las cotizaciones sociales, tal como dice el Pacto de Toledo, sino de los Presupuestos Generales del Estado.
Creo que ha llegado el momento de que esto sea así. Nuestro Grupo lo cree y por eso pedimos que lo reconsideren antes de rechazarlas con tanta claridad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señora Presidenta.
Unicamente quiero manifestar al portavoz del Grupo Popular que me he quedado con la duda de lo que sucede con nuestras enmiendas porque no ha hecho ninguna mención a ellas. No sé si es que no ha sido remitido el informe, pero en cualquier caso nos gustaría saber su opinión sobre las mismas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Mesa.


El señor MESA CIRIZA: Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que, con respecto a la financiación de las pensiones y las prestaciones no contributivas, no voy a tener más remedio que volver a leer, como ha hecho el portavoz de mi Grupo, algo que queda claro y que parece que no se entiende. Las cotizaciones sociales deberán ser suficientes para la cobertura de las prestaciones contributivas, y las aportaciones del Presupuesto del Estado deberán ser suficientes para garantizar las prestaciones no contributivas.
Rechazan la enmienda diciendo simplemente que esto está incluido. ¿Dónde está incluido? Es un concepto que queremos que se introduzca y que se apruebe. Coincido con el portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés en el sentido de que no se nos ha dado una explicación de por qué no se va a aceptar esta enmienda.
Lo mismo digo respecto de la enmienda número 444. Si ustedes dicen que hay trasparencia en la aplicación del 1 por ciento de las inversiones culturales y que otros años estaba reflejado que se daría información a estas Cortes, ¿por qué no se incluye ahora? En este caso quizá habría que preguntar por qué se quita. Si hay trasparencia, ¿por qué no se puede incluir que se dé información a las Comisiones de

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Presupuestos del Congreso y del Senado? No lo entiendo ni me lo han explicado.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Azuara.


El señor AZUARA CAROD: Gracias, Presidenta.
Señorías, voy a contestar en primer lugar al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Me decía que no he dicho nada de sus enmiendas números 1498 y 1499. Si no las he citado ha sido por error o por omisión.
El modelo de financiación de los servicios sanitarios de cada año está vinculado, en cuanto a los fondos generales o específicos, a la variación del PIB nominal a coste de los factores, al margen de cualquier evolución económico-presupuestaria, que sí que se puede efectuar a otras políticas presupuestarias públicas prioritarias y del ámbito social.
Cabe mencionar que el Gobierno ha tomado medidas para disminuir cuantitativa y cualitativamente el gasto farmacéutico por recetas médicas, decisiones que han dotado de mayores recursos a los agentes gestores de la sanidad. El Gobierno garantiza la desviación del PIB nominal al coste de los factores que se pueden producir en el PIB aplicado desde 1999 hasta el año 2001, último año de vigencia de tal acuerdo de financiación de la sanidad. No obstante, la financiación del coste de la sanidad transferida a las Comunidades Autónomas es objeto de un acuerdo de financiación específico entre el Estado y las Comunidades Autónomas, por lo que la Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el lugar idóneo para su modificación.
No sé si con esta contestación el Senador del Grupo Parlamentario Catalán quedará satisfecho.
En cuanto a lo que ha comentado el Senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, relacionado con la enmienda número 444, he dicho ya que el párrafo que se propone incluir en el artículo 8 ya figuraba en la Ley de Presupuestos para el año 2000 en este mismo artículo; por lo tanto, no hay inconveniente en que se vuelva a incluir en la Ley del año 2001. No obstante, se pone de manifiesto que la información relativa a la previsión para ejercicios posteriores presenta ciertas dificultades dada la naturaleza del proceso de generación de créditos del 1 por ciento cultural. Creo que lo he explicado anteriormente y lo sigo manteniendo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Azuara.
Como las votaciones se van a retrasar a mañana, pasamos al debate de los votos particulares correspondientes al Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14, Anexos IV y V.
En primer lugar, tiene la palabra el Senador Quintana para la defensa de sus dos enmiendas, las números 7 y 8.
Tiene la palabra por tiempo de dos minutos.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Quería advertir, antes de defenderlas, que nuestro Grupo ha presentado un total de 190 enmiendas, con el único soporte humano de quien ahora está hablando. Haremos un esfuerzo para mantener, en la medida de lo posible, la dignidad de nuestra defensa de las mismas, pero creemos que tenemos todo el derecho de solicitar encarecidamente ya no por nosotros, sino por la Cámara, que aquellos grupos que cuentan con cuantioso material humano tengan la posibilidad de contestarnos mínimamente, y si no lo hacen que sea porque no lo consideran oportuno y no porque ni siquiera se preparó el tema.
Al Título II hemos presentado dos enmiendas que tienen la intención de hacer una apuesta de modelo educativo por parte del Bloque Nacionalista Galego. Nosotros consideramos positivo que dentro del modelo educativo exista enseñanza pública y enseñanza privada, pero consideramos que en el ejercicio presupuestario precisamente lo que debe asegurarse es la financiación de la enseñanza pública, cosa que pensamos que a veces queda en entredicho como consecuencia del apoyo desmedido a la enseñanza privada en detrimento de la pública.
Para ejemplificar esto, repito, hemos presentado dos enmiendas. La primera de ellas es al artículo 13, en la que proponemos delimitar las ayudas a los centros privados únicamente a los ciclos de enseñanza obligatoria.
En la segunda enmienda proponemos la supresión de varios párrafos del artículo 13.uno para eliminar la financiación provisional de los centros concertados, ya que se usa de manera fraudulenta este mecanismo, porque no existe tal provisionalidad, ya que es el cuarto año que se incluye en la Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Por otro lado, proponemos también excluir la financiación de las enseñanzas experimentales en los centros privados, porque pensamos que deberían impartirse en los centros públicos, suprimiendo, por lo tanto, la financiación de los mismos en los centros concertados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Turno ahora del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para la defensa de las enmiendas números 922 a 932.
El Senador Albistur tiene la palabra por tiempo de once minutos.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestras enmiendas, fundamentalmente, van a tratar de aplicar los artículos de la LODE y las redacciones introducidas en la LOPEG para conseguir una coordinación más correcta entre la Administración Central y las Comunidades Autónomas con competencia en materia educativa.
En la enmienda número 922 proponemos una modificación del párrafo sexto del apartado uno del artículo 13. El apartado dos del artículo 49 de la LODE (en su redacción introducida por la LOPEG), así como la propia Ley de Presupuestos Generales del Estado, establecen que los módulos económicos por unidad escolar que aprueban las sucesivas

