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DS. Senado, Pleno, núm. 26, de 12/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2000 VII Legislatura Núm. 26

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el martes, 12 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DIA:

Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 3, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000003) (Número de expediente C. D. 121/000016) (Continuación).


--De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», (Número de expediente C. D. 121/000017) (Continuación).


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SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 1230)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación) (Página 1230)

Título IV, artículos 38 a 47. Título VIII, artículos 87 y 88. Sección 07.


El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1053 a 1055. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 39 a 41 y 43. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 1501, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 460 a 464 y 493, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Barquero Vázquez y la señora Do Campo Piñeiro comparten el turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Romero Calero, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular.


Título V, artículos 48 a 58. Anexo III. Sección 06.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1056 a 1060. El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 465 a 469 y 528, de los Grupo Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Soto García consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Mesa Ciriza, por el Grupo Socialista, y Soto García, por el Grupo Popular

Título VI, artículos 59 a 66.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1061 a 1063. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 935 a 937, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Granado Martínez defiende las enmiendas números 470 a 474, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Imbroda Ortiz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Granado Martínez, por el Grupo Socialista, e Imbroda Ortiz, por el Grupo Popular.


Título VII, artículos 67 a 86. Secciones 32 y 33.


El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1064 a 1074, 1453 y 1456 a 1468. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 42. El señor Armet i Coma defiende las enmiendas números 416 a 418 y 424, dando asimismo por defendida la enmienda número 425, a la disposición adicional vigésima cuarta, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1495 a 1497 y 1500, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Arnáiz de las Revillas García defiende las enmiendas números 475 a 492, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, y las números 904 a 917, del Grupo Socialista. Los señores Fernández Cucurull y Sánchez Cuadrado comparten un turno contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Armet i Coma, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo Socialista, y el señor Sánchez Cuadrado, por el Grupo Popular.


Disposiciones adicionales primera a vigésima séptima (nueva).


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1075 a 1078, 1081 a 1085, 1087 a 1092, 1094, 1095, 1098 a 1103 y 1106. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1079, 1080, 1086, 1093, 1104 y 1105. El señor Urrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 938, 939 y 941, y el señor Albistur Marin defiende la enmienda número 940, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 423 y 425 a 431, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 1502 y 1503, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 1002, del Grupo Popular. El señor González Príncipe defiende las enmiendas números 494 a 523, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Vallines Díaz, por el Grupo Popular.


Página 1225


Se procede a votar.


Título I, artículos 1 a 12. Anexos I y II.


Se rechaza la enmienda número 1029, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 148 en contra y 78 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1028 y 1030 a 1033, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 147 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 217 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor, 147 en contra y 80 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2 y 6, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 148 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 919 a 921, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos , por 11 votos a favor, 148 en contra y 78 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1498, 1499, 1505 y 1506, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 96 votos a favor y 143 en contra.


Se rechaza la enmienda número 1507, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 91 votos a favor y 148 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 444 a 452, 526 y 527, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 75 votos a favor, 145 en contra y 15 abstenciones.


Se aprueban el Título I, a excepción de los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, y el Anexo I, por 156 votos a favor, 79 en contra y 3 abstenciones.


Título II, Capítulo I, artículos 13 y 14. Anexos IV y V.


Se rechazan las enmiendas números 7 y 8, del Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 143 en contra y 15 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 922 y 927, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 212 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 924, 926 y 930, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos , por 13 votos a favor, 210 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 931, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 86 votos a favor, 144 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 925, 928, 929 y 932, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 144 en contra y 83 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 923, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 143 en contra y 79 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 453 a 456, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.


Se aprueban el Título II y los Anexos IV y V, según el texto del dictamen, por 155 votos a favor y 82 en contra.


Título III, artículos 21 a 3.


Se rechazan las enmiendas números 1034, 1042, 1043, 1045, 1046, 1048 a 1051, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 142 en contra y 85 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1035 a 1041, 1044, 1047 y 1052, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 147 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 11, del Grupo Mixto, por 85 votos a favor, 141 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 12, 18, 22, 24 y 32, del Grupo Mixto por 78 votos a favor, 141 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 199 en contra y 29 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 933 y 934, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 25 votos a favor, 143 en contra y 71 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 457 a 459, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 149 en contra y 17 abstenciones.


Se aprueba el Título III, según el texto del dictamen, por 156 votos a favor, 81 en contra y una abstención.


Título V, artículos 48 a 58. Anexo III y Sección 06.


Se rechazan las enmiendas números 1056 a 1060, del Grupo Mixto, por 83 votos a favor, 147 en contra y 9 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 465 a 468 y 528, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 76 votos a favor, 148 en contra y 16 abstenciones.


Página 1226


Se rechaza la enmienda número 469, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 142 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueba el Título V, según el texto del dictamen, por 158 votos a favor y 82 en contra.


Título VI, artículos 59 a 66.


Se rechazan las enmiendas números 1061 y 1063, del Grupo Mixto, por 13 votos a favor, 218 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1062, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 143 en contra y 14 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 935 a 937, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 83 votos a favor, 148 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 470 a 474, de los Grupo Socialista y Grupo Entesa Catalana de Progrés , por 83 votos a favor, 148 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueba el Título VI, según el texto del dictamen, por 156 votos a favor y 84 en contra.


Título VII, artículos 77 a 86. Secciones 32 y 33.


Se rechaza la enmienda número 1064, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 215 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1065, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 144 en contra y 85 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1074 y 1459, del Grupo Mixto, por 86 votos a favor, 143 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas presentadas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 147 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 143 en contra y 15 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 416, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 83 votos a favor, 147 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 417, 418 y 424, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 92 votos a favor y 148 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1495 y 1500, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 92 votos a favor, 143 en contra y 5 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 1496 y 1497, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 95 votos a favor y 143 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 475 a 492, de los Grupo Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 76 votos a favor, 148 en contra y 16 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 904 a 917, del Grupo Socialista, por 77 votos a favor, 146 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueban el Título VII y las Secciones 32 y 33, según el texto del dictamen, por 158 votos a favor y 80 en contra Disposiciones adicionales primera a vigésimo séptima (nueva).


Se rechaza la enmienda número 1084, del Grupo Mixto, por 17 votos a favor, 144 en contra y 79 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1077, 1091, 1092, 1094 y 1095, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 152 en contra y 74 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1106 y 1098, del Grupo Mixto, por 88 votos a favor, 142 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 82 votos a favor, 148 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 938, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos , por 16 votos a favor, 213 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 939, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 11 votos a favor, 213 en contra y 16 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 940, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 91 votos a favor, 143 en contra y 5 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 941, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos , por 24 votos a favor, 144 en contra y 72 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 425 y 430, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 85 votos a favor, 147 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 423 y 426, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 76 votos a favor, 147 en contra y 16 abstenciones.


Página 1227


Se rechaza la enmienda número 427, del Grupo Entesa Catalana de Progrés , por 80 votos a favor, 143 en contra y 17 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 431, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 90 votos a favor, 141 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan la enmienda número 1502, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 97 votos a favor, 142 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 1503, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 25 votos a favor, 161 en contra y 54 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 494 y 496 a 523, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 75 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 495, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 143 en contra y 16 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación a la disposición adicional vigésima.uno, firmada por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueba la propuesta de modificación a la disposición adicional vigésima.cuatro (nuevo), Anexo VII y supresión del Anexo VIII, por por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban las disposiciones adicionales primera, segunda, vigésima, vigésima primera y vigésima quinta, por 158 votos a favor y 82 en contra.


Se aprueba el resto de las disposiciones adicionales, con excepción de la tercera, cuarta, quinta y vigésima cuarta, por 155 votos a favor, 13 en contra y 71 abstenciones.


Se suspende la sesión a las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación) (Página 1273)

Disposiciones transitorias Primera a Sexta.


El señor González Príncipe defiende las enmiendas números 524 y 525, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.
Disposición Final (nueva).


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1096 y 1097. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, y Vallines Díaz, por el Grupo Popular.


Anexo VI.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 1107. El señor Granado Martínez defiende la enmienda número 529, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Azuara Carod consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Azuara Carod, por el Grupo Popular.


Estado de Ingresos.


El señor Granado Martínez defiende la enmienda número 530, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Azuara Carod consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


--De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 1277)

Comienza el debate del articulado.


Título Primero, artículos 1 a 21 bis.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 133 y solicita el mantenimiento de todas las enmiendas presentadas al proyecto de ley por el señor Quintana González, del mismo Grupo Parlamentario. El señor Ríos Pérez, defiende las enmiendas números 210 y 217, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. La señora Loroño Ormaechea y el señor Albistur Marin defienden respectivamente las enmiendas números 191 y 192, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
La señora Aroz Ibáñez defiende la enmienda número 40, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, y da por defendidas todas las enmiendas presentadas a este proyecto de ley por su Grupo Parlamentario conjuntamente con el Grupo Socialista, al mismo tiempo que retira el voto particular número 2.
El señor Cambra i Sánchez defiende las enmiendas números 293 a 295, 297 a 308, 310, 312 y 313, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 236, del Grupo Popular.
El señor Lerma Blasco defiende las enmiendas números 45 a 62, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Sánchez Sánchez-Seco

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consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, y Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, así como la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Popular.


Título Segundo, artículos 22 a 29 ter.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 134 a 146. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 193 a 195, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 314, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 63 a 72, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 234 y 235 del Grupo Popular. La señora García Avilés consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, así como la señora García Avilés, por el Grupo Popular.


Título Tercero, artículos 30 a 37 bis.


El señor Martín Martín, del Grupo Mixto, da por defendidas las enmiendas números 147 a 153. El señor Martiarena Lizarazu defiende las enmiendas números 196 a 199 y la señora Loroño Ormachea defiende la enmienda número 200, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cambra i Sánchez defiende la enmienda número 316, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Arjona Santana defiende las enmiendas números 73 a 75, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
El señor Soto García consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Martiarena Lizarazu, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Arjona Santana, por el Grupo Socialista y Soto García, por el Grupo Popular.


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación) (Página 1301)

Se procede a votar.


Disposiciones transitorias Primera a Sexta.
Se rechazan las enmiendas números 524 y 525, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 149 en contra y 14 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones transitorias cuarta y quinta, según el texto del dictamen, por 154 votos a favor, 82 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y sexta, según el texto del dictamen, por 155 votos a favor, 8 en contra y 74 abstenciones.


Disposición Final (nueva).


Se rechazan las enmiendas números 1096 y 1097, del Grupo Mixto, por 79 votos a favor, 148 en contra y 9 abstenciones.


Anexo VI.


Se rechaza la enmienda número 1107, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 147 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 529, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 82 votos a favor, 147 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueba el Anexo VI, según el texto del dictamen, por 157 votos a favor, 79 en contra y 1 abstención.


Estado de ingresos.


Se rechaza la enmienda número 530, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 83 votos a favor, 146 en contra y 8 abstenciones.


--De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (Página 1302)

Se procede a votar

Título Primero, artículos 1 a 21.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 11, del Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 143 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo Mixto, por 7 votos a favor, 143 en contra y 84 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 133, del Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 143 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 210, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 94 votos a favor y 143 en contra.


Página 1229


Se rechaza la enmienda número 217, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 80 votos a favor, 142 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 191, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 22 votos a favor, 144 en contra y 69 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 192, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 139 en contra y 75 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 148 en contra y 17 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 306 y 308, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 14 votos a favor, 143 en contra y 79 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 293, 298, 302, 303, 307, 310 y 313, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 89 votos a favor, 143 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 294, 295, 297, 299, 300, 301 y 305, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 214 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 304 y 312, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 24 votos a favor, 205 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 45 a 62, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 145 en contra y 18 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 236, del Grupo Popular, por 82 votos a favor, 143 en contra y 12 abstenciones Se aprueba la propuesta de modificación relativa al artículo siete.tres, por 233 votos a favor, y 1 en contra.


Se aprueba el Título Primero, por 155 votos a favor, 80 en contra y 1 abstención.


Título Segundo, artículos 22 a 29 ter.


Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 142 en contra y 84 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo Mixto , por 14 votos a favor, 209 en contra y 9 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 145, del Grupo Mixto, por 15 votos a favor, 141 en contra y 81 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 134 a 144 y 146, por 81 votos a favor, 148 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 193, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 214 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 194, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 145 en contra y 78 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 195, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 93 votos a favor y 141 en contra.


Se rechaza la enmienda número 314, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 93 votos a favor y 143 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 63 a 71, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 141 en contra y 14 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 72, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 88 votos a favor, 142 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que propugna la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas número 234 y 235 del Grupo Popular, por 80 votos a favor, 147 en contra y 9 abstenciones.


Se aprueba el Título Segundo, según el texto del dictamen, por 157 votos a favor, 79 en contra y 1 abstención.


Título Tercero, artículos 30 a 37 bis.


Se rechazan las enmiendas números 15 y 17, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 144 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 16, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 212 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 142 en contra y 85 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 147 a 153, del Grupo Mixto, por 79 votos a favor, 144 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 198, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 91 votos a favor y 144 en contra.


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Se rechazan las enmiendas números 196 y 197, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 86 votos a favor, 143 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 199, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 9 votos a favor, 143 en contra y 85 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 200, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 142 en contra y 77 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 316, de Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 214 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 73 y 74, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 147 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 75, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 87 votos a favor, 142 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la emienda número 245, del Grupo Popular, por 79 votos a favor, 147 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba el Título tres, según el texto del dictamen, por 157 votos a favor y 80 en contra.


Se suspende la sesión a las veinte horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Continuamos con las enmiendas correspondientes al Título IV, Pensiones, y al Título VIII, Cotizaciones sociales, artículos 87 y 88 y Sección 7, Clases pasivas.
En primer lugar, defenderán sus enmiendas números 1.053 a 1.055, los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para consumir un turno de cinco minutos, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta. Muy buenos días.
La primera de estas tres enmiendas que plantea el Grupo de Izquierda Unida propone una sustitución y una adición a los artículos 38 al 47, en lo que se refiere a las pensiones.
Ayer tuvo lugar un debate en el que quedó clara la posición del Grupo de Izquierda Unida sobre el incremento de los salarios, y con mucha más razón en este caso concreto, sobre el incremento de las pensiones.
Nosotros pretendemos que las pensiones suban un 4,6 por ciento y, además, que se establezca una cláusula de revisión que garantice que las pensiones no pierdan poder adquisitivo. En mi Comunidad Autónoma, Andalucía, donde el 80 por ciento de los pensionistas cobran menos del salario mínimo interprofesional, razonablemente y para hacer justicia, las pensiones no pueden subir el 2 por ciento. No se puede manifestar el carácter tan conservador y liberal del Gobierno del Partido Popular también en política económica, porque lo sufren y lo sufrirían los pensionistas, los colectivos que tienen menor poder adquisitivo.
Las otras dos enmiendas pretenden que en las pensiones extraordinarias del régimen de clases pasivas del Estado que hayan sido originadas por incapacidad o inutilidad física en acto de servicio o como consecuencia del mismo, las normas limitativas se consideren como extraordinarias, siendo su importe máximo de percepción, por la propia pensión o en concurrencia con cualesquiera otras, del 200 por cien.
En la enmienda 1.055 proponemos una adición al artículo 44. Con ella pretendemos que esas pensiones no sobrepasen nunca ese 200 por cien y que, en el caso de que así fuera, se pudiera producir la reducción proporcional respectiva en cada una de las pensiones que fueran concurrentes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
El siguiente turno corresponde al Senador Quintana para la defensa de sus enmiendas 38 a 41 y 43.
Tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Si agrupamos las enmiendas que presentamos en tres tipos, las dos primeras tienen como objetivo plantear una modificación del artículo 42, apartado uno y apartado dos, y proponen, en general, un nuevo tipo de subida de las pensiones, en coherencia con nuestra propuesta de ayer para los salarios de los empleados públicos.
Hacemos también otra propuesta de enmienda, la referente a los artículos 45.Tres y 46.Cuatro, en la que proponemos un nuevo cuadro de revalorización del mínimo de pensiones de las clases pasivas y el aumento del poder adquisitivo de los pensionistas con menos ingresos.
Por último, la enmienda número 43 tiene por objeto suprimir el párrafo tercero del artículo 87, intentando así eliminar

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la previsión que habilita al Gobierno a reducir aún más los tipos de cotización por desempleo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Turno para la defensa de la enmienda número 1.501, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta enmienda que mantiene nuestro Grupo al artículo 87 tiene por objeto abrir una moratoria en el proceso de aproximación de las bases máximas de cotización de las diferentes categorías laborales, conocido como proceso de «destope», que se inició en 1997 a partir de los acuerdos del Pacto de Toledo. Este proceso de «destope» ha significado un importante incremento de costes para aquellas empresas que tienen un número elevado de empleados adscritos a los grupos de cotización entre el 5º y el 11º. Como ésos son los grupos de cotización de menos cualificación, está generando problemas de competitividad a este tipo de empresas. Nuestro objetivo es que para el año 2001 se equipare el proceso de las cotizaciones que van del grupo 5º al grupo 11º a la evolución prevista para las bases máximas de cotización de las categorías laborales superiores. Nuestro objetivo es evitar este incremento de costes que durante cuatro años han venido soportando estas empresas dándoles esta pequeña moratoria, lo que se conseguiría aprobando esta enmienda.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cambra.
En nombre de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés y para la defensa de las enmiendas números 460 a 464, tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, se trata de las enmiendas números 460 a 464, referidas a los artículos 40, 42.Tres, 45.Tres, 46.Cuatro y 47, todas ellas en el sentido de que se incrementen las pensiones mínimas y los complementos para mínimos por encima de la propuesta de previsión de inflación del Gobierno para el año 2001 del 2 por ciento; concretamente, que se incrementen en un 5 por ciento y puntualmente una pensión de orfandad en un 8 por ciento.
La justificación es clara. A lo largo de todo el día de ayer, tanto en la intervención del Ministro como en las de los portavoces del Grupo que sostiene al Gobierno, como en las de los grupos de la oposición, se puso de manifiesto el momento de superávit que vive el sistema público de Seguridad Social en España, aunque, en nuestra opinión, no se debe analizar en ciclos cortos, sino que las cuentas de las Seguridad Social se tienen que analizar necesariamente en ciclos medios y largos. Pues bien, dada la situación actual de nuestro sistema de Seguridad Social y dado que su esquema es el de un sistema de reparto en el que el principal valor es la solidaridad, creemos que está plenamente justificado que pensiones que en estos momentos están en los mínimos de subsistencia se incrementen por encima de la previsión de inflación. Y ello porque si bien la cláusula de revisión garantiza que no habrá pérdida de poder adquisitivo de las pensiones en el largo plazo, queremos que desde el mismo momento en que se empiecen a percibir estas pensiones faciliten un mayor poder adquisitivo a los pensionistas.
Como es lógico, este debate en Pleno ha venido precedido de comparecencias de altos cargos y de un debate en Comisión, trámites en los que se nos ha argumentado por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular y de los altos cargos del Ministerio de Trabajo que, sin estar en desacuerdo con el fondo de la cuestión que aquí se plantea --sin entrar, naturalmente, en si la cuantificación que nosotros proponemos del 5 por ciento es la adecuada o no--, el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno están pendientes de cómo se desarrolla el diálogo social para avanzar en una solución del tipo que nosotros proponemos.
Nosotros, siendo respetuosos con el diálogo social --y no puede ser de otra manera porque hemos sido impulsores y copartícipes en no pocas ocasiones de estos procesos--, consideramos, por un lado, que el debate de presupuestos es un elemento fundamental del debate político que no se puede sustraer al Parlamento y, por otro, que no es correcto ni lícito plantear en el diálogo social cuestiones que puedan aparecer como moneda de cambio ante otras posibles alternativas. A nosotros no nos parece correcto que el Gobierno pueda plantear a los sindicatos en el diálogo social que si aceptan una rebaja en las indemnizaciones por despido de los contratos indefinidos, podrán subir las pensiones mínimas. Las pensiones mínimas deben incrementarse porque es una razón de justicia, que se deriva, además, no de una voluntad discrecional de este Gobierno o de cualquier otro, sino del propio sistema público de Seguridad Social en nuestro país.
Y aunque volveremos sobre estos temas de Seguridad Social a lo largo del día de hoy y de mañana porque hay otras enmiendas en relación con estos asuntos, quiero referirme ahora a una afirmación muy rotunda que hizo ayer el Ministro en el sentido de que con los Gobiernos del Partido Popular se ha transformado un sistema de Seguridad Social en quiebra en un sistema de Seguridad Social en superávit. Yo creo que debemos ser rigurosos en todos los temas y especialmente en los de Seguridad Social, por ello hay que decir que la situación actual del sistema de Seguridad Social en España se deriva fundamentalmente del Pacto de Toledo, aunque, naturalmente, la situación económica tiene la repercusión que tiene.
Tengan ustedes la completa seguridad de que si no se hubiera producido el Pacto de Toledo la situación económica de bonanza que ha venido viviendo España en estos últimos años no hubiera repercutido en la Seguridad Social de la manera que lo ha hecho, y quiero recordarles que el Pacto de Toledo no es un

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mérito ni de este Gobierno ni del anterior, es un mérito del conjunto de las fuerzas políticas españolas. Además, el Pacto de Toledo es una iniciativa parlamentaria y todos los desarrollos del Pacto de Toledo deben ser traídos al Parlamento, no se puede sustraer al Parlamento ningún desarrollo del mismo. Es en ese contexto en el que nosotros planteamos que, en un aspecto fundamental de desarrollo del sistema y de desarrollo del Pacto de Toledo como es la revisión de las pensiones mínimas, se atiendan las enmiendas que presentamos porque --insisto en ello-- no es una cuestión que esté al albur de una decisión discrecional, no es una cuestión que pueda estar siquiera pendiente de la solución de los acuerdos del diálogo social, sino que el Parlamento y el Gobierno deben dar respuesta satisfactoria a estos colectivos que, sin duda, están con la mirada puesta en lo que finalmente decidamos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Senador Barquero, va a compartir turno con la Senadora Do Campo?

El señor BARQUERO VAZQUEZ: Señora Presidenta, muchas gracias. Sí voy a compartir el tiempo con la Senadora Do Campo.
En primer lugar voy a contestar al Senador Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida.
Prácticamente todas sus enmiendas se resumen en aumentar las pensiones, todas en la misma cuantía, aunque en las enmiendas de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés se distinguen unos casos de otros.
Es evidente que en este sentido, y desde un punto de vista técnico, está mejor planteada la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, puesto que una de las objeciones que se puede poner a las enmiendas tanto de Izquierda Unida como del Bloque Nacionalista, es que establecen una subida igual para los funcionarios y para todas las pensiones. Nosotros creemos que en todo caso, y entrando en ese terreno, habría que hablar de unas pensiones y de otras porque no todas están en la misma situación, evidentemente, y a la hora de plantear subidas no todas responderían probablemente al mismo porcentaje.
La única razón que se argumenta es que las pensiones son bajas. Las pensiones son bajas, los salarios de los funcionarios son bajos, los de la Guardia Civil son bajos, los de la Policía Nacional son bajos y los de los abogados del Estado, aunque sean más altos, también son bajos porque hablaremos de mayor o menor capacidad de ingresos en función de las propias funciones y de la propia responsabilidad. En ese sentido podemos decir que todos son bajos -unos más que otros, evidentemente.
Que una pensión o un salario sea bajo no es suficiente justificación para que en el ámbito general de una serie de parámetros que conforman los Presupuestos Generales del Estado se diga que hay que aumentar en este porcentaje o en otro. Las enmiendas, en este caso, no están suficientemente justificadas, las elevaciones tampoco y, en el caso de las pensiones, además, ya no se discute pérdida de poder adquisitivo porque existen unas cláusulas de revisión por ley de las que no se puede eximir ningún gobierno. En concreto, el artículo 48 de la Ley General de la Seguridad Social y el 27 de la Ley de Clases Pasivas ya reconocen ampliamente el poder adquisitivo.
Es un tanto extraña --quizá no sea la palabra exacta-- la enmienda número 1054, de Izquierda Unida, al artículo 41.Siete, referente a las pensiones extraordinarias del régimen de Clases Pasivas originadas por incapacidad en acto de servicio o como consecuencia del mismo, para que su importe máximo rompa el techo establecido y se vaya al mismo nivel que las pensiones extraordinarias causadas a víctimas del terrorismo.
Con esta enmienda se produce también una modificación importante de una ley sustantiva, de modo que el Real Decreto que se cita en la justificación, el 670/1987, no anula el límite que sí pretende anular la enmienda. Colocar este tipo de pensiones al mismo nivel que las causadas a víctimas del terrorismo o por delitos terroristas nos parece que no tiene justificación suficiente y que, de alguna forma, establece una equiparación que nosotros no podemos admitir.
En torno a este tema quisiera hacer una consideración más, y es que la enmienda es discriminatoria de por sí, en su mismo planteamiento, porque se refiere a clases pasivas, pero fíjense que del global de funcionarios algo más del 40 por ciento aproximadamente están en clases y pasivas, y la enmienda afecta sólo a los que están en clases pasivas, con lo cual, respecto a los funcionarios que están en el régimen de la Seguridad Social se crea una clara discriminación, y cuando se plantean enmiendas que afectan a pensiones, creo que no hay que crear excepciones pensando en pensionistas, sino que hay que establecer excepciones --al menos es nuestro criterio-- pensando en supuestos. Si hablamos de supuestos --yo estoy seguro de que Izquierda Unida no quiere lo que se produce--, la enmienda sólo afecta a los funcionarios que estuviesen en el grupo A, que son los que tienen las pensiones más altas; poquísimos del Grupo B y ninguno de los grupos C y D.
Las consideraciones que he hecho sobre el aumento valen también, lógicamente, para el Bloque Nacionalista Galego, y permítanme que por razones de brevedad vaya más deprisa.
Por lo que respecta al Grupo Parlamentario Socialista, nosotros estamos de acuerdo con el diálogo social, estamos de acuerdo con el diálogo político, pero también es diálogo político decir que vamos a permitir o a favorecer que los agentes sociales negocien una serie de cuestiones.
En cuanto a que la Seguridad Social está en años boyantes y que eso da pie a aumentar las pensiones mínimas fuera del índice de precios al consumo, tengo que decir que puede hacerse eso o puede aumentarse el fondo de previsión o el fondo de garantía. Esas son cuestiones que hay que discutir, nadie se va a llevar a ninguna otra parte el dinero de la Seguridad Social y se puede aplicar a aumentar pensiones o se puede aplicar a darle más calidad y más persistencia al fondo de garantía.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barquero.
Tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Paso a dar respuesta a las tres enmiendas presentadas al Título VIII, concretamente a las enmiendas presentadas por el Bloque Nacionalista Galego, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Socialista.
Rechazamos la enmienda número 43, presentada por el Bloque Nacionalista Galego, en la que pretenden eliminar la previsión que tiene el Gobierno para reducir los tipos de cotización al desempleo, porque consideramos que su propuesta supondría eliminar la posibilidad de acceder a factibles disminuciones del coste en este tipo de contratos, lo que se traduciría en un efecto negativo sobre la creación de empleo. Pero para su tranquilidad, señor Quintana, también le diremos que el uso de esta habilitación al Gobierno se condiciona, lógicamente, a la evolución del mercado de trabajo y a la estabilidad del empleo, y exige una consulta a los interlocutores sociales, lo que supone un amplio conjunto de garantías. Este Gobierno es respetuoso con los interlocutores sociales y esta reducción por real decreto únicamente se haría en los casos expresados anteriormente.
Además, nosotros consideramos que el párrafo que ustedes proponen eliminar es coherente con el objetivo de ir reduciendo progresivamente las cargas o costes sociales y fiscales dentro de lo que es el mercado de trabajo, tal y como se propone en la Cumbre de Luxemburgo sobre la estrategia para el empleo y, por tanto, rechazamos su enmienda.
Rechazamos también la enmienda número 1501, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, en la que intentan abrir una moratoria en el proceso de aproximación de las bases de cotización de las diferentes categorías laborales, porque, de acuerdo con las previsiones del Pacto de Toledo, debemos tender a la aplicación de un tope máximo de cotizaciones para todas las categorías laborales. Consideramos que esta aplicación debe ser gradual, tal y como viene recogido en el Pacto de Toledo, y cualquier moratoria como la que nos proponen en la aplicación de esa aproximación gradual supondría el retraso de la consecución de ese objetivo marcado, ya que si las bases máximas de cotización de las categorías laborales, de la 5ª a la 11ª, se incrementasen un 2 por ciento, igual que el porcentaje de los tipos del 1º al 4º grupo, el diferencial entre ambas cuantías no se reduciría y, por tanto, se incumpliría lo fijado en el artículo 3 de la Ley de Consolidación y Racionalización del Sistema de la Seguridad Social. Por tanto, también la vamos a rechazar.
Con respecto a la enmienda número 493, presentada por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Parlamentario Socialista, debe decir que la justificación es una interpretación distinta de la que viene la recogida en la Recomendación tercera del Pacto de Toledo, ya que ustedes se refieren a un entrecomillado relativo únicamente a las bases de cotización y sólo reproduce parcialmente la citada Recomendación, es decir, se refieren únicamente al tope máximo de cotización y no a las bases de cotización en general, como dice la citada Recomendación. Para recordarla diré que las bases de cotización deberán coincidir en todos los grupos plenamente con los salarios reales, con aplicación gradual de un único tope máximo de cotización para todas las categorías laborales que fija el techo del aseguramiento del sistema público de protección.
Quiero decirle, además, que la previsión de este proyecto de ley de Presupuestos Generales para el ejercicio 2001 contempla la determinación de la base de cotización partiendo de una estimación del salario real al no poderse determinar con exactitud. Por lo tanto, Los criterios que se van a aplicar con este presupuesto para dicha determinación van a ser los mismos que ya venían recogidos en la norma tercera del artículo 20 del Decreto 2.864/1974 en función de la provincia, de la modalidad de pesca, de la categoría profesional y de los medios de los valores de remuneración percibidos en los años anteriores.
Por todo ello, señorías, también vamos a rechazar esta enmienda.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Si resulta absolutamente regresivo plantear un incremento de salarios del 2 por ciento para el conjunto de los trabajadores de la función pública, como regresiva es la orientación en el ámbito de la negociación colectiva que ese aumento significa para los trabajadores, también tengo que decir que es absolutamente impresentable que a estas alturas se plantee una subida de las pensiones del 2 por ciento, y ya he dicho antes que hay Comunidades Autónomas, como por ejemplo la andaluza, donde el 80 por ciento de los pensionistas cobran menos de 70.000 pesetas, es decir, que tendrán una subida de 1.400 pesetas.
Señorías, si ésa es la política centrista, si ésa es la política progresista que plantea este Gobierno, creo que lo que se perfila con esa subida de pensiones es algo clara y nítidamente conservador. Por eso nosotros planteamos que se suba un 4,6 por ciento en conjunto y que se haga desde el primer momento una redistribución progresiva con un mayor incremento para las pensiones más bajas tal y como usted planteaba, señoría. Y digo que eso debe de hacerse desde el primer momento, porque si luego esas pensiones se revisan al final del año, resultará que a lo largo de todo ejercicio 2001 los pensionistas habrán ido perdiendo poder adquisitivo, especialmente los que perciben las pensiones más bajas. Esa trampa no la acepta ningún pensionista, no la aceptan los sindicatos ni tampoco el Grupo de Izquierda Unida, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular.


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Por otra parte, nosotros apoyamos y defendemos el carácter extraordinario de las pensiones de clases pasivas derivadas de atentados terroristas.
Esas pensiones tienen todo nuestro apoyo, sin ningún tipo de duda, pero consideramos que se produce una discriminación con respecto a otros pensionistas que también por actos de servicio sufren minusvalías o alguna discapacidad. Lo que estamos planteando, por tanto, es que no se produzca esa discriminación en otros colectivos, es decir, justamente lo contrario de lo que usted plantea, señoría. La suya sí que es una discriminación y no lo que nosotros planteamos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
¿Algún otro grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta.
Les he oído decir repetidamente y con orgullo al señor Ministro y a los distintos portavoces del Grupo Parlamentario Popular que las cláusulas de revisión respecto del IRPF lo son por ley, y es verdad. Personalmente estoy contento de que ustedes se sientan orgullosos, pero deben reconocer que si lo están es precisamente por haber rectificado. El Grupo Parlamentario Popular votó en contra de una enmienda que presentó el Grupo Parlamentario Socialista a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 1998 y en la que se decía exactamente eso. Y fue en una enmienda presentada a bombo y platillo por el entonces Ministro de Trabajo, señor Arenas, también a la ley de acompañamiento de los Presupuestos para 1999, donde se aseguraba la revisión por ley, según el IRPF, de las pensiones.
Nosotros estamos tan orgullosos como ustedes de que la sociedad española tenga esta garantía, pero debemos recordarles que si ustedes lo están es porque rectificaron.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecerle a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senadora Do Campo, la explicación rigurosa por la que se van a oponer a esta enmienda.
Quiero hacer una reflexión porque, evidentemente, nosotros estamos por ese objetivo de unificación de los topes de cotización. Si ya en su momento se habló de hacer la previsión gradualmente, eso fue, precisamente, porque se quería evitar una pérdida excesivamente rápida de competitividad para aquellas empresas más afectadas por los grupos de cotización más bajos. Y si hemos presentado la enmienda es porque en determinadas asociaciones empresariales, sobre todo de pequeñas y medianas empresas, se ha encendido una alarma tras aplicar durante cuatro años ese proceso gradual. El darles una moratoria, como están pidiendo estos empresarios para proteger su competitividad, en ningún caso significa no estar de acuerdo ni dejar de compartir el objetivo que se persigue a partir del Pacto de Toledo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer muy brevemente a los portavoces del Grupo Parlamentario Popular las respuestas que han dado a nuestras enmiendas, aunque lamento que no las acepten.
Quiero insistir en el carácter fundamental que para nosotros tiene el sistema público de reparto de Seguridad Social en España: ser un sistema solidario por encima de cualquier otra consideración. Y solidaridad significa atender más directamente y en mayor proporción a los que más lo necesitan.
Ustedes saben, como lo sabemos nosotros, que estas pensiones se van a incrementar por encima de la inflación prevista. Lo que pasa es que eso va a tener lugar cuando el Gobierno llegue a un acuerdo con los sindicatos en la mesa de diálogo social. Esa mesa está debatiendo estos asuntos, y ustedes van a llegar a un acuerdo con los sindicatos. Pero como con un incremento del 2 por ciento de las pensiones mínimas no se producirá ese acuerdo, y como el mismo es muy importante para ustedes, está claro que acabarán poniendo sobre la mesa ese mayor incremento, pero a cambio de algo.
Nosotros consideramos que los presupuestos para este próximo ejercicio se están debatiendo partiendo de situaciones que no son reales. Nuestro portavoz ya dejó ayer claro cuál es nuestro criterio en relación con el equilibrio presupuestario, un equilibrio ficticio que se parece más a un artificio contable que a un equilibrio presupuestario real.
Además, estamos debatiendo unos presupuestos con una previsión de inflación --elemento básico, clave y fundamental a la hora de debatir las cuentas del Estado-- que se aleja de la realidad. Vamos a terminar el mes de noviembre --que es el dato relevante a los efectos de revisión de pensiones, como ustedes saben-- con una inflación muy cercana al 4 por ciento, y por tanto, la previsión del 2 por ciento para el año que viene se nos antoja tremendamente voluntarista. Además, a todo esto, en lo que a temas de Seguridad Social se refiere, tenemos que añadir que la posición de fondo del Gobierno y, por tanto, del Grupo que le apoya, no se está aportando en el Parlamento sino que se aporta en la mesa del diálogo social. Reconocerán ustedes con nosotros que los Senadores de la oposición nos vemos muy limitados a la hora de abordar un debate riguroso y serio en relación con estos temas. Nosotros hubiésemos querido que estos asuntos de Seguridad Social, tanto el tema de la fuente de financiación --a la que seguramente nos referiremos hoy o mañana-- como el de la dotación del fondo de reservas, que es lo que he creído entender en esa

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expresión del fondo de garantía, y los incrementos de las pensiones mínimas, se hubieran debatido, no sólo formalmente, sino a fondo y en sede parlamentaria. Desgraciadamente no está ocurriendo así, y eso está limitando de manera importante las posibilidades que se deberían desprender del debate de Presupuestos en su conjunto.
En cuanto al acercamiento de las bases de cotización, la Senadora Do Campo me ha dado una explicación muy rigurosa en relación con este asunto que no podemos compartir. En la esencia del Pacto de Toledo hay dos o tres conceptos que ustedes conocen igual que yo y que son fundamentales.
Uno es la separación de las fuentes de financiación y otro es el acercamiento de las bases de cotización a los salarios reales. En ese contexto es en el que nosotros hemos planteado esa enmienda. Lamento que ustedes no la compartan.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
El Senador Barquero tiene la palabra en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradezco el tono de moderación y de diálogo sosegado de todos los intervinientes y, especialmente, del Senador Romero, del Grupo Parlamentario Socialista. En cuanto al portavoz de Izquierda Unida, ha hecho ciertas descalificaciones, como que es impresentable la subida del 2 por ciento, también ha hablado de trampa y, en una enmienda concreta, de discriminación respecto a víctimas. Ya no me voy a meter más con esa enmienda porque, sinceramente se lo digo, Senador, tal y como está planteada tiene tales deficiencias técnicas que se descalifica por sí misma. Por ejemplo, no sé si se habrán dado cuenta de que con esa formulación ni siquiera los causahabientes tienen derecho a esa pensión extraordinaria que rompe el límite máximo, sencillamente porque está mal planteada. Es decir, con su enmienda consiguen lo que no quieren; beneficiar a los que están en ese supuesto, mal regulado, precisamente para las pensiones más altas. Seguro que no quieren eso, y no les voy a decir ahora que discriminan a los de arriba respecto a los de abajo, no, porque no es ésa su intención; vean ustedes las intenciones.
Y cuando se habla de aumento de pensiones mínimas, en un presupuesto para el año 2001 es fácil olvidarse de cómo han ido evolucionando las pensiones en estos años. Muy brevemente me he tomado la molestia de ver por dónde han ido las subidas de las pensiones en estos últimos años. Se ha dicho aquí, pero conviene recordarlo porque las fechas son muy recientes todavía. En el año 1996 el Gobierno del Partido Popular heredó una Seguridad Social con más de medio billón de pesetas de déficit. En el año 1999 hubo un acuerdo entre Gobierno y sindicatos para la subida de las pensiones, y la pensión de jubilación con cónyuge a cargo se equiparó al salario mínimo interprofesional. El Gobierno del Partido Popular, como fruto de un consenso con todos, aprobó en la anterior legislatura, mediante ley, la recuperación del valor adquisitivo de las pensiones por desviación al alza del IPC, como ha reconocido el Senador Aleu hace un momento. En el año 2000 el Gobierno del Partido Popular llegó a un acuerdo con los interlocutores sociales y las pensiones mínimas se incrementaron en un 5,4 por ciento, señorías, y estamos hablando del año 2000. Se subieron las pensiones de jubilación de menores de 60 años sin cónyuge a cargo casi el 11 por ciento, y con cargas familiares el 15,95 por ciento.
En su programa para esta legislatura el Partido Popular tiene un compromiso electoral serio con las pensiones de viudedad y serán elevadas, al menos, en diez puntos. Cuando se habla de subidas de pensiones no hay que ver solamente el momento presente, sino la trayectoria, al menos, de los últimos tres o cuatro años. Si estos datos que acabo de mencionar y que todas sus señorías pueden comprobar, merecen calificativos de trampa, discriminación, impresentable subida, evidentemente, son juicios de valor que si no se descalifican por sí mismos, desde luego los hechos de este Gobierno los descalifican suficientemente.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías,

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barquero.
Continuamos el debate de las enmiendas, en este caso, al Título V, Operaciones Financieras, Anexo III y Sección 06, Créditos a Organismos Públicos, presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para la defensa de las enmiendas números 1056 a 1060, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estas enmiendas se refieren fundamentalmente al Fondo de Ayuda al Desarrollo. En concreto, en la número 1056, de modificación al artículo 57, Fondo de Ayuda al Desarrollo, planteamos que el importe real de préstamos aprobados desde el año 1995 no ha excedido de 35.000 millones de pesetas, proponiendo adecuar la partida a esa cantidad. Esta enmienda no significa que estemos en desacuerdo con inversiones o ayudas al desarrollo, porque luego hay otras enmiendas que, lógicamente, lo compensan, pero es conveniente ajustar a la realidad lo que se gasta.
La enmienda número 1057 la damos por defendida, y la número 1058 representa la intención de Izquierda Unida de añadir al artículo 57 la creación de un fondo de condonación de la deuda externa dotado con 45.000 millones de pesetas. Creemos que los problemas que la deuda externa implica a los países del sur son importantísimos y de carácter vital por lo que debe ser abolida, tal como lo han solicitado recientemente más de un millón de ciudadanos en la su consulta ciudadana para la abolición de la deuda externa. En este camino los 45.000 millones de pesetas deben ejecutarse tanto en operaciones relacionadas con la deuda del Estado español como en aportaciones a operaciones multilaterales. La enmienda 1059 va en esta misma dirección y, por tanto, la doy por defendida.


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Por último, la enmienda número 1060 se justifica porque creemos que es fundamental que la financiación de la cooperación bilateral quede regulada en el marco de la Ley de Cooperación para el Desarrollo.
Planteamos la modificación del artículo 58 de la ley de presupuestos en el siguiente tenor: «La utilización de este fondo cumplirá todos los requisitos recogidos en la Ley de Cooperación para el Desarrollo y en el Reglamento que se apruebe», con la intención, que comentaba, de que este tipo de cuestiones estén en el marco de la Ley de Cooperación.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara. Es el turno ahora de la defensa de las enmiendas números 465 a 469 y 528, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
El Senador Mesa tiene la palabra.


El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las seis enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y la Entesa Catalana de Progrés al Título V y al Anexo III de esta Ley de Presupuestos Generales del Estado para el 2001.
Estas seis enmiendas las podemos dividir en dos grupos. Las números 465, 466 y 528 son referentes a la deuda del Ente Público Radiotelevisión Española. Como en otras ocasiones, no voy a entrar en el fondo del endeudamiento del Ente Público Radiotelevisión Española porque tendremos oportunidad de hacerlo cuando, casi al final del debate de los presupuestos, discutamos la financiación de dicho ente, concretamente la enmienda número 918 presentada por mi Grupo. Solamente quiero anunciar en este momento a sus señorías que esta enmienda pretende que el Estado asuma con efectos de 1º de enero de 2001 la deuda de Radiotelevisión Española, por un importe de 80.000 millones de pesetas, y que sean por cuenta del ente los intereses hasta la fecha de asunción.
El otro grupo de enmiendas, las números 467, 468 y 469 afectan a los artículos 57 y 58, y pretenden algo en lo que ya incidimos en el presupuesto del año anterior y que coincide en parte con lo expuesto por el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara. Nuestra intención es crear un fondo de deuda destinado a ejecutar contra el mismo las operaciones relacionadas con el tratamiento de la deuda en el Estado español con los países más pobres y, además, que el Gobierno informe semestralmente al Congreso y al Senado de las operaciones relacionadas con cargo a dicho fondo.
En mi opinión, si todos los grupos, todos los miembros de esta Cámara coincidimos en que uno de los mayores problemas que pueden tener los países más pobres es la deuda externa, tendremos que poner en marcha mecanismos para ir corrigiéndola. Y creo que ésta es una fórmula para empezar a corregir este lastre que tienen los países más pobres, que --insisto-- es la deuda externa.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Soto.


