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DS. Senado, Pleno, núm. 51, de 20/06/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 51

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 20 de junio de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular el fenómeno de la prostitución combatiendo las redes organizadas y proporcionando las garantías sociales que eviten situaciones de dependencia y dominación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000397).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la cesión a la Junta de Andalucía del número total acordado de miembros del Cuerpo Nacional de Policía (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000404).


--De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que las medidas adoptadas para reparar los daños causados por las lluvias y temporales, en el Real Decreto-Ley 6/2001, de 6 de abril, son suficientes para la Comunidad Autónoma de Castilla y León (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000417).


--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que está tomando el Gobierno para que no se produzcan cortes en el suministro eléctrico el próximo verano

Página 2800


(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000402).


--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno, una vez conocidos los últimos datos al alza de la inflación en España, no ha adoptado medidas urgentes en el Consejo de Ministros (Número de expediente 680/000421).


--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Justicia en orden a cambiar alguna de las cinco formas mediante las cuales los españoles y españolas pueden contraer matrimonio, para que no se induzca a la práctica de la poligamia en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000403).


--De D. JOSE MANUEL BARQUERO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aprobación por el Senado de la moción por la que se dota a la Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para su cooperación con las administraciones educativas de las mismas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000405).


--De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de adoptar alguna medida para evaluar el nivel de calidad docente en el profesorado de las universidades privadas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000419).


--De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que, durante más de cuatro años, se están pagando importantes cantidades por alquiler de inmuebles destinados a oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), sin darles uso u ocupación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000418).


--De D. JOSE LUIS PERESTELO RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha la Administración Central en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de extinción de incendios (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000400).


--De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los planes previstos por el Gobierno respecto al mantenimiento y regeneración de las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000406).


--De D. ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si ha establecido el Gobierno las tarifas de las aguas procedentes del río Júcar, que utilicen el trasvase Tajo-Segura, para abastecimiento y riegos en la provincia de Albacete (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000410).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la fecha prevista por el Gobierno para modificar las leyes de aguas y costas, incorporando las previsiones de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000412).


--De D. GONZALO QUIROGA CHURRUCA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar el teletrabajo en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000407).


--De D. JUAN EMILIO ANTON RUEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, celebrado el pasado 14 de mayo de 2001, en lo relativo al sector de la construcción naval (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000409).


Página 2801


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno en interés de la situación de la lengua catalana en Francia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000398).


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los motivos por los que el Gobierno no ha rechazado la propuesta de escudo antimisiles defendida por el Presidente de los Estados Unidos de América (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000401).


--De D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno de la visita a la República Popular China del Ministro de Asuntos Exteriores (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000408).


--De D. EMILIO DEL RIO SANZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reciente Cumbre de Gotemburgo (Suecia) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000411).


--De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno de la situación creada tras el fallido intento de tratar los Fondos Estructurales antes de que comience la presidencia española de la Unión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000415).


--De D. JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los aspectos fundamentales del acuerdo suscrito por el Ministerio de Defensa, en virtud del cual se prolonga hasta finales del año 2008 el uso de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra, como campo de tiro (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000413).


--De D. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar las graves molestias que causa el ruido de los aviones militares que utilizan la pista civil del aeropuerto de Zaragoza (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000416).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está produciendo en las obras de construcción del tramo comprendido entre Cervera (Lleida) y Santa María del Camí (Barcelona), en la autovía que unirá Lleida y Barcelona (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000380).


--De D. JUAN PABLO HERRANZ MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que ha descendido la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), durante el año 2000 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000420).


--De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno con respecto a la implantación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la Comunidad Autónoma de Galicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000377).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las gestiones realizadas por el Ministerio de Fomento con los representantes de las administraciones públicas de las islas de Gran Canaria (Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) para avanzar en la elaboración del proyecto «estudios de ferrocarril en Canarias», consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 680/000399).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servicio público de transporte de mercancías por carretera (publicada en el «Boletín

Página 2802


Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000072).


--De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que implementará el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en relación con el futuro del campo de tiro de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000080).


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del Gobierno en materia de siniestralidad marítima (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 670/0000749).


--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el fomento del acceso a la vivienda, incluido en el Plan Nacional de acción para la inclusión social 2001?2003, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000076).


--De D. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las carencias del transporte sanitario urgente y la necesidad de mejorarlo en las zonas de gran concurrencia turística durante la época estival (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 219, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente 670/000079).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto del Ley del Plan Hidrológico Nacional (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 24, de fecha 14 de junio de 2001) (Número de expediente S. 621/000024) (Número de expediente C. D.
121/000031).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos

PREGUNTAS (Página 2809)

De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular el fenómeno de la prostitución combatiendo las redes organizadas y proporcionando las garantías sociales que eviten situaciones de dependencia y dominación (Página 2809)

El señor Xuclà i Costa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Xuclà i Costa. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la cesión a la Junta de Andalucía del número total acordado de miembros del Cuerpo Nacional de Policía (Página 2810)

El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De Dña. CRISTINA AGUDO CADARSO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que las medidas adoptadas para reparar los daños causados por las lluvias y temporales, en el Real Decreto-Ley 6/2001, de 6 de abril, son suficientes para la Comunidad Autónoma de Castilla y León (Página 2812)

Página 2803


La señora Agudo Cadarso formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Agudo Cadarso. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que está tomando el Gobierno para que no se produzcan cortes en el suministro eléctrico el próximo verano (Página 2813)

El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno, una vez conocidos los últimos datos al alza de la inflación en España, no ha adoptado medidas urgentes en el Consejo de Ministros (Página 2815)

El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Justicia en orden a cambiar alguna de las cinco formas mediante las cuales los españoles y españolas pueden contraer matrimonio, para que no se induzca a la práctica de la poligamia en España (Página 2816)

El señor Espasa i Oliver formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Espasa Oliver. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).


De D. JOSE MANUEL BARQUERO VAZQUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aprobación por el Senado de la moción por la que se dota a la Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para su cooperación con las administraciones educativas de las mismas (Página 2817)

El señor Barquero Vázquez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera).


De Dña. ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de adoptar alguna medida para evaluar el nivel de calidad docente en el profesorado de las universidades privadas (Página 2818)

La señora Aránega Jiménez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte (Del Castillo Vera)

De D. JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que, durante más de cuatro años, se están pagando importantes cantidades por alquiler de inmuebles destinados a oficinas del Instituto Nacional de Empleo (INEM), sin darles uso u ocupación (Página 2819)

El señor Pérez Sáenz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Pérez Sáenz. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De D. JOSE LUIS PERESTELO RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha la Administración Central en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de extinción de incendios (Página 2821)

El señor Perestelo Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Perestelo Rodríguez. En

Página 2804


turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. JOSE MACIAS SANTANA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los planes previstos por el Gobierno respecto al mantenimiento y regeneración de las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 2822)

El señor Macías Santana formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Macías Santana. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si ha establecido el Gobierno las tarifas de las aguas procedentes del río Júcar, que utilicen el trasvase Tajo-Segura, para abastecimiento y riegos en la provincia de Albacete (Página 2823)

El señor Ballesteros Morcillo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la fecha prevista por el Gobierno para modificar las leyes de aguas y costas, incorporando las previsiones de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas (Página 2824)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. GONZALO QUIROGA CHURRUCA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar el teletrabajo en España (Página 2826)

El señor Quiroga Churruca formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán).


De D. JUAN EMILIO ANTON RUEDA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, celebrado el pasado 14 de mayo de 2001, en lo relativo al sector de la construcción naval (Página 2827)

El señor Antón Rueda formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología (Birulés Bertrán)

De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno en interés de la situación de la lengua catalana en Francia (Página 2828)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los motivos por los que el Gobierno no ha rechazado la propuesta de escudo antimisiles defendida por el Presidente de los Estados Unidos de América (Página 2829)

El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno de la visita a la República Popular China del Ministro de Asuntos Exteriores (Página 2831)

El señor Elorriaga Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de

Página 2805


Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Elorriaga Fernández.


De D. EMILIO DEL RIO SANZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reciente Cumbre de Gotemburgo (Suecia) (Página 2833)

El señor del Río Sanz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor del Río Sanz.


De Dña. MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno de la situación creada tras el fallido intento de tratar los Fondos Estructurales antes de que comience la presidencia española de la Unión Europea (Página 2834)

La señora Aburto Baselga formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Aburto Baselga. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores (Piqué i Camps).


De D. JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre los aspectos fundamentales del acuerdo suscrito por el Ministerio de Defensa, en virtud del cual se prolonga hasta finales del año 2008 el uso de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra, como campo de tiro (Página 2835)

El señor Liceaga Sagarzazu formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Liceaga Sagarzazu. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar las graves molestias que causa el ruido de los aviones militares que utilizan la pista civil del aeropuerto de Zaragoza (Página 2836)

El señor Belloch Julbe formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Belloch Julbe.


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está produciendo en las obras de construcción del tramo comprendido entre Cervera (Lleida) y Santa María del Camí (Barcelona), en la autovía que unirá Lleida y Barcelona (Página 2837)

El señor Ganyet Solé formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ganyet Solé. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. JUAN PABLO HERRANZ MARTINEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que ha descendido la construcción de viviendas de protección oficial (VPO), durante el año 2000 (Página 2839)

El señor Herranz Martínez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Herranz Martínez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández) De D. ANXO MANUEL QUINTANA GONZALEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la posición del Gobierno con respecto a la implantación de la Agencia Europea de Seguridad Marítima en la Comunidad Autónoma de Galicia.


Esta pregunta ha sido retirada.


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las gestiones realizadas por el Ministerio de Fomento con los representantes de las administraciones públicas de las islas de Gran Canaria (Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) para avanzar en la elaboración del proyecto «estudios de ferrocarril en Canarias», consignado en los Presupuestos Generales del Estado para el año 2001.


Esta pregunta ha sido retirada.


Página 2806


INTERPELACIONES (Página 2840)

De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servicio público de transporte de mercancías por carretera (Página 2846)

El señor Chivite Cornago realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Asimismo lo hace el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde). El señor Chivite Cornago toma la palabra nuevamente por alusiones. Cierra el debate el señor Ministro de Defensa (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde).


De D. CARLOS CHIVITE CORNAGO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que implementará el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en relación con el futuro del campo de tiro de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra (Página 2840)

El señor Chivite Cornago realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Cierra el debate el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del Gobierno en materia de siniestralidad marítima (Página 2851)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el fomento del acceso a la vivienda, incluido en el Plan Nacional de acción para la inclusión social 2001-2003, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros (Página 2858)

El señor Beguer i Oliveres realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). Vuelve a intervenir el señor interpelante.
Asimismo lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


Se suspende la sesión a las quince horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.


INTERPELACIONES (Continuación) (Página 2868)

De D. RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las carencias del transporte sanitario urgente y la necesidad de mejorarlo en las zonas de gran concurrencia turística durante la época estival (Página 2863)

El señor Socías Puig realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). Cierra el debate el señor interpelante.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2866)

De la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto del Ley del Plan Hidrológico Nacional (Página 2866)

El señor Bernáldez Rodríguez, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen. Al amparo del artículo 84, interviene el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


Se abre el debate de las propuestas de veto.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1 y ruega a la Cámara de por defendida la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. La señora Cid Pañella defiende la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Laborda Martín defiende la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista. A continuación, hace uso de la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Los señores Laborda Martín y Cámara Fernández, la señora Cid Pañella y el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou) intervienen de nuevo en virtud del artículo 87. El señor

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Sopeña Velasco consume un turno en contra de las propuestas de veto.


En el turno de representantes de los grupos territoriales, intervienen los señores Pérez Ruiz, por el grupo territorial popular de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, y Barceló Pérez, por el grupo territorial popular de la Comunidad Valenciana, así como la señora Camilleri Hernández, por el grupo territorial popular de la Comunidad Autónoma de Andalucía.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; la señora Cid Pañella, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; los señores Marimón i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bella Galán, por el Grupo Socialista, y la señora Orós Lorente, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 80 votos a favor, 149 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 79 votos a favor y 151 en contra Se rechaza la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 79 votos a favor y 151 en contra.


Se rechaza la propuesta de veto número 4, del Grupo Socialista, por 79 votos a favor y 151 en contra.


Se inicia el debate del articulado.


Se dan por defendidas las enmiendas números 30 a 50, del señor Quintana González, del Grupo Mixto. El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 1 a 29, 88 y 89, así como la número 51, del mismo grupo parlamentario. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende las enmiendas números 52 a 87, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Sabaté Borràs defiende las enmiendas números 90 a 225, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Rodríguez Cantero defiende las enmiendas números 226 a 559, del Grupo Socialista. El señor Sopeña Velasco consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gatzagaetxebarría Bastida, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Sabaté Borràs, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimón i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Rodríguez Cantero, por el Grupo Socialista y Sopeña Velasco, por el Grupo Popular. Los señores Sabaté Borràs y Marimón i Sabaté intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.
Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 88, del señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 211 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 89, del señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, por 69 votos a favor, 148 en contra 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 34, 35 y 37, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 212 en contra y 4 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 30, 39, 43 y 47, del señor Quintana González del Grupo Mixto, por 10 votos a favor, 145 en contra y 71 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 46, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 4 votos a favor, 211 en contra y 12 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 31 a 33, 36, 38, 40 y 41, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 78 votos a favor, 147 en contra 2 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42, 44, 45, 48, 49 y 50, del Grupo Mixto, por 78 votos a favor, 147 en contra y 1 abstención.


Se rechazan las enmiendas números 3, 4, 7, 9 y 11, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 217 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 19 y 21 a 28, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 214 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 1, 2, 8, 14, 17, 18 y 20, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 150 en contra y 75 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16 y 29, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 148 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 51, del Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 214 en contra y 8 abstenciones.


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Se rechazan las enmiendas números 52 y 73, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 80 votos a favor, 137 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 75, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 80 votos a favor, 137 en contra 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 79 votos a favor, 138 en contra 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 74, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 77 votos a favor, 139 en contra 9 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 84, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 12 votos a favor, 138 en contra y 77 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 87, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 77 votos a favor, 137 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 59, 63 y 77 a 79, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 29 votos a favor, 187 en contra y 11 abstenciones.


La señora Martínez García hace una aclaración a la Cámara respecto de la votación anterior.


Se rechazan las enmiendas números 57, 61, 64, 72 y 80, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 137 en contra y 76 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 58, 60, 62, 76, 81 y 82, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 79 votos a favor, 137 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos por 24 votos a favor, 193 en contra y 10 abstenciones.


La señora Presidente anuncia la retirada de diversas enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés.


Se rechazan las enmiendas números 100, 107, 194, 195, 201 y 204, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 4 votos a favor, 212 en contra y 9 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 92, 97, 121, 126 y 187, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 13 votos a favor, 150 en contra y 63 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Entesa Catalana de Progrés por 70 votos a favor, 149 en contra y 8 abstenciones.
Se rechaza la enmienda número 273, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 149 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 334, del Grupo Socialista, por 65 votos a favor, 149 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 336, del Grupo Socialista, por 64 votos a favor, 148 en contra y 13 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 415, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 147 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 506 y 507, del Grupo Socialista, por 72 votos a favor, 150 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 293 a 303, 310, 311 y 330, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 151 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 286, 304 a 309, 312, 313, 331, 335, 343, 344, 346 a 414, 416 a 505, 508 a 559, del Grupo Socialista, por 67 votos a favor, 148 en contra y 10 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 149 en contra y 10 abstenciones.


Se aprueba el artículo número 13 del dictamen por 150 votos a favor y 77 en contra.


Se aprueban los artículos 1, 2.2, 3, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21.1, 22, 23, 24, 35 y 36, así como la disposición transitoria tercera del dictamen por 149 votos a favor y 78 en contra.


Se aprueban los artículos 2.1, 14 y 15, así como las disposiciones adicionales segunda, tercera y quinta del dictamen por 213 votos a favor y 13 en contra.


Se aprueban los artículos 10, 18 y 21.2 del dictamen por 149 votos a favor, 12 en contra y 65 abstenciones.


Se aprueban los artículos 6, 27, 28, 29, 31 y 34, así como la disposición transitoria segunda y las disposiciones adicionales octava, novena y décima del dictamen por 149 votos a favor, 10 en contra y 68 abstenciones.


Se aprueban los artículos 25 y 26, así como las disposiciones transitoria primera, adicionales primera, cuarta, sexta, séptima, decimoprimera y decimosegunda, y finales primera y segunda del dictamen por 214 votos a favor, 10 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban los artículos 4, 5, 7 a 9, 30, 32 y 33 del dictamen por 214 votos a favor y 10 en contra.


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Se aprueba las obras de la cuenca del Tajo contempladas en el Anexo II por 156 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones.


Se aprueban las obras de la cuenca del Ebro contempladas en el Anexo II por 213 votos a favor, 11 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba el Anexo I por 223 votos a favor, 2 en contra y 1 abstención.


Se aprueban las restantes obras incluidas en el Anexo II por 222 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueba la exposición de motivos por 152 votos a favor y 75 en contra.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


Se suspende la sesión a las cero horas y treinta minutos del día 21 de junio.
Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON JORDI XUCLË I COSTA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA REGULAR EL FENOMENO DE LA PROSTITUCION COMBATIENDO LAS REDES ORGANIZADAS Y PROPORCIONANDO LAS GARANTIAS SOCIALES QUE EVITEN SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y DOMINACION (680/000397).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Pregunta del excelentísimo señor don Jordi Xuclà i Costa, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas previstas por el Gobierno para regular el fenómeno de la prostitución combatiendo las redes organizadas y proporcionando las garantías sociales que eviten situaciones de dependencia y dominación.
Tiene la palabra el Senador Xuclà i Costa.


El señor XUCLË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, el Ministerio del Interior ha detectado durante los últimos meses un creciente de inmigrantes ilegales atrapados por redes de prostitución que aprovechándose de la condición de ilegales están sometiendo a esas personas a una situación que podríamos definir de esclavitud que infringe las más elementales condiciones de respeto a la condición humana.
Siendo el Gobierno conocedor de esta situación, ¿qué medidas tiene previsto adoptar para regular de forma global el fenómeno de la prostitución y singularmente combatir las redes organizadas? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
El principal objetivo del Gobierno en este asunto es promover medidas para eliminar el tráfico de mujeres y niñas y la explotación de la prostitución y de una manera especial con mujeres extranjeras. Para ello, se han adoptado, entre otras, las siguientes medidas: un plan de acción contra la violencia doméstica donde se contemplan algunos aspectos relacionados con el tema que nos ocupa, aprobado el 11 de mayo del presente año con un presupuesto de 13.000 millones de pesetas.
Ha habido reformas legales importantes en la Ley de Extranjería 8/2000 que endurecen las medidas para quienes trafican con inmigrantes y la Ley de 30 de abril del año 1999 de reforma del Código Penal tipifica como delito la conducta de los traficantes de personas con fines de explotación sexual.
Recientemente se ha aprobado una directiva en el marco del Consejo de Ministros de Justicia e Interior de la Unión Europea que, lógicamente, incorporaremos a nuestro Derecho y en el cual se produce un incremento de las penas contra los que se dediquen al tráfico de personas y particularmente a la explotación de mujeres con fines de prostitución.
Además --como ustedes saben-- en los últimos tiempos se ha procedido a la creación de unidades específicas en los cuerpos policiales: los SACE, Servicios de Atención al Ciudadano Extranjero, que complementan la acción policial con la asistencial; las unidades de lucha contra la criminalidad organizada, UDYCO y EDOAs, y los servicios específicos de atención a la mujer, SAM y EMUMEs que prestan asistencia, asesoramiento e información a las víctimas.
No es, en cualquier caso --como usted puede perfectamente entender-- un tema que se resuelva por adoptar muchas medidas, sino siendo muy perseverantes en la utilización de todos estos instrumentos que en este momento forma parte de nuestro acervo jurídico y a los que hay que seguir prestando la máxima atención.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


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Tiene la palabra el Senador Xuclà.


El señor XUCLA I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como muy bien apuntaba el señor Vicepresidente y Ministro del Interior, algunas de las medidas legislativas son importantes, como la reforma de la Ley de Extranjería en cuanto a tráfico de personas, la reforma del Código Penal o también la decisión política del Gobierno de impulsar unas unidades policiales dedicadas concretamente al control de inmigrantes ilegales y al posible sometimiento de los mismos a estas redes de prostitución.
Con esta pregunta el Grupo Parlamentario Catalán quería poner encima de la mesa del debate político la cruda realidad ante la cual nos parece que, como mínimo, el Gobierno tendría que actuar con más beligerancia con algún plan concreto y especialmente ante lo que podríamos llamar la pieza más perversa de este sistema que son los proxenetas, pues --como muy bien sabe el Vicepresidente Primero del Gobierno-- actualmente los introductores de personas ilegales en nuestro país para ser incluidas en las redes de prostitución llegan a cobrar hasta 200.000 pesetas por persona. Sabe también el señor Vicepresidente del Gobierno que se subastan estas personas y que se llegan a pagar hasta cuatro millones de pesetas para incorporarlas en las redes.
Esto es propio de un país de esclavos, pero se está produciendo en estos momentos en España mediante una operativa muy diagnosticada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Ante esta situación no podemos mirar hacia otra parte y debemos plantear medidas urgentes y radicalmente favorables a la protección de la dignidad de las personas; soluciones globales propuestas por el Gobierno ante las redes de prostitución de tráfico de personas, ante los proxenetas y también ante las agresiones de los clientes hacia las prostitutas.
Quizás también --dejo esta cuestión sobre la mesa-- es el momento de un planteamiento más general para regular el fenómeno de la prostitución; no planteamos su abolición, como tampoco lo ha hecho ningún partido político, pero en nuestro entorno político existen regulaciones concretas como la de Holanda, Suecia y Alemania. Evidentemente, la respuesta nace a partir de la información del Ministerio del Interior pero consideramos que debe comportar también la implicación de los Ministerios de Trabajo y Asuntos Sociales.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Xuclà.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
Estoy de acuerdo sustancialmente con lo que usted ha dicho. Este es un tema ciertamente dramático que se ha incrementado en los últimos tiempos; existen fundamentalmente bandas internacionales que se dedican a la prostitución de mujeres y que traen muchas personas a España y que, según nos comunican los servicios de la Policía y la Guardia Civil, exigen cantidades importantes de dinero, incluso mayores de las que usted ha citado. En mi opinión, hay que luchar contra ello adoptando cuatro tipos de medidas: las legales, a las que he hecho referencia y considero que con la última directiva europea y la no muy lejana reforma del Código Penal son suficientes. Es muy importante la colaboración internacional y en este sentido se está trabajando con Europol para que aumente la competencia en la lucha contra el tráfico. Hemos firmado también en Palermo una convención contra la delincuencia organizada transnacional.
Son muy importantes las medidas asistenciales y pienso que tanto el Instituto de la Mujer a través de las ONGs como las subvenciones del IRPF o los propios servicios de la Policía y de la Guardia Civil están contribuyendo en esta cuestión, aunque sin duda siempre se pueden mejorar. Finalmente, hay que ponderar la acción policial en esta materia porque el año pasado se desarticularon 84 redes con 381 responsables detenidos y en lo que va de año 55 redes con 236 responsables detenidos.
Es evidente que esto no es suficiente mientras no se pueda resolver el problema de manera absoluta, cosa no fácil. Pero quiero decir que en ocasiones al Gobierno le gustaría que hubiera un apoyo muy claro de la opinión pública porque a veces cuando se detiene a alguien se producen grandes concentraciones o manifestaciones y lo mismo sucede cuando se expulsa a personas inmersas en causas de este tipo en las que el Gobierno se queda absolutamente solo frente a todos, como ha ocurrido no hace mucho con motivo de la expulsión de algunas personas incursas en causas judiciales.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA LA CESION A LA JUNTA DE ANDALUCIA DEL NUMERO TOTAL ACORDADO DE MIEMBROS DEL CUERPO NACIONAL DE POLICIA (680/000404).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre la fecha prevista por el Gobierno para la cesión a la Junta de Andalucía del número total acordado de miembros del Cuerpo Nacional de Policía.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el Grupo de Izquierda Unida viene planteando en esta legislatura y en esta Cámara territorial la necesidad de que el Gobierno de la Junta y el Gobierno de España alcancen acuerdos en cuestiones tan importantes

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como la deuda histórica que se planteó en esta Cámara; el reconocimiento del censo; las transferencias de competencias a la Junta de Andalucía; la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; las políticas activas de empleo; cuestiones relacionadas con la financiación autonómica, etcétera.
En este momento planteamos la necesidad del cumplimiento del convenio sobre la cesión de 520 miembros del Cuerpo Nacional de Policía para permitir también avanzar en lo que prevé el propio Estatuto de Autonomía en su artículo 14.1. Por ello queremos una concreción del señor Ministro sobre la fecha de ese cumplimiento.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MIEMBRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
En principio, voy a ceñirme en mi respuesta al tema que nos ocupa, sin entrar en otras consideraciones ni en otros asuntos a los que se ha referido el señor Senador en su intervención.
Como usted sabe, la Comisión Mixta de seguimiento prevista en el Convenio de colaboración entre el Ministerio del Interior y la Comunidad Autónoma de Andalucía acordó este año, en una reunión que tuvo lugar el 18 de enero, un plan de actuación para incrementar el número de policías con que en este momento cuenta la unidad adscrita en dicha Comunidad, que son 218, hasta alcanzar gradualmente los 520 previstos en el convenio.
Hace no muchas fechas he tenido una conversación con el Consejero de Interior de la Junta de Andalucía, el señor Perales, y hemos acordado cumplir ese convenio --lo cual supone una satisfacción para el Gobierno, y entiendo que también para la Junta de Andalucía--, por lo que puedo afirmar que en el primer semestre del año próximo estará cubierta la totalidad de la plantilla prevista en este acuerdo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, efectivamente, estamos hablando de un convenio de 1993 que establecía la cesión de 520 agentes. En primer lugar, hay que tener en cuenta que ésta es una cuestión prevista en el propio Estatuto de Autonomía, en su artículo 14.1. Por otro lado, las misiones que estos agentes desempeñan tienen que ver con los menores, el medio ambiente, los juegos y espectáculos, el absentismo escolar, los vertidos, los controles sobre pesca de inmaduros, el patrimonio histórico, la violencia de género, las edificaciones ilegales, la protección de sedes oficiales, la escolta de personalidades, etcétera. Y en nuestra opinión esta serie de funciones requieren de un mayor nivel de cesión de transferencias y de funcionamiento de la policía autonómica de Andalucía.
Nos da la impresión, señor Ministro, que ni el Gobierno de la Junta de Andalucía ni su propio Gobierno saben que en Andalucía vivimos siete millones 200.000 personas en 90.000 kilómetros cuadrados, y que para garantizar el disfrute de las libertades democráticas y permitir, por tanto, el cumplimiento de la legalidad en el marco de las competencias de la Comunidad Autónoma es insuficiente el número de efectivos del Cuerpo de la Policía Nacional que se ha cedido. Por otra parte, si nos atenemos a la fecha que usted ha indicado, el primer semestre del año 2002, estamos hablando todavía de un importante nivel de incumplimiento de ese acuerdo.
En cualquier caso, repito que consideramos insuficiente la cesión de 520 agentes, número previsto en el primer convenio, algo que incluso ha sido reconocido por el Gobierno de la Junta de Andalucía, que ya ha planteado la necesidad de que se pueda llegar a una cesión de alrededor de 700 miembros del Cuerpo Nacional de Policía a la Comunidad Autónoma andaluza para que sean coordinados por el Gobierno de la Junta de Andalucía con el fin de cumplir las competencias que estamos planteando. Por tanto, es necesario que se vaya avanzando hacia una mayor cesión, e Izquierda Unida no renuncia al cumplimiento de lo establecido en el Estatuto en lo que se refiere a las competencias y la constitución de la policía autonómica, al igual que ya sucede en otras Comunidades de la vía del artículo 151, que es nuestro caso.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, no voy a discutir sobre la suficiencia o insuficiencia del número de efectivos que se van a transferir a la Junta de Andalucía. Ahí está el acuerdo que se firmó en su momento y que hemos ratificado de manera verbal, cierto es, el propio Consejero de Interior de la Junta de Andalucía y yo mismo no hace muchas fechas, como ya he dicho.
En cualquier caso, el número de integrantes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado siempre es insuficiente, y puedo asegurarle que el objetivo más importante desde que soy Ministro del Interior es que haya una oferta de empleo público para su aumento. A tal fin, para este año se han aprobado 3.150 plazas de policías nacionales y otras 2.250 de guardias civiles, lo que creo que es una buena noticia.
Por otro lado, no puedo estar de acuerdo con la afirmación de que asegurar las libertades democráticas y el cumplimiento de la legalidad dependan de que haya más o menos policías autonómicos, porque, tanto la Guardia Civil

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como la Policía Nacional, que son de toda España, y por tanto, también de Andalucía, tienen entre sus funciones la garantía de las libertades democráticas y el cumplimiento de la legalidad.
Dicho esto, hemos convocado un concurso en enero de este año con una oferta de cien puestos de trabajo en la unidad adscrita, que fue aprobado el 5 de febrero de 2001. Dicho concurso se ha resuelto el 18 de junio pasado, y se han convocado nuevos concursos ofertando otros cien puestos de trabajo. Cuando resolvamos este concurso convocaremos el resto de la totalidad de las vacantes hasta alcanzar los 520 efectivos previstos en el convenio, que es a lo que nos hemos comprometido con la Junta de Andalucía y que considero un número razonable, al menos en el presente.
En cuanto al futuro, en estos momentos no me atrevería a adelantar acontecimientos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DOÑA CRISTINA AGUDO CADARSO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE LAS MEDIDAS ADOPTADAS PARA REPARAR LOS DAÑOS CAUSADOS POR LAS LLUVIAS Y TEMPORALES, EN EL REAL DECRETO-LEY 6/2001, DE 6 DE ABRIL, SON SUFICIENTES PARA LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CASTILLA Y LEON (680/000417).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta de la Senadora doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que las medidas adoptadas para reparar los daños causados por las lluvias y temporales en el Real Decreto-ley 6/2001, de 6 de abril, son suficientes para la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Tiene la palabra la Senadora Agudo Cadarso.


La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, como usted seguramente sabe, desde octubre del año pasado hasta mediados de marzo fuertes temporales azotaron nuestro país, y especialmente en Castilla y León las lluvias han causado importantísimas daños en agricultura, ganadería, instalaciones municipales y en viviendas particulares, pero no sólo durante los meses que van de octubre a enero, sino que en febrero y marzo las lluvias han sido especialmente virulentas prácticamente en toda la región de Castilla y León.
De ahí que le formulemos nuestra pregunta en esos términos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro del Interior y Vicepresidente Primero del Gobierno.
El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, como usted sabe, el concepto de suficiente es un concepto jurídico indeterminado. (Risas.) Seguramente lo que a unos les parece suficiente a otros les parece insuficiente, lo hemos podido ver ahora con las policías adscritas a la Junta de Andalucía. Al señor Senador no le parecían muchos en tanto que a mí me parecían razonables.
Me temo que aquí va a ocurrir exactamente lo mismo salvo que usted me dé una sorpresa, cosa que sin duda yo agradecería.
Como usted sabe, el Gobierno ha aprobado un Real Decreto-ley en junio de 2001 por un importe de 4.000 millones de pesetas que afecta a las Comunidades Autónomas de Galicia y Castilla y León. Y posteriormente se aprobó la Orden Ministerial de 10 de mayo de 2001, en la que se regula el procedimiento para la concesión de subvenciones y se señala que las diputaciones provinciales remitirán a las subdelegaciones del Gobierno los proyectos técnicos y los presupuestos para las obras de reparación en el plazo de dos meses, plazo que vence el próximo día 15 de julio.
Después los subdelegados emitirán informe en el plazo de 15 días, y por último resolverá el Ministerio de Administraciones Públicas.
Por tanto, ésas son las cantidades que hay. Vamos a ver cuáles son las peticiones de diputaciones y ayuntamientos, y a partir de ellas y de su compromiso o no de asumir el 50 por ciento del costo, nos podremos hacer una idea más ajustada sobre la suficiencia o insuficiencia. Pero, además, como hay cosas que siempre se olvidan, el Ministerio de Medio Ambiente ha hecho obras de emergencia por un importe de 1.982 millones de pesetas a través de la Confederación Hidrográfica del Duero en temas propios y específicos de su competencia.
En cuanto al Real Decreto a que he hecho referencia contempla también la concesión de beneficios fiscales de contenido diverso, moratorias y bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social, ayudas al desempleo, líneas preferenciales de crédito, subvenciones con cargo al Ministerio del Interior, etcétera.
Señoría, si le vale, creo que todas son medidas razonables.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra la Senadora Agudo Cadarso.


La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro.
A pesar de lo del concepto jurídico, esas medidas no son suficientes.
Como le decía, desde octubre hasta finales de enero los temporales afectaron a zonas muy importantes de Zamora, León y Salamanca, y especialmente el desbordamiento del río Agueda a su paso por Ciudad Rodrigo produjo daños que en ese período ya se cuantificaban en 3.000 millones de pesetas.
El día 7 de abril, como usted sabe y nos ha recordado, más de cinco meses después de ocurridos los primeros

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temporales, se publicó el Real Decreto a que ha hecho usted referencia, en el que se establecía que se iban a adoptar medidas urgentes para reparar los daños que se habían producido desde los últimos días de octubre hasta finales de enero en las Autonomías de Galicia y Castilla y León. En la introducción del Real Decreto se dice: la magnitud de los hechos obliga a adoptar medidas y a garantizar de manera rápida --después de cinco meses lo de la rapidez también queda un poco en entredicho-- para financiar los gastos. Y el ámbito de aplicación era Castilla y León y Galicia para los daños producidos desde octubre hasta el 31 de enero de 2001.
Como usted ha recordado, el crédito para todo esto era de 4.000 millones de pesetas para subvencionar hasta en un 50 por ciento los daños que se habían producido por medio de los municipios, es decir, que el 50 por ciento tienen que ponerlo los pequeños y grandes municipios, y hay una línea de crédito, como usted ha recordado, de 3.000 millones de pesetas para las pérdidas en agricultura, etcétera.
Señor Ministro, sólo en ese período, la Junta de Galicia había reconocido daños por valor de 57.000 millones, y eso lo manifestaba un miembro del Gobierno en una pregunta que le formulaban en el Congreso de los Diputados, y Castilla y León en ese mismo período había sufrido daños por valor de más de 3.000 millones.
Yo no sé si el Gobierno está de acuerdo conmigo en que estas medidas no pueden llamarse ni rápidas ni generosas, porque si éstas son rápidas y generosas cuando hablemos de las lentas y restringidas no sé cómo las vamos a llamar, pero es que hoy todavía no sabemos qué le va a corresponder a cada Comunidad.
Señor Ministro, este decreto es un mal decreto, es lento y a nuestro juicio cicatero. ¿Qué hacemos después del día 31 de enero? A eso, señor Ministro usted no me ha contestado, y la evaluación de los daños en Castilla y León en las zonas que afectaron a prácticamente todas las provincias están ya valorados, al menos, en 7.000 millones de pesetas, y los datos que afectaron desde Soria a Zamora, los puentes sobre el Orbigo, Valladolid que se inundó en poquísimas horas...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señora Senadora.
Me gustaría intentar poner las cosas en su sitio. Yo creo que, por lo menos la Administración central del Estado en el ámbito de sus competencias, ha actuado con la rapidez debida. Si alguien ha hecho las obras en el ámbito de sus competencias con la celeridad que exige la lógica y el sentido común ha sido la Administración del Estado, y antes me he referido a las importantes obras abordadas por procedimiento de urgencia por el Ministerio de Medio Ambiente a través de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Es decir, que en el ámbito de sus competencias, la Administración del Estado ha actuado con la celeridad debida, y ha realizado las obras que tenía que hacer para volver las cosas a la situación anterior.
En segundo lugar, el Estado ha aprobado una serie de ayudas a particulares, es decir de las obras del Estado y de los asuntos propios de los particulares se ha ocupado la Administración central del Estado, y sin duda hay otras infraestructuras que son propias de la Comunidad Autónoma o de los municipios. Parece lógico que la Comunidad Autónoma asuma la responsabilidad en aquellas infraestructuras que son de su propia competencia, siempre ha sido así, y el Estado ayuda a los municipios en las obras que son propias de los municipios.
Hoy, aún no sabemos cuánto se va a dedicar a la Comunidad Autónoma de Galicia ni cuánto a la de Castilla y León porque, como le he dicho antes, tienen que presentar los expedientes, y la fecha tope es la de 15 de julio, a partir de ahí los subdelegados del Gobierno informan y luego se tomará la decisión.
En cualquier caso, y respecto a lo que usted ha dicho de los acontecimientos climatológicos que se produjeron después del mes de marzo, en este momento el Gobierno lo está estudiando en el Ministerio de Hacienda, de acuerdo con los datos parcialmente remitidos en este momento y con la delegación del Gobierno de Castilla y León, y adoptará en su momento la decisión que le parezca razonable para paliar los inconvenientes que se hayan producido con posterioridad a la fecha a la que usted se refiere.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA TOMANDO EL GOBIERNO PARA QUE NO SE PRODUZCAN CORTES EN EL SUMINISTRO ELECTRICO EL PROXIMO VERANO (680/000402).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las medidas que está tomando el Gobierno para que no se produzcan cortes en el suministro eléctrico el próximo verano.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, es difícil discernir el riesgo real de la presión artificial para vencer resistencias de aquellos que se oponen a los trazados de líneas. Las compañías eléctricas anuncian cortes de suministro eléctrico en algunas zonas, principalmente turísticas. Como responsables políticos de algunos sectores, del turístico y del eléctrico, aparte de recordar sus responsabilidades a las Comunidades Autónomas, lo cual me parece bien, ¿ha tomado alguna otra medida para evitarlo? Gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señor Senador.
Todas aquellas que están en las competencias de la Administración General del Estado.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, no estaría de más que nos informara sobre estas medidas.
Quiero hacer dos breves comentarios. Me parece un poco penoso, y a veces indignante, ver cómo las Administraciones, la Central y las Autonómicas, contemplan impasibles, como espectadores en realidad, las peleas entre gigantes, como Endesa e Iberdrola, y pequeños ayuntamientos, esperando a ver si de esta lucha desigual queda aplastado el pequeño y se resuelve el problema, lo cual no me parece lo más edificante.
El segundo comentario que quiero hacerle es que la política sectorial del Partido Popular, cuando el señor Piqué era el Ministro, a nuestro juicio no fue diseñada desde el Ministerio sino desde Unesa. Usted puede alegar que así ha sido desde siempre, y yo no se lo voy a confirmar ni a rebatir, pero tal vez ya sería hora de que usted la modulara para conducir al sector a una liberalización real y efectiva, menos autorregulada --por decirlo de alguna manera-- por el propio sector y que resolviera o previera problemas como el que nos ocupa, que para eso están los Gobiernos.
En tercer lugar, para que no me pueda decir que desde la oposición no somos constructivos, le voy a hacer una sugerencia. Sabemos que no se pueden enterrar todas las líneas de alta tensión del país; he leído que el coste estimado sería, como mínimo, de 22 billones de pesetas, pero ¿qué le parece si dispusieran ustedes, por ejemplo, que sí deben enterrarse los tramos que cruzan espacios protegidos y tramos urbanos? De estar vigente una disposición de este tipo, tal vez nos hubiéramos ahorrado los actuales problemas.
Me voy a conformar con poco; me bastará que me diga que va a estudiar esta sugerencia.
Muchas gracias, señor Vicepresidente.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Senador.
El pasado mes de diciembre, el Gobierno aprobó un decreto por el que las compañías eléctricas se hacen todavía más responsables ante la Administración General del Estado de la calidad del suministro y de su comportamiento.
Por otra parte, el Gobierno, dentro de lo que son sus competencias --es decir, la aprobación de proyectos de generación--, mantiene un ritmo suficientemente amplio que garantiza que, en este momento, la relación entre demanda y oferta en nuestro país, supera claramente las que ha indicado la propia Red Eléctrica Española como mínimos exigibles. En ese sentido, quiero recordar a la Cámara que el momento más álgido de utilización de generación eléctrica se produjo en enero del año 2000, con una utilización aproximada de 33.000 megavatios, que la capacidad instalada en España es de 55.000 megavatios y que, en este momento, hay proyectos de ciclos combinados que superan los 8.000 megavatios en los próximos dos años. Por lo tanto, desde el punto de vista de la generación, España no tiene problemas.
Comprendo que su señoría pretenda que toda la responsabilidad de la distribución eléctrica recaiga en el Gobierno porque ésa es una tradición democrática lógica, pero tengo que decir que su señoría debe ser consciente de que todas las administraciones territoriales son, como mínimo, muy celosas de sus competencias y son las administraciones autonómicas las responsables de la distribución de la energía eléctrica y, por tanto, quienes deban recoger alguna de las sugerencias de su señoría. Además, los Parlamentos autonómicos toman decisiones legítimas; así, el Parlamento de Cataluña, por ejemplo, con la colaboración de su Grupo Parlamentario, aprobó una moción el 15 de marzo de 2000 en la que se instaba al Gobierno de la Generalitat --no al Gobierno de la nación--, para que estableciera una moratoria de un período mínimo de un año para los proyectos de línea de transporte de alta tensión. Seguramente, cuando desde la Costa Brava se contempla ahora el verano --o desde municipios concretos como Llagostera o Castell d'Aro-- se ve con una cierta preocupación, pero tienen ustedes que elegir entre sorber o soplar, porque lo que no pueden hacer son las dos cosas al mismo tiempo.
Este no es un debate sencillo entre buenos y malos --aunque su señoría nos haya querido contar la fábula bíblica de David y Goliat--, es un debate más complejo que exige que cada Administración asuma sus responsabilidades y en estos tiempos en los que vivimos bajo el constante discurso del autogobierno --legítimo y respaldado por el Gobierno del Partido Popular, desde luego--, es importante que los Parlamentos autonómicos y las administraciones territoriales expliquen a la población que cuando toman una decisión, no toman otra y que cuando aprueban una moratoria, ésta tiene consecuencias el día que se enciende la luz en el mes de agosto, en la Costa Brava. Esto es importante.
El Gobierno, con todo respeto --y aceptando que éste es un debate complejo, de intereses contrapuestos, que debe decidirse por las administraciones que son elegidas democráticamente para ello--, se ha dirigido a los Presidentes de las Comunidades Autónomas que puedan tener

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mayores problemas instándoles a que traten de conciliar los intereses bajo sus competencias.
En cualquier caso, como siempre, estudiaremos las propuestas de su señoría, pero me temo que eso es lo único que podemos hacer porque los que tienen la responsabilidad de tomar decisiones, porque tienen las competencias y la responsabilidad política y democrática de hacerlo, son los que tienen que ser capaces de enfrentarse a los hechos y cuando toman una decisión del tenor de una moratoria para no instalar redes de alta tensión, tienen que explicar a los ciudadanos que eso tiene consecuencias buenas y malas, como casi todas las acciones humanas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EL GOBIERNO, UNA VEZ CONOCIDOS LOS ULTIMOS DATOS AL ALZA DE LA INFLACION EN ESPAÑA, NO HA ADOPTADO MEDIDAS URGENTES EN EL CONSEJO DE MINISTROS (680/000421).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las razones por las que el Gobierno, una vez conocidos los últimos datos al alza de la inflación en España, no ha adoptado medidas urgentes en el Consejo de Ministros.
Tiene al palabra el Senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, seguramente este mes le vendrá bien que le hagamos esa pregunta, sobre todo porque servirá para con mayor tranquilidad tomarse en serio la cuestión y adoptar las medidas necesarias para que el crecimiento constante de la inflación de los últimos meses, ya muchos meses, tenga alguna solución.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Senador.
El Gobierno sin duda se toma con una gran seriedad la evolución de los precios en España y, además, los grupos parlamentarios le ayudan a que se lo tome todavía con mayor seriedad. Por tanto, yo agradezco a su señoría la pregunta.
En su pregunta creo que la clave es la palabra explicable. Yo creo que es explicable porque medidas urgentes, señoría, se toman cuando un Gobierno puede actuar sobre cuestiones en las que puede regular precios, o tomar decisiones para recortar el gasto público porque sea el gran responsable de la inflación. En España ésa no es la cuestión, el 80 por ciento de los incrementos de precios de los últimos meses en España y en Europa están relacionados con el precio del petróleo, el valor de la moneda y la evolución de los alimentos, principalmente los no elaborados. Es indudable que en ese contexto no sólo nosotros, sino el conjunto de la Unión Europea, se encuentra con una presión inflacionista coyuntural que al Gobierno le parece preocupante, aunque nuestro diferencial de inflación sea relativamente estable y se haya mantenido desde el año 1997 en una banda entre el 0,8 y el 1,4. El Gobierno ha insistido y yo vuelvo a reiterar que nuestro diferencial de inflación para mantenerlo a medio plazo no debe superar en ningún caso el punto, y entiende que su principal instrumento sigue siendo la política presupuestaria, por no decir el único que tiene a su alcance. La política presupuestaria no es un instrumento que pueda regular la evolución de los precios de la misma manera que la política monetaria.
Yo simplemente quisiera hacer una reflexión a su señoría y a la Cámara.
España lleva cinco años creciendo a ritmos entre el 3,5 y el 4 por ciento. Las estimaciones teóricas es que nuestro potencial de crecimiento se mueve en el entorno del 3 por ciento. Yo creo que es superior, pero tengo que decir que las estimaciones teóricas son en el entorno del 3 por ciento, y ésa sería una cifra máxima. Una economía que lleva cinco años creciendo por encima de su potencial, en algunos casos un 25 por ciento más, y que desde marzo del año 1999 está en unas condiciones de política monetaria que en algunos casos se aproximan a tipos de interés cero, que tenga un diferencial de inflación con un punto o menos de un punto con países que sólo han crecido un año por encima de su potencial y que han tenido una política monetaria mucho más ajustada a su inflación, indicaría que la sociedad española hoy es menos inflacionista de lo que era a principios de la década de los noventa y que, por lo tanto, las políticas de equilibrio presupuestario de reformas estructurales están teniendo sus efectos. Ahora, es indudable que el Gobierno tiene, primero, que ser vigilante en lo que es su principal responsabilidad, que es la política presupuestaria, y avanzar en estos momentos en lo que a nosotros nos parece clave, que es un marco de negociación colectiva más flexible, más moderno, más diferenciado por diferentes tipos de empresas, y que permita a la sociedad española seguir avanzando en ritmos de prosperidad y de eficiencia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente y Ministro de Economía.
Tiene la palabra el Senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Sin duda, éste no es un debate para una pregunta parlamentaria de cinco minutos, pero en cualquier caso yo

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quiero decir que son verdad todas la cosas que ha dicho el Ministro; sin embargo, se le ha olvidado que evidentemente la inflación subyacente crece más y más sostenidamente de lo que crece el índice general. Y eso quiere decir que las medidas del Gobierno no están teniendo ningún éxito.
Ninguna de las medidas urgentes que ha adoptado han tenido una consecuencia clara desde el punto de vista del control de inflación. Y en esa situación real el Gobierno tiene bastantes más medidas de actuación de las que ha citado, pero en concreto hay una que la OCDE se encarga de recordarnos habitualmente, y es que las medidas liberalizadoras del Gobierno no funcionan, o por lo menos no adecuadamente. Y no lo digo yo, lo dice la OCDE y, además, yo no haré ningún esfuerzo especial en repetirlo porque es el propio mercado el que se encarga de dejar en evidencia que las medidas liberalizadoras del Gobierno no han funcionado adecuadamente. Así la OCDE insiste en que los usuarios generales pagan una parte de los costes industriales, por ejemplo, de la energía eléctrica, y con tantos otros ejemplos podríamos dejar en evidencia que el mercado ha dicho claramente que las medidas liberalizadoras no están funcionando adecuadamente. Sin que yo me atreva a descalificar la voluntad liberalizadora del Gobierno, lo cierto es que el mercado ya ha dicho suficiente al respecto. Y a mí me parece que una vez más hablar siempre de que estamos en una situación en que, sea cual sea el responsable de la inflación, la moderación salarial es la solución definitiva no es suficiente.
Yo creo sinceramente que el Gobierno debería profundizar en las medidas liberalizadoras, y lejos de anunciarlas permanentemente, deberían ser una constante en la voluntad de actuación del Gobierno, que hasta ahora, como digo, el mercado ha rechazado como ciertas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, la OCDE no dice eso; la OCDE dice que la economía española va a aumentar su potencial de crecimiento gracias a las medidas liberalizadoras e indica que las restricciones que hay en estos momentos van a desaparecer como consecuencia de los calendarios de liberalización, porque en el sector eléctrico, como su señoría sabe muy bien, en el año 2003 tendremos total libertad. ¿Que todavía no estamos en el 2003? Su señoría tiene razón, pero si su señoría compara la evolución de los precios en España en los sectores que hemos liberalizado nosotros, como telecomunicaciones y electricidad, con la media europea, comprobará que no es ahí donde tenemos el problema. El problema lo tenemos en el sector servicios, y me reconocerá su señoría que, por ejemplo, cuando el grupo parlamentario de su señoría se opone a la liberalización de horarios comerciales no está precisamente colaborando en la liberalización del sector.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


--DE DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE JUSTICIA EN ORDEN A CAMBIAR ALGUNA DE LAS CINCO FORMAS MEDIANTE LAS CUALES LOS ESPAÑOLES Y ESPAÑOLAS PUEDEN CONTRAER MATRIMONIO, PARA QUE NO SE INDUZCA A LA PRACTICA DE LA POLIGAMIA EN ESPAÑA (680/000403).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Justicia en orden a cambiar alguna de las cinco formas mediante las cuales los españoles y las españolas pueden contraer matrimonio, para que no se induzca a la práctica de la poligamia en España.
Tiene la palabra el Senador Espasa i Oliver.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, usted sabe o debe saber mejor que yo que de las formas con las que los españoles y las españolas pueden contraer matrimonio en nuestro país hay una de ellas, por una laguna y oscuridad jurídica, que puede permitir dos cosas igualmente graves: la práctica de la poligamia en nuestro país y la inseguridad de que menores de edad puedan contraer matrimonio. Quisiera saber si su Ministerio piensa tomar alguna medida para cambiar esta situación, que trae causa de los acuerdos con las confesiones religiosas en España.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, ninguna de las formas de matrimonio que admite nuestro ordenamiento jurídico puede inducir ni permitir la poligamia; es más, el Código Civil dispone expresamente que no pueden contraer matrimonio los que estén ligados con vínculo matrimonial, impedimento que no admite dispensa, como su señoría conoce, y declara nulo el matrimonio, cualquiera que sea su forma de celebración, entre personas ligadas por un vínculo matrimonial anterior.
Además, para el supuesto de vulneración de estas prohibiciones, el Código Penal, artículo 217 y siguientes, castiga tanto a quien contrajere segundo o ulterior matrimonio a sabiendas de que subsiste legalmente el anterior

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como al que autorizare el matrimonio en el que concurra causa de nulidad conocida o denunciada en el expediente.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Justicia.
Tiene la palabra el Senador Espasa i Oliver.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, me ha defraudado su primera respuesta; espero que la segunda, no. Usted sabe perfectamente que estoy hablando de las Leyes 24, 25 y 26/1992, y especialmente de la 26/1992, que convierte en ley el acuerdo del Estado español con la confesión islámica. La forma en que está redactado el artículo 7 de esta ley permite el matrimonio religioso por el rito de la comunidad islámica, que como saben sus señorías acepta el matrimonio de menores de edad y la poligamia, sin que deba solicitarse previamente haberse el certificado civil de capacidad matrimonial y sin que deba después inscribirse en el Registro Civil.
En España se están dando, señor Ministro --y usted lo sabe y debería decirlo a esta Cámara--, matrimonios polígamos con ciudadanas españolas o ciudadanas que residen en España, y el matrimonio, como dice nuestro Código Civil y como dice el Derecho Canónico --en eso simétrico al Código Civil--, debe conllevar una exquisita igualdad entre los sexos; no puede haber inseguridad jurídica; no puede haber dependencia de la mujer respecto del varón, y esto está sucediendo en España porque la Ley 26/1992, relativa al acuerdo con la comunidad islámica, tiene una terrible laguna jurídica, y hasta la Dirección General de Registros del Notariado se lo ha comunicado a su Ministerio para que la cambie, y no han hecho ustedes nada. Señores Senadores en España se está produciendo inseguridad jurídica, se están produciendo matrimonios con menores de edad, se están produciendo matrimonios polígamos, según un rito religioso.
Evidentemente, el señor Ministro me dirá que civilmente no están permitidos. ¡Faltaría más! Faltaría más que nuestro Código Civil y nuestra Constitución permitiesen la poligamia.
No obstante, está sucediendo en territorio español, y nuestro Grupo Parlamentario quiere asegurar la absoluta igualdad de todos los españoles, de todas las españolas y las residentes en España, y para asegurarlo hemos de cambiar esta ley.
Yo le invito, señor Ministro de Justicia, a que promueva usted un cambio de la Ley 26/1992. Si no lo hace estará usted permitiendo el mantenimiento de esta situación de inseguridad jurídica y de este hecho real, sociológicamente real, de la celebración de matrimonios polígamos y matrimonios con menores en nuestro país.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, confieso que no he entendido su intervención cuando ha dicho que se están celebrando matrimonios polígamos aunque, ¡estaría bueno!, nuestro ordenamiento no lo permite. Ese era el objeto de la pregunta, es decir, que nuestro ordenamiento y nuestro Código Civil no admite los matrimonios polígamos en ningún caso. Tampoco los matrimonios celebrados en forma religiosa, ya sea canónica, evangelista, israelita o islámica, que son los que están recogidos, porque en todos los casos cada uno de los contrayentes tiene que cumplir los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil, y si existiese alguna vulneración de estos supuestos, que supongo que es a lo que su señoría se refiere, no sólo el matrimonio sería nulo y por lo tanto carente de efectos civiles, que es lo que un Estado puede administrar, sino que incurriría, como decía antes, en un delito.
Incluso en los casos a los que su señoría alude de matrimonios celebrados por el rito islámico, la atribución de efectos civiles a dichos matrimonios requiere de la concurrencia en los contrayentes de los requisitos de capacidad exigidos por el Código Civil, que tienen que acreditar mediante una certificación previa extendida por el Registro Civil, de conformidad con lo que establece el artículo siete de la Ley 26/1992, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el acuerdo entre el Estado y la Comisión Islámica de España.
Además, la calificación del encargado del Registro Civil para poder inscribir ese matrimonio islámico y, por tanto, que tenga efecto, tiene que extenderse a comprobar con especial cuidado la capacidad de los contrayentes, según indica expresamente una instrucción de la Dirección General los Registros y del Notariado, de 10 de febrero de 1993, que señala --y lo leo literalmente-- lo siguiente: En todo caso, ha de reiterarse lo delicado de esta calificación en la cual habrá de extremarse el celo para asegurar de la inexistencia de impedimento de ligamen.
Por tanto, hoy, con nuestro Código Civil y en nuestra legislación --que es de lo que se trata-- no se permiten matrimonios polígamos con efectos jurídicos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Justicia.


--DE DON JOSE MANUEL BARQUERO VAZQUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA APROBACION POR EL SENADO DE LA MOCION POR LA QUE SE DOTA A LA ALTA INSPECCION DE EDUCACION EN LAS COMUNIDADES AUTONOMAS DE LOS RECURSOS NECESARIOS PARA SU COOPERACION CON LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS DE LAS MISMAS (680/000405).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don José Manuel Barquero Vázquez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la aprobación por el Senado de la moción por la que se dota a la Alta Inspección

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de Educación en las Comunidades Autónomas de los recursos necesarios para su cooperación con las administraciones educativas de las mismas.
Tiene la palabra el Senador Barquero Vázquez.


El señor BARQUERO VAZQUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señora Ministra de Educación, en el Pleno del Senado del día 24 de abril pasado, la Cámara aprobó una moción sobre la Alta Inspección de Educación. En aquel momento la moción, presentada por el Grupo Parlamentario Popular, fue aprobada por una amplísima mayoría de la Cámara, concretamente por 201 votos a favor de los 230 emitidos, 23 en contra y seis abstenciones, lo que supone la aprobación de esta moción por varios Grupos Parlamentarios.
La moción decía lo siguiente: El Senado exige al Gobierno que en aplicación de la sentencia 6/1982, del Tribunal Constitucional, y del Real Decreto 480/1981, provea a la Alta Inspección de Educación en las Comunidades Autónomas de la estructura organizativa y de los recursos necesarios para que esta institución pueda realizar las actividades y ejercer las funciones que le confiere la normativa vigente en cooperación con las administraciones educativas de las Comunidades Autónomas y respetando, en todo caso, las competencias de éstas.
Este Senador que en este momento le pregunta, señora Ministra, y que ejerció como portavoz de su Grupo Parlamentario en aquella ocasión, decía que la Alta Inspección había funcionado hasta momentos recientes bajo mínimos --se puede resumir su actuación de estos largos años pasados diciendo que la Alta Inspección existía, desde luego no en todas las Comunidades Autónomas sino en algunas, pero casi no actuaba--, y en el momento de exponer la defensa de moción yo explicaba algunas de estas razones, que en este trámite parlamentario no es oportuno repetir.
Señora Ministra, su centenario Ministerio ha iniciado una nueva etapa en la que, como usted misma ha reconocido, la función principal del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte debe centrarse en garantizar la cohesión y la vertebración de nuestro sistema educativo común mediante el cumplimiento de las competencias que la Constitución asigna al Estado y mediante el cumplimiento por parte de las Comunidades Autónomas del desarrollo normativo básico referente a los temas educativos. En este sentido, la Alta Inspección --prevista en todos los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas-- es la institución de control del cumplimiento de esta normativa que corresponde desarrollar al Gobierno del Estado. Por ello la moción pretendía lograr del Senado un acuerdo lo más amplio posible para respaldar e impulsar políticamente la Alta Inspección en esta nueva etapa de su Ministerio, una vez transferida la gestión educativa a todas las Comunidades Autónomas.
De ahí la pregunta que hoy tengo el honor de formularle a usted, señora Ministra: ¿Cómo valora el Gobierno la aprobación por el Senado de la moción relativa a la Alta Inspección de Educación en los términos que anteriormente he expuesto? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barquero.
Tiene la palabra la señora Ministra de Educación, Cultura y Deporte.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, desde luego el Gobierno no puede sino valorar muy positivamente la moción del Grupo Parlamentario Popular con la enmienda del Grupo Parlamentario Socialista, que se aprobó, como usted ha hecho referencia, en la sesión plenaria de esta Cámara el pasado día 24 de abril y en la que, como también ha formulado, se insta al Gobierno básicamente a que refuerce la Alta Inspección.
En efecto, hasta que no se han realizado todas las transferencias a las Comunidades Autónomas --proceso que concluyó entre los meses finales del año 1999 y el inicio del año 2000-- ha sido difícil abordar un replanteamiento, reestructuración y redefinición de los trabajos de la Alta Inspección. En esta legislatura nos encontramos, por tanto, en una situación en la que ese proceso de transferencias está culminado. Además, como sabe su señoría, se nombraron los Altos Inspectores en todas las Comunidades Autónomas, incluyendo los nueve que todavía quedaban pendientes al inicio del curso académico que ahora finaliza, y el Ministerio está desarrollando con el Ministerio de Administraciones Públicas una serie de acciones con el fin de que los diferentes servicios de la Alta Inspección cuenten con las oportunas dotaciones de personal, infraestructura, etcétera.
Asimismo --y yo creo que esto hace muy visible la importancia que el Ministerio concede a la Alta Inspección--, el Ministerio cuenta en su estructura organizativa con una Subdirección General dedicada única y exclusivamente a coordinar y asistir a los servicios de la Alta Inspección. Desde esta Subdirección se documentan, se asesoran y se apoyan las actuaciones, tanto las más puntuales o coyunturales como las más generales, de los servicios de la Alta Inspección; se mantiene una relación con todos los directores de esos servicios de la Alta Inspección y hay una fluidez extraordinaria en el tratamiento de los problemas que puedan ir derivándose de las observaciones y de los trabajos que se hacen en la Alta Inspección de cada Comunidad Autónoma.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DOÑA ANTONIA ARANEGA JIMENEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO DE ADOPTAR ALGUNA MEDIDA PARA EVALUAR EL NIVEL DE CALIDAD DOCENTE EN EL PROFESORADO DE LAS UNIVERSIDADES PRIVADAS (680/000419).


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La señora PRESIDENTA: Pregunta de la Excelentísima señora doña Antonia Aránega Jiménez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las previsiones del Gobierno de adoptar alguna medida para evaluar el nivel de calidad docente del profesorado de las universidades privadas.
Tiene la palabra la Senadora Aránega.


La señora ARANEGA JIMENEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señora Ministra, cada vez son más las universidades privadas que aparecen de forma exponencial en el mala nacional, y es verdad que sus títulos son equiparados a los que emite el sistema público de enseñanza universitaria.
Cuando se analiza un dato de fácil constatación como es el número de alumnos que ingresan en las universidades públicas y se compara con los que lo hacen en las universidades privadas, uno tiene específicas reservas en determinados aspectos de la formación de los alumnos egresados de las universidades privadas, especialmente en las facultades con un grado adicional de experimentalidad.
Hay otros datos que también inciden en la calidad de la enseñanza universitaria, como es la selección del profesorado, así como su formación y su cualificación. Por ello, las universidades públicas hace tiempo empezaron con la evaluación de su propia actividad docente y, por lo tanto, en la universidad pública existe un interés por la evaluación y el control de dicha actividad docente, además de parámetros para conocer el nivel exacto de la actividad docente que llevan a cabo.
Por ello, le pregunto, señoría, ¿cuáles son las estrategias que tiene el Gobierno para conocer la actividad docente de las universidades privadas? ¿Conoce, por ejemplo, cuál es el nivel de las aportaciones científicas que las universidades privadas españolas han hecho en los últimos años? Señoría, en la universidad pública habrá que modular lo necesario para que la excelencia sea la norma, pero también quiero recordarle que son muchos los padres que, cuando su hijo no tiene la nota suficiente para ingresar en la licenciatura elegida en la enseñanza pública, realizan un soberano esfuerzo económico para que lleven a cabo sus estudios en las universidades privadas, y necesitan saber si este esfuerzo es para recibir una formación profesional adecuada o simplemente para lograr un sucedáneo de la misma.
¿Tiene, pues, su Gobierno establecidas las cautelas necesarias para asegurar que los alumnos egresados de las universidades privadas responden en formación a la homologación que se les da? ¿Están aseguradas las prestaciones que como licenciados futuros darán a la sociedad? Esto no sólo es importante sino, a nuestro entender, prioritario, y es lo que pregunto en este momento, señoría.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE (Del Castillo Vera): Gracias, señora Presidenta.
Ha planteado usted un tema muy importante, uno de los que aborda el borrador del anteproyecto de ley de universidades que, como sabe, todavía está en discusión en el Consejo de Universidades, en donde hemos querido desarrollar un amplio debate.
Antes de entrar en la materia más sustantiva de su pregunta, querría decir también, porque me parece de justicia, que en las universidades privadas hay ofertas de una calidad y ofertas de otra calidad. En las universidades privadas, y de la Iglesia, que son el boque de universidades privadas --hay 18: 14 privadas y 4 de la Iglesia--, usted sabe muy bien que en algunas de ellas la nota que se exige para entrar es a veces incluso superior a la de los correspondientes centros públicos, y hay que ser justos en este sentido y no pensar que el ir a una universidad privada o a todas es sólo una cuestión de pagar una matrícula; hay que ser justos también en esta cuestión.
Además, le tengo que decir que las universidades privadas estaban funcionando en un contexto de práctica desregulación, de acuerdo con la LRU, porque cuando se elaboró la ley, en 1983, era un fenómeno incipiente --salvo las de la Iglesia-- y, por lo tanto, es comprensible que no hubiera una atención especial a esta materia. Actualmente no; aunque este fenómeno abarca a poco más de un seis por ciento de la población universitaria, se ha desarrollado de manera notable a lo largo de estos años.
Lo que se hace en el borrador del anteproyecto de ley que el Ministerio ha elaborado es precisamente regular las actividades de las universidades privadas en distintos aspectos para garantizar también unos requisitos mínimos de calidad. Entre esos requisitos, está el que las universidades se van a someter a los mismos criterios de evaluación, por la Agencia de Evaluación, Calidad y Acreditación, que las universidades públicas a efectos de docencia y de investigación, y esa información será transparente y conocida por toda la sociedad y, por lo tanto, por los padres que vayan a decidir acerca del futuro de sus hijos en una de esas universidades. Repito que se van a someter exactamente a los mismos criterios de evaluación que las universidades públicas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON JOSE IGNACIO PEREZ SAENZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE, DURANTE MAS DE CUATRO AÑOS, SE ESTAN PAGANDO IMPORTANTES CANTIDADES POR ALQUILER DE INMUEBLES DESTINADOS A OFICINAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE EMPLEO (INEM), SIN DARLES USO U OCUPACION (680/000418).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Ignacio Pérez Sáenz, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre los motivos por los que, durante más de cuatro años, se están

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pagando importantes cantidades por alquiler de inmuebles destinados a oficinas del Instituto Nacional de Empleo sin darles uso u ocupación.
Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, queda formulada la pregunta. No obstante, quisiera decirle algo previamente.
Creo que el Departamento de patrimonio de su Ministerio no funciona correctamente. Uno no entiende, por ejemplo, que para el mismo servicio, para el mismo tipo de actuaciones, por ejemplo oficinas del Inem, se opte de manera aleatoria, por el arrendamiento o la compraventa. Asimismo, en ocasiones en que se han comprado locales, como ha sucedido en Lugo, se han detectado graves fallos. No obstante, la pregunta no quiere entrar en el ámbito de la compraventa, sino únicamente en el del arrendamiento, respecto del que nos debiera explicar ese nuevo programa de arrendamientos inertes.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, sin duda alguna, la utilización del plural en su pregunta nos ha complicado un poco la situación a la hora de localizar si había algún caso que podía identificarse con las circunstancias que señalaba.
Le agradezco que también haya hecho notar la complejidad de la gestión a la que se ve sometido el, Departamento de obras y responsable también de patrimonio del Ministerio de Trabajo, puesto que gestiona un patrimonio propio, afecto también a instituciones como es el Inem, pero gestiona igualmente el patrimonio histórico, el sindical y el patrimonio sindical acumulado. Por tanto, creo que sería cuestión de entender esta complejidad.
Supongo que, dado el origen electoral de la pregunta de su señoría, se está refiriendo a un infortunado caso de gestión administrativa en la ciudad de Calahorra, respecto del que debo admitir que han concurrido circunstancias administrativas --insisto-- suficientes como para que haya habido un importante retraso, aunque también debo decirle en esta primera parte que creo que ya está, afortunadamente, en vías de solución.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Pérez Sáenz.


El señor PEREZ SAENZ: Gracias.
No lo sé, no sé si solamente es un caso, o son más, o puede suceder que en unos casos se tarde en ocuparlos cuatro años y medio o más y en otros transcurran un año, dos años, tres años. No lo sé; se lo pregunto. Si usted me dice que es el único caso en el que se ha actuado así, sencillamente, lo anoto.
Usted lo sabe, lo ha dicho, y la pregunta fundamentalmente se refiere a un caso documentado. Es el caso, señorías, de una oficina del INEM para la que hace más de cuatro años y medio que se firmó un contrato de arrendamiento. Pasaron dos años sin que se resolviese el proyecto para las oficinas y, en definitiva han transcurrido ya cuatro años y medio sin ser ocupadas porque ni tan siquiera se han adjudicado todavía las obras.
El contrato de arrendamiento es para diez años, de manera que comprenderá, señor Ministro, que, a este ritmo, llegaremos a que, para cuando estén finalizadas las obras, se haya, extinguido el contrato.
Me parece un escándalo. Las explicaciones que ha dado no justifican esa situación y usted debe tomar cartas en el asunto. No puede decirme sencillamente que se ha actuado así con cuestiones ordinarias o medianamente legales para cumplir el procedimiento.
Y le voy a decir por qué debe aprender su Departamento de otros. Hace un momento estaba junto al Ministro de Justicia. Puede acceder a la respuesta cuyo registro de entrada tiene el número 32.929 del Congreso de los Diputados. Su mismo Gobierno, en la misma Comunidad Autónoma, ha tenido una actuación completamente diferente. Para los juzgados números 1 y 2 de lo Social de Logroño se han adaptado los locales en enero de este año y el mismo Gobierno, el del Partido Popular, contesta que se han ocupado sin que hasta el momento se haya dictado orden aprobando el arrendamiento. Dice, insisto, que todavía no se ha firmado el contrato de arrendamiento y ya están ocupando ese edificio. Es exactamente el mismo caso que el suyo pero al revés. Por lo tanto, ahora no me vaya a decir que han incurrido elementos de procedimiento. Ya tiene un departamento en el propio Gobierno que actúa de otra manera; supongo que no será respecto a una actuación ilegal.
Señor Ministro, y voy terminando, la única explicación convincente de cara al ciudadano, que a usted, a mí y a todos los presentes nos tiene que preocupar, es que los dineros públicos valen menos que los dineros privados. Esta es la única explicación que va a entender el ciudadano: que si fuera suyo el dinero, es seguro que no hubiéramos llegado a estar durante cinco años pagando un alquiler sin ocupar el inmueble.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Pérez Sáenz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, me preguntaba si es un caso aislado; le digo que sí, es un caso aislado de 651 inmuebles gestionados por el propio Inem, y no le acumulo otros inmuebles que también son gestionados desde el Ministerio.


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La política del Inem desde siempre ha sido en su mayoría la del régimen de arrendamiento: más de 229 locales.
También hablaba también de una desafortunada gestión administrativa, de una concurrencia de hechos, al margen de que espero que convenga conmigo que es necesario un nuevo local en Calahorra y, en este caso, que los criterios sean de bastante racionalidad, puesto que para un local tres veces superior y mejor ubicado y con mejores condiciones, el alquiler se situaba en apenas el doble, con lo cual parece que sí que estamos ante una decisión racional, no es normal que hubiese que reformular, como hubo que hacerlo, por ejemplo, el régimen de contratación del arquitecto por entrada en vigor de la Ley de Medidas Liberalizadoras en materia de suelo y colegios profesionales, que en este caso había sido redactado conforme a la anterior normativa. También hubo un reparo que se quiso atender por parte del interventor regional de Hacienda cuando en las subastas para la adjudicación de esta obra ha habido falta de licitadores porque nos dijeron que éramos cicateros --hablaba usted de la defensa del dinero-- y que era insuficiente la cuantía del presupuesto. Creo que ahí también se ve que se estaba intentando hacer con la máxima austeridad.
Ciertamente, todos estos trámites han supuesto un constante ir y venir en algunos de los casos desde las instancias provinciales y regionales a la instancia nacional, y no tengo ningún inconveniente en decirle que es un caso que califico de infortunada gestión administrativa. Me alegra también de que su señoría haya coincidido en que es difícil aplicarle criterios de perfil político o de otro signo, y confío en que las obras se adjudiquen en muy breves semanas y acabe esta historia antes de un año quedando el local a disposición de los ciudadanos de Calahorra, ya que nuestro verdadero objetivo es darles una mejor calidad de servicio, cosa que no sucedía con el anterior local que, como le decía, era insuficiente y obsoleto.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE PERESTELO RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO PONER EN MARCHA LA ADMINISTRACION CENTRAL EN COLABORACION CON LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS EN MATERIA DE EXTINCION DE INCENDIOS (680/000400).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Luis Perestelo Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas que tiene previsto poner en marcha la Administración Central en colaboración con la Comunidad Autónoma de Canarias en materia de extinción de incendios.
Tiene la palabra el Senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, buenos días, señor Ministro, vaya por delante la solidaridad del Grupo de Senadores de Coalición Canaria con una Comunidad Autónoma, como es Cataluña, que en estos momentos sufre el azote del fuego.
La superficie forestal de Canarias es superior a 485.000 hectáreas; se ha visto afectada en el año 2000 por 59 incendios, alcanzando a 4.360 hectáreas de superficie arbolada. Y, señor Ministro, quiero decirle que sólo el incendio de la isla de La Palma, circunscripción que represento en este Senado, afectó a 3.000 hectáreas.
También tiene que tener en cuenta, señor Ministro, que en Canarias existen cuatro parques nacionales, tres de los cuales tienen superficie arbolada, luego es necesario la unión de esfuerzos entre toda las Administraciones (Cabildos Insulares, Administración de la Comunidad Autónoma y Administración de la del Estado) para luchar contra el fuego.
Por eso, le formulo la pregunta en el sentido de qué medidas plantea el Gobierno de España para colaborar con las administraciones canarias en la lucha contra el fuego en esta próxima temporada.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Perestelo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, quiero solidarizarme también con este incendio casi reiterado que hemos padecido en el norte de Cataluña.
El Ministerio de Medio Ambiente colabora ampliamente con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias tanto en las labores previas de prevención, como en la detección y extinción de los incendios forestales, yo diría que con buenos resultados.
Como su señoría sabe, todas las funciones relativas a la política de lucha contra incendios forestales que se desarrollan en el territorio de esta Comunidad son ejercidas por el Gobierno de Canarias desde el año 1986, en virtud de lo dispuesto por el Real Decreto 2614/1985, de traspaso de funciones y servicios en materia de conservación de la naturaleza. Sin embargo, como ya he mencionado, el Ministerio colabora, mediante inversiones y subvenciones, en la política de prevención y apoya con medios aéreos las labores de extinción cuando dichos medios son solicitados por la Comunidad Autónoma.
La colaboración en materia de prevención es amplia y comprende programas de restauración hidrológico-forestal, control de la erosión y defensa contra la desertificación. También subvenciona labores silvícolas en los montes, y el total de las transferencias para estos fines en los dos últimos años ha sido aproximadamente de 465 millones de pesetas.
En Canarias, como muy bien dice su señoría, habida cuenta de su condición insular --que comprendo y comparto-- y de su lejanía, se dispone, en el aeródromo de Los Rodeos, en Tenerife, de dos aviones de 3.200 litros de capacidad,

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y este año, el Ministerio de Medio Ambiente incluye un helicóptero bombardeo de agua, con un depósito de 4.500 litros.
En el presente año 2001, señoría, puedo garantizarle que todo el esfuerzo y toda la colaboración que se ha hecho mediante estas inversiones y estas subvenciones va a continuar, incluso con este incremento en medios aéreos. Estamos sin duda ante un problema muy importante para todos, que afecta a todas las administraciones, y el éxito en la consecución de este objetivo sólo podrá obtenerse como fruto de nuestra colaboración.
Muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Perestelo.


El señor PERESTELO RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta. Gracias, señor Ministro, por su respuesta.
Quisiera llamar su atención sobre algo que me parece importante en el desarrollo de la labor parlamentaria. Esa pregunta fue formulada por este Senador, en representación de su Grupo, la semana pasada. Sin embargo, en los medios de comunicación canarios, el lunes recibíamos la respuesta por boca de un Diputado del Grupo Parlamentario Popular. Nos parece que ésa no es la fórmula, porque usted se ha ceñido exactamente a la nota de prensa remitida por el citado parlamentario, que no es lamanera de dar respuesta a una iniciativa que plantea un Senador en su derecho al control del Gobierno.
Ciñéndome ya al interés de este Senador sobre este asunto, he de decir que agradezco esa colaboración, pero le pido que, si es posible, se incremente. En efecto, el año pasado había dos aviones, pero éstos, debido a la orografía de las islas, no son operativos. Sería una medida más adecuada destinar un helicóptero bombardero de agua en Los Rodeos. Lo que hay es insuficiente. Las siete islas necesitarían, por lo menos, dos helicópteros para completar la red de los cuatro de los que dispone la Comunidad Autónoma. Como Presidente del Cabildo Insular, he tenido ocasión de vivir el último incendio que tuvo lugar en La Palma, y sentí desazón porque cuando solicitábamos los medios del Ministerio éstos se encontraban en aeropuertos de la península, y tenían que llegar hasta Canarias para actuar en los incendios. La verdad es que llegaron el día anterior al control completo del incendio.
Como usted sabe, señoría, en la isla de La Palma tenemos unos parques nacionales que se encuentran entre los de mayor superficie arbolada, como es el Parque Nacional de la Caldera de Taburiente, que incluso se vio afectado y en peligro durante este incendio.
Usted ha hecho referencia a la prevención, sin embargo, los convenios de este año, que nosotros sepamos, no están todavía firmados, por lo que pedimos al Ministerio celeridad a la hora de firmarlos con la Comunidad Autónoma.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Perestelo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.
El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, Presidenta.
Señoría, comparto su punto de vista. El incremento de un helicóptero es, al menos, una actuación en el sentido adecuado. Quizás, efectivamente, tengamos que seguir incrementando los medios. Mi intención en el presente y, sobre todo, para el futuro es hacer un esfuerzo para conseguir medios de los que la Comunidad Autónoma no puede disponer. La Comunidad Autónoma tiene las competencias. Nosotros lo único que tenemos que hacer es intentar ayudar a la Comunidad Autónoma que es la competente.
Al final, los ciudadanos nos van a juzgar por el resultado y éste no se puede establecer en función de determinadas maniobras políticas, sino de objetivos concretos, de esfuerzos concretos. Le puedo garantizar que desde el Ministerio de Medio Ambiente vamos a priorizar esta política y vamos a intentar incrementar estos medios de ayuda en la medida de nuestras posibilidades.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE MACIAS SANTANA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LOS PLANES PREVISTOS POR EL GOBIERNO RESPECTO AL MANTENIMIENTO Y REGENERACION DE LAS PLAYAS DE LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (680/000406).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Macías Santana, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre los planes previstos por el Gobierno respecto al mantenimiento y regeneración de las playas de la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra el Senador Macías.


