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DS. Senado, Pleno, núm. 28, de 14/12/2000
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2000 VII Legislatura Núm. 28

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2000

ORDEN DEL DIA:

--Declaración institucional de condena por el atentado terrorista cometido contra don Francisco Cano i Consuegra, concejal del Ayuntamiento de Viladecavalls, Barcelona, ocurrido el día 14 de diciembre de 2000 (Número de expediente 630/000007).


--Minuto de silencio por el fallecimiento de don Francisco Cano i Consuegra, concejal del ayuntamiento de Viladecavalls, Barcelona (Número de expediente 630/000007).


Segundo

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 3, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000003) (Número de expediente C. D. 121/000016) (Fin del debate).


--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 9, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000009) (Número de expediente C. D. 121/000012).


--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder

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Judicial (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 7, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000007) (Número de expediente C. D. 121/000003).


--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 8, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000008) (Número de expediente C. D. 121/000013).


--De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 15, de fecha 11 de diciembre de 2000) (Número de expediente S. 621/000015) (Número de expediente C. D. 121/000018).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 1458)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación)

Sección 23. Ministerio de Medio Ambiente.


El señor Cámara Fernández defiende las enmiendas números 236 a 245 y da por defendidas todas las presentadas por los integrantes del Grupo Mixto.
El señor Ríos Pérez da por defendidas las enmiendas números 438 y 441, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 978, 983 a 985 y 973 a 97 --estas últimas relativas a la Sección 21--. La señora Etxegoyen Gaztelumendi defiende las enmiendas números 980 y 981, y la señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 979 y 982, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Ganyet Solé defiende las enmiendas números 391 a 396, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 1026 del Grupo Popular. El señor Bella Galán defiende las enmiendas números 746 a 757, del Grupo Socialista, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por la enmienda número 1026 del Grupo Popular. Los señores Sopeña Velasco y Llanos Vera consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ganyet Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Bella Galán, por el Grupo Socialista, y Sopeña Velasco, por el Grupo Popular.


Sección 24. Ministerio de Economía.


El señor Cámara Fernández defiende las enmiendas números 246, 1126, 1127 y 1385 a 1392, y da por defendidas las restantes enmiendas presentadas por los miembros del Grupo Mixto. Los señores Martiarena Lizarazu y Aurrekoetxea Bergara, y la señora Etxegoyen Gaztelumendi defienden las enmiendas números 986 a 995, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Franco Gutiez defiende las enmiendas números 758 a 783, del Grupo Socialista. Los señores Colsa Bueno y Gamero Mir consumen un turno en contra.


DECLARACION INSTITUCIONAL DE CONDENA POR EL ATENTADO TERRORISTA COMETIDO CONTRA DON FRANCISCO CANO I CONSUEGRA, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS, BARCELONA, OCURRIDO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2000 (Página 1481)

La señora Presidenta da lectura a la declaración institucional, que la Cámara aprueba por asentimiento.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 1482)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación)

Página 1447


Sección 24. Ministerio de Economía (Continuación). (Página 1482)

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Franco Gutiez, por el Grupo Socialista, y Colsa Bueno, por el Grupo Popular. Los señores Cámara Fernández y Colsa Bueno intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Sección 25. Presidencia.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1393 a 1395. El señor Aleu i Jornet defiende las enmiendas números 397 a 399, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. La señora Arnáiz de las Revillas García defiende las enmiendas números 784 a 786, del Grupo Socialista. El señor Martínez Oblanca consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo Socialista, y el señor Martínez Oblanca, por el Grupo Popular.


MINUTO DE SILENCIO POR EL FALLECIMIENTO DE DON FRANCISCO CANO I CONSUEGRA, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS, BARCELONA (Página 1490)

Todos los miembros de la Cámara, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 1490)

De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (Continuación) (Página 1490)

Sección 26. Ministerio de Sanidad y Consumo.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 248 a 250, 1396 a 1404 y 1407 a 1449 y da por defendidas el resto de sus enmiendas al proyecto de ley. El señor Espasa i Oliver da por defendidas todas las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés al texto del dictamen. El señor Cambra i Sánchez da por defendida la enmienda número 1494, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor López Carvajal defiende las enmiendas números 787 a 895, del Grupo Socialista. El señor Bellido Muñoz y la señora López Garnica consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores López Carvajal, por el Grupo Socialista, y Bellido Muñoz, por el Grupo Popular.


Sección 31. Gastos diversos Ministerios.


La señora Martínez García da por defendidas las enmiendas números 896 a 903, del Grupo Socialista. El señor Villanova Rueda consume un turno en contra. No se hace uso del turno de portavoces.


Entidad pública estatal empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.


La señora Martínez García da por defendida la enmienda número 622, del Grupo Socialista. La señora Díaz Villegas consume un turno en contra. No se consume turno de portavoces.


Entidad pública empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).


El señor Ayllón Oliva defiende la enmienda número 623, del Grupo Socialista. No se hace uso de los turnos en contra ni de portavoces.


Ente Público Radiotelevisión Española.


La señora Arnáiz de las Revillas García defiende la enmienda número 918, del Grupo Socialista. El señor Agramunt Font de Mora consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Arnáiz de las Revillas García, por el Grupo Socialista, y el señor Agramunt Font de Mora, por el Grupo Popular.


Ente público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias (GIF).


No se produce debate.


Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).


No se produce debate.


Red Nacional de Ferrocarriles Españoles (RENFE).


No se produce debate.


Preámbulo.


No se produce debate.


La señora Presidenta comunica a la Cámara la presentación de una propuesta de modificación, firmada por todos

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los Grupos Parlamentarios, al Título IV; a la disposición adicional tercera, apartados uno y dos; a la disposición adicional cuarta, apartado uno, a la disposición adicional quinta, y a la disposición adicional vigesimocuarta. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Caneda Morales, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Sección 18.


Se rechaza la enmienda número 1254, de veto, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor y 146 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1256 y 1257, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 132 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas firmadas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 131 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 125 a 137, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 130 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 950 a 953, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 70 votos a favor, 132 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 307, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 68 votos a favor, 145 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 308 a 316, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 322 y 323, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 317, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 80 votos a favor, 133 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 324 a 327, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 77 votos a favor, 133 en contra y 3 abstenciones.
Se rechaza la enmienda del Grupo Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1017, del Grupo Popular, por 69 votos a favor, 134 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 70 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1479, 1480, 1482 y 1483, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 79 votos a favor, 133 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 626, de veto, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 144 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 627 a 636, del Grupo Socialista, por 70 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 658 y 659, del Grupo Socialista, por 79 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1017, del Grupo Popular, por 70 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Socialista por 70 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación relativa a la enmienda número 954, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, a la Sección 18, por 206 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación relativa a la enmienda 1481, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, a la Sección 18, por 206 votos a favor, 6 en contra y 1 abstención.


Se aprueba la Sección 18 por 145 votos a favor, 59 en contra y 10 abstenciones.


Secciones 19 y 60.


Se rechaza la enmienda número 1277, de veto, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor y 146 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1405 y 1406, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 194 en contra y 12 abstenciones.


Página 1449


Se rechazan las enmiendas números 1278, 1280, 1289 y 1290, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 134 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas presentadas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 133 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 433, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 74 votos a favor, 134 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 329, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 144 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 330, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 133 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 331 a 333, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 67 votos a favor, 133 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1493, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 18 votos a favor, 184 en contra y 14 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 78 votos a favor, 134 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 662, de veto, del Grupo Socialista, por 70 votos a favor, 146 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 679, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 663 a 665, 669 y 677, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 133 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 134 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueban las Secciones 19 y 60 por 147 votos a favor y 69 en contra.


Sección 20.


Se rechaza la enmienda número 1291, de veto, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor y 147 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1292 y 1293, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 135 en contra y 12 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 138 a 142, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 134 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 439 y 440, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 74 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 955, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 22 votos a favor, 135 en contra y 61 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 956 y 957, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 72 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 958, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 74 votos a favor, 134 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 334, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 146 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 357, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 80 votos a favor, 134 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 335 y 336, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 135 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 337 a 356, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1019, del Grupo Popular, por 77 votos a favor, 138 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1019, del Grupo Popular, por 79 votos a favor, 137 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 681, de veto, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor y 146 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 682, 683, 696 y 698, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 133 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Socialista por 70 votos a favor, 135 en contra y 12 abstenciones.


Página 1450


Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1019, del Grupo Popular, por 78 votos a favor, 136 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueba la Sección 20 por 146 votos a favor, 70 en contra y 1 abstención.


Sección 21.


Se rechaza la enmienda número 233, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 134 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 234, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1294, de veto, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 1295 a 1300, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 143 a 150, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 135 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 202 a 204, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 135 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 961 y 962, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 83 votos a favor, 130 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 959, 960 y 963, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 72 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 964 a 972, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 24 votos a favor, 133 en contra y 57 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 358, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 140 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 377, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 75 votos a favor, 133 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 359 a 376, y 378 a 386, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 133 en contra y 11 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 710, de veto, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor, 145 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 730 y 738, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 132 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Socialista por 72 votos a favor, 132 en contra y 13 abstenciones.


Se aprueba la Sección 21 por 144 votos a favor y 74 en contra.


Sección 22.


Se rechaza la enmienda número 235, del Grupo Mixto, por 75 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1301, de veto, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 146 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1302 a 1305, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 387, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor y 146 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 388 y 390, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 742, de veto, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor y 147 en contra Se rechazan las enmiendas números 743 a 745, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba la Sección 22 por 145 votos a favor y 74 en contra.


Sección 23.


Se rechaza la enmienda número 237, del Grupo Mixto, por 11 votos a favor, 196 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 236 y 238 a 245, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 134 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1306, de veto, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor y 147 en contra.


Página 1451


Se rechazan las enmiendas números 1307 a 1315 y 1361, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor, 194 en contra y 14 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1382 y 1383, del Grupo Mixto, por 81 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1333, 1334, 1380 y 1381, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 133 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 151 a 194, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 134 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 205 a 212, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 135 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 217, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 198 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 438 y 441, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 76 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 973 a 977, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 81 votos a favor, 135 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 983 a 985, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 22 votos a favor, 136 en contra y 62 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 978 a 982, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 75 votos a favor, 132 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 395, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 72 votos a favor, 147 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 391 a 394, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 82 votos a favor, 135 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 396, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 85 votos a favor y 135 en contra.


Se rechaza la enmienda del Grupo Entesa Catalana de Progrés que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1026, del Grupo Popular, por 72 votos a favor, 138 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 746, de veto, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor y 147 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 751 y 755, del Grupo Socialista, por 76 votos a favor, 135 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 747 a 750, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 135 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 752 y 753, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 134 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 754, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 138 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 756 y 757, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda del Grupo Socialista que propugna la vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por la número 1026, del Grupo Popular, por 73 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba la Sección 23 por 148 votos a favor y 71 en contra.


Sección 24.


Se rechaza la enmienda número 246, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1385, de veto, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 1386, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 139 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1388 y 1389, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 137 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 195, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 992 y 993, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 76 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 70 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 758, de veto, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 759 a 782, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba la Sección 24 por 149 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención.


Sección 25.


Se rechaza la enmienda número 1393, de veto, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor y 149 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 1394 y 1395, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 397, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor y 149 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 398 y 399, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 70 votos a favor, 133 en contra y 14 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 784, de veto, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor y 149 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 785 y 786, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba la Sección 25 por 150 votos a favor y 72 en contra.


Sección 26.


Se rechazan las enmiendas números 248, 249 y 250, del Grupo Mixto, por 75 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1396, de veto, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 148 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1398 y 1403, del Grupo Mixto, por 12 votos a favor, 137 en contra y 74 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 1414, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 137 en contra y 76 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1404, 1422, 1430, 1438, 1442, 1446, 1448 y 1449, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 136 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 137 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 400, de veto, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 401, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 81 votos a favor, 137 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 406, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 86 votos a favor y 136 en contra.


Se rechaza la enmienda número 403, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 71 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1494, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 82 votos a favor, 136 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 787, de veto, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor y 149 en contra.


Se rechaza la enmienda número 799, de veto, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 790, 793, 885, 886 y 893, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Socialista por 73 votos a favor, 135 en contra y 15 abstenciones.


Se aprueba la Sección 26 por 150 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención.


Sección 31.


Se rechaza la enmienda número 1455, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 138 votos a favor y 11 abstenciones.


Página 1453


Se rechaza el resto de las enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 135 en contra y 76 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 407 a 415, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 139 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 896 a 903, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 137 en contra y 13 abstenciones.


Se aprueba la Sección 31 por 149 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención.


Sección 34.


Se aprueba la Sección 34 por 147 votos a favor, 2 en contra y 73 abstenciones.


Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.


Se rechaza la enmienda 622, del Grupo Socialista, por 78 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba el dictamen correspondiente a la Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias por 149 votos a favor y 72 en contra.


Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).


Se rechaza la enmienda número 247, del Grupo Mixto, por 76 votos a favor, 138 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 623, del Grupo Socialista, por 76 votos a favor, 135 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba el dictamen correspondiente a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA) por 148 votos a favor, 74 en contra y 1 abstención.


Ente Público Radiotelevisión Española.


Se rechaza la enmienda número 1469, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 136 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 422, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 148 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 918, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor y 149 en contra.
Se aprueba el dictamen correspondiente al Ente Público Radiotelevisión Española por 149 votos a favor y 73 en contra.


Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. (GIF).


Se rechaza la enmienda número 1142, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 137 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba el dictamen correspondiente al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias. (GIF) por 147 votos a favor y 75 en contra.


Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE).


Se rechaza la enmienda número 1172, del Grupo Mixto, por 75 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba el dictamen correspondiente a Ferrocarriles de Vía Estrecha (FEVE) por 150 votos a favor, 72 en contra y 1 abstención.


Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE).


Se rechaza la enmienda número 1173, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 136 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba el dictamen correspondiente a Red Nacional de Ferrocarriles de España (RENFE), por 149 votos a favor y 74 en contra.


Títulos IV y VIII y Sección 07.


Se rechazan las enmiendas números 1053 a 1055, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 139 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 38 a 41 y 43, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 138 en contra y 12 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1501, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 15 votos a favor, 213 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 460 a 464 y 493, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 137 en contra y 13 abstenciones.


Disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigesimocuarta.


Se rechazan las enmiendas números 428 y 429, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 138 en contra y 12 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación al Título IV y a las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y

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vigesimocuarta, firmada por todos los grupos parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban el Título VIII y la Sección 07 por 150 votos a favor, 23 en contra y 48 abstenciones.


Preámbulo.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo Mixto, por 19 votos a favor, 141 en contra y 63 abstenciones.


Se aprueba el Preámbulo por 149 votos a favor y 75 en contra.


Antes de continuar con la votación, el señor Laborda Martín pide unas aclaraciones sobre altas y bajas en el presupuesto, a lo que responde la señora Presidenta.


Se aprueban los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, así como el Anexo I, por 151 votos a favor y 69 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social (Página 1521)

El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Comienza el debate de los vetos.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 y da por defendida la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, también del Grupo Mixto. El señor Belloch Julbe defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista. La señora Vindel López consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Solé i Tura, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmilo i Rius, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Belloch Julbe, por el Grupo Socialista, así como la señora Vindel López, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 148 en contra y 62 abstenciones.
Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 9 votos a favor, 148 en contra y 63 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor y 148 en contra.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendidas todas sus enmiendas, así como las del señor Quintana González, del mismo Grupo Parlamentario. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 92 a 98, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende las enmiendas números 122 a 128, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Solé i Tura defiende las enmiendas números 129 a 137, 145, 149 a 157 y 163, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Sesmilo i Rius defiende las enmiendas números 165 a 171 y 173 a 180, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Saavedra Acevedo defiende las enmiendas números 99 a 121, del Grupo Socialista. La señora Bonilla Domínguez consume un turno en contra. En turno de portavoces, hace uso de la palabra el señor Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria.
Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 201 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 138 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 138 en contra y 6 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, por 73 votos a favor, 138 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 9 y 41, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 139 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 28, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 201 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 42, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 138 en contra y 69 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 45, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 139 en contra y 69 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 16, 20, 21, 29, 31, 43, 44, 46 a 48, 53, 57, 58 y 61, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 138 en contra y 72 abstenciones.


Página 1455


Se rechazan las restantes enmiendas presentadas por los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 139 en contra y 78 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 62 y 63, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 138 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 67, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 68, del Grupo Mixto, por 74 votos a favor, 136 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 71, del Grupo Mixto, por 72 votos a favor, 138 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 64, 65, 69, 72, 74, 78, 80, 83, 89 y 90, del Grupo Mixto, por 1 voto a favor, 138 en contra y 79 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 85, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 135 en contra y 73 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 86, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 136 en contra y 69 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 88, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 136 en contra y 70 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas presentadas por el señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 139 en contra y 70 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 92, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 73 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 93, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 73 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 94, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 9 votos a favor, 136 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 95, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 10 votos a favor, 137 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 96, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 10 votos a favor, 137 en contra y 70 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 97, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 10 votos a favor, 137 en contra y 70 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 98, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 10 votos a favor, 137 en contra y 70 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 122, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 71 votos a favor, 138 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 123, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 72 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 124, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 70 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 127, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 10 votos a favor, 137 en contra y 71 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 9 votos a favor, 137 en contra y 72 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 134, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 73 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 135, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 74 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 129, 151 y 156, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 65 votos a favor, 136 en contra y 17 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 71 votos a favor, 138 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 165, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 78 votos a favor, 136 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 166, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 80 votos a favor, 136 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 167, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 79 votos a favor, 136 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 168, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 137 en contra y 71 abstenciones.


Página 1456


Se rechaza la enmienda número 175, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 17 votos a favor, 135 en contra y 66 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 178, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 11 votos a favor, 136 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 179, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 10 votos a favor, 135 en contra y 70 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 180, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 78 votos a favor, 137 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza el resto de las enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió por 15 votos a favor, 135 en contra y 66 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 101, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 102, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 136 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 109, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor, 137 en contra y 9 en contra.


Se rechaza la enmienda número 113, del Grupo Socialista, por 73 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 116, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 120, del Grupo Socialista, por 74 votos a favor, 137 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 110, 114, 115 y 117, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 139 en contra y 14 abstenciones.


Se aprueba el artículo 1 del dictamen por 145 votos a favor y 72 en contra.


Se aprueba el preámbulo por 145 votos a favor, 10 en contra y 63 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 205 votos a favor y 10 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Página 1549)

El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de los vetos.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, da por defendida la propuesta de veto número 1. El señor Iribas Sánchez de Boado consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Galán Pérez, por el Grupo Socialista; Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular, y Cámara Fernández, por el Grupo Mixto.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 10 y da por defendidas las presentadas por el señor Quintana González, también del Grupo Mixto. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 11, 12, 14 y 15, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Zubia Atxaerandio defiende las enmiendas números 21, 22, 23 y 26, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Molas i Batllori defiende el voto particular número 9 y las enmiendas números 35, 36, 37 y 39, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Capdevila i Bas defiende las enmiendas números 40 a 50 y 52, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Galán Pérez defiende el voto particular número 4 y las enmiendas números 27 a 31, 33 y 34, del Grupo Socialista. El señor Iribas Sánchez de Boado consume un turno en contra.
No se hace uso del turno de portavoces.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 131 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 8, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 138 en contra y 71 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 200 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 16 y 19, del Grupo Mixto, por 8 votos a favor, 186 en contra y 17 abstenciones.


Página 1457


Se rechaza la enmienda número 17, del Grupo Mixto, por 77 votos a favor, 132 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 18, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 139 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 20, del Grupo Mixto, por 14 votos a favor, 133 en contra y 63 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 11 y 12, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 3 votos a favor, 202 en contra y 8 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 14, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 72 votos a favor, 134 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 73 votos a favor y 140 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 21 y 26, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 73 votos a favor y 140 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 22 y 23, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 17 votos a favor, 134 en contra y 62 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 36, 37 y 39, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 142 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 40, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 77 votos a favor, 134 en contra y 2 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, salvo la número 46, que fue retirada, por 14 votos a favor, 135 en contra y 64 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 27, 29 a 31, 33 y 34, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 141 en contra y 7 abstenciones.


Se aprueban tres propuestas de modificación, firmadas por todos los Grupos Parlamentarios, por asentimiento de la Cámara.


Se aprueban los artículos 3 y 4 del dictamen por 148 votos a favor y 65 en contra.


Se aprueba el resto del dictamen por 210 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal (Página 1565)

El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Ríos Pérez defiende la enmienda número 1, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Molas i Batllori defiende las enmiendas números 4 y 5, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Marín Rite defiende las enmiendas números 2 y 3, del Grupo Socialista. El señor Prada Presa consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, quien retira en este acto la enmienda número 1, de su Grupo Parlamentario; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Prada Presa, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 4, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 63 votos a favor, 127 en contra y 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 5, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 61 votos a favor, 134 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 127 en contra y 14 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 3, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 135 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba el apartado tres, párrafo segundo del artículo único del dictamen por 194 votos a favor, 11 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el resto del dictamen por 201 votos a favor y 1 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Justicia en relación con el Proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley

Página 1458


Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo (Página 1570)

El señor Moya Sanabria, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de los vetos.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 2. Se da por retirada la propuesta de veto número 1, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Zubia Atxaerandio retira la propuesta de veto número 3 y las demás enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos . El señor Prada Presa consume un turno en contra.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, quien al mismo tiempo defiende las enmiendas números 31 a 37, del mismo Grupo Parlamentario; Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, quien retira en este acto las enmiendas de su Grupo Parlamentario; Marín Rite, por el Grupo Socialista, y Prada Presa, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 2 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor y 197 en contra.


Se inicia el debate del articulado.


La señora Mora Devis consume un turno en contra de las enmiendas que quedan vivas. No se hace uso del turno de portavoces.


Se procede a votar.


Se dan por retiradas las enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto.


Se rechazan las enmiendas números 12 y 13, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor y 202 en contra.


Se rechazan las enmiendas números 31 a 37, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 69 votos a favor, 134 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 38 a 43, del Grupo Socialista, por 70 votos a favor, 134 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen por 201 votos a favor y 10 en contra.
La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


Se levanta la sesión a la una horas y cuarenta minutos del día 15 de diciembre de 2000.


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenos días, señorías. Se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la Sección 23, Medio Ambiente. Enmiendas números 236 a 245 del Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que tiene la palabra para su defensa.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Buenos días, señorías. Gracias, señor Presidente.
Señorías, a la Sección 23, Medio Ambiente, presentamos multitud de enmiendas y un veto, tanto enmiendas realizadas por mí y concernientes a la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, como enmiendas referentes a todo el Estado en relación con multitud de temas a los que después me referiré. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Y presentamos la enmienda a la totalidad a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente, de estos Presupuestos Generales del Estado por entender que no se ajusta a las necesidades de protección del entorno ni contribuye a las necesidades de esta protección para resolver los más acuciantes problemas de degradación del medio que nos rodea. Y resaltamos especialmente la continuidad en la ejecución de grandes obras hidráulicas de tremendo impacto ambiental y dudosa y nula utilidad social, elemento lógicamente a valorar o discutir, y ha habido poco debate, poca discusión, inclusive poca utilización de esta Cámara para que a nivel territorial se vean las diferentes Comunidades y discutan sobre estos elementos que he indicado de forma genérica.
Por el contrario, los fondos destinados a políticas activas de preservación son claramente insuficientes para atender efectivamente las necesidades existentes e incluso para dar respuesta a compromisos internacionales. Puede indicarse como muestra de esto último que las partidas destinadas al cumplimiento de la Directiva 91/271 sobre

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calidad de las aguas, tanto en su apartado de depuración de aguas residuales como en el saneamiento son insuficientes para lograr los objetivos fijados.
También resultan manifiestamente escasas las partidas destinadas a los proyectos de deslinde del dominio público hidráulico y de restauración hidrológico-ambiental de tramos fluviales. Otro tanto puede decirse de las inversiones en infraestructuras y equipamiento ambiental y en evaluaciones ambientales, así como las transferencias a las Comunidades Autónomas para el cumplimiento de diversos planes y programas de residuos peligrosos, urbanos, suelos contaminados, dentro de programas conocidos.
Continúa también la tendencia, rechazada por nuestro Grupo Parlamentario, de formación de constitución de sociedades estatales por los elementos que planteamos, lo que consta en la motivación de este veto que ustedes tienen.
En lo relativo al programa de actuación en costas, Programa 514.C), puede observarse una notable insuficiencia en la partida destinada a deslindes, mientras que se siguen prodigando las actuaciones de regeneración de costas que tan severo impacto suelen producir.
También merecen algún comentario las partidas previstas en parques nacionales, que siguen funcionando con una notable escasez de personal de vigilancia y mantenimiento, lo que sería necesario aumentar, así como los fondos para adquirir terrenos y para compensar a la población.
Concluir que el programa de meteorología (Programa 551.B), necesitaría estar dotado con más fondos para actuaciones en temas de notable interés como son las actividades de vigilancia y predicción meteorológica, así como el programa nacional del clima. En este último caso, teniendo muy en cuenta el creciente alejamiento de los datos de emisiones de los compromisos adquiridos en Kyoto, la pasividad de la Administración central es escandalosa o al menos muy alta. Por ese motivo presentamos este veto a la totalidad.
Doy por defendidas todas las enmiendas, tanto las propias como las que mencioné al principio como enmiendas que afectan al conjunto del Estado, pero como algunas tienen un diferente calado, voy a mencionar esencialmente, al menos, el contenido de algunas de ellas.
Proponemos enmiendas que tienen que ver con la reforestación de los cauces de los ríos y de los montes de todo el conjunto del Estado, que, por cierto, falta hace; con la limpieza de rías, como por ejemplo la de Avilés; transporte de residuos, por ejemplo, en Baleares, y más concretamente en la isla de Formentera, por poner un ejemplo representativo de otras muchas enmiendas que hay a este respecto pero de otras Comunidades Autónomas. Se proponen convenios para depuración en origen y predepuración de industrias como en el río Segura. En nuestras enmiendas se propone la construcción y la ampliación de depuradoras ya existentes, aquellas que sean necesarias, planes de reducción de sustancias peligrosas, actuaciones en expedientes de vertidos, estudios diversos, propuestas en diferentes lugares de calidad ecológica de los ríos; saneamiento y depuración de aguas en multitud de propuestas que existen; programas de contaminación atmosférica o dotar más y mejor la aplicación de residuos sólidos urbanos en multitud de ciudades de nuestro país. Por otra parte, proponemos incluso dotar con más medios económicos, allí donde pueda existir esa articulación un poco vertical --permítanme el término-- de las organizaciones ecologistas precisas para el asesoramiento y su participación imprescindible en esta materia.
Y como muestra de todo ello y quizás como colofón de algo que criticamos profundamente en el Ministerio de Medio Ambiente, mencionaré lo que está ocurriendo en estos momentos en la Comunidad Autónoma de Baleares --por cierto, ustedes saben que el Ministro del ramo es de allí--. De las múltiples inversiones y necesidades que tiene mi Comunidad, no hay partida casi de ningún tipo que permita decir y asegurar una cierta voluntad política para llevar a cabo esas inversiones necesarias.
Hablando con el Ministro de Medio Ambiente dice que sí, y es más, no importa que vengan en los presupuestos, según me comentan algunos miembros del Partido Popular, porque como existe después la posibilidad, por fondos europeos, de realizar ciertas inversiones necesarias, ya lo veremos después. Sin embargo, hace muy pocos días y según dos medios de comunicación, el Ministro decía --me quedé sorprendido de lo que leí en la prensa-- que haría todo lo posible para introducir aquí alguna enmienda que permitiese tener ciertas partidas importantes consignadas para actuar en 2001. Yo lo mencioné en la Comisión de Presupuestos y dije: He presentado varias enmiendas; hagan ustedes propuestas.
Propongan; yo ofrezco mis enmiendas para que cuelguen de ellas propuestas de este Ministerio. No parece que hasta ahora eso haya sido posible ni creo a estas alturas que lo sea. Pero, en cualquier caso, si es verdad que lo dijo el Ministro --independientemente de que lo digan los medios de comunicación--, lo cierto es que son necesarias esas inversiones, y yo reclamo aquí una mayor atención a la necesidad de inversiones importantes en mi Comunidad Autónoma. Y que no se me conteste diciendo, como también se ha hecho: No; si el Ministro dice que en Baleares hay que poner más dinero, por ejemplo, en depuradoras, incluso más de lo que ustedes piden.
Ya sé qué se me va a contestar esto. Pero es que nosotros queremos poner las depuradoras necesarias que recuperen, que desahoguen los acuíferos, que están salados, en multitud de lugares; me tengo que referir a que hay que atender necesidades imprescindibles dentro de una concepción de sostenibilidad --eso va también para el conjunto del Estado-- que permita no matar las gallinas de los huevos de oro como, por ejemplo, en Baleares, si el crecimiento continuo y permanente en energía, en agua, etcétera, es tan desmesurado como lo es. Por ejemplo --y no viene a cuento en esta sección--, tengo en mi poder un informe según el cual en el 2007 --no sé si es exactamente ese año-- 27 millones de seres van a pasar por el aeropuerto de Palma. Es imposible, porque hay recursos limitados. Pero, a la vez, ciertas actuaciones son más caras y, por tanto, se trataría de intentar asegurar los abastecimientos y las necesidades, pero con una política consensuada y acordada, se equivoque más o menos el Gobierno balear. Déjenle que se equivoque. Lo importante es que en los presupuestos, que es de lo que estamos hablando, existan unas partidas que

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aseguren la tranquilidad, al menos del que habla, de que se va a invertir; que no va a haber retrasos; que no se va a utilizar como arma política; que haya luz y taquígrafos; que se explique por qué ustedes no han colgado de estas enmiendas, si es que no les ha dado tiempo --no lo creo, pero puede ser--, algunas de las actuaciones imprescindibles y ya acordadas, y consensuadas, aquellas sobre las que estamos de acuerdo.
Pues no, no ha sido así. Sin embargo, en varios lugares del Estado, también en mi Comunidad, siguen erre que erre, incluyendo actuaciones respecto a las cuales hemos presentado un montón de enmiendas solicitando que se den de baja, que la inversión es innecesaria. Voy a poner un ejemplo. El año pasado, en los Presupuestos del Estado para el año 2000, ya lo manifesté. Acababa de llegar aquí. Pues hoy vuelven a aparecer en los presupuestos. Según estudios de universidades y del mundo ecologista, la reposición de arenas en las playas es de un tremendo impacto ambiental. Hay múltiples estudios que se han hecho sobre ello. Ya saben ustedes lo que sucede: surgen necesidades privadas, como la aparición de un hotel o un lugar determinado, y se decide meter arenas blancas, arenas bonitas. Pero esas arenas salen de otro lugar y, como es lógico, fastidian el fondo marino y, por tanto, generan un montón de problemas.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) El año pasado dije: La partida de inversiones que se dedica a Baleares para esta cuestión, retírenla, por favor, porque es que la Universidad de Baleares y el GOB --que algún Senador conoce perfectamente-- han dicho que eso es una barbaridad. Sin embargo, hay actuaciones en poner barreras para conservar las arenas, etcétera, en las que no se actúa tan adecuadamente bien.
Pongo ese ejemplo para que comprendan que en medio ambiente hay que hacer caso de quien entiende sobre esa cuestión. Imagino que el Ministerio entiende, pero se trata de intentar también casar un entendimiento y otro, unos intereses y otros, una opinión y otra, y trabajar más y atender mejor los problemas que los Senadores, en este caso este humilde Senador plantea aquí con el fin de que nuestras propuestas sean atendidas o al menos discutidas o respondidas y que no se despachen de cualquier manera, deprisa y corriendo, con el tiempo pegado, porque ya estamos cansados de tanta sesión, sino antes, en un debate previo que permita trabajar mejor y discutir más las diferentes propuestas.
Señorías, disponía de mucho más tiempo por la cantidad de enmiendas que presentamos, pero con esto me conformo y me reservo las respuestas pertinentes para el turno de portavoces.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias a usted, Senador Cámara.
Entiendo que se dan por defendidas las enmiendas suyas personales y las que presenta conjuntamente con el Senador Cabrero. Damos por defendidas las del Senador Quintana, puesto que no hemos tenido noticia de que haya variado su situación, y también las que el Senador Cabrero presentó en solitario. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Perdone, se me había pasado.
Doy por defendidas las enmiendas del Senador Quintana. Les informo de que, según parece, su familiar se encuentra en situación estacionaria y que quizá venga esta mañana, aunque no lo sé seguro.
También doy por defendidas las enmiendas del señor Cabrero, tanto las particulares que firmamos individualmente en el Grupo Parlamentario Mixto como las colectivas del señor Cabrero y mías que están consignadas. Lo siento, pero me olvidé de decirlo.


La señora PRESIDENTA: Señoría, ¿también se da por defendida la del Senador Martín Martín?

El señor CAMARA FERNANDEZ: Efectivamente. Todas las del Grupo Mixto.


La señora PRESIDENTA: Muchísimas gracias.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
Las doy por defendidas en sus justos términos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para la defensa de las enmiendas números 978 a 985 y de la 973 a la 977, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado trece enmiendas, de las cuales las Senadoras Loroño y Etxegoyen defenderán dos cada una de ellas y el resto las defenderá el portavoz que les habla.
El primer grupo de enmiendas tiene una naturaleza de orden político. No pone en duda la consignación presupuestaria sustentada en los documentos presentados por el Gobierno a la Cámara, pero lo que quiere es que esas acciones políticas que el Gobierno introduce en la Sección 23 de los Presupuestos se adecuen más al Estado de las Autonomías, tanto en materia de montes como en aprovechamientos forestales, ordenación territorial, obras hidráulicas y, en definitiva, biodiversidad y cambio climático. Son enmiendas, por lo tanto, de adecuación de la política que va a desarrollar el Gobierno sobre la base del soporte presupuestario que la Cámara va a otorgar al Ejecutivo, pero que nosotros queremos que se asiente más y que esté más acorde con el papel del Ministerio de Medio Ambiente, que es ajustarse a la existencia de un Estado autonómico con competencias legislativas y de ejecución de las Comunidades Autónomas.


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Tenemos también una enmienda relativa a una obra hidráulica declarada de interés general en el año 1998, con ocasión de la Ley de acompañamiento, que es la estación depuradora de aguas residuales, la EDAR del Alto Deba, en Bergara y Mondragón, cuya construcción va unida a una obra complementaria que es la realización de un emisario terrestre que pueda comunicar las aguas residuales del municipio guipuzcoano de Oñati con la estación depuradora para, posteriormente, poder reutilizar, en su caso, las aguas vertidas como consecuencia del uso municipal, como concesionario que es el ayuntamiento de Oñati de la Confederación Hidrográfica del Deba del agua concedida por dicho ente administrador de la cuenca.
Asimismo, pretendemos una adecuación muy importante de la política en materia de costas a la realidad del Estado autonómico. Nuestra enmienda es de contenido político. Queremos que la actuación del Ministerio de Medio Ambiente en materia de costas, de ordenación sobre el dominio público marítimo-terrestre, esté más acorde con las Comunidades Autónomas. Por ello queremos introducir una cláusula de orden político en virtud de la cual todas las actuaciones en el litoral puedan realizarse de conformidad con las Comunidades Autónomas. Fíjese, señora Presidenta, la contradicción que se produce cuando en un Estado llamado de las autonomías, en el que las Comunidades Autónomas gestionan servicios de la entidad política como la sanidad, la educación, la justicia, la seguridad pública, el bienestar social, la vivienda, etcétera, una Comunidad Autónoma como la del País Vasco, o cualquiera otra del litoral, no puede gestionar la remoción de arena en la playa, la construcción de un paseo marítimo, la construcción de un acantilado o la adecentación de unos bordes en la desembocadura de un río. Todas estas cuestiones pretendemos encauzarlas sobre la base de los dos planteamientos que puede haber sobre la gestión del dominio público marítimo-terrestre, bien a través de una gestión centralizada absolutamente en la que la gestión para remover arena en la playa corresponda al Ministerio de Medio Ambiente y no a las Comunidades Autónomas que, sin embargo, pueden realizar el resto de las obras públicas de infraestructuras en ferrocarriles, en carreteras, en vivienda, etcétera, pero no lo puede hacer en el litoral, o bien con un modelo que podría ser completamente distinto, como el de las obras hidráulicas, en las que la gestión es autonómica.
En este sentido hemos planteado una enmienda de tipo intermedio donde se pueda concertar la actuación entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas. Experiencias hay con algunas Comunidades Autónomas y queríamos trasladar esa filosofía política de carácter transaccional a los Presupuestos.
En relación con la plasmación de los detalles de estas enmiendas relativas a la realización de actuaciones en el litoral de dominio público marítimo-terrestre vasco, paso la palabra a mis compañeras Etxegoyen y Loroño.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.
La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las enmiendas números 980 y 981. Ambas se refieren a actuaciones en costas de competencia exclusiva del Gobierno estatal.
La enmienda número 980, aunque de escaso montante económico, tiene también su importancia y singularidad, porque la rehabilitación que persigue supone salvaguardar el último cargadero mineral que queda en la costa de Guipúzcoa, una antigua infraestructura catalogada como bien cultural por el Gobierno vasco y por las normas subsidiarias del municipio de Zarautz, en Guipúzcoa. Se recuperaría así una pequeña muestra de la historia de nuestro territorio foral que, además, al ubicarse dentro del Biotopo de Iñurritza, la rehabilitación del cargadero de Malla-Arria y sus accesos caben integrarse dentro del desarrollo del citado Biotopo.
Por su parte, la enmienda número 981 persigue la regeneración de la playa de Saturraran, cuyo proyecto ya ha sido elaborado por el ayuntamiento de Mutriku.
No sé si sus señorías conocen la playa de Saturraran, pero créanme si les digo que es la cosa más digna de ver que hay en Euskadi. Es un maravilloso capricho natural que está justo entre la muga de Guipúzcoa y Vizcaya. Les invitaría a que lo vieran.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Etxegoyen.
Para consumir el resto del turno tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Señora Presidenta, buenos días.
En consonancia con lo que ha comentado ya el Senador Gatzagaetxebarría, las enmiendas números 979 y 982, que me toca defender, tratan de actuaciones referidas al ámbito de influencia de la Dirección General de Costas, dado que se trata de actuaciones en el litoral.
En la enmienda número 979 se plantea la regeneración ambiental del dominio público existente en el litoral de Txorrokopunta, ubicado en el municipio de Mundaka, en Vizcaya, y se plantea un incremento de 55 millones. A través de dicha enmienda se pretende regenerar una zona de dominio de litoral para uso público y conectarlo con espacios ya habilitados dentro del propio municipio de Mundaka y conexionarlos dentro del ámbito de actuación que se está llevando a cabo en dicha zona. Esta zona está contemplada dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai.
En la enmienda número 982 planteamos un aumento de 100 millones de pesetas con destino a la ampliación del paseo marítimo de Elantxobe, municipio de Vizcaya enclavado también dentro de la reserva de la biosfera de Urdaibai.
Ambas enmiendas tienen como objetivo llevar a cabo el desarrollo de intervenciones habilitadas --e incluso comprometidas en su momento-- por la Dirección General de Costas dentro del Patronato de Urdaibai, en el que la Administración central cuenta con un representante, en concreto,

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un representante de la Dirección de Costas, con el objetivo de llevar a cabo regeneraciones de usos de espacios en consonancia con el desarrollo sostenible de toda esa zona afectada por el ámbito de influencia de la reserva de la biosfera.
Esperamos desde nuestro Grupo que ambas enmiendas sean aceptadas, al igual que el resto que se ha planteado por parte de la Senadora Etxegoyen y por parte del Senador Gatzagaetxebarría porque muchas de ellas son compromisos ya adquiridos en su tiempo por parte de la Administración central.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. El Senador Ganyet tiene la palabra.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Ministro de Medio Ambiente, en la presentación de los Presupuestos de su Departamento y sus organismos autónomos, que ascienden a la importante cifra de 413.000 millones de pesetas, citó las prioridades para el año 2001: facilitar el empleo ambiental, contribuir a la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos, fomentar la conciencia social de protección y de recuperación de nuestro entorno e impulsar las infraestructuras de carácter ambiental. Imposible estar en desacuerdo con esos principios. Se cita la cantidad de 415.000 millones de pesetas de inversión pública total en infraestructuras hidráulicas, un incremento de un 16 por ciento del programa de protección y mejora del medio natural, desplegado a través del organismo autónomo Parques Nacionales y se promete una inversión total de 500.000 millones de pesetas en los próximos años, sin concretar cuántos, para el Plan Nacional de Residuos Urbanos, cofinanciados por el Ministerio y los fondos de cohesión. La parte del león, sin embargo, corresponde a las obras de gestión e infraestructura de recursos hidráulicos, algo estrechamente vinculado al polémico Plan Hidrológico Nacional.
Voy a exponer a la consideración de sus señorías algunas razones que asisten a mi Grupo Parlamentario para pedir la devolución de los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. El futuro medioambiental del país o lo que es lo mismo, el futuro del país, ya que ambos conceptos se superponen está enormemente condicionado por los déficit del pasado mediato e inmediato que el Ministro señor Matas hereda de sus antecesores.
Debemos preguntarnos si esos presupuestos aportan el golpe de timón que, a nuestro parecer, necesita el país para afrontar con decisión los complejos retos que tiene planteados en lo que afecta al medio ambiente.
La respuesta a esta pregunta es negativa, porque son presupuestos de continuidad con los anteriores en temas que consideramos fundamentales desde Entesa. Hay contradicciones entre las palabras y los hechos que nos preocupan sobremanera, por ejemplo, la contradicción manifiesta entre los 6.000 millones de pesetas consignados para el Plan Nacional de Residuos y los 500.000 millones de pesetas que se anuncian para una etapa indeterminada en el tiempo. No es suficiente para colaborar con las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales una cantidad tan exigua.
España es un país singular en Europa en lo que concierne a la biodiversidad; la geografía y el clima nos han proporcionado una inmensa riqueza. En la preservación de la biodiversidad, la red de parques nacionales debe jugar un rol descollante y no sólo ellos, también el país en su conjunto, pero los parques nacionales son puntas de lanza, espacios de demostración a los que debe dedicarse una atención muy especial. Vemos muy difícil, por no decir imposible, estar de acuerdo con los programas propuestos ya que sólo conocemos la cifra global, sin especificación alguna y, por tanto, sentimos coartada nuestra función parlamentaria por la clara insuficiencia de información elemental al respecto.
Observamos con preocupación creciente, además, un relajamiento evidente en los últimos años --que básicamente coinciden con los del Gobierno del Partido Popular-- en lo que constituye uno de los tesoros más decisivos de un país peninsular como el nuestro, las costas. Lo que sucede en las costas tiene, a nuestro parecer, una directa correspondencia con un objetivo equivocado del Gobierno Aznar, un error que vamos a pagar muy caro: la liberalización del suelo. Amparado en la hipotética finalidad de abaratar el precio de la vivienda, lo que se está produciendo en realidad es una revisión de alcance de los procedimientos y normas de ordenación territorial que han facilitado en la etapa democrática, en miles de municipios españoles, una mejora urbanística en franca ruptura con el caos en el crecimiento urbano de los oscuros tiempos de la dictadura franquista. Liberalizar el suelo al albur de los promotores inmobiliarios y frenar ostensiblemente la protección de la costa son medidas gravísimas que afectan a áreas sensibles del territorio y, a corto, medio y largo plazo, al futuro medioambiental del conjunto del país. Observamos una deriva peligrosa en la política de fondo que no se ve compensada por un incremento teórico de un 15 por ciento en los recursos destinados a la protección de la costa, en los presupuestos a debate.
El señor Ministro admitió que España está fuera de plazo en la trasposición de la directiva comunitaria sobre prevención y control integrados de la contaminación. Debería haberse hecho un esfuerzo superior en esta materia tan sensible para el tema que nos ocupa y esperamos, o exigimos, más diligencia.
Asimismo, en relación a la credibilidad global de los presupuestos presentados por el Ministerio, nos preocupa el nivel de ejecución de compromisos adquiridos respecto a créditos locales. A la entrada del cuarto trimestre del año en curso, el nivel de ejecución no llega, señorías, al 50 por ciento, es de un 46 por ciento, lo que no es un porcentaje tranquilizador, bien al contrario.
El conjunto del presupuesto nos parece falto de equilibrio ya que el hecho de destinar sólo el 10 por ciento a la protección del medio ambiente y del medio natural, y una exigua partida a la lucha contra el cambio climático, se nos antoja muy insuficiente; el desequilibrio en este capítulo es evidente.


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No voy a hacer especial hincapié en el decisivo apartado de las actuaciones hidráulicas a las que el Gobierno afirma que les concede atención prioritaria. Nos asaltan serias dudas porque observamos un déficit enorme en la planificación de regadíos cuando es perfectamente conocido por sus señorías que los regadíos consumen el 80 por cien o el agua total disponible. Algún día, deberá acometerse con seriedad, con responsabilidad política, la cuestión del alegre consumo de agua para regadíos agrícolas en zonas de pluviometría escasa, que ya han dejado exhaustos sus acuíferos. He ahí un ejemplo flagrante de desarrollo insostenible; desarrollo insostenible común en amplias zonas de nuestro país.
Precisamente, las enmiendas de Entesa ponen especial énfasis en la necesidad de inversiones hidráulicas en Cataluña, de carácter urgente en riegos, la acequia de Piñana; en canalizaciones, las rieras del Maresme, causantes de tantas muertes en los últimos años; los encauzamientos, también urgentes, de los ríos Francolí y Llobregat; la conexión desde La Llosa del Cavall con la red de aguas de Barcelona; la depuradora del río Besòs, etcétera.
Profundos conocedores del territorio de Cataluña, corno la mayoría de sus señorías, afirmamos con rotundidad que esas inversiones no contempladas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado no pueden esperar más, porque afectan a intereses vitales de millones de ciudadanos de este país.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha dejado clara su postura en relación al proyecto del Plan Hidrológico Nacional del Gobierno; es una postura muy crítica, como explicitó el Senador de nuestro Grupo, Joan Sabaté, en la comparecencia del señor Ministro en la Comisión de Medio Ambiente hace algunas semanas. Se nos antoja muy peligroso para el conjunto de la sociedad el que se quisiera imponer a partir de la mayoría absoluta del Partido Popular en las Cámaras, y exigimos una reconsideración a fondo del proyecto del Plan Hidrológico Nacional a través del diálogo; ése es un auténtico asunto de Estado por sus inmensas connotaciones sociales, económicas y políticas.
En definitiva, señora Presidenta, señorías, hemos presentado una enmienda de devolución a los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente por las razones expuestas y por una razón más de fondo, el presupuesto debería ser la demostración de la implicación del conjunto de ministerios, no sólo del Ministerio de Medio Ambiente, en la aplicación de una auténtica política transida de valores medioambientales; bien al contrario, por más que nos hemos esforzado, no hemos logrado apreciar esa deriva, lo que va a significar un grave obstáculo para el desarrollo equilibrado que el país necesita.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en el turno de defensa de las propuestas que hemos realizado desde el Grupo Parlamentario Socialista --a este proyecto de ley de presupuestos voy a diferenciar dos momentos. En una primera parte de mi intervención voy a referirme a la propuesta de devolución de los presupuestos y en una segunda explicaré por qué hemos formulado enmiendas de carácter más particular al mismo.
En primer lugar, me gustaría mencionar una cita de un libro muy conocido, «Alicia en el País de las Maravillas», que dice: Si uno no sabe a dónde va, cualquier camino le lleva allí. Es suficientemente ilustrativo como para dejar en evidencia cuál es la política medioambiental que se viene realizando en este país durante los últimos años.
Como he dicho anteriormente, en esta primera parte voy a intentar explicar por qué pensamos que hay que devolver el apartado de Medio Ambiente del proyecto de presupuestos. Hay que reconocer que hay un incremento de más de un 10 por ciento, pero al mismo tiempo hay que decir que este argumento no sirve para validar el contenido de la propuesta que hace el Gobierno. El Ministerio ya lleva cinco años en marcha, y en alguna ocasión hemos dicho que se trataba de un Ministerio que se basaba más en el marketing que en actuaciones concretas; evidentemente, el aumento presupuestario que se propone para este año forma parte de esa táctica.
Reconociendo ese 10 por ciento de aumento en el presupuesto, hay que hablar de la ejecución presupuestaria. En el año 1999 sólo se ha ejecutado un 85 por ciento del presupuesto propuesto y en agosto del año 2000 se había ejecutado en torno a un 38 por ciento. Un ejemplo claro de cuál es la situación de ejecución de este presupuesto puede ser ese posible aumento de dinero que se ha hecho en torno a las subvenciones que el Ministerio de Medio Ambiente otorga a los municipios que tienen parques nacionales. Se han aumentado las cantidades desde el año 1996 hasta ahora, pero se ha hecho porque han sido más los municipios que tienen que recibir esas subvenciones, dado que éstas se han aplicado a otros conceptos dentro de los mismos entornos.
Pero lo realmente sorprendente es que hoy, 14 de diciembre de 2000, las subvenciones del año en curso aún no han sido objeto de una resolución por parte del Ministerio. Por tanto, su argumento sobre que esos argumentos hacen que se a un buen proyecto de presupuestos no es válido porque, luego, no se ejecuta. Tenemos aproximadamente 1.600 millones de pesetas que tendrían que haber sido objeto de resolución, puesto que las iniciativas que deben llevarse a cabo con esa cantidad tendrían que estar resueltas antes del 31 de diciembre del año 2000. Apenas a quince días de esa fecha, aún no se han realizado las resoluciones correspondientes por parte del Ministerio. Luego, existe una contradicción. El supuesto aumento de las partidas presupuestarias no implica que sea un buen presupuesto, porque luego no se cumple y no se ejecuta en su totalidad.
Otra de las razones fundamentales que motivan nuestro rechazo a esta propuesta tiene que ver con el oscurantismo y la falta de objetivos claros. Hay una serie de partidas generales que no se concretan en proyectos específicos, por ejemplo se destinan 34.000 millones para infraestructuras

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hidráulicas y acondicionamientos de ríos pero no se dice cuáles; es decir, el presupuesto queda abierto a una posible clientela institucional que puede ir apareciendo a lo largo del año. Ello, sin duda, deja mucho que decir de la programación necesaria a la hora de actuar en temas medioambientales.
A depuración y saneamiento también se dedica una partida de 13.000 millones, pero tampoco se determina qué se va a hacer. Cuando hemos preguntado al Gobierno sobre este hecho, siempre nos ha dicho que tanto las Comunidades Autónomas como los Ayuntamientos tienen asignadas sus respectivas competencias para la realización del Plan de depuración y saneamiento. Pero, evidentemente, se trata de un Ministerio que tiene competencia en todo el país y que debería de velar para que aquellos objetivos que nos hemos marcado dentro de la Unión Europea se cumplieran a rajatabla, con independencia de que se asuman las competencias respectivas desde las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos. Lo digo así de claro, porque pienso que tiene que ser el Ministerio de Medio Ambiente el que cuide y vele para que esos objetivos del Estado español se cumplan.
Respecto a los fondos europeos, que intervienen también en esta propuesta y que suponen en torno a 140.000 millones, también recaen innumerables dudas sobre cómo se van a aplicar y a qué programas se van a destinar.
Y qué decir de los 17.000 millones que se dedican a la conservación de la naturaleza. De esa cantidad, gran parte se destinará a la red de parques nacionales, por cierto, cuando llegaron ustedes al Gobierno se encontraron con una red de parques nacionales magnífica, pero habría que ver el estado actual de esa red, qué ha hecho con esa punta de lanza que han sido los parques nacionales y lo que podía haberse avanzado con políticas medioambientales en estos cinco años. No se define cuánto dinero va a cada parque, a pesar de que los parques nacionales se gestionan a través de las Comisiones mixtas y de la necesidad de éstas de conocer la estructura presupuestaria para programar el trabajo. Creo que es imposible asumir un trabajo de conservación dentro de un parque nacional si no hay unas partidas predefinidas desde el inicio de los años contables.
Para qué hablar del dinero que se destina a las distintas sociedades de agua, que este año se incrementa en 47.000 millones, lo cual hace que el presupuesto contemplado desde el año 1997 se sitúe en torno a 242.000 millones. En este ámbito también se ha generado una gran confusión, pues no se sabe qué obras se han iniciado, cuáles se van a empezar y cuáles van a terminarse.
Hay otro aspecto que nos obliga a oponernos a esta propuesta de presupuesto, y es la indefinición. Del total de los presupuestos tan sólo un 10 por ciento se dedica a protección y mejora del medio ambiente, y ese porcentaje incluye actividades muy importantes; por ejemplo, atención a la red de parques nacionales, la conservación de la biodiversidad, desarrollo de la estrategia española forestal, lucha contra la erosión y la desertización, la prevención y extinción de incendios, desarrollo del Plan Nacional de Residuos, los suelos contaminados y residuos urbanos, Programa nacional de envases y residuos de envases, acciones frente al cambio climático y a otros objetivos de calidad ambiental. Su propuesta de presupuestos tan sólo dedica a todo ese bloque un 10 por ciento; el resto, sigue estando destinado a obras, como las del área de Aguas y Costas, que fueron decididas por el anterior Ministerio de Obras Públicas y que han sido heredadas. Por lo tanto, el avance que se ha hecho en estos últimos cinco años, que se refleja en un documento de intenciones tan claro como es un presupuesto, me parece tremendamente escaso.
Por ello, creo que esa grandilocuente verborrea con la que frecuentemente se exponen los objetivos ambientales de este país empieza a ser más que un engaño, y conviene evidenciarlo ante la opinión pública. Es más, ese montante de obras que se utiliza como argumento para defender la política ambiental de nuestro país tan sólo supone el 10 por ciento de la financiación que se contempla. Luego, tendríamos que esperar en torno a diez años para poder realizar todas las obras que ustedes han propuesto.
En esta primera parte de mi intervención quiero que entiendan que nuestro rechazo a estos presupuestos no se justifica por el hecho de que seamos la oposición, sino porque realmente creemos que un país como éste, necesitado de una política medioambiental en condiciones, no puede tener unos presupuestos como los que aquí se han presentado. Esa profusión encomiable de discursos a la que nos tienen acostumbrados los responsables medioambientales de este país debería estar respaldada por unas políticas más claras.
Hay una cuestión que quiero evidenciar, y es cuál es la política medioambiental de este país. Para ello, voy a utilizar una cita de un documento que ustedes han elaborado, del anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional. En su página 256 dice expresamente que el concepto de desarrollo sostenible es emergente, y eso deja mucho que decir de la política ambiental de este Gobierno. Según los artículos 2 y 6 del Tratado de Amsterdam, todos los países miembros de la Unión Europea hemos apostado por el desarrollo sostenible. Luego, a estas alturas y en un documento oficial, el desarrollo sostenible no puede ser un concepto emergente, sino que debe ser una realidad en su aplicación. Todas estas razones que les expongo justifican nuestro rechazo a su propuesta de presupuestos.
En la segunda parte me gustaría hablar de las enmiendas que presentamos; es decir, cabría la posibilidad de arreglar, en cierta medida, el desaguisado que supone el presupuesto que nos han presentado.
Las razones por las que presentamos estas enmiendas son dos, fundamentalmente. La primera de ellas, porque pensamos que hay que determinar de forma específica el destino de ese volumen de recursos que el Gobierno mantiene indeterminado, y que en un momento dado se puede pensar que forma parte de la posibilidad de tener instrumentos de cara a una posible clientela institucional. Ahí hablamos de restauración de cauces, de depuración, del control de calidad de las aguas y, cómo no, también del mejoramiento de regadíos. Todo ese tipo de propuestas las recogemos en un bloque de enmiendas que, como digo, tienen por objeto determinar de forma específica cuál va a ser el uso de esos recursos.


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La otra razón es para complementar e incluir políticas de carácter ambiental que consideramos imprescindibles, si realmente queremos hacer un desarrollo sostenible y tener una calidad de vida adecuada en nuestro país. Ahí hablamos de partidas destinadas a la conservación de la biodiversidad, las referencias indudables al cambio climático, la regeneración y rehabilitación de nuestras costas, desarrollo de las Agendas Locales 21, la Red Natura 2000, los distintos planes de residuos que son imprescindibles; en este país aún estamos hablando de distintos planes de residuos, cuando en Unión Europea ya se habla de la utilización de recursos, y no de residuos; luego en eso también estamos un poco atrasados; hablamos también de la regeneración, cómo no, de la cubierta vegetal, del control de la erosión y de una mayor dotación para la red de parques nacionales.
En definitiva, señorías del Partido Popular, lo que queremos es mostrarles nuestra preocupación, porque en este país hay que hacer una auténtica política ambiental, que esté suficientemente dotada y que entre sus preocupaciones esté hacerse con una serie de indicadores ambientales apropiados, que sean capaces de evaluar la política ambiental que venimos realizando en nuestro país.
En el tema de transportes, ya hay indicadores muy apropiados en países como Finlandia e Italia. En el tema de agricultura se ha hecho algo en los Países Bajos, en Suiza, también en Italia, y cómo no, en Inglaterra y en Suecia, donde tienen asumidos ya todos los indicadores ambientales que determinan esa política ambiental.
Después de estos cinco años de política ambiental en nuestro país, de ese Ministerio, yo no quisiera calificar de fracaso notable esa política, sino sencillamente mostrar mi preocupación, que creo que es fundamental.
Un aspecto más al cual tampoco contribuye esta propuesta de presupuesto que ustedes nos hacen es que el Ministerio de Medio Ambiente y la política medioambiental en nuestro país no tienen un carácter transversal; estamos centrados exclusivamente en aplicar una serie de fondos a unos programas muy concretos dentro del Ministerio, y no en incidir en el resto de las políticas que se vienen realizando en nuestro país. Hay que decir esto, sobre todo, cuando la dimensión de lo que es el desarrollo sostenible tiene tres bases, que hay que tener permanentemente en cuenta. La primera, que un desarrollo sostenible tiene que ser económicamente eficaz; la segunda, que socialmente ha de ser equitativo, y la tercera, que ambientalmente tiene que ser soportable. Si entendemos el desarrollo sostenible como tal y lo asumimos en convenios internacionales esto tendría que ser un reflejo de esa aplicación.
Señorías del Partido Popular, en junio del año 2001 se van a definir las nuevas políticas comunitarias, en todos los aspectos, probablemente bajo presidencia española, y sería muy triste que este país aportara tan sólo este bagaje en políticas medioambientales.
Termino tal y como empecé: si uno no sabe a dónde va, cualquier camino le lleva allí. Indudablemente, señorías del Partido Popular, los ciudadanos se empiezan a dar cuenta de que éste no es el país de las maravillas, donde todo va bien, y que la Alicia de este país ha dejado de existir.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bella.
Para turno en contra, por parte del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en lo que se refiere a las enmiendas de veto de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, va a haber una sola argumentación, dado que ambas son idénticas en su texto.
Por lo que se refiere a la intervención del Senador Ganyet, por la Entesa, solamente voy a mencionar una cuestión que no viene reflejada en la enmienda, que es su preocupación por la ley de liberalización del suelo. Yo creo que no es momento para preocuparse por algo que todavía no se ha debatido en el Congreso de los Diputados, y, además, yo que conozco el texto, puedo darle todas las garantías del mundo en el sentido de que aquellos suelos no urbanizables que tengan un grado de protección perfectamente definido, bien por ayuntamientos bien por Comunidades Autónomas, nunca pasarán a ser urbanizables; luego seguirán siendo siempre protegidos.
En lo que se refiere a la enmienda en sí, ésta cuestiona la capacidad inversora correspondiente a los presupuestos de dicha sección, un presupuesto que por otra parte pasa de 368.000 millones de pesetas a 413.500, lo que representa --no podemos olvidarlo-- un incremento del 12,26 por ciento con respecto al anterior ejercicio. Un presupuesto que presenta aumentos significativos en todos sus programas, en los nueve.
Quiere esto decir, señorías, que no podemos, como parece evidente, estar de acuerdo con su afirmación.
Por otra parte, también se indica que esta escasez se hace patente sobre todo en los programas de saneamiento y depuración, así como en los de gestión de infraestructuras de recursos hidráulicos. Pues bien, ambos programas que dependen de la Secretaría de Estado de Aguas y Costas presentan unos incrementos muy sustanciales en sus dotaciones inversoras.
El primero, el 441.A, en su Capítulo 6 --y hablo de inversiones-- aumenta el 5 por ciento, pasando de 43.900 millones de pesetas a 46.100, para el ejercicio 2001. El segundo, el que se refiere a infraestructuras hidráulicas, tiene un incremento en sus inversiones --repito, Capítulo 6-- de un 25 por ciento, pasando de 140.800 millones de pesetas en el ejercicio 2000 a 175.922 en el 2001, es decir, el que hoy estamos debatiendo. Por tanto, estamos hablando de una inversión genérica en el sector del agua de 222.000 millones de pesetas.
Se mencionó aquí el grado de ejecución de las obras correspondientes al ejercicio 2000, y les recuerdo que el grado de ejecución se comprueba el último día del mes de enero, luego todavía podemos estar hablando de que el grado de ejecución puede estar en torno al 90/95 por ciento.
También creo que es muy conveniente, hablando de inversiones, tener presente que el Ministerio de Medio Ambiente tiene un instrumento muy importante para las mismas,

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como son las sociedades estatales del agua. Las diez que existen en este momento tienen programadas para el 2001 una inversión de más de 194.000 millones de pesetas, lo que representa un incremento sobre el ejercicio actual del 121 por ciento. Globalmente, por tanto, si consolidamos las inversiones del Estado, organismos autónomos y sociedades estatales, estamos hablando de una cifra que ronda los 416.000 millones de pesetas en el sector genérico del agua. Por tanto, creo que bajo ningún concepto podemos tachar de infradotada presupuestariamente la política de este departamento.
El texto del veto menciona también la falta de definición por parte del Ministerio hacia los planes de saneamiento y depuración. Como ustedes saben, señorías, el saneamiento y la depuración son competencia de las Comunidades Autónomas y de los municipios; no obstante el Estado adquirió un compromiso con el Plan de Saneamiento de ejecutar, bien por vía directa bien facilitando fondos europeos, hasta un total de 472.000 millones de pesetas; hoy, bien en obras ya terminadas o en fase de ejecución, estamos hablando de 410.000 millones de pesetas; por lo tanto en estos momentos, señorías, estamos en un grado de cumplimiento del 90 por ciento sobre la cantidad comprometida por parte del Estado.
Es por ello evidente que la Administración Central se preocupa, porque desde ella se impulsan los programas de saneamiento y su depuración que, repito, no son de su competencia.
En lo que se refiere a la política de costas, aquí se mencionó también el presupuesto del Programa 414.C, que no sólo no ha disminuido, sino que aumenta un 15,62 por ciento. Se afirma también por parte de los Senadores enmendantes que la protección y mejora del medio ambiente no experimenta variación alguna, cuando los programas de mejora del medio ambiente y del medio natural experimentan un aumento del 1,94 por ciento y del 16,25 por ciento con respecto al ejercicio 2000.
Lo mismo se afirma con respecto al Plan Nacional de Residuos, para el que vienen consignados 6.140 millones de pesetas, y estamos otra vez en el mismo caso, señorías: son competencias de las Comunidades Autónomas y de los municipios. No obstante, el dinero a invertir en este campo en su mayor parte no vendrá ni de las Comunidades Autónomas, ni de los municipios, ni del propio Ministerio; vendrá de Fondos de Cohesión, como ustedes bien saben. Pero las Comunidades Autónomas se deben de responsabilizar de hacer los proyectos correspondientes y de presentarlos al Ministerio para ser candidatos a recibir esos fondos europeos.
Respecto al cambio climático, es cierto lo que ustedes afirman de que no se establece en partida presupuestaria específica una actuación sobre ese tipo, ni entendemos que sea necesario. El cambio climático no obedece únicamente a acciones sobre las que exista un control competencial del Ministerio de Medio Ambiente, sino que su labor será la de coordinar a todos aquellos que tengan responsabilidad sobre otras muchas actividades, como son el transporte, la industria, la energía, etcétera. Se mencionó aquí una política transversal, y el Ministerio de Medio Ambiente ya actúa con esta prevención en los asuntos en los que tiene algún tipo de actuación directa, como es, por facilitarle algún ejemplo, en el sellado de vertederos para evitar las emisiones de gas metano, uno de los causantes del efecto invernadero; no es uno de los mayores, probablemente uno de los menores, pero sin lugar a dudas uno de los causantes. El plan nacional forestal también está concebido, entre otros aspectos, para actuar como sumidero de CO2. Por consiguiente, señorías, entendemos que lo que es exigible en estos momentos al Ministerio de Medio Ambiente ya se está haciendo, sin que sea necesaria una partida presupuestaria específica para ello.
En cuanto a política forestal, la partida son 15.000 millones de pesetas, 4.000 más para el control de la erosión y la lucha contra la desertificación. Podría ser más, nos gustaría que fuera más, yo creo que es una partida razonable, pero una vez más, y no quiero volver a mencionarlo, estamos hablando de competencias de Comunidades Autónomas.
No se puede olvidar que las actuaciones más relevantes de cara al Ministerio serán el trabajar en la lucha contra los incendios forestales en coordinación con las Autonomías, la restauración hidrológico forestal, la lucha contra la desertización y, por supuesto, el elaborar la nueva ley de montes y plan nacional forestal.
Respecto a los parques nacionales, el incremento del presupuesto es el mayor y dentro de alguno de los programas supera el 40 por ciento. Su objetivo principal es completar las infraestructuras consolidando el modelo de cogestión con las Comunidades Autónomas, potenciar el conocimiento por parte de los ciudadanos de estos parques naturales, y el desarrollo socioeconómico de las poblaciones situadas en sus entornos. En esta línea, entendemos que este proyecto de presupuestos ha sido mejorado por una enmienda del Grupo Parlamentario Popular, que asigna 500 millones de pesetas para la Fundación Parques Nacionales de España, constituida al objeto de mejorar la difusión y potenciación de los parques nacionales.
En lo que se refiere a la enmienda de veto de los Senadores Cámara y Cabrero, debo resaltar en primer lugar que, según el texto de la enmienda, los señores Senadores detectan una gran presencia de actuaciones en obras hidráulicas en este proyecto de presupuestos.
Señores Senadores, estoy absolutamente de acuerdo con ustedes. Parece ser que alguien de algún grupo parlamentario de la oposición reconoce el gran esfuerzo inversor que existe en los presupuestos del Ministerio de Medio Ambiente. Con lo que, por supuesto, no puedo estar de acuerdo con los enmendantes es en que se atribuya una nula utilidad social a las obras hidráulicas, en particular, a los embalses, y en que se acuse al Ministerio de Medio Ambiente como el principal agresor del medio ambiente, precisamente por ser el responsable de la construcción de este tipo de obras. Entiendo, señores Senadores, que ustedes confunden las necesidades genéricas sobre defensa y protección del medio con las competencias atribuidas al Ministerio.
Por otra parte, no se puede establecer una identificación lineal entre infraestructuras como elemento de agresión al medio ambiente. Además, señorías, yo les preguntaría ¿cómo sin obras de regulación se puede suministrar agua

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potable a los ciudadanos y riego a los cultivos en una país donde las lluvias tienen un marcado carácter estacional y territorial? Si hoy no existieran embalses de regulación de caudales en España, no podrían beber más del 8 por ciento de los ciudadanos. En cuanto a que sea el Ministerio de Medio Ambiente y no otro el responsable de su construcción, es precisamente por el compromiso que existe por parte del Gobierno del Partido Popular de que, dada la influencia que tiene en el medio natural la construcción de los mismos, se logre un equilibrio entre su indudable necesidad y el impacto que producen, tratando de reducirlo al mínimo posible.
En su emienda a la totalidad menciona también la escasez de partidas para políticas activas, como por ejemplo, depuración, saneamiento, etcétera, para lo que creo que sirve la argumentación que acabo de hacer a la enmienda de la Entesa y del Grupo Parlamentario Socialista, y también para transferencias a las Comunidades Autónomas para residuos urbanos o suelos contaminados. Bien es cierto, por otra parte, que hay que reconocer que siempre habrá una escasez de recursos para todas las necesidades que se considere necesario abordar. Y ésta es precisamente una de las razones por las que se crearon las sociedades estatales del agua, para la construcción y explotación de infraestructuras hidráulicas, cuya financiación no podría abordarse por los sistemas tradicionales.
Unas sociedades estatales a las que usted acusa de opacidad y oscurantismo en la gestión de los fondos públicos, acusación que no se sostiene pues sus procedimientos de contratación están sujetos a los principios de publicidad y concurrencia como cualquier Administración, estando su gestión fiscalizada por el Tribunal de Cuentas.
Habla también de partidas escasas para los parques nacionales, cuando la dotación presupuestaria ha sido una de las que presentan un mayor incremento. Cree que hay demasiadas actuaciones en costas; ya veo que a usted, señor Cámara, en particular, no le gustan. Menciona la partida de meteorología, que sufre un incremento del 9,22 por ciento, con un capítulo importante de 1.000 millones de pesetas para mejoras en sistemas tecnológicos de la meteorología y formación de su personal.
Por otro lado, se ha mencionado antes una cuestión planteada en la enmienda de veto de la Entesa Catalana y el Grupo Parlamentario Socialista, que es la escasa cuantificación del Plan Hidrológico Nacional, únicamente 25 millones de pesetas. Ustedes saben perfectamente que el Plan Hidrológico Nacional hoy por hoy es un proyecto y no está aprobado. Estos 25 millones están dedicados a algún tipo de estudios que tengan que ver con el mismo. Y yo les pregunto qué dirían ustedes si nosotros trajéramos ya el programa completo de inversiones de un plan que no se ha aprobado. Dirían que somos inflexibles, que intentamos ejercer el rodillo y, por tanto, no se incluye aquí. Aunque si de lo que se trata es de que ustedes se suban al carro del Plan Hidrológico Nacional de acuerdo con las inversiones que traiga consigo, creo que vamos a estar en el mismo sitio dentro de poco porque, como ustedes sabrán perfectamente, existe un anexo en el que hay tres billones de pesetas para inversión paralelo al Plan Hidrológico Nacional. De esta cantidad, le recuerdo al Senador de la Entesa que hay un billón de pesetas dedicado a mejora y modernización de regadíos. Estamos hablando, por tanto, de una mejor gestión del agua. Bienvenidos al club de defensa del Plan Hidrológico Nacional.
Y en lo que se refiere a la enmienda de veto, coincido con el planteamiento del Senador socialista y no tiene mucho sentido al día de hoy hablar del desarrollo sostenible como un concepto emergente.
Evidentemente no lo es, porque tiene ya un tiempo.
En cuanto a las enmiendas particulares del Grupo Parlamentario Socialista, concretamente las números 746 a 757, han sido rechazadas. La números 747 y 748 reflejan una baja en el programa 512.A, que es un programa de los mejor dotados del presupuesto con 213.000 millones de pesetas, pero no abarca todas las actuaciones que ustedes consideran conveniente, y proponen cambiar unas por otras sin justificarlo. Las enmiendas números 754 y 757 no justifican la prioridad, y las números 749 a 756 dan de baja unas partidas en la Sección 31, en el Programa 633.A, que no es posible reducir, y así se les explicó ya en la Comisión de Presupuestos.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés números 391 a 396 dan de baja también el Programa 633.A, que no se puede reducir en estos momentos.
Las enmiendas números 438 a 441 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria intentan afectar también a este Programa 633.A de la Sección 31, independientemente de que un examen del convenio con Canarias exigiría una revisión de sus cláusulas, lo que no sería objeto de este tipo de enmiendas.
En cuanto a las enmiendas de los señores Cabrero Palomares y Cámara Fernández igualmente afectan al mismo programa. Las números 236 a 245 y de la 205 a 212 únicamente cambian el tipo de actuaciones sin justificar las prioridades. En estos momentos, va a seguir defendiendo nuestro planteamiento el Senador Llanos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Senador Llanos, su señoría sólo dispone de ocho segundos. Tiene la palabra.


