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DS. Senado, Pleno, núm. 49, de 06/06/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 49

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 6 de junio de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la constitución del Consejo asesor de personal del Cuerpo de la Guardia Civil (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000395).


--De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene evaluado el coste económico que produce la violencia doméstica en nuestro país (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000390).


--De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las reformas económicas previstas por el Gobierno para evitar una desaceleración de la economía que debilite la creación de empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000373).


--De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para que se continúe garantizando en un futuro inmediato la generación y suministro de energía eléctrica al sistema productivo y a los consumidores domésticos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000378).


Página 2674


--De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno conveniente que el Hospital Militar Vigil de Quiñones, de Sevilla, forme parte de la red pública de hospitales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000369).


--De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa en orden a desistir de su proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), tras la oposición mostrada por los partidos políticos en la isla y los colectivos sociales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000376).


--De D. JOSE LUIS ALEGRE ESCUDER, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de que la Academia General Militar de Zaragoza esté vigilada por una empresa privada de seguridad (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000393).


--De D. CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que está evolucionando la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del ejercicio 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000382).


--De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna decisión para someter los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra al Consejo de Política Fiscal y Financiera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000391).


--De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de aplicar una compensación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, equivalente y por las mismas razones que la acordada con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000394).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fase en la que se encuentra el proceso de transferencia de competencias a la Junta de Andalucía en materia de políticas activas de empleo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000381).


--De D. ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que viene desarrollando el Gobierno a fin de lograr la mayor efectividad en las actuaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000386).


--De Dña. ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos previstos por el Plan de Fomento de la Lectura, presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado 7 de mayo de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000387).


--De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno que los obispos rescindan contratos de trabajo de los profesores de religión por motivos ajenos a la docencia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000389).


--De D. JOAN SABATE BORRËS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación a las obras de acondicionamiento de las márgenes del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000379).


--De Dña. MARIA ANGELES OROS LORENTE, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para controlar la publicidad no solicitada que se envíe por correo electrónico «spam» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000384).


--De Dña. MARIA CARMEN PARDO RAGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información, con la nueva convocatoria del Programa de Fomento de la Investigación

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Técnica (PROFIT) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000388).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la posición defendida por el Gobierno en la reunión de NykÜping (Suecia), en relación con el futuro de los Fondos Estructurales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000358).


--De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno respecto de la actitud del Reino Unido de bloquear la creación de un cielo único en la Unión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000383).


--De D. JOSE LUIS MORALES MONTERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas propuestas por el Gobierno a la Unión Europea para facilitar la prolongación de la vida laboral de las personas que han alcanzado la edad de jubilación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000385).


--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición definitiva que va a mantener el Gobierno en sus relaciones con el Reino de Marruecos, tras la falta de acuerdo en materia pesquera entre la Unión Europea y el país magrebí (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000392).


--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en la que se encuentra la elaboración del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de retribuciones de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000354).


--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular el fenómeno de la prostitución en España, combatiendo las redes organizadas y proporcionando garantías sociales que eviten situaciones de dependencia y dominación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000374).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los motivos por los que el Gobierno ha denegado el alta de un numeroso colectivo de empacadoras como trabajadoras autónomas del sector de la pesca marítima en la provincia de Vizcaya (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000375).


--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno con respecto a la implantación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la Comunidad Autónoma de Galicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000377).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está produciendo en las obras de construcción del tramo comprendido entre Cervera (Lleida) y Santa María del Camí (Barcelona), en la autovía que unirá Lleida y Barcelona (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000380).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de defensa de la competencia y su regulación en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000073).


--De Dña. MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que desarrolla el Gobierno en relación con los ciudadanos españoles residentes en el exterior (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000070).


Página 2676


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con el futuro de los becarios predoctorales y postdoctorales (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000069).


--De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servicio público de transporte de mercancías por carretera (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000072).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del Gobierno en materia de siniestralidad marítima (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 210, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000074).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 25, de fecha 4 de junio de 2001) (Número de expediente S. 621/000025) (Número de expediente C. D. 121/000024).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


PREGUNTAS (Página 2681)

De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la constitución del Consejo asesor de personal del Cuerpo de la Guardia Civil (Página 2681)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene evaluado el coste económico que produce la violencia doméstica en nuestro país (Página 2682)

El señor Díaz Sol formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díaz Sol. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. JOAN HORACI SIMO I BURGUES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las reformas económicas previstas por el Gobierno para evitar una desaceleración de la economía que debilite la creación de empleo (Página 2683)

El señor Simó i Burgués formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Simó i Burgués. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para que se continúe garantizando en un futuro inmediato la generación y suministro de energía eléctrica al sistema productivo y a los consumidores domésticos (Página 2685)

Página 2677


El señor Albistur Marin formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Albistur Marin. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De Dña. ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno conveniente que el Hospital Militar Vigil de Quiñones, de Sevilla, forme parte de la red pública de hospitales (Página 2687)

La señora Arnáiz de las Revillas García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez- Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Arnáiz de las Revillas García. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. VENANCIO ACOSTA PADRON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa en orden a desistir de su proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro (Santa Cruz de Tenerife), tras la oposición mostrada por los partidos políticos en la isla y los colectivos sociales (Página 2688)

El señor Acosta Padrón formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Acosta Padrón. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JOSE LUIS ALEGRE ESCUDER, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de que la Academia General Militar de Zaragoza esté vigilada por una empresa privada de seguridad (Página 2689)

El señor Alegre Escuder formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Alegre Escuder. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que está evolucionando la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF), del ejercicio 2000 (Página 2691)

El señor Mera Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna decisión para someter los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra al Consejo de Política Fiscal y Financiera (Página 2692)

El señor Sanz Carramiñana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sanz Carramiñana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de aplicar una compensación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, equivalente y por las mismas razones que la acordada con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja (Página 2693)

El señor Granado Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Granado Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda (Montoro Romero).


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fase en la que se encuentra el proceso de transferencia de competencias a la Junta de Andalucía en materia de políticas activas de empleo (Página 2695)

El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas (Posada Moreno).


Página 2678


D. ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que viene desarrollando el Gobierno a fin de lograr la mayor efectividad en las actuaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música (INAEM) (Página 2696)

El señor Bellido Muñoz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De Dña. ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos previstos por el Plan de Fomento de la Lectura, presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado 7 de mayo de 2001 (Página 2697)

La señora Vallejo de Miguel formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno que los obispos rescindan contratos de trabajo de los profesores de religión por motivos ajenos a la docencia (Página 2698)

El señor Asensio Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Asensio Martínez. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación a las obras de acondicionamiento de las márgenes del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona) (Página 2699)

El señor Sabaté Borràs formula su pregunta En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De Dña. MARIA ANGELES OROS LORENTE, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para controlar la publicidad no solicitada que se envíe por correo electrónico «spam» (Página 2700)

La señora Orós Lorente formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De Dña. MARIA CARMEN PARDO RAGA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y de la sociedad de la información, con la nueva convocatoria del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT) (Página 2701)

La señora Pardo Raga formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la posición defendida por el Gobierno en la reunión de NykÜping (Suecia), en relación con el futuro de los Fondos Estructurales (Página 2702)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno respecto de la actitud del Reino Unido de bloquear la creación de un cielo único en la Unión Europea (Página 2703)

El señor Muñoz-Alonso Ledo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. JOSE LUIS MORALES MONTERO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas propuestas por el Gobierno a la Unión Europea para facilitar la prolongación de la vida laboral

Página 2679


de las personas que han alcanzado la edad de jubilación (Página 2705)

El señor Morales Montero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la posición definitiva que va a mantener el Gobierno en sus relaciones con el Reino de Marruecos, tras la falta de acuerdo en materia pesquera entre la Unión Europea y el país magrebí (Página 2705)

El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en la que se encuentra la elaboración del Proyecto de Ley de reforma de la Ley de retribuciones de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia (Página 2707)

El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas.


De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular el fenómeno de la prostitución en España, combatiendo las redes organizadas y proporcionando garantías sociales que eviten situaciones de dependencia y dominación.


Esta pregunta ha sido retirada.


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los motivos por los que el Gobierno ha denegado el alta de un numeroso colectivo de empacadoras como trabajadoras autónomas del sector de la pesca marítima en la provincia de Vizcaya.
Esta pregunta ha sido retirada.


De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno con respecto a la implantación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la Comunidad Autónoma de Galicia.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está produciendo en las obras de construcción del tramo comprendido entre Cervera (Lleida) y Santa María del Camí (Barcelona), en la autovía que unirá Lleida y Barcelona.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 2708)

De D. SEGUNDO BRU PARRA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de defensa de la competencia y su regulación en España (Página 2708)

El señor Bru Parra realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. No se hace uso del turno de portavoces.
Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De Dña. MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que desarrolla el Gobierno en relación con los ciudadanos españoles residentes en el exterior (Página 2715)

La señora Nóvoa Carcacía realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). Vuelve a intervenir la señora interpelante. No se hace uso del turno de portavoces. Cierra el debate el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con el

Página 2680


futuro de los becarios predoctorales y postdoctorales (Página 2722)

El señor Cámara Fernández realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán). Vuelve a intervenir el señor interpelante. No se hace uso del turno de portavoces. Cierra el debate la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servicio público de transporte de mercancías por carretera.


Esta interpelación ha sido aplazada.


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del Gobierno en materia de siniestralidad marítima.


Esta interpelación ha sido aplazada.


Se suspende la sesión a las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria

El señor Bellido Muñoz, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.
No se produce debate de totalidad.


Se inicia el debate del articulado.


El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 14 y 16 a 20. El señor Quintana González, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 21 a 28. El señor Ríos Pérez defiende las enmiendas números 50 y 51, y retira las números 47 a 49, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. La señora Loroño Ormaechea defiende las enmiendas números 29 a 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
El señor Espasa Oliver defiende las enmiendas números 52 y 54 a 61, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Catalá Pardo defiende las enmiendas números 36, 37 y 39 a 46, del Grupo Socialista. La señora López Garnica consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto, y Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; los señores Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Catalá Pardo, por el Grupo Socialista, y la señora López Garnica, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 3, 8, 9 y 13, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 128 en contra y 73 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 14 y 16 a 20, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 126 en contra 80 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 21, 23 y 25, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 127 en contra 81 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 22, 24 y 26 a 28, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 126 en contra 75 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 50, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 4 votos a favor, 127 en contra 80 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 83 votos a favor, 124 en contra 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 29 a 32, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 127 en contra 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 33, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 79 votos a favor, 125 en contra 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 34, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 30 votos a favor, 127 en contra 54 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 52, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 125 en contra 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 59, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 124 en contra y 23 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 54 a 58, 60 y 61, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 71 votos a favor, 125 en contra 15 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 37, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 123 en contra 23 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 36, 43 y 45, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 126 en contra 23 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 39 a 42, 44 y 46, del Grupo Socialista por 71 votos a favor, 125 en contra 15 abstenciones.


Se aprueba el artículo 2.1 del dictamen por 200 votos a favor, 1 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba el artículo 2.2, letras a) y q), del dictamen por 134 votos a favor, 66 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueba el resto del artículo 2.2 del dictamen, a excepción de las letras a) y q) votadas con anterioridad, por 202 votos a favor y 10 abstenciones.


Se aprueba el artículo 4.1 del dictamen por 137 votos a favor, 64 en contra y 11 abstenciones.


Se aprueban los artículos 4.2, letra c), 4.3, letra c) y 4.5, letras a) y b) del dictamen por 146 votos a favor, 63 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba el resto del dictamen por 210 votos a favor y 2 abstenciones.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


Se levanta la sesión a las dieciocho horas.


Se abre la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA LA CONSTITUCION DEL CONSEJO ASESOR DE PERSONAL DEL CUERPO DE LA GUARDIA CIVIL (680/000395).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día, Preguntas.
Pregunta del Excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la constitución del Consejo asesor de personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Tiene la palabra el Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: La formulo en sus propios términos, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
El decreto regulador del Consejo asesor de personal de la Guardia Civil estará aprobado antes de que finalice este año 2001.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro.
Efectivamente, he entrado rozando el larguero, pero es que en las previsiones del Pleno de ayer --como recordarán los miembros de la Mesa-- esta pregunta estaba previsto que fuera en el número 23. Pero nunca es tarde si las respuestas que buscamos en esta pregunta son positivas, como así espero.


La señora PRESIDENTA: Señoría, le pido disculpas por interrumpirle, pero estaba previsto que esta pregunta se respondiera en primer lugar. Quizá sea un error.


El señor BARRANCO GALLARDO: Será un error, porque incluso ayer por la tarde, ante una duda que hubo, lo volví a confirmar y vi personalmente que tenía el número 23. Pero repito que no importa, el caso es que se pueda realizar y que obtengamos una respuesta positiva.
Señor Ministro, como usted sabe muy bien, la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, ya estipulaba en su artículo 92 la entrada en vigor de este Consejo asesor de personal del Cuerpo de la Guardia Civil. Hace poco, el 19 de febrero en concreto, en esta misma Cámara compareció el Director General de la Guardia Civil y dijo --está recogido en el «Diario de Sesiones»-- que este Consejo entraría en vigor inmediatamente, que el proyecto ya estaba preparado y que lo que ocurría es que, como dependía de dos Ministerios, tenía que ir tanto a Defensa como a Interior, pero que de la Dirección General de la Guardia Civil había salido ya un proyecto --estoy hablando de primeros de febrero-- y que había entrado en regulación orgánica --cosa que no entendí muy bien, pero así lo recoge textualmente el «Diario de Sesiones» de la comparecencia del 19 de febrero--. Por tanto, existe al menos un proyecto o un borrador y la entrada en vigor del Consejo, desde ese punto de

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vista, tendría que ser algo inmediato. Además, señor Ministro, como usted sabe muy bien, la puesta en funcionamiento del Consejo asesor no supondría modificación presupuestaria, lo que facilitaría bastante las cosas.
Sin embargo, en los últimos días han surgido una serie de dudas y muchos rumores en torno a esta cuestión y, desde mi punto de vista, es necesario, en primer lugar, que se despejen las dudas que han surgido en y torno a su creación y que se eliminen los temores, fijando o precisando, a ser posible, la fecha de entrada en vigor de este Consejo asesor; en segundo lugar, ante su redacción definitiva o su envío al Consejo de Ministros, también es conveniente que se escuchen las opiniones y sugerencias que los grupos parlamentarios podamos realizar sobre su contenido, así como las voces, las sugerencias o las opiniones que tenga al respecto la Asociación COPROPER que, en este momento, cuenta con 17.000 afiliados; en tercer lugar, que en la composición del Consejo se garanticen los procedimientos democráticos de presentación y elección de sus miembros en las distintas escalas, es decir, candidaturas y urnas en los cuarteles para que el nombramiento de este Consejo asesor responda a principios democráticos y que sus funciones y competencias supongan un auténtico cauce de comunicación y participación de todos los aspectos sociales y profesionales que afectan a los 72.000 hombres y mujeres que componen la Guardia Civil que, ahora mismo, no tienen otro cauce para presentar sus problemas o sus quejas sociolaborales.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señor Senador.
Como ya he dicho en mi primera intervención --y, naturalmente, lo cumpliré porque de otra manera no lo diría--, el decreto regulador del Consejo asesor de personal de la Guardia Civil se aprobará a la mayor celeridad posible y, desde luego, antes de fin de año.
Es verdad lo que ha dicho respecto a que ya hay un proyecto en la Dirección General de la Guardia Civil, pero es un asunto que deben tratar de manera conjunta dos Ministerios: Interior y Defensa, y tanto en uno como en otro hay personas que, lógicamente, tienen que dar su opinión, así como el Consejo de Ministros de manera definitiva.
Tal y como ha señalado, es la primera vez en más 150 años, desde el nacimiento de la Guardia Civil, que se crea un órgano de estas características, que es una vía de participación de los guardias civiles en la resolución de sus problemas. Constituye un cauce de comunicación interna que permitirá conocerlos, así como sus inquietudes, y es un órgano con carácter asesor y consultivo.
La ley tiene un ámbito muy determinado, el de los asuntos de personal, los que se refieren a la condición de militar y aquellos de carácter social que les afecten. Asimismo, debemos tratar a fondo la composición pero, en el proyecto del reglamento, ampliamos lo que dice la ley, incluyendo al personal en situación de reserva; y, además, se consagra el principio de libre participación del personal del Cuerpo, y con esto respondo a una de sus cuestiones. Como dije en el Congreso de los Diputados no hace muchas fechas, no tengo ningún inconveniente para ponerlo en conocimiento de los diferentes grupos parlamentarios.
Repito que hay algunas cuestiones que no son fáciles de resolver, que son complejos, también hay otros asuntos pendientes en el Ministerio de Defensa que tienen que abordarse, pero el Gobierno ya ha acordado que este año habrá Consejo asesor de personal del Cuerpo de la Guardia Civil.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE EVALUADO EL COSTE ECONOMICO QUE PRODUCE LA VIOLENCIA DOMESTICA EN NUESTRO PAIS (680/000390).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno tiene evaluado el coste económico que produce la violencia doméstica en nuestro país.
Tiene la palabra el Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la violencia doméstica es uno de los graves problemas que tiene nuestra sociedad en estos momentos. Se estima que sólo el cinco por ciento de los casos de malos tratos por parte de la pareja son denunciados. Sabemos que el año pasado hubo 23.385 denuncias. Si éste es el cinco por ciento de la realidad, podemos imaginar perfectamente la enorme magnitud del problema.
Recientemente, el Gobierno ha presentado un borrador del II Plan integral contra la violencia doméstica. Ante la magnitud de este problema y la futura aplicación del II Plan, le pregunto al señor Ministro. ¿Ha evaluado el Gobierno el coste económico que produce la violencia doméstica en nuestro país?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, de la misma manera que sólo ahora empezamos a disponer de estadísticas fiables en cuanto a la comisión de actos delictivos, actos de violencia frente a mujeres, confío en que al finalizar el II Plan de lucha contra la violencia doméstica podamos tener una imagen más clara y más cierta no sólo de lo que son los costes económicos

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derivados de este fenómeno, sino también aquellos que no teniendo naturaleza económica en mi opinión tienen tanta o mayor importancia, como es la pérdida de autoestima o el sufrimiento de las personas sujetas a la misma. Sin duda alguna, uno de los objetivos del nuevo Plan contra la violencia doméstica es poder establecer líneas de investigación que nos den un conocimiento más cabal y preciso de todas las dimensiones tanto económicas como no económicas de esta cuestión.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, es correcta la afirmación de que es difícil conocer su coste económico y, desde luego, en una pregunta tan rápida no podemos entrar en todas las facetas de este gravísimo problema, pero le puedo decir que si el II Plan para la prevención de la violencia doméstica se ha hecho de una forma totalmente autónoma por parte del Gobierno, sin consultar a nadie, pidiendo opiniones aisladas de los ayuntamientos y autonomías, marginando a las asociaciones que trabajan en el sector, que saben y están al día sobre todas estas cuestiones, resulta difícil creer que ustedes puedan conseguir alguna eficacia, si además no tienen una idea aproximada de cuál puede ser el coste económico de este fenómeno.
Ustedes han elaborado un Plan integral para el que no han dotado ninguna partida específica en los Presupuestos Generales del Estado, con lo cual lo único que han hecho ha sido crear una serie de partidas distribuidas entre distintos Ministerios, más o menos coordinadamente bajo un nombre común, el de II Plan integral de prevención de la violencia doméstica.
Ustedes no han establecido un sistema adecuado de seguimiento de este Plan; no hay un mecanismo previsto para la evaluación de su eficacia. Y, si calculamos --como parece ser que indican algunas cifras-- que aproximadamente cuesta medio millón de pesetas la denuncia de un caso moderado de violencia, si sabemos que esta denuncia pone en marcha toda una serie de servicios, como el de salud, justicia, policía, servicios educativos, servicios de prevención como son las casas de asistencia, etcétera; si sabemos que también tiene consecuencias en el campo laboral: absentismo y problemas relativos a la autoestima, como usted ha expresado, y que eso lleva a un nivel de relación laboral siempre inferior a la capacidad propia del sujeto en cuestión; si sabemos que conlleva además consecuencias gravísimas para los hijos, así como en la trayectoria futura de la mujer, creo que el tratamiento que ustedes están haciendo de esta cuestión mediante este Plan, que es el segundo y sobre el que aún continúan ustedes diciendo que con él pretenden tener una visión de la realidad, motiva que estén llevando el tratamiento de esta cuestión a una situación de falta de rigor y que, además, demuestren su escaso compromiso con la problemática que afecta a las mujeres y la política de igualdad.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo no minimizaría algunas de las aportaciones que al margen del Gobierno se han realizado en este Plan contra la violencia doméstica, especialmente las que proceden del Consejo General del Poder Judicial, las que proceden de Comunidades Autónomas, las que proceden de organizaciones no gubernamentales.
En segundo lugar, Senador Díaz Sol, a mí me hubiese encantado disponer ya de ese banco estadístico al que usted apela, tanto para conocer con precisión cuáles son los delitos que realmente traen causa de violencia doméstica y que sólo ahora empieza a ser posible conocer, como sobre esos valores y costes económicos a los que usted se ha referido. Pero desgraciadamente, el primer plan fue simplemente el primer plan, y ahora es cuando empezamos a tener series estadísticas que nos permiten tomar decisiones, y ahora es cuando confío en que, con la cooperación de su Grupo y de otras administraciones, podamos ir definiendo esos perfiles.
Usted hace énfasis en los costes económicos que, aun siendo muy importantes, hay cuestiones que me preocupan tanto o más. Yo no sé cómo se mide económicamente la pérdida de autoestima o la humillación que muchas veces conllevan estas situaciones; yo no sé cómo se miden en términos económicos los efectos del fracaso escolar, y lamento no haber sabido con precisión qué parte de la asistencia sanitaria estaba enfocada a esta cuestión o qué parte de la formación profesional y las medidas de políticas activas. En ello estamos.
Sabe su señoría que hemos definido este plan, el segundo, como un plan flexible y abierto. Confío en que reflexiones como las que se están produciendo en el seno de la Comisión Mixta de la Mujer nos permitan mejorar y perfeccionar el documento, pero insisto en que hay lo que hay, y en este caso hay un primer plan aprobado en el año 1997 y un segundo plan que, con ese sentido elástico y flexible, confío en que dé respuesta a esta solución. Sin ninguna duda se puede mejorar, pero el interés de este Gobierno ha quedado doblemente acreditado frente a una clara ausencia de precedentes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOAN HORACI SIMO I BURGUES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS REFORMAS ECONOMICAS PREVISTA S POR EL GOBIERNO PARA EVITAR UNA DESACELERACION DE LA ECONOMIA QUE DEBILITE LA CREACION DE EMPLEO (680/000373).


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La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Joan Horaci Simó i Burgués, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las reformas económicas previstas por el Gobierno para evitar una desaceleración de la economía que debilite la creación de empleo.
Tiene la palabra el señor Simó.


El señor SIMO I BURGUES: Señora Presidenta, señorías, señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Simó.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señor Senador.
No cabe duda de que la desaceleración económica en estos momentos es la preocupación del conjunto de los Gobiernos de la OCDE, por tanto, la pregunta que me formula su señoría no puede ser más actual y, al mismo tiempo, no puede ser más amplia.
Desde el punto de vista de la política del Gobierno, es indudable que nuestro objetivo de mantener un proceso de convergencia real se está manteniendo, es decir estamos creciendo por encima de la media europea, lo cual llevamos haciendo de manera consecutiva en los últimos cinco años, y el ritmo de creación de empleo, según los últimos datos, tanto de afiliación a la Seguridad Social como de paro registrado, indica que la economía española sigue en un modelo de crecimiento en el que la creación de empleo es sustancialmente superior a la media europea, como también lo supone el hecho de que nuestras tasas de paro vayan a situarse en los próximos años en la media europea, lo cual es un considerable éxito de la sociedad española, habida cuenta de que en diciembre del año 1995 estábamos en el 24 por ciento de tasa de paro.
Por otra parte, políticas del Gobierno que están produciendo reformas estructurales, como la Ley de Estabilidad Presupuestaria, soluciones a problemas históricos, como es el Plan Hidrológico Nacional, los procesos de liberalización total del sector de las telecomunicaciones, ya puesto en marcha, o del sector de la energía, además de una segunda reforma laboral que estamos planteando con los interlocutores sociales, son los que están permitiendo a la economía española moverse en esa dirección.
Creo sinceramente que una combinación de una política presupuestaria no procíclica, es decir que no incremente el gasto público en momentos en que la economía sigue avanzando razonablemente, una política fiscal moderna en el sentido de unos impuestos más equitativos y más eficientes y además una política de desregulación y liberalización es la que está permitiendo que la economía española se transforme y por tanto la sociedad española se transforme.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
El Senador Simó tiene la palabra.


El señor SIMO I BURGUES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, es cierto que los datos publicados estos últimos días favorecen la respuesta por mí formulada. Quizá nos demuestran que las reformas planteadas por el Gobierno están dando unos resultados inmejorables, tal como ha dicho el señor Ministro.
No obstante, creemos que, aparte de los datos publicados por el Inem, que hacen referencia al paro registrado y son útiles para valorar, entre otros, el porcentaje de contratos eventuales a indefinidos y los sectores en los que se produce, y que usted bien conoce, deberíamos tener en cuenta otros datos y otras recomendaciones, como las del Consejo Económico Social de la Unión Europea, que plantea los problemas de empleo de España como uno de los más graves de la Unión Europea y recomienda la ejecución de una serie de medidas que ayuden a mejorar la situación del empleo en España.
Siguiendo en este sentido, y volviendo a los últimos datos publicados, éstos muestran un optimismo que, como hemos podido comprobar, y vistos por un organismo comunitario externo a su Gobierno, es cierto que muestran una tasa de paro que es la más baja desde hace años, como usted nos ha expuesto, gracias a las reformas desarrolladas por su Gobierno.
Pero no debemos olvidar que en los últimos meses el desempleo ha descendido menos de la mitad que el año pasado, y ese estancamiento en la creación de empleo nos hace ver con preocupación una desaceleración en nuestra economía.
Es cierto que se han producido muchos contratos indefinidos. También es cierto que el año pasado, en estas fechas, quizá gracias a las bonificaciones que podían recibir las empresas por la transformación de contratos eventuales en indefinidos, se produjo un notable incremento en la creación de contratos indefinidos. Aun teniendo en cuenta estos datos favorables a la creación de empleo estable, sea por la razón que sea, no podemos olvidar que España sigue estando en una situación de eventualidad en el mercado laboral, el 88 por ciento de los contratos que se producen en nuestro país siguen siendo contratos temporales. También ha descendido notablemente la tasa de paro femenino, pero este paro femenino dobla al masculino en el caso de paro de larga duración, consecuencia muchas veces de la poca formación y la baja cualificación, que siguen siendo muy altas.
Volviendo a los datos publicados en el INEM, pero tomado como referencia las cifras existentes en la Unión Europea, es necesario remitirse a una cuestión de cifras homogéneas en la encuesta de población activa.
Sin entrar en consideraciones relativas a la distribución entre hombres y mujeres ni en su distribución geográfica, quisiera, señor Ministro, hacer hincapié en que frente a ese estancamiento de la actividad económica en estos últimos seis meses, como refleja la última encuesta de población activa, nos encontramos con que, en abril, la inflación interanual

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era del 4 por ciento, en marzo la tasa media de la zona euro era del 2,6 por ciento, lo cual plantea la posibilidad de enfrentarnos a una situación que ya se pensaba olvidada, es decir, una situación de estancamiento por la inflación.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Simó.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta; gracias, señor Senador.
La desaceleración económica que se está produciendo en España es menor de la que se está produciendo en el conjunto de la OCDE, pero debe ser consciente su señoría --seguro que lo es-- de que en estos momentos el 25 por ciento de la economía mundial, que es la economía norteamericana, está pasando probablemente su peor etapa de los últimos diez años; que la repercusión de esa desaceleración en la economía alemana, que representa el 30 por ciento de la economía euro, está siendo más intensa de lo que en principio se podía esperar y, por lo tanto, estamos claramente en un entorno de actividad económica a nivel mundial menor que la del año 2000.
De ahí que sea importante reiterar --y aprovecho la pregunta de su señoría-- que las condiciones de precios y las negociaciones salariales que se fijen en nuestro país deben mirar hacia el futuro y, por lo tanto, hacia un entorno de crecimiento económico mundial distinto.
Por otra parte, quiero subrayar que España va a seguir manteniendo tasas de crecimiento económico cercanas a su potencial y, por tanto, manteniendo una velocidad de crucero aceptable, con una creación de empleo considerable.
En cuanto a la reflexión que hace su señoría sobre las diferencias entre el empleo masculino y el femenino, el Gobierno es plenamente consciente de ello. De ahí que hayamos sido el primer Gobierno que ha planteado una conciliación de la vida laboral y familiar en las Cámaras españolas, aprobando una ley en la pasada legislatura, y en estos momentos considerables esfuerzos económicos y técnicos realizados por el Ministerio de Trabajo van dirigidos hacia una discriminación positiva en la posición de las mujeres, tanto en el caso de estar ya contratadas como en el supuesto de poderlo ser como, por ejemplo, en casos de maternidad.
En ese sentido, tenemos una plena coincidencia con lo que le preocupa a su señoría, y es indudable que nuestro recorrido de reducción de paro es muy importante respecto a la Unión Europea, pero todavía somos el país con más tasa de paro. Lo que considero especialmente relevante es que seamos conscientes, no para ser optimistas, pero sí para confiar en que la sociedad española será capaz de tener una tasa de paro igual a la media europea en esta legislatura. Para ello, desde nuestro punto de vista --y coincidimos con el Grupo político de su señoría--, España no debe renunciar al objetivo del pleno empleo a lo largo de esta década.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON FRANCISCO XABIER ALBISTUR MARIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA QUE SE CONTINUE GARANTIZANDO EN UN FUTURO INMEDIATO LA GENERACION Y SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA AL SISTEMA PRODUCTIVO YA LOS CONSUMIDORES DOMESTICOS (680/000378).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Xabier Albistur Marin, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para que se continúe garantizando en un futuro inmediato la generación y suministro de energía eléctrica al sistema productivo y a los consumidores domésticos.
Tiene la palabra el Senador Albistur Marin.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta, señor Ministro.
Como verá, la pregunta es de rabiosa actualidad, sobre todo después de haber leído la prensa del día de ayer, por manifestaciones de personas relevantes del sector eléctrico o del sector energético de empresas influyentes en este sector, así como por la propia organización empresarial del sector. La afirmación que hacen estos estamentos es que la demanda y la oferta están cada vez más ajustadas. Nos gustaría saber cuál es la política que piensa abordar el Gobierno a corto plazo en esta materia.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidente.
Gracias, señor Senador.
No extraigo las mismas conclusiones que su señoría sobre la relación demanda-oferta en España. Creo que dicha relación no está ajustada hasta el límite de tener que plantearnos preocupaciones por el suministro eléctrico a través de la generación. Además, como sabe muy bien, en estos momentos, la relación entre potencia disponible del sistema y máxima potencia demandada,que está fijada en un día del mes de febrero del año 2000 --no puedo decirle la fecha exacta-- se encuentra todavía en una relación de 1 a 14. Por lo tanto, no vemos que exista una dificultad desde el punto de vista de la generación.
Además, los planes de inversión planteados por las empresas y conocidos por la Administración y por la opinión

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pública son sustanciales. Pensemos que en nuestro país, donde estamos ligeramente por encima de los 50.000 megavatios, hay en este momento solicitados, en ciclos combinados para nuevas inversiones de generación, aproximadamente 33.000 megavatios. Es probable que su señoría sepa muy bien que no se van a concretar unas cifras de este calibre, pero en esto estamos con 10 centrales con autorización previa, que representan 8.000 megavatios, y hay otra central de ciclo combinado que ya ha obtenido la declaración de impacto medioambiental y que representa casi 800 megavatios.
Por lo tanto, desde el punto de vista de la generación, teniendo en cuenta que en el año 2002 se pondrán en marcha unos 3.200 megavatios, lo que supone un incremento del 7 por ciento respecto a la situación actual, y que en el año 2001 estaremos en una cifra similar, a lo que hay que añadir las instalaciones de régimen especial, cogeneración y energías renovables, que van a suponer aproximadamente unos 2.270 megavatios, las cifras de generación --vuelvo a decirle a su señoría-- no indican que haya motivo para esa preocupación.
Otra cosa distinta es que, a través de la distribución, puedan producirse en algunos lugares de España, en momentos muy concretos, normalmente en el verano, situaciones de sobrecarga eléctrica de la distribución. A este respecto quiero subrayar dos cosas. Primero, que la distribución y las autorizaciones para la distribución son competencia de las Comunidades Autónomas, y el Gobierno de la nación, con todo el respeto a dichas competencias, está indicando, sobre todo a las que pueden tener problemas, que sean diligentes en la autorización de la renovación técnica de las redes de distribución. Segundo, que el Gobierno ha aprobado, el 27 de diciembre del año 2000, un real decreto por el que se regulan las actividades de transporte, distribución y comercialización, por el cual se establecen por primera vez en el sector eléctrico español mecanismos para garantizar la calidad del suministro. Sin que en España se vayan a producir situaciones de falta de electricidad --lo que puede suceder y ha sucedido principalmente en la costa mediterránea son problemas concretos de distribución--, el Gobierno entiende que, por un lado, las empresas deben responder por las responsabilidades que indica este decreto, pero sólo pueden hacerlo si los trámites administrativos pertinentes de las administraciones responsables son suficientemente diligentes, y estoy seguro de que lo serán.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Antes de dar la palabra al Senador Albistur, quiero pedir disculpas, en nombre de los servicios de la Cámara, a todos los grupos. Ayer, el Gobierno, después de haber distribuido el orden de las preguntas que repartió en la Junta de Portavoces, envió un nuevo orden de preguntas y respuestas que llegó a la una y media, y no se hizo llegar a los grupos.
Avisen al resto de los Senadores que tienen que preguntar. Pido disculpas otra vez. El Senador Barranco estaba en lo cierto cuando decía que su pregunta figuraba con el número 23. Se ha tratado, sencillamente, de un fallo de los servicios de la Cámara, por lo que deseo disculparme ante los grupos y advertirles de que se hagan con el nuevo orden, porque a partir de ahora también se producirá alguna modificación.
Tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecerle la explicación recibida en nombre de nuestro Grupo Señor Vicepresidente, pese a que la explicación se la reconozco y, además, siempre le reconozco que sus explicaciones son serias y rigurosas, realmente la preocupación existe. Gran parte del excedente que usted dice en relación a la oferta y la demanda es obsoleto, como usted sabe perfectamente. Hablo de las centrales de carbón. No sabemos tampoco qué va a pasar con las centrales nucleares que tienen una vida determinada; y las centrales hidráulicas en un año bueno como el actual han producido enormes e importantes beneficios a determinadas empresas, pero un año de sequía nos puede colocar en otra situación.
Es cierto lo de los 33.000 megavatios, pero a mí no me sale esa cantidad; salen 10.000 megavatios a corto plazo, en unos cinco años, y todavía algunas empresas o algunos operadores nuevos se están planteando realizarlas o no y quedan más de 13.000 y en torno a las energías renovables. Pero ése no es el debate que le quería plantear. Usted ha apuntado algo en su repuesta, pero me gustaría profundizar en ello.
A nuestro Grupo le parece que detrás de todo este planteamiento no existe solamente la preocupación o no, que a lo mejor no es tan urgente, en relación al desabastecimiento, sino en torno a una polémica sobre las tarifas respecto de las cuales nuestro Grupo le quiere manifestar que el Gobierno no debe ceder, ya me entiende usted.
La política llevada hasta ahora de descenso de las tarifas es la que nuestro Grupo va a apoyar. Nuestro Grupo va a apoyar, incluso, que se permita y se facilite llegar a la legibilidad para todos los consumidores en el año 2003, que es promesa de su Gobierno y objetivo de nuestro Grupo en todos los debates establecidos en torno a la liberalización del sector y a la extensión de la competitividad a todos los consumidores. Ese es un tema para nosotros clave.
La ejecución de todos esos proyectos que usted ha anunciado depende no solamente de la voluntad de los inversores, sino de otros factores como el que ha sido destacado por Enagás. Gran parte de esa producción de energía eléctrica se va a hacer a través de ciclos combinados. Hay un problema relacionado --que usted conoce perfectamente tan bien como yo-- que es el de las limitaciones de la red de gasoductos.
En unos inviernos fríos y secos como los que pueda haber o se puede predecir que pueden existir en este país, se puede producir una limitación del abastecimiento de gas para los consumidores y para los generadores de energía eléctrica. A nuestro modo de ver esos son los elementos que deben acompañar a la política de generación y de producción.


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Y ésos son los elementos en los que el Gobierno puede incidir.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
Por un momento creí que el señor Senador iba a pedir tarifas más altas, pero ya veo que el señor Senador en eso no es original y se apunta a lo que todos nos apuntamos, a tarifas eléctricas más bajas. Eso es lógico.
No se le va a pedir a un Senador que, precisamente, levante otro tipo de banderas.
El Gobierno ha establecido un criterio de fijación de tarifas para esta Legislatura, y es que se reducirán un máximo de un nueve por ciento.
Vamos a mantener ese objetivo, lo cual da un umbral de certeza e, indudablemente, tenemos que caminar en esa dirección, porque aunque todo el mundo --y en eso el Senador me permitirá que le diga que no es original-- quiere que las tarifas sean bajas, también todo el mundo quiere que las inversiones sean cuantiosas. No es difícil relacionar que las tarifas y las inversiones han de tener alguna relación y que esos inversores a los que hace referencia su señoría, indudablemente, van a pensar cuál es la rentabilidad de su inversión.
Hasta ahora --como podemos comprobar-- las medidas tomadas por el Gobierno mantienen ritmos de inversión sustancialmente importantes en nuestro país y por ahí es por donde debemos caminar.
En segundo lugar, los ciclos combinados, que efectivamente van a ser la tecnología básica en la que se base la expansión de la oferta energética española, requieren reglamentaciones de utilización de las grandes redes de distribución del gas, lo cual, a su vez, son tarifas de interconexión, y una planificación sobre la localización de las posibles plantas regasificadoras.
En ese sentido, el Gobierno está trabajando en una propuesta equilibrada en la que indudablemente los consumidores no sean los que tengan que sufragar gastos excesivos y la competencia sea cada vez mayor. Yo quiero recordar que desde el punto de vista de la liberalización de las grandes redes, este Gobierno ha conseguido que compañías privadas estén dispuestas a vender participaciones a sus competidores en sus negocios de distribución de grandes redes, cosa que, por cierto, no había sucedido hasta ahora.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


-- DE DOÑA ANA ISABEL ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO CONVENIENTE QUE EL HOSPITAL MILITAR VIGIL DE QUIÑONES, DE SEVILLA, FORME PARTE DE LA RED PUBLICA DE HOSPITALES (680/000369).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Ana Isabel Arnáiz de las Revillas García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno conveniente que el Hospital Militar Vigil de Quiñones de Sevilla forme parte de la red pública de hospitales.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas García.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro. Doy por formulada la pregunta, pero me gustaría que en vez de contestarme a mí, se dirigiera a los 900 trabajadores, a las asociaciones de vecinos de Sevilla, a las federaciones de consumidores y usuarios, y a toda la plataforma de ciudadanos, sevillanos y sevillanas que son propietarios del hospital, que lo quieren utilizar y no pueden, y que están siguiendo este Pleno por Internet.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como me alegra poder transmitir en esta función representativa de una manera tan amplia, lo que estoy seguro que es el interés común y el interés general que el Ministerio de Defensa quiere contribuir a salvaguardar; es decir, que dentro de los hospitales que en la red sanitaria militar se han declarado transferibles y, entre ellos, el de Sevilla, se continúe prestando una actividad asistencial integrada en la red asistencial pública.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Arnáiz de las Revillas.


