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DS. Senado, Pleno, núm. 42, de 25/04/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 42

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 25 de abril de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la carga policial del pasado 14 de febrero, en la sede regional del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000332).


--De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que la intervención de la policía para disolver la manifestación de estudiantes, que tuvo lugar en Alicante el pasado 29 de marzo, fue proporcionada (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000333).


--De Dª. MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las novedades que presenta el nuevo programa «Ramón y Cajal», del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la incorporación de doctores al sistema español de ciencia y tecnología (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000323).


--De D. JUAN ANTONIO GARCIA-TALAVERA CASAÑAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que tiene para España el liderazgo del proyecto del Gran Telescopio de Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000325).


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--De D. JOSE SEGUI DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance de la gestión del Fondo de Cohesión durante el año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001).


--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las causas que originaron el día 5 de abril de 2001 en el puerto de Barcelona la colisión entre el catamarán Milenium, de la Compañía Trasmediterránea, S.A., y una embarcación «Golondrina» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000317).


--De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el motivo por el que no se ha calificado como municipio singular tipo B al municipio de Lleida (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000318).


--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los plazos que maneja el Gobierno para la ejecución del trayecto ferroviario entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense, dentro del diseño de conexión de la Comunidad Autónoma de Galicia con la red estatal de alta velocidad (AVE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000319).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para actualizar la denominación de las carreteras catalanas de competencia autonómica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000322).


--De Dª. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión que le merece al Gobierno la decisión del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, de instar a la anulación del acuerdo adoptado por los Ayuntamientos de Torrrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos (Madrid), en virtud del cual se aprobaba un Protocolo de Hermanamiento con poblados saharauis (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000316).


--De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno presentar en el Senado el borrador del Proyecto de Ley de cooperación autonómica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000334).


--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa la Ministra de Sanidad y Consumo establecer el copago de las recetas de los pensionistas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000329).


--De D. JESUS DE LA FUENTE SAMPRON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) ha tomado como consecuencia del incendio producido el 28 de marzo en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Avila (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000330).


--De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de modificar el acceso de pacientes al servicio de urgencia del hospital de la Princesa de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000331).


--De Dª. MARIA JOSE SOLANA BARRAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas del Gobierno para fomentar la movilidad del profesorado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000327).


--De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas del Gobierno para potenciar la Formación Profesional Reglada contemplada en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000328).


--De D. CLEMENTE SANZ BLANCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de las obras de la presa de Valseco, destinada al abastecimiento de agua a la localidad de Cerezo de Abajo (Segovia) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales»,

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Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 680/000324) (Número de expediente 680/000326).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. FRANCISCO BELLA GALAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una política dirigida a cumplir el Protocolo de Kioto (Japón) sobre limitación de emisiones de gases que producen el efecto invernadero (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 670/000062).


--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la estrategia del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, así como sobre la colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 670/000064).


--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar el uso del agua en la agricultura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 182, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente 670/000063).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 22, de fecha 23 de abril de 2001) (Número de expediente C.D. 121/000034) (Número de expediente S. 621/000022).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 2350)

De D. JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la carga policial del pasado 14 de febrero, en la sede regional del sindicato Comisiones Obreras (CCOO) de Asturias (Página 2350)

El señor Alonso García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alonso García. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que la intervención de la policía para disolver la manifestación de estudiantes, que tuvo lugar en Alicante el pasado 29 de marzo, fue proporcionada (Página 2352)

El señor Franco Gutiez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Franco Gutiez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De Da. MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las novedades que presenta el nuevo programa «Ramón y Cajal», del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la incorporación de doctores al sistema español de ciencia y tecnología (Página 2353)

La señora Fernández-Delgado y Cerdá formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


Página 2348


De D. JUAN ANTONIO GARCIA-TALAVERA CASAÑAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que tiene para España el liderazgo del proyecto del Gran Telescopio de Canarias (Página 2354)

El señor García-Talavera Casañas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor García-Talavera Casañas.


De D. JOSE SEGUI DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance de la gestión del Fondo de Cohesión durante el año 2000 (Página 2355)

El señor Seguí Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Seguí Díaz.


De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las causas que originaron el día 5 de abril de 2001 en el puerto de Barcelona la colisión entre el catamarán Milenium, de la Compañía Trasmediterránea, S.A., y una embarcación «Golondrina» (Página 2356)

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el motivo por el que no se ha calificado como municipio singular tipo B al municipio de Lleida (Página 2357)

El señor Simó i Burgués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Simó i Burgués.


De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los plazos que maneja el Gobierno para la ejecución del trayecto ferroviario entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense, dentro del diseño de conexión de la Comunidad Autónoma de Galicia con la red estatal de alta velocidad (AVE) (Página 2359)

El señor Quintana González formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Quintana González. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para actualizar la denominación de las carreteras catalanas de competencia autonómica (Página 2360)

El señor Ganyet Solé formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ganyet Solé. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De Da. ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión que le merece al Gobierno la decisión del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid, de instar a la anulación del acuerdo adoptado por los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos (Madrid), en virtud del cual se aprobaba un Protocolo de Hermanamiento con poblados saharauis (Página 2361)

La señora Etxegoyen Gaztelumendi formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Etxegoyen Gaztelumendi. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno presentar en el Senado el borrador del Proyecto de Ley de cooperación autonómica (Página 2362)

El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones

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Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa la Ministra de Sanidad y Consumo establecer el copago de las recetas de los pensionistas (Página 2364)

El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. JESUS DE LA FUENTE SAMPRON, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Instituto Nacional de la Salud (INSALUD) ha tomado como consecuencia del incendio producido el 28 de marzo en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Avila (Página 2366)

El señor de la Fuente Samprón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor De la Fuente Samprón. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). Por alusiones, hace uso de la palabra el señor Díaz de Mera y García Consuegra.


De D. PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de modificar el acceso de pacientes al servicio de urgencia del hospital de la Princesa de Madrid (Página 2368)

El señor Sabando Suárez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabando Suárez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De Da. MARIA JOSE SOLANA BARRAS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas del Gobierno para fomentar la movilidad del profesorado (Página 2369)

La señora Solana Barras formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. ADOLFO ABEJON ORTEGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas del Gobierno para potenciar la Formación Profesional Reglada contemplada en la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo (LOGSE) (Página 2370)

El señor Abejón Ortega formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. CLEMENTE SANZ BLANCO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de las obras de la presa de Valseco, destinada al abastecimiento de agua a la localidad de Cerezo de Abajo (Segovia) (Página 2371)

El señor Sanz Blanco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


INTERPELACIONES (Página 2372)

De D. FRANCISCO BELLA GALAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una política dirigida a cumplir el Protocolo de Kioto (Japón) sobre limitación de emisiones de gases que producen el efecto invernadero (Página 2372)

El señor Bella Galán realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).
Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Ganyet i Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bella Galán, por el Grupo Socialista, así como la señora González Pereda, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana

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de Progrés, sobre la estrategia del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, así como sobre la colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales (Página 2384)

El señor Gibert y Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Vuelve a intervenir el señor interpelante. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lavilla Martínez, por el Grupo Socialista, y Bascuñana García, por el Grupo Popular. Cierra el debate la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar el uso del agua en la agricultura.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinte minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2394)

De la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril (Página 2394)

El señor Del Río Sanz, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta el dictamen.


El señor Lerma Blasco defiende la propuesta de veto, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés. El señor Vallines Díaz consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Quintana González, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Lerma Blasco, por el Grupo Socialista, y Vallines Díaz, por el Grupo Popular. El señor Lerma Blasco interviene de nuevo en virtud del artículo 87.


Se rechaza la propuesta de veto por 52 votos a favor y 123 en contra.


Comienza el debate del articulado y se dan por defendidas las enmiendas números 4 y 5, de los Grupos Socialista y Entesa Catalana de Progrés.


Se rechazan ambas enmiendas por 52 votos a favor y 123 en contra.


Se aprueba el texto del dictamen por 123 votos a favor y 52 en contra.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


Se levanta la sesión a las diecisiete horas y quince minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON JOSE ANTONIO ALONSO GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS DE LA CARGA POLICIAL DEL PASADO 14 DE FEBRERO EN LA SEDE REGIONAL DEL SINDICATO COMISIONES OBRERAS (CCOO) DE ASTURIAS (680/000332).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta del Excelentísimo señor don José Antonio Alonso García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos de la carga policial del pasado 14 de febrero en la sede regional del sindicato Comisiones Obreras de Asturias.
Tiene la palabra el Senador Alonso García.


El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quizá pueda parecer un tanto extemporánea la pregunta, habida cuenta que estamos hablando de unos hechos que se produjeron el pasado 14 de febrero. Sin embargo, recobra bastante actualidad cuando uno de los sindicalistas afectados por esa carga judicial se incorporó la pasada semana a su puesto de trabajo en la ejecutiva regional de Comisiones Obreras de Asturias sin que nadie de la Delegación del Gobierno preguntara por la evolución

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del sindicalista en cuestión, sobre cómo se encontraba y cómo se había recuperado de los daños sufridos en aquella carga policial.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Si es cierto lo que dice, lamento que nadie se haya interesado por esta persona, pero conviene explicar los hechos que ocurrieron ese día en los locales de la Dirección Provincial de Trabajo de Oviedo, donde está la sede de Comisiones Obreras, la de la Federación Asturiana de Empresarios, algunas dependencias de la Consejería de Trabajo del Principado de Asturias, la Inspección de Trabajo y el Fondo de Garantía Salarial de los Juzgados de lo Social.
El día 14 unas cien personas de Comisiones Obreras ocuparon la entrada del edificio, bloqueando las puertas con barras de hierro, incluida la del garaje, impidiendo totalmente el acceso a los trabajadores que querían ejercer su derecho al trabajo, como es natural. Ante esta situación, como es evidente, la policía tuvo que fracturar el cristal de la puerta para poder entrar en el edificio y, una vez franqueada la entrada, pidió a los allí concentrados que depusieran su actitud y permitieran el libre acceso al mismo. La respuesta que recibió, según los datos que me remite la propia Delegación del Gobierno, fue todo tipo de insultos y el lanzamiento de los objetos y cristales que se encontraban dispersos por el suelo. Cuando los efectivos policiales intentaron sacar a la calle a los concentrados agarrándoles por el brazo, éstos se revolvieron contra los policías agrediéndoles, arroyándoles e incluso haciéndoles rodar por el suelo, produciéndose algunos contusionados, en concreto seis personas del sindicato de Comisiones Obreras y cuatro policías.
Por lo tanto, el derecho de manifestación, reunión y asociación está reconocido en la Constitución --y es algo que nadie pone en tela de juicio--, pero debe ser compatible con otros derechos tan importantes como el de la libre circulación de las personas o el derecho al trabajo, y, según los datos que le he dado, estos sindicalistas de Comisiones Obreras intentaron por la fuerza impedir su cumplimiento.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Alonso.


El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, voy a entrar en el fondo de la cuestión. Me parece absolutamente irracional, sabiendo que las organizaciones empresariales tienen derecho al patrimonio sindical acumulado, intentar que una organización sindical comparta un edificio con otra patronal. En el conjunto del Estado se han articulado medidas para que esta situación no se diera, pues es muy difícil que convivan en una misma sede los intereses de los trabajadores y los de los empresarios. Es algo que está condenado al más absoluto fracaso.
De lo que no hay duda es que, entre las competencias que tienen atribuidas las Delegaciones de Gobierno, está la obligación de gestionar el patrimonio sindical acumulado. Por lo tanto, lo único que pretendo es incidir en la necesidad de impedir, de una vez por todas, que una organización patronal y otra sindical convivan en la misma sede, por lo que habrá que articular medidas para que esa situación no se dé.
Por otro lado, para que la policía tenga comportamientos democráticos deberá actuar democráticamente. No parece muy ortodoxo que en el año 2001 la policía, para acceder a un local, tenga que hacer uso de una maza y entre de forma violenta cuando testimonios de la propia policía, de miembros del propio Cuerpo Nacional de Policía indican que la ocupación fue pacífica y que, por lo tanto, en absoluto la respuesta se ajustó, digamos, al daño que se podía producir para desarrollar la normal función que se tiene que dar dentro de ese edificio.
Por ello, no cabe duda que alguien tiene que asumir la responsabilidad de este déficit democrático que se generó en la actuación de la policía, y que se salda con cierto número de contusionados. Y también alguien tiene que asumir la responsabilidad de no poder compartir, como antes decía, sede sindical con sede empresarial, y hay mecanismos para ello.
En ocasiones se enajena patrimonio para adquirir patrimonio para las organizaciones sindicales o para las organizaciones patronales, y por lo tanto la cuestión que hay que sustanciar es si a comisiones Obreras de Asturias, como organización que tiene el estatus de más representativa en el ámbito de la Comunidad Autónoma, hay que darle patrimonio sindical acumulado, si a la Federación Asturiana de Empresarios hay que darle patrimonio acumulado. Recientemente, en Asturias, la Unión Sindical Obrera por una sentencia...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alonso.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, no quiero entrar en el fondo del asunto; probablemente tenga usted razón. En cualquier caso, tampoco debiera ser imposible que se produjera una buena vecindad entre una confederación de empresarios y un sindicato, y no creo que necesariamente fuera negativo; pero, repito, yo no voy a entrar en el fondo de ese tema, que a fin de cuentas es de distribución de locales, de un amplio local donde conviven muchas oficinas públicas, además de las sedes de las organizaciones empresariales y sindicales.
Yo me quiero ceñir a lo que es la actuación policial, y, en este tipo de asuntos, el término medio no es ciertamente fácil de conseguir, y nunca puede tener uno la seguridad absoluta de que acierta o no acierta, pero creo que en Asturias la actuación de la policía fue ortodoxa; es decir, la

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policía lo que ha hecho, porque es su obligación y porque es un derecho que tienen todos los ciudadanos, ha sido garantizar el derecho a trabajar de muchas personas, y no sólo el día 14, sino otros muchos días. El día 9, el día 12, el día 13 y el día 15 se ocuparon esas sedes. Y un día concreto, el 13, se expulsó a todo el público que se hallaba en esas dependencias, lo que significó que durante dos días no se pudieran celebrar sesiones en los juzgados de lo social.
Si alguna obligación tienen los poderes públicos y los que tenemos una responsabilidad en esta materia es la de velar por que los servicios públicos, en este caso los juzgados, las dependencias de la Seguridad Social o la propia Consejería de Trabajo del Principado de Asturias puedan desarrollar su función y los ciudadanos puedan ir allí a hacer las gestiones que estimen oportunas y convenientes. Ha habido unas personas dañadas por parte de Comisiones Obreras pero, como le he dicho antes también ha habido policías, por los que nadie desgraciadamente se ha interesado, salvo el Ministerio del Interior, que también sufrieron daños.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON ANGEL ANTONIO FRANCO GUTIEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LA INTERVENCION DE LA POLICIA PARA DISOLVER LA MANIFESTACION DE ESTUDIANTES, QUE TUVO LUGAR EN ALICANTE EL PASADO 29 DE MARZO, FUE PROPORCIONADA (680/000333).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Angel Antonio Franco Gutiez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que la intervención de la policía para disolver la manifestación de estudiantes, que tuvo lugar en Alicante el pasado día 29, fue proporcionada.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.


El señor FRANCO GUTIEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Exactamente quiero formular al señor Ministro la pregunta en los términos planteados. ¿Considera el Gobierno que la intervención de la policía para disolver la manifestación de estudiantes, que tuvo lugar en Alicante, el pasado 29 de marzo, fue proporcionada?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Franco, yo considero que fue proporcionada la actuación de la policía. Los hechos a que usted hace referencia tuvieron lugar el pasado día 29, en que se produjo una concentración de unos mil estudiantes ante la entrada del edificio de servicios territoriales de la Consejería de Educación. Quiero señalar que esta manifestación no había sido comunicada --como es preceptivo con arreglo a la legislación vigente-- a la Subdelegación del Gobierno. Estas personas arrojaron huevos y frutas al edificio e hicieron un recorrido hasta una plaza de la ciudad de Alicante, donde fueron requeridos por la fuerza para que cesaran en su intención de seguir manifestándose por diversas calles ya que suponía un grave riesgo de atropello y además habían organizado un colapso de tráfico de muy importantes proporciones.
No sólo hicieron caso omiso al requerimiento, sino que, además, al solicitarles a dos portadores de una pancarta sus documentos de identidad para proceder a denunciar los hechos al amparo de la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana del año 1992, se negaron y se les invitó a ir a la comisaría; en el momento en que ingresaban en el coche un numeroso grupo se abalanzó sobre los policías acosándolos, llegando incluso a la agresión --un policía fue atendido por contusiones; hoy todavía está de baja--, por lo que la fuerza actuante esgrimió las defensas de manera ostensible a la vez que procedía a apartar a los que trataban de impedir estas diligencias.
Por tanto, yo creo que lo que hizo la Policía --como en el caso al que antes hemos hecho referencia-- fue garantizar un derecho tan importante de los ciudadanos como es el derecho a la libre circulación, que en ese momento era imposible de ejercer en la ciudad de Alicante. Actuó de manera proporcionada y no agredió a ninguna de las personas que había en esa manifestación, incluso ni siquiera disolvió la manifestación.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Franco Gutiez.


El señor FRANCO GUTIEZ: Efectivamente, el día 29 de marzo estudiantes de Alicante, en edades comprendidas entre 14 a 18 años, se manifestaron por las calles de la ciudad de acuerdo con la convocatoria realizada a nivel nacional por la Plataforma de Enseñanza Pública para exigir más calidad y más infraestructuras. La solicitud de DNI a tres participantes en la manifestación desencadenó una carga policial a todas luces desproporcionada y de una dureza incomprensible. La actuación de la Policía se saldó con tres heridos y decenas de contusionados. Sindicatos, partidos políticos, la Asamblea Permanente de Directores de IES, padres, de alumnos y las organizaciones estudiantiles han manifestado de forma clara su repulsa por la actuación de la Policía en la disolución de la manifestación, que pudo tener consecuencias muy graves.
Señor Ministro, de verdad, lo siento. Siento mucho que a usted le parezca bien y correcta una actuación tan desmedida y arbitraria como la que tuvo la Policía Nacional en esta manifestación de jóvenes de 14 a 18 años.
Siento mucho que la primera experiencia política de 2.000 jóvenes alicantinos haya sido recibir palos innecesarios

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por pedir que sus institutos estén mejor dotados para aprender mejor.
Siento mucho que no se informe convenientemente y que pierda usted la oportunidad de decirles a estos jóvenes que no son delincuentes y que la democracia les ampara sin tener que utilizar la violencia. Siento mucho que estos jóvenes puedan pensar que las cosas se resuelven a golpes y con violencia, en vez de con la palabra y el diálogo. Siento mucho que no conozca usted la ciudad de Alicante; si así fuera sabría que desde que el Partido Popular está en el gobierno municipal de la ciudad ésta es un constante e interminable atasco y que, por tanto, cortar en manifestación el tráfico durante diez minutos es algo muy leve en nuestra ciudad.
Siento mucho que no tenga la valentía política de cesar inmediatamente al subdelegado del Gobierno en Alicante y que no promueva una investigación interna para depurar responsabilidades e ilegalidades, que creo las hubo tanto en la desmedida carga policial como en la utilización de armamento muy inadecuado en la, insisto, desmedida represión de este acto reivindicativo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
Yo creo que todo el mundo tiene --y así está reconocido en la Constitución-- el derecho a manifestarse reclamando lo que estime oportuno y conveniente, en este caso mejor calidad y más infraestructuras en el mundo de la educación.
Yo no creo --y quiero que los manifestantes que estuvieron en Alicante ese día lo sepan-- que alguien haya dicho que estas personas sean unos delincuentes; en absoluto nadie ha dicho eso y yo no creo que sean unos delincuentes, son unas personas que se manifestaron en defensa de algo que creían justo. Pero, además de dar ese mensaje a los ciudadanos, también tenemos la obligación de hacer cierta pedagogía política, y hay que decir que eso es válido siempre y cuando se garanticen los derechos de los demás ciudadanos. Este es exactamente el mismo caso que el supuesto anterior: por una parte, hay que respetar los derechos reconocidos en la Constitución y, por otra, hay que reconocer que una de las obligaciones básicas de los poderes públicos es garantizar la libertad y los derechos de los ciudadanos porque, de otra manera, no se los puede garantizar nadie salvo que cada uno se tome la justicia por su mano lo que, lógicamente, en un país democrático y civilizado, sería un retroceso monumental en la historia.
Por tanto, no puedo compartir lo que usted ha dicho; no puedo compartir que la policía se haya empleado con dureza. La policía ha presentado una denuncia ante el Juzgado de Instrucción número 5 de Alicante --ya veremos lo que sucede-- y, además, como le decía al principio de mi intervención, la única persona que todavía está de baja, al día de hoy, es un policía nacional.
En ese sentido, tengo que decir que creo que la oposición --y aunque no fueran la oposición-- tiene la obligación de intentar llamar la atención cuando crea que se vulneran derechos fundamentales de los ciudadanos, pero tanto ustedes como yo también tenemos la obligación de defender la actuación de las fuerzas policiales porque, repito, la obligación básica e indiscutible de cualquier poder público es garantizar la libertad y los derechos de los demás, y esto es lo que hacen las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado aquí y en cualquier país del mundo.
Habrá momentos en que se actúe mejor, habrá momentos en que se actúe peor y, sin duda alguna, se pueden equivocar, pero no debemos partir de la base ni transmitir a la sociedad el mensaje de que la que siempre se equivoca es la policía nacional. Sinceramente, y por los datos que obran en mi poder --aunque es evidente que yo no estaba allí--, creo que la actuación de la policía ha sido correcta y, por lo tanto, siento mucho no poder compartir lo que usted ha dicho pero tengo que respaldar públicamente las actuaciones de la policía nacional, en ese momento, y la del subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DOÑA MARIA BELEN FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS NOVEDADES QUE PRESENTA EL NUEVO PROGRAMA «RAMON Y CAJAL», DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PARA LA INCORPORACION DE DOCTORES AL SISTEMA ESPAÑOL DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (680/000323).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Belén Fernández-Delgado y Cerdá, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las novedades que presenta el nuevo programa «Ramón y Cajal», del Ministerio de Ciencia y Tecnología, para la incorporación de doctores al sistema español de ciencia y tecnología.
Tiene la palabra la Senadora Fernández-Delgado y Cerdá.


La señora FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, el Gobierno sustentado por el Grupo Parlamentario Popular está realizando un esfuerzo muy importante de apoyo directo a la innovación, al desarrollo y a la investigación, culminado con la creación del Ministerio de Ciencia y Tecnología hace ahora algo menos de un año.
Los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 son el reflejo de todo ello, con un notable crecimiento global, incluyendo un aumento sin precedentes en proyectos e infraestructuras. Sabemos, señorías, que se

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está llevando a cabo por parte de ese Ministerio una política científica y tecnológica que puede transformar y dinamizar nuestro país, nuestra capacidad de crear, difundir y aplicar nuevos conocimientos y tecnologías, con actuaciones prioritarias sobre los recursos humanos en I+D+I. Todos sabemos que la situación de los recursos humanos en investigación en España, al igual que en muchos países de la Unión Europea, reflejan un desajuste muy importante entre la oferta y la demanda; desajuste que todos conocemos, señorías, ya que hay una demanda de investigadores que no ha crecido al ritmo de los sectores más dinámicos de nuestro país, cuando debiera haberlo hecho para sostener este avance.
Por otra parte, nos encontramos como oferta con un numeroso grupo de investigadores en período de formación o previamente formados --a menudo, en el extranjero--, que sería un error histórico dejar escapar o no hacerlos regresar. La carrera del investigador, señorías, se diferencia de otras carreras profesionales en que requiere un proceso de formación relativamente largo hasta que el investigador adquiere y demuestra la suficiente madurez como para liderar un proyecto propio de investigación o para contribuir al trabajo en equipo que previamente desarrolla otro grupo de investigación.
Es por ello necesario establecer figuras contractuales que reconozcan esta formación dilatada, sin que ello deba significar una precariedad indefinida en el empleo, como sucede actualmente, y esto sólo puede hacerse, señora Ministra, como ustedes lo están haciendo, con un esfuerzo sostenido del Departamento que usted dirige, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, con las administraciones autonómicas, con las universidades, con los organismos públicos de investigación y con las empresas, que, unidos y conjuntamente, deben apostar por generar la demanda que le corresponde a nuestro país.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


La señora FERNANDEZ-DELGADO Y CERDA: Por todo ello, señora Ministra, es por lo que me gustaría que me respondiera...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Fernández-Delgado.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente, dar soporte a la investigación requiere dar soporte a los propios investigadores y en este sentido el nuevo Programa «Ramón y Cajal», para incorporación de doctores al sistema español de ciencia y tecnología, regulado en la reciente Orden de 18 de abril de 2001, es una pieza importante de esta política global del Departamento, también por lo que respecta al fomento de recursos humanos, para articular y potenciar la carrera del investigador.
Las líneas generales del Programa «Ramón y Cajal», que se han venido debatiendo, acordando y estructurando con las propias universidades y los organismos públicos de investigación y posteriormente tratadas con las propias Comunidades Autónomas tanto en reuniones bilaterales que hemos mantenido durante los últimos meses como en la recientemente celebrada reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, presentan una serie de ventajas y diferencias respecto a la situación anterior. Por un lado, permite perspectivas de estabilidad en la carrera a partir de un contrato durante cinco años seguidos. Los anteriores contratos de reincorporación, como recuerdan, eran contratos de tres años sujetos y ligados a la duración del proyecto, de modo que el investigador tenía que ir pasando en su caso de un proyecto a otro para completar la duración máxima de estos cinco años. En segundo lugar, permite al investigador liderar realmente su propio proyecto de investigación y, por tanto, reconocer que está en un proceso propiamente dicho de carrera del investigador, lo que, en terminología anglosajona, es la propia «tenure track». En tercer lugar, introduce algo relativamente relevante, es decir, mecanismos de corresponsabilidad y cofinanciación por parte de las universidades o los centros, y lo digo porque representa un nivel de mejora en la planificación y la priorización. Además, mejora los niveles de retribución de estos investigadores, colocándolos al nivel de los profesores titulares de universidad y les permite dotarse de recursos para iniciar su proceso de instalación sea en los organismos científicos o en las propias universidades.
Asimismo, a la redefinición de esta carrera del investigador que supone el Programa «Ramón y Cajal» también va a contribuir el desarrollo de un marco legal contractual más apropiado para la actividad investigadora a través del proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo, estableciéndose además que la actividad del investigador no sólo está sujeta a evaluación para ser competitiva, también internacionalmente, sino que, siendo primordialmente una actividad de investigación, no excluye el que pueda llevar a cabo también tareas docentes.
En definitiva, señorías, el Programa expuesto es una actuación innovadora del Ministerio de Ciencia y Tecnología que entiendo que supone un avance importante en la articulación de la carrera del investigador y una mejora notable en las condiciones de trabajo y remuneración de los sistemas de contratación preexistentes, proporcionando vías de estabilidad a los investigadores.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JUAN ANTONIO GARCIA-TALAVERA CASAÑAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA IMPORTANCIA QUE TIENE PARA ESPAÑA EL LIDERAZGO DEL PROYECTO DEL GRAN TELESCOPIO DE CANARIAS (680/000325).


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La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Juan Antonio García-Talavera Casañas, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la importancia que tiene para España el liderazgo del proyecto del Gran Telescopio de Canarias.
Tiene la palabra el Senador García-Talavera Casañas.


El señor GARCIA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, de las siete islas afortunadas es, por fortuna, en las cumbres de Izaña, en las cañadas del Teide, en la isla de Tenerife, y en el Roque de los Muchachos, en la isla de La Palma, donde la generosidad de la naturaleza se acerca, a 2.400 metros, al cielo más limpio y claro del hemisferio norte de la Tierra. Este privilegio de condiciones naturales lo convierte en paraíso para la astrofísica y polo de atracción para las instalaciones de los más avanzados telescopios del planeta.
España ha creado el Instituto Astrofísico de Canarias con su sede central en La Laguna, Tenerife, para rentabilizar y optimizar la explotación científica y tecnológica de este precioso recurso natural. Dentro de sus programas de universo-galaxia, el sol, las estrellas, óptica atmosférica, se encuentra la construcción y diseño del Gran Telescopio de Canarias, que es una iniciativa y proyecto de los científicos del Instituto de Astrofísica de Canarias. En definitiva, señorías, el Gran Telescopio de Canarias se perfila como un paradigma de la tecnología astronómica mundial.
Señora Ministra, los grandes avances tecnológicos van seguidos de grandes avances científicos. Mi pregunta en este caso es: ¿Qué supone para España el liderazgo del proyecto del Gran Telescopio de Canarias? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador García-Talavera.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés-Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría. Efectivamente, utilizando las capacidades científicas, tecnológicas, empresariales y, sin duda, las magníficas calidades del propio cielo de Canarias, el desarrollo del Gran Telescopio de Canarias significa situar la astronomía moderna, la astrofísica y una gran instalación científica, como es el Observatorio del Roque de los Muchachos en la Isla de la Palma, a nivel internacional, competitivo con las mejores instalaciones de los países avanzados, y, además, hacer una gran contribución a lo que es el desarrollo de Canarias como gran centro observatorio europeo en el hemisferio norte.
Por lo tanto, el Gran Telescopio de Canarias significa una gran instalación de lo que se denomina gran ciencia y sitúa a un nivel de gran competitividad la astronomía y la astrofísica. Pero, además, el Gran Telescopio de Canarias demuestra que desde el punto de vista científico y técnico se puede realizar y desarrollar desde España una instalación que muchos pensaban que no era posible, hacerlo con la colaboración de todos los científicos --más de 12 grupos científicos y centros de investigación han participado--, hacerlo de manera abierta a la comunidad internacional --ya hay dos preacuerdos firmados con Estados Unidos y con Méjico y, por lo tanto, tiene proyección internacional--, pero, además, ha reflejado que si se hace bien, se planifica y se desarrolla adecuadamente, las empresas también responden y la capacidad empresarial también existe, y en este caso, excepto en una parte de los espejos, más del 60 por ciento de todo el desarrollo y construcción del propio telescopio se está haciendo por parte de empresas españolas. Por lo tanto, es una gran instalación que va a permitir desarrollar desde el punto de vista tecnológico la instrumentación y otros ámbitos y, al mismo tiempo, va a permitir los avances científicos en términos de astronomía y astrofísica como mínimo a nivel internacional.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador García-Talavera.


El señor GARCIA-TALAVERA CASAÑAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, como tinerfeño he visto nacer y crecer, primero, en las cumbres de las Cañadas del Teide, en la década de los sesenta, y más tarde, en los ochenta, en el Roque de los Muchachos en la Isla de La Palma, los dos observatorios astronómicos de Canarias, ahora observatorio del norte europeo, como usted bien ha dicho, señora Ministra, así como su sede central de astrofísica en La Laguna. En ambos se encuentran instalados telescopios e instrumentos científicos de trece países diferentes.
Hoy, señora Ministra, tengo el honor de congratularme con usted, y con el Gobierno de España y con todas las personas e instituciones que han hecho posible este proyecto de excelencia y de gran ciencia, como es el Gran Telescopio de Canarias. Su sistema de óptica activa y su gran superficie colectora alumbrará e iniciará el camino para el más claro conocimiento y evolución del universo.
Le agradezco y le felicito, señora Ministra, por el buen uso que ha hecho de nuestro cielo el Gobierno de España, y nuestros hijos, nuestras generaciones futuras y el mundo entero podrá reconocer unas Islas Canarias en donde se ha hecho realidad el admirable orden de la naturaleza, el hombre y la ciencia.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


--DE DON JOSE SEGUI DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL BALANCE DE LA GESTION DEL FONDO DE COHESION DURANTE EL AÑO 2000 (680/000326).


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La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta del excelentísimo señor don José Seguí Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el balance de la gestión del Fondo de Cohesión durante el año 2000.
Tiene la palabra el Senador Seguí Díaz.