El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como muy bien ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, parece más correcto debatir las enmiendas relacionadas con el Ente Público Radiotelevisión Española cuando se discutan los presupuestos del citado Ente.
Las enmiendas relacionadas más directamente con los artículos del Título V, correspondientes a los Grupos Socialista, Entesa y Mixto, creo que se pueden dividir en tres apartados concretos: en primer lugar, las relacionadas con el Fondo de Ayuda al Desarrollo; en segundo lugar, las referentes a la creación de un fondo de condonación de deuda externa y, finalmente, las relativas al Fondo para la concesión de microcréditos.
En cuanto a las enmiendas sobre el Fondo de Ayuda al Desarrollo, que proponen rebajas por parte de los tres Grupos --de los 80.000 millones de pesetas que propone el proyecto de ley a los 50.000 millones de pesetas que propone el Grupo Parlamentario Socialista y los 35.000 millones de pesetas de la enmienda del Grupo Mixto-- creo que es muy difícil que la justificación de estas enmiendas pueda dar lugar a nuestro apoyo. Y creo que hay razones claras para ello. El gasto real del Fondo de Ayuda al Desarrollo prácticamente equivale hoy día a la cantidad presupuestada. Es más, la evolución del gasto de este fondo viene siendo especialmente favorable a lo largo de los últimos tres años. El Gobierno del Partido Popular encontró un fondo muy alicaído, no excesivamente eficaz, y hoy podemos decir que tanto por lo que se refiere a los importes totales que asignamos en cada ley de presupuestos al fondo, como desde el punto de vista de la calidad de los proyectos que se van incorporando al mismo, su estado es bueno, por no decir muy bueno. Por otra parte, la tendencia a la baja del Fondo de Ayuda al Desarrollo en el conjunto de la ayuda oficial debe venir --y está llegando--precisamente por la vía del aumento del resto de la ayuda, no por la rebaja del fondo.
Pienso que es muy difícil aceptar la creación del fondo de condonación de la deuda externa a través de estas enmiendas, puesto que, en primer lugar, no vemos la finalidad concreta --sí la genérica-- y no se conoce cómo se administraría ni cuál sería el estudio del plan de actuación relativo al mismo. En mi opinión, la creación de un fondo de estas características debiera hacerse mediante ley, en la que se regulasen todos los aspectos mencionados. Por tanto, carece de sentido dotar de un crédito a un fondo que no está debidamente regulado.
Asimismo, debemos tener en cuenta que las actuaciones relativas a condonación de deuda --en mi opinión, es lo más importante-- no se traducen en un mayor gasto, sino más bien en un menor ingreso, como consecuencia lógica de la no devolución de los préstamos efectuados. Por tanto, va a ser difícil que se puedan aceptar estas enmiendas. Además, entiendo que no sólo por razones técnicas, que también, ya que la ausencia de una partida presupuestaria

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propia no ha impedido hasta ahora la gestión muy activa y ambiciosa de la deuda externa y en ningún caso ha estado sujeta al mayor vaivén presupuestario de dotaciones específicas para ello.
Desde el punto de vista de la iniciativa relativa a la reducción de la deuda externa de los países pobres, altamente endeudados, la condonación se hace efectiva en el momento en que el país deudor completa una serie de procesos de reformas estructurales que se consideran necesarios para alcanzar el objetivo de la reducción de la pobreza. Por ello, no es posible saber de antemano a cuánto ascenderá y a qué países corresponde esta condonación efectiva en un determinado período como es el ejercicio presupuestario, razón por la que rechazaremos estas enmiendas relativas a la creación de este fondo de condonación de deuda externa.
En cuanto a las enmiendas relacionadas con el fondo para la concesión de microcréditos, refiriéndome concretamente a la número 468, de los Grupos Socialista y Entesa, hay que decir que establecer límites reglamentarios a los gastos de asistencia técnica de los proyectos, como propone la misma, en estos momentos es un tanto anecdótico, ya que, de acuerdo con el propio Real Decreto que regula el fondo de concesión de microcréditos para proyectos de desarrollo social básico en el exterior, el comité ejecutivo de dicho fondo es el órgano encargado de analizar y aprobar, en su caso, todas las operaciones que con cargo al mismo se vayan a realizar, las cuales posteriormente, como es lógico, deben ser aprobadas por el Consejo de Ministros. Entre estas operaciones se encuentran precisamente los gastos de asistencia técnica derivados de los análisis de viabilidad de los proyectos que se van a financiar con microcréditos y, por tanto, el límite a dichos gastos viene impuesto por el propio diseño de los proyectos, no por ninguna cuestión legal específica, que más bien tendría que estar sometida a norma reglamentaria y no a norma con rango de ley. De ahí que resulte innecesario regular de forma más exhaustiva el funcionamiento del Fondo a través de la Ley de Presupuestos.
En cuanto a la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, la número 1060, sobre este mismo fondo de concesión de microcréditos, podemos decir que es innecesario añadir ningún párrafo, ya que el artículo 105 de la Ley 50/1998, de acompañamiento a los presupuestos, aún vigente y que regula precisamente el fondo para la concesión de microcréditos, expresa que este fondo será destinado específicamente a la ejecución de proyectos de desarrollo social básico, a los que se refiere el artículo 28.1 de la Ley de Cooperación. Por tanto, esta enmienda es innecesaria y existe ya una regulación muy concreta y específica a este respecto desde el punto de vista legal.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Soto.
Comienza el turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
Quisiera agradecer el tono con que su señoría ha expuesto la defensa de su posición, rechazando todas y cada una de las enmiendas, pero permítame que, con el mismo tono, le diga que un debate de presupuestos es para hacer política sobre las diferentes materias. A veces, ustedes emplean demasiados argumentos de carácter técnico pero, en mi opinión, en este debate hay que hacer política. A fin de cuentas, es la ley fundamental que posteriormente regula múltiples aspectos de la vida política en todos los sentidos. Por tanto, planteamos la creación de un fondo y creemos que no es tan difícil regularlo. En mi opinión, lo primero es la política y después está la cuestión técnica. Para eso está el Gobierno y hay instrumentos que permiten regular fondos, o lo que sea, con el fin de buscar el objetivo esencial. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La condonación de la deuda externa no sólo afecta a la sensibilidad ciudadana, cada vez mayor, debido fundamentalmente, por desgracia y entre otras razones, a la cantidad de gente que llega a nuestras tierras huyendo del hambre y de la miseria. Por esta razón, hay que desarrollar políticas en la dirección correcta, mediante ayudas y otras iniciativas, y también mediante la abolición directa de la deuda externa. Es una política necesaria en la medida en que no sólo es de justicia, para distribuir la riqueza mundial y facilitar el desarrollo de los pueblos, sino que, además, es beneficiosa, esencialmente, a efectos de los flujos migratorios, que son imparables y producto de lo que anteriormente decía: del hambre y las múltiples miserias que se dan en algunos países del hemisferio sur.
Es por esta razón por la que creo que España debe aportar mucho más a este fin, por lo que siento que no acepten esta enmienda o que, al menos, se hubiese llegado a alguna propuesta parcial para conseguir alguna política en torno a esta línea que ustedes rechazan, sin que podamos comprender la razón. En cualquier caso, tengan en cuenta que cada vez estarán más en contra de lo que opina muchísima gente, sobre todo, mucha gente joven, que ve con bastante preocupación este tipo de políticas que el Gobierno español puede aplicar.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no se hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tampoco.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés tampoco.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Mesa tiene la palabra.


El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señor Presidente.
Simplemente, quiero incidir en la cuestión del fondo de condonación de la deuda externa. Tiene razón el señor Cámara

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cuando dice que no se puede utilizar siempre ese argumento, o al menos puede durar muy poco, a la hora de poner en marcha una medida que va a dar respuesta a lo que pide la ciudadanía. Pero, además, coincidimos en que hay que poner en marcha mecanismos para reducir la deuda de los países externos.
Hay que colaborar desde la solidaridad y no puede servir siempre como excusa que eso implicaría elaborar leyes. Que diga eso el Grupo que apoya al Gobierno con una mayoría absoluta tiene muy poco sentido porque son ustedes los que pueden ponerse a trabajar y hacerlo. Creo que las excusas de ese tipo se les van a acabar muy pronto, y --como decía el señor Cámara-- los ciudadanos se van a dar cuenta de que falta voluntad política. Por poner una comparación, esa excusa les va a durar tan poco como el tan manido argumento de me lo han dejado muy mal los anteriores; dura el primer año, el segundo y el tercero, pero cuando llevan cinco ya no es creíble.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Mesa.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Soto tiene la palabra.


El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Coincido con el Senador Cámara --como no podía ser menos-- en que el fondo de condonación de la deuda externa quizá sea necesario y, sin duda, compartimos la sensibilidad ciudadana existente sobre la condonación de la deuda externa de determinados países. Lo que ocurre es que los problemas de fondo no se resuelven con un fondo de condonación de deuda externa.
Sepa, señoría, que la deuda externa ya se está condonando de una forma sistemática sobre la base de los criterios que ya le he apuntado. Pero es que para que sea posible esa condonación son necesarios unos procesos muy precisos de reforma en los países deudores a fin de que tengan una serie de estructuras propias. Por tanto, el propósito de reducción de deuda externa no es tan sencillo, al menos tal y como lo propone el sistema de reducción de la deuda de los países pobres altamente endeudados.
Compartimos sus inquietudes y no estamos parados. En ese sentido, la Ley de cooperación al desarrollo recoge una serie de mecanismos, dentro de los entornos orgánicos que ha creado la ley, suficientemente precisos para analizar la deuda externa de todos estos países. Considero que en estos momentos el fondo de condonación, tal y como se plantea, no es necesario, pero insistimos en que la deuda externa tiene que seguir reduciéndose en la línea en que lo estamos haciendo y, posiblemente con más insistencia, a través de los mecanismos que la propia Ley de cooperación prevé en cuanto a la regulación y orientaciones que los organismos contenidos en ella están estableciendo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Soto.
Pasamos al Título VI, artículos 59 a 66. Enmiendas números 1061, 1062 y 1063 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La primera enmienda, la número 1061, se formula al artículo 62 bis del Título VI. Propone la actualización del cuadro de tarifas regulado en la Ley 39/1988, relativo al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, con el fin de evitar su obsolescencia en términos monetarios, puesto que han transcurrido varios ejercicios sin que se hayan corregido. Se trata de mantener actualizada la base imponible del Impuesto, lo cual no conduce a un aumento de la presión fiscal sino a su mantenimiento.
La segunda enmienda, la número 1062, pretende aclarar que la exención de las obras benéfico-sociales de las cajas de ahorro no incluye aquellas actividades que, aun estando enmarcadas en este ámbito, puedan conllevar finalidades lucrativas o comerciales. Se trata de asentar este criterio por el papel social que tienen las cajas de ahorro.
Doy por defendida la enmienda número 1063.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Pasamos a las enmiendas 935, 936 y 937 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo ha presentado tres enmiendas que tienen mucho que ver con lo manifestado ayer durante el debate del veto a la totalidad y que están relacionadas con la pérdida de los beneficios fiscales o la política fiscal reductora aplicada por el Gobierno, extensible a todos los ciudadanos según las bases liquidables planteadas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
En la enmienda número 935 proponemos una tarifa que se corresponde con la aplicable en el año 2000, pero deflactada en un 2 por ciento. Como decía ayer --y hoy lo repito--, en un Impuesto con una escala progresiva un incremento de la renta gravable ocasiona un aumento estrictamente nominal de las rentas percibidas por los contribuyentes y provoca un aumento de la presión fiscal. Ayer intenté demostrarlo y hoy lo quiero repetir.
En consecuencia, el mantenimiento de la presión fiscal real que soportan los contribuyentes en el IRPF requiere necesariamente una adaptación de la escala del impuesto de acuerdo con la evolución de los precios. En otro caso, se estará provocando una elevación encubierta de la presión fiscal y los contribuyentes verán reducida su renta real disponible.
Ayer dijimos esto con las mismas palabras, pero hoy lo voy a adornar con un ejemplo. Si la base liquidable de un trabajador en el año 2000 era de 3 millones de pesetas y ésta se incrementa en el año 2001 en la inflación esperada,

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un 2 por ciento, la cuota resultante, general más autonómica, de estos 3.060.000 pesetas se incrementa en un 2,36 por ciento, lo que supone un evidente incremento de la presión fiscal, que se traduce para este contribuyente en un exceso recaudado por Hacienda de 2.548 pesetas. Este incremento, debido a la técnica de la construcción de la tarifa del impuesto, es mayor cuanto mayor sea el marginal del contribuyente. El exceso de cuota debido a la no deflactación de la tarifa es el siguiente.
Para una base liquidable de 624.000 pesetas el incremento de cuota sería 720; para una base liquidable media de 4.265.500 sería de casi 10.000 pesetas; y para una base liquidable de 11.444.500 pesetas, donde se encuentran muchos de los Senadores aquí presentes y ausentes, el incremento de la cuota sería prácticamente de 30.000 pesetas.
Esto mismo lo aplicamos en la enmienda número 936, y utilizamos argumentos muy similares en los que no voy a extenderme porque el anteriormente expuesto es suficientemente claro.
La enmienda 937 se refiere a los mínimos personal y familiar en cuanto a elementos deducibles. Se trata de cuantificar aquellas partes de la renta del contribuyente que dedica a la cobertura de sus necesidades esenciales básicas y a las de los miembros de su familia, impedidos o de cierta edad, que dependan económicamente de él, para que estos mínimos tengan un tratamiento específico. Si se reduce la base imponible en esas cuantías, se trata de gravar la capacidad económica real del contribuyente --aquella que le queda después de haber atendido a esos familiares con algún tipo de impedimento--, entendida como la renta discrecional de la que dispone una vez cubiertas las referidas necesidades esenciales.
Ahora bien, si las cuantías de los mínimos personal y familiar no tienen en consideración la evolución de los precios, el contribuyente se encontrará con que la renta real que a efectos del IRPF se considera necesaria para cubrir sus necesidades básicas es cada vez menor. Ello a pesar de que en la realidad la financiación de estas necesidades básicas también se ve afectada por el incremento de los precios, alza externa a lo que es la operación estrictamente hacendística.
En consecuencia, la inadaptación de los mínimos personal y familiar a la tasa de inflación ocasiona un aumento encubierto de la presión fiscal, como en el caso anterior; situación que, a través de esta enmienda, se propone corregir mediante la deflactación en un 2 por ciento (tasa de inflación prevista por el Gobierno para el año 2001 en el proyecto de presupuestos generales), de la cuantía de los referidos mínimos personal y familiar, con lo cual estaríamos introduciendo un equilibrio y, sobre todo, una actuación equitativa, con respecto a los contribuyentes con cargas familiares.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.
Enmiendas números 470 a 474 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.
El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista a este Título VI, Normas Tributarias, van a desarrollar la filosofía política de nuestro grupo en la discusión de este presupuesto.
Ya señalábamos ayer que el grupo que apoya al Gobierno, y el propio Gobierno, han preferido utilizar los datos de una forma absolutamente sesgada y argumentar la necesidad de estabilidad en las normas tributarias para no deflactar las tarifas de renta; sin embargo, no tienen ningún empacho en producir modificaciones tributarias sobre las ganancias patrimoniales en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en la ley que acabamos de aprobar en esta Cámara como desarrollo de uno de los decretos legislativos del Gobierno de junio de este año.
También yo había buscado ejemplos de lo que supone la deflactación, o la no deflactación, de la tarifa de renta que puede ser la base imponible y la base liquidable de una familia española media y, de la misma manera que ha hecho el Senador Albistur, me van a permitir que les comente dos ejemplos muy claros: una familia que gane dos millones de pesetas y que tenga dos hijos, en función de la aplicación del mínimo personal, del mínimo exento y del mínimo familiar, el año pasado pagaba 114.000 pesetas en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas; si esa familia ve incrementados sus rendimientos --básicamente salariales-- en un 2 por ciento, va a pagar 8.000 pesetas más. Ustedes pueden decir que esta cantidad no es muy alta, pero 8.000 pesetas más, sumadas a las 114.000 pesetas, suponen que su Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas va a crecer algo más de un 6 por ciento, en lugar de un 2 por ciento.
¿Por qué? Por la progresividad en frío y no voy a entrar en la explicación porque, precisamente, lo ha hecho el Senador Albistur.
¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de cantidades que multiplicadas por una cifra de 14 millones de contribuyentes suponen que, por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, en el año 2001, a los españoles se les va a cobrar 225.000 millones de pesetas más que lo que supondría la mera aplicación de las tarifas en términos de pesetas constantes; es decir, el mismo tipo impositivo al mismo nivel de rentas efectivo que tenga cada familia.
No entiendo cómo es posible defender que se realice una reforma que rebaja la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en 800.000 millones de pesetas y, a continuación, no deflactar sucesivamente dos años la tarifa, lo cual, en la práctica, anula el efecto de la mitad de las mejoras en la recaudación. Además, como tampoco se modifican los mínimos declarados exentos en el impuesto, afecta especialmente --y ahí sí que discrepo del Senador Albistur-- a las familias con menos ingresos, ya que solamente la no actualización de los mínimos exentos supone que los contribuyentes con menor renta van a pagar algunos miles de pesetas más de impuesto.
La opción que ustedes han elegido es que las ganancias patrimoniales tributen el 10 por ciento menos, que van a tributar el 18 por ciento en lugar del 20 por ciento, y que tributen un 10 por ciento más los españoles que ganan menos

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dinero, como es el caso de los trabajadores por cuenta ajena. Esta es su opción de política fiscal y no hay otra, y éstos son los efectos de la no deflactación de la tarifa del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Es curioso que ustedes hagan de la necesidad virtud y argumenten la conveniencia de no deflactar los tipos, porque en el informe de los expertos que sustenta la reforma del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas --el denominado convencionalmente informe Lagares--, se defendía explícitamente que en la misma ley del impuesto existiera una norma que impusiera la obligación de deflactar las tarifas y acomodarlas a la inflación --que no a la inflación prevista--, lo que supondría que no estaríamos haciendo aquí acomodaciones del 2 por ciento sino del 6 por ciento porque ha habido dos años en los que no se ha producido esta acomodación de las tarifas. El informe Lagares defendía que era necesario que la ley del impuesto contemplara explícitamente la deflactación de las tarifas, de acuerdo con la inflación y ustedes no quieren hacerlo, ¡allá ustedes! Pero, evidentemente, esto va a suponer que en el año 2001 la recaudación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no va a crecer lo que dicen las previsiones presupuestarias, y cuando acabemos el año con un 2 o un 3 por ciento más de recaudación, habrá un incremento de la presión fiscal --no ya en términos generales, sino en términos efectivos-- sobre los salarios de todos los españoles.
Un segundo bloque de enmiendas de mi grupo parlamentario a este Título hace referencia a la redistribución de la carga fiscal sobre los carburantes.
Ayer no quise entrar demasiado a debatir sobre esta cuestión, pero me parece importante entender que, de la misma manera que el Impuesto sobre Sociedades establece explícitamente un tipo especial para las empresas productoras y explotadoras de yacimientos de carburantes, así como para las distribuidoras, este tipo especial --que está configurado históricamente en la legislación tributaria española, pero explícitamente en el último Impuesto sobre Sociedades-- evolucione de acuerdo a lo que son los rendimientos de las empresas. No estamos diciendo que deba disminuir la factura fiscal que pagan los españoles por los carburantes, lo que decimos es que si las empresas petrolíferas ganan un 40 por ciento más, sus impuestos deben crecer más de lo que están creciendo al aplicar matemáticamente las normas tributarias en vigor, y que si los españoles tienen que pagar más por sus carburantes, además no deben pagar un plus fiscal derivado del mayor precio del combustible en forma de Impuesto sobre el Valor Añadido.
Por último, me voy a detener en la enmienda número 474, que hace referencia a la tasa por comunicaciones móviles de tercera generación, sistema UMTS. Ustedes han aprobado una tasa que es absolutamente congruente con la enmienda que presentaron, anunciaron a los medios de comunicación, y luego retiraron, a la ley de medidas en el Senado. Es decir, su valoración de lo que es el dominio público radioeléctrico, en este país, se deriva de la condición previa de que el Gobierno podía reasignar frecuencias, incluso --con las actuales frecuencias concedidas a los operadores que han sido objeto de la concesión-- podía otorgar nuevas frecuencias y, con el mismo sistema de comunicaciones móviles podía incrementar la competencia.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Granado, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GRANADO MARTINEZ: Termino, señor Presidente.
Ustedes presentaron esa enmienda, la anunciaron a los medios de comunicación, a continuación la retiraron y, a partir de ese momento, su valoración de la tasa es absolutamente incongruente. Con esta valoración están permitiendo, deliberadamente, que las compañías concesionarias tengan otro argumento más, y muy poderoso, para impugnar la tasa. Al final ya no sabemos si es que ustedes tienen una vocación enormemente samaritana de no cobrar impuestos a las empresas, sobre todo si son grandes, o si lo que están haciendo con esta tasa es cubrirse las espaldas y, en la práctica, producir una regulación que no se va a aplicar porque los tribunales de justicia van a declararla nula por sus evidentes incorrecciones técnicas e incongruencias.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Granado.
Turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Imbroda.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Es obvio que el Grupo Parlamentario Popular está de acuerdo con los argumentos que se han planteado aquí por los enmendantes y en desacuerdo con las enmiendas presentadas. Efectivamente, este grupo de enmiendas supone parte del tronco del presupuesto y éste es un todo en el cual las normas tributarias del Título VI, al que ahora nos referimos, sirven fundamentalmente para desarrollar una política económica que ha sido válida, que es correcta y que nos está haciendo crecer más que la media en Europa. Por tanto, pocos argumentos se pueden dar contra la obviedad del buen desarrollo económico de esta nación.
Me voy a referir a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida. La número 1063 propone una subida. de la tarifa del IAE en un 2 por ciento, y quiero decirle que los ayuntamientos tienen capacidad y potestad suficiente para hacerlo, pueden elevar las cuotas hasta tres o cuatro veces las actuales y, por tanto, no es necesario que nosotros tomemos ninguna decisión. Consideramos que no hay ninguna presentación previa de apoyo ni de estudio y, además, hay que tener en cuenta que hemos anunciado ya una supresión de este Impuesto sobre Actividades Económicas para determinados sujetos pasivos.
La enmienda número 1062 también hace referencia al citado impuesto y plantea la exención de las obras benéfico-sociales de las entidades de ahorro. Su planteamiento es una obviedad porque por su propia naturaleza significa que quedan fuera de las mismas y si aceptáramos esta enmienda haríamos desaparecer el hecho imponible del impuesto. Además, las cajas de ahorro se dedican a sus propias tareas y, por tanto, no hay que mencionar este asunto.


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La enmienda número 1061 se refiere al Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y quiero decir que en virtud de la Ley reguladora de las Haciendas Locales los ayuntamientos también pueden actualizar esas tarifas. sin necesidad de que el Gobierno y el Parlamento deban actuar en consecuencia, Hay un bloque de enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, todas ellas referidas a la deflactación y a la consideración definitiva que se hace de la inflación resultante por parte de algunos grupos parlamentarios, al parecer, en el tiempo y quizá sin solución. Está claro que la inflación ha sido coyuntural, es obvio que es poca la diferencia que existe como para que se produzca una modificación de las tarifas, las bases de un impuesto, y fundamentalmente está claro --lo digo para que se queden tranquilos-- que el Gobierno ya ha anunciado una nueva revisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en esta legislatura que conllevará --y con esto contesto al Senador Socialista-- una rebaja en este impuesto, al igual que los 800.000 millones de pesetas que se redujeron mediante revisiones al mismo. Por tanto, no hay que tener ninguna preocupación. Este Gobierno va seguir con la política fiscal que tan buenos resultados ha dado para el país, y continuaremos rebajando los impuestos. Esperamos el apoyo de todas sus señorías cuando se plantee en esta Cámara.
Hay varios bloques de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y uno de ellos se refiere a la telefonía móvil de tercera generación, las licencias, las tasas, la deflactación --sobre la que ya he contestado al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y creo que también vale para usted, pues sus argumentos son muy similares-- y los hidrocarburos.
En cuanto a la UMTS, quiero decir que nosotros no hemos copiado de otros países, sino que mediante un coeficiente corrector hemos actualizado un coeficiente que va a posibilitar que realmente cobremos durante 20 años unas cantidades importantes que, finalmente, servirán para compensar lo que ustedes querían que se hiciera de una sola vez y al principio. Es más justo que las distintas generaciones vayan cobrando y percibiendo los ingresos necesarios, que van a importar muchos miles de millones de pesetas, y no se preocupen porque nosotros somos los primeros interesados en que esto revierta en la ciudadanía.
Se ha hablado y discutido mucho sobre los hidrocarburos en cuanto a la política de bajada de impuestos. Se pretende bajar 5 pesetas el litro de gasolina y 10 el gasóleo bonificado. Quiero decir que esto supondría aproximadamente 320.000 millones de pesetas menos en este presupuesto, y también que existe un mínimo comunitario del gasóleo de automoción , el cual ustedes han superado en su enmienda, porque proponen 39.901 pesetas los 1.000 litros, cuando ustedes saben que no se puede bajar de 40.765 pesetas los 1.000 litros. Pero lo negativo de la bajada de este impuesto en cuanto al sistema económico español, a la economía española, ha sido suficientemente debatido ya hace unos meses, incluso compañeros suyos muy ilustres tampoco estaban conformes con esta bajada de los impuestos sobre los hidrocarburos porque afirmaban que sería un fallo garrafal en la economía; de la misma manera el señor Solbes se ha hartado de decirlo.
De nuevo me refiero a la deflactación, al porcentaje de la inflación que, como he dicho anteriormente, vamos a mejorar mucho más con la nueva revisión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Imbroda.
Turno de portavoces. ¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señor Presidente.
Señor representante del Grupo Parlamentario Popular, tengo que agradecerle que por lo menos nos haya respondido, pero lógicamente en esta especie de escenificación ustedes leen un informe elaborado por el Ministerio y nosotros trabajamos haciendo una lectura del presupuesto; además, responden a nuestros argumentos, que considero han sido bien detallados y ejemplificados --y perdóneme la expresión--, con simplezas como: puesto que ya hemos anunciado una reforma fiscal, esto ya se arreglará, y ustedes nos apoyarán. Sí, pero durante cinco años los ciudadanos van a estar soportando un incremento de la presión fiscal real, y se lo voy a demostrar con sus propias palabras y con cifras de este Libro amarillo que, en su página 61 --principales cifras de los presupuestos generales del Estado y políticas--, dice: En concreto, la recaudación por el Impuesto sobre el Valor Añadido, el Impuesto sobre Sociedades, y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en el Estado, que es el sector con mayor participación en los ingresos no financieros, crece un 6,5 por ciento en cuanto al IVA; un 17,9 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades y un 10,2 por ciento en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Si efectuamos la comparación no con el presupuesto inicial del año 2000, sino con el avance de liquidación de ese mismo año, estos porcentajes pasan a ser de un 7,6 por ciento del IVA, un 8,9 por ciento del Impuesto sobre Sociedades y un 5,8 por ciento sobre el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Fíjese en que un dos por ciento de este último incremento es estrictamente efecto de la inflación, es decir, son casi cuatro puntos debido al estricto incremento de la presión fiscal. Yo no me creo que el año que viene se incorporen más contribuyentes con mayores rentas a la sociedad española, sino que son el efecto exacto del incremento marginal de los ingresos que van a tener por sus salarios y por la adecuación de los convenios colectivos. Esto va a afectar directamente a los asalariados.
Yo creo que la mejor reforma fiscal que podíamos hacer para responderles casi en los mismos términos que ustedes plantean es que el señor Vicepresidente que está sentado en la Presidencia mande cerrar las puertas, votemos, que ganen

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las enmiendas de la oposición, y ya verá usted qué reforma fiscal vamos a tener, beneficiosa para los ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.
De momento, no mandaremos cerrar las puertas.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, Senador Imbroda, por la contestación. Voy a intentar señalar tres cuestiones que me parecen importantes.
En primer lugar, si ustedes están dispuestos a cuantificar lo que supone de incremento de recaudación el Impuesto sobre Sociedades sobre las empresas petrolíferas, nosotros estamos dispuestos a acomodar nuestras bajas en los impuestos sobre carburantes al exceso de recaudación y sociedades de las empresas, pero no me diga usted que nuestras bajas son demasiado para el presupuesto del Estado porque ustedes producen bajas todos los días, incremento de gasto con sus enmiendas todos los días, y ahora mismo vamos a producir por acuerdo de todos los grupos una nueva disminución de la recaudación en el Impuesto de matriculación que además va a ir muy mal, porque los dos últimos meses demuestran cómo están cayendo bastante en picado las ventas de automóviles. Lo que sucede es que ustedes no están dispuestos a bajar los impuestos, como pide la oposición, sino a producir una redistribución de la carga fiscal, como pide la oposición.
Ustedes quieren que los españoles, que van a tener menos renta disponible en el año 2001 por la elevación de los tipos de interés, por las hipotecas y por el incremento de los carburantes, paguen más impuestos, y que las empresas petroleras no paguen más, paguen lo mismo. Esta es su posición fiscal. Usted dice: sus enmiendas provocan una disminución exagerada. Muy bien, yo estoy dispuesto a transaccionar enmiendas que acomoden la disminución de recaudación en la misma medida en que se incremente la recaudación por el incremento de los tipos a las petroleras, pero ustedes van a decir que no.
En segundo lugar, respecto al Impuesto sobre la Renta, Senador Imbroda, usted ha oído, como yo, hablar al Ministro ayer de la necesaria estabilidad de las normas tributarías. Pero usted lo que nos propone es la política fiscal de la Parrala: bajamos los impuestos un año, los subimos dos o tres, y cuando ya los hemos subido lo suficiente, los volvemos a bajar. Yo creo que sería más razonable no hacer reformas del Impuesto sobre la Renta cada cuatro años, sino buscar un Impuesto sobre la Renta estable que pudiera permanecer en un continuo razonable, que creciera lo mismo que el producto interior bruto, que no subiera la presión fiscal para cada familia española ningún año, y que tampoco bajara, porque fuera un impuesto justo. No me venga usted diciendo que tenemos que subir los impuestos el año 2001 para bajarlos el año 2002, porque esto es una aberración. Casi me dan ganas de decir que es una tontería, porque con los mismos argumentos no se puede justificar lo comido y lo servido. No se puede justificar que es bueno bajar los impuestos, y justificar que es bueno subirlos.
El año 2001 el Impuesto sobre la Renta de las familias españolas va a subir, y es una barbaridad que se diga que tiene que subir el año 2001 para que baje el año 2002. Pero es que además, ¿ustedes saben qué tipo de mensajes estamos dirigiendo a la opinión pública cuando le estamos diciendo que el año que viene va a tener menos renta disponible porque van a subir las hipotecas por la elevación de los tipos de interés, va a tener menos renta disponible porque van a subir los combustibles y los carburantes, la calefacción y los medios de transporte, van a subir los impuestos y que los salarios sólo van a crecer el 2 por ciento? Son mensajes que van en contra de una dirección mínimamente solvente de la política económica. Es mucho más fácil conseguir moderación salarial si los impuestos no suben que si suben, y ustedes van a recaudar 200.000 millones más de pesetas en renta y van a hacer que los trabajadores españoles pidan incrementos salariales del 4 por ciento el año 2001, y nadie va a podérselo negar en términos razonables, y los primeros que no se lo niegan son sus propias Comunidades Autónomas, que están pactando de tapadillo --y negociando luego con el Ministerio de Economía que no se lo recurran-- incrementos salariales para los empleados públicos que desbordan el 2 por ciento. Al final, la apelación al 2 por ciento no se la va a creer nadie.
En tercer lugar, en lo que se refiere a la tasa de telefonía móvil --y con eso termino--, Senador Imbroda, fíese un poco de mí si le digo que la valoración que se hace en el proyecto de presupuestos de la tasa es la valoración de acuerdo con la enmienda que ustedes han retirado, es una valoración de precios que dice que en España tener un teléfono móvil tiene la mitad de rentabilidad que en Italia. Con el número de teléfonos móviles que hay en España y en Italia hemos otorgado al espacio radioeléctrico español la mitad de rentabilidad que en Italia, cuando nosotros no tenemos la mitad de poder adquisitivo que los italianos, ni tenemos la mitad de teléfonos móviles que los italianos, tenemos algunos menos, pero no la mitad. Ustedes, cuando hicieron esta valoración, estaban pensando en otorgar dos nuevas frecuencias de tecnología de tercera generación, de concesiones de telefonía de tercera generación, pero al final no lo van a hacer, por presiones del sector o por lo que sea. Anunciaron la enmienda pero luego la retiraron. Al final, la valoración es tan inconsistente y tan ajena a los precios de mercado, que ustedes lo que están haciendo es dar argumentos a las empresas para que se lo recurran ante los tribunales. Y ustedes no van a cobrar ni un duro de la puñetera tasa, en primer lugar porque lo van a avalar y lo van a recurrir, y hasta que no se sustancie en los tribunales de justicia, evidentemente no van a ingresar en el Tesoro ni una sola peseta a las empresas; en segundo lugar, porque tenemos muy serias dudas de que con este tipo de valoraciones, al final los tribunales no acaben dando la razón a las empresas.


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En conclusión, queda escrito esto en el «Diario de Sesiones», y el tiempo dirá quién tiene la razón, pero con este tipo de valoraciones incongruentes ustedes no están haciendo ningún favor ni a las arcas del Estado ni a la política tributaria del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Granado.
Por Grupo Parlamentario Popular el Senador Imbroda tiene la palabra.


El señor IMBRODA ORTIZ: Gracias, señor Presidente.
Empezaré contestando al señor portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el cual, haciendo números, dice que no se cree que va a aumentar la presión fiscal, pero al final le traiciona el subconsciente y dice: aunque no creo que vayan a empezar a aparecer nuevos contribuyentes, porque él sabe que cuando se ha hecho aquí política fiscal con el Gobierno anterior sí han aparecido muchos contribuyentes. Senador Albistur, es un problema de fe, pero no sólo fe en algo que no se ve, sino la fe con la certeza de que ya se ha visto. O sea, que quédese tranquilo que también buscaremos en esos yacimientos nuevos contribuyentes que tendrán que pagar impuestos, porque hemos hecho el milagro de que cada vez que se han bajado los 800.000 millones de IRPF o los 700.000 millones de las PYMEs, luego ha habido más recaudación.
Quiero decirle que por ese lado, tranquilo. Además, estos compartimentos estancos que estamos viendo aquí, con sus enmiendas, son una consecuencia de toda una política económica que he querido reflejar al principio de mi intervención, una política económica que funciona, que todavía no hemos visto otra mejor, y que está funcionando, que será perfectible, seguro, pero que está funcionando, y no querrán ustedes que echemos por tierra una política económica que funciona sólo para alimentar alguna satisfacción individual. Por tanto, tengo que rechazar sus enmiendas y ratificarme en los argumentos que le di sobre la inflación al principio de mi intervención.
Hemos discutido ya el tema de los hidrocarburos por activa y por pasiva en esta Cámara, y creo que ha quedado demostrado --compañeros del Grupo Parlamentario Socialista así lo han dicho--, que no es bueno bajar los impuestos en hidrocarburos para todos los ciudadanos, que era malo para la economía. Así pues, parece que estamos todos de acuerdo y, por tanto, ese debate ahora sobra porque ya hay base suficiente como para haber quedado demostrado lo que yo he dicho.
En cuanto a las empresas de hidrocarburos, en su enmienda hay un error.
Yo no he querido decirlo, pero en su enmienda se refieren a las empresas petrolíferas que tienen yacimientos en España, y aquí hay pocas empresas petrolíferas con yacimientos propios. Revísenlo ustedes.
Vuelvo a decir lo de antes. Por supuesto que no somos tan tontos como para subir los impuestos en el año 2001 y bajarlos en el año 2002. Eso el ciudadano lo ve claramente, eso es un absurdo. Nosotros hacemos una política económica y en su momento se acometen a fondo las revisiones de los impuestos del sistema tributario, que ha dado lugar a una gran creación de empleo, y además a una gran justicia fiscal, porque cada vez los exentos han sido mucho mayores, han dejado de declarar pensionistas, asalariados de bajo sueldo, y eso es una política social y redistributiva que hemos hecho nosotros. Por tanto, no acepto que vayamos a primar la renta de capital sobre la renta de trabajo, porque quiero decirle que en el Impuesto sobre la Renta ha aumentado más lo obtenido por renta de capital que por renta de trabajo. Por algo será.
Termino ratificando el rechazo de todas estas enmiendas y diciendo que creo que los ciudadanos han entendido perfectamente los mensajes que nosotros estamos dando; lo entendieron hace ocho o nueve meses, y se entienden cada día, cuando hay más gente dándose de alta en la Seguridad Social, más gente cotizando y más gente trabajando. Creo que eso es lo que nos debe preocupar, tanto a ustedes como a nosotros.
Y puestos a dar mensajes, le diré, señoría, que me costó mucho trabajo escuchar aquí a un portavoz del Grupo Socialista, en un debate con el Ministro señor Rato, decir que nosotros tenemos la culpa de la inflación por el calentamiento producido por la bajada de impuestos. Yo he oído decir aquí: Ustedes han bajado los impuestos porque era una medida de carácter electoralista y, por tanto, ustedes también tienen la culpa del calentamiento de la economía. Pero ese mismo día el señor Zapatero estaba diciéndole al Ministro en el Congreso: Tiene usted que bajar los impuestos.
Realmente había dos mensajes distintos, y seguro que los ciudadanos se han dado cuenta. Por tanto, mensaje por mensaje, me quedo con el nuestro.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Imbroda.
Pasamos al debate del Título VII, artículos 67 a 86, y Secciones 32 y 33.
Enmiendas números 1064 a 1074, 1453, y 1456 a 1468, todas ellas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor Presidente.
Con la enmienda número 1064 pretendemos que se incremente en un 3 por ciento más las transferencias a las Comunidades Autónomas para permitir con ello una mayor entrega a cuenta a los municipios correspondientes a cada Comunidad, con el fin de que éstos tengan una mayor liquidez y disponibilidad económica.
La enmienda número 1065 propone que la cuantía prevista en el proyecto de presupuestos se incremente en un 30 por ciento más, lo que posibilitaría que mejoraran los problemas de insuficiencia financiera que existen en las corporaciones locales.
Con la enmienda número 1066 solicitamos que se cree un fondo de solidaridad municipal, dotado con 25.000 millones de pesetas desde los presupuestos generales del Estado,

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que permita a los pequeños municipios la formación de mancomunidades de servicios con objeto de que haya una mejor gestión y objetividad en lo que a la prestación de los servicios municipales se refiere.
La enmienda número 1067 prevé que el porcentaje de transferencias a los cabildos y provincias, actualmente en el 95 por ciento, pase a ser del 98 por ciento, al igual que ocurre con las Comunidades Autónomas, para generar una mayor liquidez respecto de la prestación de los servicios de los cabildos y provincias. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Las enmiendas números 1068 a 1072 pretenden compensaciones económicas desde los presupuestos generales del Estado para los municipios en lo referente a las exenciones y bonificaciones por política fiscal y otras cuestiones.
La enmienda número 1073 propone que, en aquellas Comunidades Autónomas en las que no se utiliza el sistema de financiación del quinquenio 1997-2001 y se sigue aplicando el del período 1992-96, si se produjeran, como se producen, perjuicios económicos en cuanto a las transferencias relacionadas con la financiación autonómica se pudiera aplicar un método que permitiera resarcirse de esas pérdidas por la utilización de un sistema de financiación distinto del que actualmente se utiliza en la mayoría de las Comunidades Autónomas, teniendo en cuenta el sistema de financiación de las Comunidades Autónomas para el sistema del quinquenio 1997-2001.
Con la enmienda número 1074 solicitamos que se incremente en 20.000 millones de pesetas el Fondo de Compensación Interterritorial; para ello, en otra de nuestras enmiendas plantearíamos cómo se haría la distribución para compensar a las Comunidades Autónomas con mayores problemas de financiación.
La enmienda número 1453 trata de dar cumplimiento a lo previsto en la disposición adicional segunda del Estatuto de Autonomía de Andalucía, en el que aparece la necesidad de financiación adicional por parte de los presupuestos generales del Estado para conseguir el equilibrio en la prestación de los servicios en esa Comunidad con respecto a la media del conjunto del Estado, lo que finalmente se ha conocido, por el impulso de Izquierda Unida en la Comunidad Autónoma andaluza, como la deuda histórica con Andalucía. A esos efectos, proponemos que se haga una transferencia de 51.000 millones de pesetas en el año 2001, porque, aunque en 1997 se transfirieron 20.000 millones de pesetas y a partir de ese momento se reconoció la existencia de esa deuda histórica, posteriormente no se ha producido ninguna otra transferencia, con lo cual, no sólo se está incumpliendo lo previsto en el propio Estatuto de Autonomía de Andalucía, sino la Ley Orgánica sobre Financiación de las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 1454 prevé una dotación adicional de casi 400.000 millones de pesetas para posibilitar una mejor financiación de las Comunidades Autónomas.
Con la enmienda número 1455 pretendemos una dotación de 2.500 millones de pesetas, porque Teruel también existe, como se ha manifestado recientemente a través de las movilizaciones de todos los colectivos de la población de esa provincia. Por tanto, es necesario prever una financiación desde los presupuestos generales del Estado para proyectos de inversión en Teruel.
La enmienda número 1456 propone una dotación en torno a 50.000 millones de pesetas para que el fondo de nivelación de servicios se haga efectivo, algo que desde 1997, y hasta estos momentos, no ha ocurrido. Por tanto, acumulando las cantidades previstas para cada uno de esos años, queremos que se dote un verdadero fondo de nivelación para un sistema de financiación autonómica que resuelva efectivamente los desequilibrios autonómicos que se producen en nuestro país.
Con la enmienda número 1457 solicitamos un fondo de 100.000 millones de pesetas para que la variable población sea verdaderamente objetiva en lo que a la participación en los ingresos del Estado se refiere. Dicho de otra manera, pedimos que en aquellas Comunidades Autónomas en las que no se está teniendo en cuenta el actual censo de población, de 1998, se considere éste a efectos de la participación en los ingresos del Estado.
No voy a decir aquí --se molestarían los señores del Grupo Popular-- que en Andalucía estamos siendo discriminados cuando no se tienen en cuenta casi a 400.000 habitantes, hombres y mujeres que vivimos en esa Comunidad, a los efectos de la variable de población para esa participación en los ingresos del Estado. Como digo, se molestarían si dijéramos que se nos está marginando, pero verdaderamente se nos margina si no se consideran esos 400.000 habitantes. De ahí nuestra enmienda.
Al igual que en el caso anterior, también existe una deuda histórica en la Comunidad Autónoma de Extremadura, por lo que solicitamos 10.000 millones de pesetas para ir resolviendo ese tema, que asimismo está previsto en su Estatuto de Autonomía.
Con la enmienda 1459 queremos que se dote un programa extraordinario, con 25.000 millones de pesetas, para el desarrollo del pacto local en las Comunidades Autónomas que permita transferencias sin destino concreto, con objeto de que aquellas competencias que se están transfiriendo a las Comunidades Autónomas y ayuntamientos tengan posibilidad de financiación económica.
La enmienda número 1460 pretende que la Ley de capitalidad, en relación con la ciudad de Madrid, en el contexto del desarrollo del Pacto local con esta Comunidad Autónoma, tenga una previsión para la financiación de esa Ley de Capitalidad, que debe contemplarse en los Presupuestos Generales del Estado; por eso planteamos una dotación de 3.000 millones de pesetas.
La enmienda número 1461 pretende que haya una dotación de 5.000 millones de pesetas destinados a inmigración en los ayuntamientos de la Comunidad Autónoma de Madrid.
La enmienda número 1462 pretende que haya una dotación adicional de 100.000 millones de pesetas para posibilitar que aquellos ayuntamientos menores de 25.000 habitantes en los que se está produciendo una despoblación, y por tanto un perjuicio en su desarrollo, tengan la posibilidad de una compensación económica para contrarrestar los

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problemas de financiación que se producen debido a su despoblación.
La enmienda número 1463 pretende incrementar el Fondo de Compensación Interterritorial en 20.000 millones de pesetas, con la distribución que planteamos en dicha enmienda en cuanto a la participación porcentual de cada una de las Comunidades Autónomas que tienen derecho a ella o a recibir ingresos del Fondo de Compensación Interterritorial.
La enmienda número 1464 pretende que el Fondo tenga un incremento adicional de 42.426 millones de pesetas, para que efectivamente dicho fondo mantenga el peso de las políticas de solidaridad interterritorial.
Por último, las enmiendas números 1465 a 1468 en relación con la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, se refieren a infraestructuras deportivas y a la construcción y equipamiento de centros educativos, que tienen una cuantificación de 500, 700, 500 y 700 millones de pesetas, respectivamente, para resolver el problema de déficit de infraestructuras deportivas y educativas en dicha Comunidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Corresponde ahora defender la enmienda número 42 al Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En la defensa del veto por nosotros presentado ya hicimos mención, a nuestro parecer, de que el proyecto de ley de Presupuestos no contemplaba las medidas necesarias para corregir los desequilibrios territoriales existentes. En enmiendas anteriormente defendidas por el Grupo Parlamentario Mixto, a través del Senador Cabrero, se hacía mención a la situación de diferentes ayuntamientos. Tengo que volver a insistir en la evidencia de que los presupuestos, tal cual quedan diseñados, recogen un modelo de participación de los ayuntamientos en los ingresos del Estado claramente perjudicial para los ayuntamientos gallegos, puesto que no van a poder contemplar, dentro de los criterios de reparto, algo tan esencial como sería tener en cuenta el número de núcleos de cada municipio y la extensión del territorio, y no sólo el criterio de población.
En esa misma perspectiva y en la intención de corregir desequilibrios territoriales, hemos presentado una enmienda que intenta ejemplarizar lo que estamos diciendo, que es la número 42, y en la que proponemos, en otro orden de cosas, un aumento global del importe del Fondo de Compensación Interterritorial para procurar, cuando menos por esa vía, la corrección de algunos desequilibrios.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, para la defensa de las enmiendas números 416 a 418, y número 424, tiene la palabra el Senador Armet.


