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DS. Senado, Pleno, núm. 36, de 07/03/2001
 




CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 36

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 7 de marzo de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De Dª ASCENSION PASTOR PARRES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que persigue la nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas (Programa ARTE/PYME II) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000270).


--De D. JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones de futuro que tiene el Gobierno con respecto al campo de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, habida cuenta de que su contrato de arrendamiento finaliza dentro de tres meses (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000264).


--De Dª PILAR ARESTI VICTORIA DE LECEA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar bienes del patrimonio de la humanidad los yacimientos paleontológicos de Atapuerca (Burgos), las iglesias románicas de La Vall de Boí (Lleida), el Palmeral de Elche (Alicante), la ciudad romana de Tarraco, y la muralla romana de Lugo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000267).


Página 1986


--De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene el Gobierno algún proyecto para promocionar el intercambio deportivo en el ámbito universitario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000268).


--De Dª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos que tiene el Gobierno para la celebración del Año Europeo de las Lenguas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000278).


--De Dª MARIA EUGENIA MARTIN MENDIZABAL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que se están obteniendo de la aplicación del plan de acción sobre la siniestralidad laboral (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000271).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las irregularidades detectada por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), en relación con las subvenciones concedidas y los convenios firmados con el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), del Ayuntamiento de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000275).


--De Dª Mª BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios que piensa adoptar el Gobierno para abordar el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000269).


--De D. ALEJANDRO ENCINAS CASILLAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en el ejercicio de la alta inspección en materia sanitaria (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000272).


--De D. MANUEL FRANCISCO FERNANDEZ ZANCA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para resolver la situación en que se encuentran las trece mil personas que concurrieron al concurso-oposición de los grupos D y E de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, dependientes del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), convocado en el año 1997 y celebrado en el año 1999 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000273).


--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la integración de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo y de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000274).


--De Dª ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para situar a España en condiciones de no perder las oportunidades que abre, en todos los ámbitos, la era del genoma humano (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000276).


--De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación de que dispone el Ministerio de Sanidad y Consumo para el hospital Central de Asturias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000277).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si asume el Gobierno las afirmaciones efectuadas por el Secretario de Estado de Hacienda, en relación con los ingresos de los ayuntamientos cuando desaparezca el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y se reforme la financiación local (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000266).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno dirigida a intensificar el respeto de los derechos humanos en los países del llamado Tercer Mundo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000241).


Página 1987


--De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las gestiones realizadas últimamente por el Gobierno para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales entre España y los países de América Latina, especialmente con Venezuela (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000243).


--De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para evitar la aparición en España del brote de fiebre aftosa detectado en la cabaña porcina inglesa y para tranquilizar a los consumidores (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000261).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las normas en las que se ha basado el Gobierno para constatar que la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.
A., ha reunido los requisitos exigidos para obtener permisos de investigación para actividades frente a las costas del archipiélago canario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000262).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno en relación a la peligrosidad del paso de Despeñaperros en la carretera nacional N-IV (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 680/000265).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los proyectos previstos por el Gobierno para atender la demanda de seguridad de los usuarios de la bicicleta y mejorar las medidas de tráfico y circulación para dar preferencia y garantizar la seguridad de los ciclistas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales,» Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 670/000052).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los propósitos y proyectos de cooperación del Gobierno con los Estados del entorno geográfico de Canarias como acción para fomentar las relaciones comerciales, las inversiones españolas y las medidas de cooperación socioculturales desde este archipiélago (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 670/000047).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con las poblaciones de montaña (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 670/000053).


--De D. LUIS AYLLON OLIVA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que está desarrollando el Gobierno en materia de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 154, de fecha 5 de marzo de 2001) (Número de expediente 670/000054).


Tercero

Dictámes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 16, de fecha 2 de marzo de 2001) (Número de expediente C. D.
121/000011) (Número de expediente S. 621/000016).


Cuarto

--Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 19, de fecha 21 de febrero de 2001) (Número de expediente C. D. 121/000023) (Número de expediente S.
621/000019).


Página 1988


Quinto

Modificación del Orden del Día (Número de expediente 630/000009).


Sexto

Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Número de expediente 550/000019).


Séptimo

Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado:

--Proposición de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Serie III A, número 8, de fecha 21 de diciembre de 2000) (Número de expediente 622/000006).


Octavo

Mociones:

--Moción de los GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA y MIXTO, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como con los diversos ayuntamientos afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal que desde hace días azota nuestro país (Número de expediente 662/000101).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


PREGUNTAS (Página 1993)

De Dª ASCENSION PASTOR PARRES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que persigue la nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas (Programa ARTE/PYME II) (Página 1993)

La señora Pastor Parres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones de futuro que tiene el Gobierno con respecto al campo de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, habida cuenta de que su contrato de arrendamiento finaliza dentro de tres meses (Página 1994)

El seño Liceaga Lizarazu formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Liceaga Lizarazu. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De Dª PILAR ARESTI VICTORIA DE LECEA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la decisión de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar bienes del patrimonio de la humanidad los yacimientos paleontológicos de Atapuerca (Burgos), las iglesias románicas de La Vall de Boí (Lleida), el Palmeral de Elche (Alicante), la ciudad romana de Tarraco, y la muralla romana de Lugo (Página 1995)

La señora Aresti Victoria de Lecea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aresti Victoria de Lecea.


De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene el Gobierno algún proyecto para promocionar el intercambio

Página 1989


deportivo en el ámbito universitario (Página 1996)

El señor Macías Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macías Santana.


De Dª CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos que tiene el Gobierno para la celebración del Año Europeo de las Lenguas (Página 1997)

La señora Agudo Cadarso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agudo Cadarso. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De Dª MARIA EUGENIA MARTIN MENDIZABAL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que se están obteniendo de la aplicación del plan de acción sobre la siniestralidad laboral (Página 1998)

La señora Martín Mendizábal formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), en relación con las subvenciones concedidas y los convenios firmados con el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE), del Ayuntamiento de Madrid (Página 1999)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De Dª MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios que piensa adoptar el Gobierno para abordar el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad (Página 2001)

La señora Fernández-Delgado y Cerdá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. ALEJANDRO ENCINAS CASILLAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en el ejercicio de la alta inspección en materia sanitaria (Página 2002)

El señor Encinas Casillas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. MANUEL FRANCISCO FERNANDEZ ZANCA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para resolver la situación en que se encuentran las trece mil personas que concurrieron al concurso-oposición de los grupos D y E de las instituciones sanitarias de la Seguridad Social, dependientes del Instituto Nacional de la Salud (INSALUD), convocado en el año 1997 y celebrado en el año 1999 (Página 2002)

El señor Fernández Zanca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández Zanca. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la integración de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo y de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad (Página 2004)

El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


Página 1990


De Dª ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para situar a España en condiciones de no perder las oportunidades que abre, en todos los ámbitos, la era del genoma humano (Página 2005)

La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación de que dispone el Ministerio de Sanidad y Consumo para el hospital Central de Asturias (Página 2006)

El señor Alonso García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alonso García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si asume el Gobierno las afirmaciones efectuadas por el Secretario de Estado de Hacienda, en relación con los ingresos de los ayuntamientos cuando desaparezca el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y se reforme la financiación local (Página 2007)

El señor Ganyet Solé formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ganyet Solé. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno dirigida a intensificar el respeto de los derechos humanos en los países del llamado Tercer Mundo (Página 2009)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las gestiones realizadas últimamente por el Gobierno para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales entre España y los países de América Latina, especialmente con Venezuela (Página 2010)

El señor Acosta Padrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Acosta Padrón.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para evitar la aparición en España del brote de fiebre aftosa detectado en la cabaña porcina inglesa y para tranquilizar a los consumidores (Página 2011)

El señor Marimon i Sabaté formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Marimón i Sabaté.


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las normas en las que se ha basado el Gobierno para constatar que la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.
A., ha reunido los requisitos exigidos para obtener permisos de investigación para actividades frente a las costas del archipiélago canario.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las actuaciones que tiene previstas el Gobierno en relación a la peligrosidad del paso de Despeñaperros en la carretera nacional N-IV.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2013)

De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores

Página 1991


Nacionalistas Vascos, sobre los proyectos previstos por el Gobierno para atender la demanda de seguridad de los usuarios de la bicicleta y mejorar las medidas de tráfico y circulación para dar preferencia y garantizar la seguridad de los ciclistas (Página 2013)

El señor Albistur Marin realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, Xuclà i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; González López, por el Grupo Socialista, y Barquero Vázquez, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los propósitos y proyectos de cooperación del Gobierno con los Estados del entorno geográfico de Canarias como acción para fomentar las relaciones comerciales, las inversiones españolas y las medidas de cooperación socioculturales desde este archipiélago (Página 2023)

El señor Rodríguez Díaz realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Saavedra Acevedo, por el Grupo Socialista, así como la señora Navarro González, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con las poblaciones de montaña. (Página 2032)

El señor Ganyet Solé realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alegre Escuder, por el Grupo Socialista, y Azuara Carod, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. LUIS AYLLON OLIVA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que está desarrollando el Gobierno en materia de investigación de accidentes e incidentes de aviación civil.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2041)

De la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales (Página 2041)

El señor Bellido Muñoz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad.


Comienza el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la enmienda número 2 y una enmienda transaccional fundamentada en la número 4. El señor Antón Rueda consume un turno en contra. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; así como la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Catalá Pardo, por el Grupo Socialista, y Antón Rueda, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 129 en contra y 12 abstenciones.


Página 1992


Se rechaza la enmienda transaccional, en relación con la número 4, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 131 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen por 207 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.


El señor Vicepresidente, Prada Presa, anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2046)

Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra (Página 2046)

Se abre debate de totalidad.


No se hace uso de los turnos a favor ni en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Zubia Atxaerandio, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Xuclà i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sanz Carramiñana, por el Grupo Socialista, e Iribas Sánchez de Boado, por el Grupo Popular. Los señores Zubia Atxaerandio e Iribas Sánchez de Boado intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba el texto del dictamen por 202 votos a favor y 6 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (Página 2054)

Se aprueba la modificación por asentimiento de la Cámara.


Declaración institucional con motivo del Día Internacional de la Mujer Trabajadora (Página 2054)

La señora Presidenta da lectura a la declaración institucional, firmada por todos los grupos parlamentarios.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 2054)

Proposición de Ley sobre el Derecho a la Identidad Sexual (Página 2054)

La señora Almeida Castro defiende la toma en consideración. En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Capdevla i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las señoras Almeida Castro, por el Grupo Socialista, y Mora Devis, por el Grupo Popular.


Se aprueba la toma en consideración por asentimiento de la Cámara.


Moción de los GRUPOS POPULAR, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA y MIXTO, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como con los diversos ayuntamientos afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal que desde hace días azota nuestro país (Página 2061)

En turno de portavoces hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Molas i Batllori, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Granado Martínez, por el Grupo Socialista, y Bahamonde Salazar, por el Grupo Popular.


Se aprueba la moción de los Grupos Popular, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Senadores de Coalición Canaria y Mixto por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y veinte minutos.


Página 1993


Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DOÑA ASCENSION PASTOR PARRES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE PERSIGUE LA NUEVA CONVOCATORIA DE AYUDAS PARA LA REALIZACION DE PROYECTOS DE SERVICIOS AVANZADOS DE TELECOMUNICACION DE INTERES COMUN PARA LAS PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (PROGRAMA ARTE/PYME II) (680/000270).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta de la excelentísima señora doña Ascensión Pastor Parres, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que persigue la nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas.
Tiene la palabra la Senadora Pastor Parres.


La señora PASTOR PARRES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha aprobado una orden ministerial el pasado 8 de febrero de este año, dentro del marco del plan de acción Info21, presentado en Vitoria por la señora Ministra el 24 de enero de 2001, en presencia del Presidente del Gobierno. Esta orden ministerial persigue la concesión de subvenciones a proyectos de desarrollo del comercio electrónico y de utilización de servicios avanzados de telecomunicaciones para satisfacer necesidades de las PYMEs.
Podrán ser beneficiarios de este programa las organizaciones públicas o privadas, sin ánimo de lucro, que tengan por finalidad prestar servicios de apoyo a las pequeñas y medianas empresas, así como las agrupaciones de interés económico de las PYMEs.
Este programa está gestionado por la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información y está cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder), por lo que está dirigido preferentemente a las empresas situadas en las regiones menos desarrolladas. Además, los proyectos seleccionados pueden recibir ayudas de hasta el 60 por ciento de su coste total.
ARTE/PYME II es la continuación del programa ARTE/PYME I, con el que durante la segunda mitad de los años noventa se han concedido unas ayudas cercanas a los 7.500 millones de pesetas, a 230 proyectos, que han beneficiado de forma directa a unas 30.000 PYMEs. A través de este programa, ARTE/PYME I, se ha venido desarrollando un decidido apoyo a la vertebración del tejido empresarial mediante la promoción de proyectos donde se involucran asociaciones sectoriales o entidades representativas de colectivos de PYMEs que, en la mayoría de los casos, son de ámbito nacional.
Este nuevo plan de acción de la iniciativa Info21, para el período 2001-2003, incluye una serie de medidas destinadas a estimular y aumentar la capacidad de acción de las pequeñas y medianas empresas, y una de estas medidas es la constituida por las actuaciones de promoción del uso de servicios avanzados de telecomunicación y del comercio electrónico en las PYMEs.
La reciente liberalización de las telecomunicaciones y la paulatina apertura de las barreras comerciales en la mayoría de los mercados mundiales proporciona a las empresas la oportunidad de desarrollo de nuevas aplicaciones y nuevos servicios en el ámbito de la tecnología de la información y las comunicaciones.
Por todo esto, mi pregunta concreta a la señora Ministra es la siguiente: ¿qué objetivos persigue la nueva convocatoria de ayudas para la realización de proyectos de servicios avanzados de telecomunicación de interés común para las pequeñas y medianas empresas (Programa ARTE/PYME II)? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés y Bertrán): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, quiero contestar a su pregunta destacando que los objetivos del programa ARTE/PYME II, que precisamente se enmarcan dentro del objetivo principal del plan de acción de la iniciativa estratégica del Gobierno Info21, no es otro que contribuir a la introducción de España en la nueva sociedad de la información.
Como conocen sus señorías, este plan de actuación, Info21,contiene más de 300 acciones y proyectos, y fue presentado públicamente por el Presidente del Gobierno a toda la sociedad española en un acto celebrado el pasado 24 de enero en Vitoria. Con este plan de acción el Gobierno ha concretado su decidida apuesta para fomentar y generalizar el uso de las tecnologías de la información en España mediante una gran cantidad de acciones y proyectos, y lo ha hecho en consonancia con las recomendaciones, los compromisos y los acuerdos alcanzados en el Consejo Europeo de Jefes de Estado y de Gobierno de Lisboa en marzo de 2000, en el que España participó de forma especialmente activa en la adopción del nuevo objetivo estratégico de la Unión, que es el desarrollo de la sociedad de la información en beneficio de la sociedad en general, de todos y de cada uno de los ciudadanos y de las empresas en particular. Asimismo, el Plan de Acción Info2l está en línea con el Plan de Acción aprobado en Santa María de Feira en junio de 2000.
Pues bien, en la convocatoria del Programa ARTE/PYME II se evidencia, por un lado, la diligencia y la rapidez con que el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de Acción Info2l 2001-2003, que debe ser el instrumento

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catalizador para el desarrollo e implantación de la sociedad de la información en España. En concreto, con el programa se persigue impulsar la utilización por parte de las pequeñas y medianas empresas españolas de las modernas tecnologías de la información en las comunicaciones para que las PYMEs tengan presencia en Internet. Con ello se pretende que las pequeñas y medianas empresas alcancen unos objetivos básicos: mejorar los sistemas de organización y producción; mejorar sus relaciones con proveedores, productores y clientes; facilitar la incorporación de estas empresas al mercado comunitario. De este modo, sin duda, se contribuirá también a superar los desequilibrios regionales.
Para lograr el cumplimiento de todos estos objetivos el Programa ARTE/PYME II ha diseñado cuatro líneas de acción: dos van dirigidas a fomentar el conocimiento y la familiarización de las pequeñas y medianas empresas con los servicios avanzados de telecomunicaciones y las otras dos promueven el desarrollo de proyectos, unos a modo de prueba o experiencia piloto y los otros con rango ya de implantación.
En definitiva, señoría, con el Programa ARTE/PYME II el Gobierno quiere intensificar los esfuerzos realizados con el programa anterior, el ARTE/PYME I, y superar sus buenos resultados. Prevemos, pues, dedicar en torno a unos 9.000 millones en el período de duración del Plan de Acción, entre 2001 y 2003. Con esta actuación estamos seguros de que fomentamos un rápido y vertebrado desarrollo de la sociedad de la información y que contribuirá a la estructuración del tejido económico, especialmente en las regiones más desfavorecidas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


--DE DON JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DE FUTURO QUE TIENE EL GOBIERNO CON RESPECTO AL CAMPO DE TIRO DE LAS BARDENAS REALES, EN NAVARRA, HABIDA CUENTA DE QUE SU CONTRATO DE ARRENDAMIENTO FINALIZA DENTRO DE TRES MESES (680/000264).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de don José Ignacio Liceaga Sagarzazu, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones de futuro que tiene el Gobierno con respecto al campo de tiro de las Bardenas Reales, en Navarra, habida cuenta de que su contrato de arrendamiento finaliza dentro de tres meses.
Tiene la palabra el Senador Liceaga Sagarzazu.


El señor LICEAGA SAGARZAZU: Señora Presidenta, doy por formulada la pregunta en los mismos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora Presidenta, doy por formulada la respuesta en los términos de mis anteriores comparecencias en el Senado.


La señora PRESIDENTA: Gracias.
El Senador Liceaga tiene la palabra.


El señor LICEAGA SAGARZAZU: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en esta Cámara ha habido en los últimos tiempos interpelaciones y mociones solicitando la no renovación del contrato del polígono de tiro de las Bardenas Reales de Navarra. Todos los grupos se han expresado en ese sentido. Son ya 50 años de agresión a una zona mermando su calidad de vida, su tranquilidad; zona hoy declarada Parque Natural y entendemos que la sociedad navarra ha aportado suficientemente a la defensa nacional.
El Pleno del Parlamento de Navarra tiene aprobada una Ley foral por la que se declara Parque Natural las Bardenas Reales de Navarra, Ley que entra en vigor el 10 de junio de este año. El Parlamento de Navarra tiene aprobada una resolución por la que se solicita el desmantelamiento del polígono de tiro de las Bardenas, donde se insta al Gobierno de Navarra a realizar los trámites oportunos para iniciar negociaciones para ceder la propiedad del territorio de las Bardenas Reales a la Comunidad Foral con respeto a los derechos tradicionales de congozantes de las Bardenas. El Parlamento de Navarra ha manifestado su rechazo al uso de las Bardenas como campo de tiro a partir del 9 de junio de este año y declara su compromiso de mantener ante el Gobierno de España una posición contraria a la renovación del contrato de cesión de uso de parte del territorio de Bardenas como campo de tiro, y manifiesta su voluntad para que el uso y actividad de Parque Natural se extienda a partir del 10 de junio de este año a los terrenos en los que está situado el actual campo de tiro.
Le voy a citar algunas cuestiones que han salido, por ejemplo, en «Europa Press» Navarra: El Presidente de la Junta de las Bardenas, señor Gayarre, ha afirmado, por ejemplo, que el Ministerio de Defensa sigue sin ponerse en contacto para iniciar negociaciones sobre el futuro del polígono de tiro. El Presidente ha manifestado públicamente sentirse sorprendido por la tardanza del Ministerio de Defensa, señalando que el hecho de que el Estado haya declarado el polígono de interés general para la defensa deja la decisión en sus manos.
Señor Ministro, la posición institucional de Navarra, Parlamento Foral, así como la opinión de la sociedad navarra y de los partidos políticos es evidente. ¿Qué va a ocurrir ciertamente a partir del 9 de junio? ¿Qué se hace, se está haciendo o se ha hecho para tener un emplazamiento alternativo después de tanto tiempo? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


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El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señoría.
Ya se imaginará que no voy a coincidir con su opinión, porque ni siquiera en el grupo de trabajo formado por el Gobierno foral lograron ponerse de acuerdo.
Con todo respeto, señoría, usted representa a los electores tanto como al Gobierno al menos y, en consecuencia, además de su visión, hay otra, y además de los intereses, que son los de la defensa nacional, que el Gobierno va a tutelar y para cuya custodia quiere contar con la representación de los navarros, la de la Comunidad Foral y muy especialmente con la de la Junta de Congozantes de las Bardenas. A ella nos hemos dirigido, a ella nos vamos a dirigir, esperamos que en tiempo suficiente, para no tener que recurrir a la defensa del interés nacional por otros procedimientos, y también legales que están en la línea de la declaración de interés para la defensa nacional. Pero preferimos la negociación que ponga plazo a la renovación del convenio actualmente en vigor y amplíe las contra prestaciones que ha de recibir la comunidad bardenera así como los sectores afectados en la zona, que amplíe sustancialmente el canon, que prorrogue entre siete y diez años el acuerdo, y que, además, lleve incluido de manera expresa el acuerdo de inversiones, que se basa también en el Plan Trienal de Infraestructuras Sociales, aprobado para zona con carácter trianual 2001-2003, que incluya además actuaciones en materia de turismo, medioambiental y agropecuaria.
En suma, señoría, se trata de un conjunto de actuaciones compensatorias por un uso que ha dejado a salvo la parte declarada parque natural y que pretende seguir utilizando las Bardenas mientras no se halle una solución alternativa. Tengan por seguro, señorías, que el Ministerio de Defensa continúa trabajando en la busca de una solución alternativa, porque el esfuerzo navarro, en su contribución a la defensa nacional, no puede dejar de valorarse muy positivamente y de agradecerse por el Gobierno, pero en tanto no exista esa solución alternativa buscaremos la forma convenida o no de seguir utilizando las Bardenas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Defensa.


--DE DOÑA PILAR ARESTI VICTORIA DE LECEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA DECISION DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) DE DECLARAR BIENES DEL PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD LOS YACIMIENTOS PALEONTOLOGICOS DE ATAPUERCA (BURGOS), LAS IGLESIAS ROMANICAS DE LA VALL DE BOI (LLEIDA), EL PALMERAL DE ELCHE (ALICANTE), LA CIUDAD ROMANA DE TARRACO Y LA MURALLA ROMANA DE LUGO (680/000267).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Pilar Aresti Victoria de Lecea, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la decisión de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) de declarar bienes del Patrimonio de la Humanidad los yacimientos paleontológicos de Atapuerca (Burgos), las iglesias románicas de la Vall de Boí (Lleida) y el Palmeral de Elche (Alicante), la ciudad romana de Tarragona y la muralla romana de Lugo.
Tiene la palabra la Senadora Aresti Victoria de Lecea.


La señora ARESTI VICTORIA DE LECEA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, conociendo que el principal objetivo de la UNESCO es contribuir al mantenimiento de la paz y la seguridad en el mundo, promoviendo la colaboración entre las naciones a través de la educación, la ciencia y la cultura a fin de garantizar el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales que la Carta de las Naciones reconoce a todos los pueblos, es para nosotros motivo importante que el pasado 30 de noviembre de 2000, la UNESCO haya declarado, tras la reunión de su Comité de Patrimonio Mundial, que se celebró en Australia, cinco sitios de España como Patrimonio de la Humanidad. La muralla de Lugo, el conjunto de iglesias del románico catalán del valle de Boí, el conjunto arqueológico de Tarragona, el sitio arqueológico de la sierra de Atapuerca y el Palmeral histórico de Elche, vienen a sumarse a los treinta y un lugares ya protegidos por la UNESCO en nuestro país, como el Camino de Santiago, el Parque Nacional de Doñana, etcétera.
España, con treinta y seis sitios, es el país que dispone de un mayor número de lugares inscritos en la lista patrimonial mundial. Este reconocimiento por parte de la UNESCO de nuevos sitios especialmente protegidos como Patrimonio de la Humanidad viene a poner de manifiesto, una vez más, la inmensa riqueza de nuestro país como solar de historia, arte y cultura y, a la vez, la enorme diversificación de temas susceptibles de salvaguardarse como legado de la humanidad. El patrimonio considerado como legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitimos a futuras generaciones, como así lo considera la UNESCO, es algo que hay que preservar como patrimonio de todos los ciudadanos del mundo.
Nos llena de orgullo considerar que el sitio de Atapuerca es parangonable al del Hombre de Pekín , único yacimiento de este tipo hasta ahora considerado como patrimonio de la humanidad. Lo mismo podríamos decir de los otros lugares declarados recientemente.
En una época marcada por la inflación de productos culturales de dudosa calidad y una desmesurada afición popular al consumo de los artículos artísticos de importación, la UNESCO nos ha señalado la necesidad de presentar algunas maravillas de nuestro entorno inmediato. La designación de estos cinco lugares como patrimonio de la humanidad es una muestra más del pluralismo de culturas que históricamente ha albergado el territorio español.


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Por ello, señora Ministra, hago esta pregunta al Gobierno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aresti.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, la decisión de la UNESCO de declarar bienes del patrimonio de la humanidad los yacimientos paleontológicos burgaleses de Atapuerca, las iglesias de la Vall de Boí, el Palmeral de Elche, la ciudad romana de Tarraco y la muralla de Lugo supone, en primer lugar, un aumento importante en nuestra lista de bienes culturales declarados como tal.
Con estas nuevas inclusiones se puede decir que España figura en el primer lugar del ranking en número de bienes declarados patrimonio de la humanidad. En este momento su número asciende a 36, por lo que, como decía, nos situamos en el primer puesto a nivel mundial en cuanto a declaraciones se refiere. Ello implica un reconocimiento expreso no sólo dé nuestro amplio patrimonio cultural sino también, y lo que es más importante, de la extraordinaria calidad del mismo.
Por otra parte, tanto las últimas declaraciones como las ya existentes significan un incremento notable de las responsabilidades en las tareas de conservación y protección de nuestro patrimonio, además del cumplimiento de las numerosas obligaciones que se derivan de ello por parte de todas las instituciones y también de las administraciones públicas implicadas.
Como síntesis, no cabe duda que estas declaraciones de bienes considerados patrimonio de la humanidad implicarán allí donde se acaban de manifestar un desarrollo local y regional importante, conectado obviamente de manera fundamental al sector del turismo y al de los servicios, de manera que no podemos sino congratularnos por este reconocimiento internacional que supone hacia nuestro patrimonio histórico.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Aresti.


La señora ARESTI VICTORIA DE LECEA: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señora Ministra.
La especial dedicación y sensibilidad presupuestaria al patrimonio artístico está dando sus frutos como elemento indispensable para la promoción del turismo cultural, como ha dicho la señora Ministra.
El reconocimiento de estos cinco conjuntos artísticos sirve para el legítimo orgullo de las poblaciones donde se sitúan y que lo han conservado. Pero su dimensión de patrimonio de la humanidad debe trascender a cualquier complacencia localista y recibir la atención que se merece como fuente de riqueza histórica de la que se beneficiarán próximas generaciones.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aresti.


--DE DON JOSE MACIAS SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI TIENE EL GOBIERNO ALGUN PROYECTO PARA PROMOCIONAR EL INTERCAMBIO DEPORTIVO EN EL AMBITO UNIVERSITARIO (680/000268).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente pregunta, de don José Macías Santana, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si tiene el Gobierno algún proyecto para promocionar el intercambio deportivo en el ámbito universitario.
Tiene la palabra el Senador Macías Santana.


El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, le hago la siguiente pregunta en relación con el deporte: ¿Tiene el Gobierno algún proyecto para promocionar el intercambio deportivo en el ámbito universitario? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, a través del Consejo Superior de Deportes, el Ministerio tiene ya establecidos una serie de proyectos para promocionar el intercambio deportivo entre las universidades españolas. Y paso a subrayar algunos de los más sustantivos. En primer lugar, la convocatoria anual de los Campeonatos de España Universitarios y las correspondientes subvenciones a las universidades participantes en los mismos.
En segundo lugar, la convocatoria anual de subvenciones a las universidades públicas y privadas que desarrollan programas de ayuda a deportistas universitarios de alto nivel que cursan estudios en esas universidades. Con el fin de facilitar sus estudios se establecen esas subvenciones, lo que les permite realizar dichos estudios y desarrollar sus entrenamientos, así como la participación en el calendario de competiciones de alto nivel deportivo.
En tercer lugar, la convocatoria anual de ayudas a las universidades y entidades públicas para la realización de proyectos de apoyo científico y tecnológico al deporte y a otras acciones de promoción y difusión de la investigación deportiva.
En cuarto lugar, la convocatoria anual de becas de formación de posgrado en el Centro de Alto Rendimiento y de Investigación en Ciencias del Deporte, que depende, como sabe, del Consejo Superior de Deportes.
Y por último, por su importancia en este ámbito, quisiera señalar que el Comité Español del Deporte Universitario

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es el órgano de coordinación y colaboración de las universidades con el Consejo Superior de Deportes. Pues bien, a través de dicho Comité se establecen los planes anuales de competiciones y actividades deportivas de carácter nacional y los criterios de participación en las competiciones internacionales universitarias.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Macías.


El señor MACIAS SANTANA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, es una gran satisfacción que hoy tengamos conocimiento de esas convocatorias, que suponen una gran esperanza para el futuro de los deportistas universitarios, porque muchos deportistas universitarios de alto nivel han tenido que suspender su participación en eventos deportivos muy importantes para ellos por falta de ayudas económicas.
Igualmente, señora Ministra, las ayudas a universidades públicas y privadas supondrán que en el futuro haya mayores y mejores proyectos que abarquen el apoyo científico y tecnológico al deporte.
Por ello, señora Ministra, en nombre de los deportistas, le quedo muy agradecido por el apoyo que se le va a prestar a todas esas personas.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Macías.


--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS PROYECTOS QUE TIENE EL GOBIERNO PARA LA CELEBRACION DEL AÑO EUROPEO DE LAS LENGUAS (680/000278).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, de la excelentísima señora doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los proyectos que tiene el Gobierno para la celebración del Año Europeo de las Lenguas.
Tiene la palabra la Senadora Agudo Cadarso.


La señora AGUDO CADARSO: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos en que se ha expresado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, en la celebración del Año Europeo de las Lenguas 2001, y en lo que respecta, obviamente, al ámbito nacional de esa conmemoración, se han incluido, entre otros, los siguientes objetivos específicos, que son algunos de los más relevantes.
En primer lugar, la reflexión sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas en el sistema educativo. En segundo lugar, la difusión y la promoción de las lenguas cooficiales. En tercer lugar, el análisis de la problemática de la interculturalidad en la sociedad derivada de la inmigración, y una serie de programas dirigidos a adultos, trabajadores y grupos que no tienen un fácil acceso al aprendizaje de las lenguas.
El Ministerio ha promovido también la coordinación de las actividades programadas y va a aportar la financiación económica para la celebración de un congreso internacional sobre adquisición de las lenguas extranjeras en edades tempranas, y de otro sobre enseñanza precoz de las lenguas europeas y el bilingüismo.
Otras iniciativas son, por ejemplo, un curso en español como lengua extranjera destinado a reforzar el aprendizaje de la lengua española para niños fundamentalmente magrebíes, en el que participan 1.250 profesores.
Asimismo, el Instituto Nacional de Empleo, el Instituto Cervantes y la Confederación Nacional de Sordos de España también tienen previstas numerosas actividades en diversos ámbitos para los grupos afectados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Agudo Cadarso.


La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, para muchos de los que estamos aquí es la primera vez que oímos hablar del Año Europeo de las Lenguas. Me alegro de que usted haya hecho esta reflexión, aunque alguno de los programas mencionados no entraría en este contexto, porque el Año Europeo de las Lenguas, tal y como lo están planteando el Consejo de Europa y la Unión Europea, con la promoción de la UNESCO, está más bien dirigido a programas concretos y no a aquellos que entran dentro del sistema educativo; por ejemplo, el curso para los niños magrebíes debería de estar dentro de un ámbito educativo más general.
De todas formas, señora Ministra, el pasado día 20 de febrero se presentaba en la ciudad sueca de Lund el proyecto de Año Europeo de las Lenguas, que deja patente el relieve que la Unión Europea y el Consejo de Europa han querido dar a este año: que sea el primer año del siglo dedicado a esta materia. Esto da una idea de la importancia que al conocimiento de las lenguas, y sobre todo para la comprensión del otro y el conocimiento de dichas culturas, conceden las instituciones europeas.
España tiene un rico patrimonio lingüístico --y hace poco tiempo lo decía doña Pilar Aresti--, reconocido en nuestra Constitución, y esta Cámara territorial ha de ser especialmente sensible en su protección y en el fomento de su conocimiento, tratando de poner en valor, no sólo su conocimiento y comprensión, sino también el del resto de lenguas europeas. Señora Ministra, hasta ahora, como le decía, poco hemos oído hablar de este aspecto. La decisión

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del Parlamento Europeo, en su Considerando 21, indica que es imprescindible la colaboración y coordinación de la Comisión con los Estados miembros para apoyar todas las acciones de ámbito europeo.
Además, las acciones relativas a este proyecto concreto pueden ser complementadas con proyectos locales, regionales y nacionales, y para ello debería darse una gran difusión, coordinada y promovida por su Ministerio, o al menos por los órganos colaboradores de este proyecto.
En España se han designado dos instituciones: el Instituto Cervantes, como órgano colaborador, y la Subdirección de Cooperación Internacional, de su propio Ministerio. No sé si en este tema ocurre aquello de «en dos sillas y mal sentados», pero lo cierto es que en este momento pocos españoles así como los organismos que habrían de conocer estos temas han tenido noticia de ellos, para así poder presentar proyectos subvencionables. Hay que tener en cuenta que la Unión Europea ha destinado 4.350.000 euros para este proyecto, pero el organismo coordinador que tiene el deber de informar poco ha informado hasta ahora.
Otro de los deberes que tienen los organismos de coordinación es el de impulsar en los medios de comunicación la difusión de estos hechos. Yo no sé si alguien habrá visto algún anuncio, pero la primera noticia que yo he tenido sobre el apoyo del Ministerio al Año Europeo de las Lenguas ha sido la relativa a Expolingua, que se va a celebrar el 20 de abril, donde efectivamente hay un programa --supongo que subvencionado, porque el resto de los proyectos tienen una inscripción de 13.500 pesetas, mientras que éste es de 3.500 pesetas-- relativo a este tema. En cualquier caso, señora Ministra, es un apoyo muy escaso.
Es necesario tomarse en serio estos proyectos de la Unión Europea si creemos en la Europa de los ciudadanos, porque es nuestra responsabilidad, no sólo la protección del patrimonio común, sino la del nuestro propio.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo tomo nota de todas sus sugerencias . En cuanto a la percepción, al menos de su señoría, de escasa difusión, será valorada; yo creo que ha habido toda la difusión que puede darse teniendo en cuenta el tema del que estamos hablando. Quiero decir que hay actividades que desarrolla la Unión Europea o que se realizan en el ámbito nacional que tienen un peso, y otras que tienen otro; tampoco se puede tratar todo por el mismo rasero y, por tanto, prestarle la misma intensidad y el mismo soporte económico de difusión. Pero aquilatando la cuestión de la que estamos hablando, esto está teniendo por nuestra parte el mayor impulso posible. Hay una serie de actividades que se están realizando, como congresos internacionales o Expolingua, que se acaba de mencionar, y unas acciones en el contexto de este Año Europeo, como la de los niños magrebíes, que por más que deban ser un continuo a lo largo de todo el año educativo, no viene mal que haya refuerzos de esta naturaleza. Por otro lado, las Comunidades Autónomas están perfectamente informadas.
Aquellas que tienen lenguas propias han asistido a las reuniones internacionales celebradas en el seno de la Unión Europea sobre este tema. De manera que, dentro de lo razonable, creo que se está haciendo un esfuerzo significativo; no obstante, tomo nota de sus consideraciones a efectos de reforzar la difusión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA EUGENIA MARTIN MENDIZABAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS RESULTADOS QUE SE ESTAN OBTENIENDO EN LA APLICACION DEL PLAN DE ACCION SOBRE LA SINIESTRALIDAD LABORAL (680/000271).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de doña María Eugenia Martín Mendizábal, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los resultados que se están obteniendo en la aplicación del plan de acción sobre la siniestralidad laboral.
Tiene la palabra la Senadora Martín Mendizábal.


La señora MARTIN MENDIZABAL: Muchas gracias, señora Presidenta.
La siniestralidad laboral afecta, interesa y repercute en toda la sociedad. Sé que el Gobierno, las Comunidades Autónomas, trabajadores y empresarios, están haciendo grandes esfuerzos para mejorar la siniestralidad laboral. Tenemos una Ley de 1995 y un gran desarrollo reglamentario en el que se ha realizado el trasvase de directivas comunitarias a nuestro ordenamiento jurídico. Soy consciente también de la preocupación de todos, no sólo porque tiene un coste económico importante, sino porque debemos cuidar de que los trabajadores no corran riesgo ni en su puesto de trabajo ni en su empresa. Aunque sea una utopía, creo que debemos mirar hacia el objetivo de no tener ningún accidente laboral, pero aunque hubiera un solo accidente debemos tratarlo con especial atención, porque detrás de él hay una familia y un trabajador que está sufriendo sus consecuencias.
Todo ello llevó en su día a la elaboración y puesta en marcha de un plan sobre siniestralidad laboral, ambicioso y con diversos campos de actuación. En definitiva, con ese plan se pretendía mejorar las condiciones de trabajo de los trabajadores y evitar la siniestralidad laboral. Señor Ministro, quisiera saber cuál es el resultado que está dando ese plan actualmente y la valoración que usted hace de ello.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Martín Mendizábal.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


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El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, aunque como bien señalaba en su intervención, el plan se ha puesto en marcha a lo largo del año 2000, está llamado a tener una mayor duración en el tiempo y en el espacio. Puesto que las acciones de colaboración entre las distintas administraciones y con participación de los agentes sociales parece que sean el cauce deseable y estable de lucha contra la siniestralidad, yo creo que ya tenemos unos primeros datos.
Conviene recordar que este plan se diseñó para actuar sobre un número aparentemente reducido de empresas, apenas un 3 por ciento, pero que concentraban una cantidad de accidentes superior a un tercio de los mismos. Los datos los voy a expresar de la manera que pueda resultar más indicativa, que es en índice de incidencia; esto es, no hablando de cifras absolutas, que a veces pueden ser distorsionadas por el enorme crecimiento que ha tenido la población laboral española, sino hablando de la frecuencia, bien por cada 10.000, bien por cada 100.000 --que nos pide la Unión Europea-- trabajadores. Esto es lo que se llamaría el índice de incidencia que, sin duda, puede dar un reflejo más fiel de lo que es una imagen de la siniestralidad.
Naturalmente, y como hacía el propio plan, ciñéndome preferentemente a los accidentes que, como su nombre indica, revisten mayor gravedad --graves o mortales--, puedo decirle que no hay ningún motivo para la complacencia, pero sí para la esperanza y para seguir ahondando en esta misma línea de trabajo. Si observamos esos índices de siniestralidad laboral podemos hablar de que a lo largo del año 2000 ya se ha producido una reducción de un 4 por ciento para los accidentes mortales, de más de un 8,78, prácticamente un 9, para los accidentes graves, y que en los accidentes leves ciertamente se ha producido un crecimiento, pero es mínimo, en este caso del 1,75 por ciento. Y espero que tanto la Comisión que el Senado tiene abierta como los informes que el propio Presidente del Gobierno ha encargado arrojen luz sobre cuál es el motivo por el cual, y esto es bastante claro de comprobar, causas que podrían ser perfectamente encajables como de enfermedad común, aparecen finalmente reflejadas como accidente de trabajo. En este sentido, creo esbozar o intuir que son las diferencias no tanto de protección, sino de repercusión económica respecto a las propias empresas.
Pues bien, por sectores también le puedo decir que se ha producido una evolución positiva. Construcción ha disminuido sus índices de accidentes graves y mortales en más de un 5 por ciento y un 8 por ciento respectivamente, y el aumento de los leves ha sido aún menor que la media general.
Resumiendo, felizmente también le puedo presentar datos de reducción que alcanzan a las distintas Comunidades Autónomas, y creo que eso es una buena noticia porque la propia configuración de las Comunidades Autónomas evita lecturas ideológicas o ideologizadas de la acción de las distintas Administraciones en esta materia.
Como le decía en la primera parte de esta respuesta, creo que no hay ningún motivo para la complacencia, pero sí que hay motivos suficientes para pensar que el camino que se ha emprendido es un camino correcto. Al mismo tiempo, quiero reconocer el mérito de la Comunidad Autónoma de Aragón en la elaboración de un modelo o de un método que ha sido de utilidad para el resto.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS IRREGULARIDADES DETECTADAS POR EL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM), EN RELACION CON LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS Y LOS CONVENIOS FIRMADOS CON EL INSTITUTO MUNICIPAL PARA EL EMPLEO Y LA FORMACION EMPRESARIAL (IMEFE), DEL AYUNTAMIENTO DE MADRID (680/000275).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las irregularidades detectadas por el Instituto Nacional de Empleo (INEM), en relación con las subvenciones concedidas y los convenios firmados con el Instituto Municipal para el Empleo y la Formación Empresarial (IMEFE) del Ayuntamiento de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Ciñéndome estrictamente a la formulación, le diré que son fundamentalmente irregularidades que, como sabe, es un concepto administrativo y de discrepancia en el número de alumnos existentes o de inadecuación del procedimiento de justificación seguido en dichas actividades.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta.


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Señor Ministro, comprendo que la tentación de quitarse de en medio este escabroso asunto es muy fuerte, pero me temo que usted no lo va a poder eludir por la responsabilidades que tiene al frente del Ministerio como máximo responsable, por tanto, según la Ley del INEM.
La denuncia sobre irregularidades producidas en el IMEFE, que es un organismo subvencionado con fondos del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales desde hace muchísimo tiempo, arranca de los años 1998 y 1999.
Pero ha sido en enero de este año 2001 cuando esas denuncias han adquirido un tono mucho más grave e importante. Concretamente, salió a la luz pública que redes empresariales de afiliados del Partido Popular habían logrado 1.400 millones de pesetas para formar parados; esto se ha producido desde 1996, y son 1.400 millones de pesetas a empresas donde estaban presentes afiliados significativos del Partido Popular y que suponían el 25 por ciento del total de las adjudicaciones. En febrero, la Unión Europea comunica al Ayuntamiento, a través del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, es decir a través de usted, que ha decidido suspender las ayudas de la Unión Europea al IMEFE, lo cual supone una congelación de 6.000 millones de pesetas que irían destinados a formación de parados madrileños en seis años.
Me gustaría saber, señor Ministro, si ha ordenado la Dirección General de su Ministerio la suspensión efectiva de esos pagos al IMEFE.
El Ayuntamiento ha anunciado, posteriormente, que devolverá a la Unión Europea los millones estafados por los cursos falsos del IMEFE desde 1996 a 1998, y otro Departamento del Gobierno, al que usted pertenece, el Ministerio del Interior, ha reconocido que el 60 por ciento de los cursos anunciados por el IMEFE no se habían llegado a realizar y, sin embargo, sí habían sido cobrados por las empresas antes citadas.
Señor Ministro, desde 1996 se están produciendo anomalías, irregularidades, fraudes, llámelo usted como quiera, y no sabemos todavía si el Gobierno ha tomado alguna medida. Recientemente parece ser que no solamente en Madrid, sino también en Galicia se están produciendo situaciones muy graves. Hay que recordar que el Gobierno aporta los fondos, ¿existe algún seguimiento, alguna evaluación, algún control de estos fondos? El INEM, cuyo máximo responsable es usted, tiene responsabilidades de seguimiento y control. Nos gustaría saber si se están ejerciendo.
La Unión Europea en este momento tiene abiertos tres expedientes por irregularidades en España derivados de 1a gestión del Fondo Social, y todo esto puede poner en riesgo las ayudas económicas del Fondo Social Europeo para España y, en concreto, para Madrid, de las cuales se resentirían lógicamente los más débiles, es decir, los parados de nuestro país y de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Me consta que en el Consejo General del INEM se ha planteado la necesidad de hacer evaluación y seguimiento de estos fondos a la vista de los escándalos que se están produciendo en varios puntos de España, y me consta también que en el seno de ese Consejo General se han planteado informes negativos sobre el funcionamiento y la gestión del IMEFE.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Barranco, creo que por el bien del lenguaje político no es adecuado mezclar conceptos administrativos y penales. Acaba usted de hablar de estafa. Y se lo dice un químico, si usted cree que ha habido un delito de estafa, creo que usted debería sustanciarlo por otro procedimiento bien distinto al de la detección de irregularidades.
Espero que la tesis a la que usted me quiere llevar no sea la tesis de que todo organismo que recibe subvenciones de otro pasa a ser dependencia directa del primero, Porque sería una tesis francamente peculiar. El Ministerio de Trabajo naturalmente que gestiona recursos procedentes del Fondo Social Europeo, pero son nuestros ordenamientos jurídico y competencial los que determinan quiénes tienen la responsabilidad de gestión. Y eso no es eludir ninguna responsabilidad. Eso es, simplemente, ordenar un poco una cuestión en la que entiendo que a otros les interesará como planteamiento general la confusión, pero no es el caso del Ministerio de Trabajo.
Y especialmente también me ha dejado muy preocupado el que se refiera a unas imágenes globales de inadecuación de los usos que España realiza de los recursos del Fondo Social Europeo. Las cantidades que usted ha citado, que estarían sujetas a depuración aún, no alcanzan ni el uno por mil del total de fondos que ha manejado España en estos últimos años y de las previsiones, naturalmente, que ha de manejar.
No creo que a usted le interese que España aparezca como un país que carece de los más elementales controles, incluso en las administraciones que usted mejor conoce. No quiero creer que usted duda de la profesionalidad y competencia de los servicios de intervención del Ayuntamiento de Madrid, estoy seguro de que no era esa su intención, y ésa es, por ejemplo, la instancia que debe conocer en primera instancia --valga la redundancia-- la adecuación o no de los recursos que gestiona el Instituto Madrileño de Formación, en este caso.
Para que pueda hacerse una idea y refiriéndome especialmente al período en que era competencia directa nuestra --no así desde el año 1999, como estoy seguro que usted conoce--, pero para que no haya ninguna duda y situándolo también por debajo del uno por ciento del total de recursos, como usted citaba (y podría ser la lectura más exhaustiva en este caso de 60 millones de pesetas frente a 6.000, y eso no resta un ápice de responsabilidad porque bastaría una sola peseta de irregularidad para tener que actuar), le diré que se está llevando a cabo un programa especial de seguimiento a través de la unidad administradora del Fondo Social Europeo, aunque sea otro distinto, como digo, el procedimiento que ha de seguirse.


