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DS. Senado, Pleno, núm. 52, de 21/06/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 52

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el jueves, 21 de junio de 2001

ORDEN DEL DIA:

Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados (Continuación):

--De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 29, de fecha 18 de junio de 2001) (Número de expediente S. 621/000029) (Número de expediente C. D. 121/000037).


--De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 26, de fecha 15 de junio de 2001) (Número de expediente S. 621/000026) (Número de expediente C. D. 121/000027)

Cuarto

Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes

Página 2928


a los cursos 1996/1997 y 1997/1998 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 27, de fecha 24 de mayo de 2001) (Número de expediente S. 621/000027) (Número de expediente C. D.
121/000028).


--Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 28, de fecha 24 de mayo de 2001) (Número de expediente S. 621/000028) (Número de expediente C.D. 121/000035).


Quinto

Toma en consideración de proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proposición de Ley para la Reforma del artículo 23, punto 4, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y del artículo 149 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de garantizar la represión efectiva en España de la mutilación genital femenina (Autor: Grupo Parlamentario Socialista) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 14, de fecha 1 de junio de 2001) (Número de expediente S. 622/000012).


--Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Autor: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie III A, número 15, de fecha 1 de junio de 2001) (Número de expediente S. 622/000013).


Sexto

Informes de Ponencia:

--Solicitud de ampliación del plazo para la presentación ante el Pleno del Informe de la Ponencia sobre la situación de los españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional (Número de expediente 543/00003).


SUMARIO

Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación) (Página 2932)

De la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 2932)

El señor Conde Bajén, presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se inicia el debate de las propuestas de veto.
El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende la propuesta de veto número 1. Se da por decaída la propuesta de veto número 3, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Romero Calero defiende la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista. La señora Do Campo Piñeiro consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; los señores Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Romero Calero, por el Grupo Socialista, así como la señora Do Campo Piñeiro, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la propuesta de veto número 1, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 67 votos a favor, 135 en contra y 9 abstenciones.


Se rechaza la propuesta de veto número 2, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 135 en contra y 8 abstenciones.


Página 2929


Comienza el debate del articulado.


El señor Cámara Fernández, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 32 a 76 y da por defendidas las números 2 a 23, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Aurrekoetxea Bergara defiende la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Espasa i Oliver defiende las enmiendas números 119 a 146, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Servià i Costa defiende las enmiendas números 147 a 149, 154, 159 y 161 a 164, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Los señores De la Fuente Samprón y Alonso García defienden las enmiendas números 77 a 118, del Grupo Socialista. La señora Do Campo Piñeiro y el señor Fernández Sánchez consumen un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y los señores Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Alonso García, por el Grupo Socialista, y Fernández Sánchez, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 32, 40, 59 y 61, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 70 votos a favor, 135 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 33 a 39, 41 a 58, 60, 62 a 73, 75 y 76, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 68 votos a favor, 137 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 2 a 23, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 135 en contra y 75 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 24 a 31, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, soportadas por el Grupo Mixto, por 5 votos a favor, 133 en contra y 74 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 126 en contra y 68 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 121 y 141, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 67 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 119, 120, 122 a 140 y 142 a 146, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 66 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones.
Se rechazan las enmiendas números 148, 149, 163 y 164, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 126 en contra y 78 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 162, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 134 votos a favor, 2 en contra y 77 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 9 votos a favor, 125 en contra y 79 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 106, 107 y 108, del Grupo Socialista, por 66 votos a favor, 135 en contra y 11 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 77 a 105 y 109 a 118, del Grupo Socialista, por 68 votos a favor, 136 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueba una propuesta de modificación, en relación con la enmienda número 74, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 148 votos a favor, 2 en contra y 62 abstenciones.


Se aprueba el texto del dictamen, a excepción de la disposición adicional novena, que ha sido sustituida con la aprobación de la enmienda número 162, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 138 votos a favor y 75 en contra.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual 2964)

El señor Van-Halen Acedo, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


La señora Aresti Victoria de Lecea consume un turno a favor.


Se suspende la sesión a las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.


De la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el Proyecto de Ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual (Continuación) (Página 2967)

Página 2930


Comienza el debate del articulado.


El señor Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, defiende las enmiendas números 16 a 39, y da por defendidas las números 40 a 51, del señor Quintana González, del mismo grupo parlamentario. El señor Ríos Pérez defiende la enmienda número 15 y retira la número 14, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. El señor Liceaga Sagarzazu defiende las enmiendas números 1 a 13, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Bonet i Revés defiende las enmiendas números 52 a 66, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. La señora Agudo Cadarso defiende las enmiendas números 67 a 72, del Grupo Socialista. La señora Navarro González consume un turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Ríos Pérez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, así como las señoras Agudo Cadarso, por el Grupo Socialista, y Navarro González, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se rechaza la enmienda número 17, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 64 votos a favor, 121 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 36, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 2 votos a favor, 170 en contra y 13 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 20, 29 y 32, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 124 en contra y 63 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 18, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34 y 38, de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 180 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Mixto, por 57 votos a favor, 125 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 50, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 1 votos a favor, 126 en contra y 61 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 48, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 16 votos a favor, 123 en contra y 50 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 46 del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 57 votos a favor, 123 en contra y 7 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 42 y 45, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 64 votos a favor, 121 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda números 51, del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 3 votos a favor, 124 en contra y 62 abstenciones.


Se rechazan las restantes enmiendas del señor Quintana González, del Grupo Mixto, por 60 votos a favor, 125 en contra y 3 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 15, del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, por 7 votos a favor, 168 en contra y 14 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 1, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 61 votos a favor, 121 en contra y 7 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 2, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 18 votos a favor, 170 en contra y 1 abstención.


Se rechaza la enmienda número 6, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 8 votos a favor, 125 en contra y 56 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 10 y 11, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 7 votos a favor, 180 en contra y 2 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 12, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 6 votos a favor, 131 en contra y 51 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 13, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor, 169 en contra y 6 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 4 y 7, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 14 votos a favor y 174 en contra.


Se rechazan las enmiendas número 3, 5, 8 y 9, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 15 votos a favor, 123 en contra y 49 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 52, 56 y 58, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 57 votos a favor, 121 en contra y 11 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 66, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 7 votos a favor, 124 en contra 55 abstenciones.


Página 2931


Se rechazan las enmiendas números 57, 59, 61, 62 y 63, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 57 votos a favor, 124 en contra y 8 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 67 a 72, del Grupo Socialista, por 57 votos a favor, 124 en contra y 8 abstenciones.


Se aprueban los artículos 5 y 12 del dictamen por 177 votos a favor, 4 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueban el artículo 7 y la disposición adicional primera del dictamen por 124 votos a favor y 64 en contra.


Se aprueban los artículos 1 a 4, 6 y 8 a 11, así como las disposiciones adicionales segunda y tercera, derogatoria y finales del dictamen por 187 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


Se aprueba el artículo 13 del dictamen por 132 votos a favor y 56 en contra.


Se aprueba la exposición de motivos por 184 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 2983)

Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el pago de obligaciones derivadas de la compensación a las Universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998 (Página 2983)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces, se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


Proyecto de Ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.984.705 pesetas (25.524.892 euros), para el pago de las cantidades derivadas de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana (Página 2983)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba el proyecto de ley por asentimiento de la Cámara.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO (Página 2983)

Proposición de Ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial (Autor: Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés).


Esta proposición de ley ha sido retirada.


Proposición de Ley para la Reforma del artículo 23, punto 4, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y del artículo 149 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de garantizar la represión efectiva en España de la mutilación genital femenina (Autor: Grupo Parlamentario Socialista) (Página 2984)

El señor Belloch Julbe defiende la toma en consideración. La señora Navarro de Paz consume un turno a favor. No se hace uso del turno en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; las señoras Morales Rodríguez, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vasco; y Cid Pañella, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; los señores Capdevila i Bas, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Belloch Julbe, por el Grupo Socialista, y la señora Navarro de Paz, por el Grupo Popular.


Se procede a votar.


Se aprueba el artículo 1º por 172 votos a favor y 1 abstención.


Se rechaza el artículo 2º por 2 votos a favor y 172 en contra.


Se rechazan los siguientes párrafos del preámbulo: párrafo tercero, desde «Muchas niñas nacidas en nuestro país...» hasta «...territorio español.»; párrafo séptimo, desde «En particular, en el punto 5...», hasta el final; párrafo décimo, desde «Dos son los aspectos fundamentales que pretende cubrir...», hasta «...iniciativa legislativa.»;

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las palabras de la siguiente frase: «El primero», y el párrafo undécimo, desde «El segundo aspecto» hasta «...del mismo apartado.», por 1 voto a favor y 172 en contra.


Se aprueba el resto del preámbulo por 174 votos a favor de los 174 emitidos.


Se aprueba un nuevo título para la proposición de ley por asentimiento de la Cámara.


INFORMES DE PONENCIAS (Página 2993)

Solicitud de ampliación del plazo para la presentación ante el Pleno del Informe de la Ponencia sobre la situación de los españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional (Página 2993)

Se aprueba la ampliación del plazo por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las nueve horas y cuarenta minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Continuación):

--DE LA COMISION DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MEDIDAS URGENTES DE REFORMA DEL MERCADO DE TRABAJO PARA EL INCREMENTO DEL EMPLEO Y LA MEJORA DE SU CALIDAD (PROCEDENTE DEL REAL DECRETO-LEY 5/2001, DE 2 DE MARZO) (S. 621/000029) (C. D. 121/000037).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales en relación con el Proyecto de Ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad (procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo). Se tramita por el procedimiento de urgencia.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante que ha designado la Comisión, en este caso su Presidente, el Senador Conde.
El señor CONDE BAJEN: Con la venia, señora Presidenta.
El proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo, para el incremento del empleo y la mejora de su calidad, procedente del Real Decreto-Ley 5/2001, de 2 de marzo, tuvo entrada en la Cámara el día 1º de junio de 2001.
El plazo de presentación de enmiendas finalizó el día 5 de junio, y se presentaron un total de 188. No se designó Ponencia y se debatió directamente por la Comisión, que se reunió el día 13 de junio, decidiéndose aprobar como dictamen de la Comisión el texto remitido por el Congreso de los Diputados, con la incorporación de las modificaciones contenidas en las enmiendas números 165 a 188, presentadas por el Grupo Parlamentario Popular. La enmienda número 168 fue transaccionada entre el Grupo Popular y Convergència i Unió.
Se han presentado siete votos particulares.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
A este dictamen se han presentado tres propuestas de veto, que se van a debatir a continuación.
En primer lugar, vamos a debatir la propuesta de veto número 1, correspondiente al voto particular número 2, presentado por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara, por un tiempo máximo de 15 minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Antes de entrar en la defensa del veto, sus elementos centrales y las argumentaciones que nosotros queremos plantear ante esta reforma laboral, deseo hacer al menos un comentario con respecto al proceso de diálogo social. Durante muchos años ha habido momentos muy distintos en las relaciones laborales; momentos de encuentros y de desencuentros. Ha habido momentos en que los acuerdos con las patronales han sido bilaterales, por ejemplo, el Acuerdo Interconfederal; acuerdos tripartitos con el Gobierno, como el ANE, en situaciones históricas crudas para este país como fue el golpe de Estado en el año 1981 y, por tanto, se justificaba para cerrar filas; momentos de confrontación con las políticas del Gobierno y, por tanto, con huelgas generales, con las que el movimiento sindical de este país ha querido defender, como le corresponde en democracia, los intereses de los trabajadores; y ha habido también momentos de acuerdos. Pero en el último período, después de fuertes movilizaciones por intentos de reforma --no me voy a referir a 1988, pero sí a 1990 y antes de 1996--, hay un agotamiento de ese nivel de confrontación, y al negar la negociación con los sindicatos, éstos se plantean que también tienen que legitimarse intentando producir un nivel de acuerdos con el Gobierno y con las patronales, desdramatizando el hecho de que tengan que ser bipartitos o tripartitos. Por tanto, digamos que se escoge una relación con la patronal y una relación con el Gobierno que dan lugar a mesas conjuntas.


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Hay una reforma en el año 1997 aceptada por los sindicatos. Yo personalmente tengo algunas pegas que poner a esa reforma porque legitima algunas cosas de la reforma de 1994, pero en cualquier caso ahí está y hay un acuerdo. Y hay un momento en que se produce un diálogo con la CEOE, con la patronal y con el Gobierno.
En este caso, inexplicablemente, ha habido una ruptura de forma inesperada. ¿Por qué esa ruptura? Puede haber dos razones, una porque el Gobierno del Partido Popular cuando estaba sin mayoría absoluta tenía más ganas de diálogo, de consenso y de acuerdo, y ahora con mayoría absoluta quizás legisle y haga política en función de los intereses que representa de forma más genuina, dejándose presionar por los sectores económicos que representan mejor en términos políticos.
Yo creo que se puede deber perfectamente a las dos cosas: a una cierta prepotencia porque hay mayoría absoluta y a una necesidad de atender a los sectores económicos que interesan al Gobierno del Partido Popular, sin querer decir con esto que el Gobierno no tenga interés en representar a la inmensa mayoría de la gente de este país, también a los trabajadores, porque ahí hay un nivel de voto importante. Pero lógicamente la política no se mide así, cuando hay necesidades la política se mide de la forma que estoy planteando.
Existe en estos momentos un decreto en forma de proyecto de ley encima de la mesa que, en mi opinión, rompe el diálogo social para contentar a los empresarios cuando se obtienen los mayores beneficios económicos de la historia, porque a pesar de que tenemos nubarrones de recesión, las patronales están teniendo unos beneficios espectaculares. No quiero mencionar la polémica existente sobre la inflación: si se debe a los incrementos salariales o si es por vía beneficios.
En cualquier caso, este Gobierno ha tenido prisa por legislar una reforma laboral retardataria de los derechos de los trabajadores, incapaz de abordar a fondo los verdaderos problemas que existen en el mercado laboral. Yo voy a mencionar dos que afectan a los trabajadores --porque me apetece hacerlo en el día de hoy--. Uno es el del sector de la construcción y la siniestralidad laboral que registra. En el Congreso de los Diputados se presentan seiscientas mil firmas para conseguir una ILP a fin de regular la subcontratación, eliminando así una de las causas fundamentales de un terrible drama, que es la siniestralidad laboral en el sector de la construcción, y sin embargo el Gobierno, con su mayoría política, se niega a admitir a trámite esa ILP para discutir sobre estos temas. No obstante, continúan. Este caso yo creo que tiene también otro elemento, que es intentar que las ILPs nunca lleguen a nada, cansando al ciudadano para que no ejerza su labor de participación democrática en una figura que contempla perfectamente la Constitución Española. Esa es una cuestión.
La otra cuestión que quería mencionar --porque me apetece-- es la de Sintel, en el que no voy a profundizar, pero ahí continúan todavía, en la Castellana. Se ha celebrado alguna mesa de negociación, pero con escasa participación: sin presencia de elementos importantes para intentar buscar una solución; en la práctica, desoyendo lo que se aprobó a través de una proposición de ley en el Congreso de los Diputados por todas las fuerzas políticas; pero ahí están todavía, en La Castellana, sin darles una solución, cuando con voluntad política se les daría. Vaya por tanto, desde aquí, mi solidaridad hacia los trabajadores de Sintel.
La reforma laboral que se nos presenta, tal y como dicen UGT y Comisiones Obreras, es una reforma inútil, ante la precariedad del mercado de trabajo; regresiva para quienes tienen contratos a tiempo parcial, ya que empeoran; lesiva para quienes a partir de ahora se ven obligados a asumir un contrato para la formación enormemente desnaturalizado, y perjudicial para unas relaciones laborales basadas en el acuerdo y en el diálogo. Se desvirtúa, como decía, aún más el contrato para la formación, haciéndolo cajón de sastre del subempleo. Los ejes centrales de esta reforma --ya que lo demás es hojarasca-- eliminan, señorías, el límite de edad en el contrato para la formación para los colectivos de inmigrantes, desempleados de más de tres años, desempleados en situación de exclusión social, y trabajadores acogidos a escuelas-taller y casas de oficios.
Señorías, en el artículo 1.2 el Real Decreto-ley realiza una importante modificación del artículo 11.2 del Estatuto de los Trabajadores, que afecta al contrato para la formación, ampliando los colectivos susceptibles de este contrato formativo, rompiendo el límite de edad, que saben que era de 16 a 21 años, desvirtuando, por tanto, seriamente el sentido del contrato de formación, como contrato destinado al aprendizaje de la gente más joven que inicia su vida laboral, y nunca para trabajadores que por circunstancias laborales, económicas o personales, se han descolgado del mercado de trabajo o se incorporan a él procedentes de otra realidad cultural, laboral y económica, por razones de emigración. Es decir, se mete ahí a los emigrantes. Eso sí, ese contrato lógicamente tiene menos derechos; no tiene prestación por desempleo, y por tanto la gente que pueda tener más edad, que pueda tener una familia, como un emigrante que viene aquí a trabajar legalmente, puede tener ese contrato pero con menos derechos, por ejemplo sin prestación por desempleo, lo cual díganme ustedes si no es regresivo y desnaturalizador de lo que era el contrato de formación en su momento.
El Gobierno se equivoca profundamente por marginar más y más a las realidades laborales peor tratadas, porque lejos de estimular, señorías, el empleo de calidad para todos, favorece que los empresarios amplíen más de lo que ya está el subempleo y el trabajo precario y mal remunerado.
Permítanme una finta. A algunos empresarios agrícolas importantes de este país les supuso un problema la persecución que se produjo cuando se pusieron de manifiesto los flagrantes casos de los emigrantes sobreexplotados, y pensaron que se iban a quedar sin mano de obra porque estos emigrantes eran ilegales. Hubo tales escándalos que se enviaron inspectores, lo que generó problemas a esos empresarios. Pues bien, ahora les damos a esos empresarios fuertes una figura contractual barata para que no se quejen, y es que pueden pagar el salario mínimo interprofesional --en algunos casos menos-- aunque esos trabajadores

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tengan menos derechos. Antes contrataban ilegalmente, mientras que ahora pueden hacerlo legalmente pero muy baratito. Mucha coherencia, señores del Partido Popular, sobre todo si recordamos la relación de poder y de fuerza de la que hablábamos el otro día en el debate de una moción presentada por Entesa, sobre el estrés producido, etcétera. Lo cierto es que se margina más y se pierden derechos.
Esto afecta a los trabajadores extranjeros y a los desempleados que llevan más de tres años sin actividad laboral, que lo último que necesitan es un contrato de estas características, ya que hay otras formas de insertarles en la vida laboral, no dándoles este tipo de contrato para la formación. Este es un eje central de esta reforma laboral, es decir, el contrato para la formación.
Por otra parte, el Gobierno, a través de esta reforma, rompe el acuerdo con los sindicatos en el contrato a tiempo parcial. Había un acuerdo del año 1998 con los sindicatos que se tenía que renegociar y discutir, ¿a cuento de qué viene romper ese acuerdo? Porque el argumento es que se iba a terminar el plazo y, en consecuencia, era conveniente para un determinado tipo de contrato. Sin embargo, sobre esta cuestión que estamos debatiendo no había plazo y todavía había tiempo. ¿Por qué rompe el Gobierno con los sindicatos el acuerdo sobre el contrato a tiempo parcial, que costó mucho trabajo conseguirlo? Lógicamente aquí estamos ante otro eje central de la modificación legal que estamos debatiendo.
Antes el contrato a tiempo parcial se había conseguido regular mínimamente. Habíamos dicho siempre que era un contrato muy feminizado, que era un contrato obligatorio porque se daba fundamentalmente para casos de personas que querían incorporarse al mercado laboral y no había empleo suficiente, pensamos que facilitaría el empleo, que en Europa había más contrato a tiempo parcial que en España, es decir, se perseguía estimular ese tipo de contrato. Ahora vemos que no solamente es esto, sino que como estaba algo regulado, se quiere flexibilizar. Por tanto, vamos a dejar con menos poder al trabajador y con más poder al empresario. No sé si entienden ustedes este lenguaje, pero en el marco de la empresa esto es lo que ocurre. Más poder.
Con esta reforma del contrato a tiempo parcial se quita el tope de 77 por ciento, se arma un follón de miedo, se flexibiliza su jornada y se flexibiliza su horario, es decir, más disposición del trabajador ante el empresario. Esto es lo que hay.
El tiempo parcial es una figura que puede ser positiva si se regula como es debido, pero se convierte en una figura altamente fraudulenta en las relaciones contractuales, porque si antes había gente que tenía un contrato a tiempo parcial y hacía más horas, hacía jornadas completas aunque rezaba el tiempo parcial, ahora con flexibilidad ¿quién controla eso? Por cierto, con el cuerpo de inspectores que tenemos en el conjunto del Estado eso no lo va a controlar absolutamente nadie. En definitiva, estamos en presencia de un contrato realmente muy lesivo.
Y lo mismo ocurre con el contrato de inserción temporal, que favorece la precariedad laboral en la Administración Pública, y es una barbaridad. En vez de atajar la precarización --que ya está en el treinta y tantos por ciento en la Administración Pública Local y en el conjunto está en el veintitantos lo recordará bien--, aparece un contrato de inserción temporal que, insisto, favorece la precariedad laboral en la Administración Pública.
En este punto quiero reivindicar --porque me apetece-- una verdadera política por parte de la Administración que potencie la necesaria combinación entre la accesibilidad de creación de empleo para los sectores más desfavorecidos y la necesidad de desarrollos de sectores emergentes, potenciando actividades de inserción y creación de empleo estable y de calidad; asimismo, proyectos de utilidad social --en lo que creo que hay que dar un empujón--, servicios de proximidad, etcétera. Ahí hay un cajón de empleo importantísimo que podríamos aprovechar, pero yo creo que no se va a hacer nada, o muy poco, al respecto.
Señorías, esta reforma laboral amplía las causas por despido...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, tendrá después otro turno, pero éste lo ha consumido ya.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Termino ahora mismo, si me lo permite, señora Presidenta.
Decía que amplía esencialmente a más colectivos el contrato de indemnización por despido y da una indemnización de ocho días, lo cual es ridículo, sinceramente, ridículo. Los antiguos contratos de fomento de empleo tenían 12 días y no sirvieron para nada, y ahora son ocho días --lo digo porque no es nuevo eso de la indemnización cuando finaliza el contrato--. Además, va a afectar a muy poca gente porque el 0,19 por ciento --no llega al 0,2-- tienen contratos de un año o de más de un año y, repito, son ocho días. Según los sindicatos, cogiendo el salario medio salen 88 pesetas/día, una indemnización interesante. En definitiva, no va a servir para nada.
El Gobierno hace una finta que empeora la legislación actual, consigue entorpecer el diálogo con los sindicatos y provoca una situación que nadie hubiese deseado. Por eso --y por otros motivos en los que podré extenderme en la réplica-- Izquierda Unida está profunda y radicalmente en contra de este proyecto de reforma laboral que presenta el Gobierno.
Ahora bien, no se les olvide --y termino con esto-- que, en términos políticos, algunas personas quieren colocarse en el centro, y lo consiguen de vez en cuando...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, tiene que concluir. Tiene luego otros dos o tres turnos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: ... pero terminan por representar lo que tienen que representar: a la derecha económica de este país.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Ahora es el turno de la defensa del voto particular número 6, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana

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de Progrés, que corresponde a la propuesta de veto número 3. (Pausa.) Este voto particular decae por no haber ningún representante en este momento.
Pasamos al voto particular número 7, presentado por el Grupo Parlamentario Socialista, correspondiente a la propuesta de veto número 2. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta. Buenos días, señorías.
Subo a la tribuna esta mañana para defender el veto que el Grupo Parlamentario Socialista en el Senado plantea al proyecto de ley sobre la reforma laboral, en coherencia con la enmienda de totalidad con texto alternativo que el Grupo Parlamentario Socialista presentó en el trámite de debate en el Congreso de los Diputados.
Defiendo el veto al proyecto de ley desde dos aspectos diferenciados aunque íntimamente relacionados. En primer lugar, por una cuestión de forma que, sin duda alguna, cuestiona el fondo, que a su vez se ve condicionado por los propios contenidos; cuestión de forma que se refiere a en qué medida se ha roto el diálogo social, de qué forma se ha interrumpido la negociación en la que se abordaban las cuestiones relativas a la reforma del mercado de trabajo.
Se ha argumentado por parte de los portavoces del Grupo Parlamentario Popular a lo largo del todo el trámite que ha venido a desembocar en el debate de este Pleno, que el Decreto-Ley que convalidó el Congreso de los Diputados y que fue origen de este proyecto de ley fue consecuencia del no acuerdo entre los agentes sociales, y que el Gobierno se vio obligado a promulgar para llenar un vacío legal que se estaba produciendo.
Antes al contrario, desde mi punto de vista, el Gobierno de hecho impidió la posibilidad de llegar a un acuerdo entre las partes. Las negociaciones laborales son sumamente complejas --sus señorías habrán tenido experiencias de esta naturaleza, yo también las he tenido-- y saben que intervienen muchos factores.
Aunque la negociación estaba planteada en términos bilaterales, no hay duda de que la continua amenaza del Gobierno en el sentido de que si no se llegaba a un acuerdo en unas determinadas condiciones utilizaría la mayoría absoluta de las Cámaras para imponer unos contenidos por vía legislativa, ha hecho que en la práctica se imposibilitara concretar acuerdos. Esto ha sido así porque el Gobierno, al contrario de lo que quiere hacernos creer en cuanto a que ha sido un agente externo, neutral y ajeno a la negociación, ha venido participando de una manera muy exhaustiva y muy contundente en la negociación; por un lado, de manera pública, estableciendo criterios de negociación, de contenido y amenazas de intervención concretas y, por otro lado, haciendo llegar a la confederación de empresarios --una de las partes que estaba negociando--, cuáles serían los aspectos y contenidos fundamentales que reflejaría el decreto que promulgaría el Gobierno si no se llegaba a un acuerdo. A partir de este momento, la parte empresarial en la negociación empezó a retraerse porque tenía garantizados unos contenidos por la vía del decreto.
Señorías, los Socialistas no planteamos esto a humo de paja, destacados dirigentes empresariales, que hoy día son destacados miembros del Gobierno, escribieron --cuando todavía el Partido Popular no tenía mayoría absoluta y no podía aplicar su proyecto por vía de decreto-- contenidos que hoy están recogidos expresa y explícitamente en el proyecto que hoy estamos discutiendo.
Así pues, el hoy Secretario de Estado, don José Folgado, en su día alto directivo de la CEOE, escribió un libro, que recomiendo a sus señorías --sobre todo a los Senadores y Senadoras del Grupo Parlamentario Popular que tienen algunas sensibilidades que no se recogen aquí--, denominado El libro blanco sobre el papel del Estado en la economía española. En él, en un epígrafe expresamente dedicado a la reforma del mercado de trabajo hace referencia a medidas de aumento de la flexibilidad laboral, medidas que han sido recogidas expresamente en el proyecto de ley; medidas referentes a la reducción de costes laborales, que han sido contemplados expresamente en el proyecto de ley; en definitiva, una serie de cuestiones relativas al conjunto de relaciones laborales que mucho me temo que serán objeto en un inmediato futuro de intervenciones legislativas por parte del Gobierno.
Por tanto, el Gobierno ha tenido una responsabilidad directísima, expresa y concreta en que no se haya llegado a un acuerdo con los agentes sociales. Desde el año 1979 se vienen negociando en España acuerdos de diferentes naturaleza. Y unas veces se ha llegado a acuerdos y otras no y, naturalmente, las partes tienen legitimidad para llegar o no llegar acuerdos y establecer sus propias estrategias.
En la anterior legislatura, el Gobierno del Partido Popular hizo un canto expreso del diálogo social. Manifestó que el diálogo social era un eje fundamental en las políticas de concertación social. Sin embargo, en cuanto el Gobierno del Partido Popular ha tenido mayoría absoluta ha abandonado por completo esas cuestiones y ha abordado este ámbito desde la perspectiva del decreto, desde la perspectiva de la imposición de las mayorías de las Cámaras.
Por estas cuestiones de forma y por cuestiones de fondo que tienen que ver con los contenidos del Decreto, que posteriormente se ha transformado en proyecto de Ley, es por lo que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene el veto al proyecto de ley.
Seguramente, los portavoces del Grupo Popular, igual que lo hicieron ayer en el debate del Plan Hidrológico Nacional haciendo referencia al Plan de 1993, subirán esta mañana a la tribuna a cantar las excelencias de las iniciativas populares en contra de las tremendas desgracias del Partido Socialista. No obstante, les diré que soy tranquilo por naturaleza y que estas cuestiones no me afectan. Además, me siento profundamente solidario con todos y cada uno de mis compañeros de los 13 años de Gobierno socialista en España. En los más de cien años de historia del Partido Socialista, éste ha gobernado 13 años en España. La derecha, en múltiples expresiones, ha gobernado a lo largo de decenas de años. Seguramente, ustedes, señores de la derecha, no se podrán mostrar tan solidarios con actuaciones de gobiernos anteriores.


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Refiriéndome concretamente al contenido de este proyecto, éste no aborda de manera solvente la solución de los problemas que afectan al mercado de trabajo en España. Como luego mis compañeros, los Senadores de la Fuente y Alonso, tendrán oportunidad de analizar expresamente las enmiendas concretas que presentamos, yo me voy a referir a algunas de las cuestiones que, a nuestro juicio, son los problemas --problemas que no son de hoy, que no han comenzado ayer, sino que son estructurales-- del mercado de trabajo en España que no se abordan adecuadamente en el proyecto.
En primer lugar, por lo que se refiere a la temporalidad, señorías, en unos años de bonanza económica, después de haber superado la crisis económica de 1993 y con un crecimiento económico sostenido en España y en Europa desde mediados del año 1994, la temporalidad sigue siendo hoy en España el mismo problema desde el punto de vista cuantitativo y aún más grave desde el punto de vista cualitativo que era en el año 1996. En aquel entonces la tasa de temporalidad medida por la EPA, la encuesta de población activa, era del 33,2 por ciento. La actual supera el 32 por ciento. Es decir, se ha reducido en algo más de un punto la temporalidad --concretamente, 1,8 puntos--; eso sí, a costa de un importantísimo incremento en la rotación, lo que ha deteriorado de manera notable la contratación laboral de esta naturaleza. En 1996 se hicieron algo más de 8 millones y medio de contratos, con una reducción del paro registrado de 161.000 personas, es decir, una rotación de 53,6 contratos por la creación de cada puesto de trabajo, o sea por la reducción de cada desempleado. Mientras que cuatro años después, en los 12 últimos meses, las contrataciones se han elevado a 13,7 millones y el paro registrado se ha reducido en 66.900 demandantes, es decir, la rotación se ha incrementado en casi cuatro veces. Esto tiene una repercusión, como pone de manifiesto el Informe Durán de una manera clara, en la siniestralidad laboral, sobre todo en la siniestralidad laboral que se da en los sectores de trabajadores en segmentos de edad menores de 29 años.
En el sentido de la temporalidad, las modificaciones que establece el proyecto en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores «descasualiza» de manera muy sustancial la contratación temporal; se extienden los contratos de formación, que yo no voy a calificar porque me parece que la descalificación por la descalificación nunca es positiva.
Ustedes, en una época en la que contra el Partido Socialista y contra los Gobiernos de Felipe González todo valía, se apresuraron a descalificar una serie de iniciativas socialistas, y yo no voy a responderles con la misma moneda. Sí quiero llamarles la atención en el sentido de que aquellos contratos de formación, que ahora ustedes extienden de manera indiscriminada, no van a resolver un problema de integración laboral de los sectores laborales menos cualificados.
Antes al contrario, se van a producir paradojas tremendas. Por ejemplo, en la zona de Huelva o en la zona de Almería los trabajadores inmigrantes van a recoger fresas o van a trabajar en los invernaderos con contratos de formación --algo verdaderamente chocante--; se extienden los contratos de formación y se eliminan los límites de edad para los mismos. Los contratos de fomento, que en su día fueron la estrella de la creación del empleo estable, que iban a transformar la precariedad del mercado de trabajo en España en una especie de mercado de trabajo donde los perros los iban a amarrar con longanizas y todo el mundo iba a tener un puesto de trabajo estable y definitivo, con contratos indefinidos y se iban a acabar todas las contrataciones precarias de los Gobiernos socialistas, los contratos de fomento --insisto-- en los que el Estado español ha invertido algo más de un billón 300.000 millones de pesetas y que, como hemos visto anteriormente, han conseguido la reducción de la temporalidad en unas cifras verdaderamente apabullantes, apenas un punto y medio menos de las que habían en 1996-- esos contratos de fomento se extienden ahora también prácticamente a todo el mundo y, sobre todo, se extienden, y quiero llamar la atención de sus señorías, a las mujeres por el mero hecho de ser mujeres. Un hombre y una mujer, un chico y una chica que terminan una licenciatura y que empiezan a trabajar en una empresa con la misma formación, desarrollando las mismas tareas, pues cuando el empresario tenga que prescindir de uno de los dos, va a prescindir de la mujer porque le va a costar más barato despedirla que al hombre. No se establecen criterios de discriminación positiva, como podían ser, por ejemplo, bonificaciones de cuotas de Seguridad Social en aquellos sectores de la economía que contraten a mujeres en sectores que se encuentren subrepresentadas, sino que se establece un criterio de discriminacion negativa clarísimo. Se dice que despedir a las mujeres va a resultar más barato que despedir a los hombres simplemente por el hecho de ser mujeres; no porque sean mayores, o porque sean más jóvenes, o por el hecho de que estén más o menos formadas, de que tengan o no una minusvalía, sino simplemente por una cuestión de género. En época moderna se introduce por primera vez en nuestras relaciones laborales un elemento de discriminación negativa que las mujeres van a sufrir a partir de la entrada en vigor de este proyecto.
Ustedes dicen que, como hay muchas más mujeres desempleadas que hombres, tienen que establecer medidas que favorezcan el empleo de las mujeres.
Estamos de acuerdo, hay que establecer medidas que favorezcan el empleo de las mujeres y que hagan que crezca la tasa de actividad femenina, pero, en ningún caso, eso se puede hacer a costa de discriminar negativamente a las mujeres. No se puede hacer y no es justo que se haga.
Los contratos a tiempo parcial, un elemento fundamental para que no se llegara a un acuerdo en la mesa de diálogo social porque el Gobierno le hizo llegar a la confederación de empresarios en qué sentido se iba a desregular la contratación a tiempo parcial, establecen dos elementos que son claramente distorsionadores de las relaciones laborales. Por un lado, no se fija de forma concreta cómo se hace la distribución horaria de los contratos a tiempo parcial, de tal suerte que, con la disminución global de la jornada anual, los empresarios van a poder recurrir a los contratos a tiempo parcial para sustituir empleo a tiempo completo, no van a tener que distribuir el horario ni semanal ni mensualmente y no se van a consolidar las horas complementarias. De manera que en el cómputo anual de un trabajador

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a tiempo parcial no se tendrán en cuenta las horas complementarias, mientras que lo normal sería que parte de ellas se consolidaran como jornada para los años venideros. ¿Qué le impedirá a un empresario contratar a tiempo parcial, con contratos más baratos y menos garantías, si prácticamente va a tener la misma contraprestación? El proyecto aborda de manera timorata los problemas que se derivan del contenido de los artículos 42 y 44 del Estatuto de los Trabajadores, es decir de los temas relacionados con la subcontratación y sucesión de empresas. No se puede seguir planteando de manera timorata un problema que hoy día es el germen de una de las más graves lacras que tenemos en España: la siniestralidad laboral. En España tenemos una legislación laboral muy avanzada, modélica, pero una práctica cotidiana que es de las peores de Europa. En los últimos cinco o seis años se ha multiplicado la siniestralidad laboral en todos los tramos considerados con accidentes de toda naturaleza, y en parte se debe a la precariedad del empleo de los jóvenes. Pero es que, además, se ha generalizado que las empresas lo subcontraten todo, de forma que ahora hasta subcontratan operaciones y elementos que son fundamentales en sus procesos productivos con empresas que no tienen medidas de seguridad ni personal cualificado.