El señor MACIAS SANTANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy la pregunta por efectuada en sus justos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, los indudables valores que posee la franja costera, así como la gran sensibilidad de la misma frente a las acciones que se ejercen sobre ella o su entorno, han determinado que todos los países del mundo reconozcan la necesidad de llevar a cabo programas para su gestión integral en el marco de un modelo de desarrollo sostenible.
Esta necesidad se ha recogido en diversos pronunciamientos, recomendaciones y compromisos internacionales suscritos en relación con la gestión de la franja litoral. El 6 de febrero de 1998 se firmó un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias para emprender actuaciones en infraestructuras

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de costas. El convenio tiene un plazo de vigencia de siete años, entre 1998 y 2004, y prevé en dicho período una inversión de 35.000 millones de pesetas a ejecutar mediante una inversión de 5.000 millones de pesetas/año de los que el Estado a través del Ministerio aportará el 50 por ciento y la Comunidad el resto.
La inversión realizada por el Estado una vez cerrados los tres primeros años de vigencia ascendió a 7.118 millones de pesetas aproximadamente, que representa el 94,91 por ciento de la inversión prevista.
Se han realizado las siguientes obras: en Gran Canaria recuperación de la escollera Zoco del Negro, acondicionamiento borde marítimo Vegueta-San Cristóbal; en Lanzarote, adecuación y restitución medioambiental Punta Lima-Los Pocillos; en Tenerife, mejora de la playa de Las Teresitas, Paseo Marítimo playa Martiánez (Puerto de la Cruz), Paseo Marítimo y regeneración de la playa de San Juan (Guía de Isora), acondicionamiento y equipamiento en Punta Larga (Candelaria), mejora ambiental en la playa de El Fraile y La Area (Buenavista del Norte), y en La Palma, regeneración litoral y equipamiento de playa de los Cancajos (Breña Baja).
Están en ejecución o en tramitación obras en la mayoría de las playas de este convenio y de estas islas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Macías.


El señor MACIAS SANTANA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, quiero darle las gracias como canario, porque soy consciente de las inversiones que se han hecho en las distintas islas de Canarias. Pero, señor Ministro, el futuro de Canarias, como todos sabemos después de la gran sequía que estamos padeciendo es el turismo. El turismo es nuestra puerta de salida. El turismo precisa de sol y playa.
El turismo es nuestra puerta de salida. El turismo precisa de sol y playa. El sol lo tenemos; afortunadamente tenemos buen sol. Pero las playas nos hacen falta. Hacen falta muchas más playas para poder acoger a la cantidad de turismo que nos llega. Hay que regenerarlas y mejorarlas para utilizarlas con más normalidad. Habrá que hacer un estudio de las zonas de playa que se podrían recuperar en un próximo convenio. Estoy seguro, señor Ministro, de que su gabinete pondrá manos a la obra. En Gran Canaria, en Agaete, están las playas de las Nieves, la Yedra y el Risco; en Telde, de Bocabarranco, el Cortijo y Ojo de Garza; en Artenara, las Arenas; en La Palma, Puerto Nao; en Tenerife, Boyullo, los Abrigos y el Puertito de Güímar. Todas las islas precisan más playas. Y digo esto porque, por ejemplo, en el año 2000 Tenerife recibió 4.908.000 viajeros en barco; 8.800.000 viajeros en avión en el aeropuerto sur y 2 millones en el aeropuerto norte. En el mismo año 2000 Gran Canaria recibió 1.059.000 viajeros en barco y 9.376.000 viajeros en avión. Los viajeros acuden a todas las islas en busca de sol y playas. Como ya he dicho, el sol lo tenemos, pero nos hacen falta muchas playas.
Por ello, señor Ministro, le ruego que estudie con cariño esta petición para que en el futuro podamos ofrecer, recuperando, mejorando y regenerando, más playas de las que hoy existen en las Islas Canarias.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Macías.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora Presidenta.
Con brevedad quiero agradecer la intervención de su señoría y decirle que estoy de acuerdo con su petición.
Efectivamente, en ejecución y tramitación tenemos muchos otros proyectos destinados al estudio y regeneración de estas playas en todas las islas, muchas de las cuales usted ha mencionado. En este momento, en Gran Canaria, se hallan en ejecución obras en Telde; hay un estudio ecocartográfico de toda la zona sur, y en Las Canteras el tramo Cicer-Los Muellitos. En Fuerteventura se encuentran en tramitación el acondicionamiento de la Avenida Tarajalejo, en Tuineje, y la avenida marítima de playa Blanca, en el Puerto del Rosario. En Lanzarote está en ejecución el acondicionamiento litoral del municipio de Haria y recuperaciones de ocupaciones de dominio público marítimo terrestres en Yaiza. En La Gomera hay en ejecución una actuación integral en Playa Santiago. En Tenerife se encuentra en ejecución el acondicionamiento de la playa el Monis y en La Palma también está en ejecución el acondicionamiento costa Puerto Espínola y la ampliación de playa y paseo en la playa de Tazacorte.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON ATANASIO BALLESTEROS MORCILLO, DE GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI HA ESTABLECIDO EL GOBIERNO LAS TARIFAS DE LAS AGUAS PROCEDENTES DEL RIO JUCAR, QUE UTILICEN EL TRASVASE TAJO-SEGURA, PARA ABASTECIMIENTO Y RIEGOS EN LA PROVINCIA DE ALBACETE (680/000410).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don Atanasio Ballesteros Morcillo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si ha establecido el Gobierno las tarifas de las aguas procedentes del río Júcar que utilicen el trasvase Tajo-Segura para abastecimiento y riegos en la provincia de Albacete.
Tiene la palabra el Senador Ballesteros Morcillo.


El señor BALLESTEROS MORCILLO: Gracias, señora Presidenta. Señor Ministro, el agua llegará a Albacete procedente del trasvase Tajo-Segura, es evidente, y los albaceteños podrán consumir agua superficial de calidad procedente del río Júcar. Ello será posible después de muchos

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años de promesas incumplidas de gobiernos precedentes. Los populares, hay que decirlo así, estamos orgullosos en Albacete de que el Gobierno del señor Aznar, y usted como máximo representante y como titular de Medio Ambiente, lleve un agua de calidad para abastecimiento a la ciudad de Albacete.
Los albaceteños están satisfechos de tener la oportunidad de consumir esa agua de calidad y de que por fin un Gobierno se tome en serio las peticiones que desde allí se han hecho históricamente; incluso quienes nunca cumplieron, los socialistas, disimulan su tristeza y aparentan estar también contentos. (Rumores.) Pero dura poco la alegría en la casa del pobre, sobre todo del pobre de ideas y de voluntad. Y ante tanto reconocimiento de que lo que está sucediendo es algo tan necesario como merecido y, por supuesto, reconocido al Gobierno de la Nación, la oposición a éste, el Gobierno de la región, la oposición al Gobierno nacional, como no sabe cómo liderar el tema, decide aguar la fiesta, lo que resulta muy sencillo, conociéndonos. El señor Consejero Alejandro Gil afirma que el Gobierno confunde el precio del agua con el de la gasolina; el Senador López Carrasco dice que penalizamos a todos los ciudadanos de Albacete y a sus hogares con un precio abusivo y discriminatorio del agua. Pienso que no conocen el precio de la gasolina. Van tanto en los coches oficiales, incluso en los momentos de ocio, que no conocen el precio de la gasolina. (Rumores.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y como siempre generan la confusión con la mentira, pero a esto estamos acostumbrados en Castilla-La Mancha. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Y como siempre, más pronto que tarde, se les ve el plumero de la estrategia que en este tema ha planteado el señor Bono.
Esta situación, señor Ministro, ha generado hace unas semanas dudas importantes y una alarma social con la consiguiente confusión, algo que desde el Grupo Parlamentario Popular en el Senado consideramos necesario aclarar. ¿Ha sido fruto de la inconsciencia de quienes creen que cuando se están ahogando pueden arrastrar al otro hacia su hundimiento? ¿Ha sido fruto de la deslealtad de unos representantes del pueblo castellano-manchego que están negociando con el Ministerio y que forman parte de la mesa de las confederaciones? No lo sé, pero eso hoy importa poco. La causa es lo de menos; lo importante es el efecto.
Lo que nos interesa y lo que pretendemos con esta pregunta, señor Ministro, es que los ciudadanos, que los afectados, oigan por boca de usted, el máximo responsable en materia de medio ambiente que...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ballesteros.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor Presidente.
Señoría, espero que tras la rotundidad de mis palabras no quede ningún atisbo de duda sobre la verdad y la realidad que encierra la pregunta que usted me ha formulado.
El Ministerio de Medio Ambiente todavía no ha establecido las tarifas que hay que aplicar en las aguas procedentes del río Júcar para el abastecimiento y los riegos en la provincia de Albacete. Lo que ya hemos establecido ha sido la realización de la inversión, tan ansiosamente esperada y tan importante para toda esa comarca y el conjunto de la provincia, inversión que van a acometer el Gobierno y este Ministerio.
(La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Pero para que no quede ninguna duda sobre este tema le diré que la única tarifa actualmente vigente para las aguas propias del Júcar es la denominada «marina baja», que se aplica exclusivamente a las aguas destinadas a los abastecimientos en la Marina Baja o a otros ámbitos de la zona de la Confederación Hidrográfica del Júcar que utilizan las instalaciones del acueducto y del postrasvase, lo que no es el caso de Albacete. Por otro lado, la resolución que se ha dictado en el «Boletín Oficial del Estado» sobre la base del Consejo de Ministros no deja ninguna duda al respecto.
Por tanto, pido que sea rectificada cualquier interpretación como a la que usted ha aludido --en este caso, hecha por un consejero de un Gobierno de una Comunidad Autónoma-- en función de la realidad de la resolución y de mi contestación de hoy, interpretación que estoy seguro que se habrá debido a un malentendido que espero no sea intencionado.
Porque la resolución indica claramente en su punto tercero que esta tarifa se establece para las aguas propias de la cuenca del Júcar que, con destino a abastecimientos, utilicen tanto las infraestructuras del acueducto Tajo-Segura como las del postrasvase. Y éste no es el caso que nos ocupa, ya que el abastecimiento y los riegos de Albacete no utilizan en su totalidad el acueducto Tajo-Segura y, naturalmente, no pueden utilizar el postrasvase.
Así pues, con toda la rotundidad de la que soy capaz, señoría, le repito que esta tarifa no es de aplicación para el abastecimiento y los riegos de Albacete, sino sólo para aquellos usos de agua que utilicen íntegramente el acueducto citado y el postrasvase, y que éste no es el caso de Albacete. Pido entonces, con todo respeto, a todos aquellos que hayan hecho una interpretación distinta que la rectifiquen, porque ésa no es la verdad.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL GOBIERNO PARA MODIFICAR LAS LEYES DE AGUAS Y COSTAS, INCORPORANDO LAS PREVISIONES DE LA DIRECTIVA 2000/60/CE, DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO, DE 23 DE OCTUBRE, POR LA QUE SE ESTABLECE UN MARCO COMUNITARIO DE ACTUACION EN EL AMBITO DE LA POLITICA DE AGUAS (680/000412.)

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La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la fecha prevista por el Gobierno para modificar las leyes de aguas y costas, incorporando las previsiones de la Directiva 2000/60/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
La pregunta queda formulada en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el Ministerio de Medio Ambiente ha iniciado los estudios y trabajos necesarios para poder acometer esa modificación de la normativa en cumplimiento de lo dispuesto en la Directiva a que usted hace referencia, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas.
En efecto, hemos empezado estos trabajos y estamos incorporando ya esta Directiva a nuestro ordenamiento jurídico y a nuestras estructuras de planificación y gestión hidráulica. Por ello participamos en estos momentos en dos grupos de trabajo, el primero de ellos constituido en el seno de la Unión Europea con los países miembros a fin de debatir y desarrollar las directrices que aclaren y definan --esto es importante-- algunos aspectos muy generales de aplicación de esta Directiva que, como su señoría conoce perfectamente, es compleja. Ello tiene incidencia directa en los aspectos jurídicos que deben ser contemplados en esta trasposición.
Un segundo grupo de análisis se ha constituido en el ámbito interno y ha sido creado a iniciativa del Ministerio de Medio Ambiente con objeto de estudiar y adoptar los criterios necesarios para modificar los reglamentos, ya que las leyes actuales proporcionan el marco legal suficiente para la incorporación de los principios generales de la Directiva marco; para elaborar disposiciones transitorias que puedan ser pertinentes a este respecto, y para abordar la aplicación futura a través de los proyectos a realizar, de los estudios necesarios, etcétera. Este diseño de estrategias se realizará en colaboración con las Comunidades Autónomas, usuarios y representantes de los diversos sectores, y la trasposición, naturalmente, se llevará a cabo dentro del plazo fijado por la propia Directiva que expira el día 23 de diciembre de 2003. En cualquier caso, espero que de estos trabajos pueda salir incluso antes del plazo de trasposición establecido.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría Bastida.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, la Directiva tiene un mandato que acaba a finales de 2003, pero es conveniente y por tanto positivo que cuanto antes se incorpore al Derecho interno. Esta Directiva, dentro de su complejidad, tiene la virtud de dar un tratamiento integral a las políticas del agua. Fija estándares medioambientales para garantizar el buen uso y el buen caudal ecológico y acuña dos conceptos. Uno de ellos es el concepto de cuenca, que por cierto es un concepto español transferido desde España al Derecho europeo. La cuenca hidrográfica es una construcción doctrinal española respecto a un modelo determinado de gestión de las aguas. El segundo concepto es el de la demarcación hidrográfica como espacio físico que abarca diferentes cuencas y que también incluye aguas marinas.
Señor Ministro, hay un principio esencial que inspira la Directiva, la recuperación de los costes de todas las actuaciones medioambientales, pero no sólo por la contaminación ecológica puesto que en esos casos se aplica el principio de que quien contamina paga, que también está en el trasfondo del principio de recuperación de costes, es que, además, implica una modificación de la legislación española sobre aguas y costas.
Usted dice que hay dos grupos de trabajo, uno europeo y uno español, y es así, pero la definición que hace de las aguas de transición, de las aguas costeras, supone un cambio radical del dominio público marítimo-terrestre. Eso significa que con su incorporación formen parte de la gestión de las aguas de las cuencas las aguas de transición hasta el límite a donde llegan en las épocas de mayor pleamar, y sobre todo está el tema de las aguas costeras. Eso supone un cambio sustancial en el ámbito de la Ley de Costas porque un espacio físico que ahora es competencia del Ministerio de Medio Ambiente va a pasar a ser competencia de las Comunidades Autónomas. ¿Y qué pasa con las playas? Porque según las aguas costeras las playas son aquellas que están a una milla náutica mar adentro, pero las playas quedan también incluidas en ese espacio físico. ¿Qué va a ocurrir con las playas? ¿Dentro de esa milla náutica, van a ir las aguas marinas por un lado y la superficie terrestre por otro; por un lado las Comunidades Autónomas, por otro el Ministerio de Medio Ambiente? Lo sensato sería plantear una gestión integral del litoral; si las Comunidades Autónomas ya gestionan servicios públicos de gran envergadura, como la sanidad, la educación y la justicia, ¿Cómo no van a gestionar la remoción de arenas en la playa, la construcción de un acantilado o la construcción, en definitiva, de un nuevo paseo marítimo? Ese es, en definitiva, el espíritu.
Yo le recuerdo, señor Ministro, que usted decía que teníamos dos ámbitos de trabajo; es importante el ámbito europeo, pero también lo es el ámbito interno. Ha comentado que tenían intención de colaborar con las Comunidades Autónomas; pero el Gobierno de Euskadi no tiene información concreta de qué filosofía tiene el Gobierno para la aplicación de la directiva, por eso le instaría a que, además de las organizaciones ecologistas, pudiera poner en marcha las reuniones con las Comunidades Autónomas.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, Señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, efectivamente el ámbito de aplicación de la directiva necesita de estos dos grupos de trabajo, los dos son importantes, porque muchas de las cuestiones que usted plantea en este momento se tienen que concretar en el ámbito de las aclaraciones que se puedan establecer en estos grupos. Quiero llamarle la atención sobre algo que usted dice, que a mí me parece relevante y es la importancia de la traslación de la Organización de cuenca, que es una organización pionera en Europa a través de España. Nadie tiene en Europa la experiencia que tiene España en este tipo de organizaciones, que ahora implementa esta nueva directiva en el ámbito de toda la Unión Europea. Naturalmente, en el ámbito de la gestión integral de las costas también habrá que definir la aplicación de esta directiva, y es muy importante resaltar que hoy mismo se debatirá en esta Cámara un Plan Hidrológico Nacional que ya contempla no sólo las prescripciones de la directiva, sino el concepto de recuperación de costes al que usted ha hecho referencia, que estará establecido por ley en este proyecto.
Muchas gracias.


El señor PRESIDENTE: Gracias, señor Ministro.


--DE DON GONZALO QUIROGA CHURRUCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE TIENE PREVISTO DESARROLLAR EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA IMPULSAR EL TELETRABAJO EN ESPAÑA (680/000407).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del Excelentísimo señor don Gonzalo Quiroga Churruca, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que tiene previsto desarrollar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar el teletrabajo en España.
Tiene la palabra el Senador Quiroga Churruca.


El señor QUIROGA CHURRUCA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, señorías, la implantación del teletrabajo de forma generalizada en nuestro país para aquellos puestos de trabajo que sean susceptibles de ser desempeñados vía electrónica, supondrá, sin duda, una serie de beneficios, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. A nivel individual se me ocurre citar, por ejemplo, la mejor conciliación de la vida laboral y familiar, el ahorro en desplazamientos, incluso en tiempo. También existen una serie de beneficios a nivel colectivo, como pudiera ser el incremento de la competitividad de las empresas, incluso la mayor productividad de los trabajadores.
No obstante, como toda nueva estructura social, no podemos olvidar que el teletrabajo puede suponer una serie de efectos perniciosos no deseados, como puede ser el desarraigo social del propio trabajador o una mayor dependencia horaria. No obstante, el Grupo Parlamentario Popular cree necesario, como ya lo manifestó en esta Cámara el año pasado, desarrollar las condiciones que permitan avanzar en la implantación y en el desarrollo del teletrabajo, potenciando los aspectos positivos que sin duda va a reportar, y minimizando aquellos prejuicios que pudieran producirse, si es que se producen.
En concreto, la pregunta que le formulo a la señora Ministra es la siguiente: ¿Qué medidas va a desarrollar el Ministerio de Ciencia y Tecnología para impulsar el teletrabajo en España? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Quiroga.
Tiene la palabra la señora Ministra.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Comparto con su señoría la importancia que presenta el impulso del teletrabajo en toda sociedad moderna, con oportunidades claramente superiores a las posibles dificultades y el papel que desempeña para el desarrollo de la sociedad de la información. En ese sentido, el Ministerio de Ciencia y Tecnología está promoviendo un conjunto de actuaciones para su desarrollo en España.
En primer lugar, y con carácter general, evidentemente hay que contar con las más modernas infraestructuras de telecomunicaciones. El Ministerio ha apostado decididamente por la creación de nuevas redes de banda ancha que permitan la prestación de servicios y aplicaciones avanzadas, como es el caso del teletrabajo. Además, hay que recordar el considerable esfuerzo inversor que están llevando a cabo los operadores en el despliegue de las redes de cable, de telefonía móvil avanzada, de acceso inalámbrico al bucle local; redes que, sin duda, van a permitir prestar nuevos servicios y aplicables como el Internet móvil, más adaptado a las necesidades de los clientes y, en particular, de las pequeñas y medianas empresas. Por otro lado, para que sea una sociedad de la información para todos, es necesario garantizar el acceso a estas redes, con independencia de la localización geográfica de los ciudadanos y que, además, lo sean a precios asequibles y con una calidad determinada. Ello explica la propuesta española formulada ante la Unión Europea de dar a Internet la consideración de servicio universal.
Desde otra perspectiva, hemos establecido incentivos fiscales por la Ley 6/2000, de 13 de diciembre, que sirvan de estímulo e impulso al teletrabajo, pues establecen deducciones tanto en el Impuesto sobre Sociedades para las pequeñas y medianas empresas, como en el IRPF, para

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profesionales autónomos que incorporen o mejoren sus tecnologías de información --Internet o comercio electrónico--, y también para los gastos de formación de personal en el uso de las nuevas tecnologías, incluida la adquisición de ordenadores.
Sin duda, a esta cuestión debemos añadir la realización de programas de formación que van desde aquellos que tienen un carácter general, como es el plan de alfabetización digital que permita introducir en las nuevas tecnologías a un millón de ciudadanos, hasta aquéllos de carácter especial como el plan de formación e inserción laboral de 14.000 nuevos especialistas en tecnologías de la información y las comunicaciones.
Por otra parte, como saben sus señorías, el Ministerio cuenta con instrumentos de apoyo a la investigación, desarrollo e innovación, como es el caso del Programa Nacional de la Sociedad de la Información, con una dotación de 67.000 millones de pesetas, enmarcado en el Programa Profit, uno de cuyos objetivos es fomentar sistemas y herramientas de trabajo flexibles, móviles y a distancia, y a través del cual se apoyan actuaciones y proyectos también de desarrollo del teletrabajo.
Por lo tanto, estoy segura de que con las actuaciones en estos distintos ámbitos, en España vamos a avanzar en el impulso de la sociedad de la información y, más específicamente, del teletrabajo.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


--DE DON JUAN EMILIO ANTON RUEDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE SI PUEDE INFORMAR EL GOBIERNO ACERCA DE LAS DECISIONES ADOPTADAS EN EL CONSEJO DE MINISTROS DE INDUSTRIA Y ENERGIA DE LA UNION EUROPEA, CELEBRADO EL PASADO 14 DE MAYO DE 2001, EN LO RELATIVO AL SECTOR DE LA CONSTRUCCION NAVAL (680/000409).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Emilio Antón Rueda, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre si puede informar el Gobierno acerca de las decisiones adoptadas en el Consejo de Ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, celebrado el pasado 14 de mayo de 2001, en lo relativo al sector de la construcción naval.
Tiene la palabra el Senador Antón Rueda.


El señor ANTON RUEDA: Gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, desde el año 1997, existe un grave problema a nivel mundial en lo que se refiere a la construcción naval. Desde ese momento, Corea del Sur, merced a una política financiera de proteccionismo y a unas prácticas de competencia desleal, se ha hecho con la mayoría del sector de la construcción naval. Como usted sabe, en Corea del Sur se fabrican buques a un precio muy inferior al de mercado --entre un 14 y un 39 por ciento más bajo--, porque Corea tiene un exceso de capacidad de producción y esta situación está poniendo en grave riesgo no solamente la viabilidad empresarial de Corea sino que está deteriorando gravemente la industria de la construcción naval a nivel mundial.
Tanto en España como en otros países --como Alemania o Italia--, se están produciendo fusiones y privatizaciones para hacer frente al problema. La Unión Europea ha mantenido contactos con las autoridades coreanas para llegar a una solución, a un acuerdo, pero no se ha logrado nada positivo.
Las expectativas de futuro no son buenas, pues aunque crecieron los precios en el otoño del año pasado, éstos han vuelto a decrecer y no existen perspectivas de que vayan a crecer nuevamente.
El año pasado hubo un aumento de un 56 por ciento en la construcción naval, pero fue Corea la que se llevó la mayor parte del pastel. Corea sigue siendo el líder en este tipo de construcción, con un 35 por ciento de la cuota de mercado; mientras que la Unión Europea solamente alcanza un 10 por ciento, y gracias a la construcción de cruceros, que son barcos que no fabrica Corea.
A todo lo anterior, que es ya un asunto preocupante, hay que añadir la entrada en vigor del Reglamento 1540/1998, por el cual el Consejo de la Unión Europea suspendió las ayudas a la construcción naval desde el 1.º de enero del presente año.
Me consta que los gobiernos de España y Alemania están presionando fuertemente para lograr soluciones al problema. No obstante, a la vista de que este problema es importante no sólo para España, sino para el conjunto de la Unión Europea, quisiera preguntarle si el Gobierno nos puede informar acerca de las decisiones adoptadas por el Consejo de Ministros de Industria y Energía de la Unión Europea, celebrado el pasado 14 de mayo de 2001, en relación al sector de la construcción naval.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente la situación del sector naval por la competencia desleal de Corea --una competencia desleal buscada, perseguida y, si me permite la expresión, orquestada claramente-- es preocupante y así lo ha venido defendiendo y planteando España en el marco de los consejos de ministros y de la propia Comisión.
En el caso de este último Consejo de Ministros de Industria y Energía al que asistí encabezando la delegación española, se ha dado finalmente y por primera vez un paso muy importante, al expresar unánimemente el Consejo su firme voluntad política de adoptar una estrategia clara y firme frente al problema planteado en el mercado mundial por la competencia desleal de Corea. En este sentido, y ante la situación actual del mercado descrita

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por los informes publicados por la Comisión a los que su señoría hacía referencia, y los numerosos contactos bilaterales que no han sido fructíferos, el citado Consejo de Ministros ha aprobado la decisión de la Comisión de presentar una demanda por competencia desleal contra la industria de construcción naval coreana ante la Organización Mundial del Comercio, a la vista precisamente del resultado obtenido por la Comisión como consecuencia de la queja presentada por la industria de construcción naval europea a finales del pasado mes de octubre, a la que España ha dado también soporte de conformidad con lo previsto en el Reglamento de Obstáculos al Comercio de la Comunidad, si para el 30 de junio, es decir, en unos días, no se ha llegado a un acuerdo satisfactorio con Corea para que deje de ocurrir esta competencia desleal.
Pero, además, el Consejo ha aceptado la propuesta de la Comisión para poner en marcha un mecanismo temporal apropiado de apoyo al sector de construcción naval a fin de contrarrestar ya las prácticas desleales de Corea, que entraría en vigor en el momento de la presentación de la demanda ante la OMC. Este mecanismo prevé que se puedan conceder ayudas a la producción entre el 6 y el 14 por ciento del precio del contrato para los tipos de buques más afectados por la competencia desleal coreana, y estará en vigor en tanto no concluya la tramitación de la demanda ante la Organización Mundial del Comercio.
Por otra parte, el Consejo ha pedido a la propia Comisión, como defendía la delegación española, que continúe examinando la evolución del mercado, que asimismo siga las investigaciones en el marco de la demanda ROC con vistas a recabar más información y poder determinar en toda su amplitud los tipos de buques que sufren más intensamente la competencia desleal, porque no sólo son los que ya están identificados en estos meses pasados, sino que hay otros que también afectan a la industria europea en general y a la industria española en particular.
Además, se ha pedido a los Estados miembros y a la Comisión que sigan colaborando con la industria europea para mejorar su competitividad. De hecho, en el caso de España ha habido ya un cambio radical desde el punto de vista de la posición del sector naval en cuanto a su competitividad.
Ha habido mejoras importantes, hemos de continuar avanzando, y hay un compromiso claro por parte del Ministerio porque al margen o complementariamente a la adopción de estas medidas defensivas, el Gobierno español es consciente de que debemos continuar fortaleciendo la competitividad, como hemos venido haciendo en el pasado, promoviendo las medidas oportunas para garantizar que este sector que ha tenido y tiene una gran importancia y constituye la base industrial generadora de empleo de amplias zonas de nuestro país sea competitivo hoy y en el futuro, aumentando también sus niveles tecnológicos, de innovación y de desarrollo en los nuevos ámbitos que se abren en el sector naval.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS ACCIONES DESARROLLADAS POR EL GOBIERNO EN INTERES DE LA SITUACION DE LA LENGUA CATALANA EN FRANCIA (680/000398).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las acciones desarrolladas por el Gobierno en interés de la situación de la lengua catalana en Francia.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en la Comisión de Cultura del año 1998 se aprobó por unanimidad instar al Gobierno para que, en el seno de la Comisión Mixta de Cooperación Cultural que desarrolla el Convenio hispano-francés, se interesase por la situación de la lengua catalana en el Rosellón, en territorio francés.
Planteada esta misma pregunta a la Ministra de Educación en la presente legislatura, contestó que consideraba que el Gobierno, en el marco de la cooperación cultural con Francia, debía plantear esa cuestión, y que trasladaría la petición al Ministro de Asuntos Exteriores. Yo le pregunto qué ha hecho el Gobierno en esa cuestión, que realmente tiene mucho interés.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, efectivamente éste es un tema de trascendencia que ya ha sido objeto de tratamiento en ocasiones anteriores. Le puedo decir, a título personal y como catalán hablante, que todo aquello que redunde en beneficio del reforzamiento de la lengua catalana cuenta con todo mi apoyo y con toda mi simpatía. Pero es que además también es así como miembro de un Gobierno que cree en la España plural, y por tanto en el carácter pluricultural y plurilingüístico de la misma, por lo que ha de tener un política cultural acorde con esa concepción. Eso no obsta para que debamos ser tremendamente respetuosos con las políticas educativas y lingüísticas de otros países; a ellos es a los que corresponde la competencia para desarrollar aquello que consideren pertinente, sin ningún tipo de interferencia por parte de otros.
En consecuencia, lo que se puede hacer es siempre en el ámbito de la cooperación y de la colaboración, y en ese terreno se están haciendo ya algunas cosas. El Instituto Cervantes tiene una actuación muy decidida y muy intensa en Francia, y entre esas actuaciones se desarrollan igualmente algunas relacionadas con la promoción de la

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lengua y de la cultura catalanas, así como de otras lenguas y culturas españolas, y está dispuesto a seguir haciéndolo. Presta cursos también de otras lenguas distintas del español, a pesar de que el objeto social básico del Instituto Cervantes es precisamente la promoción de la lengua castellana, rebajando incluso los baremos. Para poder poner en marcha un curso de enseñanza de español se necesita un mínimo de cinco alumnos; en el caso de la enseñanza del catalán, del gallego, del vascuence, de cualquiera de las otras lenguas españolas, ese baremo se reduce a dos alumnos; basta con que haya dos personas interesadas en recibir enseñanza del catalán para poner en marcha estos cursos.
Podemos seguir planteando este tipo de cooperación, no sólo con la Administración Central francesa, sino también con las Administraciones regionales, y hay un marco de cooperación por ejemplo entre el Instituto Cervantes y la región del Midi-Pyrénées que puede ser también un buen canal para ir trabajando en la dirección que usted plantea.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, agradezco su respuesta y no dudo en ningún caso de su buena voluntad, así como de la del Gobierno, pero yo creo que hemos de avanzar un poco más en esta cuestión. Me gustaría que hubiese hechos concretos; que me dijese su señoría: hemos planteado esto en la Comisión de Cooperación Cultural; hemos avanzado en este punto, y hemos llegado a este acuerdo, que ha sido firmado.
Yo le planteo un caso mayor, pero posible, porque existe, que es el tratamiento que han dado al flamenco los Gobiernos de Bélgica y Holanda, lo que ha hecho el Gobierno de Bélgica para proteger el flamenco --que sería el caso del catalán en España--. En el año 1980 los Gobiernos de Holanda y de Bélgica firmaron el Tratado de la Unión Lingüística, para favorecer el flamenco, el neerlandés, que dice lo siguiente: Conscientes de que las autoridades de estos países --de Bélgica y de Holanda-- tienen una responsabilidad común en relación con la lengua neerlandesa, con el flamenco --en nuestro caso con el catalán--, en tanto que instrumento de relaciones socales y como medio de expresión para la ciencia y las letras, así como en relación con el uso de la lengua neerlandesa, etcétera... llegan a unas conclusiones, firman un tratado y dicen que el Gobierno de Holanda pagará dos terceras partes del presupuesto y Bélgica una tercera parte. Es un modelo, y yo creo que ustedes deben trabajar seriamente en esa dirección, quizá no hasta este punto, pero sí logrando acuerdos concretos.
El catalán en el Rosellón se resiente y, como le dije a la señora Ministra y repito aquí, cuando una parte del territorio en el que se habla una lengua se resiente, todo el conjunto se resiente, y si el catalán es una lengua oficial del Estado español, el Estado español debe proteger el catalán allá donde se resienta.
Además, siendo éste el Año Europeo de las Lenguas creo que es oportuno impulsar esta cuestión lentamente y con prudencia, como se ha dicho, pero avancemos en casos concretos porque no podemos ser indiferentes ante nuestro patrimonio.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría. Intervendré muy brevemente.
Efectivamente, podemos ir pensando en cosas. Estamos hablando con la Consejería de Cultura de la Generalitat, que ha puesto en marcha una iniciativa y estamos viendo qué posibilidades de colaboración puede haber. Esta iniciativa es la del Institut Ramon Llull, precisamente para la promoción del catalán y de la cultura catalana en otras partes del mundo. A mí me parece que es una iniciativa muy interesante y estamos viendo de qué manera podemos concretar esa cooperación.
El ejemplo que usted me pone no es directamente aplicable al caso que nos ocupa porque el neerlandés es lengua oficial, como es natural, en los Países Bajos, y es lengua oficial en Bélgica.
Como usted sabe, el catalán no es lengua oficial en Francia; por tanto, tenemos que tener en cuenta las especificidades de la política educativa y lingüística de cada país y no olvidar que Francia tiene su propia política desde su época republicana.
Gracias.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LOS MOTIVOS POR LOS QUE EL GOBIERNO NO HA RECHAZADO LA PROPUESTA DEL ESCUDO ANTIMISILES DEFENDIDA POR EL PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (680/000401).


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Pregunta del Excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre los motivos por los que el Gobierno no ha rechazado la propuesta del escudo antimisiles defendida por el Presidente de los Estados Unidos de América.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, efectivamente, no es que no la haya defendido, sino que la ha acogida de forma muy entusiasta.
En cualquier caso, contrastan dos ideas básicas, la que el señor Aznar plantea en cuanto que el Plan de Seguridad

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de Estados Unidos aportará más seguridad para todos --son declaraciones efectuadas a medios de comunicación--, con la opinión de los demócratas de Estados Unidos, que son mayoría en el Senado, que anuncian su oposición a un proyecto poco viable y costoso, y afirman, además, que desestabilizaría el mundo y conduciría a una nueva carrera de armamentos.
En Europa se discrepa enormemente de la propuesta del señor Bush sobre la naturaleza de las amenazas y la forma de combatirlas. El Gobierno, señor Ministro, se ha distanciado de la mayoría de los dirigentes europeos apoyando una idea radicalmente conservadora de la seguridad. Explíquenos en esta Cámara por qué han tenido esa posición ante la visita del señor Bush a España.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Yo se lo explico con mucho gusto, como es natural, pero ateniéndome a la realidad de las cosas, y la realidad de las cosas es, desde mi punto de vista, la siguiente. Me extraña que los demócratas critiquen ahora una iniciativa que fue una idea de la administración demócrata, porque como usted sabe la llamada NMD, la defensa nacional antimisiles se desarrolló durante la Presidencia del señor Clinton que, si no recuerdo mal, es demócrata.
Esta idea ha sido recogida por la administración republicana y se está desarrollando. Y debo decir que, afortunadamente, ha cambiado, porque en su planteamiento inicial a nosotros también nos ofrecía enormes dudas y manifestamos nuestras reservas y nuestras reticencias. No creo que sirva para aumentar la sensación y la percepción de seguridad colectiva que un país, que es el que tiene más cabezas nucleares a su disposición, como son los Estados Unidos, plantee un escudo antimisiles que proteja sólo su propio territorio porque eso va en detrimento de la percepción de seguridad entre los aliados --por ejemplo los países europeos de la Alianza Atlántica-- o en detrimento de la percepción de seguridad del otro gran país que tiene un gran arsenal nuclear, que es la Federación Rusa, así como de otros países que también tienen arsenales nucleares, como pueda ser el más importante de todos ellos, que es China.
Eso se ha ido modificando, y lo que están planteando los Estados Unidos --yo creo que en términos muy razonables-- es lo siguiente: el escenario estratégico, desde el punto de vista de la seguridad mundial, ha cambiado. Yo creo, señoría, que eso no se puede negar. Usted estará de acuerdo conmigo en que la situación actual no es la de la guerra fría, no es la del equilibrio del terror, que se basaba en buscar la disuasión mutua sobre la base de asegurar la destrucción mutua, es decir, usted no empieza una guerra nuclear porque la capacidad de represalia es tal que usted queda también destruido.
Ese escenario es el que permitió desarrollar un esquema convencional de seguridad cuya piedra angular es el tratado ABM, el tratado antimisiles balístico, que significa que como el equilibrio se basaba en la destrucción mutua, no se podían hacer escudos antimisiles que pudieran romper ese equilibrio básico. Pero hoy ya no estamos en ese mundo de dos grandes bloques que están enfrentados entre sí y que tienen sus cabezas nucleares apuntándose mutuamente, sino que estamos en un mundo distinto, afortunadamente mucho mejor, en el que no hay confrontación de bloques y en el que puede haber, y va a haber, reducciones unilaterales de armamento nuclear por parte de Estados Unidos y esperemos que también de Rusia. Ahora ya no se están apuntando mutuamente entre sí, sino que son dos países que hablan, que cooperan, que se consideran amigos y que están avanzando en una relación muchísimo más estrecha, como se ha visto en la reciente entrevista entre el Presidente Bush y el Presidente Putin.
Nosotros no hemos ido más allá de lo que ha aceptado el Presidente Putin y, desde luego, no hemos ido más allá --y permítame que se lo diga, señoría-- de adonde han llegado también el resto de aliados durante la Cumbre reciente de la Alianza Atlántica en Bruselas. España no ha dicho cosas distintas que lo demás, lo que ha dicho es que hay que analizar este tema, que hay que ver cómo se concreta y nada a priori nos dice que al final la percepción de seguridad sea inferior a la que podamos tener hoy. Es evidente que el escenario es distinto, es evidente que hay que plantear las cosas de una manera distinta, las amenazas y los riesgos son también distintos, ¿por qué nos vamos a negar a replantear un esquema que valía para cuando había equilibrio del terror y que ahora ya no existe? A mí me parece de absoluto sentido común, señoría, y así lo han visto --insisto-- no sólo todos los aliados dentro de la Alianza Atlántica --con más o menos matices pero el mensaje es exactamente el mismo--, así lo está viendo Rusia y espero que lo vea también China, porque éste es un punto muy importante que queda todavía por resolver.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cámara Fernández.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Ministro.
En cualquier caso, no confunda usted el lenguaje político con el lenguaje diplomático. Desde luego lo que yo he podido leer y escuchar no es exactamente lo que usted dice. Insisto: la mayoría de los líderes políticos están en contra de ese proyecto. Efectivamente, Bush no está solo en Europa, tiene ya a Berlusconi, les tiene a ustedes y tiene también a Blair, por ejemplo, pero esto no es así exactamente.
La posición de Estados Unidos es un claro incumplimiento de los compromisos contraídos en su momento por los acuerdos de desarme STAR y el acuerdo de misiles balísticos ABN. Efectivamente, es un claro incumplimiento unilateral --no negociado, no discutido ni con aliados ni,

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lógicamente, con la otra parte con la que se llegó a esos acuerdos-- que contrasta con el esfuerzo que en su momento se hizo para reducir todo este arsenal y acabar con esta situación de potencial de ataque. Si ahora hay un mundo bipolar enfrentado y, por tanto, no hay un peligro de confrontación bélica, la pregunta sería: ¿por qué este proyecto? Señor Ministro, el propio señor Múgica, Defensor del Pueblo, lo ha dicho con toda claridad, se ha explayado como suele hacer él en estas cuestiones: El escudo antimisiles es un proyecto descabellado e inoperante que responde a necesidades del complejo industrial militar norteamericano. Yo hago mías sus palabras.
Por cierto, señor Ministro, le gasto una broma, permítamelo. Dijo usted en un medio de comunicación que quien le conoce sabe que tiene un tic determinado: asiente con la cabeza habitualmente. Asintió usted con la cabeza al señor Bush en la escalinata del avión; no le he visto asentir hacia mí, ha estado usted firme y muy firme en la respuesta (Risas.) Es una diferencia, ¿verdad? Yo soy Senador de Izquierda Unida y el señor Bush es el sheriff de ese complejo galáctico que piensa montar allá por las estrellas.
Por tanto, termino diciéndole, señor Ministro, que han actuado de forma irresponsable --es mi punto de vista y tengo la obligación de decírselo--. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Ha rendido pleitesía, en mi opinión vergonzante, nos ha alejado de la posición mayoritaria europea y no están ustedes por la cultura de la paz.
Y es falso, es falso, insisto, que la posición europea sea la que usted ha planteado. Una cosa es el lenguaje diplomático, más o menos suave o duro, ante la visita de Bush, y otra cosa es lo que han declarado diferentes dirigentes políticos europeos. Efectivamente, ustedes no, Berlusconi tampoco y el señor Blair tampoco; el resto todo lo contrario.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Es verdad que suelo asentir, pero cuando estoy de acuerdo. Cuando no estoy de acuerdo no asiento. (Risas.) Eso es lógico y seguro que usted me entiende. Ojalá pudiera asentir alguna vez a lo que está diciendo el Senador de Izquierda Unida, a quien tengo aprecio personal pero con el que no suelo tener nunca coincidencias políticas.
Hay que plantear las cosas teniendo en cuenta que estamos ante un tema que va a durar años. No es una cuestión que haya que decidir en semanas ni en meses, en años, porque tenemos que sustituir una arquitectura convencional que ha durado décadas por otra arquitectura convencional, desde el punto de vista de la seguridad, que sea mejor que la que sustituimos. Lo que no tendría sentido sería denunciar simplemente el tratado ABM, y a partir de ahí todos los tratados STAR, el tratado para evitar la proliferación de armas nucleares o el tratado para evitar la proliferación de armas químicas y biológicas, sin tener un recambio adecuado.
Por eso hay que tratarlo durante muchísimo tiempo y tenemos que celebrar que Estados Unidos haga un planteamiento absolutamente razonable de abrir consultas muy intensas y directas con todos los aliados, con Rusia y con China, para ver cómo se sustituye. Porque, insisto, lo que no tiene sentido es que rompamos lo que tenemos sin saber lo que va a venir. Es en eso en lo que tenemos que ir trabajando e insisto, señoría, hemos estado todos de acuerdo. He oído declaraciones en ruedas de prensa de determinados dirigentes, pero yo estaba en la reunión y le aseguro que la conclusión que sacamos todos fue que valía la pena trabajar conjuntamente para ir avanzando, y es lo que estamos haciendo todos: Italia, el Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda, absolutamente todos los aliados y, como hemos observado en estos últimos días, la propia Rusia.
Le recuerdo el asunto de China, que a mí personalmente me preocupa mucho, pero estamos en un marco en el que lo que conviene es que hablemos, trabajemos, negociemos y lleguemos a conclusiones que, insisto, nos llevarán años.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON GABRIEL ELORRIAGA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO DE LA VISITA A LA REPUBLICA POPULAR CHINA DEL MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (680/000408).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Gabriel Elorriaga Fernández, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno de la visita a la República Popular China del Ministro de Asuntos Exteriores.
Tiene la palabra el Senador Elorriaga Fernández.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Señor Ministro, ¿cómo valora el Gobierno la visita a la República Popular China de su señoría como Ministro de Asuntos Exteriores?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias, señoría.
Acabo de mencionar a China, y le doy una enorme importancia estratégica a este país, entre otras cosas, porque parto de la convicción de que, junto al mantenimiento de Estados Unidos como gran potencia mundial en el siglo XXI y con la emergencia de una Unión Europea --que en la medida en que la sepamos ir construyendo los europeos puede ser también el otro gran referente--, China es la gran potencia emergente del mundo en el siglo XXI, hasta

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el punto de que si siguiesen las actuales tendencias de crecimiento económico estaríamos comprobando cómo --no se sabe todavía pero de momento son tendencias espectaculares--, a mediados del siglo XXI, el peso de la economía China en términos absolutos sería ya análogo al de la economía norteamericana.
Por lo tanto, estamos hablando de una cuestión de enorme seriedad que nos obliga a orientar una parte de nuestra política exterior hacia el establecimiento de una estrecha relación con un país que ya es muy importante y que lo va a seguir siendo muchísimo más en el futuro, que tiene muchísimos problemas por resolver, que tiene una situación de derechos humanos que no es satisfactoria, que tiene un problema, por ejemplo, en el Tibet, y que tiene también que ir orientándose. En ese sentido, y de acuerdo con la posición común europea, tuve ocasión de suscitar estas cuestiones también ante el propio Gobierno chino.
Dicho esto, como están haciendo todos los demás países, es esencial mantener un diálogo político lo más estrecho posible con China y reforzar nuestra relación económica y cultura.
El objetivo de mi viaje y de mi vista fue un objetivo doble, primero, reforzar ese diálogo político y, segundo, ayudar a reforzar la presencia empresarial española en ese inmenso país.
Desde el punto de vista del diálogo político, la visita del Presidente del Gobierno hace un año a China supuso un cambio cualitativo, que ha establecido después toda una serie de intercambios, de visitas y de viajes enormemente intensos: ha estado el Príncipe de Asturias, el Vicepresidente del Gobierno, el Ministro de Asuntos Exteriores, otros Ministros y estamos recibiendo constantemente visitas de autoridades chinas a nuestro país que vienen con delegaciones empresariales y que están intensificando mucho esa relación.
El motivo de mi vista inicial era asistir a la Cumbre ASEM, de 25 países de Asia y Europa, que dio lugar a muchas peticiones de reuniones bilaterales con el Gobierno chino.
Debo decirle que la reunión bilateral más importante que mantuvo el Gobierno chino con cualquier delegación de otro país fue precisamente con la delegación española, a la que ofreció un almuerzo y una reunión que duró más de tres horas en un ambiente muy cordial y distendido y en la que avanzamos muchísimo en muchísimos temas.
Por tanto, desde el punto de vista político, debo decir que los objetivos se han cumplido perfectamente. Y desde el punto de vista económico, hay una cuestión que quisiera resaltar, señoría, porque me parece muy importante.
El Gobierno chino acaba de aprobar su décimo plan quinquenal, en el cual da máxima prioridad al desarrollo de las regiones del centro y del oeste de China. El gran desarrollo se está produciendo en el eje costero, el eje que va desde Beijing, Tyanjin, Shangai, hasta Hong Kong, pero eso está provocando enormes desequilibrios internos, grandes desplazamientos de población, que han llevado al Gobierno chino a la necesidad de adoptar una estrategia de desarrollo concreto para las regiones del centro y occidente de China.
Por eso, concreté mi visita, en la parte empresarial de la misma, a esas regiones. Estuvimos en la ciudad de Sian y en la ciudad de Chongquing, que es una ciudad autónoma de nada menos que 31 millones de habitantes y que está en el origen de la famosa presa de las tres gargantas que se está construyendo en el Yangtsé. Y para darle una idea de lo que estamos hablando cuando nos referimos a China, le diré que desde la presa hasta el final del embalse hay 650 kilómetros, algo así como si estuviéramos hablando de un embalse entre Madrid y Barcelona. Lo digo para darnos cuenta de la dimensión de todos los temas que tratamos cuando hablamos de China.
El viaje fue también muy fructífero...


La señora PRESIDENTA: Señor Ministro, le ruego que concluya cuando pueda.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): El viaje fue también muy fructífero y la prueba es que muchas autoridades de esas regiones nos están visitando ya en estos momentos en España para seguir trabajando.
Muchas gracias, señora Presidenta, por su flexibilidad.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El Senador Elorriaga tiene la palabra.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le agradezco mucho su información sobre China y sabe que puede contar con la colaboración de los Senadores en su política referente a Asia-Pacífico y el desarrollo de la acción exterior de España.
En cuanto a las visitas que ha mencionado, quiero añadir que este año el Consejo Político Consultivo del Pueblo Chino ha visitado por primera vez el Senado y que dentro de unos días una representación de la Comisión de Asuntos Exteriores, en régimen de intercambio, va a visitar por primera vez al Consejo Político del Pueblo Chino.
Creo que esta acción es muy importante. Efectivamente, somos conscientes de que en aquella nación se ha producido un proceso de apertura exterior y de reforma económica muy importante y muy positivo, que se está produciendo también un proceso político, algo más lento pero con síntomas de que puede seguir desarrollándose, y creemos que es indudable el interés y la atención especial de España hacia una de las más grandes potencias emergentes del siglo XXI.
En este sentido, es especialmente grande el interés comercial por China, pero también el interés cultural, el interés político, por lo que, en la medida de nuestras posibilidades, sepa que nosotros, la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado, daremos nuestro apoyo político a la labor de nuestra diplomacia.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Elorriaga.


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--DE DON EMILIO DEL RIO SANZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA RECIENTE CUMBRE DE GOTEMBURGO (SUECIA) (680/000411).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Emilio del Río Sanz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la reciente Cumbre de Gotemburgo, Suecia.
Tiene la palabra el Senador Del Río Sanz.


El señor DEL RIO SANZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La semana pasada tuvo lugar la Cumbre de Gotemburgo, que ha llegado a los medios de comunicación más por las manifestaciones de los grupos antisistema --no me gusta llamar radicales--, de los grupos violentos. No olvidemos que en la Cumbre de Niza, en la que se proclamó la Carta de Derechos Fundamentales, los que se estaban manifestando mientras se proclamaba la Carta eran los grupos del entorno de Herri Batasuna, una Carta en la que se habla en primer lugar del derecho a la vida.
Pero ha habido temas muy importantes en esta Cumbre, uno de ellos el de la ampliación, respecto del que ha quedado claro que ésta es irreversible. Se ha hecho un buen trabajo en relación a este tema, se han vencido las resistencias de Francia y Alemania; España ha tenido un papel importante en este buen trabajo en relación con la ampliación y, además, se ha compaginado con la postura defendida durante las últimas semanas en torno a los fondos comunitarios.
Y habrá que recordar ahora lo mucho que se ha dicho y lo mucho que se ha escrito respecto a la postura de España en cuanto a la ampliación a los países del Este, y habrá que recordar también lo mucho que se ha dicho y que se ha escrito siguiendo consignas e intereses ajenos a los de este país con respecto a la postura del Presidente del Gobierno español en lo que se refiere a los fondos.
También se ha tratado la cuestión del referéndum en Irlanda, que hay que considerarlo en las causas además de en los resultados. Evidentemente, cuando se hacen proclamas en contra del Tratado de Niza incluso cuando todavía no ha terminado la reunión, cuando permanentemente se trata de dinamitar el Tratado de Niza, cuando se critican posturas como la de España, la del Presidente del Gobierno español, que ha sido un defensor del Tratado de Niza, se recogen después resultados como el de este referéndum.
Cuando el Comisario de Asuntos Monetarios y Económicos de una de las economías más dinámicas de Europa y del mundo sanciona, penaliza y hecha una reprimenda por llevar esta política económica --luego se recogen resultados que no la ponen en peligro-- cuando se cuestiona en el ámbito de la opinión pública temas como el de la ampliación, etcétera; cuando se jalean consignas como las que se han jaleado en contra de la postura de España con respecto a Fondos, cuestión en la que Irlanda también está implicada, se recogen después resultados, como el que se ha recogido.
Por estas y otras cuestiones es por lo que se formula esta pregunta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador del Río.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchísimas gracias, señoría. Yo creo que la valoración que podemos hacer de la Cumbre de Gotemburgo puede ser la de que ha quedado por encima de las expectativas que teníamos hace un tiempo. Al final no ha ido nada mal, y es cierto que hace unas semanas todos podíamos pensar que muchas de las cosas que se pretendían por parte de la Presidencia sueca no se iban a lograr como una mejor definición, por ejemplo, del calendario de ampliación o la puesta en marcha de una estrategia de desarrollo sostenible. Es cierto que el resultado del referéndum en Irlanda introducía de nuevo incertidumbres y dudas respecto a cuál podría ser el resultado de la propia Cumbre, y también teníamos temas como los de la patente comunitaria todavía atascados.
El caso es que al final podemos ofrecer un balance razonablemente positivo. Dejo al margen, como es lógico, los temas extracumbre, es decir, las manifestaciones que han estado alrededor de la misma.
Evidentemente el derecho de manifestación es un derecho sagrado en democracia y todo el mundo tiene derecho a expresar su opinión, también los antisistema, pero en ningún caso debemos ser mínimamente condescendientes o tolerantes con la utilización de la violencia. Creo que en ese tema todos los países nos lo tenemos que tomar con una enorme seriedad y ser muy rotundos y muy firmes en la condena de cualquier tipo de utilización de la violencia, con independencia, insisto, del respeto del derecho de manifestación; y eso está generando una dinámica multinacional que debe merecer la atención no sólo de los países organizadores de cada Cumbre concreta --nosotros vamos a tener la Presidencia española el próximo año--, sino del conjunto de los Estados del mundo.
Pero a partir de ahí lo que le puedo decir también es que nos tenemos que ir acostumbrando a la normalidad de las cumbres. Cuando se celebran como mínimo cuatro cumbres al año, muchas veces se dice que esa cumbre no ha cumplido con las expectativas, que no ha supuesto un avance sustancial.
Si tuviéramos avances sustanciales en todas y cada una de las cumbres europeas, la Unión Europea, si me permiten una expresión poco acorde con el Parlamento, estaría ya en la estratosfera. Se va avanzando poco a poco, se van dando pasitos, se ha avanzado en la mejor definición del calendario de ampliación, hemos desbloqueado el tema de la patente, se ha aprobado una estrategia de desarrollo sostenible, cuyo desarrollo se tendrá a su vez que aprobar en la Cumbre de Barcelona en la primavera del próximo año, se ha tratado el tema de las relaciones entre la Unión Europea y los Estados Unidos con la asistencia del Presidente Bush y del señor Powell, también

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hemos aprobado las orientaciones de política económica, que a España le gustaría que fueran más lejos. En fin, se ha avanzado. Creo que la Presidencia sueca ha hecho un buen trabajo. Ahora empieza la Presidencia belga, y esperemos que todo eso sea un buen augurio para que la Presidencia española sea un éxito.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Del Río.


El señor DEL RIO SANZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Unicamente quiero hacer una observación a propósito de una de las cuestiones que ha señalado, y es sobre el reconocimiento de que habría que ser más ambiciosos en la política económica que se aprobó en la Cumbre de Lisboa. Por cierto y en alguna de la cuestiones que se ha planteado esta mañana en este Pleno se refieren a la aplicación que ha hecho el Gobierno español de manera pionera, prioritaria, avanzada con respecto a estas cuestiones de política económica en liberalización, energía, etcétera, y que otros países todavía no han acabado de realizar.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


--DE DOÑA MARIA ROSARIO FATIMA ABURTO BASELGA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO DE LA SITUACION CREADA TRAS EL FALLIDO INTENTO DE TRATAR LOS FONDOS ESTRUCTURALES ANTES DE QUE COMIENCE LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNION EUROPEA (680/000415).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Rosario Fátima Aburto Baselga, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno de la situación creada tras el fallido intento de tratar los Fondos Estructurales antes de que comience la presidencia española de la Unión Europea.
Tiene la palabra la señora Aburto Baselga.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias, Presidenta.
Buenos días, señor Ministro. Le agradezco su comparecencia, sobre todo para seguir hablando de los fondos de ayuda europeos, de lo que debe encontrarse ya bastante cansado porque lleva más de dos meses haciéndolo y ahora volvemos a referirnos a ello. Pero comprenderá que son muy importantes, y supongo que estará usted muy de acuerdo con ello.
De todas formas, imagino que usted y su equipo deben estarpesarosos por haber desarrollado una estrategia que ha causado tantos daños colaterales, y más aún cuando, en realidad, tienen ustedes razón. España necesita esos fondos, porque la diferencia con la renta media de algunas regiones españolas y el resto de Europa es todavía muy grande. Pero se equivocaron de estrategia, y sólo han podido dejar una tarjeta de visita y la imagen de unos socios egoístas y mezquinos. España se ha colocado en una posición poco propicia para terciar y para colaborar en el debate sobre la construcción europea. Nosotros --créame-- lamentamos profundamente que las cosas no hayan ido todo lo bien que queríamos para España, y deseamos, de verdad, sacar algo positivo de esta comparecencia.
Desearíamos alcanzar una estrategia convergente que ayude a la construcción de Europa y al fortalecimiento de la posición española dentro de esa unión. Para eso necesitamos el compromiso firme del Gobierno de trabajar en esa dirección y, desde luego, con lealtad.
En cualquier caso, señoría, repito que nuestro grupo tiene un inmenso interés en ayudar a crear una Europa fuerte, y con nuestro país, España, como pieza imprescindible dentro de ese conjunto.
Para saber cuál es el punto de partida en la actualidad, desearíamos conocer cómo valora el Gobierno nuestra situación tras el fallido intento de hablar sobre los fondos de ayuda antes de que comience la Presidencia española.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aburto.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señoría.
Decía usted que debíamos estar pesarosos por lo que ha sucedido.
Pues no; no lo estamos, Estamos contentos y satisfechos. Lamento que eso, a lo mejor, les apesadumbre a ustedes. A mí lo que de verdad me apesadumbra es que en este tema y en otros, que después podemos comentar, ustedes siempre coincidan con los intereses de otros países.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Gracias.
Lo que sucede es que nuestros intereses coinciden con el núcleo más importante de los países de Europa.
Me temo, señor Ministro, que ustedes no son demasiado pro Europa. Lo demuestran sus alianzas. Primero, con el Reino Unido, alianza que sólo trajo problemas e indignidades a nuestro país, y ahora con Italia, tradicional mente europeísta pero que ahora es una incógnita. Lo demuestran con su falta de propuestas y lo rematan en la Cumbre de Gotemburgo con las broncas que les han armado a todos: a Francia, a Alemania, al Parlamento Europeo, a la Comisión e incluso al señor Pedro Solbes, como acaba de decir otro Senador.
Señoría, practican ustedes una política exterior muy corta de vista.
Practican un conservadurismo retrógrado, de vuelo muy corto, impregnado de un nacionalismo rancio y de seguidismo, en un mundo que se perfila multipolar.


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Por más que sólo exista hoy una potencia hegemónica, el futuro de España pasa por una Europa fuerte. Nos interesa una Europa lo más fuerte posible en todas sus condiciones: económicas...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aburto. Pasó su tiempo. Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, ya sé que se pueden utilizar todos los tópicos y lugares comunes que uno tenga por conveniente y repetir siempre las mismas fórmulas anticuadas y tronadas como las que, si me lo permite y con todos los respetos, usted ha utilizado, que son los tópicos de siempre. Pero déjeme que, aunque sólo sea por un momento, le pueda hablar de realidades, y éstas son las siguientes.
Cuando el Gobierno del partido Popular empezó a gobernar, lo primero que hizo fue deshacer la decisión de tirar la toalla de estar en la tercera fase de la Unión Económica y Monetaria que había adoptado el Gobierno socialista, porque queríamos estar dentro de Europa en el proyecto más importante que constituye su núcleo duro.
¿Después qué otras cosas hemos hecho? Usted sabe que Europa se construye sobre la base de tres pilares. En uno de los pilares, además del euro, se trata de construir una Europa competitiva, una Europa que genere empleo, una Europa que incorpore las nuevas tecnologías y todo eso se decidió en la llamada «Estrategia de Lisboa». ¿Y sabe usted quién fue el país que impulsó la «Estrategia de Lisboa»? Qué casualidad, España.
El tercer pilar, que es la construcción de un espacio judicial europeo y avanzar hacia una Europa de los ciudadanos en un marco de libertades, se decidió en la Cumbre de Tampere. Y qué casualidad, ¿quién impulsa la Cumbre de Tampere y sus contenidos? El Gobierno español; y así sucesivamente.
Después ustedes pueden seguir diciendo que si los conservadores, que si no sé qué, que si los gobiernos de derechas, que si el conservadurismo rancio. Sigan ustedes hablando en estos términos. Nosotros seguiremos hablando de realidades, pero, sobre todo, las iremos concretando porque España necesita más Europa y para España, desde el punto de vista político y económico, Europa siempre ha sido un enorme negocio, un enorme referente y así va a seguir siendo. De este Gobierno sin duda, y de cualquier Gobierno que haya en el futuro, espero que no dé retrocesos en cosas en las que se ha avanzado mucho en los últimos años.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE IGNACIO LICEAGA SAGARZAZU, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LOS ASPECTOS FUNDAMENTALES DEL ACUERDO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE DEFENSA, EN VIRTUD DEL CUAL SE PROLONGA HASTA FINALES DEL AÑO 2008 EL USO DE LAS BARDENAS, EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA, COMO CAMPO DE TIRO (680/000413).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Ignacio Liceaga Sagarzazu, del Grupo Parlamentario de SenadoresNacionalistas Vascos, sobre los aspectos fundamentales del acuerdo suscrito por el Ministerio de Defensa, en virtud del cual se prolonga hasta finales del año 2008 el uso de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra, como campo de tiro.
Tiene la palabra el Senador Liceaga.


El señor LICEAGA SAGARZAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta. Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Pues en ese caso, señora Presidenta, yo doy por formulada la respuesta en los términos del acuerdo que conoce perfectamente su señoría y que ha sido remitido a diversos grupos parlamentarios.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Liceaga.


El señor LICEAGA SAGARZAZU: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en principio quiero agradecerle su presencia evidentemente. Quisiera plantearle algunas dudas que nos quedan ante esta cuestión. Usted conocía y conoce perfectamente la opinión generalizada de rechazo ante el polígono de tiro de las Bardenas, la posición institucional de Navarra, los acuerdos del parlamento foral, la opinión de la sociedad navarra, el esfuerzo de la sociedad navarra en su contribución a la defensa nacional y la opinión de partidos políticos o de diversos colectivos.
El Consejo de Ministros, efectivamente, aprobó el Real Decreto declarando zona de interés para la defensa nacional la superficie utilizada como polígono de tiro y entrenamiento de las Fuerzas Armadas y, por tanto, continúa la entidad mencionada. Ahora bien, quisiéramos plantearle algunas dudas o algunas cuestiones. Primera de ellas, queremos saber si el acuerdo, si el convenio firmado entre el Ministerio de Defensa y la Junta de las Bardenas, garantiza la no prórroga del mismo. Esto es, si el acuerdo reconoce que el uso militar de las Bardenas sea improrrogable tras el límite de los siete años.
Por otro lado, queríamos saber si se va a continuar con el compromiso firme de buscar otro emplazamiento alternativo o tenemos que andar preguntando todos los años para ver qué es lo que está ocurriendo.


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El acuerdo estipula, efectivamente, que el Ministerio se comprometerá a realizar a su cargo las tareas necesarias para la conservación y mejora de los terrenos que se integran en el campo de instrucción aéreo en lo referido a recursos naturales mediante la implantación de un sistema de gestión medioambiental a fin de impedir y corregir la degradación del suelo y preservar el medio ambiente por las actuaciones de la entidad militar.
Se deduce, por tanto, que hasta ahora no ha existido este sistema de control, este sistema de gestión medioambiental. Nuestras dudas se acrecientan con el reconocimiento de que hay que corregir la degradación del suelo y se propone realizar un estudio técnico y un plan de ejecución para las actuaciones a desarrollar periódicamente en relación con los trabajos de descontaminación de suelos.
¿Esto qué quiere decir? ¿Que se reconoce que el suelo del polígono está contaminado? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Liceaga.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señora Presidenta.
En efecto, Senador, ha leído el acuerdo y ha planteado sobre él preguntas que no eran las iniciales, pero que yo con mucho gusto en este caso, y dado el esfuerzo que ha hecho su señoría de buscar presuntas contradicciones, sí voy a contestar con todo respeto y espero que luego más ampliamente a lo largo de la interpelación que formula el principal Grupo de la Cámara.
Señorías, el Ministerio de Defensa ha sido muy claro en esta legislatura respecto al futuro del polígono de las Bardenas. En cuantas ocasiones se nos ha requerido en el Senado hemos afirmado que pretendíamos mantener este polígono mientras no se encontrara una solución alternativa y que, para ello, queríamos mejorar sustancialmente el canon y además encauzar un tratamiento integral con impresiones que se puedan aprovechar para el mejor mantenimiento, el beneficio y el bienestar de los ciudadanos y municipios de la zona y, en concreto, de la comunidad bardenera.
Señoría, así creo que se ha conseguido. En efecto, se ha fijado el 31 de diciembre de 2008 como plazo final del acuerdo en el entendido inverso al que hace su señoría. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Si logramos encontrar antes una alternativa nos comprometemos formalmente en el acuerdo a desmontar el polígono en el momento oportuno e incluso a producir la reintegración del dominio a la comunidad bardenera.
También he de decirle que hemos multiplicado por siete veces y media el canon que se estaba pagando, que ascendía a 80 millones de pesetas y que recibía en su conjunto dicha comunidad. 350 millones de pesetas se van a pagar anualmente en concepto de canon mientras dure la utilización del polígono y la propia comunidad dedicará 250 millones más en concepto de plus de afección para financiar proyectos de inversión propuestos por los ayuntamientos, los valles y las entidades congozantes. Sin duda, durante esta sesión tendremos tiempo para comprobar en qué objetivos se van a invertir esos 250 millones de pesetas.
En efecto, respondiendo a otra pregunta de su señoría, he de decirle que hemos convenido la implantación de un sistema de gestión medioambiental, lo cual no significa en modo alguno que hagamos un reconocimiento de nada de lo que su señoría ha señalado. Sencillamente, queremos despejar cualquier duda, como las de su señoría y las de algunos de sus partidarios, es decir, del Grupo en el que se integra, así como las de algunos aliados ocasionales --hoy venturosamente abandonados-- sobre la gestión adecuada que se está realizando en cuanto al medio ambiente en el Polígono y en todo el área.
Igualmente nos comprometemos a reducir el impacto medioambiental, la huella sonora, y desde luego a seguir sin utilizar --para que quede definitivamente claro-- armas y equipos de tipo NBQ, es decir, nuclear, químico o bacteriológico, incluido el uranio empobrecido que jamás se ha utilizado en el polígono de tiro de las Bardenas.
Gracias, señoría.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.


--DE DON JUAN ALBERTO BELLOCH JULBE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR LAS GRAVES MOLESTIAS QUE CAUSA EL RUIDO DE LOS AVIONES MILITARES QUE UTILIZAN LA PISTA CIVIL DEL AEROPUERTO DE ZARAGOZA (680/000416).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): A continuación, pasamos a la pregunta del excelentísimo señor don Juan Alberto Belloch Julbe, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas previstas por el Gobierno para evitar las graves molestias que causa el ruido de los aviones militares que utilizan la pista civil del aeropuerto de Zaragoza.
Tiene la palabra el Senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas gracias, señor Ministro.
Esta es la pregunta, pero la voy a contextualizar en el marco que considero más razonable. Usted sabe, Ministro, que en ningún caso puede venir de mí un planteamiento que pudiera perjudicar las necesidades de la defensa nacional; que en ningún caso diría ni haría nada que pudiera perjudicar el prestigio de las Fuerzas Armadas, y que en ningún caso diría ni haría nada que pudiera enturbiar el clima afectivo y profundo de relación que existe entre el Ejército español y la ciudad de Zaragoza.
Dentro de esas premisas --para mí obvias, pero quizás sea conveniente dejar constancia de las mismas en acta-- le tengo que hablar de mi ciudad, de Zaragoza. Como usted sabe, Zaragoza tiene unas características muy especiales. El 35 por ciento de su término municipal está ocupado

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por instalaciones militares o del Ministerio de Defensa. Quizá otros Senadores no lo conozcan, pero ello supone que dentro del espacio militar de la ciudad de Zaragoza cabrían íntegramente Barcelona, Valencia y Bilbao juntos, o seis ciudades como la Zaragoza actual, porque nuestro término municipal es el segundo más grande de España.
Han ocurrido cosas nuevas, tenemos un plan general que usted conoce en el que se puede ver afectado un 3,5 por ciento aproximadamente de San Gregorio; está sometida a convenio la base automovilística de Casetas; y hay otra serie de cuestiones concretas, como los posibles usos de la antigua Capitanía General de Aragón; el retranqueo que se prevé para el club del Soto, de carácter militar; el programa específico de la Base Aérea y los problemas de medios, probablemente por no tener sistemas de vuelo nocturno.
En cualquier caso, el verdadero sentido de la pregunta es conocer su voluntad política. Se va a celebrar un pleno extraordinario en la ciudad en la que se va a plantear la cuestión de las relaciones entre el Ministerio de Defensa y la ciudad de Zaragoza.
Mi pregunta es conocer si el Ministerio tiene --como espero-- voluntad política de abordar un diálogo global entre Zaragoza y el Ministerio de Defensa que pueda redundar en beneficio tanto de los intereses de las Fuerzas Armadas como de los de la ciudad.
Nada más. Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Belloch.
Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Gracias, señor Presidente.
Comienzo mi intervención agradeciendo el planteamiento hecho por el Senador Belloch, tanto en lo que se refiere al respeto a los intereses de la defensa nacional y a las Fuerzas Armadas, como por subrayar el afecto que a éstas vincula con la ciudad que capitaliza el distrito por el que es Senador.
Quiero enmarcar las reflexiones que voy a hacer en lo que su señoría ha concluido denominando, en mi opinión acertadamente, un diálogo global.
Que quede constancia, pues, de la voluntad del Gobierno y del Ministerio de Defensa de continuar ese diálogo que hasta ahora se ha manifestado --y que también su señoría, como miembro de ese ayuntamiento, pudo impulsar en el acuerdo y el convenio de Valdespartera-- para que le demos esa dimensión global, ese tratamiento conjunto, a las instalaciones militares o de apoyo militar de Zaragoza, e incluso profundizar en ese afecto que su señoría afirma existe en la ciudad, y que yo conozco bien, para que entre todos podamos lograr que sea, si quiere, ejemplar en lo que es un buen entendimiento de la conciencia de defensa o de la cultura de defensa.
En esa línea, me permito recordarle, señor Belloch, que el aeropuerto no tiene una pista estrictamente civil y una pista militar, sino dos pistas que, de acuerdo con la legislación vigente, con la regulación por decreto de la utilización conjunta de aeropuertos militares y civiles, utilizan conjuntamente vuelos civiles y militares.
Es cierto que la pista 3-0-Derecha, así denominada, es la que utilizan casi exclusivamente los vuelos civiles y además está dotada de la ayuda de precisión llamada ILS militar, que permite la aproximación a tierra digamos que con una mayor proximidad y que, por tanto, la hace idónea para todo tipo de vuelos, por lo que también en este caso para los vuelos civiles.
Los vuelos militares utilizan indistintamente ambas pistas. Es cierto que una de ellas no tiene dotación de ILS; sin embargo, tiene otros sistemas de aproximación, como el denominado VOR o el TACAN. Por otro lado, ha obtenido una reciente calificación por una universidad muy cualificada, como es la Universidad Politécnica de Madrid, que afirma que los niveles de ruido en estos puntos no superan los máximos que puedan suponer un riesgo para las personas.
En cualquier caso, señor Belloch, le anticipo que he dado instrucciones para que se minimicen al máximo los ruidos y, si es menester, podamos estudiar la instalación de un nuevo sistema de aproximación para que tengan menos daños los habitantes de la zona norte, próxima a una de las pistas.
Gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Gracias, señor Presidente.
Me doy por satisfecho con la respuesta que ha dado el Ministro de Defensa y, por tanto, con poder ya sostener en el Pleno del Ayuntamiento municipal que, efectivamente, existe voluntad política por parte del Ministerio de Defensa de iniciar ese diálogo global. También le agradezco que vaya a tratar de resolver lo antes posible este problema concreto, motivo inicial de la pregunta.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Belloch.


--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA JUSTIFICACION DEL NUEVO RETRASO QUE SE ESTA PRODUCIENDO EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION DEL TRAMO COMPRENDIDO ENTRE CERVERA (LLEIDA) Y SANTA MARIA DEL CAMI (BARCELONA) EN LA AUTOVIA QUE UNIRA LLEIDA Y BARCELONA (680/000380).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísímo señor don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la justificación del nuevo retraso que se está produciendo en las obras de construcción del tramo comprendido entre Cervera,

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Lleida, y Santa María del Camí, Barcelona, en la autovía que unirá Lleida y Barcelona.
Tiene la palabra el Senador Ganyet Solé.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, se trata de una malhadada autovía, ya que es muy preocupante lo que pasa con la autovía Lleida-Barcelona. Se han acumulado los retrasos en la construcción del tramo Cervera-Santa María del Camí cuando aún no ha finalizado la construcción del tramo Santa María del Camí-Igualada, a pesar del último compromiso del Ministerio de iniciar las obras a principios del año en curso, hace ya seis meses.
Se han contabilizado cien muertos en diez años, treinta muertos en el año 2000, hay demandas judiciales en curso, manifestaciones, etcétera. Lo que sucede en esa autovía no tiene parangón en España, y su señoría lo sabe mejor que nadie.
En el texto de la pregunta solicitábamos la justificación del nuevo retraso, pero hemos optado más por la función de impulso al Ejecutivo que por el ejercicio de la oposición, aunque en este caso es un ejercicio indispensable.
Así pues, insto al señor Ministro a que haga una declaración a la Cámara, para conocimiento general, con el compromiso de una fecha inmediata para el inicio de las obras así como para la finalización de las mismas.
¿Puede hacer esa declaración aquí y ahora el señor Ministro para tranquilizar a la población? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, el Ministro puede informar de los datos y de la situación en que se encuentra cualquier expediente y más en concreto éste, es decir, puedo informarle de que ya está fijada la fecha del 20 de julio para el pago de los depósitos previos correspondientes a las expropiaciones en el término municipal de Ribera d'Ondara, y por tanto a partir de ese momento no hay ya obstáculo alguno de carácter administrativo que impida técnicamente a la empresa adjudicataria iniciar las obras en los días siguientes. Creo que en torno al 20 de julio se fijará también la fecha correspondiente al pago de depósitos previos en el municipio de Cervera, con lo cual, a partir de ese momento no habrá administrativamente en todo el trayecto una razón que impida el inicio de las obras, y será ya la planificación técnica del contratista la que acometerá las fases siguientes correspondientes a su ejecución.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Ganyet.
El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tomo buena nota del compromiso de iniciación de las obras, según sus palabras, a finales del mes de julio. Confiamos en que esta vez se cumpla el compromiso que su señoría ha explicitado claramente en esta Cámara, porque muchos de los retrasos de esa problemática autovía son incomprensibles, como sabe usted perfectamente, para la mayoría de la población. Algunas circunstancias deben haber contribuido a esa situación, quizá una de ellas haya sido el pago impuntual de las expropiaciones en el tramo vecino Santa Marí del Camí-Igualada, quizá haya sido el error de licitar conjuntamente el concurso de proyecto y obra como el mismo señor Ministro ha aceptado en declaraciones a un medio de comunicación de Lleida.
En fin, el caso es que el ambiente está tremendamente cargado y creo que con razón. Incluso la Audiencia de Barcelona, como su señoría sabe perfectamente, ha admitido a trámite una denuncia contra el Ministerio que fue presentada por los familiares de las víctimas.
El clamor por la ejecución inmediata de las obras es general en Cataluña por parte de corporaciones públicas, asociaciones, plataformas, etcétera.
Les trasladaremos el compromiso del señor Ministro.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, conviene hacer relación al pago de las expropiaciones. Los retrasos que se produjeron en el pago de las mismas en la variante de Cervera estaban originadas por un cambio en la normativa legislativa que se tradujo, como digo, en algún retraso, pero conviene decir que hoy están al día todos los pagos correspondientes a los depósitos previos y a los mutuos acuerdos. Las expropiaciones en este tramo están funcionando ahora con normalidad.
A lo que creo que su señoría debería contribuir es a que la información no genere confusión. Si es verdad que en este tramo se acumulan notables retrasos, convendría que su señoría recordara que el mismo fue incluido en el Plan de actuaciones prioritarias de carreteras 1993-1995 que fue aprobado en Consejo de Ministros en 1993. En virtud de este acuerdo se aprobaron la declaración de impacto ambiental y el estudio informativo con carácter definitivo en 1994. Se encargaron los proyectos en 1995 y en 1997 estaban aprobados los proyectos para acometer este tramo.
Lo que ocurre es que cuatro ayuntamientos --al final fueron tres porque uno de ellos desistió--, los de Estaras, Santa Coloma de Queralt y Montmaneu, presentaron un recurso, que fue estimado por los tribunales, porque en el tramo Cervera-Santa María no se había elegido el simple desdoblamiento de calzada como en el tramo Santa María-Igualada, es decir, se había elegido una solución funcionalmente mejor, la norte. Y un tribunal anuló este acuerdo.