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Senador Barranco --y con esto concluyo--, sé que a ustedes les han dado instrucciones de que busquen a través de un manual el mayor número posible de escándalos y que si no existen los inventen. Me alegra mucho que usted siga disciplinadamente dicho método, pero, por favor, no siembre una imagen de desconfianza ni sobre la utilización que España realiza ahora y ni sobre la que ha realizado en el pasado de los Fondos Sociales. Para mí también hubiese sido muy fácil remitirme a algunas administraciones en otros períodos y sabe que no lo he hecho. No dibuje esa imagen que, indudablemente, compromete, como comprometería también no ya sólo la imagen, sino la formación de muchos parados españoles.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS CRITERIOS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA ABORDAR EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN MATERIA DE SANIDAD (680/000269).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísíma señora doña María Belén Fernández-Delgado y Cerdá, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los criterios que piensa adoptar el Gobierno para abordar el proceso de transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas en materia de sanidad.
Tiene la palabra la Senadora Fernández-Delgado y Cerdá.


La señora FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, nuestro Gobierno ha asumido el reto de culminar en esta Legislatura el proceso de transferencias del Insalud a las diez Comunidades Autónomas pendientes de recibirlas, un compromiso que el Grupo Popular comparte, que figura en nuestro programa electoral y que supondrá sin duda el comienzo de una nueva etapa en nuestro Sistema Nacional de Salud, que lo transformará decisivamente.
A nadie se le oculta el enorme reto político que esto supone, y no sólo por los 134.000 miembros del personal estatutario afectados por los 79 hospitales o por 1.068 centros de salud implicados que, sin duda, suponen una enorme complejidad, sino sobre todo por la oportunidad histórica de cerrar la configuración del sistema sanitario en el que desde el Partido Popular creemos. Un sistema profundamente descentralizado, un sistema moderno y eficaz, y un sistema sobre todo orientado hacia la calidad y hacia la satisfacción del usuario y, ante todo señorías, muy cercano a los ciudadanos y ciudadanas para atender a sus demandas y a sus necesidades.
Señora Ministra, estamos convencidos de que esto exigirá establecer con claridad nuestro modelo de futuro, los grados de diversidad posibles dentro de él, y los adecuados instrumentos de coordinación para su correcto y equitativo funcionamiento. Creemos que hará falta diálogo, mucho diálogo y lealtad, y que hará falta también responsabilidad, y, señora Ministra, generosidad en sus protagonistas. Estamos convencidos de que el Gobierno estará a la altura de las circunstancias. Lo que nos jugamos es ni más ni menos que la más adecuada cobertura sanitaria posible, para nuestros ciudadanos y ciudadanas, objetivo irrenunciable del propio Partido Popular en todos sus ámbitos.
Con estas premisas, señora Ministra, me permito preguntarle: ¿Con qué criterios piensa el Gobierno abordar el proceso de transferencias a las Comunidades Autónomas previstas en materia de sanidad? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, tenemos la obligación de completar un mapa transferencial para las Comunidades Autónomas que haga posible un Sistema Nacional de Salud con igualdad de competencias en el conjunto del territorio nacional.
Estamos llegando al límite del conjunto de transferencias necesarias a las Comunidades Autónomas y, que duda cabe, que de las pendientes, la más importante sigue siendo la sanidad. El presupuesto es un billón 600.000 millones de pesetas. Son diez Comunidades Autónomas. La población protegida del sistema es el 38,5 por ciento.
Para abordar el futuro del Sistema Nacional de Salud es necesario dotar de esas competencias al resto de las Comunidades Autónomas que hoy no las tienen. Debo decir que nos pusimos a ello desde el principio de esta Legislatura. Fue un acuerdo, efectivamente, de nuestro programa de Gobierno y del propio Presidente para agilizar estas transferencias. Son complejas --como usted mismo ha dicho-- y complicadas. Pero hemos puesto en marcha los mecanismos adecuados para que los plazos que nos hemos dado se vayan cumpliendo.
En este sentido, el 25 de enero se reunieron el Secretario de Estado de Organización Territorial del Ministerio de Administraciones Públicas y el Secretario General de Gestión y Cooperación sanitaria para anunciar oficialmente la apertura de estas conversaciones. En el mes de febrero se han reunido ya las ponencias de Madrid, del Principado de Asturias y de Castilla y León. Ayer mismo, se celebró la de Baleares y en este mes está previsto que se reúnan las de Aragón, Murcia, Castilla-La Mancha, Cantabria y Extremadura. Y, por último, en el mes de abril se reunirá la de La Rioja.
Este proceso de negociación está incardinado, lógicamente, con el proceso ya abordado del nuevo modelo de financiación en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Qué duda cabe que es necesario completar este mapa transferencial antes de que empiece a operar el nuevo sistema de financiación. Por lo tanto, los plazos que nos hemos

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dado han de ser suficientes para terminar las comisiones técnicas y de trabajo a lo largo de este año 2001, de forma que en los primeros meses del año 2002 se puedan transferir físicamente las competencias a las Comunidades Autónomas. Esto significa, efectivamente, diálogo y negociación por las consideraciones específicas de algunas de estas Comunidades Autónomas, Comunidades uniprovinciales, con centro de referencia en otras Comunidades. No obstante, mediante la coordinación y la garantía de equidad del sistema que le corresponde al Ministerio se crearán esos mecanismos Ministerio-Comunidades Autónomas que garantizarán una transferencia pacífica y a los españoles de esas Comunidades Autónomas una sanidad adecuada, de calidad, y con la equidad que manda nuestra propia Constitución.
Gracias, señora Senadora.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON ALEJANDRO ENCINAS CASILLAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE ESTA LLEVANDO A CABO EL GOBIERNO EN EL EJERCICIO DE LA ALTA INSPECCION EN MATERIA SANITARIA (680/000272).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del Excelentísimo señor don Alejandro Encinas Casillas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las actuaciones que está llevando a cabo el Gobierno en el ejercicio de la alta inspección en materia sanitaria.
Tiene la palabra el Senador Encinas Casillas.


El señor ENCINAS CASILLAS: Muchas gracias, señoría.
Señora Ministra, la sanidad es posiblemente uno de los temas que más preocupan en todos los estamentos de la sociedad. Nosotros somos conscientes del celo que usted está poniendo para solucionar los muchos problemas que sucesivamente surgen en su Departamento. Por ello quisiéramos saber qué actuaciones está llevando a cabo el Gobierno en el ejercicio de la alta inspección en materia sanitaria.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
Señoría, la Ley General de Sanidad, efectivamente, otorga al Ministerio de Sanidad la creación de la alta inspección del Estado y el control sobre el sistema sanitario en el conjunto del territorio nacional.
Lógicamente, esta función se basa en la propia Constitución, en la obligación de garantizar la salud, la equidad y la solidaridad en todo el sistema.
La alta inspección ha tenido un trabajo importante a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, pero qué duda cabe que, una vez completado el mapa transferencial, la alta inspección, como el papel de coordinación del Ministerio, cobra el nivel adecuado que necesita par a esa garantía de la equidad en todo el territorio nacional.
Las transferencias significan, lógicamente, una asunción de competencias y, por lo tanto, de responsabilidades y decisiones que afectarán al sistema sanitario, pero por encima de esas decisiones de organización está la obligación de garantizar esa equidad. Ese es el papel del Ministerio de Sanidad y Consumo y, en ese sentido, el Ministerio está elaborando un texto que presentaremos a lo largo de este año ante las Cortes Generales para que sea discutido, de forma que desde el primer día en que esas transferencias estén realizadas, el papel del Ministerio esté claramente definido, potenciando el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y garantizando, por encima de todo, esa equidad que nuestra Constitución garantiza al conjunto de los españoles en algo tan sensible como es la sanidad.
Estoy convencida de que con un importante consenso político, necesario en esta materia, conseguiremos entre todos esa garantía de equidad y de solidaridad ante algo tan sensible como es la sanidad.
Tenemos algún problema derivado de alguna sentencia del Tribunal Constitucional, pero estoy convencida de que, adecuando ese articulado de la Ley General de Sanidad al texto final de la sentencia del Tribunal Constitucional, conseguiremos que esa garantía para el conjunto de los españoles sea una realidad en el más breve espacio de tiempo posible.
Estoy convencida de que ese consenso que pido a las Cámaras se conseguirá porque ésa es la voluntad de diálogo permanente de este Ministerio.
Gracias, señor Senador.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON MANUEL FRANCISCO FERNANDEZ ZANCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA RESOLVER LA SITUACION EN QUE SE ENCUENTRAN LAS TRECE MIL PERSONAS QUE CONCURRIERON AL CONCURSO-OPOSICION DE LOS GRUPOS D Y E DE LAS INSTITUCIONES SANITARIAS DE LA SEGURIDAD SOCIAL, DEPENDIENTES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD), CONVOCADO EN EL AÑO 1997 Y CELEBRADO EN EL AÑO 1999 (680/000273)

La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Francisco Fernández Zanca, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para resolver la situación en que se encuentran las trece mil personas que concurrieron al concurso-oposición de los grupos D y E de las instituciones

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sanitarias de la Seguridad Social, dependientes del Instituto Nacional de la Salud (Insalud), convocado en el año 1997 y celebrado en el año 1999.
Tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, en el planteamiento está la historia que voy a recordar.
Como sabe, el 24 de diciembre de 1997 se publica en el «Boletín Oficial del Estado» la convocatoria de un concurso-oposición para cubrir plazas de los Grupos D y E del Insalud. Los exámenes se celebraron los últimos días de junio y primeros de julio de 1999, y a ellos concurrieron más de 190.000 opositores. En su momento hubo denuncias de presuntas irregularidades en varias provincias y, lo que tendría que haberse resuelto en un plazo de dos o tres meses, se demoró más de diez meses, justo hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dicta un auto de suspensión cautelar el día dos de mayo.
Hasta este momento la Administración no ha dado ni una explicación y nos encontramos al día de hoy con que más de trece mil opositores, que en teoría han aprobado la oposición, están indefensos ante una situación que ellos, desde luego, no han provocado, y sin la más mínima información por parte de la Administración.
Señora Ministra, la pregunta es la siguiente: ¿Qué medidas piensa adoptar la Administración para dar salida a la situación en que se encuentran estas personas? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, comparto su preocupación por las personas que se presentaron a esos concursos-oposición y que hoy no están suspendidas, pero no puedo deducir de sus palabras que la voluntad del Insalud en su momento fuese la de esperar una sentencia que significara la paralización inmediata e irrevocable de los tres procesos de oposición que se estaban celebrando. Como usted comprenderá, el Insalud no convoca un concurso-oposición a la espera de que el Tribunal Superior de Justicia de Galicia se lo suspenda, porque quien tiene creado un problema de personal es el Insalud y no el Tribunal Superior de Justicia.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Fernández Zanca.


El señor FERNANDEZ ZANCA: Señora Ministra, comparto su criterio de que el Insalud no va a convocar unas pruebas para que luego se suspendan, pero alguna responsabilidad tendrá cuando esas pruebas han sido suspendidas precisamente por irregularidades que se han detectado, motivo por el que el Tribunal Superior de Justicia las ha paralizado hasta que se aclare la situación.
Pero, además, señora Ministra, hay otra cuestión. Yo creo que la obligación de la Administración es defender a los administrados, máxime cuando ella es la responsable de una situación concreta, y cuando, además, los servicios jurídicos del Insalud tenían elementos suficientes, a tenor del informe del Defensor del Pueblo --que supongo usted conoce--, como para recurrir el auto de suspensión, cosa que no han hecho.
La pregunta que yo me hago y que se hacen esos miles de personas que están en esa situación es si este silencio clamoroso de la Administración --única responsable de esta situación-- no se deberá a que el auto de suspensión beneficia a la Administración en el sentido de que por un lado se ahorra mucho dinero en concepto de antigüedad, y por otro dispone de un personal interino para cubrir bajas, vacantes u otras eventualidades, lo que nos llevaría a pensar que la Administración recurre cuando le interesa y no recurre cuando no le interesa.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Yo comprendo su preocupación por estas personas, preocupación que yo comparto, insisto en ello, pero su señoría tendrá que aceptar que mi preocupación sea mayor porque, a fin de cuentas, se trata de trabajadores del sistema de cuyo Departamento soy yo la responsable.
Quiero decirle, en primer lugar, que la convocatoria se hace con el acuerdo de la Mesa sectorial del Insalud, donde están representados, como usted sabe, los trabajadores a través de las organizaciones sindicales más importantes del sector. Por tanto, quien lo recurre no es ningún organismo de la Administración, sino una federación de academias gallegas. En segundo lugar, la Abogacía del Estado lo recurre porque no lo comparte, y en este punto habría que empezar a definir si queremos que a este tipo de acuerdos se llegue a través de los representantes de los trabajadores, es decir, porque sean ellos quienes los adopten, o por imposición de la propia Administración. El Insalud siempre ha optado por el acuerdo y el consenso con los representantes sindicales.
Por tanto, insisto, se recurre por parte del Abogado del Estado. Por otra parte, las bases fundamentales del recurso eran las siguientes: En primer lugar, inexistencia de motivos fundados para acceder a lo solicitado por estas academias --y no había ninguna irregularidad, lo que usted conoce igual que yo--. En segundo lugar, el grave perjuicio que se causaría a los aspirantes que se presentaron a los concursos-oposición así como al interés general de estas oposiciones. No obstante, el día 2 de mayo el Tribunal Superior de Justicia de Galicia dispone la suspensión cautelar.
A pesar de ello, para intentar desbloquear la cuestión, el Insalud plantea la publicación de una lista de admitidos y no admitidos sabiendo que lleva razón y sabiendo también que al final se le reconocerá. Es

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decir, considera que deben salir publicados los resultados para que los no aprobados puedan tener la posibilidad de buscar otras fórmulas de empleo. Pero el día 19 de julio el Tribunal Superior de Justicia de Galicia nos lo vuelve a prohibir.
Es decir, el Insalud ha hecho todo lo posible por desbloquear esta cuestión. El problema está en si cumplimos o no lo que dicen los tribunales. Usted y yo acordaremos que no tenemos más remedio que cumplirlo, pero, insisto, los más perjudicados en todo este asunto somos el Insalud y los ciudadanos que están aún esperando.
Mantenemos reuniones permanentes con todos los representantes de los trabajadores del sistema, a través de la comisión sectorial, así como con los propios representantes de los afectados, que a su vez no se sienten representados. Desde luego, el diálogo del Ministerio es permanente y nuestra voluntad es que esta sentencia firme se dicte lo antes posible, porque estamos convencidos de que será favorable a las tesis equitativas y adecuadas del Insalud. Creemos que así se resolvería el importante problema de miles de personas que llevan muchos años, señor Senador, demasiados años en la misma situación.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA INTEGRACION DE LOS FUNCIONARIOS DE LOS CUERPOS FACULTATIVO Y DE AYUDANTES TECNICOS SANITARIOS (ATS) DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS EN LA RED PUBLICA DE SANIDAD (680/000274).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno para la integración de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo y de Ayudantes Técnicos Sanitarios (ATS) de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad.
Tiene la palabra el Senador Arnau Navarro.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra de Sanidad y Consumo, hace casi cinco años que el Congreso de los Diputados aprobó, por unanimidad, una moción en la que se instaba al Gobierno a proceder, en el plazo más breve posible, a la integración de los funcionarios de los Cuerpos Facultativo y ATS de Instituciones Penitenciarias en la red pública de sanidad.
Transcurridos cinco años, señora Ministra, ¿qué previsiones tiene el Gobierno respecto a dicha integración? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.
La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, en este momento el Ministerio de Sanidad y Consumo está celebrando reuniones con el Ministerio del Interior para resolver este problema.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Arnau Navarro.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Después de cinco años, señora Ministra, usted tenía tres opciones. La primera era aceptar el incumplimiento flagrante por parte del Gobierno de una moción del Parlamento. La segunda opción era demostrar, en todo caso, que había existido una imposibilidad para proceder a esa integración. En tercer lugar, le cabía, señora Ministra, una salida digna y comprometerse, otra vez, a proceder a la integración. Ninguna de estas situaciones se ha dado.
Pero, además de esa moción a la que me he referido, existió una proposición no de ley por parte de la Comisión de Sanidad y Consumo en la que se instaba también al Gobierno a proceder a esta integración. Le sonará este papel en el que figura la enmienda del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que se aprobó en la Comisión de Sanidad y Consumo. (El señor Arnau Navarro muestra un documento.) Podría acabar así mi intervención y exigirle a usted, señora Ministra, como representante del Gobierno, responsabilidades políticas, pero no lo voy a hacer por cortesía. Usted sabe que la integración es una obligación impuesta por la Ley General de Sanidad. Mientras existan redes sanitarias paralelas se está produciendo un despilfarro de recursos: el Ministerio del Interior paga una sanidad y los ciudadanos pagan al Insalud otra sanidad. Asimismo, recibe la prestación sanitaria de los presos, pero cuando éstos van a un hospital vuelven a pagar los servicios hospitalarios. Hay que tener en cuenta, además, que es un derecho de los reclusos y de los profesionales; derecho que viene recogido en la Ley General de Sanidad.
Por eso, todos los sindicatos proponen y aceptan esa integración, igual que ha hecho la sociedad científica española de sanitarios penitenciarios, que denuncian numerosas irregularidades en la prestación de la asistencia sanitaria, como sucede con la dispensación de medicamentos de uso hospitalario y de botiquines o en las condiciones de trabajo, muy inferiores a las que tienen los médicos de asistencia primaria en el Insalud, etcétera.
No me diga usted que mantienen negociaciones, porque lo que están denunciando precisamente todos los sindicatos es que la administración penitenciaria ha incumplido el compromiso contraído con los sindicatos y con esta sociedad el día 16 de noviembre del año 2000, fecha en la que se produjo el último contacto. Hay presiones y seguramente las va a seguir habiendo. Existen bastantes irregularidades y motivos para presentar una interpelación, y lo haré si en su segunda contestación la respuesta no es satisfactoria.
Muchas gracias, señora Presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, presente las interpelaciones que considere oportunas para su trabajo parlamentario (El señor Amau Navarro: Si es que le da igual).
Y a usted también lo que yo le voy a decir.
En primer lugar, usted habla de los incumplimientos del Gobierno, y se ha referido a la Ley General de Sanidad. Dicha Ley establecía claramente, en el artículo 45 y Disposiciones Finales Segunda y Tercera, que el Gobierno tenía un año para integrar todo el sistema, es decir que en el año 1997 los facultativos penitenciarios, como los demás, tenían que estar integrados en el Sistema Nacional de Salud, y creo que ha llovido bastante desde el año 1997; ustedes han gobernado muchos años, desde 1987 a 1996. Por tanto, señor Senador, no intente usted buscar lo que no hay.
En segundo lugar, quiero tener buena voluntad en la posición del Gobierno de su partido acerca de la dificultad de la integración, y le digo que en este momento hay reuniones importantes entre el Ministerio de Sanidad y Consumo y el Ministerio del Interior, en concreto Instituciones Penitenciarias, para resolver el asunto, y usted sabe como yo, y no intente engañar a nadie, que tiene problemas importantes, problemas de estructura de personal y problemas de financiación, pero no de la que usted habla sino de financiación de los propios salarios de esos trabajadores, de régimen de trabajo, etcétera, y son muchos de ellos los que también quieren una integración, pero no en las condiciones del personal estatutario del Sistema Nacional de Salud, y esto significa consenso y acuerdos por ambas partes.
No me diga usted que las irregularidades están en que los facultativos y ATS --que ya no son ATS sino enfermería, como usted sabe-- del sistema penitenciario hacen uso o abuso de los medicamentos, porque los deja en mal lugar, y yo estoy convencida de que los trabajadores de las instituciones penitenciarias, facultativos y enfermeros o enfermeras, cumplen un trabajo increíblemente importante para el sistema.
Nuestra voluntad es la integración, como dice la ley, pero para que la integración del personal sea en las mismas condiciones es necesario que se cumplan algunas de las adecuaciones necesarias, y debo decirle que las condiciones de acceso al puesto de trabajo y de financiación, es decir de salarios, no es igual en un sistema y en otro, y no estoy yo convencida, aunque buscaremos la solución, de que su propuesta sea la más adecuada.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA SITUAR A ESPAÑA EN CONDICIONES DE NO PERDER LAS OPORTUNIDADES QUE ABRE, EN TODOS LOS AMBITOS, LA ERA DEL GENOMA HUMANO (680/000276).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Antonia Aránega Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para situar a España en condiciones de no perder las oportunidades que abre, en todos los ámbitos, la era del genoma humano.
Tiene la palabra la Senadora Aránega Jiménez.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el conocimiento de la secuencia genómica humana completa marca una nueva frontera en la que se dispone de la mejor herramienta para poder descodificar el mítico libro de la vida. Se espera mucho del trinomio conocimiento, comprensión y bioctimización del genoma humano; va a ser determinante para esta nueva etapa, en la que se podrán producir en laboratorios hechos tan insólitos como la construcción de tejidos y órganos para transplantes, fármacos a medida diseñados precisamente en función de una medicina más individualizada, e incluso abordar enfermedades poligénicas tan complejas como es el propio proceso del cáncer o incluso el mítico proceso de envejecimiento humano.
La era genómica no ha hecho sino comenzar. La carrera emprendida en este campo la tiene que ganar la sociedad española, y para ello, señoría, el Gobierno ha de diseñar sobre unas bases adecuadas a los nuevos tiempos y con una financiación también adecuada, real, tangible y, a ser posible, amplificada, la respuesta de algunos genes. De la complejidad de las investigaciones, España no puede ni debe quedarse en situación de precariedad, y ¿sabe por qué? Porque sería una insensatez y un despilfarro de potencialidades. Este país tiene unos investigadores de primer nivel en este ámbito. Urge un plan especial del Gobierno que tenga suficiencia financiera adecuada para que este país sea capaz de sumarse a las iniciativas que están emprendiendo otros países de nuestro entorno comunitario.
Es necesario afrontar el reto y reaccionar como lo han hecho otros países de nuestro entorno, rediseñando políticas de inversión en genómica humana, porque los costes derivados de la no participación en el grado suficiente pueden ser enormes.
En Alemania, por ejemplo, hace escasamente dos semanas se anunció el establecimiento y financiación de una red nacional para hacer posible que ese país pasara a liderar en Europa el análisis de los productos génicos y su posible aplicación en todos los campos. ¿Sabe cuál ha sido la partida económica? Estoy segura de que conoce que se han destinado 74.000 millones de pesetas, puesto que se ha anunciado en diferentes medios, y eso significa, simplemente, que respecto al período anterior se ha incrementado en un 103 por ciento.
También tenemos datos de otros países de nuestro entorno, como es el caso de Francia, donde se ha incrementado en la actual etapa en un 23,8 por ciento; incluso el país

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que lidera en este momento el conocimiento del genoma humano ha invertido en este período un 60 por ciento más de lo que lo hacía en etapas anteriores.


La señora PRESIDENTA: Por favor, Senadora, vaya terminando.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Está claro que los resultados irán en paralelo y, por tanto, es el momento de sentar las bases para que este país no pierda el tren de esta era que se avecina, en la que ya estamos inmersos y por la que hay que apostar.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aránega.
Tiene la palabra, la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, comparto absolutamente su análisis sobre lo que ha significado el genoma humano.
Efectivamente, se abre un nuevo mundo o un nuevo campo para el futuro de la curación de enfermedades importantísimas de tipo cardiovascular, el cáncer, el Alzheimer, etcétera; pero no es solamente esto, sino que también se abre el campo para una medicina predictiva, que es la base fundamental de la medicina preventiva, como usted sabe mucho mejor que yo como Catedrática que es de la Facultad de Medicina de Granada.
Es necesario apostar decididamente por la investigación en esta área que representa el futuro de la medicina y de la salud para los ciudadanos, y ésa es la línea que está siguiendo el Gobierno. Así, usted sabe que existe una comisión interministerial de Ciencia y Tecnología, que preside el propio Presidente del Gobierno, porque le quiere dar el nivel de importancia que tiene la investigación en este país, ya que también comparto con usted que España tiene magníficos investigadores.
En consecuencia, se ha puesto en marcha la Fundación del Genoma Humano, con la idea de unir la financiación pública procedente del Ministerio de Ciencia y Tecnología y del Ministerio de Sanidad, fondos públicos, así como la participación de la financiación en investigación de entidades privadas.
Como usted bien ha dicho, la idea es funcionar en la investigación moderna en red, uniendo todos los grupos de investigadores que hay en España para que puedan investigar en líneas adecuadas, que se pueda colaborar con el resto de los países de la Unión Europea y del mundo entero, y alcanzar investigaciones importantes.
Este es un reto fundamental. Comparto con usted la idea de que no podemos perder ese tren y, por tanto, quiero decirle que, de cara a los presupuestos de 2001, hemos dispuesto del dinero que teníamos, 8.000 millones de pesetas, más 1.000 millones de pesetas del Ministerio de Sanidad, lo que va a significar en los tres próximos años 26.000 millones de pesetas de financiación pública. ¿Es poco?, ¿es mucho? Para una investigación de esta naturaleza todo es poco, pero también es cierto que la cuantía de las inversiones no tiene necesariamente que ver con los resultados, sino que depende en gran medida de la capacidad de los investigadores. En cualquier caso, dentro del nivel de capacidad económica de España, se ha hecho una inversión importante y tenemos que conseguir unir esas inversiones privadas que se dedican a este campo para lograr una financiación adecuada que apoye y ponga en marcha todos los equipos de investigadores del territorio nacional.
Estoy convencida de que cuento con su ayuda y colaboración, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre esta materia para que, entre todos, consigamos unos adecuados resultados de nuestro sistema de investigación que, como usted decía, es fantástico.
Espero sus sugerencias para que consigamos no perder este tren.
Gracias, Senadora.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FINANCIACION DE QUE DISPONE EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA EL HOSPITAL CENTRAL DE ASTURIAS (680/000277).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Antonio Alonso García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación de que dispone el Ministerio de Sanidad y Consumo para el hospital Central de Asturias.
Tiene la palabra el Senador Alonso García.


El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en esos términos, señora Ministra.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
Senador, los presupuestos del Insalud de inversiones contemplan las partidas adecuadas para que Asturias tenga un hospital como se merece.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Alonso García.


El señor ALONSO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, lamento no poder agradecerle ni la forma, ni el tono, ni el estilo. Porque fue precisamente su antecesor en el cargo quien dijo, en primera instancia, que Asturias no necesita un nuevo hospital. Con posterioridad vuelve a ser su antecesor en el cargo quien dice que asume el compromiso de remozar, de remodelar el actual. Después

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de esto su Partido en Asturias participa, lógicamente, de los criterios que apunta su antecesor en el cargo, y ahora su propio Partido en Asturias ya participa de la necesidad de un nuevo hospital en Asturias, pero dice que localizándose en los terrenos que ocupa el actual hospital Central de Asturias.
¿Por qué reclama la sociedad asturiana, el conjunto de sus agentes sociales, sindicales, profesionales, etcétera --puesto que la asturiana es una sociedad vertebrada--, un nuevo hospital? Primero, para facilitar la reordenación sanitaria y los recursos hospitalarios de Asturias, una reordenación que dé respuesta a las necesidades que estos tiempos exigen.
Además, el nuevo hospital debe ser un centro de máximo nivel tecnológico, que asuma los avances científicos y las nuevas modalidades de atención a los pacientes. Debe, a su vez, disponer de instalaciones que garanticen la máxima seguridad a usuarios y personal del centro.
En este sentido, cuando usted habla, señora Ministra, de los presupuestos, el único conocimiento que tenemos es la promesa de su Ministerio --la última habla de 21.000 millones de pesetas-- que quiero entender que se trata de querer aproximarse al problema, pero sin fundamento, o al menos nosotros no tenemos fundamento conocido de en base a qué están calculados esos 21.000 millones de pesetas: si son 21.000 millones de pesetas calculados sobre la base de una reforma o si son 21.000 millones de pesetas sobre la base de un nuevo hospital. Porque la estimación para un nuevo hospital debe hacerse con criterios de rigor, y con criterios de rigor todos los profesionales coinciden en que a todas luces se trata de una cantidad insuficiente.
Señora Ministra, hace aproximadamente una semana o diez días han iniciado las negociaciones para el traspaso de competencias en materia de sanidad a nuestra Comunidad Autónoma. Hemos sido la primera Comunidad en España que asumimos las competencias en materias y políticas activas...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alonso. El tiempo terminó con creces.
Señora Ministra, tiene la palabra.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, el Insalud no ha cambiado de criterio. Usted dice que mi antecesor en el cargo decía que no a un nuevo hospital, que después dijo que sí, que el Partido Popular...
El señor Sevilla, hoy Consejero de Salud del Principado de Asturias, cuando era Director General del Planificación del Ministerio se negó sistemáticamente a invertir un duro en Asturias --consta en las actas de las Comisiones Mixtas-- diciendo que Asturias no necesitaba ningún nuevo hospital, que el Insalud no iba a invertir más en Asturias de lo que significaba la media del Insalud, y que no iba por ahí el tema. Esta ha sido la posición oficial del Insalud durante muchos años mientras gobernaba su Partido y el señor Sevilla, hoy Consejero, estaba en el Insalud. Aquí quien cambia de posición en función de qué competencias y responsabilidades tienen son ustedes, no nosotros.
Cuando el Partido Popular llega al Gobierno se sienta con la Comunidad Autónoma de Asturias para analizar el problema del Hospital General de Asturias, y decide que hay que hacer una obra importante en ese hospital.
Y quiero recordarle que parte de ese Hospital General de Asturias es de la Comunidad Autónoma, no es del Insalud, porque los edificios del Instituto están a años luz, en cuanto a condiciones, del edificio de la Comunidad Autónoma, que no ha invertido ni un duro en arreglarlo, mientras otras Comunidades Autónomas, como por ejemplo la de Murcia, sí lo han hecho con sus propios presupuestos.
No obstante, el Insalud se puso a trabajar en un nuevo hospital para Asturias, y empezó a hablar con la Comunidad Autónoma pero, lógicamente, la Comunidad Autónoma tiene que admitir y aceptar la corresponsabilidad financiera que significa parte importante de ese centro sanitario que es propiedad --insisto-- del Principado y no del Insalud.
Por lo tanto, el Partido Popular de Asturias ha seguido en la misma línea, ahora y entonces, ahora y entonces. Lo que ocurre es que como ustedes dejaron pasar tanto tiempo en la cuestión de Asturias, en estos momentos la situación del hospital es complicada y hay que construir uno nuevo, pero que sirva a los intereses de los asturianos, a sus necesidades, no a los intereses partidistas del Partido Socialista.
En consecuencia, la decisión del Insalud es clarísima a favor de un nuevo hospital ubicado exactamente donde los asturianos quieren, y ésa no es precisamente la oferta que hace el Principado.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI ASUME EL GOBIERNO LAS AFIRMACIONES EFECTUADAS POR EL SECRETARIO DE ESTADO DE HACIENDA, EN RELACION CON LOS INGRESOS DE LOS AYUNTAMIENTOS CUANDO DESAPAREZCA EL IMPUESTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) Y SE REFORME LA FINANCIACION LOCAL (680/000266).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si asume el Gobierno las afirmaciones efectuadas por el Secretario de Estado de Hacienda, en relación con los ingresos de los ayuntamientos cuando desaparezca el Impuesto de Actividades Económicas (IAE) y se reforme la financiación local.
Tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en la la sesión de investidura, el Presidente Aznar afirmó: La eliminación del IAE para el 90 por

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ciento de las pequeñas empresas y autónomos debe formar parte de un proceso de revisión global de la financiación municipal. Y añadió: Los ayuntamientos deben contar con recursos suficientes.
Pero el Secretario de Estado de Hacienda, Enrique Jiménez Reina, en fecha muy reciente, exactamente el 14 de febrero, dijo que los ayuntamientos perderán ingresos cuando desaparezca el IAE, ya que el Gobierno no compensará a los municipios con el 100 por cien de lo que pierdan, lo cual, según nuestro parecer, señor Ministro, resulta contradictorio con las declaraciones del Presidente.
La cifra aportada por el IAE no es baladí: Unos 260.000 millones de pesetas, equivalente al 8 por ciento de los ingresos municipales, y que puede modificar hasta en ocho puntos su capacidad de endeudamiento.
El patio está ahora muy revuelto, como sabe usted. Han mostrado su alarma la Federación Española de Municipios y Provincias, las federaciones autonómicas y centenares, por no decir miles, de ayuntamientos.
En su respuesta del 27 de septiembre del año pasado a este Senador, que le pedía concreciones sobre cómo el Gobierno iba a garantizar los ingresos municipales, el señor Ministro le hizo un quiebro, un regate, por expresarlo de alguna manera. Dijo que en su momento se negociaría con la FEMP la nueva financiación. Muy bien. Perfecto. Pero hasta ahora sólo llegan las noticias negativas.
Señor Ministro, ¿asume las declaraciones del Secretario de Estado? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Senador, como usted mismo ha recordado, en esta Cámara, en respuesta a una pregunta suya, este Gobierno se pronunció en relación con el futuro del IAE y, además, anunció un método tan democrático para reformarlo como es el llevar adelante un diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias. Si su señoría califica a eso de quiebro, yo lo llamaría un procedimiento democrático. No sé lo que entiende su señoría por quiebro en términos futbolísticos o en cualquier otro deporte, pero hablar con la Federación Española de Municipios y Provincias de España sobre el futuro de la financiación para llegar a un sistema equilibrado suficiente y con el que realmente modernicemos los tributos que tienen a su cargo las Corporaciones Locales es lo más legítimo que puede hacer un Gobierno, y ésa es la postura del Gobierno de España.
Y ya en esa respuesta tuve ocasión de decirle que usted es alcalde, además de Senador, y le pregunté que si mostraba el mismo interés por el futuro del IAE que por quienes dentro de su municipio pagan el IAE, es decir, por los pequeños comerciantes, por los profesionales, por los trabajadores autónomos, por las empresas ubicadas en el mismo.
Explique a esos sujetos pasivos si hay que reformar el IAE o no, y si conviene conmigo en que es necesario hacerlo, lo que debe hacer es una campaña, dentro de su grupo parlamentario, para conseguir el diálogo político que necesitamos. No me lea usted titulares de periódicos, que son muy legítimos y loables, sino las declaraciones de los altos cargos del Gobierno y compruebe usted sus contenidos, que se refieren al éxito de la reforma fiscal que éste está aplicando. El Gobierno de España ha bajado los impuestos a los españoles y hemos recaudado más. ¿Sabe su señoría por qué? Porque hay más trabajo, porque hay más inversión, porque hay más empleo, porque hay más ahorro, porque hay más capacidad de generar actividad económica. Esta es la reforma que pretende acometer el Gobierno en materia de IAE, y eso, señoría, lejos de ser un quiebro, es una declaración política que espero que su Grupo asuma en un momento determinado en lugar de preocuparse tanto por la bajada o no de los impuestos a los españoles que, desde luego, vamos a hacer, aunque también sabemos que se van a oponer y que van a votar en contra, como ya lo han hecho durante la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para el 2001, donde han votado en contra de la bajada de los impuestos a la pequeña y mediana empresa.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ha repetido exactamente los mismos argumentos de su contestación a mi anterior pregunta, y nos decepciona otra vez porque su respuesta es inconcreta por dejar en el aire, en el limbo lo que esperan los ayuntamientos españoles.
Señor Ministro, ya se lo dije. El IAE puede suprimirse. Nosotros no defendemos este impuesto en particular. Lo que defendemos es la capacidad de gestión de los ayuntamientos, defendemos a los ayuntamientos como la administración más próxima a los ciudadanos.
La pregunta del millón es la siguiente: ¿Compensará, cómo y cuándo a los municipios de los más de 200.000 millones de pesetas que se pueden detraer de sus ingresos por la supresión de este impuesto? Esta es la pregunta. Estoy seguro de que la Federación Española aceptará con flexibilidad fórmulas diversas. Están abiertos a la negociación de fórmulas de financiación nuevas. ¿Por qué no se les ofrece ya? ¿Por qué no despeja aquí y ahora las incógnitas en el Senado, la Cámara territorial por antonomasia?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet. Ha terminado su tiempo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, no voy a despejar una incógnita en una pregunta parlamentaria de su Grupo sencillamente porque tenemos un sistema en vigor hasta el año 2002, como usted no ignora.


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Realmente estamos hablando de reformas tributarias a partir de ese año, lo que significa que tenemos tiempo para dialogar efectivamente con la Federación de Municipios en relación con lo que debe ser la suficiencia financiera de los ayuntamientos, que es lo que tenemos que pretender y que, en definitiva, es el objetivo del Gobierno; pero compatibilizamos este objetivo con rebajas fiscales, y cuando el Estado ha bajado 800.000 millones de pesetas la recaudación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, no solamente no ha padecido la recaudación del Estado --entiendo que usted no acepte este argumento con naturalidad-- sino que se ha incrementado el número de contribuyentes. En el año 1999 se produjo un aumento de 900.000 contribuyentes. Y eso permite que realmente podamos recaudar más millones de pesetas en favor del mantenimiento de los servicios.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO DIRIGIDA A INTENSIFICAR EL RESPETO DE LOS DERECHOS HUMANOS EN LOS PAISES DEL LLAMADO TERCER MUNDO (680/000241).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política del Gobierno dirigida a intensificar el respeto de los derechos humanos en los países del llamado Tercer Mundo.
Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el hecho de que no sea el Ministro de Asuntos Exteriores --a quien teóricamente le correspondería hacerlo--- el que conteste la pregunta que voy a formular creo que es un buen ejemplo de que la acción de gobierno ha de ser solidaria, y precisamente esta pregunta tiene por objeto evidenciar que el Gobierno español y España como país deben ser solidarios en un mundo global, teniendo en cuenta todo lo que en él acontece.
En el terreno de los derechos humanos se cometen demasiados abusos e infracciones ante los cuales el Gobierno español no puede ser pasivo. En este sentido, ya he formulado diversas preguntas por escrito acerca, por ejemplo, de la situación de las mujeres en Afganistán, el tráfico de armas, el uso --tristísimo uso, por cierto-- de los niños en la utilización de armas, las acciones que ha llevado a cabo el Gobierno para que no se interrumpa el proceso democrático en Guatemala, etcétera. Y de las respuestas dadas por parte del Gobierno se deduce que ha habido actuaciones, pero, desgraciadamente, la realidad demuestra que éstas no son suficientes. Así, en estos momentos la situación en Afganistán es chocante: se ha producido un gran escándalo internacional debido a la destrucción de las estatuas budistas, un hecho evidentemente lamentable, pero las condiciones en que cada día, y a cada hora, se encuentran las mujeres afganas siguen siendo degradantes. Y, francamente, no alcanzo a entender por qué no hay una verdadera presión, un verdadero esfuerzo internacional para que esa situación de vulneración de los derechos humanos en Afganistán acabe de una vez por todas.
Por tanto, le pregunto al señor Ministro cuál es la política del Gobierno para intensificar el respeto de los derechos humanos en aquellos países con los que se relaciona y en los que son públicas las infracciones notorias de los mismos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señora Presidenta.
Como su señoría conoce, la defensa y la promoción de los derechos humanos constituyen un eje fundamental de la política del Gobierno tanto en su ámbito interno como en su política exterior. En aplicación de este principio el Gobierno efectúa un seguimiento cuidadoso de la situación de los derechos humanos en los distintos países del mundo, y en especial en aquellos sobre los que las informaciones llegadas indican la presencia de violaciones graves y sistemáticas de dichos derechos.
Con este propósito el Gobierno se guía por criterios de efectividad, considerando preferible actuar de manera que se pueda influir en la evolución positiva de la situación de los derechos humanos antes que contentarse con simples denuncias y condenas de tales situaciones. El Gobierno estima que la utilización con firmeza del diálogo y la persuasión en muchos casos es más eficaz que el empleo de otros medios, sin que ambas vías sean excluyentes. Así, en determinados casos el diálogo y la presión política y diplomática pueden ser complementarios.
Teniendo en cuenta el panorama global en esta materia, hay situaciones muy diversas en relación con el nivel de respeto y garantía de los derechos humanos. Un buen número de países goza de constituciones, gobiernos e instituciones plenamente democráticos, lo cual no quiere decir que en su territorio no se puedan producir violaciones. Pero hay otros países, sobre los que, por sus características de lejanía, su pequeña población y la escasa presencia en el ámbito internacional, el Gobierno no tiene datos particulares fácilmente comprobables. En esta categoría se incluirían los Estados islas del Pacífico y del Indico.
Sin embargo, el Gobierno reconoce que existen muchos países en el mundo cuya situación en materia de respeto de los derechos humanos es abiertamente preocupante. En estos casos, en los contactos bilaterales siempre se plantea como una cuestión fundamental los temas de derechos humanos y se actúa concertadamente con nuestros socios de la Unión Europea. Precisamente durante las reuniones de

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los sucesivos períodos de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la Unión Europea interviene para hacer pública la lista de los países que producen una especial inquietud a la Unión y los Estados miembros. España participa activamente en esas intervenciones y en la redacción de dichas listas, y el Gobierno comparte cuantas referencias se contienen en ellas en relación con la situación de los derechos humanos en los países que en las mismas se citan. Y en esa misma línea seguirá pronunciándose España en el 57 período de sesiones de la Comisión de Derechos Humanos, que comenzará en Ginebra el próximo día 19 de marzo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra, Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, agradezco su respuesta y soy consciente de las acciones del Gobierno --así lo he dicho en mi primera intervención--, pero sigo animándole a que el Gobierno haga más, porque el resultado es que en Afganistán y en los países subsaharianos todos los días vemos imágenes de niños con armas, y esto es intolerable, por lo que se debería actuar con mayor profusión.
Me parece muy bien la colaboración con los organismos europeos, y pido al Gobierno español que lidere esa acción en favor de los derechos humanos en todos los países en que sea posible. Y en cuanto a esa evolución positiva y a esa efectividad a que se refería, que también comparto, una acción muy importante sería el aumento del porcentaje que dedica el Gobierno español a la cooperación internacional para fines educativos.
Sabe usted que se solicita el 0,7 por ciento del PIB, y ahora estamos en el 0,3 por ciento, por lo que dedicando más inversión a ayudar a esos países del Tercer Mundo para que mejoren su educación también mejoraría, con toda seguridad, el respeto a los derechos humanos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Señor Ministro, ¿quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) Tiene la palabra, señor Ministro, por tiempo de treinta segundos.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero manifestar que España es miembro de la Comisión de Derechos Humanos desde el 1 de enero del año 2000 hasta el 31 de diciembre del año 2002; antes éramos simples observadores. Por tanto, en esta condición de miembros de pleno derecho, seguiremos activamente defendiendo la política de protección de los derechos humanos, que su señoría ha indicado, que es tan oportuna, tan necesaria y tan conveniente en todos los ámbitos, incluso en el ámbito de la cooperación.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON VENANCIO ACOSTA PADRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS GESTIONES REALIZADAS ULTIMAMENTE POR EL GOBIERNO PARA EL RECONOCIMIENTO RECIPROCO Y CANJE DE LOS PERMISOS DE CONDUCCION NACIONALES ENTRE ESPAÑA Y LOS PAISES DE AMERICA LATINA, ESPECIALMENTE CON VENEZUELA (680/000243).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Venancio Acosta Padrón, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las gestiones realizadas últimamente por el Gobierno para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales entre España y los países de América Latina, especialmente con Venezuela.
Tiene la palabra el Senador Acosta Padrón.


