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DS. Senado, Pleno, núm. 40, de 04/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 40

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 4 de abril de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las normas en las que se ha basado el Gobierno para constatar que la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., ha reunido los requisitos exigidos para obtener permisos de investigación frente a las costas del archipiélago canario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000299).


--De D. FIDEL MESA CIRIZA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de llegar a un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo del plan de viabilidad acordado con los sindicatos, en la empresa Santana Motor, S.A., de Linares (Jaén) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000308).


--De D. CARLOS DANIEL MURRIA CLIMENT, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las consecuencias que se pueden extraer de la experiencia del mercado eléctrico californiano para el sector eléctrico español, en concreto para el nuevo modelo tarifario (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000315).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para acelerar la presencia judicial en los levantamientos de cadáveres (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000280).


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--De Dña. MARIA JESUS BONILLA DOMINGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la integración de los cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio efectuada a finales del año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000312).


--De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para solucionar la actual crisis en los centros de salud de la Comunidad de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000306).


--De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para solucionar el problema social y económico que causaría el cierre de la empresa Delphi, en la localidad de Olvega (Soria) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000307).


--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno los criterios seguidos por la Junta de Castilla y León para contribuir al pago de parte de la deuda por indemnización que la empresa Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., mantiene con sus trabajadores (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000309).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista para proceder al pago de las compensaciones económicas a los agricultores de la zona de Andújar (Jaén), para resarcirles de las pérdidas ocasionadas por las inundaciones provocadas por la colmatación de lodos de la presa de Marmolejo, en las campañas de los años 1997, 1998 y 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000301).


--De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la negociación con la Comunidad Autónoma de Canarias de la transferencia de competencias en materia de transporte interinsular aéreo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000300).


--De D. CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los traspasos y negociaciones realizados con las Comunidades Autónomas en este primer año de Legislatura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000313).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para la actualización de la legislación estatal en materia de protección del medio ambiente atmosférico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000303).


--De D. FERNANDO MARTIN MINGUIJON, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para licitar las obras del embalse de Lechago (Teruel), que permiten la regularización del río Jiloca (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000314).


--De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las garantías que da el Gobierno a los usuarios de servicios públicos de telefonía gestionados por empresas privadas, para su defensa contra los abusos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000305).


--De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para compensar a los municipios de la pérdida de ingresos que les supondrá la prometida supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000304).


--De D. PEDRO SOTO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el desarrollo de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a la declaración del año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000310).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a variar la composición del Consejo Permanente de la Comisión Nacional

Página 2237


de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000298).


--De D. CLEMENTE SANZ BLANCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de las obras de la presa de Valseco, destinada al abastecimiento de agua a la localidad de Cerezo de Abajo (Segovia) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000311).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la adopción de medidas sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para evitar su incorrecta utilización (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 670/000059).


--De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene pensado promover el Gobierno para mejorar la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 174, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente 670/000060).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre Proyectos y Proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 20, de fecha 2 de abril de 2001) (Número de expediente C. D. 121/000019) (Número de expediente S. 621/000020).


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 17, de fecha 30 de marzo de 2001) (Número de expediente C. D. 121/000015) (Número de expediente S. 621/000017).


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 18, de fecha 30 de marzo de 2001) (Número de expediente C. D. 121/000020) (Número de expediente S. 621/000018). SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 2241)

De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las normas en las que se ha basado el Gobierno para constatar que la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S.A., ha reunido los requisitos exigidos para obtener permisos de investigación frente a las costas del archipiélago canario (Página 2241)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


Página 2238


De D. FIDEL MESA CIRIZA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de llegar a un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía, para el desarrollo del plan de viabilidad acordado con los sindicatos, en la empresa Santana Motor, S.A., de Linares (Jaén) (Página 2243)

El señor Mesa Ciriza formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Mesa Ciriza. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. CARLOS DANIEL MURRIA CLIMENT, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las consecuencias que se pueden extraer de la experiencia del mercado eléctrico californiano para el sector eléctrico español, en concreto para el nuevo modelo tarifario (Página 2244)

El señor Murria Climent formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para acelerar la presencia judicial en los levantamientos de cadáveres (Página 2245)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).


De Dña. MARIA JESUS BONILLA DOMINGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la integración de los cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio efectuada a finales del año 2000 (Página 2246)

La señora Bonilla Domínguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).


De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para solucionar la actual crisis en los centros de salud de la Comunidad de Madrid (Página 2247)

El señor Sabando Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabando Suárez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. FELIX LAVILLA MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para solucionar el problema social y económico que causaría el cierre de la empresa Delphi, en la localidad de Olvega (Soria) (Página 2249)

El señor Lavilla Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lavilla Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno los criterios seguidos por la Junta de Castilla y León para contribuir al pago de parte de la deuda por indemnización que la empresa Azucarera Ebro Agrícolas, S.A., mantiene con sus trabajadores (Página 2250)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán.
En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista para proceder al pago de las compensaciones económicas a los agricultores de la zona de Andújar (Jaén), para resarcirles de las pérdidas ocasionadas por las inundaciones provocadas por la colmatación de lodos de la presa de Marmolejo, en las campañas de los años 1997, 1998 y 2001 (Página 2251)

Página 2239


El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De Dña. CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la negociación con la Comunidad Autónoma de Canarias de la transferencia de competencias en materia de transporte interinsular aéreo (Página 2253)

La señora Morales Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De D. CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los traspasos y negociaciones realizados con las Comunidades Autónomas en este primer año de Legislatura (Página 2254)

El señor Escobar de las Heras formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para la actualización de la legislación estatal en materia de protección del medio ambiente atmosférico (Página 2255)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. FERNANDO MARTIN MINGUIJON, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para licitar las obras del embalse de Lechago (Teruel), que permiten la regularización del río Jiloca (Página 2257)

El señor Martín Minguijón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las garantías que da el Gobierno a los usuarios de servicios públicos de telefonía gestionados por empresas privadas, para su defensa contra los abusos (Página 2257)

La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. MANUEL ARJONA SANTANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para compensar a los municipios de la pérdida de ingresos que les supondrá la prometida supresión del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) (Página 2259)

El señor Arjona Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arjona Santana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. PEDRO SOTO GARCIA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el desarrollo de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente a la declaración del año 2000 (Página 2260)

El señor Soto García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a variar la composición del Consejo Permanente de la Comisión Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (Página 2261)

Página 2240


El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. CLEMENTE SANZ BLANCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de las obras de la presa de Valseco, destinada al abastecimiento de agua a la localidad de Cerezo de Abajo (Segovia).

Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 2262)

De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la adopción de medidas sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para evitar su incorrecta utilización (Página 2262)

El señor Cámara Fernández realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Xuclà i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Ruiz Rivero, por el Grupo Popular. El señor Cámara Fernández interviene de nuevo en virtud del artículo 87. Asimismo lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Bonet i Revés y Socías Puig. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps)

De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene pensado promover el Gobierno para mejorar la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio (Página 2273)

El señor Granado Martínez realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Sánchez Sánchez-Seco, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2284)

De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental (procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2284)

El señor Bernáldez Rodríguez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad.


Comienza el debate del articulado.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 6 a 11. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 5. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 31 a 34, 36 y 37, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. Los señores Ganyet Solé y Sanz Carramiñana defienden las enmiendas números 13 a 30, de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, así como la que propugna la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo Popular, salvo en lo que concierne a la número 41. La señora España Moya consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ganyet Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Sanz Carramiñana, por el Grupo Socialista, y Fernández López, por el Grupo Popular. La señora España Moya y el señor Gatzagaetxebarría Bastida intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 5, del Grupo Mixto, por 61 votos a favor, 122 en contra y 11 abstenciones.


Página 2241


Se rechazan las enmiendas números 6 a 11, del Grupo Mixto, por 65 votos a favor, 124 en contra y 5 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 31, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 73 votos a favor, 119 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 32 a 34, 36 y 37, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 69 votos a favor, 121 en contra y 4 abstenciones.


Se rechaza la enmienda de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, así como la que propugna la vuela al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas del Grupo Popular, salvo en lo que concierne a la número 41, por 60 votos a favor, 123 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 13 a 30, de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, por 60 votos a favor, 124 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueban los artículos 4.2 y 5 del dictamen por 128 votos a favor, 62 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 135 votos a favor, 57 en contra y 2 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 15.560.625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S.A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios (Página 2297)

Se inicia el debate de la propuesta de veto, de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, que defiende el señor Socías Puig. El señor Villanova Rueda consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Socías Puig, por el Grupo Socialista. Los señores Villanova Rueda y Socías Puig intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la propuesta de veto de los Grupos Entesa Catalana de Progrés y Socialista, por 56 votos a favor, 125 en contra y 5 abstenciones.
Se aprueba el texto del dictamen por 127 votos a favor y 56 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de 4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos (Página 2301)

No se produce debate.


Se aprueba el dictamen por asentimiento de la Cámara.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las dieciséis horas y cinco minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS NORMAS EN QUE SE HA BASADO EL GOBIERNO PARA CONSTATAR QUE LA COMPAÑIA REPSOL INVESTIGACIONES PETROLIFERAS, S. A., HA REUNIDO LOS REQUISITOS EXIGIDOS PARA OBTENER PERMISOS DE INVESTIGACION FRENTE A LAS COSTAS DEL ARCHIPIELAGO CANARIO (680/000299).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, sobre las normas en las que se ha basado el Gobierno para constatar que la compañía Repsol Investigaciones Petrolíferas, S. A., ha reunido los requisitos exigidos para obtener permisos de investigación frente a las costas del archipiélago canario.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


Página 2242


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, buenos días.
El pasado día 20 de febrero el «Boletín Oficial del Estado» publicó una resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas referente a la solicitud de nueve permisos de investigación de hidrocarburos denominados «Canarias 1 a 9» situados en el Océano Atlántico frente a las costas del archipiélago de Canarias formulada por la companía Repsol Investigaciones Petrolíferas, Sociedad Anónima. En ella se indica textualmente, entre otras cuestiones, que «se hace pública a los únicos efectos de lo señalado en el artículo 17 de la ley 34/1998 de 7 de octubre». El citado artículo 17.1 se refiere a que el órgano competente citado, la Dirección General de Política Energética y Minas, ha comprobado que el solicitante reúne los requisitos exigidos en el Título II de la citada Ley para realizar la publicación, basándose también en el artículo 32 de este mismo Título que trata de las actividades en el subsuelo marino.
Para constatar que la compañía Repsol ha reunido los requisitos exigidos en la ubicación de los permisos frente a las costas del archipiélago canario, le pregunto al señor Ministro lo siguiente: ¿Cuál es la normativa legal en que se ha basado el Gobierno? ¿En la de aguas interiores, en la del mar territorial, en la de la plataforma continental, en la de la zona económica exclusiva o en la de la mediana con el continente africano? Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Senador.
Como sabe su señoría, la tramitación de los permisos de investigación de hidrocarburos, Canarias 1 a 9, situados en el océano Atlántico frente a las costas del archipiélago canario, se realizan, como no podía ser de otra manera, conforme a la normativa que regula la exploración, investigación y explotación de los yacimientos de hidrocarburos, que están regulados por la Ley del sector de hidrocarburos del año 1998 y por el Reglamento sobre investigación y explotación de hidrocarburos, que fue aprobado en un Real Decreto del año 1976.
De acuerdo con la normativa anteriormente citada, el permiso de investigación se solicita al Ministerio de Economía y se deben acreditar --como es natural-- las capacidades legales, técnicas y económico-financieras de quien lo solicita, la superficie del permiso a la que va a afectar, el proyecto de investigación y el resguardo acreditativo de haber ingresado las garantías exigidas. Para dotar a este procedimiento de la mayor transparencia la propia Ley exige la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» de los datos técnicos de la solicitud, y por ello el pasado 20 de febrero del presente año se publicó en el «Boletín Oficial del Estado» la Resolución de la Dirección General de Política Energética y Minas en la que se daba publicidad a esta solicitud de la compañía que usted ha mencionado de los nueve permisos de investigación que he citado. El objeto de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» es abrir un plazo de dos meses para que puedan presentarse ofertas en competencia o para que puedan formular su oposición quienes consideren que el permiso solicitado invade otros permisos de investigación o alguna concesión de explotación de hidrocarburos vigente o en tramitación. En el momento actual aún no ha concluido el citado plazo de dos meses --cosa que ocurrirá el 20 de este mismo mes de abril--, por lo que no puede afirmarse a esta fecha que el Gobierno haya concedido ningún tipo de autorización a estos nueve permisos de investigación. El procedimiento finalizará, por tanto, cuando el Gobierno dé esa autorización o la deniegue.
Si lo que le preocupa a su señoría son los problemas medioambientales que esta investigación pudiera provocar, debe tener en cuenta que la normativa a la que he estado aludiendo en mi contestación contempla expresamente el respeto a los temas medioambientales y a las necesidades medioambientales. Así, en la solicitud de permiso deben figurar las medidas de protección del medio ambiente que se van a adoptar y, por su parte, en la resolución de otorgamiento del permiso se fijarán los trabajos mínimos que deberán realizar los adjudicatarios de los permisos, incluidas las labores de protección medioambiental en el momento de su extinción. Por lo tanto, creo que cuando el Gobierno tome su decisión, antes o en el 20 de abril, ésta contendrá las especificaciones necesarias para que haya todo tipo de garantías desde el punto de vista medioambiental.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro. Yo le agradezco la información que ha dado, pero quiero hacer dos puntualizaciones. Una, recordar que enfrente hay una zona eminentemente turística, con una gran extensión de playa que puede verse afectada por problemas ecológicos. Por tanto, debe cuidarse esa circunstancia y esa situación.
En segundo lugar, está la problemática de la información al Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias, que aunque no sea preceptiva, ni mucho menos vinculante, se podría hacer antes de tomar una decisión definitiva.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Señor Ministro, tiene la palabra por 20 segundos.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.


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Tomo buena nota de las preocupaciones que ha añadido su señoría y el Gobierno actuará con la máxima transparencia en esta cuestión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON FIDEL MESA CIRIZA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI TIENE INTENCION EL GOBIERNO DE LLEGAR A UN ACUERDO DE COLABORACION CON LA JUNTA DE ANDALUCIA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE VIABILIDAD ACORDADO POR LOS SINDICATOS EN LA EMPRESA SANTANA MOTOR, S. A., DE LINARES (JAEN) (680/000308).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del Excelentísimo señor don Fidel Mesa Ciriza, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si tiene intención el Gobierno de llegar a un acuerdo de colaboración con la Junta de Andalucía para el desarrollo del plan de viabilidad acordado con los sindicatos en la empresa Santana Motor, S. A., de Linares (Jaén).
Tiene la palabra el Senador Mesa Ciriza.


El señor MESA CIRIZA: Gracias, señora Presidenta.
El plan de acción de Santana, firmado entre la Junta de Andalucía y el comité de empresa y ratificado --creo que es muy importante destacarlo-- por unanimidad de toda la plantilla en una asamblea posterior, tiene como objetivo continuar apostando por el proyecto industrial de Linares y su comarca, mantener tanto la renta de los trabajadores como el empleo neto y, además, crear las condiciones para que crezca el empleo en esta comarca.
Para garantizar y hacer posible la aplicación de este plan es necesaria la implicación del Gobierno, es necesaria la participación del Gobierno central tanto en el plan social como en el plan industrial. Por eso es por lo que le formulo la pregunta al Gobierno, para saber cuál es su intención, cuál es su disposición y hasta dónde se ha llegado --si se están manteniendo reuniones, si se están manteniendo conversaciones--, y ver si podemos dar un avance de que se van a conseguir los objetivos y, por tanto, que se va a garantizar el futuro de la comarca.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, el Consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico de la Junta de Andalucía se dirigió al Gobierno el pasado mes de febrero para solicitar su colaboración en relación con la empresa Santana Motor, S. A.
En ese escrito se pone de manifiesto que la crisis que atraviesa la empresa como consecuencia de los problemas estructurales, agravados por la evolución de las monedas internacionales, en especial del yen, pone en peligro la supervivencia de la misma. En dicho escrito se informa que el pasado 27 de noviembre se aprobó un plan de acción para Santana cuya puesta en práctica requiere importantes recursos financieros, así como apoyos comerciales.
Además, el Gobierno ha tenido conocimiento de que el 5 de febrero de este mismo año se firmó un acuerdo entre el comité de empresa y la Junta de Andalucía sobre el futuro de los trabajadores de la empresa; en él se contempla un plan de prejubilaciones para trabajadores a partir de 50 años y un baremo de indemnización para posibles bajas de trabajadores menores de 50 años.
El acuerdo adoptado implica a la Administración del Estado, ya que requiere de su ayuda para la financiación, y, sin embargo, no se comunica previamente este plan. Por lo tanto, señoría, en estos momentos el Gobierno está analizando la solicitud formulada por la Junta de Andalucía, que es la responsable directa de Santana Motor, puesto que es su propietaria, por lo que todavía no puedo darle una contestación definitiva a su señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Mesa Ciriza.


El señor MESA CIRIZA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo, entiendo que nosotros solicitemos más información y que el Gobierno Central necesite recabar aún más antes de pronunciarse.
Me hubiera gustado que en este salón de Plenos usted, a falta de darnos un avance de sus conclusiones, nos hubiese manifestado su intención de colaborar. Creo que es importante e imprescindible la colaboración del Gobierno Central, que no puede mirar hacia otro lado en un tema tan importante como es garantizar el futuro de una comarca.
En ese sentido, le recuerdo que cuando gobernaba el Partido Socialista se hizo un plan de prejubilaciones que contó con la colaboración del entonces Gobierno Central, que afrontó el 50 por ciento del coste de las prejubilaciones. Por eso, cuando los responsables del Partido Popular en la Comunidad Autónoma andaluza y a nivel provincial buscaban una excusa para mirar hacia otro lado, siempre les recordaba sus palabras en este salón de Plenos cuando, con motivo de una pregunta sobre Santana, dijo que no era responsabilidad del Gobierno de la nación en este momento.
Es lógico, como usted a dicho, que una empresa cuyas acciones son propiedad de la Junta de Andalucía llegue a un acuerdo con los trabajadores. Ahora es el momento, señor Vicepresidente, de que el Gobierno Central diga algo, no sólo en cuanto a las prejubilaciones, sino también respecto al futuro de la empresa, que pasa por la fabricación del PC-10, que, como usted bien sabe, tiene alguna relación

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con la adquisición por parte del Gobierno de vehículos para el Ejército y la Guardia Civil.
Por eso, me gustaría que en su segunda intervención diera esperanzas y algún aliento para que una comarca que está esperando una respuesta del Gobierno Central vea su apoyo en esa apuesta decidida de la Junta de Andalucía por los trabajadores. Es más, le recuerdo que una de las cuestiones que se ponen encima de la mesa es la pérdida de empleo, las prejubilaciones.
Ya manifestaron en este salón de Plenos, con motivo de otra pregunta sobre INESPAL, su opinión sobre las prejubilaciones, pero también hay que recordar que la mayoría de las empresas que pasan por planes de viabilidad conllevan prejubilaciones. Y en muchas ocasiones también afectan a aquellas empresas públicas propiedad de SEPI que son privatizadas, y entonces sí colabora el Gobierno Central. Hay muchos ejemplos, pero sólo voy a citar uno, el de una empresa que está frente a frente con Santana Motor: INESPAL o Compresión Aluminios, que también ha sufrido prejubilaciones; concretamente, de 68 trabajadores ustedes han aprobado 23 prejubilaciones. Hagan el cálculo y verán que su justificación sobre la pérdida de empleo no es razonable.
Por lo tanto, quiero que aproveche esta oportunidad para darnos un compromiso.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Mesa.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría. Tenga por seguro que en el caso de Santana Motor el Gobierno actuará como en cualquier otro, es decir tratando de solucionar los problemas aunque no sea el responsable de los mismos, y quiero subrayar esto último. Sería bueno que, además de plantear este tipo de cuestiones, se hiciera algún análisis sobre la responsabilidad de los que dirigen esas empresas, porque son muchas las empresas del sector de la automoción que tienen trabajadores españoles y que, por tanto, compiten con esa empresa.
Por otro lado, es sorprendente que se plantee un plan en el que tiene que colaborar el Gobierno de la nación y que no se le informe previamente.
Parece, incluso, que se pretende crear una crisis política donde no la hay, y la confusión del debate político cuando se buscan posibles soluciones, sea en el sector de la pesca, en el de los astilleros o en el de Santana Motor, nunca ha dado buenos resultados.
En cualquier caso, el Gobierno de la nación está demostrando su capacidad de separar las cuestiones políticas de las institucionales y sería bueno que todas las administraciones hicieran lo mismo. Quiero recordar también que el Estado español está colaborando activamente en la defensa de los intereses de la Junta de Andalucía y de Santana Motor ante las autoridades europeas, que están condicionando seriamente las decisiones de la Junta de Andalucía y que tampoco han sido comunicadas con suficiente antelación al Gobierno.
En el año 1994, el ICO aprobó un crédito de 6.800 millones de pesetas que sólo está obligado a su amortización con los beneficios de la empresa.
Por lo tanto, el Estado ha participado de manera activa e importante en las soluciones que la Junta de Andalucía le ha ido planteando y que, por desgracia, no han dado los resultados que ésta nos había dicho que iban a dar.
Al mismo tiempo, la empresa ha presentado en julio de 1998 un expediente de incentivos regionales que está, en este momento, pendiente del visto bueno de las autoridades europeas, porque quiero recordar a su señoría que las ayudas sobre el sector del automóvil están muy reguladas.
En consecuencia, no le quepa a su señoría ninguna duda de que el Gobierno del Partido Popular va a actuar con toda diligencia en esta cuestión y que espera que no haya confusiones políticas en este tema. Además, el hecho de pedir las cosas sin antes haberlas negociado no es el mejor camino para dar diligencia a las cuestiones. Nosotros actuaremos en función de los intereses de los trabajadores, de los de la comarca y no de los intereses políticos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON CARLOS DANIEL MURRIA CLIMENT, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CONSECUENCIAS QUE SE PUEDEN EXTRAER DE LA EXPERIENCIA DEL MERCADO ELECTRICO CALIFORNIANO PARA EL SECTOR ELECTRICO ESPAÑOL, EN CONCRETO PARA EL NUEVO MODELO TARIFARIO (680/000315).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Carlos Daniel Murria Climent, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las consecuencias que se pueden extraer de la experiencia del mercado eléctrico californiano para el sector eléctrico español y, en concreto, para el nuevo modelo tarifario.
Tiene la palabra el Senador Murria Climent.


El señor MURRIA CLIMENT: Buenos días, señora Presidenta.
Señor Ministro, ante las dudas que se suscitan en el mercado eléctrico por los resultados obtenidos por la aplicación de algunos modelos tarifarios y, en particular, el denominado californiano, ¿qué consecuencias se pueden extraer de la experiencia del mercado eléctrico californiano para el sector eléctrico español y, en concreto, para nuestro modelo tarifario?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente se ha producido en este momento un debate sobre los problemas eléctricos en California de los que se pueden extraer importantes consecuencias para la regulación y la liberalización en el sector eléctrico.
En primer lugar, quiero decir que existen profundas diferencias entre la situación de California y la de la mayor parte de los países europeos --desde luego, con España-- y que, por lo tanto, en España no existe el menor riesgo de una situación similar en este momento.
¿Cuál es la razón de esa afirmación? En el caso de California lo que se ha producido, a grandes rasgos, es un claro desajuste entre la demanda y la oferta, como consecuencia del endurecimiento de las condiciones para la construcción de nuevas instalaciones y, también, de unos precios regulados que no recogían los costes necesarios para la reinversión, por lo que se acabó produciendo una subida alarmante en los precios del mercado libre, a casi 250 pesetas el kilovatio, mientras que los precios que pagaban los consumidores se mantenían ficticiamente bajos, por decisiones políticas. En ese sentido, el problema no puede plantearse en España dado que los ingresos de las empresas distribuidoras están regulados de manera equitativa para asegurar la recuperación de las inversiones pero, al mismo tiempo, para mejorar las condiciones de competencia de los consumidores.
La actividad de generación, que es la que está sometida al precio regulado, tiene además unos costes de transición a la competencia que permiten que una parte de las decisiones de reinversión estén garantizadas por la recuperación de esos costes y, además, una política tarifaria seria que permita que las empresas puedan recuperar las inversiones realizadas y, por tanto, financiar las necesarias para el futuro, desde el punto de vista de un marco de mayor competencia y de mejores precios para los consumidores. Así, en este año, por ejemplo, se ha producido una reducción de la tarifa doméstica y, al mismo tiempo, se ha incrementado la industrial de manera que hemos podido equilibrar una con la otra, y hemos tenido que desestimar algunas de las sugerencias irresponsables según las cuales se pretendía hacer una reducción de todas las tarifas de un ocho por ciento, justamente el camino para producir una situación de crisis en nuestro país.
La política de inversiones realizadas por las empresas es muy importante; desde la liberalización se han producido peticiones de autorización administrativa previa para la instalación de 5.600 megavatios nuevos y, en este momento, se encuentran en fase de tramitación solicitudes para la instalación de 24.400 megavatios adicionales que, aunque es probable que no todos lleguen a ser una realidad, sí lo serán una gran parte de los mismos.
Es por tanto importante que en España se produzca un debate sobre las necesidades energéticas, la regulación, y la competencia y transparencia en los precios, por lo que el Gobierno, colaborando con la Comisión Nacional de la Energía y a través de los propios servicios directos del Gobierno, va a plantear durante esta primavera una serie de documentos que permitan a la sociedad española entrar en un debate sobre algo tan importante como es la planificación, aunque en este caso sea privada, de las inversiones eléctricas, que responde a la necesidad de crecimiento.
En este sentido, de California sí podemos extraer algunas conclusiones muy importantes, como es el hecho de que no se puede separar radicalmente la generación de la distribución, como se indica en algunas propuestas --en mi opinión poco fundadas-- que se nos hacen continuamente. Las empresas distribuidoras así como las de transporte deben tener asegurado el cobro de una retribución adecuada, que no debe ser especulativa desde luego, y esta situación está siendo reforzada en nuestro país por el proyecto de real decreto de tarifas de acceso, que está prácticamente finalizado.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Senador Murria, tiene la palabra.


El señor MURRIA CLIMENT: Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA ACELERAR LA PRESENCIA JUDICIAL EN LOS LEVANTAMIENTOS DE CADAVERES (680/000280).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para acelerar la presencia judicial en los levantamientos de cadáveres.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, reiteradamente, por razones diversas, pero preferentemente por accidentes de tráfico, siniestralidad laboral, pero aún más en los actos terroristas y en el cada vez más desgraciado fenómeno de las pateras, los cadáveres de las víctimas mortales quedan expuestos, entre comillas, en nuestras calles, plazas, carreteras y playas durante largas horas, muchas veces hasta cinco, seis horas o más, tapados decorosamente por una sábana, sometidos a una visión esperpéntica, en espera de la llegada del juez de guardia para ordenar el levantamiento del cadáver.
Estas actuaciones están basadas, al parecer, en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Capítulo II, donde se habla del cuerpo del delito, y se dice que el juez desde los primeros momentos tiene que empezar a actuar. Es por lo que se le pregunta al Gobierno: ¿No ha pensado tomar medidas que

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aceleren la presencia judicial con mayor rapidez que en la actualidad para los levantamientos de cadáveres, ya que se trata claramente de una urgencia real, con gran repercusión familiar y social? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, compartiendo, como no puede ser de otra manera, su preocupación por estas situaciones dolorosas, hay que entender que el levantamiento de cadáveres, sobre todo cuando es consecuencia de presuntos delitos, debe realizarse conforme a las exigencias de la investigación que se emprende por tal motivo, sin que los retrasos que con carácter excepcional puedan producirse respondan de manera ordinaria ni a la falta de diligencia del juez ni a la falta de medidas o a la adopción de cualquier otra decisión.
Debemos considerar que la presencia de un cadáver origina la actuación de un importante operativo desde el primer momento, en el que siendo importantísima la labor del juez instructor, éste además se ve acompañado en la mayoría de los casos por la actividad del médico forense y de otros facultativos cuya asistencia puede solicitar, si así lo estima necesario, la concurrencia en la investigación de los integrantes de la Brigada de Policía Judicial, así como también la investigación que lleva a cabo la Policía Científica.
Todos estos trámites son imprescindibles, son necesarios para la correcta instrucción del procedimiento, de acuerdo con la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta dice que el levantamiento del cadáver por la autoridad judicial debe realizarse una vez cumplidas las obligaciones establecidas en la ley de conservar todos los vestigios y pruebas materiales de la perpetración del delito. El incumplimiento de estas prevenciones legales originaría la irremediable pérdida de pruebas del hecho delictivo o defectos en la instrucción de la causa criminal, que sin duda constituirían un perjuicio irreparable, en aras de la mayor eficacia policial y judicial en el castigo a los delincuentes.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias.
Muchas gracias, señor Ministro, pero me tiene que dar usted la razón en que hay que buscar algún sistema para que la presencia sea mucho más urgente. Con los medios actuales de comunicación, a los cinco minutos se alerta cualquier tipo de sistema de urgencia y, por lo tanto, creo que en cinco minutos, y una vez estimulados más allá de treinta minutos en un radio de acción de veinticinco o treinta kilómetros de distancia, parece que se podría resolver. Quizá el planteamiento sea que los sistemas judiciales tienen pocos medios para ello, no poseen suficientes sistemas para las emergencias y, además, hacen la guardia de forma muy precaria.
Es posible que, profundizando en estos asuntos, se pueda encontrar una solución para que, sin menoscabo de la actividad judicial, se resuelva este problema, que es una urgencia clara, formal, social y familiar.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias.
Voy a ser muy breve. Participo de la necesidad de hacer cuantos esfuerzos sean precisos para agilizar y tramitar estos procedimientos de la manera más rápida posible, pero lo cierto es que, en estos momentos, los jueces cuentan con la dotación de medios materiales como para poder actuar con la máxima diligencia. Además, creo que con carácter ordinario así se produce.
Sin embargo, es verdad que son momentos muy duros en los que aparentemente lo primero que habría que hacer sería levantar el cadáver en una situación tan dolorosa, pero hay que entender que, sobre todo en las investigaciones complejas de delitos, la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal exige incluso la reproducción, de manera minuciosa, de todos los datos y hechos que puedan facilitar la instrucción y la investigación del delito. Eso es absolutamente imprescindible.
No obstante, tanto en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal como en cualquiera de los trabajos que podamos organizar, y colaborando con las distintas instituciones competentes --como sabe su señoría, el Consejo General del Poder Judicial tiene muchas competencias en materia de organización de guardias, así como en la dotación de medios--, en el Ministerio haremos todos los esfuerzos para disminuir los tiempos en los que se puedan producir los levantamientos de cadáveres con la mayor agilidad.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA MARIA JESUS BONILLA DOMINGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA INTEGRACION DE LOS CUERPOS DE NOTARIOS Y CORREDORES DE COMERCIO EFECTUADA A FINALES DEL AÑO 2000 (680/000312).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Jesús Bonilla Domínguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la integración de los cuerpos de notarios y Corredores de Comercio efectuada a finales del año 2000.
Tiene la palabra la Senadora Bonilla Domínguez.


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La señora BONILLA DOMINGUEZ: Gracias, señora Presidenta, señor Ministro.
El pasado 22 de septiembre de 2000, el Consejo de Ministros aprobó un conjunto de medidas urgentes destinadas a que se hiciera efectiva la integración de los cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio en un cuerpo único de Notarios. La unificación, que fue efectiva a partir del pasado 1º de octubre, tal y como estaba previsto en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social de diciembre de 1999, quedaba de esa manera completada en sus aspectos legales.
Las medidas urgentes contenidas en el Real Decreto 1643/2000 articulaban cuestiones relacionadas con la unificación, como las funciones, la demarcación territorial, los aranceles, los regímenes mutualistas o las fórmulas documentales. El objetivo era establecer unas bases mínimas que permitieran el desarrollo de la correcta prestación de la función notarial, evitando posibles disfunciones. Se trataba de permitir la efectiva integración desde el respeto al principio de la igualdad.
Ante estas expectativas, señor Ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de la integración de los cuerpos de Notarios y Corredores de Comercio efectuada a finales del año 2000? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, la integración desde el día 1º de octubre de 2000 en un nuevo cuerpo único de notarios de los Corredores de Comercio y de los Notarios es valorada por el Ministerio y por el Gobierno de manera satisfactoria.
Los efectos para los ciudadanos y para el tráfico mercantil han sido sin duda muy positivos. El nuevo cuerpo, integrado por 2.843 notarios, de los que 736 eran corredores de Comercio, ha supuesto un considerable aumento en la oferta de prestación de servicios que tradicionalmente venían ofreciendo ambos cuerpos. Este incremento de la oferta se traduce necesariamente en un mejor y más eficiente servicio al ciudadano; supone la adaptación a las exigencias de la sociedad moderna de un esquema que provenía del Código de Comercio del siglo XIX y que no se correspondía con las necesidades de eficacia y agilidad de la fe pública actual.
Quisiera destacar que la integración ha resultado un éxito ya que, por una parte, ha sido acogida favorablemente por los profesionales integrantes del nuevo Cuerpo y, por otra, se ha producido a través de un proceso de integración claro y transparente, sin lagunas, a pesar de las complejidades que presentaba.
Así, en desarrollo de las disposiciones de la Ley de 29 de diciembre de 1999, que es la que acordó la integración, según recordaba su señoría, se han ido dictando todas las normas necesarias para que se llevase a cabo esta integración con normalidad. En primer lugar, se procedió a una reordenación de la plantilla y circunscripción de los corredores de comercio de cara a la inmediata integración; en segundo lugar, se adoptaron medidas en materia de formas documentales, funciones, demarcación territorial, fianzas, aranceles, índices estadísticos y régimen de mutualistas para la integración, y en tercer lugar se resolvieron diversas cuestiones que eran de marcado carácter práctico, como el nuevo programa de acceso al cuerpo único que ha de regir las oposiciones a partir del día 1º de enero de 2000. Finalmente, se estableció el régimen disciplinario del nuevo cuerpo unificado.
Por último, me gustaría destacar que un mejor servicio notarial incide necesariamente en un mejor funcionamiento de la justicia. Este es nuestro objetivo en el marco del proceso de reforma y es nuestro propósito potenciar la seguridad preventiva, fortaleciendo su papel para evitar la litigiosidad, así como la reducción de los costes del tráfico jurídico.
Todas las medidas que repercutan en su mejor funcionamiento han de repercutir necesariamente en la mejora del funcionamiento de la justicia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR LA ACTUAL CRISIS EN LOS CENTROS DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MADRID (680/000306).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del Excelentísimo señor don Pedro Feliciano Sabando Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene previsto adoptar el Gobierno para solucionar la actual crisis en los centros de salud de la Comunidad de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Sabando Suárez.


El señor SABANDO SUAREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos leídos por su señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Sabando, su pregunta se refiere a una crisis en la asistencia primaria y yo no lo calificaría así. Yo hablaría de los necesarios cambios en la asistencia sanitaria, que no es una foto fija, que es un proceso cambiante --como usted y yo conocemos--; la asistencia primaria tiene ya quince años de existencia en su actual estructura y, lógicamente, se están empezando a producir problemas de adaptación a las nuevas necesidades y a las nuevas realidades. Estamos trabajando en esa línea abordándola desde cambios profundos

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en la organización interna de los equipos de atención primaria que son, desde nuestro punto de vista, excesivamente rígidos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Sabando.