La señora PRESIDENTA: Senador Romero, por favor, vaya concluyendo.


El señor ROMERO CALERO: Termino enseguida, señora Presidenta.
Se pierde aquí la ocasión de abordar de manera solvente estos temas.
Por último, señorías, no quiero dejar de mencionar, aunque sea brevemente, algo que nos preocupa. Las enmiendas presentadas en el Senado por los Populares han empeorado el texto original, sobre todo esa enmienda que introduce las posibilidades de contratación de las empresas a tiempo parcial para la puesta a disposición. Cuando entre en vigor este proyecto de ley, una empresa a tiempo parcial, una ETT, va a poder contratar a un trabajador por un año y ponerlo a disposición de un número indefinido de empresas a lo largo de ese año con contratos de distinta naturaleza, mezclando las relaciones mercantiles con las laborales.
Señorías, concluiré recordándoles a ustedes que este trámite es el último de un decreto que se convalidó en el Congreso de los Diputados.
Actualmente, está en funcionamiento una mesa de negociación en la que los agentes sociales están negociando una cuestión fundamental de las relaciones laborales: la negociación colectiva. Ojalá en los próximos meses no tengamos que subir a esta tribuna para oponernos a un proyecto de ley que haya convalidado un decreto que recoja, en materia de negociación colectiva, lo que ya decía en este libro el señor Folgado y que hoy nos repiten permanentemente.
Voy a leerles un párrafo: Cuarta medida. No será de aplicación lo dispuesto en un convenio colectivo a quienes no han estado representados en su negociación, y se ha de eliminar la ultravigencia o la ultraactividad de los convenios colectivos.
Que no tengamos que subir a este tribuna para oponernos a que se suprima la ultraactividad de los convenios colectivos porque ustedes hayan vuelto a romper el diálogo social en la mesa de la negociación colectiva.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
¿Turno en contra? Tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, en primer lugar tenemos que agradecer el tono de los dos portavoces, tanto del de Izquierda Unida como del del Grupo Parlamentario Socialista, a la hora de defender sus vetos. Pero tienen que entender que nosotros ni podemos compartir sus posturas ni vamos a aceptarlas.
Sin duda, señorías, la reforma del mercado de trabajo de 1997 ha contribuido positivamente a la creación de empleo, y ello se ha visto reflejado en el aumento del número de ocupados que ha sido mayor de lo que cabría esperar del simple crecimiento económico. El número de contratados indefinidos registrados en el INEM comenzó a crecer tras la reforma de 1997, de manera que, en 1998, se triplicaron los contratos indefinidos que había con respecto a 1996. En 1999, en 2000 y en este año, han vuelto a crecer esos contratos indefinidos. Esto, señorías, es mucho pero no suficiente, porque el empleo sigue siendo la prioridad del Gobierno de la nación y, lógicamente, de este grupo que lo sustenta, ya que nosotros tenemos que conseguir que se cree más empleo y de mejor calidad, porque ése es uno de los grandes objetivos del Gobierno.
En el Grupo Parlamentario Popular creemos, y lo comparten también así los interlocutores sociales, que la reforma de entonces, la de 1997, estuvo bien orientada, y a esa orientación se le pretende dar ahora continuidad con este proyecto de ley de medidas urgentes para la reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y para la mejora de su calidad.
Lamentamos en el Grupo Parlamentario Popular que esta continuidad no hubiese sido también fruto del consenso, de ese consenso del que se ha hablado hoy en esta Cámara, al igual que lo fue la reforma de 1997. En este grupo nos constan las esperanzas que el Gobierno puso en ese consenso, y a esta Cámara le consta también el respeto al seguimiento y a la colaboración que el Gobierno ha mantenido en todo ese proceso de diálogo. Pero también somos conscientes, señorías, de que lo que no quiso ser, no fue. La reforma laboral de 1997, sustentada en el diálogo social y en el acuerdo entre las organizaciones sindicales y empresariales, contribuyó a la creación de empleo durante estos cuatro últimos años corrigiendo esa situación de desempleo y de alta inestabilidad que teníamos. Ahí están esos buenos resultados que se comprueban con la evolución del empleo: más de dos millones de puestos de trabajo creados, algo más de un millón menos de desempleados y una tasa de paro que se ha reducido 9,48 puntos. Por lo tanto, hay que

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destacar que la reforma de 1997 estaba bien orientada, y así lo dicen también los interlocutores sociales.
Debido a este buen resultado, la reforma de este año no sólo pretende dar continuidad en gran parte a aquellas medidas cuya vigencia finalizó el pasado 17 de mayo, sino que se va a adaptar a las nuevas necesidades del mercado laboral actual. Es verdad --y así se reconoce tanto por el Gobierno como por este grupo parlamentario-- que habríamos deseado que esta reforma obtuviese ese consenso, pero también reconocemos que el Gobierno ha sido altamente respetuoso durante ese proceso de diálogo que duró nueve meses, como lo habían solicitado los interlocutores sociales.
El acuerdo no se produjo. De ahí que este Gobierno, pensando en el bien general de los trabajadores, de los parados, de los empresarios, y bajo sus propias responsabilidades, promueve, a través de este del proyecto de ley, aquellas medidas que considera más idóneas y recoge aportaciones en su tramitación en el Congreso y lógicamente en esta Cámara que contribuyen a hacer más eficaz el marco de relaciones laborales y que conllevan al fomento de la contratación indefinida y lógicamente a la limitación de la contratación temporal.
Para nuestro Grupo, Senador Cámara, ni esta ley es inútil ni es regresiva ni es perjudicial, sino todo lo contrario. Por ello, señorías, nos parece positivo que se siga dando continuidad al contrato de fomento de empleo indefinido instaurado en 1997, pero en este caso ampliando los colectivos beneficiarios del mismo porque es necesario.
Con el nuevo programa de bonificaciones se prima la contratación indefinida de aquellos colectivos con mayores dificultades de acceso al mercado de trabajo y lo hace además reduciendo durante un tiempo los costes laborales de esos grupos.
Con esto, a la mayoría de los desempleados que tenemos hoy en España, y que sean contratados de manera indefinida, se les podrá aplicar alguna reducción de cotizaciones en función de la dificultad de integración de ese colectivo, así como de la conversión temporal a estable se verán beneficiados aquellos grupos de trabajadores en situación más difícil.
Las mujeres son las más beneficiadas por este nuevo sistema de incentivos a cualquier edad y lógicamente con diferencia respecto de los varones.
Tendrán importantes beneficios para la primera contratación los trabajadores autónomos y también se volverá a primar la transformación de los contratos temporales en contratos indefinidos.
Respecto de la temporalidad a que sus señorías han hecho referencia tenemos que reconocer que todavía en España es excesiva la contratación temporal y que se está produciendo a pesar de ello una reducción. España es uno de los países que ha logrado mas avance junto con Irlanda y Dinamarca en estos último años, pero reconocemos --y así también lo reconoció el Ministro en esta Cámara-- que tenemos que seguir trabajando en esa materia con la ayuda de todos, con la ayuda de los grupos parlamentarios, con la ayuda de los interlocutores sociales.
Por tanto, para evitar esta contratación temporal excesiva y abusiva se establece esa indemnización de ocho días por año trabajado que se aplicará al extinguirse un contrato temporal. Yo soy más optimista que el señor Cámara al respecto y espero que dé buenos resultados.
También desde el Grupo Parlamentario Popular queremos señalar como positivas aquellas modificaciones que se han producido respecto de lo que es el contrato eventual cuya duración máxima se ha reducido a 12 meses, así como otras acciones importantes que recoge este proyecto de ley: dotar de negociación colectiva y de mayor capacidad para la prevención de abusos en lo que es el exceso de las contrataciones temporales.
También queremos destacar la equiparación de derechos entre los trabajadores contratados temporalmente con los indefinidos obligando a los empresarios a informar a sus trabajadores de aquellas ofertas de empleo indefinido que puedan producirse en la empresa en la que ellos están desarrollando su trabajo.
Respecto de los contratos a tiempo parcial, Senador Cámara y Senador Romero, quiero decirles que el objetivo de este proyecto de ley --así lo entendemos desde este grupo parlamentario-- es dotar a este contrato de una calidad comparable a los contratos que tenemos en otros países de la Unión Europea. La reforma de 1998, a la que aludía el Senador Cámara y que había quedado consensuada con los agentes sociales, no hizo todo lo que esperábamos porque ahí están los datos. Si consideramos esto, ese tipo de contratos puede dar mayor alternativa a la flexibilidad de la temporalidad excesiva.
Quisiéramos destacar también, sin lugar a dudas --y en eso coincidimos con el Senador Romero--, que la integración laboral de la mujer es una de las prioridades de este Gobierno, de su Grupo y también de este Grupo parlamentario, ya que su situación de partida, de acceso y de permanencia en nuestro mercado laboral es bastante diferente en relación con los hombres. Por lo tanto, desde nuestro Grupo consideramos positivo seguir las directrices que nos está marcando la Unión Europea y lógicamente seguir con los planes de acción para el empleo de estos últimos años.
Por ello, podemos afirmar que este proyecto de ley es positivo para las mujeres, en el sentido de que se amplía el colectivo de mujeres contratadas en profesiones de baja presencia femenina, así como la posibilidad de poder suscribir contratos de fomento de empleo indefinido con un amplio sistema de bonificaciones.
Sus señorías pueden compartir con nosotros la idea de que la maternidad es un «handicap» para las mujeres a la hora de trabajar, y por ello consideramos muy positivo poder establecer esa bonificación del cien por cien en las cuotas de la Seguridad Social durante el primer año de contrato para aquellas mujeres, que siendo paradas de larga duración, se las contrate de forma indefinida --y recalco de forma indefinida-- en los dos años siguientes después de haber sido madres.
Del mismo modo, este Grupo Parlamentario considera positiva la eliminación del cien por cien de cotizaciones a la Seguridad Social por parte del empresario para los trabajadores o trabajadoras que se encuentren en permiso de maternidad, adopción o acogimiento, siempre que hayan contratado un interino o sustituto en virtud de la Ley de

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Conciliación de la Vida Familiar y Laboral aprobada en 1997, eliminando con todo ello esos prejuicios a la hora de contratar a las mujeres.
Hemos de decir igualmente que estamos satisfechos con ese nuevo contrato de inserción que ayudará a aquellos colectivos con mayores dificultades a la hora de realizar ese tipo de actividades de interés general y que a su vez servirá para mejorar su cualificación, desde luego siempre en coherencia con nuestros planes de acción de empleo y con los de la Unión Europea, repito, con la idea de mejorar su formación, tanto para los inmigrantes como para aquellos sectores de la sociedad que no poseen dicha formación.
Por todo ello, nuestro Grupo Parlamentario va a rechazar los dos vetos defendidos en esta Cámara, el correspondiente a Izquierda Unida y el del Grupo Parlamentario Socialista, porque para nosotros este proyecto de ley es el mejor para obtener un mejor empleo en cantidad y calidad.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Finalizado el turno en contra, comienza el turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara, por un tiempo de cinco minutos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, me voy a referir a una cuestión planteada por el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista y quiero hacerles una advertencia amigable. Si con la negociación colectiva hacen lo mismo que con esta reforma se puede montar en este país un follón de mucho cuidado, porque afecta al núcleo central gordiano de las relaciones laborales y del mismo poder de los sindicatos. Lo advierto porque es así. Es una reforma «peccata minuta» de lo que sería una reforma con respecto a la negociación colectiva en plan salvaje. No creo que sea así y, por tanto, espero que esa pretendida reforma de la negociación colectiva se discuta y se negocie con los agentes sociales.
Señorías, cuando se habla de las bondades de ciertas reformas hay que minimizarlas un poquito. ¿En qué ha disminuido la contratación temporal en este país, en un 2, en un 3 por ciento? Díganmelo. ¿Cuánto ha costado desde que entró en vigor, a pesar de esas bonificaciones de aproximadamente un billón de pesetas? ¿Realmente podemos sentirnos contentos con esto? La temporalidad que existe en este país es enorme, más del doble de la media europea. Y lo que se ha hecho hasta ahora es muy poco, a pesar, insisto, de los incentivos.
Ustedes dicen que existe una continuidad con la Ley de 1997. Yo considero que esos 33 días han originado una ampliación del número de personas contratadas. Díganme cuál es la continuidad con respecto a la reforma de 1997; ¿en qué lo amplía? En todo caso lo amplía para peor, ya que algunos contratos tienen peores condiciones. ¿Cuál es la continuidad respecto a 1997? Sólo se mantiene el tipo de contrato y la cuestión de los 33 días de despido. Nada más. No existe mayor continuidad.
Esta es una reforma que no crea empleo. Y es que las reformas no lo crean por sí mismas, sino que el empleo lo crea la actividad económica cuando hay una buena coyuntura económica, que es precisamente lo que les ha ocurrido a ustedes. ¿Y cuál es el empleo que aumenta? El precario. En España el mercado laboral rota en gran medida, y como a algunos de los trabajadores que ya son fijos se les indemniza, como hay bonificaciones... Porque, señoría, las bonificaciones que se le dan a un empresario sirven, al menos durante año y medio o dos años, para pagar la Seguridad Social e incluso el despido, que le sale gratis al empresario.
Como digo, hay una rotación en el empleo, porque- cuando finaliza ese plazo de dos años el empresario despide a los trabajadores, se deshace de ellos. Por eso no aumentan los contratos fijos y se mantienen los temporales. Pero, ¡cuidado!, no vayamos a tener una época de recesión o de dificultades económicas en la que no hará falta hacer nada; simplemente, un montón de gente se irá a la calle porque más del 30 por ciento de los trabajadores tiene contratos temporales a tiempo cierto.
Esa es la realidad de este país y no otra. Y la causalidad de la contratación está puesta en entredicho continua y permanentemente, porque con tantas modalidades de contratación se produce un abuso increíble.
Termino diciéndoles que ustedes introducen novedades en la reforma, aparentemente insignificantes, y sobre las que espero que se me conteste convenientemente durante el debate de las enmiendas. Yo mismo he hecho, por ejemplo, alguna propuesta en relación con las empresas de inserción.
No sé si van a aceptar o no la obligatoriedad del registro de ese tipo de empresas, pero espero no sigan diciendo que podrán inscribirse, porque es increíble que no admitan una enmienda para la obligatoriedad de dicha inscripción. Confío en que no sea así.
Y he puesto este ejemplo para demostrar que, efectivamente, ustedes han introducido novedades, pero para ir a peor, no a mejor. Esta reforma abarca el contrato a tiempo parcial, el contrato en formación --con las argumentaciones que se han dado continua y permanentemente--, el tema de la indemnización, las modalidades de contratación y la aplicación de los diez días a más colectivos. Señorías, esta reforma es escasa, efectivamente, pero sobre todo es regresiva en relación con 1997, y ustedes lo comprobarán. E insisto en que no piensen que las reformas crean empleo. Las reformas afectan a la calidad del empleo, a sus modalidades, a sus facilidades... Puede ocurrir que, efectivamente, una reforma flexibilice algunos aspectos del trabajo que permitan adaptar éste a las nuevas formas de concebirlo, y precisamente al principio la idea de la flexibilidad consistía en cómo adaptar nuestro mercado de trabajo a los nuevos tiempos. Pero eso se ha convertido en otra cosa distinta: en un intento claro y neto de bajada de los costes salariales.
¿Y cómo se ha hecho? Detrayendo poder al trabajador, disminuyendo su capacidad de resistencia a las empresas y haciéndolo más débil, y disminuyendo los costes salariales por diferentes vías, flexibilizando el mercado laboral, que es el más flexible de toda Europa. Y en cuanto a los trabajadores españoles, también son los más productivos de toda Europa, considerando lo que cuesta un trabajador

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y la cantidad de dinero que un empresario obtiene de la economía.
Por tanto, ¿qué hay flexibilidad? ¿Qué hay productividad? Hay la máxima en todos los sentidos. Esa es la realidad. Y esta reforma no va a servir para nada; en todo caso va a empeorar las condiciones de los trabajadores. Porque ustedes han incumplido algunas cosas, como, por ejemplo, el acuerdo de 1998 con respecto al contrato a tiempo parcial. Y es que no han respetado los acuerdos con los sindicatos.
En fin, creo que el tema está claro. No hay que darle muchas más vueltas.
Veremos lo que admiten a la hora de debatir las enmiendas...


La señora PRESIDENTA: Senador Cámara, le ruego que concluya, porque ya superó con creces el tiempo en su anterior intervención y dispone de otros dos turnos posteriormente.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Sí, señora Presidenta. Estaba terminando cuando usted me ha llamado la atención.
Como decía, ya veremos lo que pasa en el debate de las enmiendas, aunque vamos a votar en contra de la globalidad de este proyecto de ley. Y si entre todos mejoramos algunas cosillas, eso nos llevaremos a la boca.
Pero en cualquier caso esta reforma es insuficiente y escasa. Es una mala reforma.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, tomo la palabra simplemente para manifestar el sentido del voto del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Entendemos que, previamente a su tramitación en las Cortes y durante su debate, este proyecto debió ser consensuado por el Gobierno con los agentes sociales. El diálogo social y político hubiera contribuido sin duda a la redacción de un proyecto más benévolo y con un mayor consenso.
No obstante, y salvado este hecho que hemos manifestado en multitud de ocasiones, consideramos que el proyecto de ley que hoy se debate en esta Cámara introduce algunas mejoras en diversos aspectos fundamentales y necesarios en estos momentos, como son la lucha contra de la precariedad en el empleo o el fomento en la creación de empleo femenino, introduciendo, además, elementos para la creación de empleo.
Coalición Canaria presenta una serie de enmiendas a este proyecto de ley que, a nuestro juicio, contribuyen a la mejora de determinadas cuestiones, enmiendas que deberían ser contempladas por el Grupo Parlamentario Popular con el objetivo de aprobar un proyecto más enriquecido y con aportaciones más beneficiosas para todos los sectores afectados por la aplicación de esta ley.
No podremos defender nuestras enmiendas en el turno correspondiente porque ya tuvimos dificultades de hacerlo en Comisión, pero quiero decir en cualquier caso que tratan de los contratos de inserción, de medidas para prevenir el abuso de la utilización continua de los contratos temporales, de algunas medidas que benefician a los trabajadores autónomos, y a la vez proponemos la adición de tres nuevos apartados en relación con situaciones de exclusividad social, necesidad de empezar a desarrollar elementos de normalización del trabajo doméstico y regulación del despido de los trabajadores en las mejores condiciones posibles para ellos.
Repito que no podremos defender nuestras enmiendas en el turno correspondiente, pero esperamos que hayan sido estudiadas por entender que las mismas contribuirán a la aprobación de un proyecto de ley que se ajuste más a las peticiones de la sociedad.
Así pues, el voto de nuestro Grupo va a ser en contra de los vetos propuestos por el Grupo Parlamentario Socialista, Grupo Mixto y Entesa Catalana de Progrés. Esperamos, cómo no, que en el debate de las enmiendas presentadas por todos los grupos tengamos la oportunidad de enriquecer este proyecto que estamos debatiendo en estos momentos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que esta reforma quedó bajo la sospecha de estar de parte desde el principio, con lo cual la principal virtud que tuvo la anterior Ley, que fue llegar a un consenso vía diálogo, se evaporó y se quebró, por tanto, la confianza que había en ella, con las consecuencias que esto tiene a la hora de ponerla en marcha e intentar que se cumpla. En 1997 se hablaba de medidas para la mejora, y en esta ocasión ya se habla de medidas para la reforma, con lo que esto supone, lo que quiere decir que nos encontramos ante un objetivo más ambicioso, con un quiero y no puedo bastante decepcionante.
¿Por qué decimos esto? Si como dice el propio título del proyecto se quiere ir de verdad a una reforma, desde nuestro punto de vista esto implica --repito, si es que verdaderamente creemos que estamos ante una nueva cultura de relaciones laborales-- que el mercado laboral está cambiando. Hay una serie de intangibles que son, en definitiva, los que crean el ambiente adecuado para que de las propias crisis surja algo nuevo y mejor para todos, algo que nosotros fundamentamos en tres pilares: Primero, diálogo y búsqueda de consenso hasta el final. Segundo, si una reforma es algo más que retocar las modalidades de contratación, necesariamente tiene que ser más ambiciosa por definición y necesita de otras apoyaturas, bien sean reformas económicas, sociales, fiscales, educativas, etcétera. Tercero, avanzar desde el respeto y la profundización en el desarrollo de un Estado autonómico, con lo que esto supone de diversidad y de peculiaridad, pero también de potencialidad

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positiva para afrontar estos cambios y mejor poder responder a los ciudadanos. Todo esto significa en realidad ir con los tiempos.
Si esto falla, por muchos cambios que se hagan en los contratos, por muchos contratos nuevos que nos inventemos, por mucho que podamos hablar de medidas nuevas, lo cierto es que no estaremos tratando en realidad de la reforma del mercado laboral porque faltará el espíritu, que es lo que da vida a una verdadera reforma.
Si como se dice suavemente en la exposición de motivos se han puesto de relieve problemas prácticos y disfunciones en determinadas materias, nosotros, sin querer ser catastrofistas, pero siendo cierto también que hay una alta temporalidad laboral, un bajo uso del contrato parcial, mucha siniestralidad, bajos salarios, etcétera, creemos sinceramente que el Gobierno, aunque hubiera deseado combatir todo eso, se confundió al no permitir agotar hasta el final el diálogo interviniendo por medio de un decreto-ley.
Esto no quiere decir --estamos convencidos de ello y por eso hemos querido ser justos y equilibrados en la valoración-- que si se hubiera agotado el diálogo en la búsqueda de consenso, a los que hoy no les vale muchas de las cuestiones y de las modificaciones que se plantean les hubiera valido. Por eso no hemos entrado tanto en el articulado, sino que el consenso tendría que haber surgido del diálogo social.
Desde ese punto de vista, sin consenso y sin medidas, que quizá más adelante, en otras mesas de negociación, podrán acordarse, hoy hablar de reforma nos parece, cuando menos, pretencioso. Nuestra posición, aún así, no fue presentar el veto, como planteó nuestro representante en el Congreso en la enmienda a la totalidad, sino que, aun no llegando a una reforma, nos manteníamos expectantes a ver cómo resolvía el Gobierno las tres cuestiones que habíamos planteado y poder incorporarnos al apoyo a esta ley.
Las dos primeras cuestiones, que prácticamente todos los grupos se las han planteado de una u otra manera, estaban en manos del Gobierno; no era cuestión de enmiendas, sino de voluntad, y si no había conseguido el consenso entre todos los agentes sociales, aquí tenía la oportunidad y por lo que va de procedimiento, consideramos que no ha movido ficha nuevamente en aras de buscar el máximo consenso a lo que él considera una reforma tan importante.
En el tercer punto le facilitábamos una pista con la enmienda que presentábamos, pero también nuevamente nos encontramos con lo que ya hace tiempo venimos planteando. Si ya hay poca voluntad de profundizar en el Estado autonómico desde el área socio-laboral, desde lo que afecta en particular al Ministerio de Trabajo no se puede hablar de reticencias; en algunos casos tenemos que hablar de involución. Cuando no es un decreto ley es un principio de caja única, cuando no es de interés general es por falta de colaboración de las autonomías, son uno y otro ejemplo de lo que es una continua constatación no sólo de mantener una gestión centralizada, a pesar de que algunas autonomías ostentan títulos competenciales suficientes, sino de aumentarla progresivamente gestionando el mayor número de fondos.
Algunos ejemplos en nuestro país son: formación continua; servicio vasco de empleo, Langai; gestión económica de la Seguridad Social, etcétera. Si esto lo consideran desde lo que entendemos que es un ámbito de relaciones laborales diferenciado con sus propios sindicatos, sus organizaciones empresariales muy desarrolladas, su tejido económico con un fuerte movimiento cooperativo, con una gran industria en transformación, etcétera, comprenderán fácilmente nuestra sensibilidad y nuestro deseo de que esto se reconozca. Esa es nuestra posición porque entendemos que quien mayor conoce los problemas mejor los puede resolver.
Si de verdad tiene esa sensibilidad autonómica --seguramente me dirá que sí--, aquí tienen un buen comienzo, mínimo pero suficiente para ir más adelante y que puede servir para recuperar confianzas. Si no, se habrá perdido una nueva oportunidad. Nosotros, que ya somos un partido centenario, viejo en el mejor sentido de la palabra, seguiremos esperando con paciencia. Ya les hemos dicho en otras intervenciones dónde nos podemos encontrar en esta materia: teniendo como salida el propio marco actual, considerando el estatuto desde sus peculiaridades y respetando el sistema de conciertos. Se nos pide cooperación y colaboración con el Estado y nosotros estamos de acuerdo en cooperar, pero en pie de igualdad, y eso pasa, de entrada, por desarrollar al máximo los instrumentos y las potencialidades que existen y que entre todos nos hemos dotado.
Como somos pacientes y persistentes, esperaremos hasta el último minuto.
En principio, nosotros nos vamos a abstener en los vetos, ya que consideramos que no contemplan este último aspecto, y esperaremos a que haya un cambio por parte del Grupo Parlamentario Popular para sumarnos a ese consenso.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, el Senador Espasa tiene la palabra.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Este turno de portavoces me servirá para afirmar nuestro veto y nuestra votación favorable a los vetos solidarios, puesto que tienen el mismo sentido, de Izquierda Unida y del Grupo Parlamentario Socialista, que tan brillantemente han defendido los Senadores Cámara y Romero. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Señores del Grupo Parlamentario Popular, se dice que los cocodrilos lloran cuando devoran a sus presas. No es cierto; es una reacción vegetativa, no son lágrimas de sentimiento. Pero parece que estas lágrimas sean las suyas. Están ustedes excusándose repetidamente por esta reforma y les podría soltar el latinajo «excusatio non petita, accusatio manifesta», porque se excusan ustedes una y otra vez con las bondades de esta reforma y, para hacerlo, aducen la gran calidad del acuerdo de 1997, que sí era realmente un acuerdo social.


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El 17 de mayo vino el Gobierno a esta Cámara a ejercer su papel de árbitro, pero no de árbitro imparcial sino casero; aquel que pita el final del partido cuando estamos en la tanda de penaltis y los suyos van ganando. El árbitro del Gobierno ha pitado el final del partido cuando los suyos, los de la CEOE, van ganando; eso es lo que han hecho ustedes con este decreto de la reforma de 1997 o del acuerdo social de 1997. Han hecho un arbitraje casero, a favor de una de las partes --no de todas-- y han empeorado la situación.
Además, desde el punto de vista económico y social, han cometido una torpeza porque, como podrán leer en la prensa de hoy --aunque algunos ya lo sabíamos y suponemos que ustedes también--, la demanda efectiva en España está cayendo aceleradamente y con sus remedios sólo van a conseguir que caiga todavía más, es decir, hacer más precario el empleo, dar más inseguridad a los trabajadores y, por lo tanto, inducirles a consumir menos. Por consiguiente, desde el punto de vista económico es una reforma ineficiente y antieconómica. El porcentaje de la demanda efectiva está, en este momento, en el 2,7 por ciento, cuando hace muy pocos meses estaba en el 5,7 por ciento, y ustedes van a agravar todavía más este inicio de recesión, que nadie quiere, que nadie invoca pero que hay que tomar medidas para evitar que lo que empieza a apuntarse pronto se convierta en realidad.
Ustedes dicen, una y otra vez, que había que presentar el decreto, pero también reconocen las bondades de la reforma y del acuerdo de 1997.
Aunque ya se les ha dicho anteriormente, quiero repetirlo ahora: si tan buena era aquella reforma, si era tan bueno aquel acuerdo, si creó tantos empleos --es cierto y la señora Do Campo nos lo ha recordado, y no voy a negar ninguna de las cifras que nos ha facilitado--, ¿por qué romperlo? Se podía haber prorrogado para acabar de ajustar las posiciones de las partes y mejorar el acuerdo social de 1997. ¿Por qué romperlo? ¿Por qué este afán de pitar el final de partido? ¿Es acaso porque ganaban los suyos en aquel momento? Pues es una pírrica victoria, señora Do Campo, la que ustedes han conseguido con esta reforma.
No voy a hablar ahora con detalle de esta reforma porque lo haré en el turno de defensa de las enmiendas pero, como ya han dicho algunos Senadores antes que yo, hace más precario el empleo, aumenta la temporalidad, produce más inseguridad y debilita a una de las dos partes del contrato laboral, la parte de los trabajadores en la negociación colectiva.
Ustedes pretenden decirnos que con esta reforma se va a producir más empleo, pero no se produce más empleo a base de precarizarlo y --aunque después les pondré ejemplos más sustanciosos-- señora Do Campo, quiero que recuerde usted que un país vecino que ha introducido medidas de refuerzo y cohesión social tan importantes como la reducción de la jornada laboral ha conseguido un incremento de puestos de trabajo mayor que el nuestro y una inflación dos veces menor que la nuestra. Por lo tanto, el camino que han elegido ustedes, el camino de la precarización, de la disminución de la demanda y de la inflación desbocada nos va a llevar a estrellarnos más de lo que se puedan estrellar otros países con políticas de cohesión social y de integración social. La que hacen ustedes no es de integración ni de cohesión porque ustedes pitan el final del partido cuando ganan los suyos. Ya veremos si estas victorias duran mucho tiempo.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Espasa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, me referiré a la importancia de esta ley y a nuestra incomprensión por darle el título de ley de medidas urgentes, pues urgentes quiere decir que tenemos prisa, y después de la exposición de todos los grupos queda muy claro que éste es un tema difícil y complicado, un tema cuesta arriba, y si tenemos prisa tenemos que bajar del carro y tirar todos. Es una lástima que no empezara así al prescindir el Gobierno de los agentes sociales antes de la tramitación. Estoy de acuerdo con el portavoz vasco cuando dice que, en definitiva, no estamos ante una reforma, sino que se podía haber llamado ley de mejoras como la anterior, o hay otras palabras para titularla como evolución o lo que sea, que correspondería más a la realidad.
Dicho todo esto, en Convergència i Unió apoyamos esta ley haciendo ante todo apelación al «seny català», que nos lleva normalmente a confiar en las cosas que funcionan. El paro ha mejorado estos últimos años, sabemos que efectivamente favorecido por las circunstancias económicas, pero nos parece bien seguir apoyándolo. Por lo tanto, manifestamos que hemos trabajado a gusto en la Comisión, y esperamos que nuestro trabajo se vea reflejado hoy con éxito a través de las enmiendas. Por lo tanto, anunciamos que vamos a votar en contra de los vetos del Grupo Parlamentario Mixto y del Grupo Parlamentario Socialista.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Romero.