El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, parece que hoy le ha tocado contestar a preguntas que abarcan materias diferentes a las de su Departamento. En fin, vamos al tema.
En estos momentos son muchos los emigrantes que están retornando de Sudamérica, fundamentalmente de Venezuela, donde la comunidad española es bastante numerosa, encontrándose con el problema de la imposibilidad de convalidar el carné de conducir porque, al no existir un convenio bilateral en este sentido y dado que muchos de estos emigrantes retornados tienen una avanzada edad, se les complica el hecho de obtener de nuevo el carné de conducir. Por ello, se le pregunta al Gobierno: ¿qué gestiones está realizando últimamente para el reconocimiento recíproco y canje de los permisos de conducción nacionales entre España y los países de América Latina, especialmente con Venezuela?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
El tema del reconocimiento y canje de permisos de conducir con otros países se encuentra regulado, como sabe su señoría, en el Reglamento General de Conductores, aprobado por Real Decreto de 30 de mayo de 1997.
Esta norma simplemente traslada al Derecho interno español la Directiva de 29 de junio de 1991, de la Unión Europea, que establece que los permisos de conducción expedidos por países extracomunitarios no se podrán canjear por un permiso español, salvo que exista un convenio bilateral entre España y el país correspondiente. Por tanto,

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sólo en los supuestos en que los requisitos para la expedición de los permisos de conducir sean técnicamente homologables sería posible formalizar los correspondientes acuerdos bilaterales.
No obstante, en el ámbito de la Unión Europea, en las reuniones de expertos que se celebran sobre permisos de conducción se ha tratado de establecer listas de países terceros cuyos permisos podrían ser reconocidos y canjeados por los Estados miembros de la Unión Europea.
Hasta la fecha, no se ha concluido la elaboración de estas listas.
A pesar del estrecho margen que la normativa comunitaria permite, porque hace falta que sean técnicamente homologables los requisitos para la expedición de permisos, España ha firmado convenios con Suiza, con Japón, con Andorra y con Corea, y por lo que se refiere a países de Iberoamérica, hasta el momento se han iniciado contactos con Argentina.
Puedo afirmar a su señoría que el Gobierno va a estudiar la posibilidad de extender estos convenios a otros países del área, incluido Venezuela.
Debo también señalar que las autoridades venezolanas tampoco han planteado hasta el momento alguna iniciativa al respecto. Pero, en todo caso, el Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento General de Conductores mencionado al inicio de mi intervención establece que los extranjeros transeúntes en España podrán utilizar el permiso de conducir expedido por su país durante un período de seis meses a partir del momento en que adquieran la residencia en nuestro país.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Acosta tiene la palabra.


El señor ACOSTA PADRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Teniendo en cuenta que muchos de estos emigrantes retornados son de avanzada edad y es el carné de conducir el único instrumento de que disponen para poder obtener un puesto de trabajo, nos parece prioritaria la necesidad de establecer un convenio para que estas personas que retornan a su país de origen puedan conseguir un trabajo que de otra manera resultaría muy difícil. Dado que en muchos casos estas personas han pasado muchísimos años de su vida teniendo como profesión el ser conductores, parece una paradoja el que una vez que vuelven a su país no puedan continuar desarrollando su trabajo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Acosta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
El Gobierno toma nota del interés de su señoría. Ya le he manifestado que se van a iniciar los contactos con Venezuela para intentar resolver este problema siempre que los procedimientos de expedición del permiso de conducción sean técnicamente homologables. Sabe su señoría que hay países en los que los permisos de conducción se dan con toda facilidad. España es uno de los países que más exigen a sus conductores tanto desde el punto de vista teórico como práctico y, por tanto, hace falta que exista una cierta similitud en estos requisitos, En la medida en que dichos requisitos sean homologables, se podrán acelerar los trámites para conseguir el resultado por el que está interesado su señoría.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA ADOPTANDO EL GOBIERNO PARA EVITAR LA APARICION EN ESPAÑA DEL BROTE DE FIEBRE AFTOSA DETECTADO EN LA CABAÑA PORCINA INGLESA Y PARA TRANQUILIZAR A LOS CONSUMIDORES (680/000261).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francesc Xavier Marimon i Sabaté, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que está adoptando el Gobierno para evitar la aparición en España del brote de fiebre aftosa detectado en la cabaña porcina inglesa y para tranquilizar a los consumidores.
Tiene la palabra el Senador Marimon i Sabaté.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ceñiría mi primera intervención al texto de la pregunta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
El Senador Marimon es un experto en el tratamiento de epizootias y, por tanto, comprenderá fácilmente la dificultad que tiene la gestión de las mismas y la racionalidad de las medidas que se toman.
El Gobierno ha se guido un doble plan: las acciones a nivel interno y, sobre todo, la búsqueda de la coordinación a nivel comunitario.
Conscientes de que había un foco muy intenso en el Reino Unido, que no había focos en los demás países de la Unión Europea pero que se habían producido numerosas exportaciones directas e indirectas del Reino Unido, se han adoptado dos tipos de medidas: En primer lugar, el 22 de febrero el Gobierno envió una comunicación

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oficial a las Comunidades Autónomas y a las organizaciones del sector poniendo en su conocimiento las decisiones de la Comisión adoptadas el día 21 de febrero, que prohibía las exportaciones desde el Reino Unido de animales, semen, óvulos y embriones de las especies bovina, ovina, caprina y porcina y otros vinculados, así como carnes frescas y productos cárnicos. Las medidas adoptadas en esa decisión estaban previstas hasta el 1 de marzo, se prorrogaron hasta el día 9 de marzo y ayer fueron prorrogadas hasta el próximo día 24 del presente mes.
A partir de la puesta en marcha de una medida comunitaria de esta importancia, el Ministerio de Agricultura adoptó dos medidas cautelares a nivel nacional: En primer lugar, la Orden de 28 de febrero, por la que se adoptaban medidas cautelares y se prohibía, inicialmente, hasta el 9 de marzo la concentración de rumiantes, porcinos y equinos en ferias y mercados, centros de concentración, la salida de animales que estuvieran en estos centros y el movimiento por el territorio nacional de animales vivos, semen, óvulos y embriones de las especies ovina y caprina, excepto los animales destinados al matadero y, posteriormente, se dicta la Orden de 2 de marzo de 2001 por la que se adoptan medidas cautelares respecto a alimentos, residuos y vehículos procedentes del Reino Unido en relación con la fiebre aftosa, cuyo contenido conoce plenamente su señoría y no le voy a repetir.
A partir de ese momento la acción del Gobierno español se dirige a buscar acciones concertadas a nivel comunitario. El Gobierno español consideraba que la utilización de medidas nacionales referentes a cierres de fronteras de unos a otros complicaba la gestión de una epizootia de esta naturaleza, puesto que respecto a epizootias similares anteriores, como la peste porcina clásica, hemos ido a aislar regiones, a aislar focos, pero no a cerrar fronteras con países cuando no había casos confirmados.
Pero hemos pedido a la Unión Europea y hemos obtenido ayer en el Comité Veterinario Permanente, una medida preventiva de paralización temporal de los movimientos de animales a nivel comunitario y de prohibición de las concentraciones de los mismos.
Ayer el Comité Veterinario Permanente de la Unión Europea decidió las siguientes actuaciones que habían sido solicitadas por España: que se prolongaran las medidas tomadas respecto del Reino Unido durante dos semanas más, que se prohibiera la concentración de animales para todas las especies sensibles durante dos semanas, y que se prohibieran los movimientos, excepto para matadero, durante este período de dos semanas.
Se excluyó la hipótesis de la vacunación en este momento.
Por lo tanto, actualmente estamos trabajando en coordinación a nivel comunitario, con medidas comunitarias y con transparencia de información entre los servicios veterinarios de los Estados miembros y la Comisión.
Entendemos que ésta es la fórmula de gestionar una epizootia de esta naturaleza, que se propaga muy fácilmente, que requiere el mayor control y que las medidas se apliquen en todo el territorio comunitario coordinadamente.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, celebro esta noticia que usted me acaba de dar. Entiendo que en la prevención de la fiebre aftosa, lo que nuestros ganaderos conocen normalmente como la glosopeda, es necesario una política enérgica, pero también de sentido común. Y dentro de esta política enérgica le iba a proponer la prohibición de entrada de animales de países sospechosos de tenerla. Por tanto, su anuncio de la decisión del Comité Veterinario de ayer es una noticia en este sentido positiva.
Siguiendo un poco el proceso de desarrollo de la fiebre aftosa en, Europa en estos últimos días llegan a nuestro país noticias absolutamente preocupantes. Por ejemplo, en el país vecino ayer mismo el señor Jospin anunciaba que él mismo personalmente sigue hora a hora el proceso de la fiebre aftosa en Francia, reconocía un sacrifico superior a 50.000 animales y siguen sacrificando. Ayer, el periódico «Le Monde» le dedicaba dos páginas enteras, la segunda y la tercera, el editorial y la contraeditorial de la última página, lo cual muestra la preocupación que este tema está generando, pero yo creo también demuestra, lo reconozcan o no implícitamente, que en el país vecino tienen problemas. Asimismo, usted conoce, como conocemos todos porque lo hemos leído en la prensa, posibles casos en Bélgica, en Holanda, etcétera. Por lo tanto, creo que esta medida que ha anunciado hoy va a tranquilizar notablemente a nuestros ganaderos, puesto que es la mejor que se podría tomar.
Por cierto, hoy también el diario «Le Monde» en primera página anuncia la iniciativa del propio Gobierno francés de suspender la exportación de todo tipo de animales y carnes durante quince días. Creo que abunda en la tesis que antes le estaba mencionando. Y evidentemente el hecho de que --no porque la Comunidad Autónoma catalana sea fronteriza con Francia-- sea el país vecino, con la cantidad de ganado que en él existe, y la relación comercial que mantiene con nuestro país, exige que en este caso se paralice cualquier movimiento. No sólo debiera hacerse con Francia porque por las noticias que dan los propios diarios --afirmaciones del primer ministro, reconocido o no, aunque luego se diga que determinados casos no han sido la realidad--, todo parece indicar que esta epizootia se está desarrollando.
Otro aspecto de mi pregunta iba en el sentido de tranquilizar a los consumidores. Se están tomando un conjunto de medidas que no voy a discutir y que hoy protagonizan los chistes de algunos periódicos de amplia tirada nacional. Tenemos que obrar con sentido común y, por ejemplo, he visto antes a un Senador compañero de otro Grupo político que me decía que han prohibido incluso el relevo de la guardia para que los caballos no salgan a la calle. Yo no le voy a discutir algunas de estas medidas, señor Ministro, entiendo que todas las que podamos tomar son buenas, pero sí le pediría que las que se tomen sean adecuadas al fin y no tengan un carácter...


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon, ha terminado su tiempo.
Señor Ministro, también terminó el suyo.


INTERPELACIONES:

--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS PROYECTOS PREVISTOS POR EL GOBIERNO PARA ATENDER LA DEMANDA DE SEGURIDAD DE LOS USUARIOS DE LA BICICLETA Y MEJORAR LAS MEDIDAS DE TRAFICO Y CIRCULACION PARA DAR PREFERENCIA Y GARANTIZAR LA SEGURIDAD DE LOS CICLISTAS (670/000052).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día, interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los proyectos previstos por el Gobierno para atender la demanda de seguridad de los usuarios de la bicicleta y mejorar las medidas de tráfico y circulación para dar preferencia y garantizar la seguridad de los ciclistas.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Albistur Marin.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente del Gobierno, y Ministro del Interior, que es la razón por la que usted está presente hoy, aquí y ahora, y me alegro porque sé que usted es un hombre sensible a la problemática que hoy estamos planteando. No es la primera vez que esta Cámara acoge un debate entre los grupos parlamentarios y el Gobierno en relación con los efectos y consecuencias derivadas del uso de la bicicleta en vías públicas.
Tampoco es la primera vez en que debemos lamentar la pérdida de ciudadanos, víctimas absurdas de accidentes de tráfico que podían haberse evitado, o la pérdida de deportistas que en el ejercicio de su profesión, y ellos están empezando y ahora quiero comentar que además forma parte de su trabajo, han visto definitivamente truncada una carrera de éxitos y una ejemplar vida deportiva.
Lamentablemente, la sociedad y las administraciones se están habituando a estas situaciones trágicas, sin que se encuentren las medidas que adecuen el comportamiento de los usuarios de la carretera o una correcta y cívica utilización en convivencia de los medios de transporte motorizado con el uso de la bicicleta.
Nuestro Grupo no quiere resignarse ni acepta que no se encuentren las soluciones para atender una demanda social, cada vez con mayor aceptación entre la juventud, que merece recibir un tratamiento específico basado en la disponibilidad de espacios urbanos, rutas señalizadas y circulación protegida. Hoy que hacemos las ciudades con mayores zonas peatonales, precisamente estamos haciendo una ciudad que sea cada vez más propicia para el uso de la bicicleta.
Ya el Congreso de los Diputados, en Resolución del 14 de diciembre de 1995, presentaba las conclusiones de la Ponencia para el estudio sobre ciclismo y seguridad vial con el apoyo unánime de todos los Grupos. El Senado, por iniciativa precisamente del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, el 12 de junio de 1996, después de una moción, aprobaba, también por unanimidad, respondiendo precisamente a la iniciativa en forma de moción presentada por nuestro Grupo, la creación de una Ponencia para la aplicación de las resoluciones aprobadas por el Pleno del Congreso de los Diputados seis meses antes. La Ponencia tenía un doble cometido: Abordar el estudio y seguimiento de los accidentes de tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo y proponer la modificación y adecuación de los textos legales vigentes sobre circulación y tráfico en la práctica y uso de la bicicleta. Los trabajos de la Ponencia finalizaron con la presentación de una proposición de ley debatida en este Senado y en el Congreso de los Diputados y con la propuesta de modificaciones en textos legales cuyo resultado para los fines perseguidos no lo podemos considerar satisfactorio.
Las Cortes Generales aprobaron en noviembre del año 1999 una adaptación de las normas de circulación al ciclismo que dejó tan insatisfechos a los practicantes de este deporte que no dudaron en calificarla de anticiclista por apoyar en su contra a los vehículos de motor. Los cambios del año 1999 establecieron la obligatoriedad de que los ciclistas utilicen casco en las vías interurbanas, así como que vistan prendas y lleven en sus bicicletas elementos reflectantes cuando sea necesario el uso del alumbrado. También deben someterse a las pruebas de alcoholemia, cinturón de seguridad, etcétera. Asimismo, extendió a las autovías, salvo en circunstancias especiales o si no hay otra alternativa, la prohibición que ya pesaba sobre ellos de circular por las autopistas. Cuando pedaleen varios juntos han de hacerlo por lo general en fila india y no en paralelo, que era una reclamación que por seguridad y por experiencia los ciclistas siguen reclamando. Por añadidura, las mencionadas variaciones han supuesto que los conductores de los automóviles tengan prioridad de paso sobre los ciclistas en la mayoría de los casos.
Traigo a colación esta reflexión porque creo que los que participamos en aquellas Ponencias debemos hacernos una autocrítica y preguntarnos si tuvimos la suficiente fuerza política o transmitimos el suficiente convencimiento político para introducir las modificaciones que la sociedad demandaba.
Los trabajos de los órganos legislativos no han supuesto la introducción de modificaciones jurídicas sustantivas con influencia en el cambio de la situación de debilidad que el usuario de la bicicleta y de la carretera presentaba y sigue presentando.
En lo que voy a expresar a continuación voy a procurar no emitir juicios propios. Leeré un conjunto de textos que corresponden precisamente a juicios y opiniones emitidas

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por usuarios, por ciudadanos que experimentan las consecuencias del uso de la carretera.
Son numerosas las reflexiones realizadas no solamente por los acontecimientos recientes, sino durante los años que transcurrieron desde 1999 a la fecha actual en relación precisamente con una actuación que se quedó corta por parte de las Cortes Generales y de las administraciones.
Y quiero subrayar expresamente este término.
Escribe Jose Luis Laguía --hoy día Presidente de la Asociación de Corredores Profesionales--: En un combate desigual que no tiene sentido decide siempre el árbitro y en este caso --al que nos referimos-- deja que siga el juego sucio. El árbitro, en este caso, es la reformada Ley de Seguridad Vial y los que la imparten, aquella que confiábamos en que nos protegiera, pero, lejos de eso, su reforma reciente nos ha dejado helados. Como hasta ahora sólo se desprende que seguimos siendo un estorbo, las únicas medidas adoptadas son la represión para el ciclista.
Y mucho me temo que en futuras reformas nos confinen a guetos apartados de los poderosos vehículos.
Yo insisto --y así lo planteo-- en que posiciones de inercia burocrática, desconocimiento de situaciones sociales desde la Administración y desde la propia política, oídos sordos a los criterios, opiniones y preocupaciones manifestadas desde las federaciones, asociaciones deportivas y colectivos de usuarios, han dejado una insatisfacción social comprobable y una sensación constatable de la escasa utilidad y eficiencia de los trabajos legislativos realizados en las Cortes Generales.
Me voy a referir ahora a un texto que el próximo día 10 de marzo en Berango va a ser leído por un colectivo de cicloturistas y de ciclistas.
Es muy similar al presentado en La Moncloa y que fue atendido por el Secretario de Estado para el Deporte donde se manifiesta, precisamente, esta sensibilidad ciudadana.
Consideramos como extraordinaria --entre comillas-- la inseguridad vial que sufren los ciclistas en cuanto a usuarios de la vía pública. La siniestralidad es muy alta y se salda cada año con más de un centenar de muertos y de 2.000 heridos en accidentes y cuyo más cercano y lamentable exponente es el accidente sufrido por los hermanos Ochoa.
Cada vez que se produce un accidente como éste hay un acuerdo unánime en que la situación es insostenible, pero no se adoptan soluciones. Por todo ello, el objetivo de esta marcha que está anunciada que se desarrollará el próximo sábado 10 de marzo desde Berango a Bilbao --Berango es el lugar de nacimiento de la familia Ochoa-- es la defensa de los derechos de todos los usuarios de la bicicleta para la utilización de este vehículo en las vías públicas en condiciones de suficiente seguridad, a la vez que se conciencia a la sociedad por los reiterados accidentes de tráfico que afectan a nuestro colectivo y se llama la atención a las autoridades para que conozcan nuestras reivindicaciones en pro de la mejora de la seguridad vial.
El manifiesto es sereno. El manifiesto es prudente. Y el manifiesto pone en primer lugar un objetivo: concienciación a la sociedad y llamada de atención, en segundo lugar, a las autoridades. Nuestro grupo parlamentario, que participa de esta insatisfacción --y espero que sea una insatisfacción compartida por todos, social y deportiva--, considera que los trabajos parlamentarios y las actuaciones de la Administración deben abrirse de nuevo para dar respuesta a la sociedad.
No es un tema cerrado. Aunque lo fuera en su momento el tema hoy vuelve necesariamente a estar abierto. Consideramos que todavía no se ha dado la respuesta política a una nueva cultura que ya está arraigando en nuestra sociedad y que entiende que debe usarse la carretera como una vertiente de ocio y deportista, ya que la carretera está en la naturaleza.
Se plantea, por tanto, una revisión del concepto del uso de las infraestructuras viarias y la necesidad de redactar un código de circulación acorde con los usuarios de las carreteras, teniendo en cuenta las nuevas demandas sociales y, sobre todo, conseguir una actitud más solidaria y cívica entre los ciudadanos cuando nos lanzamos a la carretera.
En un debate parlamentario celebrado en 1995, un representante del Grupo Parlamentario Popular, entonces en la oposición, aportó una consideración en relación con la necesidad de introducir esta cuestión en el debate sobre el plan de infraestructuras. Quiero destacar esta reflexión porque me parece que sigue siendo vigente. Decía el Diputado del Grupo Parlamentario Popular lo siguiente: Considero éste un magnífico momento para introducir en el Plan Director de Infraestructuras las recomendaciones que sobre investigación de accidentes, sobre circulación de bicicletas y ciclomotores y sobre seguridad vial propone esta Ponencia y ha ratificado la Comisión de Educación. Además, cumpliremos la propuesta de la Comisión de Transportes y Turismo del Parlamento Europeo acerca de la prioridad de que deben gozar en toda acción de seguridad vial los más vulnerables, es decir, peatones, ciclistas y conductores de ciclomotores, expuestos a riesgos más elevados en la circulación por carretera. Finalmente --concluía el Diputado del Partido Popular--, insistiremos en la responsabilidad política que contrae hoy el Gobierno ante el acuerdo unánime contenido en la aprobación del informe de esta Ponencia.
El hoy de entonces se refiere al Gobierno de hoy del Partido Popular también, y la reflexión de su Diputado sigue siendo cierta, está vigente y tiene razón, y por eso la he querido subrayar.
Para aproximarnos lo más posible a esta utopía, porque la seguridad vial de los ciclistas en la carretera sigue siendo una utopía, aunque sea deseada por la mayoría, se parte de iniciativas como la que se debate hoy en este Senado. Lo que nuestro Grupo pretende --y yo entiendo que pretendemos todos-- es concienciar a la población, a la opinión pública en general, para que se cree un poso, una semilla que fructifique entre los diferentes sectores, particularmente administraciones, policías, policías autónomas, organizaciones de cicloturistas y, sobre todo, entre los conductores de automóviles y vehículos pesados para que los practicantes del deporte de la bicicleta puedan circular sin necesidad de sentir, cada vez que circulan por una carretera, que se van a jugar la vida.


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La nada despreciable cifra de 700 muertos y 13.000 heridos, usuarios de bicicleta en carretera y vías urbanas, son el vivo reflejo del lugar que ocupan en el actual código de circulación --que recuerdo que hay que modificar-- y, lo que es más grave, del lugar que ocupa el ciclista en la mente del conductor del automóvil y de la sociedad.
Por encima de todas las consideraciones realizadas, donde más debemos insistir es en las conclusiones de las Cortes Generales en materia de seguridad vial. Hay material más que suficiente para que, desde los órganos correspondientes de la Administración, del Gobierno y desde las Comunidades Autónomas se tome conciencia política de que este tema debe ser resuelto no sólo en lo que afecta a la seguridad, que debe de asumir para sí mismo y para otros el propio ciclista, en función del axioma respétate para que te respeten, sino además en la seguridad de que se debe apoyar al ciclista por ser un usuario más de la carretera, dándole reconocimiento preferencial en la vía pública como sujeto más débil frente a todos los demás usuarios.
Por todo ello, señor Vicepresidente, nuestro Grupo ha interpelado al Gobierno para que dé a conocer en esta Cámara qué proyectos tiene previsto emprender, porque entendemos que participará de nuestras preocupaciones, para atender tanto la demanda de seguridad insatisfecha por los usuarios de la bicicleta como para mejorar sustancialmente las medidas de tráfico y circulación que den preferencia y garanticen la seguridad de los ciclistas en el uso que realizan de los viales urbanos e interurbanos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, don Mariano Rajoy.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, quisiera comenzar mi intervención agradeciendo al Senador Albistur esta interpelación porque todo lo que sea trasladar a los ciudadanos el problema de los accidentes de tráfico es algo que interesa al Gobierno, a los grupos políticos y al conjunto de la sociedad española. Le agradezco la posibilidad de continuar en esta Cámara un debate que va a permitir al Gobierno seguir trabajando para el desarrollo de políticas eficaces y que, además, nos permitirá a todos hacer el esfuerzo indispensable para la concienciación en materia de tráfico y la reflexión sobre la seguridad vial.
Además, como todos ustedes saben, los accidentes de tráfico no son sólo un problema de nuestro país sino que afecta en mayor o menor medida a todos los países de la Unión Europea. En el ámbito de la Unión se contabilizan 45.000 muertos al año y más de un millón y medio de heridos, datos que reflejan que el alcance y la magnitud del problema son preocupantes. Por ello, es positivo seguir debatiendo sobre estos asuntos y también sobre la seguridad de los ciclistas cuando utilizan las infraestructuras urbanas e interurbanas.
Un aspecto relevante de esta cuestión es que la sensibilidad ante la seguridad vial, incluida la seguridad de peatones y ciclistas, aumenta no sólo en el ámbito nacional sino también en el seno de las instituciones de la Unión Europea. La Comisión Europea puso en marcha un programa de acción para estos últimos cuatro años, en el que se han afrontado diagnósticos y medidas con la finalidad de incrementar la sensibilidad pública ante el drama que suponen los accidentes de tráfico. Se han definido prioridades entre las que se incluye la adopción de normas legales sobre diseño de vehículos con el frontal más seguro para suavizar las consecuencias de colisiones con peatones y ciclistas. La necesidad de abordar seriamente estas reformas se incluye en la comunicación que la Comisión Europea elevó el día 17 de marzo de 2000 al Consejo y al Parlamento.
El propio Parlamento español, como el señor Albistur acaba de recordar, se ha manifestado y se ha implicado en profundidad y con responsabilidad en iniciativas orientadas a debatir y a proponer medidas de seguridad viaria, y ha abordado muy especialmente el estudio de los accidentes de tráfico ocurridos en carretera por la práctica del ciclismo, ya desde la Ponencia del Congreso de 1995, antes citada, posteriormente con la moción presentada por el Grupo al que usted representa en este Senado en el año 1996, y después con los trabajos de la Ponencia que concluyeron con la proposición de ley a que también se ha hecho alusión, aprobada por el Congreso en 1999, que específicamente trataba sobre la circulación ciclista y su seguridad.
Como decía esa proposición de ley --hoy ya Ley de 1999 sobre adaptación de las normas de circulación a la práctica del ciclismo--, la bicicleta es un eficaz medio de transporte que representa una alternativa cotidiana para muchas personas. Sin embargo, hoy en España es, ante todo, una actividad deportiva que se practica cada fin de semana por muchos miles de españoles, que se ve afectada y condicionada sin duda por el uso de automóviles y, en suma, por la complejidad del tráfico rodado.
En los debates parlamentarios de esas iniciativas se ha realizado un análisis con expertos y responsables políticos de la seguridad de los ciclistas y del ámbito de la utilización de la bicicleta sin riesgos para hacer compatible su uso con el de otros medios de transporte. Ha recordado el señor Albistur en su intervención --y yo quiero señalarlo también-- que en nuestro Parlamento sí existe una verdadera percepción de este problema y una sensibilidad especial para afrontar la vulnerabilidad del ciclista frente al vehículo de motor. Ya la Ponencia de 1995 planteaba iniciativas a las administraciones públicas competentes y trasladaba la necesidad de incrementar políticas para favorecer la circulación en bicicleta, entre ellas el fomento del carril-bici urbano debidamente señalizado.
El interés creciente por la práctica de este deporte debe ser sin duda un punto de partida para el análisis de la situación y para valorar debidamente el nivel de seguridad en este ámbito. No se dispone de datos del parque de bicicletas al no existir un sistema de matriculación, pero no me

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equivocaré mucho si hablamos de que está formado por alrededor de dos millones y medio de bicicletas en España.
Las cifras sobre accidentes de carretera con implicación de bicicletas, arrojan el siguiente balance: en el año 1996 fallecieron 78 personas; en 1997, 93 personas; en 1998, 84; en 1999 murieron 91, y en el año 2000, 58 personas. Ha habido una tendencia a la baja en estos accidentes, pero naturalmente eso no significa que, como ha dicho el señor Senador en su intervención, dejemos de utilizar una palabra distinta a la de la insatisfacción que a todos nos produce el tratamiento de estos asuntos.
Es decir, a lo que debemos aspirar es a que el número de accidentes y el de personas fallecidas por utilizar una bicicleta sea cero, porque detrás de cualquier estadística se esconde un drama personal y familiar. Por eso, precisamente, se percibe en el conjunto de la población una mayor demanda social de seguridad para los ciclistas y su conducción. Ello es así porque en nuestro país nos encontramos con la carencia de pistas segregadas para bicicletas, prácticamente no existen arcenes en la red secundaria, tenemos una orografía complicada y además coexiste con otros tráficos rodados.
Como he dicho antes, fruto de los debates en las Cámaras fue la aprobación de una proposición de ley, que se convirtió en norma legal el 25 de noviembre de 1999, en la que se incluyen modificaciones en la ley de tráfico exclusivamente para acrecentar la seguridad del ciclismo. Esta ley, que recoge el sentir casi unánime --como se ha recordado aquí-- de casi todos los grupos, establece algunas modificaciones; modificaciones que, como aquí se ha dicho, no han satisfecho a muchas personas, pero en cualquier caso, al menos en mi opinión, suponen un avance en relación con la situación anterior. Dichas modificaciones son las siguientes: Se recoge la prohibición de circulación de ciclistas por autovías, salvo las excepciones reglamentarias, mientras que hasta entonces sólo se prohibía la circulación por autopistas; se prevé la utilización de arcenes por los ciclistas y las vías de uso preferente; se determina la obligatoriedad del uso del casco en las vías interurbanas y de otros elementos para reforzar su visibilidad, y se señala una nueva regulación de las prioridades de paso para conductores de bicicleta, precepto que fue a su vez modificado por un error que se produjo con la Ley de acompañamiento de 30 de diciembre del año 1999.
Uno de los aspectos más importantes de esa ley es el encargo que hace al Gobierno de adaptar el Reglamento General de Circulación a sus previsiones, fundamentalmente en relación con las obligaciones de los conductores de vehículos a motor en lo relativo a las reglas de moderación de velocidad y cambios de dirección y las medidas de seguridad para el transporte de menores en bicicleta.
¿Cuáles son --yo creo que es lo más importante-- las actuaciones puestas en marcha y qué es lo que pretende hacer el Gobierno en el futuro? El Ministerio del Interior ha concluido el proyecto de real decreto por el que se modifica el Reglamento General de Circulación. Con esta reforma el Gobierno pretende no sólo modificar ese reglamento sino también el Reglamento General de Vehículos, y desarrollar otros aspectos de la Ley de Tráfico y Seguridad Vial, como son las pruebas deportivas.
La regulación de las pruebas deportivas exige del Gobierno una reordenación, ya que corresponde a las Comunidades Autónomas la competencia para autorizar su celebración en vías interurbanas de su ámbito territorial. Es evidente que las Comunidades Autónomas tienen asumidas y traspasadas las competencias en materia de espectáculos públicos, carácter del que participan las pruebas deportivas. En cuanto a la incidencia en materia de seguridad vial, ésta se materializa a través de un informe vinculante que emiten con carácter previo las administraciones públicas encargadas de la vigilancia y regulación del tráfico, que son la Dirección General de Tráfico y los órganos correspondientes de las dos Comunidades Autónomas con competencias al respecto. El Gobierno está estudiando la fórmula más adecuada para reordenar la regulación de estas pruebas en el futuro reglamento de circulación.
El proyecto de este real decreto ha sido redactado, como se ha apuntado, por los Ministerios de Fomento e Interior, y en este momento se encuentra pendiente de informe del Ministerio de Administraciones Públicas. Los asuntos que nosotros estamos tratando en este reglamento están en fase de debate, y yo estoy dispuesto, como no podía ser menos y sería absurdo que no fuera así, a aceptar las aportaciones que ustedes tengan a bien hacerme; desde luego, está prevista para los próximos días una reunión con los representantes del colectivo de los ciclistas, cuya fecha ya estaba fijada antes de ser nombrado Ministro del Interior.
Entre las cuestiones que se están estudiando cabe destacar las siguientes: En cuanto al transporte de menores en bicicleta, se permitirá el transporte de menores de edad entre uno y seis años en las bicicletas construidas para una sola persona, siempre que se cumplan las condiciones relativas a la utilización de casco por el conductor, que se realice en asientos homologados y que se circule por las vías reservadas a este uso.
Se establece también la prohibición de circulación al conductor de bicicletas con una tasa de alcohol en sangre superior a 0,5 gramos por litro, estando los conductores obligados a someterse a las pruebas.
Asimismo, se establece la misma prohibición para quienes ingieran drogas tóxicas o estupefacientes o se encuentren bajo los efectos de sustancias que alteren el estado físico o mental apropiado. Se permitirá a las bicicletas que puedan circular en paralelo siempre que lo hagan sin rebasar el arcén y sin invadir la calzada, salvo que circulen por carriles bici. Se prevé la posibilidad de circular por autovía siempre que la señalización autorice de modo general su circulación que, en todo caso, será por el arcén. Se está estudiando la posibilidad de que en determinadas condiciones, cuando circulen grupos organizados de ciclistas lleven al final del grupo un vehículo que sirva de protección. Se regulan también supuestos de moderación de velocidad de vehículos al aproximarse bicicletas que circulen por el arcén. Se regulan supuestos de prioridad de paso para conductores de bicicleta respecto a los vehículos de motor.
Se regula la obligatoriedad del casco para ciclistas, tal como prevé la ley, y se exceptúa en los supuestos de rampas ascendentes continuadas y cuando se encuentren en competición autorizada.


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En cualquier caso, sobre este asunto yo acepto todas las sugerencias o planteamientos que tengan a bien hacerme.
En segundo lugar, el Gobierno acaba de remitir al Congreso de los Diputados el proyecto de ley de reforma del texto articulado de la Ley sobre tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial, que no sólo afecta a los ciclistas, como es natural, y precisamente mañana se celebrará el debate de totalidad en el Congreso de los Diputados sobre este asunto. En esta norma se incluyen las reformas correspondientes a la Ley 25 de noviembre de 1999, sobre normas de circulación y prácticas de ciclismo, para suavizar el carácter restrictivo de la circulación de ciclistas por autovías y autopistas que había hecho la Ley de 1999. Este proyecto contempla la posibilidad de que los ciclistas puedan circular por el arcén de determinados tramos de autovías siempre y cuando una señal de circulación así lo autorice, y por ello lo incorporaremos, como he dicho antes, al Reglamento. El desarrollo reglamentario deberá establecer una nueva señal de la circulación para posibilitar esa conducción.
Quiero decir que el plazo de enmiendas para esta ley termina la semana que viene y después comienza el debate en Comisión, y se acordará con todos los grupos, por lo menos ésa es la voluntad que yo quiero manifestar aquí, la incorporación de sugerencias y mejoras a través de las enmiendas que tengan a bien presentar, y seremos todo lo sensibles que haya que ser, como es natural, para consensuar al máximo esta ley de tráfico.
Otras actuaciones que lleva a cabo la Dirección General de Tráfico, que a mí me parecen muy importantes, se refieren a los aspectos educativos y a programas de enseñanza en autoescuelas insistiendo en el comportamiento del conductor en relación con ciclistas y peatones. Se trata de conseguir una educación vial más acorde con la realidad del tráfico urbano e interurbano. Se está invirtiendo más en parques infantiles de tráfico y en su renovación. Los datos de los últimos años en este sentido son éstos: en el año 1996, algo más de 31 millones; en 1997, 42 millones, en los siguientes 77 y 81 millones, y en el año 2001 el presupuesto es de 130 millones. Asimismo se hace un gran esfuerzo en materia de divulgación, y la Dirección General de Tráfico va a invertir este año 2.800 millones de pesetas en educación y divulgación a través de los medios.
Desde otro punto de vista, también la Dirección General de Tráfico sigue trabajando en estudios de seguridad e investigación sobre el ciclismo (el último concluyó en marzo del año 2999), está haciendo un análisis exhaustivo sobre los accidentes de ciclistas en carreteras y está acercándose en profundidad a este problema para comprender mejor los procesos que confluyen en este tipo de accidentes. Lógicamente, estos estudios son los que nos sirven para luego tomar decisiones que se plasmen en normas jurídicas y, como es natural, no tiene más objetivo que conseguir que el número de accidentes disminuya cada vez más.
Quiero terminar diciendo que la Dirección General de Tráfico seguirá trabajando en investigando sobre los accidentes de tráfico relacionados con ciclistas, mediante estudios de seguridad, campañas informativas y programas de enseñanza, y hay que seguir reforzando e insistiendo en el respeto a los ciclistas y a las normas vigentes, porque yo tengo la firme convicción de que es posible la convivencia no agresiva del automóvil con otros elementos más débiles en carretera, como son la bicicleta y el peatón.
Finalizo definitivamente diciendo que estoy dispuesto a aceptar, cuando lógicamente me parezcan razonables, todos los planteamientos que puedan incorporarse al reglamento al que antes he hecho referencia y a la Ley, cuyo debate de totalidad se realizará mañana en el Congreso de los Diputados, y posteriormente pasará a la Comisión. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo únicamente para manifestar la conveniencia y oportunidad del debate que la interpelación del Senador Albistur nos suscita.
Esta cuestión deberíamos mirarla bajo dos aspectos. El primero podría ser el reglamentario que suscitara la adopción de medidas oportunas para conceder a los ciclistas el «status» necesario que permita su circulación con cierto grado de seguridad. El señor Ministro ha apuntado alguna de estas medidas, el Senador Albistur también dejó sobre la mesa algunas propuestas y, seguramente, en un debate como el que ahora se inicia todos podremos aportar ideas al respecto.
Además de ese debate reglamentario, tiene que suscitarse otro que también se ha iniciado en la propia interpelación, el relativo al sentido que la sociedad --empezando por sus representantes-- le tienen que dar a las vías de comunicación no sólo como elementos de comunicación y transporte en una sociedad consumista y con un ritmo de vida y de trabajo, muchas veces fuera de lo normal, sino también como instrumentos e infraestructuras de diversión, de ocio y, por lo tanto, de bienestar.
Sólo desde esta doble perspectiva de las vías de comunicación podremos encaminarnos hacia medidas reglamentarias efectivas y que, en el futuro, puedan evitar accidentes como los que desgraciadamente, y con carácter rutinario, tenemos que lamentar.
En la moción consecuencia de esta interpelación o en el debate que se suscite de la ley que se ha anunciado, podremos seguir dialogando sobre este tema.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
¿Grupo De Coalición Canaria? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.


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Señor Vicepresidente, le agradezco sinceramente la contestación que nos ha dado, sobre todo porque ha sido exhaustiva, y eso es algo que nos satisface a mi Grupo y a mí personalmente.
He querido dejar bien claro que aunque la interpelación ha sido dirigida al Gobierno, no es solamente responsabilidad de éste, también hay Comunidades Autónomas, como aquella a la que pertenezco o la Comunidad Foral de Navarra, que tienen competencias en carreteras y allí también hacemos hincapié sobre la cuestión, aunque sean de nuestro propio Gobierno, porque la sensibilidad política de muchos funcionarios no es clara en esta materia. Por tanto, no es sólo responsabilidad del Gobierno, sino de las Comunidades Autónomas, de los ayuntamientos y también de este Parlamento.
No he querido citarlo, pero le agradezco que haya sacado a colación el proyecto de ley que empieza a debatirse en el Congreso porque se presentarán iniciativas, a través de enmiendas, tanto allá como aquí. En definitiva, se está tratando --como ustedes lo están haciendo-- con las Comisiones Nacionales de Seguridad Vial creadas por los fabricantes de bicicletas, las asociaciones deportivas, las federaciones, etcétera y el hecho de que los grupos profesionales de esta actividad estén en contacto con todos los grupos políticos es una garantía de la sensibilización que se va introduciendo en la sociedad. Creo que se podrá dar respuesta y esperemos que la ley recoja todas estas sensibilidades e introduzca las modificaciones necesarias para llegar a un acuerdo.
Pretendíamos hacer una llamada de atención al Gobierno, fundamentalmente, para que actúe, ya que dispone de la documentación, de las opiniones, de las aportaciones de la Ponencia del Congreso, de la Ponencia del Senado, de la Comunidad Autónoma de Madrid y otras Comunidades Autónomas, etcétera, y hay innumerables textos aportados por las federaciones, asociaciones deportivas, etcétera.
Le agradezco sinceramente el que nos haya detallado las iniciativas que está empezando a adoptar el Gobierno y, sobre todo, quiero destacar que hay voluntad política de entrar a fondo en el tema. Asimismo, he de advertirle, como cicloturista, que algunas de esas iniciativas me parecen más formales que realmente efectivas y que hay que estudiar la prioridad que debe tener el ciclista, sobre todo, cuando un coche pretende adelantar a otro y viene un ciclista por el carril contrario, cuando no hay arcenes en las carreteras o cuando esos arcenes no son limpiados por los responsables, porque cuando se va en bicicleta se puede uno encontrar perros, corderos o gatos muertos, cazadoras, chatarra, etcétera, que obligan a que el ciclista tenga que salir del arcén.
Yo creo que hay que hacer un esfuerzo de mentalidad en el tema de infraestructuras --que no le corresponde a su Ministerio, pero sí como Vicepresidente del Gobierno-- y plantearse un estudio sobre cuánto costaría expropiar los terrenos colindantes a muchas carreteras para poder ser utilizados como auténticas pistas para las bicicletas creando arcenes nuevos; cuánto costaría incentivar a los camioneros en la Nacional N-I, por ejemplo, entre Burgos y Miranda, para que la abandonen y se vayan a la autopista --la autopista ya incentiva reduciendo la tarifa, pero algo más habría que hacer para que ésa sea una vía transitada verdaderamente por aquellos que son más débiles, como los ciclistas--, y lo mismo ocurre en otras carreteras de otras Comunidades Autónomas y concretamente también de la nuestra.
Estos son, a mi modo de entender, los verdaderos cambios que hay que introducir en esta polémica, por eso no debe faltar impulso político para abordar este tema. Hay que considerarlo un asunto social grave y es necesario concienciar a la sociedad --lo he dicho en primer lugar-- en la introducción de una nueva cultura de la actuación y de la actitud en la carretera.
Es, además, una importante actividad económica. Por ejemplo, el caso de Italia con la firma Campagnolo y otras que están invadiendo el mercado de la bicicleta, o el caso de Holanda, donde hay acuerdos importantes con fabricantes del Estado precisamente para fabricar todo tipo de bicicletas para todo tipo de usuarios.
Tenemos ahora una oportunidad que no se presenta muchas veces en un Parlamento --revisar las actuaciones parlamentarias, las decisiones parlamentarias, y también las de la propia Administración-- y creo que tenemos que aprovecharla. Nuestro Grupo va a presentar una moción, cuyo interés fundamental es continuar con este debate, que siga vivo, sobre todo en este Parlamento, para que acabemos verdaderamente sensibilizados y entre todos pongamos en práctica algo que nos demandan los ciudadanos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente, señorías, nuestro Grupo valora como muy oportuna la interpelación presentada por el Senador Albistur. Evidentemente, el desgraciado accidente sufrido por los hermanos Ochoa ha puesto de nuevo sobre el tapete la seguridad de los ciclistas en carretera. No es un tema nuevo, es algo que preocupa a los usuarios de la bicicleta y al conjunto de la sociedad.
Tiene razón, señor Vicepresidente, cuando dice que ha habido una implicación y una voluntad de las Cámaras, del Congreso y del Senado, de actuar en esta cuestión, pero también es cierto que hasta ahora los cambios legislativos introducidos no han servido para mucho. Sigue siendo un tema preocupante, sigue siendo un tema que exige una actitud más decidida y nuevos cambios normativos. Evidentemente, la iniciativa en la propuesta corresponde al Senador interpelante y a su Grupo. Estaremos atentos a la moción y también a la nueva ley de tráfico que se está empezando a discutir, como ha dicho el señor Vicepresidente, en el Congreso de los Diputados. En cualquier caso, está claro que hay que actuar en tres campos complementarios: en campañas de concienciación de los propios usuarios de la bicicleta y del conjunto de los automovilistas y usuarios de

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la carretera; en la mejora, evidentemente, de las infraestructuras, con la adecuación de las carreteras --en definitiva, de los arcenes y de las normas de circulación en las mismas-- y, por supuesto, en un cambio normativo que realmente sea eficaz, un cambio normativo que exige una voluntad de hacer cumplir la norma por parte de las autoridades de tráfico porque, en caso contrario, no servirán para el objetivo y, por tanto, el trabajo que se hiciera desde las Cámaras de las Cortes Generales resultaría completamente ineficaz e inútil.
Por lo tanto, es bueno el ambiente de consenso que se respira en este tema, pero es necesario que, aparte de debatir desde el consenso y desde la coincidencia, tratemos también de ser eficaces en las resoluciones, en las normas y en los proyectos de ley que vayamos impulsando desde las Cámaras.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar quiero agradecer y subrayar la oportunidad del debate que el Grupo Parlamentario vasco nos ha traído a esta Cámara, así como la oportunidad de actualizar los planteamientos ya desarrollados en otras legislaturas. El Grupo Parlamentario vasco ha traído a esta Cámara a través de esta interpelación lo que en el propio texto de la interpelación define como una situación de debilidad de los usuarios de las bicicletas y, por tanto, la necesidad de que el conjunto de las Administraciones Públicas intervenga ante este hecho evidente de una situación de debilidad.
Seguramente en este debate parlamentario tendremos unos altísimos puntos de coincidencia y de acuerdo sobre la necesidad de emprender e iniciar medidas de protección, medidas de discriminación positivas --si me permite la expresión-- a favor de los ciclistas.
También hay algo de más largo alcance, que es el fomento de una cultura de la movilidad distinta que no descanse siempre y exclusivamente en los vehículos de motor.
El estímulo de estas medidas de discriminación positiva, de esta cultura de la movilidad, requiere el consenso y la participación, como también se ha recalcado, de todas las administraciones.
La bicicleta puede desarrollar un papel importante básicamente en tres ámbitos: en el del transporte, en el del deporte y en el del ocio. Existe un concepto emergente, que es el de movilidad, y un debate también ascendente, emergente, sobre otras formas de movilidad, lo que se ha dado en llamar la movilidad sostenible, que también tiene que ser una movilidad segura, y para llevar a término esta movilidad segura, no siempre los vehículos de motor son el medio óptimo. Naturalmente, no es la bicicleta el medio óptimo para largos recorridos, pero con la misma lógica también tenemos que afirmar que los vehículos de motor no son los medios óptimos para desplazamientos cortos. Podríamos concluir, por lo tanto, que no hay ningún vehículo idóneo para todo tipo de desplazamientos. Esto forma parte, como les decía, de estos nuevos principios, de esta nueva cultura de la movilidad que debemos impulsar.
En este contexto es en el que tenemos que lograr el conjunto de las administraciones y el conjunto de la gente un uso mayor y más seguro de las bicicletas. Es en este contexto en el que debemos afrontar debates como el de la reforma legislativa anunciada por el señor Vicepresidente del Gobierno para mejorar la seguridad viaria y también --y en esto me sumo al señor portavoz e interpelante, el Senador Albistur-- la necesidad de que exista una correspondencia con la reforma del Código de Circulación.
Tenemos que mejorar la señalización, tenemos que mejorar las infraestructuras, tenemos que conseguir la seguridad en la circulación a través de las infraestructuras, tenemos que facilitar el uso y la conexión intermodal de distintas formas de movilidad, y todo esto debemos llevarlo a cabo inspirándonos en las experiencias ya desarrolladas e iniciadas en otros Estados europeos con mucho más arraigo en esta cultura. Sobre esta cuestión querría citar simplemente la Declaración de Amsterdam e invitar a que la acción del Gobierno se inspire precisamente en dicha declaración y en sus principios. Estos tendrían que inspirar la reordenación de la regulación y las medidas políticas concretas que haya que adoptar.
Para finalizar, y en la línea de lo apuntado por el interpelante, el Senador Albistur, y por el Vicepresidente Primero y Ministro del Interior, me permito hacer la aportación de algunas medidas concretas que me parece que pueden coadyuvar en la configuración de las medidas políticas y legislativas necesarias.
Doy lectura a ese listado de medidas concretas. Emprender e iniciar campañas de promoción del uso de la bicicleta, especialmente como vehículo de desplazamiento, no sólo de deporte o de ocio; emprender campañas de promoción del transporte público y fomentar el uso combinado de bicicletas y del transporte público, en especial en zonas urbanas; promover medidas de ayuda para facilitar el incremento del uso de la bicicleta, destinadas básicamente a financiar la compra con la rebaja del IVA y a potenciar el mercado nacional (esta última puede ser una medida en principio chocante, pero de la misma forma que el Gobierno, en su momento, impulsó un Plan Renove para vehículos, quizás algún día llegaremos a plantearnos un plan Renove para el estímulo y la compra de las bicicletas); promocionar el turismo creciente que se basa en la relación con el mundo rural y tradicional y un mayor contacto con la natura ya que la utilización de la bicicleta es un medio de transporte y de ocio más respetuoso con este medio; proveer la edición de mapas de itinerarios para bicicletas y fomentar la integración en la red europea; promocionar criterios urbanísticos para mejorar la seguridad en los desplazamientos cortos en bicicleta a través de la ciudad; establecer las medidas necesarias para moderar el tránsito y promover la movilidad a pie y en bicicleta, entre ellas la promoción de zonas de prioridad invertida y de velocidad limitada; potenciar las campañas de educación viaria

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con incidencia en el uso de la bicicleta, especialmente en los parques infantiles de tránsito; fomentar la señalización y una regulación actualizada favorable a las bicicletas; fomentar la separación física de carriles de bicicleta en las vías de tránsito de vehículos a motor; regular la homologación de bicicletas de calidad con los elementos de seguridad necesarios, luces o reflectantes; promover la autoprotección de los usuarios de bicicletas; estudiar y fomentar sistemas de seguro para ciclistas; estudiar el acceso y el tránsito de las bicicletas en túneles de determinadas carreteras o por rutas alternativas; fomentar la reconversión de las vías de ferrocarril abandonadas en vías verdes...