El señor SABANDO SUAREZ: Gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Ministra.
Verdaderamente, señora Ministra, me sorprende nuevo. El Insalud de Madrid está en período pretransferencial, como usted bien conoce, y en atención primaria hay auténticos puntos negros. En ocho de las once áreas de Madrid hay una sobrecarga asistencial muy importante. Cada médico tiene que ver a más de 45 pacientes diarios en consultas a demandas, sin incluir revisiones programadas, urgencias, personas que acuden sin cita, visitas a domicilio, etcétera. Y todo esto hay que hacerlo cuando no se hacen las labores de prevención, promoción de la salud, formación continuada, o la necesaria coordinación con la atención especializada, características definitorias de la atención primaria.
En atención primaria se necesitan unos espacios y unos tiempos, independientes de la asistencia, para cumplir con su auténtica misión. El que estos objetivos no se lleven a cabo, ahogados por la demanda asistencial, sin que se ponga remedio, quiere decir que el modelo está, efectivamente, en crisis, señora Ministra.
Para hacer frente a esta situación, después de dos años de trabajo, se constituyó un grupo de consenso de atención primaria compuesto por la Sociedad Española de Medicina de Familia, la Sociedad Española de Medicina Rural y la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos, que aprobaron en noviembre un documento acerca de la estructura y de la organización de la atención primaria.
Establecieron unos mínimos que, para contemplar una cierta calidad, pasaban por un tiempo medio mínimo de consulta de diez minutos por paciente, un número máximo de pacientes diarios de 25, un número máximo de pacientes por médico de 1.200, sustituciones al 100 por cien de ausencias o bajas y creación de nuevos puestos de trabajo, y todo eso sin tener en cuenta el previsible incremento de la presión asistencial a partir del censo de inmigrantes, que se calcula aproximadamente en un 25 por ciento.
Ustedes, señora Ministra, reconocen el problema «off the record» pero no hacen nada por resolverlo. Con los datos anteriormente expuestos de frecuentación y de las condiciones establecidas se requerirían unos 125 profesionales más en el sistema de Madrid. En esta situación, los médicos de atención primaria han hecho una huelga ejemplar de diez minutos para llamarle la atención a usted y a la opinión pública.
Frente a esta huelga usted respondió con dos aseveraciones: en primer lugar, que entendía la frase de los diez minutos para hacerla llegar a la sociedad, y en segundo lugar, que el 30 por ciento de los pacientes ocupan el 70 por ciento del tiempo de cada médico, el resto no vamos nunca; la mayoría son enfermos crónicos a lo que se atiende en dos minutos; a los que van con una dolencia se les concede los diez minutos.
Fin de la cita. Increíble, señora Ministra. Esta situación merece otra respuesta; merece que contrate usted los 125 médicos de atención primaria, que recupere el sentido de la atención primaria modificando las actuales condiciones, que evite el colapso de la atención primaria, y secundariamente evitará la saturación de las consultas y de los servicios de urgencia de los hospitales de Madrid, actualmente colapsados.
Ustedes, señora Ministra, con su pasividad, han provocado ésta y otras huelgas como única salida a la precaria situación que tienen los médicos actualmente. Me pregunto: ¿No entrará en sus planes provocar huelgas que empujen a los ciudadanos hacia la asistencia privada? (Risas.) En su proceder, señora Ministra, estará la respuesta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sabando.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Mire, señor Sabando, en primer lugar, hacer demagogia es fácil, pero yo le recomiendo que en Sanidad no la haga. (Rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) El Centro de Investigaciones Sociológicas hizo una encuesta en noviembre sobre la asistencia primaria en la que el 95,5 por ciento de los españoles decían estar satisfechos con su médico de cabecera y con el tiempo que le dedicaba a las necesidades que ellos plantean. Esta es la realidad. Es una encuesta realizada en todo el Sistema Nacional de Salud, excepto en Andalucía, que no se deja examinar; pregúntese usted por qué.
(Rumores.) Si quiere que hablemos seriamente de la necesidad de que nuestro sistema sanitario siga siendo uno de los mejores del mundo, como lo es, intentemos entre todos resolver los problemas que puntualmente se van presentando. Usted dice que es intolerable que un médico de cabecera tenga más de 1.500 cartillas. Entonces, ¿qué me dice usted cuando en 1994 había 1.704 cartillas por médico en Madrid en los centros de asistencia primaria, y eran ustedes los que gobernaban? ¿Si es tan malo ahora como lo era antes, por qué no lo resolvieron ustedes? Porque no es tan simple, porque no se trata de ese dato que usted manipula de forma clarísima.
Nosotros estamos trabajando en las líneas adecuadas, estamos trabajando con las sociedades científicas de asistencia primaria, como tiene que ser, y analizando con ellas una nueva organización interna de los equipos de atención primaria, porque ustedes hicieron --como siempre desconfiando de la capacidad de autoorganización de los propios facultativos sanitarios-- un modelo absolutamente rígido donde hay médicos que tiene 500 pacientes y otros en el área de al lado que tienen 2.000, pero como nadie se puede mover porque parece que para ustedes la libertad en Sanidad no es precisamente uno de los argumentos necesarios, ustedes perdieron el tiempo, y nosotros estamos poniendo en marcha planes concretos de actualización con las nuevas tecnologías de los centros de salud; estamos creando nuevos puestos de trabajo, señor Sabando, 113 en

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los presupuestos del año 2001 en asistencia primaria, que irán a las zonas más necesitadas.
Usted, que es médico y que ha sido responsable sanitario, por favor, haga propuestas positivas y no demagogia barata, porque ese producto no lo compra nadie, señor Sabando; los ciudadanos españoles están contentos con su sistema.
Yo le pregunto: ¿Es usted el que se quiere cargar el sistema público? Yo lo defiendo y usted lo destroza. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON FELIX LAVILLA MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA SOLUCIONAR EL PROBLEMA SOCIAL Y ECONOMICO QUE CAUSARIA EL CIERRE DE LA EMPRESA DELPHI, EN LA LOCALIDAD DE OLVEGA (SORIA) (680/000307).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta del excelentísimo señor don Félix Lavilla Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para solucionar el problema social y económico que causaría el cierre de la empresa Delphi, en la localidad de Olvega (Soria).
Tiene la palabra el Senador Lavilla Martínez.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ¿usted y su Gobierno permitirían la pérdida de un solo plumazo de 617.647 puestos de trabajo en Madrid si además las empresas hubieran recibido millonarias subvenciones públicas? Estoy absolutamente convencido de que no. Esto es exactamente lo que puede suceder, señor Ministro, en la comarca del Moncayo proporcionalmente si el Gobierno no actúa firmemente frente a los planes de la multinacional.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lavilla.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora Presidenta.
Desconozco la relación de la exposición que acaba de hacer con el contenido de la pregunta. Le diré que este Gobierno ha facilitado la creación de más de 2 millones y medio de puestos de trabajo y ha permitido que en la provincia de Soria los niveles de paro registrados según la Encuesta de Población Activa sean sensiblemente inferiores a los producidos en etapas anteriores. Puede haber cualquier incidencia que usted señale, está en su legítimo derecho, pero resiste cualquier comparación.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lavilla Martínez.
El señor LAVILLA MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, hay un problema. Tiene un ministro soriano al lado que lo conoce perfectamente. 560 puestos de trabajo están afectados por un posible cierre y el Gobierno no puede ignorar esta situación. Hace dos meses la empresa Revilla, en Soria, con 150 puestos de trabajo, cerró.
Estas son realidades que sí resisten los hechos porque son eso, hechos.
El Gobierno no puede permitir que la multinacional Delphi ponga en la calle a más de 560 trabajadores, han llegado a ser más de 700, dejando como un erial una comarca en una provincia con nueve habitantes por kilómetro cuadrado. No se puede ir sin más apelando a la libertad de empresa, puesto que para instalarse en Olvega la empresa Delphi contó con más de 1.000 millones de pesetas en ayudas públicas. Pero, además, más de 1.100 vecinos, empresarios, Ayuntamiento de Olvega y otras entidades aportaron 1.050 millones de pesetas en una sociedad local PROUNIOL para construir el edificio que la empresa Delphi Colvegasa quiso a su antojo.
¿Qué diríamos, señor Ministro, como ya le he dicho, si se anunciara la pérdida de 617.647 puestos de trabajo en Madrid? Sería una tragedia laboral y social para lo que se requerirían medidas urgentes e inmediatas. No se puede apelar al mercado salvaje cuando una empresa se ha aprovechado de 1.000 millones de pesetas que pagan todos los ciudadanos. En el ámbito de la Unión Europea hay que garantizar igualdad de derechos laborales y sociales y evitar que las multinacionales se enriquezcan de esta manera dejando a los trabajadores en la calle. En Francia el Gobierno socialista ha anunciado medidas políticas frente a los abusos de las multinacionales. Olvega ha sido la última frontera de la despoblación de Castilla y León y a ella han acudido trabajadores de las comarcas de Palencia, León, Valladolid y otras zonas de Castilla y León perdiendo posiblemente su empleo y vivienda. El comité de empresa espera una respuesta; el 31 de marzo 3.000 personas se manifestaron en este lugar para exigir soluciones.
Señor Ministro, para terminar, usted y su Gobierno no permitirían la pérdida de un plumazo de 617.647 empleos en Madrid. Por eso pido y exijo al Gobierno que ejerza su responsabilidad para evitar la desaparición proporcional de 560 puestos de trabajo en Olvega.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lavilla.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin duda alguna en su intervención no ha podido citar de qué mecanismos se dispone para evitar que las empresas y grupos de empresa tengan pérdidas. Estoy seguro de que conoce que esta empresa sufre unas pérdidas que le han llevado a la supresión de 11.000 puestos de trabajo en el conjunto de su perímetro empresarial y afortunadamente

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en España la incidencia va a ser menor, aunque también he de manifestar a su señoría que comparto su preocupación por la zona.
Sin embargo, perdóneme, no diga que se destruyen puestos de trabajo cuando lo que se intenta es trasladar estos puestos de trabajo. No es exactamente el mismo lenguaje. Tal vez usted esté acostumbrado a que sea destrucción directa de empleo, pero en este caso ha habido una oferta clara de traslado, con equiparación y mejora incluso en algunos casos de las condiciones salariales... (El señor Lavilla Martínez hace gestos negativos.) Le he escuchado con el máximo respeto y espero que haga usted lo mismo. Le decía que ha habido una oferta clara de trabajo con equiparación y mejora de las condiciones salariales en algunos casos y facilidades de movilidad geográfica.
Coincido con usted plenamente en que en una provincia como Soria los esfuerzos deben realizarse por parte de las administraciones, y espero que no esté reprochando a las administraciones sorianas el apoyo que prestaron a este proyecto.
Ciertamente, se ha producido una situación de pérdidas y está teniendo lugar una reducción que alcanza a 11.000 empleos, pero espero que comprenda que en España se ha ofrecido una alternativa bien distinta al cierre directo de las plantas o a la venta de las mismas. Se ha ofrecido una recolocación en Tarazona, comarca limítrofe con la provincia de Soria, con unas condiciones salariales, repito, superiores a las preexistentes en Olvega, así como unas condiciones de facilidad de traslado y movilidad. Y ésta no es una solución que a mí me agrade, no le quepa ninguna duda, pero tampoco dude de que tanto el resto de los parlamentarios sorianos como otras personas que comparten conmigo responsabilidades de gobierno están desde estos momentos buscando acciones alternativas. En cualquier caso, insisto en que hoy los problemas de la provincia de Soria, con las excepciones que procedan, desgraciadamente son en mayor medida de falta de mano de obra, y especialmente masculina, que de empleo.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo.


--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI COMPARTE EL GOBIERNO LOS CRITERIOS SEGUIDOS POR LA JUNTA DE CASTILLA Y LEON PARA CONTRIBUIR AL PAGO DE PARTE DE LA DEUDA POR INDEMNIZACION QUE LA EMPRESA AZUCARERA EBRO AGRICOLAS, S. A., MANTIENE CON SUS TRABAJADORES (680/000309).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si comparte el Gobierno los criterios seguidos por la Junta de Castilla y León para contribuir al pago de parte de la deuda por indemnización que la empresa Azucarera Ebro Agrícolas, Sociedad Anónima, mantiene con sus trabajadores.
Tiene la palabra el señor Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la señora Presidenta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora Presidenta.
Como bien sabe su señoría --y en este asunto, además, por razones de antiguo conocimiento personal--, a la Administración, en este caso al Gobierno de la nación, no le corresponde valorar en términos políticos la corrección o incorrección de las actuaciones que realizan otras administraciones. Esas responsabilidades se sustancian en una institución a la que usted y yo hemos pertenecido: las Cortes de Castilla y León.
Ahora bien, si me pregunta acerca de si considero esta actuación técnicamente correcta y adecuada y proporcionada a las necesidades de una situación excepcional, como han sido las lluvias, las cuales han impedido un normal desarrollo de la campaña remolachera en Salamanca, le diré que sí la considero correcta.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la respuesta evasiva y a medias que usted me ha dado hay que encuadrarla en un contexto mucho más general. El centro de trabajo en Salamanca de la empresa Azucarera Ebro Agrícolas, Sociedad Anónima, ha cerrado definitivamente sus puertas a toda actividad; hace quince días se han quedado fuera 200 trabajadores directos y 1.550 indirectos.
El Gobierno presidido por el señor Aznar, a través de sus sucesivos Ministros de Agricultura --doña Loyola de Palacio, primero, el señor Posada, después, y hoy, el señor Arias Cañete--, ha dicho siempre a este respecto en respuestas parlamentarias que esa posibilidad no se iba a dar. Pero a pesar de esas promesas la crónica del cierre sospechado se ha llevado a cabo. Era el epílogo de una larga historia.
Para llevar a buen puerto el negocio del cierre, entendiendo éste como el mejor y el mayor beneficio para la empresa, a principios de año se liquidó a los trabajadores fijos discontinuos y eventuales sin ligar directamente esa medida al cierre definitivo. Era una mera cuestión previa para limpiar el campo de acción del cese y la liquidación final,

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que hoy ya tienen lugar. El cobro por parte de los trabajadores fijos discontinuos y eventuales de campaña se ha producido en el mes de febrero, con el pago del finiquito correspondiente. Pero he aquí que la empresa Azucarera Ebro Agrícolas, Sociedad Anónima --empresa privada con beneficios millonarios y con grandes subvenciones para mantener el empleo en el momento de su fusión--, no paga con su dinero a los trabajadores sino que conviene con la Junta de Castilla y León que el abono de los 37 días que les debe sea compartido por dicha Junta mediante acuerdo, que obra en mi poder, firmado por el Director General de Trabajo y por Azucarera Ebro Agrícolas, con la asistencia de los sindicatos. Y se decide que la Junta pagará con dinero público a cada trabajador 23 de los 37 días adeudados, mientras que la empresa pagará los 14 restantes. Así la Junta evita el conflicto laboral que tenía Ebro Agrícolas en las puertas de la azucarera. Esta empresa, de acuerdo con la Junta de Castilla y León, ha generado un precedente que me temo que se pueda repetir dentro de poco en relación con las indemnizaciones y compromisos correspondientes al cierre definitivo.
¿Cómo es posible, señor Ministro, y cómo justifica que una empresa millonaria y privada --por cierto, trufada por ciertos intereses privativos del Gobierno, que ha nombrado a varios consejeros de su Consejo de Administración así como al propio Presidente-- se vea favorecida indirectamente por subvenciones públicas de la Junta de Castilla y León para pagar indemnizaciones a los trabajadores? Por cierto, los trabajadores tienen todo el derecho a cobrar lo más posible según la ley, y venga el dinero de donde venga. Ese no es el problema, el problema es cómo se utilizan los dineros públicos.
Salamanca, como usted sabe, es una de las provincias con mayor índice de paro en España. ¿Por qué no se incentiva el empleo y sí se pagan deudas laborales con el dinero de todos a una empresa privada con beneficios? ¿Se pagarán los cierres de otras empresas privadas? ¿Esta es la nueva política de solidaridad, justicia distributiva y libre competencia que el Gobierno aprueba y dice que seguirá con la reforma laboral?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en el correlato de hechos que usted efectuaba ha omitido el hecho de que esta misma empresa también tiene anunciadas unas importantes inversiones, mediante una planta de bioetanol, en esta misma provincia, que sin duda ninguna van a permitir resolver una buena parte de las situaciones que se han generado. Créame que entiendo su crítica como crítica política, y espero que no se acepte como tal que la Junta de Castilla y León sobre la base de un acuerdo entre empresarios y trabajadores haya querido también auxiliar a la difícil situación debida a la meteorología. Naturalmente uno puede estar más satisfecho cuando llueve más o menos, el problema es que cuando llueve muchísimo no se puede recoger en condiciones normales la remolacha. Y para esto no hace falta ser ni ingeniero agrónomo ni estar especialmente cualificado.
Si usted lo que quiere reprochar a la Junta de Castilla y León es que haya evitado una situación de conflicto o que haya ayudado a unas personas en situación de dificultad, está usted en su derecho. Yo le aconsejo que lo haga en el foro adecuado de responsabilidad política. Si me pregunta como representante del Gobierno si el trato que se ha dispensado a este grupo de empresas es un trato de favor, le diré taxativamente que no. Y que si tiene la más leve duda de que estamos actuando con algún margen de discrecionalidad lo ponga en conocimiento de los tribunales, le animo a ello, y si no, evite dar la sensación de que una empresa con dificultades, como tienen todas aquellas que trabajan en el sector del azúcar... Perdóneme, a usted parece que le molesta muchísimo que las empresas tengan beneficios. (El señor Castro Rabadán: No me molesta.) Yo le recuerdo que si las empresas no tienen beneficios difícilmente van a sostener sus actuales puestos de empleo y con más dificultad van a crear otros nuevos, incluida en su provincia de Salamanca, con lo cual a mí eso no es lo que especialmente me molesta.
Le insisto en que en este caso también se está consiguiendo que buena parte de los efectos que pueda conllevar la desaparición de esta planta se vean paliados por acciones de ese mismo grupo al que usted parece tener cierta inquina, pero al que este Gobierno no quiere tratar con discriminación positiva o negativa alguna.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA PROCEDER AL PAGO DE LAS COMPENSACIONES ECONOMICAS A LOS AGRICULTORES DE LA ZONA DE ANDUJAR (JAEN), PARA RESARCIRLES DE LAS PERDIDAS OCASIONADAS POR LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR LA COLMATACION DE LODOS DE LA PRESA DE MARMOLEJO, EN LAS CAMPAÑAS DE LOS AÑOS 1997, 1998 Y 2001 (680/000301).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista para proceder al pago de las compensaciones económicas a los agricultores de la zona de Andújar (Jaén), para resarcirles de las pérdidas ocasionadas por las inundaciones provocadas por la colmatación de lodos dela presa de Marmolejo, en las campañas de los años 1997, 1998 y 2001.
Tiene la palabra el Senador Cabrero.


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El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los términos en que la señora Presidenta la ha presentado. Y espero del señor Ministro una respuesta positiva para que los agricultores que llevan esperando solución a un problema que llevan padeciendo desde hace años tengan una vía libre a partir de este momento.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como consecuencia de las inundaciones que tuvieron lugar en los años 1996, 1997 y 1998, el Gobierno aprobó los Reales Decretos-Ley números 4 de 1996, 4 de 1997 y 18 y 27 de 1998 para paliar en la medida de lo posible los daños causados por las inundaciones y restablecer la normalidad en las zonas más afectadas. De acuerdo con lo establecido en los citados Reales Decretos-Ley y sus órdenes de desarrollo, solicitaron ayudas por daños causados sobre las producciones agrarias un total de 20 agricultores del término municipal de Andújar. Una vez resueltos los referidos expedientes resultaron indemnizables doce de ellos, que recibieron las ayudas correspondientes por un importe de 16 millones de pesetas. Las ocho solicitudes restantes no recibieron ayuda por no cumplir las condiciones establecidas en la normativa que habilitaba para su pago. Y debo señalar a su señoría que la consideración de otras indemnizaciones por daños que sean imputables directamente a la presa de Marmolejo no se encuentran en el ámbito competencial del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
De cualquier forma y para ampliar a su señoría la información sobre este asunto, en el año 1999 varios propietarios presentaron una demanda de juicio declarativo ordinario de mayor cuantía en reclamación de una indemnización de daños y perjuicios contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir y contra la Compañía Sevillana de Electricidad, demanda en que se solicitaba el pago de 174 millones y medio de pesetas para satisfacer a los propietarios demandantes.
La Administración se opuso a la demanda y formuló oposición, estableciendo una serie de excepciones procesales, negando los hechos aducidos y alegando el concepto de fuerza mayor. El 21 de junio de 2001, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Jaén dictó sentencia que estimaba la excepción de falta de jurisdicción, absolviendo a los demandados e imponiendo las costas a los actores. Como sabe su señoría, esta sentencia ha sido recurrida y la vista de la apelación se celebrará el 4 de junio del presente año. En función del resultado de estos procedimientos judiciales, el Gobierno procederá, en su caso, a la ejecución de la sentencia en los términos que se pueda establecer.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
No es de recibo que tengan que ser los tribunales los que resuelvan un problema que tiene causa-efecto, es decir, la existencia de una presa, la colmatación de lodos, las inundaciones producidas en los años 1997 y 1998 y el hecho de que en el presente año, a finales del mes de febrero y principios de marzo, esta causa-efecto haya provocado la pérdida de cosechas a los agricultores, siendo la Administración pública, que es la competente en las cuencas hidrográficas, en este caso, la del Guadalquivir, la que tiene que dar la cara y resolver los daños provocados por los daños generados a los agricultores por estas inundaciones.
Por tanto, existe una situación tal y no se pueden echar balones fuera por parte de las administraciones públicas. Lógicamente, los agricultores tienen que recurrir a todas las posibilidades y, en ese sentido, también a la vía judicial. Pero no se pueden echar balones fuera. No conocemos ningún contrato entre partes mediante el que se permita que la actividad que se realice por una de ellas, por la parte que contrata en este caso, pueda dar lugar a perjuicios o daños a terceros, como es el caso de los agricultores.
Desde ese punto de vista, existe desasosiego e inestabilidad. Siempre que llueve los agricultores sufren esa situación de desasosiego porque no saben qué va a pasar, situación que se va repitiendo reiteradamente cada año cuando llueve, y este año no ha habido lluvias torrenciales, ni muchísimo menos, como decía antes, en los meses de febrero y marzo. Pero cada vez que llueve medianamente se producen esas inundaciones. Y la Administración tiene que dar respuesta a los problemas de fondo que allí existen, que en este caso no sólo debe ser por parte del Ministerio de Medio Ambiente sino también por parte del Ministerio de Agricultura para resarcir de los daños producidos.
Y nos parece que la respuesta del señor Ministro tira balones fuera, no resuelve esos problemas y, en todo caso, sigue generando desasosiego, una situación de no saber qué va a pasar. La campaña de este año también se ha visto afectada por las inundaciones de las últimas semanas y, por tanto, también se perderá. Y con esa respuesta creo que su señoría no asume la responsabilidad de ser Ministro de Agricultura, quien debe estar para resolver los problemas que se estén generando, en este caso a los agricultores de la comarca de Andújar.
Espero, pues, que haya un cambio de actitud y que definitivamente los agricultores puedan trabajar en sus tierras, en sus campos, en sus comarcas y vivir de lo que quieren, de su actividad. Para eso debe estar el Ministerio de Agricultura y no para tirar balones fuera.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


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El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Señoría, el Ministerio de Agricultura siempre que ha habido inundaciones con daños constatados ha puesto en marcha decretos-ley de apoyo a los agricultores, previa verificación real de los daños, y se han pagado todos aquellos que reunían las condiciones de los reales decretos-ley. El Ministerio de Agricultura siempre ha estado presente para determinar si se habían producido daños reales.
Por otro lado, la existencia de la presa de Marmolejo presta singulares apoyos a la agricultura en la zona de Andújar, como su señoría conoce. Y de todas todas, sabiendo de la preocupación de su señoría por el hecho de que pueda haber problemas estructurales en esta presa que puedan causar perjuicios, el Ministerio de Agricultura contactará con el Ministerio de Medio Ambiente.
No obstante, también debo decir a su señoría que en el Estado de Derecho el sistema legislativo establece que cuando se produzcan daños hay procedimientos adecuados para seguir su reclamación al Gobierno, pero hay que acreditar los daños, la relación de causa-efecto y la cuantificación de los mismos. Y en ese sentido, el sistema constitucional español cuenta con unos tribunales independientes que deciden en justicia y el Gobierno estará a las decisiones de los tribunales. Y si hay una sentencia favorable a los afectados, el Gobierno procederá a su ejecución inmediata.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA NEGOCIACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS DE LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS EN MATERIA DE TRANSPORTE INTERINSULAR AEREO (680/000300).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la negociación con la Comunidad Autónoma de Canarias de la transferencia de competencias en materia de transporte interinsular aéreo.
Tiene la palabra la Senadora Morales Rodríguez.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como usted sabrá, para los canarios el transporte interinsular es una de las piezas claves para el desarrollo de nuestro archipiélago por la fragmentación del territorio y por la lejanía con respecto al continente europeo. De ahí el interés de nuestro Grupo para que esta competencia sea transferida por parte del Estado al Gobierno de Canarias, sobre todo tras la privatización de la Compañía Binter Canarias a través de su empresa matriz Iberia. Este hecho junto al intento de realizar lo propio con la red de aeropuertos son contemplados con preocupación desde las islas, dado que se trata de dos servicios que cubren necesidades básicas y prioritarias. En la exposición de la pregunta se enumeran algunos de los encuentros que han mantenido en los últimos años las delegaciones del Gobierno de Canarias y del Estado para ahondar en este asunto y tratar de alcanzar un acuerdo satisfactorio al respecto.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta: ¿Cuáles son las previsiones del Gobierno del Estado para negociar con el Gobierno de Canarias las transferencias de las competencias del transporte aéreo interinsular? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Morales.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo sé muy bien, como lo sabe el Ministro de Fomento, el interés tan enorme que para el Gobierno de Canarias tiene el tráfico aéreo interinsular, la situación de los aeropuertos, etcétera. Por tanto, ese interés debe canalizarse, y se canalizará --luego le diré cómo-- en una participación, porque debe participarse en ese diseño de la política aérea que se hace desde la Administración central.
Ahora bien, si usted me pregunta concretamente qué pasos se están dando para proceder a esa transferencia, yo le tengo que decir que ninguno, porque es un tema de titularidad estatal que establece el artículo 149.1.20ª de la Constitución, que atribuye al Estado la competencia exclusiva en materia de aeropuertos de interés general, control del espacio aéreo, tránsito y transporte aéreo, etcétera. Por tanto, sí se pueden poner y se deben buscar, y se están buscando ya, fórmulas para poder participar por parte del Gobierno de Canarias en ese diseño de la política aeronáutica, y conocer cuáles son sus peticiones y cuál es su sensibilidad es muy importante. Pero en cuanto a la transferencia de competencias le diré que no hay ningún paso dado.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Morales Rodríguez.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como ya decíamos en la pregunta, efectivamente sí se han dado pasos, por lo menos en reuniones, en Comisiones bilaterales, en las que se ha tratado de dar un impulso y buscar las soluciones para que sean posibles las transferencias del transporte interinsular.
Desde Coalición Canaria entendemos y somos conscientes de que el planteamiento que realizamos en esta pregunta,

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en el caso de concretarse afectaría al artículo 149.1, que ha nombrado el Ministro, en el que se especifica como una de las competencias exclusivas del Estado el control del transporte aéreo. Sin embargo, en la propia Constitución se establecen mecanismos, como el propio artículo 150.2, en el que puntualiza que el Estado podrá transferir o delegar en las Comunidades Autónomas, mediante ley orgánica, facultades correspondientes a materias de titularidad estatal que por su propia naturaleza sean susceptibles de transferencia o delegación. En Canarias, además, podemos decir que contamos con el precedente de las transferencias en el transporte marítimo interinsular, y esperamos desde luego que en el caso del transporte aéreo se retomen esas negociaciones que se dejaron y que se establezcan unos marcos de debate entre el Gobierno y el Estado a través de la Comisión bilateral, que viene funcionando, o a través de otros mecanismos.
Entendemos que, como decía en mi primera intervención, hay dificultades de carácter normativo, pero las posibilidades de transferir el transporte aéreo interinsular dependen también de la voluntad política y, sobre todo, de la voluntad política por parte del Estado, ya que, a nuestro juicio, estamos analizando una cuestión que es vital para salvaguardar y defender en un futuro un servicio vital para los canarios.
Esperemos seguir contando con la sensibilidad que hasta ahora ha tenido el Gobierno para avanzar en las negociaciones que podamos tener para resolver el tema que estamos tratando.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, no puedo estar de acuerdo en lo profundo de su aseveración. En efecto, ésta es una competencia del artículo 149 de la Constitución y la fórmula para traspasarlo podía ser el artículo 150.2.
En el debate de investidura que hubo en junio de 1999 en el Congreso, una de las propuestas de Coalición Canaria fue, precisamente, hacer esta transferencia mediante una aplicación del artículo 150.2. Votó sí junto a Coalición Canaria el Partido Nacionalista Vasco. Votaron en contra el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida y CIU, según los datos que yo tengo. Por lo tanto, no es una cuestión de a ver si lo resolvemos de un momento para otro, sino de que políticamente no es éste el camino.
Ahora yo querría insistir en que no podemos ver como única fórmula de que las Comunidades Autónomas participen en el designio general de la política el que se cedan unas competencias que no se van a ceder.
Precisamente lo que estamos impulsando desde el Ministerio de Administraciones Públicas es la cooperación. Yo hago mucho hincapié en ella. Hay convenios bilaterales. Hay actuaciones conjuntas del Ministerio de Administraciones Públicas, del Ministerio de Fomento y del propio Gobierno de Canarias. Se pueden hacer muchas cosas para mejorar ese servicio a los canarios, a los españoles y a los clientes internacionales porque esas líneas tienen clientes de todo tipo. Se puede mejorar realizando un trabajo conjunto sin tener que pedir esa competencia.
Vuelvo a insistirle que no es propósito del Gobierno aplicar el 150.2 para ceder esa competencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.


--DE DON CONRADO ESCOBAR DE LAS HERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS TRASPASOS Y NEGOCIACIONES REALIZADOS CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS EN ESTE PRIMER AÑO DE LEGISLATURA (680/000313).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Conrado Escobar de las Heras, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los traspasos y negociaciones realizados con las Comunidades Autónomas en este primer año de legislatura.
Tiene la palabra el Senador Escobar de las Heras.


El señor ESCOBAR DE LAS HERAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, es una certeza que España es hoy por hoy uno de los países más descentralizados de toda Europa y que el principio de autonomía política es una realidad constante en todas las administraciones públicas. Consiguientemente, nuestra organización territorial, atinadamente diseñada en la propia Constitución, demuestra diariamente la eficacia administrativa y la alta calidad en el servicio público.
Sin embargo, todo diseño administrativo, todo diseño institucional, requiere, a nuestro juicio, la aplicación de la voluntad política para avanzar en los principios de coordinación, de cooperación, de colaboración y de solidaridad administrativa. Ello implica, en su concreción más institucional, impulsar traspasos, convenios y transferencias a través de los mecanismos del Estado de Derecho y lógicamente con escrupuloso respeto a las autonomías administrativas y a la voluntad política expresada en cada Comunidad Autónoma como no puede ser de otro modo y como así viene haciéndolo el Gobierno del Partido Popular.
En definitiva, supone, a nuestro juicio, demostrar capacidad de negociación en el quehacer administrativo para servir mejor a los ciudadanos que es el objetivo último de cualquier empresa administrativa.
En este sentido, si durante la pasada legislatura se culminó una interesantísima y fecunda etapa de descentralización en la negociación del Gobierno de José María Aznar y, en concreto, de su propio Ministerio, en el proceso de negociación se ha intensificado si cabe, en este pasado año, precisamente, esa importante actividad de traspaso, de negociación administrativa. Materias tan importantes para el sentir ciudadano como la

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educación, el Imserso, la justicia y el empleo están en manos de los gobiernos regionales para servir mejor y de forma más cercana a los ciudadanos.
En ese contexto y con ese planteamiento queda formulada la pregunta que ha hecho mucho mejor que yo, y que no voy a repetir, la propia Presidenta de la Cámara.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, esta pregunta la voy a contestar desde dos puntos de vista. Por un lado, el balance de este primer año de legislatura, en lo que a actuaciones directas se refiere, es la parte positiva --tome nota, señoría, porque es interesante lo que le voy a decir-- (Risas.), y vamos a continuar con la misma actuación que tuvimos en la anterior legislatura. Ha habido cinco Comisiones Mixtas de transferencias con las Comunidades Autónomas del Principado de Asturias, Castilla y León, La Rioja y Foral de Navarra, y concretamente en el caso de Asturias ha habido una transferencia importante, siendo la primera Comunidad Autónoma que en esta legislatura recibe las políticas activas de empleo, lo que le ha supuesto más de 1.000 millones de pesetas, habiéndose culminado en las otras tres que acabo de mencionar unas transferencias pequeñas en lo que a volumen se refiere pero muy necesarias para el funcionamiento de estas Comunidades, como son, por ejemplo, unas referidas a profesores de Instituciones Penitenciarias, a ampliación del Imserso, a profesores de religión, etcétera. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Pero quiero insistir más en el otro punto de vista, es decir, en los planteamientos que hemos hecho a lo largo de este año hacia el final de la legislatura. Para culminar ese traspaso de competencias a las Comunidades Autónomas en función del Título VIII de la Constitución, nos restan aún tres competencias importantes. La primera se refiere a políticas activas de empleo, que espero sean recibidas este mismo año por todas aquellas Comunidades Autónomas que las quieran recibir, ya que, como sus señorías saben, hay un contencioso histórico con la Comunidad Autónoma vasca, Comunidad que no accedió, como sí lo hicieron otras Comunidades, al traspaso de competencias en función del artículo 151 de la Constitución y que en su momento no quiso recibirlas, con lo cual no las pueden tener. Esperamos hacer pronto estas transferencias a otras dos Comunidades Autónomas.
Para el año 2002 llevaríamos a cabo la transferencia de medios humanos y materiales de Justicia, cuestión en la que ese Ministerio está trabajando mucho al tiempo que propone la reforma de la Justicia.
Y finalmente, está el tema más importante de esta legislatura y el que más preocupa, la transferencia de la sanidad. La cifra de sanidad asciende a 1,7 billones de pesetas y, como ya se ha dicho muchas veces, afecta a muchas Comunidades Autónomas. Hemos empezado manteniendo diez reuniones de Ponencias técnicas con diez Comunidades. Los comienzos han sido buenos y creo que eso es algo que debemos celebrar todos. Hay un deseo por parte del Ministerio de Sanidad, que también quiero resaltar aquí, de que se hagan esas transferencias adecuadamente y cuanto antes, pero también hemos constatado las dificultades que esto supone para las propias Comunidades Autónomas, que en algunos casos casi van a duplicar su presupuesto.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
Veo que el Senador Escobar no desea hacer uso de la palabra. Gracias.


--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA ACTUALIZACION DE LA LEGISLACION ESTATAL EN MATERIA DE PROTECCION DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO (680/000303).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las previsiones del Gobierno para la actualización de la legislación estatal en materia de protección del medio ambiente atmosférico.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Queda formulada la pregunta en sus propios términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en el marco de distribución de competencias, en el Ministerio de Medio Ambiente se está avanzando en la completa trasposición de la Directiva de la Comunidad Europea número 62, de 27 de septiembre de 1996, sobre evaluación y gestión de la calidad del aire ambiente, y también en las de las denominadas «directivas hijas», en la Directiva número 30 del Consejo de la Comunidad Europea, de 22 de abril de 1999, relativa a los valores límites de dióxido de azufre, dióxido de nitrógeno y óxidos de nitrógeno, partículas y plomo en el aire ambiente, y en la número 69 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de noviembre de 2000, relativa a valores límites de benceno y monóxido de carbono en el aire ambiente.
También estamos trabajando en la propuesta de norma legal --también dentro de la Directiva de protección contra la contaminación acústica--, que se está tramitando en estos momentos,

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y que persigue fundamentalmente la prevención, vigilancia y corrección de esa contaminación.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
En turno de réplica, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, la legislación española de medio ambiente atmosférico está totalmente deslavazada. La Ley 38/72 y el Reglamento que la desarrolla, el 833/75, son de la época franquista. Aunque técnicamente son normas bien estructuradas, no responden a la realidad del Estado de las Autonomías: se habla permanentemente del Gobernador Civil, se habla del Ministerio de la Gobernación, no hay ninguna referencia a las Comunidades Autónomas... Por eso es importante la adecuación de esta legislación de protección del medio ambiente atmosférico a la realidad del Estado autonómico. Algunas Comunidades Autónomas, como Cataluña, tienen una regulación completa en la materia y otras la tienen sectorialmente en disposiciones de carácter general, como en el caso del País Vasco. Además ocurre que todo el régimen sancionador está en un plano de inseguridad jurídica absoluta: el principio de legalidad, la tipicidad de las infracciones, la tipicidad de las sanciones, el principio «Non bis in idem», la determinación de la culpabilidad, la cuantía de las sanciones... Es decir, tenemos un régimen en el ámbito atmosférico totalmente inadecuado y nada actualizado al régimen del Estado de Derecho. Por eso incluso se produce una descoordinación entre las actividades molestas --del Reglamento de actividades molestas, nocivas e insalubres-- y el Reglamento de protección atmosférica en lo referente a los anexos de actividades que hay que someter a evaluación; simplemente gracias a que el nomenclátor del Reglamento de actividades molestas es abierto se permite que todas las actividades que originen una contaminación atmosférica se sometan al régimen de evaluación previsto en dicho Reglamento. Por eso es necesario buscar una concordancia al respecto.
Pero al margen de eso, señor Ministro, quiero hacer una reflexión por una consideración de carácter general. En este momento los ciudadanos del planeta estamos muy preocupados por qué está pasando con el cambio climático, por esa contaminación de la atmósfera que produce el efecto invernadero y la proyección de esos rayos a la Tierra que originan inundaciones, sequías, cambio climático, etcétera. La semana pasada tuvimos ocasión de debatirlo con ocasión de la celebración de la Cumbre de La Haya --usted compareció en la Comisión-- y estamos muy preocupados por la posición de los Estados Unidos al respecto de negarse a la ratificación del Protocolo de Kioto. Para nosotros, los europeos, es fundamental porque esa protección del medio ambiente forma parte de nuestra cultura política en la medida en que estamos tutelando y protegiendo la vida de las personas, la integridad y la salud pública de los animales y de la biodiversidad. Por eso, insisto, para nosotros, los europeos, es fundamental la ratificación del Protocolo de Kioto.
Yo sé que el fin de semana usted tuvo una reunión en Kiruna, Suecia, con el grupo de los países que están representando a la Unión Europea. Me gustaría conocer cómo han ido esas reuniones.
Ayer hubo una reunión entre la troica europea y la Directora de la Agencia Americana de Medio Ambiente, la señora Whitman, y nos gustaría conocer en qué situación se encuentran estas negociaciones políticas que tanto afectan a la humanidad, que tanto afectan al planeta, porque éste sí que es un tema --y tuvimos ocasión de debatirlo-- que se ha demostrado científicamente: el Panel Intergubernamental de la ONU ha demostrado que, efectivamente, los gases de efecto invernadero tienen los efectos perniciosos que anteriormente he relatado.
Por todo ello me gustaría que, con ocasión de su presencia en la Cámara, reflexionara sobre este asunto por la importancia que sobre todos los seres humanos y seres vivos en general, fauna y flora, tienen los gases de efecto invernadero y por la incidencia que vaya a tener la ratificación del Protocolo de Kioto --con esa sensibilidad europea-- frente a los países del Grupo Paraguas, de los que se ha desmarcado incluso...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría. Terminó su tiempo.
Señor Ministro de Medio Ambiente, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le quiero agradecer especialmente que me haga esta reflexión porque me parece de extrema actualidad.
Efectivamente, las noticias que se han producido hace apenas una semana no son alentadoras, y coincido totalmente con usted en que el cambio climático en estos momentos es y va a ser el problema más importante medioambiental que tiene la Humanidad en el siglo XXI.
Quisiera agradecer su labor de concienciación en ese sentido, pero he de decirle que la Unión Europea no ha tirado la toalla. Después de la reunión informal de Consejo de Ministros de este fin de semana la conclusión más importante es que el Protocolo de Kioto no ha muerto. La segunda es que no se puede permitir, bajo ningún concepto, que un acuerdo multilateral en el que han intervenido muchos países pueda considerarse roto por la decisión unilateral de una de las partes. Y la tercera es que la Unión Europea seguirá intentando hasta la COOP 6 Bis, que se celebrará en Bonn en el próximo mes de junio, seguirá intentando estrechar lazos y vínculos de diálogo, no sólo para recuperar el espíritu del protocolo, que está vivo, sino también para conseguir la ratificación de la mayor parte de los países del mundo.
La reunión que ayer tuvo lugar en Washington con los representantes de la troica no fue positiva, pero, en cualquier caso, el Grupo Paraguas empieza a no tener una posición unánime ante esta cuestión y a criticar la reacción

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que en estos momentos se produce por parte de la Administración norteamericana.
Creo que éste es el vehículo adecuado y que en estos momentos la capacidad de diálogo de la Unión Europea tiene que verse satisfecha.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.