El señor LLANOS VERA: Muchas gracias, señora Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente aunque sólo sea para contestar al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Como bien decía el Senador de este Grupo, la Ley de Costas, efectivamente, depende del Ministerio de Medio Ambiente.
Respecto a las dos enmiendas números 983 y 985, con cargo a los Programas 441.A y 443.D he de decir que no proceden, y tenemos que desestimarlas, entre otras cosas, por no ser objeto de enmienda la mencionada Memoria.
Con relación a las dos compañeras que han intervenido por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, respecto a su propuesta de alta en la Sección 23 con baja en la Sección 31, aunque no son cantidades importantes

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son suficientes, y quiero decirles que, como ustedes saben muy bien, la adaptación presupuestaria se fija por orden prioritario y todo lo que afecte a la Sección 31, Programa 633, puede considerarse como un cajón de sastre, porque está reservado para todos los imprevistos que puedan surgir durante el ejercicio 2001 y, como consecuencia, una baja en dicha dotación podría comprometer el déficit previsto, con lo cual les informamos que votaremos desfavorablemente.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la dialéctica política en la forma de debatir estos presupuestos sirve para un cosido y para un bordado. En Comisión no hay tiempo para discutir en profundidad los temas concretos que proponen diferentes grupos parlamentarios de esta Cámara, los Senadores de Comunidades Autónomas y para abordar problemas determinados cuya solución es posible. En Comisión estamos a expensas de que la mayoría absoluta, como ocurre en esta Cámara, tenga una actitud benevolente hacia alguna enmienda de algún grupo y presente alguna transacción, etcétera. Después, en el Pleno, a machamartillo, con una presión increíble, hacemos discursos genéricos --incluido el mío-- para agilizar el debate porque el tiempo apremia y ustedes leen los discursos preparados con anterioridad que no tienen nada que ver con lo planteado desde los escaños de la oposición. Por tanto, el debate político en unas ocasiones es interesante, pero otras es bastante aburrido.
Señoría, usted ha contestado a lo que le interesa, pero no a cuestiones concretas. Me imagino que detrás de sus palabras se encuentra el Ministerio y, puesto que lo que aquí se diga se podrá leer en el «Diario de Sesiones», el Ministro de Medio Ambiente deberá responder a preguntas determinadas que conoce perfectamente, pero a las que usted no ha contestado.
Su señoría afirma de forma despectiva --eso me ha parecido y no se lo digo con acritud-- que a mí no me gustan las actuaciones en las costas. Y se ha quedado tan pancho. ¿A qué actuaciones se refiere? Yo he hablado de una forma de actuar en la costa, en las playas, y en muchas enmiendas se habla de ello de forma positiva, pero he mencionado un hecho negativo, y es que la regeneración de las playas, quitando arena de un lado para colocarla en otro, además de inútil es antiecológico, y así lo afirman expertos de toda índole. Pero si usted me dice que a mí no me gustan estas actuaciones, le contesto que por mi experiencia en Baleares efectivamente no me gustan nada, y no me refiero exclusivamente a estas islas, también a otros lugares de España. Por tanto, se trata lógicamente de actuar positivamente, porque hace falta hacerlo, en algunas costas, no en todas.
Con respecto a ese discurso genérico que contempla de una forma bastante ilusionante, entre comillas, la actuación del Gobierno en esta materia, quiero preguntarle en qué proporción exacta nos hemos acercado a las recomendaciones de organismos internacionales y de compromisos adquiridos por España, por ejemplo, en Kyoto. ¿Estamos más o menos alejados de esas recomendaciones? Y permítame que le diga que no he mencionado tantas cosas como usted ha dicho respecto a las sociedades estatales. Lo que he dicho es que la posición de Izquierda Unida desde hace un tiempo es que existe más confusión y la gestión de los fondos públicos se hace cada vez más opaca, es cierto, pero no la retahíla de descalificaciones que usted me ha atribuido.
Voy a seguir defendiendo el veto y las enmiendas que hemos presentado y, por cierto, por coherencia con algunas cuestiones que he mencionado, tengo que repetir que no me he referido sólo a Baleares al hablar de las actuaciones en costas, también a las de Barcelona, Málaga, etcétera; compruebe usted las enmiendas que sobre esta cuestión mi grupo tiene presentadas aunque ustedes, lógicamente, ya han dicho que las van a rechazar. De todas formas, seguiremos insistiendo, somos corredores de fondo para hoy, mañana y pasado, es decir, que en los años próximos nos encontrarán --si los electores y las condiciones físicas nos lo permiten-- para continuar con nuestra política, aunque ustedes la descalifiquen de una forma tan somera.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
¿Desea intervenir el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Siento decirlo, pero nos encontramos ante un panorama absolutamente desolador. Nuevamente el Grupo Parlamentario Popular no acepta ninguna enmienda, de ningún grupo, en ningún momento ni en ningún lugar.
No le digo que nosotros tengamos toda la razón, pero es que ustedes tampoco la tienen. No solamente el PNV no la tiene, tampoco el Partido Socialista, Entesa Catalana, etcétera, nadie, absolutamente nadie tiene inquietudes intelectuales que plasmar en los presupuestos, en las diferentes secciones y programas. Ninguna enmienda tiene contenido y todas se rechazan. Desde luego, intelectualmente, eso es rozar el absurdo. Eso es imposible intelectualmente.
Ustedes pueden hacer un ejercicio de crítica a nuestras enmiendas, pero han de tener agilidad política, porque la política es cruce de ideas para intentar llegar a acuerdos. No es decir que no aceptan ninguna enmienda.
Entiendo que no las puedan aceptar porque ustedes tienen legítimamente la mayoría, pero no aceptar ninguna enmienda de ningún grupo, ninguna cantidad, cualquiera que sea el objetivo, en ningún lugar ni en ningún momento, eso, políticamente, denota un talante que no es bueno, señor Llanos.
Nosotros no hemos presentado un veto. Les hemos respetado las cifras y las grandes magnitudes. Les hemos respetado los programas, les hemos respetado las acciones.


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Hemos presentado un conjunto pequenísimo de acciones que afectan al 0,01 por ciento de las suyas. Pues, no, no aceptan absolutamente nada. Pero no sólo es respecto al PNV, con el que más o menos pueden tener discrepancias políticas. Tienen el mismo talante con otros grupos políticos con los que ustedes pactan otro tipo de iniciativas y no aceptan ninguna inquietud intelectual de plasmación de acciones públicas en el presupuesto. Pero eso, políticamente, es muy serio y denota una rigidez de movimiento político total. Y ésa no es la forma de operar parlamentariamente.
¿Qué le voy a decir? Han dicho ustedes que el presupuesto es de 416.000 millones de pesetas. ¿Sabe qué montante representan 1as enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? El 0,0001 por ciento de sus presupuestos, eso es lo que representan nuestras enmiendas. Pero ni así, no se acepta ninguna y de ninguna manera. Y eso, la verdad, es lamentable políticamente.
Y le diré también otra cosa. Argumenta usted que esto afecta al déficit público. ¿Quién le ha dicho a usted eso? Cuando nosotros presentamos una enmienda, mantenemos el equilibrio presupuestario. La legalidad parlamentaria, que se sustancia y fundamenta en el Reglamento de la Cámara, exige que, respecto a las enmiendas de gasto a una determinada sección del presupuesto, para un programa concreto y en su respectivo capítulo presupuestario, las altas tienen que tener una contrapartida en la misma sección.
Pues bien, la costumbre parlamentaria ha llevado a aceptar políticamente desde los tiempos en que gobernaba el Partido Socialista que se pudiera imputar un alta sobre la base de la Sección 31. Y ésta es una práctica que no es que nos beneficie a nosotros, es que les beneficia a ustedes.
Quizás usted no estuviera, pero lo pongo en su conocimiento. En la legislatura pasada, el Grupo Popular, que también gobernaba en la Cámara, presentó enmiendas transaccionales, con otro talante en aquellos tiempos, de acuerdo con otros grupos políticos, imputando el coste presupuestario a la Sección 31. Y es que a ustedes les viene bien políticamente.
Por tanto, ese argumento no tiene ninguna consistencia política ni jurídica. La Sección 31 es así porque cuando mandaba el Partido Socialista, como ahora al Partido Popular, le interesaba. ¿Por qué? Por las rigideces que pueden ocasionar las bajas en las secciones correspondientes, por lo que dicha cantidad va a la Sección 31, de imprevistos, que es el cajón de sastre. Eso le beneficia al Gobierno.
Luego, no me diga que afecta al déficit público. No afecta en la medida en que, si incrementamos un gasto en una determinada partida, presentamos, de conformidad con la legalidad parlamentaria, la correspondiente baja. Luego, se mantiene el mismo equilibrio presupuestario.
Otra cosa es que me diga que, debido al Pacto de Estabilidad y al cumplimiento de los requisitos de convergencia y del mantenimiento de los cuatro parámetros en el sistema monetario europeo, a usted le hayan dicho que las inversiones en activos financieros del Capítulo 8 o del Capítulo 7, de transferencias de inversiones, afectan al déficit público. Pero, para este caso, ése es un argumento simplemente formal. Estamos hablando del mismo escenario y de las mismas grandes magnitudes. Por tanto, no puedo aceptar esas argumentaciones.
Y le invitaríamos a que usted conozca la realidad. Me lo decían las Senadoras Etxegoyen y Loroño. Venga usted a conocer la realidad geográfica y física de Txorrokopunta, en Mundaka, y Saturrarán, en Mutriku. Ya verá que los 155 millones de pesetas que pedimos para la regeneración de esos maravillosos espacios geográficos y físicos en el litoral vasco merecen verdaderamente la pena.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
En nombre del Grupo Entesa Catalana, tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, a la vista del desarrollo del debate sobre la Sección 23, Medio Ambiente, y, en especial, de las palabras del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, este Senador llega a una conclusión decepcionante.
Nos damos de bruces contra una nueva ocasión perdida, no tanto para el Senado, ni para el Grupo Popular, ni para el Gobierno. Es una ocasión perdida para el conjunto de la sociedad.
El golpe de timón, el cambio de dirección del Ministerio de Medio Ambiente y, por extensión, del conjunto de la acción gubernamental no tendrá lugar tampoco durante el año 2001, a pesar de algunos incrementos de partidas. No vamos a entrar en el siglo XXI con la política medioambiental que reclama la parte más sensible de la ciudadanía y que necesita el país, un país, señorías, que está en e1 furgón de cola de Europa en estas materias.
Con la aplicación de los presupuestos que van a aprobarse, no conocerán ni España ni las Comunidades Autónomas los impulsos que demanda la compleja situación del medio ambiente en nuestro país. Son unos presupuestos de continuidad, que no se enfrentan con decisión --y lo digo con toda rotundidad-- a la problemática de la creciente generación de residuos, ni a la contaminación, ni a las necesidades de la red de parques nacionales, ni a los retos de preservación de la biodiversidad.
Sabemos perfectamente que no se trata de temas sencillos. Son muy complejos todos y cada uno de ellos. Pero no observamos los cambios de actitud, los cambios de fondo que se nos antojan urgentes, a pesar de las palabras del portavoz del Partido Popular.
Por otra parte, nos preocupa sobremanera la relajación que existe en las medidas de protección de las costas, a pesar del dinero dirigido a tal fin --me he referido a ello con anterioridad--, porque no hablamos, señoría, aunque estemos en el debate de los presupuestos, sólo de dinero, sino que hablamos también de conceptos políticos, hablamos también de filosofía política que inspira las acciones administrativas.
Ese cambio de actitud, ese cambio de fondo no existe tampoco respecto a Cataluña. No hemos encontrado ninguna receptividad a nuestras enmiendas sobre inversiones urgentes en el Principado. Son presupuestos lastrados, además,

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por los profundos desacuerdos desencadenados en España a causa de la pésima conducción por parte del Gobierno del debate en la sociedad sobre el Plan Hidrológico Nacional. Deben, señores del PP, mostrarse mucho más receptivos en torno a un tema crucial para el futuro de nuestro país.
Escuchen el consejo bienintencionado de este Senador y del Grupo Entesa, quienes están en contra del Plan Hidrológico Nacional. No se encastillen en la defensa numantina de su proyecto, porque el país no lo quiere en su forma actual. Negocien, porque aún están a tiempo. No fuercen la situación.
Señoría --ahora me dirijo directamente al portavoz del Grupo Popular--, ¿puede refrendarme en el turno de portavoces que no se va a aprobar ninguna de las enmiendas presentadas por Entesa para Cataluña que afectan a intereses vitales de millones de ciudadanos? ¿Puede argumentarme por qué razones no se van a aprobar las enmiendas referidas a la acequia de Piñana, a las canalizaciones de las rieras del Maresme, causantes de tantas muertes, como he dicho antes, a los encauzamientos de los ríos Francolí y Llobregat, a la Conexión del pantano de La Llosa del Cavall con la red de aguas de Barcelona, a la depuradora del Besòs? ¿Puede argumentarme por qué no admite ninguna de estas enmiendas, como ninguna de las enmiendas de ningún otro grupo? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Le repito la página, señor portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la página 256 de su anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional trata del concepto de desarrollo sostenible como un concepto emergente, lo dicen ustedes; revísenlo; lo dicen ustedes en un documento oficial, después de haber firmado el Tratado de Amsterdam, en cuyos artículos 2 y 6 se reconoce que tenemos que hacer una política medioambiental sostenible.
Desearíamos, sin duda alguna, que la política que se realice desde el Ministerio, de la que un fiel reflejo es el proyecto de presupuestos, fuera una política compartida con las sensibilidades que aportan el resto de los grupos políticos y que también forman parte de la sociedad. No cabe, hoy por hoy, una política medioambiental sectaria, una política medioambiental en la que no se tenga en cuenta al conjunto de la sociedad. Contar con el resto de las opiniones forma parte también del concepto de desarrollo sostenible, que ustedes, al parecer, no se han enterado de que ya es una realidad.
No quiero redundar en los distintos argumentos que los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra han aportado, ya que no van a admitir ninguna de las propuestas que les hacen, ni por activa ni por pasiva. Me gustaría que estos presupuestos tuvieran un, carácter sostenible y que al mismo tiempo fueran innovadores, tal y como corresponde al definir políticas ambientales de cara al siglo XXI, y ¿por qué no? que fueran también modélicos y equilibrados. Pero ustedes no están por aportar nada de cara al siglo XXI, señorías del Grupo Parlamentario Popular. Ustedes pensaron que era suficiente con el mero hecho de crear un Ministerio de Medio Ambiente, ponerle una fachada bonita y decir que ya se habían vestido de verde, y no pensaron en ningún momento que eso suponía asumir unos retos que realmente tienen serias dificultades. ¿Qué van a decir ustedes cuando les planteen que a partir de ahora --y eso se va a ver en las políticas europeas-- no se va a definir primero el desarrollo económico y posteriormente aplicar medidas de restricción ambiental, sino que, al revés, en primer lugar se van a definir objetivos ambientales y luego habrá que propiciar un desarrollo que favorezca dichos objetivos? Me gustaría ver la cara que ponen los responsables de su Ministerio cuando le pongan ese planteamiento encima de la mesa dentro de seis meses.
Creo que ustedes no entienden de indicadores, ustedes no hablan de una nueva fiscalidad en torno al medio ambiente; con estos presupuestos no propician absolutamente nada, están totalmente ajenos, como les decía al principio, viviendo en el país de las maravillas, donde todo va bien y, por tanto, no hay que preocuparse absolutamente de nada. Están aplicando una fórmula muy tradicional a los presupuestos del medio ambiente, de ahí nuestro rechazo. No tiene sentido que en pleno siglo XXI sigan aportando una fórmula tradicional que no es más que la herencia de los presupuestos de otros ministerios. Tendrían que incidir más en esas políticas de conservación, que son fundamentales y es lo que da identidad al propio Ministerio. No utilicen el Ministerio y las políticas de medio ambiente como un mero escaparate; esa historia se ha acabado; después de cinco años no hay ningún ciudadano en este país, ecologista o no que no entienda que tienen que hacer una política de verdad.
Hay un argumento que utilizan frecuentemente y que me gustaría que lo dejaran de emplear. Yo recuerdo cuando la Ministra, señora Tocino, al día siguiente del accidente de Aznalcóllar salió diciendo que habían salvado Doñana. Desde entonces hasta ahora fíjense lo que ha llovido. No había salvado nada, había pensado que la competencia del Ministerio se tenía que restringir exclusivamente al terreno que administrativamente pertenece al parque nacional, pero también estaba todo su entorno, y posteriormente este país tuvo que dar la cara fuera.
Sería difícil que desde aquí pudiéramos insistirle al Gobierno en que asumiera su responsabilidad medioambiental presentando unos presupuestos adecuados, pero lo que sí podemos hacer es insistirles a ustedes, señorías del Grupo Parlamentario Popular, para que aprovecharan su capacidad de influencia y modificaran esta propuesta que no es correcta y que no tiene el beneplácito de ningún otro grupo de la Cámara.
Le pongo un ejemplo que han aireado en muchas ocasiones: Programa Doñana, 2005. El Secretario de Estado de Aguas, en su comparecencia ante la Comisión de Presupuestos de esta Cámara, dijo que ese programa se iba a llevar a cabo, y en concreto, para la ejecución de la obra de restauración del Arroyo del Partido disponían de 2.000 millones

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de pesetas en este año 2001. El Presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, en la última sesión del Patronato del Parque Nacional, del que el señor Ministro es Presidente, dijo que en el año 2002 probablemente estaría finalizado el proyecto. Así que, no nos argumente usted con más números, no se trata de números, se trata de intenciones y de objetivos claros, y esos objetivos claros son los que ustedes no tienen, y por tanto no pueden responder con números a unos objetivos que en absoluto están claros.
No insista más, nos vuelve a decir que si embalses sí o que si embalses no. En el año 1995, en Madrid se ahorraron 100 hectómetros cúbicos de agua en una campaña de ahorro; no me hable de que las lluvias vienen y van, eso lo sabemos, y van a seguir viniendo, y ese problema no lo va a arreglar el Plan Hidrológico Nacional, pero se ahorraron 100 hectómetros cúbicos de agua. Estudien bien cuál es la demanda, no hablen sólo de soluciones que nosotros no tenemos que aportar, ustedes son Gobierno, y son ustedes quienes lo tienen que resolver.
Parques Nacionales, la joya de la corona. Se les llena la boca hablando de parques nacionales, señores del Partido Popular. Les he dicho antes que recogieron una red magnífica de parques nacionales, muy representativa de todos los ecosistemas que tenemos en este país. ¿Qué han hecho con ella? ¿En qué ha evolucionado? ¿Cuántos parques nacionales de este país tienen problemas de competencia y de gestión actualmente? Han transcurrido cinco años y vean cuál es el panorama. La foto fija en absoluto se parece a aquella que se hizo en el año 1996 o a la que se hizo después de aprobar la Ley de Espacios Protegidos en este país.
Dicen ustedes: hemos aumentado las subvenciones a los municipios, a las familias sin ánimo de lucro, a las ONGs, etcétera. No están ustedes aumentando en la proporción que se debiera. Desde el año 1996 y hasta ahora, los municipios que reciben subvenciones, han pasado de cuarenta a ochenta. Tenga en cuenta que el Parque Nacional de Sierra Nevada tiene cuarenta y tres municipios que reciben subvenciones, por lo que los municipios están recibiendo menos dinero que en el año 1996. Ese tipo de explicaciones son las que ustedes deberían dar para llegar a tiempo.
Antes le han dejado sólo ocho segundos, como le decía la señora Presidenta, yo creo que tienen menos tiempo para intentar coger el tren que se avecina y hacer de la política medioambiental de este país una auténtica política medioambiental, y esta oportunidad la pierden. Podrían aprovechar la capacidad de influencia que tienen como grupo parlamentario para enmendar más al Gobierno, porque realmente merece la pena. Es un debate en el que vamos a estar metidos muy de lleno en los próximos años, y ustedes no lo quieren ver de esa manera.
Le decía que la sostenibilidad está en la base de todo esto, y en los presupuestos también se puede ver. Los presupuestos que ustedes presentan, económicamente no son eficaces; hay confusiones de números y de porcentajes; socialmente, no son equitativos, no responden igual a todos los territorios de este país, y ambientalmente, permítanme que se lo diga, no son soportables. Por tanto, no hablan de desarrollo sostenible creyéndoselo, sino que hablan de algo totalmente distinto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Finalizamos con el turno del Grupo Parlamentario Popular. Para hacer uso de él, tiene la palabra el Senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
En lo que se refiere a las manifestaciones del portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, yo creo que los argumentos anteriores del Senador Llanos han sido tan claros y concisos que no merece la pena que yo abunde en ellos. Unicamente, recordarles, al acusarnos de intransigencia, que precisamente en el día de ayer, si no me equivoco, en la Sección 18 se admitió una enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, ya le he reconocido que a mí no me parece apropiado hablar del desarrollo sostenible como un concepto emergente, se lo he reconocido una vez y se lo reconozco dos, no tengo ningún inconveniente, y no creo que eso sea cuestión de debate en estos momentos.
Habla usted de una serie de cuestiones. Me acusa de que mi intervención ha sido una correlación de argumentos numéricos y que he hablado poco de objetivos y de filosofía. Estamos en el debate de presupuestos, y está clarísimo que tienen una carga ideológica fundamental y una carga política importante, es seguramente el proyecto que más la tiene. Pero si yo hubiera hecho un discurso exclusivamente sobre objetivos, hablando del interés que tiene el Ministerio de Medio Ambiente por la conservación de la biodiversidad, la calidad de las aguas, o por una buena gestión del agua, usted me habría dicho que obras son amores y que concretara de alguna forma ese interés por parte del Gobierno y del Ministerio de Medio Ambiente. Precisamente por eso yo he hablado de obras y de dinero --obras son amores--, porque, evidentemente, cuando hay interés se prevén las partidas presupuestarias para solucionar los problemas que tenemos sobre la mesa y para ejercer esas políticas.
En lo que se refiere a los planteamientos del Grupo Entesa Catalana de Progrés, el Senador Ganyet nos recomienda que seamos receptivos al Plan Hidrológico Nacional. En ese sentido, el señor Ministro ha dicho varias veces en la Comisión de la que usted forma parte que existe el ánimo de negociar al respecto. Como usted bien sabe, se han presentado varios miles de alegaciones al Plan Hidrológico, de las cuales aproximadamente hay entre 100 y 200 diferentes, que se están estudiando, y vamos a intentar aceptar las más posibles. En cualquier caso, repito que existe el ánimo claro por parte del Gobierno de negociar con todos --insisto, con todos-- el Plan Hidrológico Nacional. Y por nuestra parte, señor Ganyet, creo que no es necesario ningún cambio de actitud; siempre estamos abiertos al diálogo.


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Por otro lado, usted me ha dicho que yo tengo que argumentar mis planteamientos sobre sus enmiendas. A ese respecto, creo que en este debate ustedes están caminando con el paso cambiado, porque nosotros somos el Grupo que sostiene y soporta el Gobierno y nos gustan estos presupuestos. Por tanto, creo que deben ser ustedes quienes argumenten sus Enmiendas, no nosotros. Porque es muy fácil poner sobre la mesa 20, 30 ó 40 enmiendas --que en el caso de su Grupo se refieren a 13 proyectos por valor de 19.500 millones-- y justificarlas por la necesidad de la inversión. ¿Cree usted que debo ser yo quien busque los 13 proyectos, los estudie, y le diga que, en mi opinión, tienen menos prioridad que los que se prevén en los presupuestos? Trabajen en ese sentido un poco más, porque se han presentado 13 o 14 enmiendas por parte de su Grupo, 29 enmiendas en el caso del Grupo Socialista, pero de ellas sólo puedo leer el título, y en la mayoría de los casos deberíamos suprimir algunas actuaciones para incluir las suyas, que repito que no tienen otra justificación que la necesidad de la inversión. Así pues, vuelvo a insistir en que en este caso debemos cambiar el paso.
Por lo que respecta al Senador Cámara, le pediría que me disculpara si en algún momento ha podido ver por mi parte una actitud despectiva, porque no la ha habido en ningún momento. Lo que ocurre es que a veces uno calcula mal su tiempo, y como se me agotaba cuando debía contestar a las enmiendas puntuales, he pasado sobre ellas a la carrera. Pero repito que no ha habido ninguna actitud despectiva hacia usted, hacia su Grupo y, como es lógico, hacia sus enmiendas.
Si le he dicho que a usted no le gustaba lo presupuestado en materia de costas es porque su señoría ha propuesto algún tipo de baja respecto de esas actuaciones. Ya me ha explicado usted los motivos para ello, y me parece correcta su opinión; es la suya, pero no la nuestra, evidentemente. También le he dicho que a usted no le gustaba casi nada, y precisamente su señoría acaba de decir que no le gusta ninguna de las actuaciones del Ministerio en las islas Baleares. Pero me da la impresión, señor Cámara, de que a ustedes no les va muy mal en las islas Baleares con este presupuesto y con este Ministro, porque e1 programa de inversiones se incrementa en un 80,2 por ciento de 2000 a 2001.
Enhorabuena, porque un 80,2 por ciento es un incremento llamativo. Les felicito. Sin embargo, en varias de sus enmiendas que se refieren a obras plurianuales, algunas de ellas a cuatro años, lo que usted propone es solicitar la cantidad correspondiente a todas las anualidades para el próximo ejercicio. Pero, señoría, las obras tienen unos plazos, unos períodos de ejecución, y creo que hay que respetarlos.
Señoría, yo he escuchado sus intervenciones con mucha atención durante estos días --usted es una persona que se hace escuchar-- y he comprobado que a usted no le gusta comprar armas, aunque las lleven los delincuentes, que no le gustan las carreteras, que no le gustan las autopistas, que no le gustan las actuaciones en las islas Baleares, etcétera. Y es imposible que usted y yo coincidamos, Senador Cámara, porque sus mimbres y mis mimbres, que son estos presupuestos, no son iguales; su cesto y el mío no se parecen en absoluto. Eso es evidente.
Nosotros sólo pretendemos una cosa --y creo que el otro día ya lo mencionó el Senador Caneda--: la mejor España posible para el año que viene. Pero digo posible. Y creo que ayer usted también se refirió a esta cuestión. Pero usted busca la utopía, porque no le gusta ningún tipo de actuación prevista para las islas Baleares. Creo, señoría, que se ha equivocado en el tiempo --no en el espacio, porque esas islas son un paraíso--, que debería haber vivido en el Paraíso Terrenal; Eva, usted, y también la serpiente, que forma parte de la biodiversidad. Y a partir de ahí no haría falta ningún tipo de actuación.
Señoría, lo que usted pretende no está en nuestra mano conseguirlo, si fuera así, le complaceríamos con mucho gusto.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Pasamos ahora al debate de la Sección 24, Ministerio de Economía.
En primer lugar, enmienda del Senador Cámara, y el veto y las enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a continuar con mi utopía, aunque a la vez soy muy realista. Como entradilla a esta Sección, para completar mis argumentaciones sobre ésta y otras más, les repetiré lo que dije ayer. Dije que partía de la realidad, que había que reconocer ésta, comprenderla, actuar sobre ella, y nunca perder la perspectiva de la utopía, es decir, cambiar aquello que no nos gusta. Esa era la frase completa. Y a eso ustedes y otros representantes de su Grupo lo denominan utopía --a lo mejor en el caso de esta Sección también opinan lo mismo--, aunque creo que lo que quieren decir es quimera. Pero la quimera es de locos y la utopía es propia de aquellos que quieren cambiar las cosas, como yo. Por tanto, no soy ningún quimérico; soy un utópico en el sentido más profundo del término, mientras que ustedes son demasiado pragmáticos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Y paso ya a referirme a las enmiendas presentadas a esta Sección. Con la número 246 pretendemos la financiación en mi Comunidad Autónoma de la promoción de energías renovables, la cogeneración y el ahorro energético.
No la voy a argumentar, pero les diré que esta enmienda, como otras que se refieren a mi Comunidad Autónoma, no se presenta porque yo considere que el año que viene el mundo debe ser tan perfecto --eso sería una quimera, tanto para conseguir que se aprobara esta enmienda, como otras relativas a la Comunidad Autónoma de las islas Baleares, por ejemplo, las anteriores referentes a medio ambiente--, sino para que mi Comunidad sea mejor. Digo esto, porque la explotación de los recursos de todo tipo, también los energéticos, la explotación del medio es tan brutal en Baleares, que en un futuro puede dañar su principal economía: el turismo, que tiene un carácter de monocultivo.


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Por tanto, combinar unas cosas y otras es fundamental para mi Comunidad Autónoma. Nuestra industria turística debe existir, pero debe guardarse un equilibrio que permita mantener los máximos recursos naturales y ofrecer calidad y proyectos para que nuestra Comunidad mantenga ese liderazgo en lo que al turismo se refiere.
Por otro lado, considero que tanto el ahorro energético como la actuación en energías renovables son cuestiones fundamentales. A ese respecto, ya he mencionado aquí circunstancias en las que ha habido problemas muy serios en nuestra Comunidad Autónoma, por ejemplo en pleno verano, por lo que sería conveniente actuar sobre estos aspectos para evitar problemas mayores.
El veto que presenta Izquierda Unida pretende que las medidas generales de política económica se orienten hacia la creación de empleo estable y de calidad: Señorías, en este debate seguimos insistiendo en recortar el diferencial que nos separa de nuestros socios comunitarios en términos de protección social, y también de dotación de capital físico y humano, avanzando de forma sostenida en el proceso de convergencia real con la Unión Europea, así como en lograr la sostenibilidad del modelo de desarrollo, cuestión a la que ya hemos aludido en la Sección anterior. A fin de cuentas, de esto se trata: de combinar el crecimiento económico con una cierta sostenibilidad que permita ajustar las dos cosas, porque el futuro es éste, no hay otro; todo el mundo habla de sostenibilidad, pero algunos no se lo creen en la práctica, porque sus actuaciones concretas así lo indican.
No podemos compartir las líneas maestras que confirman la filosofía y los programas del Ministerio de Economía definidos en estos Presupuestos Generales del Estado. No creemos tampoco que sean adecuados para lograr los objetivos anteriores; los ejes, señorías, de la política económica plasmados en estos presupuestos se reducen a la consecución del déficit cero --ya lo hemos debatido en otros momentos--, pero ese déficit cero es más contable que real; es falso, lo que ocurre es que los fondos se desvían hacia otros lados y se gestionan por otros caminos distintos, fuera del control parlamentario, y la adopción de las ya famosas medidas...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego concluya, por favor. Su tiempo ha terminado.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Bien, señor Presidente.
Termino diciendo que consideramos de importancia especial el capítulo energético y también la ausencia de un verdadero esfuerzo para la promoción y el fomento de la eficiencia y los ahorros energéticos, tal como se ha mencionado. Nosotros creemos además que el desarrollo de las energías renovables es insuficiente, lo que constituye un motivo para rechazar el presupuesto del Ministerio de Economía. Lógicamente me he dejado en el tintero la enmienda a la totalidad sobre turismo. El tiempo no lo permite; me he pasado de tiempo y me ha ocurrido como al Senador del Grupo Parlamentario Popular; de todas formas, defiendo el conjunto de las enmiendas.
En cualquier caso, si mis compañeros mantienen enmiendas a este apartado, también las doy por defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
Efectivamente, hay una enmienda del Senador Quintana González, la número 195, que damos por defendida en sus propios términos.
A continuación, pasamos a las enmiendas números 986 a 995, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Martiarena.


El señor MARTIARENA LIZARAZU: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a compartir el tiempo con el Senador Aurrekoetxea y con la Senadora Etxegoyen. Las enmiendas presentadas a esta Sección son de varios tipos; uno de ellos se refiere a los programas de apoyo a las PYMEs, programas que siempre nos han parecido interesantes, porque constituyen la parte más importante del motor económico y, sobre todo, porque si se hacen programas inteligentes, suelen tener efectos multiplicadores. Una de las enmiendas que proponemos va dedicada a compensar una situación que se ha dado en los presupuestos de los ejercicios 1998 y 1999, y que no se tendría que haber producido, por la arbitraria exclusión de la Comunidad Autónoma de estos programas, y aunque ya se ha solucionado por vía de sentencia firme el derecho que tienen de incluir esos programas, eso supone una compensación de esos efectos perversos anteriores.
Dentro de este mismo programa de apoyo a las PYMEs, proponemos una enmienda que pretende incrementar el crédito que se plantea para CERSA, porque entendemos que la Compañía Española de Reafianzamiento está llevando a cabo una labor muy importante, pero el volumen de recursos que se le asigna hace que el crédito reafianzado por CERSA en cada operación sea todavía excesivamente bajo y, como decía antes, por los efectos multiplicadores que tienen este tipo de políticas, es importante que se incremente el volumen de esta partida.
La argumentación es la misma en lo que se refiere al capítulo de incentivos regionales a la localización industrial. Se trata de efectos multiplicadores, porque actúa de una forma convenida; hay muchos proyectos importantes que están en espera porque no hay volumen suficiente de recursos. Así pues, proponemos un incremento para más proyectos de localización industrial.
Presentamos también una enmienda que se refiere a los recursos destinados al Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía, al objeto de que pueda cumplir sus fines. Estamos de acuerdo en que es un pilar para la política energética nacional, y tanto para el cumplimiento de sus fines como para facilitar esos efectos multiplicadores hace falta la colaboración de las Comunidades Autónomas, por eso proponemos que se incremente una partida para este Instituto.


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Finalmente, dentro de los programas de coordinación y promoción del turismo, planteamos que se produzcan dos modificaciones de partidas: una fundamentalmente para mejorar la acción de la promoción exterior de nuestras ofertas turísticas, para que los destinos no sólo sean los tradicionales de sol y playa, sino que se refuercen también las ofertas de turismo de naturaleza, cultura y ciudad; y, otra, para transferencias a corporaciones locales, así como la necesidad de que se incorpore también la Comunidad Autónoma del País Vasco a los convenios correspondientes relativos a este tipo de política.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Martiarena.
El Senador Aurrekoetxea tiene la palabra, y le recuerdo que le restan cinco minutos a su grupo.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señor Presidente.
Será tiempo suficiente, porque le paso la palabra rápidamente a la Senadora Etxegoyen.
Yo voy a defender dos enmiendas iguales relativas a la seguridad minera.
En nuestra Comunidad Autónoma tenemos programas dirigidos a preservar la seguridad y salud laboral de los trabajadores en las explotaciones mineras, así como a cubrir los riesgos derivados de los miles de estructuras mineras abandonadas. Creemos que es necesario que los recursos dirigidos a las Comunidades Autónomas también se destinen a otras, como la vasca, que realizan actuaciones en este terreno, pero a las que no se destinan fondos dentro de los planes estatales dirigidos a las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente, y esperemos que sean aceptadas nuestras enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor Presidente.
Yo voy a defender las enmiendas números 986 y 987. La primera de ellas se refiere a la revitalización de la zona de Pasaialdea, en Gipuzkoa. La Comisión Interinstitucional para la Bahía de Pasaia está constituida por la Administración General del Estado, la Administración General de la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Gipuzkoa y los Ayuntamientos de la comarca.
La Administración General del Estado, a través del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales como máximo representante del Estado en dicha Comunidad, asumió el compromiso de cofinanciar a terceras partes con la Comunidad Autónoma y Diputación las expropiaciones a ejecutar por parte de la Diputación Foral de Gipuzkoa en la denominada Ría de Molinao, en el término municipal de Pasaia (Gipuzkoa).
Nos consta la sensibilidad del Gobierno Central en este tema y lo que persigue esta enmienda número 986 es viabilizar y hacer ciertos los compromisos adquiridos.
Por su parte, con la enmienda número 987 solicitamos apoyo para la financiación del proyecto, ya en fase de ejecución, del denominado Recinto Ferial del Bidasoa. Este proyecto se ubica en el mismo centro del eurodistrito que conforman los municipios de Irún, Hondarribia y Hendaia, quienes a su vez se han constituido jurídica y formalmente en el primer consorcio transfronterizo de Europa en la Bahía de Txingudi, en la desembocadura del río Bidasoa.
Esta singular ubicación posibilita el fácil acceso al Recinto Ferial a través de la red de autopistas, conexiones ferroviarias (Irún-Madrid y el TGV francés), con los complejos portuarios de Pasaia y Baiona y los aeropuertos de Hondarribia y Biarritz.
Hay que mencionar también la proximidad al Recinto Ferial que se está construyendo, del Palacio de Congresos-Centro Kursaal de Donosti, que favorecerá la coordinación de todo nuestro potencial de turismo de negocios y además podrá articular directamente ventajas varias para las numerosas PYMEs de la zona transfronteriza. Es decir, posibilitará oportunidades para el desarrollo de una zona, como es la de Irún --que ya tuve oportunidad de comentarles a sus señorías ayer--, fuertemente castigada con la desaparición de las fronteras en el año 1992.
Sería importante que el Gobierno Central apoyara este proyecto --que ronda ya los 2.000 millones de pesetas-- impulsado por el Ayuntamiento de Irún, al igual que ya lo han hecho otras instituciones europeas y la propia Diputación Foral de Gipuzkoa.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Etxegoyen.
Enmienda de veto y enmiendas números 759 a 783, del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Franco.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Los presupuestos de la Sección 24 no son acordes con los objetivos que se plantean, y ése es el motivo por el que presentamos un veto. Hay un primer dato a tener en cuenta ya, y es que el aumento en el presupuesto de la Sección 24 es del 1,4 por ciento, cuando el global de los presupuestos es el 4,5 por ciento. Esta cifra viene a indicar la importancia que este presupuesto tiene este año para el Gobierno y, en consecuencia, nosotros consideramos que dificulta lo que podía ser un impulso más fuerte de los propios motores de la economía en todos sus ámbitos. No se aprovecha el buen estado de la situación --es verdad que en deterioro-- y, desde luego, no por esperado es bueno el índice de precios al consumo, que se sitúa en un 4,1 por ciento, en una posición más complicada para la competitividad de nuestras industrias tanto en el interior como en el exterior. En este punto del índice de precios al consumo yo creo que el propio 4,1 por ciento lo indica casi todo sobre la política económica del Gobierno en este aspecto.
Es verdad que en estos momentos nosotros tenemos un objetivo prioritario.
Puesto que en una economía globalizada somos vulnerables, no solamente tenemos que situar

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la competitividad de nuestras industrias en el interior del país --y, por consiguiente, hay que potenciar la consolidación de nuestra industria interior--, sino que hay que consolidar e impulsar al máximo, aprovechando todas las circunstancias, la presencia de nuestra economía en el exterior, y no solamente en el área europea, sino también en el área del dólar y en la del yen, porque la manera más razonable de equilibrar cualquier crisis internacional es estar equilibradamente en los ámbitos de influencia de las monedas.
Por eso, reconociendo que desde 1990 ha habido una presencia en el exterior cada vez más cuantiosa e importante, creemos que es necesario seguir ayudando a nuestras industrias para que tengan esa mayor capacidad de penetración en los mercados internacionales, para fortalecer nuestra economía y para liberarnos, repito, de los malos momentos. Además, hoy una economía es potente y poderosa en función de estos esquemas: capaz de resistir en el comercio interior y capaz de competir en el comercio exterior y en la implantación de nuestras industrias en el exterior. Por consiguiente, creemos que se trata de una cuestión que se dota de forma insuficiente en este presupuesto por lo importante que es para nuestro país y para nuestra economía.
En lo que respecta al turismo, hablamos de un sector de tanta importancia para la economía española --tanto por el empleo como por la generación de riqueza como por lo que nos ayuda también en la balanza de pagos-- que hay que aprovechar los momentos de subida para reordenar el sector, diversificar la oferta y, sobre todo, para garantizar la calidad de los productos porque, repito, es un instrumento fundamental de la riqueza en el país. Pues bien, también aquí creemos que el Gobierno se deja llevar por la ola de la bonanza y no prepara en condiciones este sector haciéndolo más personalizado, por decirlo de alguna manera, más diversificado y utilizando los recursos, para equilibrar territorios desde el punto de vista turístico.
Hay otro aspecto que, en nuestra opinión, el Gobierno tampoco toca como correspondería, y es el de los incentivos regionales, en un país como el nuestro con profundos desequilibrios interterritoriales y con profundos desequilibrios también intraterritoriales. Es el momento de hacer esfuerzos, y bien dirigidos, no dirigidos por el capricho o por el clientelismo, sino en función de las necesidades que tenga cada uno de los territorios. Pues bien, tampoco se hace un esfuerzo, se congela el presupuesto en este ámbito y no se atienden otros segmentos o sectores que vienen ya siendo reclamados en los últimos años, como después intentaré plantear.
Este presupuesto también es cicatero en otro tema bien importante para el país, como es el ahorro energético y las energías renovables. Este es otro debate que nos interesa a todos y la crítica que hacemos no pretende aguar nada, sino alcanzar la conquista de los objetivos que todos pretendemos. Por ello no es razonable que el IDAE, el Instituto para el ahorro y el impulso de la energía, congele sus partidas; no es razonable, repito, en el contexto de una economía que funciona razonablemente bien, sin entrar ahora a tocar aquellos elementos de desajuste que se están produciendo y que esperemos se corrijan para que no se produzca un deterioro de la economía del país y, en definitiva, del nivel de vida de los ciudadanos.
También creemos que es pobre y cicatero, con poca visión desde mi punto de vista, el apoyo que se intenta hacer desde este presupuesto a la modernización del comercio interior. Son 1.500 millones de pesetas para, en colaboración con las Comunidades, impulsar uno de los instrumentos que --ustedes lo saben igual que yo-- genera mucho empleo, cohesiona el territorio urbano y tiene una atención de calidad a los ciudadanos. Son cicateros y son escasos los recursos.
Finalmente, por hacer un repaso de lo que no nos gusta de este presupuesto y que es lo que recogemos en el veto, voy a referirme al Tribunal de la competencia, que está escaso de recursos y de medios tanto técnicos como humanos. Podrían ustedes darse una vuelta y ver lo que significa el Tribunal de Defensa de la Competencia en Alemania, en Italia o en cualquier país europeo. Además, tiene sin duda un importante papel: vigilar la transparencia de los precios para evitar que los monopolios impongan los precios a los consumidores y, en definitiva, para proteger la liberalización en curso de la economía y, al mismo tiempo, la defensa de los intereses de los consumidores.
Sobre la base de estos análisis críticos de los presupuestos, presentamos una serie de enmiendas que puedan paliar lo que nosotros consideramos elementos negativos en la Sección. Empezamos por el apoyo al comercio exterior.
Ustedes, este año, son unos rácanos, reducen la cantidad que entregarán al ICEX, que es un instrumento fundamental para el apoyo de nuestras industrias en el exterior, y le bajan los porcentajes. Cuando vaya peor la economía ¿qué va a pasar? Ojalá no vaya peor, pero creo que éste también es un buen año para seguir impulsando en los mercados internacionales todos los espacios libres, los huecos, los nichos de mercado que nos ofrecen la pujanza de nuestra economía y la situación en los mercados internacionales. Por eso aquí queremos presentar tres enmiendas muy razonables: dotar al ICEX de 3.000 millones de pesetas más en beneficio del objetivo común, que ya antes he comentado: que nuestras industrias se instalen en el exterior y en las tres áreas de influencia de la moneda. También es necesario convertir las oficinas comerciales en oficinas de negocios para que sean útiles a nuestros empresarios, para que puedan ayudar con la información, con el apoyo y con las posibilidades a nuestros industriales. Por eso incorporamos ahí 2.000 millones de pesetas.
Hay otro elemento en el que ustedes también coinciden con nosotros. Se trata de aquellas pequeñas empresas que exportan, y cuyo elemento central para que sigan haciéndolo es su nivel tecnológico. En este segmento de empresas que exportan, queremos incorporar, en el Instituto de Innovación, 1.000 millones de pesetas más para que, a partir de ahí, se pueda trabajar casi individualizadamente con las empresas que en estos momentos, por su esfuerzo, están exportando al exterior productos que generan riqueza y empleo en nuestro país, consolidando, por consiguiente, su estabilidad y su futuro.


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Son enmiendas, por lo tanto, sensatas, y que espero sin duda alguna que ustedes las tengan en cuenta.
Señorías, decíamos antes que era necesario aprovechar la bonanza económica para impulsar la diversificación de nuestro turismo y para implementar su calidad en toda su diversificación. Por eso planteamos aquí una serie de enmiendas muy localizadas, con algunos objetivos plurales. Por ejemplo, insistir sobre la cadena de paradores nacionales en algunos lugares de importante valor paisajístico y que, al mismo tiempo, pueden redundar en esa zona en una incentivación tanto del empleo como de su capacidad económica. Así, les pedimos que se inicie el trámite de crear un parador en Laciana, una zona magnífica de León, o en Alcalá la Real, o también en Cuéllar. Son zonas con pocos recursos financieros pero que cuentan con un elemento muy importante. Al igual que nosotros en Alicante tenemos el mar, allí poseen recursos naturales que pueden ser un buen instrumento para la generación de riqueza.
También creemos que es necesario ayudar a la regeneración de espacios naturales en las islas Baleares, otro elemento central de nuestro turismo. Y repito que estoy pidiendo que parte de los recursos que este sector genera se reinvierta después para diversificar y mejorar el sector.
¡Y cómo no! En estos momentos, entendiendo que «Teruel también existe», era necesario, en este ámbito del turismo, intentar apoyar un plan para el conjunto de la provincia de Teruel, junto con la Diputación --repito-- que no es costoso, que es fácil, que es muy sencillo, que es muy simple, que supone muy poco dinero, pero con el que --repito-- se puede incentivar e impulsar el desarrollo turístico de Teruel, demostrando que también se tiene en cuenta a esta provincia, en situación extraordinariamente compleja desde el punto de vista económico y de su desarrollo industrial.
En definitiva, queremos que en este sector mejore la diversidad de la oferta, tanto rural como paisajística y, en este caso de las islas Baleares, de sol. Al mismo tiempo también queremos utilizar estos recursos para mejorar las condiciones de vida de áreas de nuestro país que, poseyendo esta riqueza natural, cuentan con escasa capacidad industrial.
Ocurre exactamente igual en cuanto a la reindustrialización de las zonas con más dificultades económicas o con menos recursos empresariales.
Creemos que el dinero que aquí se concede es ajustado, que se podía haber sido más generoso y que se podía haber abordado con más empuje este proceso de igualación en el desarrollo industrial de nuestro país.
Pedimos aquí también la solución de un viejo y sentido problema que ya se ha contemplado en esta Cámara en múltiples ocasiones. Se trata de un plan integral para desarrollar La Línea, en el Campo de Gibraltar, de 5.000 millones de pesetas, que es necesario, que es bueno y que es imprescindible para esa comarca, al igual que en las comarcas de minería no energética que han sido muy pujantes y que han generado muchos beneficios para el país tiempo atrás, y que en este momento están prácticamente en declive casi total. Ya insistimos al señor Piqué, en la anterior legislatura, para que se comprometiera de alguna manera a buscar recursos, pero nunca aparecían para estas áreas de Andalucía, tanto de Huelva como de Sevilla, como de Córdoba o Granada, sobre lo que también tenemos presentadas algunas enmiendas para que se puedan impulsar, lo mismo que se está haciendo en la minería del carbón. Por cierto, ustedes también reducen aquí, en la minería del carbón, el volumen económico que tenían en años anteriores. Pues lo mismo que se hace con la minería del carbón, porque es justo, porque socialmente es necesario y porque es un compromiso que la ciudadanía tiene con unas comarcas en declive, también ocurre lo mismo con la minería del carbón no energético en estas áreas que yo les indico. Con ese fin pedimos 10.000 millones de pesetas, una cantidad que seguramente no es suficiente para hacerlo todo, pero sí es un principio para que aparezcan la esperanza y la ilusión en gentes que han trabajado muy duro durante muchas decenas de años.
En este sentido presentamos algunas enmiendas para polígonos industriales en zonas no suficientemente desarrolladas o que necesitan un empujón, como en León, como en algunos ámbitos de La Rioja o del País Vasco, en concreto, en Recinto Ferial de Bidasoa, con la importancia que tiene este recinto extraordinariamente pujante. Pueden darse cuenta de que no estamos haciendo peticiones descabelladas; no estamos pidiendo cosas que no se puedan conseguir; son cosas que, además, son urgentes y necesarias.
Respecto a las energías renovables, queremos plantear su impulso en el presupuesto ya que, como antes les he dicho, ustedes congelan las cantidades en lo que se refiere al ahorro energético. No hace falta explicar lo que significan las energías renovables. Creo que son la energía de moda. Nadie se puede poner en contra y, además, todos afirman que las energías renovables son el futuro, entre otras cosas porque no contaminan y porque al ser energías limpias permiten que el desarrollo económico sea un desarrollo sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sin que al mismo tiempo se ralentice el propio desarrollo, lo que puede generar más recursos y más bienestar.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Franco, le ruego que vaya concluyendo porque ha terminado su tiempo.


El señor FRANCO GUTIEZ: Me queda muy poco. Muchas gracias.
Posteriormente podremos comentar algo más sobre las energías renovables.
Ya he comentado el valor que tiene el comercio interior para los ciudadanos desde el punto de vista del empleo o desde el punto de vista de la cohesión de las ciudades. No hay más que ver un centro histórico de una ciudad donde los comercios se cierran y aquello se convierte en un nido de ratas. Por eso creo que hay que hacer un esfuerzo mucho más importante en un momento clave en el comercio interior, en el pequeño comercio, por lo que pedimos en una enmienda 5.000 millones de pesetas.
Finalmente, sobre el Tribunal de Competencia --y con esto termino, señor Presidente--, les ofrecemos solventar el pequeño conflicto en el que ustedes se encuentran en estos

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momentos. Por un lado, han llegado a la conclusión de que es necesario ampliar el volumen de dinero para el Tribunal de la Competencia, pero, por otro, se han quedado sin recursos porque la enmienda que dotaba de recursos a la enmienda que ustedes han aprobado no se ha ratificado en el trámite del Senado.
Por consiguiente, les ofrecemos una transaccional en este terreno para ayudarles en su objetivo de que el Tribunal de la Competencia deje de ser la hermana pobre en una economía que necesita un vigilante fuerte, sólido e independiente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Franco.
Para un turno en contra, tienen un total de veinte minutos.
Tiene la palabra el Senador Colsa.


El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a compartir este turno el Senador Gamero y este Senador que les habla, y lo vamos a dividir de la siguiente manera: este Senador contestando y fijando nuestra postura en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto y por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y el Senador Gamero lo mismo respecto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, vemos a justificar nuestra postura en contra de la enmienda número 195, presentada por el Bloque Nacionalista Gallego. En esta enmienda proponen incrementar las transferencias a las Comunidades Autónomas por importe de 5.000 millones de pesetas para el plan de desarrollo de las comarcas mineras de Galicia. Nosotros aducimos para votar en contra y para rechazarla que debe tenerse en cuenta que la distribución individualizada del importe dotado para el plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras se realiza en vía de ejecución, en virtud de los convenios de colaboración específicos que se firmen con las Comunidades Autónomas para cada actuación. Por tanto, el importe dotado en el proyecto de presupuestos debe mantenerse a nivel global.
Por otro lado, los créditos dotados en el artículo 77 se consideran necesarios para atender las necesidades previstas en el plan para el ejercicio de 2001 y no procede, en nuestra opinión, su minoración. Por estos motivos aducidos vamos a rechazar esta enmienda.
Con respecto a las enmiendas presentadas por Izquierda Unida, dentro del Grupo Parlamentario Mixto, vamos a contestar, justificando nuestra postura, a las dos que presentan a la totalidad, a la devolución de la Sección 24 y al Programa de Turismo, y a continuación, de una forma breve, intentaremos contestar al resto de sus enmiendas.
Por lo que se refiere a la propuesta que hacen de devolución de la totalidad de la Sección 24, con todos los respetos, creemos que en el presupuesto de esta Sección se incluyen los gastos del departamento al que corresponde la propuesta, ejecución y seguimiento de las medidas generales de la política económica del Gobierno y, en especial, de las relativas a las previsiones económicas, a la política comercial, turística, de la pequeña y mediana empresa, energética y minera, así como las que en materia de energía y telecomunicaciones le atribuye el ordenamiento vigente.
La estructura de programas que integran el presupuesto del Ministerio de Economía para el año 2001 ha sido establecida para la consecución de los objetivos previstos y, en particular, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sin la cual no se conseguiría la convergencia real, y para dar impulso, asimismo, a las políticas públicas que más favorecen el crecimiento y el empleo.
Por otro lado, en este nuevo Ministerio se incorporan varios programas del antiguo Ministerio de Industria y Energía, mediante los cuales se fomenta especialmente el desarrollo energético dentro del contexto económico de Modernización y liberalización de la economía, en su conjunto. En este sentido, la política energética persigue tres fines básicos: aumento de la competitividad general, seguridad en el abastecimiento de la energía e integración de los objetivos de protección del medio ambiente.
Asimismo, se mantiene e impulsa la actividad en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética y la difusión de las energías renovables, donde destaca la ejecución del plan de fomento de las energías renovables, que se desarrollará hasta el año 2010, y que tiene como principal objetivo incrementar de forma significativa la participación de las energías renovables en la demanda de energía del 6 al 12 por ciento en 15/8 el año 2010.
Por estos motivos, señoría, nuestro Grupo va a rechazar su enmienda, que supondría una devolución de la totalidad de la Sección que estamos debatiendo.
Con respecto a la enmienda número 1386, que plantea la Programa de turismo, nuestro Grupo también va a rechazarla porque este presupuesto, que se destina por la Secretaría de Estado, Comercio y Turismo a la realización de planes de excelencia y dinamización turística, en aplicación del plan integral de calidad del turismo español, supone más del doble del que se preveía para este programa en el año 1999, lo cual va a permitir poner en marcha un número de planes muy superior al que ha sido posible iniciar en años anteriores.
En cualquier caso, señoría, la filosofía del programa de planes de excelencia y dinamización no es la de constituir planes de desarrollo regional o local, sino experiencias concretas de colaboración entre administraciones y sector, previsto para la puesta en marcha de una dinámica que el destino ha de ser capaz de mantener una vez finalizada la vigencia de dicho plan.
Se trata de demostrar lo que es posible hacer, de realizar unas inversiones iniciales, de producir una sensibilización en la población hacia el fenómeno turístico y los beneficios que éste puede aportar a su desarrollo, de poner en valor recursos turísticos ociosos, de impulsar la formación de nuevos emprendedores, etcétera.
Los planes no pueden ni pretenden ser un elemento sustitutivo de la financiación local ni de las grandes inversiones en infraestructuras, que dependen de otros ámbitos

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de las Administraciones y están recogidas en sus presupuestos.
Por este motivo vamos a rechazar también esta enmienda.
Con respecto al resto de enmiendas de Izquierda Unida, concretamente la número 246, creemos que está incorrectamente formulada dado que no se puede identificar claramente la aplicación presupuestaria en la que se propone dar el alta y, en este sentido, vamos a rechazarla.
Por lo que se refiere a la enmienda 1126 señalamos, en primer lugar, que el crédito previsto para subvenciones a empresas, de acuerdo con lo establecido en la Ley de incentivos regionales, no es regionalizable, pues depende de los proyectos de inversión en zonas promocionables para los que se solicite por las empresas, además del cumplimiento de los requisitos establecidos en los reales decretos de delimitación de cada zona. Además, la aplicación presupuestaria no puede minorarse, ya que tiene consignada una dotación en el proyecto necesaria para atender compromisos asumidos por España ante las instituciones financieras multilaterales que, además, han sido ratificadas por las Cortes Generales.
Finalmente, y como último argumento para rechazar esta enmienda, señalamos que se pretende pasar un crédito del presupuesto financiero al presupuesto no financiero, lo cual, en nuestra opinión, comprometería la cifra de déficit cero fijado para el año 2001 por el Gobierno. En este sentido, señoría, anunciamos que vamos a rechazar esta enmienda.
Con respecto a la enmienda número 1127, que tiene como finalidad incrementar en 300 millones las inversiones del ICEX para apoyar planes específicos de internacionalización de las empresas y marcas conserveras asentadas en la Región de Murcia, no puede ser apoyada por nuestro Grupo, dado que no puede tramitarse en la forma que se plantea, ya que no especifica el proyecto de inversión afectado por el incremento y, por otro lado, deja sin equilibrar el presupuesto de gastos e ingresos del ICEX, es decir, no recoge en el texto de la enmienda su repercusión en la subvención que recibe el órgano y, por lo tanto, ha omitido el incremento que se produce en el presupuesto de gastos del Ministerio de Economía, así como el que debería de producirse en el presupuesto de ingresos del ICEX.
En cuanto a la enmienda número 1390, que plantea un incremento de 9.000 millones de pesetas en el artículo 75, Dirección General de Política Energética y Minas, la vamos a rechazar por estar formulada incorrectamente, con lo cual no se puede instrumentar de forma adecuada, ya que el servicio 07 no participa en el programa 741.A.
Con respecto a la enmienda número 1391, se plantea una cantidad de 11.324 millones de pesetas para el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía. Quiero decirle, señoría, que esta enmienda presenta también un defecto en su formulación. En la aplicación para la que se propone el alta no se identifica el centro gestor que participa en el Programa 731.F, que debería ser el servicio 07, Dirección General de Política Energética y Minas, y asimismo, dado que se está proponiendo un aumento en la transferencia a una entidad pública empresarial, debería reflejarse la repercusión de dicho aumento en los estados financieros de la entidad.
Por estos motivos también vamos a rechazar esta enmienda.
Con respecto a la enmienda número 1392, del Grupo Mixto, donde se propone un incremento de 10.000 millones de pesetas para reactivar económicamente la minería del carbón y desarrollo alternativo de las comarcas mineras, quiero decirle a su señoría que no se justifican los cálculos que han servido de base para estimar dicha cifra. Además, consideramos que esa enmienda está incorrectamente formulada, lo que provoca su imposibilidad de instrumentación al no recoger ni el alta en el concepto de transferencia de Estado a organismo, ni la repercusión de la misma en el presupuesto de ingresos del organismo que equilibre el aumento propuesto en el presupuesto de gastos. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por estos motivos también vamos a rechazarla.
Pasando también brevemente a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos,y empezando por la número 986, quiero decirles que vamos a votar en contra por los siguientes motivos. En primer lugar, porque al proponer el alta de 330 millones en relación con el artículo 7.4, consideramos que su formulación es incorrecta, y esto mismo va a ocurrir también en algunas otras enmiendas de las que han presentado. Por otra parte, el compromiso asumido por la Administración General del Estado a través del Secretario de Estado para las Administraciones Territoriales --al que alude la enmienda-- de cofinanciar con terceras partes las expropiaciones debería instrumentarse a través de los planes provinciales que, en materia de cooperación económica local del Estado, gestiona el Ministerio de Administraciones Públicas. En ese sentido, nuestro Grupo va a rechazar esta enmienda.
Con respecto a la enmienda número 987, sobre la que ya anunciamos nuestro voto en contra, dado que las corporaciones locales tienen establecido sus sistemas de financiación a través de la participación de los ingresos del Estado, entendemos que no procede una financiación adicional por la vía de la transferencia directa desde cualquier sección presupuestaria.
Por lo que se refiere a la enmienda número 988, nuestra opinión es que también sufre un defecto de formulación al solicitar el alta en un subconcepto existiendo previamente dotación en el concepto 750. Además, no se tiene conocimiento de la sentencia a la que se alude al motivar la enmienda. En caso de que se confirmaran efectivamente la sentencia y su firmeza debería seguirse lo establecido en los artículos 43 y 44 del Texto Refundido de la Ley General Presupuestaria, arbitrándose en vía de ejecución los mecanismos necesarios para su cumplimiento. Por tanto, también vamos a rechazar esta enmienda.
Asimismo, rechazaremos la enmienda número 989, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, que propone un aumento de la transferencia a la Compañía Española de Reafianzamiento. Dado que se está preparando una transferencia a una sociedad mercantil estatal, debería incluirse la repercusión de la misma en los estados financieros de la citada sociedad.
Por esos motivos, como he dicho, también rechazamos esta enmienda.


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En relación con la enmienda número 990, en el proyecto de presupuestos para 2001 la dotación para subvenciones a empresas localizadas en zonas de promoción económica y otras zonas acordadas por el Gobierno asciende a 44.677 millones de pesetas, importe que nuestro Grupo considera adecuado para el cumplimiento de los objetivos del programa de Incentivos Regionales a la localización industrial. Por esto no consideramos oportuna su enmienda y también vamos a rechazarla.
Respecto a la enmienda número 991, donde se propone una transferencia a la Comunidad Autónoma vasca de 500 millones de pesetas para fomento de política energética, he de decir, señorías, que el proyecto de presupuestos del Servicio 07 está correctamente elaborado dado que en el mismo figura el concepto 745 para financiar las actuaciones del Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía en materia de fomento de las energías renovables y eficiencia energética, en virtud de las competencias que tiene atribuidas. A su vez, el IDAE financiará aquellos proyectos que sean susceptibles de financiación, por lo que no procede fijar a priori una transferencia directa a una determinada Comunidad Autónoma. En este sentido, señorías, también les anunciamos nuestra postura de rechazo a la presente enmienda.
En relación con la enmienda número 992, el Grupo enmendante propone para mejorar las acciones de promoción del turismo de naturaleza cultural y de ciudad frente a la tradicional oferta de sol y playa un incremento de 750 millones de pesetas en un concepto presupuestario que denomina «A la mejora de la oferta turística». Este mismo concepto existe ya previamente en el proyecto de presupuestos bajo el epígrafe «Gastos e inversiones de carácter inmaterial» y está dotado con una cantidad de 5.276 millones de pesetas. Tampoco se hace mención a los proyectos y superproyectos donde tendría repercusión este aumento del crédito. En este sentido, señorías, también anunciamos nuestro rechazo. De las tres enmiendas restantes, en la número 993 el Grupo enmendante propone incrementar la transferencia a las corporaciones locales en relación al Plan Integral de Calidad en Turismo. A nosotros nos parece que esta propuesta, sin justificar los cálculos que han servido de base para estimar dicha cifra, es rechazable.
A este respecto, la dotación contenida en el proyecto de ley de Presupuestos se considera adecuada, al igual que en la anterior enmienda, para el cumplimiento de los objetivos del Plan, máxime, señorías, cuando el esfuerzo de la dotación de este crédito en los últimos ejercicios ha sido muy importante, cuantificándose el crédito para 2001 en 2.434 millones de pesetas.
En cuanto a la número 994, donde se propone que los programas de seguridad minera que dirigen sus recursos a varias Comunidades Autónomas se dirijan también a la Comunidad Autónoma vasca, tenemos que decir que esta propuesta de aumento de crédito en el concepto 751 del Plan de seguridad minera es por valor de 60 millones de pesetas, un porcentaje que consideramos muy significativo, y que la dotación en este proyecto es de 230 millones de pesetas. Queremos decirles que no se justifican los cálculos que han servido de base para estimar dicha cifra y que no se concreta el concepto presupuestario. Por ello, esta enmienda carece de un crédito susceptible de disminución que hiciera posible la financiación de la otra propuesta. Por tanto, vamos a rechazarla.
Con respecto a la enmienda número 995, donde se está proponiendo que los programas de seguridad minera que dirigen sus recursos a varias Comunidades Autónomas también se dirijan a la Comunidad Autónoma vasca, como en la enmienda anterior, tenemos que señalar que por su tratamiento como carga asumida en el cálculo del cupo del País Vasco esta Comunidad Autónoma queda excluida de la asignación en las subvenciones contempladas en el Plan de seguridad minera. En cuanto a la propuesta de baja, creemos que se aprecia una incongruencia entre el Capítulo que soportaría la baja, que viene citado como Capítulo 4, transferencias corrientes, y el concepto económico 777, de explotación, ordenación y seguridad minera, que queda encuadrado en el Capítulo 7, transferencias de capital. Por este motivo también vamos a rechazar esta enmienda.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Colsa.
El Senador Gamero hará uso del resto del turno.