El señor SEGUI DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, de todos es conocida la importancia del Fondo de Cohesión para una adecuada equiparación de nuestro país con el resto de países integrantes de la Unión Europea. Tanto cuantitativa como cualitativamente las sumas provenientes del Fondo de Cohesión tienen una gran relevancia y por ello resulta vital que la proyección del gasto y su ejecución y control se lleven a cabo efectiva y escrupulosamente. Por ello, en la confianza de saber que el actual Gobierno aplica el rigor como una de sus máximas metas cabe preguntarle: ¿Cuál ha sido el balance de gestión del Fondo de Cohesión en el año 2000?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Seguí.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, como muy bien recordaba usted, el Fondo de Cohesión es un instrumento básico creado por la Unión Europea para el fomento de la cohesión económica y social mediante la financiación de proyectos de medio ambiente y de redes de transporte transeuropeas. Los países beneficiarios somos aquellos que todavía tenemos una renta per cápita inferior al 90 por ciento de la media europea, que contamos con un programa de convergencia económica y que seguimos avanzando en la convergencia real. Entre ellos se encuentra, sin duda, España.
En la segunda fase, que comprende el período 2000-2006, el Fondo está dotado con 18.000 millones de euros, de los que corresponden a España el 62 por ciento, es decir, 11.160 millones de euros, un 22,4 por ciento más que en el período 1993-1999. En este primer año de gestión del Fondo, el Ministerio de Hacienda ha tramitado proyectos entre la Unión Europea que suponen un total de 2.311 millones de euros, 384.476 millones de pesetas, lo que viene a representar una inversión de más de medio billón de pesetas gracias a la aportación de las otras administraciones públicas en la cofinanciación de las obras.
Del total señalado, 1.184 millones de euros, 196.979 millones de pesetas se dirigen al sector transporte. Se hace un esfuerzo especial en la financiación de inversiones en ferrocarril y, más concretamente, en la construcción de la línea de alta velocidad Madrid-Barcelona-frontera francesa.
Al sector del medio ambiente se dirigen 1.126 millones de euros, 187.350 millones de pesetas. La mayoría de las ayudas, el 59,2 por ciento, ha ido a proyectos de saneamiento de aguas residuales; el 22,8 por ciento a tratamiento de residuos y el 18 por ciento a abastecimiento de aguas.
Según el reparto de estas ayudas por instituciones, el 72 por ciento ha correspondido a inversiones de la Administración central, el 20 por ciento a las Comunidades Autónomas y el 8 por ciento a las corporaciones locales.
Estamos, pues, haciendo entre todas las administraciones un importante esfuerzo por dotar a nuestro país de la red de infraestructuras necesaria para continuar con el proceso de convergencia real con Europa. El balance del año 2000 demuestra que vamos por el buen camino y que estamos aprovechando al máximo el Fondo de Cohesión para continuar estableciendo las mejores condiciones de competitividad y crecimiento en continuo respeto al medio ambiente, un crecimiento estable del que, por cierto, no se beneficia sólo España, sino que lo hace el conjunto de la Unión Europea.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Seguí Díaz.


El señor SEGUI DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, oída su respuesta debo decirle que para el Grupo Parlamentario Popular resulta grato comprobar que el Gobierno, en aplicación del rigor en la proyección, ejecución y control del gasto, al tiempo que ha maximizado los resultados proyectados ha obtenido un auténtico equilibrio en el balance de gestión del Fondo de Cohesión del año 2000. Animamos al Gobierno a continuar en la línea emprendida.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS CAUSAS QUE ORIGINARON EL DIA 5 DE ABRIL DE 2001 EN EL PUERTO DE BARCELONA LA COLISION ENTRE EL CATAMARAN MILENIUM, DE LA COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA, S. A., Y UNA EMBARCACION «GOLONDRINA» (680/000317).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las causas que originaron el día 5 de abril de 2001 en el puerto de Barcelona la colisión entre el catamarán Milenium, de la Compañía Trasmediterránea, S. A., y una embarcación «Golondrina».
Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senorías, señor Ministro, el 5 de abril en el puerto de Barcelona el catamarán Milenium, de la Compañía Trasmediterránea, embistió a una embarcación de recreo, tipo

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golondrina, ocasionando tres heridos. Ciertamente puede señalarse que la fortuna evitó unos males mucho mayores. ¿Cuáles fueron las causas de este accidente? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, en relación con las causas del accidente, y al igual que en ocasiones anteriores, se ha ordenado la actuación de la Comisión Permanente de Investigación de Siniestros Marítimos, regulada por la Orden del 14 de abril de 1998, con el fin de averiguar las circunstancias en que se produjo el accidente y las causas que lo originaron para evitar en lo posible la repetición de sucesos similares, formulando en su caso recomendaciones de seguridad marítima. Por tanto, yo debo ser prudente para no prejuzgar los resultados de esta investigación de la Comisión Permanente de Siniestros, porque puede ocurrir que se trate de un fallo mecánico o de un error humano, y las responsabilidades en cada uno de estos supuestos son distintas. Pero sí quiero decirle que me parece un accidente de características muy graves, independientemente de que al final sólo se deban lamentar tres heridos, que es ya una consecuencia muy trascendente. Creo que efectivamente el conocimiento de las circunstancias en las que se produjo dan una idea de la gravedad.
Y para que todos nos situemos en el alcance del incidente, el buque Milenium recorrió una distancia de 200 metros desde el punto de reviro en el que debería haber girado para hacer la maniobra de atraque, y continuó de frente hasta abordar al Golondrina. Para el patrón del Golondrina esta distancia se recorrió en tres minutos, para el capitán del Milenium estos 200 metros transcurrieron en medio minuto; es decir, según la velocidad a la que cada uno interprete que iba el barco. Por eso en este momento, desde el punto de vista del error humano, se están estudiando las posibles responsabilidades desde el capitán marítimo hasta el capitán del buque o a la empresa naviera. De hecho, a estos dos últimos, al capitán del buque y a la empresa naviera, se les ha incoado expediente administrativo por posibles responsabilidades.
Y en cuanto al fallo mecánico, ya se han pedido informes a la casa holandesa LIPPS, al astillero constructor Incat; se han hecho ya pruebas de navegación para saber si se reproduce el incidente y, también, se está investigando si el fallo se ha producido, no en el gobierno del barco, sino en el sistema de alarmas. Yo le he descrito el panel general de posibles responsabilidades, al final puede ser una u otra o ambas, pero yo en estos momentos por responsabilidad no debo prejuzgar el resultado definitivo de la investigación.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Beguer i Oliveres.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias por su información, señor Ministro. Ciertamente la misma discrepancia que su señoría señala entre uno y otro capitán respecto al tiempo que duró esta circunstancia desde que se produjo la anomalía, muestra que realmente la investigación tiene que seguir adelante. Se señaló en su momento que el catamarán, a pesar de encontrarse en esta circunstancia previsible de que iba a embestir a la Golondrina, no hizo sonar la sirena ni otro tipo de señal de emergencia para evitar la colisión. Por tanto, se han producido unos hechos que requieren una investigación a fondo y de la que yo le ruego, señor Ministro, que cuando esté finalizada nos la haga llegar a esta Cámara. El hecho, como ya hemos señalado tanto su señoría como yo mismo, sólo produjo tres heridos leves, pero pudo haber supuesto una tragedia si los escolares que estaban a punto de subir lo hubiesen hecho. Circunstancialmente, dos o tres de ellos se retrasaron y no pudieron subir, pero si hubiesen subido, para poder ver el mar por debajo del agua, en el punto donde la proa del catamarán embistió previsiblemente a La Golondrina, en ese caso se habría producido una tragedia.
Veo que la investigación que se lleva a cabo está siendo exhaustiva, por lo que no me queda más que agradecer la información y, como le decía antes, solicitar que nos llegue a esta Cámara cuando esté finalizada.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias.
Sólo deseo añadir un dato que no he señalado en mi primera intervención.
Con independencia de toda la información que he facilitado, desde el día 11 de abril --el suceso se produjo el día 5 del mismo mes-- no sólo está establecida en el puerto de Barcelona la modificación de la limitación de velocidad en la dársena al tráfico interior, sino que se producen las maniobras de atraque a seis nudos. Hasta ahora se encontraba en ocho nudos. Desde el día 11 de abril, para garantizar que se pueda evitar el riesgo de repetición de esos incidentes, la limitación de velocidad se ha establecido en seis nudos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOAN HORACI SIMO I BURGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE NO SE HA CALIFICADO COMO MUNICIPIO SINGULAR TIPO B AL MUNICIPIO DE LLEIDA (680/000318).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Horaci Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario

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Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre el motivo por el que no se ha calificado como municipio singular tipo B al municipio de Lleida.
Tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.


El señor SIMO I BURGES: Gracias, señora Presidenta, señor Ministro.
La Dirección General de Actuaciones Concertadas Arquitectura y Habitatge de la Generalitat de Catalunya se ha propuesto al Ministerio la creación de nuevos municipios singulares de tipo B entre los que encontramos la petición de Lleida, a la que me refiero en mi pregunta, pero también se encuentran Tarragona, Girona, Vilanova i la Geltrú, Manresa, Vich e Igualada. Las primeras son ciudades destacadas en las que se concentra parte de la población de la provincia y, por tanto, una mayor cantidad de demanda de viviendas. No debemos olvidar que son ciudades con un índice de precios al consumo muy elevado en este sector en comparación con el resto de ciudades intermedias del país.
Debido al fuerte incremento producido en el precio del suelo y, en menor medida, en la mano de obra y en los materiales, la repercusión de estas magnitudes en el coste final de las obras provoca la inviabilidad en la realización de la construcción de viviendas de protección pública con los precios fijados en la zona C a la que pertenecen estas ciudades que he mencionado antes.
También es verdad que, por muchas modificaciones que se aprueben en el Plan de Vivienda en relación con las ayudas y el subsidio dirigidos a la adquisición de viviendas de esta tipología, no es menos cierto que sin la concesión de cambio de zona solicitada no resulta viable la ejecución de esta clase de promociones.
No debemos olvidar que se dirigen a un segmento de la población con un bajo poder adquisitivo y que, por encima de todo, requiere que se incentive su construcción para poder acceder a su propiedad y beneficiarse de las ventajas previstas en este plan.
En la Generalitat de Catalunya se entiende la necesidad de cambio para ayudar a hacer más habitables para todos nuestras ciudades.
Por todas estas razones, se formula al Ministerio de Fomento la siguiente pregunta: ¿Cuál es el motivo por el que no se ha producido el cambio de zona C a zona B para estos municipios antes mencionados? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias señora Presidenta.
Señor Senador, no se ha hecho por dos razones. Sobre la primera de ellas ya he facilitado información a la Cámara respecto a los criterios que actualmente mantiene el Ministerio en relación con la utilización de la figura del municipio singular, a efectos de los precios de la vivienda.
La condición de municipio singular permite que, en los municipios singulares del grupo A, se pueda incrementar, por decisión de la Comunidad Autónoma correspondiente, un 30 por ciento el precio establecido, y en los municipios singulares del grupo B, hasta un 15 por ciento.
Por lo tanto, la decisión que se traduce en precio es la facultad de incrementar un porcentaje el precio obligatorio. Lo que está ofreciendo ahora el Ministerio de Fomento en el Real Decreto que hemos aprobado para este año es la posibilidad de que cualquier municipio pueda incrementar el porcentaje del 15 por ciento que figuraba en las disposiciones anteriores al año 2001 al 25 por ciento, es decir, hoy las Comunidades Autónomas tienen la posibilidad de graduar no en una horquilla del 15 por ciento hacia arriba y hacia abajo, sino en una horquilla del 25 por ciento hacia arriba y hacia abajo los precios en cualquiera de los municipios de su Comunidad Autónoma. Por consiguiente, pueden conseguir lo mismo los gobiernos de las Comunidades Autónomas sin necesidad de que el Ministerio de Fomento tenga que modificar una orden y clasificar como singular del grupo A o del grupo B a un municipio. Con esto quiero decirle que el Gobierno de la Generalitat sabrá si le conviene o no usar el 25 por ciento, el 20, el 15 o nada en relación con los precios de la vivienda en los municipios de su territorio.
Y la segunda razón, señor Senador, tiene que ver con algo que se puede objetivar, y es que la condición de municipio singular y la decisión de aplicar un precio u otro tiene que ver con la realidad de los precios. Se puede argumentar lo que se quiera en relación con Lleida, y yo respeto todas las opiniones. Lo que quiero decirle es que los datos estadísticos son los datos estadísticos, y en este momento la evolución de los precios de la vivienda sobre base 100 en Lleida y en las zonas del grupo A, que es Barcelona, es la siguiente: en el año 1998 Lleida tenía el indicador 98, Barcelona 165, y la media nacional 119; en el año 2000 Lleida tenía el indicador 124, Barcelona 228 y la media española 151. La variación con base 98 en este período fue la siguiente: Lleida 126, la media española 126 y Barcelona y su área de influencia 138. Es decir, objetivamente, con base estadística, son más altos los precios de la vivienda en el área de Barcelona que en Lleida y, por lo tanto, la equiparación tampoco se sostiene sobre bases estadísticas.
No obstante, esto es por darle un dato, porque lo más importante es la primera parte de la pregunta, y es que hoy se puede conseguir lo mismo a través de la utilización de la normativa vigente desde el presente año 2001.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Simó i Burgués.


El señor SIMO I BURGUES: Intervendré muy brevemente para agradecer al señor Ministro su respuesta y para decirle que Lleida por descontado que tiene esta media, pero vivienda de VPO en Lleida se deja de construir porque es barata y el promotor no construye. Si le hago esta petición es para mejorar los precios en la construcción en Lleida y en estas ciudades que antes he mencionado.


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No obstante, el señor Ministro me ha dicho que se puede producir un incremento del 15 al 25 por ciento, y creo que va a ser suficiente para hacer cambiar las ideas del promotor.
Nada más, salvo agradecer otra vez al señor Ministro su respuesta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


--DE DON ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS PLAZOS QUE MANEJA EL GOBIERNO PARA LA EJECUCION DEL TRAYECTO FERROVIARIO ENTRE PUEBLA DE SANABRIA (ZAMORA) Y OURENSE, DENTRO DEL DISEÑO DE CONEXION DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA CON LA RED ESTATAL DE ALTA VELOCIDAD (AVE) (680/000319).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Anxo Manuel Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los plazos que maneja el Gobierno para la ejecución del trayecto ferroviario entre Puebla de Sanabria (Zamora) y Ourense, dentro del diseño de conexión de la Comunidad Autónoma de Galicia con la red estatal de alta velocidad (AVE).
Tiene la palabra el Senador Quintana González.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la modernización interna del ferrocarril en Galicia y la conexión de la Comunidad con la red de alta velocidad constituye una preocupación para todas las fuerzas políticas gallegas desde hace tiempo.
El Gobierno ha anunciado que la conexión de la Comunidad con la red estatal de alta velocidad se producirá únicamente a través de Ourense. De ahí nuestro interés por conocer las características que el Gobierno piensa darle al tramo Puebla de Sanabria-Lubián-Ourense y los plazos que el Gobierno maneja para los sucesivos procesos de estudio informativo, proyecto y, finalmente, ejecución de este importante tramo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez -Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
El tramo Lubián-Ourense está incluido en el Programa de Alta Velocidad del Plan de Infraestructuras 2000-2007 y, como su señoría conoce, el horizonte temporal para su realización completa es el año 2010. El tramo Lubián-Ourense, como todos los tramos del Programa de Alta Velocidad, se ajustará a las previsiones del Real Decreto de Interoperabilidad que traspone la directiva europea de alta velocidad y, por tanto, cumplirá los requisitos europeos. Para su realización, en estos momentos está a punto de ser licitada la asistencia técnica para realizar el estudio informativo, que es el primer paso con el que se inicia todo el proceso constructivo de un corredor de esta envergadura.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, creo que puede proporcionarnos una información más amplia. Las características de la red de alta velocidad, tal cual las define el Gobierno en base a la normativa europea, pueden referirse a vías hábiles para el recorrido desde 120 a 300 kilómetros por hora. Lo que usted nos dice nos coloca en la perspectiva de poder tener una doble vía electrificada o una mejora de la actual y, evidentemente, los plazos del 2010 son los que están marcados en el PDI.
Yo supongo que su Gobierno tendrá unas previsiones más concretas para un plan tan importante como éste, especialmente para Galicia, y si no las tiene o no nos informa, será que el plan no tiene esa trascendencia. Creo que usted nos puede proporcionar una mayor información, sobre todo cuando lo que sí ha quedado taxativamente claro por parte del Gobierno es que la única conexión de Galicia con la red de alta velocidad será por Ourense, desechando la opción de Monforte. Por ello, la pregunta que le planteo es fundamental para conocer el futuro inmediato de la Comunidad en relación con la alta velocidad estatal.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, en España no hay más que dos itinerarios que tienen plazo de puesta de servicio: uno es el de Madrid-Barcelona-Frontera francesa, cuyos plazos de puesta en servicio son los siguientes: el tramo Zaragoza-Lleida, a finales del 2002; el de Barcelona, a finales del 2004, y el de la Frontera francesa, pendiente del acuerdo con el Gobierno francés, en el año 2005; y el otro es el eje al atlántico en Galicia: Coruña-Santiago-Vigo, cuyo horizonte de puesta en servicio es el 2007.
Estos son los dos únicos compromisos de fecha de puesta en servicio que tiene este Gobierno; los demás están dentro del horizonte del plan, y como usted puede comprender dependen de la evolución de los trámites administrativos en los que se encuentre cada uno.
Señor Senador, a mí me parece muy razonable que usted se interese por el tramo Lubián-Ourense, que son 119 kilómetros, pero la alta velocidad para Galicia, incluyendo el acceso desde Madrid, son 1.102 kilómetros, con una previsión de un billón cien mil millones de pesetas de inversión. En estos momentos, el tramo Madrid-Segovia ya tiene la declaración de impacto ambiental, los proyectos se están aprobando y, por tanto, la previsión de iniciación de las obras es inmediata; el tramo Segovia-Valladolid ya se

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está licitando para iniciar las obras en los próximos meses, y el estudio informativo del tramo Medina-Zamora-Puebla de Sanabria-Lubián está en información pública.
Ya le he dicho que el tramo Lubián-Ourense está a punto de ser licitado; el estudio informativo del tramo Ourense-Santiago saldrá a información pública este verano, el de Ourense-Vigo está adjudicado desde el 5 de abril, con catorce meses de plazo, así como el de Ourense-Lugo, adjudicado en la misma fecha, con doce meses de plazo; el tramo Santiago-Vigo está en fase de proyectos y de licitaciones de obras, así como el Santiago-Coruña, y el estudio informativo del tramo del Ferrol-A Coruña está adjudicado desde el 17 de marzo y dispone de doce meses de plazo.
Me parece muy bien que su señoría se centre en el tramo que va más retrasado, pero permítame que le recuerde que los 1.100 kilómetros de obras no se hacen al mismo tiempo. Yo le he presentado el conjunto de actuaciones para Galicia, pero le recuerdo que el eje atlántico es el único que, junto con el corredor de Barcelona-Frontera francesa, tiene fecha de puesta en servicio.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE FOMENTO PARA ACTUALIZAR LA DENOMINACION DE LAS CARRETERAS CATALANAS DE COMPETENCIA AUTONOMICA (680/000322).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Fomento para actualizar la denominación de las carreteras catalanas de competencia autonómica.
Tiene la palabra el Senador Ganyet Solé.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, el Gobierno de la Generalitat de Catalunya ha aplicado un nuevo nomenclátor a las carreteras de su competencia. La verdad es que este cambio no se ha recibido en Cataluña precisamente con saltos de alegría, con muestras de gran entusiasmo. La inmensa mayoría de los catalanes piensa que lo importante no es el nombre sino la cosa y, señorías, la cosa es el precario estado de conservación de muchas carreteras autonómicas. Se ha creado una confusión innecesaria. Además, ocurre que en los paneles informativos de las vías del Estado se mantiene la antigua denominación de las carreteras de la Generalitat, lo que conlleva con demasiada frecuencia a errores, pérdidas de tiempo y dificultades de orientación de los automovilistas.
Señor Ministro, como todo el mundo, y más aún las administraciones públicas, está de acuerdo o debe estarlo en evitar perjuicios a los ciudadanos, le formulo en positivo la siguiente pregunta: ¿Cuándo piensa el Ministerio proceder a actualizar la denominación de las carreteras autonómicas que figura en los paneles informativos ubicados en las carreteras, autopistas y autovías de titularidad estatal? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, no sé si su señoría conoce y no lo ha dicho, o lo desconoce y yo se lo voy a aclarar, que la actualización de la denominación de las carreteras autonómicas en los paneles y carteles de titularidad estatal debe ser efectuada por la Generalitat de Catalunya. Y quiero empezar por el principio. Por tanto, el Ministerio de Fomento no tiene que hacer nada; el Ministerio de Fomento pone a disposición de la Generalitat de Catalunya el sistema de señalización para que la actualice, lo que debe hacer a su coste y previa solicitud de autorización a la demarcación de carreteras del Estado en Cataluña.
En estos momentos no me parece razonable una petición implícita de que el Estado asuma los gastos de esta señalización y, por tanto, estamos pendientes de que esto se efectúe con arreglo y con respeto a la normativa vigente, a la legalidad vigente; legalidad recogida en la Ley de carreteras y en el Reglamento de circulación, en el que se establece que el color azul está asignado a autopistas y autovías; el color rojo a la red del Estado; el color naranja a los itinerarios principales de las Comunidades Autónomas; el color verde a los itinerarios secundarios y el amarillo a los itinerarios de tercer nivel.
Por ello, como no hay prevista una modificación de la legislación en la materia, confiamos en que todas las administraciones, ademas de cumplir con sus obligaciones de señalización, lo hagan con respeto a la legalidad vigente.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ganyet Solé.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, agradezco su explicación, pero en realidad el problema existe. Yo le pido que se dirija, aunque no sea de su estricta obligación, a la Generalitat de Catalunya para ofrecer su colaboración, si no económica, sí al menos técnica para resolver ese problema que inquieta a millones de automovilistas, catalanes o no, que circulan por las carreteras de Cataluña.
Le voy a poner algunos ejemplos de paneles informativos situados en carreteras de titularidad estatal donde se remite a carreteras de titularidad autonómica sin haberse actualizado aún su nomenclátor. Por ejemplo, en los paneles informativos de la Nacional 240, enlace Montblanc con la C-14, dirección Tárrega-Andorra, figura la antigua denominación C-240.


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Las competencias son las que son, usted conoce bien este tema, por lo que, repito, le encarezco que se dirija a la Generalitat de Cataluña para que entre aquella Administración y la Administración estatal se resuelva lo antes posible este grave problema para la gente que circula por esas carreteras.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, no va a ser necesario que se inste a nadie en ese sentido porque precisamente el día 23 de abril tuvo entrada en la Demarcación de Carreteras del Estado en Cataluña una petición de la Generalitat con el fin de que se coloquen cajetines de color naranja con la nueva denominación de las carreteras autonómicas en los carteles de la red estatal. Por tanto, en la red estatal no hay ningún problema.
Sin embargo, su señoría sabe que donde hay un problema de señalización es en la red autonómica --y no estoy muy seguro de que sea al Ministerio de Fomento al que haya que pedir responsabilidades a ese respecto--, porque la Generalitat está utilizando el color rojo, el cual, como he dicho, está reservado para las carreteras estatales. Ese es el único problema pendiente. Por tanto, invito al señor Senador a que reflexione sobre si es al Ministerio de Fomento al que hay pedir esas responsabilidades. En las carreteras estatales la señalización está en marcha con arreglo a la normativa vigente, se ha hecho ya la solicitud, y ésta será autorizada.
Por lo que, insisto, queda el problema de las carreteras autonómicas. Si su señoría considera que en este caso se trata de evitar confusiones --y yo creo que la señalización está para clarificar y no para confundir--, le pido que reflexione sobre si el escenario de ese debate debe ser una Cámara estatal.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DOÑA ELENA ETXEGOYEN GAZTELUMENDI, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO LA DECISION DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD DE MADRID DE INSTAR A LA ANULACION DEL ACUERDO ADOPTADO POR LOS AYUNTAMIENTOS DE TORREJON DE ARDOZ, RIVAS-VACIAMADRID Y TRES CANTOS (MADRID), EN VIRTUD DEL CUAL SE APROBABA UN PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO CON POBLADOS SAHARAUIS (680/000316).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Elena Etxegoyen Gaztelumendi, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la opinión que le merece al Gobierno la decisión del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid de instar a la anulación del acuerdo adoptado por los Ayuntamientos de Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos, en virtud del cual se aprobaba un Protocolo de Hermanamiento con poblados saharauis.
Tiene la palabra la Senadora Etxegoyen Gaztelumendi.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: «Eskerrik asko, Presidente andrea.» Buenos días, señor Ministro, señorías. Los hermanamientos entre municipios españoles y poblados saharuis se vienen realizando desde hace más de veinte años. En la actualidad existen no menos de 250 precedentes de hermanamientos ya consumados a la luz de una regulación normativa y un proceder administrativo sustancialmente iguales a los adoptados por los municipios madrileños de Torrejón de Ardoz, Rivas-Vaciamadrid y Tres Cantos, ello sin mencionar los cientos y cientos de municipios e instituciones que a lo largo y ancho del Estado español han puesto en marcha mecanismos varios para suscribir convenios de cooperación y relación con el pueblo saharaui, así como los miles de alcaldes que también mantienen hermanamientos con los mencionados poblados.
Esta Senadora y el Grupo que representa ven una evidente contradicción entre esta realidad y la decisión del Delegado del Gobierno en la Comunidad de Madrid por la que se insta a los citados municipios madrileños a anular los hermanamientos que aprobaron por acuerdo plenario con poblados saharauis. Por tanto, nos gustaría saber qué nos puede decir el Gobierno a este respecto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, comprendo su pregunta, a través de la cual ha hecho usted referencia a que hay muchos acuerdos de este tipo y que éstos no han sido recurridos en el pasado. Sin embargo, en casos como éste, y concretamente en el del Ayuntamiento de Torrejón, en el que ya se ha producido el recurso, el Delegado del Gobierno está actuando de acuerdo con la legalidad, por la que tiene que velar como representante del Gobierno en la Comunidad Autónoma. Y la legalidad establece que se excede en sus competencias una Administración local cuando realiza un hermanamiento con una aldea saharaui, no por el hecho de llevar a cabo tal hermanamiento, por ayudar a esos saharauis, o con objeto de establecer los lazos que le parezcan convenientes, sino, como ocurre en el caso de Torrejón de Ardoz, si de ese hermanamiento se deriva --lo que se manifiesta expresamente en el documento que se firma-- el reconocimiento de la república saharaui, la cual no está reconocida por el Estado español.


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¿Qué es lo que se produce entonces? Una reacción del Gobierno, que considera que la política exterior debe ser llevada por él y que un ayuntamiento, sean cuales sean sus intenciones, que estoy convencido de que son excelentes, no puede inmiscuirse en algo que es responsabilidad del Gobierno de la nación. Por eso se recurre: sobre la base de que la política exterior, como cualquiera puede comprender, corresponde al Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la señora Etxegoyen Gaztelumendi.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Señor Ministro, esta Senadora no ha cuestionado --ni ha querido hacerlo bajo ningún concepto-- el hecho de que el Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Madrid pudiera haber actuado lejos de la legalidad, ni muchísimo menos. Lo que sí me sorprende de su respuesta es que haya hecho referencia sólo a uno de los hermanamientos dado que los otros dos no tienen la sustancia del acuerdo plenario, aquello a lo que usted se ha referido. Quiero decir que el argumento que se ha utilizado es básicamente igual al de aquella Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de noviembre de 1988, donde efectivamente se señala que cuando se reconoce a un Estado que el Gobierno español no reconoce es cuando se puede actuar puesto que se supera el principio de autonomía de la voluntad, lo cual también reconoce la Constitución, pero ése no es el caso de los otros dos ayuntamientos.
Lo que esta Senadora quiere poner de manifiesto es que la actual situación del pueblo saharaui es realmente dura; si cabe, incluso es más extrema que en ocasiones precedentes puesto que no es descartable siquiera la reanudación de un conflicto bélico en la medida en que el tiempo de «impasse» para hacer realidad el Plan de paz aprobado por Naciones Unidas se termina ya. Ese es un tema aparte, es una cuestión en la que no quisiera incidir. Pero lo que sí es cierto es que los miles y miles de refugiados saharauis que viven abandonados en el distrito de Tinduf merecen un trato más digno que, por supuesto, vaya más allá de la actitud del señor Ansuátegui que es, cuando menos, una muy estricta interpretación de la ley, en su caso incluso cuestionable.
Efectivamente, lo que se busca con un hermanamiento es hacer que actúen mecanismos de cooperación para impulsar y favorecer la ayuda humanitaria --que es en realidad de lo que vive toda esta gente--, la solidaridad, el reconocimiento como individuos miembros de una colectividad. Pero de lo que estoy absolutamente convencida --y creo que en ello convendrán conmigo muchas de sus señorías--, no es ya de que alguien pueda justificar, sino de que ni siquiera haya alguien que pueda argumentar con rigor que lo que busca un determinado municipio al hermanarse con un poblado saharaui es cercenar, vulnerar, interferir en la política de acción exterior del Estado.
No quisiera ser pesimista. Me ha dejado usted la puerta abierta, pero me hubiera gustado más que la hubiese cerrado del todo, para ver que de aquí en adelante hay un «impasse», una ciaboga iniciada por un Delegado de Gobierno que, al fin y al cabo, depende del Gobierno central, que lo que haría sería romper la línea de unanimidad que en los últimos tiempos hemos mantenido los políticos en todos los foros parlamentarios en relación con el pueblo saharaui. Ojalá estuviera equivocada. Pero le aseguro, señor Ministro, que en caso de que así fuera esta Senadora rectificaría con muchísimo gusto su opinión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Etxegoyen.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, puedo asegurarle que no hay ninguna quiebra en esa visión política general que creo han tenido todos los gobiernos de España. Vuelvo a decirle que lo que se pretende conseguir con esos hermanamientos me parece muy aceptable. Por otra parte, la opinión que cada uno de los grupos políticos tenga sobre la situación de esos poblados saharauis es asimismo perfectamente aceptable y, desde luego, todo lo que sea ayudar a esas personas me parece razonable.
Ahora bien, vuelvo a decirle que desde un punto de vista de política internacional, de tratados internacionales, de movimientos internacionales, no es admisible un acuerdo en el que se reconoce por un municipio a una república saharaui que no está reconocida por el Estado español. Por eso está recurrida esta cuestión. En cuanto a los otros dos hermanamientos, tanto el de Rivas-Vaciamadrid como el de Tres Cantos, están todavía en fase de estudio entre el Ayuntamiento y el Delegado del Gobierno. Pero vuelvo a decirle que el punto clave es no interferir en la política exterior. Además, como su señoría comprenderá, eso tiene implicaciones en unos momentos en que, precisamente, hay una serie de temas internacionales muy cercanos que afectan a España, con lo cual no parece lógico que las actuaciones de determinados ayuntamientos puedan interferir en esa política exterior. Pero, insisto, en ningún momento hay cambio alguno de política hacia esas ayudas que está recibiendo el pueblo saharaui y que han aprobado todos los grupos políticos a lo largo de estos años tanto en esta Cámara como en todos los foros políticos, ayudas que, desde luego, tienen el apoyo del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO PRESENTAR EN EL SENADO EL BORRADOR DEL PROYECTO DE LEY DE COOPERACION AUTONOMICA (680/000334).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario

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Socialista, sobre si piensa el Gobierno presentar en el Senado el borrador del Proyecto de Ley de cooperación autonómica.
Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en un comunicado hecho público por su Ministerio, a la vez que se nos informaba sobre la celebración de unas jornadas que llevaban por título «La cooperación en un Estado compuesto», se decía que estas jornadas servirían de base para la culminación de la redacción de la ley de cooperación autonómica.
Lo que quiero saber es si el Gobierno de la nación pretende utilizar este foro --me refiero al Senado y, en especial, a la Comisión General de las Comunidades Autónomas-- como instrumento de entendimiento y consenso para la elaboración de esta ley; es decir, si va a ser aquí donde se resuelva el debate previo a la elaboración del proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, está usted muy bien informado, si bien conviene tener en cuenta un pequeño matiz. Con la reunión que yo clausuré ayer no se culmina el debate, sino que se inicia un proceso en el cual, desde el Ministerio de Administraciones Públicas, queremos impulsar durante varios meses la celebración de una serie de seminarios --algunos serán organizados por nosotros, pero otros se deberán a la iniciativa de las propias Comunidades Autónomas y contarán, naturalmente, con nuestra participación-- para crear un borrador general de ideas sobre en qué debe consistir la ley de cooperación.
En estos seminarios participan catedráticos y funcionarios de todas las Comunidades Autónomas, independientemente del partido que las gobierne, así como miembros de las comisiones mixtas. Lo que pretendo es que ese borrador sea elaborado de abajo a arriba y recoja las opiniones de todos.
A mí me parece --y ya lo adelantó-- que el Senado puede ser un lugar excelente, dado que es una Cámara territorial, para poder discutir sobre estos temas.
Por lo tanto, en su día el Ministerio redactará el anteproyecto de ley y lo remitirá al Consejo de Ministros para que continúe el trámite previsto, pero a mí me parece excelente que antes de eso los Senadores individualmente y el Senado como institución participen en la reunión en la que se va a sustanciar el proceso al que me he referido. Además, creo esta colaboración coincide con una de las funciones esenciales del Senado.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Pérez Sáenz.
El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, pretendo conseguir un mayor grado de compromiso por su parte y por la del Gobierno de la nación.
Ha dicho que este proyecto de ley se va a discutir en una serie de jornadas. Creemos que, en vez de organizar tantas jornadas promovidas por el Ministerio o por las Comunidades Autónomas, deberían manifestar aquí cuáles son los criterios a tener en cuenta, pues en este lugar ya están presentes el Gobierno de la nación y las Comunidades Autónomas, que normalmente acuden a la Comisión General. Por lo tanto, pienso que no es necesario buscar otros instrumentos cuando el instrumento ya está creado.
De todas maneras, la motivación de mi pregunta hay que buscarla en dos vertientes. En primer lugar, queríamos recordarles la necesidad de utilizar este foro, el Senado, y, en segundo lugar, advertirles que en este debate hay cierto desorden. Señor Ministro, creo que no se están haciendo las cosas bien, que se están dando pasos erróneos y que, por lo tanto, hay que ordenar el método.
Señor Ministro, no ponga esa cara de extrañeza. En primer lugar, en un ámbito como es la cooperación se está discutiendo la necesidad de esta norma, y es que hay quien dice --y creo que con razón-- que con la reforma del Senado no haría falta una ley de cooperación.
En segundo lugar, se discute también el procedimiento, porque es una ley que quiere regular la cooperación, pero hay también quien piensa que la cooperación no es regulable; que la ley tiene un carácter imperativo y que unir a la cooperación ese carácter imperativo no es correcto. Y en tercer lugar, señor Ministro, hablamos de la materia o del contenido de la ley, que ustedes cambian como quieren. Entre otras cosas dicen que se van a regular algunas materias en las que, no es que se haya llegado a un consenso, sino a un disenso, y esas materias las quieren introducir en la ley. En cualquier caso, estas preocupaciones, señora Presidenta, señor Ministro, están desapareciendo con algunas declaraciones que hemos oído al Secretario de Estado, señor Elorriaga. Nos han tranquilizado sus declaraciones, porque hemos comprobado que son una broma; todavía no se han tomado en serio el Proyecto de Ley de Cooperación, y, ¿saben por qué? Porque el señor Elorriaga acaba de descubrir o acaba de transmitirnos la ocurrencia de la creación de un nuevo foro, un foro de cooperación: «la madre de las sectoriales. O sea, ya que no funcionan muy bien las sectoriales», vamos a crear una global, una general; la sectorial general. Señor Ministro, creo que es una broma, porque no hace falta crear ningún foro de cooperación. El foro de cooperación --y usted lo sabe-- ya existe; es éste, y se llama Senado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pérez Sáez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


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El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, usted no ha vuelto a lee mi comparecencia en el Senado --y vine al Senado antes que al Congreso-- en la que enuncié mis objetivos.
Allí ya me referí a esta Ley de Cooperación, y esto que usted llama foro de cooperación, que le produce risa y que dice que es una ocurrencia del señor Elorriaga, figura en mis declaraciones e indico que hay que hablar al respecto. Las sectoriales de los ministerios no funcionan de la misma forma; hay algunas que lo hacen mejor y otras peor, y a mí me gustaría que mejorasen todas. Allí dije: Sería conveniente que en el Ministerio de Administraciones Públicas tuviéramos una reunión con los Consejeros de Presidencia, una sectorial de sectoriales, para saber cómo está funcionando cada una de ellas y qué podemos hacer para mejorarlas. No veo yo dónde está la chirigota de semejante propuesta, y desde luego es la misma propuesta que ha hecho el señor Elorriaga, y hace muy bien, porque eso es lo que debe hacer todo secretario de estado: seguir la doctrina del ministro (Risas.), que es la obligación auténtica de un secretario de estado. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por tanto, no hay nada de sorprendente en eso.
A continuación usted comenta lo siguiente: hay quien dice que esta ley no es necesaria; hay quien dice que no se puede hacer, porque no es regulable; hay quien dice que no tiene contenido, y luego me dice: traiga usted aquí la ley, que la vamos a discutir. Pero, ¡qué le voy a traer, si me dice usted que no puedo traerle nada! (Rumores.) Precisamente por eso estoy promoviendo esos seminarios, porque no quiero que nadie piense que ésta es una nueva LOAPA; ésta no es la LOAPA, no es una ley impuesta a las Comunidades Autónomas; no es una ley impuesta a los partidos; ésta es una ley que tiene que recoger lo que los partidos ya opinan, lo que todas las Comunidades Autónomas ya opinan, y así tendremos un borrador en el que no habrá discusiones sobre si debe existir o no, porque todos hemos participado en él.
En consecuencia, mi propuesta intenta permitir que intervengan muchas personas de distintas sensibilidades, por supuesto socialistas, de cualquier Comunidad Autónoma, por supuesto de Convergència, de Coalición Canaria, del PNV, de Izquierda Unida, y no digo en nombre de sus partidos, sino con esas sensibilidades, para ver qué podemos hacer, y después aquí podemos tener esa discusión que yo, encantado, ofrezco al Senado.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.