La señora ARNAIZ DE LAS REVILLAS GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro, por su corrección, pero permítame que amplíe un poquito los datos, que seguramente usted tendrá ocasión de afirmar o desmentir después.
El Consejero de Salud de la Junta de Andalucía le ha escrito una carta el 1 de marzo a la que usted no ha contestado; sí ha contestado su Ministerio al Defensor del Pueblo y al sindicato médico. Hace unos días me reuní con los trabajadores --cuando en el Pleno pasado su Gobierno pospuso la pregunta-- , que el próximo el sábado van a hacer un hospital de campaña en la Plaza Nueva de Sevilla, porque el temor que tienen estos 900 trabajadores y los usuarios que necesitan y no pueden usar esas 600 camas medio vacías, es que no saben si se va a producir una muerte lenta o una muerte súbita del hospital. Actualmente se están perdiendo

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las especialidades, hay vacantes de médicos y camas vacías.
Aunque el Parlamento andaluz vota por unanimidad que el hospital pase a la red pública de hospitales, todo lo que se está diciendo es que vaya el SAS, el Servicio Andaluz de Salud, a negociar con una cifra en la mano; que la tasación que está haciendo el Gobierno, que ustedes no hacen pública, tiene que coincidir con esa cifra; y acusan a la Junta de Andalucía de confrontación política por exigir que se traspase el hospital al SAS. Eso dicen los Diputados que van conmigo a visitar a los representantes de los trabajadores, miembros de la Ejecutiva Regional de su Partido, mientras que su Departamento manifiesta en la carta que solamente en el caso de que se llegue a un acuerdo sobre la compensación correspondiente del Ministerio de Defensa no se privatizará, y si las condiciones que la Junta de Andalucía presenta para asumir estas transferencias son razonables.
Señor Ministro, yo le propongo que cree inmediatamente una mesa de transferencia, con los trabajadores, con los sindicatos, con todas las partes; entonces las vacantes podrán ser cubiertas por el SAS, y le aseguro que por parte del Gobierno andaluz no habrá ningún problema ni en el precio, ni en asumir a los profesionales, ni en los plazos, ni en nada. No deje morir el hospital; dígame, por favor, una fecha para crear la mesa de transferencia, comprométase y siéntese con el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señora Presidenta.
Comparto su buena voluntad, señoría,y me gustaría que compartieran la nuestra las autoridades a las que se ha referido, pero tengo que dejar claro que la lectura de los hechos que hace su señoría tiene otra lectura, y que responde a fechas, a encuentros y a alternativas que estamos esperando. Con todo, tengo que afirmar de nuevo que la disposición del Ministerio es a negociar, al entendimiento y a la continuidad asistencial del hospital.
Pero déjeme recordarle que tras la comparecencia del Subsecretario en el Congreso de los Diputados el pasado 12 de diciembre, el día 26 se estableció el primer contacto con el Consejero de Salud de la Junta de Andalucía, y que el Ministerio respondió expresando su disponibilidad y la necesidad de llegar a un acuerdo. Que el pasado 13 de febrero se efectuó ya una primera reunión en Sevilla, en la que los representantes del Ministerio de Defensa y de la Consejería de Salud intercambiaron información, que es absolutamente imprescindible para saber cuál es el volumen y las implicaciones que conlleva la operación. En ese momento se pusieron a disposición de la Consejería informaciones tanto relativas al personal civil como a equipamientos, a infraestructuras y a actividad asistencial.
También se precisó que era necesario tener como objetivo de referencia una tasación de los bienes muebles e inmuebles. A su vez, y en tercer lugar, el pasado 16 de marzo sí escribimos a la Consejería desde el Ministerio de Defensa para que ellos efectúen una valoración, sin que hasta la fecha se haya obtenido ninguna respuesta.
Yo invito desde aquí a la Consejería a que efectúe su propia valoración y comprometo que vamos a negociar y que vamos a encontrar una solución, que es la que deseamos, si es posible y deseable, desde luego, en mano pública y con continuidad de los puestos de trabajo.
Mucha s gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


-- DE DON VENANCIO ACOSTA PADRON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA EN ORDEN A DESISTIR DE SU PROYECTO DE INSTALACION DE UN RADAR EN MALPASO, EN LA ISLA DE EL HIERRO (SANTA CRUZ DE TENERIFE), TRAS LA OPOSICION MOSTRADA POR LOS PARTIDOS POLITICOS EN LA ISLA Y LOS COLECTIVOS SOCIALES (680/000376).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Venancio Acosta Padrón, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Ministerio de Defensa en orden a desistir de su proyecto de instalación de un radar en Malpaso, en la isla de El Hierro, tras la oposición mostrada por los partidos políticos de la isla y los colectivos sociales.
Tiene la palabra el Senador Acosta Padrón.


El señor ACOSTA PADRON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ante la postura del Ministerio de Defensa de retomar la intención de instalar un radar en el pico Malpaso, en la isla de El Hierro, diversos sectores de la población englobados en una plataforma ciudadana, así como todos los partidos políticos e instituciones de la isla, han manifestado su rotunda negativa a la indicada instalación.
Ante este hecho, ¿tiene previsto el Gobierno desistir de la intención de instalar un radar militar en Malpaso, en la isla de El Hierro?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señoría, usted debiera saber mejor que nadie en esta Cámara que el Gobierno no tiene esa intención, porque tiene información directa, precisa y puntual de este asunto.
Déjeme explicar a la Cámara que la instalación de ese radar es la única ubicación posible después de estudiar a

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fondo otras alternativas, y su señoría lo conoce perfectamente: la de Las Asomadas y la de Timbarombo, y no es posible que cubra el radar lo que puede cubrir desde Malpaso.
Déjeme recordar a la Cámara, porque lo sabe muy bien su señoría, que además de las enormes ventajas militares que tiene la instalación de ese radar, hay innumerables ventajas civiles entre las que quiero destacar las siguientes: en primer lugar, el incremento de la eficacia del control de la circulación aérea civil en todo el área; en segundo lugar, aumentar la seguridad de los aeropuertos de La Palma, La Gomera y El Hierro; en tercer lugar, facilitar la conducción y dirección de las labores de búsqueda y salvamento de buques a través del SAR; en cuarto lugar, servir de observatorio privilegiado y permanente en detección de incendios forestales y, en quinto lugar, su utilización como protección aduanera, si se me permite esta expresión, sobre buques que transporten droga o contrabando.
Sobre esa necesidad, y sobre esas ventajas, hemos disminuido progresivamente el terreno solicitado; hemos anulado la lanzadora de satélites que iba a realizar el INTA, y hemos estado analizando el menor impacto ambiental posible.
Señoría, después de todo eso la realidad se impone en beneficio del interés general y, desde luego, desde ese interés seguiremos negociando con las autoridades de la isla y, si es posible, también con su señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Acosta.


El señor ACOSTA PADRON: Señor Ministro, el pico Malpaso constituye un lugar simbólico en la isla de El Hierro para todos sus habitantes. De ahí que sea una de las razones para la oposición frontal a este proyecto.
Asimismo, el indicado punto constituye la cima de un espacio natural protegido inmerso en una isla que recientemente ha sido declarada reserva de la biosfera y cuyas autoridades se encuentran desarrollando en este momento un avanzado proyecto de desarrollo sostenible y de un plan insular de ordenación que tiene como una de sus importantes metas salvaguardar el medio ambiente y sus espacios naturales.
Por el pico de Malpaso transcurre cada cuatro años una festividad muy importante y simbólica para los habitantes de El Hierro, la bajada, que constituye quizá el primer símbolo de identidad de la isla.
Estos aspectos han hecho que en todos los rincones de la isla se haya desarrollado una respuesta casi unánime de oposición frontal a la instalación del radar. Hecho diferente es la instalación de un instrumental necesario de ayuda a la navegación civil, para lo cual desde hace años se concedieron permisos oportunos al entonces Ministerio de Transportes.
La oposición que manifestaron las instituciones públicas, los partidos políticos y los diferentes colectivos sociales, etcétera, también nos lleva a manifestar la conveniencia de la retirada del proyecto de construcción de un radar en Malpaso.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora Presidenta, señorías, ¡qué difícil resulta conciliar posiciones cuando de entrada se dice que hay una oposición frontal! Senador, yo le insisto en que las necesidades de la defensa nacional, los intereses generales de su región y los intereses concretos de la isla son los que se están poniendo sobre la mesa. Hemos hecho un esfuerzo de explicación al que yo le rogaría se sumara. El pasado mes de abril el Secretario de Estado de Defensa viajó a la isla y tuvo oportunidad de encontrarse con el Presidente del Cabildo. Le explicó cuáles son los esfuerzos que hemos hecho, cuáles son las consecuencias de interés general que acabo de sintetizar en mi primera intervención, y le invitó a formar una mesa en la que negociemos, conciliemos posiciones y busquemos la mejor solución. El Jefe del Mando Aéreo de Canarias se acaba de dirigir también a todas las autoridades y les ha enviado la propuesta de celebración de una reunión, a la que su señoría también está invitado junto con los respectivos alcaldes y demás representantes de los ayuntamientos de Valverde y Frontera.
Señoría, si usted quiere defender el interés general de la isla, del archipiélago y de España, bien vale que al menos deje esa oposición frontal y se siente a negociar para que entre todos consigamos explicarles a los ciudadanos cuál es la mejor localización y la mejor manera de satisfacer el interés general de todos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE LUIS ALEGRE ESCUDER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO ACERCA DE QUE LA ACADEMIA GENERAL MILITAR DE ZARAGOZA ESTE VIGILADA POR UNA EMPRESA PRIVADA DE SEGURIDAD (680/000393).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Luis Alegre Escuder, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión del Gobierno acerca de que la Academia General Militar de Zaragoza esté vigilada por una empresa privada de seguridad.
Tiene la palabra el Senador Alegre Escuder.


El señor ALEGRE ESCUDER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, magnífica exhibición la del sábado en Alicante.
Enhorabuena. Pero el hecho de que le felicite, que lo hago muy a gusto, no quiere decir que no le manifieste la grave preocupación que sentimos todos por los problemas que están apareciendo en el Ejército, problemas

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que van a incidir muy duramente en ese Ejército del futuro que quiere crear usted, no en el del sábado.
Problemas de personal que aparecen mucho antes de lo que el más pesimista se podría imaginar cuando decidieron ustedes el precipitado adelanto del fin del servicio militar obligatorio, precipitado y electoralista adelanto; problemas en cuestiones como la cocina, albañilería, limpieza, etcétera, que quieren resolver ustedes con empresas privadas --han inventado un concepto, el de externalizaciones, que nos gustaría conocer a fondo y poder valorar--; problemas de orden menor, si se quiere, como es el mantenimiento de jardines, que le endosan alegremente a algún ayuntamiento, en este caso al de Zaragoza, todo ello consecuencia de ese bajo nivel de alistamiento, es algo que también quieren solucionar ustedes con inmigrantes. Considero que toda esa cuestión debería conocerse a fondo y valorarse, aunque esto llevaría, a una figura parlamentaria más amplia.
En realidad, el motivo de esta pregunta ha sido el de conocer algo que, más que llamar la atención, creo que ha escandalizado a mucha gente, me refiero al hecho de que varios centros militares, pero fundamentalmente el más emblemático de todos ellos, la Academia General Militar de Zaragoza haya contratado la vigilancia de sus instalaciones a una compañía privada de seguridad. ¿Está de acuerdo el Gobierno en que esto sea así, en que la Academia de Zaragoza esté vigilada por guardas jurados privados? Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señoría, por su felicitación, que agradezco en nombre de las Fuerzas Armadas que, efectivamente, estuvieron representadas muy adecuada y operativamente en los actos de Alicante.
En segundo lugar, señoría, quiero añadir que estoy dispuesto en cualquier momento a sostener en el trámite adecuado todos los puntos que ha marcado su señoría, pero me limitaré a la denominada externalización, que, por cierto, señoría, comenzó a poner en marcha el Gobierno del Grupo a que su señoría pertenece anteriormente a la llegada al Gobierno, no ya de quien le habla, sino del Partido Popular. Pueden comprobarlo sus señorías en la Residencia Alcázar de Madrid y en la Residencia El Quijote, adjudicadas a compañías privadas de seguridad, en la V Legislatura, pero yo comparto lo que se hizo entonces. No soy de los que cambian de posición, como acaba de hacer su señoría con relación a su Grupo. Y, para su tranquilidad, he de decirle que la Academia General de Zaragoza no tiene la responsabilidad de su seguridad en manos privadas ni la va a tener mientras yo sea ministro. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Alegre Escuder.


El señor ALEGRE ESCUDER: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en esto hay algo más: la imagen del Ejército, que usted no ha nombrado para nada y que es algo muy importante y digno de tener en cuenta. Usted sabe mejor que yo, porque es militar, que a lo largo de estos dos siglos de vigencia del servicio militar obligatorio han pasado millones de españoles que han entregado lo mejor de su juventud, es decir, de su vida en servir y formarse gustosa, honrosa y generosamente en el Ejército. Y mucho de ese tiempo de entrega en servir al Ejército lo han dedicado a ese acto tan sublime, tan estricto, tan intrínseco con la esencia misma del Ejército, tan castrense en suma como es hacer guardia, dando la novedad al oficial que le lleva el relevo; guardando la entrada de su cuartel; custodiando la bandera de España, etcétera.
¿Han reflexionado ustedes sobre lo que van a pensar o, mejor aún, sobre lo que van a sentir todos esos españoles cuando vean la entrada de su academia o cuartel convertido en algo parecido a la entrada de unos grandes almacenes? Señor Ministro, al menos pienso que habrán exigido que esa compañía privada lleve a ese servicio hombres que realmente hayan cumplido el servicio militar, por aquello de que conozcan algo de qué va, distingan las graduaciones, conserven algún remanente de marcialidad en su cuerpo y para evitar también que se cuele algún objetor de aquellos que antes decían que no y que, sin embargo, con un sueldo de una empresa privada y sin tener que cuadrarse ante nadie, ahora dicen que sí. En cualquier caso, y con el respeto que merecen estos trabajadores, que lo tienen, permítame que le diga -- créame que con todo el dolor de corazón por el Ejército-- algo ciertamente muy poco original: ni los vigilantes jurados podían llegar a más ni el Ejército español en estos momentos puede llegar a menos. Y si ustedes decidieran continuar con el desfile del día de las Fuerzas Armadas, como deberían hacer, ya que, aun cuando el año pasado tuvieron problemas hay más de mil lugares en España dispuestos a acogerlo y además gustosamente, deseo de todo corazón que llegado ese día no tengan ustedes también que recurrir para poderlo celebrar a una compañía de vigilantes privados, porque al paso que está marcando usted, señor Ministro, cualquier cosa es posible.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría. Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señoría, la externalización de servicios está acogida por los ejércitos más prestigiosos y más avanzados de Europa y de la Alianza Atlántica.
Consiste sencillamente en dedicar a los profesionales a las tareas operativas y externalizar, es decir, poner en manos de compañías de servicios, aquellos que efectivamente antaño estaban desempeñados por los reclutas: limpieza, mantenimiento, jardines, algo de «catering» y algunos puntos de vigilancia, ¿cuáles? Señoría, esto responde a un plan piloto que está desarrollando el Ejército de Tierra y que creo merece --ya que su señoría manifiesta un encomiable respeto por los ejércitos-- el respeto de su señoría y de muchos otros opinantes.


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En primer lugar, están aquellos acuartelamientos que alojan a una unidad militar y además al armamento, material, munición o explosivos que es necesario vigilar. Está previsto que este tipo de acuartelamientos cuente con vigilancia y seguridad totalmente militar.
El segundo tipo es aquel en el que se albergan actividades ajenas a las operativas pero aún puede existir también determinada cantidad de material de guerra para cumplir sus cometidos, y ahí es donde se opta por un sistema mixto militar y empresa privada como empresa colaboradora. Lo desarrollaré a continuación, no sin antes decir que un tercer tipo es el que aloja a unidades que no disponen de materiales de guerra, por ejemplo, presidencias como las que el Gobierno de su Partido decidió poner en manos de empresas privadas --y pienso que hizo bien-- a las que se pueden añadir archivos, museos o dependencias de naturaleza análoga.
Sobre las de carácter mixto, aquellas en donde como en el plan piloto de la academia colabora una empresa de seguridad con la seguridad militar que continúa en manos de los militares, he de decir que se establecen cuatro zonas: una prohibida, otra reservada, otra de acceso limitado y una de libre circulación. Es allí donde se colabora con una empresa de seguridad privada que tiene el control de acceso, la sala de visitas y el reconocimiento perimetral de la zona de libre circulación, aquella por donde pasean los cadetes, por decirlo de una manera anecdótica.
No se trata, por tanto, de poner en manos de privados la seguridad de los acuartelamientos y las dependencias militares ni de renunciar a la autonomía que, naturalmente, tanto en materia de vigilancia como en otros servicios han de mantener en todo momento las unidades.
En cuanto a su referencia al Día de las Fuerzas Armadas, le diré que el mismo se adapta estrictamente a lo que previene el Decreto que se aprobó antes de que el Partido Popular estuviera en el Gobierno: son jornadas de confraternidad, mientras que el desfile se reserva, como en todos los países de democracia avanzada, para el Día de la Fiesta Nacional. Y, señoría, no continuemos por la línea de los chistes. A quien los ha hecho en el Ejército le hemos hecho llegar a través del Jefe de Estado Mayor el mensaje de que es mejor estar callado que establecer comparaciones ridículas. Y a quienes, como su señoría, aun con mayor responsabilidad, se dedican a hacer afirmaciones en ambientes un tanto «cantinflescos», les digo desde aquí que no sean la parodia de sí mismos.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON CESAR JOSE MERA RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA FORMA EN QUE ESTA EVOLUCIONANDO LA CAMPAÑA DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FISICAS (IRPF) DEL EJERCICIO DE 2000 (680/000382).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don César José Mera Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la forma en que está evolucionando la campaña del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2000.
Tiene la palabra el Senador Mera Rodríguez.


El señor MERA RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, desde que se ha modificado la Ley del IRPF el Gobierno ha trabajado con intensidad, poniendo a disposición de la Agencia Tributaria todos los medios necesarios con el fin de incrementar su eficacia de cara al contribuyente. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) En mi opinión este trabajo se ha realizado en dos direcciones. En primer lugar, para facilitar a los ciudadanos el que ruedan cumplir sus obligaciones tributarias para con la Hacienda Pública de una forma más sencilla, y me consta que todas las campañas que se están haciendo van en el sentido de facilitar esta obligación y, al mismo tiempo, tienen por objeto poner a disposición de los contribuyentes las tecnologías del momento, sobre todo para poder hacer las declaraciones a través de Internet e incluso pedir los datos fiscales.
En segundo lugar, también me consta el importante esfuerzo que se está haciendo para realizar lo más rápidamente posible la devolución en el caso de aquellas declaraciones en las que el saldo es positivo en favor del contribuyente.
Por todo ello, señor Ministro, ¿cómo está evolucionando en estos momentos la campaña del IRPF del ejercicio 2000? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señor Presidente.
Señoría, como la Cámara sabe, hace ya unas semanas comenzó la campaña de renta del ejercicio 2000, en el segundo año de aplicación del nuevo Impuesto. Desde que comenzara esta campana se han presentado, a fecha 4 de junio, dos millones 763.951 declaraciones. Este año se ha comenzado a devolver a partir de la segunda quincena de mayo, es decir, mucho antes que en el ejercicio anterior. Gracias a eso se han efectuado ya un millón 793.093 devoluciones, lo que significa un 63 por ciento más, por importe de 148.928 millones de pesetas, un 271 por ciento más respecto del mismo período del año anterior. Esperamos que para finales de junio se hayan efectuado tres millones 845.000 devoluciones, es decir, el 40 por ciento del total de las previstas, hasta un importe que entonces sumará 412.000 millones de pesetas.
Por otro lado, como su señoría ha destacado, un año más la Agencia Tributaria ha puesto a disposición del contribuyente los servicios de asistencia y apoyo, como son, entre otros, el servicio de información telefónica, el servicio

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de petición de datos fiscales, la confección de declaraciones simplificadas por teléfono, o la cita previa en las oficinas de la Agencia. En este sentido, la Agencia lleva atendidas dos millones 17.835 citas, lo que significa un 17 por ciento más que el año pasado, y ha confeccionado un millón 513.990 declaraciones, un 25 por ciento más.
Respecto de la implantación de las nuevas tecnologías, algo en lo que la Administración tributaria española está demostrando ser pionera en el mundo entero, me gustaría destacar el importante número de declaraciones realizadas por Internet, que al día de hoy ascienden a 244.239, lo que supone multiplicar por más de cuatro las realizadas en el mismo período del año anterior. Por tanto, un año más estamos en el proceso de mejorar los servicios prestados por la Agencia Tributaria y de aceleración de las devoluciones a las que tienen derecho nuestros contribuyentes.
Además, gracias a estas reformas fiscales emprendidas la propia Administración Tributaria cuenta con más recursos materiales, con más recursos humanos, con más eficiencia para también atender las necesidades de los ciudadanos y estar mejor dotada para la lucha contra el fraude.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro de Hacienda.
Tiene la palabra el Senador Mera Rodríguez.


El señor MERA RODRIGUEZ: Renuncio, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

--DE DON FRANCISCO JAVIER SANZ CARRAMIÑANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI EL GOBIERNO VA A ADOPTAR ALGUNA DECISION PARA SOMETER LOS PRESUPUESTOS GENERALES DE LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA AL CONSEJO DE POLITICA FISCAL Y FINANCIERA (680/000391).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Francisco Javier Sanz Carramiñana, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno va a adoptar alguna decisión para someter los Presupuestos Generales de la Comunidad Foral de Navarra al Consejo de Política Fiscal y Financiera.
Tiene la palabra el señor Sanz Carramiñana.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus justos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la respuesta es no; así lo establecen los proyectos de ley publicados en el «Boletín Oficial de las Cortes», hace ya cuatro meses, y que supongo que su señoría se ha leído con gran interés.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Sanz Carramiñana.


El señor SANZ CARRAMIÑANA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la verdad es que me alegra oír su respuesta, pero parece ser que su Departamento y sus socios de Gobierno en la Comunidad Foral de Navarra no lo tienen tan claro. Prueba de ello es que parece ser que van a presentar una enmienda para salvaguardar, en su opinión, las competencias fiscales y financieras de la Comunidad Foral de Navarra.
Señor Ministro, como bien ha reconocido, el Gobierno remitió a las Cortes Generales el proyecto de estabilidad presupuestaria por entender que las Comunidades Autónomas no se deben apartar de los criterios del Tratado de Maastricht. El proyecto en su conjunto lo que intenta es condicionar la capacidad económica financiera de las Comunidades Autónomas y subordinarla a las órdenes del Gobierno. Todo ello, a nuestro entender, se hace sin marcar ninguna salvedad, dentro de la existencia del territorio español, en cuanto a los hechos diferenciales de los derechos forales.
Como usted bien sabe, la Comunidad Foral de Navarra en sus relaciones con el Estado se rige a través de la LORAFNA, por el artículo 45, en lo que se refiere a la autonomía y a la existencia de relaciones entre los dos estamentos. Cabe recordar que este derecho es histórico, que emana de la disposición adicional primera de la Constitución Española, que reconoce la soberanía económica-financiera del Reino de Navarra. Por eso creo que resulta innecesario que la ley de Estabilidad Presupuestaria afecte a los territorios forales, en este caso a Navarra, por entender que está plenamente lograda desde la responsabilidad, la solidaridad y el acuerdo entre ambas partes.
Yo creo que no debe de existir ningún tipo de imposición, y la fórmula que se debe de seguir, en nuestra opinión, si se aplica la ley de Estabilidad Presupuestaria, es excluir a los territorios forales. Parece que ustedes no lo tienen claro, e insisto en que no sé si han presentado ya o van a presentar una enmienda, junto con sus socios, que salvaguarda el régimen financiero de la Comunidad Foral de Navarra, pero sí me gustaría que de una forma clara y rotunda, como parece ser que usted ha expresado, sea una realidad. No quisiera que usted pasase a la historia negra de Navarra, como su antecesor Gamazo, y a tiempo está de arreglar este desaguisado en el Congreso de los Diputados.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, le insisto en que haga usted una lectura reposada de los proyectos de ley. En los mismos se establece que realmente todas las Administraciones Públicas que configuran el Estado español están en un plano de igualdad, respetando los regímenes forales tanto de Navarra como del País Vasco hasta el punto de establecer los procedimientos para que esa relación entre la hacienda central del Estado y las haciendas forales descanse en la confianza, que es la relación que establece nuestra Constitución.
Por tanto, la ley en absoluto hace lo que usted dice que pretende hacer.
No subordina nada a nadie, señoría. Establece el principio de equilibrio presupuestario, que consiste en presentar los presupuestos igualando los gastos e ingresos públicos. Condición que, para empezar, deben cumplir los Presupuestos Generales del Estado y, en un Estado Autonómico como es España, los presupuestos de las Comunidades Autónomas, las corporaciones locales y los entes públicos que configuran el sector público. Eso es, en definitiva, lo que establecen los propios proyectos de ley relacionados con los regímenes forales.
Además, el equilibrio presupuestario es una garantía para nuestro crecimiento económico, para la continuidad de la creación de empleo y para el bienestar de todos nuestros ciudadanos en el marco del euro, es decir de nuestra integración progresiva e incluso acelerada en la Unión Europea.
A eso ha contribuido Navarra con su equilibrio presupuestario de los últimos años, pero también se ha beneficiado en materia de crecimiento económico y de creación de empleo. Todos nos sentimos muy orgullosos de que, efectivamente, Navarra esté a la cabeza de España en materia de renta per cápita, aproximando cada vez más sus niveles de bienestar a los de los países más avanzados de la Unión Europea y basando sus políticas de hacienda foral en los principios de equilibrio presupuestario. Y eso es exactamente lo que se pretende con los proyectos de ley de estabilidad presupuestaria elaborados para el conjunto de las haciendas de nuestro Estado de las Autonomías.
Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON OCTAVIO JOSE GRANADO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE APLICAR UNA COMPENSACION A LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON, EQUIVALENTE Y POR LAS MISMAS RAZONES QUE LA ACORDADA CON EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE LA RIOJA (680/000394).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Octavio José Granado Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de aplicar una compensación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, equivalente y por las mismas razones que la acordada con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de La Rioja.
Tiene la palabra el Senador Granado Martínez.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Hacienda, el Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja confirmó el pasado 21 de mayo ante el Parlamento de dicha Comunidad que la Administración Autonómica había llegado a un acuerdo con el Gobierno de la nación por el cual recibiría una subvención extraordinaria de 3.500 millones de pesetas en concepto de compensación por los problemas que plantea a la Comunidad de La Rioja la vecindad con los regímenes fiscales forales.
Como bien sabe el señor Ministro, esta compensación tiene su asiento en la última reforma del Estatuto de Autonomía. Pero no hay que olvidar que en la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, que se produjo en el mismo ejercicio, en 1999, se introdujo un precepto similar.
¿Proyecta el Gobierno aplicar una compensación a la Comunidad Autónoma de Castilla y León, equivalente y por las mismas razones, a la que recibe la Comunidad Autónoma de La Rioja?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Granado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Gobierno no compensa a ninguna Comunidad Autónoma de nada que se derive de lo que es la convivencia entre las Comunidades Autónomas de España. Yo agradecería a los miembros del Partido Socialista que, en vez de crear agravios comparativos, contribuyeran a que reinara un clima positivo de entendimiento entre el conjunto de las Comunidades Autónomas en relación a la convivencia entre las haciendas forales y las de aquellas Comunidades Autónomas regidas por el régimen común.
Señoría, el Gobierno llega a acuerdos con las Comunidades Autónomas para la ejecución de determinados planes de gasto de inversión que, atendiendo a las condiciones específicas de la región, contribuyan a la política de vertebración del territorio y de cohesión nacional; tarea, sin duda, encomendada al Gobierno de la nación.
Lo que está haciendo el Gobierno es establecer una serie de convenios con el Gobierno de La Rioja a fin de facilitar la ejecución de determinadas políticas en el ámbito de dicha Comunidad Autónoma. Políticas que guardan paralelismo con los convenios firmados en los últimos años también con la Comunidad Autónoma de Castilla y León, como son los convenios para la ejecución de la autovía del Camino de Santiago por importe de 55.000 millones de pesetas, de los que el 20 por ciento, es decir más de 11.000 millones de pesetas, son aportaciones del Estado; un convenio para la variante ferroviaria de Burgos por importe de 17.000 millones de pesetas y una aportación estatal de

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4.500 millones; un convenio para la consecución del equilibrio presupuestario y la contención del endeudamiento de las universidades de su ámbito territorial, siendo la aportación del Estado 1.550 millones de pesetas. En definitiva, hay una relación de lealtad mutua que se plasma en convenios y en acciones para contribuir a esa política que, insisto, es una política territorial de vertebración y de cohesión del Estado.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Granado.


El señor GRANADO MARTINEZ: Muchas gracias, señor Ministro, por su contestación.
Yo le pediría que fuera usted un poco más respetuoso con los presidentes de Comunidades Autónomas gobernadas por su Partido, porque yo he utilizado aquí el término compensación porque el señor Sanz, a la sazón Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja, utilizó ese término. Y le pediría que tuviera la bondad de leerse el artículo 46 del Estatuto de Autonomía de La Rioja, porque también está usted faltando al respeto a la Cámara legislativa que aprobó ese Estatuto de Autonomía, al Parlamento riojano, al Congreso y al Senado, que utilizaron un término relativamente similar.
En segundo lugar, señor Ministro, no me cuente usted ni una sola milonga más. Lo que ustedes están haciendo en Castilla y León en materia de convenios con universidades, de ferrocarriles, etcétera, es lo mismo que hacen en todas las partes de España, que es lo que debe hacerse. Aquí estamos hablando de otra cosa: de que hay unas Comunidades Autónomas que son vecinas de otras Comunidades Autónomas que tienen un régimen fiscal foral, y que a pesar de ser regiones Objetivo 1, como lo es Castilla y León, o de tener una problemática económica superior --como usted bien indicaba antes para cantar las excelencias de la Comunidad Autónoma navarra-- a la de las Comunidades con régimen fiscal foral, ven cómo sus industrias, a pesar de tener incentivos teóricos muy superiores, no se sitúan allí, se deslocalizan y se van a las Comunidades Autónomas con régimen fiscal foral porque éste les es más favorable.
Si el Presidente de La Rioja ha engañado a los ciudadanos --cosa que, desde luego, no creo-- cuando les ha dicho que el Gobierno iba a compensar a la Comunidad Autónoma de La Rioja por 3.500 millones, será el problema del Presidente de la Comunidad Autónoma de La Rioja que, por desgracia, no puede estar presente en este debate. Pero a mí lo que me interesa saber es si usted va a aplicar el mismo criterio a Castilla y León que a La Rioja, y dígame si lo va a hacer o no, pura y simplemente.
Dígame si la Comunidad Autónoma de La Rioja, en amparo del artículo 46 de su Estatuto, ha conseguido del Gobierno 3.500 millones de pesetas para una actuación y si lo mismo va a ocurrir con la Comunidad Autónoma de Castilla y León al amparo del artículo 41 de su Estatuto --que, por cierto, cuando fue aprobado en esta Cámara los Senadores de su Grupo me aplaudieron mucho cuando defendía el carácter redistributivo y solidario de ese artículo; fue una intervención bastante jaleada por las Senadoras y Senadores del Partido Popular, y veo que algunos lo recuerdan--. Dígame usted si ese artículo va a servir para algo o es una tomadura de pelo, y no me cuente usted milongas ni de ferrocarriles, ni de carreteras que estaban en la financiación autonómica del año 92 --porque la financiación de la autovía Burgos-León se acordó en el año 92--, ni de universidades --como se hace en todo el territorio nacional--, ni de ninguna otra cosa.
Dígame usted si La Rioja y Castilla y León van a recibir el mismo trato del Gobierno, y si me dice usted que no hay compensaciones, ¡qué desgracia, señor Ministro! Yo esperaba ofrecer una buena noticia a los ciudadanos de Castilla y León y me temo que de este debate lo que van a traducir los medios de comunicación es una pésima noticia para los ciudadanos de La Rioja.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Senador.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Su señoría ha empleado un lenguaje muy gráfico: ha llamado milongas a los convenios que establece el Gobierno de España con los Gobiernos de las Comunidades Autónomas. (El señor Granado Martínez hace signos negativos.) A eso le llama su señoría milongas --lo acaba de hacer-- y además, con el respeto que merecen siempre sus intervenciones en esta Cámara, no deja de reprochar a este Ministro que tenga a veces un lenguaje relativamente accesible en cuestiones complejas, como siempre es la relación económica del Estado con sus Comunidades Autónomas.
Señoría, aquí no hay milongas, aquí lo que hay es una convivencia entre Comunidades Autónomas y usted, como miembro de un partido nacional, lo que tiene que hacer es preservar y ayudar a conservar la relación, el buen entendimiento entre las haciendas forales y las Comunidades Autónomas regidas por el régimen común. (El señor Castro Rabadán: ¡Conteste a la pregunta!) Eso es lo que tienen que hacer usted y el Partido Socialista. A partir de ahí la disposición del Gobierno de España es colaborar con Castilla y León, con su Gobierno, como está haciendo, a través de convenios para el desarrollo, para la implantación de las infraestructuras que necesita Castilla y León como región Objetivo 1, efectivamente, que va a recibir en el período 2000-2006 más de 700.000 millones de pesetas de inversión para su progreso, para su creación de empleo y, en definitiva, para el avance del bienestar.
Y eso es factible, señoría, en una España de haciendas forales --insisto, señoría, de haciendas forales--, donde realmente esas haciendas forales no son un agravio comparativo para nadie en este país. Esa es la única realidad y es la que establece la convivencia de la España de las Autonomías, señoría, y lo digo con toda tranquilidad en esta Cámara.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y si usted o su Partido tienen una versión contraria, expliquen esa versión en Navarra y en el País

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Vasco, que explique el Partido Socialista cuáles son sus posiciones relativas a la vigencia de unas haciendas forales que, de acuerdo con lo que usted ha expresado, lo que hacen es crear un agravio comparativo que lo que necesita es un sistema de compensaciones, señoría. (El señor Arnau Navarro: ¿Por qué los 3.500 millones?) Los convenios, insisto, buscan el desarrollo de inversiones compartidas entre el Gobierno de España y los Gobiernos autonómicos.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FASE EN LA QUE SE ENCUENTRA EL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS A LA JUNTA DE ANDALUCIA EN MATERIA DE POLITICAS ACTIVAS DE EMPLEO (680/000381).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fase en la que se encuentra el proceso de transferencia de competencias a la Junta de Andalucía en materia de políticas activas de empleo.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los términos en que está planteada y espero que haya una respuesta positiva para que Andalucía, que también accedió a la autonomía a través del artículo 151 de la Constitución, pronto tenga transferidas las políticas activas de empleo, como el resto de las Comunidades Autónomas del artículo 151 y alguna del artículo 143.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Gracias, señora Presidenta.
El deseo que su señoría ha expresado es también el del Gobierno: que se culminen las transferencias de las políticas activas de empleo a todas las Comunidades Autónomas; en primer lugar, a las del artículo 151, porque Andalucía se ha quedado rezagada, y las del artículo 143, exceptuando el caso del País Vasco porque hay diferencias de concepción.
Se ha avanzado mucho en estas conversaciones. El punto que queda por dilucidar --como dije en mi comparecencia en esta misma Cámara--, es el del año base en el que se evalúa la cantidad que hay que pagar para la transferencia y espero que pronto quede aclarado. Sin embargo, quiero decir que no habrá transferencia hasta que todos los detalles estén resueltos; en ese momento, se convocará una Comisión Mixta de Transferencias --que yo presido--, y se procederá a la misma.
Espero y quiero que esto se produzca cuanto antes.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señora Presidenta.
No se trata solamente de plantear qué es lo que quiere o desea sino que hay que poner en marcha los mecanismos efectivos para que se produzcan esas transferencias a la Comunidad Autónoma andaluza, porque hace veinte años que se aprobó el Estatuto de Autonomía de Andalucía y, entre sus objetivos, hay que señalar la consecución del pleno empleo en todos los sectores de la producción y la especial garantía de puestos de trabajo para las jóvenes generaciones. Así, en el artículo 13 del Estatuto de Autonomía se declara competente a la Junta de Andalucía en todas las materias relacionadas con la posibilidad de crear empleo para lograr el objetivo anterior y, para ello, es necesario que el Estado haga las transferencias a la Comunidad Autónoma andaluza.
Han pasado veinte años desde la aprobación del Estatuto de Autonomía; a nosotros nos parece que habría que hacer una evaluación muy negativa en cuanto a este tipo de transferencias y estamos convencidos de que, independientemente de las políticas que el Gobierno de la Junta de Andalucía pueda estar desarrollando en materia de creación de empleo, la falta de competencia en materia de políticas activas de empleo es un elemento negativo para conseguir el objetivo que se plantea el propio Estatuto de Autonomía y que sigue siendo un objetivo prioritario en mi Comunidad Autónoma.
Por lo tanto, es prioritario disponer inmediatamente de las competencias en materia de escuelas-taller, casas de oficio, unidad de promoción y desarrollo, así como lo relacionado con los talleres de empleo y otras políticas activas, con suficiente financiación para que se puedan desarrollar con efectividad.
Sabemos que ha habido procesos de negociación, que la Federación Andaluza de Municipios y Provincias está esperando también esas transferencias al objeto de que las políticas municipales tengan la posibilidad de crear empleo, también con las políticas activas y que el conjunto de los sindicatos de la Comunidad Autónoma andaluza están interesados y trabajando para que se hagan esas transferencias.
Asimismo, también hay un sentimiento unánime en el ámbito de los sectores económicos relativo a esa transferencia de las políticas activas de empleo, al tiempo que sabemos que por parte del Gobierno de la nación, que es el que debe transferir, incluida la financiación suficiente, hay una actitud que no es coherente con lo que estamos planteando, con lo que se presenta por parte de la Comunidad Autónoma de Andalucía, incluido su Parlamento que, por unanimidad, en reiteradas ocasiones ha planteado ya este asunto.