El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero comenzar agradeciendo al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, señor Franco, su intervención y su tono porque entiendo que, además, viene a apoyar en parte la propia estructura del presupuesto de la Sección 24. Digo esto porque el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista ha hecho referencia a algunas partidas y a algunos programas sugiriendo, desde su punto de vista, la insuficiencia presupuestaria, es decir, que no hay dotación económica suficiente para que estas partidas puedan tener eficacia. Eso es lo que fundamentalmente venía a justificar la presentación de la enmienda de totalidad.
Sin ninguna duda, podemos estar de acuerdo en que desde el punto de vista del Grupo Parlamentario Socialista puede ser un criterio aceptable y coherente, con una línea política que, lógicamente, no coincide con la del Grupo Parlamentario Popular, que es la de dotar a ese presupuesto de equilibrio presupuestario como hemos dicho en repetidas ocasiones.
Señora Presidenta, señorías, este presupuesto incide especialmente en elementos que han sido beneficiosos para el conjunto empresarial de toda España, propiciando ese equilibrio presupuestario que, en definitiva, pretende dotar al presupuesto de nuevos elementos para garantizar mejores políticas para el desarrollo de nuestra economía. En el Ministerio de Economía se establecen fundamentalmente dos competencias de regulación, una económica y otra financiera. Por lo que se refiere a la regulación económica, son perfectamente conocidas las políticas implementadas desde el Ministerio de Economía en apoyo del desarrollo empresarial, y esta sección que ahora debatimos también se ocupa de la regulación financiera.
Nuestra sensación es que existe un apoyo en el fondo de los programas presentados y una falta de apoyo formal al carácter político de la

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Sección 24. Naturalmente, es una posición política que nuestro Grupo respeta, como no podía ser de otra manera, pero que no compartimos.
El presupuesto que presenta el Gobierno para el año 2001, como se ha dicho ya en repetidas ocasiones, supone el primer presupuesto de equilibrio en España desde la llegada de la democracia. El mayor esfuerzo de la política económica del Gobierno que plasma este presupuesto, está dirigido a conseguir que la economía española pueda seguir creciendo de manera intensa durante un largo período de tiempo. En los últimos años se están produciendo crecimientos iguales o superiores al 4 por ciento, con índices de creación del empleo superiores a 500.000 empleos anuales y, según datos recientes de la EPA, en los últimos doce meses se han creado 670.000 empleos en España. En este período el paro se ha reducido en 224.000 personas, y la tasa de paro ha caído al 13,7 por ciento, más de diez puntos por debajo de la que teníamos en el año 1996, que recuerdo que era del 24 por ciento.
La política económica del Gobierno se centra en políticas presupuestarias y, también, en una política de liberalización de los sectores, que ha producido resultados muy favorables desde el punto de vista del empleo y de los precios en el sector de la energía y telecomunicaciones. Los presupuestos para el año 2001 continúan dotando con financiación suficiente las políticas sociales de sanidad, educación, apoyo a las empresas, especialmente a la pequeña y mediana empresa, y la creación de empleo. Y del carácter instrumental de la Sección 24, de política económica del Ministerio de Economía, cabe destacar la importancia que da el Gobierno del Partido Popular a las políticas de liberalización de los sectores, de aumento de la competencia y de respaldo a actividades relacionadas con las pequeñas y medianas empresas, así como con la expansión exterior de las empresas españolas.
Dicho esto, señora Presidenta, señorías, quiero manifestar que hemos visto con interés la enmiendas presentadas a la Sección 24 por todos los grupos parlamentarios. Y, con la venia, paso a comentar directamente las del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la enmienda de totalidad número 758, que nuestro Grupo rechaza porque en el presupuesto de la Sección 24 se incluyen los gastos del Departamento al que corresponde la propuesta, ejecución y seguimiento de las medidas de la política económica, del Gobierno y, en especial, las relacionadas con las previsiones económicas y la política comercial turística de la pequeña y mediana empresa, energética y minera, así como las que en materia de telecomunicaciones le atribuye el ordenamiento vigente. La estructura del programa que integra los presupuestos del Ministerio de Economía para el año 2001, ha sido establecida para la consecución de los objetivos previstos y, en particular, para contribuir al mantenimiento de la estabilidad macroeconómica, sin la cual no se conseguirá la convergencia real, y para dar impulso a las políticas que más favorecen el crecimiento del empleo.
Por otro lado, en este nuevo Ministerio se incorporan varios programas del antiguo Ministerio de Energía e Industria, mediante los cuales se fomenta especialmente el desarrollo energético dentro del contexto económico general de modernización y liberalización de la economía en su conjunto. En este sentido, la política energética persigue tres fines básicos: aumento de la competitividad general, seguridad en el abastecimiento de la energía, e integración de los objetivos de protección del medio ambiente. Asimismo, se mantiene e impulsa la actividad en el ámbito de la mejora de la eficiencia energética y la difusión de energías renovables, donde destaca la ejecución del Plan de Fomento de Energías Renovables, que se desarrollará hasta el año 2010, y que tiene como principal objetivo incrementar de forma significativa la participación de las energías renovables en la demanda de energía, del 6 por ciento actual al 12 por ciento en el año 2010.
En cuanto al turismo, que es uno de los sectores básicos de nuestra economía, España es el segundo país del mundo, tanto en número de turistas, después de Francia, como en ingresos, después de Estados Unidos, aunque podemos decir que somos el primer destino mundial en número de estancias, es decir, en pernoctaciones, con una media de siete días por turista, cuando la media de Francia, que es el país líder mundial, se sitúa tan sólo en torno a dos días por turista. La evolución de los últimos años ha sido muy favorable para España en materia de desarrollo turístico, y la previsión para el presente año es de un millón más de turistas sobre las cifras récord de 1999, lo que supone en torno al 3 por ciento más. El Plan Integral de Calidad del Turismo para el período 2000 a 2006, aprobado por la Conferencia Sectorial por unanimidad, profundiza en la apuesta por la calidad del turismo español.
Los presupuestos del 2001 recogen actuaciones, como planes de excelencia y dinamización turística, por importe de 2.434 millones, la mejora de las estadísticas turísticas a las que se aportan 532 millones, así como las políticas de expansión de la red de paradores, con una inversión de 15.000 millones, y de la promoción turística exterior que asciende a 12.000 millones, y también la aplicación de nuevas tecnologías a través del portal de Turespaña en Internet.
En cuanto a la internacionalización, podemos decir que, sin duda, se puede hacer más y es necesario seguir apostando por la internacionalización de las empresas españolas. Hay que recordar que en los últimos cuatro años se ha producido una auténtica expansión internacional de las empresas españolas, consecuencia de la política de apoyo e impulso a las empresas aplicada por el Gobierno del Partido Popular, que ha facilitado que más de 2.000 pequeñas y medianas empresas estén en la actualidad participando de los canales comerciales del exterior.
En relación con el Tribunal de Defensa de la Competencia al que se refiere su enmienda número 783, en la pasada legislatura se introdujeron modificaciones normativas para intensificar el control de las concentraciones, que pasó a ser obligatoria cuando anteriormente era voluntaria. Sin duda, en esta legislatura debemos seguir avanzando en la mejora de medios. Y por ese motivo, nuestro Grupo ha incorporado una enmienda para dotar de más recursos económicos al Tribunal.
Señora Presidenta, señorías, el Grupo Parlamentario Socialista no propone alternativa alguna a la estructura

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funcional del Ministerio, ni tampoco una nueva distribución de los ingresos y gastos más adecuada para alcanzar los objetivos económicos del próximo ejercicio. Por eso no podemos aceptar esta enmienda de totalidad.
Ahora voy a comentar brevemente las demás enmiendas divididas en tres bloques, empezando por las números 759, 760 y 761. La aplicación presupuestaria a que se refieren estas enmiendas no puede minorarse, ya que tiene consignada una dotación en el proyecto necesaria para atender los compromisos asumidos por España ante las instituciones financieras multilaterales, y ratificados por las Cortes Generales en las distintas leyes que aprueban la participación de España en las correspondientes ampliaciones de capital. Por otra parte, el programa 761.A es no finalista y debe considerarse como un instrumento orientado a propiciar y potenciar niveles óptimos de la actividad propia de los programas, pero sin actuaciones finalistas, que están encuadradas en otros programas.
Asimismo, debe tenerse en cuenta que la distribución individualizada del importe dotado para el Plan de desarrollo alternativo de las comarcas mineras, se realiza en virtud de los convenios de colaboración específicos que se firman con las Comunidades Autónomas para cada actuación. Y también que las actuaciones del programa 724.C se encauzan a través de la concesión de subvenciones a empresas privadas inversoras localizadas en áreas geográficas definidas por el Gobierno, con el fin de reducir las diferencias de situación económica interterritorial.
Igualmente no se pueden aceptar estas enmiendas porque se propone pasar crédito de presupuesto financiero al no financiero, comprometiendo con ello el objetivo de presupuesto equilibrado.
El segundo bloque de enmiendas corresponde a las números 762, 763, 764, 765 y 766. En primer lugar, debo decir que una baja en la dotación presupuestaria en el programa propuesto por estas enmiendas, podría comprometer el cumplimiento del equilibrio presupuestario que defiende el Gobierno. Asimismo, no nos parece adecuado aceptarlas, dado que las Comunidades Autónomas tienen establecidos sus sistemas de financiación a través de la participación en los ingresos del Estado, por lo que entendemos que no procede una financiación adicional por transferencia directa desde cualquier sección presupuestaria. Por tanto, votaremos en contra de las citadas enmiendas.
Y en cuanto al resto de las enmiendas, en general, proponen el traspaso de crédito de este presupuesto financiero de gasto al no financiero y su aprobación supondría un incremento neto de gasto computable a efectos de déficit, poniendo en riesgo la consecución del objetivo de equilibrio presupuestario fijado por el Gobierno. Y estimo oportuno añadir que el crédito previsto para subvenciones a empresas, de acuerdo con lo establecido en la Ley 50/1985, de 27 de diciembre, de incentivos regionales, no se puede regionalizar pues depende de los proyectos de inversión en zonas promocionales, para los que se solicite por las empresas, del cumplimiento de los requisitos establecidos en los reales decretos de delimitación de zona y, en algunos casos, porque la aplicación presupuestaria no puede minorarse, al estar comprometida para atender obligaciones asumidas con instituciones multilaterales.
Por todo ello, señora Presidenta, señorías, concluyo diciendo que, en coherencia con todo lo anteriormente expresado, votaremos en contra de estas enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gamero.
Señorías, vamos a suspender la sesión porque tenemos noticia de que se ha producido un atentado contra un concejal de Viladecavalls del Partido Popular, Francisco Cano i Consuegra, mientras estaba en Tarrasa, acudiendo a su trabajo.
Vamos a reunir a la Mesa y Portavoces en la Sala de Gobierno para debatir la cuestión, en relación con la condena de este atentado.
Se suspende la sesión. (Pausa.)

--DECLARACION INSTITUCIONAL DE CONDENA POR EL ATENTADO TERRORISTA COMETIDO CONTRA DON FRANCISCO CANO I CONSUEGRA, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS, BARCELONA, OCURRIDO EL DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2000 (630/000007).


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Después de la reunión que han celebrado la Mesa y la Junta de Portavoces, se ha decidido proponer a la Cámara una declaración institucional con motivo del atentado contra el concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento Viladecavalls, don Francisco Cano i Consuegra. Dice así: «Ante el atentado contra don Francisco Cano i Consuegra, Concejal y Portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Viladecavalls, en el término municipal de Tarrasa, el Senado de España, reunido en sesión plenaria, declara: Primero. Que condena con toda firmeza este execrable crimen. Todas las víctimas del terrorismo lo son por defender la libertad de todos. Con su actitud de dignidad cívica y democrática y con el cumplimiento de su deber, contribuyen a defender nuestras libertades y merecen, por ello, nuestra gratitud y admiración.
Segundo. Que quiere mostrar su más firme apoyo a todos los concejales de los pueblos de España, que constituyen el compromiso más básico de la estructura democrática. Este atentado es tanto más grave en cuanto que se ha dirigido contra una persona que representa al pueblo, en el escalón más próximo del ejercicio de la representación democrática.
Tercero. Que envía su apoyo a don Francisco Cano, en la lucha contra la muerte que libra en estos momentos en el quirófano, y el testimonio de su emocionada solidaridad a la familia. Al mismo tiempo, quiere hacer llegar un mensaje de especial solidaridad a todos los vecinos de Viladecavalls y de Tarrasa, y a todos los miembros del Partido Popular.
Cuarto. Que renueva su apoyo y confianza en todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en la lucha

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contra el terrorismo, que les agradece su abnegado y esforzado trabajo y les anima a continuar como hasta ahora en la difícil tarea de defender la libertad y la vida de todos los ciudadanos.
Quinto. Que ningún proyecto político puede ser defendido mediante el crimen. Todas las opiniones pueden ser defendidas en nuestro régimen constitucional, que tiene como fundamentos de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. Quienes recurren al asesinato como método de presión política no merecen otras respuestas que aquellas que el Estado de Derecho pone en manos del poder democrático legítimamente constituido, y quienes son cómplices o guardan silencio ante el terror no deben obtener a cambio sino el más absoluto aislamiento de todas aquellas fuerzas políticas y sociales que creen en la democracia como único sistema político. Hoy, más que nunca, los demócratas tenemos que estar unidos frente a los que sólo saben sembrar el dolor en una sociedad libre.
Palacio del Senado, 14 de diciembre de 2000.» ¿Aprueba la Cámara esta declaración? (Asentimiento.) Queda aprobada, señorías. (Fuertes y prolongados aplausos de las señoras y señores Senadores puestos en pie.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a continuar el debate en el punto en que fue suspendido: Sección 24, Ministerio de Economía.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Señora Presidenta, señorías, el hecho de empezar el turno de portavoces después de este tremendo atentado, en cierto modo nos deja sin ánimo --al menos quiero expresarlo así--, para continuar el debate político; pero también es verdad que uno de los objetivos que pretende el terrorismo es condicionar la vida social y política de este país y, por tanto, la mejor contribución que podemos hacer a la democracia es continuar la vida política, afectados por lo ocurrido pero reponiéndonos. En consecuencia, voy a hacer uso del turno de portavoces, en la Sección 24, del Ministerio de Economía.
Estamos en contra de toda la Sección 24, en los puntos que hemos defendido al principio, por la estructura de ingresos, porque desde nuestro punto de vista los paquetes de medidas liberalizadoras han contribuido a pocas cosas y han demostrado un nivel de ineficacia importantísima y, además, porque estamos en desacuerdo con la política energética y con las cantidades destinadas a inversiones necesarias. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Se nos ha contestado que algunas de nuestras enmiendas presentan problemas de carácter técnico.
Voy a centrarme en aquella que pretende la reactivación económica de las comarcas mineras porque, independientemente de cuáles sean los problemas técnicos que el portavoz del Grupo Parlamentario Popular haya expresado, lo que es cierto es que se han disminuido las transferencias en 1.000 millones de pesetas respecto al año anterior, y no creemos que sea conveniente esa reducción, ya que la situación social de las comarcas mineras sigue siendo muy difícil.
Por último, respecto al turismo pensamos que hay que procurar conseguir una oferta turística de la máxima calidad posible que nos permita competir con un mercado internacional que demanda cada vez mayor calidad.
La relación entre precios y oferta hace que el turismo en España sea de alta calidad, pero tiene algunos problemas de carácter estructural que sería conveniente acometer lo antes posible. Todos sabemos la importancia que tiene el hecho de poner en práctica diferentes políticas que permitan competir en mejores condiciones, sobre todo en el futuro. Además, acometer una financiación específica para los municipios turísticos es imprescindible, a fin de que los ayuntamientos puedan prestar los servicios que un turismo de calidad requiere.
Es cierto que esta cuestión ya está transferida a las Comunidades Autónomas, pero el Ministerio se reserva diferentes competencias, por tanto, el impulso de esas políticas es muy necesario. Además, la cuantía que se destina, a pesar de los aumentos anunciados y que existen en los planes de excelencia turística, impide en cierta forma que dejen de ser actuaciones aisladas. Nosotros pretendemos que tengan una mayor continuidad y por tanto, si los presupuestos siguen por este camino, serán medidas poco efectivas para convertirse en elementos realmente dinamizadores de las diferentes ofertas.
En cualquier caso, lo más importante para nosotros son todas las conclusiones que se adoptaron en la Ponencia sobre política turística en la legislatura pasada que apuntan a la idea con la que todos estamos de acuerdo, que es que hace falta reforzar esas políticas, y nos parece insuficiente lo que figura en estos presupuestos. Ustedes me pueden decir que todavía podía haber sido menos, pero en mi opinión debería haber sido más, sobre todo porque nos referimos a un sector de la economía fundamental para este país que, por cierto, no sólo es mar y sol, pues también existen ofertas turísticas de gran importancia, como el turismo rural, el deportivo, etcétera, que hay que potenciar para el futuro, lo que requiere muchas inversiones, instalaciones, una oferta de calidad cada vez mayor, etcétera.
Por consiguiente, reitero tanto las enmiendas como los vetos que antes he defendido Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.


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Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria no tiene ninguna enmienda a esta Sección 24, pero ha querido hacer uso de la palabra para reiterar que, efectivamente, el mejor homenaje que se puede hacer al concejal señor Cano es continuar con nuestro debate político.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor Presidente.
Hago mías las palabras de mis compañeros, los señores Cámara y Ríos.
Probablemente se podrá decir de otra forma, pero no mejor. El mejor homenaje que podemos hacer a nuestro compañero del Partido Popular, concejal catalán, es continuar con el debate, aunque no es fácil, pero, insisto, debemos hacerlo.
Nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas, ninguna de las cuales ha sido bien recibida ni aceptada por el Grupo Parlamentario Popular y va a ser difícil, dado el tiempo de que disponemos, responder a cada una de ellas. No obstante, voy a referirme a dos.
La enmienda número 987 se refiere al Recinto Ferial del Bidasoa. He de decirle que éste es un proyecto de impulso municipal, que están interviniendo diferentes administraciones que están colaborando para que este proyecto salga adelante. Sus compañeros populares en el Ayuntamiento de Irún no solamente son de la misma opinión que esta Senadora sino que, además, son defensores a ultranza de la voluntad --y así lo manifiestan-- de las instituciones del Gobierno, del Estado, para impulsar y favorecer que este proyecto se lleve a cabo. Yo no les voy a decir que se ponga de acuerdo, pero sí que un discurso en esta Cámara o en un pleno del Ayuntamiento de Irún lleve la misma lógica.
La enmienda número 986, se refiere a la revitalización de Pasaialdea. Me ha sorprendido la respuesta del señor Colsa, puesto que evidentemente a mi Grupo le consta la sensibilidad del Gobierno central en esta cuestión.
La contestación que se nos ha dado es que ha sido una enmienda mal planteada, un error técnico, etcétera, es decir, que tiene una serie de anomalías, en el sentido de que debería haber sido impulsada por otra Sección o a través de otro mecanismo de los mismos presupuestos. Si efectivamente hubieran tenido intención de asumirla, hubiera sido muy fácil que nos hubieran planteado una enmienda transaccional, pero pienso que tenían la seguridad de que íbamos a rechazarla. Estamos de nuevo ante la situación de los últimos días, y es que no tienen ninguna intención de aceptar ninguna enmienda ni de este Grupo ni de cualquier otro de la oposición. Poder, pueden hacerlo y, saber, no me cabe duda de que saben, pero no tienen voluntad y lo que más me preocupa es que quizá tampoco tienen talante para hacerlo, y enmendar esto es algo que sólo está en sus manos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Etxegoyen.


¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Franco.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Por la respuesta del portavoz del Grupo Parlamentario Popular puede dar la sensación de que todo va extraordinariamente bien, pero quiero matizar algunas cosas. Por ejemplo, para el turismo de Teruel, para el que solicitamos una pequeña cantidad, la cosa no va tan bien. Nosotros planteábamos que era necesario abordar la situación muy delicada de las zonas de la minería no energética, y éste es un dato que ustedes conocen, al igual que nosotros, y cuando hablamos de la reindustrialización algo tendremos que hacer para que aquellos puntos que histórica o sistemáticamente siguen desatendidos puedan tener una respuesta presupuestaria, y en ello coincide toda la Cámara. Lo mismo podríamos decir del escaso esfuerzo que se plantea desde el punto de vista turístico para esos pequeños puntos que generarían más calidad. Por consiguiente, la economía puede ir extraordinariamente bien pero para esos lugares no, y de lo que se trata es que, cuando la economía va bien, se efectúe un impulso para que el que está peor pueda ir a mejor, ésta es nuestra obligación cuando discutimos las cuentas del Estado, los presupuestos en este caso.
Es verdad que compartimos con ustedes los objetivos y queremos que lo planteado sobre la internacionalización de nuestra economía se asiente más, pero en lugar de ayudar al impulso de la economía, lo frenan y no nos parece que eso esté en sintonía con el objetivo que todos pretendemos y lo mismo ocurre en cuanto a las energías alternativas. El año pasado se ha reducido al 5,3 por ciento el volumen de producción energética de las industrias alternativas pero, además, la ayuda para que el kilovatio producido por las energías alternativas compense el déficit de su producción, en lugar del 5,4 por ciento disminuye al 4,5 por ciento, por consiguiente, se desincentiva. Una cosa son los grandes principios y otra la realidad práctica de un elemento con cuyo objetivo coincidimos: hay que impulsar las industrias alternativas como instrumentos que permitan un desarrollo más sostenible en un país que energéticamente depende del exterior. No coinciden, insisto, los objetivos comunes con los medios para que puedan ser homologados.
Es verdad que esta mañana no he querido --porque no me ha parecido el momento-- hablar de que esta política económica del Gobierno es muy delicada, y hoy tenemos un

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ejemplo, que es el tema de la inflación que está en el 4,1 por ciento, lo que, como ustedes saben, perjudica al bolsillo de todos los españoles, aquellos cuyos salarios están regulados por el acuerdo del dos por ciento, funcionarios y trabajadores que pierden capacidad adquisitiva, y eso de alguna manera afecta al consumo; además perdemos capacidad de competitividad en el interior y en el exterior, y no se corrige porque no se toman medidas para que pueda adecuarse de forma razonable en el impulso de nuestra economía.
Ya no nos vale que sigamos diciendo que crecemos el por ciento, ya no nos vale con autocomplacernos con lo que hay, porque lo que nos interesa es ver cómo abordamos el año 2001, y por eso decimos que desde nuestra perspectiva se va a afrontar en peores condiciones que el 2000 para el conjunto de la economía, del turismo o del comercio, que antes les he planteado.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Franco, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor FRANCO GUTIEZ: Termino, señor Presidente.
No se trata, por consiguiente de que no estemos de acuerdo con los objetivos, sino que no estamos de acuerdo con los instrumentos para conseguir esos objetivos.
Finalmente, retiramos la enmienda número 783, que pretendía dotar al Tribunal de la Competencia de mayores recursos, que ustedes saben que son escasos. Ustedes han presentado una enmienda que desde nuestro punto de vista no tiene fondos para cubrir los 50 millones, pero en cualquier caso es su responsabilidad. Nos fiamos de lo que ustedes dicen, y como el objetivo era que eso se cubriera, si ustedes nos garantizan que se cubre, nuestra enmienda no tiene ningún sentido.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Franco.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Colsa, en turno de portavoces.


El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a contestar de forma agrupada a todos los portavoces y también realizar alguna puntualización a la intervención de algunos de ellos.
Respecto a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, querría decirle que el paquete de medidas liberalizadoras que puso en marcha el Gobierno de España recientemente es un paquete --se ha dicho hasta la saciedad-- cuyos resultados y efectos se van a ver a medio y largo plazo. Por tanto, que a corto plazo no se cumplan las medidas que su señoría ha mencionado, a nosotros en principio no nos tiene por qué preocupar demasiado.
Respecto al Plan Miner voy a reiterar los argumentos que ya utilizamos en el turno en contra. Es un plan que está pactado por todas las fuerzas que tienen algo que decir. Es un plan quinquenal que se va a empezar a negociar dentro de poco, como así manifestó en la Comisión de Presupuestos en su intervención el Secretario de Estado, señor Folgado; se va a empezar a renegociar un nuevo plan para el año que viene, y nosotros creemos que las cantidades que se han destinado son importantes y que, lógicamente, la muestra de que ese plan en el futuro obtendrá buenos resultados será que vaya disminuyendo, porque cada vez que se vayan destinando menos fondos querrá decir que esos fondos ya no son tan necesarios para reindustrializar la zona.
Respecto al turismo, la relación precio-calidad del turismo español es la mejor del marco comunitario. Eso es algo que en estos momentos nadie puede discutir. Quiero mencionar las manifestaciones que pueda hacer en este sentido la Consejera Verde del Gobierno Balear diciendo que hay que reducir en dos millones el número de turistas, o las algaradas en las que participa algún Consejero del Gobierno balear poniéndose delante de un portaaviones por ser norteamericano; quizás, si fuera de un país del Este no se manifestarían de esa manera. Esta es una manera interesante, como así parece que lo entiende el Gobierno balear, de fomentar el turismo.
Respecto a la enmienda número 987, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, quiero reiterar los argumentos. Entendemos que no procede una financiación adicional vía transferencia cuando ya los sistemas de financiación están funcionando correctamente. Que nuestro Grupo en Irún lo apoye, me parece muy bien, pero nosotros aquí seguimos manteniendo este criterio.
A los senadores del Grupo Parlamentario Socialista quiero decirles que el Senador Franco en su primera intervención en el turno de enmiendas ha reconocido en esta Cámara que la economía española funciona razonablemente bien. Es un dato con el que me he quedado, porque creo que es interesante recalcarlo en estos momentos. Nosotros creemos que la competitividad no es que esté empeorando, sino que está mejorando.
Lo que sí queremos decir de forma resumida, y para finalizar esta intervención, es que nosotros consideramos que además de ser unos presupuestos buenos, éstos son unos presupuestos creíbles --ya lo hemos dicho en más de una ocasión en Comisión-- porque se basan en una tradición presupuestaria de los años anteriores en los que han funcionado bien, han conseguido credibilidad, han generado un importante volumen de puestos de trabajo, se ha transferido la productividad a la creación de esos puestos de trabajo y han logrado una amplia confianza de la sociedad española.
Espero haber contestado a todas las intervenciones, si algo se me ha quedado, espero me disculpen.
Muchas gracias, señor Presidente. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Colsa.
¿Me pide la palabra el señor Cámara?

El señor CAMARA FERNANDEZ: Por el artículo 87.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Dispone de un minuto, Senador Cámara, porque el debate de la Sección está finalizado.


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El señor CAMARA FERNANDEZ: Creo que cumpliré el tiempo de un minuto.
Intervengo por la mención que ha hecho a dos personas que no están aquí para responderle. Yo voy a responder por las dos.
Ha mencionado algaradas. Para algaradas, las de su partido en Baleares, donde sus dirigentes han alentado movilizaciones contra el Gobierno balear. Yo estuve en la flotilla de barquitos que fueron a pedir al portaaviones «Washington» que se fuera de la Bahía de Palma, porque portaba armas nucleares. Pero yo le recuerdo lo del «Tireless», en Gibraltar, donde, por cierto, su Presidente, después de mucho tiempo reconoce que debería salir cuanto antes.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego no abra debates nuevos y cerremos el debate de la Sección.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Me parece lamentable la mención a la Consejera Verde y al Consejero de Trabajo, de Izquierda Unida. Ustedes tienen que saber que mi fuerza política tiene una historia respecto a la política de bloques y a las armas nucleares de toda la vida, de ahora y de cuando estábamos en dictadura. ¿Me explico? (El señor Colsa Bueno pide la palabra.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
El Senador Colsa me pide la palabra en virtud del artículo 87.
Su señoría tiene un minuto, y le ruego que se refiera al debate de la Sección en la que estamos.


El señor COLSA BUENO: Muchas gracias, señor Presidente.
Nosotros seguimos insistiendo en que creemos que no es una forma oportuna de promocionar el turismo la actitud que mantienen algunos altos cargos del Gobierno balear. Yo no sabía que el Senador Cámara también era aficionado a perseguir portaaviones en las Islas Baleares pero, en todo caso, cada cual tiene sus aficiones, yo no las discuto. Yo también conozco su doctrina de la política de bloques, pero me hubiera gustado que esa insistencia y esa tensión que provocan cuando vienen portaaviones de países occidentales, también la hubieran utilizado en la historia para mantener la misma postura con países de otros bloques que no son precisamente los occidentales.
Muchas gracias. (El señor Cámara Fernández: Lo hicimos, lo hicimos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Colsa.
Sección 25, Presidencia.
Veto de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas números 1393 a 1395.
Tiene la palabra el Senador Cámara por tiempo de cinco minutos para defender estas enmiendas.
El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo muy rápidamente, me va a sobrar tiempo.
Perdonen el tono, pero cuando la gente no sabe de historia ni de las fuerzas políticas que han representado este país, lógicamente hay que responder.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Cámara, le ruego no reabra el debate, vayamos a la Sección 25, Presidencia.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Lo siento. No pasa nada.
Intervengo simplemente para decir que uno de los objetivos de este Ministerio de Presidencia es el seguimiento de las proposiciones, mociones y otros acuerdos aprobados en las Cortes.
Es un hecho reiterado, bajo nuestro punto de vista, que se aprueben diferentes proposiciones no de ley, mociones, acuerdos, etcétera y que, sin embargo, no tengan traslación posterior en proyectos de ley, decretos-ley, estudios, etcétera. Cuando en esta Cámara se aprueba una moción, pasan meses, un año e incluso más tiempo, y de eso nunca más se supo. Por tanto, a veces se queda uno con el sabor de boca de que no se cumple la función para la cual, entre otras cosas, está creado este Ministerio de la Presidencia. Por esto, se debe informar a las Cortes periódicamente sobre el estado en que se encuentra el cumplimiento de esos mandatos, y eso se hace poco y mal. Por eso presentamos esta enmienda a la totalidad, y doy por defendido el resto de las enmiendas.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
Pasamos a la enmienda de veto del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y las números 397, 398 y 399.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Las damos por defendidas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Corresponde ahora la enmienda de veto del Grupo Parlamentario Socialista y enmiendas números 784, 785 y 786.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas, por tiempo de siete minutos.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
En contra del equilibrio presupuestario que se establece en los presupuestos para el próximo ejercicio, yo calificaría la Sección 25 de expansiva o algo más, si cabe. Porque, por ejemplo, la Oficina de Ciencia y Tecnología se incluye en el Ministerio correspondiente, y a pesar de ello aumenta esta Sección en 5.000 millones, es decir, un 7,5 por ciento.


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Pero no se trata tanto de que no estemos de acuerdo en lo que aumenta, sino en lo que se mantiene o disminuye.
El Capítulo 1 crece 445 millones, de los cuales un 7 por ciento se destina a Relaciones con las Cortes, y un 12 por ciento a la cobertura informativa, es decir, para el Ministro Portavoz del Gobierno, y es muy oportuno que citemos estas cantidades precisamente hoy, en que hay una manifestación de funcionarios por la subida salarial del dos por ciento.
El Capítulo 2 aumenta un 2,9 por ciento; el Capítulo 6, un 14 por ciento.
Sin embargo, la cobertura informativa --atención, señorías-- pasa de 39 a 143 millones, es decir, crece un 268 por ciento. En el Capítulo 7 también hay un importante incremento, de 1.281 millones. En fin, después de todo, durante su comparecencia el Ministro dijo que éstos eran unos presupuestos austeros y que mantenían la contención del gasto.
Pero lo que más le preocupa al Grupo Socialista y con lo que no está de acuerdo es con que aumenten los programas relativos al funcionamiento de Relaciones con las Cortes, el presupuesto para obras y altos cargos en el complejo de La Moncloa y el previsto para las oficinas de información del Ministro Portavoz del Gobierno. Como digo, no estamos conformes con la gestión ni con la orientación política de esos tres programas.
Sin embargo, presentamos unas enmiendas para que aumenten los presupuestos del CIS y del Centro de Estudios Constitucionales. ¿Y por qué lo hacemos? En primer lugar, porque consideramos que la Subsecretaría de Relaciones con el Parlamento no corresponde a las expectativas necesarias para un parlamentarismo moderno. Y el que se pretenda incrementar algo que funciona mal, que funciona escasamente --por lo menos, en lo que al Senado se refiere--, sin modificar programas ni la orientación política de esos servicios parece bastante poco razonable.
Aparte de otras razones que después expondré, nos parece poco razonable por lo que refleja el propio libro de indicadores de seguimiento respecto del ejercicio del año pasado.
Fíjense, señorías. Ha habido 32 Juntas de Portavoces en el Congreso y 35 en el Senado. Las Sesiones de Pleno en el Congreso han sido 77 y en el Senado 43. Las Sesiones de Comisión en el Congreso han sido 266 y en el Senado 165. Pero si observamos el control del Gobierno vemos que el Senado decae estrepitosamente. Así, podemos comprobar que las interpelaciones en el Congreso han sido 72 y en el Senado 50. Las comparecencias en el Congreso han sido 1.512 y en el Senado 489. Y las preguntas orales en el Congreso 1.560 y e n el Senado 559.
Eso es lo que nos encontramos todas las semanas de Pleno, cuando los Ministros continuamente obligan a cambiar el orden del día por su incomparecencia en esta Cámara; cuando las preguntas con petición de respuesta por escrito llegan tarde, mal o nunca, y cuando la calidad de dichas respuestas es absolutamente insatisfactoria. Y les cuento una anécdota relacionada con esta cuestión que sufrió esta Senadora con Relaciones con las Cortes: me enviaron dos respuestas distintas con dos cantidades también distintas, y no se me dio absolutamente ninguna justificación.
Señorías, eso no es propio de un parlamentarismo moderno. La atención que el Senado recibe por parte de Relaciones con las Cortes no es buena, y por eso no estamos de acuerdo con que se incremente su dotación sin subsanar la orientación y el sectarismo políticos y la tendencia a la inoperancia que existe en ese sentido.
Por otro lado, quisiera hacer notar que en el Capítulo 2 se produce una contradicción, ya que existen dos versiones de unos Ministros que, por cierto, desprecian el debate presupuestario de hoy y no están asistiendo a la tramitación de esta Sección, como tampoco lo hicieron a lo largo de la tarde de ayer. Al parecer, el hecho de que se estén discutiendo los presupuestos en el Senado le merece a este Gobierno la más absoluta falta de interés.
Como digo, hay dos versiones. Una, manifestada por el Vicepresidente, señor Rato, que se contiene en la página 27 del Tomo 15 de los Presupuestos Generales del Estado, donde se observa que las transferencias corrientes de 11.043 millones de pesetas para el Ente Público Radiotelevisión Española están contempladas en el Ministerio de Presidencia. Sin embargo, el Ministro, señor Rajoy, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados --como aparece en el «Diario de Sesiones»--, dijo textualmente, en relación con el Capítulo 4, transferencias corrientes: Este capítulo ya no contempla los datos relativos a Radiotelevisión Española, que no corresponden para el año 2001 al Ministerio de Presidencia. Por ello, este Capítulo quedaría reducido en términos absolutos a 8.348 millones.
Y yo pregunto al Grupo que sustenta al Gobierno cuál de las dos versiones es cierta: la del Ministro Rato, que aparece en los Presupuestos Generales del Estado, o la del Ministro Rajoy, en su comparecencia en el Congreso de los Diputados. Porque si los portavoces del Grupo Popular vienen aquí con un informe escrito por algún técnico del Ministerio --del cual no se toca una sola coma-- sólo para descalificar o desacreditar a los portavoces de la oposición; si no tenemos esperanza de que se admita ninguna enmienda de ningún Grupo de la oposición; si el talante no es el de construir o colaborar, sino sostenella y no enmendalla, al menos queremos que a la hora de votar sepamos qué es lo que estamos votando y cuáles son las cantidades verdaderas: las que cita el vicepresidente económico o las del vicepresidente político.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Arnáiz de las Revillas, su tiempo ha terminado.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Voy terminando, señor Presidente.
Otra cuestión con la que estamos completamente en desacuerdo se refiere al aumento del presupuesto para el Ministro Portavoz del Gobierno. Parece ser que este Ministro sin cartera la quiere tener; debe echar en falta la cobertura y las delegaciones provinciales y territoriales que tenía en Radiotelevisión Española para hacer de portavoz del Gobierno, como hizo siendo Director de Radiotelevisión Española; ahora, siendo Ministro Portavoz de Gobierno, está haciendo de jefe de prensa del Partido Popular, de la calle Génova. Y todos los medios que está requiriendo en estos presupuestos el señor Cabanillas para contestar a portavoces de distintos partidos y hablar como si fuera el portavoz

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del Partido Popular nos parece más adecuado que se sufraguen con los fondos del Partido Popular con los presupuestos generales del Estado.
Creemos que el Ministro Portavoz del Gobierno hace una política poco institucional, una política sectaria, por ejemplo, contestando al señor Chaves cuando habla como Presidente de la Ejecutiva del Partido Socialista, o al referirse al «Tireless», en contradicción con lo que ha dicho el Presidente del Gobierno. Por tanto, no nos parece que un 268 por ciento de incremento del presupuesto para información e inversiones sea justificable para alguien que tiene tan poco sentido de Estado y que es un Ministro tan poco institucional.
Por ello, y por lo que también ha supuesto su trayectoria anterior en Televisión Española, el portavoz del Grupo Popular debería tener un gesto y contestarnos al respecto, porque repito que incluso si ustedes no acepten ninguna de nuestras enmiendas, a la hora de la votación queremos saber qué es lo que estamos votando.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Martínez Oblanca.


El señor MARTINEZ OBLANCA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, antes de entrar en el turno en contra, quisiera tener un recuerdo para nuestro compañero, el Senador don José María Escuin, fallecido recientemente y que era el tradicional defensor de la Sección 25, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.
Voy a hacer unas consideraciones previas sobre la Sección 25, que corresponde al Ministerio de la Presidencia. Es conocido que tras las elecciones del pasado mes de marzo, en la posterior formación del nuevo Gobierno, este Ministerio modificó su estructura organizativa, y también se realizaron cambios que afectaban a su ámbito de competencia. Todo ello trae como consecuencia que el presupuesto de esta sección para el año 2001 no pueda ser comparable en términos absolutos con el del actual ejercicio presupuestario del 2000.
Existe un incremento de 2.451 millones de pesetas, que se traduce en el 6,16 por ciento, si lo comparamos con las cifras del presupuesto que el Ministerio maneja para este mismo año; pero esto es debido a las transferencias de capital de los organismos adscritos al Ministerio de la Presidencia, organismos importantísimos como el «Boletín Oficial del Estado», el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el Patrimonio Nacional y el Centro de Investigaciones Sociológicas. En total, el volumen que se pretende transferir a todos estos organismos se incrementa en 1.276 millones de pesetas, es decir, el 41,65 por ciento.
Salvado este aumento de transferencias, el incremento del presupuesto consolidado destinado al Ministerio de la Presidencia no llega, señorías, al 3 por ciento, y esto confirma la austeridad presupuestaria que maneja un año más el Ministerio de la Presidencia que, año tras año, mantiene apretado el cinturón, pero sin renunciar a uno solo de los ambiciosos objetivos que la propia Presidencia del Gobierno se marcó al principio de esta VII Legislatura.
Al proyecto de ley de presupuestos se han presentado, en esta Sección 25, un total de nueve enmiendas, de las cuales, tres son enmiendas a la totalidad, también conocidas como impugnaciones o vetos. Una característica singular de estas enmiendas es que algunas de ellas son idénticas en cuanto a contenido y justificación; así ocurre con las números 784 y 397, del Grupo Parlamentario Socialista y de1 Grupo Entesa, y también con las números 786 y 399, de dichos grupos. Supongo que idéntico criterio habrá que aplicar a las enmiendas números 785 y 398, si bien en este caso creo que hay un error mecanográfico en la firmada por el Grupo Parlamentario Socialista, que atribuye una baja de 367 millones de pesetas en los presupuestos de Presidencia, cuando probablemente deben ser 36,7 millones de pesetas.
Las enmiendas de veto planteadas por los grupos han sido defendidas por el señor Cámara, la del Grupo Parlamentario Mixto, y por la señora Arnáiz de las Revillas, en la del Grupo Parlamentario Socialista. Yo quisiera decir, en primer lugar, que creo que ha estado usted, señora Arnáiz, desafortunada en su intervención, porque primero ha calificado de expansivos los presupuestos, y sin duda, son unos presupuestos austeros los que año tras año Presidencia presenta en esta Cámara, incluso han tenido una evolución que en algunos ejercicios ha ido a la baja. Por tanto, repito, estamos ante unos presupuestos austeros de un ministerio importantísimo.
Usted se ha cebado en buena parte de sus críticas; se ha declarado insatisfecha del funcionamiento de las relaciones con las Cortes. Quiero decirle que esa afirmación me parece profundamente injusta, porque el Gobierno del Partido Popular ha comparecido cuantas veces se ha demandado en esta Cámara (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¿Aquí, en el Senado?¿Aquí?) y en el Congreso de los Diputados. Pero es que además, el propio Presidente del Gobierno ha demostrado numerosas veces su implicación con la vida parlamentaria, asistiendo a las sesiones de control y respondiendo a cuanto se le ha preguntado. En cuatro años, el Presidente del Gobierno ha comparecido ante el Parlamento bastante más que sus antecesores en la historia democrática, que todos ellos juntos.
Por tanto, criticar a un Ministerio que responde miles de preguntas escritas, que da todo tipo de facilidades para el seguimiento de la labor del Gobierno, y calificarlo de sectarismo e inoperancia a mí me parece, señora Arnáiz, profundamente injusto.
Yo creo que ha estado usted desafortunada, y que no ha estado atenta al desarrollo del debate presupuestario, porque ha criticado que el Gobierno no ha estado presente en esta Cámara. Hoy mismo, don Jesús Posada, Ministro de Administraciones Públicas, ha estado en el Senado, y estuvo también anteayer. No sé si su señoría aspira a que el Gobierno esté, como nosotros ayer, hasta las tres menos cuarto de la madrugada; espero que tenga comprensión y que no pida al Gobierno semejante esfuerzo, pero repito que el Gobierno ha estado presente en esta Cámara en el debate de los presupuestos. Eso indica, contrariamente a lo

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que usted dice, que hay un interés del Gobierno, no solamente por el Senado, sino por el debate de los Presupuestos Generales del Estado.
En relación con su veto, quiero destacar que ustedes inciden en su crítica a las actividades no productivas, y en particular con el funcionamiento del Ministerio del Portavoz que, como usted sabe, es consecuencia de las elecciones del mes de marzo, y en particular de los Reales Decretos 811/2000 y 1280/2000, de 30 de junio. Efectivamente existen incrementos presupuestarios que corresponden a los Capítulos 1 y 6, motivados precisamente por el desarrollo de la estructura del Ministro Portavoz del Gobierno y por la modernización y adaptación del servicio tecnológico e informático del Ministerio.
Es notorio que la creación de esta figura ministerial, a raíz de la formación del nuevo Gobierno, ha supuesto un cambio en la propia Secretaría de Estado de la Comunicación, que ha desaparecido. En esta VII Legislatura sabe su señoría que se está dedicando un especial esfuerzo también a potenciar la presencia de España en el exterior, y atender eficaz y dignamente los múltiples compromisos internacionales. En este sentido, nuestra Administración tiene una red de Consejerías de Información en el exterior, que están enmarcadas en las correspondientes embajadas y que colaboran a proyectar la imagen internacional de nuestro país. Nueve capitales europeas, seis americanas y dos africanas tienen Consejerías que forman una red dedicada a este esfuerzo de proyección. El esfuerzo presupuestario para el año 2001 aspira a seguir potenciando esta red y a incrementarla con una nueva Consejería en el continente asiático, concretamente en China.
Con todo, parece oportuno subrayar que España aún va por detrás en cuanto a número de consejerías respecto al resto de países de la Unión Europea.
Parece por tanto --al menos nos parece al Grupo Parlamentario Popular-- que el esfuerzo debe ser mayor aún, y que está plenamente justificado este objetivo de presencia y difusión de la imagen española en el resto del mundo.
La desaparición de la Secretaría de Estado y la creación de la Oficina del Ministro Portavoz, como usted decía, señora Arnáiz, un Ministro sin cartera, y por tanto sin una estructura ministerial, pero sí de apoyo, conlleva que el presupuesto crezca en 34 millones de pesetas. ¿A qué es debido este aumento? A que es una estructura que cuenta con un Ministro Portavoz, el titular, un Subsecretario, dos Directores Generales nuevos con rango de subsecretario, y dos con rango de director general. Hay, asimismo, dos oficinas, una de información general y otra que lleva la parte internacional y el día a día de la gestión. Netamente aumenta una Subsecretaría.
Crece también en casi 30 millones de pesetas el capítulo de personal eventual, con objeto de atender las retribuciones de cinco vocales asesores del gabinete del Ministro Portavoz, que es el mismo número de vocales con el que cuenta cualquier Ministro; exactamente el mismo.
Crece también la estructura del personal funcionario, que es la mayor, en 54 millones de pesetas, que nos parece una cantidad nada significativa y, por otra parte, bastante ajustada para atender los grandes objetivos planteados por el Ministro Portavoz; es decir, para el desarrollo de estas funciones se realizó una reorganización administrativa, que conlleva aumento de los créditos de personal y también de inversiones para el almacenamiento electrónico de las noticias de radio y televisión, así como la actualización del «software». Sólo de esta manera pueden ser atendidos los objetivos del Programa 1126.B, cobertura informativa, que, como sus señorías conocen, pretenden facilitar a la sociedad un mayor conocimiento de la acción del Gobierno y potenciar el conocimiento y la imagen de España en los medios informativos nacionales extranjeros; nada por tanto de sectarismo, señora portavoz socialista.
Respecto a la enmienda de modificación presentada por su Grupo con el número 785, que pretende incrementar en 36 millones de pesetas el presupuesto del CIS, es muy conocida la actividad del CIS y su dedicación al estudio científico de la sociedad española. Precisamente una de sus finalidades es dar soporte a los parlamentarios para que podamos tener mejor conocimiento de la sociedad española a la que representamos.
En estos momentos --y particularmente desde el año 1997, en que se puso especial incidencia en los principios de objetividad, neutralidad, igualdad de acceso y respeto a los derechos estadísticos-- nos parece que la eficacia del CIS está más que demostrada, y para el próximo ejercicio 2001 es suficiente la dotación funcionarial prevista en el proyecto en el concepto 660, que asciende a 280 millones de pesetas, Por tanto, no estamos de acuerdo en esa partida que ustedes pretenden para aumentar los funcionarios del Centro de Investigaciones Sociológicas.
Argumento similar sirve también para su enmienda número 786 respecto al incremento de gastos de personal del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, el CEPCO. Son actividades importantes pero también consideramos que su dotación de personal es suficiente para realizarlas; en todo caso, cabría un proceso de planificación para precisar el momento y la cuantía de la dotación presupuestaria que fuese necesaria.
En relación con el veto del Grupo Parlamentario Mixto, defendido por el Senador Cámara, conviene decir que la cuestión que ustedes plantean carece de contenido presupuestario. Se limitan a formular planteamientos sobre la manera de mantener informado al Parlamento y a los parlamentarios y censuran --lo acaba de hacer hoy-- el retraso o incluso el incumplimiento de mociones, proposiciones no de ley y acuerdos que se le transmiten. Sin embargo nosotros creemos que hay un buen funcionamiento del Gobierno en este sentido y que el Grupo enmendante debería acompañar una propuesta en la que se indicasen cuáles deben ser los objetivos de esta Sección 25, cómo se deben distribuir los créditos.
Además hacen ustedes referencia a una cuestión que se repite año tras año, y es una pregunta que tienen ustedes planteada respecto al consumo de papel ecológico en la Administración Central del Estado. Nos parece que es un tanto exagerado justificar una enmienda de veto porque no se haya dado respuesta a una cuestión que sin duda también tiene difícil respuesta.


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En definitiva, señor Presidente --y voy concluyendo--, manifestamos en este turno nuestro rechazo a las enmiendas presentadas por los Grupos Socialista, Entesa Catalana de Progrés y Mixto a una Sección que, a nuestro juicio, está ajustada de forma impecable. Son siete programas en esta Sección que creemos merecedores de total apoyo y que no han recibido críticas sustanciales que obliguen a reconsiderar el apoyo del Grupo Popular en este trámite en el Senado. Sin embargo sí creo que los grupos enmendantes deberían reconsiderar sus enmiendas. A nuestro juicio, no se trata de presentar enmiendas porque sí para cumplir con un «rol» de oposición, y por eso ante un presupuesto del Ministerio de la Presidencia serio, riguroso, objetivo, ambicioso y austero, lo mejor, señora Arnáiz, señores Senadores de la oposición, lo mejor es rendirse ante la evidencia y diría mucho de ustedes que votasen a favor del dictamen de la Sección 25.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Martínez Oblanca.
Entramos a continuación en el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Simplemente quiero decir que tiene razón usted: efectivamente, en las dos legislaturas que yo llevo aquí --al menos en presupuestos-- el ejemplo que ponemos se ha repetido. En cualquier caso, tómeselo como un ejemplo, la explicación de fondo es la que di antes. Como tenemos tanto trabajo reiteramos el ejemplo, que a fin de cuentas es lo mismo; es simplemente para no tener que buscar más.
Ejemplos podríamos encontrar, pero ya sabe que somos pocos y, lógicamente, necesitamos el máximo tiempo posible para atender tantas cosas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
El Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria no hace uso de la palabra.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Arnáiz.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, Presidente.
Señor Martínez Oblanca, esta vez a usted no le ha dado ningún técnico un papel para que lo lea, simplemente ha leído literalmente --porque lo he estado siguiendo en el «Diario de Sesiones» del Congreso de los Diputados-- la comparecencia del Ministro Rajoy. La ha seguido literalmente, pero se ha parado exactamente en el momento en que yo le he dicho que el presupuesto de Radiotelevisión Española no iba en el capítulo 4. Usted no se ha referido a ello y no me ha contestado. Importa mucho lo que vamos a votar aquí en el Senado. Importa mucho saber dónde está esa transferencia a Radiotelevisión Española por 11.043 millones.
Importa mucho saberlo y no me ha contestado.
En segundo lugar, a mí no me importa nada, no me preocupa nada, estoy muy contenta de que a usted le parezca que no estoy adecuada. Evidentemente no estoy adecuada y pienso muy de una manera muy distinta, y tengo unos criterios muy distintos a los que tienen usted y el Gobierno respecto a la dotación que tendría que tener La Moncloa, Presidencia del Gobierno, etcétera.
Le voy a decir una cosa que no le he dicho anteriormente. Es verdad que a la Agencia Efe, le dan más de 7.000 millones, pero también es verdad que habrán recibido todos ustedes un dossier de los trabajadores de la Agencia Efe quejándose de la situación. En la Agencia Efe, señor Martínez Oblanca, también son ustedes sectarios, contratan a quien quieren y despiden a quienes ustedes quieren en función de intereses partidistas y de intereses personales. Esa denuncia que vienen haciendo el Comité de Empresa y el Comité Intercentros de la Agencia Efe se ha demostrado en varias ocasiones y en varias comparecencias que hemos pedido. Ustedes tampoco se refieren a eso.
Y voy a hablar de otra cuestión. De los 4.000 millones que van a La Moncloa-Presidencia del Gobierno, 300 van para obras y remodelaciones, ése es el mayor incremento. Dejan que el mayor incremento del presupuesto del Ministro Rajoy se dedique a nueva inversión para obras y reparaciones. En realidad le dejan al señor Rajoy --por eso habrá dicho el señor Aznar que le quiere demasiado-- como jefe de mantenimiento de los inquilinos de La Moncloa, jefe de mantenimiento de las obras, de las reformas y demás cuestiones parejas. Ese es el mayor incremento que tiene el Vicepresidente político y la mayor modificación presupuestaria de su programa. Y no se preocupe, que nosotros no vamos a hablar nunca de «el mal gusto» del que ustedes hablan de los anteriores inquilinos de La Moncloa. Simplemente, con un poco de humor si me permite, le diremos que en algunas de las glorietas de los jardines de La Moncloa puede poner un submarino amarillo --y que se quede en privado ese tipo de bromas--, porque tantas remodelaciones no nos parecen justificables con ese incremento tan exhaustivo.
Y hay otra cuestión que nos parece absolutamente inadmisible e inconveniente en lo que se refiere al crecimiento de este presupuesto. El Ministro Portavoz del Gobierno necesita las mejoras informáticas y mucho, pero quiero recordar una cosa que he aprendido recientemente a través de la Comisión de la Sociedad de la Información, y es que un tonto con una herramienta sigue siendo un tonto, y no me refiero al Ministro Portavoz, por supuesto. Pero cuando la página web actual del Portavoz del Gobierno tiene los errores que tiene, tiene los fallos que tiene y ha sido objeto de muchísimas críticas, incrementar esa cifra --no sé exactamente la cantidad que va a mejoras informáticas, no quiero decir un dato erróneo para mejoras

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informáticas en una cantidad desorbitada teniendo la calidad que en este momento tiene su página web me parece también bastante, injustificado.
Esas son las justificaciones que yo esperaba de su señoría y ésos son algunos de los motivos del veto.
Por otra parte, me parece que el hecho de que el Centro de Estudios Políticos y Constitucionales se mantenga, incluso disminuya de personal, es una pena porque tiene gran prestigio, realiza un trabajo serio y riguroso, igual que el Centro de Investigaciones Sociológicas, porque aunque también se utiliza de forma partidista, nos parece imprescindible aumentar su dotación para los estudios que hace de cara al conocimiento general del público.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchísimas gracias, Senadora Arnáiz de las Revillas.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Martínez Oblanca.


El señor MARTINEZ OBLANCA: Gracias, señor Presidente. Intentaré ser muy breve porque la hora no es la más adecuada para seguir prolongando en exceso este debate.
En relación con lo último que apuntaba la señora Arnáiz respecto a la cobertura informativa, creo que es importante que el Ministerio de la Presidencia y el Ministro Portavoz tengan una adecuada adaptación a lo que son las profundas transformaciones de la Sociedad de la Información y se incremente sustancialmente la adquisición de nuevas tecnologías para que haya una correcta cobertura informativa. Yo discrepo totalmente de su opinión sobre la página web de Moncloa. Creo que es una de las páginas más visitadas por los internautas españoles, porque desde primera hora de la mañana, gracias a la labor que está realizando allí el Ministro Portavoz, los españoles podemos tener acceso puntual y rápido a todas las noticias que se producen en nuestro país. Por lo tanto, creo que cualquier inversión en esta materia siempre será un esfuerzo insuficiente, tanto en la digitalización, como en las páginas web, en la ofimática, en la fotografía digital, porque, en definitiva, estamos hablando de un ministerio y de un ministro Portavoz que va a preparar todo lo que representa la Presidencia española de la Unión Europea en el año 2002. El año 2001 es un año muy importante y, por lo tanto, es también importante que en los presupuestos que estamos debatiendo incluyamos partidas que permitan modernizar y adaptar el Ministerio de la Presidencia a las necesidades que tenemos respecto al resto de Europa.
Usted citaba, señor Presidente, al «submarino amarillo», a la Agencia EFE --por cierto, no ha presentado ninguna enmienda respecto a esta agencia y hoy la saca a colación--. Tengo que reconocer ante ustedes que son inasequibles al desaliento, continúan erre que erre. Les dan lo mismo las cifras, las letras, la música, todo el proyecto presupuestario de la Sección 25. Ustedes tienen planteada una estrategia de oposición que consiste en oponerse por oponerse, en enmendar por enmendar, y lo vienen haciendo a esta sección desde hace bastantes años. Nosotros creemos que esta sección es una sección austera, que presenta unas cifras muy ajustadas, que no se puede hablar en absoluto de presupuestos expansivos, sino que incluso ha habido ejercicios económicos a la baja, como le dije antes. Y ustedes erre que erre, negando la evidencia y haciendo el papelón de oponerse por el mero hecho de oponerse.
Uno puede aceptar que haya Senadores que quieran mejorar cosas para su pueblo, como es lógico, que quieran incorporar iniciativas o enmiendas de campanario, pero lo que ustedes pretenden en esta sección es cercenar el mismísimo Ministerio de la Presidencia o promover algunas enmiendas.
Sinceramente, no cambiar de fórmula opositora ni tan siquiera con unas elecciones de por medio me parece que les lleva a ustedes por muy mal camino, pero esa es cuestión suya, allá ustedes.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Martínez Oblanca.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, acabamos de confirmar que el concejal del Partido Popular en Viladecavalls acaba de fallecer.
Vamos a llamar a los Senadores para guardar un minuto de silencio, tal y como hemos acordado con los portavoces y la Mesa de la Cámara. (Pausa.)

--MINUTO DE SILENCIO CON MOTIVO DEL FALLECIMIENTO DE DON FRANCISCO CANO CONSUEGRA, CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE VILADECAVALLS (BARCELONA) (630/000007).


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Desgraciadamente, acabamos de tener la confirmación de la noticia de que el concejal del Partido Popular en el ayuntamiento de Viladecavalls, don Francisco Cano Consuegra, ha fallecido víctima del atentado terrorista que se ha producido esta mañana en Terrassa. Ruego a sus señorías que guardemos en pie un minuto de silencio en su memoria. (Las señoras y los señores Senadores, puestos en pie, guardan un minuto de silencio.)

DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTOS GENERALES DEL ESTADO PARA EL AÑO 2001 (S. 621/000003) (C. D.
121/000016) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a continuar con el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.
Antes de discutir la Sección

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26, correspondiente al Ministerio de Sanidad y Consumo y el Insalud, quería advertirles que, por acuerdo de los portavoces, no habrá suspensión a la hora de comer y las votaciones tendrán lugar en el momento en que cada proyecto de ley culmine su debate. (El señor González Pons pide la palabra.) Tiene la palabra el señor González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, ¿seguiremos esta noche hasta terminar con el orden del día?

La señora PRESIDENTA: Entiendo que sus señorías tienen esa voluntad.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, el Grupo Parlamentario Popular, que quiere estar mañana en Barcelona en el entierro de nuestro compañero, ha solicitado al resto de grupos parlamentarios su consentimiento para seguir los debates a lo largo del día y de la noche de hoy, si fuera preciso, hasta que el Pleno culmine, de tal manera que mañana por la mañana no continuara esta sesión. El resto de portavoces han manifestado amable y fraternalmente su consentimiento. Este es otro acuerdo de los portavoces que hemos trasladado a la Mesa, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Sí, señoría. Yo había querido darlo a entender diciendo que se votarían todas las leyes en su momento, y creía que la intervención de su señoría era en sentido contrario. Por tanto, así se hará. Si sus señorías están de acuerdo, continuaremos debatiendo ahora el proyecto de ley de Presupuestos, que se votará cuando culmine el debate para entrar después en el proyecto de ley de extranjería, que se votará en su momento, y los tres proyectos de ley correspondientes al Ministerio de Justicia. (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nosotros estamos de acuerdo con el plan de trabajo que se ha hecho, pero sí que nos gustaría que la Mesa hiciese un cálculo aproximado de la hora en que podríamos terminar los Presupuestos para tener una idea de en qué momento se va a producir la votación. Y otra cosa que también nos gustaría poder saber es en qué momento podemos entrar en el debate de la enmienda que acabamos de firmar todos los grupos respecto de la incorporación al sistema de pensiones de la desviación del índice de precios. Lo digo a los efectos de seguridad de los miembros de este Grupo, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Laborda, ahora mismo le contestamos. (Pausa.) Señoría, calculamos que la votación de Presupuestos no se va a producir antes de las cuatro de la tarde. Y en cuanto al debate de la enmienda, me indican los Letrados que puesto que se trata de algo que ya se ha debatido, debe verse al final. Por lo tanto, calculando que no se va a producir en ningún caso antes de las cuatro de la tarde la votación de Presupuestos, inmediatamente antes iría el debate de la enmienda. No sé si eso contesta lo que su señoría preguntaba.
Continuamos, pues, con la Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo e Insalud. (Fuertes rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio.
Tiene la palabra, Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero empezar mi intervención diciendo que he dado mi conformidad para alargar este Pleno todo lo que haga falta durante la noche con el fin de que a quienes les sea posible puedan acudir al entierro del Concejal asesinado.
No me ha parecido tan bien lo de prolongar durante la hora de la comida el debate porque está claro que algunos Senadores de los grupos mayoritarios se quedarán en el Pleno mientras que el resto se irá a comer, luego vendrán algunos a relevar a los que habían permanecido en la sesión para que puedan comer, pero como en mi Grupo, Izquierda Unida, estoy yo solamente...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, tiene tres minutos. Yo le llamo a la cuestión.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, sí. Tres minutos, ¿para qué?

La señora PRESIDENTA: Para la defensa de las enmiendas que su señoría ha presentado individualmente.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Las quiero juntar todas.


La señora PRESIDENTA: Bien. Es que no lo ha dicho al principio. (El señor Cámara Fernández: Perdón.) En ese caso defenderá también las que tiene presentadas conjuntamente con el Senador Cabrero.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Efectivamente. Por eso, como tengo muchas enmiendas aprovechaba estos minutos para expresar mi desacuerdo con esta decisión, pero, lógicamente, en aras del consenso, sobre todo cuando éste se produce entre todos los grupos, he aceptado. Quiero que quede claro que a partir de ahora, después de esta intervención global y concreta que voy a hacer con respecto a esta Sección, iré dando por defendidas todas las enmiendas, en primer lugar porque no quiero quedarme sin comer y, en segundo lugar, porque uno tiene un límite en las cosas. Mientras que a los grupos grandes les es fácil hacer estas cosas, para mí en concreto resulta complicado, a menos que no coma hasta que termine el Pleno.
Entrando ya en el tema de esta Sección, quiero decir que el Gobierno, en contra de sus compromisos de años anteriores, ha desacelerado el crecimiento del gasto sanitario, dejando para ello de abordar problemas sanitarios de importante necesidad social, como la atención a las personas en lista de espera quirúrgica y diagnóstica, la carencia

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de infraestructuras para personas que precisan hospitalización crónica, la falta de camas de agudos en numerosas áreas sanitarias, la falta de implantación en muchas áreas de programas de cáncer de mama o de cuello uterino, la falta de generalización de anestesia raquídea en numerosos partos, etcétera.
Pero uno de los argumentos fundamentales de nuestro veto es que se mantiene una política de inversiones para investigación sanitaria reidamente insuficiente, que no alcanzará el 0,4 por ciento del gasto sanitario público, muy por debajo del mínimo del 1 por ciento que establece la propia Ley General de Sanidad en su artículo 109, lo que nos mantiene muy lejos de las necesidades de investigación para afrontar los nuevos problemas de salud como el sida, enfermedades producidas por tóxicos medioambientales, etcétera.
No se siguen tampoco las recomendaciones de las Naciones Unidas ni de una gran parte de la sociedad española de orientar una fracción significativa del gasto sanitario para ayudar al tercer mundo, dedicando para tal cooperación en el presupuesto en la sección de sanidad el 0,08 del gasto sanitario público, proporción que, en fin, no merece la pena ni comentarla puesto que se comenta por sí misma. (Rumores.) En definitiva, argumentos que están contenidos en nuestro veto y en esa multitud de enmiendas que tratan sobre diferentes temas de personal, de instalaciones sanitarias, etcétera.
Voy a terminar ya porque voy a dar por defendidas todas las enmiendas con un solo ejemplo que quiero que conste en acta a los efectos de defender una posición. Es un ejemplo muy concreto que podría estar expresado en multitud de otros diversos a lo largo y ancho del Estado.
Señorías, en el caso de mi Comunidad Autónoma y concretamente en el de una isla muy pequeña, Formentera, sus habitantes, para multitud de cosas en relación con temas sanitarios tienen un problema grave. El vivir en una isla con dificultades de transporte de todo tipo, con una barca como transporte, que hace el trayecto desde Formentera hasta Ibiza, barca que sale o no sale dependiendo de que haya temporal o no, o bien en función de si azota o no azota fuerte el mar en el canal que hay entre las dos islas, hace muy difícil para los habitantes de esa isla, Formentera, muchas cosas, lo repito. Pero todas aquellas cuestiones de traslado de enfermos, de sus familiares, de médicos que tienen que acudir hasta la isla, etcétera, se hacen ya insostenibles. Se creó una Comisión Mixta en la anterior legislatura que no termina de funcionar. Hay multitud de enmiendas, y unas cinco o seis concretamente referidas a Formentera que nos gustaría que fueran atendidas. Es inconcebible que no se hayan atendido, ya que entre otras cosas son compromisos de este propio Senado.
(Rumores.) En fin, poco que me escuchan ustedes en estos momentos, y poco que escucharon anteriormente las sugerencias, comentarios o defensas de políticas que yo creo justas, termino aquí lamentando todo lo que nos afecta en la ruptura del debate político, pero reiterando que desde Izquierda Unida seguiremos manifestando nuestra posición --insisto-- día tras día, mes tras mes, año tras año mientras tengamos voz aunque nos escuche muy poca gente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora el turno para la defensa de sus enmiendas al Senador Espasa, en nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Para mejor cumplir los acuerdos que han tomado todos los portavoces, a petición del portavoz del Grupo Parlamentario Popular, el representante de la Entesa Catalana de Progrés da por defendidas todas sus enmiendas, y facilita así el trámite político de todos los debates que nos quedan aún por realizar en esta Cámara, entendiendo que no se interrumpe nuestro debate político por el execrable acto terrorista, pero sí que se adapta a nuestra voluntad y a nuestra decisión. Por lo tanto, quedan defendidas todas nuestras enmiendas con esta intervención.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Espasa.
Creo interpretar el sentimiento de todos los Senadores del Grupo Parlamentario Popular, agradeciéndole a su señoría y al Grupo de la Entesa Catalana de Progrés este gesto y esta intervención.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro grupo parlamentario también da por defendida en sus propios términos la última enmienda que nos quedaba por defender a este proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, señorías, tomo la palabra para defender el veto del Grupo Parlamentario Socialista al presupuesto del Ministerio de Sanidad y Consumo, así como al presupuesto del Insalud. También usaré esta intervención para defender al mismo tiempo todas las enmiendas presentadas a la Sección 26 y a la Sección 60 en lo referido al presupuesto del Insalud.
Quiero iniciar la defensa del veto haciendo una consideración en torno a los recursos disponibles con respecto al Ministerio de Sanidad y Consumo.
Un asunto que en mi opinión me parece ineludible para poder llegar a otra consideración posterior cualquiera que ésta sea. El punto de partida de los recursos disponibles evidentemente está en la financiación del Sistema Nacional de Salud. Una financiación que fue aprobada en el mes de noviembre de 1997

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por el Consejo de Política Fiscal y Financiera, que entró en vigor en enero de 1998, es decir, con el presupuesto de ese año, tiene una vigencia de cuatro años y, por tanto, concluye con el presupuesto que estamos debatiendo en este momento. Esta financiación del Sistema Nacional de Salud descansa fundamentalmente en las aportaciones del Estado, cuya cuantía se estima en torno a la aplicación del PIB nominal aplicado al escenario presupuestario del ejercicio anterior.
Este es un dato de una gran importancia porque de aquí parte la primera de las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Socialista se opone a los presupuestos, tanto del Insalud como del Ministerio de Sanidad y Consumo. La Memoria del Ministerio establece un PIB nominal para el año 2001 de 5,9 puntos, exactamente una décima de punto superior al establecido en el año 2000. Sin embargo, nos encontramos con que la evolución del gasto sanitario para el presupuesto del año 2001 se incrementa un 6,23 por ciento, mientras que en el ejercicio precedente lo hizo un 6,54. Aparentemente estamos ante una cifra insignificante, pero no es verdad, toda vez que estamos barajando un presupuesto de 4,5 billones de pesetas, y la repercusión de este diferencial supondría un incremento presupuestario de 63.000 millones de pesetas.
¿Qué ocurre? ¿Por qué habiendo para este año una estimación del PIB nominal superior a la que existe para el año 2000, el presupuesto de sanidad no crece con el mismo ritmo que en dicho año? ¿Cuál es la razón? En mi opinión, la razón hay que encontrarla en ese objetivo político que ha establecido el Gobierno y que se llama el déficit cero. A partir de ese momento los recursos adicionales que el Ministerio tiene que añadir, que el Estado tiene que aportar a esa financiación mínima establecida en el modelo de financiación, se han visto recortados y sometidos a esa férrea disciplina del objetivo del déficit cero. Una disciplina, en definitiva, un fin casi mayestático para el Ministro de Hacienda, con el que pretende pasar a los anales de la Hacienda Pública en este país.
Por tanto, estamos ante un freno del crecimiento del gasto sanitario, un freno que es generalizado, y que yo voy a permitirme desglosar a todos ustedes con el ánimo de que lo puedan palpar de una manera absolutamente convincente. Y para ello voy a utilizar una metodología que no es inventada por mí, la que usó la propia Ministra de Sanidad en su exposición en el Congreso cuando defendió los presupuestos que estamos debatiendo en este momento en el Senado.
Hay tres grandes bloques dentro de este Ministerio: En primer lugar, los gastos propios del Ministerio, que tienen un crecimiento del 4,2 por ciento. Es decir, están bastante por debajo del 5,9 nominal que, en definitiva, debería ser el crecimiento mínimo. El segundo bloque lo forman los organismos autónomos que, como todos ustedes saben, comprenden el Instituto de Salud Carlos III, la Agencia Española del Medicamento y el Instituto Nacional de Consumo. Pues bien, el crecimiento de los organismos autónomos para el año 2001 es del 6,94. ¿Cuál fue este crecimiento en el ejercicio anterior? El 22,65. Por último, hay que hablar del Insalud, tanto en el apartado de la gestión directa como en las transferencias a las Comunidades Autónomas. El presupuesto del Insalud es el más voluminoso de todos y tiene un crecimiento del 6,12. En el ejercicio anterior tuvo un crecimiento del 7,69 por ciento. Si hubiéramos tenido un crecimiento mínimo, que es el que debe garantizar el crecimiento en función del PIB nominal, tendríamos una aportación superior en torno a 24.910 millones de pesetas. Igual ocurre con las transferencias a las Comunidades Autónomas para la cobertura de las prestaciones sanitarias asumidas. El presupuesto crece un 6,21 por ciento y en el año anterior lo hizo un 7,49, lo cual equivaldría a un incremento de 34.450 millones de pesetas.
De aquí se deriva una conclusión política, y es que si el Gobierno fija para el próximo ejercicio una tasa de PIB nominal superior al año anterior, como mínimo, insisto, el crecimiento real del presupuesto tenía que ser ser semejante al producido en el año 2000. Como no ocurre, y eso desgraciadamente se da este año, nosotros encontramos en ello una sólida razón que justifica el veto a los presupuestos que estamos debatiendo.
Pero ocurre que este problema se acentúa más porque estamos en una coyuntura especial, derivada de que en esta legislatura tienen que llevarse a efecto las transferencias del Insalud. Unas transferencias que la propia Ministra ha declarado que constituyen uno de los objetivos básicos de su programa de gobierno, y que suponen en este momento el 38 por ciento del gasto del conjunto del Insalud que se da en este país.
Para llevar a cabo esas transferencias, ante todo, lo que tenemos que procurar es corregir previamente los desequilibrios interterritoriales que en estos momentos están produciéndose, que se pueden medir de dos maneras significativas: por un lado, el gasto capitativo en el Insalud no transferido y, por otro lado, las diferencias que existen entre el Insalud de gestión directa y el Insalud transferido. En el primero de los casos, con cifras referidas al año 1998, el Insalud de gestión directa tenía en su propio territorio unas desigualdades sobre el gasto sanitario del orden de 22.000 pesetas por habitante/año y, de igual manera, en los presupuestos para el año 2000, la diferencia de gasto sanitario entre el Insalud de gestión directa y el Insalud transferido suponía 5.000 pesetas por habitante/año. Para corregir esto hace falta una política decidida en recursos humanos y en inversiones en infraestructura, una política que tampoco se cumple con estos presupuestos dado que los gastos en inversiones, aun creciendo, crecen por debajo del PIB nominal. Por eso, es difícil que con un escenario como el que ustedes han dibujado para el presupuesto del año 2001 se puedan resolver estas diferencias y, por tanto, se pueda llegar a un consenso en el proceso de transferencias, que constituye uno de los objetivos políticos fundamentales de su Gobierno y, al mismo tiempo, demandado por la oposición.
Estas son las razones básicas, pero hay algunas otras razones, de carácter complementario, en las que también quiero detenerme.
En primer lugar, estamos ante un presupuesto que impone una política de personal desigual. Los recursos humanos del Insalud de gestión directa superan los 133.000