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leyes de Presupuestos Generales del Estado son básicos y mínimos.
Y ocurre que las administraciones educativas con competencias no pueden adecuar sus propios módulos fijando cantidades inferiores a las aprobadas en la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado en vigor.
Pues bien, el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 introduce la cláusula de que las enseñanzas de COU y bachillerato LOGSE se financiarán conforme a los módulos señalados en el Anexo IV en función de las disponibilidades presupuestarias. Dicha matización debe eliminarse puesto que podría suponer ir en contra del mandato de la LODE que establece que los módulos mínimos se determinan por las respectivas leyes de presupuestos generales del Estado, mandato que se basa en la competencia estatal para asegurar la igualdad en la educación.
La enmienda número 923 modifica también el párrafo séptimo del apartado uno del artículo 13 en el sentido siguiente: «Las Comunidades Autónomas en pleno ejercicio de competencias educativas, podrán adecuar los módulos establecidos en el citado Anexo...» La expresión correcta debería ser la de «partidas», que es el concepto que integra en sus diferentes sumandos el módulo económico de los conciertos. Para que los módulos establecidos en la Ley de Presupuestos Generales del Estado sean los básicos y mínimos es necesario que el límite a su cuantía no se establezca sobre el importe total del módulo sino sobre el importe de cada una de las partidas integrantes del mismo, así como de los componentes de éstas, como ratio profesor/aula, salario personal docente, etcétera. La enmienda número 924, también al artículo 13, solicita una modificación en el octavo párrafo del apartado mencionado antes. En ella se habla de las retribuciones del personal docente y de su efectividad, que tendrá que ser a partir del 1 de enero del año 2001.
Su justificación es amplia y compleja. Dice así: 1º)Enseñanza: El sistema educativo regulado por la LOGSE distingue entre enseñanzas de régimen general y enseñanzas de régimen especial.
2º)No se puede exigir la unanimidad de todas las organizaciones empresariales en la petición de pago a cuenta. Los acuerdos laborales no requieren la unanimidad sino que basta para su validez alcanzar la representatividad suficiente, el 50 por ciento de los representados. Por otra parte, en el Convenio de la Enseñanza Concertada hay tres organizaciones empresariales legitimadas para su negociación, una de ellas de ámbito limitado a la Comunidad Autónoma de Cataluña. En el Convenio de Educación Especial existen también tres organizaciones empresariales legitimadas. En ambos casos las organizaciones empresariales ostentan muy distinta representatividad en sus respectivos sectores y además propugnan plataformas salariales muy diferentes en el transcurso de cada negociación.
3º)El abono del salario es una obligación del empresario, siendo su pago a cuenta un derecho exclusivo del mismo, sin que deban intervenir en esta decisión las organizaciones sindicales. Esto justifica la supresión de la consulta a las organizaciones sindicales. De la misma manera que las organizaciones sindicales pueden ejercer su derecho a la huelga sin contar con el parecer de las organizaciones empresariales, está plenamente justificada la supresión propuesta en este caso.
4º)El famoso «pago a cuenta» es un derecho del empresario que puede ejercitar en cualquier momento. Esta enmienda garantiza dicho derecho dentro del sistema de pago delegado previsto en la LODE (artículo 49.5), donde se reconoce que: «los salarios del personal docente serán abonados por la Administración al profesorado como pago delegado y en nombre de la entidad titular del centro. A tal fin, el titular del centro, en su condición de empleador en la relación laboral, facilitará a la Administración las nóminas correspondientes, así como sus eventuales modificaciones».
Con esta nueva redacción se ha pretendido siempre evitar la situación acaecida recientemente en el transcurso de la negociación del IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos en la que la solicitud de un pago a cuenta por parte de las tres únicas patronales del sector, cosa sucedida el día 10 de julio de 2000, no ha sido atendida por ninguna de las administraciones educativas autónomas. Pero además, la única respuesta a la petición correspondiente a la Consejería de Educación y Juventud del Gobierno de Cantabria fue denegatoria aduciendo que la normativa aplicable en la Comunidad de Cantabria es la establecida en su propia Ley de Presupuestos, y que la misma no contempla para el año 2000 la posibilidad de efectuar anticipos a cuenta de los salarios del personal docente de los centros concertados.
Como ven ustedes, todo es un tema complejo y que, por tanto, debería merecer una mayor atención por parte de la representación del Gobierno.
La enmienda número 925 se refiere también a una modificación, en este caso del párrafo noveno del apartado uno del artículo 13. No les leeré la enmienda, pero sí su justificación.
1º)Queda constancia de que el responsable final frente a Hacienda y a la Tesorería de la Seguridad Social es la Administración educativa. La Administración en numerosas ocasiones no practica las retenciones indicadas por los titulares de los centros, viéndose estos últimos obligados a cumplimentar los modelos de declaración ya conocidos, números 110 y 190, de acuerdo a lo retenido realmente por la Administración, aunque no coincida con los datos aportados por los centros.
2º)Concretar que la financiación de la función directiva que ya prevé el proyecto en el apartado 6 del artículo (que en concordancia con esta enmienda se propone su supresión), se encuadra en el Capítulo de gastos variables de los módulos de conciertos.
3º)En muchos centros el ejercicio económico no coincide con el curso escolar (momento tras cuya finalización se vienen efectuando las justificaciones anteriormente mencionadas). En consecuencia, lo más conveniente es adecuar dicha justificación al ejercicio económico real del centro. Lo contrario supone una complicación innecesaria para los centros.


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4º)Existe posibilidad de que los centros con más de un nivel concertado puedan tener un único director, consejo escolar y claustro de profesores para todo el centro. Es, por tanto, lógico y coherente que los centros integrados que dependan de un único titular funcionen de manera totalmente integrada, como dice el sentido común. Un centro con más de un nivel concertado que funcione de hecho como un único Centro debe poder justificar, si así lo estima oportuno, todos los gastos ante el Consejo Escolar, sin necesidad de prorratear entre los diferentes niveles concertados.
La enmienda número 926 suprime el apartado seis del artículo 13 en coherencia con la justificación de la enmienda presentada sobre el momento de la justificación de otros gastos y responsabilidad de la Administración anteriormente referida.
La número 927 hace referencia precisamente a la modificación del apartado dos del artículo 13 porque la disposición adicional tercera.e) de la LOGSE establece que con el fin de asegurar la necesaria calidad de la enseñanza, las administraciones educativas deben proveer de los recursos necesarios, para garantizar, entre otros objetivos, la creación de servicios especializados de orientación educativa, psicopedagógica y profesional que atiendan a los centros que impartan enseñanzas de régimen general de las reguladas en dicha Ley. Asimismo, el artículo 60 de la misma ley fija que la tutoría y la orientación de los alumnos formará parte de la función docente.
Por lo tanto, en consonancia con la LOGSE, la enmienda pretende extender la financiación de los servicios de orientación educativa a cualquiera de las enseñanzas de régimen general reguladas en la citada Ley, y no exclusivamente a la Educación Secundaria Obligatoria como establece el proyecto. Por otro lado, la referencia al convenio colectivo se explica en que el IV Convenio Colectivo de Empresas de Enseñanza Privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos, en vigor desde el pasado 18 de octubre de este mismo año, adecua la clasificación profesional del orientador en concordancia con la LOGSE como personal docente del centro.
La número 928 modifica el párrafo segundo del apartado tres del artículo 13. Hace referencia a asegurar la financiación pública por parte de todas las administraciones educativas de la partida denominada Otros Gastos, establecida por la Ley de Presupuestos Generales del Estado para las enseñanzas de niveles no obligatorios con concierto singular.
La enmienda número 929 se refiere fundamentalmente a las ratios profesor-unidad concertada, donde se modifican con una ratio mínima, introduciendo desde la educación infantil y primaria hasta la educación especial y la educación secundaria obligatoria.
El proyecto, como las leyes de presupuestos generales anteriores, contempla la posibilidad del incremento de las ratios profesor/unidad por las distintas administraciones educativas, pero no especifica cuáles son con las que se ha calculado el módulo económico para cada una de las enseñanzas y que de acuerdo a la LODE es el mínimo que se debe garantizar en todo el Estado.
El importe de cada módulo destinada a la financiación de los salarios del personal docente y de sus cargas sociales es el resultado de operar con tres magnitudes: salario del profesor, cuota patronal a la Seguridad Social, que debe pagar el empresario por el profesor, y ratio profesor-unidad adjudicada a cada enseñanza. Pues bien, y a modo de ejemplo, la falta de concreción de las ratios mínimas ha supuesto que en Galicia no contasen con la financiación suficiente para impartir el currículo de la extinguida formación profesional de primer grado. El motivo radicaba en que la partida de salarios del personal docente del módulo de la correspondiente Ley de Presupuestos Generales del Estado preveía la financiación de una ratio profesor-unidad igual a 1,56, pero el total no correspondía a profesores titulares, sino a un 75 por ciento de los mismos, y el 25 por ciento restante a profesores agregados que cuentan con un salario inferior.
La Comunidad Autónoma de Galicia que hasta ahora no ha fijado sus propios módulos, financiaba cada unidad escolar de Formación Profesional I con el importe del módulo establecido por la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero contemplando únicamente profesores titulares, con lo que la ratio profesor-unidad adjudicada a cada unidad se veía disminuida. Con la redacción propuesta no podría darse de nuevo esta situación y se garantizaría realmente la financiación de las ratios mínimas profesor titular-unidad en todo el Estado. Por otra parte, las ratios solicitadas son superiores a las reflejadas en el proyecto, pero son las que entienden necesarias para asegurar la calidad de la prestación del servicio de enseñanza en los niveles que exige la LOGSE.
El resto de las enmiendas, como verán ustedes, bien argumentadas, seria y rigurosamente planteadas, las doy por defendidas en pro de la brevedad.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Para la defensa de las dos enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y de la Entesa, tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Entesa Catalana de Progrés referidas al artículo 13, que tiene que ver con la financiación y la distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados.
Señorías, cuando se aprobó la LODE se dio un paso importantísimo en favor de la enseñanza de nuestro país y, sobre todo, se superó la dicotomía existente enseñanza pública-enseñanza privada, entendiendo la enseñanza globalmente como un servicio público que garantizara una educación de calidad, independientemente de la renta familiar o de la extracción o el origen social del alumno. Por lo tanto, a partir de la LODE existen unas reglas de juego, con un reconocimiento claro a la enseñanza privada concertada, que forma parte de un servicio público, y que los socialistas no sólo respetamos, sino que hemos impulsado.