--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA LA MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO ESTABLECER EL COPAGO DE LAS RECETAS DE LOS PENSIONISTAS (680/000329).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa la Ministra de Sanidad y Consumo establecer el copago de las recetas de los pensionistas.
Tiene la palabra el Senador Arnau Navarro.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Pasamos a otra materia. Señora Ministra de Sanidad, señora Villalobos, hace unos días usted se mostró partidaria del copago de las recetas farmacéuticas, de los medicamentos, en función de la renta, lo que obligaría a los pensionistas, actualmente excluidos, a pagar sus propios medicamentos. Medios de comunicación sin excepción, partidos políticos, federaciones de pensionistas y organizaciones de consumidores calificaron la propuesta de inoportuna, imprudente, creadora de alarma social innecesaria e incluso se dijo que era el último desliz de Celia.
Ante el revuelo organizado usted se vio obligada a rectificar después de ser desautorizada por el propio Gobierno. Hoy el Grupo Parlamentario Socialista le da la oportunidad de aclararse y de aclarar en sede parlamentaria si usted está pensando en establecer el copago de las recetas de los pensionistas.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
Muchísimas gracias, Paco, por darme la oportunidad de poder expresarme, cosa que no necesito pues lo he hecho públicamente: ni el Gobierno ha planteado el copago a pensionistas ni la señora Ministra de Sanidad ha sido rectificada por ningún compañero de Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Arnau Navarro.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que nos conocemos desde hace tiempo y yo ahora me sentiría tentado de citar alguna interpelación en la que Celia, como Diputada del Grupo de Coalición Popular, planteaba la necesidad de confianza de los ciudadanos en el sistema sanitario.
Señora Ministra, el copago es un tema sensible, delicado y complejo en el que no cabe la improvisación, como usted sabe perfectamente. Si existe un problema, abórdelo, pero hay que hacerlo con seriedad, aportando datos y contemplando todo el abanico de posibilidades.
Usted ha negado ahora otra vez lo que la semana pasada dijo, pero creo que hace un año usted aludió a la famosa parábola del parado y del pensionista, y vino a decir: no es justo que un parado con 80.000 pesetas de prestación tenga que

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pagar el 40 por ciento de los medicamentos, mientras que un pensionista con 250.000 pesetas tenga los medicamentos gratis. (La señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero, hace signos negativos.) Esto apareció en los medios de comunicación, es a lo único a lo que yo me refiero, porque yo no le oí exactamente a usted pronunciar estas palabras; pero apareció en todos los medios de comunicación y ha vuelto a ser recordado. Yo le pregunto en este momento, señora Ministra: ¿esto ha dejado de ser justo ahora? En un problema que es grave y en el que los ciudadanos han demostrado una sensatez que a veces no está acompañada por sus propios dirigentes por cuanto que han dicho que es necesario controlar el gasto farmacéutico, es preciso contemplar un montón de posibilidades. Por ejemplo, en la parábola del parado y del pensionista, ¿ha pensado usted en que tanto el parado como el pensionista tuvieran gratuitas las medicinas? ¿Ha pensado en eso? ¿Ha pensado en dedicar el superávit de la Seguridad Social, que actualmente se dedica a cubrir el déficit del presupuesto del Estado, a aumentar las prestaciones de la Seguridad Social? ¿Cree usted que haciendo pagar a los pensionistas que cobran 250.000 pesetas, que son mínimos, conseguiría un ahorro en el gasto farmacéutico? ¿Piensa usted --yo estoy seguro de que sí-- que las multinacionales tienen algo que ver? Piense, por ejemplo, en la decisión del Gobierno de Sudáfrica, importante decisión que, además, ha estado apoyada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud.
Pero, señora Ministra de Sanidad --Celia, si me permite, en cuanto que usted se ha referido también a mi nombre--, usted está siendo últimamente un riesgo y entra en la contradicción en cuanto que, por un lado, tiene la competencia o la responsabilidad de evitar el riesgo de la enfermedad, de cuidar la salud de los españoles --usted se proclamó defensora de los derechos de los enfermos--, pero con sus declaraciones --una vez sobre mataderos clandestinos, otra vez sobre recetas culinarias, sus famosos calditos, y esta vez con sus recetas farmacéuticas-- la Ministra de Sanidad-- se está convirtiendo en un riesgo por sí misma. Evítelo, tráiganos los datos en los que usted está pensando sobre la forma de reducir el gasto farmacéutico, y ahora --veo que ya no me queda tiempo--, en el tiempo que tiene usted para responderme, por favor, señora Ministra de Sanidad, no cometa el desliz de referirse a otros Gobiernos. Se equivocaría...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
Señor Arnau, le he llamado Paco porque usted antes se ha referido a mí como Celia, y como entiendo que quiere usted mantener una buena relación personal yo estoy encantada, pero soy señora Ministra del Gobierno de España y usted señor Senador.
En cualquier caso, en los temas relacionados con la sanidad hay que tener un mínimo nivel de reflexión previa a la hora de hablar (El señor Arnau Navarro: ¡Exacto!), y usted tiende, como el resto de sus compañeros, a abusar excesivamente de la demagogia.
Al final, yo no sé muy bien qué es lo que piensa usted realmente; sé lo que han hecho, pero ustedes tienen la manía de que no hablemos del pasado y eso hace que parezca que renuncian al mismo. (El señor Arnau Navarro: ¡Tú eres la Ministra de Sanidad ahora!) ¿Acaso el señor Rodríguez, Secretario General de su partido, ha dado una orden en el sentido de que no ha existido el Gobierno Socialista? (Los señores Arnau Navarro y Laborda Martín pronuncian palabras que no se perciben.) Es cierto que no fue demasiado bueno, pero es posible que algunas cosas positivas sí tuvieran. ¡Defiéndalas! Nosotros tenemos, necesariamente, que referirnos al pasado porque, por ejemplo, el gasto farmacéutico es un problema de siempre en el sistema sanitario público. (El señor Arnau Navarro: Esa no es la cuestión.) Durante el Gobierno del Partido Socialista, el crecimiento en el gasto farmacéutico fue del 384 por ciento, con un crecimiento acumulativo del 12,9 por ciento. (El señor Arnau Navarro: Y ahora, ¿cuánto es?) ¿A quién estaban haciendo ustedes ese favor? ¿A los pacientes o a las multinacionales? (Los señores Arnau Navarro y Laborda Martín: ¡Ahora, ahora!) ¿Qué medidas adoptó el Gobierno? ¡Un medicamentazo! Esa fue la medida del Gobierno socialista. (El señor Laborda Martín: ¡A la cuestión, señora Ministra, a la cuestión!) Hay que adoptar medidas serias y estructurales relativas al gasto farmacéutico (El señor Laborda Martín: ¡Ya lo sabemos!) y eso es lo que estamos haciendo. (El señor Arnau Navarro: ¡A ver!--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular pronuncian palabras que no se perciben.) Eso es lo que estamos haciendo en cumplimiento... (Rumores.) Parece que les molesta mucho que se les recuerde qué es lo que hicieron. (Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) A lo largo de esta legislatura, tenemos que elaborar un documento sobre la sostenibilidad del sistema sanitario en lo que concierne al medicamento y no lo estamos haciendo solamente en cumplimiento de una moción del Congreso de los Diputados. Estamos trabajando con la industria, con la distribución, con las oficinas de farmacia y con los prescriptores para llegar a soluciones estructurales en el sistema del gasto farmacéutico y, entre ellas, no se encuentra el copago de los pensionistas. Usted puede hacer la demagogia que quiera, pero no está previsto el copago de los pensionistas, ni ahora ni antes.
¿Qué es lo que piensa el Partido Socialista sobre esta cuestión? (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Al grano!) Usted hace referencia a titulares de prensa, por lo que permítame que yo también lo haga y le señale que el 23 de abril apareció publicado que la Ejecutiva Federal del PSOE había aprobado una iniciativa presentada por la Secretaria de Política Social e Inmigración, doña Consuelo Rumí, en la que se apuesta por estudiar las necesidades sanitarias de la sociedad española y, a partir de ahí, establecer límites a la financiación de medicamentos y prestaciones que actualmente cuentan con cobertura pública. (El señor Arnau Navarro: Eso es responsabilidad, no lo tuyo.) Eso es lo que dice la señora Rumí y plantea la

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necesidad de quitar prestaciones que ella considera de confort.
(Rumores.) Por cierto, el gasto farmacéutico creció un 7 por ciento en el año 2000; en este momento, está creciendo al 5 por ciento y cuando ustedes gobernaban lo hacía al 13 por ciento ¡para que vea cómo defendemos a las multinacionales en el Partido Popular! Estoy convencida de que esta noticia no recoge exactamente los criterios de la señora Rumí --que serán mucho más amplios--, y espero que cuando se debata ese documento final en el Congreso de los Diputados, tanto la señora Rumí como el Partido Socialista, de verdad, se comprometan con medidas serias como las que está planteando el Partido Popular.
Esa es la realidad, le guste o no. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JESUS DE LA FUENTE SAMPRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE EL INSTITUTO NACIONAL DE LA SALUD (INSALUD) HA TOMADO COMO CONSECUENCIA DEL INCENDIO PRODUCIDO EL 28 DE MARZO EN EL HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE SONSOLES DE AVILA (680/000330).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Jesús de la Fuente Samprón, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que el Instituto Nacional de la Salud (Insalud) ha tomado como consecuencia del incendio producido el 28 de marzo en el hospital Nuestra Señora de Sonsoles de Avila.
Tiene la palabra el señor De la Fuente Samprón.


El señor DE LA FUENTE SAMPRON: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, buenos días a todos.
Señora Ministra espero que no se salga del marco de mi provincia para contestar a una pregunta de suma actualidad en la misma; de suma actualidad porque es un problema de vital importancia.
Señora Ministra, los días 10 y 11 de este mes, martes y miércoles, han aparecido dos noticias en el diario provincial, el único diario, de primera línea. La primera de ellas dice: El Insalud reconoce que el Hospital no cumple la normativa contra incendios. La segunda dice: El Ayuntamiento paraliza las obras de reforma del Hospital Provincial del Insalud.
Tras varias desgracias --afortunadamente, no personales, aunque sí de estructura--, tras caerse dos veces el techo de escayola realizado en la reforma de la tercera fase y tras un incendio, que, afortunadamente, no ha tenido mayores consecuencias, los abulenses me demandan pedirle a usted soluciones como Ministra del sector. Y le agradecería que nos diera una respuesta sobre la reanudación de la obra, que ha de acometerse de forma urgente y rápida, al tiempo que también se refiera a la fecha aproximada de finalización de la misma.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
No me tengo que salir del marco de la provincia para decirle que el Insalud ya ha mantenido una reunión previa con el Ayuntamiento, como usted sabe, se han resuelto los problemas y a lo largo de esta semana se iniciarán las obras.
Respecto a ese incendio al que usted se refiere, como sabe, no tuvieron ni siquiera que intervenir los bomberos.
Asimismo, lo que precisamente intenta resolver la tercera fase de la obra de ese Hospital es el problema de la sala donde están ubicados los historiales clínicos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador de la Fuente Samprón.


El señor DE LA FUENTE SAMPRON: Muchas gracias, señora Presidenta.
La atención sanitaria en Avila en este sentido, señora Ministra --se lo digo como primera autoridad sanitaria, como le gusta a usted que le llamen-- deja mucho que desear. La gestión de la remodelación de la tercera fase del hospital Nuestra Señora de Sonsoles, que está ejecutando el Insalud, se está convirtiendo en un enorme cúmulo de despropósitos.
El primero es el relativo a que en el año 1995 existía un anteproyecto que el Gobierno del Partido Popular modificó y, lamentablemente, parece ser que modificó mal, porque no tuvo en cuenta, como se puede comprobar, las más elementales normas de seguridad para un edificio hospitalario.
El segundo es que hay un retraso injustificable en la finalización de las obras. Gracias por decirme que rápidamente se van a reanudar, en el plazo más o menos de una semana, pero también me gustaría saber, señora Ministra --y los abulenses esperan su respuesta--, cuándo aproximadamente se puede finalizar esta interminable obra.
El tercer punto es que ha aumentado considerablemente, yo creo que de forma injustificada, el coste de dichas obras.
En cuarto lugar, respecto al plan de obras, hay un incumplimiento de las normas en materia de seguridad y contra incendios, como ha quedado demostrado.
El quinto es que el cambio de cinco gerentes del hospital en cinco años demuestra la falta de interés por desarrollar este único proyecto a ejecutar en el período. Los gerentes del hospital están descontrolados, el Director Provincial está descontrolado y los responsables del Insalud, a propuesta del Alcalde, Senador en esta Cámara, no dan soluciones inmediatas. Me alegro de que se hayan reunido. No obstante, creíamos que lo iban a hacer con mayor urgencia porque el caso lo merece, un caso de suma importancia para los abulenses.
Asimismo, a todo ello debemos añadir el espectáculo dado por el Insalud y el Ayuntamiento de Avila, por un

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lado, en relación con la licencia municipal de obras que el Ayuntamiento no concede, al tiempo que hace la vista gorda para que la obra siga adelante y, por otro lado, por las contradicciones del Ayuntamiento sobre las medidas de seguridad y contra incendios, terminando por rendirse ante la evidencia y decretando la paralización de las obras.
Rogaría que hubiese una mayor coordinación en su Ministerio, señora Ministra, porque en Avila ha quedado demostrado que la coordinación es inexistente, es un auténtico caos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador de la Fuente. (El señor Díaz de Mera y García Consuegra pide la palabra.) Le daré la palabra por alusiones, señoría, pero en primer lugar se la voy a dar a la señora Ministra.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Compruebo que la pregunta no le preocupa en absoluto. ¡Podía haberla hecho de otra forma! Usted pregunta sobre las medidas tomadas como consecuencia del incendio, y habla de las obras. Bien, no hay ningún problema, pero quiero que eso se sepa claramente.
En primer lugar, ese hospital forma parte de la tercera reforma del Plan Director, como usted sabe; la primera fue en el año 1989, la segunda en el año 1992, e inexplicablemente en ninguna de las dos obras estaba planteada la reforma del sótano donde estaba ubicado el espacio dedicado a los historiales clínicos, cuando era el único foco peligroso desde el punto de vista de la seguridad que tenía ese hospital, habida cuenta de que éste se construyó en el año 1977 y las normas han cambiado significativamente. En la tercera fase es cuando nos ponemos a resolver el problema más grave que tiene ese hospital, que es la situación del sótano-historiales clínicos. El proyecto del año 1995 no servía, de acuerdo con la norma de 1996 --porque las normas son de 1996--, de modo que necesariamente había que adaptar el proyecto a esa nueva realidad.
El ayuntamiento --he sido alcaldesa cinco años-- hace su trabajo y el Insalud hace el suyo, y no es de extrañar que haya una forma diferente de ver un mismo problema. Lo que sí hay es una voluntad de negociar y de resolver la situación, que es en lo que estamos, para que esas obras se inicien rápidamente. Le puedo garantizar que ésa ha sido la relación del Insalud ahora y antes con el Ayuntamiento de Avila para resolver un problema. En eso es en lo que estamos, y no busque usted más porque no hay más. Aquí nadie está descontrolado; cada uno hace su papel y hace su trabajo.
Si resulta que usted hace una pregunta y se ha resuelto ya, ¡qué le vamos a hacer! La vida es así. Esto pasa muchas veces, señor Senador.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Senador Díaz de Mera, le voy a leer el artículo 88 para que luego no haya problema: «Las alusiones sólo autorizarán para que el Senador a quien se refieran, a juicio de la Presidenta, pueda contestar a las manifestaciones que sobre su persona o sobre sus actos se hayan hecho durante la discusión, pero sin entrar nunca en el fondo de la cuestión debatida, ni usar la palabra por tiempo superior a cinco minutos.» Tiene la palabra el Senador Díaz de Mera por alusiones.


El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias, señora Presidenta. Le iba a invocar los artículos 90 y 88.
En realidad, he sido aludido y de lo que se trata es de que la alusión trae causa de la intervención del señor De la Fuente, quien se atribuye de una manera muy generosa, y en consecuencia muy injustificada, la representación del pueblo de Avila, cuando en puridad solamente tiene un tercio de esa representación, mientras que quien le habla dispone del 75 por ciento de la voluntad popular de los abulenses.
El señor De la Fuente no tiene información, se ha aproximado a este problema para la ocasión, pero en puridad desconoce el fondo y la forma de ese asunto. Tanto es así que sería incapaz de reproducir lo que con tanta torpeza ha leído.
Quiero decirle, señor De la Fuente, que se trata de hacer cumplir...


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene que responder a las alusiones que se han hecho a su persona.


El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Señora Presidenta, han sido alusiones que podemos tomar como ofensivas porque no tienen nada que ver con la realidad. En consecuencia, trato de defenderme de estas injustificadas alusiones que tienen escaso o nulo reflejo con la realidad de los hechos. Lo que digo es que el señor De la Fuente está improvisando un discurso con un desconocimiento absoluto de la realidad de lo que ocurre allí. Allí se trata de hacer cumplir...


La señora PRESIDENTA: Senador, es que el Reglamento precisa que su señoría no puede entrar en el fondo del asunto. Este es un turno de preguntas al Gobierno. Su señoría tiene derecho, de acuerdo con el Reglamento, a responder a las alusiones personales que han hecho a su señoría como Alcalde de Avila y, por lo tanto, debe limitarse, y se lo suplico, a lo que se ha referido a la labor del Ayuntamiento, a la labor de su señoría como Alcalde.


El señor DIAZ DE MERA Y GARCIA CONSUEGRA: Muchas gracias, señora Presidenta. No tiene que suplicarme nada, porque con sumo gusto me voy a sujetar al Reglamento.
El señor De la Fuente desconoce absolutamente las actuaciones del Ayuntamiento de Avila. El Ayuntamiento de Avila en su magnífica relación con el Insalud y con la Ministra titular quiere que se cumplan las CPI 96 y la tercera

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fase de las obras del hospital que mejorará las condiciones de seguridad del mismo. Por tanto, lo que ha dicho el señor De la Fuente es una improvisación absoluta para obtener un titular en los medios de comunicación, pero desconoce absolutamente lo que ocurre con las medidas de seguridad del Hospital Provincial del Insalud.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría. (El señor De la Fuente Samprón pide la palabra.) Señoría, lo que está clarísimo es que en el turno de preguntas su señoría tiene un primer turno y un turno de réplica, pero no tiene --ya lo había preguntado al principio-- derecho ni siquiera a usar el artículo 87, según me ha informado el Letrado, ya que se lo he preguntado porque suponía que si daba la palabra al Senador Díaz de Mera su señoría iba a pedir otro turno. De acuerdo con el Reglamento no le corresponde a su señoría otro turno.


--DE DON PEDRO FELICIANO SABANDO SUAREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE MODIFICAR EL ACCESO DE PACIENTES AL SERVICIO DE URGENCIA DEL HOSPITAL DE LA PRINCESA DE MADRID (680/000331).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Pedro Feliciano Sabando Suárez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de modificar el acceso de pacientes al servicio de urgencia del hospital de la Princesa de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Sabando Suárez.


El señor SABANDO SUAREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por leída la pregunta en los términos que su señoría ha expresado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sabando.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas, gracias, señora Presidenta.
Señor Sabando, como sabe, el hospital de La Princesa tiene una serie de condicionantes importantes derivados del espacio donde está ubicado, que es el centro histórico de la ciudad de Madrid y, por lo tanto, la resolución de los problemas se complica un poco más. En este sentido ha ocurrido igual con la entrada de urgencias. Lo que está previsto es una obra para resolver el problema de los ascensores, pero les debo confesar que el problema de la entrada de urgencias es difícil de resolver.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Sabando.
El señor SABANDO SUAREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, hoy vamos de lo general a lo particular. Lo particular también tiene interés, señoría. Tiene mucho interés porque a bien por la falta de interés o bien por el desencuentro entre el Insalud y el Ayuntamiento de Madrid se produce una penosa situación en torno al servicio de urgencias del hospital de La Princesa que afecta todos los días a unas 520 personas.
En el año 1996 la puerta se trasladó a la calle Maldonado, que, como usted conoce, es una calle colapsada, permanentemente colapsada. El Ayuntamiento opta por no cortar la circulación de esa calle, el hospital lo solicita a través de la dirección, las centrales sindicales protestan y los médicos expresan su voluntad, pero parece que se hacen oídos sordos.
Señora Ministra, a ese servicio de urgencias llega cada día una media de 275 personas, de las cuales solamente ingresa un 10 por ciento, de manera que el tráfico de personas que entran y salen del servicio de urgencias está en torno a 530 personas que llegan a una calle colapsada donde acuden las ambulancias y se deposita a los enfermos sobre la acera, en medio de la calle o les ayudan a caminar. Unos enfermos llegan en camilla, otros en silla de ruedas, otros medio vestidos, otros medio desnudos. Si la climatología es benévola y no llueve, el acceso se hace en mejores condiciones; si llueve, hay tormenta o hay una mala situación, el acceso de los pacientes al servicio de urgencia es patético, pero no sólo de entrada, sino también de salida porque se repite la misma situación. Los pacientes semidesnudos buscan inciertos y angustiados una ambulancia que les devuelva a su casa. En esa situación se encuentran, señora Ministra, unas 15.000 personas de Madrid, del área 2, una situación que yo entiendo como vejatoria y que no respeta el derecho a la intimidad de los pacientes, que se lo merecen.
Los primeros agredidos por esta situación son los pacientes. En segundo lugar, los médicos de un servicio de urgencias, que sienten perplejidad; son buenos médicos, trabajan ardorosamente, pero sienten perplejidad ante esta situación. Y, en tercer lugar, señora Ministra, los vecinos de esta calle que una vez tras otra expresan su desconcierto, su malestar, su desajuste, su perplejidad por esta situación de dejación que ya va para cinco años.
Señora Ministra, por favor, solucione este problema, para lo cual hay distintas posibilidades, con lo cual salvaremos la intimidad de los pacientes, su «confort», los médicos recuperarán la tranquilidad en el servicio de urgencias y los vecinos de la calle Maldonado le agradecerán a usted la gestión, porque en este momento, señora Ministra, no sé si es falta de interés o desencuentro, pero la situación es lamentable.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sabando.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


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La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Sabando, ni desinterés ni desencuentro, se lo puedo garantizar. A mí me preocupa como a todos la situación del hospital de La Princesa por su ubicación. Es un hospital viejo en el centro de Madrid en el que a petición de los propios médicos --y usted conoce muy bien el hospital de La Princesa--, se habilitó una entrada diferente para urgencias debido a la distancia que había desde la entrada por la rampa de Diego de León a donde estaban situadas las urgencias, pues los médicos protestaban, razonablemente, porque los enfermos graves tardaban mucho tiempo en llegar a las salas adecuadas.
En mayo de 1995 se inician estas obras de adecuación de las urgencias en el hospital de La Princesa, con un presupuesto de 456 millones de pesetas. Hay una segunda fase en junio de 1998 con un presupuesto de 6.800.000 pesetas más un millón de pesetas, cuyo resultado final es un servicio de urgencias con un alto grado de satisfacción de los pacientes.
Estoy absolutamente de acuerdo con usted en la capacidad técnica y profesional del personal sanitario, no solamente médico, que atiende el servicio de urgencias del hospital de La Princesa, ya que el índice de satisfacción es altísimo.
Nosotros pretendemos resolver esta situación y, de hecho, estamos hablando con el Ayuntamiento de Madrid para solucionar el problema de la calle Maldonado, porque no hay posibilidades de una rampa por donde puedan entrar las ambulancias dentro del edificio o de un patio, como existe en los hospitales más modernos, porque no hay espacio físico ni el ordenamiento urbanístico del centro lo permite. Por lo tanto, la solución va en la línea que usted plantea de que esa calle tenga un tratamiento diferente por parte de los responsables de tráfico del Ayuntamiento de Madrid. En ese sentido estamos trabajando, y estoy convencida de que la sensibilidad del Ayuntamiento de Madrid hará posible una solución adecuada para los pacientes, y también para los ciudadanos que viven, pasean y trabajan en esa zona.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA JOSE SOLANA BARRAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA FOMENTAR LA MOVILIDAD DEL PROFESORADO (680/000327).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de la excelentísima señora doña María José Solana Barras, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que el Gobierno piensa adoptar para fomentar la movilidad del profesorado.
Tiene la palabra la Senadora Solana Barras.


La señora SOLANA BARRAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, para el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es un objetivo prioritario que el sistema universitario gane en calidad, se integre plenamente en el espacio europeo internacional, y alcance los objetivos docentes e investigadores que le son propios. La Ley de Reforma Universitaria recortó las posibilidades de movilidad del profesorado, y no debemos olvidar que éste constituye el principal activo de la universidad, con lo que la institución universitaria ha visto mermada una de sus principales características, que es precisamente la universalidad, primando una visión localista y endogámica muy diferente a los objetivos que deben presidir esta importante institución.
Señora Ministra, partiendo del respeto a la autonomía universitaria, propiciar la movilidad de estudiantes y profesores dentro del sistema universitario español y europeo es un elemento vertebrador y homogeneizador que enriquece a la universidad permitiendo que los mejores profesores formen a los estudiantes, que con el tiempo asumirán su responsabilidades en nuestra sociedad. Por todo ello, señora Ministra, y de igual forma que el Gobierno a través de diferentes medidas ha apostado por la movilidad del alumnado, quisiera saber qué medidas va a desarrollar su Ministerio para fomentar la movilidad del profesorado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, señoría, el pasado 19 de abril hubo una reunión plenaria del Consejo de Universidades en la que, como uno de los puntos del orden del día, se incluía un informe de la Ministra sobre las líneas maestras del borrador del proyecto de ley de universidades que está elaborando el Gobierno. Obviamente, dicho borrador es el resultado de las reflexiones propias del Ministerio y de una recopilación de las opiniones existentes en diversos sectores de la comunidad universitaria.
La movilidad del profesorado universitario constituye un instrumento fundamental para un objetivo de calidad en nuestro sistema universitario.
Las líneas que expliqué ante el Consejo en el informe presentado están incluidas en el borrador que será enviado en breve a los miembros del Consejo de Universidades para que puedan discutirlo en Comisión y en Pleno antes de abordar tanto su envío al Consejo de Estado como a la aprobación por el Consejo de Ministros y, por tanto, su envío definitivo al Parlamento.
Para lograr la movilidad de los profesores está, en primer lugar, el acceso a la carrera docente. En dicho acceso se establecen dos nuevas figuras de profesores no funcionarios. Primero, el ayudante doctor, que podrá ser contratado por una universidad por un máximo de cuatro años, y para serlo no podrá haber estado vinculado en los dos últimos a ese centro universitario ni contractual ni estatutariamente. También se establece una nueva figura, que es la

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del profesor contratado doctor, el cual debe acreditar dos años de actividad posdoctoral docente e investigadora y haber recibido una evaluación docente positiva. Además, se flexibiliza la figura del ayudante no doctor, ya que podrá permanecer el doble de años en esta categoría. Los objetivos que persiguen estas figuras son mejorar la formación del profesorado, aumentar la competitividad del sistema y fomentar la movilidad al evitar que un profesor desarrolle toda su carrera académica en una misma universidad: la de procedencia.
Por lo que se refiere al acceso a los Cuerpos de funcionarios docentes, el borrador configura un sistema de selección más abierto y más competitivo. A diferencia de lo que ocurre ahora, la Comisión evaluadora estaba compuesta por siete miembros, que serán designados por sorteo entre los pertenecientes a los distintos Cuerpos docentes. Una vez superada esta prueba, los candidatos que la pasen quedarán habilitados para participar en los mecanismos de acceso que establezcan las distintas universidades, con el objetivo de cubrir las plazas de los Cuerpos docentes que ellas mismas hubieran programado. Pero, además, quienes ya pertenecen a los Cuerpos docentes podrán participar también en esos concursos de acceso a las plazas que ofrecen las universidades, de manera que los profesores que podrán concurrir a esas plazas serán los recién habilitados más todos los demás. Con esto creemos que se va a a facilitar también la movilidad del profesorado universitario.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON ADOLFO ABEJON ORTEGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS DEL GOBIERNO PARA POTENCIAR LA FORMACION PROFESIONAL REGLADA CONTEMPLADA EN LA LEY DE ORDENACION GENERAL DEL SISTEMA EDUCATIVO (LOGSE) (680/000328).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Adolfo Abejón Ortega, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas del Gobierno para potenciar la Formación Profesional Reglada contemplada en la Ley de Ordinación General del Sistema Educativo (LOGSE).
Tiene la palabra el Senador Abejón Ortega.