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trabajadores. No voy a detenerme solamente en ese crecimiento salarial del 2 por ciento que ya han criticado tantos portavoces en el transcurso de este debate presupuestario; lo reitero, pero no insisto más en ello.
Ustedes introducen también otros elementos complementarios que son realmente preocupantes, por ejemplo, los incentivos a la rentabilidad en el campo de la asistencia primaria tienen un incremento del 30 por ciento, los incentivos a la rentabilidad en el campo de la atención especializada tienen un incremento del 16 por ciento. No hay ni una sola razón en la memoria explicativa, en primer lugar, que justifique esta desigualdad y, en segundo lugar, que se refiera a los criterios con que se van a repartir y por qué razones se producen estas desigualdades e incrementos tan importantes desde el punto de vista cuantitativo.
En segundo lugar, éste es un presupuesto que yo calificaría de arriesgado en algunos objetivos básicos como, por ejemplo, la contención del gasto farmacéutico público por recetas, que supone un 22,5 por ciento del total del gasto sanitario del Insalud y que para el ejercicio del año 2001 tiene prevista una evolución del 7,34 por ciento de incremento sobre lo que se gaste en el año 2000, es decir, la perspectiva más baja de gasto de los últimos años. Me parece bien que se pudiera cumplir este objetivo, la oposición comparte la preocupación de la señora Ministra sobre la contención del gasto farmacéutico. Sin embargo, creemos que es un tanto arriesgado. En el año 1999 se presupuestó un 8,5 por ciento y gastamos un 10,2 por ciento. Para el año 2000 se intenta por parte de este Ministerio que se alcance el 8 por ciento de incremento sobre el ejercicio anterior y esto es difícil de cumplir. Hoy mismo leía una entrevista de la señora Ministra en la que mostraba su preocupación por que el gasto farmacéutico no supere esta cantidad. Y tenemos un problema serio al respecto, porque en el momento en el que el gasto sanitario desborde las consignaciones presupuestarias, todos ustedes saben cómo tendríamos que volver a financiar esa diferencia: cogiendo dinero de las inversiones y, por tanto, recortando las inversiones del Capítulo 6 que se pudieran desarrollar en cada una de esas provincias donde tenemos esas desigualdades que anteriormente les he comentado.
Finalmente, este presupuesto está elaborado con una cierta artificiosidad. ¿Por qué? Porque en el supuesto de créditos a las empresas colaboradoras de la asistencia sanitaria no figura ni una sol a consignación presupuestaria. ¿Con cargo a qué partida se van a pagar los gastos derivados de la asistencia sanitaria prestada por estas empresas colaboradoras en el ejercicio de 1999? Aquí mismo, el año pasado tuvimos un debate importante en virtud del cual esta Cámara autorizó a través de un proyecto de ley una concesión de un crédito extraordinario por un importe nada menos que de 16.870 millones de pesetas para hacer frente a los gastos por el mismo concepto en el año 1998. No estamos hablando de una cantidad insignificante, estamos hablando de una partida muy importante, tan importante que, en mi opinión, obliga al Gobierno, o a los portavoces del Grupo Popular a dar una explicación de por qué no recogen estos presupuestos una consignación para hacer frente a esta realidad que tenemos pendiente desde el punto de vista económico.
Voy a hacer otras consideraciones --tal vez puedan sorprender-- y que se basan en el nivel de cumplimento que el Partido Popular debería haber reflejado en el proyecto de presupuestos relativo al programa con el que ustedes se presentaron a las elecciones hace exactamente ocho meses. Yo soy consciente plenamente de que ese programa no se puede cumplir prácticamente en casi nada porque no hay tiempo --parto de ese punto de vista--, pero no cabe la menor duda de que en algunas cuestiones que no tienen gran importancia económica ustedes deberían haber hecho algunos apuntes en este presupuesto referentes a que han comenzado ya con su cumplimiento promesas algunas de las cuales --fíjense en lo que les digo--, personalmente y mi Grupo también, compartimos.
Por ejemplo --leo textualmente--, dentro de ese programa que ustedes denominaron de una sanidad centrada en las personas y en la calidad, han ofertado un plan integral de formación para los profesionales del Sistema Nacional de Salud con progresiva financiación pública. Estamos total y absolutamente de acuerdo. ¿Qué impide que eso se pueda llevar a la práctica ya, en el ejercicio del año 2001? El Programa 2627 del presupuesto del Insalud, que cubre la formación de personal sanitario, no solamente no crece, sino que decrece por debajo de la media general, toda vez que se sitúa en el 3,30 puntos de incremento.
Y tiene un agravante, y es que este mismo programa en el presupuesto para el año 2000 no creció; más aún, tuvo un decrecimiento de 1,35 puntos. En mi opinión, con esta premisa, es, pues, bastante difícil que se pueda cumplir ninguno de los objetivos que ustedes divulgaron en su programa electoral relativos a la formación del profesional en el Sistema Nacional de Salud.
También prometieron ustedes intensificar las actuaciones en salud pública. Esta es otra cuestión que tiene un bajo coste económico y, sin embargo, constituye un importante instrumento en la política sanitaria, ya que va a permitir al Ministerio --y le debe permitir-- ejercer las funciones de autoridad en el ámbito de la salud.
La Dirección General de Salud Pública tiene unas competencias muy amplias. Voy a enumerarles algunas muy brevemente que tienen una gran trascendencia social, por ejemplo, la sanidad exterior, la atención al problema de las enfermedades infecciosas emergentes, veterinaria sobre salud pública, higiene de los alimentos, sanidad ambiental, etcétera.
Pues bien, para todo este programa, contemplado en el presupuesto bajo el epígrafe 413, mantienen ustedes los mismos gastos corrientes que el año pasado, al tiempo que han conseguido un decrecimiento de las transferencias a las Comunidades Autónomas, lo cual les lleva, evidentemente, a tener que recortar algunos programas de una gran significación social, como es la ayuda a los enfermos de VIH, a los enfermos de sida.
Finalmente, quiero recordarles que ustedes también han prometido dar un gran impulso a la atención socio-sanitaria. Para ello, han dicho que iban a crear 60.000 plazas de larga estancia, de las cuales 36.000 serían asistidas y 24.000 para personas sin necesidad de cuidados especiales.
También compartimos la necesidad de esta iniciativa,

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pero parece elemental que para que esta promesa pueda desarrollarse en el transcurso de los próximos cuatro años debería tener un reflejo, aunque fuera insignificante, en los presupuestos que estamos debatiendo y, sin embargo, esta cuestión tampoco se refleja. En mi opinión, este conjunto de razones justifica sobradamente nuestro veto al presupuesto que estamos debatiendo.
Quiero hacer referencia a las enmiendas que hemos presentado, tanto a la Sección 26 como al presupuesto del Insalud. En primer lugar, hay que decir que el Grupo Parlamentario Socialista pretende incrementar los recursos de la Dirección General de Salud Pública en 1.000 millones de pesetas, exactamente en 1.050 millones de pesetas. Con ello queremos favorecer una política mucho más decidida en la prevención de las enfermedades emergentes y en las ayudas a las Comunidades Autónomas para las actuaciones en estos campos. Queremos también que se cumpla esa promesa que hizo la Ministra sobre que el Ministerio de Sanidad y Consumo apoyaría de manera decidida el Plan de lucha contra la enfermedad de Alzheimer, diseñado conjuntamente con el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
También queremos garantizar una mejor defensa de los derechos de los consumidores, y para ello presentamos unas enmiendas que cuentan con un importe de 500 millones de pesetas y que van destinadas a aumentar los recursos transferidos en su momento a las Comunidades Autónomas para mejorar las campañas de formación e información a los usuarios. Creo que es obvio decir que nos encontramos en una coyuntura --y no quiero contribuir a la alarma social-- donde sobra cualquier argumento que justifique este tipo de incremento.
Finalmente, para nosotros tiene una gran importancia un apoyo decidido y radical a la investigación biomédica. Para ello, queremos que el presupuesto se incremente en una cantidad de 2.365 millones de pesetas.
Lo hacemos por dos razones: En primer lugar, porque creemos que debe de acelerarse el cumplimiento del objetivo marcado por la Ley General de Sanidad en su artículo 109, que --como todos ustedes saben-- estipula que el gasto en investigación debe de aproximarse paulatinamente al 1 por ciento. En segundo lugar --y ésta es una razón muy importante--, porque el Grupo Parlamentario Socialista desea que la investigación biomédica sea una de las competencias básicas del Ministerio, una vez que se produzcan las transferencias del Insalud a las respectivas Comunidades Autónomas.
Para terminar, quiero decir que hay enmiendas a este presupuesto del Insalud no transferido, es decir, al Insalud de gestión directa, que tienen un alcance de 6.600 millones de pesetas destinados a la creación de nuevos centros de salud, al Programa de atención primaria, y de 19.500 millones de pesetas para el Programa de atención especializada para la construcción y reforma de hospitales y mejora de las tecnologías diagnósticas de los mismos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Quiero acabar mi intervención diciendo que estamos ante un presupuesto que, desde el punto de vista económico, frena injustificadamente el incremento del gasto sanitario. La situación económica del país permite que haya una mayor aportación de los fondos estatales al presupuesto del Ministerio y del Insalud. Es un presupuesto que tiene también la inoportunidad política que produce esa regresión en el crecimiento en una coyuntura --como antes he explicado-- significativa, como es la puerta de las transferencias a las respectivas Comunidades Autónomas. Este frenazo, indiscutiblemente condicionado por el objetivo del déficit cero, muy al contrario de lo que publicita el Gobierno no produce un acercamiento a los países que lideran la Unión Europea. España, como todos ustedes saben, se encuentra en una zona media, según la estadística que queramos utilizar, del gasto per cápita sanitario público en la Unión Europea.
Otras cifras, concretamente las referidas a la Organización Mundial de la Salud del año 1997, que establecen estos parámetros en el gasto per cápita, nos sitúan muy mal, prácticamente en la cola, con 1.168 dólares por habitante y año. Nosotros creemos que más importante que se produzca una convergencia nominal lo es que se produzca una convergencia real, y esa convergencia real tiene un parámetro indiscutible: el gasto sanitario.
Termino diciendo que nuestras enmiendas pretenden acortar distancias con estos países de la Unión Europea, pero lo hacen desde el convencimiento radical de que la salud es algo más que una pesada carga para la Hacienda Pública. Se trata de un derecho fundamental de los ciudadanos que el Estado debe de garantizar como parte definitoria de su propia naturaleza.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador López Carvajal.
El Grupo Parlamentario Popular dispone de veinte minutos para realizar su turno en contra. El Senador Bellido, que compartirá su turno, tiene la palabra.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como andaluz, tengo que lamentar la muerte de un andaluz que defendía la democracia en un municipio catalán.
Nosotros vamos a rechazar los vetos planteados por los distintos grupos parlamentarios por las dos razones a las que ya hice referencia en Comisión. Entendemos que son unos presupuestos solidarios y que apuestan por la suficiencia económica; suficiencia económica porque nacen de un incremento considerable, superior al PIB, concretamente una subida de 6,18 puntos con respecto a los presupuestos del año anterior. Por otro lado, cumplen con el acuerdo de financiación sanitaria firmado por todas las fuerzas políticas entre los años 1998 y 2001. Entendemos que son solidarios con todas las Comunidades Autónomas, en base a ese acuerdo de financiación sanitario, con los ciudadanos, porque presenta y ofrece la posibilidad de una mejora asistencial a todos los niveles, con el resto de las administraciones, porque ajusta claramente los gastos sobre todo en lo referente al gasto farmacéutico, con los profesionales asistenciales, para los que se contemplan subidas

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de la masa salarial del 5,6 por ciento, y con aquellos que investigan dentro de nuestro sistema sanitario, para los que los presupuestos en investigación se han incrementado en un 6,6 por ciento alcanzando cifras nunca conseguidas en este concepto, concretamente 19.000 millones de pesetas. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Voy a contestar brevemente a cada uno de los portavoces que han intervenido. Respecto al Grupo de Izquierda Unida, tengo que decir que el crecimiento es superior al PIB, lo supera en 0,28 puntos. Se da la colaboración con las Comunidades Autónomas, a través del Consejo Interterritorial, con un crecimiento del presupuesto del propio Consejo Interterritorial en torno al 400 por ciento. Sobre el incremento en investigación --y con ello me refiero a lo expuesto sobre el capítulo de formación por el portavoz socialista--, hay que decir que las becas de investigación y formación tienen un incremento del 8,3 por ciento; las becas de investigación biomédica y ciencias de la salud soportan un incremento del 27,7 por ciento; para las de investigación sociosanitaria se contempla un incremento del 5 por ciento; en las inversiones en obras y equipamientos de los complejos de Chamartín y Majadahonda se propone un incremento del 6 por ciento; las ayudas de investigación a infraestructuras tienen un aumento, a través de las becas del GIF, del 6,4 por ciento; y el Programa nacional de evaluación de tecnología sanitaria sufre un incremento del 10 por ciento.
También, aunque no es competencia exclusiva del Ministerio de Sanidad y Consumo, se incrementa la partida a países del Tercer Mundo en vías de desarrollo, con un aumento del 3,7 por ciento para los programas que se realizan en colaboración con ellos. Asimismo, hace referencia a las condiciones laborales y salariales de todos los funcionarios en el marco de un respeto absoluto.
Con respecto a lo dicho por el portavoz socialista, el Senador López Carvajal, en materia del Insalud, entiendo que son poco cuestionables unos presupuestos que se ajustan al acuerdo de financiación sanitaria firmado por todas las fuerzas políticas. A proyectos de inversión se destinan 70.000 millones de pesetas más que en el anterior; se van a construir 88 nuevos centros de salud, 13 nuevos hospitales y 4 centros de especialidades, y se van a acometer 21 reformas en diversos centros de salud y en 47 hospitales. Aparte de lo anterior, se van a destinar 10.000 millones de pesetas a la informatización de 100 centros de salud y de 6 hospitales.
Además, es una inversión que se hace respetando lo que tanto preocupaba al portavoz socialista, es decir, los desequilibrios territoriales.
Evidentemente, en el horizonte de esta legislatura se producirán todas las transferencias al resto de Comunidades Autónomas y como somos conscientes de las diferencias que todavía existen que, afortunadamente --y como él también ha tenido oportunidad de comentar--, se han ido rebajando a lo largo de los últimos presupuestos, puedo decir que, por ejemplo, los presupuestos en inversiones se incrementan en Castilla-La Mancha un 15 por ciento más de lo que se incrementa en otras Comunidades Autónomas y en un 22 por ciento más en lo que hace referencia a Castilla y León.
Es cierto que se hace una apuesta arriesgada en cuanto al gasto farmacéutico, pero no podía ser de otra manera. Es un punto que preocupa a todos, a todas las administraciones sanitarias, y el Gobierno de la nación es quien tiene el deber de hacer esa apuesta y que, además, no la hace gratuitamente sino en base a una política de uso racional del medicamento en la que se encierra tanto lo que es la política de genéricos, como los precios de referencia, la educación en salud para todos los ciudadanos y también la mejora en las prescripciones, fundamentalmente en atención primaria. Ese es también otro de los motivos de esa diferencia de incentivos.
En salud pública creo que también se abunda de una manera clara y rotunda en todos los programas que el Senador López Carvajal ha señalado, con un incremento para este año del 6 por ciento, incluyendo el plan integral de la salud.
Por tanto, señorías, y con esto termino, los presupuestos son suficientes económicamente y las Comunidades Autónomas podrán disfrutar de esa suficiencia, y espero que lo hagan, adecuadamente y son fundamentalmente solidarios en el marco de las transferencias por venir, en el marco de la investigación sanitaria y en el marco de la labor asistencial que todo el Sistema Sanitario Público debe brindar a los ciudadanos.
Por todo ello, señorías, y con el mayor de los respetos a los distintos grupos políticos que han enmendado estos presupuestos, mi Grupo Parlamentario va a rechazar los vetos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
En consonancia con los argumentos expuestos por el Senador Bellido, por los cuales el Grupo Parlamentario Popular va a rechazar todas las enmiendas presentadas a la Sección 26 y al Insalud, voy a explicar brevemente --habida cuenta de lo avanzado de la hora y el trabajo pendiente de desarrollo-- algunas de las enmiendas presentadas por los Grupos.
Las enmiendas números 401 a 405 de Entesa Catalana de Progrés coinciden exactamente con las números 788 a 792 del Grupo Parlamentario Socialista.
A las tres primeras se ha referido el Senador López Carvajal y tienen relación con diferentes actuaciones en materia de salud pública. Una de ellas pide un incremento de 500 millones de pesetas para un estudio epidemiológico, el estudio de los problemas y trastornos del comportamiento alimentario, de anorexia y bulimia. Tengo que decir que ya hay créditos instrumentales

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y medios personales propios suficientes para atender este tipo de estudios y programas pero, además, es que existe un crédito de 400 millones de pesetas para la realización de actividades de salud pública en colaboración con las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la prevención de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes, también hay créditos instrumentales y medios personales propios suficientes, por lo que se considera que la dotación es adecuada.
El Senador López Carvajal ha indicado que son prácticamente inexistentes las ayudas sociales a enfermos de VIH, pero en el Real Decreto-ley 9/1993, de 28 de mayo se aprobó la entrega de 10 millones de pesetas a tanto alzado por afectado, y aunque ha podido haber algún tipo de demora en la percepción de esta cantidad, en el proyecto de presupuestos para el año 2001 se establece un crédito de 40 millones de pesetas para financiar el proceso.
En relación con las dos enmiendas relativas al consumo, el Ministerio de Sanidad y Consumo aprecia y reconoce, en su medida, la importancia de las actividades de las asociaciones de consumidores y su papel en el equilibrio de los intereses de los ciudadanos pero, en todo caso, señoría, considera adecuada la consignación para el próximo ejercicio.
El resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la 794 a 798, relativas a la investigación, hemos de decir que piden 565 millones de pesetas para el incremento de funcionarios en el Instituto Carlos III, y el presupuesto de este Instituto crece, para el año 2001, un 6,6 por ciento respecto al año 2000. Se ha llegado a esta cantidad manteniendo el gasto de personal, de tal manera que se permite que lo consignado para el aumento de las actividades del Instituto crezca por encima de la media del presupuesto del propio Instituto. Además, esto se quiere conseguir produciendo una reordenación de los recursos disponibles para mejorar la adecuación de las capacidades personales y el funcionamiento de los servicios; así, se pretende un aumento de la calidad profesional y de la productividad mediante la formación continuada.
En cuanto a las enmiendas números 796, 797 y 798, que hacen referencia al Instituto de Investigación Cardiovascular, el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y el Fondo de Investigación Sanitaria, tengo que decir que, aparte del gran incremento que se ha producido dentro del plan plurianual para inversiones de investigación, se está ante la perspectiva de una financiación externa que se está negociando con la industria farmacéutica.
Las enmiendas números 1407 a 1410, del Grupo Parlamentario Mixto, piden un incremento de 100 millones de pesetas para el plan integrado de salud, pero en las actuaciones previstas al respecto se contemplan créditos instrumentales que dotan de los recursos necesarios para el programa.
Por otra parte, se pide un incremento de 20.000 millones de pesetas en las transferencias a las Comunidades Autónomas para el desarrollo de programas de prevención y promoción de la salud, pero hay que señalar que una vez concluido el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas en materia de salud pública, las competencias, lógicamente, les corresponderán a ellas. En cualquier caso, en el proyecto de presupuestos para el año 2001 se contempla una dotación de 400 millones de pesetas que nos parece suficiente y adecuada para atender las actividades previstas en materia de enfermedades emergentes, sobre todo, para propiciar actuaciones conjuntas entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas que lleven a cabo este tipo de programas.
Las enmiendas números 1409 y 1410, relativas al Fondo de Investigación Sanitaria y a un incremento de 4.000 millones de pesetas para becas y fondos de investigación, tengo que decir lo mismo, que el programa de investigación sanitaria se ha incrementado en 1.246,8 millones de pesetas, lo que representa un 6,6 por ciento de aumento con respecto al año 2000; y, por otra parte, en cuanto a las líneas de becas de investigación y formación, este programa se incrementa nada menos que en un 8,3 por ciento y las becas de investigación médica en un 27,7 por ciento.
Paso a comentar las enmiendas presentadas a la Sección 60, Insalud.
El Senador López Carvajal hacía referencia a una serie de enmiendas, de la 800 a la 857, que tratan de incrementar o producir dotaciones para la construcción o remodelación de centros de salud en diversas Comunidades Autónomas. He de repetir que las dotaciones para inversiones del Insalud, para el año 2001, se han incrementado en un 5,8 por ciento respecto al año 2000 y, sin entrar a pormenorizar cada una de ellas, tengo que decir que en Castilla-La Mancha las inversiones para atención primaria son de 643 millones de pesetas; en Castilla y León, 1.294 millones de pesetas; La Rioja, 244 millones de pesetas; Extremadura, 225 millones de pesetas; Aragón, 394 millones de pesetas; y, Baleares, 165 millones de pesetas.
Hay otra serie de enmiendas que hacen referencia a lo mismo, pero en relación con los centros de especialidades: la 809, de la 819 a la 821 y de la 828 a la 830. Otra serie de ellas hacen referencia al incremento de dotaciones para la construcción de nuevos hospitales, la elaboración de proyectos para ello o para obras de reforma y, asimismo, a las diferentes dotaciones de hospitales.
En cuanto a lo que es el incremento de inversiones en la asistencia especializada, este año hay un aumento del 6,86 por ciento respecto al año anterior pero, además, es que toda esta serie de enmiendas que hacen referencia a centros de salud, a centros de especialidades y a hospitales imputan la baja al gasto farmacéutico. El veto del Grupo Parlamentario Socialista plantea que el gasto farmacéutico presupuestado es escaso; sin embargo, aquí se dice que se gaste menos, que se incrementen los centros de salud porque todas las bajas de estas enmiendas se imputan al gasto farmacéutico.
Las enmiendas a la Sección 60 del Grupo Parlamentario Mixto números 1397 a 1403 hacen referencia a diversas dotaciones como ambulancias, pisos asistidos, urgencias, uvis móviles, etcétera. Hay que decir de manera global que la mejora en la asistencia que se pretende conseguir ya se encuentra perfectamente garantizada, a juicio del Gobierno y de este Grupo Parlamentario, con los medios disponibles.
Además, hay una serie de enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto relativas a la construcción, mejora y dotaciones de centros de salud y hospitales. En este caso, no voy a repetir la argumentación porque es la misma que he manifestado respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.


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No voy a extenderme más; no voy a considerar el resto de las enmiendas que ustedes han presentado y que ya hemos comentado que vamos a rechazar.
Durante esta larga sesión que comenzó el lunes se ha acusado al Grupo Parlamentario Popular de determinado talante por el hecho de no aceptar ninguna de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos parlamentarios de la oposición. Señorías, si no las aceptamos no es, desde luego, por un talante de rigidez, ni mucho menos, sino simplemente porque con las consideraciones expuestas tanto por el Senador Bellido como por esta Senadora que les habla, ninguna de ellas aporta nada nuevo.
Aunque sabemos que todo se puede mejorar, sus enmiendas, señorías, no introducen ninguna variación cualitativa con respecto a la asistencia sanitaria, simplemente se reducen a solicitar incrementos de cantidades en los programas ya existentes en este proyecto. No hay nada nuevo. Ni siquiera varían las prioridades establecidas por el Gobierno en este proyecto de presupuestos, pero existen una serie de contradicciones, como por ejemplo, por una parte, solicitar que una serie de incrementos en centros de salud y hospitales se impute a gastos farmacéuticos y, por otra, plantear en uno o dos vetos que el gasto farmacéutico no es real y que el previsto es inferior a la realidad.
Señorías, el Gobierno del Partido Popular y este Grupo Parlamentario tienen muy claro que potenciar el Sistema Nacional de Salud, la Sanidad pública, la equidad en el acceso, la calidad y la eficiencia en la asistencia sanitaria son las premisas que han guiado y van a seguir guiando en todo momento las líneas generales de actuación del Ministerio de Sanidad y Consumo y del Insalud y que, además, la planificación sanitaria, en un escenario como en el que nos encontramos de recursos limitados, a pesar, como hemos dejado patente, de destinar más a la Sanidad que al conjunto del crecimiento de los Presupuestos Generales del Estado exige, en todo caso, priorizar, y pienso que cualquiera que conozca el esquema de la planificación en general y de la sanitaria en particular, sabe que después de planificar hay que programar y que una vez programado, en un escenario de recursos limitados, es necesario priorizar.
Por tanto, en este esquema de, repito, escenario de recursos limitados, de planificación correcta, de planificación, programación y priorización el Gobierno y el Grupo Parlamentario Popular han aplicado el mejor criterio para este proyecto de presupuestos generales del Estado, en general, y para el presupuesto del Ministerio de Sanidad, en concreto.
Muchas gracias. (Aplausos los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora López Garnica.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carvajal.


El señor LOPEZ CARVAJAL: Gracias, señor Presidente.
Quiero utilizar el turno de portavoces, en primer lugar, para corregir un silencio que se produjo por mi parte durante mi anterior intervención, toda vez que considero que mis primeras palabras deberían haber sido para expresar la condolencia del Grupo Parlamentario Socialista al Grupo Parlamentario Popular en un momento especialmente dramático.
Posiblemente, un exceso de celo en mi interés por defender las enmiendas a la Sección 26 me ha llevado a silenciar lo que tenía que haber sido indiscutiblemente la primera prioridad en mi intervención. Por tanto, pido disculpas y con estas palabras reitero nuestro sentimiento a todos ustedes.
El debate de la Sección 26, del Insalud, tiene un punto crucial en el cual ustedes no quieren entrar ni debatir, y se lo he explicado. El Senador Bellido afirmaba que, evidentemente, la financiación del presupuesto de Sanidad se ajustaba a lo aprobado en su día por el Consejo de Política Fiscal y Financiera; esto es obvio, no puede ser de otra manera. Pero yo he centrado este tema en un dato importante, que es que el PIB nominal, que es la suma del crecimiento real más el deflactor del PIB y que, a su vez, define el Gobierno, está establecido en el 5,9 por ciento para el año 2001, una décima superior al del año 2000, que fue del 5,8 por ciento, y si este dato se produce, inexorablemente tiene que llevarnos a un crecimiento del gasto sanitario en el presupuesto para el año 2001, como mínimo, igual al del año 2000. Esta es la clave. De esta forma tendríamos 63.000 millones de pesetas más para recursos. ¿Por qué no se ha producido? Porque ustedes han establecido una prioridad política que nosotros no compartimos, que es el déficit cero, lo que les ha obligado indiscutiblemente a recortar los recursos adicionales que el Ministerio aporta a los fondos fijos definidos por este sistema de financiación. Ese es el punto en el que, como ustedes no han querido debatir, obviamente tenemos discursos paralelos.
La Senadora López Garnica afirma que el Grupo Parlamentario Socialista no presenta ninguna novedad. Ya hay pocas novedades en el campo de la política sanitaria, posiblemente existen diferencias de voluntad en la aplicación de los recursos en una u otra dirección. Por ejemplo, le voy a poner un dato muy insignificante que en un presupuesto de 4,5 billones de pesetas resulta ridículo citar, que son las ayudas a los enfermo de sida que usted ha mencionado. Me ha acusado de haber dicho que no existen ayudas; claro que existen, 40 millones de pesetas, pero el año pasado había 200 millones, y es que ustedes se empecinan en aplicar unos criterios terriblemente rigurosos porque consideran que la terapia con retrovirales prolonga la vida de los enfermos y, por consiguiente, quieren reducir la pensión asistencial que se les concede, que es insignificante, y eso se llama sensibilidad. Fíjese qué poco, hablamos de 160 millones de pesetas.


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Y le voy a decir una pequeña novedad, pero importante, en el capítulo de inversiones, y es que nosotros hemos presentado algunas enmiendas para la creación de centros de diagnosis, concretamente, en la Comunidad de Castilla-La Mancha que hasta ahora no existen.
Para finalizar mi intervención, quiero decirle simplemente que hay dos maneras de abordar el presupuesto: una, con los argumentos que ustedes tienen que justifican lo que hacen, y hasta cierto punto es lógico, y, otra, que ustedes se coloquen en el escenario de un proceso de transferencias que obliga necesaria y políticamente si queremos actuar de forma correcta a acelerar y a incrementar las inversiones para que cuando culmine el proceso de transferencias se hayan corregido los desequilibrios interterritoriales. Ese es un principio de autoridad que el Ministerio de Sanidad no debe perder nunca y con el que estamos absolutamente de acuerdo. A partir de ahí, podríamos llegar a un entendimiento pero, insisto, no hay voluntad, el déficit cero es ese gran becerro de oro que hay que adorar para el año 2001 y a ese fin hay que supeditar todo lo demás.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, Senador López Carvajal.
Tiene la palabra el Senador Bellido.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a ser muy breve.
Respecto al crecimiento del PIB, quiero recordar al Senador López Carvajal que, según el acuerdo de financiación de la sanidad para el período 1998-2001, las dotaciones de recursos para dicha función, fondo general y fondo de atenciones específicas, evolucionarán de acuerdo con el PIB nominal del coste de los factores. Por tanto, yo creo que se ha respetado rigurosamente, como no podía ser de otra manera, porque, si no, las Comunidades Autónomas transferidas y aquellas que no lo estuvieran demandarían, con justicia, ese acuerdo de financiación sanitaria que, si posiblemente se han producido algunos ahorros, Senador López Carvajal, usted sabe que gran parte de ellos van a venir en el 2001 por ese ahorro en el gasto en medicamentos y en farmacia.
No lo he dicho antes y tengo que decirlo ahora. Agradezco su condolencia que, por supuesto, nadie ponía en duda y que, lamentablemente, tendremos que compartir ambos grupos políticos en más de una ocasión. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Respecto a los enfermos de sida, creo que lo ha dejado claramente especificado la Senadora López Garnica. Estas ayudas lo eran en base al Real Decreto-Ley 9/1993, de 28 de mayo, que fijaba unas ayudas a tanto alzado de 10 millones de pesetas. Si se destinan 40 millones de pesetas en este caso es porque el resto de las ayudas de aquellos 200 millones que se destinaron en los presupuestos del año anterior a ese pago han sido ya abonados y estos 40 millones son exclusivamente para hacer frente a aquellos expedientes que, por distintos motivos, todavía no se han resuelto y no han cobrado esas cantidades.
En cuanto al proceso de transferencia, lo he comentado también, yo creo que no hay que dar el impulso solidario a partir de este momento. El Gobierno del Partido Popular, y usted lo sabe bien, a lo largo de los cuatro últimos años está consolidando las infraestructuras sanitarias en aquellas Comunidades que todavía no tienen las transferencias, para nivelarlas con el resto de las Comunidades Autónomas, y si en este caso la inversión supera los 70.000 millones de pesetas, hay que recordar, Senador López Carvajal, que a lo largo de los últimos cuatro años, desde el año 1997, se han incrementado las inversiones en un 89 por ciento, con lo cual yo creo que se está llegando a un proceso real de nivelación cuanto a infraestructuras sanitarias en cada una de las Comunidades que nos va a permitir llegar al final de la legislatura con un proceso de transferencia nivelado y, por otra parte, solidario. Por todo ello, reitero el rechazo de nuestro Grupo a las enmiendas presentadas por los distintos grupos políticos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Bellido.
Pasamos a continuación a la Sección 31, Gastos de diversos Ministerios.
Las enmiendas números 1450, 1452 1454 y 1455, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, se han dado ya por defendidas.
Las enmiendas números 407 a 415, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, han sido, igualmente, dadas por defendidas.
A continuación, para la defensa de las enmiendas números 896 a 903, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Las doy por defendidas, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Villanova.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intentar ser lo más breve posible con esta Sección 31, famosa por la cantidad de movimientos que aparecen a lo largo de las más de 1.500 enmiendas presentadas. Tenemos que denunciar el uso abusivo que se ha producido en cuanto al número de enmiendas con la intención de hacer un presupuesto paralelo al que ha presentado el Ministro de Hacienda, señor Montoro, en la Cámara.
La filosofía de todas las enmiendas que se han presentado a la Sección 31, tanto por el Grupo Parlamentario Mixto, Izquierda Unida, como por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo Parlamentario Socialista, que vamos a tratar de debatir en el menor tiempo posible, dado la circunstancia en que se está celebrando

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este Pleno, concretamente al Programa 631.A, es buscar una especie de cuenta-puente para que posteriormente cada Grupo haga las modificaciones oportunas, según su programa y según el modelo político por el cual se rige.
En este caso, vamos a rechazar todas las enmiendas porque hemos visto claramente cuál es la maniobra y el uso que se ha podido dar a todas estas enmiendas, que lo que buscan únicamente es dar de alta en la Sección 31, por un lado, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, más de 291.000 millones de pesetas, y el Grupo Parlamentario Socialista, más de 250.000 millones, con la intención de, posteriormente, presentar las sucesivas enmiendas y dotar a otras secciones y a otros programas del presupuesto. Esta es la filosofía con la que ha sido utilizada esta sección por parte de todos los Grupos. No vamos a decir que el Grupo Parlamentario Popular no utilice esta sección, pero en casos excepcionales y con programas muy pequeños, lo que no ha ocurrido con todos los demás Grupos, ya que el 70 por ciento de las enmiendas que aparecen en todo el paquete que se ha debatido desde el lunes van con cargo a la Sección 31.
La política que los Grupos de la oposición han presentado de cara a poder dotar a otras partidas y a plasmar la política económica que defienden ha sido a base de la subida de impuestos, concretamente tenemos una enmienda de 2 billones de pesetas por parte del Grupo Parlamentario Mixto, de alta en la Sección 31, y después cada Grupo le ha dado la aplicación que ha visto oportuna, según su programa, según su filosofía, según su orden de prioridades y según sus necesidades territoriales.
El Grupo Parlamentario Socialista, así como el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, han presentado enmiendas como incremento dentro del estado de ingresos por 678.000 millones de pesetas, aparte de las cifras que ya he mencionado antes. Es decir, que estaríamos hablando de más de 3 billones de pesetas de incrementos producidos en esta sección para, posteriormente, cada Grupo ir buscando la forma de hacer las enmiendas oportunas para que el programa político de cada Grupo se lleve a cabo.
Nosotros estamos en contra de esa filosofía porque no estamos de acuerdo con los incrementos de impuestos. Todo lo contrario, ustedes mismos nos critican que estamos subiendo la presión fiscal, y yo creo que se mantiene en el 19,2 por ciento del PIB desde hace dos años. En todo caso, estamos buscando la manera de que se reduzca. Para eso se presenta este presupuesto de déficit cero para el año 2001, que yo creo que reportará grandes beneficios a toda la economía nacional. Este es nuestro modelo político económico, el que nos ha dado grandes resultados en creación de empleo y de riqueza y en la convergencia real con el resto de los países de la Unión Europea. Por tanto, lamentamos mucho tener que votar en contra de todas estas enmiendas. Comprendemos y respetamos que ustedes tengan otra política, otra forma de llevar el país, la cual, como es lógico, nosotros no compartimos porque los resultados ya se han visto en otras épocas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Villanova.
Abrimos turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) La Sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea, no ha sido objeto de enmiendas.
En consecuencia, pasamos a la Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Para la defensa de la enmienda número 622, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: La damos por defendida, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra la señora Díaz Villegas.


La señora DIAZ VILLEGAS: Damos por ejercitado el turno en contra, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Abrimos turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Pasamos, pues, a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea (AENA).
La enmienda número 247, del Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, ha sido defendida en sus propios términos.
Para la defensa de la enmienda número 623, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor Ayllón.


El señor AYLLON OLIVA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta tarde es difícil sustraerse al desasosiego interior, ante el cual cualquier otro tema o debate queda empequeñecido. No obstante, quisiera hacer una rápida valoración del presupuesto del Ente Público AENA, valoración que desde el Grupo Socialista hacemos desde la prudencia y la serenidad. Desde la prudencia, porque es cierto que el Ente Público AENA experimenta un considerable aumento en el volumen de inversión; además, no puede negarse que hay un ambicioso plan, de1,5 billones de pesetas, hasta el año 2007. También hacemos esta valoración desde la prudencia y desde la serenidad, porque el actual Gobierno ha decidido una línea mucho más clara para mantener a AENA como servicio público; y eso nos tranquiliza.
Sin embargo, este acercamiento sereno no está exento de algunas preocupaciones que me gustaría reseñar. En primer lugar, nos preocupa la capacidad real de AENA para gestionar la inversión prevista. En el año 2000, que es muy indicativo, no van a poder ejecutarse las partidas previstas --está reconocido por el propio Director General del Ente--, con independencia de que las razones aducidas sean más o menos consistentes.


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En segundo lugar, nos preocupa la capacidad de AENA para encontrar los recursos previstos en los presupuestos. En nuestra opinión, el nivel de ingresos no puede elevarse artificialmente --como se hace en este presupuesto-- del 11 al 18 por ciento sin que haya ninguna razón que lo justifique. La financiación, recurriendo a la deuda externa, tiene un límite, y al final de este año la deuda acumulada de AENA estará en más de 240.000 millones, con lo cual, se superará el 36 por ciento de los recursos propios y será necesario recurrir, como ya está planteado, a fórmulas de colaboración de capital privado con las que no estaremos en contra, pero nos gustaría que se contase con nuestras aportaciones y colaboración a la hora de diseñar el nuevo modelo.
En tercer lugar, nos preocupa que, al tiempo que planificamos la modernización de las infraestructuras aeroportuarias, no nos quedemos rezagados en la muy necesaria actualización de la normativa que las regula.
En cuarto lugar, nos preocupa que cuanto antes puedan estar terminados los planes directores de todos los aeropuertos, y nuestro deseo es que el objetivo del Gobierno de terminarlos antes del próximo verano sea efectivamente una realidad.
Y en quinto lugar, nos preocupa que algunas de las decisiones que un servicio moderno de transporte aéreo demanda no se vayan a poder materializar en el año 2001 por no estar recogidas en el presupuesto. Son actuaciones referidas, por un lado, a la eliminación de la contaminación acústica en el entorno de los aeropuertos, y el caso más claro es el de Coslada; y por otro, son actuaciones relativas a la implantación en numerosos aeropuertos de mejores y más modernos sistemas de ayudas a la navegación aérea que contribuyan a mejorar la seguridad de este tipo de transporte.
Son muy conocidas las deficiencias denunciadas recientemente por los propios pilotos en determinados aeropuertos, y evitaré aquí referirme a ellas. Y es en el ámbito de esta quinta preocupación donde se sitúa la enmienda que hemos formulado, que supone una dotación adicional de 11.300 millones para acometer 13 propuestas concretas de mejoras en diferentes aeropuertos, las cuales, al figurar con una clara identificación en el texto propuesto, evitaré reproducir ahora.
Termino con un ruego, con el mismo ánimo constructivo con que he llevado a cabo mi intervención. Pediría que, aunque no fuera estrictamente reglamentario, los presupuestos del Ente Público AENA incorporaran para el próximo año, al igual que se hace en las diferentes secciones, un detalle nominal, no sólo cuantitativo, y regionalizado de las inversiones. Pediría también que, al igual que se hace con las diferentes secciones, se incorporase el detalle de la ejecución presupuestaria a la fecha que proceda. De ser así, creo que todos cumpliremos mucho mejor nuestra tarea.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Ayllón.
Para turno en contra, tiene la palabra la señora Díaz Villegas.
La señora DIAZ VILLEGAS: Damos por ejercitado nuestro turno en contra.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Abrimos turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Pasamos al Ente Público Radiotelevisión Española.
La enmienda de veto de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, ya ha sido dada por defendida.
La enmienda número 422, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, ha sido igualmente dada por defendida.
Para la defensa de la enmienda número 918, del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Paso a defender la enmienda de veto al Ente Público Radiotelevisión Española, lamentando muchísimo todo lo sucedido en el día de hoy y lamentando también el rumbo que siguen estos presupuestos.
Asimismo, lamentamos haber acertado --y seguir acertando desde hace cinco años-- en lo que se refiere a la evolución del presupuesto y la situación financiera de Radiotelevisión Española. El presupuesto de gastos asciende a 279.000 millones de pesetas. El de explotación, a 265.000 millones de pesetas; se incrementa un 10,35 por ciento, con unos gastos financieros de 40.317 millones, que suponen un incremento de un 56,5 por ciento. En el capítulo de gastos los ingresos previstos son de 146.000 millones, y para el año que viene el crecimiento de ingresos no llega al 4,5 por ciento. Es decir, como habíamos previsto, se ha multiplicado por cuatro el endeudamiento que tenía Radiotelevisión Española en 1996, pasando de 220.000 millones a 800.000 millones de pesetas.
Y cada año el Partido Popular ha buscado alguna excusa o subterfugio: que había que converger con Maastricht, que había un consenso en la subcomisión parlamentaria para intentar llegar a un modelo de Televisión, y en estos momentos, el déficit cero. Pero la realidad es que esos 800.000 millones se deben a los bancos, es una deuda de Radiotelevisión Española. Así pues, tanto si el Estado incluye esa deuda en los presupuestos, como si no lo hace, cada español tendrá que pagar 20.000 pesetas de la misma, independientemente de su edad. Por ejemplo, una familia de cuatro miembros deberá pagar 80.000 pesetas para anular esa deuda, que el Gobierno sigue sin asumir y sin definir, en un modelo aparentemente transitorio que supone ganar tiempo para no dar explicaciones públicas y seguir actuando arbitrariamente.
Hay una cuestión que no ha quedado clara en la Sección 25, al igual que ha venido ocurriendo durante otros años. En este sentido, figuran 11.043 millones de pesetas como aportación de los fondos del Estado a Radiotelevisión Española en la página 27 del tomo 15 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001. Sin embargo,

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en el «Diario de Sesiones» de 15 de noviembre, página 1915, el Ministro dice que el Capítulo 4 ya no contempla los datos relativos a Radiotelevisión Española y que no corresponden para el año 2001 al Ministerio de la Presidencia.
Por tanto, antes de votar estos presupuestos sería muy conveniente, ya que el Gobierno está ausente, que el Grupo que lo sustenta dijera qué es lo que vamos a votar y qué pasa con esos 11.043 millones. Porque, si están incluidos en el Ministerio de Presidencia, ¿por qué dice el Ministro que no es así? Y si no están incluidos en el Ministerio de Presidencia, ¿donde están esos 11.00 millones para Radiotelevisión Española? Fueran las circunstancias que fuesen las del día de hoy, me parecería una irresponsabilidad enorme votar unos presupuestos sin saber si están o no presupuestados 11.000 millones.
Por otra parte quiero decir que los presupuestos de este año, tal y como queda evidenciado, son un despilfarro, según ha reconocido el señor Ballesteros, portavoz del Partido Popular, cuando ha dicho: ¿vamos a seguir despilfarrando dinero en un modelo sin validez? Está en manos de su Gobierno hacer un modelo válido...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Arnáiz, le ruego vaya concluyendo. Tenía su señoría tres minutos, y lleva consumidos cuatro.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: ¿Tres minutos para un veto?

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sí, señoría, tres minutos es el tiempo disponible en esta sección.
Le concedemos un minuto más, señoría.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Quiero decir que no sabemos de dónde vienen esos 11.000 millones de pesetas. Este año se pide un plan de viabilidad en la SEPI, que creo que es para ganar tiempo y para marear la perdiz, y seguir así actuando sobre Televisión Española y haciendo propaganda del Gobierno, sin ningún interés en poner en marcha un modelo estable del financiación. Nos parece poco serio que ahora se plantee un modelo de viabilidad sin tener previamente decidido el modelo de servicio público, y para ese modelo de servicio público la legitimidad la tiene el Parlamento.
Es verdad que es necesario negociar con los sindicatos; es verdad que es necesario que Televisión esté hecha a la medida de los trabajadores, pero fundamentalmente debe estar al servicio de los españoles, y esa representación está en el Parlamento. Por tanto, impugnamos estos presupuestos, y pedimos que haya algún tipo de negociación por parte del Gobierno, primero, para ver el modelo, y en segundo lugar para ver la viabilidad del Ente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Arnáiz.
Para turno en contra, tiene la palabra el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
Brevemente, porque las circunstancias no favorecen precisamente el enorme interés que este debate podría tener, pero he de reconocer que no estamos seguramente en las mejores condiciones.
Dicho esto, no puedo evitar --pese a ello y muy rápidamente--, sin ninguna acritud, señora Senadora, porque este debate lo hemos tenido ya durante muchos años, denunciar públicamente, para que conste en el «Diario de Sesiones», su holgadísima amnesia en relación con lo que ha sido Televisión Española durante los trece años anteriores a los actuales cinco o seis. Le daré un dato nada más, aunque usted nos ha llenado de cifras, que son las de los presupuestos, y no hay ningún inconveniente en ello. En los tres últimos años de gestión del Gobierno socialista se acumuló un déficit de 297.000 millones de pesetas, y en los tres primeros del Gobierno del Partido Popular el déficit es de 285.789 millones de pesetas; sé que son únicamente 12.000 millones de pesetas menos, en el mismo período de tiempo, y no voy a poner por ello ninguna medalla a nadie. En definitiva, aunque las cifras no son buenas en ningún caso, no está justificado en absoluto el dramatismo que usted siempre introduce en este debate, cuando desgraciadamente los números siempre han sido los mismos, y sorprende --por la vía que ustedes siempre han utilizado cuando gobernaban y que mantienen en las enmiendas que ustedes han presentado, concretamente la número 465-- que insistan en la asunción de parte de la deuda por el Estado. Ya le he dicho en otras ocasiones que son modos de ver las cosas. No le voy a decir cuál es mejor o peor; nosotros entendemos que éste es el correcto, pero ustedes llegaron, hasta 1996, a un déficit cercano a los 500.000 millones de pesetas, y ahora está cercano a los 800.000 millones de pesetas. En todo caso, no son datos buenos, pero ahí están.
Lo importante es resaltar --por eso me sorprende la emienda que ustedes y Entesa Catalana de Progrés presentan-- que ustedes dicen que el presupuesto del Ente Público Radiotelevisión Española no contempla ninguna medida de saneamiento que asegure la viabilidad del Ente, y precisamente ésta es la legislatura donde en los presupuestos se presentan esas medidas de viabilidad. Tanto como han discutido y han puesto el grito en el cielo con el tema de la adscripción a la SEPI ahora resulta que ustedes no se han dado cuenta de eso.
Yo no estaba en la Subcomisión que estuvo estudiando, durante muchos años en el Congreso de los Diputados, el plan de financiación para Radiotelevisión Española, pero lo evidente es que aquí sí hay un planteamiento claro para resolver de forma definitiva el problema, que conocemos perfectamente, como lo conocen también ustedes, porque lo han vivido, que tiene Televisión Española detrás, y, repito, en esta ocasión sí hay un planteamiento de futuro, por resolver este problema que, ya digo, viene desde los años

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noventa, en que se introdujo la competencia en la televisión.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Turno de portavoces.
¿Algún grupo desea intervenir? Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLA GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Agramunt, lamento que su amnesia se remonte a cinco años atrás y no a los años más recientes, porque es mucho más injustificable. Es penoso que alguien que lleva dos legislaturas en el Gobierno, y que ha obtenido la mayoría absoluta, no se defina por sí mismo y tenga que recurrir al pasado. Es penoso y lamentable; espero que los ciudadanos se den cuenta de ello rápidamente.
Por lo que respecta a la dramatización que usted dice que hago respecto a Televisión, me parece absolutamente justificada, dada la falta de calidad de Televisión Española, porque como he dicho en más de una ocasión, y repito ahora --y no lo digo sólo yo, sino todo el mundo--, no sólo tiene una situación de inviabilidad económica y de degradación absoluta, sino --y es lo más preocupante-- de degradación cultural y democrática, porque en Televisión Española falta pluralismo y la defensa de los mínimos valores constitucionales. Por ello, señor Agramunt, permítame que me preocupe de que, cuando ustedes, en algunos ámbitos patrimonializan casi en exclusiva la Constitución Española, los valores que la Constitución Española defiende, sin embargo no los defienden en absoluto en Televisión.
Me parece por tanto absolutamente improcedente que usted hable de eso, cuando este debate debiera también poderse producir aquí. Quizá no sea el día más adecuado, pero ustedes lo rehúyen en cualquier caso y en cualquier momento, y se dedican a trivialidades como los concursos, obviando estas cuestiones.
Le voy a decir otra cosa. Este es un servicio público, ustedes en cinco años no han definido --porque no han sido capaces, no han querido, no han podido o no han sabido-- servicio público; lo han confundido con servicio universal o con servicio de interés general, según el ministro que interviniera. Ahora mismo no sabemos dónde está la deuda; no sabemos de quién depende Televisión Española, no sabemos quién va a hacer el plan de viabilidad. Están en la indefinición más calculada y más interesada para seguir utilizando un aparato de propaganda, y eso es despreciar a los ciudadanos y no tratarles como tales, sino como consumidores de noticias y de propaganda por parte del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, el Senador Agramunt tiene la palabra.
El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señor Presidente.
No pensaba intervenir, pero me limitaré a decirle, Senadora Arnáiz, que todos los Senadores y Diputados de las Cortes Generales conocemos, debemos de conocer o podemos conocer, si queremos, los Presupuestos Generales del Estado, incluyendo los de Televisión Española, pero de lo que ni yo ni nadie de mi grupo podemos hacernos responsables, ni de su ignorancia, ni de la de los demás.
De todos modos, lamento mucho, una vez más, su intervención.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Pasamos a continuación al Título Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, GIF. Enmienda número 1142, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que se da por defendida.
Enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, número 996, que no ha sido dada por defendida, y en consecuencia decae.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al Título Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE. Enmienda número 1172, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palmares, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido dada por defendida.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al Título Red Nacional de Ferrocarriles de España, Renfe.
Enmienda número 1173, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido dada por defendida.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos al Preámbulo. Emienda número 1, del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, que ha sido dada por defendida.
¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Ningún grupo parlamentario quiere utilizar el turno de portavoces. En consecuencia, finalizamos el debate de la ley de Presupuestos Generales del Estado, con la excepción del debate sobre la enmienda transaccional que todos los portavoces de los grupos parlamentarios han presentado a la Mesa, que comenzaremos a las cuatro en punto de la tarde.
Hasta entonces, se suspende la sesión. (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.
Señorías, los portavoces de todos1os grupos parlamentarios han hecho llegar a la Mesa, terminado el debate del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 y del proyecto de ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, una enmienda transaccional al Título IV, a la disposición adicional tercera, apartados uno y dos; a la disposición adicional cuarta, apartado

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uno; a la disposición adicional quinta y a la disposición adicional vigésimo cuarta, suscrita por los portavoces de los siete grupos presentes en la Cámara, que han acordado un turno único de debate, de menor a mayor, por tiempo de cinco minutos.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Mixto, el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta. No agotaré el tiempo.
Esta enmienda es obligada para cumplir con la necesidad de revalorizar las pensiones; no obstante, agradezco esta oportunidad para expresar que, confirmado ya un IPC por encima incluso de lo previsto con el 4,1 por ciento, se ratifican los augurios que algunos planteábamos en el transcurso de este debate. En consecuencia, es el momento, aquí y ahora, de expresar dos cosas. La primera, que vaya por delante mi solidaridad con los trabajadores públicos en huelga en el día de hoy. (Varios señores senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Por el derecho a unas remuneraciones justas que, lógicamente, confirmado este IPC significa que se ha desviado más del doble de los emolumentos que van a recibir en concepto de retribuciones y, por tanto, una pérdida de poder adquisitivo intolerable que realmente tendría que hacer reflexionar al grupo mayoritario de esta Cámara y también, por supuesto, al Gobierno.
Por tanto, expreso no solamente mi solidaridad y mi apoyo desde este escaño, sino también que la pelea y la lucha por conseguir unos salarios y unas retribuciones justas, pasa por el apoyo parlamentario y lo que es en democracia algo muy importante: la participación social por parte de sus protagonistas que son, en este caso, los trabajadores.
Seguiremos peleando por una cláusula de revisión salarial que garantice el poder adquisitivo de los trabajadores. (El señor Arvizu y Galarraga: ¡Bien!) Muchas gracias, con su bien se lo paguen, pero seguiremos aquí defendiendo lo mismo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular: ¡Bien!)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Turno del portavoz del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Intervendré brevemente para decir que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria se adhiere a la enmienda transaccional que se ha firmado por parte de todos los grupos y para que así conste en el «Diario de Sesiones».
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el Senador Aleu.
El señor ALEU I JORNET: Intervengo únicamente para manifestar nuestro apoyo a la enmienda. (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.
Tiene la palabra el portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Nuestro Grupo también ha firmado la enmienda y va a apoyarla.
Esta enmienda es el reflejo de un acuerdo que se adoptó en el Senado hace dos años sobre la actualización automática de las pensiones con el índice real de evolución de los precios y lo más significativo es la importante variación que significa sobre la previsión que se había hecho.
Lo manifestamos en el debate del pasado lunes en el sentido de que la primera preocupación que desde nuestro punto de vista tienen estos presupuestos es la previsión de inflación sobre el 2 por ciento. Se ha confirmado que está por encima del doble de esa cifra y, por lo tanto, manifestamos lo que dijimos el otro día, que es el punto más débil de ese presupuesto y manifestamos, a través de una serie de preguntas, nuestras inquietudes que han quedado claramente reflejadas a través de esta enmienda transaccional.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Senador Gatzagaetxebarría, por error he saltado el turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. ¿Desea intervenir? (Denegaciones.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Intervendré con la mayor brevedad.
Nosotros hemos suscrito la enmienda transaccional y como es lógico, la apoyamos. Siempre hemos defendido la revalorización de las pensiones en lo tocante a la inflación prevista.
Tenemos que poner de manifiesto que la aceptación de esta enmienda supone que la Seguridad Social española va a gastarse 180.000 millones de pesetas más en cada uno de los años 2000 y 2001 por el pago lo de las pensiones, pero esto no va a suponer ninguna mejora del poder adquisitivo de los pensionistas. Estos 360.000 millones de pesetas devienen de la desviación de inflación y, en este sentido, hay que confirmar que la inflación es el peor impuesto, porque de él no se beneficia nadie, y el Gobierno tiene una responsabilidad en el control de la inflación, porque no podemos fiarlo todo al control de la política monetaria, al Banco Central Europeo o a que suba o baje el precio del dólar o el precio del «brent» del barril de crudo.
Y quiero poner de manifiesto algo que nos preocupa y que, no obstante, no ha impedido que firmásemos la enmienda transaccional, y con esto termino.
El artículo 86 de la Ley de Texto Refundido de la Seguridad Social dice literalmente que las pensiones de invalidez y jubilación y las asignaciones económicas por hijo a

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cargo en sus modalidades no contributivas, así como las asignaciones económicas por minusvalía, se financiarán con cargo a las aportaciones del Estado al presupuesto de la Seguridad Social. Tengo delante ese presupuesto y las aportaciones del Estado están calculadas para las prestaciones no contributivas tal y como viene reflejado en la página 102 del tomo explicativo del presupuesto de la Seguridad Social con un incremento del 2 por ciento de las pensiones. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que para hacer realidad el texto de la Ley de Seguridad Social el Estado debe aportar 9.000 millones de pesetas más al presupuesto de la Seguridad Social. De no hacerse así, se estaría vulnerando la Ley de la Seguridad Social y se estaría obligando a los trabajadores españoles a pagar con sus cotizaciones pensiones no contributivas que si tienen que crecer es por efecto de la desviación de una inflación que no ha podido controlar el Gobierno.
En resumen, señorías, les anuncio ya en este turno que sin intentar impedir u obstaculizar en modo alguno la aprobación de esa enmienda, sí anunciamos que el Grupo Parlamentario Socialista presentará ante esta Cámara una iniciativa parlamentaria para conseguir que el Estado aporte los 9.000 millones de pesetas que a partir de la aprobación de esta enmienda le debe el Gobierno a la Seguridad Social de todos los españoles.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Caneda.


El señor CANEDA MORALES: Muchas gracias, señora Presidenta.
En este inhabitual turno que este año hacemos en torno a la revisión del IPC quiero aprovechar para agradecer fundamentalmente a los servicios de la Cámara el esfuerzo que están haciendo para que estos presupuestos lleguen a buen fin. Y ya que estoy en el uso de la palabra, aprovecharé para contestar al resto de Senadores que han intervenido.
Efectivamente, lo que hoy se hace aquí es la revisión del IPC que marca la ley que nos dimos y no otra cosa. Si se quieren revisar las pensiones mínimas, hay abierta una mesa de diálogo social y en el Congreso está la Comisión del Pacto de Toledo, que es donde eso se tiene que hacer.
En cuanto a las preocupaciones que sus señorías experimentan sobre la inflación, ya hemos dicho que las compartimos. Lo único que podemos hacer es mantenernos en nuestro criterio de que va mejorando. Efectivamente, parece que los anuncios de rebaja en la electricidad, en la Telefónica, la apreciación del euro y la bajada del precio de la gasolina del barril del petróleo en los últimos días, parecen confirmar que van a ir por esa dirección.
Respecto de la deuda que el Estado tenga con la a Seguridad Social quiero hacer simplemente un comentario. Esos tiempos ya han pasado. Ahora se han celebrado los 100 años de la Seguridad Social. En esos 100 años hay un período especial, los años 94 y 95, que se convertían en una novela de «suspense»; no se sabía si realmente se iba a poder pagar o no. Las deudas y los préstamos del Estado eran muy importantes para la Seguridad Social, cientos de miles de millones. Nos parece, por tanto, que ese tiempo ya ha pasado, que no hay ningún problema para pagar esa desviación de 180.000 millones de pesetas para consolidar las pagas extraordinarias ni para que queden en los presupuestos del año 2000.
Señorías, el otro día dije en el debate que sólo hasta septiembre se habían recaudado 400.000 millones de pesetas más de ingresos de los previstos porque, señorías, si la inflación en parte se ha motivado porque en lugar de 400.000 empleos se han creado 650.000, también eso hace que haya muchos más ingresos, y ese superávit sobre lo previsto es lo que va a permitir pagar sin ningún problema a final de año esa desviación.
Así que, no tengan ninguna preocupación y muchas gracias por sus aportaciones a estos presupuestos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Caneda.
Finalizado el debate, vamos a comenzar las votaciones. (Pausa.) Vamos a empezar la votación de la Sección 18, Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. En primer lugar, propuesta de veto número 1254.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 68, y en contra, 146.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 1256 y 1257.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 72; en contra, 132; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 131; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Senador Quintana números 125 a 137.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 130, abstenciones, 12.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos números 950 a 953, porque la número 954 sostiene una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 70; en contra, 132; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 307.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 68; en contra, 145; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 308 a 316, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 73; en contra, 132; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 322 y 323.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 73; en contra, 132; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 317.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 80; en contra, 133; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 324 a 327.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 77; en contra, 133; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la vuelta al texto del Congreso, modificado por la enmienda 1017 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 69; en contra, 134; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas de la Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 70; en contra, 133; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas todas las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió números 1479, 1480, 1482 y 1483. La número 1481 sostiene una transaccional.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 79; en contra, 133; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, la propuesta de veto número 626.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 68; en contra, 144; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto.
Votamos las enmiendas números 627 a 636.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 70; en contra, 133; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 658 y 659.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 79; en contra, 131; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la vuelta al texto remitido por el Congreso, modificado por la enmienda número 1017 del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Vamos a votar todas las demás enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 70; en contra, 133; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora vamos a votar la propuesta de modificación que se sustenta en la enmienda 954, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y que tiene el número de registro 9524. La enmienda es un alta en la Sección 18, Ministerio de Educación, por importe de 10 millones de pesetas a la Sociedad Coral de Bilbao para sus actividades.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 206; en contra, cuatro; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda transaccional que se sustentaba en la número 954.
Ahora votamos la enmienda transaccional sustentada en la enmienda número 1481, originariamente presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La enmienda también es a la Sección 18, con un importe de 10 millones de pesetas destinado al Ayuntamiento de Cadaqués, para la rehabilitación del Corral de Gala, Centro Cultural Gala-Salvador Dalí.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213, a favor, 206; en contra, seis; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la enmienda transaccional que tiene número de registro 9635.
Votamos, señorías, el dictamen de la Sección 18, Educación, Cultura y Deporte.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 145; en contra, 59; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Sección 18 del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2001.
Votación de la Sección 19, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, y de la Sección 60, Seguridad Social, e Imserso.
Comenzamos por las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1277.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 70; en contra, 146.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Corresponde la votación de las enmiendas números 1405 y 1406.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 11; en contra, 194; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas 1278, 1280, 1289 y 1290.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 134; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero a la Sección 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 68; en contra, 133; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 433, de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 134; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 329.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 144; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 330.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 72; en contra, 133; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 331 a 333.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 67; en contra, 133; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
En primer lugar, la enmienda número 1493.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 18; en contra, 184; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 78; en contra, 134; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Socialista.
En primer lugar, la propuesta de veto número 662.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 146; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 679.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 71; en contra, 136; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 663 a 665, 669 y 677.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 73; en contra, 133; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a las Secciones 19, 60 y el Imserso.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen de las Secciones 19, Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales; 60, Seguridad Social, y el Imserso.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 147; en contra, 69.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de las Secciones 19, 60 y el Imserso.
Pasamos a la Sección 20, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Votamos el veto, que se corresponde con la enmienda número 1291, de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 147.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos las enmiendas números 1292 y 1293.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 69; en contra, 135; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 138 a 142, presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, ahora, las enmiendas números 439 y 440 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 135; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votación de la número 955.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 22; en contra, 135; abstenciones, 61.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos las enmiendas números 956 y 957.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 135; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora, votamos la enmienda número 958.


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Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 134; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, votamos la propuesta de veto, que se corresponde con la enmienda número 334.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 146; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, ahora, la enmienda número 357.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 80; en contra, 134; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas 335 y 336.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 135; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 337 a 356.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 134; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora, votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados modificado por la enmienda 1019 del Grupo Parlamentario Popular, propuesta por el Grupo Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 77; en contra, 138; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados ya modificado por la enmienda 1019 del Grupo Parlamentario Popular, presentada por el Grupo Catalán de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 79; en contra, 137; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponde con la enmienda número 681.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 146.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto.
Votación de las enmiendas números 682, 683, 696 y 698.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 133; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista a la Sección 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas el resto de las enmiendas.
Ahora, votamos la vuelta al texto del Congreso de los Diputados modificado por la enmienda 1019 del Grupo Parlamentario Popular, propuesta por el Grupo Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 136; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 20, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 146; en contra, 70; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el dictamen de la Sección 20, Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Pasamos a la Sección 2l, Agricultura, Pesca y Alimentación.
Comenzamos con las enmiendas del Senador Cámara. En primer lugar, votamos la número 233.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 69; en contra, 134; abstenciones, 13.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos, a continuación, la enmienda número 234.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 135; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
En primer lugar, la propuesta de veto 1294.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora votamos las enmiendas números 1295 a 1300.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 143 a 150 del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 202 a 204, originarias del Senador Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Vamos a votarlas en varios bloques: en primer lugar, las enmiendas números 961 y 962.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 83, en contra, 130; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 959, 960 y 963.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 72; en contra, 135, abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 964 a 972.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 214; a favor, 24; en contra, 133; abstenciones, 57.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el último bloque de enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Señorías, como no estaba prevista la votación a esta hora, he de ausentarme para recibir en nombre de todos ustedes al Primer Ministro de Bulgaria.
Por tanto, pasa a ocupar mi lugar el señor Vicepresidente Primero. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Continuamos las votaciones, señorías.
Las enmiendas números 973 a 977, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, aunque están formalmente presentadas en esta Sección, se van a votar en la Sección 23, que ha sido donde se han debatido, como consecuencia de un error del grupo proponente de las mismas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda de veto 358.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 73, en contra, 140, abstenciones, cuatro.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmienda número 377 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 133; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 359 a 376 y 378 a 386 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 72; en contra, 133; abstenciones, 11.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda de veto 710.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218, a favor, 72; en contra, 145; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada la enmienda de veto.
Enmiendas números 730 y 738 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 74; en contra, 132; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 132; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas el resto de enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
A continuación vamos a votar el dictamen correspondiente a la Sección 21.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 144; en contra, 74.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el dictamen de la Sección.
Continuamos con la Sección 22, Ministerio de Administraciones Públicas.
En primer lugar, votamos la enmienda número 235 del Senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 75; en contra, 135; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero. En primer lugar, enmienda de veto 1301.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 146; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 1302 a 1305 de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 135; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, enmienda de veto número 387.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 146.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés números 388 y 390.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 134; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. En primer lugar, enmienda de veto 742.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 147.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 743 a 745.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el dictamen de la Sección 22.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 145; en contra, 74.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
A continuación, pasamos a la Sección 23, Ministerio de Medio Ambiente.
En primer lugar, votamos las enmiendas del Senador Cámara.
Comenzamos por la número 237.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 11; en contra, 196; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 236, 238 a 245 del Senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero. En primer lugar, enmienda de veto número 1306.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 147.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 1307 a 1315 y 1361 de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 12; en contra, 194; abstenciones, 14.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas números 1382 y 1383 de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 81; en contra, 136; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1333, 1334, 1380 y 1381 de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 136, abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero referidas a la Sección 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 133; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Senador Quintana números 151 a 194 de la Sección 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 134; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto originarias del Senador Cabrero números 205 a 212.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 135; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto, originaria del Senador Martín, número 217.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, nueve; en contra, 198; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria números 438 y 441.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 76; en contra, 135; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, las enmiendas números 973 a 977.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 81; en contra, 135; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas 983 a 985, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 22; en contra, 136; abstenciones, 62.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, números 978 a 982.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 75; en contra, 132, abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, la enmienda de veto, número 395.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 72; en contra, 147; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas 391 a 394, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 82; en contra, 135; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas 396, también del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 85; en contra, 135.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa) Queda rechazada.
A continuación, enmienda de Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, de vuelta al texto del Congreso, modificado por la enmienda número 1026, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 72; en contra, 138; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Continuamos en la Sección 23.
Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda de veto, número 746.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 147.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 751 y 755, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 76; en contra, 135; abstenciones, ocho.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 747 a 750, también del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 135; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas números 752 y 753, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 134; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmienda número 754, también del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 71; en contra, 138; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 756 y 757, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 73; en contra, 135; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Por último, enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
Enmienda de vuelta al texto del Congreso, modificada por la enmienda número 1026, del Grupo Parlamentario Popular.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
A continuación, votamos el dictamen correspondiente a la Sección 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 148, en contra, 71.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el dictamen correspondiente a la Sección 23.
Pasamos a continuación a la Sección 24, Economía.
En primer lugar, la enmienda correspondiente al Senador Cámara, número 246.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 137; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas correspondientes a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
En primer lugar, la enmienda de veto número 1385.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 148; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmienda de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, número 1386.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 73; en contra, 139; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 1388 y1389, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas correspondientes a la Sección 24, de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 135; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 195, correspondiente al Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, enmiendas números 992 y 993.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 76; en contra, 136; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación, votamos el resto de las enmiendas correspondientes a la Sección 24, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas a la Sección 24, Ministerio de Economía, correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmienda de veto número 758.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.


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Enmiendas números 759 a 782, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 137; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
La enmienda número 783, del Grupo Parlamentario Socialista, ha sido retirada.
Por tanto, votamos el dictamen correspondiente a la Sección 24, Ministerio de Economía.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 149; en contra, 72; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Sección 25, Ministerio de Presidencia.
En primer lugar, enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Enmienda de veto número 1393.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 71; en contra, 149.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 1394 y 1395, de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 72; en contra, 137, abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, enmienda de veto número 397.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 149.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 398 y 399, del mismo Grupo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 133; abstenciones, 14.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas correspondientes a1 Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, enmienda de veto número 784.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 149.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 785 y 786, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 137, abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 25, Ministerio de Presidencia.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 150; en contra, 72.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo e Insalud. En primer lugar, votamos las enmiendas números 248, 249 y 250, del Senador Cámara Fernández.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 75; en contra, 137; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. En primer lugar, la enmienda de veto número 1396.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 71; en contra, 148; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada la enmienda de veto.
Enmiendas números 1398 y 1403, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 12; en contra, 137; abstenciones, 74.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Enmienda número 1414, también de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 76.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmiendas números 1404, 1422, 1430, 1438, 1442, 1446, 1448 y 1449, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 73; en contra, 136; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
A continuación votamos el resto de enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 72; en contra, 137; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario 10 Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, la enmienda de veto a la Sección 26, número 400.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 148; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada la enmienda de veto.
Enmienda número 401, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 81; en contra, 137; abstenciones, tres.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmienda número 406, del mismo Grupo Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 86; en contra, 136.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 403, del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, en primer lugar, la número 1494.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 82; en contra, 136; abstenciones, cinco.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
En primer lugar, la enmienda de veto, con el número 787.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 149.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Hay otra enmienda de veto, que es la número 799.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 148; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.