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Conviene que recordemos que desde el año 1999, en que se produjo la sentencia como consecuencia de un recurso de tres ayuntamientos, ha habido que rehacer todo el expediente. Yo no estoy deslegitimando a los que han recurrido, pero los retrasos están originados porque prosperó el recurso de unos ayuntamientos, que consiguieron que se pasara de una solución funcionalmente mejor a un simple desdoblamiento.
Cuando se explica esto, señor Senador, el que desde abril de 1999 hasta julio de 2001, que van a empezar las obras, sólo hayan transcurrido dos años, demuestra la voluntad del Ministerio de ganar tiempo. No estoy diciendo que no haya habido retrasos, estoy explicando la voluntad política de gobiernos anteriores y de éste, de acometer con diligencia este tramo. El Ejecutivo debe someterse a las decisiones judiciales que en este caso han ocasionado un sustancial retraso.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DON JUAN PABLO HERRANZ MARTINEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL MOTIVO POR EL QUE HA DESCENDIDO LA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS DE PROTECCION OFICIAL (VPO) DURANTE EL AÑO 2000 (680/000420).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del Excelentísimo señor don Juan Pablo Herranz Martínez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el motivo por el que ha descendido la construcción de viviendas de protección oficial (VPO) durante el año 2000.
Tiene la palabra el Senador Herranz Martínez.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, el pasado 20 de abril concluyó el programa 2000 dentro del Plan de Viviendas 1998-2001, donde el Ministerio de Fomento ha financiado 37.202 viviendas nuevas de protección oficial. Esto supone 22.300 viviendas menos con respecto a 1999, es decir un descenso del 34,2 por ciento y ni siquiera alcanza la mitad del objetivo previsto por ustedes para el año 2000, que fue de 79.975 viviendas nuevas de protección oficial. Señor Ministro, ¿cómo justifica usted este descenso tan espectacular en la construcción de viviendas de protección oficial? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Herranz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Como ya hemos tenido ocasión de discutir a lo largo de este año en esta Cámara, las razones fundamentales por las cuales ha disminuido el número de actuaciones en materia de viviendas de protección oficial son dos.
En primer lugar, señor Senador, porque se ha producido durante este tiempo un sensible encarecimiento de los costes de construcción de la vivienda, principalmente un encarecimiento sustancial del suelo, que ha reducido la oferta de viviendas de protección oficial, al mismo tiempo que ha aumentado espectacularmente la oferta de viviendas libres, porque, paradójicamente, las viviendas libres han crecido espectacularmente en este mismo período de tiempo.
En segundo lugar, porque el aumento de la renta disponible de las familias y a su vez la disminución de los tipos de interés durante estos años lo que ha facilitado es el traslado a la vivienda libre de la demanda anterior de viviendas de protección oficial.
Por estas dos razones, más una que aprovecho, al hilo de su intervención, para añadir. Ustedes cuentan de las actuaciones de vivienda de protección oficial las de rehabilitación, no sé por qué, porque las actuaciones de rehabilitación han crecido, y por tanto, el balance final sumando las de nueva construcción y las de rehabilitación no son los datos que ofrecen sus señorías, también han crecido las rehabilitaciones de vivienda.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Herranz.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Señor Ministro, admita que la construcción de viviendas de protección oficial se ha desplomado. Ustedes han mantenido una indiferencia frente a la obligación que tiene el Ministerio de proporcionar viviendas de protección oficial para aquellas familias que no tienen el dinero suficiente para comprar una vivienda libre.
Ya que me ha hablado usted de la vivienda libre, los precios de la vivienda libre se han disparado desde marzo del año pasado en un 16 por ciento, y desde comienzos de 1997, y son datos que ha dado su propio Ministerio, han subido un 46,6 por ciento. Si el precio de la vivienda se incrementa de forma exagerada con respecto al IPC y no construyen ustedes viviendas de protección oficial, dígame cómo puede resolver el problema de acceso a la vivienda, a la que tienen derecho muchos españoles.
Admita que su política de vivienda ha fracasado en esta situación. Yo le puedo decir que sí, que ustedes han hecho modificaciones del Real Decreto 1998 de 12 de junio para favorecer las viviendas de protección oficial, pero se está retrasando injustificadamente la ayuda directa a la entrada para que los jóvenes puedan comprar viviendas de protección oficial por primera vez.
Además, ustedes están responsabilizando a las Comunidades Autónomas para que sean ellas las que aumenten el precio máximo de las VPO, y yo le voy a sugerir otras soluciones, aparte de las que usted ha hecho.
La inflación se ha desbocado, en este momento está en un 4,2 por ciento interanual y esto, indudablemente, influye en los costes de la construcción, lo que hace que los

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precios se disparen, fundamentalmente en el caso de las viviendas libres; pero además, suben sustancialmente los intereses de los créditos hipotecarios. Usted me habla del esfuerzo que tienen que hacer las familias para comprar una vivienda y, es cierto, porque en este momento representa el 38 por ciento de sus ingresos...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Herranz.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Senador, creía que iba a hacer alguna aportación original para ayudar al Gobierno a afrontar el anunciado Plan de Viviendas 2002-2005, en el que estamos trabajando, pero lo que ha hecho ha sido añadir confusión a la confusión. El hecho de hablar de la caída de la construcción de viviendas de protección oficial y sacar a colación el incremento de viviendas libres es intentar, a través del caos, justificar una crítica.
Señor Senador, durante el período 1996-2000, la vivienda de protección oficial subió en España el 1,1 por ciento. Durante tres años estuvo congelada y, en el año 1997, subió el 1,1 por ciento; por tanto, usted que profundiza en los precios, explíqueme este fenómeno. La vivienda libre sube el 16 por ciento y pasa de 221.000 actuaciones en el año 1996, a 489.000 actuaciones en el año 2000, subiendo anualmente tasas --como en el caso del último año-- cercanas al 16 por ciento, ¡y usted ahora viene a criticar la vivienda de protección oficial, que ha estado congelada durante el mismo tiempo! Por favor, sea coherente con sus argumentos.
¿Acaso le parece mal que el Gobierno haya tenido congelado el precio de la vivienda de protección oficial? ¿Le parece bien o mal? Quiero decirle, señor Senador, que las contradicciones son contradicciones siempre, los datos son muy tercos, y todas las Comunidades Autónomas, por unanimidad, han pedido al Gobierno que en el año 2001 incremente los precios de la vivienda de protección oficial. Ahora sólo nos falta que su señoría venga aquí a pedir cuentas al Gobierno por haber actualizado los precios de las viviendas de protección oficial. «Cosas veredes, mío Cid», que ya no nos sorprenden si tenemos en cuenta la coherencia de su grupo político.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Fomento.


INTERPELACIONES:

--DE DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE IMPLEMENTARA EL GOBIERNO PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ACUERDOS ALCANZADOS EN RELACION CON EL FUTURO DEL CAMPO DE TIRO DE LAS BARDENAS, EN LA COMUNIDAD FORAL DE NAVARRA (670/000080).
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Punto segundo del orden del día: Interpelaciones.
Interpelación del excelentísimo señor don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que implementará el Gobierno para garantizar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en relación con el futuro del campo de tiro de las Bardenas, en la Comunidad Foral de Navarra.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Chivite, por tiempo de quince minutos.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, de nuevo estamos enfrentados para hablar del campo de tiro y entrenamiento de las Bardenas Reales, en Navarra.
Con esta interpelación no vengo aquí a hablar del pasado. Pretendíamos otra cosa pero, tristemente, la inflexibilidad mostrada por el Ministerio ha derivado en un convenio que, es posible que proporcione satisfacción al Ministerio de Defensa pero, desde luego, no hace lo mismo en el caso de la sociedad navarra ni de sus representantes democráticos, de acuerdo con la voluntad expresada en sus instituciones y en función de los acuerdos adoptados por el legítimo y democrático Parlamento de Navarra.
Usted conoce toda esa historia, por lo tanto repetirla aquí sería perder el tiempo por mi parte y, lo que sería más duro, hacérselo perder a usted y a sus señorías.
Y digo que no venía aquí a hablar de pasado porque los hechos hechos son y escritos están. Ahora bien, sólo daré una pequeña referencia porque ustedes tienen, no sé si la habilidad, o casi siempre el recurso de hablar del pasado cuando tienen que responder a su propia gestión y echar mano de historia, de hemeroteca, como hacía hace un momento el Ministro de Fomento refiriéndose al año 1993. Yo no voy a ir tan lejos, voy a ir a lo que usted antes ha denominado en su respuesta a un Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos como socios circunstanciales, sin nombrarlo --no sé si se estaba refiriendo al grupo al que pertenezco-- en las posiciones que hemos mantenido y en las que hemos coincidido en el Parlamento de Navarra. Señor Ministro, yo no sé cuál es la posición real del Partido Popular, sí conozco la del Ministerio. Y digo esto por las profundas contradicciones que se dan entre unos socios, no ya circunstanciales sino estructurales, como son Unión del Pueblo Navarro con el Partido Popular en Navarra, cuando su propio Presidente, Presidente del Gobierno de Navarra y Presidente de Unión del Pueblo Navarro, a grandes titulares decía no hace mucho tiempo, menos de un año, señor Ministro, que Miguel Sanz se comprometía a liderar la oposición al polígono de tiro de las Bardenas. Es un titular, señor Ministro, precisamente en un periódico que no se caracteriza por darnos demasiado coba, «Diario de Navarra» del 21 de junio del año 2000.
Pero hagamos un poco más de historia, y vemos que cuando apuntaba en su respuesta anterior que precisamente había una convicción positiva a la hora de la alternativa, usted hablaba de que esta convicción positiva era

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incluso desmantelarlo de manera anticipada. Es lo único que me alegra de su respuesta, pero desconfío de ella, señor Ministro, porque eso era lo que ofrecíamos precisamente cuando se constituyó aquella comisión negociadora para establecer las condiciones con las que la Navarra legitimada, los grupos parlamentarios elegidos democráticamente, pretendían establecer las condiciones para negociar a través del diálogo, con voluntad de acordar, señor Ministro, y usted lo sabe perfectamente, las condiciones de prórroga de este polígono de tiro.
Digo esto porque también haciendo un poquito de historia pero que viene a cuento, y ya entro en el futuro y hablo de una de esas cláusulas del contrato al que me refería y que ha sido objeto de esta interpelación, otro ilustre cargo de Unión del Pueblo Navarro, el señor Gurrea, en nombre del Gobierno hablaba del Gobierno de Navarra contra la prórroga del contrato de Bardenas. Un Gobierno que políticamente usted sabe que está sustentado por una fuerza parlamentaria que es hermana gemela del Partido Popular. El señor Gurrea decía en aquel entonces en sede parlamentaria que el polígono de tiro navarro no era la única alternativa al de Anchuras, fíjese si ha llovido desde entonces, verdad.
En cualquier caso, voy a hacer otras pequeñas referencias, porque son ilustrativas. Un ilustre Senador de esta Cámara, Alcalde de Tudela, una ciudad que es congozante --palabra que tanto suena en esta Cámara y que muchos no comprenden-- precisamete de los derechos históricos de Bardenas, aprueba una moción por unanimidad oponiéndose al polígono de tiro de las Bardenas. Todo esto, junto con una encuesta en la que el 75 por ciento de los navarros se manifiesta en contra de renovar el polígono de tiro, hace pensar que precisamente en la forma, en el método que ha utilizado el Ministerio no se ha aplicado esa premisa que decían ustedes ejercer y ejercitar, que era el diálogo para consensuar y establecer acuerdos.
Yo creo que ustedes se precipitaron, aunque también le tengo que reconocer una habilidad especial para sortear los mecanismos institucionales y recurrir al poder, entre comillas, de un solo señor, el señor Gayarre, democráticamente elegido, porque está elegido por votos, pero a través de un sistema que es predomocrático, porque la Junta de Bardenas precisamente tiene un gran defecto: no ha actualizado sus estatutos a la situación democrática que ya tiene este país, nuestras Comunidades Autónomas y nuestros ayuntamientos, con la cultura incardinada a sus comportamientos y a sus hábitos para llegar a esos acuerdos, hasta el punto de que ha habido una cierta manipulación. De hecho, hay un ayuntamiento, como el de Cortes, donde su representante, elegido por el pleno de la corporación, socialista, es cambiado días previos a la Junta de Bardenas, y sustituido por un miembro del grupo al que pertenece el alcalde, Unión del Pueblo Navarro. Pero el pleno mandata a ese representante para que vaya a la Junta a votar en contra del convenio que usted proponía. ¿Sabe lo que hizo, en contra del mandato de la mayoría de su pueblo? Votar a favor, porque algo tendría acordado con el Presidente.
Este ha sido el procedimiento, señor Ministro, y usted lo sabe; usted sabe perfectamente que era más complejo, pero no imposible, haber llegado a acuerdos con las instituciones de Navarra. Usted no ha querido hacerlo, usted ha ninguneado al Parlamento, usted ha despreciado a Navarra, ha despreciado a las instituciones de Navarra. Pero además ha despreciado algo mucho más importante: precisamente la lealtad constitucional que Navarra ha demostrado y viene demostrando con este país y con los intereses generales, en este caso con la defensa nacional, Son cincuenta años, señor Ministro; ésa es nuestra historia. Por tanto, creo que los ciudadanos teníamos el legítimo derecho, a través de nuestras instituciones, de reclamar una negociación con nuestros representantes, y de que el acuerdo se circunscribiese a lo que se pactase en ese marco, y no ha sido así, y usted sabe que ahora se puede enfrentar a recursos de inconstitucionalidad por parte de los ayuntamientos que son depositarios legítimos del derecho al gozo, que no lo es la Junta de Bardenas, precisamente por haber tratado de sortear la vía compleja, y haber optado por una negociación y un acuerdo de vía rápida, tan rápida como que el día 7 de junio se celebra la asamblea y el día 8 por la mañana firman el convenio, porque el día 9 finaliza el plazo.
Señor Ministro, me preocupan las alternativas. Usted ha hablado aquí de dos cuestiones que yo creo que no cumplió. Con el convenio no cumplió.
Usted dijo alto y claro --y como lo que se dice en sede parlamentaria queda escrito y luego lo leemos los parlamentarios-- que en su Ministerio, además de los apoyos, ayudas y compensaciones que en doble vía ha establecido en el convenio, iba a haber otra serie de compensaciones de carácter multidisciplinar, con la intervención de varios ministerios, para aquellos pueblos que, no siendo titulares del gozo, que no siendo congozantes, sí padecemos los inconvenientes --y yo vivo precisamente a 15 kilómetros de este territorio--, como otros cien mil ciudadanos... (El señor Ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde: ¿Cien mil?) Sí, señor Ministro, cien mil. Si quiere se los cuento o le traigo un censo, no engordado como los que ustedes utilizan, sino un censo real.
(El señor Ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde: Tráigamelo con distancias medias.) Sí, sí, señor Ministro, con distancias medias. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Son 19 pueblos congozantes por los que discurren los corredores aéreos que utilizan los aviones de la Fuerza aérea. Por cierto, dos de estos municipios se van a beneficiar --y usted lo sabe--, los valles de Roncal y Salazar, porque por allí no pasan los aviones, salvo que me diga --y empiezo con las preguntas-- que este polígono de tiro también va a estar a disposición de las fuerzas de la OTAN y que también va a poder ser utilizado en los convenios bilaterales suscritos con Estados Unidos. ¿Sí o no, señor Ministro? (El señor Ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde: De entrada, no.--Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Recuerde, señor Ministro, que somos dueños de nuestros silencios y esclavos de nuestras palabras. Por lo tanto, acuérdese de lo que aquí acaba de decir, porque seguramente este Senador no será la última vez que se dirija a usted sobre lo que acaba de afirmar.


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Su Ministerio, a través del Secretario de Defensa, ha firmado el convenio. En ese convenio se establecen cinco puntos. Yo quisiera que se centrase en explicarme por qué no se han aplicado las medidas que usted prometió para los pueblos de Aragón y Navarra que, no siendo titulares del gozo, sí que son precisamente sufrientes de la actividad. Quisiera que me dijese si ante una actividad MINP --¿recuerda usted esos términos?--, molesta, insalubre, nociva y peligrosa --los cuatro elementos reúnen por esta actividad--, los medios de corrección, los métodos de control, los parámetros de seguridad nos garantizan, a quienes no sólo estamos padeciendo los ruidos y los riesgos, esa seguridad a cambio de nada.
Y no se trata de cambiar bombas por dinero, señor Ministro. Quizá el señor Gayarre sí para hacer su sultanato en Tudela, para reformar la sede: (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Hace falta conocer al personaje. Yo he compartido con él muchas horas. (El señor Ministro de Defensa, Trillo-Figueroa y Martínez-Conde pronuncia palabras que no se perciben.) Seguramente me habrá enseñado muchas cosas, sobre todo zorrerías, como decimos en la ribera. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, les ruego que no dialoguen.
Continúe, por favor.


El señor CHIVITE CORNAGO: Señora Presidenta, es que el Ministro ha entrado en una dinámica de contestación desde la interrupción.


La señora PRESIDENTA: Su señoría está interviniendo ahora mismo y el Ministro tendrá su turno después.
Continúe porque le quedan cinco segundos.


El señor CHIVITE CORNAGO: Pues si me quedan cinco segundos, señor Ministro, desarrólleme dónde va a implantar esas cinco medidas que su Ministerio ha firmado con Navarra, cuándo las va a hacer y qué alternativas reales va a empezar o ha empezado a buscar ya, porque usted habló en algún momento en los medios de comunicación de Portugal --Portugal lo negó--. Dígame usted cuándo habrá posibilidad real de que este polígono pueda desaparecer del territorio navarro tras más de 50 años de contribución generosa a la defensa nacional.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Señora Presidenta, señorías.
Señor Chivite, sólo el afecto y el respeto que su persona y su carácter parlamentario me merecen va a impedir que conteste a la interpelación en el tono y en la línea de incoherencia con la que se ha manifestado su señoría al presentarla.
Para comenzar, señorías, se me llama a esta Cámara para explicar el acuerdo y, lamentablemente, el señor Chivite, que lo conoce, no contribuye a la información de la Cámara --que debiera ser el objetivo de la interpelación--, quizá para así centrarse en las descalificaciones de todo orden que ha hecho de la actuación del Gobierno, del Ministerio, de la comunidad de congozantes, del Gobierno de Navarra y algunas personales que me resisto a contestar en el mismo tono.
Señora Presidenta, señorías, he comparecido en el Senado a instancias, en primer lugar, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos --que, por cierto, me hubiera gustado que estuvieran aquí con el mismo interés con el que preguntaban antes por el convenio y luego en tres ocasiones distintas para responder a preguntas orales en las que he ido tratando de allanar el camino del entendimiento con el principal Grupo de la Cámara, no sé ya si con el principal Grupo de la Cámara o inútilmente con el señor Chivite que, por cierto, demuestra tener concepciones muy singulares dentro de su Grupo o muy distintas de las que acabamos de escuchar, como las de personas que demuestran responsabilidad de Estado, como el señor Belloch. Entonces, y reiteradamente, afirmé que el Ministerio de Defensa tenía la firme intención de renovar el convenio para seguir utilizando el campo de entrenamiento de Bardenas Reales más allá del 9 de junio de 2001 y, en efecto, sus señorías saben que el Ministerio, a través de la Secretaría de Estado, ha firmado con la Comunidad bardenera el pasado 8 de junio un nuevo acuerdo y así garantiza algo que al Gobierno le compete, que es el interés de la defensa nacional.
Me temo, señor Chivite, que ese concepto a su señoría no le cabe en la cabeza, porque no lo ha mencionado --ahí está su texto--. Me temo, señor Chivite, que el concepto que su señoría tiene de legitimidad o no se amolda a los principios constitucionales o a lo mejor es que está usted mucho más a lo foral de lo que defiende en Navarra mi Partidos Unión del Pueblo Navarro. Porque comprenderá que para legítimo representante y defensor del interés general de España y de su defensa está el Gobierno de España, y no se puede discutir aquí, en el Senado, la legitimidad para negociar del Gobierno de España, señor Chivite, en un acuerdo en el que está presente la defensa nacional y en el que está declarado por Consejo de Ministros e informado por la Junta de Defensa Nacional --usted me entiende, no lleguemos más arriba-- que es de interés para la defensa nacional el campo de las Bardenas. Esa legitimidad no se puede discutir, señor Chivite, y por eso me detengo en reafirmarla en esta tribuna: el Gobierno es el Gobierno legítimo, respaldado por la mayoría legítima del Parlamento, ha actuado de acuerdo con la legislación y con la voluntad de la mayoría popular que le apoyó en las urnas en las pasadas elecciones generales. Esa es nuestra legitimidad, señor Chivite (El señor Chivite Cornago: Nadie se lo ha puesto en cuestión.) Y en cuanto a la comunidad de congozantes, sus conmilitantes del Partido Socialista forman parte de la misma, participan en las elecciones democráticas, respetan normas consuetudinarias y sepa su señoría que en un Estado de Derecho las leyes, aunque

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sean de procedencia consuetudinaria --y nada menos que en algún caso desde Felipe V--, tienen toda la legitimidad del Estado de Derecho detrás. Y su señoría hace un flaco favor a los navarros, a la comunidad de congozantes y al pueblo al que se honra en pertenecer poniendo en cuestión la legitimidad de la comunidad de congozantes (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En fin, señor Chivite, vamos a dejarlo ahí, de momento, y vamos a entrar en el fondo de lo que nos trae, que sé que es de verdad, pasiones atrás, su verdadera y recta intención.
En efecto, la Junta de Defensa Nacional aprobó, y luego lo hizo el Gobierno el pasado 1 de diciembre un Real Decreto que declaraba de interés para la defensa nacional el campo de Bardenas, y lo hizo, señor Chivite, para dejar las cosas meridiamente claras de acuerdo con las competencias legalmente establecidas e impedir que otros se irrogaran competencias en alianzas, ya veremos con quién, para tratar de impedir el ejercicio legítimo de las competencias del Estado. A su vez se hizo porque es el único campo, y por razones históricas --no voy a recordar alguno de los territorios que ha mencionado su señoría-- fue imposible establecerlo y mantener el campo de tiro en otro sitio.
En efecto, el entrenamiento de nuestras Fuerzas Armadas es una necesidad de la defensa, que protegen la seguridad de todos los españoles, que desarrollan fuera de nuestras fronteras misiones de paz y humanitarias, y que lo harían con riesgo propio y de un tercero si no redujeran los riesgos entrenándose en un campo de tiro que, por lo demás, ha tenido una importante compensación económica --y medioambiental-- en el acuerdo que acabamos de suscribir.
Señorías, hubiera sido muy sencillo para el Gobierno establecer un plazo inferior a la duración del acuerdo de las Bardenas, hubiera sido muy sencillo para este Gobierno decir que el acuerdo terminará en el año 2003 ó 2004 --y perdóneme la expresión, señora Presidenta, lo digo en el mejor de los sentidos--, y el que venga detrás que arree. No hemos hecho eso por sentido de Estado, señor Chivite, y hemos llevado al 31 de diciembre del año 2008 el vencimiento de ese acuerdo, porque creemos que un gobierno democrático, a la hora de tratar asuntos vinculados a la defensa nacional, tiene que pensar en el futuro, incluyendo el no dejar tras de sí a la alternativa política un futuro peor que el que él ha tenido.
Por lo tanto, hubiera sido más responsable y sensato por parte de la alternativa que usted dice representar por lo menos haber mencionado ese plazo que está establecido --no creo que lo discuta su señoría-- en beneficio del Estado.
Como he señalado anteriormente, se ha establecido un canon que multiplica por siete veces y media lo que recibía la comunidad bardenera. Significa 350 millones de canon de arrendamiento anuales, más 250 millones en concepto de plus de afección, que eso sí, va a administrar y a distribuir la comunidad bardenera, la legítima titular de la afección. ¿Para qué? --porque parece que no conoce el acuerdo--, lo voy a decir en la Cámara para que quede constancia: para actuaciones e inversiones en materia de reforestación, erosión, promoción turística, protección de cauces, infraestructuras hidráulicas, servicios municipales obligatorios o protección medioambiental. Como observarán, señorías, no figura ninguna sede en este texto, son todas ellas inversiones que deberán traducirse en una mejora de diversos servicios de la zona.
Hemos confiado en la institución Comunidad bardenera porque es la legítima titular y porque, además, en democracia, señor Chivite, conforme al principio de subsidiariedad, se hace siempre con la institución más próxima a los ciudadanos, no necesitamos buscar un perímetro de 100 kilómetros, de 50 o de 60, como el que ha referido su señoría.
Además, señoras y señores Senadores, señora Presidenta, también hemos comprometido la implantación de un sistema de gestión medioambiental que es similar al que ya existe en otras de las instalaciones de Defensa, como el campo de adiestramiento de la Armada, en El Retín, en Cádiz) o en la base aérea de Getafe y en el campo de adiestramiento del Ejército de Tierra en El Palancar, en Hoyo de Manzanares, de Madrid.
Tengo a disposición de la Cámara, para depositarlo una vez concluya el trámite, el original del acuerdo con la Comunidad bardenera. Si de las inversiones que se configuran dentro del sistema de gestión medioambiental no deducen sus señorías que se trate de algo multidisciplinar, que nos explique el señor Chivite qué entiende por multidisciplinar --quizá su señoría está pretendiendo que solucionemos los coros y danza--, porque disciplinas serias están contempladas en el acuerdo.
Además, hay otras cláusulas en el acuerdo que comprometen al Ministerio de Defensa a reducir al mínimo el impacto medioambiental y la huella sonora en la utilización del campo y a seguir sin utilizar --como he manifestado anteriormente contestando a la pregunta del Senador del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- ningún tipo de munición que pueda empobrecer, debilitar o poner en riesgo el medio ambiente o la salud de la población, es decir, sin munición nuclear, bacteriológica, química, ni siquiera uranio empobrecido.
Y por reconocer legitimidad a la Comunidad bardenera, señor Chivite, también hemos recogido algo a lo que estoy seguro que no puede oponer ningún razonamiento y a lo que, por tanto, no se puede oponer su señoría, y sabe muy bien --no sólo por el Pleno, sino también por las muchas ocasiones en que hemos dialogado-- que era una pretensión de la Comunidad bardenera y de los representantes parlamentarios del conjunto de la Región foral. El Ministerio de Defensa abandonará el polígono de las Bardenas en cuanto haya encontrado una alternativa, pero lo hará, además, comprometiéndose a gestionar ante el Ministerio de Hacienda, y en concreto en la Dirección General de Patrimonio, la depuración jurídica de la titularidad dominical del territorio íntegro de Las Bardenas Reales de Navarra para que dicha titularidad pueda cederse gratuita y plenamente a la comunidad de Las Bardenas Reales de Navarra en el más breve plazo posible.
Eso, señoría, es hacer las cosas, a mi juicio, bien hechas y restituir de la mejor manera que se puede restituir. Hablar de compensaciones, como ha hecho extensamente su señoría

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en ese diálogo infructuoso que emprendimos y ustedes mismos malograron, como si el Estado español tuviera que compensar a una parte de su territorio por determinadas afecciones, es no entender el interés general de España y --permítame, señoría-- no tener sentido alguno del Estado.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Defensa.
Tiene la palabra el Senador Chivite. (El señor Iribas Sánchez de Boado: ¡A ver qué zorrerías dice!)

El señor CHIVITE CORNAGO: Ninguna, señor Iribas.
Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, muchas gracias por el tono de su respuesta, si bien creo que ha obviado muchas cosas. Pero, en especial, con su habilidad parlamentaria --que me consta--, ha desviado completamente el enfoque y la atención de esta interpelación. Desde esta tribuna, este Senador no sólo no ha puesto en cuestión la legitimidad de su Ministerio y de usted mismo como representante del Estado, sino que se ha referido a la cuestión de la legitimidad de quien ha negociado con su Ministerio que sí era legítimo. ¿Era legítimo que en una cuestión que afecta a los intereses generales del Estado negociase exclusivamente la Junta de Bardenas y, en su nombre, su Presidente, incluso en contra de acuerdos de sus propios congozantes? ¿O es más legítimo, más democrático, más transparente y más representativo del conjunto de la sociedad navarra y de los intereses que Navarra tiene y entre los cuales, señor Ministro, sabe usted perfectamente que están los de cooperar con el Estado, pero siempre como Navarra lo ha hecho, de forma pactada, de forma dialogada y de forma institucionalmente correcta, señor Ministro? Por tanto, no desvíe la atención a lo que no ha sido puesto en cuestión por este Senador a lo largo de su intervención. Creo que no me ha escuchado. Tengo la impresión de que venía predispuesto a contestarme cosas que ni siquiera he cuestionado.
Señor Ministro, no haga usted afirmaciones tan rotundas porque cuando usted se refiere --y se recoge en el Convenio-- al tema del armamento --que no he puesto ni siquiera en cuestión--, tengo aquí unas declaraciones del Delegado de Defensa en Navarra que dicen: «La Delegación de Defensa desconoce la munición que se emplea en Bardenas». Yo no afirmo que se use o no se use esa munición, ni siquiera lo pongo en cuestión, ni hago acusaciones de que se han usado o no se han usado. En cualquier caso, apelo a su responsabilidad con nuestra seguridad. Sabe usted que aquellos que vivimos en la zona, por los niveles freáticos y por las escorrentías de las propias Bardenas, bebemos --algunos, no es mi caso--, tomamos agua precisamente de cauces que derivan de aguas subterráneas que proceden de este polígono de tiro. Pero es su responsabilidad, y yo no la pongo en cuestión, y estoy seguro de que la cumplirá con eficacia.
Señor Ministro, usted sabe que en mi intervención yo no he planteado una cuestión del plazo; pero sí le he dicho que no iba a hablar de pasado, sí acepto un concepto que se ha firmado que no me gusta como se ha hecho, que cuestiono la forma de cómo se ha hecho y que en cualquier caso, incluso, puede estar cuestionado por ayuntamientos directamente afectados de los congozantes, no obstante, que dentro de esas cláusulas hay una que establece la búsqueda de alternativa. Para buscar la alternativa, señor Ministro, usted desde el día 10 de junio tiene que ponerse a trabajar, y quiero saber y Navarra quiere saber el plan de trabajo que tiene el Ministerio para llegar a hacer realidad lo que en estos momentos simplemente está en la literalidad de un documento suscrito por las partes. Esa es la cuestión: ¿qué plan de trabajo tiene el Ministerio y realmente cuál es su expectativa? Porque hay otra cuestión que usted ha obviado, pero que su antecesor en el Ministerio planteó con mucha insistencia y en más de una ocasión, y es la adaptación de ese polígono de tiro a las necesidades técnicas actuales de los aparatos utilizados por las Fuerzas Aéreas. Usted sabe, señor Ministro, que desde su propio Ministerio se ha manifestado, no en su época, pero sí en la anterior, en la del señor Serra, este espacio, esas 2.222 hectáreas, los corredores que sirven de entrada y salida de este polígono de tiro, el enclave natural, por cierto, declarado medioambientalmente de todo, incluso reserva mundial de la biosfera, pero tipo «donuts» con un polígono de tiro dentro.
Repito, señor Ministro, ¿cumple este espacio de entrenamiento con idoneidad los parámetros establecidos por las propias Fuerzas Aéreas para el material que en estos momentos utiliza?

La señora PRESIDENTA: Senador Chivite, le ruego que vaya concluyendo porque ya terminó su segundo turno.


El señor CHIVITE CORNAGO: Concluyo, señora Presidenta.
Simplemente, creo que queda resumido muy bien, señor Trillo-Figueroa: Plan de abandono, programa y plazos en los que el Ministro va a empezar a buscar la alternativa, porque lógicamente el desmantelamiento tiene una fase previa, y para que eso sea efectivo en el año 2008, como usted apuntaba, e incluso antes, como afirmaba en la anterior intervención, sabe perfectamente que desde hoy tiene que empezar a trabajar en la búsqueda de alternativas, en la negociación de esas alternativas, en los planes y ejecución de las infraestructuras para que eso pueda ser posible o en cualquier caso negociado con el exterior. Dé una esperanza a Navarra.
En cualquier caso, insisto, señora Presidenta, con su permiso y como finalización, este Senador nunca ha puesto en cuestión ni los intereses de la defensa nacional ni su legitimidad democrática ni su legitimidad institucional para negociar. ¡Faltaría más!, años llevamos demostrándolo, señor Trillo-Figueroa.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Chivite.


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Tiene la palabra el señor Ministro de Defensa.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señora Presidenta.
Ciertamente, señora Presidenta, señorías, su Partido y usted llevan muchos años demostrándolo y yo estoy seguro de que en el futuro van a seguir haciéndolo así y, en consecuencia, señor Chivite, por algunas alusiones, no volverán a hacer imposible el diálogo al que usted se refería y que hemos intentado, desde el mes de enero del año 2000, con la Comunidad Foral de Navarra a través de la Comisión de Coordinación de Representaciones en relación con e1 polígono de tiro de Las Bardenas, y en donde, señor Chivite, no es dialogar el pedir a cambio del mantenimiento del polígono la instalación de una estación del AVE en el País Vasco-Navarra, en Tudela, como ha hecho su señoría o quien le acompañara en tal negociación o como han hecho otros representantes solicitando que el Estado sufragara íntegramente el coste de la autovía Pamplona-Logroño. Eso es confundir, señor Chivite, legitimidades, intereses, y convertir las mesas de negociación en una especie de subasta a la que se va a ver qué se puede sacar a cambio de una posición irreductible.
Por cierto, señoría, no me refería antes a ustedes cuando contestaba al Senador del Grupo Vasco; me refería a que, incluso mesas de juego, es mejor no ir con determinados «sosios», como dicen en mi tierra, y desde luego, tampoco con los militantes y representantes de Herri Batasuna, con quienes se han presentado en esa mesa de negociación.
Señorías, quiero ratificar lo que he dicho en la primera respuesta al señor Chivite. La munición que se ha utilizado, se utiliza y se utilizará en las Bardenas Reales no presenta ningún problema que pueda preocupar a los habitantes de la zona, incluso a los de las colindantes. Va protegida, y no se trata de ninguna que esté dentro de las prescripciones de NBQ, ni siquiera de las que puedan contener el por demás ya olvidado uranio empobrecido, plutonio o semejantes derivados.
Quiero tranquilizar a su señoría con palabras que no son propias, con palabras que estoy seguro de que van a merecer el respeto de toda la Cámara. El polígono de Bardenas no presenta ningún problema ecológico. Es más, determinadas especies de flora y fauna abundan mayormente en el campo de entrenamiento de Bardenas Reales que fuera de él. (El señor Chivite Cornago: Sí, sí. El Plan de Ordenación de Recursos.) Señorías, no es mi opinión. La propia Declaración de la UNESCO, señoría, señala --leo-- que la exclusividad del uso militar ha motivado un desarrollo natural de vegetación y fauna esteparias en esta zona al haber sido preservadas de otros usos. UNESCO.
Me pregunta su señoría qué va a ocurrir en el futuro. Estoy seguro de que, a través de las sucesivas comparecencias --cuantas quiera su señoría en esta Cámara y, desde luego, con la labor diaria del Ministerio-- encontraremos una alternativa, y si ése es el compromiso me gustaría que se reflejara en la moción para que, entonces --déjeme pedírselo--, su sentido del Estado se refleje en los cinco municipios gobernados por el Partido Socialista que han votado en contra del acuerdo en la comunidad bardenera, salvo que había una mayoría democrática legítima de 16 votos que representaban a partidos y posiciones más próximas a las que represento.
Sobre ese futuro, insisto en que hemos estado buscando --y seguimos, haciéndolo-- alternativas en el extranjero, en España y también de carácter técnico. Las alternativas que hasta ahora hemos intentado en el extranjero --lo he dicho en alguna ocasión, señora Presidenta, señorías-- suponen gastos muy superiores a los que podría mantener para su entrenamiento el Ejército del Aire y el Estado español, o tendrían que estar limitados a períodos concretos fijados por los países anfitriones.
Se han desechado dentro de España alternativas como Caudé, en Teruel, Cabañeros o Anchuras, por razones que no voy a recordar.
Otra alternativa no física sino técnica es la llamada simulación, porque hoy, a través de la técnica, hay simuladores que permiten una representación virtual de lo que puede ser un vuelo, pero comprendan sus señorías que este Ministro no esté dispuesto a someter a los pilotos a un solo entrenamiento virtual. Las condiciones reales --físicas, de estrés, de fatiga, de dominio del terreno, de análisis de todas las variables del avión-- hacen que todavía no exista una alternativa de simulación viable para sustituir nada menos que un polígono de tiro.
Como conclusión, vamos a seguir trabajando en la búsqueda de una alternativa para Bardenas. Créame, señoría, que nada me satisfaría más que poder presentarla antes de ese plazo de vencimiento que hemos comentado con anterioridad y el poder reintegrar a la Comunidad bardenera con el dominio útil y el dominio directo. Pero, señoría, déjeme añadir que para la búsqueda de alternativas, ni urgencias ni presiones.
Déjennos, sencillamente, cumplir con nuestro deber, con discreción, incluso cuando se mira a países vecinos. Con discreción.
Finalmente, señora Presidenta señorías, no puedo terminar sin agradecer a la Presidencia de la Junta de Bardenas y a la Comunidad de congozantes, naturalmente de manera especial a aquellos que nos han apoyado, la posibilidad de haber solucionado un problema muy antiguo y que, por fortuna y, entre otras cosas, por los estímulos del señor Chivite, hemos conseguido solucionar para ocho años.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. (El señor Chivite Cornago pide la palabra.) Me indica el Letrado que al tratarse de una interpelación y suprimidos los turnos de portavoces el 87 ya se utilizó por su señoría.
¿Para qué quiere la palabra su señoría?

El señor CHIVITE CORNAGO: Por una alusión gravísima.


La señora PRESIDENTA: Por alusiones. Tiene un minuto.


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El señor CHIVITE CORNAGO: Muchas gracias, señora Presidenta por su generosidad.
Me refería a la alusión que el señor Trillo ha hecho sobre la valoración de la posición. Primero ha dicho de este Senador que no participó en esa Comisión de diálogo previo a la negociación, pero sí se plantearon las posiciones de mi partido y de mi grupo parlamentario en esa negociación.
El señor Ministro, por cierto, no ha contestado a casi nada de lo que yo le he preguntado. Usted hablaba del dominio. Pues bien, le recuerdo una cosa, en la Comisión de Comunidades Autónomas hubo una iniciativa planteada por este Grupo parlamentario que su Grupo rechazó, precisamente para la devolución de ese dominio.


La señora PRESIDENTA: Señoría, tiene un minuto por alusiones y no para volver a abrir el debate.


El señor CHIVITE CORNAGO: Me ciño a las alusiones.
Usted ha hablado de subasta cuando ha mencionado la Estación del AVE. Hay un Senador aquí que es de Tudela y ha pedido lo mismo, señor Ministro.
Nosotros no hemos hecho una subasta. No hemos hecho bombas por compensaciones. Esto estaba recogido en las páginas web con que ustedes concurrieron a las elecciones. Y el señor Del Burgo en su página web hablaba precisamente de toda esta serie de inversiones. Y lo único que planteábamos era que había que acelerar los compromisos que ustedes por escrito habían adquirido con la sociedad Navarra: acelerar en el tiempo esas infraestructuras a las que ustedes se habían comprometido; y para subasta, señora Presidenta, la suya.


La señora PRESIDENTA: Senador Chivite no he oído nada de alusiones.
Concluyó su minuto. Lo lamento.
Muchas gracias, Senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Les recuerdo las promesas en el País Vasco y en León con el Plan Hidrológico Nacional.


La señora PRESIDENTA: Le voy a volver a dar la palabra, pero para la siguiente interpelación que su señoría ha presentado.
Gracias, Senador Chivite.
Señor Ministro, tiene un minuto.


El señor MINISTRO DE DEFENSA (Trillo-Figueroa y Martínez-Conde): Muchas gracias, señora Presidenta.
Solamente quería cumplir el trámite que en este caso le corresponde al Gobierno para cerrar la interpelación, lo cual supone una satisfacción que sé que la Presidencia ampara y que el señor Chivite comprende.
Mire, señor Chivite, en términos muy vulgares ya, quiero decirle que no se pueden confundir churras con merinas. Es decir, hablar del AVE en la mesa de negociación del convenio de Bardenas es como si su señoría hubiera querido hablar de la sociedad de la información a cambio de la prórroga de un año más.
Lamento que su señoría haya desperdiciado --ahora sí-- el turno de alusiones para no desmentir otra cosa mucho más grave que espero no vuelva a ocurrir, y es que hayan ido del brazo en manifestaciones contra Bardenas y en posiciones comunes con Herri Batasuna.
Gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

--DE DON CARLOS CHIVITE CORNAGO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL SECTOR DEL SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE DE MERCANCIAS POR CARRETERA (670/000072).


La señora PRESIDENTA: Siguiente interpelación del excelentísimo señor don Carlos Chivite Cornago, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con el sector del servicio público de transporte de mercancías por carretera.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Hoy me toca hacer doblete y no precisamente por haberlo pretendido, sino por una cuestión de agenda del Ministro, al que agradezco su presencia.
Intervengo, precisamente en nombre de mi Grupo en esta interpelación aplazada, para tratar de argumentar, presentar y conocer la situación en la que el transporte de mercancías por carretera está en estos momentos y las medidas que el Gobierno está implantando o puede tener en proyecto.
El señor Sánchez García, en la comparecencia ante esta Cámara el día 30 de mayo, reconocía la importancia sustancial de este sector en el ámbito económico, si bien centró el núcleo de su intervención prácticamente en lo que es la labor inspectora que se lleva a cabo desde la Administración central en cooperación con las administraciones autonómicas.
Señor Ministro, con su permiso, quiero exponer los motivos que nos han llevado a presentar esta iniciativa y que, a nuestro juicio, están de actualidad, así como los problemas que tendremos que afrontar.
Por una parte, y ya reconocido por todos, tenemos el creciente impacto económico y social del sector del transporte en general y del transporte de mercancías, en particular.
Por otra, los intensos cambios que se están produciendo en los sectores de actividad económica donde, mediante la implantación de nuevos métodos organizativos, como el Stop cero o «just on time», junto con la apertura de fronteras y con la liberalización de los distintos tipos de transporte, se está poniendo en evidencia la necesidad de medidas acordes con estas nuevas modalidades de organización. Sin lugar a dudas, lo que antes eran almacenes estáticos se han convertido hoy en almacenes rodantes o dinámicos.


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Usted sabe que existen una serie de problemas que aquejan al transporte de mercancías por carretera y que no de afrontar con prontitud podría derivar en una crisis. El primero de ellos --y creo que estará de acuerdo conmigo-- es el minifundismo o la atomización empresarial. El segundo, la guerra de tarifas que termina en más de una ocasión en competencia desleal y en intrusismo en el sector de empresas que no cumplen con la normativa.
Usted sabe también que existe una demora acumulada --y creo recordar que lo recogían ustedes mismos en el Decreto de liberalización 7/2000 -- en relación con la Inspección Técnica de Vehículos y precisamente la extensión de la autorización a los talleres de reparación homologados.
Pero quiero centrar esta interpelación en el carácter social de este sector, en el tema de los transportistas autónomos derivados de esa atomización y en los conductores profesionales.
Sabe como yo --porque así se recoge en las estadísticas que semanalmente publica su Ministerio y en el Observatorio permanente que tienen implantado-- que una de las reivindicaciones del sector, una de las medidas que se solicitan es precisamente la de resolver esa escasez de conductores profesionales debidamente cualificados que impulsen y mejoren la imagen del sector y que, de alguna manera, dignifiquen tanto la retribución como las condiciones laborales y la protección social.
Por otra parte, también conoce --así se ha puesto de manifiesto-- que incluso elementos de entorno, como puede ser la supresión del servicio militar obligatorio, han traído como consecuencia que muchos de los jóvenes que antes utilizaban el tiempo de prestación obligatoria en la mili para la obtención del permiso de conducir, hoy no puedan recurrir a ese recurso --valga la redundancia--. Por tanto, haciendo atractiva esta actividad, tendremos que facilitar que el sector joven pueda incorporarse a ella.
Igualmente, señor Ministro, conoce --porque son hechos que el propio sector ha puesto en evidencia-- la existencia de conductores inmigrantes con permisos de conducir de sus respectivos países de origen pero que no son homologados, no son validados en España; es decir, circulan con esa autorización de origen pero no convalidada en nuestro país.
No le voy a hacer una definición del sector porque estoy seguro de que usted, como responsable del mismo, me supera con creces en datos y en conocimientos. Pero sí me voy a referir a la importancia de los impactos que este sector genera en el conjunto de la sociedad: impactos económicos; impactos en la generación de empleo; impactos en el sector energético; impactos medioambientales e impactos en la seguridad ciudadana. Son los ejes fundamentales en los que este sector incide y que afectan a ciudadanos y actividades.
Conociendo la encuesta que puso en marcha el Ministerio allá por octubre de 2000, conociendo la elaboración del plan estratégico del transporte terrestre, el denominado Plan Petra, conocida esta normativa básica, quisiera saber, señor Ministro, cómo y cuándo tiene previsto aplicar todas esas medidas, y en especial las que afectan al ámbito social de este sector, como los incentivos al abandono de la actividad mediante sustituciones por nuevos conductores o nuevos empresarios; la protección social; la reducción de los tiempos de conducción y los períodos de descanso, y la implantación de ese tacógrafo digital, que ustedes en principio prevén para 2003, tal como establece la normativa europea, para regular el tiempo o período de conducción, cuestión que afecta directamente a la seguridad en la misma y que puede dar lugar a enfermedades profesionales y bajas permanentes a largo plazo. Repito que me gustaría saber cómo van afrontar todas estas cuestiones.
Señor Ministro, mi interpelación tiene como finalidad obtener respuestas por su parte en relación con las necesidades y medidas que se están implantando o se piensan implantar a corto plazo para el sector del transporte de mercancías por carretera, y en concreto sobre las que hacen referencia al aspecto social del mismo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Chivite.
Para responder en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar quiero agradecer la cortesía parlamentaria del Grupo Socialista al aceptar la posposición de esta interpelación durante esta sesión del Pleno del Senado.
Comienzo diciendo que esta interpelación me parece extraordinariamente oportuna por el momento en que se encuentran las iniciativas conjuntas que desde hace bastante tiempo, pero en concreto durante esta legislatura, venimos estudiando para su impulso conjunto por los representantes del sector y de la Administración, y a las que también me gustaría que se sumaran, en la medida de sus funciones y responsabilidades, las representaciones de los distintos grupos políticos en sede parlamentaria.
Efectivamente, estamos ante un sector que tiene una importancia estratégica muy grande y que se encuentra en un momento de profunda transformación por las razones que ahora mismo indicaré. El transporte público por carretera emplea a 400.000 personas, aunque éstas deberían considerarse 500.000 si tenemos en cuenta las 100.000 personas que trabajan en sectores anejos al transporte por carretera.
En relación con la importancia que tiene sobre el conjunto del transporte de mercancías, hay que decir que la carretera absorbe el 80 por ciento de los distintos modos de transporte, lo que le da un peso decisivo en la consideración estratégica del transporte.
El sector empresarial tiene las siguientes características: con arreglo a los últimos datos del año 2000, aproximadamente 44.000 empresas tenían un solo vehículo, 11.000 tenían dos vehículos --estamos hablando de vehículos pesados--, y el resto de empresas, unas 15.000, tenían tres o más vehículos. Esto da un colectivo de 70.000 empresas que movilizan casi 175.000 vehículos

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pesados. Lo que se pone de manifiesto con esta distribución es que poco más del 37 por ciento de las empresas es titular de cerca del 75 por ciento de la flota. Es decir, tres cuartas partes de nuestra capacidad de transporte se encuentra directamente integrado en un número razonable de empresas. En cuanto al resto, ese 70 por ciento de empresas, es un sector que está muy atomizado y que desde el punto de vista de su actividad está ligado comercialmente, mediante contratos de colaboración, con los cargadores, con los operadores de transporte o con los flotistas que le proporcionan regularmente las cargas que transporta.
Al subrayar que desde diciembre de 1999 el régimen jurídico regulador de esta actividad se encuentra liberalizado, quiero señalar que esto ya ha tenido un reflejo en la estructura empresarial del sector puesto que estos datos que he ofrecido a sus señorías representan actualmente una media de 2,48 vehículos por empresa. Teniendo en cuenta que hace un año, es decir, en el momento de la liberalización, había una estructura reflejada por una media de 1,8 vehículos por empresa, sus señorías ya pueden compartir con el Ministerio la conclusión de que, efectivamente, el sistema de mercado en que se desarrolla en estos momentos, el sistema liberalizado, está influyendo también de una manera determinante en la modernización de la estructura del sector.
Pero no sería suficiente con confiar en un proceso simple de liberalización del sector a través del cambio de régimen jurídico regulador para pensar que este sector podría alcanzar los niveles de modernidad que exige la sociedad española y que tiene este sector desde el punto de vista de su importancia social en el empleo. Y es que subsiste todavía una parte muy importante de la oferta que tiene un fuerte nivel de atomización; hay un alto nivel de competencia que en determinados momentos lleva a prácticas de competencia desleal con perjuicio de la calidad, la seguridad y las condiciones sociales de los trabajadores, por lo que este sector todavía no está preparado para asumir los cambios, incluidos los tecnológicos, con la velocidad suficiente para adaptarse a las nuevas exigencias de los medios de transporte modernos y que, por tanto, justifica plenamente el que existan unos compromisos con el sector desde la Administración reguladora para avanzar, en clave de acuerdos voluntarios, en este impulso modernizador del sector de transporte de mercancías por carretera en España.
A la vez debemos subrayar también que durante el año 2000 este sector sufrió un importante impacto negativo por los incrementos del precio del gasóleo, circunstancia que aunque en estos momentos parece controlada, fue paliada sin quebrar los principios de coherencia de las propuestas de modernización que antes y después del conflicto del gasóleo nos habíamos trazado. Por eso podemos presentar una trayectoria continuada en el último año que también pretendemos continuar de cara al futuro en torno a dos ejes: la consolidación de la liberalización de este mercado y la mejora del nivel de competitividad de nuestro sector empresarial.
El Plan Petra, que en estos momentos están ultimando las representaciones del Comité Nacional de Transportes y del Ministerio, confío que pueda ser presentado a partir del día 25 de junio, creo que es el resumen más completo del conjunto de actuaciones sobre las que existe una visión y una respuesta conjunta de ambas partes. Luego me referiré a él.
Como apuntaba su señoría, al proceso de modernización del sector del transporte le sobrevienen otras circunstancias, como ocurre con el resto de sectores, que deben ser también objeto de atención desde el sector y desde la Administración como es, por ejemplo, que en estos momentos haya problemas por insuficiencia de conductores profesionales cuyo número no es bastante como para abastecer las necesidades de nuestras empresas.
La última encuesta realizada por el Ministerio de Fomento pone de manifiesto que un 73 por ciento de las empresas encuestadas dice que hay dificultades para hallar nuevos conductores y que el 65 por ciento ya apunta a problemas derivados de la escasez. Esto no puede tener una respuesta con carácter inmediato, e incluso sus señorías conocen perfectamente, por la especial visión territorial de sus funciones, que incluso en este asunto hay asimetrías territoriales, no es la misma situación la de la falta de conductores profesionales y la del crecimiento del sector en las distintas Comunidades, razón por la cual, con el Comité Nacional del Transporte hemos acordado profundizar en este estudio sobre las primeras conclusiones que apuntan a la dificultad de conductores profesionales, y repito que el Comité Nacional del Transporte comparte este punto de vista y va a colaborar con el Ministerio en la estimación más precisa y territorializada de las necesidades efectivas.
Para que no parezca que mientras estudiamos estamos quietos, ya hemos dado los primeros pasos en relación con esta cuestión, y el Inem ya está implementando una línea de ayudas económicas para la consecución del permiso de conducir para camiones y autobuses y la realización de cursos de formación para conductores, y también estamos impulsando el desarrollo de convenios internacionales en orden a la homologación de permisos de conducción obtenidos en terceros países dentro de una línea realista que no entraña el riesgo de mermar los niveles de seguridad del transporte por carretera.
En ningún caso, el proceso que tenemos en estos momentos en curso va a suponer un freno al proceso liberalizador ni va a desviarse en la tentación de incurrir en una nueva regulación del mercado del transporte.
Precisamente por eso el carácter voluntario y consensuado de los acuerdos es un elemento decisivo a la hora de garantizar que se mantiene el proceso liberalizador y que hay una voluntad política de desregulación en el mercado de transporte. Pero es verdad que cuando hay un proceso de liberalización y de desregulación, las competencias que le quedan a la administración reguladora son menos pero tienen que ser más potentes y más eficaces. En este sentido, creo que ayudan a las decisiones de la administración reguladora el funcionamiento y los datos de los observatorios socio-laborales y de costes y de mercado al que ha hecho referencia su señoría y que espero que en los próximos tiempos sean un buen instrumento de toma de datos neutrales para poder plantear

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las iniciativas de mejora desde la regulación del impulso a la modernización del sector.
Por ordenar las medidas que se contienen en el Plan Petra de una manera distinta a como se articulan en el propio documento, podríamos clasificarlas en tres grandes grupos. Desde la modernización propiamente dicha el Plan se concreta en diez grandes líneas dirigidas a la estructura empresarial, a la formación, a la implantación de nuevas tecnologías, a la imagen del sector, a las buenas prácticas y a la información sobre los problemas del sector, a la logística y a la comercialización, a la ordenación y a la normativa del sector, a acciones en el ámbito socio-laboral, a las infraestructuras y la intermodalidad, a la expansión exterior y a las mejoras medioambientales, las cuales integran veintisiete proyectos que darán lugar a la articulación de más de cien medidas concretas que, repito, se están ultimando en estos momentos y que, con mucho gusto, una vez aprobado, remitiremos a esta Cámara, y si es de interés de los grupos políticos informaremos detalladamente del contenido del mismo.
También pretendemos, de cara a este esfuerzo modernizador, en coordinación con la Comisión de Codificación del Ministerio de Justicia, revisar la regulación relativa al contrato de transporte y, en relación con la coordinación de los distintos sistemas de transportes, queremos crear una Comisión de Coordinación del transporte de mercancías perecederas por los problemas singulares que se producen en este sector tan sensible a los plazos.
También estamos negociando acuerdos bilaterales con distintos países para potenciar la internacionalización del transporte y estamos participando en el Plan Info XXI del Gobierno para que se asuman en el sector del transporte mejoras en la gestión y tramitación de autorizaciones, simplificación de requerimientos y mejora de la colaboración entre la Administración y los administrados.
En segundo lugar, estamos impulsando acciones en la línea de la seguridad. Acabamos de celebrar una jornada sobre seguridad en el transporte por carretera y hemos sacado conclusiones que creo que van a ser muy útiles para todos. Además, en esta Cámara se ha creado una Comisión sobre seguridad, cuyo interés compartimos los grupos parlamentarios y el Gobierno, que estoy seguro de que colaborará también en el enfoque de la seguridad.
En el ámbito de la Unión Europea se está trabajando en el nuevo tacógrafo, en la unificación de criterios en materia de inspección y también se están impulsando revisiones futuras de la normativa sobre tiempos de conducción.
En el Ministerio se ha creado la nueva figura del Consejero de Seguridad para el Transporte y las Infraestructuras, y estamos haciendo un importante esfuerzo de colaboración con las dotaciones de la Guardia Civil de Tráfico, que son quienes tienen que articular las funciones inspectoras en representación de la Administración del Estado y, en muchas Comunidades Autónomas, en colaboración con las administraciones autonómicas.
Finalmente, señora Presidenta, en materia de calidad del transporte quería hacer referencia a esos observatorios de costes, que se han montado con el acuerdo del Comité Nacional del Transporte, y al código de buenas prácticas mercantiles. En este sentido, queremos que se implique el propio sector en el enfrentamiento y la persecución de las prácticas desleales porque a los primeros que perjudica es a los propios conductores que acaban teniendo que aceptar cargas y precios por debajo de lo que, desde el punto de vista de la seguridad y del nivel de exigencia social, cabría desear; y, por lo tanto, con el objetivo de garantizar a través de esta acción concertada --contenida en el código de buenas prácticas-- una futura norma de calidad estandarizada para las empresas de transportes.
En todo lo que les he dicho, señora Presidenta, señorías, pretendemos seguir la línea de trabajo marcada por el diálogo y el consenso con los agentes del sector, profundizando en las actuaciones o mejorando las ya enunciadas y formalizándolas, como he dicho, en un documento denominado Plan Petra del que, una vez aprobado, daremos cumplida información a esta Cámara.
Por adelantado, me pongo a disposición de sus señorías para participar en el debate y, en su caso, en las aportaciones que para mejorar el mismo se susciten desde los grupos parlamentarios.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Chivite.


El señor CHIVITE CORNAGO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, no me cabe más que agradecer tanto el tono como la valoración positiva que ha hecho al principio de su exposición en relación con la propuesta que mi Grupo Parlamentario trae hoy a esta Cámara y esa valoración de la oportunidad en relación con el plan estratégico que, en este momento, está elaborando el Ministerio.
Creo que con su extensa e intensa exposición, sobre todo porque ha hecho un repaso a la práctica totalidad de los agentes y elementos que influyen en el sector del transporte de mercancías, se ha puesto usted mismo muchos deberes: esas cien medidas integradas en los 27 proyectos que se derivan de los tres planes que incorpora el plan estratégico.
Nuestra misión, en positivo, será tratar de incorporar algunas cuestiones una vez que conozcamos este plan y, por eso, quisiera que informase a la Cámara de si los dos documentos que aparecen en la documentación facilitada por el Ministerio en relación con el Plan Petra son ya casi los definitivos o hay alguna valoración sustancial respecto a los mismos porque, prácticamente, lo que nos ha trasladado hoy en sede parlamentaria es lo que aparece en la página digital del Ministerio.
Me alegro por el sector de que no sólo estén estudiando, sino que precisamente estén avanzando en esa doble línea orientada a resolver esa carencia --ya contrastada en términos cuantitativos a pesar de la asimetría territorial-- de conductores para incorporarse a este sector que usted calificaba de estratégico --calificación que yo comparto--, con esas dos medidas: la del Inem para cursos de formación y adaptabilidad de conductores al sector y la de los

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convenios internacionales. Pero usted sabe que existiendo el problema, si tardamos en implantar las soluciones, quizá ya sea irresoluble. Por tanto, el mensaje es acelerar esas propuestas.
Además, tendríamos que contemplar, señor Ministro --y permítame la sugerencia porque creo que desde la oposición también podemos y debemos hacer aportaciones para mejorar lo mejorable-- cuestiones como, por ejemplo, la del combustible profesional, la incorporación a sistemas reglados de educación a través de módulos profesionales que podrían ser perfectamente --en Francia ya tienen implantado el modelo-- de acceso y obtención del permiso de conducción cualificado, y una serie de acciones que obviaré porque en la extensión de su exposición en su mayoría ya quedan recogidas.
Señor Ministro, creo como usted que el transporte de mercancías por carretera es un sector no sólo estratégico, sino vital para el sostenimiento y el equilibrio territorial de nuestra España plural, pero, además, para responder y para afrontar los cambios socioeconómicos que se están produciendo. Me reservo la subsiguiente iniciativa en forma de moción para de sus respuestas valorar si dentro de las propuestas apuntaremos alguna para complementar ese plan estratégico, a la vez que sin lugar a dudas impulsaremos y le insistiremos en el ritmo de implantación de dicho plan estratégico, de modo que no sólo se quede en la literatura, sino que vaya acompañado en los próximos Presupuestos Generales del Estado del año 2002 de las correspondientes partidas presupuestarias para dotar suficientemente las líneas que lo orienten.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Chivite.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Senador, no sólo considero que esta interpelación sobre el sector del transporte por carretera es muy oportuna; me atrevo a decirle que por lo que conozco al sector y por la relación continua que mantengo con los representantes cualificados del mismo, esta preocupación de una Cámara parlamentaria va a ser muy bien recibida por el propio sector del transporte, porque en muchas ocasiones existe la conciencia de que desde la Administración o de lo que se considera el conjunto de instituciones con responsabilidad política, legislativa o ejecutiva para abordar los problemas de un sector, hay como un cierto desentendimiento de sus problemas. Y ésa es una situación que se percibe claramente en el sector del transporte, de la misma manera que se percibe que es un sector muy sensible, justamente, a los esfuerzos por interesarse y por colaborar en la resolución de sus problemas.
Es más, pienso que la oportunidad de esta iniciativa, en la medida en que, por lo que he podido saber, irá acompañada de una moción que se verá en un Pleno en el mes de septiembre, va a permitir actuar sobre contenidos reales, lo cual le va a dar un extraordinario valor. Estoy seguro de que no va a ser lo mismo que en esta Cámara se valore positivamente el conjunto de acuerdos que en estos momentos se están discutiendo con el sector del transporte que el hecho de que exista una cierta discrepancia en torno a los mismos. Por tanto, creo que sería útil que el mismo esfuerzo que está haciendo la Administración hacia el sector lo puedan hacer, si lo estiman conveniente, los grupos políticos. En todo caso, le aseguro que de cara al debate y aprobación de esa moción, la representación del Ministerio de Fomento tratará con los distintos Grupos para intentar también sumar a ese acuerdo las aportaciones que se puedan hacer desde esta Cámara.
En cuanto a los documentos que soportan en estos momentos las versiones del Plan Petra, debo decirle que cada una de ellas puede seguir recibiendo alguna aportación. Está previsto que el Plan Petra se apruebe el próximo lunes en la reunión plenaria del Comité Nacional del Transporte, su posterior reunión con el Ministerio, y la presentación pública del mismo. Lo que se está ultimando, más que el catálogo de las medidas concretas --que creo que está prácticamente cerrado, aunque siempre este tipo de documentos deben considerarse abiertos hasta el último minuto--, es precisamente el intento --para lo cual el trabajo es más intenso-- de adelantarnos a lo que su señoría advertía: ¡Ojo con lanzar un catálogo de buenas intenciones y que luego no se traduzca en hechos concretos! Para eso es necesario concretar plazos, concretar recursos y quién los aporta, e igualmente concretar la responsabilidad de determinadas iniciativas, a quién le corresponde cada iniciativa concreta. Sobre eso es sobre lo que se está trabajando en relación con el conjunto de medidas que figuran en el Plan Petra.
Sobre algunas de esas medidas habrá que seguir trabajando en el futuro inmediato, en el que en su día además tendrá protagonismo esta Cámara, porque sobre las posibles reformas de la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres en estos momentos se han producido conversaciones, pero no hay acuerdos cerrados, y además, haya acuerdos o no, en la iniciativa de reforma eso abre la puerta --no la cierra-- a que en la eventual tramitación, si se convierte en proyecto de ley, esta Cámara también aborde las reformas correspondientes para modernizar la Ley de Ordenación de Transportes Terrestres.
Finalmente, una última referencia a las Comunidades Autónomas. En materia de transportes terrestres hay muchas competencias que están atribuidas a las Comunidades Autónomas. Hasta ahora la Conferencia Sectorial de Transportes ha sido en este sentido muy positiva. De hecho, a raíz de las negociaciones con ocasión de la crisis del gasóleo, una de las aspiraciones del sector era que hubiera una respuesta coordinada de todas las Administraciones, y una de las medidas con las que respondimos todas las Administraciones a las exigencias del sector fue la celebración de una Conferencia Sectorial en el mes de octubre que dio satisfacción al conjunto de medidas que, o bien para la Administración central o bien para las Administraciones autonómicas, reclamaba el sector. Por tanto, creo que en este sentido la línea abierta de colaboración con las Comunidades Autónomas, independientemente de que haya foros bilaterales en cada Comunidad para abordar los problemas

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específicos del sector, debe ser tenida siempre en cuenta; no cerraremos desde la Administración central ningún plan de modernización del sector si eso no va complementado con los esfuerzos que las Administraciones titulares de las competencias deben de ejercer, y que creo que, por lo que conocemos, también están en la mejor disposición para darle un gran impulso al sector del transporte por carretera en este momento crucial de su configuración.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LA POLITICA GENERAL DEL GOBIERNO EN MATERIA DE SINIESTRALIDAD MARITIMA (670/000074).


La señora PRESIDENTA: La siguiente interpelación es del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre la política general del Gobierno en materia de siniestralidad marítima.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra, por tiempo de quince minutos, el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Esta interpelación tiene una finalidad constructiva. Pretende obtener una información del Gobierno sobre la política marítima que quiere desarrollar durante esta legislatura sobre diferentes y numerosos aspectos que dependen de la Subsecretaría de la Dirección General de Marina Mercante.
Señor Ministro, el crecimiento de la flota mundial en el transporte marítimo durante el año 2000 ha sido de un 2,2 por ciento aproximadamente. Ha habido una ralentización en los últimos años; sin embargo, en los tres últimos está habiendo un incremento, no pronunciado pero sí constante.
Siguen siendo líderes en el mundo Panamá, en segundo lugar Liberia y a continuación otros países, como las islas Vanuatu, últimamente las islas Marshall, Malta, Chipre, en fin, pabellones de conveniencia que operan en ese ámbito.
Panamá tiene el 22 por ciento de la flota mundial y Liberia tiene el 10 por ciento. Entre las empresas europeas y asiáticas controlan el 45 por ciento de la flota mundial, y de ese porcentaje, las empresas europeas controlan el 33 por ciento, teniendo como ejes principales Noruega, Grecia, Alemania y Reino Unido.
En cuanto a España, en los últimos veinte años ha disminuido importantemente su flota de pabellón, de manera que la reducción durante los últimos veinte años, de 1980 a 2000, ha sido de un 80 por ciento de la flota española de transporte marítimo.
En la actualidad, ¿qué tenemos? Por los últimos datos de que dispongo, procedentes del Instituto de Bremen, que son los que aportan información en el ámbito del transporte marítimo internacional, rondamos los 210 buques, incluidos los del Registro principal y los del Registro canario.
Pero se está dando no sólo a nivel mundial, sino también a nivel español, un crecimiento no pronunciado pero sí constante y reiterado en los últimos años, y así está ocurriendo también en España, donde después de esa galopante crisis que supuso la década de los ochenta hemos visto un crecimiento de la flota de transporte marítimo española, sobre todo en los contratos de construcción de buques.
Podemos decir que en estos momentos los astilleros españoles, sobre todo los públicos por esa integración que ha habido en el Grupo Izar, tienen una contratación de las navieras españolas como no se ha conocido desde la década de los setenta.
Por lo tanto, tenemos un escenario positivo, un escenario ilusionante, respecto del cual, señor Ministro, conviene señalar que este nivel de contratación en los astilleros supera los 350.000 GT o «gross tons», que es la unidad de medición que sustituyó a las TRB. Por lo tanto, es el sexto año consecutivo en el que se está mostrando un incremento de la flota de pabellón española en la materia.
Señor Ministro, la primera cuestión sobre la que le quería pedir información es la siguiente: respecto al transporte marítimo de corta distancia --«a short shipping»-- que está impulsando la Unión Europea, que es aquel que se realiza entre puertos europeos de países de la Unión Europea o también con países europeos lindantes que están en los mares cerrados geográficamente ubicados en la Unión Europea. Es muy importante, porque ¿qué pasa con el tema del transporte por carretera y el problema del Protocolo de Kyoto? Recientemente la Comisaria de Transportes, la señora De Palacio, presentó el Libro Verde sobre las energías renovables --ella es Comisaria de Transportes y Energías-- y hablaba del impulso al transporte marítimo de corta distancia, el impulso en comparación con el transporte por carretera o con el transporte ferroviario. El ferroviario y el marítimo tienen la ventaja de que no tiene esa contaminación de CO2.
Por lo tanto, me gustaría que hablara de las medidas de revitalización, a pesar de las últimas que se han dado, como el tema de los avales, el tema de la amortización acelerada en el Impuesto sobre Sociedades, el «task list». No tenemos todavía en España el «task ton», como tienen en Grecia, es decir, la fiscalidad a través de las toneladas de registro bruto no sobre la base de los resultados que surjan de la aplicación del tipo cor respondiente a la base imponible en el Impuesto sobre Sociedades. Pero sobre todo me gustaría que hablara del 90-50-90, que usted sabe que no es una medida de mujer, valga el juego de palabras, sino que es la modalidad por la que optó esta Cámara, inicialmente en la Ley 27/1992 y después mejorada pronunciadamente a través de modificaciones legislativas en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, tanto para las tripulaciones como para las empresas. Este es el primer aspecto al que me gustaría que hiciera referencia.
También hemos tenido ocasión de conocer que en la construcción nos encontramos con una enorme competencia

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desleal de Corea y de Japón, que en este momento suscriben entre los dos el 76 por ciento de la construcción naval mundial: Corea tiene el 48 por ciento de los pedidos y Japón un 28 por ciento. Señor Ministro, nosotros sabemos que si no se llega a un acuerdo de aquí al día 30 de junio, automáticamente la Comisión va a interponer una reclamación ante la Organización Mundial del Comercio y va a poner en marcha inmediatamente un sistema creciente de ayudas --entre el 6 y el 14 por ciento del coste de construcción de los buques-- para las flotas europeas. Estas ayudas se refieren únicamente a buques portacontenedores y quimiqueros, pero para los astilleros españoles también son importantes los gaseros y las dragas. Por ello nos gustaría que dentro de ese segmento de flota que va a obtener ayudas con ocasión de poner en marcha el panel ante la OMC estuvieran no sólo los portacontenedores o quimiqueros, sino también los gaseros y las dragas.
Señor Ministro, hay otro tema que nos preocupa y que depende de la gestión de la Dirección de Marina Mercante --pero si usted no puede contestar ahora lo puede hacer en otro momento posterior o nos puede mandar información complementaria; nos da lo mismo porque lo que importa es la sensibilización de usted en la materia--, concretamente el transporte de cabotaje insular y los problemas que están surgiendo para las empresas españolas que están en registros de otros países comunitarios, por ejemplo, empresas españolas que operan desde el registro de Madeira. La regulación del cabotaje insular corresponde al Estado en el que se presta el servicio, mientras que en el cabotaje peninsular --es decir, aquel que se realiza entre puertos de la misma península-- le corresponde al Estado del pabellón. Yo no voy a hablar de este segundo supuesto, sino del primero, el cabotaje insular, es decir, el transporte entre islas en España cuya regulación corresponde al Gobierno español. Pues bien, hay un problema centralizado en el Ministerio porque se están poniendo enormes pegas para que puedan operar empresas españolas con tripulaciones europeas, principalmente españolas, que están ubicadas en el registro de Madeira; en cambio, la Dirección de Marina Mercante no pone ninguna traba a que puedan operar --y de hecho están operando en el transporte insular-- empresas de pabellón noruego, por ejemplo, inscritas en la bandera de conveniencia de la Antártida francesa de las islas Kerguelen --porque Francia el segundo registro lo tiene en estas islas--. Por eso, señor Ministro, nos gustaría --y lo sustanciaremos en la moción-- que diese una autorización para que estas empresas españolas con tripulación española, con tripulación europea, con protección social, con buenas condiciones laborales, puedan hacer este transporte insular que nos preocupa enormemente a todos.
Pasamos al segundo tema, el de puertos. Señor Ministro, a través de los puertos transita el 50 por ciento del comercio con la Unión Europea y aproximadamente el 96 por ciento del comercio con terceros países. La primera cuestión que le queremos plantear se refiere al proyecto de directiva de liberalización de servicios. Ese proyecto de directiva que la Comisaria de Transportes presentó recientemente en Génova contiene una serie de servicios que, obviamente, son susceptibles de liberalización, pero hay otros, como puede ser el practicaje, que afecta a la seguridad marítima y que hay que tratarlo con mucha concreción, con mucha cautela y con mucha protección. Porque nos encontramos con un servicio que tiene una naturaleza doble: por un lado se dice que es un servicio portuario, pero toda la regulación, toda la determinación de las condiciones, la fijación de la existencia o no del practicaje viene regulado no por la autoridad portuaria, sino por la Dirección General de la Marina Mercante.
El practicaje tiene ese doble carácter: es seguridad marítima y, a su vez, es un servicio portuario porque se define como el asesoramiento a los capitanes de buques y artefactos flotantes para facilitar su entrada y salida a puerto, así como las maniobras náuticas dentro de éste. En definitiva, señor Ministro, el practicaje es una operación náutica dirigida a dotar de seguridad marítima en ese espacio portuario.
Por lo tanto, nos gustaría que el Ministro tuviera sensibilidad en esta materia, pues hay una preocupación en el sector de la seguridad marítima y del practicaje español. Por ejemplo, así como la selección de profesionales de la Administración, que no perciben su retribución de los Presupuestos Generales del Estado --entiéndanse los notarios, los registradores--, la selección de un práctico no es una cuestión de libre albedrío y sujeto a la libertad de empresa, la realiza el Ministerio de Fomento: convoca las oposiciones, prepara las pruebas, realiza el procedimiento de selección y habilita quiénes pueden ejercer la función del practicaje en los diferentes puertos españoles en los que esté fijada la obligatoriedad, que también corresponde al Ministerio de Fomento.
Por lo tanto, poniendo un ejemplo, entendemos que la seguridad no puede estar liberalizada y sujeta a la libre competencia de modo que a una empresa de transporte marítimo se lo preste quien menos precio le ofrezca. No ocurre eso en el transporte aéreo; los controladores aéreos son un servicio público prestado por personal dependiente de la Administración pública, y la seguridad marítima de acceso y salida de los puertos también tiene que estar prestada por un servicio público habilitado por el personal del Ministerio de Fomento, como es el practicaje. Lo mismo que ocurre en la seguridad pública, que no está sujeta a la libre competencia, ni la seguridad aérea ni la seguridad del tráfico mercantil, ni el tráfico jurídico, puesto que los prácticos pueden ser como los notarios o los registradores, unos los selecciona el Ministerio de Justicia y los otros el Ministerio de Fomento, pero no perciben retribución directa del Estado, sino de unas tarifas o cánones que al respecto se establezcan. Señor Ministro, nuestro Grupo le solicitaría sensibilidad al respecto, que no se fijaran mayores exenciones y amplitudes en cuanto a eximir del servicio de seguridad pública, y usted compareció aquí recientemente para dar cuenta del accidente que ocurrió en el puerto de Barcelona, con ocasión de una interpelación del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Señor Ministro, solicitamos que el Ministerio haga la gestión sobre una cuestión puntual del practicaje. En este momento hay un asunto que está aturrullado y sin salida,

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que es la transferencia puntual del servicio de practicaje a la Comunidad Autónoma del País Vasco. Simplemente es un traspaso de las tres personas que hacen falta y es un aspecto administrativo formal que está pendiente de resolución: depende de los puertos de Bermeo y de Ondarroa. Nosotros, señor Ministro, queríamos transmitirle la solución de este aspecto puntual.
En cuanto al tercer tema, señor Ministro, relativo a la seguridad marítima, es una cuestión de carácter supranacional, pero que tiene una enorme importancia porque estamos hablando de la vida humana, de la integridad física de hombres y mujeres, en definitiva, del valor más importante que tiene la humanidad, que es la vida y la integridad física de las personas. Además, y en segundo lugar, estamos hablando de la protección del medio ambiente marino, de los recursos naturales, de la flora y fauna marina. Sé que en España se han adoptado últimamente medidas de control, de inspección, de colaboración entre diferentes administraciones públicas en materia de seguridad marítima.
Recientemente, el pasado mes de mayo, se celebró un seminario internacional sobre seguridad marítima en Vigo, donde hubo representación internacional y del Ministerio de Fomento, y se habló de la preocupación sobre las sociedades de clasificación, sobre los mecanismos de control e incluso de tender --y el Ministerio de Fomento lo ha hecho a la creación de mesas institucionales de cooperación en materia de seguridad marítima, la primera que se ha constituido entre el Gobierno Central, Fomento y Pesca ha sido con la Comunidad Autónoma de Galicia. Esa política nos parece buena, señor Ministro, y nos gustaría que se avanzara en ese sentido.
Quisiera hacer referencia a otra cuestión. Se ha formulado una pregunta sobre la Agencia de Seguridad Marítima, de la que se está hablando, con la idea de estandarizar, homogeneizar las políticas de control que, efectivamente, puede ser positiva, pero, señor Ministro, quizá sería bueno aprovechar mejor los aparatos administrativos estatales que ya existen antes de crear otro aparato administrativo europeo, una agencia.
Me caben dudas y desconozco cuál sería la mejor tendencia, quizá fuese bueno ir hacia una estandarización. Me gustaría conocer su opinión sobre la posibilidad de la que se está hablando, en el ámbito de los transportes marítimos europeos, en relación con esa Agencia de Seguridad Marítima.
Como cuarto punto, en cuanto al salvamento, materia que está ligada a la seguridad marítima, es un servicio prestado por parte de los poderes públicos, pero puede serlo de los poderes centrales o de los autonómicos, depende. El sistema de distribución competencial hasta las 12 millas otorga la competencia a todas las Comunidades Autónomas del litoral que pueden operar --valga el juego de palabras-- en operaciones de salvamento y rescate dentro de esas 12 millas. A partir de ahí operan los servicios del Ministerio de Fomento a través de su brazo ejecutor, que en este caso es la Sociedad Estatal de Salvamento Marítimo, Sasemar.
Nuestra petición a este respecto, señor Ministro, es doble. En primer lugar, estamos finalizando la aplicación del Plan Nacional de Salvamento 1998-2001, que ha tenido un presupuesto de unos 30.000 millones de pesetas para dotar de centros de coordinación, de unidades de intervención aérea y de unidades de intervención marítima. A este respecto le pedimos, señor Ministro, que pacte el plan nacional con las Comunidades Autónomas; sin miedo. Sabemos que usted no tiene miedo a las Comunidades Autónomas, pero hay una tradición heredada de los tiempos...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, le ruego que vaya concluyendo.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Voy concluyendo, señor Presidente.
Hay una tradición heredada de los tiempos del anterior Gobierno socialista que ha permanecido inmóvil con el anterior Ministro. Por tanto, nosotros le pedimos que colabore en la elaboración de ese plan nacional de salvamento 2001-2004 ó 2001-2005 --depende del horizonte que se le dé-- con las Comunidades Autónomas.
En segundo lugar, ponga en marcha la comisión nacional de coordinación en salvamento marítimo. La Ley de Puertos lo prevé en su artículo 87. ¿Y sabe lo que ha contestado el Gobierno en una respuesta escrita? Dice que esa comisión no la han reunido nunca, ni la han constituido. No es muy sensato que la política del Gobierno --no de éste, porque ya viene heredada, hay una inercia administrativa-- en salvamento marítimo se realice con esos parámetros. Por tanto, le pedimos que vaya hacia esa cooperación, hacia esa colaboración, como el Ministro Posada reiteradamente pide en esta Cámara y que tiene intención de plasmar en esa ley de cooperación.
Fundamentalmente, son éstas las áreas a las que nuestro Grupo Parlamentario quería hacer referencia. Tenemos otras dos cuestiones, pero, en la respuesta en el turno de réplica tendremos oportunidad de debatir sobre ellas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señor Presidente, señorías, quiero agradecer al comienzo de mi intervención al Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos su cortesía para aplazar el debate de esta interpelación que tiene lugar en este Pleno del Senado, si bien debo reconocer que el Senador Gatzagaetxebarría ha aprovechado muy bien el tiempo del aplazamiento porque ha ampliado los límites de la interpelación bastante más allá de los que se había trazado en el día que en el registro de esta Cámara presentó formalmente la iniciativa parlamentaria. No estoy muy seguro de que los minutos de cortesía que conceda la Presidencia sean proporcionales a la extensión del ámbito de la interpelación. Por eso, me voy a permitir eludir o, por lo menos, dejar planteadas para otro momento o para otro foro algunas de las cuestiones. Para mí, además, hay temas particularmente atractivos.