--DE DON FERNANDO MARTIN MINGUIJON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA LICITAR LAS OBRAS DEL EMBALSE DE LECHAGO (TERUEL) QUE PERMITEN LA REGULARIZACION DEL RIO JILOCA (680/000314).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Fernando Martín, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para licitar las obras del embalse de Lechago, Teruel, que permiten la regularización del río Jiloca.
Tiene la palabra el Senador Martín.


El señor MARTIN MINGUIJON: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señor Ministro. Como usted sabe, los ríos Jiloca y Jalón son afluentes del río Ebro en su margen derecha. Concretamente, el Jiloca nace en la provincia de Teruel y desemboca en la de Zaragoza.
Hay que remontarse hasta 1913 para encontrar los primeros estudios que aconsejan la regulación del río Jiloca a la altura de Lechago. Las razones que aconsejan esta regulación no son sólo de carácter agrícola, que lo son --hay una vega de aproximadamente 3.000 hectáreas que produce excelentes productos, sobre todo frutas como manzanas, peras y melocotones--, sino también de carácter medioambiental, puesto que a partir del próximo mes de mayo el río se seca hasta el mes de septiembre u octubre. Los numerosos municipios que tiran del bajo Jiloca casi se mezclan con los sondeos de agua, que están en la misma cuenca, para agua de boca de los municipios.
En 1994 miles de habitantes del bajo Jiloca se manifestaron y consiguieron que se creara la coordinadora de Lechago, compuesta por Ayuntamientos y regantes afectados. Pero no es hasta 1996 cuando verdaderamente se toma en serio este proyecto y se empiezan a hacer numerosas gestiones y estudios; estudios que también se utilizan en la elaboración del documento técnico de la Confederación Hidrográfica del Ebro, que se somete a la aprobación del Ministerio de Medio Ambiente que usted preside. En abril de 1999 la propia Confederación Hidrográfica del Ebro contempla en su Plan de inversiones 2000-2006 una serie de actuaciones para la regulación del Jiloca y, concretamente, del embalse de Lechago.
Siguiendo cronológicamente, en julio de 2000 el Secretario de Estado de Aguas y Costas visita la ciudad de Calatayud para conocer in situ el problema y se entrevista con Alcaldes y regantes afectados de la cuenca del bajo Jiloca, y nos anuncia que hará todo lo posible para que las obras se liciten lo antes posible.
Por todos estos motivos, señor Ministro, le pregunto lo siguiente: ¿En qué fecha tiene previsto el Ministerio de Medio Ambiente que usted preside licitar las obras del embalse de Lechago que permiten la regulación del río Jiloca?

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Martín.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el proyecto de las obras del embalse de Lechago para la regulación del río Jiloca, provincia de Teruel, tiene un presupuesto de 5.368 millones de pesetas y una capacidad de embalse de 18,1 hectómetros cúbicos para cumplir las siguientes funciones: Contribuir a la laminación de avenidas del río Pancrudo para evitar el riesgo de las poblaciones situadas en la vega baja del río, entre ellas la ciudad de Calatayud.
Incrementar la disponibilidad de los recursos destinados a los regadíos del bajo Jiloca en unas 4.000 hectáreas y disponer de agua para abastecer a la población de la zona, cerca de 8.000 habitantes.
En estos momentos el proyecto se encuentra en trámite de declaración de impacto ambiental, estando prevista su publicación en el «Boletín Oficial del Estado» para los próximos días. Una vez publicada la citada declaración y adaptado el proyecto a la misma, podrán iniciarse los trámites de licitación, que se llevarán a cabo durante la primavera de este año.
Concluido este trámite, está previsto que antes del final del presente año puedan iniciarse las obras, que tendrán un plazo de ejecución de 36 meses.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 recogen, naturalmente, la correspondiente dotación económica para este ejercicio y su programación plurianual.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.


--DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS GARANTIAS QUE DA EL GOBIERNO A LOS USUARIOS DE SERVICIOS PUBLICOS DE TELEFONIA GESTIONADOS POR EMPRESAS PRIVADAS, PARA SU DEFENSA CONTRA LOS ABUSOS (680/000305).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta de la excelentísima señora doña Ana Isabel Arnáiz de las

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Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las garantías que da el Gobierno a los usuarios de servicios públicos de telefonía gestionados por empresas privadas, para su defensa contra los abusos.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, tengo la intención expresa de prestar mi voz a esos miles o millones de ciudadanos, usuarios de teléfonos móviles, que consideran que sus derechos no están reconocidos, que las tarifas son caras, que hay abusos, que hay un marasmo legislativo por el cual no saben cuáles son sus derechos, no saben cómo defenderlos y que están a merced de las empresas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) La única persona que puede hacer algo es usted --así como su Gobierno-- y parece ser que no lo está haciendo porque la situación cada vez está peor.
Señora Ministra, en nombre de esos miles de usuarios de teléfonos móviles, sobre todo de los más jóvenes y con menor poder adquisitivo, quiero preguntarle de parte de quién está usted y qué está haciendo para que no ocurran casos como los que le voy a comentar.
El cobro de la llamada con tarjetas prepago se hace sin factura, cuando la Ley General de Telecomunicaciones obliga a que la haya. Los usuarios que no están de acuerdo no tienen posibilidad ninguna de defenderse de un gasto que consideran injusto pero es que, además, cuando el establecimiento de llamada tiene una cuota y el paso por minuto tiene otra, si se interrumpe la llamada por defecto de la compañía --y no porque cuelgue el usuario--, éste tiene que volver a pagar el establecimiento de llamada, no puede reanudar el servicio y se le vuelve a cobrar. Es decir, a mayor número de fallos de las empresas, mayores beneficios. Este problema me induce a preguntar cómo saben los usuarios que no son las propias empresas quienes ponen limitadores a la duración de las llamadas para cobrar, una y otra vez, el establecimiento de las mismas.
Asimismo, las reclamaciones que se hacen por deficiencias del servicio de muchas compañías, no se pueden hacer en teléfonos gratuitos, hay que hacerlas en teléfonos de pago de modo que, incluso para reclamar las deficiencias del servicio, hay que estar pagando; te ponen un contestador, una música, estás en espera y estás pagando porque se garanticen tus derechos, simplemente por informarte y por reclamarlos, y el Ministerio no hace nada.
¿Qué está haciendo el Ministerio? La Dirección General de Telecomunicaciones de su Ministerio ha mandado una circular al Ministerio del Interior en la que dice lo siguiente: La Delegación Regional de Telecomunicaciones, en relación con el uso de la telefonía móvil, informa de los siguientes extremos. Primero, si se recibe una llamada en su móvil y aparecen en la pantalla determinadas exclamaciones, es un virus muy potente. No descuelgue ni intente colgar; destruye por completo el mecanismo del teléfono y no tiene arreglo.
Segundo, si se recibe en su móvil un mensaje que le pide que llame al teléfono 1141455414, no lo haga, porque esto haría que el gasto de la tarjeta se multiplique hasta el infinito.
Tercero, si le llaman al móvil diciéndole que se trata de un proveedor y le piden que, para comprobar el funcionamiento correcto, marque un número del cero al 90, no lo haga y cuelgue en seguida, con este método acceden al código de su tarjeta SIM, pudiendo cancelarla y crear una nueva.
Cuarto, si recibe un mensaje en su móvil diciendo que hay una nueva transacción y debe llamar al número 1749, bórrelo directamente ya que, si efectúa la llamada, su tarjeta SIM se duplicaría y, desde ese momento, pueden llamar con su número y a su cargo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Arnáiz.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, señora Presidenta.
Los consumidores, los ciudadanos y, entre ellos, los usuarios de telecomunicaciones están en España --y supongo que también en otros países--, totalmente protegidos.
La legislación que llevó a la plena liberalización de las telecomunicaciones establece los mecanismos idóneos para garantizar correctamente estos derechos. Me remito al artículo 54 de la Ley General de Telecomunicaciones, sobre derechos de los usuarios, que contiene un sistema de reclamaciones gratuito, por si los ciudadanos tienen conflictos con sus operadoras, que tiene que ofrecer una respuesta inmediata. Este sistema trata desde temas relativos a la telefonía fija hasta temas relativos a la telefonía móvil u otros aspectos, y en un futuro inmediato va a incluir además los servicios de Internet. Por ello, los ciudadanos españoles están totalmente protegidos. Además, pueden utilizar, si lo desean, la Junta Arbitral de Consumo, pero otra cosa es que puedan existir virus, como los detectados no sólo en el caso de la telefonía móvil, sino en el caso de las comunicaciones, para lo cual, por una parte, se han hecho campañas relativas a la concienciación de los ciudadanos, a conseguir hacer desaparecer estos virus, y por otra, actuaciones como la que usted reseñaba, a través de los mecanismos que corresponden en este caso al propio Ministerio del Interior.
Por otro lado, las tarjetas prepago son un servicio establecido por contrato, y así lo contempla la legislación, que no cuentan con factura, pero sí cuentan con transparencia informativa si los ciudadanos así lo solicitan de las operadoras, y si las operadoras no cumplieran, efectivamente tienen a su servicio el sistema de reclamaciones de la propia Dirección General de Telecomunicaciones y Tecnologías de Información, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
En cualquier caso, la legislación es adecuada en estos momentos, y además de adecuada es ágil, gratuita y permite a los abonados avanzar en sus discrepancias con las operadoras, llegando el propio Ministerio a abrir expedientes, bien informativos o bien sancionadores, si ello correspondiera,

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tal y como ya se ha realizado en algunos casos que así lo han requerido; pero además los mecanismos de desarrollo reglamentario son seguidos, de manera que en las distintas casuísticas que se van incorporando van a estar reflejados, como por ejemplo en la próxima, relativa a los derechos de los abonados a ver reflejado en sus facturas telefónicas el coste total de las llamadas de conexión a Internet, siendo además gratuito el suministro de esta información.
Nada más y muchas gracias. (La señora Arnáiz de las Revillas García pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senadora Arnáiz, consumió más de tres minutos en el primer turno, lo mismo que la señora Ministra. Por tanto, la pregunta queda reducida a un solo turno para ambas.


--DE DON MANUEL ARJONA SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VA A ADOPTAR EL GOBIERNO PARA COMPENSAR A LOS MUNICIPIOS DE LA PERDIDA DE INGRESOS QUE LES SUPONDRA LA PROMETIDA SUPRESION DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS (IAE) (680/000304).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Arjona Santana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que va a adoptar el Gobierno para compensar a los municipios de la pérdida de ingresos que les supondrá la prometida supresión deL Impuesto de Actividades Económicas.
Tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la señora Presidenta, esperando una clarificación del señor Ministro de ese asunto que tanto interesa a las corporaciones locales.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, tengo la tentación de decir que también doy por expresada la respuesta, porque no sé cuántas preguntas se me han hecho en esta Cámara exactamente con el mismo sentido y contenido.
Como su señoría conoce, las corporaciones locales están financiadas actualmente por un sistema que rige hasta el año 2002, y por tanto tenemos tiempo para llevar adelante el diálogo con la Federación Española de Municipios y Provincias y determinar cuáles serán los nuevos recursos, a partir del año 2002, que garanticen la suficiencia, la solidaridad y la eficiencia del sistema tributario.
Estamos ante un compromiso del Gobierno de eliminar el Impuesto sobre Actividades Económicas para multitud de comerciantes, para multitud de pequeños industriales, para multitud de profesionales y estamos ante una nueva fase de nuestra reforma fiscal, y subrayo lo de nuestra reforma fiscal, porque ustedes, desde que bajar los impuestos es de izquierdas, parece que únicamente les preocupa compensar y garantizar determinadas financiaciones. Pónganse de acuerdo entre ustedes. En primer lugar, ¿nos van a apoyar en la bajada del IAE? Y, en segundo lugar, ¿cuáles son las sugerencias que nos va a hacer llegar el Grupo Parlamentario Socialista relativas a la modernización de un sistema tributario que, además de injusto, es claramente obsoleto, como ocurre con el Impuesto sobre Actividades Económicas, que tan negativos efectos produce sobre la actividad económica y su penalización en las ciudades y pueblos de España? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Arjona.


El señor ARJONA SANTANA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, de nuevo no responde y aplaza la cuestión. Usted sabe muy bien que el Impuesto sobre Actividades Económicas representa aproximadamente un 15 por ciento de los ingresos por impuestos que tienen los municipios y provincias, y en algunos casos, en aquellos municipios con centrales hidroeléctricas y embalses, representa hasta un 40 por ciento de los ingresos. También sabe la importancia global del Impuesto --más de 325.000 millones de pesetas-- para todos los municipios y diputaciones españoles.
Lo que planteamos, señor Ministro, es la preocupación de los municipios, que compartimos. ¿Qué es lo que va a hacer el Gobierno? ¿Qué tienen decidido hacer? ¿Qué alternativas tienen? ¿Van a sustituir el IAE? ¿Por qué? ¿Van a gravar la actividad a través de las ventas? ¿Gravarán la actividad de las rentas de los residentes? ¿Van a permitir otro tipo de gravámenes para los municipios, o el Gobierno los va a sustituir por un incremento de las transferencias incondicionadas a los ayuntamientos o por la participación territorializada en la recaudación de otros tributos? ¿Sería esto mejor que la situación que tenemos? También hemos oído decir a algún alto cargo de su Ministerio que van a aplicar a este impuesto lo que yo llamaría la eutanasia, o sea, suprimirlo sin más, sin compensación alguna para los gobiernos locales y provinciales. Si así fuera, pensamos que sería algo muy grave, que supondría una agresión más de su Gobierno contra los ayuntamientos, porque ustedes utilizan aquí el argumento de que van a beneficiar a miles de profesionales, pero nosotros afirmamos que van a perjudicar a miles de ayuntamientos, y con ello a los servicios que éstos prestan a los ciudadanos.
Por otra parte, también pensamos que contradice el objetivo expresado por su propio Gobierno de descentralización

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mediante la aplicación del tan traído y llevado principio de subsidiariedad y el desarrollo de los pactos locales que ustedes mismos han firmado. En definitiva, condenan a los ayuntamientos a seguir siendo los parientes pobres de la Administración española.
Esa promesa electoral que hizo su Gobierno, dirigida a los colectivos que usted ha nombrado antes, creo que no debe lesionar la autonomía tributaria y la corresponsabilidad fiscal de las corporaciones locales.
Lo que pretendía con esta pregunta es manifestar que ya es hora de clarificar lo que piensa hacer su Gobierno con el Impuesto sobre Actividades Económicas; que son demasiadas incertidumbres las que inciden en miles de ayuntamientos, sea cual sea su signo político --no olvide, señor Ministro, que en nuestro país los ayuntamientos pertenecen a todos los signos políticos--, sobre algo tan importante como los ingresos que pueden tener los ayuntamientos y las diputaciones. Y esto sólo puede repercutir, desde mi punto de vista, en una gestión no adecuada para los ciudadanos que administran.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arjona.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señoría.
En su réplica lo que ha hecho ha sido exponer una serie de reflexiones y de apuntes, y lo que debe hacer es una serie de aportaciones, señoría.
Usted es un miembro de la oposición, y la oposición está, además de para preguntar al Gobierno, para ofrecer alternativas --alternativas, señoría--, y sobre todo cuando la oposición ha votado en el Congreso de los Diputados una iniciativa parlamentaria relativa a la supresión del IAE, y supongo que usted sabe que su grupo parlamentario ha votado a favor de la supresión. ¡Claro que ha votado a favor de la supresión! ¿Cómo va a estar su señoría en contra? Si usted explica a los comerciantes, a los profesionales, a las industrias de Archidona y de toda Málaga, que usted está cuestionando aquí la viabilidad futura de ese impuesto, después se lo tendrán que explicar ellos a usted como responsable que es.
El Gobierno va a suprimir el Impuesto sobre Actividades Económicas para el 90 por ciento de los contribuyentes, es decir, para aquellos de condición más modesta, de acuerdo con su compromiso electoral y con el discurso de investidura del Presidente del Gobierno, y lo que ustedes han hecho al comienzo de esta legislatura ha sido sumarse a esa iniciativa, porque si no se iban a quedar fuera. Ahora estamos en una fase en la que podemos tomarlo con tiempo. Dentro de poco tendré una reunión formal, la primera de ellas, con la Federación Española de Municipios y Provincias para empezar a dialogar y a tratar esta cuestión, que es para el futuro, sobre la fijación de los recursos financieros, los recursos tributarios, los recursos presupuestarios que garanticen, como antes decía, la suficiencia de nuestros ayuntamientos, de nuestras diputaciones y, en definitiva, de nuestras corporaciones locales, pero dentro de una reforma tributaria que signifique hacer los impuestos más bajos, más sencillos, más actuales y más eficientes.
Yo no sé si algún día el Partido Socialista se sumará a esta iniciativa.
Confío en que sí, y permítame que le suponga la buena voluntad, pero no me haga usted una serie de reflexiones sobre las diferentes alternativas y traten de fijar una posición en su Grupo para que podamos, con tiempo, llevar adelante ese diálogo constructivo para garantizar entre todos la financiación de las corporaciones locales, que es la única intención y la única voluntad que alienta al Gobierno.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON PEDRO SOTO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL DESARROLLO DE LA CAMPAÑA DE DEVOLUCION RAPIDA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF), CORRESPONDIENTE A LA DECLARACION DEL AÑO 2000 (680/000310).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Pedro Soto García, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el desarrollo de la campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, correspondiente a la declaración del año 2000.
Tiene la palabra el Senador Soto García.


El señor SOTO GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, una de las consecuencias de la reforma del Impuesto sobre la renta acometida por el Gobierno de José María Aznar que está teniendo un mayor impacto social es el cambio --entendemos que profundo-- en lo que podríamos denominar cultura fiscal de los españoles. Estamos asistiendo a la implantación lenta, pero entendemos que inexorable también, de una nueva forma de entender las relaciones entre la Administración Tributaria y el ciudadano. Se está pasando de una posición dominante, dicho en términos de mercado, a una situación de clara colaboración con el contribuyente. Para ello ha sido necesario incorporar a la Agencia Tributaria todo un proceso permanente de reingeniería de procedimientos que tiene como objetivo final el cumplimiento voluntario de las obligaciones fiscales de los españoles, y los instrumentos para llegar a este objetivo son muy precisos: un moderno sistema de información al ciudadano muy bien diseñado y estructurada --publicaciones, cartas divulgativas, campañas, centros de llamada, Internet, etcétera-- y un proceso de asistencia y ayuda personalizada al contribuyente para facilitar la realización de sus obligaciones fiscales.
Por tanto, no puede causarnos sorpresa la alta valoración que tenemos los españoles del trabajo de la Agencia Tributaria --un 80 por ciento decimos que es buena o muy buena esa labor--, y en esta línea de trabajo de la Agencia

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cabe destacar precisamente la plataforma telefónica de atención permanente que ya se puso en marcha el año pasado para reforzar la campaña del Impuesto sobre la renta en relación con los contribuyentes no obligados a declarar y que tienen la posibilidad de acceder al sistema de devolución rápida.
El trabajo que antes realizaba el contribuyente lo realiza ahora la Agencia y de forma eficaz y rápida. Por eso queremos insistir en la llamada a los contribuyentes para que utilicen estos servicios de devolución rápida y, por tanto, señor Ministro, nos parece muy oportuno preguntarle, en estos momentos de plena campaña, sobre cómo se está desarrollando esta campaña de devolución rápida del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a la declaración del año 2000.
Muchas gracias por anticipado, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señoría.
Efectivamente, es una pregunta muy pertinente porque estamos en las semanas en las que está discurriendo el sistema de campaña de devolución que hemos llamado rápida y que realmente incluso podríamos llamar con propiedad sistema de no declaración de millones de contribuyentes.
Es un sistema que, por segundo año consecutivo, desde la aprobación de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, se ha puesto en marcha, y es un procedimiento con el que los contribuyentes que no tienen obligación de declarar disponen de un sistema más fácil, más seguro y más rápido. Se trata, en ese sistema, de no requerir documentación ni precisión de los datos económicos porque esos datos residen en los ordenadores de la Agencia Tributaria y, por tanto, no existe posibilidad de error para el declarante. La Agencia Tributaria se encarga de realizar los cálculos, de comunicarlos a los contribuyentes y, en su caso, de efectuar la devolución que corresponda.
Para facilitar la solicitud de devoluciones, se han realizado un millón y medio de envíos de cartas de confirmación de datos a los contribuyentes que en el pasado ejercicio solicitaron devolución con el modelo 104, y dos millones y medio de envíos de modelos 104 y 105 a los contribuyentes que podrían acogerse al sistema. Aprovecho esta pregunta para insistir en la oportunidad que para esos millones de contribuyentes supone acogerse a ese sistema, que es realmente cómodo; hay que rellenar una hoja donde prácticamente sólo figuran los datos personales del contribuyente y con ello ya han cumplido con Hacienda presentando su declaración.
Por otra parte, el Centro de Atención Telefónica se ha puesto al servicio del contribuyente para mejorar la información, concertar cita para una atención personalizada, solicitar el envío a domicilio de impresos oficiales y resolver posibles incidencias. Se han atendido más de 350.000 llamadas telefónicas hasta el 2 de abril y se han concertado 143.060 citas para la elaboración de las declaraciones.
Desde que el 1 de marzo comenzara la campana correspondiente a la declaración del año 2000, se han presentado 771.633 solicitudes, que corresponden 1.118.867 contribuyentes, y ya han comenzado a realizarse las primeras devoluciones. Está previsto que todas las devoluciones sin incidencias se emitan antes del 30 de abril.
Estamos, pues, haciendo un importante esfuerzo con el fin de facilitar a millones de contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales.
Este año hay más personas que pueden beneficiarse del sistema de devolución rápida al incrementarse los límites de la obligación de declarar; se introduce la posibilidad de presentar las devoluciones por Internet y se envían las cartas de confirmación de datos a quienes presentaron el pasado año el modelo 104.
Queremos seguir contribuyendo a esa mejora, a la que se refería su señoría acertadamente, de las relaciones entre Administración Tributaria y ciudadanos. Por ello, en esta legislatura nuestro proyecto es seguir promoviendo cambios fiscales, seguir bajando los impuestos, seguir haciéndolos más sencillos en su cumplimiento y seguir poniendo más medios materiales y humanos al servicio del pago de los impuestos y, en definitiva, al servicio de los contribuyentes.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN ORDEN A VARIAR LA COMPOSICION DEL CONSEJO PERMANENTE DE LA COMISION NACIONAL DE LA ORGANIZACION DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA EDUCACION, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) (680/000298).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las previsiones del Gobierno en orden a variar la composición del Consejo Permanente de la Comisión Nacional de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).
Tiene la palabra el señor Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, hace un año y medio escasamente, en una sesión plenaria de diciembre de 1999 formulaba la siguiente pregunta a su antecesor en el cargo: ¿Tiene el Gobierno la intención de revisar el marco jurídico de la Comisión Nacional de Cooperación con la UNESCO a fin de que las diversas culturas de España estén mejor representadas en ella? El señor Matutes contestaba lo siguiente: Comparto las ideas que su señoría ha expuesto respecto a la conveniencia de reforzar esta representación.


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Creo que el modo más eficaz de hacerlo sería ampliando el número de representantes en este Consejo Ejecutivo, de tal modo que quedase garantizada la presencia de cada una de las lenguas cooficiales de España en dicho órgano.
¿Cuál es la intención del Gobierno en esta legislatura? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como usted sabe, el Real Decreto 972/1994, que regula la Comisión Nacional Española de Cooperación con la UNESCO, garantiza la presencia de todas las Comunidades Autónomas en el Pleno de la Comisión Nacional de la UNESCO.
En el Consejo Ejecutivo está prevista la presencia de los representantes de tres Comunidades Autónomas, que se eligen cada dos años por todas ellas. A la hora de aplicarse esta norma, las Comunidades Autónomas consensuaron el criterio de que una de las tres que estuviera representada en dicho Consejo Ejecutivo fuese siempre una Comunidad Autónoma que tuviese lengua cooficial. Así, hasta el año 2000, estuvo en el Consejo Galicia y desde el año pasado, y por un período de dos años, lo está Cataluña.
Si hubiera consenso entre las Comunidades Autónomas para modificar el Decreto que regula la Comisión Nacional podríamos pensar en su modificación, pero por el momento debo decirle que no parece que ese consenso exista y, en cualquier caso, desde el punto de vista del Gobierno, la Comisión refleja convenientemente la realidad pluricultural y plurilingüística de España en la proyección internacional de la cultura española.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, agradezco sus explicaciones, pero creo que hay que trabajar para llegar al consenso y cambiar esta composición.
Voy a recordar las palabras textuales mencionadas por el señor Spottorno en la Comisión de Cultura, en la que hubo tiempo suficiente para discutir esta cuestión, y quien estuvo muy correcto y explícito en sus explicaciones: Creo que si se cambia la constitución del Consejo Ejecutivo se facilitaría la vida a la Comisión Nacional. Y después dijo con ironía: pero este papel le corresponde a ustedes los legisladores.
Quiero decir que es conveniente este cambio, ya que la situación actual es mejor que la anterior; después del Real Decreto al que usted ha aludido se ha producido un avance, pero todavía no es suficiente y, por tanto, deberíamos continuar trabajando en esta línea.
En el mes de noviembre se celebrará la Conferencia General de la UNESCO y sería un paso importante que en la delegación española se reflejase esta pluralidad cultural de España. Recuerdo unas declaraciones del señor Mayor Zaragoza --que tuve oportunidad de leer en esta Cámara-- quien decía que España es un mosaico y que, por tanto, debemos dar los pasos necesarios para garantizar que esa diversidad se potencie y podamos exportarla a todo el mundo.
Por consiguiente, repito, hay que avanzar en la mejora de la composición del Consejo Ejecutivo de la Comisión Nacional y al mismo tiempo debemos exportar esta diversidad cultural que es España en la Comisión General de la Unesco que tendrá lugar el próximo otoño.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
Comparto las reflexiones que acaba usted de hacer. El Ministro que le habla --como conoce perfectamente-- está no sólo convencido de la realidad pluricultural y plurilingüística de España sino que la practica personalmente porque se expresa y piensa en catalán, además de en castellano.
Por tanto, no puedo más que compartir sus palabras, y también debo recordarle que estamos hablando de una composición que está consensuada y que recoge ese elemento de participación de alguna Comunidad Autónoma con una lengua cooficial; pero existen varias Comunidades Autónomas que tienen el mismo derecho que pueda tener la Generalitat de Cataluña y Cataluña para poder estar presentes porque también tienen lengua cooficial, lo que lógicamente obligaría a un replanteamiento del conjunto del Consejo Permanente que en estos momentos no parece posible, ya que hay Comunidades Autónomas que opinan de manera distinta. Pero en la medida en que se avance en esa dirección, el Gobierno será absolutamente sensible a lo que nos planteen las Comunidades Autónomas.
Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES:

--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA ADOPCION DE MEDIDAS SOBRE EL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES (CERA) PARA EVITAR SU INCORRECTA UTILIZACION (670/000059).


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La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto segundo del orden del día. Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con la adopción de medidas sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) para evitar su incorrecta utilización.
Para exponer la interpelación tiene la palabra el Senador interpelante, señor Cámara Fernández, por un tiempo de quince minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, voy a hacer previamente algunas consideraciones. Considero que nuestra democracia está plenamente consolidada y que dispone de instrumentos para su total garantía. Todos los españoles, dentro o fuera de nuestras fronteras, tienen los mismos derechos políticos y cívicos.
En mi opinión, como me gusta decir, estamos en política por conciencia, por generosidad, porque pensamos que defendemos ideas en la formación del pensamiento de cada uno. Personalmente rechazo otras formas de hacer política que en ocasiones enfanga esta noble función. También desprecio la que se realiza desde el sectarismo y el dogmatismo con la verdad absoluta.
Por tanto, señor Ministro, presento esta interpelación para el esclarecimiento de unos hechos graves, en mi opinión. No voy a contar todo, ya que se trata de un rosario, de un montón de papeles de documentación muy variada.
Ayer mismo en la prensa de Baleares se publicaban noticias escandalosas referidas al censo de muertos. Siempre ha habido censos equivocados y muertos censados, pero curiosamente en esta ocasión están relacionados con el caso que nos ocupa. Según un muestreo, uno de cada diez censados en Argentina estaba muerto.
En Palma --según noticias de ayer o de hoy, no lo recuerdo-- se abre una investigación sobre la legitimidad de lo que aconteció en las elecciones de 1999. Y hoy mismo he podido leer en diferentes medios que el Congreso rechaza --posiblemente con razón, pero no lo sé-- la comparecencia del Ministro señor Matas.
Señorías, en Baleares --y en el resto de España, quizá en menor medida-- estamos ante un sinfín de comentarios y problemas relacionados con un viejo tema. En este sentido, tanto el Senador que les habla como el entonces Senador Isidoro Torres presentamos en la anterior legislatura una interpelación y posteriormente una moción para explicar el llamado «caso Formentera».
En aquel momento denunciábamos la manipulación del voto de los emigrantes y advertíamos de sus consecuencias políticas y judiciales --sobre todo, después de que el fiscal de Ibiza interviniera, aparte de la creación de una Comisión de investigación, dos hechos importantes--, y se nos respondió que era una tormenta en un vaso de agua. Pero en mi opinión, lo digo con toda franqueza y sinceridad, aquella respuesta obedecía a proteger inconscientemente, es legítimo, a los amigos.
En aquella ocasión nos contestó Abel Matutes. Desde la tribuna presentamos noticias de diferentes medios de comunicación que reflejaban declaraciones de diversos emigrantes. Y aunque no quiero cansarles, les diré que, por ejemplo, un señor que había nacido en Hospitalet, al igual que su padre y su abuelo, decía: No sé nada de las islas. Me han preparado el voto.
Otro caso es el de Cipriano García, de Villalpando --sus padres también eran naturales de allí--, quien decía que tenía un amigo en Baleares, que no conocía Formentera ni el resto de España, y que eligió Formentera porque quería participar en la casa de vacaciones que querían comprar en la isla --casa de vacaciones, por cierto, que fue un argumento esencial del señor Ministro en su momento.
También hay declaraciones de entonces políticos del Partido Popular en Baleares: No tenemos nada que ver con todo esto.
El PSM, Partido Socialista de Mallorca, ya denunciaba el caso de los dos muertos que he mencionado.
En definitiva, se nos explicaron muchas cosas con respecto al procedimiento electoral. Se habló de la legalidad vigente --que nadie discute, aunque otra cosa es que se modifiquen aquellos aspectos que puedan funcionar mal--, además de decirnos que aquello era una tormenta en un vaso de agua, se nos dijo que parecía mentira que lleváramos esas cosas al Senado. Pero ha pasado el tiempo, y hoy, señor Ministro, no solamente hay titulares de prensa sino documentos, algunos incluso con la caligrafía que corresponde al Ministro señor Matas. Y lo que estamos discutiendo, lo que denunciábamos entonces y lo que denunciamos ahora es una utilización incorrecta del CERA con claros visos de fraude electoral, es decir, la utilización del CERA para intereses de carácter partidista.
El señor Vázquez Portomeñe, que fue Senador, quiso defender la autonomía de los residentes en Santa Fe, Argentina, y dijo: La oficina del censo electoral hace constar en sus informes que las inscripciones en el censo de ausentes de Formentera se realizaron en fase de rectificación del censo en período electoral y mediante reclamaciones por parte de los electores a través de los consulados correspondientes.
Si después tengo tiempo de explicar toda esta trama --así la califico yo-- veremos que esto tiene que ver con destinar unos cuantos votos a un lugar muy pequeño donde se disputaba el Gobierno balear --que precisamente se disputaba por muy pocos votos--, como es la isla de Formentera. Y naturalmente, esas explicaciones vienen a corroborar algunas cosas.
Señorías, entre 1996 y 1999 el número de censados en Baleares que entonces residían en Argentina pasó de 749 a más de 2.000 personas --me van a contestar que eso ocurrió en todas partes--, y ese hecho llamativo, pero en principio inocuo, cobró tintes preocupantes cuando días antes de las elecciones autonómicas de 1999 se descubrió con sorpresa que se habían inscrito en el censo de Formentera 74 residentes en Argentina que no tenían ningún tipo de vinculación histórica o farniliar con la isla.
Pasados los comicios se pudo constatar que la totalidad de estos electores habían votado al

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Partido Popular, y un juzgado de instrucción de Ibiza abrió diligencias por presunto fraude electoral.
En las últimas semanas se han publicado informes, cuya autenticidad nadie discute, que señalan la existencia de una autodenominada operación Mapau, caso Formentera, en ejecución de la cual el entonces Gobierno balear, presidido por el señor Matas, con cargo a fondos públicos está demostrado que contrató al menos a tres personas y financió numerosos viajes a Argentina y Uruguay con el único propósito, en mi opinión, de captar votos para el Partido Popular. El contenido de estos informes ha sido avalado por el testimonio de numerosos miembros de las colonias de emigrantes y por las declaraciones ante la Comisión de Investigación Parlamentaria constituida en Baleares, por ejemplo, del ex Secretario del PP de Ibiza y del ex Presidente del PP de Formentera. Con fecha 21 de marzo el fiscal de Ibiza ha declarado su intención de solicitar la ampliación de las diligencias por fraudes electores al delito de malversación de caudales públicos. Así es como están las cosas en estos momentos.
Ahora sabemos que el fraude electoral, en mi opinión organizado, tenía un nombre, la operación Mapau. Y podemos saber hoy en día el funcionamiento de esta operación y el papel jugado por sus responsables con la misma claridad que si lo estuviéramos observando a través de una cámara de seguridad. No dará tiempo a explicarles todo aquí, pero está todo perfectamente claro. (Un señor Senador: ¡Bueno, bueno!-- Rumores.) La operación Mapau estaba dirigida a captar votos de emigrantes utilizando los recursos humanos y materiales del Gobierno balear. Este hecho bastante grave en sí mismo se produce con tres agravantes, el intento de alterar los resultados electorales de una pequeña circunscripción como es la isla de Formentera que elige un Diputado potencialmente decisivo para el resultado global de las elecciones, y la aparición de 74 votantes.
Lógicamente son 74 votantes porque se descubrió antes la operación, que en cualquier caso fue muy ruinosa porque se calcula por parte de la Comisión de Investigación que costó unos 400 millones de pesetas para obtener muy pocos resultados, puesto que al final no consiguieron el triunfo electoral. Pero, señorías, si cualquier fraude electoral es repugnante, es doblemente repugnante fomentarlo con la manipulación del voto emigrante. Los emigrantes están indefensos, no tienen acceso a los medios de comunicación locales, ni viven de primera mano los problemas de su comunidad de origen, la información les llega fundamentalmente de las casas regionales, y éstas reciben la información y el apoyo económico necesario para su subsistencia, Sobre la fragilidad y la dependencia de nuestros emigrantes y de sus descendientes es, en mi opinión, donde se sustenta esta operación llamada Mapau. Insisto en que el coste económico es muy cuantioso para los resultados finales.
Hay un relato de los hechos que yo voy a hacer muy rápidamente porque si no el tiempo me come. En el mes de febrero del año 1998 va a Argentina una delegación el anterior Gobierno balear. En la comitiva participan diversos funcionarios del Gobierno, el jefe de prensa y varias personas, pero hay un extraña pareja que no tenía por qué estar allí exactamente, puesto que no tenían ningún tipo de relación laboral con el Gobierno, cuyo nombre, por ejemplo una tal señora Segura, inspiraría la trama que ya estaba en marcha. Esto parece la película de Bette Davis «La extraña pasajera». Averiguar quién pagó las facturas de todo ello durante esta larga y costosa expedición no es lo más importante, simplemente es que fueron de viaje en una delegación gentes que no tienen nada que ver con el Gobierno balear. Después se redactaron informes y aparecen ya escritos dirigidos a diferentes responsables políticos de entonces, y de ahora a nivel de Estado, del Partido Popular, que han sido publicados efectivamente en diarios de Mallorca, y personajes que participaron en el tema no han negado su autoría. Eso sí, han dicho que eran cosa de ellos y los escribían para entretenerse, no fueron dirigidos a nadie, aunque iban dirigidos a responsables políticos.
Por ejemplo, en un momento determinado, tras el viaje efectuado a Uruguay y Argentina, se hace un informe sobre la situación de las casas regionales. Dicho informe abarca diferentes cuestiones. Por una parte, pretende reflejar el estado actual de las relaciones entre el Gobierno, las casas regionales y los centros de Baleares y, en segundo lugar, pretende arrojar un poco de luz en el tema de las posibilidades electorales que ofrece la colectividad de inmigrantes o sus descendientes en Argentina y Uruguay, según se expresa en el mismo.
¿Cuáles son estas posibilidades electorales? ¿Se tratará, digo yo, de un inocente fomento institucional del voto emigrante, al que últimamente han aludido repetidas veces diferentes dirigentes del Partido Popular? El autor de este informe, el señor Segura, lo dice muy claramente. Segura se reúne con diversos miembros de la junta directiva, encabezada por el señor Antonio Mas, los cuales le manifiestan sus quejas por lo que concierne a una actitud distante del Gobierno. ¿De qué se habla a continuación? ¿Del fomento institucional, del voto emigrante o del voto al Partido Popular? Dice el informe, escrito por esos «fontaneros», de su puño y letra: Ante este estado de cosas y el descontento de la junta directiva, me atreví a inquirir acerca de la naturaleza de las contrapartidas que se exigen para hacer la operación --se trata de un personaje de la casa regional de Santa Fe, Argentina--: la creación de una sociedad comercial ubicada en Buenos Aires y la participación directa en la política de la Comunidad Autónoma a través de la inclusión de un tal Antonio Mas en las listas del PP, de todos conocido.
Estas son las condiciones que plantean y está escrito. Y Antonio Mas afirma que el 48 por ciento de los electores descendientes de emigrantes en Baleares que votaron en las últimas elecciones lo hicieron por el PSOE. Pese a ello, asegura que, a través de una acción política adecuada, podría romperse este virtual empate.
Otros informes se refieren también a posibilidades electorales. Ni siquiera me atreví a plantear el tema --se dice en uno de ellos-- debido a las creencias «pesemeras» del señor Bordoy. Esto sucede en San Pedro, en otro lugar. Por tanto, no se atrevió a incitar porque el señor Bordoy era del PSM. Y las conclusiones del informe tampoco dejan demasiadas dudas sobre lo que estoy hablando.