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Enmiendas números 790, 793, 885, 886 y 893, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 135; abstenciones, 15.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos, señorías, el dictamen correspondiente a la Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo e Insalud.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 150; en contra, 72; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado el dictamen correspondiente a la Sección 26, Ministerio de Sanidad y Consumo e Insalud.
Pasamos a la Sección 31, Gastos diversos ministerios. En primer lugar, votamos las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Enmienda número 1455.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 76.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés a la Sección 31, números 407 a 415.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista, números 896 a 903.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Quedan rechazadas.
Votamos el dictamen correspondiente a la Sección 31, Gastos diversos ministerios.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 149; en contra, 72; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Pasamos a la Sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea. No ha sido objeto de enmiendas. En consecuencia, votamos el dictamen. ¿Puede entender la Presidencia que, al no haber enmiendas, se aprueba por asentimiento? (Denegaciones.) Votamos el dictamen de la sección 34, Relaciones financieras con la Unión Europea.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 147; en contra, dos; abstenciones, 73.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Votamos el Título Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Votamos la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, número 622.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 78; en contra, 135; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos el dictamen correspondiente a la Entidad Pública Estatal Empresarial de Puertos del Estado y Autoridades Portuarias.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 149; en contra, 72.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Votamos el Título correspondiente a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
Enmienda número 247, correspondiente al Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 76; en contra, 138; abstenciones, nueve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 623, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 76; en contra, 135; abstenciones, 10.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos el dictamen correspondiente a la Entidad Pública Empresarial Aeropuertos Españoles y Navegación Aérea, AENA.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 148; en contra, 74; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Pasamos al Título correspondiente al Ente Público Radiotelevisión Española.
Enmienda número 1469, que corresponde a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 136; abstenciones, 13.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmienda número 422, perteneciente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 148; abstenciones, una.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, número 918.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 149.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos el dictamen correspondiente al Ente Público Radiotelevisión Española.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 149; en contra, 73.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Pasamos al Título correspondiente al Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, GIF.
Votamos la enmienda número 1142, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
La enmienda número 996, correspondiente al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas,Vascos, está decaída, en consecuencia no se vota.
Votamos el dictamen del Ente Público Gestor de Infraestructuras Ferroviarias, GIF.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 147; en contra, 75.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Pasamos al Título correspondiente a los Ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
Enmienda número 1172, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 75; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.


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Votamos el dictamen correspondiente a ferrocarriles de Vía Estrecha, FEVE.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 150; en contra, 72; abstenciones, una.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado.
Continuamos con el Título correspondiente a la Red Nacional de Ferrocarriles, de España, RENFE. En primer lugar, votamos la enmienda correspondiente a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, con el número 1173.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 74; en contra, 136; abstenciones, 12.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazada.
Votamos el dictamen que corresponde al Título de Red Nacional de Ferrocarriles de España, RENFE, y resto de organismos que no han sido objeto de enmienda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 149; en contra, 74.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda aprobado. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Continuamos con los Títulos IV, VIII y Sección 07, empezando por las enmiendas números 1053 a 1055, de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 72; en contra, 139, abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Senador Quintana números 38 a 41 y la número 43.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos la enmienda número 1501, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 15; en contra, 203; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 460 a 464 y la número 493, de los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigésimo cuarta.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 428 y 429, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, 12.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la propuesta de modificación al Título IV y disposiciones adicionales tercera, cuarta, quinta y vigésimo cuarta, firmada por todos los grupos parlamentarios presentes en la Cámara. ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada por asentimiento.
A continuación, votamos el dictamen del Título VIII y la Sección 07. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 150; en contra, 23; abstenciones, 48.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos ahora el Preámbulo. En primer lugar, la enmienda número 1 del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 223; a favor, 19; en contra, 141; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el dictamen. (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Señora Presidenta, ¿votamos el dictamen incluyendo el artículo 2?

La señora PRESIDENTA: Después del dictamen votaremos los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, así como el Anexo I, que

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no experimentan modificación en relación con el dictamen.


El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señora Presidenta. Le pediré la palabra cuando lleguemos al artículo 2. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, una vez rechazada la enmienda del Senador Quintana, votamos el texto del dictamen correspondiente al Preámbulo.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 149; en contra, 75.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del Dictamen correspondiente al Preámbulo.
A continuación, votamos los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, así como el Anexo I, que no experimentan modificación en relación con e1 dictamen. (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Señor Laborda, me tendrá que explicar para qué pide la palabra.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Pedimos la palabra por seguridad jurídica. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esta Cámara, a lo largo de este trabajoso proceso de elaboración de los Presupuestos, ha modificado el presupuesto en el estado de los créditos con enmiendas que suponían altas y bajas. Por lo tanto, lo que quisiéramos saber es por qué si en el proyecto que nos remite el Congreso de los Diputados el importe del estado de gastos es de 35 billones 792.490 millones de pesetas, y lo que esta Cámara en teoría va a aprobar, que es el dictamen de la Comisión --reitero la idea de que no se ha modificado el estado de gastos porque todas las enmiendas tenían alta y baja--, tiene un importe de 35 billones 809.515 millones de pesetas, hay una diferencia de 17.000 millones entre el texto que envió el Congreso de los Diputados y el texto que en estos momentos nos disponemos a aprobar, y al menos mi Grupo quiere tener una explicación de cuál es el misterio de la trasparencia por el cual hay 17.000 millones de diferencia entre el estado de gastos remitido por el Congreso y el estado de gastos remitido por el Senado. No es una cuestión baladí, señora Presidenta. Es un tema bastante grave. Yo lamento que no tengamos en este momento un miembro del Gobierno aquí. A lo mejor puede tener el decodificador para explicarnos lo que ha sucedido, pero, señora Presidenta, yo pediría una explicación formal antes de que mi Grupo adopte alguna decisión.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señoría, esta Cámara es soberana para decidir sobre esos aspectos. Como no le puedo contestar a su señoría a la pregunta concreta que me hace, voy a suspender la sesión por dos minutos para poder contestarle. (Pausa.) Se reanuda la sesión.
Señorías, la respuesta a la pregunta del Senador Laborda es que, en efecto, hay una diferencia de 17.025 millones de pesetas entre la cifra publicada en el Boletín Oficial que nos remitió el Congreso de los Diputados y la que vamos a votar, y espero que a aprobar, a continuación.
La diferencia se debe a las enmiendas tramitadas en el Senado, la principal de ellas por un importe de 15.875 millones, en el Ministerio de Agricultura, y otra de casi 1.000 millones en la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir. Se incorpora un mayor gasto, en este caso, de 15.875 millones, que se financia con un mayor ingreso procedente de fondos europeos. Las partidas que también han sido enmendadas, aunque en menor cuantía, se incluyen en esta hoja, que si quieren leo o facilito a sus señorías, a efectos del acta taquigráfica de esta sesión. Pero les aclaro que la lectura les va a ilustrar poco, señorías, porque son solamente, los números de los programas; no obstante, si quieren, con mucho gusto se lo leo.
¿Le vale esa explicación, Senador Laborda? (Pausa.--El señor González Pons pide la palabra.) El Senador González Pons tiene la palabra.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, para mayor clarificación y despejar todas las dudas, rogaríamos que sean leídas esas enmiendas.


La señora PRESIDENTA: Voy a decirles el número de la enmienda y a qué Grupo pertenece. En primer lugar, la enmienda de los 15.875 millones es la número 1020, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, al Programa 718.B, Ministerio de Agricultura. La enmienda siguiente en importancia por su cuantía es de 1.100 millones y corresponde a la enmienda 1.026, también formulada por el Grupo Parlamentario Popular. Y, por último, otra enmienda de 50 millones, que es la número 1027, también del Grupo Parlamentario Popular.
Los programas a que afectan estas enmiendas son: el 542.E, el 614.B, el 633.A a la baja, con 200 millones menos por las enmiendas números 1011 y 1023, el 718.B, que ya he citado anteriormente, el 722.C, con una baja de 1.650 millones de pesetas y, en cambio, un alta de 6.150 millones en el programa 542.E, soportado por la enmienda 1019 presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Todo ello, señorías, importa 17.025 millones de pesetas. Se unirá al acta este cuadro que refleja las enmiendas.
Pero lo que creo importante que sepamos es que, en efecto, hemos variado el estado de gastos, pero ha venido soportado por una variación en el estado de ingresos debida fundamentalmente a fondos europeos. (Aplausos.) Entonces, señorías, vamos a votar los artículos 2, 3, 4, 6 y 12, así como el Anexo I, que no experimentan modificación en relación con el dictamen.
El resto de las secciones y los dictámenes de ambas leyes, del proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado y el de la ley de acompañamiento, se han ido votando a medida que hemos producido

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votaciones y, por tanto, solamente queda por votar lo que acabo de enunciar a sus señorías.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 220; a favor, 151; en contra, 69.


La señora PRESIDENTA: Señorías, queda aprobado el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE REFORMA DE LA LEY ORGANICA 4/2000, DE 11 DE ENERO, SOBRE DERECHOS Y LIBERTADES DE LOS EXTRANJEROS EN ESPAÑA Y SU INTEGRACION SOCIAL (S. 621/000009) (C. D. 121/000012).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, que es el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, de nuevo, en esta Legislatura, según venía siendo costumbre en la Comisión Constitucional en la pasada Legislatura, me honra el encargo de la Comisión que presido para que, de acuerdo con el artículo 120 del Reglamento, presente el dictamen recaído en el proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Quiero, inicialmente, saludar la presencia en el hemiciclo del Secretario de Estado para la Extranjería y la Inmigración, don Enrique Fernández-Miranda. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El proyecto entró en el Congreso de los Diputados el día 5 de septiembre de 2000, cerrándose el plazo de enmiendas, tras sucesivas prórrogas, el día 5 de octubre.
La Ponencia de la Comisión Constitucional de la Cámara Baja informó el 26 de octubre y la Comisión dictaminó el día 6 de noviembre, debatiéndose el proyecto en el Pleno del Congreso de los Diputados de 23 de noviembre.
La Comisión del Congreso de los Diputados introdujo más de 40 enmiendas en el dictamen y el Pleno del Congreso 10 modificaciones al dictamen, todo ello en aras del consenso en un tema que se considera cuestión de Estado.
El Senado publicó el proyecto, cuya tramitación es urgente, el 27 de noviembre de 2000, abriéndose el plazo de enmiendas, que finalizó el día 1º de diciembre.
Al proyecto han sido presentados en el Senado tres vetos: el número 1, de los Senadores Manuel Cámara Fernández y José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; el número 2, del Senador Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, y el número 3, del Grupo Parlamentario Socialista. Hay, además, 180 enmiendas: las números 1 a 61, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 62 y 63, del Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 64 a 91, del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto; las números 92 a 98, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria; las números 99 a 121, del Grupo Parlamentario Socialista; las números 122 a 128, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; las números 129 a 163, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y números 164 a 180, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
El pasado día 5 de diciembre, la Ponencia designada por la Comisión Constitucional el 29 de noviembre, compuesta por los excelentísimos señores Andoni Aurrekoetxea Bergara, Belloch Julbe, Bonilla Domínguez, Cámara Fernández, Ríos Pérez, Saavedra Acevedo, Sesmilo i Rius, Solé i Tura y la excelentísima señora Vindel López, informó el proyecto de ley, acordando proponer a la Comisión Constitucional como informe el texto remitido por el Congreso de los Diputados, sin perjuicio de seguir estudiando las enmiendas presentadas en trámites parlamentarios posteriores.
El día 7 de diciembre, la Comisión Constitucional emitió el dictamen que va a ser objeto de debate y votación en los mismos términos que el informe de la Ponencia.
Deseo, de forma expresa, dejar constancia del agradecimiento a los servicios de la Cámara, especialmente a la Letrada de la Comisión, doña Rosa Ripollés, así como a todos los miembros de la Comisión Constitucional del Senado, por su magnífico trabajo, habida cuenta del escasísimo tiempo que nos concede el procedimiento de urgencia, en este caso agravado por los fines de semana y puente de la Constitución y de la Inmaculada. Si siempre son escasos los 20 días, en esta ocasión lo han sido muchísimo más.
Estos son, señor Presidente, señorías, los antecedentes del proyecto de Ley sobre el que el Pleno del Senado va a debatir a continuación.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Agramunt.
Se han presentado tres propuestas de veto, que debatiremos a continuación.
En primer lugar, propuesta de veto que corresponde al voto particular número 3, de los Senadores Cámara Fernández

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y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto. Corresponde a la propuesta de veto número 1.
Para su defesa, tiene la palabra el Senador Cámara por tiempo de 15 minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Señor Presidente, señorías, voy a ser muy breve en este turno para la defensa del veto de Izquierda Unida a este proyecto se ley.
Quisiera empezar diciendo que, por lo que conozco --medios de comunicación--, no se va a aceptar ninguna enmienda. No sé si posteriormente me rectificarán, pero creo que va a ser así. Imagino que es para que no pase por el Congreso de los Diputados, nos evitemos un mayor debate y así tranquilicemos a algunos grupos que han dado o quieren dar su apoyo a este proyecto.
Señorías, sé que éste es un tema complejo, si bien requiere, al menos, toma de posición ante lo que parece que es ya inevitable.
Empezaré diciendo que el fenómeno migratorio es de carácter universal, que ha sucedido a lo largo de la historia y que en estos momentos es un tema también, en mi opinión, de justicia o injusticia entre el mundo rico y el mundo pobre. Por tanto, no se pueden poner políticas que frenen lo que es inevitable, porque existe un nivel de pobreza tal en el mundo que hace que el fenómeno migratorio sea imparable, salvo que los países pobres sean menos pobres y, en consecuencia, no tengan necesidad de emigrar.
Hemos presentado varias enmiendas en relación a la política exterior --y han sido rechazadas--, aumentando dotación de todo tipo para ayudar a esos países, porque la emigración tiene sus problemas en el origen, en los lugares de donde llegan estas personas, estas gentes. Se calcula que en el año 2000 la mitad de la población de Africa subsahariana tendrá ingresos por debajo de la línea de la pobreza. El 20 por ciento más pobre de la población mundial percibía en el año 1960 el 2,3 por ciento del ingreso mundial. En la actualidad, percibe el 1,1 por ciento. La riqueza de las siete personas más acaudaladas del mundo permitiría que todos los habitantes accedieran a los servicios sociales básicos. Son 1.200 millones de personas los que no tienen acceso a agua potable y esta situación afecta al 20 por ciento de la población mundial. La esperanza de vida es de menos de 40 años para 507 millones de seres humanos. Hay 158 millones de personas menores de cinco años que sufren de malnutrición. Más de 840 millones de personas son analfabetos, de los que 538 millones son mujeres y éstas ganan por el mismo trabajo realizado tres cuartas partes menos de lo que perciben los hombres, mientras asumen una carga desproporcionada de responsabilidades domésticas, como criar a los hijos, etcétera, en el llamado Tercer Mundo.
Por tanto, señorías, parto de estas reflexiones, de estos datos para justificar que el fenómeno migratorio es un problema de justicia y de mal reparto de la riqueza a escala mundial, para comentar algunas cuestiones en relación al veto, no sin antes manifestar que comprendo que ante el fenómeno migratorio hay miedos también en la sociedad española, miedos de todo tipo, que no voy a enumerar porque no tengo tiempo.
Quiero hacer un paréntesis para decirles que prefiero la España de Toledo que la España de los Reyes Católicos. Conviene revisar nuestra historia.
Simplemente, les recordaré que fue un judío quien hizo los primeros versos en castellano. Digo esto para argumentar que no hay que tener miedo y que el futuro que se nos presenta es de mestizaje y no de acantonamiento o de cierre de fronteras para preservar no sé qué. Este fenómeno se va a dar, y tenemos que prepararnos para ello culturalmente también.
Volviendo al debate, señorías, la reforma que plantea el Gobierno es un proyecto de ley que, en nuestra opinión, elimina la mayoría de los avances conseguidos en la Ley 4/2000. Aquí también quiero hacer un pequeño paréntesis. Ojalá hubiera habido un consenso entre el Partido Popular y el Partido Socialista en lo que hace referencia a una parte fundamental de los derechos de los emigrantes, sobre todo en cuanto a los derechos de sindicación, huelga o manifestación de los mal llamados ilegales. Por cierto, ningún emigrante es ilegal. En todo caso, está en una condición irregular, pero no es un criminal en potencia sino una persona sin papeles. Es importante tener esto en cuenta. Pero los derechos de estas personas son universales y no se pueden cercenar. Ojalá hubiesen llegado a un acuerdo con el Partido Socialista, y no digo con nosotros porque estamos aún más en contra del conjunto del proyecto de ley, ni siquiera permiten el consenso en esta materia.
Quiero recordarles que sí hubo consenso en la Ley 4/2000, y que ustedes se prestaron enseguida a rechazarla. Como ya dije una vez --y lo voy a repetir ahora aquí--, eso ha motivado algún quebradero de cabeza al Partido Popular, porque algún ex Ministro o alto cargo de la Administración anterior se ha pronunciado claramente en contra de este proyecto de ley y a favor de la ley que fue motivo del consenso político y social. Pero ustedes crearon un clima determinado en contra de esa ley, hasta el punto de que no hicieron posible el Reglamento, donde podían haberse aclarado algunas cosas. Ni siquiera nos dio tiempo a ver cómo se ejecutaba esa ley y qué efectos tenía. Simplemente, procuraron que no se aplicase. Por ello, algunos hechos ocurridos en ciertos lugares del Estado les sirvieron para enarbolar la bandera del cambio de esta ley, porque decían que creaba el efecto llamada, y alertar sobre la necesidad de modificarla. Y esa modificación, que está encima de la mesa, no la compartimos.
No dispongo de mucho tiempo. Por eso y porque el debate está acabado, voy a dar por defendidas la mayoría de las enmiendas. Pero sí quiero leerles --si tengo tiempo para ello, señor Presidente-- una carta de un emigrante que aparece en un diario.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sí, Senador Cámara, le restan seis minutos y medio.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Entonces, creo que voy a poder.
Esa carta me va a servir para argumentar su posterior negativa con respecto a dos simples enmiendas que presenté a última hora. La señora Vindel se acordará de ello, y es que un inmigrante que paga sus impuestos en un municipio

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igual que un español pero que no es ciudadano comunitario no tiene derecho a los descuentos fijados para el transporte en las islas, Ceuta y Melilla ni a los establecidos por familia numerosa. Estamos asistiendo a un esperpento intelectual, al menos. Si pagan los impuestos, habrá que ayudarles. No tienen los mismos derechos, de acuerdo; pero es que tampoco aceptan que tengan esos derechos básicos.
Les leo la carta: «Me llamo Bonaventure Honcha», natural del Camerún, resido en Palma, empadronado en el excelentísimo Ayuntamiento de Palma.
»Me atrevo a escribirles esta carta para manifestar mi malestar ante un hecho que, a mi parecer, releva de la Grecia presocrática. ¿Cuál es el hecho? »Pues bien. Quería hacer un víaje a la península. Por ello, me fui a un cajero automático para sacar un certificado de residencia que, según dicen, da derecho a un descuento a la hora de comprar el billete. Nada más introducir mi tarjeta ciudadana, la máquina la rechazó.
¿Discriminación tecnológica?, Entré en el establecimiento para pedir explicaciones. Me mandaron al Ayuntamiento. Una vez allí, expliqué lo ocurrido y me contestaron que era «normal», dado que yo no era ni mallorquín ni comunitario, condición sine qua non para acceder a dicho privilegio.
»Ahora, lo que no me cuadra es por qué me hicieron entonces la tarjeta ciudadana. Puede que sea una ley, con lo cual, hay que respetarla. Pero, a mi entender, es una ley discriminatoria y ciega. Porque cuando aparco mal en la calle, me ponen la misma multa que a un mallorquín de pura sangre. El pan, lo compro al mismo precio que un comunitario. Mi jornada laboral tiene la misma duración que la de un catalán, o un andaluz.
Ahora, para tener derecho a un descuento ¿hay que tener sangre azul?» Comprendo su tono porque está enfadado. «Yo no pretendo que me traten igual que a un mallorquín, o un comunitario, pero tampoco se trata de pedir limosna. En un servicio público tan básico como el transporte, ¿por qué estos distintos tratos? »Es bastante sospechoso, dado que al final del cuento nos cantan que todos somos iguales.» Aquí afirmo que todos somos iguales. Desde una cultura de izquierdas, todos somos iguales. Yo prefiero a un trabajador marroquí o senegalés que a un prepotente hombre de nuestro país, que paga o no sus impuestos pero que a lo mejor está explotando a esos mismos emigrantes. Quiero una ley que regule la situación, pero sin que ponga tantas fronteras y vallas; una ley de consenso y acuerdo y no una ley impuesta. Este proyecto de ley está equivocado y va a tener repercusiones muy negativas para nuestro país, cuando hace falta esa emigración. También hace falta más justicia y una serie de políticas que vayan al fondo del problema, donde está el origen de esa emigración necesario, para mucha gente.
Por todo ello, me siento solidario con los migrantes. Desde aquí les digo que, en nombre de Izquierda Unida, seguiremos luchando y peleando para defender sus derechos y sus intereses.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
A continuación, corresponde el debate del voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la propuesta de veto número 2 originariamente presentada por el Senador Quintana González, que ha sido dado por defendido.
Pasamos al voto particular número 6 del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a la propuesta de veto número 3. Para su defensa, tiene un turno a favor por quince minutos, el Senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
La presentación de este veto es para el Grupo Parlamentario Socialista la historia de una cierta frustración. Es verdad que en el conjunto de la tramitación del proyecto, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, ponentes y responsables políticos hemos hecho --estoy convencido de ello-- el máximo esfuerzo por lograr ese acuerdo. Pero a esta hora ya sabemos que el acuerdo no ha sido posible.
Creo que parte de la frustración está relacionada con una evidencia, y es que todos sabemos que se trata de un proyecto de ley que, por la naturaleza de los temas que trata de resolver, tendría que haberse consensuado; no sé si es necesario, pero sin duda hubiese sido lo conveniente. Pero también es verdad que hablo de cierta frustración y no de un fracaso sin matices, y lo hago porque el proceso negociador ha producido sus frutos, que en algunos casos han sido parcialmente satisfactorios. De hecho, el Grupo Parlamentario Socialista lo reconoce así, expresamente, en el propio texto de presentación del veto. Este es el caso de la regularización de los extranjeros cuyas solicitudes fueron denegadas en el último proceso, la ampliación del derecho a la reagrupación familiar, el establecimiento de un contingente anual, etcétera.
Por lo tanto, es cierto que ha habido resultados parcialmente satisfactorios y, sin embargo, no ha sido posible el consenso. Llegados a este punto, creo que la obligación política del Grupo Parlamentario Socialista es tratar de explicar por qué presentamos ese veto y tratar también de explicar algo del proceso de intento de negociación que hemos tenido, sobre todo, en el Senado; lo que hemos trabajado no sólo en Ponencia y en Comisión sino también en esos otros sitios donde se trabaja: en los despachos, en los pasillos y a través de los teléfonos.
Quiero explicarlo con serenidad y sin reproches pero, eso sí, diciendo con claridad cuáles son los criterios de mi Grupo.
¿Por qué hemos presentado este veto y por qué lo vamos a mantener? En primer lugar, me gustaría aludir a dos cuestiones previas de enfoque y otra de fondo. Por lo que respecta al enfoque, para nosotros es importante señalar que está claro que tiene interés el problema de su constitucionalidad o de su no constitucionalidad en relación, naturalmente, a los preceptos relativos a derechos fundamentales de los extranjeros en situación irregular. Por supuesto que tiene interés esa cuestión pero, desde luego, no es para nosotros lo esencial; lo decisivo es que hablar de derechos

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y libertades de este colectivo de extranjeros es una cuestión de principios; de principios políticos que están vinculados directamente con las raíces de nuestros ideales y nuestros valores: nuestro compromiso con los sectores sociales menos favorecidos y, entre ellos, nos parece evidente que es difícil encontrar un colectivo con mayores dificultades que un extranjero que se encuentre en situación irregular. Este hecho nos ha llevado a pensar que sus intereses legítimos pueden ser defendidos de manera más eficaz si se les reconocen los derechos de reunión, de manifestación, de asociación y de sindicación.
Sinceramente creo que sus señorías del Grupo Popular piensan lo mismo, estoy convencido de que piensan que para la defensa de sus intereses es preferible que tuviesen reconocidos esos derechos; sin embargo, pese a que no me niegan esa afirmación, al propio tiempo, por otras consideraciones (por intereses generales, por una determinada concepción de cómo debe controlarse el flujo migratorio, por el principio más general de entender que debe primarse de manera clara la inmigración verificada con regularidad sobre la inmigración no verificada con regularidad) ustedes optan por excluir absolutamente para estos extranjeros el ejercicio de esos derechos. Esas consideraciones no sólo son legítimas sino que, además, nosotros las compartimos. Creemos que es necesario canalizar el conjunto de los flujos migratorios a través de procesos que faciliten su legalización, pero lo que sinceramente no creemos es que negar estos derechos, excluir del ejercicio de estos derechos a ese colectivo sea en modo alguno eficiente para el logro del objetivo que proclaman. Por otra parte, les tengo que decir que, aunque fuera eficiente, por una cuestión de principio nosotros no podríamos aceptar que el precio fuera que un colectivo de ciudadanos extranjeros estuvieran privados, excluidos absolutamente del ejercicio de esos derechos; y, además, es que creemos que esas medidas no son conducentes al objetivo que ustedes plantean y que en el proyecto de ley hay otros mecanismos sobre los que nos hemos puesto de acuerdo que garantizan suficientemente que se primen los flujos migratorios regularizados.
Voy a abordar otra cuestión que está vinculada con la anterior. Para ustedes es un problema de planteamiento político, de opción política, de oportunidad política; a lo que ustedes se arriesgan es a acertar o no, a través de estas medidas, en la política general de inmigración. Eso es algo muy respetable, pero tienen que darse cuenta que nosotros nos jugamos mucho más, porque para nosotros es una cuestión de principios, perdemos mucho más en el envite y, por lo tanto, no podemos sacrificar una cuestión de principio a la evidencia de que ha habido, como he dicho, acuerdos y mejoras en muchos aspectos de la ley.
Una segunda cuestión es la relativa a la constitucionalidad. Los compañeros de la Comisión ya me escucharon decir que mi fe era escasa en lo relativo al carácter dogmático del Derecho, porque el Derecho es un instrumento, está al servicio y proporciona argumentos jurídicos a toda clase de posiciones políticas. También dije que no me parecía razonable usar demasiadas veces en vano el nombre de la Constitución y que la única definición de constitucional que existe es aquello que decide el Tribunal Constitucional que es constitucional y que, fuera de eso, se pueden escribir muchos libros pero no hay ninguna definición jurídica que recoja su verdadero alcance. Por ello, creo que he dejado claro que, desde mi punto de vista, la constitucionalidad no es el tema central; sin embargo, hay algo que me preocupa y es que ustedes, por lo menos hasta ahora, cuando han tratado de defender la exclusión de esos derechos se han fijado sobre todo en si esos artículos son o no constitucionales, han centrado su argumentación --y seguro que la ponente insistirá en ello-- en que son constitucionales. Esta cuestión raramente se completa --salvo en alguna declaración de prensa-- con el hecho de si es o no conveniente para los intereses nacionales, porque la verdad es que el núcleo de la interpretación ha sido que son constitucionales.
Si se trata de defender los intereses nacionales o los intereses generales, fuera de los que he explicitado, no se a qué otros se pueden referir, pero con mucho gusto escucharé las explicaciones complementarias que se me puedan dar en este acto. Sin embargo, desde el punto de vista del argumento permanente de la constitucionalidad habrá que recordar que el hecho de que una ley sea constitucional no es, en modo alguno, una garantía suficiente; que sea inconstitucional es el límite máximo --en sentido negativo-- de una ley pero, en modo alguno, es el índice de la bondad de la misma. Si ustedes sostienen que constitucionalmente se puede limitar el ejercicio de determinados derechos y libertades fundamentales, a ustedes asimismo les corresponderá explicar por qué en términos constitucionales está legitimada y, en su opinión, justificada esa exclusión. No nos corresponde a nosotros demostrar la inconstitucionalidad para plantear, como planteamos, que se opone a la defensa de los intereses legítimos de un colectivo de ciudadanos particularmente poco favorecidos.
Sobre el contenido del veto, la cuestión es muy clara; el veto se formula, única y exclusivamente, por la exclusión que se verifica de los derechos y libertades para los extranjeros en situación irregular.
Ninguna otra discrepancia hubiera justificado el veto, por ningún otro precepto hubiéramos --como tendremos que hacer-- votado en contra del artículo primero del proyecto de ley. Debe quedar claro que ése es el objetivo del veto porque, en lo demás, está claro que tenemos criterios propios, y por eso mantenemos enmiendas particulares, pero ninguna de las enmiendas particulares, en su conjunto, hubiera determinado la decisión política, responsable y serena, de tener que plantear este veto.
Voy a entrar en lo que, desde el punto de vista de los socialistas, es el fondo de la cuestión. Como dije en la Comisión, el tema se puede plantear de manera lineal en dos ámbitos: se puede entender que se trata de derechos de los concebidos como universales e inherentes, por lo tanto, a la dignidad de las personas, como tales no vinculados a la idea de la ciudadanía ni tampoco, por ejemplo, de la residencia sino pertenecientes a toda persona en cuanto tal; por el contrario, se puede entender que se trata más bien de derechos políticos y, por tanto, se puede dejar fuera de su disfrute o de su ejercicio a un colectivo entero de ciudadanos por el mero hecho de tener en común el rasgo de una

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situación administrativa de irregularidad. Y, más o menos, con diversos matices en torno a una u otra línea se ha ido desarrollando el debate en el Congreso de los Diputados. Quizá en el Senado debamos dar un paso más --y así lo hemos mantenido en las discusiones-- e intentar matizar una y otra postura.
De entrada, creo que sería conveniente distinguir entre lo que son los derechos de reunión y manifestación de los restantes derechos sociales.
Para nosotros, los derechos de reunión y manifestación, de manera inevitable, en términos de doctrina, son derechos universales inherentes a la dignidad de los ciudadanos, porque se trata, en realidad, de manifestaciones concretas de una libertad pública esencial que es la libertad de expresión. La reunión y la manifestación no son más que modalidades concretas en términos conceptuales de la libertad de expresión, y la libertad de expresión, por definición, en la configuración de la sociedad democrática, no puede quedar subordinada a concepto alguna que no sea el de la dignidad de las personas.
Decir esto no significa que no pueda ser objeto de restricciones. Ahí está nuestra Constitución y los textos internacionales que permiten condicionar por razones legítimas el ejercicio de esos derechos cuando se dan, eso sí, las circunstancias, los supuestos que prevé la Constitución o los tratados internacionales o la Constitución interpretada a través de los tratados internacionales.
Por el contrario, es verdad que en términos conceptuales resulta más sencillo configurar el derecho de asociación como un derecho de naturaleza política pero, a su vez, el hecho de que tenga un carácter más próximo al derecho político y, por tanto, se puede condicionar en abstracto a la nacionalidad o a la residencia, no implica que permita excluir su ejercicio de una manera total respecto a ese colectivo, sino simplemente determina que pueda haber diferencias en el tratamiento razonables, porque lo que está en cuestión no es tanto el contenido material del derecho como el principio de igualdad del artículo 14; lo que está en cuestión es por qué existe una diferencia tan fundamental entre el extranjero residente respecto al no residente como para determinar que el primero tenga el pleno ejercicio de todos los derechos y que al segundo se le excluya total y radicalmente del ejercicio de esos derechos. En definitiva, se cuestiona si se trata de una discriminación razonable, si la razón de la diferencia está justificada en el tratamiento, y, por tanto, de nuevo entraríamos en problemas, en dudas sobre el adecuado encaje constitucional.
No quiero ser contradictorio con mi planteamiento. Mantengo esta discusión porque estamos en una Cámara en la que el Derecho tiene su papel y es lógico que así se planteen nuestros distintos puntos de vista.
Pero ciertamente el tema central es político porque si el Derecho, como antes les decía, avala cualquier confrontación estoy seguro de que todavía avala con más gusto y eficacia toda posibilidad de consenso y de negociación; ahí es donde el Derecho se encuentra particularmente a gusto, porque siempre existen fórmulas para tratar de hacer compatibles objetivos y finalidades distintas, y el derecho tiene instrumentos para lograrlo. Ese era nuestro problema y nuestra proposición. ¿Queremos el consenso? Desde la óptica que importa, que es la de voluntad política, nuestra respuesta ha sido sí, y a usted le consta que de verdad, sin matices, lo hemos buscado a fondo, aunque no lo hayamos logrado. Digo que lo hemos buscado a fondo porque estamos convencidos de que se trata --como aludía de pasada al principio de mi intervención-- de una ley que por la naturaleza de los temas que trata de resolver es una clásica ley de Estado que debe incorporarse a un conjunto de Políticas de Estado en materia de inmigración. Y va a ser difícil --no digo imposible porque por encima de todo está el sentido de la responsabilidad-- con un mal paso inicial, como es no lograr un acuerdo, que seamos capaces de superar el error que creo hoy vamos a cometer y que se puedan realizar políticas de Estado en materia de inmigración, pero lo razonable es que hubiéramos partido de configurar este proyecto de ley como una ley de Estado y, por consiguiente, como una ley consensuada.
Nos preocupa también la imagen de inseguridad global que puede dar el que se trate de una ley que por sus características, su vigencia, al menos en lo que respecta a la regulación de los derechos, durará exactamente lo mismo que la actual mayoría política, porque le digo con seguridad que cuando se modificara, se modificaría la regulación de los derechos, no otros aspectos, y eso no es bueno, da una idea de inseguridad que, precisamente, puede provocar lo que tratamos todos de evitar, el célebre --aunque nadie conozca exactamente su naturaleza-- efecto de atracción, de ser un foco que permita que se produzcan excesos en la llegada de inmigrantes, el efecto llamada que, por cierto, nunca se ha llegado a demostrar, pero ése es otro tema.
Alcanzar acuerdos claros supone aceptar que uno no tiene toda la razón y que el que opina lo contrario posee una parte de ella y que, por tanto, la única forma de llegar a un acuerdo es que todos renunciemos a algo de nuestros propios planteamientos. Desde ese enfoque intentamos hacer las propuestas de negociación. Queríamos buscar fórmulas que hicieran compatible el mantenimiento de lo que para nosotros es una cuestión de principios políticos con el objetivo que, desde nuestro punto de vista, ustedes podían tener de primar la inmigración legal sobre la irregular.
Para nosotros --insisto-- el resto de la ley ofrecía medios suficientes para lograr esa finalidad, pero como ustedes lo veían de otro modo, intentamos encontrar fórmulas en las cuales se limitara, pero no se excluyera, el ejercicio de tales derechos.
En concreto, la primera de las fórmulas que planteé --sólo voy a leer la de reunión porque la de asociación es la misma-- dice lo siguiente: Todos los extranjeros tienen derecho a reunión; el ejercicio de este derecho podrá ser objeto de restricción con las garantías que establece la Ley reguladora del Derecho de Reunión en caso de reuniones en lugares de tránsito público y manifestación, cuando constituya una medida necesaria para preservar la seguridad o los derechos y libertades de los demás; además, en el caso de promotores de reuniones o manifestaciones debía tratarse de personas en situación legal. Esa era una primera propuesta.


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Se planteó una ulterior, que coincide en las cuestiones de sindicación y huelga, pero que establecía --era ya el mínimo de lo posible-- que, aunque existiera en abstracto una conexión entre el permiso de estancia o residencia y el ejercicio efectivo de tales derechos, por lo menos quedara claro que quedaban excluidos de la sanción, tanto administrativa como de otro orden; fórmula jurídicamente discutible, como todo, pero que al menos dejaba en pie un mínimo de garantías de que por el ejercicio de tales derechos no iban a sufrir sanciones los inmigrantes.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Belloch, le ruego vaya concluyendo.


El señor BELLOCH JULBE: Termino enseguida, señor Presidente.
Ciertamente, no prosperaron, no se han aceptado ninguna de las dos. Se han hecho propuestas que supongo planteará la ponente en su intervención, pero no referidas al texto de ley sino a otras actuaciones posteriores.
Estas fórmulas suponían que nos quedábamos a mitad de nuestras pretensiones y salvábamos --lo creía y así lo creo firmemente-- de manera razonable las posiciones de todos, y podían haber generado un incremento del consenso en torno a esta ley verdaderamente importante. Porque no sólo somos los Grupos Parlamentarios los que no estamos de acuerdo --que ya somos demasiados--, sino que también está la UGT, Comisiones Obreras, organizaciones cívicas de indudable respeto para todos, que no pueden adscribirse a una u otra corriente ideológica porque están en cualquier ámbito; somos demasiados a los que nos parece un error excluir a este colectivo del ejercicio de esos derechos, sinceramente, considero que las fórmulas que proponíamos son razonables y sensatas.
Para terminar, voy a pedirles un ejercicio de, podríamos llamar política-ficción. Imaginémonos que no estamos en esta Cámara, que no ha habido un debate tan plúmbeo e insoportable como el de presupuestos que hemos tenido; que fuera una Cámara en la que, por ejemplo, pudiéramos votar exclusivamente en función de que nos convencieran unos argumentos, y no digo que fuera un modelo mejor --sería excesivamente heterodoxo-- pero imaginémoslo por un segundo, que realmente se votara en función de la fuerza de los argumentos. En ese caso, les preguntaría con toda confianza a los Senadores del Grupo Popular? ¿De verdad no les parece más razonable limitar el ejercicio de los derechos, y a cambio, lograr un pacto global en esta Cámara? ¿De verdad no les parecen más razonables las propuestas conciliadoras que hemos planteado? Sinceramente, pienso que sí, que opinan que son más razonables, pero la verdad es que estamos en la Cámara que estamos. Aterricemos. Y aquí ya está todo decidido, la votación está decidida, incluso diría que está anotada en esos espantosos libros de bitácora en que se anota la posición que después deben mantener los dedos para realizar las votaciones; está decidido y anotado, repito y, por tanto, poco podemos esperar.
Me resta decirles que ha sido un privilegio trabajar en Ponencia y en Comisión con todos los ponentes, que la discusión ha sido del nivel que pensé siempre que debía tener el Senado, respetuosa, sensata, argumentada y articulada, y destaco especialmente a Rosa Vindel que, empleando una expresión suya, se puso el traje de abogado, la toga de letrado, como todos, aunque a mí me hubiera gustado ponerme la de juez porque hubiera sentenciado el tema (Risas.), pero desgraciadamente no fue posible y nos pusimos todos como abogados defensores de una causa justa pero ha ocurrido como a veces sucede en los tribunales, que no nos han dado la razón; hemos perdido el juicio pero seguimos teniendo razón.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Belloch.
Para el turno en contra, tiene la palabra la Senadora Vindel. Le recuerdo a su señoría que tiene acumulado el tiempo para defender los tres vetos que han sido objeto de defensa. Su señoría dispone de cuarenta y cinco minutos.


La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
No se alarmen, señorías, no consumiré los tres cuartos de hora.
Lo primero que tengo que decir, señor Belloch, es que la próxima vez que nos invite al cine a ver política-ficción, avísenos con tiempo, y hacemos agenda, no se preocupe.
Volvamos a la realidad. A mí me corresponde un triple trabajo en este turno: defender el proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso de los Diputados; defender, ya que no se ha hecho antes, el impecable trabajo que ha hecho el Congreso de los Diputados, y, obviamente, oponerme a los vetos presentados.
Permítanme que les recuerde, antes de entrar en materia, que el veto es un instrumento reglamentario de esta Cámara para oponer se al debate, y por tanto a la aprobación de un texto legislativo, y que una vez aprobado, lo que eso significa es que se envía al Congreso y éste, bien rápidamente, por mayoría absoluta, o bien por el transcurso de dos meses por mayoría simple, lo levanta, y aquí no ha pasado nada.
El Senador Cámara ha defendido su veto en nombre de Izquierda Unida, y hay tres cosas en las que estoy completamente de acuerdo con él. Creo que es bueno que empecemos a hacer cultura de la semántica. Tiene usted toda la razón, señoría, no hay inmigrantes legales o ilegales, no hay personas legales o ilegales, hay personas que están en situación irregular, y hay personas, si me apura, que están en situación ilegal, pero jamás las personas per sé son o legales o ilegales.
Otra cosa en la que estoy de acuerdo con su señoría es que el fenómeno migratorio es de carácter universal. Efectivamente, y va a ser una de las características del siglo, que no sé cuándo comienza, o del milenio que está a punto de comenzar, si no ha comenzado ya. Y su señoría también dice que el futuro es de mestizaje, y yo apuesto por eso.
Pero en pocas más cosas estoy de acuerdo con usted, Senador Cámara, siento decírselo. En primer lugar, déjeme

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que le aclare que no es un proyecto de ley impuesto. No hay leyes impuestas. Este proyecto de ley --luego me referiré a ello-- viene muy consensuado del Congreso; ha registrado, con un Grupo Parlamentario que dispone de una mayoría absoluta bastante notable, tal grado de consenso, que se han aceptado más de la mitad de las enmiendas pertenecientes a casi todos los grupos parlamentarios, me parece que se han excluido un par de ellos. El Gobierno del Partido Popular no ha procurado que se aplique el Reglamento, el Gobierno del Partido Popular se ha dado cuenta de que, como usted decía, la realidad del fenómeno migratorio ha sido tal, que ha superado la propia norma que hace un año salió de esta Casa por estas fechas en dirección al Congreso de los Diputados.
Quiero destacar la coherencia de los dos únicos representantes de Izquierda Unida en esta Cámara con su Grupo en el Congreso, porque ahí se opusieron, es cierto, al proyecto de ley que envió el Gobierno, y aquí también. Pero, señoría, yo me temo que usted se ha opuesto aquí al mismo que entró ahí, y no al que entró aquí. Me explico: en su oposición al proyecto de ley, en una intervención que además de estar en contra del proyecto, el de allí o el de aquí, ha estado cargada de utopía y que ha sido también en contra de la globalización --permítame que se lo diga--, ¿debemos entender, Senador Cámara, que los dos Senadores de Izquierda Unida se oponen al permiso por residencia por razones humanitarias que figura en el texto que usted ha vetado hoy? ¿Debemos entender que ustedes se oponen a los nuevos instrumentos con que se dota el texto para luchar contra las mafias organizadas, contra la gente que trafica con las vidas de seres humanos? Y ya que el Senado, Senador Cámara, según definición constitucional, es Cámara de representación territorial, ¿debemos entender que sus señorías se oponen a que las Comunidades Autónomas puedan elevar propuestas en materia migratoria en el ámbito de sus respectivos estatutos o que se haya regularizado la situación de los extranjeros cuyas solicitudes fueron denegadas en el último proceso? ¿Se opone usted a todo eso? Porque todo eso es fruto del trabajo, como decía antes, impecable que se hizo en el Congreso de los Diputados. Si es así, y espero que no sea así, Senador Cámara, y por eso le voy a pedir en este momento que por favor retire su iniciativa, hora es de que se sepa y que usted, como representante de Izquierda Unida, lo diga muy alto y muy claro en esta tribuna en el próximo turno que a su señoría le corresponde, y no dude usted que yo le escucharé con toda atención e interés.
A mí me resulta difícil entender, a pesar de los esfuerzos que ha realizado el Senador Belloch, el porqué de este veto. El ha dicho que este veto es la historia de una cierta frustración, yo creo, señoría, que es el fruto de su incoherencia.
Quiero que sepan, señorías, que este veto nace --por supuesto no se le niega este derecho a su Grupo Parlamentario, faltaría más-- de un Grupo Parlamentario que votó favorablemente cincuenta y dos de los sesenta y siete artículos de que consta esta ley; es más, su propio portavoz, el Senador Belloch, al cual yo le agradezco profundamente el tono y el contenido de su intervención --ya hablaremos luego de las togas--, afirmó en la Comisión que el veto nacía con la vocación y con la voluntad de ser retirado. Yo no voy a relacionar --su señoría ya los ha relacionado-- todos los avances que contiene el proyecto de ley tal cual ha entrado aquí, e incluso tampoco me voy a referir, salvo de pasada, al guiño que en ese veto se hace al actual Ministro del Interior. Pero déjeme que le diga que la oportunidad de su veto a mí me ofrece también otra oportunidad, la de hacer una intervención general y pronunciarme globalmente sobre la reforma que vamos a aprobar.
Señorías, Senador Belloch, el Grupo Parlamentario Socialista ha cuestionado el carácter constitucional de la restricción del ejercicio de los derechos de reunión, de manifestación y asociación, de huelga y de sindicación a los inmigrantes que se hallan en situación ilegal.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que la definición de tales derechos, tal y como llega del Congreso y como tuve oportunidad de manifestar en Comisión, es perfectamente constitucional. La historia nos muestra cómo la condición jurídica de los extranjeros ha venido oscilando a lo largo de un proceso que yo creo que se inicia incluso en los albores de la misma humanidad, entre polos de atracción completamente contrapuestos, y pasamos de la xenofobia a la hospitalidad, y de la hospitalidad a la xenofobia.
Señorías, el artículo 13 de la Constitución establece, y cito textualmente, que los extranjeros gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos que establecen los tratados y la ley. El número 2 del mismo artículo determina que sólo los españoles serán titulares de los derechos reconocidos en el artículo 23 --me estoy refiriendo a la participación de los españoles en los asuntos públicos-- salvo que, atendiendo a criterios de reciprocidad, se establezca por la ley para el derecho del sufragio activo y pasivo en elecciones municipales. Es decir, el artículo 13 de la Constitución contempla la condición jurídica del extranjero desde la perspectiva de la comunidad política.
El ámbito objetivo de derechos de los extranjeros es, por tanto, coextenso al ámbito del Título I de la Constitución, y su disfrute puede atemperarse a lo que determinen los tratados y la ley, y esta distinción, señor Presidente, da lugar a tres grandes grupos de derechos. En primer lugar, derechos que corresponden por igual a españoles y a extranjeros.
Su regulación ha de ser igual para ambos sin posibilidad de atemperarse respecto a los extranjeros; son los básicos, los personalísimos, los que son necesarios para la realidad plena de la dignidad humana. Son el derecho a la vida, el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la intimidad, el derecho a la libertad ideológica, a la libertad personal, a la seguridad y a la tutela judicial efectiva.
El segundo grupo de derechos son los que no pertenecen en modo alguno a los extranjeros, salvo que, por reciprocidad, se pueda establecer por tratado o por ley para el sufragio activo y pasivo en elecciones locales.
En tercer lugar, y aquí vienen los derechos cuestionados por el Grupo Parlamentario Socialista, están los derechos respecto de los que el artículo 13 de la Constitución reconoce a los tratados y a las leyes la posibilidad de establecer condicionamientos adicionales al ejercicio por parte de los

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extranjeros, siempre que se respeten las prescripciones constitucionales; éste es el caso de los derechos objeto de controversia.
La fórmula elegida para el proyecto es, pues, respetuosa con la prescripción constitucional --¡Claro que nos preocupaba! ¿Cómo no nos iba a preocupar?-- y también es respetuosa con la doctrina desde 1984 hasta hoy del propio Tribunal Constitucional, que indica que habrán de ser los tratados internacionales y la ley orgánica los que regulen el ejercicio de los derechos y modulen los mismos por parte de los extranjeros.
Esta interpretación --que, insisto, tanto el Gobierno como el Grupo Popular asumen-- coincide además con la opinión y los informes emitidos sobre este proyecto de ley por el Consejo General del Poder Judicial y el propio Consejo de Estado, que señalan que es plenamente constitucional la regulación por ley de tales derechos. Y así, el Tribunal Constitucional, en una sentencia bien reciente, afirma que los extranjeros gozan en nuestro país, en condiciones plenamente equiparables a los españoles, de aquellos derechos que pertenecen a la persona en cuanto tal y que resultan imprescindibles para la garantía de la dignidad humana. Por contra --continúa el Tribunal-- no es posible el acceso a otro tipo de derechos, como los reconocidos en el artículo 23, según dispone el artículo 13.2 de la Constitución, y con la salvedad que contiene.
Finalmente, existe un tercer grupo integrado por aquellos derechos de los que podrán ser titulares en la medida y condiciones que se establezcan en los tratados y en las leyes, siendo admisible --repito: siendo admisible-- en tal caso que se fijen diferencias por el legislador respecto a los nacionales.
Ya desde 1984 el Tribunal Constitucional ha entendido que la desigualdad de trato entre extranjeros y españoles resulta constitucionalmente admisible, o incluso que el propio planteamiento de una cuestión de igualdad entre extranjeros y españoles está constitucionalmente excluido.
Es preciso tener en cuenta otros preceptos sin los cuales no resulta posible determinar la posición jurídica de los extranjeros en España.
El disfrute de los derechos y libertades reconocidos en el Título I de la Constitución se efectuará en la medida en que lo determinen los tratados internacionales y la ley interna española, de modo que la igualdad o la desigualdad en la titularidad dependerá, por propia previsión constitucional, de la libre voluntad del tratado o la ley.
Los derechos y libertades reconocidos a los extranjeros siguen siendo derechos constitucionales y, por tanto, están dotados, dentro de su específica regulación, de la protección constitucional. Pero todos ellos sin excepción son, en cuanto a su contenido, derechos de configuración legal. Y yo añado más: derechos políticos de configuración legal.
Con el requisito de la residencia legal para poder acceder a la titularidad y el ejercicio de los derechos ocurre lo mismo. La residencia legal es un derecho de configuración legal. El Tribunal Constitucional, ya en 1984, afirmó que la existencia de una legislación que, según la interpretación de los tribunales, exige el requisito administrativo de la autorización de la residencia para reconocer a un extranjero la capacidad de otorgar y de celebrar válidamente un acto jurídico no se opone a la Constitución. La desigualdad resultante con relación a los españoles no es, en consecuencia, inconstitucional porque, sencillamente, en esta materia nada exige que deba existir igualdad de trato.
La Declaración Universal de los Derechos del Hombre reconoce el derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Evidentemente, el derecho de entrar o volver al propio país es un derecho reconocido sin ningún problema en términos generales. Pero, señorías, no sucede lo mismo con el de entrada en un país con el que se carece de vínculo. De acuerdo con el artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el derecho de circular libremente y elegir la residencia solamente se admite respecto de las personas que se encuentran regularmente en el territorio de un Estado. La norma constitucional y las convencionales se ven actualmente alteradas tras la adhesión de España al Acuerdo de Schengen. Como dice el Protocolo de Adhesión de España --y cito textualmente--, la filosofía del convenio consiste en que en las materias de admisión, residencia y salida de extranjeros los Estados Schengen son tratados como si fueran un solo Estado.
Por tanto, creo que puede comprenderse que se reconozca a los Estados capacidad para determinar si aceptan o no la entrada de extranjeros en su territorio, qué condiciones exigen y cómo debe hacerse. No cabe objeción formal a la revisión reglamentaria para establecer el procedimiento de condición, concesión y expedición de visados, y es razonable también la exigencia de acreditar medios de vida suficientes, así como la exigencia de documentos válidos que acrediten su personalidad.
Pero si prefieren una jurisprudencia más reciente, déjenme que les remita a 1993, cuando el Tribunal Constitucional afirmó que el derecho de circulación no es imprescindible para la garantía de la dignidad humana.
Es lícito que las leyes y los tratados modulen el ejercicio de esos derechos en función de la nacionalidad de las personas, introduciendo tratamientos desiguales entre ellos y los españoles en lo que atañe a entrar y salir de España y a residir en ella.
Solventadas, espero, las dudas sobre la constitucionalidad de la regulación de estos derechos, y con objeto de tranquilizar a todas sus señorías, creo que debemos tener presente que además de la Constitución hay otro marco que nos condiciona extraordinariamente a la hora de legislar, como son los compromisos internacionales asumidos por España.
Esta reforma es así, lo saben ustedes muy bien, porque el Tratado de Amsterdam introduce una novedad relevante de presente y de futuro al señalar que esta política de inmigración será la política de la Unión que formará parte del I Pilar, superando la situación de mera política de cooperación entre Gobiernos, propia del III Pilar de la Unión Europea, lo que significa que afectará a todo lo relacionado con la libre circulación de personas: visados, cruce de fronteras, asilo, refugio e inmigración.
La Unión Europea va a articular un enfoque uniforme, homogéneo, frente al fenómeno migratorio externo. Y

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para ello es imprescindible el establecimiento de normas comunes para las fronteras exteriores de la Unión, es decir, para los puntos de entrada de terceros países.
La política española tiene que estar en consonancia con las políticas de inmigración del conjunto de los países de la Unión Europea. Amsterdam, Schengen, Tampere, no son expresiones vacías, sino todo lo contrario, máxime, cuando el año pasado los Estados miembros de la Unión acordaron en Tampere que se debía garantizar un trato justo a los nacionales de terceros países que residan legalmente en el territorio de sus Estados para que, dentro de lo que debe ser una política de integración, se conceda a estos residentes derechos y obligaciones comparables a los de los ciudadanos de la Unión.
Qué duda cabe, señorías, que la inmigración ha convertido a España en un país de destino y además de tránsito hacia otros Estados. Nos hemos transformado en un país de acogida y una de nuestras primeras obligaciones es evitar abusos hacia los extranjeros. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Esta reforma legislativa nace porque la realidad del fenómeno migratorio ha superado todas las previsiones de la ley, hoy todavía vigente, y persigue tres objetivos. En primer lugar, la integración social y laboral y la convivencia en nuestro país de todos los extranjeros que vivan en España. En segundo lugar, canalizar los flujos de la inmigración, ordenándola desde la legalidad. Y en tercer lugar, dotarse de instrumentos más eficaces en la lucha contra las mafias, lo que, por cierto, ha merecido el aplauso del informe del Consejo General del Poder Judicial.
Para cumplir estos objetivos el proyecto que se presentó a discusión en el Congreso contenía más derechos que la propia Ley 4/2000: asociación, trabajo, libertad sindical, huelga, educación, ayudas en materia de vivienda, asistencia jurídica gratuita y derecho a la reagrupación familiar. Desde nuestro punto de vista eso supone un avance más que relevante en lo que significan derechos y en el conjunto de obligaciones que nos damos en el tratamiento de este fenómeno, que una vez aprobados nos convertirán en el primer país europeo con un catálogo de derechos para los extranjeros que quieran establecerse en nuestro país, muy por delante, desde luego, del resto de los países miembros. Aunque lo verdaderamente importante es que el cumplimiento de los derechos sea una realidad efectiva, es decir, que el enunciado de un derecho coincida plenamente con la realidad de su ejercicio.
El proyecto pretende que el extranjero que quiera trabajar en España lo haga con todas las garantías y todos los derechos que le corresponden como trabajador al igual que al español. Este proyecto pretende que los extranjeros residentes en España tengan los mismos derechos que los ciudadanos europeos. Y, desde luego, pretende evitar que los extranjeros realicen actividades laborales clandestinas sin los derechos y obligaciones que les corresponden como trabajadores.
Esta ley, señorías, va a nacer con dos hitos muy importantes. Uno, ya lo he dicho, es el de ser el primer catálogo de derechos de los extranjeros de un país miembro de la Unión Europea. Y otro, no menos significativo, consiste en que es la primera vez que se acepta tal cantidad de enmiendas a casi todos los grupos parlamentarios por parte de un grupo que apoya a un Gobierno que dispone de mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados.
Durante el trámite en el Congreso de los Diputados se ha mejorado, como no podía ser de otra manera, el texto; se ha ampliado el derecho a la reagrupación familiar; se ha incluido el concepto del arraigo; se ha ampliado el derecho a la asistencia jurídica gratuita; se ha regularizado la situación de los extranjeros cuyas solicitudes fueron denegadas en el último proceso, y se ha involucrado a las Comunidades Autónomas a la hora de establecer contingentes anuales de trabajadores extranjeros, y también a la hora de elevar propuestas en materia migratoria.
Señora Presidenta, señorías, en las exiguas dos semanas en que hemos tramitado el proyecto en esta casa, como muy bien decía el Senador Belloch, y les consta al resto de los grupos parlamentarios, hemos intentado un último esfuerzo por superar lo que nos separaba, lo que lamentablemente no ha sido posible, y además hemos tenido que asistir al anuncio de la presentación de un recurso ante el Tribunal Constitucional; el veto era nuevo, y este anuncio también.
A pesar de todo, nos hemos olvidado de ello, hemos mantenido múltiples conversaciones, hemos estudiado nuevos textos --el Senador Belloch les ha ilustrado-- e incluso hemos estudiado nuevos escenarios de trabajo.
Lamentablemente, repito, no ha sido posible. No obstante, quiero dar las gracias a todos cuantos han intervenido, tanto en los trámites de Ponencia como de Comisión; quiero agradecerles la buena disposición y el ánimo constructivo y abierto que han mostrado --coincido plenamente con el Senador Belloch--, ha sido un placer trabajar con todos ustedes.
Señorías, he intentado en nombre del Grupo Parlamentario Popular dar razones suficientes para superar tanto los vetos como ese anuncio de recurso de inconstitucional a esta futura ley. En el Grupo Parlamentario Popular creemos que la inmigración irregular no se detiene facilitando al máximo el paso de ésta a la de carácter legal, sino potenciando los mecanismos que faciliten la inmigración de carácter legal desde su origen; y también tenemos la convicción en el Grupo Parlamentario Popular de que los derechos positivos de libertad, amparados por la ley, no pueden corresponder ni ejercerse por quienes, voluntariamente, se colocan al margen de la propia legalidad. En el Grupo Parlamentario Popular creemos, en suma, que con este texto --y lo digo sinceramente-- estamos contribuyendo a una política de inmigración que trasciende una mera gestión de flujos migratorios para convertirse en lo que va a ser una política clave y esencial para nuestro país, señorías, en la próxima década.
Pero creo que con la aprobación de este proyecto nuestra tarea no acaba, y no acaba en este trámite, sino que estoy convencida, señorías, de que va a empezar a partir de ahora, y me explico. Hace poco más de un año un grupo de Senadores miembros de la Comisión Constitucional, de la anterior legislatura evidentemente, constituimos una Ponencia que se ocupó de analizar la intolerancia, la violencia,

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la marginación y las nuevas formas de esclavitud del siglo XXI, síntomas que, preocupados, detectamos empezaban a darse en nuestra sociedad.
Recibimos a multitud de integrantes de asociaciones y organizaciones; hicimos varias visitas y realizamos un viaje --que nos marcó-- a un territorio del sur de España, donde conviven más de cien nacionalidades, señorías. Pronto nos dimos cuenta, allí, de que los sueños y las esperanzas de los inmigrantes con los que estuvimos estaban, junto con ellos, entre vertederos de basuras, y algunos incluso con el cielo raso como techo.
Somos Cámara de segunda lectura, reflexionamos, aunque sea en veinte días naturales, sobre las leyes que el Congreso de los Diputados nos envía; acabamos de aprobar, en un debate --y coincido con su señoría nuevamente-- completamente plúmbeo, los Presupuestos Generales del Estado para el año que viene, pero además tenemos, señorías, un instrumento reglamentario que nos permite --y del cual carece el Congreso de los Diputados-- acercarnos aún más a la sociedad, ocuparnos de los asuntos que son de su interés y ofrecer propuestas, resoluciones, recomendaciones, como quieran llamarlo, en el correspondiente informe; me estoy refiriendo --y todos lo saben bien-- a las Comisiones especiales de estudio de esta Casa.
Creo que desde el Senado y con las aportaciones de todos los grupos que lo integran, señorías, tenemos la obligación de trabajar por la futura política de inmigración en nuestro país que, insisto, no se acaba hoy, ni mucho menos, con la aprobación de este proyecto de ley. Les anuncio por lo tanto en este momento, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, que a comienzos del próximo período de sesiones propondremos la creación de la Comisión Especial, con carácter permanente, de estudio del fenómeno de la inmigración y la extranjería en España. Esta Comisión, señorías, tendrá la oportunidad, además de ofrecer, como estoy convencida, un gran trabajo a la sociedad, de transmitir a esa sociedad nuestros valores de tolerancia, nuestros deseos de convivencia y de multiculturalidad. Ese será nuestro objetivo.
Tan sólo me queda, señora Presidenta, señorías, lo que ya se ha convertido en un clásico en tan sólo dos semanas de tramitación de este proyecto de ley: Senador Belloch, le vuelvo a pedir que retire su veto, y permítanme que exprese un deseo: que ese anuncio de recurso de inconstitucionalidad se quede, pura, lisa y llanamente, en un canto de sirena.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Vindel.
Abrimos turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Cámara, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Vindel, si ustedes proponen una Comisión que trate sobre estos temas en la Cámara, yo votaré a favor; tendrá todo mi apoyo, pero esa propuesta de última hora --que cuando llegue, llegará, y me parecerá bien-- no debe ocultar el debate que tenemos aquí.
Señora Vindel, hay recursos dialécticos que en algún caso me parecen fuera de tono. Usted no puede decirme que como la ley actual --derivada efectivamente, se lo reconozco, de algunas modificaciones introducidas en el Congreso de los Diputados-- contiene elementos precisos con respecto a las mafias o con respecto al papel de las Comunidades Autónomas, a partir de aquí se tendrían que retirar los vetos, las enmiendas y todo lo demás.
Preguntaba: ¿Usted me ya a decir que está de acuerdo...? Señora Vindel, creo que ésa es una dialéctica política equivocada. Por ejemplo, la antigua ley adolecía de ciertas cuestiones, pero también estaba de acuerdo con un montón de cosas que contenía. Usted comprenderá que hay aspectos de esta ley con los que estoy de acuerdo y aspectos con los que no.
Dicho eso --haciendo un paréntesis en el debate--, me asusta que los economistas hablen de economía y que los abogados hablen de proyectos de ley; sé que hay que ser rigurosos, pero en esta Cámara, al margen de una cuestión de carácter legislativo como ésta, todo el mundo tiene derecho a plantear sus posiciones políticas, mejor o peor planteadas. Usted, por ejemplo, señora Vindel, ha dicho que la pretensión de esta ley es extender los derechos de los ciudadanos europeos a los extranjeros, sin embargo, ya de entrada hay algún derecho que no se va a poder equiparar, como es la participación en las elecciones municipales, porque para ello tendría que haber reciprocidad (Denegaciones por parte de la Senadora Vindel.) Sí, señoría; usted me podrá argumentar lo que quiera, pero yo, en términos políticos, entiendo que en este país, democrático, avanzado, etcétera, los emigrantes tienen unos derechos que deberían estar recogidos en nuestras leyes. Entonces la pregunta que le formulo es muy concreta --la carta que he leído presenta unos problemas y me imagino que tendrá muchos más--: cómo ejercen sus derechos. Por ejemplo, serán oídos en los plenos municipales, pero sólo eso: oídos. No tienen derecho al sufragio, y éste es un derecho fundamental. Si pagan impuestos, si son ciudadanos para unas cosas y trabajan en el lugar equis, digo yo que tendrán otros derechos. Por tanto, déjeme que le diga que mi cabeza me dice, que mi sentido común me dice --a lo mejor es que no lo entiendo-- que sujetar eso a la reciprocidad no es correcto, y que deberíamos dar plenos derechos a las personas que viven y trabajan en nuestra tierra.
Ese es nuestro punto de vista. Y los derechos de otro tipo --cívicos, sociales, sindicales-- ya han sido suficientemente argumentados. Por tanto, siento mucho no seguir su consejo, pero yo mantengo el veto y las enmiendas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Para la defensa de dicho turno, tiene la palabra su portavoz, el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta, señorías.


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No creo que nadie tenga la menor duda de que la emigración es uno de los fenómenos sociales más importantes del siglo; que es la expresión más clara de las realidades socioeconómicas, diferenciales y abismales; que es el tema eterno de los pueblos ricos y pobres. Por lo tanto, las soluciones ni las puede dar un Gobierno, ni pueden darse durante una legislatura, ni se pueden hacer por un partido. Será probablemente una generación la que tenga que afrontarla durante veinte años para tomar unas decisiones y controlar un fenómeno tan importante.
No hay que olvidar que el antecedente anterior fue del año 1985; después se produjo el del año pasado. Es decir, que llevamos catorce o quince años --cuatro legislaturas-- sin encontrar una solución cuasi definitiva al problema.
Durante este año, a partir de la puesta en marcha de la Ley 4/2000, no se elaboró el preceptivo reglamento, que debía haberse elaborado antes de los seis meses de su entrada en vigor, como estaba previsto. Pero sus resultados están a la vista. No ha ocurrido ninguna catástrofe y su práctica, dentro de las dificultades de una gran novedad, ha funcionado aceptablemente bien. A estas alturas también sabemos que la famosa frase del efecto llamada ha supuesto más un efecto publicitario si atendemos a las cifras reales de emigrantes antes y después de la ley y la imposibilidad informativa suficiente y pertinente para decidir una acción personal volitiva en una aventura que le puede costar la vida a quien lo intenta.
Por eso, en un primer momento, este proyecto de ley, cuando llega al Congreso, trae cierto bagaje negativo, pero creo que ha sido subsanado de alguna manera por la profunda modificación que ha sufrido a su paso por el mismo. Coalición Canaria desearía que se completara el consenso definitivo y global en esta Cámara del Senado y esperará hasta el último minuto --aunque parece que las esperanzas se empiezan a desvanecer-- para que no sea así, porque si lo es, habremos perdido todos: el Gobierno, la oposición y las demás fuerzas políticas. Será una ley incompleta, tanto como la anterior, al no tener el respaldo de un número importante de los representantes del pueblo español. Es necesario conseguir esa posibilidad equilibrada para poder acoger a los e emigrantes. Como se han producido mejorías importantes en el proyecto de ley a su paso por el Congreso de los Diputados y ha obtenido un importante consenso, hay que realizar el último esfuerzo, y es por eso por lo que no apoyamos los vetos presentados.
Lo más importante de los avances ha sido indudablemente la planificación anual incorporada, y hoy, la Senadora del Grupo Parlamentario Popular nos invita a un posible control parlamentario de estudio, y ya adelantó nuestro apoyo al anuncio de esa comisión especial de estudio permanente.
Otro de los avances ha sido la lucha contra las mafias que se benefician de este tráfico, y en la práctica se ha objetivado que uno de los problemas más difíciles de resolver es el de las actuaciones en la repatriación de los inmigrantes. La escasa representatividad diplomática española, sobre todo en los países subsaharianos, la inexistencia de tratados o convenios bilaterales, hacen muy complicada esta devolución, agravada aún más por la escasa colaboración de los propio interesados en desvelar su nacionalidad. Por eso se hace necesaria una mayor conexión en las relaciones exteriores, de inversiones, relaciones comerciales, establecimientos de comunicaciones marítimas y aéreas, y en este caso el archipiélago canario, geográficamente, sería una plataforma ideal.
Creo que está fuera de toda duda que para las posibles soluciones de esta inmigración irresponsable a medio y largo plazo están en ayudar al desarrollo económico y social de estos países próximos geográficamente.
Es necesario adecuar una correcta canalización de controles fronterizos, ya que son imprescindibles para una óptima política de inmigración, porque si no los grandes perjudicados son los propios emigrantes que, con facilidad, serán explotados por las redes llegales de este tráfico humano. Es necesario garantizar el control de flujo y hacer un máximo esfuerzo para conseguir una continua y permanente política de integración social que asegure una convivencia que genere riqueza cultural y riqueza económica. En ese control de flujos no se han estudiado aún suficientemente las necesidades de trabajadores, las ofertas de puestos laborales estables sin ubicación concreta, los servicios correspondientes de viviendas y otras coberturas sociales, los tipos de contrato que se pueden ofrecer, su duración, etcétera. No hay que olvidar que la mayoría de las ofertas laborables posibles son para mano de obra no cualificada, basada fundamentalmente en la agricultura de temporada y el peonaje de la construcción, tan fluctuante en relación con una situación económica coyuntural.
Igualmente, dentro de la política social europea, la capacidad de los diferentes Estados de la Unión Europea es totalmente distinta, y es necesaria una política común en temas de emigración. Existe también una gran diferencia en la capacidad de absorción de inmigración en las diversas Comunidades Autónomas del Estado español. Creemos que los trabajos iniciados en ese sentido son aún insuficientes para tener claro el horizonte que nos aguarda en la problemática que plantea la inmigración.
Otra de las responsabilidades de nuestra sociedad entre Gobierno y gobernados, pero con la plena responsabilidad de aquél en cuanto a iniciativa, es el desarrollo de una política de enseñanza, de convivencia y confraternidad. En un país de emigrantes como el nuestro y de tradición de mestizaje a través de los siglos, no será difícil, pero es necesario realizarla y darle continuidad.
Por último, hay que recordar que la gran víctima de una incorrecta política de inmigración siempre son, sin duda alguna, los propios inmigrantes.
En Coalición Canaria mantenemos unas enmiendas parciales sobre los derechos de los inmigrantes que ojalá fuesen aceptadas.
No hay que olvidar que esta ley, incluso en el caso de ser consensuada en su totalidad, es la reforma de una decisión legislativa y aún presenta grandes lagunas de estudio, programación y enseñanza colectiva para un eficaz desarrollo y una convivencia global.
En el futuro reglamento se podrán subsanar las deficiencias que se objetiven si el Gobierno, la oposición y el resto

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de las fuerzas políticas actúan al unísono. De no ser así, los múltiples y complejos problemas que se plantearán agitarán la vida social y dificultarán una ansiada convivencia, y la xenofobia, que siempre acecha, desgraciadamente puede brotar. Hagamos entre todos un último esfuerzo. La esperanza en el futuro es lo que no se debe perder nunca y, por supuesto, Coalición Canaria la mantiene.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Tiene la palabra el señor Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Esta mañana tenía la intención de plantear mi intervención desde esta tribuna con una cierta clave de humor, pensando que iba a hacer uso de la palabra como un soñador más que como un senador, pero sabiendo que íbamos a hablar de derechos, y que hoy se ha conculcado uno de los derechos humanos más importantes, que es el derecho a la vida, la verdad es que he dudado en cómo presentarme, pero yendo por delante mi reconocimiento, mi solidaridad y mi apoyo para la familia de Francisco Cano y para toda la familia del Partido Popular... (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), quiero seguir manteniendo lo de soñador porque creo que tenemos que soñar con ese futuro y esa convivencia en paz y libertad en nuestra sociedad.
Fruto de mi ingenuidad, o de los cantos de sirena de la Senadora Vindel --la verdad es que lo ha hecho muy bien--, creía que las llamadas al consenso que se dieron se iban a producir y que nos iban a tocar. Tal es así que si alguien puede demostrar que esta cuestión necesitaba de consenso, y así se lo creía, fuimos nosotros, que para facilitar la tramitación, para no poner trabas y para que no hubiera excusas, no presentamos el veto. El veto nos hubiera facilitado tiempo para realizar nuestro discurso, para buscar la confrontación política o cualquier otra posibilidad del juego parlamentario que se les ocurra, pero después de la tramitación en el Congreso creíamos que había que actuar estando a la altura de las circunstancias, no sólo con visión de Estado, como parece que está de moda, sino con visión de un fenómeno que nos trasciende y que está a nivel mundial. Estamos hablando de 60 ó 70 millones de personas que están buscando unas mejores condiciones de vida, fruto quizá de esta globalización tan comentada, y también desde la visión de quien tiene la responsabilidad de Gobierno, que va a tener que ejecutar estas políticas en un país que tiene dos puertos importantes y rutas de transporte que son vía hacia la península. Por lo tanto, desde estas dos visiones que se complementan y compensan, nos enfrentábamos a este problema.
Hay una necesidad de respuesta inmediata en el corto plazo --todos lo sabemos-- pero, como decíamos, debe tener en cuenta y sentar las bases de que es un fenómeno que en el largo plazo va a traer transformaciones y cambios de carácter cultural, valores de organización de la convivencia, en definitiva, que precisa de una capacidad política, de respuesta política en su más genuina expresión. Cómo nos aproximemos al problema y cómo lo enfoquemos va a ser la garantía de que se produzca de una manera natural, ordenada y no problemática para nuestras sociedades, y será una respuesta realmente de futuro. Lo decía el Senador Belloch en la propia Comisión: no puede estar al albur de los cambios de mayorías, con esa incertidumbre de cambio continuo.
No voy a pedir medallas, pero fíjense cómo nos presentábamos nosotros ante esta ley, y que se valore desde ahí nuestra disposición a no presentar el veto y a favorecer el consenso. Nos presentábamos excluidos del consenso, cuestión de Estado Partido Popular--Partido Socialista, con una reforma de la reforma que nosotros entendíamos precipitada, por mucho que diga el Preámbulo, sin evaluación de la misma, sin informes de los consejos pertinentes, con el único informe del Consejo Nacional del PP, que había decidido su reforma, y con una propuesta de reforma que en vez de continuar con el espíritu de aquella reforma anterior, es decir, haciendo hincapié en la integración social y en los derechos y libertades de los extranjeros, excluía a un importante colectivo --precisamente los más débiles-- de los derechos de reunión, manifestación, asociación, huelga y sindicación, y con un amplio margen de discrecionalidad que se dotaba a la Administración, ya que se puede plantear limitar el ejercicio práctico de las libertades, pero entendemos que las libertades no pueden ser negadas en sí.
Con todo esto, y asumiendo que el trámite del Congreso fue positivo y enriquecedor, para recuperar el espíritu, e incluso en algún aspecto mejorar, llega al Senado, y lo primero que nos encontramos es con un plazo de quince días, y a pesar de mantener esos temores y esas resistencias, no presentamos el veto, buscamos la discusión en el debate, porque encima nos encontramos con tres vetos y 180 enmiendas, que algo significaron en cuanto que todavía hay que hablar, que hay muchas cosas que comentar. Y sobre todo porque queríamos que esta ley no saliera como se había presentado, es decir, oscura, excluyente, cargada de negatividad, en vez de abierta al futuro, integradora y llena de positividad por la potencialidad que supone este fenómeno.
¿Qué hubiera pasado si hace escasamente cinco años se les presenta esta ley a ustedes de esta manera y con estas formas? ¿Qué se hubiera oído? Realmente, inasequibles al desaliento, como solemos ser los vascos, nosotros al menos nos resistimos a que se dé la visión catastrofista, oscura y cerrada. No olvidemos que sólo se ha hablado de mafias, de cierre de fronteras, en definitiva, de exclusión.
Sea lo que quede como método de afrontar este fenómeno, nosotros, como decía la Senadora Vindel, hasta el último minuto vamos a apostar porque esta ley siga siendo una ley que salga manteniendo el espíritu y el objetivo de la integración, y eso pasa por el reconocimiento de derechos a todos los extranjeros que, guste o no guste, existen, están ahí, de manera regular o irregular, pero esta ley tiene que ser un primer paso para, con el tiempo, tener una sociedad cohesionada, con ciudadanos con iguales derechos. Si van a residir, si van a trabajar, si van a pagar impuestos,

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como decía el Senador Cámara, tienen que tener capacidad de desarrollar sus derechos. Y esto, a pesar de todo, no es una capacidad de técnica jurídica, sino eminentemente política y precisa para moverla de voluntad.
Lo decía mejor que yo el Senador Belloch.
Además, nos encontramos con sentencias que empiezan a abrir una línea dentro del propio Tribunal Constitucional, como la sentencia 91/2000, en la que se abre una línea de reconocimiento de derechos para todo lo que suponga la esencia de la dignidad humana, que deben ser reconocidos estén donde estén las personas, con más razón, además, cuando son los más débiles a los que hay que proteger.
Pero esto tampoco quiere decir que no se haga de una manera ordenada, regulada y dura con quien se aprovecha mal de este fenómeno. El otro día era la propia Inspección de Trabajo la que planteaba que el 35 por ciento de los contratos a inmigrantes son fraudulentos, y eso la propia Inspección. ¿Qué es lo que no habrá por detrás? Eso es lo conocido.
Por lo tanto, no son sólo las mafias, que también, sino que se haga mirando a Europa, y coordinados con Europa; en eso estamos todos de acuerdo, y ése debe ser uno de los planteamientos, sobre todo por la responsabilidad que tenemos con esos países de donde vienen. Si nos gusta ser líderes en Europa en muchas cuestiones, ¿por qué no lo somos también en ésta? Como decía en la tramitación de hace escasamente un año el portavoz popular en el Senado, qué generoso es el Estado español, que reconoce derechos a todos los extranjeros. Sigamos en esa línea.
Nos preocupa realmente que estemos perdiendo ese planteamiento, y defendámoslo sin complejos con el que dirán, que parece que es lo que le preocupa tanto al Gobierno. Eso no nos tiene que asustar.
Señorías, no quisiéramos encontrarnos dentro de un año con un preámbulo parecido al que tenemos. La realidad del fenómeno migratorio supera las previsiones de la norma. No puede ser ese el planteamiento que tengamos.
Esto se veía venir. Estamos a tiempo para sentar las bases para el futuro, no sólo a corto plazo. Busquen el consenso de verdad porque nos van a encontrar ahí.
Realmente estos días tampoco tenemos nosotros muy claro lo que significa la palabra consenso, pero a nosotros también nos hubiera gustado presentar alternativas y haberles hecho propuestas.
Señorías, sobre todo del Partido Popular, ustedes saben cómo nos pueden sumar a este consenso, y saben que pasa por el reconocimiento de los derechos, que están indisolublemente unidos a la dignidad y a la libertad de las personas, sobre todo de los más indefensos, y reduciendo el margen de discrecionalidad de la Administración, aunque reconocemos que se ha avanzado, Pero deberán reconocer, en aras de la responsabilidad de ese corto plazo, que nosotros también hemos sabido ceder. Cedan ustedes ante el futuro porque todos los esfuerzos van a ser pocos ante los cambios que vienen y que ustedes también reconocían.
Estamos en el último minuto, señora Vindel. Aprovechémoslo. Terminemos un buen trabajo para ellos y para nosotros.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Corresponde ahora el turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Tiene la palabra el señor Solé i Tura.