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Por tanto, lo que manifestamos es que su Gobierno debe transferir ya esa competencia, al tiempo que la suficiente financiación para conseguir disponer de un instrumento también positivo para el objetivo de nuestro Estatuto, cual es la generación de empleo y el pleno empleo en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, voy a hacer algunas precisiones.
En primer lugar, su señoría insiste en la importancia que tiene para Andalucía disponer de estas políticas activas de empleo y yo coincido con ello, pero quiero decir también, porque su señoría no ha dicho nada contrario pero para que quede claro, que esas políticas activas de empleo ya se están desarrollando en Andalucía. Lo que ocurre es que las está desarrollando la Administración central y de lo que se trata es de que las desarrolle e integre la Junta de Andalucía. Pero se están desarrollando ya y con unos resultados muy satisfactorios, porque está disminuyendo el paro quizás más que en ninguna otra Comunidad. Por tanto, centremos este primer punto.
Segunda cuestión, estos acuerdos --y es muy importante señalar este aspecto-- son cosa de dos. No sólo se trata de la voluntad del Gobierno.
Me dice usted que ha de hacerse con la financiación suficiente. Habrá de ser con la financiación similar a la de las restantes Comunidades Autónomas para las que se está ejecutando la transferencia, es decir, proporcionadamente. Puede ser que a la Comunidad Autónoma de Andalucía le parezca poco, pero hay que repartir de acuerdo con lo que se tiene y con lo que se ha hecho en otras Comunidades Autónomas.
Y no es ahí donde radica el problema, porque, tras un trabajo creo que muy profesional llevado a cabo por la Comunidad Autónoma y el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, se ha avanzado extraordinariamente en todos estos aspectos, de tal forma que puedo decir que la lista de personal que hay que transferir, los locales e, incluso, la financiación está muy cerrada. Falta ese acuerdo sobre cómo se establece la cantidad que se cede.
Pero le voy a decir que estamos intentando que esa transferencia se haga cuanto antes. Lo hemos hecho ya para Asturias y el próximo lunes viajaré a Mérida para hacer esta transferencia a Extremadura, Comunidad que tiene un problema similar a Andalucía, es decir, la AEPSA, con una situación diferente a otras Comunidades Autónomas, y que tampoco firmó el acuerdo sobre financiación autonómica. Si se ha resuelto en Extremadura, espero que también se resuelva en Andalucía. No obstante, vuelvo a insistir en que no es una cuestión sólo del Gobierno, sino relativa a que las dos partes lleguemos a un acuerdo y se procede a hacer la transferencia.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON ENRIQUE BELLIDO MUÑOZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE VIENE DESARROLLANDO EL GOBIERNO A FIN DE LOGRAR LA MAYOR EFECTIVIDAD EN LAS ACTUACIONES DEL INSTITUTO NACIONAL DE LAS ARTES ESCENICAS Y DE LA MUSICA (INAEM) (680/000386).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Enrique Bellido Muñoz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que viene desarrollando el Gobierno a fin de lograr la mayor efectividad en las actuaciones del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y de la Música.
Tiene la palabra el Senador Bellido Muñoz.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, hace unos días ojeaba --lo que provocó, evidentemente, la presentación de esta pregunta-- los datos del último anuario de la Sociedad General de Autores, referido al año 1999, y de todos ellos dos me llamaron la atención, los que hacían referencia al gasto habitante/año por parte de los españoles en espectáculos relacionados con las artes escénicas y la música clásica y la danza.
Hay que decir que los españoles gastamos al año poco más de 380 pesetas, lo que cuesta un paquete de cigarrillos, en teatros o espectáculos escénicos y algo más de veinte duros, menos de lo que cuesta un periódico, en asistir a un concierto de música clásica o un espectáculo de danza, y ello teniendo en cuenta que durante el último año se ha producido un incremento del 25 por ciento y que desde el año 1996 más de un 80 por ciento, lo que habla muy a favor del esfuerzo de promoción de este tipo de eventos culturales por parte del Gobierno.
No obstante, si a estos datos añadimos la escasa homogeneidad existente en el reparto de espectadores por provincias, así como por niveles formativos y económicos entiendo que estos datos nos deben llevar a todos a recapacitar, evidentemente al Gobierno, a las Comunidades Autónomas y creo que también al sector privado, sobre la política a seguir para acercar este tipo de expresiones culturales a la población. Son expresiones culturales, señora Ministra, que, si bien en nuestro país han tenido un gran arraigo y tradición y un amplio abanico creativo, también hemos de reconocer que han atravesado por crisis importantes que, sin lugar a dudas, han provocado daños, en algunos casos irreparables.
Por ello le pregunto, señora Ministra, qué actuaciones ha desarrollado su Ministerio y tiene programado poner en

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práctica en beneficio de este tipo de actividades culturales a través del Instituto Nacional para las Artes Escénicas y Musicales.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la promoción de las artes escénicas y de la música es una de las líneas constantes de la política cultural del Gobierno. A través del INAEM se han llevado a cabo diferentes actuaciones, y a mí me gustaría subrayar algunas de las más importantes en esta intervención.
En primer lugar, una política sostenida de infraestructuras, que se materializa en varias líneas de actuación, como por ejemplo el Plan Nacional de Auditorios, el acuerdo con el Ministerio de Fomento para la rehabilitación de teatros públicos, las subvenciones nominativas destinadas a infraestructuras teatrales y las inversiones en instalaciones propias.
En segundo lugar, hay que subrayar una colaboración permanente con otras instituciones públicas y privadas. Por ejemplo, la participación del INAEM en patronatos y consorcios de distintos festivales de ámbito nacional e internacional y en fundaciones como el Teatro Lírico, el Gran Teatro del Liceo o el consorcio del Teatro de la Maestranza.
En tercer lugar, actuaciones en el exterior, por ejemplo, la gira por Estados Unidos, que con gran éxito acaba de realizar la Orquesta Nacional, la gira europea de Dalí o la presencia de «La Dama duende» en Iberoamérica. El Gobierno, en el marco de la actuación educativa y cultural, también potencia las actividades del INAEM en orden a promocionar la música, la danza y el teatro dirigidas a niños y jóvenes.
Por último, se impuso una política cultural de preservación y promoción de nuestro patrimonio cultural y de atención, y esto es muy importante, a los nuevos creadores.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DOÑA ESTHER VALLEJO DE MIGUEL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS PREVISTOS POR EL PLAN DE FOMENTO DE LA LECTURA, PRESENTADO POR EL MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EL PASADO 7 DE MAYO DE 2001 (680/000387).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora Doña Esther Vallejo de Miguel, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos previstos por el Plan de Fomento de la Lectura, presentado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte el pasado 7 de mayo de 2001.
Tiene la palabra la Senadora Vallejo de Miguel.


La señora VALLEJO DE MIGUEL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, permítame que, en primer lugar, le transmita las esperanzas que muchos padres y profesores tienen puestas en las reformas que su Ministerio está realizando y en las que está trabajando actualmente, reformas que todos deseamos que lleguen a buen fin lo más pronto posible.
No voy a hacer una exposición exhaustiva de la importancia que la lectura tiene en la formación de nuestros jóvenes, de nuestros niños y de todas las personas, pero me va a permitir su señoría que le haga unas breves precisiones.
Hace unos años asistimos a un retraso de la iniciación de los niños a la lectura, despreciando de esta manera las grandes capacidades que éstos tienen en los procesos de aprendizaje de los elementos lingüísticos, ignorando asimismo los principios básicos de la psicología evolutiva.
Por otro lado, los docentes hemos visto con gran preocupación cómo los libros de texto cada vez son más delgados en la parte de su expresión escrita, pues según algunos pedagogos a la violeta los contenidos carecían de importancia para la formación y la adquisición de las capacidades intelectuales de los muchachos. Ya dirán ellos cómo se pueden desarrollar estas capacidades intelectuales si los chavales no tienen una lectura rápida y comprensiva, pues la falta de esta lectura rápida y comprensiva llevó a la pérdida de las capacidades de análisis, de síntesis, de reflexión y de expresión, y esto, lógicamente, dificulta gravemente el estudio.
Tampoco se le escapa a nadie la escasa competencia lingüística que no solamente tienen los jóvenes sino también los adultos. Se calcula, «grosso modo», que de los 60.000 términos lingüísticos que pueda tener nuestra lengua común un ciudadano medio escasamente conoce unos 1.500, de los cuales no maneja todos ellos, sino que emplea en sus expresiones bastantes menos. Si tenemos en cuenta que las palabras son portadoras de ideas, si aquéllas son menguadas, las ideas también lo serán.
Asimismo, también cabría destacar que estamos viviendo una inundación de la imagen en nuestras vidas. Como diría don Quijote, ante la imagen, la expresión verbal y escrita tiene que librar una descomunal y desigual batalla. Bueno sería que la imagen...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Señora Presidenta, señoría, comparto con usted el conjunto de reflexiones que ha realizado --que me parecen muy atinadas--, de una enorme sensibilidad hacia el papel que debe jugar la adquisición de hábitos de la lectura en la formación de los niños y de los adolescentes. En ese sentido, es una preocupación del Ministerio --y lo ha sido desde el inicio-- desarrollar

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acciones dirigidas a fomentar los hábitos de lectura. Recientemente, como conoce su señoría, hemos presentado un plan cuatrienal de fomento a la lectura, con una dotación de 22.356 millones de pesetas (este año 2001 se invertirán 4.264 millones de pesetas) que tiene básicamente cinco líneas de actuación.
En primer lugar, la elaboración de instrumentos de análisis que permitan conocer, de una manera sostenida y por tanto continuada, cuáles son los hábitos de lectura, los índices de compra de libros, la situación de las bibliotecas públicas, como un instrumento de información para desarrollar acciones y políticas en relación al fomento de la lectura. Esto ya se viene haciendo y se va a continuar haciendo.
En segundo lugar, se ha creado el Programa de diseño y elaboración de material educativo para la mejora de las bibliotecas escolares y el fomento de la lectura en los centros educativos.
En tercer lugar, la potenciación de las bibliotecas públicas, medida que absorbe buena parte del presupuesto que he mencionado antes.
En cuarto lugar, acciones en medios de comunicación para incentivar la lectura y el uso del libro --y tengo que subrayar que dirigidas a la población infantil y adolescente, sobre todo a la primera adolescencia, porque o los hábitos de lectura se sedimentan, se asientan y se consolidan en esos años o, si no, realmente es muy difícil adquirirlos luego.
Por último, otros proyectos, entre los que quisiera señalar la campaña de «Libros a la calle». El día de anteayer, si no me equivoco, yo misma estuve en su presentación.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON DIEGO MIGUEL ASENSIO MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA OPINION QUE LE MERECE AL GOBIERNO QUE LOS OBISPOS RESCINDAN CONTRATOS DE TRABAJO DE LOS PROFESORES DE RELIGION POR MOTIVOS AJENOS A LA DOCENCIA (680/000389).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Diego Miguel Asensio Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la opinión que le merece al Gobierno que los obispos rescindan contratos de trabajo de los profesores de religión por motivos ajenos a la docencia.
Tiene la palabra el Senador Asensio Martínez.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, doy por formulada la pregunta tal y como la ha expresado la Presidencia.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora ministra de Educación, Cultura y Deportes.
La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTES (Del Castillo Vera): Señora Presidenta, señoría, yo hablo en nombre del Gobierno, no en el mío personal que no tendría ningún interés y por lo que no estaría aquí.
Por lo tanto, en nombre del Gobierno le tengo que decir que no es posible que el Gobierno emita un juicio de valor sobre este asunto porque se tiene que atener al cumplimiento de la normativa vigente. Lo que sí le puedo indicar son qué criterios impulsa el Gobierno, en el ámbito de su competencia, para la selección y evaluación de los profesores, y no son otros que el mérito y la capacidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Asensio Martínez.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, hace unos días, en concreto el 8 de mayo, el Delegado Diocesano de Enseñanza mantuvo una charla con Resurrección Galera Navarro, profesora de religión del Colegio Público Ferrer Guardia, de los Llanos de la Cañada, en la ciudad de Almería.
En el transcurso de la conversación, se le pide su dimisión como profesora de religión por haberse casado por lo civil con una persona divorciada. La citada profesora lleva siete años impartiendo clases de religión a niños de Primaria, con edades comprendidas entre los tres y los doce años, para lo que se ha preparado estudiando Teología, realizando cursillos e incluso impartiendo clases de catequesis.
El claustro de profesores del colegio se reunió con urgencia para mostrar su desacuerdo --y leo textualmente-- con los medios, procedimientos y formas empleados con nuestra compañera Resurrección Galera Navarro por parte de la Comisión Episcopal de Enseñanza, y remitió su acuerdo a la Delegación de la Junta de Andalucía de Educación y Ciencia y a la Conferencia Episcopal para que, a su vez, presionaran a su Ministerio para que no se consumara este despido.
Los padres de los alumnos aprobaron un texto en el que se manifestaba que se encontraban indignados por el inminente cese. Los sindicatos, UGT y Comisiones Obreras han manifestado que resulta intolerable e inaceptable que, en el año 2000, se lesione el derecho al trabajo por razones personales de índole privada. La Consejera de Educación y Ciencia de la Junta de Andalucía se ha dirigido a la autoridad eclesiástica y a usted para que se adopten las medidas oportunas con el fin de que la maestra no sea apartada de la docencia.
He dejado para lo último el apoyo de los alumnos a la profesora, y para demostrárselo les voy a leer textualmente una redacción hecha por alguno de los alumnos, que yo no conozco: «Hace unos días, en el Colegio Ferrer Guardia, se dijo que una profesora llamada Resu se iba a ir por haberse casado con un alemán divorciado, y la Iglesia no lo permitía, y como no lo permitía, fue casada fuera de la Iglesia, y al ser religiosa debía casarse por la Iglesia, y el obispo la quiere echar porque es la maestra de religión. Entonces,

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todos los niños del colegio hemos decidido hacer una huelga con carteles que pongan: «Resu, no te vayas». Y todos los niños del colegio se han reunido en el patio con carteles y chillando cosas como, por ejemplo: «Resu no se va, y así vamos a conseguir que no la echen del colegio». Los niños y niñas del colegio dicen que si Resu se va, los niños también lo harán. «Resu no se va del colegio; si se va, se va el obispo, diga lo que diga. Resu no se va.» «Todos los que la queréis como maestra o como directora. Eres la mejor.» «Si hace falta, haremos una huelga para que no te vayas.» «Resu, Resu, Resu, eres ..., y salto la palabra, ... como Resu no hay ninguna.» Señora Ministra, no seríamos justos si sólo nos refiriéramos al problema de la profesora Resu, como la llaman sus alumnos. También hay que tener en cuenta los 13.000 profesores que están impartiendo clases de religión en España, y que se encuentran sometidos al libre albedrío del representante eclesiástico de cada diócesis...


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


El señor ASENSIO MARTINEZ: Acabo enseguida.
... y todo eso sucede gracias a un acuerdo que firmó su Gobierno en el año 1999 con la Conferencia Episcopal.
Sólo quiero preguntarle qué va a hacer si dentro de unos días, cuando le entreguen las propuestas de los profesores que van a impartir las clases de religión, ella no figura en esa propuesta.
Por último, ¿va a revisar...?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias.
Señora Presidenta, señoría, el modo o la fórmula de selección del profesorado de religión no es una cosa nueva, no es del año 1999. No traslademos el problema a ese año. La selección de los profesores de religión y los criterios para su selección es algo que viene de mucho antes.
Por tanto, puede haber iniciativas legislativas por parte de ustedes si desean modificar esta situación. Entiendo muy bien todo lo que usted me ha dicho. No conozco todos los detalles a los que se ha referido, pero sí los elementos principales que ha manifestado, la información fundamental que ha traído a esta Cámara.
Lo entiendo muy bien. El problema es que el Gobierno no tiene competencias para fijar criterios de selección de ese profesorado. Esa es la situación que hay. Yo le he dicho lo que hace el Gobierno --usted interprételo como le parezca oportuno-- en relación al profesorado, los criterios que el Gobierno considera que deben ser definidores de la contratación del profesorado: el mérito y la capacidad.
En relación con este profesorado de religión, en el caso de la enseñanza de religión católica y de otras confesiones de menor extensión, el Gobierno no tiene capacidad legal de intervenir. Hay, por tanto, otros ámbitos de nuestro sistema constitucional, de nuestro ordenamiento jurídico, a los que se puede recurrir. Esos tendrían que decidir. Se podrá recurrir ante una instancia distinta a la gubernamental con los argumentos que usted ha señalado y que están ahí. Esta es la situación.
Mientras no cambie la situación legal el Ministerio no puede, por responsabilidad, opinar. Puede decir lo que hace el Ministerio en su ámbito. No hay posibilidad de dar otra repuesta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON JOAN SABATE BORRËS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION A LAS OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO DE LAS MARGENES DEL RIO EBRO A SU PASO POR TORTOSA (TARRAGONA) (680/000379).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Joan Sabaté Borràs, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación a las obras de acondicionamiento de las márgenes del río Ebro a su paso por Tortosa (Tarragona).
Tiene la palabra el Senador Sabaté Borràs.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus justos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Ministerio de Medio Ambiente, a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro, ha realizado la información pública del proyecto de acondicionamiento de los márgenes del río Ebro en Tortosa. En estos momentos se encuentra en fase de supervisión técnica por parte de la Confederación Hidrográfica del Ebro y existe ya el informe del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en concepto de lo que se denomina técnicamente la supervisión previa.
Una vez supervisado el proyecto se procederá a su aprobación, solicitud de ayuda del Fondo de Cohesión y posterior licitación. El objetivo de esta actuación --como sabe su señoría-- es la regeneración ambiental mediante el encauzamiento del río Ebro y la adecuación de la zona situada en la comarca del Baix Ebro. El presupuesto es de 506 millones de pesetas. Según este acuerdo firmado entre el Ayuntamiento y la Confederación ambas administraciones lo cofinanciarán asumiendo el 15 y el 85 por ciento respectivamente.
Para contribuir a la recuperación ambiental y a los usos del río, el Ministerio está tramitando el proyecto que usted conoce muy bien, que es el paseo fluvial en el núcleo urbano de Tortosa.
Muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Sabaté Borràs.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quiero, de entrada, darle las gracias por el proyecto de paseo fluvial que el Ministerio de Medio Ambiente está ya desarrollando y que ha salido a licitación en este momento. En cualquier caso, el motivo de la pregunta era el convenio a que usted se ha referido muy correctamente firmado el 3 de mayo del año 1999 por el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro y el alcalde de Tortosa en ese momento.
Era un proyecto que debía haberse iniciado el mismo año 1999, que tenía una previsión de financiación y de ejecución entre los años 1999 y 2000.
Estamos evidentemente en el ejercicio 2001. El Ayuntamiento ignora completamente la situación en que se encuentra dicho proyecto. Usted ha hecho referencia a que ha salido a información pública y está en fase de supervisión técnica.
Con todo, entiendo que la dependencia de lo fondos de cohesión no estaba específicamente reseñada en el convenio. En la cláusula quinta del convenio se hacía referencia a que la inversión de la Confederación Hidrográfica será recuperada vía la ayuda del Fondo de Cohesión, pero el proyecto debería impulsarse, sacarse a licitación y ejecutarse, independientemente del hecho de que la Confederación, y en este caso el Ministerio, consiga la ayuda de los fondos de cohesión, porque en ese supuesto este proyecto puede quedar aplazado «sine die» tratándose de una obra de un importantísimo interés medioambiental, ya que estamos hablando de la adecuación de las márgenes del Ebro dentro del propio casco urbano de Tortosa, y tratándose de un proyecto respetuoso con el medio ambiente, que intenta mantener y recuperar el bosque de ribera en la medida de lo posible, por tanto, insisto, tratándose de una obra de extrema importancia para el propio municipio.
La impresión, si me lo permite, y sin poner en duda la intención positiva de usted y de su Ministerio, es que esto tiene un retraso excesivo y de alguna forma en la medida en que se deje pendiente de que entre en el paquete de los fondos de cohesión, puede no llegar a realizarse por lo menos a corto y medio plazo. Me gustaría saber señor Ministro, si realmente no se consigue entrar en este paquete de los fondos de cohesión, cuál será el futuro de esta obra de adecuación de las márgenes del río Ebro en Tortosa.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sabaté.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Comprendiendo y compartiendo la necesidad de este proyecto, que también comparte el Ministerio de Medio Ambiente, yo le pediría que fuésemos paso a paso. Es cierto que quizás la tramitación de lo fondos de cohesión sea un tanto complicada, sobre todo con un proyecto de estas características, que tiene que ser aprobado, al fin y al cabo, por la Unión Europea, pero creo que lo estamos haciendo bien y lo vamos a aprobar. Le propongo agotar la fórmula de los fondos de cohesión y, después, tengamos fe en que esto se va a aprobar si hacemos las cosas bien, y estoy seguro que el proyecto se va a ejecutar. Lo único que le quiero confirmar, señoría, es nuestra total predisposición para que este proyecto se lleve adelante, y le ofrezco toda la transparencia de su tramitación para que también el Ayuntamiento nos pueda ayudar en la medida de sus posibilidades.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA MARIA ANGELES OROS LORENTE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA CONTROLAR LA PUBLICIDAD NO SOLICITADA QUE SE ENVIE POR CORREO ELECTRONICO «SPAM» (680/000384).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de doña María Angeles Orós Lorente, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas previstas por el Gobierno para controlar la publicidad no solicitada que se envía por correo electrónico.
Tiene la palabra la Senadora Orós Lorente.


La señora OROS LORENTE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, buenos días. Como sus señorías saben, la publicidad es uno de los medios más efectivos para dar a conocer una empresa, un producto, o un servicio. Por otro lado, Internet es un buen canal de comunicación, un buen escaparate en el que publicitar. Sin embargo, los internautas recibimos habitualmente correo no solicitado, no querido, con diferentes propósitos, como pueden ser hacer promociones comerciales, ofertas de asistencia financiera o, simplemente, para tentar al usuario para que visite alguna página web determinada. Son envíos masivos e indiscriminados, mensajes no solicitados y no deseados.
A este tipo de publicidad, como sus señorías sabrán, se le denomina publicidad «spam», y para nosotros supone un robo de recursos, ya que es el receptor el que carga con casi todos los costes, y en este caso hablamos de cientos de miles de e-mail, además de otros perjuicios como puede ser la pérdida de ancho de banda o, incluso, que nuestro ordenador pueda ser infectado con algún virus. En definitiva, la publicidad «spam» o correo basura supone un auténtico bombardeo electrónico para el usuario, que recibe en su correo personal publicidad no solicitada ni deseada y corre con los gastos, además de suponer un alto riesgo a la hora de contraer algún virus informático.
Por todo lo expuesto, señora Ministra, me gustaría saber qué medidas tiene previstas en Gobierno para controlar

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la publicidad no solicitada que se envía por correo electrónico, comúnmente llamada publicidad «spam».
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora y Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, como es conocido por esta Cámara y por todas sus señorías, lleva varios meses trabajando en el anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico.
Este anteproyecto de ley es clave para la sociedad de la información, es el marco normativo para que se desarrollen los nuevos servicios que permite la sociedad de la información, es imprescindible y forma parte íntegra del Plan INFO XXI y, además, es básico para que se tenga un marco jurídico sólido para dar seguridad jurídica y confianza a los distintos agentes, empresas, usuarios y prestadores de servicios de la sociedad de la información y, además, es necesario e imprescindible para que incentive y recoja las responsabilidades, derechos y obligaciones en el sector de las comunicaciones electrónicas, precisamente en las nuevas circunstancias, porque hay riesgos --hay oportunidades, pero también hay riesgos-- que abre precisamente la sociedad de la información.
Hoy tenemos legislaciones específicas y sectoriales que están basadas fundamentalmente en el mundo real. Estas legislaciones son continuas y estarán vigentes en las nuevas circunstancias de la sociedad de la información, pero evidentemente no contemplan, por razones obvias, las nuevas circunstancias que implica el desarrollo de servicios que permite a la red la universalización de la misma y las comunicaciones electrónicas generalizadas.
Es en este marco, en el del anteproyecto de ley de la sociedad de la información y del comercio electrónico, en el que se contemplan estas mayores facilidades y oportunidades que ofrece la red y que tendré la satisfacción y el orgullo de presentar y defender ante las Cámaras en próximas fechas.
Es en este marco en el que se regula la publicidad no solicitada. Y ha sido ello consecuencia, además, de todo un proceso largo porque ya en octubre, dada la importancia del tema, se puso el texto de los servicios de la sociedad de la información y el comercio electrónico en la página web del Ministerio y se han recibido más de 600 observaciones del conjunto de la sociedad, tanto de las empresas de contenido de software como de los consumidores, registradores, notarios, internautas, prestadores de servicios de la sociedad de la información, es decir, de todos los afectados, lo que ha permitido enriquecer, mejorar y dar mayor potencia al anteproyecto.
Este marco, pues, hace que se regule la publicidad no solicitada que se envía a través de la red, sea a través del correo electrónico u otros medios equivalentes, como es el móvil y, por lo tanto, claramente contempla la prohibición de su envío, salvo que previamente hubiera sido solicitado o expresamente autorizado por los destinatarios de los mismos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA MARIA CARMEN PARDO RAGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS OBJETIVOS QUE PRETENDE ALCANZAR EL GOBIERNO EN MATERIA DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES (TIC) Y DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACION, CON LA NUEVA CONVOCATORIA DEL PROGRAMA DE FOMENTO DE LA INVESTIGACION TECNICA (PROFIT) (680/000388).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de doña María del Carmen Pardo Raga, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los objetivos que pretende alcanzar el Gobierno en materia de tecnología de la información y las comunicaciones y de la sociedad de la información con la nueva convocatoria del Programa de Fomento de la Investigación Técnica (PROFIT).
Tiene la palabra la Senadora Pardo Raga.


La señora PARDO RAGA: Gracias, señora Presidenta, y buenos días, señora y ministra de Ciencia y Tecnología.
Le formulo esta pregunta en nombre del Grupo Parlamentario Popular con la certeza de que su Ministerio y, por tanto, el Gobierno está impulsando el desarrollo e implantación de la sociedad de la información en España promocionando aquellas tecnologías de la información desde las empresas y desde el conjunto mismo de la sociedad.
Como sus señorías saben, el Plan de Acción INFO XXI, que tiene una vigencia comprendida entre los años 2001 y 2003, sirve de cauce para que el sector privado y el público interactúen y, sobre todo, para participar junto con la Administración estatal, autonómica y local, y todo esto con un fin, que es el de fomentar la innovación tecnológica y que ésta sirva de base para que se desarrolle adecuadamente la sociedad de la información.
Asimismo, el programa PROFIT, o lo que es lo mismo, Programa de Fomento de la Innovación Tecnológica, cuenta con tres actuaciones o programas.
¿Podría decirnos, señora Ministra, cuáles son estos programas y con qué cuantía están dotados? Porque esta dotación creemos que es un fiel reflejo de su intención de impulsar el avance tecnológico y no dudamos que se irá incrementando en ejercicios futuros.
Por todo ello tengo el honor de preguntar: ¿Qué objetivos pretende alcanzar el Gobierno en materia de tecnologías de la información y las comunicaciones con la nueva convocatoria del Programa de Fomento de Investigación

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Tecnológica PROFIT? (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora Pardo Raga.
Tiene la palabra la ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, efectivamente uno de los objetivos clave del propio Ministerio y de la política científica y tecnológica del Gobierno es el desarrollo de la innovación tecnológica en muchos ámbitos de la vida económica de las empresas, en la vida científica y en particular en el de las tecnologías de la información y de las comunicaciones.
Estas tecnologías son básicas porque no sólo necesitamos continuar avanzando para que haya competencia efectiva en las telecomunicaciones como consecuencia de todo el proceso de liberalización, sino que además necesitamos que haya una promoción y una profusión rápida en la utilización de las tecnologías de la información y de las comunicaciones --son más de 300 medidas las del Plan Info XXI-- para que avancemos en la innovación tecnológica y en el desarrollo de la propia tecnología en este ámbito.
Los tres programas están dentro del programa PROFIT. Por un lado está el Programa nacional de tecnologías de la información y de las comunicaciones, que va dirigido al desarrollo del sector de tecnología específica y de avances de I+D. El Programa nacional de la sociedad de la información va dirigido a algo muy importante, la oportunidad histórica que tenemos de avanzar sobre todo en lo que se refiere a la utilización de las lenguas y a nuestra presencia en Iberoamérica para que la realidad de los contenidos de la red, la de los portales, la de las aplicaciones y la del software sea precisamente algo en lo que tenga una participación creciente España en su conjunto y en particular las empresas españolas.
En cuanto al tercer programa, es el denominado de Acción estratégica sobre gestión integrada del transporte. También está referido a cuestiones clave para el desarrollo de los servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico puesto que trata tanto del desarrollo de tecnología en los medios electrónicos en el transporte, de los automóviles privados, de las gestiones de flota, como de otros temas de logística y de otros relacionados con la gestión inteligente.
Por tanto, son tres programas claramente enfocados a los siguientes elementos: al desarrollo tecnológico, a la innovación, a la investigación y al desarrollo en tres aspectos clave del desarrollo de la sociedad de la información. En este sentido estos programas tienen una dotación global para este ejercicio de 2001 de más de 67.000 millones de pesetas, de los cuales 9.700 millones corresponden al Capítulo VII y 58.000 al Capítulo VIII. Estas cifras implican un incremento en la parte de subvenciones directas de más de un 16 por ciento en relación al ejercicio de 2000. Pero además hay que tener en cuenta que estos programas van acompañados de un marco fiscal, y precisamente en estos momentos España cuenta con la legislación quizá más favorable de todos los países de la OCDE en lo que se refiere al desarrollo de la investigación, al desarrollo tecnológico y a la innovación.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señora Ministra.


--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA POSICION DEFENDIDA POR EL GOBIERNO EN LA REUNION DE NYKàPING (SUECIA), EN RELACION CON EL FUTURO DE LOS FONDOS ESTRUCTURALES (680/000358).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Pregunta del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la posición defendida por el Gobierno en la reunión de NykÜping (Suecia), en relación con el futuro de los fondos estructurales.
Tiene la palabra el Senador don Victoriano Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Buenos días, señor Ministro.
Durante la primera semana de mayo, en la reunión de ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, celebrada en NykÜping (Suecia), usted, señor Ministro, en el debate abierto sobre la ampliación de la Unión Europea hacia el Este planteó que deben establecerse ciertas garantías a los efectos del futuro de los fondos estructurales en la Europa ampliada.
La política regional se tratará, según se aprobó en la Cumbre de Niza, bien en este semestre de Presidencia belga, bien en el primer semestre de 2002 bajo la Presidencia española. Por todo ello, se formula la siguiente pregunta: ¿Cuál fue la postura defendida por el Gobierno español en la reciente reunión celebrada en Suecia con respecto al futuro de los fondos estructurales tras la ampliación de la Unión Europea hacia los países del Este en relación con la aplicación del artículo 299.2 del Tratado de Amsterdam referente a las regiones ultraperiféricas? Y si me lo permiten, para conocimiento de la Cámara, he de decir que el artículo 299.2 se relaciona concretamente con la situación estructural social y económica de los departamentos franceses de ultramar, las Azores, Madeira y las Islas Canarias, caracterizadas por su gran lejanía, insularidad, reducida superficie, relieve y clima adverso y dependencia económica de un escaso número de productos, factores cuya persistencia y combinación perjudican gravemente a su desarrollo.
El Consejo, por mayoría cualificada, a propuesta de la Comisión, previa consulta a los Parlamentos europeos, adoptará medidas específicas orientadas en particular a fijar

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las condiciones para la aplicación del presente Tratado en dichas regiones, incluidas las políticas comunes, así como las ayudas públicas y las condiciones de acceso a los Fondos Estructurales y a los programas horizontales comunitarios.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoría.
Efectivamente, a principios del pasado mes tuvo lugar una reunión en NykÜping, Suecia; reunión normalmente de carácter informal de los ministros de Asuntos Exteriores de la Unión Europea que se celebra durante cada semestre y que, como es sabido, en este momento corresponde a la Presidencia sueca.
Insisto en que son reuniones de carácter informal y, por tanto, no se toman decisiones, nunca tienen un componente decisorio, sino que se discute abiertamente sobre temas de actualidad o sobre temas políticos de fondo. Por ejemplo, dedicamos mucho tiempo a la problemática en los Balcanes en un momento en el que se estaba produciendo una situación muy dramática --hoy un poco más encauzada-- en la ex república yugoslava de Macedonia. Como es natural, también dedicamos mucha atención al conflicto en Oriente Medio, que también fue objeto de tratamiento aunque entonces no había llegado al actual estado límite. Y la mayor parte del tiempo la dedicamos a la ampliación, que es un objetivo histórico de la Unión Europea. Hablamos de una negociación que estamos manteniendo en paralelo con 12 países con diferentes niveles de avance; es un hito histórico y desde luego apoyada por el conjunto de la Unión y de todos los Estados miembros, pero particularmente por España. Desde el punto de vista del Gobierno español la ampliación debe producirse cuanto antes y con cuantos más países, mejor. No podrán ser los 12 de una sola vez y próximamente, pero, insisto, cuantos más sean, mejor. Y esto es así porque la propia opinión pública española nos lo demanda. La opinión pública española es, entre todas las opiniones públicas europeas, la más favorable a la ampliación. A partir de ahí estamos ya en las fases finales de la negociación con muchos países. Probablemente, a lo largo del año 2002 se pueda culminar la negociación con varios de ellos y desde luego durante la Presidencia española vamos a hacer todo lo posible a tal efecto.
Por ello, están empezando a surgir los temas de fondo, las preocupaciones básicas de muchos Estados miembros. Dedicamos bastante tiempo a discutir, por ejemplo, la moratoria en la circulación de los trabajadores, preocupación de Alemania o Austria; también dedicamos bastante tiempo a discutir problemas relacionados con la propiedad de la tierra y la circulación de los capitales, preocupación de Francia, y a la política regional, preocupación de España, pero también de Portugal, Italia, Grecia y de muchos otros países.
No tratamos el artículo 299.2 porque no llegamos a ese nivel de detalle; además, le puedo decir que en la medida en que es un artículo del Tratado y es derecho primario de la Unión, España va a seguir defendiendo con absoluta prioridad el contenido del mismo de cara al futuro.
Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señor Ministro.
Precisamente y como usted conoce, una de las grandes preocupaciones que tenemos en el archipiélago canario es la relacionada con la situación de los Fondos Estructurales; los Fondos de Cohesión van por otra vía pero los estructurales están vinculados a las dificultades permanentes que pueden tener en un momento determinado y con continuidad las regiones ultraperiféricas.
Hace unos días y en el Congreso de los Diputados se le hizo una pregunta en la cual usted ratificó este asunto en líneas generales. Concretamente, el secretario de Estado de Política Exterior, don Ramón de Miguel, precisamente ayer, afirmó que Canarias tendría un tratamiento específico en la política de ayudas comunitarias por su lejanía geográfica aunque deje de estar integrada transitoriamente en el Objetivo Uno de la Unión, y ésta es la clave de mi pregunta.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos Pérez.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Gracias, señor Presidente.
Señoría, nosotros vamos a defender la continuidad de lo que establece el artículo 299.2, y por tanto, el mantenimiento de los fondos estructurales de las regiones ultraperiféricas con independencia de su nivel de renta, porque nos parece justo.


--DON ALEJANDRO MUÑOZ-ALONSO LEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO RESPECTO DE LA ACTITUD DEL REINO UNIDO DE BLOQUEAR LA CREACION DE UN CIELO UNICO EN LA UNION EUROPEA (680/000383).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Pregunta del excelentísimo señor don Alejandro Muñoz-Alonso Ledo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno respecto de la actitud del Reino Unido de bloquear la creación de un cielo único en la Unión Europea.
Tiene la palabra el Senador Muñoz-Alonso Ledo.


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El señor MUÑOZ-ALONSO LEDO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, como muy bien sabe, el desarrollo y la liberalización del tráfico aéreo en Europa están siendo obstaculizados por la actitud de ciertos Gobiernos de la Unión, que se oponen al objetivo de cielo único --o por lo menos parece que no lo comparten plenamente-- que propugna la Comisión Europea, e incluso se oponen a que la propia Comisión negocie en nombre de toda la Unión tratados sobre tráfico aéreo con terceros, y muy especialmente con Estados Unidos, tema éste vital, porque el cielo único ya no se puede limitar a la Unión Europea sino que tiene que ser concebido de una manera mucho más amplia; en concreto se va hacia un espacio único euroatlántico.
Este problema, que es de carácter general, en nuestro caso concreto se ve además complementado por otro problema bilateral, como es nuestra relación con el Reino Unido y la actitud de éste hacia el aeropuerto de Gibraltar, ya que incumple sistemáticamente --nos hemos acostumbrado a ello, pero creo que de vez en cuando hay que recordarlo-- los términos y los acuerdos de la Declaración conjunta de 2 de diciembre de 1987, firmada por los respectivos ministros de Asuntos Exteriores en aquel momento.
Este incumplimiento no tiene ninguna razón de ser. La actitud del Gobierno español en aquella ocasión fue muy generosa, y en la declaración se regulaban aspectos procedimentales, cuestiones relativas a las terminales, el acceso de pasajeros, etcétera, e incluso se creaba un comité de coordinación para la utilización conjunta del aeropuerto. Pero, como digo, el Reino Unido ha incumplido la citada declaración --lo que está afectando al cielo único europeo----, y además lo ha hecho con un argumento tan inaceptable en Derecho Internacional como es la oposición de las autoridades locales de Gibraltar, las cuales, evidentemente, no tienen ninguna personalidad internacional.
Y digo que la actitud del Gobierno español fue muy generosa, porque, como todo el mundo sabe --desde luego, todos los Senadores y una gran parte de la población española--, el aeropuerto está construido en el istmo, que nunca fue cedido por España, ni en el Tratado de Utrecht ni en ninguna ocasión posterior. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Todo esto dificulta evidentemente la consecución del objetivo del cielo único europeo y deja a Europa en una mala situación respecto, por ejemplo, de los Estados Unidos, sobre el cual voy a dar unas cifras. En Estados Unidos hay veinte centros de control para un tráfico de costa a costa de 1.200 millones de pasajeros al año, mientras que en Europa tenemos setenta centros de control distribuidos en 38 países para un tráfico que es la mitad, de algo más de 600 millones de pasajeros al año, lo cual indica que en esa materia vamos muy retrasados.
Así pues, como la actitud del Reino Unido está siendo un tanto obstruccionista, me gustaría saber cuál es la posición española respecto de esta situación y si hay alguna esperanza de que en la Cumbre de Gotemburgo se pueda llegar a algún acuerdo en este terreno.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Muñoz-Alonso.
Tiene la palabra el señor ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, le agradezco mucho su pregunta, que me permite reiterar algo que España viene manteniendo desde el principio de esta discusión. España está enormemente interesada en la constitución del cielo único europeo.
Lo necesitamos. Como su señoría ha dicho, Europa no puede seguir teniendo su cielo compartimentado de la forma en que lo tiene, y para España este tema es especialmente importante por dos razones: porque somos un país periférico desde el punto de vista geográfico y porque somos un país eminentemente turístico, por lo que todo lo que signifique la simplificación del espacio aéreo nos interesa en gran medida.
La posición española sobre el istmo de Gibraltar es bien conocida: hay un contencioso sobre la colonia y también hay un contencioso de soberanía sobre el istmo, que fue ocupado por el Reino Unido ilegalmente desde el punto de vista de España hace ya unos cuantos años, donde se construyó precisamente el aeropuerto. Este tema se planteó, como es natural, durante las negociaciones para la adhesión de España a la Unión Europea, y al final se encontró una solución que permitiera avanzar en todo lo que se refiere al transporte aéreo comunitario, consistente en llegar a un acuerdo con el Reino Unido en el sentido de la utilización conjunta del aeropuerto en términos que fueran razonables y de acuerdo con aproximaciones generosas, como usted ha dicho. Sin embargo, ese acuerdo no se pudo cumplir porque las autoridades gibraltareñas se opusieron, y debo decir que, incomprensiblemente, el Reino Unido hace caso a las autoridades gibraltareñas, lo que no es acorde con la legalidad internacional. Por ello, se buscó una fórmula, que era la de la doble cláusula: una, que lo que hace es declarar que cualquier avance en directivas de transporte aéreo no prejuzga el contencioso sobre la soberanía; y otra, según la cual las normativas sobre el transporte aéreo no se aplican en concreto al aeropuerto de Gibraltar. Eso se ha ido incorporando a varias directivas, en concreto --si no recuerdo mal-- ocho a lo largo del tiempo. Ahora estamos hablando de ésta, que es un reglamento, y el Reino Unido se opone a que en la propuesta de la Comisión se incluyan estas dos cláusulas.
Vamos a intentar encontrar una solución; como es natural, nosotros no podemos ceder en los principios; estamos comprometidos con el Gobierno británico que salga de las próximas elecciones a intentar encontrar una solución en términos bilaterales; creo, sincera y honestamente, que no vamos a tener tiempo para conseguir la solución antes de la Cumbre de Gotemburgo, porque las elecciones en el Reino Unido son el día 7, y la cumbre se celebrará el fin de semana siguiente, pero voluntad existe, aunque sobre la base de que se debe cumplir exactamente con lo previsto en las cláusulas.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE LUIS MORALES MONTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS PROPUESTAS POR EL GOBIERNO A LA UNION EUROPEA PARA FACILITAR LA PROLONGACION DE LA VIDA LABORAL DE LAS PERSONAS QUE HAN ALCANZADO LA EDAD DE JUBILACION (680/000385).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don José Luis Morales Montero, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas propuestas por el Gobierno a la Unión Europea para facilitar la prolongación de la vida laboral de las personas que han alcanzado la edad de jubilación.
Tiene la palabra el Senador Morales Montero.