La señora PRESIDENTA: Senador Xuclá, le ruego vaya concluyendo.


El señor XUCLA I COSTA: Voy terminando, señora Presidenta.
La última medida sería fomentar el uso de bicicletas para el acceso a centros escolares.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador González López.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, antes de fijar la posición de mi Grupo, quiero felicitar al Senador Albistur por la presentación de esta interpelación que nos parece acertada, oportuna, y que además coincide con una cierta movilización social y mediática después del desgraciado accidente de los hermanos Ochoa. Igualmente quiero decir que este accidente no es más que uno de los muchos que se producen todos los días y donde se ven involucrados muchos ciclistas, que casi siempre llevan la peor parte, incluso en muchas ocasiones perdiendo la vida.
Como ya se ha dicho, esta cuestión no es ajena a estas Cámaras. En el año 1994, en el Congreso de los Diputados se creó una Ponencia sobre ciclismo y seguridad vial y aunque, desde mi punto de vista, estaba demasiado enfocada al mundo profesional, hay que decir que realizó un magnífico trabajo de diagnosis acertado, con una serie de conclusiones y recomendaciones que siguen siendo hoy, después de cinco años, tan válidas como el primer día.
Fruto de todo ello, y en vista de que aquellas conclusiones y recomendaciones no se estaban llevando a cabo y que los accidentes de los ciclistas no disminuían, incluso en una época donde sí descendía el número de accidentes de tráfico a nivel general, se creó en el Senado otra Ponencia para intentar llevar a la práctica algunas de aquellas recomendaciones, en concreto, la adaptación sobre la normativa legal; así, desde esta Cámara, se aprobó la proposición de ley de adaptación de las normas de tráfico a la práctica de ciclismo, con algunos rifirrafes, como recordarán algunas de sus señorías, entre Senadores y Diputados, debido a las modificaciones que se realizaron en el Congreso.
Independientemente de esas pequeñas discrepancias, la proposición fue aprobada por unanimidad aunque, bien es cierto --y así mi Grupo lo manifestó-- que se podía haber llegado un poco más lejos. La filosofía de la Ponencia había sido legislar en el sentido más amplio y aristotélico de la palabra, a favor de los más débiles y, en este caso, en beneficio de los ciclistas. Lo cierto es que, repito, esta proposición fue aprobada por unanimidad y hay que decir que en la misma se concedía al Gobierno un plazo de tres meses para la adaptación reglamentaria del código de circulación. Y en este punto es donde se presentan mis dudas.
Quiero preguntar al Gobierno si se ha llevado a cabo esta adaptación del Reglamento, porque si es así, no la conoce nadie, ni los ciclistas ni los automovilistas ni otros usuarios de las vías públicas, ni siquiera quien tiene que aplicarla.
Y paso a poner algunos ejemplos de lo que acabo de decir. ¿Cuáles son las autovías en las que se puede autorizar la circulación de bicicletas por no existir vía alternativa, como así se establecía en la citada proposición de ley? ¿Están señalizadas? Porque yo no he visto ninguna.
¿En qué casos se permite la circulación en paralelo? Porque hay un gran desconocimiento de ese extremo. ¿Cuáles son los elementos y las prendas reflectantes homologadas que deben llevar los ciclistas y también deben figurar en las bicicletas? Asimismo, hay un total desconocimiento sobre la preferencia de los ciclistas en algunos giros.
Como digo, todas estas cuestiones se deberían haber desarrollado en un reglamento que creo que no se ha elaborado y, repito, si se ha hecho no se ha publicitado lo suficiente. Lo mismo ha ocurrido durante estos cinco años con las recomendaciones y conclusiones de la Ponencia, a la que hemos hecho referencia tanto aquí como en el Congreso de los Diputados.
Por lo que se refiere a las infraestructuras, hay que decir que se siguen planificando, diseñando y haciendo carreteras, pero también se sigue pensando única y exclusivamente en el vehículo a motor, sin darnos cuenta de que, según la legislación actual, la bicicleta se considera un vehículo y, por tanto, tiene el mismo derecho que el resto de los vehículos a circular por las vías públicas.
Se me puede decir que algunas de estas medidas son costosas y que hay que ir adoptándolas poco a poco. Es cierto. Pero, como bien ha dicho el Senador Albistur, algunas otras no lo son tanto. Por ejemplo, el que los arcenes estén limpios no es tan costoso; actualmente en ellos nos podemos encontrar de todo, y precisamente muchos de los accidentes que se producen en el mundo del ciclismo tienen lugar al tener el ciclista que variar la dirección por encontrarse con un perro, un gato, basura, o cualquier otro obstáculo. Y eso, que no es solamente competencia del Gobierno, sino también de las diputaciones provinciales --propietarias de algunas carreteras-- y de las propias Comunidades Autónomas, no se está haciendo.


Tampoco se ha hecho nada, o se ha hecho muy poco, respecto del uso de las vías férreas --algo que aquí se ha comentado por el portavoz del Grupo de Convergència i Unió--, las vías verdes --mediante el uso de cañadas--, e

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incluso el uso durante los fines de semana de las carreteras secundarias, dando preferencia a la circulación de ciclistas mediante la reducción de velocidad, la señalización pertinente y los avisos previos, como así se recomendaba en la Ponencia.


La señora PRESIDENTA: Senador González López, le ruego que vaya concluyendo.


El señor. GONZALEZ LOPEZ: Termino ya, señora Presidenta.
Asimismo, no se ha hecho nada en cuanto a la recomendación de la creación de los consejos provinciales asesores de tráfico, con participación de los ciclistas.
Señorías, señor Ministro, todas estas medidas por sí solas no van a evitar, desde luego, los accidentes con ciclistas y ni siquiera muertes.
Pero una acción conjunta ayudaría, y muy mucho, a que por lo menos disminuyeran los accidentes; fundamentalmente, si incidiéramos en la principal recomendación de la Ponencia: la formación vial. Porque éste es un problema de formación y educación, es un problema de respeto y convivencia. La formación vial llevaría a que todos nos concienciáramos para compartir las vías públicas, aparte de que así tendríamos un conocimiento exhaustivo de la normativa vial.
Termino, señor Ministro, diciéndole que es obligación de todos cumplir y hacer cumplir la normativa, pero fundamentalmente es una obligación del Gobierno. Y también es obligación del Gobierno aplicar el tratamiento a este tema, porque el diagnóstico se ha hecho perfectamente.


La señora PRESIDENTA: Senador González, le ruego que concluya.


El señor GONZALEZ LOPEZ: Sí, señora Presidenta.
Insisto en que el diagnóstico está perfectamente hecho; apliquemos, pues, el tratamiento, algo que repito que es fundamentalmente una obligación del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador González López.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Barquero.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Con la venia de la señora Presidenta, y a pesar de mi estropeada voz, voy a tratar de fijar la posición de mi Grupo.
Agradecemos esta interpelación por considerarla oportuna, aparte de que, ciertamente, venga avalada por el trágico accidente de los hermanos Ochoa. Otros habían caído antes, y yo quiero ahora recordar sus nombres: José Luis Talamillo, Francisco Alomar, Jesús Rodríguez Inguanzo y, últimamente, Antonio Martín, la gran esperanza en la sucesión del liderazgo de Miguel Indurain.
Y quiero recordar unas palabras de Antonio Martín unos meses antes de su trágico accidente, quien, refiriéndose a los aficionados, decía: Que elijan carreteras con un arcén grande, que vayan con precaución y cuidado, porque a la mínima te pueden dar. Reconozco que en estas palabras se recurre fundamentalmente a la concienciación del ciclista y del resto de los usuarios de las carreteras, Ciertamente, las Cámaras legislativas no podían por menos que hacerse eco de esta dramática situación, porque, aparte de estos profesionales de la bicicleta, desgraciadamente en la última década más de mil personas han sido víctimas de estos accidentes; ciudadanos corrientes cuyos nombres no son conocidos ni reconocidos.
El problema, como se ha aceptado aquí, no es solamente de España, sino de los países de la Unión Europea, y por eso la Comisión de la Unión Europea estableció, para el cuatrienio 1997-2001, un programa de actuaciones. Me voy a referir muy brevemente a él. Este programa encuadra las medidas en tres bloques fundamentales. El primero, de divulgación de la información, consiste en adecuar campañas de seguridad vial así como medidas efectivas con evaluación de las mismas; incluye también el cumplimiento de la legislación. Un segundo bloque de medidas es el tendente a evitar accidentes, haciendo hincapié --me importa mucho señalar esto-- en los factores humanos y su interconexión con el entorno del tráfico. Y el tercer bloque de medidas de la Comisión es el de las encaminadas a mitigar las consecuencias de los accidentes, una vez que éstos se producen; se incluyen ahí medidas como la utilización de cinturones de seguridad, de cascos, etcétera.
Hay dos últimas recomendaciones de la Comisión a los Estados miembros y a las autoridades regionales y locales, que son las siguientes: aumentar la inversión en proyectos de seguridad vial y desarrollar mecanismos para que los beneficios de estas medidas de seguridad vial sean percibidos, sobre todo por quienes tienen la responsabilidad de tomar las decisiones.
En este sentido, hay que recordar el estudio sobre accidentes de ciclistas en carretera, de la Subdirección General de Investigación y Formación Vial, del Ministerio del Interior, al que el señor Ministro se refirió, del mes de marzo de 1999.
En cuanto al aumento en la inversión, el Plan Extraordinario de Seguridad Vial del Gobierno del Partido Popular, presentado en la pasada legislatura, ascendió a 39.567 millones de pesetas, que duplica la inversión media anual de años anteriores, plan que comprendía un total de 245 actuaciones.
Todas las demás recomendaciones de la Comisión de la Unión Europea, prácticamente el 90 por ciento, se refieren a educación vial --educación, educación, educación--: respeto siempre al más débil --el peatón, el ciclista y el motociclista, aunque no tuvieran preferencia--; respeto a las normas de tráfico; respeto a las normas específicas para ciclistas; utilización de vías alternativas; evitar vías de tráfico intenso; evitar días de tráfico intenso. Todo esto es, señorías, factor humano.
Si, por el contrario, reconocemos el ascenso del alcoholismo, sobre todo en las generaciones más jóvenes, de la utilización de estupefacientes, del estrés, de la falta de descanso y del cansancio de muchos conductores, evidentemente estos factores neutralizarán siempre las mejores medidas que cualquier gobierno pueda proponer y llevar a efecto; neutralizarán las buenas normas de tráfico y de preferencia; neutralizarán los mejores programas disuasorios.


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Por ejemplo, ¿sabían sus señorías, sabía su señoría, señor Albistur, que por ejemplo la distracción fue la primera causa de accidentes en la Comunidad Autónoma del País Vasco en 1998? ¿Que exactamente el 28 por ciento de los accidentes, los 15.894 siniestros de Euskadi en 1998 se deben a distracciones de los conductores? Por ello, siempre se podrá pedir más y más a los poderes públicos y a los conductores, sin olvidar algo muy importante y que usted ya ponía de manifiesto en el Senado en su intervención de junio de 1996, esto es, que las competencias de tráfico hoy en día residen en las Comunidades Autónomas y que algunas incluso se han trasladado a diputaciones y ayuntamientos.
Se impone, por tanto, en opinión de este portavoz y de su Grupo, intensificar políticas de cooperación institucional. En el tema de la seguridad vial y en el de la seguridad de los más débiles ninguno somos autosuficientes. Por ejemplo y por referirme otra vez al País Vasco, en el período 1990-1995 es verdad que no figura entre las cinco primeras Comunidades Autónomas con mayor siniestralidad y muertes de ciclistas pero también es verdad que fue la tercera Comunidad Autónoma en ese mismo período con mayor número de víctimas de ciclistas en accidentes, después de Cataluña y Andalucía.
Por tanto, es un problema de todos. Es importante y, en ese sentido, hay que valorar lo que el Gobierno ha venido haciendo en los últimos años. No voy a repetir todas las modificaciones e intervenciones del Gobierno del Partido Popular que el Vicepresidente Primero y Ministro del Interior ha puesto de manifiesto pero sí las reduciré a los tres grandes órdenes en los que ha operado el Gobierno: adaptación legal a las exigencias de las situaciones actuales...


La señora PRESIDENTA: Senador Barquero, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Termino ya, señora Presidenta.
En segundo lugar, en el aspecto educativo, se han dedicado importantes cantidades de dinero a programas de enseñanza en autoescuelas durante los últimos diez años, y, por último, el tercer bloque, en los estudios de seguridad e investigación sobre el ciclismo.
Dada, precisamente, la preocupación y la sensibilidad que el señor Ministro acaba de demostrar sobre el esforzado deporte del ciclismo, no me cabe la menor duda de que el Gobierno del Partido Popular seguirá progresando en la mejora de estas dramáticas situaciones.
Muchas gracias, señorías. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barquero.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Con brevedad, para agradecer las distintas intervenciones que se han producido por parte de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios.
En primer lugar, éste es un tema en el que, como efectivamente ha señalado alguno de los portavoces que han intervenido, el diagnóstico está hecho. Está hecho por el conjunto de la sociedad, está hecho por esta Cámara y hay incluso un diagnóstico individual que cada uno de los aquí presentes podemos hacer y que en cualquier caso casi siempre será coincidente, al menos en sus líneas fundamentales, con el general.
En segundo lugar, es verdad que es un tema que preocupa al conjunto de la opinión pública española. Recientemente, se produjo un acontecimiento ciertamente dramático y desgraciado, el de los hermanos Ochoa, corredores profesionales, que probablemente haya situado este asunto en un mayor grado de preocupación y, desde luego, ha merecido una mayor atención por parte de la opinión pública, pero esto siempre suele suceder cuando ocurre un acontecimiento de estas características. En cualquier caso, hubiese sucedido o no este caso, es un tema que preocupa.
En tercer lugar, creo que no es un tema fácil, en el bien entendido de que para eso estamos, para resolver los temas no fáciles, porque lo demás se resuelve sólo. Pero sí llamo a la reflexión a todas las señoras y los señores Senadores sobre un hecho; es decir, se han producido distintas reuniones de Ponencia, a las que antes hemos hecho referencia, se han aprobado proposiciones de ley, se han tomado decisiones prácticamente por unanimidad de todos los grupos parlamentarios y, aun así, no hemos sido capaces de adoptar todas las decisiones que había que tomar sobre este asunto, que yo creo que, como la mayoría de los intervinientes dijeron, son de tres tipos.
Unas son de tipo normativo y al respecto he intentado apuntar las modificaciones más importantes que nosotros pretendemos introducir en el Reglamento, que, como he señalado ya, está en trámite interno en el Gobierno, es decir, ha sido acordado entre los Ministerios de Fomento e Interior y en estos momentos se encuentra en el Ministerio de Administraciones Públicas. Pero insisto en que algunas de esas modificaciones creo que pueden ser útiles y tengo voluntad política --así lo ha dicho el señor Albistur y, créame, no se equivoca-- de aceptar cualquier aportación que parezca razonable, ya que sería un sin sentido el que no la tuviera.
En segundo lugar, es verdad que ese reglamento, como decía el señor González López en representación del Grupo Parlamentario Socialista, se ha retrasado porque la ley hablaba de tres meses y todavía no lo hemos aprobado. La razón que me apuntan viene de la circunstancia de que por un error que se produjo en el Congreso, al que yo antes he hecho referencia, se ha producido una publicación de la ley incorrecta y ha habido que esperar a la Ley de Acompañamiento del año 2000 para modificarlo, En cualquier caso, mi voluntad es aprobar ese reglamento, que efectivamente no se ha aprobado, a la mayor celeridad posible.
Por tanto, primero hay unos asuntos de tipo normativo y, en segundo lugar, es una cuestión de concienciación y educación. Como en tantos y tantos problemas que se

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producen en las sociedades, muchos tienen su origen en un aspecto cultural o de educación --no sólo este que lo tiene en un problema cultural o de educación y en otras muchas causas--, y si fuéramos una sociedad más civilizada, como tantas sociedades deberían serlo, tendríamos menos dificultades. Se han apuntado aquí algunas ideas sobre la necesidad, que yo comparto, de concebir la carretera no solamente como un instrumento útil para trasladarse de un lugar a otro, sino también relacionado con el ocio, con la diversión, y hay que fomentar su utilización. Hay algunos países donde desde hace mucho tiempo esto es una tradición, es el caso de Holanda, citado por alguno de los intervinientes, en el que es más fácil hacer carriles para bicicletas porque es un terreno llano. Yo he estado allí y hay una enorme tradición del uso de la bicicleta y, por qué vamos a negarlo, hay también una tradicional mejora en la situación económica que permite que estas obras, que no son baratas, como también se ha reconocido, se hayan podido hacer desde hace tiempo atrás. En cualquier caso, éste es un asunto importante.
Ya en mi primera intervención he hecho alguna referencia a alguna de las actuaciones que el Gobierno está llevando a término y, lógicamente, lo incorporo a mi «background» de cara al futuro.
En tercer lugar hay otro asunto que todos sabemos que es así, y es el de las infraestructuras. Es verdad que en España, y he puesto ahora el ejemplo holandés, no hay carriles para bicicletas, lo hay en algunas ciudades concretas y determinadas y, desde luego, en mucho menor cantidad de lo que sería deseable en el futuro. También es verdad y se ha señalado aquí que los presupuestos necesarios para ello son los que son. Sin embargo, yo comparto lo que se ha dicho sobre la limpieza de las cunetas.
Es un asunto que conozco y del que me he preocupado siendo responsable de una diputación provincial hace ya muchos años, porque son precisamente estas carreteras las que más utiliza la gente para practicar este deporte. Por tanto, hay que señalar que es muy necesario hacer un esfuerzo aquí de estas características.
De todas formas, insisto en lo dicho, y creo que ahora tenemos una buena oportunidad con el debate de totalidad en el día de mañana en el Congreso y, después, con los trámites tanto en el Congreso como en el Senado, para hacer aportaciones por lo menos en la parte normativa, y desde luego el Gobierno asumirá su responsabilidad en los otros dos tipos de acciones: la mejora de infraestructuras y las campañas de educación y concienciación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LOS PROPOSITOS Y PROYECTOS DE COOPERACION DEL GOBIERNO CON LOS ESTADOS DEL ENTORNO GEOGRAFICO DE CANARIAS COMO ACCION PARA FOMENTAR LAS RELACIONES COMERCIALES, LAS INVERSIONES ESPAÑOLAS Y LAS MEDIDAS DE COOPERACION SOCIOCULTURALES DESDE ESTE ARCHIPIELAGO (670/000047).


La señora PRESIDENTA: Interpelación de don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre los propósitos y proyectos de cooperación del Gobierno con los Estados del entorno geográfico de Canarias como acción para fomentar las relaciones comerciales, las inversiones españolas y las medidas de cooperación socioculturales desde este archipiélago.
Tiene la palabra para exponer la interpelación el Senador Froilán Germán Rodríguez Díaz.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, se utiliza la expresión comunidad internacional para definir un entramado de relaciones que coadyuvan a la evolución de la humanidad y a la convivencia mundial. Es ésta una realidad, a veces más deseada que efectiva, donde cada participante intercambia recursos sociales, tecnológicos, culturales, económicos, o de otra índole.
Contribuir a la construcción y al desarrollo de una auténtica comunidad internacional es una gran responsabilidad de cada país, de sus gobernantes y de su sociedad.
Por todo ello, esta interpelación tiene una vocación corresponsablemente constructiva y, apoyándose en el marco legislativo existente, su intención fundamental en tratar de aportar nuevas fórmulas o fórmulas renovadas de intercambio, cooperación y desarrollo que permitan reforzar el papel de Canarias como frontera sur de Europa. Este objetivo, legitimado por el contexto geográfico y socioeconómico, se concretaría fundamentalmente en concebir a Canarias, primero, como eslabón geoestratégico entre Europa y Africa, esto es, como plataforma de operaciones de intercambios comerciales entre los países de ambos continentes. Segundo, como marco de oportunidades y potencialidades de desarrollo económico. Y, tercero, como elemento geográfico integrador que ayude al desarrollo económico de la zona, mejorando las condiciones de vida de sus habitantes y ayudando a paliar entre otros problemas el de la inmigración.
Conocedores de la enorme preocupación que tiene para el Gobierno del Estado la situación del continente africano, especialmente el Magreb y el área Sahariana, desde Coalición Canaria ponemos a disposición de la Administración Central la voluntad política, y nos consta que las instituciones canarias están dispuestas a colaborar en este sentido en aras a la imprescindible coordinación que haga posible una mejora cualitativa en las relaciones Europa-Africa, relaciones en las que España y dentro de España, Canarias, en particular, tienen un importante papel que jugar. La mejora de estas relaciones contribuiría a ampliar y fortalecer los lazos económicos y comerciales de Europa con Africa, consolidaría el despegue económico de

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Canarias y ayudaría al desarrollo integral de una zona que beneficiará a toda la comunidad internacional.
El desarrollo sostenible, la democracia, la superación de desigualdades de todo tipo y la convivencia pacífica son los evidentes objetivos que se proponen o deberían proponerse las instituciones internacionales para garantizar el futuro. Las distintas cumbres y conferencias mundiales han ido poniendo las bases de la construcción del deseado equilibrio entre países. La de Río, sobre el Medio Ambiente, garantizaría a las futuras generaciones su supervivencia. La de Viena, sobre los Derechos Humanos, renueva el compromiso con los derechos básicos de la persona. La de Pekín, sobre la Mujer, sigue dando los pasos para superar las desigualdades entre hombres y mujeres. La de Copenhague, por fin, nos recuerda que ningún modelo de desarrollo es válido sin cohesión social y apuesta por la participación civil como método.
Pero en la base está la economía. Se necesita también una base económica que pueda garantizar la autonomía efectiva de cada uno de los socios de la comunidad, necesaria para su desarrollo y para la consecución de los valores propuestos. Canarias está por esa labor. Uno de los factores que puede dar la medida de la importancia que se da a la pertenencia a la comunidad internacional y a su fortalecimiento es el esfuerzo inversor y la planificación de medidas económicas que posibiliten el desarrollo.
Otro de los factores es la existencia de un marco regulador. En este sentido he de destacar la apuesta española enmarcada en el desarrollo normativo que desde la Ley de Cooperación Internacional de 1998 se viene concretando en el Plan Director y en los sucesivos planes anuales. Para nosotros tanto en la filosofía que la inspira como en el articulado que la concreta, la normativa española responde, desde nuestro punto de vista, a las exigencias de un mundo cambiante y complejo; un mundo donde la internacionalización de todos los procesos sociales y económicos, producto de la globalización, hace difícil estar a la altura de las circunstancias. Por lo tanto, ya es positivo en sí que exista esta regulación. La Ley 23/1998, el Plan Director 2000/2004 y el Plan para 2001 representan el esfuerzo por darle cobertura a lo que podría quedar en voluntarismo individualidades y en coyunturas efímeras. Nos parece que la coherencia que se explicita en el artículo 4 impregna la lógica interna del articulado desde los principios establecidos en el artículo 2 hasta el final. Debemos destacar algunos instrumentos previstos en la Ley como son los microcréditos y los planes de evaluación, aunque parecería importante que comunidades fronterizas, como la nuestra, pudieran estar más presentes en el diseño de las políticas de cooperación internacional, más allá de los órganos territoriales de coordinación de la ayuda.
Sobre el Plan Director 2000-2004 poco hemos de decir, salvo destacar que en el esfuerzo presupuestario de la financiación que se dedica al continente africano, que supone, además, con 191.000 millones de pesetas el 26,9 por ciento del total de la ayuda que destina España a cooperación internacional, se refleja la importancia que da el Gobierno a esta zona confirmando las tesis que venimos defendiendo.
Los aspectos más críticos desde Canarias se centrarían en el Plan anual 2001, y aunque aparecen entre las prioridades geográficas referencias a la zona en torno a nuestra Comunidad, las medidas contempladas nos parecen insuficientes. Se reconoce que en esos países existen graves focos de pobreza que se define en el propio plan --y cito textualmente-- como no meramente una falta de ingresos y de recursos financieros, sino como una situación multifacética que incluye la privación de capacidades básicas, tales como la falta de acceso a la educación, a la sanidad, a la formación de recursos humanos, al empleo, a la tierra, a la participación política, y a los servicios e infraestructuras sociales.
Se reconoce, igualmente, el lento ritmo de su crecimiento. Sin embargo, el Plan anual 2001 no afronta el diagnóstico que hace sobre la situación en este marco con la misma rotundidad. Es ahí donde creemos que Canarias podría realizar su papel, el papel que intentaré reivindicar en esta interpelación.
No vamos a redundar en lo que es obvio. Es evidente la situación geográfica de Canarias y lo que ello supone en el contexto internacional.
Fue nuestra posición geopolítica lo que permitió que en las décadas de los sesenta y setenta las relaciones pesqueras, las exportaciones de conservas de pescado, cartón, alimentación, etcétera, las relaciones económicas con el Sahara, las fluidas comunicaciones aéreas de Canarias con Africa, etcétera, conformaran las características relevantes que auguraban un futuro prometedor de nuestro comercio con los países de la región.
Por distintas razones, los flujos comerciales han ido disminuyendo progresivamente y, general, podemos afirmar que Canarias mantiene una relación económica, social y cultural con nuestros países vecinos pobre.
La frase de que estamos de espaldas a Africa no es un tópico. Los parámetros de esta pobreza de relaciones podríamos establecerlos con los siguientes datos: Las cifras de exportación con los países de Africa occidental han descendido paulatinamente estabilizándose en torno a unos 10.000 millones de pesetas a los que habría que añadir otros 10.000 millones en concepto --como se conoce-- de comercio de maleta. La distorsión de las cifras la produce la exportación de petróleo, calzado, alimentación y material de construcción, entre otros, que conforman el capítulo 27. Sin este capítulo estamos hablando de un comercio de, aproximadamente, 3.000 millones de pesetas/año.
En cuanto a las licitaciones internacionales, salvo la adjudicación a una empresa para realizar una carretera en 1994-1998 financiada por la Unión Europea en Senegal por un importe de 3.000 millones de pesetas, la participación de Canarias es inexistente. Otra realidad incuestionable es que Canarias es la región más desarrollada de la zona. El Producto Interior Bruto por habitante y año de Canarias es de 6.500 dólares, el de Marruecos de 1.200, el de Mauritania y Senegal de 510 y el de Gambia de 350 dólares año.
La cooperación al desarrollo desde Canarias es reciente. En los últimos cinco años el Gobierno de Canarias destina una media de 400 millones anuales a través de ONGs y a Mauritania fundamentalmente. Nuestro modelo

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de desarrollo, basado en el sector turístico, nos ha llevado a una capacidad productiva mayor que nuestra demanda interna y que requiere una expansión de nuestra área de influencia compatible con el desarrollo económico que requieren nuestros países vecinos.
Esta situación exige un esfuerzo importante por parte de las administraciones y de las empresas que marque un punto de inflexión en nuestra relación con los países de la zona. Es imprescindible --como ya hemos indicado-- acometer una decisiva apuesta por potenciar a Canarias como vínculo Europa-Africa, como plataforma de negocio y de base para la cooperación al desarrollo con los países del entorno.
Para desarrollar esta política habría que reforzar la coordinación. Ya se están dando los pasos en este sentido en el ámbito autonómico y es el momento de plantear esa coordinación en el ámbito estatal para poder desarrollar nuestro papel en Europa en este campo de actuación.
Sin embargo, nos encontramos con una serie de dificultades para ejecutar los proyectos que nos proponemos. Podríamos resumirlas en cuatro grandes bloques: la falta de buenas comunicaciones por mar y aire, la carencia de ayudas financieras, el marco POSEICAN-REA y las trabas burocráticas en embajadas y consulados.
Con Marruecos, Mauritania y Senegal tenemos buenas comunicaciones aéreas, aunque muy caras. Con Cabo Verde las expectativas son buenas si se consolida la iniciativa «Interisland». Las comunicaciones marítimas son relativamente buenas en cuanto a carga, pero el sector empresarial las ve insuficientes. No hay regularidad del servicio ni frecuencias cortas, salvo con Mauritania. Sobre la carencia de ayudas financieras no existe ningún instrumento que apoye las iniciativas empresariales --podríamos decir casi las aventuras empresariales-- en Africa para la instalación de nuevas empresas, aunque sí las haya para la formación, para estudios de viabilidad y para créditos y participaciones en el capital.
El marco POSEICAN-REA se encuentra en estos momentos en fase de discusión de los temas más importantes, por lo que habría que esperar a lo que nos depare la decisión final.
A todas las dificultades mencionadas hay que añadir las trabas burocráticas en embajadas y consulados, que vienen a profundizar en la problemática. Las trabas que el cuerpo diplomático pone al traslado de empresarios africanos a Canarias entorpece el inicio y el desarrollo de intercambios comerciales.
Con el fin de dar pasos en lo que insisto que es el eje central de esta interpelación, es decir, reforzar el papel de Canarias como frontera sur de Europa, realizamos a continuación una serie de propuestas concretas para su inclusión en el plan anual del año 2002. Es indispensable un replanteamiento de las prioridades geográficas. Se contempla en la Ley 23/1998 la necesidad de la coherencia de las actuaciones. En este sentido, nos parece reforzar esa coherencia estableciendo nuestra área geográfica. De acuerdo con el criterio aceptado internacionalmente de otorgar prioridad a las áreas donde estemos más involucrados, se debería dedicar, por tanto, más esfuerzo a los países de nuestro entorno, donde podemos aportar una mayor ventaja comparativa y una mayor implicación con la historia y la cultura de esos países.
En este contexto es fundamental una apuesta decidida del Estado español por la paz en el Sahara occidental, con el apoyo efectivo a las resoluciones de la ONU. No deberíamos olvidar los objetivos de seguridad para el «hinterland» canario, que fueron decisivos para la firma por parte de España del Tratado de París a finales del siglo XIX.
En definitiva, nuestras prioridades pasan por Madeira, sur de Marruecos, Sahara, Mauritania, Senegal y Cabo Verde, fundamentalmente.
En la misma línea, habría que hacer algunos comentarios sobre el establecimiento de prioridades sectoriales. A falta de una concreción por países, que se debe realizar en el marco de comisiones mixtas España-tercer país, nuestras prioridades sectoriales irían en torno a la exportación de bienes y servicios en general agroalimentarios, material de construcción, vehículos de segunda mano, cartón, etcétera, poniendo un énfasis especial en el sector de la construcción para poder optar a las litaciones internacionales.
Otro eje sería la implantación para la ejecución de proyectos turísticos, para la formación y la sanidad, también a través de concursos internacionales y licitaciones, así como de empresas de servicios y de ocio. Por otro lado, habría que apoyar a las consultoras en distintos ámbitos de interés, como ingenierías, sectores pesquero y agrícola, agua y energía, etcétera.
Dentro de este paquete de propuestas queríamos hacer hincapié en la incorporación de objetivos a los del próximo plan 2002. Estos objetivos irían desde incorporar la cooperación internacional al desarrollo como un componente estratégico para Canarias en sus distintas dimensiones geoestratégicas, económicas y solidarias o de cooperación, hasta poder participar en la gestión de fondos estatales y comunitarios destinados a la cooperación internacional al desarrollo.
Otro de los grandes objetivos es incrementar nuestras relaciones comerciales, tecnológicas, culturales, etcétera, con los países del entorno, dando prioridad geográficamente a nuestras actuaciones, además de sectorialmente, en el terreno comercial y de cooperación al desarrollo, fomentando un desarrollo sostenible de los países de la región que dé lugar, de acuerdo con nuestras posibilidades, a una reducción de la pobreza en un sentido amplio y que ayude a mitigar los movimientos migratorios en esos países.
Todos estos objetivos pasan necesariamente por la mejora notable de las comunicaciones marítimas y aéreas en la región, potenciando los puertos y aeropuertos canarios como «hub» o centro de comunicaciones regionales.
Ello sería un elemento imprescindible para impulsar la internacionalización de nuestras empresas e instituciones. El último de los objetivos que nos propondríamos incorporar sería el de contribuir a que Canarias fuera centro de referencia en la zona para la formación, para la sanidad, para las energías renovables, etcétera.
Todos los objetivos propuestos se concretan en una serie de acciones que expondremos a continuación. Es imprescindible

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la participación de Canarias en la cooperación internacional para el desarrollo. Canarias tiene las posibilidades y las capacidades para participar en la gestión de fondos españoles y comunitarios destinados a este fin. En el marco de la creciente descentralización de la cooperación internacional y de los programas comunitarios, Canarias debe hacer valer su posición y sus recursos para liderar propuestas de cooperación. España debería promover también la instalación de una antena comunitaria de la Unión Europea en Canarias con este fin. El tejido empresarial canario está formado por pequeñas y medianas empresas que están abocadas a buscar mercados y oportunidades de negocio fuera del archipiélago.
A las relaciones empresariales, en la actualidad enmarcadas en el comercio e inversiones sectoriales, habría que sumarles el espacio empresarial en la cooperación al desarrollo suministrando servicios técnicos, equipamientos y materiales. Esto se realizaría en aquellos países con que mantenemos vínculos económicos, culturales y de solidaridad y que están siendo atendidos ahora mismo por empresas europeas sin la presencia de organizaciones empresariales canarias o ni siquiera españolas. Para ello hay que hacer un gran esfuerzo por tener presencia en las licitaciones. La mejor forma de poder desempeñar un rol adecuado dentro de la cooperación internacional es licitando. Sin embargo, ello pasa por tener información, la cual podría obtenerse contando con oficinas en los distintos países. Ya sabemos, por ejemplo, que los contratos menores de dos millones de euros sólo se publican localmente. Las experiencias permitirían acceder a muchas más financiaciones y a consolidar nuestro liderazgo en la zona.
Otra acción importante sería la de potenciar las empresas públicas PROEXCA y SOFESA como instrumentos que son de promoción de exportaciones, de promoción de inversiones en el exterior, de información para las licitaciones y para la identificación de proyectos de cooperación. En este sentido, la apuesta de futuro está en la exportación de servicios, obras y asistencia técnica y en la inversión exterior. La diferencia entre ambas estriba en que mientras que la primera tiene financiación, en la segunda se requiere, por la implantación, por la inversión exterior, de un apoyo decidido para que el empresariado no se lo juegue todo en esos mercados tan complicados.
Cabría asimismo buscar un nuevo instrumento fiscal específico para las inversiones en Africa Occidental. En esa línea, además de la sociedad de promoción se requiere otro instrumento, una sociedad de capital-riesgo para apoyar la implantación de empresas en estos países. Esta sociedad podría dotarse con fondos INTERREG III B y serviría para participar en proyectos prioritarios como, por ejemplo, la implantación de una línea marítima, o en proyectos de industrias en las que tengamos un «know how» como turismo, ocio, comercialización de productos y derivados agrícolas como plátano, gofio, etcétera.
En el marco de estas acciones, especial interés tendríamos que poner en un plan de promoción comercial. Este plan contemplaría una serie de aspectos fundamentales, como es la concentración de esfuerzos de las instituciones en ferias y misiones comerciales, el tener oficinas operativas que den servicios concretos a nuestros empresarios en los países prioritarios, definir objetivos concretos con los planes de empresa tanto comercial como de licitaciones, con un calendario plurianual y con un especial apoyo a las empresas de construcción, industriales y de servicios.
Para terminar con este apartado de acciones, hablaríamos, por un lado, de apoyar la constitución de «Trading». Serviría como ejemplo un negocio centrado en la exportación de vehículos de segunda mano, y a su socaire exportar productos canarios y de otros orígenes.


La señora PRESIDENTA: Senador, tengo que decirle que ha consumido su turno de intervención y también el de portavoces, del que me avisó. Le queda solamente medio minuto. Se lo digo por si quiere dejarlo para intervenir luego en el trámite de portavoces.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Prefiero dejar el tiempo que me resta para el turno de portavoces, señora Presidenta.
Desde Coalición Canaria seguiremos insistiendo constructiva y corresponsablemente en potenciar nuestro entorno geográfico, nuestra Comunidad como marco de relaciones y de apoyo a los proyectos del Estado en la cooperación internacional.
Muchas gracias, señora Presidenta y señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Tiene la palabra, para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Agradezco al Grupo Parlamentario de Coalición Canaria la oportunidad que nos brinda de plantear en esta Cámara la política de cooperación del Gobierno con los países del entorno de la Comunidad Autónoma de Canarias.
España tiene intereses políticos, económicos, socioculturales e históricos claramente definidos. España es la frontera de la Unión Europea con estos países, por lo cual su desarrollo económico no sólo es, al margen de otras consideraciones, una necesidad derivada de nuestros intereses estratégicos, sino una prioridad fundamental del Gobierno español.
El Magreb es un área prioritaria para España, debido principalmente a los intereses que compartimos. En esta zona, junto con Iberoamérica, mantenemos los más amplios e intensos intereses que podamos tener con cualquier región en desarrollo del mundo. Es la segunda área geográfica que contempla el Plan director de la cooperación española para el período 2001-2004 que aprobó el Gobierno el pasado 24 de noviembre de 2000. Como sus señorías pueden comprender, la primera área de destino de la cooperación española es, naturalmente, Iberoamérica, pero después se sitúa esta zona como prioridad fundamental.
Los intereses se concentran en todos los ámbitos: en lo político, en lo económico y en lo sociocultural. Desde el

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punto de vista político, somos la frontera europea más próxima al Magreb, de ahí que la estabilidad de esta región sea primordial para España y el resto de los países europeos. En el ámbito económico, la relaciones de España con la región están adquiriendo un peso cada vez mayor. El crecimiento medio de nuestras exportaciones ha supuesto que estas zonas se conviertan en uno de los primeros mercados para los productos españoles. Los intercambios entre España y Magreb se sitúan en un nivel similar a los mantenidos con Iberoamérica y presentan un crecimiento pequeño pero con superávit para España. Por otra parte, empiezan a ser destacables las inversiones que las empresas españolas están efectuando en el Magreb y, principalmente, en Marruecos. Desde el punto de vista sociocultural es importante el pasado histórico y cultural común, lo que facilita las relaciones entre ambas regiones. La lengua española, sin embargo, es conocida de forma minoritaria, excepto en el norte de Marruecos por su vinculación con España. Los gobiernos de esta región apenas daban importancia a nuestra lengua hasta hace pocos años.
Estos intereses, junto al establecimiento de un futuro espacio euromediterráneo, influyen directamente en la política exterior de España y, como parte de ella, en nuestra política de cooperación al desarrollo.
Esta prioridad ha sido recogida por la Ley de cooperación internacional para el desarrollo de julio de 1998. El Plan director de cooperación 2001-2004 establece como países prioritarios en el Magreb a los siguientes: Marruecos, Mauritania --países a los que se ha referido su señoría--, Túnez, Argelia y la población saharaui. Por lo tanto, de las cinco prioridades tres están en el área de influencia de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Asimismo, su señoría se ha referido a la cooperación con otros países como Senegal y Gambia, en los cuales también existen importantes proyectos de cooperación al desarrollo condicionados por la dificultad de su puesta en marcha. En Dakar se han previsto importantes proyectos, pero las continuas elecciones y cambios de gobierno dificultan su puesta en marcha.
En cuanto a los sectores de cooperación en los que se concentra la ayuda española, cabe decir que consideramos fundamental el fortalecimiento institucional, sobre todo la educación y la formación de recursos humanos, la sanidad y las infraestructuras. Marruecos recibirá en los próximos años de la Agencia Española de Cooperación alrededor de 2.200 millones de pesetas, a lo que hay que añadir los importantes esfuerzos educativos que hace el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte y los esfuerzos financieros directos que realiza el Ministerio de Economía. El Gobierno va a concentrar sus esfuerzos en el apoyo al sector sanitario, a la mejora de infraestructuras básicas --agua, saneamientos y electrificación rural--, a la modernización del sector turístico, a la inserción educativa y laboral de los sectores sociales vulnerables y a la cooperación científica interuniversitaria.
En segundo lugar, debo hacer referencia a Mauritania, país al que la cooperación dedicará algo más de 670 millones anuales cuyo destino será, básicamente, la sanidad, el desarrollo agrícola, educación y modernización del sector pesquero.
Finalmente, deseo indicar a su señoría que España mantiene sus dedicar compromisos con los refugiados saharauis, a los que se podrán dedicar aproximadamente 350 millones de pesetas anuales concentrados en ayuda alimentaria, sanidad y abastecimiento de agua. Los proyectos de la cooperación española están permitiendo que todo tipo de entidades españolas, públicas o privadas, entren en contacto con sus contrapartes locales, con los consiguientes beneficios a medio plazo para el fomento de las relaciones políticas, económicas y culturales. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Podrá comprobar su señoría el gran interés del Gobierno en el desarrollo de estos proyectos de cooperación y, por tanto, apoyamos, agradecemos y felicitamos el esfuerzo realizado desde los Gobiernos autónomos y, en particular, el del Gobierno canario. El Gobierno es consciente de la importancia de esta política de cooperación que impulsa la necesaria coordinación entre las distintas administraciones no sólo para evitar su solapamiento, sino para reforzar conjuntamente los proyectos de cooperación que ponemos en marcha desde la Administración central y desde la autonómica.
Es evidente, como ha señalado su señoría, que, al margen de la cooperación estrictamente establecida en el Plan Director 2001-2004, existen otros modos de cooperación, como es la inversión privada canalizada hacia el área de influencia del entorno de Canarias. En este marco existen enormes posibilidades de desarrollo de nuestra actividad: desde el sector pesquero, que cada vez tiene que abandonar más los acuerdos bilaterales de acceso a recursos a cambio de compensación financiera para buscar fórmulas de integración con las economías locales, bien por la puesta en marcha de sociedades mixtas o bien por la puesta en marcha de instalaciones en tierra, complementarias de la actividad extractiva, al sector agrario, al sector forestal o al desarrollo de industrias básicas de distribución en alimentación; también desde los sectores de la energía y de las telecomunicaciones existen enormes posibilidades.
Yo tomo nota del esfuerzo que hace el Gobierno canario por participar en estas acciones de inversión exterior, y tomo buena nota de las dificultades apuntadas para el desarrollo de esas inversiones exteriores en término de garantía de las mismas y de apoyo desde embajadas y consulados a la hora de facilitarnos contactos entre hombres de negocio que permitan cristalizar proyectos empresariales que siempre son difíciles de poner en marcha en países en vías de desarrollo por las dificultades políticas y de conocimiento de los medios económicos. Por tanto, el Gobierno hará todo lo posible para facilitar la tarea de aquellos empresarios que quieran establecerse o establecer contactos con empresarios locales.
Creo que el ofrecimiento de Canarias como eslabón geoestratégico, como marco de oportunidades y desarrollo --como ha apuntado su señoría-- y como elemento geográfico integrador es un ofrecimiento que no se puede desdeñar, que hay que potenciar, que hay que valorar y que hay que utilizar, cooperando lealmente entre las distintas

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administraciones interesadas tanto en el desarrollo de los países vecinos como en la participación activa como agentes fundamentales de dicho desarrollo.
En este momento las empresas españolas tienen una presencia internacional importante, no sólo en grandes proyectos industriales sino también en microproyectos y pequeños proyectos de ayuda. Yo he estado en Senegal y he visto pequeños proyectos, pero importantes, de la cooperación española; sabemos que en Mauritania están en marcha proyectos ambiciosos, grandes y pequeños, en el sector pesquero. Esta es la vía para cooperar en el desarrollo integrar nuestras economías y establecer lazos duraderos, culturales y económicos que permitan aproximar nuestras culturas y crear marcos de convivencia, de democracia y de paz a ambas orillas de los mares que nos separan.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El turno correspondiente al artículo 87 el Senador Froilán Rodríguez ya lo ha consumido con posterioridad podrá disponer de un turno de portavoces.
En turno de portavoces, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara tiene la palabra.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente; gracias, señor Ministro.
Quiero empezar diciendo que la interpelación presentada por el señor Rodríguez es oportuna y además tiene un hondo contenido. Es oportuna porque estamos en el momento quizá más álgido de los flujos migratorios, y se ha producido una gran polémica de carácter social en nuestro país.
Lógicamente, una parte de los flujos migratorios son irreversibles, y esto ha venido ocurriendo a lo largo de la historia de la humanidad.
Sabemos perfectamente cuáles son las consecuencias y por qué se producen: tienen especialmente raíces económicas y sociales.
Considero que la eficacia en las políticas de cooperación económicas, sociales y culturales en las relaciones norte-sur, aunque se lleven a cabo proyectos, siguen siendo insuficientes.
Por tanto, compartimos la idea de aceptar e integrar a los inmigrantes que llegan a nuestro país, pero también --y en paralelo-- de destinar muchas energías para promover el desarrollo de esos países y, por tanto, las relaciones bilaterales. Se trata de una necesidad imperiosa y se hace poco para lo que se tendría que hacer.
Creo que las Comunidades Autónomas son también Estado, juegan un papel pero, lógicamente, la situación de Canarias como Comunidad ultraperiférica, como frontera sur, adquiere una importancia especial. En este sentido, se ha planteado la interpelación partiendo de esta idea básica y, además, porque el propio Estatuto de Autonomía de Canarias permite solicitar al Gobierno, sobre la base del artículo 38.3, su papel para proponer tratados y convenios en interés de Canarias y del carácter ultraperiférico y de frontera sur.
Si las ideas que se han expresado desde Coalición Canaria se concretan en una interpelación, este Senador va a apoyarla porque lo que se pide al Gobierno es esa participación de Canarias, como parte de ese Estado y porque, además, tiene problemas propios. En consecuencia, en esa idea y basándose en la legalidad que le permite formular una propuesta de estas características, el señor Rodríguez y el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria van a contar con todo nuestro apoyo.
En este momento, no se puede eludir la cuestión según la retahíla de cosas que se hacen, porque es una obligación el que se hagan, hace falta más y lo que se pide es que Canarias desarrolle un papel más activo en todos los órdenes. Por tanto, contarán con todo nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Froilán Rodríguez, por tiempo de cinco minutos.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tengo que darle las gracias por dos motivos: en primer lugar, porque le ha tocado hoy jugar un papel, en nombre del Gobierno, que no es el que habitualmente representa, y he de reconocer que lo ha hecho estupendamente; me siento perfectamente contestado a través de su persona, como lo hubiese sido por el señor Ministro de Asuntos Exteriores. En segundo lugar, y aún es más importante, por la receptividad que ha demostrado ante las propuestas que he planteado en esta interpelación y que, en definitiva, son propuestas que comparte de forma genérica toda la Comunidad Autónoma de Canarias.
Quiero decir, brevemente, que hay que hacer valer el hecho de que Canarias ya está dotada de una experiencia de desarrollo económico, social e institucional, de un nivel tecnológico y de conocimientos que pueden hacer que sirva de referente para los países del entorno, y no estoy hablando sólo en lo que se refiere a la industria turística, de transformación de productos agrícolas, etcétera, sino en muchos otros niveles. También hay que hacer hincapié en que lo que estamos proponiendo es una política integral. Por un lado, hay que mejorar las estructuras de coordinación; es importante señalar el papel que pueden jugar las embajadas y consulados españoles en estos países para facilitar el proceso.
En segundo lugar, hay que destacar la importancia y la necesidad de la ampliación de las comunicaciones marítimas y aéreas; necesitamos acometer de forma decidida un proyecto que comunique --con regularidad, calidad y precio adecuado-- a Canarias con Cabo Verde, Gambia, Senegal, Mauritania, Marruecos y Madeira.
En tercer lugar, hay que potenciar e instrumentalizar ayudas financieras concretas para los empresarios emprendedores que están dispuestos a arriesgarse, porque en definitiva se arriesgan, en esos nuevos mercados.