El señor SOLE I TURA: Señora Presidenta, el Grupo al que represento no está de acuerdo con esta ley y voy a intentar explicar por qué razones.
Pero antes quisiera hacer una reflexión más general. Por ejemplo, ¿por qué estamos aquí dedicando tantas jornadas parlamentarias a discutir un tema que ya estaba resuelto? ¿Por qué? ¿Qué ganamos como país, como sociedad, como sociedad plural, con estos vaivenes jurídicos y políticos? ¿Cómo podemos hacer entender a los ciudadanos y a las ciudadanas de este país que estamos aquí porque tenemos un Gobierno que ha impugnado una ley que él mismo presentó? ¿Cómo lo podemos explicar? Creo que ahí está la clave del asunto. Entiendo que se intenta cambiar el texto de la Ley 4/2000, que creo es mejor que el actual porque da más seguridad a la regulación de la inmigración, y creo también que detrás de este proyecto de ley que estamos discutiendo hay un talante que nosotros al menos no compartimos.
Seguramente el problema viene de lejos porque España es un país que está aprendiendo a ser un país receptor de inmigrantes. España ha sido históricamente un país de emigración, y lo ha sido, sobre todo, durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Durante el siglo XX hemos tenido grandes emigraciones sociales y también políticas. Y cuando uno se encuentra en situación de exiliado o de emigrante, es cuando realmente empieza a reflexionar sobre lo que hay que hacer en un país como el nuestro. Quizá el problema es que todavía no hemos aprendido esta tarea, que estamos aún empezando, porque en España, hasta los años setenta seguíamos siendo un país de emigración, y hasta los años ochenta y demás no hemos empezado a cambiar el ritmo. Por consiguiente, quizá somos neófitos en el tema de la inmigración, y quizá de ahí vienen estos problemas y estas disfunciones que estamos discutiendo hoy.
Pero mientras seguíamos en ese camino de no ser todavía una sociedad capaz de entender el fenómeno migratorio --o por lo menos de entenderlo al revés-- algunas cosas estaban ocurriendo ya: se había aprobado la Constitución con su artículo 13, ya mencionado aquí varias veces; habíamos ratificado el Convenio Europeo de Derechos Humanos en 1977; habíamos ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también de 1977. Pero todavía no había una jurisprudencia, y no empezó a surgir una jurisprudencia del Tribunal Constitucional en relación con este tema hasta mucho después, hasta 1984.
De todos esos artículos de la Constitución y de todos esos convenios ratificados, algo se desprendía, sin duda alguna. Se desprendía, efectivamente, que la extranjería en un país como el nuestro tenía, no dos tipos de derechos, como se ha dicho aquí, sino tres. Tenía, efectivamente, los derechos que dependen de los tratados y la ley, que es lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Podía tener el derecho de sufragio en elecciones locales cuando hubiese

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reciprocidad. Pero también había otro aspecto que no figuraba en ningún texto: que estos inmigrantes tenían unos derechos fundamentales que son comunes a toda persona humana, por ejemplo, el derecho a la libertad personal o el derecho a la tutela judicial. Esos derechos no estarán en nuestros textos jurídicos seguramente, pero eran tan sensatos, tan claros, tan evidentes y tan serios como los otros.
Como ustedes saben, señorías, no empezamos a entrar en el terreno jurídico de ese fenómeno que no entendíamos muy bien, y que era el de la inmigración, hasta avanzada la década de los ochenta con la llamada Ley Orgánica de extranjería, una Ley que se centró, más que en nada, en el control de las entradas y residencia de los extranjeros. Creo sinceramente también que esta Ley tuvo el carácter que tuvo precisamente por esa razón de que todavía no teníamos claro el problema, pero también por otra: España había entrado en la Comunidad Económica Europea en enero de 1986, y había un gran temor por parte de dicha Comunidad de que España no se convirtiese en un gran coladero de inmigrantes cuando todos los países miembros de la Comunidad Económica Europea estaban cerrando fronteras tras la crisis de los años setenta que todavía perduraba.
Pues bien, a partir de ahí hemos comenzado una cierta teoría de la regulación. Ha habido sentencias importantes del Tribunal Constitucional, como la 115/87, que cambió la doctrina anterior y anuló una de las limitaciones más duras de la LOE, por ejemplo, el derecho de reunión y el de asociación. Mantuvimos importantes debates en el Congreso de los Diputados en un momento en que los problemas de años anteriores habían cambiado y se requería mano de obra extranjera y cada vez se producían más regularizaciones, entre ellas la de 1991, que supuso un gran esfuerzo para la legalización de grupos de extranjeros. A partir de entonces se aprobaron los contingentes o cupos, tanto por el Gobierno socialista, como más tarde por el Gobierno popular, y así empezamos a entrar de verdad en esa lógica compleja de ser un país de inmigración.
No voy a insistir más en estos aspectos, pero quiero señalar el importantísimo papel que tuvieron las sentencias del Tribunal Constitucional y también la jurisprudencia que nos llegaba procedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con este tema. Y quiero recordar que en 1993 los Estados de la Unión Europea decidieron, por fin, armonizar sus propias normas sobre estos derechos. Recordarán ustedes la Declaración de Copenhague de 1º de julio de 1993. Fue entonces cuando el Gobierno socialista elaboró, concretamente en 1996, un nuevo reglamento de ejecución de la LOE.
El problema para mí es el siguiente: ¿Qué nos ha ocurrido como sociedad en estos años de cambio, de pasar de ser un país de emigración a serlo de inmigración? En primer lugar, yo creo que nos ha ocurrido algo que no hemos sabido delinear bien, por ejemplo, el aumento del número de inmigrantes y la tendencia a su concentración. Porque no sólo recibíamos inmigrantes, sino que éstos se concentraban en determinados sitios del país, en determinados núcleos urbanos y no en otros. Pero debo decir que esa inmigración no fue tempestuosa, ni muchísimo menos. Las cifras cantan. En el censo de 1991 los extranjeros que estaban en este país eran el 1,2 por ciento de una población de más de 38 millones de habitantes. Y de ese 1,2 por ciento el 50 eran comunitarios y sólo el 43 por ciento procedían de terceros países. Estos últimos, por consiguiente, eran el 0,6 por ciento de la población, en un momento en que Alemania tenía el 7 por ciento y Francia el 10 por ciento de su población.
Pues desde entonces ha habido un aumento, claro está, pero no un aumento espectacular, no un aumento catastrófico, enorme; no, no. Fue un aumento muy demorado. En el censo de 1998, con una población de 39 millones 852.000 habitantes el total de extranjeros era de 1,8 por ciento. Es cierto que ahora ha habido una mejora en ese sentido, y digo mejora porque gracias a la entrada de extranjeros por fin hemos podido llegar a los 40 millones de habitantes, como ustedes saben, que es uno de los aspectos también importantes para nuestra presencia política en la Unión Europea.
Este ha sido uno de los rasgos, pero ha habido otros. Por ejemplo, las dificultades para la inmigración ilegal, las situaciones irregulares y las regularizaciones continuas. Con este sistema se podía quizá manejar algo pero no podíamos avanzar demasiado. Durante años, insisto, España ha estado condicionada por la rigidez del Convenio de Schengen, y por ello se recurría a sistemas como el del visado, la regularización, los contingentes, y se puede decir que, en realidad, la política de inmigración basada en una concepción más bien restrictiva y controladora no ha tenido un éxito extraordinario.
Otro de los problemas que se empezaron a plantear y que no resolvimos bien era el de la inseguridad jurídica de los inmigrantes puesto que muchos de ellos se encontraban en el peligro enorme de tener que pasar de una legalidad difícil a una irregularidad absoluta, sobre todo cuando encontraban a empresarios interesados en que sus trabajadores estuvieran en situación irregular para resultar más baratos. Pues esta irregularidad, señorías, creó problemas. Por ejemplo, dio una importante presencia a las fuerzas de policía y provocó un desastre por la detención en centros de internamiento como vía principal para las expulsiones, y llevó a un fracaso bastante considerable del derecho a los recursos de los inmigrantes, porque a veces eran detenidos por la policía antes de poder recurrir a un tribunal contencioso-administrativo.
Ha habido también ausencia de políticas de integración y contra la aparición de elementos racistas. Debo decir que tengo la impresión personal de que en este terreno de aumentar las políticas de inmigración e intentar enfrentarse con los elementos racistas, han tenido un mejor papel los municipios, las Autonomías, y las ONGs, que el propio Estado.


La señora PRESIDENTA: Senador Solé i Tura, le ruego que concluya porque ya ha consumido el doble del tiempo de que disponía.


El señor SOLE I TURA: Señora Presidenta, perdone, pero algunos Senadores que me han precedido han hablado muchísimo más que yo.


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La señora PRESIDENTA: Pero es que su señoría está en el turno de portavoces, que son cinco minutos, y la Senadora Vindel tenía 80 minutos para contestar a tres vetos.


El señor SOLE I TURA: Bien.
Quiero poner de manifiesto la importancia de la Ley Orgánica 4/2000, de 12 de enero, porque es un dato a tener en cuenta. Las peripecias de esta ley son ampliamente conocidas por todos ustedes, y no voy a insistir yo en ello, pero aquélla fue una ley de consenso que, sin que sepamos todavía muy bien por qué, el Gobierno y el Partido Popular rompieron con extraños argumentos. Por ejemplo, que sería un coladero de inmigrantes ilegales, que ponía en peligro la españolidad de Ceuta y Melilla, que sería contrario a los acuerdos comunitarios de Tampere --antes incluso de Tampere--, o que generaría grandes costes por la prestación de servicios sanitarios.
Estos son los argumentos que se aducían, y con ellos hemos llegado al resto de la historia y a la situación actual. Una auténtica situación que yo calificaría --si me permiten y sin ganas de ofender-- de esperpéntica, en la que el Gobierno que había introducido aquel texto fue derrotado por las fuerzas del Congreso, no las del Senado, en su intento de reducir el contenido avanzado que había tomado la nueva ley. Y ésta es la razón de que hoy estemos aquí discutiendo sobre esta ley. Es una ley que yo no consigo comprender con exactitud, porque más bien me parece una especie de revancha de un partido y de un Gobierno, que ganó fuerza en las urnas y se dispone a utilizarla para hacer marcha atrás, tal como yo lo entiendo, en un tema tan importante.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Solé i Tura. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Corresponde el turno al portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Senador Sesmilo.


El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a consumir un turno para manifestar la posición de nuestro Grupo, Convergència i Unió, respecto a los vetos presentados por el señor Cámara y el Grupo Parlamentario Socialista. Voy a renunciar a hacer una disquisición más amplia sobre nuestra opinión frente al fenómeno de la inmigración, entre otras razones porque posiblemente nosotros hemos tenido un turno de más, y me explicaré.
Creo que es justo recordar que si estamos en este momento procesal, ya desde el año pasado, discutiendo sobre este tema fue debido a una iniciativa parlamentaria de nuestro Grupo: una proposición de ley que se discutió y aprobó en el Congreso de los Diputados para modificar la Ley de 1985, que contemplaba el fenómeno de la inmigración en negativo y, gracias al concurso y al consenso de todos, se transformó en positivo.
Pero como en aquella ocasión nuestra iniciativa se presentó y dio lugar a toda la argumentación que ha llevado al momento actual, voy a ahorrarme este discurso más global sobre nuestra posición ante el fenómeno inmigratorio, que ustedes conocen porque, insisto, lo que debatimos hoy nace de una iniciativa parlamentaria del Grupo de Convergència i Unió en el Congreso.
Situados en este momento procesal, les diré de entrada que nuestro Grupo se va a oponer a los dos vetos, aunque nada más fuera por coherencia. No digo que nosotros siempre actuemos coherentemente --aunque creo que sí--, pero para ser más modestos, procuramos que nuestros actos sean coherentes con lo que hacemos, en este caso, en el Congreso de los Diputados.
Estamos ante la modificación de una ley que nos satisface, pero no plenamente, razón por la cual seguimos manteniendo enmiendas --que por lo que se ha dicho me temo cuál va a ser su final--, y cuando llegue el momento oportuno haré hincapié en la número 1180, que para nosotros sigue siendo capital.
Pero aquí y ahora me interesa destacar lo que nosotros entendemos que ha de ser una ley de consenso. Una ley en la que en el Congreso de los Diputados se han modificado más de 50 de sus 70 artículos, y de la que se ha dicho que se han aceptado más de la mitad de las enmiendas de los grupos, creo que es una ley consensuada. Nos gustaría que tuviera más consenso, evidentemente, porque en algunas cuestiones como la de los derechos políticos de los inmigrantes estamos todos de acuerdo menos el Grupo Parlamentario Popular. Pero el consenso tampoco significa que la ley deba salir exactamente como pretende cada Grupo, y si no, se rompe el consenso. Tampoco creo que sea ésta la posición. Lamentamos, pues, que en el Senado se haya estropeado, porque creo recordar que en el Senado no hubo oposición a la totalidad, que es lo que representa en el fondo un veto.
No obstante, aquí se ha dicho, y por eso quisiera dejar claro la posición de nuestro Grupo, que si nos oponemos al veto es porque entendemos que la ley no deja sin ningún derecho a los «sin papeles», por decirlo así, o a los inmigrantes en situación ilegal; en todo caso, limita los derechos políticos, pero no los sociales, como la educación o la sanidad. Aquí se ha dicho que limitaba los derechos sin ponerle ningún acotamiento, y tampoco me parece justo que se diga esto.
Como mantenemos nuestras enmiendas en la esperanza de que la ley mejore, no solamente porque tenemos el derecho a esperarlo, sino el deber de ser coherentes y congruentes con lo que decimos en el Congreso, sí me apunto a una de las frases que ha dicho el Senador Belloch, y le respeto en su decisión --faltaría más-- al decir que esta ley no es consensuada, en el sentido de que durará lo que dure este Gobierno y que si hay otra mayoría se modificará la ley. Nosotros aceptamos el reto, ya sabe usted que vamos a apoyar estas modificaciones porque tenemos enmiendas. Pero no me gustaría, como en otras ocasiones, que cuando llegue al Gobierno se encuentren dificultades para cumplir lo que se dijo desde la oposición.
Yo confío en que su ofrecimiento sea sincero y, si no, ya nos encargaremos nosotros de recordárselo. Por tanto, queda aceptado el reto.


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También quiero decir que hasta hoy, y seguramente se debe a la premura de tiempo, no nos hemos enterado de que el Grupo Parlamentario Socialista había redactado unas transaccionales. Nos hubiera gustado conocerlas para dar nuestra opinión y sumarnos o no a las mismas. A pesar de que nuestra comprensión en este momento es lo más amplia posible, no nos gustaría que pareciera que consensuan los dos grandes partidos de ámbito estatal y a los demás se nos piden adhesiones. Ya han visto cómo ha reaccionado nuestro Grupo en cuestiones en las que estaba prácticamente de acuerdo en el fondo pero no en la forma. Me parece que deberíamos variar el rumbo porque creemos que no es el adecuado. Nosotros estamos abiertos; a lealtad creo que no nos puede ganar nadie --no decimos que los demás no la ejerzan, pero ganarnos sí que no-- y, por lo tanto, en esta ocasión pase; sé que se ha debido hacer un esfuerzo extraordinario, pero nuestro Grupo no estará en la política de las adhesiones. Nuestro Grupo en temas de Estado como éste y de gran sensibilidad social, no pide, exige, en términos políticos, obviamente, y con el máximo respeto a todo el mundo, participar y ser protagonista de lo que aquí se decida en estos temas tan fundamentales.
Dicho esto, repetiré lo que he expuesto cuando he manifestado nuestra posición sobre los vetos. Nuestro Grupo, por coherencia a nuestra actividad y posición política en el Congreso, va a votar en contra de todos ellos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sesmilo.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Belloch tiene la palabra.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a ser muy breve porque, además, nuestro Grupo se siente también identificado, en general, con el discurso complementario que ha realizado el portavoz de Entesa, lo que ahorra muchos comentarios. Por tanto, sólo voy a hacer alguna observación. De hecho, he bajado a la tribuna porque no sé cómo funciona el micrófono del escaño más que por la extensión en el tiempo que emplearé --no se asusten--. Sólo dos observaciones.
Senadora Vindel, usted sabe que al margen de la legalidad existen derechos, incluso, al margen de aquellos que voluntariamente se sitúan en la ilegalidad siguen existiendo derechos, todos los inherentes a la dignidad. El problema es otro. El problema es que nosotros consideramos que reunión y manifestación como expresiones de libertad de expresión son inherentes a la dignidad y, por tanto, universales y, por lo tanto, correspondientes a todas las personas por el mero hecho de serlo.
Segunda observación. Me ha parecido que se comentaba que es muy conveniente --y estoy de acuerdo-- que la legalidad coincida con la realidad. Lo ha dicho en el transcurso de su discurso de un modo u otro.
En cualquier caso, es muy conveniente que así sea --eso no lo discutirá--, es muy importante que aquello que se dice en la Ley, a ser posible, vaya a coincidir con la realidad. Ustedes saben que en el tema objeto del veto --que es de lo que estoy hablando-- será imposible que coincida la legalidad con la realidad porque, sin duda, los extranjeros en situación irregular se reunirán y no harán nada, se manifestarán y no harán nada, se incorporarán a las asociaciones y a los sindicatos y nadie podrá evitar que lo hagan. ¿Qué harán ustedes, registros de los registros de los militantes de los sindicatos o de las asociaciones? Son prescripciones que carecen de toda posibilidad de ser llevadas a la realidad. En fin, es un argumento que me preocupa porque se está representando algo que después no va a funcionar. Parece más bien que es una pura declaración externa de principios que no se corresponde con la realidad.
Respecto a la Comisión especial, en nombre de mi Grupo le digo que la aceptamos y que nos parece bien que se ponga en marcha y, por lo tanto, sin duda, colaboraremos con ella. Evidentemente, nos hubiera gustado que, además, esa Comisión hubiera podido velar por el respeto en el ejercicio de los derechos de los extranjeros en situación irregular. Espero que podamos avanzar en esa línea y, desde luego, mi Grupo --ya lo he comentado con el portavoz del Grupo-- acepta el planteamiento y, por lo tanto, con mucho gusto, apoyaremos la iniciativa y nos incorporaremos a trabajar seriamente en ella.
Finalmente, respecto al representante de Convergència i Unió, seamos precisos. No es que limite algunos derechos, los excluye; es distinto. No es que limite determinados derechos, excluye los derechos de reunión, manifestación, asociación y sindicación. Eso es lo que realmente ocurre con la Ley. No es una limitación. Y en mi caso, sólo me he referido a eso, no me he referido a ningún otro.
Sobre el resto de sus comentarios, ha mezclado un pacto de otra naturaleza y ese pacto de otra naturaleza a que usted ha hecho referencia es un pacto bilateral y pretendía ser bilateral. Sin embargo, de lo que aquí estamos hablando es de otra cosa. Se hablaba de oferta de diálogo entre dos grupos cuya vocación, indudablemente, no sólo era la de ponernos de acuerdo entre ambos, sino que, si hubiese habido un principio de acuerdo, naturalmente, hubiésemos entablado --como no puede ser de otro modo porque sería un disparate--, el contacto con todos los grupos, con el suyo y con el resto de grupos de esta Cámara, para intentar llegar a un consenso integral, a un consenso del cien por cien de la Cámara.
Y me alegro mucho, por cierto, de que nos ponga tan fácil el cambio de la Ley, porque yo también tomo nota de su compromiso.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Belloch.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Vindel.


La señora VINDEL LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente y desde el escaño porque, como yo sí sé cómo funcionan estos aparatos, casi me es más cómodo

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por el despliegue de papeles que ahora mismo tengo sobre la mesa.
En primer lugar, al Senador Cámara, a quien no veo presente ahora mismo en la sala --no importa, porque, con gusto, se lo repetiré luego en el pasillo--, quería decirle que no pretendía que retirara también las enmiendas. Solamente le pedí que retirara el veto. Siento no haber conseguido con mi intervención ese empeño, pero al menos he podido arrancar del Senador Cámara que en el «Diario de Sesiones» quede constancia de que hay cosas de este proyecto de ley que le parecen muy bien y derechos que se han negociado, tramitado e incorporado en el Congreso de los Diputados que le parecen bien --¿qué quieren que les diga?--, me doy por muy satisfecha.
Desde luego, deseo agradecer al Grupo de Coalición Canaria --entro ahora en el capítulo de agradecimientos-- su coherencia, que, para satisfacción nuestra, la siguen manteniendo desde la Carrera de San Jerónimo, el Congreso de los Diputados, hasta aquí, la Plaza de la Marina Española.
Quiero agradecer también su coherencia al Grupo de Convergència i Unió a la hora de votar el veto y respaldar la Ley.
Quiero agradecer especialmente al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que sí presentó una enmienda de devolución al proyecto inicial en el Congreso de los Diputados, que gracias a la tramitación que allí se llevó a cabo y tras una reflexión muy poco pausada --porque realmente con dos semanas pocas cosas se pueden reflexionar, señorías--, se ha dado cuenta de que no tenía ningún sentido presentar la misma actitud que su Grupo defendió en el Congreso.
Evidentemente, al Senador Solé Tura quiero agradecerle todo el relato histórico que nos ha hecho. Siempre es un placer escucharle.
A todos quiero agradecerles la buena acogida que ha tenido la propuesta de la creación de la Comisión especial de estudio sobre el fenómeno de la inmigración y la extranjería en España.
Finalmente, me gustaría añadir dos cosas.
El Senador Belloch dice que al margen de la legalidad existen derechos, y nuevamente se ha referido a los derechos que se consideran políticos y de primera generación. Yo creo, señorías, que no hay nada como el principio de legalidad, como el principio de seguridad jurídica, es decir, la certeza para los ciudadanos de saber qué ley se ha de aplicar en todo momento, y que no hay nada peor que una ley que no sea clara y no delimite los conceptos para todos. ¿Se imaginan, señorías, qué opinión tendrían de nosotros nuestros países vecinos si tuviéramos un código de la circulación que no supiera encontrar la frontera de lo que es una infracción cometida con arreglo a las disposiciones de ese código de la circulación? O, por ejemplo, ya que dice su señoría que al margen de la legalidad existen derechos, además de los derechos de asociación, reunión, manifestación, tan controvertidos y de los cuales llevamos ya varias horas hablando, también existe el derecho al sufragio. ¿Y esto qué quiere decir? Si el derecho al sufragio no se desarrolla en una ley posterior, ya puede estar reconocido y puede existir, haya ley o no haya ley, que no hay forma de ejercerlo. ¿Y esto qué significa, que los que no tienen esos derechos no son personas? Entonces, señorías, ¿qué son los cubanos? Creo que no debemos llevar la reflexión tan allá.
En cualquier caso, agradezco todas las intervenciones, agradezco el apoyo a la Comisión y, déjenme que les manifieste una envidia sana que les tengo, señorías, y es el romanticismo que tienen todos ustedes.
Lamentablemente --seguro que el Grupo Socialista se acuerda--, cuando se está en el Gobierno o en el Grupo que está apoyando al Gobierno, con todo gusto, no nos podemos permitir ese lujo.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Vindel.
Ha concluido el turno de portavoces.
Vamos a llamar a la votación.
Para la aprobación de las propuestas de veto ya saben sus señorías que se requiere la mayoría absoluta de la Cámara, en este caso 130 Senadores.
Señorías, vamos a votar las tres propuestas de veto que se han presentado al Proyecto de Ley Orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
En primer lugar vamos a votar el voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a la propuesta de veto número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, ocho; en contra, 148; abstenciones, 62.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 1.
Votación de la propuesta de veto número 2, originariamente presentada por el Senador Quintana González, y correspondiente al voto particular número 2, el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos. emitidos, 220; a favor, nueve; en contra, 148; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 2.
Votamos, ahora, la propuesta de veto numero 3, correspondiente al voto particular número 6 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 148.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 3.
Pasamos al debate del articulado. Enmiendas y votos particulares al artículo 1.
Comenzamos con el voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares y correspondiente a las enmiendas que van de la número 1 a la 61.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, doy por defendidas todas las enmiendas.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, el voto particular número 2, presentado también por el Grupo Parlamentario Mixto y correspondiente a las enmiendas que van de la 64 a la 91, originariamente presentadas por el Senador Quintana, también se da por defendido, dado que el Senador Quintana ha tenido que ausentarse por un asunto familiar grave.
Pasamos al voto particular número 5, presentado por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y que se corresponde con las enmiendas números 92 a 98.
Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo voy a defenderlas, así que o salen o se quedan. (Risas.--Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, hagan el favor de guardar silencio.


El señor RIOS PEREZ: Señora Presidenta, el caso de las dos enmiendas que voy a defender es insólito en la vida parlamentaria, porque han sido formuladas por todos y cada uno de los grupos parlamentarios exceptuando al Partido Popular. O sea, el contenido de ambas enmiendas se va a repetir a lo largo de toda la tarde-noche de hoy.
Por lo tanto, no voy a profundizar en ellas, pero sí diré que en el nuevo proyecto de ley queda suprimido el derecho de reunión y de asociación.
Mantenemos la necesidad de salvaguardar ciertos derechos humanos, como el de reunión y asociación, aunque se hayan planteado casos de restricciones justificadas. La capacidad de reunión es inherente a la condición humana e imposible de regular en una sociedad democrática. Al suprimir el derecho de asociación, se crean algunos vacíos en la ley; por ejemplo, la posibilidad de asociarse a estructuras asociativas preexistentes y plenamente legales u otras situaciones no previstas, como es que los extranjeros que no tienen ningún interés en legalizar su residencia no puedan asociarse, por ejemplo, a grupos profesionales de cualquier índole.
La siguiente enmienda se presenta para dar una mayor amplitud a la reagrupación familiar, tanto por motivos humanitarios como para amparar a aquel español que tiene familiares extranjeros.
Hemos formulado dos enmiendas en relación con el tema de infracciones.
Hay que modularlo para no vulnerar el principio general del derecho «non bis in idem», por el cual no se puede castigar dos veces por el mismo hecho. En lo referente a las expulsiones, se pretende amparar la asistencia de letrado e intérprete.
Por último, en relación con la disposición final segunda, por la que se crean subcomisiones de cooperación entre las Comunidades Autónomas y el Estado, hay que recordar que hace un año el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria presentó en esta Cámara una enmienda en este sentido al proyecto de ley 4/2000, pero no fue aprobada, y en la valoración global de aquel proyecto de ley, modificado en esta Cámara, nos abstuvimos.
Ahora se ha incluido una muy parecida, pero que encorseta a la Comunidad Autónoma Canaria en la citada subcomisión dentro de las bilaterales de cooperación Comunidad Autónoma-Estado y sólo le permite conocer las cuestiones que afecten directamente a residencia y trabajo de extranjeros, como está recogido en nuestro Estatuto de Autonomía.
De todos es conocido que solamente con el desarrollo económico y cultural de los países del entorno geográfico del archipiélago canario, los países suprasaharianos y, sobre todo, subsahariano y de Africa noroccidental --Marruecos, Mauritania, Senegal, etcétera--, se podrá encauzar definitivamente toda la problemática de la emigracion en esa zona, a medio y largo plazo. En ese sentido, hay que ampliar el contenido de la citada subcomisión a actuaciones técnicas, culturales y, comerciales para que, favoreciendo la cooperación con esos pueblos, se pueda elevar su nivel de vida y, todo ello, además, con el apoyo de la Unión Europea, cuya frontera más meridional es Canarias.
Por ello, creemos que es necesaria la ampliación del segundo párrafo de la disposición adicional segunda, que quedaría redactado de la siguiente manera: «En particular, en atención a la situación fronteriza del Archipiélago Canario, a la fragilidad de su territorio insular, a la lejanía con el continente europeo y su proximidad con el africano, de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.1 del Estatuto de Autonomía, en el seno de la Comisión Bilateral de Cooperación Canarias-Estado se constituirá una subcomisión que conocerá de las cuestiones que afecten directamente a Canarias en materia de residencia y trabajo de extranjeros, así como de cuantas actuaciones culturales, técnicas y comerciales favorezcan la cooperación con los pueblos de su entorno geográfico.» «Dicha subcomisión se constituirá en el plazo de tres meses desde la entrada en vigor de la presente Ley y se reunirá en el plazo de un mes desde que cualquiera de las partes lo soliciten.» Es una enmienda de gran trascendencia para el futuro de la convivencia en Canarias. Además, tengo que decir que, desde luego, no me ha agradado su afirmación de que si no se llegara a ningún acuerdo entre los grandes partidos sobre los derechos de los inmigrantes no se aprobaría ninguna enmienda, porque creo que es un desprecio larvado a este Grupo Parlamentario.
Muchas gracias, señora Presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 1, presentado por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 122 a 128.
Tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Tres de nuestras enmiendas están dirigidas a profundizar la línea de actuación que, como hemos señalado, es necesaria para poder aprobar esta ley: el reconocimiento de los derechos; otro grupo de enmiendas pretende evitar la discrecionalidad, por parte de la Administración, en todo lo que sea posible y que estas personas gocen de las suficientes garantías; y, por último, una de ellas pretende reforzar, con una disposición adicional nueva, las competencias en materia de policía y el reconocimiento de que existen también otras policías de carácter integral. En el momento de la aprobación del Estatuto de Autonomía del País Vasco, el fenómeno de la inmigración no tenía la intensidad que tiene ahora y, por tanto, es necesario que se coordinen las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado con estas policías integrales que también existen.
Respecto al primer grupo de enmiendas, ya hemos expuesto nuestros argumentos, por tanto, sólo quiero señalar que el sentido de nuestro voto cambiaría si se reconocieran estos derechos. No estamos hablando sólo del reconocimiento de derechos fundamentales a las personas sino que, además, estamos hablando de los colectivos más débiles, de personas con problemas de soledad y desinformación, y el facilitar que puedan unir sus fuerzas para ser oídas, escuchadas e informarse de sus derechos para plantear sus propias reivindicaciones es algo fundamental para ellas.
En el segundo grupo de enmiendas planteamos que se refuercen esas garantías porque creemos que no son nada gravosas para la propia Administración, que tiene suficientemente cubiertas las posibilidades de denegación de las solicitudes que se vayan a hacer. Por tanto, consideramos que no plantea ninguna dificultad para la Administración el hecho de aprobar estas enmiendas.
Por otra parte, esperamos en que tras la discusión de las enmiendas de todos los grupos hubiéramos podido encontrar transacciones, pues muchas de ellas son reflejo del debate en el Congreso de los Diputados y nosotros no las hemos propuesto porque confiábamos en que las plantearían otros grupos, pero dado cómo se ha producido este debate no va a ser posible y, sinceramente, creemos que se va a resentir la propia ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Voto particular número 8, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas números 129 a 163, con la excepción de la 138 a 144, 146 a 148 y 158 a 162, que han sido retiradas.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Solé i Tura.
El señor SOLE I TURA: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, nuestro Grupo ha presentado una serie de enmiendas y también ha retirado las que su señoría acaba de señalar, para hacer más fácil el trámite y no alargarnos demasiado.
Sus señorías pueden ver que en nuestras enmiendas la justificación se reduce a una frase concreta: Es mejor mantener el texto de la Ley Orgánica 4/2000; por tanto, en general estamos pidiendo el retorno a dicha ley. La explicación es clara y significa que no entendemos por qué se oscurece o se eliminan artículos que nos parecen sensatos y constructivos.
La primera enmienda que quiero defender es la número 129, relativa al artículo 1. En ella proponemos la supresión del párrafo 2, que ahora es el 3, y su sustitución por el párrafo 2 del artículo 1 de la Ley Orgánica 4/2000. Asimismo, pedimos que el actual párrafo 3 pase al artículo 1, porque creemos más justa esta modificación de textos que, aunque no varíen, tienen una conjunción distinta.
En consonancia con ello, pedimos que lo que ahora se presenta como artículo 1.3 se elimine y vuelva a ser el artículo 3.3. La justificación que damos a esta modificación es que la redacción actual del mismo significa que la igualdad de condiciones en los derechos y libertades del Título I de la Constitución, deja de ser una afirmación o un principio general para convertirse en un criterio interpretativo general.
Mantenemos también las enmiendas números 131, 132 y 133, que se refieren al artículo 6 del proyecto que lleva el título general de participación pública. Solicitamos que en los apartados 1, 2 y 4 de dicho artículo 6 se sustituya el texto del proyecto por el de la Ley Orgánica 4/2000.
Proponemos los apartados 1 y 2 porque entendemos que es mejor que los extranjeros empadronados que no puedan participar en las elecciones locales, puedan elegir de forma democrática a sus propios representantes, que la mera posibilidad de ser oídos, como dice el texto del proyecto.
(El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) La enmienda número 134 se refiere al derecho de reunión de los extranjeros y se plantea regresar al texto de la Ley Orgánica 4/2000, porque las modificaciones que se proponen en el proyecto actual restringen este derecho de reunión de los extranjeros que se encuentran legalmente en España.
La enmienda número 135 plantea la sustitución del texto por el artículo octavo de la Ley Orgánica 4/2000, porque entendemos que el proyecto impide o restringe el derecho de asociación de los inmigrantes ilegales que son, precisamente, los que necesitan organizarse para poder legalizar y regular su situación.
La enmienda número 136 plantea que la propuesta del proyecto es limitativa; se refiere a la legislación vigente, cuando de lo que se trata es de los términos previstos en la Ley Orgánica y las disposiciones que la desarrollen, es decir, la legislación que será vigente a partir de la aprobación de la Ley Orgánica.
Nos parece importante la enmienda número 137. La hemos planteado porque entendemos que el texto del proyecto limita los derechos de sindicación y huelga para los

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trabajadores extranjeros que obtengan autorización de estancia o residencia en España, cuando el derecho de sindicación puede ser y de hecho es fundamental para los que se hallan en España y no encuentran trabajo; la sindicación puede ser para ellos una vía importantísima para su integración y para el reconocimiento de sus derechos laborales. En cuanto al derecho de huelga, que también desaparece, cabe decir que si se priva de él a los trabajadores menos protegidos, quedan más desprotegidos todavía ante sus posibles empresarios. Esta puede ser una vía para una mayor explotación de dichos trabajadores y para que ciertos empresarios desaprensivos puedan obtener una mano de obra más barata que la legal.
Por esto es necesario reforzar los derechos de sindicación y huelga de los inmigrantes sin permisos.
La enmienda número 145 pretende, en cuanto al derecho a la asistencia jurídica gratuita, volver al texto de la Ley Orgánica 4/2000.
La enmienda número 146 plantea igualmente que es más claro y sencillo el texto de la citada Ley Orgánica 4/2000, sobre todo en la frase que dice que deberá presentar los documentos que se determinen reglamentariamente, que puede ser una vía de exclusión.
La enmienda número 149 añade una frase que, a nuestro entender, fortalece el control jurisdiccional.
La enmienda 150, al artículo 34 del texto, plantea añadir como nuevo párrafo el texto del artículo 32.3 de la Ley Orgánica 4/2000, que ha sido eliminado en este proyecto. Se trata de dar cumplimiento a un deber de acogida y resolver un problema que creo que este proyecto ha creado de forma absurda, pues hay que mezclar en el mismo concepto a los apátridas, a los indocumentados y los refugiados, ya que son cuestiones muy distintas.
Defendemos también la enmienda número 151, de adición, para dar consistencia al permiso de trabajo y no convertirlo en permiso aleatorio.
La enmienda número 152, al artículo 42, plantea sustituir el apartado tres por el texto de la misma para completar las garantías de alojamiento de los trabajadores temporeros.
La enmienda número 153 pretende suprimir el artículo 63 que lleva el título de «Procedimiento preferente». Entendemos que este procedimiento se caracteriza por una tramitación muy rápida, con un tiempo de alegaciones de 48 horas y por el carácter inmediato de la ejecución de la orden de expulsión, lo cual vulnera las garantías judiciales más elementales, entre ellas la defensa y la revisión jurisdiccional de las resoluciones administrativas.
La enmienda número 154 se refiere al artículo 69, para incluir «... las fundaciones y las entidades asociativas de todo tipo...».
La enmienda número 155 al artículo 70 es de adición y completa el artículo con la referencia a las administraciones que configuran nuestro sistema político, es decir, Gobierno Central, Autonomías y ayuntamientos.
La enmienda número 156, a la disposición adicional segunda, pretende añadir un tercer párrafo para subrayar la necesidad de actuar política y socialmente en diversos espacios, mediante la colaboración del Gobierno con las Comunidades Autónomas y los municipios, que pensamos que están demasiado distanciados en el texto actual del proyecto.
La enmienda número 157 pretende sumarse a las enmiendas números 131, 132 y 133, a las que ya he hecho referencia.
Me resta una enmienda, la número 163 al artículo 54, que pedimos que se mantenga, porque consideramos que es complementaria con la enmienda número 110 del Grupo Parlamentario Socialista.
Señorías, éstas son las enmiendas que defendemos en este texto. Esperamos que sean tenidas en cuenta, dado el esfuerzo realizado, para poder conjugar mejor las necesidades actuales de los inmigrantes.
Muchísimas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Solé i Tura.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 165 a 171 y 173 a 180.
Tiene la palabra el Senador Sesmilo.


El señor SESMILO I RIUS: Moltes gràcies.
Voy a hacer una defensa global de todas las enmiendas. Lo cierto es que de las 16 presentadas quedan vivas 14, ya que para facilitar esta cuestión, tuvimos la osadía de retirar dos, pero me parece que va a servir de poco.
No me referiré a todas ellas, pues sería una repetición del debate del Congreso de los Diputados y, por tanto, aunque como he dicho anteriormente, es nuestro deber seguir manteniendo estas enmiendas para mejorar la ley, incluso estoy dispuesto a comprender que al final no se acepten, aunque sea para solidarizarme con la señora Vindel, pues seguro que añora el romanticismo que ella misma solicitaba, afortunadamente para ella, pues está en el grupo del Gobierno. Repito que vamos a mantener estas enmiendas porque sinceramente consideramos que mejoran el texto, aunque estamos dispuestos a comprender que se rechacen finalmente, pero también porque políticamente nos interesa poner énfasis en la que pensamos que se debería votar a favor, que es la número 180. Esta enmienda no viene del Congreso por parte de nuestro Grupo sino que es fruto de una reflexión de cómo quedó esta disposición transitoria cuarta en el Congreso.
Les voy a leer el inicio, que dice: «El Gobierno mediante Real Decreto establecerá los requisitos que permitan, sin necesidad de presentar nueva documentación, la regularización de los extranjeros...». Nosotros solicitamos que se añada «o presentando la que en el mismo se determine».
Es decir, la que en el Real Decreto se determine porque si hay una nueva ley serán necesarios unos nuevos requisitos. Si no, se deja en indefensión a todos los emigrantes e inmigrantes que se quieran legalizar, lo cual es contrario al espíritu de la reforma que se pretende, ya que tal como está redactado en este momento puede dar cobertura --y ustedes lo saben-- a las actuaciones basadas en el fraude de ley que no sólo pone en evidencia a las ONGs, que con toda su buena voluntad han aconsejado a los inmigrantes

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y ahora resulta que la documentación que van a presentar no es la adecuada porque se ha modificado la ley, sino que, además, las mafias dedicadas al tráfico de ilegales, que queremos combatir y con las que pretendemos acabar mediante esta ley, se pueden cebar en buscarles los papeles, pedirles dinero, etcétera, precisamente porque no existe un rigor jurídico en esta disposición transitoria cuarta.
Repito, no retiro ninguna de las enmiendas, y aceptaremos estoicamente su derrota, pero creo que todos ustedes deberían reflexionar sobre ésta, porque estoy seguro de que están todos de acuerdo. Que no se apruebe por romanticismo, sino por humanidad de ver que jurídicamente no se sostiene esta disposición y que si lo que queremos es facilitar esta regularización de los inmigrantes no hay otra solución que aceptar esta enmienda.
Muchas gracias, señoras y señores Senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, Senador Sesmilo.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 99 a 121. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señor Presidente.
Doy por defendidas las enmiendas números 99 a 108 porque han sido objeto ya de defensa en la intervención. del portavoz del grupo, señor Belloch, y me voy a referir al resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, las números 109 a 118, pero no lo voy a hacer una a una, sino que voy a hacer unas breves reflexiones para ver si, al menos, somos capaces de prever el futuro y saber quiénes son los responsables de ese futuro no satisfactorio que se puede producir de la aplicación de algunas disposiciones de esta ley, y no me estoy refiriendo los derechos fundamentales de las libertades públicas, sino que estoy refiriéndome, en primer lugar, al derecho sancionador.
Se configura aquí un sistema de infracciones y de sanciones, con las tres típicas de: leves, graves y muy graves, a las que se corresponden grupos de sanciones de multas graduadas según el tipo de la infracción en su cuantía, y se dan además los criterios para que la autoridad administrativa gubernativa haga uso de su poder discrecional dentro de las reglas que la ley impone. Junto a esas sanciones pecuniarias y, naturalmente no acumulativas, como es natural, se habla de otra sanción que es la expulsión; de manera que, o multa o expulsión.
Al referirse a las causas de expulsión, el proyecto de ley generaliza y une las infracciones graves y las muy graves, de tal manera que de las siete que se consignan, cinco quedan asimiladas a las muy graves, de forma que la decisión, que corresponde siempre a la autoridad sancionadora, y que es un principio, lo mismo para las sanciones en el ámbito laboral que en el ámbito administrativo estricto, aquí vamos a encontrarnos con una reducción de la capacidad de decisión de la autoridad administrativa del momento que procede a iniciar un procedimiento de expulsión, y queda prácticamente reducida a esa única vía y a generalizar todas las posibles infracciones con una única sanción. A mí me parece que ésta es una de las quiebras jurídicas más grave que aparece en la ley, y veremos lo que dice la jurisprudencia en el futuro.
Segunda reflexión, existen varias enmiendas, no sólo de mi Grupo, sino de otros, en las que se insiste acerca de la necesidad de reconocer el derecho de la asistencia letrada gratuita al extranjero que se encuentre en España. Sé que el artículo 22.1 habla de este derecho a la asistencia letrada gratuita en procedimientos de devolución o expulsión, sea procedimiento administrativo o judicial.
Pues bien, como hay alguna referencia de nuevo en el procedimiento y en particular a lo que se denomina en el proyecto de ley procedimiento preferente de expulsión en que de nuevo vuelve a aparecer esta referencia del derecho de la asistencia letrada, yo quisiera oír lo mismo que oí de la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la frase que pronunció en Comisión porque debe servir de pauta de interpretación a los tribunales por la importancia que ello contiene, es decir que nos tranquilice y nos repita que en el artículo 22 se contiene ese garantía con carácter general a todos los procedimientos y a todas las situaciones sin necesidad de que posteriormente haya que repetirlo en cada una de las situaciones de devolución, de expulsión, de procedimiento preferente o no, que aparece en los artículos a los que me estoy refiriendo. Con eso creo que tranquilizaría la preocupación que tiene este Grupo acerca del derecho a la asistencia letrada gratuita.
Finalmente, quisiera hablar de la enmienda número 111, a la que nosotros damos particular importancia porque buscamos alguna vía de reconocimiento diferenciado de aquellos extranjeros que se encuentran en una situación irregular con más de dos años de residencia en nuestro país, que disponen de medios de vida para subsistir o que además tienen una oferta de contrato de trabajo para que en esos casos ese arraigo de dos años mínimo que tienen por su residencia en nuestro país y que se hayan encontrado en una situación de irregularidad por no renovación de su permiso, puedan tener una exención de esa responsabilidad administrativa y que no dé lugar a la iniciación del procedimiento de expulsión que la ley prevé para esos casos.
Concluyo insistiendo en la conveniencia de que el papel del Foro para la Inmigración no debe quedar reducido al asesoramiento, consulta e información en materia de integración del inmigrante, sino que debe ser general para la inmigración. Si no, vamos a encontrarnos con una serie de organismos con funciones parciales que van a generar la siguiente situación: primero, tendremos Foro para la Inmigración; segundo, existirá igualmente el Consejo Superior de Política de Inmigración; tercero, habrá una Conferencia Sectorial dentro del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales donde anualmente se distribuirán los recursos destinados a la política de integración de los inmigrantes con las distintas Comunidades Autónomas; cuarto, las comisiones bilaterales que existan o las que se puedan constituir de Comunidades Autónomas con la Administración General del Estado, con el Gobierno de la nación para tratar cuestiones relativas a la inmigración, y quinto, la que con

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la propuesta de la portavoz, Senadora Vindel, vamos a tener a partir del próximo período de sesiones de seguimiento o control de la aplicación de la ley en esta Cámara. Parece que son muchas las comisiones y los organismos que van a estar abordando el tema de la inmigración, y a éstas hay que sumar los foros que, en el ámbito de algunas Comunidades Autónomas, también se han creado para abordar este problema.
Esta es la razón por la que entendemos que el Foro de la Inmigración, tal como está en la ley, va a quedar muy corto en sus funciones al quedar reducido sólo al tema de la integración y que difícilmente van a abordarlo ahí porque probablemente exista el riesgo de que las Comunidades Autónomas, considerando que es una materia de su competencia, le den la espalda, y no acudan a él, porque ¿qué van a obtener con su presencia si van a tomar decisiones, sugerencias, informaciones, o asesoramientos en materia que es de su exclusiva competencia? Señor Presidente, mantengo la defensa de las enmiendas a las disposiciones adicionales relacionadas con la conveniencia de adoptar las reformas legales en la Ley de Régimen Local para concretar el derecho a la participación política del inmigrante a que hace referencia el propio artículo 6 del texto legal, y lo mismo sobre la necesidad, que sigue estando en primer plano, de solicitar del Gobierno que en el plazo de seis meses elabore un proyecto de ley orgánica para regular los centros de internamiento, que, como la propia ley dice, no tienen carácter penitenciario, ni lo han tenido, pero que están en una nebulosa y necesitan una concreción y, por afectar a derechos fundamentales extranjeros reconocidos en nuestro país, requerirán un tratamiento con el rango de ley orgánica.
Muchísimas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Saavedra.
Para turno en contra, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Bonilla.


La señora BONILLA DOMINGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en principio este turno iba a ser compartido por la Senadora Vindel y yo misma. Por un lado, la Senadora Vindel iba a oponerse a las enmiendas que ustedes han presentado a los Títulos I y III, mientras que a mí me correspondía el turno en contra respecto de las enmiendas presentadas a los Títulos II y IV y a las diferentes disposiciones.
Sin embargo, me van a permitir que ratifique íntegramente la muy brillante exposición y defensa del proyecto que ha efectuado la Senadora Vindel respecto del Preámbulo y los Títulos I y III, con las que ha quedado muy claro --y la Senadora que les habla no lo podría mejorar-- que en este proyecto de ley se garantizan completamente los derechos humanos de los extranjeros que se encuentran o quieren entrar en España.
Asimismo, ha quedado muy claro que son perfectamente constitucionales --y repito que se ha explicado de forma muy brillante-- el articulado y las posibles restricciones --entre comillas-- que ustedes pudieran encontrar en el mismo.
Por tanto, manifestando que no podemos admitir ninguna de las enmiendas presentadas a esos títulos, permítanme que reitere la fundada exposición efectuada por la Senadora Vindel.
Como les decía, voy a proceder a argumentar la postura del Grupo Popular respecto de las enmiendas a los Títulos II y IV y las distintas disposiciones. En cuanto al primer bloque de enmiendas, presentadas al Título II, sobre el régimen jurídico de las situaciones de los extranjeros, quiero destacar que el objetivo del Grupo Popular ha sido establecer un régimen de situaciones y permisos que incentiven a los extranjeros a entrar y residir en nuestro país en el marco de la regularidad, frente a la entrada y la estancia irregular. Quiero destacar esto de forma muy clara, porque es una pauta constante en la reforma de este proyecto.
Asimismo, es muy importante destacar que la normativa se debe ajustar, y se ajusta, al Convenio de Schengen, del que España forma parte. Nuestro objetivo ha de ser facilitar que el extranjero que desee trabajar en España lo pueda hacer con toda las garantías y todos los derechos. Como punto de partida, hemos de considerar que la política migratoria siempre debe basarse en una canalización de los flujos migratorios y nunca debemos ordenarla sobre situaciones o hechos irregulares.
Del Capítulo I, que abarca los artículos 25 a 28, relativos a la entrada y salida del territorio, tengo que resaltar la importancia del visado como instrumento de política general y de política migratoria, en particular. Por ello, es importante señalar que el ejercicio de la potestad de otorgamiento o denegación de visados se sujetará siempre a los compromisos internacionales y se orientará al cumplimiento de los fines de la política exterior de España y de otras políticas públicas españolas o de la Unión Europea, como son la política de inmigración, la política económica y la seguridad ciudadana.
Por tanto, hemos de rechazar las enmiendas presentadas a este capítulo, en coherencia, en primer lugar, con el propio espíritu del proyecto, y además por cuestiones de legalidad. Por lo que se refiere a la enmienda número 78, de Bloque Nacionalista Galego --y siento la causa por la que su portavoz no está en este momento--, y a las enmiendas números 21 y 22, de Izquierda Unida, no se pueden aceptar por cuanto el artículo 25, en los términos establecidos en el proyecto, se ajusta de forma clara al artículo número 5 del Convenio de Schengen.
Respecto de las enmiendas presentadas en cuanto a la denegación de visado, es muy importante destacar que en la resolución correspondiente se deberán expresar los recursos que se puedan interponer, el órgano ante el que hubieran de presentarse, y el plazo para interponerlos, resaltando que la entrada de los extranjeros, el régimen de expedición de visados, la estancia y la prórroga de la misma se han adecuado en la nueva norma a lo establecido en el Convenio de Schengen.
La novedad en este sentido, como sus señorías muy bien saben, es la posibilidad de concesión de un permiso

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de residencia temporal por razones humanitarias o circunstancias excepcionales.
Entendemos que en temas de visados es muy importante que la motivación de la denegación del mismo vaya dirigido fundamentalmente a las situaciones de trabajo por cuenta ajena y a la reagrupación familiar. De esa manera conseguimos garantizar que cualquier persona que quiera residir en nuestro país sepa por qué se le ha denegado el visado; pero aceptar una motivación de la denegación de visados en todos los supuestos nos parece, y así lo hemos venido repitiendo reiteradamente, que no es ordenado dentro de nuestra legislación.
También en relación con este Titulo, y por lo que se refiere al artículo 26 del proyecto, sobre los supuestos de prohibición de entrada en España, quiero decirle al Grupo de Convergència i Unió que la remisión no es nunca una remisión en blanco, sino una remisión a una norma con rango de ley. De ahí que no podamos aceptar su enmienda número 170.
Asimismo, en relación con la enmienda número 105, del Grupo Parlamentario Socialista, presentada al artículo 28, sobre la salida de España, creemos que la nueva redacción propuesta es técnicamente mejor que lo que establece la ley vigente actual.
En cuanto al Capítulo II, referido a la situación de los extranjeros, es un tema clave, por cuanto entendemos que el artículo 29.3 de la ley actualmente vigente prevé requisitos poco exigentes y es una salida permanente a la situación de ilegalidad, lo que en la práctica significa una llamada a los extranjeros que permanecen en situación ilegal durante el período establecido, de dos años. Si a eso unimos las dificultades de expulsión de extranjeros en situación ilegal, nos encontramos con un grave impedimento para el establecimiento de una política migratoria asentada sobre la canalización de flujos migratorios.
Este es el motivo por el que no podemos aceptar las enmiendas que los diversos grupos han presentado a este título. La pretensión del Grupo Mixto en su enmienda número 23, a los apartados 3 y 5 del articulo 29, supone una clara vía de atracción de inmigración irregular, y entendemos, con los debidos respetos, que la redacción del proyecto de reforma es más coherente con las situaciones de los extranjeros y con el establecimiento de procedimientos reglados.
Por lo que se refiere a la enmienda número 126, al artículo 31, sobre los supuestos de concesión de permiso de residencia por razones humanitarias, el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos debe entender que este tipo de permisos está condicionado a la acreditación y al cumplimiento de los requisitos que se especifiquen reglamentariamente, por lo que nunca podrá ser una concesión automática, como dicho grupo pretende.
Por otro lado, tenemos que rechazar las enmiendas presentadas al artículo 32, sobre la residencia permanente. Pero quiero destacar la número 107, del Grupo Parlamentario Socialista, resaltando que se debe mantener el texto del proyecto porque es más coherente con la finalidad y la esencia del permiso de residencia permanente. Se establece una regla general para el acceso a la residencia temporal, consistente en los cinco años de residencia continuada, y se remite la regulación de las excepciones a la exigencia de ese período continuo a un posterior desarrollo reglamentario.
Igualmente, quiero hacer mención especial a las enmiendas números 62 y 63, presentadas por Izquierda Unida, del Grupo Parlamentario Mixto, con las que se pretende reclamar una serie de descuentos en concepto de viajes a los extranjeros residentes en las Comunidades Autónomas de Canarias e islas Baleares y Ceuta y Melilla, así como descuentos por familia numerosa, independientemente de si la situación del extranjero es regular o irregular. Obviamente, señorías, estas enmiendas no pueden ser aceptadas por ser contrarias a los planteamientos básicos que se persiguen en esta ley, consistentes en potenciar la inmigración regular.
Además, entendemos que los extranjeros en situación irregular no pueden en ningún caso beneficiarse de este tipo de prestaciones.
Señorías, antes de pasar a analizar brevemente el resto de los títulos, deben recordar en este punto el contenido del informe emitido por el Consejo de Estado respecto al título que acabamos de examinar, en el que afirma, de manera categórica, que la supuesta mayor discrecionalidad gubernamental para la concesión de la residencia temporal, donde se hace una remisión a la potestad reglamentaria para precisar una serie de supuestos, no constituye de ninguna manera arbitrariedad, máxime cuando lo segundo, esto es, la remisión reglamentaria, tiende a regular el ejercicio de una potestad que todo, en especial el propio Derecho Internacional invocado, aconseja configurar como flexible y atenta a la equidad del caso concreto. Esto lo recoge así el Consejo, para finalizar afirmando que se trata en todo caso de una opción política que si es adoptada por el legislador resulta plenamente conforme con las previsiones constitucionales y jurídico-internacionales vigentes. Además, el propio Consejo resalta que la exigencia de que la residencia temporal, que habilita para obtener la permanente, sea continuada, carece de toda lógica.
En cuanto al Capítulo III sobre el permiso de trabajo y regímenes especiales, que comprende los artículos números 36 a 43, he de afirmar que las enmiendas presentadas han de ser rechazadas, en primer lugar, por cuanto muchas de ellas suprimen el permiso de trabajo como documento necesario para que los extranjeros puedan trabajar en España. Quiero decirle al portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, respecto a su enmienda número 33, que no puede ser aceptada por cuanto es muy conveniente el mantenimiento de la regulación del régimen especial de los trabajadores de temporada.
Respecto al contingente de trabajadores, quiero resaltar al Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, respecto a su enmienda número 31, y al Grupo del Bloque Nacionalista Gallego, respecto a su enmienda número 82, así como al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, respecto a su enmienda número 173, que el texto del proyecto de reforma sobre el establecimiento de contingente contempla mayor número de circunstancias y de actores necesarios para la adopción adecuada de esa decisión y procedimiento. Es importante también aquí destacar

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que el propio Consejo de Estado, respecto a la opción política que adopta el proyecto sobre contingente de trabajadores extranjeros, afirma categóricamente que tiene perfecta cabida en nuestro sistema constitucional.
El Capítulo IV, referido a las tasas, que comprende los artículos números 44 a 49, tiene una serie de enmiendas que igualmente han de ser rechazadas, destacando las comprendidas entre las números 35 al 40, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, por cuanto, por seguridad jurídica, debe quedar establecido perfectamente el momento del devengo, la definición de los sujetos pasivos, establecerse los criterios de cuantificación de las tasas, así como se considera también muy justo el establecimiento de supuestos de exención de la obligación del pago de las tasas en los casos de especial vinculación con España.
Igualmente, quiero decirle al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, respecto a su enmienda número 174, que no se puede aceptar por no ser competencia de las Comunidades Autónomas el tema de gestión y recaudación de las referidas tasas. He de manifestar en este capítulo que el Consejo de Estado considera que la opción política plasmada en este articulado es perfectamente lícita y su instrumentación técnicamente correcta.
El Título IV se refiere a la coordinación de los poderes públicos en materia de inmigración, siendo a nuestro juicio un título de gran trascendencia, destacando que se mantienen los mecanismos de la Ley Orgánica 4/2000. Se prevé asimismo, señorías, la constitución del Consejo Superior de Política de Inmigración, que estará integrado por representantes de la Administración del Estado, de las Comunidades Autónomas y de los municipios. El objetivo de ese Consejo será establecer las bases y criterios sobre las que asentar la política global en materia de integración social y laboral de los inmigrantes.
Por lo que se refiere al Foro para la Integración Social de los Inmigrantes, se ha revisado su función como órgano de consulta, información y asesoramiento sobre la integración de los inmigrantes que se encuentran en España, que es uno de los principales objetivos de esta ley.
Respecto a las enmiendas presentadas a este articulado, hemos de manifestar que las vamos a rechazar en base a lo expuesto, haciendo un especial hincapié en cuanto a las números 53 y 118, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida por cuanto no se pueden ampliar las funciones del Foro a cualquier aspecto en materia de inmigración: entrada, documentación, etcétera.
Con respecto a las enmiendas presentadas a las disposiciones adicionales, hemos de rechazarlas todas, pero quiero hacer hincapié en la número 119, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, que ha de ser rechazada, por cuanto es más coherente con la normativa del régimen local lo contemplado en el texto del proyecto.
La enmienda número 120, presentada por el mismo grupo, no se puede aceptar, por considerarse que la regulación orgánica y funcional de los centros de internamiento que no tienen carácter penitenciario no son materia de ley orgánica.
Las enmiendas números 54, 55 y 56, presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto-Izquierda Unida, van a ser rechazadas, y quiero matizar que, en primer lugar, se debe a que la introducción de una nueva disposición adicional supone una mejora respecto al texto de ésta, y, por otro lado, no cabe la supresión de instrumentos o de órganos que puedan trabajar en la lucha contra el tráfico ilegal de personas.
Respecto a las enmiendas números 178 y 179, presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, he de manifestar que la primera no se puede aceptar por considerarse innecesaria la creación de una disposición adicional nueva, y respecto a la número 179, sobre la creación de otra disposición adicional que sería la cuarta, no se puede aceptar, toda vez que en los Presupuestos Generales del Estado se recogen previsiones específicas para la distribución de recursos dirigidos a la integración de los inmigrantes.
La enmienda número 180, del mismo grupo, a la disposición transitoria cuarta, no se puede aceptar, por cuanto sería abrir un nuevo segundo proceso de regularización, y esto produciría un claro efecto de llamada, que además no podríamos en ningún momento controlar. De todas formas, señorías, como consecuencia de lo aprobado en el Congreso de los Diputados, se han de dictar unos nuevos reales decretos con unos plazos determinados, y además la Administración tiene que revisar de oficio todos los expedientes uno a uno, pero reitero, lo que no es posible es volver a abrir un nuevo proceso de regularización.
La enmienda número 98, presentada por el Grupo de Coalición Canaria, sobre la ampliación del contenido de la Subcomisión a cuantas actuaciones culturales, técnicas y comerciales favorezcan la cooperación con los pueblos de su entorno geográfico, no debe admitirse por cuanto la particular situación geográfica del archipiélago canario influye de manera clara y específica en las cuestiones que afectan directamente a Canarias, en materia de residencia y trabajo de extranjeros, entendiendo el Grupo Parlamentario Popular que no se estima procedente ampliar en este punto su contenido.
Respecto a la enmienda número 128, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a la disposición adicional tercera, no se acepta, ya que esta enmienda se basa, con los debidos respetos, en una interpretación errónea del artículo 1 de la ley orgánica.
He intentado, señorías, contestar de una manera global a las enmiendas presentadas por los diferentes grupos al articulado referido, deteniéndome en aquellas que por su especificidad he considerado que merecían especial mención, sin que esto suponga la calificación de mayor o menor importancia, ni muchísimo menos, queriendo constatar mi reconocimiento y respeto más profundo hacia todas ellas, sin perjuicio de que mi grupo haya estimado conveniente rechazarlas.
Es evidente, por el propio desarrollo del proyecto que hoy debatimos, que el Grupo Parlamentario Popular ha mantenido desde el principio una actitud abierta y un talante dialogante, y a los resultados de las negociaciones y de las enmiendas aceptadas en el Congreso de los Diputados me

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remito, sintiendo de una manera especial que en esta Cámara no se haya admitido ninguna. Como sus señorías saben se ha intentado, pero no ha sido posible, ya que al final hemos tenido que optar por una opción política legítima y que, desde la prudencia, estimamos más beneficiosa para todos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora Bonilla.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Después del debate, tengo que concluir con palabras similares a las de mi anterior intervención. Decía: hagamos un último esfuerzo; la esperanza en el futuro es lo que no se debe perder nunca. Coalición Canaria desde luego la mantiene. Y sin entrar en el sarcasmo de Romanones, esperamos que la reflexión gubernamental alumbre un reglamento progresista, que cubra alguno de los vacíos que deja este proyecto, ya casi ley.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos.
¿Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Comenzamos la votaciones, señorías.
Enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero. Enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, uno; en contra, 201; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, ocho; en contra, 138, abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 138; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 138; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 9 y 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 72; en contra, 139; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio,el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, ocho; en contra, 201; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 42.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 10; en contra, 138, abstenciones, 69.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 139; abstenciones, 69.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 16, 20, 21, 29, 31, 43, 44, 46 a 48, 53, 57, 58 y 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, ocho; en contra, 138; abstenciones, 72.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora, señorías, el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, uno; en contra, 139; abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Enmiendas números 62 y 63 presentadas por el Senador Cámara.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, ocho; en contra, 138; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación la enmienda número 67, del Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 68.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 74; en contra, 136; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 71.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 138; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora las enmiendas números 64, 65, 69, 72, 74, 78, 80, 83, 89 y 90.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, uno; en contra, 138; abstenciones, 79.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 85.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 73.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 86.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 10; en contra, 136; abstenciones, 69.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 88.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 10; en contra, 136; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, ocho; en contra, 139; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a votar las enmiendas del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, en siete bloques.
En primer lugar, votamos la enmienda número 92.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 93.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 136; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 94.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, nueve; en contra, 136; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 95.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 96.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.