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Pero nos preocupa que en este artículo 13 se contemple la posibilidad de dar conciertos educativos a enseñanzas no obligatorias. Y nos preocupa porque se está transfiriendo dinero público al sector privado en un tramo de enseñanza que no es obligatoria. Queda mucho por hacer, y esto mismo lo ha reconocido recientemente la Ministra de Educación, Cultura y Deporte.
Por tanto, nuestra enmienda pretende suprimir el quinto párrafo del artículo 13 en el punto uno. Atengámonos al espíritu de la LODE, por lo menos hasta que dicha ley no sea modificada. Defendemos los conciertos, es cierto, los defendemos y, evidentemente, con la mayor transparencia y control, pero conciertos en las enseñanzas de carácter obligatorio.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Zanca.
Para el turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Barahona.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, dos grandes objetivos persigue el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado en materia de educación: conseguir una educación de calidad y garantizar la igualdad de oportunidades. Y esto se realiza mediante la progresiva implantación de las reformas introducidas a través de la LOGSE, de la LOPEG y del Real Decreto sobre evaluación de los alumnos con necesidades educativas especiales.
El Título II del proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado relativo a la gestión presupuestaria, se estructura en tres capítulos, y el primero de ellos regula la gestión de los presupuestos docentes. En él se fija el módulo económico de distribución de fondos públicos para el sostenimiento de centros concertados, así como el importe de la autorización de los costes de personal de la Universidad de Educación a Distancia, única de competencia estatal.
Fijaremos nuestra posición respecto a las 14 enmiendas presentadas al Capítulo I y, más concretamente, al artículo 13, anticipando nuestra posición de rechazo a todas ellas, que trataremos de razonar a continuación, así como respecto a una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos al Anexo IV.
En cuanto a las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, concretamente por el Senador Quintana, trataré de cumplir las demandas a las que aludía en su intervención. Su pretensión es añadir la coletilla «en la enseñanza obligatoria», y es necesario decir que no se pueden limitar los conciertos educativos con los centros privados exclusivamente a las enseñanzas obligatorias, porque se eliminarían diversas líneas de actuación en materia educativa sin ofrecer alternativas a la sociedad. En definitiva, se privaría al alumno de la libertad de elegir centro, lo que en algunos casos supondría que tenga que cambiar forzosamente de centro. De alguna forma se trata de un atentado contra la libertad de elección del alumno, pues se anularía la libertad ejercida por ese alumno.
En la enmienda número 8 se propone modificar la forma de financiación de una serie de niveles de enseñanza, eliminando una provisionalidad. Esta enmienda está conectada con la número 7, y los mismos argumentos empleados para ésta serían válidos para aquélla, porque en cualquier caso hay que garantizar el derecho a la educación, independientemente de que sea pública o privada.
En cuanto a las enmiendas números 453 y 454 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el de Entesa Catalana de Progrés, nuestro rechazo a la primera se explica con argumentos similares a los dados al Grupo Parlamentario Mixto para la enmienda número 7. Es decir, el motivo es no generalizar la gratuidad de la enseñanza privada a los niveles no obligatorios, pero estos mismos motivos serían aplicables para rechazar esta enmienda. Pero es que, además, podríamos invocar la disposición transitoria tercera de la LOGSE, que establece que los conciertos para ciclos formativos de grado medio y grado superior puedan suscribirse. Es decir, la LOGSE lo permite y, en cualquier caso, no va en detrimento de la enseñanza pública.
Respecto a la enmienda número 454, la progresiva potenciación de los equipos docentes realmente es un objetivo de mejora de calidad de la enseñanza, por lo que no estimamos oportuno la supresión final del primer párrafo del punto cinco del artículo 13.
En el bloque de enmiendas presentadas por el Senador Albistur, la número 922 solicita que se suprima la referencia a las disponibilidades presupuestarias. De acuerdo con el proyecto de ley, las unidades concertadas en las que se imparta el COU o el bachillerato LOGSE se financiarán conforme al módulo económico establecido en el Anexo IV, en función de las disponibilidades presupuestarias. Por lo tanto, no se puede suprimir esta limitación en unas enseñanzas que no son obligatorias, por lo que podría suponer un incremento de gasto para el que no figura financiación.
La enmienda número 923, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pretende establecer el carácter de mínimos en cada una de las partidas que componen los módulos económicos de distribución de fondos para los centros concertados. Por lo tanto, se pretende reducir la posibilidad de adecuar los módulos establecidos en el Anexo a las exigencias del currículum por parte de las Comunidades Autónomas al considerar limitativas cada una de las partidas integrantes del módulo, con lo que de alguna forma se restaría flexibilidad al sistema. Por ello, rechazamos también esta enmienda.
En relación a la número 924, sobre la posibilidad de que la Administración pueda aceptar pagos a cuenta de las retribuciones del personal docente, hemos de decir que deben ser las organizaciones patronales las que soliciten estos pagos a cuenta y para que no existan diferencias intercomunitarias, que se producirían en caso de prosperar la enmienda. Esas diferencias no deben existir. Las actuaciones de las Comunidades deben ser coincidentes y, de alguna manera, se necesitaría conocer la opinión sindical.
En cuanto a la enmienda número 925, por la que se solicita que las administraciones educativas asuman obligaciones

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fiscales y de la Seguridad Social, no se puede trasladar a la Administración la responsabilidad de las altas, las bajas, las liquidaciones de cotizaciones a la Seguridad Social pues lo único que le compete es hacerse cargo del pago de las nóminas.
Con relación a la enmienda 926, de alguna manera deriva de la anterior y podemos alegar los mismos argumentos para denegarla.
En cuanto a la 927, por la que se pretende una dotación financiera de los servicios de orientación, es necesario señalar que el texto del proyecto establece la financiación de los servicios de orientación educativa sólo para la ESO, estando pendientes el resto de las enseñanzas a la total aplicación de la LOGSE, que según el calendario previsto finalizaría el 1º de enero de 2003.
Con relación a la enmienda 928, no se considera necesaria la modificación, al sobreentenderse que el texto del proyecto de ley se refiere a administración educativa cuando habla de administración; se da por sentado. Además, aparece en otros apartados del artículo. Por otro lado, las administraciones educativas pueden establecer módulos superiores a los básicos y mínimos y pueden determinar en las enseñanzas no obligatorias que las familias paguen más.
Con relación a la enmienda 929, también del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las partidas del módulo correspondiente al salario del personal docente, más las cargas sociales, se han calculado con unas ratios que se consideran suficientes, en base a las 25 horas semanales. La modificación supondría un incremento del gasto en los créditos destinados a los conciertos educativos, para el que no se propone financiación. Además, la ley faculta a las administraciones educativas de las distintas Comunidades Autónomas a fijar las relaciones profesor/unidad según las distintas peculiaridades.
En cuanto a la enmienda 930, en lugar de incrementar la ratio profesor/unidad, como pretende la enmienda del Senador Albistur, en función del número total de profesores afectados por las medidas de recolocación, el texto del proyecto incluye el término «podrá ser incrementada».
En relación a la enmienda número 931, consideramos que el proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado no es el lugar adecuado para presentarla. El ejemplo reflejado en la justificación de la enmienda expresa una diferencia, sin entrar a considerar bases metodológicas de obtención de cada dato por cada una de las fuentes, por lo que no se aporta una base justificativa suficiente.
En cualquier caso, con relación al bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, podríamos señalar que no se puede extrapolar a la Administración General, a los Presupuestos Generales del Estado, ciertas ventajas que ustedes aplican en algunos centros educativos del País Vasco.
Finalmente, en la enmienda número 932 que presenta el mismo Grupo al Anexo IV, hay que señalar cómo el aumento que se solicita supera el incremento del 2 por ciento establecido con carácter general para los presupuestos de 2001. Además, su aceptación, dado su carácter de mínimos, supondría un importante incremento presupuestario para las distintas administraciones educativas, por lo que es necesario que intervengan éstos. Supondría un incremento de gasto para que el que no se puede hacer frente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barahona.
Abrimos un turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo para agradecer la contestación del señor Senador, y para manifestar también mi contrariedad por la no aceptación de las enmiendas.
En cualquier caso, me gustaría matizar que el problema fundamental cuando se debate el ejercicio presupuestario no es tanto el reconocimiento del derecho a la elección, reconocimiento que todos hacemos, sino el que para que ese reconocimiento sea efectivo tiene que plasmarse en la práctica con la posibilidad real de poder elegir. El problema está en que la financiación de las enseñanzas especiales, más allá de las obligatorias, en los centros privados, está en detrimento de que exista financiación suficiente para impartirlas en los centros públicos. Por lo tanto, la elección consiste en la necesidad en muchos casos de asistir a los centros privados para poder recibir esas enseñanzas. Ahí es donde radica la imposibilidad de elección, que no viene dada solamente por el reconocimiento del derecho, sino por su ejercicio práctico. Y cuando éste está coartado por la imposibilidad económica de poderlo ejercer, evidentemente estamos ante una discriminación.
Eso es finalmente lo que sucede en el modelo educativo y, a nuestro modo de entender, en el sistema utilizado por el Gobierno, que el apoyo decidido --y desde nuestro punto de vista sobredimensionado-- a la enseñanza privada va en detrimento de la financiación de la enseñanza pública. Por lo tanto, la elección no es libre, puesto que si sólo existe algún modelo de enseñanza que se pueda recibir en la privada, siempre habrá un sector de la población que no la podrá recibir ni podrá ejercer el derecho que, en teoría, todos reconocemos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer al Senador Barahona su intervención y las respuestas que nos ha dado aunque, como ha señalado también el Senador Quintana, me hubiera gustado que hubiera aceptado las enmiendas.
Sé, señor Barahona, que en su fuero interno reconoce que los argumentos que he expuesto son serios, rigurosos y podrían haber llevado a una aprobación, pero los informes,