El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intentaré ser muy breve. He de decir de entrada que vamos a defender también la enmienda número 425, que hace referencia a una disposición adicional. Por tanto, rogaría que se tuviera presente que se da también por defendida la enmienda número 425.
Nuestra posición ante la Sección 32 es de total estupor, por ver que se va consagrando un sistema de financiación autonómica ya periclitado, ya superado por los acontecimientos, que no funciona con los mecanismos legales habituales, sino con los mecanismos de seguridad o garantía previstos en el sistema, que estamos a casi un año de la revisión del propio sistema de financiación, y no se han dado pasos efectivos, no se han reconocido posibles errores y rectificaciones; no se ha utilizado la Cámara territorial por excelencia, que es el Senado, para hacer los debates o estudios en profundidad que hubieran permitido avanzar y dar líneas u orientaciones positivas a este nuevo sistema de financiación, y ante esto, lógicamente, tenemos una posición de estupor integral, valga la expresión, porque se pueden entender las posiciones del Gobierno desde la perspectiva de que están manteniendo el encanto del Gobierno en un tema que dominan perfectamente, pero en un tema que les ha dominado a ellos mismos el tiempo es un factor clave, y utilizar por tanto el tiempo de forma adecuada y las Cámaras representativas de la forma adecuada es la mejor manera de enfocar el futuro.
Pero, dicho esto, que no deja de ser un discurso, digamos, preparatorio de aspectos más concretos, las enmiendas intentan básicamente reequilibrar como mínimo la situación del transporte metropolitano de la ciudad de Barcelona, en relación a otras realidades metropolitanas de España, que evidentemente no cito ni critico, ni quiero establecer agravios comparativos, pero sí he de decir que existe una clara infravaloración del esfuerzo que en los Presupuestos Generales del Estado se hace en relación al transporte metropolitano en la ciudad de Barcelona. En ese sentido, pedimos, en primer lugar, un esfuerzo inversor significativo, no trascendental, perfectamente asumible; en segundo lugar, pedimos que se pueda establecer una cantidad, la misma, que se estableció el año anterior en lo que hace referencia al transporte regular de viajeros, y también pedimos que se pueda establecer una transferencia a las corporaciones locales para que los contratos-programa puedan tener la cantidad mínima necesaria con el fin de acometer nuevas inversiones. Este es el planteamiento.
La enmienda número 425 insta al Gobierno a realizar las gestiones necesarias para conseguir Fondos de Cohesión y que parte de estos fondos puedan servir para financiar concretamente la Línea 9 del Metro de Barcelona. Esta línea es la que comunica el aeropuerto con la ciudad y también establece un arco de comunicación por el interior de la propia ciudad; línea muy importante de cara al futuro.
Me gustaría hacer una reflexión de fondo que se basa en el siguiente argumento. No pedimos reequilibrio, no pedimos equiparación, no pedimos lo mismo que Madrid, pedimos simplemente un pequeño gesto político ante una clara infravaloración de las inversiones en el transporte metropolitano de Barcelona; un pequeño gesto político qué obedece a una necesidad objetiva inversora, como es

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una línea clave, la Línea 9, que tiene que ir ligada con la entrada del tren de alta velocidad a la ciudad de Barcelona, y que forma parte de un acuerdo de todas las instituciones públicas de Cataluña.
Soy consciente de que el Consejero de la Generalitat dice que estas enmiendas no prosperarán, pero también soy consciente de que los planteamientos coyunturales pueden establecer políticas extrañas por parte del Gobierno, y concretamente por el Grupo Parlamentario Popular, tanto en lo que hace referencia a los presupuestos de la Generalitat de Cataluña como a pequeños castigos puntuales en relación a temas sectoriales.
Yo les diría que los ciudadanos de Cataluña no tienen ninguna culpa de las tensiones permanentes que se están produciendo entre el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en relación a diversos temas, y cada semana nos obsequian con una situación que es agonizante y lacerante. Pasamos de una situación, en la anterior legislatura, que era de apoyo necesario, lo cual podía permitir unas ciertas contrapartidas, pero el resultado y el balance de esas contrapartidas no ha sido glorioso ni mucho menos, y ahora nos encontramos en una situación difícil. Lo que pido al Grupo Parlamentario Popular es que haga la siguiente consideración. Nuestras demandas son de mínimos, demandas razonables, demandas que establecerían una relación de inversión --digamos-- a Madrid, de cinco a uno a favor de Madrid. Nada más que eso. No estamos pidiendo equiparaciones sino mínimos movimientos logísticos en relación con una zona que tiene que jugar un cierto papel de pequeña locomotora de España al servicio de todas sus nacionalidades y regiones. Este es un concepto clave. Si nosotros, a partir de lo que constituyen pequeñas batallas políticas o políticas de campanario, lo que establecemos son dificultades en este campo, malo.
Por último voy a hacer una consideración con mayor profundidad, desde el momento en que se trata de una enmienda a la totalidad al Departamento de Fomento.
La política de infraestructuras en España debe dividirse en distintos conceptos, lógicamente, pero hay uno que es clave, que es el tratamiento de las grandes aglomeraciones, y si este tratamiento no se hace con una cierta equiparación, con una cierta voluntad de ver dónde están los problemas y de cómo se tienen que abordar, nos vamos a encontrar con problemas de una enorme dificultad. Entonces resulta que la singularidad de cada una de las instituciones puede dar unos resultados distintos que no obedecen a la voluntad política de nadie. Para entendernos, hay un gobierno en Cataluña que tiene que hacer una cierta política de reequilibrio en el conjunto de esa Comunidad y un gobierno de Madrid que actúa en una realidad muy concreta, claramente urbana. Si los problemas urbanos no son tratados con una cierta inteligencia por el Gobierno y resulta que hay un cierto premio bastante centralizado en un municipio claramente urbano, en una Comunidad Autónoma claramente urbana y en una realidad estatal que actúa en una realidad urbana y, además, con unos aportes de capitalidad significativos, la situación es enormemente compleja. Lo que pido es que, en relación al asunto del Metro --y no he sacado cifras, porque serían lacerantes--, se haga el esfuerzo para lograr que la línea 9 pueda ser incluida dentro de los Fondos de Cohesión del Estado. En el momento en que presente la enmienda sobre Fomento, abundaré sobre esto.
Estoy convencido de que estas reflexiones --me sabe mal que no estén presentes los portavoces del Grupo Parlamentario Popular--, como son razonables y no están basadas en equiparaciones sino simplemente en insinuaciones inversoras concretadas en unos importes que son reducidísimos, el Grupo Parlamentario Popular, si estuvieran sus portavoces, daría su apoyo a esta cuestión.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Armet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y para defender las enmiendas 1495 a 1500, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Son cuatro las enmiendas que hemos presentado entre la Sección 32 y el Título VII.
Las tres primeras, números 1495, 1496 y 1497, lo son a la Sección 32 y van vinculadas a otras enmiendas que ya han sido defendidas anteriormente, como es el caso de la 1495 y de la 1496. Lo que pretendemos es la apertura de créditos con carácter de ampliables para poder dar cobertura a dos temas concretos que ya hemos enmendado antes.
En la enmienda 1495 se hace referencia al convenio de infraestructuras de transporte metropolitano de Barcelona, al que también acaba de hacer referencia el Senador Armet. Nuestra enmienda propone una cantidad simbólica, pero con carácter ampliable, ya que se está pendiente de concretar las cifras en el momento en que se haya firmado el nuevo convenio para el período 2001-2004, dado que el actual vence ahora, al final del año 2000.
Por lo que hace referencia a la enmienda 1496, también proponemos la apertura de la partida por una cantidad simbólica, ya que la cantidad para compensar a las Comunidades Autónomas por los beneficios concedidos a través de la Ley de acompañamiento, que también aprobaremos en este Pleno, en referencia a la eliminación de los costes de la cancelación de hipotecas que, por tanto, van a reducir los ingresos de las Comunidades Autónomas. También se trata de una cantidad por determinar pero que, según las estimaciones que tenemos, nos parece que para el conjunto del Estado puede representar del orden de 25.000 millones de pesetas. En todo caso, lo que pedimos en el proyecto de ley es la apertura de este crédito, ampliable por un millón de pesetas.
La 1497 es una enmienda vinculada a la 1500, ya que, por un lado, está la apertura de la partida y, por otro, ya en el articulado, en el Título VII. Lo que pretendemos es que se compense por el Estado a los ayuntamientos afectados por la bonificación correspondiente al 95 por ciento del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de aquellas concesiones de autopistas que han gozado y siguen gozando de ellas. Son concesiones anteriores al año 1989, nos parece que

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hay que habilitar las cantidades necesarias para compensar a esos ayuntamientos, de acuerdo con la Ley de financiación de Haciendas Locales.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Corresponde ahora pasar al turno de defensa de las enmiendas números 1475 a 1492 y de la 904 a la 917, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Arnáiz.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Con la venia, señora Presidenta.
Hay un grupo de enmiendas que defendemos conjuntamente con el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, al Título VII, de los Entes territoriales, y otras a las secciones 32 y 33, que defenderemos en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Este es uno de los puntos calientes sobre el diferente punto de vista que tienen el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Entesa Catalana de Progrés y el que tiene el Gobierno respecto a estos Presupuestos Generales del Estado.
Consideramos que en estas secciones se evidencia la insuficiencia financiera para servicios públicos esenciales y las competencias transferidas, que están mal dotadas y a lo cual intentamos poner remedio.
Por otra parte, tampoco se prevé lo que serán competencias que se transfieran indirectamente, como las de Justicia, que se transferirán a través de la Ley Penal del Menor, o situaciones como las de los inmigrantes, que no se consideran dotadas en los distintos territorios que tienen ese problema.
Por otro lado, consideramos que están mal dotadas las necesidades de la población real de los territorios y por lo tanto, con nuestras enmiendas pretendemos actualizar tanto los censos como los padrones municipales.
En estos Presupuestos no existen previsiones para paliar los efectos de una inflación que está descontrolada y que, en este momento, es una amenaza --la mayor-- para nuestra economía, y que se pretende que paguen las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos en mayor medida que el Gobierno.
Estos Presupuestos tampoco establecen ninguna medida efectiva para aumentar la competitividad de nuestra economía. No hacen que converjan las regiones más favorecidas y las menos favorecidas, ni siquiera que puedan converger las regiones españolas con el resto de las regiones de Europa. No desarrollan la economía productiva, no tienen ningún criterio objetivo y negociado de redistribución de la renta y de los esfuerzos fiscales, y sí imposiciones unilaterales del Gobierno de la nación, con tintes bastante autoritarios, por la modificación unilateral, como he dicho, de la legislación tributaria.
Por otra parte, presentan una presión fiscal que, pese a la propaganda del Gobierno respecto al IRPF, aumenta, como ha dicho brillantemente mi compañero Octavio Granado --y no puedo añadir nada sobre ello--, en IVA, en el Impuesto sobre Sociedades y en todos los impuestos indirectos. La propaganda del Gobierno pretende ocultar esa gran realidad fiscal que, en una gran parte, cae sobre las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos.
Estamos también sin un modelo de financiación autonómica. La financiación se lleva a cabo vulnerando la legalidad vigente. Tenemos un modelo caduco y periclitado y las transferencias económicas se hacen en función del color político de los gobiernos que hay en cada una de las Comunidades Autónomas.
Tenemos unas transferencias de competencias también inspiradas y orientadas por y hacia intereses electorales. Si no, no se justifica de ninguna manera por qué Andalucía no tiene determinadas competencias como las políticas activas de empleo, cuando ya las tienen el resto de las Comunidades. Ese electoralismo o ese tipo de venganza con las Comunidades que no han votado al PP lo pagan los ciudadanos más que los gobiernos, pero nosotros intentaremos corregirlo con nuestras enmiendas en estos Presupuestos.
Existe por parte del Gobierno una tentación y unos hechos de confrontación y de imposición de criterios a las Comunidades Autónomas --a Aragón según y por los motivos que Arias Cañete dijo que se iba a hacer el trasvase, lo mismo que con Andalucía--, de criterios variables en función del color político, y fundamentalmente sectarios, que dan inseguridad a las Comunidades Autónomas y también a los ayuntamientos.
Hay una enorme ausencia de diálogo. En la legislatura pasada no se quiso hablar en los cuatro años con el Presidente de la Junta de Andalucía; ahora, no se quiere hablar con otras Comunidades Autónomas. El diálogo político brilla por su ausencia y no hay otra cosa que un miope y torpe partidismo en cuanto a la distribución territorial del Estado.
Lo que algunos reclamábamos como necesidad de un diálogo o de una negociación multilateral y que el Gobierno defendía --y algunas Comunidades también-- como mayor conveniencia de unas negociaciones bilaterales, se ha convertido en estos presupuestos en imposiciones unilaterales y autoritarias por parte del Gobierno a ayuntamientos y a Comunidades Autónomas. En definitiva, falta transparencia en la negociación con las Administraciones, falta un modelo territorial del Estado, falta un modelo de financiación autonómica, falta lealtad institucional en el reparto territorial y local del poder y de la carga impositiva, y esto da lugar a unos presupuestos insolidarios territorial mente, triunfalistas y que suponen un gran desperdicio de la bonanza económica.
En cuanto a los ayuntamientos, quiero decir que en 21 años de ayuntamientos democráticos la participación de los mismos en los gastos del Estado ha pasado exclusivamente de un 11 a un 13 por ciento, aunque, el Gobierno ha vendido al final de la legislatura pasada como un gran logro aquel pacto local que era unas modificaciones legislativas menores que se convirtieron en agua de borrajas. El Gobierno pretende en este momento transferir la patata caliente o el problema de la financiación municipal a las Comunidades Autónomas; pretende decir que su competencia

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o que su función con respecto a los ayuntamientos ha terminado y que ahora son las Comunidades Autónomas las que tienen que pasar una parte de competencias. Esas competencias que las Comunidades Autónomas pasen y la suficiencia financiera de esas competencias no tienen nada que ver con la insuficiencia de participación de los ayuntamientos en los gastos del Estado, y en esa confusión no podemos caer y a eso también contribuimos con nuestras enmiendas.
Por otra parte, respecto a la situación de los ayuntamientos, también quisiera hacer notar lo que textualmente se ha dicho en la última Asamblea de la Federación Española de Municipios y Provincias solicitando restablecer las negociaciones con el Gobierno para establecer unos criterios de reparto en la Participación de los Ingresos del Estado --como digo-- y para que la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas tenga algún tipo de alternativa financiera. Eso no se contempla como tampoco el que los nuevos servicios que los ayuntamientos han asumido tengan un reconocimiento por parte de la Administración del Estado de la financiación que les corresponde.
Estas son algunas de las cuestiones, conjuntamente también con las enmiendas presentadas por mi Grupo, destinadas a aumentar la financiación del transporte colectivo, al crecimiento del PIB nominal y a hacerlo efectivo para las capitales de provincia con más de 50.000 habitantes.
En cuanto a las Comunidades Autónomas, tengo que decir que la financiación de las mismas se ha hecho sin el consenso, se ha hecho sin la capacidad de negociación, no se está cumpliendo en la financiación actual --se discrimina, se crea inseguridad, se crean agravios comparativos, se crea insolidaridad-- y ni siquiera se está cumpliendo la legalidad vigente. Se está ejerciendo con mucha prepotencia por parte del Gobierno la cesión en la Participación en los Ingresos del Estado, se vulnera el marco jurídico y se ha vulnerado desde lo referente a los ingresos propios de las Comunidades, a la participación de los ingresos y transferencias que se perciben por parte del Gobierno.
De nuevo este año el Gobierno modifica los impuestos cedidos a las Comunidades y también incumple el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992, el Reglamento de la Comisión Mixta de Gestión Tributaria y la normativa sobre tributos cedidos. Se están detrayendo de esta forma recursos de las Comunidades y no se establece ningún mecanismo de compensación a través de la PIE.
En cuanto a la Participación en los Ingresos del Estado, Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha, que se han negado al modelo vigente de financiación, han recibido un castigo unilateral e ilegal por parte del Gobierno: no han sido acordadas las cantidades que se les transfieren a través de la Comisión Mixta de Transferencias, contravienen la LOFCA y contravienen los Estatutos de Autonomía.
Los presupuestos para este próximo año solamente recogen --y nosotros intentamos también remediarlo con nuestras enmiendas-- el 98 por ciento de la Participación en los Ingresos del Estado como entregas a cuenta, pero no figura la otra liquidación del 2 por ciento consecuente y por eso en una de nuestras enmiendas se contempla.
Aparte de la ilegalidad de la evolución del PIB nominal a partir de la PIE desde 1996, la recaudación de los impuestos cedidos cada año no se hace como debiera ser y tal como establece la LOFCA en el artículo 13.1, pero ésa es una batalla que mantenemos desde hace mucho tiempo y que espero por lo menos que conste, de la misma manera que consta el no reconocimiento del auténtico censo para Andalucía, los 463.000 andaluces que no tienen la culpa de que gobierne el Partido Popular en España y cuyos servicios mínimos y servicios públicos no se reconocen para nada aunque, por supuesto, la Junta de Andalucía los está ofreciendo a través de sus recursos propios y de su buena gestión. Los ciudadanos no reconocidos representan este año una pérdida de 58.234 millones. La deuda acumulada por insuficiencia de financiación por todos los conceptos con Andalucía se valora en estos momentos en 773.000 millones de pesetas; 773.000 millones de pesetas en el quinquenio en que está gobernando el Partido Popular.
Muy brevemente también quiero referirme al Fondo de Compensación Interterritorial, al Fondo de Nivelación y a la deuda histórica. El Fondo de Compensación Interterritorial, que se viene reduciendo, no está funcionando como un elemento para el reequilibrio territorial --como he dicho--, ni está funcionando como debiera ser en cuanto al Fondo de Nivelación de Servicios, por lo que presentamos unas enmiendas que suponen que a todas las Comunidades Autónomas se les dará un tratamiento que financie adicionalmente transferencias accedidas: por ejemplo, 2.071 millones para Galicia, 5.514 para Andalucía, 485 para Asturias, 140 para Cantabria, 546 para Murcia, 824 para Valencia, 911 para Castilla-La Mancha, 563 para Canarias, 1.118 para Extremadura, 892 para Castilla y León. Además, en este apartado tenemos unas enmiendas para cofinanciar --como he dicho-- los transportes colectivos urbanos para los ayuntamientos y otra para el Metro de Sevilla.
Mi sorpresa al leer el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados no tiene límites cuando descubro que el portavoz, señor Merino --antiguo Senador en la legislatura pasada--, como argumento de peso para negarse a esta enmienda sobre los 3.000 millones que pedimos para el Metro de Sevilla --que es, igual que ha dicho mi compañero señor Armet respecto al área metropolitana de Barcelona, absolutamente imprescindible-- dice que el Gobierno no conoce este proyecto. No solamente se ha negado durante cuatro años a recibir al Presidente de la Junta, sino que parece que las últimas veces que le ha recibido no le ha escuchado. Además, tampoco ha conocido en los años pasados ni actualmente a Soledad Becerril, Alcaldesa de Sevilla y de su propio Partido, porque no conocer un convenio que está firmado entre el Ayuntamiento de Sevilla y la Junta de Andalucía y que hay una Ley que desde 1976 prevé la creación del Metro de Sevilla, ya es desconocer. Pero, en fin, éstos son los argumentos o las razones para no entrar en el fondo de los problemas y para no quererse negar, como en Melonares y en tantísimas cosas, y al final tenemos que por «eso» que dice Arias Cañete es por lo que se hacen las cosas según el Gobierno central.


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Otra serie de enmiendas suscritas con el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés pretenden, entre otros, los siguientes objetivos: adecuar la cantidad propuesta en función de la evolución del PIB nominal para atender a la subida de los precios de los carburantes; fijar el tiempo del indicador poblacional valorando el actual padrón municipal; mantener ayudas al servicio de transporte colectivo urbano a los municipios con una población de hecho superior a 20.000 habitantes, o establecer una compensación equivalente al importe de las bonificaciones aplicadas en las cuotas del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a las autopistas de peaje, ya que los ayuntamientos no tienen por qué pagar esas bonificaciones que hace el Gobierno.
Otras enmiendas, como la número 479, piden unas compensaciones equivalentes al importe de la exención del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondientes a centros concertados; la compensación de los beneficios fiscales de que disfrutan las autopistas de peaje en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, o que la liquidación definitiva del tramo de participación de los ingresos generales del Estado para el año 2001 se efectúe conjuntamente con la liquidación definitiva del tramo de la participación en los ingresos territoriales del Estado por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a ese mismo año, lo que daría mucha liquidez y compensaría también a las Comunidades Autónomas por las pérdidas de recaudación de impuestos sobre el patrimonio y sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, que es la reforma unilateral que el Gobierno impone.
Otras enmiendas tienen un carácter técnico y se refieren a regular, a dar unas reglas objetivas que creen un mínimo de seguridad financiera y que no agravien a las Comunidades Autónomas; a no limitar las posibilidades de negociación de acuerdos sobre liquidaciones definitivas en el horizonte temporal del año 2001; a compensar a las Comunidades Autónomas por las pérdidas de recaudación sobre patrimonio y sobre los propios recursos; el reconocimiento de la población real o instar al Gobierno a que cumpla la legalidad.
En relación con estas enmiendas no hemos encontrado ni un solo argumento objetivo, ni una sola razón de peso político, ni un solo argumento político ni un solo argumento de fondo que justifiquen su rechazo. Lo que nos han dicho en Comisión es que las estamos detrayendo de la Sección 31, que técnicamente no están detraídas de la misma Sección a la que enmendamos. Eso es todo lo que nos han dicho en Comisión. Ni un solo argumento político de fondo.
Quisiera que pensasen que no están contestando al Grupo Socialista ni al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sino que están contestando a muchísimos ciudadanos y ciudadanas de muchos territorios que piensan que el desconcierto autonómico del Partido Popular en estos Presupuestos en la Sección 32 y 33, en el Título VII, no puede perpetuarse y tendrían que tener ustedes al menos un gesto sino para con el primer Partido de la oposición, por lo menos para con los ciudadanos a los que representamos.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Arnáiz.
Tiene la palabra el Senador Fernández Cucurull por un tiempo de veinte minutos, teniendo en cuenta que va a compartir su turno con el Senador Sánchez Cuadrado.


El señor FERNANDEZ CUCURULL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como voy a compartir mi intervención con el Senador Sánchez Cuadrado, me voy a referir exclusivamente al Capítulo I del Título VII, relativo a las corporaciones locales.
En este sentido, anuncio en nombre de mi Grupo que vamos a votar negativamente las enmiendas presentadas por los distintos grupos parlamentarios. Y lo vamos a hacer porque pensamos que el proyecto de presupuestos que ahora debatimos refleja fielmente el firme apoyo que el Gobierno de la nación presta a las corporaciones locales, que se manifiesta por ejemplo en el hecho de que los recursos destinados a las mismas crecen proporcionalmente más que los destinados a cubrir los gastos de la Administración General del Estado, lo que implica que el Estado está haciendo un esfuerzo de reducción de sus recursos en beneficio de aquéllas. Y ello en un contexto de rigor y de contención del gasto público a efectos de alcanzar el objetivo de eliminación del déficit.
Igualmente se manifiesta el citado apoyo, desde el punto de vista de las cifras, en que la financiación directa para las corporaciones locales, excluyendo convenios, asciende a casi 1,6 billones de pesetas, con un incremento de aproximadamente 82.000 millones de pesetas, que representa un 5,4 por ciento sobre el ejercicio de 2000.
Por otra parte, también es conveniente recordar que el actual modelo de financiación de las corporaciones locales es un modelo pactado que tiene su vigencia para el período 1999-2003, con lo que la revisión anual es automática y se realiza sobre la base de la evolución del producto interior bruto nominal.
En cuanto a otras referencias puntuales hechas por la portavoz del Grupo Socialista, considero conveniente realizar las siguientes matizaciones.
En cuanto al pacto local, creo que podemos convenir que el proceso de transferencias desde el Estado a las Comunidades Autónomas se haya prácticamente finalizado; en consecuencia, la segunda fase del pacto deberá abordar el modelo de transferencia de competencias y recursos desde las Comunidades Autónomas a las corporaciones locales. Estimamos que para ello sería conveniente un previo consenso entre las fuerzas políticas para determinar cómo debería llevarse a cabo ese proceso, sin perjuicio de que el modelo tuviera posteriormente que adaptarse en el seno de cada Comunidad Autónoma a sus propias peculiaridades. Al Gobierno y a las Cortes Generales les correspondería una labor de impulso de ese proceso, pero su labor normativa y de transferencia de recursos ya ha sido realizada.
Por lo que hace referencia al Impuesto sobre Actividades Económicas, el compromiso electoral asumido por el Partido Popular y posteriormente, como no podía ser de otra manera, por el Gobierno, contempla la supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas para el 90 por ciento de los actuales contribuyentes. Es un compromiso

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que se cumplirá a lo largo de la legislatura y que entendemos vinculado a la negociación de un nuevo modelo de financiación de las corporaciones locales que sustituya al vigente a partir de 2003. En cualquier caso, entendemos que el Impuesto sobre Actividades Económicas es un impuesto obsoleto, que dificulta la creación de riqueza y empleo en nuestras ciudades y pueblos y que, lógicamente, su futura supresión lo será sin perjuicio de la suficiencia financiera de las corporaciones locales.
En cuanto al contenido concreto de las enmiendas presentadas a este Capítulo, hay que decir que, en general, en unos casos no se atienen al modelo pactado de financiación de las corporaciones locales y en otros proponen compensaciones fiscales no previstas en la normativa al efecto.
Precisando más en las mismas, podemos ver que en la enmienda número 424, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se propone una compensación al Ayuntamiento de Barcelona por la reducción del coeficiente máximo del Impuesto de Actividades Económicas introducido en la Ley 42/1994. Hay que decir que la compensación propuesta no estaba contemplada en la Ley citada y, por lo tanto, no es aplicable.
Respecto a la enmienda número 475, presentada conjuntamente por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que incrementa la subvención al transporte público, hay que decir que el crédito presupuestario ya se ha incrementado en el porcentaje estimado para el PIB nominal y que, por otra parte, esa subvención no está encaminada a cubrir en su totalidad el déficit que ocasione la prestación de servicios de transporte colectivo urbano, que depende en gran medida de la política tarifaria municipal, sino a cooperar en su financiación.
Por otra parte, compensar a las corporaciones locales por el aumento del precio de los carburantes favorecería el incremento de tensiones inflacionistas, lo que es preciso evitar en estos momentos.
En relación con la enmienda número 476, que propone sustituir la referencia al Padrón también en materia de subvención al transporte colectivo, hay que decir que estas ayudas se reparten a los municipios en función de los datos del año 2000. La subvención de los presupuestos del año 2001 financia en parte el servicio prestado en el año 2000, ya que si no fuera así resultaría de imposible aplicación, puesto que las variables de reparto no serían conocidas durante el período de vigencia de la Ley que las regula. Por tanto, no se considera coherente la enmienda presentada.
En cuanto a la enmienda número 477, que trata de extender ayudas al transporte a municipios turísticos y de más de 20.000 habitantes, hay que decir que a partir de la Ley de Presupuestos de 1993, y a petición de la Federación Española de Municipios y Provincias, se contemplan los municipios de más de 20.000 habitantes que, disponiendo de servicios de transporte colectivo, tuviesen censada más de 36.000 unidades urbanas, lo que obviamente beneficia especialmente a los municipios turísticos. Si se aceptara la enmienda se incluirían nuevas poblaciones, lo que implicaría, dado que se trata de un crédito cerrado, una disminución de la subvención a los actuales beneficiarios.
En la enmienda número 478, que propone compensación a las bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles en las autopistas de peaje, hay que señalar que para que la bonificación sea compensable es preciso que la ley que la estableció la hubiera reconocido, lo que no sucede en este caso.
Por otra parte, los ayuntamientos afectados por la existencia de autopistas de peaje se benefician, en cuanto a su participación en los tributos del Estado, a través de la variable esfuerzo fiscal, para cuyo cálculo se tiene en cuenta la base imponible media en el Impuesto sobre Bienes Inmuebles, y en el caso que nos ocupa, al tratarse de una bonificación del 95 por ciento y no de una exención, se incluye la totalidad de la base imponible correspondiente.
Adicionalmente se puede decir también que el estudio remitido al Congreso sobre la base de la disposición adicional vigésima sexta de la Ley 5411999, de Presupuestos Generales para el ejercicio de 2000, concluía que no era posible compensar a los ayuntamientos cuando las concesiones fuesen anteriores a 1 de enero de 1990.
En cuanto a la número 479 referida a la compensación por bonificaciones en el IBI a centros concertados, hay que señalar que en la disposición adicional vigésima primera de la Ley 13/1996, de acompañamiento de los Presupuestos para 1997, se establecía que no sería de aplicación en ningún caso lo previsto en el artículo 9.2 de la Ley 39/1998, reguladora de las Haciendas Locales.
La enmienda número 480 propone añadir un artículo para compensar el IBI a los ayuntamientos por las autopistas de peaje. Se rechaza por las mismas razones expuestas en la número 478. En este sentido, también la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, la número 1500, también hace referencia a la compensación por las bonificaciones en el IBI a las autopistas de peaje.
Se rechaza por las mismas razones expuestas en las enmiendas números 478 y 480.
En cuanto a las presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, la número 1064 propone un 3 por ciento adicional de financiación a las corporaciones locales a través de las Comunidades Autónomas. Hay que decir que situar las entregas a cuenta en el 98 por ciento, dado el elevado número de municipios y la diversidad de circunstancias que afectan a los mismos, supondría incrementar el riesgo de que al practicar la liquidación definitiva resultaran en muchos casos importes negativos.
Tampoco debe olvidarse que no todas las Comunidades Autónomas tienen competencias en materia de tutela financiera, y en cualquier caso la propuesta no se atiene al modelo vigente acordado con la Federación Española de Municipios y Provincias.
Con la enmienda número 1065, que propone incrementar la financiación en un 30 por ciento, sucede lo mismo. No se atiene al modelo pactado de incremento anual en función de la evolución del PIB nominal. Dicho sea con el mayor de los respetos, se trata de un ejercicio de voluntarismo puesto que podríamos formularnos esta pregunta: ¿y por qué no el 30, el 50 o el 200 por ciento? En la enmienda número 1066 proponemos un fondo de solidaridad municipal de 25.000 millones de pesetas para

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que el mínimo por ayuntamiento no sea inferior a 3,5 millones de pesetas.
Hay que decir que en el actual modelo de financiación ya existe un criterio de financiación mínima, un criterio general por el que ningún ayuntamiento percibirá una cuantía inferior a la establecida en 1998 y un criterio específico a favor de los municipios con población no superior a los 5.000 habitantes, que en ningún caso tendrán una financiación por habitante inferior al 70 por ciento del déficit medio por habitante de dicho grupo de población.
La número 1067 propone que se sustituya el 95 por ciento por el 98 por ciento en las entregas a cuenta. Los argumentos en contra son los mismos que en la número 1064 en función del riesgo de incrementar las liquidaciones negativas.
La enmienda número 1068 propone aumentar las subvenciones al transporte.
Las razones en contra han sido expuestas al hablar de la enmienda número 475 del Grupo Parlamentario Socialista y del de Entesa, y por otra parte, la finalidad, que es facilitar el transporte público a los parados, parece más propio de Asuntos Sociales que de competencias de los entes territoriales.
La número 1069 también se refiere a la sustitución del padrón «a 1 de enero de 2000» por la referencia «a 1 de enero de 2001». Ya ha sido contestada al tiempo que la número 476.
La número 1070 propone una compensación por alteraciones del precio de los carburantes superiores al 2 por ciento. En este sentido hay que decir que el crédito presupuestario ya se ha incrementado respecto al año anterior en el porcentaje estimado para el incremento del PIB nominal y que, por otra parte, el incremento de los precios del petróleo es un factor exógeno que afecta por igual a todas las administraciones públicas prestadoras de servicios incluido el Estado.
La enmienda número 1071 se refiere a compensación en las bonificaciones del IBI a centros concertados. Ya ha sido contestada junto con la número 479.
En cuanto a la número 1072, se refiere a compensación en el IBI a las autopistas de peaje. También me he referido a ella al contestar a las números 478, 480 y 1500.
En consecuencia, y ya finalizo, vamos a apoyar en este Capítulo el presupuesto elaborado por el Gobierno. Consideramos que las cifras contenidas en el mismo son correctas y suficientes y suponen una continuidad en el apoyo de las corporaciones locales.
Rechazaremos las enmiendas presentadas por los motivos expuestos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Fernández Cucurull.
Tiene la palabra el Senador Sánchez Cuadrado.


El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a referirme, en este turno compartido con el Senador Fernández Cucurull, a las enmiendas que han sido defendidas por los distintos portavoces relacionadas con el Capítulo II del Título VII, que hace referencia a las Comunidades Autónomas así como a las secciones 32 y 33.
Voy a intentar hacer un turno en contra siguiendo la pauta que han marcado los propios Senadores que han defendido sus correspondientes enmiendas, sin ceñirme a ninguna de ellas en concreto dada la cantidad que hay presentadas y siguiendo más bien el criterio de abordar los temas que se han tocado.
El señor Cabrera Palomares y la Senadora representante del Grupo Parlamentario Socialista nos han hablado fundamentalmente de las insuficiencias de las aportaciones o transferencias del Estado a las Comunidades Autónomas en materia del Fondo de Compensación Interterritorial, en materia del propio sistema de financiación, de fondos de nivelación y de asignaciones excepcionales en virtud de los Estatutos de Autonomía por un importe que, sumado a vuelapluma, da unos 300.000 millones de pesetas en lo que al señor Cabrero Palomares se refiere.
La señora Senadora nos ha hablado, además, de que el sistema de financiación carece de consenso y de que no hay capacidad de negociación.
Ha dicho que se vulnera reiteradamente el sistema jurídico, y se ha referido también a las asignaciones excepcionales para Extremadura y Andalucía en virtud de sus Estatutos, así como de que el Fondo de Compensación Interterritorial no cumple sus fines, proponiendo, por tanto, un fondo de nivelación.
Ahora haré también alguna referencia a las enmiendas del Senador Cambra.
He de decir que, en términos generales, nosotros vamos a argumentar en contra de todas estas enmiendas que se han defendido.
Voy a referirme, en primer lugar, al modelo de financiación de la Comunidad Autónoma en la que se dice que no se cumple el sistema jurídico vigente.
Aquí hay que hacer un repaso de la historia. Esto no es un problema de ahora sino que viene de antiguo. Nosotros ya lo dijimos, y concretamente lo dijo el Ministro cuando en la legislatura pasada se discutió el nuevo modelo de financiación de Comunidades Autónomas, que dice que se vulnera el marco jurídico, marco que realmente está en la LOFCA y que luego se aplica a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, concretamente el modelo aprobado por mayoría el 23 de septiembre de 1996, por mayoría de 12 Comunidades Autónomas además de por el Gobierno, y que únicamente rechazaron, no aceptaron, no hicieron propio las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha. Por tanto, se trata de un modelo con unas reglas que están ahí y que se tienen que aplicar porque ése es el sistema jurídico vigente. Y, efectivamente, si hay Comunidades Autónomas que no han aceptado ese modelo y que no lo han hecho propio, por alguna vía se les tiene que financiar a esas Comunidades. El Gobierno, ajustándose precisamente a la legalidad vigente, lo que ha hecho ha sido aplicar el modelo aprobado por esas propias Comunidades el día 20 de enero de 1992, con referencia al quinquenio 1991-97 y aplicar las reglas del modelo acordado y aprobado por las propias Comunidades Autónomas. El otro modelo no ha sido aceptado y, por tanto, no se puede aplicar.


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Hay una serie de enmiendas, por tanto, que se refieren a la insuficiencia, a que no ha habido capacidad de consenso, pero esto ya se discutió en la legislatura anterior. Lo cierto es que el artículo 82 de la Ley de Presupuestos, igual que hicieron las leyes de presupuestos anteriores, establece que la liquidación definitiva de estas Comunidades Autónomas se hará de acuerdo con el modelo que se adopte a lo largo del ejercicio económico, en este caso del 2001, y en otros del año 2000 o de 1999. El problema es que estas Comunidades Autónomas no han adoptado todavía acuerdos en su propia Comisión Mixta sobre el modelo que quieren aplicar y por eso mismo las liquidaciones están pendientes y están sufriendo un perjuicio efectivo de financiación. La legalidad a este respecto se ve claramente en el artículo 82. Además, sería muy fácil que la propia Comunidad Autónoma referida solicitara la reunión de la Comisión Mixta, adoptara acuerdos sobre el modelo que se va a aplicar, e indudablemente se le harían las liquidaciones definitivas que le corresponden. Pero hoy por hoy esto no es así y, efectivamente, se está perdiendo financiación. Yo soy Senador autonómico por Extremadura y lo que oigo en el Parlamento de allí es que este modelo les perjudica y que están muy contentos con la situación en que se encuentran. Lo que pasa es que una cosa es lo que se dice allí y otra diferente es lo que pasa aquí.
Por lo que se refiere a las asignaciones excepcionales tanto para Andalucía como para Extremadura, correspondientes a las disposiciones adicionales segundas de sus respectivos Estatutos, es un tema muy debatido porque, efectivamente, se dieron unas cantidades de 20.000 y 5.000 millones de pesetas en el año 1996, como consecuencia de un acuerdo de la Comisión mixta, pero no hay que olvidar que en dicha Comisión también se acordó que aquéllas eran unas cantidades a cuenta de una, cuya fijación definitiva, alcance y cuantía para dichas asignaciones excepcionales se habría de realizar mediante la aplicación de la metodología que, con carácter general, se recomiende por el Consejo de Política Fiscal y Financiera para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 15 de la LOFCA. Es decir, se trata de una nivelación en la prestación de los servicios fundamentales, para lo cual sí hay un fondo establecido en estos presupuestos y en los anteriores. El problema es que las Comunidades Autónomas no se ponen de acuerdo en la forma de repartir ese fondo y en cuáles son los servicios fundamentales. Y, en ese caso, evidentemente, es muy difícil la atribución de ese fondo, pero existe consignado en el presupuesto. Por lo tanto, solicitar el incremento del Fondo de Nivelación del artículo 15 de la LOFCA exigiría un previo acuerdo del grupo de trabajo que existe y ya ha tenido siete reuniones, pero que todavía no ha llegado a ninguna conclusión sobre la determinación de los servicios fundamentales y la forma de reparto.
En cuanto al Fondo de Compensación Interterritorial, se ha dicho que parece que no está cumpliendo los fines de reequilibrio territorial. A mí me gustaría que escuchara al señor Chaves y al señor Rodríguez Ibarra cuando en Andalucía y Extremadura nos dicen que estas regiones están convergiendo con la renta media de España. Por tanto, la falta de reequilibrio no parece que sea el problema de estas Comunidades.
Como sus señorías conocen, el Fondo de Compensación Interterritorial efectivamente tiene este objetivo de reequilibrio y presenta dos cuestiones fundamentales: una, la determinación de su cuantía y, otra, el reparto de esa cuantía entre las Comunidades que tienen derecho al fondo que son las del Objetivo 1, es decir, aquellas que tienen una renta media inferior al 75 por ciento de la media nacional. Pues bien, las enmiendas que ustedes proponen van en una doble dirección; por una parte, pretenden incrementar el fondo, unos en 20.000 millones, otros en 50.000 millones --por cierto, llama la atención que estando gobernando juntos en Andalucía el Partido Socialista y el Partido Andalucista, uno hable de 50.000 millones y otro de 20.000, no presentando ninguna memoria explicativa para ver en virtud de qué hay que atribuir estas cantidades-- y, por otra, a través de una serie de enmiendas a la Sección 33 pretenden hacer un reparto de ese fondo.
También saben sus señorías que en la Ley 29/1990 se estableció como mínimo el 30 por ciento, luego en la Comisión Mixta del año 1992 se elevó al 35 por ciento la cuantía mínima, y se establecieron las fórmulas para distribuir o repartir el fondo entre las Comunidades Autónomas que tenían derecho a percibirlo. Por tanto, el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 1992 es la legalidad vigente, a través de la cual hay que repartir el fondo, en lo que influye fundamentalmente la población en un 87,5 por ciento, luego el carácter de isla, el paro y otras variables, y todo ello, una vez establecido el reparto, se corrige por la inversa de la renta que corresponda a cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el fondo funciona en base a incrementarse fundamentalmente cuando aumenta la población, o bien cuando desciende la renta per cápita.
Ustedes no justifican nada en el reparto que hacen en esas enmiendas, simplemente asignan cantidades, pero ese reparto hay que hacerlo de acuerdo con una ley y unos criterios establecidos en el acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y ustedes no explican cómo lo hacen. En consecuencia, éstas son causas suficientes para rechazar el conjunto de enmiendas que están planteando.
Por último, me referiré a las enmiendas del Senador Cambra respecto a los créditos ampliables. No sé si mi compañero ha aludido a ellas, pero, en definitiva, propone una cantidad ampliable para el Metropolitano de Barcelona y, según la nota de que dispongo, en los presupuestos ya figura consignada una cantidad de 4.863 millones de pesetas, que es la partida final para hacer frente al convenio existente entre la Generalidad y el Gobierno, y hasta el momento el Gobierno no tiene ninguna noticia de que se pretenda hacer un nuevo convenio.
En cuanto a las normas que modifican los impuestos sobre cancelación de hipotecas, también pretende abrir una partida ampliable para compensar a la Comunidad Autónoma, pero, en primer lugar, el Gobierno no tiene ninguna obligación de compensación por la modificación de impuestos y, en segundo lugar, habría que discutir mucho si esta modificación de las normas de los impuestos sobre cancelación de hipotecas, en lugar de perjudicar van a beneficiar,

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puesto que evidentemente van a estimular el mercado de viviendas en toda España y, como consecuencia, el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y todas las actividades económicas relacionadas con la vivienda. Por tanto, creo que más que compensaciones habría que decir que la modificación de los impuestos sobre cancelación de hipotecas va a funcionar positivamente en toda España.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sánchez Cuadrado.
Turno de portavoces. ¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero manifestar que cualquiera de los alcaldes presentes en esta Cámara del Grupo Parlamentario Popular podría responder a los planteamientos de su portavoz en materia presupuestaria en este apartado sobre la financiación de los ayuntamientos, seguramente en el sentido de que tienen muchísimas dificultades financieras para resolver toda una serie de competencias que les ha sido transferidas y que tienen que asumir por ser la Administración más cercana al conjunto de la población. Por tanto, la contradicción existente entre el discurso y la realidad, con la demanda de los alcaldes no solamente de la oposición, sino del Partido Popular, es algo que no, han sido capaces de resolver.
En cualquier caso, existe una necesidad de una mayor participación en los tributos del Estado. Nosotros planteamos un incremento del 30 por ciento para los ayuntamientos. ¿Por qué esa cantidad? Porque efectivamente es insuficiente el actual porcentaje de participación en los tributos del Estado por parte de los ayuntamientos, y fijamos una cantidad razonable teniendo en cuenta también reivindicaciones y planteamientos de la propia Federación Española de Municipios y Provincias. De igual forma planteamos un fondo de solidaridad de 25.000 millones de pesetas para posibilitar a los pequeños municipios avanzar en una mancomunidad de los servicios públicos municipales, y permitir una mayor objetividad y mejor prestación de esos servicios. Pero esto lo están demandando todos los ayuntamientos, sean del signo que sean, en cualquier punto de España. Por eso queremos incidir en esas medidas, que son fundamentales para una mayor capacidad financiera en el ámbito de los municipios. La financiación de los ayuntamientos tiene un enorme déficit, es una asignatura pendiente, y es necesario dar un salto cualitativo en ese sentido por parte del Gobierno en materia presupuestaria. Es una buena oportunidad para que también se haga caso a todos los alcaldes de los ayuntamientos del conjunto del Estado.
Hay toda una serie de planteamientos por nuestra parte respecto a compensaciones por políticas fiscales a los ayuntamientos, que nos parecen absolutamente razonables, independientemente de los que mantiene el Grupo Parlamentario Popular, incluida esa compensación que proponemos para el transporte de las personas en situación de paro. Desde el punto de vista de una posición más conservadora y con una filosofía diferente a la que nosotros planteamos, de solidaridad y de los derechos que tienen todos, incluidos los parados, queremos que se les ayude pero no desde una perspectiva de beneficencia, como he creído interpretar al portavoz del Grupo Parlamentario Popular, sino desde el punto de vista del derecho que tiene todo el mundo a una calidad de vida y a poder disfrutar de los servicios públicos, en este caso, con una ayuda de transporte para los parados.
En cuanto a la financiación autonómica, planteamos la posibilidad de un aumento de 300.000 millones de pesetas para mejorar la situación financiera del conjunto de las Comunidades Autónomas. Siendo que el Fondo de Compensación Interterritorial busca el equilibrio entre las Comunidades en cuanto a los servicios que éstas prestan, para aquellas que cuentan con una renta por debajo del 75 por ciento de la media de nuestro país, consideramos que son insuficientes las cantidades previstas en el proyecto de Ley de Presupuestos en la medida en que las competencias transferidas son cada vez mayores, por ejemplo, en el caso de Educación, razón por la que consideramos necesario el incremento presupuestario y planteamos un aumento de 20.000 millones de pesetas.
Pero esta subida no la solicitamos sin ningún tipo de argumento y justificación. Esta estriba en el número de competencias que se están transfiriendo y que no van acompañadas en la misma medida de financiación suficiente. Y su distribución o reparto prácticamente está consensuada por parte de las Comunidades Autónomas.
Desde nuestro punto de vista, la deuda histórica no es problema para que se pongan de acuerdo las Comunidades Autónomas u otras partes. Es cuestión de que haya voluntad, de manera decidida, por parte del Gobierno en cuanto a la aplicación, el desarrollo y la ejecución de lo previsto en los Estatutos de Autonomía de Andalucía y Extremadura para transferir los fondos que permitan la nivelación y el reequilibrio de los servicios que en dichas Comunidades Autónomas se prestan con respecto a la media del Estado español. Se trata de voluntad. Y, efectivamente, como ya se transfirieron esos 20.000 y 5.000 millones de pesetas para Extremadura y Andalucía respectivamente en 1996, lo que supone, de hecho, ese reconocimiento de acumulación de deuda histórica, nos parece que es muy regresivo continuar sin transferir esa financiación, esa deuda histórica, y cada vez más ir acumulando una mayor cantidad de déficit con respecto a estas Comunidades.
Creo que hay que hacer un ejercicio de solidaridad, pero igualmente de coherencia porque también el Grupo Popular plantea en estas Comunidades la necesidad de que se resuelva este problema. Al menos, en Andalucía, la Comunidad de la que yo procedo, se trata de propuestas que se están apoyando por parte del Grupo Popular en su Parlamento. Por tanto, en este sentido, creo que debe haber mayor coherencia. Y se trata de voluntad para cumplir la disposición adicional segunda de ambos Estatutos de Autonomía.
Por otra parte, no ha hecho usted referencia a la cuestión del censo que nosotros planteamos como criterio,

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como variable en cuanto a la participación en los ingresos del Estado por parte de las Comunidades Autónomas. Ya indiqué antes claramente que desde ningún punto de vista se sostiene que en el caso concreto de Andalucía, que tiene un censo de 400.000 habitantes, no se tenga en cuenta esta variable para la participación en los ingresos del Estado. Esto es una marginación en toda regla. Y este calificativo podrá parecer desproporcionado, pero es real, es objetivo y los andaluces y andaluzas no estamos dispuestos a que no se tenga en cuenta el censo real para esa participación en los ingresos del Estado. Esta es la razón por la que nosotros manifestamos para Andalucía, igual que para el resto de Comunidades Autónomas donde se produce esta situación, la necesidad de una financiación por importe de 100.000 millones de pesetas para corregir dicho desequilibrio.
El sistema de financiación del quinquenio anterior, al que, efectivamente, se acogieron por voluntad propia las Comunidades Autónomas de Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, referido al actual modelo de financiación, para el que el quinquenio finaliza en el año 2001, sí está creando problemas y desequilibrios en cuanto a las transferencias de financiación a dichas Comunidades Autónomas. Y en el propio modelo actual está previsto que se corrija esta situación mediante el Fondo de Garantía para la Financiación de las Comunidades Autónomas. Por tanto, en mi opinión, aprovechando esa posibilidad legal que existe, es decir, no se trata de fórmulas ilegales para corregir ese desequilibrio, debería resolverse este problema referido a la financiación de estas tres Comunidades para hacer justicia. De otra forma, nos da la impresión de que, por los planteamientos expuestos por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular al respecto, se sigue en una dinámica de penalización a estas Comunidades Autónomas, lo que creo que no es justo, ni lo están pretendiendo los Gobiernos respectivos, ni los Senadores, ni tampoco las ciudadanas y los ciudadanos de estas Comunidades Autónomas. Y el problema que haya que solventar en cuanto al acuerdo sobre política de financiación autonómica resuélvase en el marco donde ha de ser, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera de las Comunidades Autónomas, pero que no se siga penalizando, creo que de manera consciente, a estas Comunidades, que, dicho sea de paso, son las que más problemas tienen en términos sociales y económicos con respecto al conjunto del Estado.
En definitiva, creo que debe hacerse un ejercicio de reflexión, de solidaridad y de coherencia en esta Cámara y también por parte del Gobierno del Partido Popular para resolver este desequilibrio referente a la financiación autonómica.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Senador Armet tiene la palabra.