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Siempre he sostenido, incluso, cuando hace muchos años estaba ya en esta Cámara, desde aquellos tiempos, que la política de construcción naval no se puede separar de la política de marina mercante. Siempre creí que era una única política. El Senador Gatzagaetxebarría ha hecho intervenciones que claramente reconocen esa necesidad. La política de construcción naval es un pilar de la política naval y es un complemento de la política de marina mercante. Por eso, hoy el crecimiento del transporte marítimo, la política de flota tiene su reflejo en el aumento de carga de los astilleros. Pero sabe su señoría que la política industrial y los astilleros corresponden a otro Ministerio de la Administración del Estado, razón por la cual, reconociendo el interés de su enfoque y mi entusiasmo por el mismo, no quiero entrar en terrenos que corresponden a otro colega del Ejecutivo.
Desde el punto de vista de la modernización del sector para la revitalización de lo que es propiamente el sector de la marina mercante, durante los últimos años el Ministerio de Fomento ha venido apostando por el registro especial de buques y empresas de Canarias, que es el que permitió adoptar la mejora de las bonificaciones ofrecidas, que quedaron establecidas en el 90 por ciento de la cuota empresarial a la Seguridad Social, el 90 por ciento en el Impuesto sobre Sociedades y el 50 por ciento de reducción en el IRPF, y que permitió la inscripción que buques, que a 31 de mayo de 2001 estaba en 223 inscritos, de los cuales 198 eran buques mercantes y 25 eran buques auxiliares, remolcadores, de salvamento, cableros y dragas. Estas ventajas fiscales les permite ahorro de costes y, como consecuencia, incentiva la renovación de la flota mercante y la competitividad de la misma.
También estamos desarrollando la política de concesión de avales del Estado para la adquisición de buques, avalando hasta el 27 por ciento del importe de los préstamos a los que tiene acceso el interesado, de acuerdo con una serie de requisitos establecidos por orden ministerial. Esto ha permitido que de las cuantías del año 1998 fijadas en la Ley de Presupuestos en torno a 4.500 millones de pesetas, en estos momentos dedicadas a financiar operaciones de inversión destinadas a adquisición de buques por navieras españolas, en los años 1999, 2000 y 2001 esta cantidad se ha incrementado hasta 6.500 millones de pesetas por anualidad. Es verdad, además, que el desarrollo del transporte marítimo a corta distancia es una política europea en la que colabora decididamente el Gobierno español en sus medidas de fomento del transporte marítimo a corta distancia y que en ese sentido todavía quedan abiertos nuevos mecanismos de utilización como la posibilidad de la amortización acelerada o la implantación del denominado impuesto sobre tonelaje, que ya están utilizando otros Estados miembros de la Unión, que estamos estudiando y que se concretarán en el futuro.
Le llamo la atención, ya que ha dado cifras del desarrollo de la flota que son cifras muy significativas, que durante el año 2000, ante la carencia de buques de la Unión Europea disponibles, se han autorizado transportes en régimen de cabotaje a buques de tercera bandera para el transporte de mercancías, y de hecho el año 2000 se autorizaron 505 buques para graneles sólidos que transportaron 1.640.000 toneladas y 305 buques de graneles líquidos que transportaron 2.400.000 toneladas. Hay ahí un reflejo concreto de cómo se está desarrollando en Europa y en España el transporte marítimo a corta distancia.
Desde el punto de vista de la seguridad de los tráficos, la política española y la política europea han marchado estrechamente unidas, y creo que España junto con otros países europeos está liderando los procesos de modernización de nuestra flota orientados principalmente a garantizar, en primer lugar, la seguridad de los tráficos en las costas europeas y con una evidente visión más solidaria que desde otros ámbitos de la política mundial de flota en relación con los riesgos que puede plantear a terceros países algunas de las medidas que sólo afectaran a buques que circulen por las costas europeas.
Estamos en estos momentos procurando que los nuevos dispositivos de separación de tráfico se traduzcan en un incremento de la seguridad de la navegación para evitar situaciones de riesgo en las trayectorias de los buques; estamos intensificando las medidas de mayor rigor en el despacho de buques, con actuaciones como el control de la vigencia de los certificados de seguridad o el cumplimiento del cuadro indicador de tripulaciones mínimas de seguridad, la adecuación de titulaciones profesionales o la disponibilidad de las listas de tripulantes en las capitanías marítimas. En este sentido estamos también en fase de tramitación en el procedimiento para dictar una nueva normativa reguladora de las tripulaciones mínimas de seguridad, para lo cual se está consultando al sector, a armadores, sindicatos, colegios y asociaciones profesionales; se está también trabajando en la línea de mejorar los medios de salvamento a bordo de los buques, que incluye transmisores portátiles de VHF para todo buque pesquero y al menos la mitad de las balsas salvavidas, chalecos y radiobalizas personales.
Hay planes de inspecciones a los buques participantes en la operación «Paso del Estrecho», programas de inspección intensiva, buques pesqueros y un trabajo permanente de incremento de la asunción de responsabilidades en materia de seguridad como pieza de primer orden en torno a las tareas de prevención para que sean asumidas por los propios protagonistas, empresarios y trabajadores del sector. De hecho, el pasado día 18 de junio, en Algeciras, se ha celebrado una jornada piloto sobre seguridad marítima cuyo objetivo era debatir con integrantes del sector --prácticos, controladores, oficiales de buque-- casos reales de accidentes marítimos, analizando actitudes positivas y negativas de las tripulaciones ya que, como seguramente conoce su señoría, los datos de la OMI indican que, en el 80 por ciento de los accidentes marítimos, la causa es el error humano. Repito que son datos de la Organización Marítima Internacional.
Adquiere en estos momentos una gran trascendencia --y por eso me parece muy oportuna la reiteración de sus reflexiones, que ya había hecho su señoría hace un cierto tiempo, ante esta Cámara, con ocasión de una moción-- todo lo que se refiere al capítulo de salvamento y lucha contra la contaminación.


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Está en marcha el Plan Nacional de Salvamento, el Plan Cuatrienal 1998-2001 que, como su señoría ha dicho, está dotado con 30.000 millones de pesetas. Pero lo más importante es que, en estos momentos, el Ministerio de Fomento está ultimando el borrador del plan de salvamento 2000-2005, que se diseña con la experiencia de los anteriores y con el objetivo de ir avanzando en la mejora de la respuesta a los riesgos crecientes, planteándose el diseño y los objetivos de mejora de buques de última generación, el diseño y construcción de embarcaciones de salvamento, el posible incremento de medios aéreos para rastreo y búsqueda en operaciones de salvamento, bien con aviones de ala fija, bien con helicópteros. Confío, señor Senador, en que este plan pueda alcanzar un formato definitivo en sede de Gobierno a lo largo del mes de septiembre, y espero que pueda ser presentado a las Comunidades Autónomas a partir del mes de octubre. Y ya le anuncio que, además de ser presentado a las Comunidades Autónomas, me propongo convocar una conferencia sectorial, a partir del mes de octubre, en la cual discutiremos, el Ministerio de Fomento y las representaciones de las Comunidades Autónomas, los diversos aspectos del plan de salvamento 2002-2005.
También le confirmo, señor Senador, que vamos a hacer un intento --no sé si será el definitivo, si es que a la tercera va la vencida-- para poner en marcha la comisión nacional de salvamento. Ha habido intentos en los años 1994 y 1995 que, al final, no han fructificado. En estos momentos yo no voy a revisar las razones por las cuales se han producido intentos que no han fructificado, pero esta comisión nacional de salvamento o se concibe como un órgano de coordinación o no tiene ninguna posibilidad de salir adelante, y la coordinación significa coordinación de las distintas administraciones en el ámbito de las competencias de cada una. La coordinación no es un eufemismo para que ninguna administración suplante o afecte competencias de otras administraciones. Por lo tanto, en los términos en los que figura en la Ley de Puertos que ha citado su señoría, el Gobierno está dispuesto a poner sobre la mesa un proyecto de creación de la comisión nacional de salvamento con el objetivo de convertirla en un órgano real de coordinación. Las Comunidades Autónomas tienen competencias reconocidas en aguas territoriales hasta las doce millas en materia de salvamento; el Estado, hasta la zona límite de salvamento, la que esté establecida en cada área territorial. Sobre esos puntos de partida intentaremos formalizar un avance basado en el criterio de coordinación entre administraciones que yo deseo que dé sus frutos.
Por lo tanto, en la medida en que su señoría puede colaborar activamente, desde su probado interés por que esta Comisión sea una realidad, espero que, entre todos, acertemos a definir el papel de cada administración y a diseñar una coordinación real en materia de salvamento marítimo.
En cuanto a la lucha contra la contaminación marítima, quiero destacar la creación de una base estratégica central de equipos de lucha contra la contaminación, que son equipos «containerizados», si es que se me permite la palabreja, para su inmediato transporte a cualquier punto de la costa donde se necesiten. De momento funcionamos inicialmente de esta manera.
¡Ojalá en su día las bases se puedan dispersar o desplegar por el conjunto de las zonas costeras sin necesidad de que haya una única! Los medios en el futuro nos irán marcando el camino a seguir. De hecho, en la lucha contra la contaminación se han invertido en el último año recursos por importe de más de 200 millones de pesetas.
El practicaje es un servicio portuario, por lo tanto, responsabilidad de las diferentes autoridades portuarias u organismos que gestionan los diferentes puertos autonómicos. No obstante, la autoridad marítima interviene en este servicio a los efectos de tutelar la seguridad marítima.
La Ley de 1992 de Puertos del Estado y de la Marina Mercante establece, entre otras competencias de la Administración marítima, la determinación de la necesidad de la existencia en un puerto de un servicio de practicaje, así como, en su caso, la no obligatoriedad de su utilización.
Por otra parte, el Reglamento General de Practicaje determina que la Dirección General de la Marina Mercante podrá establecer excepciones a la obligatoriedad de utilizar el servicio de practicaje en un puerto o grupo de puertos determinado a cuyo efecto podrá facultar a determinados capitanes y patrones de buques para no utilizar el servicio portuario de practicaje de puertos, buques y zonas de atraque concretas.
Las exenciones, hasta ahora, se otorgan una vez que los capitanes marítimos han evaluado las condiciones mínimas que deben cumplir tanto los buques como los capitanes al mando que deseen acceder a las mismas.
Estamos trabajando en la modificación del sistema para dotarlo de mayor eficacia y seguridad jurídica. En este sentido, estamos trabajando en estos momentos en un proyecto de orden ministerial, que también consultaremos con el sector, para regular las condiciones para el otorgamiento de exenciones al servicio portuario de practicaje.
Desde diciembre de 1998 se han llevado a cabo cinco procesos de habilitación de prácticos, habilitándose hasta la fecha un total de 94 prácticos. Está en fase de inicio un nuevo proceso de habilitación de acuerdo con el Reglamento aprobado por Real Decreto del año 1996. Para agilizar aspectos de la habilitación de nuevos prácticos sin merma de la seguridad también se encuentra en fase de consulta una reforma de determinados aspectos de la normativa que rige las condiciones de acceso y el desarrollo de las pruebas de aptitud para el ejercicio del practicaje.
Por otra parte, el servicio de practicaje, al igual que el resto de los servicios portuarios --remolque, amarre, manipulación de la carga y servicios de pasajeros-- están comprendidos en ese proyecto de directiva al que ha hecho referencia su señoría y que inicia en estos momentos su navegación institucional, por utilizar un término marino a la hora de hablar de procesos administrativos.
Ha sido presentado por la Comisión el pasado 13 de febrero a través de la comunicación denominada «Refuerzo de calidad de los servicios de los puertos de mar: una llave para el transporte europeo» y persigue la eliminación de las actuaciones restricciones que obstaculizan el proceso a los operadores de servicios portuarios al objeto de mejorar la calidad y la eficacia de dichos servicios mediante el aumento de la competencia y de la transparencia.


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Esta directiva --lo sabe su señoría-- no ha sido todavía estudiada en el seno del Consejo Europeo de Transportes. Confío en que cuando esté definitivamente aprobada sea un paso más en el objetivo de aunar competitividad y seguridad y a ella dedicará el Ministerio de Fomento una buena parte de sus esfuerzos.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Señor Ministro, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Termino.
Aunque me falte tiempo no quiero dejar de hacer referencia a una de las iniciativas más importantes en las que en estos momentos trabaja la Comisión, que es el paquete denominado Erika y la política de incremento de seguridad basada en las decisiones de construcción de petroleros de doble casco para garantizar que la seguridad marítima y la preservación del medio ambiente impiden accidentes como el que dando su nombre el buque Erika ocasionó aquellas consecuencias medioambientales en las costas francesas.
Este proyecto ha tenido distintos altibajos; se han producido conversaciones paralelas con la Organización Marítima Internacional precisamente para no crear dos mundos: uno, el de aquellos países por cuyas costas circulan buques de doble caso y otro, el formato por países en los que se permite la circulación de petroleros que no llevan doble casco y que, por tanto, son los que ofrecen riesgos.
Esperemos que en el seno de la Unión Europea y de la OMI podamos alcanzar las decisiones más acertadas para garantizar simultáneamente la seguridad de los tráficos y la preservación del medio ambiente en las costas europeas y en las del resto del litoral marítimo mundial.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría por un tiempo de cinco minutos.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, en ese tono coloquial ha comentado que había aplazado la interpelación y que había tenido tiempo de plantear muchos temas. Y usted y sus servicios administrativos han tenido tiempo para poner en marcha toda la maquinaria --de lo que me ha llegado la onda-- y preparar una buena información. Por tanto, los dos estamos en igualdad de condiciones.
De hecho, dispongo en este momento del texto de la interpelación en el que se plantean seis temas. En los incisos penúltimo y último se hace referencia a «los temas anteriormente indicados».
Con el tono coloquial y además constructivo que ha inspirado esta interpelación, quiero empezar por una reflexión sobre el practicaje. Ya sabemos que la directiva presentada por la señora Loyola de Palacio en Génova va lenta y que se están celebrando muchas reuniones.
Como usted ha dicho, hay un proyecto de orden ministerial del que también dispongo en este momento, pero el sector está descontento con el mismo y, ya que Marina Mercante ha establecido los criterios basados en una resolución administrativa, desea que se deje el asunto como está.
Señor Ministro, la seguridad marítima está funcionando bien en cuanto al servicio del practicaje con el límite de exenciones actualmente fijado.
Hay un consenso en el sector. No originemos malestar con una orden ministerial que está causando molestias. Sabemos que quien quiere abaratar costes, quiere que haya libre competencia, como desearía cualquier compañía aérea que piensan que pueden prestar los servicios de controlador, como Iberia, Air France o British Airways; Pinillos, Boluda o Contenemar no pueden prestarse ellos mismos un servicio de practicaje porque es un servicio portuario público, con una naturaleza doble, puesto que está regulado por Marina Mercante y por su Ministerio. Y Marina Mercante fija los puertos, las condiciones, la titulación y establece la selección de las personas que pueden intervenir en el puerto.
Por consiguiente, señor Ministro, repito, la seguridad marítima está funcionando bien y nosotros le animamos a que siga funcionando como hasta ahora; no vayamos a desregularizar la seguridad, como no se desregulariza la seguridad pública, la seguridad aérea, la seguridad del tráfico jurídico privado, el tráfico mercantil, etcétera. Consideramos que el Ministerio de Medio Ambiente ha de mantener lo que funciona bien y no originar distorsiones que desde nuestro punto de vista podrían ocasionarse.
Por tanto, les pedimos continuismo. Sigan haciendo lo que están haciendo y no cosas diferentes. El proyecto de orden ministerial en este momento puede dar lugar a disfunciones, a disconformidad en el sector y queremos solicitarle que no se vaya más allá de lo establecido por la dirección de Marina Mercante a este respecto.
Usted comentaba que ha habido habilitaciones, lo que es positivo. La cuestión de los dobles cascos es una negociación también doble, valga la redundancia. Por un lado, está la gestión que se realiza en el ámbito de la Organización Marítima Internacional y por otra las realizadas en el ámbito de la Unión Europea. La Organización Marítima Internacional ha fijado ya un período transitorio. En sus última reuniones del pasado mes de abril fija un período que abarca entre 2007 y 2012, creo recordar. Por ello, la Unión Europea tiene ese marco y la OMI es la agencia marítima de las Naciones Unidas. ¿Dónde vamos a ir los europeos en nuestra protección del medio ambiente? Evidentemente, tenemos sensibilidad política y medioambiental, pero ¿qué van a hacer nuestros competidores? Ese es el problema. Si la Unión Europea avanza hacia un sistema de seguridad sensato, racional, fortalecido y controlado en cuanto a las banderas de conveniencia ¿qué van a hacer los grandes pabellones de Panamá, Liberia, Vanuatu? Insisto, ése es el problema. Tenemos que participar en la vía europea, y más en la internacional para ofrecer esa vinculación porque, caso contrario, entraríamos en una competencia desleal en el tráfico marítimo porque se podría pensar en construir en unas condiciones

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pero otros pueden construir más barato, a menos costo, con casco sencillo. Creo que tiene usted sensibilidad a este respecto y podemos aproximar nuestros posicionamientos políticos.
En lo que se refiere a las medidas de revitalización, aparte de ese 90-50-90, del «task fist», y de los avales, está el impuesto por tonelada, que en estos momentos ya tienen países competitivos, como Grecia. Y aunque sé que usted lo apoyaría desde Marina Mercante, quisiera saber cómo se vería desde el punto de vista fiscal, es decir, cómo se consideraría desde el Ministerio de Hacienda y si en la ley de acompañamiento podría incluirse una modificación puntual del Impuesto sobre Sociedades.
En cuanto al plan nacional de salvamento, me congratula saber, como usted ha dicho, que lo tendremos en octubre y que lo vamos a consensuar. Esa es una buena noticia. Además, aunque usted no haya hecho referencia a ello, su señoría va a crear algo que nunca han hecho sus predecesores: una conferencia sectorial sobre salvamento marítimo, de la cual, repito, no hay precedentes ni en épocas de ministros socialistas ni con el señor Arias-Salgado. Insisto en que es una buena noticia que vaya a existir una conferencia sectorial en la que se va a tratar el salvamento y la contaminación marítima...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Gatzagaetxebarría, le ruego que concluya.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino en un minuto, señor Presidente.
Por lo que respecta a la comisión nacional de coordinación, obviamente, sería un órgano supeditado a la conferencia sectorial. Y eso es bueno para ponernos de acuerdo, debido a las disfunciones que ahora se producen --ya que Cantabria, Galicia o el País Vasco invierten en centros de coordinación, y también lo hace el Ministerio--, porque debemos tratar los dineros públicos con honestidad, honradez y racionalidad. Por eso es importante que a través de esa conferencia sectorial se creen esas líneas políticas con el fin de que funcione la subcomisión de cooperación o la comisión nacional de coordinación.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señor Presidente.
Señor Senador, poco más tengo que añadir a su segunda intervención.
Simplemente, que a la hora de considerar las responsabilidades de España en el seno de la Unión Europea y la responsabilidad que todos tenemos, españoles y europeos, en relación con los problemas de la aldea global que es el universo marítimo, lo que no se puede hacer es ponerse los lunes el uniforme de Kioto para hablar con los Estados Unidos, y los martes, el uniforme anti Kioto para no enfrentarse a los Estados Unidos.
Eso es una contradicción, y lo que se debe hacer es elegir un camino u otro.
Los Estados Unidos tomaron la decisión unilateral de prohibir la navegación de buques de doble casco a partir de una fecha determinada, con lo cual, condenaban a los buques de casco simple a circular por las costas del resto de los continentes. Esa es una buena medidade solidaridad para prevenir la contaminación: prevengo la mía, y se la endoso a los demás.
Por tanto, creo que la posición europea fue mucho más razonable dentro de las tres posiciones que ha habido en la Unión Europea, que finalmente han confluido en una: en llegar a un acuerdo con la Organización Marítima Internacional. En este sentido, creo que el proyecto de reglamento que se está elaborando se asienta en los acuerdos con la OMI sobre la base de que se incluya a todos los petroleros de más de 5.000 toneladas, se establezca el año 2007 como fecha límite para la eliminación de los petroleros de casco sencillos, los denominados pre-Marpol, y el año 2015 para los determinados como post-Marpol, con algunas excepciones más allá del año 2015 para un pequeño número de petroleros que tienen doble costado o doble fondo, pero no las dos cosas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Porque creo que también nos tiene que preocupar la contaminación en otras costas si verdaderamente ese famoso discurso de Kioto sirve los siete días de la semana, ya que algunas interpretaciones en nombre de la competitividad indican que sólo estamos dispuestos a enfocar los problemas de la aldea global algunos días y en algunos momentos.
Así pues, creo que la posición española ha sido coherente, y que la posición europea, que traslada el problema para que se dé una respuesta global en el seno de la Organización Marítima Internacional, también es una posición solidaria y responsable.
En segundo lugar, el Ministerio tiene definida una política de convocatoria de conferencias sectoriales, a las cuales hemos ido convocando por razones de oportunidad en función de los calendarios para hablar del modelo ferroviario, del nuevo plan de vivienda, etcétera.
Entonces, ¿por qué no vamos a hablar de política de Marina Mercante y de salvamento marítimo? Por tanto, no la enmarque usted en la excepcionalidad, sino en la normalidad, Y, como toda las conferencias sectoriales, tendrá un buen resultado si, además de que cada uno manifieste su posición, buscamos una salida común para actuar coordinadamente. Y será muy importante testimonialmente, pero muy poco operativa desde el punto de vista del salvamento, si cada uno de nosotros seguimos manteniendo, como si fuéramos una organización feudal, las competencias que trazan las rayas de nuestros límites territoriales.
Además, en esta materia, a la hora de la verdad, el día que ocurre un incidente en la mar nadie pregunta cuál es la competencia que tiene, sino que ofrece los medios de que dispone, lo que significa que, al final, lo que hace falta es una razonable ordenación en la asignación de medios y una operatividad de los recursos disponibles en materia de salvamento.


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Por tanto, yo confío en que esa reunión --que como le he dicho espero convocar con el documento del Plan 2002-2005 para el último trimestre de este año-- dé sus frutos, como espero que también esté entre ellos la tan demandada por su señoría, ejemplo de tenacidad en esa materia, Comisión Nacional de Salvamento.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO EN RELACION CON EL FOMENTO DEL ACCESO A LA VIVIENDA, INCLUIDO EN EL PLAN NACIONAL DE ACCION PARA LA INCLUSION SOCIAL 2001-2003, RECIENTEMENTE APROBADO POR EL CONSEJO DE MINISTROS (670/000076).


La señora PRESIDENTA: Interpelación del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno en relación con el fomento del acceso a la vivienda, incluido en el Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2001-2003, recientemente aprobado por el Consejo de Ministros.
Antes de que intervenga el Senador Beguer sus señorías tienen que autorizar, si lo desean, la continuación de esta sesión plenaria puesto que ya han transcurrido cinco horas sin que haya habido ninguna interrupción desde su inicio.
¿Lo aprueban sus señorías? (Asentimiento.) Para exponer la interpelación tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, el Consejo de Ministros celebrado el día 25 de mayo de este año aprobó el Plan Nacional de Acción para la inclusión social del Reino de España 2001-2003 siguiendo los compromisos acordados en los Consejos europeos de Lisboa y Niza. Con este plan se quieren coordinar todos los recursos disponibles en la lucha contra la exclusión con un tratamiento integral. Las líneas marcadas en el Consejo de Lisboa, concretadas el pasado diciembre en Niza, marcan cómo deben ser los planes por la inclusión social, que son mucho más que una lucha contra la pobreza, pues quieren transformarse en verdaderos ejes de acción y de compromisos para la integración e inserción social de los sectores más desfavorecidos.
Con éstas o parecidas palabras el Gobierno español ha aprobado hace poco más de quince días el mencionado Plan Nacional de Acción para la inclusión social. En sus objetivos se señalan en primer lugar, como elementos básicos y resumen de los mismos, el fomento del empleó y los demás recursos, derechos, bienes y servicios por parte de todos, es decir, vivienda, salud, educación y servicios sociales, y se señalan, además, otros objetivos que en realidad son matices para la consecución de los primeros. Se explicitan los siguientes: prevención de riesgos de exclusión, actuación a favor de los más vulnerables y movilización de todos los agentes. En resumen, el objetivo básico es el que hemos señalado anteriormente: fomento del acceso al empleo y a los demás bienes y servicios: vivienda, salud, educación y servicios sociales.
Como quiera que en el limitado tiempo de que disponemos es imposible atajar la globalidad del tema, y habida cuenta que seguramente el de la vivienda es un problema que la actuación del Estado no puede resolver de forma inmediata además de ser uno en los que más cuesta avanzar de forma satisfactoria, nuestra interpelación se va a centrar en este campo. Hay otros terrenos dentro de la explosión social: la salud, la educación y los servicios sociales, donde es posible esgrimir logros con más facilidad, y seguramente las actuaciones llevadas a cabo por los gobiernos últimamente han conseguido acercar estos bienes y servicios a todos los ciudadanos, servicios en los que, aun existiendo sin duda carencias, precariedades o desigualdades se ha conseguido avanzar.
En el campo de acceso a la vivienda, en cambio, los pasos que se vienen dando resultan insuficientes. Al colectivo en dificultades de inclusión social le resulta difícil acceder a este bien. Los medios que se habilitan generalmente se quedan cortos y, por otra parte, el campo es complejo dadas las diversas administraciones implicadas con competencias en planificación del suelo, principalmente municipales y autonómicas, y con criterios no siempre concordantes para abordar el problema.
Como el Gobierno muy bien conoce, la solución o reducción del problema de la vivienda pasa por un amplio y correcto enfoque en dos terrenos sustanciales: arbitrar las medidas legales necesarias y dotar estas medidas con el necesario presupuesto. De ahí que la aprobación del Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2001-2003 pueda abrir algunas puertas que nos hagan concebir ciertas esperanzas En primer lugar, aporta 4,2 billones de pesetas para el bienio junio 2001-junio 2003, presupuesto que se aporta en buena parte a través de fondos e iniciativas europeas, como el fondo social europeo y las iniciativas EQUAL y Urban, y en segundo término se indica que con este plan se inicia una nueva forma de trabajar, con una triple coordinación entre las administraciones públicas, el sector público y la iniciativa privada. Se especifica también que las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios deberán llevar a cabo planes de acción en las Comunidades Autónomas y en un número significativo de corporaciones locales.
Este importante programa, señorías, tiene ante sí en el campo de la vivienda un terreno extenso en el que actuar. Se encuentra con una realidad incontestable: las viviendas de protección social han dejado casi de construirse en España. Hace un rato, una pregunta en este sentido del Senador Herranz trataba esta problemática. Seguramente el señor

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Ministro llegue a cansarse de este asunto, porque creo que por la tarde tiene una interpelación parecida, pero ciertamente debe ser porque el tema es importante y de alguna manera quema. Es posible que ante este hecho de que las viviendas de protección social dejen de construirse alguien llegue a preguntarse si es que ya no son necesarias. La respuesta, evidentemente, sería: no, siguen siendo necesarias, sin duda alguna.
Referente al estricto planteamiento respecto a la inclusión social, es evidente que serían necesarias, como mínimo para este colectivo que se señala, en España alrededor del 18 ó 18,5 por ciento de familias que están fuera de lo que se llamaría la inclusión social, pero es evidente que son más los ciudadanos españoles que necesitan las viviendas de protección oficial. Sin embargo, la realidad es que año tras año se viene reduciendo su construcción sin que se haya hallado hasta el momento otro sustitutivo que estimule la construcción de viviendas subvencionadas que puedan estar al alcance de una amplia capa de la población.
La cuota de las viviendas protegidas pasó del 19 por ciento en 1997 al 8,1 por ciento en el 2000, con un goteo año tras año, con una reducción porcentual paulatina y en valores absolutos. Es decir, en 1997, de las 337.000 viviendas iniciadas, 64.000 eran de protección oficial, y en el 2000, de las 538.000 viviendas iniciadas, no llegaban a 44.000 las de protección oficial. Es decir, los objetivos que se había planteado el Gobierno de en el año 2000 construir 77.000 viviendas de protección oficial no se cumplieron. Y si en un exceso de optimismo considerásemos que la capacidad adquisitiva de los españoles es tan elevada que casi nadie requiere ayudas estatales, entonces dejaríamos el mercado de un bien imprescindible como es el de la vivienda al puro arbitrio de la ley de la oferta y la demanda, y ello significaría dejar que indefinidamente el precio de la vivienda libre fuese creciendo alrededor de un 10 por ciento anual. Ya sé que éste no es el criterio del Gobierno y, sin duda, tampoco del Ministro ni de ningún Grupo de esta Cámara.
Como sus señorías saben --y, sin duda, el Ministro lo conoce mejor que nadie--, el argumento principal que esgrimen los promotores de vivienda de protección oficial lo constituye la insuficiencia del precio básico; es decir, las 98.500 pesetas por metro cuadrado de superficie útil o, desde el pasado mes de febrero, las 100.500 pesetas, con una posibilidad de incremento por parte de las Comunidades Autónomas de hasta un 25 por ciento. Según los promotores, este precio es insuficiente pero, además, no es fácilmente asequible para algunas capas de población y todavía puede parecer más inasequible si se incrementa a precios reales de mercado.
El efecto perverso que se deriva de tener que acceder al mercado libre o quedarse sin vivienda por falta de construcción de protección oficial exige, señor Ministro, una profunda reflexión y quizá abordar de un modo valiente las ayudas para que un amplio colectivo pueda acceder a una vivienda digna.
Los promotores dicen que hay suelo edificable en España, que ya hay suelo calificado para edificar 60.000 viviendas de protección oficial, pero que no existen promotores --ni públicos ni privados-- que puedan acometer una construcción en la que será muy difícil cubrir costes.
La falta de construcción de estas viviendas perjudica especialmente --como pueden deducir fácilmente sus señorías--, a las familias de limitados recursos, que se ven forzadas a acceder a viviendas más caras empeñando su presente y su futuro, y sin soluciones alternativas. En el caso de ciudades como Barcelona, Madrid, Bilbao y las islas Baleares o Canarias, el pago de la hipoteca para comprar el piso supone más del 50 por ciento del salario medio y, en el resto de España, alrededor del 40 por ciento; es decir, siete puntos por encima de lo que se estima aconsejable. Estos niveles excluyen del acceso a la vivienda a amplios colectivos, especialmente a aquellas familias con sólo un salario o con bajos ingresos y aunque no ignoramos, señor Ministro, que la situación a finales de los años ochenta y principios de los noventa era peor, ello no significa que la situación actual sea idónea.
Con la entrada en vigor del Real Decreto del 9 de febrero de este año, que mejora las condiciones de adquisición de viviendas protegidas y actualiza los precios --como antes he mencionado--, se ha querido hacer frente a esta situación. Este incremento es escaso, como sin duda no se le escapa al señor Ministro, y suponemos que no se ha querido aumentar más para evitar repercusiones en el IPC. En cualquier caso, dentro de este real decreto hay algunas medidas que podemos valorar positivamente, por ejemplo: la nueva ayuda a la entrada para la compra de viviendas o el incremento de las ayudas a la producción de suelo no urbanizado.
Sin embargo, señor Ministro, no seríamos justos si pensáramos que la solución de los problemas que acabo de analizar es obligación del Gobierno y nos olvidásemos del papel que pueden y deben jugar las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos. No cabe duda de que sin unos y otros va a ser difícil, por no decir imposible, conseguir vivienda digna para los españoles.
Dentro del marco de las competencias estrictas del Gobierno está el arbitrar un conjunto de medidas económicas y financieras, dotadas presupuestariamente y con un seguimiento próximo para conseguir que se cumplan, para impulsar la construcción de viviendas, facilitar su rehabilitación y facilitar su alquiler mediante un subsidio. Las familias con ingresos reducidos, con ancianos a su cargo, con personas con minusvalía, los jóvenes, las mujeres maltratadas que han de dejar su hogar y las partes más débiles de una separación matrimonial son colectivos que pueden y deben recibir ayudas especiales, como asimismo pueden recibirlas quienes construyan o rehabiliten viviendas con este fin. Algunas de estas cuestiones se están llevando a cabo, pero, sin duda, en un marco inflacionario e insuficiente.
Nos hallamos, por tanto, señor Ministro, en el término del Plan de Vivienda 1998-2001, que suponemos que se habrá de sustituir en breve por uno nuevo, probablemente también de carácter trienal, y al tiempo, como decíamos, se está iniciando el Plan Nacional de Acción para la inclusión social 2001-2003, aprobado por el Consejo de Ministros

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del 25 de mayo, y que forzosamente ha de tener como uno de sus tres o cuatro objetivos prioritarios la política de vivienda. Trabajo, sanidad, educación y vivienda son probablemente los cuatro pilares básicos sobre los que se asienta la inclusión social; sin ellos nos hallamos ante una u otra forma de marginación.
Señor Ministro, al plantearle esta interpelación no sólo queremos la importancia de una adecuada política de vivienda; queremos manifestarle que nos encontramos ante la confluencia de dos hechos importantes para este sector de su Departamento: el fin de un Plan de Vivienda 1998-2001 y la necesidad de abordar uno nuevo o modificar el anterior y, por otra parte, la aprobación por el Gobierno de un Plan de Acción para la inclusión social 2001-2003. La vivienda ha de ser una materia prioritaria y nos gustaría oírle decir que así será y que se hará con medios verdaderamente eficaces.
Como resumen, nos preguntamos ¿qué objetivos se planteará el Gobierno? ¿Con qué medios se luchará para alcanzarlos? ¿Se dotará de unos presupuestos acordes con los objetivos del plan? Señor Ministro, nos gustará conocer sus criterios al respecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Senador, el Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social ha sido elaborado bajo la coordinación del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales, en cumplimiento del compromiso asumido por los Estados miembros de la Unión Europea durante la Cumbre de Niza, celebrada en diciembre de 2000. El Consejo Europeo de Niza aprobó, de conformidad con las conclusiones de los anteriores de Lisboa y Feira, la llamada Agenda Social Europea, en la que se contenían las prioridades de actuación en el ámbito social hasta el año 2005. La lucha contra cualquier forma de exclusión y de discriminación constituye una de las orientaciones estratégicas para la política social, como un elemento clave a la hora de favorecer la integración social y de trabajar en pos del nuevo objetivo estratégico de la Unión Europea para la próxima década: convertirse en la economía basada en el conocimiento, más competitiva y dinámica del mundo, capaz de crecer económicamente de manera sostenible con más y mejores empleos y con mayor cohesión social.
En la Agenda Social se contienen entre otros los objetivos comunes para definir una estrategia europea de lucha contra la pobreza y la exclusión social. Sobre esta base España, igual que el resto de los Estados miembros, ha elaborado un Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2001-2003. Este plan es fruto de la colaboración de los distintos estamentos públicos y privados y ha sido elaborado con propuestas y participación de administraciones públicas (Estado, Comunidades y Ciudades Autónomas y Administración local), los agentes sociales (sindicatos y empresarios), la sociedad civil (ONGs y fundaciones) y expertos tanto de universidades como de colegios profesionales y otras instituciones.
Las medidas se articulan en torno a la consecución de cuatro objetivos: empleo y acceso a los recursos, prevención de riesgos de exclusión, actuaciones a favor de grupos específicos de las personas más vulnerables y movilización de todos los agentes. Es algo más que un plan contra la pobreza entendida como carencia de recursos económicos, ya que aborda la exclusión social desde una óptica integral en la que se aborda también el ámbito de la vivienda, es decir, el acceso a una vivienda digna.
Las ideas fuerza que subyacen bajo el enfoque y los objetivos del Plan Nacional para la Inclusión Social son las siguientes: primero, una nueva forma de hacer para la inclusión que implica mejorar el modelo de funcionamiento de los servicios sociales; segundo, un empleo de calidad para todos, incorporando a los colectivos en riesgo de exclusión en general y, fundamentalmente, a grupos de jóvenes, mayores de 45 años, mujeres y personas con discapacidad; tercero, recursos dignos para vivir, con especial referencia a las rentas mínimas de inserción, pensiones mínimas y ayudas para situaciones de emergencia; cuarto, servicios comunitarios para calidad de vida; quinto, enseñar y capacitar para aprender a los menos favorecidos y a los vulnerables; sexto, romper la brecha digital, facilitando el acceso de los más desfavorecidos a las nuevas tecnologías; séptimo, una salud integral; octavo, un techo digno para todos --aquí es donde entrarían las políticas de vivienda--; noveno, conciliación entre vida familiar y laboral, y, décimo, un compromiso compartido entre todos los agentes implicados en el desarrollo del plan.
El plan, de conformidad con las directrices marcadas por Europa, contiene un importante catálogo de medidas en las áreas de servicios sociales, vivienda, educación y sanidad, y prevé actuaciones específicas a favor de las personas más vulnerables: mayores, mujeres, jóvenes, niños y familias en riesgo de exclusión, población gitana, inmigrantes y personas sin hogar. Contempla igualmente el papel creciente del tercer sector de acción social a favor de la integración e inserción de los más desfavorecidos, estimulando además la participación de las personas implicadas y la colaboración con el sector público.
La puesta en marcha del plan y su desarrollo implican además un importante esfuerzo presupuestario que, como su señoría ha subrayado, se estima en cuatro billones doscientos mil millones de pesetas para el plazo de vigencia del mismo.
El sector de vivienda ha sido identificado como de fundamental incidencia en estos procesos de integración social. Por eso, el Ministerio de Fomento ha colaborado activamente con el de Trabajo y Asuntos Sociales en las reuniones de trabajo, en la aportación de información sobre acciones y propuestas, a través de las Direcciones Generales de la Vivienda.
En España, la política aplicada para paliar la falta o inadaptación de la vivienda como causa de exclusión se compone de diversas actuaciones que se llevan a cabo a distintos

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niveles de la Administración, a través de planes o programas estatales, regionales y municipales, y la población a la que va destinado el Plan Nacional para la Inclusión Social es el conjunto de familias con ingresos inferiores a dos millones y medio de pesetas. A estas familias van también destinadas las viviendas de promoción pública que promueven el Estado, las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos, que son las Administraciones competentes en esta materia, desde la distribución competencial existente en España tras la Constitución Española y los Estatutos. Por tanto, no hemos tenido que mover el listón de nuestros objetivos de política de vivienda para adaptarnos a los objetivos de este Plan para la Inclusión Social.
A ello el Gobierno viene dedicando importantes volúmenes de recursos, por encima de cien mil millones de pesetas en los presupuestos generales de cada año que aprueban las Cortes Generales, y que, como saben sus señorías, no han sido reducidos ni recortados en los últimos años. Por ello, cuando ahora, bajo el impulso de la iniciativa europea y de la propuesta española del Plan Nacional de Acción para la Inclusión Social 2001-2003 se plantean acciones en materia de vivienda, debo decir, señorías, que en buena parte no suponen impulsos para modificar sustancialmente las líneas de actuación que se venían desarrollando.
Es verdad, como su señoría señalaba, que a lo largo de los últimos años se han producido unos fenómenos de cambio de tendencia en la promoción y en la adquisición de viviendas que deben ser examinados a la luz de los datos, y no a la luz del simple voluntarismo político, como ejercicio base para criticar al Gobierno, cosa que por otra parte me parece muy legítima, pero que creo que no contribuiría en nada a resolver el problema.
Sería bueno recordar que las actuaciones financiadas por el Estado y promovidas por las administraciones públicas en materia de viviendas de protección oficial --teniendo en cuenta no sólo las de nueva construcción sino también la rehabilitación de viviendas, que parece que en determinados momentos se intenta fomentar y en otros se descuenta de las estadísticas-- han sufrido una disminución pasando de las 108.000 actuaciones en el año 1996 hasta las 82.000 en el año 2000.
Por lo tanto, hay una reducción significativa del número de actuaciones financiadas con cargo a los planes de vivienda de protección oficial, y en estos casos no ha habido incrementos de precio en la vivienda de protección oficial; al contrario, durante este período de tiempo el precio de la vivienda de protección oficial ha estado congelado en España, independientemente del margen de maniobra que en la fijación de precios tenían y siguen teniendo las Comunidades Autónomas.
Así pues, en la disminución de la oferta y de la demanda de viviendas de protección oficial son otros factores, no el precio oficial de la vivienda, los que han producido el cambio cualitativo y cuantitativo que estamos discutiendo, porque al mismo tiempo ha crecido espectacularmente la vivienda libre, que no tiene ayudas y cuyo precio, además, se ha disparado de una manera mucho más significativa a consecuencia del mercado libre. Así, en el mismo período hemos pasado de 221.000 actuaciones en el año 1996 a 489.000 en el año 2000.
Eso significa que los compradores españoles, los adquirentes de viviendas, no han sufrido los efectos disuasorios del incremento del precio de la vivienda porque su capacidad adquisitiva les permitía pasar del campo de la vivienda de protección oficial a las mayores posibilidades y disponibilidades que exige la vivienda libre.
El fenómeno al que nos enfrentamos, señorías, es, por una parte, el encarecimiento de los costes de las viviendas y, en particular, de las viviendas de protección oficial, y a eso hay que darle una respuesta entre todos. El Gobierno, el Estado, tiene limitadas competencias en materia de suelo, que por ser escaso es el principal factor de encarecimiento de los costes de la vivienda. Desde la modesta competencia del Estado hemos adoptado hace un año medidas para intentar contribuir al abaratamiento del suelo y estamos intentando trasladarlas a un acuerdo en la tramitación como proyecto de ley del decreto-ley convalidado y, en estos momentos, tengo que reconocer que no se han producido avances en los acuerdos con los diferentes grupos políticos en el Congreso. Esto es lo que puedo decir desde el Gobierno. Creemos que tenemos unas competencias y las hemos utilizado en la dirección más oportuna porque el suelo sigue siendo la causa principal del encarecimiento de los costes.
En estos momentos, señorías, creo que sería necesario reconocer que con los niveles actuales de costes y de precios hay todavía familias por debajo de esos niveles de renta que no pueden acceder a la adquisición con las ayudas actuales de viviendas de protección oficial.
Las ayudas que en estos momentos se están facilitando, por ejemplo para las viviendas del régimen especial, les recuerdo que son préstamos por el 80 por ciento del precio de la vivienda, a un interés que es el 85 por ciento de los tipos de interés medio del mercado, sin comisiones, y subvenciones del 5 por ciento del precio si es la primera adquisición de vivienda. Además, para estas familias con menos de dos millones y medio de pesetas de ingresos familiares, subsidios durante quince años del 15 por ciento del importe del préstamo más los intereses. Estas ayudas también se proyectan sobre el alquiler, a los promotores. Para diez años de alquiler se conceden subsidios del 30 por ciento del préstamo durante cinco años y del 20 por ciento del sexto año al décimo, y para alquileres de 25 años, los subsidios son del 50 por ciento durante los cinco primeros años y del 40 por ciento del préstamo del año sexto al año vigésimo quinto.
En estas condiciones todavía hay familias españolas que no pueden acceder a la adquisición de viviendas en propiedad o al alquiler de viviendas, y ésa es la razón, no el fracaso de una política de vivienda que ha tenido sus resultados y que precisamente por el aumento de la renta disponible de las familias se ha traducido en un espectacular crecimiento del mercado de viviendas libre. Precisamente porque en la actual situación de precios y de costos y con este nivel de ayudas quedan todavía excluidas socialmente familias españolas imposibilitadas de adquirir una vivienda, es por lo que hemos anunciado la negociación del

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plan 2002-2005 con un carácter básicamente de mucha mayor ambición social en el diseño de las ayudas, a fin, repito, de facilitar las ayudas necesarias a esas familias que, en los términos actuales, hoy todavía no son capaces de acceder a una vivienda digna.
Y esto ya lo anunciamos hace varios meses, está sobre la mesa de las conversaciones con el sector, por supuesto es conocido de esta Cámara e invito a los grupos políticos a participar en cuantas iniciativas redunden en un acertado paquete de medidas que se suman a las que ya se han puesto en marcha este año --como por ejemplo las ayudas para la entrada-- y que podrán integrarse en el marco de las líneas básicas no sólo de la política de vivienda derivada de los compromisos constitucionales del Gobierno en el ámbito de la política nacional, sino que también se pueden enmarcar en el Plan Nacional de acción para la inclusión social 2001-2003 trazado bajo el impulso de la Agenda Social Europea.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, gracias por su exposición. En definitiva, a través de sus palabras vemos que, ciertamente, el enfoque que se va a dar en este nuevo plan de la vivienda 2002-2005 va en la línea que exponíamos en nuestra interpelación, es decir, dar una prioridad importante a estos sectores en exclusión para combinar de alguna manera el plan estatal de vivienda 2002-2005 con este Plan Nacional para la inclusión social 2001-2003.
Efectivamente, este Plan Nacional abarca muchos sectores en exclusión --personas mayores, personas sin hogar, discapacitados, inmigrantes, mujeres--, pero queremos hacer hincapié --ya lo hemos manifestado anteriormente-- en un tema que, desgraciadamente, está candente, el de las mujeres maltratadas, que muchas veces no abandonan su hogar por no tener un acceso fácil a otra alternativa, y donde el Gobierno tiene un campo importante de actuación.
Hay otros aspectos en los que, sin duda, con un máximo interés podrá perfeccionarse la actuación, aunque sabemos de esta dificultad de colaboración con otras Administraciones Públicas, concretamente en el caso del suelo, dada la diversidad de esas competencias. Pero debe extremarse al máximo esa posibilidad porque ello puede dar lugar no sólo a tener suelo disponible, sino además a la construcción de viviendas de promoción pública que ayuden a resolver este problema.
En esta línea, creemos que actuar de una forma decidida en el campo de los alquileres de cara a bonificarlos --sea mediante medidas fiscales, sea mediante medidas para facilitar rehabilitación de viviendas o de utilización de viviendas hoy desocupadas-- puede dar lugar a una fracción de solución que seguramente no sería muy costosa y en cambio podría cubrir un campo para estas personas o familias que, como decía el Ministro, tienen unos ingresos menores de 2.500.000.
Estaremos todos de acuerdo en que actualmente el Plan de Vivienda no se cumple por completo, o por lo menos desde nuestro punto de vista, no se cumple de un modo suficientemente satisfactorio, por lo que deben habilitarse los medios necesarios para que se cumpla, incluso para que los Presupuestos que el Estado prevé puedan realmente utilizarse, ya que, en ocasiones, no sucede así por no preverse con una mayor objetividad.


La sepra PRESIDENTA: Le ruego vaya concluyendo, Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Señora Presidenta, termino enseguida.
Estimamos que si el Gobierno se implica en este aspecto, tanto en la línea de alquileres como en lo social y colabora con las distintas administraciones, será posible actuar de un modo eficaz y decidido dentro de este nuevo plan estatal y nacional para la inclusión social.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Señora Presidenta, señorías, comparto básicamente las aportaciones que ha realizado el señor Senador en esta segunda intervención al fondo del problema, y me voy a permitir, a los efectos de confirmar con datos algunas de las afirmaciones que he efectuado en mi primera intervención, reafirmar que las dificultades que en estos momentos existen tampoco derivan de la falta de recursos disponibles en los Presupuestos Generales del Estado para estas atenciones.
Precisamente porque hay recursos disponibles, al mismo tiempo que disminuía la oferta de viviendas de protección oficial y se reducía el número de actuaciones de viviendas de nueva construcción, han empezado a crecer otras líneas de actuación también de carácter social. En el año 1996 se financiaron 18.333 actuaciones de rehabilitación, en el marco de las características de viviendas protegidas, y en el año 2000 se han financiado 44.744 actuaciones como consecuencia de que, al existir muchas iniciativas de nueva construcción, los recursos disponibles se canalizan hacia otras alternativas también de carácter social y muy útiles, como es la línea de rehabilitación.
En segundo lugar, señor Senador, ha subrayado en su intervención la insuficiencia de las actualizaciones de precios que ha efectuado el Gobierno, bien directamente en el precio básico nacional, bien ampliando la horquilla al 25 por ciento que sobre el precio básico nacional pueden aplicar las Comunidades Autónomas. Si estos aumentos no son suficientes para estimular a los promotores, su señoría compartirá conmigo que, en esas circunstancias, si con un aumento de precios en el año 2001 del 10,90 por ciento en el régimen general o del 17 en el régimen especial no es

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suficiente y hay que actualizar la capacidad de oferta de protección oficial por la vía de precios, deberá ser mucho más potente la línea de ayudas que tracemos en el Plan de vivienda 2002-2005.
Esa es la razón por la que, sin plantear reducciones de recursos dentro de los Presupuestos Generales del Estado, pensamos en la necesidad de que se construyan viviendas de protección oficial con las actualizaciones de precios, que se prevean también ayudas más potentes por la vía de subsidiación de intereses, por la vía de subsidios al importe total de la vivienda, para llegar a alcanzar a ese nivel de familias que hoy están excluidas socialmente del grupo de aquellas que pueden acceder a una vivienda digna.
Esas son las bases sobre las que estamos trabajando y espero responder en el último trimestre de este año ante sus señorías de las líneas básicas de este plan, que me gustaría pudiera entrar en vigor desde el 1º de enero del cuatrienio al que corresponde, que es el 1º enero de 2002.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto.


Se suspende la sesión a las quince horas y quince minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y veinte minutos.


La señora PRESIDENTA: Se reanuda la sesión.


INTERPELACIONES (Continuación):

-- DE DON RAMON ANTONIO SOCIAS PUIG, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS CARENCIAS DEL TRANSPORTE SANITARIO URGENTE Y LA NECESIDAD DE MEJORARLO EN LAS ZONAS DE GRAN CONCURRENCIA TURISTICA DURANTE LA EPOCA ESTIVAL (670/000079).


La señora PRESIDENTA: Interpelación del excelentísimo señor don Ramón Antonio Socías Puig, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las carencias del transporte sanitario urgente y la necesidad de mejorarlo en las zonas de gran concurrencia turística durante la época estival.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Socías.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, en las últimas semanas las deficiencias del transporte sanitario urgente en las Illes Balears ha vuelto, por desgracia, a ocupar muchas portadas y muchas planas de los medios de comunicación, llegando incluso a poner de acuerdo a todos los representantes de nuestra Comunidad en esta Cámara, ya que tanto desde el Grupo Parlamentario Mixto, a través del Senador Cámara, como desde el Partido Popular, a través del Senador Ruiz, se han presentado iniciativas coincidentes con las de nuestro Grupo tendentes a solicitar la mejora de un servicio básico en la atención de las urgencias sanitarias como es el del transporte urgente tanto terrestre, como aéreo.
Así pues, he presentado esta interpelación sin ningún ánimo inquisitorial, sin querer hacer de este tema un tema de acoso al Gobierno y sí con la voluntad de que sirva como recuerdo de un problema que urge solucionar por encima de posturas partidistas para dar respuesta a la lógica preocupación y demandas de una población que se siente desconcertada por unas deficiencias que son incomprensibles en una comunidad que depende básicamente del buen funcionamiento del sector servicios.
Haciendo un repaso de los hechos, nos encontramos con una situación que arranca con la aplicación del concierto, firmado el 1 de septiembre de 1999 entre el Instituto Nacional de la Salud y la Unión Temporal de Empresas, Ambulàncies Illes Balears, quedando como consecuencia del mismo el servicio de transporte urgente en nuestra Comunidad en una situación prácticamente monopolística, por lo que cualquier incidencia que acaeciese a la empresa adjudicataria comprometía seriamente a la realización del servicio.
Efectivamente, una simple consulta al Registro Mercantil demuestra claramente la situación accionarial de las empresas que formaban la UTE y que sugiere ese monopolio, que presumiblemente ha dificultado la toma de medidas que corrigieran los problemas detectados, ya que, si no, no se entiende que se haya tardado tanto en resolver una situación de deterioro continuo que se agravó considerablemente ahora hace un año. Así pues, en la primavera de 2000 se evidenció un fuerte enfrentamiento entre la Dirección Terrritorial del Insalud, por una parte, y la Dirección de Ambulàncies Illes Balears, por otra.
Tras múltiples reclamaciones por mal funcionamiento del servicio prestado por la empresa, desde diferentes ayuntamientos de distinto signo político, por distintos cuerpos de seguridad, policías locales, guardia civil de tráfico, policía nacional, bomberos, etcétera, se amontonaban tanto en el Insalud como en la Consellería de Sanidad. Al mismo tiempo, las quejas y denuncias de los usuarios por las continuas demoras en la prestación de los diferentes servicios llegaban a diario a los diferentes medios de comunicación y a las ventanillas de las distintas Administraciones.
Ante esta situación, que se iba agravando con el paso de los días, se produjo un intercambio de declaraciones entre el director territorial del Insalud y el director de la empresa que dejaron perplejos a los ciudadanos que asistían atónitos a las descalificaciones por una y otra parte de un concierto firmado apenas hacía medio año.
Mientras tanto se producía, para añadir más leña al fuego, la entrada en el conflicto del sindicato Comisiones Obreras, que denunciaba --y cito textualmente-- graves irregularidades e incumplimientos del contrato con el Insalud de la UTE Ambulàncies Illes Balears. Se basaba el sindicato en toda una serie de hechos que iban desde el incumplimiento

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de diferentes normativas, reglamentos y reales decretos hasta el supuesto déficit de medios de transporte que el convenio contemplaba. Es decir, menos ambulancias de las previstas y ausencia del personal titulado preciso para equipar las unidades medicalizadas; en concreto, se denunciaba la falta de médicos y enfermeras para cubrir determinados servicios.
Por su parte, el director territorial se quejaba del déficit presupuestario en el transporte sanitario, a la vez que pedía a Madrid la rescisión de un contrato que hacía poco más de seis meses le había parecido bueno.
Por otra parte, en el otro lado de la polémica el director de la UTE-AIB reclamaba más dinero para prestar el mismo servicio al que se había comprometido al aceptar las condiciones del concurso abierto número 8/99, que rebajaba en 300 millones y en 32 ambulancias la dotación que existía en el año 1999, pasando de 1.148 millones en 1999 a 852 en el 2000 y de 120 ambulancias a 88.
Evidentemente, esta reducción de ambulancias y de presupuesto para dar las mismas prestaciones no podía significar una mejora del servicio, como así sucedió. La aplicación del convenio resultó desastrosa. La empresa reclamaba un aumento en 40 ambulancias y en 600 millones para dar el mismo nivel del año 1999. Ante la negativa del Insalud, que se aferraba --como es lógico-- al cumplimiento del convenio, se empezaron a producir posturas de fuerza por uno y otro lado. El Insalud acusó a AIB de retardar el traslado de enfermos, mientras que AIB iba al juzgado a reclamar porque le acusaban de lesionar los derechos de los enfermos. La AIB, a su vez, llevó a cabo una huelga de celo que afectó gravemente a los usuarios. El 24 de junio hubo una manifestación de trabajadores y de ambulancias que colapsó el centro de Palma.
El Insalud tuvo que recurrir a traer vehículos de la península para poder realizar los servicios, precisando de la colaboración de los Cuerpos de Seguridad del Estado y del Ejército para conducirlos. A esto hay que añadir una denuncia de la empresa adjudicataria en la que se decía que los vehículos que se habían traído de la península no cumplían las condiciones específicas para poder desarrollar el servicio para el que eran destinados.
La situación se convirtió en esperpéntica y daba una mala imagen en plena temporada turística. Al final, se alcanzó un acuerdo que desconocemos en su totalidad pero que parecía pasar por un incremento en la compensación económica para la empresa a la vez que por una resolución del convenio y la convocatoria de un nuevo concurso que contemplase un fraccionamiento de los distintos servicios a prestar. Sabíamos que estaba previsto que en este mes de junio fuese posible convocar ese nuevo concurso, pero estamos a punto de acabar el mes y no se ha convocado ni se ha rescindido el contrato con Ambulàncies Illes Balears.
Persisten, por tanto, los mismos problemas, ya que el Insalud no puede controlar las prestaciones que le da la empresa y ésta, al cobrar un precio fijo, no tiene ningún estímulo para mejorar su servicio. Aunque no ha llegado la temporada alta, han empezado a repetirse los mismos problemas del año pasado. Por desgracia, en estas últimas semanas dos personas han fallecido --entre ellas, un bebé de menos de un año-- esperando el transporte adecuado para su traslado; y esta semana otro niño ha esperado más de diez horas para ser evacuado en un avión-ambulancia.
Sabemos, señora Ministra, que desde el Ministerio que usted dirige se conoce la realidad de primera mano y que tienen la intención de convocar un nuevo concurso. El problema no es achacable directamente a nadie en concreto, sino que hay una serie de circunstancias que han provocado que se llegase a este deterioro del servicio; por un lado, el aumento de la demanda, por otro, la concentración de la oferta y, por último, la disponibilidad presupuestaria. Todo esto son condicionantes que han retardado la resolución del déficit que presenta el transporte sanitario en nuestra Comunidad Autónoma. Por eso, al acercarse la temporada alta con el incremento de habitantes y de las necesidades en el servicio que eso supone, y para evitar que lleguen a darse hechos como los de año anterior, hemos presentado esta interpelación para conocer los planes de su Ministerio, con vistas a solucionar de forma definitiva los problemas, las carencias del transporte sanitario urgente en las Illes Balears.
Muchas gracias por su atención. Espero que pueda proporcionarnos un poco de luz para salir de este pozo en el que nos encontramos actualmente.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Socías.
Para contestar a la interpelación en nombre del Gobierno, tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
No voy a hacer un relato como el de su señoría sobre lo que ha ido sucediendo en las Islas Baleares a lo largo de este tiempo. Creo que ha puesto un punto de más en cuanto a dramatismo y a exageración, lo cual me parece lógico en tanto en cuanto es un relato rápido sobre acontecimientos, algunos de ellos, por fortuna, menos graves de lo que usted ha reflejado. Respecto a otros, comparto su gravedad.
Al final de su intervención ha definido usted cuál es realmente el problema de la asistencia sanitaria en ambulancias, en urgencias, sobre todo en las zonas donde los cambios poblacionales son bruscos, como sucede en las turísticas, que es el caso de las Islas Baleares. En el convenio al que usted ha hecho referencia y que fue adjudicado --porque se lo llevó-- a Ambulancias de las Islas Baleares, una UTE, hay un planteamiento diferente en los seis meses de invierno, donde hay una ambulancia de soporte básico asistencial para 24 horas y siete de 16 horas de servicio, mientras que en los meses de verano hay siete de 24 horas y cuatro de 16 horas.
Hay que adecuar la realidad a la demanda. Usted ya ha planteado claramente cuáles son los problemas: el aumento de la demanda, la necesidad del cambio profundo que se ha producido en las evacuaciones sanitarias de emergencia debido a las normas nacionales adaptadas por el Ministerio de Sanidad y por el de Fomento, unidas también a los desarrollos legislativos llevados a cabo por las

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Comunidades Autónomas, han logrado lo que yo entiendo que es una mayor seguridad en la prestación de este servicio. Pero, como es lógico, ha hecho que se produzca al mismo tiempo un encarecimiento y una exigencia mayor, y tenemos que responder a estos dos criterios. Este es el planteamiento que tiene en este momento el Ministerio de Sanidad y Consumo.
Es cierto que existe un aumento de la demanda; es cierto que, a pesar de que se vuelve a renovar y se vuelve a ampliar, como usted bien ha dicho, el contrato con esta UTE para ampliarlo con 28 ambulancias más no asistenciales, los medios siguen siendo escasos. La prestación del servicio a través de los helicópteros, que son dos, desde nuestro punto de vista tampoco es eficaz ni eficiente en estos momentos.
Existe un problema al que usted también ha hecho referencia, que es la concentración empresarial que se produce de forma clara en una situación tal como es la de un conjunto de islas como las Baleares que dificultan la presencia de una competencia mayor que haría posible la prestación de un servicio mucho mejor, y que hace que las tres empresas presentes en las islas formen una UTE y se presenten a este concurso. Nosotros pensábamos, sinceramente, que al unirse iba a mejorar el servicio y, sin embargo, lo que se ha producido ha sido la suma de deficiencias y no la mejora de éstas. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Como es natural, existe un límite presupuestario, como en todo, Senador, pero la ampliación de este contrato con esta UTE es una aportación importante de dinero para prestar un mejor servicio. No obstante, es muy cierto, como usted bien ha dicho, que los problemas no se han resuelto, que el Insalud planteó la resolución por mutuo acuerdo del contrato con esta UTE, y una vez cumplidos todos los trámites administrativos imprescindibles, algunos de los cuales estoy convencida de que a usted no se le escapan, esto conlleva que ya haya sido discutido en la Comisión de subsecretarios, de forma que se aprobará a la disolución de este contrato el viernes, no en este Consejo de Ministros, porque no es preceptivo, pero sí el 22 de junio. Ese viernes será aprobado por el Consejo de Ministros la disolución del contrato con esta UTE Ambulancias de las Islas Baleares.
Lógicamente vamos a plantear este nuevo contrato, un nuevo pliego de condiciones donde intentamos que haya una mayor concurrencia y una mayor competencia que redunde en beneficio de los pacientes de las Islas Baleares, así como de los turistas que pasan por allí estos seis meses de verano y que necesiten una atención de este tipo de asistencia sanitaria.
Esperamos que a este concurso se presenten el mayor número de empresas posible y que para el INSALUD sea más fácil su resolución con las mejores ofertas. Como sabe, pues ha salido publicado en los medios de comunicación de las islas, intentamos que haya una competencia real, es decir, no solamente vamos a plantear un concurso global, sino la separación de la asistencia aérea de la terrestre y haremos, en segundo lugar, una división entre islas, de forma y manera que haga más atractivo el concurso para otros competidores y podamos resolver la escasez demostrada en estos momentos para la prestación del servicio y algo que para nosotros es fundamental, que es la calidad en la prestación del servicio.
Respecto de los temas desgraciados que se han producido estos meses pasados, debo decirle --como sabe-- que el INSALUD ha abierto un expediente informativo y que es voluntad del Ministerio llegar hasta el fondo de la cuestión y colaborar con la justicia hasta donde sea necesario.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señora y Ministra de Sanidad y Consumo.
Tiene la palabra el Senador Socías por tiempo de cinco minutos.


El señor SOCIAS PUIG: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, muchas gracias por su intervención porque creo que su línea de exposición ha sido muy similar a la que yo he intentado seguir en la mía: la de ser constructivo para intentar avanzar juntos en la resolución de un problema que realmente preocupa a los ciudadanos de las islas y que ha quedado demostrado con las iniciativas que he comentado anteriormente que han tomado mis compañeros en esta Cámara, el Senador Cámara y el Senador Ruiz.
Efectivamente, en su respuesta ha tocado dos puntos que en este momento están sobre la mesa. Nos ha aclarado muy bien el tema de la resolución del contrato que se piensa llevar al Consejo de Ministros del viernes.
Nos alegra la idea de que se pueda establecer una mayor concurrencia y también el tema del fraccionamiento de los servicios porque pensamos que esto facilitará la presencia de otras empresas que puedan optar a ese servicio y eliminará probablemente algunas de los distorsiones que creaba el hecho de que en estos momentos estuviera todo concentrado prácticamente en una situación de monopolio debido a la composición accionarial a que me he referido antes de las tres empresas que se juntaron en la UTE Ambulàncies Illes Balears.
Efectivamente --como decía usted-- no es para estar satisfechos respecto del tema del transporte aéreo. Estos días pasados salía en la prensa --yo no había hecho referencia a ello, pero ya que usted lo ha sacado a colación lo mencionaré-- que el helicóptero que tiene su base en Ibiza lleva 11 meses sin volar, que su situación técnica es prácticamente inhábil para poder llevar a cabo los traslados urgentes. En este sentido, el hecho de separar el concurso de transporte aéreo del terrestre reforzará un poco la línea de mejora de la prestación de este servicio, así como también la división territorial.
Pensamos que las empresas ubicadas preferentemente en la Isla de Mallorca siempre tendían a desviar de alguna manera el servicio hacía dicha isla, Ibiza y Menorca quedaban más desatendidas.
En estos momentos la situación es que de las 12 ambulancias medicalizadas y con soporte vital avanzado que debían

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estar prestando servicios con continuidad en muchas ocasiones se reducían a ocho, lo que afectaba con retrasos y con dificultades en la prestación del servicio.
También nos gustaría que el nuevo concurso contemplase un mayor poder para el Insalud, entre comillas, a la hora de controlar la prestación efectiva de los servicios porque, como usted bien sabe, el año pasado cuando se produjo la huelga de celo, etcétera, el servicio de ambulancias se desconectó de la central 061 y se centralizó todo en la sede de Ambulàncies Illes Balears y el Insalud se quedó sin poder coordinar dicha prestación.
Pensamos que si en este nuevo concurso se pudiera incluir una cláusula que hiciera más efectivo el control de la situación de los vehículos, de la prestación de servicios por el 061, estaríamos haciendo un favor a la Administración y de rebote también a los usuarios. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por ello, agradecemos sus palabras, comprendemos que ha entendido bien la situación en la que se encuentra el servicio de transporte urgente en Baleares y queremos agradecerle que lo vaya a tener en cuenta para así poder solucionar este tema.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE MEDIO AMBIENTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DEL PLAN HIDROLOGICO NACIONAL (S. 621/000024) (C. D. 121/000031).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al siguiente punto.
Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Dictamen de la Comisión de Medio Ambiente en relación con el Proyecto de Ley del Plan Hidrológico Nacional.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso el Senador Bernáldez.


El señor BERNALDEZ RODRIGUEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, me cabe en esta ocasión el inmenso honor de haber sido designado por la Comisión de Medio Ambiente para presentar ante esta Cámara el dictamen de dicha Comisión al proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 30 de abril. El plazo de presentación de enmiendas concluía en principio el pasado día 14 de mayo, pero con posterioridad fue ampliado hasta el día 21 del mismo mes.
Como sus señorías saben, el proyecto se tramita por el procedimiento ordinario. Al mismo se han presentado un total de cuatro vetos. El veto número 1, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, ambos pertenecientes al Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 2, del Senador Quintana González, también del Grupo Parlamentario Mixto. El veto número 3, correspondiente al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Y por último, el veto número 4, del Grupo Parlamentario Socialista.
A este proyecto también se han presentado por parte de diversos grupos parlamentarios un total de 559 enmiendas, que son las siguientes.
Enmiendas números 1 a 29, correspondientes a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares. Enmiendas números 30 a 50, presentadas por el Senador Quintana González. Enmienda número 51, del Senador Cabrero Palomares. Enmiendas números 52 a 87, pertenecientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Enmiendas números 88 y 89, del Senador Cámara Fernández. Enmiendas números 90 a 225, correspondientes al Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Y, por último, enmiendas números 226 a 559, presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
En su día se reunió la Comisión para designar a los Senadores que, a propuesta de los grupos parlamentarios que la constituyen, habían de formar parte de la Ponencia encargada de informar este proyecto de ley.
Tales Senadores fueron los siguientes. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, los Senadores don Enrique Fajarnés Ribas y don Javier Sopeña Velasco. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista fueron designados como ponentes don Francisco Bella Galán y don Pedro Rodríguez Cantero.
Por parte del Grupo de Convergència i Unió, don Salvador Servià i Costa.
Y con posterioridad, y para subsanar un error, hubo que reunir nuevamente a la Comisión para ampliar el número de ponentes, puesto que el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos había presentado un escrito en tiempo y forma a tal fin, como así se hizo, siendo también ponente el Senador don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el pasado día 6 de junio, acordando proponer a la Comisión de Medio Ambiente el mantenimiento en sus propios términos del texto remitido por el Congreso de los Diputados. El día 11 de junio la Comisión de Medio Ambiente, reunida a tal efecto, y visto el informe emitido por la Ponencia, acordó aceptar como dictamen el texto propuesto por la misma.
Para su debate ante el Pleno se han formulado siete votos particulares.
El voto particular número 1 del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, corresponde a la propuesta de veto número 3 y a las enmiendas números 90 a 225. El voto particular número 2, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, corresponde a las enmiendas números 52 a 87. El voto particular número 3, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, corresponde a la propuesta de veto número 1 y a las enmiendas números 1 a 29. El voto particular número 4, del Senador Cámara Fernández, corresponde a las enmiendas números 88 y 89. El voto particular número 5, del Grupo Parlamentario Mixto, corresponde a la enmienda número 51. El voto particular número 6, del Senador Quintana González, corresponde a la propuesta de veto número

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2 y a las enmiendas números 30 a 50. El voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, corresponde a la propuesta de veto número 4 y a las enmiendas números 226 a 559.
Con esta relación, señora Presidenta, señor Ministro, señorías, creo haber resumido la tramitación que de este proyecto de ley se ha llevado a cabo hasta este momento.
Para terminar, no me cabe sino felicitar a cuantas personas, a cuantos parlamentarios de los diversos grupos políticos, a todos los servicios jurídicos de la Cámara, al personal funcionarial de los diversos Ministerios, a las organizaciones de cuenca, a la Federación Nacional de Comunidades de Regantes y a todo ese larguísimo etcétera que ha contribuido con su trabajo a hacer posible que este singular proyecto, que este importantísimo proyecto de ley pueda hoy ser sometido a la consideración de esta Cámara.
Señora Presidenta, señor Ministro, señorías, muchas gracias por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou, pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bernáldez.
El señor Ministro de Medio Ambiente solicita intervenir. Tiene la palabra al amparo del artículo 84 del Reglamento.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Señora Presidenta, señorías, el proyecto del Plan Hidrológico Nacional plantea un cambio en las prioridades tradicionales de los modelos que se han venido elaborando a lo largo de muchísimos años en este país, un cambio de prioridades que va desde el fomento de los usos del agua hasta una gestión eficaz de conservación y de protección ambiental. En definitiva, este proyecto plantea un cambio de cultura del agua.
Este proceso de elaboración del proyecto se ha basado en dos ejes que me parece muy importante resaltar hoy aquí. En primer lugar, la solvencia científica y técnica del proyecto, y en segundo lugar la integración participativa de todos los afectados. Pero, además, hay dos principios básicos en los que se ha fundamentado todo este proceso: el principio de la solidaridad, el de la equidad, y desde nuestro punto de vista la tramitación participativa consensuada de este proyecto.
Hay que distinguir dos grandes cuestiones a la hora de plantear lo que significa este proyecto y la forma en que se ha desarrollado desde mi punto de vista: una incluye los aspectos estrictamente formales, y la otra incluye los aspectos que corresponden al fondo de la cuestión.
En el aspecto formal, quiero destacar, señorías, que el Gobierno se comprometió a aprobar un proyecto de ley que diera solución a un problema histórico que venimos arrastrando en España, un problema como es el de la ordenación de nuestros recursos hídricos en todo el territorio español para que fuéramos capaces, de una vez por todas, de superar una cuestión que probablemente ha sido demasiado conflictiva en este país y que, desgraciadamente, nos ha separado mucho más que nos ha unido.
Pues bien, en una democracia en la que hemos tenido a gala superar muchos de los problemas que nos han enfrentado durante años, no era menos importante acometer, desde la responsabilidad política del que gobierna, desde la responsabilidad del compromiso firme con los ciudadanos, desde la responsabilidad que conlleva la toma de decisiones aunque puedan tener costes políticos a corto plazo, porque a medio y a largo plazo significan la solución de los graves problemas de este país, los problemas estructurales que probablemente llevamos más de 30 años arrastrando en España y casi un siglo planteando dentro de nuestra administración.
Pues bien, desde esta perspectiva y desde este compromiso, el Gobierno quiso presentar un proyecto iniciando un proceso de participación social que viene preestablecido, naturalmente, dentro de nuestro ordenamiento jurídico, que fuera capaz de demostrar con hechos, como creo que así ha sido, que nuestra voluntad era negociar, dialogar e intentar consensuar un proyecto tan importante como éste.
El Gobierno presenta el 5 de septiembre al Consejo Nacional del Agua un borrador de proyecto de plan hidrológico nacional, borrador que se va a debatir a lo largo de más de cinco meses en el seno del Consejo, y quiero recordar que el Consejo Nacional del Agua es el órgano consultivo que la ley establece para este tipo de normas jurídicas, para este tipo de planes y proyectos, un órgano consultivo, por cierto, señorías, que no estableció este Gobierno, sino que establecieron gobiernos anteriores y que el Partido Popular ha querido respetar íntegramente en su totalidad como máximo organismo consultivo en esta materia.
Pues bien, como miembro de este Gobierno no me duelen prendas reconocer que después de cinco meses de trabajo en el seno del Consejo Nacional del Agua, el borrador de proyecto presentado inicialmente por el Gobierno se modifica sustancialmente, yo diría que se enriquece sustancialmente, y se modifica y se enriquece dentro de este proceso participativo de diálogo, de debate, de consenso y de aceptación de muchas de las propuestas que se realizan por parte de los integrantes de este Consejo, como son, naturalmente, todos los técnicos, todos los científicos, todos los expertos en la materia, representantes de todos los usuarios y regantes de toda España, agricultores, empresarios, sindicatos y, naturalmente, las Comunidades Autónomas y la Federación de Municipios.
Pues bien, en el contexto de este trabajo, en el contexto de esta labor que quiero hoy aquí reconocer, se aprueba mayoritariamente, con más del 80 por ciento de los votos, un proyecto distinto al que entra inicialmente el 5 de septiembre, un proyecto que sale favorecido y enriquecido de esta tramitación, y sucede algo muy importante que los expertos en esta materia saben valorar perfectamente, que es el hecho de que por primera vez en España se produce la aprobación unánime de todos los usuarios y de todos los regantes del agua de toda España que, con todo el respeto a todos los que vivimos en las ciudades, ellos sí se juegan su futuro con el agua, ellos sí entienden realmente de qué estoy hablando, y por primera vez en España dan el apoyo unánime a un proyecto de plan hidrológico nacional. Además,

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quiero destacar que ha habido una amplia aprobación por parte de las Comunidades Autónomas, de todos los colores políticos y de todos los partidos políticos que, mayoritariamente, han tenido a bien aprobar este proyecto de ley que sale del Consejo Nacional del Agua.
Efectivamente, Asturias, Andalucía, Aragón y Baleares son las únicas Comunidades Autónomas que se oponen a este proyecto. Pues bien, el Gobierno acata la decisión, acata en su integridad el dictamen que sale del Consejo Nacional del Agua después de ese debate, y el Gobierno aprueba el proyecto de ley y lo remite a estas Cámaras legislativas.
Quiero decir que, en el transcurso de la tramitación de este proyecto en estas Cámaras legislativas, también el Gobierno ha demostrado su espíritu de diálogo y su espíritu de consenso en un proyecto de estas características.
Quiero aprovechar la ocasión que me brinda esta Cámara para agradecer a todos los partidos políticos, tanto con los que hemos sido capaces de alcanzar acuerdos como con los que no ha sido posible, su colaboración y su voluntad de diálogo durante la tramitación de todo este proyecto.
Naturalmente, permítanme ustedes que además de a mi Grupo Parlamentario, agradezca especialmente la labor y el trabajo --que ha sido difícil y complicado-- de dos partidos políticos, Convergència i Unió y Coalición Canaria porque, aunque cada una de las partes hayan tenido que hacer concesiones en aras del consenso, hemos logrado el apoyo para este proyecto.
En mi opinión, ha sido especialmente importante la contribución aportada en este amplio debate en los siguientes tres ámbitos de actuación. En primer lugar, el proyecto resultante de todo este debate da un papel reforzado al Plan Hidrológico Nacional como un instrumento vertebrador y de cohesión del territorio; en segundo lugar, la intensificación de la cooperación entre todas las administraciones, Comunidades Autónomas, municipios y Estado, como principio rector de la ejecución y la aplicación del Plan Hidrológico Nacional, y la consideración de la perspectiva ambiental del plan mediante la incorporación de nuevas medidas de protección que no figuraban en el borrador del 5 de septiembre. La vertebración del territorio mediante el equilibrio y la armonización del desarrollo se configura como uno de los objetivos generales de la planificación del Plan Hidrológico Nacional. Sin duda, éste es el papel principal que le reserva la propia Ley de Aguas en el marco general de una planificación hidrológica que se ha querido plural en su origen, ámbito y ejecución y que se configura de abajo a arriba; una planificación en la que las decisiones relativas a cada cuenca --y esto es muy importante, señorías--, la evaluación y la asignación de recursos, la estimación de demandas, la identificación de problemas, las condiciones medioambientales y, en definitiva, las perspectivas de desarrollo, se adoptan en los respectivos planes hidrológicos de cuenca, que fueron aprobados por Gobiernos anteriores a éste, de una forma además ampliamente consensuada y respaldada.
He dicho que es importante porque a veces se olvida que estos planes hidrológicos de cuenca están condicionando, tal como establece la ley, el propio Plan Hidrológico Nacional.
De acuerdo con este modelo es el Plan Hidrológico Nacional el que, en aras de procurar esa vertebración del territorio, debe solucionar los desequilibrios hídricos característicos de la hidrología española que no pueden encontrar solución en el ámbito de los planes de cuenca. De ahí que el proceso de elaboración del proyecto haya sido el de establecer la prioridad de la solución del problema del agua en España con las medidas que resuelven de una vez por todas la paradoja que se produce en este país, que es la de que hay lugares donde hay agua, que hay cuencas hipotéticamente excedentarias que durante años no han podido recibir ni tener las inversiones necesarias que pudieran garantizar el uso, el aprovechamiento de esa agua que veían pasar en su propio beneficio.
Hay que explicar a los ciudadanos españoles que hay realidades que son más ilustrativas que mis propias palabras. Hay que explicar a los ciudadanos españoles que todavía hoy en la ciudad de Zaragoza en verano se pueden tener problemas de abastecimiento y de calidad de agua. Y lo que sucede, por ejemplo, en la margen derecha del río Ebro es demostrativo de esta falta de inversiones y actuaciones que puedan resolver ese problema. De ahí que el principio de la solidaridad, básico, que es un fundamento de este proyecto de ley, tiene que establecer de forma prioritaria la solidaridad de todos los españoles con aquellos ciudadanos que tienen agua, que la ven pasar por delante de ellos y no han podido aprovecharla para su propio desarrollo económico y territorial, para garantizar, en definitiva, su futuro.
Esa es la primera solidaridad que fundamenta este proyecto, resolver los problemas que los propios planes hidrológicos de cuenca han señalado y aprobado como déficit de esas cuencas que deben ser solucionados con recursos internos, pero sobre la base de unas inversiones que un proyecto de estas características tiene que comprometer y priorizar. Sólo a partir de ahí, sólo a partir de un esquema donde se solucionan los problemas en cada una de las cuencas es cuando podemos plantear una solución definitiva; desde un proyecto de Plan Hidrológico Nacional que pueda contemplar, y sólo en último extremo, estas transferencias de cuencas excedentarias a cuencas deficitarias que resuelvan definitivamente el problema, pero con una condición que es la que incluye este proyecto: que antes y prioritariamente se hayan establecido todas las propuestas de uso y de producción de agua alternativas al trasvase, de modo que éste sea, efectivamente, la última y la imprescindible actuación cuando todas las otras actuaciones se hayan desarrollado, se hayan priorizado, y siempre que ese trasvase contenga todas las cautelas medioambientales exigibles.
Este es, en síntesis, el planteamiento o la filosofía que rige este proyecto de Plan Hidrológico Nacional: resolver los problemas en cada una de las cuencas intentando explorar sus recursos internos para dar solución a las necesidades de agua en esas cuencas. Y ello después de priorizar, como hace este proyecto, las medidas de fomento de ahorro en los regadíos. Ustedes recordarán que este proyecto