El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señora Presidenta, señora Ministra de Educación y Cultura.
Una buena Formación Profesional es sin lugar a dudas la pieza clave para el empleo de los jóvenes y de las personas que no encuentran trabajo, y ofrece todo un mundo de posibilidades dentro del campo de la inserción laboral. A través de estas enseñanzas hemos de buscar, primero y lógicamente, un lugar en el que las personas en edad de trabajar tengan una auténtica igualdad de oportunidades.
En segundo lugar, la Formación Profesional es una estrategia de futuro a medio y largo plazo en la nueva sociedad del conocimiento, siempre que se logre una auténtica verdad en el sistema único integrado de todas las formaciones profesionales que hoy demandan trabajo.
Mucho ha hecho el Gobierno en materia de Formación Profesional, sin embargo, todavía queda mucho camino por recorrer porque el punto de partida estaba muy lejos. En el período 1993-1996 fueron elaborados 135 títulos de la Formación Profesional Reglada, 64 de grado medio y 71 de grado superior. Por su parte, el Ministerio de Trabajo, en el período 1995-1998, ha elaborado 134 certificados de profesionalidad. El nuevo programa de Formación Profesional, que vio la luz en 1998, fruto del consenso y de un Consejo General de Formación Profesional enriquecido con anterioridad, dio lugar a lo que hoy tenemos, que son 269 nuevos títulos y certificados que, lógicamente, constituyen el embrión de lo que deben ser en el futuro estas enseñanzas y que es la base para incrementar la productividad de las empresas y que la Formación Profesional alcance las cotas de prestigio y consideración social que la sociedad de este nuevo milenio demanda.
Para ello, uno de los retos de nuestro futuro es equilibrar los porcentajes de alumnos que acuden a la Formación Profesional y a la universidad y consolidar esas enseñanzas como alternativa a ésta. Sabemos que en España estas cifras están aún lejos de la Unión Europea. Baste citar Alemania, con un 80 por ciento de alumnos que terminan la secundaria en Formación Profesional, y en esa misma línea están Suecia, Dinamarca y Noruega. Los países próximos al nuestro tienen los siguientes porcentajes: Francia, 50 por ciento; Italia, 50 por ciento, e Inglaterra en ese mismo porcentaje.
En cualquier caso, señora Ministra, el auténtico reto --no nos engañemos-- está en romper la inercia de la sociedad española en general y de los docentes en particular. No es tarea fácil.
Padres y profesores orientan, en general, a los alumnos hacia la universidad, y aunque ha mejorado últimamente y estamos en el buen camino, debemos insistir. Puede que el nuevo milenio sea solamente un cambio simbólico de fecha, pero espero, para bien de nuestra sociedad y de nuestros jóvenes, que la Formación Profesional que a usted en estos momentos le toca dirigir con la colaboración de los agentes sociales, empresariales, educativos y la sociedad en general, pueda lograr una luz en la pantalla de nuestro sistema educativo. Usted tiene virtudes, prudencia, talento, y espero su éxito. Por eso le hago la pregunta que usted ya conoce.
Muchas gracias, señora Ministra.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Abejón.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.


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Muchas gracias, señoría, por esos adjetivos con seguridad tan inmerecidos hacia mi persona.
Señoría, creo que, en efecto, la Formación Profesional en nuestro país hace mucho tiempo que requiere ser abordada con ambición, con un proyecto en el que realmente participen y concurran tanto las fuerzas parlamentarias como los agentes sociales y las autoridades educativas, es decir, la comunidad educativa. Los países que tienen un buen sistema de Formación Profesional no sólo para la adolescencia y la juventud --la Formación Profesional Reglada--, sino además para aquellas personas que se quedan en paro --Formación Profesional Ocupacional-- y tienen que adquirir nuevas destrezas, conocimientos y habilidades, y para aquellas personas que teniendo trabajo tienen que reciclar sus conocimientos --Formación Profesional continua--, tienen unas posibilidades, desde el punto de vista de desarrollo social, económico y, por tanto, de acceso al empleo y de lucha contra el paro, extraordinariamente más altas.
La Formación Profesional es un reto de todos, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte así lo entiende por lo que, en el marco general de las reformas del sistema educativo, está elaborando, junto con el otro Ministerio afectado más directamente, el de Trabajo y Asuntos Sociales, un borrador de proyecto de ley sobre formación profesional. En este momento, ese texto está siendo estudiado por los miembros que componen el Consejo General de la Formación Profesional, por su Comisión Permanente. Próximamente habrá una reunión de la Comisión y más adelante del Pleno para desarrollar, igual que en el proyecto de universidades, todo el proceso previo de debate antes de que el proyecto de ley llegue a las Cámaras.
¿Cuáles son los objetivos de ese proyecto de Formación Profesional? Muy sintéticamente, porque no hay tiempo, le diré que son los siguientes: la creación de un sistema nacional de cualificaciones; la profesionalización de la inserción en el mundo laboral a través de las prácticas en las empresas; la acreditación de las cualificaciones profesionales y su adecuación al mercado laboral y al ajuste de la oferta y de la demanda de trabajo; la orientación y actualización de las ofertas normativas, y la movilidad entre los mercados laborales de ámbito autonómico, nacional y europeo, avanzando en el sistema de homologación de formación profesional y, sobre todo, de las cualificaciones, de tal manera que dicha movilidad sea lo más fluida posible en todos los ámbitos, incluido el europeo.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


--DE DON CLEMENTE SANZ BLANCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE PARA EL INICIO DE LAS OBRAS DE LA PRESA DE VALSECO, DESTINADA AL ABASTECIMIENTO DE AGUA A LA LOCALIDAD DE CEREZO DE ABAJO (SEGOVIA) (680/000324).
La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Clemente Sanz Blanco, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Medio Ambiente para el inicio de las obras de la presa de Valseco, destinada al abastecimiento de agua a la localidad de Cerezo de Abajo.
Tiene la palabra el Senador Sanz Blanco.


El señor SANZ BLANCO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Medio Ambiente, la localidad de Cerezo de Abajo está sufriendo desde hace varios años restricciones en el abastecimiento de agua, con graves problemas para sus habitantes y para el desarrollo del pueblo, que tiene una gran oferta turística, con múltiples plazas hoteleras, y en ocasiones estas restricciones impiden que dicho desarrollo pueda llevarse a cabo.
Por otra parte, dadas las buenas y excelentes relaciones de coordinación entre la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León y el Ministerio de Medio Ambiente, se ha llegado a una serie de acuerdos donde se han repartido las diferentes responsabilidades.
El compromiso por parte de la Junta de Castilla y León es la realización de las obras referentes a la potabilizadora del agua procedente de la próxima presa y su conducción desde la misma hasta el nuevo depósito de agua para abastecer a Cerezo de Abajo, obras que en estos momentos están en un proceso muy avanzado de construcción, yo diría que casi en un proceso de terminación, para prevenir y prever la solución a los problemas de Cerezo de Abajo. Por otra parte, el compromiso del Ministerio de Medio Ambiente, según esos acuerdos, es la realización de esta infraestructura, con un monte económico pequeño pero de repercusiones muy importantes para esta localidad y sus alrededores.
Quiero advertirle, señor Ministro, que no hay otras alternativas razonables posibles para el abastecimiento de agua a Cerezo

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de Abajo si no es a través de la construcción de esta pequeña presa. A mí me gustaría que en este trámite parlamentario de control, dado su buen hacer, ya comprobado, como Ministro de Medio Ambiente, surja un compromiso serio de iniciación de la construcción de las obras de esta presa para, de una vez por todas, resolver el problema de abastecimiento de agua a Cerezo de Abajo que, en ocasiones, ha llevado a sus habitantes a una situación desesperada, yo diría que angustiosa y de perplejidad de tener que verse abastecidos en los meses de julio, agosto y septiembre a través de cisternas de agua, lo que les pone en una situación de discriminación con el resto de los ciudadanos españoles, dado que se trata de un servicio mínimo imprescindible para la salud pública.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sanz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en efecto, el proyecto de construcción de la presa de Valseco para el abastecimiento de agua a Cerezo de Abajo, en la provincia de Segovia, forma parte de las actuaciones que hemos acordado conjuntamente con la Junta de Castilla y León.
Como su señoría conoce, hemos suscrito un convenio marco de colaboración entre el Ministerio y la Junta para dotar de infraestructura hidráulica a las comarcas de esta Comunidad que presentan graves problemas de abastecimiento de agua, sobre todo en situaciones de sequía, como ya ocurrió desgraciadamente en octubre de 1997. En este convenio se establecía la fórmula general de colaboración, centrándose la participación del Ministerio en la generación de recursos hidráulicos disponibles mediante la regulación y el transporte. En el programa de actuaciones se estableció la infraestructura necesaria a construir por cada una de las partes, y el Ministerio se comprometió a ejecutar la presa de Valseco.
Pues bien, quiero responder a la pregunta de su señoría en la que nos exige ese compromiso diciendo que el proyecto se encuentra hoy aprobado, y que su licitación está prevista próximamente. Una vez concluido este trámite, la previsión es que las obras puedan iniciarse en el cuarto trimestre de este año 2001. El presupuesto de ejecución de la obra es de 150 millones de pesetas y regulará 60.000 metros cúbicos, para lo que los Presupuestos Generales del Estado prevén ya la correspondiente dotación económica para este ejercicio 2001 y el compromiso de una previsión similar para el año 2002.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


INTERPELACIONES:

--DE D. FRANCISCO BELLA GALAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA AUSENCIA DE UNA POLITICA DIRIGIDA A CUMPLIR EL PROTOCOLO DE KIOTO (JAPON) SOBRE LIMITACION DE EMISIONES DE GASES QUE PRODUCEN EL EFECTO INVERNADERO (670/000062).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al segundo punto del orden del día. Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Francisco Bella Galán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la ausencia de una política dirigida a cumplir el Protocolo de Kioto sobre la limitación de emisiones de gases que producen el efecto invernadero.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador interpelante, señor Bella.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, el objeto de esta interpelación no es sino preguntar al Gobierno sobre aquellas cuestiones relativas a las medidas adoptadas para paliar los efectos producidos por el cambio climático, así como las medidas que se piensan adoptar en cuanto a temas infraestructurales relativos a aquellos aspectos ya ocasionados y con los que tendremos que convivir. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) El señor Ministro ha afirmado en algún medio de comunicación que lo importante de esta historia es el final, y yo estoy plenamente convencido de que va a ser así. Al mismo tiempo, también le he oído decir que de ser una materia exclusiva de expertos ha pasado a ser una demanda social y, por tanto, es una obligación del Gobierno responder a este reto.
En el marco de esta interpelación me gustaría hacer alusión a algunos datos que hoy por hoy están totalmente confirmados. En el último siglo el mundo se ha calentado aproximadamente 0,6 grados centígrados; en la última década han tenido lugar los seis años más calurosos, siendo el año 1998 el más caluroso del milenio. Se espera un calentamiento global entre 0,9 y 2,6 grados centígrados antes del año 2050 y entre 1,2 y 3,9 grados centígrados antes del año 2080. El nivel del mar ya ha subido entre 10 y 25 centímetros y podría seguir subiendo aproximadamente entre 8 y 88 centímetros en el presente siglo. La tasa de calentamiento, pues, excede la capacidad de adaptación de muchas especies de plantas, animales y ecosistemas, y un caso evidente es el de los corales marinos. El aumento de estas temperaturas, las sequías que provoca, las lluvias torrenciales, los deshielos que como consecuencia se producen, etcétera, elevan el mar con la desaparición de alguna que otra zona costera, pequeñas islas y humedales, con unas pérdidas económicas de aproximadamente 17,5 billones de pesetas; asimismo, en las últimas dos décadas han muerto más de 3 millones de personas debido a catástrofes naturales.
Este es el panorama, matizado además por la convicción de que la principal causante de este recalentamiento es la contaminación industrial, convencidos también de que toda actividad humana tendrá que reorientarse para permitir la adaptación de las especies más vulnerables a este aumento de temperatura y que deberemos ser solidarios con los países más subdesarrollados ya que, aunque el cambio climático afecte a toda la tierra, es en ellos donde sus efectos se van a notar antes y de forma más brutal.
Evidentemente, este problema, que es de carácter mundial, debe tener una respuesta también a nivel mundial. En este sentido, el Convenio marco sobre cambio climático se aprobó en 1992 en Río de Janeiro y fue firmado por 181 países. El Protocolo de Kioto, que desarrolla dicho Convenio, se aprobó en 1997. Y en la VI Conferencia de las partes del Convenio marco, que se celebró en La Haya entre los días 13 y 24 de noviembre de 2000, se intentó, por una parte, aprobar los principios, las reglas y las guías del citado Protocolo y, al mismo tiempo, los mecanismos que harían eficaz el mismo en lo relativo al comercio de emisiones, las iniciativas de aplicación conjunta o las actuaciones de desarrollo limpio. Por otro lado, también se intentó que fuera eficaz el sistema que regule el cumplimiento del Protocolo, que hubiera una transferencia de tecnología y formación a los países en vías de desarrollo, así como abordar de una vez por todas la cuestión de los sumideros.


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Pero nada de eso fue posible en la Cumbre de La Haya, aparte de que se haya puesto en evidencia que hay serios intereses en juego. Así, la industria nuclear pretende incluirse como alternativa; multinacionales del petróleo y de otros combustibles fósiles aspiran a frenar una estrategia mundial contra el cambio climático, y los países productores de combustibles fósiles también lo intentan. Estados Unidos, Japón, Canadá y Australia tratan incluso de agrandar los agujeros y consideran que deben ser los países en vías de desarrollo los que hagan un gran esfuerzo. Rusia y Ucrania pretenden vender el llamado aire caliente a los Estados Unidos y están más interesados en los ingresos que eso les pueda suponer que en evitar las consecuencias del propio cambio climático. Por su parte, los países en vías de desarrollo por lo general rechazan cualquier medida que pueda impedir su progreso.
Si introducimos todas estas cuestiones en una coctelera llegamos a la conclusión, señor Ministro, de que éste no es un problema exclusivamente de expertos, sino mundial, como ya he dicho; que estamos ante el principal problema medioambiental que nuestro planeta, la Tierra, haya tenido nunca.
Como es obvio, España no está fuera de ese circuito. Las repercusiones de este tema en nuestro país son de todos conocidas. Hay una disminución de las precipitaciones de hasta un 10 por ciento de media y de entre un 15 y un 17 por ciento en las cuencas del Guadalquivir y las cuencas del sur.
Hay un aumento de la intensidad propia de las precipitaciones, inviernos más húmedos, una disminución de los días de lluvia, subidas del nivel del mar, de humedales y de zonas costeras, una disminución de la calidad del agua, una disminución de la recarga de los acuíferos, e impactos en la agricultura y en el nivel de generación hidroeléctrica.
La temperatura ya aumentó 1,6 ºC en el último siglo y casi 1 ºC en las décadas de los 80 y los 90. Hay un aumento de los incendios forestales, una mayor aridez y riesgos de erosión. También hay una disminución de los glaciares. El nivel del mar subirá entre 20 centímetros y un metro. Los recursos hídricos superficiales disminuyen como media un 17 por ciento, un 6 por ciento en las cuencas internas catalanas, e incluso podrían disminuir hasta un 43 por ciento en la cuenca del Guadalquivir. Se dice que para el año 2060 no habrá cuencas excedentarias en nuestro país.
Hay un proceso de erosión y de desaparición de playas, con graves repercusiones potenciales en los aspectos turísticos. También se está produciendo una disminución del rendimiento de los cultivos en general --con una sustitución de bosques de hojas perennes por otros más esclerófilos, como los de encinas, coníferas o matorral--, la desaparición de zonas húmedas y la aparición de enfermedades tropicales.
En definitiva, se trata de toda una serie de impactos que afectarán a los recursos hídricos, las áreas costeras, la agricultura y los ecosistemas naturales.
Y precisamente el objeto de esta interpelación es conocer lo que estamos haciendo en nuestro país para combatir los efectos y las consecuencias que pudiera propiciar este cambio climático.
Respecto a los datos, hay unas declaraciones del señor Ministro en las que dice que los índices referidos a 1999 se habían desplazado hacia arriba de una manera importante. El compromiso consistía en que entre los años 2008 y 2012 los límites del aumento de emisiones de carbono a la atmósfera sólo podrían llegar a un 15 por ciento por nuestra parte, cuestión esta que quedó ampliamente superada en 1998 y que se ha duplicado en 1999.
Me da la impresión de que muchos de los planteamientos y compromisos que se han hecho por parte del Gobierno del Partido Popular no se están cumpliendo. El día 30 de diciembre de 1999 se aprobó el Plan de fomento de energías renovables, sirva para este caso. Los resultados han sido hasta ahora muy escasos. Seguimos teniendo el más alto grado de dependencia energética, y no hemos incentivado las inversiones en energías renovables. No se han desarrollado las medidas de acompañamiento del Plan de fomento, no hay actuaciones reales en el fomento de las energías renovables. El calendario respecto de las centrales nucleares no se conoce. Sobre eso hay un mutismo absoluto, con lo cual parece como si este tema no tuviera interés alguno. Son muchos los interrogantes, y me da la impresión de que por parte del Gobierno no se está dispuesto a contestar. Hay quien dice que el Gobierno no se ha tomado en serio este problema. La creación de la Oficina del Cambio Climático es una cuestión banal. En 1992 ya existía una Comisión Nacional sobre el Clima, y en 1998 un Gobierno del Partido Popular montó el Consejo Nacional del Clima. Y en el año 2001 se crea la Oficina Nacional de Cambio Climático, la cual, en declaraciones del propio Ministro, va a servir para reestructurar el Consejo aunque no se sabe si se dará participación a sectores ecologistas, sindicatos, etcétera, o si habrá órganos consultivos que hagan un seguimiento de cuáles son los indicadores que se van a aplicar para medir las consecuencias del cambio climático.
Por otra parte, España no ha ratificado aún el Protocolo. Ahora se dice que se debe a que aún no hay un acuerdo sobre los mecanismos para poderlo implantar ya que estos mecanismos de flexibilidad, también según declaraciones del propio Ministro, podrían servir para hacer alguna que otra transferencia tecnológica limpia y comprar o vender esas emisiones a deducir de la parte de emisiones que le corresponda. Evidentemente, estos mecanismos de flexibilidad deberían servir tan sólo para evitar algún que otro fleco dentro del cómputo general.
Hay quien habla de irresponsabilidad absoluta ante un tema de esta gravedad en tanto que otros hablan de falta de voluntad. Creo que el papel que está siguiendo nuestro país en la Unión Europea es secundario.
Nunca estamos en primera fila haciendo propuestas sobre cuál ha de ser la política comunitaria. Es curioso constatar la actitud silenciosa del Presidente Aznar ante el posicionamiento de los Estados Unidos. Por otra parte, en nuestro país vivimos serias contradicciones. El Ministro del ramo dice: España apuesta hoy de forma decidida por una política frente al cambio climático; y a continuación, tres párrafos más abajo dice: Estamos ante un «impasse». Hasta que no se ratifique el Protocolo no podemos establecer de una forma

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clara y precisa las políticas para allanar los niveles de reducción de emisiones necesarias para luchar contra el cambio climático. ¿En qué quedamos? ¿Tenemos una política decidida de forma clara o, por el contrario, estamos esperando a decidir esa política en función de unas negociaciones que vendrán? Señor Ministro, sinceramente pienso que no tienen los deberes hechos, pero también me da la impresión de que tampoco tienen ustedes intención de hacerlos. Hay una cuestión que me preocupa y que también le planteo como interrogante. Refiriéndose a la decisión del Gobierno de los Estados Unidos dice que genera un problema importante, y acusa al país norteamericano de hacer prevalecer sus intereses económicos sobre los intereses globales del medio ambiente. Yo le pregunto lo siguiente, señor Ministro: ¿Qué diferencia hay entre la respuesta que han dado los Estados Unidos y la que hemos dado a esta misma cuestión desde nuestro país? La diferencia entre los Estados Unidos y nuestro país es la cantidad. Ellos emiten a la atmósfera más gases que nosotros, pero la actitud con referencia al Protocolo de Kioto es la misma, salvo que usted me convenza de lo contrario.
Me gustaría que no convirtiera su intervención en un glosario de datos; creo que no son necesarios, salvo que pretenda contradecir o aclarar alguna de las cifras que yo he citado. Pero sí quisiera que diera respuesta a toda una serie de interrogantes. ¿Es suficiente la creación de la Oficina para el Cambio Climático? ¿Por qué no hemos ratificado aún el Protocolo? ¿Existe falta de voluntad? ¿Por qué el Presidente de Gobierno no ha sabido posicionarse frente a la postura de Estados Unidos, como han hecho otros primeros mandatarios europeos? ¿Supone contradicción el hecho de que se diga que se está llevando a cabo una política decidida y que a la vez estemos en un «impasse»? ¿O es que el tema no tiene ningún interés para el Gobierno? Espero que conteste a lo que le estamos preguntando.
Hoy, señor Ministro, es un día de efemérides. En un día como éste usted y yo, por razones bien distintas --usted es Presidente del Patronato del Parque Nacional y yo soy Alcalde de un pueblo de Doñana--, tenemos que recordar que hace tres años, el 25 de abril, se produjo un accidente inesperado. Pues bien, la responsabilidad que le compete a usted, como Ministro de Medio Ambiente, en relación con el tema del cambio climático es mucho más importante que la que le correspondió a su antecesora cuando ocurrió el desastre de Aznalcóllar.
Como consecuencia del accidente ocurrido en las minas de Aznalcóllar, se sacaron muchas conclusiones para la gestión medioambiental de este país.
Una de las conclusiones claras a las que se llegó fue la necesidad de contar con la colaboración y la participación de todos en los temas medioambientales. No se puede crear una estructura que suplante a otra, aunque al final tengamos que quedarnos con una, sin dejar que sean los sectores afectados los que realmente evalúen el trabajo que el Gobierno desarrolla en este sentido.
Me gustaría --y se lo digo con toda sinceridad-- que la actitud de nuestro país frente al cambio climático no siguiera siendo una rémora ante la comunidad internacional; pasividad que resulta difícil de entender. También me gustaría que aclarase las diferencias existentes entre la actitud de los Estados Unidos y la de España. Hasta ahora las medidas no han funcionado porque no se aplican, y baste citar el Plan nacional de residuos, el Plan de reforestación, el Plan de fomento de las energías renovables, etcétera. ¿Estamos ante un nuevo incumplimiento de España en temas medioambientales? España, señor Ministro, está entre los veinte países más contaminantes del mundo, y eso nos tiene que llenar de responsabilidad. Deberíamos tener una política ambiental muy transparente. No podemos entrar en la guerra de las cifras y datos sobre cuáles son las emisiones reales que emitimos y los indicadores que utilizamos para determinar las emisiones.
Eso es lo primero que hay que aclarar, para ponerlo claramente sobre el tapete.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bella, le ruego que vaya concluyendo.


El señor BELLA GALAN: Termino ya, señor Presidente.
Por supuesto, huyamos de las alusiones al consenso y atendamos más a la participación. Creo que en este proceso no hay que tener miedo; es un problema que no hemos provocado nosotros, pero nos afecta a nosotros y a nuestros ciudadanos. Prueba de ello es que hace tres años este país se despertó con una mala noticia que preocupó mucho a los ciudadanos, cuando cientos de toneladas de lodo corrían hacia un espacio protegido importante. Los ciudadanos han de saber el aluvión de consecuencias que puede tener el no actuar sobre el cambio climático, y sepa que eso les preocupará mucho más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bella.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero empezar mi intervención agradeciendo al Senador esta interpelación. Sinceramente creo que, por encima de algunas apreciaciones, quizá un tanto partidistas y sesgadas, con cierta intencionalidad política, absolutamente comprensibles y que yo respeto, independientemente de estos pequeños matices, está el hecho de que en esta Cámara el señor Senador se preocupe por un tema tan trascendente para España y para el mundo, y que de una vez por todas todos conjuntamente hagamos todo lo que podamos, todo lo que esté en nuestra mano para concienciar a la sociedad y a los políticos, sin duda, de la gravedad del problema al que nos estamos enfrentando. Por ello manifiesto mi agradecimiento por la presentación de esta interpelación y animo a su señoría a que continúe por este camino.


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Como sin duda sabe el señor Senador, éste es un fenómeno de dimensión global, y por ello las medidas que se tienen que adoptar para mitigar estas emisiones deben ser adoptadas de una forma coherente y complementaria, tanto en el ámbito internacional como en el nacional.
Desde esta perspectiva es desde la que se viene trabajando en el Gobierno español; a nuestro juicio es desde la que se deben de contemplar este tipo de políticas y de medidas de lucha frente al cambio climático porque, si no lo hiciéramos de esta manera, tendríamos una visión sesgada y parcial del problema y, sobre todo, que no conduciría a nada positivo.
La política que venimos desarrollando tiene por ello una doble vertiente: La primera es la de fortalecer nuestra capacidad de negociación en los foros internacionales, y la segunda es la de dotarnos de los instrumentos para reforzar las iniciativas públicas y privadas ya puestas en marcha en lo que a acciones internas se refiere. Un dato que el señor Senador --estoy seguro que sin intención-- ha olvidado mencionar es que los datos efectivamente son al 2008, pero las políticas se están llevando a cabo desde 1990. Por tanto, estaríamos hablando de 1990 a 1996, y ahora de 1996 al año 2001. Estoy seguro de que ha sido sin intención.
Como muy bien ha señalado usted en su intervención, la ratificación del Protocolo atraviesa en estos momentos un difícil período, precisamente por la situación internacional, y por ello la política que nosotros venimos desarrollando, en estrecha colaboración con nuestros socios comunitarios, está siendo la de afianzar el Protocolo en la consideración de que hoy por hoy es el mejor instrumento de cooperación internacional; estamos por primera vez ante un problema global; estamos por primera vez ante un problema de matiz económico en cuanto al medio ambiente, y nuestra decisión ha sido que la mejor estrategia era la de defender el Protocolo y la de luchar por este instrumento de cooperación internacional.
Preguntaba su señoría por qué España no ha ratificado el Protocolo, y es obvio --lo sabe usted y lo sabe todo el mundo--. España ratificará el Protocolo cuando lo ratifique la Unión europea, porque el compromiso es que la ratificación sea conjunta; es un compromiso interno de la Unión Europea, que además es la opción más correcta. Estaba convencido de que ustedes la compartían, al menos algunos compañeros suyos en el Congreso de los Diputados así me lo han hecho saber; no sé si su postura puede ser distinta, pero es normal: se ratificará el Protocolo cuando lo ratifique la Unión Europea, porque la decisión será conjunta. A tal efecto, España viene participando en numerosos foros comunitarios internacionales con este doble criterio: de una parte, intentando que se logre esta ratificación del Protocolo --que es muy importante, naturalmente--, y para ello es imprescindible --porque así está establecido-- que el grado de consenso sea el mayor posible; es una exigencia, exactamente igual que lo es --y se lo recuerdo a su señoría-- que los mecanismos de flexibilidad aprobados en el Protocolo se determinen. No es algo que nos saquemos de la manga; no es algo que se incorpore, no. Los mecanismos de flexibilidad no pueden ser flecos, los mecanismos de flexibilidad están incorporados, forman parte del Protocolo y son una parte consustancial y sustancial del mismo, y mientras no se definan estos mecanismos de flexibilidad no se puede ratificar el Protocolo, ni siquiera se pueden evaluar los niveles de contaminación que los países firmantes hoy puedan adoptar, pero vuelvo a repetir que, desgraciadamente, no es una cuestión nueva, sino que es algo que los firmantes aceptaron en su día. Pues bien, insisto, ratificar procurando sobre todo lo que la flexibilidad del consenso necesario para la ratificación de ese 55 por ciento de los países no suponga una merma en la integridad del Protocolo, y ésta ha sido nuestra estrategia.
En última instancia, por tanto, los acuerdos que se alcancen tienen que permitir lograr reducciones reales y medibles de los gases de efecto invernadero. Y este ejercicio de búsqueda de consensos a través de la flexibilización de posiciones sin desnaturalizar el Protocolo --sin duda es un difícil equilibrio-- es el que hoy ha marcado y está marcando la política española en el ámbito internacional y al que estamos dedicados intensamente tanto técnicos como expertos como los políticos que hemos tenido responsabilidad en la Cumbre de La Haya y en todos los encuentros mantenidos, y también, espero, en la COP-6 Bis del próximo mes de julio.
Cuando digo el mejor resultado posible lo hago desde una perspectiva optimista pero también realista, teniendo en cuenta en estos momentos las últimas reuniones que hemos mantenido los ministros de la Unión Europea en la Organización de Naciones Unidas, en Nueva York, la semana pasada y los contactos bilaterales que se tuvieron el sábado pasado a nivel de los países participantes en la COP-6 en la Unión Europea representados por la troica, y quiero anunciarle además que a partir del 1 de julio España será troica y va a tener un papel fundamental en esa negociación porque va a tener esa responsabilidad. A la vista de estas negociaciones, en estos momentos debe concluir que, si bien todavía existe un margen de confianza para lograr ese acuerdo en Bonn, no es menos cierto que el trabajo que queda por realizar --sobre todo a partir de la base del nuevo documento del señor Pronk-- es duro y difícil y que, desde nuestro punto de vista --y así lo ha mantenido España en el seno de la Unión Europea--, tiene que pasar a toda costa por la integración de los Estados Unidos en este proceso de negociación. Hay que tener en cuenta que a los Estados Unidos le corresponde alrededor del 40 por ciento de la contaminación de los países industrializados y que, naturalmente, España está entre los 20 países del mundo que más contaminan; porque, efectivamente, son los países desarrollados los que están contaminando y, por lo tanto --sólo faltaría que no fuese así--, son los que tienen que adoptar, en base a ese Protocolo y en aplicación del mismo, las medidas que obliguen a realizar políticas internas que conduzcan a la reducción de esos niveles de contaminación.
Pero, en paralelo, el Gobierno de España viene desarrollando --yo siempre he reconocido que se aplicaban antes del año 1996-- políticas que fortalecen la capacidad interna para abordar esos retos y esos compromisos de lucha frente al cambio climático a escala nacional. Y lo primero

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que hay que resaltar a este respecto es que no es una política más o menos urgente o improvisada; por el contrario, estas acciones vienen ya aplicándose desde hace algunos años --no las ha puesto en marcha este Ministro--, yo creo que en el sentido correcto --también lo he dicho muchísimas veces--, y también he dicho que de una forma que tenían que fortalecerse muchísimo más todavía.
En cualquier caso, es importante aclarar una serie de ideas que puedan resultar un tanto equívocas sobre la lucha contra el cambio climático en España. En primer lugar, hay que dejar bien claro --y no seré yo quien quiera bajar el listón de su discurso pesimista, porque hay que mentalizar a la sociedad, hay que mentalizar a todos, incluidos los políticos y los que tenemos responsabilidad en la materia, de la importancia del tema que estamos tratando-- que es, sin duda, el problema medioambiental más grave al que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI.
Por lo tanto, creo que todos los ejercicios que podamos hacer de llamamiento a esta responsabilidad serán pocos y, probablemente, insuficientes, pero hay que resaltar también la necesidad de adoptar nuevas tecnologías, más limpias y eficientes, que permitan una mayor competitividad, un desarrollo sostenible y, en suma, un incremento de la calidad de vida de los ciudadanos.
Considero justo y necesario afirmar que en España ni las instituciones ni la sociedad viven al margen de este problema. Frente a aquellos que parecen opinar que aquí no se ha hecho nada, hay que recordar que existen muy diversas iniciativas --tanto públicas como privadas-- que tienen por objeto reducir estas emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo: las políticas y las medidas adoptadas por el Gobierno para liberalizar el sector eléctrico; las medidas dirigidas a fomentar las energías renovables en España; el programa de promoción de las energías renovables que fue aprobado en 1998 --programa que España está liderando en toda Europa, de una forma ejemplar-- y que establece unos objetivos de reducción de los niveles de contaminación en el año 2010 que España no sólo está en condiciones de cumplir hoy, en el año 2001, sino que estoy convencido de que España va a ser capaz de incrementar.
A la hora de centrar el problema hay que hacerlo en base a los instrumentos para poder afrontar esa política --que son discutibles-- y, sobre todo, en los sectores donde hay que focalizarla. Creo que hay una coincidencia --y estoy seguro de que el Senador estará de acuerdo conmigo-- en que esos sectores tienen que ser, sin duda, el de la producción de energía y el del transporte, porque son cruciales cuando estamos hablando de cambio climático y de contaminación atmosférica. En ese sentido, en el campo de la producción de la energía, creo que el programa de promoción de las energías renovables --que aprobó el Gobierno-- es bueno y se está ejecutando de una forma más que correcta.
Este programa ya puede facilitar hoy la producción de alrededor de un 6 por ciento de energías renovables, con respecto a la producción global, y el objetivo del 12 por ciento, en el año 2010.
En relación con el citado programa, se han establecido las siguientes actuaciones: se ha realizado la mejora de la eficiencia de las instalaciones, tanto de las existentes --con modificaciones en las mismas-- como de las nuevas, ya que las nuevas tecnologías e instalaciones han mejorado notablemente su rendimiento; se mejora la disponibilidad de instalaciones hidroeléctricas, con la implantación de telemandos, con lo que se consigue una rápida respuesta de las mismas a las puntas de demanda solicitadas por el sistema eléctrico, de manera que no es preciso utilizar otras centrales --principalmente las más perjudiciales-- como las de fósiles comunes, fuel-oil o de carbón; asimismo, se establece la mejora de las características de los combustibles empleados en España, tanto en relación con el carbón --con la progresiva utilización de carbones internacionales, que tienen mayor poder calorífico-- como con la introducción del gas natural, lo que es muy importante ya que se trata de un combustible que contiene prácticamente la mitad de carbonotermia que el carbón tradicional; además de la mayor utilización de gas natural en las centrales convencionales --principalmente en la transformación de centrales de fuel-oil a centrales biocombustibles, que llevan fuel-oil y gas natural--, como la implantación de ciclos combinados de elevado rendimiento energético.
Igualmente, hay que señalar la importante cogeneración industrial, fundamentalmente con gas natural, ya que no solamente reduce la demanda eléctrica sino porque se genera electricidad en la mayoría de dichas instalaciones, evitando con ello su producción en otras instalaciones convencionales, de peor rendimiento energético y, consecuentemente, de mayores emisiones de CO2; y también, la cada vez mayor utilización de esas energías renovables, en particular, por el empleo de las mismas en generación eléctrica, principalmente a través de la energía eólica --que hoy es puntera-- y biomasa.
También hay que señalar los efectos que se van a producir con la implementación de la Directiva IPPC, que ya ha pasado por la Conferencia Sectorial, como con la Directiva que aprobamos sobre grandes instalaciones de combustión, que exige el cierre o transformación --no está definido-- en el período hasta el año 2008 de un importantísimo número de centrales térmicas convencionales contaminantes, que se van a tener que sustituir...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias.
Además de esto, naturalmente, hay que señalar lo que han sido las políticas de fomento de los transportes públicos, las políticas relativas a la apuesta por la inversión en infraestructuras de transporte alternativas menos contaminantes --naturalmente, el AVE es una apuesta fundamental para luchar decididamente contra la política de contaminación en el campo del transporte-- y la aplicación del Plan Nacional de Residuos, que va a conseguir que en el año 2010 exista una eliminación de la contaminación por metanización de los vertederos en toda España.
Pero todo esto, efectivamente, necesita, requiere y exige de la participación y, si usted me permite, de la corresponsabilidad del resto de las instituciones públicas españolas.