El señor ARMET I COMA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente simplemente para decirle al Senador del Grupo Popular que la información que le han dado es la existente, evidentemente. Pero lo que estamos pidiendo desde nuestro Grupo y el Grupo de Convergència --nosotros con más intensidad, pero ambos con partida abierta, que es exactamente lo mismo-- es incentivar una cuestión absolutamente básica y necesaria, la referente a una línea clave del Metro de la ciudad de Barcelona y la posibilidad de que pueda disponer de un mínimo de financiación. Se trata de una inversión de 120.000 millones de pesetas, pero lo que se pide es poder iniciar este tema, como también se pide una subvención municipal, porque el contrato-programa es a tres bandas, para que se puedan realizar las inversiones en esta materia. Por tanto, es una cuestión muy simple y muy sencilla.
Entonces, la pregunta clave es la siguiente. Si en algunos casos importantes se han aplicado fondos de cohesión para la financiación de las infraestructuras, ¿por qué no se pueden aplicar en otro caso más? Esta es la pregunta clave. Y esta enmienda no exagera este tema. Sólo pretende hacer posible introducirnos en esta lógica, una lógica que nos parece perfectamente equiparable en unos casos y otro.
Así pues, rogaría al representante del Grupo Popular que hiciese las consultas, viendo las enmiendas tanto de nuestro Grupo como del Grupo de Convergència, puesto que se trata de una partida ampliable, para que se pueda estudiar una posible solución, o, simplemente, abrir una partida.
¿Por qué? Porque es un tema que en estos momentos está en negociación. Y es un tema muy sentido por el Alcalde de Barcelona y muy sentido por los alcaldes de 27 municipios que conformaban la antigua área metropolitana de Barcelona, que son los que han sostenido el coste de la operación desde el punto de vista logístico, así como por el Gobierno de la Generalitat, que también está implicado en este proyecto, y el Gobierno del Estado, que tiene la necesidad de dar una respuesta favorable. Por tanto, pediría que valorasen estas enmiendas desde esta perspectiva, porque creo que se podría encontrar una solución.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Armet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Cambra tiene la palabra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Sánchez Cuadrado, me parece que en lo que hace referencia a la enmienda 1495, la nota que le han pasado no es correcta. Hay en negociación un convenio sobre infraestructuras para el transporte metropolitano. Ya lo ha comentado también el Senador Armet. Por tanto, me parece que dar respuesta a una enmienda con una información no fidedigna no nos parece la forma más adecuada. En todo caso, votan que no y muy bien, pero no lo hagan con esta información como justificación.
En cuanto a la enmienda 1496, creo que es un claro ejemplo de lo que sucede con la falta de autonomía financiera en lo que hace referencia a ingresos en el sistema de financiación. Nos parece muy buena la medida referente a la bonificación fiscal a la cancelación de las hipotecas y la vamos a votar favorablemente en cuanto a la Ley de acompañamiento,

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pero, evidentemente, sin autonomía financiera por parte de las Comunidades Autónomas, no nos parece lo adecuado que las medidas las adopte el Gobierno y las paguen las Comunidades Autónomas, cuando --insisto-- no tienen forma de compensarlo.
Y en cuanto al optimismo de pensar que en el año 2001 se van a generar mayores ingresos para compensar los beneficios fiscales que se conceden, ustedes mismos han presupuestado en este proyecto de ley una partida global de más de 600.000 millones de pesetas para exención y beneficios fiscales. Es evidente que la política económica tiene sus costes, al menos, en el corto plazo, cuando se toman medidas de esas características. Por tanto, no seamos tampoco tan optimistas.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Arnáiz.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores portavoces, llegar a consensuar el modelo de financiación en esta legislatura fue una de las promesas electorales del Partido Popular y del discurso de investidura del señor Aznar. Es más, en su primera comparecencia en esta Cámara el Ministro Posada se comprometió a ello, y le dimos un voto de confianza y le dijimos que ya lo veríamos en los próximos Presupuestos Generales del Estado. Y lo estamos viendo, no hay ninguna voluntad de negociarlo ni de corregir desequilibrios territoriales.
El modelo de financiación actual no vale porque las previsiones que tenían para el IRPF han decaído, es un impuesto en declive. Al señor Zaplana se le ocurrió asumir el modelo que proponíamos desde la Junta de Andalucía, el de la cesta de impuestos, hasta que han vuelto a modificar el tipo de tributos contenido en esa cesta, y es que ahora ya no le sirve ese modelo.
¿Por qué no se hace en el Senado un debate donde hablemos del modelo de financiación? ¿Por qué no se hace ese debate? ¿Por qué no viene Aznar a esta Cámara a explicarnos ese modelo de financiación? En esta Cámara contamos con un instrumento para ello, tenemos los mecanismos y, además, es obligatorio que se celebre cada período de sesiones. ¿Por qué no se hace ese debate? No digan que las Comunidades Autónomas no están de acuerdo, lo que ocurre es que no tienen ningún argumento político que explique su modelo de financiación y, además, se incumple la legalidad.
Respecto a las inversiones, hay que decir que es una pena que le pidamos a Europa un esfuerzo de solidaridad, a través de los Fondos de Cohesión y de los Fondos Estructurales, y que en España, a través de nuestros presupuestos, no seamos capaces de hacer lo mismo que le pedimos a Europa. No somos capaces de hacer ese esfuerzo de solidaridad. Ustedes, con la presentación de estos Presupuestos Generales del Estado, niegan literalmente la función redistributiva de la renta y del patrimonio, y, además, niegan la función de la eficacia.
¿Saben cuáles son las consecuencias? Se lo voy a decir, pero no utilizando los argumentos de esta Senadora, sino un fragmento que aparecía este domingo en la prensa de Andalucía. Dice: Andalucía tan sólo acumula un 10 por ciento de los fondos de inversión, cuando su peso demográfico es mucho más, es un 18 por ciento. La región recibirá 173.000 pesetas por habitante del plan de infraestructuras; tan sólo Navarra recibirá menos, pero Navarra y el País Vasco son las únicas que tienen competencia sobre todas las carreteras de su territorio. La inversión per cápita no es la única variable en la que Andalucía sale mal parada en el plan, porque en comparación con la superficie sale también muy mal parada. En general, muestra que el dinero destinado a Andalucía infravalora su peso demográfico y económico. Las diferencias con las demás regiones son muy notables y se considera que, siendo región Objetivo 1 con una renta per cápita inferior al 75 por ciento de la media comunitaria, podría optar a una importante porción de los Fondos Estructurales europeos. La menor inversión nacional con relación a otras Comunidades se hace mucho más evidente si se tiene en cuenta el peso del turismo en la economía regional andaluza, donde recibimos más de 20 millones de visitas y de cuya actividad depende una gran parte del desarrollo económico de Andalucía.
En definitiva, con estos presupuestos no se hace nada por la cohesión territorial; más bien al contrario, se desagrega territorialmente. No se hace nada por el desarrollo económico, tan sólo se aumentan las diferencias. No se hace nada por la creación de empleo, ni por la economía productiva de las Comunidades menos favorecidas, ni por la convergencia real de las Comunidades de España con el resto de las comunidades europeas. No se reconoce la deuda histórica, y --como bien se ha dicho-- el propio Partido Popular respalda esta petición en el Parlamento de Andalucía. Mantengan el mismo discurso en Andalucía que aquí. La devolución de la deuda histórica es votada por unanimidad en el Parlamento de Andalucía, y estoy segura de que también en el de Extremadura, y ustedes aquí no la reconocen. Las transferencias no se dotan suficientemente y se hace trampa a las Comunidades Autónomas con una imposición unilateral del Gobierno de la nación. No se convoca al Consejo de Política Fiscal y Financiera, no se tiene voluntad de negociación y se hace un ejercicio del poder autoritario, cesarista y, absolutamente, insolidario. Esa es nuestra conclusión.
Comprendo que no quieran entrar en el fondo del asunto y que nos lean los informes técnicos que quieren. Pero si no aceptan ninguna enmienda, ¿por qué los debates que dicen que están pendientes no se hacen en el seno del Senado, que es la Cámara de las Autonomías? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Arnáiz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sánchez Cuadrado.


El señor SANCHEZ CUADRADO: Muchas gracias, señora Presidenta.


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En este turno de portavoces voy a hacer referencia a las intervenciones de aquellos Senadores que han hecho un turno de réplica.
El Senador Cabrero insiste en la falta de financiación para los ayuntamientos, pero no olvide cuál es el modelo de financiación que se está aplicando en estos momentos a los ayuntamientos. Su señoría habla de los ayuntamientos como si fuese el representante de todos los ayuntamientos de España, pero que yo sepa tal categoría corresponde a la Federación Española de Municipios y Provincias, y, precisamente, el modelo de financiación que se está aplicando ha sido aprobado por la FEMP. Por lo tanto, no entiendo ese papel representativo que su señoría se atribuye. En cuanto a los problemas de insuficiencia que pueden presentarse en el futuro, lógicamente se atenderán con el nuevo modelo de financiación que ha de negociarse en el seno de la FEMP y que entrará en vigor a partir del año 2004.
Con respecto a las Autonomías, me vuelve a insistir en el tema del FCI.
Ya le he dicho antes que el conjunto de sus enmiendas --y usted lo ha reconocido-- contemplan unas partidas que suponen cerca de 300.000 millones de pesetas. No voy a entrar en la crítica que podría hacerse respecto a que esta cantidad que ustedes pretenden, vía FCI, Fondo de Nivelación, asignaciones excepcionales, etcétera, destruiría los equilibrios macroeconómicos en los que se basa un presupuesto que tiene unos objetivos claros de política económica que fomente el crecimiento del empleo, la convergencia con Europa, la austeridad, el déficit cero, etcétera, porque no se puede estar gastando 300.000 millones de pesetas como si se tratase --y quizá la proximidad de la Navidad le impulse a ello-- de Papá Noel que saca del zurrón 300.000 millones de pesetas sin que se note, pero sí le diré que tal cantidad se nota en ese equilibrio y que, desde nuestro punto de vista, su propuesta no tiene ningún fundamento jurídico ni económico. Yo respeto su postura y creo que hace muy bien en defender sus enmiendas, pero nosotros creemos que este tipo de planteamientos no tiene justificación económica ni jurídica.
En cuanto a los costes efectivos, he de decirle que las transferencias de los servicios a las Comunidades Autónomas se han llevado a cabo en virtud de un estudio de costes efectivos y han sido acordadas en las respectivas Comisiones mixtas. Por lo tanto, pedir ahora una compensación por los costes efectivos por la subida que ha sufrido, por ejemplo, la educación no tiene sentido.
Posteriormente, hablaré de la deuda histórica, puesto que también se ha referido a ella la Senadora Arnáiz.
El fondo de garantía, en definitiva, se establece como consecuencia de una modificación en el sistema impositivo que se produce en el año 1999.
Al modificar el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se reforma también el sistema que se había pactado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del año 1996, y las Comunidades Autónomas de Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha no están incluidas en ese modelo porque no han querido. Es un modelo aprobado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con un método para el desarrollo de sus reglas, y la aplicación a las distintas Comunidades del reparto correspondiente de las transferencias del Estado, pero es que en ese modelo no están incluidas esas Comunidades Autónomas; por lo tanto, desde el punto de vista legal, si hay una modificación posterior del modelo, tampoco esas Comunidades Autónomas podrán acogerse a un fondo de garantía que está dentro de un modelo que no aceptan, puesto que el modelo que aceptan es el correspondiente al período 1991-1997.
El problema, y con esto también contesto a la Senadora Arnáiz, es que cuando se pacta este modelo en la legislatura pasada, al Partido Socialista --desde mi punto de vista, por cuestiones políticas-- le interesaba hacer oposición al Gobierno del señor Aznar y que no hubiera un acuerdo en política de financiación autonómica. Así, justamente las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Socialista --Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha-- no aceptaron un modelo que había sido aprobado por las restantes Comunidades Autónomas. No es una cuestión económica porque, evidentemente, están sufriendo un perjuicio, como ahora se pone de relieve con sus enmiendas que lo que persiguen es paliar los perjuicios que están padeciendo esas Comunidades Autónomas como consecuencia de haber tomado una decisión política partidista y no una decisión económica. (La señora Arnáiz de las Revillas García pronuncia palabras que no se perciben.) Por otra parte, usted alega que nosotros decimos una cosa en cada sitio y no es así, nosotros decimos lo mismo en toda España; precisamente son los miembros del Partido Socialista los que dicen una cosa en cada sitio y, como ejemplo, basta recordar aquí que la Consejera de Andalucía dijo que, puesto que no había manera de ponerse de acuerdo en el reparto del fondo de nivelación, se adhería al Fondo de Compensación Interterritorial; y no le digo nada si aludo a cuestiones que plantea el señor Maragall sobre la política fiscal especial que tiene que tener Cataluña, sobre la cesta de impuestos que predicaban en Andalucía, etcétera. Nosotros hemos establecido un modelo y lo seguimos, y cuando se negocie el nuevo modelo de financiación autonómica, a partir de 2001, habrá que ponerse de acuerdo --que será lo ideal-- y celebrar los debates que haya que hacer en el Senado, o donde haya que hacerlos. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Aquí! En el Senado.) Lo que no tiene sentido es presentar ahora una enmienda de totalidad al modelo de financiación de las Comunidades Autónomas, en un debate de enmiendas parciales a los presupuestos que, simplemente es eso, un debate sobre enmiendas parciales.
La Senadora Arnáiz me habla de que no se cumple nada, de los fondos de cohesión, de los fondos estructurales europeos, de que los presupuestos son insolidarios, que no sirven para el desarrollo, etcétera, y a mí me parece bien que estas cuestiones se planteen en una enmienda a la totalidad de los presupuestos, pero no en un debate como el que estamos celebrando ahora de enmiendas parciales. (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¿Por qué no?) En definitiva, ya le he dicho anteriormente que sobre el Fondo de Compensación Interterritorial pesan dos problemas.


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El del señalamiento de la cuantía está perfectamente regulado en la ley del fondo y en los acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y todas las enmiendas que ustedes presentan tratando de modificar las cuantías no se adaptan a la legalidad vigente puesto que allí, en definitiva, se establece como mínimo el 35 por ciento y, a partir de ahí, el 35 por ciento de la inversión civil del Estado y sus organismos autónomos. Ustedes proponen un 40 por ciento, pero en los presupuestos hay un 36,5 por ciento de esa inversión civil, luego se cumple la legalidad vigente.
Por lo que respecta al reparto, hay que hacerlo en función de unas variables que se acordaron en el Consejo de Política Fiscal y Financiera y, como ya he dicho anteriormente, influye la población, el paro, la inmigración y otra serie de factores que se corrigen con la inversa de la renta de cada Comunidad Autónoma. Por lo tanto, el fondo tendrá que aumentar o disminuir en función de la población y también de la renta, y ustedes no explican a qué normativa se acogen para hacer un reparto en las enmiendas que plantean, mientras que el Gobierno reparte el fondo en los presupuestos de acuerdo con la normativa vigente en la materia. En consecuencia, estas enmiendas no son asumibles por mi grupo. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Los Senadores Cambra y Armet me hablan del Metro de Barcelona y puede que la información de que dispongo no sea la correcta. Lo único que puedo hacer es proporcionarles la información que a mí me han facilitado en la que se dice que hay una partida de 4.800 millones, con la que se piensa terminar, y que el nuevo convenio que se firme podrá contener otras partidas pero, de momento, al centro directivo no le consta que la Generalitat de Cataluña haya realizado, hasta la fecha, ningún contacto tendente al inicio de las negociaciones del próximo convenio; si ya existe ese convenio, me callo y rectifico en la medida en que su información sea correcta y no la mía.
En relación con los fondos de cohesión, el señor Armet se ha quejado porque le parece que es insolidario que no se utilicen los fondos de cohesión, etcétera. Tengo que recordarle, desde mi posición de Senador autonómico por Extremadura, que España recibe los fondos de cohesión porque es un Estado de la Unión Europea que está por debajo del 90 por ciento de la renta media y, como consecuencia de ello, tiene derecho a fondos de cohesión para invertir en infraestructuras y medio ambiente.
Precisamente las regiones que, desgraciadamente, hacen posible que haya fondos de cohesión no son Cataluña, Baleares ni las regiones ricas que están por encima de ese 90 por ciento sino aquellas que estamos por debajo. No se trata de que estas regiones digan que puesto que los fondos de cohesión vienen a España como consecuencia de su pobreza relativa, se deben destinar allí en su totalidad, porque para eso está la solidaridad y, naturalmente, es correcto el hecho de financiar con cargo a fondos de cohesión obras como el AVE de Madrid hasta la frontera francesa, que se lleva una gran parte de los mismos. El Senador Armet dice que el Gobierno peca de falta de solidaridad con los fondos de cohesión y, precisamente, este Gobierno está siguiendo una política de solidaridad, haciendo las obras de infraestructuras que hay que hacer en este país, prescindiendo de cuáles sean los argumentos a través de los cuales se consiguen estos fondos de Europa.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas, gracias, Senador Sánchez Cuadrado.


A continuación, pasamos a debatir las disposiciones adicionales primera a vigésima séptima (nueva). Enmiendas 1075 a 1095 y 1098 a 1106, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Quiero empezar por comentar que mi compañero, el señor Cabrero Palomares, defenderá las enmiendas números 1079, 1080, 1086, 1093, 1104 y 1105, y yo las restantes.
La enmienda número 1075 es idéntica a la 1101, por lo que no voy a defender esta última. Se plantea la creación de una nueva disposición adicional que dijera: «Para el ejercicio 2001, el Salario Mínimo Interprofesional quedará fijado en 79.132 pesetas al mes. En cómputo anual para el 2001, la cuantía del Salario Mínimo Interprofesional, incluidas las pagas extraordinarias, no será inferior a 1.107.848 pesetas.» Por tanto, esta enmienda trata --hay otras más-- de evitar la discriminación por edad del Salario Mínimo Interprofesional, recuperar la pérdida de capacidad adquisitiva de ese Salario Mínimo Interprofesional y aportar una cantidad adecuada para evitar la exclusión de las rentas más bajas.
La enmienda número 1076 se refiere a los hospitales militares, si van a formar o no todos parte de la red del Insalud; en este caso concreto se propone algo que me ha sido solicitado de forma encarecida, y es que se adopten las medidas necesarias para que, a lo largo del año 2001, el Hospital Gómez Ulla se incorpore al Instituto Nacional de la Salud, con el fin de dotar a la ciudad de Madrid, y en especial a la zona sur de la misma, de unos servicios sanitarios realmente adecuados.
La enmienda número 1077 crea una nueva disposición adicional con el número de orden que corresponda, en el sentido de que el Gobierno reclamará del Gobierno de los Estados Unidos de América el inicio de conversaciones --total nada-- para que en el año 2001 entre en vigor un fondo de compensación sufragado por dichos Estados Unidos como compensación de las servidumbres que supone la Base Militar de Rota para los municipios del Puerto de Santa María y de Rota.
Nuestra posición sobre este tema es perfectamente conocida. No hace falta que la explique de nuevo. Hemos estado en contra con anterioridad, del mundo bipolar de los bloques militares, y ahora que estamos en el predominio de un mundo bipolar estamos en contra de la existencia de bases militares en nuestro territorio, pero existen, y ello crea problemas de todo tipo: medioambientales múltiples, servicios

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de algunas zonas por encima de sus posibilidades, etcétera. No pretendemos que se paguen otras cosas que son impagables, sino que exista una compensación y, por tanto, esta enmienda, nos parece lógica. Hay experiencias en este sentido, y por ello presentamos esta enmienda.
La enmienda número 1078 pretende dar cumplimiento a lo dispuesto en la disposición adicional primera de la Ley de Cooperación aprobada en el año 1998. Se trata ni más ni menos de recoger de manera integrada los créditos de los distintos Ministerios y Organismos Públicos destinados a financiar programas de Ayuda Oficial al Desarrollo, cuestión ya debatida.
Doy por defendida la enmienda número 1081.
El motivo de nuestra enmienda número 1082 es que nos parece inconcebible que con la disponibilidad de medios informáticos existentes en la actualidad, el poder legislativo siga recibiendo información en soporte de papel, escasa y con abundante retraso para ejercer la función de control presupuestario. Por tanto, proponemos la creación de una nueva disposición adicional que diría: «Las Comisiones de Presupuestos del Congreso de los Diputados y del Senado tendrán acceso al sistema informático de la Intervención General del Estado para obtener toda aquella información relacionada con la ejecución de los Presupuestos Generales del Estado que dicho sistema ofrece en la actualidad con carácter interno para la Administración.» A estos efectos, las Cámaras lógicamente tendrían que reglamentar la forma de acceso.
La enmienda número 1083 la doy por defendida.
La enmienda número 1084 plantea una cuestión, ya en parte debatida, pero importante para nosotros, que es que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 116 de la Ley 39/1988, Reguladora de las Haciendas Locales, se establezca dentro de los Presupuestos Generales del Estado un Fondo Local Adicional de 100.000 millones como asignación complementaria para cubrir insuficiencias financieras en la prestación de servicios públicos municipales obligatorios.
Para la distribución y destino de ese Fondo Local Adicional se tendrá en cuenta la realidad plural de los municipios españoles más débiles; superficies de sus términos municipales, diseminación de núcleos urbanos, pedanías; municipios rurales de escasa población; municipios de montaña; municipios turísticos; realidad insular de municipios en Baleares o en Canarias, etcétera.
La concreción definitiva, cuantificación y gestión de este fondo adicional se realizará con la participación de la Federación Española de Municipios y Provincias y de las federaciones o asociaciones de municipios específicos que existan legalmente constituidos. Se trata de crear este fondo con la filosofía y la idea que ya hemos defendido en otras ocasiones.
La enmienda número 1085 pretende dar cumplimiento a moción del Senado de 13 de abril del año 1999. Se refiere al Año Europeo de las lenguas que incluyen la lengua de signos. Se plantea la creación de una Comisión formada por diferentes ministerios y, por tanto, se pretende esencialmente formalizar programas de educación, educación bilingüe, etcétera, es decir, que todo el programa sea realmente cubierto a fin de cumplir, insisto, la citada moción con respecto a la lengua de signos.
La enmienda número 1087 pretende dar cumplimiento al acuerdo establecido en el Pacto sobre la participación local en los tributos del Estado para el quinquenio 1999-2003 firmado por los ministerios de Economía y Hacienda y de Administraciones Públicas con la FEMP. No argumento más, pues disponen ustedes de esta enmienda.
La enmienda número 1088 trata de las pensiones. Una vez más, no nos cansaremos de insistir en que las pensiones cuyos importes sean inferiores al Salario Mínimo Interprofesional deben tener una subida mayor que el IPC. Este tipo de pensiones deben incrementarse, pues se trata de que estas personas que tienen una renta tan baja y que se encuentran en un proceso que casi podríamos denominar de marginación puedan cubrir sus más elementales necesidades.
Perdonen la licencia que me voy a permitir, pero yo conozco mucha gente en esta situación y tengo un caso muy cercano, el de un hermano que cobra 57.000 pesetas mensuales y paga por el alquiler de piso 25.000; actualmente tiene 70 años y su familia tenemos que ayudarle. Así hay un montón de gente, pero yo, insisto, vivo este problema muy de cerca. Por tanto, ciertas pensiones deben subir más para hacer más justa la distribución de la riqueza.
La enmienda número 1089 trata una cuestión que nos ha sido solicitada desde diferentes ámbitos, especialmente desde asociaciones de cicloturistas, para intentar fomentar el cicloturismo. Plantea lo siguiente: «El Gobierno destinará el 0,1 por ciento del presupuestos de los ministerios de Fomento y Medio Ambiente para la creación de una red nacional de carriles bici, para lo cual se aprovecharán sendas y se recuperarán vías para el fomento de la actividad cicloturista y se fomentará su conexión con otras redes europeas.» En definitiva, se trata de inversión en medio ambiente, a la vez que potenciar una actividad digna de apoyo.
Doy por defendida la enmienda número 1090.
La enmienda número 1091 pretende que la cifra de los jueces sustitutos no podrán superar, para el año 2001, el 5 por ciento de la totalidad de jueces en ejercicio, y también se refiere a que en este año no se incluirán en la plantilla magistrados sustitutos. La motivación es que actualmente un 20 por ciento de jueces y un 9 por ciento de magistrados son sustitutos. En ambos casos son nombrados con criterios subjetivos y son reflejo de que no se convocan plazas y de que podría haber más plazas de las que hay. No argumento más.
La enmienda número 1092 pretende que ciertas gestiones y sus beneficios sean administrados bajo control público directo. Por ello, proponemos una nueva disposición adicional sobre cuenta de depósitos y consignaciones judiciales que pasarán a ser controladas y gestionadas directamente y en exclusiva por el Ministerio de Justicia, que será su único titular.
Las enmiendas números 1094, 1095, 1096 y 1099 las doy por defendidas.


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En cuanto a la enmienda número 1100 la doy casi en su totalidad por defendida. Hubiera podido ser una enmienda transaccional porque plantea que con fecha 1 de enero de 2001 se elimine la autorización para la generación eléctrica a las centrales térmico nucleares de Garoña y Zorita. La motivación es que las autorizaciones para la generación eléctrica de dichas centrales han superado el número de años concedido.
Las diversas transferencias realizadas a favor de las compañías eléctricas, como las de moratoria nuclear y la reciente de Costes de Transición a la Competencia, junto a la fijación de precios de la electricidad, han cubierto con creces la amortización de estas vetustas y caducas instalaciones. Se plantea que se haga con fecha 1 de enero.
Podría haberse presentado una enmienda transaccional pero, lógicamente, se está en contra del fondo, no de la forma.
La enmienda número 1101 está ya defendida porque se repite.
La número 1102 pretende modificar situaciones de discriminación negativa de los funcionarios acogidos al régimen general de la Seguridad Social; garantizar, en definitiva, medidas que eviten esa discriminación.
La enmienda número 1103 pretende garantizar la renovación de las concesiones de televisiones privadas en aquellos casos en que se hayan cumplido los requisitos de la Ley 10/1988, de Televisión Privada, como las relativas a los subtítulos que ya cumple la televisión pública.
Pretende, con la creación de una nueva disposición adicional, que el Gobierno adopte las medidas legales oportunas para que en el momento de la renovación de las concesiones de los canales de la televisión privada, éstas previamente garanticen que el 25 por ciento de su emisión total aparezca subtitulada, entre la que deberá aparecer al menos un telediario y una película.
Por último, la enmienda número 1106 va dirigida a la ayuda y a la solidaridad y cooperación internacional. Hay sorteos para fines concretos en este país, y estarán de acuerdo conmigo en que hay demasiadas loterías. En cualquier caso, permítanme que para fines concretos --y este caso lo requiere--, como no es mi intención ampliar aún más la multiplicidad de loterías, se plantee no una ampliación sino un sorteo especial para la cooperación internacional y ayuda al desarrollo. Se pretende proporcionar fondos con destino a alcanzar el objetivo de la campaña del 0,7 por ciento. Ayer mismo leí en la prensa que el Estado español no llega al 0,25 por ciento. Hace falta todo tipo de esfuerzos para conseguir este objetivo si queremos lograr los compromisos adquiridos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Para la defensa del resto de las enmiendas, tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares. Le comunico que le restan cuatro minutos.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias,' señor Presidente.
En coherencia con la enmienda que hemos defendido anteriormente, relacionada con el Fondo de Nivelación, en la número 1079 planteamos que se posibilite que los remanentes de crédito presupuestarios del Fondo de Nivelación de ejercicios anteriores se incorporen en este caso al vigente proyecto de presupuestos. El Ministerio de Economía, tras el acuerdo que finalmente consiga el Consejo de Política Fiscal y Financiera, procederá al reparto de dichos fondos. Hay una acumulación de unos 46.000 millones de pesetas de ejercicios anteriores desde 1997, a cuyo reparto no se ha procedido, y consideramos que habría que posibilitar que las Comunidades Autónomas que tienen derecho a ello no los perdieran.
En consecuencia con la enmienda que hemos planteado anteriormente sobre la deuda histórica hacia Andalucía y Extremadura, presentamos también una disposición adicional en el sentido del reconocimiento de esa cantidad de 51.000 millones y 10.000 millones de pesetas, respectivamente, para estas Comunidades Autónomas.
La enmienda número 1086 pretende que los excedentes de ejercicios anteriores del Fondo de Nivelación se puedan utilizar para financiar programas posteriores.
Hay tres enmiendas que proponen la creación de disposiciones adicionales nuevas para la dotación de un fondo de 1.200 millones de pesetas para el desarrollo del Estatuto especial de la ciudad de Cádiz. Desde los Presupuestos Generales del Estado queremos posibilitar el desarrollo de dicho Estatuto con esa dotación presupuestaria .
Las dos últimas enmiendas tienen que ver con lo que se llamó en su momento el Plan de Empleo Rural, que ahora se llama Aepsa para las Comunidades Autónomas de Andalucía y Extremadura. Queremos conseguir que en el mundo rural en esas dos Comunidades Autónomas los trabajadores del sistema especial agrario de la Seguridad Social que están parados tengan la posibilidad de realizar dos meses de trabajo en los municipios a través de los convenios de colaboración con el Inem. Pretendemos que se dote de la financiación suficiente, 60.000 millones de pesetas, 50.000 millones para la Comunidad Autónoma de Andalucía y 10.000 millones para la de Extremadura, con el objetivo de que se realicen dos meses de trabajo. Estamos planteando que los parados del medio rural de estas dos Comunidades Autónomas tengan derecho al menos a dos meses de trabajo al año, y en ese sentido se amortigüe de manera importante la situación social y económica de deterioro que sufren por la situación estructural de paro que existen en estas Comunidades Autónomas, fundamentalmente en el entorno rural. Por eso va siendo hora de que los convenios de colaboración Inem-Corporaciones Locales tengan una mayor efectividad en cuanto a la resolución del problema social y económico del colectivo de trabajadores parados del medio rural, y no se quede en diez o quince días, en el mejor de los casos, que hacen algunos y no todos los trabajadores parados del medio rural, y se pase a dos meses.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cabrero Palomares.
Pasamos a continuación a la defensa de las enmiendas números 938, 939, 940 y 941, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


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Para parte de la defensa de estas enmiendas, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea. Le comunico que tienen un total de cuatro minutos.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar repartir mi tiempo con el Senador Albistur.
Con la enmienda número 938, cuyo tema ya ha sido debatido en distintas ocasiones, tanto en el Congreso como en la Comisión de Trabajo del Senado, planteamos la necesidad de asegurar la financiación del Acuerdo Vasco sobre Formación Profesional Continua. Nuestro planteamiento viene a ser el que ya hemos expuesto en otras ocasiones, con la idea de que haya una cuantía equivalente a la que resulte de aplicar el porcentaje citado en el párrafo primero de esta disposición, al cálculo de recaudación por cuotas de Formación Profesional en la Comunidad Autónoma de que se trate, por si hay otros acuerdos que se puedan refrendar sobre Formación Profesional Continua en otras Comunidades. Es preciso no estar al albur de los cambios de ánimo políticos, y si queremos que viva, precisa una estabilidad con las dimensiones y las expectativas con las que se creó este acuerdo. Estamos hablando de más de 4.000 millones de pesetas de diferencia en estos momentos, y esto no es serio para poder desarrollar en condiciones un acuerdo de estas características.
La enmienda número 939 propone la supresión de la disposición adicional undécima, que creemos que no está bien planteada. Es una disposición sobre los importes recibidos durante el año 2000 en concepto de incentivos al rendimiento y creemos que quiebra, según se regula en el artículo 23 de la Ley 30/1984, de 2 de agosto, la retribución al especial rendimiento de los empleados públicos, que se hace de una manera general, cuando precisamente creemos que su fin es el de los complementos de productividad y no tanto el concepto que se ha planteado aquí.
La enmienda número 941 --la 940 la defenderá el Senador Albistur-- propone la supresión de la disposición adicional vigésima tercera porque creemos que el Estado plantea, mediante la Ley de Presupuestos, una reserva material que tendría que hacer primeramente en otra ley.
Entendemos que esta disposición adicional es anticonstitucional, ya en el año 2000 se planteó así en el proyecto de ley de presupuestos. Creemos que deriva precisamente de la trasgresión del artículo 149 sobre el reparto de competencias en materia laboral, toda vez que dicho precepto atribuye al Estado exclusivamente la función legislativa, señalando expresamente que las funciones ejecutivas corresponden a los órganos de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, en el caso de esta reserva consideramos que no es la ley presupuestaria la que debe establecer la gestión directa por parte del Inem de créditos asignados al fomento del empleo. Creemos que se está haciendo una mala interpretación al atribuirse a la ley de presupuestos unas posibilidades que no le corresponden por el ordenamiento jurídico, y de ahí que solicitemos la supresión de la citada disposición adicional.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Aurrekoetxea.
Tiene la palabra el Senador Albistur, por tiempo de un minuto.


El señor ALBISTUR MARIN: Un minuto es poco tiempo para defender una enmienda que se refiere a Bilbao, como usted comprenderá.(Risas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, el tiempo reglamentario es el que es, aunque la enmienda se refiera a Bilbao.


El señor ALBISTUR MARIN: Sí, señor Presidente. Pero, además, este tema no sólo concierne a nuestro Grupo, sino que hay otras Senadoras y otros Senadores implicados en el mismo y que, con sumo gusto, escucharán la defensa de nuestra enmienda.
La enmienda en cuestión se refiere a la gran importancia cultural e histórica de la celebración del 700 Aniversario de Bilbao-III Milenium, para lo cual se determina la necesidad de establecer un marco jurídico adecuado que promueva las iniciativas encaminadas a la conmemoración del citado acontecimiento.
El Ayuntamiento de Bilbao ha previsto la organización de diferentes eventos que sirvan para dinamizar internamente la ciudad y promocionar el conjunto de la metrópoli de cara al exterior --ésta es una frase que solamente pueden decir los de Bilbao, que es ciertamente importante; es una ciudad renovada, que tiene una considerable proyección histórica e internacional.
La celebración de todos estos actos va a suponer un importante desembolso económico para el Ayuntamiento, cuyo coste difícilmente puede ser asumido exclusivamente por el mismo. Por eso, el Ayuntamiento ha invitado a la iniciativa privada a participar en este hecho y fomentar su colaboración en los actos de celebración.
Como sus señorías saben, existe ya una norma foral aprobada por unanimidad en las Juntas Generales de Bizkaia, pero de aplicación estricta en el citado territorio, por lo cual, ya existen una serie de medidas similares a las que aquí se proponen para obtener beneficios fiscales por las donaciones otorgadas ... (Un fallo momentáneo en la megafonía impide oír la intervención del Senador Albistur Marin.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Perdón, Senador Albistur. (El señor Albistur Marin: Yo no tengo teléfono.--Risas.) Esto no tiene nada que ver con que usted sea de Bilbao o con que la enmienda se refiera a esa ciudad. Puede usted continuar.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias a Dios, soy como Jesucristo: no he nacido en Bilbao; es una cualidad que se puede adquirir cualquier día por adopción. (Risas.) Pero cualquier entidad residente fuera del territorio foral que realizara una donación o que quisiera participar en las iniciativas propuestas por el Ayuntamiento de Bilbao no tendría los mismos beneficios fiscales que va a obtener

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una empresa, entidad privada o la acción individual de cualquier persona que colabore con el Ayuntamiento de Bilbao. Por tanto, con nuestra enmienda proponemos que el ámbito de aplicación no se limite al mencionado territorio histórico de Vizcaya, sino que sea extensible a otros.
Por último, queremos manifestar que el sistema ideado no resulta en absoluto novedoso, ya que el mismo se ha venido aplicando a acontecimientos de similar trascendencia, como el Año Santo Jacobeo 1999; Santiago, Capital Europea de la Cultura 2000, o Salamanca, Capital Europea de la Cultura 2002.
Asimismo, en la disposición adicional quinta del proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social --que posteriormente debatiremos-- se contempla la aplicación del régimen fiscal solicitado ahora para Bilbao a los programas y actividades relacionados con el Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. Repito, pues, que ésta es una práctica habitual en las actividades de carácter cultural de las grandes ciudades del Estado.
Eso es lo que pedimos, y queremos mover el corazón de los Senadores del Grupo Popular para que tengan esta atención para con una ciudad que se lo merece.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.
Enmiendas números 423 y 425 a 431, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Estas enmiendas se refieren a diversos temas, y me voy a centrar en dos de ellos.
Una de nuestras enmiendas propone que se elabore un plan que pueda acabar recuperando las autopistas de peajes que, en el caso de las autopistas competencia del Estado, surcan Cataluña de norte a sur y también hacia el oeste, siendo, por tanto, las vías principales de comunicación. Es cierto que se han eliminado algunos peajes importantísimos, pero pensamos que debe continuarse por este camino, y por ello proponemos un plan a cinco años para que puedan rescatarse progresivamente esas autopistas de peaje.
La segunda enmienda en la que voy a hacer hincapié se refiere a que el Gobierno se plantee la posibilidad de ir condonando progresivamente la deuda externa a los países en vías de desarrollo. Este es un sentimiento muy extendido en la sociedad española que pensamos que también debe ir incidiendo en la mentalidad de los diferentes partidos políticos y los Gobiernos. Aunque somos conscientes de que esta enmienda no va a ser aprobada, queremos abrir un debate para que este tema vaya calando progresivamente en todos los estamentos políticos de nuestra sociedad.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Aleu.
Enmiendas números 1502 y 1503, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Para su defensa, por tiempo de tres minutos, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señor Presidente.
Nuestro Grupo mantiene vivas estas dos enmiendas, que suponen un buen equilibrio, ya que con la primera proponemos una nueva disposición adicional, y con la segunda, la supresión de una ya existente, con lo cual, el número de disposiciones adicionales sería el mismo.
La enmienda número 1502, relativa a esa nueva disposición adicional, tiene por objeto facilitar la ejecución de una política de integración de los inmigrantes continuada y firme por parte de las Comunidades Autónomas.
Las Comunidades Autónomas son las competentes para ejecutar buena parte de las políticas de integración social, por lo que es preciso prever la dotación de un fondo de integración de inmigrantes para financiar dichas políticas.
Y, como ya he dicho, con la enmienda número 1503 se solicita la supresión de la disposición adicional vigésima tercera, por entender que con ella se está incumpliendo lo dispuesto en el Real Decreto 1050/1997, de 27 de junio, sobre traspaso a la Generalitat de Cataluña de la gestión por parte del Inem en el ámbito del trabajo, la ocupación y la formación. A través de esa norma se traspasaron a la Generalitat las funciones de gestión y control de todas las políticas activas de ocupación en Cataluña, reservándose exclusivamente para el Inem las políticas pasivas.
Así pues, consideramos que esta disposición adicional incumple lo dispuesto, ya que el Inem no debería quedarse con los fondos necesarios para llevar a cabo esas políticas activas, que deberían transferirse a las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cambra.
Enmiendas números 494 a 523, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, en primer lugar, tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias,señor Presidente.
Voy a intentar ser breve para que la votación del articulado se produzca a la hora fijada, y agruparé por bloques las enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta a las disposiciones adicionales para su mejor comprensión.
Consideramos que las enmiendas números 494, 508, 509, 514, 515, 519 y 521 tienen por objeto la mera transparencia y el mejor control presupuestario. En concreto, con la número 494 proponemos que se integren nuevos organismos y seguir las recomendaciones del CES, a fin de que por parte de los organismos parlamentarios haya un mayor control del gasto de determinados entes públicos, como el del GIF, el ente gestor de infraestructuras ferroviarias, que maneja grandes cantidades de dinero y sobre el

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que en estos momentos no tenemos información suficiente.
En la misma dirección va la enmienda número 509, que es la habilitación del Sistema Integrado de Contabilidad Pública (SICOP), o la Oficina Nacional de Auditoría, enmienda número 514, para que cada día se parezca más su funcionamiento al del GAO (General Accounting Office).
Hay dos aspectos que nos preocupan: uno, que se dé cuenta al Parlamento trimestralmente de cuáles son las cuentas financieras de la Seguridad Social en el Banco de España y en otras entidades; y dos, que por parte de la SEPI se clarifique su información, para que el Parlamento pueda conocer mejor cómo maneja los fondos la SEPI, teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del dinero que está manipulándose en ella, como saben ustedes, son fondos que provienen de la privatización de empresas públicas.
En la enmienda número 521, dentro de estas medidas de control presupuestario y de transparencia, lo que pedimos es una medida meramente técnica: un soporte informático adecuado en la documentación que el Gobierno remite al Parlamento, con los datos de la contabilidad nacional y del presupuesto.
El segundo paquete de medidas se refiere a un tema que los socialistas venimos reiterando en los sucesivos años, que es la igualdad de trato para las distintas creencias religiosas que hay en nuestro país. Nosotros deseamos, con nuestras enmiendas números 496, 497, 500 y 501, que haya un trato justo e igualitario para los evangélicos, para los islámicos y para los judíos. Voy a darles un dato. Por ejemplo, en la Comunidad Autónoma en la que yo vivo, en la provincia a la que represento, los niños evangélicos no tienen derecho a un profesor de religión, ni en los centros públicos ni en los centros concertados. Por tanto, las propuestas que hacemos los socialistas van en el sentido de que se les dé un trato proporcional al número de fieles que puedan tener estas creencias religiosas en relación con el dinero público de que se dispone para la religión católica.
La enmienda número 501 pretende que se respete la voluntad de los contribuyentes que, cuando hacemos nuestra declaración de la renta, asignamos determinadas cantidades, bien sea para la Iglesia Católica bien sea para fines sociales. Desgraciadamente, a pesar de que una mayoría de ciudadanos destinan fondos a acciones de carácter social, sin embargo la cantidad final resultante es mayor para la Iglesia Católica, y lo que pedimos es que se equipare ese fondo social al que recibe la Iglesia Católica. Por último, que se cumpla de una vez el sistema de financiación, y que en el primer trimestre del próximo año --y lo decimos en la enmienda número 500-- se regule definitivamente el sistema de financiación de la Iglesia Católica.
En relación con las ONGs, y sobre todo con las actividades y programas prioritarios de mecenazgo y otros incentivos de interés general, hacemos una enmienda de adición, la número 495, en la que pedimos que se consideren de interés general las actividades privadas de las organizaciones no gubernamentales dedicadas a ayuda al desarrollo, así como los proyectos que tengan como objeto atender a mujeres o a familias víctimas de la violencia de género, al igual que a aquellos proyectos de reinserción social de colectivos de inmigrantes.
En cuanto al aspecto fiscal, tenemos una medida que venimos reiterando en los dos últimos años, de la que ustedes habitualmente se olvidan, y además conscientemente: que las escalas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no se actualizan con la inflación, de tal modo que al no preverse la inflación en dicha escala, se está produciendo un acto de injusticia para con los ciudadanos porque pagan más de lo que debieran.
En relación con la Seguridad Social presentamos cuatro enmiendas, las números 502, 503, 504 y 506, que básicamente vienen a decir dos cosas.
Primero, las alegrías del sistema debe pagarlas el Estado, es decir, todas las bonificaciones que se quieran hacer en relación con las cuotas de la Seguridad Social o con las cuotas que deba percibir el Inem, pero deben ser compensadas con la misma cantidad que deja de percibir la Seguridad Social con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, para así garantizar el equilibrio. Segundo, que en los complementos de mínimos, tal y como decimos en la enmienda número 503, toda la aportación se haga con cargo al capítulo correspondiente del proyecto de ley de presupuestos. Por último, en cuanto al Fondo de Reserva, es evidente lo que dice el Pacto de Toledo: que el Fondo de Reserva debe constituirse sobre la base de los excedentes entre los ingresos y los gastos por pensiones contributivas. Por tanto, el Fondo de Reserva no se debe dotar con una cantidad de decisión política, sino que debe ser en función de lo que se recibe por cuotas, menos lo que se gasta en pensiones contributivas; eso es lo que se debe dotar para el Fondo de Reserva y prepararnos para cuando venga el ciclo malo, que vendrá en algún momento, en la Seguridad Social.
Después hay otra serie de medidas en relación con los funcionarios, donde el Partido Socialista y el Grupo Parlamentario, por supuesto, mantenemos una posición tradicional, que es la defensa del poder adquisitivo, del que se perdió en este año, para el cual proponemos una paga compensatoria en enero, y del que se va a perder el año que viene, si no se cumplen las previsiones de inflación del Gobierno. Porque los funcionarios públicos --y yo soy personal estatutario del Servicio de Salud-- no tenemos por qué pagar los errores o las desviaciones de la inflación en los que no acierte el Gobierno. En ese sentido nos parece de justicia que se garantice que las desviaciones que haya en el índice de precios al consumo se compensen con una paga compensatoria.
En relación también con la situación funcionarial, reiteramos dos viejas propuestas de los socialistas. Una, el tema de las horas extraordinarias no es presentable; hay que limitarlas; ponemos un límite de 60 horas anuales, máximo dos horas por día y diez por mes, salvo caso de fuerza mayor, y no se deben pagar; deben compensarse con trabajo; en un país que sigue teniendo la tasa de desempleo más alta de la Unión Europea no es moralmente presentable que las horas extraordinarias sean un mecanismo que permita cubrir la insuficiencia de las plantillas del sector público.