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las órdenes, etcétera. Qué le vamos a hacer, Senador Barahona. De todas formas, le agradezco sinceramentelas argumentaciones expuestas, que han sido de las más serias que hemos oído.
Solamente tengo que disentir de alguna forma en algunas apreciaciones. En la enmienda número 931 seguimos insistiendo en que la justificación nos parece clave. Los módulos actuales de conciertos no reflejan el coste real de la enseñanza concertada; se deben realizar los estudios correspondientes que determinen las necesidades reales de los centros de enseñanza concertada en analogía con los centros públicos. Ocurre un problema. Al parecer, el propio Instituto Nacional de Estadística, en los últimos datos publicados establece que el coste medio total por unidad de primaria para dicho curso es de 6.272.368 pesetas, superior al módulo presupuestado para este año, que es de 5.237.377 pesetas; es decir, prácticamente 1.040.000 pesetas más. Esto supone que con el módulo del nivel obligatorio de primaria no se cumpla el mandato de la LODE de la impartición de la enseñanza en condiciones de gratuidad, que es el objetivo que tiene que darse.
Entiendo que determinadas ventajas conseguidas gracias a un esfuerzo presupuestario importante en nuestra Comunidad, orientadas fundamentalmente a mejorar la calidad de la enseñanza y de los formadores, no tienen por qué ser restrictivas, sino que deben aplicarse con carácter general.
Lo mismo sucede en la enmienda 932, en donde se proponen los módulos o partidas del salario del personal docente, incluidas las cargas sociales.
Respecto a que un profesor de educación especial, Formación Profesional «Aprendizaje de Tareas» gane, bruto, 8.207.196 pesetas, entiendo que no todas las personas tienen que ser Senadores y ganar como ellos, pero nos parece que un profesor de una enseñanza digamos que de las más necesarias hoy en día en la economía industrial del Estado debe andar por unos módulos de esta línea. Ya entiendo que no entra en el tema del 2 por ciento, pero, lógicamente, estamos hablando de calidad de la enseñanza y de objetivos de calidad para los profesores y los enseñados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Senador Aleu tiene la palabra.


El señor ALEU I JORNET: Gracias.
Muy brevemente, sólo para manifestar respecto de las afirmaciones del Senador Barahona, correctas, que la referente a que los convenios que se puedan suscribir para las enseñanzas no obligatorias no dificultan el mantenimiento y la calidad de la enseñanza pública no se corresponde con la realidad, razón por la que nosotros continuaremos manteniendo y votando a favor las enmiendas números 453 y 454.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Barahona, gracias por su intervención y por su tono, pero discrepo, discrepo como portavoz de mi Grupo de lo que ha dicho.
Supongo que en los próximos días hablaremos más veces de esta cuestión.
La máxima autoridad en materia educativa --supongo que para usted también--, la Ministra de Educación, Cultura y Deporte, ha reconocido recientemente que la inversión en enseñanza obligatoria es un 40 por ciento inferior a la media europea, es decir, que hay que hacer un esfuerzo --por lo menos, es la interpretación que yo hago--, hay mucho camino por recorrer.
Más adelante, en este mismo artículo se dice que un tercio de los centros de Educación Primaria y Secundaria carece de ordenadores, no tiene un ordenador. Hay mucho camino por recorrer. Por lo tanto, comparto la opinión del portavoz de Entesa Catalana de Progrés. Si estamos invirtiendo dinero público para subvencionar enseñanzas no obligatorias y los fondos son limitados, como ustedes han dicho muchas veces, en algún punto tiene que haber una disminución. Por tanto, no es cierto lo que usted dice, que el financiar la enseñanza no obligatoria no va en detrimento de la enseñanza pública. ¿Cómo no va a ser así? Sí va en detrimento de ésta.
En definitiva, creemos que esta financiación en enseñanza no obligatoria deberíamos dejarla para un mejor momento --y me ciño a las palabras de la señora Ministra--, cuando la circunstancia, cuando la coyuntura sea mejor y cuando los problemas en la enseñanza pública estén resueltos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, el Senador Barahona tiene la palabra.


El señor BARAHONA HORTELANO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco el tono de todos los intervinientes.
En relación al Senador Quintana, lógicamente, teníamos que discrepar. No podía ser de otra forma. Sin embargo, esa discrepancia no va en detrimento de un rigor que pretendemos que presida todas nuestras actuaciones.
Efectivamente, de alguna manera se ha suscitado una misma cuestión tanto para el Grupo Socialista, como para Entesa y el propio Senador Quintana y es en lo relacionado con la financiación de la enseñanza no obligatoria.
A este respecto, vuelvo a repetir que no va en detrimento ni tiene por qué ir en detrimento. Conceptualmente, es posible compatibilizar esta argumentación. Además, hay que señalar que el coste del alumno de la enseñanza pública es mucho más alto que el de la enseñanza privada. Y no hay desviación de fondos públicos, en absoluto, ni se pretende. Por el contrario, lo que realmente se busca es extender esa financiación de manera que sea posible que en un momento

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determinado el alumno de un centro público no tenga que abandonarlo, no tenga que estar motivado por esa circunstancia de la no financiación y tenga que cambiar de centro, con lo que ya se le coartaría esa posibilidad de elección de centro que debe presidir en materia educativa.
Con relación al Senador Albistur, le agradezco el tono de su intervención. Efectivamente, tratamos de ser serios.
Su señoría ha puesto sobre la mesa toda una serie de enmiendas.
Compartimos algunas de sus preocupaciones, si bien en absoluto sus prioridades. De cualquier forma, he de decirle que a veces lo mejor es enemigo de lo bueno.
En relación a los Senadores Aleu y Fernández Zanca, hay una coincidencia.
El Senador Fernández Zanca hablaba de la carencia de ordenadores en las escuelas. Sin embargo, no es así. Desde la pasada legislatura, con el programa «Aldea Digital», ya se trataba de extender las nuevas tecnologías por todos los centros educativos. En este proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para el año 2001 se ve cumplidamente satisfecha esta cuestión con una partida suficiente como para que las nuevas tecnologías lleguen a todos los centros educativos. Por tanto, sus temores deben quedar absolutamente desvelados. Y vuelvo a repetir: no va en detrimento de la enseñanza pública, que, en cualquier caso, es prioritaria.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barahona.
Termina el turno de portavoces.
Pasamos a la defensa de las enmiendas y votos particulares correspondientes al Título II, Capítulo II, artículos 15 a 19.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Entesa Catalana de Progrés tienen presentadas las enmiendas números 455 y 456, para cuya defensa tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Muchas gracias.
Tenemos dos enmiendas suscritas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Entesa Catalana de Progrés.
En cuanto a la primera de ellas, la número 455, proponemos la modificación del apartado tres del artículo 19 por lo siguiente: Las entidades jurídicas creadas al amparo de la Ley 15/1997 como nuevas formas de gestión del Insalud tienen adscritos en sus plantillas personal estatutario e, incluso, funcionarios. Dado que las retribuciones del personal con tal condición jurídica se fijan en los Presupuestos Generales del Estado a través del Ministerio de Administraciones Públicas, la enmienda pretende hacer obligatoria la opinión de dicho Ministerio a la hora de aprobar la masa salarial del Capítulo I de los Presupuestos de las citadas entidades jurídicas. Esta medida garantizará la necesaria homogeneidad en las subidas salariales del personal funcionario, independientemente del lugar donde preste sus servicios.
A través de la enmienda 456 se propone un nuevo punto, el número seis, al artículo 19, que pretende garantizar la información al Congreso y al Senado. Creemos que los informes relativos a la gestión de los centros sanitarios a través de las nuevas formas jurídicas previstas en la Ley 15/1997 no sólo deben ser remitidos al Ministerio de Hacienda, sino que éste debe ponerlos en conocimiento de las Cortes. De esta forma, podrá garantizarse una evaluación plural de su eficacia y los beneficios que aportan a la pretendida modernización de la gestión del Insalud.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Fernández Zanca.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Bellido.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Brevemente, intervengo para fijar la postura de mi Grupo en contra de estas dos enmiendas.
Respecto a la enmienda número 455, porque, como bien conoce el Senador socialista, este artículo 19 establece especificidades a las que se ven sometidas estas entidades creadas de acuerdo con lo establecido en la Ley 15/1997, de 25 de abril, buscando, por una parte, la flexibilidad, y, por otra parte, la propia autonomía de estas entidades, lógicamente, sin menoscabo de la aprobación de la masa salarial de su personal por parte del Ministerio de Hacienda y que las modificaciones de carácter retributivo del personal de estas entidades deban ser comunicadas a dicho Departamento, por lo cual entendemos que existe un adecuado control retributivo de estas entidades acorde a sus características específicas.
Con respecto a la enmienda 456, he de decir que en el artículo 3, apartado cuarto, del Real Decreto 29/2000, de 14 de enero, sobre desarrollo de nuevas formas de gestión de centros sanitarios, ya se especifica claramente el régimen de control de las entidades a las que hace referencia la enmienda. De esta forma, la información relativa a dichas entidades se remite directamente al Tribunal de Cuentas, vía la Intervención General de la Seguridad Social, para su adición a la Cuenta General del Estado, que se pone a disposición de las Cortes Generales, como pretende el Grupo Parlamentario Socialista con su enmienda. Por tanto, entendemos que queda garantizado este control por parte de las Cortes Generales.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Turno de portavoces.
¿Alguna intervención? (Pausa.) El artículo 20 del Capítulo III no ha sido objeto de enmiendas.
En consecuencia, pasamos al Título III artículos 21 a 37. Enmiendas números 1034 a l052.
En primer lugar, corresponde la defensa de las presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