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Votamos ahora la enmienda número 97.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 98.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Pasamos a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en cinco bloques.
En primer lugar, votamos la enmienda número 122.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 138; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 123.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 136; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 124.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 70; en contra, 137; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 127.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, nueve; en contra, 137; abstenciones, 72.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a la votación de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Votamos la enmienda número 134.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 137; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 135.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 135; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación las enmiendas números 129, 151 y 156.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 65; en contra, 136; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo de la Entesa.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 138; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Las enmiendas que habían sido retiradas lógicamente no han entrado a votación.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Votamos la número 165.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 78; en contra, 136; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 166.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 80; en contra, 136; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 167.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 79; en contra, 136; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 168.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 10; en contra, 137; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 175.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 17; en contra, 135; abstenciones, 66.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 178.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 11; en contra, 136; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 179.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 10; en contra, 135; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 180.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 78; en contra, 137; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se inicia la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 216; a favor, 15; en contra, 135; abstenciones, 66.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista.
Votamos la número 101.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 102.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 73; en contra, 136; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 109.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 71; en contra, 137; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 113.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 73; en contra, 136; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda 116.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 120.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 74; en contra, 137; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 110, 114, 115 y 117.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 64; en contra, 139; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación del dictamen en tres bloques.
Votamos el artículo 1 del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 145; en contra, 72.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votación del preámbulo del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 218; a favor, 145; en contra, 10; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen del preámbulo.
Finalmente votamos el resto del dictamen del proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 205; en contra, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica de reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA SOBRE MEDIDAS URGENTES PARA LA AGILIZACION DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA, POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (S. 621/000007) (C. D. 121/000003).


La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley orgánica sobe medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso el Senador Moya.


El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
El presente proyecto de ley, que se tramita por el procedimiento de urgencia, tuvo su entrada el pasado 27 de noviembre, fecha en que se publicó, terminando el plazo de enmiendas el pasado día 1. Al proyecto de ley se han presentado una propuesta de veto de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, y 66 enmiendas distribuidas de la siguiente manera; diez de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, cinco del señor Quintana González, cinco de Coalición Canaria, seis del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, cinco de Entesa Catalana de Progrés, 15 de Convergència i Unió, ocho del Grupo Parlamentario Socialista, y doce del Grupo Parlamentario Popular.
La Ponencia estuvo integrada por el señor Capdevila i Bas, el señor Galán Pérez, el señor Iribas Sánchez de Boado, el señor Marín Rite y doña María José Mora Devis. Se reunió el pasado día 4 de diciembre y emitió el correspondiente Informe. En dicho Informe la Ponencia acordó incorporar al texto del proyecto de ley las enmiendas números 55 a 62 y 64 a 66 del Grupo Parlamentario Popular, así como atender a los postulados de la enmienda número 63, también de dicho grupo parlamentario, si bien, en este caso, difiriendo la concreción de la propuesta formulada a trámites ulteriores. El resto de las enmiendas fueron desestimadas.
La Ponencia volvió a reunirse el pasado 7 de diciembre, reunión tras la cual, antes de la reunión de la Comisión, se introdujeron nuevas modificaciones en el texto que acompañaba al Informe; en concreto, en los artículos 4 y 5, en este caso, como consecuencia de la aceptación de la enmienda número 32 del Grupo Parlamentario Socialista, y en la disposición final primera, que fue objeto de una primera concreción, atendiendo así a lo solicitado en la enmienda número 63 del Grupo Parlamentario Popular.
Como he manifestado, posteriormente se reunió la Comisión ese mismo día por la tarde, y en el dictamen finalmente aprobado por la Comisión se recogen nuevas modificaciones en el texto del proyecto de ley, según se refleja en el dictamen publicado. Modificaciones derivadas de la incorporación de la enmienda número 13 del Grupo de Coalición Canaria, de la enmienda número 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, así como una nueva redacción de la disposición adicional, añadidas al proyecto de ley, como consecuencia de la aprobación en fase de Ponencia de las enmiendas números 64 y 65 del Grupo Parlamentario Popular. El dictamen de la Comisión da asimismo una redacción definitiva a la disposición final primera, y recoge una ordenación sistemática más acorde con las líneas maestras del proyecto de ley.
Al dictamen de la Comisión han formulado votos particulares, manteniendo sus enmiendas y el veto, los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares e, igualmente, han formulado votos particulares defendiendo sus enmiendas los grupos parlamentarios de Coalición Canaria, de Senadores Nacionalistas Vascos, Entesa Catalana de Progrés, Convergència i Unió y socialistas.
Este proyecto de ley orgánica en su actual redacción consta de siete artículos, seis disposiciones adicionales, una disposición transitoria, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales, precedidos de una exposición de motivos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Moya.
Vamos a debatir ahora las propuestas de veto que se han presentado. En primer lugar, el voto particular número 2 presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero

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Palomares, correspondiente a la propuesta de veto número 1.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, tienen ustedes la argumentación del veto de Izquierda Unida.
Por tanto, lo doy por defendido.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
¿Turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Con la misma brevedad y capacidad de síntesis con que se ha manifestado el representante de Izquierda Unida, ustedes conocen nuestro posicionamiento en favor de la ley a través de su tramitación en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados. Por tanto, nos ratificamos en su bondad y en cuanto se manifiesta en la exposición de motivos que, en definitiva, fundamenta nuestra posición, y entraremos en los puntos concretos de discrepancia a través del análisis de las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Iribas.
¿Turno de portavoces? (Pausa) ¿ Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. (El Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) En Comisión ya fijé la posición del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Se admitió una enmienda importante en relación con la demora de la aplicación de un artículo de la ley y, por tanto, no voy a apoyar este veto.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo para fijar la posición de nuestro grupo parlamentario en relación con la propuesta de veto presentada por Izquierda Unida, y hace unos momentos defendida en sus propios términos por el Senador Cámara.
Una posición que, a su vez, sirve obviamente para dejar constancia de la opinión global que nos merece el proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Lo primero que cabe decir, señorías, es que estamos ante un proyecto que ya fue anunciado por el señor Ministro de Justicia al comienzo mismo de la legislatura, más concretamente al comparecer, tanto en el Congreso de los Diputados como en esta Cámara, a fin de exponer las líneas generales del programa que se proponía desarrollar. El señor Ministro propuso entonces abordar el plan de reformas que la Justicia necesita en tres etapas. La primera de ellas es la qu definió como plan de choque para la agilización de la Administración de la Justicia, con el que se perseguiría dar una solución de urgencia a alguno --textualmente utilizó el término alguno-- de los problemas más inmediatos. Pues bien, este proyecto es el que, a juicio del Gobierno, constituye esa primera etapa o plan de choque, esas medidas urgentes que pretenden agilizar y dar solución a alguno, repito, de los muchos problemas de la Administración de Justicia.
¿Qué opinión nos merece dicho proyecto desde una perspectiva de globalidad? Pues dicho muy clara y llanamente, que estamos ante una primera etapa excesivamente corta, tan corta que nos parece hasta excesivo calificarla de plan de choque. Más que choque es un pequeño contacto, un primer y parcial acercamiento a la cuestión. La primera etapa no puede entenderse culminada con este proyecto, ni muchísimo menos. Y el Pacto de Estado por la Justicia no es que quede pendiente, sino que queda todavía muy lejos. Coincido plenamente con lo que decía en su explicación del veto el señor Cámara, en que estamos ante una iniciativa con un contenido corto, escaso y superficial, además de tardío, como también recuerda el propio Consejo General del Poder Judicial en su informe al anteproyecto.
Me permito recordarles que el citado Consejo decía lo siguiente --y leo textualmente-- en relación con el anteproyecto de ley que en estos momentos nos ocupa, ya convertido en proyecto: Aun cuando algunas de las previsiones normativas recogidas en el anteproyecto pueden --recalco lo de pueden-- incidir en la mejora de la Administración de Justicia, no debe olvidarse que la Justicia requiere profundos cambios estructurales y normativos, que exceden de los singularmente recogidos en la disposición que se informa, que incluye un conjunto de medidas concretas, en su mayoría ya propuestas por este Consejo desde 1997 y no abordadas, sino hasta este momento. Y añadía en dicho informe este órgano constitucional, y lo cito también textualmente: En la misma línea, el anteproyecto, como todo plan de medidas singulares, no tiene un carácter globalizador y, por tanto, deja fuera otras medidas que habrán de abordarse en otros proyectos sucesivos que contengan también medidas de choque. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Fíjense, señorías, si el proyecto es corto que por serlo lo es hasta el título. Observen que en este se dice que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, y es evidente que tal ley se modifica, pero también se modifica en este mismo proyecto de ley la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, e incluso se modifica también la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, y de ello se hace abstracción en el propio título del proyecto.


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Dicho esto, debo también admitir que el contenido estricto del proyecto no nos genera rechazo. Establece una serie de medidas con las que no estamos en desacuerdo porque entendemos, como entiende el Consejo General del Poder Judicial, que pueden --y recalco lo de pueden-- incidir en la mejora de la Administración de Justicia.
Por esta razón, porque nuestra crítica no va dirigida a lo que el proyecto contiene, sino a lo que no contiene y podía y debía también haber contenido, apoyamos en la Cámara Baja el texto final sometido a votación e, igualmente, vamos a apoyarlo en el día de hoy.
Nuestro voto favorable de hoy al dictamen de la Comisión viene, además, reforzado por el hecho de que al paso del proyecto por esta Cámara se han incorporado dos de las enmiendas de nuestro Grupo, concretamente, la que tenía el número 25, que proponía la supresión del apartado quinto de la disposición final tercera de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, disposición que, por cierto, no se sostenía en tanto que tenía por objeto que el Ministerio de Justicia adoptaría las disposiciones oportunas para la creación de cuerpos de psicólogos y educadores y trabajadores sociales forenses, algo, como digo, carente de sentido, primero, por su innecesariedad, segundo, porque estaba y está en contradicción con otros proyectos de la propia Ley y, tercero, porque vulneraba los traspasos competenciales ya operados a determinadas Comunidades Autónomas. Como digo, en todo caso con buen criterio, el Partido Popular consideró oportuna la enmienda, la aceptó y se incorporó al dictamen de Comisión, hecho que agradecimos en su día en el trámite de Comisión y que reiteramos.
Igualmente, se incorporó una segunda enmienda, la número 24, en la medida que era coincidente con la número 60, del Grupo Parlamentario Popular, que tenía como pretensión la permanencia o pervivencia del punto cuarto vigente del artículo 476 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, es decir y por entendernos todos, pretendía que se mantuviera vigente el apartado que dice que las secretarías de los juzgados que no han de ser servidos por magistrados se cubrirán con funcionarios de tercera categoría.
Nuestro agradecimiento también, evidentemente, por aceptar tal recomendación en forma de enmienda.
En definitiva --y termino, señor Presidente--, diremos sí al dictamen de la Comisión como apoyo a lo que en él se contiene y, consiguientemente, con ésta nuestra posición no daremos nuestro voto a la propuesta de veto de Izquierda Unida, pese a que, como he indicado, sí coincidimos con el Senador Cámara en el diagnóstico de que la iniciativa que vamos a aprobar es corta, superficial y escasa, pero, cuando menos, vamos a empezar con algo, aunque sea poco, que ya va siendo hora.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
Turno del Grupo Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el Senador Molas.
El señor MOLAS I BATLLORI: Señora Presidenta, señorías, nuestra posición va a ser la de votar en contra del veto, a pesar de que en la argumentación a favor del mismo coincidimos en muchos de los aspectos. No obstante, creemos que la ley como tal, aunque sea un pequeño, muy pequeño, y a lo mejor no muy esplendoroso, paso hacia adelante en su eficacia, puede significar dicho paso hacia adelante y, por tanto, votaremos contra el veto y defenderemos posteriormente las enmiendas que para nosotros expresan una posición de discrepancia con el texto del dictamen.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Molas.
Turno de Convergència i Unió. El Senador Capdevila tiene la palabra.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió también va a utilizar este trámite, tal como ha hecho el Senador Zubia, para fijar la posición respecto del veto presentado y también de la globalidad del propio proyecto de ley.
Creo que los grupos parlamentarios han respondido con suma fidelidad a esta llamada de consenso que el Ministerio de Justicia interesó durante la presentación de las iniciativas legales a que ha hecho referencia el Senador Zubia y, sobre todo, una parte de ellas --al menos en esta primera etapa de choque-- que en este acto estamos debatiendo con carácter de urgencia han respondido con fidelidad pese a la existencia de este veto presentado por los Senadores Cámara y Cabrero, y debemos significar que esta discrepancia o diversidad no está reñida con la participación legislativa. Cuántas veces un veto que no nos ha convenido, sin embargo, sí nos hace reflexionar. El Senador Zubia ha hecho una referencia a que, efectivamente, éste es un proyecto de ley corto y a que quizás llega un poco tarde, pero también entendemos que es un proyecto de ley que es necesario que en esta primera etapa adopte unas medidas de choque, sobre todo ante la entrada en vigor de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor.
Así lo ha entendido nuestro Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, participando con buena predisposición en esta oferta de diálogo, dejando a un lado los temores y asumiendo planteamientos que no habíamos aceptado durante la pasada Legislatura, primordialmente en pro de este consenso y de este diálogo.
Las enmiendas presentadas, mediante las transacciones acordadas con el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo Parlamentario Socialista, prácticamente han sido admitidas al texto que hoy debatimos, pero también y sobre todo --hay que decirlo y dejar constancia de ello--, gracias a esa remisión a un futuro pacto de Estado para la mejora de la Administración de Justicia, en donde todos los partidos políticos y grupos parlamentarios deberemos esforzarnos por hacer una reforma en mayor profundidad y contenido, acaparando y debatiendo todos estos puntos negros de la

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Administración de Justicia que han puesto en evidencia las Salas de Gobierno de los distintos Tribunales Superiores de Justicia, asociaciones de jueces, fiscales, secretarios, colegios de abogados, etcétera.
Hoy --ya lo ha expuesto el Ministro de Justicia con motivo de la presentación de estas iniciativas legislativas en el Congreso de los Diputados--, nos hallamos ante esa primera etapa a que hacía referencia el Senador Zubia y, por tanto, son unas medidas de choque encaminadas a la consecución de la puesta en marcha de la Ley de Enjuiciamiento Civil y de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor. ¿Que tales medidas pueden ser insuficientes? Mucho me temo que los efectos de la Ley de Enjuiciamiento Civil van a ser demoledores, pero, por lo que se refiere a las medidas y reformas que contempla el presente proyecto de ley, como el propio título ya indica, van en la dirección de agilización de la Administración de Justicia y respecto de la que nuestro Grupo ha participado en cuanto a estos tres objetivos que persigue el proyecto de Ley: en primer lugar, la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, con la unificación del procedimiento selectivo y oposición para el ingreso en las carreras judicial y fiscal, con pruebas y tribunales únicos y opción voluntaria por parte de los aprobados; en segundo lugar, con la nueva distribución de este curso teórico-práctico de selección y formación en la escuela judicial, que, según la actual Ley, es de dos años, y que, mediante la reforma, se adapta, por la necesidad perentoria de más jueces titulares, a seis meses de período de prácticas tituladas como «Juez Adjunto», después de doce meses de asistencia a la escuela judicial; la aplicación también con carácter transitorio de la edad de jubilación de la carrera judicial a los 72 años y a los 75 años para actuar como Magistrado suplente; la posible adscripción de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de unas Salas a otras a propuesta de la Sala de Gobierno correspondiente; y, en tercer lugar, en cuanto a una pequeña modificación respecto a la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal del Menor mediante adaptaciones técnicas como la de incorporar a la Ley Orgánica del Poder Judicial la actuación de los juzgados de menores, que serán servidos por Magistrados de la carrera judicial y, cómo no, la competencia de las audiencias provinciales para conocimiento de los recursos de apelación contra resoluciones en los juzgados de menores.
Nuestro Grupo Parlamentario --como se expondrá en su momento-- mantiene vivas doce enmiendas en un afán de contribuir a mejorar el texto del proyecto, pero somos conscientes de que la premura de tiempo puede comportar el rechazo de la incorporación en estos momentos. Sin embargo, confiamos en que puedan ser tenidas en cuenta con motivo del debate del pacto de Estado para la mejora de la Administración de Justicia. Vaya por delante, por tanto, nuestro rechazo al veto presentado y el posicionamiento favorable a la aprobación del dictamen del presente proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me corresponde subir a la tribuna para fijar la posición de mi Grupo, el Grupo Parlamentario Socialista, sobre esta enmienda de veto formulada por los Senadores Cámara y Cabrero en nombre de Izquierda Unida. Pero al mismo tiempo quiero posicionarme, en nombre de mi Grupo, sobre el conjunto de este proyecto de ley. Un proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia que responde a lo que el Ministro Acebes calificó el 15 de junio de este año en esta Cámara como primera etapa del necesario pacto de Estado por la justicia, que el Ministro defendía y preconizaba coincidiendo con lo que los socialistas venimos defendiendo desde la etapa del Ministro Belloch al frente del Ministerio de Justicia.
Nuestra voluntad de pacto y acuerdo sobre estas reformas que hay que abordar en profundidad en la Administración de Justicia determina, señorías, que no apoyemos la enmienda de veto, pese a que compartimos plenamente la definición que dicho veto hace de los defectos del proyecto; concretamente, apunta que su contenido es escaso y superficial y propone la adopción de unas medidas de carácter transitorio y coyuntural que no son insertables en la proyección que debe seguir la reforma adecuada de la justicia. Compartimos ambas calificaciones, por lo que intentaremos fijar nuestra posición sobre la globalidad del proyecto.
Se trata de un proyecto que consta de dos capítulos. El primero de ellos se refiere a esas cuatro medidas de choque a las que hizo referencia el señor Ministro: la unificación de la convocatoria de oposiciones a la carrera Judicial y Fiscal, la optimización del trabajo en el seno de los Tribunales Superiores de Justicia, la supresión parcial o recorte del curso teórico-práctico de la Escuela Judicial, a fin de que los opositores que superen las pruebas no tengan que esperar veinticuatro meses sino sólo dieciocho para incorporarse a sus destinos judiciales, y la prolongación transitoria de la edad de jubilación de los jueces y magistrados.
Sobre estas cuatro medidas que componen el Capítulo I de la Ley, queremos decir que compartimos las dos primeras, pese a sus limitadísimos efectos.
En cuanto a la prolongación de la edad de jubilación de jueces y magistrados y a la reducción de la mitad de la fase práctica del curso posterior a las oposiciones que se realiza en la Escuela Judicial, hemos presentado enmiendas de supresión --artículos 3 y 4-- que en el siguiente turno intentaré justificar.
Sí quiero decir que la unificación de las oposiciones a la carrera Judicial y Fiscal, tendrá efectos positivos. Por un lado, evitará las vacantes que se producen actualmente por aquellos opositores que superan simultáneamente ambas oposiciones y luego optan por una de ellas. Por otro, reducirá el número excesivo de tribunales --en la actualidad creo que son veinte-- con su inevitable consecuencia de desigualdad de criterios, contradicción, dedicación insuficiente y escaso nivel de los miembros de los tribunales.


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Es evidente que dicha medida de choque, la que se persigue con la unificación de las oposiciones, no va a producir efectos que se noten hasta el año 2004. Tenemos pendiente en estos momentos la convocatoria de oposiciones para cubrir 300 plazas de juez. Si se convoca unificadamente con las vacantes de la carrera Fiscal en el 2001, es difícil que se terminen antes del 2002; con dieciocho meses de estancia en la Escuela Judicial, es difícil que la incorporación de estos jueces se produzca antes de los últimos meses del 2003 o comienzos del 2004.
Nuestra mayor preocupación respecto a esta unificación es el interrogante que se abre con la privación de la potestad exclusiva de selección de los jueces por parte del Consejo General del Poder Judicial, reivindicación notable e insistente que consiguió el propio Consejo con la reforma de la Ley Orgánica de 1994 y que ahora se atribuye, con todo lo que ello representa, a una Comisión de selección de carácter mixto entre el Consejo General del Poder Judicial y el Ministerio de Justicia que permite o intenta integrar la independencia del Poder Judicial con la dependencia jerárquica y autonomía funcional que caracteriza al Ministerio Fiscal. Esta Comisión de selección es un órgano híbrido; no es una administración institucional ni una administración independiente, pero concentra responsabilidades y administraciones que no son homogéneas en su naturaleza. Por lo tanto, pueden plantearse en su seno discrepancias que tendrán que resolverse a través de la fórmula del voto de calidad del Presidente de la Comisión.
Es indudable que se podría haber optado por fórmulas alternativas. Por ejemplo, hace años el Consejo ya habló de un test de preselección a fin de reducir el número de opositores que acceden a los ejercicios concretos de oposición. Pero hemos de reconocer que las enmiendas que aparecen en el proyecto y que intentan atribuir al Consejo General del Poder Judicial las competencias exclusivas sobre todo el nuevo proceso de selección que se abre en cuanto a los fiscales, no es posible. Por lo tanto, es innegable que la solución aportada, con las mejoras que se han logrado introducir en el trámite, nos parecen razonables. Por ello, vamos a votar este artículo 1 favorablemente.
La segunda medida intenta reequilibrar la carga competencial de los magistrados de los Tribunales Superiores de Justicia, optimizando las tareas jurisdiccionales de éstos al establecer con carácter legal la movilidad entre las Salas. Entendemos que es una medida que tendrá resultados limitados; basta ver el número de sentencias que se imponen, por ejemplo, por parte de los magistrados de las Salas que están más descargadas de trabajo, las Salas de lo Civil y de lo Penal, y compararlas con el ingente volumen de recursos pendientes en las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de los Tribunales Superiores de Justicia, para estimar que posiblemente los efectos sean limitados.
Indudablemente, es bueno que algo que se podía hacer directamente mediante la fórmula de Comisión de servicio se haga a través de esta fórmula legal, con la búsqueda y el buen deseo de intentar agilizar los problemas de lentitud de la Justicia. Sin embargo, nos parece que la solución seria y razonable al problema habría sido la modificación absolutamente necesaria de la Planta Judicial de estos Tribunales Superiores de Justicia para que magistrados especializados y bien formados puedan abordar adecuadamente el trabajo que se acumula en sus respectivas Salas.
En definitiva, ambas medidas son limitadas pero marchan en la dirección correcta. No podemos decir lo mismo del recorte del período de formación en la Escuela Judicial. Creemos que en este tema, sencillamente, estamos planteando ganar seis meses al período de formación, pero perder calidad en la formación de los futuros jueces. Comparemos los 24 meses de nuestro modelo de Escuela Judicial con los 32 de Francia, los 5 años de Alemania, los 6 años de formación de los opositores que aprueban la carrera judicial en Holanda y veremos cuán importante es la fase formativa, tanto teórica como práctica, de los futuros jueces.
En muchos países europeos la formación es mucho más amplia y además, cuando se termina esa fase los jueces van destinados a órganos colegiados donde tienen el ejemplo y la permanente compañía de jueces ya preparados y formados, mientras que aquí pasan siempre a desempeñar su trabajo en órganos unipersonales, donde se encuentran con problemas a veces complicados, sin tener en su balance formativo la capacidad para resolverlos.
De la misma manera nos podemos referir a la prolongación de la edad de jubilación, si comparamos las vacantes que existen entre los jueces que tienen la categoría de magistrados. Creemos que la fórmula de alargar la edad de jubilación a los 72 años, hasta el 31 de diciembre de 2003 y a los 71 años, hasta el final del año 2004, lo único que puede posibilitar es cubrir un número de vacantes inferior a las existentes. Este año se ha convocado y resuelto un cuarto turno para cubrir 118 plazas de magistrado y bastaría con haber convocado otro cuarto turno similar, de otras 118 plazas en el año 2001, para haber obtenido realmente las mismas consecuencias que se van a producir a través de esta prolongación de la edad de jubilación que, a nuestro juicio, tiene efectos contrarios, discriminatorios respecto a otros funcionarios del Estado y es realmente limitada en cuanto a su eficacia. Es una vieja reivindicación de la cúpula de la carrera judicial, pero no nos parece que sea una medida que camine en la dirección adecuada. De estas dos medidas incluidas en los artículos 3 y 4, solamente nos tranquiliza el carácter transitorio que la propia ley atribuye a las mismas.
Señorías, termino diciendo que vamos a votar favorablemente el dictamen del proyecto de ley con la excepción de estos artículos números 3 y 4, pero nos parece que esta primera fase, que prácticamente se ha tardado medio año en que se haga realidad desde el punto de vista legal, es muy limitada en sus efectos; esperamos que las fases segunda y tercera, que ya anunciaba el Ministro Acebes, tengan mucha más entidad y puedan realizarse con una voluntad de consenso, de diálogo, como se ha intentado en esta Cámara con respecto a este proyecto de ley, pero con resultados mucho más positivos para el conjunto de la Administración de Justicia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Galán.


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Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, aprovecho el turno de portavoces para manifestar la posición del Grupo Parlamentario Popular en relación con el presente proyecto de ley que respaldamos, como obviamente hemos señalado al oponernos a la propuesta de veto, y para manifestar también cuál es nuestra postura en cuanto al análisis que se ha llevado a cabo por parte de los distintos grupos parlamentarios. Quiero agradecer a todos los portavoces el debate, la participación, la aportación que han venido realizando y, en definitiva, el trabajo efectuado conjuntamente con nosotros porque, sin duda, tiene que satisfacernos no sólo por su resultado sino porque, evidentemente, ése es el camino por el que hay que avanzar hacia la modernización y la reforma de la Justicia.
Señorías, en el análisis que han hecho los Senadores de los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y de Entesa Catalana de Progrés, que han sido coincidentes en algunos puntos, nos vienen a decir que la reforma es escasa y superficial; sin embargo, he de señalar que todo depende de los planteamientos y expectativas que los Grupos quisieran formular con respecto a una reforma que, como ya señaló el propio Ministro, es un paso importante, un paso serio hacia la dotación de jueces profesionales en número importante --tal y como necesitamos para emprender el camino de la agilización de la Justicia--, pero que es el primer paso, la primera fase, la antesala --como decía literalmente el señor Ministro-- de las reformas estructurales encaminadas a una mejora profunda de nuestra Administración de Justicia. En ese sentido, la Exposición de Motivos señala que: «La reforma que ello precisa debe ser objeto de cuidadoso estudio y reflexión. No obstante, hay algunas medidas que, por su carácter urgente, deben ser acometidas con prontitud...». Por tanto, estamos buscando el logro de unos resultados prácticos concretos y esperamos que no se nos acuse de que la presente reforma no tiene una pretensión globalizadora puesto que, efectivamente, somos nosotros los primeros que hemos señalado que esta primera fase del plan --y así lo indicó el señor Ministro-- tiene la pretensión de adoptar medidas urgentes que beneficien el inicio de esa necesaria carrera de agilización y modernización para lo cual, imperiosamente, lo primero que necesitamos es contar con suficientes jueces profesionales, cubrir vacantes con titulares preparados que administren justicia y dotar más rápidamente de más plazas de jueces titulares a nuestra Administración de Justicia.
Por tanto, señorías, la reforma se puede entender como un primer plato del menú --como se decía en términos coloquiales-- y, aunque hay algunos que dicen que el primer plato es escaso, hay que esperar a que terminen de servir el resto. Es lo mismo que si voy a una boda y me quejo de que el primer plato me lo han dado pequeño y no sé si el menú es largo y estrecho --como lo llaman ahora-- o me van a sacar el postre inmediatamente.
En esta fase del trámite parlamentario se ha manifestado y se ha demostrado el talante negociador abierto, dialogante y de escucha del Grupo que sostiene al Gobierno y del propio Gobierno. Sabiendo que tenemos mayoría absoluta en la Cámara y que podían salir adelante nuestra pretensiones, hemos preferido no hacer de la necesidad virtud sino de la virtud necesidad. Hemos manifestado nuestro compromiso de diálogo y lo hemos demostrado; hemos admitido enmiendas de Coalición Canaria, del PNV, de Convergència i Unió, del Socialista, de Entesa y pactado numerosas transaccionales con todos los Grupos de la Cámara.
Nuestra labor no tiene que dar lugar a la confianza sino a nuestra credibilidad, porque confiar es tener fe en aquello que no vemos y nosotros no hemos pedido fe, hemos demostrado credibilidad a la hora de tender la mano y cooperar en la mejora de la Justicia.
Al representante del PNV le parece que esta reforma es escasa, pero he de decirle que queremos seguir avanzando en esa segunda fase. Aunque creen que nuestra reforma es escasa, sólo se han quedado con cuatro enmiendas en el tintero, lo que quiere decir que aunque hubiéramos admitido todas sus pretensiones, la reforma tampoco hubiera ido mucho más allá en cuanto a su contenido. De la misma manera, el PSOE sólo tiene vivas seis enmiendas.
También nos dice el representante del PNV que la reforma es tardía y que eso mismo decía el Consejo General del Poder Judicial. Pues mire, me he permitido hacer la barbaridad de arrancar la página 687 del texto con el que hemos trabajado todos y que dice lo que le voy a leer a continuación.
La página 687 del texto con el que todos hemos trabajado dice lo siguiente: Consideraciones generales al anteproyecto. Antes de entrar en el examen del articulado del anteproyecto sometido a informe, conviene expresar algunas consideraciones generales: en primer lugar, el Consejo General, como órgano de gobierno del Poder Judicial, ha de valorar muy positivamente el interés del Ejecutivo en acometer las iniciativas necesarias para la reforma de la Justicia; interés que se pone de manifiesto en esta ocasión mediante la pronta remisión de un anteproyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, etcétera.
Pues bien, pienso que queda desmentido el carácter tardío. Se nos ha dicho que están bien las medidas por parte del PNV, que el problema está en lo que no contiene, y yo sigo tendiendo la mano hacia ese pacto por la reforma y la modernización de la Justicia, hacia esa segunda etapa que el Ministro anunció y que estamos ansiosos de emprender.
Quiero agradecer al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió su apoyo al proyecto de ley, que expresamente haya manifestado que se trata de un proyecto necesario y, sobre todo, algo que ha presidido su actuación a lo largo del trámite en ambas Cámaras, que es su talante de diálogo y consenso; saber acercarse y no esperar sólo a que se le acercaran; saber que el consenso y el encuentro se producen siempre a través de la renuncia de todos a algo, y eso lo ha demostrado con hechos y deseo manifestarlo públicamente y en esta tribuna.


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Al Grupo Parlamentario Socialista también le parece escaso el proyecto y le vuelvo a decir que, efectivamente, este primer plato del menú se le puede hacer corto, que ellos han presentado seis enmiendas más, con lo cual tampoco necesitaríamos el bicarbonato, aunque hubiéramos incluido todo ello.
Quiero entrar en las cuatro cuestiones a las que se ha referido y manifestar mi posición. Con respecto a la unificación de las oposiciones, se ha señalado textualmente que es una medida que camina en la dirección correcta; lo mismo se ha dicho en cuanto a la optimización, aunque se ha indicado que la unificación no va a producir efectos hasta finales del año 2003.
Senador Galán, éste es un problema que viene de muy lejos; que no ha surgido este año ni en esta legislatura ni en la pasada ni en la anterior. Queremos mirar hacia el futuro, pero evidentemente los problemas antiguos no tienen, por desgracia, en muchas ocasiones, soluciones milagrosas.
Ha hablado y ha querido valorar la cuestión de la Comisión de Selección.
Simplemente y con respecto a ese análisis, le voy a decir lo que afirmaba su Grupo y que figura en la página 2169 del «Diario de Sesiones» número 80 de la Comisión de Justicia e Interior del Congreso de los Diputados celebrada el 18 de octubre de 2000: El Ministerio de Justicia ostenta una competencia legítima en la definición del programa de oposiciones y de los tribunales de oposiciones de la carrera fiscal. Por tanto, hay que crear un órgano técnico de configuración compleja. Coincido con ustedes, y lógicamente eso es lo que hemos hecho; además, vamos a ser claros; un órgano que no va a dar un vuelco radical a la situación, sino que es una medida prudente.
Coincidimos en que la optimización es una medida positiva. Si hay alguien que ha luchado por cubrir vacantes, ampliar la planta y convocar plazas de jueces, podemos remitirnos a la pasada legislatura, no nos podemos sentir poco orgullosos de esa medida desde nuestro Grupo y, por tanto, estoy convencido de que el planteamiento del artículo 2 será estructuralmente positivo porque, sin perjuicio de otras posibilidades que se podrían utilizar, se establece con carácter permanente un mecanismo nuevo de equilibrio de situaciones coyunturales.
Voy a terminar con dos análisis a dos cuestiones donde existen marcadas diferencias entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular. En primer lugar, quiero felicitarme porque las diferencias existentes sean en cuanto a la adopción de dos medidas de carácter transitorio porque esto quiere decir que con la ayuda de las altas esferas, el trabajo de todos y el transcurso del tiempo, las pocas diferencias que tenemos seguramente habrán desaparecido porque, como se suele decir, el tiempo todo lo cura, menos la muerte.
Senador Galán, con respecto a la cuestión de la Escuela Judicial sólo hay un punto con el que tengo que discrepar. Su señoría me habla de que en Francia y en Holanda dura mucho más el período de formación en la Escuela Judicial, que se forma a los alumnos muy intensamente, que además acuden a órganos colegiados donde son arropados por sus compañeros y se les instruye, etcétera. Es maravilloso. Seguramente los gobiernos de esos países han podido ir ampliando la dotación y cubriendo las cubriendo plazas...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Iribas, le ruego vaya concluyendo.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Termino, señor Presidente.
No somos los padres de la criatura de la actual configuración de la Escuela Judicial. Cuando ustedes gobernaban no se acudía a órganos colegiados , no había períodos dilatados, etcétera. Nosotros vamos a trabajar intensamente, creemos en la solución transitoria y pensamos que ayudará y cooperará a la formación.
Finalmente, con respecto a la prolongación de la edad, he de decirle que es una medida que estaba solicitada en el Libro Blanco de la Justicia, en su página 103 concretamente, reiterada en la exposición motivada del Consejo General del Poder Judicial de 1 de abril de 1998. A su señoría le parece una medida que no aporta demasiado, y le tengo que decir simplemente una cosa: nuestro Grupo no acaba de entender su rechazo a la prórroga de edad de los magistrados de cara a la jubilación, es decir, no acabamos de comprender que su Grupo no esté de acuerdo con que un magistrado pueda trabajar con 71 años como titular, pero sí con que lo haga como contratado vía suplencia. Sus señorías no se oponen a que con esa edad y con más años se les contrate como sustitutos, y nosotros consideramos que la contratación como titulares o incluso el hecho de que se facilite que estos titulares profesionales mantengan su vigencia y su tarea como eméritos garantiza, primero, no crear más vacantes; segundo, no cubrirlas con sustitutos y, tercero, mantener a unos expertos profesionales que sin duda van a adoptar resoluciones que no van a dar lugar a tantos conflictos, lo que, en definitiva, también va a garantizar mayor agilidad, mayor seguridad y mayor calidad a la Justicia.
Por ello hemos trabajado con ustedes, han aportado ustedes mucha labor y mucho esfuerzo y en ese camino seguiremos avanzando en la segunda fase.
(El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Iribas.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el veto les ha dado la oportunidad de posicionarse sobre la globalidad de esta ley, y además quiero agradecer, a algunos al menos, su acuerdo con nuestra crítica, aunque no compartan este veto.
Por mi parte, oída la posición de los diferentes grupos parlamentarios, lo tarde de la hora, que algunos Senadores están cenando, etcétera, considero que llamar a votación sería un exceso. Por tanto, retiro el veto y nos ahorramos así la votación.
Muchas gracias.


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El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cámara.
Pasamos a debatir los votos particulares. Voto particular número 2 de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, que se corresponde con las enmiendas números 1 a 10.
Tiene la palabra el señor Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy rápidamente. Hace un momento he dicho que había cierta coincidencia tanto en la globalidad de nuestras críticas como en relación con alguna cuestión en concreto; por ejemplo, nuestra enmienda sobre la edad de jubilación. Planteamos que adecuar la edad de jubilación a días de empleo actuales es importante, hay que adecuar la cobertura de posibles vacantes mediante magistrados suplentes, sería deseable que como máximo fuera hasta los 65 años, al ritmo de cobertura de vacantes mediante concurso-oposición.
En cualquier caso, existe alguna otra enmienda que me parece importante, como es la número 10, que suprime los artículos 5, 7 y 8 por la motivación que ustedes tienen en el documento. Por tanto, dicho esto, y dando por defendido el conjunto de las enmiendas de forma global, concluyo mi intervención pidiendo que las mismas sean sometidas a votación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cámara.
Entiendo que da por defendidas las enmiendas del Senador Quintana.
(Asentimiento.) Gracias.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Hay dos enmiendas, las números 11 y 12, sobre la designación por parte del Fiscal General del Estado de miembros de tribunales o de Comisiones valorativas. Las dos enmiendas son para sustituir Fiscal General del Estado por Consejo Fiscal. Parece que la representatividad es mucho más democrática y acorde con los tiempos que corren.
Las enmiendas números 14 y 15 están en relación con las vacantes de Secretarios de Juzgados de Paz, y las doy por defendidas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy directamente a las enmiendas en tanto que son cuatro las que mantenemos vivas, y el minuto y medio que tengo de tiempo por cada una de ellas, hace que la defensa dé para poco.
Empezaré por referirme a la número 22, que pretende abordar algo de lo que el proyecto de ley no contiene --lo decía en la primera parte de mi intervención--, algo tan importante como la cuestión de la Oficina Judicial. Entendemos, señorías, que ésta hubiera sido una buena oportunidad para iniciar un cambio, que nos llevaría a introducir algunas modificaciones en el artículo 272 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y que es, en definitiva, lo que nuestra enmienda propone.
Plantea una doble reforma: en primer lugar, que en el apartado 4 del artículo 272, cuando se habla del Ministerio de Justicia como el órgano encargado de determinar estructuras, plantillas, horario y jornada de trabajo especiales, etcétera, se incorpore la referencia del órgano competente de la Comunidad Autónoma, y, en segundo lugar, añadir un nuevo apartado 5 que expresamente contemple que corresponderá a cada autoridad competente, conforme a lo indicado en el punto anterior, el apartado 4, por supuesto previo informe favorable del Consejo General del Poder Judicial, la fijación y desarrollo del modelo de estructura organizativa y de gestión que garantice una conexión eficaz entre los servicios comunes y cada oficina judicial, promoviéndose la integración de responsabilidades de gestión y la unificación de dirección técnica sobre los medios personales y materiales adscritos a cada Partido Judicial, y todo ello, señorías, no podía ser de otra manera, con exclusión de las funciones de carácter procesal. Se trataría en definitiva, y es a lo que va dirigido nuestra enmienda, de empezar a remover los obstáculos existentes para que puedan sentarse las bases destinadas a facilitar una organización administrativa eficaz de la Administración de Justicia, simplificando, entre otras cosas, el exceso de instancias competentes en el ámbito de la gestión y posibilitando el desarrollo de modelos integrales con técnicas modernas y propios y exigibles desde la eficacia y eficiencia de cualquier organización de trabajo, aunque no sea la de la Justicia.
Para ello es necesario establecer, y la enmienda lo hace, la habilitación que permita activar lo que podríamos denominar las cláusulas subrogatorias autonómicas, lo que permitiría una intervención gestora eficaz por la Administración Pública que tenga asumida la cobertura de medios personales y materiales, y todo ello, como quedaba dicho, sin perjuicio del contenido esencial de los derechos y libertades que establece la ley y del respeto a las potestades implícitas de autoorganización del Poder Judicial.
La enmienda número 23 tiene que ver con otra cuestión igualmente capital, la de los cuerpos nacionales, que tampoco se aborda en el presente proyecto de ley. Es de sobra conocida nuestra posición al respecto.
Estamos por la desaparición de tales cuerpos, y en esta línea está nuestra enmienda número 23, que propone la modificación del artículo 454 de la Ley Orgánica del Poder Judicial en su apartado 2, y también supone dar una nueva redacción al artículo 455 a la vez que añadir una disposición transitoria

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nueva a la Ley Orgánica del Poder Judicial. No entraré en los pormenores de esta enmienda por razones de tiempo, y sólo diré que ésta es una medida necesaria y urgente por la incidencia directa de los recursos humanos en la gestión del servicio público por la que se pretende corregir las disfunciones del modelo a las que se encuentra sometida la gestión de personal al servicio de la Administración de Justicia, integrado en «cuerpos nacionales», en aquellas Comunidades Autónomas que tienen asumidas competencias en la materia.
Finalmente, señorías, las enmiendas números 21 y 26 obedecen a un mismo sentir. Ambas son coincidentes con las números 14 y 15, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. ¿Qué se pretende con estas dos enmiendas? Lo que se pretende es, en virtud de la primera, dar una nueva redacción a los apartados 1 y 2 del artículo 478 de la susodicha Ley Orgánica del Poder Judicial. Se trataría concretamente, y por entendernos, en el apartado 1, de reservar en el Cuerpo de Secretarios Judiciales una de cada cuatro vacantes de la tercera categoría al personal titular de una Secretaría de Juzgado de Paz o Agrupación de Secretarías de Juzgados de Paz, que esté en posesión del título de licenciado en Derecho y lleve al menos cinco años de servicios efectivos en la misma, y en el apartado 2 de ese mismo artículo se trataría de reservar en ese mismo Cuerpo de Secretarios Judiciales también una de cada cuatro vacantes de la tercera categoría al personal del Cuerpo de Oficiales, en este caso, que estuviera en posesión del título de licenciado en Derecho y llevara al menos cinco años de servicios efectivos en aquél.
En el primer caso de los señalados, la selección se realizaría por riguroso orden de antigüedad como titular de la Secretaría, y en el segundo, se haría por concurso, con arreglo al baremo de méritos preestablecido en función del historial académico y profesional y de su antigüedad.
La segunda de las enmiendas, la número 26, pretende la adición de una transitoria nueva en virtud de la cual aquellos funcionarios que a la entrada en vigor de esta ley se encontraran desempeñando en propiedad una plaza de Secretario de Juzgado de Paz, que estuvieran a su vez en posesión del título de licenciado en Derecho y llevaran al menos cinco años de antigüedad realizando las funciones, se integren ya en la tercera categoría del Secretariado de la Administración de Justicia, cubriendo en este caso, por riguroso orden de antigüedad de servicios efectivos en la Secretaría, mediante concurso específico a este Cuerpo las vacantes que en ese momento existieran en la citada categoría.
En todo caso, y eso es algo que la enmienda número 15, de Coalición Canaria no contempla, pero sí la nuestra, estos funcionarios a los que se refiere la transitoria seguirían, con el carácter de funcionarios en prácticas, un curso de formación en el Centro de Estudios Judiciales.
También pretende la enmienda que los funcionarios que tengan en propiedad una plaza de Secretaría de Juzgado de Paz y que a partir de la entrada en vigor de la ley cumplan cinco años de servicios efectivos en la misma y obtengan la licenciatura en Derecho, podrán participar en los concursos a que se refiere el artículo 478 conforme a la nueva redacción que damos a través de nuestra enmienda.
Son enmiendas, señorías, que se nos antojan más que oportunas en un proyecto de ley que pretende, como decíamos antes, ser un plan de choque y de adopción de medidas urgentes para la agilización de la Justicia. La medida que se propone garantizaría precisamente que la Oficina Judicial contara con personal ya formado que sería de incorporación casi inmediata y que tiene, por otra parte, más que demostrada su experiencia profesional y su cualificación en la tramitación y el impulso procesal, cualidades que son ni más ni menos que las que deben acompañar al Secretario Judicial.
Por lo demás, nos consta que esta pretensión no cuenta sólo con el respaldo de nuestra enmienda o la del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, sino que otros grupos en esta Cámara ven también con buenos ojos ambas enmiendas. Por tanto, ni que decir tiene que estamos abiertos a cualquier transacción sobre la base de nuestras enmiendas.
Para terminar, señor Presidente, diré que estas propuestas cuentan también con el beneplácito de numerosos colegios de abogados --tengo aquí, y están a su disposición, infinidad de escritos al respecto--, como los de Tenerife, Sevilla, Guipúzcoa, Ciudad Real y Alcalá de Henares, de procuradores de Vizcaya, Alava y Madrid, e incluso del Consejo General de la Abogacía Española, que amparan y apoyan nuestra iniciativa.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Zubia.
Votos particulares números 8 y 9, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, voy a proceder a la defensa de las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, y lo voy a hacer en el marco de lo que era la ley en su comienzo. Por tanto, voy a referirme a temas generales contenidos en las enmiendas que hemos presentado.
Seguramente, la primera enmienda que todos deberíamos haber presentado debería haber sido al título, porque no parece que el contenido de esta ley se refiera a medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia. Quizá se trate de una cuestión de descripción técnica.
Pero dejando de lado esa cuestión, me voy a centrar en nuestra opinión respecto de las cuatro medidas que se establecen en esta ley. Estamos de acuerdo con la primera; no ha habido enmiendas y la vamos a votar a favor, porque creemos que la unificación de las oposiciones para el acceso a las carreras fiscal y judicial es una buena medida.
Asimismo, consideramos buena la segunda medida adoptada, esto es, la flexibilidad en lo que se refiere a la adscripción de magistrados en las salas de los tribunales superiores de justicia de acuerdo con el volumen de actividad. Por tanto, tampoco en este caso hemos presentado enmienda alguna.


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Y no es que éstas sean grandes medidas que permitan resolver --o por lo menos empezar a hacerlo-- algunos de los principales problemas. Tampoco son un plan de choque, o al menos no lo consiguen. Las medidas son modestas, su eficacia previsible es escasa, pero son medidas positivas.
Por tanto, como he dicho, no las hemos enmendado, estamos de acuerdo con ellas, y las vamos a apoyar.
Nuestra discrepancia se encuentra en las grandes opciones tercera y cuarta, que consideramos un error. Así, la reducción del tiempo de formación en la Escuela Judicial es un error porque no va a resolver nada a corto plazo. Además, temo las medidas provisionales cuando no se establece una fecha para su finalización. Sé que en España lo permanente se convierte en transitorio; se busca la estabilidad, y se llega a lo transitorio. Por ejemplo, ya estamos reformando la ley del menor antes de que entre en vigor --seguramente éste es un récord digno del Guiness, como la ley con más reformas antes de que tenga eficacia--. Como digo, lo transitorio se convierte en definitivo con mucha facilidad.
Soy consciente de que hay actitudes y opiniones --espero que sean minoritarias-- acerca de que el paso por la Escuela Judicial debe ser muy breve, o que ésta no debe existir. Pero considero que esa reducción de la formación, aunque sea por pocos meses, es un error desde el punto de vista de la política inmediata y un peligro, sin entrar ahora a definir lo que deba hacer la Escuela Judicial, desde el punto de vista de que posteriormente no pueda ser ésta discutida de forma más o menos directa.
Por ello, pedimos la supresión de este artículo.
Asimismo, solicitamos la supresión del aumento de la edad de jubilación a los 72 años en una ley que ahora tenemos la certeza de que no podía entrar en vigor antes del 12 de diciembre. Eramos conscientes de que ésta era una ley de medidas urgentes, un plan de choque inmediato, pero no antes del 12 de diciembre. Por tanto, creo que la eficacia para cubrir vacantes es relativa. ¿Por qué no se utiliza el cuarto turno? ¿Por qué no es ése el criterio de la vía principal? No se trata de que esté a favor o en contra de que exista una jubilación a los 72 años, pero me parece que con esa medida no se resuelve ningún problema y se crea una asimetría innecesaria. Y cuando una medida es asimétrica, innecesaria y, además, como en este caso, se establece un período de dos años para su finalización, no nos parece que sea una sabia medida, a no ser que se quiera la jubilación a los 72 años como algo permanente. Y éste es un primer paso. Por tanto, vemos otra vez que lo transitorio puede convertirse en definitivo.
Ya he dicho que había dos modestas medidas con las que estoy de acuerdo, y otras dos con las que no lo estoy. En este sentido, creo que hemos dejado pasar una oportunidad. Porque es cierto que ha existido voluntad transaccional, incluso en el Pleno, donde se han presentado unas enmiendas transaccionales que conllevan la retirada de los votos particulares que mantenían mi Grupo y el Grupo Socialista y suponen la retirada en este mismo momento de la enmienda número 35, ya que lo que proponía queda también resuelto en la enmienda transaccional.
Pero, como digo, hemos dejado pasar un año importante para la vida del Gobierno, como es el primero. Y creo que no es bueno que malgastemos la oferta para llegar a un pacto por la Justicia; a un pacto a medio plazo, con acuerdos y compromisos plurianuales; un pacto que se pueda llevar adelante gobierne quien gobierne para no incurrir en la politización de la Administración de la Justicia, un pacto, en definitiva, con el que estamos de acuerdo y que vamos a apoyar, y un pacto con el que celebro que ahora también esté de acuerdo el Grupo Popular para que pueda aceptar o proponer --porque eso ahora no importa-- la oferta que en 1993 hizo el Ministro Belloch.
Seguimos creyendo que la Administración de Justicia es demasiado importante para la vida y la libertad de un país como para no alejarla de su simple administración por parte de un partido mayoritario, por lo que es necesario el acuerdo de la inmensa mayoría de las fuerzas políticas y de los sectores ideológicos. Debemos agilizar y modernizar la Administración de la Justicia, y para eso todos somos necesarios. Todos podemos aportar algo. Pero no malgastemos lo que podría haber sido un buen arranque. Mantengamos la confianza de que eso aún es posible. En cualquier caso, en mi opinión, no es que el primer paso se haya dado en falso, pero con él no hemos avanzado. Quizá hayamos conseguido el deshielo, y eso ya es muy importante. Esperemos que en la segunda fase se dé un paso más, aunque sea pequeño, para que entre todos se dibuje la Administración de Justicia que nosotros queremos y que los españoles se merecen.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Molas.
Voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
He dicho antes que nuestro grupo mantenía vivas doce enmiendas, pero la verdad es que en este acto procedemos a retirar las enmiendas números 46, 50 y 52. La enmienda número 46, por cuanto ya se halla incorporado al dictamen el texto de la misma; la número 50, porque también está incorporada al texto nuestra oferta de transacción, ofrecida en el Congreso de los Diputados, y la número 52 porque prácticamente está conseguido nuestro objetivo, al ser aprobada la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que interesa la supresión del apartado quinto de la disposición final tercera de la Ley 5/2000, Reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores.
Por tanto, en este acto, quedan vivas sólo nueve enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario. La número 40, viene a ser una matización, porque lo que pide es que se incorpore en el apartado sexto de la exposición de motivos el contenido que comprende el texto del artículo 2 del proyecto.
Se pretende que se matice un poco más este traslado de magistrados del Tribunal Superior de Justicia de unas salas a otras.


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En cuanto a las demás enmiendas, están agrupadas en tres bloques, y así las defenderé, por cuanto ya fueron defendidas de forma individual en la Comisión de Justicia. En el primer bloque lo que se solicita es la participación de la audiencia previa y preceptiva de las Comunidades Autónomas con competencia en la materia de justicia, cuando se trate de la adopción de determinadas decisiones que allí se contemplan. A esta finalidad va encaminada la enmienda número 48, así como la número 46, que ha sido aceptada, y por tanto su texto queda incorporado en el propio proyecto.
En segundo lugar, se solicita también la intervención preceptiva de la Conferencia sectorial de asuntos relacionados con la Administración de Justicia, y a este cometido van dirigidas las enmiendas números 45 y 47.
En tercer y último lugar, las enmiendas números 41, 42, 43, 44 y 49, persiguen la integración de funcionarios o altos cargos de las Consejerías de Justicia o equivalentes de las Comunidades Autónomas con competencia en esta materia en una serie de órganos que no dejan de ser de la Administración General del Estado.
Para finalizar, diré que nosotros, en principio, no éramos partidarios la pasada legislatura --y así lo he puesto de manifiesto en mi intervención--de variar la duración de la preparación de los magistrados, pero creo que con la negociación que hemos llevado a cabo y la incorporación del texto definitivo al proyecto, se asegura bastante su preparación, porque no sólo están en la Escuela Judicial los doce meses y los seis meses de práctica tutelada, sino que además en el año posterior vienen obligados a participar en unos cursos de formación continua. Por tanto, entendemos que esa preparación complementaria será suficiente.
Pero además es que se trata de una medida transitoria, tiene fecha de caducidad, y por tanto va destinada sencillamente a cubrir las vacantes que son inminentes.
Estamos de acuerdo con lo que ha dicho el Senador Molas del cuarto turno, pero esta medida de choque que se incorpora al proyecto es más a más, y por tanto no está reñida con los correspondientes ingresos por cuarto turno.
En cuanto el Pacto de Estado, ya he dicho antes --y lo ratifico ahora-- que estamos de acuerdo, de ahí el sacrificio que ha hecho nuestro grupo al no incorporar muchas iniciativas y esperar a que sean debatidas próximamente en ese futuro Pacto de Estado.
Por último, he de decir que nuestro grupo apoyará la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Mixto; se abstendrá en la enmienda número 14, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria; aceptará las enmiendas números 17 y 20, del Senador Quintana, y apoyará también las enmiendas números 22 y 23, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, señoría.
Votos particulares números 4 y 5, del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la mayor rapidez voy a intentar defender las enmiendas que contienen nuestros votos particulares, números 4 y 5, a este proyecto de ley. Es indudable --y podrán deducirlo sus señorías de mi anterior intervención respecto a la totalidad de la ley y al veto presentado en su momento a la misma-- que para nosotros las enmiendas más importantes son las números 30 y 31, así como su corolario natural, la enmienda número 27 a la exposición de motivos. Con estas tres enmiendas pretendíamos suprimir los artículos 3 y 4 y los dos párrafos de la exposición de motivos que a los mismos se refieren. En definitiva, estábamos refiriendo en ellas los temas que ya he abordado del acortamiento del período de formación de los jueces y la prolongación de la edad de jubilación de los mismos.
¿Por qué nos oponemos al acortamiento del período de formación? Señorías, lo intenté explicar antes: nos preocupa la desertización judicial; nos preocupa la falta de jueces para cubrir las vacantes que existen en las plantillas; nos preocupa la insuficiencia y la obsolescencia de la actual planta judicial, necesitada de revisión, pero al mismo tiempo nos preocupa tanto o más la formación y, por tanto, la calidad de nuestros jueces. Cada vez más, señorías, y basta con que ustedes consulten las encuestas populares respecto a la Administración de Justicia, se critica, no sólo la lentitud de la justicia --lo que se hacía anteriormente con gran insistencia--, el retraso en la resolución de los asuntos, la demora de los expedientes en los juzgados, la lentitud en definitiva de los procesos de ejecución de las sentencias, sino que se critica ya por los ciudadanos cada vez más el contenido de las propias sentencias.
Hay por tanto que partir, señorías, de la situación actual; en la actualidad, el período de formación de nuestros jueces es de dos años, como saben perfectamente: uno, destinado a la formación teórica, otro a la práctica, pero en ese segundo año de formación práctica se produce ya la incorporación real de los opositores a tareas jurisdiccionales como jueces adjuntos, bajo la tutoría de los jueces expertos. Lo que se pretende ahora con la medida de choque es sencillamente que a los dieciocho meses no empiecen a ejercer como jueces adjuntos, o en algún caso como jueces sustitutos, sino que pasen a cubrir sus destinos en propiedad.
Lo preocupante, señorías, es que esta decisión de la ley rompe un modelo de Escuela Judicial nuevo que se puso en pie en 1997, frente al conservadurismo de sectores reaccionarios dentro de la Administración de Justicia y dentro de la carrera judicial. Esos sectores no entendían para qué era necesario un curso de dos años de duración, un a vez que se habían aprendido los opositores quinientos temas y habían superado los correspondientes ejercicios de las oposiciones; no entendían ni entienden que se suspenda, como ha sucedido este año, a cuatro opositores por no haber superado ese cursó de formación teórica-práctica en la Escuela Judicial, y que ha sido criticado por ese sector de la magistratura durísimamente a los actuales responsables de la Escuela. Es ese modelo de escuela judicial nuevo, que actualmente está hablando de dos años, porque sabe que es imposible aspirar a más, pero que pretende, a medida que no existan vacantes, que vayan teniendo disponibilidades

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presupuestarias para cubrir las que se vayan produciendo, y cuando la reforma de la Administración de Justicia en el plano legislativo no dé lugar a una ampliación tan rápida y progresiva del número de jueces y magistrados, pretende --digo-- ser más amplia y llegar a esta media del conjunto de los países de la Unión Europea.
Señorías, en el momento actual, por ejemplo en España, por cada juez hay más de 12.000 ciudadanos. La media de la Unión Europea, como sabe perfectamente su señoría, no llega a 8.000 ciudadanos por juez. Tenemos que llegar a esa situación, pero tenemos que lograrlo conservando la calidad de la Justicia, no impidiendo sino mejorando, y no retrocediendo en la política de formación de nuestros jueces.
Por lo que respecta a la otra medida, la edad de jubilación, ya dije antes que me parecía que tenía efectos limitados. He mirado la cifra, y afecta a 109 magistrados, 18 del Supremo y 91 de los distintos escalones de la jurisdicción, muy lejos, por tanto, de cubrir sólo las vacantes presentes: 221. Además, debemos reflexionar, señorías, sobre si los jueces que actualmente se jubilan a los 70 años no se van a su casa y siguen todos prestando servicios a la Justicia, bien como jueces suplentes o como jueces sustitutos.
En definitiva, la medida, más que de choque para agilizar la Justicia, no es más que una medida a la que el Gobierno cede, fruto de la presión de un sector muy relevante de la magistratura, con una presencia importante en el Tribunal Supremo, con terminales poderosas en el Consejo General del Poder Judicial, y entiendo que estarán muy satisfechos porque han conseguido seguir dictando sentencias, impartiendo justicia, ejerciendo sus funciones, pero no ya como jueces sustitutos o suplentes, sino en plenitud, bajo el rimbombante título de magistrados eméritos.
En definitiva, creo que la medida, más que criticable porque vaya a tener efectos perversos --ahí está su carácter transitorio--la criticamos porque nos parece que no va en la dirección adecuada.
Las restantes enmiendas son de menor calado. Voy a referirme sólo a alguna que me parece importante. Por ejemplo, en el capítulo segundo, al que antes no hice referencia y que va a contar con el apoyo de nuestro grupo, tenemos una enmienda, la número 33, que pretende suprimir el actual recurso previsto para la unificación de doctrina que, si bien nos parecía que carecía bastante de sentido cuando estábamos hablando de llevar a cabo la unificación de doctrina de las sentencias de diecisiete tribunales superiores de Justicia de las Comunidades Autónomas, ahora que la sentencias en apelación contra las decisiones de los jueces de menores van a producirse por las audiencias provinciales y por la sala de menores de la Audiencia Nacional, cincuenta y cinco órganos judiciales distintos, nos parece algo realmente ridículo que la tarea de uniformar la doctrina, la tarea de preservar la aplicación de la norma penal, pueda sustanciarse a través de este recurso.
Nosotros no somos partidarios, señorías, de una triple vía judicial, pero nos parece que un recurso de casación cuidadoso en el que nos refiramos sólo al artículo 849.1, al 850 y al 851 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y no entremos en abrir las posibilidades de casación por la vía del 949.2 de dicha ley, no va a suponer un exceso tremendo de posibles recursos y, sin embargo, va a garantizar la función nomofiláctica que debe llevarse a cabo por parte del Tribunal Supremo respecto a la aplicación de estos tribunales de Justicia. Piense su señoría que, por ejemplo, en el Código Penal, basta con que una pena de prisión sea superior a cinco años para que tenga que resolver un órgano colegiado.
Aquí caben medidas de internamiento para los menores de hasta diez años de duración que las resuelve un juez unipersonal que puede ser de esos jueces que acaban medianamente sus dieciocho meses de formación y tienen que entrar a aplicar la ley sin que después quede más posibilidad que la apelación ante la Audiencia Provincial.
Por último, señoría --y con esto termino--, a las los disposiciones adicionales, finales y transitorias de este proyecto de ley, se habían incorporado determinadas enmiendas, en el trámite de Comisión, formuladas por el Grupo Parlamentario Popular, que nos preocupaban profundamente. La primera de ellas, a la disposición transitoria, suponía sencillamente la posibilidad de suspender la aplicación sine die de la Ley de responsabilidad penal de los menores para los infractores incluidos en el tramo de edad de 18 a 21 años. Nos parecía escandaloso y exigíamos un límite temporal de esta medida para posibilitar, en ese período de moratoria, la negociación con las Comunidades Autónomas para alcanzar con ellas, en las ponencias técnicas y luego en la conferencia sectorial, los correspondientes compromisos en cuanto a la financiación y su reflejo presupuestario, que tiene que producirse a través de aportaciones de créditos de la Administración central a la Administración Autonómica.
Hemos logrado un acuerdo, un consenso con el Grupo Parlamentario Popular a última hora de esta mañana sobre este tema, que me parece de interés.
También las disposiciones adicionales quinta y sexta suponían para nosotros una preocupación. En la quinta se eliminaba un tope legal máximo del número de letrados que dependen del Gabinete Técnico del Tribunal Supremo. La Ley de Demarcación y Planta habla de 35 letrados al servicio del Tribunal Supremo. Sabemos de la reivindicación permanente del Supremo de llegar al nivel en cuanto al número de letrados, que tiene el Tribunal Constitucional. Nos parece desmesurada esa exigencia de un letrado por magistrado que el Tribunal Supremo ha planteado al Gobierno actual como lo hizo con Gobierno anterior. Nos parece por tanto preocupante que se haya deslegalizado esa cifra máxima y se atribuya al Ministerio de Justicia la composición y plantilla del Gabinete, pero en aras del acuerdo, del consenso, hemos pasado por encima de este tema que no nos gusta al haber conseguido que de todas maneras, la formación de este Gabinete Técnico de Documentación e Información del Supremo, no sea una negociación directa del Ministerio con la Sala de Gobierno del Tribunal sino que, previamente, se exija el necesario informe del Consejo General del Poder Judicial.
Por último, en la disposición adicional sexta, hemos logrado cerrar esa apertura que se hacía a las excepciones del principio de incompatibilidad de los magistrados del Supremo para ejercer otras funciones que no sean las de

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miembro de la Junta Electoral Central, presidentes de oposiciones de tribunales de oposiciones a la carrera judicial y, al mismo tiempo, Presidente de la Mutualidad General Judicial. Se han recortado las posibilidades de flexibilidad, y creemos que ha llegado el acuerdo que nos permite la retirada, por un lado, de nuestra enmienda 28, en la que está sustentada una de las enmiendas transaccionales firmadas por todos los grupos y, por el otro, el voto particular número 4, lo que da lugar a que terminemos este tema diciendo: Plan de medidas de choque; a favor.
Reserva respecto a esas dos medidas transitorias que aquí se incluyen y que creemos, señorías, que no tienen más importancia que el ir en la dirección equivocada.
Por lo que respecta al resto del proyecto, una vez que se ha alcanzado el consenso fruto del diálogo, del acuerdo, del intercambio de criterios y de posiciones que ha habido sobre esta materia en esta Cámara, contará con el apoyo de nuestro Grupo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Galán.
Para un turno en contra tiene la palabra el Senador Iribas, del Grupo Parlamentario Popular.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero agradecer el tono de todas las intervenciones y, lógicamente, como no podía ser menos, agradecer expresamente al Senador Cámara la retirada del único veto con que contaba el proyecto de ley.
Con respecto a las enmiendas que se han dado por defendidas, correspondientes al voto particular número 1, se deduce nuestra posición en contra por los términos que también se derivan de nuestras anteriores intervenciones y de las que voy a manifestar aquí con respecto a los demás votos particulares.
En cuanto al voto particular número 2, además de haber agradecido ya la retirada del veto, debo decir que se han defendido las enmiendas números 9 y 10. Por lo que respecta a la enmienda número 9, vamos a posicionarnos en contra porque entendemos que la enmienda es absolutamente contraria a la finalidad del proyecto y no produciría sino una mayor desertización y pérdida en la carrera de jueces profesionales y experimentados.
Entendemos, además, que la motivación no se sostiene. La Justicia tiene que tener como objetivo resolver los conflictos de los ciudadanos, no crear empleo público a base de jubilar y mandar a casa a los jueces precisamente en la edad en que mayor capacidad de producción en cantidad y en calidad pueden tener, que son los 60 años que se plantean en la enmienda presentada por los Senadores Cámara y Cabrero.
Con respecto a la enmienda número 10, debo decir que el artículo 8 al que quiere referirse no existe. La modificación de la que se habla en el tema de las competencias ya está recogida en el proyecto. Por otra parte, el Capítulo II es consecuencia de las previsiones de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores. En él se contempla la competencia de las Audiencias Provinciales para conocer de los recursos de apelación contra las sentencias de los Juzgados de Menores y, en definitiva, entendemos que no tiene razón de ser la referida enmienda.
Con respecto al voto particular número 3, que se ha centrado fundamentalmente en la enmienda número 11, queremos señalar dos cuestiones. Una ya se expresó en un anterior debate, y es que ésta es una cuestión que se puede tratar en el Pacto de Estado, como todas, pero ésta es una de ellas, sin duda; otra, que entendemos que hoy por hoy la posición manifestada, expresada y sentada por el Tribunal Supremo es la de que el Consejo Fiscal es un órgano de asistencia al Fiscal General del Estado y que, por lo tanto, carece de facultad de nombramiento.
Por lo que se refiere al voto particular número 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, estamos convencidos de que hay una serie de enmiendas que cuentan con el apoyo de algunos sectores afectados. A fuer de sinceros hay que manifestar que este proyecto ha sido respaldado por el Consejo General del Poder Judicial, pues no en vano recoge varias de las peticiones propuestas o sugerencias formuladas por él en los últimos tiempos; ha sido respaldado por el Ministerio Fiscal, e incluso por la Comisión Sectorial que integran las distintas Comunidades Autónomas con competencias en esta materia.
Se ha hablado de las cuatro enmiendas que en este momento mantiene vivas el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Con respecto a la enmienda número 21, nuestro Grupo considera adecuada la actual redacción del artículo 478 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que regula la promoción profesional de los Oficiales de la Administración de Justicia sin merma, en ningún caso, de los principios de igualdad, mérito y capacidad para ingresar en la Función Pública.
En cuanto a la enmienda número 22, entendemos que la fijación y el desarrollo, del modelo de estructura organizativa y de gestión de la Oficina Judicial ha de establecerse como principio básico y general para todo el Estado, con una entidad estable y de permanencia, por lo que en todo caso planteamos que se enmarquen dentro del Pacto de Estado por la Justicia que pretendemos conseguir aquellos planteamientos que, como ha señalado el Senador, pretenden la desburocratización, la agilización o la modernización, puesto que en ese camino nos vamos a encontrar siempre.
Con respecto a la enmienda número 23, debo decir que el carácter de «cuerpos nacionales» de los Cuerpos al servicio de la Administración de Justicia entendemos que viene respaldado por la jurisprudencia constitucional. En todo caso, no es un objetivo concreto de este proyecto sobre medidas urgentes, tal y como hemos conceptuado desde nuestro Grupo, lo que es esta primera fase de las tres que el Ministro en su día expuso ante la Cámara y que configuran su plan.
La enmienda 26, en coherencia con el rechazo de la enmienda número 15, hace que entendamos que no se precise establecer régimen transitorio alguno.
Por lo que se refiere al voto particular número 9, quiero agradecerle al Grupo Parlamentario de la Entesa, y concretamente

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al Senador Molas, la retirada de sus votos particulares y de la enmienda número 35, que no es sino consecuencia de lo que ha sido la actitud de diálogo y el talante y el ánimo de encuentro del Grupo Parlamentario Popular. Le agradezco también que textualmente haya señalado que las dos primeras son dos buenas medidas, así las ha calificado, y también son positivas.
Con respecto a la reducción transitoria del período de formación en la Escuela Judicial y a la prolongación transitoria de la edad, me va a permitir su señoría, aunque en estos momentos no se encuentra presente, que aproveche para contestarle juntamente con los Senadores del Grupo Socialista --a lo mejor entonces ha podido regresar al Pleno.
No entendemos los temores ni el miedo a que estas dos soluciones transitorias se puedan mantener. Las soluciones transitorias son transitorias y tienen, como se ha señalado bien por algún parlamentario que me ha precedido en el uso de la palabra, fecha de caducidad. Por lo tanto, de alguna manera es pretender juzgar intenciones o aventurarlas, y lo cierto es que la norma va a decir lo que va a decir y nada más que lo que va a decir, y prolongarlas exigiría otra norma y, por lo tanto, la voluntad y la concurrencia de la voluntad de las Cámaras.
Como ha señalado el Senador Molas, el Pacto de la Justicia es cuando menos un pacto a medio plazo, es un tema importante, de envergadura, que exige sentido de Estado y que en una cuestión que no ha surgido hoy todos hagamos trabajar la maquinaria, la hagamos rodar y avancemos. Hemos avanzado --lo ha reconocido el Senador Molas y ha dicho textualmente que hemos conseguido un deshielo y que eso es importante-- y, sea cual sea la conceptuación de si lo que ha habido es deshielo y, por tanto, movimiento de mayor o menor rapidez, lo cierto es que ese avance sustancial que se a producido y que se puede valorar en el hecho de que no haya veto y de que haya apoyo explícito a muchas de las normas --prácticamente a todas salvo al artículo 3 y al artículo 4-- que se integran en el proyecto, tiene que hacer que nos felicitemos.
Con respecto al Senador del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, también agradezco la retirada de sus enmiendas números 46, 50 y 52 que, por otra parte, como él mismo ha señalado, son consecuencia de la negociación y del talante de encuentro que ha presidido el trámite en esta Cámara, y en relación con las que ha defendido, nos reiteramos en que, como señala el Tribunal Constitucional, la selección de jueces y magistrados es una competencia inequívocamente estatal por pertenecer al concepto en sentido estricto de Administración de Justicia, y señalar también, con respecto a la enmienda número 41 y a las que con ella tienen que ver, que entendemos que el carácter nacional y único de las carreras judicial y fiscal aconseja que los miembros de los tribunales calificadores pertenezcan a cuerpos nacionales o si no son funcionarios sean designados por los órganos de gobierno de ámbito estatal de la profesión correspondiente, bien por el Consejo General de la Abogacía en su caso, bien por todos los demás órganos que se señalan en el correspondiente artículo. En definitiva, entendemos que, como ha tenido ocasión de pronunciarse el Tribunal Constitucional, sea por la vía del artículo 149.1.5ª de la Constitución, sea por la del artículo 122.1, lo es que toda la competencia en materia de selección de jueces y magistrados corresponde con carácter exclusivo al Estado.
En todo caso, y con respecto al apoyo a las medidas transitorias y al talante de diálogo, de consenso y de encuentro que ha manifestado, también quiero señalarle nuestro agradecimiento.
Voy a pasar a contestar a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista . Quiero agradecerle expresamente el apoyo que ha dado al plan de medidas de choque, y, efectivamente, a favor es la postura del Grupo Parlamentario Socialista con las diferencias que, gracias a Dios, son fundamentalmente en dos cuestiones transitorias, como he señalado antes, y que por tanto en el transcurso del tiempo las hará pasar.
Sí quiero en todo caso centrarme en las dos soluciones transitorias a que ha dado importancia, la de la Escuela Judicial y la de la edad. Con respecto a la primera, el Senador Galán ha manifestado que les preocupa la calidad, y a nosotros también nos preocupa, tanto la de los profesionales como la de las resoluciones que de ellos dimanan. Por ello queremos más jueces, más jueces titulares, más jueces expertos y menos jueces sustitutos.
Pero es que, además, esta medida transitoria que nosotros planteamos y que se dice que rompe un modelo de Escuela Judicial --se ha dicho literalmente-- no es original. La reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial en el año 1994 modificó el artículo 307 estableciendo dos años de duración de curso teórico-práctico; no obstante, la disposición transitoria tercera, apartado tercero ya disponía para las dos primeras convocatorias realizadas a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 16/1994, de 8 de noviembre, una duración mínima global de un año. Efectivamente, eso se planteó; había razones que entonces se entendieron como de peso, y nosotros creemos que en estos momentos concretos en que siguen existiendo muchas vacantes hemos ampliado considerablemente la planta y, como hay necesidades que cubrir, tenemos que plantear transitoriamente lo que, como digo, no es una fórmula nueva, sino algo que ya existía en la ley. Por una parte las soluciones transitorias, por otra, la aplicación que se venía y se viene realizando del artículo 216 bis y que hace que, en definitiva, no estemos en realidad ante una innovación perturbadora, sino que se trata de regular con mayor precisión y con carácter, como siempre, provisional o transitorio, una situación que en el fondo consigue evitar más sustitutos, lo que constituye nuestro verdadero objetivo.
Evidentemente, el ideal sería mantener a los alumnos que han superado la licenciatura en Derecho, la oposición e incluso el período de formación.
El ideal sería poder ampliar ese tiempo. Sabemos que lo mejor es enemigo de lo bueno, que hay que establecer un equilibrio en la situación actual que atraviesa la Justicia, y en ese sentido nuestro planteamiento es claro con respecto a que necesitamos más titulares enseguida. Queremos que esos jueces que están haciendo su función como adjuntos o como sustitutos puedan pasar a desempeñarla ya --puesto que hecho la realizan

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a través de la aplicación del artículo 216 bis-- como jueces titulares, sin perjuicio de complementar su formación con todos los cursos que el Consejo General del Poder Judicial pueda organizar.
Con respecto a la prolongación de la edad se ha dicho en algunas intervenciones de quienes me han precedido en el uso de la palabra que no se ha minusvalorado, no se ha señalado que las medidas parezcan mal, pero sí parecen escasas. Nosotros entendemos que, efectivamente, los magistrados que se jubilan son los que son, y, por tanto, aquellos a quienes se les puede prolongar la edad de jubilación son algo más de un centenar, pero entendemos que siempre será preferible que no hayan de ser sustituidos por sustitutos --valga la redundancia-- y puedan seguir en el ejercicio de su función mientras reúnan las condiciones de capacidad que establece la Ley Orgánica del Poder Judicial, a que, por el contrario, no haya ninguno. Entendemos que más vale que haya un centenar o dos de magistrados frente a que no haya ninguno.
Por lo tanto, aunque les parecieran pocas las vacantes algunos de los Grupos, la posición correcta debería haber sido, cuando menos, la de apoyarlas o incrementarlas pero no suprimirlas, propiciando así, en definitiva, la creación de vacantes.
En cuanto a la enmienda que en su día se incorporó referente a magistrados eméritos, creemos que sirve para diferenciar. No entendemos la minusvaloración --por decirlo así-- que hace el Grupo Parlamentario Socialista. En Comisión llegó incluso a decirse poco menos que alguno querría esa denominación para exhibirla en su tarjeta de visita, y la enmienda que en su día planteó Convergència i Unió era razonable y nosotros la hemos apoyado e incorporado.
Senador Galán, no sé cómo le consta a su señoría que en el Consejo General del Poder Judicial tengan terminales poderosas para con este Gobierno. No sé si será por la experiencia personal que su señoría pueda haber tenido (El señor Galán Pérez hace signos negativos.), pero tengo que decirle una cosa, Senador: nosotros no creemos que la satisfacción de unos magistrados del Tribunal Supremo sea algo que vaya a perjudicar la Justicia. Si adoptamos una serie de medidas y creemos que son razonables, positivas y, además, hay gente que se queda contenta, miel sobre hojuelas. Pero en todo caso estamos convencidos de que éstas son unas medidas adecuadas adoptadas en su día por el Gobierno al que ustedes sostenían y en estos momentos consideramos que concurren las circunstancias adecuadas para que debamos hacerlo.
Como he dicho, sus señorías no se oponen a que se contrate a los magistrados como sustitutos, pero sí se oponen a su prolongación en la edad y a que, por tanto, sean titulares. Creemos que el que pueda prorrogarse su función, siempre que reúnan las condiciones de capacidad que la Ley señala es algo positivo. Por tanto, nos parece que esa experiencia garantizará la calidad, redundará en evitar recursos y conflictos y, en definitiva, satisfará más a los ciudadanos.
Su señoría ha señalado otras dos cosas, una referente a la enmienda número 33. Ha dicho que ustedes no son partidarios de una triple vía de revisión judicial, pero tampoco lo somos nosotros. Entendemos que el régimen de recursos establecido en la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores lo está de forma satisfactoria. Están garantizadas dos instancias y el recurso de casación para la unificación de doctrina ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo para los sujetos afectados, y entendemos que, en definitiva, está garantizada la labor nomofiláctica.
Y quiero señalar puntualmente varias cuestiones más. Se ha establecido un límite temporal a la moratoria que hemos pactado con el Grupo Parlamentario Socialista y con los restantes grupos parlamentarios de la Cámara, pero me va a permitir su señoría que no le reconozca la paternidad exclusiva, porque cuando en Comisión aceptamos la enmienda del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, advertimos ya que a lo largo del trámite legislativo propiciaríamos que se fijara un límite razonable, que es, además, lo que Coalición Canaria también había dejado sentado por su parte en el debate de su enmienda 21 en el Congreso de los Diputados.
Por lo tanto, esta victoria tiene muchos padres; ya sabemos que siempre la derrota es huérfana y la victoria tiene muchos padres. En este caso, lo cierto es que los tiene.
La disposición adicional quinta la hemos querido establecer para dotar de flexibilidad al órgano al que se refiere. También hemos querido fijar garantías que satisficieran al Grupo Parlamentario Socialista y a los demás Grupos de la Cámara, y no es nuestra intención, en modo alguno, que aquello se utilice --como se suele decir en términos coloquiales-- para pegarle un subidón al número de letrados previsto en la Ley de Demarcación y Planta, que creo recordar que eran 35. Y respecto a la disposición adicional sexta va a servir, sin duda, para modernizar la gestión y la Administración de Justicia a través de la informatización y de la renovación tecnológica. Creo que también hemos dado todas las garantías de cuál era nuestra verdadera voluntad.
Por último, quiero manifestar la satisfacción y nuestra defensa y apoyo, como es lógico, a las transaccionales que hemos suscrito con todos los grupos parlamentarios de la Cámara. Deseo agradecer una vez más a todas sus señorías todo su esfuerzo, todo su trabajo y su talante, y les emplazamos para la segunda fase de este plan de reforma y modernización de la Justicia, y esperemos que pronto --no digo como hoy, que son las doce menos cuarto de la noche-- empecemos ya a pensar en el mañana.
Muchas gracias, a sus señorías. Muchas gracias, señor Presidente.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Iribas.
Entramos en el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a votar el proyecto de ley orgánica sobre medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
Empezamos por las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero. Voto particular número 2, primero votamos la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 69; en contra, 131; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 8.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, dos; en contra, 138; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, dos; en contra, 200; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Mixto, enmiendas originarias del Senador Quintana números 16 y 19.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, ocho; en contra, 186; abstenciones, 17.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 77; en contra, 132; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 18.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, dos.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 14; en contra, 133; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, enmiendas números 11 y 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, tres; en contra, 202; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 14.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 72; en contra, 134; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 15.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 73; en contra, 140.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Voto particular número 6, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas números 21 y 26.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 73; en contra, 140.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 22 y 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 17; en contra, 134; abstenciones, 62.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Voto particular número 8, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 36, 37 y 39.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 64; en contra, 142; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.