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contempla una inversión prioritaria de un billón de pesetas en medidas de fomento del ahorro en el uso de los regadíos en España, que son las más relevantes en cuanto a conseguir ahorros realmente importantes de agua, puesto que el agua para consumo agrícola se sitúa en nuestro país en torno al 80 por ciento. Estas medidas de depuración y reutilización no son competencia del Estado, sino de las corporaciones locales y de las Comunidades Autónomas, pero el Estado quiere ayudar para ser capaces de resolver el problema de la calidad del agua y su reutilización Por eso, este proyecto, en segundo lugar, prioriza esas medidas de saneamiento, depuración y reutilización de esas aguas; medidas de utilización y explotación sostenible de los recursos de nuestras aguas subterráneas; medidas de desalinización. Este proyecto lleva la desalinización hasta el máximo, hasta el último extremo posible en España, con la construcción de hasta 16 nuevas desaladoras, y la producción de más de 460 hectómetros cúbicos de agua en la parte costera del Mediterráneo, para producir agua desalinizada, teniendo en cuenta, sabiendo como sabemos todos que la desalinización tiene sus limitaciones: de usos, de ubicación, económicas y también medioambientales; que no hay alternativas en los territorios insulares desgraciadamente a la desalinización, pero sí existen en el territorio peninsular.
Por tanto, hay que decir que esta solución que se plantea en el proyecto, la solución final, que responde a un Plan Hidrológico Nacional que en última instancia resuelva esos déficit que se producen en cada una de las cuencas, concluye con una propuesta de trasvase de 1.050 hectómetros cúbicos desde el río Ebro a las cuencas internas de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, ciudad de Barcelona, área metropolitana, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, después de presentar hasta nueve propuestas alternativas que son estudiadas, analizadas, desde el rigor técnico, científico, en el seno del Consejo Nacional del Agua.
Esta conclusión no es el resultado de un esquema preconcebido, señorías, sino de numerosos y sólidos estudios que justifican técnicamente esta solución, así como de un riguroso análisis coste-beneficio de las transferencias, en el que se han ponderado las variables ambientales, socioeconómicas y técnicas de las mismas, argumentándose poderosas razones de interés general.
En aplicación del principio general de garantía de las demandas actuales y futuras de la cuenca cedente, se considera como objetivo básico del Plan Hidrológico Nacional a alcanzar por las Administraciones competentes, entre otras cosas, que la mayor parte de las infraestructuras incluidas en el Pacto del Agua se encuentren terminadas o en ejecución con anterioridad a la efectividad de las transferencias autorizadas, además de establecer en la ley explícitamente, en su texto articulado, la obligación de ejecutar el compromiso legal de la ley del Plan Hidrológico Nacional, es decir, no sólo de priorizar, sino de ejecutar todas las obras contempladas en este Pacto del Agua de Aragón.
Asimismo, se establece como premisa insoslayable, innegociable e irrenunciable, que todo trasvase se realice con aguas excedentarias. Sólo se puede realizar un trasvase --lo dirá la ley, si Dios quiere y si sus señorías quieren-- con aguas excedentarias, y ante la pregunta de qué pasará si no hay aguas excedentarias, la respuesta siempre es la aplicación de la ley; la ley sólo permite realizar trasvases si efectivamente existen aguas excedentarias. Sólo podrá derivarse aquel caudal que circule por el río que exceda, en los puntos de la toma, de la suma del mínimo ambiental fijado en el Plan Hidrológico de la Cuenca del Ebro, que se aprobó en su momento, más el correspondiente a las concesiones en su caso existentes aguas abajo de las tomas.
Adicionalmente, se fija el volumen máximo susceptible de ser trasvasado, la no exigencia de la utilización de los sistemas de explotación de la cuenca cedente para la realización de ningún desembalse destinado a la ejecución de un trasvase, hecha excepción de los embalses de Mequinenza, Riba-roja y Flix; ninguna obra del Pacto del Agua puede estar vinculada, por ley, a ningún hipotético trasvase, insisto, no porque lo diga este Ministro, sino porque espero y deseo que lo diga el texto final del proyecto, así como la obligatoriedad de que el régimen temporal de explotación se adecue a las condiciones hidrológicas en cada momento.
Señorías, la propia Ley establece la necesidad de que se recuperen concesiones de uso eléctrico de estos tres embalses para poder garantizar la existencia de un caudal ecológico mínimo en la desembocadura del Ebro que hoy no existe; caudal mínimo ecológico que garantiza, según el Plan Hidrológico de Cuenca, la conservación medioambiental del río aguas abajo, en la desembocadura, caudal por debajo del cual no se puede hacer ningún tipo de transferencia, y caudal que va a garantizar por primera vez en el río Ebro este proyecto de Plan Hidrológico Nacional.
El régimen financiero de la transferencia también se configura como un elemento fundamental para promover un desarrollo conjunto de las cuencas cedentes y receptoras a través del establecimiento de un sistema de inversiones ambientales en la cuenca cedente financiadas con cargo a un canon medioambiental en el trasvase.
Y quiero destacar también el principio de colaboración de las diferentes administraciones que recoge nuestra Constitución y que el Plan que se ha propuesto atribuye un papel relevante tanto a las Comunidades Autónomas como a las corporaciones locales en el modelo de gestión de los recursos hídricos que se ha rediseñado. Además, la mayor parte de estas incorporaciones se han realizado durante el proceso de tramitación de este proyecto, es decir, no estaban contempladas en un principio. Esta voluntad de cooperación, presente a lo largo de todo el articulado de la ley, se ha visto fuertemente intensificada en este proyecto.
Dadas las implicaciones que sobre el territorio suponen los trasvases de recursos, la Ley incorpora a las Comunidades Autónomas a la Comisión de trasvases como órgano de gestión de las mismas. Comunidades Autónomas y corporaciones locales participarán en la determinación de las actuaciones a emprender a cargo de la cuota ambiental y participaremos de una forma expresa en una de las grandes aportaciones que han hecho estas Cámaras legislativas a este proyecto que ha sido el pacto integral de las «Terres de l'Ebre», que va a ser un compromiso de las administraciones con esas tierras, con esos ciudadanos y que, insisto,

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creo que es una de las grandes aportaciones que ha hecho este debate parlamentario a este proyecto.
El Plan Hidrológico Nacional promueve igualmente la suscripción de convenios de colaboración entre el Ministerio, las administraciones autonómicas y las locales para eliminar las construcciones y las demás instalaciones situadas en dominio público hidráulico y en zonas inundables que pueden implicar un grave riesgo para las personas y los bienes y la protección del dominio público hidráulico.
Con relación a los abastecimientos urbanos industriales, se potencia también la colaboración con las diferentes administraciones.
En consecuencia, el Plan Hidrológico Nacional es un instrumento integrador que tiene como objetivo satisfacer las necesidades presentes y futuras del agua en el conjunto del territorio del Estado en un contexto que da prioridad al ahorro, a la reutilización y a la racionalidad. Con este fin, el mismo regula no sólo las transferencias, sino también las actuaciones de dimensión ambiental. El 84 por ciento de las inversiones que se plantean en este proyecto son medidas destinadas a mejorar el ahorro, y también hay que resaltar lo que significa la obligatoriedad de las declaraciones de impacto ambiental en todo el proceso, incluso allí donde la ley no lo establecía como obligatorio.
En definitiva, este Plan despliega las más modernas consideraciones de ahorro, como he dicho, de reutilización, de desalinización y de protección ambiental del recurso mediante un proceso técnico de análisis hidráulico que yo creo que es importante, al menos, conocer.
Para finalizar, no quiero dejar pasar la ocasión de esta presentación del proyecto --y teniendo en cuenta que tendré oportunidad, espero, de poder contrastar estos datos con sus señorías-- sin hacer mención de que, efectivamente, durante la tramitación de este Plan Hidrológico Nacional en estas Cámaras se ha producido la presentación de un proyecto alternativo, el proyecto que en su día presentó el Partido Socialista Obrero Español. No quiero dejar de aprovechar la ocasión para pedirles a los representantes del Partido Socialista que nos ayuden a entender esta propuesta alternativa de su proyecto. A mí casi me bastaría en un principio con que alguien fuera capaz de explicarme de dónde salen en su propuesta los 260 hectómetros que ustedes prevén que se van a conseguir en la cuenca del Júcar mediante medidas de ahorro y modernización. Que ustedes me explicasen, por favor, cómo pueden sacar 265 hectómetros de la reutilización en una plan como el que nosotros hemos presentado, cuando nosotros sacamos bastante más: 364 hectómetros. Me gustaría poder entender y debatir con ustedes cómo podemos sacar 150 hectómetros cúbicos mediante la creación de un banco del agua en la cuenca del Segura, con unas aportaciones de 180 hectómetros. Estoy convencido de que sus señorías tendrán la amabilidad de explicarme estos detalles para poderlos contrastar.
Señorías, Presidenta, muchísimas gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Señorías, terminada la presentación del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional comienza el debate de las propuestas de veto.
En primer lugar, voto particular número 6, presentado por el Senador Quintana, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a la propuesta de veto número 2.
Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta. Solamente quiero decir que el Senador Quintana, por razones graves de familia, no puede estar aquí con nosotros. Por tanto, solicito que tanto el veto como sus enmiendas sean votadas en su momento. Yo no puedo defenderlas por él, pero sí planteo que sean votadas en este Pleno ya que él no puede estar aquí por la muerte de un familiar, su padre en concreto.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara. En efecto, ya hicimos constar nuestro pesar en la Junta de Portavoces y en la Mesa celebrada en el día de ayer.
Para la defensa del voto particular número 3, que han presentado los Senadores Cámara y Cabrero, correspondiente a la propuesta de veto número 1, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Señora Presidenta, gracias.
Señor Ministro, no se ha limitado a explicar el Plan Hidrológico, ha metido un pelín el dedo en los ojos al Grupo Parlamentario Socialista en ese intento siempre de su Partido de buscar esencialmente el bipartidismo para ver si pican los de las filas de acá y a ver si se polemiza entre el Partido Popular y el Partido Socialista, dejando relegadas otras posiciones alternativas y propuestas propias que tienen otras fuerzas políticas en esta Cámara.
Pero permítame que le diga, señor Ministro, que usted no tiene solución.
No tiene solución porque incluso en su intervención menciona una vez más el tema de que en el caso de las islas --es un tema de nuestra Comunidad, ¿verdad, señor Ministro?-- la única solución es la desalación. ¡Por favor, una vez más, señor Ministro, no nos gobierne Baleares desde Madrid! ¡No nos haga de oposición! ¡Ya está bien! Tenemos otras alternativas que están en la línea de lo que voy a plantear a continuación en la propuesta de veto. Por lo tanto, se lo digo una vez más, no diga que como alternativa sólo existe la desalación en el marco de las islas, al menos en Baleares.
Señor Ministro, me encanta hablar con usted y que esté pesente para hablar de tantas cosas, de gestión del agua y también de trasvases, porque estaba un poco harto de hablar sobre los trasvases de los votos de los emigrantes, y así podemos hablar de otro tipo de trasvases más refrescantes y quizá más democráticos.
Señor Ministro, su Partido ha gobernado la Comunidad Autónoma de Baleares durante 16 años. Usted ha sido Presidente de mi Comunidad Autónoma, y debo decirle que usted no tiene en Baleares --ni su Partido-- mucha credibilidad

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en los temas medioambientales y ecológicos. Se conoce el modelo de crecimiento balear como el modelo «balearización», usted lo sabe. Una pregunta --me conteste o no--: ¿cuántos premios cemento le ha dado el movimiento ecologista en Baleares a usted o a su Partido? Si no me equivoco, unos cuantos. Son premios que otorga el movimiento ecologista a quien pone demasiado cemento y cuida muy poco el medio ambiente y la ecología en nuestra tierra, en nuestra Comunidad Autónoma.
Vamos a entrar en el veto. Ha habido una presentación muy solemne pero con poca chicha. Se ha mencionado que en el trámite en el Senado se han presentado unas 540 enmiendas. Sin embargo, se ha estado hablando sobre la formalidad sin mencionar que prácticamente no ha habido un solo minuto de debate en el Senado del Plan Hidrológico Nacional.
Señora Presidenta, señorías, el Plan Hidrológico que se nos presenta ha pasado por esta Cámara de representación territorial --entre comillas-- como si se tratara de un desfile militar, desfile que yo definiría de corte legionario: paso firme, rápido y mirada al frente, sin mirar ni para un lado ni para otro, una actitud de «manu militari», demasiadas veces repetida en los últimos tiempos por la mayoría política actual en este país.
El ejemplo de cómo se ha tramitado este proyecto nos dice al menos que esta Cámara --permítame la finta-- así no nos sirve, y que se necesita un cambio muy profundo para que sea una Cámara auténtica de representación territorial y de conjunción de voluntades territoriales, una Cámara con capacidad propia que fomente la igualdad y la solidaridad.
Este proyecto debería haber sido el resultado de un amplio consenso político y social. Aquí sí merece la pena eso de un acuerdo de Estado, pues este proyecto determinará y condicionará la política hidrológica de muchísimos años. En lugar de este necesario consenso, este proyecto ha suscitado un importantísimo enfrentamiento. Las impresionantes --o al menos importantes-- manifestaciones, movilizaciones y las divisiones políticas y sociales que se ponen de manifiesto en este proceso están fundamentadas en los importantes efectos económicos, sociales y ambientales que conlleva el Plan Hidrológico Nacional. Señorías, división entre Comunidades cedentes y receptoras, división entre los Partidos y división interna de algunos partidos --incluido el Partido Popular--, con la oposición, eso sí, todavía no muy importante, pero algo hay, de cargos municipales de los ayuntamientos fundamentalmente afectados por las obras hidráulicas del Pirineo y por el trasvase de las tierras del Bajo Ebro, también tienen ustedes problemas, no muy grandes pero los tienen.
Señorías, es un despropósito hablar de voluntad de consenso desde la presentación del Plan Hidrológico Nacional que usted ha hecho aquí y que ya conocíamos. En ningún modo ha habido ese necesario consenso. Desde el ámbito económico-social sólo han mostrado su acuerdo con el Plan Hidrológico Nacional la CEOE y Asaja --que yo sepa-- y las comunidades de regantes, mientras que todos los demás han mostrado su oposición. Y se los recuerdo: entidades agrarias, como COAG y UPA, los sindicatos Comisiones Obreras y UGT, la Confederación de Consumidores y Usuarios, las organizaciones vecinales, como la Confederación de Asociaciones de Vecinos de España, todo el movimiento ecologista, Greenpeace, Ecologistas en Acción, Amigos de la Tierra, Adena, etcétera. Todos en contra. Y también --usted se ha referido a la comunidad de científicos-- la comunidad de científicos, al menos los que están representados en el Consejo del Agua. Quiero hacer mención especial de los cinco expertos en planificación hidrológica y medio ambiente de signados por la Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología y por el propio Ministerio de Medio Ambiente en el Consejo Nacional del Agua, que en su voto particular en el Consejo alegaron por una retirada del Plan sobre la base de siete argumentos --no los voy a repetir ahora--, de hondo calado, a mi modo de ver, que ustedes conocen sobradamente y que resumen en que, en su opinión, el Plan Hidrológico Nacional no logrará el objetivo que se persigue --ya dice algo-- y que puede suponer un deterioro importante de nuestro ecosistema. Eso lo dicen los cinco expertos en medio ambiente que están en el Consejo del Agua.
Señorías, la propuesta del Plan Hidrológico Nacional se inscribe en un contexto marcado por dos aspectos: España es el país de la Unión Europea con más embalses y el quinto país del mundo, con un tres por ciento del total; por otra parte, España ha experimentado bajo el Gobierno del Partido Popular una continua e implacable orientación hacia la privatización del agua, pese a su carácter de bien público y social, que se normativiza a través de la reforma de la Ley de Aguas, por la que se crean los mercados de agua y se da vía libre a la empresa de obras hidráulicas de cada confederación hidrográfica.
En definitiva, hemos asistido a la regularización del negocio del agua, fundamentado sobre una base conceptual inaceptable en términos ambientales, déficit y excedentes de las cuencas. En esta línea, el Plan Hidrológico se cimenta en la confluencia de un negocio billonario en tres sectores fundamentales: los nuevos mercados del agua, la obra hidráulica «hormigonizante» y la cuenta de resultados de las eléctricas.
El Plan Hidrológico debería ser ante todo el instrumento básico de la política de aguas al servicio del desarrollo sostenible en el marco del Estado español. La satisfacción de las demandas debería orientarse en dirección a la mejora, renovación y optimización de infraestructuras y sistemas existentes, con un modelo de gestión integral basado en instrumentos de ahorro y gestión de la demanda, una gestión fundamentada en los principios de conservación y equidad en su asignación y eficiencia en su uso.
El proyecto de ley no es el instrumento que debiera ser ya que, más que tratarse de un plan para la gestión del recurso, estamos básicamente ante un plan de obras, aproximadamente un millar, de las que al menos 30 de ellas producen un fuerte impacto medioambiental --figuran en el Anexo II--, y no sirve para responder a las necesidades de asignación del agua para atender los servicios que presta: la gestión democrática del recurso y una política de precios decidida administrativamente para primar el ahorro y el uso eficiente, penalizando el derroche y manteniendo el

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carácter público del agua --digo bien: carácter público del agua.
El Plan Hidrológico presentado por el Gobierno no responde a la lógica de la sostenibilidad en ninguno de sus postulados: socialmente equitativo, justo, económicamente eficaz y ambientalmente sustentable, territorialmente vertebrador y con proyección de futuro. El Plan Hidrológico propuesto no es sustentable ni es el instrumento necesario para un desarrollo sostenible. Por el contrario, señor Ministro, señorías, es expresión de un modelo obsoleto y destructivo del modelo de un desarrollo sostenido, porque, en definitiva, el Plan Hidrológico es la justificación de los trasvases y la desalación.
El proyecto se articula en torno a una falsa lógica argumental, reducir el déficit en la cuenca mediterránea, que es el objetivo primordial de todo esto, pero la experiencia concreta ha demostrado que la importación del recurso trasvase, lejos de ser parte de la solución, contribuye a generar nuevos problemas, como ilustra la experiencia del trasvase Tajo-Segura que con una media de agua trasvasada anualmente de 300 hectómetros cúbicos hasta 1999, cuando estaba previsto unos 1.000, no sólo no ha acabado con el déficit, sino que le ha visto incrementar, ya que el espejismo de disponer de más cantidad de recurso dispara las expectativas alentando la puesta en regadío de más tierras en cultivo.
Así, en el marco del Plan Hidrológico del Gobierno, cuando se alude al déficit, debe referirse únicamente hacia los regadíos y los futuros crecimientos urbanísticos.
El Plan Hidrológico, señorías, se basa en el trasvase desde el Bajo Ebro hasta la costa mediterránea, interior de Cataluña, Júcar, Segura y Sur, lo cual, a partir de que conforma el eje central de la propuesta, debe suponer alguna ventaja, al menos a juicio de quien lo elabora y de quienes con su voto lo han revalidado, comportando, eso sí, claros inconvenientes medioambientales que son analizados de forma claramente insuficiente, como pone de manifiesto el hecho mismo de que no busca alternativas más eficaces, incluida la de no hacer el trasvase.Y sobre todo, contiene en su planteamiento incertidumbres importantes como son todas aquellas referentes a los efectos del cambio climático. El Plan Hidrológico mantiene respecto a este fenómeno una doble relación causa-efecto que dibuja una espiral, ya que el descenso de aportes hídricos impedirá finalmente la disponibilidad de agua trasvasable en unos años, debate, por cierto, tenido en la Comisión de Medio Ambiente y que yo recuerdo en un sentido y es que, ante una intervención de un Senador en esta Cámara, el señor Ministro yo creo que no supo contestar al tema del cambio climático en relación al Plan Hidrológico Nacional. En este caso concreto se trata de una obra de casi 500 kilómetros por la costa que a la vez de grandes obras hidráulicas conlleva un consumo cautivo de electricidad para cada impulsión necesaria para trasladar el agua, por lo que se encarecerá enormemente de forma clarísima el precio del agua al unir el gasto de consumo eléctrico a la amortización de las obras y las concesiones. Pero lo más grave de la propuesta del Gobierno es que no garantiza el destino del agua a los sectores básicos a proteger, el agua de boca y el regadío derivado del asentamiento rural, porque los precios finales serán prohibitivos para que estos sectores, en competencia con el ocio, con el turismo o la agricultura intensiva, puedan pagar el agua a altos precios. Por tanto, va a ser difícil ello.
Este Plan Hidrológico que el Gobierno nos propone expulsa de sus intereses centrales el abastecimiento de la población actual porque piensa más en el incremento de la población futura atraída por estos reclamos que en la explotación familiar agraria que supone casi el 60 por ciento de la realidad agraria del Mediterráneo, fuertemente comprometida con el asentamiento rural. Tanto los trasvases entendidos en el Plan Hidrológico como gran trasvase de intercuencas como la desalación son rechazables al comportar ambos severos impactos ambientales. El modelo trasvasista desemboca en un sistema de regulación lineal en el que las demandas crecientes requieren una oferta proporcionalmente mayor y ésta, en un proceso de retroalimentación, implica una ampliación continuada y permanente de la generación y distribución del recurso.
La desalación por su parte supone impactos más invisibles, pero más irreversibles en materia, por ejemplo, de emisión de gases de efecto invernadero, que yo, sabe usted perfectamente, que tenemos una opinión al respecto clarísima, y vertería al mar, además, el 60 por ciento del agua utilizada con salmuera, aumentando, por cierto, la salinidad y la contaminación del entorno.
Un Plan Hidrológico fundamentado en el principio de desarrollo sostenible, real, no declarativo debe plantearse el uso del agua con la mayor eficiencia, señorías, posible en cada cuenca, respetando el medio ambiente y adaptando el desarrollo a las disponibilidades de agua de cada cuenca.
Desde esa perspectiva, hay que plantearse como exigencia previa a la implantación de la ley reducir el riego a manta, eliminar los regadíos ilegales, proteger la explotación familiar agraria, acabar con la generalizada práctica de expansión de nuevos regadíos y de pozos ilegales, que está produciendo graves procesos de sobreexplotación y degradación de ríos y acuíferos, y con la existencia de mercados negros de agua que especulan y derivan agua a destinos no previstos.
Resulta esencial abordar la elaboración y aplicación de planes de ordenación territorial y urbanísticos sostenibles --algo a lo que hacía mención, señor Ministro, con respecto a nuestra Comunidad Autónoma-- que acoten el crecimiento de los negocios urbanoturísticos y de la agricultura intensiva --no es el caso de Baleares-- y esquilmadora, que están en el origen de una espiral insostenible de demandas. Es imprescindible sustraerse a la lógica unívoca, del más y más y más.
El Plan Hidrológico que hace falta para el conjunto del territorio español debe estar íntimamente ligado a los planes de cuenca y al Plan Nacional de Regadíos e ir acompañado de una fuerte democratización en el control de la gestión del agua, algo que actualmente no cumplen las confederaciones ni los sindicatos de regantes al no representar, en nuestra opinión, los intereses de los sindicatos agrarios y de la explotación familiar agraria, ni al mundo rural propiamente dicho.


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La señora PRESIDENTA: Perdón, Senador Cámara.
Quiero explicar a la Cámara que el Senador Cámara, valga la redundancia, me ha pedido acumular el turno de la propuesta de veto con el que le corresponde por la defensa de cada una de sus enmiendas. Por tanto, cuando sus señorías vean la luz roja entiendan que se le han acabado los primeros quince minutos y que le quedan otros treinta para la defensa de las enmiendas. Lo digo porque he visto por aquellos escaños alguna inquietud.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Me van a sobrar bastantes minutos de la defensa de las enmiendas, porque estoy terminando.
Por tanto, si me permiten continuar, seguiré hasta que la señora Presidenta me haga la señal pertinente para que no rebase el tiempo global al que tengo derecho. ¿De acuerdo? Sobre las propuestas, porque Izquierda Unida tiene propuestas, voy a referirme al contenido del Plan, que, por supuesto, no las tiene en cuenta. Favorece la confrontación entre Comunidades y por los usos tradicionales del agua y los nuevos y emergentes negocios del agua. La aprobación por este Senado del Plan Hidrológico no va, señorías, a significar en modo alguno que los recursos y la gestión del agua estén en vías de solución, por desgracias para este país.
La función esencial de un Plan de este tenor es la gestión de los recursos hídricos de manera socialmente equitativa y justa, territorialmente vertebradora y ecológicamente sustentable. No estamos de acuerdo con el modelo que se nos presenta, y, por ello, damos razones que tratan de enfocarlo desde una gestión integral de la demanda, y ése es el eje central de nuestra propuesta. En cualquier caso, como paso previo al desarrollo del Plan éste tendrá que someterse a evaluación estratégica ambiental y estar en coherencia con la directiva marco aprobada en la Unión Europea.
Como propuesta, señorías, entendemos que el Plan Hidrológico Nacional debe incluir y desarrollar un plan nacional de regadíos, para conocer de manera rigurosa la demanda agrícola y modernizar este sector mediante el empleo de técnicas de riego más eficientes en la depuración y reutilización de las aguas. Un Plan que tenga como eje central el ahorro, la reducción notable de las pérdidas en las redes de distribución, que llegan en muchos sitios hasta el 40 por ciento, el mantenimiento y mejora del caudal y calidad de nuestros ríos --evitando su deterioro ambiental--, así como de los lagos, deltas y humedales, bosques de ribera y montaña, porque, señorías, el agua es la base de la vida y de ella depende nuestra salud y bienestar. El plan debe incluir un programa de vertido cero, un plan específico para terminar con la sobreexplotación de las aguas subterráneas con programas de regeneración de los acuíferos, a la vez que se termina de contaminar por los vertidos de una forma muy importante.
Este Plan, señorías, debería tener un eje corrector de las diferencias económicas y sociales entre zonas del Estado, ordenando mejor el territorio-- un equilibrio más justo entre el interior y el litoral, entre la montaña y el llano, entre la ciudad y el medio rural; otra filosofía del gasto en la dirección de elaborar una auténtica alternativa cimentada en una nueva cultura del agua que entienda a ésta como recurso agotable. En este sentido, propondríamos otra distribución de inversiones para los próximos siete años que ustedes conocen porque están en boletín y porque, además, ha sido presentada en el Congreso de los Diputados. No doy las cifras porque marcamos cantidades y porcentajes en relación con el conjunto de la inversión.
Disminuiríamos las inversiones para la regulación general, tema de los embalses. Incrementaríamos la inversión en modernización de regadíos en todas las cuencas. Mejoraríamos el abastecimiento a todas las poblaciones, porque es curioso que mientras se gasta en obras haya pueblos a los que no les llega el agua ni les llegará a pesar de todo esto. Aumentaríamos el control y la calidad del agua y los vertidos como alternativa a los trasvases previstos en el Plan Hidrológico Nacional.
En la cuenca interior de Cataluña incrementaríamos la asignación del recurso mediante redistribución frente a los 190 hectómetros cúbicos previstos, ya que el abastecimiento de agua tiene un retorno del 80 por ciento. Por tanto, a partir de ahí habría que coger agua de calidad, que se emplea en regadíos, para abastecimiento, y utilizaríamos mejor las aguas de retorno recicladas con tratamiento terciario, riegos, consumos y recarga de acuíferos.
En la cuenca del Júcar, frente a los 315 hectómetros cúbicos propuestos, incrementaríamos la eficiencia en la utilización del recurso agua, y se pondrían en marcha técnicas más eficientes de riego de forma que no se regara por inundación, cambiando el goteo y aplicando una línea de subvenciones importante si hace falta.
En la cuenca del Segura, frente a los 400 hectómetros cúbicos propuestos por el Plan Hidrológico, se adoptarían medidas para el abandono de cultivos ilegales, unidos a un mayor control e intensificación del sistema de optimización de regadíos.
En la cuenca Sur, frente a los 95 hectómetros cúbicos, limitaríamos el crecimiento de los regadíos y desmantelaríamos el cultivo con riego intensivo ilegal existente actualmente, y suprimiríamos --una buena parte de nuestras enmiendas tienen que ver con ello-- embalses innecesarios: Pirineo-Aragón; Duero: Irueña, Castrovido; Melonares y La Breña en Andalucía y en el Tajo, Monteagudo. En definitiva, varios que están perfectamente definidos en esta propuesta de veto. Frenaríamos o intentaríamos reducir la demanda, única solución al problema del agua.
Por tanto, se trata de lograr un objetivo de ahorro del 30 por ciento en las cuencas del Ebro, Duero y Tajo.
Mediante el incremento de la eficiencia de los regadíos, reduciendo pérdidas en redes de distribución, cambios tecnológicos en riego, el ahorro, señorías, implicaría no tener que hacer más embalses. El agua ahorrada devuelta al río es un factor de calidad y mejora del recurso y los ecosistemas.
En España, señorías, se consumen al año 28.250 hectómetros cúbicos. El 80 por ciento lo consume el regadío. La falta de eficiencia hace que se desperdicien 10.000 hectómetros cúbicos, de los cuales 5.000 retornan de una u otra

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forma a ríos, alcantarillados, cultivos, etcétera, y el resto se pierde y se desaprovecha en este país. Proponemos un objetivo de ahorro bruto de agua de 3.000 hectómetros cúbicos/año y hacemos una apuesta por el riego a presión.
Por último, señorías, junto a todo eso, a pesar de que el señor Ministro ha dicho que existía el Consejo del Agua de la época socialista y que ellos lo han respetado --me parece muy bien; todos mis respetos para los componentes del Consejo del Agua--, plantearíamos, porque es necesaria, la democratización de los órganos de participación: Consejo Nacional del Agua y organismos de las cuencas hidrográficas, dando cabida a los nuevos agentes sociales afectados y redimensionando el excesivo poder de determinados sectores que, a su vez, dominan en buena medida los grandes propietarios agrícolas de este país.
Como decía, señorías, señor Ministro, al principio de mi intervención, esto va a ser un desfile militar y de qué manera. Verán ustedes medios de comunicación, asistentes, Senadores, Senadoras, y aquí no se aprueba nada. Lo dije al principio. Largo desfile militar. Eso sí, paso firme, vista al frente, muy marcial todo esto.
Pero no se equivoquen, señoras y señores Senadores del Partido Popular, pueden tener la mayoría, pero no la razón. Y la razón tarde o temprano se abrirá camino porque, señorías, las gentes piensan y opinan, se articulan y organizan. Esa es la sociedad civil. Sabrán en mi opinión ejercer y participar en democracia; y participar en democracia es algo más que estar sentados aquí en ese Senado.
La aplicación de este plan, señorías, sin consenso y con prepotencia, no va a ser un camino de rosas. Es lo que yo deseo, lo que mi Grupo político, Izquierda Unida, desea. Ante el acoso, ante el no consenso, ante la mayoría aplastante, participación de la sociedad civil para hacer imposible algunas de sus políticas. Señorías, muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Corresponde ahora la defensa del voto particular número 1 presentado por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés que se corresponde con la propuesta de veto número 3.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Cid.


La señora CID PAÑELLA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señorías, por un momento escuchándole a usted, señor Ministro, creí que estaba en otro debate. Lo que usted nos ha contado aquí esta tarde en la exposición de este proyecto de ley no se corresponde con lo que hay escrito en él.
Como siempre --repito-- le he escuchado atentamente. Usted ha hablado de aspectos formales, de compromiso del Gobierno para una solución a un problema histórico, de responsabilidad política. Usted ha hablado de aportaciones en tres ámbitos, de un plan como instrumento de cohesión, de un plan que interrelaciona todas las administraciones y de un plan que tiene en consideración las perspectivas ambientales con medidas dirigidas a ese fin. Usted ha dicho que la mayoría de los artículos que componen este proyecto de Plan Hidrológico que están destinados al trasvase del Ebro son sólo para casos de último extremo y eso no es cierto. Ese es el objetivo básico de este Plan Hidrológico Nacional, señor Ministro.
Usted ha dicho que éste no es el resultado de un esquema preconcebido. Y eso sí que creo que es cierto. Este plan es el esquema preconcebido que ustedes tenían antes de empezar el borrador.
Ha hablado --yo creo que inconscientemente y quiero mencionarlo porque me ha parecido curioso-- del «pacte integral de les terres de l'Ebre». Yo no sé si ha sido un «pacte integral» o no, pero en todo caso en la ley se habla de «Plan Integral». Quizás haya sido un lapsus y haya sido un «pacte».
Bien, señorías, le he dicho antes y le repito que siempre le he escuchado muy atentamente, incluso cuando le he hecho preguntas de control al Gobierno. Hemos oído hasta la saciedad que estamos ante un tema de Estado y tengo que convenir en que es cierto pero también tengo que decirle que no se han esmerado demasiado porque las cuestiones de Estado, la cuestiones de interés general, deben apoyarse en el consenso basándose en un diálogo abierto y, sobre todo, real, no de escaparate. Usted ha afirmado reiteradamente que está abierto al diálogo. Y no ha sido así.
Los temas de Estado requieren grandes acuerdos con una amplia base política, territorial y social. El Plan Hidrológico que ustedes presentan no tiene ninguna de estas tres cosas.
También es cierto que nos enfrentamos a un tema recurrente que no sucede sólo durante el siglo XX; si nos remontáramos al siglo XIV encontraríamos las primeras solicitudes para trasvasar agua a zonas del sureste de la Península. En dicho siglo XIV esta solución se desechó, dadas las dificultades técnicas, políticas y económicas. La misma historia se repite en los siglos XVI y XVII y en el siglo XX ha habido varios intentos que han puesto de manifiesto, señor Ministro, que tenemos un problema, pero también que la solución no es cuadrar los números para respaldar un trasvase. No es así de fácil, señorías. Pero no deja de ser chocante que a principios del siglo XXI, con todas las iniciativas legislativas, con todas las normativas europeas en la mano sobre el tema de la gestión del agua, con todos los avances técnicos, con todo lo que sabemos sobre gestión de agua, con todo lo que se ha hecho hasta ahora y con el futuro que sabemos nos espera en cuanto al cambio climático, ustedes, el Gobierno del Partido Popular, nos propongan un viejo problema con una solución también vieja, fácil pero obsoleta, y propia de otros tiempos.
Como he comentado al principio de mi intervención, esto no se corresponde con lo que usted ha expuesto en esta Cámara. Ha afirmado que este Plan Hidrológico es un proyecto de cambio de prioridades desde el fomento de los usos del agua hacia la mejora de la gestión. Esto no figura en su proyecto de Plan Hidrológico. Es una cuestión de Estado, con ella se lían ustedes la manta a la cabeza y con la mayoría absoluta que tienen en las Cámaras legislativas, por supuesto legítima, quieren aprobar un Plan Hidrológico

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Nacional cuyo único objetivo, repito, es un trasvase, el del río Ebro y han obtenido un suspenso generalizado de la comunidad científica, como alguien en esta Cámara ya ha comentado.
Señor Ministro, es una lástima porque el problema existe, porque nos falta un verdadero Plan Hidrológico que dé respuestas al problema del agua; que asegure una gestión correcta del recurso; que se base en la eficiencia, en el ahorro, en la sostenibilidad del propio recurso y lo haga desde el diálogo y con consenso.
Deben desechar respuestas reduccionistas, fáciles pero insostenibles y hay que dar respuestas de planificación hidrológica, no hidráulicas, porque éstas sólo favorecen los desequilibrios territoriales y las políticas económicas desarrollistas que terminan agravando la situación, pues actuar sobre la base de la demanda hace que ésta aumente.
No voy a entrar en un debate técnico porque el Gobierno tiene sus estudios que, según dicen, avalan la propuesta de trasvase de este Plan Hidrológico Nacional; pero mi Grupo Parlamentario podría mostrarle el mismo número de estudios que contradicen los datos que ustedes defienden.
Gran parte de nuestros estudios seguramente se encuentran en cajones del Ministerio de Medio Ambiente. Pero, repito, no voy a entrar en esos detalles porque ustedes en lo que se refiere a razonamientos técnicos han utilizado la técnica del avestruz. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que menos les preocupa son las razones técnicas. Las únicas razones que se esconden tras este Plan Hidrológico Nacional son razones políticas y económicas, un modelo territorial basado en el desequilibrio entre territorios y una política económica insostenible y de espaldas al desarrollo rural.
Ustedes, señor Ministro, tienen la fuerza de los votos --y repito que ésta es lícita--. Pero nosotros, los que queremos un Plan Hidrológico propio del siglo en el que estamos, propio de una cultura del agua diferente, tenemos la fuerza de la razón, de las razones que avala la comunidad científica. Ya se ha dicho aquí que los cinco expertos y científicos del Consejo Nacional del Agua presentaron votos particulares a la hora de emitir su dictamen.
Contraponen conceptos como el de cuenca estructuralmente deficitaria --término que sólo utilizan cuando hablan de aguas superficiales, mientras que cuando se refieren a las aguas subterráneas emplean el de la sobreexplotación en lugar de hablar también de cuencas sobreexplotadas-- al de cuencas excedentarias. Sólo con eso se demuestra claramente la filosofía de este plan, la cual, como ya he dicho, no consiste sino en justificar el propio trasvase.
En segundo lugar, este plan no es ecológicamente sostenible. Y esto no lo digo yo, sino un montón de expertos, aunque supongo que también va a terminar diciéndolo la Unión Europea. El agua, señorías, es un recurso limitado, por tanto, su gestión no puede basarse en la demanda sino en la eficiencia de esa gestión. Es la correspondencia entre el agua que tenemos y el agua que gastamos y el que seamos capaces de aplicar iniciativas propias de una buena gestión --como el ahorro, el control, la reutilización, la optimización de infraestructuras, las mejoras de calidad, etcétera-- lo que nos permitirá responder con la misma agua a más necesidades. Eso significa corresponsabilidad en el uso y la gestión.
Estas y otras consideraciones van a hacer que también les suspendan en Europa, porque ustedes ignoran normativas comunitarias, como las relativas al agua, y porque con algunas de las obras que se contemplan en este plan se atenta contra ecosistemas protegidos. Por tanto, aunque ustedes intenten poner parches con las complicidades que usted muy bien ha explicitado desde esta tribuna, este plan no va a superar los controles de la Comisión Europea. Repito, pues, que también allí van a suspender. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En tercer lugar, este proyecto de Plan Hidrológico ha generado un rechazo social que no ha sido poco, por mucho que ustedes quieran minimizarlo: el rechazo de más de 400 asociaciones, de varios Parlamentos autonómicos --entre ellos, el de Cataluña--, manifestaciones ciudadanas multitudinarias, debates, conferencias, seminarios, etcétera, demuestran, como digo, que esta ley ha movilizado a los ciudadanos como hacía años que no sucedía. Y eso ha ocurrido porque éste es un Plan Hidrológico que, por mucho que lo niegue, señor Ministro, le ha dado la espalda al diálogo; incluso en esta misma Cámara, al negarse al debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas sobre el Plan Hidrológico.
Sin embargo, una ley como ésta, que hay que aplicar a lo largo de muchos años, necesita del consenso, tiene que fomentar la cohesión, y no la división y el enfrentamiento a los que se llega por la imposición.
El más explícito sobre el método que ustedes han utilizado fue el señor Arias Cañete. Y por cierto, aunque en esta Cámara, y a pregunta de esta Senadora, usted, señor Ministro, no se mostró de acuerdo con sus palabras, hay que decir que se han cumplido todas las previsiones del señor Arias Cañete. Por eso se ha ganado el ser conocido con el sobrenombre de «El profeta».
El Gobierno ha gastado y sigue gastando millones en campañas publicitarias para convencer a muchos ciudadanos de que con este plan hidrológico ganamos todos. Pero lo cierto es que todos perdemos la oportunidad histórica de hacer las cosas bien.
El debate sobre este tema y su proceso legislativo han sido un diálogo de sordos porque ustedes sólo están dispuestos a escuchar lo que quieren oír. Ese es el diálogo que usted ha fomentado.
Cuarto. Este es un plan que no planifica nada, que sólo planifica obras.
Es un plan de obras. Toda planificación tiene unos objetivos de proyección de futuro, por ejemplo, en política agraria --hace poco interpelaron al Ministro sobre el tema-- en modelo turístico, en desarrollo rural o en planificación territorial. Esos son los verdaderos pilares sobre los que se ha de basar la gestión sostenible de un recurso limitado como es el agua.
Por último, señorías, quiero hacer una referencia a otro de los argumentos más utilizados por usted, señor Ministro, para defender este Plan Hidrológico: la solidaridad. Han apelado ustedes a la solidaridad de zonas que están faltas de inversión, usted lo ha dicho; de rentas bajas, también

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lo ha dicho usted, a las que ustedes imputan excedentes de agua que está demostrado no existen.
Señorías, el único que puede ser solidario es el Gobierno, es decir, ustedes. Sean solidarios y preséntennos un Plan Hidrológico que no se base en el engaño, en hacer creer a la gente que el agua es un recurso ilimitado. Hagan pedagogía y den ejemplo de una nueva cultura del agua que asegure el futuro de todos. La solidaridad se demuestra proponiendo un plan sostenible con la gestión del recurso, pero esto implica compromiso, decisión, diálogo, innovación, planificación, cosas que nada tienen que ver con la solución fácil del trasvase que nos proponen.
Estas son algunas de las razones --no son todas, señor Ministro-- por las que presentamos esta propuesta de veto. Si no rectifican ahora van a tener que hacerlo ante el rechazo que va a generar este plan en el marco de la Unión Europea. Ya hay al respecto notas en los periódicos y en los medios de comunicación. Y mi Grupo va a estar ahí. No nos acusen ustedes de ir contra los intereses del Estado porque, señor Ministro, el Estado somos todos y este Plan Hidrológico no está hecho para todos porque ustedes lo han convertido en un arma política que favorece la división y los enfrentamientos.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Voto particular número 7 del Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la propuesta de veto número 4.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Laborda por tiempo de quince minutos.


El señor LABORDA MARTIN: Señor Presidente, señorías, subo a esta tribuna a defender la propuesta de veto a este proyecto de ley aunque sabemos que en realidad esto no es sino una decisión simbólica. Señor Ministro, no queremos esta ley ni nos sentimos representados en ella. Nos sentimos excluidos, motivo por el que hubiésemos querido participar en un gran acuerdo, pero luego hablaremos de esto. En quince minutos sólo es posible reiterar las razones políticas que nos mueven a defender este veto. Algo más de tiempo tendremos en el turno de defensa de las enmiendas para argumentar nuestra alternativa técnica y filosófica a este proyecto.
Señor Ministro, ya que el Senado ha cambiado dos veces el orden del día de este Pleno para que pudiese coincidir con su agenda, me parece que además de venir aquí a leernos un discurso tiene usted la obligación moral de darnos algunas respuestas --además de hacer preguntas-- a quienes hemos venido aquí a enmendar este proyecto de ley porque, entre otras cosas, subimos a esta tribuna con una sensación bastante insoportable y por encima de la cual ha pasado usted, y es que en este hemiciclo hay 257 miembros pertenecientes a esta Cámara que no pueden tocar ni siquiera una sola coma de este proyecto de ley.
Señor Ministro, yo le agradezco mucho sus felicitaciones por los trabajos, por el enriquecimiento que las Cámaras --en plural-- han hecho, pero me parece que hubiese sido mucho más correcto que usted hubiera felicitado a las fotocopias porque realmente ningún miembro de esta Cámara ha tenido oportunidad de modificar este proyecto de ley.
Este no es el momento para que usted nos pregunte de dónde salen los 260 hectómetros cúbicos. Usted debería saber que ya no estamos presentando un texto alternativo. En todo caso es usted el que tiene que respondernos a muchas inquietudes, por ejemplo, cómo va a llevar 1.050 hectómetros cúbicos en un tubo, en una autopista de cemento armado hasta donde quieren llevarlos.
Pero puestos a hacer preguntas, señor Ministro --y no quisiera hacer un debate técnico porque, aunque de esto sé un poco, creo que éste no es el momento ni el tiempo--, yo lo que quiero saber es quién garantiza en esta ley, por ejemplo, que van a llegar los 540 hectómetros cúbicos anuales --que según la documentación técnica de su proyecto tienen que llegar desde el Tajo a la Cuenca del Segura--, cuando los últimos veintitantos años el promedio ha sido de 325 hectómetros cúbicos.
Pero tal y como está el debate, casi no merece la pena que usted en quince minutos haga el esfuerzo, porque ha perdido la oportunidad de hacer algo más que venir a formularnos preguntas o a responderlas como niño sabiondo con las chuletas que le pasan sus asesores. Su fracaso, señor Ministro, es que a usted, siendo uno de los ministros más débiles del gabinete (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Qué dice!), le han encomendado la operación de más envergadura, cosa que no tiene ninguna credibilidad.
Señor Ministro esta situación me recuerda a la que se encontraba la Cámara hace unos meses cuando se debatió la Ley de Extranjería, en la que tampoco se aceptó ninguna enmienda, y todo el esfuerzo que hicimos los grupos de la oposición, incluso el que me consta que hicieron algunos miembros de su grupo para enmendar la ley, como creo que lo quieren hacer en este momento, se estrelló ante el muro de autosatisfacción y arrogancia construido por el Gobierno con los votos de los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario Popular. Las preguntas que les formulamos entonces con la Ley de Extranjería se las volvemos a plantear ahora. Entonces se les dijo que no era sensato legislar contra el partido que es su alternativa de Gobierno, se les dijo que no era apropiado legislar teniendo en cuenta sólo intereses económicos y propalando aparentes soluciones a las pasiones, a los temores y a las expectativas que ustedes mismos habían dolosamente provocado por interés puramente electoral, e hicieron lo que hoy están repitiendo con esta ley. ¿Qué sucedió entonces? Que el problema no se resolvió. Hoy están regularizando en los márgenes de la ley situaciones que podrían haber resuelto si hubieran tenido entonces voluntad de acuerdo. Hoy están pidiendo la colaboración de las instituciones con las que no contaron cuando aprobaron su ley exclusivamente con sus votos, al menos entonces, desde esta tribuna nos ofrecieron crear una Comisión de seguimiento de la aplicación de la ley, hoy ni siquiera nos han hecho ninguna oferta, y yo creo que el Gobierno tiene una deuda con esta Cámara, y con las Comunidades Autónomas en relación con esta ley.


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Me parece que una imagen de la supeditación de la autonomía de la Comunidad de Murcia es el que su Presidente tenga que seguir este debate desde la tribuna de invitados cuando ustedes no le dieron la oportunidad de debatir este proyecto en diciembre del año pasado, cuando aplastaron los derechos de quienes solicitaron que esta Cámara, en la Comisión General de Comunidades Autónomas, en diciembre del año pasado debatiera este proyecto de ley. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Creo que usted, señor Ministro, podría pagar la deuda que este Gobierno tiene con esta Cámara si subiese aquí a la tribuna y se comprometiese, en nombre del Gobierno, a que la Comisión General de Comunidades Autónomas hiciera el seguimiento del cumplimiento de esta ley, trayendo a la Comisión General la información de interés autonómico, incluidos los planes de regadíos y de infraestructuras que hemos solicitado inútilmente, porque sin ellos la aprobación de esta ley es una operación insuficiente para planificar los recursos hidrológicos de España.
Señor Ministro, ¿cómo ha sido posible un acuerdo sobre la justicia cuando había tantas diferencias entre nosotros, y no ha sido usted capaz de lograrlo en este plan cuando era mucho más fácil e igualmente necesario? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Este plan, señor Ministro, por mucho que usted en su discurso se aproxime a nuestras posiciones ¡qué tarde para hacerlo! no tendrá futuro porque no goza de consenso, eso es de sentido común.
Además, ustedes tenían un punto de partida que han desaprovechado --y que no tuvimos nosotros cuando fuimos Gobierno--: una oposición que no hace fundamentalismo ni siquiera de los trasvases, como lo hicieron ustedes en 1993. Ustedes han desdeñado nuestras propuestas sobre una nueva política y una nueva cultura del agua, y han desdeñado nuestras tesis de que los trasvases pueden y deben ser la última, no la primera medida a tomar en una política racional del agua, en este siglo.
Ustedes se han enrocado en su trasvase y, como siempre que se equivocan, se han instalado en el reproche de que hemos cambiado de actitud en relación con 1993. Hagan el favor de aplicarse ustedes mismos el reproche en cuanto al cumplimiento íntegro de las penas, en lo de pedir fondos estructurales a Europa o en el asunto de los trasvases, pero reconózcannos --aunque sea tarde-- el derecho a cambiar y a cooperar con ustedes, después de todo lo que ha cambiado la política hidrológica en los últimos diez años.
Hemos citado en la Comisión, en el Congreso y en todas partes, en este trámite motorizado, el informe del Consejo de Ciencia y Tecnología de los Estados Unidos, de 1996, sobre Economía del agua en la agricultura; el Foro Internacional de San Francisco, en 1997, sobre reutilización, ahorro y uso racional de los recursos hídricos; la experiencia del Pacto del Agua en California, en 1999; el Foro Mundial del Agua, en La Haya, en el año 2000 y la directiva europea que va a pender sobre su plan, obligando a su revisión y la de los planes de cuenca. Estos son los fundamentos de nuestra postura.
Es probable que ustedes hayan hecho el cálculo electoral de que no convenía hacer el esfuerzo de acordar con nosotros pero, al hacerlo, ustedes asumen la responsabilidad de no incorporar unas ideas que comparten millones de personas, especialmente las nuevas generaciones que rechazan que en un país como el nuestro, víctima de tantas agresiones al medio ambiente, se proponga llevar agua desde el Ebro al sur con un plan inspirado en el desarrollismo más antiguo.
No ha habido voluntad de consenso. Es más, creo que todos los que estamos aquí recordamos con horror el debate de una moción que presentó su Grupo sobre este asunto con la que se intentó, tan irresponsable como inútilmente, la ruptura del Grupo Parlamentario Socialista. ¿Cómo vamos a creer en su voluntad de acuerdo cuando ustedes han quebrado una obligación sagrada, especialmente cuando se está gobernando, la obligación de respetar la vida interna de los partidos políticos? Lo único que tiene de histórico este plan, señor Ministro, es que se ha tramitado sin ningún respeto institucional, y no sólo en esta Cámara, también en las Comunidades Autónomas. No se celebró el debate en la Comisión General de las Comunidades Autónomas, tampoco se ha informado del contenido autonómico de esta ley, infringiendo el artículo 56 del Reglamento del Senado. ¡Menos venir aquí a felicitar al Senado y más que el Gobierno cumpla con sus obligaciones para con esta Cámara! (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Sé que ustedes nos reiteran ese 80 por ciento de apoyo en el Consejo Nacional del Agua, pero como dijo Francisco Bella, nuestro portavoz en la Comisión, no se puede confundir participación con consulta. La consulta es lo que ustedes han hecho, poner un documento encima de la mesa; la participación es distinta, consiste en elaborar la propuesta con las partes para que un documento como éste pueda tener vida real en el futuro. Lo que sabemos hoy, después de los debates que se han realizado en los últimos diez años, es que la participación forma parte imprescindible de cualquier política medioambiental, y creo recordar que usted gestiona un Ministerio que se llama de Medio Ambiente y no de Obras Públicas.
Los acuerdos en el Consejo Nacional del Agua tienen mucho más que ver con la aceptación de legítimas demandas territoriales que con auténticos compromisos con la integridad del plan. ¡No se engañen! ¡No se engañe, señor Ministro! Ustedes han hecho en el Consejo Nacional del Agua lo que ya practicaron en el pasado con las Comunidades Autónomas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, con la financiación autonómica o con la financiación sanitaria: plantearles un dilema en lugar de una oferta de diálogo; un dilema que, a veces, es sencillamente decirles que o aceptan lo suyo o se quedan sin lo que les corresponde. Eso es lo que ha sucedido en el Consejo Nacional del Agua. Ustedes, con esa actitud --y lo reiteraré muchas veces-- están gravemente equivocados porque, señor Ministro, ningún partido ni una suma de partidos articulan España; a España la articulan sus instituciones democráticas. No se puede gobernar España desde la calle Génova. No merece la pena tener mayoría absoluta en el Senado para

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darle la razón al Ministro de Agricultura, como de forma implícita hemos tenido que descubrir, lamentablemente, estas alturas. Y es que esto es un paseo, no sé si militar, y el trasvase se hace --lo dijo el Ministro de Agricultura-- porque hemos perdido Aragón. Lamentablemente eso es lo que queda de este debate.
Ninguna Comunidad Autónoma está realmente representada en lo que está ocurriendo esta tarde aquí. Todas ellas han estado de acuerdo en ser solidarias; muchas de ellas han aprobado documentos en sus parlamentos a favor de efectuar interconexiones de cuencas; pero ninguna dijo nunca que para resolver los déficit estructurales de las cuencas del sur hubiera que trasvasar desde el Ebro. Todas ellas han aprobado propuestas para que hubiese un pacto de Estado sobre el agua. No hay pacto de Estado sobre el agua; no es que no se haya podido lograr, es que ustedes no han querido intentarlo. Por eso este plan es incompleto y es inviable.
¿Por qué ustedes estaban de acuerdo en 1995 en que el plan de regadíos estuviese desde el comienzo vinculado al plan hidrológico y hoy votan lo contrario en una y en otra Cámara? ¿Es que ya no consideran necesario contemplar lo que ocurre con ese 70 u 80 por ciento del agua que se utiliza en España, y cuyas pérdidas, según parece y dicen los científicos, ascienden a cinco veces los 1.050 hectómetros cúbicos que ustedes dicen que se van a poder trasvasar desde el Ebro? ¿Por qué tampoco están de acuerdo con nosotros en que un Plan Hidrológico Nacional debe contener objetivos precisos en políticas territoriales, en políticas agrarias, en políticas forestales, en políticas de infraestructuras? ¿Cómo a estas alturas se puede elaborar un plan sin considerar las advertencias que expertos españoles están haciendo sobre las consecuencias del cambio climático? ¿No hubo en esta Cámara una Comisión sobre el cambio climático, señor Ministro? ¿Alguien me puede decir si el Ministerio nos ha preguntado qué hizo esa Comisión y cuáles fueron sus conclusiones, para tenerlas en cuenta en la tramitación fueron sus conclusiones, de esta ley? No, todo esto es una ficción. Las cámaras son un pretexto para usted.
¿Es creíble que un plan hidrológico pueda salir adelante sin proceder a la reforma de la administración hidráulica y sin contemplar la función de esta Cámara --que nosotros llevamos a las enmiendas-- como representante y articuladora de la nueva realidad autonómica, también en la gestión del agua? ¿Es posible creer que este plan tenga algún propósito distinto del electoral si no contempla las obligaciones que se derivarán en el futuro de la directiva europea, en materias que otros oradores han expuesto en este tribuna, y sobre las que han escrito, entre otros expertos que no han sido consultados, señor Ministro, catedráticos como los señores Llamas Madurga o Arrojo? Este es un plan socialmente desequilibrado, sigue anclado en los paradigmas del pasado, de cuando se transportaban cosas con grandes gastos energéticos. Sigue anclado en los dogmas de los grandes usuarios del agua, de las empresas hidroeléctricas, de los intereses inmobiliarios, desconociendo que las nuevas posibilidades técnicas están impulsando un cambio radical en la opinión pública, en la conciencia de la gente, una expansión generalizada, cada vez más grande, de una sensibilidad por la naturaleza. ¿Es sensato que esta ley haya sido debatida en el Congreso de los Diputados durante 20 minutos en Ponencia, unas horas en Comisión y en Pleno, y aquí el tiempo partido por dos, cuando tiene por delante, si otra mayoría no lo remedia, años y años de dificultades, de movilizaciones sociales, de conflictos en los tribunales, de dificultades presupuestarias en España y en Europa? ¿Es creíble que esta ley va a tener la dotación presupuestaria que ustedes anuncian, cuando la inversión de este Gobierno, en la fase del ciclo más expansiva de los últimos 25 años, ha sido el 60 por ciento de lo que se invertía hace diez años? ¿Es creíble que usted lo pueda hacer cuando tiene la gestión presupuestaria más lenta de todos los Ministros del actual Gobierno? ¿Y de dónde --me pregunto-- va a salir tanto dinero, ese dinero que nos anuncia el señor Alvarez-Cascos en la Comisión de enfrente, y encima con déficit, cero? Esto no es creíble, para eso hubiéramos necesitado tiempo y por ello le pedimos que vinieran en diciembre a explicarnos el plan con las Comunidades Autónomas.
Ustedes además han pintado un panorama que no está siquiera en su ley: que el agua va a llegar mañana gratis y a todas partes, gracias a un trasvase.
En cuanto a la pregunta que usted me ha hecho, tengo aquí documentación para podérsela responder, pero le digo lo siguiente: usted es el que tiene que responder ante la Cámara del plan, y se lo preguntaremos año tras año, hasta que le cesen, porque año tras año demostraremos que usted está equivocado.
Pero le quiero decir algo más. Ese panorama que ustedes han pintado: que el agua va a llegar mañana gratis y a todas partes gracias a un trasvase, no es cierto. Aun en el supuesto de que se hicieran las obras, que no se sabe cómo serán, el régimen de autorizaciones es tan complejo y generará tantas tensiones territoriales, que el cielo de facilidades que ustedes han pintado es un mito, un mito que esconde una ineficiente técnica de más obra hidráulica y más burocracia. Además, señor Ministro, lo que ustedes están haciendo es irresponsable, y lo es porque ustedes se están ahogando en sus propias promesas. Predicando que ustedes lo único que pretenden es traer mucha agua pronto y a todas partes, están incitando una demanda que no controlarán, y que trastocará las endebles previsiones en que basan sus cálculo de la futura demanda del agua.
Una organización seria, Ecologistas en Acción, ha remitido un documento en el que se señala que estos anuncios del agua del PP están produciendo el efecto de que la presión urbanizadora se está incrementando con perjuicio para el equilibrio medioambiental: más cemento, más espacios protegidos macizados de edificios. Por cierto, esta misma organización nos ha dicho que sólo en la Comunidad de Murcia el Gobierno ha desprotegido 11.000 hectáreas de espacios protegidos. Esto es lo que genera este cuento de los Reyes Magos que ustedes llevan propalando en toda la zona sur de España.
Termino, señor Ministro. Nosotros no compartimos esa filosofía. Creemos que el uso racional del agua, el ahorro,

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la reutilización, la nueva cultura del agua, la gestión integral de la oferta son el futuro, y que esta ley nace antigua.
Esta situación de hoy me recuerda otra que viví hace unos cuantos meses, y la señora Presidenta --que no está presente-- es testigo de mis preocupaciones. También en un momento determinado les ofrecimos un acuerdo sobre las libertades y contra el terrorismo, y en aquellos momentos alguien, no usted, otro ministro, dijo que eso era un conejo que el PSOE se sacaba de la chistera; luego pasó lo que pasó, y efectivamente ustedes tuvieron que rectificar. ¿Por qué? Por lo mismo por lo que me he subido yo hoy esta tarde a la tribuna: porque la gente pidió, en cosas serias, diálogo. Ustedes hablan mucho, pero no dialogan. Tendrán que rectificar. Les estaremos esperando.
Muchas gracias. (Aplausos.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra, señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, señor Laborda, quisiera matizarle una serie de cuestiones que creo relevantes, y si usted lo tiene a bien me podrá responder. En primer lugar, desde el respeto le digo que no dudo que este Ministro no pueda alcanzar nunca su alta personalidad política, pero que al menos me respete. Yo intento hacer los deberes, porque es la única forma que conozco de trabajar, y efectivamente he intentado venir aquí con los deberes hechos, estudiados, y me gustaría debatir sobre este proyecto con conocimiento de causa y de una forma concreta, si usted no tiene inconveniente.
A mí me gustaría, si fuera posible, hablar en esta Cámara hoy de agua, y hablar del Plan Hidrológico Nacional. Lo siento si usted, efectivamente, no me puede responder, pero creo que es importante que respondamos, que demos esa información y que tengamos ese debate ante todos los Senadores y las Senadores presentes en esta Cámara. Y creo que es importante porque estamos ante un problema que tenemos la voluntad y la obligación de intentar resolver, y no es casualidad, señor Laborda, que este problema no se haya solucionado antes. No es casualidad que ustedes, en el año 1994, no consiguieran que el mismo Consejo Nacional del Agua que aprobó este proyecto con más del 80 por ciento, les diera a ustedes su aprobación, porque es un tema, efectivamente, complicado y difícil. En aquel momento los regantes y los usuarios con voto cualificado fueron los que entorpecieron la aprobación de ese Consejo.
Pues bien, vamos a intentar hablar del problema del agua, si es que es posible. Ustedes han presentado una alternativa al proyecto que presenta el Gobierno que respalda el Partido Popular. Esta alternativa que ustedes presentan es la solución, en teoría, a este proyecto; un proyecto que usted dice que va a transportar 1.050 hectómetros cúbicos de agua o de cemento armado a través de grandes autopistas. Nosotros seguimos defendiendo que este plan contempla la opción del trasvase como la última opción. No le quiero ni contar las autopistas de cemento que hubiera contemplado el proyecto del año 1994 con casi trece trasvases y con 3.800 hectómetros cúbicos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Nosotros proponemos que este proyecto elabore y lleve adelante toda una serie de inversiones en cada una de las cuencas para solucionar sus problemas internos sobre la base de sus recursos internos, y esas políticas dan prioridad a las medidas de fomento del ahorro, dan prioridad al saneamiento y la depuración, dan prioridad a la utilización sostenible de las aguas subterráneas, dan prioridad a las medidas de gestión de la demanda, dan prioridad, en definitiva, a la desalinización y a todas las medidas alternativas que se puedan utilizar.
Efectivamente, nosotros partimos de un dato que a mí me gustaría comprobar con usted, y supongo que no tendrá ningún inconveniente en contestar. Señor Laborda, ¿cuál es el déficit de agua de la cuenca del Segura, de la cuenca del Júcar, de la cuenca del Sur y de las cuencas internas de Cataluña? Porque es importante que nos pongamos de acuerdo en ese déficit.
Yo, sin ningún ánimo de molestarle, sino simplemente intentar aclarar las cosas, le diré que lo que tengo derecho a exigir es que su mensaje sea único, y no tengo ningún ánimo en meterme en problemas internos de ningún partido político. De lo que sí tengo ánimo es de intentar aclarar las cosas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Cuál es el déficit de Almería? ¿Cómo solucionamos ese déficit de agua en Almería? ¿Son imprescindibles 100 hectómetros cúbicos de agua externa a Almería después de haber construido las desalinizadoras y después de haber llevado hasta el final la reutilización, las medidas de gestión de la demanda? ¿Es imprescindible la aportación de esos noventa después de haber hecho el trasvase del Negratín también como una alternativa? ¿Son imprescindibles sí o no? Porque lo que no puede ser --y no estamos hablando de obras, no estamos hablando de ningún tipo de chantaje-- es que la Junta de Andalucía diga sí a ese trasvase y usted me diga aquí no a este trasvase. Este no es un problema nuestro. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) ¿Cuál es el déficit de la cuenca del Segura? ¿Cómo tenemos que solucionar el déficit de la cuenca del Segura? ¿Es cierto que la propuesta que hace el Partido Socialista --la suya, la que usted defiende-- establece 150 hectómetros para solucionar este problema de déficit, que surgen de la creación de un banco público del agua? ¿Es cierto? ¿Cómo vamos a solucionar el problema de la cuenca del Júcar? ¿Es cierto que ustedes plantean 260 hectómetros cúbicos de ahorro y de modernización para solucionar los problemas del déficit que ustedes dicen que existe en la cuenca del Júcar? ¿De dónde van a salir esos 260 hectómetros cúbicos? ¿Es cierto que ustedes, en todas estas cuencas en general, plantean una reutilización de agua de 265 hectómetros cúbicos? (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) ¿Por qué estoy intentando pedirle explicaciones de esta propuesta? (La señora Arnáiz de las Revillas García: ¡Eres tú quien tiene que darlas!) Fácil: porque ustedes tienen

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que dar el mismo discurso en Aragón, en Almería, en Murcia, en Asturias y en Galicia. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños de Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) ¿Por qué? Porque en su alternativa --que es legítima y a mí me parece una buena alternativa-- ustedes dicen que si falla cualquiera de estos argumentos con los que afirman que se corregirán los déficit --argumentos que a mí me parecen endebles científicamente, endebles económicamente y endebles medioambientalmente hablando-- harán trasvases.
Ustedes, en su propuesta, dicen que si cualquiera de estas medidas que proponen falla, harán trasvases, y con una pequeña diferencia: que ustedes proponen que ese trasvase no lo apruebe el Senado ni el Congreso; ustedes proponen que ese trasvase, cuando no funcione esto, lo autorice el Gobierno a través de un decreto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Si usted se queja de que no ha pasado por las Cortes este proyecto, imagínese con la aprobación de un decreto. Esta es la importancia.
Señor Laborda, con todo el respeto, yo creo que esto es muy importante.
Hay que decir a los ciudadanos si efectivamente ustedes con su propuesta alternativa van a solucionar sus problemas de agua o no se los van a solucionar. Hay que decirles que si al final fallan estos parámetros, ustedes van a autorizar el trasvase y, por lo tanto, esta gran autopista, este gran tubo de cemento armado al que usted ha hecho referencia total en su proyecto, también lo tendrán que hacer, y con una pequeña diferencia: que nosotros asumimos la responsabilidad de enfrentarnos a los ciudadanos, a todos (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Sí, sí, a todos!), y les decimos que éste es el problema que tenemos y ésta es la solución que nosotros proponemos. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Desde mi punto de vista, ustedes intentan esconder esta solución dejándola para después, para el futuro, y en base a un hipotético decreto si realmente no funcionan las medidas que ustedes han planteado.
Pues bien, sobre la base de esta propuesta, yo quiero garantizarle además que los 240-260 hectómetros que usted plantea de ahorro del Plan del Júcar responden a la aprobación del Plan Hidrológico de Cuenca --desde mi punto de vista en un error de método--, que establecía que con la reconducción y renovación del proyecto de la conducción de la Acequia Real al río Júcar se podían obtener estos 240 hectómetros de agua. Lo que sucede es que cuando ustedes han planteado estos 240 hectómetros, con posterioridad se dan cuenta de que el señor Bono reclama y les dice que esos 240 hectómetros ya están repartidos y 120 le corresponden a él, porque son para Albacete, y los otros son para los regadíos del Vinalopó y l'Alacantí. Insisto, no hay 260 más que no sean estos 240, excepto que fueran los 240 ó 260 que hoy bañan y nutren el humedal de La Albufera de Valencia. Es importante conocer este dato y esta realidad.
En cuanto al Plan de Regadíos, que se ha discutido desde el Gobierno, la propuesta inicial de este proyecto se presentó en el Consejo Nacional del Agua y se dieron argumentos de peso explicando que la gran diferencia estriba en que el Plan Nacional de Regadíos está incluido en toda su extensión y su limitación cuantitativa en este proyecto. Este problema lo hemos resuelto, el Gobierno lo ha resuelto, ha hecho sus deberes antes de presentar este proyecto en la Cámara.
Nosotros defendemos la integración e incardinación del Plan Nacional de Regadíos con el Plan Hidrológico Nacional. La diferencia está en que nosotros hemos tomado las precauciones necesarias para que estos dos planes sean absolutamente compatibles, porque hemos intentado hacer bien nuestro trabajo. Nos podremos equivocar, pero lo hemos intentado.
Ha sido un proyecto que se ha consensuado. A ustedes el proyecto no les gustará, pero ha pasado por un proceso de participación social dentro de un órgano consultivo, que es el que ustedes establecieron en la ley. Y este órgano, después de tantos y tantos meses de trabajo, se ha pronunciado de una forma concreta y expresa con este proyecto. Una de las claves --probablemente la esencial-- ha sido que hemos conseguido un gran respaldo dentro de este Consejo Nacional, lo que ustedes desgraciadamente no pudieron conseguir en su momento.
Además, este gran respaldo tiene, desde mi punto de vista, dos aspectos que son fundamentales. Por primera vez en España, hemos conseguido el apoyo unánime de los regantes y de los usuarios del agua de toda España a este proyecto. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Y hemos conseguido el apoyo de la mayoría de las Comunidades Autónomas que han participado en la creación de una Comisión solicitada de forma expresa dentro del debate en el Consejo Nacional del Agua. Las Comunidades Autónomas, como Comisión de Comunidades dentro del Consejo y como representantes en el mismo y en la Comisión Permanente, han participado a lo largo de todos estos cinco meses en este debate y en este proceso.
Señor Laborda, yo, como Presidente de una Comunidad Autónoma, sinceramente, me sentiría ofendido si alguien pudiera decir que mi voto ha sido consecuencia de un chantaje. Nadie, ni ningún voto de presidente o consejero de Comunidad Autónoma, ha podido ser objeto de un chantaje, de una presión o de dádivas de promesas de obras. Le diré más, el ejemplo se lo puedo dar de forma concreta. (Rumores.) Yo he entendido que usted ha dicho esto, si no es así, lo rectifico, pero es lo que he entendido.
(El señor Laborda Martín: Yo le voy a decir lo que he dicho.) Un Presidente de una Comunidad Autónoma de Gobierno socialista, ante la presentación de este Plan y su votación inminente en el Consejo, que fue favorable, me dijo: ¿Cómo puedo negarme ahora, después de haber defendido lo que hemos defendido desde este Partido en mi Comunidad Autónoma, a que donde se demuestre que sobra agua y adoptándose todas las cautelas necesarias, sobre la base de la solidaridad, esa agua pueda ir a satisfacer demandas de aquellos que las necesitan? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Usted dice que nosotros nos aproximamos a sus posiciones. Quiero volver a hacer hincapié en el hecho de que

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este Gobierno no tiene ningún problema en aproximarse a las posiciones de nadie. Algunas de sus propuestas son magníficas y las compartimos totalmente. Me da igual quién sea el que se aproxima a quién, me da absolutamente igual.
Senador Laborda, usted lo creerá o no, pero le puedo garantizar que este Plan prioriza las medidas de fomento del ahorro, prioriza las medidas de reutilización y sólo accede a los 1.000 hectómetros como última solución, en parte, como ustedes de una forma un tanto velada intentan dejar sentado en su propia alternativa. La diferencia básica entre este proyecto y el del año 1994, del señor Borrell, la diferencia entre aquellos 4.000 y estos 1.000 hectómetros, entre esos 13 trasvases y este trasvase es precisamente ésa, que nosotros antes hemos llevado al límite todas las soluciones alternativas, tal como ustedes también intentan defender en su propuesta alternativa. Y estamos de acuerdo. Pero, al final, ustedes y nosotros sabemos que, desgraciadamente, en España, desgraciadamente, en Murcia, desgraciadamente, en Almería, desgraciadamente, en el área metropolitana de Barcelona no seremos capaces de solucionar definitivamente las demandas hoy existentes y que están desatendidas si no es sobre la base de una transferencia de excedentes de otras cuencas.
Permítame decirle, además, que el 45 por ciento de los 1.050 hectómetros cúbicos van destinados a atender abastecimientos de núcleos de población humana. Estamos hablando de ciudades, de núcleos de población --de la misma área metropolitana de Barcelona-- que padecen problemas, o de sobreexplotación de acuíferos, o de necesidades de restricciones de agua, condicionadas por la falta de ese recurso.
No es un Plan que esté basado en generar expectativas de futuro. Esa es la diferencia de este proyecto con el del año 1994. Este intenta simplemente atender las necesidades hoy existentes que están desatendidas, porque esos ciudadanos tienen derecho al agua --y usted lo sabe--, tienen derecho al agua, con todas las cautelas, con todas las precauciones que usted quiera, como las que establecemos en la Ley. Y nosotros pedimos sacrificios a esos ciudadanos. Efectivamente, les vamos a cobrar el precio del agua mediante una parte de imputación de los costes importantes. Con esta Ley si se aprueba esta noche o cuando ustedes lo crean oportuno vamos a conseguir que se pueda prohibir taxativamente la creación de nuevos regadíos sobre la base de esas transferencias, vamos a conseguir renuncias expresas de esas concesiones sobre la base de las nuevas y futuras concesiones.
Estoy convencido de que ustedes comparten esta apuesta, pero usted olvida que esas mismas concesiones las hemos hecho con otros grupos políticos de esta Cámara, y ustedes olvidan que este Partido, que tiene mayoría absoluta, no va a aprobar este proyecto con mayoría absoluta. Ya sé que a ustedes les interesa olvidar ese pequeño matiz, pero nosotros hemos consensuado este proyecto. ¿No hemos podido consensuar este proyecto con ustedes? Quizás la culpa sea de los dos, al menos de los dos, señor Laborda, y no sólo de uno. Pero, en cualquier caso, hemos conseguido ese consenso con otras fuerzas políticas, a las que una vez más quiero agradecer su esfuerzo. Y éste es un matiz importante que creo que no se debería olvidar.
Cuando me dice que nos aproximamos a sus posiciones comprenderá usted que le diga con cierta duda que a veces no sé cuáles son sus posiciones.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) ¿Son sus posiciones las de Almería? ¿Son sus posiciones las del Partido Socialista de Murcia? ¿Son sus posiciones las de Entesa Catalana de Progrés, que ha hablado antes? ¿Cuál es el proyecto? Nos tendremos que poner de acuerdo para intentar encontrar un punto de aproximación. Sinceramente creo que éste ha sido el gran «hándicap» que nos ha separado; el gran «hándicap» que nos ha imposibilitado encontrar un acuerdo de la justicia con ustedes ha sido esa dificultad para tener un proyecto único en todo el territorio.
Quiero insistir en el hecho de que se ha producido proceso de participación, cuyo resultado a ustedes probablemente no les guste, pero lo que no pueden negar es que ese proceso de participación tanto de Comunidades Autónomas como de todos los interlocutores expertos se ha producido. Por cierto, quiero recordar que algunas de las observaciones que se han hecho en esta Cámara con respecto a la postura de los científicos no son del todo ciertas. La postura de los científicos, ha sido unánime ni en el Consejo Nacional del Agua ni fuera de él. Y la controversia que puede existir en estos momentos --que yo respeto-- está basada más que nada lo que son prevenciones futuras de evolución, que yo creo que están despejadas en este proyecto, que sí analiza el cambio climático, y usted comprenderá que ésta sea una preocupación de este Ministro.
Sí establecemos mejoras de la participación pública en la Administración Hidráulica. Quiero recordarle que la Administración Hidráulica de España hoy es ejemplo, dentro de esa directiva europea, en lo que se refiere a organización de las cuencas, administración que otros países quisieran para sí.
¿De dónde va a salir tanto dinero? Este es el fruto del trabajo de los Gobiernos del Partido Popular al frente de este país y de esta nación. Yo le puedo garantizar --y, como usted dice, yo de esto sí que sé un poquito-- que los cuadros financieros están hechos y están sustentados con bases rigurosas, sin endeudamiento; esas obras y esas inversiones se van a hacer y, además, se van a hacer con un matiz diferencial, afortunadamente, de lo que ocurría en el pasado: no lo van a tener que pagar las generaciones futuras, lo vamos a pagar nosotros. (Fuertes aplausos.) En cualquier caso quiero decirle que agradezco el trabajo que durante todo este proceso de participación han hecho todos los colectivos, y lo he dicho mil veces, también los colectivos ecologistas, que se pronunciaron en el Consejo Nacional del Agua con su voto en contra, pero con un voto matizado que yo le pido a usted que recuerde cuando haga una referencia final a esta posición. Porque si yo le digo a usted lo que dice una organización seria como Ecologistas en Acción sobre el Plan alternativo del Partido Socialista Obrero Español, ¡no le quiero ni contar! (Risas.) y sobre la propuesta que ustedes hacen de la desalinización, ¡tampoco le quiero ni contar!

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Lo que sí quiero reconocerle es algo en lo que estoy totalmente de acuerdo con usted y es que nos queda mucho trabajo por hacer. Yo lo decía ayer; a partir de aquí nuestro compromiso es más grande que nunca, hay que demostrar que cumplimos nuestra palabra. Yo creo que lo estamos haciendo. No es fácil, no es sencillo. Yo creo que estamos ejecutando esas inversiones que necesita España, que resuelven los problemas de España, pero, sin duda, lo que le quiero garantizar es que no nos podemos dormir porque probablemente nuestro gran reto desde el Ministerio empiece ahora con la ejecución de estos proyectos y con la solución de estos problemas.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro. (El señor Laborda Martín pide la palabra.) Senador Laborda, supongo que pide la palabra por el artículo 87. Tiene su señoría la palabra.


El señor LABORDA MARTIN: Señora Presidenta, soy consciente de que en la Junta de Portavoces acordamos un sistema de debate que, en caso de llevarse a cabo, no dudo en acatar, pero me parece que, por funcionalidad, podríamos alterarlo. Es decir, el Ministro ha intervenido en este turno, y le garantizo a su señoría que si me da la palabra no volveré a consumir otro turno, porque queda por delante debate más que suficiente, y sería interesante que nos pudiéramos decir algunas cosas unos a otros directamente y dar un poquito de animación a esta Casa.
(Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Precisamente, señoría, porque coincido con usted y porque el Reglamento lo permite, le voy a dar la palabra.
El señor Ministro puede intervenir siempre que quiera y sus señorías tendrán luego un turno de portavoces, pero, en virtud del artículo 87, pueden intervenir todos los portavoces por un máximo de cinco minutos, tiempo suficiente para exponer sus posturas, y seguidamente el Ministro si lo considera oportuno.
Tiene la palabra el Senador Laborda.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar responder a algunas de las cuestiones que el Ministro ha planteado aquí.
Para empezar, señor Matas, quiero decirle que, si en algún momento ha interpretado de mis palabras que no le tengo en consideración, lejos de mí quedan esas actitudes. Usted no me conoce y quizá tenga que enviarle una carta de presentación; es decir, le tengo mucho respeto, como a cualquier otro miembro del Gobierno, y no soy de esas personas que piensan que unas ideologías tienen superioridad ética sobre otras.
Acepto, por lo tanto, perfectamente el debate, pero es que, derivado de esas convicciones, tengo que decirle, que se ha mostrado en esta tribuna un poco rígido en cuanto a la calidad que cabe esperar de una persona de su trayectoria política. Se lo digo sinceramente. (Fuertes rumores.) Déjenme explicarme. Me parece que aquí hemos hecho todos un esfuerzo, además de las fotocopias, para hacer un debate distinto, porque nos correspondía hacerlo así. A mí me llama poderosamente la atención la falta de imaginación de quien le ha inspirado el argumento central de su segunda intervención. (Fuertes rumores y protestas.)

La señora PRESIDENTA: Silencio, señorías.