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El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, hay un conjunto de enmiendas que ya ha sido objeto de debate con motivo del anterior veto y que me gustaría reafirmar a través de enmiendas parciales.
La enmienda 1034 tiene como objetivo establecer un incremento retributivo que permita, además de compensar la inflación prevista del 2 por ciento para el 2001, resarcir al empleo público de la desviación del 1,6 por ciento que se está produciendo en el presente ejercicio del año 2000, entre la previsión de inflación de los actuales, presupuestos, el 2 por ciento y la inflación real prevista por la mayoría de los analistas en no menos de un 3,6 por ciento. También pretende hacer partícipe al empleo público de las mejoras de la productividad en el sector público y de las mejoras generales de la economía española mediante un incremento adicional del 1 por ciento. Hay que recordar que en el período 1993-1999 el poder adquisitivo de los empleados públicos disminuyó en unos 10 puntos respecto al IPC, lo cual debería tenerse en cuenta en los momentos actuales de bonanza económica. En concreto, con esta enmienda se propone establecer una cláusula de revisión salarial; establecer la participación sindical y el control parlamentario para evitar abusos y discrecionalidades en las reformas de las relaciones de puestos de trabajo; eliminar el carácter Básico del artículo, dado que recorta la autonomía de las Comunidades Autónomas y Corporaciones Locales y prohibir la firma de contratos blindados en el sector público.
En el debate habido con respecto al veto planteé un reto, en parte en broma, al decir que dejáramos como estaba en los presupuestos el incremento salarial y que dijéramos a los empleados públicos que tendrían la cláusula de garantía salarial, pero no me han respondido. Espero que me contesten, porque me pasa lo que a mi compañero y amigo Anxo Quintana, que tengo ciento y pico enmiendas propias y cientos de enmiendas del resto de Grupos, y, lógicamente, a uno le gusta que le respondan al trabajo que realiza. Antes no me respondieron, pero espero que lo hagan ahora.
La enmienda número 1035 habla sobre ofertas de empleo público. Se trata de mantener el volumen de empleo público actual, orientando las plazas de la oferta a los sectores prioritarios; sectores que están perfectamente definidos en la propia enmienda. La enmienda trata también de posibilitar la creación de nuevas plazas derivadas de la adopción de acuerdos con los sindicatos o la realización de planes por la propia Administración, relativos a la transformación de empleo precario en fijo, disminución de las horas extraordinarias, etcétera.
La enmienda 1036 se refiere a las Corporaciones Locales, y es que las Administraciones más perjudicadas por la política de disminución de efectivos establecida en los Presupuestos Generales del Estado son las Corporaciones Locales, que se ven obligadas a asumir constantemente más servicios sin poder contar con el personal necesario para llevarlos a cabo. La consecuencia de esto es el empeoramiento de los servicios directos, la privatización de la gestión de muchos de ellos, etcétera.
La enmienda 1037 es de adición y propone incorporar un nuevo párrafo --el cuarto-- al artículo 22. Antes de la referencia que se hace a las Corporaciones Locales de menos de 50.000 habitantes, se pretende incorporar la siguiente redacción: «Tampoco será de aplicación a los servicios de prevención y extinción de incendios, a los servicios sociales y a los de atención directa a los ciudadanos.» En definitiva, se trata de la limitación del empleo en estas Corporaciones Locales.
En la enmienda 1038 se pretende aclarar que las Administraciones están obligadas a convocar los puestos o plazas dotados presupuestariamente y ocupados interina o temporalmente y no disponen de la facultad discrecional de convocarlas o no. Es una enmienda de sustitución a la oferta de empleo público que dice lo siguiente: «No obstante lo dispuesto en el párrafo primero de este apartado, las Administraciones Públicas deberán convocar los puestos o plazas que, estando presupuestariamente dotados e incluidos en sus relaciones de puestos de trabajo, catálogos o plantillas, se encuentran desempeñados interina o temporalmente».
La enmienda 1039 trata de añadir la siguiente redacción: «Las administraciones públicas desarrollarán durante el año 2001 medidas complementarias encaminadas a garantizar la estabilidad del empleo público, con el objetivo de reducir la tasa de temporalidad en el mismo.» Ya saben ustedes que es del 20 por ciento a nivel general y de un treinta y mucho por ciento en las Corporaciones Locales.
La enmienda 1040 plantea suprimir el punto cinco, y es que resulta a todas luces restrictivo que la Administración Autonómica y Local sólo puedan incrementar el número de plazas en un 25 por ciento.
Doy por defendida la enmienda número 1041.
La número 1042, al artículo 23, que es una enmienda de sustitución y adición, plantea que haya un incremento de las retribuciones básicas y complementarias de un 3,6 por ciento. Es una distribución para aquellos sectores pertenecientes al régimen administrativo y estatutario de las Administraciones Públicas. El restante 1 por ciento se destinaria a mejorar los salarios de los colectivos más desfavorecidos, ya que en los últimos años han existido empleados públicos que mediante reformas de sus RPTs, reclasificaciones o incremento de sus incentivos de productividad, no sólo no han perdido poder adquisitivo, sino que lo han ganado. Se trata de una pequeña minoría, porque en su mayoría lo han perdido.
La enmienda 1043 la doy por defendida.
La enmienda 1044 tiene la intención de eliminar la percepción del complemento de productividad para altos cargos, concepto incompatible con el propio carácter de alto cargo y que en la actualidad se ha convertido en un complemento fijo independientemente de su productividad. Nos parece incorrecto aplicar el término productividad a los altos cargos de la Administración.
Las enmiendas números 1045 y 1046 las doy por defendidas, para ir más rápido.
Con la enmienda 1047 se pretende que el complemento de productividad sea negociado por los sindicatos. Dejemos que negocien los sindicatos, porque todo se impone y