El señor ROMERO CALERO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, en este turno de portavoces voy a reforzar algunas de las posiciones que he mantenido en la tribuna hace unos momentos. En primer lugar, quiero insistir en que ni este ni ningún Gobierno es ajeno a las negociaciones y conversaciones que se plantean entre los agentes sociales por la envergadura y la entidad del diálogo social en España. Los Senadores y Senadoras, los parlamentarios en general del Grupo Parlamentario Popular y el Partido Popular tendrán que valorar en definitiva si el marco de relaciones laborales en España desde el Gobierno se decanta más hacia Nuevos Ministerios o hacia Castellana 170, y tal como ha ocurrido con este proceso concreto de diálogo social

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parece que se incide más en las relaciones laborales desde las perspectivas y puntos de vista de los ministerios económicos. Si se sigue transitando el camino de esa manera, no hay ninguna duda de que las relaciones laborales en España están a las puertas de seguir descendiendo por una pendiente que no es nada halagüeña.
Respecto a los contenidos quiero insistir en la rotación. La rotación, querida Senadora Do Campo, es un problema gravísimo de las relaciones laborales en España y, además, es una singularidad de nuestro mercado de trabajo. Así como la temporalidad podemos convenir en que de una forma u otra está presente en los mercados de trabajo de países que nos son cercanos --por cierto, en menos proporción que en España--, y en que desde el punto de vista cualitativo y conceptual se aborda en otros países, sin embargo, la rotación es una singularidad de nuestro mercado de trabajo y muy negativa porque tiene incidencias en todos los aspectos.
Insistir ahora en mecanismos que incrementen la rotación laboral, no ponerle freno es un flaco favor que se hace al conjunto de los trabajadores y, en definitiva, a la sociedad.
Ustedes introducen en este proyecto de ley un mecanismo que desde el punto estadístico va a mejorar la rotación. Yo ya les anuncio que seguro que en las comparecencias de los próximos meses ustedes podrán argumentar que mientras en una época determinada se hacían un millón de contratos, ahora se harán medio millón. Yo les voy a decir en qué se va a traducir eso, será consecuencia fundamentalmente de que en los contratos que hacen las empresas de trabajo temporal para poner un trabajador a disposición de una empresa --un contrato para cada puesta a disposición--, ahora se van a reducir a un único contrato anual para que durante ese año la ETT ponga el trabajador a disposición de diferentes empresas. Eso va a tener una consecuencia estadística en la rotación, pero sólo estadística; es un maquillaje, no nos engañemos. Va a seguir habiendo la misma rotación o incluso más. Ustedes, por la vía de no penalizar a las empresas de trabajo temporal con los contratos de muy corta duración, con la sobrecotización en los contratos de muy corta duración, han introducido este elemento tan negativo y tan distorsionador en la contratación laboral, que supone que una empresa pueda contratar a un trabajador durante un año para ponerlo a disposición de diferentes empresas, sean las que sean, con lo que se va a poder plantear, por ejemplo, una contradicción: una empresa que tiene necesidad de contratos de modalidad fijo discontinuo, va a poder prescindir de esa modalidad porque recurrirá a la de puesta a disposición de las ETT que le va a facilitar un día un trabajador y otro día otro, y que por tanto no va a haber ningún trabajador que consolide esa posibilidad de contratación de fijo discontinuo. Todo esto, señorías, sin hacer ningún alarmismo, pero teniendo en cuenta que estamos en el Senado, y que esta Cámara tiene constituida una Comisión de estudio que está abordando, de manera seria, rigurosa y solvente, las cuestiones relativas a la siniestralidad laboral; tienen ustedes que concienciarse de que los temas relativos a la siniestralidad laboral no son cuestiones académicas. Esto no es un debate de expertos, de técnicos que se reúnen, que abordan las cualidades de determinadas legislaciones comparadas; tenemos multitud de legislación, tenemos una buena legislación, multitud de informes; el propio Presidente del Gobierno encargó un informe expreso al Presidente del CES en relación con la siniestralidad laboral, pero es imprescindible que se introduzcan mecanismos concretos que corrijan la siniestralidad, y esos mecanismos que nosotros creemos que en este proyecto no sólo no se corrigen, sino que se agravan, no van a ayudar de ninguna manera a abordar estos temas.
Por eso nosotros insistimos en mantener el veto en los términos en que lo hemos presentado.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Romero.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señor Presidente.
En primer lugar, y por alusiones a todos los grupos, tenemos que volver a retomar el tema del diálogo social, y no nos cansaremos de repetir, las veces que haga falta, que el Gobierno ha sido extremadamente respetuoso con todos los plazos marcados por los sindicatos. No nos debemos olvidar de que, además, este proceso se había iniciado hace ahora un año, en el mes de junio, cuando el Presidente Aznar había recibido a ambas partes en La Moncloa, y desde entonces, en esos nueve meses, las partes no se han puesto de acuerdo.
En esos nueve meses que se habían marcado teníamos que tomar una decisión, ya que la vigencia de la anterior reforma finalizaba el 17 de mayo, pero no por ello pueden ustedes esgrimir que no hubo acuerdo por cuestión de tiempo, porque no ha sido así. Ellos han solicitado ese tiempo, incluso se amplió ese período, y el calendario fue fijado por las propias partes. Prueba además del respeto que ha demostrado el Gobierno en lo que era el diálogo social con respecto a esta reforma, es el hecho de que nosotros, en la ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para este año, no introdujimos ninguna enmienda a nuestros presupuestos, por respeto, digo, a ambas partes, que nos pedían unos meses más para ese diálogo.
Senador Espasa, de arbitraje casero, nada de nada. Nosotros somos respetuosos con los empresarios, con los sindicatos y con todos los trabajadores españoles, y queremos lo mejor para España, para los trabajadores y también lógicamente para los empresarios.
En este largo proceso negociador, en esta mesa bipartita en la que vuelvo a repetir que el Gobierno no ha intervenido, el Ejecutivo estuvo, prudentemente, en contacto con las dos partes. De hecho, el propio Ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Carlos Aparicio, ha mantenido diversas reuniones con los diferentes responsables de la sindical, de la patronal, e incluso en momentos en los que parecía que el diálogo estaba estancado, se ofreció una ayuda y una intermediación que, sin embargo, no fue solicitada en ningún momento por las partes, con lo cual, nada de arbitraje

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casero ni de primar a una parte en detrimento de la otra. Por ello, bajo nuestra responsabilidad como Gobierno, se tuvo que modificar esta reforma porque era necesaria y porque el tiempo así nos lo pedía.
Tampoco podemos estar de acuerdo con ustedes porque creo que hay una apuesta de fomento de diálogo desde este Gobierno y desde este Grupo Parlamentario con todos los agentes sociales porque así se ha dado muestra de ello en otras mesas de diálogo social, y entre todos tenemos que tener ilusión por crear empleo, y nuestro Grupo no sólo tiene ilusión, sino que estamos convencidos de que vamos a poder generar mayor empleo, sobre todo viendo los resultados de estos últimos años.
Todos debemos esforzarnos --y cuando digo todos me refiero a todos los grupos políticos, sindicatos y empresarios-- para poder tener un mejor empleo, que sea más estable y que pueda ser más indefinido. Por ello no vamos a echar por tierra aquellos programas que han sido buenos durante estos últimos años, y entendemos también que la lucha contra el abuso de la temporalidad se debe hacer reforzando la causalidad, estimulando la contratación indefinida y penalizando la temporalidad.
El Senador Romero hacía referencia también a las horas complementarias.
Nosotros estamos de acuerdo en que esas horas complementarias deben ser pactadas y que deben estar dentro de la jornada de trabajo.
Con respecto al contrato de inserción, al que volvemos a dar vueltas, creemos que es positivo, que es un contrato en el que van a intervenir las Administraciones Públicas y que se va a financiar por los servicios públicos de empleo, con lo cual van a estar regulados y sometidos a un control para dotarles de una correspondiente financiación. Se trata también de la incorporación de un programa de desempleados que va a mejorar las posibilidades de ocupación de esos colectivos, y la realización de esas obras y de esos servicios van a servir para el interés general de la comunidad.
Con respecto al contrato de formación, al que también se le vuelve a dar vueltas, queremos abrirlo a aquellas personas sin actividad laboral desde hace tres años. Nosotros no podemos ponerle límite de edad porque consideramos que la formación hay que dársela a quien carece de ella; ése es nuestro objetivo: poder dársela también a los inmigrantes mayores de treinta años.
Por tanto, consideramos que el conjunto de este proyecto de ley y lo que es el conjunto de estas reformas tiene como finalidad poder tener un empleo de mayor calidad utilizando esas fórmulas ya experimentadas o estas nuevas formas que nosotros vamos a introducir.
Para finalizar, le diré al Senador Espasa que de lágrimas de cocodrilo nada de nada. Por lo menos nuestro Grupo está muy contento y muy satisfecho con este proyecto de ley y con estos datos obtenidos durante estos años, porque la ocupación media por la EPA desde el primer trimestre de 1996 a la actualidad se ha incrementado en los ocupados en un 20 por ciento; el empleo ha aumentado en los distintos grupos de género y edad, sobre todo para las mujeres, en casi un 30 por ciento; la afiliación a la Seguridad Social, y usted lo sabe muy bien, ha acelerado su crecimiento, pasando de 12.342.000 a 15.679.000, lo que supone un incremento de 3.300.000 nuevos afiliados a la Seguridad Social; el paro ha descendido en un 38,57 por ciento y, sobre todo, tenemos que felicitarnos por el descenso del paro de las mujeres, que ha llegado a un 28,87 por ciento.
Por tanto, nosotros, como Grupo Parlamentario Popular, estamos satisfechos con esta reforma, estamos satisfechos con los resultados de la evolución del empleo en estos últimos cuatro años y seguimos teniendo confianza en que con esta nueva reforma laboral podremos tener un mejor empleo en cantidad y en calidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar las propuestas de veto al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad.
En primer lugar, votamos la propuesta de veto número 1, correspondiente al voto particular número 2, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 67, en contra, 135; abstenciones, nueve.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
En segundo lugar vamos a votar la propuesta de veto número 2, correspondiente al voto particular número 7, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 68; en contra, 135; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado.
Habiendo sido rechazadas las propuestas de veto --puesto que se requería votación de la mayoría absoluta de la Cámara para que hubieran sido aprobadas--, continuamos con el debate de las enmiendas y los votos particulares.
En primer lugar, voto particular número 2, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, que corresponde a las enmiendas números 32 a 76.
Para su defensa, tiene la palabra el Senador Cámara. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.)

El señor CAMARA FERNANDEZ: Vamos a intentar agilizar el debate, ya que son muchas las enmiendas que hemos presentado.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señorías, guarden silencio.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


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El señor CAMARA FERNANDEZ: Como decía, vamos a intentar agilizar al máximo el debate, pues uno tiene la sensación de que por mucho que nos esforcemos no va a ser posible que el Grupo Parlamentario mayoritario admita más de lo que está dispuesto a aceptar.
Por lo tanto, voy a defender algunas enmiendas y daré por defendidas aquellas a las que no haga mención.
En la número 32, que es una enmienda de modificación, solicitamos que se haga constar por escrito los contratos por tiempo determinado independientemente de su duración. Sé lo que me van a contestar, pero debo decir que la respuesta sindical incluía la forma escrita para todos los contratos, incluidos los de duración determinada inferior a cuatro semanas, por considerase una garantía para los trabajadores.
Es simplemente una enmienda planteada por los sindicatos, que no reviste mayor importancia ni representa nada para los empresarios, acostumbrados a hacer muchísimos contratos por escrito durante tantos años. Es una garantía de control democrático de la contratación para los trabajadores.
Presentamos la número 33, por considerar que no existe ninguna justificación para eliminar el requisito de edad en los nuevos colectivos --que ya he desarrollado en la defensa del veto--. Señorías, el requisito de edad está directamente relacionado con el otro requisito que da acceso al contrato de formación, pero no es necesario. Se ha contestado en la defensa del veto que no se iba a aceptar, y solicitábamos que no se pudiera aplicar el límite de edad cuando el contrato se concierte con un trabajador discapacitado.
Asimismo, en la enmienda número 34 planteamos sustituir el enunciado: «desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral», por: «desempleados inscritos más de tres años como demandantes de empleo».
En su momento se alegó que no tenía mucho sentido y que suponía una disminución. No, es garantizar el requisito que previamente se exige. No estamos de acuerdo con el texto, ya que no es lo mismo decir de forma genérica «desempleados que lleven más de tres años sin actividad», que «desempleados inscritos más de tres años como demandantes de empleo», por entender que si lo que se pretende es dar una garantía a los trabajadores desempleados de larga duración inscritos más de tres años, lo lógico es que lo sean como demandantes de empleo. Por lo tanto, hay que garantizar este requisito, es decir, que sean desempleados inscritos más de tres años como demandantes de empleo y no desempleados que lleven más de tres años sin actividad laboral, que podría afectar a cualquiera, es decir, tendrían que estar inscritos como desempleados de larga duración.
En este mismo sentido, en la enmienda número 35 planteamos también que los desempleados en situación de exclusión social deberá estar acreditada por los correspondientes servicios sociales municipales, ya que al ser un aspecto muy específico es importante la colaboración entre las administraciones para la inserción laboral de estos colectivos.
En cuanto a la enmienda número 36, solicitamos la modificación del artículo primero, apartado dos, sustituyendo «trabajadores extranjeros», por «desempleados extranjeros que carezcan de la titulación de su país requerida para realizar un contrato en prácticas». Entendemos que los requisitos de desempleo y de la validación de sus titulaciones, aun en ausencia de convalidación, obtenidas en sus países de origen, deben contemplarse para estos colectivos, cuya incorporación laboral sin más presenta dudas respecto a la igualdad de trato y no discriminación en el acceso al empleo.
La enmienda número 37, al artículo primero, apartado dos, pretende añadir: «En todo caso y dadas las especiales características del contrato de formación, cuando se realice con estos colectivos sin límite de edad, la representación legal de los trabajadores será informada con la suficiente antelación y de forma previa a la contratación efectiva».
Efectivamente, durante años ha existido control de los contratos por parte de la representación legal de los trabajadores, por lo que creo, sinceramente, tendría cabida dicha enmienda.
La enmienda número 38, al artículo primero, apartado tres, es de supresión. Ustedes conocen su justificación. Mediante la reforma que se plantea --éste es un elemento clave y fundamental--, cualquier volumen de jornada inferior a la jornada completa puede dar lugar a un contrato a tiempo parcial. Por ello, nos parece más apropiada la redacción anterior a este proyecto de ley, cuestión que ya he considerado en la exposición del veto.
Al artículo primero, apartado tres, presentamos la enmienda número 39, de modificación. Se refiere al artículo 12, contrato a tiempo parcial y contrato de relevo, y dice: «El contrato de trabajo se entenderá celebrado a tiempo parcial cuando se haya acordado la prestación de servicios durante un número de horas al día, a la semana o al mes no superior a los dos tercios de la jornada máxima establecida legalmente.» Con esta reforma --lo manifesté antes-- se plantea cualquier volumen de jornada inferior a la jornada completa, por lo que puede dar lugar a un contrato a tiempo parcial. Y éste es el gran problema de esta figura, pero ya se han esgrimido múltiples argumentos al respecto.
Quisiera detenerme también en la enmienda número 40, de supresión del apartado cinco del artículo primero. Su justificación radica en que el trabajador contratado a tiempo parcial tendrá derecho a conocer la distribución horaria y su concreción mensual, semanal y diaria, incluida la determinación de los días en los que el trabajador deberá prestar servicios. Por este motivo, señorías, no consideramos conveniente modificar el texto vigente de la letra a) del apartado 4 del artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores. Insisto en que entiendo que el trabajador contratado a tiempo parcial debe tener derecho a conocer previamente cuál va a ser su horario de trabajo. Lógicamente, no puede estar a plena disponibilidad.
La enmienda número 41, así como otras, se refiere a las horas complementarias. Es de adición al artículo primero, apartado seis, y dice: «Los convenios colectivos podrán establecer sistemas y procedimientos de consolidación de las horas complementarias como jornada ordinaria pactada, por su utilización a lo largo de determinados períodos de tiempo.» Dado que en la nueva regulación desaparece el

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mecanismo de consolidación de horas complementarias, debería reflejarse esta garantía mínima.
En referencia a la misma cuestión, la justificación de la enmienda número 42 estriba en que se elimina la posibilidad de que el trabajador renuncie al pacto de horas complementarias. Me gustaría que la Senadora me explicara por qué no admiten algunas de estas enmiendas que se refieren a las horas complementarias. Nosotros planteamos que el pacto de horas complementarias podrá quedar sin efecto por denuncia del trabajador una vez cumplido un año desde su celebración. Estar continuamente con el pacto de horas complementarias, «sine die», no nos parece lógico y normal.
La enmienda número 43, de modificación, pretende sustituir la cantidad de 60 por ciento de la jornada de horas complementarias, por la del 30 por ciento en los convenios colectivos.
En el artículo primero, apartado seis, planteamos también el tema de las horas complementarias en una enmienda de fondo, concretamente la número 44. Añadimos una letra i), del siguiente tenor: La realización de horas complementarias podrá dar lugar a la modificación de la jornada ordinaria pactada inicialmente en el contrato. Si se hacen un montón de horas complementarias durante un tiempo, pongamos un caso determinado, ¿por qué hay un contrato a tiempo parcial? Esta enmienda número 44 tiene la intención de modificar el contrato «in situ», ya que aceptar la modificación propuesta significa la pérdida de un derecho importante que justificaba lo excepcional de las horas complementarias. Ahora, sinceramente, las horas complementarias ya no son excepcionales sino que se generalizan de una forma muy importante.
Con respecto a las nuevas figuras contractuales que aparecen para los servicios públicos, presentamos la enmienda número 45, de adición, porque esta figura contractual en las Administraciones públicas está muy poco aclarada. Tanto en los debates en Comisión como en Pleno no me ha quedado clara cuál es la intención exacta de esta figura. Hace poco hemos estado discutiendo el tema de los investigadores y parece que está pensada para ellos, pero no se aclara con exactitud y afecta a ese colectivo muy especialmente. Pero al abrirse esa figura, se abre para todo el mundo, es decir, no hay un contrato específico. Con esta nueva modalidad se inventa un nuevo contrato y se abre la puerta para otros colectivos, afectando, lógicamente, a la precarización, al aumento de la eventualización de las Administraciones Públicas.
La enmienda número 46 es de supresión y ustedes ya la conocen.
En la enmienda número 47 pretende suprimir todo el apartado ocho del artículo primero porque no se entiende la necesidad de establecer una nueva modalidad contractual. Me gustaría que me aclararan el tema del contrato de obra y servicio utilizado actualmente en los programas y planes de empleo públicos. Ha estado funcionando pero el volumen de contratación en este tipo de programas no justifica la medida, ya que en el año 1999, por ejemplo, se realizaron un total de 280.000 contratos, de los cuales 237.000 corresponden al Programa de Fomento del Empleo Agrario, y hay que recordar que en ese mismo año en el Inem se registraron casi 4 millones de contratos de obra y servicio. Respecto a esta serie de enmiendas que se refieren al contrato, me gustaría que me aclararan para qué sirve este contrato, a qué colectivos pretende, sobre todo y esencialmente, en esta línea de la precarización.
La enmienda número 50 pretende suprimir el punto cinco del apartado nueve del artículo primero. La definición que hace el proyecto de ley parece que impide el que se puedan establecer esos requisitos que se plantean en otros convenios colectivos que no sean los sectoriales, cosa que no tiene ningún sentido. No sé por qué esta enmienda no ha sido aceptada y me gustaría saberlo.
La enmienda número 52 es de adición y pretende la concreción en la línea con lo establecido en la Directiva europea sobre contratos de duración determinada, de la que el proyecto de ley quiere ser trasposición. Por lo tanto, pretendemos que se añada un nuevo párrafo al punto 7: «A efectos de prevenir los abusos en la utilización sucesiva de la contratación temporal, deberán ser considerados como tales los contratos sucesivos de duración determinada realizados con el mismo trabajador en la misma empresa o grupos de empresas, y la ocupación del mismo puesto de trabajo con sucesivos contratos de duración determinada, ya sea con el mismo o distinto trabajador.» Esto tiene una importancia enorme. Ya sé que no lo van a aceptar, pero al menos justifíquenlo.
Como el tiempo pasa, estoy cansado y sé que no van a cambiar, sólo espero que me expliquen su negativa a las enmiendas que planteé en la Comisión.
Puedo repetírselas, si no se acuerdan. Se referían a las ETTs, a las empresas de inserción laboral, a las garantías, al tema de los fijos discontinuos --donde coincidíamos, porque una de mis enmiendas era prácticamente igual a la suya--, a los incentivos y a la disposición adicional, que creo que han firmado ya todos los grupos. Nos gustaría que nos respondiesen a alguna de las enmiendas que presentamos, sobre todo a aquellas que son de mejora.
Voy a renunciar a todas las que planteamos. Conocen ustedes cuál es nuestra posición estratégica con respecto al mercado laboral. Presentamos algunas enmiendas que recogen la concepción y filosofía de Izquierda Unida en relación con el mercado laboral. Creemos que hay que garantizar mejor y hacer más fácil la entrada al mercado laboral, que hay que mantener derechos cuando se está trabajando y que no hay que flexibilizar tanto la salida del mercado laboral. Nuestro mercado laboral es muy amplio en su flexibilidad, pero planteamos medidas estratégicas y aprovechamos estos debates para recordar nuestra posición con respecto a las horas extra, a la jornada laboral, etcétera.
Algunas de las enmiendas propuestas son racionales y serias y fueron introducidas por los sindicatos; la mayoría son de adición, de aportación a lo existente, aunque hay alguna de supresión. Tengo aquí algunas de las enmiendas que UGT y Comisiones Obreras nos hicieron llegar y que yo he situado en este contexto. Ustedes las conocen perfectamente porque saben cuál es la posición de los sindicatos al respecto. Como he señalado cuáles son las de los sindicatos

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y ya que no ha sido posible tratarlas ni con la patronal ni con el Gobierno, les pediría que se detuvieran a analizarlas en sede parlamentaria. Les invito a que hagan esta reflexión.
También hay enmiendas que pretenden mejorar lo que ni siquiera merece el calificativo de reforma laboral y que considero que es un estropicio en relación al año 1997, y me refiero a la flexibilidad de los nuevos contratos, sobre todo el de formación. Renuncio a algo que me parece muy importante, y es que se debería haber penalizado la contratación temporal con el fin de eliminar su enorme volumen. En este sentido, lo de los ocho días no tiene sentido pero, por desgracia, no vamos a solucionarlo. No renuncio, sino que lo planteo para que se tenga en consideración, pero seguiremos defendiendo que hay que penalizar la contratación temporal y apostar por la contratación indefinida, estable y con derechos para los trabajadores.
Doy por defendidas el resto de las enmiendas. Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Cámara.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario Mixto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Se da por defendido.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) En nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias.
Voy a ser muy breve.
Nosotros --ya lo decíamos en la primera intervención-- nos hemos puesto a su disposición para poder entrar en este consenso sobre la reforma laboral. Planteábamos dos cuestiones. Por un lado, la voluntad política que debía refrendar aquí el Grupo Parlamentario Popular, en nombre del Gobierno, haciendo gestos para conseguir el máximo acuerdo posible. Por otro lado, nosotros presentábamos una enmienda que puede parecer poco, pero que puede ser dura para el Grupo Parlamentario Popular porque le obliga a retratarse respecto a si realmente tiene sensibilidad autonómica o no, sobre si realmente cree en el Estado Autonómico y en su profundización. Desde ese punto de vista, esperábamos que cogiera ese enganche y poder sumarnos así a este consenso. Porque estamos hablando de un marco económico y de una sociedad que son bien diferentes de los existentes en la década de los ochenta. Los problemas de hoy no son los derivados de la crisis de los años setenta. Así, el propio proyecto de ley que se presenta deroga una disposición del Estatuto de los Trabajadores que, en aquel tiempo, facilitaba la jubilación forzosa, etcétera. Tiene que haber nuevas respuestas que vienen mas del proceso de integración de la Unión Europea y de la internacionalización de la economía, y habrá que plantearse hasta qué punto debe llevarse a cabo una revisión del marco constitucional. Para ello habrá que pasar primero, como decíamos antes, por profundizar en los mecanismos e instrumentos con los que ahora contamos, y ponerlos ya en marcha con toda su potencialidad. Nosotros hemos presentado una enmienda con un doble contenido. El primero era una salvaguardia competencial en el sentido de considerar que el programa del Estado resulta independiente de lo que establezcan las Comunidades Autónomas en el ejercicio de sus competencias en materia de promoción económica, y ése sería el caso en el que estaríamos nosotros. Si no, se está obligando a que los que, como decíamos antes, conocen mejor el tejido económico y deben dar la respuesta más cercana al ciudadano, se vean obligados a hacer fomento de empleo, políticas activas. Al tener que hacer lo que deben hacer, porque tienen título competencial suficiente, se nos está obligando a hacerlo sin darnos la capacidad para ello. Y el Estado, que tenía que limitarse fundamentalmente en legislar, no lo está haciendo, sino que está interviniendo y haciendo gestión.
El segundo contenido supone un mandato legal para que la Administración transfiera de una vez esa gestión, esos programas, a las Comunidades Autónomas que, como decía, conjugan esas competencias.
Hemos hecho todo el esfuerzo posible. Creíamos, además, que no era cuestión de cantidad sino más bien de calidad. Ahora depende del Grupo Parlamentario Popular y de si muestra esa sensibilidad y posee esa voluntad para profundizar en el Estado Autonómico.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señor Presidente.
Nuestra intervención será en un solo bloque e irá dirigida a presentar las argumentaciones más generales que sustentan nuestras enmiendas que no a su detalle, muchas de las cuales son congruentes o incluso coincidentes con las del Grupo Parlamentario Socialista y algunas con las Grupo Parlamentario Mixto, con las que nos sentimos perfectamente identificados con lo que ha sido o será su defensa.
Antes decía a la Senadora Do Campo lo del árbitro casero --no lo voy a repetir--, lo de las lágrimas de cocodrilo --tampoco lo voy a repetir--, pero a veces es bueno comparar lo que sucede en nuestro país con lo que sucede en nuestro entorno. Y señores del Grupo Parlamentario Popular, resulta que nosotros estamos avanzando en una progresiva pero constante desregulación y precarización del mercado laboral, aunque con una importante creación de empleo, por supuesto, dado que ha habido un ciclo importante de crecimiento económico, y ésta es la causa fundamental de la creación de empleo. Otra cosa es la calidad y el tipo de empleo, como ya han opinado otros Senadores antes que yo. Por lo tanto, no cuestionamos --como he dicho antes-- la cantidad de la creación de empleo, sino la

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calidad de esta misma creación de empleo, su posible continuidad y su acción eficaz en la implementación de la economía.
Les quería recordar a los Senadores del Partido Popular que Francia, con una legislación mucho más atrevida, mucho más avanzada, mucho más integradora y social en la configuración de un mercado laboral que genere integración, cohesión y confianza, ha implementado --como ustedes saben-- la Ley de las 35 horas, que todos vaticinaban que iba a ser un desastre porque suponía un intervencionismo intolerable en las propuestas políticas y éticas sobre la integración y cohesión social; y no sólo no ha sucedido nada de eso, sino que se han creado muchos empleos en Francia, 285.000 empleos netos nuevos desde 1996, y han tenido, por ejemplo, una disminución de su tasa de paro del 12,5 por ciento al 8,5 por ciento, cuatro puntos en la disminución de esta tasa de paro, en el marco de una política de reducción de la jornada media laboral que se ha propuesto en la Ley de Martinne Aubry en 35 horas.
Hoy día en Francia 50.000 empresas han hecho ya convenios para aplicar la Ley Aubry de las 35 horas. Mientras tanto en España tenemos un promedio de jornada laboral media de 38,7. Con esta reforma, con esta reforma del árbitro casero, con esta reforma de las lágrimas de cocodrilo, vamos a precarizar todavía más el nivel y la calidad de nuestra ocupación. Vamos, por tanto, a incrementar la inseguridad. Vamos, por tanto, a disminuir la capacidad de demanda interna de la gran mayoría de consumidores, que son al fin y al cabo los trabajadores y asalariados.
Estos son los resultados macroeconómicos y sociales de la reforma del Partido Popular sobre el acuerdo social de 1997: más precarización y menos seguridad en el trabajo. Todo ello no nos garantiza una mejor eficiencia de nuestra economía, puesto que tenemos una inflación que es el doble de la francesa. Estamos en el 4,2 y las últimas cifras de la inflación en Francia, país vecino, con una política económica y social claramente distinta de la que practica el Partido Popular, está en el 2,5, dos puntos menos de inflación, con mejor calidad de empleo, menos paro, más integración y más cohesión social.
Este es el panorama que la reforma del Partido Popular nos encara. Pero si hacemos otra comparación, ésta puramente española, veremos que en prestaciones sociales nuestro país ha perdido de 1993 a 1998 el 3 por ciento de peso en el producto interior bruto en las prestaciones sociales. Este es un dato importante y complementario de lo que es el mercado laboral. Pero voy al mercado laboral. Del 990 a 2000 --y cito datos del Instituto Nacional de Estadística y del Banco de España-- el peso total de las rentas del trabajo en el PIB ha pasado del 47,7 por ciento en 1990 al 48,4 por ciento en 2000. Es decir, ha subido un poco respecto del PIB. Además hemos tenido un aumento sustancial en el producto interior bruto. ¿Qué quiere decir eso dicho al revés? Pues simplemente que las rentas salariales han perdido un peso importantísimo en el conjunto de la creación de riqueza en España.
Este es otro dato que viene a marcar de forma negativa la evolución del empleo y la evolución de la ocupación. Hay una mayor ocupación. Hay un empleo en cuantía mayor que antes, pero más precario y que no genera una mayor redistribución de la renta nacional y del producto interior bruto sobre los propios empleados, es decir, sobre los propios asalariados.
Por tanto, la evolución obtenida y la que se presume vaya a producirse después de la introducción de esta pequeña reforma del acuerdo social de 1997 es más de lo mismo o, dicho de otra forma, van a existir peores condiciones laborales, de integración social y de capacidad de generar confianza en la propia economía y demanda interna.
Voy a señalar un sólo ejemplo paradigmático de toda la reforma. Yo les decía que el Gobierno al que ustedes dan plena confianza ha sido un árbitro casero. Otro ejemplo: En el artículo 49.1 c) se habla de la indemnización de los 8 días por trabajo con contrato temporal y se afirma que esta indemnización se devengará después de la entrada en vigor de la ley. Hasta ahí podríamos estar de acuerdo. Es una nueva norma y, por tanto, entrará en vigor cuando lo haga el Real Decreto-ley 5/2001 al que nos referimos. En cambio, el artículo 52. e) habla de despido automático e individual en contratos ligados a las administraciones públicas o de empresas que contraten con administraciones públicas y que dependan de los Presupuestos Generales del Estado para la realización de estos trabajos. Por tanto, se hurta la obligada declaración de expediente de regulación de empleo pero, además, se dice que va a tener carácter retroactivo; es decir, señora Do Campo, cuando se trata de pagar la indemnización, hay que esperar a que entre en vigor, y cuando se trata de evitar pagar una indemnización o reconocer una regulación de ocupación, ha de tener efectos retroactivos. Esto es un ejemplo de arbitraje casero, Senadora Do Campo.
Los Senadores Romero y Cámara ya se han referido al contrato de formación, y yo no quiero abusar del tiempo en esta Cámara y no voy a referirme a argumentos repetidos hasta la saciedad. Pero uno de estos Senadores nos ha puesto el ejemplo de que esto está sirviendo y puede servir para recoger fresas en Huelva, y realmente es paradigmático de lo que ustedes pretendían con esta reforma. Si resulta que recoger fresas es una actividad formativa, apaga y vámonos, señores del Partido Popular. No perviertan el sentido de las palabras. No perviertan el sentido inicial de la reforma laboral y del contrato de formación que tenía su papel, ampliándolo indiscriminadamente a cualquier tipo de colectivo porque, al final, las cosas se convierten en su propio contrario. Y en esta cuestión del contrato de formación, la avaricia ha roto el saco. La lectura del artículo del contrato de formación produce hilaridad, porque no está previsto para formar a estos colectivos sino que produce mayores bonificaciones para el empresario. Ahí está el secreto de la película o de la comedia.
Con relación a la subcontratación quiero decir que, aunque se señala la necesidad de avisar e informar a los trabajadores que se encuentren en esta situación, el resultado final de la arquitectura global del Real Decreto-ley es una mayor facilidad para la subcontratación y, sobre todo, una mayor inseguridad para los trabajadores que resulten afectados.


