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DS. Senado, Pleno, núm. 44, de 16/05/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 44

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 16 de mayo de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Actas:

--Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 24 y 25 de abril y 8 de mayo de 2001.


Segundo

Preguntas:

--De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que en opinión del Gobierno explican el incremento de la adicción al alcohol en los jóvenes (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000343).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si el Gobierno cree que nunca ha habido persecución de las lenguas que se hablan en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000336).


--De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para reparar los daños producidos por los temporales y desbordamientos de los ríos, acaecidos desde el mes de febrero del 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (publicada en el «Boletín

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Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000344).


--De D. ISIDRE MOLAS I BATLLORI y D. JORDI SOLE I TURA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno comparte las declaraciones de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte acerca de que en ningún momento de la historia de nuestro país ninguna lengua fue reprimida y a nadie se obligó a usar como única lengua el castellano (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000341).


--De D. CARLOS ROJO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para la firma de convenios específicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León dentro del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000349).


--De D. FRANCISCO CATALA PARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno estudiar conjuntamente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón los efectos de la utilización de las Bardenas Reales (Navarra) como campo de instrucción por las Fuerzas Armadas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000346).


--De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que los pilotos militares abandonen las Fuerzas Aéreas Españolas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000347).


--De D. JORDI XUCLË I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en el tramo de la carretera nacional N-II comprendido entre el punto fronterizo de La Jonquera y el polígono de servicios de Can Cuartos, en la provincia de Girona (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000335).


--De D. TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas de la reforma del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, por la que se mejoran las condiciones de adquisición de viviendas protegidas y se actualizan los precios (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000350).


--De D. PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ESCORIAL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las razones que han motivado al Gobierno a suprimir las distancias mínimas entre áreas de servicio en carretera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000351).


--De D. OVIDIO SANCHEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las características que tiene la oferta presentada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que España sea la sede del «Global Biodiversity Information Facility-GBIF» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000352).


--De D. ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, celebrada el 19 de abril de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000353).


--De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha encargado el Gobierno al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un estudio sobre las actitudes de los médicos en España en relación con la eutanasia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000342).


--De Dña. ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la incidencia de los campos electromagnéticos en la salud pública (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000348).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno se ha planteado presentar recurso de arbitraje ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU)

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en relación con la situación jurídica del caladero «canario-sahariano» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000337).


--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación prevista para la reconversión del sector pesquero español, afectado por el fracaso de la negociación de pesca con Marruecos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000345).


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proceso de negociación entre las partes afectadas, con objeto de buscar una salida a la crisis que padecen los trabajadores de la empresa Sistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones, S. A. (SINTEL) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 680/000338).


Tercero

Interpelaciones:

--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar el uso del agua en la agricultura (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 670/000063).


--De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios de política general que tiene previsto emprender el Gobierno para que la Unión Europea garantice el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productos de fruta seca y algarrobas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 670/000065).


--De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de transferencias de políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 670/000067).


--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política general que piensa llevar a cabo el Gobierno para asegurar el mayor éxito de España en la lucha contra el tabaquismo, en el marco de la aplicación de las Directivas de la Unión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 670/000068).


Cuarto

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 23, de fecha 11 de mayo de 2001) (Número de expediente S. 621/000023) (Número de expediente C. D. 121/000032).


--De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 21, de fecha 11 de mayo de 2001) (Número de expediente S.
621/000021) (Número de expediente C. D. 121/000022).


Quinto

Mociones consecuencia de interpelación:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presente ante las Cámaras legislativas, en un plazo no superior a seis meses, un borrador de la estrategia española contra el cambio

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climático (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 671/000035).


Sexto

Mociones:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una evaluación sobre el funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la participación en los procesos electorales de las personas inscritas en el mismo, remitiendo en el referido plazo sus conclusiones al Senado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 195, de fecha 14 de mayo de 2001) (Número de expediente 662/000119).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


ACTAS (Página 2412)

Lectura y aprobación, si procede, de las Actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 24 y 25 de abril y 8 de mayo de 2001 (Página 2412)

Se aprueban las actas.


PREGUNTAS (Página 2413)

De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que en opinión del Gobierno explican el incremento de la adicción al alcohol en los jóvenes (Página 2413)

La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aránega Jiménez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si el Gobierno cree que nunca ha habido persecución de las lenguas que se hablan en España (Página 2414)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra.


De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para reparar los daños producidos por los temporales y desbordamientos de los ríos, acaecidos desde el mes de febrero del 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Página 2415)

Esta pregunta se da por decaída.


De D. ISIDRE MOLAS I BATLLORI y D. JORDI SOLE I TURA, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno comparte las declaraciones de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte acerca de que en ningún momento de la historia de nuestro país ninguna lengua fue reprimida y a nadie se obligó a usar como única lengua el castellano (Página 2415)

El señor Solé Tura formula la pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. CARLOS ROJO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para la firma de convenios específicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León dentro del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras (Página 2417)

El señor Rojo Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


Página 2409


De D. FRANCISCO CATALA PARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno estudiar conjuntamente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón los efectos de la utilización de las Bardenas Reales (Navarra) como campo de instrucción por las Fuerzas Armadas (Página 2418)

El señor Catalá Pardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JOSE CASTRO RABADAN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que los pilotos militares abandonen las Fuerzas Aéreas Españolas (Página 2419)

El señor Castro Rabadán formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Castro Rabadán.


De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en el tramo de la carretera nacional N-II comprendido entre el punto fronterizo de La Jonquera y el polígono de servicios de Can Cuartos, en la provincia de Girona (Página 2420)

El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Xuclà i Costa. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas de la reforma del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, por la que se mejoran las condiciones de adquisición de viviendas protegidas y se actualizan los precios (Página 2422)

El señor Burgos Beteta formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ESCORIAL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las razones que han motivado al Gobierno a suprimir las distancias mínimas entre áreas de servicio en carretera (Página 2423)

El señor Hernández Escorial formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. OVIDIO SANCHEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las características que tiene la oferta presentada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que España sea la sede del «Global Biodiversity Information Facility-GBIF» (Página 2424)

El señor Sánchez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, celebrada el 19 de abril de 2001 (Página 2425)

El señor Ballesteros Morcillo. formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha encargado el Gobierno al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un estudio sobre las actitudes de los médicos en España en relación con la eutanasia (Página 2426)

El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De Dña. ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la incidencia de los

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campos electromagnéticos en la salud pública (Página 2427)

La señora Posada Chapado formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno se ha planteado presentar recurso de arbitraje ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en relación con la situación jurídica del caladero «canario-sahariano» (Página 2428)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez.


De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación prevista para la reconversión del sector pesquero español, afectado por el fracaso de la negociación de pesca con Marruecos (Página 2429)

El señor Rodríguez Cantero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Cantero. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre el proceso de negociación entre las partes afectadas, con objeto de buscar una salida a la crisis que padecen los trabajadores de la empresa Sistemas e Instalaciones de Telecomunicaciones, S. A. (SINTEL).


Esta pregunta ha sido retirada.


INTERPELACIONES (Página 2430)

De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar el uso del agua en la agricultura (Página 2430)

El señor Aleu i Jornet realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Bella Galán, por el Grupo Socialista, y Castell Campesino, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios de política general que tiene previsto emprender el Gobierno para que la Unión Europea garantice el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productos de fruta seca y algarrobas (Página 2442)

El señor Marimon i Sabaté realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; López Carrasco, por el Grupo Socialista, y González García, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación (Arias Cañete).


De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de transferencias de políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas (Página 2450)

El señor Romero Calero realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno) Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez García, por el Grupo de Senadores

Página 2411


de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular. Cierra el debate el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política general que piensa llevar a cabo el Gobierno para asegurar el mayor éxito de España en la lucha contra el tabaquismo, en el marco de la aplicación de las Directivas de la Unión Europea.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2460)

De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA

El señor Seguí Díaz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


El señor Romero Calero defiende la propuesta de veto número 1, del Grupo Socialista. El señor Ferrández Otaño consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Aroz Ibáñez, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y los señores Romero Calero, por el Grupo Socialista, y Ferrández Otaño, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto del Grupo Socialista por 65 votos a favor y 148 en contra.
Se inicia el debate del articulado.


El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 7 a 9. El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 6. El señor Romero Calero defiende las enmiendas números 10 a 15, del Grupo Socialista. El señor Ferrández Otaño consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y Xuclà i Costa, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 7 a 9, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 141 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1 a 6, del Grupo Mixto, por 71 votos a favor, 139 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 10 a 15, del Grupo Socialista, por 71 votos a favor y 151 en contra.


Se aprueban por asentimiento dos correcciones de errores firmadas por todos los grupos parlamentarios.


Se aprueban los artículos 1 a 3 y la Exposición de Motivos por 151 votos a favor, 69 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la disposición adicional por 218 votos a favor y 3 abstenciones.


Se aprueban las disposiciones derogatoria y finales por 151 votos a favor, 1 en contra y 70 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Presupuestos en relación con el Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de las divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje (Página 2474)

El señor Mera Rodríguez, Vicepresidente Primero de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


Página 2412


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. El señor Herranz Martínez defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista. El señor Gil-Ortega Rincón consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Cambra i Sánchez, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Gil-Ortega Rincón, por el Grupo Popular.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, del Grupo Mixto, por 66 votos a favor, 141 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 143 en contra y 8 abstenciones.


Al no haberse presentado enmiendas al articulado, no se produce debate.


Se aprueba el texto del dictamen por 150 votos a favor y 67 en contra.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION (Página 2479)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno para que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), presente ante las Cámaras legislativas, en un plazo no superior a seis meses, un borrador de la estrategia española contra el cambio climático (Página 2479)

El señor Bella Galán defiende la moción. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Ganyet Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como la señora González Pereda, por el Grupo Popular.


Se aprueba la moción del Grupo Socialista, con la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 89 votos a favor y 126 en contra.


MOCIONES (Página 2484)

Del GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una evaluación sobre el funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la participación en los procesos electorales de las personas inscritas en el mismo, remitiendo en el referido plazo sus conclusiones al Senado (Página 2484)

El señor Ruiz Rivero defiende la moción. El señor Cámara Fernández defiende la enmienda del Grupo Mixto. El señor Socías Puig defiende la enmienda del Grupo Socialista. El señor Ruiz Rivero expone la posición de su grupo parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Quintana González, por el Grupo Mixto; Perestelo Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Solé Tura, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Xuclà i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Socías Puig, por el Grupo Socialista, y Ruiz Rivero, por el Grupo Popular. Los señores Socías Puig y Cámara Fernández intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la moción del Grupo Popular por 140 votos a favor y 77 en contra.


Se suspende la sesión a las nueve horas y treinta minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Buenos días, señorías. Se abre la sesión.


ACTAS:

--LECTURA Y APROBACION, SI PROCEDE, DE LAS ACTAS DE LAS SESIONES ANTERIORES, CELEBRADAS LOS PASADOS DIAS 24 Y 25 DE ABRIL Y 8 DE MAYO DE 2001.


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Actas. Lectura y aprobación, si procede, de las actas de las sesiones anteriores, celebradas los pasados días 24 y 25 de abril y 8 de mayo de 2001.
¿Hay alguna observación sobre dichas actas? (Pausa.) ¿Se pueden aprobar por asentimiento? (Pausa.) Se aprueban.


Página 2413


PREGUNTAS:

--DE DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES QUE EN OPINION DEL GOBIERNO EXPLICAN EL INCREMENTO DE LA ADICCION AL ALCOHOL EN LOS JOVENES (680/000343).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día: Preguntas.
La pregunta de don Manuel Cámara Fernández ha sido retirada.
Primera pregunta, de doña Antonia Aránega Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones que en opinión del Gobierno explican el incremento de la adicción al alcohol en los jóvenes.
Tiene la palabra la Senadora Aránega Jiménez.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señoría, el número de jóvenes que consume alcohol de forma irreflexiva y abusiva ha aumentado considerablemente durante los últimos ocho años y de forma significativa desde 1998. Este fenómeno juvenil se concentra en los fines de semana, y con una naturalidad llamativa cada vez son más los que especialmente durante las noches de los viernes y sábados sobrepasan con mucho los términos de lo establecido bebiendo de forma compulsiva y hasta límites peligrosos. Como consecuencia de ello la cifra de bebedores juveniles de gran riesgo ha aumentado en 1,5 puntos durante los dos últimos años. El 40 por ciento de esta población juvenil bebe todos y cada uno de los fines de semana; el 75 por ciento de los niños de 11 y 12 años ha probado el alcohol y, es más, el 12 por ciento de las personas que están en tratamiento de desintoxicación alcohólica tiene menos de 29 años. Otro dato que va en paralelo con esta situación es que el 50 por ciento de esta población juvenil conduce bajo los efectos del alcohol.
Verdaderamente, estos datos son preocupantes. Pero, desgraciadamente, además de esta terrible moda de la fiebre del botellón hay otro dato que también nos preocupa: el número cada vez mayor de jóvenes mujeres que se introduce en esta peligrosa costumbre. A este respecto, durante los últimos 24 meses ha aumentado en un 13 por ciento el número de bebedoras adolescentes de gran riesgo, y así lo confirman también los datos de las urgencias hospitalarias.
Un creciente número de chicas, por efecto mimético, beben, y lo hacen de forma rápida y cada fin de semana. Solas o en grupos consumen extrañas mezclas que incluso ellas mismas elaboran. Su percepción del riesgo es mínima. Beber es para ellas algo normal, forma parte de la cultura de la tolerancia y no es sólo una alternativa a los precios de los locales de copas.
Queremos saber y conocer cuáles son las razones que, a juicio del Gobierno, inciden en el tamaño del problema.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señora Senadora.
Lo primero que quiero decirle es que no estoy totalmente de acuerdo con la afirmación que contiene su pregunta, porque ya los datos provisionales de la encuesta escolar 2000-2001 confirman aspectos positivos en la evolución del consumo de alcohol entre jóvenes.
El primer dato importante es que se han elevado las edades de inicio en el consumo de alcohol, tras años de constante reducción en el comienzo del mismo. El segundo es que, entre los estudiantes de 14 a 18 años, se ha incrementado un 10 por ciento el porcentaje de abstemios. El tercero --y creo que este dato es importante-- es que existe una mayor percepción social del riesgo producido por el uso de alcohol entre jóvenes. También es verdad --y éste es un dato preocupante al que se ha referido usted en su intervención-- que el porcentaje de chicas entre 15 y 19 años que han bebido durante el último año crece 13 puntos, lo cual es una subida importante, mientras baja el de los chicos. Por tanto, aunque existen algunos aspectos positivos y alentadores en el consumo de alcohol por los jóvenes, lo cierto es que debemos seguir trabajando en la prevención de estos consumos en colaboración con el resto de las administraciones.
Las causas son muy complejas. Hay unos patrones juveniles de consumo de alcohol asociados a otras drogas, que se desarrollan en contextos recreativos, hay una cierta tolerancia social --es verdad-- ante el consumo de alcohol; y hay una amplia disponibilidad del mismo y, en general, a unos precios asequibles para estos jóvenes.
El Gobierno y los responsables del Plan Nacional para la Droga son conscientes de esta situación. Desde hace tiempo vienen trabajando en estos frentes, y, como he dicho, se van consiguiendo algunos avances importantes. No obstante, nos encontramos ante un proceso largo y complejo que requiere del esfuerzo combinado de las administraciones públicas, de las entidades sociales, de instancias como la familia y la comunidad escolar para conseguir los resultados deseados.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra la Senadora Aránega.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señora Presidenta.
El problema que estamos tratando indica que el Gobierno ha de instalarse en la longitud de onda del tamaño del problema, que es enorme. ¿Y sabe por qué? Porque las cifras, dándoles las vueltas que haya que darles, se incrementan de forma extraordinaria, en especial en cuanto al número de chicas que cada fin de semana consumen abusivamente alcohol.


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Si los servicios de urgencia tratan cada vez más casos de coma etílico, significa simplemente que el Plan de medidas de actuación para corregir este problema no funciona.
En primer lugar, por tanto, habrá que tratar de solucionar el problema en sí, especialmente por el perfil de la población y rango de edad tan especial en el que se da este problema. En segundo lugar, porque los hábitos que crean adicción al alcohol producen alcoholemia, y ya se sabe --o debiera saberse-- que el alcoholismo es una enfermedad que dura toda la vida.
Nuestros jóvenes tienen que percibir que su proyecto vital es un arma cargada de futuro, que una buena preparación y la precariedad laboral no son las dos caras de una misma moneda. Nuestras chicas adolescentes tienen que tener la sensación de que su esfuerzo por tener una buena preparación no conduce a los contratos basura y a una desigual e inferior remuneración económica, en algunos casos, en igualdad de condiciones laborales.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aránega.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Senadora.
Como usted misma ha dicho, no explícitamente pero sí implícitamente, es un tema muy complicado, que responde a múltiples y variadas razones y donde es necesario, como he señalado, una labor lo más amplia posible del conjunto de las administraciones, de las propias organizaciones, de las familias, de los responsables educativos, etcétera.
Las líneas en las que estamos trabajando en este momento desde la Delegación del Plan Nacional de la Droga, que tiene una función de impulso y coordinación y no muchas más, consisten en campañas de sensibilización en apoyo a las organizaciones sociales y a los ayuntamientos mediante convocatorias de ayuda; en programas escolares impulsamos e intentamos que los que tienen la competencia en esta materia incluyan la formación del profesorado y la aplicación de sesiones de trabajo en aula; también intentamos establecer algunas líneas de ayuda; elaboramos materiales de apoyo, y en los últimos tiempos se han financiado numerosas actividades de formación de profesionales, hay cursos sobre alcoholismo dirigidos a médicos de atención primaria, el año que viene tenemos organizado un congreso --pacto sobre el alcohol y la noche-- a realizar durante el primer trimestre del año que viene, con el que se pretende conseguir una declaración de consenso con los diferentes protagonistas a nivel nacional sobre el uso recreativo del alcohol en la noche por parte de los jóvenes y, por último, hacemos el mayor esfuerzo de que somos capaces para controlar policialmente la dispensación de bebidas a menores en establecimientos públicos.
En cualquier caso, vuelvo a insistir en lo que he señalado al final. Es verdad lo que usted dice de que es un hecho objetivo que se producen multiplicidad de accidentes de tráfico y pérdida de vidas humanas. Es algo absolutamente absurdo y ridículo, porque morir de esa forma me parece que tiene bastante poco sentido. Eso requiere una labor de todos, de mucha pedagogía, una labor educativa --no hay duda de que alguna de las cosas a las que usted ha hecho referencia influyen en esta materia--, pero tenemos que seguir en la línea que ha fijado el conjunto de las administraciones --recientemente hemos reunido la Comisión Nacional de las Drogas--, ser muy perseverantes y no desperdiciar ni una sola oportunidad para explicar, y en este sentido creo que es bueno el dato de la última encuesta sobre alcohol, que el riesgo del alcohol es un hecho objetivo, y a mí la circunstancia de que un diez por ciento más que en la última encuesta escolar que se ha hecho hace dos años perciba que ese riesgo es un hecho objetivo me hace ser más optimista de cara al futuro.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Como ha habido una cierta alteración en el orden del día como consecuencia de la festividad de ayer y no veo a la Senadora Agudo, vamos a pasar a la pregunta del Senador Varela i Serra. La Senadora Agudo se incorporará inmediatamente. Pido disculpas al señor Vicepresidente y le anuncio que la Senadora Agudo ya está llegando.


--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE SI EL GOBIERNO CREE QUE NUNCA HA HABIDO PERSECUCION DE LAS LENGUAS QUE SE HABLAN EN ESPAÑA (680/000336).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, de] Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre si el Gobierno cree que nunca ha habido persecución de las lenguas que se hablan en España.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, al decir que habría que ver cuándo se ha prohibido hablar una lengua en España, enojaba y ofendía a muchas personas que en este país son todavía testimonios vivos de una persecución implacable, y preocupaba que tal declaración no fuese un paso más en la dirección de romper el pacto de la transición democrática; transición que fue posible porque las diversas fuerzas políticas y el conjunto de los españoles prefirieron superar el doloroso pasado sin buscar culpables, en la confianza, eso sí, de que se reconocían los males ocasionados en la dictadura y se iba a trabajar para remediarlos.
Es cierto, y lo agradecemos, que matizó sus declaraciones, pero después, lamentablemente, ha habido otras, y dado lo que está en juego es importante que aquí, en sede parlamentaria, exponga si el Gobierno tiene asumido o no

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que durante los años del franquismo se persiguieron las lenguas del Estado distintas del castellano y si podemos confiar en que el pacto de la transición seguirá vigente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación y Cultura.


La señora MINISTRA DE EDUCACION Y CULTURA (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, como he explicado recientemente en alguna entrevista a la que usted ha hecho mención, yo personalmente, y el Gobierno también, conocemos las consecuencias que cuarenta años de régimen franquista han tenido para la libertad y sus consecuencias para todas aquellas manifestaciones como puedan ser la cultura y la lengua. Creo que esto ha quedado claro.
Además, me sorprende esta polémica y este debate y, a mi modo de ver, algunas de estas opiniones que se han manifestado están bastante fuera de contexto. Incluso pienso que uno se atiene a determinadas frases que aparecen en una entrevista que se me hizo sin atender al conjunto de las observaciones y reflexiones que se contienen en la misma, lo cual es para felicitar a los medios de comunicación por la importancia que tiene el titular en la determinación absoluta de un debate, cuando no debiera ser así, porque en una entrevista hay siempre más cosas con las que se puede estar de acuerdo o no.
Lo que sí le tengo que decir es que me parece una preocupación ociosa que de esto se derive que el Gobierno pudiera no respetar las lenguas, pudiera no respetar sus distintas manifestaciones culturales y pudiera estar transgrediendo determinados acuerdos o pactos de la sociedad española en la transición.
El Gobierno hace camino al andar, y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte hace camino al andar, y lo hace todos los días, y le puedo asegurar --y usted lo puede contrastar con el propio Gobierno de la Generalitat-- que las relaciones que se mantienen con las autonomías, en este caso con la Generalitat, son todos los días de una extraordinaria disposición por parte de este Ministerio y de este Gobierno a hacer cosas conjuntas, a colaborar y a intentar a avanzar en objetivos comunes.
Por tanto, señoría, el camino se hace al andar, y en ese andar es inequívoca la posición del Gobierno, y sinceramente le tengo que decir que me parece una preocupación ociosa que de ahí se derive una reflexión en torno a si no se estarán transgrediendo esos principios constitutivos de la transición en el sentido que usted ha señalado. Hacemos camino al andar, y es ahí donde hay que demostrarlo.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Ministra.
Agradezco sus explicaciones, pero no se sorprenda de las reacciones ante sus declaraciones porque aludían a temas absolutamente vivos en nuestra alma colectiva, a heridas que están cicatrizando y en las que es muy peligroso ahondar sin mucha sensibilidad.
Estoy satisfecho por sus explicaciones, evidentemente hacemos camino al andar todos juntos, pero sus declaraciones, incluso en su contexto, no fueron afortunadas.
Para ver lo hondo que es nuestro sentimiento en este aspecto, simplemente le quiero señalar que hay un poeta catalán, Màrius Torres, que en 1942 escribía a su amigo Joan Sales lo siguiente: «Cher Jean: Après le long silence des premiers mois de cette année, nous continuons à recevoir des lettres à vous...» En el año 1942 se veía obligado a escribir a su amigo Joan Sales en francés porque la censura franquista impedía que circulasen las cartas íntimas y privadas en catalán.
Este mismo poeta decía, pocos meses antes de su muerte, lo siguiente: «Jo vull la pau, però no vull l'oblit.» Queremos la concordia, pero no queremos el olvido.
El Gobierno debería tenerlo en cuenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.


--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA REPARAR LOS DAÑOS PRODUCIDOS POR LOS TEMPORALES Y DESBORDAMIENTOS DE LOS RIOS, ACAECIDOS DESDE EL MES DE FEBRERO DEL 2001 EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (680/000344).


la señora PRESIDENTA: La pregunta de la Senadora doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre actuaciones previstas por el Gobierno para reparar los daños producidos por temporales y desbordamientos de los ríos acaecidos desde el mes de febrero de 2001 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León decae por no encontrarse presente la Senadora.


--DE DON ISIDRE MOLAS I BATLLORI Y DON JORDI SOLE I TURA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI EL GOBIERNO COMPARTE LAS DECLARACIONES DE LA MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE ACERCA DE QUE EN NINGUN MOMENTO DE LA HISTORIA DE NUESTRO PAIS NINGUNA LENGUA FUE REPRIMIDA Y A NADIE SE OBLIGO A USAR NUNCA COMO UNICA LENGUA EL CASTELLANO (680/000341).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Isidre Molas i Batllori y don Jordi Solé i Tura, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre si el Gobierno comparte las declaraciones de la Ministra de Educación, Cultura y Deporte acerca de que en

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ningún momento de la historia de nuestro país ninguna lengua fue reprimida y a nadie se obligó a usar nunca como única lengua el castellano.
Tiene la palabra el Senador Solé i Tura.


El señor SOLE I TURA: Señora Ministra, doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora Presidenta, señoría, habida cuenta que hay dos preguntas idénticas, me costaría mucho trabajo decir algo distinto a lo que he manifestado en mi respuesta anterior, pero insisto en que el Gobierno, y yo como Ministra del mismo, somos absolutamente conscientes --y así lo he manifestado-- de las consecuencias que para la libertad han tenido los cuarenta años del franquismo, y derivado de ello, lo que esos años han supuesto de falta de libertad para las lenguas y para la cultura.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Solé i Tura.


El señor SOLE I TURA: La verdad es que el problema que se ha suscitado no se refiere sólo a si en este momento estamos haciendo una política lingüística adecuada o no. Es un problema que viene de más lejos, y las preguntas que yo le he formulado y lo que usted dijo en esa famosa entrevista --en realidad no sé si es famosa-- hacen referencia a lo que fue nuestra historia contemporánea. Decir, como dijo usted, que habría que ver cuándo se ha prohibido una lengua en España, es una pregunta que hoy no debería hacer una Ministra si conoce bien la historia de este país, porque, efectivamente, en España se prohibieron varias lenguas.
Y responder a la pregunta en torno a la famosa frase del Rey de que eso tiene que ver con las aspiraciones políticas de las elites nacionalistas tampoco es una respuesta que usted debiera haber dado porque no era sólo un problema de aspiraciones políticas de elites nacionalistas sino de aspiraciones políticas de muchísima gente que no son nacionalistas. Por ejemplo, yo no lo soy, y me sentí francamente agredido por estas dos preguntas.
Pero detrás de esto hay algo más importante: lo que ha sido realmente la historia política de este país y lo que nos ha costado conseguir en este país, como a todos los demás, una cierta normalidad en este terreno.
¿España es un país plural o no lo es? Si es un país plural, ¿lo es lingüísticamente, o más bien se trata de decir: hacemos una concesión a unas lenguas que están por ahí y que respetamos pero que no nos gustan? Si es verdad que reconocemos que nuestro país es política y culturalmente plural, y si lo es que una Ministra de Cultura y también el Gobierno piensan esto --y es que la pregunta que yo le hago es si el Gobierno está de acuerdo con lo que usted dijo, y como no se ha dicho nada a este respecto supongo que sí--, entonces es que estamos en otra fase.
Ha costado muchísimo --y usted lo sabe perfectamente-- buscar la normalidad en un país donde hay pluralismo político, cultural y lingüístico. ¿Por qué no lo reconocemos? ¿Por qué entramos en este terreno para decirles que todo eso es falso o que todo ello está vinculado a una batalla de los nacionalistas contra el resto de España como usted dice en esta pregunta? Señora Ministra, el problema no es circunstancial, sino que viene de lejos y debería ser tenido en cuenta por la política cultural de hoy en día. No entendemos que la pluralidad de nuestra España política y cultural no lo sea en materia lingüística. Debe ser así, no sólo ahora, sino en el futuro inmediato.
Dentro de unos meses tendremos la moneda única en Europa, ¿cuál piensan ustedes que será el papel de las Comunidades Autónomas, independientemente de su cultura, en esta fase nueva en la que va os a entrar? ¿Han pensado en eso, o les basta con decir que simplemente es un problema histórico y de nacionalistas?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Solé i Tura.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en primer lugar --como ya he dicho públicamente--, si alguien se ha sentido ofendido, pido disculpas porque está lejos de mi ánimo no entender a quienes han luchado por la libertad y por el reconocimiento y uso de las lenguas.
Dicho esto, creo que se están descontextualizando un poco las cosas. Aquí no estamos hablando de una situación en la que se dé una graciosa concesión y en donde las lenguas distintas al castellano estén siendo utilizadas en contadas ocasiones. En primer lugar, la propia Constitución reconoce que son lenguas oficiales como el castellano y, en segundo lugar, porque en el día a día, como sucede en Cataluña, toda la enseñanza pública se imparte en catalán y toda la comunicación que emana de la Administración Pública y de la esfera pública es en catalán.
Por tanto, en este tipo de polémicas tan fáciles de desvirtuar deberían ponerse las cosas en su sitio. Es decir, en un determinado momento, por razones de oportunidad política, a un partido o grupo político le puede interesar --y esto es el abecé del poder político y su dinámica, y usted lo sabrá como estudioso-- reforzar un aspecto de la cuestión aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, y en ocasiones no es siempre así.
Estoy poniendo un ejemplo hipotético que no tiene nada que ver con la realidad, pero lo cierto es que existen determinados contextos que determinan el discurso político.
Al final el referente que estamos tratando hoy es determinante, y yo insisto en la respuesta que he dado anteriormente.


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El Gobierno y este Ministerio que tengo el honor de dirigir está haciendo día a día una política de colaboración en todos los sentidos con las Comunidades Autónomas. Esto es así.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON CARLOS ROJO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO PARA LA FIRMA DE CONVENIOS ESPECIFICOS EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON DENTRO DEL PLAN 1998-2005 DE LA MINERIA DEL CARBON Y DESARROLLO ALTERNATIVO DE LAS COMARCAS MINERAS (680/000349).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Carlos Rojo Martínez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones del Gobierno para la firma de convenios específicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León dentro del Plan 1998-2005 de la Minería del Carbón y Desarrollo Alternativo de las Comarcas Mineras.
Tiene la palabra el Senador Rojo Martínez.


El señor ROJO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el Plan de la minería del carbón 1998-2005 fue firmado en el primer año de gobierno de José María Aznar, es decir en 1997.
Inicialmente, fue suscrito por el propio Gobierno y los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, e inmediatamente después por los empresarios, eléctricas, Comunidades Autónomas y entidades locales.
Ese Plan significa el mayor esfuerzo que se ha hecho nunca por el sector de la minería y del carbón, no sólo por el consenso alcanzado, sino también por los recursos económicos y la dificultad de gestión que supone. Dentro del mismo se contempla un aspecto importante y fundamental, el de la reactivación de las cuencas mineras, que da nombre al propio Plan. Me refiero a ese tipo de aportaciones en las que, además de la formación y de los incentivos a las inversiones en zonas mineras, tenemos aquellas iniciativas que necesariamente tienen que contar con las Comunidades Autónomas y con las entidades locales: me refiero a las infraestructuras.
Dentro de ese contexto y teniendo en cuenta que estamos en el ecuador del plan, le pregunto lo siguiente, señor Ministro: ¿qué previsiones tiene el Gobierno para la firma de lo que se llaman convenios específicos en la Comunidad Autónoma de Castilla y León, dentro del Plan de Reactivación de las comarcas mineras 1998-2005?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Senador. El Gobierno español está realizando un importante esfuerzo presupuestario y político para garantizar el futuro de las comarcas mineras, no sólo en Castilla y León, sino en el conjunto de España, y desde luego yo quiero ratificar una vez más que el Gobierno español va a mantener esta posición, junto con otros Gobiernos, en el seno de las instituciones europeas.
En concreto, respondiendo a la pregunta que me plantea su señoría, en Castilla y León durante el presente ejercicio y hasta el año 2002 se están llevando a cabo dos conjuntos de convenios de colaboración específicos para el desarrollo de infraestructuras. Por un lado, 42 convenios que ya estaban ultimados y que suponen un total de casi 4.100 millones de pesetas, de los cuales prácticamente la mitad son convenios de carreteras y el resto de abastecimiento de aguas y recuperación de escombreras, a lo que hay que añadir un nuevo conjunto de convenios, cuya redacción está siendo ultimada con la Comunidad Autónoma, que vana suponer un importe aproximada de 8.000 millones de pesetas, y que esperamos estén finalizados en un plazo no de meses, sino de semanas.
A esto hay que unir el esfuerzo ya realizado durante los ejercicios 1998-2000 con la firma de 121 convenios de infraestructuras, y con una inversión total de 59.000 millones de pesetas en las provincias de León, León y Palencia y Palencia. Además, se han aprobado para el mismo período, es decir 1998-2000, 123 convenios empresariales alternativos al carbón, con una inversión subvencionable de cerca de 40.000 millones de pesetas, y una subvención comprometida próxima a los 8.000 millones de pesetas, que van a suponer la creación de más de 2.000 puestos de trabajo.
Es importante enmarcar este esfuerzo que se está haciendo en Castilla y León en las comarcas mineras y relacionarlo con lo que se está haciendo en el conjunto de España, con un gasto cercano a los 300.000 millones de pesetas en la reestructuración de las actividades mineras, la firma de casi 400 convenios para construir nuevas infraestructuras que superan los 200.000 millones de pesetas, y la aprobación de casi 450 proyectos empresariales alternativos al carbón, con una inversión próxima a los 240.000 millones de pesetas, una subvención comprometida de 36.000 millones de pesetas y que van a suponer la creación en el conjunto de España de más de 7.000 puestos de trabajo. En este sentido, el esfuerzo que está realizando la sociedad española dentro de las comarcas mineras y el aprovechamiento que las mismas y sus empresarios y trabajadores están haciendo demuestra que estamos en el camino adecuado y acertado, que vuelvo a ratificar que mantendremos una vez que expire el vigente traslado de la CECA, en julio de 2002, y mantendremos igualmente estas posiciones para continuar estos esfuerzos en el seno de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
¿Desea intervenir, Senador Rojo? (Denegaciones.) Gracias, señoría.


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--DE DON FRANCISCO CATALA PARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO ESTUDIAR CONJUNTAMENTE CON EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ARAGON LOS EFECTOS DE LA UTILIZACION DE LAS BARDENAS REALES (NAVARRA) COMO CAMPO DE INSTRUCCION POR LAS FUERZAS ARMADAS (680/000346).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Catalá Pardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si piensa el Gobierno estudiar conjuntamente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Aragón los efectos de la utilización de las Bardenas Reales, en Navarra, como campo de instrucción de las Fuerzas Armadas.
Tiene la palabra el Senador Catalá Pardo.


El señor CATALA PARDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, vaya por delante que no quiero polemizar sobre este tema en absoluto; estamos ante un hecho no deseable, pero parece que inevitable a corto plazo. No nos gusta que Bardenas sea el polígono de tiro de los aviones del Ejército, pero parece que, según el convenio que está firmado hasta el 2008, en los próximos siete años no parece evitable que eso sea así, aunque seguiremos insistiendo en que se busque una alternativa a ese polígono en algún otro lugar de la península. Es ahora cuando mi Comunidad Autónoma --y lo digo como Senador-- tiene el derecho de plantear la posibilidad de abrir una mesa de diálogo en la que Aragón exponga su opinión sobre este campo de tiro.
Señor Ministro, Aragón --y usted lo sabe bien-- siempre ha sido leal con el Gobierno de la nación y sobre todo y específicamente en temas relacionados con el Ejército. Nuestro territorio ha sido utilizado --y lo digo sin ningún carácter peyorativo-- por instalaciones permanentes del Ejército: la Academia General Militar, de la que nos sentimos por cierto muy orgullosos, campo de San Gregorio, campo de Instrucción, base aérea, etcétera.
Creemos que todas las Autonomías debemos colaborar para que este país tenga el Ejército que todos queremos, pero una vez dicho esto, tengo que poner encima de la mesa las servidumbres que nuestro territorio y nuestros municipios soportan con la presencia militar. Casi un tercio del suelo de Zaragoza es propiedad de Defensa, y esto a lo mejor no dice mucho, pero si decimos que en el campo de San Gregorio, por ejemplo, caben a la vez los municipios de Madrid, Barcelona y Bilbao, nos daremos cuenta de cuál es el territorio ocupado por Defensa, por no hablar del aeropuerto de Zaragoza, cuya necesaria ampliación se ve constreñida por el uso militar.
Hablando de los incidentes y accidentes aéreos habidos últimamente en Aragón, yo destacaría dos de ellos con caída de aeronave: en el año 1989, y en marzo del año pasado, esta vez sí, relacionado directamente con el polígono de Bardenas. Alguna de ellas cayó a escasos cien metros de una de las poblaciones más importantes de Aragón, como es el casco de Egea de los Caballeros.
Usted sabe, señor Ministro, que la ruta que siguen los aviones de la base para el polígono de tiro pasa en su integridad por el territorio aragonés. Los estampidos sónicos, vibraciones, roturas de cristales y los vuelos a baja altura son incidentes absolutamente habituales en los municipios aragoneses del entorno de Bardenas y, por tanto, señor Ministro, creemos que es el momento de que el Gobierno de España se siente a hablar con el Gobierno de Aragón. Ya sé que eso a ustedes les cuesta un poco últimamente, pero es necesario que hablemos de las medidas a tomar para compensar, paliar y suavizar la presencia militar en nuestro territorio.
Termino. Señor Ministro, no sólo queremos que las Fuerzas Armadas estén en Aragón, también queremos profundizar en la relación entre Aragón y esas Fuerzas Armadas para que se beneficien ambas partes. Por tanto, le formulo la siguiente pregunta: ¿Piensa el Gobierno de España, quizá su Ministerio, hablar con el Gobierno de Aragón sobre todos estos temas? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias por su pregunta, casi una interpelación, sobre las relaciones del Gobierno del que formo parte con el Gobierno de Aragón y las competencias de Defensa en el territorio de esa Comunidad Autónoma.
Centrándome, señoría, en el motivo de su pregunta, que es el polígono de tiro de Bardenas, quiero decirle que, en efecto, hemos suscrito un protocolo o una declaración de intenciones, en presencia del Vicepresidente del Gobierno navarro, con el Presidente de la Comunidad bardenera, señor Gayarre, a través del Secretario de Estado, que ha dado lugar a que ese proyecto de convenio pase por la Junta de la Comunidad de Congozantes y obtenga un apoyo ampliamente mayoritario, de forma que al cerrarse --si no se ha cerrado ya-- el plazo de información pública, procederemos a la firma que renueva el Convenio de utilización del polígono de tiro por un período que llega hasta el 2008, y con unas prestaciones, que me satisface comunicar a la Cámara, que tanto interés ha mostrado sobre este tema, que compensan de manera suficiente y amplia, como habían solicitado algunas de sus señorías a la Comunidad bardenera, al ingresar nada menos que un total de 600 millones de pesetas, distribuidas casi por la mitad, una parte directamente a lo que supone la renovación del canon, que se multiplica enormemente, y la otra para distribuir en inversiones por la propia Comunidad bardenera.
Esto, que es lo sustancial, se utiliza también por su señoría para ponerlo en conexión con una pretensión, yo creo que legítima, que es la de los municipios de las Cinco Villas en el norte de Aragón para que se les atienda por las molestias derivadas de la utilización del campo de tiro, y aprovecha a hablar de la relación del Gobierno de la nación

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con el Gobierno de Aragón, con el que dice que nos cuesta hablar.
Señoría, no nos cuesta hablar. Yo anuncié en Zaragoza, y usted lo sabe, que estamos dispuestos a pensar en la fórmula o medida que refleje la sensibilidad de los municipios de las Cinco Villas, y tenga la seguridad, señoría, de que tengo el máximo interés en que entiendan su problema, pero, en relación con el asunto de las Bardenas, que era el tenor literal de su pregunta, con el Gobierno de Aragón no nos podemos entender ni nos vamos a entender porque no son competentes al efecto.
La declaración sobre las Cinco Villas se hizo en el momento en el que yo visité Zaragoza para firmar un convenio en el que hay una inmensa extensión de metros cuadrados que van a posibilitar la construcción de un número importantísimo de viviendas sociales entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Defensa. O sea, colaboración con los poderes legítimos locales de Aragón hay toda la que se desee. ¿Con el Gobierno de Aragón --me dice usted--? También, pero permítame que, con toda cordialidad, le diga una cosa, señoría: habríamos esperado del partido que lidera el Gobierno de Aragón y del Grupo al que su señoría pertenece un comportamiento más leal en el acuerdo de Bardenas, en el que se establece un plazo de siete años más para la renovación del convenio.
Porque, fíjese, señoría, a un Gobierno que no hubiera tenido en cuenta la continuidad, eventualmente alternativa, del Gobierno de España le habría bastado con aceptar lo que pedía la comunidad bardenera --tres años en la renovación-- y, perdone que se lo diga, el que venga detrás que arree; pero ha sido este Gobierno el que, en beneficio de cualquier Gobierno, ha firmado por siete años más. Lamento, señoría, que los representantes de su partido en la comunidad bardenera con estos planteamientos hayan votado en contra; aun así el Gobierno de Aragón nos tiene a su disposición.


La señora PRESIDENTA: Gracias.


--DE DON JOSE CASTRO RABADAN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE LOS PILOTOS MILITARES ABANDONEN LAS FUERZAS AEREAS ESPAÑOLAS (680/000347).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don José Castro Rabadán, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno para evitar que los pilotos militares abandonen las Fuerzas Aéreas Españolas.
Tiene la palabra el Senador Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señora Presidenta, señor Ministro.
Los pilotos militares de reactores, transporte o helicópteros suman alrededor de 400 en todo el Ejército del Aire. Al parecer, durante los últimos tres años cerca de 180 pilotos de la Fuerza Aérea Española han renunciado a su destino militar abandonando el Ejército y se han puesto al servicio de empresas privadas aéreas, españolas o extranjeras, como pilotos civiles. Esto supone para la Fuerza Aérea Española una sangría de los pilotos más expertos y capaces.
La política de retribuciones que el Gobierno mantiene respecto a los pilotos militares hace que éstos decidan marcharse. Nosotros consideramos que no tiene sentido que un piloto de reactores con el grado de capitán cobre con todos los complementos unas 387.910 pesetas y que cuando asciende a comandante se le merme el salario --por no haber destinos suficientes de vuelo para comandantes baja el complemento de dedicación-- y pase a ganar 384.000, es decir, menos que cuando tenía un grado inferior y con mayores gastos al cambiar de destino --entiéndase por viviendas, colegios, etcétera.
El piloto militar ha elegido una profesión vocacional compleja, difícil y de alto riesgo, con una preparación de años que supone una gran inversión por parte del Estado. Los pilotos españoles militares tienen fama en Europa de estar muy bien preparados y por ello hay que poner todos los medios racionales para evitar su pérdida y marcha.
Las rigideces y contradicciones que existen en el sistema retributivo regulado por la Resolución 2/2001, de 3 de enero, para todo el año actual deben ser reformadas para que cuando los pilotos lleven 10 ó 12 años puedan alargar sus contratos por tiempo y cuantía suficientes para que sus funciones estén compensadas y reconocidas. La profesionalización del Ejército que trata de llevar a cabo el Gobierno no resuelve la situación de los profesionales auténticos en este caso, lo cual es una contradicción y habrá que evitar este fracaso, si así se puede entender.
Otros países como Estados Unidos o Inglaterra han tenido que solventar esta circunstancia a través de nuevos contratos de prórroga suficientemente pagados para que los pilotos sigan prestando sus servicios en la Fuerza Aérea y no se pierda la experiencia y formación acumuladas durante años.
El mercado, señor Ministro, no es un dogma, más bien viene a ser un burladero de la ignorancia, y el Estado debe intervenir de forma reflexiva y con flexibilidad en el mismo para evitar las disfunciones que crea. Un piloto no se improvisa, por lo que el Estado, en este caso el Gobierno, tiene que poner los medios para que nuestra Fuerza Aérea no vea mermada su eficacia y destreza.
Por eso le pregunto: ¿qué soluciones piensa adoptar el Gobierno para evitar que los pilotos militares más expertos abandonen la Fuerza Aérea Española?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Castro.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora Presidenta, señorías, señor Castro Rabadán, muchas gracias.
Espero que la intervención del Estado que espera su señoría de este Gobierno no sea como la de aquel Gobierno --que su señoría recordará bien porque pertenecía a las mismas filas a que usted pertenece-- que suspendió los

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derechos fundamentales de los pilotos para evitar su desbandada.
Seamos serios, señoría, las soluciones se deben plantear con moderación, vengan de donde vengan --como ha hecho en la primera parte de su pregunta--, y hay que dejarse de catastrofismos, de intervenciones y de terminología, señor Castro, un poquito excesiva. Sé que tanto su Grupo como usted comparten la idea de que los pilotos son profesionales auténticos, así como todos los componentes de las Fuerzas Armadas y, desde luego, los soldados y marineros profesionales.
También quiero hacer otra matización, señor Castro, antes de entrar a debatir este punto --aunque sé que cuenta con un espíritu de acuerdo--.
Ha dicho que durante los últimos tres o cuatro años han abandonado las Fuerzas Aéreas un buen número de pilotos militares, pero no se han ido aquellos que tuvieran menos de diez años de servicio porque se ha introducido en el ordenamiento una previsión que es la clave para que, quizá, sobre este tema serio podamos llegar a un acuerdo y establecer las oportunas medidas de solución: la distinción entre lo que ocurre con los pilotos de vuelo y de combate y lo que ocurre en el momento del ascenso a Comandante o en los primeros escalones del grado de jefe dentro del Ejército del Aire. En este momento, no se está produciendo la desbandada que en otra ocasión llevó a la necesidad de suspender los derechos constitucionales, señor Castro, por cuanto la Ley 17/1999 vino a prever que cuando no se llevaran diez años de servicio no se podían ir y, en el caso de que se marchasen, tendrían que indemnizar al Estado por la diferencia de aquello que el Estado hubiese invertido, que son cantidades millonarias, casi de 100 millones. La Orden Ministerial del pasado 10 de mayo ha regulado el alcance y el cálculo de la indemnización que hay que abonar si se pide la baja antes del transcurso de los diez años, pero le puedo garantizar, señoría, que no se han pedido, y espero que con este procedimiento precautorio no se vayan a producir, sobre todo en el caso de los pilotos de combate.
Además de esto, señorías, he de decir que los pilotos de complemento e incluso los de la escala de oficiales están cubriendo muy bien alguno de los vuelos a los que se ha referido su señoría --los de transporte y los de helicópteros--, e incluso, hay quien piensa que algunos de ellos podrían cubrir puestos de piloto de combate pero, de momento, no es una tesis pacífica.
Sin embargo, ¿qué ocurre con los Comandantes y demás grados de la escala de jefes? Efectivamente, como ha señalado el Senador Castro Rabadán, cuando se ha estado recibiendo una cantidad más importante por ser piloto, en edades en las que se es Capitán, se tienen menores cargas familiares, se está destinado fuera de Madrid y, además, se está realizando plenamente la vocación aeronáutica o aérea, es evidente que no se van; pero, paradójicamente, cuando se produce el ascenso a Comandante, que es cuando se está en edad de mayores cargas familiares --en el umbral de los cuarenta años--, cuando se pasa a un destino en una capital --sobre todo si es en la capital de España, que tiene cargas adicionales-- y, además, se deja de volar, es decir, se pone distancia con la propia vocación, entonces sí, a partir de Comandante o Teniente Coronel, se está produciendo ese desplazamiento.
En cualquier caso, señoría, el plazo de los diez años está cubierto y, desde mi punto de vista, bien cubierto con la ley que aprobaron sus señorías en la legislatura pasada. Espero que en el futuro pueda solventarse el problema que apunta su señoría --a quien agradezco su interés-- gracias al reglamento de retribuciones que el Gobierno ha anunciado que quiere tener en vigor antes del verano y a la fórmula que estamos calculando para que pudiera extenderse y aplanarse la compensación por vuelos hasta los grados superiores y, por tanto, retardando su adquisición justamente hasta los grados de Comandante y Teniente Coronel de aquellos complementos que se cobraban cuando se era piloto de vuelo.
Para ello, espero contar con su apoyo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Castro Rabadán.


El señor CASTRO RABADAN: Señor Ministro, estoy de acuerdo con la parte final de su respuesta. Precisamente, yo me estaba refiriendo al problema que surge cuando se pasa de Capitán a Comandante, porque sé que el problema de los diez primeros años está resuelto. El desfase que tiene lugar después se intenta compensar con los pilotos de complemento y sobre ese tema podríamos discutir que tienen muy poca experiencia, sólo tres o cuatro años --e incluso algunos parten de cero y hay que enseñarles--, mientras que los pilotos que se van al llegar a Comandante son muy expertos, con miles de horas de vuelo y, por tanto, con una experiencia adquirida que no se puede dilapidar.
Me congratulo de que se intente resolver este problema porque es una cuestión sobre la que se han dirigido a nosotros colectivos de estos pilotos ya que es bastante irracional que teniendo más grado cobren menos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Castro.


--DE DON JORDI XUCLË I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN EL TRAMO DE LA CARRETERA NACIONAL N-II COMPRENDIDO ENTRE EL PUNTO FRONTERIZO DE LA JONQUERA Y EL POLIGONO DE SERVICIOS DE CAN CUARTOS, EN LA PROVINCIA DE GIRONA (680/000335).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en el tramo de la carretera nacional N-II comprendido entre el punto fronterizo

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de La Jonquera y el polígono de servicios de Can Cuartos, en la provincia de Girona.
Tiene la palabra el Senador Xuclà i Costa.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Básicamente la pregunta queda formulada en los términos que ha expresado.
Simplemente quiero subrayar que el objeto de la misma es conocer las medidas previstas por el Ministerio de Fomento en ese tramo de la travesía urbana de La Jonquera hasta el polígono de servicios de Can Cuartos, es decir, la entrada por la frontera de La Jonquera, punto donde concretamente se registra un alto índice de siniestralidad, y no sobre el conjunto de obras de mejora de la N-II en la demarcación de Girona.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, en primer lugar quería hacerle una precisión en cuanto a los datos que aporta en la justificación de la pregunta, y es que desde el punto de vista de la siniestralidad el punto exacto donde se producen concentraciones de accidentes no es en el cruce de Can Cuartos que cita su señoría, sino justamente desde el cruce de Can Cuartos hasta la intersección que da acceso a la A-7 ya en la travesía de La Jonquera.
Para que su señoría pueda contrastar la afirmación que acabo de hacer, quiero decirle que en el período 1995-2000 en el cruce de Can Cuartos se han producido cuatro accidentes, con un total de cinco víctimas y ninguna mortal, mientras que en el resto del tramo desde esta intersección hasta la de La Jonquera, la que da acceso a la A-7, en el período 1995-2000 lamentablemente el número de accidentes ha sido de 53, de los cuales se han producido cuatro víctimas mortales.
Hecha esta precisión, he de decirle que comparto la prioridad por las actuaciones por las que se interesa su señoría; en ese sentido debo informarle de dos actuaciones distintas. En primer lugar, la actuación con carácter definitivo, que es con la que yo creo que se deben de percibir las decisiones relevantes, que forma parte del desdoblamiento de la N-II. Yo comprendo que el desdoblamiento de la N-II podría haber sido una obra iniciada con anterioridad. En el Plan 1984-1991 ni siquiera se contempló; en el Plan Director de Infraestructuras 1983-2007 se contempló y ni siquiera se inició, y en la actualidad este Gobierno ha iniciado el estudio informativo del tramo Girona-frontera francesa, incluido el nuevo trazado en la zona por la que se interesa su señoría. Pero como creo que esto, por razones obvias, supone una actuación a largo plazo, en este momento están en marcha también actuaciones a corto plazo que contemplan la elaboración de dos proyectos en un tramo aproximadamente de dos kilómetros tanto para la intersección por la que se interesa su señoría, como para el acondicionamiento de todo el tramo hasta la Jonquera y, por supuesto, con una especial preocupación en el acondicionamiento por las actuaciones dirigidas a mejorar la seguridad vial. Los dos proyectos, uno, como le he dicho, la mejora de las intersecciones, y otro, la mejora de la travesía, tienen en estos momentos unos presupuestos asignados de 500 millones de pesetas. El presupuesto definitivo lo dirá la redacción final del proyecto, y espero que a lo largo del año 2001 ambos proyectos puedan quedar concluidos desde el punto de vista de su redacción técnica y podamos pasar lo antes posible a la fase siguiente de su programación económica en los próximos presupuestos generales del Estado.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro, por la sensibilidad que ha expresado y el conocimiento, por otra parte aún muy reciente y muy fresco, de la situación de las infraestructuras en la demarcación de Girona por su presencia in situ este fin semana y, también, por su sensibilidad sobre un punto muy concreto, los datos de siniestralidad y seguridad vial, a partir de los cuales se tienen que enfocar y analizar las mejoras viarias en puntos muy concretos.
Usted apuntaba Can Cuartos y el conjunto de La Jonquera y calculaba la distancia entre ellos. Me parece que es un aspecto irrelevante, lo importante es concentrar la atención en una intervención urgente, que requiere algunas medidas urgentes en los tres kilómetros 300 metros que van desde el punto fronterizo de La Jonquera hasta el cruce del polígono de servicios de Can Cuartos. Una carretera por la que diariamente transitan 8.000 camiones, aparte de los que paralelamente transitan por la autopista; por la que anualmente acceden 18 millones de los 27 millones de turistas que entran por La Jonquera, y que en los últimos 30 años no ha sido objeto de ningún tipo de mejora y adaptación a los nuevos volúmenes de circulación. Nos encontramos, por tanto, ante una problemática de seguridad vial en el cruce concreto de carreteras en la que, más allá del proyecto de desdoblamiento que se tiene que reconocer que está inscrito en el Plan de Carreteras 2000-2007 de la nacional N-II en la demarcación de Girona, se requiere una intervención urgente.
El señor Ministro tiene un reconocido prestigio de cumplir los compromisos adquiridos. En este sentido quiero recordar que el Jefe de la Unidad de Girona de la demarcación de carreteras del Estado, en carta de 16 de junio de 2000 dirigida al Subdelegado del Gobierno, cifraba en 1.000 millones la inversión necesaria, definía este proyecto como de actuación prioritaria para esta anualidad, y decía que las obras podrían iniciarse a finales de este año o a principios del próximo, es decir, a finales del año 2000 o a principios de 2001. Como sea, desearía y deseo, y me parece que así será, que el señor Ministro y el Gobierno recojan esta sensibilidad y adopten medidas concretas para

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paliar los problemas de movilidad y, singularmente, de seguridad vial en este punto concreto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclà.
Señor Ministro, tiene 19 segundos.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Simplemente quiero decir que la visita a Girona estaba programada con anterioridad a esta pregunta, para que su señoría no crea que las sensibilidades se motivan sólo con intervenciones parlamentarias. Tiene razón en que son tres kilómetros y medio, le he dado antes mal la cifra: del punto kilométrico 773,200 al 776,800; pero insisto en que el punto de máxima peligrosidad desde el punto de vista de la siniestralidad es la intersección que da acceso a la A-7, punto 776,800. Y los datos coinciden, un proyecto de 1.000 millones equivale a dos proyectos de 500 millones, que es con lo que estamos trabajando porque la programación económica no la hacen ni los jefes de la demarcación ni los subdelegados del Gobierno, sino el Ministerio de Fomento, y para facilitar la programación hemos decidido la división en dos y, con ello, la agilización de ambos expedientes para su inmediata programación y licitación.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS LINEAS BASICAS DE LA REFORMA DEL REAL DECRETO 1186/1998, DE 12 DE JUNIO, SOBRE MEDIDAS DE FINANCIACION DE ACTUACIONES PROTEGIDAS EN MATERIA DE VIVIENDA Y SUELO DEL PLAN 1998-2001, POR LA QUE SE MEJORAN LAS CONDICIONES DE ADQUISICION DE VIVIENDAS PROTEGIDAS Y SE ACTUALIZAN LOS PRECIOS (680/000350).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Tomás Pedro Burgos Beteta, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las líneas básicas de la reforma del Real Decreto 1186/1998, de 12 de junio, sobre medidas de financiación de actuaciones protegidas en materia de vivienda y suelo del Plan 1998-2001, por la que se mejoran las condiciones de adquisición de viviendas protegidas y se actualizan los precios.
Tiene la palabra el Senador Burgos Beteta.