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Es imposible llevar adelante el Plan Nacional de Residuos, las políticas energéticas, las políticas de transportes sin la coparticipación de las Comunidades Autónomas.
Me quedan muchísimas cosas que aportar en esta intervención, pero, a modo de resumen --alguna desviación hay en las cifras, usted sabe perfectamente que la cifra de 1998 en España era del 17,2 y la provisional en 1999 es de 23,2, pero es igual, estoy dispuesto a demostrárselo en mi próxima intervención--, me parece importante destacar el hecho de que en España se haya creado una Oficina del Cambio Climático. No obstante, o nosotros no lo hemos sabido explicar o quizás usted no lo ha entendido, pero la Oficina del Cambio Climático no tiene nada que ver con el Consejo Nacional del Clima, en absoluto. Creo que la Oficina Española del Cambio Climático es una apuesta organizativa y administrativa importante. No es sólo una herramienta que permite coordinar más eficientemente las funciones dentro del propio Ministerio que se tienen encomendadas en materia del cambio climático sino que es un instrumento eficaz para detectar las necesidades, impulsar las actividades y, en suma, catalizar cuantas iniciativas públicas y privadas sean precisas para afrontar este reto y esta oportunidad que el cambio climático nos permite. Y, naturalmente, esta Oficina va a tener que contar --y ésta es nuestra intención-- con la participación no sólo de todos aquellos agentes sociales y económicos que tengan cualquier implicación en la lucha frente al cambio climático sino también de los ayuntamientos, las entidades locales y las Comunidades Autónomas, cuya actuación va a ser imprescindible para poder llevar adelante una verdadera política de lucha frente al cambio climático.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Ministro, le ruego que concluya, por favor.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias.
Siento no haber podido extenderme más pero espero que en la réplica pueda acabar de responder a las cuestiones que me ha planteado su señoría.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
¿El Senador interpelante quiere hacer uso del artículo 87? (Asentimiento.) Su señoría tiene la palabra.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, algunas de las cifras que he aportado en la introducción de esta interpelación creo que son suficientemente graves como para responder luego con una serie de propósitos, con una lección magnífica sobre lo que se debería hacer. Lógicamente, no era nuestra intención plantear una interpelación para saber qué es lo que deberíamos hacer, sino qué es lo que realmente se está haciendo. Y quiero subrayar este aspecto. Cuando uno está en un colegio funciona individualmente y por equipos. El equipo, cuando juega a «futbito», por ejemplo, es magnífico.
En el equipo de la Unión Europea se está haciendo todo lo posible. Pero mi interpelación va fundamentalmente dedicada a los deberes internos que tenemos que hacer individualmente en nuestro país, y a eso es a lo que me gustaría realmente que me respondiese, y que no lo haga diciéndome cuáles son las cosas que se pueden hacer, porque todos las sabemos, y le podría enumerar una lista impresionante de cosas que indudablemente se pueden hacer y con las que usted estará o no de acuerdo. Pero lo importante sería responder qué cosas son las que hay que hacer.
Si analizamos el histórico de los datos, evidentemente 1990 es el año base del que se toman todos los compromisos, y le podríamos decir que en el año 1991 estábamos en un 2,6 y, al final, en el año 1999 --con las cifras de datos distintos, pero faltaría ver cuáles son los indicadores que se utilizan-- se dice que estamos en el 31,2; estamos justamente en el doble del compromiso que habíamos adquirido para el período 2008-2012.
En cualquier caso, según lo que nosotros pensamos, ¿cuáles son las medidas que son necesarias adoptar en España? Primero, hace falta un mayor presupuesto. Esto es una cuestión de presupuesto también. Porque no es suficiente destinar 200 millones o crear una estructura administrativa que supla o no a otra, porque usted mismo decía que iba a reorganizar el Consejo, sino que hay que poner en marcha más medidas porque con esa Oficina indudablemente no basta. Hay que hacer una rápida implantación de las energías renovables, es decir, cualquier mecanismo que se utilice en nuestro país de cara a que sean menos las emisiones de carbono, evidentemente tiene que hacerse con rapidez, porque si no lo hacemos con rapidez y lo prolongamos en el tiempo, no sé si a usted le van a cuadrar las cuentas al final, pero eso es lo que nos gustaría ver. Es decir, cuánto reducimos de aquí, cuánto reducimos del otro lado y, al final, el objetivo ¿se cumple o no se cumple? Porque podemos estar dando la sensación de que estamos realmente insistiendo en muchos sectores al mismo tiempo, pero no sabemos si el conjunto de todo eso es el adecuado o no.
Lo primero que habría que hacer es elaborar esa estrategia de la prevención del cambio climático, que ya sus portavoces en el Congreso de los Diputados se comprometieron en un debate parlamentario, con anterioridad a la Cumbre de La Haya, a que no podría estar diseñada, al menos en un marco de actuación, para la Cumbre de La Haya, pero sí en el primer semestre de este año. Estamos a dos meses y a punto de producirse la celebración de la COP-6 Bis el próximo mes de julio. Me gustaría que para esa fecha pudiéramos tener al menos esa estrategia.
¿Qué es lo que habría que contemplar en esa estrategia? Primero, un objetivo claro, que todo el mundo sabemos cuál es y que es el común de Europa y el común mundial, que es reducir la emisión de gases; que los mecanismos de flexibilidad deben ser complementarios, como le he dicho, para permitir una reducción de emisiones superior al límite máximo. En ese sentido le hablo de flecos, no como parte sustancial para reducir nuestras emisiones, sino como elemento complementario para aumentar si fuera posible

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nuestro compromiso. Por otra parte, un programa de cierre gradual de las centrales nucleares que es evidente. No se puede seguir planteando, incluso internamente en este país, que las centrales nucleares pueden ser una alternativa para la reducción de estos gases de efecto invernadero porque lo que provoca, desde el punto de vista medioambiental, y usted lo sabe como Ministro del ramo, es muy superior en perjuicio a lo que realmente se podría conseguir en este otro problema.
¿Cuáles son las medidas para incentivar a las empresas privadas para que realmente reduzcan sus emisiones? Sigo insistiendo en la ratificación inmediata del Protocolo de Kioto, en la estrategia comunitaria, sin duda, pero inícienlo desde este país; y el Plan Nacional de Residuos con concreción. Todo el mundo sabemos que lo que vamos a hacer es eliminar la emisión de metano de los vertederos incontrolados, etcétera, pero habrá que poner fechas topes. Lo de la liberación del sector eléctrico lo tiene que explicar mejor. No sé de qué manera tan grandiosa eso incide en dejar de emitir este tipo de gases, que es un tema que usted alude permanentemente y que lo utiliza como argumento, pero necesita más explicaciones. Por supuesto, habría que elaborar un catálogo de medidas aplicables al sector del transporte y, cómo no, compensar las ayudas y subvenciones entre energías limpias y sucias. También habría que incluir una disminución del consumo de los combustibles fósiles, que ha aumentado, por cierto, desde 1995 hasta aquí en un 4,5 por ciento; la inclusión en cualquier documento de ordenación o de equilibrio territorial de las consecuencias de este problema ambiental importantísimo del que estamos hablando, y hago referencia, para que usted no me la haga después, al Plan Hidrológico Nacional, por ejemplo, aunque usted me podrá hablar del Plan Hidrológico y de la propuesta que usted hace. Pero no se trata de eso. Se trata de incluir las consecuencias de este cambio. Hay un dato y es el siguiente: para el año 2060 los caudales habrán disminuido enormemente. ¿De qué manera incide esta circunstancia en este tipo de planteamientos? Por otra parte, habría que diseñar planes de actuación dirigidos fundamentalmente a esa actividad degeneradora. En la política energética hablemos del sector eléctrico, del sector del petróleo, de los transportes, de las comunicaciones, de los nuevos materiales para la construcción.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bella, le ruego que concluya, por favor.


El señor BELLA GALAN: Voy terminando.
Quiero recalcar una cuestión que usted no ha mencionado ni por activa ni por pasiva, señor Ministro. Habrá que tomar también medidas sobre la fiscalidad ecológica. Es un tema que está planteado dentro de la Unión Europea y que las nuevas políticas europeas lo van a plantear: la fiscalidad. Habrá que hablar de fiscalidad y habrá que atajar los problemas también desde ese punto de vista. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por lo tanto, coincido con usted en que la participación es un tema fundamental. Este es un problema global al que hay que empezar a responder también desde lo local. ¿Qué hace el Gobierno --insisto-- para que realmente los ciudadanos estén trabajando en eso? Nos asomamos a Madrid y vemos un autobús con una persona arriba y 50 coches detrás. Esa es la realidad. Esa es la foto fija que actualmente hay. Hasta ahí habrá que llegar si queremos realmente contribuir desde lo local a solucionar lo global. En eso, indudablemente, será el Gobierno quien tenga que asumir la responsabilidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bella.
Señor Ministro, si quiere intervenir puede hacerlo en cualquier momento de acuerdo con el Reglamento. (Pausa.) Gracias.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, antes de nada quiero agradecer la interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Socialista porque creo que es oportuna. Voy a estar atento lógicamente por si se convierte en moción porque creo que es de mucho interés en estos momentos. Efectivamente, el Protocolo de Kioto obliga a limitar las emisiones de gases. Existe un difícil proceso de ratificación.
El papel de Estados Unidos es importante y no solamente porque emite el 40 por ciento, sino porque lidera muchas cosas. Lidera muchas veces la política y más cosas que la política. Lidera, desde luego, la economía de forma importante. La posición de Estados Unidos se caracteriza porque ante la recesión o nubarrones de recesión y ante la necesidad de la productividad plantea una cierta ruptura respecto al Protocolo de Kioto.
Lógicamente el papel negociador que queremos tener, que será, por tanto, nuestro papel internacional, tiene su importancia. Y la pregunta es sencilla: ¿cuando se habla de flexibilidad no estamos hablando de flexibilidad a la baja en aquello necesario que plantea el Protocolo de Kioto? ¿La flexibilidad en la aplicación en un tiempo determinado o la flexibilidad en esa bajada? Creo haber entendido en un medio de comunicación que usted, señor Ministro, dijo que no se puede concebir esta política sin el concurso de Estados Unidos. A partir de aquí la debilidad --espero haberlo entendido así, pero como me puedo equivocar usted me rectificará-- en la negociación --usted sabe que yo entiendo algo de negociación, aunque de otro tipo-- se convierte en una auténtica evidencia y en el papel de impulsor y todo lo demás.
La gravedad la ha puesto usted en sus palabras, pues ha dicho que es el problema más grave al que se enfrenta la humanidad. Esto es como aquel que tiene un traumatismo muy importante que hay que operar, que necesita cirugía y se le meten vendas. El problema es grave, efectivamente. Ante esta gravedad, en el plano local --cuando hablo de plano local en el terreno universal me estoy refiriendo a España--, en España, en Europa y más allá, la pregunta es

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una disyuntiva: ¿se hace lo posible o se hace lo necesario? En cuanto a la influencia para aplicar el Protocolo de Kioto, que ya no es muy importante --en su momento fue a la baja--, es mínima, la pregunta es: ¿se buscan los aliados para rebajar o se hacen las políticas necesarias y no las posibles para realmente aplicar el Protocolo de Kioto? Termino. Quiero apoyar la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista. Aquí se trata fundamentalmente de hacer válida aquella máxima --lo dije en una Comisión recientemente-- que tiene ya casi una cierta leyenda en el movimiento ecologista político, de actuar localmente y pensar globalmente o de pensar globalmente y actuar localmente.
No quiero reprocharle a usted o exigirle a usted lo que usted no puede hacer, pero ¿cuál es en la política internacional su papel? En relación con las preguntas que yo he hecho ¿qué opina usted? Y en el caso de España en concreto, ¿cuáles son los deberes de las administraciones? Y no solamente de la central, pero usted es Ministro y lógicamente le preguntamos aquí a usted. Esos deberes no están cumplidos porque, a las pruebas me remito, es conveniente hacer mucho más de lo que se hace. Por tanto, hay que hacer lo necesario y no lo posible. Ya que el tema es muy grave y requiere, lógicamente, una actuación inmediata, rápida, eficaz y, por supuesto, con presupuestos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, parece que todos coincidimos, como no podía ser menos, en que estamos hablando del problema más grave con que se enfrenta la humanidad en este siglo XXI. Esperemos que dentro de algunos años no tengamos que hablar de ello como el problema más grave, y que el que lo sustituya no lo sea tanto como éste. Está claro que también coincidimos todos en que el cambio climático es un problema global, no cabe la menor duda, y en que las soluciones son también globales, pero toda solución global necesita inevitablemente aplicaciones locales. Por lo tanto, estamos hablando aquí del papel de España, de las administraciones públicas españolas, que no sólo es del Gobierno central, aunque ésta sea una sesión de control al Gobierno del Estado. Por último, también coincidimos en que la causa es fundamentalmente la contaminación industrial y, por lo tanto, las emisiones de gases con efecto invernadero, considerando, además, no sólo la contaminación de las industrias y las fábricas, sino, sobre todo, de los vehículos o instrumentos de transporte público y privado.
Creo que hay un pregunta fundamental que está latente en todo este debate, y es qué intereses deben predominar a la hora de analizar el problema y sus posibles soluciones, porque al final siempre hay una palabra que sale en este debate, el desarrollo. Yo estoy haciendo una reflexión --no estoy haciendo una crítica, ni siquiera mostrando nuestro apoyo aun coincidiendo totalmente con el espíritu de la moción y, probablemente, también con la intención y los intereses del propio Gobierno-- sobre qué tipo de desarrollo queremos. ¿Es el desarrollo insostenible, por el que da la impresión que está abogando últimamente el Gobierno de los Estados Unidos, o es un desarrollo que haga posible que podamos mantener esta calidad de vida a lo largo de los próximos decenios o de este nuevo siglo, o es un desarrollo para esta generación a costa de la calidad de vida de las próximas generaciones? Por tanto, cuando hablamos de desarrollo tenemos que matizar muy bien de qué desarrollo estamos hablando, de un desarrollo sostenible o insostenible, al que estaríamos abocados si continuamos con esta política industrial, energética, etcétera.
Dejando las palabras grandilocuentes expresivas del problema más grave que tiene la humanidad, el cambio climático, vamos a hablar de aspectos muy concretos, de alteraciones dentro y entre los ecosistemas existentes.
Lo explicito porque en la práctica lo que podemos ver año tras año es cómo va afectando el cambio climático. Podemos oír la expresión de que el cambio climático, el deshielo de los polos, se va a producir dentro de muchos años, pero estamos detectando, comprobando día a día cómo está afectando a nuestros ecosistemas no sólo en los entornos del continente europeo, sino en todo el mundo. Lo digo en un tono constructivo para que veamos que el problema es de futuro si no lo abordamos, pero, sobre todo, es del presente. Podemos hablar de la subida del mar y quedarnos tranquilos si nos dicen que es de un centímetro, tres centímetros por decenio, o 20 milímetros. Las cifras pueden ser discutibles, y el problema en vez de ser en el año 2020 pudiera ser en el 2040, pero a mí no me tranquiliza que podamos tener esa duda, sigue siendo la misma preocupación.
Por lo tanto, como estamos hablando de un problema global --y el Ministro así lo reconoce, como no podía ser de otra manera-- estamos necesitados de compromisos internacionales que, en definitiva, significan la ratificación y el cumplimiento del Protocolo de Kioto. En este sentido, es verdad que estar en un entorno plurinacional, como es la Unión Europea, nos da muchas posibilidades y, sobre todo, como ha dicho el señor Ministro, el hecho de que a partir del primero de julio estemos en la troika y a partir del primero de enero estemos todavía mejor situados para ello, significa que España no puede escudarse en que es un problema global para decir no.
Me parece muy bien, dentro del papel de España, y termino lo que ha dicho el señor Ministro en relación con el fortalecimiento de la capacidad negociadora de nuestro país en el marco internacional. Pero en cuanto al interior de España, a esos instrumentos a los que hacía referencia y a esos sectores de actuación, tenemos que ir concretando y manteniendo compromisos y plazos y cumplidos. Para eso va a poder contar con el apoyo, al menos, de Coalición Canaria y creo que de todos los grupos.
Espero que esa preocupación que manifiesta, que estoy seguro de que es sincera, podamos convertirla en compromiso de consenso y de participación concreta. Para esa tarea

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contará siempre con nuestra cooperación y con nuestra participación.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
En efecto, éste es un debate político con entidad en la medida en que supone un grave problema que está afectando a la Humanidad. Ya tuvimos ocasión de debatir recientemente sobre este asunto. Existen datos contrastados científicamente relativos a que la actividad humana origina un efecto invernadero, con los perjuicios que eso está ocasionando en la capa terrestre. Hasta ahora había un problema y es que no se sabía la incidencia que la actividad humana podía suponer en la generación de estos gases y los posteriores efectos perniciosos en el medio ambiente natural, en el urbano y en la salud de los ciudadanos. Pero en el panel intergubernamental de la ONU, los tres informes últimos --los emitidos en Shanghai, Ginebra y Accra-- acreditan, y usted lo ha expuesto, los efectos perniciosos que el efecto invernadero está produciendo en el medio ambiente. Por lo tanto, detrás de todo eso está la condición humana, están los hombres y mujeres del Planeta, lo que hace que debamos tener una sensibilidad a flor de piel y porque afecta, sobre todo, a los más sensibles del Planeta. A los países industrializados no nos van a afectar las crecidas de tierra, las sequías prolongadas, las rachas aceleradas de viento. Podemos sufrirlas, pero contamos con unas condiciones de vida y de organización de la sociedad mucho más sólidas que los países en vías de desarrollo y, por consiguiente, tenemos la obligación moral y política de mostrar esta sensibilidad hacia los países que se encuentran en vías de desarrollo.
Señor Ministro, me gustaría que hiciera alguna referencia a los análisis que han tenido lugar en Nueva York en las reuniones que los representantes de los distintos países han tenido al respecto, y que profundizase en ellos. En los planteamientos generales que se contienen en el documento «Pronk» en lo referente a la contabilización de los sumideros, es decir, a la eficacia que las políticas forestales pueden tener en cuanto a la absorción del dióxido de carbono como instrumento de reducción de gases de efecto invernadero.
Segundo. ¿Cómo van a quedar las ayudas para el desarrollo tecnológico a los países en vías de desarrollo? Aquí existe un debate: ¿Vamos por el fondo general, el de las ayudas de la Organización Mundial Ambiental, o vamos por los fondos específicos, como está previsto en el Protocolo de Montreal en relación con el Convenio relativo a la protección de la capa de ozono? Hay dos modelos: los países del G-77, con India y China a la cabeza, prefieren el otro planteamiento. Obviamente, para ellos una financiación, un apoyo específico y con transferencia tecnológica per se es mejor. Me gustaría que también profundizara en cómo planeta «Pronk» la solución en este ámbito.
Tercero. La regulación jurídica del Protocolo es verdaderamente abierta en cuanto a los mecanismos sancionadores; por eso es importante llegar a un acuerdo sobre la interpretación de cómo se van a desarrollar y a poner en práctica los mecanismos de garantía del Protocolo.
Paso a otro ámbito, señor Ministro. Al Protocolo de Kioto le está pasando lo mismo que al de Bioseguridad. El Protocolo de Kioto es al Convenio de Cambio Climático nacido de la Cumbre de la Tierra de 1992, lo que el Protocolo de Bioseguridad es al Convenio, también de 1992, de Diversidad Biológica.
Obviamente, el Protocolo de Bioseguridad es mucho más reciente, concretamente del año 2000, en Montreal, y todavía está en una fase más ralentizada en cuanto a su asimilación internacional, pero ambos tienen una conexión, y es la relación existente entre comercio y medio ambiente.
¿Cómo entendemos el comercio en el mundo liberalizado, de globalización, de nuevas tendencias, y por el que la Unión Europea ha apostado, fundamentalmente por el desarme arancelario en general, con un medio ambiente que se base en los principios de precaución y desarrollo sostenible? Ese es un debate de filosofía política, es decir, determinar el modelo económico, de organización humana y de la sociedad que queremos los españoles y lo que están planteando otros países de economías más liberales, de economías donde no exista un Estado del bienestar. Por lo tanto, se trata de una cuestión de envergadura.
En el plano europeo, señor Ministro, ¿qué pasa con el Libro Verde de Energía? Recientemente se ha anunciado este Libro, se está debatiendo y contiene una segunda parte muy importante sobre el Protocolo de Kioto.
Hace un análisis del Protocolo de Kioto y se estudian las políticas de transporte y de energía. El Libro Verde de Energía ha sido presentado recientemente por la Comisaría de Energía en España.
¿Qué podemos hacer al respecto? Porque su responsabilidad es limitada, es decir, a usted hay que imputarle unas responsabilidades pero hasta cierto ámbito, porque usted, al fin y al cabo, representa a los poderes centrales del Estado, donde participan organismos internacionales.


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, concluya, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señora Presidenta.
Decía que participan organismos internacionales, pero las políticas que usted ha planteado de residuos, forestales, de energías renovables, son políticas que corresponde hacerlas a las Comunidades Autónomas y, por tanto, la responsabilidad del Gobierno central es limitada. Cada uno tiene que asumir sus responsabilidades políticas en sus ámbitos de actuación. Por eso yo quería recalcar que, efectivamente, usted podrá impulsar, y lo ha dicho también al final de su intervención, pero en colaboración con las Comunidades Autónomas, porque son éstas las responsables

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de política forestal, medioambiental y, en definitiva, de la política de energía.
Por consiguiente, vamos a ver cómo se plantea la moción consecuencia de interpelación al respecto y lo encajaremos en esos cuatro parámetros, en el internacional, en el comunitario, en el estatal y en el autonómico para que hagamos una resolución acorde con el sistema político que tenemos.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Turno ahora del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, el Senador Bella ha planteado con claridad y oportunamente un tema que nos concierne a los españoles, a los europeos, a todos. Felicito al Senador por su iniciativa, como también ha hecho el señor Ministro.
Cuando los representantes de los gobiernos de los países de los cinco continentes acordaron, a finales de 1997, el Protocolo de Kioto, hicieron una apuesta política con claros ribetes éticos a favor del futuro de la Humanidad. Como sus señorías conocen perfectamente, estudios científicos solventes indican con contundencia que las emisiones de CO2 y otros gases contaminantes pueden afectar y afectan a la salud del planeta. De ahí el compromiso político y ético de controlar y reducir en lo posible las emisiones.
Frente a ese compromiso, informaciones recientes alumbran aspectos distintos de la cuestión que nos concierne. Voy a referirme telegráficamente a tres de ellos: la negativa del Presidente de los Estados Unidos, señor Bush, a ratificar el Protocolo de Kioto, cuando con el 5 por ciento de la población mundial son responsables del 40 por ciento de las emisiones; la afirmación reciente de los representantes de la Agencia Europea de Medio Ambiente de que la Unión Europea ha reducido las emisiones de gases de efecto invernadero en un 4 por ciento entre 1990 y 1999 gracias al esfuerzo básicamente de dos países, de Alemania y del Reino Unido, mientras que otros países, entre los que se encuentra el nuestro, no cumplen suficientemente, y en tercer lugar, efectivamente, como ha afirmado el Senador Bella y acepta en cierto modo el Ministro Matas, España supera en mucho, casi el doble, el porcentaje de incremento acordado en Kioto.
¿A dónde nos lleva ese escenario? Quiero hacer una consideración que me parece ineludible. Si el control de las emanaciones nocivas debe obligar por igual a todos los países, como es obvio, es necesario al mismo tiempo admitir que el desarrollo sostenible no debe ser una carga insostenible para los países más pobres. Sería injusto ignorar que el principal rol en esta tarea corresponde a los países más avanzados porque son, como se ha dicho a lo largo del debate, precisamente los que más contaminan.
El próximo mes de julio se celebrará en Bonn la Cumbre del clima. La presión sobre el Gobierno norteamericano debe ser liderada por la Unión Europea. El liderazgo de la Unión Europea en asuntos de tanta trascendencia como el cambio climático nos debe situar en un lugar de referencia en la Comunidad Internacional, y muy especialmente respecto a los países más pobres, un lugar de liderazgo que ya ejerce en otro asunto capital como es la defensa de las políticas de protección social.
Señorías, la protección social y la protección ambiental son dos caras de la misma moneda.
Es en el contexto descrito en el que aparece como muy preocupante que varios países de la Unión Europea, quizá de forma destacada España, no cumplan todavía con el compromiso ético de Kioto. Es imprescindible un vigoroso cambio de timón que, sin duda, es una responsabilidad compartida, como ha dicho el señor Ministro, también por el conjunto de la sociedad. Estaremos muy atentos al texto de la moción que, sin duda, va a presentar el Senador Bella.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Por la exposición que ha realizado el señor Bella, así como por la intervención de todos los portavoces y por la del señor Ministro, se deduce que estamos frente a un asunto importantísimo, por su dimensión y su gravedad.
El señor Ministro ha hecho una muy buena exposición, difícil de mejorar, sobre cuáles deben ser las soluciones a este problema y sobre los pasos que nuestro país debe realizar en este sentido. El señor Bella ha puesto en duda la intención del señor Ministro de hacer los deberes. El señor Ministro ha explicado muy bien que para hacer los deberes debemos resolver el asunto global y debemos esperar las directrices europeas. Por lo leído en la prensa en los últimos días, podemos ser un poco más optimistas respecto a los acuerdos de Europa y Estados Unidos, especialmente en el tema de los sumideros. Podemos confiar en que un día dispondremos de las normas para saber cómo tenemos que hacer los deberes.
Independientemente de ello, en nuestro Grupo creemos que hay que hacer deberes todos los días, que hay que elaborar borradores todos los días, que hay que hacer lo que se pueda. En este sentido, voy a incidir en tres pequeños ejemplos, porque mi intervención no puede aportar mucho a las que ha habido hasta ahora.
Si mañana, cualquiera de nosotros, cuando estemos en el coche en la puerta de un hotel o de un despacho, esperando a alguien que no sabemos si va a tardar en salir un minuto o tres, paramos el motor, en pequeña magnitud habremos hecho los deberes.
En los últimos tiempos, mis compañeros del Grupo de Convergència i Unió en el Congreso han presentado diversas iniciativas encaminadas a conseguir exenciones fiscales para impulsar el empleo en el transporte de los biocarburantes o del gas, que son dos tecnologías que está usando con éxito desde hace años Francia, país vecino. No entendemos por qué nosotros no podemos empezar a caminar

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en ese sentido; hay que pensar que cuando decidamos hacerlo, no se improvisa en dos horas. Ellos intentaban hacer más deberes. El rechazo de estas iniciativas en el Congreso supone que alguien no los ha hecho.
Permítanme dar un tercer ejemplo. Estamos ante la reforma del Impuesto sobre Sociedades. Si este Impuesto sale del Gobierno, del Congreso y de este Senado sin llevar medidas encaminadas a proporcionar exenciones a la industria, especialmente para inversiones que tengan como resultado la reducción de las emisiones o del impacto ambiental, creo que ni nosotros en esta Cámara ni los compañeros del Congreso ni usted ante sus compañeros de otros departamentos, que son los que deben entender la importancia de este asunto, no habremos hecho los deberes. Así acaba mi reflexión.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene de nuevo la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, a estas alturas sólo me queda añadir una cuestión que desde mi punto de vista me parece fundamental, y es que dentro de ese equipo de trabajo que es la Unión Europea también hay deberes internos, y ésta ha dictado ya su programa europeo sobre el cambio climático que debería ser de obligado cumplimiento por parte de todos sus miembros.
En esa estrategia para combatir las consecuencias del cambio climático se habla, en primer lugar, de esa sólida cooperación internacional que he comentado, y me parece importante que el Gobierno español apoye las posturas de la Unión Europea, incluso a nivel de Presidente del Gobierno, porque evidentemente eso significa dar solidez a esa cooperación internacional y, en segundo, se define claramente el papel de la.Unión Europea en cuanto a las reducciones que hay que efectuar.
Se establece una serie de vías de trabajo que son obligatorias al mismo tiempo y que muy bien pudieran servir de marco a través del cual el Gobierno español pudiera instalar todas las medidas a las que hemos hecho referencia durante la última hora de debate en esta Cámara, y que son las siguientes: una serie de medidas específicas estarían relacionadas con la eficiencia energética y aquí entrarían muchas acciones; el ahorro de energía; el consumo de materias primas y energías renovables; una legislación específica; acuerdos medioambientales con las industrias e instrumentos de mercado y apoyo a la aplicación de las tecnologías más avanzadas.
Hay una parte de mayor interés que a usted, como Ministro de Medio Ambiente, le sitúa como máximo responsable, que es la integración de los objetivos relativos al cambio climático en las distintas políticas sectoriales. Recuerdo que en su primera comparecencia en esta Cámara le comenté que en muchas ocasiones se tendría que convertir en el «enfant terrible» del Gobierno porque realmente las políticas medioambientales son políticas transversales que inciden de una manera muy clara en el resto de las políticas.
En este caso, debería haber todo un catálogo de acciones encaminadas a cumplir los objetivos relativos al cambio climático en lo que se refiere al transporte, buscando su eficiencia, promoviendo lógicamente el transporte público, el ferroviario, las vías fluviales; animando a que se redujeran las emisiones ocasionadas por la aviación que se supone pueden aumentar en veinte años prácticamente el doble, etcétera. También se deberían realizar acciones en el sector energético, del que bastante hemos hablado y cómo no, en el sector agrario, haciendo posible la reducción de las emisiones de metano y de óxido de nitrógeno; reforzar los sumideros de carbono y el empleo de productos a base de madera que hicieran más sostenible nuestra agricultura; indudablemente, debería rexistir un mayor apoyo a la investigación, así como una información a los ciudadanos y a las empresas.
Hay una cuestión recomendaba por la Unión Europea que considero fundamental y cuya aplicación debería ser inmediata, que es determinar medidas de adaptación a los efectos que el cambios climático ya ha producido, como debía al inicio de mi intervención y vuelvo a repetir ahora. Hemos descrito entre todos las consecuencias que ya se han producido, pero hay otras que ya estamos viviendo. Por tanto, habría que proclamar una adaptación del sistema de infraestructuras de energía y de transporte; hablar de los usos del suelo y de las prácticas agrarias, y cómo no, deberían adoptarse medidas relacionadas con la sanidad pública porque va a haber que combatir nuevas enfermedades que ya despuntan, incluso la Unión Europea dice que se deberían adaptar los servicios de urgencia.
Vuelvo a recordar las efemérides de Aznalcóllar. Si yo tuviera capacidad literaria podría describir la sensación tan terrible que, tal día como hoy, hace tres años, supuso ver cómo cientos de toneladas de contaminación se acercaban a un espacio completamente virgen. Si pudiéramos trasladar esa visión a los ciudadanos éstos comprenderían perfectamente que estamos hablando de un problema con mayúsculas.
Por tanto, creo que esta interpelación debe tener exclusivamente por objeto el dejar en evidencia que ustedes van a adoptar medidas concretas, que van a impulsar en la medida de lo posible que se ratifique el Protocolo de Kioto, y que este país, mi país, va a tener una estrategia frente a este gran problema con la adopción de políticas concretas.
Señor Ministro, permítame que le diga con todo cariño que hay dos posibles paseos; uno, el que ustedes anunciaron que iba a ser un paseo militar --me refiero al Plan Hidrológico--, y otro, el paseo en bicicleta que usted se dio el otro día. Y, sinceramente, en atención al interés general y con la oportunidad que usted tiene en el horizonte de la Conferencia de Río de Janeiro en 2010, me gustaría que mi Gobierno diera una respuesta concreta, sensata y responsable a este problema.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bella.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la Senadora González.