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Por último, hay que potenciar las líneas de cooperación para el desarrollo, en colaboración --por supuesto-- con las líneas que ya tiene la Unión Europea, y dentro del marco español que ya he valorado muy positivamente en mi primera intervención.
Por lo tanto, señor Ministro, como representante del Gobierno, le doy las gracias por esa receptividad y tomamos muy buena nota de sus palabras que, en definitiva, significan la aceptación de la propuesta, de la mano tendida por Coalición Canaria y del Gobierno de Canarias implícitamente, para convertir a Canarias en una plataforma de cooperación.
Finalmente, doy las gracias al Senador Cámara, del Grupo Mixto. Se ve que conoce perfectamente el marco competencial del Estatuto de Autonomía y ha dicho cosas que quizá yo hubiese dicho pero que está muy bien que las planteen Senadores de otros grupos porque eso significa que existe sensibilidad hacia Canarias en ese sentido.
Ya en otro orden de cosas, y como algo anecdótico para finalizar --después de haber terminado con el Ministro y haberle dado las gracias--, la verdad es que, aunque desde fuera de esta Cámara pueda parecer lo contrario, aquí a veces no gana uno para sorpresas. Me refiero a esta nota de prensa enviada hoy a los medios de comunicación por la Senadora del Grupo Popular que va a intervenir en el turno de portavoces, en la que asume nuestras propuestas como suyas. No sé si atreverme a calificarla de filibusterismo parlamentario --lo digo con todos los respetos--, aunque sí como de poco usual en esta Cámara o poco respetuosa hacia la paternidad o maternidad --según sea el caso-- de las iniciativas parlamentarias. Esto es lo que en la calle se llama de forma muy gráfica vestirse con plumas ajenas.
Pero, en fin, buscándole el lado positivo y constructivo --que parece ser nuestro sino, el sino de los Senadores de Coalición Canaria--, y vista la buena disposición del Grupo Popular --y ya que les hemos hecho trabajar, en el buen sentido, intensamente--, espero que la moción que presentaremos como consecuencia de esta interpelación sea apoyada íntegramente por el Grupo Popular. Sería lo lógico y coherente, ¿o no? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Froilán Rodríguez.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señor Presidente.
Sorprendido está el Grupo Socialista de que una interpelación de esta trascendencia, planteada por el Grupo de Coalición Canaria, no haya sido respondida por responsables de la política exterior y de la política de cooperación, sino por el Ministro de Agricultura y Pesca. No sé si es que los temas africanos relacionados con Canarias a nivel de La Moncloa quedan reducidos a los problemas de pesca y de tomates marroquíes --razón por la cual se ha considerado oportuno o pensaban que la interpelación venía por esas vías--, o bien es que no existe realmente esa prioridad que retóricamente el Ministro de Agricultura y Pesca nos ha recordado esta mañana.
Yo no comparto, ni mi Grupo comparte, el optimismo final del portavoz interpelante de Coalición Canaria, porque todos debemos asumir --y no es un tema de la democracia actual española, sino que es en mi opinión un problema histórico-- que España no siente a Africa, no la siente ni la ha colocado nunca entre sus prioridades. Y ahora, probablemente por razón de las inquietudes que provoca el fenómeno migratorio, inmigratorio en particular, nos acordamos de Africa, de que somos frontera del borde norte y del borde occidental de ese continente, y hay que hablar y hay que preocuparse de Africa.
Canarias --sus Gobiernos autonómicos, sus 18 años de autonomía-- puede presumir de, en términos relativos, haberse preocupado más y haber dedicado más a la cooperación con Africa que los Gobiernos de España --y asumo la parte que me corresponde como miembro del Grupo Socialista--: desde la creación de empresas para la promoción de exportaciones canarias hacia Africa --la empresa mencionada con el nombre de PROEXCA--, a la ayuda y cooperación en el plano cultural establecida y fomentada entre las universidades canarias con algunas universidades de Mauritania y de Marruecos, a la presencia continua de los empresarios canarios en las ferias, especialmente de Dakar, y a las preocupaciones que se han plasmado en distintas resoluciones aprobadas unánimemente por el Parlamento de Canarias respecto a las dificultades en obtención de visados para los propios asistentes, comerciantes e industriales africanos a la feria internacional que se celebra anualmente en Canarias y que, lógicamente, está orientada hacia aquel continente. De manera que no me puedo sentir satisfecho ni compartir los criterios optimistas del Grupo de Coalición Canaria.
En palabras del señor Ministro hemos oído cifras de 2.000 millones de pesetas en infraestructuras para Marruecos, así como el esfuerzo que se lleva a cabo en materia educativa. Evidentemente se viene haciendo en materia educativa porque es la herencia de una presencia colonial española y de tener ahí casi una veintena de centros de enseñanza primaria y secundaria donde se enseña la lengua española. Faltaría menos.
Pero 600 millones de pesetas para Mauritania cuando Canarias dedica 400 a cooperación, no sólo a Mauritania sino a otros países vecinos, pone de relieve, igualmente, la retórica a la que me estoy refiriendo.
El problema de España con Africa es de cooperación, pero que tiene que ir no sólo a través de una visión economicista, como de nuevo ha señalado hoy el Ministro, dando como signo satisfactorio el incremento de las relaciones y los intercambios comerciales en las que hay un saldo positivo para nuestra balanza comercial. Es decir, vendemos más; lo que nos interesa es que nos compren. ¿Pero cómo se

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van a desarrollar si no es a través de la inversión? Entonces ¿miramos a Africa como a un mercado de consumidores? No pretendo diferenciar y decir que no hay que exportar, que hay que limitar las exportaciones, y que con eso se crea riqueza aquí y también allí. Pero es significativo que se insista en que lo importante es que crezcan las exportaciones de España hacia ese continente. Basta leer la última publicación de la Caixa de Catalunya acerca del estado de pobreza del mundo y dónde están concentradas en Africa las menores rentas per cápita, para concebir que si no es a través de una cooperación, no sólo de España, sino de la Unión Europea, pero multiplicada por cifras muy superiores a las que estamos oyendo, no hay nada que hacer con Africa, y debe asumirse que la emigración de esos países hacia las zonas ricas, tal como la Organización de las Naciones Unidas nos ha anunciado, encima agravado por el envejecimiento de la población europea, va a ser uno de los fenómenos característicos de las próximas décadas y dará lugar a un nuevo planteamiento cultural, a un nuevo planteamiento económico, a un nuevo planteamiento social, de manera que esta interpelación únicamente...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Saavedra, le ruego que vaya concluyendo.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: ... nos sirve para poner encima de la mesa la importancia que tiene la cooperación con Africa.
Deseo recordar al interpelante que no ha hecho mención de algo creado en la Ley del Régimen Económico y Fiscal de 1994, que es el Consejo Asesor para la promoción del comercio con Africa occidental, con sede en Canarias. Esa es la prueba más evidente del fracaso y la inutilidad del funcionamiento de ese Consejo, porque se creó con el fin de satisfacer las peticiones del Gobierno, de organizaciones económicas empresariales canarias con el fin de --insisto-- aprovechar la situación geográfica de Canarias, que posee una zona franca, una ZEC, y por tanto no veo qué tiene que ver POSEICAN con el tema del que estábamos hablando. Porque si de lo que se trata es de que productos alimenticios importados en Canarias para mantener el coste de vida en Canarias con subvenciones de la Unión Europea pretendan ser utilizados en materias primas para reexportarlos a terceros países, es evidente que ese no es el sentido de POSEICAN ni tiene nada que ver con el desarrollo y la cooperación con Africa.
Estudiaremos con muchísima atención el contenido de la moción y la enmendaremos con el fin de que pierda este sentido tan optimista con el que ha concluido hoy la intervención del Senador Rodríguez Díaz.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO GONZALEZ: Muchas gracias, señor Presidente, señor Ministro, señorías.
Que Canarias pertenece al continente africano es un hecho geográfico indiscutible, sin embargo, tengo que confesarles aquí que los canarios siempre hemos mirado ese continente con una sensación mezcla de recelo y desconfianza que nos ha mantenido apartados de un mundo al que, aunque sólo fuera por razones de vecindad, pertenecemos, pese a que, cultural e históricamente, como españoles, nos sentimos y somos europeos.
Pero los hechos, aunque se pretendan negar, están ahí, y la propia dinámica de la Historia coloca las cosas en su sitio. Canarias, que ha vivido de espaldas a Africa, ahora comercia con ella. Canarias, que actúa como la barrera o frontera sur de Europa es también la puerta de Europa, una puerta de entrada para los africanos, pero que puede ser, y de hecho lo es, una gran puerta para los europeos hacia Africa. Un mercado de 80 millones de consumidores nos espera desesperadamente. Ochenta millones de consumidores necesitados de todo, especialmente de lo que en las islas sobra: productos industriales, alimentos, materiales de construcción, carreteras, material médico, agrícola, etcétera.
Algunos empresarios ya han comenzado a comprobar las posibilidades de esta nueva Africa, a percibir que se trata de un mercado que no es incompatible, aunque sí diferente, con el de América y Europa; empresarios cuyas iniciativas, sin embargo, se ven frustradas en muchas ocasiones por hechos tan elementales como la inexistencia de carreteras y comunicaciones efectivas entre Africa y Europa y, sobre todo, empresarios y comerciantes que recelan de una cultura que desconocen y de los problemas de infraestructura, educación, sanidad, etcétera, del continente africano y de su terrible condición de tercer mundo; condiciones de vida que dificultan el comercio y que impulsan a muchos ciudadanos de esos países a la arriesgada aventura de la emigración.
Un objetivo prioritario de cualquier política europea con visión de futuro y con conciencia ética y moral es el fomento y la ayuda al desarrollo de esos países. Si existe desarrollo y condiciones de vida dignas, nadie emigra en situaciones casi infrahumanas, como está ocurriendo ahora, y si igualmente existe un desarrollo de infraestructuras y un nivel de economía digno, Africa puede convertirse en un gran mercado para las producciones europeas. Es el aspecto positivo de la globalización de la economía y de la interdependencia de los mercados. Es la manera correcta de hacer negocios y de relacionarse y el camino que ha adoptado claramente la Unión Europea, que viene a demostrar la evolución ética y moral de nuestro continente, y muy especialmente de España y de su Gobierno y, más concretamente, del Gobierno del Partido Popular.
Y es que, siendo justos y rigurosos, señorías, el establecimiento de convenios con países del Magreb se ha visto enormemente favorecido e impulsado por la política de los dos gobiernos del Partido Popular que han trabajado --y ha quedado claro en las manifestaciones del señor Ministro-- en la consecución de los dos objetivos mencionados: la reducción del fenómeno migratorio y la búsqueda de nuevos mercados para los productos españoles.


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El Gobierno popular, señor Ministro, ha marcado una diferencia clara en nuestras relaciones con los países del Magreb que se ve plasmada en el incremento de nuestras exportaciones y, sobre todo, en el hecho de que desde Canarias comenzamos ya a volver la cabeza y otear con bastante sosiego la costa más cercana. En ello tiene mucho que ver la firme política exterior y comercial desarrollada desde el primer día por el Gobierno Aznar, y muy especialmente, el esfuerzo realizado por el Ejecutivo a la hora de acercarse a Africa y a los países del Magreb, escuchar a sus dirigentes y mediar en conflictos internacionales de gran trascendencia.
Todo ello ha permitido a los españoles recuperar prestigio en un territorio donde nuestra imagen estaba bastante dañada. Un ejemplo --y no me resisto a comentarlo-- es la situación del pueblo saharaui que por fin recibe de nuestro país una interlocución rigurosa en sus deseos de paz en la zona. Se trata de un pueblo de refugiados que en Canarias se quiere, se respeta, y con cuyo sufrimiento nos solidarizamos y para el que deseo pedir al Ejecutivo que continúe en su política de tenerlo en cuenta de manera específica en sus planes de cooperación y desarrollo, sabiendo, eso sí, que cuento de antemano con su definitivo apoyo, señor Ministro.
Muy brevemente, por el artículo 82, quiero decir al señor don Froilán Rodríguez que lamento profundamente que entienda este tipo de asuntos como una cuestión de protagonismo y no de contenidos. Es mi obligación transmitir a los medios de comunicación de mi Comunidad y de España la opinión de mi grupo. Si usted se queja porque coincide en sus planteamientos con el Grupo Parlamentario Popular me sorprende, porque debería congratularse de ello. Si es, en todo caso, un asunto de vanidad, es un problema interno y no se trata de utilizar los términos que ha empleado usted. Lo lamento profundamente porque por lo demás, como usted ve, comparto mucho sus opiniones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Navarro.
Para concluir el debate, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.
Quiero agradecer a todas sus señorías que han intervenido en este debate sus aportaciones al mismo. He de señalar que el Gobierno estudiará las propuestas de moción de los distintos grupos parlamentarios, desde el posibilismo, desde la voluntad de cooperación, desde la integración de actuaciones de Comunidades Autónomas y Gobierno en una finalidad común.
Lo que no puedo compartir es que este Gobierno esté de espaldas al continente africano. No sé cuál fue la actitud de gobiernos anteriores ni la quiero calificar. Lo que sí debo decir es que desde que este Gobierno comenzó su andadura en la política exterior han sido una prioridad absoluta los contactos a alto nivel con todo el continente africano y con el Magreb en particular; los contactos del Presidente del Gobierno en Argelia, en Túnez, en Marruecos; los contactos de miembros del Gobierno en Senegal, con el Presidente de Mauritania, etcétera. Así pues, la presencia ha sido permanente y las cifras en materia de cooperación se han integrado, y no sólo las cifras directas de cooperación, sino que toda la política de inversiones en ese continente se está intensificando debido a un apoyo decidido por parte del Gobierno.
Esta es la segunda área en prioridad, porque la primera, ya lo he dicho, es Iberoamérica. Y eso no se debe a una política de querer exportar, sino por querer integrar las economías y hacer inversiones en el exterior. El Gobierno quiere promover la simbiosis de los empresarios españoles con los empresarios locales, la puesta en marcha de proyectos conjuntos que integren nuestras economías y que no sólo permitan esa cooperación para desarrollar recursos humanos e infraestructuras básicas, sino sobre todo un espíritu de concordia y participación entre los empresarios de uno y otro lado con el fin de poner en marcha proyectos beneficiosos para las economías locales, capaces de generar a su vez exportaciones hacia el territorio de la Unión Europea y de contribuir a la generación de riqueza económica.
Creo que debemos combinar las acciones de formación de cuadros, de formación de la población local, con las inversiones exteriores y la propuesta del Grupo de Coalición Canaria acerca de pedir un mayor protagonismo de los empresarios canarios y de la sociedad canaria en este proceso, que es complicado y muy lento, porque no es tan fácil desarrollar líneas aéreas o marítimas cuando no hay demanda, pero si aquéllas no existen tampoco se genera ésta, es decir, es un círculo vicioso. Por tanto, habrá que atender a los tiempos razonables y necesarios que justifiquen estos temas.
Hoy tenemos buenas comunicaciones aéreas entre Senegal y Canarias. Con otras zonas del entorno quizá no las tengamos, pero podemos utilizar el aeropuerto de Senegal como aeropuerto de cercanías, lo que probablemente sea más fácil, porque es complejo generar tráfico aéreo en volúmenes suficientes.
En todo caso, es voluntad del Gobierno seguir manteniendo una cooperación con los países situados en el área de Canarias, intensificándola en función de las posibilidades presupuestarias. En ese sentido, se ha hecho un esfuerzo de mejora respecto de épocas anteriores. ¿Que es insuficiente? Obviamente, en cooperación al desarrollo todo lo es, dadas las necesidades existentes, pero repito una vez más que la voluntad del Gobierno es participar en este proceso activamente, y creo que en materia de cooperación hoy España puede ir con la cabeza bien alta por todo el mundo, y particularmente en el seno de la Unión Europea.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LAS POBLACIONES DE MONTAÑA (670/000053).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos a la interpelación del excelentísimo señor don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política del Gobierno en relación con las poblaciones de montaña.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador interpelante por tiempo de quince minutos.


El señor GANYET SOLE: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, dijo un pensador escandinavo que el progreso histórico es realmente lento. A veces hace falta un siglo para retroceder cincuenta años. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Y algo así ha sucedido en buena parte de la montaña española, cuyas poblaciones han sufrido una enorme evolución a lo largo del siglo XX; en sentido positivo algunas de ellas --pocas--, y en sentido negativo muchas otras --por desgracia, la gran mayoría.
Los habitantes de las zonas de montaña de España constituyen el 2 por ciento de la población total. Este reducido porcentaje debe ser relativizado a la vista de que ocupan y gestionan el 40 por ciento del territorio, aunque es bien sabido que siempre debe hacerse una distinción de lo que es propiamente la alta montaña, donde los ecosistemas son más frágiles.
Alguien afirmaba que los Estados Unidos deben moverse muy rápidamente sólo para permanecer en su sitio. Pues bien, también las poblaciones de montaña deben moverse muy rápido sólo para permanecer en su sitio. No hay, pues, tiempo que perder.
En la búsqueda de la proximidad y la eficacia, voy a centrar este análisis en lo que ha sucedido en los últimos 20 años, durante los cuales las poblaciones de montaña del Estado español han experimentado transformaciones decisivas.
La presente interpelación se formula en positivo, con voluntad constructiva, a partir de la consideración de que es conveniente que los poderes públicos den respuesta a las necesidades de la sociedad generadas por una evolución de proporciones alarmantes.
Decimos, señor Ministro, que esta interpelación está formulada en positivo porque pretende generar un debate que facilite el planteamiento de políticas adecuadas en el año 2001 a las necesidades actuales y futuras de las poblaciones de montaña.
De la misma forma se hizo en 1982, cuando las Cortes Generales aprobaron la Ley de Agricultura de Montaña, y también cuando la entrada de España en la Unión Europea significó la aplicación en nuestro país de las directivas comunitarias relativas a los ámbitos rural y de montaña.
Ciertamente, señorías, existe un amplio abanico de leyes y normas legales que afectan a los habitantes y a los territorios de montaña, tanto en España y en algunas de sus Comunidades Autónomas como también en los países alpinos europeos: Francia, Italia, Suiza, etcétera. Haré un breve repaso de dicha legislación, que nos permitirá enmarcar mejor nuestra reflexión.
Debemos empezar por la ley fundamental, la Constitución española de 1978, que en su artículo 130.1 afirma lo siguiente: «1. Los poderes públicos atenderán a la modernización y desarrollo de todos los sectores económicos y, en particular, de la agricultura, de la ganadería, de la pesca y de la artesanía, a fin de equiparar el nivel de vida de todos los españoles.» El número 2 de este mismo artículo establece lo siguiente: «2. Con el mismo fin, se dispensará un tratamiento especial a las zonas de montaña.» Este segundo apartado precisamente fue una aportación del Senado, gracias a una enmienda presentada por la Entesa dels Catalans, que había recibido la petición de los Grups de l'Alt Pirineu en la reunión que tuvo lugar en mi ciudad, en La Seu d'Urgell, después de la conocida acampada de Boavi en el Pallars Sobirò.
En 1982, las Cortes Generales aprobaron la Ley de Agricultura de Montaña, que tenía por objeto establecer un régimen jurídico especial para las zonas de agricultura de montaña con el fin de posibilitar el desarrollo rural y económico, mantener un nivel demográfico adecuado y atender a la conservación y restauración del medio físico, como hábitat de sus poblaciones. Así pues, la Ley reconoce la especificidad de las zonas de montaña, de los problemas de sus habitantes y de sus ecosistemas y recursos.
En 1983 se aprobó también la Ley de Alta Montaña de Cataluña, que introdujo la creación de los Consejos Comarcales de Montaña y los Planes Comarcales de Montaña, de marcado carácter socioeconómico. Tuve el honor de ser ponente de esta ley.
Cabe destacar que ambas leyes, la española y la catalana, se basaron en la legislación europea, ya entonces vigente, como por ejemplo la ley italiana de Comunidades de Montaña y la ley suiza de ayuda a las inversiones en las regiones de montaña. Como saben sus señorías y el señor Ministro, la primera establece esencialmente el sistema de organización de las comunidades humanas situadas en esas zonas, sus atribuciones y competencias, mientras que la legislación helvética centra su articulado en la creación de condiciones favorables al desarrollo económico y la competitividad de las regiones de montaña de aquel país.
Desde la entrada de España en la Unión Europea, las directivas comunitarias han marcado el terreno de juego, como no podía ser de otra forma; entre éstas deben citarse los actuales Reglamentos, vigentes desde 1999, sobre ayuda al desarrollo rural, sobre financiación de la política agrícola común y sobre los fondos estructurales.
La evolución en los últimos veinte años de las sociedades de montaña españolas se puede dividir en dos grandes sectores: De una parte, aquellos valles donde se ha producido un proceso más o menos intenso de terciarización, vinculado con mucha frecuencia a la actividad turística y a los servicios que ésta conlleva, y motivado en muchas ocasiones por la explotación del recurso de la nieve. Estas sociedades han conocido una mutación muy profunda, su demografía se ha mantenido e incluso ha aumentado con la

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aportación de contingentes de inmigración, que generan un recambio poblacional sustantivo; un ejemplo paradigmático es el Valle de Arán.
Ello tiene habitualmente como consecuencia la práctica desaparición de las actividades agrarias tradicionales y, en general, no supone la creación de puestos de trabajo en el sector secundario, en la industria.
La situación anteriormente descrita afecta a una parte muy reducida del total de las poblaciones de montaña de nuestro país.
De otra parte, hay extensas áreas, las mayoritarias, en las que se ha producido un preocupante descenso demográfico con la emigración de las personas más jóvenes y activas, lo que ha comportado el envejecimiento y la desestructuración de la población restante. La modernización de las explotaciones agropecuarias se ha llevado a cabo de una manera muy limitada o no se ha producido y la presencia del turismo y las actividades artesanales ha sido claramente insuficiente para la creación de empleo estable, de tal forma que en muchas ocasiones se ha llegado --y eso es muy preocupante, señorías-- a la desertificación de valles y áreas enteras. La acusada despoblación es una de las principales causas de la situación de abandono en que se encuentra buena parte de las áreas forestales y de los frecuentes incendios que padece. En general, estas zonas presentan graves problemas de supervivencia.
Todo ello está estrechamente relacionado con una serie de razones objetivas que juegan a favor o en contra del presente y del futuro de estas comunidades: el estado de las infraestructuras de acceso y comunicación, la cobertura o no con servicios equiparables a los que recibe el resto de ciudadanos, es decir, sanidad, educación, acceso a la cultura, servicios sociales, etcétera, y la capacidad de autoorganización y de formular proyectos integrados de futuro.
Quiero hacer especial hincapié en que, a pesar de que algunos de los rasgos mencionados sean los mismos que los de las zonas rurales desfavorecidas, que, como sus señorías saben, constituyen el 9 por ciento de la población española, no se pueden asimilar sus respectivas problemáticas, porque las áreas de montaña presentan una clara situación específica, tanto desde el punto de vista de las limitaciones debidas a su geografía y climatología como por sus posibilidades de desarrollo si disponen de los recursos suficientes.
Así pues, a la vista de la normativa y la legislación existentes, y analizada la evolución de la población en los dos últimos decenios, así como la importancia crucial de las áreas de montaña en el equilibrio territorial desde el punto de vista ecológico y como grandes suministradoras de agua y energía y también de espacios para el ocio, entendemos que deben realizarse por parte de los poderes públicos grandes esfuerzos de adaptación a las nuevas realidades, escuchando a las poblaciones implicadas y a sus representantes.
Por ello, consideramos necesario un esfuerzo de reflexión para reorientar, a la luz de las nuevas circunstancias, las políticas de montaña española y europea. Según nuestro criterio, algunas de las líneas de trabajo a desarrollar son las siguientes: En el ámbito legislativo, poner las bases para la elaboración de una ley sobre desarrollo integral y protección de la montaña, a imagen de la vigente ley francesa; como actuaciones inmediatas, dado que actualmente se están poniendo en marcha los programas de desarrollo comarcal PRODER y LEADER, sería conveniente elaborar programas específicos para zonas de montaña; asimismo, promover el desarrollo integrado económico y social, impulsar la puesta en valor de las zonas desfavorecidas de montaña, desarrollar y promover los productos agrarios y alimentarios de calidad de estas áreas, organizar y promocionar el turismo, la pequeña industria, la artesanía y el comercio y la decidida implantación --esto es muy importante y no se les escapa a sus señorías-- de las nuevas tecnologías al mismo tiempo que llegan a las grandes aglomeraciones urbanas; en resumen, valorar sus recursos específicos.
A pesar de las consecuencias enormemente negativas en el presente y en un futuro inmediato provocadas por la gran crisis del actual sistema de producción alimentaria y la creciente sensibilización social al respecto, estoy convencido, y lo pongo a la consideración del señor Ministro y de la Cámara, de que la compleja situación que estamos viviendo puede ser una oportunidad estratégica para que las zonas de montaña aprovechen el valor añadido que nadie les niega en la escala de valores de nuestra sociedad y hagan una apuesta decidida a favor de la calidad, tanto desde el punto de vista de la producción agrícola y ganadera como de la artesanía y el turismo, convirtiéndose en punta de lanza de las políticas de respeto medioambiental. Es a través de que puedan ser interpretadas desde fuera como paradigmas de autenticidad y calidad como las poblaciones de montaña podrán adquirir o potenciar un rol digno y reconocido por el conjunto de la sociedad.
Es cierto que no se puede poner en duda la buena voluntad de las políticas que se han aplicado en los últimos años, como las indemnizaciones compensatorias de montaña o la aplicación inicial de la Ley de Agricultura. El esfuerzo realizado ha valido la pena porque en frecuentes casos ha permitido introducir ciertas mejoras, o bien detener el agudo declive que se estaba produciendo. Debe tenerse en cuenta que con frecuencia no se trata a un enfermo joven, sino a un paciente crónico.
De todas formas, cabe igualmente recordar que los recursos públicos destinados a indemnizaciones compensatorias supusieron en 1999 tan sólo unos 5.200 millones de pesetas, de los que se beneficiaron un total de 64.000 personas a una media de 81.000 pesetas cada una de ellas. Son cantidades muy pequeñas frente al enorme reto que la aguda situación de las comunidades que mantienen vivo el 40 por ciento de la superficie plantea al conjunto del país.
En conclusión, señor Ministro, señorías, parece oportuno, y si me lo permiten, ineludible, pensando en el beneficio del conjunto del país y muy especialmente de sus poblaciones de montaña, que el Senado y la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas procedan a una reflexión colectiva, que conduzca a la actualización de sus políticas para las primeras décadas del siglo XXI en este ámbito tan frágil y tan decisivo para el equilibrio general. Reitero que esta interpelación tiene una voluntad enteramente positiva y constructiva, con el objeto de invitarles

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a todos ustedes y, en especial, al señor Ministro, a esa necesaria reflexión en la Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, Senador Ganyet.
Para contestar en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, Senador Ganyet, por la presentación de una interpelación que nos va a permitir reflexionar sobre la atención especial que merecen ciertas comunidades que, por sus características orográficas, sociales y económicas, requieren tratamientos más específicos en nuestro país.
Ante esta preocupación la política de Gobierno ha sido establecer una serie de medidas, bien de forma directa o indirecta, que afecten particularmente a las zonas de montaña. La política de zonas de montaña no afecta a un solo Departamento, sino al Gobierno en su conjunto. Así, en materia de agricultura, tanto en el ámbito comunitario -- como ha señalado su señoría-- como en el nacional, se han puesto en marcha diversas medidas para favorecer el desarrollo de las zonas de montaña.
Y comparto con su señoría que la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina poniendo encima de la mesa el problema de la seguridad alimentaria como prioridad número uno de los consumidores europeos, nos sitúa ante escenarios nuevos que pueden concluir en propuestas, de las que si actuamos inteligentemente se puedan beneficiar aquellas zonas del territorio que producen alimentos de calidad, en condiciones de máximo respeto a la naturaleza y sin incurrir en los defectos que recientemente hemos visto. Se abre una ventana a la oportunidad, dependerá de nuestra inteligencia saber aprovecharla.
Como ha dicho su señoría, para atajar el problema y frenar el declive, porque estamos ante un declive poblacional y económico, de las zonas de montaña, se han puesto en marcha diversas medidas, entre ellas la indemnización compensatoria, como compensación de rentas a los agricultores de estas zonas. España ha incluido esta medida en sus programas de desarrollo rural para ser cofinanciados por la Unión Europea.
A las zonas de montaña también va destinada una parte fundamental del resto de las medidas incluidas los Programas de Desarrollo Rural de las Regiones Fuera de Objetivo y de los Programas Operativos de las Regiones Objetivo 1 en el período 2000-2006. En estos programas se incluye un conjunto de medidas que para las zonas desfavorecidas tienen un mayor porcentaje de subvención al agricultor. El porcentaje es normalmente del 50 por ciento de la inversión total, el 55 por ciento en caso de jóvenes agricultores. En el resto del territorio son del 40 y 45.
En otros casos, como son las medidas de silvicultura, prácticamente la totalidad de las mismas se hacen en zonas de montaña.
Y si hablamos de la indemnización compensatoria, se pretende compensar, al menos en parte, la baja productividad de las explotaciones agrarias situadas en estas zonas. En el año 1999 --mis datos son algo distintos de los de su señoría-- se beneficiaron de la misma 160.215 agricultores, que han percibido del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación una indemnización de 10.878,9 millones de pesetas, siendo la media de 67.908 pesetas; ciertamente, es una cantidad pequeña, pero apunta un primer gesto diferencial para estas zonas. Las Comunidades Autónomas más favorecidas han sido: Castilla y León, Galicia, Castilla-La Mancha y Asturias, dado que optar por estos programas y por el grado de cofinanciación entra dentro del principio de autonomía que tienen las Comunidades Autónomas de apoyar en mayor o en menor intensidad estas zonas.
Respecto de la mejora y modernización de estructuras de producción de explotaciones agrarias, el Gobierno tiene en marcha un proyecto de Real Decreto para la mejora y modernización de las estructuras de producción de explotaciones agrarias, que regula, fundamentalmente, ayudas a las inversiones contempladas en planes de mejora de explotaciones agrarias y primera instalación de agricultores jóvenes.
Este proyecto de Real Decreto, que está muy avanzado, favorece de forma muy positiva a las explotaciones ubicadas en zonas de montaña.
Considerando que serán preferentes para la concesión de ayudas, las explotaciones familiares cuyos titulares sean personas físicas, localizadas en zonas de montaña, siempre que el titular sea agricultor profesional y cumpla los requisitos que establezcan las Comunidades Autónomas, y también cabe el supuesto de explotaciones asociativas situadas en zonas de montaña cuando la mayoría de socios sean agricultores profesionales e igualmente cumplan estos requisitos.
En las zonas de montaña, así como en el resto de las zonas desfavorecidas, incluidas en la Lista Comunitaria, las ayudas a las inversiones en explotaciones contempladas en planes de mejora pueden alcanzar hasta el 50 por ciento de la inversión, es decir, 10 puntos más que en cualquier otra zona. Igualmente ocurre con las diferenciaciones para la instalación de jóvenes agricultores.
Por otra parte, quisiera destacar que las iniciativas comunitarias Leader y PRODER recogen medidas de aplicación para las zonas de montaña.
En los tres períodos de aplicación de los Fondos estructurales de la Unión Europea se ha desarrollado el Leader I, se está finalizando la ejecución de los pagos en el Leader II y PRODER y se inicia el desarrollo del Leader Plus y PRODER 2.
Estos Programas, de enfoque claramente territorial, que se dirigen a superficies geográficas homogéneas de espacio normalmente comarcal, pretenden diversificar la economía de las zonas rurales y se adaptan perfectamente a las zonas de montaña. Por lo tanto, las zonas de montaña desfavorecidas están integradas en los Programas cofinanciados por la Unión Europea y las administraciones nacionales que, bajo gestión de la propia población, inciden en su desarrollo.


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Por eso quiero señalar a su señoría que también es muy importante en el proceso de desarrollo el grado de imbricación de las poblaciones locales y de asumir su propio futuro, porque es paradigmático que cuando hay zonas de montaña que son participativas en su propio desarrollo futuro se consiguen resultados espectaculares aplicando el mismo volumen de medios públicos.
Como sabe su señoría, al margen de los programas Leader y de los programas operativos, existen otras acciones gubernamentales que inciden sobre las zonas de montaña. Fundamentalmente en materia turística, el Gobierno tiene en marcha actuaciones que benefician de manera directa e indirecta a las zonas de montaña.
Los Planes de Dinamización Turística pretenden revalorizar el uso turístico de los recursos en los destinos que están en fases incipientes de desarrollo turístico asegurando su sostenibilidad. Están financiados por las Administraciones Estatal, Autonómica y Local, y es el objetivo diseñar políticas de creación de productos turísticos, fortalecer el tejido empresarial y crear nuevos productos, preservando siempre el medio ambiente y tratando de fomentar la promoción y comercialización de los mismos.
Algunos de estos planes se han desarrollado fundamentalmente y desde 1996 en zonas de montaña: El Valle de Boí en Cataluña, el Valle de Tena en Aragón, el Valle de Benasque en Aragón, el Valle de Trubia en Asturias, Sierra de Gúdar en Teruel, Alto Aragón y Maestrazgo en Aragón y Pallars Sobirà en Cataluña.
Por otro lado, es importante señalar la participación en los sistemas de calidad de autorregulación del sector turístico de los sectores de turismo rural y las estaciones de esquí. En concreto, están participando en el proyecto todas las estaciones y nueve de ellas tienen el sello Q de calidad. También en este ámbito de la calidad se está trabajando con los parques naturales, muchos de ellos en zonas de montaña.
Por su parte, los paradores de turismo en zonas de montaña son los que más significativamente aplican y desarrollan el convenio entre la Sociedad Paradores de Turismo y el Ministerio de Medio Ambiente para la promoción de los parques nacionales.
Finalmente, en el ámbito de la promoción exterior quisiera destacar, por ejemplo, la marca Pirineos cuyo plan de actuaciones para el año 2001 se está firmando hoy en Zaragoza entre el Secretario de Estado de Turismo y los directores generales de las Comunidades Autónomas de la zona de Pirineos, Navarra, Aragón y Cataluña, e incluye acciones promocionales de turismo activo y de nieve en mercados británicos, de habla alemana y de los Países Bajos, así como la participación en ferias en Francia, Bélgica, Países Bajos, Alemania, Portugal y Reino Unido, con una inversión promocional prevista de 140 millones de pesetas.
En materia de industria el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de la Minería del Carbón 1998-2005 firmado en 1997 por la Administración del Estado con sindicatos y empresarios, para facilitar la evolución de unas zonas también de montaña, pero que tradicionalmente dependían de la industria del carbón. Afecta a siete Comunidades Autónomas y a las provincias de Córdoba, Teruel, Zaragoza, Ciudad Real, León, Palencia, Barcelona, Lleida, A Coruña y Asturias. La mayoría son zonas de montaña con declive económico y con grandes problemas de envejecimiento de su población.
Este sector está inmerso en un proceso de ajuste y, en consecuencia, el Gobierno impulsará actuaciones que apoyen y dinamicen la creación de sistemas productivos alternativos. El Plan de la Minería se divide en actuaciones a favor de la reestructuración por un lado y, por otro, a favor del desarrollo alternativo de las comarcas mineras. Se van a destinar 165.000 millones en los próximos ocho años de vigencia del plan.
En las últimas reuniones de la Comisión de Seguimiento del Plan de la Minería se han acordado con alcaldes y representantes de sindicatos medidas para hacer discriminación positiva a favor de determinados municipios con más dificultades que percibirán porcentajes de ayudas mayores que los instalados en poblaciones situadas en zonas no desfavorecidas.
Por lo tanto, señoría, el Gobierno es consciente de la intensidad de los problemas que se plantean a las poblaciones de zonas de montaña. Tenemos unos instrumentos que queremos optimizar y estamos dispuestos a reflexionar en conjunto sobre la manera de hacer que los instrumentos de que se disponen y aquellos que se puedan diseñar en el futuro tengan mayor impacto no sólo a escala comunitaria, sino nacional y autonómica.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Ministro, agradezco la forma y el fondo de su intervención. Estoy de acuerdo básicamente en sus valoraciones y en el listado de acciones concretas que se están llevando a cabo.
Efectivamente, coincido con usted en que la política de montaña afecta al conjunto del Gobierno. Es básicamente, pluridisciplinar. El problema en las zonas de montaña españolas es grave. Cuanto antes pongamos las bases, las líneas, los vectores de la futura política de montaña para las próximas décadas, mejor. Cuanto antes, porque también hay un problema conceptual, se pulan los conceptos, mejor.
Me veo en la obligación de ratificar la necesidad de emprender la adaptación de las leyes y normativas relativas a las zonas de montaña tanto españolas como europeas a la vista de la evolución de la población en los dos últimos decenios, así como de poner de relieve la gran importancia de las áreas de montaña en el equilibrio territorial desde el punto de vista ecológico, en el sentido más amplio del término, y como grandes suministradoras de agua y energía y también de espacios de ocio.
Se debe poner de manifiesto, asimismo, la conveniencia de que exista un tratamiento específico para una realidad específica. Por ello, consideramos imprescindible hacer

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un esfuerzo de reflexión para reorientar, a la luz de las nuevas circunstancias, las políticas de montaña en nuestro país y en el resto de la Unión Europea.
Ello no es tan sólo imperativo por lo que establece la Constitución en su artículo 130, sino porque estas áreas son esenciales para el equilibrio medioambiental del país y para el bienestar --esto lo digo bien convencido-- del conjunto de los españoles. Estamos hablando casi de la mitad del territorio español, del 40 por ciento de la superficie de nuestro país.
En ese sentido se debe profundizar, a mi entender, en algunas de las líneas anteriormente citadas: valorar los recursos de estas áreas; elaborar programas específicos para las zonas de montaña, dado que, como ha dicho el señor Ministro, actualmente se están poniendo en marcha los programas de desarrollo PRODER y Leader; poner énfasis especial en las zonas desfavorecidas en la misma montaña; desarrollar y promover los productos agrícolas y alimentarios de calidad, y organizar y promocionar el turismo, la artesanía y el comercio en el marco de la pluriactividad económica y de la articulación social. Todo ello acompañado por el impulso a las bases para lo que debe ser en el futuro la ley sobre desarrollo integral y protección de la montaña, a imagen de nuestros vecinos franceses.
Como consecuencia de todas esas consideraciones y de nuestra voluntad de realizar una aportación positiva a un debate que no tan sólo debe tener lugar en España, sino que también se está desarrollando en los países europeos con macizos montañosos, como sucede a través de la Association des Elus de la Montagne, la Comunidad de trabajo de los Pirineos o el Consejo Nacional de la Montaña francés. Creemos responder al sentir generalizado de la población de montaña concernida y de las personas que en España, que son muchas, son sensibles a su problemática, proponiendo una moción consecuencia de la presente interpelación, en el sentido, señor Ministro, de que se cree en el Senado una Comisión de estudio sobre la actualización de las políticas de montaña en España en el marco de la Unión Europea que desarrolle sus tareas dentro de la actual legislatura recogiendo las aportaciones --y eso es importantísimo-- del conjunto de las administraciones públicas --Estado, Comunidades Autónomas, corporaciones locales-- y de personas y colectivos representativos de las áreas de montaña del Estado, sus agentes más activos, así como la elaboración de un libro blanco de balance general que marque directrices para el futuro.
Asimismo, creemos ineludible que el señor Ministro, o el Gobierno español, elabore una propuesta al Consejo de Ministros de la Unión Europea para que en la próxima revisión de la política agraria común se cree un programa específico para las zonas de montaña. Todo sea para evitar aquel terrible vaticinio: el camino de la civilización está pavimentado de latas vacías.
Mucho atrevimiento es remedar, señorías, a Shakespeare, y les pido perdón. Decía el gran inglés: los cántaros vacíos hacen mejor sonido, y es bien cierto, pero es además constatable que los valles vacíos, sin nadie que los habite, sin nadie que cuide los bosques, los prados y los caminos, producen un grito desgarrador.
Desde El Grupo Entesa Catalana de Progrés queremos hacer una aportación positiva a la sociedad. Defendiendo --estamos bien seguros de ello-- a la montaña defendemos al país en su conjunto. Nos ponemos a disposición de todos los grupos parlamentarios para lograr que el Senado sea punta de lanza en la reflexión que nuestro país debe hacer en sintonía con la reflexión que hacen nuestros vecinos europeos; una reflexión sobre el futuro de la montaña que es también una reflexión sobre nuestro futuro colectivo.
Muchas gracias, señor Ministro, señorías, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ganyet.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
La interpelación presentada por el Grupo Entesa adelanta en esta Cámara un debate que se viene suscitando desde hace ya algún tiempo a nivel europeo. Para nosotros tiene una especial importancia --sobre todo desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego-- porque hablar de zonas de montaña es hablar de buena parte de nuestro país.
Partiendo de esa intencionalidad, hay que tener en cuenta que, hasta el momento presente, cada vez que se habla de políticas para las zonas de montaña se las suele asimilar a políticas de apoyo de zonas desfavorecidas. Quizá esto manifieste una intención loable, pero también suscita un modo de entender las cosas que pensamos se debe ir modificando. Hoy en día en el ámbito de la política europea se empieza a hablar seriamente de la necesidad de no articular medidas de apoyo en estas zonas en función de la productividad, sino más bien en función de la estancia en el medio. Se ha llegado a la conclusión de que el problema de las zonas de montaña no estriba en que en ellas se produzca más o menos, sino en la mayor o menor estancia de población en ellas ya que éste es por sí mismo un valor económico, natural y político a mantener.
Quizá aún no estamos impregnados aquí de ese tipo de reflexiones, y de ahí la importancia de la interpelación que hoy somete a la consideración de la Cámara el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés. Empecemos a hablar de una vez por todas de que las zonas de montaña cuentan con los recursos naturales suficientes para lograr un desarrollo para su población. Lo que nunca van a conseguir, ni hace falta que así sea, es un modelo social y vivencial asimilable a las zonas urbanas ni tampoco a las zonas rurales que no son de montaña. Aceptemos su especificidad y entendamos que su mantenimiento y fortalecimiento no sólo redundará en beneficio de los habitantes de esas zonas sino en el de todo ese territorio en su conjunto.
Por eso es importante que a la hora de ir marcando nuevas expectativas y por tanto nuevas directrices, no volvamos

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a caer en el error de marcar falsas expectativas muchas veces guiadas por objetivos equivocados. Tomar las zonas de montaña únicamente como un escenario lúdico --como algunos las utilizamos en algún momento de nuestra vida-- lleva siempre a marcar para sus habitantes soluciones que no son las adecuadas.
No podemos seguir en la teoría de que el sector servicios puede suplir por si solo al sector primario en las zonas de montaña. Cuántas veces hemos escuchado y visto la aglomeración de proyectos de turismo rural allí donde no procuramos que la población se mantenga vinculada al sector primario que le dio su razón de ser. De ahí la importancia de que programas comunitarios como el Leader y el PRODER tengan en cuenta este tipo de medidas, este tipo de reflexiones. Y desde luego, nosotros consideramos, como no podía ser de otra manera, que este tipo de reflexión, así como las medidas que de ella se deduzcan, tiene que ser una puesta en común europea, del Gobierno estatal y también de las Comunidades Autónomas, con amplias y claras competencias al respecto.
Por tanto, una medida como la que nos adelantó el representante del Grupo Entesa referente a la creación de un grupo de trabajo que estudie estas consideraciones y dé traslado a sus reflexiones finales nos parece sumamente interesante. Estaremos, pues, expectantes ante esa posibilidad en la medida que nos corresponde como miembros pertenecientes a esta Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Arroyo. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.)