El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en esta Cámara se ha tratado de forma reiterada la cuestión de la viviendas sociales, aquellas que interesan a los sectores de la sociedad más necesitados. Se ha manifestado así la preocupación por esta cuestión, tanto de los diversos grupos parlamentarios como del Gobierno, como no podía ser menos, porque lo cierto es que desde el año 1998, en concreto desde la entrada en vigor del Real Decreto 1186/1998 sobre Medidas de Financiación de Actuaciones Protegidas en Materia de Vivienda y Suelo del Plan de Vivienda 1998-2001, se han ido produciendo circunstancias de toda índole que aconsejaban una reflexión sobre algunos contenidos de dicha norma o, mejor dicho, su adecuación a las actuales condiciones sociales y económicas.
Así, tal vez haya podido desincentivar la construcción de viviendas de protección oficial la falta de estímulo suficiente, la carencia de suelo para este tipo de vivienda, el problema permanente del acceso de los jóvenes a su primera vivienda o la consideración de otros elementos de índole familiar o personal para ajustar mejor las condiciones de acceso a dichas viviendas, y probablemente otras muchas cuestiones que sería largo enumerar y que usted conoce mejor que yo pero que, en definitiva, están dificultando la existencia de un parque adecuado de viviendas sociales en cuanto a su número, a su calidad y a su precio.
Tengo la seguridad de que la política de vivienda en general y las cuestiones específicas con ella relacionadas, serán objeto de nuevos debates en esta Cámara. Pero tenemos reciente una importante actuación del Gobierno en esta materia: el Ministerio de Fomento que usted dirige ha planteado al Consejo de Ministros el pasado mes de febrero una, en mi opinión, necesaria modificación del Real Decreto 1186/98, de 12 de junio, que anteriormente he mencionado.
Por ello, señor Ministro, le pregunto cuáles son las líneas básicas de la reforma del Real Decreto 1186/98, de 12 de junio, por las que se mejoran las condiciones de adquisición de las viviendas protegidas y se actualizan sus precios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Burgos.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, sin esperar a la elaboración del nuevo Plan de Vivienda 2002-2005, el Gobierno ha decidido en el año 2001 modificar las líneas básicas de la política de vivienda contenida en los decretos que regulan las condiciones de adquisición de viviendas protegidas.
En primer lugar, hemos introducido la nueva figura de la ayuda a la entrada, que era un compromiso electoral del Partido Popular y del Gobierno; esta ayuda está destinada a quienes vayan a comprar por primera vez una vivienda en propiedad, siempre que sus ingresos no excedan de 3.500.000 pesetas anuales, y consiste en un porcentaje sobre el precio de la misma, que será entregado al adquiriente en el momento de la formalización del préstamo cualificado para su compra por la misma entidad de crédito que lo haya concedido. Con ello se pretende facilitar la adquisición a aquellas personas que, no teniendo problemas para mantener un abono mensual de amortización de la hipoteca, no dispongan sin embargo de ahorros suficientes

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para efectuar la primera entrega, lo cual sucede, por ejemplo, en el caso de parejas jóvenes que tienen trabajo pero no ahorros. Pensamos que es una alternativa que puede comprender más oportunidades en algunos casos concretos, como el que acabo de describir.
En segundo lugar, como ya se ha discutido en esta Cámara y en la línea de las interpelaciones que han tenido lugar en este hemiciclo, el Gobierno ha incrementado el precio máximo de las viviendas protegidas a partir del año 2001 para estimular su construcción y la puesta en el mercado de viviendas protegidas. El precio básico a nivel nacional ha pasado de 98.500 a 100.500 pesetas, con una ampliación del 15 por ciento al 22 por ciento que para complementar este aumento tenían atribuidas las Comunidades Autónomas; insisto, hasta el año 2000 era del 15 por ciento y ahora ha pasado al 22 por ciento.
En tercer lugar, se han incrementado las ayudas a la producción de suelo urbanizado con destino a la urbanización de suelo preferentemente para la construcción de viviendas protegidas. En este sentido, la subsidiación ha aumentado del 6 al 10 por ciento.
Finalmente, señora Presidenta, se han concedido mayores garantías al carácter finalista de las ayudas a la vivienda, alargando hasta 15 años el plazo en el que las nuevas viviendas ya terminadas no puedan ser descalificadas, para evitar de esta manera que algunas personas puedan acogerse a la calificación en un momento determinado y que después por circunstancias sobrevenidas proceda a su descalificación y pase a ser vivienda libre; también en cuanto a su venta o cesión hay un aumento de 5 a 10 años a partir de la escritura de préstamo cualificado, que sólo podrá hacerse por motivos justificados tras la autorización de las Comunidades Autónomas.
En todo caso, en estos momentos está abierto el proceso de elaboración del nuevo plan de vivienda que deberá ajustarse a las nuevas necesidades y, por supuesto, a la experiencia del plan anterior, y espero contar también con el interés y el impuso de esta Cámara para conseguir un Plan de Vivienda 2002-2005 adecuado a las necesidades actuales de la sociedad española.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON PEDRO ANTONIO HERNANDEZ ESCORIAL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS RAZONES QUE HAN MOTIVADO AL GOBIERNO PARA SUPRIMIR LAS DISTANCIAS MINIMAS ENTRE AREAS DE SERVICIO EN CARRETERA (680/000351).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente pregunta, de don Pedro Antonio Hernández Escorial, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las razones que han motivado al Gobierno para suprimir las distancias mínimas entre áreas de servicio en carretera.
Tiene la palabra el Senador Hernández Escorial.
El señor HERNANDEZ ESCORIAL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el Consejo de Ministros ha aprobado un Real Decreto por el que se modifica el artículo 58 del Reglamento General de Carreteras para suprimir las distancias mínimas entre las áreas de servicio. Este Decreto entró en vigor el día 10 de febrero del año 2001 y con esta decisión se da conocimiento a las previsiones del Real Decreto-ley de Medidas Urgentes e Intensificación de las Competencias de Mercados de Bienes y Servicios del Decreto de 13 de junio del año 2000, facultando, como es lógico, al Ministerio de Fomento para dictar las disposiciones necesarias.
Señor Ministro, ¿cuáles han sido las razones que han motivado al Gobierno para suprimir las distancias mínimas entre áreas de servicios en carreteras? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Hernández Escorial.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, el Real Decreto que usted cita entró en vigor exactamente el día 22 de febrero de este año en desarrollo de una previsión establecida en el Real Decreto-ley 6/2000, de 23 de junio, en el que, con el objetivo de mejorar la competencia del mercado de bienes y servicios, se establecía un mandato al Ministerio de Fomento para desregular las distancias mínimas entre áreas de servicio. Y es que en la normativa de carreteras, además de las previsiones normales para regular intersecciones, accesos u otro tipo de regulaciones que afectaban a las instalaciones de servicio, habla una disposición específica en el artículo 58 del Reglamento General de Carreteras en el que se prohibía el establecimiento de áreas de servicio a una distancia inferior a 20 kilómetros de la colindante. Esto ya no tenía que ver propiamente con la seguridad, sino con una especie de programación dirigista destinada a saber cuántas áreas de servicio y cada cuántos kilómetros debían establecerse.
Eso, que pudo ser útil para una etapa determinada en la construcción de carreteras o en el sistema económico que regulaba la instalación de áreas de servicio, actualmente no encaja en un esquema de competencias donde, entre otras cosas, se están intentando liberalizar todos los aspectos relacionados con el suministro de carburantes y, entre ellos, la presencia del mayor número de estaciones de servicio para incentivar la competencia.
Por lo tanto, si lo que queríamos era una mayor competencia en el suministro de carburantes y había un corsé que no tenía justificación desde el punto de vista de la seguridad vial, lo razonable era suprimirlo. Y eso es lo que se ha hecho con este Real Decreto: suprimir la distancia de 20 kilómetros que estaba establecida en el Reglamento de Carreteras para establecer un área de servicio. ¿Y eso qué significa? Que ahora las áreas de servicio quedan sometidas al régimen general de accesos, intersecciones o demás instalaciones de las carreteras o de las autovías.


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La casuística está recogida en la Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997. Es muy compleja, no le voy a dar todos los datos. A título simplemente orientativo quiero decirle que en las autovías, según que el área de servicio esté próxima a una salida de la autovía o a una incorporación desde la autovía, la distancia se reduce desde 20 kilómetros hasta un kilómetro o hasta 1 kilómetro 200 metros según los casos. Además, ahora la libre iniciativa es mucho más importante y tiene mucho más margen. Esperamos contribuir, modestamente, desde la Administración de carreteras, a un mayor grado de competencia en atención a los viajeros y también en el suministro de carburantes a los usuarios de la carretera.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON OVIDIO SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CARACTERISTICAS QUE TIENE LA OFERTA PRESENTADA POR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA, PARA QUE ESPAÑA SEA LA SEDE DEL «GLOBAL BIODIVERSITY INFORMATION FACILITY» (GBIF) (680/000352).


La señora PRESIDENTA: Del excelentísimo señor don Ovidio Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las características que tiene la oferta presentada por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, para que España sea la sede del «Global Biodiversity Information Facility» (GBIF).
Tiene la palabra el Senador Sánchez Díaz.


El señor SANCHEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Dado lo concreto de la pregunta la doy por reproducida, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, esta facilidad con que se hace referencia a la información sobre la biodiversidad global es, fundamentalmente, la estructuración de todo un conjunto de interconexiones entre las bases de datos con información internacional sobre la biodiversidad y tiene por objeto permitir el acceso, por medios informáticos, de cualquier persona o entidad interesada en cualquier parte a toda la información disponible sobre biodiversidad en el mundo. Hoy está dispersa tanto sistemática como territorialmente. El que ello sea posible va a requerir un considerable esfuerzo con el fin de promover, diseñar e integrar las bases de datos, los conocimientos y los grupos científicos y de trabajo sobre la biodiversidad, con todo lo que ello implica.
Con este propósito, en el marco de diversos acuerdos internacionales, particularmente en la Convención sobre Diversidad Biológica, y contando con el impulso del Comité Ministerial de Política Científica y Tecnológica de la OCDE, en 1999 se puso en marcha el GBIF a través de un memorando, firmado por el Gobierno español en el pasado mes de febrero.
El interés de España en este proyecto es evidente por ser el país de la Unión Europea que dispone de una mayor biodiversidad, ya que en torno al 45 por ciento de la diversidad biológica de la Unión Europea se encuentra en la España peninsular, sin contar con las islas Canarias, donde el número de especies propias que sólo se halla en dicho territorio es más elevado. Además, la investigación sobre la biodiversidad es un objetivo prioritario del Plan Nacional, expresado en el Programa Nacional sobre Recursos Naturales. Todo ello determina que exista un amplio abanico de entidades científicas y tecnológicas y de empresas potencialmente interesadas en un proyecto de este tipo.
Así pues, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente, entendió que la presencia española no sólo podía asumir un mayor protagonismo en lo que se refiere a la facilidad sobre la biodiversidad global, sino que además tenía sentido que presentáramos la candidatura de España para radicar el Secretariado del GBIF en nuestro país, y más concretamente en Alcalá de Henares, en colaboración con la Universidad de dicha localidad. Con ello no sólo estábamos dando una prueba de interés sobre el conocimiento de la biodiversidad, sino también una garantía de permanencia y consolidación de un proyecto que en nuestra opinión es de largo alcance y muy relevante. Competimos clara y duramente con las candidaturas de otros países, como Holanda, Dinamarca y Australia, pero en cualquier caso entendemos que disponemos de las bases para avanzar y ser un candidato sólido, de modo que la decisión sobre la instalación, que se adoptará en las próximas semanas y cuenta con la calidad técnica de las propuestas así como con la calidad científica, sea una realidad para España. En este sentido, quisiera destacar no sólo las condiciones de equipamiento y disponibilidad de espacios, recursos y equipos, sino también que en España contamos con unas capacidades científicas capaces de apoyar con su experiencia las tareas del Secretariado y, en términos de desarrollo conjunto con las empresas, con un régimen de incentivos fiscales a la investigación, el desarrollo y la innovación más favorables en el entorno de la OCDE.
Por tanto, esperamos que todo ello, junto con nuestra privilegiada capacidad de interlocución con América Latina, que, como bien sabe su señoría, es uno de los ámbitos geográficos prioritarios en cuanto a los recursos en biodiversidad se refiere, dé la solidez suficiente para que España sea la próxima sede del Secretariado de la Global Biodiversity Information Facility.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


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--DE DON ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA ACERCA DE LA REUNION DEL CONSEJO GENERAL DE LA CIENCIA Y LA TECNOLOGIA, CELEBRADA EL 19 DE ABRIL DE 2001 (680/000353).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Atanasio Ballesteros Morcillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Ministerio de Ciencia y Tecnología acerca de la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, celebrada el pasado día 19 de abril de 2001.
Tiene la palabra el Senador Ballesteros Morcillo.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, últimamente se puede percibir un interés parlamentario, quizá excesivo, tanto en el Congreso como en el Senado sobre la actividad de su Ministerio, concretamente en lo que se refiere al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología. Nuestro Grupo entiende ese interés parlamentario, como no podía ser de otra forma, sobre todo, aquellas preguntas que puedan plantear el encaje del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología o el Consejo Asesor de Ciencia y Tecnología después de la creación de su Ministerio. Lo entendemos, aun cuando no lo compartimos, porque creemos que supone una anormal falta de fe y credibilidad en un Gobierno que cumple y ha dejado resuelto --como el propio Gobierno ha expresado claramente, incluso por escrito, en contestación a distintas preguntas-- el papel que va a tener el Consejo General como órgano de promoción y coordinación general de la investigación científica y tecnológica.
El Secretario de Estado de Política Científica ya dijo en el Congreso que la reunión del Consejo se produciría una vez que se celebraran reuniones bilaterales con las distintas Comunidades Autónomas, sobre todo durante los primeros meses del año 2001; y así ha sido. Parece que algunas de las reuniones bilaterales también se han desarrollado satisfactoriamente, y la reunión del Consejo ya ha tenido lugar. Por eso, señora Ministra, sólo le pregunto cómo se valora en el Ministerio de Ciencia y Tecnología la reunión del Consejo General de la Ciencia y la Tecnología del día 19 de abril de 2001.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ballesteros.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, Presidenta. Gracias, señoría.
Como sabe su señoría, la articulación para la coordinación institucional de asesoramiento y de marcos de coordinación es una articulación completa en el ámbito de la ciencia y de la tecnología que recoge no sólo la participación de los distintos grupos y expertos científicos, tanto nacionales como internacionales, la participación de los científicos y técnicos desde el punto de vista del mundo empresarial, sino que, además, también recoge, como no podía ser menos, la colaboración de la diferentes instancias institucionales y, en este caso en particular, del resto de las administraciones y, de modo preeminente, de las Comunidades Autónomas.
Es necesaria, pues, toda esta articulación, con un papel clave para la coordinación efectiva de las actuaciones en el marco de las políticas de investigación, desarrollo e innovación y para el mejor desarrollo y obtención de resultados del Plan Nacional de Investigación Científica, Desarrollo Tecnológico e Innovación para que esto se produzca de la manera más articulada y más consensuada con el fin de que permita avanzar no sólo en lo que ya atribuye la Ley 13/1986 al Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, sino que ello se lleva a cabo buscando nuevos caminos, nuevos modos de hacer, como hizo en particular el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología en su primera reunión plenaria, ya adaptada toda la estructura a las nuevas circunstancias del Ministerio de Ciencia y Tecnología y, como decía su señoría, después de una serie de reuniones bilaterales.
Quiero destacar que el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología, en la reunión celebrada el pasado 19 de abril, se dotó, además, de un nuevo marco operativo de funcionamiento a través del establecimiento de un nuevo reglamento, en la búsqueda de esta mejor aportación, de este mejor sistema de funcionamiento y mayor capacidad para avanzar en cuestiones que son claves para el desarrollo científico y tecnológico.
Así, el Consejo General de la Ciencia y la Tecnología se constituyó no sólo en el plenario, sino al dotarse de grupos de trabajo que permitan abordar diversos asuntos al mismo tiempo. En dicho plenario se trató fundamentalmente sobre las líneas estratégicas de actuación para los próximos años, en especial en lo relacionado con el programa de nuevo cuño, el Programa Ramón y Cajal de incorporación de doctores al sistema de Ciencia y Tecnología, puesto en marcha recientemente, como saben sus señorías, en coordinación con las Comunidades Autónomas, que en estos momentos ya ha tenido respuesta de los distintos centros científicos y universidades en cantidades --creo-- muy esperanzadoras para buscar, mediante el desarrollo de una estrategia basada en la corresponsabilidad de las universidades y de las Comunidades Autónomas, y avanzar no sólo en su valoración, sino en la dotación de una mayor capacidad de articulación de la carrera del investigador en el conjunto de nuestro sistema científico.
Pero es que, además, el Consejo General también consideró que eran cuatro los asuntos clave en estos momentos: continuar con el seguimiento del sistema Ramón y Cajal; dotar al grupo de trabajo del diseño de un plan para hacerlo más atractivo, y retener y recuperar a mejores científicos en España y armonizar las becas.
Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI HA ENCARGADO EL GOBIERNO AL CENTRO DE INVESTIGACIONES SOCIOLOGICAS (CIS) UN ESTUDIO SOBRE LAS ACTITUDES DE LOS MEDICOS EN ESPAÑA EN RELACION CON LA EUTANASIA (680/000342).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha encargado el Gobierno al Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) un estudio sobre las actitudes de los médicos en España en relación con la eutanasia.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Ministra de Sanidad.
La verdad es que yo esperaba que esta pregunta la contestara el Ministro de la Presidencia, que es el responsable del CIS, porque no es una cuestión sanitaria lo que le voy a plantear, salvo que dicho organismo esté para entrar en un hospital, que puede ser. Quiero saber simplemente si el acuerdo de 15 de junio de 1999, adoptado por unanimidad en esta Casa, para estudiar los comportamientos y actitudes de los médicos españoles sobre la eutanasia y otras cuestiones conexas, se ha llevado a cabo o no.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero) Gracias, Presidenta.
Senador, no se extrañe por el hecho de que le conteste yo, puesto que, en efecto, el CIS no depende del Ministerio de Sanidad sino de Presidencia, pero también es cierto que el CIS realiza trabajos a instancias del Gobierno cuando hay un convenio de por medio. Por lo tanto, es necesario un convenio entre el Ministerio de Sanidad y el CIS para llevar a cabo esta encuesta. Con la intención de poner esta encuesta en marcha, que se hará próximamente, hemos celebrado reuniones internas y con el Ministerio de Justicia para la elaboración de su cuestionario.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Tengo que reconocer que usted me acaba de dar una buena noticia, pero me gustaría que me concretara en qué fecha se va a realizar esa encuesta.
En segundo lugar, ya que usted asume una responsabilidad en nombre del Gobierno, quiero decirle que estamos preocupados por lo que sucede con el Centro de Investigaciones Sociológicas. Este no puede ser utilizado, como hace el partido del Gobierno, como si fuera Televisión Española, y en esta campaña electoral han sucedido cosas que yo creo que son muy negativas para el régimen democrático liberal en el que estamos viviendo y que han abierto un profundo foso de desconfianza entre el conjunto de los partidos políticos y el Gobierno, y, por tanto, señora Ministra, en el Convenio puede trasladárselo al señor Presidente del Gobierno.
Por último, quiero decir que me gustaría que ese debate general que se ha abierto en España y que, afortunadamente, lleva produciéndose desde hace unos cuantos años, sobre el problema de la muerte digna, de medidas paliativas contra el dolor, de afrontar una reflexión sobre la eutanasia, se produjera en sede parlamentaria.
Quiero anunciar a los Grupos de esta Cámara que mi Grupo Parlamentario va a proponer que vuelva a constituirse la Comisión de la pasada legislatura, aunque estamos perfectamente abiertos a que se cambie el orden de prioridades, es decir, que en primer lugar entremos en el estudio de los tratamientos paliativos del dolor, y en última instancia dejemos la reflexión, que entiendo que es compleja, sobre el tratamiento jurídico de la eutanasia.
Yo espero, señora Ministra, que el Gobierno, ya que a veces tutela extraordinariamente a la mayoría de la Cámara, se muestre favorable a esta iniciativa, y me gustaría que en el turno que le corresponde me diera su opinión franca sobre la misma. Entiendo que el Parlamento no debe estar ausente de un debate que se está produciendo en la sociedad, y creo que especialmente esta Cámara está llamada a hablar sobre esta cuestión.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Laborda.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador Laborda, por supuesto que soy solidaria con mis compañeros de Gobierno, como no podía ser menos. Lo que ocurre es que tal vez tenga usted una visión de lo que es el CIS que no se corresponde con la realidad. El Centro de Investigaciones Sociológicas, que yo sepa, es una institución independiente del Gobierno y, por tanto, tiene su propio funcionamiento. Yo no sé si usted sabe mucho de encuestas, debo confesar que yo directamente no, que indirectamente un poco, y respecto al escándalo que ustedes quieren montar en torno a una encuesta concreta del País Vasco, estoy convencida de que el Ministro de la Presidencia, en una comparecencia pública que tiene prevista para esta tarde o para los próximos días en el Senado o en el Congreso, dejará muy claro cuál es el tratamiento que tiene una encuesta y el tiempo que necesita para su elaboración, y se dará cuenta de que no ha habido ninguna

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manipulación por parte del Gobierno de un órgano independiente como es el Centro de Investigaciones Sociológicas, que es como debe ser.
Quiero recordarle que ha sido el Partido Popular el que ha empezado a distribuir entre los grupos políticos las encuestas del CIS, que antes disfrutaban ustedes en absoluta soledad cuando era su partido el que gobernaba. Por tanto, parece que los que estamos intentando poner las cosas en su sitio somos nosotros, porque ustedes no lo hicieron desde el Gobierno, desde la oposición no sé qué harán. Considero que un tema tan importante como es la eutanasia, que requiere un debate social profundo, difícil, complicado y complejo porque no hay unanimidad en las posiciones ni en las opiniones en ninguno de sus ámbitos, ni políticos, ni sociales, ni científicos, ni jurídicos, debemos tratarlo con un enorme sosiego.
Yo creo que en esta Cámara, en cuestiones relacionadas con las terapias del dolor, la dignidad y la libertad del paciente, se han tomado decisiones importantes, de hecho el 21 de marzo, si no me equivoco en la fecha, aprobó una proposición de ley planteada por todos los grupos políticos sobre el testamento vital y el derecho del paciente a la información de su propio historial clínico. Yo creo que en España en ese sentido se está avanzando muchísimo y es un paso importante el que se ha dado, así como la terapia del dolor, donde se están dando pasos importantes con unidades en los centros sanitarios.
Se trata de un debate que habrá que mantener, pero nos equivocaríamos si lo limitáramos sólo y exclusivamente a un debate, como ha planteado su grupo en el Congreso, en torno a algo profundamente delicado, contradictorio y difícil como es la eutanasia. Yo creo que desde la serenidad, desde el sentido común y desde el acuerdo entre todos, podremos seguir avanzando en esa línea. Insisto en que esta Cámara ha sido un ejemplo clarísimo de por dónde hay que seguir avanzando.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA ROSA MARIA POSADA CHAPADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA INCIDENCIA DE LOS CAMPOS ELECTROMAGNETICOS EN LA SALUD PUBLICA (680/000348).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña Rosa María Posada Chapado, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la incidencia de los campos electromagnéticos en la salud pública.
Tiene la palabra la Senadora Posada.


La señora POSADA CHAPADO: Muchas gracias, señora Presidenta, señorías.
Señora Ministra, hace años algunos estudios epidemiológicos asociaron determinados tipos de patologías en personas a su exposición involuntaria a frecuencias muy bajas procedentes de líneas de alta tensión.
Esto produjo inquietud y un interés creciente en el mundo occidental sobre la asociación de daños para la salud por la exposición a campos electromagnéticos, inquietud e interés, señora Ministra, que se ha intensificado en estos últimos tiempos con la incorporación a nuestra cotidianeidad de terminales móviles y todo tipo de fuentes electromagnéticas con las que todos convivimos en mayo o menor medida y que van desde electrodomésticos a antenas de todo tipo.
Si bien es cierto que el primer país a nivel mundial generador de información científica sobre esta materia es Estados Unidos, también lo es que el Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea fue sensible al desasosiego generado en la opinión pública, y con fecha 12 de julio de 1999 publicó una Recomendación para los Estados miembros relativa a la exposición de la población en general a campos electromagnéticos de cero hertzios a 300 gigahertzios. En este punto me parece procedente destacar la participación desde el inicio y de forma positivamente activa del Ministerio de Sanidad y Consumo.
En el conjunto de medidas que el Consejo planteó a los Estados en esta directiva se incluía, entre otros aspectos, la promoción de la investigación sobre los campos electromagnéticos y la salud humana.
Conocemos, señora Ministra, que el Estado español, y más concretamente el Ministerio de Sanidad y Consumo ha cumplimentado este aspecto, y es sobre esta investigación, sobre sus conclusiones y recomendaciones, sobre las que solicito, en nombre del Grupo Parlamentario Popular su información y valoración, por entender mi Grupo que sólo una información clara, objetiva y transparente puede despejar incertidumbres.
Termino, señora Presidenta, agradeciendo de antemano a la señora Ministra su información, que con toda seguridad ayudará a despejar algunas inquietudes latentes en nuestra sociedad, que se producen siempre en ese difícil camino de armonización y equilibrio necesario entre progreso y calidad de vida para todos.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, efectivamente es cierta la reflexión final que hace usted sobre la necesidad de adecuar la investigación y el avance científico con la calidad de vida y con el bienestar de los ciudadanos. Y en lo que se refiere al ámbito de mi Departamento en relación con la salud pública, qué duda cabe que siempre tiene que existir ese equilibrio que despierta determinadas inquietudes y que usted ha sabido expresar muy claramente en su intervención. En este sentido, y para cumplir una de las obligaciones para legislar en torno a esta materia, que preocupa de forma importante a la sociedad española y a los ayuntamientos, que tienen que tomar medidas y aprobar determinadas

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actuaciones e inversiones de grandes empresas del sector, se ha hecho necesaria, en primer lugar, la creación de ese grupo de expertos nacionales e internacionales que han trabajado durante aproximadamente un año en torno a una problemática hasta este momento poco conocida. En ese sentido, la semana pasada presentaron sus conclusiones, que van en la línea clarísima de la directiva a que ha hecho usted referencia, en la línea de las recomendaciones del Consejo de Ministros de Sanidad de la Unión Europea. Estas recomendaciones se refieren a las fuentes artificiales de campos electromagnéticos, a los márgenes de frecuencia que pueden generar los sistemas de telefonía móvil, a las transmisiones de radiodifusión, a las líneas eléctricas, a los aparatos electrónicos y de radar, así como a los enlaces de microondas y de diferentes transportes.
Como he dicho, el Comité está de acuerdo con estas recomendaciones e incluso las ha ampliado. Por ejemplo, recomienda no utilizar los teléfonos móviles a los menores de 16 años, emplear sistemas no habituales como el micrófono que se incorpora, etcétera. A raíz de este trabajo realizado por los expertos, el Ministerio de Sanidad y Consumo, en colaboración con el Ministerio de Ciencia y Tecnología, está elaborando el real decreto que regulará estas tecnologías, de forma que tanto los españoles en su conjunto como las Administraciones Públicas, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, tengan normas claras a la hora de decidir sobre estas cuestiones.
Al mismo tiempo este grupo de expertos recomienda, como usted bien ha dicho, que el Ministerio de Sanidad y Consumo siga apostando decididamente por investigaciones de futuro y que el informe no sea cerrado sino abierto. En este sentido, el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del FIS del Carlos III, ha abierto una línea de investigación para seguir profundizando en esta materia y adaptar las normativas legales a las nuevas investigaciones que se vayan desarrollando.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO SE HA PLANTEADO PRESENTAR RECURSO DE ARBITRAJE ANTE LA ORGANIZACION DE NACIONES UNIDAS (ONU) EN RELACION CON LA SITUACION JURIDICA DEL CALADERO «CANARIO-SAHARIANO» (680/000337).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno se ha planteado presentar recurso de arbitraje ante la Organización de Naciones Unidas (ONU) en relación con la situación jurídica del caladero canario-sahariano.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.
El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Buenos días, señor Ministro. De todos es sabido que no fue hasta el convenio de frontera con Francia, firmado en junio de 1900, cuando de forma definitiva se delimitaron los territorios de Río de Oro, hoy Sáhara Occidental, entre Cabo Bojador y Cabo Blanco, aumentado posteriormente hasta el Cabo Juby en 1916 y a Ifni en 1919 por un gran gobernador militar llamado Francisco Bens.
En esa zona existe un banco de pesca, el llamado caladero canario-sahariano, de gran riqueza. Se trata de una zona histórica con unos derechos históricos donde los pescadores de Fuerteventura y Lanzarote van a pescar diciendo que van a la costa, pues lo consideran como algo próximo y propio.
A partir de la Marcha Verde y el Tratado de Madrid se planteó un nuevo problema. España no podía traspasar a Marruecos la soberanía de sus tierras y aguas porque era una potencia administradora sobre un territorio no autónomo, como consideró la resolución de las Naciones Unidas. Posteriormente, al entrar España en la Comunidad Económica Europea, las posibilidades de negociación con Marruecos fueron traspasadas a la misma.
Por lo tanto, mi pregunta es si en estos últimos meses en los que se han roto las negociaciones para la renovación del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos se ha tenido en cuenta la situación jurídica que existe actualmente en relación con el caladero conocido como canario-sahariano y si se ha previsto la posibilidad de plantear un recurso de arbitraje ante las Naciones Unidas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Como bien sabe su señoría, profundo entendido en estas materias que reiteradamente ha planteado en esta Cámara, el 27 de junio del pasado año se debatió en la misma la moción presentada por su Grupo en la que se abordaba la situación jurídica del caladero canario-sahariano.
Con independencia de los resultados de la negociación para la firma de un nuevo acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, el escenario no ha variado, desde un punto de vista político y jurídico. Por ello, en estos momentos el Gobierno desestima la posibilidad de plantear un arbitraje para la delimitación de aguas territoriales ante las Naciones Unidas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


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El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por su contestación. Yo quería recordar a esta Cámara también que como anexo al famoso Tratado de Madrid se planteaban una serie de puntos de compensación económica e incluso se llegó a hablar de los derechos de pesca de ochocientos barcos, de veinte años, de delimitación de las aguas, de fijar cartográficamente la línea mediana entre las costas con respecto al archipiélago canario, de que ninguna de las partes podía extender sus aguas jurisdiccionales o su plataforma continental más allá de dicha línea, etcétera. Lo práctico en estos momentos es que Marruecos ha llevado más allá de las doce millas su capacidad soberana, y España no, y ése es el problema que quiero reiterar respecto al planteamiento del señor Ministro.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ríos.


--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FINANCIACION PREVISTA PARA LA RECONVERSION DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL, AFECTADO POR EL FRACASO DE LA NEGOCIACION DE PESCA CON MARRUECOS (680/000345).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la financiación prevista para la reconversión del sector pesquero español afectado por el fracaso de la negociación de pesca con Marruecos.
Tiene la palabra el señor Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, a pesar de que en repetidas ocasiones usted anunció un acuerdo inminente, lamentablemente la negociación pesquera con Marruecos se ha cerrado con un rotundo fracaso; fracaso debido a la posición débil y errática del Gobierno español, aislado en el Seno de la Unión Europea; fracaso que pone fin a un largo y fructífero período de cooperación con beneficios para el sector pesquero marroquí y el español, y fracaso, por último, que exige una financiación extraordinaria con fondos comunitarios, tanto para la flota que faena en esas aguas como para la búsqueda de alternativas económicas a las comarcas afectadas por el plan de reconversión del sector.
Por eso, señor Ministro, es necesario y urgente conocer --y yo se lo pregunto en ese momento-- con qué financiación cuenta el sector pesquero afectado por el fracaso de las negociaciones con Marruecos para llevar a cabo el plan de reconversión elaborado por el Gobierno.
Nada más y muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Yo quisiera recordar al ilustre Senador que el Gobierno español en esta negociación ha tenido permanentemente el apoyo de todos los Gobiernos europeos y de la Comisión Europea, que se ha empleado a fondo en intentar conseguir una negociación. Una negociación es cosa de dos, y cuando una parte se niega a ceder derechos en aguas de soberanía probablemente sea complejo conseguir resultados positivos, a pesar de la buena voluntad, pero el respaldo se materializó plenamente incluso en acuerdos del Consejo Europeo, de Niza, donde claramente todos los Jefes de Estado y de Gobierno por unanimidad instaron a la Comisión a conseguir un acuerdo.
Eso se llama respaldo en materia política. Además establecieron la prevención de que en caso de que no se llegara al acuerdo habría medidas de apoyo a la flota afectada por este proceso. Por tanto, discrepo de su señoría en la falta de respaldo político en la negociación del acuerdo pesquero.
En segundo lugar, quiero decirle que el marco financiero definitivo que requiera un proceso de puesta en acción de la flota comunitaria va a depender mucho de las decisiones empresariales que tome cada uno de los armadores de los 326 barcos afectados por la parada en este momento; en función de la recolocación de unidades, el marco financiero necesario será mayor o menor.
Previendo escenarios de prudencia, en este momento el Gobierno español ha presentado solicitudes a la Unión Europea para emprender un plan que tenga una cobertura financiera del orden de los 540 millones de euros: 240 millones de euros están consignados en los fondos estructurales adjudicados a España para estos procesos de reconversión, y consideramos que serán necesarios 300 millones de euros adicionales en el marco de programas plurianuales para afrontar este proceso de modo ordenado. Ahora bien, el importe definitivo de recursos necesarios dependerá de la capacidad de reubicación de las unidades que haya en función las posibilidades disponibles en caladeros donde ya hay acuerdos negociados con terceros países, de acuerdos que están en vías de negociación y de sociedades mixtas que en este momento el Gobierno está impulsando mediante contactos bilaterales con otros países con los cuales la Unión Europea no tiene concertados acuerdos internacionales pesqueros.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, que la Unión Europea --según acordó en el Consejo de Niza-- compromete fondos para apoyar

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al sector pesquero que faenaba en Marruecos y para las comarcas afectadas ya lo sabemos --lo ha puesto de manifiesto una vez más el Comisario Fischler en el Consejo de Pesca del 25 de abril--, pero eso, señor Ministro, no impide exigirle al Gobierno del señor Aznar --al que en Andalucía se le achaca el fracaso histórico de que nuestros barcos no puedan pescar en Marruecos-- que no esté a la espera de las decisiones que toman otros, ni mucho menos, señor Ministro, se le puede consentir a usted que siga generando confusión y que siga emitiendo respuestas y opiniones más propias de tertulianos que de un miembro del Gobierno de España responsable de la pesca.
Hay un dicho en Andalucía que es que por la boca muere el pez, y usted ha hablado de lo que va a pedir y de lo que va a hacer --como ha hecho esta mañana--, pero jamás ha concretado ni una sola cifra ni un solo compromiso. Mi pregunta es sencilla, señor Ministro: díganos si de esos 540 millones de euros --de los cuales usted, graciosamente, ha cogido 240 del IFOP y dice que son para Marruecos, cuando no estaban destinados para eso-- van a venir 90.000 millones de pesetas o no; diga usted si a Andalucía le van a llegar los 42.000 millones de pesetas que le están pidiendo o no; dígales usted a los 440 barcos, a los 4.000 pescadores que han sido expulsados de Marruecos, cuál es la financiación y el porvenir que tienen; dígales usted a los de Barbate, a los de Morrazo, qué les espera y cuáles son sus objetivos. Señor Ministro, no siga usted generando confusión emitiendo, insisto, respuestas que no son propias del compromiso, de la concreción y del rigor que ha de tener un Ministro de España.
Le voy a hacer una última consideración, señor Ministro, porque por ahí corren rumores que, sinceramente, nos asustan. Aceptar la posibilidad de que toda la aportación económica de fondos europeos sea de 125.000.000 de euros --y a usted esta cifra le sonará, señor Ministro, porque se maneja--, es tanto como admitir que el desguace de toda nuestra flota artesanal va a costar lo mismo que se pagaba a Marruecos por un año de pesca en el convenio 1995-1999, y eso, señor Ministro, no es aceptable ni para usted, ni para el sector, ni para las comarcas, ni siquiera para un tertuliano.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): El Gobierno está elaborando un plan dialogando con las Comunidades Autónomas, con todos los segmentos de flota y con los sindicatos. No está imponiendo un plan al trágala, está dialogando con todo el mundo, y va a hacer el plan definitivo cuando conozca el importe definitivo de recursos disponibles, porque en función de esto el diálogo con las Comunidades Autónomas y las necesidades de cofinanciación serán distintas. No se puede hacer un plan con una tiza en una pizarra. El Gobierno lo primero que ha hecho ha sido ir a la Unión Europea, establecer las prioridades y las necesidades, y hemos dicho: necesitamos 300 millones de euros y necesitamos derogaciones en la normativa del IFOP para permitir este proceso. Y lo hacemos con seriedad: nos hemos reunido con los alcaldes de los municipios afectados --con todos los alcaldes de los municipios-- y les hemos pedido a las Comunidades Autónomas que envíen un plan, pero Andalucía lo envió el viernes pasado, no lo ha enviado antes. Me pregunta cuánto va a recibir cada Comunidad Autónoma. Va a depender del número de unidades que se reubiquen en caladeros y del número de unidades que no tengan posibilidad de actuación. Si Andalucía y los armadores andaluces toman la decisión de ubicarse en las posibilidades que les va a ofrecer el Gobierno, habrá menores necesidades; si los armadores andaluces no toman la decisión de participar en ningún nuevo caladero, habrá que reubicar recursos financieros para intensificar la diversificación. Es muy complejo en este momento y estamos hablando con todos los segmentos de flota, con nueve segmentos de flota diferentes, y estamos ofreciéndole a cada flota posibilidades distintas.
El Gobierno está haciendo las cosas con rigor y con seriedad, y no hemos fijado nunca ninguna cifra que no fuera la necesaria según nuestros criterios. Hemos dicho a la Unión Europea: tenemos estos fondos que nos permiten hacer estas operaciones y necesitamos 300 millones de euros adicionales para hacer con holgura determinadas operaciones. ¿Que si recolocamos barcos necesitaremos mucha menor cantidad? Es posible, pero si no los recolocáramos tendríamos que ponernos en escenarios de prudencia. El Gobierno, desde la prudencia, está negociando con la Unión Europea y, desde la misma prudencia, está hablando con los parlamentarios europeos, de todos los partidos políticos, porque las cantidades necesarias para llevar adelante este proceso hay que consignarlas en el presupuesto europeo, y hay dos autoridades presupuestarias: el Consejo y el Parlamento.
Por lo tanto, estamos iniciando un proceso complejo, que no es inmediato, y no pidan al Gobierno que hoy ponga encima de la mesa un plan; el Gobierno va a enviar mañana a la Comisión Europea un plan cerrado para garantizar lo que estamos haciendo, y a eso se le llama trabajar con rigor y eficacia.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


INTERPELACIONES:

-- DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA PROMOVER EL GOBIERNO, DE ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS, PARA MEJORAR EL USO DEL AGUA EN LA AGRICULTURA (670/000063).


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto tercero del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que piensa promover el Gobierno, de acuerdo con las Comunidades Autónomas, para mejorar el uso del agua en la agricultura.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Aleu, por un tiempo de quince minutos.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, buenos días.
Cuando ya estaba finalizando la V Legislatura, en diciembre de 1995, esta Cámara tramitó un proyecto de ley de medidas extraordinarias sobre la sequía, cuyo artículo tercero incluía una modificación del artículo 63 de la Ley de Aguas de 1985. Con este motivo, se produjo un interesante debate sobre la utilización del agua para riego y si merecía la pena aplicar las nuevas técnicas para ahorrar agua, con las nuevas tecnologías que entonces ya eran sobradamente conocidas.
El artículo 63 trata de la revisión de las concesiones de agua por parte de las confederaciones y la modificación propuesta del punto número dos, decía lo siguiente: Asimismo, las concesiones para el abastecimiento de poblaciones y regadíos podrán revisarse en los supuestos en los que se acredite que el objeto de la concesión puede cumplirse con una menor dotación o una mejora de la técnica de utilización del recurso que contribuya a un ahorro del mismo. A estos efectos, las confederaciones hidrográficas realizarán auditorias y controles de las concesiones, a fin de comprobar la eficiencia de la gestión y utilización de los recursos hídricos objeto de la concesión.
También se añadía un punto número cuatro, que decía: La modificación de las condiciones concesionales en los supuestos del apartado dos no otorgará al concesionario derecho a compensación económica alguna. Sin perjuicio de ello, reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de los concesionarios para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones.
Hoy, esta disposición está vigente porque el proyecto fue finalmente aprobado y la ley publicada el 17 de enero de 1996. En el transcurso del debate se pusieron de manifiesto las posiciones políticas de cada grupo.
En aquel momento, los grupos parlamentarios de Convergència i Unió y Popular estuvieron en contra de esta modificación por entender que en la práctica era una confiscación y que ya la ley de aguas tenía suficiente capacidad para producir estos efectos, sin necesidad de modificar la ley.
Los Senadores Ferrer i Profitós, por el Grupo de Convergència i Unió, y Aguirre Gutiérrez, por el Grupo Popular, defendieron esta posición.
Eran otros tiempos, es verdad; eran tiempos en los que el Partido Popular, por medio de doña Loyola de Palacio, presentaba en el Congreso de los Diputados una moción --que finalmente fue aprobada-- por la que se pedía que antes de tramitar el Plan Hidrológico Nacional se aprobase el Plan Nacional de Regadíos.
Eran otros tiempos y hemos visto que el Partido Popular pedía una cosa en la oposición y está haciendo otra en el Gobierno, pero no pretendemos, bajo ningún concepto, hablar del Plan Hidrológico Nacional. El Plan Hidrológico Nacional se encuentra ya en el Senado y nos pronunciaremos sobre él, aunque vemos que en lo que respecta a la promoción del ahorro de agua en regadío dice poco.
Nosotros pretendemos, con esta interpelación, recuperar aquel debate; pretendemos recuperar el debate sobre el uso eficiente del agua en la agricultura y en el baile de cifras que suele haber al tratar esta cuestión no suele discutirse que el 80 por ciento de la utilización del agua se hace en el sector primario; es decir, que el 80 por ciento del agua consumida en España se dedica al regadío. Por lo tanto, creo que vale la pena que nos fijemos en cómo se utiliza e intentemos mejorar tanto en eficiencia como en racionalidad. Yo estoy convencido, y supongo que lo estamos todos, de que todo el arco parlamentario está de acuerdo en que esto se haga. No puedo concebir que alguien se oponga al principio de que se utilice eficientemente el agua en la agricultura, al principio de evitar el despilfarro sea donde sea, en este caso en la agricultura.
En general, la política hidráulica que se ha seguido en España para promover los regadíos estaba basada en satisfacer la demanda, era una política lógica en los tiempos de autarquía y de hambruna. La superficie total de regadíos --voy a dar unas cifras que pueden ser discutidas pero no entraré en ese debate-- está alrededor de las 3.300.000 o 3.400.000 hectáreas, de las cuales hay unas infradotadas y otras con dotación sobrada. El regadío ocupa el 15 por ciento de la superficie cultivada en España, pero produce el 60 por ciento de la producción agrícola y genera el 30 por ciento del empleo agrícola. Pero, como he dicho, no quiero discutir estas cifras.
Cuando hablamos de eficiencia, podemos distinguir entre la distribución hasta la parcela y la utilización del agua dentro de ella. Debe haber en España unos 100.000 kilómetros de acequias con muchísimas deficiencias.
Una buena parte continúa siendo de tierra; un 29 por ciento de las redes de conducción de agua tiene más de 200 años y solamente un 27 por ciento tiene menos de 20 años. Es cierto que se está hablando de la modernización de algunos regadíos, pero nosotros consideramos que se está haciendo poco, que no se está haciendo lo suficiente y, permítame que se lo recuerde, ya han pasado cinco años de gobierno del Partido Popular.
La constitución de las empresas de riegos por parte del Ministerio, las conocidas como Seiasas, aparte de, para nosotros, su dudosa constitucionalidad (El señor Ministro de Fomento hace signos negativos.), no han dado demasiados frutos hasta ahora. Si mueve la cabeza retiro lo de la constitucionalidad ya que no pretendo discutir sobre ese aspecto, sino sobre lo que vemos, que es que no están actuando con suficiente energía para promover actuaciones importantes, pero, además, la actuación en las conducciones soluciona una parte del problema, ya que se trata de eliminar las pérdidas, de eliminar las evaporaciones, y esto es fundamental, pero al agricultor regante le queda otra tarea

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importante por realizar si queremos efectivamente ahorrar agua.
Debemos reconocer que todavía hoy demasiadas hectáreas de regadío se riegan por gravedad. El riego a manta, el río por inundación, continúa siendo muy utilizado en los regadíos tradicionales. Bien es verdad que en los nuevos regadíos se están instalando nuevas técnicas para la utilización más eficiente del agua, pero en los regadíos viejos la técnica de la inundación continúa siendo la más común. Ya hace años que las técnicas de riego son conocidas, tanto las de aspersión como las de riego localizado, y permiten un ahorro importante de agua, pero su implantación concreta en cada finca comporta una inversión de unos centenares largos de miles de pesetas, que no siempre va a recuperar el agricultor con la rentabilidad de la finca.
El instrumento económico más importante que en estos momentos hay para la realización de estas mejoras es el Real Decreto 204/1996, de 9 de febrero, sobre mejoras estructurales y modernización de las explotaciones agrarias, ya que el 678 de 1993 lleva unos cuantos años sin dotación presupuestaria. Pero la finalidad de este real decreto no es conseguir esto, aunque se puede actuar, y no está siendo excesivamente utilizado, ya sea por falta de dotación, ya sea por falta de atractivo, por los agricultores.
Permítame que le diga que nosotros también compartimos el convencimiento de todo el arco parlamentario de que hay que actuar en esta dirección. Y seguramente valdrá la pena desarrollar el punto cuatro del artículo 63 de la Ley de Aguas fijando incentivos suficientemente atractivos. Le recuerdo la literalidad del punto cuatro: ... reglamentariamente podrán establecerse ayudas a favor de las concesiones para ajustar sus instalaciones a las nuevas condiciones. ¿Cuál es el camino? ¿Qué piensa de ello el Gobierno? ¿Qué va a hacer el Gobierno para avanzar decididamente en esta dirección? Esta es la primera cuestión sobre la que queremos conocer los propósitos de actuación del Gobierno. Pero aparte de mejorar la eficiencia debemos plantearnos la racionalidad del uso del agua para producciones agrarias.
Además de los regadíos que se han puesto últimamente sin --permítame la frase-- encomendarse ni a Dios ni al diablo, es decir, sin pedir concesiones de aguas, el panorama actual está caracterizado por la ausencia generalizada de aforadores y contadores de agua. También debemos reconocer que en determinados regadíos el pago de los cánones y tarifas se realiza por superficie, lo cual facilita, cuando menos, el despilfarro o el uso de agua en exceso. Pero, además, y usted y todos lo debemos saber, la Directiva 2000/60 de la CEE, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, establece en su artículo 9 la recuperación de los costes de los servicios relacionados con el agua, y fija como plazo máximo el año 2010.
No voy a leerlo, aunque me hubiera gustado, porque el tiempo se me echa encima.
Lo que queda claro es que antes de 2010 tendremos que aplicar una cuota a los regantes que incluya los gastos de funcionamiento y conservación, los gastos de administración imputables a éstas, y una anualidad de amortización de las inversiones repercutibles. Bien es cierto que el mismo decreto señala que la política de precios del agua proporcione --debe hacerse-- incentivos adecuados para que los usuarios utilicen de forma eficiente los recursos hídricos. Podríamos decir que nos encontramos ante la obligación de fijar un nuevo régimen económico-financiero del agua de riego. Yo le añado: además de una obligación es una necesidad. No basta con la nueva redacción que se dio al artículo 106 de la Ley de Aguas en la Ley 46/1999. Este régimen económico-financiero debería ir ligado al régimen concesional, de manera que esta actuación en su conjunto garantice la viabilidad del cultivo y provoque el uso eficiente del agua. En algunas zonas de la España interior el regadío puede representar hoy, no sabemos por cuánto tiempo, la única manera de fijar la población, la única manera de evitar el despoblamiento de esta España interior, y también evitar los efectos de la erosión. Reconozco, por lo tanto, que éste no es un debate exclusivamente económico ni exclusivamente del agua, sino que intervienen en él factores ambientales, sociales y de modelo de país que queremos para nosotros y para las generaciones futuras. Y le reconozco también la dificultad de actuar en el país con los regantes de regadíos viejos. Es un tema que hay que tratar con mucho tiento y en colaboración con las Comunidades Autónomas.
De cualquier manera, le avanzo que la viabilidad del cultivo de la que hablamos debe garantizar, con una dotación suficiente para cada cultivo y para cada zona, la viabilidad biológica del cultivo a un precio que permita su viabilidad económica, pero castigando los excesos de consumo.
Estaríamos hablando, pues, de aplicar criterios que deben conducir, por un lado, a dotaciones y tarifas diferenciadas por cultivos para permitir su viabilidad y que penalicen los excesos de consumo y, por otro, a que su modificación sea progresiva y vaya acompasada a los ritmos de modernización de los regadíos. Estamos hablando, por supuesto, de la revisión de las concesiones.
La sociedad entera debe conocer el precio del agua, lo que cuesta en cada sitio; y el Gobierno central y los gobiernos autonómicos deben poder fijar subvenciones para su utilización por los motivos que sean, por motivos ambientales o sociales, pues para eso tiene la legitimidad de gobernar.
La empresa Aquavir, de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, ha llegado a un acuerdo con los regantes de la margen izquierda del Genil por el que se modernizan unas 4.000 hectáreas de regadío.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Aleu, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Pero esta modernización no incluye ni contadores ni filtros ni telemandos. Este no es el modelo que hay que seguir si queremos realmente promover el uso eficiente del agua.
En su Ministerio hay estudios realizados por técnicos del mismo que indican que en 1995 el índice de eficiencia de los sistemas de riego era del 0,47. Hoy no será mucho

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mayor. Pero dicen más. Dicen que actuando sobre un millón y medio de hectáreas (el 45 por ciento del total de la superficie en regadío) con cambios de método de riego, con modernización de infraestructuras y con mejoras en el modelo de gestión, se puede estimar un ahorro bruto potencial de agua de 4.380 hectómetros cúbicos cada año.
Señor Ministro, debemos hacer algo. ¿Qué piensan hacer? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Aleu.
Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.
Señorías, quiero agradecer la interpelación que ha formulado el Senador Aleu que nos permite reflexionar sobre lo que significan los regadíos en la agricultura española. En las condiciones climáticas de buena parte del territorio nacional que sufre gran escasez, variabilidad y sobre todo mucha irregularidad de precipitaciones, el regadío ha sido y continúa siendo una verdadera necesidad.
En España las zonas regadas suponen el 13 por ciento de la superficie agrícola, pero aportan más del 50 por ciento de la producción agraria anual. La productividad de las tierras de regadío es seis veces mayor que la de los secanos y representa una renta cuatro veces superior. El empleo es seis veces superior en zonas de regadíos a las comarcas del secano.
También, en valores medios, las comarcas en las que predomina el regadío tienen una densidad de población doble que las zonas no regadas y el grado de envejecimiento de la población, que es uno de los factores demográficos que limita el desarrollo del medio rural es mucho mayor en comarcas de secano que en comarcas de regadío. Además, estas cifras indican que el regadío tiene especial relevancia para regularizar las cosechas anuales, para la renta de los agricultores y, por lo tanto, para el sostenimiento del empleo agrario.
Una nueva sensibilidad social, que ha puesto de manifiesto su señoría, reclama que los recursos naturales, y entre ellos el agua, se gestionen de forma racional en sus diferentes usos. El propósito de la racionalización de los usos del agua, considerado como recurso escaso y valioso, ha hecho que el Gobierno acometa decididamente una planificación hidrológica general y, en paralelo, una planificación sectorial de los regadíos.
La Ley de Aguas de 1985 y su modificación de 1999, los planes hidrológicos de cuenca aprobados en 1998, la reciente directiva comunitaria sobre política de agua y el Plan Hidrológico Nacional, una vez que culmine su tramitación parlamentaria, conforman el nuevo marco jurídico en el que ha de inscribirse la política de regadíos.
Teniendo en cuenta además nuestro marco constitucional, las Comunidades Autónomas han asumido, por una parte, competencias en materia de agricultura y en las relacionadas con los regadíos y, por otra, tras la adhesión a la Unión Europea, España participa de todas las políticas comunitarias que inciden en la agricultura, no sólo la Política Agraria Común sino también las políticas de agua, medioambientales, de mercado, etcétera. Dentro de todas estas políticas y de sus condicionamientos se ha de encuadrar el futuro de los regadíos. Y es evidente que la agricultura española necesita el regadío, si bien dentro de este nuevo contexto general.
La política de regadíos que el Gobierno desea impulsar se plasma en el Plan Nacional de Regadíos, cuya remisión al Consejo Nacional del Agua tendrá lugar una vez que el Plan Hidrológico Nacional culmine su tramitación parlamentaria, y es lógico que un plan de regadíos que contemple aspectos de modernización, pero también de nuevos regadíos, se presente cuando la tramitación parlamentaria haya configurado definitivamente las disposiciones de abastecimiento hidráulico de que se dispone para los distintos usos.
El marco de la Constitución legítima al Gobierno para realizar una planificación de los regadíos que se fundamente en las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica. La elaboración ha sido lenta porque se ha desarrollado con el consenso y cooperación del Estado y de las Comunidades Autónomas. Prácticamente en este momento se han cerrado acuerdos con la totalidad de las mismas y espero que de igual forma ocurra con todas ellas.
Por eso, el Plan Nacional de Regadíos es fruto de un acuerdo sobre una tarea común en la que concurren dos ámbitos competenciales llamados a la mejora, fomento y desarrollo ordenado de los regadíos en España. Los principios de ordenación y de responsabilidad de la política agraria nacional son los pilares en los que se inspira la nueva política de regadíos. Aproximadamente el 80 por ciento de la superficie de secano y el 65 por ciento de la de regadío están sometidas a algún tipo de limitación productiva derivada de las organizaciones comunes de mercado que conducen a la necesidad de ordenar el desarrollo de los regadíos para evitar los efectos negativos tanto por penalización de las ayudas, cuando se superan las limitaciones, como por desequilibrios del mercado generados por sobreproducción.
En un mercado único, el incremento incontrolado de las producciones en regadíos en las regiones terminará por afectar negativamente a las demás.
Por ello, el Plan Nacional de Regadíos elaborado por el Gobierno estudia con todo detalle y en cada sector productivo las perspectivas que el mercado ofrece para el desarrollo de los regadíos, y dentro de las incertidumbres que siempre existen en los mercados agrarios --píensese por ejemplo cómo la crisis de la encefalopatía espongiforme bovina abre nuevas oportunidades para producir en regadíos proteína vegetal con destino a la alimentación ganadera, que hace pocos años no existía-- hay margen suficiente para un crecimiento moderado de los regadíos en los próximos años en materia de cultivos de forrajes, frutas y hortalizas, olivar, frutos secos e incluso en algunas zonas de viñedo.