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no se negocia con ellos. Al menos en cosas tan pequeñas, como el complemento de productividad, dejemos que sean los trabajadores los que negocien directamente con la Administración su concreción y reglamentación.
La enmienda número 1048 la doy por defendida. Esta enmienda se refiere también al complemento de productividad y pretende limitar el crecimiento desproporcionado de estas retribuciones complementarias que hoy sirven para incrementar los salarios de algunos colectivos, eliminando la potestad que tiene el Ministerio de Hacienda para modificar al alza sus cuantías, así como de establecer su publicidad.
También doy por defendidas las enmiendas números 1049, 1050 y 1051.
La enmienda número 1052 pretende establecer un sistema de información y control sobre este tipo de contrataciones, tanto desde el ámbito sindical como parlamentario, a fin de que no se utilice indebidamente. Es una enmienda al artículo 37, sobre contratación de personal laboral con cargo a los créditos de inversiones.
Termino diciendo que lo más importante y el grueso de nuestro grupo de enmiendas pretende, a fin de cuentas, hacer posible el debate que antes queríamos, que el Gobierno negocie con los sindicatos el tema del empleo, de la productividad, que haya una cláusula de garantía salarial y que mejoren los salarios porque, desde luego, quienes no tienen culpa del aumento de la inflación, que se calcula que es del doble --tendremos que esperar al jueves para conocer el resultado final--, son los trabajadores y, menos, los empleados públicos, que han tenido una auténtica moderación salarial. Por tanto, no es culpa de los salarios el incremento del IPC; en todo caso, puede serlo de los beneficios, del peso del crudo, etcétera, pero nunca de los salarios, y a quien no tiene culpa al menos no se le debe perjudicar de forma tan notoria, con un IPC tan alto y unas retribuciones tan bajas, sin garantías de poder recuperar parte de lo perdido porque no tienen cláusulas de revisión salarial.
Quiero pedir que reflexionen a este respecto y decirles que estoy dispuesto a retirar todas las enmiendas si se comprometen aquí a incluir la cláusula de garantía salarial para los empleados públicos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para la defensa de las enmiendas números 9 a 37, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Hemos presentado 28 enmiendas al Título III, que voy a intentar exponer en cuatro grupos.
Un grupo de enmiendas está dirigido, como ya anunciamos en la propuesta de veto, a corregir lo que consideramos una política presupuestaria que conlleva la pérdida de poder adquisitivo por parte de los empleados del sector público. Manifestamos nuestro desacuerdo con la tasa del 2 por ciento propuesta y hacemos una contrapropuesta de tabla salarial que ejemplificamos en las enmiendas números 9 y de la 13 a la 36, justificando la modificación oportuna de los artículos del proyecto de ley de presupuestos genera les del Estado en los que aparece ese porcentaje.
En la enmienda número 10 proponemos suprimir la limitación que se establece en el propio proyecto de ley de presupuestos generales del Estado para diferir a las Comunidades Autónomas la política de personal, presupuestaria y salarial. Nos parecería lógico que las Comunidades Autónomas, en el ejercicio de su propia responsabilidad y marco legal, pudieran establecer su propia política salarial y que no quedaran restringidas por lo que se establece en la ley, en concreto, en su artículo 21.Cinco.
En otro grupo de enmiendas, las números 11 y 12, hacemos una propuesta para evitar las políticas restrictivas de creación de empleo. Las tasas marcadas en el artículo 22.Uno hacen concebir la idea de una restricción, por parte del Gobierno, para fomentar la creación de empleo dentro del sector público, y nosotros no podemos manifestar nuestro acuerdo con esta cuestión.
Por último, la enmienda número 37 tiene por objeto suprimir el artículo 37. Consideramos que constituye una práctica reiterada y fraudulenta la contratación de personal laboral temporal con cargo a los créditos de inversiones, sin que ni siquiera esté prevista la provisión de esos puestos de trabajo en los respectivos programas de empleo de las administraciones públicas. Tales actividades se consagran en el artículo 37, que nuestra enmienda pretende suprimir.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara para defender dos enmiendas por tiempo de tres minutos.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Mi Grupo ha presentado dos enmiendas que se pueden defender conjuntamente ya que la idea es eliminar el carácter de Básico que tienen estos dos artículos. Creemos que su planteamiento, al amparo de la ordenación general de la economía, más que evitar la distorsión de la ordenación general establecida por el Estado supone la alteración del orden constitucional de distribución de competencias y, al mismo tiempo, reduce el margen de decisión para poder desarrollar una política propia en estas materias y, desde nuestro punto de vista, sería conveniente la derogación de estas normas. Además, se atenta contra el principio de subsidiariedad en el que nosotros creemos, por lo tanto, a la capacidad de autoorganización y, en definitiva, a la gestión de los servicios de los entes locales y de las Comunidades Autónomas. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Al final, esto conlleva recursos y conflictos porque las propias administraciones --seguramente, también las suyas-- buscan salidas como sea, bien mediante subidas encubiertas o bien, en el caso de necesitar personal, a través de la creación de figuras como fundaciones, sociedades, etcétera, para dar salida, al final, a esos servicios

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que demandan los ciudadanos, en una realidad que todos sabemos que es mucho más dinámica, más ágil y más necesitada de dar contestación a los ciudadanos.
Por lo tanto, si hablamos de flexibilidad, de diálogo y si apostamos realmente por la negociación, sería fundamental eliminar el carácter de básico para que los servicios funcionen como todos deseamos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
El Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés han presentado las enmiendas números 457, 458 y 459.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señor Presidente. Quiero manifestar nuestro desacuerdo en las líneas de actuación que contiene el Título III, referido a los gastos de personal, porque las previsiones del 2 por ciento de aumento del IPC son irreales y algo que ya sólo se sostiene desde el Gobierno. Sabemos que nuestra inflación se sitúa en torno al 3,7 por ciento y, seguramente, llegaremos al 4 por ciento.
Igualmente, mantenemos discrepancias en relación al articulado, del que se deriva un modelo de Administración Pública con el que no estamos de acuerdo. Es necesario compensar la pérdida de poder adquisitivo sufrido por los empleados públicos, así como establecer garantías de mantenimiento del poder adquisitivo de estos empleados en el año 2001, abonando las diferencias que se han perdido.
La temporalidad y la inestabilidad están influyendo de una manera muy negativa en la calidad de los servicios públicos y, así, entendemos que la tasa de reposición de empleo del 25 por ciento, que se ha venido utilizando, ha generado una situación de temporalidad altísima en toda la Administración General del Estado.
Por tanto, es urgente que el número de plazas de nuevo ingreso se reponga al 100 por 100 para aumentar la calidad de los servicios que prestan las diferentes administraciones y no se limiten las posibilidades de acceso de los jóvenes al empleo público.
Asimismo, consideramos que la publicidad y la transparencia deben ser norma en la actuación de las administraciones públicas en un Estado de Derecho y, por ello, presentamos las enmiendas referidas a las retribuciones de altos cargos y de los órganos consultivos en los complementos de productividad.
Por todo lo expuesto, los Grupos Parlamentarios de Entesa Catalana de Progrés y Socialista presentamos las enmiendas números 457, 458 y 459 que pretenden mejorar los artículos 22.Uno, 25.Tres y 37.Seis (nuevo) en el sentido de los textos presentados.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Arjona.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Barquero.
El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intentar contestar a todas las enmiendas agrupadas y defendidas, y de antemano pido disculpas a los distintos portavoces de los grupos parlamentarios por si me dejara alguna, cosa que, desde luego, no es mi intención.
El representante del Grupo Parlamentario Mixto fue quien comenzó pero, como ya he dicho en Comisión, hay tres bloques de enmiendas en las que coinciden básicamente todos los Grupos. El primer bloque se refiere a la subida del 2 por ciento a los funcionarios públicos, criticada por todos, si bien es verdad que me ha sorprendido la crítica de los portavoces de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, porque ninguna de las tres enmiendas a este Título III recoge esta subida; de modo que, si no me equivoco, y hay una enmienda que expresamente solicita ese u otro aumento, que no he visto por parte de ustedes, en su alocución ha habido más un gesto cara a la Cámara o incluso al acta que lo que se puede traducir en una enmienda concreta.
No podemos estar de acuerdo con la valoración que en líneas generales se está haciendo en relación con el tema de la pérdida constante de poder adquisitivo de los funcionarios porque consideramos que las cifras que nos han dado no se corresponden con la realidad; nosotros tenemos una visión distinta de la realidad española y pensamos que la situación de los funcionarios ha mejorado con el Gobierno del Partido Popular durante estos años, y pensamos además que no se puede aplicar solamente el concepto de poder adquisitivo en relación con un único factor que sería el aumento del IPC. Hay otros factores, otros productos que necesariamente tienen que adquirir muchos funcionarios que, sin embargo, han bajado ostensiblemente, y podríamos aludir a algo a lo que se recurre siempre, que no se ha dicho aquí pero que conviene repetir, y que es el precio de las hipotecas, porque cuántos funcionarios no habrán visto un menor peso de su poder adquisitivo para la adquisición de un piso mediante la bajada importante de las hipotecas; también podría referirme a otros conceptos de gastos de uso total y ordinario.
Señor Cámara, usted vuelve a insistir en que aceptemos la cláusula de revisión salarial; cláusula que está en función exclusivamente del IPC.
No podemos aceptarla. Otra cosa es que si las previsiones del Gobierno fallasen, como usted sabe, con su voluntad negociadora, podrían arbitrarse otras medidas. Pero, repito, usted en este momento solicita que aceptemos esta cláusula de revisión salarial y que se incorpore con carácter definitivo. No, no es ése el concepto que baraja el Gobierno ni el que ha barajado nunca el PSOE en los años de gobierno anteriores; no es ése un concepto anejo a la historia de la tradición del funcionariado español y de la Función Pública española, señor Cámara. Trasladan ustedes a veces conceptos del mundo laboral al mundo funcionarial. El Estatuto de los Trabajadores no es el estatuto de los funcionarios. Comprendan que existe una diferencia.
Por otra parte, no sé si ustedes han cuantificado el costo que supone este tipo de enmiendas, pero le puedo decir que el planteamiento de Izquierda Unida del 4,6 por ciento supondría