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En cuanto a los contratos temporales, hablamos de que se haga un acuerdo con los sindicatos para reducir el carácter temporal de algunos empleos del sector público.
Por último, tenemos una serie de enmiendas que pretenden medidas puntuales. La enmienda número 499 pide simplemente que se cumpla lo que votaron las Cámaras en la anterior legislatura sobre la ley de devolución del patrimonio incautado a los partidos políticos. Ha de preverse un fondo para indemnizar a todas las fuerzas políticas que, como consecuencia del desastre de la Guerra Civil, perdieron su patrimonio.
La enmienda número 505 se refiere a Internet, y en esta época en que todo el mundo habla de ello, aunque no venga a cuento, sería deseable que los legisladores nos preocupáramos de que hubiera una tarifa plana adaptada al horario de los centros escolares. Yo tengo dos hijos que manejan Internet como una herramienta diaria, y ya saben ustedes que el horario de la tarifa plana no es el de los centros escolares, con lo cual deberíamos tener una mínima sensibilidad para pensar que los centros de estudio donde se están formando las generaciones que han de dirigir este país en este siglo XXI deberían tener una tarifa plana adaptada a su horario.
La enmienda número 517 contiene una medida que también hemos presentado en anteriores presupuestos, que se refiere a aquellos solares que son patrimonio del Estado o de los entes estatales, y que no se usan actualmente para esos fines. Nos estamos refiriendo fundamentalmente al patrimonio de Defensa o al de Renfe, que ya no tiene ni fines ferroviarios ni de defensa nacional y que el Estado no debe especular con ellos. Lo que debe hacer el Estado es firmar convenios --es lo que proponemos-- en el primer trimestre del año con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos respectivos para hacer promociones de viviendas de protección oficial, con precio fijado, para que exista una política de vivienda más adecuada con los terrenos que, en su momento, adquirió el patrimonio público.
En esa misma dirección, en la enmienda 520, los socialistas proponemos la incentivación de ayudas para la adquisición de viviendas de protección oficial para jóvenes y familias monoparentales.
Terminamos con dos enmiendas con las que yo creo que sus señorías van a estar de acuerdo, aunque después no las voten.
La 522 se refiere a las solicitudes que han formulado distintas ciudades españolas para acogerse a la iniciativa URBAN que, como saben ustedes, es un plan que se inicia en el año 1995 como consecuencia de los fondos europeos para rehabilitación de zonas de distintas ciudades de los diferentes países. En el caso español, la vez anterior hubo dos convocatorias de URBAN, pero en esta ocasión no va destinado a infraestructuras físicas, sino que tiene como objetivo fundamental la reinserción de personas y de colectivos con especiales dificultades. Pues bien, la insuficiencia de medios ha hecho que las ayudas concedidas sólo lleguen al 20 por ciento de las ciudades que lo solicitaron. ¿Y qué hacemos con el otro 80 por ciento de las ciudades, por cierto, la mayoría de ellas sin alcalde socialista? Lo que proponemos los socialistas es que allí donde no lleguen los fondos europeos, si los programas que presentan son necesarios para garantizar una mejor integración social, papá Estado acoja esas peticiones y prepare un programa especial del Gobierno destinado a cumplir con la insuficiencia que URBAN no puede alcanzar.
La enmienda 523 se refiere a un programa de la UNESCO. Esta sí tiene por objeto una ciudad en la que hay un alcalde socialista desde hace muchos años. Nos estamos refiriendo al Fórum Universal de las Culturas Barcelona 2004. En ella proponemos simplemente que en los Presupuestos Generales del Estado se abra la puerta a una financiación adecuada autorizando un sorteo extraordinario de la Lotería Nacional, así como las emisiones filatélicas relacionadas con el evento, y que los beneficios de ese sorteo y de esas emisiones filatélicas puedan ser la dotación que ayude a financiar ese evento; evento que acoge la ciudad de Barcelona, pero que responde a una decisión de un organismo como la UNESCO en el que nuestro Gobierno, el Gobierno de España, tiene un papel destacado y que, hasta bien recientemente, ha tenido a su frente a un director general español como el profesor Mayor Zaragoza.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Para defender el resto de las enmiendas enumeradas, tiene la palabra el Senador Aleu. Le quedan cinco minutos. (Pausa.) ¿Su señoría no va a defender el resto de las enmiendas? (Denegaciones.) Muchas gracias.
Pasamos al turno en contra.
Tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Estoy de acuerdo, y también lo está el Grupo Parlamentario Popular, como es natural, en que la Ley de Presupuestos Generales del Estado es muy importante; no sé si la más importante, pero como viene todos los años y es importante, esa importancia se multiplica.
Pero, por supuesto, no es la única ley que llega a las cámaras parlamentarias, ni es la única importante, ni debe ser un saco sin fondo donde todas la iniciativas, toda la acción política se plasme, y además, fundamentalmente a través de las enmiendas que estamos tratando en este momento, que son las disposiciones adicionales.
En su día, el Tribunal Constitucional ya estableció una parte del criterio de eliminar los efectos indeseados que he mencionado, es decir, que la Ley de Presupuestos Generales del Estado solamente debía reflejar aquellos aspectos que tuvieran directa e inmediata trascendencia presupuestaria. No es éste el caso de muchas enmiendas que se han defendido por los señores portavoces. Bien es verdad que son enmiendas que están admitidas por la Mesa del Senado y, por tanto, son reglamentariamente válidas, y desde ese punto de vista no puedo oponerme a ellas, pero sí resaltar que obedecen a esos criterios de depuración que hizo el Tribunal Constitucional dado que muchas de ellas --y haré referencia a algunas-- tratan de criterios o decisiones

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de política general, de habilitaciones genéricas de gastos sin cuantificar, y ni siquiera proponen crear partidas en el estado de gastos ni en el estado de ingresos. Por otra parte, muchas son repetición literal de enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados y otras son peticiones o previsiones de información complementaria en materia económica que ya estaban previstas en otras leyes y, por tanto, hacen innecesaria su repetición.
Dentro de esas propuestas singulares --más adelante mencionaré alguna-- en cuanto que son genéricas y no cuantifican su trascendencia económica, por tanto presupuestaria y, por tanto, sin obedecer los criterios del Tribunal Constitucional, figura, por ejemplo, la creación de un carril bici con el 0,1 por ciento de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente y del Fomento; condonar la deuda externa, dicho con carácter genérico; paralizar la colaboración económica con la Iglesia Católica; el rescate de las autopistas y el que no haya más autopistas de peaje. El que no haya más autopistas de peaje en el futuro podrá ser un criterio político, pero su trascendencia presupuestaria debe justificarse, y no es éste el caso. Otras enmiendas hablan de que un hospital militar se traspase a una Comunidad Autónoma; de que haya un número determinado de jueces o magistrados; de que se ponga en marcha lo necesario para que la línea 9 del Metro de Barcelona sea subvencionada de acuerdo con los Fondos de Cohesión, etcétera.
Me referiré ya, contestando a los grupos concretamente, a algunas de estas enmiendas concretas a las que he hecho mención.
La enmienda número 1075, de Izquierda Unida, Grupo Mixto, fija el salario mínimo. Señor portavoz de Izquierda Unida y del Grupo Mixto, el salario mínimo lo fija el Gobierno de acuerdo con unos criterios y con negociaciones o relaciones con los órganos sociales: sindicatos y empresarios. La edad, por ejemplo, es un criterio que ya desapareció hace mucho tiempo en la fijación del salario mínimo. Existe un solo salario mínimo, independientemente de la edad.
La enmienda 1076 --aquella que ya mencioné-- se refiere al Hospital Militar Gómez Ulla. El Gobierno cree que es un hospital necesario para la estructura militar. En todo caso, estemos o no de acuerdo, éste no es el momento ni el lugar para plantearlo y poder admitirle ese criterio.
Hay enmiendas en las que se solicita más información. Alguna tiene especial significación, y ya me adelanto a otra enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, la 1106, que pide un sorteo especial de Lotería. La verdad es que los políticos hemos encontrado un filón en esto de la lotería, porque para ayudar a financiar cualquier evento decimos que se dedique un sorteo. Al final, creo que lo que habría que hacer es dedicar la lotería a eventos de todo tipo, porque, siendo discutibles desde el punto de vista ético los juegos del Estado, lo que no parece conveniente es estar jugando con eso como si no fuera dinero, y lo es. Es dinero de los españoles que se presupuesta y que hay que utilizar. Si se utiliza un sorteo para un fin especial supone una merma de los ingresos del órgano nacional de lotería. Por eso creo que debería surgir de una reflexión tranquila si determinados sorteos de lotería deben dedicarse a eventos, sea para el Fórum Barcelona o para cualquier otro, con objeto de hacer la consideración que nos merece el que la lotería se emplee para eso y en qué cuantía. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Hay unas enmiendas sobre la clausura de las centrales de Garoña y Zurita.
Me parece bien que sea ésa su opinión, pero parece que no tiene trascendencia presupuestaria, ni la manifiesta el enmendante, como para que se justifique la enmienda.
Hay otra enmienda, la número 1099, por la que se pretende crear una comisión interministerial para analizar la concesión de medallas y cruces. Desde luego, me parece a mí que no es un instrumento racional el emplear una enmienda adicional de presupuestos para que se cree una comisión interministerial para analizar la forma, manera y condiciones en que se establecen las condecoraciones, medallas, cruces y otros honores tanto en el ámbito civil como en el militar.
Pasando ya a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, debo hacer mención, en primer lugar, a la enmienda número 941 --que, por cierto, es idéntica, porque es de supresión, a la número 1503 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió--, sobre supresión de la correspondiente disposición adicional que hace referencia a la gestión directa por el Inem de créditos destinados al fomento del empleo. Ambos grupos argumentan que se trata de una actuación inconstitucional por meterse en actuaciones que no son de competencia estatal, pero debemos decir que no.
Son créditos o subvenciones en fomento de actividades de competencia de las Comunidades Autónomas --eso es cierto-- en su mayor parte, pero con criterios, normas y límites establecidos con carácter general por el Estado, siendo la finalidad principal mantener el principio de unidad en el mercado de trabajo en actuaciones que o superen el ámbito de una sola Comunidad Autónoma o sean actuaciones de carácter especial --como programas experimentales en zonas ultraperiféricas con altas tasas de paro-- o sean a veces competencias exclusivas del Estado. Además el Tribunal Constitucional ha dicho que es perfectamente constitucional el que haya determinados programas que la propia Administración Central del Estado establezca en materias que son competencia de Comunidades Autónomas, los dote presupuestariamente y se ejecuten por las Comunidades Autónomas, si bien con los criterios y ámbito que estipule el que establece la necesidad de esos programas y la cuantía para financiarlos.
En definitiva, rechazamos tanto la enmienda número 941, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, como la 1503, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La enmienda número 940, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, se refiere a Bilbao y aunque yo no soy de Bilbao sí estudié allí mi carrera de siete años y, por tanto, podría tener la satisfacción de apoyar esta enmienda y que se me hubiera pegado algo de esas características a que se ha referido el señor Albistur, de esa grandeza que equivale a celebrar el 700 aniversario de la

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fundación por don Diego López de Haro de la ciudad de Bilbao en el III milenio. La única pega que le puedo poner a esta enmienda --y lo siento, porque por otra parte me exime de otro tipo de razonamientos-- es que llega tarde. El portavoz, señor Albistur, ha hecho mención a la declaración de Salamanca como Ciudad de la Cultura Europea para 2002, pero esto se aprobó en el presupuesto de 1999 y entró en vigor el 1 de enero de 2000, y aquí estamos hablando de algo que tendría entrada en vigor el 1 de enero de 2001 y para aplicar en 2001. Cree el Gobierno que no hay tiempo material para establecer la reglamentación que es precisa en materia fiscal para tener en cuenta lo que se solicita en esta enmienda sobre incentivos fiscales al mecenazgo para la celebración del 700 Aniversario de Bilbao-III Milenium. Les invito a que hagan prospección de otro tipo de iniciativas a ver si es posible atenderles en esta cuestión.
Los grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés presentan un total de 40 enmiendas --de ellas 37 son de nuevas disposiciones adicionales y, por tanto, de las que yo digo que el Tribunal Constitucional de alguna manera ha prohibido o ha considerado no adecuadas para una ley de presupuestos--, de las cuales 32 las presentan los dos conjuntamente y ocho separadas. Yo no sé si ahora que estamos hablando de política general o de criterios generales significa el toque de regionalismo, nacionalismo o peculiaridad de los socialistas catalanes, pero de alguna manera parece que es así.
Empezando con las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés, diré que se refieren genéricamente al rescate de autopistas --ya he hecho mención a eso--, que significa, naturalmente, que no paguen peaje y pasen a ser del Estado y administradas por el Estado; a la condonación de la deuda externa con carácter general, sin cuantificar, cuando se está condonando deuda externa con criterios y estableciendo el respeto a los acuerdos internacionales que España tiene, y a la línea 9 del Metro de Barcelona, a lo que ya se han referido anteriormente mis compañeros.
Debemos insistir aquí en que en agosto de 1998 se firma un convenio entre el Estado y la Generalitat de Cataluña por el cual a través de los Presupuestos Generales del Estado se financian obras de infraestructura ferroviaria metropolitana en Barcelona. Yo no sé si la expresión es que se está negociando, o si se está iniciando la negociación, o si se tiene intención de iniciar una negociación sobre la revisión de este convenio.
Si es así, y en el grado en que sea así, se podrá establecer la inclusión de la utilización de los fondos de cohesión o cualquiera otros para la realización de una necesidad sentida por todos, como es la ampliación de la línea 9 del Metro de Barcelona al aeropuerto, pero en estos momentos no está en el convenio de colaboración entre la Generalitat y la Administración General del Estado. Por otra parte, los fondos de cohesión en materia de infraestructura ferroviaria están específicamente enfocados, con atención especial, al tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona; por tanto, algo tendrá que ver Madrid, pero desde luego mucho Barcelona, además del resto de España, en cuanto al beneficio de ese muy importante eje de infraestructura. Luego a eso le remito, a que dependiendo de la fase en que estén de intenciones de gestión o de iniciación de esa negociación del nuevo convenio se pondrá en marcha tal cuestión.
Pasaré ahora a otras enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista junto con Entesa Catalana de Progrés, porque todas las del Grupo Socialista menos una, por cierto, están firmadas por los dos grupos.
En relación con las números 496, 497, 500 y 501, que se refieren a la negación --porque se le niega a la Iglesia Católica durante este año-- de la aportación del Estado y el estudio para que otras nuevas confesiones participen, lo único que puedo decir es que es un asunto complejo, que se está estudiando, que el convenio que rige esa relación económica es de 1979 y que otros Gobiernos de otros signos estuvieron mucho tiempo con ese convenio y utilizando el mismo sistema. Esto no es una crítica, sino simplemente reconocer que no debe ser fácil cambiar un sistema que ha costado tanto tiempo --y hay críticas-- ponerlo en marcha.
Por tanto, rechazando el que no se le subvencione a la Iglesia Católica en este año por el procedimiento que se establece y que se ha establecido en años pasados --desde luego durante muchos más años que los que está gobernando el Partido Popular--, sí decimos que en este momento se está negociando buscar un sistema que establezca una modificación de esta provisionalidad permanente --y valga la expresión-- que se ha establecido en esta materia.
En relación con una enmienda querida por el Grupo Parlamentario Socialista --y algunos de mis compañeros que han intervenido ya se han referido a ello-- relativa a garantizar el poder adquisitivo de los funcionarios, tenemos que decir de forma rotunda que en estos cinco últimos años los funcionarios no han perdido capacidad adquisitiva, no la han perdido. Y no la han perdido no solamente porque se les hayan reducido los impuestos o porque hayan costado menos los tipos de interés, es que no la han perdido en sus retribuciones pagadas por caja a través de la nómina de funcionario.
En el año 1996 el crecimiento de sus salarios fue igual a la inflación; únicamente en el año 1997 hubo una excepción de no incremento de las retribuciones debido al objetivo prioritario, urgente e importante --y en su trascendencia lo están viendo todos los que entonces no lo veían y los que lo veíamos entonces ahora lo vemos con satisfacción-- de cumplir las condiciones marcadas por el objetivo de Maastricht.
En los años 1996 y 1998 la inflación real fue inferior a la prevista y, por tanto, hubo una ganancia general e individual de los funcionarios en su poder adquisitivo. En el año 1999, previsiblemente en 2000, la inflación real superará a la prevista, pero hay que advertir que los incrementos retributivos de los empleados tampoco constan exclusivamente de esa subida o actualización general, sino que hay, igual que ocurre en las nóminas del ámbito privado, tablas salariales, masas salariales y desplazamientos adicionales de carácter general que hacen que, en su conjunto --y eso lo reconocen hasta las organizaciones sindicales--, los funcionarios hayan ganado capacidad adquisitiva, es decir, han cobrado más de lo que han perdido, en

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términos de inflación, en relación a lo que cobraban hace cinco años. Por eso puede afirmarse rotundamente que han ganado en capacidad adquisitiva.
Hay una enmienda del Grupo Socialista que suena bien, relativa a que se arbitre una partida --sin cuantificar, por otra parte-- para devolver el patrimonio histórico de partidos políticos incautado durante la Guerra Civil. Hay que decir que ya hay 445.000 millones de pesetas en los presupuestos para atender a esos fines.


La señora PRESIDENTA: Senador Vallines, le ruego que vaya concluyendo.


El señor VALLINES DIAZ: Ya termino, señora Presidenta.
Puede presumirse que existe esa sensibilidad cuando en los propios presupuestos ya se establece.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vallines.
Vamos a comenzar el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Me he perdido casi la mitad de su contestación y no por culpa mía, sino porque tengo que estar en veinte mil cosas, entre ellas transaccionando alguna enmienda sobre Correos, y me parecía --perdóneme usted-- más interesante transaccionar por fin alguna enmienda que la respuesta que usted me diera.
En cualquier caso, le he oído lo suficiente para decirle que hay cosas en las cuales estoy en desacuerdo, pero en fin, yo creo que el debate está hecho. Solamente le voy a hacer dos rectificaciones. Tenemos perfecto derecho a plantear que hospitales militares cuyas instalaciones se están utilizando escasamente pasen al sistema de salud pública con el fin de que puedan atender a las necesidades de las Comunidades o lugares donde más se precise. Eso se ha hecho con otros hospitales y, por tanto, planteamos lo mismo para el «Hospital Militar Gómez-Ulla», no es por otra razón. Por tanto, tenemos todo el derecho a plantearlo, y si otros lo quisieran mantener, se trataría de mirar fundamentalmente los aspectos más beneficiosos para el conjunto de la población.
Una segunda rectificación es que los sindicatos no están de acuerdo con el salario mínimo interprofesional, con su cuantía actual, con sus no revisiones adecuadas. Por favor, no diga usted cosas que no son. Los sindicatos, como es lógico, cuando negocian con el Gobierno --ése es el carácter de los sindicatos-- agarran lo que pueden, negocian, discuten, plantean, no lo consiguen todo, consiguen alguna cosa, pero no diga usted que están de acuerdo, porque es falso. Por tanto, retire usted ese comentario porque afecta al prestigio mismo de los sindicatos de clase y confederales de este país, que no solamente tienen mucha responsabilidad, sino también mucha sabiduría de años acumulados. El salario mínimo interprofesional es escaso, no se revisa adecuadamente y hace falta que se haga como es debido, porque es referencia para muchos colectivos. Nada más. El resto de comentarios que usted ha hecho, lógicamente, se lo respeto pero no lo comparto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Acogiéndonos precisamente al planteamiento que usted hacía con respecto a la enmienda número 941, sobre la base de que la Ley de presupuestos no es un cajón de sastre que vale para todo, y siguiendo una sentencia del Tribunal Constitucional sobre los contenidos constitucionalmente admisibles en la ley presupuestaria, entendemos que aquí se hace una reserva material sobre la gestión directa por el Inem de estos créditos destinados al fomento del empleo que requieren previamente una ley para poder hacer esa reserva material. Entendemos, por lo tanto, que sobre la base de sus propios argumentos, habría que suprimir esta disposición adicional para que hubiera primero una ley que fijara, sobre la base de la ordenación general de la economía --la planificación de la economía y todas estas cuestiones generales que se suelen plantear-- los contenidos económicos de esa ley. Por lo tanto, creemos que sus propios argumentos sirven para retirar esta disposición adicional.
En cuanto a la cuestión de Bilbao, podemos entender que se ha presentado con urgencia porque es para este año, pero atendiendo a la voluntad que todos podemos tener y que usted también manifestaba, podríamos buscarle una solución y haber transaccionado algo.
En cuanto al tema de Hobetuz, nos preocupa que siendo el único acuerdo vasco fuera del acuerdo del Forcem --nosotros abríamos la posibilidad a que hubiera otros acuerdos interprofesionales sobre formación profesional continua-- no exista ninguna voluntad, porque nosotros estábamos abiertos a buscarle otras alternativas, aunque no fuera la que nosotros presentábamos, siempre en la idea de que este acuerdo sobreviviera y pudiera darse en las condiciones en que comenzó en el año 1985. Por lo tanto, entendemos que no hay ninguna voluntad para que este acuerdo sobreviva.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, Presidenta.
El desprecio, la desconsideración o la minusvaloración de las enmiendas que presentan los otros grupos es un sistema para no contestar y decir que no. Nosotros entendemos que todas las enmiendas que hemos presentado tienen

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sentido. Evidentemente, ustedes dicen que no y nosotros lo aceptamos, pero les decimos que ya en recuperación de peajes se han dado pasos, y a pesar de lo que usted dice se va a continuar dando pasos, con partida o sin partida, porque la otra vez no había partida presupuestaria para dar los pasos y el Gobierno los dio. Nosotros pedimos que se continúe con esta voluntad y que se haga una planificación de recuperar los peajes.
En cuanto a las enmiendas del Metro, el Gobierno ha firmado un acuerdo para la construcción de una línea. Según usted ahí acaba el compromiso del Gobierno y el Metro de Barcelona debe quedar paralizado.
Nosotros pedimos un trato similar al que tiene el ferrocarril metropolitano de Madrid, nada más, y verá usted que lo que nosotros pedimos es muy humilde y muy escaso respecto de lo que deberíamos pedir para igualarnos a lo que tiene el ferrocarril metropolitano de Madrid.
En cuanto a lo del Fórum Barcelona 2004, sí está comprometido el Gobierno. Y lo que nosotros pedimos --por cierto, con una cierta indicación del Gobierno-- es lo de las loterías y los sellos, que es lo que dice la enmienda. Ustedes dicen que no y será que no, pero alguna salida habrá que dar a la financiación del Fórum Barcelona 2004.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Intervendré con toda brevedad, señora Presidenta.
La verdad es que lamento que el Senador Cámara, que tan atento está a tantas cosas, a mí no me haya prestado atención, pero en fin, él prefiere transaccionar una enmienda.
Por cierto, señora Presidenta, en esta Sección hay dos enmiendas, una «in voce» y otra transaccional, que deben ser incorporadas también a votación a la disposición adicional vigésima.
Yo no he despreciado ni minusvalorado --se lo digo también al señor Aleu-- ninguna enmienda. Mi argumento fundamental ha sido que hay muchas enmiendas a las disposiciones adicionales que van contra los criterios establecidos por el Tribunal Constitucional en cuanto a lo que debe ser objeto de tratamiento en una Ley de presupuestos. Y no me diga, señor Aleu, que el recuperar las autopistas de peaje no entra dentro de esta descalificación que yo hago en cuanto a su idoneidad con relación a tratarlo en una ley presupuestaria.
Lo mismo digo en relación al Hospital Gómez-Ulla. Le he dicho que podría estar de acuerdo o quizá no, pero lo que sí le digo que plantearlo en una disposición adicional del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado no es el trámite adecuado.
El portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos habla de una enmienda relativa al Inem. He de decir que nosotros hacemos la misma lectura que hace el Tribunal Constitucional, que ampara la respuesta que le he dado.
Finalmente, en cuanto a lo que ha dicho el representante del Grupo de Entesa refiriéndose al menosprecio, tengo que decirle también, respecto de lo del Metro, que no sé en qué situación está la demanda. Habrá que negociar, habrá que plantearlo otra vez, pero lo que está claro es que le he mencionado dos criterios: uno, que hay que negociar otra vez la nueva línea del Metro de Barcelona y, dos, que la prioridad establecida para los fondos de cohesión en materia de infraestructura ferroviaria se establece y se vuelca en el tren de alta velocidad entre Madrid y Barcelona.
Y en cuanto a lo de Barcelona 2004, el sorteo de lotería y la emisión de sellos, lo que le he dicho es que habrá que considerar un tratamiento general para la administración de lotería, pero en cualquier caso sería una merma de ingresos del órgano de la Lotería Nacional que está en la línea de ingresos de los presupuestos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vallines.
Vamos a comenzar las votaciones del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio presupuestario de 2001, y asimismo las del proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Comenzamos por el Título I, artículos 1 a 12, anexos I y II, en los siguientes bloques: las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero se votarán en dos bloques.
Se vota en primer lugar y separadamente la enmienda número 1029.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 11; en contra, 148, abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación votamos el segundo bloque de enmiendas, las números 1028 y 1030 a 1033.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 80; en contra, 147, abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Quintana. Se votan en tres bloques.
En primer lugar, la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 11; en contra, 217, abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239, a favor, 12; en contra, 147; abstenciones, 80.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos las enmiendas números 2 y 6 del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 80; en contra, 148; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


Seguidamente, procedemos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, de la número 919 a la número 921.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 11; en contra, 148, abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se votan en dos bloques.
Primer bloque: números 1498, 1499, 1505 y 1506.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 96; en contra, 143.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de la enmienda de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió número 1507.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 91; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 444 a la 452 y las números 526 y 527, todas en bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 75; en contra, 145; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora vamos a votar el dictamen en un solo bloque, a excepción de los artículos 2, 3, 4, 6 y 12 y el Anexo I, que se votarán al final.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238, a favor, 156; en contra, 79, abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Se aprueba el dictamen con la excepción de los artículos citados.
Votación del Título II, Anexos IV y V.
Votamos, en primer lugar, las enmiendas números 7 y 8 presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 81; en contra, 143; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en cinco bloques. En primer lugar, las enmiendas números 922 y 927.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 17; en contra, 212; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


El siguiente bloque del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos son las enmiendas números 924, 926 y 930. Procedemos a la votación.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 13; en contra, 210, abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 931.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 86; en contra, 144; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 925, 928, 929 y 932.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 144; abstenciones, 83.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Finalmente, votamos la enmienda número 923, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 143; abstenciones, 79.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés números 453, 454, 455 y 456.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 74; en contra, 148; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora el Título II según el texto del dictamen y los Anexos IV y V, en un solo bloque. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Sanz.


El señor SANZ PEREZ: Señora Presidenta, ¿podría repetir qué es lo que votamos? (Pausa.)

La señora PRESIDENTA: Lo que votamos es el texto del dictamen correspondiente al Título II, así como los Anexos IV y V.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 155; en contra, 82.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del Título II y los Anexos IV y V.
Votamos ahora el Título III. Primero las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero números 1034, 1042, 1043, 1045, 1046 1048, 1049, 1050 y 1051.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 11; en contra, 142; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 1035 a 1041 y 1044, 1047 y 1052.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 82; en contra, 147; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar a continuación las enmiendas del Senador Quintana. En primer lugar, votamos la enmienda número 11.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 85; en contra, 141; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 11.
Ahora votamos las enmiendas del Senador Quintana números 12, 18, 22, 24 y 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 78; en contra, 141; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora votamos el resto de las enmiendas del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 11; en contra, 199; abstenciones, 29.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, con los números 933 y 934, al Título III.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 25; en contra, 143; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 457 a 459.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 72; en contra, 149; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. Votamos el dictamen del Título III en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 156; en contra, 81; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen correspondiente al Título III.
Los Títulos IV y VIII y la Sección 07 se votarán al final de las secciones.
Pasamos a votar el Título V.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero con los números 1056 a 1060.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 147; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que se votarán en dos bloques.
En primer lugar, las números 465 a 468 y 528.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240. a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 469.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 81; en contra, 142; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el texto del dictamen del Título V.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 158; en contra, 82.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Votamos el Título VI.
En primer lugar, están las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero, que se votarán en dos bloques.
Votamos primero las números 1061 y 1063.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 13; en contra, 218; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 1062.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 935 a 937.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 148; abstenciones, nueve.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés números 470 a 474.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 83; en contra, 148; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Se vota el texto del dictamen del Título VI.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 156; en contra, 84.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen del Título VI.
Votación del Título VII y Secciones 32 y 33.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1064.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 11; en contra, 215; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 1065.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 11; en contra, 144; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1074 y 1459.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 86; en contra, 143; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 82; en contra, 147; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 42, del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, la número 416.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 83; en contra, 147; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 417, 418 y 424.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 92; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Continuamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que se votarán en dos bloques. En primer lugar, votamos las números 1495 y 1500.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 92; en contra, 143; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1496 y 1497 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 95; en contra, 143.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 475 a 492 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 76; en contra, 148; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar las enmiendas que van de la 904 a la 917, presentadas sólo por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 77; en contra, 146; abstenciones, 16.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, el texto del dictamen del Título VII y las Secciones 32 y 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 238; a favor, 158; en contra, 80.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Pasamos a votar las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales.
En primer lugar, votaremos las enmiendas de los señores Cámara y Cabrero, concretamente la enmienda número 1084.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 17; en contra, 144; abstenciones, 79.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 1077, 1091, 1092, 1094 y 1095.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 11; en contra, 152; abstenciones, 74.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 1106 y 1098.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 88; en contra, 142; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 82; en contra, 148; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora, votamos separadamente todas las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Primero vamos a votar la enmienda número 938. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 16; en contra, 213; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 939.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 11; en contra, 213; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Corresponde ahora votar la enmienda 940.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 91; en contra, 143; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Por último, votamos la enmienda número 941.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 24; en contra, 144; abstenciones, 72.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Votamos las números 425 y 430.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 85; en contra, 147; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas 423 y 426.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 76; en contra, 147; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda 427.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 80; en contra, 143; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Corresponde votar la enmienda número 431.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 90; en contra, 141; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Las enmiendas 428 y 429 se votarán al final de las Secciones.
Votamos ahora las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. En primer lugar, votación de la número 1502.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 97; en contra, 142; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda 1503.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 25; en contra, 161; abstenciones, 54.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
nte por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Votamos las enmiendas que van de la número 494 a la 523, salvo la 495, que se votará después.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 75; en contra, 148; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 495.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 81; en contra, 143; abstenciones, 16.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora vamos a votar las enmiendas transaccionales. En primer lugar, la que tiene el número de registro 9436, que es una enmienda a la disposición adicional vigésima, punto uno. Esta enmienda ha sido firmada por los portavoces de los grupos Popular, Socialista, Convergència i Unió, Senadores Nacionalistas Vascos, Entesa Catalana de Progrés, Coalición Canaria y Mixto.
¿Puede quedar aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) ¿Es necesario que lea el texto? (Denegaciones.) Queda aprobada.
Pasamos ahora a votar la enmienda con el número de registro 9448, a la disposición adicional vigésima, cuatro (nuevo), Anexo VII y supresión del Anexo VIII. También ha sido firmada por los portavoces de los siete grupos parlamentarios antes citados, por tanto, ¿puede entenderse aprobada por asentimiento? (Asentimiento.) Queda aprobada.
Ahora vamos a votar el dictamen, teniendo en cuenta que las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigésima cuarta, se votarán después de las secciones. Vamos a votar en dos bloques: en primer lugar, las adicionales

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primera, segunda, vigésima, vigésima primera y vigésima quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 240; a favor, 158; en contra, 82.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las disposiciones adicionales anteriormente citadas, pertenecientes al texto del dictamen.
Ahora votamos el resto de las disposiciones adicionales con excepción de las que ya hemos votado y de las que se votarán después.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 239; a favor, 155; en contra, 13; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Por tanto, queda aprobado el texto del dictamen.
Señorías, la sesión se reanudará a las cuatro y media.
Se suspende la sesión.


Eran las catorce horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.


--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a debatir las disposiciones transitorias primera a sexta.
Enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés números 524 y 525. Para su defensa, tiene la palabra el Senador González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir brevemente. Las dos enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés están relacionadas con la vivienda. Básicamente, con la primera, la número 524, intentamos corregir la arbitrariedad que introduce el texto remitido por el Gobierno con la discriminación de los contratos de alquiler anteriores y posteriores al mes de abril de 1998. La pregunta es la siguiente: ¿Por qué los contratos anteriores a esta fecha no tienen derecho a desgravar? Por tanto, con esta enmienda se pretende igualar las condiciones de ambos contratos a la hora de contemplar la desgravación de los contribuyentes.
La segunda enmienda, la número 525, se refiere a la adquisición de la vivienda. Presentamos un texto que intenta corregir con criterios de justicia y equidad la desgravación, fijando unos topes máximos para la renta y para el valor de la vivienda, que son 5 y 7,5 millones, respectivamente según se trate de declaración individual o conjunta, y 30 millones para el valor absoluto. Pensamos que, repito, por un criterio de justicia y equidad, debería estimularse y favorecer a aquellas personas que tienen un determinado nivel de renta medio o medio bajo, y no nos parece justificable seguir manteniendo los beneficios y las bonificaciones fiscales para aquellas rentas altas o para aquellas viviendas que tienen un precio también alto.
Nada más, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador González Príncipe.
Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos vamos a oponer a ambas enmiendas porque el régimen establecido en la disposición transitoria quinta tiene como finalidad mantener el criterio fiscal determinado en la Ley 18/1991 que estuvo en vigor hasta 1998, no estableciendo diferencias o límites en base al nivel de renta de los contribuyentes. Por tanto, ya que en la ley originaria no se quiso hacer diferencias, no se van a hacer ahora en un régimen transitorio.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Vallines.
Turno de portavoces. ¿Algún portavoz desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) A continuación, pasamos a la disposición final nueva.
Enmiendas números 1096 y 1097, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara, por un tiempo de dos minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
La enmienda número 1096 es una reiteración, y lo comprendo, de otras posiciones ya defendidas por nosotros en este Pleno. Plantea que en el plazo de seis meses, a partir de la aprobación de esta ley, el Gobierno presentará para su aprobación en el Parlamento un proyecto de ley sobre la creación de empleo y reparto del trabajo en el sector público de la Administración General del Estado.
Se trata de establecer un plan que identifique las necesidades reales del personal de la Administración General del Estado y planifique su cobertura mediante las oportunas ofertas de empleo público. Con ello, señorías, se conseguiría dos objetivos: la mejora de la calidad y eficacia de los servicios públicos, y la creación de empleo, tanto a través de los nuevos puestos de trabajo que se oferten, como por la incidencia que las medidas que se adopten puedan

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tener en el sector privado. Se trataría también de reducir la altísima tasa de temporalidad que existe en el sector público, que ha sido reiteradamente argumentada por nuestra parte.
La enmienda número 1097 la damos por defendida, y con ello concluyo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Turno en contra. (Pausa.) El Senador Vallines tiene la palabra.


El señor VALLINES DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
La enmienda 1096 es, como en la jornada de la mañana decíamos en relación al tipo de enmiendas, una enmienda que establece o define una política, en este caso una política de empleo dentro de la Administración Pública, pero que en absoluto contiene asuntos que se reflejan de una forma concreta en el estado de ingresos o en el de gastos del presupuesto. Es una manifestación de una manera de hacer política, en este caso de política de empleo, en la Administración General del Estado.
Por otra parte, es muy optimista en cuanto al plazo que se establece, teniendo en cuenta además las grandes mutaciones que la propia Administración General del Estado está sufriendo como consecuencia de las transferencias que aún quedan pendientes a determinadas administraciones autonómicas, y teniendo pendiente además la configuración del modelo de ejército profesional, por ejemplo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Vallines.
En turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, por tiempo de un minuto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias.
Efectivamente --ya lo he dicho yo mismo--, es una reiteración de otras posiciones de mi Grupo en torno a este asunto, pero merece la pena hablar de empleo y de calidad de los servicios públicos. Otra cosa es que ustedes no estén de acuerdo. Respecto a su argumentación, ya escuchada, de que pedimos cosas y no sabemos cómo imputarlas y por tanto cómo conseguir el dinero para ese tipo de enmiendas, yo le recuerdo, estén ustedes de acuerdo o no, que hay una enmienda ya defendida por mí mismo, en la cual, a través de otro tipo de fiscalidad y de medidas, lógicamente, ascienden a 2 billones los ingresos que el Estado tendría para financiar multitud de enmiendas que Izquierda Unida presenta en esta Cámara. Por tanto, está justificado. Se estará en desacuerdo, pero está justificado porque hay una enmienda en la cual se plantean estas cuestiones.
En cuanto al plazo, yo creo que son seis meses lo que se pide en esta enmienda, lo cual me parece justo y adecuado No se puede argumentar eso, se tiene que razonar el desacuerdo, no el plazo en este caso, porque, en todo caso, ustedes hubiesen podido plantear una enmienda transaccional ampliando el plazo, pero no ha sido así. Están en desacuerdo con el contenido de fondo, seamos sinceros, no con el plazo. Por tanto, no me vale su argumentación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Algún otro portavoz quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: El señor Cámara, que es tan celoso de su derecho a enmendar como quiera, me permitirá también a mí, en nombre de mi Grupo, ser celoso de contestar lo que nos merecen sus enmiendas, correcta y concretamente, y en lo que he basado sustancialmente mi respuesta anterior es en el contenido de la misma; no la he descalificado ni menospreciado, simplemente he dicho que es una enmienda de mucho calado y que sería objeto de otro tratamiento legislativo que no el trámite actual de la Ley de Presupuestos.
Nada más, muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Vallines.
Pasamos a continuación al Anexo VI.
Enmienda número 1107, correspondiente a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a dar por defendida esta enmienda porque creo que ha habido un debate más que suficiente. En todo caso, me van a permitir este minuto para decir que ustedes en la ley de acompañamiento modifican multitud de leyes, sin que realmente tengamos tiempo para discutir estos temas importantes. Por tanto, en esta cuestión, también estamos legitimados para plantear cualquier posición, siempre que sea coherente con lo que defendemos, al menos mi Grupo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Enmienda número 529, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En su actual redacción, el proyecto de ley, en la letra j) del Anexo VI, Remanentes de crédito incorporables en el ejercicio 2001, define como incorporables los créditos de la, Sección 32, procedentes de las transferencias realizadas como consecuencia de los reales decretos de traspasos de

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servicios. Sin embargo, en estos momentos, en la Sección 32 hay un crédito concreto de 7.000 millones de pesetas que, por una disposición adicional de la Ley de Presupuestos del año 2000, viene encomendado a un convenio que debe firmar el Ministerio de Hacienda con las Comunidades Autónomas para la mejora y la promoción del profesorado universitario de las distintas universidades. Estos convenios están a fecha de hoy sin firmar y, si no incorporamos este crédito, las Comunidades Autónomas van a perder 7.000 millones de pesetas, y como no se apruebe esta enmienda, luego dirán ustedes que son las Comunidades Autónomas las responsables de perder este dinero, y aquí no hay lógica política de ningún tipo, aquí lo único que existe es una pura y simple obcecación porque, habiendo un mandato explícito del Congreso de los Diputados para que estos 7.000 millones de pesetas se destinen a este convenio, es imposible que se puedan firmar en quince días los quince convenios que hay pendientes hasta final de año y ejecutar los 7.000 millones, y por tanto las Comunidades Autónomas, la mía y la de todas sus señorías, van a perder unos recursos simplemente porque ustedes se obstinan en no aceptar una enmienda que es de todo punto razonable.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Granado.
Turno en contra (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Azuara.


El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, voy a comenzar comentando la enmienda número 529, defendida por el señor Granado.
Señor Granado, el artículo 15 de la LOFCA no regula un fondo de nivelación, sino asignaciones de nivelación. El Consejo de Política Fiscal y Financiera, en su reunión del 23 de septiembre de 1996, acordó la creación de un grupo de trabajo que deberá elaborar y elevar a la aprobación del Consejo una propuesta de instrumentación jurídica financiera y presupuestaria de las asignaciones de nivelación de los servicios fundamentales a las que se refiere el artículo 15 de la LOFCA.
Dicho grupo de trabajo ha venido celebrando reuniones a lo largo de los años 1997 y 1998 para dar cumplimiento al encargo del Consejo, habiéndose avanzado en varios aspectos, pero sin haber llegado a acordar propuestas concretas. En consecuencia, no procede ninguna incorporación de créditos presupuestarios de ejercicios anteriores. La Ley de Presupuestos no puede, por su propia naturaleza anual, contener una previsión como la que se propone en la enmienda de modificación de la LOFCA.
Paso a contestar a la enmienda número 1107, del Senador Cámara. El Consejo de Política Fiscal en esa misma reunión acordó la creación de un grupo de trabajo, que es lo mismo que hemos dicho anteriormente, y la equiparación de los fondos de nivelación contemplados en la LOFCA con los del Fondo de Compensación Interterritorial, no es factible porque tienen competencias distintas, en el caso del Fondo de Compensación lnterterritorial sólo se orienta a la inversión, y porque hay criterios diferentes en las leyes. La Ley de Presupuestos no puede, por su propia naturaleza de ley anual, contener una previsión como la que se propone en la enmienda de modificación de la LOFCA.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría; muchas gracias, Senador Azuara.
Entramos a continuación en el turno de portavoces. ¿Desea intervenir algún portavoz? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Granado, por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Mire usted, señor Senador, ha confundido la justificación que le dieron a usted o a un colega suyo el año pasado con la de este año. Digo esto porque la justificación que usted me ha dado era válida hasta el año pasado, en el que, como las asignaciones de nivelación no se podían gastar porque el grupo de trabajo a que ha hecho referencia su señoría --y que yo conozco bastante bien en lo que se refiere a sus deliberaciones, porque he sido miembro consultor del mismo-- no era capaz de llegar a ningún acuerdo en relación con el reparto de los fondos, a propuesta del Grupo de Convergència i Unió, la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 destinó 7.000 millones de pesetas de esas asignaciones de nivelación a la firma de convenios entre el entonces Ministerio de Economía y Hacienda y las Comunidades Autónomas para la mejora de la promoción de los profesores universitarios.
Esos 7.000 millones de pesetas, que estaban afectados a dicho convenio, teóricamente debían gastarse con las propuestas de convenio que el Ministerio de Economía y Hacienda remitió a las Comunidades Autónomas.
Pero hoy es el día en que los convenios están sin firmar, señor Senador, y si no consideramos esos 7.000 millones de pesetas que figuran en la disposición adicional vigésimo cuarta, según creo recordar, de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2000 --y que están perfectamente consignados en la Sección 32 de los presupuestos del año 2001 para el año 2001, diciéndose que son los segundos 7.000 millones de pesetas, porque los primeros son los del año 2000-- como un remanente y, por tanto, no se incorporan del año 2000 a 2001, dejarán de convertirse en un recurso de las Comunidades Autónomas. Eso lo saben el Ministerio de Hacienda, todas las Comunidades Autónomas y los Consejeros de Economía y Hacienda y de Educación de las diferentes Comunidades en las que ustedes gobiernan.
Los convenios, por las razones que sean, fundamentalmente de reparto del dinero entre las universidades de toda España, no se han podido firmar hasta la fecha. Por tanto, no entiendo cómo quieren ustedes hacer las cosas, porque, si no querían gastarse ese dinero, ¿por qué dijeron que iban a gastárselo en un convenio que ahora no quieren que se pueda cumplir? ¿O es que me va usted a decir que desde el 12 al 31 de diciembre se van a firmar esos convenios? Supongo

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que todos ellos se firmarán el día de los Santos Inocentes, porque realmente no hay mucho más tiempo para ello.
Sobre este tema podría darle argumentos incluso sobre lo que yo he hablado con los miembros de la Junta de Gobierno de mi Comunidad Autónoma, que están preocupados por esta cuestión. Y no soy capaz de entender por qué ustedes se tragan, sin una mínima reflexión crítica, todas las informaciones que reciben del Gobierno. Hablen ustedes con los Consejeros de Economía o de Educación de las Comunidades Autónomas gobernadas por su Partido, que les dirán lo mismo que yo. Porque con el voto en contra de esta enmienda van a hacer que las Comunidades Autónomas pierdan 7.000 millones y que algunas universidades de este país no puedan mejorar la situación de sus profesores asociados, lo cual es un problema bastante grave.
Insisto en que soy incapaz de entender por qué van a votar en contra de esta enmienda, porque, fíjese, señor Senador, el que el remanente no gastado del año 2000 se incorporara al año 2001 --como pedimos con nuestra enmienda-- no produciría automáticamente la consecuencia de que se comprometiera el gasto. Es decir, si el Gobierno quisiera, en el año 2001 podría no gastarse ese dinero; bastaría con no firmar los convenios.
Pero el voto en contra de esta enmienda conlleva que este tema no se pueda hacer, mientras que votándola a favor, se podría hacer o no.
Insisto: el voto en contra de esta enmienda por parte de ustedes tiene como resultado de forma automática que eso no se pueda hacer.
Eso no tiene ninguna explicación ni justificación, y si usted no me puede ofrecer más que la justificación que me dio el año pasado, antes de que se llegara al acuerdo sobre los citados 7.000 millones para la firma de unos convenios que todavía están sin firmar, debo decirle que usted no entiende de lo que estamos hablando, que el Gobierno no se quiere gastar el dinero, y que ustedes hacen muy mal en comerse estas cosas y asumirlas como decisiones propias.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Granado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Azuara.