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Para terminar, hay que decir que la temporalidad y la rotación en la misma también resultan gravemente afectadas con esta reforma, una reforma que, como ha dicho algún Senador, tan poco es tan grande --incluso alguno la ha calificado de mala y perversa, pero pequeña reforma al fin y al cabo--, y que sobre todo ha venido a romper una buena armonía entre las partes --entre los sindicatos y la patronal, con la aquiescencia del Gobierno--, como son los acuerdos de 1997, que tan positivos fueron y que tan loados han sido por parte del Gobierno del Partido Popular. Pero ahora, no se sabe muy bien por qué --seguramente por aquello de que la avaricia rompe el saco--, se rompe la baraja y se llega a otros acuerdos que pueden ser el preámbulo de un empeoramiento de las relaciones sociales y laborales.
Tenemos ya en marcha ese decreto, y tenemos un acuerdo en materia de pensiones que no han firmado todos los agentes sociales, algo que nos duele, porque Entesa Catalana de Progrés hubiera preferido que no sólo lo firmase Comisiones Obreras, sino también UGT. No ha podido ser así, pero no voy a entrar ahora a analizar el porqué de esta cuestión.
Y queda pendiente la regulación de la negociación colectiva, que se anuncia con la misma arrogancia con la que se ha pronunciado el Gobierno del Partido Popular en el tema de la reforma laboral. Mucho nos tememos que, como consecuencia de esa arrogancia, que tanto le gusta prodigar al señor Aznar, podamos tener un serio y grave encontronazo en la negociación colectiva. Desearíamos que no fuera así, pero por ahora no podemos decir nada más.
Señor Presidente, con esta intervención damos por defendidas todas nuestras enmiendas.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Espasa.
Por el Grupo Parlamentario de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señor Presidente.
Señorías, hemos trabajado todo lo posible en este proyecto desde el principio, desde su tramitación en el Congreso, introduciendo en el mismo una serie de mejoras. Llegamos a la Comisión con 18 enmiendas, de las cuales ahora sólo quedan nueve con el fin de facilitar las cosas y no entretener a la Cámara con cuestiones que no son prácticas o de utilidad.
Renunciamos a varias de ellas porque prácticamente coincidían con algunas del Grupo Popular, por lo que se incluyeron las de dicho Grupo. También renunciamos a una en concreto porque se nos admitió una transacción sobre una enmienda relativa a la formación de los trabajadores extranjeros, lo que para nosotros ha constituido una mejora trascendental.
Y, como digo, hoy quedan vivas nueve enmiendas. Tres de ellas se refieren al trabajo a tiempo parcial. La primera es relativa a la comparación del trabajo a tiempo parcial con el trabajo a tiempo completo. Para establecer esa comparación en la ley se utiliza la expresión «trabajo idéntico o similar», mientras que nosotros proponemos la de «trabajo equivalente», al considerar que con eso se puede evitar muchas complicaciones y se delimita mucho el campo de la realidad.
Con la segunda de las enmiendas de este bloque también intentamos aportar una precisión respecto de cómo medir el número total de horas trabajadas en el trabajo a tiempo parcial.
Y en cuanto a la enmienda número 148, que consideramos muy importante, con ella pretendemos que la negociación colectiva pueda tener un papel directo de impulso para que los contratos sean fijos, disminuyan los contratos temporales y para trabajar directamente en el trabajo a tiempo parcial, ya que la ley excluye en cierta medida los convenios colectivos en este campo.
Otro bloque está constituido por dos enmiendas, cuya finalidad es recuperar ventajas para las empresas sin ánimo de lucro, que en los últimos tres años han trabajado de forma muy importante en materia de prestación social sustitutoria.
Y entramos en las cuatro enmiendas finales, que son las que consideramos más importantes ya que con su aceptación se puede luchar sobre todo contra la precariedad. Así, con la enmienda número 161 pretendemos incentivar los contratos fijos frente a los contratos temporales incidiendo en las cuotas de las cotizaciones a la Seguridad Social. En ese sentido, proponemos que los contratos fijos disminuyan un punto en todas sus distintas cotizaciones y que se aumente un punto en la correspondiente a los contratos temporales. Creemos que estos dos puntos de diferencia deberían estimular ese tipo de contratación y, dado que en estos momentos hay muchos contratos temporales, tampoco esa medida representaría un gran sacrificio económico para los presupuestos del Estado.
Por otro lado, todos los Grupos hemos trabajado desde el primer momento en el tema de las empresas de inserción. Estamos de acuerdo en que éste es un camino interesante para el trabajo y formar a una serie de colectivos que se encuentran en estado de exclusión. En el dictamen se ha dado ya un importante paso adelante con la inclusión de una enmienda del Grupo Popular. Una vez que en el dictamen ya queda bien definido cuáles son las empresas de inserción que deben tener un 30 por ciento de personal procedente de colectivos en exclusión, hoy introducimos otra diferencia con nuestra enmienda al suprimir un párrafo que limitaba mucho la naturaleza jurídica de las empresas, abriendo, en cambio, la posibilidad a que cualquier tipo de empresa, sea cual sea su naturaleza jurídica, cooperativa, sociedad limitada o anónima, y mientras cumpla los requisitos de ese 30 por ciento de personal, pueda colaborar al empleo de estas personas procedentes de colectivos en exclusión. Si en el mercado empresarial normal se trabajara también en este campo, se podría avanzar mucho más.
Con la enmienda número 163 intentamos también favorecer a un colectivo, el de las mujeres que se incorporen al trabajo después de la maternidad.
Proponemos que en el caso de que vuelvan a su trabajo tengan una exoneración de cotizaciones a la Seguridad Social durante los dos primeros años después de ese hecho.
Finalmente, respondiendo a algunas ideas propiciadas por muchas personas que consideramos importantes, proponemos

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en nuestra enmienda número 164 que se premie a las empresas que ven reducida su siniestralidad laboral con una disminución de las cotizaciones de un 0,25 por ciento.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador De la Fuente.


El señor DE LA FUENTE SAMPRON: Con su venía, señor Presidente.
Buenos días, señorías. Muchas gracias por estar aquí presentes. Es para mí un placer como representante del Grupo Parlamentario Socialista en el Senado defender las enmiendas al artículo primero de este proyecto de ley números 77 a 89, ambas inclusive. El resto las defenderá mi compañero el Senador Alonso.
Señorías, el mercado de trabajo sufre las consecuencias negativas de la temporalidad en los contratos. La alta tasa de temporalidad produce una precariedad enorme, rotaciones sucesivas, pues estos contratos cada vez duran menos, y, lo que es peor, esa precariedad produce a su vez una alta siniestralidad laboral que un mercado sano y vigoroso no puede soportar.
Pues bien, los agentes sociales, los sindicatos y los empresarios estaban negociando todas estas particularidades que resultan vitales para que el mercado de trabajo, como digo, sea fuerte y sano, pero nuestro grupo parlamentario cree que éstas se han visto inoportunamente sustituidas precisamente de una forma y en un momento en que la madurez de las posiciones de los agentes sociales inspiraba, desde mi punto de vista, grandes posibilidades.
El Real Decreto-ley 5/2001, de 2 de marzo, ha puesto fin abruptamente al proceso de diálogo social que mantenían las centrales sindicales Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores con las confederaciones empresariales.
Creo que el contenido de esta reforma nada tiene que ver con losobjetivos de la reducción de la temporalidad y mejora de la regulación del contrato a tiempo parcial. La reforma propuesta por el Gobierno conservador del Partido Popular es inútil frente a la precariedad del empleo, es regresiva para los trabajadores a tiempo parcial y lesiva para los grupos a los que se prevé aplicar el contrato formativo desnaturalizado. Esta reforma, demoledora con el modelo de relaciones laborales, basada en la negociación y el equilibrio que habían iniciado la Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras con la patronal en los últimos años, se ha visto truncada por la irrupción del Gobierno.
El Gobierno no se compromete seriamente a evitar preventivamente los abusos de la contratación temporal y hace sólo una tibia referencia a la negociación colectiva. El empleo sigue siendo el mayor problema que incide de forma directa sobre la economía de este país. Afortunadamente, atravesamos un ciclo de bonanza económica, pero creo que en este sentido de la fijeza en el mercado de trabajo, el Gobierno del Partido Popular no ha sabido pilotar con acierto ni potenciar la creación de un empleo estable de calidad. Creo que tenían una oportunidad de oro en esta ocasión si hubieran tenido un poco más de tranquilidad y serenidad.
Algún Senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha hecho referencia a las políticas activas de empleo. Para ser capaces de profundizar en los yacimientos de empleo y en la búsqueda de recursos ociosos o infrautilizados, que en este país son muchos, culturales, medioambientales, etcétera, es imprescindible tratar de estrujarse las ideas.
Tenía yo que hacer un pequeño inciso para criticar, sin ningún ánimo de acritud, que las políticas activas de empleo que desarrolla este Gobierno están sobredimensionadas por la firme obsesión del déficit cero. Los gabinetes de orientación profesional, de las distintas oficinas de empleo, ahí donde las políticas activas de empleo no han sido todavía transferidas, están sufriendo un gran quebranto. Orientadores profesionales industriales con más de 17 años de experiencia en gabinetes profesionales de información, orientación y búsqueda de empleo, capaces de apoyar a los demandantes de empleo, que en muchos casos es imprescindible para orientarles en las formas legales y técnicas en la búsqueda de empleo, a través de currículum, etcétera, se ven relegados en los gabinetes de orientación provinciales, siendoespecialistas, siendo responsables de los equipos de coordinación y orientación de las oficinas de empleo, se ven relegados a realizar tareas de prestaciones, lo que es bastante alevoso. Si lo desean, les puedo dar datos, con nombres y apellidos. Los responsables del Gobierno pueden comprobarlo en las distintas direcciones provinciales del Instituto Nacional de Empleo, porque eso es un desperdicio de recursos.
El Grupo Parlamentario Socialista defiende hoy un conjunto de enmiendas que recogen buena parte de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre todos los problemas que planteamos. Creemos que nuestras enmiendas son rigurosas pero, aunque han sido presentadas en los distintos ámbitos parlamentarios, ni siquiera han sido aceptadas cuando se ha ofrecido alguna transaccional.
Este Real Decreto-ley no es el nuestro, no es el del Grupo Parlamentario Socialista pero, en aras de hacer una política socialmente útil para los ciudadanos, y en el marco en el que nos obliga a trabajar la mayoría legítima de esta Cámara, hemos hecho un gran esfuerzo para aportar nuestras ideas que, como he dicho, son rigurosas y están basadas en la jurisprudencia.
La enmienda número 77 es de modificación. La hemos presentado por coherencia con la enmienda de supresión al apartado Ocho del artículo primero, por el que se incorpora una nueva letra d) al apartado 1 del artículo 15 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativa a un nuevo contrato de inserción y porque creemos que no es oportuna la utilización de ese contrato de inserción. Algún compañero Senador que me ha precedido en el uso de la palabra ha dejado entrever la temporalidad, la inestabilidad, la falta de base causal que tiene esta modalidad de contratación y, además, que es improcedente al ser otro tipo de contrato temporal. Parece que va en contra de la teoría del Real Decreto-ley

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y de sus intenciones y, por eso, quiero pedirles que valoren la resonancia que puede tener este contrato en los planes de empleo agrarios, en el ámbito de los consejos comarcales, en los planes de empleo regionales de algunas Comunidades Autónomas y en los convenios entre el Inem y las corporaciones locales porque, al ser obras de interés general y social, subvencionadas por la Administración, no sabemos qué aplicación podrá tener, para el próximo año, la limitación de los nueve meses en los tres últimos años. Esta es una cuestión que afecta claramente a mi provincia y a muchas otras; es algo que conozco perfectamente y me parece que ese contrato no es procedente en este momento.
La enmienda número 78 pretende la modificación del artículo Primero, apartado dos porque el contrato para la formación tiene por objeto otorgar a los jóvenes menores de veintiún años que tratan de integrarse en el mercado laboral con una escasa cualificación al haber fracasado en el ámbito escolar, una formación, unos conocimientos teóricos y profesionales suficientes para que adquieran esas habilidades y destrezas propias de una ocupación. Por tanto, se trata de formar a jóvenes para ayudarles en su inserción o --si han tenido un empleo anterior-- a su reinserción. Se puede comprender su baja retribución, en algunos casos inferior al salario mínimo interprofesional e, incluso, sus costes menores en Seguridad Social y su falta de derecho a la prestación por desempleo, pero hacer extensivo este tipo de contratos a otros colectivos, como hace el proyecto de ley que se enmienda, respecto a los cuales no rige límite de edad alguno, desnaturaliza la esencia del contrato e incide en la precariedad y fragmentación del mercado laboral a través de una política que abarata los costes laborales de estos trabajadores. De ahí la desviación en su uso que se puede dar, sinceramente se lo digo. Coincido perfectamente con nuestro portavoz y compañero, el Senador Romero, en que se pueden dar circunstancias no deseadas, y no solamente en el caso del trabajador que recoge la fresa en la provincia de Huelva el empresario va a poder aplicar esa modalidad de contrato de trabajo. Señorías, creo que cuando se trate de un especialidad concreta u ocupación susceptible de tener unos conocimientos profesionales, para ello está la formación profesional continua, pero comprenderán que un contrato de formación durante dos años para recoger un producto como las fresas --por cierto, riquísimo-- no tiene mucho sentido, lo tendrían que valorar. Ahora bien, también existen colectivos que dadas sus peculiaridades, personas sin actividad y emigrantes, pueden necesitar este tipo de ayuda formativa. A pesar de las críticas, se procede a su inclusión, pero sometida a límite de edad, pues no se trata de constituir con los más desfavorecidos --y hago hincapié en los más desfavorecidos-- una oferta de mano de obra más barata --coincidirán conmigo en que puede ser más barata--, sino de adoptar políticas de empleo que posibiliten su inserción y, al mismo tiempo, remuevan aquellas dificultades que tienen ciertos colectivos.
La enmienda número 79 se refiere a las horas complementarias. Nosotros pretendemos hacer una modificación en el apartado 1 del artículo 12 estableciendo que el trabajador se entenderá contratado a tiempo parcial cuando preste servicios durante un número de horas al día, a la semana, al mes o al año, inferior a la jornada a tiempo completo establecida en el convenio colectivo de aplicación o, en su defecto, a la jornada ordinaria máxima legal. Nos parece que la ampliación del 30 al 60 por ciento de las horas complementarias es abusiva. La consolidación de las horas complementarias debería haber sido, como en nuestra propuesta, por lo menos el 50 por ciento para que ese contrato parcial se vaya consolidando y aproximando cada vez más al tiempo total. La flexibilización de esta modalidad nos parece que debe compatibilizarse con la introducción de ciertas cautelas necesarias para evitar la desnaturalización de este tipo de contrato y la discrecionalidad empresarial en detrimento de los derechos del conjunto de los trabajadores.
La enmienda número 80 se refiere, como les he anunciado al principio de todas ellas, al artículo primero, apartado cuatro y es también de modificación. Tratamos de perfeccionar el número 3 de modo que el contrato a tiempo parcial se entenderá celebrado por tiempo indefinido cuando se concierte para realizar trabajos fijos y periódicos dentro del volumen normal de actividad de la empresa. Quienes presten servicios en trabajos que tengan el carácter de fijos discontinuos y no se repitan en fechas ciertas serán llamados en el orden y la forma que se determine en los respectivos convenios colectivos. El trabajador, en el caso de incumplimiento...


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador De la Fuente, tiene que compartir su tiempo con el Senador Alonso, por lo que le ruego vaya terminando.


El señor DE LA FUENTE SAMPRON: Muchas gracias, señor Presidente.
Termino enseguida. En la justificación decimos que en vez de clarificar que debe entenderse por trabajo fijo-discontinuo, con el consiguiente fraude en la utilización de la contratación temporal que produce esta indefinición, el proyecto de ley, en su artículo primero, apartado nueve, introduce una nueva categoría.
El resto de las enmiendas por falta de tiempo las doy por defendidas.
Si me permite el señor Presidente, sí quería decir que la apuesta del Partido Popular en esta reforma está presidida por un afán desregularizador y flexibilizador. Sitúa a la regulación laboral española, y a su Grupo Parlamentario Popular, en la posición más neoliberal, más clásica del debate ideológico. Sobre esta materia el Grupo Parlamentario Socialista, y por los mensajes de la gran mayoría social y sindical, del conjunto de los agentes sociales, cree que esta reforma es muy regresiva y que nos coloca a todos ante el mercado laboral más pobre y más injusto de la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador De la Fuente.
Tiene la palabra el Senador Alonso.


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El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, buenos días. Me corresponde, como bien apuntaba el Senador De la Fuente, defender las enmiendas presentadas por mi Grupo a partir de la número 89 en adelante, hasta el final de las 42 presentadas.
Quiero dejar constancia de que por economía de procedimiento no haré, bajo ningún concepto, mención expresa a cada una de las enmiendas presentadas, dándolas por tanto por defendidas en los términos en que se presentaron, y con la justificación que a todas y cada una de ellas corresponde. Me referiré por tanto a aquellos aspectos que más interés nos suscitan. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Soy consciente de que, al igual que ocurrió en el trámite parlamentario del Congreso de los Diputados, el Grupo Parlamentario Popular no va a tener en cuenta ni a aceptar enmienda alguna de las presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, pese a la disposición transmitida por nuestro portavoz, el Senador Romero, para transaccionar aquellas cuestiones que más agreden al colectivo afectado por este proyecto de ley, que no es otro que el de los trabajadores y el de las trabajadoras.
Señorías, permítanme leerles un texto que dice lo siguiente: La profunda reforma de estos años de la economía española habría sido imposible sin el recurso al diálogo. Para nosotros el diálogo social entre el Gobierno y las organizaciones empresariales y sindicales es la mejor vía para la modernización de las relaciones laborales, las políticas activas de empleo, la consolidación del sistema público de pensiones o la previsión social complementaria. Gracias a la coincidencia de todas las partes en el objetivo central de crear empleo y la evidente aproximación en las valoraciones y análisis económicos, el diálogo social es fecundo y eficaz. Este texto figuraba en el programa del Partido Popular en abril del año 2000.
Pero no queda ahí la cosa. Entre los ocho grandes acuerdos nacionales, el señor Aznar anunció a bombo y platillo en esa misma campaña electoral lo siguiente: Sólo las reformas ampliamente compartidas, con sólido respaldo de una opinión pública y con la colaboración de las instituciones y agentes sociales, son fecundas y tienen éxito. Ayer aquí se hablaba de que la Cámara no podía ser asamblearia, puesto que esto era un Parlamento; sin embargo, ya durante las elecciones del año 2000 el Presidente Aznar reclamaba para este tipo de cuestiones la aquiescencia de la opinión pública, en general, como no podía ser de otra forma, porque una ley, una norma de esta naturaleza o va precedida de un amplio diálogo social o, por el contrario, está abocada al más absoluto de los fracasos.
Decía la Senadora Do Campo que el Gobierno del Partido Popular había respetado los plazos. Senadora, permítame disentir en esa materia, habida cuenta de que había un acuerdo firmado entre las organizaciones sindicales y el Gobierno del señor Aznar en el año 1997 que, si mal no recuerdo, finalizaba en mayo del año 2001, y el Gobierno del Partido Popular irrumpe como un elefante en una cacharrería quebrando el acuerdo, rompiendo todos los plazos y en una posición de clara amenaza para las organizaciones sindicales.
Se había encontrado una definición de empresa, y no es otra que el conjunto de bienes productivos que conforman la misma, y en esta reforma laboral el Gobierno del Partido Popular, dentro de esos bienes productivos que conforman la empresa --nuestra propuesta tanto en el texto alternativo que se remitió al Congreso de los Diputados, como en las enmiendas que se hicieron llegar al Senado, es un texto equilibrado que respeta el equilibrio de ese conjunto de bienes productivos, de los trabajadores y de los empresarios, de los intereses de los trabajadores y de los intereses de los empresarios-- legisló «ad hoc», sólo y exclusivamente para uno de esos bienes productivos, que no es más que el que representa la acción, olvidándose de forma total y absoluta de otros colectivos, como, es el de los trabajadores y de las trabajadoras que forman parte de ese conjunto de bienes productivos que constituyen la empresa. Por lo tanto, sí hubo quiebra y si hubo, por así decir, avasallamiento en el tema de los plazos.
Sin embargo, he de destacar que en muy pocas ocasiones --casi en ninguna-- el Grupo Parlamentario Popular utiliza esta Cámara para darle el sentido que tiene esta Cámara, es decir, una Cámara de representación territorial y una Cámara de segunda lectura. He de reconocer que en esta ocasión ustedes utilizan el Senado como una Cámara de segunda lectura, pero ¿para qué la utilizan? Utilizan ahora el Senado como Cámara de segunda lectura para corregir simples precisiones técnicas del contenido de la reforma. Utilizan esta Cámara para matizar o corregir algunas materias pero que en absoluto alteran el contenido de la regresiva e impuesta reforma laboral por el Gobierno del Partido Popular. Utilizan el Senado para, después de algunas enmiendas transaccionales, incorporar al articulado algunas de las enmiendas verdaderamente confusas tras los continuos cambios a los que una y otra vez vienen sometiendo a esta reforma laboral.
Estos cambios son un mero maquillaje, pues no suponen variación sustancial alguna del contenido de la reforma. Este sería el caso de las modificaciones sobre el contrato para la formación en la relación con los extranjeros --dicho sea de paso, colectivo al que no se aplica el límite de edad--. Lo mismo sucede respecto a la indemnización por finalización de los contratos temporales, excepto interinidad, inserción y formativos, donde la enmienda del Grupo Popular mantiene los ocho días de indemnización, eliminando la expresa referencia a la negociación colectiva pero manteniendo la previsión de que en la normativa específica se pueda establecer otra diferente. En otros supuestos las modificaciones van dirigidas a salvar palmarias contradicciones no sólo con nuestra normativa, sino también con la normativa europea, a la que con posterioridad haré una ligera alusión.
Refiriéndome ya al contenido de nuestras enmiendas propiamente dichas, quisiera destacar lo siguiente. Son enmiendas dirigidas a resolver problemas reales de la temporalidad desde una óptica de equilibrio --como antes apuntaba--: equilibrio entre los intereses que representa el colectivo de trabajadores y trabajadoras y los legítimos derechos

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que asisten también en este caso a la empresa --por eso digo que la nuestra es una propuesta de equilibrio y, por lo tanto, está instalada en la cultura de la demagogia--eliminando aquellas medidas más regresivas incluidas en la reforma como son el contrato de inserción y el despido por causas presupuestarias. Como apuntó mi compañero, el Senador De la Fuente, también tratamos de corregir los efectos que se derivan de los contratos formativos y a tiempo parcial. Asimismo, pretendemos incluir los aspectos tratados en el diálogo social y no poner sobre la mesa cuestiones que en ninguna ocasión fueron reclamadas ni reivindicadas por las partes, que eran los verdaderos protagonistas del diálogo social --es decir, agentes económicos y agentes sociales--; sin embargo, ponen ustedes en esta reforma, e incluso en las enmiendas que plantean, cuestiones que en ningún momento estuvieron encima de la mesa.
Queremos prevenir los abusos que se derivan de la contratación temporal en el contrato de relevo y especificar las funciones que la Inspección de Trabajo debe tener en materia de prevención de riesgos. Pretendemos, a su vez, mejorar algunos aspectos de la regulación del Real Decreto-ley, como son los referidos a la responsabilidad de la subcontratación --que figura en el artículo 42 del Estatuto de los Trabajadores-- y el 24 de la Ley de prevención de riesgos laborales, la indemnización por finalización de contratos temporales y la regulación del contrato indefinido de fomento del empleo, así como las horas extraordinarias y el servicio público de empleo.
En otro orden de cosas, hablando ya del contrato a tiempo parcial, apuntamos la necesidad de que figuren en el contrato las horas ordinarias, su distribución y concreción, así como la consecuencia que se derive de no cumplir tales requisitos. Añadimos además la presunción de que el contrato es a tiempo completo cuando se supera habitualmente la jornada pactada, su distribución horaria o el pacto de horas complementarias. Planteamos regular las horas complementarias, la posibilidad de denuncia por parte del trabajador, el límite máximo de las que puedan fijarse por convenio, distribución trimestral y posibilidad de consolidación. Establecemos la obligación del empresario de entregar copia básica del pacto de horas complementarias a la representación legal de los trabajadores.
Refiriéndonos a los fijos discontinuos, nuestra propuesta recupera la ubicación en el artículo 12 del Estatuto y elimina la distinción introducida en la reforma impuesta por ustedes. Se posibilita la realización de horas complementarias en los mismos términos que se establecieron en el año 1998.
Respecto al contrato de relevo, planteamos eliminar el límite máximo de jornada que el trabajador relevado pueda reducir y sólo se mantiene el tope mínimo del 30 por ciento. En cuanto al relevista, proponemos ampliar el colectivo de trabajadores que pueda concertar este contrato, de forma que además de los que se encuentran en situación de desempleo puedan también concertarlo los que tengan contrato de duración determinada con la misma empresa. También que el contrato pueda ser indefinido.
En los contratos de duración determinada, artículo 15 del Estatuto, planteamos que se aborden las causas de los contratos y se establece un régimen legal para castigar no sólo el fraude de ley, sino también el abuso en la utilización de los contratos de duración determinada. Con ello pretendemos que se avance sustancialmente sobre el esquema del Real Decreto-ley que se limita a remitir cualquier regulación sobre abusos a la negociación colectiva.
Proponemos limitar la posibilidad de realizar otro tipo de contrataciones cuando el convenio colectivo identifique los trabajos o tareas que justifican la realización de un contrato para obra o servicio determinado.
Se recupera la duración del contrato eventual tal y como estaba regulada antes del Real Decreto-ley.
Se incluye el abuso de derecho como un elemento a tener en cuenta en la presunción del contrato indefinido. Además, pretendemos que se establezca una lista --que no son numerus clausus--, de lo que se entenderá por contrato indefinido; es decir, qué situaciones posibilitan que se deba entender como indefinida una relación laboral.
Se establece la posibilidad de que por convenio colectivo se puedan añadir circunstancias adicionales al concepto de abuso, contrato de fomento de la contratación indefinida y mejora de la regulación, que ustedes plantean en el Real Decreto. En ese sentido, cabe destacar la limitación a un año, desde la entrada en vigor de la ley, de la posibilidad de concertar este contrato. Se prevé que, dentro de este plazo, el Gobierno, junto con las organizaciones sindicales y patronales más representativas, evalúe los efectos de la medida para determinar si es o no necesario mantenerla o modificarla.
En cuanto a horas extraordinarias, también se planteó una nueva regulación que mejora la de 1994 sobre horas extraordinarias, incorporando propuestas defendidas por los sindicatos, como son los límites diarios, mensuales y semanales, y la incompatibilidad de las horas extraordinarias con los acuerdos de la distribución irregular de la jornada.
Se plantea igualmente rebajar el límite anual a 60 horas, así como cuestiones sobre subcontratación, en las que no me voy a extender, puesto que tanto el Senador Romero como el resto de los portavoces de los Grupos han efectuado una relación expresa sobre esta materia.
Por último, sí quisiera referirme a una cuestión que nosotros entendemos novedosa, en relación al artículo 44 del Estatuto de los Trabajadores.
Este artículo supone una mejora sustancial, al reforzar las garantías de mantenimiento de las condiciones de trabajo --especialmente las económicas-- de los trabajadores y trabajadoras afectados por la transmisión, y equiparamos las transmisión formal de empresas con la venta de acciones o participaciones.
La otra novedad que quisiera trasladar es la enmienda relativa al incremento de la cotización en la Seguridad Social en los contratos de larga duración. En lugar del 36 por ciento que aparece en el texto del proyecto, planteamos un incremento del 32 por en ciento en las partes proporcionales de los devengos no periódicos.
Por último, quisiera hacer referencia a una cuestión que ustedes incorporan al contrato de relevo. Para ustedes el contrato de relevo es objeto de una nueva regulación para permitir su concertación, no sólo antes de reunir las condiciones

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exigidas para tener derecho a una pensión de jubilación al llegar a la edad de jubilación, sino también en los años sucesivos, al cambiar el límite máximo y mínimo de la jornada a tiempo parcial que se permite realizar. Podrán reducir su jornada y salario entre un mínimo del 25 y un máximo del 85 por ciento. Paradójicamente, basan el establecimiento de estos mínimos en la seguridad jurídica.


La señora PRESIDENTA: Senador Alonso, le ruego que vaya concluyendo.


El señor ALONSO GARCIA: Concluyo, señora Presidenta.
Sin embargo, como decía, el contrato a tiempo parcial, esta desreguladora reforma, suprime toda barrera entre tiempo parcial y completo. ¿Es que ustedes no consideran necesario que exista seguridad jurídica para los contratos a tiempo parcial? Por otra parte, y finalizo, proponen que al trabajador a relevo que se contrata para cubrir esta jornada que no realiza el jubilado o la jubilada parcialmente se le pueda hacer un contrato indefinido o temporal. El relevo generacional de las plantillas que debería garantizarse con esta fórmula contractual, señores del Partido Popular, señorías, queda en papel mojado al establecerse como una simple posibilidad que se otorga al empresario para que el contrato sea de tiempo indefinido.


La señora PRESIDENTA: Senador Alonso, por favor, concluya.


El señor ALONSO GARCIA: Concluyo, señora Presidenta.
Estamos ante una reforma que, en criterio y opinión del Grupo Parlamentario Socialista, ni es urgente, en absoluto, ni incrementa el empleo, ni mejora su calidad.
Están ustedes aún a tiempo de reconducir esta situación y de reparar la gravísima agresión que están a punto de cometer contra trabajadores y trabajadoras de este país.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alonso.
Turno en contra.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, que va a dividir su tiempo, tiene la palabra, en primer lugar, la Senadora Do Campo.


La señora DO CAMPO PIÑEIRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como ha dicho usted, nos vamos a repartir el turno en contra de las enmiendas. Esta Senadora contestará a las enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, del Grupo de Coalición Canaria y del Grupo Mixto.
En primer lugar, contestando al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, debo decir que este Gobierno tiene sensibilidad autonómica pero también respeto a la Constitución.
No vamos a aceptar su enmienda porque el programa de fomento del empleo se aplica a todas las Comunidades Autónomas, ya que se trata de normas dictadas por el Estado, en virtud de su competencia exclusiva en materia de legislación laboral y de planificación general de la actividad económica, previstas en el artículo 149.1 de la Constitución. Por tanto, su propuesta nos llevaría no sólo al cambio y la reforma del principio constitucional sino también del contenido de la legislación de la Seguridad Social, sobre la que tiene competencia exclusiva el Estado, razón --insisto-- por la que no podemos aceptar su enmienda.
Respecto a las enmiendas de Coalición Canaria, a pesar de que no han tenido oportunidad de poderlas defender ya que no lo hicieron tampoco en Comisión, por deferencia, vamos a contestar a algunas de ellas.
En cuanto a la enmienda número 24, la rechazamos porque introduce confusión en lo que para nosotros son los tipos de contratos de inserción, la normativa que se va a aplicar y los criterios de selección.
Rechazamos también la enmienda número 25 porque consideramos que con ella se resta libertad a la negociación colectiva.
La enmienda número 26 la rechazamos porque con ella se persigue lo mismo que ya está contemplado en la disposición adicional sexta.
La enmienda número 27 la rechazamos,ya que este proyecto de ley ya está fomentando la contratación indefinida por parte de los autónomos, si bien centrando la bonificación en aquellos sobre los que consideramos que debe tener mayor eficacia.
La enmienda número 28 también se rechaza porque consideramos que aquellos colectivos que están en grave situación de desempleo, de exclusión social, ya están contemplados en programas específicos, por lo que no consideramos que haya de incluirlos como un grupo más.
La enmienda número 29 tampoco la aceptaremos, ya que la objetivación de las condiciones del trabajador contratado resulta de difícil aplicación práctica, lo que puede dar lugar a fraudes, causa suficiente para que sea rechazada.
En cuanto a la enmienda número 30, compartimos el objetivo de la normalización del trabajo doméstico en lo que es la economía informal pero no la podemos aceptar, ya que esta medida tendría un elevado coste, con un posible efecto regresivo del IRPF.
Finalmente, rechazamos la enmienda 31 puesto que podría suponer la eliminación de este tipo de contrato de fomento y la contratación indefinida, cuya efectividad se ha hecho palpable durante los últimos años.
En cuanto a las enmiendas de Convergència i Unió, en primer lugar, quiero agradecer al Senador Servià su apoyo, su diálogo a este proyecto tanto en la Comisión, como en el Pleno a la hora de formular sus enmiendas y poderlas aceptar. Vamos a aceptar su enmienda número 162 porque sin lugar a dudas va a mejorar el texto en lo relativo a las empresas de inserción, que se habían modificado en el trámite en Comisión con una disposición adicional nueva, introducida por nuestro Grupo Parlamentario.