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Este crecimiento moderado de los regadíos es coherente con toda la planificación hidrológica, ya que todas las nuevas transformaciones que prevé el Plan Nacional de Regadíos no sólo cuentan con las correspondientes reservas de agua en los planes de cuenca sino que al tratarse de planificaciones con horizontes temporales distintos, los objetivos de nuevos regadíos al año 2008 son inferiores a los que permiten las previsiones del Plan Hidrológico de Cuenca y, por ello, el Plan Nacional de Regadíos no incluye nuevas transformaciones de regadíos en las cuencas receptoras de aguas procedentes del trasvase previsto en el Plan Hidrológico Nacional, aunque las condiciones del mercado lo permitirían.
El Gobierno ha tenido presente en su nueva política de regadíos el medio ambiente y la gestión eficiente del agua utilizada en los mismos. Se trata del principio de sostenibilidad aplicado tanto en su acepción socioeconómica --porque un regadío no será sostenible si no se destina a producciones rentables o si los agricultores abandonan el medio rural-- como en su acepción ambiental para evitar o reducir afecciones negativas y generar bienes públicos ambientales o paisajísticos. Desde esta perspectiva de sostenibilidad ambiental cobran especial importancia las actuaciones dirigidas al ahorro y a la mejora de la eficiencia del agua, por las que se ha interesado su señoría.
En la nueva política de regadíos la planificación de éstos conjuga equilibradamente las posibilidades productivas y las perspectivas de los mercados con la gestión del agua. Los estudios sobre producciones y mercados aconsejan a medio plazo un crecimiento moderado de la superficie regada y, desde luego, no iniciar transformaciones de grandes zonas regables. Por tanto, las nuevas transformaciones que se van a acometer en el horizonte de 2008 serán las siguientes. En primer lugar, en lo que se refiere a regadíos en ejecución, actualmente hay 36 zonas de actuación con una superficie regable de 652.000 hectáreas, que tienen reservas de agua en la planificación hidrológica vigente. Sin embargo, las perspectivas productivas y la rentabilización de las inversiones ya efectuadas van a permitir que en el horizonte de 2008 se terminen solamente 138.000 nuevas hectáreas de regadíos en ejecución de las 652.000 potencialmente posibles.
En materia de regadíos sociales, que responden al nuevo concepto de agricultura multifuncional y que, por consiguiente, no se fundamentan tanto en la producción como en la fijación de la población en los territorios más desfavorecidos, es decir, se trata de pequeñas transformaciones con dotaciones de agua previstas en la planificación hidrológica, se van a abordar 86.426 hectáreas.
Todos los análisis que se han realizado sobre la situación actual de las 3.344.637 hectáreas que se riegan en estos momentos ponen de manifiesto un panorama que refleja relativas deficiencias y obsolescencias de las infraestructuras y de sus sistemas de riego. Así, un tercio de la superficie regada, más de un millón de hectáreas, está servido por acequias de tierra o de hormigón en mal estado que dan lugar a grandes pérdidas de agua en las conducciones, las tres quintas partes de la superficie se riega por gravedad, y tan sólo en una de cada seis hectáreas se utiliza riego localizado. Esta situación indica, como ha señalado su señoría, que desde las infraestructuras de cabecera hasta la aplicación a los cultivos hay un abanico de posibilidades para reducir pérdidas y ahorrar agua. Por eso, el Plan Nacional de Regadíos otorga prioridad absoluta a la modernización de los regadíos existentes, lo que en el horizonte de 2008 deberá afectar a 1.134.894 hectáreas, con unas inversiones necesarias para esa modernización de las administraciones agrarias de 254.000 millones de pesetas.
En este panorama sobre la situación de los regadíos existentes no hay que olvidar que una tercera parte de la superficie de riego está infradotada de agua, es decir, que el suministro bruto no alcanza el 75 por ciento de sus necesidades. En estos casos las actuaciones previstas se dirigirán a completar dotaciones y a consolidar los regadíos existentes.
En definitiva, el Gobierno sostiene el criterio de dar prioridad a la eficiencia de los regadíos, y el objetivo de la eficiencia consistirá en pasar 0,5 por ciento actual --hay algunas mejoras respecto de las cifras que maneja su señoría-- a un 0,8 por ciento. Eso supone que las actuaciones prioritarias tienen que pasar por la modernización y la consolidación de los actuales regadíos, cuestión sobre la que existe la unanimidad de todos los agentes implicados en el tema. Por eso, vamos a actuar sobre las infraestructuras hidráulicas existentes, reparándolas y mejorándolas; sobre los sistemas de transporte y distribución de agua, modificándolos para una mejor gestión, y sobre los sistemas de aplicación de riego, modificándolos, a fin de mejorar la eficiencia de aplicación y las condiciones de trabajo de los regantes --porque, además, el riego a mantas tiene que hacerse en condiciones de nocturnidad, lo que desincentiva la incorporación de los jóvenes al mercado de trabajo--, mejorando también la capacidad de regulación y control del agua así como la gestión, introduciendo la necesidad del control del consumo e instalando contadores. En este sentido, la aplicación de la directiva del agua y la corresponsabilidad de los agricultores pasa por la instalación masiva de contadores que puedan determinar el consumo individualizado para corresponsabilizar a los agricultores.
Esto arroja unas necesidades de actuación en más de 600.000 hectáreas en materia de reparación de estructuras hidráulicas; otras tantas necesitan de una modificación del sistema de transporte y distribución, y más de 700.000 hectáreas demandan cambios en el sistema de aplicación de riego, sin contar la necesidad de las actuaciones complementarias expresadas en la mejora de la capacidad de regulación o la instalación de elementos de medida.
El balance final del ahorro, derivado de las actuaciones de modernización, y del mayor consumo, a su vez derivado de la consolidación para el horizonte de 2008, supondrá que existirán 2.412 hectómetros cúbicos de mayor consumo, por una parte, y 2.613 hectómetros cúbicos de ahorro neto, por otra. Es decir, el Plan Nacional de Regadíos, en su aplicación definitiva, tiene que lograr más de 200 hectómetros cúbicos de ahorro neto habiendo puesto en marcha nuevos regadíos pero también habiendo mejorado sustancialmente la eficiencia de los actualmente existentes.


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Todo este balance se ha hecho teniendo en cuenta la situación actual que en la tramitación parlamentaria tiene el Plan Hidrológico Nacional. Por lo tanto, el Gobierno va a promover actuaciones de modernización para racionalizar el consumo del agua, reparando estructuras hidráulicas, cambiando sistemas de transporte y distribución, cambiando sistemas de riego, mejorando drenajes y caminos e instalando contadores en cabeceras de parcela. Todo esto queremos llevarlo a cabo mediante un plan nacional de regadíos, que va a cubrir el horizonte 2001-2008, para cuya colaboración son instrumento fundamental las sociedades estatales de riego, que han tenido ciertamente un comienzo complejo porque han debido iniciar una discusión individualizada con las Comunidades de Regantes. De forma paralela, el Gobierno ha mantenido una discusión con las Comunidades Autónomas para que éstas se integren también en la gestión de estas sociedades estatales y juntos podamos diseñar el esquema definitivo de modernización. Pero debo añadir que ya están en marcha, que ya están funcionando los consejos de administración, que ya se están cerrando acuerdos con regantes y ya nos encontramos cerca de lograr la velocidad de crucero. Confío en que, dentro de un breve plazo, podamos remitir al Consejo Nacional del Agua el Plan Nacional de Regadíos y que, en otoño, nos encontremos en condiciones de proceder a su publicación definitiva y a la puesta en marcha de las infraestructuras de mejora en el ahorro de agua que España tanto necesita.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.
¿Senador Aleu? (Pausa.) Gracias.
Turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señor Presiente.
Señor Ministro, señorías, en primer lugar, agradezco al Senador Aleu la oportunidad que nos ha brindado para debatir tan importante asunto.
A continuación voy a tratar de exponer unas consideraciones que podrían ser unas posibles directrices desde la óptica de las islas Canarias para el diseño de una nueva política de actuaciones para la mejora de la eficiencia en el uso del agua en los regadíos.
Todos sabemos, y aquí se ha repetido, que en zonas de marcada aridez, que es el caso de la mayor parte del territorio español, el sector agrario supone un consumo entre un 70 y un 80 por ciento del consumo hídrico total. Por ello es evidente que la mejora del manejo del agua en la agricultura produce unos claros beneficios, tanto desde el punto de vista de las propias explotaciones, por la reducción de un input o un insumo que en algunos casos supone un porcentaje apreciable de los costes de cultivo, como desde el punto de vista de la sostenibilidad de los sistemas agrícolas, evitando la degradación de un recurso tan limitado y estratégico para el desarrollo como es el agua.
Aunque el manejo eficiente del agua en la agricultura es un asunto complejo que debe abordarse desde diversas ópticas, no cabe duda de que es muy difícil, por no decir imposible, conseguir avances importantes a gran escala si no se dispone de los medios adecuados. Por eso nos alegramos de que el señor Ministro haya anunciado que la aprobación del Plan Nacional de Regadíos es inminente.
La infraestructura limita drásticamente las posibilidades de alcanzar unas altas eficiencias en el uso del agua. El equipamiento para regadío ha experimentado un avance tecnológico espectacular en los últimos años en los países más avanzados en agricultura y en España durante las pasadas épocas, pero sigue siendo imprescindible la actuación del sector público abordando un programa de modernización de regadíos, como el que el Ministro nos ha expuesto, que mejore la infraestructura disponible y que acometa con nuevas tecnologías los problemas que se van generando como consecuencia de la escasez del recurso y del deterioro de su calidad, que también es muy importante en el sureste peninsular y en las islas Canarias.
En definitiva, se trata de implementar actuaciones integrales que contemplen ambiciosos objetivos, hoy en día alcanzables con las posibilidades que ofrece la tecnología, a través de sistemas de distribución integrados y monitorizados que permitan el suministro de agua, previamente tratada si fuese necesario, y a presión desde las fuentes de suministro comunales.
Esto permitiría alcanzar una eficiente gestión y da la posibilidad a los usuarios de instalar equipos de riego, en especial sistemas de riego localizados, por goteo, por aspersión, etcétera, que conllevan una alta eficiencia de aplicación.
Asimismo, estos programas deben incluir en aquellas zonas que lo requieran las infraestructuras necesarias para la utilización de nuevos recursos no convencionales para el regadío, entre ellos las aguas residuales urbanas, convenientemente depuradas, el tratamiento de las aguas salobres y la desalación de agua de mar.
Desde Coalición Canaria creemos que un criterio importante para el diseño de estos programas es que sus actuaciones respondan en cada zona a las necesidades integrales del regadío, contempladas a medio y largo plazo, aunque por disponibilidades de recursos, sobre todo económicos o de otra índole, sólo se aborden los proyectos parciales en un horizonte limitado de tiempo en la línea en que vienen actuando, como dije antes, países agrícolamente más desarrollados, que están estableciendo programas denominados BMP (Best Management Practices), que integran conocimientos multidisciplinares capaces de proporcionar a los agricultores prácticas óptimas en el manejo de los sistemas agrícolas, tanto desde un punto de vista económico como medioambiental, aplicando conjuntamente a varios recursos e insumos, como agua, suelo, fertilizantes, pesticidas, etcétera.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Arroyo le ruego que vaya concluyendo, por favor.


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El señor ARROYO HODGSON: Voy acabando, señor Presidente.
España siempre ha sido considerada en el concierto internacional como una autoridad en materia de regadío. Dispone de la tecnología necesaria para ello. Un punto de partida imprescindible para el diseño de las actuaciones es la caracterización detallada de los actuales regadíos. Voy a poner un ejemplo y trato de acabar. Si hacemos la simplificación, señor Ministro, de comparar con los sistemas de abasto público de agua para cubrir las necesidades urbanas, el regadío se encuentra en la actualidad, según nuestras estimaciones, como estaba el abastecimiento urbano hace más de 25 años en el medio rural y más de 50 años en las grandes ciudades.
Nosotros creemos que el sistema de reparto de agua para regadío debe acabar funcionando como el urbano. Lo hemos visto, se está haciendo en algunas partes de España y yo he tenido la oportunidad de verlo en Israel, es decir, que cada agricultor o grupo de agricultores se conecte con su contador a una red de distribución que le suministre agua en la cantidad y en la calidad suficiente, con la única limitación de someterse a un turno de riego que habrá de ser flexible.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Arroyo Hodgson, ha terminado su tiempo.


El señor ARROYO HODGSON: Acabo de verdad, señor Presidente.
Hay un ejemplo que usted conoce, señor Ministro, y lo quiero citar aquí: sistema integrado de gestión de 700 hectáreas, heredamiento de las haciendas de Argual y Tazacorte, en el Valle de Aridane, en la isla de La Palma.
Está funcionando en parte y hay un ahorro global de agua del 40 por ciento, lo que supone un ahorro energético importante.
No tengo más tiempo, aunque tendría mucha más materia sobre la que hablar. Este asunto es muy importante y felicito al Senador Aleu por haberlo traído a la Cámara.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Arroyo Hodgson.
Ha concluido su tiempo y ha tenido dos minutos y medio de más.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señor Presidente.
Nos congratulamos por la interpelación presentada por el Senador Aleu porque es un tema de enorme actualidad y de gran trascendencia en el ámbito del sector primario español.
Básicamente hay una coincidencia entre el Gobierno y el Senador interpelante en cuanto a la importancia de los regadíos. Yo quería empezar por la parte final de la exposición del señor Ministro, la compatibilidad y el ensamblaje entre la planificación general, lo que constituye el Plan Hidrológico Nacional, co n un plan sectorial, que, por cierto, no tiene soporte normativo, como es el Plan Nacional de Regadíos.
El Plan Hidrológico Nacional, en lo que afecta a las transferencias de recursos hídricos, fija limitaciones importantes en cuanto al destino de los recursos hídricos objeto de transferencia, puesto que tienen que ir dirigidos a consolidar regadíos que en este momento están exceptuados por la vía de hecho, y lo ha señalado también el Senador Aleu, es decir, a la legalización de uso y consumo de agua que se está produciendo en regadíos y en infraestructuras hidráulicas para regadío no realizada acorde con la normativa medioambiental o con la de la Política Agraria Comunitaria.
Todos estamos básicamente de acuerdo en que es necesario dar un soporte legal al respecto.
Señor Ministro, yo empezaría por lo que usted ha dicho. Vamos a buscar una coherencia entre el Plan Hidrológico Nacional, que es un instrumento general pero con carácter normativo, porque es una ley, y un Plan Nacional de Regadíos que no está aprobado pero que se viene ejecutando.
Diferentes programas presupuestarios de la Sección 21 del MAPA contienen en los últimos años créditos presupuestarios liberados para realizar políticas de regadíos. Es fundamental y prioritario el crecimiento que se ha dado en el último año a la política de regadíos, sobre todo con la constitución de las sociedades de infraestructuras agrarias.
Por tanto, yo le diría: Muy bien, Plan Nacional de Regadíos, Consejo Nacional del Agua. Y la admonición sería, señor Ministro: ¿Y las Cortes? ¿Y las Cámaras, Congreso y Senado? Le solicitaría que los grupos parlamentarios pudiéramos también debatir sobre esta cuestión. Nos da igual que lo conozca el Consejo Nacional del Agua antes o con posterioridad, pero lo mismo que hace el Gobierno con las Cámaras cuando manda un proyecto de ley, y hemos recibido con el Plan Hidrológico Nacional una densísima información del Gobierno con todos los informes y antecedentes, le solicitaríamos el mismo tratamiento en cuanto al Plan Nacional de Regadíos. Usted ha sido parlamentario y miembro de esta Cámara, antes que Ministro ha sido Senador durante dos legislaturas, y le pediríamos que lo remitiera a las Cámaras para debatir este asunto con profundidad, y en la legislatura anterior hubo en esta Cámara comparecencias de sus antecesores y de Consejeros de Comunidades Autónomas y debates sobre esta cuestión.
En relación con el contenido de la interpelación básicamente coincidimos, la productividad es muchísimo mayor en el ámbito agrario de las superficies en regadío que en las de secano, incluso en las superficies en regadío españolas, por ejemplo en los cultivos de cereales, el índice de productividad, de rentabilidad, es superior en algunos cultivos a otros cultivos continentales de otros países que utilizan el río, como ocurre en la patata o en el arroz. Tenemos una rentabilidad superior a la media de otros países de la Unión Europea que tienen superficies en regadío.
¿Cuál es el problema? Que tenemos unas limitaciones de la Política Agraria Común, existe una contingentación diseñada a través de organizaciones comunes de mercado en los diferentes productos agrarios y objeto de regulación común de mercado, es decir, en aquellos productos agrarios donde hay comunitarización. Por cierto, hay comunitarización en productos agrarios pero la política de regadíos no es una política comunitarizada. Mientras que la Política

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Agraria Común en la gran cantidad de productos agrarios interviene tanto en mercados como en estructuras, la política de regadíos es estatal, es una política de los Estados miembros, que en el caso español, como usted ha dicho, señor Ministro, intervienen los poderes centrales y las Comunidades Autónomas.
En cuanto a la productividad, los datos que han dado usted y el Senador interpelante son correctos, y es que el regadío es el futuro y la vida del mundo rural español. ¿Cómo podemos entender desarrollo rural en España sin tener infraestructuras hidráulicas para riego? Es imposible.
El asentimiento y la consolidación --no digo el incremento-- de la población rural en el medio rural --valga el juego de palabras-- es inconcebible sin la utilización de agua. Si no existe regadío, es imposible que se asiente actividad industrial complementaria en el medio rural que sirva para compatibilizar empleo y actividad agraria a tiempo parcial con otras actividades complementarias. Usted lo ha dicho también.
¿Dónde está la mayor...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, vaya concluyendo, por favor.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Concluyo, señor Presidente.
¿Dónde está la mayor implantación de la cadena de valor de los productos agrarios? En la cuenca mediterránea y en la ribera navarra, donde hay zona de regadío y donde está toda la industria transformadora de los productos hortofrutícolas, es decir, en Cataluña, en Valencia, en Murcia.
La cadena de valor del sector productor se encuentra en la zona que, obviamente, necesita de una producción en regadío.
Por tanto, nosotros coincidimos básicamente con lo que usted decía, señor Ministro, pero yo quisiera sensibilizarle políticamente para que esa política de regadíos sea discutida en estas Cámaras, como está siendo discutido el Plan Hidrológico Nacional sobre el que, por cierto, ha habido un extensísimo y profundísimo debate en el Congreso de los Diputados, debate al que también vamos a asistir en esta Cámara.
Yo apelo a su sensibilidad. Creo que sería una gran oportunidad el que se pudiese debatir esta cuestión, y sé que usted ha dicho que hay un acuerdo a este respecto con las Comunidades Autónomas, pero como ésta es una Cámara de representación territorial consideramos que podríamos hacer un trabajo político importante a propósito de esta cuestión.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, gracias por su intervención. Coincidimos totalmente en la diagnosis que su señoría ha hecho, pero he de decirle que me ha respondido con el Plan Nacional de Regadíos, lo cual me parece absolutamente legítimo, Plan que yo, como parlamentario que soy, no conozco. Por tanto, debo fiar esta cuestión a la bondad de ese Plan Nacional de Regadíos, pero quisiera constatar algunas cosas.
La primera de ellas es que ha habido un cambio de posición por parte del Partido Popular en el sentido de que ha aceptado que se tramite en primer lugar el Plan Hidrológico Nacional y después el Plan Nacional de Regadíos, cambio por el que me felicito porque verdaderamente es lo correcto, recordándole a la vez que no fue eso lo que ustedes hicieron en 1994.
Por otra parte debo decirle, señor Ministro, que me alegran muchísimo los acuerdos habidos con las Comunidades Autónomas, soy conocedor de ello y les felicito. Creo que éste puede ser un buen acuerdo, pero hay que decir que, además de haber sido lento, se ha hecho incumpliendo todos los compromisos habidos. Su antecesor habló en su momento de que en el mes de diciembre de 1996 el Plan Nacional de Regadíos estaría terminado. Por tanto, ya le anuncio que en la moción consecuencia de interpelación le vamos a pedir que el Gobierno envíe a esta Cámara el Plan Nacional de Regadíos para provocar un debate monográfico en la Comisión General de las Comunidades Autónomas con posibilidades de resolución por parte de los distintos grupos. Además, en su intervención se ha quedado usted sin explicarme qué medidas concretas van a adoptar para promover el ahorro del agua dentro de la parcela. Me ha hablado de disposiciones generales, pero yo le pediría algo más de concreción. En cuanto a la diferencia de diagnosis que usted y nosotros hacemos respecto de las sociedades estatales, el tiempo puede darle a usted la razón, pero la verdad es que en estos momentos su capacidad de actuación es muy baja o prácticamente nula.
Por tanto, señor Ministro, quiero agradecerle por último el tono de su respuesta. Continuaremos en este plan constructivo para promover actuaciones, en este caso el uso eficiente del agua. Usted me contesta legítimamente que lo fían al Plan Nacional de Regadíos que, repito, ni yo ni la Cámara conocemos, Cámara que si queremos que sea de representación territorial debe empezar debatiendo este tema teniendo posibilidad de pronunciarse sobre los propósitos del Gobierno.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON Y SABATE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en primer lugar, quiero manifestar la idoneidad de la interpelación presentada. Creo que es importante hablar de ello en un momento en que el debate del agua es algo tan vivo y de tanta actualidad en nuestro país.
Antes, señor Ministro, usted ha dicho que ha habido un crecimiento considerable de las zonas regables y que las

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perspectivas de futuro de crecimiento eran posibles, si bien moderadas.
Espero que con un uso adecuado del agua estas perspectivas no sean moderadas, sino importantes.
Hay un concepto --y ustedes saben que soy agricultor-- que tengo bastante claro, y es que la agricultura sólo tiene dos posibilidades de pervivencia: agua y seguros. El agua garantiza el cultivo y los seguros la rentabilidad. Si sólo se tiene uno de estos elementos, posiblemente el agricultor subsistirá aunque puede que no obtenga la rentabilidad deseada; si tiene los dos, podrá tener una agricultura moderna que le permita vivir con dignidad. Por lo tanto, el hecho de que hoy hablemos de la posibilidad de reducir el consumo de agua para el riego agrícola es importante.
Tendríamos que fijarnos, señor Ministro, en unos conceptos básicos. No voy a entrar en temas políticos, como han hecho algunos de los Senadores que ya han intervenido, sino que intentaré transmitir unas ideas básicas.
Ello no quiere decir que no considere importante el hecho de que este Plan Nacional de Regadíos se debata en esta Cámara.
Necesitamos un cambio de mentalidad en nuestros agricultores en cuanto al riego. Antes el Senador Aleu ha manifestado que muchísimas hectáreas se continúan regando a manta. ¿Qué significa el riego a manta? Significa un uso excesivo del agua y, por lo tanto, pérdida de competitividad al estar usando más recursos de los necesarios. Pero lo que es aún más importante, y habría que decírselo al agricultor, es que esta pérdida de competitividad no sólo viene por este exceso de agua que antes o después tendrá que pagar, sino también por la utilización de un exceso de abonos y por un lavado de nutrientes del suelo. Y esto tiene una problemática añadida: la posible contaminación por nitratos de los acuíferos.
Hay que explicar a nuestros agricultores, obligación que deben asumir la Administración y los organismos de investigación del Estado y de las propias Comunidades Autónomas, que la mayoría de cultivos son viables con 4.500 metros cúbicos por hectárea. Hoy en día la mentalidad del sector es que con menos de 10.000 metros cúbicos por hectárea no se puede producir; es más, para algunos cultivos se defienden consumos de 13 y 14.000 metros cúbicos por hectárea. Hay que cambiar esta mentalidad, porque no es real.
Voy a poner un ejemplo que puede ilustrar lo que estoy diciendo. Cuando nosotros regamos los frutales a manta, ¿qué estamos haciendo? Estamos sometiendo al árbol a un estrés hídrico por exceso de agua, lo que supone falta de oxígeno. Cuando pasan unas horas el árbol comienza a tener un buen estadio vegetativo hasta que llega a un momento óptimo, y es entonces cuando reducimos el nivel de agua hasta que llega a un estrés, no hídrico, sino por falta de agua. En el momento en que esto sucede volvemos a inundarlo. Evidentemente, los árboles se han adaptado, pero con esto conseguimos que haya frutas de diferentes tamaños; así vemos que en nuestros árboles hay frutas grandes en las ramas bajas y más pequeñas en las altas. Esto está más que demostrado. Con un riego moderno, mediante un sistema de gota a gota, un medidor de flujo de savia en el tronco de uno de los árboles que sirve de testigo y un lixímetro que mida la humedad del suelo, conseguimos un ahorro de agua de relación tres a uno y que todas las frutas del árbol sean iguales, algo fundamental. Esto es lo que tenemos que explicar a nuestros agricultores para conseguir un verdadero cambio de mentalidad: Utilizando bien el agua, no sólo ahorra dinero, sino que consigue mejor calidad y, por lo tanto, es más competitivo.
Hemos hablado de la modernización de los regadíos, y para ello es importante que se modernicen las infraestructuras. Se está trabajando correctamente en ello, aunque queda mucho por hacer. Pero hay que conseguir que los agricultores modernicen los riegos en finca. El Senador Aleu ha dicho que no era rentable y que no recuperarían la inversión, pero eso no es cierto. Se recupera la inversión rápidamente. Lo que sí es cierto es que la mayoría de explotaciones no pueden hacerlo, porque supone una descapitalización inicial tan importante que se pone en peligro la viabilidad de la explotación. Por lo tanto, tenemos que ayudarles y es necesaria una política decidida de ayuda por parte de las Administraciones.
Tercer aspecto. Aquí se propone reducir dotaciones...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Marimon, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor MARIMON I SABATE: Seré muy breve, señor Presidente.
Se produce reducir dotaciones o penalizar el consumo; se puede hacer; serían buenas medidas, aunque traumáticas. Sin embargo, señor Ministro, yo creo que hay que ir en otra línea, más acorde con la mentalidad agraria. Si a un agricultor se le brinda la posibilidad de darle una peseta si ahorra cinco, le aseguro que ahorrará esas cinco. Es una mentalidad común al agro español. Muchos siglos de penurias y de dificultades han configurado esta personalidad de nuestros agricultores.
Por tanto, señor Ministro, lo que tiene que proponer el Plan Nacional de Regadíos no son penalizaciones, sino bonificaciones. Decir: Usted para viñedo necesita 900 metros cúbicos/año; usted para frutos de hueso necesita 2.500 ó 3.000 metros cúbicos/año; usted para cereal --excepto maíz-- necesita 1.500 metros cúbicos/año. Si usted consume menos, nosotros le vamos a bonificar el precio. Yo sugiero que la política del Gobierno vaya en este sentido; será menos traumática y conseguiremos mayores éxitos haciendo al sector cómplice de la voluntad que tenemos los políticos, y especialmente los gobernantes, de mejorar el uso del agua.
Para finalizar, diré que estoy totalmente de acuerdo con la afirmación del Senador Arroyo, cuando dice que tenemos que explotar todos los posibles filones de agua, el agua urbana, las potabilizadoras, etcétera, ya que son medidas que hoy en día han dejado de ser hipótesis para ser realidades, y, especialmente en lo que se refiere a agua urbana, pueden conseguir amplísimas zonas de riego con muy buen uso.
Por tanto, estaremos a la expectativa de la moción subsiguiente a la interpelación que presentará el señor Aleu; seguramente nos sumaremos a ella, pero en todo caso, señor Ministro, yo sí he querido manifestarle estas ideas básicas,

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porque creo que nos pueden ayudar a todos a conseguir un objetivo común: Un uso racional del agua en esta Península Ibérica que no está excesivamente sobrada de la misma.
Muchas gracias, señor Presidente, por su bondad.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, sin duda alguna la oportunidad que hoy nos da la interpelación presentada por el Senador Aleu es importante en cuanto que estamos en disposición de discutir sobre un aspecto, dentro del debate del agua, muy poco tratado. Hablamos de la eficiencia en el uso del agua, y a estas alturas del debate sí hay algo que queda claro: El gran desconocimiento que en este país tenemos precisamente de esa eficiencia del recurso agua. No tenemos claro si estamos actuando de una forma eficiente, tanto en cantidad como en calidad, y en un momento en el que estamos planificando económicamente el país, a través de ese documento tan importante que es el Plan Hidrológico, y en el que, por tanto, estamos determinando políticas sectoriales, en este caso en temas agrícolas, resulta un tanto paradójico el hecho de que no tengamos datos certeros sobre cuáles podrían ser las posibilidades que podríamos conseguir con este tipo de políticas, es decir, haciendo un uso efectivo del agua de que disponemos, del recurso que ya aprovechamos.
Esta cuestión incide desde el régimen de concesiones del agua hasta en la determinación de las producciones más apropiadas en aquellas zonas donde actualmente se cuenta con el recurso. Pero yo creo que no podemos volver la vista atrás, sino, por el contrario, mirar hacia adelante y fijarnos en la nueva agricultura. Estamos en el inicio del siglo XXI y no podemos estar pensando con esquemas del siglo XIX. Hoy por hoy está más que demostrado --y el señor Ministro lo ha dicho en su intervención-- que sobre ese 13 por ciento de zonas agrícolas regables hay una mayor productividad, se propicia una mayor renta en el sector agrario, hay mayor empleo, hay más población joven, más fija y hay una capacidad importante para regular toda esa producción. Pero este tipo de aspectos hay que acompañarlos con otros que indudablemente hoy tienen una máxima importancia.
Creo que somos muy dados a utilizar determinados conceptos pensando que son emergentes, dentro del diseño de las políticas, y a aplicarlos a cualquier circunstancia. El tema de la sostenibilidad aplicado a la agricultura no sólo conlleva que haya una buena producción --que, evidentemente, tiene que ser así--. El concepto de la sostenibilidad es un concepto integral en el que hay que tener en cuenta tres cuestiones fundamentales: La primera, que hay que generar mejor calidad de vida, por lo tanto habrá que tener mejor producción; la segunda, que hay que conservar los recursos que utilizamos y, la tercera, que la riqueza que proporcionemos a través de esa actividad tenga un reparto justo y social.
Por lo tanto, si no hacemos esa consideración integral de la sostenibilidad difícilmente podremos aplicar lo sostenible a un aspecto concreto, en este caso a la política agraria.
En esa consideración integral de la agricultura y de la eficiencia del agua hay que añadir, además, que éste va a ser uno de los factores claves que van a incidir precisamente en la calidad de los productos que se ofrezcan al mercado, pero no sólo en cómo se producen y en qué cantidad de recursos se producen, sino que además habrá que tener en cuenta qué contaminación difusa provocan, cuáles son los desequilibrios que la utilización de ese recurso provoca tanto en origen como en los destinos tendremos que tener en cuenta el tema de los suelos contaminados y, en definitiva, señor Ministro, no caer en aquello que ya se ha dado en llamar una colonización ambiental --aquí producimos, las plusvalías realmente son las que generan las rentas dentro de ese sector y, en definitiva, con pocas rentas seguimos quedándonos con suelos contaminados, con desequilibrios en acuíferos, etcétera.
Hay una serie de conceptos importantes que aplicar en este debate y, entre otros, habría que hablar no sólo de que tenemos claro que las tuberías están rotas y que por ahí perdemos agua, sino, al mismo tiempo, qué otras fuentes de agua se pueden aprovechar --estamos hablando de depuradoras y hay mucha agua que se elimina porque la calidad no es la adecuada, luego, lógicamente, mejorando esa calidad podría servir también como recurso-- y, en definitiva, hacer una cuantificación real de con ese recurso que ya tenemos, en qué medida lo podríamos aplicar.
Decir que una vez que esté implantado el Plan Hidrológico Nacional vamos a tener una serie de hectómetros, en genérico, que vamos a aprovechar del recurso está bien, pero, indudablemente, esos datos deberían ser mucho más certeros hoy por hoy para poder planificar cualquier otra actividad.
Porque lo que está claro es que, con independencia de los acuerdos que se puedan adoptar con las Comunidades Autónomas, en aquellos lugares donde se inicien nuevos regadíos el problema es si luego esos regadíos se van a controlar en la medida en que estemos utilizando las cantidades del recurso que inicialmente habíamos previsto o, por el contrario, tendremos que estar haciendo nuevos planes que suplanten a esos planes para regularizar las situaciones que de hecho se producen en gran parte de nuestro país.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bella, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor BELLA GALAN: Voy concluyendo, señor Presidente.
Es necesario concienciar a los ciudadanos, en este caso a los agricultores, del uso que se hace del agua; hay que incidir mucho más en el binomio cantidad-calidad; hay que tener en cuenta conceptos tan claros y tan evidentes como los cultivos hidropónicos, por ejemplo, que van a permitir producir con muy pocas cantidades de agua y con unas condiciones ambientales que en absoluto pueden desmejorar

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los recursos ni el soporte agrícola, y, por supuesto, que habrá que introducir también los costes ambientales en esos costes de producción.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bella.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Castell.


El señor CASTELL CAMPESINO: Buenos días, señor Presidente, señor Ministro, señorías.
Senador Aleu, me congratulo del tono y del motivo de su intervención, que es muy gratificante para mí sobre todo después de la última moción presentada hace 110 días y de la enmienda de este Grupo Parlamentario Popular en el Senado al Plan Hidrológico Nacional, en el que en el cuarto punto se hacían unas referencias a tener en cuenta por el Gobierno que el ponente en aquel momento no defendió y creí que iba a hacer hoy alusión a ello por tratarse también de temas de gestión del agua.
En tres ocasiones ha hecho una referencia muy breve, muy breve, muy breve --y yo también voy a ser muy breve-- al Plan Hidrológico Nacional, de hecho en su última intervención, en la réplica, ha comentado que se congratulaba de que se hubiese presentado el Plan Hidrológico por un lado y, posteriormente, el Plan Nacional de Regadíos, y no como en 1994 exigía el Partido Popular de conocer primero el plan nacional de regadíos.
Modestamente, creo que este Senador le puede indicar las diferencias y el porqué.
En el año 1994 el Partido Popular exigía conocer el Plan Nacional de Regadíos puesto que el Plan Hidrológico del año 1993 no preveía ninguna limitación al crecimiento de hectáreas de regadío. Además, su señoría sabrá que no estaban aprobados los planes de cuenca, mientras que el Plan Hidrológico que ha presentado el Partido en el Gobierno --que está ya en esta Cámara-- sí que limita las hectáreas regables, sobre todo en las cuencas deficitarias, y acepta taxativamente los planes de cuenca aprobados hasta el año 1998.
Señoría, después de escuchar atentamente sus intervenciones en esta interpelación y las explicaciones, actuaciones y previsiones inversoras del señor Ministro, dado que esta Cámara es regional, a mí únicamente me cabe hablar de las inversiones que se realizan en el Levante español; Levante que para este Senador comienza en el noreste y finaliza en el sureste, desde el Cabo de Creus hasta el Cabo de Gata y no sólo la Comunidad Valenciana, Murcia y Almería.
Por los datos que poseo de la Región de Murcia, hay que tener en cuenta que el plan de cuenca del Segura contempla hasta 269.000 hectáreas de regadío, mientras que actualmente tan sólo son regadas 190.000 hectáreas y hay más de 350.000 hectáreas de secano. En los últimos seis años, la Región de Murcia ha invertido más de 15.000 millones de pesetas, localizando el riego en cerca de 75.000 hectáreas y existe una previsión, hasta el año 2008, de actuar en 139.000 hectáreas, de las que se trataría de consolidar 57.000 hectáreas de regadío ya existente y mejorar y modernizar las 82.000 hectáreas restantes, con una inversión aproximada de 82.000 millones de pesetas a sufragar en un 50 por ciento por el Ministerio de Agricultura y la Comunidad Autónoma y el 50 por ciento restante, por los regantes.
En la Comunidad Valenciana, por la que soy Senador, en los últimos seis años se han actuado en los siguientes apartados: En cuanto a la modernización de regadíos se ha pasado de 50 a 150.000 hectáreas las regadas por goteo, con una inversión pública de 50.000 millones de pesetas y una inversión privada de 33.000 millones de pesetas. Además, existe una previsión, hasta el año 2006, de regar de manera localizada las restantes 104.000 hectáreas, por un valor cercano a los 100.000 millones de pesetas. En cuanto a la depuración y reutilización de aguas residuales, elemento fundamental que se ha tratado al hablar del sistema de gestión de la demanda de las aguas, se han construido en estos seis años 130 depuradoras, por una inversión de más de 60.000 millones de pesetas. Un tercio del agua tratada por estas depuradoras, 120 hectómetros cúbicos, se reutiliza en el regadío y existe una proyección hasta el año 2006 de construir depuradoras en absolutamente todos los municipios de dicha Comunidad. En cuanto al abastecimiento y redistribución, se han construido en estos seis años 17 plantas desaladoras, que producen 20 hectómetros cúbicos de agua por osmosis permeada, con una inversión superior a 32.000 millones de pesetas.
Señorías, como todos ustedes conocen, tanto por los datos de 1999 del Instituto Nacional de Estadística como por otros estudios de la misma institución, el consumo de agua para usos agrícolas, como bien ha dicho su señoría, es superior al 80 por ciento y, en el Levante español, sería la siguiente: en mi Comunidad Autónoma, que es la octava en consumo, sería de 6.330 metros cúbicos por hectárea regada; la Comunidad Autónoma de Cataluña, que es la novena, sería de 6.200 metros cúbicos por hectárea y la Comunidad Autónoma de Murcia, que es la duodécima, con 5.700 metros cúbicos por hectárea.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Castell, vaya concluyendo, por favor.


El señor CASTELL CAMPESINO: Ya termino, señor Presidente.
Las Comunidades Autónomas que ocupan en esta lista el primero, segundo y tercer puesto son Extremadura, Madrid y Aragón, con más de 9.000 metros cúbicos por hectárea; y, las que menos, como todos entenderán, Galicia y el País Vasco, por su índice pluviométrico.
A pesar de la gestión que le estoy indicando, en los últimos veinte años se han dejado de cultivar 18.000 hectáreas de regadío en la Comunidad Valenciana y más de 110.000 hectáreas de secano, por su escasa o nula rentabilidad.
Señoría, creo que cuando tratemos aquí el Plan Hidrológico veremos que contempla más de un billón de pesetas en el apartado de modernización de regadíos, abastecimiento, redistribución, etcétera.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Castell, le ruego que concluya, por favor.


El señor CASTELL CAMPESINO: Atendiendo a la petición del señor Presidente, sólo me resta dar las gracias por su atención y por escucharme.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias también a todos los Grupos que se han posicionado en torno a esta interpelación por sus aportaciones, muchas de las cuales puedo compartir.
Sus señorías han manifestado su desconocimiento actual del contenido del Plan Nacional de Regadíos. Este se ha ido adaptando al contenido del Plan Hidrológico, por una parte, y se ha ido adaptando también a las necesidades de las Comunidades Autónomas a medida que se llegaba a acuerdos con cada una de ellas, que modificaban los planteamientos iniciales del Gobierno. Por tanto, a lo largo de todo este año ha ido sufriendo una profunda evolución, en estos momentos está prácticamente concluido porque están cerradas las negociaciones con 15 de las 17 Comunidades Autónomas y con las otras dos creo que pueden avanzar sustancialmente en los próximos días y el deseo del Gobierno es que esté en el Consejo Nacional del Agua antes del verano.
Por tanto, vista la petición que ha hecho el portavoz del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, creo que está justificado que, tratándose de una Cámara territorial, conozcan ustedes el contenido del Plan, de modo que cuando tengamos cerrada la última negociación --porque afecta a una Comunidad Autónoma importante, que es Andalucía--, que está prácticamente ultimada pero respecto de la que quiero tener la seguridad absoluta de que llegamos a la firma de un convenio para incorporar los últimos términos de la negociación --y es una parte muy importante del territorio nacional--, estaría en condiciones, simultáneamente que lo envíe al Consejo Nacional del Agua, de enviarlo a la Comisión de Agricultura de esta Cámara para que se distribuya a sus señorías y lo conozcan ustedes y pediré comparecer a petición propia a fin de que tengamos un debate y podamos discutir los contenidos del Plan durante la tramitación.
Es cierto, como han dicho sus señorías, que no tiene un soporte normativo legal como tiene el Plan Hidrológico porque no es necesario.
Probablemente, se apruebe por Real Decreto y el paquete será conjunto, es decir, un Real Decreto y convenios simultáneos con las Comunidades Autónomas, a fin de que tenga el apoyo político suficiente para que las administraciones autonómicas que están llamadas a colaborar en su ejecución puedan participar en el mismo, gestionándolo, impulsándolo, dirigiéndolo y garantizando que se cumplan sus objetivos. Por tanto, éstos son los condicionamientos de carácter normativo que van a presidir.
Respecto al horizonte de aprobación, es difícil determinarlo. Veremos lo que tarda el Consejo Nacional del Agua, cuáles son las variaciones que se introducen, cuáles son las aportaciones que surgieren de las Cámaras y cuáles pueden ser las aportaciones de última hora de las Comunidades Autónomas, pero, en todo caso, ya hay algunas actuaciones de modernización que están en marcha precisamente a través de las sociedades estatales.
Comprendo que cuando ponemos en marcha mecanismos con sociedades estatales para la ejecución de obras éstos son más complejos que los mecanismos que meramente se refieren a licitación de obra pública por parte de un gobierno o una administración autonómica, porque estamos ante unos mecanismos que suponen convenios con comunidades de regantes y, en cuanto a la parte relativa a convencer a los regantes de que pueden economizar agua, como ha dicho el Senador Marimon, aunque se llegue a convencerlos, hay que practicar mucha didáctica previa y hay que desarrollar anteproyectos, explicarles cuáles van a ser los ahorros del agua y explicarles también cuál va a ser la consecuencia de la aplicación de la directiva comunitaria del agua en su transposición al Derecho español interno, que va a suponer que los costos por abastecimiento de agua para aprovechamientos agrarios tendrán que ser satisfechos por los propios agricultores. Eso tendrá un coste en el futuro y eso es lo que tiene que inducir a los agricultores a aplicar a pie de parcela sistemas de economía de agua.
En la puesta en marcha de proyectos con sociedades estatales estamos buscando dos objetivos fundamentales por la vía de la persuasión si es posible: En primer lugar, que los beneficiarios de los regadíos tengan unidades con base territorial suficiente, porque no estamos en la vieja concentración parcelaria pero sí estamos induciendo a que haya unidades de base suficiente, y, en segundo lugar, que los sistemas a pie de parcela sean tan sofisticados como ha dicho el Senador de Coalición Canaria que existen en la isla de La Palma o que existen en Murcia, donde los regadíos están controlados por ordenador. El agricultor acude con su tarjeta de crédito al poste del ordenador de la comunidad de regantes o bien da una orden por Internet a su banco, que carga el coste del agua en su cuenta, y a partir de ese momento se activa el ordenador central y le suministra el caudal de agua que previamente ha pagado.
Con eso conseguimos que paguen todos los regantes, que las comunidades de regantes no tengan problemas, que se economice agua y, en definitiva, que tengamos unos costes razonables de explotación en cultivos que cada vez van a ser más competitivos con otras producciones exteriores, por lo que sus gastos de producción tienen que ser más bajos.
En definitiva, comparto la preocupaciones de sus señorías respecto a que hay que hacer una apuesta por economizar el agua. Los objetivos del Plan son muy ambiciosos. Nunca nos habíamos propuesto modernizar 1.300.000 hectáreas, casi más de la tercera parte del regadío nacional, en un período de siete años y, por tanto, lo que espero es que

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este Plan se apruebe en el horizonte de tiempo más breve posible.
Finalmente, explicaré a sus señorías que, deliberadamente, este Ministro, junto con el Ministro de Medio Ambiente, prefirió la estrategia de que primero se aprobara el Plan Hidrológico Nacional, puesto que era necesario conocer cuáles eran los volúmenes hídricos disponibles, y que posteriormente se aprobara el Plan Nacional de Regadíos, que es una de las consecuencias del Plan Hidrológico Nacional. Este criterio me parecía racional, me parecía que era lógico y, por tanto, es el criterio que hemos utilizado. Y creo que ha sido el mejor porque además ha permitido un largo debate con las Comunidades Autónomas para adaptar los esquemas inicialmente previstos por el Gobierno a las necesidades de impulso de las economías autonómicas que cada Comunidad había puesto en marcha o pensaba poner en marcha en el futuro inmediato.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


--DE DON FRANCESC XAVIER MARIMON I SABATE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS CRITERIOS DE POLITICA GENERAL QUE TIENE PREVISTO EMPRENDER EL GOBIERNO PARA QUE LA UNION EUROPEA GARANTICE EL MANTENIMIENTO DE LAS AYUDAS COMUNITARIAS A LOS PRODUCTOS DE FRUTA SECA Y ALGARROBAS (670/000065).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): La siguiente interpelación es la del excelentísimo señor don Francesc Xavier Marimon i Sabaté, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los criterios de política general que tiene previsto emprender el Gobierno para que la Unión Europea garantice el mantenimiento de las ayudas comunitarias a los productos de fruta seca y algarrobas.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, es la segunda vez que hoy tengo el placer de dirigirme a usted y por dos temas importantes.
Haré, primero, un pequeño análisis de lo que significa el cultivo de frutos secos en España que evidentemente no lo hago para usted, señor Ministro, que soy consciente de que lo conoce perfectamente, sino porque el hecho de que conjuntamente nos ilustremos los miembros de la Cámara es positivo.
En España el cultivo de frutos secos significa actualmente algo más de 600.000 hectáreas, la mayoría de ellas de secano; hay alrededor de un 5 por ciento de regadío. Aparte de esta consideración estrictamente numérica, hay que hacer unas consideraciones al respecto. Primero, hay que decir que los frutos secos normalmente aprovechan suelos en muchos casos marginales, suelos poco favorecidos por la composición del suelo, por la climatología y en muchos casos poco favorecidos por la pendientes, piedras, etcétera. Hay que decir también que el cultivo de frutos secos conforma nuestro paisaje e incluso nuestra forma de vida. Usted sabe que en esta propia Cámara hay una ponencia que está estudiando los efectos de la dieta mediterránea y su bondad; en ella hablamos a menudo de nuestra alimentación. Pues bien, en esa alimentación los frutos secos son una base importante.
Me he permitido traer unas citas poéticas de la imagen de nuestro paisaje de una manera más gráfica, por ejemplo, de un gran escritor catalán, Baltasar Porcel, que dice: El paisaje mediterráneo es un paisaje que se puede comer directamente --rompiendo la cáscara en todo caso, pero los frutos secos son así--, o lo que un poeta mallorquín definía, en una imagen bellísima, de la huida de dos amantes a caballo por un campo de almendros en flor cuando decía: Dejando la estela de los pétalos en el suelo que permitía seguir su paso. Aparte de otras muchas cosas que iré citando, esto nos permite conocer lo que es el cultivo de frutos secos en España. Las terrazas de avellanos, la imagen imponente, por ejemplo, del algarrobo o del nogal, etcétera, son, señor Ministro, cosas que nosotros tenemos que defender.
Pero hay otras razones para defender este cultivo, y usted las conoce bien, como la importancia ecológica de estos cultivos. Son cultivos que evitan la erosión, pero sobre todo fomentan la biodiversidad. La mayoría de zonas de cultivos de frutos secos si no estuvieran cultivadas, estarían pobladas básicamente por pino blanco, de una uniespecie con el consiguiente riesgo que genera en las grandes superficies boscosas en las zonas mediterráneas un árbol tan altamente combustible como es el pino blanco.
Evidentemente podríamos decir que el cultivo de frutos secos en buena parte evita o minimiza los riesgos de posibles grandes incendios. Pero hay otros aspectos de carácter ecológico a tener en cuenta en el cultivo de los frutos secos, aparte de los beneficios que pueda aportar a nuestra salud su consumo. Usted sabe la defensa que se hace desde muchos sectores del uso, por ejemplo, del fruto del algarrobo, del garrofín para la utilización en cápsulas médicas, en cosmética, pero sobre todo como aditivo natural. La mayoría de nuestros alimentos, helados, pastelería, etcétera, tienen un aditivo, el E-410, que se obtiene de forma absolutamente sintética.
El garrofín es rico en el mismo y, por lo tanto, su utilización garantiza un mayor respeto hacia el medio ambiente, a la vez que la pervivencia de este árbol tan majestuoso.
Pero los frutos secos tienen otros aspectos muy importantes, como el económico; 40.000 familias rurales hoy en día obtienen básicamente sus ingresos del cultivo de los frutos secos. Los datos que nos brinda el propio Ministerio muestran que hay cerca de 200.000 explotaciones que en mayor o menor medida complementan sus actividades con los frutos secos.
Evidentemente las estadísticas nos demuestran