El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, de todos es conocida la propuesta que el Presidente Aznar envió en su día a la Cumbre de Estocolmo para la adopción de medidas que permitan a los mayores prolongar su vida laboral. En una carta remitida, conjuntamente con el Jefe del Ejecutivo holandés Wim Kok, al Primer Ministro Goran Persson, proponían a los quince que en la reciente cumbre celebrada se modernizaran los sistemas de protección social, ante el envejecimiento evidente de la población.
El número de hombres y mujeres jubilados aumentará rápidamente, mientras que la población laboral aproximadamente para el año 2010 se verá reducida de manera importante. Esto, señor Ministro, va a ejercer una gran presión en los sistemas de Seguridad Social, particularmente en las pensiones, en los sistemas de asistencia sanitaria y en la atención a los ancianos. Por ello, el Senador interpelante quiere saber y conocer las medidas propuestas por el Gobierno español a la Unión Europea para facilitar la prolongación de la vida laboral de las personas que han alcanzado la edad de jubilación.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Morales.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, las medidas que el Gobierno español ha propuesto a la Unión Europea están incluidas en el Plan Nacional para el Empleo del año 2001, que ha sido entregado ya a la Comisión de las Comunidades Europeas para que sea evaluada por la misma y por los diferentes Estados miembros. El plan contempla desarrollar una política para prolongar la vida activa y potenciar la permanencia de las personas mayores en el mercado de trabajo, en el contexto de la renovación del Pacto de Toledo, sobre ordenación del sistema de pensiones y los acuerdos que se podían derivar de esa revisión.
El Gobierno pidió a los interlocutores sociales una evaluación crítica de la coherencia de las políticas para contrarrestar el envejecimiento de la población, y el Consejo Económico y Social elaboró un dictamen en el que se alude a las medidas para el año 2001. Eso ha generado un debate sobre la edad efectiva de jubilación, que creo que es muy interesante y muy positivo. Se han estudiado también medidas para impulsar la contratación de las personas de más edad y prolongar la vida activa de los mayores de 45 años, a través del programa de bonificaciones vigente en el año 2000.
Todo esto ha sido recogido en la reciente reforma del mercado de trabajo, y quisiera recordarle que el pasado 9 de abril el Gobierno suscribió un acuerdo en materia de protección social con las organizaciones empresariales y una de las dos organizaciones sindicales mayoritarias. El acuerdo incorpora un esquema general de apoyo a la prolongación de la vida laboral, tiene mecanismos de incentivación voluntarios e instrumentos de jubilación flexible.
Las medidas se resumen como sigue. Se modificará la regulación de la jubilación parcial, permitiendo la compatibilidad entre pensión de jubilación y actividades laborales a partir de los 65 años; se mantiene la edad mínima general de 65 años para el acceso a la pensión de jubilación completa; los que se afiliaron a la Seguridad Social con posterioridad al año 1966 sólo podrán jubilarse anticipadamente si han cotizado al menos treinta años y están en desempleo; la cuantía de la pensión tendrá un coeficiente reductor entre un 6 y un 8 por ciento por año de adelanto respecto a los 65 años --que dependerá del período cotizado--, etcétera. A partir del 2002 las empresas quedarán exentas de la mayor parte de las cuotas de Seguridad Social para sus trabajadores de más de 65 años, y si tienen de 55 a 64 se establecen una serie de reducciones. También quiero decirles que se ha suprimido la posibilidad de fijar un límite máximo de edad para trabajar y he de recordar que la normativa derogada permitía utilizar la jubilación forzosa como instrumento para realizar políticas de empleo.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POSICION DEFINITIVA QUE VA A MANTENER EL GOBIERNO EN SUS RELACIONES CON EL REINO DE MARRUECOS, TRAS LA FALTA DE ACUERDO EN MATERIA PESQUERA ENTRE LA UNION EUROPEA Y EL PAIS MAGREBI (680/000392).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Senador José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista,

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sobre la posición definitiva que va a mantener el Gobierno en sus relaciones con el Reino de Marruecos, tras la falta de acuerdo en materia pesquera entre la Unión Europea y el país magrebí.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Los términos en los que está expresada la pregunta son precisos y, por tanto, la doy por formulada. Señor Ministro, las diversas reacciones del Gobierno motivan la presentación de esta pregunta.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el señor Ministerio de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, no sé a qué se refiere cuando habla de diversas reacciones. La posición del Gobierno español ha sido siempre la misma: considerar a Marruecos, como no puede ser de otra forma, un país absolutamente preferente en la política exterior española. Las razones son obvias, porque --como suelo decir-- Marruecos siempre estará a catorce kilómetros, de España y --como decía el Rey Hassan II-- estamos condenados a entendernos, a lo que yo añadiría que debemos tener la voluntad permanente de hacerlo.
Desde ese punto de vista, Marruecos va a seguir siendo un país preferente para nuestra política exterior. Es el país que recibe más cooperación al desarrollo por parte de España, y va a seguir siendo así. Es el primer país con el que se estableció un mecanismo de conversión de deuda en capital que está funcionado, y continuará haciéndolo. Es un país que tiene establecidas en torno a ochocientas empresas españolas cuyo proceso de internacionalización cuenta con el apoyo del Gobierno español, y lo van a seguir teniendo. En definitiva, vamos a intentar desarrollar al máximo las relaciones con Marruecos. Otra cosa es que, como países vecinos que somos, a veces surjan problemas y discrepancias.
En el caso concreto del acuerdo de pesca, un tema que no es bilateral entre España y Marruecos sino multilateral entre Marruecos y la Unión Europea y en el que estaba muy interesado nuestro país, no ha sido posible llegar a una decisión consensuada. Nosotros esperábamos un gesto político por parte de Marruecos que hubiera sido correspondido por parte de España con otros gestos políticos, dándole un nuevo salto cualitativo a la relación. Pero, lamentablemente, no ha sido posible, aunque seguimos abiertos a hacer ese salto cualitativo en el momento en que se den las condiciones necesarias.
Nuestras relaciones con Marruecos tienen muchas aristas y muchos aspectos --me refiero al fenómeno de la inmigración, al tráfico ilícito de drogas, podemos hablar de muchas cosas--, pero la voluntad del Gobierno español y las actitudes van a ser siempre las mismas. Por tanto, haremos todo lo posible para que nuestra relación con Marruecos sea cada día mejor.
Gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Carracao.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Primero el señor Aznar, quizá por un problema de fijación, trata de responsabilizar a Felipe González, pero acto seguido aborda el fiasco como si fuese una cuestión de orgullo nacional y amenaza a Marruecos con medidas de retorsión. Explícitamente, citó la posibilidad de renegociar la deuda; ésa era una de las cuestiones a las que me refería, señor Ministro, aunque usted no se haya enterado.
El contrasentido no está en que ese tipo de decisiones se adoptan pero no se proclaman, sino en creer que la bravuconería --por cierto, no se empleó con el Reino Unido cuando lo del «Tireless»-- iba a ser útil con Marruecos. Me parece que es de una enorme torpeza diplomática o algo peor, porque la misma semana que el señor Aznar le rectificó a usted por sus declaraciones en Jerusalén, en las que comparaba el terrorismo palestino con el etarra, el señor Rodrigo Rato se vio forzado a matizar las amenazas lanzadas contra Marruecos por el señor Aznar. Supongo que la prudencia del señor Rato se debe a que recordó, como usted acaba de señalar, la presencia de importantes empresas en Marruecos con intereses insoslayables y susceptibles de sufrir los graves contratiempos que podía causar la amenaza de retorsión.
El señor Rato trata de rectificar, pero no se puede quedar en entredicho el señor Presidente, el señor Aznar, por lo tanto el señor Rajoy se ve obligado a perfilar el contenido real de esas amenazas y dice: La falta de acuerdo de pesca repercutirá en la operación Paso del Estrecho. Es decir, que a la torpeza diplomática y a la ineptitud política le añaden miseria moral, porque tratan de que las represalias se lleven a cabo contra los únicos que no tienen detrás intereses o gobiernos poderosos, contra esas humildes familias que, extenuadas después de muchos miles de kilómetros en automóvil, lo que están deseando es llegar a su casa, y además sin el conocimiento de que cualquier medio de ese tipo no sólo iba a repercutir en esas personas de la operación tránsito, sino también en todos los ciudadanos, muy especialmente los de la provincia de Cádiz.
Probablemente todo habría sido mucho más fácil si ustedes hubiesen demostrado capacidad para convencer a nuestros socios europeos de lograr una mayor flexibilidad en la negociación para conseguir un nuevo acuerdo y hacerlo dentro de un marco de cooperación más amplio y generoso con el país vecino. Si eso hubiera sido así, este problema no hubiera tenido lugar. Pero ustedes, reconózcanlo, no han sabido mantener el peso, el reconocimiento, el prestigio que nuestro país ha tenido en el escenario internacional.
Si yo fuese el señor Aznar le diría a usted, señor Piqué: No tenga tanta presencia en la política catalana y viaje usted a Marruecos. Viaje usted a Marruecos y trate de recomponer

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esas relaciones que ahora están deterioradas, pero hágalo con humildad, sin prepotencia.
Y les voy a decir una cosa más: seguramente les van a dejar en evidencia nuevamente --porque ya lo hicieron los pescadores de la bahía de Algeciras cuando negociaron directamente un acuerdo con el Ministro principal de Gibraltar-- los alcaldes de Barbate, de su propio Partido, y de Algeciras, que ya están buscando caladeros y soluciones para los pescadores.
Señor Ministro, haga suyo de verdad en la práctica esto que ha dicho aquí, entendiendo que con el país vecino tenemos unas relaciones de enorme trascendencia e importancia en muchos campos; viaje a Marruecos y trate de recomponer esta situación.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría, voy a ser muy breve.
Yo ya conocía muchas de la habilidades de su señoría, pero desconocía su capacidad para hacer guiones de películas de ciencia-ficción o de política-ficción --yo lo celebro, igual usted se puede ganar la vida más adelante con esto--, porque, déjeme que lo diga, ha contado una película absolutamente absurda e incierta. Ha dicho que unos miembros del Gobierno han dicho unas cosas que no son verdad: nadie ha hablado nunca de medidas de retorsión. El Ministro del Interior lo único que ha dicho es que la operación Paso del Estrecho se va a hacer como se ha hecho siempre --muy bien, por cierto, en los últimos cinco años, no antes--, y vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer con seriedad, con responsabilidad.
Yo voy a Marruecos mucho más de lo que usted se imagina, Senador, y lo voy a seguir haciendo y nuestras relaciones con Marruecos van a ser cada día mejores.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.


--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA SITUACION EN LA QUE SE ENCUENTRA LA ELABORACION DEL PROYECTO DE LEY DE REFORMA DE LA LEY DE RETRIBUCIONES DE LOS CUERPOS AL SERVICIO DE LA ADMINISTRACION DE JUSTICIA (680/000354).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del Excelentísimo señor don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la situación en que se encuentra la elaboración del proyecto de ley de reforma de la Ley de retribuciones de los cuerpos al servicio de la Administración de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.
Ante todo, señor Ministro, la felicitación de nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por lograr el desbloqueo de la negociación del denominado «Principios del pacto del Estado para la reforma de la Justicia», suscrito por los dos Grupos mayoritarios, aunque, dicho sea de paso, no se contase con los demás grupos parlamentarios; ahora bien, según reza la denominación del título --principios de pacto--, entendemos que más adelante sí se contará con los demás grupos parlamentarios.
Cuando se formuló al Gobierno la pregunta que ha sido leída por la señora Presidenta tuve mis dudas de que, debido al secretismo con el que se llevaba este tema, pudiera ser contestada de una forma más completa y bajando al caso concreto que nosotros le preguntábamos. Hoy día, al haberse llegado al pacto por los dos Grupos mayoritarios y ser público, entendemos que se nos contestará con un poco más de concreción.
En concreto, se enlaza la pregunta con la que ya le formuló este Senador el pasado 14 de junio del año 2000. Señor Ministro, usted recordará que en aquella ocasión ya le expuse las inquietudes de un sector de este colectivo, concretamente de Girona, que estaba afectado por una patente desigualdad basada en el Real Decreto 391/1989, de 21 de abril, por el que se les asignaba a un grupo inferior al que les correspondía, a tenor del volumen real del trabajo despachado, en lugar de ser catalogados por el censo poblacional. Los afectados interpusieron los recursos correspondientes y los diversos Tribunales Superiores de Justicia dictaron sentencias, e incluso el Tribunal Supremo, por las que se devolvía este ansiado equilibrio, basándose precisamente en el volumen real de trabajo y no en el encuadre de grupos, según el censo poblacional; por tanto, a volumen de trabajo similar al del juzgado recurrente, correspondía igual complemento.
Este temor es el que le trasladé a su señoría y entendí que sería debidamente recogido al elaborar este anteproyecto de ley de retribuciones; de ahí que nos interesemos en el sistema que piensa adoptarse, señor Ministro, avanzándonos sobre qué elementos objetivos descansará este anteproyecto de ley y qué elementos de estímulo y qué elementos de incentivación se incorporarán.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar, quiero agradecerle su felicitación y decirle que el documento que usted tiene era un original que hablaba de principios, que presentamos conjuntamente

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y que, después, se ha suscrito por lo que, desde ese momento, es un Pacto de Estado.
Como seguramente conoce su señoría, hemos mantenido intensas reuniones de trabajo con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, al que usted pertenece, para la elaboración de ese acuerdo y que muchas de las sugerencias y las aportaciones han sido recogidas y se encuentran en el mismo. Asimismo, ayer se alcanzó un acuerdo con el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, con el Grupo Parlamentario Vasco, con Coalición Canaria, además del Partido Popular y el Partido Socialista, para hacer una proposición de reforma de la Ley Orgánica que modifique el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Por tanto, hay un amplísimo acuerdo sobre el mismo, que estoy seguro que también se va a desarrollar en otros aspectos, dentro de ese clima de acuerdo y de consenso, porque es el esencial para llevar a cabo la reforma de la justicia, para establecer un modelo en el que podamos dirigirnos de manera acordada y consensuada entre la mayoría de los grupos parlamentarios, tanto del Congreso de los Diputados como del Senado.
En relación a su pregunta he de decir que, efectivamente, se ha cumplido aquello a lo que nos comprometimos hace un año, en respuesta a una pregunta formulada por usted; es decir, a tratar la ley de retribuciones en el marco de la reforma de la justicia y, por tanto, en el acuerdo que firmamos el pasado 31 de mayo se encuentra recogida la elaboración de un proyecto de ley de retribuciones para la carrera judicial y fiscal, dando respuesta a la demanda derivada del compromiso de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
Intentamos que goce del mayor consenso posible y, desde entonces, hemos mantenido reuniones permanentemente con las asociaciones correspondientes de jueces y fiscales dirigidas a fijar los criterios básicos inspiradores de la reforma retributiva. En este momento, estamos hablando sobre ello dentro de ese marco, que creo que es el adecuado y, como establece el propio pacto, el proyecto replanteará el diseño del sistema retributivo, articulando un modelo incentivador que garantice la independencia económica, fomente la formación, el rendimiento y la asunción de mayores responsabilidades. Por tanto, los criterios lógicos que se establecen para incentivar cualquier desempeño de una actividad tan importante como ésta.
En cuanto al personal al servicio de la Administración de Justicia en el marco del nuevo Estatuto, el pacto prevé el estudio de fórmulas retributivas más flexibles, que ya sabe que es necesario añadir a las actuales, y que incorporen esos mismos criterios a que me he referido respecto a jueces y fiscales, también desde el diálogo con los sindicatos y los colectivos afectados.
Por tanto, se trata de llegar a un acuerdo para reformar el sistema, de manera que incentive el trabajo de estos profesionales, que, por otra parte, en general tan magníficamente realizan.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muy brevemente, para agradecer al señor Ministro las explicaciones sobre las negociaciones que está llevando a término. Intuyo que de momento no puede concretar más los trabajos que van a realizar, pero quisiera que aquel temor que le expuse en aquel momento y hoy también pongo sobre la mesa lo tenga en cuenta, es decir, que no se basen exclusivamente en el modelo antiguo de establecer grupos por censo poblacional, sino, sobre todo, por volumen de trabajo realmente despachado por cada juzgado, al margen, obviamente, de esos criterios básicos que usted ha manifestado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.


INTERPELACIONES:

--DE DON SEGUNDO BRU PARRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y SU REGULACION EN ESPAÑA (670/000073).


La señora PRESIDENTA: Punto segundo del orden del día, interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Segundo Bru Parra, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de defensa de la competencia y su regulación en España.
Para su exposición, tiene la palabra el Senador interpelante.


El señor BRU PARRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Rato, a la hora de evaluar políticas parece obvio empezar por admitir que no es el Gobierno, que las ha elaborado y las ejecuta, el agente más imparcial en esta labor, como tampoco la oposición podría arrogarse la patente de objetividad al hacerlo. En muchos casos --y el que nos ocupa es uno de ellos-- lo adecuado sería posiblemente rehuir la cromática binaria del blanco inmaculado de quien defiende su gestión y el negro sombrío de quien la crítica para situarnos en la más razonable zona del claroscuro de las luces y de las sombras. Por eso resulta también adecuado acudir a otros agentes externos al ámbito estrictamente político cuyas opiniones puedan ayudarnos a conformar un estado de la cuestión más ajustado a la realidad.
Y en este sentido, es innegable que desde diferentes posiciones políticas y económicas, ya sean personales en el mundo académico, o institucionales, como las de la OCDE y la Comisión Europea, u otras organizaciones, como, por ejemplo, el Instituto de Estudios Económicos, que habitualmente coincide mucho más con las políticas de su Gobierno que con las propuestas de la oposición, existe una

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coincidencia al señalar algunas de las fragilidades de nuestro sistema de defensa de la competencia y su regulación, destacando entre ellas fundamentalmente la falta de independencia o, lo que vendría a ser lo mismo, su excesiva dependencia respecto de los criterios y actuaciones gubernamentales.
En esta Cámara, en la Comisión de Economía ya hemos tenido ocasión de comprobar la buena voluntad y disposición del señor Solana, el nuevo Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia, y esperamos que en el futuro la siga corroborando con sus actuaciones, que precisamente hoy mismo, como sus señorías conocen, encuentran merecido eco en la prensa.
Precisamente, para conocer mejor sus ideas respecto a la política de defensa de la competencia le vamos a facilitar una próxima comparecencia en la misma Comisión. Pero aquí ya nos surge la primera duda, fruto, a mi juicio, de la algo confusa situación española. ¿Debemos solicitar la comparecencia del señor Solana? ¿Es realmente el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia español la autoridad competente en la materia, a semejanza, por ejemplo, del doctor BÜge, en la República Federal Alemana? ¿Debemos, por el contrario, solicitar la presencia del señor De Guindos en su calidad de Secretario General de Política Económica y, como tal, Director del Servicio de Defensa de la Competencia? ¿O, simplemente, debemos, de forma pragmática, solicitar la comparecencia de ambos y que cada cual se ciña a su ámbito competencial? Señor Rato, no se trata de cuestiones simplemente anecdóticas y además --lo cual refuerza mis tesis-- resulta que en su Grupo Parlamentario estas dudas no se plantean y cuando tienen que solicitar una comparecencia, como han hecho recientemente en la Comisión de Economía y Hacienda en el Congreso de los Diputados para --y cito literalmente-- informar sobre la evolución reciente, situación actual y perspectivas de la política de defensa de la competencia, llaman significativa e inequívocamente al señor De Guindos, o sea a un alto cargo del Gobierno del señor Aznar.
La existencia del servicio, con funciones instructoras, por un lado, y del tribunal con capacidad de resolución por otro, es cierto que nace con la propia Ley de 1989, pero no menos cierto es que hasta la fecha la confusión a que hago referencia nunca había existido. Sabíamos quién era don Liborio Hierro, fue el primer Presidente, y posteriormente, con una fuerte y merecida presencia mediática, no existía duda sobre el papel y funciones de don Miguel Angel Fernández Ordóñez, y exactamente igual sucedía con su sucesor don Amadeo Petibó. Ni en el ámbito parlamentario ni en ninguna institución académica, económica o social, tanto en el interior como en el exterior de nuestras fronteras, existía la menor vacilación sobre a quién acogerse cuando se deseaba la presencia o la disertación de la autoridad española responsable de la materia: el servicio de defensa de la competencia cumplía eficaz y silentemente con sus funciones. Muy pocos, prácticamente nadie fuera del ámbito administrativo, conocían el nombre de su director.
Señor Vicepresidente Segundo, hoy esto no es así, y no por casualidad, sino porque las sucesivas reformas legislativas que ustedes han ido introduciendo --podríamos incluso decir acumulando-- con un cierto perjuicio de la claridad normativa, han ido en detrimento del papel socialmente dominante, en el sentido no tanto jerárquico como intelectual del término, y políticamente preponderante que hasta ahora había desempeñado el tribunal, porque ustedes han primado las funciones del servicio del órgano estrictamente gubernamental en lugar de potenciar el órgano independiente o, al menos, con más visos de independencia --luego volveré sobre esto--, que es el tribunal.
Estos son los hechos, señor Rato, y ésta la percepción exógena que existen de los hechos, lo cual no se elimina con la simple lectura y enumeración pormenorizada de las respectivas funciones y competencias, dispersas además en diversas normas de diferente rango legal que ustedes han ido introduciendo desde 1996. Esto se corrige eliminando la fuente de los mismos, la confusión, la distorsión funcional que existe en estos momentos.
Presumo que usted me podría contestar que una de las principales novedades competenciales que se ha incorporado al servicio es la referente a su función en el análisis y control de las concertaciones y que esto es parte integrante e indisociable de la política económica y ésta, a su vez, es competencia exclusiva del Gobierno, por lo que éste está perfectamente legitimado para disponer de un órgano administrativo y gubernamental como es el servicio.
Le diría que en abstracto, y sobre todo en lo que se refiere a la política económica, no se lo iba a discutir, pero me permitirá usted que siga considerando que no es lo más adecuado, que es preferible un sistema más reglado, más transparente, por ejemplo el alemán, en el cual el BundesKartellant, la autoridad competente en defensa de la competencia, decide directamente en los expedientes relativos a concentraciones, pero para salvaguardia de la potestad gubernamental respecto a la ordenación económica, el Gobierno puede rectificar la decisión de la autoridad de la competencia por razones de interés nacional. Si mal no recuerdo, el Gobierno federal sólo ha ejercido hasta la fecha este poder de veto, por así llamarlo, en cuatro ocasiones. Esto elimina en gran medida la posible discrecionalidad gubernativa --evidentemente, no considero la discrecionalidad como sinónimo de arbitrariedad-- y garantiza que, salvo casos extremos y perfectamente justificados por la dimensión tan grande de los problemas que pueden comportar, se aplique por un órgano lo más parecido a una entidad jurisdiccional un rasero constante, uniforme y objetivo. Esto reduce la seguridad, la incertidumbre y creo que coincidirá conmigo en que una de las principales tareas que las autoridades económicas deben acometer es precisamente despejar a los agentes económicos en general, y ello por supuesto en la medida en que pueda ser obra de la acción política, la incertidumbre, al menos está a nuestro alcance la reducción de la incertidumbre normativa y administrativa.
No pretendo adelantarme a sus intenciones, pero usted me podría alegar que el Gobierno español se ajusta en la mayor parte de los casos a los dictámenes remitidos desde el tribunal, concretamente, según su respuesta a mi pregunta

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oral formulada en el último Pleno, en el 83 por ciento de los casos.
Podría ocurrir que se estuviese cumpliendo aquella vieja broma de que la estadística es el arte de engañar con matemáticas, puesto que si resultase --no lo he comprobado-- que en esa gran mayoría de los casos se encontrasen reunidos los más irrelevantes, los menos significativos en cuanto a su entidad económica, en cuanto a la cuota de mercado resultante de la concentración, mientras que en ese exiguo 17 por ciento restante en que el Gobierno actúa en contra del criterio del Tribunal se encontrasen las grandes operaciones, las que condicionan realmente la estructura de nuestros mercados y el poder económico resultante con sus tangibles consecuencias sociales y políticas, estos mismos datos perderían alguna relevancia, puesto que esconderían la enorme capacidad discrecional --vuelvo insistir que no necesariamente arbitraria-- del Gobierno; es más, conscientemente, añado y preciso, señor Rato, de cualquier gobierno no sujeto a las reglas y controles adecuados.
Supongo que no me negará que sería deseable corregir esta situación. Y esto, a nuestro juicio, sólo puede hacerse garantizando la independencia de las autoridades encargadas de la competencia. Y puesto que no podemos aspirar --al menos no en el medio plazo-- a que sean los tribunales auténticamente jurisdiccionales, los mismos jueces, quienes velen por la aplicación de la legislación protectora de la competencia, deberíamos tender hacia una situación en la que los órganos administrativos encargados de la competencia sean los más parecidos posible a órganos judiciales, órganos dotados de independencia real por su extracción y nombramiento, por la seguridad y el plazo amplio en el desempeño de sus funciones que los salvaguarden de la coyuntura política, por su amplia dotación en medios materiales y humanos que les permitan cumplir eficaz y eficientemente con sus funciones.
No creo que sea un planteamiento tópico, otros países lo han hecho. Y me permitirán que prescinda de justificar aquí ampliamente, una vez más, la trascendental importancia de la materia que nos ocupa para todos, para empresas y para consumidores.
En definitiva, alguien, algún día, algún gobierno deberá coger el toro por los cuernos y encarar el problema sin parcheos ni remiendos normativos. Y ahora es un momento mejor que mañana. Nosotros, señor Rato, como grupo mayoritario de la oposición, estamos bien dispuestos a que ustedes, el Gobierno del señor Aznar, acometan y rematen esta tarea con un amplio acuerdo parlamentario, puesto que estoy convencido de que en esta línea --y en esta ocasión lamento la desaparición reglamentaria de los turnos de los restantes Grupos para que pudieran manifestar su posición al respecto--, encontraríamos la forma de conseguir no ya un amplio, sino un amplísimo consenso en torno a esta cuestión.
Esta es una condición necesaria y suficiente incluso para lograr este tipo de administraciones independientes en materia de protección y regulación de la competencia, puesto que para que éstas sean viables es preciso este consenso político previo, en el que todas las fuerzas políticas coincidamos en definir y mantener determinadas funciones estatales en estas materias y objetivos deseables, estables y permanentes, con independencia de la orientación política del gobierno actuante. En otras palabras, dejaríamos a la defensa de la competencia fuera de la lucha política, como lo están ya otras materias y otras instituciones. Sinceramente, señor Rato, merecería la pena intentarlo.
Nos encontramos en una situación, desde el punto de vista legislativo, inmejorable por lo demás para conseguirlo, puesto que en cinco años ustedes han tenido la necesidad de hacer cinco modificaciones sobre la inicial Ley de 1989. Tenemos primero el Real Decreto-Ley 6/1999, que modifica --acertadamente-- el control de concentraciones, estableciendo la notificación obligatoria, y que comienza a potenciar --desafortunadamente según mi criterio-- el servicio de defensa de la competencia. Luego viene la modificación más amplia, por la Ley 52 de 1999 y, siguiendo el orden cronológico, viene otro Real Decreto-Ley, el 6/2000 y el Real Decreto más reciente 2/2001. Por último, aprovechando una modificación en la disposición adicional de la Ley del Sector Eléctrico, han vuelto a modificar la Ley de 1989.
Algunas de estas modificaciones son plausibles, otras lo son menos, según mi criterio. En definitiva, señor Rato, demasiados remiendos normativos, demasiado trabajo para los editores de textos refundidos.
Parece obvio al par que prudente para el trafico jurídico y económico en este caso, que un neumático con tanto parche necesita ser cambiado. Pero es que, además, hay que modificar la Ley de 1989 para adaptarla a los cambios en las directivas comunitarias. Es que el todavía vigente el Real Decreto 157/1992, sobre excepción de categorías, en su artículo primero se refiere a reglamentos comunitarios que ya no están vigentes, y hay que cambiarlo, para lo cual hay que volver a modificar la Ley de 1939. Es que, además, está claro que los cambios en el Derecho comunitario sobre el sistema de autorización singular son inminentes. Es que, por sentencia del Tribunal Constitucional, hay que coordinar las competencias del Estado y de las Comunidades Autónomas en materia de defensa de la competencia, y ya se les ha pasado el plazo que ustedes mismos se fijaron --y conste que no les meto prisa, porque las prisas y las tareas del legislador no suelen ser compatibles-- para la presentación del proyecto de ley sobre esta cuestión.
No creo que sea preciso insistir más en que la ocasión es por completo propicia política, parlamentaria y legislativamente hablando para ordenar esta situación que, como mínimo, es bastante confusa. Establecer un modelo de política de defensa de la competencia cierto, estable y permanente, sería una de las tareas parlamentarias que, por sí solas, pueden realzar una legislatura.
Por todo ello, señor Rato, acabo reiterándole nuestra mejor disposición en este sentido.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bru.
Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.


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El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Senador por el tono de su interpelación.
Tengo que comenzar diciéndole con toda sinceridad que sí creo que éste es un debate anecdótico. La prueba es que su señoría no ha podido hacer referencia a nada concreto. Ha hecho una elucubración sobre por qué ahora en los periódicos sale más o menos el Servicio de Defensa de la Competencia, y nos ha dado su interpretación. Yo le voy a dar otra.
La primera vez que en este país se analizan las concentraciones es ahora.
La opinión pública, antes del año 1996, no debía de tener demasiado interés en la política de competencia del Gobierno, porque no existía. Se fusionaban eléctricas, se fusionaban bancos, se fusionaban negocios, y el Gobierno parecía no tener opinión. Es probable que la opinión pública, ante un Gobierno que no tenía opinión, no le daba demasiada importancia.
Suponía que el Gobierno no tenía demasiado interés.
Cuando llega un Gobierno que establece condiciones en las fusiones de los grandes bancos en beneficio de los consumidores, que establece incompatibilidades, que después coloca normas con rango de ley para los posibles cruces de participaciones entre empresas de telecomunicaciones, eléctricas o financieras, cuando es un Gobierno que obliga a todas las concentraciones a ser comunicadas, y es más que llamativo que las fusiones de los bancos y de las eléctricas más importantes de España de los años ochenta y de principios de los noventa no merecían la atención del Gobierno, es lógico que la política de competencia del Gobierno hoy sea conocida. ¿A quién le importaba la política de competencia del Gobierno cuando era público y notorio que las conversaciones se celebraban en el ámbito físico de las habitaciones o de los despachos del ministro y no pasaban de ahí? Señoría, yo no he querido tener este debate, pero es anecdótico.
En segundo lugar, y para que la Cámara lo sepa, lo que su señoría me plantea no es la independencia o no de un tribunal, porque ¿cómo mide su señoría la independencia de un órgano? La manera racional de medirla es que los nombramientos no sean revocables, es decir, que cuando el Gobierno nombre a una determinada persona para un puesto, su revocación no dependa de la voluntad del Gobierno, y eso sucede con el Tribunal de Defensa de la Competencia; que el sistema de recursos no sea revisable por el Gobierno, y eso sucede por el sistema de defensa de la competencia; y ya que su señoría es tan partidario del sistema alemán, espero que proponga en una proposición de ley que el Ministerio de Economía pueda dar mandatos vinculantes al Tribunal de Defensa de la Competencia español para la interpretación de la Ley de Defensa de la Competencia, que eso sí que es mandar.
Si su señoría está en el debate de la legislación comparada, que suele ser el debate que se plantea políticamente cuando no hay otra cosa que decir, espero que me proponga que el Ejecutivo español pueda hacer mandatos vinculantes de interpretación de la Ley de Competencia al Tribunal de Defensa de la Competencia.
Por lo tanto, señoría, claro que es anecdótico porque el Tribunal es independiente. Si su señoría considera que el Tribunal no es independiente, habida cuenta de que tiene mandatos más allá de una Legislatura y que sus miembros no son revocables por el Gobierno, entonces considerará que el resto de las instituciones que tiene este país, desde el Banco de España, la Comisión Nacional del mercado de Valores y todas las demás comisiones, no son independientes. Este es un debate en el que su señoría va a estar bastante en solitario.
En segundo lugar, el problema que su señoría considera de tanta transcendencia es que funcionalmente el Servicio de Defensa de la Competencia en vez de estar adscrito al tribunal esté adscrito al Ministerio de Economía, lo cual no impide --como su señoría sabe-- que el tribunal pueda de oficio ordenar al Servicio de Defensa de la Competencia que investigue determinadas cuestiones sin autorización previa del Gobierno, pero permite al Gobierno instar al Servicio a investigar determinadas conductas y tener una política de competencia que este Gobierno ejerce.
Vuelvo a repetir que todos somos conscientes de lo que es la práctica gubernamental en este país, probablemente porque éste era el momento de tenerla. No estoy haciendo críticas a los gobiernos anteriores, pero ésa es la realidad.
Por lo tanto, el tribunal puede pedirle al Servicio que instruya de oficio actuaciones como abrir expedientes y puede llamar a los instructores, además de que el Tribunal ahora, con las nuevas competencias que tiene, puede hacer recomendaciones al Gobierno para que modifique leyes que considera que vulneran determinadas circunstancias de la competencia y lo hace cuando le parece conveniente.
Todo el problema en el que su señoría basa su gran debate político es que el Servicio de Defensa de la Competencia está adscrito funcionalmente al Ministerio de Economía y podría estar adscrito al Tribunal. ¿Quién dice que no? Tenemos en nuestro actual sistema español todas las modalidades.
Tenemos una Comisión Nacional del Mercado de Valores que tiene sus propios servicios, pero las sanciones las pone el Ministerio, a diferencia de lo que hace el Tribunal. Tenemos una Dirección General de Seguros que está dentro del propio sistema, del propio Ministerio de Economía, y tenemos un Banco de España que, por delegación, tiene funciones de supervisión bancaria, por delegación, porque son funciones del Gobierno delegadas en el Banco de España.
¿Su señoría considera una situación políticamente tan relevante que la adscripción del Servicio de Defensa de la Competencia, en términos funcionales, esté en un lado u en otro? Su señoría es muy dueño de dedicar su tiempo a lo que quiera, pero a mí no me puede plantear un debate político falso porque ya llevamos toda la Legislatura con este debate, Senador, y ya tenemos que empezar a tomarnos nuestro tiempo ligeramente en serio.
Su señoría me dice que quiere un consenso. Señoría, cuando un Gobierno hereda una Ley del Gobierno anterior y la respeta, ¿su señoría interpreta que hay consenso o que no lo hay? ¿Consenso con quién? Porque el Partido Socialista,

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que ha gobernado este país hasta el año 1996, hizo una Ley de Defensa de la Competencia en la que instauraba el sistema que yo acabo de describir que nosotros hemos respetado. Y ahora su señoría me dice que eso no es consenso. Señorías, si ustedes hacen una revisión constante de lo que piensan, ése --perdone que se lo diga-- es su problema, pero no es el problema de la sociedad española.
Nosotros hemos respetado su modelo de defensa de la competencia que, por cierto, es similar al de todos los países europeos y en unos países tiene usted fórmulas de adscripción funcional del servicio, y en otros tiene usted otras. En el caso alemán, que su señoría acaba de considerar como el paradigma de la independencia, resulta que el Ejecutivo le puede dar mandatos vinculantes al Tribunal de Defensa de la Competencia de la interpretación de las normas.
Por lo tanto, tenemos que discutir cosas un poquito más reales. A su señoría le parecen mal los casos en los que --además ni siquiera sabe cuáles son-- el Gobierno se ha separado de las decisiones del Tribunal.
Pues debatamos eso. Si realmente su señoría cree que hay casos en los que el Gobierno, actuando con la discrecionalidad que le confieren las leyes, ha cometido un error político, háganos el control. Pero la verdad es que pasarnos dos años de legislatura discutiendo por la adscripción funcional del Servicio de Defensa de la Competencia y querer dar a eso un rango de pacto de Estado, señoría, qué quiere que le diga, sobre todo cuando nosotros estamos manteniendo la legislación que ustedes nos dejaron. Lo de los consensos políticos, sinceramente es una nueva interpretación que tiene su señoría. Y ya el colmo de los colmos es decir en la Cámara que el futuro ideal de la política de competencia en España es que esté velada por los tribunales de justicia. Ya lo está, señoría, si los recursos se hacen ante los tribunales de justicia. ¿De qué me está hablando su señoría? Las empresas que hoy mismo son sancionadas por el Tribunal de Defensa de la Competencia anuncian recurso contencioso-administrativo. Pero es que ya son ganas de perder el tiempo diciendo cosas que no son ciertas. En España todos los actos están sometidos a los tribunales de justicia. Y es que si ya no reconocemos eso en el poder legislativo, pues, señoría, estamos en una situación realmente de muy difícil debate racional.
España tiene un sistema de defensa de la competencia perfectamente comparable con el de cualquier país de nuestro entorno y similar al de Francia y al de otros muchos países, que tiene peculiaridades concretas, unas de unas características y otras de otras, sin ninguna duda. Y en nuestro propio sistema, en el que tenemos una Comisión Nacional de la Energía, una Comisión de las Telecomunicaciones, una Comisión del Mercado de Valores, un Banco de España y una supervisión de seguros, todas tienen peculiaridades entre sí.
Me parece que estamos tratando de rizar un rizo que no existe. Cuando, además, lo más divertido de este asunto es que se le pide al Gobierno un debate teórico sobre la nada y, en cambio, en las decisiones discrecionales que toma el Gobierno se dice que éstas se desconocen.
Señoría, qué quiere que le diga, pues no las desconozca usted. Hemos seguido las recomendaciones en los temas más importantes, y cuando nos hemos alejado en alguna lo hemos explicado. Y es tan claro que no hay nada que decir, que ni siquiera se nos pide control de los actos discrecionales del Gobierno. Se nos dice que lo que tenemos que hacer es un pacto porque estamos siguiendo el marco jurídico que heredamos de nuestros antecesores, que da la simple casualidad que son ustedes.
Senador Bru, qué quiere que le diga, es increíble que estemos todavía discutiendo estas cuestiones toda la legislatura. Pero usted pertenece a un grupo parlamentario, el Reglamento de la Cámara es como es, y yo contesto a lo que usted me pregunte, pero no podemos seguirnos engañando porque, perdone que se lo diga, pero esto es un engaño de debate. Aquí no hay ningún problema de este cariz, puede haber otros, sin duda, pero éstos no son.
Pues bien, hemos modificado la Ley de Defensa de la Competencia. ¿Para qué la hemos modificado? La hemos modificado para que las concentraciones sean obligatorias. ¿Le parece mal a su señoría que las concentraciones sean obligatorias? ¿Le parece bien? Entonces le parecerá bien la modificación. Le hubiera parecido mal que el Gobierno anterior no las hubiera introducido. ¿Cree que es realmente un parcheo que este Gobierno modifique las leyes para bien, o le parece mal que el Gobierno modifique las leyes para bien? ¿Le parece bien a su señoría que hayamos acortado los plazos en los que el Tribunal tiene que decidir? ¿O su señoría cree que acortar los plazos para disminuir la inseguridad jurídica de las empresas es una mala norma? Pues, entonces, señoría, si le parece bien el objetivo de la reforma, reconocerá que reformar las leyes para bien no es un parcheo; es mejorar las leyes para que los ciudadanos vivan en un ámbito mejor. ¿Le parece mal a su señoría que hayamos unificado los criterios de sanciones por el incumplimiento de las notificaciones por parte de las empresas en concentraciones, al mismo nivel que las sanciones por el incumplimiento de las recomendaciones del Tribunal de Defensa de la Competencia? Si le parece bien, reconocerá que hemos modificado la ley para bien. Entonces, decir que las modificaciones de las leyes para bien demuestran la inutilidad de la legislación, no lo entiendo, o sea, no lo sigo, porque según eso, señoría, todas las modificaciones que se plantean en las Cámaras estarían equivocadas, y se trata de modificar las leyes para bien. Si a su señoría le parecen mal nuestras modificaciones, critíquelas; si le parecen bien nuestras modificaciones, vótelas, pero lo que me parece difícil entender es que se nos diga: hay que ver qué caos legislativo hacen ustedes porque modifican las leyes en el sentido apropiado. Señoría, perdone que se lo diga, pero no lo puedo entender.
El volumen de actuaciones indica que el Tribunal está respondiendo a las necesidades de la sociedad española. Y las estadísticas me las han preguntado ustedes tantas veces que no voy a aburrir a la Cámara contándoselas otra vez, pero el número de concentraciones presentado, el número de recursos planteados, etcétera, indican claramente que el Tribunal está respondiendo a las necesidades de la sociedad española, que son crecientes. Y su señoría me dice:

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Denle ustedes más medios. Sin duda. En eso estoy completamente de acuerdo con su señoría, pero las limitaciones presupuestarias son importantes en nuestra política y, en cualquier caso, sí hemos dado medios a través de que las propias empresas que plantean procesos de concentración tengan que pagar determinadas tasas que permitan la financiación del Tribunal.
Si su señoría cree que debemos incrementarlas, estaré encantado de que me lo proponga, porque yo creo que por ese camino realmente podremos mejorar el servicio.
Y poco más, señoría. ¿Qué quiere que le diga? Porque si todo el debate es sobre la adscripción funcional del Servicio de Defensa de la Competencia, poco debate de competencia me plantea su señoría. A partir de ahí, le escucharé otra vez y seguramente nos escucharemos a lo largo de toda la legislatura debatiendo sobre una cuestión tan importante como la adscripción funcional del Servicio de Defensa de la Competencia. Así van las cosas.
Muchas gracias, señoría. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Bru.