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La enmienda 147 consideramos que no la podemos aceptar porque sería recurrir a interpretaciones jurisdisprudenciales.
La enmienda 148 también la rechazamos ya que la definición de los contratos ha de ajustarse a unos parámetros y objetivos de carácter general, y la regulación de este proyecto de ley en materia de contratos a tiempo parcial pretende fomentar los mismos a través de su flexibilización.
Respecto a su enmienda 149 quiero decirle que ya el texto del dictamen recoge y garantiza suficientemente el conocimiento del trabajador contratado a tiempo parcial sobre cuándo ha de prestar el trabajo y las horas de trabajo.
Sus enmiendas de la 154 a la 159 también las rechazamos porque las consideramos innecesarias ya que las entidades sin ánimo de lucro, por lo tanto, como empleadores, ya tienen beneficios que se contemplan en este proyecto de ley.
Con respecto a la enmienda 161 también se rechaza porque actúa en la línea ya emprendida en nuestros últimos Presupuestos Generales del Estado en la idea de penalizar la contribución a la financiación de la protección por desempleo del trabajo temporal y reducir, al mismo tiempo, la del empleo estable, para incentivar la contratación indefinida y disminuir la tasa de temporalidad. No la podemos, lógicamente, aceptar porque supondría un desequilibrio para los presupuestos con los cuales estamos actuando este año.
Con respecto a su enmienda 163, a pesar de que compartimos --además, como mujer-- el objetivo de fomentar la contratación de las mujeres, la vamos a rechazar porque viene a abundar en los beneficios que las propias mujeres tienen cuando se produce la maternidad que ya reconoce nuestra disposición adicional segunda y, además, porque esto es ya objeto, en su contenido, del acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de protección social, cuyo desarrollo normativo se acometerá en breve y, por tanto, somos respetuosos con ese acuerdo y no la aceptamos.
Para finalizar, su enmienda 164 también la rechazamos ya que en este momento se está preparando un proyecto normativo que regula la nueva tarifa de primas por accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social que necesitará, sin lugar a dudas, un tiempo razonable para que nuestras empresas se puedan adaptar a esas nuevas tarifas.
Con respecto a las enmiendas de Izquierda Unida quiero decirle al Senador Cámara que nosotros también hemos escuchado a los sindicatos, a UGT, a Comisiones Obreras, y en el proceso tanto en el Congreso de los Diputados, como en el Senado, se han producido algunas modificaciones en este proyecto de ley atendiendo a sus sugerencias. Quiero decirle que muchas de sus enmiendas no las podemos aceptar, primero, porque algunas de ellas consideramos que ya están incluidas en nuestro dictamen y, otras, porque no las consideramos necesarias.
De sus enmiendas, como usted ha dicho, las que están representando a la parte sindical, las números 32, 33 y 34, las rechazamos porque para nosotros introducirían una rigidez en la contratación, que no la consideramos importante, y conllevaría una restricción a la hora de los contratos de formación para los colectivos con especiales dificultades de inserción así como el tener que acreditar la condición de demandante de empleo durante los tres últimos años.
Con respecto a esos contratos de formación, las personas que han estado fuera del mercado laboral y que han estado dedicadas a la familia, al hogar, a su actividad doméstica y que en un momento dado, carentes de formación, quieren incorporarse al mundo laboral, necesitan un contrato de este tipo. Por lo tanto, nosotros no consideramos que sea importante el estar inscritos en el Inem ya que esto sería una restricción a la hora de poder actuar en este contrato.
Su enmienda número 35, referida a la situación de exclusión social, también la vamos a rechazar porque ya está incluida en la disposición cuarta adicional de nuestro proyecto.
La enmienda 36 queda también redactada con la enmienda transaccional aceptada en Comisión conjuntamente con otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y, por lo, tanto, ya la verá recogida en nuestro dictamen.
Rechazamos la número 37, ya que consideramos que los representantes de los trabajadores ya tienen derechos de información suficientes sobre los contratos de formación realizados con colectivos sin limite de edad.
Sus enmiendas números 38 y 39 se rechazan por entender que pretenden suprimir toda la reforma del contrato a tiempo parcial, introduciendo, a nuestro entender, rigideces en la contratación a tiempo parcial. Nuestro Grupo considera positiva la supresión en el proyecto de ley de los límites de jornada establecidos con anterioridad para el trabajo a tiempo parcial del Real Decreto del año 1998, que constituye una de las modificaciones más importantes introducidas en el contrato a tiempo parcial con objeto de adecuarnos a las directivas europeas y que tiene su origen en un acuerdo previo con los interlocutores sociales europeos.
La enmienda número 40 también la vamos a rechazar, ya que el nuevo texto garantiza el conocimiento por el trabajador contratado a tiempo parcial sobre cuándo ha de prestar el trabajo.
Con respecto a sus enmiendas 41, 42, 43 y 44, que hacen referencia a las horas complementarias, diré que las rechazamos porque intentan volver a la situación anterior al proyecto de ley. A nuestro modo de ver, ha sido uno de los aspectos que han lastrado el funcionamiento del contrato a tiempo parcial. Con la modificación que se ha incluido en la tramitación en el Congreso de los Diputados se permite la renuncia por el trabajador al pacto de esas horas complementarias en determinadas condiciones dado que la ley establece que la suma de la jornada ordinaria y de las horas complementarias debe ser siempre inferior a la jornada de tiempo máximo de trabajo.
Con respecto a la consolidación de las horas complementarias, tema que aborda en la enmienda 44, he de decir que no debemos confundir la jornada ordinaria pactada en el contrato con las horas complementarias también pactadas. Por tanto, para nosotros no existe ningún motivo para

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que esa parte variable se pueda convertir en fija por el hecho simple de ser utilizada.
Con respecto a los contratos de inserción, contenido de las enmiendas números 45, 46, 47 y 48, he de decir que el ámbito de aplicación ya viene recogido en la nueva disposición adicional que los determina. Su enmienda 47, en la que pretenden suprimir la modalidad del contrato de inserción, no la aceptamos porque pensamos que es un contrato bueno que tiene como objetivo la mejora de la ocupabilidad del desempleado participante y permite su incorporación a este programa para que pueda mejorar sus posibilidades de ocupación.
Su enmienda 50, a la que también ha hecho referencia, es similar a la número 172 que nuestro Grupo incorporó en la Comisión junto a otra enmienda de Convergència i Unió. Consideramos, por tanto, que ya está incluida en el dictamen.
Rechazamos la enmienda 51, ya que nuestro proyecto garantiza el principio de equiparación de derechos entre los trabajadores fijos y temporales.
La enmienda número 52 también la vamos a rechazar.
Las enmiendas 55 y 73 las rechazamos, porque consideramos que tenemos que respetar el acuerdo para la mejora y el desarrollo del sistema de la protección social, firmado por el Gobierno y los agentes sociales y cuyo desarrollo normativo se acometerá en breve. Por tanto, somos respetuosos con ello.
Con respecto a la enmienda 56, he de decirle que ya está incluida en el dictamen y que deja claro que la negociación colectiva puede mejorar pero no reducir la cuantía legalmente fijada en la indemnización por finalización del contrato temporal.
Las números 57 y 58 también están incluidas en el dictamen.
La enmienda 59, relacionada con la número 177 que presentamos desde el Grupo Parlamentario Popular, también la rechazamos porque a los trabajadores afectados por una incapacidad permanente total ya se les están aplicando medidas para su inserción laboral. No consideramos, por tanto, que haya que mejorar nada en este aspecto porque ya está recogido.
Paso a las enmiendas que afectan al artículo sexto relativo a los incentivos. En cuanto a la número 60, pensamos que es una propuesta restrictiva de reducción de todas las bonificaciones en un 10 por ciento y que eso no va a mejorar la contratación. La número 61 concuerda con una enmienda, la 179 del Grupo Parlamentario Popular, que habíamos incorporado al dictamen, con lo cual consideramos que ya está recogido.
Con la enmienda 62 quieren primar las bonificaciones a la contratación fija en el caso de trabajadores en situación de exclusión social o discapacitados. Esta bonificación se mantiene en la contratación temporal, permitiendo de esta manera la entrada en el mercado laboral de un colectivo con especiales dificultades.
Con la enmienda 63 pretenden que las bonificaciones se paguen con los Presupuestos Generales del Estado y no con el superávit del Inem. No podemos aceptarla ya que el Inem ya está sufragando las políticas activas de empleo y ajustándose sobre todo al concepto de protección social que nos marca la Unión Europea.
Con respecto a las enmiendas 64 a 72 relativas a las disposiciones no aceptamos la enmienda 64 porque consideramos que con ella no se resuelve el problema de la sucesión temporal de las normas.
Con la enmienda 65 pretenden limitar la fecha máxima en la que se pueda firmar el contrato temporal para su conversión a marzo de 2002 en lugar del 31 de diciembre de 2003. Por tanto, limitan el alcance y la eficacia de la medida, reduciendo la posibilidad de la transformación de los contratos temporales en contratos fijos.
La enmienda 66 también la rechazamos.
La enmienda 67 la rechazamos, ya que consideramos que la posibilidad de celebrar contratos para el fomento de la contratación indefinida con mujeres no supone una discriminación puesto que no se establece con carácter general, sino que se limita a los sectores donde la mujer encuentra mayores dificultades de inserción, y se trata de incrementar la participación de las mujeres en aquellos sectores que tradicionalmente estaban ocupados por los hombres, con lo cual intentamos seguir promoviendo la igualdad. Esta es la razón para rechazarla.
La enmienda 68 es una puntualización técnica y no la vamos a aceptar.
Tampoco aceptamos la enmienda 69.
En relación con las enmiendas 70 y 71 consideramos que la opción del proyecto es más razonable ya que aquél reparte entre el empresario y el trabajador aquellas cargas, beneficios y sacrificios de la situación que ustedes nos plantean.
Rechazamos la enmienda 72 porque ya está recogida en la disposición adicional séptima.
Respecto a la 74, agradecemos al Senador Cámara que haya aceptado nuestra enmienda transaccional. Además, me consta que ya la tiene la Presidenta y que la ha firmado el resto de los grupos parlamentarios. Modifica la Ley General de Seguridad Social, convirtiéndose, en este caso, en una enmienda adicional.
Rechazamos la enmienda 76, ya que es correcto que si el proyecto contiene una nueva regulación del contrato para el fomento de la contratación indefinida, derogue las disposiciones sustituidas, y no se podrían seguir manteniendo.
Vamos a aceptar la enmienda 162, de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió transaccional con la número 74, que el portavoz de Izquierda Unida ha aceptado, y así la ha podido firmar el resto de los grupos parlamentarios.
Diferentes grupos han manifestado que esta es una Cámara de pasada porque no se tratan leyes importantes. Yo estoy orgullosa de haber podido debatir, tanto en la Comisión como en el Pleno, este proyecto de ley tan necesario para los españoles, para los trabajadores, para los empresarios. (La señora San Baldomero Ochoa: ¡Muy bien!) Hay que hacer un esfuerzo de memoria por algunos grupos que nos achacan que no se modifiquen en cierta medida las leyes, pero también hay que recordar que en otras ocasiones se han modificado y se han producido reformas

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sustanciales y firmes en esta Cámara que ustedes después recurrían por no considerarlas apropiadas.
Considero que el debate en la Comisión y en el Pleno ha sido bueno, tanto para esta Cámara como para este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora San Baldomero Ochoa: ¡Muy bien!; ¡muy bien, Belén!)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Do Campo.
Para consumir el resto del tiempo que corresponde al turno en contra, tiene la palabra el Senador Fernández.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar ser breve porque dicen que lo bueno y breve, dos veces bueno.
Lo que nuestro grupo pretende es tener unas relaciones laborales acordes con la realidad del país, ágiles, de inmediatez y, sobre todo, que esas relaciones entre el empleador y el empleado sean fructíferas y en ningún momento, como ha ocurrido en otras ocasiones, se tergiversen por algunos grupos políticos, como aquí se ha puesto de manifiesto.
Nosotros, señorías, hemos intentado hacer una reforma acorde con la realidad que ya habían plasmado muchos sindicatos y patronales y, sobre todo, con lo que es la vida laboral diaria entre el empleador y el empleado. Lo hemos hecho porque teníamos una recomendación de la Comisión Europea que sugería a España que regulara las relaciones del trabajo.
Concretamente había que actualizarlas y hacer hincapié en todos aquellos costes que permiten aumentar la competitividad y un mejor desarrollo entre empleadores y empleados.
Por ello, el Gobierno de José María Aznar, afrontando este reto porque entendía que había que reformar ciertas circunstancias de la propia ley así lo ha hecho. Había, de alguna manera, que influir en aquellas empresas que por sus características --me refiero a las Pymes-- tenían que afrontarlas con realidad.
Por ello, en el trámite parlamentario así se ha hecho. Ha sido un trámite parlamentario respetuoso. Agradezco a los portavoces las intervenciones que han tenido, pero no puedo en ningún momento olvidar algunas sugerencias que se han hecho por los grupos.
En primer lugar, en cuanto a las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Mixto, por respeto a la ausencia más que justificada de su portavoz --no voy a entrar en ello--, simplemente quiero manifestar el rechazo del Grupo mayoritario. Sí voy a dar argumentos a los demás Grupos porque creo que, desgraciadamente, aunque ha habido un debate muy genérico se han limitado a hacer una defensa muy corta.
Tenemos que corregir una legislación preexistente, pues existía anteriormente alguna normativa que había que retocarla. Desgraciadamente, algunos portavoces que me han precedido en el uso de la palabra, en gobiernos precedentes, lo han hecho con una no muy afortunada realidad social.
Se ha repetido por muchos portavoces un discurso ya más que manido, sin argumentos sólidos. Se sustentan en enmiendas, algunas sindicales, otras de algunos que son meros funcionarios del Inem, con todo el respeto que eso conlleva, pero contestan nada más que a esas preguntas que les han hecho permanecer en esos puestos de trabajo. Yo les preguntaría a muchos si dirían, si fuesen empleadores de algunos centros de trabajo o trabajadores, lo mismo aquí en esta tribuna y si respetarían lo que el Partido Popular está respetando entre sindicatos y patronal.
Como he dicho antes, se ha hecho un debate en términos genéricos multirreincidente y se ha obviado el fondo real que paulatinamente el Partido Popular ha negociado con los sindicatos en su caso y con las patronales. Se ha dado una nueva regulación a los contratos formativos y se han modificado diversos aspectos de la contratación temporal. Se modifican simplemente porque tenemos que retocar todo aquello que puede ser lesivo para los intereses de las partes. Y como ha habido un avance social en este país, un avance para una mayor contratación laboral, un avance para firmar un mayor número de contratos de trabajo, un avance general, el Gobierno del Partido Popular ha retocado simplemente aquello que entendíamos que era retocable. Lógicamente, ustedes hubiesen preguntado que por qué se modifican situaciones que no existían antes o que se han hecho bien o mal. Sin embargo, ahora en este momento procesal resulta que hubiésemos hecho una reforma entera. Creo que el tiempo irá avanzando. Ya hay negociaciones con los sindicatos y patronales para que vengan futuros momentos de pactos sociales como está ocurriendo con el tema de pensiones y ahí vamos a centrarnos.
He oído a algunos portavoces hablar de ruptura del diálogo social. Yo preguntaría que quién lo ha roto. Se ha dicho que el Gobierno imposibilitó un acuerdo con continuas amenazas. Creo que quien se mostró realmente neutral ha sido siempre el Gobierno. Lógicamente, había un mandato parlamentario que terminaba en mayo y había que decir si se continuaba o no. Por lo tanto, el Gobierno en ningún momento ha sido capaz de provocar la ruptura, sino todo lo contrario. Se ha mostrado siempre neutral y yo diría que siempre ha sido positivo .
Volvemos al manido debate de la derecha y de los socialistas, de esa reforma que quieren algunos, etcétera. Y yo le preguntaría sinceramente si cuando se gobernó en aquel momento no pudieron escoger mejor precedente que esos contratos basura que hemos mantenido y sufrido en este país durante muchos años. Y por qué no, también quiero recordarle aquellas huelgas que hicieron los sindicatos. Muchos estaban metidos en ellas y parece ser que ya no se acuerdan. La memoria les falla.
Por otra parte, quiero recordarles que algunos afirman que el acuerdo de 1997 era bueno y que por qué romperlo. Simplemente he de decirles que había que adaptarlo a una realidad social que conllevaba una actuación como la que hemos realizado ahora. Incluso se habla de las 35 horas cuando todos sabemos que ha sido un fracaso. Yo procedo de Andalucía y quiero decirles que ni el propio Presidente de la Junta lo ha puesto en marcha porque, insisto, ha constituido

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un auténtico fracaso y, sobre todo, porque España es en estos momentos el país que más empleo ha creado en la Unión Europea. Por ello, creo que no es justo, ni de recibo, sobre todo porque se ha hecho de forma torticera como siempre hacen algunos portavoces, afirmar que se ha producido un arbitraje casero en lo relativo a las indemnizaciones.
Y qué habría que decir entonces de los contratos formativos. Lo que ha hecho el Partido Popular ha sido dar la caña para poder pescar y no dar el pescado ni subvenciones continuas y, de alguna forma, controlar lo que no era controlable. Considero que nadie ha puesto fin al diálogo social sino todo lo contrario. Se ha abierto el diálogo social y yo diría que no es de recibo el aspecto catastrofista que muchos han mostrado en este tema y menos decir que el Partido Popular ha entrado como un elefante en la cacharrería y que parece que todo lo ha roto. No quisiera recordar y tener memoria histórica para poder decirlo en este caso, pero diría que esa cacharrería existió mucho antes que ahora y por eso estamos así, ni más ni menos que intentando corregir lo que se había hecho mal.
Y como corregir y enmendar es de sabios, me voy a referir sólo a tres o cuatro de las enmiendas que el portavoz del PSOE ha afirmado que por economía procesal las iba a dejar para otro momento e incluso que las consideraba debatidas en su conjunto.
La enmienda número 77 propone la modificación del apartado 2 del artículo 8 del Estatuto de los Trabajadores en lo relativo a un nuevo contrato de inserción entre los que requieren forma escrita. La enmienda propone la eliminación de una nueva figura del contrato temporal de inserción laboral para los demandantes de empleo como fórmula de incorporación de los mismos a los programas de mejora de la ocupabilidad financiada por los servicios públicos de empleo.
Entendemos que debe ser rechazada en la medida en que esta nueva regulación se enmarca en el propósito de establecer los mecanismos de limitación y garantías que la contratación temporal estableció en el Real Decreto Ley 5/2001, de forma que se pueda deslindar claramente esta modalidad contractual temporal de las restantes.
En la enmienda número 78 se habla de la modificación del artículo primero, apartado 2, relativo a los colectivos que pueden ser contratados en formación sin límite máximo de edad. Y quiero decirles que, según el texto propuesto, la previsión de colectivos para los que cabría la realización de contratos para la formación sin límite máximo de edad resulta más restrictiva que la incorporada al Estatuto de los Trabajadores por el proyecto de ley, en la medida en que al colectivo de desempleados sin actividad laboral durante más de tres años se le exige además ser menor de 28 años sin un motivo aparente que justifique tal decisión; de igual forma a los inmigrantes extranjeros durante los dos primeros años de su permiso de trabajo adicionalmente se les exige ser menor de 30 años y estar en desempleo por extinción de contrato inicial.
La enmienda número 79 viene a suprimir en el apartado 1 la referencia al trabajador a tiempo completo y la vamos a rechazar. Consideramos que el enmendante no ha entendido la operación jurídica que el proyecto de ley ha efectuado en relación con el contrato fijo-discontinuo. Desde 1994 y hasta la aprobación del Real Decreto-ley el contrato fijo discontinuo ha venido siendo considerado como una submodalidad del tiempo parcial incardinada en el artículo 12 del Estatuto de los Trabajadores sobre la base del hecho indudable de que un trabajador fijo-discontinuo trabaja un volumen de horas anuales inferior al de un trabajador a jornada completa.
Sin embargo, este concepto ha sido muy criticado por la doctrina jurisprudencial y por los propios agentes sociales en relación con las contrataciones en los trabajos de temporada o campaña, los cuales, a pesar de responder formalmente a la definición de tiempo parcial, se diferencian notablemente de los trabajos a tiempo parcial típicos. Por tanto, los supuestos de trabajo fijo-discontinuo más típicos de aquellos que se corresponden con los trabajos de campaña o temporada básicamente en los sectores agrícola y hostelero, han sido extraídos del artículo 12 y trasladados al artículo 15 como una modalidad de contrato por tiempo indefinido ajena a los contratos a tiempo parcial y con un régimen jurídico presidido por la figura del llamamiento en el que juega un papel primordial la negociación colectiva.
Podría continuar con las demás enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, pero me he limitado a hablar de las tres que considero más importantes aunque, como ya he dicho, los grupos restantes han presentado unas enmiendas muy genéricas y podríamos establecer una comparación de lo que esta reforma laboral va a ofrecer al mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque hemos dicho que queremos un mercado de trabajo ágil, rápido, con inmediatez. Por ello, con esta reforma, y con las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, se va a endurecer el control para evitar abusos en el empleo temporal. Eso es lo importante.
Yo reduciría la reforma laboral que hoy se debate en el Senado a unos cuantos e importantes apartados que creo que algunos de ustedes no han querido entender. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el Gobierno amplía en los convenios de grandes empresas o de grupos de empresas la posibilidad de introducir medidas contra el abuso en la contratación temporal. Este es un dato importante que aquí no se ha comentado. Se incluyen los contratos fijos discontinuos o los de transformación entre los temporales, pudiéndose acoger a las bonificaciones de cotizaciones sociales por fomento del empleo indefinido. El trabajador con contrato a tiempo parcial que se acoja a la jubilación parcial podrá tener una reducción de la jornada laboral y del salario de un 25 por ciento como mínimo y de un 85 por ciento como máximo, mientras que hasta ahora los límites estaban en el 33 por ciento y el 77 por ciento, respectivamente.
A este contrato, que podrá ser indefinido, también se podrán acoger quienes superen los 65 años, con el fin de fomentar la permanencia en el mercado de trabajo. Y para poder realizar ese tipo de contrato a los trabajadores mayores de 60 años la empresa deberá celebrar simultáneamente otro contrato con una persona que estuviera en situación de desempleo o que tuviese concertado con la empresa un contrato de duración determinada. Por

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tanto, el contrato de relevo se extinguirá al jubilarse la persona que lo causó, salvo pacto entre las partes. El contrato del nuevo trabajador podrá renovarse anualmente.
Así pues, creo que aquí se han dicho cosas sin tener en cuenta la realidad, es decir, las enmiendas que ha presentado el Grupo Popular, por lo que tenemos que rechazar aquellas que no van acordes con la realidad social.
En mi opinión, las distintas acusaciones de los enmendantes, algunas de ellas veladas, y otras, más claras, no han tenido el eco que ustedes esperaban por razones obvias. Ya a algunos se les conoce por su línea habitual, por decir las cosas por decir, aunque pienso que realmente no se las han podido creer cuando las han expuesto desde esta tribuna.
Nuestro Grupo es muy claro y contundente. Como he dicho antes, queremos un mercado laboral ágil. Y si hay que reformarlo más todavía, eso se hará. Pero iremos siempre acordes con esa realidad social de los sindicatos y empleadores. Consideramos que las relaciones laborales tienen que ser ágiles, que no puede haber un intervencionismo continuado, y aunque es verdad que presumimos de lo establecido en 1997, hay que decir que esto supone su continuidad, porque lo que se ha hecho es, ni más ni menos, entender las importantes medidas que habían concebido las dos partes y aplicarlas, porque el tiempo no podía esperar. No podía esperar una época como la que viene, la estival, para que haya mejores contratos de trabajo. No podía esperar la Unión Europea. Y tampoco podemos estar en el ostracismo continuado en lo que se refiere a las relaciones sociales. Tenemos que atender a la realidad, tener un concepto claro de los trabajadores y empleadores. Ni somos de los trabajadores ni de los empleadores, somos de la única justicia social que debe imperar en este país, que es el reconocimiento mutuo de las bases sociales y de las clases trabajadoras.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.
¿Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Los problemas fundamentales que afectan al mercado laboral en estos momentos, y sobre los que tendríamos que dedicar los esfuerzos necesarios, podríamos resumirlos en tres aspectos esenciales. Estos tres aspectos deberían ser los que fundamentaran los ejes a la hora de definir la política laboral que debatimos en este proyecto de ley. Estos ejes serían los siguientes. La necesidad de creación de nuevo empleo, el deber de reducir las altas tasas de precariedad y temporalidad en el empleo y, por último, la obligatoriedad de incorporar a las mujeres en igualdad de condiciones al mercado laboral.
Parece necesario reconocer que en los últimos años se ha avanzado en estas tres cuestiones, pero no podemos considerarnos satisfechos en absoluto con los logros conseguidos. Los datos, las cifras, se encargan de recordárnoslo clara e insistentemente.
El proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado laboral que hoy debatimos incorpora medidas que avanzan en la mejora de la situación actual del mercado laboral. Y por esa razón el Grupo de Senadores de Coalición Canaria va a votar favorablemente este proyecto de ley. Pero, aun estando de acuerdo en líneas generales con el contenido de este proyecto, queremos aprovechar esta oportunidad para cuestionar algunos aspectos que tienen que ver tanto con la forma como con el contenido del mismo.
En cuanto a su forma, queremos reiterar nuestro convencimiento de que habría sido mucho más positivo llegar a un acuerdo con los interlocutores sociales como la manera más eficaz de lograr una estabilidad y un consenso social tan importante como las propias medidas recogidas en la reforma.
En el debate que en su momento se planteó en el Senado a través de una interpelación y de una moción del Grupo Parlamentario Socialista acerca de la necesidad de recuperación del diálogo social manifestamos la oportunidad que tenía el Partido que sustenta al Gobierno, el Partido Popular, de incorporar en el debate del proyecto de ley de la reforma a los propios agentes sociales y a las distintas fuerzas políticas. Sin embargo, y a nuestro pesar, el Partido Popular no ha hecho los esfuerzos necesarios para enmendar ese error inicial. No ha habido una actitud lo suficientemente dialogante, y muestra de ello son las pocas enmiendas que se han aceptado de los diferentes grupos políticos, incluido el nuestro, tanto en el Congreso como en el Senado.
En cuanto al contenido de la ley, entendemos, como decía al principio, que el texto aporta, en unos casos en mayor medida y en otros en menor medida, una serie de mejoras en cuestiones fundamentales. Por eso mismo estamos seguros de que se podían haber adoptado medidas más decididas para ser capaces de conseguir, tanto en calidad como en cantidad, un ritmo de crecimiento pronunciado y acorde que por otra parte permitiría la situación de bonanza económica del país, así como contribuir a la estrategia de que las reformas laborales apuesten por adelantarse a los acontecimientos y actúen activamente en la mejora de la prevención del desempleo de forma que el país pueda situarse en una mejor posición ante las propuestas planteadas por Europa, fundamentalmente en la que se refiere al objetivo del 70 por ciento de ocupación para el año 2010.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Ya me imaginaba --y se lo dije en mi intervención-- que usted me iba a contestar que tiene sensibilidad autonómica, pero creo que no se trata de hacer un debate sobre quién tiene esa sensibilidad en mayor o menor medida. Se

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trata solamente de que obras son amores..., y evidentemente, aquí lo importante es que les hemos dado una pista para que ustedes puedan retratarse para ver hasta dónde llega su sensibilidad autonómica, pero no han aceptado esa pista, luego no se trata de que cada uno digamos en qué grado la tenemos sino de hacer, de coger el toro por los cuernos, pero cuando surgen este tipo de cosas inmediatamente nos sacan el tema de la Constitución.
Hace tiempo que nosotros ya planteábamos que tiene que hacerse una revisión del marco constitucional ya que están surgiendo una serie de temas nuevos al encontrarnos ante un mercado cambiante. Pero sin llegar a eso --que ya llegaremos--, lo que estamos diciéndoles simplemente es que sean capaces de desarrollar los instrumentos que ya tenemos, que también provienen de esa misma Constitución y de los Estatutos a su vez derivados de ella y que siguen vigentes. Léanlos ustedes con la misma generosidad con que se pactaron en su tiempo y profundicen en el desarrollo del Estado autonómico. Esos son hechos, como lo era el haber aceptado esta enmienda o el haber buscado alguna transacción, si es que realmente existía esa voluntad.
Por tanto, si no son ustedes audaces en esto, el hablar de reformas resulta poco creíble. Es evidente que si esto sigue así no se puede pedir mucho más si se quiere entrar a formar parte de un mercado de relaciones laborales que es tan cambiante y al que hay que dar una respuesta inminente. Yo lo siento, pero creo que va a ser la propia realidad de su entorno la que, les guste o no, les va a obligar a moverse. Cada vez van a ser más importantes las realidades locales, más dinámicas y con una capacidad de respuesta más rápida. Ustedes podrían haber dado un paso en esa dirección, pero prefieren darlos hacia atrás. Se encuentran ustedes sin diálogo social y seguramente sin el apoyo de las Comunidades Autónomas, pero por lo que se ve prefieren ustedes seguir así. Por tanto, nosotros ya hemos dicho hasta el último minuto, pero seguiremos esperando, que hay que seguir profundizando en esos mecanismos de que nos hemos dotado, que es lo que en realidad va a responder a las expectativas de los ciudadanos, a las de esa clase trabajadora a la que ustedes quieren dar respuesta. Creemos que si no se desarrollan esos instrumentos de los que nos hemos dotado todo eso no se va a conseguir.
Por tanto, no podemos votar a favor de este proyecto.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
El Senador Espasa tiene la palabra por el Grupo de Entesa Catalana.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir muy brevemente para hacerle dos reflexiones al Senador Fernández Sánchez.
Senador, los decretos de medidas liberalizadoras de su Gobierno han sido un completo fracaso, la inflación está rampante. Esta reforma laboral seguirá el mismo camino que los decretos de liberalización, porque en cuanto el viento no les sopla de popa, ustedes no gobiernan bien.
Mientras el viento ha ido de popa todo ha funcionado, pero cuando el viento es racheado o empieza a ir de cara, ya no dan pie con bola.
Insisto, los decretos de liberalización se han quedado en nada, estamos en el 4,2 y la reforma laboral es lo que en filosofía se llama una petición de principio o una tautología, la que ustedes repiten una y otra vez. Si los de 1997 eran bueno para la CEOE, para los sindicatos y para el Gobierno, expliquen ustedes por qué ahora sólo el Gobierno tiene la lucidez de saber lo que es bueno, ¿o es que me dan la razón en lo del árbitro casero, que es el Gobierno y la CEOE? Expliquen ustedes cómo hace dos años podían estar de acuerdo los tres agentes sociales en el diagnóstico y en el tratamiento y ahora sólo acierta, sólo es buen médico, el Gobierno y su aliada la CEOE. Esto es una tautología. Lo que ustedes hacen repetidamente es una petición de principios: aquello era bueno pero esto es mejor. Sólo hay una pequeña diferencia, señor Fernández Sánchez, aquello era consensuado y esto es impuesto, pero parece que al señor Aznar le encanta lo de la imposición.
Nada más.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Senadora Do Campo, después de defender las enmiendas, me había parecido que usted me comprendía y que me las iba a aceptar, por ello en el borrador del discurso de mi intervención, esquemáticamente había puesto: Gracias enmiendas aceptadas. Y pensaba decirle: Muchas gracias por haberme aceptado las enmiendas. Pero al oír su exposición he tenido que ir tachándolas y he visto que quedaba sólo una. De tanto tachar también he tachado las eses del titular, pero me he pasado, y además de tachar la ese de enmiendas ya aceptadas, he tachado lo de gracias, y ahora sólo puedo decir: ¡Menuda gracia me hace que ustedes no me hayan aceptado las enmiendas! (Risas.) Aparte de esto, quiero felicitarle, en primer lugar, por la serenidad con la que usted controló una Comisión en la que todos fuimos muy turbulentos en cuanto al procedimiento, y agradecerle que haya conseguido que podamos sacar adelante nuestra enmienda 162, de empresas de inserción, visto que las personas del Ejecutivo con las que usted despacha le han dado hoy muy poco margen, por lo que le agradezco que haya conseguido introducir ésta porque quizás es en la que debamos tener menos dudas y que responde a las peticiones de un sector que está haciendo una labor muy importante con la inserción, la formación, la recuperación y la autoestima de gente excluida que pasa al mundo del trabajo y con lo que hoy aprobamos, lo que se ha de conseguir es que haya mucha más gente que tenga esta oportunidad. Por tanto muchas gracias.
En cuanto a las enmiendas rechazadas, hay pequeños detalles de adjetivos a los que no voy a dedicar tiempo en quejarme, pero permítame que haga un inciso. Usted me ha dado una respuesta que entiendo que también era la del Ejecutivo. Dice que no pueden admitir las enmiendas que nosotros proponíamos para favorecer el mercado del trabajo en general y algunos detalles de los sectores más perjudicados.