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también otra cosa, la escasa rentabilidad de muchas de estas explotaciones. ¿Por qué sucede esto? Básicamente por lo que antes he citado, porque están ubicadas en un medio físico desfavorecido.
Recordemos que el mapa de comarcas desfavorecidas es muy similar al del cultivo de frutos secos. En este libro, que seguro que usted conoce, señor Ministro, hay una superposición de mapas en los que se ve claramente --ahora no encontraré la página adecuada y, dada la lejanía, tampoco creo que los señores Senadores pudieran apreciarlo-- la coincidencia de lo que el Estado español definió como comarcas desfavorecidas con las de cultivo de frutos secos.
¿Qué panorama tiene hoy en día el sector de los frutos secos? Este panorama sufrió un cambio en el año 1989, en el que la Comunidad Económica Europea puso en marcha el plan de ayudas a través de las organizaciones de productores. ¿Qué cambios han tenido lugar desde aquel momento hasta el actual en que iniciamos el nuevo milenio? De una manera muy sencilla, el panorama ha cambiado en parte, pero sustancialmente sigue siendo el mismo. ¿Por qué? Porque los frutos secos siguen siendo nuestro paisaje y nuestra ecología, continúan siendo un complemento de renta para muchas familias agrarias españolas, y para una parte de ellas elemento primordial de su subsistencia. ¿Qué es lo que ha cambiado? Las ayudas han permitido mantener al sector. Hemos perdido alguna hectárea de cultivo, pero sin las ayudas, este paisaje que yo repetidamente estoy citando, con toda certeza habría cambiado. Se han modernizado muchas explotaciones y la industria manipuladora y transformadora se ha colocado en la vanguardia en cuanto a tecnología y volumen de negocio. Recordemos que España actualmente es el segundo operador del mundo en almendra, cosa que no era así hace unos años, y el tercero en el volumen total de frutos secos. Con toda certeza sin las ayudas hoy no mantendríamos el sector, que en muchos casos, y con esta ayuda, subsiste precariamente.
Evidentemente tiene problemas, pero las ayudas han significado su pervivencia. Para el sector comercializador e industrial, que en muchos casos en este sector está basado en cooperativas, sería totalmente diferente la panorámica si no hubieran existido estas ayudas.
¿En qué situación nos encontramos hoy? En el año 2000 finalizaban muchos planes de mejora. Hubo iniciativas parlamentarias al respecto, y recordaré que una de ellas fue de nuestro propio grupo parlamentario, Convergència i Unió, en la primavera de 2000, con la que se aprobó una resolución en la que se instaba al Gobierno a negociar la prórroga de estas ayudas, que fue votada por todos los grupos parlamentarios del Congreso en aquel momento; las negociaciones del Gobierno dieron fruto y la prórroga se llevó a cabo. Por cierto, si no recuerdo mal, creo que fue una de las primeras actuaciones que usted llevó a cabo, señor Ministro.
Aparte de reconocerle el éxito de la misma, lo que deseo hoy es que en el futuro consiga el mismo resultado.
Pero hoy, al día siguiente de la festividad de San Isidro, celebrada ayer especialmente --yo llegué a Madrid en la noche de fuegos de artificio--, la incertidumbre se vuelve a ceñir sobre el sector. La negociación de la nueva OCM no está prevista hasta el año 2003, y muchos productores o la mayoría ya no disponen este año de ayuda para sus planes de mejora, aparte de que haya algunos que no disponen de ella, a otros se les acaba este año, y algunos no han podido ni tan siquiera presentarlas. ¿Qué preocupa al sector? Básicamente tiene miedo a que si no siguen las ayudas, la OCM pueda no contemplarlas o disminuirlas drásticamente y, con toda sinceridad, este temor es el que motivó esta interpelación. El sector estaba preocupado, puesto que la última reunión con el Ministerio que usted preside se realizó el 15 de diciembre del año pasado.
Sé que usted ha tenido en el Ministerio graves problemas comunes con las Comunidades Autónomas: las «vacas locas», etcétera, pero este tema es en este momento prioritario.
Con posterioridad a la presentación de esta interpelación, he conocido a través de los medios de comunicación y de los productores la reunión que usted mantuvo con ellos, su buena disposición y su voluntad de llevar al Consejo de Ministros de la Unión Europea el tema.
A pesar de ello he mantenido la interpelación porque podemos llegar a un acuerdo entre todos los Grupos que integran la Cámara que dé fuerza y soporte, señor Ministro, a las negociaciones. Aparte de que pretendo aportar algunas ideas que, seguramente, huyen de los conceptos que antes he citado y que no sé si usted las puede hacer valer. En todo caso, están cargadas de sentido común y se pueden utilizar.
Como le digo, estas ideas que le brindaré ahora seguramente son diferentes a las usuales o a las que se pueden deducir de mi intervención anterior y que yo no voy a repetir, puesto que sé que usted, señor Ministro, las tiene en cuenta.
Primera, no tiene lógica, a mi entender, haber prorrogado la ayuda un año y no continuar haciéndolo. Cuando se prorroga algún tipo de ayuda se entiende que es un período de transición hasta llegar a una solución estable. ¿Qué pasará si no se prorroga la ayuda? Primero que el sector teme que si en el año 2003 hay un período sin ayudas intermedias la Unión Europea puede pensar que los agricultores o productores de frutos secos ya se han acostumbrado y, por lo tanto, se deje en el vacío. Además, se crea un cierto agravio comparativo, relativo si usted quiere, porque hay planes que empezaron más tarde y que continuarán cobrando y otros no.
Hablo en términos comparativos porque evidentemente el que ha terminado de cobrar es porque empezó a hacerlo antes.
Un buen argumento ante la Comunidad y la Comisión es decir que no tiene objeto haber prorrogado un año generando expectativas en el sector sin mantener la prórroga hasta la negociación de la próxima OCM. Hay otras razones que yo creo que son muy fuertes. En la legislatura pasada se negoció la reforma de la política agraria comunitaria.
A pesar de las muchas preocupaciones que tenía el sector, evidentemente aspiraciones lógicas, de mejorar más de lo que se logró, la realidad es que la PAC mejoró globalmente en todos los campos las ayudas a los sectores. Por ejemplo, el cereal se incrementó un 15 por ciento, un 7,5

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en el año 1999-2000 y un 7,5 en el 2000-2001. Se mejoraron notablemente las ayudas al vacuno. Se incrementaron las ayudas al aceite, aunque haya voces discordantes. En todo caso, lo que es obvio es que España en la negociación consiguió un incremento muy importante. Hubo un buen resultado en la negociación de la OCM del vino, igual que en la leche, etcétera.
Todos los sectores estudiados, todos los sectores que negociaron la reforma de la PAC, a pesar de que quizás alguno de ellos no consiguiera todo lo que deseaba --usted me podría poner el ejemplo del girasol, que disminuyó-- , consiguieron mejoras en la financiación o en las ayudas de sus organizaciones comunes de mercado.
Evidentemente, yo podría plantear un tema muy utilizado por los sindicatos agrarios, que es el agravio entre agricultura atlántica y agricultura mediterránea. Sin hacer hincapié en ello tienen una cierta razón al exponer estos argumentos, porque resulta que si en España hemos mejorado los cereales, todos sabemos que no fue por nuestros cereales, sino por otros países, y que si hemos mejorado en el sector vacuno, que buena falta ha hecho por los problemas que ha tenido, no ha sido por nosotros, sino por las presiones de Alemania y de algún otro gran país productor. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) En todo caso, sean bienvenidas las mejoras que obtuvimos. Utilicémoslas adecuadamente, pero, señor Ministro, tenemos que procurar que nuestros cultivos de la OCM de frutas y verduras donde están los frutos secos obtengan una negociación que sea favorable para nuestros productores.
Seguramente las expectativas para el año 2003 no serán las mismas que las que había en el año 1999 pero, en todo caso, este agravio atlántico-mediterráneo en cultivos puede existir y hay que procurar evitarlo.
Otro argumento es que normalmente la Unión Europea utiliza en ocasiones razones no del todo ciertas al afirmar: ustedes compiten con países que no tienen subvenciones y, por tanto, no tenemos que ayudarles necesariamente. Esto es una falacia, al menos en parte, porque en estos momentos hay una grave crisis en el sector de la almendra. Dicen que Estados Unidos no tiene ayuda y es el primer productor. Pues si contar con unos créditos tan blandos --más bien son un préstamo sin interés-- no es una ayuda, ¡que venga Dios y lo vea! O si tener un seguro integral garantizando la producción tampoco es una ayuda, es algo que ya nos gustaría para los agricultores españoles. Y quiero recordar mi intervención anterior en la que citaba que para obtener rentabilidad la agricultura ha de tener garantizados el agua y los seguros pues básicamente vive de ellos, y que esto habrá que verlo. Por ejemplo, desconozco si Turquía, en el caso de la avellana, tiene o no ayudas pero su nivel de vida y su sistema de producción facilitan que los precios puedan ser mucho más baratos que los nuestros.
Señor Ministro, he presentado esta interpelación para conocer las medidas que el Gobierno tiene previsto emprender para que la Unión Europea mantenga estas ayudas. Conozco el resultado de la reunión que mantuvo usted con los sindicatos y con las organizaciones de productores, pero sería bueno que en esta Cámara nos diera una pincelada al respecto. En todo caso quiero anunciarle que este grupo parlamentario va a presentar una moción que desearía consensuar con el propio Ministerio y con los miembros de la Cámara que le diera la fuerza necesaria para conseguir algo que todos deseamos, que es absolutamente justo, y es que los productores de frutos secos no se vean discriminados frente a otras producciones comunitarias y, sobre todo, para conseguir algo tan importante, como es que los productores de frutos secos puedan vivir con dignidad y se mantenga este paisaje nuestro tan mediterráneo. La pérdida de las ayudas...


La señora PRESIDENTA: Senador Marimon, le ruego vaya concluyendo. Tendrá después dos turnos y ya ha consumido su tiempo.


El señor MARIMON I SABATE: Acabo inmediatamente, señora Presidenta.
No voy a abusar de la bondad de la Presidencia, voy a ser muy breve.
Señor Ministro, tenemos que conseguir que nuestro paisaje continúe tal como está ahora y quiero decirle que sin estas ayudas la mayoría de hectáreas dedicadas al cultivo de frutos secos --no diré el cien por cien-- se van a perder. Pienso que usted es tan consciente como el Senador que le habla de esta realidad. En todo caso, esta interpelación tiene la finalidad más positiva que se pueda encontrar.
Muchas gracias, señora Presidenta por su bondad y muchas gracias, señor Ministro, por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
Para responder a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señora Presidenta.
Señorías, quiero agradecer al Senador Marimon la presentación de esta interpelación, que es oportuna, porque estamos en un momento crucial para el futuro del sector de frutos secos, y el Gobierno es plenamente consciente de la importancia del mismo en España, tanto desde el punto de vista social y económico, como medioambiental.
Somos conscientes también de la mejora que el sector ha experimentado con la puesta en marcha de estos planes durante los diez años de aplicación de los mismos, mejoras tanto en producción, en comercialización, como en organización de los propios productores. El Gobierno ha defendido intensamente --y especialmente desde 1999 con el Ministro Posada quien empezó a plantear la necesidad de renovación de los planes de mejora con el Comisario Fischler-- la continuidad de apoyos al sector, planteando la necesidad de establecer ayudas permanentes que sustituyeran a los planes de mejora. Fruto de ese esfuerzo permanente realizado desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación tanto en la legislatura pasada como en la actual, fue conseguir en el Consejo de Ministros de 17 de julio la adopción de la prórroga de un año de los planes de

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mejora de aquellos que finalizaban el año 2000, con lo cual evitamos la ruptura de dichas ayudas y los perjuicios que el Senador Marimon ha evidenciado que podrían producirse en el caso de que hubiera una interrupción de las mismas hasta el establecimiento de un régimen de carácter definitivo de apoyo permanente. Pero en ese mismo Consejo del mes de julio se añadió una instrucción a la Comisión consistente en que realizara una evaluación en profundidad de la situación del sector, en el marco del informe general que debía efectuar sobre el funcionamiento de la organización común de mercado de frutas y hortalizas. Ese acuerdo global del Consejo se plasmó, por una parte, en una propuesta de la Comisión que aprobó el Consejo de Ministros el pasado 20 de marzo, una vez que el Parlamento Europeo formuló su dictamen.
Con motivo de esa reunión del Consejo de Ministros en el mes de marzo de este año ya la delegación española distribuyó una declaración poniendo de manifiesto las dificultades del sector y la necesidad de tomar medidas permanentes de apoyo al mismo y, entre tanto, la procedencia de prorrogar los planes que fueran finalizando hasta que las medidas permanentes fueran adoptadas.
Posteriormente la Comisión presentó un informe sobre el funcionamiento de la organización común de mercado de frutas y hortalizas. Y en varios grupos de trabajo la delegación española ha planteado como prioridad que el informe fuera completado con propuestas concretas de apoyo permanente al sector de frutos de cáscara con carácter inmediato, aunque se aplazaran otras medidas menos urgentes, para integrarlas en la reforma general de los años 2002 y 2003.
Por otra parte, el comité especial de agricultura analizó las conclusiones del grupo, debatió el informe con fecha 2 y 3 de abril, y nuevamente la delegación española ha planteado la necesidad de establecer con carácter inmediato ayudas permanentes al sector a medida que fueran finalizando los planes de mejora, solicitando también la prórroga de dichos planes.
Me he permitido este detalle cronológico sobre las negociaciones para demostrar a su señoría que el Gobierno en ningún momento se ha olvidado del sector de los frutos secos, sino todo lo contrario, llevamos una larga trayectoria de contactos con la Comisión, de reuniones de grupos de trabajo, del comité especial de agricultura y de Consejos de Ministros en los que venimos reiterando la misma doctrina: poniendo de manifiesto las dificultades del sector y la necesidad de tomar medidas de apoyo al mismo.
En esta línea, pensábamos que la Comisión Europea presentaría un paquete de precios en el cual --y en el marco de las negociaciones bilaterales que existen entre Estados miembros para aprobar dicho paquete-- sería posible establecer nuestra prioridad absoluta, es decir, los frutos secos, y obtener una prórroga, con un mecanismo jurídico igual al que tuvimos el año pasado. Pero sorprendentemente éste va a ser el primer año en que la Comisión Europea no presenta unas medidas de ajuste de los precios agrarios, sino que mantiene intocables los precios del año anterior. Por tanto, ese foro de debate no se ha abierto. Por eso, en la próxima reunión del Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea, que tendrá lugar el próximo martes, hemos solicitado la inclusión de un punto en el orden del día para discutir el tema de los frutos secos, la prórroga de los planes de mejora, o la eventual puesta en marcha de una ayuda permanente.
Evidentemente, no le oculto a su señoría, que conoce bien el problema, que la tarea no va a ser fácil. En primer lugar, porque hay un argumento que utilizan nuestros colegas europeos, cual es que en 1989 pudimos optar por uno de dos mecanismos: bien por unas ayudas a la hectárea bien por unos planes de mejora mejor dotados que la ayuda a la hectárea. En aquella época tomamos una decisión política, como fue optar por el mecanismo de los planes de mejora, pero éstos tenían un período limitado de diez años. Pues bien, se nos puede decir: Ya han mejorado ustedes su sistema productivo, ya deben ser ustedes competitivos. Sin embargo, nosotros seguimos recordando que la competencia con países como Turquía, con unos sistemas de protección social como los que tiene, o los Estados Unidos, con unos sistemas de apoyo como los que su señoría ha evidenciado, es imposible en el marco de una agricultura regulada por la política agraria común.
En segundo lugar, otro inconveniente de nuestra petición es que hay un sector muy fuerte en la Comisión Europea que, reconociendo el interés medioambiental que tienen estos cultivos, considera que tendríamos que llevar a cabo los apoyos en el marco de líneas de desarrollo rural, lo que plantea varios problemas. Primero, la falta de posibilidades financieras, ya que los programas de desarrollo rural y los programas agroambientales ya están distribuidos entre las Comunidades Autónomas y asignados a objetivos políticos concretos. Segundo, son programas cofinanciados, con la dificultad que supone la cofinanciación adicional.
Y otro de los factores complicados es que la situación financiera de la Unión Europea en lo que se refiere al capítulo agrario en estos momentos, con la incidencia de dos crisis mayores: la de la encefalopatía y la fiebre aftosa, ha debilitado completamente el margen financiero para nuevos imprevistos. No obstante estas dificultades, del todo evidentes, la voluntad del Gobierno es completamente firme. Está decidido a llevar a cabo los trabajos necesarios para que consigamos una solución en el marco de la OCM de frutas y hortalizas. Por eso España está presentando los siguientes argumentos en este debate.
Estamos manifestando que durante los años de aplicación de los planes se han conseguido significativas mejoras en la producción y comercialización del sector, pero que, dada nuestra escasa productividad y los avances que han alcanzado otras producciones, en unos casos con bajos costes de producción, el sector comunitario, en un sistema que no tiene ninguna protección arancelaria, no está en condiciones de subsistir sin el apoyo necesario.
También estamos esgrimiendo el argumento, que ha puesto de manifiesto su señoría, de que la retirada de las medidas actuales implicaría el abandono de un elevado número de hectáreas, lo cual supondría problemas para el mantenimiento de la organización del sector en organizaciones de productores, así como la infrautilización de muchas inversiones realizadas con dinero comunitario en los

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últimos diez años. Además, la eliminación de esta producción comunitaria dejaría el monopolio del mercado comunitario de almendras y avellanas en manos de Estados Unidos y Turquía.
El último argumento es que los problemas del sector tendrían que resolverse en el marco de la OCM de frutas y hortalizas, porque están provocados por una nula protección exterior debido al escaso arancel que, como he manifestado, se aplica tanto con carácter general como a las concesiones preferenciales, y los actuales mecanismos de la OCM de frutas y hortalizas no son adecuados para resolver la problemática del sector de frutos de cáscara, porque están previstos para producciones intensivas, perecederas y competitivas con productos de importación a pesar de la apertura de las fronteras comunitarias a los mercados internacionales.
Por último, estamos poniendo de manifiesto que las plantaciones de frutos secos son producciones extensivas y, por lo tanto, necesitan una regulación similar a la de otras como los herbáceos, el azúcar, la patata o el vacuno. Hay que recordar que los herbáceos cuentan con ayudas medias de 400 euros/hectárea en el mercado comunitario y que, en éste, el precio del azúcar es el triple que en el mercado internacional. Si se aplicaran regulaciones semejantes a los frutos de cáscara, no tendríamos ningún problema.
En definitiva, señoría, el Gobierno va a seguir defendiendo la prórroga de los planes de mejora, que cumplieron su décima anualidad en el año 2000-2001 y que finalizarán en el 2002, como medida transitoria. Y para negociaciones posteriores, vamos a plantear la introducción de una medida específica que puede ser una ayuda a la hectárea, siempre sometida a determinadas condiciones.
Agradezco, por lo tanto, la presentación de la moción que su grupo nos ha anunciado y espero que podamos llegar a un consenso en cuanto a sus términos de modo que sea un arma eficaz para apoyar una reivindicación que comienza en el próximo Consejo de Ministros y que espero que tenga éxito, sin perjuicio de los factores adversos que concurren en ella.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta, señor Ministro.
Intervengo desde mi asiento.
Usted ha manifestado que el Gobierno no se ha olvidado del sector de los frutos secos, y es cierto. Antes no he citado al Ministro Posada puesto que lo interpelaba a usted, pero durante unos años he compartido con él estas preocupaciones y sé que la actuación de todos los gobiernos, a decir verdad, pero especialmente en el caso de los ministros aquí presentes, siempre ha sido importante con vistas al sector. Celebro que el martes --ya me había sido anunciado por las organizaciones de productores-- se confirme que está incluido en el orden del día.
Comparto su frase: No oculto que la tarea no va a ser fácil. Si he mantenido la interpelación no era, en cierto modo, por hacer la puñeta al Gobierno, que es lo que a veces piensa alguien que es a lo que se dedican determinados grupos, sino para todo lo contrario: para intentar ayudarle a conseguir un buen resultado.
Es evidente que tomamos una decisión en el año 1989, y que podía haber sido otra, pero es que en estos momentos, señor Ministro, sería difícil encontrar un cultivo agrario que no contara con ayuda de una forma o de otra. No es lógico que, teniendo ayuda todos los cultivos agrarios --y cuando digo cultivos agrarios me refiero también a producciones ganaderas--, un sector con una superficie tan importante como la que tiene en España el de frutos secos no tuviera esta ayuda.
Ha dicho que la actual situación, con la encefalopatía espongiforme, el problema de la fiebre aftosa, etcétera, dificulta las cosas. Es cierto.
Con anterioridad --y lo recuerdo porque lo viví intensamente-- tuvimos el problema de la peste porcina clásica, de la PPC. Pero quiero recordar --y creo que es un argumento que se debe utilizar-- que la ayuda a los frutos secos, si me permite una expresión coloquial, es lo que el chocolate del loro en la dieta de una familia respecto al conjunto de ayudas comunitarias. España supera el billón de pesetas de ayudas comunitarias y los frutos secos escasamente llegan a 20.000 millones. Por tanto, en el caso de España el montante global de la ayuda a los frutos secos, que son tan importantes, no llega al dos por ciento o es escasamente el dos por ciento del conjunto de ayudas a la agricultura. Pues bien, desde esta idea --a mí me gusta la exposición que ha citado usted y los argumentos que va a utilizar-- quiero incluirlos porque creo que son de sentido común.
Me ha gustado lo que ha dicho acerca de que los frutos secos tendrían que tener una OCM propia. Creo que sería muy importante, porque el hecho de que estén incluidos en la OCM de frutas y verduras desvincula absolutamente la filosofía y la estrategia que se sigue de productos de riego con una altísima producción, en muchos casos con un gran valor añadido --estamos hablando de cultivos extensivos, muchas veces con poco valor añadido-- y, por tanto, estar incluidos en el mismo régimen de ayudas no clarifica la situación.
Entiendo que si en el año 1989 optamos por las ayudas a los planes de mejora, en estos momentos tendríamos que intentar conseguir que las ayudas fueran a la renta, como ocurre con el resto de los sectores.
En todo caso, señor Ministro, le agradezco su intervención y su explicación, que concuerda con la del interpelante, y deseo que del buen hacer del ministerio dirigido por usted y del soporte que le podamos dar los diferentes grupos parlamentarios consigamos que estas dificultades --usted ha dicho que la tarea no va a ser fácil-- se superen y consigamos un resultado positivo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Marimon.
Comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto tiene la palabra el Senador Cámara.


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El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quisiera agradecer al Senador Marimon la oportunidad de esta moción y la cita que ha hecho --acabo de decírselo sobre Mallorca y sobre ese mar de almendros que tenía, que sigue teniendo en algunas zonas y que tan bonito es y que embellece especialmente a Mallorca. Creo que la cita es de Mosén Alcover, pero lo miraremos.
En mi opinión, este cultivo en la vertiente medioambiental es de gran importancia, especialmente --y aprovechando la interpelación del Senador Marimon-- para la Comunidad Autónoma de Baleares, y no sólo en los aspectos medioambientales, sino también --y quiero resaltarlo aquí-- para la industria turística de Baleares, al menos para un tipo de turismo como el que tenemos, de calidad, ligado al medio ambiente, ligado a las tareas tradicionales de una Comunidad Autónoma.
Quisiera poner de manifiesto que las ayudas a los frutos secos son muy escasas y que los payeses de mi Comunidad Autónoma tienen serios problemas. Según unos datos que he podido recoger, desde 1996 a 1998 la superficie de cultivo total de la agricultura en Baleares ha pasado de 214.000 a 170.000 hectáreas en tan poco tiempo, y el PIB agrícola en Baleares ha descendido drásticamente, desde el 2,4 en 1992 --ya de por sí muy poco-- al 1,65 por ciento en el año 1999.
El número de personas que trabajan también es muy importante y, por tanto, se van hacia la costa, hacia actividades que les son más rentables.
Es vital para una Comunidad Autónoma --para todas, pero especialmente para unas islas-- el equilibrio entre unos sectores y otros. Así pues, el fruto seco es un factor esencial y fundamental, y es esencial que no disminuya más.
No quiero consumir más tiempo. Estaré pendiente de la moción que presente el señor Marimon, y en esa línea apoyaré todo lo que signifique ayuda a este sector tan importante, que tiene un gran extensión en el conjunto del Estado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, el Senador Perestelo tiene la palabra.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, intervengo brevemente para unirme al mismo sentimiento que han expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Mixto, Senador Cámara, y el propio Ministro desde una posición de agradecimiento a la iniciativa planteada por el Senador Marimon, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Parece que los grupos parlamentarios del Senado nos hemos puesto de acuerdo para elegir en torno al 15 de mayo, festividad de San Isidro, mociones, propuestas o iniciativas relacionadas con el mundo agrario, y eso, al Senador que les habla, que tiene el honor de representar a una isla donde el valor más importante de la economía, casi el 80 por ciento del producto interior bruto, depende de la agricultura, le llena de satisfacción, como son la interpelación sobre el agua, ésta sobre la ayuda a los frutos secos o la propia moción presentada por nuestro Grupo en relación con la OCM del plátano.
Parece muy coherente el planteamiento que hace el interpelante de una prórroga del Reglamento 558/2000. Si se plantea este reglamento en función de que está por negociar la OCM de frutas y hortalizas --si no se ha conseguido o no se ha terminado esa negociación--, lo lógico es que se produzca esa misma prórroga a estas ayudas. Ayudas que --como bien afirma el interpelante-- se plantean desde un punto de vista estructural, quizá por el concepto que se tiene de los frutos secos de preocupación por el medio ambiente, pero ya tendremos oportunidad de profundizar en el debate. Agradezco esa mano abierta que nos ofrece el proponente a la hora de manifestar que en su moción esperará las aportaciones de los diferentes grupos para tratar de conseguir un acuerdo con el mayor consenso de esta Cámara.
Quiero manifestarle nuestra posición favorable a que las ayudas puedan plantearse como ayudas compensatorias por pérdida de renta directamente a los productores, más que ayudas estructurales que, indudablemente, tienen otra repercusión en el aspecto medioambiental. Sin duda, tiempo habrá, quizá coincidiendo con el propio Consejo de Ministros de la Unión Europea del próximo martes, de plantear este posicionamiento en torno a la moción que se presente.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Perestelo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Imbuidos esta mañana de «seny» catalán, primero con la agudeza del Senador Aleu y después con la bonhomía del Senador Marimon, contestados con posterioridad por el Ministro, y estando de acuerdo interpelantes y Gobierno respecto a las materias objeto de debate, nuestro Grupo parlamentario no tiene más que sumarse a esos principios de acuerdo que sobre el fondo del asunto, sobre la materia en este momento objeto de debate político, han traído los diferentes grupos parlamentarios que he indicado.
Efectivamente, España tiene un problema en ese ámbito. ¿Cuál? Que España está sola. España posee el 95 por ciento de la producción de frutos secos. ¿Qué otros países socios tiene para lograr unas mejoras en el ámbito de la Unión Europea? Ese es el gran problema que se le plantea a España, porque Grecia e Italia tienen una producción pequeñísima, prácticamente el 5 por ciento, mientras que España tiene el 95 por ciento. Por tanto, uno entiende las dificultades del Ministro cuando va a negociar y se encuentra con interlocutores de otros 14 países miembros que, obviamente, no muestran mucho interés en que haya un esfuerzo

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financiero que pueda amparar y patrocinar a España.
Además, no es éste el único producto falto de alguna ayuda, señor Marimon, existe un cultivo, el de la patata, que no tiene ningún tipo de ayuda ni dispone de una organización común de mercado. Por lo menos, en los frutos secos ha habido una regulación tangencial a través de los planes de calidad y comercialización, pero en este caso no existe ninguna regulación, ni tangencial ni de fondo.
Señor Ministro, efectivamente, usted ha dicho que para el próximo Consejo de Ministros han planteado un esquema de trabajo, y a mí me parece razonable. ¿Por qué sistema optamos? ¿Por una prórroga hasta el año 2003, que es cuando se va a revisar la OCM de frutas y de hortalizas, o vamos directamente a la ayuda por hectárea, como en los cereales? Usted lo ha dejado abierto. Quizá lo razonable sería decir: vayamos a la prórroga hasta el año 2003, ¿pero es que luego, incluso con las dificultades, podrán integrarse los frutos secos en la OCM general? Lo veo difícil.
Entonces, ¿por qué salida optamos? ¿Por una OCM específica? Pues en ese caso, me remito otra vez a los problemas que tenemos con la OCM de la patata: no se quiere crear; no existe interés en los países nórdicos por los frutos secos porque no producen como los del sur, de lo que podría derivarse un conflicto económico norte-sur. Luego los del sur, que se queden sin la ayuda. En definitiva, ése es el panorama político-social en que nos encontramos y ésa es la dificultad que tiene el Gobierno.
Usted decía que el compromiso del año pasado fue que hubiera un análisis sobre la incidencia de la aplicación de los planes de mejora y comercialización. Tengo aquí el informe de la Comisión, donde se analiza el funcionamiento de la OCM de frutas y hortalizas. Pero es parquísimo.
Es una vergüenza que la Comisión dedique solamente un folio al análisis de los frutos secos y sin aportar ninguna solución al respecto.
Unicamente habla de manera incidental, como usted decía, sobre la posibilidad de compatibilizarlo con las ayudas provenientes de la planificación rural. Y es que la planificación rural, como segundo gran elemento estructural de la política agria común --una cosa son las OCMs y otra es el desarrollo rural--, tiene también su marco financiero delimitado y perfectamente acotado.
Por tanto, vemos la dificultad del Gobierno a la hora de avanzar. En primer lugar, faltan aliados políticos. En segundo lugar, nos encontramos en una ingente liberalización del comercio. Usted ha dicho: es que los aranceles son pequeños, pero sabe usted, señor Ministro, que próximamente se va a abrir una ronda de negociaciones en Catar y que uno de los objetivos de esa ronda para la liberalización del comercio mundial es el comercio agrícola. Está claro que tanto los países ACP como los que están en vías de desarrollo están interesadísimos en que el desarme sea absoluto porque ellos dicen: un momento, el problema que tenemos es que se está produciendo una desaceleración de la economía y que no hay crecimiento en los países. Por tanto, incentiven ustedes la apertura de los mercados.
Pues bien, para el modelo de vida y de explotación que tenemos los europeos, en este caso los frutos secos en España, eso entra en franca contradicción. Porque, ¿qué les pasa a los americanos? Pues que con un 16 por ciento de superficie cultivada en almendro tienen el 22 por ciento de la producción mundial, mientras que nosotros, con un 70 por ciento de superficie tenemos el 16 por ciento de la producción mundial. Usted ha dicho bien que la práctica totalidad de nuestra producción la tenemos en secano. Prácticamente la totalidad de nuestro cultivo de frutos secos se hace en secano en tanto que ellos lo tienen en regadío intensivo, y además se comenta que cultivan con semillas objeto de manipulación genética, es decir, con organismos modificados genéticamente, con OMGs.
Ese es el panorama económico y social con que nos encontramos. Por tanto, nosotros somos conscientes de la dificultad que el Gobierno tiene en esta materia. Vamos a ver qué tipo de mandato político puede salir de la moción consecuencia de interpelación, pero siendo conscientes de esa dificultad. Lo razonable será, quizá, decir: vayamos a la prórroga, y con ocasión del debate general sobre el funcionamiento del sistema hortofrutícola en Europa, y por tanto en la revisión de la OCM, demos una solución definitiva, bien a través de su inclusión en los fondos operativos --lo que también tiene dificultades por no ser un producto perecedero--, bien a través de ayudas para los cereales en función de los rendimientos tradicionales, de la habitualidad o de las producciones históricas que se hayan podido certificar al respecto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
¿Desea intervenir el Grupo de la Entesa? (Pausa.) Por Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: En cuanto a la intervención del Senador Gatzagaetxebarría, cuando decía que sería difícil citar a algún sector que no tuviera ayudas, es evidente que hay alguno --y él mismo lo ha recordado--, y es el de la patata, sector que creo que no tiene ayudas por ideas diferentes. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Cuando el Senador cita que en frutos secos tenemos una producción del 95 por ciento, no sé si se ajusta a la realidad, pero lo que sí es cierto es que mayoritariamente somos los productores más importantes de Europa. Precisamente por esta razón, si la ayuda significa 20.000 millones de pesetas al año, ya no digo comparado con el presupuesto nacional de ayudas comunitarias que no llegaría al 2 por ciento, sino comparado con el de la Unión Europea, debe ser de unas escasísimas décimas.
Por lo tanto, señor Ministro, le sugiero que trabajemos conjuntamente --y ya le he brindado antes la oportunidad-- a la hora de conseguir la prórroga y una estrategia para el año 2003. Sé que está usted trabajando con el sector, y eso es lo verdaderamente importante. Evidentemente, como usted y el Senador Gatzagaetxebarría acaban de apuntar, existen dificultades pero también razones que el Estado español puede utilizar con eficacia y valentía para reivindicar los intereses del sector y lograr una negociación exitosa.


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El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador López Carrasco.


El señor LOPEZ CARRASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Me sumo a las manifestaciones de felicitación hechas al Senador Marimon por traer a debate este tema en el Senado.
Como se ha dicho, el sector de frutos secos está sujeto a dificultades de todo tipo: políticas, climatológicas, del suelo. En España se cultivan en tierras que difícilmente se pueden dedicar a otros cultivos, por ejemplo en pendientes, en explotaciones cuyo tamaño se sitúa muy por debajo de la media del resto de los cultivos y en un medio rural donde el despoblamiento y las rentas son más bajas que en los enclaves dedicados al resto de los sectores agrarios.
Desde este planteamiento, nos parece lógico que la política agraria comunitaria contemple que las ayudas vayan a las rentas. ¿Por qué? Porque hay cultivos que reciben estas ayudas y sus rentas son más altas que las de este sector. Luego, es justo y solidario ayudar a esos miles de agricultores que perciben rentas más bajas que otros agricultores que cultivan otro tipo de producciones. En ese sentido, es lógico que el Gobierno de España defienda la petición de ayudas a las rentas; sepa que cuenta con el apoyo de todos los grupos políticos y con nuestro respaldo.
El señor Ministro dice que es difícil conseguirlo. Pero usted, que lleva mucho tiempo en Bruselas, sabrá que no fue fácil conseguir la negociación del vino, del aceite, etcétera, porque ninguna negociación está libre de dificultades. En este caso, con un cultivo de tipo mediterráneo habrá que buscarse aliados que puedan compartir el proyecto de apoyo al sector de frutos secos a la hora de negociar.
Indudablemente, la situación del sector es grave. Gracias a la reforma de las estructuras y al asociacionismo, tomó un impulso como nunca lo había tenido, tanto en la fase de comercialización como en la de industrialización y en la de producción. Lo que pasa es que ese impulso es insuficiente para que esas estructuras sean competitivas con Estados Unidos u otros países. A un sector que estaba en pleno lanzamiento echarle ahora un jarro de agua fría supone su desaparición.
El Gobierno de España tiene que tener en cuenta que este sector había conseguido iniciar su andadura y que, si desaparecen las ayudas, se corta de raíz el proyecto que habían puesto en marcha muchas explotaciones de la geografía española, que han invertido mucho dinero y están endeudadas por los proyectos de mejora.
El año 2002 está ahí, esperemos que el señor Ministro acierte y le podamos felicitar por ello. Sepa que cuenta con nuestro respaldo para que esas negociaciones signifiquen un apoyo definitivo a un sector que, posiblemente, sea uno de los que más lo necesitan en España.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador López Carrasco.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra don Sixto González.


El señor GONZALEZ GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en primer lugar tengo que reconocer que me congratulo de que en mi primera intervención en esta Cámara todos los portavoces se hayan manifestado de acuerdo, de que haya habido consenso, lo cual sin duda me facilita esta primera labor. Creo no equivocarme si digo que si este tema ha venido a esta Cámara en este momento no ha sido precisamente porque tenga un montante macroeconómico, sino por otras circunstancias específicas, que todos coincidimos en resaltar, y que por ellas merece la pena, sin duda alguna, el esfuerzo de todos.
Este cultivo singular es importante en ciertas zonas geográficas por el impacto medioambiental, ya que conduce a evitar la erosión y actúa muchas veces de cortafuegos en los incendios; por el impacto socioeconómico, ya que es cultivado en pequeñas producciones y por un sector agrícola que tiene circunstancias muy difíciles, y por un impacto comercial, ya que este sector ha hecho un esfuerzo en los últimos años para las mejoras de producción que merece la pena atender.
Partimos de que el mercado comunitario es fuertemente deficitario en frutos secos: almendra, avellana, nuez y algarroba, y en este análisis coincidimos especialmente con el señor Marimon porque el texto documental que manejamos es el mismo, ya que él conoce perfectamente el sector y yo creo que también lo conozco, al menos un poquito. La Unión Europea sólo produce el 55 por ciento de su consumo interno, sufriendo la continua presión de competencia y concurrencia de las importaciones de terceros países, principalmente de Estados Unidos en almendra, y de Turquía en avellana. El primero --como ya se ha comentado aquí--, por los altos rendimientos de la almendra, californiana especialmente; y el segundo, como consecuencia de la mano de obra, bastante más barata que en el resto de países.
Por ello, la Comisión Europea estableció las ayudas específicas que finalizaban en el año 2000, y, como muy bien ha manifestado el señor Ministro, fruto de la defensa que el Gobierno viene haciendo de la continuidad de los apoyos al sector, tuvimos la prórroga durante un año, valorada muy positivamente por agricultores, productores y en especial por organizaciones de productores; lo que ocurre es que la situación actual es la que es: la Organización Común del Mercado de Frutas y Hortalizas no reconoce el sector de frutas de cáscara y algarroba como específico. Sin embargo, permítanme apuntar aquí una idea: en su artículo 17 establece la posibilidad --leo textualmente-- de adoptar medidas específicas para la mejora de la competitividad y promoción de aquellos productos que revistan una gran importancia ecológica, local o regional, y que sean objeto de dificultades duraderas en el mercado comunitario, debido en particular a una competencia internacional fuerte. Este enunciado parece especialmente formulado para el caso de los frutos de cáscara.
Hasta que se apruebe la nueva OCM de frutas y hortalizas, el Grupo Parlamentario Popular --y estamos conviniendo

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todos en ello, por lo que valoramos y estimamos el respaldo de los demás grupos-- confía en el apoyo del Gobierno y del Ministro de Agricultura a la propuesta de prórroga de ayudas. No obstante, cuenta con el dictamen y resolución favorable del Comité Económico y Social comunitario, del Parlamento Europeo y de la Comisión. Además esa propuesta cumple todos los requisitos imprescindibles exigidos: consiste en una ayuda no vinculada a la producción, consiste en una ayuda transparente y fácil de controlar, y puesto que el mercado comunitario --como ya se ha explicado anteriormente-- es deficitario, ayuda a garantizar la realización de labores de cultivo y evita el abandono de las plantaciones con efectos medioambientales y socioeconómicos negativos. Ahora bien, como la tarea no es fácil, ya que no se cuenta con el respaldo del Consejo, debemos todos aunar esfuerzos y respaldar las gestiones del Ministro español para que por todos los medios intente sacar adelante la propuesta específica de actuación en el sector de frutos de cáscaras y algarrobas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador González, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor GONZALEZ GARCIA: Termino inmediatamente.
En todo caso, hago un llamamiento para que, lógicamente, las ayudas sean para todas las zonas productoras españolas, añadiendo a las que usted cita en su texto --Cataluña, Valencia, Aragón, Baleares, Murcia y Andalucía-- todas las demás, entre otras, por citar algunas, La Rioja, Navarra y, cómo no, Castilla-La Mancha.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador González.
En nombre del Gobierno, tiene palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, Presidente.
Agradezco sus palabras a todos los grupos que han fijado sus posiciones en torno a la interpelación presentada por el Senador Marimon. Quiero manifestar que el Gobierno prestará toda la atención a la moción que se vote como consecuencia de esta interpelación, y solamente voy a hacer una precisión.
Como ha dicho el Senador representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, en otras OCMs la búsqueda de aliados es muy fácil porque tienen intereses --hasta en la OCM del algodón hay un país como Grecia que tiene todavía más interés que España-- y se puede formar una pequeña minoría, que no es una minoría de bloqueo pero que sí impide que minoren a los países productores; en este caso el problema es que estamos en una situación de absoluta soledad porque la especificidad del cultivo de los frutos secos en España es muy notable. No obstante, hemos hecho aproximaciones a los países del entorno mediterráneo con los cuales tenemos más relaciones --a países como Francia, que en el sur tiene también pequeñas superficies de frutos secos-- y confiamos en que podamos sensibilizar a la Comisión de que, desde el punto de vista medioambiental, desde el punto de vista social, el mantenimiento de ayudas en este sector es importante para garantizar la cohesión económica y social en el seno de la agricultura europea.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


--DE DON JOSE MARIA ROMERO CALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE TRANSFERENCIAS DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS (670/000067).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Siguiente interpelación, que le corresponde al Excelentísimo señor don José María Romero Calero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de transferencias de políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Romero Calero por tiempo de 15 minutos.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, en una mañana --como decía el Senador Gatzagaetxebarría-- imbuida de «seny» catalán y casi de juegos florales, lamento tener que introducir un debate sobre un asunto quizá más espinoso. En el mejor de los tonos posible, señor Ministro, quisiera que reflexionáramos sobre una cuestión que tiene una importancia trascendental en el conjunto de las políticas sociales del Gobierno que se aplican en España, así como en el conjunto de las políticas sociales de los países de nuestro entorno económico y político. Me estoy refiriendo a las políticas activas de empleo.
El conjunto de políticas activas de empleo son un elemento que caracteriza las políticas sociales de cualquier Gobierno. En nuestro ámbito de actuación política y económica, en el ámbito de la Unión Europea, desde el Tratado de Amsterdam, la Cumbre de Luxemburgo y hasta la Cumbre de Niza, no se ha hecho ninguna cesión de soberanía fundamental en las políticas activas de empleo; son políticas que se mantienen en el ámbito de competencia de los Estados miembros, si bien tienen una financiación muy importante de los diferentes fondos de la Unión Europea.
En este contexto, me permitirá, señor Ministro, que haga un breve análisis de cuál es la situación actual de las políticas activas de empleo en España y del instrumento fundamental que las desarrolla, es decir, el Instituto Nacional de Empleo, para luego llegar a la conclusión final sobre la que quiero interpelar esta mañana al Gobierno: la transferencia a las Comunidades Autónomas de las políticas activas de empleo y de su instrumento, el Inem.


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No quiero cansar a sus señorías sobre las diferentes afirmaciones que en sede parlamentaria, y más concretamente en esta Cámara, se han venido haciendo a lo largo de los últimos años, en relación con el tema que hoy nos ocupa. Tienen que reconocer conmigo, Senadoras y Senadores del Partido Popular, señor Ministro, que ustedes ya van teniendo una historia reciente en el gobierno de España y que tienen que responder a los compromisos concretos que destacados miembros del Gobierno han asumido en sede parlamentaria, concretamente en esta Cámara.
En su primera comparecencia, el señor Arenas, Ministro de Trabajo del primer Gobierno del señor Aznar, ante la Comisión de Trabajo del Senado del 24 de junio de 1996 --y no les voy a cansar leyéndoles literalmente aquellas afirmaciones--, se refirió a dos aspectos concretos en relación con esta política: por un lado, el Ministro de Trabajo del Gobierno de España se comprometió a abordar de una forma decidida e inmediata las transferencias de las políticas de empleo a las Comunidades Autónomas, y, por otro lado, hizo una afirmación en el sentido de que dado que la ley básica de empleo había modificado de manera sustancial el instrumento fundamental por el que se desarrollan estas políticas en España, que es el Instituto Nacional de Empleo, había que abordar en el contexto de la cooperación con las Comunidades Autónomas un nuevo papel y un nuevo funcionamiento para el Instituto Nacional de Empleo y su transformación en un servicio público de empleo que garantizara los compromisos y mandatos constitucionales en esta materia. Naturalmente, no hay ni que decir que los sucesivos Ministros de Trabajo de los Gobiernos del Partido Popular han seguido insistiendo en esta misma línea, tanto el señor Pimentel como el señor Aparicio.
La situación actual dista mucho de acercarnos al cumplimiento de estos compromisos. En lo que se refiere al instrumento, el Instituto Nacional de Empleo, la situación actual es muchísimo peor que la de hace cuatro o cinco años, se ha ido deteriorando. El Instituto Nacional de Empleo ha entrado en un proceso, si me permiten la expresión, de liquidación: los funcionarios no están motivados, no se cubren las vacantes en aquellos ámbitos de competencia del Estado, no se dotan las inversiones en medios técnicos e informáticos y, en este momento, la realidad objetiva es --como enseguida veremos-- que el papel del Instituto Nacional de Empleo se ha ido reduciendo en el contexto del mercado de trabajo en España y de las políticas activas de empleo.
Desde el punto de vista de la empleabilidad, es decir, desde el aspecto de la política que se ocupa de preparar a los trabajadores y a las trabajadoras para que tengan un mejor acceso al empleo, lo que se traduce fundamentalmente en tareas de formación, el problema no sólo es relativo a la cantidad, como muy bien conocen, sino también a la calidad del empleo. Naturalmente que en España, con las tasas de desempleo más altas de la Unión Europea, tenemos un problema referente a la cantidad de empleo y tenemos que mejorar nuestra oferta de empleo para reducir las tasas de desempleo, pero, al mismo tiempo, también tenemos que desarrollar una intensa tarea para mejorar la calidad del empleo.
Y para mejorar la calidad del empleo, incidiendo, naturalmente, también en la cantidad, los aspectos de la formación profesional son fundamentales. A nuestro juicio, en España se viene produciendo durante los últimos años una disociación muy importante entre la formación profesional reglada y lo que realmente se necesita en las empresas. Pero, además, por lo respecta concretamente a la responsabilidad de las tareas que esta mañana nos ocupan se está produciendo un despilfarro de asignación de medios en tareas de formación ocupacional.
No he venido esta mañana aquí a hablar de cifras. Quiero que hablemos de políticas y no voy a cansarles con las cifras que se están dedicando en los diferentes ámbitos de las diferentes administraciones españolas a tareas de formación ocupacional --se están dedicando fondos milmillonarios--, pero en estos momentos el Estado español está en cuarentena, está en el punto de mira, está en observación por parte de las entidades europeas porque, sin remontarnos al escándalo que se produjo con la dimisión del Ministro Pimentel en su día y que tuvo su origen precisamente en una mala utilización o en una incorrecta o no deseable utilización de determinados fondos de esta naturaleza --posteriormente, hemos asistido también a escándalos de este mismo tipo en Galicia, en Valencia, en Madrid--, parece que no se está haciendo el uso que sería deseable de un aspecto muy importante de la política activa de empleo, que es el de la formación.
En esta misma tarea, en la tarea de la empleabilidad, en preparar a las personas para que accedan a un empleo, juegan un papel importante las escuelas-taller, las casas de oficio y los talleres de empleo. No voy a deslegitimar estas iniciativas ni voy a descalificarlas ni voy a meter a todas las iniciativas de esta naturaleza en el mismo saco, pero, señor Ministro, yo querría que el Gobierno reflexionara sobre el uso que se está haciendo de este importante instrumento que son las escuelas-taller, casas de oficio y talleres de empleo, porque honestamente creo que en determinados ámbitos se está haciendo un uso partidista de los mismos.
Desde otro ámbito de las políticas activas de empleo, es decir, los apoyos a la creación de empleo, los dos aspectos fundamentales en los que se han basado los diferentes Gobiernos del Partido Popular para desarrollar una tarea de fomento del empleo, que son las bonificaciones a la Seguridad Social y el abaratamiento del despido, unos contratos nuevos, no están teniendo la repercusión que sería deseable que tuvieran en la creación del empleo estable.
Y, por fin, sobre el último aspecto de estas políticas, la dinamización y desarrollo, los agentes de desarrollo local, también querría, señor Ministro, que reflexionaran sobre si es razonable, por ejemplo, que para una población de 8.000 habitantes haya ocho agentes de desarrollo local.
Parece excesivo. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Creo que no se está haciendo el uso que se debería estar haciendo de estos instrumentos.
En este contexto se está produciendo de una manera, a nuestro juicio, caótica las transferencias a las Comunidades

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Autónomas de las políticas activas de empleo y de la mayor parte de los servicios de políticas activas de empleo que prestaba el Instituto Nacional de Empleo en esas Comunidades Autónomas. Se está produciendo este traspaso de una manera caótica, a nuestro juicio, porque no obedece a un modelo de servicio público de empleo. La cuestión no es tanto que se retrasen las transferencias en unas Comunidades Autónomas o que se adelanten en otras, sino que se están produciendo esas transferencias, como se está produciendo el desmantelamiento del Instituto Nacional de Empleo, sin obedecer a un modelo de servicio público de empleo. La Constitución efectivamente no tiene un mandato expreso sobre políticas de empleo. El Tribunal Constitucional ha ido generando una doctrina a lo largo de estos años, en el sentido de que las políticas de empleo se enmarcan en las políticas laborales y que, por tanto, la legislación básica es legislación del Estado, y nosotros eso lo compartimos. Creemos, además, que se debe mantener un ámbito de decisión y de competencias estatales que garanticen la unidad, la libre circulación, la no discriminación, y eso se tiene que hacer desde el Estado, pero según un modelo de servicio público de empleo que haga que se coordinen de una manera eficaz y eficiente el servicio público de empleo del Estado, el servicio público de empleo de España, y los servicios públicos de empleo de las Comunidades Autónomas. Es imprescindible porque las Comunidades Autónomas, tanto las que tienen competencias transferidas como las que no las tienen, han venido asumiendo tareas muy importantes de promoción de empleo; esas tareas, en ausencia de un modelo que les dé coherencia o ligazón, son muy dispares unas de otras. Es fundamental que se coordinen las políticas activas y las políticas pasivas de empleo; es fundamental que las Comunidades Autónomas asuman las transferencias en un contexto de mucha más eficacia del que lo están haciendo hasta ahora.
Señor Ministro, por lo que respecta a unas transferencias que conozco de una manera muy cercana, las de Andalucía, es difícil explicarse por qué la Comunidad Autónoma que tiene más problemas de desempleo en España no tiene transferidas las políticas de empleo, ya que estando más cercana a los ciudadanos puede desarrollarlas más eficazmente en una colaboración leal entre el Gobierno y la administración autónoma. En Andalucía no se entiende --lo ha expresado en su conjunto el Parlamento andaluz-- que no se hayan producido las transferencias todavía cuando sabemos, y se ha manifestado reiteradamente, que hay un acuerdo básico entre el Ministerio de Trabajo y el departamento de trabajo de la Comunidad Autónoma. Pero, en fin, no quiero centrar este debate en la Comunidad Autónoma de Andalucía porque, insisto en ello, no sería importante que se retrasaran unas transferencias --las transferencias, naturalmente, no se pueden hacer todas a la vez y todas tienen un proceso-- si todo esto se estuviera haciendo en el marco de un modelo. Lo verdaderamente negativo, a mi juicio, es, que nos vamos a encontrar, supongo que al final de esta legislatura, con 17 servicios públicos de empleo en las 17 Comunidades Autónomas con lo que quede del resto del Instituto Nacional de Empleo transformado en servicio público de empleo nacional, pero sin un modelo definido, sin un modelo que integre la política, sin un modelo que asigne racionalmente los recursos, sin un modelo que sea capaz de dar respuesta a los ciudadanos y a las ciudadanas a los problemas que se derivan del empleo.
Es verdad que los problemas actuales inherentes a los desempleados y desempleadas no son los mismos que hace unos años, pero es verdad también que los que tenemos tareas de responsabilidad política tenemos que ser capaces de adaptar los instrumentos de actuación política a las realidades sociales. La realidad de nuestro ordenamiento jurídico, la realidad que se deriva del ordenamiento constitucional nos exige que en este ámbito las competencias...