El señor BRU PARRA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Rato, humildemente me disculpo por haber provocado su irritación.
Lamento haberle dado un mal día y haberle enfadado, pero supongo que cumplir con sus obligaciones parlamentarias tiene un coste de oportunidad y que usted pondera más su presencia en otros lugares que no en el Parlamento, pero estamos en democracia parlamentaria representativa y usted vendrá aquí cada vez que mi Grupo tenga a bien convocarle, le guste o no le guste, se enfade o se deje de enfadar; o sea, que tiene dos trabajos, señor Rato, enfadarse y desenfadarse, pero aquí vendrá cada vez que le toque venir. Eso en primer lugar.
En segundo lugar, usted es muy libre de calificar como anecdótico o engañoso este debate --yo voy a huir de este tipo de calificativo, aunque me sobran para calificar también su intervención y su conducta--, pero lo que a usted le enfada a mí me da risa.
Usted sigue haciendo oposición a la oposición. En el año 2001 sigue usted empeñado en hacer oposición a la oposición. Allá usted, señor Rato, pero sigue haciendo oposición al fantasma de la oposición de hace cinco años.
Usted sigue empeñado en hablar de historia económica y política, y pase página, señor Rato, porque lleva ya cinco años de Ministro de Economía, y no me hable de no sé que contubernios ministeriales. ¿Quiere que le hable yo de quién se reunió en víspera de navidades en un restaurante en la calle Zorrilla con tres vocales del Tribunal de Defensa de la Competencia, precisamente los más reacios a hacer el informe favorable a la fusión Endesa-Iberdrola? Hablemos también de eso, aunque usted ha citado reuniones en despachos, pero no ha dicho nada claro, mientras que yo le digo el restaurante y el nombre. ¿Se trata de simples anécdotas? Usted, como su Gobierno, tiene un método invocatorio, como los chamanes, que establecen la verdad por simple invocación, pero aquí no funciona esto.
Usted no puede decir que es un debate falso y no puede decir que no hay nada que tocar porque usted sabe que en materia de derecho económico, como estamos hablando, las leyes no están escritas ni esculpidas en piedra, no vienen del Sinaí, sino que se ajustan a una realidad social y económica, que es una realidad cambiante, y aquí han cambiado muchas cosas desde el año 1989, y esto no es una ley de Derecho natural. Aquí han cambiado muchas cosas y hay que ajustar la realidad jurídica, administrativa y social a la realidad de la Unión Europea y Monetaria.
Usted dice que hay muchos expedientes, y naturalmente, porque todos sabíamos que el euro conduciría a un proceso de concentraciones, y esto no ocurría en el año 1989.
Y no me hable usted sobre la cuestión de las concentraciones porque ya hablaremos un día sobre ello, aunque no quiero hablar de historia económica, pero un día debatiremos sobre cuál era el grado de concentración económica en España hasta 1996 y cuál es ahora. Eso está medido. Y sobre cuál ha sido el incremento del poder de mercado de las grandes empresas y cuál ha sido, según la central de balances del Banco de España, el incremento significativo de los márgenes empresariales con motivo de la concentración. Hablaremos también de eso. Un debate falso, anecdótico y engañoso.
La Ley será heredada o no, pero lo cierto es que ha habido cambios en el marco institucional; lo cierto es que el señor Monti ya está pidiendo incluso una autoridad sobre la competencia; lo cierto es que los alemanes, para gran disgusto del señor Monti, ya piden también una autoridad independiente europea sobre la competencia. Son cambios que merecen respuestas y que merecen también plantearse en el debate político, pero sobre todo se trata de ajustar una realidad normativa y administrativa a una situación que en el año 1989 no existía y que posiblemente dentro de 10, 12 ó 15 años también habrá variado y habrá que ajustarla. Yo no digo que usted se limite a hacer parcheos. ¡Si es igual! ¡Si hay que tocar la ley para ajustarla, y además a este paso habrá que tocar muchas más! ¡Pero si la edición refundida de la Ley de defensa de la competencia va a dar incluso para tesis doctorales! Lo que yo propongo simplemente es que, por economía normativa, hagamos una cosa: una vez que usted desecha pactos, consensos y cosas por el estilo, sáquelo adelante con su mayoría. Yo votaré en contra y punto.
Pero tampoco desprecie usted una postura constructiva y una oferta de consenso en un punto tan importante como éste. Sencillamente, no lo entiendo, señor Rato. E insisto, lamento que su disgusto le lleve a plantear, frente a una posición pausada, serena, mesurada, ponderada y constructiva como la mía, una situación con una cierta acritud, y vehemencia que no creo venga al caso.
Dice usted que no hay debate más que en torno a la adscripción. No, señor Rato, ¡por supuesto que hay mucho más debate! Por ejemplo, ¿por qué no hablamos del nombramiento por el Parlamento de los miembros del Tribunal? ¿Por qué no planteamos siquiera la posibilidad de que

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los miembros del Tribunal en su momento vengan al Parlamento y pasen un cierto examen de idoneidad? ¿Por qué no hablamos de la adscripción del servicio de defensa de la competencia al Tribunal? Dice usted: Es igual.
Pero yo creo que no es igual; no es igual que antes. Dice usted que esto es algo ya conocido. Pues mire, señor Rato, en España se ha conocido la defensa de la competencia a partir de 1990 y a través de dos personas: don Miguel Angel Fernández Ordóñez y don Adolfo Petibó a través de sus memorias y de sus informes. Y no existe nada más que eso. Hablar en España de la competencia es hablar de un Tribunal creado en 1989 con dos grandes Presidentes que han hecho una labor importantísima para fomentar la cultura de la competencia en España. Y eso no lo han hecho ustedes, señor Rato.
Dice usted también: Al margen de esto, me plantean ustedes siempre el tema de la adscripción. Señor Rato, es que eso no es precisamente algo anecdótico. Es que no es lo mismo que sea un órgano independiente o un órgano con tendencia a la independencia --y no tengo ningún «independientómetro», pero sé lo que puede ocurrir en cualquier órgano--.
Prefiero un órgano de extracción parlamentaria, como el Tribunal de Cuentas, que uno designado directamente por el Gobierno, por cualquier gobierno, señor Rato, no concretamente por el suyo. Por tanto, ésta es una cuestión que habrá que plantear un día legítimamente.
Y en cuanto a que el servicio esté adscrito al Tribunal con separación completa entre instrucción y resolución, creo que tampoco hay ningún disparate en ello. Y respecto a que haya una colaboración estrecha con los órganos reguladores, tampoco la hay. Y en lo que se refiere al modelo alemán, sí existe la posibilidad de este mandato vinculante, pero existe con las garantías de independencia que tiene también el Tribunal. Si le parece, también podemos hablar de esa cuestión.
Dice usted: Hay limitaciones presupuestarias, los recursos son escasos.
Mire, señor Rato, el año pasado mi Grupo Parlamentario presentó en esta misma Cámara en los Presupuestos Generales para 2001 una enmienda simbólica solicitando un incremento de 50 millones de pesetas para el presupuesto del Tribunal de Defensa de la Competencia, y ustedes la rechazaron. No me diga, señor Rato, que no tienen 50 millones de pesetas más para un presupuesto de 200 escasos millones, con 40 personas que no tienen medios materiales ni humanos para cumplirlo, cuestión que ha mencionado la OCDE en su informe de octubre de 2000. Ha dicho que el Tribunal de Defensa de la Competencia carece de medios materiales y humanos para cumplir con su función. Y esto no es una crítica ni deja de serlo. Simplemente es una cuestión que se puede solventar. Estamos en junio, y me gustará ver cuando venga la partida presupuestaria correspondiente cómo la han incrementado ustedes, porque también en política obras son amores y no buen as razones. Por tanto, si usted congela el presupuesto del Tribunal, lo lógico es pensar que no tiene demasiado interés en que el Tribunal funcione.
Señor Rato, no quiero seguir en su línea un tanto destemplada. Me limito a decirle simplemente que hay materia para hablar. ¿Que usted ha rechazado hablar sobre el tema...


La señora PRESIDENTA: Senador Bru, le ruego vaya concluyendo, por favor.


El señor BRU PARRA: Gracias, señora Presidenta.
Como evidentemente no hay sino un debate en falso, concluyo enseguida.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.
Señor Vicepresidente, quizá le interese saber que el acuerdo de la Junta de Portavoces es que ningún grupo hará uso de la palabra. Por tanto, será su señoría quien cierre esta interpelación.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
Hemos podido comprobar que las dos cuestiones que plantea su señoría son las siguientes: la adscripción del Servicio y que los vocales del Tribunal sean elegidos por el Parlamento.
En cuanto a la primera, tengo que repetirle que seguimos en el modelo que tienen Bélgica, Francia, Canadá y España, y que había aprobado el Gobierno anterior, y además vuelvo a repetir que con la capacidad que tiene la actuación de oficio de revisar todas las decisiones del Servicio el propio Tribunal y de instar al Servicio a tomar determinadas actuaciones, no veo la diferencia. Hay una, indudable, y es que si he entendido bien el modelo que pretende su señoría, lo que usted no quiere es que, en ningún caso, desde el Poder ejecutivo se pueda instar al Servicio a determinadas políticas, y ahí difiero de su señoría. Pero ésa es la diferencia.
En cuanto a que los vocales sean elegidos por el Parlamento, he de decirle que cualquier manual de oposición sabe que la oposición, cuando pierde las elecciones, quiere que todo lo decida el Parlamento y lo deje de decidir el Gobierno, es el abece.
Como estoy convencido de la seriedad de las propuestas de su señoría, esa decisión se la dejo para cuando gobiernen ustedes, porque estoy seguro de que la van a tomar nada más llegar, y que hasta los ministros van a ser elegidos por el Parlamento. Estoy completamente convencido de la seriedad y profundidad de la propuesta de su señoría. Pero como vamos a poder ver la voluntad de cada grupo político, en lo único en lo que hemos tenido que establecer un serio consenso, que es en el cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, dentro de muy poco tiempo las Comunidades Autónomas van a tener tribunales y servicios de defensa de la competencia. Entonces, comprobaremos la seriedad de las propuestas del Partido Socialista en las administraciones

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en las que gobierna, que seguramente serán un ejemplo en esa cuestión. Y podremos comprobar también el grado de independencia que van a tener los órganos de Defensa de la Competencia de las Comunidades Autónomas. Y dada la conocida cohesión interna de su Grupo y de su Partido, podremos apreciarlo de manera contundente.
En cuanto a los 50 millones que su señoría nos pedía, he de decirle que se los hemos dado. Usted nos ha preguntado que cómo no le hemos dado al Tribunal esos 50 millones. Y le insisto en que se los hemos dado. Cuando hemos arbitrado la tasa impuesta a las empresas que plantean concentraciones, hay 50 millones, según mis datos, dirigidos al Capítulo dos, gastos corrientes en bienes y servicios. Se ha modificado la relación de puestos de trabajo del Tribunal, creando un puesto de asesor del Presidente del Tribunal y se ha autorizado, por orden del Ministerio de Hacienda, un incremento de los importes anuales máximos.
Por tanto, en ese sentido, señoría, le hemos proporcionado no una, sino el cien por cien de satisfacciones. Los 50 millones que su señoría quería, los tiene el Tribunal. Y estoy dispuesto a decir que es usted el gran autor de esa iniciativa y que el Gobierno ha reconocido su tremendo error dándole a su señoría lo que pedía. Por consiguiente, su señoría puede quedarse tranquilo.
En cuanto a la gran importancia que tenía la política de competencia, quiero decirle que los antiguos presidentes eran personas absolutamente honorables, y que además uno de ellos ha sido Presidente del Tribunal cuando yo era Ministro, el señor Petibó. Lo importante es que los órganos de la competencia, además de hacer disertaciones, tomen decisiones que afecten a la competencia.
Señor Bru, cuando un banco o una eléctrica se fusionan con otros y no hay una actuación del Servicio de la competencia, ¿de qué le sirve a la sociedad que el Presidente del Tribunal de Defensa de la Competencia publique después un lustroso artículo diciendo lo importate que es la política de competencia? Lo ideal son las dos cosas. Y su señoría tendrá que reconocer que en los últimos años, y probablemente porque era cuando tocaba, se ha producido un sustancial aumento de las reglas de la competencia en España, con prohibiciones de actuaciones que no existían hasta ahora y con condiciones impuestas a fusiones de gran importancia en beneficio del funcionamiento de la economía española.
A partir de ahí, como nos quedan tres años de legislatura y veo que su señoría es muy aficionado a este debate, queda claro que la gran diferencia, el gran problema político que nos tiene que ocupar el tiempo de la política de competencia de las administraciones públicas españolas es la adscripción funcional del Servicio de Defensa de la Competencia; y como nos ha dado ya para estar año y medio hablando de ello, dada la capacidad dialéctica de su señoría, estoy seguro de que nos dará para tres años más. Pues así lo haremos. Lo que diga su señoría.
Muchísimas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
--DE DOÑA MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA QUE DESARROLLA EL GOBIERNO EN RELACION CON LOS CIUDADANOS ESPAÑOLES RESIDENTES EN EL EXTERIOR (670/000070).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la siguiente interpelación, de la excelentísima señora doña María del Pilar Nóvoa Carcacía, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política que desarrolla el Gobierno en relación con los ciudadanos españoles residentes en el exterior.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra la Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le agradezco su presencia para responder en nombre del Gobierno a la interpelación de esta Senadora sobre la política que desarrolla el Gobierno en relación con los ciudadanos españoles que residen en el exterior.
Señorías, señor Ministro, oímos, e incluso decimos con mucha frecuencia, que España en un pasado aún no muy remoto fue un país de emigración.
Solemos oír y decir esta frase para pedir tolerancia hacia las personas que llegan desde otros países al nuestro en busca de unas condiciones vitales y unas oportunidades que no tienen posibilidad de conseguir en su país de origen. Y hoy yo quiero que la frase «España en un pasado aún no muy remoto fue un país de emigración» nos sirva, por supuesto, para pedir tolerancia hacia los inmigrantes, pero también para recordar que son muchos los ciudadanos españoles que en su momento se vieron obligados a abandonar España porque entonces en nuestro país existían grandes desequilibrios sociales que impedían la igualdad de oportunidades.
Yo procedo de una Comunidad Autónoma que sabe mucho de este problema porque lo sufrió con gran intensidad: Galicia tenía en 1900 una pirámide de población más joven que la del conjunto del Estado y hoy es una de las más envejecidas como consecuencia de la emigración. En mi provincia, Ourense, entre 1860 y 1970 la emigración absorbió casi todo el crecimiento vegetativo, lo que nos da una idea de los miles de ciudadanos españoles, y de gallegos en concreto, que se vieron obligados a emigrar.
Señorías, señor Ministro, sé que no es cuestión de que haga una intervención sobre la historia de los procesos de emigración en nuestro país, pero conviene recordar que la emigración fue fomentada desde los poderes públicos desde la segunda mitad del siglo XIX, y que desde entonces hasta la década de los 70 del siglo XX se produjeron distintas corrientes migratorias. También conviene recordar que la emigración de millones de españoles contribuyó de forma decisiva al desarrollo de nuestro país; primero, permitiendo un mayor equilibrio entre los recursos económicos y la población y, después, con la entrada de importantes sumas económicas procedentes de su ahorro.


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Sólo las razones que acabo de exponer serían a mi juicio suficientes para que nos sintamos obligados a que se desarrollen políticas dirigidas a los españoles que residen en el exterior y a que hablemos sobre su suficiencia o insuficiencia en el Parlamento nacional. Pero además nos obliga la Constitución, que proclama la igualdad de derechos de todos los españoles, no estableciendo diferencia alguna por razón de residencia. En su artículo 42 concreta más, y a este respecto mandata que el Estado velará especialmente por la salvaguardia de los derechos económicos y sociales de los trabajadores españoles en el extranjero y orientará su política hacia su retorno.
Señor Ministro, creo que la interpelación que hoy presento está sobradamente justificada, porque, si bien es cierto que muchos de aquellos españoles que emigraron en su día ya han retornado, permanecen fuera con nacionalidad española muchos de ellos, ya sea de primera o de segunda generación. Y son también muchos los que, habiendo perdido la nacionalidad por diferentes motivos --posiblemente uno de los más importantes haya sido la pérdida de nacionalidad de muchas mujeres al contraer matrimonio con un ciudadano no español, lo que ha significado la pérdida de la nacionalidad no sólo para ellas, sino también para sus descendientes--, quieren ahora recuperarla y se encuentran con obstáculos a veces insalvables.
Son también muchos los españoles que residen en el exterior en condiciones de gran precariedad; algunos, porque las cosas no les salieron bien, y otros, porque los países que les acogieron en su momento sufren un proceso de recesión económica permanente que ha mermado su «status» y la cota de calidad de vida alcanzada en el pasado, países que han visto deteriorados y cuasi desaparecidos sus sistemas de protección.
Me estoy refiriendo a los países de América del Sur, que acogieron en su momento a muchos emigrantes españoles, ciudadanos que han envejecido y que por eso se encuentran en una etapa de sus vidas en las que los adecuados sistemas de protección son fundamentales.
Y paso a leer algunos titulares de prensa, señor Ministro, y a ofrecerle alguna información que estoy segura de que usted también conoce: «Los gallegos malviven en Argentina. La mayor parte de los gallegos que residen en Argentina tienen más de cincuenta años, según datos del Centro Gallego de Buenos Aires. Esta comunidad, formada en su totalidad por un millón y medio de personas, si se suman hijos y nietos, ha sufrido en el último medio siglo varios palos.» Señor Ministro, creo que la interpelación que hoy presento será de alguna forma un cierto látigo para el Gobierno, para que titulares de prensa como de los que voy a hacer uso a lo largo de mi intervención dejen de producirse.
La misma información periodística: «La mayor parte de las pensiones que perciben los gallegos que residen en Argentina no alcanza el sueldo mínimo, fijado en unas 46.000 pesetas; sólo unos 17.000, de los 200.000 que viven en Buenos Aires, perciben ayudas de la Xunta o del Gobierno español. Son prestaciones insuficientes que en muchos casos no llegan a equipararse al sueldo mínimo.» Esto se señala desde el Centro Gallego en Buenos Aires.
Pido disculpas por anticipado, porque a lo largo de mi intervención voy a utilizar datos e información sobre la situación de la emigración gallega, ya que, como es obvio, es la que más conozco y de la que más información dispongo, pero estoy segura de que la situación que viven los gallegos es idéntica a la de cualquier otro emigrante español, proceda de la parte del territorio español que proceda, y por tanto ruego se entienda extensiva esta información a todos, porque esta interpelación lo es, y también lo será en su momento la moción que presentemos.
Como decía, señor Ministro, cuando le leía la información de prensa, las pensiones asistenciales, no llegan a los niveles del salario mínimo de los respectivos países, y tampoco llegan a todos los que las necesitan.
Los baremos que se utilizan para determinar la cantidad que se abona en cada Estado hay que actualizarlos y adaptarlos a las realidades sociales y económicas cambiantes. Hay que mejorar y hacer más fácil el sistema de cobro de las mismas. El Plan Integral de Salud necesita ser desarrollado y hacerse extensivo a todos los países y personas que todavía hoy no alcanzan la protección sanitaria, así como los convenios de la Seguridad Social.
Los españoles residentes en Latinoamérica se encuentran en una situación tan delicada que están dispuestos a una segunda emigración, señor Ministro, y estoy segura de que usted conoce esta circunstancia, especialmente las segundas generaciones. Y le voy a leer otro titular de prensa: «Avalancha de descendientes de gallegos en Buenos Aires en busca de pasaporte español.» Señor Ministro, la obligación que nos imponen tanto la Constitución como los principios de justicia, nos obligan a facilitarles el retorno y a garantizar unas condiciones de vida dignas a aquellos que optan por, quedarse en los países que los acogieron en su momento, cuando huían de un Estado pobre con escasas oportunidades, y el primer paso para ello, señor Ministro, es contar con los servicios adecuados y necesarios en las embajadas y consulados, y éste no es el caso.
Señor Ministro, leo otro titular de prensa: «Cinco, diez y hasta trece horas llegan a pasar a las puertas de algunas sedes consulares los hijos de emigrantes españoles para intentar dar el salto a España.» Es necesario por tanto dotar a los consulados que así lo requieran de medios humanos y materiales para evitar estas situaciones inhumanas; yo diría más: hay que crear en las embajadas y consulados de los países en los que existen contingentes de emigración español a un departamento encargado de informar y asesorar sobre el estado de sus bienes en España. En Galicia, señor Ministro, se está dando una situación preocupante: los emigrantes que a principios y mediados de siglo se vieron obligados a abandonar Galicia, dejaban las haciendas familiares. Al fallecer los padres, los herederos han hecho el reparto de los bienes de la familia, por lo que en estos momentos hay emigrantes con propiedades en Galicia. Como estos emigrantes desconocen el valor real de su propiedad en estos momentos en España, pululan una serie de pillos que se dedican a adquirirlas a bajo precio aprovechando que sus propietarios ignoran el valor real de sus bienes.


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Por eso, desde los servicios consulares y embajadas debería aportarse información al respecto a los emigrantes. Pero también, señor Ministro, habría que facilitarles información sobre los vínculos familiares perdidos, los servicios sociales y asistenciales existentes, las diferentes líneas de ayudas a las que pueden acogerse, sus derechos en materia de educación, sanidad y pensiones, la situación laboral en España y las posibilidades de trabajo, así como sobre cualquier otro asunto que fuese de interés para los emigrantes que se planteen el retorno.
Con tanta publicidad sobre que España va bien muchos emigrantes se creen que nuestro país es el del pleno empleo. Es más, muchas de esas personas que están presionando sobre las embajadas y consulados están convencidos de que España es la panacea. Mientras no se dote adecuadamente a las embajadas y consulados, leeremos artículos de opinión como el que tengo en la mano. Pero no se inquieten sus señorías; no lo voy a leer íntegramente, sino tan sólo alguno de sus párrafos: Asombrado ante una flamante condición de país próspero y miembro fundador del nuevo club de los elegidos europeos, España sufre una amnesia voluntaria y deliberada ante su no tan lejano pasado de Estado pobre y emisor de esa mano de obra barata y poco cualificada. Una mano de obra similar a la que arriba ahora procedente de Ecuador o del corazón de Africa. La madre patria no sólo nos recibe con los brazos abiertos a sus hijos que quieren regresar, sino que contradice en la práctica su perpetua verborrea sobre la atención a los emigrantes. La decisión adoptada por el consulado de reducir de cincuenta a cuarenta los números que se otorgan diariamente para conseguir la nacionalidad española o una visa despertó un gran malestar entre quienes aguardan toda la noche sobre el portalón de la dependencia diplomática.
Sigo leyendo el artículo. Ahora, la restricción a la concesión de nuevos pasaportes por la vía de atender a menos gente cada día --este artículo se enmarca en una noticia que lleva por título «España pone nuevas trabas a los emigrantes en Argentina para recuperar la nacionalidad»-- aporta nuevos argumentos a quienes creen que esa retroemigración, ese viaje de vuelta con plenos derechos políticos y sociales, no despierta precisamente simpatías en los despachos oficiales madrileños. ¿Será esa la amnesia voluntaria de un cupo encubierto? Señorías, la Senadora que les habla no es la que ha pronunciado estas palabras, sólo se ha limitado a leer un artículo de opinión firmado; si sus señorías tienen un interés especial, no tengo ningún inconveniente en leer el nombre del que lo suscribe. Señor Ministro, mientras sigan publicándose titulares que pongan de manifiesto la existencia de colas de hasta trece horas de duración, leeremos artículos de este tenor y tendremos que aceptar que son acertados.
Además de esta dotación a las embajadas y consulados, es necesaria la modificación del Código Civil en materia de nacionalidad. Sé que se han presentado en el Congreso de los Diputados dos proposiciones de ley: una del Grupo Parlamentario Popular y otra del Grupo Parlamentario Socialista. Usted puede decirme que el tema ya se está tratando en el ámbito parlamentario, pero yo sé lo que cuenta la voluntad del grupo mayoritario, es decir del Grupo Parlamentario Popular, en la tramitación ágil de estos textos y el peso que tiene la voluntad del Gobierno sobre el Grupo Parlamentario Popular. Por eso, le ruego agilidad en la tramitación de estas proposiciones de ley. Usted sabe que el Grupo Parlamentario Socialista ya había presentado esta iniciativa a principios de legislatura y que fue desestimada por el Grupo Parlamentario Popular en su momento, voluntad política que les pido ahora, señor Ministro.
Como en mi intervención en la defensa de esta interpelación he seguido las reclamaciones presentadas por el Consejo General de la Emigración a los parlamentarios, al señor Ministro de Trabajo y al señor Ministro de Asuntos Exteriores, no quiero alejarme de esas peticiones --en tanto que el Consejo General de la Emigración es un órgano de representación de la emigración y en tanto que son peticiones totalmente razonables y ajustadas a la realidad que vive la emigración española-- a la hora de pedirle, señor Ministro, no sólo esa agilidad en la reforma del Código Civil --que también contribuirá, sin lugar a dudas, a una mayor agilidad en las tramitaciones administrativas en consulados y embajadas--, sino también algo que se ha debatido en esta Cámara, cual es la reforma de la ley orgánica, aunque no voy a entrar en grandes profundidades porque el último acuerdo adoptado en el Senado ha sido precisamente la constitución de una subcomisión que estudie la situación, que analice vías de solución y que garantice la igualdad de los ciudadanos emigrantes a la hora de emitir su voto libre y anónimamente, señor Ministro.
Pero no puedo pasar por alto una referencia al Censo de Residentes Ausentes y a Galicia, Comunidad Autónoma en la que se va a celebrar próximamente un proceso electoral y en la que el peso de la emigración es fundamental a la hora de inclinar y orientar los resultados.


La señora PRESIDENTA: Senadora Nóvoa, le ruego que vaya concluyendo, tendrá luego otro turno.


La señora NOVOA CARCACIA: Señora Presidenta, termino rápidamente.
Señor Ministro, supongo que usted es conocedor de que algunas fuerzas políticas han detectado irregularidades importantes en este censo: desde un número difícil de comprender, entender y asumir que sea real de personas centenarias incluidas en el mismo, a personas fallecidas que han emitido voto en el último proceso electoral. Por tanto, señor Ministro, como le decía, transparencia en el Censo de Residentes Ausentes y transparencia en el proceso electoral.
El señor Arenas ha estado de fin de semana en Galicia y ha hecho unas declaraciones diciendo que los socialistas queríamos poner en cuestión o teñir de indignidad el voto emigrante. Señor Ministro, yo no puedo consentir que una afirmación de ese tipo se formule sobre mi partido político, porque si algo defiende mi partido político es la dignidad a la hora de emitir el voto por parte de los españoles residentes en el exterior y eliminar cualquier posibilidad de duda sobre la transparencia de ese voto. Lo que pedimos única y exclusivamente son garantías, algo que, por otra

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parte, un sistema democrático, un Estado de derecho, tiene que garantizar.
Comprenderán sus señorías que el tema es lo suficientemente atractivo, interesante e intenso como para dar cabida a una intervención mucho más amplia, pero no quiero finalizar mi intervención sin hacer lectura de un pequeño párrafo de una carta que me ha enviado un gallego residente en Cuba y que tiene que ver con las dificultades y los obstáculos en materia de recuperación de nacionalidad, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Senadora Nóvoa, ahora sí tiene que terminar. Tiene otro turno después.


La señora NOVOA CARCACIA: Haré la lectura en el segundo turno, señora Presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Nóvoa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, usted ha empezado su intervención recordando la importancia que está alcanzando en toda la Unión Europea, y particularmente en España, la problemática del fenómeno de la inmigración. Esta cuestión puede generar preocupación en la medida en que esta realidad, que es incuestionable --en este momento, hay más de un millón de inmigrantes legalizados en España y, dentro de poco, habrá 1.600.000--, puede haber sido percibida por nuestras comunidades en el extranjero con cierta inquietud o preocupación en el sentido de que podamos prestar más atención a los problemas de los inmigrantes y menos a los derivados de la emigración española. Debo decir que eso no es así en absoluto, que hay que hacer una política de inmigración, como es natural, razonable y abierta porque tanto España como Europa necesitan la inmigración, pero debemos seguir atendiendo a nuestro amplio colectivo en el extranjero por muchísimas razones --entre otras, de solidaridad--, y porque, efectivamente, durante muchísimos años hemos sido un país de emigración y, aunque hoy ya no lo somos, seguimos siendo un país de emigrantes.
Hay que sumar esfuerzos en ambas direcciones, sin descuidar ninguna de ellas y, por lo tanto, no hay ningún retroceso en esa política de atención a los emigrantes sino que estamos intentando avanzar, darles cada vez mayores prestaciones y asegurar mejor sus derechos, como ahora les voy a comentar.
Durante la presente legislatura, en la medida, en que los presupuestos lo han permitido, siempre hemos ido aumentando los recursos para estos fines por encima del crecimiento del gasto público y vamos a seguir implementando programas de protección a nuestros compatriotas residentes en el extranjero. Esta situación es consecuencia de una política pero, como usted recordaba muy afortunadamente, también responde a lo que dice el artículo 42 de nuestra Constitución y, por lo tanto, estamos obligados a mantenerla.
Como es natural, hemos de adaptar dichos programas de protección a las nuevas circunstancias de nuestra emigración, porque la composición de la misma no es igual en el año 2001 que en 1975; ha habido cambios sustanciales en la composición de la emigración española y, en consecuencia, también en el abanico de problemas que, principalmente, hoy suscitan preocupación. A lo largo de los últimos 25 años no sólo no ha desaparecido el fenómeno de la emigración española sino que ha habido un importante reflujo de compatriotas y, aunque es difícil de cuantificar, creo que no es exagerado en absoluto el decir que, por lo menos, han vuelto a nuestro país medio millón de personas que habían salido anteriormente. Este hecho se debe a que las nuevas circunstancias políticas, económicas y sociales les ofrecían en España aquello que fueron a buscar fuera, es decir, perspectivas de futuro, calidad de vida, progreso material, pero también democracia y libertades. ¿Quién ha protagonizado ese retorno? En términos generales, lo que podríamos llamar las capas intermedias de los emigrantes y, por lo tanto, ¿qué ha sucedido? Que la edad media de los que permanecen en el extranjero se ha elevado considerablemente y, en consecuencia, los problemas de los ancianos y jubilados han pasado a ser el centro de nuestra preocupación.
El número de compatriotas que actualmente reside en el extranjero se estima en algo más de 1.400.000. De éstos, cerca de la mitad residen en Iberoamérica, aproximadamente el 47 por ciento, en la Unión Europea y en Suiza --donde todavía hay una cantidad muy importante de emigrantes españoles-- y, el 3 por ciento restante, se ubica en el resto del mundo; por lo tanto, se concentran en Iberoamérica y en Europa.
Para atender a esta población, el Servicio Exterior de España cuenta con su red de oficinas consulares y también de consejerías laborales y de asuntos sociales; las primeras dependen del Ministerio de Asuntos Exteriores y, las segundas, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Las oficinas consulares de carrera suman en la actualidad 157. He de recordarles que España tiene misiones diplomáticas en algo más de un centenar de países y, por tanto, en algunos países hay varias representaciones consulares, lo que comprende Consulados Generales, Consulados y Secciones Consulares de Embajada pero, además, hay algo más de 450 consulados y viceconsulados honorarios, que nos permiten establecer una red mucho más amplia de atención en sitios donde no es posible, por razones presupuestarias o de eficacia, establecer Oficinas Consulares de carrera. Los consulados y viceconsulados honorarios desempeñan una importantísima labor, muchas veces poco conocida, que no suele tener ningún tipo de contrapartida económica ni remuneración y yo quiero aprovechar la ocasión para agradecerles su labor porque sin ellos se deterioraría inevitablemente la calidad de nuestros servicios consulares. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) En cuanto a las consejerías laborales y de asuntos sociales, en la actualidad hay 22 secciones laborales, de Seguridad Social y asuntos sociales y en su campo de actuación,

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como es natural, desarrollan su labor, complementaria de la actuación de la red consular.
Si hablamos de actuaciones concretas de protección consular a nuestros ciudadanos en el extranjero, necesariamente singularizamos dentro de dicho conjunto a los más desfavorecidos. Y diría que esa división hoy responde básicamente al colectivo de personas mayores con escasos recursos económicos, colectivo principalmente concentrado en Iberoamérica, por una razón: los inmigrantes residentes en los países de la Unión Europea suelen gozar, por virtud de reconocimiento de derechos en esos países, de unos sistemas de protección social y sanitaria muy superiores, es decir, de la misma manera que España garantiza a los inmigrantes que legalizan su situación servicios sociales, educativos y sanitarios, ésta es también la situación de muchos emigrantes en Europa, que tienen ese sistema de protección social y sanitaria suficientemente cubierto. Por consiguiente, nos estamos concentrando en Iberoamérica, donde esos sistemas de protección social no están tan desarrollados como en la Unión Europea. En la Unión Europea, por ejemplo, prestamos mayor atención a los aspectos relacionados con la cultura y las necesidades culturales de los emigrantes.
Pero hablando de Iberoamérica, que es donde la situación puede resultar más difícil, fruto, como digo, de la carencia de sistemas públicos de protección sanitaria generalizados --como es lógico, también hay muchas diferencias entre los distintos países, pero hablo en términos generales--, y donde tampoco suele haber prestaciones de jubilación que sean mínimamente suficientes, dedicamos crecientes recursos económicos y una intensa atención. Así, las oficinas consulares y las consejerías laborales aplican diversos programas de pensiones asistenciales para emigrantes ancianos, cuyo número sobrepasa en la actualidad las 30.000, con un presupuesto para este año de aproximadamente 10.000 millones de pesetas. También hemos establecido planes integrales de salud, a los que se acoge un número creciente de beneficiarios de pensiones asistenciales, que se conciertan con instituciones hospitalarias y mutualidades en los países de residencia. Anualmente se atienden a unas 8.000 familias españolas enfrentadas a diversas situaciones de necesidad, con una dotación presupuestaria de 650 millones de pesetas para este año. Estas últimas ayudas cubren desde las que se facilitan con carácter reintegrable a españoles no residentes en el extranjero que han sido objeto, por ejemplo, de robos o de situaciones de emergencia sobrevenidas hasta las ayudas de subsistencia para gastos médicos y de otra naturaleza, como es natural, a fondo perdido.
Quiero hacer una mención especial de los programas para el retorno, porque lo que se busca es integrar al retornado y a su familia, labor no siempre fácil, ya que a veces vienen de países donde tienen un entorno cultural distinto al nuestro. Por tanto, el objetivo es la integración y para eso estamos implementando programas de vacaciones, cursos de formación profesional, becas para estudios en España, fomento del asociacionismo juvenil, piezas todas ellas que nos ayudan en ese terreno.
A este respecto, quisiera hacerle un comentario sobre alguno de los aspectos que ha mencionado en su interpelación: el referente a las colas que hacen muchos ciudadanos que quieren obtener los papeles para poder emigrar a España. La interpelación es sobre la emigración y éste es un fenómeno de inmigración.
Lo que sucede es que en muchos casos se trata de familiares, de descendientes de ciudadanos españoles que retornan no porque quieran volver a España, sino porque entienden que en España pueden encontrar mejores condiciones de vida que en su país. Creo que hay que distinguir los dos casos. En algunas situaciones, evidentemente, de lo que se trata es de aplicar los requisitos de obtención de la nacionalidad de la forma más flexible posible --y le anticipo que el Ministerio de Asuntos Exteriores está trabajando en eso porque nos parece razonable--, pero el fenómeno al que usted hacía referencia no es de retorno, sino un fenómeno que se produce en países como Argentina o Ecuador, que pasan por graves crisis económicas y muchos de sus ciudadanos quieren resolver por la vía de emigrar a un país que les ofrece mejores condiciones de vida y de futuro, como lo es en estos momentos, afortunadamente para todos, España.
Y cuando un Consulado como el de Buenos Aires --pasa lo mismo en Quito-- tramita más de 1.000 solicitudes al día, se hace lo que se puede, porque más de 1.000 solicitudes al día significa de 300.000 a 400.000 solicitudes todos los años por parte de un solo consulado. Por tanto, es normal que haya colas, porque si cada día acuden más de 1.000 personas, no se puede atender a todas ellas simultáneamente sin hacerlas esperar.
No obstante, eso no implica que no hagamos un esfuerzo en la mejora de las dotaciones. Por ejemplo, acabamos de incrementar significativamente el número de personal en algunos de los consulados clave y, en concreto, en el de Buenos Aires, para poder atender con la máxima diligencia, dentro de lo posible, todas estas situaciones. Insisto en que estamos hablando de un fenómeno de inmigración y no de retorno de emigración.
Vuelvo al aspecto que estábamos tocando para informarle que a los ancianos carentes de recursos suficientes y de entorno familiar protector que desean regresar a España se les tramitan plazas en residencias para mayores porque muchas veces estas personas quieren regresar pero ya no tienen arraigo familiar aquí por una serie de razones. Eso se hace normalmente a través de las Comunidades Autónomas de origen, que son las que tienen las competencias y se les sufragan los gastos de repatriación.
La atención preferente en la Administración española a este grupo de edad se refleja en las ayudas concedidas a instituciones asistenciales en el extranjero, que prestan asistencia gratuita o semigratuita a españoles carentes de recursos, acogiéndoles en residencias de ancianos y prestándoles asistencia social y sanitaria.
Quiero referirme a un aspecto que no recuerdo que haya sido mencionado por su señoría pero que nos merece muchísima atención y que en estos momentos está claramente de actualidad y es la situación de los españoles que cumplen condena en el extranjero, que deben recibir una atención