El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, quiero felicitar al señor Ganyet por su iniciativa.
Nosotros también consideramos que las zonas de montaña son muy importantes en España. Todos somos conscientes de la difícil orografía de España; en particular, Canarias es un territorio insular fraccionado con una orografía compleja, y por eso nos preocupa sumamente este aspecto.
Tengo un informe sobre la aplicación del Programa de desarrollo rural en España, incluida Canarias, para el período que acaba de finalizar, del que quiero comentar brevemente algunos aspectos. El Ministerio ha hecho un gran esfuerzo con los servicios de la Comisión, de modo que a finales del año pasado se aprobó en el Comité Star el Programa para el período 2000-2006 y han sido publicados recientemente los reales decretos. Pero tengo que decir que convendría revisar una medida, porque, a nuestro juicio, el cese anticipado de la actividad agraria no está funcionando adecuadamente.
En relación con la indemnización compensatoria, quiero poner un ejemplo en relación con Canarias. En la isla de Tenerife, por la que soy Senador, hay treinta y un municipios, de los que solamente uno de ellos, el del Puerto de la Cruz, está excluido del ámbito de aplicación de la ICM, de la Indemnización Compensatoria de Montaña, dado que prácticamente el resto de municipios comprenden de costa a cumbre. Por tanto, se da la paradoja de que en nuestras plataformas costeras se sitúan pequeños valles subtropicales donde hemos desarrollado una agricultura intensiva de exportación y, sin embargo, prácticamente todos los municipios tienen agricultura de montaña y población asentada en la misma. Puedo poner más ejemplos, como el de otra isla que usted conoce bien, La Palma, donde solamente está excluido el municipio de Tazacorte, situado en la costa del valle de Aridane; o La Gomera, donde todos los municipios están incluidos en el área de montaña, o la isla de El Hierro, cuyos dos únicos municipios también están incluidos.
En relación con las ayudas agroambientales, tengo que decir que es un aspecto importante que habría que reforzar. En este sentido, el Ministro ha sido muy sensible --como ha dicho el Senador proponente--, pero, según mi información, en el Ministerio ha habido cierta falta de información con motivo, quizá, de las prisas y precipitación final a la hora de su aprobación en el Comité Star y del desarrollo de los reales decretos. Sé que han sido consultados los servicios de la Consejería --y hablo de una institución que estaba gobernada en ese período por su partido, o sea que no lo hago con sesgo político-- solamente para el programa agroambiental, pero en absoluto para la ICM u otras cuestiones. Por eso pido, en nombre de Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, una mayor coordinación entre la Administración central del Estado y los gobiernos de las Comunidades Autónomas. Ese importante debate se suscitó también el jueves pasado en un foro agrario que usted tuvo la oportunidad de presidir en Madrid en el Palacio de Zurbano.
Finalmente, quiero apuntar algo sobre las cifras que usted nos ofreció.
Según mis notas, de los aproximadamente 5.000 millones de pesetas de la Indemnización Compensatoria de Montaña, Canarias le corresponden 100 millones de pesetas por año, pero para medidas agroambientales durante el período 1995-2000 se contemplaban 3.900 millones de pesetas.
Esas medidas son importantes, y a ellas hay que añadir las actividades de los programa Leader y PRODER, pero, como bien dijo usted, hay que hacer una aproximación integral a la problemática de las montañas españolas, y desde Coalición Canaria nosotros decimos al Ministerio y al Senador Ganyet, proponente de la interpelación, que estamos en ese espíritu de colaboración y que si se crea un grupo de trabajo o una Comisión, cuente con nosotros.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Arroyo, le ruego concluya, por favor.


El señor ARROYO HODGSON: He acabado, señor Presidente.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, vaya por delante, en primer lugar, nuestro reconocimiento al Senador Ganyet por presentar esta interpelación que permite debatir un tema que no es nada coyuntural, sino una cuestión de fondo e importante, dada la configuración orográfica y geográfica de España, y que constituye una preocupación permanente y de interés constante.
No quiero entrar en la dicotomía entre municipios pequeños, medianos o grandes, o zonas rurales o industriales con grandes conurbaciones, o zonas de montaña, del litoral, agrícolas e industriales, pues entre todos se configura el entramado de todo un país. Ciertamente hay unas características propias de esas zonas de montaña. Generalmente se trata de varios núcleos de población muy diseminada agregados en un solo municipio, con frecuencia con casas aisladas; todo ello, como es lógico, dificulta la prestación de los servicios imprescindibles y necesarios en una sociedad de calidad como tiene que ser la de nuestro tiempo.
Por otra parte, hay una tendencia natural, una dinámica de desplazamiento de la población joven hacia las grandes conurbaciones en un afán de buscar mejores expectativas laborales, sociales, etcétera. Por tanto, las zonas de montaña han ido perdiendo su mejor capital, es decir los recursos humanos, las personas activas jóvenes, y mientras tanto se ha quedado la gente mayor, los padres y abuelos de aquellos que han ido emigrando, y tenemos, por tanto, una población más envejecida de lo que es ya de por sí natural, a la que hay que ofrecer unos servicios mínimos para que puedan tener una calidad de vida en consonancia con los tiempos actuales. Todo ello conduce a la despoblación, al envejecimiento acentuado y a desequilibrios territoriales cuando no a la desertización.
Ante esta perspectiva es necesario e imprescindible una acción coordinada de todas las administraciones: las locales en primer lugar, no olvidando las locales de segundo orden: consejos comarcales, donde los tengan, y diputaciones; las Comunidades Autónomas; la Administración Central, y la Administración comunitaria, para intentar cambiar --ya no digo conseguirlo-- esta tendencia y favorecer el reequilibrio territorial.
Para garantizar este equilibrio territorial es imprescindible la presencia de la población en su medios; que participe en el crecimiento económico del conjunto de la sociedad, del conjunto del país y también del bienestar social en la medida en que lo hace el conjunto de la sociedad, porque si no la tendencia a la emigración hacia las grandes conurbaciones es imparable.
Por ello sería conveniente mejorar la dotación de todo tipo de servicios, bien sean los sanitarios, especialmente el agua potable, los educativos o los culturales, y habrá que promover también aquellas actividades que garanticen el desarrollo y el progreso de estas comarcas mediante la aportación constante de toda clase de recursos humanos y materiales.
Por otra parte, esas comarcas de montaña tienen una oferta que hay que aprovechar y potenciar, que se basa precisamente en la belleza y la calidad de su paisaje, en los productos naturales y de calidad, en el turismo ecológico, deportivo, de aventura, cultural y, también, por qué no, en una industria sostenible aparte del desarrollo agrícola.
Los instrumentos pueden ser varios, se han enumerado aquí algunos de ellos, pero no hay que olvidar los planes de obras y servicios que necesitan. No es lo mismo hacer un alumbrado eléctrico para un municipio de mil habitantes con diez núcleos que con un solo núcleo. Esas cosas también hay que tenerlas en cuenta no sólo en los criterios de reparto de los servicios sino también en los de la participación de los entes locales en los ingresos del Estado, y lo digo en tanto Cámara de las Cortes Generales. Los fondos estructurales, naturalmente, también inciden de una forma importante y aquel antiguo Objetivo 5B para las zonas rurales, ha desaparecido y está incluido dentro del Objetivo 2.
Señor Presidente, señorías, hemos escuchado con atención al Senador Ganyet y la respuesta del señor Ministro. Además, se ha anunciado ya la presentación de una moción que pedirá la creación de una ponencia de estudio. Nuestro Grupo Parlamentario esperará para ver el sentido en el que se presenta para fijar su posición de forma definitiva.
En cualquier caso, quiero reiterar el reconocimiento al Senador Ganyet por haber presentado un tema de interés, de cierta profundidad, que afecta a gran parte del territorio y a una población que, aunque porcentualmente sea mínima, no deja de tener su importancia, si queremos tener un país que sea, por lo menos, equilibrado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Alegre.


El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señor Presidente.
Permítame, Senador Ganyet, que le felicite en nombre propio y en el de mi Grupo Parlamentario por la oportunidad de su interpelación y por la magnífica exposición que ha hecho de los problemas de las zonas de montaña, aunque no podía ser de otra forma, dada su pertenencia a una de ellas, en pleno corazón del Pirineo.
Usted ha expuesto muy bien una serie de problemas que afectan a una gran parte de España, a comunidades de Galicia, de Asturias, de Cantabria, provincias como León, Huesca, Guadalajara, Cuenca y tantas otras.
Para que todos ustedes tomen verdadera conciencia del problema, me gustaría dar unos datos concretos y específicos de una de esas provincias, que tiene 15.000 kilómetros cuadrados de extensión, 138.000 habitantes y con una densidad media de 9 habitantes por kilómetro cuadrado, aproximadamente. El 50 por ciento del territorio de esta provincia

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es zona de montaña, con una altitud de 1.000 metros en adelante y unos 7.000 kilómetros cuadrados, y en esta zona la densidad de población es de 4 habitantes por kilómetro cuadrado.
No debemos confundir el medio rural con las zonas de montaña, aunque muchas veces coincidan. La OCIDE definía el medio rural como aquellos lugares en los que la densidad de población es menor a 1.500 habitantes por kilómetro cuadrado; Eurostat establecía el límite en 100 habitantes por kilómetro cuadrado, de modo que me gustaría que me dijera usted dónde se queda esa provincia, que sólo cuenta con 4 habitantes por kilómetro cuadrado. Con ser esto malo, no es lo peor; lo peor es que en la totalidad de esta provincia, el 25 por ciento de su población tiene una edad superior a los 64 años, e imagínese si esos datos los extrapolamos a los 7.000 kilómetros de la zona de montaña. A este respecto, hay que añadir que la semana pasada decía la ONU que dentro de 50 años, aproximadamente, España sería el país más viejo, pero yo creo que esta provincia, en este momento, ya lo es.
En términos de permanencia en el medio, como decía el Senador del Bloque Nacionalista Galego, en la Comunidad a la que pertenece esta provincia --y me van a entender enseguida-- en una cordillera que la limita de este a oeste, en 1994 había 7.700 agricultores y, en función de los estudios que se han llevado a cabo, se prevé que en 2005 sean 5.700 agricultores, uno por cada 5,8 kilómetros cuadrados. En otra cordillera que la atraviesa de norte a sur, el Sistema Ibérico, en 1994 había 1.624 agricultores, mientras que en 2005 serán 1.330, uno por cada 2,7 kilómetros cuadrados, si Dios no lo remedia.
Cuando mi compañero, el Senador Carracao, hablaba ayer tan acertadamente en su moción sobre la provincia de Cádiz, a fuer de sincero, tengo que decir que me daba envidia, y esto no es ningún contrasentido. El Senador Carracao decía que la provincia de Cádiz es la que tiene el índice de paro más alto de España. Se dice que es peor el remedio que la enfermedad: en la provincia a que hago referencia no existe paro por algo tan dramático como que no hay población. Para más inri --valga la expresión--, usted ha hecho referencia al Objetivo 1, pues esta provincia tampoco pertenece al Objetivo 1.
Obviamente, la provincia no ha sido elegida al azar. Creo que ustedes se habrán dado cuenta de que me refiero a la mía: Teruel.
Hay que darle la vuelta a esto, hay que buscar soluciones, como propugnaba la Conferencia de Cork diciendo que el proceso de emigración había que invertirlo consiguiendo lograr con las inversiones públicas necesarias un equilibrio justo y duradero. Para ello hace falta, indudablemente, mucha ilusión --que creo que tenemos todos--; hace falta voluntad y coraje --que también lo doy como que lo tenemos todos-- y hace falta imaginación. La imaginación, señor Ministro, se la podremos servir desde esta Casa con la propuesta que ha hecho el Senador Ganyet de crear una comisión específica al respecto. Sólo pido y deseo que no ocurra como con la que se creó en la legislatura pasada, la Comisión Especial para el Estudio de los Problemas del Medio Rural, que trabajó magníficamente bien, creo que todos los que participamos en ella estamos satisfechos de los trabajos, pero de aquello nunca más se supo. Igual que se dice que el infierno está empedrado de buenas intenciones, creo que el desván de esta Casa está lleno de innumerables «Diarios de Sesiones» con inmejorables voluntades que realmente no han servido para nada. Pido --repito-- y deseo que la nueva comisión que se pueda crear trabaje igual que lo hizo aquélla y consiga de alguna forma...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Alegre, le ruego que concluya, terminó su tiempo.


El señor ALEGRE ESCUDER: Termino.
Y consiga que las zonas de montaña, sus municipios y las gentes que las habitan mejoren su situación; en definitiva, que sigan vivos, que es lo que creo que todos pretendemos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señorías.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Senador Azuara tiene la palabra.


El señor AZUARA CAROD: Gracias, Presidente.
Señor Ministro, señorías, ante todo quiero agradecer a todos el tono positivo de sus intervenciones en esta interpelación que, señor Ganyet, creo que ha sido bien realizada en tanto en cuanto todos coincidimos en que las poblaciones de montaña estamos necesitadas de un apoyo especial, aunque también hay que comentar --y estaremos todos de acuerdo-- que cada zona de montaña tiene su especificidad, y en este caso concreto no sé por qué nos han elegido dentro de nuestros grupos políticos tanto al Senador Alegre como a mí, que somos de la provincia de Teruel, para comentar la problemática que tenemos en las poblaciones de montaña.
Es cierto que se han adoptado medidas que de alguna manera están paliando ya un poco esta problemática, si bien --y en ello hemos coincidido todos-- se han iniciado muy tarde. Se tenían que haber iniciado muchísimo antes porque la despoblación y todos los motivos que hoy nos están llevando a esta interpelación quizá se podrían haber frenado antes, aunque la verdad es que nunca es tarde cuando las cosas llegan y, en este sentido, hay que decir que por parte del Gobierno se están adoptando medidas que de alguna forma están paliando un poco esta problemática, como he dicho anteriormente.
Yo pertenezco a un grupo de los programas Leader I y Leader II que se están desarrollando, dentro de otros muchos, en la provincia de Teruel, en concreto en la zona del Maestrazgo, y que han sido calificados como unos de los más importantes que se han llevado a cabo en esa zona. En el espacio de tiempo en que se están desarrollando --el Leader I se inició hace cinco o seis años y el Leader II está a punto de finalizarse porque, como todos sabemos, estamos esperando que salgan los programas Leader Plus, PRODER y Equal-- hemos conseguido fijar un poco la

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población, por lo menos contener un poco esa despoblación que realmente estaba goteando en las poblaciones de nuestra zona, al igual que creo que ha debido ocurrir en todo el territorio español. Pero creo que se está haciendo algo en este sentido.
Se estaban intentando llevar a cabo, como ha dicho el señor Ministro, esos proyectos de planes de dinamización turística. Concretamente en la provincia de Teruel se ha firmado uno por 200 millones de pesetas, que es una cifra con la que todos debemos estar de acuerdo o, al menos, sí respecto a que es una cantidad mínima para lo que realmente se precisa para desarrollar un proyecto importante para una zona tan amplia, con tantos kilómetros cuadrados como tenemos en la provincia de Teruel o en la zona del Maestrazgo. Pero insisto en que se está intentando y se está consiguiendo que eso se vaya fijando.
Es muy cierto que aunque hemos tenido la suerte en la provincia de Teruel de contar con ese plan de la minería, en algunas zonas la población de las cuencas mineras, como Utrillas, de 6.000 o 7.000 habitantes que tenía en sus momentos boyantes, cuando el plan de las minas estaba funcionando, ahora se está quedando prácticamente en 3.000 o 3.500 habitantes, lo cual supone un descenso de un 50 por ciento. Pero eso ha sucedido también en toda la provincia y en otras zonas. Sin embargo, insisto en que, con ese plan de la minería que se ha creado, por lo menos están surgiendo unas infraestructuras que, para mí, son importantísimas para conseguir que esos pueblos de montaña puedan mantener esa población en un futuro e incluso incrementarla gracias a ese plan que todos queremos para ellos.
Es cierto también que, como bien decía el Senador Alegre, no tenemos población, pero ahora parece ser que, con motivo de la inmigración, se está intentando buscar familias de otras naciones que vengan aquí para que se asienten --todos sabemos hoy la escasa natalidad que tenemos en España, con esa media tan baja--, y así haya niños suficientes para que se puedan mantener las escuelas, abrirse otras nuevas y que...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Azuara, le ruego que concluya, por favor.


El señor AZUARA CAROD: Sí; ya termino.
Estamos de acuerdo con la interpelación del Senador Ganyet, como creo que lo están todos. El Grupo Parlamentario Popular va a apoyar ese estudio que él ha propuesto para que, entre todos, podamos llevarlo a la Unión Europea para obtener esas ayudas que son tan necesarias y poner a esas poblaciones de montaña a la misma altura que tienen todas las demás poblaciones de Europa que se encuentran en las mismas condiciones que nosotros.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Para finalizar el debate, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias a todas sus señorías por todas las aportaciones, interesantes todas ellas, fundamentalmente al Senador proponente de la interpelación, porque lo ha hecho con pasión y con convicción. Se ve que está absolutamente impregnado de la intensidad del problema, que lo vive día a día y que lo conoce a fondo.
Sólo quiero hacer dos reflexiones y una consideración. Las dos primeras son que nos encontramos en un momento crítico de revisión de muchos de los postulados de la política agraria común, pero empiezan a dibujarse, en el horizonte, dos ejes fundamentales de reforma: uno, la sostenibilidad; otro, la multifuncionalidad. Por un lado, tenemos que ir a un desarrollo agrario compatible con la preservación del medio ambiente, pero, por otro, avanzaremos en una política agraria común con la que se retribuya no sólo la capacidad de producción intensiva sino también el papel múltiple que juega el agricultor en el medio rural y en las zonas de montaña, que es un papel de lucha contra la erosión, de mantenimiento del paisaje, de fijación de población en el medio rural, de producción de alimentos de calidad y sanos para los ciudadanos. En definitiva, es una apuesta por unos valores diferentes.
Dependerá muy mucho de la configuración definitiva que tenga en la política agraria común el peso del primer pilar, el pilar tradicional FEOGA-Garantía -- el apoyo directo a las rentas--, o el segundo pilar.
Hay países, como Austria, en los que el segundo pilar, el desarrollo rural, tiene hoy en día un peso de casi el 70 por ciento. Esos países han resuelto brillantemente sus problemas de zonas de montaña, con un peso importante del sector servicios, no lo olvidemos. Esos países han resuelto brillantemente esos problemas de zonas de montaña con un peso importante en el sector servicios, no lo olvidemos. El desarrollo de las zonas de montaña está muy vinculado a la búsqueda de alternativas a la simple actividad agraria, sin olvidarse de ella, lo que sería un error fundamental, con una enorme diversificación y consideración de que el mantenimiento del paisaje es un valor importante que los ciudadanos han de sentir como de interés propio y, por tanto, digno de ser retribuido.
El Senador Anxo Quintana ha dicho que probablemente en este país no tenemos todavía la percepción de que existen materias que vale la pena financiar. En la medida en que ese debate esté presente en la sociedad española, en la medida que iniciativas como ésta puedan contribuir a concienciar a la sociedad española sobre la importancia de la multifuncionalidad en su conjunto y, específicamente en este caso en zonas de montaña, el Senado estará contribuyendo a alimentar un debate muy importante que va a tener lugar en España durante los años 2001-2002 porque además de la iniciativa de creación de una comisión en esta Cámara, el Gobierno va a lanzar un Libro Blanco sobre agricultura en el que tendremos que reflexionar sobre los modelos agrarios españoles --no hay una sola agricultura en España sino muchas--, sobre lo que deseamos impulsar en el futuro y a la vista de ese gran debate en la sociedad que el Senado alimentará con sus propias conclusiones podremos

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elaborar unas posiciones políticas nacionales para transmitir a la Unión Europea y configurar entre todos la política agraria del futuro.
Por tanto, valoro muy positivamente esta interpelación, el tono, la forma y el carácter constructivo de la misma. Considero que sería una buena idea la creación de una Comisión, no para que quede en el olvido sino para que alimente el debate intelectual que debe haber en la sociedad española.
Las aportaciones de todos pueden mejorar sustancialmente los posicionamientos políticos en un momento en que la Unión Europea está deseando tomar soluciones muy rápidamente, donde probablemente haga falta sosiego para adoptar soluciones definitivas que equilibren nuestro ecosistema, garanticen la pervivencia de los agricultores en el medio rural y ofrezcan a los consumidores europeos alimentos de máxima calidad y seguridad.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
Señorías, se suspende la sesión hasta las dieciséis horas y treinta minutos.


Eran las catorce horas y cuarenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y treinta y cinco minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE SE CREA EL CONSEJO GENERAL DE COLEGIOS DE PROTESICOS DENTALES (C. D. 121/000011) (S. 621/000016).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías. Se reanuda la sesión.
Punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el representante designado por la Comisión, Senador Bellido.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales tuvo entrada en esta Cámara el 26 de diciembre de 2000, dándose traslado del mismo a la Comisión de Sanidad y Consumo.
En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento del Senado, el plazo para la presentación de enmiendas finalizó el pasado día 7 de febrero de 2001, presentándose cuatro enmiendas a dicho proyecto de ley. Reunida la citada Comisión de Sanidad y Consumo el pasado día 2 de marzo, emitió dictamen y quedaron vivos dos votos particulares, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, modificado uno de ellos por una enmienda transaccional presentada por el Grupo Socialista.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bellido.
Comienza el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Abrimos turno de portavoces. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) En consecuencia, pasamos al debate del articulado.
En primer lugar, voto particular número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a la enmienda número 2.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, algunos amigos en el Pleno me preguntaban por qué mantenía las dos enmiendas que quedan vivas. Izquierda Unida había presentado cuatro enmiendas, aunque al no estar presente en la Comisión ninguno de sus representantes, por razones que desconozco, éstas se dieron por no aceptadas.
En lo que a mí respecta, he mantenido estas dos enmiendas, de carácter técnico, porque mejoran el texto y también por respeto a esta Cámara, que debe expresarse para mejorar los textos que se le presentan. Por tanto, como digo, por respeto al Senado, que a veces tiene fama de no cumplir con ciertos cometidos a la hora de legislar, me he atrevido a mantenerlas.
La primera de ellas es francamente sencilla. Como saben, en el punto segundo de la disposición transitoria primera se establece que en los órganos de gobierno del Consejo General de Colegios Protésicos Dentales se deberán incluir las normas de constitución y funcionamiento de dichos órganos. Y con esta enmienda se propone que entre «... las normas de ...» y «... constitución y funcionamiento ...» figure el término «elección».
A pesar de ser una enmienda tan insignificante, en la Comisión se dijo que lo que proponemos es algo obvio, porque en los estatutos, las normas, o los reglamentos de que se dotan los colegios eso ya se contempla. Pues bien, si ya está contemplado en los estatutos de los colegios profesionales, ¿por qué no introducir en la ley el término «elección», cuando es una mejora del texto a nivel técnico? Pero no se admitió. ¿Por qué? Por aquello de que, si se admite una enmienda, por pequeña que sea, el texto debe volver al Congreso. Por tanto, ¿para qué crearnos

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problemas? Sin embargo, no entiendo por qué no se quiere admitir; eso es una pérdida de función del Senado.
Por otro lado, también mantenemos viva la enmienda número 4 --como pueden ver, retiré la primera y la tercera--, con la que también se mejora sustancialmente el texto, y que ha sido objeto de transacción gracias a una propuesta de un compañero del Grupo Socialista. Con ella se propone algo tan sencillo como es establecer cuándo y cómo entran en vigor ciertos aspectos del funcionamiento de ese Consejo General.
Por tanto, la enmienda transaccional que traemos aquí, acordada con el Grupo Parlamentario Socialista, pretende que el Consejo General de Protésicos Dentales quede formalmente constituido y adquiera personalidad jurídica desde la entrada en vigor de los estatutos provisionales, tras su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», además de plena capacidad --como es lógico y natural-- de obrar, una vez constituidos los órganos de gobierno. Esta enmienda mejora el texto de la ley, por lo que nos ha parecido procedente mantenerla.
Sin más, sin mayor importancia, pero con la que tiene que seamos capaces de proponer cosas para mejorar leyes, cortas, sin grandes controversias, con las que todos estamos de acuerdo, es por lo que me he atrevido a presentar estas dos enmiendas a este Pleno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara, y, en consecuencia, su señoría ha defendido también el voto particular número 2, que le correspondía defender ahora. ¿Es así? (Asentimiento.) Gracias, señoría.
Pasamos al turno en contra. Tiene la palabra el Senador Antón Rueda.


El señor ANTON RUEDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, conocido el dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo sobre el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales, cabe ahora a este Senador, encargado de la Ponencia, explicar ante el Pleno de la Cámara los motivos que animan dicho proyecto de ley, así como la propuesta de mi Grupo sobre las enmiendas presentadas.
La futura ley por la que se crea el Consejo General de Protésicos Dentales es una necesidad legal y una conveniencia práctica. Además, es conveniente que su redacción coincida con la de otras leyes que regulan órganos similares, y que han demostrado su bondad en el tiempo que llevan en vigor. Es una necesidad legal porque existen colegios profesionales de protésicos dentales inconexos, y para estos supuestos la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, así como las Leyes 74/1978, de 26 de diciembre, y 7/1997, de 14 de abril, establecen la creación de los consejos generales de colegios profesionales. Asimismo, la Ley 12/1973, de 14 de octubre, del Proceso Autonómico indica que la creación de los consejos generales de colegios profesionales debe realizarse mediante ley del Estado. Es una conveniencia práctica porque los consejos generales de colegios profesionales suponen una mejora para los profesionales, para la profesión y para los propios colegios.
Para los profesionales, porque fomentan la unidad, el intercambio de proyectos y la realización de actuaciones conjuntas. Para la profesión, porque permiten el desarrollo, la modernización y la consolidación de la actividad profesional. Y para los colegios existentes, porque los interconexiona, los dota de mayor representatividad. Es además conveniente que esta ley tenga una redacción similar a la de otras leyes que se ocuparon de la creación de otros consejos generales, porque así existirá una uniformidad legal.
El proyecto de ley de Protésicos Dentales se ha realizado siguiendo el texto de las leyes que crearon el Consejo General de Podólogos, que es la Ley 3/1998, de 3 de marzo, o el Consejo General de Fisioterapeutas, que es la Ley 21/1998, de 1 de julio. De igual forma, coincide el texto con los de las leyes que crearon el Consejo General de Colegios de Biólogos y el Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos Forestales. Hay que decir que las leyes citadas anteriormente fueron aprobadas, sin modificaciones, y han demostrado su bondad por la ausencia de conflictos desde el tiempo en que están en vigor.
Tras esta exposición de la bondad del proyecto de ley que estamos tratando, he de fijar la posición de mi Grupo ante las enmiendas que se han presentado. Como ha dicho el Senador del Grupo Parlamentario Mixto, se ha presentado una enmienda al punto 2 de la disposición transitoria primera. Hay que recordar que esta disposición dice que se constituirá una Comisión Gestora, que ésta elegirá un representante de cada Colegio, que estos representantes de cada Colegio, a su vez, elaborarán unos estatutos provisionales y que estos estatutos provisionales regularán los órganos de gobierno del Consejo General e incluirán sus normas de constitución y funcionamiento.
El Grupo Mixto desea que aparezca explícitamente la palabra «elección» junto a las palabras «constitución» y «funcionamiento», creyendo que con ello se dota de mayor contenido democrático a la creación del Consejo General. Sinceramente, a nosotros nos parece innecesaria y redundante dicha adición, pues del propio texto legal se infiere que la elección de los órganos de gobierno del Consejo General está obligadamente incluida en las normas de constitución de los mismos. No cabe imaginar que se pueda constituir ningún órgano de gobierno sin elegir a los miembros que la componen.
De otro lado, la pureza democrática en la elección de los órganos de gobierno viene dada por la propia pureza democrática de la elección de la Comisión Gestora, que es la que elaborará los estatutos provisionales.
Como reza el proyecto de ley, la Comisión Gestora estará constituida por un representante de los órganos de gobierno de cada colegio y estos están constituidos de forma democrática, de manera que sus representantes, Senador Cámara, ostentan la representación democrática de su Colegio.
Por todo ello, creemos que la inclusión de la palabra «elección», como digo, es innecesaria y no incrementa el

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grado de representación democrática de los miembros del Consejo General.
En cuanto a la cuarta enmienda, el Grupo Socialista presentó en la Comisión de Sanidad una transaccional a la misma sobre el primer punto de la disposición transitoria segunda. Recuerdo que esta disposición transitoria segunda dice que el Consejo General quedará formalmente constituido, con personalidad jurídica y capacidad de obrar en el momento en que se constituyan sus órganos de gobierno, de acuerdo con lo dispuesto en los estatutos provisionales.
Hay que tener en cuenta, según reza el punto tercero de la disposición transitoria primera, que estos estatutos provisionales deberán ser remitidos al órgano correspondiente del Ministerio de Sanidad y Consumo para verificar su legalidad y ordenar, en su caso, la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
La enmienda transaccional redactada por el Grupo Socialista quiere modificar el texto para que diga que el Consejo General de Protésicos Dentales quedará formalmente constituido y adquirirá personalidad jurídica cuando sean aprobados sus estatutos provisionales y sean publicados en el BOE, o sea, dice que sólo quedará constituido este Consejo General y adquirirá personalidad jurídica cuando los estatutos sean publicados en el BOE.
Nosotros queremos decir que la aprobación por el Ministerio de Sanidad y Consumo de los estatutos provisionales es lo que les hace válidos y que su publicación en el BOE es sólo una formalidad necesaria, que no incrementa la legalidad de los mismos. La constitución de los órganos de gobierno del Consejo General viene dada por la legalidad de sus estatutos, refrendada por el Ministerio y no por su publicación.
El Grupo Socialista admite que la capacidad de obrar se tiene desde el momento en que se constituyen los órganos de gobierno y yo digo que parece absurdo que un organismo tenga capacidad de obrar si no está formalmente constituido y no tiene personalidad jurídica. Creemos, sinceramente, que ambas cosas, la constitución del Consejo General, su personalidad jurídica y su capacidad de obrar tienen que nacer de un mismo hecho y en un mismo momento, que es precisamente la constitución de sus órganos de gobierno, conforme a los estatutos provisionales, aprobados por el Ministerio de Sanidad.
Parece lógico que si se realizan unos estatutos provisionales adecuados a la legalidad que incluyan las normas de constitución de los órganos-- de gobierno del Consejo General sea la propia constitución de sus órganos de gobierno la que dote de personalidad jurídica y capacidad de obrar al propio Consejo General. Y esta proposición, señorías, no sólo es lógica sino legal y obliga a ello, ya que está recogida en la Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales, la cual establece que es a partir de la constitución de los órganos de gobierno cuando el nuevo Consejo General adquiere personalidad jurídica y capacidad para obrar.
Esta secuencia, señorías, es transparente y define perfectamente los modos y los tiempos, así como la adecuación legal, de manera que no vemos necesaria ni conveniente la modificación del texto del proyecto. No quiero cansarles más con este tema que me parece suficientemente aclarado.
El texto del proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales es bueno, es similar al de otras leyes por las que se crearon otros Consejos Generales de Colegios Profesionales que están funcionando bien. Las enmiendas presentadas no mejoran el objetivo ni la claridad del texto propuesto.
Por todo ello, manifiesto que mi Grupo va a desestimar, como ya lo hizo en la Comisión de Sanidad, las enmiendas formuladas, manteniendo, por tanto, la redacción original del texto del proyecto de ley.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara tiene la palabra.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no les voy a cansar mucho para ver si aplauden tanto después porque es interesante lo que voy a decir. Escúchenme con atención.
(Rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Silencio, señorías.
La argumentación ha sido increíble. Efectivamente, tras la entrada en vigor de esta ley se tiene que crear una comisión gestora compuesta por un representante de cada Colegio profesional. Hasta ahí de acuerdo. Esta comisión gestora en el plazo de seis meses tiene que elaborar unos estatutos provisionales y registrarlos para que después sean legales. En esos estatutos, dice el apartado segundo de la disposición, tienen que estar incluidas las normas de constitución del consejo y funcionamiento de dichos órganos. Yo incluyo «y la elección». ¿Por qué? Porque en todo estatuto, señorías, tiene que estar regulada la forma de funcionar, es decir, los deberes, derechos, etcétera. Por tanto hay que incluir en los estatutos la forma de elección como una cosa más de las que se plantea aquí. Es así de sencillo y la argumentación dada no me basta porque yo no estoy confundiendo los términos.
En todo estatuto deben estar recogidas las formas de funcionamiento de elección. Nada más. Si no lo admiten, no importa. Otros efectivamente funcionan de la manera que ustedes establecen.
Como yo no he estado en otras ocasiones ni he discutido otras veces otros modelos, otras formas de otros colegios profesionales, discuto éste; me permito corregirlo y mejorarlo técnicamente. Nada más ni nada menos.
Si realmente durante un montón de tiempo se han ido haciendo las cosas, en mi opinión, mal, qué importa que en esta ocasión se hiciera mínimamente bien, introduciendo algo tan simple como lo que he presentado. Ustedes voten lo que quieran, pero que quede claro que tiene coherencia

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lo que yo planteo, es decir, que tiene que estar incluida la forma de elección en los estatutos provisionales que elabore esta Comisión Gestora.
Nada más y gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Senador Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria apoya, sin duda, la creación de este Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales que llega a esta Cámara con cierto retraso, pues decayó en la anterior legislatura por disolución de las Cortes.
Creemos que en conjunto se beneficia la sociedad, en general, y a los protésicos dentales, en particular, todo ello basado en la Ley 2/1974 y en la Constitución Española en su artículo 36. Además, el texto coincide con los ya aprobados de Podólogos, la 3/1998; de Fisioterapeuta, la 21/1998; de Ingenieros Técnicos Forestales, 31/1999; y la de Biólogos del 23/1999.
En relación con las enmiendas nos atendremos a sus propios términos, igual que lo hicimos en la Comisión de Sanidad.
Por lo tanto, reitero el voto favorable al texto por parte de Coalición Canarias.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Presidente.
Buenas tardes, señorías. El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos va a apoyar las dos enmiendas planteadas por el Senador Cámara tal y como lo hizo en la Comisión de Sanidad y Consumo durante su debate.
La Ley 2/1974, de 13 de febrero, de Colegios Profesionales --tal y como bien se ha dicho aquí-- establece que se pueda crear el Consejo General en los términos establecidos en el marco de dicha ley cuando existe más de un colegio profesional de ámbito distinto al nacional. Por tanto, puede promoverse en el marco de dicha ley la creación del Consejo General.
Esta Cámara --tal y como se recoge en dicha ley-- tiene una labor importante para facilitar la tarea de crear dichos consejos generales que --como bien decía el Senador del Grupo Parlamentario Popular-- son positivos para los colegios profesionales porque redundan en beneficio de la labor profesional de sus colegiados. Estoy totalmente de acuerdo con ello, pero también con que las enmiendas que plantea el Grupo Parlamentario Mixto mejoran, de alguna forma, el contenido del proyecto de ley, por lo que vamos a votar a favor de las mismas. No obstante, quiero anunciar que como Grupo, independientemente de que las mismas sean aceptadas, cosa que dudo, porque ya el Grupo Parlamentario Popular se ha posicionado en contra de las mismas, vamos a votar a favor del proyecto de ley porque debemos facilitar la labor a los colegios profesionales que en el marco de la ley ya mencionada plantean la creación de esos consejos generales.
Muchas gracias, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Loroño.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con suma brevedad para anunciar que vamos a apoyar las dos enmiendas que ha presentado el Senador Cámara y que sea cual sea el resultado de la votación, previsiblemente la no aceptación, apoyaremos el proyecto de ley que se debate hoy por motivos obvios.
Entendemos que no merece tanto debate la creación de un Consejo General porque tenemos que acostumbrarnos a que sea una cuestión bastante menos politizada y más normal si los colectivos quieren crearlo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señor Presidente.
Quiero anunciar nuestro voto favorable al proyecto de ley. En cuanto a las enmiendas presentadas nuestro Grupo va a abstenerse. Además, tal vez sería más oportuno cambiar el proceso por el cual se crean estos consejos generales profesionales, modificando bien la Ley de Colegios Profesionales preferentemente o bien la Ley del Proceso Autonómico. En cualquier caso, la intención es buena, pero tampoco va a variar el sentido. Hacemos sólo una sugerencia. Parece más propio modificar las leyes anteriores que son las que nos indican las normas por las cuales se tiene que proceder a la creación de estos consejos generales de colegios.
Así no se marcaría ninguna diferencia. En cualquier caso, no creemos que sea más o menos democrático. Es tan democrático de una forma como de otra. Nuestro Grupo se va a abstener y hace esa consideración en relación a las dos enmiendas presentadas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa). Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Catalá.


El señor CATALË PARDO: Gracias, señor Presidente.
Intervendré con cierta brevedad para expresar la opinión del Grupo Parlamentario Socialista. Vamos a apoyar este proyecto de ley. Estamos casi más en un trámite administrativo que legislativo. Se cumplen los requisitos que

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establece la Ley de Colegios Profesionales, se han creado los colegios en diferentes ámbitos territoriales y tenemos que aportar la norma legal suficiente para dar cobertura al consejo general; consejo general que, además, va a redundar en beneficio de los colegiados, van a tener una más flexible participación y acercamiento a la Administración central; su formación se va a poder homologar, así como los criterios de perfeccionamiento de la propia profesión y, además, van a tener una mejor representación y van a defender los intereses de los colegiados y los intereses generales de la sociedad, y si es buena para la sociedad y es buena para el colectivo profesional, lógicamente nosotros vamos a apoyar esta ley.
Quería hacer un par de comentarios breves sobre las dos enmiendas que han sido defendidas por el Senador Cámara. Por lo que se refiere a la enmienda presentada a la disposición transitoria primera, vamos a votar a favor. Creemos que si los estatutos provisionales tienen que regular el funcionamiento y competencias de los órganos de dirección, es lógico también que el sistema de elección esté contenido dentro de los propios estatutos provisionales y que la disposición transitoria primera mandate expresamente a la Comisión Gestora para que así lo establezca.
Asimismo, también vamos a votar a favor de la otra enmienda. Por coherencia, como ha indicado el Senador Cámara, hemos presentado una enmienda transaccional en la propia Comisión y pensamos que obedece a una lógica jurídica. Los estatutos provisionales entran en vigor cuando se publican en el «Boletín Oficial del Estado». Esto no es una mera formalidad, sino un requisito indispensable para que entren en vigor.
Tienen que publicarse en el «Boletín Oficial del Estado» y es entonces cuando se adquiere plena personalidad jurídica y formalmente, queda constituido el Consejo, y es obvio que sólo posteriormente, cuando se crean los órganos de gobierno, es cuando éstos pueden tener capacidad de obrar y, por lo tanto, habrá que esperar a su constitución para adquirir esa capacidad.
Cuando presenté esta enmienda transaccional en la Comisión --y veo que en el Pleno sucede exactamente igual--, la argumentación que se me dio era bastante peregrina, fundamentalmente basada en que hemos creado ya cuatro o cinco consejos generales y siempre hemos empleado la misma ley, como si tuviéramos una especie de cuño legislativo para que cuando alguien pida crear un consejo general lo cojamos y lo apliquemos sin más.
Señores Senadores, parece que entendemos que el Senado, más que Cámara legislativa, es una Cámara fotocopiadora de lo que viene del Congreso de los Diputados.
Nosotros tenemos la obligación, en esta Cámara, de perfeccionar las leyes que sean perfectibles, y eso es lo que se ha intentado hacer con esta enmienda transaccional, sin ese miedo reverencial que a veces tenemos a modificar cosas que vienen del Congreso de los Diputados. No pasa nada, que para eso somos Cámara legislativa.
En cualquier caso, sospecho que el pobre argumento empleado por el portavoz del Grupo Popular esconde algo más de fondo, que es lo que suelen ustedes emplear: el argumento cuantitativo. Si ustedes creen que la razón está exclusivamente en su mayoría, están provocando debates parlamentarios de absoluta sinrazón, y eso no tiene ningún sentido. Eso es malo para ustedes --cosa que a mí no me quita el sueño--, pero es malo para esta Cámara, y eso sí que es más preocupante.
En cualquier caso, no quiero levantar polémica con esta ley. Ratifico que vamos a votar a favor del proyecto de ley y de las dos enmiendas que ha defendido el Senador Cámara.
Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Antón Rueda.