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Proponíamos incentivar a trabajadores y empresas a través de disminuciones en las cotizaciones sociales, y usted me ha contestado, y sé que no son palabras suyas, diciendo: Esto crea un desequilibrio presupuestario. Yo le pido, por favor, que a quienes le han dado esta solución les pase una reflexión mía en el sentido de que en el mundo económico una cosa es coste, otra es gasto y otra inversión. Las medidas que nosotros proponíamos no se han de considerar gasto, no crean un desequilibrio presupuestario, sino que son inversiones. Si bajando un 0,25 de las cotizaciones de la Seguridad Social a las empresas que consigan una alta mejora en la siniestralidad ahorramos de una manera muy rápida, ello quiere decir que de desequilibrio nada, esto es inversión.
Después de esta pequeña reflexión, quiero decir que Convergència i Unió colabora con el Grupo Parlamentario Popular y con Coalición Canaria en la aprobación de una ley que ha funcionado hasta hoy y ha permitido que el mercado laboral mejore estos últimos años. Esperemos que la economía funcione y permita que esto siga así, pero ésta es una ley distinta a otras, no es una ley que hoy aprobemos y nos podamos permitir pensar que dentro de cuatro años la volveremos a ver. El mercado laboral es cambiante, así como el mercado interior, el mercado de las empresas, la rotación de trabajadores entre empresas de un mismo sector o de diferentes sectores. Estamos trabajando para la adaptación a Europa y entrar a formar parte de esta nueva menestra, lo que también va a influir. Por lo tanto, hoy vamos a aprobar una ley que tenemos que considerar viva y tendremos que estar unidos --el Ejecutivo y todas las figuras parlamentarias posibles-- para poder seguir adelante.
Voy a terminar mi intervención como empecé esta mañana: vamos cuesta arriba, tenemos el viento de cara, bajemos todos del carro y tiremos juntos, porque debemos trabajar de la mano de todos los agentes sociales para salir adelante.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Alonso.


El señor ALONSO GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Fernández Sánchez, nosotros sólo denunciamos que los artífices de la reforma de 1997 fueron los agentes sociales y económicos, y éstos sólo reclamaban del Gobierno que actuase de notario de aquella situación y adecuase la norma a los acuerdos que ellos habían alcanzado.
Nosotros reclamábamos que dejasen que los protagonistas fuesen los agentes sociales y económicos, pero el protagonista fue el Gobierno y, además, decantándose hacia una parte de las dos que estaban discutiendo, la patronal. Por ella fue por la que se decantó el Gobierno. Por eso digo y repito que irrumpió como un elefante en una cacharrería, bajo el paraguas continuo y constante de la amenaza del Gobierno del Partido Popular. Ustedes sacaron buena renta política del acuerdo de 1997 y le acabo de leer dos citas que figuran en su programa electoral. ¿Qué consonancia tiene la iniciativa política que están desarrollando ahora mismo con la que se derivaba en esas citas que ustedes apuntaban en el programa del año 2000? ¿No es un fraude al conjunto de los trabajadores y trabajadoras de este país lo que ustedes ponían en su programa electoral y lo que ahora están llevando a la práctica? (Un señor Senador: ¡Muy bien!) Los socialistas no pretendemos, bajo ningún concepto, hacer un debate en esta Cámara sobre la memoria histórica, pero parece ser que la memoria histórica del señor Fernández Sánchez se remonta exclusivamente desde el año 1982 en adelante y que del año 1982 hacia atrás no quiere saber absolutamente nada. Mire usted, en los 113 años de historia del Partido Socialista, sólo 13 estuvo en el Gobierno y usted, sin ningún pudor político, pretende comparar cosas que en absoluto se pueden comparar porque no son términos idénticos.
En el año 1994, en plena recesión económica, el Gobierno tenía que dar respuesta a las necesidades que había en aquel momento en materia laboral. Había 2.800.000 hombres y mujeres que no podían acceder al mercado de trabajo y había que tener capacidad de respuesta para hacer frente a aquella situación de recesión económica. Sin embargo, ustedes han disfrutado de un ciclo expansivo jamás conocido en la historia reciente de este país y, en vez de aprovecharlo para dar calidad y estabilidad al empleo, sólo lo han aprovechado para profundizar en la precariedad en el mismo. Por lo tanto, sin ningún pudor político, ustedes comparan cuestiones que no se pueden comparar en absoluto, habida cuenta que no son términos idénticos.
La diferencia entre usted y yo radica en hacia dónde canaliza su acción política y hacia dónde la canalizamos los socialistas; nosotros la canalizamos a favor de las libertades y del equilibrio y distribución de la riqueza, a favor de ese monumento a las libertades con el que los socialistas estamos colaborando desde hace muchos años. (Rumores.) No tengo la seguridad de que al monumento de las libertades lleven ustedes colaborando mucho tiempo. (La señora Vindel López: ¡Qué bonito!--El señor Martínez Oblanca: ¡Precioso, fenomenal!) Ni tampoco a favor del equilibrio de la riqueza. Este país tiene déficit de libertades desde que gobiernan ustedes, pregúntenlo a la ciudadanía. (El señor Martínez Oblanca: A los ciudadanos se lo preguntamos.) Pregunten a la ciudadanía por qué este país tiene déficit de libertades, que le darán la respuesta.
(Rumores.) Una persona, trabajador o trabajadora, sólo tiene el signo de pertenencia al cuerpo social en la medida en que tenga empleo, porque solamente el empleo y el trabajo dan signo de pertenencia al cuerpo social. Al margen del trabajo o del empleo sólo hay exclusión social. Y las 35 horas es un mecanismo de reparto y de dar signo de pertenencia al cuerpo social, a los hombres y a las mujeres que en este país...


La señora PRESIDENTA: Senador Alonso, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


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El señor ALONSO GARCIA: Concluyo, señora Presidenta.
Decía que la pertenencia al cuerpo social es darle ese signo a los trabajadores y trabajadoras de este país que no tienen empleo, que dicho sea de paso, son muchos y muchas los que no lo tienen y bastantes más los que se encuentran en total y absoluta situación de inseguridad, dada la precariedad del empleo en este país, que no les permite hacer ningún proyecto de vida. Espero que no nos responsabilicen a los socialistas después de que el Grupo Parlamentario Popular lleva casi seis dando soporte al Gobierno de este país.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Alonso. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Turno del Grupo Parlamentario Popular. El Senador Fernández tiene la palabra.


El señor FERNANDEZ SANCHEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, agradezco a los portavoces el tono de su intervención. Y reitero lo que dije al principio, creo que ha habido un debate genérico y no se ha entendido por parte de algunos Grupos lo que significaba esta importante reforma laboral. Igualmente manifiesto mi agradecimiento a los portavoces de Convergència i Unió y Coalición Canaria y a aquellos que han apoyado nuestra reforma, que de alguna forma es sustanciada por un acuerdo existente entre sindicatos y patronal.
Pero no tengo más remedio que intervenir en este cierre para decir al portavoz del Grupo Catalán de Convergència i Unió que los términos en que estaba formulada la enmienda podía producir un cierto desequilibrio de ingresos, con una caída neta estimada en 120.000 millones anuales, 180.000 millones menos de recaudación por la contratación indefinida y 60.000 millones de mayores ingresos por la contratación temporal. Creo que está más que justificado que no hayamos aceptado la enmienda por entender que era un capítulo importante en partidas presupuestarias.
Nuestro Grupo sigue insistiendo en que este Real Decreto-ley que se aprueba hoy va a seguir incentivando su orientación hacia el fomento de un empleo más estable y de mayor calidad. Por eso se entiende la figura creada en la reforma de 1997 y, por tanto, estimamos que lógicamente habrá mayor número de jóvenes contratados, mayor número de mujeres desempleadas que van a acceder a un puesto de trabajo, un incremento del número de trabajadores mayores de 45 años, mayor incorporación de parados que llevan más de seis meses inscritos como demandantes de empleo, de minusválidos, y un largo etcétera que se conoce por parte de todos.
Algunos han venido aquí a hacer simplemente un discurso catastrofista, yo les llamaría el Nostradamus del Senado porque no entiendo cómo han planteado la reforma por no tener argumentos para desmontar lo que se ha hecho por parte de este Grupo. Con esa serie de argumentos se descalifican y, lógicamente, se cae en un gravísimo error político, de modo que las cañas se vuelven lanzas contra uno mismo.
Señor Alonso, es fundamental que le diga que nosotros hemos estimado que el número de afiliación de hombres y mujeres a la Seguridad Social ha aumentado --le podría dar los datos, pero están en cualquier fuente de información-- en un número importantísimo, y estos afiliados se han producido de marzo a mayo del 2001 con un incremento entre ambos sexos de un 27,04 por ciento; en hombres ha aumentado un 22 por ciento y en mujeres un 38,96 por ciento.
Si ese aumento es progresivo, como se espera, nos consideraremos dichosos, nos daremos por contentos y estimaremos que hemos cumplidorealmente el mandato que teníamos de hacer una reforma laboral en condiciones.
Estamos abiertos a un mayor diálogo, a un mayor consenso, a más reformas, pero no me hable usted de libertades; no me diga que usted es el protagonista de las libertades en este país, y que ustedes realmente fueron quienes llegaron a acuerdos importantes. Yo, desde luego, con ustedes era menos libre de lo que lo soy ahora; con ustedes era mucho menos libre que ahora, porque me encontraba muy manipulado y muy hostigado; por tanto, no hable usted de libertades, porque posiblemente habrá que buscar en su pasado político para saber dónde estaba usted hace años. (Rumores.) De todas formas, diré que gracias a las medidas liberalizadoras del Ejecutivo el resultado ha sido estupendo para nosotros; pregunte a los sindicatos por qué no llegaron a un acuerdo en este caso; a lo mejor es que usted es su correligionario, y tuvo mucho que ver en que ese acuerdo no se pudiera llevar a cabo. En cualquier caso, ustedes a veces demuestran una amnesia política, un olvido total de las cosas que hacen, y no estamos dispuestos a tolerarlo. Vamos a seguir trabajando, vamos a seguir demostrándoles --y no con descalificaciones, como han hecho ustedes-- que estamos de acuerdo con las reformas, que vamos a seguir marchando hacia adelante, que vamos a entendernos con los trabajadores y con los agentes sociales y, sobre todo, vamos a evitar que nos ocurra lo que a ustedes: que tengan dos huelgas que les hagan polvo.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños de Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Llamen a la votación, por favor. (Pausa.) Señorías, vamos a votar las enmiendas al proyecto de ley de medidas urgentes de reforma del mercado de trabajo para el incremento del empleo y la mejora de su calidad. (Las señoras y señores Senadores aplauden la entrada en el Pleno de la Senadora Lasheras Meavilla.) Damos la bienvenida a la Senadora Lasheras Meavilla y nos alegramos de su recuperación.
Votamos, en primer lugar, el voto particular número dos, de los Senadores Cámara y Cabrero, en varios bloques. Primero, las enmiendas números 32, 40, 59 y 61.
Se inicia la votación. (Pausa.)

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Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 70; en contra, 135; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
A continuación, votamos las enmiendas números 33 a 39, 41 a 58, 60, 62 a 73, 75 y 76.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 68; en contra, 137; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Las enmiendas originariamente presentadas por el Senador Quintana, del Grupo Mixto, las vamos a votar en un solo bloque, de la número 2 a la número 23.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, dos; en contra, 135; abstenciones, 75.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos a continuación las enmiendas originariamente presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, que ahora soporta el Grupo Mixto, números 24 a 31.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, cinco; en contra, 133; abstenciones, 74.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Votamos la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 18; en contra, 126; abstenciones, 68.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Las votaremos en dos bloques. En primer lugar, las enmiendas números 141 y 121.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 67; en contra, 135; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Ahora votamos el resto de las enmiendas presentadas por Entesa, de la número 119 a la 146, salvo las dos que acabamos de votar.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 66; en contra, 137; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Sanz Pérez pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Sanz.


El señor SANZ PEREZ: Pedimos votación separada de la enmienda número 162.


La señora PRESIDENTA: Efectivamente, señoría, está previsto que vaya en el segundo bloque.
Comenzamos votando las enmiendas del Grupo Catalán de Convergència i Unió números 148, 149, 151, 152, 155, 156, 160, 163 y 164. (El señor Servià i Costa pide la palabra.) Tiene la palabra, Senador Servià.


El señor SERVIË I COSTA: Señora Presidenta, usted ha citado ahora enmiendas nuestras que decayeron en Comisión y que no hemos defendido hoy aquí.


La señora PRESIDENTA: De las que he citado, ¿cuáles decayeron en Comisión, señoría?

El señor SERVIË I COSTA: Permanecen vivas nueve: las números 147, 148, 149, 154, 159, 161, 162, 163 y 164.


La señora PRESIDENTA: Luego las que decayeron fueron las números 155 y 156. En cualquier caso, algunas de las que ha mencionado están en un tercer bloque porque algún grupo ha pedido votación separada.
En resumen, señoría, vamos a agrupar las enmiendas en tres bloques: en primer lugar, enmiendas números 148, 149, 163 y 164, en un segundo bloque la enmienda número 162, tal como lo ha pedido el Grupo Parlamentario Popular, y en el tercero el resto de las enmiendas de Convergència i Unió que quedan vivas.
Votamos el primer bloque, correspondiente a las enmiendas números 148, 149, 163 y 164.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, nueve; en contra, 126; abstenciones, 78.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 162.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 134; en contra, dos; abstenciones, 77.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.


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Votamos el resto de las enmiendas del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, salvo las anteriores y las que decayeron.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, nueve; en contra, 125; abstenciones, 79.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en dos bloques. El primero corresponde a las enmiendas números 106, 107 y 108.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 66; en contra, 135; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, de la número 77 a la 118, a excepción de las anteriores.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 68; en contra, 136; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la propuesta de modificación del dictamen, suscrita por todos los Grupos, sobre la base de la enmienda número 74, presentada originalmente por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
¿Desean sus señorías que lea la propuesta de modificación? (Denegaciones.) Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 148; en contra, dos; abstenciones, 62.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen sobre la base de la enmienda número 74, de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
A continuación, vamos a votar el texto del dictamen en un solo bloque, salvo la disposición adicional novena, que ha sido sustituida por la enmienda número 162, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, que ya ha sido aprobada.
Votamos, entonces, en un solo bloque todo el texto del dictamen, salvo la disposición adicional novena.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 138; en contra, 75.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el texto del dictamen.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCION DE LA CINEMATOGRAFIA Y EL SECTOR AUDIOVISUAL (S. 621/000026) (C. D. 121/000027).


La señora PRESIDENTA: Dictamen de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte en relación con el proyecto de Ley de Fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso su Presidente, el Senador Van-Halen.


El señor VAN-HALEN ACEDO: Señora Presidenta, señorías, me cabe el honor, por designación de la Comisión de Educación, Cultura y Deporte de la Cámara, de presentar ante el Pleno el dictamen del proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual.
El proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual tuvo entrada en la Cámara el día 10 de mayo de 2001.
Fueron presentadas al mismo un total de 72 enmiendas: 14 correspondientes a los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; 12 correspondientes al Senador Quintana González, del Grupo Mixto; dos correspondientes al Grupo de Coalición Canaria; 14 correspondientes al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; 15 correspondientes al Grupo Entesa Catalana de Progrés y seis correspondientes al Grupo Parlamentario Socialista.
El día 29 de mayo la Comisión designó una Ponencia para emitir informe sobre el proyecto de ley, que estuvo integrada por doña Cristina Agudo Cadarso, del Grupo Parlamentario Socialista; doña Pilar Aresti Victoria de Lecea, del Grupo Parlamentario Popular; don Carles Josep Bonet i Revés, del Grupo Entesa Catalana de Progrés; don Manuel Francisco Fernández Zanca, del Grupo Parlamentario Socialista; don José Ignacio Liceaga Sagarzazu, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; doña Eva Navarro González, del Grupo Parlamentario Popular, y don Josep Varela i Serra, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
La Ponencia publicó su informe el día 5 de junio, habiendo rechazado por mayoría la totalidad de las enmiendas propuestas e incorporadas al texto por unanimidad una serie de mejoras técnico-jurídicas y de estilo.
La Comisión conoció este informe durante su sesión del pasado día 12 de junio, en la que resultó aprobada por 12 votos a favor, nueve en contra y una abstención.


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Por último, señora Presidenta, señorías, el dictamen ha sido publicado el día 15 de junio.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Van-Halen Comienza el debate de totalidad.
En turno a favor, tiene la palabra la Senadora Aresti.


La señora ARESTI VICTORIA DE LECEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, al inicio de este debate me van a permitir dar la bienvenida a la Senadora doña Anabel Lasheras que está entre nosotros después de una larga ausencia por un accidente muy grave. Anabel, nos alegramos mucho de tenerte entre nosotros. (Aplausos.) Señorías, paso ahora a hacer una exposición general sobre la posición del Grupo Parlamentario Popular en el Senado respecto al proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual, que ahora nos ocupa.
Con el texto presentado se ha pretendido realizar un enfoque global del apoyo y actividad de la Administración al fomento, promoción y conservación en el campo de la cinematografía y el audiovisual, regular determinadas obligaciones y derechos a nivel reglamentario, adecuar las obligaciones en determinadas leyes como consecuencia de transposición de un directiva europea y regular las obligaciones cuyo incumplimiento constituyese infracción y posterior sanción.
Estos propósitos han quedado materializados en la ley mediante medidas de carácter reglamentario e incentivos de carácter económico con la finalidad de potenciar la creación, producción y difusión de la identidad cultural de los distintos pueblos de España, configurando una política cinematográfica en la que queda garantizada la igualdad de todos los ciudadanos al conocimiento de lo que constituye las diferentes formas de expresión, tanto por parte de los creadores de la obra cinematográfica como por parte del público al que va destinada. Y todo esto sin limitar, sino potenciar, que las diferentes Comunidades Autónomas en el legítimo ejercicio de sus propias competencias desarrollen políticas culturales que se complementen con las del Estado a fin de lograr un enriquecimiento global del patrimonio cultural cinematográfico y audiovisual. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Es preciso señalar que el texto que tenemos ante nosotros contempla que el cine es cultura pero también industria. Creemos que el mismo armoniza un criterio comercial basado en el fomento y promoción a las películas con un decidido respaldo presupuestario a los largometrajes de nuevos realizadores o a las obras más minoritarias pero de decidido carácter cultural.
De igual manera el anuncio del mantenimiento de la cuota de pantalla y su revisión al cabo de un tiempo prudencial, según la evolución y situación del mercado, está complementada con la previsión del establecimiento de ayudas para la difusión, promoción y distribución del cine. Tanto la elevación a rango de ley de las ayudas a la producción como el reconocimiento de que el cine y la televisión constituyen una parte fundamental de nuestro patrimonio son aspectos positivos de esta ley, y lo digo con el convencimiento de que, en el primer caso, se elimina la arbitrariedad de interferencias políticas y, en el segundo, se da un paso adelante en favor de la necesaria salvaguardia y difusión del patrimonio cinematográfico español.
La nueva ley que deberá complementarse con medidas presupuestarias y fiscales, como ya se contempla, podrá así reforzar la creación en nuestro sector audiovisual de una estructura industrial de dimensión competitiva y financiera suficientes con mayores estímulos fiscales para las inversiones cinematográficas y con medidas que favorezcan la concentración empresarial y la mayor capacidad financiera de los productores.
El texto de la ley que presentamos conforma un marco que permite un apoyo decidido al cine y configura un marco jurídico capaz de albergar equilibradamente los conceptos de cultura e industria, consustanciales al desarrollo del mismo y con indicación específica de instrumento de apoyo para conseguirlo.
Si ahora pasamos al texto de la exposición de motivos, veremos que recoge una redacción contundente sobre el respeto a las Comunidades Autónomas, que tienen competencia plena en esta materia en su dimensión pluricultural y plurilingüe, tanto en materia de cultura como en industria y comercio interior. Queremos hacer mención a que, si no fuera por su carácter cultural y por la protección a la diversidad que en el texto se subraya, no estaríamos hablando aquí de esta ley, pues las ayudas del Estado están permitidas por la Unión Europea precisamente por su carácter cultural y por su apoyo a la diversidad lingüística.
Al no ser esta una ley de bases, sino una ley que regula un fondo que la Administración Central tiene, está rotundamente claro y manifiesto que las competencias siguen siendo las que hoy están transferidas, que son totales como ya he dicho. Los principios de libertad de expresión, pluralismo, protección de los autores y sus obras, promoción de la diversidad cultural y lingüística, protección de los menores y de la dignidad humana, protección de los consumidores y la salvaguardia y difusión del patrimonio cinematográfico español quedan perfectamente recogidos y reconocidos en esta ley y en la reglamentación que de ella se deriva.
Respecto al artículo 1, que hace referencia al objeto de la ley y competencia, queremos incidir en que las competencias autonómicas están ya establecidas por la legislación española y que las Comunidades Autónomas tienen sus propias competencias en materia de cultura.
En la exposición de motivos ya ha quedado claro que las ayudas quedan previstas por razones culturales y para el mantenimiento de la diversidad cultural. Por otra parte, hay que tener en cuenta que el fundamento de esta ley es el artículo 59/113 de la Constitución Española y que ya está establecida la coordinación con las leyes de las Comunidades Autónomas, por lo que el objeto de la ley es el fomento de la creación, producción y difusión de la identidad cultural de los distintos pueblos españoles, así como la igualdad al acceso de todos los ciudadanos al patrimonio cultural del sector audiovisual.


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Referente a la nacionalidad de las obras cinematográficas y audiovisuales --asunto contemplado en el artículo 2--, creemos que se han recogido acertadamente en el texto las diferentes variables, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea y de los convenios y acuerdos internacionales.
En cuanto a la protección del patrimonio, volvemos a reiterar que las competencias autonómicas están ya establecidas por la Constitución. En la actual redacción del apartado 2 se establece la obligatoriedad de entregar una copia a la filmoteca española y, en su caso, a las filmotecas de las Comunidades Autónomas. Actualmente, tanto en el Consejo de Europa como la Comisión Europea, estudian las normas para el patrimonio cinematográfico y el audiovisual, que establecerá el depósito legal. La traslación de estas normas será el momento de establecer esta obligación en todos los países europeos.
Todas las bibliotecas colaboran plenamente, en base a las normas de la Federación Internacional de Archivos Fílmicos, y no es necesario el establecimiento de convenios adicionales, ya que por la presente ley se velará por el patrimonio cinematográfico español mediante la conservación de películas, fotografías, libros, músicas, guiones, etcétera, así como su restauración y difusión.
En cuanto al fomento de las producciones cinematográficas y audiovisuales, otra vez manifestamos lo dispuesto en el artículo 149 de la Constitución, al que ya nos hemos referido. Dicho artículo, de importancia fundamental, establece que el Gobierno, dentro de los límites presupuestarios, impulsará las medidas de fomento para la producción de películas, acceso a créditos, ayudas y subvenciones, apoyo fiscal y mecenazgo, formación de profesionales, enseñanza en el sistema educativo, utilización de nuevas tecnologías y la investigación y desarrollo en estos sectores, así como medidas para la eliminación de barreras que dificulten el acceso a estas obras a personas con discapacidad sensorial.
En el artículo 4 se establecen incentivos y medidas favorecedoras de la producción independiente, la enseñanza de la cinematografía, audiovisuales, la investigación y el desarrollo, así como las medidas que contribuyan, tanto a eliminar las barreras de comunicación para los discapacitados, como a favorecer los accesos de las personas con discapacidad.
En aras de la hora, voy a saltarme algunas cuestiones. Sí quiero incidir de manera especial en el artículo 6, relativo a la promoción y distribución de obras cinematográficas y audiovisuales. Manifestamos de nuevo --no podía ser de otra forma-- que las Comunidades Autónomas conservan toda su libertad para establecer la política de ayudas que consideren oportunas.
La ley establece también ayudas complementarias para la promoción y distribución de las películas, como ya hemos dicho. En la exposición de motivos se dice de forma clara: «... todo ello sin perjuicio de las competencias --insisto nuevamente-- de las Comunidades Autónomas...» El artículo 7, cuota de pantalla, ha sido punto especial de debate.
Respecto a la cuota de pantalla manifestamos que, durante los últimos sesenta años desde que se estableció esta medida, nunca fue posible conseguir el 2 a 1, fundamentalmente por la falta de películas. La máxima cuota es de 3 a 1, que es la que mantenemos. La última vez que se intentó el cambio al 2 a 1 fue mediante la Ley de 8 de junio de 1994, que fue la causa de una huelga de cine, e inmediatamente hubo que restablecer el 3 a 1. El artículo 7 establece una medida que es el resultado de un equilibrio entre sectores y que garantiza plenamente la presencia del cine comunitario.
Ya hemos dicho que la ley pretende dar mayores facilidades para incentivar la explotación en películas que utilicen lenguas oficiales de las Comunidades Autónomas, así como el mantenimiento de cines de baja comercialidad, en definitiva, fomentar la exhibición en lenguas distintas al castellano.
En el proyecto de ley también se han garantizado las medidas que aseguren la libre competencia y la eliminación de cualquier práctica desleal desde la distribución, no pudiendo alegarse razones de excepción cultural ni establecer limitaciones a las películas de otros países de la Unión Europea.
Estimamos que es un punto muy importante la libre distribución en España de obras cinematrográficas procedentes de otro Estado y la libre competencia en producción, distribución y exhibición cinematográficas siempre que se respete la legislación vigente de defensa de la competencia.
En el artículo 9, control de rendimientos de las obras cinematográficas, se trata de establecer el control de las recaudaciones en las salas de cine, es decir, el control de taquilla. En otros soportes, el control se conoce de manera automática...


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senadora Aresti, vaya usted terminando, por favor.


La señora ARESTI VICTORIA DE LECEA: Termino.
No entro en las disposiciones adicionales.
En el artículo 12 las infracciones están claramente tipificadas.
En el capítulo 13 se detallan las sanciones.
Las disposiciones adicionales son fundamentales en esta ley.
Para terminar, quiero agradecer desde aquí la posición constructiva de los grupos parlamentarios que, tanto en Congreso de los Diputados como ahora en el Senado, han hecho posible que podamos contar con un proyecto de ley moderno, justo y equilibrado.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senadora Aresti.
¿Turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
¿ Grupo Parlamentario Mixto? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Coalición Canaria? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

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¿Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Socialista? (Pausa.) ¿Grupo Parlamentario Popular? (Pausa.) Se suspende la sesión hasta las cuatro y cuarto de la tarde.


Eran las catorce horas y diez minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Señorías, se reanuda la sesión.


--DE LA COMISION DE EDUCACION, CULTURA Y DEPORTE EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE FOMENTO Y PROMOCION DE LA CINEMATOGRAFIA Y EL SECTOR AUDIOVISUAL (S. 621/000026) (C. D. 121/000027) (Continuación).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Comenzamos con el voto particular de los señores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Tiene la palabra el señor Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES. Gracias, señor Presidente. Buenas tardes.
Señorías, nuestro Grupo ha presentado 24 enmiendas al proyecto de ley de fomento y protección de la cinematografía y el sector audiovisual, enmiendas que mantenemos en este trámite y para las que, como es lógico, queremos recibir el apoyo del resto de los grupos por considerar que sería bueno que esta ley se aprobara con un amplísimo consenso, y si fuera posible por unanimidad.
Tenemos que reconocer que este proyecto de ley contempla avances y propuestas del conjunto del sector vinculado a la cinematografía, algo que valoramos positivamente. En cualquier caso, nuestras enmiendas pretenden la mejora del proyecto y recogen propuestas del sector de los productores y del sector de la distribución cinematográfica, e insisto en que su aprobación mejoraría de forma importante el proyecto original.
Izquierda Unida quiere que en esta ley se considere como concepto --lo que le daría esa característica de importancia-- que la obra cinematográfica es un elemento que también representa la cultura de un país. Y a tal fin presentamos una enmienda al artículo 1, relativo al objeto de esta ley y sus competencias.
Asimismo, queremos que haya mecanismos de protección del patrimonio, y en ese sentido pensamos que hay que dar un importante papel a las Comunidades Autónomas. Por otro lado, es necesario que existan convenios de colaboración que recojan la conservación y el intercambio en el ámbito de la cinematografía.
En lo que se refiere al fomento de la producción cinematográfica y audiovisual, se deberían contemplar beneficios fiscales para las productoras como una posibilidad más de promoción y fomento de las producciones cinematográficas.
En cuanto al artículo 5, relativo a las ayudas a la producción, con una de nuestras enmiendas proponemos que se explicite que los beneficios fiscales pueden ser un instrumento para la ayuda a la producción cinematográfica.
A ese mismo artículo presentamos otra enmienda con objeto de que las ayudas públicas, además de apoyar a un sector productivo y servir a la difusión cultural, contemplen la máxima universalización de la prestación al conjunto de la población, incluyendo a las personas con limitaciones sensoriales. Por tanto, se trata de la especificidad de ayudas para aquellas producciones cinematográficas que contemplen la subtitulación de los diálogos con signos adecuados a la comprensión por parte de las personas a las que nos acabamos de referir, abriendo de esa forma el abanico, e incentivando así ese tipo de producciones.
También en relación con el artículo 5, y en lo que se refiere a los requisitos para obtener esas ayudas, queremos que se contemple de forma específica que los productores deben ser titulares de los derechos de propiedad intelectual necesarios para la explotación de la obra audiovisual, de conformidad con lo previsto en la propia Ley de Propiedad Intelectual. Creemos que esto se adecua a lo que deben ser los requisitos imprescindibles de la propiedad intelectual, y precisamente el proyecto de ley plantea todo lo contrario.
En relación con la cuota de pantalla, una de las aportaciones más importantes que hacemos a este proyecto consiste en que en el artículo 7 se modifique el criterio sobre medición de la cuota de pantalla, sustituyendo el término «días» por el de «pases», algo que consideramos mucho más acertado.
En ese mismo artículo planteamos la necesidad de mantener una cuota de pantalla sin plazo fijo de desaparición e incorporar la proporción de un día como mínimo de obra cinematográfica de carácter comunitario de la Unión Europea por cada dos de exhibición extracomunitaria, de tal forma que nos parecería importante mantenerlo en todo el articulado en cuanto a la cuota de pantalla, porque está claro que hay una invasión de obras cinematográficas, de Estados Unidos sobre todo, y una debilidad a la hora de la exhibición y la representación de películas cinematográficas del ámbito comunitario y de nuestro país.
Planteamos la eliminación del apartado 2 de ese mismo artículo 7 porque nos parece que es una disminución gratuita, y no iría en congruencia con lo que planteamos antes en relación a la cuota de pantalla que debemos apoyar en relación a las obras cinematográficas de carácter comunitario.
Por otro lado, también en ese artículo, hay que incorporar en su punto primero los canales de televisión como un instrumento de difusión de la obra cinematográfica, que tiene, sin ningún tipo de dudas, relevancia y que sin embargo no se contempla en el propio proyecto de ley, lo cual es un medio importante para la cuota de pantalla que estamos planteando.