El señor AZUARA CAROD: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Granado, con las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular estamos en contacto constante y permanente. Por otro lado, el Gobierno puede llegar en cualquier momento a un acuerdo, pero para ello hace falta también llegar a un acuerdo para repartir e incorporar unos remanentes. Usted lo sabe perfectamente. Y si por las circunstancias que todos conocemos no hay acuerdo sobre esa cuestión, usted no ha de ser el que dé la solución a este problema.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Azuara.
El Anexo VII, nuevo, y el Anexo VIII, nuevo, ya fueron votados durante la sesión de esta mañana.
En consecuencia, pasamos a la enmienda número 530, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
La damos por defendida en sus propios términos, dado que la enmienda no supone sino el trasunto del debate a la totalidad, que tuvimos ocasión de celebrar ayer, y su repercusión correspondiente en el estado de ingresos y gastos del presupuesto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Granado.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Azuara.


El señor AZUARA CAROD: Gracias, señor Presidente.
Señor Granado, volvemos a lo mismo que antes.
Independientemente de que nos informen bien o mal, esta enmienda hace referencia a modificaciones del Impuesto sobre Sociedades: tipo único del 35 por ciento; pago fraccionado del 20 por ciento; incremento de cinco puntos en el tipo de las empresas de hidrocarburos en el IVA; primas de seguros y eliminación de la exención de seguros, y la tasa por reserva de espacio radioeléctrico.
Dichas modificaciones se valoran en 450.000 millones de pesetas para el Impuesto sobre Sociedades; en 205.000 millones, para el IVA, en 23.679 millones para las primas de seguros, y en 160.000 millones para la tasa.
La valoración de los 23.679 millones para la exención de los seguros de asistencia sanitaria es correcta, al coincidir con la cifra incorporada para la misma en la valoración de los gastos fiscales en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2001.
La modificación en el IVA deriva directamente de la derogación de la exención de los citados seguros de asistencia sanitaria. La recaudación de las primas de seguros implica unas primas de 395.000 millones de pesetas, cuyo IVA ha supuesto un tipo del 16 por ciento, extremo que no se precisa en la enmienda. De esa manera se proporcionaría una recaudación teórica de 63.000 millones de pesetas y no los 205.000 millones que se proponen en la enmienda. Por otra parte, la citada recaudación de 63.000 millones sería la máxima posible, considerando que las empresas no han soportado IVA deducible, cosa imposible, y que en la actualidad, al estar exentas, deben soportar como consumidores finales.
En relación con el Impuesto sobre Sociedades, el proyecto de presupuestos valora los gastos fiscales consecuencia de tipos especiales en 152.900 millones. Hay que señalar, no obstante, que una modificación de los tipos introducida en los presupuestos para el ejercicio del año 2001 tendría una repercusión en la recaudación en el momento

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de su declaración; en general, en agosto del año 2002. Para que tuviera efectos en la recaudación del año 2001 debería tener efectos retroactivos, lo que desde el punto de vista legal sería, cuando menos, discutible. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) La unificación de los pagos fraccionados del Impuesto sobre Sociedades tendría efectos distintos según el actual régimen de las empresas. Para las PYMEs, que pueden optar entre dos alternativas, suponiendo que todas ellas optaran por acogerse al cálculo sobre la base de los beneficios del período, el incremento de ingreso sería de 41.000 millones, importe considerado como máximo, ya que en la práctica una gran parte de las empresas optaría por el otro régimen en función de la declaración del último ejercicio. Para las grandes empresas, a su vez, debe distinguirse entre las que anualmente tienen un tipo del 35 por ciento, que ingresan a través de los pagos fraccionados de los beneficios del período calculado sobre dicho tipo, esto es, un 25 por ciento, y las que tienen tipos especiales, que en este caso son a las que nos referimos. Las primeras ingresarían un 20 por ciento en 2001, lo que significaría una importante disminución de la propia recaudación. Para las grandes empresas con tipos especiales, que se incrementarían hasta el 35 por ciento, no es posible determinar en estos momentos su recaudación, pero aportarían como máximo la cuota que les podría corresponder, esto es, 152.000 millones.
Respecto del incremento de cinco puntos en las empresas de hidrocarburos, cuyo tipo actual es el 40 por ciento, el incremento de la recaudación supondría alrededor de 1.000 millones, ya que según los datos disponibles de los ejercicios de 1994 a 1997 las cuotas íntegras han variado entre 10.000 y 13.000 millones.
A la vista de las observaciones anteriores, la propuesta de incremento de la recaudación del Impuesto sobre Sociedades en 450.000 millones de pesetas está muy lejos de lo que las medidas propuestas proporcionan.
En cuanto a las tasas por reserva del espacio radioeléctrico, no es posible que comentemos este tema, porque creo que no se puede emitir opinión en tanto usted la está prácticamente valorando.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Finalizado el turno en contra, abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Mixto? (Pausa.) ¿Grupo de Senadores de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Popular? (Pausa.)

--DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO, EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S. 621/000004) (C. D. 121/000017) (Continuación).
La señora PRESIDENTA: Pasamos al articulado del proyecto de Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
Título I. Artículos 1 a 21 bis. Vamos a debatir en primer lugar el voto particular número 9, del Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 1 a 12.
El Senador Quintana me ha comunicado que tenía que abandonar Madrid, por un asunto familiar grave, y que el Senador Cámara intervendría para el mantenimiento de sus enmiendas.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el Senador Quintana ha sido llamado a su casa por una enfermedad grave de su padre, y ha tenido que ausentarse rápidamente. Nos ha solicitado, tanto a usted como a mí, que intervenga yo para pedir el mantenimiento de sus enmiendas, tanto éstas como las siguientes.
Por tanto, quiero solicitar desde el principio que se consideren mantenidas todas las enmiendas del Senador Quintana.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: ¿Algún grupo tiene inconveniente en que se den por mantenidas las enmiendas del Senador Quintana? (Pausa.) Se consideran mantenidas. Gracias, señorías.
Voto particular número 7, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la enmienda número 133.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La enmienda 133 pretende la creación de un nuevo artículo, el 21 bis, donde se modifica la redacción dada al apartado 1 del artículo 27, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto 1/1995, de 24 de marzo, y diría lo siguiente: «El Gobierno fijará anualmente, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones patronales más representativas, el salario mínimo interprofesional, de acuerdo con el IPC previsto, y teniendo en cuenta ...» El resto continuaría igual.
Se trata de garantizar --posición ya mantenida aquí por mi parte-- que el salario mínimo interprofesional se revalorice anualmente, al menos con el IPC previsto. Es una posición moderada, pero suficiente, debido a que el IPC no es revisado normalmente, por lo que planteamos que sea revisado anualmente con el IPC previsto. Con las argumentaciones dadas en anteriores enmiendas, creo que es suficiente defensa por mi parte.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
El voto particular número 4 corresponde a las enmiendas números 210 y 217, del Grupo Parlamentario de Coalición

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Canaria. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La enmienda número 210 es de adición. Se propone añadir un nuevo artículo, el 7 bis, a la Ley 7/1996, artículo 17, apartado tres, en relación con la Ordenación del Comercio Minorista que quedaría redactado así: «Los aplazamientos de pago de productos alimenticios perecederos y las bebidas derivadas sujetas a impuestos especiales no excederán en ningún caso de treinta días, contados a partir del día en que se entregue la mercancía.» En la práctica esto significa que los actuales fabricantes de bebidas derivadas sometidas a estos impuestos especiales están adelantando el pago de los impuestos a la Hacienda Pública, y esto no es justo, por lo que se ofrece la enmienda para rectificarlo.
La enmienda número 217 pretende añadir un nuevo apartado al artículo 8 de la ley. Esta enmienda se refiere exclusivamente al régimen económico fiscal de Canarias (otras siete enmiendas referidas a este extremo ya han sido aprobadas en el trámite de Comisión) y dice lo siguiente: «Se modifica el apartado 4, primer párrafo del artículo 27 de la Ley 19/1994.» En su segundo párrafo se indica: «Las cantidades destinadas a la reserva para inversiones en Canarias deberán materializarse en el plazo máximo de cinco años, contados desde la fecha del devengo del impuesto correspondiente al ejercicio en que se ha dotado la misma.
Excepcionalmente, en el caso de que existan razones objetivas y justificadas, y la inversión se halle en curso, se podrá autorizar por la Administración Tributaria un plazo superior.» Para dar una explicación en este momento a la Cámara, diré que la reserva de inversiones sólo tiene una capacidad de tres años, y como es natural, cualquier proyecto de inversión que se haga, en cuanto sea un poco prolongado, pasa de estos tres años. Por eso la idea es prolongarlo hasta cinco años y, en casos excepcionales, plantear razones para que aún se pueda prolongar más. Por ejemplo, una industria hotelera grande, para cualquier realización que tenga que llevar a cabo precisa más de tres años.
Como, repito, esto afecta al régimen económico fiscal de Canarias, en el caso de que se aprobara, solicito del Letrado que la votación sea separada, al efecto de poder considerarla oficial.
Estamos en conversaciones con el Grupo Parlamentario Popular para una enmienda transaccional, referida a esta enmienda número 217, pero aún no se ha concretado; si antes de la votación se concretara, ya se le entregaría a la señora Presidenta.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
El siguiente voto particular es el número 1, presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y corresponde a las enmiendas números 191 y 192. Tiene la palabra la Senadora Loroño para defenderlo.
La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En principio he de anunciar que voy a compartir el tiempo con el Senador Albistur. Voy a defender la enmienda número 191, que hace referencia a la modificación del artículo 9 de la Ley 16/1979, de 2 de octubre, sobre Tasas de Jefatura Central de Tráfico. Lo que pretende la enmienda es conseguir una reducción de la tasa exigible a todas aquellas personas que, por su situación psicofísica, se vean obligadas a renovar cualquier tipo de permiso de circulación, toda prórroga relacionada con el ámbito de tráfico, en períodos de tiempo inferiores o iguales a dos años, y que para estas personas, la totalidad de tasas que tengan que abonar en el ciclo ordinario de tiempo, como cualquiera de las personas sometidas al régimen ordinario, no supere la cantidad total; es decir, no satisfagan una cantidad superior a la que pagarían sometidos al régimen ordinario.
Tratamos así de establecer una medida de carácter social, justa y equitativa, que permita a estas personas sujetas a esta medida, por su situación individual, encontrarse en igualdad, desde el punto de vista de las aportaciones económicas totales que tienen que realizar en el ciclo ordinario, con cualquier persona sometida al régimen ordinario. Ese es el objetivo de la enmienda y esperemos que sea aceptada, porque desde luego va a favorecer a un importante número de personas que, por su situación personal, se ven obligadas a llevar a cabo estos trámites en períodos de tiempo inferiores a los demás.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Senador Albistur, ¿quiere hacer uso del resto del turno? (Asentimiento.) Tiene la palabra, señoría.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para defender la enmienda número 192, que tiene que ver con el uso del espacio radioeléctrico por las Administraciones Públicas, que fundamentalmente está destinado a ser utilizado en aquellos servicios o prestación de servicios de interés general. Queremos que en este tema se requiera un manejo más riguroso para evitar una mala interpretación de este concepto de interés general. El objeto de esta enmienda es recuperar y mantener en la redacción del precepto la expresión «interés general» a los servicios de las Administraciones Públicas para los fines propios de su gestión, dado que técnicamente pueden ser considerados privativos, con el absurdo de generación del cobro de tasas por ellos que lamentablemente se produce, porque no sirven a la comunicación pública social a pesar de que es indudable que participan del carácter de interés general inherente a la condición de las administraciones públicas y a su actividad administrativa ordinaria.
Es necesario, por tanto, definir correctamente el supuesto incluido dentro de dicha exención, para lo cual no se puede obviar la referencia a la prestación de servicios en régimen de autoprestación y sin contraprestación económica

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de terceros, en concordancia con lo ya establecido en el artículo 7.3 de la Ley General de Telecomunicaciones, que en su día fue debatida y aprobada en este Senado, con el apoyo de nuestro grupo político.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Turno para la defensa de los votos particulares números 2 y 3, presentados por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondientes a la enmienda número 40 y a la vuelta al texto del Congreso en lo modificado por la enmienda 236, del Grupo Parlamentario Popular Tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señora Presidenta.
Quisiera comunicar previamente que nuestro Grupo Parlamentario ha presentado, al conjunto de la Ley de Medidas Fiscales, dos bloques de enmiendas: un primer bloque, que se ha hecho conjuntamente con el Grupo Parlamentario Socialista, y otro compuesto por enmiendas con carácter propio.
Notifico a la Cámara que, por lo que respecta al primer bloque, señora Presidenta, vamos a dar por defendidas todas las enmiendas, sumándonos a la argumentación que desarrollará el ponente socialista, en aras de la agilidad del debate y para evitar una duplicación argumental en la defensa de las mismas. Por tanto, no intervendremos a lo largo de todo el debate de la ley en las enmiendas conjuntas y nos limitaremos a las que son propias del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Concretamente en relación al Título I, nuestro Grupo sólo mantiene viva una enmienda, porque otra fue incorporada en el trámite de Comisión. Se trata de la número 40 que, por error, se adscribe al artículo 19, cuando en realidad corresponde al Capítulo V, Otras normas tributarias, en su artículo 21, que es el que modifica la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales. Por tanto, voy a defender esta enmienda, señoría.
En relación con el voto particular que usted ha mencionado, correspondiente a una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, debo decirle que este voto particular puede considerarse retirado.
Voy a circunscribirme, por tanto, a la defensa de la enmienda número 40.
En primer lugar, en ella se incorpora un nuevo supuesto específico para establecer la tasa prevista en el artículo 20.3 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público local, en este caso en materia de instalación de antenas u otros elementos análogos. Se trata, señorías, de modernizar la ley introduciendo este supuesto, de la misma manera que en otros momentos se incorporó el supuesto de elementos publicitarios. Esta es la primera propuesta.
La segunda propuesta se refiere a una nueva redacción del párrafo 3, del apartado 1 del artículo 24 de dicha Ley Reguladora de las Haciendas Locales, para tratar de solventar problemas que hay de interpretación, a nuestro juicio, con la actual redacción en relación a diversas empresas que utilizan el dominio público local, especialmente en el ámbito de las telecomunicaciones. De la misma manera, se pretende resolver el sistema de cálculo de la tasa, precisando que el importe de aquélla consistirá en el 1,5 por ciento de los ingresos brutos procedentes de la facturación que obtengan anualmente en cada término municipal. Consideramos que de esta manera, precisando el sistema de cálculo, se evitará que se produzcan interpretaciones jurisprudenciales diversas, como se vienen planteando, con la consiguiente inseguridad jurídica, tanto para las corporaciones locales como para los sujetos pasivos de la tasa.
Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aroz.
Pasamos a la defensa del voto particular número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 293 a 295, 297 a 308, 310, 312 y 313.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro grupo ha presentado un bloque bastante amplio de enmiendas al Título I, relativo a las medidas de tipo fiscal dentro de esta ley de acompañamiento. Voy a hacer referencia a aquellas que considero que son más significativas, ya que aquí condensamos todo un conjunto de iniciativas al que hice referencia en mi intervención de ayer, en el turno del debate a la totalidad de los proyectos de ley. Son iniciativas que afectan a la mayor parte de las leyes fiscales básicas, como es el Impuesto sobre Sociedades, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, el Impuesto sobre el Patrimonio, el IVA, etcétera. En ellas reflejamos aquellos aspectos que creemos que deben solventar situaciones concretas, y creemos que la ley de medidas es el lugar adecuado para contemplar estas cuestiones.
Estamos hablando de dieciocho enmiendas vivas que, de hecho, son dieciséis, ya que hay dos enmiendas alternativas. Repito que voy a intentar hacer una breve reseña de cada una de ellas.
La primera de estas enmiendas, la 293, ya la presentó nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados. Pretendemos que la exención que hay actualmente en el IRPF de las cantidades percibidas de instituciones públicas en concepto de subvención para acogimiento de mayores también se haga extensiva al acogimiento de menores de edad porque, al fin y al cabo, el sujeto pasivo está actuando como mero intermediario entre la Administración y el menor, y no tiene ningún sentido que sea una cantidad sometida a tributación.
Las enmiendas 294 y 295 son alternativas y hacen referencia a las retenciones a cuenta que se aplican a las retribuciones de los administradores y consejeros de las sociedades. El hecho de que se esté aplicando el tipo único de retención del 40 por ciento parece perfectamente justificado si pensamos que los administradores o consejeros sólo lo son de grandes compañías, pero también las pequeñas y medianas empresas tienen administradores y consejeros, y creemos que en este caso es absolutamente excesivo practicar una retención fija del 40 por ciento. Ofrecemos,

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a través de esas dos enmiendas, dos alternativas: una de ellas es que se apliquen a los administradores y consejeros las mismas tablas de retención que se aplican a cualquier trabajador por cuenta ajena. Estas personas deberían hacer simplemente declaración de sus ingresos del año anterior, como hace cualquier otro trabajador en una compañía. O proponemos, como alternativa, que se aplique una retención única del 20 por ciento que nos parece que sería más adecuada, sobre todo pensando --repito-- que en cantidad son muchas más las pequeñas y medianas empresas que las grandes compañías, y también ellas tienen administradores y consejeros.
Lo que se pretende con la enmienda 297, que hace referencia al Impuesto sobre Sociedades, es posibilitar el diferimiento cuando se transmita una participación superior al 5 por ciento de una compañía, aunque haya una pluralidad de adquirentes si se ha producido dentro del mismo ejercicio fiscal. Es una enmienda que pretende solucionar unos casos muy concretos, actualmente mal resueltos por el Impuesto sobre Sociedades.
La enmienda 298 la doy por defendida en sus propios términos. Ya fue defendida por nuestro grupo en el Congreso de los Diputados. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) La enmienda 299 también la doy por defendida en sus propios términos, ya que fue defendida por este mismo Senador hace pocas semanas en esta misma tribuna cuando se tramitó el proyecto de ley derivado del decreto-ley aprobado en el 23 de junio de este año.
La enmienda número 300 también la doy por defendida en sus propios términos por el mismo motivo que la anterior.
En cuanto a la enmienda número 301, también la doy por defendida en sus propios términos. Fue defendida por nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados.
Por lo que se refiere a las enmiendas números 302 y 303, anuncié hace algunas semanas que me temía que debería volver a defenderlas en el trámite de la ley de acompañamiento. Hacen referencia al Impuesto sobre el Patrimonio y pretenden solventar la situación que ya ha sido expresada por nuestro Grupo en repetidas ocasiones de discriminación que se está produciendo por la limitación de la participación individual del 15 por ciento para poder tener exención en el Impuesto sobre el Patrimonio los sujetos pasivos que participan en empresas de carácter familiar.
Concretamente en la enmienda número 302 proponemos el texto que ya anunciamos en el decreto-ley, mientras que en la enmienda número 303 planteamos un texto alternativo para ver si de esta forma puede ser mejor acogida por el Grupo Popular, ya que ponemos un nuevo condicionante para que se pueda reducir esta participación del 15 al 5 por ciento, consistente en que más del 60 por ciento del capital social de estas empresas de carácter familiar pertenezca a personas físicas que cumplan los requisitos para gozar de la exención prevista.
La enmienda número 304, que también fue defendida cuando se tramitó el decreto-ley, hace referencia, a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio, a la determinación de la valoración de las acciones de una sociedad cuya titularidad corresponda al sujeto pasivo con anterioridad a su salida a Bolsa. Creemos que la actual situación es un obstáculo para que determinadas empresas, sobre todo aquéllas de carácter familiar, opten por la salida al mercado de valores, ya que les implica un incremento de valoración muy importante a efectos del Impuesto sobre el Patrimonio.
En cuanto a la enmienda número 305, que hace referencia al Impuesto sobre el Valor Añadido, pretende excluir del ámbito de aplicación del Impuesto a aquellas entidades que por su naturaleza se considerarían empresarios a efectos del Impuesto pero que por motivo de realizar una actividad que deriva del ejercicio de una función reservada de forma expresa al sector público, perciben por ello una contraprestación tributaria de carácter finalista para llevarla a cabo. Esto afecta, por ejemplo, a actividades de suministro de agua.
Por lo que se refiere a la enmienda número 306, ya fue defendida por nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados y la doy por defendida en sus propios términos.
Con la enmienda número 307, que presentamos en el Senado por primera vez, pretendemos posibilitar que las operaciones de compraventa de bienes de carácter agrario, forestal, ganadero o pesquero, susceptibles de acogerse al régimen especial de bienes usados, como la maquinaria agrícola, puedan acogerse efectivamente a la aplicación del Impuesto sobre el Valor Añadido más favorable, ya que de esta forma se facilitarán esas transacciones que actualmente son muy onerosas y están creando problemas en este mercado de maquinaria usada en el sector agrícola y otros sectores cercanos a él.
La enmienda número 308 pretende solventar situaciones de discriminación que se están produciendo por la existencia de exenciones en el Impuesto sobre la Electricidad cuando el usuario de la energía producida es la misma entidad que la genera. En este caso creemos que debe hacerse efectivo este mismo tratamiento cuando se produce entre entidades de la misma agrupación empresarial, ya sea una sociedad filial o la sociedad matriz. Actualmente debe ser la misma persona física o jurídica la que realice la actividad para poder tener esta exención, y creemos que esto genera una discriminación no querida por la propia disposición vigente.
En cuanto a la enmienda número 310, también la defendimos en la tramitación del decreto-ley en el mes de junio y, por lo tanto, la doy por defendida en sus propios términos.
La enmienda número 312 se refiere al Impuesto sobre Actividades Económicas. Lo que pretendemos con ella es permitir que los sujetos pasivos de este impuesto que inicien su actividad económica y tributen por cuotas provinciales o nacionales puedan acogerse a las bonificaciones por inicio de actividad, fomentando de esta forma al emprendedor y al que inicia una actividad empresarial o económica.
Por último, queda la enmienda número 313, que hace referencia a las tasas de las autoescuelas. Lo que pretendemos es que no se diferencie en función de la ubicación de la autoescuela la aplicación de la tasa.
Entendemos que no tiene ningún sentido.


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Asimismo, nuestro Grupo ha presentado a este primer Título un voto particular que pretende la vuelta al texto original en referencia a la enmienda número 236, que fue introducida en Ponencia por el Grupo Popular. Ya hice referencia a este tema en mi intervención de ayer en el debate de totalidad porque creo que hace dos años se aprobó precisamente la exención de la regla de prorrata para subvenciones procedentes del FEOGA y con la introducción de esta enmienda se ha rectificado, de manera que estas subvenciones van a tener que pagar IVA, cosa que no está ocurriendo en los países de nuestro entorno, como Francia, y lo único que va a significar será una pérdida de competitividad para el sector agrícola y ganadero en unos momentos en que precisamente no entendemos que sea lo más aconsejable tomar este tipo de medidas, que sólo pueden comprenderse por un afán recaudador sin más y que no tienen ninguna lógica en cuanto a política agraria ni económica. Por lo tanto, mantenemos este voto particular para que el Grupo Popular recapacite, elimine dicha enmienda y vuelva al texto original.
Nada más, señor Presidente. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cambra.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para defender conjuntamente todas las enmiendas relativas a los artículos 1 a 21.
Esta Ley se presenta, fundamentalmente, para intentar dar coherencia a lo que significa la Ley de Presupuestos Generales del Estado. Para hablar de coherencia tendríamos que ver cómo entró esta Ley en el Congreso de la mano del Gobierno. Esta Ley entró en el Congreso con 59 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Salió esta Ley del Congreso con 69 artículos, 22 disposiciones adicionales y cinco transitorias. Se trata, evidentemente, de una demostración de que la coherencia política del Gobierno quedaba bastante palpable en lo que hacía referencia a la presentación del Presupuesto.
Pero no acabó ahí la cuestión. Esta ley, al entrar en el Senado, con diez artículos más de lo que había mandado el Gobierno, como he dicho, recibió, además, un número considerable de enmiendas.
Si esta ley modificaba ya unas 38 --me parece recordar--, siete reales decretos-leyes, dos reales decretos y un decreto, cuando entró en el Senado sufrió una nueva e importante modificación. Setenta enmiendas presentó el Grupo Parlamentario que sustenta al Gobierno, que tenía claramente expuesta la coherencia del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y como consecuencia de esta ley de acompañamiento posterior. Evidentemente, es una coherencia muy grande el que se modifiquen de nuevo 27 leyes sin haber entrado en vigor las 38 modificadas anteriormente.
En cualquier caso, aquí estamos con este proyecto de ley al que hemos presentado una serie de enmiendas por aquello de intentar mejorar algunas de las situaciones que plantea el Gobierno en ese proyecto coherente --tal y como se dice siempre en la presentación que hace en este caso el nuevo Ministro de Hacienda--, enmiendas que hacen referencia fundamentalmente a que tanto las ayudas a la promoción o rehabilitación de vivienda, como las que se reciben como consecuencia de catástrofes naturales, no puedan ser desvirtuadas por estar sometidas a gravamen de IRPF. Es evidente que si por un lado les damos la ayuda y por otro las sometemos a gravamen, la ayuda claramente es menor. Y hay ayudas que están referidas también a paliar el deterioro de las rentas de los que se ven afectados por las prejubilaciones que casi nunca lo son por propia voluntad del interesado, como saben ustedes perfectamente. Ayudas que se refieren a eximir de la obligación de declarar a los pensionistas con ingresos inferiores a tres millones y medio de pesetas aunque vengan de diferentes fuentes siempre que no excedan de esa cantidad. Y es que nuestras enmiendas también tratan de evitar la injusticia que se produce por las diferentes tributaciones en el Impuesto sobre Sociedades.
Tratamos también con ellas que pueda deducirse parte del Impuesto sobre Actividades Económicas del Impuesto sobre Sociedades. Tratamos en ellas de estimular las energías alternativas, así como de establecer la tributación adecuada de los no residentes. Queremos que se aplique el tipo superreducido de IVA a todas las viviendas de protección oficial, sean declaradas por el organismo que sea, así como que se aplique a todas las obras de rehabilitación de viviendas, es decir, también a la carpintería y no solamente a aquellas que tocan ladrillos en la rehabilitación.
Asimismo, pretendemos dar un tratamiento más adecuado en el IVA a las empresas municipales que realizan un servicio público. Tratamos de potenciar la innovación en las empresas, fundamentalmente en las PYMEs, así como de potenciar las energías alternativas, como ya he dicho.
Queremos también apoyar con ellas la posibilidad de compra de vehículos para discapacitados con unas condiciones mejores que las actuales.
Queremos evitar incrementos excesivos e injustificados de la presión fiscal por la subida de tasas. Pronto verán ustedes, señorías, no ya sólo la reacción de los interesados o afectados, sino también las repercusiones negativas que esto tiene en determinadas actividades que ahora se han gravado excesivamente por parte de la actual Administración.
Tratamos a la vez de compensar a las administraciones territoriales que ejerzan funciones en materia de servicio público de telecomunicaciones, así como de compensar también por la instalación de antenas, y de clarificar la actual redacción de la Ley reguladora de las Haciendas Locales.
Creo que con todo eso intentamos mejorar la actual Ley de medidas fiscales en lo que hace referencia precisamente a dichas medidas. Sin embargo, aunque no parece ser éste el momento oportuno, puesto que veo que hay poca atención por parte de algunas de sus señorías --naturalmente no me estoy refiriendo a quienes siguen el debate, sino fundamentalmente

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a todos los ausentes, y de un modo especial a la falta de representación por parte del Gobierno--, quería decir que no debería ser necesario que estuviésemos discutiendo esta cuestión. Porque estamos discutiendo de algo enormemente exagerado que contribuye tremendamente a intentar aumentar la burocracia en materia de interpretación de la legislación, y no es la primera vez que decimos que esta situación no se debe volver a repetir --poder sí que se puede mientras tengan ustedes la mayoría.
No podemos modificar en tan breve espacio de tiempo una situación que afecte, como he dicho, nada menos que a 38 leyes, prácticamente a todas las referentes a fiscalidad, a todos los impuestos. No se pueden modificar con una discusión tan breve y tan incoherente, por la cantidad de medidas sobre las que estamos discutiendo, como estamos haciendo en este momento, y menos aún con la poca atención que presta el responsable de esta situación y que es el actual Gobierno.
Y con esto no quiero insistir en la idea de la ausencia del Gobierno, porque estoy seguro de cuál va a ser la contestación: ustedes ya han gobernado y han utilizado también esta opción. Y es cierto, pero, evidentemente, no con la profusión que se está utilizando ahora y más este año especialmente, porque el año anterior el Gobierno fue sensible a este tipo de críticas, racionalmente, y presentó menos modificaciones que el actual.
Esto pone de manifiesto que pasó una legislatura y que el Gobierno anterior quizá fue más coherente que el Gobierno actual porque ha sometido a modificación constantemente, repito, sin haber siquiera entrado en vigor, la mayor parte de la legislación española con una ley discutida, a contracorriente, con muy poco espacio de tiempo y sin saber siquiera si las modificaciones que se introducen parcialmente en la mayor parte de las leyes fiscales españolas tienen una coherencia global.
Insisto en que esta situación no se puede ni se debe volver a repetir. No podemos modificar la fiscalidad de los españoles parcialmente sin someter esas leyes siquiera a una discusión ni saber qué consecuencias pueden tener posteriormente. Y eso es lo que ha ocurrido. Ha venido el señor Ministro de Economía, ha venido el señor Ministro de Hacienda, han discutido permanentemente la situación y han dicho que han rebajado los impuestos. Pero hay una serie de medidas que se están tomando inapropiadamente, porque si hubiera cualquier otro trámite parlamentario además de los que hemos vivido ya, las 70 enmiendas del Senado o los 10 artículos más que ha tenido la ley en el Congreso, se volverían a modificar. No hay una actuación coherente ni la puede haber tampoco con este tipo de actuación. La modificación de la fiscalidad requiere unas leyes discutidas globalmente y que la sociedad las pueda entender. Lo que no puede entender es que cada año se modifique parcialmente la fiscalidad española como se está modificando con esta ley. Y es que con eso, no sólo no contribuimos al beneficio del ciudadano, sino que además discutimos las propias afirmaciones del Gobierno. Porque la consecuencia de esta actuación desordenada es que el propio Gobierno, no es ya que la modifique, es que sube la fiscalidad. Y nos encontramos aquí con que el Gobierno reitera una y otra vez que les ha bajado la fiscalidad a los españoles y la OCDE tiene que venir a decirle que la ha subido nada menos que dos puntos y medio del PIB. Y es que España es el país que ha subido más la fiscalidad en los cuatro años de Gobierno del Partido Popular, y no precisamente porque recaude más, sino porque no sabe lo que hace.
Porque no lo puede saber con este tipo de planteamientos incoherentes a que nos somete cada vez que tenemos que volver a plantear una discusión de la ley de medidas complementarias, tal como estamos haciendo hoy; sin saber cómo queda globalmente cada ley que sufre una modificación parcial; sin poder saber los ciudadanos españoles cómo ver una ley fiscal porque cada año sufre al menos una modificación; sin saber tampoco qué es lo que pretende el Gobierno porque del Congreso al Senado, sin entrar en vigor, se vuelve a enmendar y, además, creo que subrepticiamente, saltándose también una obligación legal, que es de lo que algunos organismos y, en concreto, el Consejo Económico Social, se quejan, porque con tantas modificaciones como introduce el propio Gobierno en la tramitación de la ley, su informe preceptivo no tiene ningún valor, ya que del informe que da el CES al que sale posteriormente no se refieren, evidentemente, a la misma legislación. Por tantas y tantas cosas no debería pasar lo que está pasando en esta ocasión y, repito, de manera diferente al año anterior, donde al menos el Gobierno no solamente fue más coherente en la presentación, sino que fue más prudente a la hora de presentar enmiendas a su propio proyecto de ley.
En consecuencia, racionalmente, no discutamos quién tiene la responsabilidad de haber introducido la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, pues la tiene quien todos ustedes saben: naturalmente una sentencia de un Tribunal, pero la tiene también el propio Gobierno anterior. Por tanto, responsabilidad asumida, y a partir de ahí a ver si somos capaces --aunque lo dudo, porque prestan poca atención, como se puede ver, y de nuevo digo que no me refiero a ustedes, sino precisamente a los que no están-- de no volver a discutir esta cuestión, nos aplicamos más, y procuramos hacer unas leyes en las que se pueda ver su coherencia global, porque las modificaciones se hagan globalmente y porque discutamos todas ellas en las normas tributarias y no cada año, ya que eso no hay ciudadano que lo pueda entender.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Lerma.
Voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 236, del Grupo Parlamentario Popular.
Senador Lerma, ¿va a hacer uso del turno que le corresponde? (Denegaciones.) Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Sánchez Sánchez-Seco del Grupo Parlamentario Popular.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Muchas gracias, señor Presidente.


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Se ha iniciado el debate de este proyecto de ley de medidas fiscales, administrativas y del orden social con las disposiciones relativas a aquellas modificaciones tributarías precisas para una mejor y más eficaz ejecución del programa económico del Gobierno, y que no cuentan con la habilitación legislativa para su modificación por la vía presupuestaria.
Como decía el señor Lerma, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, a través de la Sentencia 76/1992, delimitó el alcance de la Ley de Presupuestos del Estado en el sentido de que regulase únicamente aquellas cuestiones que tuviesen una relación directa con las previsiones de ingresos y habilitación de gastos, determinando precisamente el nacimiento en nuestro sistema de la llamada ley de acompañamiento, que recoge algunas modificaciones parciales de diversas normas tributarias.
Por tanto, creo que no es necesario, señorías, insistir más en cuándo y por quién se inicia el procedimiento para modificar distintas normas o disposiciones en diferentes ámbitos sectoriales, a través de un marco complementario y necesario para la propia ley de presupuestos, al considerar que se trata de modificar determinadas cuestiones puntuales que afectan a bloques normativos diferenciados y que exigen el rango jurídico de ley para su aprobación. No vale decir ahora, señor Lerma, que no se entre en quién introdujo este mecanismo, porque la sentencia del Tribunal Constitucional está en la base de que se crease esta normativa.
Pero, como digo, creo que ya no es necesario insistir más en ello porque está suficientemente claro para todos.
El ordenamiento tributario requiere una adaptación continua a la cambiante realidad sobre la que se aplican sus preceptos, exigiendo en mayor medida una capacidad para proceder a los cambios y reformas necesarias de las normas generales o de procedimiento que regulan los distintos tributos. Además, en las normas que se modifican en esta ley para el año 2001 nos encontramos con una menor cantidad y extensión que en años anteriores --al contrario de lo que se decía hace unos minutos--, probablemente como consecuencia de la recientemente debatida Ley de Medidas de Estímulo al Ahorro y al Apoyo a las Pequeñas y Medianas Empresas, donde se introdujeron ya importantes novedades normativas.
Como se recoge en el propio texto de la ley, las disposiciones tributarias en este Título I vienen determinadas, por una parte, por imperativo legal en lo referido a la adaptación de la normativa del IVA a lo establecido en la 6ª Directiva del Consejo, respecto al procedimiento especial para la devolución del impuesto soportado con anterioridad al inicio de la actividad, así como para la adaptación a lo establecido en el Convenio de Viena respecto a las necesarias modificaciones de derechos y demás tributos a la importación y del Impuesto General Indirecto Canario. Por otra parte, existe también otro conjunto de normas que se procede a adaptar técnicamente en base a la experiencia de su aplicación, así como por las recomendaciones que la jurisprudencia y la doctrina aconsejan en la propia normativa tributaria. En este sentido destacan los nuevos supuestos de exención por indemnizaciones en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, como consecuencia de responsabilidad civil por daños personales o derivados de contratos de seguros de accidentes, o la modificación de algunos aspectos del régimen de fusiones en el Impuesto sobre Sociedades, y la equiparación de los tipos de gravamen en el Impuesto sobre la Renta de no residentes con los tipos de retención existentes para los residentes.
Por otro lado, aunque esto ya se recoge en las disposiciones adicionales y será analizado posteriormente por mi compañero, el Senador Mera, también se amplía la aplicación de la nueva deducción por innovación de tecnologías de la información y de comunicación, recientemente aprobada en este Pleno a través de la Ley de Medidas de Estímulo al Ahorro Familiar y a las Pequeñas y Medianas Empresas, a los empresarios personas físicas en régimen de estimación objetiva. Por último, debe destacarse también la modificación de la Ley General Tributaria en materia de interrupción de la prescripción para adecuarse a lo dispuesto en la Ley 1/1998, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes, y varios cambios introducidos en diversas tasas a través de este proyecto de ley.
Con estas modificaciones, junto con las introducidas en la recientemente aprobada, y ya repetida Ley de Medidas de Estímulo al Ahorro Familiar y Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa, o los reales decretos de apoyo a agricultores, pescadores y transportistas, se continúa con la reforma del sistema tributario español, iniciada ya hace cinco años, y que ha servido para mejorar la tributación en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, de los pequeños negocios familiares, para mejorar el marco fiscal del ahorro, para mejorar las condiciones de la internacionalización de nuestras empresas, mejorar y reducir la carga impositiva de nuestras pequeñas y medianas empresas, reduciéndoles el tipo impositivo del Impuesto sobre Sociedades hasta el 30 por ciento con el fin de beneficiar al conjunto de los ciudadanos y poder continuar con el proceso de crecimiento económico sostenido, creación de empleo, equilibrio presupuestario y, en definitiva, reducción de impuestos.
Desde luego, resulta sorprendente --tengo que reconocer que me ha sorprendido después de lo escuchado en el Pleno y en la Comisión de Hacienda-- la enmienda número 48, de los Grupos Entesa y Socialista, en la que proponen suprimir el tipo especial de gravamen del 30 por ciento, en vez del general del Impuesto de Sociedades del 35 por ciento que se aplica a las empresas de reducida dimensión. Se dice en la enmienda que se propone su derogación por --y cito textualmente--: «injusto, discriminatorio y no neutral», cuando hace tan sólo unos días, en el debate de la ya repetida Ley de Medidas de Estímulo al Ahorro Familiar y a la Pequeña y Mediana Empresa se nos decía con énfasis por parte de los portavoces de ambos Grupos, los señores Lerma y Armet, que no sólo debía ampliarse este tipo especial del 30 por ciento a las empresas con una facturación de hasta 500 millones de pesetas, como se proponía en el proyecto de ley y finalmente se aprobó, sino también a empresas con ingresos de hasta 1.000 millones de pesetas e, incluso de hasta 3.000.000 millones de pesetas cuando se tratase de empresas con actividad industrial. Ahora, por arte de birlibirloque, en tan

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sólo unos días, ya no debe aplicarse este tipo especial reducido ni a las empresas de ingresos hasta 500 millones de pesetas, ni a las de ingresos hasta 1.000 millones, ni a las de 3.000 millones, ni a ninguna otra.
Ahora es injusto y discriminatorio.
Sinceramente, el señor Lerma ha reiterado una y otra vez en su intervención anterior la palabra «coherencia». Sin ánimo de ofender y con un tono suave, no puede calificarse, señorías, más que de absoluta y gran incoherencia esta enmienda número 48 que firman los dos Grupos, Socialista y Entesa Catalana de Progrés, de absoluta y grave incoherencia. Y no me extraña que el señor Lerma haya pasado de tapadillo en la defensa de esta enmienda. Creo que no ha tardado ni diez segundos en referirse a ella y no me extraña que lo haya hecho tan rápidamente porque no era para otra cosa.
No obstante, en general, nuestro Grupo ha estado apoyado por otros Grupos de esta Cámara y hemos apostado por incentivar y apoyar a las pequeñas y medianas empresas, considerando su especial incidencia en nuestra economía y las dificultades que deben afrontar para su supervivencia en los mercados. Pero no sólo nosotros hacemos esta consideración. Se trata de una política de apoyo común en todos los países de la OCDE y recomendada por las distintas instituciones de la Unión Europea.
La enmienda número 49, también de los Grupos Entesa y Socialista, propone que para todas las empresas se establezca una nueva deducción del 10 por ciento de la cuota del Impuesto sobre Actividades Económicas en la cuota del Impuesto sobre Sociedades. Sin embargo, nosotros pensamos que esta iniciativa perjudicaría al conjunto de las empresas, ya que actualmente obtienen un trato más favorable al deducir como gasto la totalidad de las cantidades pagadas por el Impuesto sobre Actividades Económicas, en lo que también se incluye el coeficiente de modificación aplicado por los ayuntamientos y el recargo provincial de Diputaciones o Comunidades Autónomas provinciales, en su caso, mientras que, según la propuesta que se realiza, solamente se deduciría el 10 por ciento de la cuota mínima, modificación con la que, sinceramente, pensamos que las empresas saldrían perjudicadas.
Otra de las enmiendas de los Grupos Entesa y Socialista se refiere a una propuesta que a primera vista puede parecer muy loable pero que, analizada detenidamente, supone una discriminación para el conjunto de los pensionistas. Me refiero a la enmienda número 47, en la que se propone extender el límite de la obligación de declarar hasta los tres millones y medio de pesetas a todos los pensionistas, incluso cuando haya más de un pagador, que es la base fundamental, y con independencia de las cantidades satisfechas por cada uno de estos pagadores. Esto, como decía, supone iniciar una fuerte discriminación, ya que, mientras que un pensionista que perciba tres millones y medio de pesetas de un único pagador soportaría, aproximadamente, una retención de hasta 570.000 pesetas, sin embargo, otro pensionista con idéntica capacidad económica no pagaría nada si hay más de un pagador y, por ejemplo, cada uno de ellos le paga hasta 1.250.000 pesetas, que es el límite mínimo en el que opera la obligación de retener. Por tanto, pensamos que esta enmienda supondría una discriminación para el conjunto de pensionistas.
La enmienda número 54 propone determinar la no sujeción al IVA de las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas por empresas participadas en el 10 por ciento de su capital por un ente público. Sin embargo, esta medida no resulta ajustada al ordenamiento comunitario, ya que, de acuerdo con la 6ª Directiva del Consejo en materia del IVA, únicamente se encuentran fuera del ámbito de aplicación de dicho impuesto los organismos de Derecho Público, lo que que no puede aplicarse a las entidades mercantiles, con independencia de la titularidad de su capital social.
La enmienda número 56 propone algo parecido a la número 191, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Las tasas se basan en el principio de la equivalencia y su importe debe cubrir el coste de los servicios que se prestan. Unicamente se pueden establecer excepciones, a efectos de exenciones, por motivos de falta de capacidad económica, pero no por las condiciones personales del contribuyente.
Las enmiendas números 57, 58, 59 y 61 proponen la supresión de los artículos correspondientes sin ninguna argumentación más que el que suponen un incremento de la presión fiscal, cuando, concretamente, en varias de las tasas a las que se refieren estas enmiendas se elimina el pago por alguno de los servicios que se prestan en la actualidad, como, por ejemplo, en las tasas catastrales por la emisión de certificados negativos, por la emisión de un certificado en el que manifieste que no se tiene ninguna finca se establece que no se va a cobrar nada a partir del próximo año. Además, como decía anteriormente, las tasas deben responder al principio de equivalencia y su importe debe cubrir los costes de prestación de los servicios correspondientes.
Entre las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, respecto a la número 191, que propone modificar la tasa para personas que por aptitudes psicofísicas tengan que realizar pruebas de aptitud de sus condiciones en menor espacio de tiempo de lo ordinario, debo manifestar que, como acabo de señalar respecto a la presentada por los Grupos Entesa y Socialista, su coste debe ser en función del coste del servicio. Además, en este caso concreto ya existe una reducción del 50 por ciento de la tasa exigible a aquellas personas que tienen que solicitar prórroga de la vigencia del permiso por aptitudes psicofísicas y entendemos que un 50 por ciento ya parece una cantidad suficiente en comparación al resto de personas que deben utilizar este servicio y que no tienen ningún tipo de exención, considerando, además, que, como digo, deben cubrir, como mínimo, el coste del servicio.
En cuanto a la enmienda número 192, se dice que estos servicios tienen un interés general. Si en la propia enmienda se dice que estos servicios tienen como base el interés general, no es necesario que recoja así expresamente, ya que de tal forma se tendrá en cuenta en su momento, es decir, por interés general se considerará cuando así se solicite por alguna administración.