El señor LABORDA MARTIN: No es lógico que nos vuelva a decir que en el año 1994 había un Plan que contemplaba más trasvases, más cantidad de agua trasvasada. Si eso ya lo sé, como también sé que nosotros hemos perdido las elecciones. (Fuertes rumores.) Pero eso es lo que me permite a mí decirle que no debe anclarse en descalificar a quien ha hecho un enorme esfuerzo --y usted no ha demostrado su convicción en esta tribuna, porque no lo ha hecho-- por adaptar su punto de vista, su mensaje, su ideología y su concepción sobre la política del agua a lo que ha sucedido entre el año 1994 y el día de hoy.
Es como si yo le dijera a usted que, por fidelidad, tiene que arrepentirse de lo que hizo Silva Muñoz, que, por cierto, estuvo en el Grupo Parlamentario del fundador de su Partido y fue Ministro de Obras Públicas. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No podemos seguir con esas actitudes.
Por otro lado, es muy vieja esa historia que dice: explíquennos, ustedes socialistas, qué es lo que piensan. Para empezar, quiero comentarle algo que un viejo conocido mío con el que me encuentro algunas noches y que se llama Renan nos decía. Lo que no puede hacer usted aquí es intentar vincular a las personas y a su pensamiento con los territorios, porque ya lo intentaron el día en que se debatió la moción, a principios de este período de sesiones. Vinieron a poner en contradicción el hecho de que unas personas representan a unos territorios con su compromiso ideológico, que es una cosa muy libre.
Pero fíjese usted: yo le acepto plenamente que existen diferencias sobre el agua. ¡Cómo no va a haberlas! Pero ¿no estamos en una sociedad abierta? ¿No estamos en una sociedad en que la gente tiene libertad de pensamiento? (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) ¿No estamos en una sociedad en la que cada cual representa intereses distintos? Usted posee una visión muy pobre de sus presidentes de Comunidades Autónomas, señor Ministro. Usted no puede venir a esta tribuna, y mucho menos habiendo sido Presidente de Comunidad Autónoma, diciéndome que todos sus presidentes están fotocopiados como todas las fotocopias de este proyecto de ley a su paso por el Senado. Es que los presidentes de las Comunidades Autónomas de su ideología no tienen el mismo pensamiento sobre este problema ni sobre los demás. Ustedes, hasta ahora, están consiguiendo, a base de promesas, que es lo que he querido decir al referirme al Consejo Nacional del Agua, plantearles un dilema --no chantajes-- diciéndoles: Tienes que aceptar lo que yo te propongo porque si no no te podré dar lo que te corresponde. Lo que están

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haciendo es un reduccionismo que no tiene ningún sentido y que acabará produciéndoles problemas.
Le he pedido una cosa muy sencilla, señor Ministro, que está en nuestras enmiendas. España no se puede gobernar ni desde Génova ni desde Moncloa, ni desde los partidos políticos (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), ni desde una dimensión puramente cerrada y unidimensional. Las instituciones tienen que hablar, las instituciones tiene que votar. Usted me está planteando aquí todo esto como interrogaciones. Señor Ministro, usted no es Carlos Sobera para hacerme preguntas a ver si me da un premio. Lo que le he dicho es que, en diciembre del año pasado, usted me planteaba preguntas como las que me ha formulado: ¿Qué es lo que piensa el Presidente de la Comunidad Autónoma de Castilla La Mancha o qué piensa el Presidente de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares o qué piensa el Presidente de la Comunidad Autónoma de Aragón? ¿Cómo puede venir usted a esta tribuna a pedirme que le diga lo que piensan --pues yo no soy quién para decírselo--, cuando ustedes se han negado a que ellos ejerzan el derecho que les corresponde reglamentariamente para venir aquí a decírselo a usted? (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Ese es el fracaso. Aquí no es cuestión de estar hablando de soluciones técnicas ni de que usted me haga el examen técnico. Yo he conocido aquí, en estos bancos, a una persona que seguramente usted conocerá: Manuel Díaz Marta Pinilla, Senador del Partido Socialista entre el año 1977 y el año 1986, creo recordar; colaborador de Lorenzo Pardo; colaborador de Indalecio Prieto. Una persona que estuvo en todos los debates de la transición sobre el asunto del agua. ¿Sabe lo que aprendí de él? Lo que aprendí fue que, en cualquier decisión que afecta a los territorios, que se conjuga con la ideología, quien está gobernando debe tener la suficiente generosidad y visión de futuro como para no hacer lo que usted ha hecho aquí en esta tribuna, sino para dialogar.
Gracias. (Fuertes y prolongados aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
¿Algún otro portavoz desea intervenir haciendo uso de la facultad que le concede el artículo 87? Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Voy a ser muy breve. Sólo intervengo para expresar dos o tres ideas, No me correspondería hablar dado que el señor Ministro no se ha referido a mí. ¡Faltaría más! Además, lo entiendo perfectamente. Se trata esencialmente de discutir y de exponer la contradicción entre su política y otra política con la que tampoco estoy exactamente de acuerdo. En cualquier caso, usted tiene la obligación de gobernar, y los demás, como es lógico, estamos controlando su política, intentando enmendarla y dando razones para enmendarla y rectificarla.
Esto es así. A mí me sabe muy mal continua y permanentemente Senador escuchar en esta Cámara la misma cantinela. Miren, yo no soy nada sospechoso de ser filosocialista. Son compañeros míos. Se inscriben en el marco de la Izquierda social y política. Gobernamos conjuntamente en Baleares, pero no soy del Partido Socialista. Estoy cansado --y ahora el señor Ministro también lo ha hecho aquí-- de que se repita continua y permanentemente la cantinela «cuando ustedes gobernaban». Por eso, le he hecho a usted mención de ello porque usted a mí no me puede hablar --a mí no-- de cuando gobernaba. (Rumores.) Y lógicamente... (Rumores.) Tranquilos, tranquilos. Decía que no me puede hablar de cuando gobernaba; pero cuando usted gobernaba --lo he dicho en la tribuna-- a usted y a su partido el movimiento ecologista le ha dado muchos premios cemento porque lo han hecho muy mal. Cero patatero, cero patatero, señor Ministro.
(Risas.--Rumores.) Tranquilos, tranquilos, que hay más. ¡No se pongan nerviosos, que todavía falta un poco!

La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, le recuerdo que este turno era por alusiones.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Voy a terminar. No quiero consumir más tiempo.
Usted ha dicho una cosa que me ha sorprendido enormemente. Ha dicho usted que la postura de los científicos no ha sido unánime. Yo le he dicho que los nombrados por dos Ministerios que están en el Consejo del Agua tienen un voto particular que pone como chupa de dómine a su plan, con nombres y apellidos; y le puedo leer perfectamente todas sus razones, que refutarían totalmente lo que usted ha defendido, y saben más que yo, y a lo mejor que usted. (Rumores.) Termino. Cuando se refiere al movimiento ecologista dice que ha criticado también el plan del Partido Socialista. Es verdad. Yo lo tengo aquí y hay trazos de eso. Pero Ecologistas en Acción pone también como chupa de dómine a su proyecto, punto por punto. Ahí están las 10 razones de Greenpeace, un documento de Comisiones Obrera --¡tela!--, y otro de UGT que tengo aquí.


La señora PRESIDENTA: Tiene que concluir, Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Por tanto, el movimiento social está radicalmente en contra de su proyecto. ¡A ver si se entera! Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra la Senadora Cid.


La señora CID PAÑELLA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervendré con mucha brevedad. Señor Ministro, la verdad es que estoy atónita. (Rumores.) Nunca había presenciado la interpelación de un Ministro a un Grupo de la oposición. Yo creía que aquí veníamos a hablar del proyecto del Plan Hidrológico que presenta el Gobierno, no del proyecto alternativo del Grupo Parlamentario Socialista. Realmente, me he quedado atónita. Le he dicho en mi

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intervención que le escuchaba atentamente. Siento muchísimo que no hayamos merecido --no sé si por grande, por pequeña o por mediana altura-- su atención. Y ninguna respuesta a la enmienda de devolución.
Hemos tomado nota, evidentemente --como usted nos ha recalcado mucho--, de con quién y por qué se va a aprobar, suponemos que hoy, este Plan Hidrológico, no sólo con los votos del Partido Popular. Por lo tanto, debo agradecerle su presencia hoy aquí, pero así nos hemos quedado. Y cuando quiera saber lo que pensamos en la Entesa se lo pregunta a la Entesa.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Cid.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero agradecer a todos los portavoces su intervención. Yo, sinceramente, he intentado en mi exposición dar una respuesta al proyecto del Plan Hidrológico que ha presentado este Gobierno, y si he intentado analizar la propuesta alternativa ha sido con el ánimo, de demostrar que este proyecto tiene como único objetivo resolver el problema de la ordenación de nuestros recurso hídricos en toda España. Este es el objetivo. Este objetivo es difícil. Este objetivo es complicado. Y hablar del agua en general lo es todavía más.
La propuesta del Gobierno resuelve este problema. Pero para resolver este problema hay que coger el toro por los cuernos. Y no nos podemos quedar en el discurso grandilocuente; no nos podemos quedar en los grandes mensajes, y técnica y científicamente tenemos la necesidad de bajar a la arena para proponer soluciones concretas que resuelvan el problema del agua que hoy tienen nuestros ciudadanos. Porque, de lo contrario, seguiremos esperando treinta, cuarenta o cincuenta años más para solucionar esta cuestión, como ha sucedido hasta ahora.
Señor Laborda, voy a ser muy breve. Usted afirma que no le conozco. Le conozco porque usted tiene una carrera política, brillante, como cualquier español sabe. (Rumores.) Y le puedo garantizar que usted como parlamentario --y también como persona-- me merece todo el respeto del mundo. Por tanto, muchísimas gracias por sus palabras. Y quiero decirle que quien me ha examinado ha sido usted; quien ha dicho que me faltaba «finezza» ha sido usted (Risas.--Rumores.) Es decir, usted me examina pero yo no le he examinado a usted.
En cualquier caso, simplemente quiero decirle que es importante conocer ese proyecto alternativo, porque estoy convencido de que su resultado final sería el mismo que el nuestro porque --y perdóneme-- estoy seguro de que si hubieran tenido ustedes la valentía de afrontarlo, si hubieran sido capaces de tener un único discurso en toda España, hubieran podido presentar un proyecto muy parecido al que hemos presentado desde nuestras fuerzas políticas; estoy seguro y convencido de ello. No hemos podido. No hemos sabido. Será nuestra responsabilidad, y en cualquier caso el futuro nos tendrá que pasar factura a ambos.
Permítame que le diga que nuestros Presidentes de Comunidades Autónomas sin duda no tienen un mismo pensamiento ni en este tema ni en otros. Es normal que no exista un mismo pensamiento. Pero, señor Laborda, ése no es el problema. El problema es que lo que no se puede tener en un grupo son pensamientos incompatibles. Usted no puede ir a Aragón y afirmar que no habrá trasvase, e ir a Murcia y decir que sí lo habrá. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Insisto, no podemos ir a Aragón y afirmar que no habrá trasvase e ir a Murcia y decir que sí lo habrá.
Esto es por lo que los ciudadanos nos van a castigar. Hay que coger el toro por los cuernos y afrontar los problemas con valentía, aunque afrontar los problemas tenga un coste político a corto plazo que se debe asumir desde el Gobierno cuando se intenta actuar con responsabilidad.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Turno en contra de los vetos.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Javier Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, permítanme que con mi intervención intente al menos traer la tranquilidad a esta Cámara, a la vez que exponer la postura del Grupo Parlamentario Popular sobre los vetos de los Grupos Parlamentarios Socialista, Entesa Catalana de Progrés y el Grupo Mixto al proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional que hoy se somete a debate.
En primer lugar, a fuer de ser sincero, he de confesar a sus señorías que en el transcurso de algunas de las intervenciones que me han precedido me he preguntado si realmente estábamos hablando del texto del Plan Hidrológico Nacional; me he preguntado si alguno de los intervinientes conoce realmente su contenido y, sobre todo, me he preguntado si lo que se pretende es debatir con seriedad la solución a un problema que afecta a todo el Estado o simplemente polemizar en aras de unos presuntos beneficios partidistas cuyo único objetivo es alimentar a sus acólitos.
Centremos, pues, la cuestión en el debate del Plan Hidrológico Nacional.
El Plan Hidrológico presentado por el Gobierno del Partido Popular es un mandato de la Ley de Aguas, aprobada en 1985, gobernando entonces el Partido Socialista Obrero Español. Tal como establece la ley, el Plan Hidrológico Nacional tiene preceptivamente que coordinar las relaciones existentes entre las diferentes cuencas y aprobar por ley las transferencias entre las mismas. Esta es la ley, nuestra ley, a la que nos sometemos porque está vigente; por tanto, el contenido del Plan Hidrológico Nacional es el que le marca la ley.
Como antes ha dicho el señor Ministro, el Plan Hidrológico Nacional es la consecuencia de muchos años de estudios, del trabajo de centenares de expertos, de la utilización de datos que abarcan casi un siglo, de su procesamiento, y de la utilización de modernas técnicas analíticas

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y estadísticas que se han ido enriqueciendo a lo largo de su tramitación con aportaciones de diferentes grupos sociales y políticos.
En esta sala se nos ha acusado de ser poco dialogantes. Se ha dicho aquí que en la elaboración del texto que hoy estamos debatiendo no ha habido participación ajena a la del Gobierno, que no ha habido diálogo. Pero, señorías, nada más lejos de la realidad. En su tramitación en el Consejo Nacional del Agua, proceso que ha durado cinco largos meses, el Ministerio de Medio Ambiente ha mantenido un total de 169 reuniones con Comunidades Autónomas, ayuntamientos, usuarios, partidos políticos, asociaciones de todo tipo, sindicatos... Unicamente no se ha reunido con el Ministerio quien no ha querido. En definitiva, quienes nos acusan de ser poco dialogantes han sido precisamente quienes han rehuido el diálogo y quienes, por tanto, se han excluido voluntariamente de este proceso.
Las alegaciones recibidas en su información pública se han condensado en 487 argumentos distintos que se refieren al articulado de la ley, de los que se han aceptado el 55 por ciento, lo que ha supuesto la modificación y el enriquecimiento de 21 artículos sobre un total de 36. Nadie, señorías, que no esté dispuesto al diálogo es capaz de aceptar tal cantidad de aportaciones a su propio texto, un diálogo que ha continuado durante su tramitación en el Congreso con la aceptación de 58 enmiendas de los diferentes grupos políticos, y diálogo que hemos ofrecido al inicio de la tramitación en esta Cámara, pero que no ha sido posible, pues la presencia de cuatro propuestas de veto no indica un ánimo de mejora del texto, porque una enmienda a la totalidad, un veto, no es lo que nosotros consideramos una invitación al diálogo sino un claro intento de paralización y postergación «sine die» del Plan Hidrológico Nacional.
Y está claro, señorías, que nosotros no vamos a consentir eso, sobre todo, cuando nuestro proyecto cuenta con el sustento social y político que tiene. Porque se ha dicho que el Plan Hidrológico Nacional no está legitimado por carecer de apoyo social. Pero ¿cómo se explica entonces que haya tenido el apoyo unánime de los regantes, incluidos los del Ebro, y usuarios de todo el país, el 82 por ciento de los votos en el Consejo Nacional del Agua, el voto favorable de todas las Comunidades Autónomas --a excepción de Andalucía, Aragón, Baleares y Asturias--, incluidas dos de ellas gobernadas por el Partido Socialista, como son Castilla-La Mancha y Extremadura, por lo que entendemos que también contamos con el apoyo de una parte del Partido Socialista.
Señorías, desde esta incontestable realidad cabría preguntarse: ¿Cuál de los grupos firmantes de estos vetos pueden presentar similar respaldo social a sus propuestas? Que sepamos, el único respaldo social y político que representan es el de ellos mismos.
Se afirma por la totalidad de los grupos enmendantes que el Plan Hidrológico Nacional no atiende a consideraciones medioambientales imprescindibles en nuestros días, que incumple la Directiva marco del agua, que no gestiona la demanda; en definitiva, que adolece de orientación en lo que se refiere a una política moderna del agua.
Respecto de la Directiva marco del agua les diré, señorías, que ésta fue una de las principales aportaciones en la tramitación del Consejo Nacional del Agua y supuso la incorporación a la misma de recomendaciones, entre otros, de grupos ecologistas, a los artículos 2, 5, 9, 32 y 34.
El Plan Hidrológico Nacional contempla una filosofía completa de gestión moderna y eficaz del agua que abarca, en primer lugar, más de un billón de pesetas dedicado al ahorro por la vía de la modernización de regadíos, medio billón a la depuración para su posterior reutilización, otro medio billón para abastecimientos urbanos, más de 200.000 millones de pesetas dedicados a asegurar la calidad de las aguas, más de 300.000 millones de pesetas para la recuperación forestal de los cauces de los ríos, aprovechamientos de aguas subterráneas, desalación, etcétera.
Y es que, señores, el Plan Hidrológico Nacional no sólo se refiere al trasvase, que también, sino al buen estado ecológico de las aguas, a las reservas hidrológicas debidas a motivos ambientales, a la gestión de las sequías, a los humedales, al delta del Ebro y a la sensibilización y educación en el uso del agua. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) En definitiva, señorías, se trata de más de tres billones de pesetas para actuar en todo el Estado con la finalidad de resolver los grandes problemas del agua.
Pero si bien es posible, señores Senadores, la resolución de los problemas de la mayoría de las cuencas por la vía mencionada del fomento del ahorro, de la reutilización, de la regulación de los ríos, en otras zonas de nuestro territorio, como son, por ejemplo las cuencas internas de Cataluña, Castellón, Valencia, Alicante, Murcia y Almería, estas medidas solamente permiten compensar el 50 por ciento de su déficit siendo necesaria la transferencia intercuencas para paliarlo definitivamente.
Señorías, la solución más racional para paliar la sed y corregir el estrangulamiento económico al que están abocados nuestros hermanos valencianos, murcianos y andaluces consiste en derivar hacia sus tierras menos de una quinta parte de los excedentes del Ebro, que no se va a trasvasar ni desde Burgos ni desde La Rioja ni desde Navarra, ni siquiera desde Aragón, sino cerca de su desembocadura en la provincia de Tarragona.
Señores Senadores, esto es vertebrar el territorio desde la solidaridad aportando a unos lo que a otros sobra y dando todas las garantías de abastecimiento presente y futuro a la cuenca cedente, así como las medioambientales, asegurando un caudal mínimo ecológico. Nadie puede negarse a esto sin presentar una alternativa real y no meras elucubraciones y sin otro objetivo que oponerse por principio a cualquier acción de Gobierno desvirtuando el verdadero papel que se debe desempeñar desde la oposición.
Antes he oído hablar en esta misma Cámara de la Ley de extranjería.
Quienes hace muy pocos meses en el debate de esa Ley reclamaban aquí mismo la más amplia solidaridad para con los inmigrantes de Ghana o de Zimbawe no se la pueden negar en el día de hoy a los vecinos de las Comunidades de Valencia, Murcia y Andalucía, cuyo pecado parece ser haber nacido más al norte del Estrecho de Gibraltar.


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(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) El Gobierno del Partido Socialista --no quisiera recordarlo otra vez porque sé que les molesta-- presentó en 1993 un proyecto de plan hidrológico con 13 trasvases y más de 200 presas. ¡Reconózcanlo al menos como un pecado de juventud! (Risas.--Rumores.) No pueden decir que el medio ambiente se inventó con posterioridad. Reconozco, porque es cierto, que la gran eclosión de las preocupaciones medioambientales tuvo lugar en los últimos años, pero en la Cumbre de la Tierra en Río, si no me equivoco, estuvo el señor Borrell, y después de eso se hizo un plan hidrológico donde no se tomaba en cuenta ninguna consideración medioambiental, cosa que sí lo hemos hecho nosotros, señorías.
Lo que aquí hoy se plantea es solucionar de una vez por todas los problemas de aguas de todas las Comunidades, entre ellas la de Aragón, que no pudo utilizar el agua que pasa ante sus puertas por carecer de las suficientes infraestructuras para hacerla útil a su vida y a su economía, y para lo que el Plan Hidrológico Nacional aporta los recursos necesarios, concretamente 418.000 millones de pesetas.
Lo que aquí hoy se plantea, señorías, es salvar definitivamente el delta del Ebro con la elaboración de un plan especial sobre el mismo y la garantía de que siempre dispondrá de los caudales necesarios que aseguren su conservación y supervivencia. Lo que hoy planteamos, en definitiva, es un proyecto de Estado que beneficie a todos los territorios y no perjudique absolutamente a nadie, y ésta es la razón, señorías del de Grupo Parlamentario Socialista, de Entesa Catalana de Progrés y del Grupo Mixto, por la que no vamos a apoyar sus vetos.
El Grupo Parlamentario Socialista, en su obstinación por seguir instalados en el frente del no, ha elaborado un plan que ha denominado alternativo, un plan que, por cierto, es poseedor de varios récords: el primero el de haber tenido una gestación a velocidad de banda ancha, creo que han sido poco más de dos semanas; el segundo, su efímera vida, poco más de tres meses. Ustedes no lo han presentado a esta Cámara, pero yo sí quiero sacarlo a relucir, creo que es importante traerlo a colación porque --antes lo ha dicho el señor Ministro-- ustedes prefieren seguir instalados en la oposición permanente, ustedes prefieren seguir instalados en el no.
No voy a entrar en de dónde obtienen 1.129 hectómetros cúbicos más que nosotros, porque, a pesar de esos más de 1.000 hectómetros cúbicos que no nos explican dónde obtienen, terminan muy cerca de donde terminamos nosotros.
Ustedes, en su artículo 55 dicen que constatada la imposibilidad técnica, económica o ambiental de atender los déficit existentes con recursos propios, el Gobierno considerará la posibilidad de la realización de transferencias entre cuencas; y en el punto número 2 añaden que en todo caso, dada la especial gravedad de la situación de las cuencas estructuralmente deficitarias, y podemos estar de acuerdo en cuáles son, se iniciarán de forma inmediata los estudios de detalle para adoptar dicha decisión. No les voy a sacar a relucir el siguiente punto donde mencionan la poca participación no de estas Cámaras sino social que habría en la puesta en marcha de esa transferencia.
Señores socialistas, a ustedes les ha faltado coraje mientras gobernaron para resolver este problema y les falta generosidad y valentía política para reconocer que quien definitivamente va a abordar este asunto va a ser un Gobierno del Partido Popular. Señores socialistas, ustedes, principal partido de la oposición con implantación en todo el territorio nacional, están obligados a hacer una política de Estado y han caído en la tentación de ceder a las presiones localistas de sus varones y a la obtención de inmediatos réditos políticos; les ha faltado valor para decir lo mismo en Murcia y en Aragón; han preferido la victoria fácil e inmediata de un titular de prensa que ejercitar la responsabilidad a la que están obligados; les ha faltado visión de futuro, y no les quepa duda de que sus posicionamientos de hoy les pasarán factura el día de mañana.
Nos decía antes el señor Ministro, y ya termino, que es hora de dejar los discursos, que es hora de bajar a la arena, y creo que encaja precisamente en este mensaje una frase extraída, y perdonen que me remonte otra vez a ese documento, de su plan hidrológico del año 1993, que dice así: En España sobra agua, lo que falta es responsabilidad para movilizarla de forma que beneficie a todos. Esta frase, señorías, es de José Borrell, milintante socialista y ex ministro. Le pido que en el día de hoy se sumen a la responsabilidad a la que alude el señor Borrell.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Sopeña.
De acuerdo con lo previsto en la Junta de Portavoces, va a comenzar el turno de los representantes de los grupos territoriales.
En primer lugar, el representante del Grupo Territorial Popular de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
Tiene la palabra el Senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Señora Presidenta, señor ministro de Medio Ambiente, señorías permítanme que antes de empezar agradezca la presencia del Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, don Ramón Luis Valcárcel Siso, que se encuentra en la tribuna de invitados de este salón de Pleno. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) También quiero resaltar la presencia de los Presidentes de comunidades de regantes de toda España y otros asistentes a este Pleno.
Señorías, mucho se ha hablado del Plan Hidrológico Nacional, que estamos debatiendo en esta Cámara y está a punto de concluir; muchos son los años de preparación que han servido de prólogo a este debate vital para muchos ciudadanos españoles y esencial para tomar el pulso y valorar la madurez del Estado de las Autonomías. Por tanto, no ha sido la urgencia lo que ha traído a esta Cámara un proyecto elaborado con rigor, discutido ampliamente por la sociedad española y no es, en consecuencia, fruto de la improvisación sino de la culminación de un proceso iniciado en

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el año 1985 con la entrada en vigor de la Ley de Aguas y que hoy, por fin, ve más próximo el momento de su aprobación definitiva.
Su aprobación pondrá en marcha una nueva política hidráulica para el conjunto de España, comprensiva de todos los problemas en materia de aguas y enfocada a satisfacer los requerimientos económicos, técnicos y fundamentalmente medioambientales que la sociedad española está reclamando como única forma de hacer compatible el necesario desarrollo económico y el ineludible compromiso moral con respecto al medio natural.
Señora Presidenta, señorías, represento a un territorio del Estado español, la Región de Murcia, cuya escasez de agua en sus cuencas --como todos conocen, muy deficitarias--, compromete año tras año los avances logrados con el esfuerzo y sacrificio de sus habitantes que, acuciados por la necesidad, han hecho del ingenio, de la responsabilidad, de la inversión y de la técnica las claves, no exentas de sacrificio, de su supervivencia.
Somos pues, señorías, una Región preparada para utilizar el agua de manera eficiente y eficaz, y para asumir todas las condiciones exigidas a usuarios, en particular las impuestas a las cuencas receptoras de futuros trasvases que contempla el Plan Hidrológico Nacional que queremos aprobar en esta Cámara de representación territorial.
Somos conscientes de que en otras zonas del Estado existen problemas relacionados con el agua: carencias de regulación de grandes ríos, que dificultan su aprovechamiento y operan en perjuicio de los ribereños; infraestructuras inadecuadas o inexistentes para atender las demandas de los ciudadanos; climas y suelos hostiles para la agricultura; y, también, problemas de escasez y contaminación. Por ello, nunca nos ha faltado la sensibilidad para valorarlos como propios pues, no en vano los vivimos los murcianos y las murcianas, y los hemos vivido de forma cotidiana desde hace muchos años, yo diría que incluso siglos.
En los programas electorales de todos los partidos políticos de la Región de Murcia siempre se ha contemplado la gran necesidad de los trasvases hacia esta cuenca del Segura, deficitaria desde la antigüedad.
En el debate de investidura del Presidente de todos los murcianos, don Ramón Luis Valcárcel Siso, se comprometió --con el apoyo de todas las fuerzas políticas de la Región-- a trabajar para conseguir este Plan Hidrológico Nacional, en beneficio de la Comunidad Autónoma a la que represento, pero nada más lejos de nuestra intención que el cumplir tal compromiso a costa de los legítimos intereses de otros.
Convencidos de que el Plan Hidrológico Nacional viene a resolver problemas generales que afectan al conjunto del Estado, de que da respuesta a las legítimas demandas de los distintos territorios, sin perjuicio para ninguno de ellos y en beneficio de la colectividad, con inversiones que articulan las infraestructuras de todo el territorio hidrológico del Estado español y un beneficio general a todas las Comunidades Autónomas, nos debemos felicitar todos por la iniciativa que, en su día, hizo posible el decidido impulso a este gran proyecto del Estado. Hemos de dejar constancia en esta Cámara de nuestro reconocimiento al Gobierno de la nación, que en la figura de su Presidente, José María Aznar, ha asumido la decisión política de llevar adelante un complejo pero necesario proyecto vertebrador del territorio nacional, pues la inversión económica destinada a su ejecución, con más de tres billones de pesetas, dará respuesta a las necesidades concretas de todas y cada una de las Comunidades Autónomas y también, cómo no, a todas y cada una de las cuencas hidrográficas de nuestra España.
Asimismo, manifestamos nuestro reconocimiento desde este grupo territorial de Senadores de la Región de Murcia a nuestro Ministro, aquí presente, don Jaume Matas, que ha sabido llevar adelante una ardua y laborosa negociación con todos los estamentos institucionales de España.
Finalmente, queremos mostrar también nuestra gratitud a todos aquellos que a lo largo de los años en distintas responsabilidades, con su apoyo sincero, su prudente silencio, o su crítica constructiva, han permitido la mejora de este proyecto que, sin duda, trasciende el interés singular de cada Comunidad Autónoma para que prevalezca el interés general del conjunto del Estado de las Autonomías, que ha de verse reforzado por esta ley que será el instrumento de planificación más importante y por el manifiesto ejercicio de responsabilidad que se ha desplegado con él.
Señora Presidenta, señorías, este grupo territorial de Senadores del Partido Popular de la Región de Murcia valora muy positivamente el esfuerzo realizado por el Gobierno de la nación al presentar este proyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional, sabiendo el esfuerzo realizado para conciliar todas las propuestas razonables que se presentaron e incorporar lo mejor de todas ellas, que nos permite confiar en el futuro de la Región de Murcia y, por supuesto, en el de España, al que desde nuestra región vamos a contribuir con lealtad y sin reservas las murcianas y los murcianos por una mejor vertebración de España.
Hoy, este Senador, portavoz del grupo territorial, se siente orgulloso de pertenecer a un partido político como al que pertenece; se siente orgulloso de estar en el debate de esta ley tan trascendental para mi región, y quiere decir hoy aquí al Ministro Jaume Matas, al Gobierno de la nación, que cuando aprobemos esta ley todos los Senadores de la Región de Murcia, todos los Senadores de España que lo consideren oportuno, no estaremos votando solamente por los intereses de nuestros partidos políticos, sino que habrá muchos partidos políticos de distinto signo que van a votar posiblemente en contra de este Plan hidrológico, que en sus propias Comunidades, en la mía o en otras, están pensando que no se puede negar el agua para subsistir a una región como Murcia para tirarla al mar.
Muchas gracias, señora Presidenta, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, al representante del grupo territorial popular de la Comunidad de Murcia, Senador Pérez Ruiz. A continuación, tiene la palabra el representante del grupo territorial popular de la Comunidad Valenciana, en este caso, el Senador Barceló.


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El señor BARCELO PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, van a permitirme en primer lugar, que manifieste mi apoyo total y absoluto al planteamiento tan claro y tan expreso que ha hecho nuestro Ministro, don Jaime Matas. Muchas gracias, señor Ministro, porque ese proyecto que acaba de presentar aquí es un proyecto que los valencianos hace muchos años que estamos demandando, y en este momento nos unimos al mismo con toda la fuerza de nuestro corazón.
Pero permítanme manifestar ante todo un estado de ánimo, que no trata de avivar en este momento y debate visceral, en absoluto. Quiero iniciar mi intervención haciendo un breve recuerdo histórico por la manifiesta preocupación de todos los gobiernos a lo largo de las distintas épocas de nuestro país. Desde 1933 ya se establecía como principal objetivo un plan de obras hidráulicas tendentes a trasvasar aguas de las cuencas atlánticas a las cuencas mediterráneas. En 1940 en el Plan General de Obras Públicas, al igual que en los planes de desarrollo de 1960 y 1970, se consideraba fundamental el aprovechamiento íntegro del agua.
En 1967 se aprueba el trasvase Tajo-Segura, y la Ley de aguas de 1985 posibilita los trasvases entre cuencas hidrográficas. En anteproyecto del Plan Hidrológico Nacional de 1993 especifica que el problema fundamental del agua son los déficit actuales o previsibles, especialmente en las cuencas mediterráneas. Se da como solución principal un sistema generalizado de transferencia de recursos no aprovechados a cuencas con escasez. Los volúmenes a transferir en ese planteamiento eran infinitamente superiores a los actuales del Plan Hidrológico Nacional.
Hoy podemos decir, señorías, que todos esos planteamientos siguen vigentes, pues existen lugares donde, después de usar y consumir tanta agua como sea necesaria y deseada, tienen excedentes, mientras que en otros lugares se es deficitario para el uso y el consumo.
El agua tiene tres destinos fundamentales: el consumo humano, el uso agrícola y la utilización industrial. En cuanto al consumo humano, en la Comunidad Valenciana el 65 por ciento de los valencianos vivimos en ciudades de más de 20 habitantes, lo cual posibilita precisamente esos trasvases. La densidad media de población valenciana es de 173 habitantes por kilómetro cuadrado; en el litoral eso se multiplica, y son 650 los habitantes por kilómetro cuadro, cifra que se duplica en verano, pero desgraciadamente existe el fantasma de los cortes sucesivos de agua por falta de recursos hídricos.
El sector agrario emplea el 5 por ciento de la población activa y ocupada valenciana; tiene un peso específico en el sector exterior, ya que supone el 20 por ciento del total de las exportaciones valencianas. Es una agricultura rentable, competitiva y con vocación de futuro; más del 70 por ciento de la producción agraria valenciana va dirigida al mercado exterior, traduciéndose en una alta aportación a nuestra balanza de pagos. La agricultura valenciana es una de las más rentables en España.
El 80 por ciento de las exportaciones agrícolas españolas son producidas o cosechadas en las cinco provincias mediterráneas que comprenden las tres provincias valencianas, la Comunidad murciana y la provincia de Almería. Los problemas graves por falta de agua son patentes, pues propician que amplios sectores de regadío infradotados abandonen sus cultivos. Hoy participo en este debate representando a una buena parte de España, a un gran territorio, y a una amplia mayoría de ciudadanos de ese territorio histórico de nuestro Estado, de una Comunidad Autónoma con más de cuatro millones de ciudadanos, donde entro de su territorio se producen hechos indeseados, como la erosión, las pérdidas de cosechas, el agobio de no saber si al abrir el grifo mañana manará agua, la petición constante de un SOS de socorro para paliar puntualmente la angustia generada por la falta del líquido elemento.
Ante esta somera referencia de una realidad histórica, nos planteamos al fin una solución también histórica para corregir un mal que padecemos, por el desequilibrio hidrológico en nuestro país. Somos una Comunidad, la Valenciana, dinámica, trabajadora, creadora y ante todo solidaria.
Sabemos el valor que tienen las aguas, pues poseemos una amplia cultura sobre el conocimiento y la utilización de las mismas, no en balde tenemos el más antiguo y prestigioso Tribunal de las Aguas, que es modélico y que vela por el buen uso, no sólo del agua, sino que también lucha contra el abuso de los derechos del agua.
El déficit del agua del Levante y el sureste peninsular no es algo que se haya inventado o que haya surgido en este momento por espontaneidad. Es innegable que se trata de un antiguo problema, y ante las tensiones que ha producido y produce la polémica sobre el Plan Hidrológico Nacional es, sin duda, señorías, la más exacerbada la que se refiere al turismo. El efecto del turismo sobre la demanda total de agua es, en realidad, muy pequeño. Según los estudios del Cedex, supone un incremento de demanda que no alcanza los 200 hectómetros cúbicos/año, es decir, el 0,5 por ciento de la demanda total de agua en España, pero es cierto que esa demanda se concentra en espacios geográficos muy concretos, preferentemente el litoral mediterráneo, además de las Comunidades insulares, y en tiempos muy específicos, especialmente en verano. Y uno de esos lugares es el litoral valenciano.
Señorías, hay que tener en cuenta que en 1999 visitaron nuestra Comunidad doce millones de turistas, es decir, tres veces la población valenciana.
La Comunidad Valenciana es la segunda en el orden de preferencia de los españoles que viajan fuera de su propia Comunidad Autónoma.
Señora Presidenta, el turismo genera una demanda de agua cuantitativamente poco significativa en el balance final y, sin embargo, supone una actividad benéfica para todos los ciudadanos españoles. Y siendo la máxima demanda de agua en los meses de estío, hay que tener en cuenta que el Plan Hidrológico Nacional no contempla trasvases precisamente durante ese período del año, pero se trata de un sector esencial tanto para la economía española como para la valenciana.
Desde 1999 España ocupa en el ranking mundial el segundo lugar de destinos turísticos. En 1999 España ingresó 32.900 millones de dólares por turismo frente a los 18.593 millones de dólares en 1990. El turismo supone el 20 por

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ciento de todas las exportaciones españolas, y la balanza turística obtuvo en 1999 un saldo positivo de 4,2 billones de pesetas.


La señora PRESIDENTA: Senador Barceló, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


El señor BARCELO PEREZ: Sí, señora Presidenta, enseguida termino.
Según el Consejo Mundial de Turismo y Transporte, el conjunto de sectores fuertemente dependiente del turismo, como hostelería, transportes, construcción y comercio, emplean a más del 24 por ciento de la población activa española, y su aportación al Producto Interior Bruto es mayor en España que en cualquier otro país del entorno. Se prevé que el turismo crecerá más del 3 por ciento anual en los próximos diez años en la Unión Europea, lo que permitirá la creación de tres millones más de puestos de trabajo.
Según la Organización Mundial de Turismo, el número de turistas extranjeros que llegará a España en el año 2020 va a ser cercano a los 73 millones frente a los 38.800.000 de 1995.
Señorías, en los últimos años la Comunidad Valenciana ha hecho un gran esfuerzo inversor, un esfuerzo titánico, todo él dirigido al ahorro en el uso, utilización de aguas, modernizando los sistema de riego, depurando aguas residuales, reutilizando las aguas recicladas, escatimando al máximo el uso y el consumo, situándola a la cabeza del aprovechamiento del agua residual en toda España.
El Plan Hidrológico Nacional es un Plan moderno para un viejo problema.
Es un Plan que nos sitúa a todos en la línea de convergencia con la Unión Europea, es un avance para la igualdad de oportunidades, porque este Plan no va en una única dirección de trasvases de excedentes del Ebro desde su vertido al mar. Este es un Plan que recoge aspiraciones legítimas dentro de la propia cuenca del Ebro invirtiendo en infraestructuras para un mejor aprovechamiento de sus recursos.
Este Plan no es para el enfrentamiento de Comunidades; es, al contrario, un Plan de solidaridad que beneficia a todos y no perjudica a nadie. No es un Plan para crear más regadíos en los lugares receptores, sino para mantener los existentes.
Por todo ello pido el voto favorable para esta ley, y lo hago con el convencimiento de que es una ley beneficiosa para el conjunto de una España moderna, progresista, solidaria y competitiva, con vocación de converger con el resto de los Estados de la Unión Europea. El obstaculizar el avance hacia la consecución de esta ley ejercerá un efecto perverso para todo el conjunto de España.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Barceló.
En nombre del Grupo Territorial Popular de la Comunidad Autónoma de Andalucía, tiene la palabra la Senadora Camilleri.
La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, por fin, después de décadas de espera, hoy tenemos la oportunidad en esta Cámara, en esta sesión realmente histórica, de aprobar un proyecto que termine con los desequilibrios hidrológicos de nuestro país. Es un proyecto de interés nacional que acentúa la cohesión y la solidaridad entre nuestras Comunidades Autónomas y que beneficiará sin duda a todos los ciudadanos, pero especialmente a aquéllos, como los andaluces, a los que yo represento en este hemiciclo, que sufren los efectos de gravísimas sequías, con pérdidas en la agricultura, en la industria y con graves alteraciones en la vida. Es un panorama grave y preocupante que el Plan Hidrológico Nacional se dispone a solucionar porque se afronta el problema del agua desde una perspectiva integral. Además, es un Plan consensuado que resuelve el déficit hídrico que en estos momentos soporta Andalucía y que ha contado desde el primer momento con el apoyo de los regantes de nuestra Comunidad y cuenta --estoy segura-- con el apoyo de los andaluces, que no quieren que les perdamos en debates políticos, señorías, quieren soluciones. (Rumores.) El Gobierno del Partido Popular ha entendido perfectamente la situación de alarma de nuestra Comunidad y por ello Andalucía es una de las Comunidades más beneficiadas con este Plan Hidrológico. Algunos deberían dejar a un lado confrontaciones porque éste es un tema de Estado, es un Plan que nos afecta a todos por igual independientemente de nuestras ideas o de nuestras banderas. (Rumores.) Como portavoz del Grupo Popular de Andalucía considero muy importante que seamos conscientes de que nuestro papel es el de defender los intereses de nuestras Comunidades, no sólo los intereses de ningún partido político...


La señora PRESIDENTA: Un momento, Senadora Camilleri.
Señorías, por favor, guarden silencio.
Continúe, señoría.


La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Porque las necesidades vitales de nuestros ciudadanos, el bienestar de todos está por encima de las siglas de partido.
El agua es hoy un recurso finito y vulnerable, y mañana lo será más si no trabajamos unidos para sacar adelante este proyecto que permitirá su gestión sostenible y la seguridad de los abastecimientos.
El Plan Hidrológico Nacional construye para los andaluces un futuro seguro, con una inversión de casi 700.000 millones de pesetas de un total de 3 billones en todo el Estado. Es la Comunidad en la que más se invierte, con programas de modernización de regadíos, de restitución hídrico-forestal, de acondicionamiento de cauces, de saneamiento y depuración y control de calidad, además de regulación general y abastecimientos. Así, por ejemplo, en las provincias de Almería y de Málaga --en las que la situación de sus recursos es de extrema gravedad--, además de trasvasarse 95 hectómetros cúbicos, como se prevé en el artículo 13.3 de la ley, se contemplará la aportación de 240 hectómetros cúbicos a través de recursos no convencionales,

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como la desalación en las dos provincias y la reutilización de aguas residuales.
Este Plan Hidrológico, en el que yo creo que todos los andaluces --o por lo menos la mayoría-- tenemos puestas nuestras esperanzas, repercutirá favorablemente en nuestras posibilidades de crecimiento económico y social.
El Gobierno socialista de mi Comunidad, el Gobierno del señor Chaves, ha manifestado su desacuerdo con este Plan, quizá porque es un Plan pensado para el beneficio de la mayoría de los ciudadanos y no para un partido que busca afianzarse como opción de gobierno por la vía del conflicto, por la vía de la confrontación demagógica, presentando alternativas insostenibles de última hora que ni siquiera consiguen el consenso interno y que sólo ponen de manifiesto su falta de unidad.
Señorías, el señor Chaves se equivocó en la financiación autonómica y se vuelve a equivocar con el Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.) Y, señorías, la Junta de Andalucía, al igual que los Senadores que hoy estamos aquí representando a nuestra Comunidad y a nuestros ciudadanos, tiene la obligación de defender los intereses de todos los andaluces, porque nuestra Comunidad lo necesita. Por eso les pido a los Senadores que representan a mi Comunidad Autónoma que elijan entre los intereses particulares de un partido político y los intereses públicos generales de todos los colectivos de Andalucía. Mientras los discursos para algunas fuerzas políticas varían en función de los intereses electorales de cada momento, los hechos cambian, el agua es hoy más que ayer, si cabe, un recurso natural escaso, indispensable para la vida y para el ejercicio de la inmensa mayoría de las actividades económicas, es irreemplazable y fácilmente vulnerable.
Señorías, no podemos perder más tiempo, los ciudadanos no merecen que nos dilatemos, que nos perdamos en debates que sólo conducen a aumentar el protagonismo mediático de algunos. Los ciudadanos exigen una solución eficaz y urgente y nosotros llevamos en esta legislatura diez meses de debates.
Hoy, señorías, tenemos la oportunidad y el privilegio de mejorar, con nuestro voto a favor del Plan Hidrológico, la situación de muchos ciudadanos, pero es una opción libre. También podemos dejar las cosas como están, como han estado durante decenas de años. Desde luego es una opción, pero creo que los españoles no nos lo perdonarían.
Considerada, pues, el agua como un recurso imprescindible para el desarrollo de la vida, su ordenación debe estar subordinada al interés general y puesta al servicio de todos los ciudadanos, con un proyecto, el que hoy debatimos en esta Cámara, que garantice el derecho de todos, el abastecimiento de todos, incluso en casos de extrema sequía. Un proyecto que permita que provincias como Almería sigan creando riqueza y bienestar con actuaciones como las del trasvase Negratín-Almanzora, que junto a la que llegará del Ebro resolverá las carencias de agua que padecen sus ciudadanos. Un proyecto que permita que ciudades como Sevilla tengan garantizado su abastecimiento de agua, con actuaciones como las del pantano de Melonares. ¿Qué sevillano no recuerda hoy cuando nos cortaban el agua de uso doméstico a las dos de la tarde, o los de la provincia de Cádiz a las tres de la tarde en pleno verano? Estas acciones coinciden plenamente con los intereses de Andalucía y, por fin, después de años de ineficacia, un Gobierno ha tenido la valentía de llevarlas adelante.
La creciente conciencia ecológica y de mejora de la calidad de vida han llevado al Gobierno a reflejar en el Plan Hidrológico Nacional --como no lo había hecho ningún plan hasta la fecha--, la seguridad de la viabilidad ambiental para que las soluciones que se contemplan sean siempre compatibles con el medio ambiente. Por eso no se va a destinar el agua a crear nuevos regadíos ni se van a planificar más desaladoras que las necesarias para evitar consumos de energía en exceso contaminantes, ni se van a hacer más trasvases de los necesarios --desde luego nunca trece, que ese plan, que nunca llegó a su término costó 8.000 millones de pesetas-- porque, de los 3 billones que se invierten dentro de las cuencas, el 83 por ciento está destinado a optimizar el agua disponible, a ahorrar en la red de regadíos, a modernizarlos y a actuar en el entorno hídrico forestal, a coordinar con las Comunidades Autónomas planes de formación, sensibilización y educación en cuanto al uso sostenible del agua, entre otras medidas.


La señora PRESIDENTA: Senadora Camilleri, le ruego vaya concluyendo.


La señora CAMILLERI HERNANDEZ: Termino, señora Presidenta, diciendo que no tiene nada que ver con acciones de ingeniería En definitiva, señorías, debemos ponernos al servicio de todos los ciudadanos y no al servicio de ningunas siglas; resolvamos con cohesión, con la solidaridad de todos, uno de nuestros grandes problemas históricos y sigamos avanzando juntos hacia el futuro de una España común.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Camilleri.
Terminado el turno de los representantes territoriales, corresponde el turno de portavoces. ¿Algún señor portavoz desea intervenir? En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo muy rápidamente, porque ya hemos intervenido lo suficiente, y algunos grupos de forma excesiva.
Señorías, aquí ha habido hoy una escenificación interesante, una presencia, de carácter teatral o pugilística, pero con algo de tongo. Y ha habido, bien escenificado y bien planteado, incluso un rosal de intervenciones en aquellas Comunidades Autónomas donde el Partido Popular presume que el Partido Socialista tiene problemas. A los demás se nos desprecia, no existimos, no se contestan nuestras propuestas, nuestras alternativas, estamos en este país en la cultura bipartidista, y al Partido Popular le viene bien,

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se montan sus grupos territoriales en aquellos lugares donde otros tienen algún problema; por aquí van los tiros. Esta es la realidad. ¡Una muy buena escenificación! Pero la pregunta es la siguiente: ¿Ha podido discutir esta Cámara el Plan Hidrológico Nacional? Esta es la pregunta, una pregunta básica en democracia. ¿Hemos podido debatir? Quizá sea, como ha dicho el portavoz del Grupo Popular, porque había vetos y, por tanto, nos castigaron por malos. Como había un veto, ni se comentó la posibilidad de mantener alguna reunión que otra. Ni tan siquiera se sentó en la Ponencia; se hizo de pie; hubo segundos de reunión. La Comisión duró tres, cuatro cinco minutos máximo, porque, la mayoría del Grupo Popular decidió que no había ninguna enmienda. Y no había ninguna enmienda para cortar el debate social y para que, lógicamente, no volviese al Congreso. Esa es la táctica, la maniobra, legítima, pero táctica y maniobra, a fin de cuentas.
Sin embargo, ustedes no lo admiten, ustedes erre que erre, y hablan del diálogo. Pero en esta Cámara no ha habido, en absoluto, ningún diálogo. A lo mejor se lo han propuesto a otro partido. Desde luego, al que habla ni mu; no me he enterado. ¡Y estoy aquí tiempo! Por tanto, de diálogo, nada, señorías.
¿No hubiera sido lógico que en esta Cámara de representación territorial, una Cámara que tiene su utilidad según algunos, se hubiesen encontrado los gobiernos autonómicos, hubiesen debatido y consensuado para evitar la confrontación territorial del Estado en función de las cuencas, de las zonas que ceden y las que reciben, por ejemplo, para intentar --insisto-- negociar, discutir, consensuar? Porque consensuar es también negociar, es ceder unos y otros. ¿No hubiera sido bueno que hubiésemos tenido en esta Cámara a expertos, a ese movimiento social que tanto se ha nombrado aquí y que ha estado por los estrados escuchando? ¿No hubiese sido bueno haberles recibido para que se hubiesen expresado y opinado con respecto a lo que pensaban? Nada de eso se ha hecho, sino una escenificación un tanto burda, desde mi punto de vista, de algo ya decidido, decidido de antemano, porque no interesa lo contrario.
Sólo me resta comentar dos aspectos.
Todo lo basan ustedes --así se ha dicho, incluso por parte del Ministro-- en que existen necesidades en determinadas zonas de este país, como el eje mediterráneo. Pero el eje mediterráneo tiene un desarrollo insostenible. Y, por cierto, al final, con esta política perjudicarán a sus ciudadanos y ciudadanas irremediablemente. Y ejemplos tenemos ya en algunos lugares. Y aquí se han planteado argumentos y alternativas en razón de lo mismo. Es un eje de un desarrollo insostenible que va a perjudicar, por sobreexplotación de los recursos naturales y del territorio mismo, a dicha zona, es decir, van a sobreexplotar esos recursos, esos territorios, van a subir los precios y, por tanto, van a perjudicar a los usuarios, a los ciudadanos. Todo ese eje mediterráneo está pensado fundamentalmente para hacer grandes obras hidráulicas, grandes obras o ejes, por ejemplo, ferroviarios, de carreteras, autopistas, etcétera. Esa es la realidad. Mientras, esta política condena al olvido a una muy buena parte de este Estado, respecto de la que ustedes no se preocupan por hacer lo posible para que no sea abandonada.
Termino, señorías. De todo lo que he escuchado en este debate, ni al señor Ministro, ni al portavoz del Grupo Popular, ni a los diferentes representantes de los grupos territoriales --que no es su cometido, por supuesto-- he oído alguna idea, argumento o refutación de las propuestas que he hecho en nombre del Grupo Federal de Izquierda Unida; ninguna propuesta, sea más justa o menos justa.


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, le ruego que vaya terminando, por favor.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino ya.
Yo soy un aprendiz de todo y maestro de nada. Estoy aquí para defender ideas y posiciones de mi grupo político. Es muy posible, por tanto, que ustedes, que tienen tantos expertos y que son tantos en los escaños, me pudieran dar un poco de luz para mi absoluta ignorancia. Pero ninguna argumentación me han dado, no han contestado a nada del veto con propuestas concretas y precisas, sean justas o no, nada en absoluto.
Escenificación, señorías, solamente hay teatro y teatro y teatro en esta Cámara.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Presidenta, señorías, voy a centrar esta intervención sobre el debate de los vetos en unas breves consideraciones generales relativas al Plan Hidrológico Nacional, pues si escaso es el recurso hídrico, también lo es el tiempo de sus señorías.
Tras aproximadamente un siglo de sucesivos planes hidráulicos nacionales, se encuentra en fase final de aprobación el que parece ser más ambicioso, el más documentado técnicamente, de acuerdo con los informes que dispongo, pero también el más polémico, el denominado Plan Hidrológico Nacional, diseñado por la Ley de Aguas de 1985, habiendo sido sus apoyos previos los planes hidrológicos de cuenca, la mayoría de los cuales han sido aprobados entre 1998 y 2000, y el Libro Blanco del Agua.
Precisamente el Libro Blanco del Agua vino, una vez más, a poner de manifiesto con gran profusión de datos la desigual distribución, los desequilibrios de los recursos hídricos en el territorio español, que van desde las húmedas cuencas del norte a las muy secas del sureste peninsular y de Canarias. Pero la elaboración del Plan Hidrológico Nacional, con la consiguiente planificación parcial por cuencas hidrográficas, se ha encontrado en esta ocasión con la existencia del Estado de las autonomías. En anteriores ocasiones, cuando se elaboraron los planes hidráulicos nacionales, a los que inicialmente me referí, durante casi un siglo, no estaba obviamente promulgada la Constitución de 1978.
Por tanto, en esta ocasión nos encontramos con la coexistencia de cuencas inter e intracomunitarias y con pluralidad

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de enfoques de los problemas y de las soluciones, desde diversas opciones políticas y con diferentes perspectivas socioeconómicas y territoriales.
A nuestro grupo político, Coalición Canaria, nos parece que tal cúmulo de complejidades, de realidades diversas no podía tener solución con una concepción planificadora de arriba hacia abajo, sino que, por el contrario, solamente, tras disponerse de los planes hidrológicos de cuenca, podría alcanzarse su integración, coordinación y compatibilidad con el Plan Hidrológico Nacional. Pero lamentablemente es evidente que no se ha conseguido este objetivo.
A Coalición Canaria le hubiese gustado que en un asunto tan importante y básico de interés general de España, como el que estamos debatiendo, hubiese habido un acuerdo más amplio. De hecho, nos preocupa, y mucho, el hecho de no haberse llegado a un amplio consenso. Me consta que nuestro Grupo lo intentó en el Congreso de los Diputados, pero no fue posible.
Probablemente han influido intereses políticos puros, más allá de las naturales discrepancias técnicas, socioeconómicas y territoriales. Esta es la realidad o, como diría el castizo, es la vida misma. Quiero dejar claro que Canarias es una cuenca intracomunitaria y que nuestra Comunidad Autónoma posee la competencia en exclusiva en materia de aguas; competencia que le confiere el artículo 30.6 de nuestro Estatuto de Autonomía. Por tanto, el grueso del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, que está referido a la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca y a las transferencias de recursos, no afecta al territorio de Canarias.
Sin embargo, desde Canarias creemos que los términos en los que en el proyecto de ley se tratan los trasvases, en particular el del río Ebro, son bastante razonables. Parece, al menos sobre el papel, que se establecen las garantías suficientes y los necesarios requisitos previos a la ejecución de tan importante obra hidráulica. Pero no queremos ser rotundos en esta cuestión, pues somos insulares, peninsulares no continentales, y no conocemos a fondo esta problemática.
Por otra parte, es evidente que en este asunto existen fuertes discrepancias entre los colectivos de técnicos y de expertos, y no descartamos que pudiesen llevar razón los que opinan que el trasvase del Ebro no es aconsejable. Pero repito que no conocemos con suficiente profundidad este asunto. Creemos que la solución adoptada es viable, pero quizá podrían existir otras alternativas.
Por todo esto --más aún si ponemos todo lo antedicho en una balanza, analizamos los pros y los contras y valoramos las debilidades, las amenazas, las fortalezas y las oportunidades-- anuncio que el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria no va a votar a favor de los vetos. El Plan Hidrológico Nacional es perfectible, pero es un avance.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.
El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nuestro Grupo Parlamentario va a fijar su posición política sobre este importantísimo proyecto de ley. En este momento no está el Gobierno, cosa que lamentamos porque nos hubiera gustado que estuviera presente para que conociera la posición política del Partido Nacionalista Vasco.
Nosotros no hemos presentado un veto a este proyecto de ley ni tampoco estamos entre los grupos que no han presentado enmiendas y apoyan el proyecto. Mantenemos algunas diferencias con el Gobierno --y es una pena que en este momento no esté, porque todavía tendríamos oportunidad de solventarlas--, pero lo que más echamos de menos es la falta de diálogo.
El diálogo es la esencia de la política y el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos ha echado en falta voluntad de negociación. Este portavoz ha tomado dos veces la iniciativa para dirigirse a los responsables políticos del Grupo Parlamentario Popular y preguntarles: ¿qué van a hacer con nuestras enmiendas? La respuesta fue clara: rechazarlas. A la semana siguiente volví a preguntarles: ¿qué van a hacer ustedes con nuestras enmiendas?, y obtuve la misma respuesta: rechazarlas. No hemos visto ni un ápice de sensibilidad. Y cuando se dice: El diálogo político es incompatible con la presentación de proyectos políticos totalmente antagónicos y contradictorios con el proyecto de ley. Ese no es nuestro caso. El Partido Nacionalista Vasco no ha ido en contra de la existencia del Plan Hidrológico Nacional, ni está en contra de parte de su filosofía. No hemos presentado ningún veto.
Hemos presentado 36 enmiendas, fundamentalmente de mejora: algunas mejoras técnicas, mejoras gramaticales que tampoco se aceptan, y fundamentalmente mejoras dirigidas al contenido de colaboración entre los poderes centrales del Estado en materia de aguas y los poderes autonómicos. Esa es la filosofía que ha inspirado las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Luego nosotros no teníamos ni la filosofía de Entesa, ni la de Izquierda Unida, ni la del PSOE, ni la de CiU, ni la de Coalición Canaria, y estamos en un camino hacia la aproximación. Y todavía, de ese cúmulo de 36 enmiendas, bastaría con que ustedes aceptaran cinco, de las cuales dos no tienen contenido económico, para que el PNV votara a favor del Plan Hidrológico Nacional.
Pero es que, como he dicho anteriormente, se han negado al diálogo. Este portavoz lo ha intentado dos veces y el responsable político del tema le ha dicho que no. ¿Y sabe a qué obedece esto? A que nosotros votamos a favor en el Consejo Nacional del Agua con unas condiciones. Luego se convocan las elecciones autonómicas al País Vasco y se nos comunica desde el Ministerio de Medio Ambiente: Tenemos la directriz política de no negociar nada con ustedes, ni a nivel gubernamental ni a nivel parlamentario. Eso es lo que nos dicen portavoces autorizados del Ministerio de Medio Ambiente: Pascual Fernández, Secretario de Estado de Medio Ambiente. ¿Qué le pasa al PP? Que piensa que va a ganar las elecciones en el País Vasco y, por lo tanto, sobre ese principio de acuerdo que se plasma en la reunión del Consejo Nacional del

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Agua dicen: Vamos a dejarlo en el congelador, y esa rueda de prensa conjunta que el señor Fernández, Secretario de Medio Ambiente, quería mantener con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco, se suspende. Y no hay más negociaciones. Pero ése es un error político, señores del Grupo Parlamentario Popular. Porque el Partido Popular no gana las elecciones, las gana el Partido Nacionalista Vasco, y el Gobierno de Euskadi sigue siendo el mismo, y los responsables políticos siguen siendo los mismos, y estamos esperando a que, por lo menos, hubiera una mínima negociación sobre la aceptación de cinco de las 36 enmiendas. Simplemente cinco.
Por tanto, la crítica que le hacemos y la posición contraria en la que nos encontramos en este momento es política, no filosófica. No estamos en contra del Plan Hidrológico Nacional, ni de los planteamientos que en él se y contienen, ni de las transferencias, ni de las obras. No. La posición del PNV es contraria por la actitud que el Grupo Parlamentario Popular, en definitiva, el Gobierno --digámoslo de esa manera-- ha mantenido al respecto, que es la de la ruptura de las relaciones en el momento en que el «lehendakari» convoca las elecciones y se suspenden todas las relaciones. Ese es un grave error político. Porque si hubiera habido cintura política, el Gobierno, el Ministro, el Secretario de Estado que ha sido el interlocutor en la materia se habría puesto en contacto con nosotros y habríamos intentado suscribir públicamente este documento. Este documento de tres folios que tengo aquí es el acuerdo al que se llegó en el Consejo Nacional del Agua entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno vasco. Es una declaración política que se quedó en el congelador desde que el Gobierno mandó la instrucción política de suspender las relaciones con el Partido Nacionalista Vasco. Hasta entonces teníamos en gran consideración al señor Matas porque habíamos mantenido una buena relación política, dos reuniones con este portavoz, dos reuniones con nuestros compañeros del Congreso, sucesivas reuniones con el Consejero de Obras Públicas del Gobierno Vasco, y desde entonces no sabemos nada, y el Gobierno, convocadas las elecciones, nos dice que hay directrices para suspender todo tipo de contactos. Ese es un gran error político, señor Ministro, por no haber tenido la cintura necesaria para incorporar al Partido Nacionalista Vasco a este consenso. Le repito, señor Ministro: Bastaría con que aceptaran cinco de las 36 enmiendas que hemos presentado para que usted obtuviera mayor consenso político y el PNV votara a favor. Simplemente cinco, de las cuales dos no tienen ningún contenido económico.
Por lo tanto, reitero, señor Ministro, que ha habido una ruptura de relaciones cuando el «lehendakari» convoca elecciones. Este es el gran error de ustedes. Este portavoz ha intentado hablar con su portavoz político y le ha dicho que no van a aceptar ninguna enmienda. Por tanto, el PNV no está en contra de la filosofía, ni de las medidas, ni de los instrumentos, ni de los mecanismos que contiene el Plan Hidrológico Nacional. Está en contra por la actitud que han tenido el Grupo Parlamentario Popular y el Gobierno del Estado respecto del Gobierno de Euskadi y de los representantes en Cortes del Partido Nacionalista Vasco.
Este partido tiene la legitimidad que le ha dado el haber sido vencedor en las urnas, pues con un 42,5 por ciento --ustedes tienen en el Estado el 44 por ciento-- hubiéramos tenido con un sistema proporcional mayoría absoluta en Euskadi. Y ustedes tenían que haber tenido la cintura política de hablar con ese Gobierno y decir que este papel que el señor Pascual Fernández y el Consejero de Obras Públicas suscribieron, pues llegaron a un acuerdo entre caballeros en el Consejo Nacional del Agua, tenía que haberse plasmado en cinco enmiendas en este proyecto de ley. Y ése ha sido el fallo, el error político que ha tenido el Grupo Parlamentario Popular en relación con el Partido Nacionalista Vasco. Esa es, en definitiva, la imputación y la alegación que desde nuestro grupo parlamentario tenemos que realizar al Gobierno en esta materia.
Podemos hacer otras consideraciones y otra reflexión de fondo. ¿Cómo este proyecto de ley que, en definitiva, pretende establecer la planificación hídrica más importante que se ha hecho en España en los último 50 años no va acompañado de un Plan Nacional de Regadíos? Dice usted, señor Ministro, que los regadíos ya van incorporados ahí, pero es que la política de regadíos --digámoslo entre comillas-- es un desmadre. Llevamos varias leyes de acompañamiento en los presupuestos efectuando declaraciones legales de interés general en los anexos a las leyes de acompañamiento. ¿Es correcto eso políticamente? Nosotros creemos que no. Si va a haber un plan hidrológico, un Plan Nacional de Regadíos, si el señor Arias Cañete ha anunciado que nada más aprobar, quizás sea mañana mismo, en el Consejo de Ministros, no lo sabemos, pero no me extrañaría, el Plan Nacional de Regadíos se va a mandar al Consejo Nacional del Agua porque el señor Arias Cañete ha pedido el 4 de septiembre una comparecencia en esta Cámara para explicar el Plan Nacional de Regadíos, es que o mañana o la semana que viene el Gobierno aprueba el Plan Nacional de Regadíos.
¿No hubiera sido más sensato haberlo aprobado antes? ¿Por qué? ¿Por qué si se han aprobado antes los planes hidrológicos de cuenca no se ha aprobado antes el Plan Nacional de Regadíos cuando el 80 por ciento del consumo de agua en España va dedicado a labores agrícolas y el 56 por ciento de esta superficie tiene un uso irregular y abusivo en algunos casos del destino del agua con usos agrarios? ¿Por qué no se ha aprobado con anterioridad? Porque los planes hidrológicos de cuenca sí que se han aprobado. El Plan Nacional de Regadíos se aprobará también por Real Decreto. No tiene ni rango material ni rango formal de ley.
¿Pero qué pretende el Plan Hidrológico Nacional? El Plan Hidrológico Nacional pretende, por un lado, autorizar los trasvases de cuencas excedentarias a deficitarias y, a su vez, hacerlo por ley, y, en segundo lugar, una armonización, una compatibilización de los diferentes planes de cuenca que pueden ser modificados y también del Plan Hidrológico Nacional.
Ese es el espíritu. Y vemos el artículo 43 de la Ley de Aguas cuando habla del ámbito de aplicación del Plan Hidrológico Nacional, ése es.
¿Pero cuál es la posición del Partido Popular? Porque no hay que ver lo que que dice ahora el Partido Popular. Este portavoz ha tenido ocasión

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de debatir este tema con una persona principalmente, que es la responsable de política del agua, que era la señora De Palacio, actualmente Comisaria de Transportes y Energía en Unión Europea.
Hay aquí dos documentos de los años 1994 y 1995 suscritos por dos personas muy importantes del Partido Popular --la iniciativa la firma el señor Rato y la defiende la señora De Palacio--, donde se insta al Gobierno y se aprueba por unanimidad, primero, que los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Nacional de Regadíos fueran anteriores al Plan Hidrológico Nacional, posición política del Partido Popular, postura oficial, años 1994 y 1995, señor Rato y señora De Palacio.
Esa es la postura oficial del Partido Popular aprobada por unanimidad en el Congreso de los Diputados. Pero si vamos al debate de las autonomías del año 1994 se llega a un acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular, al que se incorpora también el Partido Nacionalista Vasco, donde se le insta al Gobierno a que haga primero los planes hidrológicos de cuenca y el Plan Nacional de Regadíos.
Por eso, señor Ministro, he dicho que hubiera sido más sensato haber presentado el Plan Nacional de Regadíos, bien de una manera colateral o bien de forma previa --creo que mejor previa--, como se ha hecho con los planes hidrológicos de cuenca, porque aunque usted diga que está en la filosofía, sin embargo, no es correcto así, porque la técnica que se utiliza de acudir a las leyes de acompañamiento y al mismo Plan Hidrológico Nacional que contiene infinidad de declaraciones de interés general en su Anexo II sobre modernizaciones de regadíos, tanto en uso extensivo como en regadíos sociales, esta técnica no tiene una coherencia, no tiene un ensamblaje político. Esa es la crítica que nosotros le hacemos. Pero podemos entenderla. La superaríamos siempre y cuando ustedes, señor Ministro, hubieran tenido la sensibilidad de este documento mediante el cual llegamos a un acuerdo político en el Consejo Nacional del Agua con su adjunto, el señor Pascual Fernández y con mi compañero del Congreso. Esto es lo que hubiera hecho falta. Pero esa falta de diálogo es lo que nos preocupa y en política es un error. Usted podrá achacar al Grupo Parlamentario Socialista, a Izquierda Unida o a Entesa Catalana de Progrés lo que quiera. Pero el PNV ha estado presente en los trabajos parlamentarios y ha interpelado a su portavoz por dos veces: ¿Qué van a hacer con nuestras enmiendas? Rechazarlas. Esto denota una falta de cintura política y en estos momentos ustedes se libran de las consecuencias por haber obtenido mayoría absoluta.


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, permítame que explique al resto de las señorías que me ha pedido que le descuente los minutos que le corresponderán para la defensa de las enmiendas de los que emplee en este turno. Pero para su conocimiento he de decirle que ya lleva ocho minutos más de los cinco que le corresponden del turno de portavoces.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Ese es el fondo del asunto, señor Ministro. Hay un error de estrategia en el Partido Popular; se convocan elecciones y ocurre lo que ocurre. Por tanto, tiempo ha habido, trámite parlamentario ha habido y, sin embargo, ha faltado voluntad política. Y es una pena, porque usted podía haber incorporado un caudal político de envergadura que es lo que supone el Partido Nacionalista Vasco, partido mayoritario en Euskadi, que ha ganado las elecciones; partido más antiguo después del PSOE en el Congreso y Senado en grupos parlamentarios, con 106 años de existencia. Y eso tiene un valor político «per se» que usted no puede olvidar. Y lo podía haber conseguido fácilmente, simplemente aceptando cinco de las 36 enmiendas de nuestro grupo parlamentario.
Señor Ministro, en definitiva, nos duele tener que hacer este posicionamiento político en contra no de la filosofía del Plan, sino de la actitud del Grupo Parlamentario Popular o del Gobierno en la coyuntura política que nos ha tocado vivir en esta época e inicio de legislatura.
Estas son las consideraciones generales por las que nuestro grupo parlamentario muestra su disconformidad con el planteamiento del Grupo Parlamentario Popular y en definitiva la fijación de esa posición política, que no es la de los Grupos del veto pero que tampoco es la del Gobierno y que fácilmente se podía haber incorporado, en un consenso si hubiéramos tenido sensibilidad humana y política en la materia.
Nada más. Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra la Senadora Cid.


La señora CID PAÑELLA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir con mucha brevedad. El señor Sopeña ha afirmado que hay que debatir con «seriosidad», perdón, con seriedad, ya se me está pegando con eso de los grupos territoriales. Repito, debatir con seriedad ¿de qué debate habla? Si esto no es un debate, es como un frontón. Aquí cada uno ha venido con la lección aprendida, no ha habido ningún debate y mucho menos referencias a datos actualizados en todo este Plan Hidrológico que ustedes nos presentan.
También ha afirmado que nos podíamos reunir cuantas veces quisiéramos en el Ministerio. Pero he de decirle que cuando usted quiera puedo presentarle a unas cuantas personas que pueden decir que esto no ha sido posible, quizás por confusión, sin mala fe, pero esta Senadora lo ha intentado ya dos veces.
Ha habido mucha demagogia fácil que esta Senadora y su Grupo también con seriedad ha intentado evitar. Las intervenciones que hemos oído esta tarde sobre el Plan Hidrológico ponen de manifiesto lo que han conseguido ustedes desde el Gobierno del Partido Popular, que es la división entre territorios y ahondar en los enfrentamientos. Pero realmente de debate territorial, nada de nada.
Puestos a preguntar, lo único que le ha faltado a esta Senadora es hacerlo sobre la opinión del grupo territorial del

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Partido Popular de Aragón, por ejemplo. (Rumores.) Y es que nada es más fácil que hablar del agua con emociones y sentimientos, pero no creemos que ésa es la cuestión ni tampoco las formas, porque, aunque ustedes no lo crean, el agua no tiene color político, pero los intereses y los negocios que se derivan de ella sí lo tienen.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Cid.
Por el Grupo de Convergència i Unió, tiene la palabra su portavoz, el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, señoras y señores Senadores, utilizo el turno de portavoces para manifestar nuestra posición respecto de estas propuestas de veto, y ya anuncio que nuestro voto será contrario a las mismas por coherencia con la línea de trabajo llevada a cabo por nuestro Grupo.
Si bien este Plan Hidrológico no es nuestro plan, quiero hacerles las siguientes consideraciones. En la línea mantenida por nuestro Grupo a lo largo de la historia del debate parlamentario, desde el inicio de la democracia, hemos trabajado siempre para conseguir lo mejor para todos los ciudadanos, no sólo de Cataluña, sino de España. Nuestro Grupo propuso y negoció un amplio abanico de enmiendas en el trámite de discusión del Plan Hidrológico en el Congreso, propuestas que fueron aprobadas u objeto de transacción en el citado trámite parlamentario.
Conozco bien la preocupación que genera la aprobación de este Plan Hidrológico en las zonas limítrofes del río. Son preocupaciones legítimas de quien vive y trabaja estimando su territorio, de quien se preocupa por su futuro y el futuro de sus hijos, de quienes, en definitiva, tienen en el río y en el agua una parte importante de su identidad.
Según algunos economistas, el agua pasará a ser --y quizá ya lo sea hoy en día-- el bien más preciado para el hombre en un futuro próximo.
Concretamente, el economistas en el que me baso para decir esto afirma que en el año 25 de este siglo, es decir, muy próximamente, el agua será el bien más preciado.
La disponibilidad de suelo y agua es limitada en nuestro planeta; por ello, su uso deber ser racional y hay que prever su adecuada conservación. No sólo hay que preocuparse sobre cuál va a ser su uso, sino también de los efectos que causará el mismo. Y eso hoy es importante para un gran número de ciudadanos, que ven en el Plan Hidrológico una fuente de preocupación.
Para Convergència i Unió también ha sido y es así. Pero nuestra postura ha consistido en intentar, en la medida de nuestras posibilidades parlamentarias y de diálogo, que una buena parte de estas preocupaciones se pudiera desvanecer y ofrecer mejores garantías a los ciudadanos afectados. No son mis palabras las que van a convencer a nadie; entiendo que son los hechos. Y no quiero en ningún caso ser triunfalista --no es la ocasión, ni tampoco la vocación de este Grupo--; pero las enmiendas presentadas y aprobadas en el Congreso han cambiado la filosofía y la letra de aspectos muy importantes del Plan Hidrológico, presentado hace unos meses por el Gobierno del Estado. Así lo reconocía el propio Ministro en su intervención.
Sin ánimo de querer ser exhaustivo, pues el tiempo es limitado y no deseo acumular mis intervenciones, pondré algunos ejemplos al respecto. Quizá el aspecto más importante sea que no se pueda sacar agua del delta del Ebro sin la aprobación de un plan integral de protección. Diferentes portavoces han hecho mención a este aspecto, que yo considero uno de los más innovadores e importantes. Pero es que, además, este plan debe ser elaborado por un consorcio presidido por el Gobierno autonómico, consorcio en el que los ayuntamientos, usuarios y organizaciones sociales de la zona estarán presentes, con lo cual, a través de la enmienda correspondiente hemos conseguido que el territorio tenga voz y voto en el uso del agua y en la preservación de su suelo.
Evidentemente, hay otros aspectos importantes que se consiguieron a través de nuestras enmiendas y que a alguien le pueden parecer pequeños o poco importantes, pero conociendo el territorio se ve que sí son importantes. Me refiero, por ejemplo, a que se reduzca la posibilidad de trasvase del propio río Ebro y se utilice, en cambio, agua de los canales de riego, a que se respete el período de estiaje, a que en los meses en que el Ebro por condiciones climatológicas naturales no lleve suficiente agua, no se permita sacar agua.
El propio Ministro ha citado una frase que me alegra y por la que evidentemente lucharemos para que quede reflejada en la ley: Sólo se realizará el trasvase si hay aguas excedentarias. Es evidente que se han conseguido otros aspectos, y quizá el económico no sea el menos importante, pero en cualquier caso yo no lo voy a citar hoy aquí. En todo caso, los ciudadanos afectados, en este caso los de Cataluña, verán que las medidas que se tomarán en un futuro van a favorecer el territorio. Es importante el dinero, y sin embargo tengo que decir que nuestro Grupo no hubiera votado a favor de este Plan Hidrológico si aspectos como los que antes he mencionado u otros no se hubiesen citado, como es, por ejemplo, que la capacidad de regulación de los embalses de Mequinenza, Riba-roja y Flix se utilice para satisfacer las necesidades medioambientales del delta.
Como decía al inicio de mi intervención, este Plan Hidrológico no es el que nosotros hubiésemos redactado, pero desde un punto de vista responsable, después de la aceptación de nuestras propuestas, que dan mayores garantías a los ciudadanos afectados, es evidente que nuestro voto tiene que ser negativo a las propuestas de veto.
Finalmente quisiera resaltar otro aspecto. Nosotros sabemos a ciencia cierta que todo el arco parlamentario español quería un Plan Hidrológico, y a este respecto hubo mandatos expresos para su elaboración en 1985, en 1987, etcétera.
Hoy nos encontramos en un debate en el que existen fuertes controversias, pero nadie pone en duda que el Plan Hidrológico se tenía que llevar a cabo. El Partido Popular presentó en su momento el Plan en el Consejo del Agua y éste ha ido desarrollándose e incluso entendimos que el Plan se iba a aprobar. Lo que ha hecho Convergència i Unió ha sido apostar fuerte para conseguir mejoras que,

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evidentemente, hemos conseguido introducir en este Plan, pero sobre todo hemos trabajado --y agradecemos las posibilidades que se nos han ofrecido para ello-- a fin de que en este Plan hubiera puertas abiertas para los gobernantes actuales o futuros a posibilidades alternativas que sin duda ayudarán a mejorar un uso más racional de las disponibilidades hídricas de este país.
Señorías, ésta ha sido nuestra aportación a este Plan Hidrológico al que, como les he dicho antes, damos nuestro soporte.
Muchas gracias por su atención.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Señora Presidenta, señor Ministro, señorías, desde que mi Grupo me nombró ponente en este proyecto de ley he podido asistir con sorpresa en ocasiones a algunas cuestiones que han rodeado el debate, sobre todo en esta Cámara, sobre las que sería importante que pidiésemos unas cuantas explicaciones. Una de ellas es la presencia del señor Ministro en esta sesión y la defensa que hace sustituyendo en cierta medida a algunos portavoces del Grupo Parlamentario Popular en este proyecto de ley.
Al mismo tiempo se han establecido dos fechas de esa participación del señor Ministro, quizás eludiendo lo que pudiera haber sido el momento más importante que, habiéndolo anunciado con tiempo, hubiera ocurrido mañana, pero mañana hay un gran compromiso del señor Ministro, que es un tropiezo más, como yo lo llamo, en la política ambiental, que es la presentación de una estrategia de la biodiversidad que no está hecha, pero que hay que presentar.
Yo creo que éste no puede ser un país de impulsos ni de ocurrencias y que no debemos funcionar a impulsos de lo que nos van marcando. En ese sentido, creo, señor Ministro, que usted ha perdido una gran oportunidad de demostrar que esta ley del Plan Hidrológico podría haber sido, sin duda alguna, un proyecto demostración de cómo hay que actuar en política ambiental en este país, pero indudablemente ha sido un experimento del método denominado Cañete, y esa aplicación inmediata del método Cañete ha desvirtuado lo que podría haber sido un proyecto demostración importante.
Es necesario que le diga en este momento que la política de aguas tiene que ser radicalmente distinta a la que se está aplicando por parte de este Ministerio, y digo radicalmente porque hay que ir a la raíz, a los conceptos esenciales del agua.
Señor Ministro, permítame que le diga que nadar y lavar la ropa al mismo tiempo es prácticamente imposible, y ustedes con esta ley pretenden por un lado nadar y por otro lado guardar la ropa, y eso no es posible hacerlo.
Si va a volver a intervenir me gustaría que nos dijera en esta Cámara cuál va a ser el uso del agua, para que podamos ser testigos de algo importante respecto a esta ley, ya que se nos ha obviado en todo el debate que podíamos haber desgranado en las múltiples oportunidades que el Reglamento nos permite. Nos gustaría saber cuál va a ser el uso del agua, y cuál va a ser el reparto entre los distintos usuarios, cómo tiene previsto hacerlo, y algo que es más importante, qué desarrollos va a propiciar en esos territorios, si lo tienen claro.
Ha habido algún portavoz de algún Grupo territorial que ha hablado expresamente de turismo y de construcciones en la costa. Yo creo que es importante que el señor Ministro aclare perfectamente esa cuestión, y por supuesto una cuestión que tiene mucho que ver con esto, cómo se va a propiciar desde esta ley que la ordenación territorial que luego se haga en las distintas Comunidades donde se recibe ese agua sea la propia a esa demanda de agua que se ha realizado.
Otras de las cuestiones que sin duda sorprenden a lo largo de este debate son el tiempo y las magnitudes, que están un poco en contradicción: velocidad de vértigo, dos meses en el Congreso y apenas uno en el Senado, cuatro billones de pesetas de inversión, un plan que pretende ser para veinte o veinticinco años y treinta segundos de duración de la Ponencia donde se han discutido las más de quinientas enmiendas.
Cinco años llevamos esperando o anunciando el Plan Nacional de Regadíos; la estrategia para la biodiversidad y que, como digo, funciona más a ritmo de trompicones que en una programación; la estrategia para el cambio climático para lo cual ustedes consideraban fundamental el tiempo y no parece lógico presentarla en un plazo breve de tiempo; el plan de reforestación o el desarrollo del propio reglamento de la reforma que ustedes ya hicieron de la Ley de Aguas en el año 1999. No nos pongan como contravalor el hecho de sacar el Plan Hidrológico Nacional en apenas un año frente a otro tipo de asuntos ambientales importantes para los cuales no están utilizando el mismo tiempo. Yo creo que el ningunear, como se ha hecho, el papel de la Comisión General de las Comunidades Autónomas por falta de tiempo forma parte de estas cuestiones de carácter extraordinario.
Permítanme que les diga, señorías del Grupo Parlamentario Popular, que el Plan Hidrológico Nacional conlleva determinados riesgos. Yo creo que es importante que tengamos claro cuáles son los riesgos que la aprobación de esta ley tiene. El Plan Hidrológico Nacional supone un riesgo para el desarrollo regional de algunas Comunidades, sobre todo si no estamos pensando en un desarrollo sostenible porque, según las manifestaciones que aquí ha habido, en muchas ocasiones no se está pensando en un desarrollo sostenible sino en un desarrollo mucho más alejado y más situado en el pasado.
La política medioambiental sólo se fortalece en la medida en que sus acciones se encuentran cerca de los ciudadanos. En este caso, gran parte del diseño que ustedes pretenden aprobar dentro del Plan Hidrológico Nacional nada tiene que ver con esa política cercana a los ciudadanos. Y, en consecuencia, en muchas instituciones no van a encontrar el calor preciso que acompañe muchas de esas acciones.