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Decía otro informe: Urge coordinar las nuevas tareas de Mari Pau con el día a día de la relación Gobierno-Casas. No disponemos de mucho tiempo para ello pero la bolsa de votos de emigrantes no es una utopía, ni mucho menos, aunque una estrategia equivocada y descoordinada no sólo puede dar al traste con los objetivos marcados.
El IDI, Instituto de Desarrollo Industrial, es la tapadera. Ahí se contrata a las personas y de ahí se saca todo el dinero para esa operación. El tema queda aún más explícito en otro manuscrito, cuya autoría también está garantizada, que posee un esquema muy coincidente con otro del Ministro señor Matas --tengo que decirlo con toda franqueza, un calígrafo ha dicho que es suyo y el Ministro ha admitido que es cierto, aunque no tiene mayor importancia, según el propio Ministro-- y donde se explica el papel que debe jugar el Instituto de Desarrollo Industrial.
Diferentes dirigentes del Partido Popular en Baleares han dicho muchas cosas que no les voy a relatar. Señorías...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, le quedan todavía dos turnos. Por tanto, le ruego que concluya, pues su tiempo ha terminado ya.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, señora Presidenta, concluyo ya.
Para terminar, porque, efectivamente, tengo más tiempo para ampliar esta información, les quiero expresar lo siguiente, señorías. Aquí no discutimos sobre los derechos ni discutimos sobre la necesidad de la labor institucional de acercar los emigrantes a sus realidades culturales, sociales, políticas, etcétera. Aquí hablamos de que, usando el CERA con una trama organizada --esto es evidente--, se ha utilizado a los emigrantes para conculcar la voluntad popular de una circunscripción electoral.
Señor Ministro, la pregunta es muy concreta y muy precisa --lo preguntamos ya el año 1999--: ¿sobre este caso concreto, con el fin de delimitar también responsabilidades y corregir lo corregible, está dispuesto el Gobierno de la Nación a abrir una investigación y, en el plazo de un tiempo, responder ante esta Cámara?

La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, ha concluido ya su turno con creces.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Y sobre todo, ¿qué medidas va a adoptar para evitar esta manipulación en el futuro inmediato...


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Antes de entrar en la materia objeto de su interpelación, déjeme que le diga que yo comparto las reflexiones que usted ha hecho al principio sobre la nobleza de la política y sobre la necesidad de que todos los que tenemos algún tipo de responsabilidad pública, ya sean labores de gobierno o labores legislativas desde la oposición, actuemos con atención a los intereses generales, actuemos también sin sectarismo --palabra que usted ha utilizado-- y tengamos comportamientos adecuados en tanto que responsables. Debo decirle que su discurso quiebra precisamente en este punto porque no se puede tener actitud más irresponsable y más sectaria que participar en operaciones de acoso y derribo de determinados responsables políticos en temas que están suficientemente aclarados, que se aclararon en su momento y que ahora se resucitan por una razón --permítame que le dé una interpretación personal pero que para mí está muy clara--, porque el Ministro en cuestión va a sacar algo tan histórico para este país, deseado desde hace muchísimas décadas, como es el Plan Hidrológico Nacional con un extraordinario apoyo. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Esa es la cuestión.
Por otra parte, hay a quien le puede extrañar que las diferentes administraciones públicas intenten incentivar el voto de los emigrantes.
Creo que es responsabilidad de todos hacerlo. Yo he recibido al Consejo General de la Emigración en varias ocasiones, hemos intentado atender todas sus reivindicaciones, algunas de ellas ya están en marcha, otras tienen un componente presupuestario que obliga a una cierta calma y a una cierta instrumentación, pero estamos trabajando conjuntamente precisamente porque todos deseamos que puedan hacer frente a sus responsabilidades políticas y electorales de la manera más adecuada posible.
Por lo tanto, lo que a usted le ha parecido extraño, y es que se pasara de 649 votantes inscritos a 2.000, a mí no sólo no me lo parece sino que es extraordinariamente positivo, y ojalá en lugar de 2.000 fueran la totalidad de los inmigrantes que están en el exterior. Por consiguiente, hay que situar las cosas en sus justos términos.
Quisiera recordarle que esta interpelación incide de nuevo, como usted recordaba, en la interpelación que el Grupo Parlamentario Mixto presentó el pasado 25 de octubre de 1999, que fue amplia y cumplidamente respondida por el anterior Ministro de Asuntos Exteriores. Yo quisiera decirle que el Ministerio de Asuntos Exteriores siempre ha instruido sobre la normativa electoral a las oficinas consulares y, en especial, la Ley Orgánica del Régimen Electoral General --la LOREG-- y sus normas de desarrollo, como el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, y la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de abril del mismo año, son el esquema sobre el cual se trabaja en esta cuestión.
Usted ha mencionado a los inmigrantes indefensos. Ha hecho una serie de consideraciones, algunas de las cuales en cierto sentido yo podría compartir, pero precisamente estamos trabajando para que eso no sea así y para que el proceso de información electoral a los integrantes del CERA responda a la necesidad de mantener permanentemente actualizados los datos de quienes lo integran. Así se solicita a todos los españoles que van a una oficina consular

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de España para realizar cualquier gestión, ya sea el registro civil, la expedición de pasaportes, los poderes notariales, certificados varios, el servicio militar hasta ahora, la información sociolaboral, que comprueben la exactitud de sus datos de inscripción en el censo. Tan pronto como se convoca un proceso electoral --elecciones generales, autonómicas, europeas, etcétera--, se pone en el tablón de anuncios de todas las oficinas consulares el texto de la convocatoria electoral, que además es difundido con la mayor celeridad posible mediante el envío de cartas a los Presidentes de todos los centros y asociaciones españolas de la demarcación consular y mediante la publicación de notas informativas en los medios de comunicación más difundidos entre los integrantes de la colectividad española.
Se procura la difusión de la convocatoria electoral a través de las emisoras de radio y cadenas de televisión más escuchadas y vistas por los inmigrantes españoles. Se publica la convocatoria en las páginas que el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en Internet y se solicita al Ente Público Radiotelevisión Española que difunda la convocatoria tanto en las emisiones de Radio Exterior como a través del canal de Televisión Española Internacional.
La información que se difunde se refiere a la fecha de los comicios, a la forma en que los electores recibirán los envíos electorales, a las dos posibilidades que tienen de ejercer su derecho al voto y a las fechas límite para ello. Los españoles residentes en el extranjero inscritos en el CERA pueden ejercer su derecho al voto en todos los procesos electorales, excepto cuando se trata de elecciones municipales, optando entre dos posibilidades, ambas están reflejadas en la LOREG, en su artículo 75.3.
Estos electores pueden enviar el sobre dirigido a la Junta Electoral competente para su escrutinio por correo certificado y no más tarde del día anterior al de la elección, o entregar personalmente el sobre no más tarde del séptimo día anterior al de la elección en la oficina consular en que estén inscritos para su remisión mediante envío electoral a la oficina electoral que se constituya en el Ministerio de Asuntos Exteriores.
Esta oficina envía urgentemente los sobres a las juntas electorales correspondientes. En el primero de los casos mencionados la oficina consular no tiene por qué mantener el menor contacto personal con el elector que recibe directamente en su domicilio por correo certificado el material electoral que le remite de oficio la oficina del censo. En el segundo caso el elector se identifica mediante la presentación del pasaporte, el DNI o el permiso de conducir donde figuren tanto sus datos personales como su fotografía y, una vez depositado su sobre, se le entrega un recibo justificativo de dicho depósito.
En este proceso se instruye sistemáticamente a las oficinas consulares para que bajo ningún concepto efectúen el menor comentario o traten de influir de la forma que sea en la voluntad del votante con el fin de que éste pueda ejercer su derecho al voto con las mismas garantías que quien lo hace por correo o acudiendo al colegio electoral correspondiente.
Queda, pues, establecido que la Administración Exterior del Estado lleva a cabo con total transparencia y absoluta neutralidad el proceso de información que se efectúa tan pronto se convoca un proceso electoral, y que se reciben en su momento de la misma forma los votos de quienes optan por depositarlo en las oficinas consulares respetando escrupulosamente el papel que debe jugar la Administración. El servicio consular español, por lo tanto, desempeña su trabajo en la actualización del CERA con total profesionalidad e imparcialidad y siempre, desde luego, cumpliendo la normativa vigente.
Debo decirle, como Ministro de Asuntos Exteriores, que rechazo de plano cualquier alusión que se refiera a que por parte de dicho servicio consular se haya utilizado el CERA con fines fraudulentos y de que se pudieran haber cometido actos ilícitos por funcionarios consulares en la gestión de dichas inscripciones.
En cuanto a las polémicas a las que se ha referido su señoría que han tenido lugar en Baleares y en otros lugares de la geografía española con motivo de los procesos electorales que tuvieron lugar el día 13 de junio de 1999, quiero decirle, en relación con Formentera, que, efectivamente, se pasó de 74 a 148 electores. Si tenemos en cuenta que el censo electoral de Formentera ronda los 3.000 electores, la variación experimentada no llega al 2,5 por ciento del total. Son altas debidamente justificadas por el hecho de que aunque un alto porcentaje de los inscritos eran nacidos en la República Argentina, la mayoría de ellos eran de ascendencia balear y la razón que explicaba el haber elegido Formentera como municipio de inscripción a efectos electorales era que el centro balear de Santa Fe había elegido Formentera para promover una urbanización denominada precisamente Casa del Emigrante Balear Santafesino.
Nada más natural que quienes han puesto en marcha un proyecto de este tipo y piensan disfrutar en un próximo futuro de una residencia en Formentera deseen que el municipio de inscripción a efectos electorales sea aquél donde tienen, precisamente, intereses directos. Ello lo permite la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda del 24 de abril de 1996 por la que se dictan normas técnicas para la actualización mensual del censo electoral.
La norma tercera --Determinación del municipio de inscripción en España a efectos electorales-- dice inequívocamente en su punto primero que el municipio de inscripción en España a efectos electorales lo determinará el elector que haya nacido fuera del territorio nacional teniendo en cuenta el municipio de la última residencia o el de mayor arraigo de alguno de los ascendientes o, en su caso, del propio interesado.
Con independencia del hecho más arriba mencionado de que la mayoría de los 74 electores que han motivado esta polémica eran o bien nacidos en las islas Baleares o bien en la República Argentina, pero de ascendencia balear, parece evidente que queda plenamente justificada su petición de ser inscritos en Formentera por interés personal y directo que todos ellos tenían en razón de la promoción inmobiliaria más arriba mencionada.
Por cierto, debo decirle que todos estos inscritos fueron a inscribirse personalmente. Y como éste es un tema suficientemente aclarado y han pinchado ustedes en hueso, ahora están tratando

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de reabrir el proceso hablando de otras circunstancias como, por ejemplo, la de los fallecidos.
Yo les puedo decir que los servicios consulares no han detectado ningún tipo de anormalidad. He visto esa misma información en prensa recientemente. Vamos a comprobarla, pero estoy seguro de que todo se ha hecho correctamente, señoría. Les ruego que dejen de utilizar este tipo de instrumentos para hacer política porque no es bueno para los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.
Senador Cámara, ¿desea intervenir como portavoz del Grupo Parlamentario Mixto o por el artículo 87?

El señor CAMARA FERNANDEZ: Como portavoz, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: En ese caso, entramos en turno de portavoces. Tiene su señoría la palabra por tiempo de cinco minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Señor Ministro, yo me creo lo que dije al principio y sigo reiterando. Es más, como saben algunos Senadores, para mí es una papeleta --por cierto, la suya también es buena-- hacer mención de estos casos con la crudeza con que yo los he expuesto, pero no me anima ningún afán revanchista, y mucho menos hacia personas con las que he tenido y sigo teniendo una relación personal muy importante. Pero la política es la política, y cuando se cometen errores hay que decirlos: radicalidad democrática.
Mire, señor Ministro, usted no me contesta. Si no asumen ustedes ciertas vías de actuación de determinados momentos ya históricos, tendrán que explicarlo, efectivamente por vía judicial, o bien tendrán que explicarlo sus compañeros y compañeras de Baleares (Dirigiéndose a los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) en la Comisión de investigación que está en marcha. Existe mucha información incluso del propio Partido Popular.
Quiero decirles que antes se sabían muchas cosas, pero ahora sabemos muchas más, y me refiero a que algunos miembros del Partido Popular de Baleares, aquí presentes, intuyen o saben que otros miembros de su Partido --lo que me fastidia en cierta forma-- (Rumores.) han sacado informes y los están publicando. Yo estoy convencido de eso y, por tanto, lo digo aquí. Y son miembros de su Partido en la actualidad.
Señor Ministro, quiero decirle dos cosas muy puntuales. La idea de que los argentinos residentes en Santa Fe votasen en Formentera porque iba a haber una casa de vacaciones ya no se la cree nadie. Usted ha hecho aquí un discurso igualito igualito, calcado al del año 1999. Tiene usted un papel muy difícil, muy complicado, ha querido echar balones fuera y ha hecho un discurso en el que repite casi literalmente lo mismo que en 1999. Le pregunto una vez más --y reto aquí a que se demuestre-- lo mismo: ¿Dónde están planos, las iniciativas, dónde hay algún papel que indique que la Administración o quienes fuesen van a hacer una casa de vacaciones en Formentera para los españoles residentes en Santa Fe? Y termino porque no hay más que decir. En un informe que, insisto, habrá sido pasado por su propio Partido, el que sustenta al Gobierno, dice textualmente la señora Segura, esa señora «fontanera» que fue allí: «El reparto de fondos de la visita presidencial fue la fórmula ideal para atraer a los descendientes, recabar sus datos, rellenar sus impresos y trasladarlos al Viceconsulado.» Hay un montón de papeles, de información y de pruebas actualmente. Yo les advierto una cuestión que considero importante: no se remitan solamente a los tribunales. Asuman las responsabilidades políticas, no echen balones fuera. No intenten matar al mensajero. Y creo que ya ha habido ejemplos semejantes a éste, aunque de otro tipo, en que el señor Aznar intervino de forma positiva para limpiar ciertas actitudes políticas incorrectas, como fue el caso que todos ustedes conocen del túnel de Sóller. No tengamos otro túnel de Sóller, porque ni el Partido Popular, ni sus miembros, ni sus votantes en Baleares merecen esto. Les pido que asuman la responsabilidad y, por tanto, investiguen, aporten lo que sepan e intentemos esclarecer las cosas por el bien de la democracia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Continúa el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Quiero intervenir brevemente en esta interpelación que trae el Grupo Parlamentario Mixto y en su nombre el Senador Cámara para decir que, desde luego, nuestro Grupo entiende que el Ministerio de Asuntos Exteriores debe tomar todas las medidas necesarias encaminadas a garantizar la nitidez total y absoluta en los procesos electorales --y en concreto en lo relativo al Censo Electoral de Residentes Ausentes--, así como, por supuesto, el ejercicio del voto libre y democrático --principio que debe regir el funcionamiento de cualquier país democrático como el nuestro-- y, cómo no, a combatir el fraude electoral que le pudiera dar en cualquier momento.
Pero quiero aprovechar esta interpelación para añadir algunas cuestiones que a nuestro Grupo le preocupan en relación con el CERA.
El derecho a ejercer el voto de todos aquellos españoles que por diversas razones se vieron obligados a emigrar se regula por la Ley orgánica 5/95 --que recoge los requisitos necesarios para poder ejercerlo--, derecho que debemos facilitar y garantizar. Sin embargo, después de estos años de entrada en vigor de la Ley se han detectado algunas deficiencias que lo dificultan, y una de ellas son los plazos que se estipulan y que en muchos casos hacen imposible el ejercicio real del voto, a lo que se suma la deficiencia del servicio de correos que existe actualmente. Así

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nos lo ponía de manifiesto una comisión de emigrantes que se reunió el año pasado con los distintos grupos parlamentarios y que nos transmitía esta preocupación.
Por todo ello nos encontramos en un punto en el que debemos plantearnos una reforma de la Ley que mejore algunos aspectos que posibiliten el que realmente se pueda ejercer el derecho al voto de los emigrantes, además de tomar otras medidas, dependiendo del número de emigrantes y características de los países, como la mejora y ampliación de consulados --es el caso de Venezuela--, que desde Coalición Canaria llevamos reivindicando hace tiempo. Todas estas cuestiones y otras medidas que se puedan articular redundarán, desde luego, en claridad, transparencia y eficacia del voto de nuestros emigrantes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Morales.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no interviene.
Por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, para mí sus explicaciones han sido bastante lamentables (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Creo que hay que traer estas cosas al Senado, hay que traerlas y hay que afrontarlas porque existen.
No se trata aquí de hacer, como hicieron ustedes, un acoso salvaje al Gobierno de turno (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), ni estamos aquí para teatralizar ningún escándalo farisaico (Rumores.) Está en cuestión la credibilidad del sistema de votación.
Todos sabemos que estamos hechos del mismo barro (Risas.) y que hay que regular situaciones que se prestan al fraude para que no pasen estas cosas.
El uso de las casas regionales en el extranjero es siempre una tentación para el Gobierno autonómico de turno para arrimar el ascua a su sardina, y esto hay que regularlo. En este caso parece más que razonable que ha habido una utilización de fondos públicos de manera tangible, «cash» (Risas.), y también en forma de trabajo de unas personas que en vez de dedicarse a tareas públicas se han dedicado a hacer propaganda electoral y a buscar nuevos votantes.
Cuando se detectaron abusos del voto por correo --y al final se hicieron remiendos-- se vio que aún hay pueblos en los que se dan utilizaciones del voto por correo fraudulentas. Creo que el sistema democrático tiene que quedar al margen de cualquier duda en el marco de las votaciones, y esto debe quedar claro. La urna siempre ha de ser perfectamente transparente.
Usted, señor Piqué, ha dicho que hay que incentivar el voto de los emigrantes, pero hay que ver quién los incentiva y cómo lo hace. Lo que sucede es que los gobiernos de turno nombran y erigen a grandes chambelanes que salen en busca de posibles oriundos para que se inscriban en el censo electoral, consiguiendo que su voto afecte al resultado final.
No dudo de que hay casos que, al margen de la figura del fraude de ley, puedan ser maquillados como legales, aunque sean inmorales. Legalidad o moralidad no siempre han de coincidir en los actos políticos, pero lo cierto es que éstos no pueden discurrir por las equívocas fronteras que separan la legalidad de la ilegalidad. Los actos políticos han de situarse en el centro de la legalidad.
No sé quién es el responsable de todo este asunto, pero su respuesta lamentable --le vuelvo a repetir-- me ha convencido de que aquí hay un fraude de ley. Esto, señor Piqué, sí que es un barullo de los gordos, tan grande que parece el hotel de los líos.
Lo que se ha hecho es una trampa -- y, si no se regula, podría volver a hacerlo otro gobierno contrario al suyo-- que entronca con el entrañable caciquismo de la Restauración y se asemeja a aquel episodio de los clubes de fútbol, llamado de los oriundos. Hablando de fútbol, creo que el Gobierno no puede echar balones fuera, sino que tiene que asumir sus responsabilidades.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estamos debatiendo una interpelación, a la vista de la investigación de un presunto fraude en la inscripción de inmigrantes, en su mayoría de origen balear, concretamente en Formentera, justo antes de las elecciones autonómicas del año 1999. Los denunciantes de este hecho dicen que esta inscripción, impulsada por el Gobierno, no era más que una maquinación para lograr un estratégico escaño, y este escaño terminó siendo claramente estratégico porque los 5.000 votos de Formentera permitieron conformar una mayoría determinada en el Parlamento Balear.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió seguirá este asunto desde el respeto a uno de los pilares básicos del Estado de Derecho, que es el de la presunción de inocencia, pero el Parlamento también puede y debe ocuparse de estos asuntos. Por eso, se creó la figura de las Comisiones de Investigación en sede parlamentaria, para que en este ámbito podamos interesarnos por estas cuestiones paralelamente a las investigaciones en curso de índole judicial, y eso es exactamente lo que está haciendo la Comisión creada al efecto en el Parlamento Balear.
El Ministro Piqué ha iniciado su intervención diciendo que daba la investigación por concluida porque los hechos ya se habían esclarecido, pero este asunto en absoluto está claro. En este sentido, quiero recordar que esta causa se está tramitando desde hace veintidós meses en un juzgado de Ibiza y que aún no se ha llegado a una conclusión definitiva.
Sin embargo, existen algunos elementos que tenemos que poner encima de la mesa. Siendo Presidente del Gobierno

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de Baleares el señor Matas, un asesor del Gobierno, don Miguel Segura, elaboró un informe en el que recomendaba iniciar actuaciones para inscribir inmigrantes en el CERA. No hay que olvidar que el señor Matas declaró recientemente que había que averiguar si alguien de su Gobierno había cometido algún error, afirmación que luego hemos sabido que fue recogida por escrito por el propio Presidente Matas.
Existe también un Plan que contempla la inscripción de 12.000 inmigrantes de origen balear. Pues bien, de los 74 inmigrantes de Formentera inscritos en el CERA, 72 son votantes del Partido Popular. Hay testimonios de personas que han declarado que fueron inscritas y que se les indicó la conveniencia de dicha inscripción en el marco, según se dice desde el Gobierno, de un plan de carácter institucional y no partidario. Existe también la iniciativa del Senador Torres, en la anterior legislatura --concretamente, en octubre de 1999-- que ya subrayaba este hecho, este proceso y el posible desencadenante del mismo.
La respuesta del Ministro Matutes fue que la inscripción de la mayoría de inmigrantes tenía como motivo la construcción de la casa del inmigrante de Baleares, que se construiría precisamente en Formentera para ser --según decía el Ministro Matas-- un territorio neutral dentro de la siempre competitiva relación entre las islas, en el marco de los hechos insulares. A mí me parece que esta parte de la respuesta se puede calificar, como mínimo, de curiosa.
Asimismo, existen presupuestos del Gobierno de Baleares destinados a viajes a Argentina y atenciones a las casas regionales y, como ayer revelaba el «Diario de Mallorca», algunos de los inscritos que habían votado, habían fallecido. Esta es una información de la prensa y ustedes reconocerán también su papel vigilante en los procesos democráticos que, en mi opinión, es una cuestión que hay que tener en consideración.
No sé si este proceso, que hace 22 meses que está abierto en un juzgado de Ibiza, determinará algún tipo de responsabilidad penal ni si corresponde o no al Parlamento pero, a luz de estos datos y de algunos otros planteados por el Senador Cámara, estamos delante de un dudoso quehacer político.
Me parece que los ciudadanos del conjunto de España, los ciudadanos de las Baleares y, especialmente los ciudadanos de Formentera, de Sant Rafel, del Pilar de la Mola, de Cap de Barbària, de Sant Francesc dels Pujols tienen derecho a que se aclaren estos asuntos pero, sobre todo y principalmente, tenemos derecho como políticos --y en nombre de la política-- a que se respeten las normas del juego democrático y el prestigio de la democracia.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Xuclà.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en las elecciones autonómicas de 1999 se produjo un caso, cuando menos, curioso: una inscripción masiva de ciudadanos españoles residentes en Santa Fe, en la circunscripción de Formentera, donde pocos votos deciden el diputado autonómico y, en muchas ocasiones, el color del Govern, sin que tuviesen ninguna relación con dicha isla e, incluso, sin saber dónde se encontraba.
Casualmente, 72 de aquellos 74 votos fueron para el Partido Popular.
Decíamos entonces que parecía existir un claro fraude electoral con el evidente interés de asegurar un diputado clave y con un claro beneficiado en toda la trama, que no era otro que el Partido Popular de les Illes Balears. Así también lo creyó la Fiscalía y el asunto está en el juzgado.
Sin embargo, nuevas aportaciones efectuadas por los medios de comunicación, en especial por el «Diario de Mallorca» han sacado a relucir toda una trama, financiada con fondos públicos, para conseguir votos en beneficio de una fuerza política en concreto, casualmente otra vez, también el Partido Popular, que gobernaba en ese momento la Comunidad Autónoma.
Se ha dicho, por parte de destacados miembros del Partido Popular --desde la viceportavoz en el Congreso de los Diputados, Rosa Estarás, hasta el Secretario General del partido, Javier Arenas, pasando por el Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas-- que promover el voto entre los emigrantes es misión de las diferentes administraciones públicas. Nosotros compartimos esa misma preocupación por aumentar dicha participación, pero no el diseño de un plan a realizar con fondos públicos, para recoger votos destinados a una determinada acción; y eso, señorías, es lo que ha sucedido en Baleares.
Jaume Matas diseñó --presuntamente, claro está-- un plan, el Plan Mapau, de su puño y letra, y puso todos los medios necesarios, a través del Govern, para conseguir una mayor participación en las elecciones de los emigrantes de Baleares en Sudamérica; pero --y ahí aparece la irregularidad-- sólo si era para votar al Partido Popular.
Se hicieron infinidad de viajes --hay contabilizados más de 400-- y se mandaron enviados a todas las casas regionales susceptibles de ser utilizadas como captadoras del voto popular --popular, del Partido Popular--, desechando a aquellas que se mostraban remisas. Se contrató, con cargo a presupuestos públicos, a supuestos agentes para gestionar los, presuntamente, masivos empadronamientos que se habían comprometido a realizar aquéllos, llegando incluso en uno de los casos a cobrar el dinero la madre de uno de los agentes electorales --por llamarles de algún modo--, ya que él no podía hacerlo.
En les Illes las cosas no se hicieron mejor: siete días antes de que saliese publicada la oferta de una plaza --cito textualmente-- «de una persona que sirva para atender el nuevo servicio de promoción comercial, y que pueda hacer de traductor», se mandó desde la Consellería de Presidencia el currículum de María de la Pau Segura, curiosamente la persona que da nombre a la «operación Mapau», que era la única que tenía conocimientos de ruso. Sí, sí, de ruso, señorías; ya es sabido que la comunidad de emigrantes de las Illes Balears en Sudamérica se expresa en ruso; si aun hubiera sido polaco, tendría alguna comprensión, ¿verdad? (Rumores.)

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Evidentemente, mandar el currículum días antes de que se publicase la creación de la plaza, y el hecho insólito de exigir conocimientos de ruso, indican sin lugar a dudas que la plaza estaba adjudicada de antemano. Además, al surgir dificultades en algunos consulados, en los que no se veía demasiado claro ese empadronamiento --señor Piqué, algunos cónsules no veían demasiado claro ese empadronamiento masivo--, el mismísimo Jaume Matas intercedió ante Cristóbal Montoro, en aquellos tiempos responsable del Instituto Nacional de Estadística, para que solucionase los mismos.
Cuando estaba preparando esta intervención he visto en la prensa del día nuevas aportaciones a este escándalo, que no hacen sino ensombrecer más el caso. Entre las proezas que realizaron los captadores de votos para el Partido Popular se encuentra censar a difuntos desde hace más de diez años, en contra de la voluntad de sus familias, actuación ya efectuada, por cierto años ha, en Sa Pobla, y que concluyó con la inhabilitación del antiguo Presidente del Partido Popular en Mallorca. Esas personas que se censaron no es que fallecieran estando en el censo, sino que los censaron sabiendo que habían fallecido para aumentar una cosecha que presumían copiosa, y que a medida que pasaban los meses se reducía en expectativas.
Es difícil pensar, viendo todas las personas implicadas, y conociendo cómo controla todo en su libretita azul el Presidente del Partido Popular y del Gobierno, José María Aznar, que no supiese qué se estaba cociendo en la cocina de una Comunidad Autónoma que, en un día no muy lejano, él había descrito (El señor Martínez Oblanca: ¡Vaya, hombre!) como ejemplo del Gobierno del Partido Popular. ¡Claro que eso fue antes del «caso Túnel» y del «caso Mapau!». Ahora, con todos estos datos y con los que van surgiendo día a día, es el momento de comprobar si aquello que se decía desde la oposición, de asumir las responsabilidades políticas, sigue en vigor, o si no fue uno más de los brindis al sol que se hicieron en una época en que la demagogia --y aprovechando las palabras del señor Ministro Piqué--, el acoso y derribo camparon a sus anchas.


La señora PRESIDENTA: Senador Socías, le ruego que vaya concluyendo; ha acabado su tiempo.


El señor SOCIAS PUIG: Voy terminando, señora Presidenta.
Nadie cuestiona la legitimidad de promover el voto institucionalmente; nadie cuestiona que un partido político intente conseguir el mayor número de votos, donde sea y como sea, si no incumple la ley; pero en este caso no sucedió así. El Partido Popular en les Illes Balears, sus máximos dirigentes utilizaron dinero público para conseguir votos destinados a su formación y a cambiar el sentido de la voluntad ciudadana en Formentera.
Voy a acabar con unas palabras del ex Presidente del Partido Popular en Formentera, cesado por su desacuerdo con la actuación de sus superiores: Por el bien de la democracia y del Partido Popular, que se aclare todo. Y yo añado: y que los responsables asuman su responsabilidad política, que la jurídica ya la determinarán los jueces.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Corresponde el turno del Grupo Parlamentario Popular en el Senado; en su nombre, tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro, por su presencia hoy aquí para responder a la interpelación solicitada por el Grupo Parlamentario Mixto.
«Aclaro también que a mi casa en Buenos Aires han llegado las papeletas de todos los partidos políticos españoles. Tengo la obligación moral de dar a conocer que en ningún momento se nos ha hablado de política. Yo he venido a esta isla sin conocer ningún partido político, y he votado, como española que me considero, haciendo uso de mi raciocinio. ¿Es que la gente se piensa que a nosotros se nos puede tratar como a rebaños? ¿O es que todavía creen que cambian espejitos por oro? Es increíble esta ignorancia.» Esta es la denuncia pública que hace la hija de una emigrante española absolutamente indignada por el trato vejatorio que el Pacto de Progreso le está dando tanto a ella como a un colectivo tan importante y tan sensible como es el de los emigrantes. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Ya, ya!) Señorías, uno sube a este estrado con la sensación de ser protagonista de un «déjà vu»; de ser protagonista de este mismo debate en un tiempo pasado y, en efecto, el «Diario de Sesiones» certifica esa sensación.
Esta misma interpelación ya ha pasado por esta Cámara, con una redacción distinta pero exactamente igual en su fondo, que no es otro que el de conocer de boca del Gobierno los mecanismos existentes para que la participación electoral de los CERA se haga con las mínimas garantías de corrección y transparencia.
Esa interpelación se presentó y debatió en la Cámara Alta en el mes de noviembre del año 1999, o sea, a finales de la legislatura pasada, cuando en el Grupo Parlamentario Mixto participaba el actual interpelante, el Senador Cámara, así como el Senador Torres Cardona, actual alcalde de Formentera. La misma interpelación por un lado; el mismo grupo interpelante por otro, como es lógico; la misma contestación del Gobierno, ahondando quizá en algunos matices. Y digo la misma contestación porque la ley es única, y el tratamiento procesal del voto de los integrantes del Censo Electoral de Residentes Ausentes es único y es el que dictamina la Ley Orgánica del Régimen Electoral General con su última modificación del año 1995 y las normas que la desarrollan, como es el Real Decreto 157/1996, de 2 de febrero, y la Orden del Ministerio de Hacienda de 24 de abril del mismo año a la que ya ha hecho referencia el señor Ministro. La LOREG, en el apartado 3 del artículo 32, fija la inscripción de oficio por parte de las oficinas consulares de los españoles residentes en su demarcación, y subrayen ustedes la actuación de oficio que, per se, elimina

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cualquier actuación interesada en esa inscripción, anulando toda duda sobre la selección en la inscripción en el censo.
¿Y cómo se determina la Junta Electoral a la que el emigrante va a destinar su voto, cuestión que para ustedes parece fundamental, opinión que yo comparto también y en torno a la cual se puede nuclear todo este debate? Pues como ha dicho el señor Ministro y como ustedes ya saben, ésta viene determinada por lo que establece, en este caso, la Orden Ministerial a la que antes he hecho referencia, en su número 3. ¿Ustedes se preguntan por qué eligieron Formentera algunos de ellos? En sus apetencias encontraremos las respuestas. ¿Que la posibilidad de construir el hogar del emigrante español Santafesino no les convence? Pues hablen ustedes con ellos y convénzanles de que no es lo más oportuno, que creo que ya lo han hecho. Dirán ustedes que la prensa ha denunciado, que la prensa ha demostrado, que la prensa dice, pero insisto: igual interpelación, igual interpelante, igual contestación, y ahora igual trampa: la de discutir sobre lo que la prensa anuncia. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Anda!) Señorías, no se puede abrir aquí un debate sobre lo que la prensa denuncia. Las discusiones se deben apoyar y sustanciar en los hechos comprobados, y hasta la fecha, el único poder reconocido para juzgar los hechos y calificarlos es el Poder Judicial, salvo que ustedes consideren otra cosa. Porque eso parece desprenderse de su interpelación cuando nos preguntan sobre las responsabilidades judiciales de los implicados, como si fuese el Gobierno el que decide si hay responsabilidades judiciales y de quién. Si algún juez dictamina que se ha producido alguna actuación ilegal, las consecuencias no las va a determinar el Gobierno, sino la propia sentencia, y el Gobierno, como no puede ser de otra manera, la acatará. Eso sí, igual interpelante, igual interpelación, igual contestación, igual debate-trampa sustanciado en la prensa, que no respeta el momento procesal de las diligencias abiertas por el fiscal de Ibiza, pero hay algo que hace que este «déjà vue» no sea del todo completo. Hay algún detalle que hace que el Pacto de Progreso intente traer a las Cortes Generales, tanto a esta Cámara, con la interpelación objeto de este debate, como al Congreso, con distintas preguntas dirigidas, como ustedes ya saben, al Gobierno en el día de hoy, una discusión que alcanza plena madurez en el foro al cual pertenece y en el que se desarrolla, que no es otro que la Comisión de Investigación que trata este asunto en el Parlamento Balear. ¿No será, señorías, que en este marco de discusión en el que hemos repetido la misma interpelación, con los mismos protagonistas, con el mismo debate, hay algo nuevo que no se daba en noviembre de 1999? ¿No será que hay un ministro que se llama Jaime Matas, al que ven como una amenaza gobernantes del Pacto de Progreso porque les podría desplazar del Gobierno balear? ¿No es esta interpelación una petición burda de fusilamiento al amanecer de un ministro mallorquín que, por su brillante carrera política, está destapando las vergüenzas de un gobierno autonómico? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, esta interpelación no es otra cosa que una pieza más en esa vergonzosa campaña del Govern balear (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Créetelo, que no te lo crees!) que, con dinero público, se está orquestando en contra de uno de los más brillantes políticos de la actualidad española, y a los hechos me remito: el mallorquín y Ministro de Medio Ambiente Jaime Matas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ruiz Rivero. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.) Tiene la palabra el señor Cámara al amparo del artículo 87, por un tiempo de dos minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
La verdad es que no han respondido a nada. Yo deseo todo lo mejor en política a quien está en ella para hacer las cosas bien en favor de la ciudadanía y de la gente a quien representa, en este caso a un Gobierno, a un ministro, etcétera. No es éste el caso y, por tanto, les dije antes que no echaran balones fuera. No han contestado a una cuestión y, por favor, piénsenlo. Con cargo al Instituto de Desarrollo Industrial se contrata, se manda gente allí y se organiza un voto, y no solamente en Formentera, sino en más lugares --Formentera es un caso paradigmático.
Les voy a recordar una cuestión, y me voy a apoyar en una nota de prensa relacionada con este asunto. Este caso me recuerda otras situaciones, como la del señor Cañellas en Baleares o la de gobiernos de otro color que metían la cabeza debajo del ala sin asumir su responsabilidad política y, lógicamente, luego salían los problemas.
Les pido que reflexionen y se lo digo por el bien de la democracia y por el bien de un Partido como el Popular, democrático, que tiene que existir y tiene que caminar lo mejor posible por la senda de la decencia política, y lo que se ha hecho en este caso no es decencia política.
Señor Ruiz, no echemos balones fuera. El protagonista de entonces, si soy yo, es porque estoy aquí. Nada más y nada menos.
Y me he basado solamente en la prensa, aunque ya es importante, por las filtraciones que posiblemente gente de su Partido ha hecho a los medios de comunicación. Me remito esencialmente a la Comisión de Investigación y, lógicamente, al conocimiento por declaraciones públicas y por la existencia de documentos firmados, y como hay un documento que un calígrafo dice que es del señor Matas, lo he mencionado, y hago el relato donde aparece Instituto de Desarrollo Industrial y en esquema la operación, y luego otro señor, el tal Segura, lo desarrolla en otro informe. Eso está escrito y el señor Matas admite que es suyo, pero dice que no tenía mala intención y que los informes de estos señores nunca le llegaron, pero se admite que hubo intención --lo decía antes el compañero de Convergència i Unió-- y que los propios responsables políticos dicen que a lo mejor ha habido intención y que hay responsables, lo que ocurre

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es que tenemos un relato determinado que indica que la responsabilidad va de arriba a abajo, no de cualquier manera por parte de algún miembro un poco loco del Partido Popular, sino que es una operación --se lo digo más claro-- para captar votos de forma fraudulenta.
Ustedes investiguen y yo les pido por favor que lo hagan lo antes posible si no quieren pagar las consecuencias políticas, que las judiciales, como decía mí compañero, ya vendrán.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señora Presidenta.
Muchísimas gracias a todos los senadores que han intervenido. Lo cierto es que, después de la intervención del señor Ruiz Rivero, tengo pocas cosas que añadir.
Como es natural, comparto plenamente lo que ha dicho, pero me gustaría enfatizar algo que él también ha mencionado y que, en mi opinión, todos deberíamos tener muy en cuenta. El ha hablado de la madurez democrática de nuestros emigrantes, y yo rogaría que en todo este debate no introdujéramos afirmaciones que pudieran poner en duda precisamente no ese carácter. Estoy seguro de que sus señorías no lo han pretendido hacer, aunque implícitamente sí está muchas veces en el fondo.
La contribución de los emigrantes a nuestro país ha sido tan extraordinaria que merecen el máximo respeto y la máxima atención del Gobierno, y yo me he propuesto en cada viaje al exterior --y como saben ustedes hago muchísimos-- buscar la ocasión para atender a los representantes de los emigrantes, conocer cuáles son sus inquietudes, sus anhelos y sus intereses e intentar darles respuesta; como quería de una manera muy cabal la Senadora Morales, representante de Coalición Canaria, porque estamos trabajando --lo he mencionado en mi primera intervención-- para la mejora del comportamiento electoral de los emigrantes. En aquellos casos en los que se pueden producir variaciones o modificaciones de plazos o de condiciones por vía Decreto, ya lo hemos hecho; en aquéllos en los que se requiere una modificación de ley, estamos trabajando en ello para darle el correspondiente trámite parlamentario y que pueda estar en vigor lo antes posible. Y ése es el camino que vamos a seguir.
Es evidente que todo es perfectible, todos sabemos que hay imperfecciones, que puede haber inexactitudes en los censos electorales, algunos de nosotros a veces los hemos sufrido al ir a votar, comprobando, por ejemplo, que el segundo apellido no coincide exactamente. Así son las cosas, se van renovando, se van perfeccionando y no hay que darle mayor retórica ni mayor trascendencia.
De aquí a sacar las deducciones del Senador Bonet, creo que hay una enorme distancia. Yo he tenido la tentación, señor Bonet, de utilizar el mismo adjetivo que usted ha utilizado para mis palabras, pero no lo voy a hacer porque para que unas declaraciones en una intervención parezcan lamentables deben tener algún contenido, y su intervención no ha tenido ninguno, ha sido una intervención vacía, vacua, llena de tópicos, de lugares comunes y que no ha aportado absolutamente nada, y yo lo lamento porque a mí me gusta tratar las cosas con seriedad.
Voy a responder seriamente, como lo he hecho con la Senadora de Coalición Canaria, al Senador Xuclà, cuya intervención no comparto porque introduce excesivos elementos de incertidumbre y de sospecha, pero ha planteado una serie de cuestiones que están ahí y que se han ido sustanciando.
Para el Gobierno, las cosas están sustanciadas y claras. Ya no se habla tanto de Formentera, sino de la inscripción de personas que están fallecidas, como sucede prácticamente en todos los censos electorales, porque siempre hay algún tipo de inexactitud de estas características. Si a partir de ahí se quiere deducir otras cosas es porque lo de Formentera ya no da más de sí.
Ahora el Senador Cámara dice que hay una utilización de fondos del Instituto de Desarrollo Industrial. No lo sé, hay una Comisión de investigación en el Parlamento Balear que es la que, lógicamente, debe dilucidar si se han utilizado fondos públicos de manera incorrecta. Yo estoy seguro de que se han utilizado de manera correcta, pero no me pida usted que el Gobierno de España dé respuesta a ese tipo de pregunta, porque no puede, ni debe, ni le corresponde, ni tampoco a este Parlamento.
Lo que nosotros estamos haciendo es comprobar que las cosas se han hecho bien, y la inscripción de los emigrantes en el Consulado de Rosario para votar en Formentera es perfectamente legal. Se dijo en 1999, y por eso, señoría, no tengo más remedio que repetir lo que dijo el Ministro Matutes en el año 1999, porque las cosas son igual de verdad que entonces. A partir de ahí intentaremos ver si hay algún tipo de inexactitud, de irregularidad o de problema en la inscripción de personas fallecidas, como lo hacemos en todos y cada uno de los censos electorales en cualquier circunscripción, porque hay reclamaciones y modificaciones.
Pero eso es responsabilidad de cada uno. Si en base a eso, queremos montar toda una operación --como antes he dicho y reitero-- de acoso y derribo, hagámoslo, pero al final --y permítanme una expresión poco parlamentaria, pero es para que ustedes me entiendan-- se les ve el plumero, como se le ha visto al Senador Socías. Porque no iba mal encaminado, se ha expresado de manera brillante --el texto que tenía escrito era brillante--, pero cuando ha llegado al Presidente Aznar, uno deduce que ni les interesan los emigrantes, ni el censo electoral, ni la limpieza del proceso, ni la democracia, sino que lo único que les interesa es el desgaste político. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, nosotros estamos dispuestos a seguir trabajando por los emigrantes y por la exactitud del censo, para que la democracia española esté, como lo está ya, cada día más consolidada, y no nos vamos a impresionar por cosas que todos sabemos a qué objetivos responden.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular. --Los señores Bonet i Revés y Socías Puig piden la palabra.)