La señora PRESIDENTA: Senador Romero, le ruego que vaya concluyendo, luego tendrá otros dos turnos.


El señor ROMERO CALERO: Concluyo en treinta segundos, señora Presidenta.
... nos exige que las competencias en esta materia sean asumidas por las Comunidades Autónomas, pero eso no quiere decir que se hagan diferentes reinos de taifas, y la única manera de evitar eso, señor Ministro, señorías, es hacerlo en el marco de ese modelo al que me he venido refiriendo, y que en este momento está ausente de nuestro ordenamiento y de nuestra forma de abordar estas políticas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Romero.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
La interpelación que ha presentado el señor Senador es realmente trascendente y su postura, que parecía aquí radicalmente contraria a la política del Gobierno, creo que se basa más en algunas apreciaciones parciales que en la consideración global del tema. En esta consideración global hay una coincidencia bastante grande y, sobre todo, un decidido propósito del Gobierno --como ahora explicaré-- de avanzar por ese camino lógico de tener un servicio nacional de empleo que actúe coordinadamente y sirva de cooperación entre Comunidades Autónomas y Administración Central, y un deseo de la Administración Central, que se va llevando a cabo, de realizar estas transferencias.
Los dos puntos a los que se refería el Senador cuando hablaba de esa comparecencia del Ministro Arenas en el año 1996 son los esenciales: primero, saber cuál es el papel del Inem, del Instituto Nacional de Empleo y, segundo, cómo llevamos a cabo esas transferencias. A diferencia de lo que decía el Senador, yo creo que sí nos estamos acercando a ambos fines como allí se señaló. Es discutible y opinable, como es lógico, la apreciación sobre la velocidad con que se ha hecho ese acercamiento, pero está claro que nos acercamos. En el año 1998, en una reunión de la Conferencia

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Sectorial de Asuntos Laborales ya se establecieron unas líneas en coordinación con las Comunidades Autónomas sobre cómo debía ser ese Servicio Nacional de Empleo, y allí estuvieron representantes del Ministerio de Trabajo y de las Comunidades Autónomas. Entre el Servicio Público de Empleo Estatal y los servicios públicos de empleo autonómicos se hicieron cuatro grupos de trabajo, se trabajó durante un año, se volvió a plantear a esa Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, y allí se llegó a una visión bastante concordante y se ha seguido trabajando. Ahora mismo no está culminada esa tarea, pero sí hay algunos principios que van a conformar esa característica global de este servicio. Los cuatro grupos que han trabajado se referían a intermediación, conexiones informáticas y aspectos registrales y administrativos; políticas activas y pasivas; observatorios y centros nacionales y, por último, seguimiento y evaluación de planes de empleo.
Ahí se han establecido unos contratos. Los principios en los que hay acuerdo entre el Ministerio y las Comunidades Autónomas son: existencia de un servicio público y gratuito, garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo para todos los ciudadanos, asegurar el mantenimiento de un mercado de trabajo integrado en todo el territorio estatal, conexión entre políticas activas y pasivas, participación de los interlocutores sociales y Comunidades Autónomas en esos órganos de participación y control del nuevo servicio público de empleo, colaboración entre ellos. Hay unos principios y no todo está resuelto. No todo está resuelto porque nuestro sistema autonómico no se puede resolver sólo desde la Administración central. Es preciso esa colaboración y se está progresando en ello.
Ha dicho usted que mientras se progresa en ese Instituto Nacional de Empleo el Inem es un desastre, la gente está desmotivada, etcétera. Esas son las opiniones que se pueden tener y estoy seguro de que en algún caso tienen base. Cuando usted dice eso es porque conoce a personas desmotivadas del Instituto Nacional de Empleo. Es posible. Pero no debemos extrapolar eso hasta un punto en el que consideramos que esas apreciaciones son la visión general.
Le puedo hablar de las políticas activas, de lo que se ha hecho. Desde el año 1996 al 2000 ha habido un incremento en las inversiones. Usted decía que no hablemos de cifras. Bien, no hablemos de cifras, pero es importante decir que se ha pasado de 171.000 a 431.000 millones.
En temas, por ejemplo, como la Formación Profesional Ocupacional, de la que hablaba usted, se ha pasado de 60.000 a 207.000 millones. Estas son unas cifras importantes. Usted me dice que no se haga un uso partidario en las escuelas taller y casas de oficio. Yo me permito decirle que quienes estén libres de pecado que tiren la primera piedra. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Creo que no se debe hacer y, además, es una política de muy corto alcance creer que a través de escuelas talleres o de oficios se puede hacer una política partidista y sectaria aceptando a unos o negando a otros. Eso es algo deleznable que se vuelve contra el que lo haga. Me temo que podemos poner ejemplos de todo tipo y de todos los partidos que lo han hecho. Ha estado mal hecho. Lo digo aquí. Además, políticamente no sirve para nada. Para lo único que sirve es para que la opinión de los ciudadanos sobre los poderes públicos, sean los que sean, sea mala. Por lo tanto, coincido con usted, pero creo que es una cosa que ha ocurrido en todas partes.
Pasamos al segundo punto. Mientras se hace la política de ese Servicio Nacional de Empleo --lo intentamos hacer con las Comunidades Autónomas gracias a trabajos que ya se están realizando-- vamos llevando a cabo las transferencias. Dice usted que son transferencias caóticas. No creo que lo sean. Esas transferencias comenzaron por Cataluña. La primera se hizo en el año 1997. Esa primera transferencia costó, al tratarse de un tema muy complejo, esfuerzo hacerla, pero se puede decir que ese modelo se ha seguido aplicando. Si no han ido más deprisa es porque en algunos casos las Comunidades Autónomas han querido un modelo diferente que no puede aplicarse porque por la propia justicia lógica debe actuarse en todas partes igual. Se han hecho las transferencias ya a Galicia, a la Comunidad Valenciana a Canarias, a la Comunidad Foral de Navarra, a la Comunidad de Madrid, y en este período, que es del que yo me siento más responsable porque soy el Ministro, se ha hecho la transferencia a finales de año al Principado de Asturias. Fue una transferencia muy bien hecha. Yo tuve la satisfacción--y lo digo aquí-- de firmar en Oviedo con el Presidente de la Comunidad Autónoma y conseguimos hacer esa transferencia.
¿Cómo están ahora las cosas? Hay algunos casos en los que estamos más avanzados que en otros. Por ejemplo, Castilla y León tiene un cierto retraso; lo tiene también Murcia. En cambio, está muy avanzada Extremadura. Creo que en Extremadura podríamos tenerlo antes de un mes.
Está evolucionando todo de una forma lógica. ¿Dónde tenemos un obstáculo real? En el País Vasco. En el País Vasco no tienen todavía las transferencias que ya tienen todas las Comunidades en cuanto a Formación Profesional Ocupacional y el Programa de Apoyo al Empleo, aparte de las políticas activas de empleo. ¿Por qué? Porque hay una discrepancia profunda. Yo no voy a juzgar nada, sólo a decir que consideramos que lo que ellos piden --las transferencias de las políticas pasivas o de unas actuaciones que nos parecen políticas pasivas-- no es compatible con esa unidad de la Seguridad Social. La Comunidad Autónoma vasca opina lo contrario y por ello no hemos podido avanzar en esta Comunidad, pero sí lo hemos hecho en el resto.
Voy a entrar más concretamente en la cuestión a la que usted se ha referido, Andalucía, y le agradezco que haya hecho un planteamiento global. Andalucía en efecto ha sido un tema complejo, ha habido numerosas reuniones y existe un acuerdo casi total en cuanto a los medios materiales y humanos. ¿Dónde está pues la discrepancia? En el aspecto del año base, es decir, como Andalucía no admite el sistema de financiación autonómica se produce una discrepancia con el Ministerio de Hacienda sobre el año al que se refiere esa actuación. Pues bien, esa misma diferencia la encontramos en Extremadura, pero según los últimos datos parece haberse llegado a un acuerdo que ahora está examinando la Junta de Extremadura sobre el que debe dar su conformidad final. Por tanto, en esta Comunidad hemos salvado la situación, cosa que no ha sido posible con Andalucía. Estamos esperando resolver esa dificultad, pero

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puedo asegurarle que el proceso de transferencia sigue, no se para, y lo estamos haciendo de tal forma y con una coordinación tal entre el Ministerio de Trabajo y con las Comunidades Autónomas --tanto con las que tienen transferidas las políticas como con las que no lo tienen-- que si bien comprendo el deseo de la Comunidad Autónoma por conseguirla y me parece legítimo y lógico, puedo asegurar a sus ciudadanos --y lo digo con toda claridad-- que no hay ningún perjuicio. A veces personas poco documentadas han afirmado que como no se les ha transferido las competencias su Comunidad Autónoma está perdiendo ese dinero. No es así.
Ese dinero existe, lo que ocurre es que lo está gestionando la Administración Central y debe ser la Comunidad Autónoma la que lo haga.
Por tanto, reitero el propósito del Gobierno de llevar a cabo esa transferencia en el menor tiempo posible y eso sí, de acuerdo con la Comunidad Autónoma. Igualmente reitero --hablo en nombre del Ministerio de Trabajo y de todas las Comunidades Autónomas-- que hay unas reuniones continuas de la Conferencia Sectorial de Relaciones Laborales en las que se discute, por ejemplo, cómo se van a aplicar los próximos fondos europeos. Eso lo conocen las Comunidades Autónomas. Cada año presentamos --hace un mes fue presentado por el Ministerio de Trabajo-- el Plan de Empleo del Reino de España. Eso no se presenta en la Unión Europea y en los consejos de ministros sin haberlo discutido detalladamente con las Comunidades Autónomas. Por tanto, podrá haber --estoy seguro de que las hay-- discrepancias entre Comunidades y Ministerio; en algún punto podrá haber alguna visión distinta, pero se puede decir que hay una visión global compartida sobre lo que es el Servicio Nacional de Empleo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente desde el escaño para insistir en que en España en este momento no existe un modelo de servicio público de empleo.
En el año 1978 se creó el Inem, que fue un modelo de servicio público de empleo que ha servido durante algo más de veinte años, pero la pérdida del monopolio de la intermediación por parte del Inem o la introducción de aspectos muy importantes de la ley básica de empleo hace que hoy necesitemos otro modelo diferente. Los principios a los que se ha referido el señor Ministro en gran parte son constitucionales y naturalmente tienen no sólo que respetarse sino ensalzarse y, a mi juicio, no estamos a nivel de una declaración de principios sino de hacer operativo un servicio público de empleo e, insisto, en este momento no tenemos un modelo de servicio público de empleo nacional. Y es responsabilidad del Gobierno actual desarrollar este modelo, naturalmente de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con los agentes sociales, y hacerlo en la forma en la que corresponde.
Los incrementos presupuestarios de las políticas activas de empleo, señor Ministro, se deben fundamentalmente a los incrementos presupuestarios de la Unión Europea. Es decir, éstos son fondos de la Unión Europea en su inmensa mayoría o en su totalidad. Desde el Tratado de Amsterdam y la Cumbre de Luxemburgo la Unión Europea ha venido prestando una atención fundamental al desarrollo de políticas activas de empleo --dirigidas sobre todo al incremento de la oferta de empleo para las mujeres y determinados sectores con problemas para la incorporación al mercado de trabajo-- y ha estado dedicando, y lo sigue haciendo, unos presupuestos muy importantes a ese fin.
Pero la preocupación que le estamos transmitiendo esta mañana, señor Ministro, se refiere a un aspecto importante de las políticas de empleo.
Me refiero a la empleabilidad. Los recursos que se están destinando para ese objetivo, efectivamente, no están siendo administrados exclusivamente por el Gobierno de la nación sino que están compartidos, pero en Bruselas nos representa el Gobierno de España, y es éste el que debe dar garantía y cohesión a la utilización de los mismos. Y, honestamente, en mi opinión la ingente cantidad de recursos que se está dedicando a las tareas de empleabilidad en políticas activas de empleo no está teniendo los resultados que serían deseables, y cuando menos se está haciendo de ellos un uso disperso.
Por último, señor Ministro, yo no he planteado --ya lo ha dicho usted desde la tribuna-- que las Comunidades Autónomas que no tienen competencias en esta materia estén teniendo un perjuicio presupuestario.
El conjunto de los ciudadanos de las distintas Comunidades Autónomas no lo está teniendo, pero la cuestión reside en quién administra esta competencia y en quién es más eficaz en el Estado de las Autonomías para administrar las políticas activas de empleo en el contexto al que nos estamos refiriendo. Hay que recordar que las competencias en materia de salud ya están transferidas a la mayoría de las Comunidades Autónomas, pero lo están según un modelo nacional de salud, un modelo que incardina los diferentes instrumentos de las Comunidades Autónomas en materia de salud.
Pero en cuanto al empleo se refiere, no tiene las mismas necesidades, por ejemplo, la Comunidad Foral de Navarra que la Comunidad Autónoma andaluza, y las políticas y los instrumentos que se desarrollen en la Comunidad Foral de Navarra no van a ser los mismos que aquellos que se desarrollen en Andalucía. Pero al igual que la Comunidad de Navarra tiene los elementos precisos y cercanos para desarrollar esas políticas, la Comunidad Autónoma andaluza también los tiene. Y, señor Ministro, respeto su afirmación respecto de la discrepancia con el modelo de financiación.
Supongo que ése es un problema objetivo y real, pero, desde luego, es difícil de entender que en una cuestión tan concreta como ésta un problema de financiación esté dificultando las transferencias de políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma española que más problemas de empleo tiene. En este sentido, he asistido a un Pleno del Parlamento andaluz en el que el Consejero de la materia en la Junta de Andalucía ha hecho una declaración solemne: Ha dado su palabra de honor ante el Pleno del Parlamento andaluz respecto de que había un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. Y no tenemos por qué dudar de esa afirmación.


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Por otro lado, el Ministerio de Trabajo tampoco ha desmentido ese acuerdo sustancialmente, y usted aquí, esta mañana, se ha referido en mayor medida a un problema entre los departamentos de Hacienda que entre los departamentos de Trabajo. Pero, aunque estoy seguro de que eso es así --si usted lo dice no tenemos por qué dudar de su afirmación--, repito que es difícil de entender que ésta sea la cuestión, no ya que esté dificultando, sino imposibilitando esa transferencia a Andalucía.
En estos momentos, cuando las Comunidades históricas tienen ya asumidas esa competencia, y dejando al margen el problema que se plantea en el País Vasco, el cual, naturalmente, es de otra naturaleza porque no se centra sólo en las políticas activas de empleo, sino que tiene que ver en mayor medida con temas relacionados con el concepto de caja única de la Seguridad Social y con otra serie de cuestiones que conocemos, el resto de las Comunidades Autónomas --y, como bien saben, Andalucía es una Comunidad Autónoma de la vía del artículo 151.


La señora PRESIDENTA: Senador Romero, le ruego que vaya concluyendo.
Posteriormente podrá hacer uso del turno de portavoces.


El señor ROMERO CALERO: Sí, señora Presidenta.
Decía que el resto de las Comunidades Autónomas españolas han asumido estas competencias.
Por tanto, presentaremos una moción consecuencia de esta interpelación con objeto de que entre todos seamos capaces de dar un impulso a las transferencias, no para Andalucía, sino para el conjunto de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, Presidenta.
Deseo hacer ciertas precisiones sobre algunos puntos porque, aun coincidiendo en muchos aspectos, hay otros que deben quedar claros.
Sí hay un modelo de Servicio Público de Empleo; sí existe una relación muy clara entre Comunidades Autónomas y el Ministerio de Trabajo, convenios firmados para que puedan contemplarse con una visión global nacional las cuestiones relativas al empleo. Lo que es cierto es que, cuando se rompe el monopolio del Inem, pasamos a otra situación distinta.
También ha ocurrido en otros campos, y no puede decirse por ello que no haya modelo de Servicio Nacional de Empleo. Eso es lo que yo rechazo. Sí hay unas directrices. Se está trabajando para buscar esas ideas, ya desarrolladas, que den lugar a una ley básica de empleo, y no es sencillo, porque el Ministerio no puede hacer algo de este tipo. Lo que deseo reiterar con esa ley de cooperación de la que hablaba en la Cámara es que existen una serie de asuntos que tienen que hacerse por consenso.
Eso dificulta y retrasa, sí, pero da vitalidad y seguridad respecto al futuro, algo que no se tendría si se adoptara la decisión por un solo partido. Estamos en este caso.
No he dicho en ningún momento que estas cantidades presupuestadas no provengan de la Unión Europea, pero provengan o no, el hecho es que se han dedicado a políticas activas de empleo, a formación ocupacional, y creo que se les ha dado una buena utilización.
Dice usted que esos recursos no se utilizan bien. No se puede generalizar de esa forma. Y añade que se podría hacer mejor. Estoy seguro. Siempre se puede hacer mejor. Pero hay un consenso muy claro entre las Comunidades Autónomas y el Ministerio respecto a que se está haciendo lo mejor que se puede.
Pero quiero precisarle el último punto, que es el referente a Andalucía.
Creo que era verdad lo que dijo el Consejero respecto a que había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Trabajo. ¿Dónde está la diferencia? Yo se lo digo. El problema es que el Ministerio de Hacienda querría encontrar una fórmula según la cual la valoración provisional se pusiera en pesetas del año 1995 y se incluyera a efectos de determinar las entregas a cuenta, etcétera, y, en cambio, la Junta de Andalucía pretende que la valoración provisional se haga en pesetas del año base, 1990, y a tenor de un artículo 84 que no acepta Hacienda. Este es el punto. Estamos hablando de un año base, que es 1990, pero lo que son las cantidades, los medios, eso está tratado. En ese punto estamos.
Como quiero que quede claro, insisto en que me gustaría hacer esa transferencia cuanto antes, y yo, como Presidente de la Comisión Mixta de Transferencias, iré a firmarla a Sevilla, como pretendo ir a Mérida, en Extremadura, y como he ido a Oviedo, en Asturias. Sin duda alguna, la decisión del Gobierno es transferir esas competencias. Porque podría establecerse una duda, que yo no tengo, sobre si las políticas de empleo debían haber estado totalmente centralizadas y no cedidas a ninguna Comunidad. No lo creo, pero comprendo que, intelectualmente, se pueda defender esa idea. Lo que a mi modo de ver no tiene razón de ser es que unas Comunidades sí tengan transferidas esas competencias y otras no. La finalidad es que todas tengan esta competencia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, deseo expresar mi apoyo en cuanto a lo fundamental de la interpelación del señor Calero. También creo que tiene razón en lo sustantivo. Por cierto, Senador Calero, me ha pisado una iniciativa sobre esta cuestión.
Aunque iba en otra dirección, era muy parecida, muy similar. Pienso que es oportuno discutir sobre estos asuntos, porque el Inem, durante un tiempo determinado, ha sido una oficina de desempleo, que no de empleo, y con las políticas activas de empleo se le dio una dimensión determinada.


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Efectivamente, esto se está transfiriendo y, por tanto, al transferirse y al hacer volar el Inem no existe un modelo público tal y como lo concebimos algunos.
Por tanto, es bueno que se vaya construyendo. No digo que no se pueda construir. Lo que digo es que no se ha partido de un modelo y, en consecuencia, se puede construir en esta dirección.
Le voy a poner un ejemplo muy concreto. A Baleares no se le han transferido las competencias, y se nos propone que las podemos tener, salvo flecos, junto con Extremadura, en el mes de julio aproximadamente; sin embargo, tan importante es lo que se transfiere como lo que no se transfiere porque, en definitiva, lo que ocurre es que se transfiere una materia y nos olvidamos de lo que no se transfiere. Y para nosotros es tan importante lo que se transfiere como lo que no se transfiere. Por ejemplo, en el tema de prestaciones, en el caso de mi Comunidad --y aprovecho esta ocasión--, al ser una economía estacional y tener puntas importantes, entre últimos de septiembre y el mes de octubre miles y miles de trabajadores tienen que cobrar sus prestaciones y van a las oficinas.
Señor Ministro, ¿sabe usted que en mi Comunidad la propia Administración Pública contrató un año a empresas de trabajo temporal para atender en pueblos y ciudades esa punta de estacionalidad? Esto está ocurriendo y, por lo tanto, estamos en situaciones ante las que es conveniente ver la globalidad de las cosas, lo que se transfiere y lo que no se transfiere, y yo le pido el máximo de esfuerzo, de comprensión y de sensibilidad en estas cuestiones que le apunto referidas a Baleares pero que tienen que ver con todo lo que aquí se está planteando.
Las políticas de empleo tienen una gran importancia en este país, porque España presenta una tasa de actividad 7,4 puntos por debajo de la media comunitaria. La tasa de ocupación es la menor de la Unión Europea; la tasa de paro es el doble de lo que representa la Unión Europea; el porcentaje de parados de larga duración es sensiblemente superior en España, y el de parados de baja cualificación en España --ha hablado de la formación, lo cual es muy importante-- representa un 72 por ciento, mientras que son 23 puntos porcentuales superiores a la media de la Unión Europea, especialmente en menores de 25 años.
En consecuencia, las políticas activas tienen que servir para el empleo, que es un elemento de libertad personal e individual y tiene que servir para empleo de calidad. Por cierto, le diré que en la chapuza del Real Decreto con respecto a las medidas a adoptar que su Gobierno ha presentado y que vamos a tener ocasión de debatir aquí se olvidan los fijos discontinuos. Ya se lo explicaré en una propuesta que traeré al Senado para ver si la admiten y corrigen errores.
Podemos tener a los parados mejor formados y sin empleo o con muy mala calidad en el empleo. Es conveniente ligar diferentes cosas.
Las transferencias tienen que ver con todo y, consecuentemente, es necesaria esa coordinación de carácter horizontal en el presente y en el futuro, y el Estado tiene obligación de coordinar horizontalmente las políticas que tienen que responder ante la Unión Europea y potenciar los servicios públicos de empleo en el conjunto del Estado, en diferentes Comunidades Autónomas sobre un modelo que hay que ir construyendo y sobre el que el Gobierno central tiene que tener una muy fuerte responsabilidad.
No es mi turno hoy, pero quería apoyar la interpelación del señor Calero y estaré muy atento a la moción, lógicamente, para muy posiblemente apoyarla en la dirección que él ha planteado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, ha quedado absolutamente clara y expresa, por lo menos expresa, tanto por parte del interpelante como del señor Ministro, la importancia de algunos aspectos básicos en lo que se está debatiendo o interpelando, en el sentido de la necesidad de dar continuidad al proceso de transferencia, al que aún le queda mucho por recorrer y que, probablemente, en gran medida tendría que haber culminado; quizá los plazos no han sido los más adecuados, o no se han cumplido.
Otro aspecto que parece que ha quedado claro es la necesidad de una coordinación, y específico que dicha coordinación no tiene por qué ser genérica, no tiene por qué ser exactamente igual, sobre todo cuando nos referimos a territorios con poblaciones que tienen aspectos sociales y económicos, y más en el empleo, bastante diferentes, por tanto, debe tener en cuenta las especificidades de cada territorio.
Por otro lado, también se ha expresado, tanto por parte del señor Ministro como del interpelante, una coincidencia de fondo en los aspectos que hoy estamos debatiendo. Al hablar de un servicio público de empleo habría que ver si la concepción en ambos casos coincide o si ese servicio público de empleo tiene que tener una estructura u otra, pero, parece que los principios elementales para desarrollar y culminar este proceso están asumidos por todos, al menos así se ha expresado.
Por ello, desde Coalición Canaria queremos expresar nuestro deseo de que se culminen estos procesos pendientes con el mejor y más amplio acuerdo posible con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas y a la mayor brevedad posible. Creo que todos coincidimos en que es preferible dedicar algo más de tiempo a aquellos casos específicos donde ahora mismo no hay un acuerdo sobre la mesa, para que los posibles flecos o desacuerdos se vayan puliendo y que el acuerdo, aunque llegue algo más tarde, sea bueno y aceptable para todos. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


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El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, estamos hablando de un asunto que, desde un punto de vista global en el mercado de trabajo, está sufriendo verdaderos cambios, y quizás estamos intentando aplicar instrumentos que actuaron o se implementaron con una realidad social y laboral muy distinta a la que actualmente tenemos.
Ya le comenté al Ministro de Trabajo cuando lo presentó ante el Senado que una de las quiebras más fuertes que tuvo el Estatuto en los últimos años fue precisamente la falta de desarrollo del ámbito sociolaboral, porque los mecanismos que figuraban en el Estatuto no se acababan de desarrollar. Usted ha acabado ahora su intervención planteando que quizás podría haber habido dudas sobre si las políticas de empleo debían ser centralizadas o no y que podría haber cabido cualquiera de las soluciones. Yo creo que no ha existido duda, que en el área de trabajo es donde más les ha costado admitir que existe un Estado descentralizado, y precisamente por eso se ha puesto en práctica una de las políticas menos descentralizadas en este país. Por tanto, si usted aboga por que puede existir un cambio y realmente apuesta por que haya unas políticas descentralizadas en esta materia, bienvenido sea y a nosotros nos va a encontrar en ese intento de buscar el consenso para desarrollar lo que creemos que es muy importante. Además, nosotros lo vemos desde una perspectiva de un país que tiene un marco de relaciones laborales peculiar y propio, y por tanto, creemos que hay que fijarse en el modelo que tenemos, con sindicatos propios, con un cuerpo empresarial, con un desarrollo peculiar de las relaciones laborales, con unos convenios, etcétera, que marcan unas peculiaridades que no son ni mejores ni peores pero que son distintas. Desde esa lectura, nosotros podríamos participar si realmente hay ganas de transferir y de buscar un desarrollo de esta materia en cada una de las Comunidades Autónomas.
Por tanto, fijaría nuestra posición diciendo que, si se respeta el sistema de concierto y se lee las peculiaridades que tiene --léase el artículo 12.2 y verá que no es igual que en el resto de estatutos--, nosotros participaríamos, es decir, entraríamos a trabajar sobre ese modelo que, entendemos, debería desarrollarse posteriormente en nuestro propio ámbito de relaciones laborales en Euskadi. A partir de ahí, le doy la bienvenida si es que realmente estamos en esa posición.
Por lo demás, quizá no sea yo el más objetivo para poder saber si se está desarrollando un modelo de descentralización --como planteaba el señor Romero--; no lo sé muy bien porque no conozco demasiado el planteamiento que se está haciendo desde el resto de Comunidades Autónomas hacia el Estado. Lo que sí tenemos son sensaciones que, como tales, no hacen que se esté partiendo de unos modelos ni de unos criterios que puedan servirle a todo el mundo. Pero, como digo, entiendo que las razones que planteaba el señor Romero me parecen suficientes porque no se ve que realmente exista detrás de ello un modelo de descentralización que se entienda realmente desde los mandatos que se plantean en los distintos estatutos, todos ellos derivados, además, de la Constitución que tanto se defiende.
Por lo tanto, damos nuestro apoyo en esta interpelación al señor Romero porque consideramos que es oportuna.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
¿Desea intervenir el representante de la Entesa? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, quiero decir en primer lugar que siendo España el país con mayor tasa de paro de la Unión Europea me parece muy oportuno que estemos hablando de esta cuestión. Por tanto, quiero significar la importancia de la interpelación del Grupo Parlamentario Socialista.
Como Grupo Parlamentario y como Gobierno Catalán he de decir que el IV Plan Nacional de Empleo nos parece, en líneas generales, de continuidad pero también de avance en pequeña progresión, con lo cual nos damos por satisfechos si no fuera porque no cumple con una de las recomendaciones que nosotros creemos importantes de la Comunidad Europea cuando dice que considera fundamental para el buen desarrollo de la estrategia europea para el empleo la participación de los agentes sociales. Sentimos que esto no pudiera funcionar de esta manera.
En relación con el tema del Instituto Nacional de Empleo, Cataluña es la primera Comunidad Autónoma que recibió las transferencias pertinentes.
Dentro de las limitaciones, nos consideramos satisfechos de la eficacia con que se han ido haciendo las cosas hasta ahora. Sin embargo, para poder coordinar por completo todo el servicio, echamos de menos la cesión de la gestión de las prestaciones del paro. De todas formas, como verdaderamente el mercado laboral es hoy día cambiante debido a las circunstancias internas y a la globalización, el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, a través de su Conselleria de Traball está terminando la puesta en marcha del Servei de Ocupació de Cataluña, que es una nueva entidad no muy cambiante pero que intenta integrar todos los servicios de empleo en un solo organismo con la particularidad de considerar la colaboración de los agentes sociales y muy especialmente de los municipios. Esto de puertas adentro. Y de puertas afuera, establecer la colaboración con el Estado y con las otras Comunidades Autónomas directamente siguiendo un poco el esquema dado por las Cumbres de Luxemburgo y Lisboa, en función de las cuales se pretende crear la red integrada de intermediación a nivel de todo el Estado español y de toda la Comunidad Europea.
Digamos, por tanto, que nosotros no consideramos tan caótica la situación, pero, escuchadas las exposiciones del

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portavoz del Grupo interpelante y de los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, entendemos que hay otras Comunidades Autónomas que no tienen el servicio tan bien transferido o que no tienen tan bien solucionado el problema.
Seguiremos, pues, con mucho interés la moción anunciada y colaboraremos en todo al máximo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Servià.
Tiene la palabra el Senador Romero Calero por el Grupo Parlamentario Socialista.


El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sinceramente yo no tengo la duda intelectual que usted ha planteado esta mañana en el debate, y sería bueno que su señoría tampoco la tuviese. Creo que en nuestro Estado de las Autonomías las políticas que estamos debatiendo deberían asumirse por las propias Comunidades Autónomas. Es más, según mi experiencia en la gestión del Departamento de Trabajo de mi Comunidad Autónoma, pienso que se debe profundizar en ello y ver qué papel juegan las corporaciones locales en este tipo de tareas.
En la España actual se ha puesto de manifiesto que un instrumento formidable de creación de empleo y de eficiencia en la asignación de recursos son las iniciativas locales de empleo. Por tanto, como la situación es cambiante y hoy en día las circunstancias no son las mismas que cuando el Inem tenía el monopolio de la intermediación y no se había promulgado la ley básica de empleo, debería hacerse un esfuerzo adicional para que culmine el proceso de transferencia a las Comunidades Autónomas.
Creo que esto es lo razonable, porque en la práctica se está generando una duplicidad de instrumentos. Las Comunidades Autónomas tienen que responder a las necesidades de los ciudadanos, pues éstos les plantean una serie de problemas que los gobiernos de las Comunidades Autónomas tratan de resolver. Como no se está agilizando la transferencia y, además, no se hace en el contexto del modelo al que antes me he referido, se está generando duplicidad. En este momento existen en Andalucía una serie de instrumentos de gestión de políticas activas de empleo que no hacen más que duplicar las políticas activas de empleo del Estado español; duplicidad que desaparecerá en cuanto se asuman las transferencias.
Por lo tanto, señor Ministro, le agradezco el tono y el contenido de sus intervenciones. Pero me propongo someter a la Cámara una moción consecuencia de esta interpelación que recoja el sentido expresado a lo largo de este debate, para que entre todos --insisto en esto-- seamos capaces de dar un impulso a la transferencia de las políticas activas de empleo a las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
La Senadora Do Campo tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, saben ustedes que este Gobierno considera prioritario consolidar la creación y el mantenimiento del empleo, facilitar las condiciones de acceso al mercado de trabajo de los desempleados y mantener los niveles adecuados de protección social.
Estos objetivos son los que se ha marcado el Gobierno al elaborar los presupuestos de estos últimos años, y no es un decir sino un hecho. El esfuerzo presupuestario que durante los últimos años se viene realizando en esta materia y, en concreto, en políticas activas de empleo así lo demuestra. Simplemente quiero recordar a sus señorías que el esfuerzo inversor se ha triplicado desde 1996 mejorando, Senador Romero, la cantidad y la calidad del empleo.
Políticas activas que seguirán incrementándose y que serán gestionadas en su mayoría por las Comunidades Autónomas. Por lo tanto, desde el Grupo Parlamentario Popular consideramos que se debe hacer un esfuerzo compartido con todas las Administraciones del Estado, tanto locales como autonómicas, y con la Administración General del Estado.
Entrando en materia, señorías, si hablamos de las transferencias de políticas activas de empleo, tengo que decir que desde 1996 hasta la fecha se ha hecho un gran esfuerzo de descentralización de competencias hacia las Comunidades Autónomas. En este sentido, se está dando cumplimiento en gran medida a las previsiones dadas desde la Administración del Estado a las Comunidades Autónomas.
Coincidimos con el señor Ministro y con otros compañeros de su Gabinete que ya estuvieron en esta Cámara en que una de las prioridades del Gobierno para esta legislatura es el traspaso de las políticas activas de empleo actualmente gestionadas por el Inem a las Comunidades Autónomas.
Prioridad que en algunos casos ya no es tal, porque ha pasado a ser un hecho. Desde el Grupo Parlamentario Popular, cabe recordar que en lo que va de legislatura se ha logrado el acuerdo de traspaso en materia de políticas activas de empleo a la Comunidad Autónoma de Asturias, pero también hay que hacer referencia a los traspasos que se asumieron en la pasada legislatura en relación con la Comunidad Autónoma de Madrid. Por tanto, dos Comunidades Autónomas del artículo 143 ya tienen asumidas estas responsabilidades. Con la Comunidad Foral de Navarra también se ha firmado un acuerdo de ampliación de medios financieros en materia de política activa de empleo para la construcción de un centro nacional ocupacional en la Comunidad Foral, y con la Comunidad Autónoma de Murcia hay también un acuerdo de ampliación de medios en formación profesional ocupacional.
Señor Ministro, señorías, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que destacar nuestra confianza en que los traspasos de las políticas activas de empleo a aquellas Comunidades

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Autónomas que no las han recibido, sin lugar a dudas, se puedan realizar en breve. También tenemos que decirle, respecto a su Comunidad Autónoma, a la que usted está representando, Senador Romero, que es voluntad del Gobierno --y ha quedado dicho por el señor Ministro-- llegar a un acuerdo definitivo, y este Gobierno nunca se ha negado a que la Comunidad Autónoma andaluza pueda tener las transferencias en políticas activas de empleo. Esperamos que su Comunidad Autónoma tenga la misma voluntad. En esta línea, también conocen ustedes --como nos ha indicado el señor Ministro-- los avances que ya tenemos con otras Comunidades Autónomas, como es el caso de Extremadura o el de Baleares, a las que también se ha hecho referencia hoy aquí.
Por ello, desde el Grupo Parlamentario Popular tenemos que valorar positivamente el proceso de transferencias que se está llevando a cabo, basado en el establecimiento de esos convenios de colaboración suscritos entre el INEM y las Comunidades Autónomas que han recibido esas transferencias. Lógicamente, tenemos que considerar muy positivo el desarrollo de los sistemas de información del Servicio Público de Empleo para lo que es la transmisión de datos entre el sistema informático estatal y los sistemas de Comunidades Autónomas.
Volviendo más directamente a lo que es la interpelación, señorías, lo que no podemos compartir en absoluto es su afirmación respecto a la ausencia de un modelo de servicio público de empleo. Yo querría recordar a su señoría que en octubre de 1997 se elaboró en el Instituto Nacional de Empleo un documento llamado «Principios para la organización del servicio público de empleo», y que se aprobó en su Consejo General, con el acuerdo de los agentes sociales. También tengo que hacer referencia --al igual que el señor Ministro--a la Conferencia Sectorial de Asuntos Laborales, del año 1998, en la que se acordaron esos principios básicos para los servicios de empleo de las Comunidades Autónomas, como el propio Servicio Público de Empleo estatal. Estas son, señor Romero, las líneas que están marcando ese nuevo modelo de servicio público de empleo, acordado no sólo por el Gobierno, sino por las Comunidades Autónomas, y en cuyo desarrollo se han centrado los diferentes grupos de trabajo con posterioridad. Este modelo, por tanto, nos muestra la necesidad de preservar la unidad del mercado de trabajo en todo el ámbito del Estado.
Desde el Grupo Parlamentario Popular también queremos dejar claro que las políticas que se desarrollan con presupuesto estatal se confeccionan, como bien sabe su señoría y el propio Grupo Parlamentario Socialista, en colaboración con las Comunidades Autónomas, siendo ésta una realidad en la elaboración de los planes nacionales de empleo, en los que también están participando directamente las Comunidades Autónomas. También la Conferencia Sectorial para Asuntos Laborales es otro órgano de deliberación entre el Gobierno y las Comunidades Autónomas, donde se aprueban las líneas a seguir y las líneas de actuación en materia de empleo.
Todo esto, señorías, nos indica que, de arbitrariedad en materia de transferencias de política de empleo a las Comunidades Autónomas, nada de nada; y esto también nos indica que, de carencia de modelo definido y de criterios coherentes en materia de transferencias de política de empleo en las Comunidades Autónomas, nada de nada. Lo que sí nos está indicando, señorías, es que existe diálogo y respeto con todas y cada una de las Comunidades Autónomas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
No sólo intervengo para agradecer a todos los portavoces sus intervenciones, así como a la Senadora Do Campo que ha contestado, sino también para decirle al señor Aurrekoetxea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que esta transferencia --las anteriores también, pero sobre todo las políticas activas de empleo-- se está haciendo de acuerdo con el modelo de Cataluña, un modelo que se ha ido aplicando, aunque no todas las situaciones son iguales. Hay que tener muy en cuenta, por ejemplo, las insulares, que plantean situaciones muy diferentes. La media de lo que está saliendo de coste por persona es de 4,1 millones arriba o abajo, es decir, es todo muy semejante.
Hemos hecho ya las transferencias a Navarra, que tiene un sistema foral, por tanto, sí creo que se podrían dar perfectamente a la Comunidad Autónoma vasca en cualquier momento. Pero vuelvo a decir con toda claridad: lo que nos está deteniendo no es esa evaluación, pues estoy seguro de que podríamos llegar a un acuerdo, sino la distinta concepción, esa concepción de un servicio nacional básico aunque estén las políticas transferidas, aunque se lleve por las Comunidades Autónomas, pero que mantiene unos lazos o unos puntos esenciales en manos estatales que deben ser coordinados --y en eso estoy de acuerdo con el Senador-- lo mismo que los que se ceden; es lo que nos diferencia. Reitero que hay un deseo de culminar la transferencia de políticas de empleo a todas las Comunidades y, por supuesto, también al País Vasco.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Señorías, se suspende la sesión y la reanudaremos a las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señorías, se reanuda la sesión.


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DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE ECONOMIA, COMERCIO Y TURISMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE MODIFICA LA DISPOSICION TRANSITORIA SEXTA DE LA LEY 54/1997, DE 27 DE NOVIEMBRE, DEL SECTOR ELECTRICO Y DETERMINADOS ARTICULOS DE LA LEY 16/1989, DE 17 DE JULIO, DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 2/2001, DE 2 DE FEBRERO).
SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 621/000023) (C. D.
121/000032).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto cuarto del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión de Economía, Comercio y Turismo en relación con el Proyecto de Ley por el que se modifica la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el Senador Seguí.


El señor SEGUI DIAZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me cabe el honor, por acuerdo de la Comisión de Economía, Comercio y Turismo que presido, de presentar ante el Pleno el dictamen emitido por la misma en relación al proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia (procedente del Real Decreto-Ley 2/2001, de 2 de febrero).
El proyecto de ley fue remitido por el Congreso de los Diputados el 27 de abril de 2001 y consta publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» número 23, Serie II, de 27 de abril. La tramitación del proyecto se ha producido por el procedimiento de urgencia.
El plazo de presentación de enmiendas se prolongó hasta el 3 de mayo. Se presentaron diecisiete enmiendas y un veto, que constan en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 8 de mayo.
La Comisión de Economía, Comercio y Turismo se reunió para dictaminar el proyecto de ley el día 8 de mayo, incorporando modificaciones al texto remitido por el Congreso de los Diputados. El dictamen emitido, que fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» de 11 de mayo, hoy se somete a la consideración del Pleno de la Cámara.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Seguí.
Se ha presentado una propuesta de veto que se debatirá a continuación.
Para la aprobación de la propuesta de veto se requerirá mayoría absoluta de los señores Senadores que en estos momentos componen la Cámara. Dado que la Cámara está integrada por 257 Senadores, la mayoría absoluta es de 129 Senadores.
Para la defensa de la propuesta de veto, que es el voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Romero Calero tiene la palabra por tiempo de 15 minutos.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, someto a la consideración de la Cámara una propuesta de veto del Grupo Socialista a la modificación de las Leyes del Sector Eléctrico y de Defensa de la Competencia, según ha dictaminado la Comisión de Economía del Senado.
Someto a la consideración de sus señorías una propuesta de veto porque el Grupo Socialista considera que la proposición que hoy se nos trae sólo pretende maquillar un aspecto de una Ley que regula un sector que en realidad lo que necesita, además de manera urgente y perentoria, es un nuevo marco normativo que regule de una forma más eficaz las cuestiones relativas al sector eléctrico en España.
El proyecto que hoy se somete a consideración del Pleno del Senado sólo nos retrotrae a la situación anterior evitando algo que se ha puesto de manifiesto como claramente contrario a la normativa europea, cual es la posibilidad de titulización de los costes de transición a la competencia.
Nosotros, señorías, negamos que en España se esté produciendo un proceso de transición a mercados competitivos en el sector eléctrico. El sistema actual, lejos de acercanos a un modelo de competencia en el sector eléctrico, en la práctica está concentrando de manera verdaderamente importante las actividades tanto de generación como de distribución de la energía eléctrica.
Para muestra baste sólo algún botón. En el año 1997, cuando el Gobierno del señor Aznar puso en marcha las leyes de liberalización del sector eléctrico, había en España más de 12 compañías eléctricas. Los consumidores españoles, cada uno de nosotros teníamos para suministro en los diferentes mercados más de 12 compañías eléctricas. Hoy se han reducido a cuatro y, además, de estas cuatro, dos controlan el 80 por ciento del mercado. Como se ve, efectivamente, ha habido un proceso de desregularización, un proceso de liberalización que, lejos de incidir en una mayor competencia en el sector, lo que ha hecho ha sido que en la práctica nos encontremos en estos momentos ante una situación de duopolio.
El hecho de que dos grandes grupos empresariales controlen el 80 por ciento del sector tanto de la generación como de la distribución en España evita de una manera práctica, concreta y real que se pueda producir el más mínimo atisbo de competencia en el sector. No se está produciendo

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ninguna competencia en el sector, no existe, no es cierto que exista.
Sólo una mínima parte de los clientes llamados elegibles --que, desde luego, no somos ninguno de nosotros, ni ninguna de nuestras familias, ni la inmensa mayoría del mercado eléctrico español--, sólo una mínima parte, sólo un cinco por ciento de los clientes llamados elegibles ha cambiado de compañía. El resto sigue estando en la misma compañía en que estaba, pero sigue estando en la misma compañía en que estaba ahora concentrada en grupos empresariales que los hacen ser un monopolio, o en este caso un duopolio de hecho.
Para que sus señorías tengan una idea de hasta qué punto no es cierto que se produzca competencia en el sector eléctrico en España les voy a dar un dato recogido de la publicación de la operadora del mercado eléctrico español, un dato oficial, pero no de la estadística oficial, en este caso concreto de la realidad constatada de la evolución de los precios de la generación de energía eléctrica en España en el año 1999 y en el año 2000. Recordemos que, según el Gobierno del señor Aznar, desde el año 1997 hay competencia en la producción y en la distribución de energía eléctrica en España. Dice la publicación oficial de la operadora del mercado: La contratación de energía en el mercado diario en el período enero 2000-diciembre 2000, es decir, en el año 2000 ha ascendido a 171.556 gigavatios /hora y 908.703 millones de pesetas, lo que supone un incremento del 5,4 por ciento en la producción de energía y de un 25,56 por ciento en el precio de la energía facturada; es decir, se ha incrementado el año 2000 en relación con el año 1999 apenas un 5,4 por ciento la generación de energía eléctrica en España, y ese 5,4 por ciento ha costado en el año 2000 más de un 25 por ciento que en el año 1999.
El precio medio ponderado del mercado diario correspondiente al período enero 2000-diciembre 2000 ha sido de 5,297 pesetas kilovatio/hora, 5,2 ó 5,3 pesetas kilovatio/hora, siendo el precio medio sin ponderar un poco más bajo, lo que supone un incremento del 19,12 por ciento en relación con el año 1999. En este mercado competitivo, que ustedes dicen que se está generando en España en estos años, se ha producido un incremento de precios en la generación de más de un 19 por ciento. Al mismo tiempo que se ha producido este incremento en términos nominales superior al 19 por ciento en los precios de la generación, ha habido una reducción de los precios de los clientes a tarifas, también en términos nominales, reducción que ustedes enarbolan como un argumento muy positivo porque en este sentido está teniendo una repercusión positiva para los consumidores españoles, lo cual también es una falsedad. Los clientes españoles, los usuarios de electricidad españoles estamos comprando un producto algo más barato, pero un producto infinitamente de peor calidad, si no, fíjense ustedes en esto: a las distribuidoras les está costando la energía un 19 por ciento más de lo que les costaba el año anterior y la están vendiendo un poco más barata y, sin embargo, su cuenta de explotación está arrojando resultados de incrementos de beneficios cercanos al 20 por ciento. Eso se está haciendo fundamentalmente porque las distribuidoras están reduciendo los costes de explotación en dos ámbitos básicos: los costes de personal que se están reduciendo de una manera drástica y, lo que es más grave para los usuarios y para los consumidores españoles, los costes de inversión. No se está invirtiendo, de tal forma que hoy día en este mercado competitivo, que a ustedes se les llena la boca de anunciarnos cada día a los consumidores españoles, si las distribuidoras no estuvieran recurriendo a este artificio, no tengan ustedes la menor duda de que si hubiera una auténtica separación --no una separación ficticia y contable-- entre generación y distribución en nuestro modelo, en este modelo liberalizado que hay en España, estaríamos entrando en la misma situación que hoy se está dando en el mercado de energía eléctrica en California. Esto, señoras y señores Senadores del Partido Popular, no es lo que el sector eléctrico necesita en España, lo que el sector eléctrico necesita es una adecuada regulación, y lo que hoy nos traen ustedes aquí no es más que el maquillaje de la Ley del sector eléctrico en los aspectos que regulan los costes de transición a la competencia.
Con estos números, que son datos del propio sector eléctrico de la operadora del mercado eléctrico, no se está produciendo transición a la competencia. Y, por tanto, nosotros rechazamos que haya costes genéricos de transición a la competencia. Hay determinados costes que se pueden asignar al uso de las tecnologías ligadas al uso del carbón nacional, pero más allá de eso, los costes que se deriven de los usos tecnológicos tienen que examinarse activo de producción por activo de producción. En el reciente proceso de fusión frustrado entre Endesa e Iberdrola ha quedado manifiestamente claro que si se hace una valoración global de unos pretendidos costes de transición a la competencia, nos encontraremos con la enorme paradoja de que activos que tienen adscritas importantes cantidades de esta suma, sin embargo generan unas importantísimas plusvalías a la hora de sus ventas a terceros.
Por tanto, señorías, la posición del Grupo Parlamentario Socialista es que no se está produciendo ese proceso de transición a la competencia, antes al contrario, se está produciendo un formidable proceso de concentración empresarial. Y en el preámbulo del proyecto de ley que se nos somete a consideración se nos dice que la prueba de que efectivamente se está produciendo una apertura y una liberalización del mercado, es que muchas empresas que nunca habían pensado instalarse en España ahora lo están valorando. Yo no sé si efectivamente estarán pensando instalarse, la realidad objetiva es que lo que se ha hecho hasta ahora ha sido un proceso de concentración empresarial que está teniendo como consecuencia que los grupos que controlan la generación en España, y por el procedimiento de precios marginales que se aplica al precio final que se produce en el mercado, están controlando la generación y la distribución.
No les importa no ganar tanto en distribución si, por el contrario, lo ganan en generación, pero esto conlleva un debilitamiento de nuestro sector de una forma que nos puede acarrear en un próximo futuro unas consecuencias, seguro que no deseadas por nadie.
Lo que necesita de verdad este sector es una regulación que introduzca elementos de competencia, pero racionales, y que la competencia no se haga, entre comillas, sobre la base fundamentalmente de la reducción de las inversiones y

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de los costes de personal. Hoy día, insisto en ello, las tarifas eléctricas se han reducido en términos nominales --en términos reales ya se habían venido reduciendo desde los años 1987 y 1988--, pero cuando nosotros vamos a comprar un producto tangible, que se materializa concretamente, podemos distinguir entre un producto de más y de menos calidad; cuando vamos a comprar kilovatios tenemos que aceptar los kilovatios que se nos venden. Y los kilovatios que hoy se nos están vendiendo, sobre todo los que se les están vendiendo a los consumidores situados en eso que el nuevo reglamento llama núcleos rurales, son de mucha peor calidad.
Todas sus señorías habrán sido testigos en algún momento de que en sus respectivas circunscripciones se han producido cortes de fluido eléctrico que no tienen justificación. En la España del siglo XXI no tiene ninguna justificación que un pueblo, sea un núcleo rural o no, esté en estos meses de invierno pasado hasta más de doce horas sin fluido eléctrico. Y eso se ha producido porque se han reducido las inversiones en las distribuidoras por encima de un 30 por ciento y también se han reducido los costes de personal por encima de un 35 por ciento.
Ese es el sector eléctrico competitivo que el Gobierno del señor Aznar quiere que aceptemos en España. Y a ese sector eléctrico enfocado de esa manera es al que se opone el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Romero Calero.
Para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Ferrández.


El señor FERRANDEZ OTAÑO: Gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, hacer uso de la palabra para justificar el voto en contra a la propuesta de veto formulada por el Grupo Parlamentario Socialista a las modificaciones propuestas a la Ley del Sector Eléctrico y a la Ley de Defensa de la Competencia.
Habida cuenta de que esta cuestión ya fue suficientemente debatida en el seno de la Comisión de Economía y que los argumentos del portavoz socialista han sido reiterados punto por punto en este momento, a continuación concretaré brevemente las razones que impulsan a mi Grupo a votar nuevamente en contra de la propuesta de veto que ahora debatimos.
Justifica el portavoz socialista su veto a las modificaciones a la Ley del Sector Eléctrico y de Defensa de la Competencia en que, a su juicio, el mantenimiento de los costes de transición a la competencia implica un poder de intervención excesivo del Gobierno que favorece los monopolios en detrimento de la competencia y de los consumidores; y aboga, por contra, por una mayor protección de éstos y el fortalecimiento de los órganos colegiados independientes.
Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, debemos decir que, frente a la propuesta del Gobierno, desde el Grupo Parlamentario Socialista no se ofrece alternativa alguna, dado que es necesario que se dé cumplimiento por el Gobierno a la legislación vigente que garantice la competencia en el sector sin provocar descompensaciones, que es lo que propone el Grupo Parlamentario Socialista, que favorezcan a algunas empresas en detrimento de otras y, en definitiva, a los consumidores.
En este sentido, señorías, debemos recalcar que los costes de transición a la competencia no son sino el reconocimiento de un derecho que asiste a las sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica por el paso a un sistema competitivo en el que rigen las reglas de mercado. No son, en consecuencia, ni ayudas, ni subvenciones, ni un instrumento puesto a disposición del Gobierno para tener control del sector. Debemos recordar también que el Real Decreto 1538 de 1987 por el que se determina la tarifa eléctrica de las empresas gestoras del servicio, así como la Ley 40/1994 de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional que dio continuidad a los principios del Real Decreto, contemplaban unos compromisos o garantías dadas por el Estado español a las instalaciones de producción eléctrica de las empresas a las que era de aplicación dicho Decreto, y establecía un sistema de retribución a estas instalaciones basado en el establecimiento de unos costes derivados de las inversiones y objetivos. Por ello, los titulares de cada instalación de producción de energía eléctrica a las que les sea de aplicación dicho sistema tenían asegurada una retribución estándar en sus instalaciones durante la vida útil de las mismas.
El Senador Romero nos argumenta, para justificar su oposición a las modificaciones que se presentan a las Leyes del Sector Eléctrico y de Defensa de la Competencia, que esas medidas para nada benefician a la competencia, sino más bien al contrario, que se está yendo en contra de la competencia, que se está perjudicando claramente a los usuarios y a las pequeñas y medianas empresas.
Senador Romero, yo le puedo decir cuál era la situación que se encontró el actual Gobierno y cuál es la situación en la que se encuentra ahora mismo este sector después de haber transcurrido cinco años desde que se introdujeran las medidas liberalizadoras por parte del Gobierno.
Las tarifas de energía eléctrica en los años en los que había estado gobernando el Partido Socialista se vieron incrementadas en un 40 por ciento. Contrariamente a eso, y desde que se adoptan las medidas liberalizadoras por parte del Gobierno Popular, en estos cinco años los precios se han reducido en términos reales un 27 por ciento y en términos nominales un 17 por ciento.
Se dijo en su día, y se ha manifestado otra vez, que el actual sistema no iba a afectar a las pequeñas empresas y al uso doméstico. Sin embargo, se han reducido esas tarifas, lo que el ciudadano recibe en su casa, un 18 por ciento desde que se adoptaron estas medidas, con lo cual somos el tercer país de Europa que más ha reducido las tarifas en este período de tiempo. Además, en cuanto a las medianas empresas, las tarifas se han reducido un 18 por ciento, lo que nos coloca en el segundo lugar de Europa entre los países que más lo han reducido.