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Al mismo tiempo, el Plan Hidrológico Nacional no será suficiente ya que está generando, en sí mismo, una gran demanda adicional de agua porque no se está hablando con claridad sobre cuáles van a ser los usos permitidos para la misma, lo que necesariamente genera una serie de demandas importantes, algunas de ellas especulativas, que van a condicionar mucho el futuro y el desarrollo de esta ley. En consecuencia, hay un riesgo implícito dentro de este plan.
Por otro lado, existe una incorrecta valoración de la situación actual.
En este momento, hay un desconocimiento real de cuál es el manejo del recurso del agua en nuestro país y, por tanto, la planificación no puede ser adecuada.
Además, ¿es posible que la aplicación del Plan Hidrológico Nacional pudiera, en cierta medida, entorpecer la aplicación de los fondos europeos en nuestro país? ¿Pudiera ser un riesgo que ocasionara el propio Plan Hidrológico Nacional? Creo que el hecho de implicar y llevar a efecto un plan de este tipo, en el que el modelo de desarrollo está hecho a espaldas de cualquier exigencia ambiental, es un riesgo que realmente no se merece correr este país.
Nosotros hemos elaborado propuestas que tienen mucho que ver con la participación. Hemos hablado de la creación de una conferencia sectorial de la política de aguas en la que la cooperación y la participación institucional, entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, sea el adecuado; hemos hablado de una reforma del Consejo Nacional del Agua, al que tanto aluden porque aprobó este proyecto por un gran porcentaje de votos, pero nunca dicen cuál es la composición real de ese Consejo Nacional del Agua para que todos podamos comprobar realmente a quién representa ese porcentaje; hemos propuesto también la revisión de los planes hidrológicos de cuenca para su adaptación a la normativa europea, hemos hablado de la creación de los bancos públicos de agua, y, hemos dicho hasta la saciedad, que era imprescindible redefinir el papel de las confederaciones hidrográficas porque hay que transferirlas a las Comunidades Autónomas donde estén ubicadas y dotarlas de nuevas funciones para que velen por el buen uso del agua, por los temas de contaminación, la calidad, etcétera, siempre adaptado a la nueva norma europea. Eso no lo están haciendo las confederaciones, ni siquiera están cumpliendo con las funciones que ya tienen asignadas por ley; las confederaciones hidrográficas no han cambiado nada en los últimos cinco años, sólo se han creado sociedades paralelas a las mismas, que siguen haciendo más o menos lo mismo que se hacía anteriormente.
Las diferencias están claras. Las concesiones de agua no se regularizan, sólo se conoce una cuarta parte de la realidad de este país en cuanto a las concesiones de agua y no se hace ningún intento de normalizar esas concesiones. Ustedes suelen generar bastante confusión con las normas europeas y nosotros estamos pidiendo una aplicación inmediata en este plan hidrológico.
Cabe todo tipo de dudas con respecto a la financiación, ¿cuánto van a financiar con los presupuestos? ¿Cuánto van a aportar otros fondos, fundamentalmente europeos? Se ha hablado de 4.000 millones de pesetas hasta el año 2008, además del AVE, las autovías, los ferrocarriles y el déficit cero, ¿cómo se conjuga todo eso? Y, sobre todo, si tenemos en cuenta que está enmarcado en un contexto --que ustedes pintan bien de verde pero que, realmente, no se creen--, de desarrollo sostenible y de un Ministerio que difícilmente demuestra que sabe invertir. El proceso está lleno de curiosidades.
Con respecto a las transferencias de agua entre cuencas, nosotros hemos afirmado que siempre tiene que ser la última opción, pero ustedes no lo ven de la misma manera y, además, lo hacen de una forma distinta dependiendo del sitio al que llegue su mensaje. Hablan también de solidaridad y, realmente, están intentando enfrentar a los territorios; dicen que aprobando la ley el problema se va a solucionar y yo no sé si piensan que por el mero hecho de aprobar la ley ya tenemos cobijo de carácter legal para hacer determinados usos de ese agua que, hoy por hoy, no se pueden hacer.
En cuanto a la asignación, ¿quiénes van a ser los beneficiarios de ese agua?, ¿qué reparto va a haber entre los distintos usuarios? Tampoco nos hablan de los costes; es una cuestión sobre la que ni siquiera establecen normas. El problema no es que no estén hablando de precios concretos, es que ni siquiera se establecen normas sobre cómo se van a fijar esos precios.
Por otra parte, siento decirle que, en cuanto al equilibrio territorial, hay un principio constitucional que dice que cualquier elemento que incida en el diseño de los territorios tiene que guardar el equilibrio y la armonía entre el desarrollo de las distintas regiones y territorios; y me da la impresión de que esa premisa no se está cumpliendo.
En cuanto al proceso hemos descubierto algunas curiosidades, por ejemplo, tuvimos la oportunidad de oír decir al portavoz del Grupo Parlamentario Popular en la Comisión, que no hubiera hecho falta que este plan hubiera pasado por la Comisión General de las Comunidades Autónomas, puesto que ya estaba tramitándose en la Comisión de Medio Ambiente. La verdad es que esa paridad entre ambas comisiones no la teníamos muy clara en el Grupo Parlamentario Socialista hasta este momento. Se habla de los consensos y de un 80 por ciento en el Consejo de Agua, pero no se habla de la composición actual del Consejo y de cuál era en 1993 o en 1994. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En cualquier caso ¿qué miedo había a que esta ley hubiera seguido el proceso, adecuado en esta Cámara, si tanto consenso dicen haber conseguido? Una cuestión que también está ahí y es importante es el mercadeo. Ha habido mercadeo y las cuestiones ambientales no se pueden convertir en moneda de cambio, en este caso ha habido obras por apoyo. Este ha sido el lenguaje que han utilizado a lo largo de todo este debate, más obras más o menos apoyo. Eso es mercadeo sobre el medio ambiente.
En la financiación ha habido falta de rigor y, por supuesto, con vistas al futuro --una palabra que tanto utilizan-- no saben si la financiación es rigurosa o no; no saben cuáles van a ser las consecuencias de muchas de sus propuestas; no saben tampoco cuáles van a ser las consecuencias

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de esas obras y, por supuesto, no saben nada sobre la vertebración territorial que esto va a propiciar.
Por lo tanto, permítanme que les diga que es un plan lleno de contradicciones. En lugar de hacer un plan de gestión del recurso, ustedes han hecho un listado de obras, un plan exclusivamente de obras.
Hablan desde la lógica de la sostenibilidad, pero después no es cierto.
No están hablando de propiciar con este recurso un desarrollo socialmente equitativo; no están hablando tampoco de un desarrollo económicamente eficaz, ni tampoco de que ambientalmente sean sostenibles las políticas que están haciendo. Los grandes objetivos que se marcan en el preámbulo de la ley al final no los consiguen. Está clarísimo y, si no, analícenlo.
El cambio climático lo obvian, las consideraciones ambientales no saben si generan impacto o no. En cuanto a la reutilización y el ahorro que en tendemos que debería ser una condición previa, ustedes la establecen como una cuestión más, pero no como una cuestión previa que luego determine cuáles son los volúmenes que vamos a necesitar. Recogen el principio de la construcción de obra como único y dejan a un lado, sin duda alguna, la calidad e incentivar el ahorro del agua.
La comercialización del recurso también se convierte aquí en una única alternativa para ustedes, y yo creo que esa demanda que se está generando en torno a esta polémica es realmente importante.
Otra cuestión que hoy por hoy está encima de todas las mesas donde se preocupen por temas medioambientales, es que la Unión Europea nos está poniendo multas a diario y las estamos pagando porque realmente no estamos cumpliendo con la calidad del recurso en nuestro país. Eso no se contempla en absoluto dentro del Plan Hidrológico Nacional. Es un aspecto que parece ajeno como si no interesara.
Con estas reflexiones he intentado en todo momento buscar algún elemento que realmente pudiera ser didácticamente expresivo, para que se viera cuál es la actitud del Partido Popular en todo este proceso. He encontrado uno y viene bien que el señor Ministro esté aquí porque, está relacionado, no con los territorios de los que aquí se ha hablado, pero sí con uno importante dentro de este país. Me voy a referir concretamente al territorio de Doñana, cuya gestión corresponde a la Comisión Mixta entre el Ministerio y la Junta de Andalucía, y cuyo Presidente del Patronato es el señor Ministro de Medio Ambiente. Hay una cuestión que ustedes van a entender perfectamente porque en torno a Doñana se ha desarrollado toda una serie de cultivos que necesitan agua, y al mismo tiempo Doñana vive fundamentalmente del acuífero 27. Esos cultivos están extrayendo agua de ese acuífero y, por lo tanto, hay que buscar una solución. En el año 1996 --ustedes que tanto miran al pasado-- les dejamos una partida de 17.000 millones dentro del Plan Operativo de Doñana para que solucionaran ese problema. Todavía no han hecho nada a ese respecto, salvo reprogramar una y varias veces ese dinero para ver qué hacen con él. Cada vez que aparece alguien del Ministerio por allí y le preguntan cómo van a solucionar el problema del agua en Doñana para los regantes, siempre dan la misma respuesta: trayendo agua del Guadiana al Guadalquivir. Eso ustedes luego no lo recogen en el Plan Hidrológico Nacional y, además, dicen que el problema es que hay que firmar un convenio internacional.
Pero yo les voy a añadir un dato que me voy a atrever a decir en esta Cámara, a ver si alguna vez se recoge y sirve para algo. En el entorno de Doñana hay 1.600 hectáreas que se están regando para sembrar arroz, se están inundando con agua de ese acuífero que soporta a uno de los parques nacionales más importantes de este país, y la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, que conoce perfectamente los datos, no hace nada. Desde el Ministerio tampoco se hace nada, luego, ¿qué política es la que ustedes realmente pueden demostrar en temas de agua? ¿A quién le van a dar respuesta? ¿Al espacio protegido, a los regantes, a los del arroz? Sinceramente creo que las contradicciones son tan evidentes y tan claras que es el ejemplo que mejor puede demostrar la didáctica de lo que ustedes pretenden hacer con este Plan Hidrológico Nacional.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador Bella, lleva su señoría doce minutos más del tiempo reglamentario. (Protestas.) Le ruego concluya.


El señor BELLA GALAN: Señor Presidente, yo entiendo que la sesión es larga y hay...


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sí, señoría, esos doce minutos son a costa del tiempo que tiene su grupo en el trámite posterior, pero el turno de portavoces inicialmente previsto es de cinco minutos, y con doce minutos más está Presidencia entiende que es suficiente. Por eso le ruego que vaya concluyendo.


El señor BELLA GALAN: Yo no había hablado con la Presidenta de los doce minutos, sino que había pedido acumular el turno y terminar. Tenemos 312 minutos para las enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Sí, pero su señoría no va a estar 312 minutos en un turno de portavoces; yo creo que con 17 minutos de tiempo es suficiente. Tiene su señoría un par de minutos más, y le ruego por tanto que vaya concluyendo. (Rumores.)

El señor BELLA GALAN: Si me permite tres minutos más, señor Presidente, termino. (Protestas.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Tiene usted dos minutos, señoría.


El señor BELLA GALAN: Muchas gracias, señor Presidente.
Como le decía --e insisto--: Presidente del Patronato del Parque Nacional de Doñana, Ministro de Medio Ambiente, el Parque Nacional de Doñana que vive del acuífero 27, del cual se está extrayendo agua para inundar 1.600 hectáreas de arroz llegales, y eso lo admite la propia Confederación Hidrográfica del Guadalquivir; ustedes se

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niegan a cambiar las competencias de la Confederación y vienen a hablarnos aquí de que están pensando realmente en el futuro.
Termino rápidamente, señor Presidente. (Protestas.) Les he dicho que están generando conflicto, y al menos podrían revisar los textos de esta ley, porque les hemos pedido que sustituyan algunas de las enmiendas en las que bastaría quitar las obras que ya están hechas. Pero con aprobar el plan no es suficiente; su concepción es puramente desarrollista, y tengan en cuenta que se van a dotar de una herramienta insuficiente e inadecuada; que este plan nace ya totalmente ineficaz, que está cargado de intereses ocultos, señorías, y que está elaborado sin participación.
Señor Ministro, con este plan permítame que le diga que va usted a clavar al Partido Popular en el pasado; que han perdido ese barniz de modernidad con el que se habían presentado en sociedad hace apenas unos años; que desconfían plenamente de las nuevas tecnologías, y que rechazan el Estado Autonómico, cuando éste no tiene el consenso que ustedes quieren.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Partamentario Socialista.) El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Bella.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Orós.


La señora OROS LORENTE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, estamos hoy en esta Cámara para votar el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional, un proyecto que por mucho que ahora quieran negar, se ha estudiado, se ha debatido y dialogado durante más de diez meses, y que con nuestro respaldo --y ojalá que con el de sus señorías--, todos los grupos apoyen este plan para que todos los españoles y todas las Comunidades Autónomas que llevan más de un siglo esperando el agua puedan recibirla. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular) Hemos hablado meses y meses de hectómetros cúbicos, de planes de cuenca, de caudales ecológicos, de trasvases y de desalación, y seguiremos hablando el tiempo que sea necesario para que todos los ciudadanos comprendan en el detalle la importancia y el esfuerzo que este Gobierno y estos legisladores han utilizado para sacar adelante un proyecto que garantiza a todos el agua en cantidad y en calidad. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Pero si de verdad se ha debatido sobre algo ha sido sobre todo acerca de la solidaridad, la vertebración, la coherencia y el consenso; un consenso --y no nos cansaremos de utilizar la palabra-- que ha pasado por 169 reuniones del Ministerio de Medio Ambiente con todos los sectores implicados. Que ha pasado por el Consejo Nacional del Agua, en el que han estado presentes activamente las Comunidades Autónomas, las Confederaciones Hidrográficas, los grupos ecologistas, empresarios, sindicatos y por supuesto los regantes. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular. ¡Muy bien! ¡Muy bien!) Un consenso que queda patente en el respaldo dado al proyecto por el 82 por ciento de los miembros del Consejo Nacional del Agua --que, por cierto, fue apoyado, entre otras Comunidades, por aquellas gobernadas por el PSOE--. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) De todos estos hechos ya ha relatado extensamente el señor Ministro cuál era la posición del Partido Popular, pero quiero seguir incidiendo en el consenso, un consenso que se persigue, desde luego, no con la presentación de iniciativas meramente destructivas y dilatorias, como es una propuesta de veto en lugar de un plan alternativo realista, o con la presentación de enmiendas del no por el no. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Con esto, señorías, queda en evidencia que, por encima de las necesidades básicas de muchos ciudadanos y ciudadanas de este país, algunos anteponen los intereses de su partido y queda patente la irresponsabilidad de un grupo parlamentario. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) De un grupo parlamentario, señorías, que no quiere que otros seamos capaces de sacar adelante lo que ellos nunca se atrevieron a culminar. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, me van a permitir que les diga que su actitud es como la del perro del hortelano, que ni regaba ni quiere dejar regar. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, por encima de nuestras legítimas discrepancias y batallas parlamentarias se extienden unos hechos objetivos, y son los que verdaderamente interesan a los ciudadanos; unos hechos tan sencillos y a la vez tan rotundos como que haya una España con excedentes de agua y deficientes infraestructuras para aprovecharlas y otra España a la que le falta agua pero que podría recibirla de la que sobrase una vez se hubiesen cubierto todas las necesidades presentes y futuras de las cuencas excedentarias. Con sólo 1.050 hectómetros cúbicos de ese caudal sobrante se podrían cubrir las demandas de las regiones más necesitadas de agua.
Por eso hablamos de transferencias de agua, señorías, pero también de optimización de recursos, y sobre todo de inversiones para infraestructuras.
Señorías, éste no es un Plan Hidrológico de trasvases. Un plan de trasvases sería aquel que contemplara trece transferencias en cuencas distintas, y éste no es el plan que hemos hecho nosotros ni el que haría ningún gobierno de nuestro partido.
La propuesta que hoy viene a esta Cámara da prioridad a la optimización de los recursos, aunque a ustedes sólo les interese hablar del agua que se va a trasvasar desde el Ebro. Proponemos, señorías, la utilización de aguas subterráneas, las medidas de fomento del ahorro, las medidas de

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reutilización de las aguas depuradas, las medidas de gestión de la demanda y las medidas de desalación, teniendo por supuesto en cuenta en todo momento la preservación medioambiental del Delta del Ebro.
Y si no, señorías, pregúntense ustedes cuál ha sido el Partido que ha transaccionado con Convergència i Unió el plan de restitución y el plan de protección para el Delta del Ebro. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por eso, señorías, el Grupo Socialista no ha inventado nada nuevo en quince días que no pudiera haber hecho en doce años, así que no traten de darnos ahora lecciones de hidrología porque nosotros sabemos, y lo saben los ciudadanos, que el agua es vida, desarrollo económico, es empleo y es riqueza, y por eso queremos afrontar con responsabilidad su gestión presente y futura, la que nos afectará no sólo a nosotros sino a las generaciones futuras.
Hoy en este debate, señorías, tenemos de nuevo la oportunidad de hablar a todos los españoles de la solidaridad; solidaridad para ceder recursos, para racionalizar el consumo, para optimizar al máximo los ahorros y solidaridad, señorías, para educar a las nuevas generaciones en el respeto a unos bienes limitados. Señorías, esto no es una opinión, no es una creencia. Los hechos están ahí. España en su conjunto posee agua suficiente. Hay zonas, como en el caso de Aragón, la Comunidad a la que pertenezco, en la que llueve grandes cantidades en algunas épocas del año y que no posee infraestructura suficiente para retener ese agua; hay otros territorios, incluso en Aragón --las Bardenas o los Monegros--, así como las Comunidades de Valencia, Murcia o la provincia de Almería, donde la escasez constituye un auténtico problema para la población, y ante este desequilibrio se impone la regulación y la solidaridad.
Por eso los ciudadanos de este país no entenderían que aquellos que les representamos les diéramos la espalda en el proyecto que va a determinar su riqueza y prosperidad. Desde luego, no va a ser el Grupo Parlamentario Popular el que cese en su ejercicio de responsabilidad para dejar pasar de nuevo una cuestión de Estado, siendo nuestro compromiso firme no sólo con los regadíos, las infraestructuras y las inversiones en Aragón así como en el Delta del Ebro, sino también nuestro compromiso firme con las medidas de gestión de agua de las que depende el desarrollo de zonas como la Comunidad Valenciana, Murcia o Almería. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señorías, traer a las Cámaras el Plan Hidrológico Nacional fue uno de nuestros compromisos electorales para conseguir una administración del agua eficiente, solidaria y racional.
Hoy cumplimos ese compromiso y pedimos coherencia, sobre todo coherencia.
Coherencia para cumplir con las necesidades de todas las personas de este país, ya que nuestras responsabilidades son las mismas, señorías, en Murcia, en Aragón, en Valencia, en Cataluña, en Andalucía, en Extremadura o en Castilla-La Mancha. Este Plan Hidrológico se presenta para que nuestra España plural siga avanzando en cada Autonomía, en cada ciudad, en cada pueblo, con un futuro común y con unas ilusiones conjuntas (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Porque el Partido Popular cree en la necesidad del equilibrio territorial y tiene como referencia prioritaria el Estado de las Autonomías. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Un Estado de cooperación y no de enfrentamiento. Un Estado de colaboración y no de ruptura. Un Estado de coordinación y no de conflicto. Un Estado de equilibrio y no de privilegios.
Señorías, no podemos ni debemos convertir la solución del problema histórico de todos en la batalla territorial de algunos. Porque, señorías, nuestra responsabilidad, la de todos los que estamos en esta Cámara hoy, es la de sumar y la de unir esfuerzos para que nuestro país siga avanzando en el progreso y en la modernidad, y la modernidad está hoy en la gestión adecuada de nuestras aguas, de nuestro bien más preciado y a la vez más limitado. (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Qué bonito!) Una gestión basada en la optimización de aguas disponibles, en el ahorro y en la modernización de la red de regadíos. Señorías, sepan ustedes --y ya se ha comentado aquí por el señor Ministro-- que el 84 por ciento del programa de inversiones está dedicado al ahorro, la racionalización del agua y las inversiones medioambientales.
Y ahora, señor Presidente, señorías, me gustaría hablar como aragonesa.
(Fuertes rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Quiero apelar a la confianza de los aragoneses, confianza --les recuerdo-- que ya han depositado regantes y usuarios de mi Comunidad, porque el Plan Hidrológico Nacional beneficia a Aragón y garantiza sus necesidades hídricas presentes y futuras. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!) Hasta ahora no hemos podido utilizar nuestro principal recurso, el agua, y esto se solucionará construyendo las obras necesarias con una Inversión del Gobierno de España de más de 400.000 millones de pesetas. Los nuevos embalses servirán y permitirán a Aragón incrementar en más de 200.000 las hectáreas de regadíos. Este plan asegura el caudal ecológico de los ríos de Aragón, así como el del propio Ebro, protegiendo la flora y la fauna de nuestro territorio, y permite la financiación de las obras para la depuración de aguas de muchos municipios de Aragón.
Señorías, como aragonesa, ¿por qué digo sí al Plan Hidrológico Nacional? Pues digo sí, señorías, porque el Plan Hidrológico Nacional es el sí al Pacto del Agua de Aragón (Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien!), acuerdo firmado por unanimidad en las Cortes de Aragón por el que se establecían cuáles eran las necesidades presentes y futuras y además las obras necesarias para satisfacerlas, asegurando el desarrollo socioeconómico de una tierra como la mía. (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Muy bien, muy bien!--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Y sí es bueno para Aragón porque por fin una ley estatal garantizará el pacto del agua, tan demandado por los aragoneses. Y sí es bueno para Aragón porque, por primera

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vez, se incluye el presupuesto necesario para ejecutar el almacenamiento y abastecimiento de agua para los regadíos, obras de saneamiento y depuración que Aragón necesita. Y sí es bueno para Aragón porque el trasvase del Ebro sólo se plantea con el agua sobrante en la desembocadura del río. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Por supuesto, señorías, después de atender las necesidades presentes y futuras de mi Comunidad y de respetar el caudal ecológico del delta. (El señor Espasa i Oliver: Es falso.) Y sí es bueno para Aragón porque garantiza el desarrollo económico y social de nuestra tierra, porque se asegura toda la cantidad y calidad de agua que nosotros necesitamos.
El Plan Hidrológico Nacional que hoy debatimos aquí devolverá a los aragoneses --y el tiempo nos dará la razón-- el protagonismo que merecemos, después de muchos años de olvido, porque el pueblo de Aragón va a ser uno de los principales beneficiarios de este plan; por más que algunos se empeñen en negarlo, el tiempo dará y quitará las razones.
Para terminar, señora Presidenta, señorías, quiero dirigirme a los ciudadanos que hoy están aquí, a los que nos siguen a través de la Red y a los que conocerán el debate por los medios de comunicación, para manifestarles que los Senadores del Grupo Parlamentario Popular somos conscientes de que el agua, su carencia o escasez, es una de las principales preocupaciones de muchos de ellos, y por eso consideramos que ha llegado el momento de completar el ciclo con un instrumento adecuado para superar los problemas del presente y afrontar las inquietudes del futuro, el instrumento que nos permitirá obtener el máximo aprovechamiento de nuestros recursos, y ha llegado el momento de aprobarlo con su apoyo, con su consenso, con su solidaridad.
En un mundo globalizado, no vamos a apostar nosotros por la ruptura, por la insolidaridad, no vamos a hacer del agua una fuente de conflicto sino de vertebración, de diálogo y de generosa colaboración, y sobre todo vamos a seguir apostando, como lo hacemos desde hace muchos años, por la gestión eficaz, frente a los que se dedican a la crítica fácil y hueca, que ni tomaron decisiones cuando podían ni quieren permitir que otros las tomen. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Señorías, el Plan Hidrológico Nacional beneficia a todos sin perjudicar a nadie; atiende las necesidades históricamente relegadas y soluciona el grave problema de los desequilibrios hídricos. Está hecho desde el sentimiento, pero sobre todo desde la razón y la justicia. Dentro de algunos años, cuando las obras del Plan Hidrológico Nacional sean una realidad en Aragón y en Cataluña, ¿cómo se justificarán quienes hayan votado en contra? Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, antes de proceder a la votación, y puesto que han transcurrido cinco horas desde que se reanudó la sesión, a las dieciséis horas quince minutos, es necesario el asentimiento de la Cámara para poder continuar la misma.
¿Da la Cámara su consentimiento? (Asentimiento.) Vamos a proceder a la votación de los vetos.
Como saben, para la aprobación de los vetos se exige la mayoría absoluta.
En estos momentos son 259 los Senadores que componen la Cámara y, por tanto, para la aprobación de los vetos se necesitarían 130 votos a favor de los mismos.
En primer lugar, voto particular número 6, del Senador Quintana González, correspondiente a la propuesta de veto número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 80; en contra, 149; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el voto particular número 6, que corresponde a la propuesta de veto número 2.
En segundo lugar, votamos el voto particular número 3, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, correspondiente a la propuesta de veto número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra 151.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 1.
Votamos ahora el voto particular número 1, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, que corresponde a la propuesta de veto número 3.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 151.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 3.
Por último, votamos la propuesta de veto número 4, correspondiente al voto particular número 7, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 230; a favor, 79; en contra, 151.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la propuesta de veto número 4.
Y, por tanto, quedan rechazadas todas las propuestas de veto. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Continuamos con el debate de las enmiendas.
En primer lugar, las enmiendas 88 y 89, del Senador Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, que se dan por defendidas.
Seguidamente tiene la palabra el Senador Cabrero. (Rumores.)

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Señorías, como tenemos un largo debate por delante, les ruego que guarden silencio para que el Senador Cabrero pueda empezar.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Una vez que han sido desestimados los vetos que hemos presentado, planteamos las enmiendas parciales que tienen que ver con propuestas que han llegado de diversos colectivos: asociaciones agrarias, colectivos ecologistas, sindicatos. En definitiva, son enmiendas que tienen un gran apoyo social y que reflejan, por qué no, lo que ha conseguido el Partido Popular en todo el proceso sobre el debate del proyecto de ley sobre el Plan Hidrológico: una gran fracturación social y territorial, que yo creo es uno de los grandes aspectos negativos de este proceso. Hay que tener en cuenta que, además, en Madrid recientemente hubo una manifestación en contra de las propuestas y del contenido del Plan Hidrológico con más de 400.000 personas. Pero no solamente hay esos aspectos contradictorios, sino que queremos denunciar aquí las contradicciones de del Partido Popular, porque en otros sitios, por ejemplo, en la Comunidad Autónoma andaluza sí han planteado el apoyo a algunas propuestas que vienen en forma de enmiendas por parte de nuestro Grupo o por parte de otros Grupos de esta Cámara y que tienen que ver con las conducciones para abastecimiento de agua en el ámbito urbano, para el consumo. Precisamente en esta Cámara fue recibida una delegación de Alcaldes de una provincia andaluza en relación a ese asunto y hubo un compromiso por la representante del Grupo Popular para ver la posibilidad del consenso sobre una enmienda en ese tema que demandaban los Alcaldes; o, por ejemplo, debates donde han participado miembros del Partido Popular que han venido a aceptar actuaciones para eliminar o resolver problemas de inundación en algunas zonas de la cuenca hidrográfica del Guadalquivir; u otras actuaciones que ha aceptado el Partido Popular y que vienen formuladas como enmienda por parte de nuestro Grupo y que tienen que ver con el control de unidades hidrogeológicas en algunas cuencas de Andalucía. Pero, sin embargo, aquí hoy no se ha producido ningún tipo de debate, y el Grupo Popular, aunque dicen unas cosas en algunos sitios y frente a algunas personas, incluido Alcaldes que son del propio Partido Popular, ha rechazado, ha roto, ha producido esa fractura desde ese punto de vista social, territorial y, por supuesto, político.
En cualquier caso, desde nuestro Grupo planteamos enmiendas que tienen que ver con destinar unas partidas presupuestarias de alrededor de 300.000 millones de pesetas para subvenciones agrícolas para pasar del riego por gravedad al riego por presión en el ámbito de la agricultura, porque está demostrado que la eficacia del sistema de gravedad, que es el que más consumo tiene de agua es del 60 por ciento, y la eficacia del sistema de goteo es del 90 por ciento. Por lo tanto, planteamos enmiendas que a los efectos de la presente ley entiendan en el artículo 3 como caudal ambiental aquel que mantiene como mínimo la vida piscícola que de manera natural pudiera habilitar en ese río en cuestión la vegetación de la rivera.
Planteamos enmiendas al artículo 6 del proyecto de ley en cuanto a tener en cuenta otro criterio para la coordinación de los planes hidrológicos de cuenca, como son los caudales ambientales de los ríos, dado los diferentes tipos de ríos que existen en nuestro país.
Por coherencia con la enmienda anterior, planteamos la eliminación de caudales ambientales que está previsto en el artículo 6.d) del proyecto de ley.
A la vez, planteamos una adición al artículo 9 punto 1 porque pretendemos eliminar las excepciones referidas a las normas sobre el buen estado ecológico de las aguas que se prevé en el propio proyecto de ley.
Proponemos la supresión del artículo 11 del proyecto de ley, «alternativas propuestas y su solución», porque es falso lo que se prevé en dicho artículo ya que cada uno de los planes hidrológicos de cuenta establece diferentes escenarios.
Proponemos la supresión del artículo 13.2, referido a la transferencia de los 150 hectómetros cúbicos en la zona del Bajo Ebro, porque creemos que esta previsión en el proyecto de presupuestos pretende obligar a la Generalitat y justificar el apoyo a este tipo de trasvases.
Planteamos una modificación al artículo 16.4, sobre las condiciones técnicas para las transferencias autorizadas por la ley, dando prioridad al incremento de la disponibilidad de recursos hídricos propios, a la racionalización y el ahorro en el uso del agua, así como a aquellas medidas que pretenden mejorar la sostenibilidad del medio natural, no considerándose como tales, precisamente, las aguas procedentes de los sistemas de desalación.
Pedimos la modificación del artículo 17.1, eliminando la referencia que hace al artículo 13 de la ley sobre previsión de nuevas transferencias ordinarias.
Asimismo, pretendemos la modificación del artículo 17.1.a) porque todos los puntos contenidos en él buscan impulsar políticas y actuaciones centradas, sobre todo, en los trasvases, y, como hemos planteado en el veto, desde el Grupo de Izquierda Unida no compartimos esa medida.
Además, al mismo artículo 17 proponemos la adición de un nuevo punto 9, para lograr el equilibrio ambiental roto por los efectos de los trasvases.
En el citado artículo 17 y en otros sucesivos queremos introducir una serie de modificaciones para que las concesiones administrativas a las comunidades de regantes tengan en cuenta el cumplimiento de ciertas condiciones, como la situación de los trabajadores ocupados en dichas comunidades de regantes o el empleo que se crea según las características de las explotaciones agrarias. El incumplimiento de ese tipo de condiciones habría que tenerlo en cuenta para la retirada de la concesión administrativa a las comunidades de agua a las comunidades de regantes.
Por lo tanto, así le daríamos un carácter más social al agua en cuanto a su utilización en los sistemas de riego moderno.
Planteamos también una modificación al artículo 17, a fin de tener en cuenta, cuando se destinan los trasvases a sistemas de riego y comunidades de regantes, el cumplimiento de esa serie de condiciones sociales, y darle así mayor contenido.


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Además, creemos que la cuota ambiental prevista en el proyecto de ley es insuficiente. Como saben sus señorías, se sitúa en torno a los tres céntimos de euro por metro cúbico de agua trasvasada, y nosotros planteamos que se incremente a diez céntimos de euro porque nos parece una cuota ambiental mucho más racional y lógica.
En cuanto al artículo 25 del proyecto de ley, en coherencia con otras enmiendas anteriores y en relación con las reservas hidrológicas por motivos ambientales, habría que tener en cuenta las áreas de la Red Natura 2000 que cuenten con la presencia de especies animales ligadas al medio acuático.
Presentamos también una enmienda de modificación al artículo 30.3 para que sea sustituido por la siguiente redacción. «A la hora de autorizar nuevas concesiones de agua para industrias, se les exigirá, siempre que sea técnicamente posible, la utilización del agua en circuito cerrado. En cuanto a las industrias ya existentes que cuenten con concesiones de agua, se les dará un plazo de tiempo de 4 años para pasar de circuito abierto a circuito cerrado.» Hay otra serie de enmiendas que pretenden eliminar actuaciones en las cuencas del Duero, del Tajo, del Guadiana, Piedras, Tinto y Odiel, del Guadalquivir, del Sur de España, del Segura, del Júcar, del Ebro, en las cuencas internas de Cataluña, en Baleares y en las del Norte de España, que tienen que ver con actuaciones de más presas, de recrecimiento, de trasvases y de desaladoras, porque entendemos que contravienen una filosofía diferente en cuanto al uso del agua y una gestión más ecológica de ella. Desde ese punto de vista, y dado el tiempo, enunciamos la generalidad que significan nuestras enmiendas referidas a este tema.
Hay una enmienda que tiene que ver con la Comunidad Autónoma Andaluza, referida a infraestructuras para el abastecimiento de agua en las zonas urbanas o actuaciones para las conducciones en ciertos territorios de Andalucía como las campiñas de Jaén y otras. También hay otras enmiendas que tienen que ver con un plan que permita las unidades hidrológicas en nuestra Comunidad Autónoma para impedir sistemas de sobreexplotación, como ya existen en bastantes casos, y con propuestas sobre depuración y saneamiento de aguas residuales en los núcleos urbanos de toda la Comunidad Autónoma para su reutilización por Comunidades de Regantes y en agricultura, así como con el desarrollo de planes de modernización de los riegos, como hemos dicho al principio, por sistemas de menor consumo de agua, pues en este momento todavía se siguen utilizando los sistemas tradicionales por riego a manta.
Planteamos la ejecución de microbalsas que permita aprovechar las aguas superficiales invernales y su utilización para la agricultura; el control, la planificación y la utilización correcta de las aguas subterráneas y de los acuíferos en nuestros territorios; la eliminación de presas que, como el caso concreto de la comarca de Andújar y Marmolejo, están provocando el anegamiento y las inundaciones de territorios agrícolas importantes con efectos muy negativos en la agricultura, incluso en polígonos industriales, presas que además no tienen ningún tipo de utilidad en absoluto.
Estas enmiendas, como ya está anunciado, tendrán el voto del grupo mayoritario de la Cámara. Sin ningún tipo de duda, junto con el rechazo de los vetos, el método que se ha utilizado en el proceso del proyecto de ley sobre el Plan Hidrológico, provoca una fractura social y territorial que el Partido Popular tiene que anotarse en su debe. Un debe que, junto con otros proyectos de ley a cuyo trámite se ha ido procediendo en esta Cámara, vienen a significar y a visualizar con claridad ese carácter involucionista del Grupo Parlamentario Popular y esa actuación totalmente al margen de lo que debía significar un proceso de diálogo entre los grupos políticos y las fuerzas sociales, en relación a la legislación de temas tan importantes y de tanta trascendencia en nuestro país.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Voto particular número 2, enmiendas 52 a 87.
Tiene la palabra el Senador Gatzagetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Nosotros hemos marcado la posición política de nuestro Grupo Parlamentario, y hemos explicado cuál ha sido nuestro planteamiento debido al posicionamiento del PP, por nuestra parte erróneo. Un error de bulto porque, en política, el integrar a los pequeños, y sobre todo si ese pequeño tiene 106 años de historia y ha ganado unas elecciones con un 42,5 por ciento hace un mes, tiene un gran valor político, y ustedes lo podían haber hecho.
Me decía antes un compañero del Grupo parlamentario: ¡Si hubiera estado el asturiano Alvarez-Cascos de Ministro de Medio Ambiente hubiera sido otra cosa! Hubiera sido otra cosa y hubiera habido otra cercanía y efectivamente más sensibilidad. ¿Qué ha pasado aquí? Que ustedes han dicho: ¡Tenemos mayoría absoluta! ¡No hace falta el PNV! ¡Olvidémoslo! Si se había producido esa aproximación, ¿cómo no se ha dado el impulso final? Ya le he explicado qué es lo que hoy ha pasado y qué directrices políticas nos dijo Pascual Fernández que había recibido. Por lo tanto, en ese marco nos tenemos que mover. En ese marco nosotros hemos presentado 36 enmiendas que fundamentalmente --ya lo dijimos en Comisión-- son de contenido autonómico. A través de ellas no pretendemos lograr para Euskadi más que para el resto de las Comunidades Autónomas; lo que pretendemos para Euskadi lo pretendemos para las demás.
Ha dicho la portavoz del Grupo Parlamentario Popular que su Grupo ha hecho un esfuerzo de colaboración, de diálogo, de cooperación. Sí, ¿pero con quién? Con nosotros no, con nosotros ninguno. Yo con usted, señor Sopeña, he tenido dos relaciones. He ido y le he dicho: ¿Va a aprobar algo? Usted ha dicho: No. A la semana siguiente he ido y le he dicho: ¿Va a aprobar algo? Y la respuesta ha sido la misma: No. Usted sigue mandatos políticos de los superiores del Ministerio y eso es una frustración para esta Cámara.


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Es una frustración porque no ha habido un debate autonómico en una Cámara de las autonomías.
En definitiva, la semana pasada el Ministro de Agricultura reconoció que existe la doctrina Cañete. Hubo una discrepancia --usted no estaba en la Comisión, yo sí-- sobre el contenido de la doctrina Cañete. El señor Rodríguez Cantero y el señor Arias Cañete discutían sobre cuál es la doctrina Cañete. Había discrepancias. El Ministro reconoce --consta en el «Diario de Sesiones»-- que él utiliza el método Cañete. No le gustaba el método socialista, pero él autoproclama que tiene el método Cañete.
Entonces discrepó con el portavoz socialista diciendo que su método tiene unas características, y el socialista dijo que tiene otras. Lo que nosotros sabemos del método Cañete --lo hemos visto en televisión-- son aquellas declaraciones famosas: «He oído al señor Aznar en el Consejo de Ministros que ahora que tenemos mayoría absoluta esto va a salir por huevos.» Lo hemos visto en un medio de comunicación. Se decía que la tramitación en Cortes iba a ser un paseo militar.
El señor Arias, efectivamente, es un hombre muy audaz, pero es un hombre sincero. Dijo lo que había oído. Luego le desautorizó el Vicepresidente del Gobierno. Esa es la filosofía que ha traslucido en esta Cámara al debatirse este proyecto de ley . Eso es, en definitiva, lo que subyace.
Si a eso le añadimos el comunicado de la semana pasada de Presidencia del Gobierno que decía que el señor Aznar tenía para el debate de la semana que viene un aceleramiento, unos proyectos legislativos, para decir: He aprobado el Plan Hidrológico Nacional. ¡Pues ya está! ¿Usted, señor Sopeña, qué va a hacer si su jefe político en esta Cámara, que además es Presidente del Gobierno, Presidente del Partido Popular y Presidente de todos los grupos parlamentarios y de todo lo que pueda haber en el Partido Popular ha dicho que hay que acelerar todos los proyectos de ley? ¡Pues cumplir! Ese es el marco en el que debemos jugar. La nota del Presidente del Gobierno lo decía.
De 25 leyes en esta legislatura 19 salen sin modificar una coma. Los servicios jurídicos plantean correcciones literarias e, incluso, de mejora introduciendo seis palabras, lo cual puede ocasionar alguna discusión al respecto. Y nosotros le planteamos enmiendas en el mismo sentido, gramaticales, de mejora. Pero no se acepta nada en ningún momento y en ningún lugar. Nosotros tenemos 36 enmiendas y antes teníamos 18. Le hemos dicho que bastaba con que aproximara o recibiera mandato político de aproximación para decir que esto lo podemos retirar y que esto lo podemos aceptar. Ni eso.
Nuestro Grupo parlamentario presenta enmiendas de tipo autonómico en el tema de la evaluación de impacto ambiental y en el de los acuíferos compartidos para que se escuche a las Comunidades Autónomas a la hora de la gestión de dichos acuíferos compartidos.
En el artículo 9.1 se habla de «deterioro adicional», y nosotros en la enmienda 55 decimos que la ley no puede contener un deterioro adicional, es el deterioro ambiental. ¡No se acepta ni eso! El proyecto de ley va a salir con un problema hermenéutico. Lea el artículo 9.1. Hay un error.
Habla de la prevención del deterioro adicional. ¿De qué deterioro? ¿Hay uno principal y uno adicional? No. La ley habla del buen estado ecológico del agua. El Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos propone una enmienda de mejora técnica para que diga «deterioro ambiental». Pues no se acepta.
No se acepta. Se aplica el pensamiento o doctrina Cañete: Paseo militar para la tramitación en Cortes. Este es un marco político evidentemente lamentable. Ya sé que el señor Aznar quiere ir el martes al debate de político general habiendo cumplido la nota de Presidencia: aceleramiento en la aprobación de los proyectos de ley. Esto es penoso. Es penoso porque ustedes podían haber conseguido nuestro consenso político en la materia.
Lo mismo le decimos en la enmienda 52 cuando hablamos de colaboración con todas las Comunidades Autónomas. La pedimos para la suya, Asturias, para Cantabria, para el País Vasco, para Navarra, para todas.
Lo mismo ocurre con la enmienda número 59, en la que solicitamos un informe de los organismos de cuenca de las Comunidades Autónomas.
En la enmienda número 60 se pretende que se dé audiencia a las Comunidades Autónomas. ¿Dónde está la colaboración o la cooperación de la que hablaba la Senadora del Partido Popular? Nosotros pedimos que se conceda audiencia previa. Nada. No se concede audiencia previa en la determinación y gestión de los acuíferos ni en los informes relativos a la concesión de los usos de las aguas trasvasadas, etcétera. No se consulta con las Comunidades Autónomas.
La enmienda número 61 se refiere a que las aguas trasvasadas se utilizarán según la preferencia de cada cuenca. No es así. Debe decir que según la preferencia de cada plan de cuenca. La cuenca es un concepto hidrográfico, también administrativo pero de gestión. La preferencia se determina en un plan que es un instrumento normativo con una eficacia.
Tampoco se acepta esa mejora técnica ya que el mandato dice que no se puede aprobar nada de lo propuesto en el Senado porque hay que ir al debate sobre la política general con los deberes hechos.
La enmienda número 63 se refiere a lo mismo, a que se dé audiencia a las Comunidades Autónomas a la hora de fijar el canon de transferencia. El Gobierno fijará este canon, pero sin consultar con las Comunidades Autónomas. Ese es el estado de cooperación al que se refería la portavoz del Grupo Parlamentario Popular.
La enmienda número 72 pretende la colaboración de las Comunidad Autónomas en la elaboración y ejecución de los programas estatales de investigación, desarrollo y conocimiento de los recursos hídricos. No se acepta. No se concede audiencia a las Comunidades autónomas.
En el Anexo II, en los temas relacionados con las obras de interés general, solicitamos que se contenga un mandato de que ese interés general conlleve consignaciones presupuestarias para realizar dichas obras. Tampoco se acepta. Dependerá, pues, de la voluntad política que cada año tengan las Cortes.
La enmienda número 65, al artículo 25, intenta evitar una situación muy grave que supondría un llamamiento a las Comunidades Autónomas a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Dicho artículo dice que en el caso de

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que se haya declarado espacio natural protegido a un río, un tramo de río o a un acuífero no es necesaria la consulta a las Comunidades Autónomas.
¿Cómo no va a ser necesaria si ese espacio natural lo declaran las Comunidades Autónomas? Es dramático, porque las competencias de gestión y, en definitiva, de administración de los espacios naturales son autonómicas.
La enmienda número 85 se refiere a las declaraciones de interés general.
Las enmiendas de fondo en las que había una aproximación entre el PP y el PNV en el Consejo Nacional de Agua para que, antes de que se declare una obra de interés general sobre la base del artículo 44 de la Ley de Aguas, las Comunidades Autónomas realicen un informe previo, aunque no sea vinculante, tampoco se aceptan. No se concede audiencia a las Comunidades Autónomas para declarar obras de interés general. Ley de Cortes pura y dura. Es terrible, señora Presidenta, lo que sucede.
Finalmente, en las enmiendas números 77, 78, 79, 80, 81, pretendemos trasladar al Derecho interno español la Directiva 2000/60, la filosofía que esta mañana hemos tenido ocasión de debatir con el Ministro de Medio Ambiente en relación con las aguas costeras, las aguas de transición, su incorporación a la Ley de Aguas o a la Ley de Costas, pasando el dominio público marítimo terrestre a la gestión de las Comunidades Autónomas.
Hay una serie de obras dirigidas a los anexos donde nuestro Grupo Parlamentario tiene una enmienda de supresión relativa a la presa de Andagoya, brillantemente defendida por el Diputado Ochoa en el Congreso de los Diputados y, por tanto, no voy a repetir la argumentación porque consta en el «Diario de Sesiones».
En cuanto a los regadíos de Alava, ustedes hacen una segmentación de Alava por valles, pero no tienen de ella una visión integral. Dejan a La Llanada y a la Montaña Alavesa sin ningún regadío. Ustedes declaran de interés general a La Rioja alavesa, los valles alaveses, la zona del río Rojo-Berantevilla y no contemplan ningún regadío para La Llanada y la Montaña. El proyecto de ley lo contempló inicialmente pero ustedes presentaron una autoenmienda en el Congreso en Ponencia y se suprime.
Evidentemente, nos parece una barbaridad.
Tenemos también una serie de obras tanto para la Confederación Hidrográfica del Norte como para la Confederación Hidrográfica del Ebro, sobre regadíos. En las del Norte figura el saneamiento integral de la cuenca de Urdaibai, el saneamiento integral del río Artibai, en la zona de Berriatua y Ondarroa; el saneamiento integral del río Deva; el saneamiento del Goierri y de Tolosaldea y el Plan de prevención de inundaciones de Bilbao.
Podíamos discutir sobre la valoración de estas obras, pero es la filosofía lo que nos preocupa, la doctrina que está inspirando la tramitación de este proyecto de ley; doctrina por cierto aceptada, como consta en el «Diario de Sesiones», y dispongo de las declaraciones del Ministro.
En definitiva, éste es el marco político en el que nos movemos y que nos ha llevado a una decepción respecto a la actitud del Grupo Parlamentario Popular y del Gobierno; no respecto del Plan Hidrológico Nacional, que tiene cosas buenas y que se podría mejorar con las enmiendas del Grupo Popular. Por eso no hemos presentado un veto y por ello nos posicionamos a favor con condiciones y con el anexo a favor del señor Pascual Fernández en el Consejo Nacional del Agua, que no se ha plasmado.
En resumen, insisto en el pesar de nuestro Grupo y en nuestro actual posicionamiento, que se deriva de una actitud, repito, que ha obedecido a las directrices políticas emanadas del Gobierno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría. Le agradezco especialmente que haya sabido resumir su intervención y utilizar mucho menos tiempo del que le correspondía.
Voto particular número 1, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, correspondiente a las enmiendas números 90 a 225.
Para su defensa, señor Sabaté, tiene dos horas y seis minutos, aunque me han dicho que sólo utilizará quince.


El señor SABATE BORRËS: Gracias señora Presidenta.
Como consideración hacia sus sufridas señorías, que ya llevan muchas horas de debate, voy a exponer mis argumentos intentando no agotar siquiera ese tiempo.
Señorías, señoras y señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular, realmente puedo comprender su forzado optimismo --seguramente tocaba demostrarlo--, pero lo cierto es que a todas luces me parece excesivo.
Ustedes tenían el compromiso electoral de aprobar una serie de trasvases de agua a determinadas zonas. Este es un compromiso político que sin duda tiene muy presente el Presidente del Gobierno, el señor Aznar, por lo que ha mandatado al Ministro de Medio Ambiente que apruebe cuanto antes este plan de transferencias bajo la forma de Plan Hidrológico Nacional, con objeto de que así se pueda conseguir un rendimiento electoral inmediato en la medida de lo posible.
Pero seguramente la realidad ha desbordado con mucho sus previsiones en lo que se refiere a la capacidad de reacción ciudadana, a la capacidad de oposición a este proyecto del Partido Popular. Ustedes presumían --y no voy a insistir en lo del paseo militar, de todos conocido-- de que éste sería un viaje fácil, con algunas oposiciones seguramente, pero no de demasiada entidad. Pero a partir de la manifestación en Madrid del mes de marzo, donde se reunió más de un millón de personas oponiéndose claramente al proyecto del Plan Hidrológico Nacional, sin duda ustedes deberían haber reflexionado sobre la propuesta que pensaban llevar a las Cortes Generales.
Hablan ustedes reiteradamente de apoyo mayoritario, insisten en los porcentajes de votación en el Consejo Nacional del Agua, y se refieren al apoyo de las comunidades de regantes y de las Comunidades Autónomas. Sin embargo, curiosamente, rehúyen el debate --no en el sentido de no aceptar estar hoy aquí-- imprimiéndole un ritmo absolutamente inadecuado. Porque han hecho ustedes un debate rápido, precipitado e impropio de un proyecto de ley

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de tanta importancia, que es la que debe tener el Plan Hidrológico Nacional que necesita España.
De haberse producido debidadamente el debate de este proyecto de ley seguramente habría sido el más importante de esta legislatura, pero tal como se están planteando va a pasar como un tema conflictivo, e incluso como un tema menor en el caso de que se concreten las previsiones que tenemos, de las que hablaré dentro de un momento.
Es evidente que la Ley de Aguas de 1985 mandataba a las Cortes Generales aprobar un Plan Hidrológico Nacional. En eso estamos de acuerdo. La planificación es absolutamente necesaria en muchos campos, y evidentemente también cuando se refiere al uso de un recurso tan preciado y necesario como el agua.
A partir de esa consideración, ustedes presentan un proyecto de ley, cumpliendo con su obligación, que en su exposición de motivos indica que uno de sus fines más importantes es proteger y mejorar la calidad de vida y defender y restaurar el medio ambiente apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva. Son principios generales que sin duda alguna podemos compartir perfectamente, por lo que si realmente se desarrollasen a lo largo del proyecto de ley podríamos estar ante un proyecto que gozase del consenso y acabara siendo el Plan Hidrológico Nacional que necesita España en estos momentos.
Continúa diciendo la exposición de motivos: El Plan Hidrológico Nacional no puede permanecer indiferente a la reciente aprobación de la Directiva 2000/60 de las Comunidades Europeas, del Parlamento Europeo y del Consejo, por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de aguas, patrón por el que deberán perfilarse las políticas hidráulicas de los Estados miembros en el siglo XXI. Hasta aquí estamos de acuerdo igualmente, señorías.
Evidentemente, Europa se ha dotado de una normativa en materia de gestión de aguas que deben compartir todos los Estados miembros de la Unión y que, por tanto, debería inspirar completamente este proyecto de Plan Hidrológico Nacional. Hasta aquí de acuerdo, repito, si no fuera por la afirmación que un poco más adelante el mismo Plan Hidrológico Nacional hace cuando dice: Sin duda el eje central de la presente ley lo constituye la regulación de las transferencias de recursos hidráulicos entre ámbitos territoriales de distintos planes hidrológicos de cuenta.
El eje central de la presente ley lo constituye la regulación de las transferencias de los trasvases. Llevamos ya prácticamente cinco horas de debate y hemos oído al señor Ministro y a los distintos portavoces del Grupo Parlamentario Popular hablar de que los trasvases son una política en última instancia, de que el Plan Hidrológico pone el énfasis en la nueva cultura del agua, en las políticas de reutilización y gestión de la demanda, de todo eso que, evidentemente, nuestro Grupo, al igual que otros, estamos defendiendo como alternativa a este proyecto.
Pero el proyecto que ustedes presentan y que nos ha venido del Congreso de los Diputados es claro. El eje central del Plan se sitúa en los trasvases de agua, no en las transferencias, y esto, obviamente, se distancia enormamente de la Directiva marco en materia de aguas de la Unión Europea, que en el punto 13 de sus consideraciones generales dice lo siguiente: Existen condiciones y necesidades diversas en la Comunidad que requieren soluciones específicas. Esta diversidad debe tenerse en cuenta en la planificación y ejecución de las medidas destinadas a garantizar la protección y el uso sostenible del agua en el marco de la cuenca hidrográfica. Las decisiones deben tomarse al nivel más próximo posible a los lugares donde el agua es usada o se halla degradada. Ha de darse prioridad a las medidas que son responsabilidad de los Estados miembros elaborándose programas de medidas que se ajusten a las condiciones regionales y locales. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Por tanto, los principios que inspiran la Directiva marco comunitaria de actuación en el ámbito de política de aguas hablan claramente de gestión sostenible en el marco de la propia cuenca hidrográfica, y por tanto no apuesta como eje central de la política de gestión de aguas por la política de transvases, que es lo que hace el proyecto de Plan Hidrológico Nacional que ustedes han sometido a debate. Por tanto, se apartan ustedes de lo que en este momento es y va a seguir siendo, por supuesto, en los próximos años, la política general en la Unión Europea.
Más adelante dice el proyecto de ley: La ley somete la realización de las transferencias a importantes cautelas ambientales y socioeconómicas --a eso también se ha referido vehementemente el señor Ministro-- destinadas a garantizar que en ningún caso el desarrollo futuro de la cuenca cedente pueda verse comprometido por la transferencia. Sin duda alguna, en caso de llevarse a cabo los trasvases que prevé la presente ley habrá importante afectaciones ambientales y socioeconómicas sobre el conjunto de la cuenca cedente, que es, evidentemente, la del Ebro.
Es evidente que esto está claramente en contra de otra de las consideraciones generales de la Directiva marco europea en política de aguas, que en su consideración número 17 dice lo siguiente: Una política de aguas eficaz y coherente debe tener en cuenta la vulnerabilidad de los ecosistemas acuáticos situados cerca de las costas y estuarios o en golfos o mares relativamente cerrados, puesto que el equilibrio de todas esas zonas depende en buena medida de la calidad de las aguas continentales que fluyen hacia ellas. La protección del estado de las aguas en las cuencas hidrográficas proporcionará beneficios económicos al contribuir a la protección de las poblaciones piscícolas, incluidas aquellas que tienen su hábitat cerca de las costas.
Evidentemente, el proyecto de Plan Hidrológico Nacional afectará de una manera sensible a la pesca en la plataforma continental de la costa del Ebro, las cofradías de pescadores. Poblaciones como Ametlla de Mar, l'Ampolla de l'Ebre, Sant Carles de la Ràpita, Les Cases d'Alcanar están fuertemente preocupadas por el impacto que la reducción del caudal del Ebro va a provocar en la pesca, una pesca por otra parte importante, precisamente por esa confluencia de aguas continentales y marítimas. Esa detracción va en contra, una vez más, de las consideraciones generales de la directiva marco europea en materia de aguas.
El proyecto de ley continúa diciendo: Las aguas trasvasadas, en ningún caso podrán destinarse a nuevos regadíos

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ni ampliación de los existentes, sino exclusivamente a una serie de supuestos tasados destinados a cubrir necesidades de abastecimiento urbano de la cuenca receptora. Evidentemente, en caso de realizarse así los trasvases previstos en el presente proyecto de ley, seguramente generarían ustedes una amplia insatisfacción en esos sectores que les han apoyado y que les están exigiendo rápidamente gran cantidad de caudales para continuar creciendo.
Obviamente, es posible que los recursos propios de las cuencas receptoras se destinen a sostener los regadíos ya existentes, y por tanto que las aguas trasvasadas se destinen a liberar recursos propios de los consumos urbanos. Algunos están presumiendo a voz en grito de que las aguas que en este momento disponen las distintas cuencas receptoras se van a destinar a los regadíos existentes y a los nuevos y, en cambio, las aguas recibidas podrían liberar recursos propios para destinarlos a las ampliaciones de regadíos. Pero eso es un fraude al espíritu de la ley y a la propia literalidad de la misma.
Si la voluntad de los autores del proyecto de ley es destinar el agua trasvasada sólo a consumos urbanos, dada la escasa entidad porcentual de las necesidades urbanas frente a las agrícolas o industriales, evidentemente se hace completamente innecesaria la política de trasvases.
Cualquiera de las medidas de sostenibilidad por las que apostamos, y que hemos repetido ya a lo largo de este debate con reiteración, podría dar solución a las necesidades de las cuencas demandantes, porque el consumo urbano, señorías, representa una parte muy pequeña del conjunto de consumos de agua.
Más adelante, el proyecto de ley dice: «... promoviendo un desarrollo conjunto de las cuencas cedentes y receptoras a través del establecimiento de un tributo ecológico que prevé una cuota destinada a compensar ambientalmente a la cuenca cedente.» Curiosamente, en su afán por mostrar las bondades del Plan Hidrológico Nacional, tanto en su discurso como en la propia literalidad del proyecto hablan ustedes de que éste va a servir al desarrollo tanto de las cuencas cedentes como de las receptoras; pero hay aquí una contradicción clara, porque el proyecto de ley está hecho con la intención de sostener el crecimiento, prácticamente ilimitado, de las cuencas receptoras, no de provocar un crecimiento sostenible, y en cambio en las cuencas cedentes únicamente se plantean medidas paliativas en el ámbito medioambiental para evitar los daños que la detracción de aguas puede provocar en esas cuencas.
Es evidente que en esta dirección va la enmienda adicional décima que ustedes consensuaron en el Congreso de los Diputados con el Grupo Parlamentario Convergència i Unió, en la que se habla de un Plan Integral de Protección del Delta del Ebro. Como ha hecho nuestra portavoz, la Senadora Cid, no se trata de un pacto de protección, aunque evidentemente hay un pacto detrás, sino de un Plan de Protección Integral del Delta del Ebro; plan que, curiosamente, según en boca de cuál de los dos grupos parlamentarios o de las dos fuerzas políticas que lo acordaron esté, presenta características sensiblemente distintas. El propio proyecto de ley habla de medidas medioambientales tendentes a paliar los efectos de la salinidad o de la regresión en el Delta del Ebro; por tanto, se va por hecho que va a provocar unas afectaciones negativas en ese medio ambiente y se intentará corregir en la medida de lo posible. Eso es lo que el propio Ministro de Medio Ambiente ha reconocido y ha dicho en reiteradas ocasiones.
En cambio, si atendemos a lo que han dicho los portavoces de Convergència i Unió, fundamentalmente en Cataluña, a través de los medios de comunicación, esta enmienda pretende ser un revulsivo para el crecimiento no ya del Delta del Ebro --que es una formación geomorfológica muy concreta-- sino del conjunto de las comarcas del Ebro catalán. Hablan de centenares de miles de millones de inversión, hablan de un gran revulsivo para el futuro del territorio, hablan del país de «Alicia», del país de las maravillas.
Evidentemente, eso no es lo que está recogido en el proyecto de ley y tampoco es lo que se desprende del mismo, ya que solamente habla, en todo caso, de corregir los problemas en el campo del medio ambiente, cuestión sobre la que había mucho que discutir para ver si estas medidas --que ustedes seguramente tienen en la cabeza-- son las que realmente pueden paliar esos problemas y las que son necesarias para los territorios de las cuencas cedentes.
Hablan ustedes de solidaridad, que es un término que han usado reiteradamente en su discurso ante esta Cámara y que aparece también en el texto del proyecto de ley pero, ¿qué dirección tiene que tener esta solidaridad? Esa es la pregunta que se plantea una buena parte de los ciudadanos de nuestro país. La solidaridad es un principio fundamental, un principio básico en las sociedades modernas y es un principio que compartimos, pero esa solidaridad debe ser bien entendida y no debe estar destinada a sostener el crecimiento de los más fuertes, sin control y, posiblemente, en detrimento de los intereses de las zonas más desfavorecidas.
El artículo 12.2 del proyecto de ley dice lo siguiente: «Toda transferencia se basará en los principios de garantía de las demandas actuales y futuras de todos los usos y aprovechamientos de la cuenca cedente, incluidas las restricciones medioambientales, sin que pueda verse limitado el desarrollo de dicha cuenca amparándose en la previsión de transferencias.
Se atenderá además a los principios de solidaridad, sostenibilidad, racionalidad económica y vertebración del territorio.» Señorías, estos principios, esta buena voluntad, este cúmulo de buenas intenciones no se corresponde con lo que prevé la documentación del plan.
El Plan Hidrológico Nacional prevé un caudal ecológico mínimo --y, por tanto, va a ser el que se va a garantizar-- en el tramo final del Ebro de 100 metros cúbicos por segundo, cuando buena parte de la comunidad científica consultada por el Ministerio de Medio Ambiente --y entre ellos el catedrático Narcis Prat de la Universidad de Barcelona-- estimó el caudal ecológico mínimo necesario en 350 metros cúbicos por segundo, teniendo en cuenta una serie de puntas de caudales destinados a garantizar la aportación de aluviones necesaria

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para mantener el equilibrio de toda la plataforma deltaica.
Evidentemente, ustedes han hecho caso omiso a esas recomendaciones, encargadas pero nunca atendidas ni tomadas en consideración.
Es más, en el artículo 13 se prevén en detalle las transferencias de recursos. En concreto, el apartado 2 dice: «... 190 hm3, con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de las Cuencas Internas de Cataluña.» El artículo 13.3 señala: «... 315 hm3, con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Júcar.» El artículo 13.4: «... 450 hm3, con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Segura.» El artículo 13.5: «... 95 hm3, con origen en la zona del Bajo Ebro del Plan Hidrológico de la cuenca del Ebro y destino en el ámbito territorial del Plan Hidrológico del Sur.» En total, está prevista una transferencia de 1.050 hectómetros cúbicos que, como hemos visto anteriormente, es la única base real de este proyecto de ley de Plan Hidrológico Nacional: un gran trasvase del Ebro, una detracción importantísima de aguas del Ebro hacia otras cuencas hidrográficas, lo que está muy lejos de los principios de sostenibilidad que se plantean en otros artículos del presente proyecto de ley.
En realidad, el Plan Hidrológico Nacional no es más que una continuidad del plan de obras hidráulicas de 1932 --al que ya se ha aludido--, elaborado por el ingeniero Lorenzo Pardo y del de 1940, que no es más que una adaptación del anterior, después de la Guerra Civil, elaborado por el ingeniero Félix de los Ríos.
Esta política entonces era moderna, hoy es una política absolutamente desfasada y que contradice claramente no ya la voluntad de sostenibilidad que ustedes mantienen en el proyecto de ley, sino la necesidad de una política de aguas sostenible que es la única posible hoy en el mundo desarrollado en el que vivimos. Una política antigua y antieconómica, alejada de los criterios de gestión de la demanda, reutilización, ahorro y desalación, cuando sea necesario y la solución sea posible.
En otro debate en esta Cámara al que también se ha aludido hoy, el de la moción del Grupo Parlamentario Popular presentada en febrero, a destiempo e instando al Gobierno a que elaborase un Plan Hidrológico Nacional cuando el proyecto de ley ya estaba en marcha --y que como muy bien ha dicho el Senador Laborda, el único objetivo que tenía seguramente era intentar provocar la división en el seno del Grupo Parlamentario Socialista o, en todo caso, entre el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana, cosa que evidentemente no consiguieron en ese momento-- en ese debate --digo-- cité un estudio del Centro de Investigación de Recursos y Consumos Energéticos de la Universidad de Zaragoza que establecía los siguientes costes del metro cúbico de agua: 135 pesetas m3 para el agua trasvasada de acuerdo con el Plan Hidrológico Nacional; 60 a 65 pesetas m3 para el agua desalada de mar, y bajando a 30-35 pesetas para la desalación de agua salobre.
Solución que, por ejemplo, se podría aplicar perfectamente en las cuencas internas de Cataluña aprovechando la desalación de las aguas subterráneas del Delta del río Llobregat.
Por tanto, presentan un Plan que ni tan siquiera plantea beneficios desde el punto de vista económico al conjunto del país, no es racional desde el punto de vista económico puesto que es un plan antieconómico. Un plan que no se sostiene en cuanto al caudal de recursos disponibles y de necesidades. Un plan que prevé unas necesidades para el conjunto de la cuenca del Ebro, incluyendo caudales ecológicos y caudales a transferir, de unos 12.000 hm3, cuando en la actualidad no hay regulados más de 7.000 hm3 disponibles. La pregunta que, ya que no está el señor Ministro, planteo a sus señorías del Grupo Parlamentario Popular, es si el Gobierno tiene intención de autorizar los trasvases sin aumentar antes la capacidad de regulación de la cuenca, teniendo en cuenta que el aumento de la regulación y, por tanto, de los embalses tiene un importante coste medioambiental: inundación de los bosques de ribera y de las terrazas fluviales, zonas, por otra parte, ricas desde el punto de vista agrícola por ser zonas tradicionales de regadío y tierras de aluvión. Además, los cálculos de recursos disponibles de la cuenca en la documentación del plan se elevan a la cifra de 17.000 hm3 en números redondos, sin tener en cuenta que si bien ésta es la media de los caudales que han discurrido por el Ebro a lo largo del siglo XX, si atendemos a la evolución de esos caudales veríamos que a partir de los años sesenta, y por razones complejas de origen climatológico, los caudales del Ebro han disminuido de una forma significativa, con medias anuales reconocidas hace dos años por el Secretario de Estado de Aguas, en algún caso inferiores a los 7.000 hm3 y que, por tanto, imposibilitan cualquier planteamiento de transferencias de cuenca.
Se ha aludido ya a lo largo de este debate a los distintos informes de técnicos que han participado en el Consejo Nacional del Agua, y yo lo ampliaría a gran cantidad de técnicos a los que se pidió informes y que luego, como ya se ha dicho también, han quedado en algún cajón del Ministerio de Medio Ambiente. Pero yo quería referirme a uno que tiene una significación especial, al informe que se solicitó al señor Domingo Jiménez Beltrán, Director de la Agencia Europea de Medio Ambiente.
Evidentemente, estamos en el marco de la Unión Europea y, por tanto, la opinión de las instituciones europeas es fundamental. Según el señor Jiménez Beltrán, el Plan Hidrológico Nacional contradice la apuesta por la sostenibilidad de la Unión Europea fijada en el Tratado de Amsterdam y, como ya he dicho, la Directiva marco de actuación en el ámbito de política de aguas. Pero lo que es más grave, seguramente, para sus intereses --y ya es suficientemente grave lo que acabo de decir--, es que el señor Jiménez Beltrán dice que no cuenta con garantías de financiación de los fondos de cohesión y estructurales, de la Unión Europea, en la medida en que se aparta del documento recientemente elaborado por la Comisión Mundial de Presas y Desarrollo, en cuyos grupos de trabajo participaron las autoridades de cuenca de la Confederación Hidrográfica del Ebro, entre

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otras cuencas españolas, o el mismísimo Banco Mundial. Por tanto, las posibilidades de financiación con fondos europeos de sus proyectos de trasvases están más que verdes, y seguramente no podrán contar en absoluto con una peseta procedente de los fondos europeos. Es por ello --y voy concluyendo-- un proyecto de ley tramitado con precipitación, insostenible social y políticamente, y que va a pasar a la historia como la crónica de un gran fracaso.
Ustedes tienen mayoría suficiente para aprobar hoy este Plan Hidrológico Nacional; cuentan no sólo con su mayoría absoluta, sino con el apoyo de otros dos grupos parlamentaros: el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria y el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, un grupo al que, por cierto, seguramente no se puede aplicar la expresión chantaje, a la que se refería antes el señor Ministro de Medio Ambiente, pero sí es cierto que seguramente es un Grupo que tiene muy poco margen de maniobra en su política en esta materia, como en tantas otras; depende absolutamente de ustedes y de su grupo parlamentario en el Parlamento de Cataluña y, por tanto, evidentemente van a ser obedientes con todo lo que ustedes les planteen, pese a que vaya objetivamente contra los intereses de Cataluña, como es el caso, y objetivamente contra el acuerdo que tomó el Parlamento de Cataluña por amplia mayoría, y con el sólo voto discrepante de los parlamentarios del Partido Popular, oponiéndose al Plan Hidrológico Nacional. Por ello, señorías, cuando hagan balance de las Comunidades Autónomas que se oponen al Plan Hidrológico Nacional, aunque el Consejero de Medio Ambiente catalán no acudiese, por razones personales, a la reunión del Consejo Nacional del Agua donde debía aprobarse este proyecto de Plan Hidrológico Nacional, el Parlamento de Cataluña, representante claro y genuino del pueblo catalán, por amplísima mayoría, incluyendo los votos del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, votó claramente en contra de este Plan Hidrológico Nacional. Por tanto, por favor, señorías, añadan Cataluña a esas Comunidades Autónomas que manifestaron su claro rechazo.
Acabo diciendo que la Directiva europea en materia de aguas a la que tantas veces he aludido a lo largo de mi intervención, la Directiva 2000/1960, establece en su artículo 24 lo siguiente: Los Estados miembros pondrán en vigor las disposiciones legales, reglamentarias y Administrativas necesarias para dar cumplimiento a lo dispuesto en la presente Directiva, a más tardar el 22 de diciembre del año 2003.
Creo haber demostrado, señorías, suficientemente, que este proyecto de ley que nos presentan está absolutamente alejado de lo que es la normativa europea en materia de aguas. España, como los otros países miembros de la Unión, deberá adaptar su normativa en un futuro inmediato --como he dicho a más tardar el 22 de diciembre del 2003-- a la nueva legislación. Acabo preguntándoles, señorías, si piensa el Gobierno en ese momento impulsar un cambio en la Ley del Plan Hidrológico Nacional, porque si es así, deberíamos olvidarnos ya de este proyecto de Plan Hidrológico Nacional y empezar a negociar, y si es posible consensuar, un Plan Hidrológico Nacional que realmente responda a criterios de sostenibilidad, que realmente se adapte a la normativa europea, que responda a los intereses comunes y generales del conjunto de los pueblos que configuran España.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista y del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa). Gracias, Senador Sabaté.
Pasamos a la defensa del voto particular número 7, del Grupo Parlamentario Socialista, que corresponde a las enmiendas números 226 a 559. Para su defensa, tiene la palabra el señor Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, no les voy a amenazar con brevedad, simplemente lo voy a ser. A estas alturas del debate, yo creo que ni parlamentaria ni socialmente, ni siquiera desde el punto de vista de los medios de comunicación, tiene mucho sentido que sigamos insistiendo en un tema en el que está claro que el grupo parlamentario mayoritario, el Grupo Parlamentario Popular, está decidido a aplicar el rodillo, y está claro también que insistir ante este tema únicamente causaría más cansancio y desde luego melancolía en quien interviene.
De ahí que las 334 enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista presenta las dé por defendidas en su conjunto. Simplemente voy a hacer alguna referencia a cuáles son los criterios en los que se apoyan y luego voy a singularizar cuatro de ellas en las que me voy a detener no más de cinco minutos para explicarlas. Asimismo, diré por qué me detengo en estas enmiendas, y empezaré por justificarlas globalmente.
Simplemente les diré a sus señorías que están basadas en criterios que tienen que ver, por un lado, con la aplicación de la normativa comunitaria que ya está incorporada a nuestros textos legales y con aquella otra que en breve habrá de incorporarse, como es la Directiva marco de política del agua. Por otro lado, nuestras enmiendas están apoyadas también en el desarrollo de la Ley de aguas que ustedes, señores del Grupo Popular, modificaron. Nosotros no compartimos esa modificación, y, desde luego, seguimos manteniendo que el agua es un recurso público y que, en consecuencia, no debe someterse a las tensiones del mercado libre.
En definitiva, nosotros tratamos de incorporar con nuestras enmiendas la defensa de ese recurso público, de ese recurso natural renovable y escaso y, además, su uso y su aprovechamiento sostenible.
Junto a esos criterios incorporamos en nuestras enmiendas la experiencia y una serie de convicciones. Nosotros, los socialistas, tenemos una larguísima experiencia en política hidráulica y nos sentimos muy orgullosos de ello. Desde Indalecio Prieto hasta Pepe Borrell, puesto que son dos a los que se ha hecho referencia en el debate, los socialistas nos sentimos orgullosos de lo que hemos hecho y lamentamos, lógicamente, lo que no hemos podido realizar

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en todos esos años, pero esa experiencia nos hace conocer las virtudes, los defectos, las carencias de todo cuanto en España se ha hecho en política hidráulica. Con nuestras enmiendas queremos incorporar toda esa experiencia, ese rico bagaje de conocimiento que los socialistas tenemos.
Por lo que se refiere a las convicciones, brevemente se las voy a enunciar.
La primera de ellas, y que engloba a todas las demás, es que una política de aguas se tiene que incardinar en la política territorial. En consecuencia, tiene que ser una política coordinada con las Comunidades Autónomas, puesto que las competencias en la ordenación del territorio está en las Comunidades Autónomas, y sin ellas no se puede hacer absolutamente nada.
En segundo lugar, nosotros tenemos el convencimiento y la convicción de que el Plan Hidrológico Nacional no puede ser nunca una excusa para anunciar obras a la carta con criterios más o menos electoralistas o de oportunidad. El Plan Hidrológico Nacional quiere ser, por el contrario, un, instrumento de planificación que ha de contemplarse junto con otros planeamientos, como el Plan Director de Infraestructuras, el Plan Forestal, la lucha contra el cambio climático y, sobre todo, con el Plan Nacional de Regadíos. Parece mentira que el Grupo Popular y que el Gobierno, que en el año 1995 clamaban y tronaban porque el Plan Hidrológico Nacional que se pretendía presentar en el Congreso no iba acompañado del Plan Nacional de Regadíos, hoy, con la mayor desvergüenza y sin ningún rubor, lo presentan cuando todavía no se sabe absolutamente nada del Plan Nacional de Regadíos. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Sí, sin vergüenza y sin rubor. Créanme. Es extraño, porque llevaban ustedes razón. La señora Loyola de Palacio, cuando tronaba y decía que sin Plan Nacional de Regadíos no se podía evaluar seriamente un Plan Hidrológico Nacional llevaba razón, y por eso el Gobierno socialista le hizo caso, hizo suya esa moción y la vota en el Congreso. Ahora, sorprendentemente, donde ustedes dijeron digo dicen Diego. Allá ustedes.
De todas maneras, el Plan Hidrológico Nacional que ustedes presentan, sépanlo, no puede tener ninguna fiabilidad porque desconoce el uso y el destino del 80 por ciento de la demanda de agua en este país, que es exactamente la que se destina a la agricultura. A partir de ahí, si aciertan en cualquier cábala que ustedes hayan hecho --y ojalá acierten-- será por casualidad --será como el burro que tocó la flauta--, pero no porque venga avalado por ningún conocimiento serio.
En definitiva, y termino esta primera exposición general, las 334 enmiendas pretenden que el Plan Hidrológico Nacional sea el instrumento que posibilite el desarrollo equilibrado de nuestro territorio, mejore la calidad del agua y del medio natural, a la vez que sea símbolo y testimonio de una nueva época en la gestión del dominio público hidráulico.
Yo no sé si ustedes entienden bien lo que yo acabo de decir. Ojalá lo entiendan, y si lo entienden estoy seguro de que al menos alguna de las 334 enmiendas merecerá el voto favorable de ustedes, porque de lo contrarío o bien ustedes no entienden lo que es un Plan Hidrológico Nacional, o bien ustedes están en la ceguera de quien, ensoberbecido, cree que está en la verdad.
Les decía al principio, señor Presidente, señorías, que daba por defendidas todas las enmiendas y que quería singularizar cuatro de ellas, las números 273, 334, 336 y 415, y se lo explico muy brevemente. Primero, porque tres de ellas --las números 273, 336 y 415-- son nuevas respecto de las que presentamos en el,Congreso de los Diputados, y me temo que en el fragor que ustedes han tenido en este trámite, en esta marcha militar a paso de legionario en la que han convertido el debate parlamentario del Plan Hidrológico Nacional, se les haya pasado por alto y no hayan caído en que estas enmiendas no merecen el no sistemático al que van a someter o están sometiendo a todas las demás.
Por esa razón y porque, además, cuando he escuchado a los portavoces territoriales del Grupo Popular --por cierto, la señora Camilleri no está aquí y lo siento; me gustaría que estuviera porque tengo para ella un recado especial y he de decírselo desde 1a tribuna--, cuando los he escuchado envueltos en esa bandera patriotera con la que han aparecido aquí, me han convencido de que estas enmiendas las van a votar favorablemente. Los Senadores de Murcia y los de Andalucía van a votar a favor estas enmiendas, seguro, porque he creído en su sinceridad y en la honestidad de su posición patriotera aquí, y no creo en quienes aseguran que muchos pícaros y truhanes se envuelven en las banderas patrioteras.
Como yo eso no lo creo, creo que ellos han sido honestos cuando han aparecido aquí (Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Empezaré por la enmienda número 334, de modificación a la disposición adicional tercera, relativa al trasvase Tajo-Segura. Con ella lo que pretende el Grupo Parlamentario Socialista es evitar conflictos.
Tradicionalmente ha habido conflictos --con independencia del signo del Gobierno que haya habido en Castilla-La Mancha, en Murcia o en Madrid-- con el artículo 23 de la regulación del trasvase, porque resulta que este artículo dice --y ahora la ley del Plan Hidrológico le da rango de ley-- que no se podrá trasvasar agua cuando el conjunto Entrepeñas-Buendía tenga menos de 240 hectómetros cúbicos en su existencia, y añade que sólo se hará en condiciones de sequía y previo acuerdo del Gobierno de Castilla-La Mancha. En nuestra opinión, eso es una fuente de conflictos.
Ya lo fue en el año 1995, cuando el Tribunal Supremo echó atrás una autorización de trasvase, y ahora no tendrá ni que discutirlo porque está claro que el Gobierno tiene las manos atadas.
Nosotros les preguntamos a los Senadores de Murcia: ¿de verdad ustedes apuestan por esto para su Región, de verdad ustedes no están dispuestos a votar nuestra enmienda, que lo único que trata es de corregir esos conflictos y hacer que sea posible que en condiciones de sequía extrema se trasvase agua para beber y el Gobierno pueda hacerlo sin más requisito que atender al interés general? Yo creo que van a votar esta enmienda a favor, si no aparecerán aquí con la bandera pero entonces a lo mejor llevan razón los de los pícaros.