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La señora PRESIDENTA: Senador Bonet, si le doy la palabra a su señoría, probablemente habrá otras peticiones de palabra.
Le voy a dar un minuto a su señoría y otro al Senador Socías.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo lamento que al señor Ministro le haya resultada vacua o vacía mi intervención. Yo, como no era el actor principal en esta interpelación, he procurado dar las claves genéricas. He bautizado de lamentable la intervención, por no decir palabras más gruesas; le he respetado y no he querido poner más carne en el asador cuando ha hablado de los problemas de la legalidad y la moralidad. Considero que éste y otros casos inciden sobre esta cuestión y uno de ellos --que creo que incide igualmente sobre lo mismo-- es un caso que le ha afectado, como es el de Loreto Consulting.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Senador Socías, dispone usted de otro minuto.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted dice que cuando nombramos al Presidente Aznar es cuando se ve que no nos interesan temas como la inscripción, etcétera.
Esto es totalmente falso. El señor Aznar, cuando no era Presidente y estaba en la oposición, se cansó de decir que primero se tenían que asumir las responsabilidades políticas, que las judiciales ya las determinarían después los jueces. Ahora que está al mando de la Nación es el momento de demostrar que esas palabras no eran huecas, que tenían un significado. La retahíla de pruebas que van aportando los medios de comunicación es abrumadora. Si hay responsabilidades políticas se tienen que asumir y el señor Aznar, como Presidente del Partido Popular, no como Presidente del Gobierno, ha de evidenciar que aquellas palabras no eran un brindis al sol. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Gracias, señora Presidenta. Gracias, señorías.
Señor Socías, creo que he dicho todo lo que tenía que decir. Las responsabilidades se dilucidan donde tienen que dilucidarse; así lo hemos hecho y así lo vamos a seguir haciendo, y no vamos a cambiar de actitud.
Hoy, afortunadamente, el clima político no es el enrarecido y plagado de corrupciones demostradas de hace unos años. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los del Grupo Parlamentario Socialista.) Respecto a la intervención del señor Bonet, he de decirle que no me ha parecido vacía; me ha parecido literalmente despreciable. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PENSADO PROMOVER EL GOBIERNO PARA MEJORAR LA GESTION DEL IMPUESTO SOBRE EL PATRIMONIO (670/000060).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente interpelación, de don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que tiene pensado promover el Gobierno para mejorar la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio.
Tiene la palabra el Senador interpelante, don Octavio José Granado, para exponer la interpelación, por un tiempo de quince minutos.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Hacienda, señoras y señores Senadores, para contextualizar la interpelación tendríamos que empezar por señalar por qué se presenta en esta Cámara, la Cámara territorial, una interpelación sobre un impuesto cuyo rendimiento está cedido a las Comunidades Autónomas. Y en este sentido he de señalar que el marco legal de configuración del Impuesto sobre el Patrimonio en España, además de a la propia ley reguladora del mismo, la Ley de 1991 modificada en sendas ocasiones, se reduce, en lo tocante a esta interpelación, al artículo 19 de la LOFCA que lo configura como un tributo de rendimiento cedido y, por tanto, un tributo en el que la titularidad de las competencias de gestión, liquidación, recaudación e inspección corresponden al Estado, aunque éste las va a delegar en las Comunidades Autónomas y, lógicamente, a la Ley 14/1996 de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas y Medidas Fiscales complementarias, que desarrolla en un hilo conductor que se ha mantenido en todos los años de democracia en nuestro país el artículo 19 de la LOFCA.
El Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo cuyo rendimiento está cedido a todas las Comunidades Autónomas de régimen común, salvo a la Comunidad de Madrid. Evidentemente, es un impuesto gestionado por las Comunidades forales, es decir, por el País Vasco y Navarra. La titularidad de las competencias corresponde al Estado, y están delegadas en las Comunidades Autónomas.
Pero hay una especificidad en el ámbito de gestión de este impuesto que lo separa del resto de los tributos cedidos a las Comunidades. Mientras que en el caso de las transmisiones patrimoniales y los actos jurídicos documentados --tributos sobre el juego, sucesiones y donaciones, etcétera--- las Comunidades Autónomas ejercen plenamente las competencias en materia de gestión --incluso, de acuerdo con la Ley de cesión de tributos, en lo tocante a la intervención, la contabilidad y la fiscalización de lo gestionado---

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en el Impuesto sobre el Patrimonio nos encontramos con una cierta peculiaridad.
En primer lugar, las declaraciones relativas al Impuesto sobre el Patrimonio se presentan conjuntamente con las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, cuya gestión, liquidación, recaudación e inspección corresponde, aun en el tramo autonómico, a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
En segundo lugar, las competencias que las Comunidades Autónomas tienen en materia de inspección del impuesto --referidas en la Ley de cesión de tributos al artículo 140 de la Ley General Tributaria-- deben seguir planes de actuación inspectora que habrán de ser elaborados conjuntamente por ambas administraciones públicas.
En tercer lugar, la Ley de cesión de tributos establece un marco obligatorio de cooperación entre la Administración Tributaria del Estado y la Administración correspondiente de las Comunidades Autónomas, las cuales deben facilitarse medios personales, coadyuvar en la inspección, e intercambiar toda la información que se derive de las declaraciones del censo y de las actuaciones administrativas.
En resumen, nos encontramos ante un impuesto cuyo elemento central de gestión, que es la presentación de las declaraciones voluntarias de los contribuyentes, está en la práctica encomendado a la gestión de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, existiendo la obligación por parte de ambas administraciones de definir de manera conjunta las actividades de inspección del tributo, así como una obligación que se extiende al resto de las actuaciones administrativas de ambas administraciones --es decir, la autonómica y la del Estado-- en el plano de la cooperación en lo que se refiere a medios e intercambio de información para el conjunto de las actuaciones en todos los planos de la gestión.
Una vez definido su marco legal, ¿cuál es la realidad del Impuesto sobre el Patrimonio en estos momentos en España? En este caso voy a utilizar una serie de cifras que espero que el señor Ministro comparta conmigo, porque son aquellas de las que dispone la Cámara. Son las cifras elaboradas a partir de los informes sobre la gestión de los tributos cedidos que el Ministerio de Hacienda --antes de Economía y Hacienda-- realiza en todas y cada una de las Comunidades Autónomas de régimen común y que anejan al proyecto de presupuestos de cada año. Por tanto, el último dato conocido es el correspondiente al ejercicio de 1999, que es el que aneja el proyecto de presupuestos aprobado para el año 2001.
Primera cuestión. Según la Ley de cesión de tributos la actuación inspectora debe partir de planes conjuntos de inspección elaborados por las Comunidades Autónomas y el Estado. En este sentido, en los 14 informes --no puedo referirme a Madrid, porque en este caso no existe informe sobre el citado tributo por no estar cedido-- se reconoce que en1999 no había ni un solo plan conjunto de inspección en ninguna Comunidad Autónoma en relación tanto con el Impuesto sobre Patrimonio como con otros tributos. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Los informes hablan de planes de cooperación muy distintos. En algunos se refleja una cooperación muy positiva entre la Comunidad Autónoma y el Estado, y en otros se dice que la administración que facilita la Comunidad Autónoma o el Estado no sirve, o bien que la que facilita la Agencia Estatal de Administración Tributaria a la Comunidad correspondiente no es usada. Pero, como digo, no hay ningún plan conjunto de inspección.
Por otro lado, en los informes se anunciaba que en el año 2000 se pondrían en marcha dos de ellos a requerimiento de las Comunidades Autónomas. Pero si las administraciones públicas desoyen el mandato legal de elaborar planes conjuntos de inspección, se supone que por lo menos los realizan separadamente. Sin embargo, los datos son los siguientes, y voy a hacer referencia a 1995 --el último año de Gobierno socialista-- y 1999, porque, como he dicho, no tengo los datos correspondientes al año 2000.
En 1995 la Agencia Estatal de Administración Tributaría, en cumplimiento del mandato legal que entonces imponía la normativa vigente en materia de cesión de tributos, y después, la Ley de cesión de tributos, levantó 5.842 actas de inspección relativas al Impuesto sobre el Patrimonio. Me estoy refiriendo a 14 Comunidades Autónomas, no a Madrid. En el año 1999 la Agencia Estatal de Administración Tributaria levantó 1.318 actas de inspección en el Impuesto sobre el Patrimonio. Y aquí tenemos que hacer una referencia a lo que es el Impuesto sobre el Patrimonio en España, porque históricamente no ha tenido finalidad recaudatoria, siempre ha sido un instrumento censal y de control del fraude fiscal. La finalidad del impuesto era servir de testigo de defraudación de los contribuyentes en otras figuras tributarias, fundamentalmente en renta y sociedades. A partir del año 1991 se le configura ya con una cierta dimensión recaudatoria, pero la finalidad es doble.
¿Cómo puede entenderse que del año 1995 al 1999 la Agencia Estatal de Administración Tributaria reduzca las actas de inspección por el impuesto a la cuarta parte, cuando las actas de inspección en renta han seguido incrementándose? ¿Es que la Agencia Estatal de Administración Tributaria deja de hacer inspecciones a los contribuyentes con mayor nivel de patrimonio? ¿Es que la Agencia Estatal de Administración Tributaria simplemente disminuye su interés por el Impuesto sobre el Patrimonio porque su rendimiento está cedido a las Comunidades Autónomas? ¿Cómo puede significarse que el Impuesto sobre el Patrimonio tenga las finalidades y los objetivos que le marca su propia configuración, de control y censal, si del millón de contribuyentes con mayor patrimonio de España se levantan 1.000 actas de inspección que han aflorado una deuda tributaria de 100 millones de pesetas, una cantidad ridícula? ¿Es que el Gobierno ha perdido interés por perseguir el fraude fiscal en los contribuyentes con patrimonio más elevado? ¿O simplemente es que la configuración del Impuesto no es la que facilita una mayor eficacia y una mayor eficiencia? No hay planes de inspección conjuntos, la Agencia Estatal de Administración Tributaria reduce sus actuaciones inspectoras, reduce el volumen de deuda aflorado y ¿qué

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hacen las Comunidades Autónomas? Pues aquí la realidad es bastante diferente. Hay Comunidades Autónomas que gestionan especialmente bien el impuesto en materia inspectora, y hay algunas Comunidades Autónomas que de manera absolutamente reiterada todos y cada uno de los años no realizan ninguna función inspectora.
En materia de intercambio de información todos los informes del Ministerio de Hacienda sobre la gestión de los tributos de las diferentes Comunidades Autónomas reproducen un hecho fundamental, y es la falta de calidad en la información que la Agencia Estatal de Administración Tributaria facilita a las Comunidades Autónomas. La base de esta información son lo que se llaman las liquidaciones paralelas, cuando la Agencia Estatal de Administración Tributaria aprecia que en la declaración del contribuyente hay inexactitudes u ocultación de datos fiscalmente relevantes. La verdad es que el número de errores es descomunal. Por errores de gravación y de otra naturaleza la mayor parte de las liquidaciones paralelas no se entienden, no se usan, no sirven como instrumento fiscal para las Comunidades Autónomas. Hasta tal punto que según estos informes en la mayor parte de los casos y de las Comunidades Autónomas, la revisión que éstas realizan de miles de liquidaciones paralelas enviadas por la Agencia Estatal de Administración Tributaria, no se traduce ni en una sola liquidación complementaria; es decir, para que nos entiendan sus señorías, ni en una sola peseta de ingresos suplementarios para el Fisco. Para interpretar este dato tenemos que partir de una hipótesis: o las Comunidades Autónomas, a pesar de que la Agencia Estatal de Administración Tributaria les entrega unos datos, no quieren actuar sobre el impuesto, y en este caso están incumpliendo sus obligaciones legales, o la información es deficiente, no es solvente, no reúne la calidad necesaria y, entonces, es imperioso modificar estos intercambios de información.
Les voy a citar un ejemplo para que vean hasta qué punto la información se ha deteriorado en el ámbito de esta colaboración del Gobierno con las Comunidades Autónomas. Hay una Comunidad Autónoma --y no voy a decir aquí el nombre de ninguna ni voy a hacer referencia a quién gobierna-- en la que la Agencia Estatal de Administración Tributaria en un consejo territorial de participación de las dos administraciones le plantea como un hecho, sin duda interesante, que le va a facilitar la relación de los contribuyentes que en el año 1995 --estamos hablando de un informe del año 1999-- tenían más de 50 millones de pesetas de patrimonio y no declaraban Impuesto sobre el Patrimonio. La Comunidad Autónoma le dice que muy bien, y no ha levantado un acta de inspección ese año, ni el anterior, ni el anterior, ni el anterior; no lo ha hecho nunca. La Comunidad Autónoma dice: Muy bien, mándame usted los datos que voy a procesarlos y a trabajar con ellos.
No cabe pensar que entre los dos interlocutores de esa conversación haya un mayor nivel de negligencia. En el primero, en el del Estado, porque es una información que no tiene que posibilitar u ofrecer sino que facilitar por imperativo legal, y el segundo, el de la administración autonómica, que en ese caso simplemente desoye sus obligaciones legales.
Si la información funciona mal, la inspección no se acuerda y las actuaciones inspectoras disminuyen, esto debería traducirse en una pérdida de la capacidad recaudatoria del tributo. Y en este punto a lo mejor los datos podrían inducirnos a error porque la capacidad recaudatoria del tributo ha evolucionado positivamente, es decir, el Impuesto sobre el Patrimonio en España ha elevado su recaudación en más de un cincuenta por ciento en los cinco años de referencia de la comparación, de manera que todos podríamos decir que las cosas no están tan mal puesto que la recaudación se ha incrementado de esa manera.
Sin embargo, eso es así según con qué lo comparemos. Y voy a citarles a ustedes el ejemplo, no un ejemplo, porque de las bases imponibles del Impuesto sobre el Patrimonio las rúbricas más relevantes son los valores cotizados en bolsa. Tengo aquí los últimos datos conocidos, señor Ministro. Ustedes cada año se retrasan más y los últimos datos que ustedes han facilitado no ya a esta Cámara sino a la opinión pública y a la comunidad científica son los referentes al año 1998. En ellos se aprecia claramente cómo las rúbricas de valores bursátiles, fondos de inversión, etcétera, son la parte nutriente más importante de la base imponible del Impuesto, porque, además, los patrimonios empresariales ya han sido en parte desfiscalizados, la vivienda de los contribuyentes también ha sido eliminada de la base del Impuesto, etcétera; etcétera.
No obstante, la capitalización de los valores de renta variable de las bolsas españolas en ese mismo período se ha multiplicado por tres veces y media. Y usted me explicará, señor Ministro, cómo es posible que el elemento principal de la base imponible de un Impuesto se multiplique por tres veces y media en un período, cómo es posible que el Impuesto sea progresivo y cómo es posible que la recaudación sólo crezca la séptima parte y en algunas Comunidades Autónomas mucho menos de la séptima parte.
En definitiva, ¿con qué nos encontramos --y ésta sería la conclusión final--? ¿Existe una intención de la Administración del Estado de gestionar mal el Impuesto sobre el Patrimonio? Yo creo que no. La presunción de malevolencia es algo bastante fútil y, en todo caso, si existiera, bastante indemostrable. Lo que es evidente es que la Administración del Estado ha perdido interés por la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio por la sencilla razón de que el rendimiento del Impuesto no le corresponde y la Administración del Estado gestiona con más interés aquellos tributos cuyos rendimientos nutren las arcas del Estado.
¿Las Comunidades Autónomas gestionan el Impuesto sobre el Patrimonio adecuadamente? Muchísimo peor que los otros tributos cedidos porque para los otros tributos cedidos tienen encomendados todos los niveles y actuaciones de la gestión mientras que para éste no. Respecto a los otros tributos, recaudan, liquidan, intervienen, contabilizan, tienen capacidades normativas que han ejercido, mientras que en materia de Patrimonio sólo lo han ejercido, que yo sepa, dos Comunidades Autónomas.
En el Impuesto sobre Patrimonio, lo que es el elemento nuclear de la gestión sigue residiendo en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.


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Al final, este Impuesto se está quedando en una tierra de nadie. Unos no lo gestionan adecuadamente porque el rendimiento no les corresponde y otros no lo gestionan adecuadamente porque el nivel de gestión no lo tienen suficientemente atribuido.
Y, a juicio de este interpelante y del Grupo Parlamentario del que forma parte, ¿qué habría que hacer? En primer lugar, lo que habría que hacer sería dotarnos de los planes de inspección conjuntos o coordinados de los que habla la Ley, tendrían que existir en todas las Comunidades Autónomas y no ser planes para un solo ejercicio, sino permanentes. En segundo lugar, deberíamos mejorar las estructuras de intercambio de información para mejorar la calidad y la solvencia de las informaciones que ambas administraciones se comunican, su periodicidad y su capacidad de imponer actuaciones tributarias. Creo que esto es absolutamente razonable. En tercer lugar, tenemos que revisar en estos momentos si sigue siendo razonable el que el Impuesto sobre el Patrimonio y el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas estén gestionados por una Agencia Estatal de Administración Tributaria que en la práctica ha intentado integrar de manera creciente a las Comunidades Autónomas en su actuación tributaria, pero hasta ahora ha conseguido integrarlos de manera leve.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Granado, le ruego que concluya, por favor, porque ha concluido su tiempo.


El señor GRANADO MARTINEZ: Termino, señor Presidente, en medio minuto.
Muchas gracias por su benevolencia.
¿Dónde podemos hacer todo esto? Podemos y debemos hacerlo en el marco de negociación del nuevo sistema de financiación de las Comunidades Autónomas, definiendo estructuras más eficaces de coordinación, estructuras más eficaces de unificación de gestión, estructuras más eficaces de integración de las Comunidades Autónomas en una agencia estatal que sea estatal no sólo de la Administración del Estado, sino de todo el Estado, de la Administración del Estado y de las Comunidades Autónomas, y también definiendo una cierta voluntad política.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Granado, le concedo dos minutos más, si su señoría quiere, y se lo acumulo con el turno que tendría con posterioridad a la intervención del Ministro, recordándole que le quedaría un turno de portavoces de cinco minutos.


El señor GRANADO MARTINEZ: No, señor Presidente, incluso acumularé ambos turnos.
Termino simplemente diciendo que lo que hace falta también es una cierta voluntad política de gestionar este impuesto y de hacerlo servir con su finalidad originaria.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Granado.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señor Presidente.
El Senador Granado lo que realmente quiere es convertir o dar un rango político a lo que es, desde luego, un desarrollo bien normal del ordenamiento tributario en nuestro país, que es un ordenamiento compartido entre la Administración central del Estado y las Comunidades Autónomas, un ordenamiento que va en progreso de colaboración, en progreso de entendimiento, y realmente debemos todos seguir impulsándolo.
El Impuesto sobre el Patrimonio es efectivamente un tributo estatal, cedido a las Comunidades Autónomas, que grava el patrimonio neto de las personas físicas. La Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas ya lo configuraba como un impuesto susceptible de cesión y, tras la aprobación de la Ley de Cesión de Tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, todas las Comunidades Autónomas de régimen común, con excepción de Madrid, asumieron la cesión del rendimiento de este impuesto. Constituye ésta una figura tributaria, como su señoría ha puesto de manifiesto, con una potencia recaudatoria limitada, pero que desempeña una importante función, una función censal y una función de control sobre todo en lo que se refiere a su articulación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
El vigente sistema de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001 ya introdujo, como una de sus novedades más destacables, el principio de corresponsabilidad fiscal efectiva. Para ello, una de las medidas más importantes fue la atribución a las Comunidades Autónomas de ciertas competencias normativas en relación a los tributos cedidos. Así, aunque las competencias normativas del Impuesto sobre el Patrimonio corresponden al Estado, la regulación del mínimo exento y de la tarifa corresponde a las Comunidades Autónomas. Por otra parte, la gestión, liquidación, recaudación e inspección de todos los impuestos cedidos, con excepción del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, están delegadas en las Comunidades Autónomas. Sin embargo, en el caso concreto, como su señoría ha puesto de manifiesto, del Impuesto sobre el Patrimonio nos encontramos con ciertas peculiaridades dadas sus implicaciones con el IRPF. Insisto en ello porque esto es muy importante, señoría, y me parece que en todo su planteamiento ha ido hacia una subvaloración del papel que tiene el Impuesto sobre el Patrimonio en correspondencia con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
La Renta de las Personas Físicas, lo que grava, en definitiva, es un flujo de rentas que tiene que tener una correspondencia con la formación de patrimonio de los sujetos pasivos y, por tanto, incluso los países que no tienen impuestos sobre el patrimonio de carácter estatal, que son bastantes, por cierto, en nuestro entorno, tienen sistemas de declaración complementaria del patrimonio a efectos de comprobar efectivamente que la formación de renta del sujeto pasivo durante un ejercicio se corresponde con su situación patrimonial.


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Señoría, la verdad que la duda metódica que le asalta a usted en relación con que pudiera haber menos interés por parte de la Agencia estatal y del Gobierno y de la Administración central del Estado en el control y en la gestión de un impuesto que es fundamental para el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas no tiene ningún sentido conceptual. Se lo digo para su tranquilidad. Realmente, si el impuesto es importante para la comprobación, como efectivamente lo es, comprenderán todas sus señorías que la gestión tributaria tiene que mirar la evolución y el significado de ese impuesto. En consecuencia, su interpelación se cae por su base. No puede existir ningún desinterés objetivo a ese respecto.
Con el objetivo de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones, la Ley de Cesión de Tributos prevé que las declaraciones se presenten conjuntamente con las del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en los mismos lugares y en los mismos plazos.
Por lo que se refiere a la inspección de este impuesto, como otra muestra más de la íntima conexión a que me he referido, íntima conexión, insisto señorías, conceptual, pues es una definición doctrinal, es una definición establecida por la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y la Ley del Patrimonio, la propia Ley de Cesión ya establece que, no obstante estar delegada la facultad de inspección en las Comunidades Autónomas, los Servicios de Inspección de tributos del Estado pueden incoar actas por este concepto en aquellos casos en que se estén llevando a cabo actuaciones de comprobación e investigación en relación con el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. La instrucción y resolución de los expedientes administrativos, incluido el procedimiento sancionador, consecuencia de estas actas, corresponderá a las Comunidades Autónomas.
Por lo tanto, su señoría ha subido a la tribuna a hablar de Comunidades Autónomas sin dar ningún nombre y apellido. Sí lo hace en el texto de la interpelación. Ahí sí hay nombres y apellidos. Y da la casualidad de que las Comunidades Autónomas que cita el texto de la interpelación son gobernadas por el Partido Popular. Las que mejor comportamiento tienen en este tributo son las gobernadas por el Partido Socialista en concreto.
Le voy a dar algunos datos relativos al funcionamiento de ese principio de colaboración. Señoría, cuando hablemos de cuestiones como ésta le rogaría que no siembre la duda sobre los comportamientos inspectores de ninguno de los grandes agentes gestores de tributos en la actualidad, sobre todo cuando estamos sentando las bases de un funcionamiento ordenado, coherente y compaginado siempre entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas.
En definitiva, el principio de colaboración es el que está presente en todas las relaciones entre la Administración tributaria estatal y la autonómica. Estamos reforzando ese principio y lo estamos haciendo, sin duda alguna, desde la nada, porque ese principio no se materializó hasta el año 1997 y mediante una colaboración activa estamos haciéndolo progresar. De forma especial lo estamos haciendo avanzar en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Desde el año 1997 hemos avanzado en los mecanismos de colaboración entre las distintas administraciones tributarias. Tanto la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria en el ámbito central como los Consejos territoriales para la coordinación de la gestión tributaria a niveles ya bilaterales han supuesto un paso adelante en las relaciones entre la Administración tributaria estatal y las administraciones tributarias de las Comunidades Autónomas. Más aún, podemos decir incluso que se ha superado la mera colaboración y coordinación entre el Estado y las Comunidades Autónomas para abrir la vía a la participación de éstas en la toma de decisiones de la gestión de la Administración tributaria del Estado. Ese es el camino que hemos abierto, señoría. Ese es el camino sobre el que estamos progresando y ése es el camino que, efectivamente, tenemos que concretar en el nuevo sistema de financiación autonómica. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) La Comisión Mixta y los Consejos territoriales, que fueron creados por la Ley de Cesión de Tributos a las Comunidades Autónomas de 1996, se han consolidado como el mecanismo idóneo para articular el nuevo esquema de participación de las Comunidades Autónomas en la Administración tributaria del Estado y han demostrado su eficacia en lograr que el principio de corresponsabilidad fiscal sea una realidad en el sistema tributario.
La Comisión Mixta ha celebrado 16 reuniones plenarias y los Consejos territoriales más de doscientas veinte. Insisto, la Comisión Mixta más de 16 reuniones y los Consejos territoriales más de doscientas veinte. ¿Le parece a su señoría poca actividad? ¿Le parece a su señoría que realmente no estamos avanzando por ese camino de progreso? Podríamos cifrar ese número de reuniones por millares, pero se trata de construir mecanismos efectivos, mecanismos de coordinación, insisto, en esas actuaciones gestoras.
Se ha mejorado el intercambio de información. Se ha aumentado la colaboración de las Comunidades Autónomas en la campaña del IRPF como consecuencia del Acuerdo-marco de la Comisión Mixta para el Programa PADRE de 29 de enero de 1998. Las Comunidades Autónomas realizaron en la campaña de 1999 227.503 declaraciones, un 13 por ciento más que en el ejercicio anterior y un 10 por ciento del total de las confeccionadas por la Agencia Tributaria. Se han llevado a cabo convenios de colaboración en materia de recaudación ejecutiva, y hay una mayor colaboración en materia de Inspección. Precisamente el día 28 de marzo se presentó en la sesión plenaria de la Comisión Mixta el informe sobre el documento «Reforzamiento de la colaboración entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaria y las Comunidades y Ciudades Autónomas en materia de inspección». De este informe se deducen --se hace una especial incidencia en ello-- las importantes mejoras habidas en el ámbito del Impuesto sobre el Patrimonio.
Desde la Agencia Tributaria se ha puesto a disposición de los servicios tributarios autonómicos la herramienta informática de selección que podemos resumir como Clase. Con objeto de mejorar los procesos de selección de contribuyentes de cara a las actuaciones de comprobación que efectúan las Comunidades Autónomas en relación con los

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tributos cedidos, la Agencia Tributaria ofrece a las Comunidades Autónomas el programa informático Cruce. Dado que la competencia para extender los expedientes sancionadores relativos al Impuesto sobre el Patrimonio derivados de las actas incoadas por la Agencia Tributaria corresponde a los servicios autonómicos, se ha diseñado en cada delegación especial el correspondiente procedimiento para la remisión, junto con las actas, de todas las diligencias y demás informaciones relevantes.
Se han impartido por la Agencia Tributaria diversos cursos sobre planificación y selección de contribuyentes haciendo especial referencia al Impuesto sobre el Patrimonio. Se han potenciado las diligencias de colaboración para informar de todos aquellos hechos o circunstancias con trascendencia tributaria en relación con tributos cuya comprobación correspondiese a la otra Administración.
Por otra parte, en este mismo ámbito de inspección, los Consejos territoriales han propuesto, entre otras, las siguientes iniciativas: control de la exención de los bienes y derechos afectos al desarrollo de actividades empresariales y profesionales; verificación del grado de cumplimiento de la obligación del suministro de información a realizar por fedatarios públicos mediante la presentación del modelo 198; declaración anual de operaciones con activo financiero y otros valores mobiliarios; planificación de actuaciones de inspección en el IRPF y en el Impuesto sobre el Patrimonio. De esta manera se ha depurado el Programa informático Cruce del Impuesto sobre el Patrimonio que la Agencia Tributaria pone a disposición de las Comunidades Autónomas.
Eso es lo que se está haciendo. He relatado cuál es el planteamiento y qué avances se están haciendo. Escuchando a su señoría, cualquiera se puede llevar una impresión exactamente contraria a la realidad sobre lo que está siendo la gestión de este impuesto. Es algo que, francamente, señoría, no debería hacer desde esta tribuna con sentido de responsabilidad. Usted mismo ha reconocido la mejora en la recaudación del impuesto. ¿Quiere decirme su señoría cómo se puede incrementar el 50 por ciento la recaudación del impuesto en cuatro años, de 1996 a 1999, para decir a continuación que existe poca iniciativa y poco esfuerzo por parte de la gestión tributaria? Es decir, el impuesto sube en realidad porque no hay un mejor comportamiento del contribuyente a la hora de pagar el impuesto y por eso sube realmente, y no porque también sube la base declarante del impuesto, de lo que su señoría, con datos cerrados a 1998, dice que son los valores mobiliarios.
Señoría, la gran extensión de los valores mobiliarios y la presencia de un auténtico capitalismo popular en España data de las políticas aplicadas por el Gobierno del Partido Popular desde año 1996, que es realmente cuando se ha fomentado ese ahorro y asimismo la presencia de millones de personas en Bolsa. Pero eso no es óbice para que la principal base del Impuesto sobre el Patrimonio sigan siendo los valores de inmuebles, los pisos, Me refería, señoría, al gran número de contribuyentes de este impuesto. Y, obviamente, vamos reduciendo el número de contribuyentes --recientemente el Gobierno ha tomado decisiones muy importantes a efectos de reducción del número de contribuyentes-- y adoptamos decisiones relativas precisamente a exonerar del pago del impuesto a los propietarios de inmuebles cuyos pisos no excedan los 25 millones de pesetas. Lo que estamos haciendo, lógicamente, es reducir el espectro de contribuyentes y, por tanto, es normal también que haya una cierta contención del número de actas levantadas puesto que, obviamente, estamos ante un proceso de simplificación del impuesto y que es la política que lleva adelante el Gobierno del Partido Popular: simplificar los impuestos, reducirlos y llevar eso a la práctica fiscal, cuyo resultado es tan positivo como los aumentos de recaudación que su señoría ha relatado.
En cuanto a la Inspección, permítame ofrecer a la Cámara unos datos que puedan aclarar algunas cuestiones. Gracias a la mejora del proceso de planificación y selección de contribuyentes la deuda instruida por contribuyente pasa de 512.000 pesetas en el año 1996 a 1.464.000 pesetas en el año 2000; es decir, la deuda instruida por contribuyente se multiplica por tres en ese tiempo. La deuda instruida por acta pasa de 251.000 pesetas en el año 1996 a 1.049.000 pesetas del año 2000; es decir, la deuda por acta se multiplica por cuatro, y eso es efectividad, ésa es realmente --no el número de actas-- la efectividad de la gestión tributaria. Es decir, aumenta la recaudación y, por tanto, hay un mejor cumplimiento por parte del contribuyente, y a renglón seguido estamos ante una evolución de la Inspección que se traduce, se plasma en ese tipo de comportamientos. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Respecto al comportamiento de las Comunidades Autónomas en la gestión y recaudación del impuesto, permítame que haga como su señoría. No voy a mencionar nombres y apellidos de esas Comunidades Autónomas porque realmente lo que pretendemos es seguir aumentando esa colaboración, seguir esforzándonos en esa coordinación.
Señorías, señor Presidente, vamos a seguir avanzando en el sistema de participación de las Comunidades Autónomas en la gestión de la Administración tributaria del Estado. El Gobierno confía realmente en la voluntad de las Comunidades Autónomas a la hora de proceder y agilizar los procedimientos de inspección que les corresponden y, por tanto, vamos a continuar mejorando todos los mecanismos de colaboración y coordinación. Esa es la manera de poder ir a un sistema en el que la corresponsabilidad fiscal sea una realidad efectiva en nuestro país.
Por nuestra parte, el Gobierno seguirá impulsando iniciativas con el fin de mejorar la gestión y la simplificación de los impuestos en general y del Impuesto sobre el Patrimonio en particular. Ya he explicado la importante novedad introducida recientemente por la que hemos sacado del Impuesto sobre el Patrimonio a la gran mayoría de contribuyentes de este impuesto por la vía de eximir los primeros 25.000.000 de pesetas de la vivienda habitual. Así hemos simplificado el impuesto, así lo hemos hecho más equitativo y así hemos sacado de la base del impuesto a un gran número de contribuyentes, lo que nos permitirá sin duda alguna centrar nuestro trabajo de inspección en un número inferior de contribuyentes, luchando por tanto contra el fraude con eficacia, luchando en definitiva contra

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el fraude porque esa es también la forma de conseguir que en nuestro país impere un sistema tributario de impuestos más bajos pero, al mismo tiempo, de impuestos más sencillos y más justos. Esa es la voluntad y la intención del Gobierno, y ésa es la voluntad en la que el Gobierno coincide con las Comunidades Autónomas puesto que es la manera de seguir facilitando el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de liberar recursos a la lucha contra el fraude.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Hace uso de la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Gracias, señor Presidente.
Señoras y señores Senadores, señor Ministro, muchas gracias por sus explicaciones. Tiene usted una cierta habilidad en buscar temas de controversia donde no los hay y en añadir algún grado de acritud en sus intervenciones absolutamente innecesario. Porque, señor Ministro, el que usted me conteste aquí desde esta tribuna, con todo el cuajo --con perdón--, diciendo que la interpelación no se entiende conceptualmente porque: Usted me dice que la Agencia Estatal de Administración Tributaria ha perdido interés por gestionar patrimonio y es que la Agencia Estatal debe tener interés en gestionar el patrimonio... Claro, pero es que, en términos kantianos, señor Ministro, el deber ser de las cosas y cómo las cosas son no coinciden normalmente.
A mí me preocupa que la Agencia Estatal de la Administración Tributaria no gestione correctamente el Impuesto sobre el Patrimonio en las labores que le tienen encomendadas las leyes.
Yo he venido aquí con datos y cifras, y usted me ha prometido datos.
Pero, si no he tomado mal mis notas, se ha limitado a decirnos el número de veces que se han reunido los quince Consejos territoriales. A usted le puede parecer mucho que en dos años se reúnan 220 veces los quince Consejos territoriales, pero a mí, simplemente, me parece un número razonable y, desde luego, en absoluto indicador de una excesiva actividad. Esa es la única cifra que ha dado. En realidad, ha comentado otros datos, pero, como sólo los da en esta tribuna y no los facilita a la Cámara ni a la opinión pública, yo tengo que hablar con cifras del año 1999 y usted puede hacerlo con las del 2000.
Señor Ministro, intento hacer una interpelación para detectar un problema que existe. Usted, además de Ministro, es Catedrático de Hacienda Pública, y algo habrá leído sobre la materia. Concretamente, colegas suyos, el señor Monasterio, el señor Ruiz Huerta y el señor Pérez tienen escritas algunas reflexiones interesantes sobre los problemas de la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio en España. Yo soy lector de tan autorizadas voces y creo, señor Ministro, que usted debe construir sus interpelaciones no olvidando que algún día volverá a la profesión y que sus colegas le juzgarán no solamente por lo que haga como Ministro, sino también por lo que diga en la tribuna. Quiero que sepa que su grado de satisfacción con el Impuesto sobre el Patrimonio es único en la profesión. No conozco ningún Catedrático de Hacienda Pública que en estos momentos esté satisfecho del nivel de gestión del Impuesto sobre el Patrimonio en España.
La satisfacción le lleva hasta el punto de decir que han emprendido actuaciones que vienen a corroborar el sentido de esta interpelación.
Señor Ministro, si ustedes están elaborando un plan de reforzamiento de la Inspección, será porque hay que reforzarla. ¿O acaso están haciendo documentos sobre el reforzamiento de la Inspección porque es magnífica? ¿Se trata, entonces, de «spots» publicitarios y no de planes de trabajo? Digo yo que alguna lógica habrá en lo que ustedes hacen y en lo que yo les pido que hagan, si ambas cosas son lo mismo. Lo que está claro es que hay que reforzar la Inspección y, como ustedes ya lo están haciendo, tengo que darles la enhorabuena. Pero yo he intentado instarles a que lo hagan porque me parece un hecho objetivo.
Usted dice que se ha incrementado la deuda instruida por cada acta levantada, enhorabuena. Como las actas han disminuido a la quinta parte y la deuda tributaria levantada por la AEAT se ha multiplicado por cinco, esto quiere decir que con un poco de suerte estamos aflorando en el año 2000 la misma deuda tributaria que en 1995. Enhorabuena, porque a usted esto le parece un magnífico indicador, y hablo de sus cifras del año 2000 aunque no las tenga. Si quiere, le doy las cifras del año 1999. En el año 1995 la Agencia Estatal de Administración Tributaria afloró una deuda tributaria de 840 millones de pesetas, pero, según sus datos y los que llegan a la Cámara, en el año 1999 ustedes afloraron 530 millones. Usted considera que esto es magnífico. Pues bien, sigan en esa dirección, sólo espero que el plan de reforzamiento de la Inspección ofrezca alguna satisfacción a esta necesidad.
En cuanto a la mejora de la recaudación, tengo aquí los datos que he sacado trabajosamente de Internet sobre la evolución de la base del Impuesto entre el año 1995 y el 98. Los valores mobiliarios son mucho más importantes que los inmobiliarios. De una base imponible global de 60 billones en el año 1998, los valores inmobiliarios eran 18 billones de pesetas. El conjunto de valores mobiliarios --y no añado los depósitos, porque sería el doble-- han evolucionado en capitalización tres veces y media. Tengo la sensación --y muchos de sus colegas la comparten-- de que el Impuesto sobre el Patrimonio es más ineficaz contra el fraude fiscal en estos momentos que hace cinco años.
Pero esto no pasa porque ustedes quieran hacer las cosas mal, ni siquiera porque las hagan mal, sino porque tenemos un diseño tributario que hay que mejorar. Y es que no es razonable que el Impuesto sobre el Patrimonio, que ha crecido, crezca menos que Sucesiones y Donaciones, que Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, o que el conjunto de los tributos cedidos a las Comunidades Autónomas. Tengo que decirle que es el Impuesto que menos ha crecido en rendimiento para las Comunidades Autónomas de todos los tributos cedidos, porque en el resto de impuestos que gestionan las Comunidades Autónomas se ha producido un crecimiento mayor.