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creciente. Se ha constituido en esta Cámara una Ponencia en el seno de la Comisión Constitucional que estudia sus condiciones de vida y su situación y entre ellos, como es lógico, en estos momentos más, quisiera destacar la situación de los condenados a muerte, que reciben una especial atención acorde a lo que ha sido y es nuestra clarísima oposición a la pena de muerte.
Los presos españoles en el extranjero son en estos momentos unos 1.250.
Tres cuartas partes de ellos han sido condenados por delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, y un tercio, es decir unos trescientos se encuentran internados en prisiones donde les sería muy difícil mantener unos niveles aceptables de alimentación, vestido y atención sanitaria. Por ello, las oficinas consulares tienen una especial instrucción para prestarles ayuda material y moral, además de los servicios de atención general a los nacionales españoles.
Además de este tema específico hay unos servicios de carácter general que se presta a todos aquellos ciudadanos españoles que lo requieren-- Registro Civil, Censo Electoral --del que ahora hablaré--, servicios de notaría, asuntos sociales, documentación personal, certificaciones, legalizaciones, traducciones, gestión y trámite de toda clase de peticiones y solicitudes, etcétera. Como es sabido, todos nuestros compatriotas residentes en el extranjero pueden participar en todos los procesos electorales que se celebran en España, me refiero a las elecciones generales, las autonómicas, las municipales y también al Parlamento Europeo. En apenas cinco años, hemos pasado de unos 300.000 inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), a cerca de un millón. Eso quiere decir que hemos hecho un extraordinario esfuerzo de incorporación de nuestros ciudadanos residentes en el exterior para que puedan hacer efectivos sus derechos políticos. Debo decirle que no conozco ningún otro país del mundo que haya hecho este esfuerzo en tan poco tiempo y que haya llegado tan lejos en este terreno. En función de eso, se puede participar en los procesos electorales bien depositando el voto en las oficinas consulares, o bien emitiendo el voto por correo con determinados requisitos. De acuerdo con los Consejos de residentes, en estos últimos días estamos simplificando enormemente los trámites para intentar facilitar al máximo el voto de todos aquellos ciudadanos que lo quieran ejercer, de acuerdo con las peticiones de los propios emigrantes.
Esta atención constante y el mantenimiento al día de dicho censo es una de nuestras prioridades.
Debo decirle que nos hemos encontrado con efectos derivados de un Reglamento que se aprobó justo antes de las elecciones generales del año 1996, por tanto por el Gobierno que había en aquella época, y que nos está generando algunas disfunciones en el sentido de que se hace mucho más difícil que antes comprobar en cada momento el estado real del censo, por ejemplo, si no se comunican expresamente a las oficinas consulares, y por tanto al CERA, las personas fallecidas, es muy difícil que se las pueda dar de baja porque la capacidad de inspección o de revisión por parte de las oficinas consulares de ciudadanos que puedan estar a 500 kilómetros de Buenos Aires es muy difícil, pero aprovechamos cada convocatoria electoral para depurar al máximo estas estadísticas en estrecho contacto con la Oficina del Censo Electoral.
Hace poco hubo una interpelación por otro motivo en esta misma Cámara y se presentó una moción como consecuencia de dicha interpelación, por la cual el Gobierno, el Ministerio de Asuntos Exteriores, tiene que presentar un informe lo antes posible para intentar detectar todas estas cosas y darles solución. Le puedo anticipar toda nuestra disposición y nuestra aproximación lo más positiva y constructiva posible a que el CERA siempre sea lo más veraz posible, entendiendo que hay muchas dificultades por las propias circunstancias asociadas a tener un censo electoral de residentes que están ausentes de nuestro país. En aquellas demarcaciones consulares donde hay un número significativo de residentes en el extranjero, pueden elegir los Consejos de Residentes Españoles. Son órganos consultivos de las oficinas consulares hacia los que se canalizan las necesidades y sugerencias de los residentes en la demarcación consular. En estos momentos hay unos cincuenta, y esos consejos eligen a los consejeros generales de la inmigración, que se reúnen en lo que se denomina el Consejo General de la Emigración --al que he recibido hace relativamente poco--, que tiene un carácter consultivo, pero también es un foro de discusión de los principales problemas y necesidades de nuestros compatriotas residentes en el extranjero, que suele ser de enorme utilidad para nuestra propia política. Anteriormente he mencionado todos los procesos de simplificación respecto a los procesos electorales, y es un buen ejemplo de la aportación positiva que hace el Consejo General de la Emigración y en general los consejos de residentes españoles.
Para terminar, señorías, quisiera hacer una mención a otro fenómeno, que no es de emigración, pero que cada día es más importante y merece nuestra atención, que es el creciente número de compatriotas que salen al extranjero, pero no para emigrar, no por motivos económicos, o en su momento por motivaciones políticas, sino que lo hacen por turismo, por estudios o por negocios. Cada vez son más, acorde con el cambio de modelo de crecimiento en la economía española, con una gran proyección hacia el exterior y con un país que es exportador neto de capitales como lo es hoy España.
Aproximadamente, cada año están saliendo ya en torno a 4 millones de compatriotas nuestros por cuestiones distintas a las de la emigración y por los motivos que acabo de mencionar. Como es natural, estos compatriotas nuestros también están sujetos a todo tipo de vicisitudes: pueden tener accidentes, pueden sufrir robos, pueden perder la documentación, pueden tener emergencias sanitarias, pueden sufrir alguna detención por algún motivo y, como es natural, recurren a nuestras oficinas consulares cuando se encuentran en una de esas situaciones.
El Ministerio de Asuntos Exteriores tiene en su página web las recomendaciones de viaje, donde se encuentran reseñados todos los países del mundo, indicando las cuestiones principales que deben considerar quienes prevean desplazarse, incluso con una cierta evaluación de riesgos, que en estos días se ha puesto de manifiesto a raíz del partido de la selección española de esta misma tarde en Israel. En

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esa página se mencionan los documentos de viaje necesarios, las condiciones sanitarias, de seguridad, etcétera, y debo decir que es la sección más visitada de dicha página web, porque evidentemente a todo el mundo le interesa conocer a dónde va.
Muchas gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le agradezco el tono amable que ha utilizado, pero ha iniciado usted su intervención un poco a la defensiva cuando hace la afirmación de que no se ha producido un retroceso en materia de política de emigración, extremo que, por otra parte, en ningún momento había sido mencionado por esta Senadora. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) En todo caso, el análisis era --al menos ésa era mi intención-- si las políticas que se están desarrollando en materia de emigración son suficientes o insuficientes. A juicio de esta Senadora, son claramente insuficientes. También es cierto que las necesidades --y lo apuntaba el señor Ministro y yo misma en mi primera intervención-- van variando y el hecho de que la emigración española en Latinoamérica posea en estos momentos una población envejecida también ejerce su presión sobre las políticas en esta materia.
Pero, señor Ministro, es el propio Consejo General de la Emigración el que hace las siguientes declaraciones: los españoles del exterior no pueden esperar más. En esta afirmación, señor Ministro, de alguna forma está implícita una actitud morosa por parte de los responsables políticos en la gestión de la política en materia de emigración.
Señor Ministro, yo no sé si las personas que hacen colas de hasta trece horas son personas que siguen un proceso de retorno o son inmigrantes. Me inclino a pensar que son españoles y que posiblemente sean esos españoles que están presionando en estos momentos para recuperar su nacionalidad.
En todo caso, señor Ministro, yo me pregunto que si lo que están haciendo es estar huyendo de una situación de dificultad en los países en los que realmente nacieron, ¿por qué no se van a Noruega o a Suecia? Porque quieren venirse a España, señor Ministro. Porque hay un sentimiento de pertenencia a España. Estoy convencida de que esto es así.
Antes hacía referencia a una carta que había recibido de un ciudadano español, residente en Cuba, que refleja perfectamente lo que es ese sentimiento de pertenencia. Paso a leerla pidiéndoles perdón por anticipado ya que es una letra complicada y difícil de leer: «Tengo 80 años. Primero, el Gobierno cubano me certifica como cubano de nacimiento, pero me reconoce que mis padres fueron españoles, y el Gobierno español no me reconoce que mis padres eran españoles porque me falta el dato de la fe de vida de mi padre. Pues bien, fui apoderado del muy ilustre Centro Gallego de La Habana por espacio de veinte años, y socio del mismo. Fui de su Comité Ejecutivo y socio por 55 años de la Sociedad Gallega Naturales de Ortigueira, y soy de número de la Sociedad Ourensana. Y, por más, todos los que me conocen me conocen como el gallego.» Esto es sentimiento de pertenencia, señor Ministro, y esta persona ha nacido en Cuba. Tiene 80 años. ¿Y sabe qué destaca? Pues la frase con la que finaliza: «Tendré suerte de morir siendo gallego como mis padres.» Señor Ministro, no sé si las personas que hacen colas en los consulados y embajadas españolas lo hacen, como decía anteriormente, huyendo de una situación difícil. En todo caso sería legítimo, y algún derecho tendrán si son descendientes de españoles. En cualquier caso, de lo que no me queda ninguna duda es de que tienen un fuerte sentimiento de pertenencia y una vinculación con la cultura española que, aunque hayan nacido en el exterior, no han perdido.
Me congratulo de saber que se encuentran en negociaciones y que están reuniéndose con representantes del Consejo General de la Emigración para establecer un sistema de emisión de voto en consonancia con la voluntad de los que representan a los españoles en el exterior, y como creo que en mi primer turno he sido lo suficientemente extensa...


La señora PRESIDENTA: Senadora Nóvoa, también ha concluido este turno.


La señora NOVOA CARCACIA: ¿También he consumido este turno? Estoy comprobando que soy una persona que, salvo que se ponga el reloj delante, tiene serias dificultades para hacer una valoración subjetiva del transcurso del tiempo.


La señora PRESIDENTA: La valoración objetiva, señoría, es la importante, y tiene que ir concluyendo, por favor.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias.
Señor Ministro, le repito que solicito a su Gobierno, al Gobierno de España, que muestre una voluntad decidida, no sólo porque lo mandate la Constitución sino porque es de justicia una voluntad decidida para desarrollar políticas eficaces que impidan puedan publicarse titulares de prensa como el que he utilizado hoy aquí.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Nóvoa.
Gracias por haber concluido tan rápidamente.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.
Ya sabe, señor Ministro, que por acuerdo de la Junta de Portavoces no tendrá lugar el turno de portavoces. Por lo tanto, su intervención clausurará el debate.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Gracias, señora Presidenta, señoría.


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Voy a ser muy breve porque creo que ya he expuesto la política del Gobierno en relación con la emigración.
Es muy natural que los emigrantes españoles que, como es lógico, sienten añoranza de su país --el nuestro-- y su representación democrática y legítima a través del Consejo General de la Emigración siempre consideren que se pueden hacer más cosas. Llevan razón. Hay que hacer más cosas siempre.
Hay que procurar mejorar las condiciones de nuestros emigrantes, facilitarles la consecución de sus derechos y el retorno cuando así lo consideren oportuno. Por eso, estamos avanzando. Hoy estamos haciendo cosas que no se hacían hace cinco años. El año que viene haremos cosas que todavía no estamos haciendo éste porque vamos mejorando a través de un diálogo con todos ellos que está siendo, por otra parte, fluido y mutuamente beneficioso; nosotros conocemos mejor las necesidades, que son cambiantes, de los emigrantes y los emigrantes van viendo como, en la medida de lo posible y dentro de los límites presupuestarios que todos tenemos, les podemos ir dando respuesta.
Como ese sentimiento existe también se puede hablar de sentimientos de pertenencia. Lo único que sucede es que esos sentimientos de pertenencia suelen agudizarse más cuando hay crisis económica en los países en los que están. A mí eso me parece bien. Me parece normal y natural y hay que darle respuesta. No quiero frivolizar en absoluto al respecto, pero permítanme terminar con un pequeño comentario casi en tono de broma.
Hablaba usted de esa persona en Cuba y yo le ruego que me pase la información para ver qué se puede hacer en este caso, si realmente se puede solucionar desde el punto de vista administrativo, que no lo sé, como es lógico, no lo sé. El decía que le llamaban «el gallego» y lo ponía usted como ejemplo de sentimiento de permanencia. Usted sabrá que al Vicepresidente del Gobierno de Cuba todo el mundo le llama el gallego Fernández y es asturiano.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL FUTURO DE LOS BECARIOS PREDOCTORALES Y POSTDOCTORALES (670/000069).


La señora PRESIDENTA: Siguiente interpelación presentada por el excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la política del Gobierno en relación con el futuro de los becarios predoctorales y postdoctorales.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández para exponer la interpelación y por tiempo de 15 minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, el tema de los becarios últimamente puede parecer muy manido, pero hemos de tratarlo una vez más en el Senado. Gran parte, señora Ministra, de la investigación en España se encuentra --como usted sabe-- en manos de casi 15.000 becarios que reclaman la sustitución del actual sistema de becas por contratos para así acceder a una mínima cobertura social.
Vamos, por tanto, a hablar de ello, pero antes quisiera situar algún otro elemento relacionado con el mismo tema. Resulta, señora Ministra, un tópico hablar de carencia de recursos suficientes dedicados a la investigación, desarrollo e innovación en nuestro, país. La inversión en investigación más desarrollo de la Administración central en términos de PIB o en pesetas constantes ha aumentado menos del cinco por ciento en los últimos cinco años. Actualmente, señora Ministra, el total de gastos de I+D del Estado roza el umbral del 0,9 por ciento, si no me equivoco, del PIB. El mismo exactamente que en el año 1990; menos de la mitad de lo que se realiza en la Unión Europea, incluyendo a Portugal y Grecia por cierto.
Por tanto, estamos muy lejos de esa media europea. Todos los estudios específicos sobre nuestro sistema científico técnico coinciden en la necesidad de incrementar los recursos, de ampliar las plantillas de científicos, de motivar a las empresas privadas para que dediquen parte de sus ingresos a la mejora de su eficiencia y una mayor implicación de nuestras universidades para que la complementación de la formación con la investigación sea una realidad más acusada de la que es actualmente.
Por otro lado, se coincide también en la necesidad de agilizar y divulgar el proceso de investigación mejorando la transferencia del resultado de la investigación al sector productivo y social en forma de patentes de propiedad pública o en contratos de mejora de procesos o productos.
Nuestra posición, la del Senador que le habla, consistiría --sería adecuada y creíble-- en aumentar los recursos en esta Legislatura por lo menos al 1,5 por ciento del PIB e incrementar en un 50 por ciento el personal dedicado a investigación más desarrollo en el plazo de cinco o seis años. Presumimos que hay bastante acuerdo sobre todo esto, al menos en líneas generales. Pero pensamos que hay potenciales y necesarias mejoras de lo que actualmente existe, al margen de lo expresado hasta el momento. En este sentido, es necesario incrementar el número del personal investigador, pero en condiciones dignas, y subrayo lo de dignas. Existe dentro del conjunto de los investigadores un elevado número de personas cuyas condiciones laborales y sociales son altamente precarias, ya que no son reconocidos como, trabajadores, aunque realizan más de la mitad de la investigación de este país. Nos referimos, como usted sabe, señora Ministra, a los becarios. Desde mi punto de vista la solución para los becarios de investigación es más un problema de voluntad política que de falta de recursos propiamente dichos. Esta opinión es compartida por estos becarios dedicados a la investigación -- que usted conoce también--, por los sindicatos y las asociaciones con una opinión al respecto.
En la actualidad los becarios, casi 15.000, disfrutan --entre comillas-- de más de 100 tipos de diferentes becas

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entre predoctorales y postdoctorales, sin ningún tipo de cobertura por parte de la Seguridad Social, con la consiguiente ausencia del derecho al desempleo, de cotización al sistema de pensiones, de vacaciones, bajas por maternidad o enfermedad, además de que en muchos casos se les exige dedicación exclusiva, que me parecería bien, pero lógicamente viene a incrementar su mala situación con la imposibilidad, por tanto, de realizar otros tipos de trabajos adicionales que los demás trabajadores sí que tienen. La cuantía de las becas, usted lo sabe mejor que yo, oscilaba entre 80.000 y 200.000 pesetas y, recientemente, si no me equívoco, por iniciativa de su Ministerio estas cifras han aumentado hasta 160.000, aunque ya era patente su necesidad. Pero la principal reivindicación de los becarios, señora Ministra, es conseguir derechos.
Yo estoy convencido de que subir los salarios no sería lo fundamental, lo importante para ellos, o al menos con lo que yo he hablado, es tener seguridad y, por tanto, una cobertura social.
No sé si usted, señora Ministra, piensa que la labor de los becarios es exclusivamente el carácter de formación y, por tanto, lo considera improductivo, como en algún momento se ha manifestado. Esta opinión estaría, a mi juicio, muy lejos de la realidad, pues supongo que esta labor, al margen de la producción científica medida en términos de publicaciones, patentes, etcétera, da un resultado determinado, y es que existe realmente un auténtico trabajo muy importante dentro de este colectivo, que además aportan una buena parte de toda esa producción que antes planteaba. Por cierto, en ese sentido debo decir que cuando se pone en cuestión el carácter de trabajador de los becarios, inclusive su carácter formativo, por ejemplo, en el caso de los profesores titulares no se discute su productividad y, sin embargo, los becarios hacen un trabajo muchas veces mayor o igual -- dejémoslo así-- que los profesores titulares. Este colectivo es la principal fuerza del trabajo en el desarrollo de los proyectos de investigación. Son la principal fuerza de trabajo tal como opinan los sindicatos de este país, y que reporta beneficios muy importantes a la sociedad.
Pero esta visión positiva, señora Ministra, de los becarios y becarias no se corresponde con la adquisición de derechos por una sociedad democrática, cuando debería reconocerse. Como usted sabe, la realidad en Europa es otra, la mayoría de los países europeos cuenta con contratos de investigación además de becas. En algunos casos, en Inglaterra y en otros países, están exentos de cotizar en el IRPIF, para el que si tienen que cotizar en España. Cuando se nos comenta de manera reiterada que la reconversión de las becas en contratos es un esfuerzo económico casi inasumible, manifiesto mi desacuerdo más claro. Según el cálculo que hemos hecho, la inclusión de los becarios en el sistema de la Seguridad Social supondría alrededor de 6.000 millones de pesetas. A lo mejor está equivocado --creo que no--, pero en cualquier caso representarla, si fuera así, el 0,01 por ciento del conjunto de los Presupuestos Generales del Estado, amén de que no todas tendrían que ser sufragadas por el Estado exactamente, como usted puede comprender --universidades, fundaciones públicas, etcétera--, aunque todo sale de la casa común.
Señora Ministra, partiendo de que la investigación es un trabajo, existe una contradicción entre una tarea homologable a un trabajo normal con dedicación exclusiva, y su tratamiento social y remunerativo. Es una contradicción que hay que superar o, al menos, hay que darle «vueltas al coco» para intentar solucionar esta cuestión.
La discusión debe inscribirse, para superar esta contradicción, en la posibilidad de la asimilación de la beca que recibe actualmente el investigador a una relación laboral común, buscando el modelo de contratación, señora Ministra, más adecuado y legal --subrayo lo de legal-- a la función que realiza.
Cabría hacerse una pregunta: ¿Por qué no se asimila o se equipara a la de otros trabajadores en formación, por ejemplo a los médicos internos residentes, los famosos MIR? Es una pregunta que se hace mucha gente, yo la he leído, me la han comentado, también he reflexionado, y me hago esa pregunta. Los MIR sí tienen contratos laborales de duración determinada y sus prestaciones sociales son una realidad, según la ley. La única fórmula, señora Ministra, para construir algo positivo y eficiente debe ser, en mi opinión, estabilidad y medios, junto con un sistema objetivo de evaluación para su entrada en este mercado. La estabilidad se consigue con contratos estables o a tiempo cierto en función de los objetivos contractuales, los únicos, por cierto, permitidos por el Estatuto de los Trabajadores.
Los inventos, señora Ministra, para forzar la legalidad con figuras legales --valga la redundancia-- inexistentes, ha creado no poca confusión. Señora Ministra, la solución está en el incremento de plantillas de investigadores en el sistema público y el reconocimiento del carácter laboral del trabajo de investigador que realizan todos los becarios pre y postdoctorales.
La solución no está, por tanto, en la convocatoria urgente, como se ha hecho, de 800 contratos para el año 2001 y 1.200 si no me equivoco --lo he recogido de la información-- para los años 2002 y el 2003. Primero, porque es claramente insuficiente y no permitiría la absorción de un gran capital humano generado en los últimos quince años. Debo recordar que organismos internacionales como la Unión Europea y la OCDE alertan acerca de que nuestro país presenta un déficit importante en las plantillas de investigadores y consideran que es necesario un incremento muy importante del número. Hablan de 15.000, más de los que actualmente existen --lo digo para argumentar.
En segundo lugar, porque no solucionan otros problemas, como la recuperación --reflejada en esa campaña que se ha dado en medios de comunicación mediáticos-- de los llamados cerebros que trabajan en el extranjero por lo poco atractivo de la propuesta que ha surgido últimamente. Llena esa propuesta de incertidumbres en la continuidad y una fórmula de contrato que fuerza la legalidad vigente con el contrato en prácticas, artículo once del Estatuto de los Trabajadores. En fin, la verdad es que no he entendido el tipo de contrato que se propone ahí.
Con las cifras de la misma Administración, con un pequeño impulso al presupuesto de investigación, unos 6.000

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millones, el 0,01 por ciento, se podría poner el primer ladrillo de una política científica con recursos humanos más estables. Si se creen sus propios discursos, señora Ministra, el Gobierno debería atender esta petición, hacer contratos laborales allí donde hay becas de investigación y aumentar el presupuesto de investigación.
Si no lo hacen, en mi opinión seguirá el espectáculo de lo que actualmente existe, es decir, jóvenes científicos que ven su vocación frustrada, formación aquí, a veces para algunos, y resultados allá. Por eso luego queremos rescatarlos, a ver si vienen. Con cosas así es imposible.
Por último, la ingeniería laboral, como decía antes. Si se revisan de vez en cuando las páginas de oferta del trabajo de los periódicos, esto va para las empresas privadas, para algunas malas empresas que ofrecen becas sin Seguridad Social, sin derechos, en plena precariedad, siguiendo el ejemplo de la política real de precariedad del trabajo dependiente de la Administración actual, que asciende ya a un 30 por ciento de nivel de precariedad en las administraciones públicas en su conjunto.
Por todas estas consideraciones, en mi opinión es urgente y necesaria la transformación de las mal llamadas becas de investigación en verdaderos contratos laborales para el bien de la investigación y de los trabajadores y trabajadoras que la hacen posible, porque son solamente ellos quienes la hacen posible.
En esta línea se han manifestado actualmente algunas Comunidades Autónomas, en el mismo sentido y contenido más o menos: Asturias, Extremadura, Aragón y Andalucía. Espero que sean muchas más, pero no quiero meterle a nadie el dedo en los ojos. Prefiero que la señora Ministra me responda de forma positiva o que al menos en un período mayor o menor nos permita ver luz en la solución de este gran problema, por el bien de lo que decía antes sobre esos trabajadores y porque es necesario para hacer que este país sea más moderno y adaptado a la realidad de la media comunitaria.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Para contestar la interpelación en nombre del Gobierno tiene la palabra la señora ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Gobierno, y yo como ministra de Ciencia y Tecnología, hemos tomado medidas y hemos compartido actuaciones. La propia existencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología es un exponente de ello.
Usted hacía referencia a que le preocupaban las cifras que citaba y a las inquietudes y debilidades que tiene el sistema español de ciencia, tecnología y empresa. Está claro que en todos estos años hemos hecho grandes avances desde el punto de vista del crecimiento económico, de la generación de empleo, de la mejora de la contratación de nuestra posición a nivel internacional, del mismo modo que está claro que tenemos aún una asignatura, la de aumentar el nivel de innovación tecnológica, lo que significa reforzar más la ciencia y la inversión en investigación, desarrollo e innovación también por parte de las empresas.
Por tanto, estamos hablando de recursos públicos y privados, de mejora en los recursos humanos tanto en el sector público como en el privado, de dotar de los mecanismos necesarios y de eliminar las restricciones que impiden que haya mejores niveles de transferencia de resultados para generar riqueza y bienestar para nuestros ciudadanos. Desde este punto de vista, ante todo quiero dejar constancia en esta Cámara de que es evidente que comparto la necesidad de que España realice este importante salto cuantitativo y cualitativo que nos sitúe en la senda de la convergencia con los países más avanzados de nuestro entorno que, en definitiva, son países con los que estamos compitiendo, para lograr la consecución de este sistema de ciencia y tecnología competitivo y que una vez integrado sitúe a España como país destacable por su excelencia científica, por la innovación tecnológica de su industria y sus empresas, y como decía antes, en beneficio de esta mayor generación de riqueza y para los beneficios económicos y de calidad de vida en este siglo XXI para nuestros ciudadanos.
De todos modos, difiero, señoría, de varios de sus datos. Quisiera hacerle unas precisiones. Creo que es importante que nos adaptemos bien al contexto en que nos estamos moviendo y también de un tono algo pesimista como el que se veía en la propia interpelación.
De todos modos, le agradezco la oportunidad que me brinda para exponer de nuevo en esta Cámara no sólo el conjunto de medidas que estaba previsto poner en marcha, sino cómo éstas están evolucionando y, por tanto, los resultados ya concretos de algunas de ellas. En este sentido, y de modo especial a lo que entiendo que es el fondo de la mayor parte de su interpelación, que hace referencia a los recursos humanos de investigación, estoy segura de que va a quedar claro que en esta ocasión va a ser factible el cumplimiento de los objetivos marcados.
Antes de entrar en estas cuestiones de fondo que he mencionado relacionadas con los recursos humanos de investigación y de analizar la política del Gobierno en relación con los contratos de investigación, los becarios pre y postdoctorales, en definitiva, la carrera del investigador, cómo los recursos humanos y las personas tienen un marco en el que desarrollar una carrera de modo efectivo y con perspectivas, quiero realizar dos precisiones respecto a cuestiones que ha mencionado para, como le he dicho, situar el debate en su adecuado contexto.
Respecto a la financiación pública, he de decirle que en estos últimos cinco años la dotación de la Función 54 de los Presupuestos Generales del Estado durante el período 1996-2001 ha sido muy significativa en relación con la dotación de los cinco años anteriores, es decir, de 1990 a 1995.
En éstos se produjo un claro declive en el esfuerzo presupuestario, lo que en pesetas corrientes provocó que se decreciera en un 8 por ciento, lo que contrasta con un crecimiento posterior del período 1996-2001 en más del 200 por ciento. Dicho esto, desde el punto de vista de la ciencia, los recursos no son temas sólo para crecer en un ejercicio

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sino que han de tener incrementos sostenidos a lo largo del tiempo, pero vamos en la senda adecuada.
En el año 2000, la dotación de esta Función 54 ya representó un aumento del 10,3 por ciento; en el año 2001, como bien saben sus señorías, un 15,5 por ciento en relación con el presupuesto del año 2000; y, además, señoría, los recursos --usted no hacía mención a ellos y yo quiero dejarlo claro-- dedicados a investigación, desarrollo e innovación también aumentan excluyendo de manera clara los fondos destinados a proyectos tecnológicos, industriales cualificados relacionados con la defensa que, como ustedes saben, están circunscritos exclusivamente al Capítulo VIII de los Presupuestos.
Respecto a la cifra de becarios a los que nos referimos, su señoría hacía referencia a 15.000. En estos momentos, no es ésta la cifra, y puede ser debido a aquella confusión entre los becarios desde el punto de vista de los pre y posdoctorales y aquellos otros casos en que se han utilizado fórmulas de becas para sustituir situaciones que no corresponden a becas.
Y, en este sentido, hay actuaciones que le indicarán que esta situación está cambiando, y usted ya ha mencionado algunas directamente.
En estos momentos nos centramos en que la precariedad tiene dos aspectos: uno, la incorrecta utilización de fórmulas de becas para otros trabajos a lo largo de la carrera del investigador, en lo que estoy totalmente de acuerdo, y actualmente ya se han adoptado las medidas oportunas a las que después haré referencia y, dos, debatir si las becas son elemento o no de precariedad para los becarios en situación predoctoral, es decir, al inicio de la carrera del investigador.
Por tanto, he de decirle que en estos momentos el colectivo de becarios computados como investigadores de acuerdo con el INE, que realiza una tarea importante, está representando aproximadamente un 10 por ciento del total de los investigadores de España, que es una cifra relevante, que tiene su importancia y totalmente comparativa con la situación de otros países, y a este tipo de becarios después haré referencia a sus condiciones laborales.
Pero no estamos hablando sólo de la mitad de los recursos de investigación, de los recursos humanos, es decir, de las personas que están investigando. Por tanto, ahondando en los problemas que ha expuesto su señoría, relacionados con las condiciones de trabajo y la posible falta de perspectiva de la carrera de los becarios --que en lo que afecta a las situaciones postdoctorales afecta también al conjunto del personal investigador de nuestro país--, he de decirle que el Gobierno está afrontando estos problemas convenientemente. Por ejemplo, en lo relativo a los recursos humanos de investigación, mediante las dotaciones y mejoras de las condiciones de las becas gestionadas por la Administración general del Estado, en línea con la política ya conocida del Ministerio de Ciencia y Tecnología, consistente en la vertebración y la homogeneización de dichas becas, así como en la definición de la carrera del investigador --algo muy importante, que no existía en nuestro país--, vertebrándola en sus etapas predoctorales y postdoctorales y en su proceso de desarrollo, ya sea en las universidades o en los centros públicos de investigación. En este sentido, la carrera del investigador debe tener --y en eso se está trabajando en estos momentos-- perspectivas de estabilidad, pero al mismo tiempo es una carrera basada en los resultados, es decir, en una evaluación continuada a lo largo del tiempo con unas determinadas periodicidades, para garantizar que los trabajos que se desarrollen sean competitivos y, por tanto, contribuyan al avance de la ciencia y al sistema de innovación y tecnología en España.
Por tanto, desde este punto de vista, los objetivos planteados son aumentar los recursos investigadores en número, tanto en centros públicos de investigación como en empresas, hasta niveles equiparables a los de nuestro entorno próximo; redefinir la carrera del personal investigador con el fin de generar ese marco estable e incentivador para la dedicación a la ciencia y la transferencia de tecnología en su caso, y conseguir grupos fuertes en centros públicos de investigación y desarrollo y en empresas capaces de competir en el espacio europeo de investigación.
La situación actual, señoría, viene definida por la existencia de un déficit cuantitativo del personal investigador, que en muchos de los casos incluso tiene un peso más fuerte en el conjunto de nuestro sistema empresarial. Las diferencias son mucho mayores en el caso de las empresas que en el de los organismos públicos.
Ahora bien, tenemos un gran potencial de recursos humanos de investigación, sobre todo en los organismos o centros públicos, que el sistema en su conjunto no permite aprovechar correctamente, manifestándose algunas de estas distorsiones bien en un abuso en lo que a la utilización de los becarios se refiere bien en otros aspectos, como una problemática real que se ha gestado a lo largo de más de diez años--y en la que ahora no voy a entrar con más detalle--, que si es cierto que por una parte refleja la vitalidad que supone contar con un gran número de jóvenes dedicados a la investigación, por otra refleja la escasa capacidad del sistema en su conjunto, tanto desde el lado público como desde el lado privado, para integrarlos y aprovechar así unos recursos valiosos.
Ante esta situación el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha puesto en marcha un conjunto de medidas encaminadas a la redefinición de la carrera del personal investigador, a estructurarla, y a generar un marco competitivo amplio y estable que estimule el desarrollo de esta carrera en las distintas etapas en que se estructura, es decir, tanto en la etapa predoctoral, que tiene una característica de formación, como en la etapa postdoctoral y en el proceso de incorporación de los doctores a los centros de investigación. Asimismo, se pretende que los esfuerzos y los resultados obtenidos tengan su compensación.
Hoy voy a darle cuenta de cinco iniciativas, que no son todas las que estamos llevando a cabo en estos momentos, pero sí las más relevantes para los temas planteados en la interpelación. Estoy segura de que estas iniciativas están llamadas a tener un fuerte impacto cuantitativo y cualitativo en el sistema español de ciencia y tecnología-empresa, complementando lo que ya son incrementos de dotaciones presupuestarias, tanto las relacionadas directamente con los proyectos como las dirigidas a recursos humanos, que como usted sabe son del 18 por ciento para el año 2001.


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En primer lugar, hemos introducido importantes mejoras en las becas predoctorales de formación del personal investigador; se ha incidido en el incremento del número de becarios, en el fortalecimiento de las líneas de formación, y en las mejoras de sus condiciones retributivas y de trabajo. La convocatoria de becas predoctorales de formación del personal investigador, por orden reguladora del Ministerio de Ciencia y Tecnología de 12 de enero de este año, introduce dos importantes novedades. Por un lado, aumenta el números de becas, que se eleva a 750 en el año 2001, lo que supone un incremento del 47 por ciento, y por otro lado se incrementa la dotación de las mismas, que ha pasado a una mensualidad de 160.000 pesetas, con un incremento entre el 28 y el 39 por ciento, si tenemos en cuenta que se ha actualizado para todos los becarios existentes, no sólo para los nuevos. Asimismo, se ha mejorado la situación de las prestaciones sociales, manteniendo las retribuciones durante los permisos de maternidad, con el 75 por ciento de la cuantía de la beca; se ha introducido un cambio en lo que se refiere a aspectos como la fecha de terminación de estudios, para quienes se hayan dedicado al cuidado de hijos menores, para quienes hayan colaborado con ONGs, para quienes hayan tenido que trabajar en empresas; es decir, un conjunto de mejoras desde el punto de vista de las prestaciones sociales y de las condiciones de trabajo.
También se han introducido mejoras en las becas, en el marco de las convocatorias generales de proyectos de investigación de los Programas Nacionales de Investigación, Desarrollo e Innovación. En este caso, ya saben que la principal modificación introducida es la exigencia de que a las personas que actúan dentro de estos proyectos, como ayudantes en situación predoctoral, se les reconozca una situación de becarios, y esto quiere decir que se les reconozca, primero, que están en período de formación, y que además de que estén dentro del propio proyecto, perciban una retribución mínima de 160.000 pesetas si están a tiempo completo; en cualquier caso, que perciban la parte proporcional a las horas de dedicación. Hasta ahora, no sólo no había ningún mínimo de retribución en estas circunstancias, sino ningún reconocimiento de la figura de estas personas, en el caso de que actuaran dentro de los proyectos de investigación.
Pero además, desde octubre ya se inició un proceso de análisis en profundidad y de obtención de información para poder abordar adecuadamente una planificación de las actuaciones en materia de recursos humanos. De este estudio, en primer lugar, tenemos los resultados de las dos iniciativas a las que ya he hecho referencia y, en segundo lugar, se ha conseguido la constitución de un grupo de trabajo para el estudio, a partir de este avance efectuado, de las mejoras sociales y laborales de los becarios, que está ya finalizando un informe, en estos momentos preliminar, pero en el que se incluyen unas recomendaciones iniciales para la toma de decisiones de la política científica en ese ámbito...


La señora PRESIDENTA: Señora Ministra, le ruego que vaya concluyendo.
Tendrá otro turno después, pero el de ahora ha concluido.
La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Voy concluyendo, señora Presidenta.
Además, el propio Ministerio ha establecido un mecanismo de recogida y análisis de información sobre las modalidades de becas actualmente existentes en el país, financiadas por otras instancias y Administraciones, incluidas las Comunidades Autónomas. Como bien sabe, señoría --y usted hacía referencia a ello--, se han introducido mejoras en las actuaciones de contratación posdoctoral, con el Programa Ramón y Cajal, que es un primer paso importante para no sólo vertebrar la carrera de investigador, sino para modificar la situación de precariedad en lo que es el estadio posdoctoral.
En último lugar, se ha armonizado y se ha introducido, dando cumplimiento al compromiso de esta Ministra para este año 2001, el incremento de plazas en todos los organismos científicos, que llega casi al 50 por ciento.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, gracias por sus respuestas, aunque no me hayan resultado satisfactorias por no contestar a lo fundamental, al núcleo gordiano de mi interpelación, pero tiempo habrá de hacerlo. Pienso presentar una moción, no sé si con éxito pero, en todo caso, con la intención de ir profundizando en el debate y facilitar las propuestas pertinentes para dar solución a estos problemas.
Se me ocurre algo. Yo conozco perfectamente lo que se ha hecho hasta ahora, y en la última parte de mi interpelación le he dicho que no estaba de acuerdo y que abogaba por otra solución. Por tanto, reiterar lo que se ha hecho hasta ahora está bien como recordatorio e incluso admito haberme equivocado en cuanto al número de becarios --usted, que sabe más que yo y tiene más información, nos ha dado otra cifra que no pongo en duda--, pero lo importante es que no me ha contestado exactamente --me ha parecido inferir algo, y luego profundizaré sobre ello-- al tema central de mi interpelación.
Nos plantea que se ha aumentado el número de becas y las cuantías de las mismas, así como que han buscado programas que pretenden mejorar lo que anteriormente existía. Perfecto, pero a veces una mejora que no conlleva variación respecto a lo anterior supone un parón, porque no se aborda el problema de fondo. ¿Por qué en un país donde existen tantos y tantos modelos de contratación en cuanto a duración y contenido no es posible asimilar la beca a un contrato? ¿Por qué? Hay muchísimos tipos de contrato: estables, fijos, parciales, de obra y servicio, por objetivos, en formación, ¿por qué no se asimilan? Usted ha dicho que se ha creado un grupo de trabajo --sin duda, algo esperanzador-- para la mejora de las condiciones laborales. Me parece estupendo, pero me gustaría que me dijese quién forma ese grupo de trabajo. Sería interesante

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que ese grupo de trabajo se relacionase, fundamentalmente, con los colectivos de las gentes interesadas en ese tipo de cuestiones. Por tanto, sería conveniente que ese grupo de trabajo que debe buscar soluciones y mejorar las condiciones de estos becarios escuchase a las partes interesadas.
Me choca que no me haya contestado a algo que le he planteado. En el régimen general de la Seguridad Social la Administración no considera a la remuneración llamada beca vínculo laboral. Se basa, como usted sabe, en la interpretación del artículo 97 de la Seguridad Social. En él se habla del campo de aplicación del régimen general: trabajadores en general y por cuenta ajena, consejeros, conductores, personal dependiente, etcétera, y se excluye a las personas que realizan trabajos amistosos, benévolos, de buena vecindad, incluidos en un régimen especial, de carácter marginal y no constitutivos de medio fundamental de vida, etcétera. Así se asimila a los becarios, al no admitirles una relación contractual normalizada en el marco del régimen de la Seguridad Social.
Yo le pregunto concretamente sobre esto y me gustaría que me diese una respuesta, no tanto porque me diga usted aquí que lo van a hacer, sino para ver si se puede establecer una línea de trabajo --que es lo que yo pretendo-- con las partes interesadas y que se cree un marco de negociación. Esto es posible conseguirlo --porque estamos hablando de equis miles de millones, pocos, insisto, el 0,01 por ciento-- asimilando la beca al salario, con lo que el único coste sería el de Seguridad Social.
Señora Ministra, esto es lo que le planteo. Dígame usted algo respecto a esta cuestión, porque es el fondo de mi interpelación.


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, le ruego que vaya concluyendo.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Como, efectivamente, hay que concluir y me ha parecido interesante la indicación última que usted ha hecho, a ver si es posible que me lo aclare en su segunda intervención.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, Presidenta.
Señoría, en mi intervención he querido dejar claro algo que en los debates que han tenido lugar --y me ha parecido que aún estaba presente en su exposición-- se había confundido y que tenemos que tener muy claro: es fundamental la configuración de la carrera del investigador y no utilizar figuras que ni incentivan la investigación, ni hacen asumir a los centros sus responsabilidades, ni hacen asumir a los equipos las suyas ni el juego competitivo en el que tienen que estar, eso sí, dando claramente una perspectiva de estabilidad a esta carrera. Por lo tanto, y desde este punto de vista, ésta es una de las líneas de actuación y me preocupa que usted no haya estado de acuerdo al hacer las afirmaciones sobre el Ramón y Cajal, porque van precisamente en este sentido.
Una vez que está establecida esta línea de desarrollo de una carrera de investigador --que no ha existido y a la que muchos organismos que teóricamente estaban en favor de la investigación se resistían, al igual que algunas personas que hablan de la investigación en vacío (no estoy pretendiendo que sea su señoría) y que incluso mediáticamente ha sido confundida--, es necesario que sea asumida; está ya enfocada, se han dado unos primeros pasos y aún hay camino por andar. La otra cuestión es, una vez discutido cuál es el modelo de carrera del investigador, definir en concreto la situación de los becarios predoctorales en este marco, mejorar sus condiciones retributivas, el número --lo hemos hecho ya-- e intentar armonizar --que es lo que estamos haciendo-- con las Comunidades Autónomas al máximo posible las condiciones económicas y sociales en las circunstancias actuales.
Pues bien, en estos momentos el grupo de expertos --en el que, junto con otros, intervienen los afectados directamente porque están organizados y asociados-- está terminando este informe en el que se analizan aquellos ámbitos en los que, a lo ya existente, se pueden adicionar mejoras en el ámbito laboral y de las prestaciones sociales. No se trata de dar estabilidades gratuitas puesto que las estabilidades gratuitas no forman parte de la línea que se quiere seguir --no pretendo que ésta sea su afirmación, pero lo digo para dejarlo claro en esta Cámara-- , sino que se trata de ver si, partiendo de lo que ya tienen los becarios predoctorales, hay posibles mejoras. Porque sí quiero recordar en estos momentos que los becarios predoctorales tienen ya cubiertas no sólo las necesidades materiales básicas con un salario mensual totalmente adecuado, sino que tienen asistencia sanitaria, extensible también a cónyuge e hijos, y tienen cobertura en caso de accidente. Ahora bien, es cierto que, al ser becarios --como lo son en la mayoría de los países, y usted reconocía que existen contratos/becas y modalidades de distintos ámbitos en la carrera del investigador en todos los países--, se están estudiando posibles mejoras en la forma en que se cubren los aspectos sanitarios e incluso otros relacionados con algunas prestaciones.
Sin embargo, debemos tener siempre presente y reconocer la especificidad que tiene la carrera del investigador que, como en todo ámbito creativo, presenta un alto riesgo, tiene que ser competitiva y tiene que tener, como en el caso de los contratos Ramón y Cajal, una perspectiva temporal --en este caso de cinco años--, que les proporcione estabilidad, competitividad, corresponsabilidad y cofinanciación por parte de las Comunidades Autónomas y de los organismos científicos, sean universidades o los organismos públicos de investigación.
Por lo tanto, señoría, estamos avanzando en este punto, así como en lo relativo a las Comunidades Autónomas. Estoy segura de que las recomendaciones que vaya efectuando el grupo de expertos confirmarán las actuaciones puestas en marcha por el Gobierno para potenciar los recursos humanos de investigación, solventar los problemas

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tradicionales de falta de definición en la carrera, inestabilidad --como le comentaba anteriormente--, precariedad, pervivencia de anacronismos y, al mismo tiempo, tendremos propuestas que permitan mejorar adicionalmente, si se da el caso, las condiciones de los becarios predoctorales.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde.