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Para el año 2001 el Real Decreto aprobado al respecto prevé una reducción de las tarifas de uso doméstico del 4 por ciento, además de lo que ya se había reducido para los usos domésticos y, por el contrario, se produce un incremento del 1,5 por ciento para los clientes que tengan alta tensión, lo que arroja una rebaja media del 2,2 por ciento, estando prevista una disminución del 9 por ciento para el trienio comprendido entre los años 2001 a 2003. Pero es que, además, 68.000 empresas pueden negociar ya sus precios con las empresas eléctricas y los pequeños consumidores y usuarios lo podrán hacer a partir del año 2003; es decir, se ha producido una mejora sustancial respecto a lo que este país venía padeciendo durante los años de gobierno socialista.
En consecuencia, señorías, debemos convenir que el mantenimiento de los costes de transición a la competencia dentro del actual sistema, además de ser un derecho para las empresas y una obligación y un deber para el Gobierno, ha contribuido a reducir de forma más que importante las tarifas y los precios de la energía eléctrica en nuestro país, por encima incluso del resto de los países de nuestro entorno.
En cuanto a la referencia respecto a que las modificaciones propuestas al proyecto de ley van dirigidas a reforzar las competencias del Gobierno en detrimento de las del Tribunal de la Competencia, debemos recordar que aquéllas vienen atribuidas al Tribunal de Defensa de la Competencia en el artículo 25 de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia, y que ni una sola de esas facultades le son mermadas por la modificación propuesta.
No podemos olvidar que el Tribunal de Defensa de la Competencia es un órgano consultivo que entre otras funciones tiene la de emitir dictámenes que, en cualquier caso, deberán ser tenidos en cuenta por el Gobierno a la hora de adoptar una decisión sobre cuestiones que afectan a la concentración de empresas. Pero, en ningún caso, la Ley 16/1989 atribuye a dicho órgano facultades de control y vigilancia, entre otras cosas, porque esas facultades están atribuidas al Servicio de Defensa de la Competencia en el artículo 31 de dicha Ley, donde se establece la función de vigilar la ejecución y cumplimiento de las resoluciones que se adopten en la aplicación de la misma.
Por último, y contestando a la referencia relativa a que las modificaciones propuestas permiten al Gobierno cambiar la legislación sectorial, debemos decir que nada más lejos de la realidad, puesto que contrariamente a la interpretación del Grupo Parlamentario Socialista y de otros grupos de esta Cámara, la modificación introducida al artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia pretende establecer con claridad la posibilidad, en aquellos casos en los que de dicha concentración se deriven riesgos para la competencia y para el interés público, de imponer a las empresas condiciones de carácter excepcional con respecto a las que rigen para el resto del sector, con el fin de contrarrestar los efectos que sobre la competencia pueda tener la operación, algo que además implícitamente se desprendía de la anterior redacción de la citada Ley 16/1989.
Señorías, en definitiva, por estas razones y por las ya expuestas en la Comisión de Economía, el Grupo Parlamentario Popular se va a oponer a la propuesta de veto formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Nada más. Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular y en la tribuna pública.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Ruego al público que se abstenga de aplaudir.
A continuación, pasamos al turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Aroz, por un tiempo de quince minutos.


La señora AROZ IBAÑEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, nuestro Grupo Parlamentario apoya la propuesta de veto presentada por el Grupo Parlamentario Socialista que se opone al proyecto de ley que estamos tramitando.
El proyecto de ley que hoy debatimos modifica, como sus señorías saben, la Disposición Transitoria Sexta de la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico y varios artículos de la Ley 16/1989 de Defensa de la Competencia.
Con la modificación de la Ley del Sector Eléctrico se pretende, según se señala en la exposición de motivos, aclarar el marco aplicable a los costes de transición a la competencia de las empresas eléctricas.
En cuanto a la Ley de Defensa de la Competencia, se incorporan medidas relacionadas con operaciones de concentración empresarial, medidas que en el proyecto de ley son consideradas imprescindibles para la consecución de un marco de defensa de la competencia adecuado a las necesidades derivadas del proceso de liberalización económica.
En relación con la opinión de nuestro Grupo sobre este proyecto de ley y respecto de la situación del marco legal energético y el marco de la defensa de la competencia, en primer lugar, dentro del proceso de liberalización que se está llevando a cabo en el sector eléctrico y energético, y que compartimos en lo que a sus objetivos se refiere, nuestro Grupo cree en la necesidad de dotar a los sectores implicados y a los agentes económicos y sociales de un escenario presente y futuro con unas reglas de juego claras, un escenario transparente y objetivo en el que también se tenga muy claro que la liberalización ha de traducirse en una competencia efectiva que signifique una reducción de precios energéticos para las economías domésticas e industriales.
Sin embargo, consideramos que no es ésta la situación actual, y buena prueba de ello es el proyecto de ley que estamos debatiendo. La modificación que se realiza del marco legal afecta concretamente al sistema de cobro de los CTC, los costes de transición a la competencia, para aclarar --se dice-- el marco aplicable. Pero en nuestra opinión la cuestión de fondo consiste en que se legisla sobre un concepto que está cuestionado, no sólo por nuestro

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Grupo parlamentario, que también, sino además por las autoridades europeas. Así, los costes de transición a la competencia de las empresas eléctricas están cuestionados por la Comisión Europea, la cual, a pesar de que no ha abierto un expediente a España, considera que son subvenciones encubiertas. Los CTCs están calificados por Bruselas como ayudas de Estado y probablemente sean incompatibles con el mercado único.
Pero también están cuestionados por órganos competentes españoles: por el Tribunal de Defensa de la Competencia y por la Comisión Nacional de la Energía, los cuales en recientes informes han puesto de manifiesto que son barreras para la competencia. Por tanto, nuestro Grupo entiende que lo que primero procede es aclarar ese concepto y esperar el pronunciamiento de las autoridades europeas, es decir, la decisión de Bruselas, antes de legislar para aclarar, como pretende el proyecto de ley, el sistema de cobro.
Por lo que se refiere a la modificación de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, hay que empezar por recordar que dicha ley está afectada de inconstitucionalidad según la sentencia del Tribunal Constitucional de noviembre de 1999, sentencia conocida cuando la reforma, en 1999, de esa ley precisamente se estaba tramitando en esta Cámara. Para salvar esa situación de inconstitucionalidad esta Cámara aprobó una disposición que mandataba al Gobierno a corregir esa situación y adaptar la legislación vigente a esa sentencia del Tribunal Constitucional antes del 1º de octubre de 2000. Por tanto, el Gobierno está incumpliendo un mandato del Tribunal Constitucional, sentencia que hay que recordar que reconoce atribuciones a las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia. Así pues, cuando se legisla sobre una ley que tiene vicios de inconstitucionalidad se está agravando su situación de inconstitucionalidad, algo que a nuestro juicio es preocupante.
En cuanto al objetivo que se dice pretender: un marco que garantice la competencia en el proceso de liberalización, entendemos que el proyecto de ley no va en la buena dirección sino que, por el contrario, incrementa el retroceso que supuso la reforma de 1999 en lo relativo a la mejora de la vigilancia de la defensa de la competencia.
El Senador del Partido Popular decía que el Gobierno lo que hace es aplicar la legislación vigente. Efectivamente, señoría, pero es que la reforma que se hizo en 1999 de la Ley de 1989 significó un retroceso muy importante de las competencias que tenía el Tribunal de Defensa de la Competencia y de las competencias que ha de tener el Tribunal de Defensa de la Competencia como órgano independiente para la vigilancia de la competencia en España.
Ello es lo que lleva a decir a los expertos independientes --no sólo a nuestro Grupo, que también estamos de acuerdo con ellos-- que la vigilancia de la competencia es una asignatura pendiente de la economía española.
Señorías, este proyecto de ley, con la reforma que introduce en la Ley de Defensa de la Competencia, viene a poner todavía más de manifiesto esta situación de que la competencia es una gran asignatura pendiente de la economía española.
Por todo ello, señorías, el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés va a apoyar esta propuesta de veto presentada por el Grupo Socialista y muchas gracias por su atención.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senadora Aroz.
¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Romero Calero.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señor Presidente. Intervendré brevemente.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha vuelto a manifestar esta tarde que los costes de transición a la competencia son consecuencia del cumplimiento de una obligación del Gobierno, pero la obligación se deriva de una determinada legislación, concretamente de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico, y a menos que consideremos la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico como una verdad revelada que no se puede modificar y que no se puede alterar de ninguna manera, ya me dirán ustedes por qué razón hay que aceptar que los costes de transición a la competencia no es más que una política concreta de cómo se aborda una pretendida transición hacia los mercados competitivos.
Por otra parte, claro que podemos comparar la situación actual del sector eléctrico con la situación del sector eléctrico en 1996. El sector eléctrico en el año 1996 --ya lo decía antes-- tenía más de doce empresas, mientras que el sector eléctrico en la actualidad tiene apenas cuatro empresas, de las cuales dos controlan el 80 por ciento del sector.
Yo no sé por qué volvemos a repetir esto, porque la verdad es que es un poco reiterativo. Ya había dicho que hasta el año 1997 se había producido una reducción en términos reales desde el año 1986 y un incremento en términos nominales, y efectivamente eso ha sido así, en una situación económica radicalmente distinta de la que ha vivido España en estos últimos años, entre otras cosas porque algo también tendrían que ver los diversos gobiernos socialistas.
Lo que yo les estaba poniendo de manifiesto, señorías, es que en una situación en la que la generación eléctrica incrementa sus precios el 19 por ciento --reitero una vez más que es una situación muy parecida a la que se viene dando en el mercado eléctrico de California--, las empresas distribuidoras que suministran a clientes a tarifa reducen los precios en términos nominales y, sin embargo, lo que compran les cuesta más, lo que venden lo venden más barato, y mantienen más margen de beneficio, y es solamente a costa de reducir de una manera importantísima, insisto en ello, los costes de personal y los costes de inversión. Como consecuencia de eso, lo que el productor español está comprando ahora, ese producto que cuesta ahora no sé cuánto más barato, es lo mismo que si usted me compara un filete de pollo con un filete de ternera. Están comparando cosas diferentes que, además, lo están notando ya

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cientos de miles de consumidores españoles y que, si no se remedia, lo notaremos todos.
Por eso es por lo que nosotros nos oponemos a este proyecto de ley en los términos en los que se nos somete.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Romero Calero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Ferrández.


El señor FERRANDEZ OTAÑO: Muchas gracias, señor Presidente.
Senadora Aroz, la Comisión Europea, y en concreto el Comisario Monti, renunció a proponer la apertura del expediente de investigación contra España en la reunión del Colegio de Comisarios de los días 17 y 31de enero pasado. Luego en la Comisión Europea no hay ningún expediente abierto contra España en relación con este asunto. Es cierto que en su día se habló de la posibilidad de abrirlo, pero también es cierto que el Comisario Monti renunció a abrir ese expediente los días 17 y 31 de enero. Con eso quedan contestadas las reticencias que tenía respecto a si la Comisión Europea veía con buenos o con malos ojos la posibilidad de que se introdujeran los costes de transición a la competencia por parte del Estado español.
Precisamente esos costes de transición a la competencia, Senador Romero, son los que nos diferencian del sistema de California. En California no existen los costes de transición a la competencia, y eso es precisamente lo que ha provocado la situación en la que se encuentra. En España sí existen los costes de transición a la competencia y son los que están impidiendo que se provoquen situaciones como las de California. Usted dice que no se puede comparar el pollo con la carne. Yo lo que le puedo decir es que desde que se introdujeron las medidas liberalizadoras en el sector eléctrico el recibo de los usuarios españoles se ha reducido un 27 por ciento, y en el tiempo que ustedes estuvieron gobernando en este país se incrementó en un 40 por ciento. Yo no sé si eso es pollo o carne, eso son recibos eléctricos que son los que pagan todos los ciudadanos.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ferrández. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar la propuesta de veto correspondiente al voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 65; en contra, 148.


La señora PRESIDENTA: En consecuencia, queda rechazada la propuesta de veto puesto que para su aprobación se requería la mayoría absoluta.
Pasamos al debate de las enmiendas.
Voto particular número 2, presentado por el Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 7 a 9, artículos 1 a 3, disposición adicional, derogatoria, disposiciones finales primera, tercera y preámbulo. (Rumores.) Señorías, por favor, guarden silencio.
Para la defensa de sus enmiendas tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, antes de presentar las enmiendas debo decir, desde la perspectiva del Bloque Nacionalista Galego, que nosotros consideramos positivas las aclaraciones introducidas durante la tramitación del proyecto en el apartado 5 de la Ley 54... (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Quintana.
Señorías, hagan el favor de guardar silencio. (Pausa.) Puede continuar, Senador.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Señorías, intentaba exponer que nosotros consideramos positivas las aclaraciones introducidas durante la tramitación del proyecto de la Ley 54/1997, del Sector Eléctrico, si bien, y a pesar de esta consideración positiva, esto no añade nada demasiado nuevo respecto de las potestades que la Ley de Defensa de la Competencia ya atribuía al Gobierno. No obstante, mantenemos nuestro sentido crítico respecto de dos aspectos fundamentales del Real Decreto-ley en cuestión.
En primer lugar, el Bloque Nacionalista Galego sigue estando disconforme con la injusta y desproporcionada subvención de 1,44 billones de pesetas concedidos a un sector dominado por cuatro empresas --a fin de cuentas son subvenciones--. (Fuertes rumores.) Hace poco tiempo, en la consideración que le merecía al Gobierno la situación de la pequeña y mediana empresa del comercio con motivo de la liberalización de los horarios comerciales, el propio Gobierno aprobó medidas de compensación a este sector, y algunas Comunidades Autónomas actuaron en el mismo sentido. Se trataba de paliar una situación injusta con medidas de apoyo a un sector económico, y nadie dudó en calificar tales medidas de subvenciones. Ahora se trata de que el Gobierno intervenga en una situación de acuerdo con el sector eléctrico a través también de medidas de compensación económica al propio sector... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, por favor, Senador Quintana.
Señorías, guarden silencio. (Pausa.) Puede continuar su señoría.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Unas y otras son subvenciones, sólo que en el primer caso están totalmente justificadas en tanto que en el segundo caso a nuestro entender no es así.


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Pero es que, además de esto, la decisión de mantener estas ayudas a las eléctricas es más grave si tenemos en cuenta que a las mismas no se les exige compromiso alguno de mejoras en su infraestructura de producción y distribución.
Por ello nosotros mantenemos dos enmiendas parciales para que, por un lado, se introduzca la obligación de destinar inversiones en mejora medioambiental de las centrales e instalaciones de producción y distribución eléctrica, y, por otro, se destine también parte de las retribuciones percibidas por ese concepto a mejorar las redes de distribución.
Hay que tener en cuenta que en el caso de Galicia, por ejemplo, a pesar de contar con instalaciones de producción eléctrica importantes, con la afectación medioambiental que eso supone, y por las cuales las sociedades titulares percibirán las compensaciones económicas establecidas en la disposición que hoy discutimos, aún existe, a pesar de eso, repito, un suministro eléctrico deficiente y que debe ser mejorado por las empresas eléctricas de manera inmediata. No se aprovecha esta ocasión para hacerlo, nosotros lo consideramos un error, y así lo ponemos de manifiesto en nuestras enmiendas números 7 y 8.
En segundo lugar, también somos críticos con las modificaciones introducidas en la Ley de Defensa de la Competencia, a través de este proyecto de ley, por cuanto a nuestro modo de entender refuerzan el protagonismo del Servicio de Defensa de la Competencia, que depende orgánicamente del Ministerio de Economía, cuando en realidad lo que se debería de haber sería impulsar el Tribunal de Defensa de la Competencia, que reúne un carácter más independiente e imparcial.
Más grave aún, si cabe, es la atribución que se hace al Gobierno en el artículo 2 de este Real Decreto-ley, que le permite modificar la legislación sectorial a su antojo cuando ésta pudiera suponer un obstáculo para hipotéticas operaciones de concentración empresarial. Por tanto, desde nuestro punto de vista, se está introduciendo con ello la posibilidad de que el Gobierno altere las reglas de determinados mercados, aprobadas mediante las leyes sectoriales de forma aleatoria, según las circunstancias que concurran en cada caso. Se elude así la dimensión vertical de todo el sistema normativo, donde cualquier acto del Gobierno debería de estar subordinado a los principios y reglas preestablecidos por normas con rango de ley, y, al mismo tiempo, se crea una inseguridad jurídica tremenda al contemplarse expresamente que el marco normativo y la competencia en determinados mercados no será estable, sino que estará regida por las direcciones puntuales del Gobierno.
Por todo ello, mantenemos nuestra enmienda de supresión al artículo 2.Uno, eliminando las facultades que se le le atribuyen al Gobierno para efectuar retoques en la legislación sectorial a este respecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Quintana.
Voto particular número 3, correspondiente a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que incluye las enmiendas números 1 a 6. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en la línea del veto del Grupo Parlamentario Socialista, defendido por el señor Romero Calero, permítanme una pequeña introducción, antes de la defensa concreta de las enmiendas.
Con independencia de lo que consideremos sobre los Costes de Transición a la Competencia, debemos de tener en cuenta --como decía el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- que desde que se aprobó la Ley de modificación del Sector Eléctrico, que se suponía que abría el sector a la competencia, en nuestro país no se ha producido la misma, y hemos pasado de un monopolio estatal a un oligopolio privado. Por tanto, el modelo competitivo sigue sin producirse y los pequeños consumidores y los consumidores domésticos no pueden elegir suministrador, a pesar de lo cual, como se decía, vamos a pagar 1 billón 736.000 millones de pesetas por estos Costes de Transición a la Competencia.
Y, señorías, aunque esto es común para el conjunto del sector en todo el Estado, en Baleares sí que lo tenemos claro, es decir, que este comentario sirve para el conjunto del Estado, pero para Baleares muy especialmente: Auténtico monopolio, una sola empresa, y lo que se ha producido desde entonces para acá es un aligeramiento de plantillas con incentivos y acuerdos individuales que la ha dejado prácticamente a la mitad; lo que se ha producido es una externalización de actividades que desempeñaba la compañía en su momento, contratas, y ésta es casi ya la única competencia existente en la misma. Por tanto, insisto, mantenimiento del oligopolio, en este caso privado, actualmente; no se nota nada en los consumidores --al menos así lo dicen los consumidores, todos los consumidores, asociaciones de todo tipo--; hay dificultades de inversión y lentitud en la solución de los problemas estructurales --yo no quiero mencionar aquí apagones, como se ha hecho desde la tribuna, pero apagones en mi Comunidad ha habido unos cuantos, entre otros algunos muy graves en plena temporada estival: Un aeropuerto internacional se apaga porque no funciona nada, ni el generador el aeropuerto, ni tampoco, lógicamente, la compañía GESA, lo cual es realmente dramático-- e, insisto, déficit en los servicios que se prestan al usuario de una forma importante. Eso es objetivamente lo que está ocurriendo en este momento.
Por ello, estando de acuerdo --y por eso hemos votado a favor-- con el veto, las enmiendas que presentamos van en esta dirección.
La primera es de modificación y se presente suprimir el siguiente texto de la Ley: «... En consecuencia, se reconoce a dichas sociedades el derecho a percibir una compensación por tales costes.» Señorías, en ningún momento se ha reconocido que exista el derecho a percibir los Costes de Transición a la Competencia; se ha reconocido que existen costes de transición, sin más. Por tanto, pedimos la supresión, porque no es lo mismo que se reconozcan unos

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costes de entrada a que se reconozca el derecho a percibir una compensación; por ejemplo, aunque en el año 2002 se analizara que no existen costes de transición, las empresas eléctricas tendrían derecho a percibirlo porque así se ha reconocido de antemano. Es, por tanto, una cuestión de concepción de cuál es el derecho --que puede existir, efectivamente-- o el reconocimiento de entrada independientemente de los costes de transición que se puedan producir. Por este motivo presentamos la primera enmienda.
La segunda enmienda es de modificación, está en coherencia con otras enmiendas y va en la misma dirección que la anterior. Los Costes de Transición a la Competencia que reconocemos como derecho deben ser sólo y exclusivamente --y la enmienda se refiere a ello-- por los incentivos al consumo de carbón autóctono y a la aplicación de las tecnologías que aquí han sido explicadas en el debate del veto.
La tercera enmienda es de modificación y en ella se plantea la cuestión del plazo. Se me va a contestar que eso significaría más gasto y, por tanto, dificultades para el consumidor porque tendría que pagar más, pero no lo creemos así porque hay una coherencia entre las enmiendas que planteamos sobre esta cuestión, y si ya nos parecía excesivo el 2007, más aún nos lo parece ampliar el plazo al 2010 para percibir estos costes.
Desde que se aprobó la Ley de modificación del sector eléctrico no se ha producido tal competencia y, como ya hemos explicado, hay un oligopolio, con lo cual, repito, nos parece excesiva esa ampliación al 2010.
La enmienda número 4 plantea la cuestión de calcular las plusvalías reales originadas por la venta para que sean éstas las que se descuenten del saldo pendiente de los derechos de los Costes de Transición a la Competencia de la sociedad vendedora. Esta enmienda tiene que ver, por tanto, con los costes a la hora de fijar la venta de las instalaciones.
Normalmente las valoraciones que se hacen en la venta suelen estar por encima de aquellas que constan en las contabilidades de las empresas y nuestra enmienda va en este sentido.
Las enmiendas números 5 y 6 tienden, efectivamente, a limitar las posibilidades de maniobra de los acuerdos del Consejo de Ministros.
Creemos que al menos se tiene que respetar un estándar mínimo y que, en todo caso, la flexibilidad del Gobierno tiene que servir para subir o bajar el índice, pero nunca para situarlo por debajo de unos estándares mínimos sectoriales, que son los que garantizan un mínimo general para todo el mundo. Esto es lo que denominamos bien común e interés general, expresión que aparece en nuestras enmiendas.
Señorías, éstas son las razones de las enmiendas que presentamos a este proyecto de ley. Esperamos, lógicamente, que en un futuro el debate sirva esencialmente para limitar estos grandes beneficios, de forma que el dinero que reciben las eléctricas se destine para otras cuestiones mucho más importantes para esta sociedad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Turno de defensa del voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 10 a 15. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a defender las enmiendas números 11, 12, 13, 14 y 15 incluidas en el dictamen emitido por la Comisión.
En primer lugar, quiero hacerle una aclaración a mi respetado Senador Ferrández, porque seguramente antes no me he explicado bien o ha habido un malentendido. La disposición transitoria sexta de la Ley del Sector Eléctrico reconoce unos Costes de Transición a la Competencia a sociedades titulares de instalaciones de producción de energía eléctrica.
Las sociedades titulares de producción de energía eléctrica han incrementado los precios del año 2000 en relación con 1999 en algo más de un 19 por ciento.
La comparación que antes hacía con el mercado eléctrico en California es absolutamente pertinente. Los Costes de Transición a la Competencia no nos diferencian del mercado eléctrico de California, Senador Ferrández, porque las compañías que allí están en quiebra son las distribuidoras y no las generadoras. Los Costes de Transición a la Competencia incrementan los beneficios en España de las compañías generadoras.
Si en España hubiera una separación real entre los sectores de generación y de distribución, las distribuidoras españolas, a las que no va ni una peseta de los Costes de Transición a la Competencia, no hubieran podido llevar a sus costes de explotación las reducciones tan drásticas que están realizando en algunos casos. Pero esta separación, evidentemente, no existe, a pesar de ser un elemento fundamental a la hora de introducir verdaderamente factores de competencia. El sector de generación tiene que funcionar de forma aislada al de la distribución, pero no mediante artificios contables o sociedades interpuestas. Hoy en día el 80 por ciento de la generación y de la distribución en España está en manos de dos únicas compañías.
Por tanto, en nuestro país no se está produciendo transición a la competencia. No quiero ser alarmista, Senador Ferrández, pero no se está produciendo. En España hay unas circunstancias distintas a las que se dan en California, sobre todo porque en este momento tenemos una previsión de incremento de generación en una cantidad importante de kilovatios, algo que no sucede en California; asimismo, nuestras redes están interconectadas con Europa. Es decir, se dan unas circunstancias diferentes. Pero la situación de ambos modelos, el liberalizado en España y en Estados Unidos, es paralela.
Los Costes de Transición a la Competencia no evitan ese problema, porque no están retribuyendo la distribución. Cosa distinta sería que estuvieran retribuyendo las compañías distribuidoras, sobre todo que estuvieran dirigidos a mejorar la infraestructura de distribución. La infraestructura de distribución eléctrica en España en media y baja tensión es muy deficitaria. La infraestructura de distribución en las redes de transporte, desde 400 hasta 60 kilovatios, son infraestructuras aceptables. Las redes de distribución de media y baja tensión, que son de verdad las que le llegan al usuario, son muy deficitarias. Ahí no se

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está invirtiendo ni una peseta, porque los Costes de Transición a la Competencia no están dirigidos a esas compañías, sino a la generación.
Y sobre la generación ya le di antes un dato. Me refiero hasta dónde está llegando de manera indiscriminada este dinero, hasta dónde esta llegando al reconocerse que siempre que el kilovatio se mantenga por debajo de seis pesetas/kilovatio tendrán derecho a Costes de Transición a la Competencia.
¿Sabe usted cuál fue el precio medio ponderado en el mercado el año pasado? Fue de 5,9 pesetas/kilovatio. Se quedaron a una décima de no cobrar Costes de Transición a la Competencia. Y es más, ya le digo hoy, en el mes de mayo, que cuando llegue el mes de diciembre los costes de los kilovatios en este año para las generadoras se quedarán media décima, una décima o una décima y media por debajo del escalón que se pone para que las compañías generadoras tengan derecho a percibir esos Costes de Transición a la Competencia.
Esto no se sostiene. Esto hay que llamarlo por su nombre, es decir, son ayudas a las empresas eléctricas para que éstas puedan lograr un incremento importante en su volumen de recursos propios y puedan abordar, por ejemplo, inversiones multimillonarias en otros países, como en el caso de América Latina. Y, en definitiva, como los Costes de Transición a la Competencia los cobran las generadoras pero la caja es la misma, es decir, si el Presidente de Endesa es el Presidente de Endesa --no es el Presidente de Endesa Generación y luego hay una empresa distribuidora diferente--, como Endesa tiene el 50 por ciento de la generación y el 40 por ciento de la distribución y cosa parecida ocurre con Iberdrola, las compañías están utilizando esto para abordar los costes multimillonarios que les están suponiendo las reducciones de empleo.
Usted me dice --y se le llena la boca diciéndolo-- que cuando nosotros gobernábamos el precio se incrementaba y ahora que no gobernamos, ahora que gobiernan ustedes, el precio se reduce. A mí se me puede llenar la boca diciendo que cuando nosotros gobernábamos el sector empleaba un 35 por ciento de personas directamente más de las que emplea hoy día. Por tanto, son cosas diferentes, por lo que no mezclemos cuestiones que, a mi juicio, no se pueden mezclar.
En este sentido es en el que nosotros planteamos la enmienda de sustitución número 11, dirigida básicamente a que la Comisión Nacional de la Energía --no el Gobierno-- elabore un plan de adecuación a la competencia y lo someta al Gobierno. Evidentemente, tampoco queremos sustraer competencias al Gobierno. Este es el que tiene la capacidad ejecutiva en el sistema y es el que tiene que proponer al Parlamento la adecuación de determinados modelos legislativos. Por tanto, proponemos que sea la Comisión Nacional de la Energía la que elabore un plan de adecuación a la competencia que tenga en cuenta la generación. Y el tránsito del marco legal estable, el tan denostado marco legal estable --quiero recordarle que el marco legal estable dio estabilidad al sector eléctrico en España durante más de una decena de años--, al modelo competitivo puede generar determinados costes a determinadas unidades de producción eléctrica que en su día se vieron obligadas a acometer esas inversiones precisamente como consecuencia del desarrollo del sector eléctrico en dicho marco legal estable. Pero eso es una cosa y otra es decir que se le reconoce al conjunto de las compañías eléctricas algo más de un billón y medio de pesetas o un billón trescientos mil millones de pesetas, porque ahora ya han fluctuado las cifras, de Costes de Transición a la Competencia. (El señor Vicepresidente, Prada Mesa, ocupa la Presidencia.) No señor, no lo sabemos, eso dependerá y habrá que hacer un plan de adecuación a la competencia real, mucho más cuando se ha puesto de manifiesto de una manera evidente que no todo lo que se pensaba eran activos no competitivos desde el punto de vista productivo, ya que cuando Endesa e Iberdrola se han fusionado y han puesto a la venta estos activos, han aflorado plusvalías muy importantes asociadas a esos activos.
Por tanto, en base al interés general, estudiemos cómo de verdad se puede abordar un plan de adecuación a la competencia y que tenga en cuenta no solamente los elementos de producción, sino también los elementos de distribución. La electricidad, señorías, es un servicio público de primera necesidad, y el mismo derecho tienen un usuario de una aldea de Asturias o de Andalucía que un usuario de Madrid o de Sevilla, y no se puede permitir que hoy día en el reglamento de baja tensión actual esté dividida la calidad del suministro en función de dónde habita el usuario, y esto está así planteado. Hay que hacer un plan de adecuación a la competencia que tenga en cuenta determinados elementos productivos pero también la distribución, determinadas redes productivas y de qué manera la producción y la distribución de energía eléctrica puede ser respetuosa con el medio ambiente. Efectivamente, si a la sociedad española le cuesta algo más vía tarifas, por compensaciones de transición a la competencia, que determinadas instalaciones productivas o determinadas instalaciones de distribución tengan un carácter respetuoso con el medio ambiente, por ejemplo, que en vez de ser líneas áreas, como son hoy día la inmensa mayoría de las líneas de media y de alta tensión que son aéreas, que estamos viendo cómo multitud de poblaciones se ven atravesadas por líneas aéreas de distribución, ¿estas líneas pueden ser subterráneas? Nosotros decimos que sí, pero eso supondría un coste que no deben de asumir sólo las compañías, pero hay que estudiarlo y hacer un plan real de adecuación a la competencia. No digamos a las compañías eléctricas: Aquí tienen ustedes un cheque en blanco; si ustedes me mantienen la producción por debajo de 6 pesetas kilovatio, ustedes van a tener un billón y pico de pesetas como compensación por ello. Porque hasta tal punto les estábamos dando un cheque en blanco que gran parte de esta deuda la habían titulizado y hasta tal punto eso eran unas ayudas y tenían carácter de ayuda.
Por tanto, la primera cuestión es el plan de adecuación a la competencia que elabore la Comisión Nacional de la Energía, que lo someta al Gobierno y que el Gobierno, naturalmente, lo someta al Parlamento en su momento y lo someta en las condiciones y en las circunstancias que considere más oportunas, y que tenga en cuenta estos costes,

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que nosotros reconocemos expresamente inherentes a las tecnologías que usan carbón nacional. La sociedad española tiene que pagar porque el carbón nacional no es competitivo con el carbón de importación o con otras tecnologías, y eso supone unos costes adicionales que los tiene que asumir la sociedad, y nosotros decimos que sí, pero negamos que se pueda hacer un planteamiento genérico indiscriminado de costes de adecuación a la competencia.
La enmienda número 12 también es de sustitución y pretende simplemente salvaguardar de una manera expresa lo que se nos ha puesto de manifiesto --a lo que yo me he referido esta tarde, al igual que otros señores Senadores-- en el sentido de que en el frustrado proceso de unificación de Endesa-Iberdrola, las empresas que iban a comprar no se sabía muy bien si lo que se les vendía era un activo productivo o una expectativa de derecho. ¿Se les vendía un activo productivo que implicaba una producción con una plantilla, con un determinado plan industrial de unas determinadas características, o se les vendía una expectativa de derechos de cobro de Costes de Transición a la Competencia adscritos a ese activo? Eso naturalmente no se puede mantener, y hay que introducir mecanismos con los que se salvaguarde de una manera clara y rotunda que esto no va a ocurrir. Recordarán ustedes que en la frustrada fusión de Endesa e Iberdrola uno de los argumentos fundamentales de los Consejos de Administración de ambas empresas se refería precisamente a los derechos de cobro sobre los Costes de Transición a la Competencia.
Las enmienda números 13 y 14, que son de sustitución, se refieren a las modificaciones que se proponen en la Ley de Defensa de la Competencia.
Nosotros planteamos aquí que no se puede anteponer el Servicio de Defensa de la Competencia al Tribunal de la Competencia. El Tribunal de la Competencia es un órgano jurisdiccional --de carácter administrativo, pero un órgano jurisdiccional-- que tiene que tener unas competencias que deben estar normativamente salvaguardadas. Quiero recordar a sus señorías que recientemente, y no en una única ocasión, las autoridades de la competencia de la Unión Europea han expresado sus temores respecto a que en España se mantenga todavía una excesiva dependencia de los órganos que velan por la competencia en relación con el Gobierno. Nosotros creemos que si se aborda una modificación de la Ley de Defensa de la Competencia se debe hacer en el sentido de dotar de más y mejores contenidos al Tribunal de la Competencia, sin menoscabo de cuáles son las competencias del Gobierno y del Servicio. Insisto, señorías, en que, al fin y al cabo, se trata de un Servicio administrativo de un Ministerio, y en ningún caso pueden subordinarse las actividades, las prerrogativas, las actuaciones del Tribunal de la Competencia al Servicio.
La enmienda número 15 es de supresión y no entendemos muy bien por qué se introdujo en el Congreso de los Diputados por parte del Grupo Parlamentario Popular. Creemos que lo que se ha pretendido es querer resolver una situación interna del Tribunal de la Competencia con esta renovación por mitades. Pensamos que posiblemente será una cuestión que habrá que abordar, pero desde luego no nos parece adecuado que el momento de abordarla sea esta ley, que de esta forma se convierte en una ley de modificación de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de Defensa de la Competencia. Y quiero llamar la atención de sus señorías, aunque no sé si es muy ortodoxo y la Presidenta me lo permitirá o me llamará al orden si no es correcto, en el sentido de que por el uso normal el título del proyecto de ley que hoy se somete al Pleno es de modificación de la Ley de Ordenación del Sector Eléctrico y de la Ley de Defensa de la Competencia, pero también modifica la Ley de introducción al euro, que es una enmienda que introdujo el Grupo Parlamentario Popular en el Senado y no se ha incluido en el título. Supongo que se deberá introducir en el título para seguridad jurídica de los que consultan los boletines, es decir, de los estudiantes, de los abogados, o de los jueces. El proyecto de ley modifica la Ley del Sector Eléctrico, la Ley de Defensa de la Competencia y también la Ley de introducción al euro. Un aspecto de este proyecto de ley, de modificación del euro, sobre el que el Grupo Parlamentario Socialista no mantiene ninguna enmienda y votará a favor.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Romero.
¿Turno en contra? (Pausa.) El Senador Ferrández tiene la palabra.


El señor FERRANDEZ OTAÑO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me corresponde hacer uso del turno en contra para contestar a las enmiendas presentadas por los distintos Grupos de la Cámara. En cuanto a las enmiendas formuladas por el Bloque Nacionalista Galgo, números 7, 8 y 9, las dos primeras, que afectan al artículo 1 de proyecto de ley, pretenden condicionar la percepción de los Costes de Transmisión a la Competencia a la realización de una serie de inversiones para la reducción del impacto medioambiental de las centrales y para la mejora de las redes de distribución eléctrica.
Como ya le comenté en la Comisión de Economía, le reitero que no podemos aceptar ambas enmiendas porque con ellas se pretende condicionar el hipotético cobro de los Costes de Transición a la Competencia a la realización de una serie de inversiones. A juicio del Grupo Parlamentario Popular, esta pretensión está fuera de lugar porque entiende que en este momento los Costes de Transición a la Competencia no son ayudas ni subvenciones a las empresas eléctricas, pese a que insista en ello el representante del Bloque Nacionalista Gallego, sino compromisos derivados de una regulación anterior, ineludibles para el Gobierno por constituir un derecho de estas empresas a la percepción de una compensación por el paso de un sistema fuertemente intervenido, como era el marco legal estable, a otro más competitivo en el que rigen las reglas de mercado.
Además, lo que propone la enmienda número 8 resultaría reiterativo, ya que la propia Ley 54/1997 del Sector Eléctrico establece todo lo relativo a la calidad de suministro eléctrico y, por tanto, entendemos que con esa aportación sería suficiente.


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Tampoco podemos estar de acuerdo con la enmienda número 9, por la que se pretende suprimir el inciso que el Real Decreto Legislativo 2/2001 ha introducido en el artículo 17 de la Ley de Defensa de la Competencia, especificando la posibilidad de que los acuerdos del Consejo de Ministros impongan a las empresas que se concentran limitaciones diferentes a las impuestas por la legislación sectorial en tanto en cuanto las condiciones del acuerdo se ejecutan, ya que dicho inciso no supone que mediante el acuerdo del Consejo de Ministros se modifique la legislación sectorial, sino que, más bien al contrario, pretende establecer con claridad la posibilidad de imponer condiciones excepcionales respecto a las que rigen para el resto del sector a aquellas empresas que se concentran, y únicamente en aquellos casos en los que de dicha concentración se deriven riesgos a la competencia y, en última instancia, para el interés general.
Por esas razones, no vamos a admitir las enmiendas formuladas por el Bloque Nacionalista Gallego.
Con relación a las enmiendas números 1 a 6, formuladas por los señores Cámara y Cabrero, he de decir que las cuatro primeras van dirigidas a modificar determinados aspectos del artículo 1 del proyecto de ley y, en concreto, lo referido a los Costes de Transición a la Competencia y al período máximo previsto para establecer la retribución y distribución que corresponda.
No podemos aceptar estas enmiendas por cuanto, contrariamente a lo pretendido por Izquierda Unida, los Costes de Transición a la Competencia --vuelvo a repetirlo-- se establecen con un objetivo básico, que es pasar del marco legal estable a un sistema competitivo, y constituyen --como antes ya he dicho-- un derecho de las empresas que pudieran estar afectadas y una obligación del Gobierno en cumplimiento del Real Decreto 153/1987 y de la Ley 40/1994, de Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional, es decir, normas en las cuales poco tuvo que ver el Partido Popular; están ahí y el Gobierno se ve obligado a cumplirlas porque las empresas afectadas tienen unos derechos reconocidos en las mismas, razón por la cual los Costes de Transición a la Competencia deben ser mantenidos, contrariamente a lo manifestado por los distintos portavoces de los grupos parlamentarios.
Por otra parte, la reducción del plazo que se pretende afectaría negativamente a los consumidores porque dicha medida significaría el incremento de la tarifa eléctrica al distribuir los costes permanentes en menos años, supondría un perjuicio y, en consecuencia, tampoco lo podemos admitir.
En cuanto al sistema de cálculo de los Costes de Transición a la Competencia he de decir que parece más razonable, en contra de lo que pretende la enmienda, que, dado que el anterior sistema retributivo del marco legal estable no consideraba los valores contables sino los estándares, sea con estos valores actualizados con los que deba compararse a efectos de reflejar las posibles plusvalías en la venta de activos de producción.
Por último, tampoco podemos aceptar las enmiendas números 5 y 6 por las que se pretende la modificación del apartado Uno del artículo 2 del proyecto de ley. En cuanto a la primera, en nada completa lo ya dispuesto en la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia, ya que en la propia exposición de motivos de dicha ley se establece que con su aplicación se trata de garantizar el orden económico constitucional en el sector de la economía de mercado desde la perspectiva de los intereses públicos. Y respecto a la segunda, debemos decir que es precisamente para garantizar la existencia de una competencia suficiente y protegerla frente a todo ataque contra el interés público por lo que se ha modificado dicho artículo, sin que la propuesta de Izquierda Unida aclare o complete su redacción.
Las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista inciden nuevamente en los argumentos planteados a la hora de justificar el veto, en los argumentos planteados en la Comisión de Economía y en algunas cuestiones que ya han sido planteadas por otros grupos.
Como quiera que antes de debatir las enmiendas el portavoz socialista ha hecho una serie de consideraciones al margen de las propias enmiendas, pero referidas a la anterior intervención, debo decirle que, contrariamente a lo que usted piensa, las eléctricas no ingresaron 51.226 millones por los Costes de Transición a la Competencia entre enero y octubre del año 2000 por superar el precio máximo de generación, es decir, por superar las seis pesetas. Luego no tenga la seguridad de que se van a quedar medio punto o un punto o punto y medio por debajo de ese seis por ciento porque a lo mejor lo superan en muchos casos, como ha sucedido entre enero y octubre del año 2000.
Por lo tanto, los Costes de Transición a la Competencia no son una ayuda, no son un regalo que dé el Gobierno, sino que son simple y llanamente una consecuencia de una regulación normativa aprobada por el Gobierno socialista en el año 1987 y en el año 1994 que obliga indefectiblemente al Gobierno a tener que respetarla porque implica unos derechos en las sociedades generadoras que tiene que cumplir. Y ésa es la razón, pero no en todos los casos, como le acabo de demostrar diciéndole que 51.226 millones de coste de transición a las competencias no fueron ingresados por las eléctricas entre enero y octubre del año pasado.
Centrándome en las enmiendas propiamente dichas, la primera de ellas, de sustitución del preámbulo, se justifica por el resto de las enmiendas y, en ese sentido, la no aceptación del resto de las enmiendas justifica la no aceptación de la enmienda del preámbulo.
Las enmiendas 11 y 12 tampoco pueden ser aceptadas porque asignan unas atribuciones a la Comisión Nacional de la Energía que sobrepasan las contempladas en el apartado tercero a la disposición adicional undécima de la Ley 34/1998, que no se modifica en este proyecto de ley. Además, condicionan el cobro de los Costes de Transición a la Competencia a su aplicación para saneamientos financieros o a la observancia de cuotas máximas de mercado de generación, que es lo que le acabo de explicar anteriormente, otorgando un alto grado de discrecionalidad que en modo alguno se ajusta a los derechos que, en virtud de las disposiciones legales vigentes, tienen las empresas afectadas y que el Gobierno se ve en la ineludible obligación de tener que respetar.


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Mención aparte merece la enmienda número 13, de sustitución del apartado uno artículo 2, por la que se pretende facultar al Tribunal de Defensa de la Competencia para proponer al Ministro de Economía la decisión sobre operaciones de concentración para que éste eleve dicha propuesta al Gobierno quien deberá decidir entre ratificarla o resolver en sentido contrario. No podemos aceptar la enmienda por cuanto esta nueva facultad que se pretende atribuir al Tribunal de Defensa de la Competencia no aparece entre las recogidas en el artículo 25 de la Ley 16/1989 aprobada por un Gobierno socialista, que no han sido reducidas ni mermadas ni limitadas ni quitadas. Es decir, el Tribunal de Defensa de la Competencia tiene hoy las mismas competencias que tenía en el año 1989. No se le ha quitado ni una sola competencia. Por lo tanto, lo que a su juicio malo es hoy malo debería ser antes. Sin embargo, en aquella época parece que no había esa sensibilidad respecto de la independencia del Tribunal de Defensa de la Competencia. Además, su enmienda le otorga funciones de fijación de objetivos de política económica cuyo diseño y ejecución corresponden al Gobierno, dándose la circunstancia de que la nueva redacción propuesta es lesiva para la seguridad jurídica de las partes al suprimir la posibilidad de autorización tácita cuando el Gobierno no adopte una decisión en el plazo que corresponda.
No admitimos tampoco la enmienda número 14, de sustitución del apartado Dos del artículo 2, por cuanto pretende que el órgano competente de vigilancia y control en la ejecución y cumplimiento de los acuerdos adoptados por el Consejo de Ministros, en aplicación del artículo 17, sea el Tribunal de Defensa de la Competencia, competencia que, por otra parte, como ya le expliqué antes, tiene atribuida el Servicio de Defensa de la Competencia en el artículo 31 de la Ley de Defensa de la Competencia. Así pues, de aprobarse la enmienda, tal como su señoría propone, se produciría una incoherencia en la propia ley que devendría en la concurrencia de competencias entre ambos órganos; es decir, en la misma ley habría dos órganos con competencia para vigilar las decisiones que adoptara el Gobierno en esa materia. Por tanto, al margen de que exista un órgano que ya vela y vigila para que las cosas se produzcan correctamente, repito que se produciría una concurrencia de competencias poco deseable en este caso.
Por último, la enmienda número 15, de supresión del artículo 3, tampoco puede ser aceptada puesto que en el marco de un mismo procedimiento trata de atribuir competencias de vigilancia y sanción a un órgano consultivo.
Por otro lado, respecto de la modificación de la renovación por mitades de las vocalías --cuestión sobre la que usted considera que puede haber alguna cosa rara--, ya le expliqué en la Comisión de Economía que con ello simplemente se pretende que se respete la sentencia del Tribunal Supremo de fecha 26 de septiembre de 2000, relativa al procedimiento de elección de las vocalías. Insisto en que eso es lo que se pretende única y exclusivamente, por tanto, no vea usted ningún fantasma en este asunto, porque la única razón de esa modificación es la que le acabo de referir.
Estas son las razones por las cuales el Grupo Parlamentario Popular va a desestimar las enmiendas presentadas por el resto de los grupos de la Cámara.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ferrández.
Abrimos turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Senadores Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señor Presidente.
Paso a fijar la posición del Grupo de Senadores de Coalición Canaria respecto de este proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de Defensa de la Competencia. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) El sentido del voto de nuestro Grupo va a ser favorable por entender que es necesario el desarrollo del marco legal, tanto en lo que se refiere a aclarar aspectos relativos a los Costes de Transición a la Competencia, como a definir los instrumentos necesarios para la defensa de la competencia en el marco de una economía en pleno proceso de liberalización, como el actual.
Entendemos que estas medidas en su conjunto potenciarán la competencia efectiva entre las empresas que operan en el mercado de generación de electricidad y favorecerán la entrada de nuevos competidores en el sector; por tanto, al final supondrán un abaratamiento de la factura del usuario, que es de lo que se trata.
Por todo ello, como he dicho, el Grupo de Senadores de Coalición Canaria votará favorablemente este proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, ya en el proyecto de modificación del marco legal estable del año 1994, así como en la nueva Ley del Sector Eléctrico, de 1997, y en la Ley de acompañamiento de los presupuestos de 1999, se comprometió a introducir en el sector energético del Estado la competencia entre empresas y la capacidad de los consumidores para elegir en el mercado la mejor oferta en servicio, calidad y precio, aspectos éstos que, después del llamado proceso liberalizador y de la introducción de órganos reguladores, todavía no se han cumplido en su totalidad.
El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos ha impulsado durante la anterior legislatura y en lo que llevamos de la presente la cancelación de los largos plazos previstos en

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la Ley del Sector Eléctrico para conceder a todos los usuarios y consumidores la posibilidad de elegir, es decir, para decidirse, de acuerdo con las mejores condiciones, por un suministrador y un distribuidor de electricidad. El año 2007 nos parecía que estaba demasiado lejos, y por eso planteamos que esa fecha debía adelantarse cuatro años. Y ahora, como se dice en el preámbulo de este Real Decreto-ley, el Gobierno, dándonos la razón, confirma que se adelanta en cuatro años esa libertad de elección de suministrador para todos los consumidores. Bienvenida sea, aunque tarde, esa decisión, sobre todo si va acompañada de una información veraz y amplia para todos los afectados y particularmente para las familias y las pequeñas y medianas empresas.
El mercado aparente o formalmente liberalizado se ha convertido en un lugar atractivo para el inversor en sistemas energéticos como productor o como suministrador y comercializador. La aproximación entre producción y consumo, la renovación del parque de generación con la introducción de energías básicas de menor coste, así como el potencial de crecimiento del mercado español, han hecho interesante la presencia de empresas energéticas que buscan alcanzar posiciones y dimensión para, en el futuro, atender un mercado de tamaño europeo regido por directrices de la Unión y donde la actual cerrazón de los límites estatales se habrá demostrado ineficiente, costosa y desequilibradora desde el punto de vista de la garantía del suministro. Basta con observar las deficiencias y limitaciones de nuestra débil conexión con el sistema francés, por ejemplo.
Nuestro Grupo animará la implantación de empresas cuyo objetivo sea reducir los costes y precios de producción y garantizar un suministro de calidad. Ambos hechos afectan a la competitividad industrial y a la economía y mejora de la renta de los ciudadanos, objetivos que debe comprender el concepto de servicio público que caracteriza al sector energético privado y al papel de garante de tal servicio que compete al administrador público.
En este sentido, una de las características del reconocimiento de los Costes de Transición a la Competencia que nuestro Grupo sostuvo durante el debate parlamentario cuando el actual Gobierno era minoritario, residía precisamente en la incentivación de la renovación del parque de generación de energía eléctrica. Falta todavía un informe riguroso y preciso sobre la influencia de esta medida en el sistema eléctrico cuatro años más tarde de la aprobación de la financiación de los denominados Costes de Transición a la Competencia. Hoy por hoy desconocemos los criterios del Gobierno en esta materia, ya que parece guardar silencio como si no estuviera convencido de la decisión tomada ante las previsiones del sector, las reprimendas de la oposición que hace el Partido Socialista, que nunca dio un argumento en contra, o la incertidumbre creada por la Comisión Europea más por rumores que por argumentos descalificadores.
Nuestro Grupo sigue pensando hoy como cuando votó a favor de la implantación y cuantificación de los Costes de Transición a la Competencia, y no va a cambiar. La medida contribuiría a incrementar la renovación de la vieja maquinaria productiva del sector energético, hasta hace siete años oligopolio de hecho y hoy tímidamente liberalizado.
El Real Decreto-ley que hoy se plantea para su aprobación definitiva tiene como objetivo dar transparencia al marco aplicable a los Costes de Transición a la Competencia dentro de un mercado precisamente de competencia. En este sentido, se hacía imprescindible la separación de activos de producción afectados por este marco de valor de tales activos y de las retribuciones obtenidas por la aplicación del régimen de los CTC. Resulta necesario efectuar una valoración a precios y criterios de mercado y encargar dicha función a entidades independientes y cualificadas, hechos ambos que no quedaron suficientemente clarificados durante el fallido proceso de fusión de Endesa e Iberdrola.
Mantenemos nuestra conformidad con la adjudicación del régimen de Costes de Transición a la Competencia a las empresas adquirientes de activos de generación con objetivos de modernización y mejora de la eficiencia de las instalaciones, así como que tales empresas se vean sujetas al suministro de producción al mercado mayorista por debajo de las seis pesetas kilovatio/hora, ya que dicho mecanismo ha resultado adecuado para controlar los precios del mercado, evitando incrementos no controlados y en muchos casos especulativos.
Finalmente, nuestro Grupo también se manifiesta favorable a una mayor intervención del Tribunal de Defensa de la Competencia en los procesos de fusión y concentración empresarial para evitar resultados no deseados en forma de conductas abusivas o restrictivas en la actuación de la libre competencia en el mercado, pero en particular para que se puedan hacer cumplir los acuerdos adoptados por el Tribunal de Defensa de la Competencia y refrendados por el Consejo de Ministros.
El Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos apoya en este caso la propuesta del Gobierno por coherencia con su actuación parlamentaria precedente, tanto en el Congreso como en el Senado, sin embargo este apoyo no está exento de crítica. La actuación del Gobierno hoy día es tardía e interventora, a remolque de los acontecimientos que pudieron ser conflictivos, como el caso de Entesa e Iberdrola, cuando no contradictorios y desalentadores del mercado de la libre competencia y liberalizado.
Hoy todavía estamos bajo el recuerdo de una decisión del Gobierno, tomada por el Ministro de Economía y Vicepresidente del Gobierno, de impedir que en una Comunidad Autónoma que dispone prácticamente en todo su territorio de una central de producción y distribución energética se pueda producir un proceso de introducción de competencia a través de la adquisición de los activos correspondientes.
El Gobierno con su decisión hace permanecer la situación de oligopolio en el sector eléctrico; impide precisamente la generación de iniciativas procedentes del propio territorio con grupos económicos que ven en esta decisión el desarrollo de la Comunidad Autónoma, en este caso de Asturias; impide la colaboración con otro territorio significativo necesitado de proyectos energéticos modernos,