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En cuanto a las modificaciones normativas, usted repite hasta la saciedad, y al final se habrá convencido de ello, que bajar los impuestos es de izquierdas. Parece que le ha gustado la muletilla. Eliminar del Impuesto sobre el Patrimonio la vivienda del contribuyente es de izquierdas, pero lo que hemos hecho --y hablo en plural, porque se empezó a tramitar en la última legislatura del Gobierno Socialista-- desfiscalizando el patrimonio de las empresas familiares del Impuesto sobre el Patrimonio, como mínimo, requiere que nos sentemos a buscar algún tipo de corrección.
Usted sabe tan bien como yo --o, incluso, mucho mejor-- que la normativa y las modificaciones normativas que hemos introducido se prestan a una considerable ingeniería fiscal. La gente está ajustando sus participaciones en las empresas familiares para llegar al 20 por ciento con un cuñado, para no llegar al 20 por ciento más que con un cuñado, para llegar al 15 por ciento, etcétera; y, así, el que tenía un 16,5 por ciento vende el 1,5 para quedarse en el 15 por ciento, porque entonces está exento y, de otro modo, lo supera. Tenemos que reflexionar para buscar una forma más equitativa, que realmente no grave aquellos patrimonios productivos de las empresas familiares, pero que no permita fórmulas de ingeniería fiscal.
Eso no es de izquierdas, señor Ministro, porque no todas las bajadas de impuestos son de izquierdas, y quiero hacerle esta aclaración para que se entere usted de lo que pensamos los socialistas, aunque usted piense que lo sabe mejor que nosotros. Hay que bajar algunos impuestos, hay que corregir algunas figuras tributarias y, en este sentido, todos tendremos que plantearnos algunas reflexiones.
En materia de Inspección, señor Ministro, el dato fundamental --que usted no me ha corregido aquí porque no puede corregirlo-- es que la ley nos obliga a que la Inspección sea coordinada entre la Administración del Estado y la de las Comunidades Autónomas. No hay planes conjuntos de Inspección y tiene que haberlos; sé que es muy difícil, que me va a decir que, a lo mejor, hay Comunidades Autónomas que no los quieren y que su voluntad es llegar a hacerlos; sin embargo, yo le puedo decir que la voluntad de los socialistas es que todas las Comunidades Autónomas acuerden planes conjuntos de Inspección con el Estado, en materia de patrimonio y en todo lo que sea susceptible de coordinación. Tenemos que buscar las fórmulas instrumentales para que lo hagan posible porque creo que todos vamos en esa dirección y, por tanto, no me venga usted a hablar de problemas conceptuales porque éste es un problema que podemos solucionar en el marco del nuevo sistema de financiación y en donde todos los intercambios de información --a los que usted ha hecho referencia-- son, sin duda, pasos positivos pero insuficientes.
Es verdad --y usted lo ha comentado-- que el acceso de las Comunidades Autónomas a determinada información de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria es un aspecto importante para mejorar la gestión, pero también es verdad que, hasta ahora, eso no se está traduciendo en resultados concretos. En ese sentido, ha dado la cifra del número de declaraciones paralelas que, por ejemplo, realizaron las Comunidades Autónomas por sus propios medios y, en 1999, sólo hubo dos Comunidades Autónomas que hicieron, por sus propios medios, liquidaciones paralelas de este impuesto cuando lo razonable sería que pudieran hacerlo todas o, a lo mejor, que no lo hiciera ninguna pero, en todo caso, que todas ellas tuvieran acceso a la gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria en mejores términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Vaya usted terminando, Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Sí, señor Presidente, muchas gracias y perdón por la extensión.
En conclusión, usted puede pintar la botella medio llena y yo medio vacía pero, al final, la realidad es siempre una amplia gama de grises, entre el blanco y el negro.
¿Se han dado pasos positivos en los últimos cuatro años? Sí. ¿Ha habido también pasos en dirección negativa? También ha habido algún paso en dirección negativa; el hecho de que disminuya la deuda tributaria aflorada no es un paso en la buena dirección, como tampoco lo es el que la ley prevea que se elaboren unos planes que no se elaboran y que las fórmulas de coordinación de las Comunidades Autónomas con el Estado, en materia de la Agencia Tributaria, no hayan funcionado debidamente.
Usted conoce tan bien como yo las propuestas que están llegando por parte de las Comunidades Autónomas --las gobernadas por su partido, precisamente--, en materia del nuevo sistema de financiación autonómica; hay alguna propuesta que incide en la necesidad de mejorar los niveles de coordinación de las administraciones tributarias y que hace una valoración --digámoslo así-- desfavorable o poco elogiosa de los niveles de coordinación que existen en estos momentos porque dicen que son más burocráticos que reales. Tenemos que trabajar en esta dirección. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Ustedes siempre hacen un diagnóstico de las cosas y si dicen que a la Administración Tributaria le interesa muchísimo que el Impuesto sobre el Patrimonio se gestione adecuadamente, tenemos que llegar a la conclusión de que no se puede gestionar inadecuadamente. A mí me gustaría saber si este nivel de diagnóstico no les impide acometer los problemas y la resolución de los mismos.


La señora PRESIDENTA: Senador Granado, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor GRANADO MARTINEZ: Señor Ministro, yo le he reconocido algunas cosas y si usted hubiera sido un poquito autocrítico me habría reconocido a mí alguna, aunque dude de mi solvencia científica a la hora de plantear interpelaciones en esta tribuna. Si hubiera reconocido algunas cosas yo tendría esperanzas de que algo mejorara, pero como usted está absolutamente convencido de que todo lo hace de manera inmejorable, al final, la conclusión a la que uno llega cuando plantea este tipo de interpelaciones es que usted vive en el mejor de los mundos posibles, no hay ninguna manera de mejorar nada y, además, todo lo

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que usted mejore será porque se le ocurra a usted y no porque se lo pida la oposición.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Desde luego, estamos en unos momentos en los que las reformas fiscales están en boca de todos, del Gobierno, de los diferentes partidos políticos y de las Comunidades Autónomas. Se habla sobre modificaciones del IRPF, del IAE, estamos en un debate sobre la nueva financiación autonómica, y en este marco hoy se trae, con esta interpelación, el debate sobre el Impuesto sobre el Patrimonio. En el propio enunciado de la interpelación se plantean una serie de cuestiones y problemas que acompañan a este impuesto como problemas en el tema de la Inspección, en la definición del objetivo del tributo, problemas en la coordinación entre las Administraciones central y autonómica, etcétera.
También el Gobierno ha planteado, según declaraciones en prensa del año pasado, posibles reformas en torno a este impuesto patrimonial, planteándose cuestiones como la posibilidad de trasladar a los entes locales competencias fiscales sobre patrimonio, con el objetivo de incentivar el correcto uso de sus tributos y los catastros municipales; incluso se plantea que podrá servir para compensar a los Ayuntamientos de parte de la pérdida de recaudación por el Impuesto sobre Actividades Económicas.
Por todo esto que se ha visto aquí y que he comentado, creo que se debe seguir avanzando, como se ha hecho, para buscar marcos de reflexión y debate entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas, definir objetivos, coordinación, inspección y competencia en el Impuesto sobre el Patrimonio.
Para terminar, sólo una pequeña aclaración al señor Ministro. Cuando hablaba de que se mencionaba en el preámbulo de la interpelación a las Comunidades Autónomas gobernadas por el PP, le diré que no todas lo están, porque le recuerdo que Canarias está gobernada por Coalición Canaria.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ- Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, voy a fijar la posición de nuestro Grupo ante esta interpelación. En primer lugar, quisiera hacer una breve reflexión sobre la figura impositiva del tributo sujeto de esta interpelación, el Impuesto sobre el Patrimonio, ya que probablemente es la primera vez al menos en los últimos años que es el centro de un debate parlamentario en el Senado esta figura impositiva, y reitero lo que han dicho, tanto el Senador Granado como el señor Ministro: que el objetivo prioritario de este impuesto no es la recaudación, sino que es un impuesto que nosotros llamamos de referencia; en cualquier caso, es un impuesto que tiene su objetivo fundamental en la identificación de los activos patrimoniales de los contribuyentes, y ello fundamentalmente para colaborar y facilitar la gestión de la recaudación de un impuesto trascendental como es el Impuesto sobre la Renta.
En cualquier caso, creemos que reflejamos claramente este criterio cuando nuestro Grupo --y teniendo en cuenta que actualmente éste es un impuesto transferido y sus ingresos van íntegramente a las Comunidades Autónomas-- ha impulsado en legislaturas anteriores, tanto con Gobiernos del Partido Popular como con Gobiernos socialistas, iniciativas que claramente han afectado a la recaudación de este impuesto, como ha sido la exención por ejemplo, citada aquí, de los activos patrimoniales vinculados a la empresa familiar. Es prioritario este tipo de actuaciones por nuestra parte, y no el efecto recaudatorio en sí que pueda tener el impuesto, que, repito, no es su objetivo primordial.
Ello también afecta a uno de los temas que aquí ha sido objeto de discusión, y en el que se hace difícil sacar conclusiones estadísticas respecto a la recaudación del impuesto cuando en estos últimos años, como también ha citado el Senador Granado, ha habido importantes variaciones normativas que han podido afectar directamente a la propia recaudación.
Por lo que hace referencia al tema de gestión, nuestro Grupo --y es evidentemente uno de los objetivos importantes de la negociación en curso, y esperamos que se resuelva satisfactoriamente este año el nuevo sistema de financiación-- cree que hay que avanzar, y mucho, en una mayor coordinación entre la Administración del Estado y las administraciones autonómicas en la gestión de los tributos. El señor Ministro sabe que nuestro punto de vista es que, constitucionalmente, es posible la transferencia como mínimo de la gestión de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, pero, en cualquier caso, dentro del contexto de estas negociaciones, nosotros sí apostamos claramente al menos por fórmulas consorciales entre la Agencia Estatal de la Administración Tributaría y la Administración Tributaria de las Comunidades Autónomas, y no sólo porque afecta --en este caso muy directamente, como así ha planteado el Senador Granado-- a la recaudación del Impuesto sobre el Patrimonio sino porque, como confiamos plenamente en que en el nuevo sistema de financiación la cesta de impuestos será mucho más amplia y en que los tramos de gestión autonómica del Impuesto sobre la Renta serán mucho más amplios, creemos que aun gana importancia la necesidad de esta integración efectiva de la gestión tributaria entre la Administración del Estado y la Administración Tributaria de las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sánchez Sánchez-Seco.


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El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, al iniciar mi intervención en este turno de portavoces en representación del Grupo Parlamentario Popular, quiero dejar claro, en primer lugar, que tanto en lo que respecta al texto de la interpelación como en lo que se refiere a las intervenciones del Senador Granado Martínez y del señor Ministro de Hacienda, don Cristóbal Montoro, nos encontramos ante una propuesta constructiva y que verdaderamente trata de aportar una reflexión positiva que contribuya a una gestión más eficiente y a una mejora en la colaboración entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en lo relativo al Impuesto sobre el Patrimonio.
Sin embargo, para llegar a esta conclusión que, como he dicho, me parece positiva y loable, el señor Granado parte en algunos casos de ciertas premisas contradictorias y no ajustadas a la realidad, como también ha manifestado el señor Ministro en su intervención.
Como se ha dicho aquí, el Impuesto sobre el Patrimonio es un tributo estatal cedido a las Comunidades Autónomas, que tiene su origen excepcional y transitorio en la Ley 50/1977, de Medidas urgentes de reforma fiscal como una de las medidas necesarias para la modificación del anterior sistema fiscal español. Posteriormente --también se ha dicho-- normalizó, su naturaleza, perdiendo su carácter extraordinario a través de la Ley 19/1991, estableciendo como objetivos primordiales, según se explica en la exposición de motivos del Impuesto, el tratar de contribuir a la equidad del sistema, gravando la capacidad de pago adicional en la posesión de patrimonio que supone este patrimonio, y contribuir a una mayor justicia redistributiva de la renta y la riqueza, además de actuar con carácter complementario en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Sucesiones y Donaciones, a los que sirve --como también se ha dicho aquí-- de instrumento censal y control del patrimonio.
Como consecuencia de la aprobación de la Ley 14/1996, de cesión de tributos del Estado a las Comunidades Autónomas, y especialmente desde la aprobación del vigente sistema de financiación autonómica para el quinquenio 1997-2001, todas las Comunidades Autónomas del régimen común, a excepción de Madrid, han asumido la cesión del rendimiento del Impuesto, y lo que es más importante: su capacidad normativa limitada.
Todo esto ya ha sido expuesto, al igual que el hecho de que el Impuesto sobre el Patrimonio presenta la peculiaridad de que debe declararse junto al Impuesto sobre el Rendimiento de las Personas Físicas, tanto lo que se refiere al plazo como al lugar, al objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones fiscales y tributarias.
Igualmente, se ha manifestado la necesaria colaboración que debe existir entre la Administración del Estado y las Comunidades Autónomas en lo relativo a la gestión de los tributos cedidos en general, y más concretamente respecto al Impuesto sobre el Patrimonio en lo que hoy nos ocupa. Aquí es donde quiero detenerme para referirme a esa cierta contradicción en la que incurre el Senador Granado y a la que me refería antes, y a la que también ha hecho una breve referencia el señor Ministro.
Dice el Senador Granado en su interpelación que la realidad nos descubre que, desde la cesión del rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio a las Comunidades Autónomas, han aparecido problemas que se han agudizado en los últimos años al quedar el Impuesto en un terreno intermedio que amenaza con convertirse en tierra de nadie y que la Administración del Estado no manifiesta especial interés en la gestión de un impuesto que no le facilita ingresos. Esto es lo que dice en su interpelación, y a continuación añade que, si bien es cierto que el impuesto ha incrementado su potencia recaudatoria, elevándose su rendimiento entre 1995 y 1999 en un 50 por ciento. Estoy citando textualmente. Senador Granado, no añado absolutamente nada a lo que usted indica en su interpelación. Y ello considerando que además, en los últimos años, se ha ido incrementando del mínimo exento del Impuesto y, por tanto, es obvio que descienda el número de declarantes que estarían exentos de presentar esta declaración.
Además, Senador Granado, añade usted que, en los últimos cuatro años, el número de declaraciones presentadas sólo se ha incrementado un 11 por ciento. No es cierto, porque los datos de los que dispongo son que, desde 1996, primer año del Gobierno del Partido Popular, hasta 1999, que son los últimos datos conocidos, el incremento de declaraciones sobre el Impuesto sobre el Patrimonio ha sido de más del 20 por ciento, concretamente de 801.393 frente a 963.074 en el año 1999.
Sinceramente, Senador Granado, ¿a usted le parece congruente afirmar que un incremento de un 50 por ciento en el rendimiento del Impuesto sobre el Patrimonio y un aumento del 11 por ciento, dice usted, cuando es el 20 por ciento en realidad, en el número de declaraciones desde 1996 a 1999 reflejan que la Administración del Estado no manifiesta especial interés en la gestión del Impuesto sobre el Patrimonio? Como bien decía el Ministro, esto parece más bien un intento de subvalorar el Impuesto sobre el Patrimonio, que ya de por sí tiene una gran importancia desde la perspectiva de control del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de generación de renta y patrimonio en los contribuyentes.
Es evidente que existe una gran disposición, como ha quedado demostrado en la intervención del señor Ministro, tanto desde el Ministerio de Hacienda, en general, como desde la Agencia Tributaria en lo que se refiere a la gestión, a la recaudación y a la inspección del Impuesto de Patrimonio, con independencia de que el rendimiento vaya o no a pasar a las arcas de las Comunidades Autónomas.


La señora PRESIDENTA: Senador Sánchez, por favor, tiene que concluir.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Ya termino.
Existe un principio de colaboración básico entre el Ministerio de Hacienda y las Comunidades Autónomas que

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se concreta en la presentación conjunta de las declaraciones del IRPF y del Patrimonio, en primer término, que continúa con la transferencia de las cantidades recaudadas hacia las Comunidades Autónomas y que se constata en la incoación de actas de inspección, especialmente en aquellas relacionadas con la investigación y comprobación del propio Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y posteriormente, son resueltos e instruidos los correspondientes expedientes sancionadores por las propias Comunidades Autónomas.
Por eso, Senador Granado, permítame que le diga que no me parece acertada su afirmación de que en cuanto a la colaboración entre administraciones tampoco ha funcionado demasiado bien. Ya ha dicho el Ministro --y yo he tomado los datos-- que esta colaboración ha sido constante y continua desde 1997 y que concretamente se ha aumentado con la creación de la Comisión Mixta de Coordinación de la Gestión Tributaria y que han sido más de 16 las reuniones y más de 220 en el Consejo.


La señora PRESIDENTA: Senador Sánchez, tiene que concluir.


El señor SANCHEZ SANCHEZ-SECO: Ya termino.
Creo que, efectivamente, se constata esta colaboración y, por tanto, como manifestaba al principio de mi intervención, y como se ha recalcado ya por el Ministro, se debe seguir avanzando en la colaboración entre las administraciones potenciando estos órganos ya constituidos y ayudando a las Comunidades Autónomas...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Agradezco las intervenciones de los diferentes portavoces que han tomado posición en este debate y, además, a la Senadora de Coalición Canaria, al Senador de Convergència i Unió y al Senador del Partido Popular.
Coincido con el Senador Granado, autor de esta interpelación, en que es evidente que estamos ante un proceso de mejora de lo que debe ser la colaboración, incluso la coordinación entre la Administración del Estado en materia tributaria y las administraciones autonómicas. Esa me parece que es la mejor conclusión y yo quiero agradecer realmente el tono de sus intervenciones y de sus aportaciones a este debate.
Por lo demás, también he de concluir diciéndole que no hay nada más normal que en esta Cámara, con más o menos acierto siempre en la selección de sus palabras, el Gobierno defienda su gestión. Eso no es óbice para que el Gobierno no reconozca el mucho camino que nos falta por andar para concretar, en definitiva, las tareas que tenemos encomendadas como miembros y como responsables del Gobierno, y el Senador entiende perfectamente y no se extraña nada de que el tono que cualquier miembro del Gobierno adopte, con independencia de su origen académico, no sea el propio de un seminario, sino el propio de un debate político de la Cámara donde realmente hay que agradecer las posiciones constructivas por parte de todos los grupos, cuando existen esas posiciones constructivas, y el Gobierno, por supuesto, tiene que insistir en que cuando se han utilizado calificativos erróneos, relativos a cualquier ámbito de su actuación y de su gestión, los tiene que descalificar como tales.
Nada más normal por parte de cualquier miembro del Gobierno que explicar y defender su gestión, incluso pasa en el ámbito académico, Senador, donde no suelen coincidir las mismas posturas ni las mismas doctrinas, y se tienen diferentes planteamientos que hay que explicar y fundamentar y a cuyos argumentos hay que dar solidez y validez.
Para tranquilidad del Senador, y en ese buen tono, le quiero decir que no es verdad que este impuesto esté en tierra de nadie, este impuesto es parte de nuestro sistema tributario, su gestión está comprometida tanto en la Administración tributaria autonómica como en la Administración Central del Estado, es un impuesto que revela en su evolución un cambio en la propia base del impuesto, que es el cambio propio de una sociedad, como la española, cada vez más moderna, que materializa su ahorro y su patrimonio en formas cada vez más actuales y donde lo que estamos viviendo, y con ello concluyo, es un mejor cumplimiento del contribuyente a la hora de hacer frente a sus obligaciones tributarias. Sólo así se explica un avance tan importante de la recaudación de este impuesto.
Cuando valoremos la evolución de los impuestos, hagámoslo primero por la evaluación de su recaudación y a continuación acometamos y abordemos la importantísima y crucial función de la inspección tributaria de acometer y materializar su trabajo en actas tributarias, cuyo valor medio --como he explicado a la Cámara-- se está incrementando.
Estamos avanzando en ambos extremos: en el de agudizar y reforzar la coordinación con las administraciones autonómicas, y en la lucha contra el fraude fiscal, para lo cual no cabe duda de que necesitamos llevar adelante una reforma tributaria, y en eso no le voy a dar la paternidad, Senador, lo está haciendo el Gobierno del Presidente Aznar, la está haciendo el Gobierno del Partido Popular y se está haciendo en nuestro país desde el año 1996, en que estamos gobernando, y que completaremos en esta legislatura mostrando que bajando y simplificando los impuestos, éstos se hacen más equitativos y más justos, y hay más contribuyentes sencillamente porque hay más personas trabajando y ahorrando y pudiendo pagar impuestos al Estado español.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Por acuerdo de la Junta de Portavoces, el punto tercero del orden del día se va a ver a continuación en el otro salón de sesiones.
En dos minutos se reanuda la sesión. (Pausa.)

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DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DEL REAL DECRETO LEGISLATIVO 1302/1986, DE 28 DE JUNIO, DE EVALUACION DE IMPACTO AMBIENTAL (C. D. 121/000019) (S. 621/000020).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto tercero del orden del día. Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental. Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, Senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Medio Ambiente al Proyecto de Ley de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de evaluación de impacto ambiental procedente del Real Decreto-Ley 9/2000, de 6 de octubre.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y se publicó el pasado día 16 de marzo. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el pasado día 20 de marzo, y el proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia.
Se han presentado un total de 64 enmiendas: las números 1 a 5, por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares; las números 6 a 12, por el Senador Quintana González; las números 13 a 30, por los Grupos Parlamentarios Socialista y Entesa Catalana de Progrés; las números 31 a 37, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, y las números 38 a 64, por el Grupo Parlamentario Popular.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los grupos parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes. Por el Grupo Parlamentario Popular, doña María Inmaculada de España Moya y don Jesús Fernández López; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Juan Ganyet Solé, y por el Grupo Parlamentario Socialista, don Francisco Javier Sanz Carramiñana.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 22 de marzo, incluyéndose en el informe todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, es decir, las números 38 a 64, así como la número 12, de don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto --coincidente con la número 40, del Grupo Parlamentario Popular, relativa a una corrección técnica consistente en que donde decía «excluidos» debe decirse «incluidos»--, y la número 35, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El día 29 de marzo la Comisión procedió a dictaminar el proyecto, introduciéndose modificaciones técnicas o gramaticales.
Para su debate ante el Pleno se han formulado cinco votos particulares.
Voto particular número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 1 a 5. Voto particular número 2, también del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 6 a 11. Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente a las enmiendas números 31 a 34, 36 y 37. Voto particular número 4, de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista, correspondiente al mantenimiento del texto remitido por el Congreso de los Diputados en todo lo modificado como consecuencia de la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, salvo en lo concerniente a la enmienda número 41, contra cuya aceptación no se formula voto particular. Y voto particular número 5, de los Grupos Parlamentarios Entesa Catalana de Progrés y Socialista, correspondiente a las enmiendas números 13 a 30.
Señorías, acabo como empecé: agradeciendo a los miembros de la Comisión de Medio Ambiente el que me hayan designado para presentar este proyecto de ley y felicitando a todas las personas que han intervenido y han hecho posible que este proyecto se someta hoy a la consideración del Pleno.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bernáldez.
Abrimos el debate de totalidad. ¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por tanto, pasamos al debate del articulado.
En primer lugar, voto particular número 1, de los Senadores Cámara y Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 1 a 5. (Pausa.) Señorías, se cede el turno para la intervención en relación con el voto particular número 2, correspondiente a las enmiendas número 6 a 11.
Por tanto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en nuestra opinión la aprobación y posterior convalidación del Real Decreto-ley 9/2000, de modificación del real decreto legislativo de impacto ambiental, supuso un avance significativo por lo que se refiere a la inclusión de nuevas obras de infraestructura, obras e instalaciones para las que a partir de ahora se va a exigir la evaluación de impacto ambiental.
Sin embargo, consideramos que las prisas del Gobierno por aprobarlo por la vía de urgencia responden más a los continuos avisos por parte de la Comisión Europea que a

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otras razones propias del desarrollo de su programa electoral, como debía ser lógico y normal. Ello demuestra, por lo tanto, que no se trata de una voluntad clara e inequívoca del Gobierno de aplicar políticas acordes con una gestión sostenible del medio ambiente, sino que existe un imperativo expreso que cumplir.
Durante el trámite parlamentario de este proyecto se han corregido algunos defectos iniciales. En concreto, en el trámite de enmiendas en el Senado saludamos y agradecemos que se haya incluido a todas las concentraciones parcelarías en el anexo II, eliminando la referencia a actuar únicamente por encima de aquellas que afectaran a más de 100 hectáreas, y aceptando así una enmienda propuesta por el Bloque Nacionalista Galego coincidente con otra presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Pensamos que es un acierto, ya que deben estar sometidas en su totalidad, sin exclusiones atendiendo a la superficie concentrada, a las declaraciones de impacto ambiental.
El resto de enmiendas introducidas en el Senado y aprobadas en Comisión son en su mayor parte correcciones técnicas, excepto el apartado e) del grupo tres del anexo I. Esta corrección sirve para que las instalaciones industriales para la producción de electricidad con potencia térmica entre 100 y 300 megavatios estén exentas de la obligatoriedad de declaración de impacto ambiental. Desde nuestro punto de vista esta inclusión no se justifica y la consideramos totalmente inoportuna.
Por tanto, seguimos manteniendo nuestras reservas, concretadas en las enmiendas parciales, que podemos defender y distinguir por tres aspectos.
En primer lugar, desde el punto de vista competencial debemos recordar que las competencias de ejecución administrativa de la legislación ambiental deben ser autonómicas. Este proyecto de ley se ampara en una polémica sentencia del Tribunal Constitucional que, en nuestra opinión, no es totalmente respetuosa con el ámbito de competencias autonómicas, atribuyendo la competencia de la realización de la evaluación de impacto ambiental en función de la administración ejecutora, del proyecto sometido a declaración ambiental. Por tanto, consideramos que en este aspecto el proyecto se equivoca.
En segundo lugar, el avance en la inclusión de proyectos que deben ser sometidos a declaración de impacto ambiental, a nuestro modo de ver pudo haber sido mucho mayor, puesto que en el anexo II permanecen muchos proyectos que deberían estar en el anexo I, por ejemplo, el grupo 3, industria extractiva y, por tanto, sujetos obligatoriamente a declaración de impacto ambiental, evitando así que la Administración incurra en una posible discrecionalidad en función de cada proyecto concreto.
Por último, y en tercer lugar, creemos que ha sido una oportunidad desperdiciada para incluir la evaluación ambiental estratégica de planes y programas que establecen el marco de las posteriores actuaciones de la realización de proyectos, que pueden tener incidencia en el medio ambiente y que quedan excluidos al referirse solamente a las valoraciones ambientales de los proyectos.
En suma, se avanza con la aprobación de este proyecto de ley al ampliar los supuestos de aplicación del instrumento preventivo por excelencia de la política ambiental, pero al mismo tiempo se incide en concepciones desarrollistas para primar la competencia material de autorización de proyectos y obras públicas sobre la ambiental, lo que sirve como excusa para sustraer de la competencia autonómica la declaración de impacto ambiental de obras de infraestructura que afectan a su territorio, mostrando así, desde nuestro punto de vista, una acusada desconfianza frente a las Comunidades Autónomas con competencias en materia de medio ambiente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Es el turno ahora del voto particular número 1 de los Senadores Cabrero y Cámara. Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, todos estamos de acuerdo con que la contaminación y los daños ecológicos hay que combatirlos antes de que se produzcan. Por ese motivo, la Directiva Europeas 85/337 de la Comunidad Europea, el artículo 6 del Tratado de la Comunidad, el Real Decreto de 28 de junio de 1987, de evaluación de impacto ambiental, las normas aprobadas en las diferentes Comunidades Autónomas, etcétera, contienen las consideraciones sobre el medio ambiente y su evaluación para tratar los temas de salud, el entorno, la calidad de vida, las especies, la reproducción del sistema, etcétera, etcétera, todo ello mejorado, efectivamente, por la Directiva 97/11 de la Comunidad Económica Europea, que se trata de modificar en parte.
Sin embargo, España no ha cumplido en este tiempo con todo lo que he mencionado rápidamente sobre las diferentes directrices. Estas modificaciones del Real Decreto Legislativo de 1986 vienen a reparar este desaguisado, si bien es francamente mejorable y, por tanto, presentamos diferentes enmiendas.
Las enmiendas números 1, 3, 4 y 5 son de adición, esta última pretende añadir una nueva disposición transitoria, y la número 2 es de modificación.
En cuanto a la enmienda número 1, el Real Decreto-Ley omite el precepto que tampoco figuraba en el Real Decreto-Ley 1306/88, que sí tenía y mantiene que la evaluación del impacto ambiental se hace previamente a la autorización, razón por la que introducimos una enmienda de adición que trata de añadir esta cuestión omitida en el Real Decreto.
La enmienda número 2 es de modificación. Hay que recordar que España traspuso la primera Directiva de forma incompleta, dejando fuera la evaluación del impacto ambiental, prácticamente la totalidad del II anexo, lo que le valió reiteradas denuncias. La legislación autonómica, en general, amplió significativamente el número de proyectos sometidos a la evaluación del impacto ambiental. Esta enmienda se presenta para corregir este defecto.
La enmienda número 3 pretende introducir el término «municipio», puesto que la Directiva establece la obligatoriedad

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de consultar a las administraciones públicas con competencias en medio ambiente. El Real Decreto-ley sólo considera a las administraciones autonómicas, omitiendo a las administraciones locales, que también tienen competencias en la materia. Respecto del Pacto Local, que tanto se está discutiendo y sobre el que hay un nivel de consenso importante por parte de todas las fuerzas políticas, habría que preguntar a los diferentes alcaldes su opinión respecto a esta cuestión. Por tanto, habría que incluir al municipio como parte de esa responsabilidad, porque se están reclamando competencias incluso a nivel municipal.
La enmienda número 4 es de adición y la motivación que la Directiva establece la obligación de tomar en consideración los resultados de las consultas y de la información, incluyendo dicha consideración en el procedimiento. Es decir, hay que responder a las alegaciones que se realicen, incluyendo dichas respuestas en la declaración de impacto y en el procedimiento de autorización final. Planteamos esta enmienda para que los resultados de las consultas realizadas por las administraciones competentes sean tomados en cuenta y, en su caso, se incluyan en la declaración de impacto ambiental.
Por último, en cuanto a la enmienda número 5, el Real Decreto-Ley omite esa recomendación de la Comunidad Económica Europea. Por tanto, como el Real Decreto omite la Directiva 96/61, se plantea que en un plazo de seis meses el Gobierno remita un proyecto de ley de trasposición de dicha Directiva.
Por todas estas razones, confío en que estas enmiendas sean admitidas. No ha sido así en el trámite anterior, pero espero su consideración porque creo que son justas, correctas y entiendo que aportan y mejoran fundamentalmente este proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Voto particular número 3, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
El Senador Gatzagaetxebarría tiene la palabra.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario ha presentado un conjunto de enmiendas a este proyecto de, ley que en definitiva lo que pretende es la trasposición al Derecho estatal de la normativa comunitaria al respecto y la modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986.
Para nosotros es una cuestión de nervio el que se considere como órgano ambiental competente para la realización de la evaluación ambiental y la posterior declaración a las Comunidades Autónomas. No podemos utilizar la trasposición al Derecho estatal de la normativa comunitaria como un mecanismo de recuperación de competencias para los poderes centrales del Estado, y eso es lo que se ha producido en esta Cámara desde el Real Decreto Legislativo 1302/1986, porque la evaluación de impacto ambiental constituye una técnica, es un instrumento de tutela ambiental donde la Administración pública lo que pretende es efectuar un parámetro de comparación entre la obra o proyecto a realizar y la aplicación de la legalidad vigente, con el objetivo de evitar daños al medio natural, al medio urbanos, a la salud pública y, en definitiva, al bienestar de los ciudadanos, de la flora y de la fauna. Esa es la función de la evaluación de impacto ambiental como técnica transversal de tutela ambiental. Por lo tanto, se incorpora como un instrumento incardinable en lo que es la protección del medio ambiente, y en España, que es un estado de composición compuesta, la protección del medio ambiente, según el bloque de la constitucionalidad, corresponde gestionarlo a las Comunidades Autónomas. Al Estado, a esta Cámara le corresponde establecer la normativa básica que ha de regular en esta materia.
Ya sé que hay una sentencia constitucional que viene a hacer planteamientos distintos, sobre el fondo de la cuestión que estoy planteando --valga el juego de palabra--, pero es que materialmente es así, puesto que son éstas, las Comunidades Autónomas, las que en el día a día realizan y aplican todos los instrumentos de política ambiental.
El Estado no interviene más que en cuestiones de coordinación en supuestos excepcionales y de catástrofes que tengan una especial gravedad y en el ámbito de la representación internacional del Reino de España.
Este es el mecanismo y el sistema de distribución de competencias que se dotó el Estado en materia de medio ambiente en los estatutos de autonomía y en la Constitución. Tan es así que ya todas las Comunidades Autónomas tienen las mismas competencias porque hasta el Pacto Autonómico de 1992 unas tenían competencias de desarrollo legislativo y ejecución y otras simplemente tenían competencias de aprobación de normas adicionales de protección, pero no competencias de desarrollo legislativo y ejecución.
Con la modificación estatutaria producida a partir del año 1992 todas las Comunidades Autónomas disponen de las mismas competencias.
Ese es, en definitiva, el espíritu de las enmiendas y principalmente de la enmienda nuclear que nuestro Grupo Parlamentario plantea: que el órgano ambiental competente para utilizar la técnica de la evaluación ambiental como instrumento de tutela de las Administraciones públicas en proyectos u obras corresponde a las Comunidades Autónomas y no a los poderes centrales del Estado.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Gatzagaetxebarría.
Voto particular número 4, de los Grupos Parlamentarios Entesa y Socialista. El señor Ganyet tiene la palabra en primer lugar.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el gran Groucho Marx se preguntaba, ¿qué ha hecho la posteridad por mí? También nosotros podemos preguntarnos, ¿qué podemos hacer por la posteridad? Aunque de forma modesta, señorías, el Senado en el debate de la ley puede contribuir a pergeñar una posteridad algo mejor, un medio físico más preservado.