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En cuanto a la distribución de películas cinematográficas y de obras, para ser coherentes con lo que estábamos diciendo anteriormente, pretendemos que se posibilite desde la distribución la oferta en los catálogos de la distribuidora de una obra cinematográfica comunitaria de cada tres o frente a dos que se puedan proporcionar referida a países extracomunitarios. De esta forma, seremos coherentes con lo anterior, habremos posibilitado la oferta necesaria para conseguir esa cuota de pantalla que estamos planteando y el apoyo a la cinematografía de nuestro país y del conjunto de la Unión Europea.
Referido a todo lo que tiene que ver con el control de los rendimientos y de las obras cinematográficas en el artículo 9, pretendemos que haya una necesaria transparencia fiscal y todas las ayudas públicas englobadas en el conjunto, es decir que en el conjunto de los ingresos en el sector se tengan en cuenta incluso los provenientes de otros soportes y canales de distribución diferentes a la sala de exhibición para que, en cuanto a la transparencia fiscal derivada de las ayudas públicas que se pueden producir, sean lo más transparente posible, y por eso planteamos mecanismos que avanzarían en ese sentido.
En relación al artículo 12 del proyecto de ley, que tiene que ver con las infracciones, seguimos planteando lo mismo que antes, para evitar equívocos, en cuanto a las expresiones de «días» por «pase», porque creemos que lo deja mucho más claro y hay muchísimas más posibilidades de control en todo lo relacionado con la propia ley.
En cuanto a las sanciones, creemos que se debe producir una modificación en los apartados b) y c) del artículo 13 para que cuando refleje las cifras sobre las sanciones plantee porcentajes de un 10 y un 20 por ciento respectivamente, porque son similares a los que se fijan en las leyes tributarias y entendemos que fijar sólo las cantidades y no los porcentajes posibilitaría unos cálculos perniciosos sobre la ventaja de incumplir lo que se prevé en la propia legislación.
Planteamos también una disposición transitoria en el sentido de que el Gobierno establezca en un plazo de seis meses un sistema de ayuda para la distribución del cine español y comunitario ya que, como hemos dicho antes, el principal problema se encuentra en la red de distribución y exhibición del cine español y comunitario, y para solucionarlo se deben establecer una serie de medidas que las faciliten.
Es decir, pretendemos que se establezca un mecanismo de incentivación, fomento e impulso a nuestro cine.
Proponemos la creación de una nueva disposición adicional que sustituya a la que está prevista en el proyecto de ley, en coherencia con otras enmiendas que hemos planteado anteriormente.
Por otra parte, también proponemos la creación de una nueva disposición adicional para que el Gobierno realice gestiones con la Comisión Europea para que ésta alcance un acuerdo con las autoridades de terceros países con el fin de reequilibrar las condiciones de distribución y exhibición de las obras cinematográficas comunitarias y que éstas tengan las mismas posibilidades que las que se encuentran estas obras foráneas en nuestro espacio económico y cultural.
Sabemos que el trato que recibe la obra cinematográfica europea en los Estados Unidos es completamente desigual a la que recibe la obra estadounidense en las pantallas europeas, es decir, hay una discriminación; por tanto, se debe conseguir un acuerdo que reequilibre esa situación para alcanzar el objetivo de que se incentive, se promocione y se defienda el cine español y el cine comunitario.
También se propone otra nueva disposición adicional para impulsar acuerdos entre el Gobierno y las administraciones locales para, a través de convenios específicos, llevar a cabo un plan de ayudas para la modernización y promoción de salas de cine y salas alternativas en instalaciones de los propios ayuntamientos, en especial de los pequeños y medianos. Sin duda, estas ayudas y convenios con los ayuntamientos deberían estar condicionadas a la exhibición de obras cinematográficas españolas o comunitarias y, por tanto, servirían de impulso y promoción de la cinematografía.
Finalmente, también planteamos la adición de una nueva disposición adicional para impulsar un plan de ayudas que fomente de manera adecuada la formación de nuevos creadores en un sector que es muy interesante, tanto a nivel cultural como económico. Desde nuestro punto de vista, el fomento de la formación de nuevos creadores en el ámbito de la cinematografía es una cuestión fundamental que se debe contemplar en nuestra legislación.
Estas son las enmiendas que hemos planteado desde Izquierda Unida porque, como he dicho antes, completarían el proyecto de ley que, sin duda, supone un avance en relación al fomento de la cinematografía y el sector audiovisual.
Por último, quiero expresar la disponibilidad de Izquierda Unida para que sea posible alcanzar algún acuerdo sobre ellas y podamos decidir nuestro voto sobre el conjunto de la ley.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Cabrero.
Voto particular número 2 del Grupo Parlamentario Mixto, del señor Quintana González. (El señor Cámara Femández pide la palabra.) Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Se da por defendido en sus propios términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias.
Por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Gracias, señor Presidente.
Coalición Canaria mantiene vivas las enmiendas números 14 y 15, que no han sido asumidas en la tramitación del proyecto de ley en el Congreso de los Diputados ni en la Ponencia y la Comisión de esta Cámara.
En este momento, quiero anunciar la retirada de la enmienda número 14, pero no de la número 15 porque la consideramos

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fundamental para mantener un mínimo de producción en el archipiélago canario.
Esta ley, que consideramos que es positiva en su conjunto, tiene su base fundamental en la ayuda a la producción audiovisual, siguiendo las pautas de la Comisión Europea y de los Consejos de Ministros de Cultura y audiovisuales de la Unión Europea. A través de estas directrices se contempla un apoyo en fomento de la cinematografía en su doble vertiente cultural e industrial, que provoca la producción, distribución y exhibición en un esfuerzo integrador. Pues bien, hablando de la Unión Europea, en el artículo 299 del Tratado de Amsterdam se desarrolla el concepto de la ultraperificidad teniendo en cuenta la situación estructural, social y económica, en este caso de las Islas Canarias, en que está muy limitado toda actividad y, por lo tanto, hay que establecer unas ayudas incluidas en las políticas comunes. Habrá que dar ayudas también en los consumos de los bienes esenciales en las ayudas públicas.
Lo que solicito en este momento simplemente con la finalidad de mantener similitudes políticas en el Estado español.
Los archipiélagos, incluido el balear, son unos magníficos platós, desde esas inmensas playas de Fuerteventura --y me van a perdonar cierto lirismo a esta hora--, al atormentado Timanfaya de Lanzarote con sus ramas retorcidas, además reserva mundial de la biosfera igual que la isla de El Hierro, hasta el entorno colonial de Vegueta en Gran Canaria, con el Patrimonio de la Humanidad recién concedido a la ciudad de San Cristóbal de la Laguna, pasando por los otros tres parques nacionales, Caldera de Taburiente en Las Palmas, Garajonay en la Gomera, y el Teide en Tenerife, este último el más visitado de todos los de la Unión Europea. En conjunto llegan a las islas doce millones de visitantes, ávidos de sol, de ocio y de paisaje. Pues bien, estos platós nos se utilizan por lo que significan los desplazamientos, el material necesario, y la ausencia de laboratorios ex profeso.
Todo ello constituye la razón básica de esta enmienda al artículo 5, del punto 1 del proyecto de ley referido a las ayudas anuales y complementarias a las empresas productoras, principalmente productores independientes, incluyendo --y leo textualmente-- «las ayudas a las empresas productoras para la amortización de costes de producción, como a las ayudas sobre proyectos, se contemplará en el desarrollo reglamentario y, teniendo en cuenta criterios objetivos, las ayudas a empresas y productores independientes, que radicadas en territorios insulares alejados han de soportar sobre costes y dificultades añadidas para la ejecución de los proyectos de producción cinematográfica y de audiovisuales».
De no valorarse estas situaciones, las posibilidades de la industria cinematográfica canaria serán prácticamente nulas, como en la actualidad, por lo que espero una revisión de la postura del Grupo mayoritario y que pueda aprobarse esta enmienda de Coalición Canaria hoy en esta Cámara.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Ríos.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Liceaga.


El señor LICEAGA SAGARZAZU: Muchas gracias, señor Presidente.
Voy a proceder a la defensa de las enmiendas presentadas por nuestro Grupo procurando agruparlas, y así posibilitar que sea más breve mi intervención.
En las enmiendas números 1 y 2 a la exposición de motivos se solicita añadir dos nuevos párrafos, a través de los cuales pretendemos destacar la necesidad de situar estas políticas en el entorno industrial que les corresponde, porque tal y como se manifiesta en la justificación de la primera de ellas, entendemos que dicho carácter resulta predominante respecto a la actividad audiovisual y cinematográfica y respecto al conjunto de la acción de sus agentes de producción, distribución y exhibición, cuando se enfoca desde la perspectiva de sus aspectos económicos, aun entendiendo, evidentemente, que estamos en actividades inmersas en procesos culturales. La segunda enmienda propone asimismo añadir un párrafo haciendo alusión a la dimensión pluricultural y plurilingüe del Estado.
La tercera enmienda es al artículo 1 de la ley proponiendo incorporar un apartado donde se hace referencia a la competencia autonómica en materia cultural, industrial y comercio interior. Por lo tanto, en su ámbito territorial correspondería a las Comunidades Autónomas el ejercicio de las competencias que se determinan en la ley, sin perjuicio de la sujeción en su ejercicio a las bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica que corresponde al Estado. Las enmiendas números 4 y 5, a los artículos 3 y 4 respectivamente, se justifican en coherencia con las competencias autonómicas en cultura y protección del patrimonio cultural y artístico. La enmienda número 6 propone introducir un párrafo al final del artículo 4 porque entendemos que dentro del fomento de la cinematografía y del sector audiovisual se requieren políticas fiscales comprometidas y políticas específicas de I+D.
La enmienda número 7 la voy a leer textualmente y dice: «Las Comunidades Autónomas podrán adaptar las modalidades de cumplimiento y excepción de las normas contenidas en este artículo. Asimismo, podrán incluir como criterio de valoración cualitativa la realización de los productos cinematográficos y audiovisuales en lenguas oficiales de dichas Comunidades Autónomas distintas del castellano, de acuerdo con sus respectivas leyes de normalización lingüística.» Las enmiendas números 8 y 9 al artículo 6, la primera de modificación y la segunda de adición, tienen como justificación la coherencia y respeto con las competencias autonómicas en la materia.
La enmienda número 10, al artículo 7; la número 11, al artículo 12, y la número 12, a la disposición adicional primera, se refieren a la cuota de pantalla. Son enmiendas de supresión, por entender que es inadecuada esa técnica de cuota de pantalla para desenvolverse con eficacia en el plano de la consecución de una protección y fomento de la industria, en términos reales, y de búsqueda de su competitividad en el espacio europeo, porque la técnica en sí

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misma no es eficaz a nuestro modo de ver, y debería ser sustituida quizá por otros mecanismos más habituales en el entorno industrial.
La enmienda número 13 es de adición, y se propone añadir una cuarta disposición adicional para la creación de mecanismos de coordinación, colaboración y cooperación entre Administraciones Públicas para un desarrollo más eficaz e integrado de las políticas de fomento y promoción de cinematografía y el sector audiovisual, en el entorno competencial que les corresponde.
Con esto, considero defendidas las enmiendas.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Liceaga.
Por el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Muchas gracias, señor Presidente.
Señoras Senadoras, señores Senadores, desde que con motivo de unas rondas del GATT se difundió el término excepción cultural, el debate sobre la preservación y desarrollo de las culturas dentro de una economía y, por tanto, de unas industrias culturales que están globalizadas, está en el candelero. El hecho de que las culturas económicamente poderosas tienden a sustituir o a modificar, a veces como un elefante en una cacharrería, a las culturas pequeñas es un motivo de preocupación y de actuación de gobiernos y entidades. La cosa obviamente no es fácil, porque hay que hallar un camino que, a la vez, impulse, promocione, subvencione, pero que también procure la calidad y la competitividad; es decir, la cultura fuertemente subvencionada no puede eternizarse porque, si no, acaba no siendo cultura. Se mata, se asesina la creatividad.
Las subvenciones, como la solidaridad, son instrumentos que han de tender a poner las condiciones para que las industrias culturales y los agentes creadores de cultura se puedan defender en este mundo global sin necesidad de ellas. Uno de los campos donde por ahora es necesaria una intervención --y aquí hay que llamar a las cosas por su nombre-- pública, para moderar la posición de dominio de los Estados Unidos --también hay que decirlo claro--, es en el sector del cine y del audiovisual, y se va viendo claro que la única forma de competir es armonizando los intereses diversos de los países comunitarios y de sus culturas. A la Unión Europea seguramente le faltan muchas cosas, pero quizá una cosa de que adolece es que no tiene una autoridad única en materia audiovisual, que regule y vele por la competitividad de los productos cinematográficos europeos.
Hace falta que en Europa haya una cultura de empresa para que Europa sea una marca cultural.
Esta ley, como señala el preámbulo, tiene por objeto dar una norma integral en sus aspectos de fomento y de promoción a la cinematografía y al sector audiovisual; también en el preámbulo se citan los principios de esta ley --que saludo--, principios que da por sentados, y que dicen ser libertad de expresión, pluralismo, protección de los autores y sus obras, promoción de la diversidad cultural y lingüística, protección de los menores y de la dignidad humana, así como protección de los consumidores.
El Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés no ha visto motivo alguno para el veto, pero sí hemos presentado una serie de enmiendas.
Nuestro Grupo, como saben sus señorías, es un Grupo diverso y apelo a la propia ley, que lo que hace es preservar la diversidad cultural, porque la diversidad de nuestro Grupo tiene que ser un motivo de respeto, y protección. Con ello quiero referirme a que nuestro Grupo Parlamentario ha recogido las enmiendas que los tres Partidos que la componen --Partit dels Socialistes de Catalunya, Esquerra Republicana de Catalunya e Iniciativa per Catalunya-- han presentado en el Congreso de los Diputados. Esto no tiene que ser motivo de escandalosa contradicción. Es una cosa normal y se tendría que entender aún más en el Senado. Ayer vimos cómo intervinieron unos cuantos grupos territoriales y estoy convencido de que todos estos grupos actuaron según su propio criterio y en defensa de sus intereses territoriales sin que hubieran recibido consignas de ningún partido central.
Asimismo, hay unas enmiendas que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que son las números 57, 59, 63 y 64. También anuncio que retiramos las enmiendas números 53, 54, 55, 60 y 64.
Las enmiendas que mantenemos se refieren a tres grandes aspectos. El primer aspecto, como dice el preámbulo al que hace referencia, pone énfasis en que esta ley se hace sin perjuicio de las competencias de las Comunidades Autónomas, pero en ningún sitio dice que estas competencias son exclusivas. En todos los Estatutos de Autonomía las competencias sobre cultura son exclusivas, y en esta Cámara ya hace tiempo que veo una cierta tentación del Partido Popular de intentar ignorar este término de competencia exclusiva, y la competencia exclusiva quiere decir alguna cosa. Lo que sí se hace en el preámbulo es un pequeño alarde de la capacidad del Estado para dictar normas en materia cultural, a pesar de la exclusividad de la materia para las Comunidades Autónomas. Así se fundamenta en el artículo 149.1.13, de planificación general económica, y en el 149.2, que el Gobierno siempre lo quiere interpretar a su favor y nunca lee lo que realmente dice, porque la facultad que tiene el Gobierno es la de coordinar la cooperación entre las Comunidades Autónomas, pero no invadir sus territorios competenciales, como hace últimamente desde una posición de dominio dada la superioridad financiera del Ministerio de Cultura y la pobreza de las Comunidades Autónomas.
Y es que hay multitud de recursos en el Tribunal Constitucional en materia cultural y muchas resoluciones favorables a las Comunidades Autónomas, pero el Gobierno siempre ignora y siempre parece que no se da por enterado.
A veces se exige lealtad constitucional a las Comunidades Autónomas, pero ya sería hora de que esta lealtad constitucional, y sobre todo las sentencias positivas para las Comunidades Autónomas del Tribunal Constitucional en materia de cultura, se la aplicara el Gobierno de una vez.
Otro punto en el que nosotros hemos insistido es la cuestión plurilingüística del Estado español. La Constitución

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dice que las lenguas españolas --no la lengua española-- han de ser motivo especial de respeto y protección, y este principio, que invoca la ley muchas veces, tendría que ser autointerpretado en su seno, es decir, sería necesario que de una vez por todas en algún sitio --y podría ser en esta ley-- se empezaran a crear organismos, se empezaran a crear mesas lingüísticas para intentar dar salida a este mandato constitucional de especial respeto y protección.
Finalmente, en otro orden de cosas, también hay que hacer que esta ley se cumpla. Nosotros queremos advertir de que esta ley es un poco «light», es decir, hay posibilidades de burlarla, hay posibilidades de que los actores, los sujetos a los cuales se conmina a una cierta actividad o a una cierta actitud hagan aquello tan picaresco y tan tradicional de «Hecha la ley, hecha la trampa».
También habría que conseguir que los operadores de televisión se involucrasen en atemperar las posiciones de dominio de los productos de Estados Unidos.
Estas son, básicamente, las tres líneas fundamentales y, si me lo permite, señor Presidente, paso rápidamente a expresar lo que dicen las enmiendas.
La enmienda número 52 va en la línea de este reconocimiento del plurilingüismo. Trata de añadir un nuevo apartado al artículo 1, según el cual se desarrolle un reglamento y se constituya una mesa lingüística en la que estén presentes las distintas lenguas que son cooficiales en las diversas Comunidades Autónomas. Me remito a lo que he dicho antes: el apartado 3.3 de la Constitución da especial respeto y protección a las diversas modalidades lingüísticas. Por el momento no tiene una traducción jurídica y tendríamos que ponernos a ello, máxime en una ley en cuyo principio se hace una defensa contra la potencia, a veces excesiva, de una lengua y de una cultura que nos viene de otros sitios. También tendríamos que aplicar estas prevenciones a nosotros mismos.
La enmienda número 56 sigue este mismo criterio, es decir, otra vez insiste en la cuestión de la preservación y el desarrollo de las lenguas del Estado. Aquí no se trata de poner las lenguas del Estado en un zoológico, sino que se trata de darles posibilidades de desarrollo, posibilidades de competir en este mundo globalizado, porque las lenguas de España también son una cuestión de Estado, no son una cuestión de las Comunidades Autónomas, puesto que así lo dice el artículo 3 de la Constitución. En este sentido, la enmienda trata de fortalecer la diversidad lingüística y cultural del Estado español y con ello traducir este mandato del artículo 3.3.
La enmienda número 57 pretende regular que los operadores de televisión también contribuyan, en la medida de lo posible, a moderar, a atemperar esta posición de dominio de los productos de Estados Unidos, de los productos «americanizantes».
A veces se hace el discurso de que la televisiones privadas son empresas normales, como cualesquiera otras. No, hay que recordar que son concesiones públicas protegidas de la competencia. No es una empresa cualquiera y, por lo tanto, tienen que contribuir al desarrollo del sector audiovisual europeo.
Por el contrario, lo que hacen es favorecer esta posición de dominio de los productos de Estados Unidos. Todos podemos observar las deplorables películas de algunas televisiones, con mucho coche, mucha persecución y sobre todo mucha silicona. Hay que obligar a que estas televisiones no emitan tantas horteradas y hagan alguna cosa para fomentar el acceso de las personas a la cultura.
Cuando se produjo el pistoletazo de arranque de las televisiones privadas se adujo que habría una gran riqueza y una gran diversidad. Todas están haciendo lo mismo, programas cortados por el mismo patrón, compran telefilmes yanquis malos, de estos que comentaba de mucho coche, mucha persecución y mucha silicona.
Por lo tanto, esta enmienda está clarísima. Si fueran empresas normales no se podría decir nada, pero son empresas que tienen una concesión pública y se les protege de la competencia.
La enmienda número 58 es de modificación, propone añadir «en cualquiera de las lenguas oficiales españolas», con el objeto de traducir jurídicamente la diversidad lingüística. A veces planea un intangible en cuestión de conflictos lingüísticos, que son los que impiden que, por ejemplo, en este Senado exista ya una web en las diversas lenguas. Hay que celebrar la creación de la Academia Valenciana de la Lengua, que quizá superará este impasse de una vez y de manera razonable en todos los territorios de habla catalana.
La enmienda número 59, referida a la cuota de pantalla, contiene una salvaguarda contra las trampas para evitar que en los multicines las cuotas de pantalla que se obligan se pasen en aquella salita pequeña, que no cabe nadie y en unas horas intempestivas. Se tienen que establecer unas reglas para que no sea una ley que pueda ser burlada y defraudada.
Se distingue entre poblaciones con más y con menos habitantes, y, por lo tanto, se pretende poner una salvaguarda a las trampas, a las que somos tan aficionados.
En la enmienda número 61 se solicita un gravamen a los doblajes, en cualquiera de las lenguas oficiales españolas.
En la número 62 se pretende reconocer y asegurar las competencias exclusivas de las Comunidades Autónomas en materia de cultura. No entiendo por qué al Partido Popular le produce tanto repelús esta idea.
Podríamos comprobar en el «Diario de Sesiones» las veces que lo hemos intentado incluir en muchas mociones y todas las que han sido desestimadas por el Partido Popular --aquí debe pasar alguna cosa, porque las competencias exclusivas existen.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Senador Bonet, vaya terminando, por favor.


El señor BONET I REVES: Termino, señor Presidente.
La enmienda número 63 propicia que las sanciones sean razonables, de las que el infractor no se pueda burlar, es decir, que estén adecuadas a la economía y a los tiempos.
La enmienda número 65 hace referencia a la publicidad. En coherencia con lo expresado en la número 57, se exige a los operadores de televisión un mínimo de promoción

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publicitaria para los productos comunitarios. Como decía, es lógico puesto que las televisiones privadas son concesiones públicas y, además, se les protege de la competencia.
Finalmente, con la enmienda número 66 se trata de desarrollar el no desarrollado artículo 3.3 de la Constitución, que hace referencia a las lenguas, su respeto y protección.
Hasta aquí, pues, las enmiendas de Entesa Catalana de Progrés.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señoras y señores Senadores.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Agudo.


La señora AGUDO CADARSO. Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, después de dos días debatiendo en Pleno cuestiones que indudablemente han causado cierta tensión, creo que hablar de cultura puede resultar satisfactorio y ojalá nos pueda unir a muchos de esta Cámara, más aún teniendo en cuenta que hoy es el Día Europeo de la Música y seguramente que todos recordamos maravillosas músicas, de película, que resuenan en nuestros oídos.
Voy a aprovechar la defensa de las enmiendas para hacer también algunas reflexiones sobre ellas y sobre este proyecto que hoy traemos a esta Cámara.
Indudablemente, las medidas de fomento y promoción de la cinematografía y del sector audiovisual no sólo son positivas sino absolutamente necesarias. Las obras cinematográficas y audiovisuales son un vehículo de expresión artística y de manifestación cultural, pero de forma inseparable son también un producto de consumo, aunque eso sí, un producto de consumo que podríamos considerar atípico, es decir, no son zapatos, no son sillas, no se producen en serie cada producto cinematográfico y audiovisual es único en sí mismo, es un prototipo, lo que condiciona todo lo que vamos a hablar hoy.
Estos dos aspectos son indisociables, lo artístico y cultural y lo económico e industrial, de manera que no podrá existir un bien cultural si no hay una industria, un sector económico y técnico que lo haga posible. Sin duda, esta industria cultural requiere de la ayuda y protección de los poderes públicos y no puede dejarse a la competencia libre de mercado, de un mercado que además es imperfecto por las características del producto. Y en eso es en lo que se basa el argumento de lo que llamamos excepción cultural, argumento que la Unión Europea ya propuso en la Ronda de Uruguay y ante el GATT, hoy la Organización Mundial de Comercio, para defender la legitimidad de los sistemas nacionales de protección y ayuda.
Durante el pasado mes de noviembre, en el foro europeo de Estrasburgo, los realizadores europeos proponían a la Comisión Europea una directiva que incluyera la diversidad cultural y el carácter de alto contenido creativo y original que tienen las obras cinematográficas, que algunos quieren tratar como meros productos para convertir todo esto en una discusión meramente referida a la libertad de consumo.
Estos principios son lo que, a nuestro juicio, deben de responder a la reglamentación jurídica de la promoción y defensa del cine español y del sector audiovisual. Por lo tanto, creemos que esta ley es absolutamente necesaria.
La Ley del año 1994 ha cumplido su función, un papel importante,pero consideramos que es necesario y positivo que exista esta nueva ley, y así lo cree nuestro Grupo. Creemos también que el proyecto de ley que el Gobierno del Partido Popular nos presentó y que trae aún a esta Cámara no contiene todavía una apuesta decidida y rigurosa a las necesidades de fomento y protección del sector, de ese amplio sector que une a creadores, productores, distribuidores y exhibidores. Si en el Boletín del Senado hubiéramos hecho el ejercicio de subrayar cuál era el proyecto inicial y cuál es el que nos ha llegado al Senado podríamos comprobar que se olvidaba de aspectos fundamentales, por ejemplo, el aspecto cultural en la exposición de motivos, pero también se olvidaba de la pluriculturalidad de nuestro país, de las competencias de las Comunidades Autónomas, de la importancia de la enseñanza cinematográfica en el sistema educativo, en el fomento de nuevas tecnologías, y una cuestión importantísima, que eliminaba una de las mayores protecciones, que era la cuota de pantalla con el argumento de que no era necesario; además, tampoco sancionaba con rigor las infracciones a esta ley. Hay que reconocer, y lo reconocemos verdaderamente con todo ánimo, que el texto inicial y el presentado en esta Cámara, y que se trae a debate, ha incorporado aspectos muy positivos, que ha habido en la discusión del Congreso un ambiente constructivo y que, desde luego, el proyecto inicial es muy diferente al enfoque que hoy se trae a esta Cámara. Pero aún creemos que es un texto tímido, que olvida aspectos esenciales para una real promoción cultural y un apoyo a la creación artística y a la industria cinematográfica, y que necesitamos en este país para estar a la altura de los países comunitarios --países como Francia que han apostado decididamente por su proyecto cultural-- y, sobre todo también, por qué no decirlo, para compensar una competencia desleal con el poderío económico de otros países --estamos hablando del cine americano.
Esta es la finalidad de las seis enmiendas que el Grupo Parlamentario Socialista mantiene después del debate en el Congreso y que traemos aquí al Senado, y que voy a pasar a explicar, combinándola también con algunas reflexiones.
En nuestra enmienda 67 al artículo 5 bis, un artículo nuevo, proponemos que se establezcan otras ayudas a la producción, que consisten en que los operadores de las televisiones destinen como mínimo al año el 15 por ciento de sus ingresos a la financiación de obras audiovisuales para las televisiones, que más del 50 por ciento de ese porcentaje se destine a la financiación de obras audiovisuales de nacionalidad española, y que las televisiones públicas destinen el 50 por ciento de las inversiones que dedican a la emisión del fútbol y a las obras audiovisuales de terceros países, a la producción audiovisual española, especialmente en series de ficción.


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Creo que la ley se olvida de la importancia que tiene el sector televisivo, que está ausente a pesar del título de esta ley. Pero es que la importancia de este sector televisivo no solamente es cultural, sino también lingüística y de un enorme potencial económico y de creación de empleo. La producción cinematográfica y de series de televisión a través de la publicidad del cine comunitario español puede equilibrar el poder y competencia del cine americano y, además, favorecer la difusión de nuestras lenguas. Los datos que tenemos, facilitados por organismos absolutamente competentes, son sencillamente escandalosos cuando, por ejemplo, la inversión de los canales de televisión en cine no europeo ha superado más de 85.000 millones, 11.203 horas de emisión en el año 2000 y sólo 1.319 horas de ficción nacional. Se calcula que con la mitad de lo gastado en emisión de fútbol se podrían producir treinta y cinco películas de 500 millones de pesetas o series de televisión, vistas por 4 ó 6 millones de espectadores frente a los 1 ó 2 millones que, como mucho y en el mejor de los casos, ven las películas tradicionales.
Por lo tanto, creemos que ese mayor empuje a que las televisiones inviertan en ficción televisiva, no solamente es una fuente de creación de empleo, sino también una forma de facilitar el salto a producciones cinematográficas y una fuente de difusión de nuestra lengua.
En las enmiendas números 68 y 71, formuladas respectivamente al artículo 7 y a la Disposición Adicional Primera, entramos en la tan debatida cuota de pantalla. La protección de la industria exige no solamente mantener, sino reforzar la cuota de pantalla sin el horizonte posible de su desaparición en el tiempo. Pedimos no sólo que no desaparezca de forma automática --como ha sido eliminado del proyecto que hoy debatimos--, sino que se refuerce obligando a la exhibición de un día de cine comunitario por cada dos de terceros países, con las especificaciones que en la propuesta de enmienda hacemos según la población de las distintas ciudades.
La cuota de pantalla fue la estrella del proyecto inicial, pero su supresión fue fuertemente contestada por los distintos sectores que comparecieron en el Congreso de los Diputados --creo que fueron todos, excepto uno--, que reclamaron no solamente que se mantuviera, sino que se reforzara.
Señorías, cuando la Ministra en su intervención justificaba la necesidad de la existencia de esta ley y decía que había dialogado y consensuado con todos los sectores, los que estuvimos en las comparecencias de los representantes de los distintos sectores no pudimos nada más que comprobar que no se había llegado a ningún consenso.


La señora PRESIDENTA: Senadora Agudo, le ruego que vaya concluyendo. Ha agotado su tiempo.


La señora AGUDO CADARSO: Termino en seguida.
De todas maneras, creemos que esto es necesario porque las diferencias de recaudación son abismales y si en el año 2000 hemos perdido cinco millones de espectadores con respecto al año 1999, parece necesario mantener la cuota de pantalla.
En cuanto a la distribución, creemos que hay una clarísima competencia desleal por parte de las empresas americanas. Para contrarrestar esta competencia, en nuestra enmienda número 70 proponemos que se establezcan sanciones y que éstas se endurezcan multiplicando por cinco su cuantía, adecuándolas así a la situación económica actual.
En la enmienda número 69 planteamos que se pague un peaje por la cuota de doblaje. No podemos dejar que la industria americana ponga trabas a la exhibición de nuestras películas y nosotros regalemos nuestra lengua sin ninguna protección y sin canon alguno.
Para terminar, quiero referirme a nuestra enmienda número 72, en la que hablamos de la publicidad y de la necesaria adecuación de las obras cinematográficas en las televisiones. El poderío económico de países como Norteamérica hace que la publicidad tenga una importancia decisiva.
Películas, por ejemplo, como «El Bola», no hubieran sido posibles si no...


La señora PRESIDENTA: Senadora Agudo, tenga en cuenta que en el turno de portavoces le descontaré el tiempo que está consumiendo hora.


La señora AGUDO CADARSO: Un momento, señora Presidenta, termino ya.
Sólo voy a hacer una referencia final. Si estas enmiendas son aceptadas por sus señorías, podremos tener una ley muy mejorada que satisfaga verdaderamente a todo el sector.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Para turno en contra, tiene la palabra la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO GONZALEZ. Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, voy a intentar agrupar las enmiendas según los turnos que han ido consumiendo los Grupos, y agrupándolas por temas comunes, porque a lo largo de las exposiciones de los distintos Grupos vemos que hay una serie de conceptos, como la cuota de doblaje o la cuota de pantalla, que son comunes a los distintos Grupos.
Respecto a lo expuesto por el Senador Cabrero Palomares, en la exposición de motivos se explica claramente que la existencia de ayudas se produce por razones estrictamente culturales y por considerar las obras cinematográficas o audiovisuales parte destacada de la cultura y, fundamentalmente, para el mantenimiento de la diversidad cultural, que es la fórmula actual que utiliza la Unión Europea en sus relaciones con la Organización Mundial del Comercio.
La consideración del cine como industria impediría la redacción o la existencia misma de esta ley, ya que las ayudas en la Unión Europea sólo se pueden basar en criterios culturales. Estas son también las razones por las que al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos no se le pueden aceptar las enmiendas 1 y 2.