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En cuanto a la enmienda número 133, que presenta el Senador Cámara, hay que tener en cuenta que, de acuerdo con lo que dispone el propio artículo 27 del Estatuto de los Trabajadores, el Gobierno fija anualmente el salario mínimo interprofesional, previa consulta con las organizaciones sindicales y asociaciones empresariales más representativas. El salario mínimo interprofesional, como bien sabe mi paisano el Senador Cámara, se determina teniendo en cuenta no sólo el índice de precios al consumo, sino que, asimismo, se evalúa la productividad media nacional alcanzada, el incremento de la participación del trabajo en la renta nacional y la coyuntura económica general. Por tanto, la ley de presupuestos no se considera precisamente el marco legal adecuado para proceder a su modificación y, en todo caso, debe ser abordada en un contexto de negociación --como decía anteriormente-- entre los distintos agentes sociales, tanto por la importancia y repercusión de la medida propuestas como por entenderse que es el método más idóneo para tratar esta cuestión. Además, debe tenerse en cuenta que el salario mínimo interprofesional se toma como parámetro de referencia en el cálculo de un amplio abanico de prestaciones económicas, así como para cuantificar derechos y obligaciones de carácter tributario. Igualmente, la variación del salario mínimo interprofesional tiene repercusión en los sectores económicos y en el nivel de actividad con incidencia de aspectos como los costes salariales, la inflación o la competitividad, por citar algunos de los más significativos.
Por tanto, indiciar de manera automática el salario mínimo interprofesional a través de la Ley de medidas de acompañamiento con el IPC previsto para el año 2001 supondría ignorar todo este conjunto de efectos que del mismo pueden derivarse y no tener en cuenta otros factores de la situación económica y laboral que deben ser considerados para fijar las intervenciones públicas en materia retributiva. Estamos de acuerdo en que el salario mínimo interprofesional debe adaptarse al IPC o a aquellos índices que se estimen más convenientes, pero creemos que debe hacerse en otro marco y tras las negociaciones correspondientes con los agentes correspondientes.
El Senador Quintana, que no se encuentra ahora aquí, presenta varias enmiendas a este Título I, en concreto doce, entre las que quiero comentar algunas. Cabe destacar la número 1, que propone que no se contemplen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas las ayudas para la formación de posgrado. Hay que tener en cuenta que la formación de posgrado es voluntaria y que suele desarrollarse para mejorar la posición en el mercado de trabajo, por lo que lo lógico es que la financie la empresa para la que trabaja el posgraduado o la persona correspondiente si considera conveniente seguir formándose tras haber finalizado los estudios superiores.
Su enmienda número 2 habla de gastos médicos y alquiler de vivienda, y en el Impuesto sobre la Renta y en la reforma que se ha realizado en el año 1998 se entienden incluidas en el mínimo personal de cada contribuyente estas cantidades destinadas a gastos médicos y alquiler de vivienda.
En cuanto a la enmienda número 5, he de decirle que en la relación de entregas de bienes y prestación de servicios establecida por la 6ª Directiva en relación al Impuesto sobre el Valor Añadido para la aplicación de un tipo reducido, no se hace ninguna mención a lo que recoge el Senador Quintana en su enmienda: los objetos de artesanía. Por tanto, consideramos que no pueden incluirse en esa enmienda.
En otras enmiendas, como la número 8, realiza una propuesta que no podemos aceptar, y es que existen unos tipos mínimos comunitarios por debajo de los cuales no pueden fijarse los tipos nacionales.
Por otra parte, desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió --como suele ser habitual, y nuestro Grupo quiere reconocerlo-- se presentan un conjunto de enmiendas verdaderamente interesantes y positivas. En algunos casos chocan con la normativa comunitaria, como sucede con la número 306, relativa a la exención establecida en las entregas de materiales de recuperación y, por lo tanto, no es posible su aceptación. Al parecer la Comisión Europea tiene prevista la modificación de la 6ª Directiva en materia de IVA, y entonces sí sería posible suprimir esta exención y nuestro Grupo apoyaría esta enmienda o la propuesta correspondiente.
Interesantes también son las enmiendas 294 y 295, en las que se proponen las modificaciones del tipo de retención, actualmente establecido en un 40 por ciento --como decía el Senador Cambra-- para consejeros y administradores de empresas de reducida dimensión. Es cierto que en muchos casos esta retención puede resultar excesiva, pero también lo es que lo habitual suele ser que los miembros de estos órganos perciban ingresos por diversos conceptos: rendimiento de trabajo, participaciones de capital mobiliario, e incluso que pertenezcan a distintos órganos representativos de otras empresas del grupo o tengan participaciones en las mismas, con lo que sería complicado aplicarles el procedimiento general del cálculo de la retención.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señoría, vaya terminando.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Ya termino, señor Presidente.
También es cierto que al hacer su declaración anual del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estos contribuyentes pueden deducirse de la cuota el cómputo global de las retenciones que les hayan practicado y, en su caso, solicitar la devolución correspondiente. De este modo, no perderían ninguna cantidad de las retenciones que se les han aplicado, pues, aunque ya lo han adelantado durante un tiempo, se les devolverían estas cantidades. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Por otra parte, les adelanto, que próximamente se prevé una modificación más general de los tipos de retenciones aplicados a diversos colectivos, y probablemente se recoja alguna de las cuestiones planteadas en estas dos enmiendas.
Termino, señor Presidente. Nuestro Grupo ha demostrado, en lo que a este Título I de la Ley de acompañamiento se refiere, una gran capacidad de consenso, tanto en el debate celebrado en el Congreso de los Diputados,

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donde se introdujeron numerosas enmiendas y transaccionales, como en el trámite parlamentario llevado a cabo en el Senado, donde en Ponencia se han incluido numerosas enmiendas de nuestro Grupo que mejoran y completan esta Ley de acompañamiento.
Pero en la presentación que hizo ayer el Ministro quedó claro que podía ampliarse y mejorarse en este trámite. Así ha sucedido con la enmienda referida al nuevo supuesto de exención en un 50 por ciento para familias numerosas en la matriculación de vehículos de cinco a nueve plazas, que ha sido aceptada por todos los grupos y se incorpora al Título I.
Además, en la Comisión celebrada el pasado día 5 se aceptaron también seis enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria relativas al Impuesto General Indirecto Canario, a la aclaración de la exigencia de puesta en funcionamiento de los bienes de inversión, dependiendo de los proyectos técnicos, o sobre el gravamen para el próximo año de las importaciones de bienes en Canarias.
También se aprobó en Comisión una enmienda transaccional del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés respecto a su enmienda número 41, en la que se propone una modificación en el artículo 21 para que se establezca una nueva redacción en algunos artículos de la Ley 39/1988, reguladora de las Haciendas Locales, respecto a la aclaración de la sujeción al IBI de las concesiones administrativas sobre bienes inmuebles o servicios públicos a los que estén afectados dichos bienes.
Asimismo, se han incluido diversas enmiendas en Ponencia que, en esencia, coinciden con las presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, como la número 296, relativa a la deducción del 20 por ciento para la producción de series audiovisuales de ficción, animación, etcétera, o la número 309, que propone la renovación del parque de vehículos que utilizan gasolina sin plomo, estableciendo una nueva deducción de 120.000 pesetas.
En definitiva, señorías, las distintas medidas referentes a aspectos tributarios que se recogen en esta Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, como decía al principio, continúan con la política general que desde el Gobierno se viene desarrollando en estos últimos años y que nos permite avanzar por una senda de crecimiento económico sostenido, de estabilidad económica, de aumento continuado del empleo y de reformas tributarias, lo que, en definitiva, supone una importante reducción impositiva para el conjunto de los ciudadanos y para las pequeñas y medianas empresas de nuestro país.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Sánchez Sánchez-Seco.
Para el turno de portavoces, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero aclarar ante toda la Cámara por qué el anterior Senador ha dicho en la tribuna que éramos paisanos, y es que él es Alcalde del pueblo donde yo nací, Pastrana. Por tanto, somos paisanos porque soy mallorquín de adopción, pero natural de ese pueblo tan bonito que es Pastrana.
Querido Senador, le tengo que decir dos cosas: en primer lugar, puesto que hemos dejado sin defender muchas enmiendas, usted podría haber contestado a aquellas en que sí lo hemos hecho y dejar sin contestar al Senador Anxo Quintana, que no se encuentra aquí y no puede responderle debido, como sabe --porque así se ha manifestado en la Cámara-- a una grave enfermedad de su padre. Desde mi punto de vista, habría quedado mejor pero, al fin y al cabo, es un error suyo que no le reprocho demasiado, aunque estas cosas hay que hacerlas siempre con cierta elegancia cuando no puede responder quien ha presentado la enmienda.
En segundo lugar, cuando el Gobierno fije el salario mínimo para 2001, le preguntaré cuánto va a subir porque nos podemos morir de risa ya que es seguro que no va a tener en cuenta el IPC real ni la revisión de la bajada que va a experimentar el salario mínimo como consecuencia de ese IPC, ni tan siquiera todos los parámetros que marca la propia ley para fijar el salario mínimo interprofesional. Por ese motivo, el salario mínimo interprofesional no consigue llegar al 75 por ciento del salario medio que se plantea como recomendación y orientación en la propia Unión Europea y que mantiene, por ejemplo, como posición de conjunto la Confederación Europea de Sindicatos. Es un elemento importantísimo porque, lógicamente, afecta a los sectores más débiles de la sociedad, como es el caso de aquellos que no están sujetos a convenio colectivo, pero sirve como referencia para todo lo que usted ha dicho y, por tanto, tiene una gran importancia.
Permítame que le diga que el Gobierno consulta y comunica pero, en los últimos tiempos, ni discute ni negocia, que yo sepa. Me va a responder que el Gobierno está para gobernar, pero también es verdad que en democracia los agentes sociales también están para dar equilibrio y que, en un tema como éste, que afecta tanto a los trabajadores, valdría la pena negociar. El Gobierno solamente consulta, de modo que no presuma de que dialoga tanto con los sindicatos --que, año tras año, le dan el plácet también en esta materia-- porque es falso y no tiene sentido esa argumentación.
Este es un tema que merece mucho la pena y de ahí nuestra enmienda porque no estamos de acuerdo y, lógicamente, seguiremos insistiendo, erre que erre, porque ustedes tienen más votos, pero creemos sinceramente que nosotros tenemos razón.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (El señor Ríos Pérez hace signos negativos.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Solamente quiero decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular que realmente desconoce cuál es la situación real de los términos de la enmienda que hemos presentado.


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En absoluto está reconocida la expresión de interés general y, precisamente por ello, la estamos introduciendo, para que la Administración actúe de esa manera y no realquilando los derechos de uso del espacio radioeléctrico lo que, efectivamente, no es una cuestión de interés general por mucho que suponga ingresos añadidos a las administraciones autonómicas o locales. Ese es el tema clave y lo que queremos denunciar con esta enmienda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Solamente quiero pedir una aclaración porque el portavoz del Grupo Parlamentario Popular no ha hecho ninguna crítica ni oposición a la enmienda de nuestro grupo, que yo he defendido, de modificación de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, con las propuestas contenidas en la enmienda número 40 al artículo 21 del proyecto de ley. Por tanto, debido a esa falta de crítica, ¿he de entender que el Grupo Parlamentario Popular votará favorablemente estas propuestas? Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora Aroz.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer al Senador Sánchez su respuesta a nuestras enmiendas y que las haya calificado de iniciativas interesantes, cosa que nos agrada.
En cualquier caso, procuraremos esmerarnos más para que, además de una buena valoración, también merezcan sus votos en el futuro.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Creo que el representante del Grupo Parlamentario Popular, con muy buenas maneras, interviene pero no contesta nunca a nuestras propuestas; al contrario, utiliza siempre los argumentos tradicionales del Partido Popular para responder cosas diferentes de las que se habían planteado.
Por ejemplo, es evidente que la responsabilidad de la ley de medidas proviene de una sentencia del Tribunal Constitucional y también es evidente que nosotros la utilizamos primero; lo que ya no es tan evidente es el uso excesivo y abusivo, que lleva a la incoherencia en los planteamientos, después de las múltiples modificaciones parciales que se están haciendo aquí a las leyes fiscales y que luego, como vuelvo a repetir, nos llevan a un incremento de la presión fiscal de 2,5 puntos del PIB sin que el Gobierno se haya enterado siquiera. Esa es la situación a la que hay que dar respuesta, como también hay que promover el que los ciudadanos puedan entender la legislación, especialmente la fiscal, porque obviamente les toca el bolsillo y no carece de interés para ellos. Hay que dar respuesta y arreglar esa situación.
Además, de nuevo ha introducido una maniobra dilatoria o la misma desviación de siempre: el sofisma favorito del señor Martínez Pujalte --antiguo conocido mío y de todos ustedes--, que es hablar de la incoherencia del Partido Socialista respecto al apoyo a la pequeña y mediana empresa; incoherencia que no es verdad. Quiero decir, con toda claridad, que incoherencia es haber dicho hace una semana que no es posible que los que tributan por módulos se puedan beneficiar también de la situación de exenciones para las nuevas tecnologías, y esta semana, llegar y plantear la cuestión como si fuera una gran innovación, máxime cuando Convergència i Unió y todos nosotros les habíamos dicho que no era coherente su postura. El gran descubrimiento y la gran coherencia del Gobierno es que lo que la semana pasada no aprobó, ahora es una de sus propuestas. ¡Vaya coherencia y vaya forma de gobernar! De esta manera sólo se demuestra a los ciudadanos que lo que no propone el Partido Popular no sirve, aunque sea positivo para todos.
Nosotros pretendemos que se apoye decididamente a las empresas innovadoras, se estimule la utilización de las nuevas tecnologías y, especialmente, de las tecnologías de la información. Hemos apoyado que no fueran empresas que gestionan hasta 500 millones de pesetas sino 1.000 millones de pesetas y aquellas que, en temas industriales, llegaran hasta 3.000 millones de pesetas. ¿Por qué? Porque estamos intentando beneficiar no sólo a las pequeñas y medianas empresas, en general, sino intentando estimular la innovación en las empresas y no, como ustedes, la discriminación entre empresas, de tal forma que unas paguen menos en el Impuesto sobre Sociedades y otras más, porque eso es, simple y llanamente, una injusticia. Nosotros primamos a las empresas innovadoras porque creemos que es bueno para este país y todas se pueden apuntar a ser innovadoras y pueden estar primadas, naturalmente si innovan y, si no es así, deben pagar el Impuesto sobre Sociedades como todas las demás porque, de lo contrario, están introduciendo una discriminación muy clara entre ellas. Pero una discriminación que no sólo tiene las consecuencias de discriminación, sino que además es perjudicial para todas las empresas, porque ustedes pagan a unas empresas que no son innovadoras, las priman estableciendo entre empresas una competencia desleal --y eso es muy grave-- cuestión que puede ayudar a hundir empresas grandes y buenas y a utilizar la subcontratación de manera permanente y exagerada como ahora, precisamente porque eso fomenta la temporalidad, la competencia desleal y la posibilidad de más accidentes laborales. Además, es contradictorio con la política que ustedes defienden de apoyo al crecimiento y a la internacionalización de la empresa española. Eso no es

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lo que ustedes están apoyando con esa medida, sino que, repito, es una medida discriminatoria que perjudica a las empresas porque introduce la competencia desleal. Además, hay otra cosa muy importante, y es que no solamente no se aumenta la innovación, sino que además introduce un factor de fraccionamiento de empresas, porque para acogerse al 30 por ciento muchos empresarios van a romper sus empresas en vez de intentar crecer más, con lo cual muchas continuarán siempre teniendo poca capacidad de competir; eso sí, ayudando a ganar mucho dinero a los empresarios, quienes utilizando esta ley fraudulentamente contribuirán a fraccionar sus empresas y a carecer de capacidad real de innovación.
Por eso, el sofisma del señor Martínez Pujalte --que no lo he sacado yo, pero estaba seguro de que lo iba a hacer el Grupo Popular-- no sirve, es falso. Nosotros pretendemos ayudar a la innovación y seguimos pretendiendo ayudar a las empresas que gestionen hasta mil millones de pesetas y a las empresas industriales que lleguen hasta tres mil, pero a las empresas innovadoras y no a todas en general porque, como digo, es introducir una distinción entre empresas que es desleal, injusta y, además, perjudicial para todas las empresas españolas.
Es lo que quería decir. Nada más, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sánchez Sánchez-Seco.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero dar las gracias por el tono que ha habido, que ha sido comedido, en una materia tan importante como la que estábamos tratando. Querría contestar, por orden, a mi paisano --dicho con el mejor énfasis y él lo sabe--, que yo soy nuevo en esta Cámara --y lo acabamos de comentar--, y sabe que lo he hecho con absoluta sinceridad, lo cual es bueno. Si yo he contestado al Senador Quintana es porque había presentado unas enmiendas y me parecía coherente y cortés contestarle. Con esa buena intención lo he hecho, y con ello no hago nada malo, sino todo lo contrario, porque las enmiendas que ha presentado el Senador Quintana también son interesantísimas. Con ese ánimo lo hacía, no con otro, y así lo entenderá él y el Senador Cámara.
En cuanto a que se aprueben las modificaciones próximamente por el Gobierno sobre la base un IPC real o no, y si se va a tener en cuenta o no la realidad, usted entiende que no, yo entiendo que sí y, además, entiendo, como lo ha venido realizando durante todos estos años, porque ha sido la tónica general desde que el Partido Popular gobierna en España, el entablar conversaciones y aceptar todo lo que se ha planteado desde los agentes sociales. Esa ha sido la tónica general y el clima social que ha habido en España durante todos estos años que, en mi opinión, ha sido modélico y ejemplar y ha contribuido de forma notable a la importante creación de empleo y al número de altas en la Seguridad Social que se ha producido en nuestro país. Estoy seguro de que en esa tónica va a seguir en el futuro.
Respecto al Senador Albistur, efectivamente, en la justificación de la enmienda se habla del interés general y se entiende que cuando el órgano competente se encargue de adoptar las medidas oportunas, también tendrá en cuenta, como no podía ser de otra manera, el interés general.
En relación a la portavoz del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana, Senadora Aroz, no me he referido --y pido disculpas-- a la enmienda número 40, sino a la 41, pero es cierto que en esta primera la intervención ha sido muy densa y la he dejado a un lado. Ciertamente lo lógico sería que se incluyera esta propuesta, que también es interesante y necesaria para contribuir a la financiación de los entes locales que, desde luego, lo necesitan, y cualquier idea que se preste para beneficiar a las entidades locales siempre debe ser bien recibida. Repito, lo lógico sería que se incluyese en la próxima negociación sobre financiación local que se lleve a cabo con la Federación Española de Municipios y Provincias como institución más representativa de los municipios y de las entidades locales, y que se evalúe su conveniencia y necesidad para incluir este tipo de financiación. Concretamente en lo relativo a las tasas, cualquier corporación local puede introducir una nueva tasa, si así lo estima conveniente. Pero en lo que se refiere al 1,5 por ciento, lo lógico es que se incluya en la negociación con la Federación Española de Municipios y Provincias, como se ha hecho ya en anteriores ocasiones con algunas medidas de parecidas características, como la de las palomillas con las empresas eléctricas y con Telefónica.
Respecto al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, señalo también con absoluta sinceridad que sus aportaciones son siempre muy positivas y las ideas que prestan --por lo menos en el tiempo que llevo aquí lo he podido comprobar-- son interesantísimas; de hecho se han introducido muchas enmiendas que prácticamente coinciden en esencia con lo que planteaba el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y algunas de ellas estoy seguro que van a ser medidas que se van a adoptar en el futuro, como la de las retenciones a los consejeros y administradores, porque realmente es de justicia que se revisen estas retenciones.
En cuanto al Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, lo único que le puedo decir es que el término coherencia o incoherencia lo ha introducido usted, señor Lerma, no yo. Ha repetido varias veces la palabra coherencia y yo no tenía por menos que hablarle de esa coherencia o incoherencia al comentar la enmienda relativa a que se considera injusto y discriminatorio que se aplique a las empresas de reducida dimensión el 30 por ciento.
Nuestro Grupo, como señalaba, apoyado por otros Grupos de esta misma Cámara, ha apostado por las pequeñas y medianas empresas, porque son el eje fundamental de la economía española y son las que generan prácticamente la gran mayoría de los puestos de trabajo. En ese sentido se aplicó el tipo especial del 30 por ciento a estas empresas. Además, consideramos que ha sido beneficioso y ha contribuido a que se genere empleo por las pequeñas y medianas

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empresas. Con esa intención se ha introducido en la Ley de medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, recientemente debatida, el incremento de la consideración de ingresos para la pequeña y mediana empresa.
Es cierto que tanto usted como el Senador Armet manifestaron --léase el «Diario de Sesiones»-- que 500 millones era una cantidad escasa para considerar a las pequeñas y medianas empresas y que había que incrementar la facturación hasta mil millones. Yo señalaba que con eso incluiríamos prácticamente al 98 por ciento de las empresas de este país. Luego ya no estábamos hablando de beneficiar a las pequeñas y medianas empresas, sino prácticamente a todas, y lo lógico era que se empezase --como se hizo en su momento-- por 250 millones, ahora por 500, y en el futuro ojalá que sea necesario incrementar esta cantidad porque significará que las pequeñas y medianas empresas de España han crecido de forma importante y hay que dar un paso más para beneficiarlas.
Por otra parte, en cuanto a la deducción para la innovación tecnológica de la estimación objetiva singular, tengo que decirle que no es que se dejase expresamente desde la Ley de Medidas de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, porque esta ley que ahora mismo estamos debatiendo se presentó en el Congreso de los Diputados el 30 de septiembre y a finales del mes de octubre estuvimos debatiendo aquí la Ley de medidas de estímulo al ahorro a la pequeña y mediana empresa, con lo cual se presentó mucho antes de debatir aquí esta disposición adicional, que después se analizará por mi compañero el Senador Mera.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señoría, le ruego concluya, por favor.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Termino, señor Presidente.
En general, con lo que se incluye en este Título I de este proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, considero, como he dicho antes, que estamos contribuyendo a que se vayan readaptando los artículos necesarios de las distintas normas tributarias para mejorar en general a los ciudadanos y a todas las pequeñas y medianas empresas de España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Sánchez Sánchez-Seco.
A continuación, pasamos al Título II, artículos 22 a 29 ter. A dicho título se ha presentado el voto particular número 9 del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 13 y 14, que se han dado ya por defendidas, y el voto particular número 7 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 134 a 146.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de que me lo digan ustedes --porque algunas de nuestras enmiendas modifican leyes-- quiero recordarles que en esta ley de medidas fiscales ustedes modifican ocho leyes aprobadas en el año 1998; cuatro aprobadas en el año 1999 y, el no va más, tres leyes aprobadas en el año 2000. Además, modifican todas las leyes fiscales, incluidas tasas diversas y hasta el carné de conducir; la Ley General de Presupuestos; la Ley General Tributaria; la Ley General de la Seguridad Social y la Ley de las Telecomunicaciones, entre otras. Y digo esto porque este argumento se ha expuesto en alguna ocasión y es conveniente recordarlo.
Voy a empezar diciendo que las enmiendas números 138, 139, 140, 141, 143 y 144 quedan defendidas y no las voy a argumentar.
Me referiré al resto y de forma rápida. La primera, la número 134, pretende que el Gobierno remita a las Cortes, Congreso de los Diputados y Senado, un proyecto de ley regulador de una normativa de reinserción que armonice las rentas de inserción, cuya referencia sea, una vez más, el salario mínimo interprofesional y a la que tendrán derecho inmediato todos aquellos parados y paradas que hayan finalizado el período de prestación o diversos subsidios, en definitiva, que no dispongan de ingreso alguno.
Esta argumentación está clara porque existen rentas de inserción vía Comunidades Autónomas, pero no existe una ley que armonice y, por tanto, la diversidad, los contenidos, los derechos, etcétera, que estas rentas tienen en el conjunto de la geografía en mi opinión necesitan una cierta regulación, armonización o, en todo caso, seguridad para esas personas que lo requieren.
La enmienda número 135 pretende plantear un límite razonable a la incompatibilidad entre la percepción de la pensión de orfandad y el salario derivado de la renta del trabajo, con el fin de evitar agravios comparativos de difícil justificación. Se plantea, por tanto, un nuevo artículo 26 al artículo 175 de la Ley General de la Seguridad Social, y se pretende sustituir la expresión: «... o cuando realizándolo, los ingresos que obtenga en cómputo anual resulten inferiores al 50 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional...», por la siguiente: «..., o en los que efectuando trabajo lucrativo su nivel de renta sea inferior al 150 por ciento del Salario Mínimo Interprofesional...». Se intenta plantear el tema de las compatibilidades e incompatibilidades entre unas pensiones y otras y, por tanto, crear una cierta seguridad en torno a esta cuestión.
La enmienda número 136 pretende la exigencia del cumplimiento de los principios de suficiencia de las prestaciones y de solidaridad del sistema de prestaciones por desempleo. Ya hemos debatido bastante este tema, por consiguiente, su mejora estaría perfectamente justificada. No lo voy a argumentar más, pero quiero decirles que lógicamente hace falta aumentar ese tipo de prestaciones para aquellos que se encuentren en esta situación.
La enmienda número 137 la doy por defendida. En cualquier caso, quiero decir que se pretende una mayor cobertura, sobre todo para los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares.


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La enmienda número 142 viene a ser el compendio de todo. La existencia de colectivos, de trabajadores, cada vez más amplios, expulsados del sistema de protección por desempleo y el avance de los fenómenos de precarización y rotación del trabajo en estos momentos, temporalidad y paro de larga duración, exige, en nuestra opinión, una recuperación y mejora del marco normativo protector anterior al año 1992.
Como ya expresé en otro momento de este debate, la tasa de cobertura por punto de desempleo en España es inferior a la media europea; con una tasa de cobertura inferior y un paro superior, por tanto, con una situación diferenciada de déficit con respecto al conjunto de los países europeos, me parece lógico que se destine una cantidad de dinero para cubrir mejor las prestaciones por desempleo para quienes más lo necesitan, y quiero recordarles que no llega al 50 por ciento las personas registradas en el Inem que tienen esta cobertura por desempleo.
La enmienda número 145 pretende situar diferentes elementos que van en una dirección determinada, conocida perfectamente por ustedes, concepción defendida en las instituciones y en la calle por Izquierda Unida, como es la duración máxima de la jornada. Tampoco me voy a extender en la argumentación porque no es éste el momento, pero ustedes saben lo que es distribuir la riqueza sobre la base de reducir la jornada por el aumento de productividad por parte de los trabajadores; en el ámbito de la Administración del Estado la jornada semanal debería ser también de 35 horas para todos los trabajadores públicos; en cuanto a las horas extraordinarias se deben prohibir, salvo fuerza mayor, y aquellas que se deban realizar porque no quede más remedio deben negociarse a través de los convenios colectivos y compensarse por descanso, si es posible, y ya hay empresas que así lo hacen. Por ello, tampoco voy a extenderme, pero es una línea de filosofía, de concepción en política de trabajo, de empleo y derechos que Izquierda Unida tiene a bien defender una y otra vez, y así seguiremos haciéndolo.
La enmienda número 146 se refiere a los socios trabajadores de las cooperativas de trabajo asociado. Se pretende que disfruten de los beneficios de la Seguridad Social, pudiendo optar la cooperativa entre modalidades como asimilados a trabajadores por cuenta ajena; esas cooperativas quedarán integradas en el Régimen General o en alguno de los regímenes especiales de la Seguridad Social, según proceda, de acuerdo con su actividad y dedicación, bien sea a tiempo parcial o completo.
Intenta dar cobertura en este caso a los trabajadores socios de cooperativas. Doy por defendidos sus argumentos en toda su extensión.
El resto de las enmiendas las doy por defendidas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Corresponde a las enmiendas números 193 a 195. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señor Presidente.
Presentamos tres enmiendas; dos se refieren a la renta activa de inserción y la tercera a la Seguridad Social para docentes en lengua actualmente oficial.
Respeto a la renta activa de inserción, la supresión de este artículo nos parece importante, pero no nos quedamos ahí, sino que presentamos una alternativa de lo que entendemos podría cubrir la existencia de esta renta activa de inserción. Creemos que con el artículo que se propone, en estos momentos se produce una deslegalización de la denominada acción protectora por desempleo, que actualmente tiene su régimen definido con rango de ley. El proyecto pretende establecer, en cambio, una habilitación al Gobierno que, por su contenido escueto, operaría prácticamente como una revisión en blanco para ampliar la estructura y contenido prestacional de la protección por desempleo.
Lo más conveniente sería un planteamiento alternativo que podría solucionar y apostar por que existiera esta renta activa de inserción. La justificación en sus contenidos más jurídicos la tienen por escrito, por eso voy a obviarla, por el tiempo que tenemos.
En este planteamiento que hacemos lo que intentamos es que esta renta activa de inserción, que actuaría seguramente como un último nivel de protección social, esta prestación tuviera una coordinación con las Comunidades Autónomas porque, como todos sabemos, en casi todas ellas se están poniendo en marcha bien sea ingresos mínimos, bien sea rentas mínimas, bien sea rentas de inserción y, por tanto, sería conveniente que estas rentas de carácter universal que también actúan como último nivel de protección tuvieran una coordinación y, por supuesto, estuvieran todas sometidas a lo que podría ser un proyecto de ley que coordinara todo esto. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por ello, pedimos la supresión del artículo 24 y presentamos lo que podría ser la alternativa.
En la enmienda 195 nosotros hablamos de una cuestión, la Seguridad Social de docentes en lengua actualmente oficial que durante el régimen anterior no tuvieron la oportunidad de cotizar. La falta de reconocimiento que había del pluralismo lingüístico y cultural en el régimen anterior dificultaba y en un primer momento impedía la enseñanza en lengua actualmente oficial distinta al castellano. Quienes, a pesar de las dificultades, impartieron dicha enseñanza lo hicieron con sacrificio de las condiciones laborales y personales, muchas veces en la clandestinidad. Prohibido entonces el reconocimiento de los derechos de Seguridad Social en estos momentos estas personas tienen perjudicada su posición a la hora de acceder actualmente a las prestaciones de dicho sistema.
Estamos haciendo un planteamiento que trata de subsanar este error sin generar privilegios, centrándolo en sus justos términos, situándolo para que sea una cuestión fundamentalmente de sensibilidad democrática, que es lo que estamos planteando. Como en muchas otras cuestiones se ha intentado dar un cierre definitivo a aquella etapa, nosotros también en este tema creemos que es de justicia reconocer a todas estas personas este derecho ya que en ese período de tiempo tuvieron el valor de hacer lo que hoy en día es una situación absolutamente normalizada, tuvieron

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el valor de trabajar y sacrificarse por que las lenguas y la pluralidad lingüistíca de este Estado siguieran vivas, razón por la cual se les ha de reconocer el derecho a una protección social por aquel período de tiempo en el que no pudieron cotizar, que no hubiera sido posible salvo que estas personas hubieran tenido que pagar con una situación mucho más precaria, que hubiera sido su paso por situaciones de cárcel, etcétera.
Por tanto, como en otra serie de cuestiones que el Estado democrático ha intentado resolver, proponemos una fórmula, y creemos que, con un límite al reconocimiento de una determinada generación, las personas mayores de cincuenta años en la actualidad, ya que las menores de dicha edad dispusieron de otras posibilidades, creemos que está perfectamente centrada esta cuestión y que es de justicia y de sensibilidad democrática reconocer a estas personas estos derechos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, ha sido retirado. Por tanto, procede ahora debatir el voto particular número 10, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número 314.
El Senador Cambra tiene la palabra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Esta enmienda que mantiene nuestro Grupo al Título II es al artículo 24, a través del cual se ha creado la denominada renta activa de inserción, medida que nos parece muy interesante. Ahora de lo que se trata es de establecer una ayuda específica dirigida a los desempleados con especiales necesidades económicas y dificultades para encontrar empleo y que adquieran el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de su inserción laboral. Con nuestra propuesta pretendemos introducir al final del artículo el siguiente texto: «..., las cuales serán gestionadas por la Administración competente en materia de gestión de las políticas activas de ocupación». Queremos que se respeten las competencias de aquellas Comunidades Autónomas a las que les corresponde la gestión de las políticas activas cuando éstas ya han sido transferidas. Este es el objeto de esta enmienda. Queremos concretar que la renta activa de inserción podrá ser aplicada en estas Comunidades Autónomas a las que han sido transferidas las competencias de la gestión de las políticas activas.
Nada más, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Voto particular número 6, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a las enmiendas números 63 a 72. Para su defensa tiene la palabra el Senador Romero por tiempo de diez minutos.


El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me voy a referir a las enmiendas números 63 a 72, y ya anuncio que algunas de ellas, a las que no me refiera expresamente, las daré por defendidas en sus propios términos.
Con la enmienda 63, de adición, pretendemos evitar un efecto no deseado por el texto planteado por el Grupo Parlamentario Popular, porque el acortamiento de los plazos de prescripción no puede tener una consecuencia no deseada, una consecuencia negativa para los trabajadores o para los causahabientes de los trabajadores, caso de falta de períodos de cotización por parte de los empleadores, y lo que queremos es que la reducción a cuatro años no dificulte, no tenga una consecuencia negativa.
Es una enmienda de adición puramente técnica que, a nuestro juicio, establece una cautela normativa que mejora el texto.
Hay un grupo de enmiendas que se refieren a temas relativos a la Seguridad Social que me van a permitir que insista en situarlos en el marco del Pacto de Toledo.
El Pacto de Toledo, tal como tuve ocasión de señalar esta mañana, y de reiterar tanto en esta Cámara como en el Congreso de los Diputados, fue una iniciativa parlamentaria de la V Legislatura, una iniciativa parlamentaria de un gobierno socialista que tuvo una magnífica acogida por los Grupos de la oposición en aquella época, por el Partido Popular, y que se plasmó en unos acuerdos que optimizan nuestro sistema público de Seguridad Social y que le dan una indudable proyección de futuro.
Ahora bien, nosotros vemos con preocupación que el desarrollo del Pacto de Toledo se está circunscribiendo ahora, o está intentando el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular que el debate parlamentario en relación con el Pacto de Toledo se reduzca a un mero debate teórico y académico sobre futuribles que son más o menos acertados, o que el papel parlamentario en relación con el Pacto de Toledo se reduzca a ser meros notarios de lo que se acuerde en el diálogo social.
En ambos casos, nosotros rechazamos de manera contundente que el papel del Parlamento en su conjunto, en relación con un tema que afecta de una manera tan importante al conjunto de la sociedad española, se pueda reducir de esta forma, y reivindicamos el papel protagonista del Parlamento en el desarrollo del Pacto de Toledo.
En este contexto es en el que nosotros planteamos que la actual situación de la Seguridad Social, que efectivamente plantea un superávit, tiene que servir fundamentalmente no para financiar el déficit del subsector Estado en los presupuestos sino para que se afiance el futuro del sistema público y solidario de reparto de la Seguridad Social en España.
Se nos dice que en los presupuestos generales del Estado ni una sola peseta de la Seguridad Social va a financiar carreteras, y podemos aceptarlo, pero se destinan pesetas de la Seguridad Social a financiar complementos a mínimos y no se dedican las suficientes a dotar fondos de reserva.Y esas medidas están liberando otras partidas presupuestarias que desde los presupuestos generales del Estado, desde la fiscalidad general, deberían abordarse.
La enmienda número 65 se refiere al Fondo de Reserva. Ustedes no van a gobernar eternamente, sino sólo mientras

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el pueblo español les dé la mayoría, y en un sistema democrático como el que afortunadamente tenemos en nuestro país queremos que determinadas cuestiones queden a salvo de las veleidades que todos los Gobiernos pueden tener en alguna ocasión. En ese sentido, entendemos que, tal como se establece en el Pacto de Toledo, la dotación del Fondo de Reserva debe ser consecuencia habitual, sistemática, y nada extraordinaria de la relación entre los superávit que por cotizaciones sociales ingresa la Seguridad Social y las prestaciones contributivas. Como digo, esa situación no debe tener ningún carácter extraordinario, sino que debe estar legislada para que cada año sea una consecuencia normal y lógica de cómo se haya desenvuelto el presupuesto de la Seguridad Social.
Por tanto, repito, con la enmienda número 65 queremos que se establezca que los superávit por cotizaciones sociales en relación con las prestaciones contributivas pasen a engrosar sistemáticamente el Fondo de Reserva. Porque en estos momentos tenemos una Seguridad Social con superávit, pero debo recordarles que eso es consecuencia de determinados factores. Como ya decía esta mañana, en mi opinión es consecuencia del Pacto de Toledo, de la situación económica --que está mejor o peor gestionada, pero, como ayer decía nuestro portavoz refiriéndose al señor Rato, en definitiva, se trata de gestionar mejor o peor una pequeña proporción de las posibilidades de margen que nos deja la Unión Económica y Monetaria--, y también es consecuencia de que en 1999 el incremento en cifras absolutas del número de pensionistas ha sido de poco más de 80.000 personas. Esa cifra se ha venido reduciendo y seguirá reduciéndose, porque ahora están accediendo al sistema de pensiones públicas de la Seguridad Social en España cohortes demográficas de población que nacieron en la época de la Guerra Civil, pero esa curva va a tener un punto de inflexión y dentro de unos años será creciente, y ya hemos tenido avisos en este sentido. Por tanto, debemos ocuparnos de que el Fondo de Reserva esté suficientemente dotado para cuando llegue la época de las vacas flacas con el fin de que, gobierne quien gobierne, no se ponga en cuestión el Sistema de la Seguridad Social.
La enmienda número 66 tiene como finalidad que la financiación de las políticas activas de empleo --y nosotros enmarcamos en esas políticas la bonificación de cotizaciones empresariales a la Seguridad Social-- se haga con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cargo a la Seguridad Social. Sobre este tema ayer se nos daba un argumento desde mi punto de vista peregrino, y no quiero descalificarlo, porque se nos decía por parte de un portavoz del Grupo Popular que las cotizaciones sociales no son tan sociales, sino que son cotizaciones empresariales.
Pero cualquiera que haya hecho el presupuesto de una empresa sabe que los costes salariales se trasladan al precio del producto. Por tanto, en nuestra opinión, las cotizaciones sociales, que básicamente soportan los trabajadores, no pueden en modo alguno bonificar las cotizaciones empresariales a la Seguridad Social --es la pescadilla que se muerde la cola-- sino que deben ir a los presupuestos generales del Estado. Son políticas activas de empleo que debe soportar el conjunto de la sociedad y no los cotizantes.
La enmienda número 68 es relativa a la financiación de los complementos a mínimos. ¿Estamos o no de acuerdo en la naturaleza no contributiva de los complementos a mínimos? Porque todo el mundo se ha manifestado --los estudiosos del tema, el Partido Socialista, desde luego, otros Grupos de la oposición, y los sindicatos-- sobre el carácter no contributivo de esos complementos y, por tanto, deben financiarse con cargo a los presupuestos generales del Estado y no con cargo a los presupuestos de la Seguridad Social. Así pues, debe producirse una transferencia desde los presupuestos generales del Estado, es decir, desde el conjunto de la sociedad, desde los recursos de la fiscalidad, a la Seguridad Social.
Este es el bloque de enmiendas presentadas por nuestro Grupo a la ley de medidas en relación con la Seguridad Social, con una interpretación en nuestra opinión no maximalista, sino ajustada. Porque, por ejemplo, nosotros no planteamos que los 600.000 millones de pesetas que supone la factura de complementos a mínimos pase en el año 2001 a los presupuestos generales del Estado, sino que eso se haga a lo largo de la legislatura y, por tanto, que ahora se transfiera sólo la cuarta parte. Insisto, pues, en que nuestro planteamiento no es maximalista, sino que a nuestro juicio se ajusta a cómo se debe entender el desarrollo del Pacto de Toledo. Y no nos cansaremos de repetir que se trata de una iniciativa parlamentaria, y es en sede parlamentaria donde se debe debatir, guardando un profundo respeto al diálogo social, para no sustraer al Parlamento una cuestión tan importante como es todo lo que se deriva del Pacto de Toledo.
La enmienda número 69 propone una nueva redacción del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores que regula las horas extraordinarias. En una situación como la que vivimos, en la que el desempleo sigue siendo todavía un problema muy importante para el conjunto de la sociedad española, así como el subempleo --y mañana, cuando debatamos las Secciones 19 y 60, tendremos ocasión de referirnos con más detalle a estas cuestiones--, no nos parece correcto seguir dando un tratamiento normativo a las horas extraordinarias ya que, en cierta medida, supone esconder la cabeza bajo el ala.
Por ello, como digo, planteamos una nueva redacción del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que discurre por tres ejes: El primero, que la redacción del artículo 35 sea acorde con medidas incentivadoras del empleo. Es decir, en la regulación de las horas extraordinarias se deben tener en cuenta políticas incentivadoras del empleo, y en ningún caso aquéllas pueden ser utilizadas como sustitutivas del empleo. Esta es una primera cuestión que consideramos muy importante a la hora de dar un nuevo enfoque al citado artículo.
El segundo eje guarda relación con la supeditación de las horas extraordinarias a la negociación colectiva al influir en el conjunto de las relaciones laborales, por lo que esta cuestión no puede estar sujeta solamente a la voluntad del empleado y del empleador de forma individual, sino que se tiene que supeditar a la negociación colectiva.
Por último, el tercer eje se refiere a limitar las horas extraordinarias en aquellas actividades de riesgo, porque es

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una verdadera incongruencia que en una situación --a la que nos referiremos mañana con más detenimiento-- de incremento de la siniestralidad laboral como la que tenemos en España se pueda plantear que en cierto tipo de actividades se desarrollen horas extraordinarias.
Por tanto, hay que limitarlas en ese tipo de actividades, y a eso también va dirigida nuestra enmienda número 69.
A la cuestión que plantea la enmienda número 71 ya se han referido otros intervinientes antes que yo. Creemos que introducir el concepto de la renta activa de inserción es muy positivo. Pero se trata de un establecimiento de prestaciones de la Seguridad Social. Por tanto, no consideramos que pueda ser objeto de una habilitación reglamentaria; es decir, que unas prestaciones nuevas de la Seguridad Social no se pueden establecer a partir de una habilitación reglamentaria del Gobierno, sino que tienen que ser objeto de una norma. Por eso planteamos que el Gobierno, en un plazo concreto, lo más pronto posible, presente en el Congreso de los Diputados un proyecto de ley que contemple el desarrollo normativo de la renta activa de inserción.
Por último, la enmienda número 72 propone que la fiscalidad especial de las fundaciones, que sus señorías conocen --que tienen esa consideración por parte de las Administraciones, que son las que pueden hacerlo--, se extienda a las asociaciones que estrictamente cumplan esa norma, aun cuando no sean fundaciones; no se trata de hacer aquí un cajón de sastre en el que quepa todo el mundo, sino que aquellas asociaciones, fundamentalmente ONGs, que cumplan estrictamente los requisitos que se les exige a las fundaciones para aplicarles la fiscalidad especial que se les aplica, puedan disfrutar de ella, fundamentalmente las ONGs.
Este es el conjunto de enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés presentan al Título II del proyecto de ley de medidas, que, como les he querido transmitir, son enmiendas no maximalistas, que procuran ajustar de forma realista, seria y rigurosa, lo que a nuestro juicio debe de ser una mejor cobertura de la Seguridad Social y un mejor tratamiento de estos aspectos a los que me he referido.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
Supongo que también da por defendido el voto particular número 5, que correspondía a la vuelta al texto del Congreso. (Asentimiento.) Corresponde ahora el turno en contra. Tiene la palabra la Senadora García Avilés.