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como es el caso portugués, y además impide la vinculación de un grupo energético que puede ser competitivo con empresas europeas que, pese a estar participadas por el sector públicos, han demostrado ser competitivas y competidoras en el mercado europeo. Esta decisión ha sido absolutamente desacertada. Lástima que no esté aquí el Ministro para poder discutir y debatir claramente este asunto.
El Gobierno no ha sabido gestionar un instrumento que debió servir para modernizar el aparato productivo eléctrico sino que, al contrario, su confusa actuación, su inseguridad y su permanente sometimiento a las familias empresariales que le son particularmente afines dentro del sector le han abierto un frente de confrontación con la Comisión de la Energía, con la Dirección de la Competencia y con la Unión Europea, que se debió y que se debe evitar. La actuación del Gobierno es tardía e interventora, va a remolque de los acontecimientos e impide que la iniciativa empresarial pueda desarrollar la competencia que el mercado exige.
En el futuro, señorías, nuestro Grupo piensa controlar las actuaciones del Gobierno esperando que esta situación cambie, y en ello y a ello confiaremos nuestros próximos votos de apoyo al Gobierno, pese a mantener una coherencia con las decisiones anteriores.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió para fijar la posición y expresar el sentido del voto frente a un proyecto de ley de modificación de tres aspectos muy concretos referidos a los sectores energético y eléctrico y a lo concerniente al Tribunal de Defensa de la Competencia. El debate parlamentario de esta tarde ha versado no sobre estos aspectos concretos, que eran objeto de la discusión, sino sobre debates de fondo, como los escenarios oligopolísticos, la naturaleza jurídica de los Costes de Transferencia a la Competencia, el posible derecho de estas empresas ante la liberalización, la expectativa económica de las empresas frente al proceso de liberalización, el papel regulador y el grado de independencia del propio Tribunal de Defensa de la Competencia.
Desde nuestro Grupo tendríamos bastante que decir sobre esta liberalización, que apoyamos, que llega tarde, que se estimuló a partir del año 1993, ciertamente con el Gobierno Socialista, pero con el apoyo y la contribución, en aquel momento decisiva, del Grupo Parlamentario Catalán, Grupo que presentó muchas reservas políticas e ideológicas durante los últimos años sobre la necesidad de liberalizar, de vigilar la libre competencia y de tomar medidas para evitar la concentración oligopolística.
Centrándonos en este proyecto de ley presentado por el Gobierno, este Grupo Parlamentario quiere expresar su apoyo sobre todo porque valora positivamente algunos extremos como los que a continuación paso a detallar. Por ejemplo, se varía el sistema de pago de los Costes de Transición a la Competencia, que se definen como unos costes que se reconocen a las empresas generadoras de energía eléctrica por el hecho de adaptarse a un régimen de mercado de generación en competencia, al volver al método de la diferencia que se aplicaba antes de su modificación por el artículo 107 de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social del año 1999.
También se prevé que el incremento de valor que el mercado atribuya a los activos de generación transmitidos será descontado del saldo pendiente de los Costes de Transición a la Competencia y a la sociedad vendedora. Se excluye el pago de los Costes de Transición a la Competencia a las importaciones de energía eléctrica procedentes de otros Estados miembros de la Unión Europea, aspecto que valoramos positivamente. Se extiende el derecho de cobro de los CTCs a las sociedades que adquieren posteriormente activos de generación a los que se concedió el derecho de cobro.
En el artículo 3, referido a la modificación de los artículos sobre el Tribunal de Defensa de la Competencia, se establece que en los acuerdos del Consejo de Ministros que subordinen las concentraciones al cumplimiento de condiciones se podrán modificar las limitaciones establecidas con carácter general en las leyes sectoriales durante la ejecución de los mismos. Esta medida parece poco ortodoxa, pero fruto de la casuística de los últimos meses la práctica recomienda adoptarla. Y también se introduce una novedad que tenemos que valorar conjuntamente de forma positiva cuando se permite que el Servicio de Defensa de la Competencia podrá proponer al Gobierno la imposición de multas de hasta dos millones de pesetas por cada día que no se ejecuten las condiciones establecidas. El Gobierno asimismo podría imponer una multa de hasta el 10 por ciento de su volumen de ventas en España.
Además, nuestra posición es coherente con las que adoptamos sobre este particular en el debate en el Congreso de los Diputados. El Grupo Parlamentario Catalán dio su apoyo a la disposición transitoria sexta y al conjunto de la Ley del Sector Eléctrico del año 1997. Y también dio su apoyo a la modificación de las disposiciones transitorias sextas de la Ley del Sector Eléctrico y de la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social de 1998, y finalmente también expresó su apoyo a la convalidación del texto del Real Decreto-Ley 2/2001.
En coherencia con esta trayectoria, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió valora globalmente positivas las modificaciones introducidas considerando que no es necesaria una modificación del marco legal regulador del sector eléctrico. En el marco de la ley de 1997 es posible alcanzar una mayor liberalización del sector y conseguir una rebaja tanto de los costes energéticos como domésticos.
También considera que el cobro de los Costes de Transición a la Competencia se vuelve a condicionar a que no se supere el precio de las seis pesetas

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kilovatio/hora del mercado de generación y a que se diferencie entre los ingresos y los gastos, lo que es un factor positivo. Aunque esta medida no signifique el descenso inmediato del precio de la electricidad, el Gobierno tendrá más flexibilidad para incrementar la línea ascendente de rebaja de los precios de la electricidad.
También la eliminación de la titulación facilita que las autoridades de la Unión Europea resuelvan favorablemente sobre la legalidad de los costes de transición a la competencia. No obstante, es importante destacar que mientras continúen existiendo los Costes de Transición a la Competencia, con titulación o sin ella, éstos supondrán un freno a la entrada de nuevos generadores en competencia, y, en consecuencia, la existencia de una mayor competencia en el mercado de generación de la energía eléctrica.
El Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, con el objeto de que pueda existir una mayor liberación, una mayor competencia y sea posible la reducción ascendente de los costes energéticos, tanto a nivel doméstico como a nivel industrial, votará favorablemente el proyecto de ley presentado por el Gobierno.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclá.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario Socialista. (Pausa.) Gracias, señoría.
¿Por el Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Gracias, señoría.
Al no haber intervenciones, pasamos a la votación de las enmiendas por su orden. (Pausa.) En primer lugar vamos a votar el voto particular número 2, del Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a las enmiendas números 7 a 9.
Se inicia la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 141; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara y Cabrero, correspondiente a las enmiendas números 1 a 6.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 219; a favor, 71; en contra, 139; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora vamos a votar las enmiendas números 10 a 15, correspondientes al voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 71; en contra, 151.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las dos correcciones de errores que, al estar firmadas por todos los grupos, podrían darse por aprobadas por asentimiento salvo que sus señorías quieran que las leamos. ¿Pueden darse por aprobadas las dos correcciones de errores por asentimiento? (Asentimiento.) Quedan aprobadas.
Ahora vamos a votar el dictamen en tres bloques diferentes.
Primero votamos los artículos 1 a 3 y la exposición de motivos.
Se inicia la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 151; en contra, 69; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos la disposición adicional.
Se inicia la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 221; a favor, 218; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Ahora votamos la disposición derogatoria y las disposiciones finales.
Se inicia la votación (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 222; a favor, 151; en contra, uno; abstenciones, 70.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo del proyecto de ley por el que se modifica la disposición transitoria sexta de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y determinados artículos de la Ley 16/1989, de 17 de julio, de Defensa de la Competencia, por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE PRESUPUESTOS EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO, POR IMPORTE DE 13.858.385.707 PESETAS, PARA ATENDER LAS INSUFICIENCIAS DE CREDITO PRODUCIDAS EN EL EJERCICIO DE 1999, POR LAS SUBVENCIONES QUE SE EFECTUAN PARA LA COBERTURA DE LAS DIFERENCIAS DE CAMBIO DE LAS DIVISAS OBTENIDAS EN PRESTAMOS CONCEDIDOS A LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS DE AUTOPISTAS DE PEAJE (S.
621/000021) (C. D. 121/000022).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al siguiente dictamen: De la Comisión de Presupuestos en relación con el proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario,

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por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender las insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Para la presentación del dictamen tiene la palabra el Senador Mera, Vicepresidente de la Comisión y designado por la misma.


El señor MERA RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, de acuerdo con la propuesta del Presidente de la Comisión de Presupuestos, el señor Aleu, y por ratificación de la misma, he sido designado para comparecer ante sus señorías con el único fin de dar cumplimiento al trámite parlamentario de presentar ante el Pleno de esta Cámara el dictamen del proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario, por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender las insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999, por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.
Dicho proyecto de ley ha tenido entrada en esta Cámara con el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados y fue publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales» con fecha 23 de marzo de 2001, es decir en el presente año. Fue remitido a la Comisión de Presupuestos y el plazo para la presentación de enmiendas finalizó el día 4 de abril. A este proyecto de ley no se formularon enmiendas, pero sí dos vetos que fueron publicados el día 6 de abril. El veto número 1 fue presentado por los Senadores del Grupo Parlamentario Mixto, don Manuel Cámara Fernández y don José Cabrero Palomares. El veto número 2 fue presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
El día 8 de mayo del presente año se reunió la Comisión de Presupuestos con el objeto de designar Ponencia o, en su caso, dictaminar el proyecto de ley. Por acuerdo unánime de todos los Senadores presentes en la Comisión, se pasó directamente al correspondiente trámite parlamentario para debatir el citado proyecto.
Fue debatido, en primer lugar, el veto número 1 de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, siendo rechazado. El resultado de la votación fue: ocho votos a favor y trece en contra. A continuación, se debatió el veto número 2, del Grupo Parlamentario Socialista, que también fue rechazado. El resultado de la votación fue idéntico al anterior.
Finalmente y al haber sido rechazados los vetos, el Presidente sometió a votación el texto del dictamen de la Comisión tal y como vino del Congreso de los Diputados. Se dictaminó favorablemente con el siguiente resultado: trece votos a favor y ocho en contra. Dicho dictamen fue publicado el día 11 de mayo en el Boletín Oficial de las Cortes Generales.
En este momento quedan pendientes para su debate en el Pleno los dos votos particulares que postulan las propuestas de veto anteriormente citadas.
En definitiva, señorías, éstos son los trámites que ha seguido en la Cámara el citado proyecto de ley.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Mera.
A continuación, vamos a comenzar el debate de los vetos.
El voto particular número dos, que corresponde a la propuesta de veto número uno, ha sido presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a exponer razones, criterios y algunos comentarios anexos para justificar el veto que presentamos a este proyecto de ley sobre concesión de un crédito extraordinario.
Señorías, los créditos dotados en el presupuesto del Estado para el ejercicio de 1999 para la financiación que nos ocupa han resultado hasta la fecha insuficientes para satisfacer en aquel momento las obligaciones concertadas. En el año 1999 se contemplaron dos cosas: por una parte, una previsión en el presupuesto y, por otra, un crédito extraordinario. En poco tiempo, por tanto, se han dado 54.000 millones de pesetas y aún faltan los 13.800 millones que nos ocupan con este crédito que estamos ahora debatiendo.
Por otra parte, el Tribuna de Cuentas ha venido a detectar precisamente que se está produciendo un abuso por parte de las empresas concesionarias en esta materia, empresas y concesiones que tienen su origen en la Ley de 1972, de 10 de mayo, sobre el beneficio del seguro de cambio, en aquel momento con la idea de la construcción, conservación y explotación de autopistas en régimen de concesión, todo ello para atender las obligaciones derivadas de la cobertura del cambio, la diferencia en las divisas obtenidas.
Por tanto, para la presentación de este veto nos apoyamos también en el Informe del Tribunal de Cuentas, al que antes me referí, sobre la gestión de dos de estas empresas, concretamente, Audasa y Aucalsa, que de manera irregular, según el Tribunal de Cuentas, trasladan sus gastos financieros al Estado. Para mayor explicación, ¿qué ocurre con estas empresas? Están buscando cambiar créditos en monedas extranjeras fuertes por créditos en monedas débiles, como el yen y otras. Estas monedas débiles fluctúan y esa diferencia de cambio la compensa el Estado. ¿Qué ha pasado? Las empresas están trasladando al Estado los gastos financieros de las inversiones que tuvieron que hacer en su día.
Señorías, ¿estamos hablando de un sector debilitado, no atendido o no tenido en cuenta por el Estado? Creo que no, en absoluto. Nos encontramos con unas empresas que han tenido una modificación de la concesión administrativa, ampliada hasta 75 años, y, por tanto, ha desaparecido la inestabilidad que se argumentaba por esa razón para amortizar el gasto.
Y, además, en su momento se les redujo el IVA al siete por ciento.


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En fin, señorías, consideramos el trámite que nos ocupa sobre estos créditos como legal, efectivamente. Es legal y así se nos va a argumentar. Pero diría que, aunque sea legal, es inmoral. Es legal porque hay que pagarlo según la norma, pero es inmoral porque no se ajusta a la realidad, porque no es cierta esa inestabilidad que alegan estas empresas.
Por tanto, con este veto queremos que se produzca el debate. En la pasada legislatura el Gobierno se comprometió a revisar este sistema de compensación que todos los años nos fuerza a pagar miles de millones de pesetas a empresas con pingües beneficios y que se podrían destinar a otras políticas de gasto.
A nosotros nos gustaría que en un futuro próximo se tuviesen en cuenta las tres recomendaciones que hace el Tribunal de Cuentas en esta materia.
Primero, que los Decretos del año 1975 entren en vigor o se deroguen; segundo, que la Administración incluya las previsiones ajustadas y, tercero, que se adopten las medidas para que los beneficios fiscales y las obligaciones que debe asumir el Estado se incorporen a la regulación legal. Estamos, señorías, beneficiando a poderosos cuando restringimos a los más débiles. No quiero cansarles porque queremos que se produzca el debate en función de las promesas en su día dadas por el Gobierno a mi Grupo Parlamentario en el Congreso de los Diputados porque lógicamente de continuar así es el colmo del mal hacer en este tipo de políticas.
Muchas gracias, señora Presidenta, y espero que se tome en consideración por parte de la mayoría parlamentaria y del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
La propuesta de veto número 2 corresponde al voto particular número 1 del Grupo Parlamentario Socialista. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Herranz.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Grupo Parlamentario Socialista presenta una propuesta de veto al proyecto de ley que nos ocupa para conceder un crédito extraordinario de 13.858 millones de pesetas con el fin de subvencionar por seguro de cambio a la sociedades concesionarias de autopistas de peaje para satisfacer una subvención total de 33.510 millones de pesetas correspondientes a 1999. Cuando en marzo de 1999 se debatió el proyecto de ley relativo a 1998, mi Grupo propuso al Gobierno y a su Grupo Parlamentario que se abriera un debate y se hablara con las empresas concesionarias para revisar y redefinir este mecanismo del seguro de cambio porque resultaba gravoso para el erario público.
Las empresas concesionarias de autopistas de peaje deberían establecer sus plazos de amortización para cancelar anticipadamente sus créditos con el exterior para que disminuyera así el volumen de intereses a pagar y, por tanto, el seguro de cambio y también se renegociara la refinanciación de la deuda con una moneda estable. La propuesta fue aceptada por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular, que ha hecho caso omiso y no ha tenido siquiera la voluntad de debatir en estos dos años el sentido legal de la subvención del seguro de cambio por el Estado. El Gobierno también ha incumplido el compromiso de debatir el sistema de peajes a través de una ponencia aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados, ponencia que no se ha reunido ni una sola vez.
Cuando en la época franquista se aprobó, el 10 de mayo de 1972 , la Ley 8 de Construcción, Conservación y Explotación en régimen de concesión, por la que el Estado se obligaba a compensar a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje la diferencia negativa de los tipos de cambio de las divisas destinadas a amortizaciones e intereses de los créditos contraídos en el exterior, entonces tenía sentido por la insuficiencia de ahorro doméstico, pero desde la década de los noventa la evolución al alza de los tipos de cambio de las divisas utilizadas en la financiación provocó una situación muy ventajosa para las sociedades concesionarias.
Las compensaciones por seguro de cambio han supuesto para los contribuyentes españoles, desde finales de los años sesenta hasta 1999, una subvención a las empresas concesionarias de autopistas de peaje de cerca de 600.000 millones de pesetas en términos corrientes, y si los convertimos en pesetas constantes de 1999 la cifra sube por encima del billón de pesetas. Hoy las autopistas no tienen problema de equilibrio económico-financiero en su explotación, por lo que el mecanismo del seguro de cambio no tiene sentido. Según las propias sociedades concesionarias de autopistas de peaje, en el año 2000 han tenido unos ingresos cercanos a los 200.000 millones de pesetas, con un incremento del 6,2 por ciento con respecto a 1999, pese a la congelación de tarifas de peaje que decretó el Gobierno en marzo del año pasado. Sólo ACESA, como reconocen ellos mismos y según las previsiones, ingresó por peaje en este año más de 10.000 millones de pesetas. Estas ganancias se deben indudablemente al importante aumento del tráfico, cerca de un 14,4 por ciento respecto al año anterior, tanto de vehículos ligeros como pesados.
Si gozan de una rentabilidad financiera que no tiene parangón con ningún otro sector de la economía española, ¿por qué el Gobierno no quiere debatir sobre el mecanismo de seguro de cambio y sobre la política de peajes? El Grupo Parlamentario Socialista ha manifestado de forma reiterada no entender el trato de favor que el Gobierno del Partido Popular da a las empresas concesionarias de autopistas de peaje en los últimos años, con las modificaciones a la Ley de 1972 introducidas en las leyes de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado, donde no solamente se han ampliado los derechos de las concesionarias en relación con el objeto social de las mismas, sino también en la prórroga de los períodos de explotación de 50 a 75 años, cuando hay concesionarias que han obtenido en los últimos años beneficios superiores al 60 por ciento de su facturación por el aumento del tráfico por carretera y el parque de vehículos, a cambio de muy reducidas contraprestaciones a favor de los usuarios.
Por si fuera poco, las sociedades concesionarias han efectuado operaciones de refinanciación de la deuda. El

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Tribunal de Cuentas en su Informe de 1995 advertía que estas operaciones desvirtuaban el contenido legal del seguro de cambio, y aconsejaba que no se tuviera en cuenta el seguro de cambio después de operaciones de renegociación de deuda, porque se hacían para conseguir una cuenta de explotación inmejorable en los resultados de las empresas concesionarias.
Ante estos hechos es preciso estudiar de una vez el alcance del seguro de cambio. Además, los plazos iniciales de concesión de algunas autopistas vencieron en el año 2000, por lo que las condiciones de inicio por las que estaban percibiendo esta subvención, a nuestro entender, han caducado. Tal es el caso de la empresa Vasco-Aragonesa, que venció en 1995, o Aumar, cuya concesión terminó en el año 1999. Nosotros no vemos bien la obligación legal del seguro de cambio para prórrogas de concesiones otorgadas después de la ley de 1988, que derogó este sistema para concesiones futuras, por lo que consideramos urgente y necesario analizar la aplicación de este mecanismo.
Es preciso revisar y analizar la política de financiación de las infraestructuras que es el encuadre donde se inscribe el mecanismo de seguro de cambio dentro de los peajes directos.
Presentamos esta propuesta de veto, aunque no tenemos ninguna esperanza de que nuestra posición sea entendida por el Grupo de la mayoría que nos dirá que es una obligación legal. Si nuestro veto sirve para que se abra el debate sobre la irracionalidad actual del seguro de cambio, porque es un dinero que pagamos todos los contribuyentes españoles, nos daremos por satisfechos.
Cuando llegue la ley de financiación de las infraestructuras haremos un análisis y revisión de todo el sistema de concesión de autopistas de peaje.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Terminada la propuesta de veto corresponde el turno en contra. ¿Algún Grupo quiere hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Popular y por tiempo de quince minutos, el Senador Gil-Ortega.


El señor GIL-ORTEGA RINCON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a comenzar tal y como terminaba el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, diciendo que se va a rechazar el veto porque estamos hablando de algo legal. Lo mismo afirmaba el portavoz de Izquierda Unida. Por eso, vamos a rechazar ambos vetos.
Durante 1999 el importe satisfecho por diferencia de cambio en la financiación exterior de autopistas de peaje ascendió a poco más de 33.510 millones produciéndose una insuficiencia de crédito en la aplicación presupuestaria destinada a atender estos gastos de 13.858 millones, ya que la dotación inicial fue de 18.652 millones.
Como ustedes saben, señorías, en el Capítulo IV de la Ley --voy a decirlo porque alguna vez se olvida leer parte de las leyes-- se prevén diversos beneficios de carácter fiscal y financiero correspondientes al seguro de cambio mediante el cual el Estado se comprometió a facilitar al concesionario --y digo el Estado y no ningún Gobierno-- las divisas necesarias para hacer frente a los vencimientos tanto de principales como de intereses de los préstamos y obligaciones que concierte con el exterior.
Los compromisos obligan y hay que cumplirlos, máxime cuando las inversiones de entonces --bien lo decía el Senador Cámara-- vienen del año 1972.
Por lo tanto, con la concesión de este crédito extraordinario se viene a atender a aquelos compromisos y a la insuficiencia de crédito aplicando a los presupuestos la diferencia existente entre el gasto efectivamente realizado y el crédito presupuestado. Con ello se trata ni más ni menos que de atender obligaciones generadas en ejercicios anteriores como consecuencia de la modificación introducida por la Ley 11/1996, de 27 de diciembre; y por ser una ley hace falta también que se realice con otra norma del mismo rango. Por ello, debido a que no existe crédito para esta finalidad en los Presupuestos Generales del Estado es por lo que hoy ha de otorgarse esa cantidad de dinero.
Hablaba el señor Cámara de lo que decía el Tribunal de Cuentas. Es verdad. En su informe --hay que decirlo-- referido a 1995 ponía de manifiesto dos hechos. Uno, que las empresas habían abusado de la ley al pasar del 45 por ciento de su endeudamiento exterior. Y dos, que también abusaban de la refinanciación de la deuda interna por deuda externa. Se hablaba evidentemente de antes de 1995, es decir, cuando la responsabilidad no era de este Gobierno.
Entiendo --y lo he entendido tanto en el debate en Comisión como en este momento-- que se pretenda hablar de la financiación de infraestructuras.
Desde mi punto de vista, hay que situar el problema en el tiempo real, en el presente y en el futuro, porque el Partido Popular en el Gobierno intenta restablecer la normalidad que no existía hasta ahora; una normalidad que supone conseguir reducir el peaje en autopistas a más de 20.000 usuarios, a los cuales se va a favorecer sin preguntar de dónde vienen ni tampoco cuál es su poder adquisitivo; también intenta hablar con las empresas para que refinancien su deuda con una moneda más estable. Señorías, no deberíamos entrar a juzgar lo que hacían las empresas hace casi treinta años para mejorar su rentabilidad, ya que era lógico que si existía un interés externo más bajo se acogieran a él.
Por tanto --y ustedes pueden pensar otra cosa, evidentemente-- desde nuestro punto de vista el Gobierno está haciendo cuatro cosas: Primero, cumplir la ley, ello significa no entrar en ningún tipo de inmoralidad; segundo, renegociar con las empresas la deuda externa para que la refinancien con una moneda más estable; tercero, negociar con las empresas para reducir el peaje a los más de 20.000 usuarios, y cuarto, que es por lo que ustedes han presentado el veto --porque no pueden estar en contra de esos más de 13.000 millones-- producir el debate, ese debate que será necesario y que según el señor Ministro tendrá lugar en breve con la ley de financiación de infraestructuras. Con ello, podremos dar satisfacción a todo el mundo. Así, de forma conjunta, contribuiremos entre todos a dar confianza

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y estabilidad al sistema económico, ya que también es cierto --como ustedes saben-- que estas empresas cotizan en Bolsa.
Por ello, señorías, son éstas suficientes razones para que este Grupo Parlamentario rechace los vetos presentados tanto por el Grupo Parlamentario Mixto como por el Grupo Parlamentario Socialista.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gil-Ortega.
Finalizado el turno en contra, vamos a iniciar el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir brevemente para fijar la posición del grupo de Senadores de Coalición Canaria. Nuestro voto va a ser favorable al proyecto de ley que se debate y que tiene su origen, como ya se ha comentado, en la Ley de Construcción, Conservación y Explotación en régimen de concesión de 1972. Además de apoyar este proyecto de ley, queremos insistir en que el Gobierno debe realizar los esfuerzos necesarios para que estas empresas refinancien su deuda con moneda estable para evitar actuaciones abusivas por parte de las mismas, tal y como ponía de manifiesto el informe del Tribunal de Cuentas realizado hasta el año 1995; de igual forma debe realizar un esfuerzo en la negociación con las empresas para reducir el peaje en beneficio de los usuarios de este servicio.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir con brevedad para anunciar nuestra posición favorable a los vetos y contraria a la ley por las razones expresadas. Para no repetir argumentaciones, lo dejamos en este punto y anunciamos solamente nuestro voto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Cambra.


El señor CAMBRA I SANCHEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intervenir también muy brevemente para manifestar la posición de nuestro grupo ante este proyecto de ley, y he de decir que votaremos en contra del veto presentado, fundamentalmente por un criterio de seguridad jurídica. Entendemos que se está tramitando un proyecto de ley de un crédito extraordinario y que, por tanto, se va a completar una obligación ya adquirida además a través de una disposición legal que proviene del año 1972.
Al igual que el portavoz socialista, quien ha dicho que se daría por satisfecho si con esto se generara un debate sobre las autopistas y la relación con las concesionarias, a nosotros también nos gustaría que ese debate se produjera, pero entendemos que la fórmula para ello no consiste en votar favorablemente un veto a un crédito extraordinario, lo cual, repito, generaría una inseguridad jurídica impropia de unos compromisos adquiridos por el Estado, que se han respetado a lo largo de los ya muchos años en que están vigentes por todos los Gobiernos que ha habido, fueran del signo que fueran.
Así pues, votaremos en contra del veto. Por otro lado, nos alegra haber oído al portavoz del Grupo Popular referirse a los cuatro puntos con los que su Grupo quiere abordar --esperemos que sea próximamente-- la problemática de las autopistas de peaje.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cambra.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Herranz.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, no se ha producido el debate; éste se deja aplazado para cuando nos llegue la ley de financiación de las infraestructuras. Yo creía que el Senador Gil-Ortega iba a profundizar más en el mecanismo del seguro de cambio y que entraría en lo que es el sistema de concesión de autopistas.
Pero, señorías, ustedes no quieren hacerlo porque han dado un trato de favor y privilegios a las empresas concesionarias con las modificaciones que han introducido en las respectivas leyes de acompañamiento desde que está gobernando el Partido Popular, como ya he dicho. Es decir, no solamente se ha ampliado la concesión hasta los 75 años --ya no tienen problemas, pues, para amortizar el gasto--, sino que además se les ha reducido el IVA al 7 por ciento.
No quisiera entrar en más detalle, porque tampoco ha dicho mucho más el portavoz del Grupo Popular. Sin embargo, si éste es un crédito extraordinario legal, no debemos dejar de reconocer que es un abuso que el propio Tribunal de Cuentas ya detectó en 1995 en el caso de algunas empresas respecto de la refinanciación de su deuda externa con monedas de gran fluctuación. Es decir, lo que hacen las empresas es trasladar al Estado los gastos financieros de las inversiones que hicieron con anterioridad.
Es preciso, pues, producir una modificación de la norma por la que se rigen los mecanismos concesionales de las explotaciones de las autopistas de peaje. Y espero que la ley de financiación de las infraestructuras la recoja en serio, cosa que hoy no se ha producido, porque todas las modificaciones que ha introducido el Partido Popular han originado una serie de favores que en nada ayudan al bien público. Por tanto, nuestro veto sigue teniendo toda

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la justificación para los fines que con el mismo pretendíamos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Gil-Ortega.


El señor GIL-ORTEGA RINCON: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar agradezco su postura a los grupos que han manifestado, coherentemente, su rechazo al veto.
Por otro lado, el señor Herranz, portavoz del Grupo Socialista --no he entrado en el detalle, aun cuando podía haberlo hecho--, ha hablado de trato de favor y de privilegio. Pues bien, señoría, este asunto viene de 1972, y que yo recuerde durante 14 años ha habido un Gobierno antes que el nuestro que habrá cumplido la ley. Ni más ni menos. Y no he querido referirme al cumplimiento de la ley porque ustedes estaban gobernando durante ese tiempo.
Por otro lado, ustedes han presentado un veto pero no han tenido el valor de presentar ninguna enmienda, a pesar de que digan que tan mal están las cosas. Pero es que no habría nada que enmendar.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gil-Ortega.
Señorías, vamos a votar el voto particular número dos, de los Senadores del Grupo Mixto, correspondiente a la propuesta de veto número uno.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 141; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número uno.
A continuación vamos a votar el voto particular número uno, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la propuesta de veto número dos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 66; en contra, 143; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número dos.
Rechazadas las propuestas de veto, y puesto que no hay votos particulares en relación con el articulado, procede someter a votación el proyecto de ley en su totalidad en los términos del dictamen de la Comisión.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 150; en contra, 67.
La señora PRESIDENTA: Queda por tanto definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley de concesión de un crédito extraordinario por importe de 13.858.385.707 pesetas, para atender insuficiencias de crédito producidas en el ejercicio de 1999 por las subvenciones que se efectúan para la cobertura de las diferencias de cambio de divisas obtenidas en préstamos concedidos a las sociedades concesionarias de autopistas de peaje.


MOCIONES CONSECUENCIA DE INTERPELACION:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE, DE ACUERDO CON LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y CON LA FEDERACION ESPAÑOLA DE MUNICIPIOS Y PROVINCIAS (FEMP), PRESENTE ANTE LAS CAMARAS LEGISLATIVAS, EN UN PLAZO NO SUPERIOR A SEIS MESES, UN BORRADOR DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA CONTRA EL CAMBIO CLIMATICO (671/000035).


La señora PRESIDENTA: Punto siguiente del orden del día, mociones consecuencia de interpelación.
Del Grupo Parlamentario Socialista, por la que se insta al Gobierno para que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y con la Federación Española de Municipios y Provincias, presente ante las Cámaras legislativas, en un plazo no superior a seis meses, un borrador de la estrategia española contra el cambio climático.
A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, por tiempo de cinco minutos, el Senador Bella Galán.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, dice el señor Ministro de Medio Ambiente que se están tomando muchas medidas para contrarrestar las emisiones de gases con efecto invernadero. En la interpelación presentada sobre la ausencia de una política dirigida a cumplir el protocolo de Kioto, ésta era la respuesta genérica que recibíamos de la primera autoridad en tema medioambiental de nuestro país. A estas alturas, si hay algo que es evidente y que queda plenamente demostrado es que realmente existe una ausencia total de esa política para dirigir y cumplir el Protocolo de Kioto.
Hasta ahora únicamente se han hecho declaraciones de carácter trascendente. Se ha hablado de que nos estamos enfrentando al problema medioambiental más importante que ha tenido la Humanidad y también de que este asunto genera no sólo un problema de carácter ambiental sino que los problemas ambientales tienen incidencia tanto en el ámbito social como en el económico.
Indudablemente, yo creo que estamos ante una prueba de fuego, porque la toma de medidas en torno al cambio climático, sin duda se ha convertido en la máquina de la

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verdad sobre las políticas que de medio ambiente se vienen haciendo en los distintos países de nuestro entorno, y una vez que ponemos a prueba la política que viene desarrollando nuestro Gobierno nos damos cuenta de que está falta de rigor porque, a través de las distintas declaraciones y actuaciones, queda claro que hay una total ausencia de una política para combatir estos efectos. Por lo tanto, después de este debate, desde el Grupo Parlamentario Socialista entendemos que es imprescindible una rápida intervención del Gobierno, una intervención que no puede hacerse con unas medidas tomadas a tontas y a locas sino que deben estar dentro de una estrategia contra el cambio climático, estrategia que no hay que definir sino que pasa por ser casi un formulario elaborado por la Unión Europea que cada país debe rellenar. Más fácil no lo podemos tener.
Unicamente es preciso que toda esa serie de medidas contempladas en esa estrategia estén perfectamente consensuadas con todas las fuerzas políticas de nuestro país al tiempo que lo estén con las Comunidades Autónomas, los municipios y los ayuntamientos.
Evidentemente, no cabe una estrategia contra un fenómeno global desde actuaciones individualizadas, ni tampoco cabría, lógicamente, pedir que hubiera un consenso a nivel internacional si no lo tenemos dentro de nuestras propias fronteras.
Por tanto, planteamos la moción para que esta Cámara inste al Gobierno a que, de acuerdo con las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, se prepare una estrategia, un borrador para que se presente ante esta Cámara antes de seis meses. Indudablemente hay que concretar, porque, como decía el Ministro, se han tomado muchas medidas pero todavía nadie ha razonado si las mismas están sirviendo para algo, y es que también se reconoce a lo largo de ese debate que han aumentado las emisiones contaminantes y que de momento están descontroladas.
Indudablemente, hacen falta medidas que engloben algo más que un presupuesto de 200 millones de pesetas para la creación de una oficina, o políticas y medidas que vayan también más allá de esas declaraciones, de esos brindis al sol que hacemos en muchas ocasiones.
Sin duda hace falta incidir en la concienciación ciudadana en que la información sea lo más precisa posible, y sobre todo en que las políticas y actuaciones que se ejerzan sean de carácter transversal. Y, cómo no, habrá que incorporar todas esas recomendaciones del VI Programa europeo de medio ambiente, así como ese concepto de desarrollo sostenible, que hoy por hoy tiene más vigor que nunca como desarrollo económico, social, equilibrado y respetuoso con el entorno. Por tanto, nuestra moción tiene que ir en el siguiente sentido: hay que pedir el máximo de consenso, de participación, y sobre todo tiempo. Es necesario marcar unos plazos para que eso se pueda hacer.
La enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos...


La señora PRESIDENTA: Senador Bella, le ruego vaya concluyendo porque tendrá después posibilidad de intervenir en otro turno.
El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero adelantar que vamos a admitir la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque entendemos que está dentro del espíritu que hemos marcado en la moción.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bella.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, nuestro Grupo Parlamentario ha presentado una enmienda a esta moción, moción que se plantea ante un problema de enorme envergadura, como decía el Senador Bella, uno de los que más están afectando a la humanidad en la medida en que la acción de la naturaleza sobre el cambio climático es una cuestión que se produce por esa propia naturaleza --valga la reiteración--, pero lo que nos preocupa verdaderamente es la acción del hombre sobre el cambio climático, por ejemplo, en el ámbito del transporte o en el de la producción de energía.
No podemos olvidar que especialmente el transporte por carretera de personas y de mercancías viene a suponer la fuente principal en este momento de contaminación. Y el Libro de la Energía presentado recientemente por la Unión Europea propicia planteamientos de revitalización del transporte por ferrocarril y del transporte marítimo de cabotaje a través del «shore shipping». Hay alternativas planteadas por parte de las autoridades europeas, y son muy interesantes los análisis que la Unión Europea realiza sobre la acción del hombre en la naturaleza, originando a través de la emisión de gases a la atmósfera el efecto invernadero. Recientemente, los tres informes de la ONU en la materia han certificado que, en efecto, existe este problema, y que es fruto de la acción del hombre sobre la naturaleza. La emisión de gases está originando una serie de distorsiones en el clima de todo el mundo, que ocasiona inundaciones, sequías, rachas aceleradas de viento, en definitiva deshielos importantes y, como usted decía, Senador Bella, nosotros como responsables políticos tenemos la obligación política y moral de adoptar medidas al respecto.
Usted plantea aquí que el Gobierno apruebe una estrategia española sobre el cambio climático. Esos compromisos los ha anunciado el Gobierno reiteradamente. El Ministro de Medio Ambiente, a lo largo de diferentes iniciativas parlamentarias y declaraciones políticas al efecto, ha tenido a bien modificar recientemente la estructura orgánica del Ministerio de Medio Ambiente, creando un organismo administrativo, sin personalidad jurídica, adscrito a la Dirección de Calidad Ambiental, como es la Oficina del Cambio Climático. Pero hay otra cuestión: ¿qué puede hacer Medio Ambiente, si no tiene competencias directas sobre energía? En el Gobierno Central las competencias sobre energía están diseminadas entre la Vicepresidencia del señor Rato a la par que Ministerio de Economía --el diseño

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de la política energética-- y el Ministerio de Ciencia y Tecnología --la gestión de la energía--, y por otro lado, el tema de los biocombustibles de origen agrario, con incidencia también de la política fiscal, del Ministerio de Hacienda. En definitiva, es una encomienda política de difícil gestión, pero es lo que la Cámara debe mandatar al Gobierno: que establezca una estrategia, un plan para que al menos exista coordinación interna y se plantee esta estrategia o este plan de acción en materia de lucha contra el cambio climático, porque repito que inciden diferentes políticas sectoriales. Está la política energética, en sus diferentes ámbitos de producción de energía, bien tradicional, a través de la combustión de elementos fósiles, o bien la energía tal y como se planteó por esta Cámara en la Ley de Ordenación del Sistema Eléctrico, donde se propiciaba la energía originada y producida con productos renovables, la biomasa, los biocombustibles, el biogás. Pero también está la política forestal, la política de gestión de los residuos, la política y el tratamiento de los diferentes elementos contaminantes en la agricultura, las políticas alternativas de acompañamiento a la PAC; en definitiva, un ensamblaje de políticas que es necesario poner en común para establecer una estrategia, un plan de acción a nivel español.
Por tanto, certificado y acreditado internacionalmente que existe un problema, ¿qué se puede hacer? Se pueden hacer todas estas cosas, para lo cual el Gobierno se tiene que coordinar, en primer lugar internamente, en los diferentes ámbitos, y en segundo lugar con las Comunidades Autónomas, porque los planes de residuos están siendo autonómicos, la PAC se gestiona por las Comunidades Autónomas, la política forestal también.
¿Qué corresponde al Estado? El establecimiento de la legislación básica en materia de política forestal; toda la gestión corresponde a las Comunidades Autónomas, en cuanto al papel que han de tener los sumideros, los bosques como efecto de absorción de CO2 que evite el efecto contaminante y el devenir del cambio climático. En definitiva, un montón de políticas sectoriales sobre las que al final el Gobierno Central tiene que asumir una responsabilidad, aunque también limitada...


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, le ruego concluya, por favor; su tiempo terminó.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señora Presidenta.
Decía que es una política de responsabilidades limitadas, porque también son las Comunidades Autónomas quienes gestionan y tienen estas potestades en el día a día. Por tanto, nosotros pedimos al Gobierno Central que elabore un plan de acción, una estrategia, llamémosle como queramos --ya que un plan no tendría carácter normativo--, y que lo haga en colaboración con las Comunidades Autónomas y también con los municipios, que tienen competencias en materia de protección del medio ambiente --ahí está el artículo 25 de la Ley 7/1985, de Bases de Régimen Local--. Esa es por tanto la mejora que nuestra enmienda quería introducir al planteamiento político realizado por el Grupo Parlamentario Socialista: en primer lugar que se tenga en cuenta, no sólo a la Federación Española de Municipios y Provincias, sino también a otras entidades de Comunidades Autónomas, como puede ser la Asociación de Municipios Vascos o una de las dos asociaciones que existen en Cataluña; y, en segundo lugar, que se remita a las Cámaras esta estrategia o este plan de acción, a las dos Cámaras, porque es importante que lo conozcan, tanto el Congreso de los Diputados como el Senado, a efectos de debatir y de conocer las orientaciones políticas, y en definitiva de introducir planteamientos o propuestas de mejora a esta estrategia coordinada que, primero, a nivel gubernamental central, y segundo, con las Comunidades Autónomas y los municipios, se está desarrollando por parte del Gobierno Central.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Entiendo que por parte del Grupo Parlamentario Socialista se ha aceptado la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y, por tanto, no requiere este turno.
Comenzamos el turno de portavoces.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cámara tiene la palabra.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Si bien es verdad que esta moción consecuencia de interpelación viene después de un interesante debate en la interpelación de la cual trae origen, también es cierto que en este Pleno --no sé si mañana-- veremos una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. Es un debate de una gran trascendencia e importancia y, por tanto, el Grupo Parlamentario Mixto tomará posición con mayor claridad en la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular. En cualquier caso, vaya por delante que vamos a votar a favor de esta moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda incorporada, y ahora voy a hacer algunas consideraciones al respecto.
España no ha ratificado todavía el Protocolo de Kioto; es verdad que se dice que es mejor que se haga en el marco de la Unión Europea, pero esto no es incompatible con que España se pronuncie con toda claridad --es cierto que se ha pronunciado, pero no lo ha ratificado--. Dentro de la burbuja europea que ha de reducir las emisiones en un 8 por ciento España puede aumentar sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 15 por ciento sobre los valores --por cierto-- del año 1990 para el año 2010.
España ha superado en diciembre de 1999 un 27 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero, duplicando prácticamente los niveles previstos 10 años antes. Y, asimismo, asistimos a un ocultamiento --en nuestra opinión-- de datos por parte del Ministerio de Medio Ambiente.
Con fecha 11 de septiembre de 2000 el Grupo Parlamentario de Izquierda Unida en el Congreso presentó una solicitud al Gobierno de elaboración de un plan de acción sobre el cambio climático que garantice el cumplimiento

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de los compromisos de Kioto, y que en ese marco se incorporen --decíamos-- objetivos cuantificables, acciones, medidas, etcétera, para reorientar el actual modelo de transporte y energético en un sentido sostenible. En nuestra opinión no se ha hecho nada al respecto por parte del Gobierno.
Es verdad que se tiene una opinión favorable a que se ratifique el Protocolo de Kioto y es verdad que hay una posición crítica, por ejemplo, al papel de Estados Unidos --no hace falta comentarlo mucho porque es conocido por todos--, pero es conveniente realizar una acción decidida para que países como Estados Unidos, muy importantes en la emisión de gases, ratifiquen el Protocolo de Kioto; hay que actuar con el ejemplo y, desde luego, no hay un plan de medidas exactamente por parte del Gobierno español. Es conveniente que esto se produzca, en combinación con las Comunidades Autónomas en este caso, pero mientras esto no exista al menos este Senador, en nombre de la formación política en la que milita, hará todo lo necesario para que se cumplan esos compromisos y, si es posible, se vaya mucho más allá porque la humanidad se juega mucho. Las políticas hay que practicarlas y no tanto elaborarlas, quedándose en una nebulosa de que hay que hacer cosas pero sin que se practique con el ejemplo en nuestro país; es conveniente, por tanto, adoptar medidas concretas y cuantificables para que este tema sea realmente asumido por el Gobierno y por el conjunto de la sociedad española.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora el turno al Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria. Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señora Presidenta, señorías.
Está claro que las últimas iniciativas de los distintos grupos parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado --y hoy es un día perfectamente clarificador, ya que vienen dos iniciativas en ese sentido--, demuestran y transmiten la lógica preocupación de nuestra sociedad por el grave problema del cambio climático, más conocido, al menos en el ámbito de la calle, como efecto invernadero.
Está claro que hay que dar pasos concretos. En las últimas comparecencias e iniciativas se nos remite con reiteración al Plan de fomento de las energías renovables como la panacea, pero no basta con eso. El Gobierno tiene que adoptar decisiones concretas para facilitar a las empresas españolas el acceso a fuentes alternativas de generación de energía, fundamentalmente en lo que se refiere a la energía eólica, a la solar y a la utilización de la biomasa.
Entrando en aspectos concretos del debate y al margen de posturas concretas que adoptarán en el día de hoy en función de la posición de gobierno o de oposición que ocupe cada uno, por las intervenciones que se sucedieron en el último Pleno, en concreto en la que da origen a esta moción, parece que existe una preocupación unánime por parte de los distintos grupos presentes en esta Cámara en relación con este problema.
Pero repito que hay que adoptar decisiones concretas, y ahí es donde se demuestra realmente la preocupación de cada grupo.
Pasando al tema genérico que recoge la propuesta de hoy, en concreto a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos y aceptada por el grupo proponente de la moción, he de decir que estamos totalmente de acuerdo con ella en cuanto a sus aspectos conceptuales y formales. El Grupo Parlamentario de Coalición canaria piensa que la forma en que ha sido presentada esta moción facilita mucho las cosas.
Por lo tanto y en orden a la preocupación y acercamiento que compartimos, aunque no sé si se producirá en esta moción o en la que a continuación va a presentar el Grupo Parlamentario Popular, hay que avanzar en medidas concretas. El Gobierno del Estado tiene la obligación, en colaboración con los gobiernos de las Comunidades Autónomas, de asumir decisiones políticas e iniciativas concretas para hacer realidad las medidas propuestas en el Protocolo de Kioto que eviten el cambio climático y las emisiones de CO2, así como otros gases nocivos.
En función de las distintas posturas que adopten los grupos, fundamentalmente el grupo que sustenta al Gobierno, definiremos nuestra posición concreta, que no es otra que apoyar cualquier medida que facilite la adopción y el cumplimiento de los objetivos propuestos en la cumbre de Kioto de cara al período 2010-2020.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el señor Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, las mociones que ahora debatimos y que han sido presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario Popular persiguen el mismo objetivo. Lo cierto es que la muy oportuna moción Socialista es consecuencia de la interpelación presentada por el Senador Bella en la pasada sesión plenaria, mientras que la moción Popular que debatiremos a continuación versa sobre el mismo tema y trae causa de la moción consecuencia de interpelación.
En cualquier caso, el contenido central de ambos textos en absoluto es desdeñable para el conjunto de la sociedad. Conocida es la afirmación que dice que es mejor prender una vela que maldecir las tinieblas: La vela de la responsabilidad de la sociedad de hoy acerca de los peligros que se ciernen sobre el futuro de la humanidad si no se toman medidas urgentes para reducir la emisión de gases contaminantes, en especial el CO2, que afectan a la salud del planeta y provocan el cambio climático.
Alguien dijo que los locos abren los caminos que más tarde recorren los sabios. En este caso, señorías, los sabios, los científicos, han abierto los ojos y han marcado el camino a los gobernantes de los 160 países signatarios del Protocolo de Kioto en el año 1997. Sería de locos no seguir ese camino, con todas las consecuencias negativas que ello conllevaría.


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Este portavoz hizo hincapié en el debate de la interpelación en que el compromiso de Kioto era una apuesta política con ribetes éticos y que la Unión Europea debe ejercer un liderazgo mundial como referente de los países del tercer mundo en los dos aspectos clave: el de la protección ambiental y el de la protección social, dos caras de la misma moneda, donde ética y política deben complementarse y enriquecerse mutuamente.
Es de todo punto imprescindible que la Unión Europea acuda de forma concertada a la Cumbre de Bonn sobre el Clima el próximo mes de julio.
Pero si observamos lo que ha sucedido desde Kioto, nos parece a todas luces preocupante el incumplimiento por parte de España de los compromisos allí adquiridos que, como saben sus señorías, permitían el incremento del 15 por ciento en el período 2008-2012, tomando como base las emisiones producidas en 1990, cuando, en realidad, entre esa fecha y 1999 las emisiones de CO2 han aumentado un 29 por ciento, mientras que las de los seis gases que producen el efecto invernadero crecieron un 26,8 por ciento.
Es ésta una razón de peso para instar al Gobierno de la nación, como pide la moción socialista, a que presente a las Cámaras la estrategia española para el cambio climático en un plazo no superior a seis meses. Y además nos parece congruente que haya un esfuerzo de negociación y acuerdo con las Comunidades Autónomas y los municipios, ya que el concurso de todos los niveles de administración es necesario para conseguir un compromiso asumido por el conjunto de la población. Administradores, empresas y administrados estamos todos implicados por igual.
Votaremos a favor, señora Presidenta, de la moción socialista y también de la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En definitiva, señorías, Entesa Catalana de Progrés considera imprescindible que el Gobierno y la sociedad española se comprometan mediante una estrategia global consensuada al cumplimiento del nivel de emisiones aprobado en Kioto, que España contribuya positivamente a la formación de la postura unánime de la Unión Europea al respecto y, además, que la Unión Europea lidere ese proceso en nombre de los países industrializados.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Turno de Convergència i Unió. El Senador Servià tiene la palabra.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señorías.
Permítanme, en primer lugar, utilizar el resultado de una iniciativa de nuestro Grupo Parlamentario que se inicia con una pregunta del excelentísimo Senador y compañero don Vicent Beguer, en la cual el Ministerio de la Presidencia responde extensamente sobre el tema del Protocolo de Kioto. Voy a leer la parte final escrita de esta respuesta.
Dice así: «Lograr consensuar una estrategia nacional eficaz contra los efectos adversos del cambio climático con todos los sectores afectados es uno de los retos más importantes del Ministerio de Medio Ambiente para el año 2001. Para lograr este importante reto está previsto crear la Oficina Española del Cambio Climático. El objetivo prioritario de esta Oficina sería la estrategia nacional sobre el cambio climático a través de las siguientes medidas: la coordinación de las distintas políticas sectoriales --transporte, industria, energía, agricultura, turismo, conservación de la naturaleza, etcétera--; la coordinación de las relaciones internacionales, aspecto que no se puede desvincular de las políticas nacionales --políticas fiscales, ayudas de Estado, la ayuda oficial al desarrollo español, etcétera--; la puesta en marcha de los distintos mecanismos de Kioto --el mercado de emisiones, la aplicación conjunta y el mecanismo de desarrollo limpio--. Una vez ratificado el Protocolo, estos mecanismos adquirirán una gran relevancia. Por último, la coordinación de los inventarios, bases de datos y metodologías con el fin de lograr un punto focal para la ciencia del clima.» Todo esto es perfecto, o sea, el Ministerio de la Presidencia responde diciendo lo que hay que hacer en unas líneas en las que todos estamos de acuerdo que son las que se tienen que llevar a cabo lo más rápidamente posible. Esta respuesta se produce el 20 de abril de 2001, es decir, que es de plena actualidad. Cinco días más tarde, el señor Ministro de Medio Ambiente, en su comparecencia ante la interpelación que origina esta moción, se posiciona, demuestra un conocimiento completo del problema del cambio climático y también un conocimiento perfecto de cuáles son las soluciones que hay que aplicar. Ante la poca celeridad a la hora de aplicar soluciones, se excusa diciendo que hasta que no se ratifique todo el protocolo y estén todos los acuerdos internacionales pertinentes, no se tomarán medidas que definan la forma de actuar.
Las intervenciones habidas en todos los Grupos sobre este tema en muchas iniciativas que ha habido a lo largo de la presente legislatura tanto en la Comisión, como en las sesiones de control del Gobierno, coinciden perfectamente; no ha habido ningún debate en que se haya discutido la importancia del problema o la necesidad de adoptar soluciones de una manera inmediata.
Por lo tanto, la posición del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió hoy ante esta cuestión es muy clara: en primer lugar, vamos a votar a favor de esta moción socialista que estamos viendo y de la enmienda que clarifica un punto concreto de la misma; en segundo lugar, aprovechamos la oportunidad para posicionarnos a favor de la moción del Grupo Parlamentario Popular que se va a debatir a continuación porque entendemos que va en el mismo sentido, así como de las seis enmiendas presentadas, porque creemos que aportan precisión a la misma.
Por lo tanto, nuestro voto es de acción positiva con respecto a este tema del cambio climático.
Creemos que esta Cámara hoy tiene la oportunidad de ser catalizadora para activar, por una parte, la reacción del Gobierno y, por otra, para colaborar o ayudar a concienciar e implicar a la sociedad de la importancia del tema del cambio climático.
Muchas gracias, señora Presidenta.


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La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Servià.
Ahora corresponde el turno al Grupo Parlamentario Popular. La Senadora González Pereda tiene la palabra.