Eran las catorce horas y veinticinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DICTAMEN DE LA COMISION DE SANIDAD Y CONSUMO EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY POR LA QUE CREA LA AGENCIA ESPAÑOLA DE SEGURIDAD ALIMENTARIA (S. 621/000025) (C. D. 121/000024).


La señora PRESIDENTA: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de Ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Sanidad y Consumo en relación con el Proyecto de Ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, el Senador Enrique Bellido.


El señor BELLIDO MUÑOZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, con fecha 3 de mayo del 2001 tuvo entrada en esta Cámara el texto aprobado por el Pleno del Congreso de los Diputados relativo al proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
Al amparo del artículo 104 del Reglamento del Senado, se ordenó la remisión de este proyecto de ley a la Comisión de Sanidad y Consumo.
En virtud de lo establecido en el artículo 107.1 del Reglamento de la Cámara, el plazo para la presentación de enmiendas finalizó el pasado día 16 de mayo. La Comisión designó a los miembros de la Ponencia el pasado día 23 de mayo, dictaminando dicha Ponencia el día 30 de dicho mes y debatiéndose el informe por la Comisión ese mismo día. Al proyecto de ley se presentaron un total de 67 enmiendas, quedando vivas 57 para su debate en Pleno.
Sólo me resta, señorías, agradecer los trabajos realizados por los servicios de la Cámara y muy especialmente por el Letrado de la misma, don Luis de la Peña.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bellido.
Comienza el debate de totalidad. En turno a favor, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) En turno en contra, ¿alguien quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos, entonces, al debate de las enmiendas y votos particulares.
En primer lugar, el voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, que corresponde a las enmiendas números 1 a 14 y 16 a 20.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en el proceso de debate en el Congreso de los Diputados de este proyecto de ley hubo una participación activa por parte del Grupo Federal de Izquierda Unida, cuyas enmiendas en buena medida fueron aceptadas. Por tanto, hubo una aportación positiva en dicho proceso de diálogo, que, efectivamente, permitió la aceptación de diversas iniciativas y propuestas de nuestro Grupo.
En cualquier caso, en este proceso en el Senado aún mantenemos vivas un total de 20 enmiendas, no aceptadas en el Congreso de los Diputados ni en la fase del debate en la Comisión de Sanidad en esta Cámara, que queremos defender en el día de hoy.
En la actualidad existe una crisis alimentaria en nuestro país y también en Europa derivada, por una parte, del problema ocasionado por la encefalopatía espongiforme bovina, denominado el mal de las «vacas locas», como consecuencia de sustituir, en la alimentación del ganado destinado a la producción de carne, las proteaginosas y las oleaginosas por harinas cárnicas. Esto ha dado lugar a esa contradicción en el en el marco de la cadena alimentaria generando una situación de inseguridad, al tiempo que se sigue realizando una manipulación genética de las producciones agrícolas, lo que también genera grandes contradicciones para la seguridad alimentaria.
Es por ello que desde nuestro Grupo Parlamentario venimos planteando desde hace tiempo la idoneidad de poner en marcha esta ley sobre la Agencia de Seguridad Alimentaria en nuestro país.
Como digo, fueron aceptadas diversas iniciativas en el debate de este proyecto de ley en el Congreso de los Diputados, pero todavía mantenemos vivas 20 enmiendas.
Con ellas pretendemos, por un lado, la ampliación de los objetivos básicos de la Agencia y, en ese sentido, planteamos dos enmiendas con la finalidad de garantizar la seguridad y la calidad de los alimentos para consumo humano, dotando de mayor contenido los objetivos de la Agencia de Seguridad Alimentaria. Desde este punto de

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vista, referente a la garantía de la seguridad en toda la cadena alimentaria, pretendemos que abarque todas sus fases, desde la producción de los alimentos hasta su consumo.
Asimismo, consideramos que es necesario ampliar las funciones a desarrollar por parte de la Agencia de Seguridad Alimentaria, por lo que presentamos una serie de enmiendas encaminadas a tal fin. Por ejemplo, señalamos la necesidad de que existan mecanismos para la revisión y la actualización permanente del código alimentario español, la necesidad de un proceso de evaluación sobre los recursos que tienen que ver con la seguridad alimentaria, así como la necesidad de determinar el perfil profesional y la catalogación de los puestos de trabajo relacionados con dicha materia. En definitiva, se trata, como digo, de una serie de iniciativas que pretenden la ampliación de funciones de la Agencia, siempre con el objetivo de garantizar la seguridad alimentaria en nuestro país.
Desde nuestro punto de vista, consideramos necesario que el Consejo de Dirección previsto en el propio proyecto de ley tenga una composición mucho más plural, teniendo en cuenta la participación de las diversas administraciones públicas, en sus ámbitos local y autonómico, actuando con mayor control en todo lo referente a la seguridad alimentaria.
Consideramos también que debe concretarse aún más la figura del Director de la Agencia de Seguridad Alimentaria, en nuestra opinión, insuficientemente determinada en el proyecto de ley.
Consideramos que hay que caminar a un proceso de control, por un lado, de la producción de los alimentos y, por otro, es necesario poner en marcha toda una serie de agencias que, desde el punto de vista de la creación de esa red científica de carácter público, permitiría esos controles para garantizar la inocuidad de los alimentos que se disponen para el consumo humano, siempre dirigido en esa línea de la garantía de la calidad alimentaria.
Presentamos también otras enmiendas que pretenden delimitar en el tiempo cuestiones que ya aparecen en el proyecto de ley, pero que si no se acotan en el tiempo, si no se delimitan, pueden quedar como elementos decorativos, y no gozar de la objetividad que deben tener los objetivos, los planteamientos y las medidas que prevé el proyecto. Por ello, solicitamos que el Estatuto de la Agencia de la Seguridad Alimentaria pueda estar concretado y presentado en un plazo no superior a seis meses.
Igualmente solicitamos que la presentación de la composición y funcionamiento del Comité Científico se concrete en el proyecto de ley con un plazo no superior a seis meses. También planteamos que la puesta en marcha del funcionamiento y composición del Consejo Consultivo sea en un plazo de seis meses, así como del Código Alimentario, cuyos plazos no tienen una concreción, y nuestro grupo propone que también sea de seis meses.
Finalmente, consideramos importante que, en ese plazo de seis meses, se ponga encima de la mesa un informe que sitúe con claridad los recursos que tienen que ir destinados al proceso de desarrollo del proyecto de ley, de todas sus medidas, para garantizar la seguridad alimentaria.
Es decir, es un proyecto de ley que, por un lado, no tiene plazos en cuanto a la puesta en marcha de los mecanismos de control, gestión y desarrollo y, por otro, tampoco tiene una evaluación de cuáles deberían ser las disponibilidades económicas y financieras para el desarrollo de los aspectos relacionados con la garantía de la seguridad alimentaria, por lo que el proyecto puede quedar un tanto cojo. Por ello hemos planteado estas enmiendas, incluida esta última, que pretenden dotar de recursos y suficiencia económica y financiera al proyecto de ley para su desarrollo.
En definitiva, valoramos positivamente el proceso de diálogo que se ha llevado desde el Congreso, en cuanto a que ha permitido asumir toda una serie de iniciativas y se han incorporado propuestas e iniciativas del resto de los grupos políticos, y en este momento podemos afirmar que el proyecto de ley tiene un contenido a partir de la participación y aportación de los diversos grupos de las Cortes Generales.
No obstante, consideramos que es insuficiente, que faltan algunos aspectos, que son los que hemos señalado, y en ese contexto de diálogo, de consenso, de aceptación de propuestas e iniciativas, todavía estamos a tiempo para que se tome en consideración la propuesta que está haciendo el Grupo Mixto (Izquierda Unida).
Este es el llamamiento que queremos hacer, y así culminaríamos un proceso, con un proyecto de ley que podría tener un amplísimo apoyo y consenso. Esa es la voluntad que hemos manifestado desde el principio y la que queremos indicar en este proceso final del debate de las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
El voto particular número 4, presentado por el Grupo Parlamentario Mixto, corresponde a las enmiendas números 21 a 28, que originariamente fueron presentadas por el Senador Quintana.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Quintana.


El señor QUINTANA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy brevemente para explicar la posición del Bloque Nacionalista Galego acerca de la constitución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria y nuestra posición respecto al proyecto que hoy discutimos.
Hemos manifestado durante el proceso de aprobación del presente proyecto nuestras discrepancias sobre ciertos aspectos de él, aunque también desde el primer momento dejamos constancia de la importancia que para nosotros supone la creación de una agencia como la que hoy nos ocupa.
Nuestras diferencias venían provocadas fundamentalmente por tres aspectos. El primero, considerar que en el modelo de constitución de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria que se nos proponía no se reflejaban, al menos con la intensidad que nosotros considerábamos oportuna, las directrices emanadas del Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria Europea.


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En segundo lugar, también nos parecía que sería necesario un mayor impulso en el proyecto de ley para crear la Agencia con suficiente independencia del poder político para que sus labores pudieran ser ejercidas con total eficacia.
En tercer lugar, nos parece que el articulado que se nos proponía venía a recorrer un camino en dirección inversa al que nosotros creíamos que era el adecuado; un camino de recuperación para la competencia estatal de determinadas competencias, hoy ejercidas por las Comunidades Autónomas, y cuya plasmación en la configuración de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria actual podía poner en entredicho.
Es cierto que durante el debate parlamentario se ha modificado en algunos aspectos el proyecto, cosa que celebramos, sobre todo por la importancia que la configuración definitiva de la Agencia puede tener. De la misma manera, consideramos también que se ha perdido una importante oportunidad de dar algún paso más en la línea que nosotros proponíamos. Aun así, seguiremos defendiendo que la política alimentaria debe basarse en normas rigurosas de seguridad alimentaria que sirvan para proteger y fomentar la salud de los consumidores.
La producción y el consumo de alimentos son esenciales en cualquier sociedad y tienen repercusiones económicas, sociales y, en numerosos casos, medioambientales. Si bien la protección de la salud es siempre prioritaria, estos aspectos también han de tenerse en cuenta en el desarrollo de la política alimentaria. Casos recientes que hemos vivido en el Estado así lo demuestran.
Estos han sido los argumentos fundamentales que nos han animado a mantener vivas las enmiendas que hoy defendemos, aunque también insistimos en nuestra valoración de las modificaciones que el proyecto tuvo en su trámite parlamentario. A partir de la votación por separado del articulado de la ley, podremos especificar con mayor claridad nuestro posicionamiento final.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quintana.
El voto particular número 2 corresponde a las enmiendas números 47 a 51, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria.
Para su defensa, tiene la palabra el portavoz de Coalición Canaria, el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, adelantamos nuestra satisfacción por la buena voluntad política que ha mostrado el Grupo mayoritario a lo largo de la tramitación en el Congreso de los Diputados, así como en la Ponencia y en la Comisión del Senado.
Las enmiendas vivas que mantenemos son cinco: 47, 48, 49, 50 y 51. Las tres primeras son enmiendas exclusivamente técnicas, y no se han valorado de manera suficiente por el Grupo Parlamentario Popular a lo largo de su tramitación, tanto en el Congreso como en el Senado. Por eso consideramos que debemos retirarlas en estos momentos.
En cambio las otras dos, la 50 y la 51, más de fondo conceptual y práctico, deseamos defenderlas en este debate y someterlas a votación. En primer lugar, la número 50 propone la adición de un apartado 2.b), nuevo, al artículo 2º, en relación con la elaboración de los planes anuales de actuación. Consideramos que dicha planificación debe tener en cuenta tanto las recomendaciones de la Unión Europea como las necesidades específicas en materia de riesgo y seguridad alimentaria de los diferentes territorios del Estado español con especial atención, por sus características específicas, a las Comunidades Autónomas de Canarias y de las Islas Baleares. Específicamente los puertos canarios reciben alimentos del muy próximo continente africano con posible difusión posterior europea con claros riesgos emergentes para la salud, por lo que específicamente deberían estar recogidas unas recomendaciones propias.
La enmienda número 51, es al artículo 10.1, donde se dice que corresponde al Gobierno aprobar el Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, pero no parece que atente contra el Estado recomendar que antes de aprobar este Estatuto de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, mediante Decreto, se realice una consulta a las Comunidades Autónomas, ya que no hay que olvidar que estas Comunidades Autónomas también son Estado. Esta afirmación 22 años después de la Constitución de 1978 parece obvia, pero, al parecer, va a ser necesario recordarla con mucha más frecuencia de la debida. En todo caso, la reivindicaremos cuantas veces sea necesario. (Rumores.) Por lo tanto, en resumen --si me dejan terminar los señores compañeros que están aquí próximos--, retiramos las enmiendas 47, 48 y 49; mantenemos la 50, vinculada con los puestos insulares por su relación con el continente africano y sus repercusiones posibles de problemas alimentarios de salud, y mantenemos también la 51 que dice que previamente a la aprobación del Estatuto se pregunte cuál es la opinión de las Comunidades Autónomas, las cuales --repito-- también son parte del Estado.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Corresponde ahora la defensa de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que son las números 29 a 34.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señorías, subo a esta tribuna para defender las enmiendas que mantiene nuestro Grupo parlamentario presentadas al proyecto de ley de creación de la Agencia de Seguridad Alimentaria.
Las enmiendas que mantenemos son las que van de la número 29 a la número 34. En concreto la número 29 se refiere al artículo 2, apartado 1.c), que hace referencia a los objetivos específicos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. A través de la enmienda planteamos una modificación del texto de la letra c) al objeto de sustituir los

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términos por un lado de «centro» y de «emergencia» por los de «organismo» y «alarma», respectivamente, por considerarlos más adecuados a la naturaleza atribuida a la Agencia en el contenido del proyecto de ley y al acervo normativo relacionado con cuestiones relacionadas y referidas a la protección de la salud y de consumidores y usuarios.
Por otro lado, en esta misma enmienda queremos que se incluya una descripción real de la principal actividad de la Agencia, actividad finalista que realizará, que es la de integrar todos los mecanismos y conocimientos técnicos y científicos disponibles en la evaluación de riesgos y gestión y comunicación de aquellos en las situaciones planteadas como fundamentales en el texto de la letra c).
Las enmiendas número 30 a la 33, que plantea el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos se refieren al artículo 2, apartado 2 de la ley que hace referencia a las funciones de la Agencia. En concreto, la número 30 se refiere a las letras a) y b), que a través de nuestra enmienda pretendemos unir bajo una única letra a), para mejorar técnicamente el sentido de ambas funciones. En el texto originario se separa el mensaje estableciendo en la letra a) la función que con carácter general tiene la Agencia en relación con las competencias que inciden en la seguridad alimentaria, y en la letra b) una manifestación concreta de esta seguridad, como es el control oficial de productos alimenticios. Nos parece mucho más correcto que se realce una de las funciones más importante de la Agencia, que es la actuación preventiva a través del control oficial de productos alimenticios, y consideramos que se refleja mejor uniendo ambas funciones bajo una única letra.
La enmienda número 31 se refiere a la letra c) y con ella proponemos sustituir el término «instar» por «proponer», ya que consideramos que las connotaciones del término «instar» pueden generar confusión en la identificación de los límites de la capacidad que ostenta la Agencia respecto al conjunto de poderes públicos, máxime cuando la propia Agencia se crea, tal y como se recoge en el artículo 2, apartado 1, con el objetivo general de promover la seguridad alimentaria.
La enmienda número 32 se refiere a la letra o) y propone sustituir «que sirvan» por «que puedan servir», por entender que se trata de una mejora técnica, cuya redacción es, desde el punto de vista competencial, más respetuosa con la pluralidad de autoridades con competencia en actuaciones meramente ejecutivas.
La enmienda número 33 se refiere a la letra p) y tiene como objetivo modificar el texto incluyendo como función de la Agencia proponer la actualización de la normativa básica. Este aspecto, además, fue contemplado expresamente entre las finalidades de la propia Agencia y atribuido a la misma en la resolución aprobada en el Congreso de los Diputados en junio de 1999. Entendemos que la redacción propuesta es técnicamente más correcta desde el punto de vista competencial al ser más respetuosa con la pluralidad de titulares de la potestad normativa, incluyendo en primer lugar al propio Estado en el dictado de la normativa básica desde la perspectiva de marco básico de referencia, que precisamente es la que requiere de mayores consensos por su posición preeminente en el ordenamiento, y que desde luego no tiene nada que ver con poder promover nuevos desarrollos normativos, argumento que nos fue apuntado en su día en la Ponencia y en Comisión por el Grupo mayoritario de la Cámara para rechazar la enmienda.
Por último, la enmienda número 34 lo es al artículo 4, referido a los órganos de la Agencia, concretamente al apartado 1.b), que establece la composición del Consejo de Dirección. Creemos que debe desaparecer el punto 2) en el que se indica que en la composición estarán presentes el o los Vicepresidentes porque, de hecho, aparecen como algo arbitrario, máxime cuando en la letra d) del mismo apartado 1) se dice que podrán nombrarse hasta dos vicepresidentes en la forma que reglamentariamente se determine, siendo práctica habitual que los mismos se designen entre los miembros del Consejo. En ese sentido, tal y como aparece en el texto de la ley, se deja abierto y no figura quién los va a designar y en calidad de qué van a ser miembros natos del propio Consejo de Dirección.
Por otro lado queremos que se incremente de cuatro a seis el número de representantes designados por las Comunidades Autónomas, y se indica que serán designados por el conjunto de representantes de las Comunidades Autónomas en la Comisión Institucional. De esta forma se confiere al propio Consejo de Dirección mayor carácter integrador e interterritorial, así como una teórica posición paritaria más respetuosa con la organización territorial del Estado, dado que hablamos de la representación de un 40 por ciento de las Comunidades Autónomas y en posición paritaria teóricamente con el número de miembros nombrados por el Gobierno, que también elevamos de cuatro a seis.
En este mismo sentido con esta enmienda nuestro Grupo suprime la representación inherente al concepto de participación social o comunitaria, no por el hecho de que no estemos de acuerdo con esta participación, sino porque consideramos que dado que normalmente en la representación de consejos de dirección, si se considera la representación de una participación social o comunitaria, tiene que existir también la participación de las organizaciones sindicales, aspecto que no se recoge en el texto del proyecto de ley, creemos que puede haber incluso hasta un vicio de legalidad ante la supresión y la ausencia de la representación sindical. Tendría mucha mejor cabida una representación amplia y debidamente consensuada en los Consejos Asesores o en el Consejo Consultivo que se plantea en el proyecto de ley entre los órganos de la propia Agencia.
Esperemos que el Grupo mayoritario de la Cámara acepte alguna de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo, así como del resto de los grupos parlamentarios, porque de hecho entendemos que incluso habiendo mejorado sustancialmente el proyecto inicial presentado en el Congreso después de su debate allí, también hay enmiendas presentadas en esta Cámara que pueden aportar mucho y mejorar el contenido del proyecto de ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.


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El voto particular número cinco, presentado por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana del Progrés, corresponde a las enmiendas números 52 y de la 54 a la 61. Para su defensa tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.
Haré una defensa breve y en bloque del conjunto de enmiendas, puesto que la defensa más particularizada e individualizada de las enmiendas la hice ya en Comisión y no quiero reproducir ese debate.
Esta es una buena ley pero, como se dijo en Comisión y es bueno que se repita ante el Pleno, se debe mucho más a la oposición que al Gobierno.
Cuando hablo de oposición me refiero al Grupo Parlamentario Socialista que en el Congreso de los Diputados, a través de enmiendas parciales y de una enmienda de totalidad, modificó radicalmente el proyecto inicial del Gobierno, de acuerdo con el Grupo Popular, por supuesto, al reconocer éste que el proyecto del Gobierno era infumable, por decirlo en términos coloquiales, y que era mejor acogerse a las propuestas de la oposición, llegar a consensos adecuados y elaborar un texto, que finalmente fue el dictamen del Congreso de los Diputados y que ha conocido esta Cámara.
Este dictamen --aún mejorable y de ahí las enmiendas de nuestro Grupo y de otros grupos parlamentarios-- trae causa, como es sabido, de la pésima gestión de la crisis alimentaria que padeció nuestro país, como otros muchos países de la Unión Europea. La crisis alimentaria fue grave, no imputable a nadie en cuanto a su origen, sino a unas causas biológicas claramente determinadas, la encefalopatía espongiforme bovina, como es bien conocido, pero no se puede ignorar, y es bueno recordarlo, que la gestión de la crisis, sobre todo por parte de la Ministra Villalobos y del Ministro Arias Cañete, fue muy mala. Entre los dos consiguieron, una con recetas de cocina y otro comiendo compulsivamente chuletas de vacuno, reducir el consumo de vacuno en nuestro país al 30 por ciento. Es un buen récord para dos ministros que parece que jugaban al alimón a ver si entre los dos agravaban más la objetiva, evidente y no imputable a nadie crisis alimentaria que nuestro país padecía como otros de la Unión Europea.
Nuestras enmiendas, hechas estas reflexiones iniciales, señora Presidenta, tienden a buscar una mayor presencia de los representantes de las Comunidades Autónomas en la Agencia, es decir, a buscar una mejor coordinación de este complejo Estado de las autonomías del que el conjunto de los españoles nos hemos querido dotar y que tan bien nos ha funcionado hasta ahora.
El otro bloque de enmiendas de nuestro Grupo Parlamentario viene a buscar un mejor equilibrio institucional en la arquitectura de poder de la Agencia. Es decir, nosotros creemos que tal y como viene diseñada la Agencia en el proyecto del Gobierno, resulta excesivamente presidencialista. Con nuestras enmiendas proponemos un reparto más equilibrado y más acorde de esas competencias con los intereses de la Agencia.
Finalmente, teníamos una enmienda, la número 58, que esperábamos que pudiese transaccionarse con el Grupo Parlamentario Popular, pero este Grupo continúa con el ademán impasible y no la va a transaccionar, aunque su portavoz reconoció que era una pequeñísima mejora del texto.
También quiero mencionar las enmiendas números 60 y 61. La primera propone un nuevo apartado h) en el artículo 4.6, por el que se mandataría a la Agencia que denunciara ante el Ministerio a Fiscal los presuntos delitos que en su acción inspectora pudiese detectar o levantar. La otra enmienda, a la disposición final segunda, obligaría a la Agencia a realizar una revisión de su funcionamiento al cabo de tres años para mejorarlo y adecuarlo en aquellos extremos en que no resultase acorde con los objetivos políticos y sanitarios que entre todos nos hemos fijado.
Estas son, señora Presidenta, las enmiendas que mantiene nuestro Grupo al texto del proyecto.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Espasa.
Pasamos al voto particular número 6, del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a las enmiendas números 36 y 37 y de la 39 a la 46.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Catalá.


El señor CATALA PARDO: Gracias, señora Presidenta.
No voy a poderlo hacer, pero la verdad es que me hubiese gustado comenzar mi intervención agradeciendo la presencia de la Ministra de Sanidad en este debate, pero este proyecto de ley, posiblemente el más importante de su Departamento en esta legislatura, no le ha motivado lo suficiente, o quizá sea esta Cámara la que, a imagen y semejanza de lo que le pasa a su Presidente de Gobierno, no le atrae especialmente. En cualquier caso, con Ministros o sin ellos, lo cierto es que estamos ante un debate de auténtica trascendencia política porque afecta directamente a la necesaria protección del derecho constitucional a la salud que establece el artículo 43 de la Carta Magna.
Pero además estamos ante uno de los derechos a los que los ciudadanos son más sensibles, más aún después de la que ha caído en Europa y en este país con la cuestión de las «vacas locas». Todos asumimos que hay riesgos sociales, pero lo que no asumimos fácilmente son aquellos riesgos que, pudiendo evitarse, no tenemos capacidad suficiente para conseguirlo. Por ejemplo, los accidentes de tráfico o las muertes por alcohol o por tabaco los ciudadanos los ven como evitables por su propia voluntad, pero los riesgos derivados de la falta de seguridad en la cadena alimenticia saben que no pueden evitarlos y a la vez saben que pueden y deben exigirles a las administraciones que se los eviten. Por eso las evidentes carencias de este Gobierno en políticas de protección alimenticia han sensibilizado más si cabe a la opinión pública aumentando la desconfianza en esos mismos poderes públicos a los que la Constitución ordena tutelar la salud de todos los ciudadanos.
Es más, yo diría que la desconfianza de los ciudadanos no está motivada tanto por la inexistencia de políticas adecuadas --que también-- como por la mala gestión de la crisis, sobre todo en sus inicios. Señorías, el espectáculo que se le dio al país fue bochornoso: descoordinación entre

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los departamentos ministeriales e improvisación, por no hablar de la propia actitud de algunos dirigentes de los Ministerios implicados. El Ministro de Medio Ambiente estaba «missing», desaparecido, pero sin dar soluciones claras en temas como el de las cementeras, incineración de despojos o vertederos. Y la Ministra de Sanidad, con su afición de tener que decir siempre algo ocurrente --cargada de buena voluntad, estoy seguro--, ha creado alarma, desinformación, desconcierto y perplejidad entre los ciudadanos, y sobre todo entre aquellos que estaban más directamente implicados en la crisis.
Parece que objetivamente teníamos necesidad de replantearnos en profundidad las políticas de seguridad alimentaria. Los socialistas veníamos reclamando la necesidad de crear esta Agencia desde hace más de cinco años, con escaso éxito, por cierto. El Partido Popular no vio ni la necesidad ni la conveniencia de su creación; yo me imagino que bien arrepentidos estarán de ello, sobre todo los ministros implicados. La creación de la Agencia posiblemente no hubiera evitado la crisis, pero seguro que la hubiera gestionado mejor, y hubiera sido capaz de transmitir una información a los ciudadanos veraz, trasparente, coordinada, y además hubiera creado la confianza necesaria para que las medidas a adoptar hubieran tenido más efectividad.
En la Unión Europea se ha estado debatiendo durante este último año y medio o dos años para entre todos (comunidad científica, organismos comunitarios, Estados miembros) aportar alguna idea sobre este tema hasta llegar al modelo de coordinación que sirva de marco referencial para el conjunto de la legislación europea del futuro. El Libro Blanco de Seguridad Alimentaria Europea contiene los principios básicos en esta materia y las líneas de colaboración entre los Estados miembros. La eficacia de las políticas europeas va a depender fundamentalmente de la capacidad que tengamos en cada país para coordinar nuestras políticas internamente y con el resto de países, pero mientras que en Europa sucedía esto, en España hemos adolecido de debate previo. Aquí hemos actuado un poco al calor de las prisas, de la mal gestionada crisis, y fruto de esas prisas, de esas improvisaciones, de esa falta de rigor, el Gobierno remitió un proyecto en mi opinión no merecedor de ese nombre, no solamente por lo escaso, sino por lo nefando de su contenido, absolutamente alejado de los modelos de los países del entorno, incluso alejado del propio modelo de autoridad alimentaria europea. No se consultó suficientemente ni a las asociaciones de consumidores ni a las Comunidades Autónomas ni a los Ayuntamientos ni a los sectores implicados, y ante tal despropósito el Grupo Parlamentario Socialista presentó un texto alternativo que, consensuado, sirvió de base al proyecto de ley que se aprobó en el Congreso de los Diputados y que hoy estamos debatiendo en esta Cámara.
En este proyecto nos encontramos con la creación de una Agencia de Seguridad Alimentaria que, esta vez sí, tiene y acoge los principios de independencia, de autonomía, de excelencia, de trasparencia, con capacidad además para coordinar a las diferentes Administraciones con competencias: Administración Central del Estado, Comunidades Autónomas y Administraciones Locales. Por tanto, estamos de acuerdo con este proyecto, pero pensamos que es perfectible, y por ello presentamos una serie de enmiendas que, pese a la buena voluntad de la Senadora López Garnica, no pudieron incorporarse al texto, ni en Ponencia ni en Comisión, y que ahora presento de nuevo, con pocas esperanzas --bien es cierto--, en este último trámite parlamentario, pero sí con la convicción de que las mismas podrían servir para el fortalecimiento de algunas de las características básicas de esta ley.
Mantenemos viva la enmienda número 36, que introduce dos nuevas funciones para la Agencia, que consideramos importantes. En primer lugar, queremos que la Agencia coordine, no ya a las Administraciones, que también, sino las políticas nacionales, sobre todo las de los cuatro ministerios implicados directamente en la seguridad alimentaria, para que éstos coordinen no sólo sus actividades, que por supuesto, sino sus ideas al efecto de que sus políticas en materia de seguridad alimentaria no puedan llegar a ser contradictorias.
Asimismo, nos parece también importante que la Agencia tuviera una segunda función, que no viene recogida, que es no sólo la de informar de las autorizaciones que sean competencia de la Administración Central del Estado, sino que además sea el organismo que resuelva estas autorizaciones, y esto lo hacemos para garantizar la seguridad de la propia red, porque los informes de la Agencia son preceptivos, pero no son vinculantes y por tanto, nadie nos va a asegurar que las autorizaciones que en un futuro tenga que hacer cualquier tipo de organismo vayan en la dirección que la Agencia, que los técnicos, que los científicos de la misma, determinen. Ya sé que en este momento no tiene competencias para ello, pero creo que sería bueno que esta ley se las otorgase.
Mantenemos vivas también, en bloque, las enmiendas números 37, 39, 40, 41 y 42, todas ellas relacionadas con la regulación básica de los órganos, y que persiguen la misma filosofía: eliminar el carácter presidencialista de la Agencia. Nos parece que no es eficaz que la Agencia tenga ese carácter. Proponemos que haya un Presidente del Consejo de Dirección, que no preside la Agencia, y que el Consejo Institucional y el Consejo Consultivo sean presididos por el Director Ejecutivo de la Agencia, cuyas competencias vendrán delimitadas exclusivamente por las que correspondan al Consejo de Dirección, y ese Consejo de Dirección será el que propondrá al Consejo de Ministros su nombramiento.
Vemos que la incomprensible discriminación de duración de mandatos a favor de los miembros del Gobierno en el Consejo de Dirección ha desaparecido; nos congratulamos, porque siempre es bueno corregir los errores.
En cuanto a la composición del Consejo de Dirección, no estamos de acuerdo con el texto y, por tanto, con la propuesta del Partido Popular en dos aspectos: En primer lugar y respecto a la representación social, nosotros proponemos que haya dos miembros por parte de los consumidores y usuarios y otros dos por los representantes de organizaciones económicas del sector de producción, transformación y distribución agroalimentaria.
Por contra, el

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Grupo Parlamentario Popular propone un único representante para cada grupo. Pensamos que así se consigue un mejor equilibrio y que una mayor presencia de esta representación será beneficioso para la propia Agencia.
Nos dicen que aumentar en dos el número de miembros resta operatividad a la Agencia, es decir, pasamos de quince a diecisiete. Es cuestionable que se le pueda quitar operatividad, pero, en cualquier caso, eso no sucedería si aceptaran nuestra siguiente enmienda, la número 39, en la que proponemos que los Vicepresidentes del Consejo de Dirección sean nombrados de entre los miembros del mismo y no de fuera. Así volveríamos a tener quince miembros en lugar de diecisiete, y la Agencia gozaría de operatividad.
La enmienda número 43 pretende introducir que dentro de los principios específicos de la Agencia todas las normas que promueva, todas ellas, tengan, no solamente el preceptivo trámite de audiencia, sino además el de información pública. Lo hacemos por un principio de sensibilidad, pues pensamos que todos los ciudadanos están especialmente interesados en saber cuáles son las normas futuras que afectan a su cadena alimentaria.
Por tanto, pensamos que sería bueno que se pudiera establecer esta iniciativa. En cualquier caso, esto abundaría en la transparencia de este órgano, y no olvidemos que la transparencia ha sido considerada como uno de los principios básicos del Libro Blanco para recuperar las confianzas perdidas.
Dentro de las características que nosotros queremos imprimir a la Agencia está la de la credibilidad, precisamente por la pérdida que de ella ha tenido el Gobierno con motivo de la crisis. En esta línea la enmienda número 44 establece que cuando en el ejercicio de sus competencias la Agencia tuviera conocimiento de algún hecho presuntamente delictivo, lo ponga con la máxima inmediatez en conocimiento del Ministerio Fiscal.
Este es uno de los temas en los que insistimos en que lo que abunda no daña. Creemos que tendría un doble objetivo: por un lado, tranquilizaría a los ciudadanos, que sabrían con seguridad que en cuanto se tuviese constancia de un hecho presuntamente delictivo se denunciaría inmediatamente y, por otro lado, podría servir de caución al posible infractor, algo bastante positivo en este momento.
La enmienda 45 se refiere al plazo establecido para presentar un proyecto de estatutos. Ustedes entienden que deben ser seis meses, pero nosotros consideramos que sería bueno encargar a un grupo de expertos un informe que sirviera de base a esos estatutos futuros. Lo hacemos por muchas razones, pero fundamentalmente porque no hay que olvidar que en este país hemos adolecido de debate previo, por lo que puede ser éste un buen momento para encargar a un grupo de expertos que nos oriente sobre cómo abordar el reglamento de la Agencia. Sería importante que ese documento fuera público y que, en cualquier caso, siempre sirviera como documento de consulta. Eso no tiene por qué alargar el período de seis meses.
Intentamos que el período se enriquezca, no que se entorpezca.
Por último, hemos mantenido la enmienda 46, en la que proponemos que, transcurrido un período de tres años, se analice el funcionamiento de la Agencia para ver si es necesario darle una mayor autonomía. Ese principio está recogido, tras ser admitido y pactado con el Partido Popular, como idea genérica en el Preámbulo de la ley, pero nosotros seguimos pensando que debería estar en el articulado y hacerse alusión al plazo de los tres años. No hay que olvidar que eso abundaría en la independencia de la Agencia, otro de los principios básicos del Libro Blanco de la Unión Europea.
Senadora López Garnica, en su día propusimos el consenso y entre todos conseguimos que se lograra. Siguiendo ese espíritu de consenso, querríamos, aunque fuera «in extremis», que se admitiera alguna de nuestras enmiendas para redondear el proyecto. En definitiva, ganaría el proyecto en independencia, transparencia y participación, y eso es bueno para la ley y, sobre todo, para el conjunto de los ciudadanos.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Catalá.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señorías.
Intervengo para dar respuesta a todas y cada una de las intervenciones de los portavoces que han presentado enmiendas a este proyecto de ley, empezando por las números 1 a 20, de Izquierda Unida.
Las enmiendas números 1 y 2, que más o menos inciden en lo mismo, no pueden ser aceptadas por cuanto el Senador Cabrero habla de la ampliación del objetivo básico de la Agencia y, a nuestro entender, sus propuestas de ampliación exceden del cometido de la Agencia en un caso y en otro suponen la incursión en competencias de otros departamentos.
En cuanto a la enmienda número 3, propusimos en su día en el trámite de Comisión una transacción a Izquierda Unida que no fue aceptada, y vuelvo a repetir lo mismo que entonces: que no puede ser aceptada por cuanto el Código Alimentario Español no se circunscribe únicamente a aspectos de seguridad alimentaria.
Las enmiendas números 4 y 5 no se aceptan porque, a nuestro entender, están conceptualmente incluidas en el artículo 2.2.e) del proyecto. En concreto, lo que aporta la número 5 sobre lo ya contemplado en el artículo 2.2.r) puede suponer una incursión en las competencias de otro departamento.
Respecto a la enmienda número 6, tampoco puede ser aceptada por mi Grupo por cuanto la educación para el consumo y la educación para la salud en aquellos aspectos que exceden del ámbito de la comunicación de riesgos no han de incorporarse de ninguna manera a los objetivos ni a las funciones de la Agencia de Seguridad Alimentaria, y además son gestionados por unidades y organismos ya existentes.
La enmienda número 7 tampoco puede ser aceptada, por cuanto todo lo que se refiere a la comunicación de riesgos se considera ya perfectamente incluido en el artículo