La señora GARCIA AVILES: Muchas gracias, señora Presidenta.
A continuación pasaría a contestar a las enmiendas planteadas por el Grupo de Izquierda Unida, aunque voy a pasar a referirme a otras enmiendas y, así, dar tiempo a que el Senador Cámara se incorpore a la sesión y pueda estar presente.
Siguiendo con las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en cuanto a las enmiendas números 193 y 194, que coinciden con la enmienda número 71 del Grupo Parlamentario Socialista y también con la número 14 del Bloque Nacionalista Galego, he de indicar que esta enmienda hace referencia a la renta activa de inserción que, como ustedes saben, se refiere a una ayuda específica dirigida a los desempleados con necesidades económicas, con dificultades para encontrar empleo y que, a su vez, adquieren el compromiso de realizar actuaciones favorecedoras de la inserción laboral. Esta ha sido una experiencia que con carácter temporal se establece también este año, y que el cauce elegido en este momento de manera transitoria respeta escrupulosamente nuestro marco legal, ya que se trata de una regulación limitada para el año 2001, y no una incorporación de la renta activa de inserción al sistema de protección por desempleo con carácter definitivo.
La enmienda número 195, por la que se propone el reconocimiento como servicios efectivos al Estado o como cotizados a la Seguridad Social los cursos impartidos en lengua actualmente oficial diferente del castellano, durante el período en que esta enseñanza fue considerada ilegal, compartimos con ustedes el reconocimiento del esfuerzo y trabajo realizado por determinadas personas en circunstancias difíciles de clandestinidad, por cuanto que resulta coherente el pluralismo lingüístico y cultural consagrado constitucionalmente. Pero no podemos aceptar dicha enmienda en los términos en que ustedes la plantean.
El artículo no establece, en ningún momento, carga alguna para los interesados a fin de que abonasen las cuotas de los períodos cotizados que se les reconociesen, lo que supondría un privilegio sin precedentes en el Derecho de la Seguridad Social.
Hemos de cuestionar también la admisión de cualquier medio de prueba, porque resultaría un tanto dificultoso evitar abusos en su aplicación.
La enmienda número 314, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, hace constar que las actuaciones favorecedoras de la inserción laboral deberán ser gestionadas por las Comunidades Autónomas que tengan asumida la gestión de políticas activas, y debemos señalar que en ningún caso se indica que no se vaya a considerar a las Comunidades Autónomas, y que se seguirá actuando como hasta ahora. Así ha quedado de manifiesto en la regulación que a través del Real Decreto 236/2000 se hizo del Programa para el año 2000 de Inserción Laboral para los trabajadores desempleados de larga duración, en situación de necesidad, mayores de 45 años, por lo que no procedería la aceptación de dicha enmienda.
Por lo que se refiere a las enmiendas planteadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, he de decir que en cuanto a la enmienda número 63, que en parte coincide también con la número 13 presentada por el Bloque Nacionalista Galego, no hubiera sido necesaria su presentación, ya que la regulación actual garantiza los derechos de los trabajadores en cuanto al acceso a las prestaciones, previéndose incluso el pago de las mismas por parte de las entidades gestoras o mutuas de accidentes de trabajo, y no impide en ningún momento la responsabilidad del empresario por las prestaciones que sean a su cargo por tales incumplimientos.


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En cuanto a la enmienda número 64, el texto regula los procedimientos de devolución por parte de la Seguridad Social. El artículo que ustedes enmiendan no habla de las cantidades que pudieran haberse cobrado equivocadamente en forma de prestación, sino de las cantidades ingresadas indebidamente. Consideramos que el error en la autoliquidación a la que el precepto hace referencia no debe producirle un perjuicio a la Administración. Por tanto, no procedería su aceptación.
Por lo que respecta a la enmienda número 65, referida al Fondo de Reserva, consideramos que la actual redacción del artículo 91, apartado 1, permite las actuaciones más convenientes en orden a la mejor atención de las necesidades y prioridades del sistema. No podemos olvidar que la redacción actual es fruto del consenso social y político conseguido en el Pacto de Toledo y en el acuerdo sobre consolidación y racionalización del sistema de Seguridad Social, firmado por el Gobierno y los sindicatos.
Respecto a la enmienda número 66, si recordamos el artículo 206.2 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, podemos comprobar que la acción protectora en desempleo no comprende solamente las prestaciones contributivas y asistenciales, sino también las denominadas políticas activas de empleo. Así, el artículo 223 fija que la acción protectora por desempleo regulada en el artículo 206 se financiará mediante las cotizaciones de empresarios y trabajadores y la aportación del Estado, con lo cual no se vulnera en ningún momento ni la ley ni el Pacto de Toledo.
La enmienda número 67, por la que se propone que las cuantías mínimas de viudedad para beneficiarios con menos de 60 años se equiparen a los importes de dicha clase de pensión para beneficiarios con edades comprendidas entre 60 y 64 años, somos conscientes de que hoy en día los niveles de estas prestaciones no son del todo satisfactorios, pero seguramente a lo largo de esta legislatura lo conseguiremos entre todos.
Estamos a la espera de lo que en esta materia se derive del diálogo y del acuerdo social. Tenemos por ello la decidida voluntad de mejorar este problema con la ayuda de todos.
Por lo que se refiere a la enmienda número 68 he de decir que, dentro de la línea de acción del Gobierno, en los últimos años se viene practicando una política de consenso que sirve para tomar decisiones importantes en el marco de la protección social, dentro del diálogo social. En este contexto se procederá a incorporar este tema en el marco del diálogo social, por lo que habrá que estar a expensas de lo que en el mismo se decida, con objeto de tomar las decisiones oportunas.
Respecto a la enmienda número 62, que en parte coincide también con la enmienda número 45 de Izquierda Unida, relativa a las horas extraordinarias, consideramos que la ordenación básica del tiempo de trabajo corresponde a la negociación colectiva y al diálogo social entre los interlocutores sociales, que actualmente se está desarrollando. No obstante, compartimos su preocupación, pero creemos que no procede adoptar medidas por vía normativa sobre materias respecto de las cuales son en este momento los interlocutores sociales quienes están valorando en su conjunto qué medidas y actuaciones son las más apropiadas para la mejora del empleo y su calidad.
Pongo también en relación la enmienda 69 con la número 70.
En cuanto a la última enmienda, la número 72, el Gobierno ya tiene previsto reformar en el curso de esta legislatura el tratamiento general y fiscal de las entidades sin fin de lucro. Esta reforma, por tanto, encontrará en esta propuesta el cauce adecuado.
No se ha incorporado el Senador Cámara, y me gustaría poder contestar a las enmiendas que él ha defendido, aunque no se encuentre presente.
Respecto a la enmienda 134, de Izquierda Unida, el artículo 24 ya recoge la habilitación al Gobierno para regular durante el año 2001 una ayuda específica con la denominación renta activa de inserción, y la cuantía de la ayuda se corresponderá con el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, por tanto, por encima del 70 por ciento que propone su enmienda.
En cuanto a la enmienda número 135, la Ley 66/1997, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, fijó el régimen de compatibilidad entre los salarios y pensiones de orfandad en el 75 por ciento del salario mínimo interprofesional, porcentaje que ya entonces se consideró adecuado con los principios de solidaridad, contributividad y equidad, por lo que no procedería su aceptación.
Con respecto a las enmiendas 136 a 142 y parte de la 145, por las que se pretende el incremento de la cuantía del subsidio por desempleo elevar su duración máxima, disminuir el período de cotización necesario para su percepción, rebajar las exigencias para ser beneficiario, etcétera, no procede su aceptación por cuanto supondría un incremento no justificado del gasto público en la prestación por desempleo, lo que no sería viable dado que su regulación actual ha contribuido a asegurar el equilibrio presupuestario y, en definitiva, la pervivencia del sistema, del mismo modo que supondría una desincentivación en la búsqueda activa de empleo por parte de los empleados, que no se corresponde con la situación actual lograda de disminución del desempleo y de incremento de la contratación.
Respecto de la enmienda número 143, las propuestas planteadas en esta enmienda contravienen la Recomendación número 10 contenida en el Pacto de Toledo, donde se establecen los criterios de flexibilidad, gradualidad y progresividad de la edad de jubilación.
En cuanto a la última enmienda presentada por el Grupo de Izquierda Unida a este Título, la número 146, recuerdo a sus señorías que en lo referente a la modificación del Real Decreto legislativo 1/1994, lo que se propone ha quedado resuelto tras la aprobación del Real Decreto 1278/2000, de 30 de junio, por el que se adaptan determinadas disposiciones de la Seguridad Social previstas para la contratación a tiempo parcial para su aplicación a las cooperativas.
En cuanto a la modificación también propuesta del Real Decreto-ley 11/1998, de 5 de septiembre, el contenido de la propuesta queda ya incorporado en la Ley 39/l999, de Conciliación de la Vida Familiar y Laboral.


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En cuanto a la modificación que también se propone de la Ley 3/1987, de 2 de abril, las modificaciones que se proponen quedaron recogidas en la Ley 27/1999, de Cooperativas, que sustituye a la ley anteriormente citada 3/1987.
En cuanto a la modificación de la Ley 18/1991, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, deseo señalar que, entre otras cuestiones, se produciría un empeoramiento del régimen fiscal de las prestaciones por desempleo en su pago único.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora García Avilés.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿ Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? Tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que con el planteamiento que se hace respecto a nuestras enmiendas estamos en un vivo sin vivir en mí, porque pensamos que estamos ante un real decreto que contemplaba el desarrollo de un programa destinado a la renta activa de inserción, y ya en él se hablaba de que era un programa mixto de políticas de empleo activas, pasivas, pero que no acaba de resolver el problema, y lo que nosotros estamos intentando con el planteamiento que hacemos es conseguir que haya una modificación, y proponemos al Gobierno qué es lo que tiene que hacer: ejecutar las leyes, que regulen un plazo de tres meses lo que en sí es una ley de modificación del Título II sobre protección por desempleo. A nadie se le escapa, y cualquiera que haya estado cerca de lo que son los servicios sociales sabe que este tipo de colectivos, evidentemente, no van a distinguir si lo que se les da es la realización de un programa, si es una renta que ha habilitado la Comunidad Autónoma o si es un programa del ayuntamiento. Por lo tanto, no podemos complicar todavía más la situación de estas personas, y lo que se tiene que hacer es coordinar todos los esfuerzos de todas las administraciones para que estas personas tengan claros cuáles son los niveles de prestaciones a los que pueden acceder y, además, desde el punto de vista egoísta de las propias administraciones, para no despilfarrar sus propios esfuerzos. Esta sería nuestra contestación, y esperamos que reconsideren su posición.
Respecto al planteamiento sobre los profesores, muchas gracias por estar de acuerdo con el nuestro. Pero, como ha podido ver, nosotros hemos hecho un esfuerzo porque no haya demagogia alguna en nuestra propuesta.
Nosotros planteamos una alternativa y, como le he dicho antes, no queremos que sea sobre la base de privilegios. Aquí ha habido unas personas que, con gran riesgo y con gran generosidad, salvaron lo que se puede calificar como patrimonio de la Humanidad, que eran esta serie de lenguas que en el Estado tenían que enseñarse de manera clandestina, y una educación que también tenía que impartirse de manera clandestina y en condiciones penosas. Y a esas personas que, además, seguramente se ruborizarían por el planteamiento que nosotros estamos haciendo de reconocerles unos derechos porque lo hicieron de una manera generosa y altruista, en estos momentos no somos capaces de reconocerles, como decíamos, por un mínimo de sensibilidad democrática, esos derechos.
Tampoco decimos que sea ésta, pero hemos presentado una alternativa. Si además coinciden en el diagnóstico que nosotros hacemos, nos prestamos a que haya una transacción o un planteamiento por su parte para que se les reconozcan a estas personas sus derechos. Si no somos capaces de reconocérselo, de agradecerles el trabajo que realizaron en esas penosas épocas, no sólo seguiremos teniendo deudas y volveremos a no ser capaces de cerrar un período negro de nuestra historia, sino que, además, le haremos un flaco favor a la democracia en cuanto a los valores que hay que mantener y desarrollar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias.
Nuestro Grupo Parlamentario no tiene ninguna propuesta en el Título II, señoría.


La señora PRESIDENTA: Señoría, es el turno de portavoces, y por orden le corresponde ahora al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias.
No voy a hacer uso del turno.


La señora PRESIDENTA: Gracias.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco a la Senadora García Avilés la respuesta que ha dado a nuestra enmienda 314. Entiendo que con lo que me ha dicho comparten el objetivo que nosotros perseguimos con la enmienda, por tanto no habrá problemas con las competencias. Creemos que si se reflejara en el texto de forma expresa quedaría más claro. En cualquier caso, si aceptan que no habrá ningún problema en aquellas Comunidades Autónomas que tienen transferidas competencias en políticas activas, al menos ha sido positivo que quede constancia en el «Diario de Sesiones» de lo que ha manifestado la Senadora García Avilés al respecto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Romero.


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El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta.
Gracias, Senadora García Avilés, por la respuesta que nos ha dado, aunque, como es natural, no puedo compartir los criterios que nos ha expuesto.
Senadora, ustedes, hace ya algún tiempo, dijeron que iban a convertir el Parlamento en el centro de la vida política del país. No solamente no están convirtiendo el Parlamento en el centro de la vida política del país, sino que están sustrayendo al Parlamento debates que son fundamentales para el conjunto de la sociedad española.
Nosotros no podemos aceptar en modo alguno que ustedes se escuden en el diálogo social para sustraer al Parlamento el debate de cuestiones que afectan de una manera tan profunda e importante a colectivos tan extensos y amplios como a los que nos estamos refiriendo.
El Gobierno no puede --y se lo digo desde la legitimidad política que me da pertenecer a un partido político que ha estado en el mismo centro del diálogo social cuando pocos creían en este diálogo, y desde la legitimidad personal que me da haber sido, de alguna manera, impulsor de estos procesos hace muchos años-- sustraer al Parlamento el debate de cuestiones, sino que debe favorecer el diálogo social entre los interlocutores sociales. No obstante, esto no puede, de ninguna manera, interferir en la vida parlamentaria. Ustedes no deben venir una y otra vez a este Parlamento --aunque lo van a seguir haciendo, y nosotros seguiremos insistiendo en sentido contrario-- con cuestiones que, a nuestro juicio, están en la esencia misma del parlamentarismo y que, sin embargo, no podemos debatir aquí. Nosotros nos negamos a ser simples notarios de lo que el Gobierno acuerde fuera, aunque lo haga de manera legítima --eso no lo cuestionamos.
Vamos a seguir insistiendo en que el Pacto de Toledo es una iniciativa parlamentaria, no una iniciativa del diálogo social. El Pacto de Toledo no se inició con los Pactos de La Moncloa ni se inició después en los acuerdos-marco que a lo largo de los últimos años se han venido produciendo de una manera bipartita o tripartita en España. El Pacto de Toledo es consecuencia de la inquietud y de las perspectivas de futuro que determinadas personas tuvieron hace unos años, concretamente en la V Legislatura, y es en sede parlamentaria donde se debe plantear. Por tanto, una y otra vez vamos a proponerles esta cuestión y no vamos a aceptar de ninguna manera que se sustraiga este debate.
Esta mañana le decía al portavoz de su Grupo, en relación con el incremento de las pensiones mínimas, que estaba convencido de que se iba a producir ese incremento. Posteriormente él me dio implícitamente la razón, porque me relató cómo se habían incrementado las pensiones mínimas a lo largo de los últimos años pero al margen de decisiones parlamentarias, es decir, cómo se habían incrementado las pensiones mínimas en el contexto del diálogo social, y nosotros lo que no queremos es que dentro de uno o dos meses ustedes anuncien que se ha acordado con los sindicatos una dotación del Fondo de Reserva, o que se ha acordado una aportación a los complementos a mínimos, o que se ha acordado un incremento de las pensiones mínimas, porque, efectivamente, será bienvenido, magnífico y espléndido que sea así, pero de ninguna manera nos sentiremos satisfechos si se hace al margen de lo que nosotros consideramos que debe de hacerse, que es en el desarrollo del Pacto de Toledo.
El Parlamento debe de ser el centro de la vida política pero no de una manera retórica, sino realmente, y el centro de la vida política hoy, en diciembre del año 2000, es el debate de los presupuestos y el debate de la ley de acompañamiento del año 2001, y la sociedad española espera que el Parlamento español sancione unos presupuestos que den satisfacción a sus demandas y necesidades. Eso es lo que la sociedad española nos demanda a los parlamentarios, y nosotros debemos de dar respuesta a esa demanda. Nosotros podemos hacer unos debates académicos y teóricos espléndidos sobre futuribles en relación con cómo se va a desarrollar el comportamiento demográfico de la sociedad española en 25 ó 50 años, pero eso no se va a traducir en una consecuencia práctica. Por lo tanto, reivindico ese papel del Parlamento y no puedo aceptar que se sustraiga al Parlamento estas cuestiones tan importantes.
En relación con el artículo 35, señora García Avilés, no se trata de invadir campos del diálogo social. Le recuerdo que el artículo 35 ya existe en el Estatuto de los Trabajadores, que es una norma básica en las relaciones laborales y en el ordenamiento jurídico de España. Lo que estamos planteando es que se dé una nueva orientación al artículo 35.
Igualmente, le recuerdo que quien tiene capacidad de legislar es el Legislativo, y no debe hacerse a través del diálogo social. Por eso, es el Legislativo el que debe, a propuesta del Gobierno o de quien está habilitado para poder abordarlo, plantear una nueva regulación del artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores, que es una ley, y como es una ley se podrá modificar o no, y nosotros naturalmente aceptaremos la decisión mayoritaria, pero en sede parlamentaria. No vayan ustedes a plantear también una modificación del artículo 35 del Estatuto en el diálogo social y luego nos lo traigan a nosotros. El Parlamento tiene que ser algo más que eso.
Por último, en el tema de la renta activa de inserción, no se trata de hacer trampas en el solitario, no se trata de engañarnos a nosotros mismos, porque son prestaciones de la Seguridad Social.


La señora PRESIDENTA: Senador Romero, le ruego que concluya.


El señor ROMERO CALERO: Termino en un segundo, señora Presidenta.
Al ser prestaciones de la Seguridad Social no se pueden establecer por el Gobierno mediante una habilitación reglamentaria, sino que tienen que establecerse por una norma positiva que, necesariamente, a nuestro juicio, tiene que ser debatida en el Congreso de los Diputados y posteriormente en el Senado.
Le agradezco el esfuerzo que usted ha hecho por contestar a las cuestiones que nosotros hemos planteado. Desgraciadamente no puedo compartir sus contestaciones y, desde luego, tengo que rechazar de una manera contundente, meridiana, absoluta y total que se nos pretenda relegar

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a nosotros, al Parlamento, a este papel subsidiario al que ustedes pretenden abocarnos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora García Avilés.


La señora GARCIA AVILES: Muchas gracias, Presidenta.
Agradezco el tono de las intervenciones de todos los Grupos y me gustaría hacer una breve referencia a la indicación que desde el Grupo Socialista se hacía sobre la usurpación del debate en el Parlamento.
Consideramos que hay una diferencia bastante cuantitativa entre el trabajo en el Parlamento que está desarrollando el Partido Popular y el trabajo que desarrolló el Gobierno del Partido Socialista. Los «Diarios de Sesiones» así lo recogen. Nunca se ha contestado tanto por parte del Gobierno, nunca ha participado el Presidente del Gobierno en las sesiones de control tanto como hasta ahora; en definitiva, no pretendemos en ningún momento usurpar el protagonismo al Parlamento.
Agradecemos el tono y la forma en que han defendido todas sus enmiendas y me reitero en los argumentos expresados con anterioridad indicando que no procede en este título la aceptación de las enmiendas presentadas por los Grupos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora García Avilés.
Terminado el turno de portavoces, pasamos a las enmiendas al Título III, artículos 30 a 37.bis.
El voto particular número 9, del Senador Quintana, lo damos por defendido por las razones que antes hemos expuesto.
El voto particular número 7, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, ¿se da por decaído?

El señor MARTIN MARTIN: Señora Presidenta, se da por defendido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
El voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a las enmiendas números 196 a 200, será defendido por el Senador Martiarena.
Tiene la palabra su señoría.


El señor MARTIARENA LIZARAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las enmiendas números 196 a 199. La enmienda número 200 la defenderá mi compañera la Senadora Loroño.
La enmienda número 196 se refiere al artículo 33, que establece la modificación de la Ley de incompatibilidades de los miembros del Gobierno. Es una enmienda simple pero de fondo. En su apartado Uno se establece los miembros a quienes esto les es de aplicación. Dice así: «Los miembros del Gabinete del Presidente del Gobierno y de la Vicepresidencia nombrados por Acuerdo del Consejo de Ministros y los Directores de los Gabinetes de los Ministros». Lo que propone esa enmienda fundamentalmente es que se suprima la expresión «... nombrados por Acuerdo del Consejo de Ministros» ya que entendemos que no hay ninguna razón que justifique una diferencia de trato entre los miembros nombrados por acuerdo del Consejo y los nombrados por cualquier otro órgano personal o colegiado. Desde el punto de vista de las incompatibilidades, ha de ser el mismo para todos los miembros de estos gabinetes haciendo abstracción del órgano que lleve a cabo su nombramiento. En definitiva, la incompatibilidad proviene de la función, no del órgano que lo nombra.
En la enmienda número 197 --dentro de las modificaciones de esta Ley de Incompatibilidades que propone el artículo 33-- propone añadir un apartado nuevo al artículo 5 de dicha Ley, que diría lo siguiente: «2. De conformidad con lo previsto en el artículo 2, la declaración de actividades incluirá aquellas que los altos cargos declarantes vayan a realizar una vez que hubiesen cesado en el desempeño de los cargos.» Es evidente que resulta difícil plantear cuáles son las actividades que van a desempeñarse tras el cese, que no siempre se conoce en el momento de formular la declaración, y cumplimentar esta obligación formal es difícil aunque, sin embargo, puede suministrar una información muy valiosa a efectos de conocer si el desempeño de la función se ha desarrollado en términos ética y jurídicamente admisibles. Hay que darse cuenta de que el control de las actividades de los altos cargos que vayan a desarrollar después de ser cesados constituye una de las piezas fundamentales sobre las que se asienta la incompatibilidad.
La enmienda número 198 se refiere al artículo 34 en relación con la modificación del apartado 2 del artículo 5 de la Ley de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas. Solamente se trata de establecer un matiz de carácter competencial, añadiendo el siguiente texto: «... y sin superar en ningún caso los límites que con carácter general se establezcan, en su caso, por las Comunidades Autónomas con competencias en materia de Función Pública...» Entendemos que la fijación de estos límites excede de lo básico y ha de corresponder a las Comunidades Autónomas competentes en materia de Función Pública. Se trata más de una corrección de estilo que de otra cosa, pero pretende clarificar la redacción de la modificación propuesta.
La enmienda número 199, pretende suprimir la redacción que el proyecto quiere dar al apartado cuarto del artículo 106 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, de 30 de diciembre de 1996.
Esta modificación pretende establecer una situación transitoria diciendo: «... en tanto el indicado desarrollo reglamentario no tenga lugar...», situación transitoria que viene de una ley de hace cuatro años y no tiene justificación que después de ese tiempo se plantee una situación transitoria

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salvo que no se tenga intención de desarrollar reglamentariamente lo que ya se tenía que haber desarrollado.
Entendemos, por tanto, que establecer ahora una situación transitoria de este tipo no es más que perpetuar el no desarrollo reglamentario y este hecho nos parece que es bastante vergonzante y no debe plantearse desde el Gobierno. Lo que debe hacerse es lo que la ley de hace cuatro años establecía: desarrollar reglamentariamente sus propias previsiones.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Martiarena. (La señora Loroño Ormaechea pide la palabra.) Senadora Loroño, el Senador Martiarena ha consumido su tiempo con creces.
Dispone de un minuto.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señora Presidenta, voy a intentar ser lo más breve posible.
La enmienda número 200 de nuestro Grupo pretende suprimir un párrafo del artículo 37. Dicho artículo plantea una nueva redacción del artículo 75 de la Ley 7/1995, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local. Consideramos que el párrafo situado en el apartado 2 «Dichas retribuciones no podrán superar en ningún caso los límites que se fijen, en su caso, en las Leyes de Presupuestos Generales del Estado» debe ser suprimido. Esa es la propuesta que hacemos a través de nuestra enmienda, por dos motivos. Por un lado, esta previsión produce, a nuestro entender, una clara regresión y un ataque a la autonomía local. No estamos hablando de las retribuciones de los empleados públicos, sino de las retribuciones de los cargos electos que se encuentran bajo dedicación parcial, o considerados bajo ese tipo de dedicación y hasta la fecha incluidos en la propia esfera de la autonomía local. Y por otro, haciendo la salvedad de que dicha cuestión pueda estar regulada en la legislación de régimen local porque así se consensue con las entidades locales, su establecimiento, en todo caso, correspondería como titulares legítimos de dicha competencia, a las Comunidades Autónomas, en virtud de lo dispuesto en sus propios Estatutos de Autonomía.
Esto es lo que pretendemos con esta enmienda, que esperamos sea aceptada.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Loroño.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, el Senador Cambra tiene la palabra para defender su enmienda número 316 por tiempo de tres minutos.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La enmienda que presenta nuestro Grupo al Título III hace referencia al régimen de incompatibilidades de los miembros de las corporaciones locales. Proponemos una excepción a esas incompatibilidades, concretamente para las percepciones de pensiones de jubilación, viudedad o incapacidad laboral de los miembros de las corporaciones locales.
Consideramos que la percepción de la dedicación exclusiva en las tareas municipales no debe hacer perder la percepción de pensiones conseguidas a lo largo de una vida laboral anterior de estos miembros de las corporaciones.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Arjona tiene la palabra para defender el voto particular número 6 y las enmiendas números 73 a 75.


El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señora Presidenta.
El Título III del proyecto de Ley contiene diversas medidas que afectan al personal al servicio de las Administraciones Públicas. Se modifica la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública; se modifica la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local, para clarificar competencias de los presidentes de las corporaciones locales; se modifica igualmente la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno de la nación y altos cargos de la Administración General del Estado, y también se modifica la Ley 53/1984, de Incompatibilidades del personal al servicio de las Administraciones Públicas y la Ley reguladora de Bases de Régimen Local para regular la retribución de los miembros de las corporaciones locales en régimen de dedicación parcial.
Ante ello el Grupo Parlamentario Socialista y el de la Entesa Catalana de Progrés presentamos la enmienda número 73, que propone la supresión del artículo 31 de esta ley, que se refiere a la modificación que se realiza de la Ley 30/1984, de Medidas para la Reforma de la Función Pública, que plantea que las Administraciones Públicas podrán trasladar a sus funcionarios por necesidades del servicio a otros departamentos u organismos distintos de su destino, dentro del ámbito de la provincia.
Desde nuestro punto de vista, esta medida supone la movilidad funcionarial, no responde a ningún criterio de planificación de recursos humanos, supone en la práctica dejar sin efecto poder aplicar planes de empleo que signifiquen mayores garantías para los funcionarios y, de hecho, impide poner en marcha instrumentos de planificación de políticas de personal. Por todo lo expuesto, creemos que se debe suprimir este artículo 31, ya que nos puede llevar a un conflicto importante en la Función Pública, puesto que actualmente la negociación con los sindicatos está atascada por haber introducido el Gobierno esta medida de movilidad de forma unilateral, sin negociar con nadie, que seguramente, si no se corrige lo antes posible, nos puede llevar a una huelga en la Función Pública.
La enmienda número 74, al artículo 33, es de supresión. Entendemos que la modificación de la Ley 12/1995, de Incompatibilidades de los miembros del Gobierno y los altos cargos de la Administración General del Estado, implica una flexibilización del sistema actual de incompatibilidades vigente y dificulta el control de actividades y, particularmente, de la situación patrimonial de esos altos cargos. Además, creemos que introduce confusión sobre la normativa de acceso al registro de los bienes de dichos altos cargos.


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Con la enmienda número 75 proponemos la adición de un nuevo artículo 35 bis, dirigida a que los Entes Públicos Puertos del Estado y Autoridades Portuarias estén sometidos al control de la Comisión Interministerial de Seguimiento de la Negociación Colectiva en Empresas del Sector Público, a los efectos de determinación o modificación de los gastos de personal y de la negociación colectiva de las condiciones de trabajo.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arjona.
Para el turno en contra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Soto.


El señor SOTO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Empezando por la enmienda de supresión del artículo 31 del Grupo Parlamentario Socialista, en relación con la movilidad funcional y geográfica de los funcionarios públicos, creo que el Estado de las Autonomías requiere una gran flexibilidad en la gestión de los recursos humanos de las distintas Administraciones Públicas. El proceso de traspasos a las Comunidades Autónomas ha sido muy importante. La capacidad de autoorganización de las Comunidades Autónomas es plena y, por tanto, hay que aprovechar los recursos al máximo. Y el mejor aprovechamiento de recursos comienza, fundamentalmente en la Administración Periférica del Estado y en las propias administraciones, vamos a llamarlas periféricas, de las Comunidades Autónomas pluriprovinciales, con esa posibilidad de movilidad geográfica y funcional de los funcionarios públicos. Con eso sí habremos conseguido, en primer lugar, una mayor eficacia en los servicios públicos y, en segundo lugar, y de rebote, un menor gasto público.
Esto se hace de acuerdo con este artículo 31 del proyecto de ley con condiciones y con garantías más que suficientes. En primer lugar, tiene que haber necesidades claras del servicio y motivadas; en segundo lugar, esta movilidad tiene que ser dentro de la provincia o la isla y, además, con respeto a los derechos básicos de retribuciones, de condiciones esenciales de trabajo, junto con el derecho a la indemnización por traslado forzoso. Se trata, pues, de aprovechar más eficazmente los recursos existentes y no de aumentar las plantillas de personal de forma sistemática. Por tanto, creo que es mucho más un camino para una planificación de efectivos que cualquier otra cuestión que se quiera buscar a esta movilidad geográfica y funcional de los funcionarios. No solamente no debe ser un punto de inflexión en la buena convivencia con los representantes de los funcionarios públicos, sino que tiene que ser, precisamente, una fórmula de camino para conseguir esa mayor eficacia en la gestión de los recursos públicos.
En cuanto a las enmiendas de los Senadores don Manuel Cámara y don José Cabrero, como las han dado por defendidas, no voy a hablar sobre ellas.
Respecto al artículo 33, la enmienda número 74 del Grupo Parlamentario Socialista, que también propone la supresión en relación con la regulación de incompatibilidades de altos cargos que establece este artículo 33, ya le dije en la Comisión y le vuelvo a repetir de una forma mucho más suave, que hoy en día tenemos más información, más precisión y, por tanto, mucha más transparencia en el patrimonio y en las actividades privadas de nuestros altos cargos que nunca. Se trata de hacer una regulación mucho más práctica, mucho menos burocrática, mucho más moderna, en definitiva, de lo que debe ser la seguridad jurídica de ese registro de intereses o de actividades de altos cargos. Tenemos información y control y, además, seguridad jurídica. Por tanto, creo que este artículo está perfectamente aquí y no podemos suprimir, como propone la enmienda, su contenido porque estamos hablando de una mayor modernidad en el tratamiento de las incompatibilidades. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En relación con la enmienda número 196, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en la que se solicita la supresión de la frase «nombrados por Acuerdo del Consejo de Ministros» situada entre la referencia a la Vicepresidencia y la alusión a los Directores de los Gabinetes de los Ministros, debo decir que la concreción hecha por el proyecto de que los miembros de los gabinetes de referencia deben haber sido nombrados por acuerdo del Consejo de Ministro, es decir, por el propio Gobierno, se considera totalmente necesaria para delimitar quiénes de entre todos los miembros del Gabinete son equivalentes a altos cargos, ya que el distintivo de dicha consideración lo es en el resto de los casos el hecho de haber sido nombrado por el Gobierno, sin que se acierte a comprender qué diferencia de trato puede suponer esta precisión del concepto de alto cargo, tal como propone la enmienda. Por tanto, creo que está más que bien estipulado el concepto que establece el artículo correspondiente, que ahora se quiere enmendar. La enmienda número 149 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares la doy por contestada, dado que se ha dado por defendida.
En cuanto a la enmienda número 198 al artículo 34, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, debo decir que la propuesta de que sean las Comunidades Autónomas las que fijen los límites señalados con carácter general en cuanto a las retribuciones, de alguna forma supondría establecer límites generales diferentes en cada una de las 17 Comunidades Autónomas. Esta solución no solamente no es aceptable, sino que debe tenerse en cuenta que el Estado no pretende determinar el importe exacto de tales cuantías en cada caso, sino sólo establecer unos límites de carácter general, es decir, unos importes máximos, que por afectar a un aspecto esencial del ejercicio de un cargo público, al amparo del propio artículo 23 de la Constitución, debe ser objeto de una regulación única para todas las corporaciones locales. En efecto, carecería de sentido que tales límites generales varíen en cada Comunidad Autónoma y, por lo tanto, en las entidades locales de distintas partes del territorio español. Por otro lado, no debe olvidarse que esta solución ya fue establecida en términos similares en el apartado 3 del artículo 75 de la vigente Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, al señalar que las retribuciones o indemnizaciones se fijarán por las corporaciones locales dentro de los límites que con carácter

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general se establezcan. Por tanto, ya tenemos dos conceptos jurídicos muy claros.
Finalmente, ha de recordarse que en España hay algo así como 65.000 concejales, por lo que la regulación de esta cuestión es relevante, incluso, desde la perspectiva del título competencial del artículo 149.1.13ª de la Constitución Española, planificación y coordinación general de la economía, a la que, lógicamente, no podemos renunciar.
En cuanto a la enmienda 75, del Grupo Parlamentario Socialista, referida a la incorporación de un artículo 35.bis, sobre Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, hay que decir que la Comisión Interministerial de seguimiento de la negociación colectiva en empresas del sector público tiene como objetivo el análisis de las repercusiones económicas de los convenios colectivos de entidades públicas con forma mercantil, es decir, figuras jurídicas privadas en las que la participación pública es mayoritaria. Tales sociedades intervienen en el tráfico mercantil según las reglas del Derecho Privado y en ningún caso acuden a fórmulas de Derecho Administrativo. Por otra parte, la Delegación Ejecutiva de la Comisión Interministerial sobre retribuciones actúa sometiendo a control de gastos de personal a aquellas entidades que tienen personalidad jurídica pública, aun cuando se sometan a reglas de Derecho Privado en buena parte de sus actividades. El factor diferencial con respecto a lo anterior es la naturaleza pública de la persona sujeta a control. En caso de que ésta sea administración, bien sea institucional o especializada, determina el órgano encargado del seguimiento del control del gasto. Por tanto, es difícil de admitir esta incorporación.
Por otra parte, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias realizan una actividad que es de carácter empresarial y, además, prestan un servicio público de interés general. En este sentido, su gestión debe tener en cuenta no sólo criterios de rentabilidad, sino también garantías del mantenimiento de un servicio público correcto. Al mismo tiempo, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias están sometidos a un régimen de precios y tasas controlado, no fijándose exclusivamente por el mercado, como sucede en las empresas del sector público o privado. Falta, por tanto, un elemento de competencia muy importante, que presiona fuertemente a las empresas públicas en su negociación colectiva y que no se encuentra presente, al menos plenamente, en el caso de las autoridades portuarias.
Asimismo, creo que es importante poner de relieve que las distintas autoridades portuarias constituyen un mercado fuertemente interrelacionado, de modo que criterios estrictamente económicos de rentabilidad para la fijación de políticas salariales diferentes en cada una de ellas generaría fuertes tensiones en la negociación salarial del conjunto de las autoridades portuarias. Cualquier práctica singularizada en materia salarial para algunas autoridades portuarias provocaría de inmediato reivindicaciones de equiparación del resto de las autoridades portuarias, como parece lógico. Por ello, tiene especial relieve la existencia de criterios de armonización de sus políticas de negociación colectiva para su personal.
Por tanto, no vamos a admitir, obviamente, esta incorporación de un nuevo artículo 35 bis, como propone la enmienda del Grupo Socialista.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Soto.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Coalición Canaria? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el Senador Martiarena tiene la palabra.


El señor MARTIARENA LIZARAZU: Muchas gracias, señor Presidente.
Solamente quiero referirme a dos cuestiones.
No se ha contestado a todo lo que se ha plantado, pero, sobre todo, a una de las cuestiones, la referente a la modificación de la Ley sobre Incompatibilidades del personal al servicio de las administraciones públicas, ni tampoco respecto a la enmienda número 200, sobre modificación de la Ley Reguladora de las Bases de Régimen Local, respecto a cómo se deben establecer los límites de carácter general.
Me ha dicho su señoría que se puede establecer por el artículo 149.1.13ª de la Constitución, pero la verdad es que parece que al haber utilizado el artículo 75 hace más adecuado que sea el artículo 149.1.18ª de la Constitución el empleado para establecer bases de régimen local. Y si en referencia a los funcionarios de la administración local han tenido que utilizar el artículo 140.1.13ª para establecer estas cuestiones, que ni siquiera es para los alcaldes o concejales a tiempo total, sino para los que trabajan a tiempo parcial, que se establezca que es competencia general el establecer los límites, y, aunque se ha dicho que hay 65.000 concejales, no todos ellos están en régimen de liberados, sino que son muchos menos, por lo que plantear que esto es básico es una absoluta incongruencia y posiblemente esté sujeto a inconstitucionalidad. Hay otras fórmulas para estas cuestiones, como acuerdos de otras instancias, sin tener que forzar de esta manera la legislación.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Martiarena.
¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Senador Soto, en cuanto a la enmienda número 73, estamos de acuerdo con los argumentos sobre flexibilización de los recursos, aprovechamiento de los recursos humanos de la administración periférica y de las Comunidades Autónomas, la eficacia y el menor gasto, pero pensamos que la movilidad de los funcionarios a nivel provincial que se

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introduce con la Ley abre la puerta a algo que creo que se ha podido y se ha debido negociar. De hecho, nos encontramos ante una conflictividad que ha surgido por la forma en que se ha hecho; desde luego, desde nuestro punto de vista, no ha sido ésta la más adecuada. Por otra parte, en cuanto a las garantías a que usted se refiere, creemos que no son suficientes, dado que, en primer lugar, se abre la puerta a la movilidad funcionarial en la provincia y a que en el futuro sea de otra forma.
Creemos, pues, que se podría haber hecho mejor y, desde luego, ahorrarnos una conflictividad innecesaria.
Respecto a la enmienda sobre incompatibilidades de altos cargos, lo que se pretendía era una mayor transparencia, pero en ningún caso mayor burocracia ni enmascararla de la pretendida modernidad que conlleva el texto de la Ley. Pensamos que el texto anterior regulaba mucho mejor la situación de las incompatibilidades de altos cargos. Tanto es así que ni siquiera consideramos que deje claro cuál es el concepto de alto cargo.
Por último, en referencia a la enmienda 75, no aceptarla es dejar abierta la discrecionalidad para que estos entes, Puertos del Estado y Autoridades Portuarias, no estén sometidos al control que pretendíamos con esta enmienda de los Grupos Entesa y Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Arjona.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Soto tiene la palabra.


El señor SOTO GARCIA: Gracias.
Senador Martiarena, respecto a la enmienda 200, efectivamente, estamos hablando de política económica general, que de momento es competencia exclusiva del Estado mientras la Constitución lo diga. Y lo dice.
Yo sería más prudente al catalogar de posible inconstitucionalidad esta cuestión. Simplemente, le recuerdo, por ser un caso más o menos asimilable, que, en referencia a las asignaciones a los grupos políticos, el artículo 73.3 de la misma Ley de régimen local que acabamos de citar, en la redacción establecida en la Ley 11/1999, de 21 de abril, al regular las asignaciones a los grupos políticos, dice que serán los límites que en su caso se establezcan con carácter general en las leyes de Presupuestos Generales del Estado. Por tanto, si una cuestión como la asignación a los grupos políticos se somete de alguna manera a la decisión de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, ¿por qué no así las asignaciones a otros representantes o a los representantes que componen esos grupos? Creo que no estamos hablando de posible inconstitucionalidad, sino todo lo contrario. Está ya regulado específicamente y de forma muy reciente para los grupos políticos y, por tanto, lo que es bueno para los grupos, ¿por qué no va a serlo también para los componentes de esos grupos políticos? Señor Arjona, lamento que usted lance misivas un tanto provocadoras en cuanto a la conflictividad sobre la movilidad provincial y me gustaría que escuchara a algunos representantes de las Comunidades Autónomas donde gobiernan aquellos que son de su mismo signo político en relación con los problemas que tienen de distribución territorial de sus funcionarios. Por tanto, me gustaría decirle que, manteniendo esas garantías que usted entiende que no son suficientes pero que yo sí, salvo que me dé alguna otra garantía que no esté contemplada en el artículo correspondiente del proyecto de ley de acompañamiento, es una necesidad no solamente para la Administración periférica del Estado sino también para la Administración de las Comunidades Autónomas, sobre todo para aquéllas cuyo territorio es mayor y cuentan con un número de funcionarios más amplio.
No sé cómo habrá que negociar la movilidad; habrá que negociar cómo se aplica. Pero lo que está claro es que el concepto legal de movilidad es urgente, y por eso lo hemos traído aquí, al proyecto de ley de acompañamiento, para precisarlo al menos a nivel provincial; y digo al menos porque, lógicamente, de acuerdo con la evaluación que hagamos de esa movilidad de funcionarios que se produzca a nivel provincial, podremos hablar de si ha sido o no exitosa para el mejor aprovechamiento de los recursos humanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Soto.
Según los acuerdos de la Mesa, oída la Junta de Portavoces, está previsto que a las ocho de la tarde se suspenda el debate para proceder a las votaciones de lo debatido hasta el momento. En consecuencia, llamamos a votación. (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar las disposiciones transitorias del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001.
Empezamos por las enmiendas números 524 y 525 presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 74; en contra, 149; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el dictamen, y lo haremos en dos votaciones. En primer lugar, votamos las disposiciones transitorias cuarta y quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 154; en contra, 82; abstenciones, una.


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La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de las disposiciones transitorias cuarta y quinta.
Votamos, ahora, el texto del dictamen para las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y sexta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 155; en contra, ocho; abstenciones, 74.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas las disposiciones transitorias primera, segunda, tercera y sexta, de acuerdo con el texto del dictamen.
Pasamos a la disposición final. En primer lugar, votamos las enmiendas números 1096 y 1097 presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 79; en contra, 148; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el anexo VI. En primer lugar, la enmienda número 1107, presentada por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 529, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 82; en contra, 147; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Se vota ahora el texto del dictamen del anexo VI.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 157; en contra, 79; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del anexo VI.
Al haberse aprobado la propuesta contenida en el escrito con número de registro 9448, el anexo VII queda aprobado en los términos de la propia propuesta.
El anexo VIII ha sido suprimido ya que se ha aprobado la propuesta contenida en el escrito con el número de registro 9448.
Queda por votar la enmienda número 530, al estado de ingresos, presentada por los Grupos Parlamentarios Socialista y de la Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 83; en contra, 146; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


--DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS FISCALES, ADMINISTRATIVAS Y DEL ORDEN SOCIAL (S. 621/000004) (C. D. 121/000017) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a votar el proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
En primer lugar, el Título I. Votamos las enmiendas números 1 a 11, del Senador Quintana González.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 81; en contra, 143; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 12 del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, siete; en contra, 143; abstenciones, 84.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda número 133, presentada por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 81; en contra, 143; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas de Coalición Canaria. En primer lugar, votamos la número 210.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 94; en contra, 143.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 217, de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 80; en contra, 142; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Procede ahora votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos la enmienda número 191.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 22; en contra, 144; abstenciones, 69.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 192.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 18; en contra, 139; abstenciones, 75.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos seguidamente la enmienda número 40 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Vamos a votar las enmiendas de Convergència i Unió en varios bloques; en primer lugar, las números 306 y 308.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitídos, 236; a favor, 14; en contra, 143; abstenciones, 79.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 293, 298, 302, 303, 307, 310 y 313.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 89; en contra, 143; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas de Convergència i Unió números 294, 295, 297, 299, 300, 301 y 305.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 17; en contra, 214; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 304 y 312.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 24; en contra, 205; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 45 a 62, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 73; en contra, 145; abstenciones, 18.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que propone la vuelta al texto del Congreso, modificado por la número 236.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 82; en contra, 143; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la vuelta al texto del Congreso.
Pasamos a la transaccional presentada con el número de registro 9425, que modifica el artículo 7.3.
¿Desean sus señorías que la lea? Está firmada por todos los Grupos y consta de siete folios. (Denegaciones.) Gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 233; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Votamos el dictamen del Título I en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 155; en contra, 80; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Pasamos a las votaciones de las enmiendas al Título II del proyecto de ley de medidas.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Quintana, comenzando por la enmienda número 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 10; en contra, 142; abstenciones, 84.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 232; a favor, 14; en contra, 209; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Votamos la número 145.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 141; abstenciones, 81.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero, números 134 a 144 y 146.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 81; en contra, 148; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, empezando por la número 193.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, nueve; en contra, 214; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 194.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 14; en contra, 145; abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 195.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 234; a favor, 93; en contra, 141.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación la enmienda 314, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 93; en contra, 143.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés. Votamos las números 63 a 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 81; en contra, 141; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 72, de los mismos Grupos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 88; en contra, 142; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que significa la vuelta al texto del Congreso, modificado por las enmiendas números 234 y 235 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 80; en contra, 147; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el dictamen del Título II en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 157; en contra, 79; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del Título II.
Pasamos al Título III. Votamos, en primer lugar, las números 15 y 17, del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 80; en contra, 144; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 16.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 10; en contra, 212; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, nueve; en contra, 142; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero, números 147 a 153.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 79; en contra, 144; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Votamos la número 198.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 235; a favor, 91; en contra, 144.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 196 y 197.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 86; en contra, 143; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 199.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, nueve; en contra, 143; abstenciones, 85.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 200.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 17; en contra, 142; abstenciones, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió número 316.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 15; en contra, 214; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés números 73 y 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 81; en contra, 147; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 75.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 87; en contra, 142; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que supone la vuelta al texto del Congreso modificado por la enmienda número 245 presentada por el Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 236; a favor, 79; en contra, 147; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Finalmente, votamos el dictamen del Título III en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 237; a favor, 157; en contra, 80.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del Título III.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve de la mañana.


Eran las veinte horas y treinta y cinco minutos.


CORRECCION DE ERRORES.--En el «Diario de Sesiones» número 25, correspondiente a la sesión plenaria del 11 de diciembre de 2000, en la página 1161 del Sumario, en el debate del articulado del Título I, donde dice: «El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 444 a 452, 426 y 527...», debe decir: «El señor Mesa Ciriza defiende las enmiendas números 444 a 452, 526 y 527...». Y donde dice: «El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas 453 a 456», debe decir: «El señor Fernández Zanca defiende las enmiendas 453 y 454».

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