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La segunda enmienda que presentamos es la número 336. En el Plan Hidrológico que ustedes van a aprobar se recoge un plan de mejora y saneamiento de la cuenca del Tajo, del Guadiana y del Ebro. ¿No les parece a ustedes que sería lógico recoger ese mismo plan de mejora y saneamiento para el Segura? ¿O es que el Segura no es esa cloaca en la que todo el mundo coincide en calificarla, incluido el presidente de los murcianos? A mí me parece que van a votarla a favor, porque no hay ninguna razón para que al río Segura, en el que todos coincidimos que es el río más sucio, una cloaca, no se le aplique el mismo plan especial de saneamiento y de mejora, insisto, que al Guadiana, al Ebro o al Tajo.
Decía antes que lamentaba que no estuviera aquí la señora Camilleri, porque la he escuchado decir unas cosas tremendas. Ha dicho, poco más o menos, que los andaluces están todos enfervorecidos detrás de este Plan Hidrológico Nacional.
No es ésa la percepción que tenemos desde Andalucía, no es la percepción que transmite la plataforma del Guadalquivir, con anuncios pagados en medios de comunicación, hablados y escritos, diciendo que el Gobierno traiciona a Andalucía si no da el trasvase del Guadiana II. No es ésa la impresión que tienen, no la cúpula de las federaciones de regantes, sino muchos de los regantes, de esos del callo en la mano, de esos que riegan.
No es ésa. Si ella insiste en que eso es así, sólo voy a proponer, con las enmiendas números 273 y 415, dos cosas que son un clamor en Andalucía.
La número 273 es una enmienda que crea un artículo nuevo, el cuarto, y propone que en el plazo de un año se elabore por la Administración Central y la Junta de Andalucía un plan especial de gestión integral de la cuenca del Guadalquivir. No creo que se puedan oponer a ella, no es oponerse a la filosofía del plan. Es simplemente decir: el Guadalquivir es un río que, por arte de birlibirloque, en el Plan Hidrológico Nacional no es deficitario, no tiene déficit estructural, mientras que en el Plan Hidrológico de cuenca, la misma confederación, los regantes, la plataforma y todo el mundo afirman que hay un déficit estructural en torno a los 700 u 800 hectómetros cúbicos.
Pues salgamos de dudas. Hacemos ese plan de gestión en un año --es un tiempo razonable-- en el que inventaríamos los usos y los derechos concesionales. No sé si ustedes lo saben, pero la Confederación sigue otorgando ahora mismo concesiones. Desde 1996 ha dado más de 30.000 hectáreas para el Guadalquivir. Y cuando uno les pregunta cuántas están legalizadas, no lo saben. Dicen: nosotros creemos que controlamos un 25 ó 30 por ciento, el resto no. Pues hagamos un inventario de uso, de concesiones, limitemos las concesiones si es necesario, es decir, hagamos una moratoria de las mismas, creemos un banco público de agua...
Pero ustedes se han emperrado, y en la modificación de la Ley de 1985 abrieron el portillo de la privatización, y ahora dicen que no --sé que el Senador Sopeña va a decir que no, si es él el que responde--. Pero la verdad del cuento es que si no hay un mercado libre es porque ustedes no han desarrollado el reglamento, pero han utilizado el Plan Hidrológico Nacional para abrir el portillo.
En definitiva, consideramos que como el agua es un recurso público, se debe tener el control y no sólo el conocimiento de cómo se desenvuelven los aprovechamientos. Por ello solicitamos un banco público de agua.
Queremos mecanismos de ahorro y un uso conjunto de las aguas subterráneas y superficiales, cosa que para la cuenca del Guadalquivir el Plan Hidrológico no contempla.
Por lo tanto, queremos ese plan especial y queremos que se reconozca en nuestra enmienda --así lo pretende-- la singularidad de la cuenca del Guadalquivir. Porque es verdad que no es una cuenca intracomunitaria desde el punto de vista de la definición de lo que es una cuenca intracomunitaria, pero no hay nadie que no identifique a Andalucía con el Guadalquivir, entre otras razones, porque el 98 por ciento de su cuenca discurre por territorio andaluz. Por lo tanto, nos parece que esta cuenca debe tener alguna especificidad y debe recogerse su singularidad. ¿Cómo creemos nosotros que se debe recoger? La enmienda lo establece.
Una vez elaborado ese plan especial, la gestión debiera hacerse conjuntamente entre el Gobierno central y la Junta de Andalucía, lo que no sería nuevo. Ahora mismo hay cuencas que no son intracomunitarias, como la del Ebro, que, sin embargo, tiene tramos, aquellos que discurren por territorio catalán, que son cogestionados entre la Administración Central y la Generalitat de Cataluña. Y eso lo hizo un Gobierno socialista. Eso es posible y eso es lo que nosotros pedimos.
Y pedimos que junto a ese plan especial en el que se contemplen como mínimo todas aquellas cosas a que he hecho referencia aparezca también el reconocimiento en la composición de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir de esa singularidad, de esa realidad que la cuenca del Guadalquivir tiene respecto a Andalucía, de manera que se modifique su composición para hacerla más democrática --no digo que no lo sea en estos momentos--, para recoger mejor la realidad territorial, para dar entrada a nuevos usuarios, institucionales y privados, y, sobre todo, para hacer posible que esa cogestión se traduzca también en la designación del Presidente de la Confederación, que, lógicamente, sería designado por el Gobierno central pero a propuesta de la Junta de Andalucía.
En definitiva, nuestra pretensión es hacer realidad en la Ley lo que en el territorio lo es, es decir, la cuenca del Guadalquivir es fundamentalmente andaluza y no se concibe que cualquier gestión que sobre ella se haga sea de espaldas a la Junta de Andalucía, al Gobierno andaluz, entre otras cosas porque eso es hacerlo de espaldas a la sociedad andaluza, que democráticamente así lo ha decidido.
Y a la señora Camilleri le hablaría de algunas cosas más, pero no está presente, por lo que lo dejaré para después. No obstante, a ustedes sí les voy a hablar de solidaridad, porque también ustedes han hablado mucho sobre la misma y han esgrimido que este Plan es muy solidario porque lleva agua de aquí para allá. Pero, ustedes han dicho: ¡agua va!, y confunden la solidaridad con «¡agua va!».
Sin embargo, la solidaridad es otra cosa. La solidaridad de este Plan se demuestra en lo que a continuación comentaré --y me refiero a otra de nuestras enmiendas, la número

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415--. En agosto de 1998, el Gobierno del señor Aznar dicta mediante Decreto-ley el trasvase del Negratín-Almanzora. Esta mañana el señor Ministro pregunta si se quería que se hiciera por Ley. Evidentemente, por Decreto-ley; si ustedes ya lo han hecho. Y los andaluces hemos sido solidarios, a pesar de que ustedes han trasvasado de una cuenca deficitaria como es la del Guadalquivir a otra más deficitaria todavía como es la del Sur, llevándose 50 hectómetros cúbicos. Y nosotros no hemos dicho que no; hemos dicho que sí. Pero cuando pedimos la solidaridad de otros territorios y otras cuencas ustedes nos la niegan.
Ustedes están negando a la plataforma del Guadalquivir el trasvase Guadiana II-Guadalquivir; se lo están negando mientras ellos se lo están pidiendo públicamente, en los medios de comunicación y en todas partes.
Hubo una manifestación a las puertas de La Moncloa en la que también se lo pedían. Y ustedes lo niegan.
Yo quiero que las señoras y los señores Senadores voten a favor de esta enmienda y se retracten, porque en la retórica y en el discurso todos somos solidarios, pero luego hay que apretar el botón. Y vamos a ver qué dicen. Y quiero que se retracten también en cuanto a la mejora de los riegos de Baza y Huéscar, porque con el trasvase Negratín-Almanzora ustedes hacen pasar el agua por delante de ellos, cuando les prometieron los riegos y nos los han puesto en marcha, cuestión a la que se refiere otra de nuestras enmiendas.
Por eso, vamos a pedir que las señoras y los señores Senadores por Murcia y toda Andalucía contesten con su voto a estas enmiendas. Y estoy convencido de que van a votar a favor, porque ser solidarios con los andaluces y con sus problemas no puede ser el venir aquí y tratar de engañar a Almería diciendo que todos sus problemas se han solucionado, cuando no es verdad. Ustedes presumen que con este Plan Hidrológico demandan 95 hectómetros cúbicos para Almería, pero ni se sabe cuándo ni a qué precio será.
No solucionan, pues, los problemas de la cuenca del Sur, no solucionan los problemas de la cuenca del Guadalquivir, no transfieren las cuencas intracomunitarias. En definitiva, ustedes están instalados en un discurso huero, banal, sobre muchos millones de pesetas pero que luego eso no se traduce en hechos positivos, porque defender los intereses de Andalucía y de los andaluces --insisto en que es una pena que la Senadora Camilleri no esté presente-- no es venir aquí a criticar a la Junta de Andalucía con falsedades. Defender sus intereses es venir aquí, pedir el trasvase Guadiana II, pedir el Plan especial del Guadalquivir, pedir que reconozcan a los 400.000 andaluces que nos niegan en el censo y, en definitiva, pedir que de una vez por todas cese el acoso y derribo a que ustedes tienen sometidos a aquellos territorios que no les son fieles en las urnas. Eso es defender Andalucía, y defender a Murcia es venir aquí y votar las enmiendas que tratan de evitar conflictos y confrontación entre territorios y la enmienda que trata de un plan especial del río Segura.
Todo eso es lo que hacemos los Senadores y Senadoras socialistas.
Ustedes ahora tienen la palabra. De todas maneras, sepan que han perdido la gran oportunidad de modernizarse en política de aguas, la gran oportunidad de evitar confrontación entre territorios y, sobre todo, han perdido la gran oportunidad de demostrarnos que al Partido Popular le importa la política de Estado y no sólo las políticas electorales y de aprovechamiento oportunista.
Muchas gracias, señor Presidente. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Para la defensa del turno en contra de las enmiendas, en nombre del Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Sopeña.


El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a dar contestación a la postura de nuestro Grupo en lo que se refiere a las enmiendas particulares presentadas al Plan Hidrológico Nacional.
Respecto al Grupo Parlamentario Mixto, al BNG concretamente, no voy a hacer ningún tipo de matización ya que no estuvo aquí el Senador --se ha dicho antes-- y como el resto de los Senadores del Grupo Parlamentario Mixto se han ausentado, entiendo que no tienen mayor interés en conocer nuestra respuesta y, por lo tanto, voy a obviarla porque doy por hecho que ustedes están todos bastante cansados.
En particular, sobre las enmiendas presentadas por el Partido Nacionalista Vasco diré que las números 72 y 73 se refieren a textos o a descripciones ya recogidas en la ley o aceptadas en el Congreso de los Diputados, y el resto se refieren a solicitudes de nuevas situaciones competenciales, planteamiento que entendemos no corresponde ni al debate de esta ley ni a lo que se está discutiendo hoy en día en este Parlamento.
En lo que se refiere a las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, defendidas por el señor Sabaté, hacen referencia a que el Plan Hidrológico Nacional nosotros lo presentamos como un compromiso electoral, y es cierto; para nosotros fue un compromiso electoral, fue un compromiso con el que nos presentamos ante todos los españoles hace más de un año, y hoy estamos aquí cumpliendo con todos ellos, sometiendo al debate de todos ustedes el Plan Hidrológico Nacional.
Dice usted que nosotros presumíamos que iba a tener un viaje fácil. Si hubiéramos querido eso, igual hubiéramos buscado algún tipo de subterfugio, como hoy se dejó entrever en los planteamientos de algún otro Grupo. Nosotros sabíamos cuál era precisamente el recorrido que le correspondía a un proyecto de estas características, sabíamos el debate que le esperaba no sólo en el Consejo Nacional del Agua, sino en la calle, en los medios de comunicación y, por supuesto, en las Cámaras, en el Congreso y en el Senado. Y ha pasado lo esperado, y estamos muy satisfechos. ¿Ha habido contestación? ¡Claro que la ha habido! ¡Cómo no va a tener contestación un plan de esas características, sobre todo cuando hay alguien interesado! Nosotros entendemos que este Plan ha recibido un consenso muy importante --creo que no tiene sentido volver a repetir ya intervenciones

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que tuvimos hace tres o cuatro horas--, todas las Comunidades Autónomas menos cuatro, el 82 por ciento de los votos en el Consejo Nacional del Agua. Yo creo, señor Sabaté, que tampoco tiene sentido que recordemos a nadie que nos sentimos legitimados representando los intereses incluso de comunidades de otro signo político que el nuestro.
Dice que rehuimos el debate: jamás rehuimos el debate. Puede ser que usted considere que la Comisión de Medio Ambiente no haya sido el sitio apropiado --eso puede ser motivo de otra discusión--, pero sepa que nunca se rehuyó el debate y no se limitó la intervención de nadie, ni allí ni aquí. De hecho, no sé dónde algún representante del Partido Popular rehuyó debatir sobre el Plan Hidrológico Nacional en las Cámaras y fuera de ellas. En Aragón, en Andalucía, en Madrid o en Asturias y allí donde se nos llamó siempre estuvimos presentes para explicar el contenido del Plan Hidrológico Nacional, y, efectivamente, fuimos a todos los sitios con el mismo discurso y no tuvimos que improvisar.
Usted dice que no existe consenso por nuestra culpa. Estamos muy satisfechos del consenso que hemos conseguido, y es cierto que podía haber sido aún mayor si --como dijo el Ministro-- hubiéramos cedido algo todos, pero no cuelgue todas las culpas de nuestra mochila.
Indudablemente, si todos hubiéramos cedido algo, habríamos llegado a un acuerdo mayor y mejor. Espero que aprendamos la lección para que, en futuros encuentros de estas características, seamos más flexibles ambas partes.
Vuelve usted a hablar de los trasvases. Dice que nosotros mantenemos que son la última instancia. Lo dijimos, lo decimos y lo mantenemos: son la última instancia para nosotros. Por eso, si usted se toma el trabajo de leerse el Plan Hidrológico Nacional, sabrá que partimos de un déficit para el arco mediterráneo de aproximadamente 2.100 hectómetros cúbicos y que hemos conseguido reducirlo al 50 por ciento aprovechando 200 hectómetros cúbicos de aguas subterráneas, la desalación, la reutilización y las infraestructuras para evitar pérdidas. Hemos hablado de todo eso y no tiene sentido seguir repitiendo los discursos. Primero, hemos recurrido el ahorro y hemos rebajado 1.100 hectómetros cúbicos ese déficit, y hemos llegado a la conclusión de que son necesarios otros 1.000 hectómetros cúbicos para satisfacer las necesidades de las cuencas deficitarias. Empezamos por el ahorro, por la reutilización y la desalación, y el trasvase fue, evidentemente, el último recurso.
Menciona usted que la Directiva marco habla de una política sostenible, y nosotros también lo pensamos así. El contenido de la Directiva marco se recoge en varios artículos del Plan Hidrológico Nacional. Como precisamente hablamos de una política sostenible, limitamos a crecimientos futuros del regadío con aguas del trasvase.
En cuanto a las cautelas de la cuenca cedente, creo que están todas recogidas en el documento y en la ley. Se garantiza la demanda de hoy y la demanda previsible futura en base a un crecimiento que nadie se cree que vaya a ocurrir en lo que se refiere a los regadíos en la cuenca del Ebro. Para todas esas demandas se reserva el agua necesaria; a partir de ahí, señor Sabaté, se empieza a hablar de excedentes.
Los temas que ha ido citando supone seguir hablando, básicamente, de lo mismo. No le satisface la gestión del agua que se plantea en el Plan Hidrológico Nacional. Yo no quiero repetirme, pero entendemos que es una gestión moderna y racional que prima el ahorro, la reutilización y la desalación. Por lo tanto, señor Sabaté, no voy a seguir incidiendo sobre lo mismo.
Se ha referido al Delta del Ebro, tema sobre el que tuvimos que hablar en algún debate. Entendemos que ésta puede ser la gran oportunidad del Delta del Ebro. Hay una coincidencia general en estos momentos: que el Delta del Ebro está mal, y, que sepamos nosotros, todavía no se ha construido ningún trasvase. En estos momentos se va a realizar un plan especial. Ha habido un magnífico acuerdo con el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y se va a estudiar el Delta del Ebro. Y no sólo se va a estudiar, sino que también se van a adoptar medidas. Se van a poner al servicio del Delta del Ebro tres presas que hoy no tienen otra obligación que turbinar y producir kilovatios. Se van a poner los medios necesarios para que el Delta del Ebro sobreviva y mejore en lo posible.
El Plan Hidrológico Nacional puede ser precisamente la gran oportunidad del Delta.
Pregunta usted qué embalses se van a construir en la cuenca y van a estar a disposición del trasvase. Ninguno. Ya le contesté: ninguno. Ninguno de los embalses que se van a construir en el Ebro va a estar a disposición del trasvase. Ninguno. El pacto del agua no conlleva ningún embalse que sea necesario para dar servicio al trasvase. Absolutamente ninguno. Está usted contestado, y esa contestación no admite más matizaciones.
Vuelvo a recoger más adelante anotaciones sobre el Ebro. Como Alcalde de Tortosa, está usted muy preocupado por el Delta del Ebro y por la zona.
Tengo entendido que ni uste como alcalde ni como municipio presentó en su día ni una sola alegación contra el Plan Hidrológico Nacional en el Consejo Nacional del Agua. Esa es la información que tengo. Pero sí tengo otra información que estoy seguro de que es cierta. El Partido Popular, Convergència de Unió, y si no me equivoco el PSC, han firmado en el Parlamento de Cataluña el pacto por el agua, y dicho pacto, si no estoy mal informado --y estoy seguro de que no lo estoy-- conlleva un trasvase.
¿A qué trasvase se refiere, señor Sabaté? ¿Al del Guadalete? ¿O a otro más cercano? Creo que esta información es cierta, por lo que volvemos a lo mismo, señor Sabaté. No utilicemos tres discursos, que nos liamos. No utilicemos más de uno.
Por lo que se refiere a la intervención del señor Rodríguez Cantero, él da por defendidas una gran parte de sus enmiendas, cosa que le agradecemos. Las he leído, por supuesto, y con muchísima atención. Hemos escuchado su argumentación en la Comisión, y ya sabe cuál es nuestra postura. Como conozco la suya, conozco cuáles son sus argumentos y usted conoce los míos, a veces hasta me siento culpable volviendo a hacerle a usted perder el tiempo escuchando cosas que ya sabe y conoce perfectamente. Pero, por consideración hacia el resto de los compañeros que

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igual están interesados, vuelve a hablar usted de los bancos públicos del agua. Creo haberle contestado que eso es algo que existe, que está creado en la reforma de la Ley de Aguas del año 1999. Estamos hablando de los centros de intercambio, si no me equivoco. Usted habla de bancos públicos de agua. De todas formas, sabe perfectamente que en estos centros de intercambio se introducen todas las cautelas para que las administraciones intervengan en las cesiones de los derechos de agua. Si no me equivoco, dice en el artículo 61.3 que el organismo de cuenca podrá no autorizar la cesión, etcétera. Usted sabe que hay unos controles importantes por parte de los organismos de cuenca con vistas al control de estas cesiones de derechos de agua. Por otra parte, creo que es muy importante que si usted lee el texto de la ley, que estoy seguro de que lo conoce mucho mejor que yo, verá que en todo momento se habla de libre competencia, se habla de transparencia. Creo que son unas cuestiones que garantizan la honestidad y el buen funcionamiento de estos centros de intercambio del agua.
Echa en falta el Plan Nacional de Regadíos con vistas a la elaboración del Plan hidrológico Nacional. Todavía no podemos contar con el Plan Nacional de Regadíos, pero lo que sí es un hecho es que en los planes de cuenca ya se conocen cuales van a ser estas demandas. Ya están recogidas.
Sí, ya están recogidas. Usted ha dicho que si acertamos es poco menos que de chiripa. Hasta ahora todos los estudios que sustentan el Plan Hidrológico Nacional me inspiran la máxima fiabilidad. Yo creo que seguramente a usted también.
Por lo tanto, no estamos hablando de acertar de chiripa. Estamos hablando de acertar porque cuando se hace un trabajo serio, se trabaja con datos ciertos y cuando se utilizan analíticas avanzadas y correctas los resultados deben ser buenos o por lo menos aproximados. Y usted sabe y yo sé que concretamente en el Ebro, en los planes de cuenca, están recogidas las demandas de ese futuro Plan Nacional de Regadíos y, por tanto, no habrá ninguna sorpresa, no habrá ningún problema. El día que podamos contar con ese documento contaremos con el agua porque nos la ha puesto a la puerta del regadío precisamente el Plan Hidrológico Nacional.
Señor Rodríguez Cantero, usted ha pedido que se elabore un plan especial del Guadalquivir. Entendemos que éste no es el momento, que es algo que se puede realizar, si es que tiene algún tipo de interés, en otro momento... No, no se ría, es que lo dice usted. Usted dice que el plan de cuenca no es correcto. Yo, desde luego, no tengo datos suficientes. Lo que me preocupa es que, vista la exposición de la Senadora Camilleri, usted hable aquí de retractarse, y yo tengo mucho miedo de que se retracte usted ante sus compañeros. Si ésa es la cuestión, sepa que es bienvenido al voto favorable al Plan Hidrológico Nacional.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, Senador Sopeña.
Señoría, le recuerdo que el Senador Quintana está ausente con causa justificada. Creo que su señoría lo sabía, pero se lo digo porque ha comenzado su discurso diciendo que no le contestaban y quiero que sepa que la ausencia es con motivo del fallecimiento de su padre.
Gracias, señoría.
A continuación, pasamos al turno de portavoces. En primer lugar, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Mixto, el Senador Cabrero Palomares por tiempo de cinco minutos.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señor Presidente. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Señores del Partido Popular, ustedes han escenificado el debate del proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional en el día de hoy en el Senado. Ese rechazo a los vetos más o menos podría ser entendible, como el de todas y cada una de las más de 500 enmiendas parciales que se han presentado al proyecto de ley. Ha sido una escenificación para responder a una situación prefijada y pasar rápido por el debate del proyecto de ley, sin tener en cuenta otras opiniones.
En definitiva, creo que han conseguido algo que ya nos preocupa al Grupo de Izquierda Unida de manera importante: una devaluación de esta Cámara.
Llamamos a esta hora de la noche a la necesaria reflexión porque esa devaluación de este Senado no se corresponde ni con la exigencia de la gente de la calle, ni con la exigencia de la democracia, ni con la exigencia de un Estado de Derecho que tiene esa formulación bicameral de Congreso y Senado. Llamamos a una reflexión de su señoría, de su Grupo político, de su partido, por esa devaluación que están provocando de esta Cámara debido a esa actitud y a esa escenificación que han hecho en el proceso parlamentario de este proyecto de ley, pero también de otros proyectos de ley que han pasado por aquí anteriormente. Y creo que, además, han entrado en contradicciones profundas por el interés de sacar, a costa de lo que sea y con este método, el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional.
Alcaldes de su mismo Partido, gente del Partido Popular, concejales, etcétera, han participado conmigo en mesas redondas defendiendo posiciones y algunas de las enmiendas que otros grupos han presentado en esta Cámara en el día de hoy, que han pasado por las pertinentes Comisiones y que, sin embargo, por esa actitud de dureza y por dejar sin ninguna posibilidad de diálogo al proyecto de ley, han entrado en esa contradicción.
Conozco a gente que se ha quedado fuera de juego y tendrán que explicarlo, sobre todo en Andalucía. Han venido a esta Cámara comisiones de alcaldes también del Partido Popular para plantear la posibilidad de alguna enmienda transaccional en algunos temas que afectaban a su comarca, aunque, dicho con todos los respetos, en aquel momento enviaron a una Senadora que no pertenecía a Andalucía. Ahora ha venido una Senadora que sí la representa; se adquirió algún compromiso para ese diálogo y la perspectiva de alguna enmienda transaccional, pero no ha sido posible.
Esas contradicciones han quedado reflejadas también en este debate. En efecto, el Plan Hidrológico fue una demanda de la inmensa mayoría de la sociedad plural de

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nuestro país, tanto de los agricultores como de los ecologistas, de las fuerzas políticas, de los sindicatos, de todo el entorno relacionado con el agua, y ustedes han desaprovechado la oportunidad de posibilitar el diálogo, el consenso y un equilibrio político, territorial y social de esa exigencia social y política en torno a un plan hidrológico.
Si queda algo en el debe de este proceso es la ruptura social y territorial que han provocado en nuestro país. Nosotros queremos denunciar a estas horas de la noche esa ruptura que no solamente se produce por su actuación y por la dinámica que han impulsado en este proceso del proyecto de ley, sino que estamos convencidos de que también se va a producir en el desarrollo de la propia ley que van a imponer con el método que todos conocemos. Y nosotros estaremos al lado de los que defienden una cultura del agua diferente para el uso racional de la misma, una cultura del agua para una perspectiva de desarrollo sostenible en nuestro territorio. Y estaremos al lado de los que pretenden que un bien escaso, como es el agua, tenga una expectativa de gestión mucho más racional que la que están planteando ahora con obras faraónicas que en cualquier caso no permiten ese desarrollo social, equilibrado y sostenible. Ahí vamos a estar. Esperemos que esa gran contradicción, esa ruptura social que han provocado con esta forma de tramitación de esta ley tenga consecuencias menos negativas en su propio desarrollo. Así lo esperamos y vamos a apostar por ello. Creemos que ustedes, con la aplicación de esta ley, han sentado las bases para que desde el punto de vista ambiental, social y territorial haya un impacto negativo.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, en mi intervención anterior, con ocasión del debate de los vetos, manifesté unas breves consideraciones generales sobre el Plan Hidrológico Nacional.
Quiero destacar y recordar muy brevemente que entonces afirmamos que a Coalición Canaria le hubiese gustado que en un asunto tan importante y básico como éste, de interés general de España, hubiese un acuerdo más amplio, un mayor consenso, pero no fue posible. Y concluimos nuestra posición diciendo que, analizados los pros y los contras, no veíamos una razón clara para votar a favor de los vetos, que el Plan Hidrológico Nacional era perfectible pero que constituía un avance, y coherentemente con ello votamos en contra.
Sólo me resta hacer una breve y específica referencia a Canarias, a la que creo que ha lugar por lo siguiente. En términos de disponibilidades hídricas convencionales, es decir, la suma de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas --y éstos son datos del Libro Blanco del Agua--, frente a una media española de 1.141 metros cúbicos por habitante y año la media en Canarias es tan sólo de 233 metros cúbicos por habitante y año; es decir, es un 20 por ciento, una quinta parte, de la media nacional. Y en islas como Lanzarote la disponibilidades hídricas convencionales --las aguas superficiales más las aguas subterráneas--, solamente son de un 0,2 por ciento de la media nacional.
Y a pesar de que éstas no son horas, antes de concluir quiero decir que nuestro territorio, Canarias, tiene problemas de agua mucho más graves que los que padece el territorio peninsular. Por tanto, estamos obligados a tomar una serie de medidas para garantizar nuestra supervivencia y corregir esos desequilibrios. Y paso a citar con brevedad nuestras líneas fundamentales al respecto: La austeridad en el uso de los recursos hídricos, materia sobre la que tenemos un hábito, una cultura encomiable, paradigmática en este sentido; la introducción acelerada de nuevas tecnologías de producción industrial de agua, principalmente la desalación y la reutilización para regadíos de aguas residuales urbanas depuradas, y, por último, una autogestión hidráulica con un régimen especial que data del año 1924. Hay que decir que nosotros estamos en un segundo nivel de descentralización y que la isla es la cuenca hidrológica básica de nuestro territorio.
Las obras de interés general del Estado son muy importantes para Canarias, y en los últimos años, merced a un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, se vienen ejecutando diversas obras hidráulicas en todas y cada una de las islas que están paliando nuestras desafortunadas condiciones hídricas naturales. Pero nuestro nivel de garantía de abastecimiento es aún insuficiente, muy bajo, vulnerable, y está agravado por el exacerbado crecimiento de la actividad económica que están sufriendo las islas y para el que el Gobierno de Canarias está empeñado en establecer límites.
Pero éste es otro asunto.
Otro elemento capital del Plan Hidrológico Nacional, aunque ha sido mucho menos debatido que el trasvase, es el programa de inversiones públicas a desarrollar en el período 2001-08. Dicho programa solamente se trata en un artículo del proyecto de ley, y las obras se relacionan, como todos sabemos, en el Anexo II, sin tan siquiera establecer presupuestos indicativos. Tampoco en la documentación básica que acompañó el paso del Plan Hidrológico Nacional por el Consejo Nacional del Agua se aportó información justificativa ni descriptiva de las obras ni los presupuestos de las mismas. Por tanto, confiamos en que el Gobierno cumpla con la ejecución de las numerosísimas e importantes inversiones relacionadas en el Anexo II.
Y acabo diciendo que en estos listados de obras, en la magnitud inversora que supondrán y en cómo se instrumentará su ejecución es donde verdaderamente reside la importancia del Plan Hidrológico para Canarias.
Así pues, desde el Grupo de Coalición Canaria vamos a velar para que se instrumente adecuadamente la ejecución de las inversiones necesarias con el fin de atender las demandas en todas las cuencas hidrológicas, y particularmente en las siete áridas islas que configuran nuestro archipiélago.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.


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Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a hacer una serie de consideraciones desde el escaño. En primer lugar, quiero manifestar la frustración que sentimos como parlamentarios con identidad en esta Cámara, en la medida en que usted misma, señora Presidenta, ha sido contradicha en sus planteamientos de que, ésta es una Cámara de segunda lectura, una Cámara de representación territorial. Pues ni ha habido segunda lectura, ni ha habido representación territorial al no haber habido un debate autonómico en la Comisión de las Comunidades Autónomas, primera cuestión que desde el punto de vista político nos llama la atención como para decir: de 24 proyectos de ley es la decimosexta vez que ni una coma es objeto de modificación. Parece que no tienen ideas políticas los grupos de la oposición en su tramitación parlamentaria en esta Cámara de las Cortes Generales.
Por tanto, quiero hacer una crítica respecto de esa actitud política precisamente cuando hablamos de la identidad y del fortalecimiento del Senado. Señorías, ni Cámara de representación ni Cámara de segunda lectura. Repito que ésta es la decimosexta vez que eso ocurre en poco más de un año que llevamos de legislatura.
Segunda consideración. Decía el portavoz del Grupo Parlamentario Popular que éste no era el objeto ni el ámbito adecuado para la incorporación de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
¿Y dónde está ese ámbito? Porque si hoy no es éste el ámbito para hablar de evaluaciones de impacto ambiental, para hablar de acuíferos compartidos, para hablar de planificación hidrológica consensuada o del informe de las Comunidades Autónomas, ¿dónde se debe celebrar el debate? ¿Mañana en el proyecto de ley de cinematografía? ¿O es que también se va a decir mañana que el proyecto de ley de fomento de la cinematografía no es el ámbito para ese debate? Vamos a ver qué dice mañana el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Repito, decimosexta vez en que se recurre al mismo argumento político.
En tercer lugar, no ha habido ningún argumento material, sustancial o de fondo con que se haya rebatido por qué no se pueden aceptar las enmiendas. Luego uno llega a la conclusión de lo que usted mismo ha dicho: es que yo me siento culpabilizado escuchando los argumentos de los grupos parlamentarios de la oposición y, claro, ustedes saben los míos.
¿Cuál es la razón de fondo? Dígannos por qué no se saben los fundamentos de la oposición. Porque ustedes,dicen: no es el objeto. ¿Y cuál es entonces? Usted ha dicho que se siente culpabilizado. Y si no, lo que le he dicho anteriormente. Se reconoció por el Ministro de Agricultura que hay un método Cañete, «Diario de Sesiones» de la semana pasada. Es la aplicación pura y dura del método Cañete, no tiene otra explicación, o el cumplimiento de las directrices de la nota que Presidencia de Gobierno sacó la semana pasada en un proceso acelerado de aprobación de proyectos de ley para ir al debate del estado de la nación con el mayor número de proyectos de ley aprobados y poder vender tales iniciativas ante los diferentes grupos en ese debate. No hay explicación.
Pues bien, terminamos todo este debate político con un sabor agridulce, porque intelectualmente nosotros podemos entender las razones que ustedes tienen, y las entendemos, pero que digan que no van a aprobar ninguna enmienda en ningún lugar en ningún momento con ningún contenido, no lo entendemos. ¿Pero no se dan cuenta de que eso es una barbaridad? Incluso las mejoras técnicas que le decíamos cuando hay un error y se dice: medidas para la prevención del deterioro adicional, dice la Ley, artículo 9.1. Y decimos nosotros: no, si no se refiere al deterioro adicional. Si es el deterioro ambiental, porque no hay un deterioro principal y uno secundario o adicional. (Rumores.) Por tanto, queremos lamentar el posicionamiento político sobre estas cuestiones y el que no haya habido ningún hilo argumental material sobre la oposición a los argumentos expuestos por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
En nombre de la Entesa tiene la palabra el Senador Sabaté.


El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, Senador Sopeña, lamento que ustedes estén absolutamente insensibles ante la contestación institucional y popular que ha despertado el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. Usted viene a decir: ha habido contestación. ¿Y qué? Ya tomamos nota. Todas las Comunidades Autónomas menos cuatro a la cuales le he pedido antes que añada una quinta: Cataluña, en virtud del acuerdo del Parlamento autonómico catalán.
En un tema de la importancia de la planificación hidrológica es evidente que es absolutamente necesario hacer todos los esfuerzos posibles y muchos más para conseguir el consenso, un consenso con el resto de grupos parlamentarios, especialmente con el principal Partido de la oposición , y con los diferentes grupos representantes de las distintas nacionalidades y regiones. Porque supongo, señor Sopeña, que ustedes no pretenden ser eternos en el Gobierno de este país. ¡Dios nos libre! Por tanto, cuando venga otro gobierno liderado por el Partido Socialista, ¿qué vamos a hacer con el actual Plan Hidrológico Nacional que se ha aprobado sin consenso? Dice usted que no rehúyen el debate jamás. ¿Y qué han hecho en esta Cámara? Han aludido a ello reiteradamente los distintos portavoces: no se ha aceptado ninguna enmienda por parte de su Grupo ni de los grupos que dan apoyo a su proyecto de ley con el fin de intentar aprobarlo dentro de este período de sesiones. Evidentemente que no han impedido a nadie que intervenga. ¡Faltaría más! ¡Faltaría más que hubiesen impedido a alguno de los miembros de esta Cámara su intervención legítima en el debate del Plan Hidrológico Nacional! Pero es evidente que ustedes

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no tenían ganas de entrar a fondo en ese debate, que ustedes no tenían voluntad política de recoger las aportaciones del resto de los grupos debido a esas prisas por aprobar el proyecto de ley para que el debate acabe enterrado y se olvide. Evidentemente, ni se va a enterrar ni se va a olvidar, porque queda todavía mucha tela que cortar.
Dicen ustedes que van con el mismo discurso a todas partes. Eso no es cierto, y permítame que se lo diga. El Grupo Parlamentario Popular ha intentado --si me lo permite, siguiendo con la metáfora militar «manu militari»--, que todos sus miembros, a lo largo y ancho del Estado, mantengan el mismo discurso, pero ya que ha aludido usted a mi condición de Alcalde de Tortosa, le diré que el Grupo Parlamentario Popular, en determinadas ocasiones, en el Pleno del Ayuntamiento de Tortosa ha votado en contra del Plan Hidrológico Nacional, y no tengo que recordarle la fuga de representantes institucionales de su partido en las comarcas del Ebro catalán, o la abstención de algunos diputados del Partido Popular en el Parlamento catalán ante mociones que tenían que ver con el Plan Hidrológico Nacional desmarcándose de la posición de su Grupo.
Dice usted que vuelvo a hablar de los trasvases. ¿Y de qué vamos a hablar, Senador Sopeña? Si el propio proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional fija como el eje central de la política hidrológica las transferencias de cuenca, evidentemente tenemos que hablar de eso, que es el eje central de la propuesta que ustedes hacen, y esa propuesta central, evidentemente son las transferencias, porque lo dice el proyecto de ley que ustedes han presentado, no es que lo diga este Senador.
Curiosamente, insiste usted por enésima vez, igual que han hecho los otros portavoces de su Grupo parlamentario que han intervenido en este debate, que ustedes apuestan por las medidas de sostenibilidad, que ustedes apuestan por una política moderna. Dice que el Plan Hidrológico Nacional, y es cierto, prevé unas necesidades teóricas de la cuenca mediterránea de más de 2.000 hectómetros cúbicos y que el trasvase previsto es de 1.050 hectómetros cúbicos. Dice, entre otras cosas, que plantea medidas de ahorro. Le pediría que se repasara la intervención del portavoz de su Grupo, el Senador Esteban González Pons, en la moción que se planteó en esta Cámara el 6 de febrero de este año por parte del Grupo Parlamentario Popular, que en un momento dado, ante mi intervención en nombre del Grupo de Entesa, él insistía en medidas de sostenibilidad y de ahorro y en que era necesario instar a los ciudadanos de las cuencas teóricamente deficitarias a que adoptasen hábitos de ahorro. Me dijo más o menos textualmente que no iremos a las comunidades demandantes a pedir que reduzcan los consumos, y más o menos vino a decir que se escandalizaba de mi propuesta. Parece, y lo celebro, que lo han asumido ustedes. Dudo de que eso haya significado algún cambio en los planteamientos de la propuesta que están sometido a votación en esta Cámara.
Dice usted que la directiva marco de la Unión Europea en materia de aguas está presente a lo largo del Plan Hidrológico Nacional. Es cierto que ustedes aluden a ella, pero no entienden lo que está planteando porque la directiva marco habla de sostenibilidad, pero como le he dicho en mi anterior intervención, sostenibilidad dentro del marco de las cuencas hidrográficas, y ustedes centran la propuesta de gestión del agua en las transferencias de cuenca, por tanto ahí hay una diferencia fundamental, una diferencia insalvable entre lo que ustedes están planteando como política de gestión de aguas en España y lo que se está planteando dentro del ámbito de la Unión Europea del que, obviamente, formamos parte y sin posibilidad de vuelta atrás, afortunadamente.
Insiste su señoría en la falacia de que se garantizarán las demandas actuales y futuras de las cuencas cedentes, y también en que no va a haber nuevos embalses para garantizar los trasvases. Le recuerdo que en la intervención que el señor Ministro de Medio Ambiente hizo en la Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara hará unos tres meses aproximadamente --no tengo aquí la fecha exacta--, a petición de mi Grupo de Entesa, le corrigió --y creo que era su señoría el que actuaba como portavoz del Grupo Parlamentario Popular-- diciéndole que no hay previsión de nuevos embalses para garantizar los trasvases, pero que sí hay previsión de nuevos embalses para garantizar las necesidades ecológicas y todo tipo de necesidades.
Ustedes pueden compartimentar como quieran, pueden dividir como quieran las necesidades pero o regulan más agua en la cuenca del Ebro o, evidentemente, no se sostiene el planteamiento de que con el agua existente van a garantizar los mismos usos actuales, los trasvases y los caudales ecológicos que, por otra parte, no están garantizados en este momento porque esa cantidad de 100 metros cúbicos por segundo que plantea el Plan Hidrológico Nacional como caudal ecológico mínimo ni tan siquiera pasan a menudo, en este momento, por la estación de aforo de Tortosa. Sin regular más, ustedes no van a poder garantizar eso en absoluto y el señor Ministro en su momento ya tuvo que enmendarle la plana, en la propia Comisión de Medio Ambiente de esta Cámara.
También ha hablado usted de que el Delta del Ebro va a salir enormemente beneficiado de este Plan Hidrológico Nacional gracias al acuerdo que ustedes han cerrado con el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió. Es evidente que el Delta del Ebro tiene problemas de posible regresión y de salinización pero, sin ninguna duda, el peor problema que puede tener el Delta del Ebro es que le lleguen menos caudales, que es lo que va a pasar con la aplicación del Plan Hidrológico Nacional. El Delta del Ebro no necesita en absoluto de este Plan Hidrológico Nacional; lo que necesita, en todo caso, son inversiones a las que los habitantes del Delta tienen derecho como ciudadanos y contribuyentes de este país.
Asimismo, su señoría aludía también al hecho de que el Ayuntamiento de Tortosa, que me honro en presidir, no hubiese presentado ninguna alegación al Plan Hidrológico Nacional ante el Consejo Nacional del Agua.
Esa cuestión se discutió en su momento y el Grupo municipal del Partido Popular estuvo absolutamente de acuerdo porque todos estábamos en contra del proyecto que se planteaba y entendíamos que la única posibilidad de mejorar el plan era retirarlo y pedir al Gobierno que elaborase otro completamente

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distinto. La cuestión no era hacer enmiendas pequeñas sino elaborar un Plan Hidrológico Nacional que no tuviese como base y fundamento los trasvases de agua desde el Ebro, prácticamente un único trasvase de agua desde el Ebro.
Para terminar, Senador Sopeña, dice usted que el Partido Popular, Convergència i Unió y el Partit dels Socialistes de Catalunya han fijado un pacto del agua para Cataluña que conlleva trasvases. El acuerdo al que se llegó en el Parlamento de Cataluña fijaba un déficit en la situación actual, pero ese déficit es recuperable con una política de reutilización de aguas residuales, de desalación, de aprovechamiento del embalse de Llosa del Cavall --de reciente construcción-- y, en caso de extrema necesidad, con los dos metros cúbicos por segundo que no se están utilizando con el minitrasvase hasta el Cam de Tarragona, con su llegada hasta el área metropolitana de Barcelona. Sólo con eso tenemos garantizado el suministro para las cuencas centrales, para las cuencas internas de Cataluña, para los próximos treinta años, sin necesidad de transferencias externas. Ese es el pacto catalán del agua y estoy seguro de que el Senador Luna se lo puede explicar perfectamente, como está haciendo en este momento.
En definitiva, señorías, es un Plan Hidrológico Nacional absolutamente fuera de tiempo y de contexto, basado en la política del hormigón, en la política de las grandes construcciones que ustedes, evidentemente, no van a poder realizar, pero habrán creado expectativas no resueltas en buena parte de las cuencas demandantes; habrán creado un problema en el país precisamente por no haber conseguido el consenso político, un problema de división y de enfrentamiento entre Comunidades Autónomas y, finalmente, no van a resolver ninguno de los problemas planteados. Es una lástima que hayamos perdido el tiempo debatiendo un plan que es absolutamente irrealizable.
Señorías, estoy convencido de que las Cortes Generales tendrán que volver a abordar en breve plazo el debate del agua porque con este Plan Hidrológico Nacional realmente no vamos a ningún sitio.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sabaté.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores Senadores, Senadoras, señor Sabaté, antes he estado tentado de pedir la palabra por alusiones, pero he preferido esperar al turno de portavoces. He encontrado absolutamente desafortunadas algunas de sus afirmaciones y poco adecuadas a un buen talante parlamentario, pero no le pido que las retire, en absoluto, cada uno es como es y ello se demuestra a través de las palabras. Pero sí que voy a contestarle puesto que he participado y tenido la sensación por su primera intervención, más como representante de Convergència i Unió que el propio Grupo Parlamentario Popular como redactor del proyecto, de que vivimos en el país de Alicia.
Oiga, usted vive en el país de Alicia, usted. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No me aplaudan, por favor. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Yo no quiero aplausos de nadie, ni de ustedes, ni de ustedes, de nadie. (Aplausos.) Mi Grupo suele ser bastante discreto, la razón no se tiene ni gritando más --y quizá elevo la voz--, ni pateando o dando golpes; la razón se obtiene si se la das a comprender al otro o si la tienes.
Señor Sabaté, uno tiene que tener memoria histórica. Hoy se ha citado, pero yo entiendo, que soy un interlocutor privilegiado para citarlo.
Ustedes proponían no hace mucho --me dirán: lejos, es historia, no gobernamos ahora-- un Plan hidrológico que en el caso del Ebro sustraía 1.800 hectómetros, sin ninguna de las condiciones que hoy se dan. Me dirán que no lo pudieron llevar a cabo, cierto; pero en todo en caso sí debo decir que no hace mucho hablando con el señor Borrell --al que, por cierto, le deseo un pronto restablecimiento-- me decía: yo me mantengo en los 1.800 hectómetros. Los técnicos demostraban que era posible, y yo entiendo que éste hubiera sido un buen trasvase. Y esto el señor Borrell me lo comentaba no hace ocho, siete o cinco años, sino hace escasamente unos meses. Luego me decía: evidentemente, Marimon, ahora nuestro recurso es decir que es historia. Y es cierto, pero ustedes tienen que tener memoria.
Usted acaba de citar el minitrasvase de Tarragona diciendo que es una de las soluciones. Señor Sabaté, el Alcalde de Tarragona, socialista, el Alcalde de Reus, socialista, y otros destacados dirigentes se opusieron tanto como pudieron a este trasvase. Resulta que ahora es la solución algo a lo que ustedes pusieron tantas piedras como pudieron. Y les puedo poner muchos ejemplos --el señor Ganyet ríe, me parece bien, mejor con buen humor, yo también lo tengo--, como el de Rialp. ¿Quién se oponía al empleo Rialp? Ya sé que luego ustedes lo han defendido. Busque en las hemerotecas. ¿Quién se oponía frontalmente? Ustedes. Me remito a las hemerotecas y pueden comprobarlo. Señores, ¿quién dificultaba llegar a un acuerdo en lo que se llamó Pacto Rialp en la dotación del Segarra-Garriga? El Gobierno socialista --al que evidentemente nosotros no debíamos tener cautivo-- compromiso tras compromiso, pero con quien cerramos el trato fue con el Gobierno popular. A mí no me preocupa con quién cierro tratos, en mi partido hemos cerrado tratos con ustedes y con el Partido Popular siempre que entendemos que son beneficiosos para Cataluña. En este caso entiendo que ha sido así y se lo voy a demostrar.
Es muy fácil hacer comentarios maliciosos o decir que lo que se ha hecho es una política antigua, antieconómica y absolutamente lejos del plan de sostenibilidad. Pero, por favor, recuerden lo que ustedes propugnaban porque si hubieran ganado --ya sé que usted no estaba en aquel momento, señor Sabaté, porque su incorporación es reciente y no tiene responsabilidad-- el plan que tendríamos sería éste, el de 1.800 hectómetros o el de 3.400, el de millones de metros cúbicos de hormigón.
Y ahora dicen: No, olvidémonos; como no ganamos, esto no es. Sin embargo, ahora dicen lo contrario: Nosotros

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somos los defensores. Y le voy a poner ejemplos muy duros. La verdad es que yo no pensaba hacer este tipo de intervención, he sido absolutamente ponderado en mi primera intervención, pero me molesta, y se lo digo así, que se engañe a la gente. Se lo digo así de claro: Me molesta que se engañe a la gente y le voy a decir por qué. Ustedes no han presentado enmiendas en el Consejo del Agua. Presentaron cuatro enmiendas en el Congreso de los Diputados referentes a Cataluña, ninguna en relación con el Delta.
Ahora ustedes han trabajado mucho, y se lo reconozco, e incluso han hecho aportaciones muy positivas, por qué no reconocérselo; muy bien, pero las han hecho ahora. ¿Con qué motivo? ¿Un motivo altruista? ¿Un motivo sincero de interés? ¿O el motivo político de sacar rentabilidad a una postura de un cierto descontento en el territorio, fomentada por alguno de ustedes? Me dirán: ¡No es cierto! Pero yo me atengo a razones, señores.
Les puedo dar una copia a todos ustedes de la carta enviada recientemente por el Alcalde de Lérida a todos sus ciudadanos; carta oficial, y envío pagado por todos los ciudadanos, del Alcalde del Ayuntamiento de Lérida y Diputado al Parlamento de Cataluña. ¿Quieren que les lea lo que dice? (Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular: ¡Sí! ¡Sí!). No la voy a leer entera. Empieza lamentándose de que los ciudadanos de Lérida no se tomen tan a pecho, no sean tan agresivos con el Gobierno catalán como lo son los de otras comarcas respecto al Plan Hidrológico Puedo entender que esté dentro de la legalidad democrática; puedo entenderlo, pero luego dice --lo leeré en catalán y luego se lo traduzco, para que vean que soy fiel--: El Gobierno de la Generalidad a quien se acusa muy acertadamente de traicionar los intereses de nuestro país y doblegarse sin ninguna contrapartida... Y continuemos la carta, porque ya que ustedes la envían a los ciudadanos de Lérida, la pueden mandar a muchos más sitios: Modelo de desarrollo agrario artificial que pretende producir, al sudeste de la península y mediante empresas holandesas, mano de obra extranjera y agua de Lérida, frutas y verduras que generarán más excedentes y que serán competencia directa de las zonas y producciones tradicionales de nuestro país. (Rumores.) Esto lo dice el Alcalde de Lérida. Pueden tener ustedes, antes de terminar la sesión, una copia, señores. Lo lamento por Antoni Siurana, que entiendo que es una persona --y lo digo sinceramente-- de la cual me he considerado amigo, a pesar de que seamos adversarios políticos, y no entiendo que haya podido cometer el error de mandar una carta institucional en estos términos, primero por lealtad entre instituciones y, segundo, porque demuestra una voluntad de tergiversación de los hechos tan grande que realmente no hace falta ponerla de manifiesto.
Señor Sabaté, yo estoy muy tranquilo en cuanto al cumplimiento de la resolución del Parlamento de Cataluña. Soy perfectamente consciente de que el Parlamento de Cataluña tomó un acuerdo diciendo que el Plan Hidrológico Nacional que se presentaba en aquel momento no podía ser votado favorablemente; pero el Plan Hidrológico Nacional ha cambiado radicalmente, y el propio Ministro lo ha reconocido así, aunque usted dirá que no.
Quiero recordar otra cosa. Todos mencionan el Plan Integral del Delta, y recuerdo que ustedes no lo votaron, por cierto; pero el hecho de que se cree un consorcio, que sea el que haga el plan de desarrollo integral del Delta, que sea el propio consorcio el que tenga que decidir sobre el futuro del Delta, y que esté en manos del Gobierno autonómico, que esté en manos de los ayuntamientos, de las entidades, de las asociaciones, de todas las asociaciones que están allí, hace que no sea el Plan Hidrológico que había.
Evidentemente, nos hubiera gustado que el Plan Hidrológico contemplara menos captación de agua, y hemos trabajado por ello, pero se han conseguido algunas cosas alternativas, como que se pueda sacar agua de los canales y que se dejen puertas abiertas para el futuro, para otras opciones.
Yo no sé quién va a gobernar dentro de cuatro ni de ocho años. En todo caso, sí me preocupa que el Plan quede redactado de una manera que pueda dar satisfacción a las inquietudes de los ciudadanos de la zona y de Cataluña. Y entiendo que lo hemos conseguido.
No he hablado en mi intervención anterior del dinero y de los recursos.
Yo creo que no hace falta. Usted me dirá: Se ha vendido por dinero. En absoluto. Nosotros hemos hecho 26 propuestas que globalmente han sido aceptadas y esto ha sido lo que ha motivado nuestro voto.
Esto es absolutamente coherente y lo defiendo en esta sala y lo defiendo ante cualquier ciudadano de Cataluña, compartamos o no opinión, reconociendo la preocupación que hay en la zona. Yo entiendo la preocupación; ahora bien, yo no digo que usted lo haya hecho --aunque sí que por el tono de sus comentarios maliciosos pienso que puede compartir un determinado estilo político--, pero cuando hay gente tan destacada de un partido que se atreve a manipular la opinión de la gente de esta manera, evidentemente esto no es obrar con ética política. Esto no es trabajar para el bien del país. Esto es trabajar, en todo caso, para un bien interesado de partido que dudo que se vaya a conseguir, porque éste no es el trabajo que tenemos que hacer los políticos.
Señor Sabaté, con todo el cariño le diré que yo no le voy a hacer comentarios maliciosos a usted, aunque usted se presta extraordinariamente a ello, pero no es mi estilo. Yo a usted le respeto como persona. No quiero meterme en sus decisiones. Son responsabilidad suya y las mías son responsabilidad mía. En todo caso, sí le reitero que no encuentro afortunada su intervención y sí le pido al Partido Socialista o a la Entesa que se miren al espejo, que recuerden su historia. Ustedes pueden hacer creer a la gente que han cambiado de la noche al día. Ustedes pueden hacer creer a la gente algo tan simple como decir que si nosotros no hubiéramos dado soporte este plan no iría adelante. Yo les recordaría a ustedes --y creo que no hace falta-- las muchas decisiones que el Partido Socialista tomó cuando tenía mayoría absoluta sin tener en cuenta a ningún otro partido, y algunas las soportamos en Cataluña y bien que luchamos para cambiarlas.
Nuestro estilo ha sido siempre la negociación porque nos ha dado un buen resultado, y pienso de verdad que si el Partido Socialista hubiera tomado una dirección semejante

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a la que tomó en temas de justicia o en otros, quizá el resultado sería otro, y no les doy a ustedes la responsabilidad. Evidentemente, el Partido que está en el Poder es el Partido Popular, pero hoy hemos oído bastantes veces que la responsabilidad suele ser compartida, y yo comparto esta opinión y entiendo que la actitud podía haber sido diferente. En todo caso, la historia nos juzgará. No obstante, este portavoz que les habla sí tiene que manifestar, en nombre suyo y de su Grupo, la absoluta tranquilidad de nuestro voto, porque entendemos que hemos cumplido nuestro compromiso con la gente de Cataluña sin hacer demagogia. Quizá no nos hemos explicado demasiado bien, pero no hemos hecho demagogia. No mandamos cartas no ya maliciosas, sino absolutamente tergiversadas a la gente. No pretendemos confundir al país; pretendemos que la gente conviva y que las cosas se hagan bien.
Para terminar, les quiero decir lo mismo que he dicho al acabar en mi intervención anterior. Se han hecho cambios, se ha ganado más dinero para Cataluña, pero no voy por ahí. Hay un aspecto que me tienen que reconocer porque es absolutamente de justicia, y es que el Plan Hidrológico hoy reconoce y deja abiertas alternativas que en su momento no estaban contempladas. Estas alternativas permitirán --lo he dicho antes y lo repito-- al que gobierne, al actual o al de futuro, sea quien sea, tomar iniciativas que quizá no hagan necesario este trasvase. Esto lo permite y --permítame que se lo diga--, modestamente ésta es una aportación de Convergència i Unió, sin ningún tipo de triunfalismo. No lo quiero, y no sé si voy a conseguir el reconocimiento del territorio, porque cuesta a veces explicar las cosas, pero he tenido la oportunidad de explicarlo delante de esta Cámara y he creído que era mi obligación hacerlo y hacerlo con claridad, y normalmente procuro decir las cosas que siento y pienso y, además, decirlas con respeto a los demás.
Muchas gracias por su atención. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señora Presidenta, muy rápidamente.
Senador Sopeña, lo que no puede ser no puede ser y además es imposible.
Usted intenta explicar y razonar que se puede hacer el Plan Hidrológico Nacional sin contar y sin conocer el Plan Nacional de Regadíos, pero es imposible que le creamos y es imposible que usted mismo se crea los argumentos.
En diciembre de 1995 el Partido Popular --se lo he dicho antes y se lo vuelvo a repetir--, con razón exigió el Plan Nacional de Regadíos como condición sine qua non podía entrar ni siquiera a debatirse el Plan Hidrológico Nacional. Usted me dice que están los planes hidrológicos de cuenca, pero permítame que le haga una observación: La planificación hidrológica nacional no es la suma de los planes hidrológicos de cuenca, porque si lo fuera no haría falta ningún Plan Hidrológico Nacional, bastaría con coger los planes hidrológicos de cuenca y sumarlos. Ese es su problema y ése es el problema del Partido Popular y del Gobierno popular, que no ha entendido, o no quiere entender, que la planificación hidrológica tiene que armonizar y tiene que buscar el equilibrio territorial de las demandas que hay en los planes hidrológicos de cuenca.
Y no me diga usted que tenemos ya el Plan Nacional de Regadíos solucionado porque sumamos, porque entonces sobra el Plan Hidrológico Nacional y sobra el Plan Nacional de Regadíos. Son absolutamente indisociables uno y otro si quiere usted hacer una política de ordenación del territorio --se lo he dicho antes--, si quiere usted que la política del agua sea una política de ordenación del territorio. Y le digo más: es indisociable de ese plan director de infraestructuras que andan ustedes enseñando por ahí --el señor Ministro lo enseña en un papel y todavía no lo ha debatido aquí ni lo va a debatir--. No insista en eso. Reconozcan que ustedes en esta ocasión no han cumplido ni siquiera con la exigencia razonable que ponían al Gobierno socialista.
Señor Sopeña, el Plan Nacional de Regadíos no sólo le va a decir a usted cuánta demanda de agua --tenga en cuenta que el 80 por ciento del gasto se dedica a la agricultura--, sino que le va a decir más cosas: le va a decir cuál es la viabilidad agronómica de esa demanda para ubicar el agua allí donde la viabilidad agronómica aconseja --y no allí donde luego son regadíos absolutamente ineficaces e ineficientes--, y le va a decir también cuál es la rentabilidad económica y social de esa demanda. Todas esas cosas le va a decir a usted el Plan Nacional de Regadíos y todas esas cosas tiene usted que trasladarlas al Plan Hidrológico Nacional, pero no «a posteriori», porque usted ahora se puede encontrar con que en esa estrategia solidaria de ustedes --¡Agua va!-- resulte que el agua vaya a un sitio donde agronómicamente no es presentable, donde no haya rentabilidad económica ni social y donde no haya demanda.
Como yo sé que usted tiene responsabilidades institucionales en el Ayuntamiento de Oviedo que nada tienen que ver con la agricultura, le hago la reflexión y le perdono el desliz (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Popular). Desde luego, le aseguro, señor Sopeña, que si usted tuviera o hubiera tenido responsabilidades en la Administración agraria --si usted hubiera sido o fuera Consejero de Asturias-- y hubiese dado el visto bueno a este Plan sin contar con el Plan Nacional de Regadíos, le diría en este momento que usted podría ser un buen tratante, pero que sería un pésimo responsable de agricultura (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Eso se lo diría yo a usted.
Hace un momento hemos escuchado parte de una carta, ¿y sabe en qué consiste toda la polémica? En que como no tienen Plan Nacional de Regadíos se hacen afirmaciones que pueden ser gratuitas. Si lo tuviéramos tendríamos la respuesta a si esas afirmaciones son o no gratuitas, si son o no afortunadas; como no lo tenemos queda en la opinión y en la subjetividad de cada uno: a unos les parecerá que la carta es adecuada y a otros les parece --y ha quedado

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claro-- que no lo es. (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Racista!) Pero yo le insisto: Si usted tuviera o hubiera tenido responsabilidad, si usted hubiera sido Consejero de agricultura en su Comunidad, y le hubiera dado el visto bueno a este plan, yo le tendría que poner a usted un cero patatero en su gestión sectorial (El señor Agramunt Font de Mora: ¡Racista y xenófobo!--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Dos cuestiones más. Dice usted que el plan especial que el Grupo Socialista le pide para el Guadalquivir no tiene el sitio. Salvo que usted me lo explique mejor, yo no entiendo absolutamente nada de por qué sí puede haber planes específicos para el Tajo, para el alto Guadiana y para el Ebro, y no los puede haber para el Guadalquivir y para el Segura.
Si usted me lo explica yo lo entenderé, mientras no me lo explique usted, entenderé que es un mero capricho o algo peor, puro clientelismo y ganas de generar tensiones en los territorios, que es todo lo contrario de lo que debe hacer un Gobierno que presume de solidario y de política de Estado. Generar tensiones entre los territorios no conduce a nada bueno, ni siquiera para este Gobierno, que saca el pecho, que hincha el pecho y que cree que aquí, en este país, el tener mayoría absoluta da carta blanca para organizar todas las guerras y guerrillas del mundo, en los territorios, en la justicia, con éste, con el otro y con el de más allá.
Voy a decir una última cosa --no sean ustedes ordinarios ni grullos, tranquilos, que como al lobo se le va la harina y se le ve la patita.
(Risas.) Este Plan lo califican ustedes de logro histórico --estoy por aceptar que sea un logro, lo de histórico ya lo veremos-- y, además, dicen ustedes que son muy solidarios porque se han ido al Ebro y han dicho allí: ¡Agua va!, ¡Ya está arreglado el problema del agua en España! ¡Se arregló! Aquí no hay sistemas de explotación deficitaria, ni en el Ebro, ni el Tajo, ni en el Guadiana ni el Guadalquivir, ni en la cuenca del Sur. Aquí lo único deficitario es lo que ustedes dicen y lo arreglan como dicen.
Yo le pregunto ¿por qué no siguen ustedes hinchando el pecho de la solidaridad y aceptan el trasvase que hemos propuesto del Guadiana II al Guadalquivir? ¿O es que los andaluces no merecemos la solidaridad que ustedes presumen? Piénselo, señor Sopeña, y yo insisto, los Senadores y las Senadoras andaluzas, los Senadores y Senadoras de Murcia y Alicante estoy convencido de que votarán nuestras enmiendas porque, si no, difícilmente podrán hacer en su territorio los discursos retóricos, y difícilmente podrán seguir engañando en su territorio con una solidaridad que no es tal y con un logro histórico que, desde luego, lo es, van a hacer el logro histórico de poner en pie de guerra a este país y volver a revivir la guerra del agua.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez Cantero.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Sopeña.
El señor SOPEÑA VELASCO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Rodríguez Cantero, le dije a usted un día en Comisión que uno de sus méritos era que era inasequible al desaliento. Pues es verdad que es inasequible, sigue hablándome de lo mismo, sigue hablándome del Plan de Regadíos, y yo le sigo explicando qué respuesta ha dado el Plan Hidrológico Nacional a la no presencia física del Plan de Regadíos.
Dentro de las cuencas se conocen las demandas a los futuros regadíos.
Señor Rodríguez Cantero, se conocen las demandas que nunca van a ocurrir, como las 500.000 hectáreas en la cuenca del Ebro. Nunca va a haber esas 500.000 hectáreas, es una previsión a mayores, pero se ha hecho esa demanda, se ha hecho esa previsión, y se han calculado los excedentes, y se ha hecho igual en todos los sitios. Y está resuelto ese problema, no se preocupe. Por favor, déjelo ya, porque nuestros compañeros nos van a situar solos en un despacho a preguntar y a contestar lo mismo. Déjelo ya.
Considero que, teniendo en cuenta la hora que es, y con lo que hemos escuchado aquí, no es una buena cosa que usted haya mencionado lo de crear tensiones. Hemos escucha do hace muy poco cómo se crean tensiones, cómo se manipula a la gente. No voy a volver a ese tema, pero creo que deberíamos todos de reflexionar un poco sobre cuál ha sido el proceso del Plan Hidrológico Nacional y cuál ha sido el comportamiento de unos y de otros. Y con esto no se pide que nos dé todo el mundo la razón ni a ustedes ni a nosotros, pero ha habido comportamientos más honestos que otros.
Señor Sabaté, prácticamente volvemos a repetir los mismos temas y los mismos argumentos. Habla de la opinión de la calle, ¡claro que tenemos en cuenta la opinión de la calle! pero vivimos en una democracia parlamentaria, no asamblearia. Las cosas se resuelven en este Parlamento, en los autonómicos y en los ayuntamientos. Parece ser que usted es un alcalde muy sensible a la opinión de sus vecinos. ¡Ojalá lo fuera más al voto de sus vecinos! (Rumores.) No hemos rehuido el debate, Senador Sabaté; vuelvo a decir lo mismo.
Hemos debatido de este tema donde ustedes han querido y donde ha sido necesario.
No volvamos otra vez a hablar de las medidas de ahorro. No sé cuál ha sido la afirmación de nuestro portavoz, el Senador González Pons, aunque le doy mi palabra de que siempre estoy muy pendiente de lo que dice (Risas.) Pero hay un hecho irrefutable, que es incontestable: el Plan Hidrológico Nacional sufraga un porcentaje importante, concretamente el 50 por ciento del déficit, con medidas de ahorro. Y está ahí, léaselo, Senador Sabaté. Sé que es incómodo, que es árido. Son 1.500 páginas, pero léalo, por favor, porque me cuenta siempre lo mismo en una y otra sesión de Comisión. Léaselo, está ahí; no se lo voy a decir más, le doy mi palabra.
Sobre la directiva marco, ésta no prohíbe una actuación como la que propone el Plan Hidrológico Nacional porque éste busca la solución dentro de la cuenca y, de hecho, da soluciones en la mayoría de las cuencas con obras de regulación, con obras de ahorro, con obras de reutilización.
Cuando no es posible, cuando la cuenca es estructuralmente

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deficitaria, hay que recurrir a transferencias. Y es así. Y no lo prohíbe la directiva marco. No cuente cosas raras, que usted sabe que no son verdad.
La contestación que en su día le dio el señor Ministro y que antes le di yo es que los embalses al servicio del trasvase son únicamente los de Riba-roja, Mequinenza y Flix; son los únicos. Y le repito algo importante que le dije antes: que estos embalses que hoy son privados, que no tienen otro cometido que «turbinar» y producir kilovatios, van a trabajar no sólo para el trasvase sino para el Delta. Y está previsto en el precio del metro cúbico del agua una peseta/metro cúbico para recuperar los derechos que tienen las compañías hidroeléctricas. Se pagará el lucro cesante. Y esos embalses estarán al servicio no sólo del trasvase sino de asegurar el caudal ecológico que necesita el Delta del Ebro.
Durante toda la tarde he oído hablar de obras, obras por las que todos nos interesamos en estos Plenos no sé por qué razón, porque con mucha frecuencia se desprecian ante ciertos públicos y, luego, a la semana siguiente todo el mundo viene aquí instando al Gobierno a hacer esta obra, la otra y la otra. Señorías, no se pueden satanizar las obras.
Ustedes hablan de depurar para reutilizar. ¿Cómo se depura el agua sin una estación depuradora? ¿Cómo se regula el agua sin embalsarla? ¿Cómo se corrigen las pérdidas según la canalización si no se repara? ¿No son éstas obras, Senador Sabaté? ¿Por qué satanizamos algo como esto? Podrá estar bien visto, podrá estar bien vendido, pero no tiene sentido, porque, además, le recuerdo que lo vamos a ver a partir de mañana y de pasado mañana, todos vamos a recordar al Ministro y Secretario de Estado de turno dónde están esas obras que yo no quise, por supuesto, que yo no voté, por supuesto, pero que las quiero, porque de verdad son necesarias.
Se me olvidaba hacer mención a Coalición Canaria. Una vez más el portavoz de Coalición Canaria nos da una lección magistral de lo que es un uso racional del agua, sí señor. (Aplausos y rumores.) Espero y estoy seguro que los 98.000 millones que les dedica el Plan Hidrológico Nacional van a tener el óptimo aprovechamiento.
Quiero dar las gracias, por supuesto, al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió por sus aportaciones, y también a todos los portavoces que han trabajado, como creemos que lo hemos hecho nosotros, para sacar adelante el Plan Hidrológico Nacional.
Para terminar, señorías, solicito, como dije antes, de su responsabilidad que se unan a nosotros para aprobar este Plan Hidrológico Nacional.
(Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--EI señor Sabaté Borràs pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senador Sabaté, ¿en virtud de qué desea intervenir?

El señor SABATE BORRËS: Por alusiones del señor Marimon. Por el artículo 87. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Tiene un minuto, señoría. El artículo 87 habla de un máximo de cinco minutos y, teniendo en cuenta la hora que es, le concedo un minuto.
El señor SABATE BORRËS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creo que es evidente que ha habido alusiones directas y personales por parte del Senador Marimon.
Senador Marimon, sinceramente no creo haber faltado al buen talante parlamentario. He hecho alusiones políticas. Si en algún momento he podido ofenderle personalmente, evidentemente retiro esa alusión, pero entiendo que me he movido en todo momento dentro del marco de las alusiones políticas.
Evidentemente ustedes se han equivocado en las «terres de l'Ebre» y se siguen equivocando cuando siguen insistiendo en que hay manipulación política acusándonos a los socialistas de estar detrás de la movilización popular. (Rumores.) Finalmente, le digo que en realidad --y mantengo lo que he dicho políticamente ustedes están pendientes de un hilo, de que el señor Aznar diga ¡basta! y evidentemente caiga su gobierno, y eso es lo que condiciona su política, eso es lo que ustedes deben cambiar.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--EI señor Marimon i Sabaté pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senador Marimon, ¿en virtud de qué artículo quiere intervenir?

El señor MARIMON I SABATE: Pido la palabra por los artículos 87 y 88 porque entiendo que el señor Sabaté hace uso de la palabra por alusiones, pero también ha contradicho mis argumentos.
Señor Sabaté, yo brindo a todos y a cada uno de los miembros de esta Cámara antes de que salgan de esta sala, si tienen paciencia para esperar, copia de la carta mandada por un correligionario suyo, que es parlamentario, alcalde de una ciudad importante, «conseller en l'ombra» del señor Maragall y no sé cuántas cosas más.
Sólo pido una cosa, que me permitan tachar el nombre del ciudadano que la ha recibido que les será fácil conocer porque la tienen todos los ciudadanos de Lérida. Me dice que estoy acusando al PSC o al PSOE, en este caso PSC-PSOE inadecuadamente. Más realidad que ésta imposible.
Usted está en el País de Alicia como le decía antes, sueña con algo que su partido no le da. Segundo, usted confunde sus deseos con la realidad.
(Rumores y fuertes aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Varios señores Senadores del Grupo Parlamentario Socialista: ¡Que se besen!, ¡que se besen!)

La señora PRESIDENTA: Por favor, guarden silencio que van a comenzar las votaciones y son muy numerosas y complicadas.
En primer lugar, votamos separadamente las enmiendas del voto particular número 4, presentado por el Senador Cámara.
Votamos la enmienda número 88.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, tres; en contra, 211; abstenciones, 11.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 88.
Votamos la enmienda número 89.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 69; en contra, 148; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la enmienda número 89.
Votamos el voto particular presentado por el Senador Quintana en cuatro bloques.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 34, 35 y 37.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, diez; en contra, 212; abstenciones, cuatro.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 30, 39, 43 y 47.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, diez; en contra, 145; abstenciones, 71.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Puede abrir la puerta. (Pausa.) Votación de la enmienda número 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, cuatro; en contra, 211; abstenciones, doce.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de las enmiendas números 31, 32, 33, 36, 38, 40 y 41.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votación de las enmiendas números 42, 44, 45, 48, 49 y 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 78; en contra, 147; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votaremos en cuatro bloques el voto particular número 3, presentado por los Senadores Cámara y Cabrero.
En primer lugar, votamos las enmiendas números 3, 4, 7, 9 y 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, dos; en contra, 217; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 y 28.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, dos; en contra, 214; abstenciones, once.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 1, 2, 8, 14, 17, 18 y 20.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, dos; en contra, 150, abstenciones, 75.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 5, 6, 10, 12, 13, 15, 16 y 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 70; en contra, 148; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto correspondientes al voto particular número 5. Enmienda número 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, cinco; en contra, 214; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos correspondientes al voto particular número 2.
Enmiendas números 52 y 73.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 80; en contra, 137; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmienda número 75.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 80; en contra, 137; abstenciones, 10.


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La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 83.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 79; en contra, 138; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 74.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 77; en contra, 139; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda número 84.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 12; en contra, 138; abstenciones, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Continuamos con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Enmienda número 87.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 77; en contra, 137; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas números 59, 63, 77, 78 y 79.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 29; en contra, 187; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada. (La señora Martínez García pide la palabra.) Tiene la palabra la señora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: No voy a pedir la anulación de la votación, puesto que el error ha sido mío. Voy a pedirle, por favor, que vaya más despacio dado que no hay orden ni concierto en el número de bloques de separación para realizar la votación que se ha pedido. (Rumores.) Perdón, señora Presidenta, informo a la Cámara, puesto que veo que he causado cierto desconcierto, que el Grupo Parlamentario Socialista, como siempre, ha facilitado a la Mesa el sentido de la votación que hemos pedido. Evidentemente, se han pedido muchas y distintas votaciones. Les pido que, por favor, dado el tiempo y la hora, tengan un poquito de paciencia.
La señora PRESIDENTA: Senadora Martínez, yo procuraré mirarla y si tienen algún problema iré más despacio.
Seguimos con las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. Votamos las enmiendas números 57, 61, 64, 72 y 80.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 14; en contra, 137; abstenciones, 76.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 58, 60, 62, 76, 81 y 82.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 79; en contra, 137; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 24; en contra, 193; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés ha retirado las siguientes enmiendas de su voto particular número 1: 90, 98, 106, 113, 117, 122, 125, 129, 130, 138, 139, 140, 141, 143, 144, 145, 146, 148, 149, 150 a 157, 160 a 165, 171, 193, 202, 203, 211, 219 y 222.
¿Queda claro? (Asentimiento.) Entonces votamos en varios bloques el resto de las enmiendas de la Entesa. Votamos ahora en un bloque las números 100, 107, 194, 195, 201 y 204.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, cuatro; en contra, 212; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, el siguiente bloque de votación agrupada de enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 92, 97, 121, 126 y 187.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 13; en contra, 150; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, excepto

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las enmiendas que no han sido ni retiradas ni votadas. El resto de las enmiendas en un bloque.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 70; en contra, 149; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 7. Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista. Primero, la número 273.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 68; en contra, 149; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
A continuación, votamos la enmienda número 334.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 65; en contra, 149; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votación de la enmienda número 336.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 64; en contra, 148; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos ahora la enmienda número 415.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 68; en contra, 147; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 506 y 507.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 72; en contra, 150; abstenciones, cinco.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 293 a 303, 310, 311 y 330.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 66; en contra, 151; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas números 286, 304 a 309, 312, 313, 331, 335, 343, 344, 346 a 559, salvo las números 506 y 507, que ya se han votado con anterioridad, y la número 415, que también ha sido votada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 67; en contra, 148; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 225; a favor, 66; en contra, 149; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Señorías, vamos a votar el texto del dictamen. (El señor González Pons pide la palabra.) Su señoría tiene la palabra.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, pedimos votación separada del artículo 13. (Rumores desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: En ese caso, comenzamos con la votación del artículo 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 150; en contra, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo 13, según el texto del dictamen.
A continuación votamos los artículos 1, 2.2, 3, 11, 12, 16, 17, 19, 20, 21.1, 22, 23, 24, 35, 36 y la disposición transitoria tercera.


Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 149; en contra, 78.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos los artículos 2.1, 14, 15 y las disposiciones adicionales segunda, tercera y quinta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 213; en contra, 13.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 10, 18 y 21.2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 149; en contra, 12; abstenciones, 65.


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La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos ahora los artículos 6, 27, 28, 29, 31 y 34, la disposición transitoria segunda y las disposiciones adicionales octava, novena y décima.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 149; en contra, 10; abstenciones, 68.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Pasamos a la votación de los artículos 25 y 26, disposición transitoria primera y disposiciones adicionales primera, cuarta, sexta, séptima, decimoprimera y decimosegunda, así como las disposiciones finales primera y segunda.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 214; en contra, 10; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 4, 5, 7, 8, 9, 30, 32 y 33.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 224; a favor, 214; en contra, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos ahora las siguientes obras de la cuenca del Tajo, contempladas en el Anexo II: Regulación del Alberche; reparación de los caminos generales números 1 y 2 de la zona regable de Rosarito; modernización de la zona regable de Castrejón, margen izquierda; rehabilitación y refuerzo del revestimiento de la red de acequias de la zona regable del canal del Henares; abastecimiento a poblaciones del Alto Tiétar desde el Alberche; Ampliación del abastecimiento a Mancomunidad Cabeza del Torcón, La Milagra, San Martín de Montalbán, Polán y Guadamur (Sistema, Torcón-Cedena-Pusa); ampliación de la estación de tratamiento de agua potable del Sorbe; depósito regulador de Colmenar; refuerzo del sifón del Pardo (margen izquierda) y arteria de Fuencarral.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 156; en contra, 57, abstenciones, cuatro.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Anexo II, la cuenca del Tajo.
Votación del Anexo II, la cuenca del Ebro, la presa de Andagoya, del río Bayas.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 213; en contra, 11; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Anexo II, la cuenca del Ebro.
Ahora votamos el Anexo I.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 226; a favor, 223; en contra, dos; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el Anexo I.
Votamos el resto del Anexo II, excluidas las votaciones que acabamos de realizar de las obras de las cuencas del Tajo y del Ebro.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 222; en contra, tres; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el resto del Anexo II.
Pasamos a votar la exposición de motivos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 227; a favor, 152, en contra, 75.


La señora PRESIDENTA: Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley del Plan Hidrológico Nacional. (Aplausos.) Se suspende la sesión, que se reanudará mañana a las nueve y media de la mañana.


Se suspende la sesión a las cero horas y treinta minutos del día 21 de junio.

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