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El conjunto de las enmiendas presentadas por la Entesa Catalana de Progrés y por el Grupo Parlamentario Socialista son una aportación positiva a la modificación del Real Decreto Legislativo de Evaluación de Impacto Ambiental que nos ocupa. Son una aportación positiva en una doble dirección. De una parte, para resolver las inadecuaciones e incumplimientos, algunos de ellos de varios años, lo que es muy grave, de que adolece la normativa española vigente en relación a la comunitaria, especialmente en lo que concierne a la Directiva 85/337 a partir de la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 2 de mayo de 1996, y a la Sentencia del Tribunal Constitucional de 22 de enero de 1998.
De otra parte, las enmiendas apuestan por una revisión de alcance de las tibias actitudes del Gobierno de España en lo que concierne a la protección del medio físico en las que --como es bien sabido-- vamos en el furgón de cola de Europa. Se diría que avanzamos a rastras. Se trata, señorías, de aprovechar esta ocasión para ganar parte del tiempo perdido, para abandonar, con la ocasión que nos brinda esta Ley, inercias del pasado reciente que conllevan situaciones cada vez más distantes de la escala de valores de nuestra sociedad. La sociedad europea y la española se mueven muy rápidamente. Las actitudes tibias en los temas medioambientales son cada vez peor aceptadas por el cuerpo social.
Voy a referirme de forma sucinta a algunas de las enmiendas presentadas.
La enmienda número 14 propone la adición de un nuevo apartado 3 al artículo primero que queda redactado de la forma siguiente: «Los planes y programas que figuran en el anexo II bis deberán someterse igualmente a evaluación ambiental antes de su adopción o aprobación.» Nos parece obvia. Se trata de incluir la evaluación ambiental de determinados planes y programas avanzando en la línea acordada por la posición común aprobada por el Consejo de la Unión Europea, de 20 de marzo de 2000, y en la propuesta de directiva del Consejo relativa a la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente.
La enmienda número 15 explicita y desarrolla el contenido de la declaración ambiental para establecer unos mínimos coherentes de obligado cumplimiento. En este mismo sentido se redactó la enmienda número 30. Es elemental que los planes y programas de ordenación del territorio tienen una notable influencia en el equilibrio medioambiental.
La enmienda 16 persigue potenciar la información y la participación pública en materia de evaluación de impacto ambiental a través de nuevos instrumentos, de manera que el público interesado tenga la posibilidad de expresar su opinión y que ésta sea tomada en consideración antes --esto es muy importante-- de la autorización del proyecto o de la adopción o aprobación del plan o programa, de acuerdo con el espíritu y la finalidad de la Directiva 85/337 del Consejo, de 27 de junio de 1985. La participación pública es, desde todos los puntos de vista, imprescindible. Por otra parte, existe una Directiva comunitaria que no deberíamos desconocer.
La enmienda número 18 propone la adición de una nueva disposición adicional sexta. ¿Por qué señorías? Porque tanto la Directiva 85/337 como la Directiva 96/61 del Consejo, de 24 de septiembre, relativa a la prevención y el control integrados de la contaminación, deberían haberse incorporado al ordenamiento jurídico español a más tardar en octubre de 1999. Esta incorporación no se ha realizado hasta el momento, a pesar de la obligación de su cumplimiento y de que algunas Comunidades Autónomas hayan dictado ya su propia normativa en la materia. Llevamos, pues, año y medio de retraso, lo que nos parece de difícil justificación.
La enmienda número 24 propone la modificación del apartado c) del grupo 8, que quedaría redactado de la siguiente forma: c) Proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales.
Consideramos muy necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental en todo tipo de proyectos para el trasvase de recursos hídricos entre cuencas fluviales, independientemente de su finalidad o de sus características. El debate en curso sobre el Plan Hidrológico Nacional ha puesto de extrema actualidad esta cuestión, como no se les escapa a sus señorías.
Finalmente, las enmiendas números 26 y 27 son de modificación. En lo que a la número 27 se refiere, debería decir: Líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud inferior o superior a 3 kilómetros. Se considera necesario el sometimiento a evaluación de impacto ambiental, en todo caso, de este tipo de instalaciones, ya que tanto los parques eólicos como las líneas aéreas generan una incuestionable contaminación del paisaje si no se ejecutan con los debidos requisitos y cautelas.
En definitiva, señora Presidenta, señorías, éstas nos parecen aportaciones que corrigen y pulen un texto legal que tiene y tendrá una significativa importancia para la preservación del medio físico español, un bien inmaterial que va a determinar la calidad de las sociedades futuras. Confiamos, por tanto, en el voto positivo de sus señorías.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
El resto del turno para la defensa de los votos particulares va a ser utilizado por el Senador Sanz Carramiñana, del Grupo Parlamentario Socialista, que tiene la palabra.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar ser lo más breve posible dado lo avanzado de la hora.
Intervengo para explicar y argumentar el voto particular que el Grupo Parlamentario Socialista ha presentado al proyecto de ley de modificación del Real Decreto legislativo 1302/1986, de evaluación de impacto ambiental, que traspone la Directiva 97/11 de la Comisión Europea.
En primer lugar, quisiera señalar los términos que han orientado y determinado el sentido de nuestro voto particular, que principalmente se concreta en dos puntos. El primero es el apoyo al texto aprobado en el Congreso de los Diputados y remitido a esta Cámara, y el segundo es la

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oposición a todas las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular, a excepción de la número 41 que simplemente tenía una corrección ortográfica y a la que ha hecho referencia el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra.
Por otro lado, me gustaría señalar el rechazo sistemático por parte del Grupo mayoritario de todas y cada una de las enmiendas que con espíritu de aportación constructiva fueron presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Quiero recordar a sus señorías que la modificación legislativa que hoy nos trae a esta Cámara trae causa, no tanto de la voluntad y sensibilidad medioambiental de este Gobierno, sino como consecuencia directa y obligada de la apertura de dos expedientes de infracción por parte de la Comisión Europea.
Como todos ustedes saben, el primero se refiere a la demanda interpuesta por la Comisión Europea el 14 de diciembre de 1999 ante el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas contra el Estado español debido a la inadecuada incorporación de la Directiva 85/337 por el hecho de no incluir el Real Decreto legislativo 1302/1986 dentro de su ámbito de aplicación. El segundo expediente hace referencia a la demora en la trasposición de la Directiva 97/11, cuyo plazo finalizó en octubre de 1999, y que tiene por objeto revisar las disposiciones comunitarias y como novedad la prevención en los diferentes proyectos.
Insisto en que el proyecto de ley que hoy debatimos, derivado de la tramitación como proyecto de ley del Real Decreto-ley 9/2000, contó en el Congreso de los Diputados con el apoyo de mi Grupo, que aun valorándolo en la Cámara Baja como insuficiente e incompleto, entendió que suponía un paso hacia adelante en materia de sostenibilidad medioambiental y contribuía a la necesidad de que durante su preparación y elaboración, y antes de adoptarse alguna decisión, se tuviesen en cuenta los aspectos y las posibles repercusiones medioambientales de los diferentes proyectos o programas contemplados y relacionados en los anexos de la ley. Sin embargo, el rayo de esperanza que supuso para nosotros que este Gobierno comenzase a incorporar a su acción gubernamental los parámetros medioambientales ha quedado frustrado. Una vez más el Gobierno de Aznar utiliza el Senado para «autoenmendar» una normativa emanada de su propio Gobierno. No dejarán de reconocerme sus señorías que, además de curioso estadísticamente, resulta sorprendente políticamente que un texto elaborado por el Gobierno y aprobado de forma unánime por el Congreso prácticamente, sea ahora enmendado por el Grupo Popular con 26 modificaciones que, lejos de ampliar o mejorar el texto, suponen un claro retroceso en cuanto a garantizar la sostenibilidad y la aplicación del principio de prevención.
No quisiera pensar --una vez leído y revisado el texto aprobado por el Congreso-- que ciertos grupos de poder económico-financiero de este país, vinculados principalmente a sectores estratégicos como el de infraestructuras hidrológicas, de comunicaciones, de telecomunicaciones o energéticas, y situados en los entornos próximos a Moncloa, han visto peligrar una parte de sus beneficios por estar obligados a asumir los costes medioambientales en sus procesos, obtenidos en algunas ocasiones a base de esquilmar el patrimonio natural, un bien que es de todos y de difícil o imposible reposición en la mayoría de los casos.
Me permito hacer esta consideración al analizar el paquete de enmiendas que el Grupo Parlamentario Popular ha introducido y que, en mi opinión, van orientadas a que lo que era de obligado cumplimiento por ley pase a ser una decisión discrecional de la Administración, bien sea estatal o autonómica. Una mayoría de las enmiendas presentadas tiene estrecha vinculación con obras incluidas en el Plan Hidrológico Nacional, no sabemos si es para acelerar las mismas, al margen de las cuestiones medioambientales en ningún sector tan directamente relacionadas como es en el caso de las infraestructuras ligadas al agua, su captación, almacenamiento, distribución y recuperación. La ejecución de las infraestructuras y las actividades económicas de las empresas son las causas principales del impacto medioambiental, constatando con frecuencia que los atentados contra el medio ambiente destruyen a futuro miles actuales o potenciales puestos de trabajo.
¿Alguien ha calculado cuánto cuesta realmente la contaminación de un río o la destrucción de un litoral y, por qué no, la degradación de un bosque? ¿Alguien se ha preocupado de evaluar el beneficio cesante económico, social y territorial de estas actuaciones? Las empresas contaminantes con frecuencia deciden sus estrategias siendo conscientes de que sigue siendo mucho más rentable para su cuenta de resultados exponerse a sanciones por incumplimiento de la legislación que promover medidas de prevención y reducción del impacto ambiental de sus actividades. En opinión del Grupo Parlamentario Socialista estas empresas deberían estar condenadas a desaparecer si no modifican su tecnología y sus procedimientos. La sociedad no puede ni debe tolerar más el deterioro permanente de nuestro medio ambiente, ya que es un patrimonio común de imposible reposición --como comentaba antes-- en la mayoría de los casos.
El Gobierno, como representante legal de la sociedad democrática, no puede permitir que algunas empresas, para engordar sus cuentas corrientes y las de sus accionistas, sigan deteriorando el mundo natural a cambio de sanciones, en muchos casos irrisorias, incluso de fallido cobro. Defender la seguridad medioambiental es defender los intereses de los ciudadanos como trabajadores y como personas. Es preciso no resignarse a aceptar los criterios inflexibles de algunas empresas, multinacionales principalmente, ni las de los sectores económicos y financieros más influyentes. Es necesario y posible demostrar a los sectores productivos de nuestro país que hagan las cosas sencillamente de diferente modo, que creen desarrollo y empleo fundamentalmente de forma distinta pero sostenible.
El Grupo Parlamentario Socialista, de forma conjunta con el Grupo Entesa Catalana de Progrés --como ha comentado el compañero que me ha precedido en el uso de la palabra--, no puede estar de acuerdo con ninguna de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, en tanto que, lejos de ampliar y mejorar la ley para proteger el medio natural, parece que están dictadas por las empresas que lo utilizan, desplazando proyectos que por sus características el Gobierno y el Congreso

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incluían como de obligada sujeción a la evaluación ambiental, a que este proceso sea discrecional.
Quiero recordar a esta Cámara, y en especial al Grupo Parlamentario Popular, que una de las recomendaciones y criterios de la Directiva europea que ahora tratamos de trasponer se basa, principalmente, en el concepto de prevención, que no es lo mismo que precaución, prevención que en modo alguno queda garantizada con las enmiendas que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular.
A nuestro entender, el principio de prevención se basa en la forma de actuar o de tratar, con anterioridad a su producción o ejecución, la contaminación o los daños ecológicos más que combatir a posteriori sus efectos. Sus señorías saben que la prevención se articula en la medida en que existe un riesgo que se puede evaluar y dominar.
La evaluación de impacto ambiental constituye, sin duda, un instrumento importante para la integración de las consideraciones medioambientales en la preparación de proyectos y adopción de decisiones sobre algunos proyectos o programas que tienen, o pueden tener, repercusiones significativas sobre el medio natural.
Espero haber convencido a las señorías del Grupo Parlamentario Popular de la bondad del proyecto de su Gobierno y de la necesidad de que se sumen al criterio mantenido por sus compañeros en el Congreso de los Diputados.
En este sentido, creo que no debemos caer en la tentación de ver pasar el tren de la anticipación --y me refiero al mismo tren al que hacía referencia mi compañero del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés--, de la precaución y de la cautela y quedarnos en el andén. Si lo hacemos, corremos el riesgo de que dentro de un plazo de tiempo no muy lejano nos veamos en la misma situación.
Paso rápidamente a la defensa de las enmiendas que hemos presentado. La número 13, de modificación al párrafo 2, apartado 2 del artículo 1, señala que lo establecido en el párrafo anterior no será de aplicación en el supuesto de que la norma, estatal o autonómica, aplicable al caso, haya fijado umbrales o criterios objetivos para determinar cuándo un proyecto debe someterse a la evaluación de impacto ambiental. Nosotros consideramos que es necesario aclarar que la excepción, fundada en la existencia de umbrales o criterios preestablecidos, es también aplicable a los proyectos de competencia estatal, siguiendo así el dictamen del Consejo de Estado. Por otra parte, queremos reconocer a las Comunidades Autónomas las competencias legislativas que tienen en esta materia, dejando de ser obligatorio el análisis caso por caso.
Las enmiendas números 14 y 15, como saben sus señorías, son de adición.
En lo que respecta a la primera, se propone la creación de un nuevo apartado 3 al artículo 1, que quedaría redactado en los siguientes términos: Los planes y programas que figuran en el anexo II bis deberán someterse, igualmente, a evaluación ambiental, antes de su adopción o aprobación. Nosotros consideramos básico incluir la evaluación ambiental de determinados planes y programas, de acuerdo con los criterios fijados por la Posición Común y la propuesta directiva del Consejo. En la número 15 proponemos la adición de un nuevo artículo, el 7 bis, para recoger una serie de medidas, contenidos y objetivos principales del plan que deberían contemplar información sobre los planes y programas del anexo II bis. En todo caso, la justificación va en concordancia con la enmienda anterior.
La enmienda número 17 también es de adición, en este caso de una nueva Disposición Adicional quinta. Se propone instar al Gobierno de la nación a que en un plazo de un año de la entrada en vigor del decreto legislativo aprobase mediante la oportuna normativa directrices e instrucciones técnicas complementarias con el fin de concretar el alcance técnico de los estudios. La justificación es fácilmente deducible: tratar de subsanar los déficit existentes en los proyectos actuales.
La enmienda número 19 es de modificación de la Disposición Transitoria única. Estamos de acuerdo con el texto de la Ponencia, excepto con el párrafo que señala: «salvo que se haya iniciado el procedimiento de evaluación de impacto ambiental de acuerdo con la legislación autonómica.» Nosotros consideramos que si se dejase redactado tal y como recoge el texto de la Ponencia, podría provocar un problema jurídico en determinados expedientes de evaluación ambiental iniciados por las Comunidades Autónomas con anterioridad a la entrada en vigor de la Directiva 97/11/CE.
En la enmienda número 20, se propone la adición de un nuevo párrafo al párrafo segundo del apartado c) del grupo 2, del anexo I, que quedaría redactado en los siguientes términos: «Dragados marinos para la obtención de mineral que no sea arena.» Esta enmienda se justifica por la necesidad de anteponer a este tipo de instalaciones los principios de prevención y cautela, fundamentalmente.
La enmienda número 21 también es de adición al párrafo primero del mismo grupo y apartado, y en ella se propone: «Extracción de minerales mediante dragados en zonas fluviales que no sean zonas húmedas protegidas; lagos, lagunas, humedales y embalses o que siéndolo no lleguen a cien mil metros cúbicos.» En concordancia con la anterior, creo que deben primar los principios de prevención y cautela.
La enmienda número 22 es de modificación del apartado c) del grupo 3 del anexo I, que quedaría redactado de la siguiente forma: «Instalaciones de reproceso de combustibles nucleares irradiados, instalaciones para el procesamiento y almacenamiento de residuos radiactivos.»

La señora PRESIDENTA: Senador Sanz Carramiñana, tiene que terminar porque aunque ha compartido el tiempo del otro voto particular con el Senador Ganyet, los dos lo han consumido ya.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Voy terminando, señora Presidenta.
Nosotros creemos que este tipo de instalaciones deben estar sujetas a evaluación medioambiental.
Para finalizar, señora Presidenta, creo que el conjunto de las enmiendas que hemos presentado hoy incorporan a este proyecto de ley el espíritu y el trabajo que se está realizando dentro de la Comisión Europea y, espero que me

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perdonen los señores Senadores del Partido Popular, creo que todos debemos hacer un esfuerzo de flexibilidad mental para intentar incorporar parte o la totalidad de las enmiendas presentadas por los diferentes grupos para que, en un tiempo no muy lejano, no nos veamos en la misma situación.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora España.


La señora ESPAÑA MOYA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el proyecto de ley que hoy estamos debatiendo en el Pleno tiene como finalidad incorporar, plena y correctamente, a nuestro Derecho interno la Directiva 85/337 de la CE.
El portavoz del Grupo Parlamentario Mixto ha comentado que se han recibido numerosos avisos relacionados con esta incorporación y tengo que decir que nosotros podemos hacernos responsables de la no incorporación a tiempo de esta directiva, porque se avisó mediante una demanda el 15 de septiembre y el real decreto es del mes de octubre, pero con respecto a la directiva de 1985 nosotros no somos responsables de que el real decreto de 1986 no incluyera los grupos de proyectos que figuraban en el anexo 2. Este proyecto de ley lo que ha hecho ha sido modificar y corregir lo que se había hecho anteriormente y, al mismo tiempo, ha tenido en cuenta las modificaciones que se introdujeron en la directiva de 1997.
Mi intervención tiene como objeto realizar el turno en contra, fijar la posición de mi Grupo Parlamentario con respecto a las enmiendas y rechazar los votos particulares que se han presentado por los distintos grupos parlamentarios.
Rechazamos la enmienda número 1, del Grupo Parlamentario Mixto, ya que el concepto de autorización de desarrollo, previsto en la Directiva de 1997, equivale en nuestro ordenamiento a la declaración de impacto ambiental.
Por lo que respecta a la enmienda número 2, del Grupo Parlamentario Mixto, no se acepta dado que el texto alternativo que se propone en esta enmienda no aporta nada nuevo a la redacción existente, dado que todos los promotores de proyectos incluidos en el anexo 2.3 están obligados a dirigirse al órgano ambiental para que éste decida, caso por caso, quién debe someterse o no a la evaluación de impacto ambiental.
La enmienda número 3, del Grupo Parlamentario Mixto, no se acepta, ya que la directiva no prejuzga cuál haya de ser la Administración Pública competente, y en la legislación básica lo que se establece es la consulta preceptiva de las Comunidades Autónomas, pues dichas Administraciones son las que tienen reconocida competencia ambiental. En el procedimiento que cada Administración, Senador Cámara, establezca en desarrollo de la legislación básica y de cada una de sus competencias, podrá exigir aquellos informes preceptivos que considere conveniente.
La enmienda número 4, de adición, del Grupo Parlamentario Mixto, se rechaza igualmente ya que la obligación de consultar a otras Administraciones y someter a información pública los estudios de impacto ambiental está ya establecida en nuestro Derecho interno, en el Reglamento de 1986. Por otro lado, con carácter general, la Ley 30, de 1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común regula la necesidad de contestar a las alegaciones formuladas en la fase de información pública.
Las enmiendas números 5, del Grupo Parlamentario Mixto, y número 18, del Grupo Parlamentario Socialista y Entesa, no se aceptan ya que la Directiva de 1996, número 61, de prevención de control integrado de la contaminación, no impone la obligación de integrar ambos procedimientos: el de evaluación de impacto ambiental y el de prevención y control integrado de la contaminación. Sin perjuicio de lo anterior, debo comentarles que hay un anteproyecto de ley de incorporación de esta Directiva de 1996, que está en elaboración en el Ministerio, y se establecen mecanismos para coordinar el procedimiento de autorización ambiental integrada con el procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
La enmienda número 6, del Grupo Parlamentario Mixto, tampoco se acepta ya que la declaración de impacto ambiental se conceptúa como un acto de trámite dentro del procedimiento de autorización sustantiva, por tanto, no tiene por qué regularse en una normativa básica.
Las enmiendas número 7 y 8, del Grupo Parlamentario Mixto, no se aceptan, ya que el hecho de que la Administración General del Estado pueda actuar como órgano ambiental competente, a través del Ministerio de Medio Ambiente en relación con los proyectos cuya autorización le corresponde ha sido avalado por el Tribunal Constitucional al pronunciarse sobre el artículo 5 del Real Decreto Legislativo 1302, de 1986, y es respetuoso por tanto con la interpretación del Tribunal Constitucional en cuanto a las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 9, del Grupo Parlamentario Mixto, y las números 14 y 15, del Grupo Parlamentario Socialista y Entesa, no se aceptan, dado que la Unión Europea está elaborando una directiva sobre evaluación estratégica de planes y programas y puesto que esta directiva puede sufrir cambios, es lógico que se espere a su aprobación por la Unión Europea con carácter previo a su incorporación en el Derecho interno.
La enmienda número 10 no se admite en aras del principio de seguridad jurídica y también para garantizar los derechos adquiridos. No se aconseja aplicar retroactivamente una normativa que exige nuevos requisitos a proyectos que ya han sido autorizados administrativamente.
Recordemos también el elevado coste económico que esto podría suponer.
En la enmienda número 11, no se admite la supresión de la expresión «cuando entrañe riesgos de graves transformaciones ecológicas negativas», ya que no es ningún criterio

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arbitrario y viene recogido en el anexo 2 del Real Decreto 1131, de 1988.
Respecto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, las números 31 y 36, que son de ámbito competencial, no se admiten porque la redacción que establece el proyecto es respetuosa con el reparto competencial de la materia y con la doctrina sentada por el Tribunal Constitucional, aunque no lo crea así el señor Gatzagaetxebarría. El mismo ha reconocido que había una sentencia al respecto del Tribunal Constitucional que hace referencia a este tema.
Las enmiendas números 32 y 33 no se admiten, ya que pretenden regular aspectos de carácter procedimental que no resultan adecuados en una ley básica.
La enmienda número 34 no se acepta, ya que la manipulación de datos no tiene por qué ser forzosamente maliciosa. En el artículo 9.2, apartado a), del Real Decreto legislativo 1302 ya se hace referencia a esta palabra.
La enmienda número 37 no se acepta, ya que la posibilidad de que las Comunidades Autónomas puedan establecer niveles adicionales de protección se prevé en el artículo 1, apartado 2 del párrafo segundo.
Paso a contestar las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialistas y de Entesa Catalana de Progrés. Deseo referirme a lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista respecto a que las enmiendas podían tener algún sentido inadecuado. Señoría, le recuerdo que esta Cámara es de segunda lectura, y ya que ustedes han presentado enmiendas, nosotros también lo hemos hecho con el fin de mejorar el proyecto, como hizo el Grupo Parlamentario Socialista en su momento. Si no le parece bien el Reglamento, intente cambiarlo.
Respecto a las elucubraciones a las que se ha referido el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, no le voy a contestar porque no deseo entrar ahí. Sólo voy a responder a sus enmiendas, pues para eso estamos aquí.
La enmienda número 13 es de modificación. No se acepta, ya que lo que hace esta ley con carácter básico es la determinación de umbrales o criterios objetivos para determinar si un proyecto se debe someter a la evaluación de impacto ambiental.
La enmienda número 16 no se acepta, ya que es una simple declaración de intenciones sin ningún criterio normativo, por lo que no tiene sentido incluirlo en un texto legal de carácter básico. El público interesado ya tiene mecanismos de participación en el Reglamento de evaluación de impacto ambiental.
La enmienda número 17 no se acepta, ya que se considera innecesaria. El Reglamento podrá establecer las precisiones que considere oportunas respecto al contenido de los estudios sobre impacto ambiental.
La enmienda número 19 no se admite debido a los principios de cautela y seguridad jurídicas.
La enmienda número 20 no se admite, ya que en el apartado a), párrafo cuarto, grupo 2, del Anexo I, se consideran las explotaciones de depósitos marinos, y se entiende incluido.
La enmienda 21 no se acepta ya que es preciso fijar un umbral mínimo. Y le contesto por cortesía parlamentaria, ya que, como usted sabe, esta redacción ha sido modificada por la enmienda número 44, del Grupo Parlamentario Popular, en el ejercicio de nuestro derecho.
La enmienda número 22 no se acepta, puesto que la producción y almacenamiento de combustibles nucleares irradiados ya está prevista en el apartado del número 3 del Anexo I.
La enmienda número 23 no procede y no se acepta, porque es adecuada la inclusión de este tipo de proyectos en el Anexo II, y para completarlo, y en coherencia con lo anterior, ya está el Anexo I.
La enmienda número 24 no se acepta, ya que, con carácter general, se incluyen los proyectos de trasvase en el Anexo I. Las exclusiones que se señalan en el apartado c) son tendentes a eliminar pequeños trasvases que están incluidos en el Anexo II.
La enmienda número 25 no se acepta ya que es necesario poner un umbral, habiendo seguido el criterio de la Directiva de 1997.
En cuanto a la enmienda número 26, no se acepta porque no se considera adecuado incluir en el Anexo I los parques eólicos que tengan 10 o menos aerogeneradores. Si se aprobara esta enmienda caeríamos en el caso curioso de que un único aerogenerador asociado a cualquier uso tendría que someterse obligatoriamente a la evaluación de impacto ambiental.
Por lo que se refiere a la enmienda número 27, no se admite ya que debe completarse con un umbral mínimo para que un proyecto de líneas aéreas pueda incluirse en el Anexo I. Además, la redacción de la enmienda deja fuera a las líneas aéreas para el transporte de energía eléctrica con una longitud igual a tres kilómetros.
Con respecto a la enmienda número número 28, no se considera adecuada su aceptación ya que el texto del proyecto es más ambicioso e incluye este tipo de proyectos, con determinadas características, en el Anexo I.
En cuanto a la enmienda número 29, no se admite porque es necesario fijar un umbral mínimo. Además, ha sido modificado por la enmienda número 54 del Grupo Popular.
Por último, no se acepta la enmienda número 30 ya que la Directiva que trata de la evaluación de planes y programas está actualmente en tramitación y no es una cuestión objeto del presente proyecto de ley.
El portavoz del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha dicho que sus enmiendas constituyen una aportación positiva. Me parece lógico que él piense eso, al igual que nosotros hemos presentado enmiendas porque también nos parecen una aportación positiva al proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora España.
Pasamos al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.


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Señorías, intervendrá muy brevemente para indicar que desde el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria valoramos positivamente el trabajo que ha hecho esta Cámara y, en concreto, el trabajo de la Ponencia en el seno de la Comisión de Medio Ambiente y el dictamen de esta Comisión en relación con la modificación o, mejor dicho, adecuación de la normativa española a las disposiciones comunitarias. Este es un tema importante a efectos de toda la política medioambiental y de los importantes informes de impacto ambiental, cuyas competencias tenemos transferidas las Comunidades Autónomas. Incluso en la Comunidad Autónoma de Canarias, en virtud de la comúnmente denominada Ley de Cabildos, están transferidas a los cabildos insulares.
Nosotros no hemos presentado ninguna enmienda en esta Cámara, pero nuestro Grupo, Coalición Canaria, sí presentó una enmienda en el Congreso de los Diputados relativa a mejorar la inclusión de un grupo de actividades económicas que, como todos sabemos, han de ser reguladas porque todas tienen que tener en cuenta el menor impacto ambiental posible.
En concreto, nosotros teníamos especial interés en la regulación de la actividad de las industrias de productos agroalimentarios en nuestra Comunidad Autónoma, en la que la industria no tiene un desarrollo y un peso específico importante pero sí existen algunas industrias de productos alimenticios o agroalimentarias. En ese sentido, desde nuestro punto de vista, esta actividad estaba mal encajada en el Grupo 6 del Anexo I, por lo que propusimos que se incorporase al Grupo 1 bis del Anexo II, para que los proyectos no tuviesen que ser objeto de una evaluación de impacto ambiental y se pudieran analizar con mayor versatilidad caso por caso en un sector de la industria agroalimentaria donde también hay impacto, como en toda actividad económica, pero no fuerte, en muchos casos es un impacto de contaminación orgánica.
Pues bien, esta enmienda, presentada por nuestro Grupo en el Congreso de los Diputados, fue aceptada y en el debate se consideró que se ajustaba mejor a la nueva normativa comunitaria. Desde ese punto de vista estamos satisfechos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo quería replicar a la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, Senadora España.
La sentencia del Tribunal Constitucional 13 de 1998 incurre en una grave contradicción cuando dice que al utilizarse por los poderes públicos la evaluación de impacto ambiental como un instrumento de tutela ambiental no se está utilizando el título competencial de medio ambiente, sino la sustancial en la materia.
¿Sabe cómo sale esa sentencia del Tribunal Constitucional? Se aprueba por 6 votos a favor; 5 en contra --uno de ellos del señor Pedro Cruz Villalón, actual Presidente del Tribunal Constitucional-- y una posición ecléctica o intermedia del señor Mendizábal. Dicha sentencia dice que la técnica de evaluación de impacto ambiental no es ejecución de la legislación de medio ambiente, es una cuestión sustantiva en carreteras, en ferrocarriles, en aguas, en espacios radioeléctricos, en telecomunicaciones, y fíjese lo polémico que es, que el propio Tribunal Constitucional queda absolutamente dividido: 6 votos contra 5.
Si se tienen en cuenta otros pronunciamientos en materia de medio ambiente, por ejemplo: la declaración de impacto ambiental es una técnica de tutela ambiental, ¿qué ocurre con la declaración de protección de un parque natural? ¿O la declaración de zona atmosférica contaminada? ¿O la declaración de protección en la zona de influencia en la Ley de costas? En todos estos ámbitos, la jurisprudencia constitucional ha entendido que las actuaciones dirigidas a la ejecución de la legislación de medio ambiente, en definitiva a su aplicación y a su protección, se incardinan en la materia de ejecución de medio ambiente, y llega a ese punto de inflexión argumental en la Sentencia 13/1998, que origina un debate tremendo, tanto que los dos primeros ponentes que elaboraron la sentencia, señores Jiménez de Parga y Mendizábal, fueron retirados puesto que sus tesis no se aceptaron inicialmente. Fíjese en qué condiciones sale la sentencia. Por tanto, de alguna manera hay una contradicción con lo que el mismo Tribunal Constitucional dice en la Ley 4/1989, en la Sentencia del año 1995, cuando enjuicia la Ley de espacios naturales y dice que todas las declaraciones de parques naturales son competencia de las Comunidades Autónomas puesto que se está ejecutando la legislación de medio ambiente.
¿Cómo sale la ley de esta Cámara? La ley sale de esta Cámara diciendo que la declaración de parques naturales corresponde al Estado cuando el parque esté en el territorio de más de una Comunidad Autónoma y cuando la declaración de parque natural afecte al dominio hidráulico, al marítimo o al aéreo. El Tribunal Constitucional dice que uno puede ser titular dominical o de dominio público, pero «per se» el dominio público no da la competencia, quien tiene la competencia medioambiental para ejercerla es el titular, de manera que afectará a los titulares dominicales privados y a los titulares dominicales públicos de los bienes, áreas de influencia o espacios físicos en los cuales el competente sectorial ejercita la competencia, que en este caso es la de medioambiente. Eso lo dice el Tribunal Constitucional, o cuando enjuicia la posición de la Generalitat de Catalunya sobre la declaración de zonas atmosféricas contaminadas y dice que ni en los supuestos en los que la zona atmosférica contaminada exceda del ámbito atmosférico de Cataluña puede el Estado intervenir declarándola zona contaminada, sino que tendrá que haber una coordinación entre Cataluña y el País Valenciano para la declaración de zona contaminada.
Fíjese en los argumentos que ha esgrimido tradicionalmente el Tribunal Constitucional. Y ha sido a través de sentencias puesto que las leyes tanto antes como ahora han salido con un matiz centralista en la Cámara; la semana pasada tuvimos ocasión de debatir la Ley 4/1989 de espacios

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naturales, en ejecución de una sentencia sobre la gestión de los parques naturales --no ya la declaración-- en virtud de la cual se cambió la ley, puesto que el Tribunal Constitucional consideró que la gestión es una materia pública que se incardina en la ejecución de la materia de medio ambiente, valga el juego de palabras.
Ese es el ámbito en el que nos encontramos. Pero, señora España, le voy a dar más argumentos. Cuando se enjuicia el grave problema del pantano de Itoiz, ¿sabe cómo concibe el Tribunal Supremo la declaración de impacto ambiental en su sentencia del 17 de noviembre de 1998, en el que ha sido su pronunciamiento más importante? Lo considera como un acto administrativo de trámite; es decir, con una doble vertiente, la de ser un instrumento, un medio de tutela ambiental, desde la naturaleza ambiental, y la de ser un acto de trámite desde la naturaleza jurídico administrativa que, de conformidad con lo establecido en la Ley 30/1992 de Procedimiento Administrativo Común y Responsabilidades de las Administraciones Públicas, es inimpugnable, puesto que lo impugnable es la resolución final que autoriza el proyecto o la obra en cuestión. Por tanto, al considerarlo como un acto de trámite, ¿cómo es posible que un acto de esta naturaleza no vaya a estar incardinado en un procedimiento administrativo que ha de tramitar el competente en la materia? Euskadi, como otras Comunidades Autónomas, tiene una legislación sobre el medio ambiente. Existe una ley general de medio ambiente con un título específico que regula las evaluaciones de impacto ambiental, conjuntas, individualizadas y simplificadas. Ustedes, el Grupo Parlamentario Popular, han aceptado el planteamiento que el Parlamento vasco por unanimidad aprobó en esta ley sobre las individualizadas, que es a las que se refiere la transposición de esta directiva. Dispongo en este momento de las palabras pronunciadas por el portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el año 1998. Y esa ley afirma que el órgano ambiental de la Comunidad Autónoma de Euskadi es el competente para la evaluación de los impactos ambientales de todas las obras públicas, de las de titularidad municipal, provincial, autonómica y estatal. Y ustedes, en primer lugar, no enmiendan tal precepto; en segundo, lo votan en Comisión y, tercero, lo ratifican en Pleno. Si quiere --insisto-- tengo las declaraciones del portavoz del Grupo Parlamentario Popular que, a su vez, es Presidente provincial en Vizcaya.
Usted está manteniendo un posicionamiento político que entra en contradicción con el de sus compañeros, porque éstos en el Parlamento vasco han mantenido esa posición incluso después de la sentencia 13/1998.
Por consiguiente, quiero manifestar, señora Presidenta, que ésta es una cuestión de nervio, de identidad política y que entendemos que en un Estado que se ha llamado compuesto una cuestión del día a día como es la realización de la evaluación de impacto ambiental, debe corresponder a las Comunidades Autónomas, porque por su argumento se llega a lo absurdo.
Afirma que va a ser la administración sustantiva en la obra o en el proyecto en cuestión la que lo realizará. Si eso fuera así, serían competentes la Administración del Estado, las Comunidades Autónomas y las Administraciones Locales, las diputaciones y municipios, porque diputaciones y municipios realizan en doble condición en muchas ocasiones la construcción de carreteras, circunvalaciones, proyectos energéticos, tratamientos de residuos, etcétera; llevan a cabo proyectos incluidos en el anexo de la evaluación de impacto ambiental y en nada intervienen las entidades locales, diputaciones ni municipios. La ley no lo ha querido así y ha afirmado que la Comunidad Autónoma es la competente por razón de la materia, pero como Estado se va a reservar para cuando tenga que intervenir. Si ese argumento fuera el correcto se hubiera hecho un esquema racional; la Administración competente en cada caso en carreteras, en residuos, en telecomunicaciones, en energía, será la Administración que realice el impacto ambiental.
Pues bien, las entidades locales, municipios y diputaciones, que realizan obras y proyectos del anexo sujetos a evaluación ambiental, no son los que llevan a cabo las declaraciones ambientales, sino las Comunidades Autónomas. ¿Por qué, pues, cuando la evaluación de impacto ambiental le corresponde al Estado éste la efectúa? Y continúo con lo absurdo de su argumento. La Comisión Europea lleva a cabo una obra pública en el País Vasco: la construcción en un determinado solar de la Agencia de Salud. ¿Se ha reservado la Unión Europea la facultad para realizar la evaluación de impacto ambiental? En absoluto, sino que establece que la competencia le corresponde a la autoridad ambiental en cada Estado en función de cómo se distribuya en el mismo dicha competencia.
Por tanto, llegar a la solución que ustedes proponen es un absurdo; en ese caso el planteamiento tendría que consistir en que la Administración competente según la materia realizara la evaluación de impacto ambiental.
Pero repito que eso no ocurre, que los municipios no la realizan en las materias de su competencia --por lo que tiene que pasar a las Comunidades Autónomas--, al igual que sucede con las diputaciones provinciales, y tampoco la hace la Unión Europea. Insisto en que sólo las efectúan las Comunidades Autónomas. Y el Estado, al aprobar la Ley de Impacto Ambiental y transponer la correspondiente directiva, se reserva esa potestad en el artículo 5.
Por tanto, no podemos aceptar esta cuestión por principio político.
Termino, en sexto lugar, dándole otro argumento. En estos momentos hay un asunto «sub iudice» en el Tribunal Constitucional. Se trata del asunto número 2.870/98, según el cual todavía se tiene que enjuiciar la constitucionalidad de la Ley de Medio Ambiente del País Vasco, ley que ustedes no enmendaron, repito, y que establece lo que yo estoy diciendo --porque estoy trasladando la posición política que apoyó mi Partido y que, por cierto, ustedes apoyan aunque después su Gobierno la recurra.
En definitiva, nosotros hemos mantenido una coherencia política respecto de la Administración que debe realizar la evaluación de impacto ambiental, y con las argumentaciones que he expuesto he querido demostrar que no ha habido una coherencia jurídica ni argumental-política en relación con lo que ustedes están realizando en la Comunidad Autónoma del País Vasco o en el caso de este proyecto de ley.