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La señora GONZALEZ PEREDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, voy a comenzar mi intervención haciendo una pequeña referencia a los antecedentes de la situación para poder entender el desarrollo de los distintos sucesos y los posicionamientos.
Como todos ustedes saben, hay una opinión cada vez más consensuada en lo que se refiere a las problemáticas del cambio climático: considerar los efectos del mismo como un problema grave que afecta globalmente a nuestro planeta. Las discrepancias entre los grupos negociadores respecto de los elementos claves fueron evidentes durante todo el proceso previo, por lo que no hubo una aproximación de posturas. El objetivo era conseguir el acuerdo de todos los países participantes para poder así ratificar todo el Protocolo, en el que se plasman los compromisos pero no se fijan las reglas de definición ni de aplicación del mismo.
Tras los recientes acontecimientos relacionados con el anuncio por parte de los Estados Unidos de no ratificar el Protocolo de Kioto se hace patente la dificultad de llegar a un consenso entre los países más desarrollados, es decir, entre los que más contaminan. Volver atrás en un acuerdo de esta importancia y liderar una política opuesta a la lucha contra la contaminación atmosférica tendría implicaciones medioambientales negativas para todos nosotros, dado que, como se ha dicho aquí, los Estados Unidos son la principal fuente de esos gases, con el 25 por ciento de las emisiones acumuladas de CO2 desde 1950 hasta 1990.
Las principales dificultades siguen afectando a los mecanismos de flexibilidad y aplicación del Protocolo, esto es, a la cooperación entre los países desarrollados y los más pobres.
La contaminación ambiental se introduce en lo que va a ser la raíz del problema: la competitividad económica. Para la Unión Europea --y por tanto, para España-- la integridad del Protocolo es algo irrenunciable, como también hemos repetido aquí muchas veces, y por ello se insiste en que su aplicación debe conllevar reducciones internas significativas y reales en los países más desarrollados. Se está diciendo que corresponde a ellos encabezar este proceso y tener en cuenta las necesidades de los países menos desarrollados sin que signifique para estos últimos una carga en su desarrollo sostenible.
Tras la postura de los Estados Unidos la Unión Europea podría intentar alcanzar acuerdos con los países del denominado «grupo paraguas»: Canadá, Japón, Australia y Nueva Zelanda, que han estado apoyando a los Estados Unidos pero están comenzando a mostrar su oposición al Gobierno de Bush.
Pero lo que no se puede aceptar es la desnaturalización del Protocolo, ya que eso pondría en riesgo su autenticidad. Nuestro Grupo parlamentario lamenta profundamente que no se haya llegado a un acuerdo que garantice la ratificación del Protocolo de Kioto. Ya desde el principio la posición española fue firme en defensa del Protocolo y su ratificación, tal como lo es ahora. Como el propio Ministro ha reconocido, es cierto que España está en estos momentos en unas condiciones por las cuales nos estamos desviando, junto con otros países, de los objetivos de reducción de la contaminación atmosférica para el quinquenio 2008-12, pero también lo es que España es uno de los países europeos que menos gases con efecto invernadero emite por habitante actualmente, así como uno de los países con menor incremento de emisiones en comparación con nuestro producto interior bruto, que ha sufrido un aumento que ha coincidido en estos últimos cuatro años con un gran desarrollo económico e industrial.
España dispone en estos momentos, tal y como el Ministro ha dicho en todas sus comparecencias, de un abanico de programas públicos y privados de lucha contra el cambio climático y centrados en la energía que, desde nuestro punto de vista, están funcionando. En cuando al Plan de energías renovables aprobado por el Gobierno --y respecto del que nuestro país está ya en un consumo del 6 por ciento de energía de esas fuentes para llegar al 12 por ciento en el año 2010--, tenemos los principales incrementos de producción de energías renovables que hoy se producen en toda Europa; el cambio de centrales térmicas anteriores a 1982 por otras renovadas con el horizonte del año 2010; políticas relativas al transporte público encaminadas a reducir el CO2 dentro de las ciudades y la creación de infraestructuras sustitutivas que apuesten por la reducción o políticas en materia de residuos, como es, por ejemplo, el control de las emisiones de metano en los vertederos, y la utilización del mismo en la producción de energía eléctrica.
Deseo felicitarle, señor Ministro, por la creación de la Oficina del Cambio Climático. El Grupo Parlamentario Popular confía y desea que las medidas que se pongan en práctica --cuyos objetivos de investigación, metodología, prevención, formación y sensibilización social redundarán en la reducción de emisores-- sean el marco de referencia para tomar posturas coordinadas. La Tierra no nos pertenece; es un tesoro que administramos para transmitírselo a nuestros hijos tal y como dice un proverbio.
Finalizo manteniendo las palabras del señor Ministro: Es necesario que todos antepongamos la preservación de nuestro Planeta sobre otras consideraciones.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, quiero agradecerles a todos sus interventores. Quisiera concluir esta interpelación expresando de modo sincero una inquietud personal ante un tema de tanta importancia.
En estos momentos resulta indiscutible la importancia que tiene el tema que abordamos, la importancia de la concienciación social respecto de un problema legal, el del cambio climático en todo el Planeta. Serán discutibles o no lo serán las políticas y medidas, se quieran aceptar o no --en mi opinión por criterios estrictamente políticos--, que se vienen desarrollando desde el Estado español, desde las Autonomías,

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desde los ayuntamientos, desde el sector público o privado en cuanto a la lucha frente al cambio climático, pero me parece, sinceramente, que en este momento --y algunas señorías han hecho mención de ello-- la importancia del debate debe radicar en cuestiones mucho más cruciales e importantes.
Estamos ante el riesgo de la desnaturalización del propio Protocolo de Kioto; estamos, ni más ni menos, ante una de las decisiones más importantes que probablemente se van a tener que tomar en política medioambiental en los próximos meses o años. Y ésa es la cuestión.
Sin que sirva de precedente, he de decir que mi compañero, el señor Cámara, se ha referido a algo que considero fundamental: la flexibilidad.
¿Cuáles son los límites de flexibilidad de esa negociación? Esta es la discusión política trascendental hoy, ésta es la discusión que está poniendo en tela de juicio el Protocolo y su ratificación. Pero, naturalmente, la postura del Gobierno español ha sido la de salvaguardar a ultranza el contenido del Protocolo, es decir, la de exigir que los mecanismos de flexibilidad tuvieran limitaciones en su aplicación. Pero hoy, dentro de la propia Unión Europea, esta misma exigencia se encuentra con la necesidad de incorporar a ese proceso de ratificación ni más ni menos que a los Estados Unidos. Postura que, además, apoya el G-77 más China de forma decidida.
Yo me encuentro ante la dicotomía de apuntar los datos reales, aunque puedan incluso desvirtuar la inquietud que todos sentimos hoy por el cumplimiento de la limitación de nuestra contaminación, o de seguir por el camino de auspiciar esas políticas y, si es necesario, de asustar a todas las instituciones y ciudadanos para poder seguir llevando a cabo esas políticas de lucha contra la contaminación.
Voy a dar un dato que quiero que se tome en el buen sentido de la palabra. A fecha de hoy Estados Unidos tenía que reducir el 7 por ciento, pero va por el 11,2 de incremento. Dinamarca tenía que reducir el 21 por ciento y va por el 9,5 de incremento, es decir 32 puntos de diferencia.
Holanda tenía que reducir el 6 por ciento y va por el 9 por ciento de incremento, o sea 15 puntos de diferencia. Austria, 19 puntos de diferencia. Italia, 11 puntos de diferencia. Canadá, 19 puntos de diferencia. España, en el año 1998 tenía 2 puntos, y en el año 1999, si bien no son las mismas medidas que las de los otros países, tenía 8 puntos en el criterio más pesimista. Pero esto no es ningún consuelo, y no lo es porque tenemos que seguir auspiciando esas políticas.
Yo me atrevería a preguntar a todas sus señorías quién puede decirme si las cifras que yo he dado, incluso las de España, son reales. Ninguno de ustedes podrá contestarme, porque existen unos mecanismos de flexibilidad firmados en el Protocolo que hoy no están definidos. ¿Qué papel juegan hoy los sumideros, como decía el Senador del PNV, para descontar esos niveles de contaminación? ¿Están medidos en España, y en el resto de países? ¿Qué papel juega el comercio y compra de emisiones? ¿Qué papel juegan los CDMs? No están definidas las reglas del juego; reglas que nadie se saca de la manga, sino que están firmadas en el propio Protocolo. Mientras no seamos capaces de cerrar esa negociación a nivel internacional y --como bien dice el Senador Servià-- de concienciar e implicar a todos los ciudadanos en este debate, no estaremos abordando la profundidad política de un asunto tan trascendental e importante para la humanidad.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA ESTRATEGIA DEL GOBIERNO PARA EL DESARROLLO DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION Y EL CONOCIMIENTO, ASI COMO SOBRE LA COLABORACION CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y LAS ADMINISTRACIONES LOCALES (670/000064).


La señora PRESIDENTA: Interpelación del Excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la estrategia del Gobierno para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, así como sobre la colaboración con las Comunidades Autónomas y las administraciones locales.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, lamento haber tenido algo que ver en que haya venido dos veces esta mañana.
Quiero empezar diciendo que, según los usos y hábitos parlamentarios, es casi obligatorio que toda interpelación formulada por la oposición al Gobierno tenga un alto contenido crítico. Si ésta fuera nuestra intención, materia prima no nos faltaría. Podríamos echar mano de un periódico tan afín al Gobierno como es «El Mundo», que sorprendentemente el día 18 lanzó una dura crítica a la andadura del Ministerio durante el año que lleva en funcionamiento.
Si un periódico tan afín al Gobierno como es «El Mundo» hace este tipo de críticas, la oposición debería estar obligada a hacer críticas al menos igual de duras. Sin duda, si quisiéramos hacer críticas tendríamos bastantes materias donde escoger. Podríamos hablar de una liberalización incompleta y algo estancada; cuando hay ofertas en liza, evidentemente, hay mercado, pero --como sabe muy bien la señora Ministra desde antes de ostentar el cargo-- sigue habiendo un operador dominante que parece que fija el calendario, las condiciones y el precio en ámbitos residuales de monopolio.
También podríamos hablar de tasas creativas, como las recientemente anunciadas por ciertas Comunidades Autónomas; o de una cierta confusión --parecía que amainaba la presión desde el sector de la investigación, pero ayer

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volvía a arreciar-- en los parámetros o en los sistemas de evaluación de proyectos, poco definidos por el Ministerio en sus políticas; o incluso podríamos hablar, señora Ministra, de algún indicio de autosatisfacción en la última sesión parlamentaria en esta Cámara, cuando usted, respondiendo a una pregunta de la Senadora Arnáiz, decía: los consumidores están plenamente protegidos. Tal vez podríamos hablar de la máxima protección posible, pero es difícil que estén plenamente protegidos en un sector donde continuamente se inventan virus o donde todavía pagamos las conexiones frustradas a Internet; por tanto, es muy difícil estar plenamente protegidos; es un término excesivo. O incluso podríamos hablar --y acabo con este pequeño repertorio de posibilidades-- de una crítica a Info XXI, ya que en alguna medida --y no me refiero a su conjunto-- es un texto refundido de programas que ya estaban en marcha en los ministerios, que incluye incluso las compras de ordenadores de todos los ministerios, lo cual se aleja del objetivo, aunque se trata de que el resultado final sean esos 825.000 millones de pesetas, que es una cifra que han pretendido confundir con un plan específico dirigido a la sociedad de la información.
Nuestra interpelación no persigue tratar esos temas a fondo, ni es una interpelación crítica en principio; más bien es indagatoria o encaminada a promover un debate que nos parece necesario sobre las líneas maestras, las esenciales del advenimiento de la sociedad de la información, porque lo primero que me gustaría comprobar --para ver si estamos de acuerdo o no con el Ministerio, y con usted en concreto-- es que se trata de un advenimiento, que vendrá bien o vendrá mal, pero vendrá en cualquier caso, y no tanto de algo que se pueda estructurar de forma programada.
Más allá de las veleidades del índice Nasdaq -- que parece que seguirán marcadas por una curva de euforia/depresión--, proliferan algunos tópicos y latiguillos, y entre los más frecuentes está casi siempre el de tomar o no tomar el tren, como una expresión gráfica de que en esta ocasión no hay que perder este tren --y creo que estamos todos de acuerdo--, y que es posible tomarlo, al contrario que ocurrió en otras oportunidades históricas anteriores. Otro tópico es también el de medir la intensidad y la calidad del proceso sólo con la evolución de los hogares conectados; esto el Gobierno lo usa en términos absolutos, autorreferenciales, para decir que han mejorado; la oposición lo usa en el sentido contrario, en términos relativos, por comparación con otros países más avanzados; es un debate en espiral, sin salida, que no nos interesa demasiado, como máximo es un indicador de cierto interés, pero no nos interesa centrar el debate de hoy en ese aspecto, y entiendo que a usted tampoco, porque los datos de enero, y sobre todo de febrero denotan un estancamiento, que seguramente es circunstancial y no tiene mayor importancia, pero es así.
Entrando en la materia que nos gustaría tratar, quisiera saber qué piensa hacer el Ministerio para conseguir lo que nos parece clave en esta cuestión, que es cómo generar, retener y, si conviene, importar talentos.
Nos parece que ésta es la cuestión clave del advenimiento de la sociedad de la información. Hay un tópico que consiste en una especie de receta-panacea que aconseja alfabetizar digitalmente y cuanto antes a toda la población; el razonamiento es parecido a que la demanda va a generar oferta, y muchas personas hemos caído un poco en esta especie de simplificación, que se complementa con un discurso de corte igualitarista, que dice que habrá diferencias, y quizá riesgos, entre alfabetizados y nuevos analfabetos; hay que convertir los TICs en un factor de igualdad o, lo que es lo mismo, el porcentaje de ciudadanos conectados, ergo alfabetizados, es lo que determina el grado de incorporación o de transición hacia la SIC. Eso me parece una simplificación.
Yo quisiera dejar claro que es cierto que la sociedad de la información comporta riesgos de dualización y que hay que combatirlos y minimizarlos, sin duda alguna, pero, siendo partidarios --y me gustaría que nadie tuviera duda de que el Grupo Entesa Catalana de Progrés lo es-- de la equidad social, probablemente esto no es suficiente para una buena implantación de la sociedad de la información. Es decir, no nos oponemos, por supuesto, sino que estamos a favor de la implantación de TICs en las escuelas --incluso nos sorprende desagradablemente, nos escandaliza casi, que todavía salgan de la enseñanza media y de la universidad tantas personas con unos conocimientos y unas habilidades TIC insuficientes--, pero, con seguridad, ésta no es una fórmula que por sí sola conduzca a una buena implantación, a un buen aprovechamiento de las oportunidades de la sociedad de la información.
En el mismo sentido, al referirse a infraestructuras se habla cada vez menos --porque hay más conciencia de que las tecnologías van a ser diversas y de que hay que hablar más de redes y no de una sola tecnología-- de igualdad territorial, y es cierto que también hay riesgo de dualización territorial, sin ninguna duda. Aquí también quiero aclarar previamente que, por supuesto, somos partidarios del servicio universal de la conexión, aunque con dos criterios que quiero mencionar para verificar si está usted de acuerdo con ellos.
El primer criterio es que la inclusión en la Ley General de Comunicaciones de Internet como servicio universal ya debería haberse hecho. No nos parecen correctas las recientes declaraciones del Secretario de Estado, señor Tomé, de que hay que esperar para ponerlo en común con Europa. Podría hacerse perfectamente y, desde luego, no en el sentido estricto de igualitarismo de «la mejor de las tecnologías hasta el último rincón», porque esto es técnicamente imposible, sino con unas condiciones de calidad --que ya se han promovido desde algunos ámbitos-- que permitan determinados accesos que exigen mínimos tecnológicos. Nos parece que es en este sentido como debería promoverse y hacerse la definición.
Pero también es cierto que hay una segunda razón por la que creemos que no debemos fiarlo todo a las infraestructuras y a llegar a todas partes, que es de tipo conceptual: debemos dejar de confundir equilibrio territorial con homogeneidad territorial, con territorios todos ellos clónicos de un modelo predeterminado. Por supuesto que el concepto de equilibrio debe potenciarse y que debe ser suficiente para que haya oportunidades en todas partes, para fijar población, para calidades de vida determinadas, pero en

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un marco de territorios distintos, diversos y en equilibrio. De la misma manera que en algunos territorios no se puede ir a pie al cine o al instituto, en otros no se puede pretender que nos despierten los ruiseñores, y esto tiene que seguir siendo así. Por lo tanto, cuando se habla de equilibrio territorial hay que darle este sentido exacto.
Asimismo, debemos pensar que es poco probable que toda España sea una especie de inmenso parque tecnológico. Es bien cierto que conviene que estemos todos muy atentos --y lo estaremos, sin duda-- a que no todo se instale en Madrid, por supuesto que sí, pero también lo es que inevitablemente determinadas expresiones de la sociedad de la información y el conocimiento se concentrarán inexorablemente en unos cuantos lugares. Poner también como condición una determinada concepción excesivamente uniformista del territorio sería una forma segura de perder el tren.
Hay otro elemento que me gustaría tratar pero por falta de tiempo tendremos que hablar de él, si hay ocasión, en una futura intervención, que es el papel de las Administraciones a la hora de convertirse en --digámoslo así-- miembros activos de la sociedad de la información y del conocimiento. Pero, repito, con mucho gusto hablaré de él en una próxima intervención. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) La cuestión que nos preocupa de verdad y sobre la cual la interpelamos esencialmente, señora Ministra, es la siguiente: si los razonamientos que acabo de hacer son más o menos ciertos y si para no perder el tren no son suficientes la alfabetización y la conexión universales, ¿qué es lo que nos conduce a la SIC, en qué consiste la SIC, qué deben hacer las Administraciones para coadyuvar eficazmente al advenimiento de la SIC de una forma adecuada? Naturalmente, no tengo unas respuestas concretas y precisas, de ahí la necesidad de una reflexión y de un debate, el que le estoy proponiendo.
La primera cuestión que nos parece importante es, en algunos aspectos, cambiar el tiempo de la toma de decisiones; el tiempo es importante porque es lento en algunos aspectos fragmentarios, y siempre tenemos que hablar de suma de aspectos fragmentarios. Le voy a poner dos ejemplos --aunque uno de ellos sea menor--: todavía no tenemos resuelto el tema de las antenas y, por otra parte, tampoco tenemos una cobertura local mínima en relación con la firma electrónica. Señora Ministra, creo que en este campo tendremos que acostumbrarnos a legislar poco, pero rápido; es necesario que se establezcan leyes estables vinculadas a los valores, pero que se puedan cambiar las normas inferiores con una gran agilidad porque estamos hablando de una realidad muy cambiante y, por ejemplo, tenemos una ley que ya lleva, a nuestro juicio, demasiado tiempo en discusión.
Para tomar el tren es esencial que seamos capaces, como país, de generar, retener y, eventualmente, importar talento. ¿Para qué? Para tener una masa suficiente de talento, unas elites innovadoras y con suficiente masa crítica que, tanto en el campo de la empresa y de los negocios como en el de la investigación básica y aplicada o en el de los servicios públicos, estén en posiciones de vanguardia, creando, innovando y generando sinergias y espirales virtuosas de innovación permanente.
La sociedad de la información y de conocimiento no se construye en base a un modelo preestablecido y programado, sino a la acumulación de experiencias y aplicaciones innovadoras, creándose así prosperidad y oportunidades para los ciudadanos. Estas elites innovadoras deben sentirse muy cómodas, para que podamos disponer de ellas y retenerlas, en los espacios físicos y virtuales en los que operan. Para ello hace falta un tejido empresarial, una mayor cantidad de empresas innovadoras, unas universidades más ágiles y competitivas, unas administraciones menos burocratizadas y más instaladas mentalmente en la sociedad de la información y del conocimiento y, por supuesto, evitar convertir estas elites en funcionarios o en personas permanentemente subvencionadas. Para construir la sociedad de la información y del conocimiento probablemente ya no sirve la cadena metodológica a la que estábamos habituados --diagnóstico, definición de objetivos, estrategias, planes por etapas y fases, acciones programadas--, hay que sustituirla por una cadena parecida a diagnósticos fragmentarios, objetivos difusos y consensuables, procesos de prueba-error y copia que se van aprendiendo mientras se desarrollan, una enorme flexibilidad para rectificar y reorientar, difusión y promoción de buenas prácticas, etcétera. En resumen, una planificación menos rígida y que preste más atención a la prospectiva, a los escenarios posibles, al establecimiento de indicadores, a la evaluación del resultado de las actuaciones, observatorios y revisiones constantes de lo que está ocurriendo.
Las administraciones deben tener claro que no pueden, probablemente, ni deben controlar el proceso, que es autónomo y demasiado polimórfico para ser controlado, y que la sociedad de la información y del conocimiento comporta la novedad absoluta --que no es lo mismo que antes pero con ordenadores--, que hay que legislar a tiempo lo que haya que regular, pero que debe tender --como decía antes-- a ser poco y más orientado a las cosas nuevas que no se pueden hacer que a cómo se deben hacer --que es bastante difícil de prever--, sin excesiva retórica --porque nos parece que abunda demasiado-- e, incluso, sin «ciberpapanatismo», porque nos parece que también lo hay en alguna medida.
El motivo de la interpelación, señora Ministra, es preguntar al Gobierno, y a usted en particular, sobre su actitud, interlocutores, nivel de cooperación con otras administraciones, intenciones y métodos en aquello que nos parece fundamental para el proceso de advenimiento correcto de la sociedad de la información y del conocimiento o, si se prefiere, que España no pierda este tren; y, mucho más sintéticamente, qué hace y qué piensa hacer el Gobierno para retener talento.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gibert, le ruego que concluya.


El señor GIBERT I BOSCH: Le rogaría que no me contestara que esto ya está recogido en el Info XXI sino que, desde un punto de vista estratégico, me indique cuáles son

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estas medidas y en qué grado deben producirse de acuerdo con las Comunidades Autónomas y las otras administraciones.
Muchas gracias, señora Ministra.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Gibert.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, señor Presidente.
Señorías, el Gobierno tiene una estrategia clara y concreta, que viene acompañada --como bien conoce-- de un plan de actuación, el denominado Info XXI.
Y este plan es estructurado y abierto, articulado de tal modo que en él están claramente definidos los objetivos y los compromisos para este primer período por parte de la Administración General del Estado, con la participación de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y el propio sector privado. Y el Ministerio ya está trabajando sobre este plan de actuación y las medidas conjuntas, aquellas medidas que además han de permitir acelerar la implantación y el desarrollo de la sociedad de la información en España.
Sabe su señoría que este gran objetivo, el desarrollar la sociedad de la información en España, requiere políticas de muchos tipos, políticas educativas, industriales, de investigación y desarrollo, internacionalización, liberalización de los mercados, apoyos a las pequeñas y medianas empresas, políticas legislativas y económicas, al objeto de configurar el marco necesario para estas tecnologías y su desarrollo, servicios, usos e implantación en el conjunto de la sociedad.
Y en este sentido, sabe que hemos considerado que las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones constituyen un objetivo prioritario para los próximos años. Es un objetivo que busca el desarrollo rápido y vertebrado de la sociedad de la información y el conocimiento.
Déjeme entrar ya en esta iniciativa estratégica Info XXI, en cómo aborda una serie de ámbitos y a qué estrategia corresponde, una estrategia concreta basada en tres grandes líneas, en una de las cuales me quiero detener porque demasiadas veces pensamos que esto es cuestión de arte de magia, o de simple voluntad, o que sólo obedece a marcar unos objetivos.
Y me explico. Me estoy refiriendo a lo que son las tres líneas sobre las que esta iniciativa se basa y, en particular, a la referente al impulso del desarrollo del mercado, es decir, la liberalización del mercado de las telecomunicaciones, el desarrollo de la competencia y de un marco jurídico estable que permita no sólo que exista esta competencia efectiva sino que, además, aumenten los nuevos servicios --lo que en estos momentos ya estamos llevando a cabo--, servicios que van desde los temas de comercio electrónico hasta la competencia en nuevos servicios como, por ejemplo, móviles que se pretende asegurar que se desarrollan en toda su amplitud, cuestión a la que con posterioridad me referiré con más detalle.
Esta primera estrategia requiere disponer ya de una serie de actuaciones y le quiero mencionar dos de ellas. La primera es que por parte de la Administración exista un seguimiento continuado para que, ante cambios de circunstancias en el mercado o en la tecnología, ante las incertidumbres, exista una reacción adecuada a fin de garantizar a los ciudadanos competencia efectiva y desarrollo de servicios. Por ejemplo, en el caso de la telefonía móvil, tomamos la siguiente decisión sobre varios aspectos --y creo que es muy ilustrativa a los efectos de las cuestiones que le preocupan a su señoría y sobre las cuales me interpelaba más directamente--: en primer lugar, adoptar la decisión de ser pioneros en la convocatoria, el otorgamiento y la implantación de las licencias para la tercera generación de telefonía móvil perseguía el objetivo de no perder el tren tecnológico, desarrollar tecnología en España, poner al servicio de los españoles los servicios de móvil, los de nueva generación, no sólo sobre la voz, sino sobre datos, sobre Internet, y ser capaces de generarlos además con un incremento de la competencia. Sobre esta situación es sobre la que cambian las circunstancias del mercado.
Como saben sus señorías, después de la encuesta pública que ha hecho el propio Ministerio, no se prevé que la telefonía móvil de tercera generación en cuanto a los servicios esté disponible hasta avanzado el año 2002. Es obligación del Gobierno y del Ministerio de Ciencia y Tecnología en este caso, y es clave para la sociedad de la información, llevar a cabo varias cuestiones: Una, continuar garantizando que existen competencias, por lo tanto, no nos podemos quedar con tres operadores. Le garantizo, y ya se lo he comunicado, que estarán establecidas y tomadas las medidas para que esta competencia incremente y que, además, no volvamos a hacer sólo la competencia sobre la voz sino sobre los nuevos servicios, fundamentales para el desarrollo de la sociedad de la información. Hemos de adecuar una serie de cuestiones porque se van a desarrollar estos servicios sobre las tecnologías GPRS, y esto requiere más inversiones y tener en cuenta otros aspectos que ahora no es el momento de comentar, pero esto es exactamente lo que estamos haciendo.
A continuación, tomamos una decisión de desarrollo tecnológico desde el punto de vista de investigación y desarrollo, de formación del agente, de conocimiento, desde el punto de vista de las capacidades tecnológicas, para desarrollar I+D en esta nueva generación de móviles, cuestión que no fue totalmente posible en el caso de la generación anterior. En relación a este aspecto, los proveedores no vamos a perder el liderazgo a nivel internacional, y se han tomado medidas para que continúen trabajando y los centros de I+D realmente desarrollen estos nuevos servicios de móviles, claves para la sociedad de la información.
En el marco del impulso del sector de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, estimulamos la investigación. Por lo tanto, en todos los programas establecidos en este año 2001 es prioritario y hay una atención especial a la investigación en tecnologías de la información y de la comunicación para las universidades y para los centros científicos, al mismo tiempo que para la incorporación de las empresas. Recuerdo que hay todo un marco de

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desgravaciones fiscales, que es el coste fiscal de la innovación y, entre ellas, de manera clara la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación en las propias empresas del sector, sean pequeñas o medianas, sean autónomas o sean las empresas que desarrollan y que actúan como motor del propio conjunto de las telecomunicaciones y la sociedad de la información. Pero, además, sabemos que hemos de continuar avanzando en la creación de infraestructuras de suficiente ancho de banda, y en esta dirección hemos establecido no sólo adelantar en el tiempo la sustitución de la telefonía rural con el sistema TRAC, sino ademas crear infraestructuras que permitan dar un primer paso --quedan más pasos para realizar--, que es la creación de infraestructuras desde el punto de vista de dar neutralidad tecnológica.
Por lo tanto, las estrategias son las mismas que en el caso de un tema que nos ha preocupado siempre, que es complementario a éste de la creación de infraestructuras, que es que la sociedad de la información en muchos aspectos requiere --como sabe bien su señoría-- el cambio de mentalidad, la disminución de los miedos, que no haya limitaciones no sólo geográficas o territoriales, sino desde el punto de vista de lo desconocido y en el coste de acceso.
La recuerdo que parte de estos objetivos se cubrían ya con unas medidas que se tomaron el año pasado que corresponden al establecimiento de la tarifa plana. Hoy, tras conseguir que sea para las familias algo de carácter universal acceder a Internet y que la tarifa plana no sea una restricción, le quiero recordar que se ha dado un salto significativo en el número de internautas. Ha dado resultado, pero no es suficiente.
Tenemos que continuar avanzando y ver de manera clara el cambio sustantivo que supone incrementar el número de ordenadores en las familias, que ha pasado de un 11 por ciento a un 17 por ciento en este año 2000. En marzo el número de conexiones a Internet desde los hogares aumentó significativamente pasando de un 51 por ciento en noviembre a un 56 por ciento. Este es el camino, pero todavía no nos permite conseguir el objetivo que la población tenga en el marco de la sociedad de la información no sólo una penetración de móviles del 50 por ciento o un aumento del número de internautas, sino que la mitad, como mínimo, de nuestros hogares estén conectados a Internet.
Para ello no sólo es imprescindible continuar avanzando en la definición de las distintas actuaciones, sino que debe hacerse en un marco que está definiendo la propia Unión Europea, el de la iniciativa e.Europe. Como sabe, entre los instrumentos de e.Europe destaca la realización de una monitorización permanente del desarrollo de la sociedad de la información en los Estados miembros a partir de un conjunto de indicadores establecidos al efecto que sirvan de complemento. España ha aportado ya los indicadores que han servido para el año 2000 y que se están completando en estos momentos. Son los indicadores del grupo de servicios de la sociedad de la información, y ya están identificados 23 que hacen referencia al porcentaje de población que usa habitualmente Internet.
Yo daba una referencia de los objetivos para España y el porcentaje de hogares con acceso a Internet, el coste del acceso a Internet, el número de servidores seguros por millón de habitantes, el porcentaje de empresas que compran y venden por Internet, el porcentaje de escuelas con acceso a Internet a alta velocidad, el porcentaje de alumnos con acceso regular a Internet, el porcentaje de teletrabajadores, los servicios públicos en línea y de algunos otros que no tienen tanta relevancia como los que le he mencionado.
Desde este punto de vista se puede decir que vamos evolucionando. Hemos establecido un plan de actuación que se complementa con aspectos, a los que usted hacía referencia, que claramente corresponden a la política o a la responsabilidad del Ministerio de Ciencia y Tecnología, como los que hacían referencia a la investigación. En otros casos, se citan las actuaciones que coordina la propia Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología o la Comisión Interministerial de la Sociedad de la Información en el conjunto del Gobierno.
Desde el punto de vista de atraer talento, de ser capaces de desarrollar tecnología, necesitamos varias cuestiones a las que van dirigidas muchas de las actuaciones, algunas incluso recientes. Por un lado, la actuación en formación, y aunque no es una panacea y por sí sola o resuelve ninguna cuestión, considero que es imprescindible. La alfabetización digital es indispensable...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señora Ministra, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Hemos puesto el objetivo inmediato de formar a un millón de personas, al que se incorpora ya la propia Administración, las ofertas de trabajo y el proceso de contratación general del país. La alfabetización es fundamental; son muy importantes los programas de atracción desde el punto de vista de reincorporación a su ámbito correspondiente en la carrera del investigador, Programa Ramón y Cajal; es importante la dotación de recursos para investigar en este ámbito de las tecnologías del la información y la comunicación; es importante completar la infraestructura en las escuelas para que realmente nuestros jóvenes y niños estén formados, no que tengan habilidades, sino que estén formados en este entorno de la sociedad de la información. Todo ello, como sabe su señoría, está claramente en los programas del Plan Info XXI; algunos aspectos están más avanzados, otros están desarrollándose. Se incluyen la escuela, la Administración electrónica claramente abierta y dirigida al ciudadano y la formación como los tres puntos de trabajo más intenso, conjuntamente con las Comunidades Autónomas, que también los ha escogido.
Estoy segura de que en esta vía hay muchísimo camino por recorrer, en la que no se pueden obtener resultados inmediatos porque no hay varitas mágicas.
Por tanto, hay gente que no quiere moverse, hay cambios de mentalidades, hay competencia, que quiere decir que no siempre llueve a gusto de todos.
Unos se quejan de una manera, otros de otra, pero yo considero que usted, señoría, tiene conocimiento de cuáles son los objetivos y los retos como para situar cada cosa en su sitio y no intentar