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2.1.c). (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) En cuanto a la enmienda número 8, mi grupo parlamentario, dando muestras de su talante de consenso --como así lo dio en el Congreso y que algunos Senadores nos han negado incomprensiblemente--, también ofreció una transacción que Izquierda Unida no aceptó, por lo tanto reiteramos lo dicho en la Comisión.
La enmienda número 9 no puede ser aceptada porque tampoco se circunscribe al ámbito de la seguridad alimentaria y supone, además, una actuación de control ejecutivo que compete en todo caso a las Administraciones territoriales.
Lo mismo en cuanto a la enmienda número 10, pues en modo alguno puede pretenderse que la Agencia actúe a estos efectos como una empresa de servicios a petición de parte. Por otra parte, el carácter cualitativo de calidad que se le da al texto alternativo del enmendante estaría fuera del ámbito de actuación de la Agencia.
En cuanto a la enmienda número 11, que hace referencia a la composición del Consejo de Dirección, tampoco podemos aceptarla puesto que la composición que ustedes proponen supondría una politización del control de la Agencia, frente a la institucionalización que es lo que se ha pretendido. Y es que, además, la composición que ustedes proponen desequilibra de forma importante la presencia en el Consejo de los miembros nombrados por el Gobierno de la nación, haciendo predominar los nombrados tanto por las Administraciones territoriales como locales, y creemos que esto no es oportuno en una Agencia estatal.
Respecto al nombramiento de Presidente y Vicepresidente por el Consejo de Dirección que ustedes proponen, no podemos admitirlo en ningún modo porque convertiría en puramente testimonial la adscripción de la Agencia al Ministerio de Sanidad y Consumo, en contra de nuestro criterio y en contra del criterio más aconsejable demandado por la ciudadanía en lo que se refiere a la plena implicación del Ministerio de Sanidad y Consumo en las cuestiones relativas a seguridad alimentaria. En la Agencia se van a adoptar importantes decisiones y creemos que éstas deben producirse en el seno del Ministerio de Sanidad y Consumo porque ahí es donde en ningún caso van a mediar otro tipo de intereses que podrían darse si esta adscripción al Ministerio de Sanidad y Consumo no fuera real.
La enmienda número 12 tampoco podemos aceptarla por cuanto elude y vacía de contenido y de funciones al Presidente de la Agencia y porque además debilita la estabilidad del Director de la Agencia en detrimento de su independencia.
Tampoco podemos aceptar la enmienda número 13, por no considerarla necesaria, ya que el contenido adicional que pretende incorporar está claramente incluido en el texto, y entrecomillo, dictámenes científicos en materia de seguridad alimentaria, y, además, es algo que viene circunscrito por Europa.
En cuanto a la enmienda número 14, su grupo parlamentario ya aceptó la supresión de la mención públicas o privadas, manteniendo una redacción que fue aceptada por todos y que no especifica unas u otras, al referirse a las instituciones. Por ello, creemos que de alguna manera no cabe aquí cerrar definitivamente la posibilidad de recurrir a instituciones privadas, de manera puntual, cuando pueda considerarse necesario un apoyo técnico que no esté disponible en las instituciones públicas y, además, también hay que tener en cuenta la optimización de recursos. Quizá, en el caso de una técnica analítica muy costosa, a la que pueda ser necesario recurrir de manera muy puntual, hay que plantearse si resulta más conveniente el montaje permanente de esta técnica en una institución pública para, a lo mejor, emplearla muy de tarde en tarde o, por el contrario, si puede ser mejor hacer un concierto con una institución privada. Creemos que no se debe cerrar esta posibilidad y proponemos que desaparezca la indicación públicas o privadas.
La enmienda número 16 tampoco se acepta porque su solicitud ya aparece recogida en el apartado número 2 del artículo 10.
En relación con la enmienda número 17 he de decir, señoría, que no parece razonable que se establezca el mismo plazo para la aprobación de los estatutos que para la constitución del comité científico.
Lo mismo ocurre con la enmienda número 18, porque el funcionamiento de los órganos de la Agencia, en todo caso, vendrá dado por el estatuto y, desde luego, carecería de sentido el pretender regular el mismo plazo en el estatuto y en cualquier disposición de desarrollo reglamentario.
La enmienda número 19 no se acepta en concordancia con lo expresado en la enmienda número 3.
La enmienda número 20 no se acepta en consecuencia con lo expuesto para las enmiendas números 17 y 18.
En cuanto a las enmiendas del Bloque Nacionalista Galego, números 21 a 28, he de decir que el Senador Quintana ha expresado que esta ley no refleja las directrices del Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria de la Unión Europea y yo creo que el texto, en general, es perfectamente concordante con las recomendaciones, es perfectamente exquisito con ellas y no solamente en cuanto a las directrices en general sino también en cuanto a las funciones de la propia Agencia Española.
También ha comentado que la adscripción de la Agencia al Ministerio de Sanidad y Consumo pone en peligro su independencia y, como he expresado al rechazar una de las enmiendas de Izquierda Unida, la independencia no se ve comprometida en ningún caso por su adscripción a un Ministerio sino que, por el contrario, creemos que es lo más adecuado precisamente para salvaguardar su independencia de otros intereses.
De ningún modo podemos admitir su afirmación de que se ponen en entredicho las competencias de las Comunidades Autónomas porque, a pesar de que algunas de sus enmiendas --así como las de otros grupos parlamentarios-- vienen a incidir en este aspecto, a juicio del Gobierno, y de mi grupo parlamentario, en el texto queda suficientemente claro el respeto a las competencias de las mismas.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, Senadora Loroño, el hecho de repetir todo el debate que se produjo tanto en Ponencia

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como en Comisión sería un poco largo y cansaríamos a todos los presentes pero, desde luego, creo que se ha demostrado largamente la voluntad y el talante de consenso del Grupo Parlamentario Popular. Cada una de sus enmiendas fue argumentada y debatida, tanto en la Ponencia como en la Comisión e, incluso, en el caso de una de ellas, la enmienda número 33, nos comprometimos a seguir intentando alcanzar el acuerdo; sin embargo, nos mantenemos en el mismo criterio que expresamos en la Comisión en el sentido de que no aporta nada nuevo al proyecto remitido por el Congreso de los Diputados. Por otra parte, el propósito de mencionar expresamente la actualización de la normativa alimentaria está ya implícito en la capacidad de propuesta de nuevos desarrollos normativos.
Por otra parte, y concretamente en materia de seguridad alimentaria, las iniciativas de actualización se van a producir en la práctica totalidad de los casos de iniciativas comunitarias, con lo cual quedaría relegada la iniciativa interna en este sentido a la mera posibilidad teórica.
En cuanto a las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista quiero decir con carácter general, lo mismo expresado para el resto de grupos parlamentarios por parte de mi Grupo, que si es cierto que el proyecto del Gobierno era en principio escaso, el Gobierno no pretendió enviar un texto muy detallado al Parlamento para no dar la sensación de cerrar las puertas y, desde luego, no es un texto alejado de la Unión Europea, todo lo contrario, pues el texto respeta en su totalidad las recomendaciones del Libro Blanco sobre la Seguridad Alimentaria de la Unión Europea, y tampoco es cierto, Senador Catalá, que no se consultara a los sectores.
Yo creo que éste es un texto suficientemente debatido y consensuado no solamente dentro del Parlamento sino fuera de él.
Yo le agradezco que me reconozca mi buena voluntad a título personal, pero quiero decirle que yo aquí no actúo a título personal; represento al grupo parlamentario mayoritario en esta Cámara; mi criterio es el de 150 Senadores y también el del Gobierno, al cual sostenemos, y creo que la misma buena voluntad que está demostrando este grupo parlamentario en el Senado ya lo demostró, sobre todo, con su grupo parlamentario, con el cual el Grupo Parlamentario Popular pactó un texto de proyecto de ley a su total satisfacción, también a la del Gobierno. Por lo tanto, la buena voluntad debiera hacerla extensiva al Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, en el Senado y al propio Gobierno.
Comentando sin demasiada dilación algunas de sus enmiendas diré que respecto a la número 36 no cabe aceptar ninguna de las dos modificaciones propuestas, ni la de la letra a) ni la de la letra q), del artículo 2.2; en la a) porque en ningún caso cabe atribuir a la Agencia la capacidad para coordinar políticas nacionales, pues éstas son ejercitadas por el Gobierno y, además, es criterio del Tribunal Constitucional que lo que se coordinan son las actuaciones y no las políticas. En cuanto a la letra q) del artículo 2.2 quiero recordar al Senador Catalá que el texto que ha llegado al Senado es el resultante del acuerdo entre los dos Grupos mayoritarios en el Congreso; por lo tanto, nos parece improcedente que se vuelva a insistir sobre algo con lo que estuvo totalmente de acuerdo el Grupo Parlamentario Socialista. Al final, la fórmula que quedó era la palabra «informar» y no la de «autorizar y denegar» por cuanto la Agencia como tal no tiene la capacidad de autorizar y denegar que puede corresponder a distintos órganos de la Administración del Estado.
En cuanto a la enmienda número 37 no podemos permitir la supresión de la alusión a las figuras de el o los vicepresidentes, y esto valga para algunas de las otras enmiendas que han presentado otros Grupos, por ejemplo, la número 34 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tampoco cabe ceder al incremento numérico que se plantea y lo mismo sirve para la modificación numérica que proponía el Partido Nacionalista Vasco por razones de operatividad, por razones de equilibrio; y tampoco se puede aceptar la supresión de la alusión a la restauración por cuanto se trata de una de las fases terminales de la cadena alimentaria que está en relación directísima con el consumidor final y de hecho está directamente implicada en incidencias de seguridad alimentaria.
La enmienda número 39 del Grupo Parlamentario Socialista también fue pactada en el Congreso y también hace referencia al nombramiento de los Vicepresidentes; se acordó que este nombramiento se hiciera reglamentariamente; por tanto, creemos que no procede aquí cerrar este procedimiento.
En cuanto a las enmiendas números 40 y 41 también tratan de vaciar de contenido tanto lo que es la figura del Presidente, como del Vicepresidente. Creemos que el criterio más adecuado es que la Presidencia de los diferentes foros u órganos de la Agencia, como la Comisión Institucional o el Consejo Consultivo, lleve vinculada una faceta de representación institucional que no cabe desconocer y, además, creemos que es más conveniente hacer recaer la Presidencia de todos estos foros u órganos sobre la figura del Presidente de la Agencia por cuanto esto contribuirá a que concurran mayores niveles de representación institucional. Lo mismo sirve para la enmienda número 41.
En cuanto a la enmienda número 42, me remito a lo dicho anteriormente y no puede ser aceptada. Curiosamente, el texto aprobado en el Congreso de los Diputados fue aceptado por el Grupo Socialista, por lo que no entendemos que vuelva a insistir sobre este aspecto, puesto que ya manifestó en el Congreso de los Diputados su total acuerdo. Además, nos parece que el texto alternativo propuesto por el Grupo enmendante supondría vaciar de contenido la figura del Presidente, al tiempo que convertiría en meramente testimonial la adscripción de la Agencia al Ministerio de Sanidad y Consumo, y lo mismo sucede respecto a la figura de los Vicepresidentes, lo que nos parece que comprometería seriamente la homogeneidad y el necesario papel aglutinador que se asegura con la existencia de un Presidente común para todos los órganos.
En cuanto a la enmienda número 43, referente al artículo 4.6.f), no nos parece que sea necesario la inclusión del trámite de información pública.
Por una parte, consideramos suficiente la referencia a la disposición legal que regula

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el trámite de audiencia y, por otra parte, entendemos que no viene a regular una necesidad objetiva en este ámbito. Además, nunca se ha puesto de manifiesto la reivindicación del trámite de información pública para las disposiciones del marco legal alimentario. Nunca ha sido reivindicada tal figura ni por el sector, ni por los consumidores. Asimismo, de acuerdo con la legislación citada en la justificación de la enmienda, cualquiera que acredite, según lo establecido en la misma, su condición de parte interesada tendrá acceso libre a los proyectos en trámite de audiencia, establecido con plena seguridad jurídica.
En cuanto a la enmienda número 44, fue presentada «in voce» en el Congreso de los Diputados, donde no se llegó a incorporar por considerar el Grupo Popular superflua e innecesaria la reiteración de lo que ya se preceptúa creemos que clara y suficientemente en otros marcos legales.
Por tanto, no consideramos conveniente aceptarla, aunque no exista oposición en cuanto al fondo, ya que nos parece una modificación gratuita y de oficio de un texto ya aprobado en la Cámara Baja con un importante nivel de consenso.
Tampoco podemos admitir la enmienda número 45, relativa a la creación de un grupo de expertos. Por una parte, el estatuto de la Agencia será aprobado mediante Real Decreto y en su tramitación administrativa se asegura la participación y la intervención de todas las partes interesadas. Por otra parte, es cierto que a nivel político ya se han consensuado, por lo menos, las bases del estatuto. Asimismo, la incorporación de ciertas enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista y la retirada de otras enmiendas por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados ha permitido que esta ley aborde ciertos detalles del desarrollo que quizás debían haberse dejado para el estatuto. No obstante, así se entendió conveniente y creemos que ello hace innecesario la creación de un grupo de expertos. Por otra parte, consideramos que la creación de los trabajos de un grupo del tipo que ustedes proponen pondría en serio peligro los diferentes plazos que marca la ley, así como las reservas presupuestarias para que la Agencia empiece a funcionar.
La enmienda número 46, la última del Grupo Parlamentario Socialista, tampoco se acepta, puesto que ya se consideró esta posibilidad y se aceptó por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso de los Diputados que el contenido de esta enmienda viniera incluido en el Preámbulo con un tenor literal prácticamente idéntico al que ustedes proponen, razón por la que consideramos inaceptable --insisto-- que se incluya el texto propuesto en su parte dispositiva.
En cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, se han retirado las números 47, 48 y 49, si bien se mantienen las números 50 y 51, precisamente las enmiendas respecto a las que esta Senadora y este Grupo Parlamentario hicieron el esfuerzo hasta el último momento por intentar su integración, si no en su totalidad, al menos sí en parte. No obstante, por los argumentos expuestos en Ponencia y en Comisión --que no quiero reiterar por no alargar más la sesión--, no podemos aceptarlas. De todos modos, el Grupo Popular y esta Senadora agradecemos la actitud del Grupo Parlamentario de Senadores Coalición Canaria.
En cuanto a las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés, las números 52, 54, 55, 56 y 57 son prácticamente idénticas a otras tantas del Grupo Parlamentario Socialista. Y lo mismo sucede respecto a las números 59, 60 y 61.
Es cierto que en el trámite de Comisión hablamos de volver a darle otra vuelta. De hecho, el Senador Espasa propuso una modificación de su propia enmienda porque asumía parte de los argumentos del Grupo Parlamentario Popular. Pero es que, Senador Espasa, aun con la supresión que ofrecen para transaccionar, nuestro criterio es que no procede aceptar la enmienda, ya que con la nueva redacción, a la que se plegarían, quedaría más claro uno de los argumentos que planteábamos nosotros, y es que no se refieren a la comunicación de riesgos sino a los planes de crisis.
En este sentido, no parece adecuado incurrir en el texto del proyecto de ley en desarrollos prolijos de aspectos muy puntuales que deberán contemplarse en los planes generales y en el plan específico de comunicación de riesgos, máxime para incorporar algo tan obvio como el que los manuales de crisis deban contemplar la coordinación con las Comunidades Autónomas.
Simplemente debo decir al Senador Espasa que su intervención encierra una incongruencia por cuanto que, por una parte, reconoce --y es cierto, es la realidad-- que del inicial proyecto de ley que presentó el Gobierno al Congreso, al que luego se pactó fundamentalmente con el Partido Socialista, y salió de allí, hay una gran diferencia. Pero este gran esfuerzo ha sido porque el Gobierno no quiso enviar a las Cámaras un texto muy detallado, muy prolijo porque, como he señalado anteriormente, una excesiva concreción en todas las cuestiones que regula el proyecto podría haber generado la percepción errónea por parte de los Grupos Parlamentarios de que el texto que se sometía a tramitación parlamentaria no estaba abierto a las aportaciones de las mejoras de los Grupos, cosa que durante todo el trámite parlamentario se ha demostrado que no es así, y ahora es cuando voy a la incongruencia que, a nuestro juicio, ha presentado su intervención. Porque, por una parte se reconocen, y no es, señor Espasa, porque el Gobierno considerara --como usted lo ha calificado-- infumable su proyecto, sino por la razón que expreso aquí y ya fue señalada por mis compañeros en el Congreso y, como digo, es una incongruencia con ese calificativo retrógrado que ha dado al Grupo Parlamentario Popular. Consideramos que es una incongruencia pero, por otra parte, tenemos la satisfacción de que el Senador Espasa y su Grupo Parlamentario haya reconocido el talante del Gobierno.
Agradecemos el tono de las intervenciones y las aportaciones de los diferentes Grupos Parlamentarios y con el convencimiento de que van a dar mayoritariamente su apoyo a este proyecto de ley, habida cuenta no solamente de su eficacia en la defensa y en la tutela de los intereses de los consumidores, sino también el amplio esfuerzo que todas sus señorías han reconocido al Gobierno y al Grupo que lo sustenta en las Cámaras.


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En cuanto a las enmiendas presentadas por todos los Grupos Parlamentarios, tanto en el Congreso como en el Senado, muchas de ellas han sido subsumidas, sobre todo en el trámite de la Cámara Baja, demuestran que muchos de los elementos que sus señorías han aportado han sido incorporados al proyecto, si bien muchos de ellos inicialmente se consideró conveniente reservarlos para el Estatuto de la Agencia, elementos cuya mención en el texto del proyecto de ley no le parecía al Gobierno imprescindible pero tampoco le parece en estos momentos fuera de lugar.
No obstante, lo grupos de la oposición deben entender que algunas de las enmiendas no sean admitidas por el Grupo Parlamentario Popular, sobre todo después del amplio acuerdo alcanzado en el trámite del Congreso, pues nos parecía que no cabían grandes modificaciones --aunque en esta vida todo es mejorable--, pero es que son aspectos que o bien corresponden a éstos, que ya fueron pactados con anterioridad, o a otros que al Grupo Parlamentario Popular y al Gobierno en ningún caso le parecen admisibles, por cuanto que, a nuestro entender, no hacen sino desvirtuar el funcionamiento de la Agencia en cuanto a su transparencia o a su independencia.
Esta es, señorías, la justificación del Grupo Parlamentario Popular ante sus enmiendas y éste es el talante demostrado por el Gobierno y por el Grupo Parlamentario Popular en todo momento, de alcanzar y mantener el más amplio consenso entre todos los Grupos Parlamentarios con el objetivo de conseguir la más eficaz defensa de los intereses de los consumidores en una cuestión tan trascendental como es la salud y la alimentación.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora López Garnica.
Entramos en turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Gracias, señor Presidente.
Como dijimos durante el proceso parlamentario en el Congreso, hemos hecho aportaciones positivas respecto a esta ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. Nos parecía que era una asignatura pendiente y que la inexistencia de dicha Agencia estaba provocando --tampoco podemos asegurarlo ya que en nuestro país y en Europa hay una crisis alimentaria-- que los poderes públicos no establecieran medidas o mecanismos para articular un mayor nivel de control en la seguridad alimentaria en toda la red, desde la producción al consumo. Por lo tanto, tenía un carácter prioritario para nosotros, y así lo venimos demandando.
En cualquier caso, valoramos el hecho de que se dé ese paso hacia adelante mediante la creación de la Agencia a través de la ley.
De todas formas, pretendíamos ampliar los objetivos de la Agencia; pretendíamos introducir algunos aspectos como conceder mayores competencias que permitieran una mayor garantía de la seguridad en el ámbito de la cadena alimentaria; pretendíamos proporcionar un mecanismo de control más democrático, con participación, ampliando ésta hacia el ámbito local y autonómico; pretendíamos que, desde ese punto de vista, el Presidente y el Vicepresidente de la Agencia fueran elegidos por el Consejo de Administración; pretendíamos que hubiera un mecanismo de mayor transparencia, de mayor control, de mayor democratización de los órganos de gestión y de los de participación de la Agencia; pretendíamos algo tan importante como delimitar los plazos para la constitución de sus órganos y de lo que está previsto en la ley, ya que sin ese acotamiento en los plazos pueden quedar como meros mecanismos decorativos de la ley, y ese riesgo es el que se corre tal y como se está planteando en este momento el rechazo de las enmiendas que presenta Izquierda Unida; y pretendíamos algo tan importante como que se marcaran plazos para evaluar las necesidades de medios, tanto desde el punto de vista humano como económico-financiero para el desarrollo de la ley.
Son aspectos que no se han aceptado por el Grupo Parlamentario Popular, y, a pesar de que se está anunciando y vendiendo mucho esa actitud y esa voluntad de diálogo y de consenso, sin embargo, queda probado que no es así, como se está diciendo esta tarde en el debate de la ley.
Nos habría gustado que se hubieran aceptado, no todas las enmiendas que hemos presentado, pero sí algunas de ellas, porque --insisto-- mejoran la ley, no tienen un aspecto regresivo y ni siquiera suponen redundancia en algunas cuestiones. Creo que son aspectos nuevos que --repito-- mejoran la ley, y el Grupo Parlamentario Popular se posiciona cerrando claramente esa posibilidad.
Como en otras ocasiones, nos parecería bien que se mostrara una actitud para que, también en este Senado, se produjera el diálogo y el consenso necesarios y que esta Cámara desempeñara ese papel que debe tener, y no el de mero trámite para volver al Congreso o, en el peor de los casos, ni siquiera eso: cerrarlo en el propio Senado. No será éste el caso, pero así ha sucedido en otras ocasiones y eso es lo que parece que se pretende.
Aprovechamos la oportunidad para hacer ese llamamiento con el fin de que se tenga en cuenta que no se debe venir con esquemas cerrados para el debate sobre los proyectos de ley en el Senado.
En cualquier caso, anunciamos que, en la medida en que no se ha aceptado ninguna de las enmiendas de las veinte que teníamos vivas y que mantenemos en este momento, nos vemos obligados a abstenernos en la votación del proyecto de ley.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cabrero Palomares.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Intervengo para confirmar que el Grupo de Coalición Canaria va a votar favorablemente este proyecto de ley.


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Sólo deseo hacer una única salvedad: no se ha recogido la especificidad de los puertos canarios con vistas al problema de los productos alimentarios procedentes de los Estados africanos próximos, que pueden plantear problemas más o menos inmediatos.
En segundo lugar, el olvido reiterado de la presencia de las Comunidades Autónomas en la estructura de la ley porque el Título es «Agencia Española de Seguridad Alimentaria» y la palabra «española» embarga y embarca ambas cosas: el Estado y las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Gracias, señor Presidente.
Voy a intervenir muy brevemente --se lo digo al Grupo Parlamentario Popular-- con el mismo talante, en cierto modo, que se demostró en el Congreso en relación con las aportaciones que se hicieron por los distintos grupos parlamentarios al incorporar enmiendas presentadas por estos Grupos y enriquecer el contenido del proyecto de ley, talante que, de alguna forma, también se podía haber mostrado en el Senado. Esto no quiere decir, Senadora López Garnica --se lo digo cariñosamente--, que no haya habido un buen talante por su parte y ánimo de incorporar, incluso, algunas de las enmiendas que presentábamos los distintos grupos parlamentarios.
Como bien ha dicho usted, su Grupo sustenta al Gobierno y es el Gobierno quien ha indicado que el contenido del proyecto de ley es el que es y se considera idóneo. Sinceramente le digo que hay enmiendas presentadas por distintos grupos parlamentarios que enriquecen el contenido de la ley y mejoran, incluso, técnicamente algunos aspectos de la ley.
Concretamente, en relación con una de las enmiendas que ha mencionado respecto de mi Grupo, la número 34, quiero decirle, Senadora Garnica, que, en concreto, la propuesta que hace el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no incrementa el número de integrantes del Consejo de Dirección, sino que hace otro planteamiento distinto en cuanto a la representación y procedencia de esa representación.
En ese sentido, quisiera formularle una pregunta por si puede contestarme en la réplica: ¿Quién nombra al Vicepresidente o a los Vicepresidentes que figuran en el Consejo de Dirección? Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora Loroño.
¿Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) Tiene la palabra el Senador Cardona.
El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señor Presidente.
Vamos a utilizar este turno de portavoces para fijar la posición de nuestro Grupo --lo hago desde el escaño para ahorrar tiempo-- sobre el dictamen de la Comisión del proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria. También quiero fijar la posición de nuestro Grupo respecto de las enmiendas.
Hemos de insistir de entrada en la sustancial importancia de esta ley que tiene un calado político que a nadie se le escapa. La gran carga social que estos temas comportan viene dada precisamente por los objetivos que se pretenden. Es decir, incidir de una forma directa en la tranquilidad de la población al tratar de proteger la salud pública asegurando la calidad de los alimentos que consumimos.
Cualquier cuestión que pueda afectar directa o indirectamente a la salud de la población lleva consigo una cierta preocupación ciudadana, pero me atrevería a decir más, cuando la alteración sanitaria viene por la vía de la alimentación esta sensación se incrementa porque lleva consigo la hipotética conclusión de extenderse a una mayor parte de la población.
Tampoco debemos olvidar el contexto de globalización en el que nos movemos actualmente en todos los sentidos, globalización económica, de comunicaciones, generalizada y todos los aspectos, que tiene, entre otras consecuencias, la mayor facilidad de los factores de riesgo precisamente por el rápido transporte de mercancías lo cual favorece cualquier tipo de transmisión de infecciones, intoxicaciones o toxiinfecciones.
La cadena alimentaria, a su vez, cada día es más compleja desde la producción a la elaboración y distribución hasta llegar a su consumo. La producción es cada vez más intensiva para incrementar exponencialmente esta producción incorporando factores que muchas veces pueden ser peligrosos en algún caso y en todos los que no son adecuados para una alimentación sana. Hay unos procesos de elaboración con adición de sustancias que no dejan de representar un nuevo motivo de alteración y que, por lo tanto, hay que controlar con mucha cautela y una distribución rápida que si en principio es un buen factor de seguridad también, a su vez, comporta el peligro de transmisión acelerada de noxas o factores nocivos. Toda esta problemática le da una multifactorialidad, una intersectorialidad que complica y dificulta su control y seguridad, pero aun con todo ello se precisa llegar a la garantía suficiente como para conseguir la tranquilidad de la población.
Hay que tener presente también las circunstancias desfavorables en que nos movemos, la hipersensibilidad de la población como consecuencia de unos hechos desgraciados en nuestro país no hace tantos años y de los que aún vivimos algunas secuelas, así como otras ciertas crisis alimentarias recientes en nuestro entorno político. Todas estas consideraciones hacen aún más necesario e imprescindible el acuerdo y el mayor consenso posible alrededor de este proyecto de ley.
De otra parte, esta ley incide de forma directa en la actuación de diversas administraciones y sectores. Desde el punto de vista vertical y subsidiariamente afecta a las asociaciones

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de consumidores, a corporaciones locales, Comunidades Autónomas, Administración Central y conectando directamente con la Unión Europea; y desde el punto de vista horizontal entre diferentes departamentos y Ministerios como Sanidad, Agricultura, Pesca y Alimentación, Medio Ambiente y Ciencia y Tecnología.
Por todo ello estamos en condiciones de decir que una ley de estas características, con la carga social que conlleva, la sensibilidad ciudadana en la que incide, la necesidad de tranquilizar y dar seguridad al consumidor, hace necesario alcanzar un consenso generalizado, de manera que sería preferible y más efectiva una ley técnicamente menos lograda, pero con la aceptación de todos los afectados, grupos parlamentarios, etcétera, que no un texto legislativo, mejor técnicamente, pero con la falta de acuerdo entre todos estos sectores y opciones políticas. Además es necesario coordinar estas políticas de salud que han de tranquilizar a toda la ciudadanía en el ámbito del Estado español, y llegar a todo el entorno del marco europeo porque no es concebible hoy en día, que lo que se admite en un Estado de la Unión Europea no sea lo mismo que lo permitido en otro. Además de la confusión en la opinión pública que ello provocaría, tampoco sería efectivo desde el punto de vista práctico y operativo por las interconexiones de todo tipo entre ellos.
En este contexto, la importancia de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria además de su trascendencia a nuestro nivel, tiene que ir más allá y trabajar coordinadamente y dependiente de las directivas y reglamentos que emanen de la Unión Europea. Esperamos y deseamos que la Autoridad Alimentaria Europea tenga finalmente su sede en Barcelona, ciudad que ha presentado su candidatura, lo que ha sido motivo de la presentación de la moción que sustanciamos ayer y que se aprobó por asentimiento.
El proyecto del Gobierno presentado en las Cortes a finales del año pasado, hace unos cinco meses, ha sido objeto de un gran ejercicio de diálogo, y eso lo tenemos que puntualizar todos. Ello ha redundado, primero, en los acuerdos pertinentes, de manera que han quedado vivas la mitad de las enmiendas inicialmente presentadas en su día en el Congreso, sin vetos a la totalidad y, además, con un texto bastante diferente al inicial. Nuestro Grupo presentó nueve enmiendas que fueron recogidas de forma transaccional en buena parte, con dos objetivos fundamentales: Primero, clarificar y definir los objetivos y, segundo, salvaguardar el reparto competencial del Estado de las Autonomías. La satisfacción en la aceptación de nuestras propuestas, así como nuestro sentido de lealtad a los acuerdos, a los pactos, fueron suficiente como para no reservar enmiendas para el trámite final del Pleno en el Congreso y mantener también el mismo criterio y no presentar ninguna enmienda en la tramitación en el Senado.
En consecuencia, nuestro Grupo votará a favor del dictamen de la Comisión, pues el texto que saldrá creemos que cumple las líneas directrices que se marcan en el Preámbulo del proyecto de ley a la creación de esta Agencia, de protección de la salud pública, proteger los intereses de los consumidores, impulsar la cooperación de todas las administraciones públicas y definir nuevas necesidades normativas y ejecutivas. Y en cuanto a las enmiendas, votaremos a favor de aquellas que proponen una mayor presencia de las Comunidades Autónomas en el Consejo de Dirección, sobre todo las referidas al artículo 4.1 y también la número 51 del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, y nos abstendremos en las demás.
Nada más y muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Catalá.


El señor CATALA PARDO: Señor Presidente, el Grupo Parlamentario Socialista ha querido poner encima de la mesa de trabajo todo su esfuerzo de colaboración para que hoy pudiéramos debatir un proyecto de ley que sirviera a los intereses generales de este país. Nos encontramos en su día, querámoslo o no, con prisas y pocas ideas por parte del Gobierno y, en vista de ello, presentamos un texto alternativo que consensuamos y, además, le queremos agradecer al Partido Popular el consenso que se produjo, venga de la Cámara que venga. Creo que esto es importante, como me imagino que también el Partido Popular agradecerá todas las aportaciones que el Partido Socialista ha hecho a este proyecto de ley, porque gracias a estas aportaciones este proyecto de ley tiene los principios e instrumentos para que la futura Agencia sea homologada a nivel europeo.
El Grupo Parlamentario Socialista cree que el objetivo primordial de la Agencia es conseguir que toda la cadena alimenticia tenga seguridad y calidad, desde la granja a la mesa, desde la producción hasta el consumo, y que ese objetivo esté por encima de cualquier tipo de interés para asegurar, en definitiva, la protección de la salud. Por eso incorporamos entre los objetivos ofrecer garantías e información objetiva a consumidores y agentes económicos del sector.
Asimismo, hemos ampliado actuaciones en el aspecto de la nutrición, sanidad animal y vegetal y la incorporación de todas las fases de la cadena alimentaria. Hemos propuesto --y están incorporadas en el propio proyecto-- nuevas funciones, como la elaboración de estudios y trabajos de investigación, el asesoramiento a las administraciones públicas para que planifiquen y desarrollen mejor sus propias políticas, proporcionando el soporte técnico necesario para que hagan un mejor uso de las aportaciones científicas.
Nuestro Grupo Parlamentario propuso los cinco órganos de la Agencia: consejo de dirección, comisión institucional, consejo consultivo, comisión científica y director ejecutivo, inspirados en los principios de transparencia, independencia y excelencia científica y, por supuesto, con la participación de las administraciones locales, administraciones autonómicas, los usuarios, los consumidores y los sectores industriales y productivos, y quizá, si hubiera que resaltar algún organismo, me gustaría hacerlo con el comité científico, porque es el que proporcionará a la Agencia los dictámenes científicos, el que definirá los ámbitos de trabajo en investigación, el que coordinará a los expertos,

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y estoy seguro de que va a ser el órgano que más va a colaborar para recuperar la credibilidad de los ciudadanos.
También hemos incorporado al articulado los principios de independencia, tanto en la protección de la salud como en la defensa de los consumidores, y el de transparencia, tanto en su gestión como en la evaluación continua y control permanente y, por supuesto, hemos incorporado la necesaria coordinación de la agencia con las administraciones locales, con las autonómicas y la imprescindible interlocución con la autoridad alimentaria europea.
He querido dar solamente algunos pequeños ejemplos de cuáles han sido las cuantiosas aportaciones que el Grupo Parlamentario Socialista ha hecho a este proyecto de ley para que nuestro país, y por tanto la Unión Europea, disponga de una Agencia de seguridad alimentaria que, bajo los principios de independencia, transparencia y excelencia, deberá ser capaz de devolver a los ciudadanos la tranquilidad y la confianza que nunca debieron perder.
Los socialistas, señorías, hemos dado una vez más muestra de nuestro sentido de la responsabilidad. Sabíamos que este proyecto de ley era y es importante para el país, sabíamos que teníamos que dar a este proyecto de ley la estabilidad necesaria que se da a los grandes temas, y por tanto renunciamos en su día a hacer batalla política y ofrecimos el consenso, y gracias a ese consenso hoy, si aprobamos este proyecto de ley, España tendrá una Agencia eficaz y homologable en el conjunto de la Unión Europea. Espero que el Gobierno esté a la altura de las circunstancias y sepa gestionar, en coordinación con las administraciones locales y autonómicas, este organismo que hoy ponemos en sus manos.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Catalá.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora López Garnica.


La señora LOPEZ GARNICA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, el proyecto de ley que presumiblemente vamos a aprobar hoy, si no por unanimidad sí por una amplia mayoría de la Cámara, crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, organismo que, sin perjuicio de las actuaciones coyunturales ante cualquier crisis alimentaria, va a venir a reforzar el papel de coordinación y cooperación del Estado en la gestión de la seguridad alimentaria.
La naturaleza multifactorial y la complejidad que requiere la gestión de la seguridad alimentaria aconseja disponer de instrumentos que puedan aportar a los actualmente existentes un claro valor añadido, integrando los componentes intersectorial, interterritorial e internacional, que dificultan y han de caracterizar la gestión integral de la seguridad alimentaria en toda la cadena productiva.
A título de recapitulación --pues creo que a estas alturas todas sus señorías conocen sobradamente el texto del proyecto--, el Grupo Parlamentario Popular desea resaltar algunos aspectos concretos, habiendo sido una parte de ellos expuestos ya por algunos portavoces.
En primer lugar, sin perjuicio de las actuaciones coyunturales ante situaciones de crisis alimentaria, la Agencia va a venir a establecer un marco de estabilidad con vocación de permanencia diferenciado de las actuaciones dirigidas a gestionar crisis concretas. Por otra parte, desde el punto de vista funcional la Agencia nos va a dotar de una estructura análoga a la de la futura autoridad europea alimentaria con que las agencias de los Estados miembros deberán trabajar en red. Por otro lado, la Agencia Española, dentro de nuestro marco competencial, desempeñará también funciones de coordinación de todas las actuaciones del control sanitario de alimentos.
Consideramos que se ha conseguido para la Agencia una cierta capacidad ejecutiva, necesaria a nuestro entender, a partir de las competencias que hoy en día ya ostenta la Administración General del Estado mediante la integración en la Agencia de unidades ya existentes. Por ello se otorga a la Agencia el carácter de organismo autónomo adscrito al Ministerio de Sanidad y Consumo. Por otra parte, la Agencia podrá instar a las autoridades competentes al desarrollo normativo que considere necesario, así como a diferentes actuaciones ejecutivas especialmente en situaciones de crisis o emergencia en las que, según dispone la Ley, la Agencia actuará como centro de referencia. Además, podrá normalizar, y en su caso acreditar, procedimientos certificados de control de alimentos de procesos y establecimientos dictando los criterios de acreditación que se precisen.
Estas son, señorías, las grandes líneas u objetivos de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, cuya creación se va a producir mediante este proyecto de ley que hoy vamos a aprobar, proyecto en el que los diferentes grupos parlamentarios, tanto del Congreso como del Senado, han desarrollado un importante esfuerzo de incorporación de diferentes filosofías en un asunto de gran trascendencia en la vida de los españoles como es la salud.
Señorías, con la aprobación de esta ley el Parlamento va a dotar a las diferentes administraciones públicas de un instrumento oportuno e imprescindible para la defensa de la salud de los consumidores. Creamos una Agencia fuerte que va a servir de instrumento tripartito: de evaluación, gestión y comunicación de riesgos.
Contesto ahora a la pregunta de la Senadora Loroño. Señoría, usted conoce bien el texto del proyecto de ley y sabe que la elección de los vicepresidentes se determinará reglamentariamente.
Para terminar, quisiera hacerle un comentario al Senador Cabrero.
Señoría, si hay alguien que no pueda quejarse del diálogo y de la voluntad de consenso que tiene el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, son precisamente ustedes, los Senadores de Izquierda Unida --dentro del Grupo Mixto--, por cuanto que las dos únicas enmiendas transaccionales que mi Grupo Parlamentario presentó en la Comisión de Sanidad en que se debatió este proyecto de ley se las ofreció precisamente a ustedes, pero ustedes se cerraron y no admitieron ninguno de los dos textos transaccionales.
Es cierto también que se han incorporado pocas enmiendas en la fase del Senado, pero no porque la labor de

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esta Cámara no sea tan importante como la del Congreso de los Diputados, sino porque la propia satisfacción que proporcionó la aceptación de este proyecto de ley prácticamente por la unanimidad de los Diputados ha hecho, lógicamente, que los grupos parlamentarios tengan ya menos cuestiones que plantear en el Senado en comparación con las que se plantearon en el Congreso. Y lo mismo quiero decir respecto de la aprobación del dictamen de la Comisión, en la propia Comisión de Sanidad, por parte de todos los grupos parlamentarios a excepción de la abstención del Senador Cabrero.
Desde luego, los grupos de la oposición, aunque hayan alcanzado un gran nivel de satisfacción --y así lo han manifestado en la fase del Congreso-- creo que están en su derecho de pedir más, pero yo pienso que dos Senadores dentro de un Grupo Parlamentario no le pueden pedir todo a un Grupo Parlamentario compuesto por 150 Senadores.
Señor Cabrero, cuando nos sentamos a negociar no puede usted pretender que yo le dé cien y usted no me dé más que cero, y mucho menos cuando yo tengo un respaldo mucho mas importante de la ciudadanía del que tiene el Grupo Federal de Izquierda Unida.
Quiero mostrar mi agradecimiento a los servicios de la Cámara, y en concreto y especialmente la labor del Letrado de la Comisión, señor Peña, por el magnífico trabajo realizado a lo largo de la misma.
Deseo dejar constancia de que por parte de todos los grupos parlamentarios, y desde luego por parte del Grupo Parlamentario Popular, se ha llevado a cabo un gran trabajo, en el que se han sumado muchos criterios y diferentes filosofías para alcanzar --de lo cual nos sentimos muy orgullosos-- un importante grado de consenso entre todas las fuerzas políticas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, con un resultado, señorías, que entendemos muy positivo en este importante proyecto de ley, importancia que le viene dada porque afecta directamente a la salud de todos los españoles.
Este proyecto de ley además ha sido consultado con un gran número de agentes sociales y económicos, que nos permite ya en este trámite crear definitivamente la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, que España necesita y que los ciudadanos nos demandan.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora López Garnica.


Por favor, llamen a votación. (Pausa.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar el proyecto de ley por la que se crea la Agencia Española de Seguridad Alimentaria.
En primer lugar, votaremos las enmiendas.
Comenzamos por las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero, del Grupo Parlamentario Mixto, que serán votadas en dos bloques.
Primero votaremos las números 1, 2, 3, 8, 9 y 13.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 10; en contra, 128; abstenciones, 73.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos, a continuación, el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara y Cabrero.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, cuatro; en contra, 126; abstenciones, 80.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto. En primer lugar, votamos las números 21, 23 y 25.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, tres; en contra, 127; abstenciones, 81.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Quintana.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, diez; en contra, 126; abstenciones, 75.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Pasamos a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En primer lugar, votamos la número 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, cuatro; en contra, 127; abstenciones, 80.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la número 51, también del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 83; en contra, 124; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En primer lugar, votamos de la 29 a la 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 13; en contra, 127; abstenciones, 71.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 33, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 79; en contra, 125; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 34.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 30; en contra, 127; abstenciones, 54.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
En primer lugar, la número 52.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 71; en contra, 125; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 59.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 64; en contra, 124; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora votamos el resto de las enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 71; en contra, 125; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista. Empezamos con la número 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 64; en contra, 123; abstenciones, 23.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 36, 43 y 45, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 63; en contra, 126; abstenciones, 23.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas que presentó el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 71; en contra, 125; abstenciones, 15.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Señorías, ahora vamos a votar el dictamen. Primero el artículo 2.1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 200; en contra, uno; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos ahora las letras a) y q) del artículo 2.2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 134; en contra, 66; abstenciones, once.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Vamos a votar el resto del artículo 2.2, excepto las letras a) y q).
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 202; abstenciones, diez.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del artículo 2.2.
Vamos a votar ahora el artículo 4.1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 137; en contra, 64; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Ahora vamos a votar la letra c) del artículo 4.2; la letra c) del artículo 4.3; y las letras a) y b) del artículo 4.5.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 146; en contra, 63; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Por último, señorías, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 210; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.


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Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados, para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.
Señorías, la reunión de la Comisión Constitucional prevista para mañana jueves, a las doce de la mañana, se celebrará al finalizar este Pleno, en la Sala de Comisiones.
La reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Justicia prevista también para mañana, a las diez, se celebrará al finalizar este Pleno, en la Sala 20.001 B.
La reunión de la Mesa de la Comisión General de las Comunidades Autónomas prevista para mañana a las once, también se celebrará al finalizar el Pleno, en la Sala 20.003.
La reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores prevista para mañana a las diez, se celebrará al finalizar el Pleno, en la Sala de Ministros.
La reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento prevista para mañana a las diez, se celebrará al finalizar el Pleno, en la Sala 20.001.
Se levanta la sesión.


Eran las dieciocho horas.

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