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aproximadamente 70.000 millones de pesetas y que compromete otros objetivos naturalmente macroeconómicos del Gobierno, así como el equilibrio presupuestario.
El Senador Quintana también plantea este tipo de enmiendas con el 5,5 por ciento, lo que supondría 92.000 millones de pesetas; también podríamos incluir otra enmienda que se refiere a las pagas extraordinarias y en la que, por cierto, hay un defecto técnico en su planteamiento, porque usted se refiere a las retribuciones básicas en la justificación de la misma y, sin embargo, pretende su aplicación a las complementarias, lo que supondría aproximadamente 240.000 millones de pesetas. Es decir, en el Capítulo I relativo a los funcionarios incluye más de 300.000 millones de pesetas y, desde luego, su buena voluntad queda patente, pero comprenderá que no son cifras baladíes en unos presupuestos generales del Estado en su Capítulo I.
Hay otro bloque de enmiendas en las que todos coinciden, que es el relativo a la tasa de reposición. En Comisión ya advertí que en este tema hay suficiente flexibilidad. Se acogen ustedes de forma indefectible, rigurosa e inflexible al 25 por ciento y saben que en el texto articulado hay un margen de flexibilidad. Primero, los ayuntamientos de menos de 50.000 habitantes no están sometidos a esta tasa. Segundo, hay una serie de servicios públicos considerados esenciales que tampoco lo están. Y, tercero, de esos otros servicios no considerados esenciales, según el texto articulado, el 25 por ciento es global, es decir, que si alguna institución municipal considera, como solicitan en alguna enmienda concreta, que la sanidad suba más pueden aumentar ese 25 por ciento y deducirlo de otro servicio que quizá esté suficientemente cubierto. Por ello, consideramos que el texto del Gobierno es suficientemente flexible en este sentido.
Hay un tercer grupo de enmiendas en las que coinciden los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos, el Bloque Nacionalista Galego e Izquierda Unida, que se refiere a la supresión del carácter de básico de dos preceptos: uno, la tasa de reposición y, dos, la fijación de las retribuciones básicas.
Es un planteamiento distinto, los Grupos nacionalistas lógicamente quieren cada vez un mayor nivel de competencias, pero consideramos que en lo que se refiere a las retribuciones básicas del Capítulo I, dada la enorme envergadura cuantitativa que éste tiene en unos presupuestos generales del Estado, afecta al artículo 149.1.13ª de la Constitución española; es decir, es un parámetro importante de la ordenación general del sistema económico y, consiguientemente, también afecta al artículo 156.1, que es el correspondiente hacia las Comunidades Autónomas de lo que supone para el Estado el citado artículo 149.1.13ª; las Comunidades Autónomas tienen capacidad y autonomía hacendística respetando las leyes básicas de coordinación. E independientemente del nivel cuantitativo, consideramos que existe un principio de equidad. ¿Sería lógico que, dentro de la unidad económica de un Estado, una de las pocas unidades que hay que mantener, como son la económica, prestaciones sociales, política exterior, aquellas Comunidades que más tuviesen o en las que menos creciese el IPC concedieran a sus funcionarios una mejor retribución? ¿Sería lógica esta posición en la Función Pública dentro de lo que debe ser un Estado equitativo? Nosotros pensamos que no, y por ello debemos mantener el carácter básico.
Hay otra serie de enmiendas de Izquierda Unida y, aunque no voy a tener tiempo de contestar a todas, me referiré por ejemplo a la prohibición de contratos blindados. En primer lugar, habría que definir qué es un contrato blindado, porque en Derecho Administrativo no existe el concepto de contrato blindado. Supongo que por contrato blindado entendemos aquél cuya rescisión está supeditada a determinadas condiciones económicas para aquél a quien se le rescinde el contrato. Es un concepto jurídico inexistente. Ante ello he de decirle, señor Cámara, que el Gobierno no firma ni ha firmado este tipo de contratos nunca, así de taxativo y así de claro.
Sobre la oferta de empleo público, creo que he contestado suficientemente al aumento de la tasa de reposición. Respecto a la convocatoria de plazas de interinos o de plazas temporales en la Administración Pública, yo creo que el texto prevé claramente que aquellas que estén dotadas presupuestariamente se pueden ofertar para que se conviertan en plazas de la Función Pública.
En cuanto a la enmienda número 1044, al artículo 25, de Izquierda Unida, retribuciones de altos cargos, no nos parece que tenga que haber relaciones de puestos de trabajo de altos cargos; son nombrados por decreto, y su número, rango y funciones están perfectamente definidos por la ley. Por otra parte, la Ley 3011984, de Medidas Urgentes para la Reforma de la Función Pública, en su artículo 23.1.e), prevé para ellos el concepto retributivo de productividad.
Hay varias enmiendas que, de aceptarse, supondrían modificaciones en leyes sustantivas, y yo quiero recordarles que no es el lugar adecuado una ley de presupuestos generales del Estado para proceder a modificaciones de leyes sustantivas, al menos esto es lo que siempre ha criticado la oposición en esta Cámara. Por tanto, no incurramos en este tipo de enmiendas que, por vía proyecto de ley de presupuestos, suponen modificaciones de otras leyes sustantivas. Plantéense, en todo caso, con enmiendas concretas de reforma de esas leyes.
En cuanto a las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, las números 21, 23, 27, 29 y 34, del Senador Quintana, inciden en la supresión del complemento de productividad. Nosotros creemos que la discriminación se produce no manteniendo el concepto de retribución por productividad, sino cuando el cumplimiento de la función es diferente, cualitativa mente distinto, y eso no repercute de alguna forma en el salario; nosotros creemos que es entonces cuando se produce la discriminación.
Tiene dos enmiendas, las números 22 y 24, sobre antigüedad. En la enmienda al artículo 27.Tres pretende que se paguen trienios a los interinos, lo cual en principio es una contradicción terminológica.
Interinos es el ínterin, el entretanto. Nosotros hemos optado por un modelo de Función Pública de funcionarios, modelo funcionarial. Otra cosa distinta es que usted plantease que al interino, una vez

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que es funcionario, se le reconozca la antigüedad del tiempo que ha ejercido como interino, y sabe usted que desde hace años hay repetidas sentencias del Tribunal Supremo que en distintos sectores o en distintos ámbitos de la Función Pública sí han reconocido el derecho de esta antigüedad de los años que se hayan ejercido como interino, pero del funcionario, no del interino. El interino es la persona que entre tanto no se cubre el puesto con un funcionario, o entre tanto él no es funcionario, está ahí, su carácter de pura temporalidad impide que ese tiempo se convierta en antigüedad.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés a las que no me he referido, la número 458, al artículo 25.Tres, pretende que el complemento de productividad no supere el 30 por ciento del sueldo más los complementos de destino y el complemento específico y que sean públicas las cantidades y los criterios de distribución. El límite viene definido por los créditos que aprueban las Cortes Generales; cualquier límite máximo razonable, como pretende la justificación de la enmienda, no deja de ser siempre un límite subjetivo, y en cuanto a su conocimiento público, está absolutamente previsto en el artículo 23 de la Ley 3011984.
En cuanto a la enmienda número 459, al artículo 37.Seis (nuevo), que es una enmienda nueva planteada en el Senado, pretende que se informe a los sindicatos de los contratos de personal realizados con cargo a créditos de inversiones. Quiero decirle al Senador Quintana, que tiene una enmienda en este sentido, que este tipo de contratos, primero, no son fraudulentos, están perfectamente regulados y si no, vea con qué detención están regulados en el mismo articulado de la ley de presupuestos, y segundo, entran en las ofertas de empleo público. Pero por lo que respecta a los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, quiero decirles que la propuesta que plantean en la enmienda, a nuestro juicio, no añade un mayor control de estos contrato y si no una mayor burocratización y pérdida de tiempo en ellos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Barquero.
A continuación entramos en el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
No voy a polemizar demasiado con usted. Ya ha habido el debate suficiente al respecto. En cualquier caso, dígame otros componentes al margen del IPC, porque efectivamente los hay.
En cualquier caso, me ha parecido chocante que se dirija usted a mí diciendo: ustedes confunden --no sé quienes, he mirado para atrás para ver si había alguien-- a los trabajadores con los funcionarios públicos.
Yo no confundo nada. Para mí un trabajador público es un trabajador, un funcionario es un trabajador, pero tienen leyes distintas, la Ley 30/1984 y el Estatuto de los Trabajadores son leyes distintas, pero yo estoy defendiendo aquí el derecho de estos trabajadores a la negociación colectiva, a ciertas medidas garantistas como, por ejemplo, la cláusula de revisión salarial, y simplemente le voy a decir que ustedes en su momento, lo que están haciendo es precisamente conculcar las leyes por las cuales se rigen los trabajadores públicos. Por ejemplo, modifican la Ley 30/1984 cuando aplican la movilidad forzosa, y eso es parte de las competencias que se atribuye a los sindicatos en la Ley 30/1984. Ustedes alteran a los trabajadores públicos, por eso se tienen que manifestar y hacer huelgas, y espere a lo que se viene encima en el conjunto de la legislatura, porque no van a ceder, como es lógico y natural, cuando se les impone medidas como esas, que ellos mismos dicen que quieren negociar pero que no pueden porque en el artículo 29 de la ley de acompañamiento se les impone la movilidad forzosa.
Lo que se pide, en definitiva, es algo tan sencillo como que hay una medida de carácter coyuntural que son los salarios y las retribuciones, que unos más y otros menos piensan que esos colectivos no tienen culpa del aumento del IPC, que han contribuido a la estabilidad económica, incluso en su momento a que el IPC no subiera más, con la moderación salarial, y a los que menos culpa tienen es a los que más se les castiga.
Yo no digo nada, simplemente pregunten al Gobierno qué otra propuesta, aunque sea una décima, les han ofrecido a esos colectivos. ¿Qué otras propuestas ha habido? Ninguna, imposiciones. Y hay dos temas de carácter estructural para los trabajadores públicos, al margen del coyuntural, que son los salarios. El primero se refiere a una cláusula de garantía que tiene muchísima gente en el sector privado y de la que también disfrutan los pensionistas. Por tanto, ¿por qué no aplicar a ese tipo de trabajadores una cláusula de garantía? Si ustedes están tan seguros de llevar a cabo políticas que les van a permitir controlar la inflación, no tengan miedo de hacerlo. Pero garanticen el mantenimiento de lo pactado, de lo que se les da a esos trabajadores.
El segundo tema se refiere al empleo. Estas son medidas justas y lógicas, y quiero advertirles de que, en mi opinión, de no corregir esa deriva de imposición, y no de negociación --porque no hay tal; al menos hasta la fecha--, estarán cometiendo ustedes un grave error. Ya lo he dicho esta mañana: el diálogo social es importante, pero más importante aún es la capacidad contractual --en este caso, del Gobierno y las Administraciones públicas-- para negociar medidas que algunos pretenden conquistar. Por tanto, de no flexibilizar su posición tengan en cuenta que los empleados públicos de una u otra manera seguirán manteniendo esas reivindicaciones, que yo, como otros grupos, han planteado a través de diferentes enmiendas.
Sólo me queda decirle que en el sector público, sujeto a estos presupuestos, sí ha habido contratos blindados. En cualquier caso, no se trata ahora de ...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego que vaya concluyendo.