El señor ANTON RUEDA: Gracias, señor Presidente.
Agradezco a los diversos grupos parlamentarios el apoyo que han manifestado a este proyecto de ley y, asimismo, quiero expresar mi agradecimiento al señor Ríos, a la señora Loroño, al señor Aleu y al señor Cardona por el tono que han empleado.
Al señor Cámara tengo que decirle que los estatutos provisionales no sólo regulan las competencias y el funcionamiento de los órganos de gobierno sino que, como dice el proyecto de ley, incluyen las normas de constitución. ¿De verdad piensa usted, señor Cámara, que unas normas de constitución de unos órganos de gobierno pueden pasar por alto la elección de sus miembros? ¿Cómo se podría constituir un órgano de gobierno sin elegir a sus miembros? En su segunda intervención, señor Cámara, no ha apoyado usted la enmienda transaccional que sí apoyó en la Comisión de Sanidad junto con el Partido Socialista. A lo mejor es que está de acuerdo con la postura de mi Grupo.
En cuanto al Senador Catalá, le agradezco su apoyo a la ley y, en todo caso, le vuelvo a citar la Ley 2/1974, de 13 de febrero, que no nos la podemos saltar, y que dice claramente que es a partir de la constitución de los órganos de Gobierno cuando el nuevo consejo general adquiere personalidad jurídica. Creo que con esto ya está bastante debatido el asunto. Les manifiesto a todos ustedes nuestra intención de votar en contra de las enmiendas y, por supuesto, en favor del dictamen.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Antón Rueda.
Finalizado el debate, vamos a pasar a las votaciones. (Pausa.) Votamos en primer lugar el voto particular número 1, correspondiente a la enmienda número 2 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 70; en contra, 129; abstenciones, 12.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazado.
Votamos ahora el voto particular número 2, del Senador Cámara Fernández, que corresponde a la enmienda transaccional presentada durante el debate en Comisión y fundamentada en la enmienda número 4.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 69; en contra, 131; abstenciones, 11.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda rechazado.
A continuación votamos los artículos 1 y 2, las dos disposiciones transitorias, la disposición final y la exposición de motivos según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 207; en contra, uno; abstenciones, dos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley por la que se crea el Consejo General de Colegios de Protésicos Dentales.


LECTURA UNICA DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE MODIFICA LA LEY ORGANICA 13/1982, DE 10 DE AGOSTO, DE REINTEGRACION Y AMEJORAMIENTO DEL REGIMEN FORAL DE NAVARRA (C. D. 121/000023) (S. 621/000019).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al punto cuarto del orden del día: Lectura única de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados. Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. (Rumores.) Señorías, si van a salir del hemiciclo, ruego que lo hagan en silencio.
A este proyecto de ley no se han presentado propuestas de veto y, en consecuencia, procede el debate de totalidad. ¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Entonces, pasamos al turno de portavoces. (Rumores.) El Grupo Parlamentario Mixto no hace uso de la palabra.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos. (Rumores.) Señorías, les ruego que guarden silencio.


El señor RIOS PEREZ: Señor Presidente, llega al Senado este proyecto de ley por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Esta ley llega apoyada, simultáneamente, por la Diputación Foral de Navarra y por la Administración central del Estado y, asimismo, cuenta con la aprobación mayoritaria del Congreso de los Diputados.
El texto tiene dos artículos. En el primero se modifica el sistema automático de nombramiento del Presidente, ya que de los seis Presidentes que ha tenido la Comunidad cuatro han accedido por esta vía. (Fuertes rumores.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Perdón, Senador Ríos.
Por favor, señorías, guarden silencio para que podamos continuar el debate.
Continúe, Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Como decía, de los seis Presidentes que ha tenido la Comunidad cuatro han sido elegidos por la vía del sistema automático, pero los años transcurridos desde 1982 demuestran que no se trata de una buena solución en el caso de la inexistencia de mayorías claras en el Parlamento para la formación del Gobierno. Ahora, se rectifica y se establece el sistema general de las otras Comunidades Autónomas. Nunca es tarde para modificar lo que se objetiva que puede ser un error y dificulta el diálogo.
Igualmente, la concreción de que el candidato a Presidente debe ser parlamentario supone seguir la línea general del resto de las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, tiene nuestro completo apoyo sin ninguna reticencia.
En el segundo artículo se plantea facultar al Presidente para acordar la disolución de la Cámara pero sólo para el mandato limitado por el término natural de la legislatura ordinaria. En este sentido, el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria debe hacer algún comentario.
En la reforma del Estatuto de Autonomía de Canarias de 1996 tuvimos ocasión de introducir esa capacidad de disolución. No la aceptamos, pues también se exigía el mandato limitado y su inclusión estatutaria impediría aprobar una ley de disolución para el mandato completo. Esta decisión si la adoptaron en su momento Cataluña, Euskadi, Galicia y Andalucía, y se vieron sometidas a las correspondientes amenazas de recurso de anticonstitucionalidad, aunque nunca se hizo efectivo. En estos momentos se mantiene la línea de diferenciación entre las Comunidades Autónomas que accedieron por el artículo 151 de la Constitución Española frente a las del 143, discriminación que debe ir desapareciendo.
Queda aún por ver si un acuerdo de alguna otra Comunidad, en el sentido de la disolución con término completo, es recurrido por parte del Gobierno del Estado. En todo caso, reafirmamos el apoyo decidido del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria a esta reforma de la Ley 13/1982, de Reintegración y Amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Muchas gracias, señor Presidente.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Zubía.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, corría el año 1982 cuando las Cortes Generales aprobaban la denominada Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Una ley que, conviene recordar, era la culminación de un largo y discutido proceso que se iniciaba el 5 de noviembre de 1979, fecha en la que el Parlamento Foral encomendaba a la Diputación Foral la elaboración y posterior remisión de unas bases para la reintegración foral de Navarra (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia).
No voy a detenerme en el examen de los distintos pasos de ese controvertido proceso, ni en la forma en que se llevó a cabo una negociación con el Gobierno del Estado, que desembocó, primero, en un proyecto de ley y, finalmente, se convirtió en la ya citada Ley de 1982.
Lo hicimos en su momento, y en los «Diarios de Sesiones» del Congreso de los Diputados, de 30 de junio de 1982, y del Senado, de 26 de julio de ese mismo año, encontrarán sus señorías la nada ambigua posición de nuestros respectivos grupos parlamentarios en relación con dicha ley, y hallarán en consecuencia los porqués de nuestro voto negativo.
Hoy, casi diecinueve años después, llega a esta Cámara un proyecto de ley por la que se modifica la Ley Orgánica de 1982, pero, dicho sea con todos los respetos, este proyecto no va a alterar nuestro posicionamiento de entonces, no puede hacerlo en la medida en que no corrige la problemática de fondo que, a nuestro juicio --siempre, por supuesto, a nuestro juicio--, encierra y contiene la Ley, mal llamada, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Como hace diecinueve años, seguimos manteniendo que con la Ley Orgánica de 1982, modificación incluida, Navarra, lejos de ver hecha realidad una legítima reclamación histórica, ha perdido su estatus singular, o si lo prefieren, ha renunciado al marco de singularidad que realmente le corresponde, ha sucumbido ante los embates uniformistas, Loapa incluida, como posteriormente veremos. Créanme que no era ni es ésta una afirmación gratuita, son muchas las razones que la sustentan y le dan soporte. Me referiré a dos muy concretas.
La primera tiene que ver con la redacción del artículo 39.1.a) de la Ley, artículo que, evidentemente, no se modifica por el proyecto de ley que hoy llega a esta Cámara. Según reza este apartado, 39.1.a) de la Ley, corresponden a Navarra todas aquellas facultades y competencias que actualmente --recalco actualmente-- ejerce al amparo de lo establecido en la ley paccionada de 16 de agosto de 1841 y disposiciones complementarias.
¿Qué quiere esto decir? ¿Qué significado tiene la introducción del término actualmente? Lisa y llanamente, que no se restablecen las facultades y competencias que correspondían a Navarra de acuerdo con la ley paccionada, sino sólo las que en ese momento, es decir en 1982, la ley ejercía o venía ejerciendo. La diferencia es evidentemente sustancial, máxime, sabido como es, el expolio de facultades y competencias que Navarra sufrió desde aquella fecha. Con esta redacción se mira hacia otro lado, se da como bueno o se ignora ese expolio que, en definitiva, toma carta de naturaleza al perpetuarse en el tiempo.
Por si esto fuera poco, y entro ya en la segunda razón, los contenidos de la ley están en clara contradicción con el mandato recibido originariamente por la Comisión negociadora del Parlamento Foral, en tanto que en lugar de contemplar la lista de facultades que se reservan al Estado en función de la denominada unidad constitucional, recoge un listado de competencias de Navarra, idéntico por lo demás al de muchos estatutos de autonomía aprobados por la vía del artículo 143 de la Constitución. Esto es algo que atenta, señorías, contra la misma esencia del modelo. Si llamamos a las cosas por su nombre, lo que hace la ley de 1982 --y la modificación que ahora se tramita no cambia nada-- es sencillamente aprobar un estatuto de autonomía; estatuto de autonomía que es algo bien diferente a reintegración y amejoramiento del Régimen Foral, por mucho que la ley lleve este título.
Alguien que no pertenecía, precisamente, a mi Grupo Parlamentario, el entonces Diputado de Euskadiko Eskerra Izquierda para el Socialismo, señor Bandrés, en la sesión Plenaria del Congreso de los Diputados de 30 de junio de 1982, con motivo de la tramitación del proyecto de ley, calificó el marco resultante para Navarra --muy acertadamente, a nuestro modo de ver-- de pobre autonomía uniprovincial.
Así las cosas, no es de extrañar que se hurtara, o se evitara --si se quiere-- al pueblo navarro para que tuviera la posibilidad de pronunciarse mediante referéndum si aceptaba o no el régimen autonómico previsto en la Lorafna, régimen que además --y lo apuntaba con anterioridad-- está fuertemente marcado por la tristemente famosa Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico, pese a que ésta era aún un proyecto en tramitación en el momento de debatirse la propia Lorafna.
Es más, las circunstancias --llamémoslo así-- quisieron que uno y otro proyecto se debatieran en el Congreso de los Diputados en la misma fecha; triste coincidencia que no hace sino reafirmarnos en la incidencia que la LOAPA, aún no vigente, tuvo a la hora de negociar para Navarra un texto en el que se proyectaba con claridad meridiana su larga sombra homogeneizadora y limitativa.
El mismo Diputado, señor Bandrés, lo dijo también muy claro en sede parlamentaria en 1982: en la Lorafna se han asumido algunos de los presupuestos básicos contenidos en el proyecto de ley de la LOAPA, copiando literalmente hasta muchas de las expresiones que aparecen en ella.
Sin embargo, dejemos aquí la cuestión y vayamos expresamente al proyecto de ley que hoy nos ocupa; un proyecto que, aunque no se quiera reconocer, trata precisamente de superar, siquiera parcial y tímidamente, algunos de los aspectos restrictivos y armonizadores de esa ley de 1982. Como decía al principio de mi intervención, el proyecto no aborda las cuestiones de fondo, no corrige ni pretende

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corregir lo que a nuestro juicio son errores, defectos y renuncias de contenido, que nos sitúan en esa posición de desacuerdo con la ley, sino que trata tan sólo de modificar los dos artículos del capítulo 4º del Título I de la Ley, que se refieren al Presidente del Gobierno de Navarra o Diputación Foral. Por tanto, es una modificación puntual que no puede calificarse de mala o negativa en sí misma, pero que resulta a todas luces insuficiente dado que rehuye aspectos de más calado que, a no dudar, habría que reformar, pero no se quieren tocar en ningún caso. En definitiva, es todo un reconocimiento --por puntual y concreto que sea-- de que las cosas no se hicieron bien en 1982.
Tres son las modificaciones que, concretamente, se introducen. La primera de ellas tiene que ver con el procedimiento de elección del Presidente, acortándose los plazos y eliminando el automatismo en favor del candidato con mayor número de escaños, en el supuesto de que ningún candidato propuesto obtenga mayoría simple en las sucesivas votaciones durante dos meses a partir de la primera votación. La segunda consiste, como requisito imprescindible para poder ser elegido presidente, en ostentar la condición de parlamentario. No es una cuestión muy explicable el que la Ley de 1982 no lo exigiera, salvo que los negociadores de entonces estuvieran pensando en un presidente no elegido por los ciudadanos. Y la tercera y última de las modificaciones fija la facultad del presidente para disolver el Parlamento y convocar elecciones; facultad en todo caso sometida a tan fuertes limitaciones y restricciones que deja reducido a la mínima expresión el principio general que dice reconocerse, porque, señorías, el artículo 30 en su nueva redacción señala: El Gobierno de Navarra, su presidente, podrá acordar la disolución del Parlamento y convocar nuevas elecciones. Y añade que no lo podrá hacer durante el primer período de sesiones, ni cuando reste menos de un año para la terminación de la legislatura, ni cuando se encuentre en trámite una moción de censura, ni cuando se encuentre convocado un proceso electoral estatal, ni antes de que transcurra el plazo de un año desde la última disolución por este procedimiento. Muchos, demasiados «noes» y «níes» y, por si fuera poco, concluye con que el nuevo Parlamento resultante de esa posible y difícil convocatoria electoral tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria. En definitiva, poca cosa, muy poca cosa. Escasa ambición y mantenimiento siempre de las renuncias.
Por todas estas razones, señorías, votaremos en contra de este proyecto, no tanto por lo que modifica sino por lo que no modifica, que no hace sino perpetuar el error que se cometió, a nuestro modo de ver, en el año 1982. Así lo consideramos entonces, así lo seguimos considerando ahora, y por ello, aunque lo respetamos, no deseamos compartirlo.
Pese a todo, he de concluir con una frase que no es mía, sino del entonces Senador de nuestro Grupo Parlamentario, señor Iriarte, que terminaba su intervención en esta Cámara, el 26 de julio de 1982, con estas palabras: «Como el futuro siempre es esperanza, desde aquí nuestros mejores deseos para la madre Navarra.» Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Zubia.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el texto que estamos debatiendo es una reforma de la Ley de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra, y esto es lo que vamos a tratar. Por tanto, no formularé consideraciones sobre lo que me gustaría que debiera ser el Estatuto de Navarra, entre otras razones, porque no soy parte proponente y porque en esta reforma en concreto no se modifican los aspectos de relación entre el Estado español y el Régimen Foral de Navarra.
No hemos presentado propuesta de veto y, por tanto, vamos a votar a favor de este proyecto porque se ha seguido el procedimiento de reforma, aunque ha costado muchos años. Hay un acuerdo común, según establece la Ley Orgánica, entre la Diputación Foral y el Gobierno. Sin éste no hay posibilidad en nuestra legislación de modificarlo. Si existe este acuerdo, las Cortes Generales pueden y deben tramitarlo como proyecto de ley y, en su caso, votarlo. Y, como efectivamente existe, el Gobierno de España y la Diputación Foral están de acuerdo en modificar algo, y esto es sobre lo que nos vamos a definir.
Me pregunto si estamos de acuerdo con el texto. No voy a entrar en él. Se propone la modificación de los artículos 29 y 30 porque las partes interesadas y, en concreto, el Parlamento navarro considera que no era una fórmula útil, y si pidieran mi opinión estaría de acuerdo. No era una fórmula útil la vía compleja de formación de gobierno, aunque aparentemente era clara.
Como se ha dicho, el texto de la modificación propone una nueva forma de elegir al Presidente de la Comunidad Autónoma, exige que dicho Presidente sea parlamentario, y concede la posibilidad de la disolución anticipada de la Cámara por ese Presidente.
Es un retorno a fórmulas más clásicas del parlamentarismo. Si a eso se añade que los plazos se acortan y que, por tanto, las situaciones de indefinición se reducen en el tiempo, creo que es una fórmula prudente.
Pero no por ello voy a votar en contra. Personalmente, estoy más de acuerdo con esta fórmula que con la anterior, pero creo que las Comunidades Autónomas son autónomas, y una de sus autonomías consiste en organizar su sistema político. ¿Que eso está contenido en el Estatuto o en las leyes de amejoramiento --en este caso, en el Fuero--? Perfecto. Es una garantía para todos. Pero no es lo mismo modificar las relaciones entre la Comunidad Autónoma y el Estado, algo sobre lo que sí hemos de opinar como miembros que somos de las Cortes Generales, que la forma de organización interna política de la Comunidad. Y sobre esta cuestión mi única pregunta es la siguiente: ¿La Comunidad está de acuerdo? ¿Se han cumplido todos los requisitos necesarios para reformar la ley? Así es.
Por tanto, mi Grupo votará afirmativamente, porque ésa es la voluntad autónoma de una Comunidad Autónoma que quiere gobernarse interiormente de una forma distinta a como lo hacía, de acuerdo con la Constitución, las leyes y

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los procedimientos para modificar las leyes. Como digo, sobre esa cuestión mi voto a favor está asegurado, porque creo que ése es su derecho. Y la consulta a las Cortes Generales es simplemente una consulta.
Por otro lado, en algún Estatuto, por ejemplo, el de Cataluña, se contemplan dos procedimientos para su reforma. Uno de ellos, previsto para cuando se modifiquen competencias, y el otro, si sólo se modifican elementos del régimen político interior. En este caso hay una consulta previa a las Cortes Generales, y una vez aprobado el texto, y sometido y aprobado en referéndum, se tramita como ley orgánica porque ése es el rango que debe tener.
Creo que esta distinción es lo suficientemente importante. Si se altera un Estatuto de Autonomía porque se alteran las relaciones entre el Estado español y la Comunidad Autónoma de que se trate, las Cortes --o al menos mi Grupo parlamentario-- pueden y deben opinar. Pero si sólo se altera el funcionamiento interno del sistema político de acuerdo con la ley y en el marco de la Constitución, debo decir que nuestro voto ha de ser positivo para la voluntad de aquellos que han efectuado la propuesta. Además, en este caso, como ya he dicho, personalmente considero que la fórmula adoptada es más ágil y segura que la anterior. Pero no se trata de discutir si nos gusta la fórmula, sino que estoy afirmando una cuestión de principio. Autonomía política quiere decir que el sistema político es de libre configuración por parte de la Comunidad Autónoma en el marco de la Constitución y a través de los procedimientos establecidos, que conllevan necesariamente su aprobación por ley orgánica.
Por tanto, repito, nuestro grupo votará a favor.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Xuclà i Costa.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Intervengo para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Convergència i Unió ante esta propuesta de modificación de la Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Y permítanme hacer una consideración previa. El debate parlamentario está caracterizado por parlamentar y muchas veces por discrepar. Pero en este caso, remitiéndome a una vieja figura del Código Civil, el contrato de adhesión, simplemente me voy a adherir a la intervención del Senador, además de profesor, Molas por la profundidad y el acierto de sus reflexiones acerca del concepto teórico del autogobierno. Y aunque posteriormente haré algunas observaciones complementarias y no exactamente coincidentes con esta propuesta de modificación, vaya por delante, repito, mi adhesión a la misma.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió votará favorablemente este proyecto de ley, como todos los que se han planteado en las Cortes Generales en lo tocante a reformas de estatutos de autonomía, que nacen del desarrollo coherente de las previsiones constitucionales y de las iniciativas y el consenso del propio Parlamento autonómico y de los partidos que lo integran, más en este caso con la previsión expresa, desde un punto de vista jurídico-constitucional, del pacto entre los Gobiernos de Navarra y del Estado español.
Vaya por delante, por tanto, esta manifestación de apoyo y de voto favorable, que estoy convencido de que será correspondido el día --yo creo que no muy lejano-- en que el Parlament de Catalunya también deba plantear una reforma del Estatut de Autonomia de Catalunya para adaptar el marco estatutario catalán, con los niveles óptimos de autogobierno para el progreso y el desarrollo de la sociedad catalana.
Sólo quiero hacer dos consideraciones breves, desde el más absoluto respeto a la propuesta del Gobierno de Navarra y de los partidos del Parlamento autonómico. Primera consideración. Parece una mejora técnico-constitucional, técnico-parlamentaria, incluso diría una adecuación, destacar el automatismo de la adjudicación de la presencia de Navarra a la lista con mayor número de escaños, si hubieran fracasado las rondas de votación que buscan mayorías absolutas o simples durante dos meses. Este mecanismo de adjudicación automática es impropio de un sistema parlamentario en el cual juegan mayorías, minorías, pactos políticos y debates. Segunda consideración. El derecho del Presidente de Navarra de disolver el Parlamento con anticipación al término natural de la legislatura es positivo para el fortalecimiento del autogobierno y de lo que podríamos llamar la autonomía operativa y política de este autogobierno, respeto a los ritmos políticos y a los calendarios electorales de las Comunidades Autónomas de la vía del artículo 143 de la Constitución Española. Pero me parece --y me permito opinar, desde el respeto al autogobierno de las propias instituciones de Navarra-- que se han quedado a medio camino.
Este nuevo Parlamento nacido de la disolución anticipada --leo--, tendrá un mandato limitado por el término natural de la legislatura originaria; además, se contemplan bastantes condiciones o constreñimientos a esta facultad. Cordialmente, me parece una expresión de miedo al real y profundo sentido del autogobierno, al despegarse del calendario electoral que hace coincidir elecciones municipales y determinadas elecciones autonómicas. No tengamos miedo al funcionamiento complejo de un Estado compuesto; un Estado que en su estructura autonómica está funcionando, está yendo razonablemente bien.
Discúlpenme, señorías, especialmente señorías de la Comunidad Autónoma de Navarra, el atrevimiento de estas observaciones desde las filas de un grupo parlamentario con motivación territorial, desde un grupo parlamentario catalán, pero estén convencidos de que se han formulado con el ánimo de profundizar en un Estado autonómico que aún tiene un largo camino de posibilidades para su desarrollo. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Xuclà.


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Por el Grupo Parlamentario Socialista , tiene la palabra el Senador Sanz.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, hoy se trae a la aprobación de la Cámara Alta, de representación territorial, la propuesta de modificación de los artículos 29 y 30 de la Ley Orgánica 13/1982, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. Conforme al artículo 71 de la citada ley, sobre la reforma de la misma, es un rasgo propio del Régimen Foral de Navarra, amparado en la Constitución Española, que, previamente a la decisión de las Cortes Generales, las representaciones de la Administración del Estado y de la Diputación Foral de Navarra acuerden la reforma del Régimen Foral. Se trata, en síntesis, de que con la modificación de los artículos citados anteriormente se cambie el sistema de elección del Presidente de Navarra, así como la potestad de disolver el Parlamento autonómico fuera de los plazos establecidos o marcados por la ley actual.
Lamentablemente, pocas veces se habla en esta Cámara de Navarra y por ello es importante esta propuesta. Si volvemos la vista atrás, desde que entró en vigor la Lorafna, es evidente que en Navarra se ha producido cada vez un proceso electoral para elegir a los parlamentarios forales y, por consiguiente, al Presidente de la Comunidad Foral de Navarra.
Se han escuchado todo tipo de argumentos a favor y en contra del sistema automático. En todo este tiempo se ha venido discutiendo sobre la conveniencia o no de eliminar el sistema automático para la elección del Presidente de la Comunidad Foral de Navarra. Hay que tener en cuenta, haciendo un poco de historia y, principalmente, desde el año 1992, que en todos los acuerdos de gobierno y pactos presupuestarios a los que la necesidad y la responsabilidad política obliga, teniendo en cuenta también la pluralidad política en Navarra, se ha incluido esta modificación, pero no se ha cumplido. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Al fin, se incluyó en los pactos presupuestarios, firmados por el Partido Socialista y UPN en el año 1999, el compromiso de los firmantes de la reforma de los artículos 29 y 30, suprimiendo el sistema automático de elección del Presidente del Gobierno de Navarra. Hay que recordar que, como norma general, quien accedía a este puesto por este sistema se venía oponiendo a su reforma aludiendo siempre a la situación de Navarra, a la gobernabilidad de la Comunidad y a la inoportunidad del momento, y así continuaba hasta que se agotaba la legislatura.
A instancias del Partido Socialista de Navarra, ha habido tres intentos de modificación de estos artículos. El primero de ellos fue en marzo de 1995, no llevado a efecto por la falta de acuerdo entre los partidos navarros. El segundo fue en junio de 1995, por disentimiento del propio Gobierno de Navarra. Y el tercero es el actual.
Afortunadamente, esto ha sido posible porque el Partido Socialista firma un acuerdo con UPN después de las elecciones del año 1999. En este acuerdo se recoge la reforma del artículo 29, aunque hay que decir que muchos entendieron que era un pacto de reparto de puestos; falsa y mentira crítica, teniendo en cuenta lo acontecido después de cada elección autonómica, y más en esta última, lo cual permite al Partido Socialista dotarse de instrumentos de control al Gobierno y la consecución de una posición útil.
La modificación del artículo 29 es la asignatura pendiente del Régimen Foral navarro. En las resoluciones de nuestro VI Congreso, celebrado en el año 1997, los socialistas ya vimos la necesidad de la eliminación del sistema automático. Por tanto, se convirtió en un objetivo prioritario, razón de la importancia de esta cuestión, como he reseñado al inicio de mi intervención. Basta con repasar las noticias de los diez últimos años, tal como ha hecho este Senador, para comprobar la postura coherente e inequívoca del Partido Socialista de Navarra en este tema, simplemente porque siempre hemos entendido que se dota al Parlamento de plena capacidad en la búsqueda de mayorías estables que garanticen la gobernabilidad, sin riesgos ni amenazas de inestabilidad política e institucional, dependiendo de la nueva composición del Parlamento de Navarra.
Con esta reforma, a los partidos no nos queda más remedio que buscar mayorías porque, si no, habría que convocar un nuevo proceso electoral que superase la crisis política. Sin duda, eso redundará en un mayor entendimiento entre todas las fuerzas políticas, en una democracia más viva y casi nos obliga a todos a dialogar y a llegar a un acuerdo.
De los seis Presidentes del Gobierno de Navarra desde la aprobación de la Lorafna en el año 1982, cuatro de ellos han accedido a Presidente del Gobierno de Navarra por el sistema automático, con más votos en contra que a favor en el Parlamento de Navarra. Solamente en el año 1995, al formar Gobierno tripartito el Partido Socialista con Convergencia Democrática de Navarra y Eusko Alkartasuna, y en el acuerdo de investidura de la presente Legislatura entre UPN y el Partido Socialista se han dado condiciones para la gobernabilidad de Navarra y la necesaria colaboración entre los partidos. Esta experiencia ha hecho posible un acuerdo entre el Gobierno Central y el Gobierno de Navarra para la reforma de la citada Ley, la Lorafna, por iniciativa del Partido Socialista con la presentación de una moción en el Parlamento de Navarra mediante la cual fue aprobado.
El otro punto importante, la reforma del artículo 30, viene dado por la posibilidad de la disolución del Parlamento. Esto nos lleva, como he dicho anteriormente y se han referido los anteriores portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, a un mayor esfuerzo por parte de todos con el fin de llegar a un entendimiento para no tener que volver a realizar unas nuevas elecciones.
Hay que tener en cuenta que dentro del texto de la modificación que se propone, la duración del mandato parlamentario se computará desde la fecha de las primeras elecciones para así coincidir con el resto de las comunidades del territorio español. También cabe recordar que la modificación se basa en que la disolución del Parlamento no puede realizarse en el primer período de sesiones, ni en el

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último año de legislatura, ni cuando se esté en proceso de censura.
No nos pueden criticar que con esta modificación nos alejamos del procedimiento de comunidades históricas, porque, como es sabido, la asunción del mecanismo del artículo 152 de la Constitución no es de aplicación a Navarra, dado que Navarra ha actualizado sus derechos históricos por el procedimiento previsto en la disposición adicional primera de nuestra Constitución, y bien se podría optar, siempre con el concurso de la voluntad estatal, por la implantación de cualquier otra estructura política. Lo que debe primar es el grado de competencias y no la baldía discusión de quién es más o menos histórico, porque por historia a Navarra le sobra. Sea como fuere, el devenir de los acontecimientos viene a satisfacer plenamente las aspiraciones del Partido Socialista que, como partido político, ha solicitado e impulsado esta reforma.
Por todo ello, se solicita el apoyo del resto de los Grupos Parlamentarios presentes en el Senado a esta iniciativa ya aprobada --hay que recordarlo-- por el Parlamento de Navarra, el Gobierno de Navarra, el Gobierno de la Nación y el Congreso de los Diputados. También entiende este Senador que es una cuestión de trámite la aprobación de la modificación de los artículos citados anteriormente. Unicamente me queda agradecer el apoyo de los diferentes grupos a este proyecto.
Voy a hacer alguna apreciación a la intervención del portavoz del PNV.
Aunque tengo que felicitarle, señoría, por su intervención, me hubiera gustado que la modificación de estos artículos la hubiera defendido un Senador navarro. De todas maneras, también tengo que agradecer la preocupación o el interés general que ha mostrado por Navarra. No obstante, estamos hablando de dos cosas distintas. Navarra, sabe usted mejor que yo, es una Comunidad propia y diferenciada que se enmarca dentro del marco constitucional. Ya sé que ésta no es su guerra, pero si en el año 1977 se hubiera producido la anexión, ahora mismo no estaríamos hablando de autonomías. Quiero recordarle únicamente que la voluntad de los pueblos no la hacemos los políticos, sino la gente.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Iribas.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, vengo aquí a defender la postura del Grupo Parlamentario Popular en el Senado en relación con la modificación de la bien llamada Ley Orgánica de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Señorías, que es una mejora evidente no hace falta subrayarlo después de oír las intervenciones de los Senadores, por más que políticamente se haya pretendido racanear, e incluso me referiré y me remitiré, puesto que aquí también se han hecho remisiones al Boletín, a la página 2787 del Boletín del Congreso de los Diputados. En ella se constata que la intervención del representante del Partido Nacionalista Vasco fue algo más sincera a la hora de señalar literalmente que la modificación que se propone no era negativa en sí misma, antes al contrario permite regir una regulación defectuosa, reduce los plazos establecidos para las diversas fases del procedimiento de investidura, impidiendo con ello una excesiva prolongación de las crisis gubernamentales y amplía las atribuciones que corresponden al Presidente de la Comunidad Foral de Navarra en el ámbito de lo que la doctrina italiana..., etcétera.
Pues bien, señorías, se amejora el autogobierno de Navarra. Eso no hace falta que nos lo reconociera alguien que no está de acuerdo con la Ley y que no lo ha estado nunca. Para que ustedes se hagan una idea, porque conviene explicar al resto de los españoles la presencia y la importancia que los grupos tienen aquí, por cada 100.000 votos que yo he recibido en estas pasadas elecciones, 4.000 lo han sido para el PNV en Navarra: la equivalencia es de 100.000/4.000 o de 150.000/6.000, como quieran.
Pues bien, dejadas las cosas en sus justos términos, quiero decirles que apostamos por esta modificación. Si la mayoría absoluta no se consigue en la Cámara foral, a lo cual legítimamente aspira UPN y es por lo que apuesta, siempre mantendremos nuestra actitud de diálogo. Serán esos otros mecanismos los que harán funcionar el parlamento.
Señorías, hay una serie de antecedentes a los que no me voy a remitir.
Efectivamente, desde el año 1982 hasta hoy ha llovido mucho. La fórmula mal que bien --mal en cuanto a los ritmos de los plazos y de los tiempos, que se mejora indudablemente, y bien en cuanto a que siempre hemos conseguido unas mayorías estables merced a la relación entre Unión del Pueblo Navarro y el Partido Socialista que han antepuesto siempre las políticas en favor de la Comunidad a las partidistas-- ha funcionado.
Este es el momento de cambiarla. El Congreso de los Diputados se posicionó ya por 298 votos a favor y siete en contra de esta postura.
Esta es una postura que vamos a defender y apoyar, que nosotros hacemos nuestra porque lo es y que UPN ha adoptado en el momento en que le ha parecido que era imprescindible, preciso, conveniente y necesario hacerlo. La postura es --lo decía el representante del Partido Socialista y no le falta razón-- coherente en el Partido Socialista desde hace 10 años. Quiero recordar que hace 10 años el Gobierno socialista de Gabriel Urralburu perdía el poder en Navarra y a partir de ahí es cuando ellos apuestan por esta fórmula. Me parece absolutamente legítimo, pero la historia debe conocerse en toda su integridad.
Navarra, por remontarnos a esa historia a la que han hecho cierta alusión algunos de los que me han precedido en el uso de la palabra, refrendó de forma entusiasta la Constitución Española de 1978. En la Carta Magna se reconocía el derecho del pueblo navarro a decidir libremente acerca de nuestro futuro autonómico, al tiempo que se expresaba un rotundo amparo y respeto a los derechos históricos de Navarra.
Un año después, el Parlamento foral, el Parlamento de Navarra, adoptó con plena legitimidad de sus representantes

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democráticos dos decisiones trascendentales. La primera fue rechazar la incorporación de Navarra a Euskadi. La segunda culminar el proceso iniciado en 1977 para el amejoramiento del fuero mediante la negociación de un nuevo y definitivo pacto con el Estado.
Amparar y respetar los derechos históricos de Navarra no significa sino reconocer la naturaleza paccionada del fuero. El fuero constituye un ámbito propio de poder reservado a Navarra y garantiza su condición de Comunidad de por sí, es decir, dotada de régimen, autonomía e instituciones propias que, en virtud de unos derechos originarios e históricos, van a ser --como digo-- defendidos, reconocidos y respaldados.
La consecuencia de tal reconocimiento es que no se pueden introducir en Navarra reformas legislativas que afecten al contenido de nuestro fuero sin consentimiento expreso, esto es, sin previo pacto con las instituciones forales. El que la reforma sólo pueda hacerse de forma pactada supone una indudable garantía de estabilidad institucional.
Se han puesto algunas pegas, fundamentalmente por representantes de algún partido nacionalista, en relación con la autolimitación de las facultades de disolución. Señorías, nosotros, los navarros, además de velar por nuestro autogobierno, como históricamente hemos demostrado a lo largo de toda nuestra trayectoria como pueblo diferenciado en el conjunto de España, tenemos una vocación claramente española. Nos sentimos españoles y sentimos como propios los problemas de nuestra Comunidad. Somos, pues, solidarios con el conjunto de España, y por solidaridad y responsabilidad hemos aceptado hoy una autolimitación en el régimen de convocatoria electoral que favorecía el sistema democrático de elecciones en nuestro país.
Navarra no está en conflicto con el Estado español. Para nosotros Madrid no es el enemigo. Muchos de los problemas no entienden de fronteras autonómicas y sólo pueden resolverse en un clima de solidaridad y de responsabilidad.
Navarra se siente orgullosa de haber participado en el proceso de creación de la nación española sin haber renunciado a su propia identidad. En el momento presente, Navarra desea colaborar con el resto de los españoles en la tarea de construir la nueva Europa de los ciudadanos libres e iguales. Nuestra Comunidad Foral desarrolla sus relaciones con el Estado en el marco del Estado de Derecho y con pleno respeto al principio no escrito de lealtad constitucional, principio que debería estar inscrito en el frontispicio de nuestro edificio estatal y autonómico. Para nosotros, el amejoramiento del fuero no es en modo alguno un punto de partida para el inicio de aventuras «soberanistas» o separatistas.
Quiero y debo responder a una serie de alusiones que han sido realizadas por el representante del Partido Nacionalista Vasco, a mi entender con falta de respeto hacia nuestra Comunidad. Ha tachado de pobre autonomía uniprovincial a nuestro viejo reino. Nuestra autonomía, nuestras competencias, nuestra historia, nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro no tienen nada que ver con lo que se nos pretende plantear y hasta inventar, ni tienen nada que envidiar. Navarra, hoy, es una autonomía uniprovincial y no quiere pertenecer a una autonomía pluriprovincial. Y es más: menos aún a un ente utópico que no ha sido conocido jamás en la Historia y que nunca ha existido por más que algunos quieran ampararse en nuestra Historia y en nuestro título de viejo reino.
Como se suele decir: Más vale solos que mal acompañados, y sobre todo si algunos se empeñan. Nosotros nos queremos comer nuestro puchero solos, solidariamente con los pueblos de España y solidariamente con los pueblos de Europa.
Pero si tanto le preocupa el que Navarra, según su señoría, haya renunciado al marco de singularidad, ¿qué habría pasado si Navarra hubiera sido anexionada a Euskadi? ¿De qué singularidad, de qué contenido autonómico estaríamos ahora hablando? ¿Seríamos una cuarta parte, una séptima, «zazpiak bat»? ¿Seríamos equiparables, quizá, a una diputación con las competencias residuales que el Parlamento vasco hubiera decidido transferirnos libremente? ¿Tendríamos derecho al presupuesto que ustedes nos hubieran adjudicado? ¿Qué autonomía nos quieren dar en el marco del ámbito vasco de decisión y en el criterio de territorialidad por el que ustedes apuestan desde Estella? Ustedes, usan y abusan de los símbolos de nuestra tierra, de los símbolos de nuestro Gobierno, desde su gobierno nacionalista, no digamos ya de nuestra Historia, ustedes, incluso en contra del Tribunal Constitucional y de sus sentencias, siguen utilizándolos y nos vemos obligados a reiterarles una y otra vez que, desde el respeto, se conseguirá la cooperación, se conseguirá la buena relación, se conseguirá la armonía, pero no desde la imposición, desde la intolerancia, desde la intromisión. ¿Cuál sería ese autogobierno si ahora, que somos dos comunidades diferentes, manipulan nuestra realidad desde su televisión pública? Señorías, nos dicen que estamos mirando hacia otro lado, que se da carta de naturaleza al hecho de que se haya suprimido el marco de singularidad de Navarra, o que se ignora. Los que hacen eso son ustedes. Nosotros estamos hartos de hacer llamadas de atención a lo que es una conducta de intromisión en nuestra Comunidad.
Le voy a decir más, para acabar. Navarra se siente orgullosa, como le he dicho, de su pasado, de su presente y de su futuro. Si no hemos hurtado nunca al pueblo navarro que se posicione en relación con el amejoramiento, miedo vamos a tener cuando, como le he dicho, ustedes rozan la extraparlamentariedad. Más les vale que se hayan asociado con quienes se van a asociar también ahora en el País Vasco, porque si no se habrían quedado, como siempre, fuera del arco parlamentario. Nosotros no hemos refrendado el amejoramiento, porque éste no es un Estatuto de Autonomía al uso. Se estaba pactando la modificación de un régimen que ya estaba vivo y en ejercicio en el momento en que la Constitución lo reconoce --es decir, no lo concede-- y lo ampara, y lo estábamos adaptando a las exigencias de la nueva Constitución autonomista.
La naturaleza jurídica del régimen foral no cambiaba, no se modificaba el estatus de Navarra, ese estatus paccionado con el Estado español. Por eso no se sometió a referéndum.
Señores nacionalistas, el País Vasco sí sometió a referéndum el Estatuto de Guernica, y ustedes lo juran y lo

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prometen, y juran la Constitución aquí, y luego, por lo visto, es decir, por lo que vemos, por los hechos, se olvidan de ello. El pueblo vasco sí ratificó en referéndum su Estatuto de Autonomía.
Y voy a acabar como ha acabado usted. Se lo voy a parafrasear, y permítame que utilice las palabras de un parlamentario ilustre: Como el futuro siempre es esperanza, desde aquí nuestros mejores deseos para la madre España. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y en estas fechas próximas, también para los vascos, para todos los vascos, para los vascos que apuestan por la vida, por la libertad y la paz.
También le voy a transmitir, sin diplomacias, componendas ni temores, nuestros peores deseos para quienes quieren gobernar desde el sectarismo, arrinconando a muchos vascos y llevando a la ruina económica y moral a su país, y para quienes en un mundo cada vez más abierto, más solidario y globalizado siguen solitariamente mirándose el ombligo, tenaces en poner murallas y enroscarse la boina desde posiciones de falso victimismo y, cómo no, para quienes siembran vientos de odio y, desgraciadamente, se miran su ombligo y, en muchos casos, nuestra nuca.
Pido al Dios de lo Alto, a «Jaungoikoa», y al sentido común y a la sensatez de la inmensa mayoría de los vascos, que el día 13 mayo abran la puerta a la libertad, a la vida, a los derechos humanos, en definitiva, a la esperanza; abran a sus hijos un gobierno para todos, un nuevo gobierno europeo y democrático, que ya toca. Es la hora del cambio, de la alternancia. Que algunos, con deseos de enquistarse en el poder, quieran jugar ahora a vestirse con la piel de cordero, sería de risa si no fuera de pena.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Iribas. (El señor Zubia Atxaerandio pide la palabra.) Senador Zubia, si pide la palabra por una cuestión de orden debo decirle que su señoría no ha sido aludido.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Señora Presidenta, si alguien tiene derecho a hacer uso de la palabra por el artículo 87 creo que es este portavoz en cuanto que ha intervenido y toda la intervención del portavoz del Grupo Popular ha estado dirigida precisamente a mi intervención.


La señora PRESIDENTA: Tiene dos minutos, señoría.


El señor ZUBIA ATXAERANDIO: Es evidente, señorías, que al Senador Iribas le estimula que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos intervenga y participe en los debates que tienen que ver y que afectan al viejo Reino, y me alegro de que así sea, primero, porque es un derecho que nos asiste y, segundo, porque tenemos intención de seguir haciéndolo mientras tengamos, como Grupo Parlamentario, representación en esta Cámara.
Gracias, además, por recordarnos que no somos, precisamente, el grupo mayoritario en el Parlamento navarro. Créame que ya lo sabíamos, pero eso me permite dejar constancia de que tenemos representación en dicho Parlamento. En cualquier caso, Senador Iribas, aunque no la tuviéramos, no es su señoría, afortunadamente, quien nos puede privar de intervenir en este foro siempre que lo hagamos, como lo hemos hecho, respetuosamente y conforme al Reglamento de la Cámara.
Ayer mismo nuestro Grupo Parlamentario se posicionó en esta Cámara respecto a una iniciativa canaria, y no tenemos, que yo sepa, representación en el Parlamento de las islas. Asimismo, se posicionó en relación con un tratamiento especial en materia de infraestructuras para Cádiz, y tampoco tenemos representación, evidentemente, en el Parlamento de Andalucía. Con el mismo derecho, pero con más razón, nos hemos posicionado aquí y ahora sobre este proyecto de ley. En cualquier caso, Senador Iribas, créame que su señoría también a mí me consigue, en estos casos, estimular con sus intervenciones.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Zubia. (El señor Iribas Sánchez de Boado pide la palabra.) Tiene la palabra el Senador Iribas por tiempo de dos minutos.


El señor IRIBAS SANCHEZ DE BOADO: Comprenderá su señoría que con lo estimulado que estoy le pida un turno por el artículo 87 para contestar a la intervención del portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Fuertes rumores.) ¿Hay algún otro parlamentario que se estimule? (Risas.--Rumores.) Voy a ser muy breve, pero voy a reiterar un argumento que también en contestación al Senador representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, señor Zubia, le he dado en otras ocasiones.
Tienen ustedes mi mayor apoyo en su derecho como parlamentarios españoles para preocuparse de Ceuta, de Melilla, de Canarias, de Murcia, de Navarra y hasta del País Vasco. (Rumores.) No pienso privarles --ni puedo ni debo ni quiero-- de hablar en el foro. Es más, hay que hablar mucho en el foro; y el Parlamento y la representación democrática es lo que tiene que funcionar y no otras cosas.
Pero del mismo modo que yo no pretendo privar a su señoría de que hable --cosa que, por cierto, algunos compañeros del Grupo Parlamentario Popular, al que represento, lo tienen bien difícil en otros foros e incluso en la calle--, digo que de la misma manera que yo no le privo de hablar, no me van a privar ustedes de que yo discrepe de sus propias argumentaciones.
Efectivamente, me estimula todo lo que se refiere a mi viejo Reino, como lo que se refiere a España y a Europa, como lo que se refiere incluso a su tierra porque sufro lo que sufren los vascos, como lo sufriría de cualquier otro pueblo de España.
Y acabo ya. Dice usted, y dice bien, que he reconocido que tienen ustedes representación parlamentaria en Navarra. El PNV tiene un parlamentario de 50. Y le digo más: yo casi lo firmaría porque me parece que nunca van a tener muchos más.


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Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Iribas.
Llamen a votación. (Pausa.) Señorías, cuando termine la votación del proyecto de ley, tendremos que someter a votación una modificación del orden del día y, seguidamente, haremos una declaración institucional.
Votamos el proyecto de ley que acabamos de debatir, por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 208; a favor, 202; en contra, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado definitivamente por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 13/1982, de 10 de agosto, de reintegración y amejoramiento del Régimen Foral de Navarra. (Aplausos.)

--MODIFICACION DEL ORDEN DEL DIA (630/000009).


La señora PRESIDENTA: Corresponde, ahora, acordar una modificación del orden del día para que pueda debatirse una moción por la que el Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León y con los diversos Ayuntamientos afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal que desde hace días azota nuestro país.
¿Puede entenderse aprobada por asentimiento esta modificación del orden del día? (Pausa.) Queda aprobada.


--DECLARACION INSTITUCIONAL CON MOTIVO DEL DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER TRABAJADORA (550/000019).