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Voto particular número 7, de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, correspondiente a la enmienda número 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 77; en contra, 134; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Votamos ahora el resto de las enmiendas de Convergència i Unió, números 41 a 49, salvo la 46, que ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 14; en contra, 135; abstenciones, 64.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Voto articular número 5, del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas números 27 a 31, salvo la número 28, que está retirada, y las números 33 y 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 64; en contra, 141; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la propuesta de modificación del dictamen que tiene número de registro 9776, firmada por todos los grupos.
Señorías, ¿quieren que la lea? (Denegaciones.) ¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.) Se aprueba.
Siguiente propuesta de modificación del dictamen, que tiene número de registro 9777 y afecta al artículo 3, también firmada por todos los grupos.
¿Puede aprobarse por asentimiento? (Asentimiento.) Se aprueba.
Siguiente propuesta de modificación del dictamen número de registro 9778, que afecta al artículo 6 y está firmada por todos los grupos.
¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Se aprueba.
A continuación, votamos el dictamen en dos bloques.
En primer lugar, los artículos 3 y 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 148; en contra, 65.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos 3 y 4 del dictamen.
Votamos el resto del dictamen, artículos 1, 2, 5 a 7, disposiciones adicionales, disposición transitoria, disposición derogatoria, disposiciones finales y la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 210; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY 50/1981, DE 30 DE DICIEMBRE, POR LA QUE SE REGULA EL ESTATUTO ORGANICO DEL MINISTERIO FISCAL (S. 621/000008) (C. D.
121/000013).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Presidente de la Comisión, el Senador Juan Moya.


El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
El procedimiento de urgencia por el que se guió la tramitación de esta ley comienza con su entrada en el Senado el día 27 de noviembre, fecha, igualmente, de su publicación, y el plazo de enmiendas culmina el día 1 del presente mes. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Senador Moya, un momento, por favor. (Rumores.) Senador Moya, un momento, por favor. (Rumores.) Senador Moya, un momento, por favor. (Rumores.) Senador Moya, un momento, por favor.
Imaginen sus señorías lo difícil que es oír si a mí por el altavoz no me escucha el Senador Moya. Le he tenido que llamar cuatro veces la atención.
Ruego a los señores Senadores, silencio, por favor. Silencio.


El señor MOYA SANABRIA: Gracias.
Al presente proyecto se presentaron seis enmiendas, distribuidas de la siguiente manera: una del Grupo de Coalición Canaria, dos del Grupo de Entesa Catalana de Progres, dos del Grupo Socialista y una del Grupo Popular.
La Ponencia, que estuvo integrada por don Salvador Capdevila i Bas, doña María Inmaculada de España Moya, don Joaquín Galán Pérez, don José Antonio Marín Rite y don Alfredo Prada Presa, se reunió el pasado día 4 de diciembre, emitió su informe e incorporó la enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Popular, y, por tanto, quedó incluida en el texto del proyecto de ley.


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La Comisión emitió dictamen el día 7 de diciembre, aceptando en todos sus términos el texto propuesto por la Ponencia en su informe.
A este proyecto de ley han presentado voto particular los grupos parlamentarios Coalición Canaria, Entesa Catalana de Progrés y Socialista.
El proyecto de ley en su actual redacción consta de un artículo único y una disposición derogatoria, precedida de un preámbulo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Moya.
¿Sus señorías quieren hacer el debate de totalidad? (Pausa.) Pasamos al debate de las enmiendas.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, correspondiente a la enmienda número 1.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Ríos por tiempo de diez minutos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La presente modificación del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, así como las realizadas en los casi veinte años de su vigencia determinan la ineludible necesidad de su desarrollo reglamentario, que no puede dejarse a un Reglamento preconstitucional y anterior a dicho Estatuto, cuya vigencia es más que discutida y que, además de desarrollar dicha ley, regula e nuevo ámbito de actuación del Ministerio Público, así como los criterios de adscripción y especialización de sus miembros.
Por tanto, la enmienda es de adición a la disposición final y con ella se propone que el Gobierno, durante la presente legislatura, procederá a la promulgación de un reglamento fiscal. Así evitaremos el sonrojo de que siga funcionando un Reglamento preconstitucional.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas números 4 y 5.
Tiene la palabra el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Muchas gracias, señora Presidenta. Señorías, sobre esta ley hemos hablado fuera y dentro de la Ponencia con un gran espíritu pactista, en la que el Partido Popular ha conseguido incorporar su enmienda por lo que nos hemos de felicitar. (Risas.) Nosotros mantenemos las mismas enmiendas que habíamos presentado. Seguramente, haya razones a favor y en contra de la admisión de las mismas, pero nosotros creemos que ambas deberían ser atendidas.
Por un lado, nos parece necesaria la presencia de los Secretarios Judiciales al servicio de los Fiscales, sobre todo cuando éstos tienen atribuidas competencias de tipo instructor en materia de protección de los menores. Pero lo más evidente para nosotros es la necesidad de que exista un Fiscal que dirija la persecución en materia de violencia doméstica, porque este problema va en aumento y no se atiende lo suficiente. Si hacemos una reforma del Estatuto Fiscal, es necesario que este tema se aborde. No puede decirse que se ha planificado esta reforma para hacer otra cosa, sino que hay que atender a una de las necesidades más evidentes de hoy en día y enfrentarse a ese tema tan candente.
En definitiva, ésas son nuestras enmiendas. Las hemos presentado con la conciencia y la seguridad de que el criterio es compartido y la confianza de que es el momento adecuado de presentarlas. No son temas sobre los que pueda hacerse un reconocimiento genérico de acuerdo en los principios para ser remitidos a otro momento más oportuno; en ese sentido, los legisladores pueden decidir. Esta Cámara es de segunda lectura, no de segundo discurso, y puede tener criterio. En este caso, el criterio es enfrentarse y abordar uno de los problemas más agudos y básicos: el de la violencia doméstica, y ahora tiene una oportunidad de hacerlo. Si cree que no es importante, entonces discreparemos y ustedes votarán en contra de esta enmienda.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Molas.
El voto particular número 2, correspondiente al Grupo Parlamentario Socialista, será defendido por el Senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Comprendo que a estas horas sus señorías se enfaden con los intervinientes, pero ésa es la tarea que nos han asignado pasada la media noche.
La señora Ministra de Justicia del Gobierno anterior --y es que el Gobierno actual es un Gobierno que se sustituye a sí mismo; es un Gobierno del señor Aznar que sustituye a otro Gobierno del señor Aznar-- anunció en junio de 1996 que traería a esta Cámara una importante reforma relativa al Ministerio Fiscal. Hoy nos encontramos con una tímida modificación que no es otra cosa que una adaptación a la modificación de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.
Lo cierto es que el Ministerio Fiscal tiene encomendadas importantes competencias en materia de protección de los menores. El Ministerio Fiscal asume la falta de capacidad de obrar y de representación legal de los menores y acude a todos aquellos órganos en los que se atiende a la protección de los menores. La Ley de Responsabilidad Penal de los Menores le encomienda una nueva responsabilidad al Ministerio Fiscal, que es la instrucción; esperemos que esa facultad de iniciativa procesal que le otorga al Ministerio Fiscal pueda extenderse a nivel general.
Es verdad que el Estatuto del Ministerio Fiscal necesita una adaptación.
Nosotros estamos de acuerdo con eso, y, por lo tanto, vamos a votar favorablemente este proyecto de ley. Pero presentamos dos enmiendas al mismo que voy a tratar de defender brevemente.


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Señorías, la enmienda número 2 propone crear en cada Fiscalía una Sección de Violencia Familiar para atender a los problemas derivados de la misma.
El 25 de noviembre pasado celebramos el Día Internacional contra la Violencia de Género. Como decía el Senador Molas, se está produciendo un rechazo general contra esta violencia. No podía ser de otra forma, y es que muchas mujeres en España son violadas, agredidas, lesionadas y asesinadas a lo largo del año.
Señorías, nosotros pedimos algo que responde a una necesidad real como es dar respuesta a esa situación. Un portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados decía que esta enmienda era bonita y oportuna, pero que al tiempo era un poco liosa y que conllevaba un gran despilfarro. No quiero hacer demagogia con el tema del despilfarro, y lo tendría fácil con sólo referirme al déficit cero. Este tema es muy serio y vamos a procurar tratarlo con seriedad.
Entendemos, señorías, que es un reto al que no podemos volver la espalda.
Tenemos que utilizar todos los instrumentos posibles para que podamos disminuir esa situación de violencia en las familias. Yo no soy de los que piensa --luego tendremos oportunidad de hablar de esto-- que sea bueno lanzar a la sociedad el mensaje de que vamos a arreglar los problemas exclusivamente con las leyes. Pero lo cierto es que tenemos la obligación de suministrar todos los instrumentos que podamos para solucionar estos grandes problemas.
Señorías, la otra enmienda también responde a una necesidad. Como decía el Senador Molas, si en las Fiscalías se va a llevar a cabo la instrucción, hacen falta Secretarios allí. Es cierto que en la ley debatida con anterioridad se establece que los Secretarios asistirán a la Fiscalía, pero creemos que esta expresión es inconcreta y puede dar lugar a confusiones. ¿Qué quiere decir asistirán a las Fiscalías? ¿Que irán un rato todos los días, que estarán a su lado? Si se va a hacer la instrucción en la Fiscalía --instrucción significa fe, y hay que dar fe de los actos procesales y de iniciativa procesal--, es necesaria la Secretaría. Luego, nuestra enmienda responde también a una necesidad real.
Cumpliendo la promesa de brevedad, voy a ir terminando con una apelación a sus señorías. Hace un tiempo debatimos en esta Cámara --y están presentes algunos de los Senadores que participaron en aquel debate-- el tema de la pena de muerte. Todos coincidíamos al afirmar que hay materias de tal naturaleza que la posición que se toma ante ellas define en cierta medida al que la toma, como define al señor Bush su posición en relación con la pena de muerte.
La violencia familiar es un tipo de violencia muy especial; por un lado, es permanente y continua, hasta las grandes guerras mundiales empiezan y acaban, y, por otro, es privada. Los que hemos ejercido la abogacía --y aquí hay algunos compañeros que lo han hecho-- sabemos de la dificultad existente a la hora de presentar las pruebas en estos casos; en muchas ocasiones hemos visto a mujeres que habían sufrido malos tratos, y, a pesar de estar convencidos de ello, no las hemos podido atender y defender adecuadamente. De ahí, la importancia de que esa Fiscalía cuente con una Secretaría especializada en estos temas capaz de superar estas dificultades.
Yo decía antes que hay materias que marcan, desde luego, de acuerdo con la posición que se adopte ante ellas y ésta es una de esas materias.
Espero, señorías, que cuando apretemos el botón para votar, mandemos hacia la sociedad el mensaje de que estamos realmente dispuestos a acabar con esa situación, que nuestra decisión es real y pretende, además, ser efectiva.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marín Rite.
Turno en contra.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, voy a contestar a la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. Lo que esta enmienda pretende es que el Gobierno proceda a regular un reglamento fiscal.
Senador Ríos, precisamente acabamos de aprobar una ley con relación al Pacto de Estado por la Justicia que pretende reformar y adecuar la justicia a los nuevos tiempos y, fundamentalmente, conseguir que sea más rápida y eficaz; y, uno de los ejes de ese pacto es acometer un acuerdo básico para adecuar la normativa que regula al Ministerio Fiscal.
Por tanto, nos parece que no es el momento adecuado para acometer un reglamento fiscal y que sería más propio que su señoría presentase una moción instando al Gobierno a que realizara el citado reglamento.
Paso ahora a referirme a las enmiendas números 2 y 3 del Grupo Parlamentario Socialista, que se corresponden respectivamente con las números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Las enmiendas números 3 y 5 pretenden una adición al artículo único, apartado cuatro (nuevo), con el mismo fin con el que se ha introducido una modificación en el proyecto de ley orgánica de medidas urgentes para la agilización de la Administración de Justicia, en la que se modifica la Ley Orgánica del Poder Judicial y, a nuestro juicio, nos parece técnicamente más correcta la modificación que hemos hecho en la ley que acabamos de votar y aprobar que en este proyecto de ley.
Por último, sobre las enmiendas números 2 y 4 tengo que señalar que con excepción de la breve referencia que ha hecho el Senador Marín Rite al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados, suscribo el resto de las alegaciones y manifestaciones que ha hecho en cuanto a la preocupación de su Grupo Parlamentario por la violencia doméstica o la violencia contra las mujeres, por no hablar con eufemismos. Además, su señoría es consciente de que los miembros del Grupo Parlamentario Popular suscriben íntegramente el contenido de sus palabras.
La cuestión que se trata aquí es si crear o no la figura especial de un fiscal de violencia doméstica. Ha preguntado

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si estábamos preocupados con este tema y le tengo que decir que no sólo estamos preocupados sino que estamos ocupados; en lo que discrepo con su señoría es en la metodología. Como le decía el otro día, señoría, en este momento está en funcionamiento un plan de choque contra la violencia doméstica. El Gobierno actualizará ese plan de choque contra la violencia doméstica porque es un problema que preocupa al Gobierno y a grupos parlamentarios. Asimismo, después del terrorismo --del que después tendremos oportunidad de hablar--, el problema de la violencia doméstica, de la violencia contra las mujeres es, junto con el paro, el que más preocupa al conjunto de los españoles.
Su señoría sabe que, a nuestro juicio este tema hay que tratarlo de forma más amplia, hay que intentar buscar fórmulas para resolver, de verdad, esta problemática y que el hecho de crear una fiscalía especial que se encargara exclusivamente de los asuntos relacionados con la violencia doméstica en cada una de las Audiencias Provinciales o en los Tribunales Superiores de Justicia no iba a resolver el problema; es un tema mucho más complejo y en esta Cámara se ha tratado este asunto, se seguirá tratando y se están buscando soluciones. Precisamente porque en esta Cámara se ha tratado este asunto sus señorías tienen que recordar que cuando modificamos el Código Penal en la anterior legislatura, introdujimos medidas para intentar evitar que se siga dando en el grado tan importante que se produce el problema de la violencia contra las mujeres. Por eso, hemos introducido modificaciones en el Código Penal que significan que, en este momento, el juez puede ordenar que se aleje al agresor de la víctima, se ha considerado la violencia psíquica como delito y como falta y demás medidas. Es más, fíjense la preocupación que tiene esta Cámara, que después de un intenso, interesante e importante debate se ha constituido una Ponencia para estudiar este problema en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer, que está comenzando sus trabajos.
Como nos parece que la respuesta al problema de la violencia doméstica tiene que ser global, creemos que su propuesta no es la solución ni la panacea que vaya a arreglar el problema, como tampoco es el momento de la modificación legal para la creación de esta figura.
Para terminar, Senador Marín Rite, en cuestiones de violencia contra las mujeres, le pudo asegurar que el grado de tolerancia del Grupo Parlamentario Popular es cero y, si me permite la expresión, cero patatero.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Prada.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Prada, no le he urgido para que se realice el reglamento mañana mismo, que el texto de la enmienda dice que se haga a lo largo de la presente legislatura.
En cualquier caso, y sin que sirva de precedente en este Parlamento, le tengo que decir que me ha convencido. Le voy a tomar la palabra y voy a retirar la enmienda, pero ya sabe usted que presentaré próximamente una moción en esa línea, y la Cámara es testigo.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente tres palabras para fijar la posición de mi Grupo respecto al proyecto de ley que nos ocupa. En primer lugar, quiero decir algo que es sobradamente conocido de sus señorías, que el deseo del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos sería que, de una vez por todas, se abordara una modificación profunda del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.
En segundo lugar, quiero añadir que, pese a que ése es nuestro deseo, somos conscientes de que, en este momento, estamos ante un proyecto que tiene como causa y objeto el dar cumplimiento única y exclusivamente a la disposición final segunda, en su apartado 2, de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores y que, sencillamente, consiste en adecuar la organización del Ministerio Fiscal a lo establecido en dicha ley. Consecuentes con esa postura, no hemos presentado ninguna enmienda y por tanto, no tenemos ninguna en este acto.
En tercer lugar, quiero señalar que, en función de todo ello, nuestro voto va a ser favorable al dictamen de la Comisión pero, eso sí, con la salvedad que se corresponde con la única variación que ha sufrido --al menos hasta ahora-- el texto del proyecto a su paso por esta Cámara. Por tanto, votaremos en contra y pediremos la votación separada correspondiente del párrafo segundo del apartado 3 del artículo único, en cuanto que se corresponde con la introducción de la enmienda número 6 del Grupo Parlamentario Popular, en coherencia con la reforma que se hace de la Ley Orgánica de Responsabilidad Penal de los Menores en el proyecto que después debatiremos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Zubia.
¿Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero dejar constancia de la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió al presente proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.


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Para ello, quiero reiterar la posición que ya manifestamos en la Comisión de Justicia, de apoyo rotundo al presente proyecto de ley.
Lamentamos no poder apoyar ninguna de las enmiendas presentadas por los demás grupos parlamentarios porque seguimos manteniendo nuestra posición, al igual que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, a la enmienda inicial presentada por el Gobierno y que hoy debatimos, cuyo único objetivo es adaptar la estructura del Ministerio Fiscal para la entrada en vigor de la nueva Ley reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores; adaptar, en definitiva, el Estatuto del Ministerio Fiscal a las reformas introducidas en la referida Ley reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor 5/2000 y que aborda perfectamente la iniciativa presentada.
Estamos de acuerdo con la enmienda número 2 del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, a pesar de que ha sido retirada, porque entendemos que este Reglamento es preconstitucional, pero no nos parece oportuna. En todo caso, nosotros también les invitábamos a que la formularan con posterioridad, incluso en el debate del pacto de Estado cuando se trate la reforma y mejora de la Administración de Justicia, pues pensamos que ése sería el mejor momento para debatir esta iniciativa.
Lo mismo sucede con el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, números 2 y 3, así como las números 4 y 5 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, cuyo contenido es bastante parecido, por no decir idéntico.
Nuestro Grupo comparte los argumentos esgrimidos respecto la enmienda número 2 del grupo Parlamentario Socialista, que se corresponde con la enmienda número 4, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, pues nuestro objetivo prioritario es la lucha contra la violencia doméstica, pero insistimos en que aquí y ahora no es oportuna la presentación de dicha enmienda y podría ser objeto de ese debate del pacto de Estado al que se nos ha invitado constantemente por parte del Grupo Parlamentario Popular. Consideramos que en ese momento habrá más tiempo y mayor espacio reglamentario para su debate. Por todo ello, nuestro voto a estas dos enmiendas, números 2 y 4, será de abstención, y votaremos en contra de las números 3 y 5.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente. Simplemente, Senador Ríos, en nombre de mi Grupo deseo agradecerle su gesto, y felicitarme por haber tenido la capacidad de convencerle en el criterio de que en la modificación de una ley es más propia la presentación de una moción u otro tipo de iniciativa parlamentaria que la elaboración de un reglamento, aunque con el plazo de una legislatura.
Quiero agradecer igualmente al Senador Zubia su voto favorable.
Efectivamente, el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal --y no son palabras mías, sino del Ministro Acebes-- va a ser objeto de una modificación profunda, como su señoría ha dicho, y yo diría que hasta completa, precisamente para adecuarlo a los fines de esa Justicia del siglo XXI a la que me he referido con anterioridad, esa justicia que todos queremos eficaz y rápida.
También deseo agradecer al Senador Capdevila el apoyo que ha mostrado al conjunto del texto que va a ser objeto de votación.
Simplemente, señora Presidenta, quiero decir para que quede constancia en el «Diario de Sesiones», que con la enmienda que se ha introducido en el trámite de Ponencia, propuesta por el Grupo Parlamentario Popular, se establece una sección de menores en la Fiscalía de la Audiencia Nacional, reforma que es coherente con la modificación de la Ley Orgánica reguladora de la Responsabilidad Penal del Menor que precisamente atribuye a la Audiencia Nacional el conocimiento de los procedimientos contra los menores en materia de delitos de terrorismo. Este proyecto de ley va a ser objeto de debate y votación a continuación, y es lógico que si, a la vez, se estaba tramitando una reforma del Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal, se introduzca esta enmienda. También entiendo el criterio --aunque evidentemente no lo comparto-- del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, pero creo que es muy coherente su introducción en el trámite parlamentario en el Senado.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Prada.
A continuación, vamos a proceder a la votación del proyecto de ley de modificación de la Ley 50/1981, de 30 de diciembre, por la que se regula el Estatuto orgánico del Ministerio Fiscal.
Retirado el voto particular número 1 de Coalición Canaria, votamos el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. En primer lugar, enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 63; en contra, 127; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 5 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 61; en contra, 134; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos el voto particular número 2 de los Senadores Socialistas. En primer lugar, la enmienda número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 205; a favor, 64; en contra, 127; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 63; en contra, 135; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos a continuación el dictamen en dos bloques. Primero, el párrafo segundo del apartado tres del artículo único.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 206; a favor, 194; en contra, 11; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 202; a favor, 201; en contra, uno.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE JUSTICIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL Y DE LA LEY ORGANICA 5/2000, DE 12 DE ENERO, REGULADORA DE LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS MENORES, EN RELACION CON LOS DELITOS DE TERRORISMO (S. 621/000015) (C. D. 121/000018).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Justicia en relación con el proyecto de Ley Orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
Para la presentación del Dictamen, tiene la palabra el Presidente de la Comisión de Justicia, Senador Moya.


El señor MOYA SANABRIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
El proyecto de ley orgánica que se va a tramitar ahora mismo en el Pleno tuvo su entrada el pasado día 1 de diciembre en el Senado, terminando el plazo de presentación de enmiendas el día 5 del presente mes, procediéndose a dictaminar por parte de la Comisión el pasado día 7, dado que la Comisión no designó Ponencia y el dictamen se hizo directamente sobre el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Como la Comisión no aprobó ninguna de las tres propuestas de veto que se presentaron ni incorporó ninguna,de las 46 enmiendas que igualmente se presentaron al proyecto de ley, en este momento hay votos particulares mantenidos correspondientes a las tres propuestas de veto de los señores Quintana González, Cámara Fernández y Cabrero Palomares y Senadores Nacionalistas Vascos, y los votos particulares de las 46 enmiendas que todavía siguen vivas correspondientes a: once del Senador Quintana González, dos de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, siete del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, siete del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tres del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y seis del Grupo Parlamentario Socialista.
El proyecto de ley orgánica en su actual redacción, que es la misma, por tanto, que la que vino del Congreso de los Diputados, consta de cuatro artículos, una disposición adicional y una disposición final, precedido de un preámbulo.
No obstante, señora Presidenta, a pesar de la urgencia procedimental, de la urgencia social del proyecto de ley y de la urgencia de la hora, este Presidente no quiere dejar pasar el momento para dar las gracias a todos los compañeros de la Comisión de Justicia y, principalmente, a los ponentes de los tres proyectos de ley, los dos que hemos dictaminado y éste, a pesar de que ya lo hice constar en la Comisión, porque, aunque las urgencias no son buenas consejeras, cuando se tienen buenos profesionales, no siempre ese precepto se cumple.
Al mismo tiempo, quiero hacer extensiva la gratitud de una forma muy especial al personal de la Cámara y al Letrado de la Comisión, por la forma en que se han entregado a los proyectos de ley; éstos lo merecían pero, indiscutiblemente, cuando se hace de la forma en que ellos lo han hecho, es muy de agradecer.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias a usted, Senador Moya.
Vamos a debatir las propuestas de veto.
En primer lugar, voto particular número 2, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Señorías, creo que se imaginan la importancia que tiene para Izquierda Unida esta ley, así como la posición clara que tenemos al respecto. Sin embargo, hoy es un día de solidaridad con los familiares de don Francisco Cano, es también un día de solidaridad con la familia Popular y con todos los concejales, sobre todo de esos pueblos pequeños, y de todo el conjunto del Estado. También hoy es un día para expresar una posición nítida contra el terrorismo y la violencia, sin matices

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interpretables de ningún tipo. Por esto, voy a manifestar lo siguiente: el terrorismo, en mi opinión, limita las libertades en Euskadi y en el Estado de una forma tremenda, también nos limita a todos nosotros. Yo, al menos, me siento limitado en mi libertad, se lo digo sinceramente. Me hubiera gustado defender el veto y las enmiendas en una situación normal.
Sin embargo, yo no quiero en absoluto que el terrorismo limite mi libertad totalmente, al cien por cien, por eso no voy a defender ni el veto ni las enmiendas, y pido, sobre todo al Grupo Parlamentario Popular, que haga lo propio en la respuesta a este Senador, para intentar evitar cualquier matiz que en la polémica dialéctica pudiese darse.
Todos estamos en contra del terrorismo y de la violencia, y somos solidarios con vosotros, especialmente hoy, y lógicamente con la familia del concejal Francisco Cano, asesinado hoy. Por eso no voy a defender ni el veto ni las enmiendas, pero, en esa expresión de que el terrorismo no me limite mi libertad, sí voy a pedir que se voten el veto y las enmiendas.
Gracias (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
El voto particular número 1, presentado por el Senador Quintana González, perteneciente al Grupo Parlamentario Mixto, ha sido retirado.
Pasamos al voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que corresponde a la propuesta de veto número 3.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Zubia.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, efectivamente el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene presentada una propuesta de veto, amén de diecisiete enmiendas puntuales al proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica del 23 de noviembre, de 1995, del Código Penal, y la Ley Orgánica de 12 de enero del año 2000, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en relación con los delitos de terrorismo.
Pero esta misma mañana, hace tan sólo unas horas, un nuevo y cruel atentando, en este caso en Tarrasa, ha costado la vida al Concejal del Partido Popular, don Francisco Cano. Tal circunstancia no sólo no nos anima, sino que nos hace imposible desarrollar aquí y ahora y de manera serena las razones que vienen a justificar dichos vetos y enmiendas.
Señorías, coincido plenamente con quienes consideran que hechos como el de hoy no deberían condicionar el debate político y la actividad legislativa, pero justo es reconocer que en la práctica sí lo condicionan; al menos lo condicionan en cuanto no es posible abstraerse de su resultado y en cuanto no ayudan precisamente a validar una argumentación por importante, jurídica y basada en Derecho que ésta sea.
Por lo demás, nuestro Grupo no ha sido nunca, ni lo será, ajeno al dolor y al drama humano que hechos como el de esta mañana generan. Por ello, hemos entendido que quizá el mejor y más sentido homenaje que podemos dedicar hoy al asesinado, a don Francisco Cano, a su viuda e hijas, a los demás allegados, y a la gran familia del Partido Popular, al margen de las condenas y las solidaridades que, por supuesto, nunca sobran, y a las que nos sumamos, repito que el mejor homenaje que hoy podemos dedicarles es no defender nuestras propuestas desde esta tribuna.
En consecuencia, anuncio, señorías, que por pura coherencia con la posición que hemos mantenido a lo largo de toda la tramitación de este proyecto, votaremos en contra del dictamen de la Comisión, pero renunciamos en este momento a que sean sometidas a votación nuestra propuesta de veto y la totalidad de enmiendas presentadas.
Señora Presidenta, señorías, mis últimas palabras tienen que ser forzosamente para trasladar el pésame y mostrar el afecto sincero de este portavoz y de su Grupo al Grupo Parlamentario Popular.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: A la vista de que han sido retiradas las tres propuestas de veto, no sé si corresponde turno en contra. (El señor Prada Presa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, no correspondería turno en contra, pero el Senador Cámara no ha retirado la propuesta de veto. En cualquier caso, voy a atender la petición que el Senador Cámara ha hecho al Grupo Parlamentario Popular.
Creo que el turno de portavoces al final del debate nos sirve para fijar la posición de nuestro Grupo en relación con este proyecto de ley.
En consecuencia, quiero agradecer, en primer lugar, al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos el gesto que acaba de tener con la retirada y, sobre todo, la justificación, de su propuesta de veto y sus enmiendas. Hemos mantenido debates en Comisión, y conozco la postura del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos respecto de este proyecto de ley. Por tanto, creo que su gesto ha sido muy importante en aras de la unidad de los partidos democráticos en la lucha contra el terrorismo. Esperemos que sirva de comienzo para llegar a otros acuerdos y conservaciones que puedan producirse. Pero, como digo, éste no es el momento de entrar en ese debate.
Por otro lado, agradezco al Senador Cámara su gesto de no defender su enmienda de veto seguramente con el apasionamiento con que tenía previsto hacerlo, y agradecerle muy sinceramente, tanto personalmente, como en nombre de todo mi Grupo, su solidaridad para con todos los concejales de España, y muy particularmente con la familia a la que pertenezco, con la familia del Partido Popular, agradecimiento que extiendo, como es lógico, a todos los grupos de esta Cámara, que a lo largo del día de hoy nos han hecho llegar su solidaridad para con los concejales, afiliados, militantes y cargos públicos del Partido Popular.
Sólo me queda decir que, como es lógico, mostramos nuestro voto negativo a la propuesta de veto que queda viva, del Senador Cámara.
Muchas gracias. (Aplausos.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Prada.
Abrimos turno de portavoces.
¿Algún Grupo desea intervenir? (El señor Molas i Batllori pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señora Presidenta.
Si me lo permite, aprovecharía este turno para la defensa de las enmiendas que hemos presentado a este proyecto de ley, manteniendo así un tono en el debate que no se quebraría en dos turnos, puesto que versa sobre una misma cuestión, lo que justificaría esta intervención.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señor Molas. Entiendo que quiere aprovechar este turno para defender las enmiendas números 31 a 37, correspondientes al voto particular número 7, presentadas por su Grupo.


El señor MOLAS I BATLLORI: Efectivamente, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo, señoría.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señora Presidenta.
Además de efectuar esa defensa, quiero referirme a algo que desde todos los partidos que conforman el Grupo Entesa Catalana de Progrés está claro. El terrorismo ataca directamente a la libertad de las personas, es decir, ataca directamente a la condición de la persona, y ataca al orden constitucional y al Estado de Derecho. Por tanto, estamos radicalmente en contra de cualquier forma de imposición por la fuerza. Nuestra condena es total.
Frente al terrorismo es necesaria la legislación, es necesaria la acción de Gobierno, y es necesaria la unidad civil de todos los demócratas sin exclusiones, de todos aquellos que creen en la libertad y que creen que la defensa bajo cauces democráticos, libre de las opiniones, es legítima y defendible, de aquellos que están dispuestos a entregar, si es necesario, su vida para que todos puedan defender las ideas más opuestas a las propias.
Esta es la defensa del orden constitucional, la defensa del orden liberal, la defensa de los derechos humanos. Y eso es lo que recoge también nuestra Constitución. Lo recoge de forma clara, estableciendo delitos y protegiendo derechos. Lo recoge también estableciendo un mandato igualmente constitucional respecto de que el sistema penal esté orientado hacia la reeducación y la reinserción social. Es un equilibrio con decisión, pero un equilibrio. Seguramente, para llegar a ese equilibrio la legislación actual es suficiente, pero cualquier esfuerzo para mejorar las leyes es positivo. En ese sentido, creemos que el esfuerzo que se está haciendo lo es, y que es misión de las Cortes Generales.
La ley no es el instrumento único contra el terrorismo, pero es un instrumento indispensable. El texto que tenemos delante es mucho mejor que el proyecto que el Gobierno envió al Congreso, donde ya mejoró.
Ciertamente, no es un instrumento completo ni perfecto, y no sé si va a ser muy eficaz; si se concibe como instrumento único, no lo será, pero es un instrumento que los socialistas de la Entesa Catalana de Progrés apoyamos.
Repito, que consideramos que es un instrumento mejorable, que hubiera podido ser mejorado en segunda lectura en el Senado, y que era fácilmente mejorable en algunas cuestiones sobre las que, en el acuerdo final en el Congreso, sus participantes no quedaron plenamente satisfechos, según una opinión relativamente general; por ejemplo, en lo que a la organización de las inhabilitaciones se refiere. Al ajustar éstas, quizá por rapidez, no se llegó a tener suficientemente en cuenta la proporcionalidad de las penas. Por tanto, proponemos que la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena no pueda ser seguida de otra inhabilitación absoluta, sino de una inhabilitación especial para ocupar cargos públicos y honores después de la condena.
Por ejemplo, nosotros creemos que fue necesario y bueno el primer paso que se dio en el Congreso de los Diputados al diferenciar el tratamiento a las personas comprendidas entre 14 y 16 años del de las personas entre 16 y 18, y creemos que también es bueno mantener para el primer grupo el régimen actual legalmente existente hoy, que conlleva la revisión del internamiento al año por el juez y así no tener que esperar a la mitad del cumplimiento de la pena, como ocurre en el resto de los casos.
Creemos que tratar lo diferente de forma diferente es la fuerza de la razón, y nuestra fuerza ha de ser la fuerza de la razón, no la de la espontaneidad del grito, no la del pésame sentido, que puede ir combinado al mismo tiempo con la alegría insultante; no, ésa no. Nuestra fuerza es la razón, la constancia y la valentía de decir que nosotros estamos dispuestos a morir para defender las ideas de los que están contra nosotros, para que ellos puedan defender sus ideas, pero no para que maten. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Por esta razón estamos a favor de hacer lo posible para llegar a un acuerdo, que no ha acabado aún; conozco todas las posibilidades, pero le digo por última vez antes de la votación que todo es mejorable, y hay algo muy importante para que un país confíe en sus representantes: que éstos tengan criterio y sepan en cada momento darle a la Cámara la dignidad de hacer lo que tiene que hacer, que no es una segunda voz, sino una segunda lectura, revisión, segundo criterio y mejora.
El sentido del Senado es mejorar las leyes, llegar más allá de lo que se llegó, no simplemente decir que sí, porque para decir que sí, seguramente, como dicen los no partidarios de esta Cámara, no tiene sentido que sólo algunos digan que sí a lo que dice la primera Cámara. La segunda Cámara tiene voz, tiene criterio y debe saber encontrar su papel, y su papel es mejorar las leyes, ampliar los consentimientos de las leyes y hacerlas más eficaces.
Finalmente, la tercera enmienda tiende a rebajar a tres años el período que se establece para que el Gobierno informe sobre los efectos de la ley al Congreso de los Diputados. La razón es simple, desde mi punto de vista al menos,

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y es que la legislatura dura cuatro años; por tanto, sería bueno que el Gobierno, antes de finalizar sus actividades por disolución de la Cámara y convocatoria de elecciones pudiera formular una exposición, y no dejarlo para un nuevo gobierno que quizá ya tenga sus criterios, y puedan no ser coincidentes sobre la eficacia de la ley y seguramente habrá de tardar un cierto tiempo porque antes no pueda hacerse una idea sobre la nueva situación. Por ello creemos que lo prudente son los tres años.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Molas.
Tiene la palabra el Senador Capdevila por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo se suma a las palabras de sentido homenaje que se han vertido en esta Cámara, tanto por el Senador Cámara como por el Senador Zubia. También en este momento nuestro Grupo va a retirar las tres enmiendas que mantenía vivas. Nos sumamos pues a este sentido homenaje y nuestras palabras en este momento son para hacer frente a estos actos terroristas.
Yo creo que todos los grupos parlamentarios han puesto de manifiesto, incluso el grupo enmendante, la necesidad social de hacer frente al terrorismo. Todos rechazamos los actos terroristas, todos absolutamente ansiamos culminar con eficacia la persecución de las actuaciones delictivo-terroristas; todos contra la escalada de la violencia terrorista, y éste debe ser nuestro objetivo.
El problema del terrorismo no es exclusivo del País Vasco, lo ha comentado el Senador Cámara y yo ya lo manifesté en la Comisión de Justicia, sobre todo, con mayor razón si cabe, desde el momento en que los terroristas actúan fuera de aquel entorno se ha asumido ya como un problema, sin duda, que afecta a toda la ciudadanía española. Es por tanto un problema de todos, de nacionalistas y de no nacionalistas, y requiere la denuncia del terrorismo y el rechazo de toda la acción coactiva y violenta contra la ciudadanía, sin condiciones y sin pedir nada a cambio.
Requiere pues una llamada a todas las fuerzas políticas democráticas. La gravedad de las circunstancias y expansión del terrorismo lo requiere: 22 muertos, contando precisamente el de esta mañana, en nueve meses desde que se rompió la tregua, y por toda la geografía española, demuestran la gravedad de la situación y justifican la reclamación de la mayor seguridad por parte de los ciudadanos. Estamos de acuerdo en que la cólera de los ciudadanos, producto de la impotencia frente a los asesinatos y actos terroristas, poco ayuda, por lo general, a este equilibrio que ha manifestado el Senador Molas y a esta serena reflexión que precisa una reforma legislativa, pero no es menos cierto que estamos atravesando una situación que se viene arrastrando desde hace muchos años.
Es una cuestión de Estado y hay que poner fin a tal situación. Es hora de actuar y hemos de hacerlo en la forma que nos permite un Estado de Derecho, actuando dentro del Poder Legislativo, y ésta es una de las armas para combatir el terrorismo que tiene todo Estado de Derecho.
Estamos de acuerdo también en que la lucha contra el terrorismo tiene su mayor eficacia no solamente por la mayor penalidad de sus actos, sino también y sobre todo por la efectividad policial, con la persecución de los delincuentes, su rápida y eficaz detención, y, cómo no, con una rápida y eficaz aplicación de la ley. Y sobre todo, por lo que respecta a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal del Menor, con mayor razón, su aplicación con miras al objetivo prioritario y primordial, consistente en la reeducación y reinserción de los menores.
A pesar de las divergencias de algunos grupos parlamentarios que difieren de la iniciativa legislativa presentada por el Gobierno, en el fondo todos estamos de acuerdo en que lo fundamental, frente al terrorismo, es un Pacto de Estado en el que se dé el mayor consenso posible de todas las fuerzas políticas. No está reñido con que se lleve a cabo la reforma del Código Penal y de la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores con el endurecimiento de alguna de las penas y medidas relacionadas con actuaciones y conductas próximas a terroristas y a bandas armadas, ni con que se cubran las lagunas y dudas de interpretación que puedan dar lugar a dejar impunes ciertas actividades terroristas. Por ello, hay que proporcionar a los jueces las normas necesarias para hacer frente al terrorismo en todas sus vertientes.
Como ya dejó constancia nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los Diputados, nuestra posición ha de fijarse con miras a la finalidad, al espíritu y principios inspiradores del presente proyecto, y consecuentemente, esto determina que la posición de nuestro Grupo respecto a la enmienda a la totalidad de devolución que se ha mantenido en este acto sea un voto rotundamente negativo, y, por consiguiente, nos sumamos al mayor consenso posible en la lucha contra el terrorismo, representado por el presente proyecto de ley, con el consenso de los dos grupos mayoritarios, y nuestro Grupo por ello será favorable al dictamen presentado y al proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.
Continuamos con el turno de portavoces. Tiene la palabra el Senador Marín Rite.


El señor MARIN RITE: Señora Presidenta, señorías, lamentablemente no celebramos en condiciones normales este debate tan importante. Una modificación de leyes como el Código Penal y la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores es una operación legislativa importante, y, repito, no la estamos llevando a cabo en unas condiciones normales. Lo cierto es que esta mañana nos hemos enterado del asesinato de un concejal del Partido Popular.
Señorías, en España hay aproximadamente 80.000 concejales, los cuales constituyen, sin duda, la malla de representación más importante que tiene nuestro país, en el terreno, la expresión más potente de la democracia representativa sin duda. Es un patrimonio de todos. Esa malla tiene

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hoy una fisura provocada por este crimen. Yo, además de expresar mi solidaridad con la familia, con los compañeros, con los miembros del Partido Popular, deseo y espero que, cumplidos los trámites reglamentarios, el Partido Popular sustituya a este concejal por otro del Partido Popular para demostrar rápidamente, además de la barbarie, la ineficacia de la acción terrorista. Lo deseo y lo espero. (Aplausos.--El señor Laborda Martín: ¡Muy bien!) También quisiera dirigirme a los compañeros Senadores que han retirado sus enmiendas y sus vetos. Nosotros nos opusimos a los vetos, ya lo saben ellos muy bien, en la Comisión, y lo hicimos con extensión.
Quiero confesar que he tenido también esa tentación anímica, pero lo he pensado detenidamente y creo que debo hacer mi trabajo, que debo cumplir mi obligación sin que eso suponga una crítica, ni muchísimo menos, hacia estas posiciones. Por lo tanto, voy a defender la posición del Grupo Parlamentario Socialista en este importante asunto. Nosotros apoyamos, señorías, este proyecto de ley. Lo apoyamos. El proyecto de ley ha mejorado, como decía el Senador Molas, en el trámite en el Congreso de los Diputados. No vamos a poder mejorarlo aquí. Creo que podríamos hacerlo. Creo que el proyecto, efectivamente, es mejorable, pero lamentablemente parece que no va a ser posible esa mejora que nosotros pretendíamos.
Desde principio hemos mantenido objeciones concretas a este proyecto de ley, y mantenemos todavía algunas. Decíamos en la Comisión que no participábamos en la forma que se había presentado porque creíamos que se había hecho una exageración de la eficacia con el peligro que eso tiene cuando lo recibe una población que hoy está realmente preocupada y dolorida con el terrorismo. Decíamos también que se había minusvalorado la capacidad normativa de nuestro país para luchar contra el terrorismo.
España no ha estado nunca desarmada normativamente contra el terrorismo, ni lo está en este momento, antes de apoyar este proyecto de ley.
Nosotros presentamos una serie de enmiendas, a algunas de las cuales ya se ha referido el profesor Molas y yo voy a procurar no repetirlas. Son enmiendas que tratan de buscar ese equilibrio necesario entre el requerimiento constitucional, que sin duda es un requerimiento constitucional de defensa del Estado de Derecho que todos tenemos, y es lo que estamos haciendo aquí hoy también, y el otro requerimiento que también es un requerimiento constitucional de procurar que la pena que impone el Estado, haciendo uso de la facultad punitiva que le concede el legislativo, vaya dirigida fundamentalmente hacia la reinserción y la reeducación. Hay que procurar que tengan un sentido convergente, y eso es posible hacerlo. Por eso nosotros manteníamos diferencias en relación con la duración de la pena de inhabilitación absoluta, por eso nosotros también manteníamos y mantenemos diferencias en relación con el momento en el que se puede hacer uso de las medidas de suspensión de determinadas medidas en un caso de menores, y penas en otros.
Señorías, nosotros apoyamos el proyecto de ley, y lo hacemos porque creemos en el perfeccionamiento de las leyes. El Código Penal tiene cinco años. En esos cinco años han variado muchas cosas. La necesidad de adaptación es una necesidad que puede admitirse y es clave: comportamientos sociales cambiantes necesitan respuestas del legislativo sin duda alguna, y nosotros estamos en esa línea concreta.
Porque esta lucha, señorías, que es una lucha difícil, no puede desperdiciar ningún instrumento que esté a nuestro alcance, y tenemos que utilizarlos todos. La apoyamos, señorías, porque hemos tenido claro desde el primer momento que el Grupo Parlamentario Socialista, el mayor grupo de la oposición en España, tenía que ser en esto leal con el Gobierno de la nación.
Pero yo quiero hacer algo, que es explicar esa lealtad, y voy a procurar hacerlo con brevedad. Esa lealtad tiene un fundamento. No se trata de una complacencia o un seguidismo hacia el Gobierno. No es eso. Nosotros pensamos, señorías, que podemos, siendo leales al Gobierno, mandar un mensaje de unidad a la sociedad, mensaje que contribuye a un rearme moral que es imprescindible frente al terrorismo y en defensa del Estado de Derecho. Ese es uno de los fundamentos de nuestra lealtad, y ahí también me permitirán otro fundamento.
Los socialistas, señorías, desde hace ya más de 120 años, hemos luchado por las libertades. Este es un problema de libertades. Pero esa lucha por las libertades no es sólo nuestra lucha, pero es sin duda nuestra lucha.
Y al mismo tiempo, los socialistas hemos sufrido también, durante más de 120 años, el ataque despiadado del fascismo, del terrorismo, y los socialistas --aunque no sólo nosotros, pero sí desde luego los socialistas-- hemos pagado ese despiadado ataque con la vida, con la libertad, con los bienes de decenas de miles de compañeros. Ese es el fundamento de nuestra lealtad.
Muchas gracias, compañeros. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marín Rite.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra el Senador Prada.


El señor PRADA PRESA: Gracias, señora Presidenta, señorías.
Lamento comenzar esta intervención en el turno de portavoces recordando lo que ya se ha dicho esta noche y a lo largo de todo el día, es decir, que un representante del pueblo, un concejal, don Francisco Cano i Consuegra, ha sido asesinado sin razón, sin justificación. Es una víctima más de la barbarie, del terror, del crimen organizado. Esta mañana, señorías, precisamente en la Cámara Alta, en el Senado, se ha aprobado una declaración institucional de la que, si me permiten sus señorías, quiero repetir un pequeño párrafo. En ella se decía: Quienes recurren al asesinato como método de presión política, no merecen otras respuestas que aquellas que el Estado de Derecho pone en manos del poder democrático legítimamente constituido.
Pues bien, señora Presidenta, señorías, el proyecto de ley que hoy debatimos es precisamente eso: es la respuesta

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del Estado de Derecho contra los asesinos, como respuesta del Estado ha sido el acuerdo que la semana pasada se firmó entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Este acuerdo que refuerza la lucha de los partidos democráticos contra ETA, refuerza la lucha del Estado de Derecho contra la barbarie, contra el terror, contra el asesinato. El pacto suscrito entre el Partido Popular y el Partido Socialista establece en su punto que los delitos de la organización terrorista son particularmente graves y responsables, porque pretenden subvertir el orden democrático y extender el terror entre todos los ciudadanos.
Este mismo párrafo sigue diciendo: Nuestro sistema penal ofrece una respuesta jurídica adecuada para reprimir esos delitos. No obstante, si nuevas formas delictivas o actitudes y comportamientos que constituyan objetivamente colaboración o incitación al terrorismo exigiesen reformas legales, nos comprometemos a impulsarlas en el marco del mutuo acuerdo.
Hoy precisamente, señorías, reformamos nuestra legislación para combatir nuevas fórmulas delictivas y nuevas actitudes y comportamientos que, en definitiva, son nuevas formas de terrorismo. Hoy nos corresponde precisamente a nosotros, al Poder Legislativo, al Senado, debatir y aprobar, en su caso, un proyecto de ley que contribuye de manera considerable reforzar el Estado de Derecho contra el terrorismo, contra la organización asesina de ETA.
Señora Presidenta, señorías, el proyecto de ley que debatimos supone que los partidos políticos, los grupos parlamentarios, hemos sabido dialogar, hemos sabido buscar puntos en común, puntos de encuentro en una empresa que la sociedad nos demandaba y nos venía exigiendo. Este proyecto de ley es fruto del diálogo y del consenso, es fruto del acuerdo. Acuerdo, consenso y diálogo que refuerzan la lucha contra el terrorismo. Este proyecto de ley es la respuesta necesaria del Estado de Derecho, del ordenamiento jurídico, del ordenamiento democrático a los que utilizan el lenguaje de la violencia, pretenden perturbar la convivencia en libertad y democracia.
La reforma de la legislación vigente, o la aprobación de nuevas leyes, no resuelve, como es lógico, por sí solo un problema tan complejo como el terrorismo de ETA, pero sí es un elemento necesario e imprescindible.
El amplio grado de acuerdo, de consenso, que alcanzó este proyecto en su tramitación en el Congreso de los Diputados, como en la Comisión de Justicia que elaboró el dictamen que estamos debatiendo en este momento, no es fruto de la casualidad, sino del esfuerzo de todos. Pero sobre todo es fruto de que las voluntades políticas han confluido en hacer respetar los principios más elementales de la convivencia democrática, y por qué no decirlo, por encima de diferencias ideológicas, por encima de legítimas discrepancias políticas, los grupos parlamentarios que respaldan este proyecto de ley hemos sabido dar una respuesta en favor de la libertad. Señorías, nosotros, como legítimos representantes del pueblo español, como legítimos representantes también del pueblo vasco, como representa antes de la voluntad popular, estamos obligados a responder a la demanda de la sociedad. La sociedad, como decía, nos exige una respuesta al desafío permanente del terrorismo, y esa respuesta a nosotros nos corresponde darla desde la ley, con rigor, rigor técnico y rigor jurídico dentro del marco constitucional pero sin ningún tipo de complejos y sin ningún tipo de ambigüedades. El Estado de Derecho debe preservar la vida, la libertad y la dignidad de las personas frente a los que matan, coaccionan, amenazan, extorsionan, humillan o vejan a las víctimas del terrorismo o a sus familias.
La sociedad española en general, y la sociedad vasca en particular han dado permanentes muestras de rechazo al terrorismo y permanentes muestras de apoyo y la solidaridad con las víctimas del terrorismo, y esta sociedad confía, señorías, en las instituciones democráticas.
En este proyecto de ley, señora Presidenta, señorías, damos a la sociedad, a esa sociedad que permanentemente se moviliza, a esa sociedad que sufre el indiscriminado azote terrorista, le damos la respuesta que nos exige. No minusvaloro, Senador Marín Rite, la legislación actual ni pretendo tampoco hoy criticar la normativa legal que se elaboró en épocas pasadas, pero lo cierto es que hasta ahora los terroristas, bien por lagunas legales, bien por una incompleta articulación de la Ley penal, o bien por simples vacíos legales, gozan de ciertas zonas de impunidad.
Para evitar esas situaciones se precisa precisamente --y perdón por la redundancia-- acometer la reforma de la Ley Orgánica del Código Penal y la Ley de Responsabilidad Penal de los Menores.
Esta reforma, señorías, que el Ministro de Justicia, señor Acebes, definió como seria, reflexiva y profunda, es una reforma que no establece medidas extraordinarias ni excepcionales. Es una reforma que no establece medidas que no se ajusten escrupulosamente a nuestra vigente Constitución. Es una reforma urgente, una reforma necesaria que cubre precisamente esas lagunas contra el terrorismo.
En relación con el terrorismo urbano, que es una de las reformas que se introducen, no podemos limitarnos a sancionar penalmente por el valor de la fachada o la puerta de una casa de un librero, de un concejal o de un periodista, por ejemplo, que ha quedado destrozada por un cóctel molotov.
No puede ser que el único castigo sea el valor de los daños. Hay que sancionar penalmente en función de la libertad de expresión o de la defensa de unas ideas que con estos actos pretendían cercenar. Todo esto, a nuestro juicio, es terrorismo y hay que sancionarlo y tratarlo adecuadamente.
Sus señorías saben perfectamente que hay muchas personas que sin pertenecer a una banda terrorista, a una banda armada, a una banda asesina, en cambio comparten sus mismos fines. Pretenden, junto a los miembros de esa banda terrorista, aterrorizar a los ciudadanos, a un colectivo social, a un colectivo político o a un colectivo profesional.
Pretenden alterar gravemente la paz pública o pretenden subvertir el orden constitucional. Pues bien, señorías, esas finalidades están recogidas precisamente en la reforma que estamos debatiendo. Se incorpora el delito de daños como delito propio de terrorismo urbano. La quema de un autobús, vehículos, cajeros automáticos, tirar cócteles

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molotov a las puertas de las casas donde vive un periodista o un político son situaciones que lamentablemente estamos viviendo en nuestro país con frecuencia, y no podían quedar fuera de la definición del delito terrorista sólo por el simple hecho de que no conlleven un riesgo a las personas cuando contribuyen de forma decisiva a los fines terroristas. No podemos pensar que estas actitudes son chiquilladas o son meros gestos de gamberrismo, como en alguna ocasión se ha definido. Es terrorismo, dicho sin complejos, porque son actitudes que atentan y atacan directamente a los derechos y libertades más importantes de los ciudadanos.
También se recoge un nuevo tipo penal: la exaltación del terrorismo.
Actividades que nos han indignado a todos cuando se exalta a una banda terrorista o cuando se justifica a los asesinos son actividades que el Estado de Derecho tiene que dar una respuesta penal, una respuesta legal.
No podíamos seguir dejando impune la mofa de determinadas personas hacia un familiar de una víctima de terrorismo. Hay actos que entrañan descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares. Los fines terroristas también avanzan generando terror, generando miedo, incluso a las víctimas o a los familiares de las víctimas del terrorismo, y además se ha conseguido tipificar este nuevo ilícito penal de exaltación del terrorismo respetando escrupulosamente la libertad de expresión de ideas aun cuando éstas pongan en cuestión incluso el propio marco constitucional.
Pero hay conductas perversas, conductas que calumnian o humillan a las víctimas que no pueden quedar impunes. Hay conductas en las que se justifican los más graves delitos terroristas, se homenajea, se exalta y se pone como modelo a los autores de los más terribles asesinatos, y son conductas que el Estado de Derecho no puede dejar impunes.
Con las víctimas del terrorismo, con sus familiares, con los ciudadanos que sufren la coacción y el insulto, con los españoles que soportamos el terror no sólo teníamos una obligación legal de regular estas conductas, sino también una obligación moral.
También se han introducido nuevos tipos penales pretendiendo otorgar mayor protección jurídica a los miembros de las corporaciones locales. La perturbación terrorista del desarrollo de una sesión plenaria no podía quedar impune. Conductas que se producen también a menudo y que son conductas que en un pleno municipal suponen el apoyo a bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas, no podían quedar sin ningún tipo de sanción.
Se modifica el Código Penal para cambiar de una pena accesoria a pena principal, la pena de inhabilitación. Inhabilitación para ejercer cargo público en un período de seis a veinte años, en función de los delitos que se hayan cometido.
Había que finalizar con el acceso inmediato de terroristas a cargos públicos representativos una vez que cumplan la pena de prisión. Esta modificación legal pretende proteger el propio sistema democrático. Se pretende impedir el retorno inmediato, después de cumplir la pena de cárcel, a cualquier empleo o cargo público. Aquellos que atentan contra la esencia de la democracia, aquellos que pretenden matar la libertad, no pueden pasar directamente de la cárcel a un escaño.
En un país donde se extorsiona, se chantajea, donde se queman autobuses o comercios, donde se asesina de forma cobarde, el Estado de Derecho debe de reaccionar y adoptar medidas. Los legítimos representantes del pueblo español y del pueblo vasco debemos de reaccionar.
El segundo texto legal que se reforma, precisamente en virtud de esa reacción, es la Ley penal de los menores. Con esta reforma se proporciona al juez, al juzgador, los instrumentos necesarios para que, valorando el tipo de delito cometido, la gravedad del mismo y las circunstancias del menor, se puedan aplicar medidas que cumplan los objetivos que prevé la ley. Se persigue evitar que las bandas asesinas utilicen a los menores de edad para cometer los más graves delitos amparándose en una impunidad. Se refuerzan las competencias de la Audiencia Nacional y se aumenta el tiempo de internamiento de los menores.
Esta reforma está orientada precisamente a la rehabilitación y a la reinserción en la sociedad de los jóvenes. El juez va adoptando medidas con la intervención de un equipo técnico-psicológico, trabajadores sociales y educadores, en centros especiales, todo ello con el fin de conseguir la adaptación y reeducación de los menores.
Sus señorías saben, porque el proceso es conocido, que ETA programa a los menores de edad. Empieza haciéndoles dar vivas a ETA en la calle; continúan gritando «¡ETA, mátalos!», y luego se dedican a quemar autobuses, librerías o cajeros automáticos, y acaban en un comando de información o en un comando operativo.
Con esta reforma, señorías, se dan facultades al juez, se aumenta el plazo de internamiento para el supuesto que no se haya producido la reinserción del joven, en este caso del joven delincuente. Con estas medidas --voy ya terminando, señora Presidenta, señorías-- se pretende evitar que se cumpla el objetivo de la organización terrorista. El terrorismo, todas sus señorías lo saben, es un problema de todos, es un problema de Estado, y las políticas de Estado requieren un plus de responsabilidad por parte de todos. Por encima de legítimos criterios de partido, por encima de diferencias ideológicas, como he dicho, o por encima de discrepancias políticas existe un nexo común: la defensa de la vida y la lucha por la convivencia en libertad. Esta reforma no se realiza, señorías, para enfrentarse con nadie. No se realiza esta reforma para enfrentarse con los partidos nacionalistas. Esta reforma se realiza exclusivamente para combatir la violencia de ETA.
En un país donde, como esta misma mañana ha ocurrido, se asesina con coches-bomba o con bombas-lapa, en un país donde se asesina por la espalda, en un país donde se chantajea, se extorsiona y se coacciona, en un país donde en un partido democrático se ha tenido que aconsejar a sus militantes que duerman con un extintor al alcance de la mano, en un país del que tienen que marcharse intelectuales, políticos, periodistas o profesores en busca de espacios de libertad, en un país así, señorías,

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¿podemos los representantes públicos ser ajenos a estas realidades? España es un país que nunca se acostumbrará ni quiere acostumbrarse al fenómeno del terrorismo, que no quiere resignarse a la falta de libertad.
Por eso, señorías, hemos realizado esta reforma. Este proyecto de ley se ha construido sobre la base de los principios del diálogo, del acuerdo y del consenso. El esfuerzo realizado en este caso por el Grupo Parlamentario Socialista, por el Partido Socialista ha sido muy positivo y no nos duelen prendas reconocerlo. Como tampoco nos duele conocer, en el trámite del Senado, el esfuerzo, la colaboración y el apoyo que el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés ha mostrado aunque presenten determinadas enmiendas. Y del diálogo y del acuerdo también han sido partícipes, señorías, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el de Convergència i Unió.
Hoy quiero pedirles una vez más a todos los grupos parlamentarios sin excepción, y con especial atención a los que se han autoexcluido con la presentación de vetos aunque luego hayan tenido un gesto que ya hemos agradecido, a Izquierda Unida, al Bloque Nacionalista Galego y al Partido Nacionalista Vasco, que reflexionen; que se incorporen al acuerdo; que se incorporen a la defensa de la libertad; que su actitud ante el Pleno del Senado no se quede en un mero testimonio.
Todos, señora Presidenta, señorías, debemos contribuir a reforzar el Estado de Derecho frente a ETA.
Muchas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Prada.
Vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.) Señorías, vamos a proceder a votar las propuestas de veto del proyecto de ley orgánica de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
Votamos el voto particular número 2 presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, cuatro; en contra, 197.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
El voto particular número 1 ha sido retirado y el voto particular número 3 también. Por tanto, y teniendo en cuenta que las enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares se han dado ya por defendidas; que el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, y las enmiendas del Senador Quintana han sido retirados; que el voto particular número 4, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas 14 a 30, ha sido retirado; que el voto particular número 7, del Grupo Parlamentario de la Entesa, correspondiente a las enmiendas números 31 a 37, ha sido ya defendido por el Senador Molas; que el voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que corresponde a las enmiendas números 44 a 46, ha sido retirado, corresponde el turno de defensa de enmiendas al voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas números 38 a 43.
¿Las da por defendidas el Senador Marín Rite? (Asentimiento.) Tiene la palabra la Senadora Mora, para turno en contra.


La señora MORA DEVIS: Señora Presidenta, en atención a las manifestaciones que se han vertido en el transcurso del debate, y en aras a la cortesía que corresponde y al agradecimiento que desde este Grupo hemos manifestado antes y reiteramos ahora, tanto a los grupos parlamentarios que han retirado sus enmiendas como a aquellos que las han mantenido, y por el tono y el talante en que lo ha hecho, damos por contestadas estas enmiendas.
Gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Mora.
Hay un turno de portavoces. ¿Algún Grupo Parlamentario desea hacer uso de la palabra? (Pausa.) Por tanto, votamos en primer lugar el voto particular número 2 de los Senadores Cámara y Cabrero. Enmiendas números 12 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 10; en contra, 202.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 7 de la Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 31 a 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 69; en contra, 134; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 5 del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas números 38 a 43.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 70; en contra, 134; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el dictamen en un solo bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 201; en contra, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley orgánica

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de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal y de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de terrorismo.
Señorías, antes de levantar la sesión, y puesto que han sido sesiones extraordinariamente largas, tanto la de hoy como la de ayer, creo recoger el sentir de sus señorías si agradecemos a los funcionarios, al personal de servicio de la casa, personal de cafetería y a sus señorías, el excelente comportamiento.
Se levanta la sesión.


Era la una y cuarenta minutos del día 15 de diciembre de 2000.

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