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El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, señor Presidente.
Señoría, quizá usted no haya entendido lo que he dicho, pero los altos cargos tienen sus retribuciones, un complemento de destino, etcétera. Y mi enmienda se justifica en que es absurdo ligar el complemento de productividad a los altos cargos, ya que es un concepto que se convierte en una cantidad fija del salario cuando de forma primitiva no tenía esa finalidad. Pero suprimir a los altos cargos el concepto de productividad no significa bajarles los salarios, sino simplemente que no se les aplique, por no tener ningún sentido.
Pero, en fin, la lógica es ésta y no otra, aunque ustedes pueden contestar lo que quieran al respecto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Lo cierto es que podríamos aceptar prácticamente todos los planteamientos que ha expuesto el Senador Barquero, porque fundamentalmente refuerzan que el carácter de básico no es tan básico en el caso de estos dos artículos.
En ese sentido, creo que existen suficientes mecanismos y mesas de negociación como para que, desde el respeto a los principios de equidad, a los que usted ha aludido, e incluso de solidaridad, todos podamos participar de forma coordinada en este tema, e incluso acordarlo interinstitucionalmente y con los agentes sociales, siempre y cuando, como en todo, exista la voluntad para ello. Creemos que, desde el respeto al hecho diferencial que puede existir y puede conceder ese margen --como pienso que queremos todos los que estamos aquí, porque nos hemos dotado de un orden territorial en ese sentido-- podemos ser responsables en lo que se refiere al interés general, que además creemos que ya no es un tema exclusivamente del Estado, sino de política europea, en el marco del sector público. Por tanto, no hemos encontrado argumentos para que se mantenga el carácter de básico en el caso de esos dos artículos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Sólo quiero hacer dos comentarios. En primer lugar, que considero grave que la petición de facilitara los sindicatos representativos de la Función Pública los contratos del personal sea considerado por el Grupo Parlamentario Popular una burocratización y una dificultad añadida. No me sorprende, pero que se exprese así de claro repito que lo encuentro grave.
En segundo lugar, y para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», la enmienda relativa al incremento salarial ha sido presentada por nuestro Grupo como disposición adicional. Y para su ilustración, se trata de la enmienda número 510.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Aleu.
¿Grupo Parlamentario de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, creo que es una realidad constatada que el aumento de la inflación va a ser del 4 por ciento, y decir que los funcionarios públicos van a tener una subida salarial del 2 por ciento también supone constatar una realidad. Y, desde luego, la pérdida de poder adquisitivo de ese sector está garantizada con las medidas que se proponen respecto de la subida salarial.
Por otra parte, y en relación con la enmienda número 457, lo que se propone es que durante el año 2001 las convocatorias de plazas de nuevo ingreso de personal del sector público se concentre en sectores, funciones y categorías profesionales que se consideren absolutamente prioritarios o que afecten al funcionamiento de los servicios públicos esenciales. Creemos que con ello se pretende mantener unos niveles aceptables, porque de seguir manteniéndose la tasa de reposición en el 25 por ciento, como ocurre actualmente, habrá una menor incorporación de efectivos, por supuesto, pero también se producirá un deterioro en la calidad del servicio a prestar. Indudablemente, si los jóvenes pretenden su ingreso en la Administración pública, con el actual 25 por ciento de tasa de reposición se estará restringiendo de forma importante su acceso.
En cuanto a la enmienda número 458, lo que plantea no es sino que el incremento de productividad máxima no supere un 30 por ciento de las retribuciones establecidas en el apartado 2 del artículo 25, algo que consideramos absolutamente razonable. Asimismo, creemos que el conocimiento público aporta transparencia, y ése es el sentido de nuestra enmienda.
Por último, con respecto a la enmienda número 459, se ha argumentado que el hecho de informar a los sindicatos y al Parlamento significa una mayor burocracia; sin embargo, nosotros pensamos que supone una mayor claridad y transparencia, y por eso hemos mantenido la citada enmienda.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Arjona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Barquero tiene la palabra.


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El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a empezar por el final. Señor Senador, en ningún caso he dicho que sobre ese tipo de contratos no pueda haber control en el Parlamento.
¡Hasta ahí podíamos llegar! Precisamente el Parlamento tiene suficientes mecanismos de control sobre ese tipo de contratos. Por tanto, ¿cómo podría decir yo eso? Repase usted el «Diario de Sesiones», y verá cómo de mi boca no ha salido la palabra Parlamento. En todo caso, me he referido a los sindicatos, porque, repito, hay suficientes mecanismos de control por parte del Parlamento. Me parece grave su afirmación y el que usted haya deslizado al Parlamento en ella. No lo puedo aceptar de ninguna manera.
Aquí se están dando cifras sobre la pérdida de poder adquisitivo y, aunque no convenza a nadie, para que conste en el «Diario de Sesiones», he de decir lo siguiente. Los propios sindicatos han reconocido la mejoría del poder adquisitivo de los funcionarios en los últimos años, y han rechazado la pérdida de poder adquisitivo del 11 por ciento, que ha afirmado siempre Izquierda Unida, y que usted hoy, Senador Cámara ha dejado en el 10 por ciento.
En el año 1996 se ha reconocido la mejoría del 2,2 por ciento. En el año 1997, del 0,4 por ciento; en 1998, del 1,1 por ciento, y en 1999 del 0,3 por ciento, que supone un cuatro por ciento de mejora del poder adquisitivo. Por cierto, es verdad que en el año 1993 el PSOE subió el 3,5 por ciento, pero recordarán ustedes el nivel de inflación de aquel año y también que las hipotecas estaban en el 16 por ciento. Hay que meter todo, no sólo el IPC, conviene valorar todos los factores como me pedía el Senador Cámara. Naturalmente que el IPC no es el único elemento; los desequilibrios presupuestarios son importantes; la deuda pública es importante, lo que aumentan los sueldos en otros sectores distintos del sector público es importante; lo que se aumentan los convenios colectivos es importante. Son todos aspectos a tener en cuenta, pero además el funcionario --y usted ha hecho referencia a una serie de leyes-- es un trabajador distinto al no funcionario; tiene otra serie de prebendas, para empezar, la estabilidad. Usted hoy se ha referido aquí a la movilidad. ¡Claro! El concepto de función pública ha evolucionado. ¿Quién defiende hoy el derecho al cargo en la función pública? Nadie. Ya es un anacronismo. Como es un anacronismo la inmovilidad.
¿Qué ha pasado en esa negociación o en esa imposición que dice usted? Que de la movilidad local se ha pasado a la movilidad provincial. En cualquier caso, Senador Cámara, tenga claro --se lo dije el otro día en Comisión-- que este Gobierno del Partido Popular negocia y dialoga los 365 días del año, y el que las cosas ahora, según las informaciones sindicales que usted tiene, no estén al gusto de los sindicatos, no quiere decir que mañana o pasado no lo puedan estar y se llegue a acuerdos importantes. Pero lo que sí quiero decirle es que la metodología del aumento del poder adquisitivo, los parámetros por los que se ha medido el aumento del poder adquisitivo han sido admitidos por los sindicatos UGT y CC. OO., y están en desacuerdo con la pérdida de poder adquisitivo que usted ha manifestado aquí.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Barquero.
Señorías, se suspende la sesión hasta mañana a las nueve de la mañana. A efectos de que sus señorías tengan conocimiento, comenzaremos con el Título IV, artículos 38 a 47; Título VIII, artículos 87 y 88, y Sección 07.
Se suspende la sesión.


Eran las veintiuna horas y treinta y cinco minutos.

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