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mezclar --aunque no pretendo atribuirle la intención-- la gimnasia con la magnesia.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología. (El señor Gibert i Bosch pide la palabra.) ¿El Senador Gibert quiere hacer uso del artículo 87? (Asentimiento.) Tiene cinco minutos, señoría.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señora Ministra, si en algún momento he confundido gimnasia con magnesia, lo siento; me sabría muy mal que fuera así. Yo en ningún momento he dicho que no fuera imprescindible alfabetizar, he dicho que no era suficiente, que me parece distinto.
Yo estoy seguro de que usted no piensa que la sociedad de la información vaya a ser como le voy a describir ahora, pero por si acaso me gustaría hacer una descripción un poco gráfica. Una sociedad en la que todo el mundo telefoneara el triple de lo necesario y razonable, o pusiera mensajes banales en horas valle tarifarias, o jugara «on line» a los marcianitos o a los naipes con cartas virtuales, no sería la sociedad de la información, supongo que estamos de acuerdo; sería más bien el «Fahrenheit 451» del siglo XXI, con pastillas de soma incluidas, en ese caso digital.
En el poco tiempo de que dispongo me voy a centrar en un aspecto que he dejado antes, y es cómo debe ser una Administración de la sociedad de la información y el conocimiento. No lo sé cómo será pero en principio la pregunta es interesante. Usted habla de cambio de mentalidad y es cierto.
Se suele decir y usted en alguna medida lo ha dicho, que hay que prepararse, formar a los funcionarios, cambiar de mentalidad, vencer resistencias y miedos. Todo esto es verdad, pero desde luego creo que si lo hacemos por este procedimiento, vistos los éxitos y las frustraciones de las reformas administrativas, no sólo perderemos el tren, sino que el tren va a arrollar a las administraciones. Lo que hay que hacer, señora Ministra, es introducir, gradual pero rápidamente, determinados niveles de interactividad. Seguramente esto provocará conflicto e, incluso, puede haber riesgo de colapso, pero el conflicto es creativo y, entonces, los alcaldes y los ministros darán algún grito y se pondrá en marcha. El procedimiento debe ser un poco inverso: aprender mientras se desarrollan las cosas, que es como debe hacerse. Y digo esto --y le ruego que no lo interprete como una crítica sino más bien como una sugerencia-- porque he estado viendo la página del Ministerio y voy a hacer una valoración lo más objetiva posible. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Estéticamente no vamos a discutirlo, porque es una cuestión subjetiva. Es practicable, se entiende bastante bien el mecanismo en cascada y horizontal. Hay mucha información, lo cual es un aspecto positivo. La jerarquización de dicha información es más discutible, pero a mi juicio es correcta. En cuanto a interactividad, hay muy poca en este momento, señora Ministra, y también hay poca actualización en algunos aspectos. En lo que se refiere a la normativa, por lo que he podido comprobar, es muy ágil. La actualización es importante. Pero, por ejemplo, si se va usted al apartado de Publicaciones, en la página principal hay un subapartado que dice: «Revista de economía industrial». Y en la introducción de esta revista se expone: Es una revista bimestral editada desde 1964, que permanece como única revista de este tipo, etcétera, que tiene cada vez más canales de difusión, que se puede consultar por Internet, etcétera.
Pero si después se va al índice general resulta que allí se dice que el último número se publicó en junio de 1999. No es un modelo en cuanto a actualización.
Si nos vamos, por ejemplo, al grado de interactividad, que como decía es más bien pobre, vemos que desde cualquier parte de la página se puede contactar con el Ministerio mediante correo electrónico, enviando el mensaje a un buzón general, salvo en algún departamento de la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, donde se puede dirigir a una dirección concreta.
A mi juicio esto significa dos cosas. Una, que el Ministerio no está del todo organizado con mentalidad de interconexión, porque de lo contrario los mensajes se dirigirían, según los temas, a su destino. Dos, que no son muchas las conexiones que se producen, porque si lo fueran probablemente habrían cambiado el sistema. En honor a la verdad, al hacer una consulta la respuesta es ágil y diligente. Esto también lo he comprobado, y lo digo en favor de su Ministerio.
Por lo demás, la interconectividad se limita a la posibilidad de rellenar algunos formularios que después hay que llevar en mano o mandar por correo. En el mejor de los supuestos, en los casos del Programa Profit y de algunos otros, se puede encargar el programa e incluso suscribirse a la actualización, lo cual está bien, pero nunca se llega a un grado suficiente. En algún caso, como por ejemplo en el del registro de instancias, ya podría ofrecerse la interactividad completa.
Si se pincha en «Publicaciones a la venta» se puede ver un enlace que reza: Orden de pedido. Uno piensa: Aquí sí podemos comprar algo desde casa. Pero no. Lo máximo que se puede hacer es rellenar un formulario que después hay que mandar por correo junto con un cheque nominativo o con la transferencia justificada, o bien ir a comprar los libros donde sea.
Señora Ministra, me parece francamente lamentable que en su Ministerio todavía se tome como modelo a la Agencia Tributaria porque, a mi juicio, su Ministerio debería estar más avanzado que ella en estos aspectos. Y eso es así sobre todo si lo comparamos con otros casos. Le puedo poner tres ejemplos. Usted se ha referido al e.Europe. En las últimas páginas de la última actualización --¡Cuidado! Ya sé que el calendario está vigente y hoy todavía no tiene la obligación de que sea así-- se habla de las cosas que deben ser interactivas en la Administración. Pienso que podríamos ir avanzando, sobre todo en su Ministerio. Para comparar, le podría citar que en el Ayuntamiento de Barcelona, por poner un ejemplo que tengo a mano, existen 54 trámites que se pueden cumplimentar desde casa, algunos de ellos relativamente complejos.


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También funciona así la Agencia Tributaria de Chile. Coger la Agencia Tributaria como modelo está bien, porque es la Administración española la que ha empezado, pero es poco, porque se pueden hacer declaraciones sobre la renta con unos trámites bastante penosos. En Chile, los impuestos se pueden pagar todos a través de Internet, y se han ingresado 131.000 impuestos en el año 2000. Por lo tanto, señora Ministra, me parece que no debemos prepararnos tanto, sino hacer las cosas. El procedimiento de implantación en la sociedad de la información --insisto-- consiste en aprender mientras se van haciendo las cosas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, creo que es muy evidente el interés y la oportunidad de esta interpelación y personalmente he creído detectar en el contenido y en la forma de la interpelación formulada por el Senado Gibert una actitud bastante constructiva. Quizá sea porque me he identificado bastante con los contenidos e incluso con la forma.
Hay frases que estamos repitiendo últimamente en esta Cámara y que también se están repitiendo en la calle y en los medios de comunicación, y no porque se repitan tanto tienen por qué ser ciertas, pero reflexionando sobre ellas creo que hay gran parte de verdad en algunas afirmaciones que se están haciendo, en el sentido de que se nos va el tiempo de las manos --esa frase tan repetida de que estamos perdiendo el tren de las nuevas tecnologías y de la sociedad de la información--, y creo que no estamos respondiendo exactamente a las expectativas que se habían planteado hace diez, tres o escasamente un año, y no quiero ser alarmista.
Le digo sinceramente que mi actitud quiere ser absolutamente constructiva, pero hay cosas que me preocupan mucho. No se trata de valorar en el debate de esta interpelación las cosas que se han hecho bien, que seguro y me consta que son muchas, sino de ver cómo podemos mejorar esta situación, que no es la óptima. A mí me preocupan muchísimo en este sentido los equilibrios territoriales, no sólo entre distintas Comunidades Autónomas, donde realmente la situación, por lo menos manejando las estadísticas, me parece preocupante, sino incluso dentro de las mismas, y tengo que referirme a mi situación de Senador representante de una isla. Está claro que en determinados territorios no funciona bien la competencia porque no es rentable. Hay territorios aislados y lejanos donde difícilmente va a funcionar la competencia, y está claro que las administraciones públicas --no sólo el Estado, no sólo su Ministerio, sino también las Comunidades Autónomas, incluso los cabildos insulares cuando se trate de islas o los propios ayuntamientos-- tendrán que comprometerse, en colaboración con otras administraciones, a resolver esos problemas donde probablemente la iniciativa privada o la competencia no va a dar la respuesta adecuada.
Por lo tanto, a mí personalmente, y en representación de mi Grupo, me preocupa mucho cómo se va haciendo un desarrollo equilibrado territorialmente entre distintos territorios y dentro de territorios que aparentemente son uniformes pero que tienen situaciones muy diferentes y donde la sociedad de la información, si no ponemos los medios necesarios, va a llegar tarde y mal.
Por consiguiente, hablar de tiempos y de plazos me parece absolutamente pertinente, y nos gustaría que usted, señora Ministra --no hoy, sino cuando sea oportuno--, aparte de lo que ya se ha hecho explícitamente en los distintos documentos y planes, nos diese unos compromisos de tiempo y de plazos.
Está claro que tiene que haber etapas de transición, pero quizá se está acudiendo demasiado a ellas. Las etapas de transición tienen un comienzo y un final y, por lo tanto, tenemos que tener claro hasta cuándo van a durar.
Me gustaría incidir en dos o tres cosas que me parecen fundamentales. Por un lado, la participación, la colaboración y el compromiso del resto de las administraciones públicas, como decía antes, y por supuesto la participación, la colaboración y el compromiso también de la empresa privada que, en definitiva, va a sacar unos beneficios de todo este desarrollo de la sociedad de la información. Para ello es importante, sobre todo cuando estamos hablando de los ciudadanos, la concienciación y la difusión de las ventajas y de la aplicación práctica de la sociedad de la información, lo que requiere estímulos fiscales y de otro tipo porque todavía sigue siendo caro el acceso habitual, frecuente y cotidiano a Internet para cualquier ciudadano normal y corriente. Puede que no sea tan costoso para las empresas, que saben cómo manejar mecanismos fiscales y económicos y cómo utilizar determinadas vías, tiempo y horario de acceso, pero sí para el ciudadano cotidiano. Todos conocemos casos en los que se han producido sustos en los primeros meses al llegar la factura, porque creían que con la tarifa plana sólo iban a pagar las 3.000 pesetas al mes, y se han encontrado con facturas preocupantes.
Por tanto, como decía, se necesita llevar a cabo una tarea de concienciación y difusión y de estímulos concretos en varios aspectos, pero sobre todo en lo económico, para tener los mecanismos y el acceso fácil. Se necesita formación no sólo para cubrir las necesidades individuales del ciudadano que debe acceder a la sociedad de la información, sino también para cubrir la demanda que está teniendo la empresa privada (todos los días aparecen cifras de alrededor de 60.000).
Dentro de esa tarea de investigación y desarrollo, la información es un paso previo fundamental. Yo creo que en la intervención de la señora Ministra ha habido una confusión entre voluntad «versus» liberalización.
No podemos confundir voluntad con voluntarismo. No es cuestión de voluntarismo, la liberalización es fundamental, pero hace falta aunar voluntades; la voluntad es fundamental.


La señora PRESIDENTA: Senador Rodríguez, le ruego que vaya concluyendo.


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El señor RODRIGUEZ DIAZ: Para terminar, por si sirviera de algo, quisiera animar a la señora Ministra, aunque creo que no le hace falta.
Yo no comparto las críticas que se hacen, incluso desde los medios de comunicación cercanos a su Gobierno. Creo que en este momento hay que darle ánimos. La tarea que su Ministerio tiene por delante goza de un amplio consenso y de apoyo político y social, aunque quizá no tanto como usted quisiera. Utilícelo en el buen sentido y siga adelante. Espero que en el plazo de un año podamos revisar la situación y hacer una valoración positiva. Lo deseo de todo corazón.


La PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
¿Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) ¿Grupo Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Sesmilo.


El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Es un placer debatir con usted, señora Ministra. Así interpreto el hecho de que después de su comparecencia del día 15 de marzo en la Comisión, en una sesión muy larga, de más de cuatro horas, muy interesante y prolija, al cabo de cinco semanas, con la Semana Santa de por medio, el Senador Gibert haya presentado una interpelación para tratar sobre estos temas.
Por ello deduzco que todos nos sentimos muy satisfechos de poder debatir con usted.
Otra razón para la presentación de esta interpelación debe ser las cualidades parlamentarias del Senador Gibert que hacen que encuentre motivos para interpelar en tan poco tiempo, cumpliendo un compromiso que adquirió en la Comisión. El Senador Gibert decía --tengo aquí el «Diario de Sesiones»-- que prefería que algunos de estos aspectos se desarrollaran mediante interpelaciones, y lo ha cumplido. Yo, que no tengo estas dotes y por tanto, y dado la hora, voy a ser muy breve, quisiera centrarme en dos o tres aspectos que, a pesar de su buena voluntad --y le agradecería que no se lo tomara como un reproche, ni mucho menos, porque después de cuatro horas no se puede contestar a todo--, se quedaron sin responder y era lo que a mi Grupo le interesaba más.
En primer lugar, valoramos positivamente que el día anterior a su comparecencia, el 14 de marzo, se celebrara una reunión de coordinación con las Comunidades Autónomas. En la Comisión manifestó que se incorporarían grupos de trabajo, y quisiera saber si ya se ha llevado adelante. Además, es justo reconocer que el primero que habló aquí de coordinarse con las Comunidades Autónomas fue precisamente mi Grupo en la comparecencia que tuvo el Secretario de Estado para la Sociedad de la Información.
Otro asunto al que usted no me contestó --y repito que no se lo tome como un reproche-- es cuando habló, pensando en el ciudadano, del portal único para todas las Administraciones. Recuerde que yo le felicité por este aspecto de que la Administración local, la autonómica y la del Estado den prioridad a considerar al ciudadano como tal y, por tanto, que puedan acceder a través de un portal único.
Yo le pregunté, pero usted no me contestó, si también tenía previsto incorporar en lo posible en este portal la Administración europea; somos ciudadanos catalanes, vascos, andaluces, ciudadanos españoles y ciudadanos europeos y, por tanto, si una persona desea opositar a una plaza para la Comisión o el Parlamento europeo debería tener acceso a este portal y que éste fuera la ventanilla única. Le agradecería que me pudiera responder a esta cuestión.
Usted ha puesto el énfasis sobre la alfabetización digital. Yo hablaba de combatir el analfabetismo cibernético. A pesar de que usted ha hecho hincapié en ello, y además quiero expresarle mi felicitación porque el Ministerio tenga en cuenta este problema con toda la intensidad que merece, me gustaría hablar de la necesidad de un programa de choque; posiblemente sea la gente mayor que está fuera de estas tecnologías quienes podrían utilizar mas la informática para realizar gestiones en las administraciones ya que muchos de ellos incluso no pueden moverse de casa. Por tanto, también le agradecería me concretara algo sobre este punto.
Nada más. Supongo que seguiremos hablando de este tema cuando se debatan otras iniciativas parlamentarias y de antemano le agradezco su respuesta.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sesmilo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra, el Senador Lavilla.


El señor LAVILLA MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, voy a comenzar describiendo la realidad, aunque ésta pueda ser dura en algunos aspectos, con la intención de que con ello su Ministerio se vea obligado a avanzar en la sociedad de la información en España.
El Senador Gibert se ha referido --usted también lo ha hecho-- a un aspecto muy importante, la retención del talento, la importancia de la educación en España; incluso en esta Cámara en la Comisión de la Sociedad de la Información los representantes del comercio electrónico en España afirmaron que la educación era fundamental, porque si hay usuarios la sociedad de la información se desarrolla por sí sola, ya que existirán empresas y mercados a los que interesará ofrecer servicios a los ciudadanos que utilizan las nuevas tecnologías.
En ese sentido, señora Ministra, nadie ha sido tan extremadamente crítico como su Subdirectora de Desarrollo de la Sociedad de la Información con la pasada gestión, con un programa con un importante contenido impulsado por nuestra actual Presidenta y entonces Ministra de Educación, Esperanza Aguirre, en el que, según mi opinión, creía. La actual Subdirectora ha dicho literalmente: Se prevé la inclusión de Internet en todas las escuelas en el año 2003. Mayoral precisó que sólo un millar de las 21.000 escuelas españolas utilizan Internet en la enseñanza. ¿Qué ha sido pues de ese programa de aldea digital que tantas cosas y tan bien expuestas proponía? Se ha producido un

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frenazo e, insisto, nadie ha hecho una crítica tan feroz hacia lo realizado como su propia Subdirectora.
Si tenemos en cuenta que la educación es un pilar fundamental para el desarrollo de la educación en España, tendré que decirle también, señora Ministra --con los pocos datos oficiales facilitados por el Gobierno porque usted muy bien sabe que su propio Ministerio aún no me los ha dado, aunque mañana tendremos ocasión de realizar aproximadamente 13 preguntas para abordar esta cuestión--, que de cada 5 pesetas prespuestadas en educación, este Gobierno sólo se ha gastado una; es decir, si tenemos en cuenta que la educación es muy importante para desarrollar la sociedad de la información y que el dinero presupuestado es insuficiente, según la opinión del Grupo Parlamentario Socialista, tendremos que coincidir en que evidentemente las cosas no van bien en esta materia.
Señora Ministra, estamos los penúltimos en la Unión Europea a nivel de conexión a Internet; es cierto que son datos estadísticos pero siempre marcan unas referencias; estamos compitiendo duramente con Grecia por el último puesto porque, como usted muy bien sabe y ha sido denunciado por todos los medios de comunicación, nos acaba de superar Portugal. Pero es más, un titular de un periódico de ayer decía: España está 15 años por detrás de Europa en nuevas tecnologías. Lo dice la Fundación Cotec, cuyo Presidente es José Angel Sánchez Asiaín. Estos no son datos que haya aducido el Grupo Socialista, sino que se aportan por otras personas y otros colectivos.
No vamos bien, señora Ministra, pero lo peor que podríamos hacer es dedicar este tiempo a justificar lo que no va bien. Por eso, me gustaría pedirle una sola medida complementaria de todo es plan, tan ambicioso, pero al que después le falta dinero. Se trata de algo que fue aprobado en el Senado el día 17 de diciembre de 1999, en la Comisión para el estudio de las redes informáticas; me refiero al cumplimiento de la conclusión número 6, que establece el acceso gratuito de los colegios, las bibliotecas y los centros culturales del país mediante banda ancha. Y para el resto de los ciudadanos --esto no lo dice la conclusión sexta, pero se lo pide, lo reclama y lo exige el Grupo Socialista--, una tarifa plana real las 24 horas del día por 3.000 pesetas.
Como no vamos bien, señora Ministra, para avanzar en la sociedad de la información suya es la última palabra y, por tanto, la última responsabilidad. Desde el Grupo Socialista esperamos por el bien de nuestro país que se corrijan algunas actuaciones, que se invierta más y que consigamos impulsar en mayor medida la sociedad de la información en nuestro país.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Lavilla.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Bascuñana.


El señor BASCUÑANA GARCIA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, desde el mes de abril del año 2000, fecha en que se creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología con el importante objetivo, entre otros, de coordinar e impulsar las actuaciones para el desarrollo de la sociedad de la información en el conjunto del territorio de España, han sido varias, y prácticamente todas ellas a petición propia, las comparecencias e iniciativas parlamentarias mantenidas en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento y en el Pleno de esta Cámara, tanto por parte del Secretario de Estado de Telecomunicaciones y para la Sociedad de la Información como por la propia Ministra.
La voluntad de acelerar en España el proceso de la incorporación a la sociedad de la información ya fue expresada desde las primeras comparecencias, y muchos de los objetivos de los que se hablaba desde el Ministerio y que la oposición manifestaba querer compartir con éste son hoy una realidad. Por tanto, no está justificada la preocupación de sus señorías por perder el tren en esta materia.
El día 6 de marzo la señora Ministra comparecía en el Congreso de los Diputados en la Comisión de Ciencia y Tecnología, y días más tarde, el 15 de marzo, lo hacía en el Senado en la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
El compromiso del Ministerio acerca de informar constantemente sobre este tema es evidente, por lo que considero --y lo digo con todo respeto-- que la interpelación presentada hoy es innecesaria. Por otro lado, el texto de la interpelación no coincide con las explicaciones y el debate ya producidos. Todo quedó ampliamente explicado en la comparecencia del día 15 de marzo. Asimismo, el compromiso de informar respecto de lo que sucediera en el pleno del Consejo Asesor de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información y en la Cumbre de Estocolmo también quedó explícito en dicha Comisión.
Su señoría interpela sobre las estrategias que el Gobierno considera fundamentales para el desarrollo de la sociedad de la información y el conocimiento, así como sobre las líneas de colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas y entidades locales. Pues bien, recordará su señoría que la señora Ministra planteaba --y hoy lo ha vuelto a manifestar-- tres grandes líneas de actuación a este respecto: el impulso del sector de las telecomunicaciones y las tecnologías de la información-- del cual se ha hablado ampliamente durante este debate--; la potenciación de la Administración electrónica, respecto de la cual ya se hablaba de que por parte del Ministerio de Administraciones Públicas había una inversión superior a los 2.300 millones de pesetas, y la consecución de la sociedad de la información para todos --declaraciones, pagos e impuestos--, sobre la que también comprobamos que en el Ministerio de Hacienda había un presupuesto superior a los 350 millones de pesetas y en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de más de 1.300 millones de pesetas.
Pero a modo de resumen, señorías, sí quisiera resaltar tres aspectos. El Info XXI, como estrategia --como se ha dicho aquí,y así lo ha expuesto la señora Ministra--, es una marca de España; es decir, no pertenece a nadie en particular, por lo que, lógicamente, también pertenece a todas las Comunidades Autónomas. Y a la vez que es una marca

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de España también es un escaparate dado que forma el conjunto de todos los Info XXI de las Comunidades Autónomas. Y, por supuesto, es un plan de convergencia puesto que no se trata de una base de datos sino de una serie de planes permanentes dentro del marco europeo definido por la iniciativa e.Europe.
Se hablaba de las actuaciones del Ministerio. En principio fue un compromiso pero hoy vemos que esto es ya una realidad. El día 16 de enero tuvo lugar la reunión interministerial, en la que se aprobó el plan de acción de Info XXI. En el mes de febrero también se ha mantenido una reunión con el sector privado, y de hecho aquí se ha estado hablando de lo que puede suponer esa incardinación con dicho sector. Y el día 14 de marzo, como se ha dicho, tuvo lugar esa reunión con las Comunidades Autónomas, con las que existe el compromiso de una total cooperación.
Por tanto, lo único que cabe hacer desde el Grupo Parlamentario Popular es felicitar a la Ministra, pero no solamente por la exhaustiva y clara información que viene proporcionándonos tanto en Comisión como en esta interpelación de hoy, sino por el trabajo que desde el Ministerio se está realizando. Es un placer para este grupo parlamentario, y nos alegramos de que sea compartido por la oposición, poder contar frecuentemente con la presencia de la señora Ministra en esta Cámara, pero aún es un placer mayor --aunque quizá no compartido-- poder constatar que cada vez que está con nosotros es para ampliar información, para dar cuenta exhaustiva a esta Cámara del satisfactorio grado de ejecución del programa presentado, así como de las actuaciones realizadas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Si lo desea, la señora Ministra de Ciencia y Tecnología puede intervenir.
Tiene su señoría la palabra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, como el Plan Info XXI requiere, nosotros estamos claramente a favor del objetivo de la sociedad de la información: aunar voluntades.
Estamos haciendo, por tanto, todo lo que pueda contribuir a ello de un modo ordenado, dentro del marco establecido, todo aquello que nos permita avanzar lo más rápidamente posible.
Pero no hemos de ponernos nerviosos porque no vamos a perder el tren. Los medios ya se han puesto, también la voluntad política, los indicadores, y asimismo la capacidad y flexibilidad necesarias para adaptarnos --como les decía al referirme a esas determinadas circunstancias ocurridas en la telefonía móvil-- a las circunstancias cambiantes en cada momento, lo que en realidad es nuestro objetivo.
Es cierto que debemos poner una atención especial en los equilibrios territoriales. Sus señorías conocen las actuaciones a nivel europeo desde el punto de vista del servicio universal a Internet; la Comisión ya lo ha tenido en cuenta, con lo cual, esperemos que dentro de la próxima Presidencia se pueda aprobar. En estos momentos está en preparación la normativa del servicio universal que, evidentemente, es mucho más amplia que Internet, normativa que va a verse complementada y perfeccionada en el momento en que realmente se apruebe la normativa comunitaria.
Ya hemos adoptado medidas para alcanzar este equilibrio territorial. Le he de decir que, desde el deseo de aunar voluntades y en colaboración con las Comunidades Autónomas, tenemos que abordar un tema específico: el de la Administración electrónica abierta. Me alegra que su señoría haya hecho un seguimiento tan detallado de algunos de los aspectos, pero, señor Gibert, esto es sólo el principio. Queda mucho por andar, pero el enfoque de Administración abierta enfocada al ciudadano con los «links» correspondientes a nivel de la Administración europea es ya una realidad.
Por cierto, he de decir que fue la Administración tributaria española la que recibió el premio internacional y no la chilena. Por lo tanto, como española que soy, me veo en la obligación de reconocer esta situación.
Senador Lavilla, sepa que la información que le han suministrado no se corresponde con la realidad. La importancia de Internet en la enseñanza radica en su utilización como herramienta. Tras la importante actuación llevada a cabo, hoy el 98 por ciento de los centros públicos están conectados a Internet, si bien es cierto que en estas interconexiones existe una gran variedad de ancho de banda. Por eso, hemos de conseguir que el ancho de banda sea igual para todos.
Las escuelas cuentan con un número determinados de ordenadores y aún tenemos que doblar esta dotación, pero el camino se hace andando. Se han formado 70.000 profesores, pero hay que preparar a muchos más. Hemos de conseguir que los contenidos pedagógicos que ahora se están elaborando sean llevados a la práctica, porque Internet no ha de ser entendido como una asignatura sino como una manera de aprender y trabajar. Desde este punto de vista, ha de interpretar la afirmación hecha por la propia Subdirectora y que yo, como Ministra, también he puesto de manifiesto.
Estoy segura de que usted sabe que estamos ante un largo proceso que se inició hace ya tiempo, y que el salto definitivo lo daremos cuando la voluntad de aunar las voluntades de los grupos de trabajo y de los estudios que se están realizando en las Comunidades Autónomas para ir avanzando en el equilibrio territorial, permita, no sólo que las escuelas del país se adapten a la sociedad de la información y puedan dar la formación adecuada, sino también que el conjunto de ciudadanos y territorios esté suficientemente preparado.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Se suspende la sesión, que se reanudará a las dieciséis horas.


Eran las catorce horas y veinte minutos.


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Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Buenas tardes, señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE HACIENDA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY DEL PATRIMONIO DEL ESTADO, TEXTO ARTICULADO APROBADO POR DECRETO 1022/1964, DE 15 DE ABRIL (C. D. 121/000034) (S.
621/000022).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Hacienda en relación con el Proyecto de Ley de Modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Para la presentación del dictamen ante el Pleno, tiene la palabra el señor Del Río, designado por la Comisión.


El señor DEL RIO SANZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley tuvo su entrada en esta Cámara el día 6 de abril de 2001, tramitándose por el procedimiento de urgencia, y terminando el plazo de presentación de enmiendas el día 10 de dicho mes.
Se presentaron un total de dos vetos y cinco enmiendas, repartidas de la siguiente manera. Veto primero, enmiendas números 1 a 3, del Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto. Veto segundo, enmiendas números 4 y 5, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés.
La Comisión dictaminó el proyecto de ley sin introducir modificaciones respecto al texto remitido por el Congreso de los Diputados, y vio publicado su dictamen en el «Boletín del Senado» de fecha 23 de los corrientes. Se mantienen para pleno el veto número 2 y las enmiendas números 4 y 5, presentadas conjuntamente por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo de la Entesa Catalana de Progrés. El proyecto de ley consta de una exposición de motivos, un artículo único y una disposición final, que prevé su entrada en vigor al día siguiente de la publicación en el «Boletín Oficial del Estado».
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Del Río.
A este proyecto se ha presentado una propuesta de veto, que se debatirá a continuación. Para la aprobación de la propuesta de veto se requerirá la mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componen la Cámara; dado que la Cámara está integrada por 258 Senadores, la mayoría absoluta es de 130 Senadores.
Pasamos a debatir, en primer lugar, el voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo de la Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a la propuesta de veto número 2.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Lerma, por tiempo de quince minutos.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir, con la mayor brevedad posible, para explicar que aunque este proyecto de ley contenga un artículo único, realmente es un artículo muy importante. Además, voy a debatir esta cuestión con brevedad porque, desde mi punto de vista, no es el momento más adecuado para hacerlo, pero sí quiero decir que la trascendencia de esta modificación legal va mucho más allá de lo que el debate pudiera darnos a entender.
En realidad, estamos ante la única ocasión que ha tenido esta Cámara para debatir la política de privatizaciones del Gobierno y, desde la perspectiva en la que quiero moverme, he de pedir a sus señorías un poco de atención para que escuchen, quizá, una voz diferente a las que están acostumbrados a oír con respecto a la política de privatizaciones. No lo quiero hacer desde la perspectiva de un partido de la oposición, que tradicionalmente se opone a las cuestiones que plantea el Gobierno, sino desde la preocupación por el futuro de este país y el funcionamiento de su economía.
Esta propuesta de veto no se limita a proponer simplemente la modificación de un artículo de la Ley del Patrimonio del Estado para que éste pueda reordenar sus acciones, sino que intenta que el Estado, en este caso el Gobierno, tenga un cheque en blanco para hacer lo que quiera a la hora de poner en venta las empresas públicas. Quiere plantear, ni más ni menos, que el Consejo de Ministros sea el único competente para reordenar todas las propiedades del Estado y, al mismo tiempo, poder venderlas, en una práctica que viene siendo habitual en el actual Gobierno del Partido Popular --aunque quizá ustedes no hayan caído en ello--, y que no beneficia, precisamente, los intereses generales de este país, tal y como dice alguno de sus planteamientos a la hora de efectuar las privatizaciones.
El artículo 104 bis, que se pretende añadir, modifica la Ley de Bases del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964.
El artículo 103 dice que para enajenar participaciones del Estado superiores al 10 por ciento o para perder la mayoría en las empresas públicas era necesaria una ley y, por tanto, si hubiera estado en vigor la Ley del Patrimonio del Estado del año 1964, posiblemente todo el proceso de privatizaciones no se hubiera podido llevar a cabo.
A veces, cuando los señores Senadores y Diputados escuchan que hay poca transparencia en la política de privatizaciones, se les dice que éstas se han hecho de acuerdo con la ley y por el Consejo de Ministros y, efectivamente, las aprueba el Consejo de Ministros pero, realmente, es