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Así pues, señora Presidenta, no podemos aceptar esta ley, porque supone una importante recuperación de competencia para el Estado y afecta al nervio político de las Comunidades Autónomas en general y no sólo del País Vasco, porque al defender este argumento estoy defendiendo también lo que interesa, por ejemplo, a las Comunidades de Murcia, Canarias, La Rioja o Cantabria, ya que, como he dicho en mi primera intervención, el régimen competencial es el mismo para todas las Comunidades Autónomas desde el pacto autonómico de 1992. Estamos defendiendo un planteamiento que fue el que el constituyente estableció en el bloque de constitucionalidad, es decir de la Constitución y los Estatutos, mientras que ustedes dicen lo siguiente: yo tengo la normativa básica y ustedes, la ejecución; pero al establecer la normativa básica a veces me reservo facultades de ejecución...


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, aunque es cierto que no consumió todo el tiempo correspondiente a su intervención anterior, en este caso ya lo ha hecho.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: He terminado, señora Presidenta.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
En esta sucinta intervención anuncio nuestro voto en contra de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular por dos razones básicas. En primer lugar, porque se nos antojan muy influenciadas por la coyuntura del debate político de los últimos meses, en especial, del Plan Hidrológico Nacional. Sin embargo, las leyes deberían tener una vocación más universal y atemporal, y no es conveniente que se redacten o modifiquen al socaire de acontecimientos que aunque no sean de importancia menor tienen un claro cariz coyuntural.
Por otra parte, no siendo habitual, como saben sus señorías, la autoenmienda por parte de ningún grupo parlamentario, en nuestra opinión las numerosas enmiendas presentadas a su propio texto por el Grupo Popular destilan la encubierta voluntad de transferir del Anexo I al Anexo II la mayoría de los proyectos. Y a sus señorías no se les escapa la sustancial diferencia que este cambio conlleva: la obligatoriedad de la presentación del estudio de impacto ambiental establecida en el Anexo I se torna en discrecionalidad del Gobierno de la nación o de los Gobiernos de las Comunidades Autónomas en el Anexo II, lo que puede tener consecuencias muy negativas e incluso nefastas para el medio ambiente, siendo, como es, fundamental el principio de prevención.
Anuncio, pues, el voto negativo del Grupo Entesa Catalana de Progrés a las enmiendas del Grupo Parlamentario Popular y el voto positivo al resto de las enmiendas.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En el siglo XIX el hombre descubrió que podía estropear el entorno, en el siglo XX lo destrozamos y en el XXI estamos aquí para ver qué podemos recuperar. En este contexto esta ley satisface a nuestro Grupo enteramente porque es un paso positivo, al menos en las obras importantes de infraestructura y de todo tipo, y a partir de hoy podamos tener unas bases para que no suceda lo que ocurrió antes.
El proyecto de ley nos gustó tal como lo redactó el Gobierno, aunque nos ha gustado más como ha salido del Congreso porque conseguimos introducir dos enmiendas que para Convergència i Unió eran muy importantes, una de supresión de un artículo altamente lesivo para las competencias de las Comunidades Autónomas, y otra simplemente porque creímos que era positivo aportar unas precisiones respecto a los parques eólicos, hoy de alto interés, en cuanto a la definición de su dimensión y las proximidades con otros parques.
Definida esta satisfacción, manifestamos que en principio votaremos absteniéndonos en los votos particulares, excepto en el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, porque creemos que sus enmiendas aportan también una serie de precisiones importantes en las relaciones y las intervenciones de las Comunidades Autónomas sobre la mayoría de proyectos. Y quiero continuar con el tren del señor Ganyet diciendo que proyectos como este nos han de permitir pasar del vagón de cola, al menos, a un vagón de segunda, y sobre todo seguir caminando en este tren cuya dirección más importante es Europa.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Sanz Carramiñana.


El señor SANZ CARRAMIÑANA. Muchas gracias, señora Presidenta.
Anuncio el sentido de nuestro voto que va a ser favorable a las enmiendas presentadas por los Grupos Parlamentarios Mixto y de Senadores Nacionalistas Vascos, y de la Entesa Catalana de Progrés porque, lógicamente, las hemos presentado conjuntamente, y de rechazo de las del Grupo Parlamentario Popular. Entendemos que ha habido una falta de voluntad política y de sensibilidad y estamos dejando pasar una buena oportunidad. Creo que con la aprobación de esta ley en los términos que se propone no hay una visión de futuro, y mucho me temo que dentro de pocos años estemos en la misma situación que la actual.
Unicamente quiero hacer una consideración que por falta de tiempo no he podido decir antes, y es saber con la actual redacción qué va a pasar con los proyectos en que el órgano ambiental sea una Comunidad Autónoma y exista normativa relativa a la evaluación medioambiental en una

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Comunidad sí y en otra no para un mismo proyecto. ¿Cómo piensan solucionalo? Porque ahí entraremos en una discrecionalidad que ya hemos anunciado; de todas formas, dada la composición de la Cámara la responsabilidad es suya.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Fernández López.


El señor FERNANDEZ LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, sin duda estamos debatiendo hoy un proyecto de ley de gran trascendencia para el futuro próximo y más lejano. Con demasiada frecuencia nos llegan noticias a través de los medios de comunicación de los grandes y graves desastres ecológicos que se están produciendo contra la biosfera. Lamentablemente, todos estos desastres son originados por los humanos que habitamos este planeta, y los humanos tenemos la obligación de parar esta destrucción y de reparar, sin prisa pero sin pausa, el daño causado. Noticias como la de la semana pasada y que se corrobora hoy, según la cual los Estados Unidos se desenganchan del Protocolo de Kioto, que limita la emisión de dióxido de carbono a la atmósfera, nos llenan de inquietud.
Todos somos conocedores de las muchas predicciones catastróficas que sobre la llegada del año 2000 se habían formulado. Es evidente que no se han cumplido. Sin embargo, permanece en nosotros una pesadilla que sí podría tener un reflejo más claro de la realidad: el deterioro del medio ambiente podría estar acercándose a un punto sin retorno.
La Unión Europea pretende que el uso de energías alternativas y fuentes renovables sean los dos pilares que sirvan de base a su política ambiental. Señorías, durante mucho tiempo --demasiado tiempo, diría yo-- las prioridades de desarrollo sólo se han centrado en lo que podemos tomar del ecosistema, sin prestar la más mínima atención al impacto de nuestras acciones. La situación es bastante grave. En los últimos 30 años se ha destruido más el medio ambiente que en toda la historia de la humanidad. Podemos afirmar sin temor a equivocarnos que el siglo XX ha sido el más devastador debido a la acción humana. La generación de energía con tecnologías que consumen carbón, gas natural, petróleo o combustibles radiactivos produce un impacto ambiental 31 veces superior a la de origen renovable.
No se trata de que volvamos a vivir en cavernas, de que cultivemos lechugas o tomates en nuestros huertos o de que nos iluminemos con velas.
Se trata de armonizar y de hacer compatibles las innumerables ventajas que el desarrollo tecnológico y la civilización ofrecen al ser humano con el mantenimiento del ecosistema planetario. Los gobiernos deberán revisar sus políticas medioambientales y estudiar nuevas formas de crecimiento si se quiere acabar con la actual senda destructiva. Los gobiernos deberán poner en marcha toda una serie de medidas encaminadas a prevenir la contaminación y el deterioro del ecosistema.
Y eso es lo que se pretende precisamente con esta ley de evaluación de impacto ambiental. Eso es lo que el Gobierno del Partido Popular, muy sensible respecto a todas estas cuestiones medioambientales, está tratando de poner en marcha lo antes posible --por eso se ha tramitado por el procedimiento de urgencia-- mediante esta ley. Con ella no sólo se persigue aplicar de forma correcta las distintas directivas emanadas de la Unión Europea sino también hacer compatibles las muchas ventajas que nos ofrece el desarrollo tecnológico con el mantenimiento del medio ambiente y, por consiguiente, del ecosistema terrestre.
No es esta ley una normativa de control integrado de la contaminación, ni tampoco se ha pretendido que sea una normativa sobre evaluación estratégica de planes y programas. El proyecto de ley que hoy debatimos cuenta con un alto grado de consenso entre el Gobierno, las Comunidades Autónomas y los agentes sociales y económicos. Asimismo, señorías, al mantenerse la estructura del proyecto existente se deja una importante capacidad normativa a las Comunidades Autónomas. Ambos aspectos han determinado nuestra posición respecto a algunas de las enmiendas presentadas. Modificar ese consenso podría suponer desandar el camino andado y, en todo caso, mantenemos en la Cámara una posición coherente con la de nuestros compañeros en el Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados.
Un aspecto importante que me parece necesario destacar es el relativo a la innovación que aparece en el artículo 2.2, según la cual el promotor debe consultar al órgano administrativo de medio ambiente para facilitar la tramitación del proyecto de evaluación ambiental.
Por otra parte, no estamos de acuerdo con el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en cuanto al rechazo por su Grupo a la inclusión de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Popular dado que, a su entender, empeoraban el texto remitido por el Congreso de los Diputados. No es así. Entendemos que lo único que se ha hecho al admitir esas enmiendas en esta Cámara ha sido mejorar el texto del proyecto que nos llegó del Congreso.
Este proyecto de ley ha intentado recoger las aportaciones de los distintos Grupos y es una ley muy válida y de ningún partido. Estoy totalmente convencido, señorías, de que, cualquiera que sea el Gobierno que esté en el futuro al frente del Estado, esta ley permanecerá muchos años. Hoy nos tenemos que felicitar por la ley que vamos a aprobar. Doy las gracias, finalmente, a todos los grupos parlamentarios por las enmiendas presentadas, así como a los portavoces por el tono empleado en el debate.
Para finalizar me gustaría hacer una reflexión. Señorías, el medio ambiente es un patrimonio único e irreemplazable de la humanidad que merece el máximo respeto y protección. Al igual que todos, espero que este proyecto de ley, que hoy ha cumplido el trámite de paso por el Senado, sirva para que en un futuro inmediato el ecosistema terrestre no sólo deje de deteriorarse más, sino que mejore considerablemente.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (La señora España Moya pide la palabra.) Senadora España Moya, tiene la palabra por un minuto.


La señora ESPAÑA MOYA: Al señor Gatzagaetxebarría le quiero dar las gracias por sus explicaciones tan pormenorizadas, pero con el debido respeto le diré que si usted piensa que sabe más que el Tribunal Constitucional, y puede convencer a esos seis que faltaban para votar a su favor según su interpretación, vaya a hablar con ellos a ver si les convence. Yo no voy a cambiar su doctrina, con el debido respeto, y hay también otros grupos nacionalistas que, a diferencia de usted, sí que han estado de acuerdo con este proyecto.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. (El señor Gatzagaetxebarría Bastida pide la palabra.) Senador Gatzagaetxebarría, tiene la palabra también por tiempo de un minuto.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora España, no es cuestión de ir a hablar con los Magistrados del Tribunal Constitucional. Simplemente he expuesto la contradicción en que ha incurrido el mismo Tribunal Constitucional. No se trata de que yo sepa más o menos, porque este humilde Senador sabe muy poco. Lo único que hemos hecho es diseccionar, examinar, ver, traer aquí y exponer patentemente las contradicciones en las que el propio Tribunal Constitucional ha incurrido en su argumentación.
Como usted se ha remitido en bloque a la interpretación del Tribunal Constitucional, obviamente en mi intervención he dicho que también usted ha incurrido en esa contradicción, porque usted al posicionarse y sustentarse en su argumentación en esas sentencias, lógicamente al aceptar las mismas, ha incurrido también en esa contradicción. Pero es en sus propios términos, y no es que yo tenga que ir a hablar al Tribunal Constitucional, es que es un examen y un análisis que, si usted lo hubiera realizado --no lo ha realizado porque no me ha contestado en ningún momento--, hubiera llegado a esa conclusión. Quizás, igual le ha faltado profundizar en los argumentos de esas tres sentencias importantes que existen en la materia y de cuya interpretación...


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, el minuto que tenía ha concluido.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidente.
(Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Vamos a comenzar la votación de las enmiendas por su orden.
En primer lugar, votamos el voto particular de los Senadores Cámara y Cabrero, enmiendas números 1 a 5.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 61; en contra, 122; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el voto particular número 2 también del Grupo Parlamentario Misto, enmiendas números 6 a 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 65; en contra, 124; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora el voto particular número 3 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Primero la enmienda número 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 73; en contra, 119; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 69; en contra, 121; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Voto particular número 4, de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 60; en contra, 123; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Ahora votamos el voto particular número 5 también de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Parlamentario Socialista, enmiendas número 13 a 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 60; en contra, 124; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Vamos a votar ahora el dictamen, primero los artículos 4.2 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 193; a favor, 128; en contra, 62; abstenciones, tres.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Ahora votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 194; a favor, 135; en contra, 57; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 15.560.625.000 PESETAS, PARA COMPENSAR EL DEFICIT DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 1997, POR LA EXPLOTACION DE LOS SERVICIOS DE COMUNICACIONES MARITIMAS DE INTERES NACIONAL Y LOS AJUSTES POR LA FINALIZACION DEL CONTRATO REGULADOR DE LOS REFERIDOS SERVICIOS (C. D.
121/000015) (S. 621/000017).


La señora PRESIDENTA: Siguiente dictamen: De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley sobre concesión, de un crédito extraordinario, por importe de 15.560 millones 625.000 pesetas, para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, Sociedad Anónima, correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Se ha presentado una sola propuesta de veto que se debatirá a continuación y que corresponde defender al Senador Socías.
Tiene su señoría la palabra.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, intentaré ser conciso y breve dado lo avanzado de la hora.
El Grupo Parlamentario Socialista en el Senado ha interpuesto el veto a la concesión del crédito extraordinario a la Trasmediterránea, con el que se pretenden corregir, en primer lugar, las insuficiencias que la Compañía Trasmediterránea ha presentado en su ejercicio de 1997 y que, a nuestro juicio, están plenamente justificadas y el Estado debe asumir.
Sin embargo, hay una circunstancia que motiva una diferencia con los ejercicios anteriores, en los que nuestro Grupo apoyó dichas ayudas.
Como sin duda conocen todos ustedes, el Real Decreto 1876/1978, de 8 de julio, por el que se establece el régimen de prestación de servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional, autorizó al entonces Ministerio de Transportes y Comunicaciones a suscribir con la Compañía Trasmediterránea, S. A., el contrato por el que se han de regir los mencionados servicios y aprobó las bases a las que ha de ajustarse dicho contrato.
Estos servicios los ha venido prestando la Compañía durante los veinte años que se fijaron en la cláusula tercera, desde el 1 de enero de 1978, sin que se prorrogase, ya que el Consejo de Ministros en fecha 19 de mayo de 1995 denunció el contrato dos años antes de que concluyese el mismo como estaba previsto en la citada cláusula tercera.
Es a partir del momento en que se decide que no se va a ejecutar la prórroga cuando empieza una relación diferente con el Estado, y la presentación de este crédito extraordinario ya incorpora algunas de las modificaciones derivadas de esa nueva relación. Y de hecho algunas de esas necesidades demuestran, a nuestro entender, que la Compañía Trasmediterránea ha tenido entre los años 1996 a 2000 una singladura enormemente azarosa y un sistema de gestión inadecuado. Y es que durante esos cuatro años se ha vivido un enfrentamiento entre su Presidente y la dirección ejecutiva, un Presidente que, no lo olvidemos, fue nombrado para encontrarle una salida airosa tras su fichaje estelar de cara a las elecciones generales del 96 por parte del Partido Popular en Cataluña y proveniente de las filas de CIU. Al fracasar la operación se le colocó en la Trasmediterránea. Su mala gestión y sus enfrentamientos con la dirección ejecutiva los vamos a tener que pagar ahora todos los españoles.
Está claro que nuestro Grupo no se opone a la subvención en concepto de gastos de explotación y gastos de inversión, como se contempla en el contrato-programa. Incluso reconocemos las insuficiencias de la Trasmediterránea y manifestamos nuestro apoyo a la misma, empresa que ha jugado un papel fundamental en las comunicaciones entre la península y los dos archipiélagos, el balear y el canario y entre Ceuta y Melilla, y se lo dice una persona residente en Mallorca.
Nos gustaría que la Trasmediterránea estuviese mejor gestionada, que no tuviese que solicitar ayudas tan cuantiosas al erario público y que se posicionase de la mejor forma posible de cara a su inminente privatización.
Dicho esto, hemos presentado el veto porque no se podían separar las votaciones y no estamos de acuerdo con el sumando B) de la liquidación, que se presenta como liquidación complementaria del contrato-programa y suma casi 6.000 millones debido a una serie de cuestiones que no nos parecen de recibo. En primer lugar, no hay ninguna cláusula que justifique la liquidación complementaria.
En segundo término, es incomprensible que la cuenta de explotación pasase de 2.295 millones en 1994 y 2.028 en 1995 positivos a déficit de 412 en 1996 y 138 en 1997, sobre todo teniendo en cuenta que en esos años la Compañía debía reducir la plantilla en 297 personas --recibiendo por ello del Estado 1.525 millones--, cuando lo que sucedió en realidad es que aumentó su plantilla en 73 empleados. Asimismo, existen unas partidas correspondientes a premios de jubilación, es decir, a retiros incentivados que

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se mantienen en la liquidación y que no tienen nada que ver con el déficit de explotación ni con las compensaciones por inversiones.
En tercer lugar, la inversión se ha mantenido en cifras ascendentes en los últimos años del contrato-programa sin que aparentemente exista justificación para que pase de 6.890 millones en 1994 a 7.018 en 1995, 7.261 en 1996 y 9.482 en 1997. La única explicación que encontramos es un posicionamiento hacia una situación de privilegio para quienes se queden con ella --dicho coloquialmente-- cuando se privatice.
En cuarto lugar, tanto el Tribunal de Cuentas como la propia Intervención General de la Administración del Estado reconocen partidas, imputaciones y distribuciones muy difíciles de analizar adecuadamente.
Por último, y en quinto lugar, nos preocupa la consideración que pueda hacer la Comisión Europea de la concesión de esta cantidad a la Trasmediterránea, ya que no sería la primera vez que, como sucedió tras el Real Decreto-Ley del Ministerio de Fomento de declaración de rutas de interés público, la misma abra expediente y sanción por considerar que se da un trato favorable a los intereses de aquélla.
Por todo esto mantendremos la propuesta de veto. Apoyemos a la Trasmediterránea, pero hagámoslo con racionalidad y dando cumplimiento al contrato-programa evitando nuevas amonestaciones de la Comunidad Europea.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Turno en contra. Tiene la palabra el Senador Villanova.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar ser lo más breve posible, aunque aquí se han hecho antes una serie de aseveraciones que, lógicamente, no las vamos a dejar enterrar --eso está claro.
Partimos de la base de que el año 1997, año en cuestión que se está debatiendo, es el último correspondiente al contrato-programa que el Estado había suscrito en 1978 con la Compañía Trasmediterránea, que está participada en un 95 por ciento por el Estado --lo que quiere decir que prácticamente es una empresa pública pero tiene un accionariado del 5 por ciento.
El Grupo Parlamentario Socialista, o por lo menos Entesa Catalana --ya no sé si es Entesa o es el Grupo Socialista, porque los pronunciamientos muchas veces son dispares y son distintos--, denuncia aquí irregularidades, mala gestión en el último período en el que se ha llevado la Compañía. Estamos hablando de un contrato-programa con una duración de 20 años y cuando el Partido Popular entra en el Gobierno de la nación es en 1996, y cuando se nombra la nueva dirección de la empresa prácticamente es en agosto de ese mismo año.
Si bien es cierto que hubo un incremento en ese año 1997 en relación con otros años en la cuenta que aquí traemos, está perfectamente justificado y después leeré literalmente --como es lógico-- las cláusulas de los informes del Tribunal de Cuentas y de la Intervención General del Estado donde se hace mención de esta liquidación de extinción de contrato.
Para que nos hagamos una idea, en cifras normales y redondas, el Estado en 1996 destinó para la Compañía Trasmediterránea una cantidad de 8.000 millones de pesetas y en 1997 nos encontramos con una cifra de 15.650 millones de pesetas. ¿Por qué se produce eso? Porque tiene lugar la extinción del contrato y la consiguiente denuncia en 1995 por parte del Partido Socialista, que no duda en meter una coletilla para que al finalizar el contrato haya que analizar todos aquellos derechos y saldos que aparecen periodificados en los balances de contabilidad pero que no podrán recuperarse. Y es que, siguiendo el sistema de contabilidad de caja, se contabiliza conforme se va realizando el pago.
En este caso, al finalizar el contrato hay que hacer algo muy serio, señores Senadores del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, y es analizar todos aquellos saldos deudores que aparecen en el activo de la cuenta como consecuencia de la mala gestión de años atrás. Ahora, también me referiré a la plantilla. La mayoría de los expedientes de regulación de empleo, como las prejubilaciones, se han gestionado cuando estaba gobernando el Partido Socialista.
Matizando los datos que antes citaba el Senador Sofía, y me refiero a los casi 6.000 millones de la liquidación del contrato, voy a enumerar una por una las cifras que aparecen en el informe del Tribunal de Cuentas y no sólo en las notas que le pasan a usted. Si todos creemos en ese órgano de fiscalización, tendremos que creer en lo que nos dicen los fiscalizadores.
En los 5.940 millones de pesetas que se contemplan extraordinariamente, y sólo en esta ocasión, por la extinción del contrato tras los veinte años, se incluye un fondo extraordinario de reparaciones que el Estado se había comprometido a dotar con 297 millones de pesetas.
Lógicamente, las periodificaciones de intereses del crédito naval quedaban comprometidas en la cuenta del Estado; se trata de una cuenta de explotación que cada año analiza los déficits de la compañía, de manera que año tras año es ésta la que recibe ese déficit. Eso es lo que se recoge en una cláusula del contrato firmado en 1978 cuando dice que todos los déficit que tenga la compañía a lo largo de este contrato serán sufragados por el Estado, dada la estrecha relación con esas líneas de transporte marítimo de interés nacional.
Si seguimos sumando, tendremos que contar los 297 millones, los 38 millones por periodificaciones de intereses del crédito naval y otra partida para la provisión deudoso de cobro. ¿O es que, señor Sofía, las deudas de las empresas insolventes y en suspensión de pagos se las vamos a dejar a los que vengan? Tendrá que sufragarlas el Estado y, si no se ha hecho con anterioridad, habrá que hacerlo en el último contrato. Por tanto, tenemos, ni más ni menos, que 777 millones. La compañía pide 1.613 millones, pero la Intervención de la Administración del Estado ha conseguido reducir en 836 millones esa cantidad.
En cuanto a la provisión para premios de jubilación, aquellos empleados o funcionarios --como quieran llamarlos--

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que en el año 1978 tuvieron que acogerse a esta medida quedaron bajo la responsabilidad subsidiaria del Estado. Pero, antes o después, esos funcionarios se jubilarán y, lógicamente, es competencia del Estado, por ese contrato de relación laboral y por su corresponsabilidad con la empresa, sufragar los gastos. Estamos hablando de derechos y obligaciones que tiene la empresa como consecuencia de ese contrato-programa y de la relación comercial relacionada con el interés nacional.
Lógicamente, para este concepto contamos con 1.043 millones de pesetas, cantidad que tiene que sufragar el Estado. Por su parte, los costos de reestructuración del personal laboral --y tenemos una lista de los expedientes de readaptación y reajuste de la plantilla-- ascienden a 2.624 millones de pesetas. El impuesto canario sobre combustible, como consecuencia de una sentencia, señor Sofía, tiene que pagarlo el Estado; la compañía se lo había exigido al Gobierno canario, pero, al ganar éste el pleito, le corresponde al Estado afrontar el pago.
Señores y señoras Senadores, estamos hablando de 5.940 millones de pesetas que están perfectamente justificados, tal como señala el informe de la IGAE, de la Intervención General de la Administración del Estado, correspondiente a la cuenta Estado de 1997: el objetivo del control financiero ha consistido en la revisión de la cuenta Estado para 1997, formulada por la Compañía Trasmediterránea, con el fin de verificar el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el contrato regulador.
La IGAE no solamente ha establecido la cuantía sino también el cumplimiento de las condiciones y requisitos establecidos en el contrato y, por tanto, no ha sido admitido ningún gasto que no haya cumplido con las condiciones y requisitos contractuales. Por tanto, está clarísimo que aquí no hay nada que se salga del compromiso contractual.
Por otra parte, la conclusión número tres del informe de la Intervención General de la Administración del Estado dice que dado que en el ejercicio de 1997 no se han producido cobros a cuenta, se estima que corresponde a la Compañía Trasmediterránea percibir la cantidad de 15.560 millones de pesetas, que es la cantidad que aquí se ha traído.
También hay un informe favorable del Consejo de Estado, señor Sofía, de fecha 25 de noviembre de 1999 y, otro, del Tribunal de Cuentas que dice en su conclusión número seis --que me he leído este fin de semana-- (Risas.): se han analizado los criterios y directrices adoptados en la relación de partidas a las que afectó la regulación por fin de contrato, incorporadas a la última cuenta Estado rendida por la sociedad estatal, encontrándolos ajustados a las disposiciones contractuales y legales aplicables a este contrato. Por tanto, señor Sofía, está clarísimo y los órganos fiscalizadores del Estado nos dan la razón en el sentido de que corresponde, es justo y de obligado cumplimiento el que aprobemos este crédito extraordinario.
Si quiere que hablemos de plantillas, señor Sofía, hablaremos de plantillas y de las consecuencias de los planes de reestructuración laboral realizados en los años 1990, 1994, 1995, etcétera. Hay muchos planes de reestructuración de plantilla y, como consecuencia de esos planes de ejercicios anteriores, que están comprometidos y aprobados, hemos tenido que asumir una cantidad de 1.400 millones de pesetas, y no corresponden a la última reestructuración porque las reestructuraciones se han realizado a lo largo de mucho tiempo. Ustedes quieren sacar a relucir problemas que no existen; quieren criticar la gestión del señor Trías de Bes en base a cuestiones que no tienen importancia, pero yo le voy a mencionar cómo se encontró el señor Trías de Bes la empresa en el año 1996. (El señor Socías Puig pronuncia palabras que no se perciben.) Para empezar --y le hablo de memoria-- tenía 8 directores generales, 48 directores de zona y un sinfín de cargos; sin embargo, lo más grave es que en una sociedad con 38.000 millones de movimientos al año, una sociedad con 2.000 personas y que es tan importante para todo el tráfico marítimo español --y, por cierto, una de las mejores de Europa--, no se reúne el consejo de administración desde el año 1994, prácticamente hasta que se hace cargo el señor Trías de Bes, que se ve obligado a tomar una serie de medidas, empezando por un plan estratégico.


La señora PRESIDENTA: Senador Villanova, le ruego que concluya.


El señor VILLANOVA RUEDA: Voy a juntar los dos turnos, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Señoría, por favor, atienda a la Presidencia. ¿Va a acumular este turno con el de portavoces?

El señor VILLANOVA RUEDA: Sí, señora Presidenta, me gustaría.


La señora PRESIDENTA: No hay ningún problema pero, en ese caso, debe decírselo a la Presidencia.


El señor VILLANOVA RUEDA: No ha sido mi intención saltarme la autoridad de la Presidencia. Se trata de terminar la exposición, señora Presidenta.
Se contrató la figura de un auditor interno en la empresa, y estamos hablando de 1996, siendo gestor en aquel momento el señor Trías de Bes, responsable de la Compañía Trasmediterránea. Lógicamente, de ese plan estratégico o de viabilidad salen una serie de conclusiones, y todas se han llevado a cabo, y también como consecuencia de ese plan se producen reducciones de plantilla para reajustar la empresa a la competencia y a la liberalización del mercado de transporte marítimo, norma que la Unión Europea ha considerado de obligado cumplimiento.
Por tanto, la plantilla estaba sobredimensionada, y hubo que hacer una reducción, con paz social, en consonancia y conversaciones con los sindicatos, y no se ha producido ningún tipo de problema. Se ha reajustado la plantilla y se ha adaptado a la competencia que el mercado exige. Se convalida por las Cortes Generales un real decreto-ley, por unanimidad, sobre la redefinición de las líneas de la Compañía Trasmediterránea; se realiza una nueva reasignación de flota; se traza un nuevo diseño para la compra de la flota; se marcan unos nuevos objetivos comerciales, marcados

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y aprobados por el Consejo de Administración de la Compañía, y, por supuesto --lo que ya había comentado antes--, todos estos planes se han hecho con el absoluto acuerdo de los sindicatos.
Decir que ha habido una mala gestión no me parece correcto; cuando a los 15.950 millones de pesetas le restamos los 5.940 millones de pesetas, y además le añadimos que en la cuenta de explotación, señor Sofía, correspondiente al ejercicio hay más de 2.000 millones de pesetas destinados a amortización de flota, que le corresponde al Estado y es de obligado cumplimiento, me parece poco riguroso. Eso es lo que se ha hecho; no se ha hecho otra cosa; no inventen ustedes otros números, porque de lo que se trata exactamente es de confundir, cuando se tienen todos los informes totalmente favorables; todos, y además lo he leído literalmente, señor Sofía. Por tanto, decir que se han introducido partidas de las que se desconoce su procedencia, me parece poco riguroso, máxime cuando yo tengo el orgullo de pertenecer a la Comisión del Tribunal de Cuentas, y me he preocupado de buscar y de conseguir toda la información, con números, para demostrar, también con números, que este año no se ha dado gato por liebre. Aquí ha sucedido exactamente lo de siempre, lo que ha ocurrido todos los años, durante diecinueve: que el Estado, a final de año, ha tenido que apechugar, como se suele decir en mi tierra, y echar una mano a la empresa, empresa que tengo que decir que es una de las primeras de Europa, la primera de España, que hace una gran labor en las comunicaciones marítimas, que beneficia a los ciudadanos de todas las islas, a los de Melilla, y a los de Ceuta, y si no fuera por la aportación del Estado no se habría conseguido una empresa tan importante como ésta.
Hay que decir también que el capital social se ha multiplicado por siete, desde que el Estado empezó a aportar, en el año 1978, una cantidad de 114.028 millones de pesetas; que desde el año 1985 se han repartido dividendos a una media del 9 por ciento anual. Ahora mismo el accionariado privado asciende al 5 por ciento, pero entendemos que sería una irresponsabilidad por parte de todos nosotros no aprobar este crédito y dejar a la empresa en manos de la voracidad del mercado, con la competencia tan alta que hay.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Villanova.
Pasamos al turno de portavoces. ¿Quién desea intervenir en este turno? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Aleu, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.


El señor ALEU I JORNET: Sí, señora Presidenta, por el Grupo Entesa, que es la primera vez que interviene en este debate.
Yo no hubiera querido contestar, pero el que usted diga que se ha documentado es algo que debe suponerse de todo el mundo; a unos se lo preparan mejor y otros nos lo tenemos que buscar, pero creo que a todo el mundo se le debe presuponer la preparación de su intervención, porque es un derecho.
De cualquier manera, sigo observando que en todas las explicaciones que dan continúan sin contestar la cuestión clave, que es: La resolución de la Comunidad Europea de 19 de julio, anulando determinadas ayudas a la Compañía Trasmediterránea, ¿invalida o no una de las dos partes de la ayuda que estamos dando? Esta es la cuestión, y solamente ésta. Si sólo estuviésemos pagando el déficit de explotación, nuestro voto sería favorable, pero, hasta hoy, ni en el trámite del Congreso de los Diputados ni el trámite del Senado han explicado ustedes por qué estas ayudas, que se dicen de finalización de contrato, la Comunidad Europea ha considerado que no eran éstas y las ha anulado. Esta es la cuestión y lo que nos induce a votar en contra.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradezco al Senador Villanova que haya venido a disculparse por no conocer mi nombre. Esto es una muestra de quién se prepara las intervenciones y quién no se las prepara (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.), porque ni sabía cómo me llamaba ni a qué grupo pertenecía. No tengo ninguna raíz griega, y la Sofía que conozco es la Reina. Yo me llamo Socías, y a usted se lo han dicho ahora, pero si se hubiera preparado la intervención habría sabido quién intervenía.
Nadie me ha pasado ningún papel desde el Ministerio. Los tengo todos aquí y me los he estudiado. No me los he leído este fin de semana: he tenido que trabajar más de una semana para prepararlo y para estudiar las declaraciones de la Intervención General del Estado, así como de la Administración y de todos los organismos, desde el Tribunal de Cuentas, que habían fiscalizado las cuentas de la Compañía Trasmediterránea en este ejercicio que nos ocupa, que es el de 1997.
Hemos dicho en nuestra intervención que reconocemos la actuación que ha tenido la Trasmediterránea y el papel importantísimo que ha jugado en la vertebración de las comunicaciones con el archipiélago canario, el archipiélago balear, Ceuta y Melilla, así como entre otras localidades costeras de nuestro país. Esto no se lo niega nadie. Ni le negamos toda una parte del crédito extraordinario que hay que dar como liquidación por cese del contrato programa, que acabó el 1 de enero de 1998. Eso tampoco lo ha negado nadie. Pero sí hay unas irregularidades en la gestión, que se reconocen por el Tribunal de Cuentas y por la Intervención de la Administración General del Estado, que admiten que hay partidas que no pueden confirmar que se hayan efectuado estos gastos. Eso está en los papeles, en las declaraciones y en los informes de estos organismos que, precisamente en estos momentos, no tienen ninguna relación directa con nosotros.
Sí quiero decirle algo, Senador Villanova. No hemos sido nosotros los que hemos denunciado al anterior director de la Trasmediterránea por desaparecer cuadros de su despacho; ha sido el actual Director de la Trasmediterránea.


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Algún problema de gestión habrá existido ahí. En la cuenta que se nos presenta en el sumando b) como liquidación del contrato programa, liquidación por término de la duración, el actual Director de la Trasmediterránea nos presenta una cantidad de 1.200 millones de pesetas de un convenio que se firmó con el gobierno canario para que éste se hiciera cargo de los impuestos de los carburantes. ¿Por qué se ha perdido? ¿Qué dejadez hubo ahí? Debió de ser un defecto de gestión de la compañía. Usted nos dice que cuando entró el señor Trías de Bes la plantilla estaba sobredimensionada. Tuvo una ayuda de 1.525 millones de pesetas de las arcas del Estado para reducirla en 297 empleados y, al final, lo que ha sucedido es que ha aumentado en 73. Si ahí no ha habido mala gestión, señor Villanova, que baje Dios y lo vea.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Villanova Rueda pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Le recuerdo, Senador Villanova, que ya ha consumido su turno de portavoces y el turno en contra, así que, por el artículo 87, le voy a conceder un minuto.


El señor VILLANOVA RUEDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Lamento lo del apellido. Ha sido un error. A mí no se me caen los anillos por ir a pedirle disculpas. Yo no sabía quién intervenía. Podía imaginar que era el señor Aleu, usted o incluso el señor Granado, como así ocurrió en la Comisión. No miro al contrario ni voy a chequear su currículum.
Simplemente le he pedido perdón porque me he equivocado de apellido y he reiterado tanto eso que a lo mejor podía parecer una broma, y yo no soy de esas personas que hacen bromas, y menos teniendo en cuenta la actitud parlamentaria que debemos tener.
Se han manifestado cosas importantes, pero le tengo que decir que la Compañía ha solicitado a la Intervención General del Estado una cantidad superior a 21.000 millones de pesetas, como usted debe saber, así como otra cantidad superior a 2.700 millones de pesetas correspondiente a los intereses que cree la Compañía que tiene derecho a percibir por el retraso del pago de las subvenciones. La cantidad relativa a los intereses está pendiente, y la otra ha sido rotundamente rechazada, es decir, que ni la Intervención General del Estado ni el Tribunal de Cuentas se casa con nadie, y si los informes son favorables nuestro voto debe ser favorable porque es lo lógico y lo correcto.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Villanova. (El señor Socías Puig pide la palabra.) Por el artículo 87 tiene la palabra el Senador Socías por un tiempo de un minuto.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Acepto públicamente las disculpas por la cuestión del apellido. No voy a hacer ninguna guerra, pero sí me gustaría manifestarle que usted para mí no es ningún contrario. En todo caso será un adversario político, pero no un contrario. Creo que todos estamos aquí porque nos preocupa lo mismo: que el Estado siga adelante, que el país siga adelante y, en ese sentido, nosotros no tenemos contrarios.
Hablando de Trasmediterránea estamos todos en el mismo barco. Por eso queremos que se gestione bien y por eso hemos presentado el veto.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias.
Terminado el debate, señorías, procederemos a la votación de la propuesta de veto al proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario de 15.560.625.000 a la Compañía Trasmediterránea. Les recuerdo que para poder aprobarlo se exige la mayoría absoluta, que en este momento se obtiene con el voto favorable de 130 senadores.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, 56; en contra, 125; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto. Votamos a continuación el dictamen en los términos aprobados por la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 183; a favor, 127; en contra, 56.


La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 15.560.625.000 pesetas para compensar el déficit de la Compañía Trasmediterránea, S. A., correspondiente al ejercicio de 1997, por la explotación de los servicios de comunicaciones marítimas de interés nacional y los ajustes por la finalización del contrato regulador de los referidos servicios.
Señorías, el siguiente debate será breve, por lo que les sugiero que no abandonen la sala.


--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN SUPLEMENTO DE CREDITO, POR IMPORTE DE 4.866.309.925 PESETAS, PARA EL PAGO DE RETRIBUCIONES, ESTABLECIDAS EN DIVERSAS SENTENCIAS FIRMES, FALLADAS A FAVOR DE LAS PERSONAS ENCARGADAS DE LA ENSEÑANZA DE LA RELIGION CATOLICA EN LOS COLEGIOS PUBLICOS (C. D.
121/000020) (S. 621/000018).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley sobre concesión de un suplemento de crédito, por importe de

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4.866.309.925 pesetas, para el pago de retribuciones, establecidas en diversas sentencias firmes, falladas a favor de las personas encargadas de la enseñanza de la religión católica en los colegios públicos.
No hay presentación del Dictamen. Comienza, por tanto, el debate de totalidad.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Pausa.) Se aprueba por asentimiento.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, la Mesa y Portavoces de la Comisión de Infraestructuras se celebrará a continuación en la Sala 20001 A.; la Mesa y Portavoces de la Comisión de Defensa, prevista para el jueves día 5, se celebrará hoy en la Sala 20001 B., y la Mesa y Portavoces de la Comisión Constitucional, también prevista para el jueves, se celebrará hoy en la Sala 20003.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciséis horas y cinco minutos.

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