La señora GONZALEZ PEREDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
España, al igual que el resto de los países de la Unión Europea, es consciente de que la lucha contra los efectos del cambio climático es uno de los principales retos del siglo XXI. Esta es una frase que ha sido repetida sucesivamente y compartida por todos nosotros, como no podía ser de otro modo.
Por lo que se refiere a España hay que destacar, en primer lugar, que en la lucha frente al cambio climático ya son muchas las iniciativas puestas en marcha tanto en los ámbitos públicos como privados y que las acciones del Gobierno se han plasmado en medidas concretas en muy diversos sectores, en materia de residuos, energías renovables, política forestal, debiéndose destacar también el grado de concienciación pública suscitado en torno a este problema en los últimos años. A tal efecto, entre las acciones que el Gobierno es consciente que debe desarrollar para orientar, ampliar e intensificar las políticas públicas e iniciativas privadas en este ámbito, está la de dotar a las mismas de un marco de referencia común a través de una estrategia integradora o, lo que es lo mismo, a través de la aprobación de una estrategia española de lucha contra el cambio climático. Consecuente con ello, el Gobierno ha creado recientemente la Oficina española de cambio climático entre cuyas funciones está la de colaborar con el Consejo Nacional del Clima para la conclusión de la estrategia española de lucha frente al cambio climático, además de las de estrechar la colaboración con otros organismos y administraciones públicas y, cómo no, relacionarse con entidades privadas y públicas para colaborar en iniciativas tendentes a la lucha frente al cambio climático y efectuar así el seguimiento de las negociaciones en los foros internacionales y comunitarios en materia de cambio climático.
En suma, el Gobierno asume como parte de sus prioridades en la agenda ambiental la pronta aprobación de dicha estrategia como el instrumento planificador necesario para que las administraciones públicas y demás entes públicos y privados dispongan de un marco de referencia en el que queden definidos los ámbitos en los que sea preciso adoptar medidas para combatir el cambio climático. Se trata de establecer las normas básicas de la estrategia, sin invadir las competencias autonómicas que les habilitan para dictar normas adicionales de protección y llevar a cabo la gestión en materia de medio ambiente. No obstante, y sin merma alguna del compromiso asumido respecto a su plazo de ejecución hay que subrayar la necesaria toma en consideración de la situación por la que atraviesa el proceso de negociación internacional. Como es sabido, determinados aspectos clave del contenido de la estrategia están estrechamente vinculados con el resultado del proceso de negociación internacional previo a la ratificación del Protocolo.
Por todo ello, teniendo en cuenta que en las negociaciones en curso se están debatiendo aspectos que condicionan el contenido final de la estrategia española, como es el caso de las reglas de aplicación de los mecanismos de flexibilidad, el régimen de cumplimiento, o la contabilización de los sumideros, parece razonable que el plazo de conclusión de la estrategia no pueda ser tan inmediato como todos quisiéramos, al menos, si lo que pretendemos, como así lo desea el Gobierno, es dotarnos de un instrumento de planificación riguroso. En todo caso, como quiera que para el Gobierno la estrategia es una prioridad, sigue trabajando en su conclusión y confía plenamente en que tanto el proceso de consulta interna, a través del Consejo Nacional del Clima con apoyo a la Oficina española, como la combinación del proceso de negociación internacional, permitan que España disponga de una estrategia lo antes posible. A la vista de los trabajos que está realizando el Ministerio de Medio Ambiente, con el objetivo de aprobar la estrategia de lucha frente al cambio climático, se estima no aprobar en este momento la presente moción.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora González Pereda.
(Aplausos.) Vamos a votar, señorías, la moción consecuencia de interpelación con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 89; en contra, 126.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción consecuencia de interpelación.


MOCIONES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A QUE EN EL PLAZO DE SEIS MESES REALICE UNA EVALUACION SOBRE EL FUNCIONAMIENTO DEL CENSO ELECTORAL DE RESIDENTES AUSENTES (CERA) Y LA PARTICIPACION EN LOS PROCESOS ELECTORALES DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN EL MISMO, REMITIENDO EN EL REFERIDO PLAZO SUS CONCLUSIONES AL SENADO (662/000119).


La señora PRESIDENTA: Punto sexto del orden del día: Mociones. Señorías, vamos a ver esta moción y después, cuando termine la votación de ésta, suspenderemos la sesión hasta mañana por la mañana. Lo digo por si acaso quieren ir agilizando los debates para acabar a las ocho y media que entiendo que es la intención de sus señorías.
Moción del Grupo Parlamentario Popular en el Senado por la que se insta al Gobierno a que, en el plazo de seis meses, realice una evaluación sobre el funcionamiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) y la participación en los procesos electorales de las personas inscritas

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en el mismo, remitiendo en el referido plazo sus conclusiones al Senado.
Para la defensa de la moción tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta. (Rumores.) Señorías...


La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio por favor.


El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, existen errores en el Censo español de Residentes Ausentes.
Bajo esta premisa el Partido Popular en el Senado presenta la moción objeto de este debate. Basándonos en esta afirmación, y para el desarrollo de la defensa de la propuesta, es interesante, señorías, reconocer el origen de las cosas por si de ello algo se pudiera aprender.
Las Elecciones Generales del 6 de junio de 1993, debido a la Ley Orgánica de Régimen Electoral General vigente por aquella fecha, se celebraron con un censo cerrado a 31 de diciembre de 1991, prácticamente un año y medio antes, provocando con ello una desactualización de nada más y nada menos que de dos millones de datos y al menos 300.000 altas o bajas erróneas.
Como consecuencia de esa situación el mismo día de los comicios se produjo un espectáculo bochornoso de al menos 70.000 inscripciones realizadas el mismo día de las elecciones y el colapso de algunas oficinas provinciales del Censo Electoral, transmitiendo, por supuesto, ante aquel espectáculo la falsa impresión --ya se apresuró el Partido Popular a calificarla así-- de que el Censo podía estar manipulado.
Por supuesto, la responsabilidad del Partido Popular en la oposición, muy lejos de buscar el rédito político de aquella situación optó por colaborar con el Gobierno en la búsqueda de soluciones a tan preocupante problema, colaboración que queda perfectamente reflejada en los «Diarios de Sesiones» tanto del Congreso como del Senado y que da fe de los debates y acuerdos alcanzados en aquel momento y, por supuesto, también en la memoria de algunas de sus señorías que participaron en aquel debate.
Señorías, aquella situación y su posterior análisis dejaron en evidencia que el marco legal era mejorable y que los mecanismos y medios de la administración diplomática en circunstancias electorales eran defectuosos y escasos, por lo que se hacía absolutamente imprescindible una mejora inmediata en esos mismos términos. Y, aunque se hizo esperar más de lo debido y gracias también al trabajo parlamentario desarrollado en torno al consenso, la reforma llegó con la modificación de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General de 23 de marzo de 1995. Esta modificación no sólo correspondía a la voluntad de mejora de la misma albergada por los partidos políticos que participaron de aquel debate, sino que además se apuntalaba en las demandas del Consejo General de la Emigración, así como en el informe que remitió la Junta Electoral Central al Congreso de los Diputados por aquellas fechas. (Rumores.) De ese modo, la reforma de la LOREG de 1995 y las normas que la desarrollan, como son la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda de 24 de abril de 1996 o el Real Decreto 157 de 2 de febrero de 1996, nos proporcionan el nuevo marco legal vigente hasta hoy en que los españoles residentes en el extranjero podían cumplir con sus derechos y obligaciones electorales. Esa mejora se centró además de manera especial en las condiciones del ejercicio del voto, sobre todo para aquellos que más dificultades podían tener, fundamentalmente de carácter geográfico.
La inscripción de oficio en el Censo Electoral, el ejercicio del derecho al sufragio mediante el voto personal y directo en mesas electorales constituidas y emplazadas en los consulados y secciones consulares de las embajadas y la actualización con carácter mensual también del Censo fueron algunas de las solicitadas y consensuadas mejoras del marco legal y que dejaban satisfechas absolutamente todas las formaciones políticas por intentar cumplir con lo que el precepto constitucional obliga a la Ley y al Estado, que no es otra cosa que a reconocer y facilitar el ejercicio del derecho al sufragio a los españoles que se encuentren fuera del territorio de España, tal y como dice la Carta Magna en su artículo 68.5.


La señora PRESIDENTA: Señorías, por favor, guarden silencio. (Pausa.)

El señor RUIZ RIVERO: Gracias, señora Presidenta.
Sin embargo, la satisfacción no puede ni debe ser plena. Es cierto que esa reforma no ha tenido muchas ocasiones de mostrar sus virtudes, pero sí que han sido suficientes para detectar que es mejorable. Los errores detectados en el CERA en las últimas elecciones municipales y autonómicas en la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, porque es de justicia hacer mención a ello, deben trasladarnos, aunque a otra escala, a la situación vivida después de las Elecciones Generales de junio de 1993 y a la situación caótica del tratamiento administrativo que por aquel entonces se brindó a los electores.
Señorías, en base a estos errores, el Ministerio de Asuntos Exteriores tiene la excusa perfecta para determinar el calibre y la extensión de los mismos. Podrá conocer con detalle y precisión la bondad de aquella reforma de 1995; podrá determinar si las imperfecciones vienen dadas por la propia ley o por la imposibilidad de aplicarla correctamente con la dotación de los recursos existentes dedicados a las embajadas y consulados españoles; podrá conocer si el nuevo sistema de votación vía Consulado-Ministerio y Junta Electoral es aceptablemente eficaz; si los plazos son los correctos, tanto para el ejercicio del voto como para su escrutinio; sin con la inscripción de oficio es posible evitar la aparición en el Censo de personas ya fallecidas; si los errores detectados en Baleares existen en alguna otra Comunidad Autónoma, lo que podría ser posible y por tanto podrían ser errores generalizados y, en definitiva, si son errores evitables o no; también es importante, en lo que se refiere al ejercicio del voto, determinar si la ley es fácilmente

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manipulable o no; de igual forma, es importante destacar que gracias a esa Ley Orgánica de Régimen Electoral General y a su modificación de 1995, el nuestro es el país europeo que ha extendido con mayor generosidad el derecho de participación de sus nacionales residentes en el extranjero en todas las elecciones que se convocan. Los inscritos en el CERA pueden participar en las elecciones municipales, en las autonómicas, en las generales y, por supuesto, al Parlamento Europeo.
En definitiva, señorías, en las Elecciones Generales de 1993 un inapropiado marco legal y unos errores censales escalofriantes pusieron de manifiesto la necesidad imperiosa de sacar adelante una reforma de la ley orgánica, contemplándola y complementándola además con distinta normativa a la que al principio he hecho referencia.
Hoy, cinco años más tarde, necesitamos conocer el funcionamiento real de esa misma ley, de esa relativamente joven ley. Entendemos que la evaluación que nosotros solicitamos del Ministerio se encuentra completamente amparada por la voluntad de la Administración de conocer los resultados de la aplicación de la LOREG. En este sentido, el Ministro de Asuntos Exteriores ya ha tenido la oportunidad de poner de manifiesto en varias ocasiones la voluntad de su Ministerio de que eso sea así. Es más, en la interpelación de la que fue objeto por parte del Grupo Mixto ya dejó claro que su trabajo con el Consejo General de la Emigración era permanente y continuo, que intentaba atender todas sus reivindicaciones, que algunas de ellas ya las había puesto en marcha y que otras debían esperar por su notable calado presupuestario, pero que, en definitiva, mantenía un nivel de colaboración continua e importante, lo que por otro lado demuestra la sensibilidad que mantiene este Gobierno con un colectivo tan importante como el de los emigrantes españoles.
Por eso, desde el Senado no podemos permanecer como protagonistas pasivos ante esta cuestión. El ejercicio del voto es un derecho fundamental en todo sistema democrático consolidado, es la espina dorsal de la convivencia en democracia. Así pues, desde todas las instituciones, absolutamente desde todas ellas, se deben poner en marcha las medidas oportunas para poder blindar ese derecho. Los españoles residentes ausentes, señorías, deben tener exactamente las mismas facilidades que el resto de los españoles para poder cumplir con sus derechos y obligaciones. Una democracia no se perfecciona hasta que esa igualdad sea efectiva, y la distancia geográfica no puede en ningún caso ser un impedimento para que nuestro sistema electoral tienda hacia esa perfección.
Si el resultado del estudio que este Grupo requiere del Ministerio pone en duda el actual funcionamiento de la ley les aseguro que este Grupo será el gran valedor de una nueva reforma. Si los errores son generalizados, de carácter administrativo o burocrático y, por supuesto, evitables, desde aquí defenderemos que se tomen las medidas necesarias para que no se repitan. En cualquier caso, la simple posibilidad de poder mejorar la ley encontrará en este Grupo un apoyo absolutamente incondicional, aun siendo consciente de que esa generosidad, a la que antes he hecho referencia, en el sistema electoral español debe permanecer absolutamente inalterable.
Del mismo modo, tomando como modelo el proceso de reforma de 1995, basado en un amplio consenso parlamentario, y con el trabajo y las serias y responsables aportaciones de todas las formaciones políticas, así como del Consejo General de la Emigración y de la Junta Electoral Central, desde esta misma Cámara lucharemos para que absolutamente nadie, de forma mezquina, tenga la tentación de sacar provecho político a la situación, utilizándola injustamente como arma arrojadiza en contra de otras formaciones políticas.
Por eso, señorías, quiero solicitar el apoyo de todos aquellos Grupos que deseen mejorar, si es posible, el trato electoral que reciben los españoles residentes en el extranjero. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Ninguno de los españoles que vive fuera de nuestro territorio, absolutamente ninguno de ellos, entendería cómo una formación política se puede negar a que desde el Ministerio se estudie y se perfeccione, si es el caso, el funcionamiento de una ley que afecta directamente a sus derechos básicos y fundamentales. Eso sólo lo puede hacer quien tiene muy poco interés por nuestros emigrantes y mucho por sacar un provecho político de sus circunstancias.
He empezado diciendo que el CERA contiene errores, y tengo que lamentar que eso, que al Grupo Popular le ha servido para presentar esta moción y averiguar la importancia de los mismos, sirva además para orquestar campañas de persecución política y de acoso personal que dicen mucho, y no precisamente bueno, de quien las promueve.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Para la defensa de las enmiendas, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Señorías, esta moción, presentada por el señor Ruiz, en nombre del Grupo Popular, no es inocua: no se puede entender simplemente como el hecho de buscar errores en el censo de los emigrantes ausentes en absoluto.
Esta es una moción sobre la que no hace falta remontarse a 1993. Es una moción que es literalmente la enmienda, señores del Partido Popular, que se presentó a la moción consecuencia de interpelación que yo presenté aquí. Exactamente la misma. Y en esa moción y en esa interpelación, sin repetirla, se hicieron por mi parte --lo voy a decir así, con todas las palabras-- acusaciones graves, sustentadas en informes que ninguno de los firmantes discute, y en denuncias presentadas hasta por el Fiscal de Ibiza, en la cual no solamente sigue una línea sobre el fraude electoral sino que amplía esto al tema de malversación de fondos públicos.


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Lógicamente, a partir de esa interpelación y su consecuente moción se presenta esta otra iniciativa que habla, como ha expresado aquí el señor Ruiz, de errores en el censo; una moción que insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses realice una evaluación sobre el funcionamiento del CERA para averiguar los errores, y es inusual, es increíble que, por ejemplo, esta Cámara se ponga tapones en los oídos y no escuche acusaciones gravísimas de utilización en algún lugar --caso de Baleares-- del voto de los emigrantes.
No voy a repetir la interpelación ni la moción, pero digo yo que la enmienda que presento lo que plantea de forma modulada es investigar, aclarar y estudiar, por supuesto, el problema del CERA, del censo, del voto de los emigrantes y, sobre la base de esa investigación y aclaración y sobre la base de lo que se ha dicho en esta Cámara averiguar qué ha pasado en función de las denuncias realizadas que están en procesos judiciales, en Baleares o en otros lugares, como dice la enmienda.
A lo mejor es una ingenuidad por mi parte, es dejar al zorro cuidando las gallinas, pero la intención es decirle al Gobierno central que averigüe, investigue y aclare lo que se ha dicho y que ponga las medidas oportunas sobre la base de las denuncias formuladas. ¡Pues no! El Partido Popular dice que se evalúe el CERA y que estudiemos los errores que tiene.
Miren ustedes, el CERA ya tiene muchos errores. Por ejemplo, sobre la historia de ese censo, hay un montón de muertos censados. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Ya está aclarado. Cuantifiquemos los muertos. ¿Ese es el estudio que ustedes pretenden? El problema no es que haya muertos en el censo. El problema es, como aquí se ha denunciado, que gentes, emigrantes, se censen después de estar muertos. ¿Lo escucháis bien, señoras y señores del Partido Popular? ¡Se censen después de estar muertos! No digo los censados de oficio, que había gente muerta, sino gente que se censa en 1999 y estaban muertos en 1964. ¡Es el colmo! Esto es lo que discutimos aquí.
El problema es, cuando hablamos de la utilización de los emigrantes, cómo es posible que en período de rectificación del censo se agrupen de repente unas gentes y decidan votar en un lugar en el que no tienen ningún tipo de arraigo, que todos juntos modifiquen su domicilio, señor Ruiz, para concentrar el voto en un lugar determinado. ¿Cómo puede ocurrir eso? Este es el problema. Por tanto, hay indicios y eso está ya probado. Y le digo al Gobierno central que averigüe cosas sobre la base de cuestiones probadas.
Señoras y señores del Partido Popular, el último día que debatimos este asunto yo presenté un cartel, no de mi Comunidad, del señor Fraga, señores del Partido Popular, que después de su foto, en letras más grandes decía: Concurre a votar a la sede del Partido Popular. Y en letras más pequeñas añadía: Se renueva la Presidencia de don Manuel Fraga votando en la sede del Partido Popular. Y a continuación viene la dirección de la sede del Partido Popular. ¿Eso es normal? ¿Eso es legal? Por tanto, le indico al Gobierno que estudie esos comportamientos para corregirlos sobre esa base. ¿Por qué ocurre eso? Yo aquí mencioné --no lo repito todo-- lo que en su momento dijo una señora contratada por el Gobierno balear sobre el famoso caso Mapau --está escrito por ella, la señora Segura ha dicho que el informe es suyo, que ella lo firmó y que lo mandó, pero que no se lo dio a otros responsables, a altos cargos políticos del Partido Popular y de la Administración--: El reparto de fotos de la visita presidencial fue la fórmula ideal para atraer a los descendientes, recabar sus datos --¡atención!--, rellenar sus impresos y trasladarlos al Viceconsulado. Yo digo que se averigüe si eso es cierto, porque quiero saber cómo está el censo, y quiero que se modifique y se hagan las correcciones, y quiero que el voto emigrante, que es un derecho democrático --es la esencia de la democracia--, que el voto popular de nuestros emigrantes esté garantizado y no se utilice y no se emplee el dinero público, quiero que se averigüe y que se estudie este asunto.
Yo le admitiría su moción si introdujera la aclaración sobre la base de una investigación de las denuncias presentadas, pero usted sólo quiere que se evalúe y habla esencialmente de los errores del censo. Yo imagino lo que va a ocurrir. No puedo admitírsela, no vamos a votar a favor, nos vamos a abstener porque no es, ni con mucho, una moción deseable, sensata y prudente por parte del Grupo mayoritario. Se trata de averiguar con serenidad qué pasa y qué modificaciones hacen falta. Esto es tirar la tinta del calamar. Porque no se trata de una moción que venga del cielo, ustedes no hubieran presentado esta moción si no hubiera habido una denuncia del caso Mapau en Baleares. Esta es la realidad. Por consiguiente, partamos de eso con serenidad y busquemos y estudiemos qué medidas hay que adoptar. Yo propongo que sea el Gobierno central el que investigue y aclare todo esto porque creo que es prudente confiar en todas las instituciones, también en el Gobierno de la nación, al que no considero antidemocrático y que, por tanto, va a trabajar con prontitud y con inteligencia para averiguar estos asuntos.
Mantengo mi enmienda, y me ha extrañado que ustedes no la admitan. En el Congreso de los Diputados se han pedido hasta Comisiones de Investigación y quizá se acepten, no sé cómo está esta cuestión actualmente. Yo presenté en su momento una moción que iba en el sentido que he explicado.
Señores del Partido Popular, señor Ruiz, termino haciendo mención al final de su intervención. Yo siempre he medido la política con mayúsculas. Yo no voy persiguiendo a nadie. En todo caso, es una maldad que ustedes oculten los datos de una acusación planteada aquí, que falseen y oculten la realidad. La realidad podrá ser ocultada por una mayoría absoluta en esta Cámara, pero se impondrá porque es objetiva.
Algunas cosas pueden probarse, otras no, pero las que están probadas, probadas están, señor Ruiz, señores Senadores del Partido Popular. Hay una Comisión de Investigación en una Comunidad Autónoma, hay un fiscal que está investigando el asunto, hay denuncias en otros lugares. El problema, insisto, no es sólo del censo y de sus imperfecciones, es de la utilización de ese censo y de los emigrantes, muy sensibles a la presión de quien sea, de este Gobierno o de otro de tal o cual Comunidad

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Autónoma, no estoy calificando. Parto de una experiencia en la Comunidad de Baleares. Espero que no se haga en ningún otro lugar, y, si se hace, tenga por seguro que yo lo denunciaré aquí. No tengo ningún problema ni nunca lo tuve. No soy como otros, que en función de las siglas que representan defienden lo imposible o lo irracional. Al menos yo busco la verdad puesto que políticamente es muy rentable para el futuro.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Señora Presidenta, señorías, hace apenas quince días este Senado debatía una moción consecuencia de interpelación que hacía referencia a las presuntas irregularidades que se habían producido por la utilización fraudulenta de fondos públicos para captar voto partidista y por la posible inscripción anómala --para ser benévolos-- que se dio en les Illes Balears en las últimas elecciones municipales y autonómicas de 1999. Dicha moción no fue aprobada debida al voto contrario del Grupo de la derecha, que no quería que aquellos hechos, tan graves para la limpieza del proceso electoral, base de la democracia, fuesen investigados.
Efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular presentó una enmienda que pretendía diluir todos los hechos ya conocidos por esta Cámara en una evaluación --por llamarlo de alguna manera-- del funcionamiento del CERA a nivel del Estado sin hacer ninguna mención al caso Mapau, que destapó las deficiencias del mismo, ni explicar cómo determinados dirigentes populares de Baleares sin escrúpulos podían forzar la ley en beneficio de sus intereses electorales.
Como no podía ser de otra manera, el Senador Cámara rechazó la enmienda popular ya que descafeinaba totalmente la investigación que se proponía.
¿Por qué decimos que el Partido Popular quería evitar que se conociese la verdad del caso Mapau, que se conociese la verdadera implicación de sus más altos dirigentes en les Illes Balears, empezando por el Ministro, entonces President del Govern balear y actualmente Ministro de Medio Ambiente, Jaume Matas, que escribió de su puño y letra --y lo ha reconocido públicamente-- los pasos que debían darse para tener éxito con la operación? Es evidente que hace unos días con su enmienda, y hoy con su moción, no quieren que se investigue, que se aclare, que se conozca, en definitiva que se sepa lo que sucedió. Y no lo quieren porque piden una evaluación, que es la acción y efecto de evaluar, mientras que evaluar es señalar el valor de una cosa.
Nuestro Grupo tiene muy claro que para el Partido Popular en les Illes Balears el funcionamiento actual del CERA era muy valioso ya que les permitía utilizarlo en su beneficio. Por eso tenía valor --ya sabemos qué valor tenía--, pero también sabemos para qué quieren la evaluación. Por eso en nuestra enmienda pedimos que se investigue el presunto uso fraudulento del CERA, ya que investigar significa hacer diligencias para descubrir una cosa, y creemos que en ese tema había muchas cosas a descubrir. Y una vez descubiertas, depurar las responsabilidades, las irregularidades y las alteraciones injustificadas para garantizar que no puedan volver a repetirse, abordando las reformas legales y administrativas que sean precisas. Ahí, señores del Grupo Popular, nos tendrán a su lado; nos tendrán para colaborar en facilitar y promover el voto de todos los ciudadanos que conforman el Censo de Españoles Residentes Ausentes con todas las garantías y transparencia que requiere el respeto a las normas democráticas. Ahí nos tendrán a su lado.
Y aún más. Aclaremos dicho funcionamiento a nivel de todo el Estado con lo que significa ese vocablo: disipar, quitar lo que ofusca la claridad o transparencia de alguna cosa, abrirse o declarar a uno lo que se tenía en secreto, y aquí secretos también ha habido muchos.
Como decía el Senador proponente hace tres semanas, en referencia a la ley --y cito textualmente--, existen claras señales de que contiene defectos. Decía también que a él le preocupaba la aplicación correcta de la ley, su perfeccionamiento y la protección de nuestros emigrantes, así como sus derechos fundamentales, entre otros el derecho a participar libremente en unas elecciones democráticas.
Compartimos con el Senador Ruiz estas preocupaciones, por lo que se nos hace más difícil entender qué problema tienen en que se investiguen las presuntas irregularidades detectadas en Baleares, a no ser, claro, que tengan algo que ocultar. No es de recibo querer dar lecciones de transparencia a los demás, y no ser transparente uno mismo. Es posible que en el CERA hubiese muchos difuntos, pero lo que no es posible es que esos difuntos votasen, a no ser, claro, que algún vivales o algún listillo votase por ellos o encargase a alguien que lo hiciese.
Tampoco es muy creíble que se estuviese entrevistando en tribunal evaluador a doña María Pau Segura en Palma de Mallorca en la misma fecha en que ella se encontraba en Argentina, cumpliendo la misión para la que se le había presuntamente contratado, con cargo a fondos públicos, y que no era otra que la de conseguir el mayor número de votos para el Partido Popular.
En fin, señoras y señores del Grupo Popular, negar la evidencia de los hechos puede funcionar durante un tiempo, pero la realidad es tozuda, y hace que al final resplandezca la verdad. Por eso les pido que lean bien nuestra enmienda y que la acepten, ya que no sólo ponen en evidencia al Ministro Matas, sino de rebote al señor Aznar, Presidente del Gobierno, al no permitirles mantener, a uno, su voluntad de aclararlo todo --que lo ha dicho públicamente--, y al segundo, llevar a la práctica lo que decía y prometía cuando estaba en la oposición. Claro que también puede ser que ni ustedes tengan clara la inocencia de sus máximos dirigentes en Baleares, después de los antecedentes previos, que nos recuerdan episodios oscuros de una derecha caciquil, de la que muchos de ustedes no forman parte y no descienden, y que por tanto no deberían defender, y de la que otros, encabezados por su Presidente nacional,

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el señor Aznar, tendrían que desmarcarse claramente. Y eso sólo lo pueden hacer aceptando la investigación y asumiendo sus consecuencias, aunque signifiquen el cese de un ministro, muy tocado ya por la dimisión de su jefe de gabinete.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Terminado el turno de defensa de enmiendas, corresponde un turno al representante del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Tiene la palabra el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Créame, Senador Cámara, y créame, Senador Socías, que yo quería evitar en el día de hoy una discusión agria y de gallinero, porque --créame cuando se lo digo-- no me gusta, pero es que ustedes me obligan; no me queda más remedio.
Senador Cámara, antes de nada quiero decirle que me parece que usted no ha entendido la moción; usted se ha agarrado a los CERA, y yo le digo que los CERA puede que tengan errores, pero aparte habrá que ver cómo se les trata electoralmente, porque, eso es importantísimo, y la ley habla de tratamiento electoral de los CERA: censo de oficio, renovación mensual del censo, dónde se asigna su voto. Eso es importante, y este Senador y su Grupo piden que eso también se audite, no solamente los errores detectados en el CERA. Por tanto, me parece que usted no ha entendido la moción que hemos presentado.
Con su enmienda, Senador Cámara, pretende reeditar su moción consecuencia de interpelación, y con ella el debate, y tengo que recordarle que su moción no prosperó, y por el mismo motivo este grupo no puede aceptar su enmienda. A usted, Senador Cámara, como en la ópera, le interesa mucho más la música que la letra; a usted lo que le interesa es el ruido y no quiere llegar al fondo. Al Partido Popular le preocupa el fondo (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular), le preocupa la letra, y lo que va a hacer es llegar hasta el final; ésa es la intención de esta moción, Senador Cámara.
Dice su señoría que hay que referirse a Baleares. ¡Claro que sí! En la defensa de mi moción yo me he referido a Baleares, porque es inevitable enlazar y relacionar una cosa con la otra. Todo sale de allí, Senador Cámara, y no cabe ni la más mínima discusión. No me niegue usted, Senador Cámara, por el amor de Dios, la persecución política; no me diga usted que no le interesa la persecución política. Si lo que le interesa a usted es el colectivo de los emigrantes españoles, apoye la moción, y no me diga que no le interesa la persecución política cuando tiene sembradas las Baleares con este folleto, de su partido, de más de treinta páginas, que les habrá costado un potosí, y donde se dicen cosas del señor Matas --y por supuesto usted no le persigue-- como, por ejemplo: Jaume Matas aparece con nitidez como el principal responsable del caso. Jaume Matas es Presidente de un partido, desgarrado internamente, dirigido por un líder --el actual Ministro de Medio Ambiente-- indigno de la confianza de los ciudadanos.
¿Para qué quiere usted una comisión de investigación si usted ya está sentenciando, Senador Cámara? ¿Para qué la quiere? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y habla de más cosas: el caso Mapau, el caso Formentera, el último caso de corrupción atribuible a los sucesivos Gobiernos del Partido Popular.
¡Por amor de Dios! ¿Y me va a decir usted que no le interesa la persecución política? Desde luego debo rechazar su enmienda, claro.
(Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Senador Socías, tampoco podemos aceptar su enmienda porque no añade absolutamente nada nuevo al debate, no dice nada nuevo que no se haya debatido en esta Cámara, votado y, por supuesto, rechazado, porque este Grupo no estaba por la labor, ni mucho menos, de darle a usted el titular, que es lo que usted quería. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) Usted me sorprende porque además se ha atrevido a romper el único acuerdo a que había llegado el Grupo Mixto con el Grupo Popular relativo a ampliar a seis meses el plazo para presentar los resultados de este estudio, de ese análisis o de esa auditoría. Usted encima da un paso atrás, ¡increíble! Ese es el interés que muestran usted y su Grupo por encontrar y plantear soluciones a los problemas que pueda tener el colectivo de los emigrantes a la hora de votar; ése es el interés que usted demuestra.
Nos pide garantías de imparcialidad en su enmienda. Pues claro que sí: imparcialidad, neutralidad, rigurosidad, transparencia, objetividad..., por supuesto que sí, eso va implícito en la moción. ¿En qué está pensando usted, Senador Socías, cuando nos pide imparcialidad? ¿Qué se cree, que este Grupo y el Ministerio se van a ensañar especialmente en la Junta de Andalucía, en Extremadura, en Castilla-La Mancha? ¿Eso es lo que a usted le preocupa? Pues esté tranquilo porque eso no va a ser así. Este Grupo y el Ministerio van a actuar con absoluta rigurosidad. (El señor Socías Puig pronuncia palabras que no se perciben.) ¿O qué le preocupa a usted, la imparcialidad con la que actuaba las primeras semanas esa Comisión de investigación creada en el Parlamento de Baleares, imparcialidad que decía: a los míos sí pero a los del Grupo Popular ninguna, hasta que el Grupo Popular tuvo que dejar de asistir a esa Comisión? ¿Esa es la imparcialidad que pide para usted y no da a los demás? Pues quédese tranquilo que la tendrá; esté absolutamente tranquilo de que esa imparcialidad va a reinar en ese estudio.
Sea usted valiente y diga aquí cuántos muertos del CERA han votado en Baleares. ¿Cuántos muertos han votado? ¡Deje usted de calumniar y de tirar la piedra y esconder la mano! Suba aquí y diga cuántos muertos han votado en las Baleares, dígalo con valentía, diga cuántos muertos han ejercido su derecho al voto. Dígalo con claridad. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿Puede usted afirmar aquí que no hay ningún muerto inscrito en el CERA entre esos 1.000 nuevos que se han incorporado al Censo mientras ustedes gobernaban?

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Diga aquí que no hay ninguno, a ver si tiene el coraje suficiente. (El señor Fuentes Gallardo: ¡Me está entrando un miedo terrible!) Por supuesto, tampoco le aceptamos la enmienda.
Nada más, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ruiz Rivero.
Turno de portavoces. (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Tras el estudio de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular y detectado el problema --y no es poco que se haga un reconocimiento de las imperfecciones del Censo Electoral de Residentes Ausentes--, no saben cuánto a este Senador de Galicia le satisface escuchar en la voz del Partido Popular el reconocimiento de imperfecciones en el funcionamiento del CERA y en el ejercicio del derecho a votación de los ciudadanos inscritos en ese censo. Pero hecho el reconocimiento cabe pensar que se llega a una conclusión y a una propuesta de posible solución equivocada o no sólo es que la moción se equivoque en la propuesta, sino que intenta aviesamente tapar otro tipo de propuestas que sí pueden ir al centro del problema.
Ambas posibilidades nos llevan a la misma conclusión, porque, una vez que se hace el reconocimiento de las disfunciones que en el CERA se producen, cabe recordar que éstas no se deben a posibles malas interpretaciones de un articulado legal que lleve a indefiniciones sobre lo que hay que hacer y que, por lo tanto y como en cualquier otro texto legal, convenga repasarlo para mejorarlo. No es eso. Estamos hablando --y no me meto en buscar culpables o en señalar quién es el reo y el acusador-- de que cada vez que nos referimos a esto nos limitamos a hablar de delitos electorales cometidos simplemente porque el escenario legal que se nos presenta delante lo permite, lo facilita e incluso lo promociona. Es ahí donde tenemos que centrarnos.
Por eso, siendo benévolos, la propuesta que se nos hace es totalmente equivocada. No tenemos delante un problema de evaluación que competa al Gobierno, sino la constatación evidente de un marco jurídico --la Ley Electoral acerca del Censo Electoral de Residentes Ausentes-- que promociona todo tipo de irregularidades, independientemente de quién las cometa. Es ahí donde tenemos que ir. El problema no es que voten uno o dos muertos, porque no se trata de una cuestión cuantitativa. El hecho de que vote uno, independientemente de quién vote por él, nos pone de manifiesto que tenemos un escenario legal totalmente irregular, algo imposible de mantener en un Estado democrático. Es ahí donde debemos centrar la discusión.
No podemos hacer que el Gobierno evalúe una situación que precisamente nace de la imposibilidad del conjunto de las fuerzas políticas de ejercer el control sobre el Censo Electoral de Residentes Ausentes. Para la inscripción en el censo normal existen unos mecanismos y, sobre todo, un control por parte de las Entidades Locales en el que participan todas las fuerzas políticas. En el Censo Electoral de Residentes Ausentes la inclusión es por oficio y la única revisión se produce a través del Instituto Nacional de Estadística, dependiente únicamente del Gobierno.
Por lo tanto, no se trata de una cuestión de evaluación por parte del Gobierno, sino de limpieza democrática. Tenemos que asumir esta responsabilidad y son las Cámaras la que tienen que tomar las iniciativas pertinentes.
En la ejecución del derecho al voto por parte de los residentes ausentes se están produciendo hechos que motivan la presentación de denuncias por múltiples irregularidades, simplemente porque en el ámbito de la emigración ni siquiera hay mesas electorales en las que los ciudadanos puedan votar y los partidos políticos puedan controlar que el derecho al voto se ejerce libre y democráticamente.
Por lo tanto, si no cambiamos el escenario, nos encontraremos con innumerables causas que dirimir. De momento nos han llegado denuncias de unas características y con unos determinados culpables, pero yo podría hablar de otras denuncias mayores que van en otra dirección. No lo voy a hacer, porque pretendo que el debate se centre en lo que se tiene que centrar: en la modificación de la ley electoral. Por eso, este Senador ha presentado una moción que debatiremos en el siguiente Pleno y que va dirigida a eso; ése es el centro de la cuestión.
No puedo apoyar una moción que lo único que hace, y no es poco, es reconocer disfunciones. No limitemos el problema a una evaluación del Gobierno que todos podríamos hacer aquí. Propongamos medidas legislativas de cambio y que dejemos de jugar con un tema que es eje central de la democracia y del ejercicio de su derecho fundamental: el derecho al voto.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en opinión de este Senador y en representación de su Grupo Parlamentario, sería difícil abstraerse del debate que se ha suscitado con motivo de esta moción. Es obvio que nuestro Grupo tiene un posicionamiento sobre lo que se ha dado en conocer como el caso de Illes Balears, pero también entiende que existe un proceso abierto, un proceso de comisión de investigación en el terreno político y un proceso de investigación también en el terreno judicial.
A nuestro Grupo le gustaría hoy que nos quedásemos en la parte positiva del planteamiento, eso a que se refería al final de su intervención el portavoz del Grupo Mixto, el Senador del Bloque Nacionalista Galego, quien, además, nos ha anunciado la presentación de una moción que entendemos que puede entrar en el fondo de cómo debemos realizar el proceso a partir de ahora.


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Estamos en un momento importante de reconocimiento y nuestro Grupo estaría encantado de conseguir modificar es esta legislatura los aspectos que producen irregularidades no sólo en el censo sino también en la dimensión del mismo, las facilidades que damos a los emigrantes para poder figurar en ese censo, para cumplir lo que decía el proponente de la moción referente a que los españoles son iguales ante el proceso electoral, estén en cualquier ciudad del territorio o estén ausentes en el extranjero. Ojalá se consiga, porque el esfuerzo que han hecho los emigrantes es tan importante que merecen el trabajo de las Cámaras para conseguir arreglar un problema que viene de lejos y que en territorios pequeños afecta sobremanera en los resultados electorales.
Por eso, nosotros vamos a votar hoy favorablemente a la moción presentada por el Grupo Popular. Entendemos que puede ser importante. Quizá podríamos plantear ir más allá en la moción. Quiza podríamos plantear en la misma fórmulas para permitir el acceso de estos emigrantes a los procesos electorales, lo que a veces les resulta muy difícil. Por ejemplo, Canarias tiene muchos emigrantes, fundamentalmente en Venezuela, y ya hemos dicho en esta Cámara que allí sólo existe un consulado, en Caracas, muy distante de los núcleos de población de los Estados donde viven muchos ciudadanos de este país y que, por tanto, les es imposible ejercer el derecho al voto.
Por eso, ojalá que de este proceso, de los debates que hemos tenido con motivo de la interpelación y la posterior moción, esta moción presentada hoy y la que ahora se nos anuncia para su debate en un próximo Pleno, cumplamos con el objetivo --y de ello es responsable el Grupo mayoritario en esta Cámara-- que planteaba su portavoz al defender la moción, esto es, que todos los ciudadanos españoles son iguales en el ejercicio su derecho al voto allá donde estén. Creo que se lo merecen y que este esfuerzo merece la pena.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
En nombre del Grupo Entesa Catala de Progrés, tiene la palabra el Senador Solé i Tura.


El señor SOLE I TURA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Realmente, estamos ante un tema mucho más importante de lo que la propuesta del Grupo Parlamentario Popular nos dice.
La moción en sí misma es muy sencilla, pero tiene un carácter muy concreto y muy limitativo. Se dice que el Senado insta al Gobierno a que en el plazo de seis meses realice una evaluación y luego nos remita sus conclusiones, pero resulta que este asunto ha surgido precisamente a partir de un escándalo, localizado, sobre todo, en las Islas Baleares y uno de sus principales elementos es precisamente un Ministro de este mismo Gobierno. Por tanto, si aprobamos esta moción tal como figura sería como decir que el Senado insta al Gobierno, a sus miembros y, por consiguiente, al Ministro en cuestión, para que nos diga qué es lo que piensa. Pero para eso no se necesitan tantas alforjas, porque ya está perfectamente claro.
Por consiguiente, las enmiendas que se han presentado y las discusiones que se han hecho tienden precisamente a decir algo más. Si de verdad quieren que el Gobierno y, en general, el Senado y las instituciones sepan qué es lo que ocurre, no podemos decir que sí, pura y simplemente, a esta moción. De aquí que la presentación de las enmiendas incorporen elementos que son importantes.
El Senador Cámara, cuyo discurso me ha parecido realmente interesante, centra el tema en que hay que tomar como referencia las denuncias presentadas por el presunto fraude en la utilización de este censo en las Islas Baleares en las elecciones autonómicas de 1999, pero pese a eso entiendo que sigue aceptando el hecho de que lo que hacemos es decirle al Gobierno que nos diga él mismo lo que ha ocurrido. Por consiguiente, es más interesante --diciéndole, insisto, al señor Cámara que su intervención me ha parecido estupenda-- la enmienda que presenta el Grupo Parlamentario Socialista porque va más al fondo del asunto ya que insta al Gobierno a que en un plazo no de seis meses, sino de tres promueva la realización de una investigación con garantías de imparcialidad --por consiguiente esas garantías tienen que estar ahí claras y limpias-- y, luego, que depure todas las posibles irregularidades --es decir, no sólo que las cuente, que las explique, si es que las hay, si no que las depure-- y, sobre todo, se refiere a los problemas detectados en las Islas Baleares en el caso conocido como Mapau en las elecciones autonómicas y municipales del año 1999. Estas enmiendas, aparte de ser mucho mejores en cuanto al contenido, van también más al fondo del asunto.
El Senado no puede pedir que el Gobierno nos diga lo que pasa, cuando resulta que lo que pasa es precisamente por culpa de un miembro del Gobierno. Eso, insisto, es el fondo del asunto de lo que estamos discutiendo.
Nosotros estuvimos a punto de presentar una enmienda, que por algunos problemas no llegó a tiempo, en la cual insistíamos que en todo caso había que detallar el número y el lugar de todos los procesos electorales desde las primeras elecciones democráticas hasta el presente, y solicitábamos la intervención de las fuerzas políticas participantes en dichas elecciones, así como lo de la Junta Electoral Central. Porque si nos limitamos a preguntarle al Gobierno que nos diga qué le parece la situación, no es necesario que esperemos demasiado porque ya sabemos lo que dirá: que no ha pasado nada, que todo está bien, que el señor Matas no ha cometido ningún delito y, por consiguiente, no se trata de que haya ninguna punición. Y para eso no son necesarias tantas alforjas.
En definitiva, señora Presidenta, señorías, esta moción del Grupo Parlamentario Popular quizá es una forma de decir que veamos lo que hay, pero está dicho de tal manera que ya sabemos lo que va a haber y, por consiguiente, es necesario que tengamos muy en cuenta lo que dicen las propuestas que intentan matizar mucho más este tema y, sobre todo, darle la fuerza que tiene que haber cuando se trata precisamente de ver qué es lo que ha ocurrido en un caso de corrupción.


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Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Solé i Tura.
En nombre del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, el Senador Xuclà tiene la palabra.


El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
El portavoz del Grupo Parlamentario Popular ha empezado su intervención expresando que existen errores en el CERA. Esto es una evidencia, pero, de hecho, también es una novedad en el debate en esta Cámara, porque hace justo tres o cuatro semanas desde las filas de la mayoría parlamentaria se negaba incluso la existencia de errores de un cierto calado en el censo de residentes en el extranjero.
Finalmente el Grupo Popular ha tomado la iniciativa con la presentación de esta moción la cual, desde el Grupo Parlamentario Catalán en el Seriado de Convergència i Unió, consideramos insuficiente. Pero a la vez que ha tomado la iniciativa, ni la serenidad ni la prudencia han presidido este debate parlamentario, más bien lo ha presidido aquella fórmula y aquel mal estilo de hacer política del «y tú más».
Concretamente se nos ha presentado esta moción desde la perspectiva de plantear que existen errores en el conjunto del censo desde el año 1993 y en todo el Estado español.
Este debate se desarrolla con unas determinadas figuras, con unos determinados casos en el fondo del paisaje, entre ellos el caso Mapau, también denominado caso Formentera. Por primera vez desde la mayoría parlamentaria se ha reconocido tácitamente, aunque no se ha querido incorporar en el texto de la moción ni en la exposición de motivos, que también en Baleares y, concretamente en Formentera, pueden hacer la motivación de este requerimiento de investigación al Gobierno. No debe ser responsabilidad de las Cortes Generales ocupar el lugar del Poder Judicial, aunque también pueden estudiar asuntos y llegar a conclusiones a través de las comisiones de investigación. Quiero recordar, como ha hecho el Senador Cámara, que con gran prudencia ningún Grupo ha planteado en las Cortes Generales comisiones de investigación, sino simplemente el esclarecimiento de estos asuntos. Este presunto uso indebido de fondos públicos, este presunto y turbio caso Mapau, se encuentra en estos momentos en sede judicial y, concretamente, en la Fiscalía de la ciudad de Ibiza.
La mayoría parlamentaria ha querido evitar que en la exposición de motivos y en la redacción de esta moción se cite el caso de las Baleares; en cambio, a nosotros nos parece que, muy acertadamente, las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista quieren introducir estos elementos. En concreto en la redacción de la enmienda del Grupo Parlamentario Mixto se dice que se tome como referencia el caso de Baleares. Ahora a esto en el lenguaje político se le llama matices, pero son matices importantes porque son temas de un gran calado. Hemos escuchado esta tarde en el debate algunas afirmaciones que, como mínimo, me parecen inoportunas. No se puede calificar o valorar el ilícito a partir del número de personas que hayan podido votar de forma irregular. No me parece que sea de recibo que se rete desde la tribuna a preguntar cuántos han votado. No es una cuestión de cuántos, sino de sí o de no; tampoco me parece que todo eso se resuelva anunciando o denunciando campañas orquestadas. En todo caso, lo importante es que se inicie esta investigación, que se requiera esta investigación al Gobierno, que se apruebe esta moción, que nos parece insuficiente, y también que por parte del Grupo de la mayoría se empiece hacer un cierto reconocimiento, que es una novedad respecto a este mismo debate planteado sólo hace un mes.
A pesar de considerar que esta moción es insuficiente, el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió la apoyará y votará favorablemente, pero queriendo llegar, por perfeccionamiento democrático, por participación, por claridad democrática, al fondo del asunto en el ámbito parlamentario, en la investigación gubernamental y donde sea oportuno.
Se ha dicho que en la ópera lo importante es la música. Este Grupo Parlamentario, que es un decidido partidario de la ópera, cree que en la ópera es importante la música y la letra, y nos parece que en este caso quizá haya alguna letra falsificada.
Para investigar si en este caso además de la música y el ruido de la música hay algún tipo de letra falsificada nos parece importante investigar y llegar al fondo de este asunto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista.
Tiene la palabra el Senador Socias.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Senador Ruiz decía hace tres semanas que la presentación de la moción y de las enmiendas era ir a piñón fijo, no cambiar. Le daba igual que pasase el tiempo, de lo que se tratase, ya que seguíamos insistiendo en nuestra postura inicial. Seguramente el Senador Ruiz cometió un error que solemos cometer los políticos. Lo digo en primera persona. Se fijaba en lo que hacían y decían los demás, pero no se fijaba en lo que decía y hacía él. Hoy tampoco se da cuenta. Y tampoco se da cuenta porque mantiene su postura contra viento y marea, contra el viento y la marea de unas pruebas cada vez más numerosas y más contundentes sobre la implicación en la trama Mapau de la cúpula del Partido Popular en las Illes Balears encabezada por el Ministro Matas y seguida de la Diputada Rosa Estarás, el Coordinador General Joan Cardona y el Presidente del mismo en Mallorca, señor Roger.
Ayer era patético ver la imagen del señor Roger saliendo de la Comisión de Investigación del Parlament Balear echando balones fuera, pasando la responsabilidad de las contrataciones que él había firmado a sus superiores y acompañado en todo momento del señor Joan Cardona, su superior inmediato, que intentaba que no dijese nada de lo que había declarado a los medios de comunicación.


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A mí me parece increíble que alguien que habla en nombre del Partido Popular hable de aprovechamiento político, de campañas de persecución política, de utilización mezquina, etcétera. Si no fuese triste ver la hipocresía de sus palabras hasta daría risa y sería cómico ver cómo ha cambiado el discurso entre las legislaturas de 1993 y 1996 por poner un ejemplo reciente.
Es de vergüenza ajena ver como todos siguen echando balones fuera en Baleares en la más pura táctica del ¡sálvese quien pueda! El señor Javier Mato, que recibía los informes, por llamarlos de alguna manera, electorales, que no comerciales, de Mari Pau Segura, ya ha abandonado; ha dimitido. ¿Quién será el siguiente que sacrificarán para salvar al Presidente Matas? Como decía usted, se mantiene. No hay caso y no debe investigarse. Basta hacer una evaluación. No estoy de acuerdo con algún representante que ha hablado antes sobre la música. A mí me parece que esa música a la que hacía referencia el representante de Convergència i Unió se ha transformado en una zarzuela. Y yo creo que en esta Cámara están de más los sainetes. La ópera sí es seria. Por tanto, vamos a una música seria y hablemos de una persona tan querida para su Grupo como es su Presidente de honor, el señor Fraga. El Senador Cámara sacaba aquí un póster la semana pasada. El repetía y repetía hace años una frase machaconamente porque le gustaba mucho. Decía: «Los socialistas sólo aciertan cuando rectifican.» Aplíquense el cuento. Rectifiquen y acertarán. No esperen a que el peso de los acontecimientos les aplaste.
Decía usted que el Govern de las Illes Balears tiene el mismo empeño que nosotros. Efectivamente, es obligación de cualquier Gobierno velar por la legalidad y la limpieza del proceso electoral base de la democracia y de este Gobierno también debería serlo, del Gobierno de España. Ustedes, el grupo parlamentario que le da apoyo, están impidiendo una investigación.
Se quieren justificar con una evaluación que no va a ningún sitio. ¿Qué dirá la evaluación? ¿Que funciona mal? Ya lo sabemos. Lo hemos visto. Hay pruebas suficientes. Lo importante es mejorar, rectificar lo deficiente, pero también velar por la transparencia y para hacer que si se ha violentado la legalidad se exijan responsabilidades porque si no estaríamos aceptando conductas impropias. Y lo que esta Cámara debe hacer es garantizar que se cumple con el Estado de Derecho.
Por último, no quiero dejar de parafrasearle lo que decía usted en el último Pleno: No dejemos que la democracia se revuelque en la miseria y en la sombra del fraude y la corrupción. En sus manos está evitarlo, admitiendo que se investiguen y aclaren estos hechos. Acepten la moción, acepten la enmienda que se les propone y de esta forma se investigará y aclarará todo.
Ustedes saben mejor que nadie cuántos muertos votaron en Baleares, yo puedo dar nombres, pero se los daré después porque no me parece decente hacerlo aquí. Les voy a dar una lista de diez muertos, el problema no es, como decía el representante del Convergència i Unió, si eran uno, o diez, el problema es que los muertos no votan y algún vivo los hizo votar, y ese vivo era del Partido Popular. Acéptenlo porque de otra forma va a pasar como en la película, que el difunto era un vivo.
Por último, no queremos que sean más de tres meses los que se tarde en realizar esta investigación porque va a haber unas elecciones, las gallegas, y hechos como éste no deben volver a repetirse para el bien de nuestra democracia. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Para el último turno, tiene la palabra por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, el Senador Ruiz Rivero.


El señor RUIZ RIVERO: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente. En primer lugar, quiero agradecer el tono del que ha hecho gala la mayoría de los portavoces de los grupos parlamentarios que han intervenido.
No es mi voluntad alargar mucho más este debate que entiendo que es agrio y amargo y que difícilmente va a concluir en nada positivo, a tenor de cómo se están desarrollando y manifestando las distintas posturas.
Las palabras del Senador Socías me dan para mucho más juego y discusión, pero me van a permitir no entrar en ellas porque realmente me parecen lamentables. Yo le voy a acompañar a usted a los juzgados, señor Senador, para comprobar si efectivamente algún muerto ha votado, y después determinaremos quién ha sido el vivo que le ha hecho votar porque usted ha dejado caer que alguien ha hecho votar a algún muerto y se lo imputa directamente al Partido Popular. Ya veremos si es verdad que han votado esos muertos, a quién va dirigido ese voto o quien lo ha manipulado.
En cualquier caso, señoría, señora Presidenta, lamento muchísimo que no se haya alcanzando el consenso del año 1995. Les puedo asegurar que he hecho todo el esfuerzo que estaba en mi mano, la ocasión merecía la pena y deseo agradecer el apoyo de los grupos parlamentarios que así lo han decidido y lamento muchísimo que el resto no haya tenido la responsabilidad y el acierto de hacerlo.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Socías Puig pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Senador Socías, tiene usted un minuto por el artículo 87.


El señor SOCIAS PUIG: Gracias, señora Presidenta.
Será suficiente con medio minuto. Senador Ruiz, sé que no ha sido usted el responsable de que hayan votado muertos, pero estoy dispuesto a acompañarle con los datos en la mano al juzgado cuando usted quiera.
(Rumores.--El señor Cámara Fernández pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Senador Cámara, tiene usted otro minuto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.


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Voy a intervenir menos de un minuto para decir al señor Ruiz lo siguiente. Usted sabe perfectamente que este debate no afecta sólo a Baleares sino al conjunto del Estado y de los grupos parlamentarios. Pero les prometo a todos ustedes, como ya lo ha indicado él, que en el próximo Pleno les voy a repartir el ejemplar de Izquierda Unida para que lo tengan todos. Mi partido en Baleares se ha caracterizado por la defensa y la radicalidad democrática y un ejemplo de ello es que en solitario peleó contra ustedes por el caso Cañellas, Túnel de Sóller, condenado por un juez y con 50 millones probados. En solitario, señores. Este Senador ha denunciado a otros miembros de otros grupos...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, termine por favor. Disponía usted de un minuto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino, señora Presidenta.
Ustedes no han contestado a ninguna de las cuestiones de fondo que he planteado. No han contestado a nada. Ocultan, tiran la tinta y se arrepentirán. El Partido Popular no se merece dirigentes como ellos, porque el Partido Popular tiene una base muy democrática y ustedes lo están enfangando.
Muchas gracias. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Senador Ruiz Rivero, ¿desea hacer uso de un turno por el artículo 87? (Denegaciones.) Vamos a proceder, pues, a la votación de la moción originaria, puesto que no se han aceptado las enmiendas presentadas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 140; en contra, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve horas y treinta minutos.


Eran las veinte horas y cuarenta y cinco minutos.

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