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poco transparente toda la venta de los bienes públicos de esta nación cuando se hace exclusivamente por el Consejo de Ministros. No digo que no tengan ustedes mayoría para hacerlo, pero sí digo que es fundamental para la credibilidad de las actuaciones del país el que haya que discutir en el Parlamento cada vez que se tenga que plantear una privatización y que, por lo menos, si se van a vender las propiedades del país, tengamos ocasión de expresar nuestro criterio, lo que no ha ocurrido ni una sola vez desde que gobierna el Partido Popular. Esta situación merece una reflexión importante.
La Ley del Patrimonio del Estado es del año 1964, el texto articulado se aprobó por decreto de Gobierno, porque así lo autorizaba la ley del año 1962 --pero, como he dicho, con esta restricción importante a la hora de enajenar propiedades de todos-- y, posteriormente, en 1977, la Ley General Presupuestaria autorizaba ya a unas enajenaciones superiores al 10 por ciento, simplemente con el acuerdo del Consejo de Ministros. Pero hubo una ley que permitió la posibilidad de discutir esta cuestión, precisamente en la modificación de la Ley General Presupuestaria, y los propósitos que se tenían de enajenación pudieron ser debatidos pro los representantes de la soberanía popular.
Y posteriormente ha habido otras modificaciones. La última reordenación, en concreto, es la que hace referencia a la creación de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales y la Agencia Industrial del Estado que, prácticamente, viene a ser una cosa similar a la que ahora se quiere hacer, pero también los señores Senadores y los Diputados --y con ellos, naturalmente, los representantes de todos los ciudadanos del país-- pudieron saber lo que el Gobierno quería hacer y se discutió entre todos. Se creó la Agencia de Participaciones del Estado y la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. Esa fue la última reordenación, pero fue una reordenación que, como digo, se trajo al Parlamento a discusión y, naturalmente, todos pudieron expresar su opinión.
Desde que gobierna el Partido Popular no ha habido ninguna decisión que se haya traído al Parlamento para enajenar propiedades públicas. No la ha habido porque las políticas de privatizaciones que se han hecho, al amparo de todas las modificaciones legislativas que, como digo, se discutieron con anterioridad, paradójicamente, no se debatieron en el Parlamento. Se han privatizado bienes públicos por más de cinco billones de pesetas y el Parlamento no ha tenido ocasión de conocer si ésa era una situación apropiada o no y cuál era el sentido que quería dar el Gobierno a la política de privatización.
En 1996, el Gobierno simplemente tenía la posibilidad de reordenar todas las participaciones del Estado, de hacer una política, como dijo, de modernización del sector público estatal para intentar mejorar el funcionamiento de la economía y privatizar para mejorar determinados servicios y no lo hizo. El Gobierno aprobó todas las privatizaciones que tenía que hacer --la política de modernización del sector público español, así lo llamó-- nada menos que por un acuerdo del Consejo de Ministros. Y a partir de ahí ha habido una fiebre privatizadora, desconocida por supuesto en España, pero desconocida por supuesto también en cualquiera de los países desarrollados de todo el mundo, con excepción quizá, como ustedes saben, de Gran Bretaña, que en ese sentido también tuvo una política similar, con los resultados que todos ustedes conocen.
Les he dicho al principio que no estaban escuchando a una persona que se tiene que oponer a la política gubernamental, sino a una persona que está preocupada por el futuro de este país. ¿Qué ha ocurrido con la falta de transparencia? Repito que es una falta de transparencia cuando insisto en que no es que haya habido ninguna ocultación, es que no se les ha dejado opinar a los representantes de la soberanía popular, como nunca había ocurrido en la historia democrática de este país porque todos los proyectos sobre privatización, reordenación, etcétera, del sector público español siempre habían tenido un marco legal discutido en el Parlamento, se estuviera de acuerdo o no. Y en ese sentido insisto en la falta de transparencia.
¿Qué consecuencias ha tenido esa falta de transparencia? No vamos a juzgar ahora globalmente la política de privatizaciones, pero deberíamos hacerlo, y ése es un debate que debe quedar pendiente, aunque ahora tengamos que mencionar simplemente alguna cuestión. A este respecto, las políticas de privatizaciones se hacían fundamentalmente sin ningún interés financiero por parte del Gobierno, porque, ciertamente, no se hablaba de cubrir los déficit del Estado sino, sobre todo, de intentar mejorar el sector público español.
¿Y qué ha ocurrido realmente? No es un juicio que nosotros tengamos que hacer ahora en este foro. Simplemente basta con referirnos a la literatura que ya hay --y abundante-- para decir que la conclusión, muy clara, de todos los estudios que se han hecho durante los últimos años --muy recientes-- es que el Gobierno ha aplicado una parte muy considerable del dinero de las privatizaciones a cubrir el déficit del Estado, lo cual, como ustedes saben, no está permitido. Y eso ha sido a tal extremo que las cifras de déficit del año 1997 y las cifras de déficit del año 1998 hubieran sido más del doble que las que presentó el Gobierno, si realmente no hubiera incorporado esos beneficios extraordinarios a cubrir el déficit del Estado, tal y como lo ha hecho en esa actuación.
¿Qué ha ocurrido además con la política de privatizaciones? En buena medida ha habido una política de privatizaciones precipitada, no desde el punto de vista de la oposición política, como les he dicho anteriormente, sino desde el punto de vista de modernizar y liberalizar la empresa pública para intentar que este país funcionara mejor, y ha sido así porque si contemplamos los sectores privatizados desde la óptica de la secuencia del Gobierno, que hablaba de regulación-privatización o de liberalización-privatización, nos daremos cuenta de que los propósitos muy loables del Gobierno no responden a la realidad. Se ha privatizado antes que se ha regulado el sector, y se ha ha abierto a la competencia.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por eso hemos oído muchas veces al Ministro de Economía volver a insistir, cada vez que subía la inflación, en un grado más necesario de liberalización; tal es el caso de los carburantes, cuestión respecto a la que habrán escuchado no solamente en esta Cámara, sino en la

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calle muchas veces, que uno de los problemas del precio de los carburantes es precisamente que el sector no estaba suficientemente abierto a la competencia, y lo pueden comprobar ustedes perfectamente.
Aparte de la subida de los precios que hemos sufrido consecuencia de la crisis del crudo, tenemos también una subida del más del 30 por ciento de los precios de los carburantes desde que teóricamente se liberaliza el sector. Y eso lo estamos pagando en inflación.
¿Qué ha ocurrido y sigue ocurriendo con las telecomunicaciones? Anteriormente escuchábamos una interpelación relativa a esta cuestión y a las dificultades de progresar que tenemos en España en Internet precisamente por la falta de liberalización. Porque el problema de la telefonía o de la privatización de Telefónica es que se privatizó aceleradamente mucho antes de que se produjera realmente el proceso de liberalización, que no se ha conseguido todavía, y que tendremos que tomar medidas nuevas para conseguir realmente liberalizar el sector. ¿Qué está ocurriendo? Que tenemos peores telecomunicaciones que nuestros competidores, que nuestras empresas pagan más por la factura telefónica y que tenemos muchas más dificultades para acceder a Internet. Esa es la realidad que vivimos todos los días, que estamos pagando más caro Internet, que tenemos más dificultades de comunicar y que, al mismo tiempo, todas las empresas juntas invirtieron menos que Telefónica en innovación el año anterior a su privatización. Esa es la realidad que estamos viviendo con el proceso de privatizaciones; por un lado, se ha cargado a déficit cuestiones que no correspondía cargar de acuerdo con la intención del Gobierno; por otro lado, hemos privatizado realmente antes de liberalizar sectores, y lo que está ocurriendo realmente, pienso yo, es que ha habido más un proceso ideológico en la política de privatizaciones que un proceso real de liberalización. ¿Qué hemos conseguido con eso? Con eso hemos conseguido fundamentalmente dos cosas por parte de quien ha tenido esa intención: Por un lado, que los gestores nombrados por el Gobierno se mantengan en la actual dirección de las grandes empresas privatizadas y todavía con un grado de monopolio muy importante en el sector que impide la normal competencia. Y, por otro lado, hemos logrado tener beneficiarios importantes que apoyan, probablemente, la política del Gobierno porque se han beneficiado privadamente también de la privatización. ¿Pero tenemos una correcta asignación de los recursos? Evidentemente no. Estoy diciendo que pagamos combustibles más caros; estoy diciendo que tenemos peor servicio de telecomunicaciones; estoy diciendo que tenemos un problema energético muy importante porque Repsol, Endesa, Telefónica y las grandes empresas privatizadas no tenían todavía regulado adecuadamente el sector con posibilidades reales de competencia y, por tanto, con mejoras para el consumidor y para los precios.
Esa es la situación real de la política de privatizaciones. Otras evidentemente habrán tenido un mejor tratamiento, naturalmente todas aquellas que no tenían por qué estar en el sector público porque eran sectores sometidos a la competencia y abiertos. Por tanto, el Estado no tenía ninguna necesidad de estar ahí y estaba bien que se tuvieran que privatizar.
Eso no es lo que ha ocurrido en la mayor parte de los sectores de empresas que tenían posiciones monopolistas en el sector. ¿Qué está ocurriendo? Peores servicios, más dificultades de competencia, más dificultades a la hora de controlar la inflación. Esa es la situación real de muchas empresas privatizadas. De ahí que me preocupe el futuro de la economía española, porque mientras hemos asumido poder en empresas privatizadas, mientras somos todavía amigos del poder tenemos mayor dificultad en someterlas a la competencia después. Y eso --insisto-- redunda en perjuicio de nuestra competitividad. Este problema se podría haber evitado perfectamente trayendo al parlamento la cuestión y haciendo un debate en profundidad de por dónde tenía que ir la privatización.
Por eso, ahora no estoy pidiendo nada sorprendente antes de que gobernara el Partido Popular. Estoy pidiendo que hagamos posible que las cuestiones que tienen que ver con la política de reordenación del sector público, con la política de privatizaciones...


La señora PRESIDENTA: Senador Lerma, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor LERMA BLASCO: Termino enseguida.
... con la política general que puede beneficiar el funcionamiento de la economía de este país, que puede beneficiar al consumidor y que puede beneficiar a las empresas para que sean más competitivas cada vez, se traigan al Parlamento a discusión y que se haga como se ha hecho tradicionalmente, sometiendo a la soberanía popular las decisiones, discutiendo en este Parlamento y no haciendo un nuevo Decreto-ley.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Turno en contra. ¿Algún Senador o algún Grupo quiere hacer uso de la palabra? Tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ : Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, yo también voy a intentar ser breve como el señor Lerma y voy a ver si lo consigo como él no lo ha conseguido. En muchos debates parlamentarios se aprovecha que el Pisuerga pasa por Valladolid, sabiendo que sus aguas van al Duero y que las aguas del Duero con las del Pisuerga sobrantes van al Atlántico, para discutir sobre la influencia de las mareas atlánticas en la producción de algas marinas y su cultivo. Este ha sido uno de los casos.
Empezaré por decir, señor Lerma, que si es ésta la única ocasión que usted ha tenido de debatir este asunto de las privatizaciones también es culpa suya y de su Grupo. Tienen ustedes muchas alternativas, muchos procedimientos para plantear a nuestro Grupo Parlamentario, al Ministro de Hacienda y al de Economía todas las cuestiones que quieran sobre privatización y, sin embargo, parece ser que

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no lo han hecho. Una de dos, o estaban satisfechos hasta ahora mismo o han hecho un flaco trabajo de oposición.
Ha hablado de fiebre privatizadora del Partido Popular. Yo tengo aquí unos datos que le voy a dar muy sucintamente. Desde 1985 a 1993 hubo un total de 69 operaciones de privatización, bien las que conllevaban la pérdida del control de la compañía, bien privatizaciones parciales. Desde 1994 a 1999 hubo 41. Hago la salvedad de que entre las 69 no incluimos al grupo Rumasa, que ya es no incluir hablando de opacidad o de falta de transparencia. De esas 69 sólo el 16 por ciento fueron hechas por el procedimiento de oferta pública de venta. El resto fue por venta directa.
Sin embargo, en el período 1994-1999 el 46 por ciento fueron hechas por el sistema de oferta pública de venta. Ya hay ahí una diferencia en la fiebre privatizadora, y hablando de fiebres no sé qué enfermo puede tenerla más alta, si el Gobierno socialista o el del Partido Popular.
El señor Lerma ha hablado también de literatura, y yo le aconsejo, como hizo mi compañero en el Congreso de los Diputados, la lectura de un trabajo que se titula «La privatización y sus motivaciones en España, de instrumento a política», de los autores Bel y Costas. Por cierto, el señor Bel es Diputado del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y me parece que no coincide con sus apreciaciones, más bien al contrario; coincide en la inconsistencia e incoherencia de su Grupo en el pasado y la coherencia y consistencia del nuestro.
Ha dicho algo que me ha llamado poderosamente la atención, y es que el Gobierno ha destinado la caja obtenida con las privatizaciones a reducir el déficit. Eso es absolutamente falso, primero porque no ha sido así y, segundo, porque está en contra de la normativa de la Unión Europea. La caja hecha con las privatizaciones se ha destinado a amortizar deuda del Estado anterior a la gestión del Partido Popular. Por otra parte, me ha sorprendido tremendamente que usted haya dicho que por culpa de las privatizaciones y el proceso de liberalización iniciado por el Gobierno del Partido Popular en nuestro país pagamos muy caras las tarifas de Telefónica, de las eléctricas, cuando es todo lo contrario; gracias a la gestión del Partido Popular todos los ciudadanos de España pagan mucho más baratas las tarifas telefónicas, las tarifas eléctricas, todo lo contrario de lo que usted ha dicho.
Por tanto, lo que su señoría ha expuesto aquí no tiene relación alguna con la finalidad del proyecto. No hay ni mayor opacidad en las gestiones de los procesos de privatización, ni se hurta para nada información esencial a las Cámaras. Se trata simplemente de una mera posibilidad de redistribución, puramente interna, de competencias de gestión, de una acción para dotar de mayor racionalidad al sector público empresarial, cuyo fin no puede ser la opacidad. Como dice el párrafo final de la exposición de motivos del proyecto, se pretende que un cambio de adscripción ejecutado en virtud de la presente norma no suponga alteración de los niveles de solvencia o seguridad de las relaciones jurídicas en las sociedades participadas, ni implica la entrada de un tercero ajeno al ámbito societario, sino que, por el contrario, solamente supone un cambio de órgano competente con mantenimiento de la titularidad estatal. Al Ministerio de Hacienda se adscribe la Dirección General de Patrimonio y la SEPI y decide si le conviene que una compañía corresponde a una o a otra, simplemente es pasar una empresa de una a otra. Y cuando esa empresa está en otro Ministerio, la propuesta al Consejo de Ministros, que es el que lo aprueba, tiene que ser conjunta. No veo que exista aquí la posibilidad de un ningún tipo de opacidad o similar.
Se trata de la creación de un nuevo artículo 104 bis, del texto articulado de la Ley de Bases del Patrimonio del Estado de 1964, con un apartado uno, que es lo esencial del proyecto, y es la posibilidad del cambio de adscripción. Y luego los apartados dos, tres, cuatro y cinco permiten que esa operación tenga una neutralidad frente a derechos sustantivos y tributarios de otras personas. Así se contabilizarán con el mismo importe con que estaban en un Departamento o en otro, estará exenta de cualquier tributo o gravamen, y presenta una fuerte reducción de los aranceles fedatarios públicos. Es decir, es una operación que se puede hacer vendiendo las participaciones, por ejemplo, de la Dirección General del Patrimonio a la SEPI o de ésta a aquélla, pero sin que cueste al erario público y sin que determinados derechos sustantivos de algunos accionistas minoritarios pudieran participar en un derecho de tanteo o de compra o procesos similares. Se trata de una reordenación que está inscrita exclusivamente en la política del Gobierno porque la liberalización de los sectores productivos, señor Lerma, para facilitar la participación de los agentes económicos en unos mercados más abiertos a la competencia, constituye efectivamente uno de los principales instrumentos de la política económica del Gobierno y, dentro de esa política de liberalización, la reestructuración del sector público empresarial ocupa un lugar muy importante.
Este proyecto de ley se inscribe precisamente en el objetivo general de racionalización y optimización del sector público empresarial, que comenzó en la legislatura pasada y que continuará con la reestructuración de las empresas que aún están en el sector público, con la mejora de los métodos de gestión, e introduciendo el estímulo de la competencia, y todo ello en favor --y sólo en favor-- del crecimiento económico y del empleo.
Lo demás, puro cuento.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Vallines.
Comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Señora Presidenta, señorías, la imposibilidad material de asistir a1a Comisión de Hacienda que trató el tema nos ha impedido defender en este Pleno la propuesta de veto y las enmiendas que teníamos presentados al proyecto de ley. Aun así, pretendemos dejar constancia, en este turno de portavoces, de la posición del Bloque Nacionalista Galego respecto a este proyecto de ley que se está considerando.
Desde nuestro punto de vista, es la propia Constitución la que establece cuáles son las finalidades que debe perseguir

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la intervención pública en la economía. Son, por lo tanto, funciones del sector público la asignación eficiente de recursos, la redistribución equitativa de la renta y de la riqueza, y contribuir, desde esa participación pública, a estabilizar los ciclos económicos. Para cumplir este cometido, resulta fundamental la red empresarial de titularidad estatal que, como patrimonio público de todos, asegura la regulación de sectores estratégicos de la economía.
Desde hace años asistimos a una política de desmantelamiento del sector público empresarial, un proceso de privatización que en estos instantes está prácticamente culminado. Y es ahora, justo en este momento político en el que casi todas las empresas públicas han sido privatizadas, cuando, a nuestro modo de entender, se pretende reducir aún más, a través de este proyecto, el papel del Estado en la economía, relegándolo a la ostentación de meras funciones de supervisión y de regulación en algunos sectores, pero sin capacidad real de intervención y de influencia decisiva en ellos y, desde luego, no en aras del interés general. No se trata en ningún caso de hablar de cursos de agua ni de recursos hídricos ni de aprovechar la ocasión para hablar de aquello en lo que no consiste el proyecto de ley, sino simplemente de dibujar el escenario político que se nos presenta en él. Porque estamos convencidos por completo de que sólo aquellos que consideran que la regulación de la economía debe guiarse sólo por los criterios y dinámicas del mercado pueden, por coherencia con ello, dar el siguiente paso de considerar totalmente superflua la intervención de la representación genuina de todos los ciudadanos en este control, y a eso es a lo que estamos asistiendo ahora con este proyecto de ley, último paso de toda una política que no se marca por criterios económicos, sino ideológicos.
Por si todo esto fuera poco, se pretende ahora eliminar el papel preponderante del Legislativo, evitando cualquier control sobre el Ejecutivo en esta materia. Tal y como ha sucedido durante el proceso de privatización de empresas públicas, con este proyecto de ley asistimos a una relegación de las Cortes Generales en la política de reestructuración de sectores económicos, otorgándoles sólo un papel secundario, limitado a conferir autorización.
Desde la perspectiva de la oposición, y utilizando los mecanismos parlamentarios a nuestro alcance, claro que podemos pedir cuentas al Gobierno sobre lo que consideremos oportuno, pero con la dinámica que se ha establecido y con lo que hoy se pretende santificar con la aprobación de este proyecto de ley lo que se impide es el debate en sí mismo sobre la conveniencia de las iniciativas que se toman.
Además de eso, y en un término que para nosotros también es muy importante, se soslayan solamente las competencias socioeconómicas de las Comunidades Autónomas al negarles la oportunidad de contribuir a la planificación general de la economía que la Constitución les atribuye, puesto que en el proyecto no se les concede ninguna posibilidad de participación en el proceso de transferencia de participaciones accionariales a la SEPI, optando por una gestión de la política económica totalmente centralizada --y no en el sentido socialista, sino en el sentido territorial--, lo que entra en conflicto con el esquema institucional de la Constitución, fundamentada en la división de poderes y en la descentralización territorial.
Desde el Bloque Nacionalista Galego consideramos que esta posición centralista pudo ser corregida durante la tramitación parlamentaria del proyecto favoreciendo un papel más activo de las Comunidades Autónomas en el proceso de privatizaciones con el fin de que puedan defender sus intereses socioeconómicos en el marco de la reordenación de los grupos societarios públicos, sobre todo cuando estas empresas estén estrechamente vinculadas a sus territorios o tengan una fuerte implantación en el mismo.
En definitiva, señorías, el núcleo de este proyecto, desde nuestro punto de vista, consiste en conceder al Consejo de Ministros poderes adicionales en la gestión de la política económica, despreciando el papel institucional de determinación de la planificación general que les corresponde a las Comunidades Autónomas y a las Cortes Generales en lo relativo a decisiones de importancia y de significación económica capital.
Por estos argumentos manifestamos nuestro voto negativo a este proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Buenas tardes, Presidenta.
Señorías, intervendré brevemente simplemente para fijar la posición del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria.
Desde nuestro Grupo entendemos que la modificación que plantea este proyecto de ley a la Ley del Patrimonio del Estado va a permitir agilizar y flexibilizar la gestión desde el ámbito del sector público estatal, permitiendo el traslado de las participaciones accionariales detentadas en sus distintos centros o departamentos ministeriales desde la Administración General del Estado a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales o en sentido inverso, así como desde otros organismos públicos adscritos a otros departamentos ministeriales a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales.
Con esta Ley lo que se pretende --y con ello estamos de acuerdo-- es establecer un procedimiento rápido que permita adoptar decisiones de reubicación de las participaciones societarias en función de criterios de organización y racionalización de los recursos existentes. En este sentido, nos parece positivo que se rentabilice la experiencia de conocimientos y dotación de medios humanos y técnicos de que dispone la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales para la implantación de criterios de gestión empresarial en sociedades que producen bienes y servicios en el mercado de cara a la modernización, eficiencia y mejora de la competencia del sector público empresarial.
En definitiva, entendemos, y por eso vamos a votar a favor, que esta ley lo único que pretende es dotar de una mayor

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racionalidad a la adscripción de las empresas en el sector público en función de sus características y necesidades.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
Prácticamente ya está todo dicho. Sabemos perfectamente de qué trata el proyecto de ley que estamos debatiendo. Alguien lo verá como un intento de racionalización, pero nosotros continuamos viéndolo, después de todo lo que se ha expresado, como un intento de ganar opacidad y, por lo tanto, estaremos a favor del veto y en contra del proyecto de ley.
Sólo quiero añadir una cosa y es el tema relativo a la urgencia.
Modificar un decreto de 1964 por urgencia a estas alturas resulta un poco ridículo; no parece muy explicable.
También voy a hacer una sola consideración, señor Vallines. Normalmente usted es más riguroso de lo que ha sido hoy, porque ha leído unas cifras que no tienen valor: el número de empresas privatizadas. Usted debería haber leído el valor de las empresas privatizadas, y entonces podríamos haber hablado con seriedad.
Nada más. No voy a continuar hablando en este debate. Pero, insisto, normalmente usted actúa con más rigor que hoy. Se ha limitado a leer un artículo, y eso no vale.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Gracias, señora Presidenta.
Este proyecto de ley de modificación de la Ley de Patrimonio del Estado, a nuestro entender y pensamos que al de la mayoría de la Cámara, es una consecuencia lógica de la unificación en el Ministerio de Hacienda de las empresas de la SEPI enmarcadas antes en el Ministerio de Industria y Energía y de las empresas públicas que pertenecían a la Dirección General de Patrimonio dentro del Ministerio de Hacienda; en la actualidad, todas se hallan enmarcadas en el Ministerio de Hacienda.
Por tanto, este proyecto de ley no puede extrañar a nadie si nos regimos por los principios de eficiencia y economía, por una parte, porque todos, el Estado, el Gobierno tenemos la obligación de gestionar estas empresas del mejor modo y administrarlas con eficacia y, por otra, porque si se ha de proceder en algún momento a su reestructuración o privatización, a consecuencia de este proyecto de ley se realizará de un modo más ágil.
En cualquier caso, se trata de la incorporación de estas participaciones accionariales de titularidad de la Administración General del Estado o de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales en un sentido u otro y, por tanto, es lógico que se puedan llevar a cabo unas operaciones que principalmente podemos calificar de reordenación interna y que a la vez en el proyecto de ley se prevean las correspondientes desgravaciones fiscales y de reducción de pagos de fedatarios públicos del Registro Mercantil, del Registro de la Propiedad, etcétera.
En cambio, a nuestro juicio, los planteamientos de las propuestas de veto van más allá; formulan un debate que entendemos ajeno a este proyecto de ley y, en consecuencia, no van a obtener nuestro apoyo porque en todo caso sería un debate de forma que habría que llevar a cabo en su momento, quizás con anterioridad, pero no en el día de hoy. Lo que se plantea en el día de hoy es mucho más sencillo, simplemente la redistribución dentro del Estado de las participaciones de las empresas de titularidad estatal.
Por tanto, nuestro Grupo va a votar en contra de la propuesta de veto y, en su momento, lo hará en favor del proyecto de ley.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Lerma.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir en primer lugar para decir que no puedo entender que un artículo 104 bis, después de unos artículos 103 y 104 que hablan de la política de privatizaciones, no tenga nada que ver con éstas. Parece poco razonable ese planteamiento.
En cualquier caso, quiero decir que he procurado intervenir en este debate con seriedad, probablemente con excesiva vehemencia, y pensando fundamentalmente en lo que decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular, en el mejor funcionamiento de la economía, en la competitividad de España y en la generación de empleo, y no en hacer una oposición ideológica a la privatización. Una posición ideológica es pensar que las empresas, por estar en el sector público o privado, funcionan mejor. La mía no es así. En eso soy más accidentalista, si se me permite que lo diga.
Pero como el portavoz del Grupo Popular, con una cierta osadía --osadía que también le reconozco al señor Martínez-Pujalte, obviamente--, ha citado a don Germá Bel y a don Antón Costas para avalar su posición, voy a leer lo que dice Germá en el mencionado artículo para avalar la política del Partido Popular. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Dice así: Podemos deducir la existencia de una mayor carga ideológica en la política de privatización de la tercera etapa... --se refiere a la del Partido Popular-- ... en la medida en que la evidencia empírica no revela la evidencia de la superioridad sistemática de la gestión privada en empresas de gran dimensión que operan en sectores poco sujetos a la competencia. También dice: Los responsables del PP situaron siempre en segundo plano el aspecto financiero de la privatización. Sin embargo, el estudio Vergés 1998, que analiza con detalle las cifras de aplicación de ingresos

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por privatizaciones a la reducción de déficit, estima que en 1997 el déficit público estatal se redujo aproximadamente a la mitad de la cifra que aparecería de no existir los ingresos procedentes de las operaciones de privatización, y en 1998 la reducción habría sido proporcionalmente mayor. Asimismo indica: Los ritmos temporales de la privatización de las operadoras dominantes en sectores de red también muestran inconsistencia con la idea de secuencia: reestructuración, liberalización y privatización, avanzada por el Gobierno en 1996. Tales casos son los citados de Telefónica o Endesa, en los que no se había liberalizado el sector antes de la privatización. Y el Gobierno evidentemente no justifica la mejora de la asignación de recursos.
Estas son las tesis --muy recortadas, como es lógico-- que refiere en su artículo don Germá Bel, quien, como he dicho, ha sido aludido para avalar su posición. Y como sus señorías han citado a un socialista, yo voy a citar a un «popular» amigo de todos ustedes, y mío también, para avalar la mía. El señor Gamir, Presidente del Consejo Consultivo de Privatizaciones, al hablar del marco jurídico de las privatizaciones, y en la página 373, dice así: En las legislaturas anteriores a 1996 no se habría producido un planteamiento directo y global de las privatizaciones. Parecía necesaria una ley general reguladora... --que es precisamente lo que yo he pedido, como ustedes recordarán-- ... o bien unas normas de base sobre el proceso privatizador que aclarasen sus objetivos e incrementasen las garantías formales y materiales del proceso privatizador.
Y yo añado: Y el Gobierno se equivocó, por lo menos democráticamente; optó porque fuera una decisión del Consejo de Ministros todo el proceso de privatización de más de cinco billones de pesetas del patrimonio público de todos los españoles. Nada más y nada menos; así de transparente, y con ese aval del Partido Popular, que ya he dicho que en la séptima edición de la política económica de España relata en el capítulo correspondiente a las privatizaciones.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Vallines.


El señor VALLINES DIAZ: Gracias, señor Presidente.
Voy a hacer unos breves comentarios, empezando por la intervención del señor Quintana. Señoría, efectivamente, usted no pudo defender su veto y las tres enmiendas de modificación. Y como prácticamente ha repetido ahora lo que se contiene en la motivación de sus enmiendas, le diré que lo que se sugiere es un modelo de planificación económica que desde luego no se compadece con el que nosotros podemos aplicar y en el que creemos, y mucho menos con el que debe corresponderse con una economía moderna en un contexto de competitividad, como en el que estamos inscritos en la Unión Europea. Yo creo que el suyo obedece a modelos ya periclitados.
Asimismo, aprovechando lo de las aguas del Pisuerga, desde una perspectiva autonómica, es decir, desde el punto de vista de Galicia, pide para usted para las Comunidades Autónomas una intervención en un asunto menor, y que, por otra parte, no afecta en absoluto --al menos desde el punto de vista de las competencias de las Autonomías, no desde el de éstas en sí mismas-- a lo que prevé el artículo 131 de la Constitución en lo relativo a la planificación económica y la participación de las Comunidades Autónomas, que en el apartado 2 del citado artículo atribuye a éstas.
Pero permítame decirle una cosa: yo creo que a la Administración central del Estado se le debe reconocer la misma capacidad y autonomía para disponer o actuar en su propio patrimonio que la que se le debe reconocer también a las Comunidades Autónomas en uso del suyo propio. Es decir, no quiera la Comunidad Autónoma, institución, participar en disposiciones sobre el patrimonio dependiente de la Administración central del Estado, ni tampoco al revés, seguro que no lo quiere.
Agradezco a la señora Morales, de Coalición Canaria, su postura en contra del veto.
Señor Aleu, la verdad es que pretendo ser riguroso; lo he sido y quiero seguirlo siendo. No me he equivocado en las cifras; no las he dicho todas, naturalmente, aunque podría haber dicho muchas más. Pero fíjese que he dejado aparte Rumasa, y fíjese también que lo que he querido destacar es el procedimiento y no las cuantías. Y en lo que al procedimiento se refiere --hablando de opacidad o de transparencia--, es indudable que una oferta pública de venta es algo mucho más abierto, da más cantidad de oportunidades que una venta directa. Eso es lo que he querido destacar y no otro tipo de cosas.
En cuanto a la urgencia, le diré que en el Congreso de los Diputados esto fue tramitado como proyecto de ley en lectura única, cosa que sí permite la simplicidad y el propio contenido de este proyecto de ley, pero aquí ha sido tratado por el procedimiento de urgencia no sé por qué. De todas formas, ha habido más oportunidad de debate que con el sistema de lectura única.
Agradezco al señor Beguer su posición.
Señor Lerma, me cita al señor Gamir relacionándolo con que yo cité al señor Bel y al señor Costas. Usted también los ha citado y ha leído lo de la tercera etapa. Pues yo le voy a leer lo de la primera. Abarca el período 1985-1991; luego hay una segunda etapa que abarca el período 1991-1993, que es el núcleo duro de las privatizaciones. Dice así: Las motivaciones para privatizar fueron básicamente de carácter financiero, reducir gastos públicos y financiar política de expansión empresarial.
Entonces sí que se podía reducir o financiar el déficit con la privatización, con la caja hecha, pero en nuestra época no. En nuestra época cuadran las cuentas. Se dice que el déficit va a ser una cifra en concreto, y así ocurre. A ustedes, a pesar de contar con esa financiación extra de las privatizaciones, no sólo no les cuadraba en absoluto ninguna cifra de déficit, sino que todo se les iba por encima y se gastaban lo que tenían y lo que no tenían, lo que generaban

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mediante las privatizaciones, y que ahora estamos pagando entre todos con la política de austeridad que el actual Gobierno está llevando a cabo.
Por tanto, ¿cómo los que han votado en contra, es decir, los señores del Grupo de Entesa, del Grupo Socialista y del Grupo Mixto, pueden negar que una persona, en este caso una persona jurídica, que es la Administración central del Estado, pueda vender unas participaciones? ¿Cómo le pueden negar el derecho a cambiar su titularidad de un departamento a otro? No puedo entenderlo. Puedo entender su crítica a las privatizaciones, señor portavoz del Grupo Parlamentario Socialista; puedo debatir con usted lo que quiera en ese sentido, pero lo que no puedo comprender es que, en plena coherencia elemental, nieguen ustedes que quien tiene capacidad para vender una participación no pueda cambiarla de destino en uno u otro de sus departamentos.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Vallines. (El señor Lerma Blasco pide la palabra en función del artículo 87 del Reglamento.) Senador Lerma, puede hacer uso de la palabra por un minuto.


El señor LERMA BLASCO: Quiero decir exclusivamente que no negamos el derecho del Estado a reordenar ninguna participación estatal. Lo que queremos saber es cuáles quiere reordenar y para qué. Ahí está el sentido de las enmiendas que hemos presentado. Que se nos diga para qué se quieren reordenar y podremos discutir si nos parece bien o no la finalidad, es decir, si se cumplen los fines. Y a continuación, si nos parece bien, votaremos a favor. El derecho no se lo negamos. Lo único que queremos es que nos diga para qué se quiere hacer y que se sea transparente. Y nada más.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Lerma.
Finalizado el debate del veto vamos a llamar a votación. (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar la propuesta de veto. Como saben, para la aprobación del veto se requiere mayoría absoluta.
En primer lugar, corresponde votar el voto particular número 1 de los grupos parlamentarios Socialista y de Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 52; en contra, 123.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 2, correspondiente a los votos particulares del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
El voto particular número 1, correspondiente a las enmiendas números 4 y 5 del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, se da por defendido. Por lo tanto, supongo que no hay turnos ni a favor ni en contra ni de portavoces.
Votamos, entonces, las enmiendas números 4 y 5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 52; en contra, 123.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas por tanto las enmiendas números 4 y 5, que correspondían al voto particular número 1.
Ahora vamos a votar el artículo único, la disposición final y la exposición de motivos, según el texto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 175; a favor, 123; en contra, 52.


La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de modificación de la Ley del Patrimonio del Estado, texto articulado aprobado por Decreto 1022/1964, de 15 de abril.
Señorías, quiero recordarles que el próximo día 8, a las once de la mañana, habrá una sesión conjunta con motivo del viaje del nuevo Jefe del Estado de Luxemburgo, y que la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Medio Ambiente, prevista para el jueves 26, a las diez, se celebrará hoy al finalizar este pleno en la sala 20.001 B.
Se levanta la sesión.


Eran las diecisiete horas y quince minutos.

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