La señora PRESIDENTA: Señorías, voy a dar lectura a una declaración institucional del Senado, firmada por los portavoces de todos los grupos políticos, con motivo del día de la mujer trabajadora.
Al inicio del siglo XXI y con ocasión de la celebración del 8 de marzo, fecha escogida por Naciones Unidas como día internacional de la mujer, nos proponemos seguir avanzando en el conjunto de actuaciones necesarias para acercarnos al objetivo de la igualdad real entre hombres y mujeres.
El siglo XX ha sido una etapa de grandes progresos humanos, y en la consecución de esos avances las mujeres han tenido más consideración y visibilidad que en toda la historia de la humanidad. Por ello, es unánime la aseveración de que la verdadera revolución del siglo XX ha sido la protagonizada por las mujeres. No obstante, esta Cámara manifiesta: Que las mujeres siguen teniendo dificultades para participar de forma plena en la vida política, económica, cultural y social.
Que la violencia contra las mujeres sigue siendo el reflejo de relaciones de poder desiguales que históricamente han existido entre hombres y mujeres.
Que cualquier forma de violencia contra las mujeres constituye, además, un obstáculo para el crecimiento económico y el desarrollo de los pueblos del mundo.
Que las las mujeres siguen encontrando obstáculos para la incorporación o promoción profesional en el mercado de trabajo.
Que el salario que perciben las mujeres es, generalmente, inferior al de los hombres por realizar un trabajo de igual valor; asimismo, sufren mayor índice de paro y mayor precariedad laboral.
Que de los millones de pobres que hay en el mundo, la mayor parte son mujeres.
Que las mujeres siguen infrarrepresentadas en las instituciones elegidas democráticamente y en los puestos de decisión.
Que las tareas domésticas y de cuidado de personas dependientes recaen de forma disimétrica sobre las mujeres.
Que cada vez hay más familias monoparentales en nuestras sociedades, necesitándose por ello nuevas medidas que aseguren la protección especial de estas familias.
La profunda transformación del papel de la mujer en sólo un siglo, conquista trascendental para nuestra sociedad, ha surgido del esfuerzo colectivo que hoy debe reconocerse. Los pasos seguidos han dado buenos frutos para conseguir el objetivo de la igualdad entre hombres y mujeres.
El progreso es palpable pero no suficiente; hay que seguir avanzando, sobre todo, en el terreno del cambio de las mentalidades y de las actitudes. En definitiva, hay que continuar removiendo todo lo que pueda perjudicar el necesario cambio cultural que conlleve a una igualdad real.
La mejor contribución que puede hacerse a partir de ahora en este camino viene de la mano de la necesaria evolución de lo que ayer fue una revolución.
Por todo ello, esta Cámara insta a todos los poderes públicos a seguir avanzando en las políticas correctoras de esos desequilibrios para conseguir una sociedad más justa, más rica y más plena.
Palacio del Senado, 7 de marzo del año 2001.
Está firmado por los portavoces de todos los grupos políticos de la Cámara. (Aplausos.) ¿La Cámara lo aprueba? (Asentimiento.)

TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY SOBRE EL DERECHO A LA IDENTIDAD SEXUAL (622/000006).


La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.


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Proposición de Ley sobre el derecho a la identidad sexual.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa, por lo cual procede someter a debate y votación la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra la Senadora Almeida. (Rumores.)

La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, señora Almeida, por favor.
Señorías, para poder continuar el debate necesitamos un poco de silencio.
Continúe, Senadora Almeida.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
La proposición de ley que, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, presento para su toma en consideración por esta Cámara es la misma que se presentó por el Senador Arévalo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, en la sesión celebrada el 20 de octubre de 1999 y que fue aprobada por unanimidad de todos los grupos de esta Cámara. En aquel entonces, y pese a esa unanimidad, no se procedió a su tramitación porque, al convocarse las elecciones y disolverse la Cámara, decayó, por lo que como ya anunciamos en la intervención del día 20 de noviembre con motivo de una iniciativa del Partido Popular, vamos a reproducir en esta Legislatura esta toma en consideración de la proposición de ley para que pueda tramitarse y no defraudar las esperanzas que un grupo, aunque sea minoritario en la sociedad, tiene puestas en la solución de sus problemas y en el reconocimiento de sus derechos.
El tiempo pasa inexorable y muy rápidamente, y aunque las decisiones de los tribunales suelen ser lentas, en este caso ha dado tiempo a que se pronuncien sobre muchos asuntos, y ha habido todo tipo de resoluciones que han intentado dar soluciones parciales a los problemas que la transexualidad nos plantea en nuestro país.
Es verdad que esta situación ha provocado que para alcanzar cualquier derecho hayan tenido que hacer reivindicaciones individuales aquellos y aquellas que han podido presentar sus reclamaciones, incluso también para poder acceder a cambiar y adecuar su cuerpo a lo que su mente, su deseo y su libertad sexual les pedía. Por eso, han tenido también derecho, algunas o algunos, a cambiar su sexo, reasignarlo quirúrgicamente y recabar el cambio de sexo a través de los tribunales.
También es verdad que ha habido sentencias para todos los gustos, y absolutamente contradictorias: unas concedían derechos y otras no; algunas las recurría el fiscal y otras no; unas cambiaban el sexo y otras no. En cualquier caso, en todas las resoluciones judiciales se ha echado en falta una normativa y en casi todas ellas ha habido un reproche al Legislativo por no plantearla de manera que diera salida legal a todos estos problemas. Además, en los informes del fiscal en todos los recursos que se planteaban también se reprochaba la falta de una ley y, por eso, la proposición de ley que hoy se presenta --y que, repito, es la misma--, intenta dar salida a este procedimiento, a estos problemas y plantea la necesidad de que se pueda regular exactamente el derecho a cambiar el nombre, a cambiar el sexo, a adaptarlo a su realidad física, psicológica y social y, además, a poder ejercitar los derechos inherentes a este cambio de sexo.
La no existencia de una regulación plantea incluso situaciones más injustas todavía que las que afectan a todos estos colectivos, por la discriminación social que aún padecen. Es cierto que los que hoy tengan medios para alcanzar una operación en el tramo de lo privado y dispongan de los dos o tres millones que puede costar una intervención quirúrgica para reasignar el sexo pueden acceder a ello, pero los que no los tengan, indudablemente, no pueden hacerlo y se ven sometidos, muchas veces, a un sufrimiento y una penalidad que incluso ha llevado en numerosos casos al suicidio o, incluso, a las automutilaciones.
Una vez que se plantea la realidad en nuestro país, que además se encuentra integrado en un contexto europeo, no se puede pensar que la reclamación de derechos tiene que ser a costa sólo de luchas, porque aunque las luchas sirven para tomar conciencia, también tienen que promulgarse leyes.
Hoy tenemos a Elena en huelga, precisamente, para dejar de llamarse José y conseguir una operación en la sanidad pública, que le ha sido prometida y concedida por escrito, pero no se le realiza. A Natalia se la tuvo que autorizar el Juzgado de lo Social de Oviedo. Y Cristina tuvo que ponerse en huelga de hambre para que la Junta de Andalucía admitiera que fuera operada en la sanidad pública, consiguiendo que después hubiera una resolución y un acuerdo para que se hicieran allí estas operaciones.
Todos estos dramas personales planteados ante los tribunales nos han ido dando una idea de cómo tenemos que plantearnos la solución del problema.
En el espacio europeo, donde nos encontramos, ha habido también resoluciones para que los Estados miembros solucionen este tema. La resolución del Parlamento Europeo de 12 de septiembre de 1989 sobre discriminación de los transexuales hacía varias recomendaciones y, la primera de ellas, la más importante --y que, además se refleja en el artículo 10 de nuestra propia Constitución-- dice que la dignidad humana y el derecho al libre desarrollo de la personalidad debe abarcar el derecho a vivir de acuerdo con la identidad sexual y, por ello, pide a los Estados miembros que aprueben disposiciones sobre el derecho de los transexuales a un cambio de sexo de carácter endocrinológico, que establezcan un procedimiento para ello y que esté a cargo de la Seguridad Social. Igualmente, solicita ayuda para los y las transexuales, vigilancia de no discriminación, derecho de asilo en caso de persecución, etcétera, lo que indica la conciencia del problema que nos ocupa.
Por consiguiente, entendemos que es preciso dar una salida urgente, justa y legal. Quizá podríamos haber optado por otro procedimiento. El compañero del Grupo Parlamentario Socialista, señor Arévalo, en su intervención en la exposición de la proposición de ley afirmó que había

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que introducir algunas reformas que precisamente se habían sugerido desde los mismos grupos de transexuales, que el tiempo y el conocimiento de otros países nos proporcionaba experiencia para un posible cambio.
Ya lo dijimos entonces y lo volvemos a repetir ahora. Es verdad que la ley es mejorable; desde nuestro punto de vista es débil y ya requiere algunas modificaciones, pero para eso está el respeto al consenso obtenido cuando en octubre de 1999 fue tomada en consideración por todos los grupos parlamentarios. No hemos querido cambiar ese consenso. Hemos preferido presentar la proposición de ley en los mismos y exactos términos, conscientes de que todos los grupos disponemos del trámite de presentación de enmiendas en el Congreso para mejorarla, adaptarla a los tiempos y conseguir que esta ley sirva realmente para solucionar los problemas que este colectivo tiene planteados.
Es cierto también que estos últimos años la homosexualidad, gracias a los movimientos surgidos y a las luchas mantenidas, ha dejado de tener ese cierto contenido de anormalidad, de vicio, incluso de marginalidad que se le ha querido dar. Ahora hablamos mucho más de libertad; cuando nos referimos a la libertad en la opción sexual hablamos de la homosexualidad o del lesbianismo como personas perfectamente integrables y que hacen uso de su libertad. En el caso de los transexuales, no queremos referirnos a la enfermedad sino que queremos plantearlo como un derecho que cada uno tiene a llamarse como quiera, como se sienta, a pertenecer al sexo que elija, que no es solamente el sexo biológico.
En mi intervención en la moción del Grupo Parlamentario Popular afirmé que había llevado algunos asuntos referidos al cambio de sexo y que me habían apasionado los informes de los forenses definiendo los distintos tipos de sexo que existen. Porque no solamente existe el sexo biológico con el que naces, sino con el que te educas, el que eliges libremente y con el que deseas practicar. En esa libertad también está el derecho a la dignidad. No tenemos que esperar a que las personas tengan que operarse, tengan que proceder a un cambio de sexo, o a que exista un procedimiento absolutamente arbitrario en el que unas veces aciertan y otras no. Y aunque consiguen una apariencia física y un sentimiento psicológico de mujer, sin embargo en su carnet de identidad sigue figurando el nombre de Cristóbal o tienen que someterse a la vergüenza de presentar algo que no le identifica para nada con su realidad social. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Por ello, pensamos que es importante nuestra proposición, que se ha hecho con respeto a los grupos de esta Cámara. No se ha intentado buscar protagonismo, sino simplemente retomar un compromiso de este Senado, de todos los grupos parlamentarios que apoyaron la toma en consideración en esto términos y que ahora repetimos, porque sabemos que con el trabajo y las aportaciones de todos los grupos con representación en esta Cámara y en el Congreso de los Diputados podrá elaborarse una ley que realmente refleje sus sentimientos y dé solución a los problemas que este colectivo tiene planteados.
Sigo repitiendo que la grandeza de la democracia consiste en que cuando soluciona los problemas de la minoría garantiza sus necesidades. Eso la hace más grande, y hoy quizás con el acuerdo de todos los grupos en una toma en consideración que permita regular estos derechos para un colectivo no muy numeroso, estaremos avanzando en la profundización de las libertades.
Por último, quiero pedirles que renueven el compromiso adoptado en la toma en consideración de esta proposición de ley cuando fue discutida el 20 de octubre de 1999; que la apoyen y que las críticas o las cuestiones que puedan plantearse para su mejora se hagan en el trámite de enmiendas.
Y aprovechando que la Presidenta de nuestra Cámara acaba de leer una resolución relativa al 8 de marzo, día en el que las mujeres celebramos nuestra lucha por la igualdad y reclamamos que se solucionen las deficiencias de cara al futuro, sería bueno que hoy, día 7 de marzo, cuando un colectivo está luchando por la igualdad y reivindicando el derecho a su dignidad y a su identidad sexual, se convirtiera en el inicio en nuestro país del reconocimiento de sus derechos.
Por todo ello, solicito el voto favorable a esta proposición de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora Almeida.
A continuación, de acuerdo con la norma vigente, proceden dos turnos a favor y dos en contra.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) En consecuencia, pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Efectivamente, el día 3 de octubre de 1999 ya tuvimos ocasión de discutir esta propuesta. En aquel momento dije que me parecía corta y que podría mejorarse, y que lo importante era aceptarla para posteriormente, en el trámite parlamentario, introducir las correspondientes enmiendas. Por tanto, no me voy a referir ahora al discurso que hice en aquella ocasión --y ya anuncio, como es lógico, mi voto favorable a esta proposición de ley, tal como se produjo el 3 de octubre de 1999--, sino que haré una declaración de carácter general.
Señorías, el artículo 1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos señala que todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos.
El artículo 2 del mismo texto internacional reconoce que toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esa Declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento, o cualquier otra condición.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos, suscrita por todos los países de la Unión Europea, recoge

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claramente los principios de libertad, igualdad y no discriminación, algo que actualmente dista mucho de cumplirse en el caso de los «gays», las lesbianas y los transexuales y en general en el de todas aquellas personas que, desde el ejercicio de su derecho a expresar libremente su afectividad, su sexualidad, optan por apartarse del modelo heterosexual monógamo tradicional.
La Constitución, en su artículo 9.2, obliga a los poderes públicos a promover las condiciones necesarias para que la opción sexual de cada persona se pueda vivir en circunstancias de libertad e igualdad efectivas y reales. En el marco de este derecho y de otros recogidos en el mismo sentido, todo hombre y toda mujer, en el libre y legítimo ejercicio de su libertad, pueden constituir una comunidad de vida que dé lugar a la creación de una familia o de cualquier modelo de convivencia digno de la misma protección jurídica y social.
Las relaciones íntimas entre los seres humanos se articulan en este marco sobre la base de un modelo heterosexual, que consiste en diferenciar en comportamientos estancos dos tipos de sexualidad: la heterosexualidad y la homosexualidad-lesbianismo, declarando superior al primero y convirtiéndolo en norma universal y rechazando del cuerpo social al segundo, condenándolo a la marginalidad. Existe la discriminación objetiva, que se produce a nivel legal, laboral y social en comparación con las personas heterosexuales, y también hay discriminaciones subjetivas, que tienen consecuencias difícilmente cuantificables en la vida de los gays y lesbianas: sufrimiento interno, soledad, el costo humano individual, el no poder manifestarse libre y naturalmente como quieran, etcétera.
Todo ello es así, en este marco, con esta gran polémica que se ha producido, que es una situación real que hay que cambiar, porque a la realidad hay que reconocerla.
En el ordenamiento jurídico español no existe ninguna normativa que regule el cambio voluntario de sexo. En el año 1987 el Tribunal Supremo reconoció el derecho de un transexual a inscribirse legalmente con otro sexo y otro nombre distintos a los de su nacimiento, lo que creó jurisprudencia. Pero no había ni hay leyes que regulen la transexualidad.
Desde entonces ha habido otras sentencias, ha habido otras situaciones, se ha avanzado, la sociedad lo admite mucho más, y lógicamente hay que caminar en la dirección genérica que plantea esta proposición de ley. Por tanto, como no hay leyes que regulen la transexualidad, los jueces la aplican según su criterio.
En el tema que nos ocupa he de decir algo muy importante: creo que los poderes públicos deben asumirlo y, por tanto, lo que nos quede del Estado del Bienestar, en este caso la Seguridad Social debe de correr con los gastos, si es que sale adelante la propuesta presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
El día 3 de octubre de 1999 ya manifesté mi opinión; no voy a repetirla, porque figurará en el «Diario de Sesiones» de aquella fecha; creo que es conveniente profundizar mucho más en esa ley, y yo tengo preparadas algunas enmiendas para mejorar ese texto; espero que entre todos podamos hacer un buen texto legislativo.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Escasamente días después de haberse aprobado por asentimiento una moción del Grupo Parlamentario Popular, en diciembre del 2000, para impulsar las acciones necesarias que garantizasen el respeto a la propia identidad de sexo y su libre ejercicio, que causó cierta sorpresa en esta Cámara, el Grupo Parlamentario Socialista presentó una proposición de ley sobre el derecho a la identidad sexual de idéntico texto al de la moción que se había presentado, en la legislatura anterior, en noviembre de 1999, cuya toma en consideración fue aprobada por asentimiento, aunque no su contenido global y específico, pues decayó su tramitación al disolverse las Cortes Generales. Esta proposición de ley actual, repito, es idéntica a la de 1999.
Decía el pasado mes de diciembre que desde el año 1989 el Consejo de Europa y el Parlamento Europeo habían estimulado la posibilidad de que los Estados miembros resolvieran este derecho de identidad sexual jurídicamente. Ya lo habían hecho Alemania, Holanda, Italia y Suecia, pero España aún estaba en el camino. Ha habido sendas iniciativas, de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados y del PSOE en el Senado, el pasado otoño. Hay intentos de muchas Comunidades Autónomas, como las de Andalucía, Baleares y Cataluña; el propio Defensor del Pueblo ha intervenido en este tema.
Coalición Canaria va a apoyar la toma en consideración global de esta proposición de ley que regula los aspectos jurídicos de la transexualidad, advirtiendo que hay aspectos en el texto mejorables y, por tanto, profundizaremos en él y lo enmendaremos en el largo trámite que le espera, según la reglamentación vigente, del Congreso de los Diputados y del Senado, cuando las iniciativas comienzan por esta Cámara.
Enumeramos algunas cuestiones al menos discutibles, como por ejemplo el no regular y protocolizar las nuevas técnicas de las intervenciones quirúrgicas necesarias con la flexibilidad oportuna; o la cuestión de la condición de esterilidad previa, recogida en su artículo 3; o bien las garantías de todo tipo respecto de la identidad del sexo y su libre ejercicio.
Por consiguiente es necesaria la norma legal que reconozca definitivamente la transexualidad y regule sus complejos problemas, inherentes al pasado social, jurídico y moral de nuestra sociedad, y que no puedan, como hasta ahora, quedar bajo el simple arbitrio judicial del tribunal de turno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.


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Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Muchas gracias, señor Presidente.
Respecto de la cuestión de fondo, ya tuvimos oportunidad todos de manifestar el respeto que nos produce cualquier reivindicación en favor del derecho de toda persona, que es en definitiva a lo que se refiere la presente iniciativa. Daría por reproducidas mis palabras de aquel día.
También reproduciría sin problema la intervención de quienes me han precedido en el uso de la palabra, entre otras razones, porque mi grupo comparte su planteamiento; pero personalizándolo un tanto en la que es protagonista de esta iniciativa, la Senadora Almeida, sí diría que lo reproduciría sin problema ninguno porque esta portavoz no podría ni mejorar la justificación sobre la cuestión de fondo, a la que ella se ha referido, ni tampoco el tono vehemente, como siempre, que ha utilizado la proponente para defender la iniciativa legislativa que trae hoy a la consideración de este Pleno.
Así pues, entendemos oportuna, además de razonable, la toma en consideración de la proposición del Grupo Parlamentario Socialista sobre el derecho a la identidad sexual y de género, y así lo entendemos con independencia de ciertas reservas que nos producen determinados aspectos procedimentales a los que alude el texto de la proposición, más concretamente aquellos que persiguen la rectificación de lo que son datos registrales, reservas que son de todo punto ajenas a la cuestión de fondo y que solamente deben entenderse desde la evidente complejidad legal y administrativa que supone cualquier modificación de lo que llamamos realidad registral.
Sin embargo, en caso de que la presente toma en consideración llegue a buen puerto, como espero --en este caso miro a mis compañeros del Grupo Popular--, tendremos oportunidad de profundizar hasta llegar incluso a los matices en favor de la presente iniciativa, que cuenta, como ya he anunciado, con nuestro apoyo.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Etxegoyen.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Este debate se reproduce después de un año y medio. Aquel debate se produjo y hoy se han repetido los mismos argumentos, argumentos válidos, pero en el fondo, el argumento que más induce a nuestro Grupo a votar favorablemente esta proposición de ley es que va a permitir a determinadas personas poder ejercer un aspecto de la libertad individual que normalmente encuentra dificultades para poder ejercerse.
Ya se ha hablado y se han explicado las dificultades que existen en cuanto a las sentencias de diversos órganos judiciales y sobre la petición del Defensor del Pueblo para que exista una regulación sobre este tema.
Por eso, aceptamos esta tramitación. Esperemos que la misma provoque un debate sobre el ejercicio de la libertad y la búsqueda de la solución para estas personas que tienen dificultad en ejercer un aspecto de la libertad individual. Desde esta perspectiva, nos felicitamos de la iniciativa y esperamos --estamos convencidos-- de que llegará a buen puerto.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señor Presidente.
Es una iniciativa la presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que, como se ha repetido ya por parte de todos los portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, fue aprobada por unanimidad el pasado mes de octubre de 1999, en la pasada Legislatura, razón por la que nuestro Grupo Parlamentario también la va a apoyar en este acto.
Ya dijimos en su día y lo volvemos a repetir hoy que consideramos que es una buena iniciativa que demanda nuestra sociedad al Poder Legislativo a través de uno de los medios que tiene posibilidad de solicitarlo, cual es el medio judicial. Efectivamente, los tribunales, a través de diversas resoluciones judiciales en las que han tenido oportunidad de debatir a la presente cuestión y adelantándose, como en tantas otras ocasiones, al Poder Legislativo en temas de tanta sensibilidad social, han coincidido en que la transexualidad es un problema de nuestro tiempo que ha sido posible gracias a los avances de la cirugía estética y plástica y que dicha realidad comporta un fenómeno sociológico que el Derecho no puede ignorar y que obligaba a tomar posturas.
Es sumamente significativa la importante doctrina al respecto, incluso de nuestro Tribunal Supremo, cuando pone de manifiesto, con motivo de la resolución de una de tantas cuestiones que se le han planteado, que bajo la presión de los hechos, situaciones imprevistas por el legislador demandan una solución y que es justo convenir que la solución que se adopta debe ser jurídica, ya que la solución puramente biológica no puede aceptarse en tanto en cuanto no puede haber un cambio de sexo puesto que continúan inmutables los cromosomas masculinos.
Pero sí que existe, contemplado desde la morfología sexual artificial, consecuencia de la operación quirúrgica a que se han sometido, un cambio de sexo que debe ser admitido y reconocido, aunque sea desde la ficción legalmente admitida por nuestro Derecho, por cuanto el varón operado transexualmente no pasa de ser hembra, sino que se ha de tener por tal por haber dejado de ser varón por extirpación y supresión de los caracteres primarios, entiéndase órganos sexuales, y los secundarios, entiéndase estatura,

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color, pilosidad, mamas, voz, etcétera, y presentar unos órganos sexuales similares a los femeninos y caracterologías psíquica y emocional propias de este sexo.
Es cierto que hasta hoy en España no existe una legislación como en países limítrofes, por ejemplo, la holandesa, la italiana, la alemana, la sueca, y de ahí la necesidad social de su regulación en nuestro país.
Esta necesidad debe seguir el hilo conductor ya iniciado con la reforma del Código Penal, operada ya en 1983 y reproducido en el actual Código Penal vigente, en el artículo 156.
En la práctica judicial, como se ha dicho, se ha debatido la transexualidad como el resultado favorable al cambio de sexo, previa la correspondiente intervención quirúrgica y el tratamiento hormonal subsiguiente, siendo unánime su catalogación entre los derechos a la personalidad, y ello por cuanto toda persona tiene derecho a un sexo bien determinado por lo menos --dice la doctrina-- en lo que respecta a sus atributos psicológicos y características sexuales.
Ya se puso de manifiesto por parte de nuestro Grupo Parlamentario en la pasada legislatura, con ocasión del debate, la diversidad de resoluciones decaídas --lo ha dicho también la Senadora Almeida en este acto-- en los procedimientos entablados sobre la transexualidad, debatiendo supuestos y cuestiones no regulados, algunas de las cuales se hallan más o menos incardinadas precisamente en la proposición de le ley, cuya toma en consideración debatimos ahora.
Dijimos que el poder legislativo debía afrontar ya las situaciones surgidas como consecuencia de la transexualidad, regular sus aspectos jurídicos al objeto de evitar que este peso recaiga única y exclusivamente en base a las decisiones de los tribunales y de la jurisprudencia.
Por tanto, nuestro Grupo Parlamentario va a votar a favor la toma en consideración.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, la Senadora Almeida tiene la palabra.


La señora ALMEIDA CASTRO: Muchas gracias, señor Presidente.
Aunque es reiterativo usar este turno, porque no he oído todavía ninguna baza en contra y me parece que, afortunadamente --de eso me alegro--, no la vamos a escuchar en esta sesión, sí quiero decirle que he sido perfectamente consciente de que lo que aquí reproducíamos era un consenso.
En ese sentido sigo insistiendo que el Grupo Parlamentario Socialista ha puesto una ley para que se tome en consideración y para que sirva de punto de vista y de trabajo al resto de los Grupos para poder llegar a la solución de los problemas. Otros países de nuestro entorno ya lo tienen solucionado.
Nosotros tenemos ya suficientes antecedentes y hay trabajos realizados desde el Congreso de los Diputados --mociones presentadas por el Grupo de Izquierda Unida, preguntas formuladas por el propio Grupo Parlamentario Popular--, y el Consejo Interterritorial de Salud ya está trabajando precisamente para que se pueda tomar un acuerdo sobre esta situación en materia de salud pública.
Nosotros tenemos la obligación de hacer un proyecto de ley que permita también ejercer los derechos. Por eso agradezco a los Grupos que se han pronunciado y tengo la esperanza de que pueda agradecer colectivamente a los que se van a pronunciar.
Hoy es un gran día, por lo menos, para iniciar la protección de unos derechos minoritarios --repito--, pero bien sentidos por los colectivos que han luchado por ellos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora Almeida.
Por el Grupo Parlamentario Popular, la Senadora Mora tiene la palabra.


La señora MORA DEVIS: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, permítanme, en primer lugar, dar cuenta de lo último ocurrido respecto a la toma en consideración de la proposición que nos ocupa. Es un teletipo en el que dos personas, en su calidad de representantes de los diferentes colectivos de transexuales, afirman que están hartas de ser tratadas como si fueran unas proscritas.
Animo a estas personas a que piensen así y me uno a lo que ellas dicen.
Doy por reproducidas sus palabras y, además, con toda humildad añadiría que yo también estaría harta de ser objeto y sujeto de unas iniciativas que, por lo que sea, no han sido hasta la fecha tratadas con la suficiente amplitud, seriedad y rigor con que lo ha hecho el Grupo que represento. Pretendo que ésta sea una gran puesta en consideración para que realmente no sigamos hablando siempre de lo mismo --lo digo con el mayor de los respetos--, y vayamos adelantando. Creo que recojo la opinión de todos los grupos de esta Cámara. Lo que nos interesa es ya dejar de hablar de esto, puesto que ya debería de estar solucionado y no lo está.
Quiero también anunciar que nuestro Grupo va a votar favorablemente la proposición de ley presentada. Les recuerdo que el pasado 28 de noviembre esta Cámara aprobó por unanimidad una moción del Grupo Parlamentario Popular por la que se instaba al Gobierno a impulsar las acciones necesarias para garantizar el respeto a la propia identidad y al libre ejercicio de la sexualidad y que, entre estas medidas, se contemplaba además la salvaguarda por la Administración de los derechos a la identidad sexual.
Fruto de esta moción lo que procede es un texto legislativo que se encuentra en período de elaboración. Además, también quiero decir que ha sido el Grupo Parlamentario Socialista quien, a pesar de este procedimiento, ha creído conveniente dar entrada a una proposición de ley --está en su derecho-- y, por eso, estamos ahora en la toma en consideración que --como repito-- vamos a aceptar. Quisiera recordar que esa proposición de ley comparte los mismos objetivos que la que presentó el mismo Grupo el 25 de junio de 1999. Las dos proposiciones son idénticas a salvedad

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de una expresión: La primera decía que el transexual gozará de todos los derechos inherentes a su nueva condición y la actual dice que el transexual gozará de todos los derechos inherentes a su nuevo sexo legal; redacción que, por otra parte, es mucho más afortunada.
En segundo lugar, después de una somera lectura del texto, la primera impresión que da es que es reiterativamente improvisado y que no ha sido mejorado ni por el cambio de grupos parlamentarios que se han hecho cargo de la presentación de esta proposición ni por el número de veces que se ha presentado. Y paso a recordar: 10 de julio de 1998, proponente: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; 30 de octubre de 1998, proponente: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; 15 de febrero de 1999, proponente: Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida; 25 de junio de 1999, proponente: Grupo Parlamentario Socialista, y 20 de noviembre de 2000, proponente: Grupo Parlamentario Popular.
En virtud del debate que se suscitó con motivo de la presentación de junio de 1999, el Senador por el Grupo Parlamentario Popular, Esteban Albert, ya consideraba que, en su conjunto y a los efectos de toma en consideración, la proposición merecía para el Grupo una valoración positiva, aunque se entendía que su contenido era manifiestamente mejorable. Esto no hace más que recabar las manifestaciones de los diferentes grupos parlamentarios que aquí se han pronunciado. Todos ellos han coincidido en que el texto es manifiestamente mejorable.
Quiero incidir en esta expresión porque quiero dar un paso adelante y ver ya, aunque solamente sea a título de retazos, cuales son aquellos aspectos que, a nuestro entender, son manifiestamente mejorables. También quiero decir que echo en falta que después de tantas intentonas no se haya mejorado en la medida en que se haya podido ese texto que desde el año 1998 se está diciendo que es manifiestamente mejorable y a ello voy.
Consideramos que el texto adolece de dos clases de vicios: unos, de técnica jurídica; otros, de técnica legislativa. Existe un primer vicio de técnica jurídica porque considero que el texto es anticuado, y lo es porque la disposición adicional hace una referencia al artículo 484.2 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y agradezco que la Senadora Almeida me esté dando la razón. Lógicamente estamos hablando de un texto anticuado puesto que, como su señoría sabrá, el 7 de enero de este año, el artículo 482 del Código Civil se refiere al recurso de casación y a ninguna otra cosa más.
El segundo vicio en cuanto a técnica jurídica podemos avanzar que lo presenta el artículo 1 cuando mezcla dos categorías que son heterogéneas entre sí puesto que, junto a los derechos del transexual diagnosticado a adaptar su anatomía y a rectificar la mención registral de su sexo, se introduce una norma procesal sobre competencia que, o bien debía trasladarse a la disposición adicional o bien, en mejor lid, suprimirse en atención a la filosofía de la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil.
Un tercer aspecto de vicio en cuanto a la técnica jurídica respondería a la alusión de la constitución de una unidad de identidad de sexo dependiente de la Seguridad Social, encargada de diagnosticar la transexualidad, como allí se dice. Esto es más propio de una norma reglamentaria, pero es que, a mayor abundamiento, esa creación de unidad de identidad de género que se solicita supone la creación de un nuevo servicio, y esto se produciría en el ámbito de las prestaciones sanitarias del Sistema Nacional de Salud, y nunca podría depender de la Seguridad Social como en el texto se dice.
Un cuarto vicio en técnica jurídica sería el intrínsecamente contradictorio dentro del mismo artículo, puesto que se reconoce el derecho a rectificar la mención registral del sexo, pero no puede atribuirse este derecho más que a lo que dice el artículo 3 de su propia proposición a aquella persona que haya adquirido apariencia anatómica genital externa lo más próxima posible al sexo reclamado. No hago más que recordar el artículo 3 de su proposición de ley.
Un quinto aspecto sería en atención al artículo 2 de ese texto que, como recordará su señoría, refiere los requisitos subjetivos de capacidad y de mayoría de edad. Convendrá conmigo su señoría en que no son suficientes los requisitos dado que hay que distinguir lo que es capacidad jurídica de lo que es capacidad de obrar, y ahí se abriría el debate sobre el menor y el tutor que pudiera solicitar el cambio de sexo. Entendemos que va a ser difícil avanzar en esta línea puesto que va a contravenir los derechos del menor, la protección de la infancia, la seguridad y la coherencia jurídica, con lo cual ya anunciamos la postura del Grupo Parlamentario Popular: estamos más por la labor de proteger los derechos del menor frente a injerencias de terceros. Lógicamente, dado el transcurso de tiempo, es un tema que se resuelve, con lo cual no nos parece adecuado que esté regulado.
Podríamos entrar también en la consideración de los requisitos formales...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Mora, le ruego que concluya, por favor.


La señora MORA DEVIS: Termino enseguida, señor Presidente.
Podríamos entrar a valorar los requisitos formales. No tendríamos objeción ninguna salvo por la letra b) del articulado, que presenta una excepción que no se podría aceptar.
Nada tenemos que objetar respecto a los artículos 5 y 6, pero sí sobre la disposición adicional que ustedes presentan, pero, en aras de la brevedad procesal que me impone la Presidencia, doy por reproducidos mis argumentos en este momento.
En cuanto a los vicios de técnica legislativa, éstos se desprenden de las dudas que presenta el texto; dudas que no hacen más que crear un conflicto legislativo que dudo mucho que justificaran suficientemente el reproche que nos mereceríamos por parte de los ciudadanos por incorporar en el ordenamiento jurídico un texto de estas características.
Dicho esto, quiero entrar a razonar los motivos por los cuales vamos a apoyar el proyecto, y que son, en primer lugar,

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porque consideramos que las afirmaciones jurisprudenciales de las sentencias, como bien se ha dicho, en concreto la del 3 de marzo del año 1989, no son la «ratio decidendi» de las sentencias, con lo cual creemos que ahí tenemos una gran posibilidad de actuación. En segundo lugar, tenemos que tener en cuenta también --y esto quiero dejarlo muy claro ante sus señorías-- que la mayoría de los países europeos ha resuelto el problema de la transexualidad por medios jurisprudenciales. Es el caso de Bélgica, Bulgaria, Francia, Grecia, Luxemburgo, Polonia, Portugal, Rumania, Suiza y España. En tercer lugar, no podemos olvidar que el Derecho comunitario parte del Derecho jurisprudencial.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senadora Mora, ha concluido su tiempo más que de sobra. Le ruego que concluya.


La señora MORA DEVIS: Termino en estos momentos.
Entendemos que el colectivo requiere de un rigor legislativo al que tiene derecho, y para no ser objeto de idas y venidas una vez más en su problema es por lo que, no haciendo otra cosa más que ratificar la sensibilidad que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular acerca de este problema, y a pesar de todo lo que he esbozado brevemente, vamos a mantener el apoyo a esta iniciativa parlamentaria.
Nada más y muchas gracias, Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senadora Mora.
Finalizado el debate, ¿se puede aprobar la toma en consideración de esta proposición de ley por asentimiento de todos los grupos parlamentarios? (Pausa.) En consecuencia, queda aprobada la toma en consideración.


--MOCION DE LOS GRUPOS PARLAMENTARIOS POPULAR EN EL SENADO, SOCIALISTA, CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, ENTESA CATALANA DE PROGRES, DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, DE SENADORES DE COALICION CANARIA Y MIXTO, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE, EN COLABORACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, ASI COMO CON LOS DIVERSOS AYUNTAMIENTOS AFECTADOS, ADOPTE LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR EL FUERTE TEMPORAL QUE DESDE HACE DIAS AZOTA NUESTRO PAIS (662/000101).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pasamos al último punto del orden del día, de acuerdo con la modificación que se aprobó con anterioridad, que es la moción de los Grupos Parlamentarios Popular en el Senado, Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Entesa Catalana de Progrés, de Senadores Nacionalistas Vascos, de Senadores de Coalición Canaria y Mixto, por la que se insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como con los diversos ayuntamientos afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal que desde hace días azota nuestro país.
En turno de portavoces, de acuerdo con los precedentes existentes en la Cámara, por tiempo de cinco minutos y de menor a mayor, tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo únicamente para manifestar, como no podía ser de otra manera, nuestro apoyo a la moción, máxime desde mi perspectiva, la perspectiva de Galicia, que hace bien poco, e incluso en estos días, sigue padeciendo un temporal que parece no acabar nunca.
Nuestros mejores deseos para que la resolución que se propone en la moción sirva para que el Gobierno articule de verdad las medidas necesarias para la reparación de los daños causados.
Muchas gracias, Senador Quintana.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, el Senador Ríos tiene la palabra.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Aunque hay costumbre de que se intervenga de menor a mayor, yo pregunté si podía ser de mayor a menor porque si quisiéramos pisaríamos las posibilidades a los grupos mayoritarios que tienen pleno derecho, en este supuesto, a intervenir con plena libertad.
En todo caso, sólo voy a leer la primera frase de la moción que dice: El fuerte temporal de lluvia y viento que ha azotado gran parte... Le doy la enhorabuena a los señores senadores por sus grandes reflejos, porque no ha azotado gran parte, sino que está azotando gran parte.
Por lo tanto, quisiera que esto sirviera de precedente en esta Cámara y siempre tuviéramos los mismos buenos reflejos.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señor Presidente.
Manifiesto, como es obvio, nuestro apoyo a esta moción, y quiero hacerlo desde la tristeza que supone haber tenido que apoyar varias mociones de este tipo en los últimos tiempos. Quiero hacer mías las palabras del Senador Quintana en lo que se refiere al apoyo unánime que seguramente tendrá esta moción, como lo han tenido las anteriores, por el hecho de que ésta sirva para agilizar cualquier tramitación que ayude a paliar los daños que hayan podido sufrir las Comunidades afectadas.


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Nada más.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Etxegoyen.
Por el Grupo de Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el Senador Molas.


El señor MOLAS I BATLLORI: Quiero manifestar simplemente nuestro apoyo, lo que resulta evidente al haber sido nosotros también firmantes de esta moción.
Quiero aprovechar esta intervención para enviar la solidaridad de nuestro Grupo Parlamentario, y creo que claramente también puedo decir que de todos los catalanes y de todos los ciudadanos de España, para con los damnificados y todas aquellas personas que han sido víctimas directas o indirectas, en ellas mismas o en sus propiedades, por los efectos de las lluvias de estos días.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Molas.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señor Presidente.
También nuestro Grupo se suma al contenido de esta moción, al igual que hace ocho meses desde los grupos catalanes promovimos una moción para paliar los efectos de las inundaciones que se habían producido en Cataluña. Más tarde también se aprobó por todos los grupos una moción similar en los momentos en que la desgracia se había extendido al área mediterránea, a Tarragona, Castellón y Valencia principalmente, y ahora la desgracia en forma de inundaciones se está cebando en Castilla y León.
Por tanto, nuestro Grupo, como en anteriores ocasiones, se suma a esta moción y espera que de la acción conjunta del Gobierno central, de los gobiernos autonómicos y de los ayuntamientos puedan paliarse en la mayor medida posible los daños que se están originando.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar quiero agradecer las respuestas solidarias de los portavoces que me han antecedido en el uso de la palabra al haber firmado también esta moción que creemos contribuye a que desde el Senado de España se inste a una acción eficaz de las administraciones públicas en relación con las inundaciones que están azotando, como bien decía el Senador Ríos, las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid, León y Zamora hasta la fecha, porque es posible que a estas horas ya haya alguna otra de mi Comunidad Autónoma también afectada.
La catástrofe es francamente creciente por momentos. Se han cortado carreteras; se ha interrumpido la línea ferroviaria aunque afortunadamente se ha restablecido; las inundaciones han llegado a algunos barrios de ciudades como Valladolid y Zamora, donde hacía muchas decenas de años que no soportaban inundaciones. Hay interrupciones de clases escolares, cortes de suministro eléctrico y desabastecimiento de agua potable.
Y a todo esto hay que añadir una situación de la agricultura y de la ganadería castellana y leonesa tremendamente desfavorable. En estos momentos está por recoger el 70 por ciento del maíz sembrado en mi Comunidad Autónoma, pero en buena parte no va a poder ser recogido. El 18 por ciento de la remolacha tampoco va a llegar a las fábricas, y el 50 por ciento de la siembra de cereal en muchas comarcas de la Comunidad no va a poder realizarse, en una situación en la que, además, no es posible buscar alternativas como el barbecho o el cultivo de girasol porque ya estamos en los topes que nos permite la normativa comunitaria.
Pero al mismo tiempo que hay que reflejar la magnitud de la situación y agradecer el pronunciamiento solidario de la Cámara, hay que poner de manifiesto dos hechos realmente importantes sobre los que conviene que sus señorías reflexionen para que desde el Senado de España demos alguna solución a este tipo de problemas. En primer lugar hay que decir que, por desgracia, ésta es una inundación anunciada. Desde finales del mes de enero en buena parte de las comarcas de mi Comunidad Autónoma se sabía que las recargas de los acuíferos, el encharcamiento de la superficie, la incapacidad de impregnación que tenía el terreno, lo que los técnicos llaman asfixia radicular, y el hecho de que lógicamente cualquier gota de agua que cayera en la tierra iba a escurrir hacia los ríos, hacía temer que se pudiera plantear una situación de esta naturaleza.
Aquí entramos en un debate que ya es antiguo sobre cuánto deben embalsar y cuánta agua deben contener los embalses, porque entran en conflicto dos realidades que son, igualmente, preponderantes. En primer lugar, la realidad de las empresas hidroeléctricas, que necesitan que los embalses tengan mucha agua para que funcionen mejor las turbinas y se produzca más energía eléctrica. En segundo lugar, la realidad de que los embalses deben estar en parte vacíos para poder laminar las avenidas y frenar el desbordamiento de los ríos.
En esta ocasión la Confederación Hidrográfica del Duero optó a finales de enero por mantener los embalses llenos, y los embalses de Castilla y León están hoy en día desbordados y, por desgracia, no tienen ninguna capacidad de laminar el agua que del cielo sigue cayendo. Y esto sucede en una tierra que muchas veces soporta inundaciones, pero también sequías.
Probablemente, en los próximos meses tengamos que abordar este tema en esta Cámara. Cuando conozcamos todos los datos técnicos de la actual situación, deberemos valorar si no es razonable que, de la misma manera que existe un caudal ecológico en los ríos, también exista una especie de vacío ecológico en los embalses, de forma que situaciones como la que hoy está viviendo mi Comunidad Autónoma no se planteen en un futuro al no permitir que la capacidad

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de embalse de agua se haga en función únicamente de las necesidades de producción de energía eléctrica. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) En segundo lugar, he de decir que es especialmente importante que sea el Senado de España el que emita hoy esta declaración, porque también fue en esta Cámara donde en la última reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León las fuerzas políticas que impulsamos dicho Estatuto llegamos a un acuerdo por el cual se reconoce a la Comunidad Autónoma de Castilla y León la gestión compartida de la Confederación Hidrográfica del Duero, a través de un convenio de gestión con el Estado, para permitir que la gestión de la política de aguas en Castilla y León se integre dentro de la gestión de la política medioambiental de la Comunidad Autónoma.
Actualmente, este acuerdo está pendiente de desarrollo, pero esperemos que en el futuro, como no hay mal que por bien no venga, estas inundaciones nos permitan que en los próximos años la política de aguas en Castilla y León sea más eficaz y que se impulse rápidamente el desarrollo del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. De esta manera la Comunidad podrá gestionar su política de aguas con mayor eficacia y con carácter preventivo de futuros desastres naturales.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Granado.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Bahamonde.


El señor BAHAMONDE SALAZAR: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoras y señores Senadores, mis primeras palabras van dirigidas a agradecer la sensibilidad expresada por todos los grupos parlamentarios representados en esta Cámara para que esta moción pueda ser debatida y aprobada por el Pleno del Senado.
Como saben, el fuerte temporal de lluvia y viento que está azotando a gran parte de la Península Ibérica tiene en Castilla y León consecuencias catastróficas, de forma que la mayor parte de sus provincias se han visto afectadas en diferente grado. Puentes y carreteras cortadas, familias desalojadas de sus viviendas, municipios sin agua potable, niños evacuados de los colegios, un importante número de ciudadanos sin suministro eléctrico por las inundaciones registradas en centros de transformación, cuantiosos daños en los cultivos de maíz, remolacha y cereales y otros desperfectos en caminos rurales, carreteras, naves ganaderas y estaciones de riesgo son parte de las consecuencias de este temporal.
Señorías, hace más de cuatro décadas que no se conocía una situación tan devastadora en Castilla y León. En las últimas horas la zona más afectada por la lluvia, el viento y el deshielo ha sido precisamente esta Comunidad, provocando la saturación de embalses, que han recibido más de 140 millones de metros cúbicos en los últimos tres días. Ello ha obligado a abrir las compuertas, con lo que seguirá llegando agua a los saturados caudales del Duero y sus afluentes, entre otros al Pisuerga, Cega, Carrión, y Valderaduey a su paso por las provincias de Burgos, Palencia, Valladolid y Zamora, entre otros puntos de Castilla y León. A esto, naturalmente, hay que añadir la abundante cantidad de agua acumulada en las tierras de la región en la presente campaña que ha favorecido los encharcamientos y la asfixia del terreno.
Señorías, estas crecidas han provocado, como ilustración, que el caudal del Duero en el día de hoy se elevara a 1.830 metros cúbicos por segundo a su paso por Zamora, mientras que en Tordesillas llevaba 2.512 metros cúbicos por segundo, y en Toro, 2.539 metros cúbicos por segundo, caudal muy superior a lo normal, llegando a límites alarmantes para los habitantes de estas localidades.
Señora Presidenta, señorías, ante la magnitud del temporal, los grupos parlamentarios de esta Cámara presentan la siguiente moción: El Senado insta al Gobierno a que, en colaboración con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, así como con los diversos ayuntamientos afectados, adopte las medidas necesarias para reparar los daños producidos por el fuerte temporal que desde hace días azota nuestro país.
Gracias una vez más y mi esperanza en que todas las administraciones concurran pronta y solidariamente al remedio de la situación.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bahamonde.
¿Se puede aprobar la moción que leí anteriormente por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba por unanimidad.
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y veinte minutos.

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