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En la Unión Europea están prohibidas las ayudas por razones industriales que puedan hacer que los territorios de la Unión Europea no sean competitivos. Además, señor Cabrero, la definición de «decidido interés cultural» es una expresión de consenso en todo el territorio europeo mucho más amplia que la propuesta por su Grupo en la enmienda correspondiente.
Además, esta declaración del cine como elemento o hecho cultural indiscutible genera dos consecuencias inmediatas: Primero, la protección obligada de este patrimonio cinematográfico como un patrimonio cultural que está perfectamente prevista y a la que ustedes no aportan nada nuevo en sus enmiendas 17 y 18. Segundo, el fomento de la enseñanza en las escuelas. La ley también considera este aspecto, así como apoyos fiscales. Me gustaría recordarle que las enmiendas números 19, 21, 22, 23, 38 y 39, referidas a las ayudas fiscales, a la propiedad intelectual, al fomento de la enseñanza y a las discapacidades, fueron retiradas en el Congreso de los Diputados precisamente a la vista de las enmiendas transaccionales y tras un debate de consenso. Eso está perfectamente recogido en los artículos 4 y 5 de la ley. Se trata simplemente de leérselo, señor Cabrero; ya se lo comenté incluso antes de comenzar este debate.
Entramos en lo que puede ser la mayor preocupación de sus señorías o lo que parece ser una preocupación común, que es la cuota de pantalla. Son varios los Grupos que coinciden en plantear una cuota de 2 a 1 frente a la de 3 a 1. Como dijo bien la Senadora Aresti en su turno a favor de la ley, desde hace más de 60 años de historia esta medida del 2 a 1 nunca se ha podido establecer en ningún país de Europa. Ese es simplemente un dato histórico e indica que la máxima cuota es de 3 a 1, que es la que se va a mantener en los próximos cinco años. Una medida --y ustedes lo han reconocido-- en la que existe un consenso amplio en el sector, por no decir total, entre productores, distribuidores y exhibidores, no lo olvidemos. Precisamente los exhibidores serían los que no estarían de acuerdo sobre este aspecto, y han manifestado claramente su oposición a esta medida que plantea su eliminación, como propone el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en una de sus enmiendas en la que pide la eliminación definitiva. Sin embargo, se logró este consenso de 3 a 1. Además, hay que decir que esta medida no aparece en ningún país europeo. No mantienen esta cuota por no considerarla efectiva. Porque no es que se proteja al cine hecho en su país o en su nacionalidad, sino al cine europeo. Debemos tener en cuenta que hay un cine europeo como, por ejemplo, todas las películas de James Bond, o que el cine norteamericano hace un «Shakespeare in love» o un «Instinto básico», películas que se realizan mediante coproducciones o con dinero europeo y que se consideran de nacionalidad europea. En la Unión Europea la cuestión de la cuota no se considera que sea efectiva. Lo que ocurre es que los productores así lo han pedido, y no pasa nada por establecerlo, porque la han reivindicado mucho. Quizá el motivo para dejarla en activo sea debido al simple hecho, muy curioso, que ha sucedido en nuestro país, y es que aquí la cuota de pantalla, aunque ha estado sobre el papel, nunca ha sido real, nunca se ha aplicado. Esto se debía a que, en la Ley de 8 de junio de 1994, que establecía su cumplimiento so pena de fuertes sanciones económicas y que, además, provocó la primera y creo que única huelga de las salas de cine en nuestro país, las sanciones eran de tal calibre que hicieron que los tribunales de justicia consideraran en todos los recursos presentados por los exhibidores que la sanción no se ajustaba a la falta.
Hasta 10 sentencias del Supremo existen en tal sentido, con lo que los exhibidores simplemente no han cumplido ni se han sentido obligados a cumplir con la cuota porque sabían que recurriendo iban a ganar siempre, como lo han hecho, a la Administración.
Por estas razones se mantiene la cuota de tres a uno. Realmente, en un principio parece que no es efectivo, pero lo pide el sector de productores. Hay consenso y equilibrio entre todos los sectores y se mantiene durante cinco años, al cabo de los cuales la disposición adicional primera señala que se puede continuar con esta medida, que se puede modificar si el mercado así lo requiere, se puede eliminar o, simplemente, se buscan otros caminos alternativos acordes a la evolución del mercado, sobre todo en un mercado relacionado con las nuevas tecnologías que tienen expectativas de sufrir bastantes variaciones.
Por otra parte, en el régimen de sanciones se ha cuidado mucho, que es otra motivación de sus enmiendas, que se ajusten a criterios de legalidad y seguridad, con lo que la cuota de pantalla va a existir, de hecho, de manera real y efectiva y no sólo sobre el papel, por primera vez en nuestro país, una vez que se publique esta ley en el BOE.
Durante cinco años veremos sus consecuencias positivas, negativas o simplemente ninguna. Entonces, de acuerdo a la evolución del mercado se volverán a adoptar las medidas pertinentes. No olvidemos, señorías, que estamos hablando de un negocio cultural en el que las nuevas tecnologías inciden de manera muy especial e importante.
No cabe duda de que en cinco años veremos grandes cambios y variaciones.
Entre ellas, espero que el desarrollo del cine español haga innecesaria realmente esta medida de la cuota de pantalla que no existe --se lo recuerdo -- en ningún otro país europeo. También respondo así al Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que planteaba la eliminación. Está contemplado en la ley, en la adicional primera, que se puede eliminar dentro de cinco años, así como las razones por las que se mantiene o el Grupo Parlamentario Popular entiende que se debe mantener.
Hay varias enmiendas que versan sobre el establecimiento de una especie --porque habría que llamarlo así con todas sus letras y así lo ha señalado la Senadora Agudo -- de cuota de doblaje. Son enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, de Entesa y del Partido Socialista. Para aquellos que no lo sepan diré que en la época de la dictadura no existía esta tradición del doblaje y se impuso la obligación del doblaje. Ahora prácticamente parece que algunos Grupos, a la vista de algunas enmiendas, quieren prohibir el doblaje. El Partido Popular cree que ni una cosa ni otra. En la ley no se trata de restricciones, sino de fomento del cine, de promoción del cine. Dejaremos la libertad

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de distribución y de actuación, máxime cuando ustedes saben, porque lo saben, que las licencias de doblaje fueron eliminadas en la Ley socialista de 1994, y que por razones de índole jurídico es ahora difícilmente recuperable.
No existen medidas parafiscales en el cine español y en la Unión Europea se tienden a eliminar absolutamente. Una de las características de esta ley es su armonización con todo el marco legislativo de la Unión Europea.
Respecto del doblaje se trata de una cuestión de nuevo de educación, de sensibilidad, de ámbito cultural, de tecnologías. Cada vez son más las salas de versión original y así vamos fomentando al nuevo público. El mercado, con un poco de ayuda, realmente se mueve solo. Además, las nuevas tecnologías y la rapidez de los estrenos parecen indicar, según las noticias que tengo, que el camino de la versión original será el que poco a poco se impondrá, pero, desde luego, ni yo ni el Partido Popular creemos que se deba imponer al público necesariamente.
Paso a referirme a la única enmienda presentada por Coalición Canaria porque ya comentó el Senador Ríos que retiraba la enmienda 14 por motivos evidentemente obvios. Sobre la enmienda 15, que plantea ayudas a la promoción por razones geográficas, he de decirle que las normas de la Comisión Europea conceden igualdad a las ayudas de los rodajes que se realicen en cualquier territorio de Estados de la Unión Europea. No se puede incluir este tipo de ayudas por razones geográficas. Eso sí, Senador Ríos, es en los Reglamentos, al evaluar el costo como elemento para calcular la ayuda, donde se pueden tener en cuenta estas razones. El Reglamento de desarrollo de esta ley que les avanzo está bastante adelantado y mucho me equivoco --y me equivocaría mucho se lo aseguro-- si no aparece específicamente el hecho insular y la lejanía como razones objetivas de ayuda automática.
Ya explicamos al Senador Liceaga, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, los motivos del rechazo de las enmiendas números 1 y 2. En materia cultural no se puede patrocinar a la industria en la Unión Europea y hemos de señalarle que en la exposición de motivos se hace constar de manera explícita en cuanto a las competencias de las Comunidades Autónomas, tanto en materia de cultura como de industria y comercio exterior.
De hecho, la enmienda número 3 fue retirada por su grupo parlamentario en el Congreso a la vista de esta adición de texto de reserva de competencias.
Por esta misma razón, se rechaza la enmienda número 4. No corresponde a esta ley fijar las competencias de las Comunidades Autónomas que, en todo caso, se respetan y tampoco es una ley de transferencia.
En este sentido, lo mismo puede decirse de las enmiendas números 8 y 9 y de las presentadas por el Senador Bonet sobre este asunto.
Las Comunidades Autónomas tienen materias exclusivas, pero en lo referente a cultura eso está contemplado en una serie de sentencias. Esta ley establece un ámbito del territorio nacional, fomento y distribución del cine, sin perjuicio de las competencias que correspondan a las Comunidades Autónomas. Por cierto, algunas han asumido estas competencias en materia de cine mientras que otras no, como ocurre en mi Comunidad Autónoma en concreto.
Con respecto a la enmienda número 7 al artículo 5 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, he de decirle que en el mismo se establecen las ayudas a la producción a nivel de todo el Estado, como he señalado, y se tiene en cuenta para una mayor facilidad de incentivos a ayudas complementarias la utilización de lenguas oficiales distintas del castellano.
Las Comunidades Autónomas pueden establecer las ayudas que consideren en su momento oportunas para el fomento de la normalización lingüística, además de aportar las que estimen pertinentes conforme a esta ley, en la que específicamente queda recogida la diversidad de lenguas y en cuya exposición de motivos se habla de promoción de la diversidad cultural y lingüística. Así, en el artículo 1.1 se establece lo siguiente: «... se fomentará la creación, producción y difusión de la identidad cultural de los distintos pueblos españoles,...». En el número 1 del artículo 2 se hace referencia a que la película se realice preferentemente en castellano o en cualquiera de las demás lenguas oficiales españolas. En el número 1 del artículo 5 se establecen ayudas e incentivos complementarios a la utilización de alguna lengua oficial española propia de una Comunidad Autónoma. En el artículo 6 se señala que podrán acordarse ayudas complementarias específicas a la promoción y distribución de películas en alguna lengua oficial española propia de una Comunidad Autónoma. En el número 2 del artículo 7, sobre cuota de pantalla, se aplicará la proporción de un día de obra cinematográfica comunitaria por cada cuatro de exhibición de películas de terceros países, lo que significa que habrá una mayor facilidad para el exhibidor para emitir una película en la lengua propia de una Comunidad Autónoma que una en castellano.
Y si a esto añadimos lo que ya he comentado, que cada Comunidad Autónoma puede legislar en cuanto a normalización lingüística, considero que más no puede haber. Y en este sentido, considero significativo que Convergència i Unió no presente ninguna enmienda a esta ley, dado lo cuidadosos que son con este tema.
La mayoría de las enmiendas del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés han sido ya contestadas. Entiendo perfectamente lo que comentaba al principio de su exposición y la justificación de que había que entender las enmiendas de Iniciativa per Catalunya y de los distintos grupos que componen la diversidad de su grupo parlamentario. No comprendo las razones pero, en todo caso, «excusatio non petita», «accusatio manifesta». Insisto, no veo la razón y se lo digo con mucho respeto.
Usted ya ha señalado que retiraba las enmiendas números 52, 53, 54, 55 y 58 porque todo lo que en ellas se plantea está perfectamente recogido en la ley en sus distintos artículos.
La enmienda número 56 se rechaza. Habla de ayudas a la producción, creación e incentivos en lenguas diferentes. Y ya se han explicado los motivos por los que no la vamos a aceptar.


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Lo mismo puedo decir de la enmienda número 60, que se refiere al mantenimiento de la cuota de pantalla.
Con respecto a establecer nuevamente licencias de doblaje, ya sabe lo que he comentado sobre la imposibilidad en la legislación europea de establecer medidas parafiscales.
En cuanto a la enmienda número 65, que se corresponde con la enmienda número 72, del Grupo Socialista, sobre el fomento de la publicidad del cine en la televisión, tengo que decirles que lo que ustedes proponen ya está contemplado en la directiva de la televisión sin fronteras, una directiva que además inicia su revisión este año y cuyo debate puede ser bastante crucial en este aspecto. Por tanto, será entonces, en la trasposición de esa directiva, cuando se puedan plantear estas medidas.
Creo que es complicado pedirle en estos momentos a un medio que renuncie a los millones de pesetas, e incluso a los millones de dólares que a veces gastan las grandes producciones norteamericanas en la promoción de películas. Ahora bien, sería interesante que en un informativo o telediario, en lugar de dar noticia, por ejemplo del estreno de «Pearl Harbor» o de la gira publicitaria de la estrella correspondiente en ese momento se diera sobre un estreno de cine español o de una determinada Comunidad Autónoma. Pero éste es un tema de educación, de sensibilidad, y todos podemos contribuir al mismo debatiéndolo y reflexionándolo. Es cierto que esa medida se practica en Francia, pero se trata de un acuerdo entre distintos sectores y tras muchos años de educación, de trabajo y de insistencia. Además, la ley establece ayudas muy concretas --es la primera vez que se hace-- para la promoción y el fomento del cine.
Por lo que se refiere a la enmienda número 57, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, que se corresponde con la número 67, del Grupo Socialista, he de calificarla de divertida porque me hizo gracia cuando estuvimos analizándola. En ella se propone una inversión del 15 por ciento de los operadores de televisión en producción cinematográfica. Pero, señorías, ustedes saben que en estos momentos se contempla en la directiva de la televisión sin fronteras la inversión de los operadores en un 5 por ciento. Hay algunos operadores de televisión durante estos años con los cuales los productores se han tenido que sentarse con cara de perro a negociar por este 5 por ciento. Algunos de ellos han contribuido en más, otros se han ajustado más o menos, y otros ni han llegado ni han querido contribuir, o han utilizado esa cantidad para invertir en producción propia, en series de televisión de ficción propia, que no es lo mismo que la ayuda al fomento del cine de producción independiente. Aunque no voy a citarle nombres, hay operadores de televisión concretos que van en esa línea. Y si ahora se le dice a esos operadores, que además califican ese 5 por ciento de impuesto revolucionario, que el porcentaje va a pasar a ser del 15 por ciento, aunque quizá queden ustedes bien de cara al sector de los productores de cine, creo que se enfadarán bastante. Por otra parte, la inversión del 5 por ciento, que es el mínimo, supone de hecho de 15.000 a 20.000 millones de pesetas, con lo cual, nos encontraremos con un presupuesto para estas ayudas a partir de la aprobación de esta ley superior al de la media de los países comunitarios y muy similar al de Francia, a lo que hay que unir el presupuesto del Estado que se destine para las ayudas automáticas.
Así pues, entiendo que ustedes hacen esta propuesta del 15 por ciento de cara al sector de los productores, que es mediáticamente activo. Además, tuve la oportunidad de hablar con sus representantes, que se carcajearon.
Concretamente, Gerardo Herrero, ex presidente de la Federación de Asociaciones de Portavoces Audiovisuales Españoles, FPAE, soltó una carcajada, y vino a decir: Bueno, ahora se pide el 15 por ciento, cuando ya hemos visto lo que han hecho cuando tuvieron ocasión de defender el cine.
Por tanto, creo sinceramente que si ustedes hubieran visto alguna posibilidad de que se aprobara esta enmienda no la hubieran presentado de esa forma. Además, ustedes plantean una irregularidad jurídica, como es que el 50 por ciento se destine a la producción española. Pero eso no puede ser así: debe ser el total para producción europea. Ahora bien, lo que sí se ha conseguido, y es un logro que debemos reconocer, es que el 60 por ciento, como mínimo, de ese 5 por ciento se destine a películas en lenguas oficiales españolas. Y aunque habrá algún alemán o inglés que quiera hacer una película en versión castellana, esto no será lo más frecuente, por lo que en la práctica se destinará al cine español.
Una labor en este sentido que hay que destacar es la realizada por el Director del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, José María Otero Timón. A José María Otero Timón hay que agradecerle y reconocerle el mérito que le corresponde en el trabajo de consenso que ha tenido esta ley, y sobre todo hay que felicitar y calificar de excelente el trabajo realizado por la Comisión del Congreso. No es una ley que se lleve negociando uno, dos o cinco meses, lleva año y medio, y el grado de consenso adquirido en estos momentos es fundamental, y en este sentido se ha elaborado una ley inmejorable. El sector lo único que demanda es su aprobación, tiene impaciencia por que se publique en el BOE para seguir trabajando de una manera consensuada y para poder entrar en una producción anual de presupuestos que superan los 20.000 millones de pesetas. Este es un hecho histórico, hoy estamos haciendo algo realmente fundamental para el desarrollo del cine español. Dentro de cinco años lo veremos, y espero que a raíz de esta aprobación no sea necesaria la cuota de pantalla.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Terminado el turno en contra, comienza el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Para nosotros, la obra cinematográfica o audiovisual no se debe considerar exclusivamente como una obra de carácter industrial y, por tanto, no tendrá el mismo tratamiento

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de otros bienes y servicios que se contemplan en la Organización Mundial del Comercio, y desde ese punto de vista, creemos que debe estar considerada y comprendida entre aquellos que se consideran de excepción cultural. Esta definición se debe contemplar en el articulado de la ley y en la propuesta que hemos hecho. Su señoría plantea que en la exposición de motivos existen mecanismos de definición de ayuda al ámbito del hecho cultural que significa la obra cinematográfica. Nosotros consideramos que se debe contemplar de esta manera en las definiciones, en las funciones, en las pretensiones de la propia ley y, por tanto, en el articulado. Esta es la diferencia y los planteamientos que defendemos desde Izquierda Unida.
Otro asunto fundamental es la cuota de pantalla. Ojalá que no haya que seguir planteando la defensa de la cuota de pantalla, pero para ello hay que poner en marcha mecanismos de protección con el criterio de conseguir cuotas de pantalla en los términos que hemos planteado antes, de uno o dos comunitarios frente a extracomunitarios. Este criterio en la ley, que está siendo también defendido en el sector por los productores, sería un mecanismo de protección que permitiría ir situando un escenario, primero, de defensa de la capacidad de producción de obras cinematográficas de nuestro entorno, de nuestra cultura y de nuestra gente y, segundo, desde el punto de vista de la concepción cultural de la obra cinematográfica influiría de manera positiva en la culturización y en el acceso a la cultura de la gente de nuestro entorno.
Por tanto, hacemos, no digo caballo de batalla pero sí un hecho fundamental en el debate de la ley el asunto de la cuota de pantalla, y por eso estamos planteando también, en cuanto a la distribuidora, la oferta en catálogos y en los mismos niveles, el objetivo de cuota de pantalla que nosotros presentamos.
Creo que en nuestro país hay un sentimiento amplísimo de rechazo de la invasión de cine americano, entre comillas, estadounidense --antes se ha calificado de otra manera desde la tribuna--, hay una sensación de que estamos invadidos por un cine que tiene poco que ver con nuestro ámbito cultural y que no ayuda al objetivo que estamos planteando. Por eso queremos incidir en la cuota de pantalla como cuestión fundamental.
Hemos planteado alguna enmienda de promoción del cine a través de ayudas, convenios con los municipios y con los ayuntamientos para la utilización de salas municipales, creando una mayor diversidad e introduciendo, potenciando y protegiendo el cine español y el cine comunitario en ese ámbito.
Además, a través de una disposición adicional, hemos planteado la necesidad de que desde el Gobierno se impulse el diálogo y el acuerdo necesario en la Unión Europea para equilibrar la invasión y el tratamiento que se da al cine proveniente de Estados Unidos en Europa, en relación con el trato y la discriminación que sufre allí nuestro cine y el cine comunitario. Queremos que haya diálogo, que se expongan los criterios en una mesa para alcanzar un acuerdo y lograr ese equilibrio en el ámbito de la Unión Europea frente a los Estados Unidos.
Creemos que se deberían tener en cuenta estos planteamientos para que, a partir de ahí, pudiéramos votar favorablemente alguno de los artículos; sin embargo, no podemos votar favorablemente el conjunto de la ley en la medida en que prácticamente no se nos acepta ninguna de las enmiendas.
Vamos a mantener vivas aquellas enmiendas que se había anunciado que estaban retiradas porque mi grupo parlamentario tiene su autonomía y, además, porque ustedes han entrado en la dinámica de no aceptar ninguna enmienda, ni las que se retiran allí ni las que se mantienen aquí en otros proyectos de ley, y nos parece que deberían hacer algún gesto tanto en este caso como en el de otros proyectos de ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En conjunto, Coalición Canaria considera que este proyecto de ley de fomento de la cinematografía es un acierto en relación con las ayudas económicas públicas --aunque algo corto--, coincidiendo con las impulsadas por la Comisión Europea y por las directrices generales del Consejo de Ministros de Cultura y Audiovisuales en la Unión Europea.
Además de ser una industria, también tiene una vertiente de desarrollo cultural que no debe estar dirigido a elites ni a minorías exclusivistas porque España es un país multicultural, concepto que va más allá del plurilingüismo del Catalán, el Vasco, el Gallego o del Castellano con las características específicas de Andalucía, Asturias y Canarias que, desde este enfoque, pueden desarrollarse como ha ocurrido en Méjico y Argentina, países de gran tradición audiovisual.
Actualmente, la producción, distribución y exhibición exige una mayor integración, pues no hay que olvidar que exclusivamente con nuestra producción no se llega al 10 por ciento de la recaudación total, al 9 por ciento de los espectadores o al 19 por ciento de los films exhibidos.
Esta situación hace que, en general, dependamos del exterior --del 70 por ciento de producciones estadounidenses y del 15 por ciento europeas-- y, por tanto, que se deban mantener las cuotas de pantalla actuales por mucho tiempo.
A pesar de que esta ley no vaya a resolver todos los problemas, ha ido asimilando muchas enmiendas --entre ellas, varias de Coalición Canaria-- que creemos que han enriquecido el texto final y, por ello, creemos que es de agradecer la flexibilidad que ha existido en el Congreso de los Diputados durante su tramitación.
Por último, vuelvo a insistir en lo agradable y estimulante que resulta la visión de imágenes, en películas o telefilmes, de ciudades, edificios o paisajes que hemos visto y visitado personalmente. Es un estímulo visual que incita al recuerdo y una invitación a una nueva visita, a un posible retorno. Creo que esto es algo que no hay que olvidar, que

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hay que tener en cuenta sobre todo en relación con los 40 millones de visitantes que recibimos anualmente en España y a los que se les puede ofrecer además de la cultura del ocio, la cultura del recuerdo.
Coalición Canaria votará favorablemente este proyecto de ley.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
¿Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Pausa.)

Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Senadora Navarro, usted ha descalificado la cuestión del 15 por ciento y ha dicho que los operadores de televisión se carcajeaban porque si no había sido posible alcanzar el 5 por ciento, ¿cómo íbamos a llegar hasta el 15? Quiero volver a insistir en lo que he dicho antes en la tribuna: que estas empresas no son privadas --son concesiones públicas a las que se protege de la competencia--, y que mientras nosotros estamos haciendo una ley para proteger el cine europeo ante la prepotencia del cine americano, estas concesiones públicas se dedican a promocionar exclusivamente ese tipo de cine. Esto está claro, sólo hay que ver los programas de estas televisiones. Por tanto, yo quería insistir en esta contradicción. Es decir, no sé de que se carcajean, será que se carcajean del cine europeo estos personajes.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar me sumo a la observación que ha hecho Cristina Agudo, hoy es el día de la música y hablando de un tema de cultura, nos viene muy bien para recordar a todos los grupos parlamentarios la obligación que tenemos que exigir a todos los gobiernos que presten más atención a la música, especialmente para su desarrollo práctico, que es señal de modernidad y de cultura de un país.
En relación con el proyecto nuestro Grupo piensa que efectivamente es una ley oportuna, quizás algo tímida o corta, como se ha indicado, pero no deja de ser un acierto puesto que el cine, la televisión y los nuevos medios de comunicación evolucionan muy rápidamente, y es necesario que las normativas que regulan los contenidos y las condiciones para promocionar su desarrollo estén siempre actualizados. Consideramos positivo --y ésta es la razón básica del proyecto --que la ayudas del cine adquieran rango de ley. Así los productores, empresarios y creadores se podrán sentir protegidos por un marco legal, que además podrá facilitar al Ejecutivo que las sanciones cuando sean necesarias puedan ser efectivas, cosa que no ocurría actualmente.
Esta ley, pues, ayuda a la promoción del cine, y el texto que ahora estamos discutiendo tiene todos elementos para permitir al Gobierno que se ayude, como es menester, a todas las películas que se produzcan en las diversas lenguas del Estado. Aparte de que estaremos vigilantes, confiamos en que en las normativas posteriores a la aprobación de la ley se mantenga la situación actual de apoyo a las diversas lenguas que se hablan en el Estado, ya que estas ayudas no son ningún privilegio, como se ha dicho antes, sino una cuestión de política de Estado. Por tanto, confiamos en que la situación actual de ayudas a las películas que se producen en lenguas oficiales distintas del castellano en el Estado, que es positiva, continúe en la reglamentación que siga a esta ley.
En la resolución del Consejo Europeo del 12 de febrero de 2001, relativa a las ayudas nacionales a los sectores del cine y el audiovisual, se afirma: «estas ayudas están para preservar y desarrollar la capacidad de definir y aplicar las respectivas políticas culturales y audiovisuales, a fin de preservar la diversidad cultural». Por tanto, estaremos atentos a que esto se cumpla porque no hay ninguna razón para dudar en que eso será así.
En cuanto a las competencias, ésta no es --como ha indicado la Senadora Pilar Aresti-- una ley de bases, sino que simplemente regula la actividad de la Administración central en materia de cine, y no impide en ningún caso que las Comunidades Autónomas continúen ejerciendo sus competencias, como ya vienen haciendo. Yo he escuchado con mucha atención las observaciones de los diversos Grupos y, en especial, de Carles Bonet, mi admirado amigo y cuyas opiniones siempre escucho con interés, pero sinceramente nuestro Grupo no cree que tal como está redactada la ley las competencias estén amenazadas. No es el caso --de esto hemos hablado recientemente-- de los proyectos de leyes de educación, tanto la ley de universidades como la de formación profesional, que sí representan una gran amenaza para las competencias y un peligro en su redacción actual, por lo que estaremos vigilantes sobre el desarrollo de las mismas.
También es positivo que en la ley se implique a un sector tan importante como el de la televisión, porque en la producción de películas no sólo se puede tener en cuenta la taquilla de las salas, sino las diferentes opciones de difusión, cada vez más amplias, que representan las televisiones.
Nuestro grupo está especialmente satisfecho con el acuerdo alcanzado respecto a la cuota de pantalla para proteger nuestra cinematografía de las multinacionales norteamericanas que, como se ha dicho aquí en diversas ocasiones, actúan a menudo con prácticas desleales, y desde fuego hay que hacer lo posible por atajarlas.
También deseo señalar que en el conjunto de sectores que colaboran en el cine quizá hay un ámbito en el que queda coja la ley, que es el de los exhibidores. El sector audiovisual es muy importante para nuestra cultura y nuestra industria, como se ha señalado; por ello es lógico que los diversos eslabones que participan en su cadena de producción se vean apoyados. Pero actualmente reciben ayudas los sectores de producción, los de distribución y

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los de promoción, y quizá hemos postergado al sector de la exhibición, con el agravante de que la ley exige, con sus penalizaciones correspondientes en el caso de infracciones, a los exhibidores el cumplimiento de la cuota de pantalla. Por ello, yo creo que uno de los temas que convendrá contemplar por el Gobierno en la reglamentación para el próximo futuro es el de las mejoras para suplir esta carencia.
En resumen y para concluir, creemos que ésta es una buena ley que incide realmente en la promoción de las diversas cinematografías y del sector audiovisual del Estado español, que respeta convenientemente las competencias que corresponden a las Comunidades Autónomas en este ámbito, y por eso nosotros votaremos a favor.
Simplemente quiero apuntar una nota final de advertencia. Como se ha indicado aquí por algún interviniente, el cine español ha bajado, según un informe de la SGAE, un 5 por ciento en el año 2000; por tanto, hay que estar vigilantes a la evolución de nuestra cinematografía. En lo que respecta a la cuota de pantalla tenemos cinco años para estudiar alternativas de ayuda, en el caso de que al final de esos cinco años esta cuota se suprima, ya que como se ha indicado somos el único país de Europa que aún la mantiene. Por ello, de aquí a cinco años debemos estudiar a fondo medidas alternativas para ver de qué manera hemos de proteger a un sector tan importante de nuestra cultura y de nuestra industria.
Es verdad que muchos productores han pedido que se mantenga la cuota, pero esta misma mañana un gran empresario de la industria cinematográfica española se ha quejado, con razones muy convincentes, del sistema de cuota. Eso quiere decir que la voz no es unánime, y nuestro grupo por tanto considera que esta ley es positiva --por eso votará a favor--, pero tenemos la responsabilidad durante esos próximos años de ponernos a trabajar a fondo para observar qué hacen otros países, qué tipo de ayudas dan y buscar alternativas.


La señora PRESIDENTA: Senador Varela, consumió su tiempo.


El señor VARELA I SERRA: Acabo enseguida, señora Presidenta.
Hay que buscar medidas alternativas a la cuota para poder seguir ayudando al cine.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, la Senadora Agudo.


La señora AGUDO CADARSO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Navarro, tengo que decirle que ha entrado usted en serias contradicciones. La verdad es que en su exposición algo que creíamos que ya había sido superado, como era la introducción del carácter cultural que, como le he indicado anteriormente, habían obviado del proyecto inicial, resulta que ahora ha vuelto a salir y ha hecho usted más hincapié en el carácter económico y comercial de la ley que en el aspecto cultural.
A lo largo de su exposición ha insistido sobre este tema, que es más comercial, que sobre la protección que nosotros proponemos por el carácter cultural amparados en la excepción cultural. Lo siento, pero creo que ha sido la impresión que hemos sacado de su intervención.
Con respecto a la cuota de pantalla, quiero decirle que es precisamente en la cuestión de la excepción cultural en la que nos estamos basando, y creo que o no hemos escuchado o no estamos en las mismas posiciones ustedes y nosotros, porque aquí las personas que han estado compareciendo, como los distribuidores, que pueden ser los más interesados, como Enrique González Macho, Manuel Gutiérrez Aragón, Eduardo Campoy o la Presidenta de la Academia de Cine, exigían el mantenimiento de la cuota de pantalla y, además, que se aumentara el dos a uno, tal y como hemos recogido.
Eso es absolutamente necesario, porque no se puede aislar ni comparar con las situaciones de otros países europeos, porque resulta que Francia, que mantiene protecciones muy fuertes a su cine y a su cultura y nada comparables con la nuestra, tiene en este momento una cuota en su cine de un 34 por ciento frente al 10 por ciento que nosotros hemos tenido este año y frente al 81 por ciento de la cuota que el cine americano ha tenido en el año 2000 en nuestro país. Por lo tanto, creo que no se pueden comparar y que las situaciones hay que verlas en un contexto absolutamente globalizado. Por lo tanto, no podemos hacer esas aseveraciones.
Por otro lado, si usted me está diciendo que con esta nueva ley se van a imponer sanciones y que efectivamente se van a perseguir las transgresiones a la cuota de pantalla, tampoco entendemos por qué no apoyan nuestra enmienda cuando estamos proponiendo que las sanciones se ajusten al actual sistema económico, ya que durante diez años se ha atenido la misma cuantía de las multas. Ya me dirá usted si a las «Majors», las cinco distribuidoras americanas más fuertes que operan en nuestro país, no les va a entrar al menos una risa tremenda cuando con unos ingresos de 70 millones de pesetas en el año 2000 les impongamos una multa de 500.000 pesetas o, todo lo más, de cinco millones. Por lo tanto, no entiendo tampoco por qué ustedes, si es así como usted me dice, se niegan a actualizar las multas a la realidad.
En cuanto al doblaje, creo que tampoco lo ha entendido. Es una protección a nuestra lengua, y no se trata de un sistema de educación, sino de un sistema de protección y de difusión de nuestra lengua y de que se compense económicamente para que esa cantidad --y se puede hacer jurídicamente-- se aporte a la producción, a la ayuda y a la difusión.
Por lo tanto, no creo que haya ninguna imposibilidad para que esta cuota de doblaje, que además nos beneficiaría en la difusión de nuestra lengua, se pueda proponer. ¿Se imagina usted qué hubiera pasado si por ejemplo «Titanic» no se hubiera doblado? Lo que nosotros estamos pretendiendo no es ir contra el cine americano. Los que amamos el cine vemos buen cine, pero lo que queremos es que nuestro cine esté protegido en las mismas condiciones

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de lealtad que lo están los demás. Nada más que eso. Por lo tanto, no nos estamos saliendo en absoluto fuera del tiesto cuando estamos pretendiendo esto.
Por lo que se refiere a la enmienda que proponemos sobre el 15 por ciento, tengo que decirle que tampoco lo ha entendido. Una cosa es la disposición adicional segunda y lo que dice Televisión sin Fronteras de que se aporte la propia televisión a la producción de largometrajes, y otra cosa es que nosotros estamos proponiendo en nuestra enmienda que se invierta en series de ficción televisiva porque creemos que es un campo audiovisual --y esta ley se llama del sector audiovisual-- y que se debe de proteger como un campo también de promoción de lo audiovisual y del cine. Por lo tanto, una cosa no contradice la otra y además --y se recoge en la otra enmienda que presentamos-- la televisión es un campo importantísimo de publicidad y de difusión. En definitiva, no aceptar estas enmiendas es dejar bastante coja y tímida esta ley, por la que podíamos haber apostado.
Nos temíamos que en este trámite del Senado...


La señora PRESIDENTA: Senadora Agudo, le ruego que vaya concluyendo, por favor.


La señora AGUDO CADARSO: Voy a concluir, Presidenta.
Nos temíamos que iba a ser así, que no iban a admitir ustedes ninguna enmienda, que iba a ser, simple y desgraciadamente, otra forma de pasar.
De verdad les digo que creo que están ustedes devaluando el sentido de esta Cámara. Me hubiera gustado que la misma disposición del Congreso se hubiera tenido en este Senado para que pudiéramos haber sacado una ley auténticamente de promoción y de fomento de la cinematografía y del sector audiovisual. No ha podido ser, pero habrá otro tiempo mejor, le aseguro que habrá otro tiempo mejor.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Agudo.
Turno del Grupo Parlamentario Popular. La Senadora Navarro tiene la palabra.


La señora NAVARRO GONZALEZ: Antes de nada, señora Agudo, yo no creo que la competencia de esta Cámara se mida porque se cambie una ley o no, una ley que lleva año y medio en el Congreso y durante el cual se ha hecho una labor de consenso enormemente importante. (Rumores.) Yo creo que se mide con la atención, el cuidado y el trabajo con los que se hace esta segunda lectura. Le aseguro que las 72 enmiendas que ustedes y los grupos de la oposición han traído vivas al Senado han sido analizadas con mucha atención, y descubrimos que muchas de ellas fueron retiradas en el Congreso y ni siquiera se defendieron en la Comisión porque la ley ya las contemplaba. Aquí se han explicado las más significativas de las que se han mantenido y son las que hemos comentado.
Aunque el Senador Cabrero Palomares se ha ausentado, voy a contestarle a lo que planteaba sobre el apoyo fiscal y mecenazgo. En el artículo 4, se habla de medidas de apoyo fiscal y mecenazgo; señalaba que quería enseñanza, y dice el texto que la ley «... favorecerá la enseñanza de la cinematografía y del audiovisual en el sistema educativo articulando proyectos específicos, la utilización de nuevas tecnologías...», etcétera, que fue introducido mediante transaccionales en el Congreso. Es decir, está pidiendo que se introduzcan cosas que ya están contempladas y recogidas en la ley. Hay que leerse la ley, que además es muy corta, muy concisa, muy breve y muy directa, con sólo 13 artículos. Una ley, señorías, que antes de estrenarse, antes de publicarse en el BOE, ha tenido ya consecuencias y resultados positivos. (Rumores.) Recientemente tuve ocasión de asistir a una Mesa redonda en el Festival Internacional de Cine de Málaga cuyo tema era el proyecto de ley del cine. En la Mesa se encontraban Eduardo Campoy --Presidente de la FAPAE, la Federación de productores de España--, Luis Hernández de Carlos --de Fedicine, Federación de distribuidores-- y Primitivo Rodríguez, Presidente de los exhibidores, además de don José Otero Timón, del Instituto de Cinematografía Audiovisual; por completar el relato, la Mesa estaba presidida por Javier Angulo, Director de Cinemanía. En esa Mesa se debatió el proyecto, con rueda de prensa incluida, y lo más curioso de todo para mí fue que prácticamente todos transmitían que tenían seguridad, impaciencia y optimismo ante el proyecto. (Rumores.) Como les decía anteriormente, esta ley ha generado un debate positivo y --como descubrí allí-- ya ha conseguido cosas importantes: por ejemplo, que los productores y los distribuidores se sentaran a negociar por primera vez y sacaran un comunicado conjunto. No ocurrió lo mismo, es verdad, con los exhibidores, pero fueron invitados a participar.
(Rumores.) Respecto a los exhibidores, es conveniente recordar que la ley establece ayudas o beneficios fiscales, junto con la Ley del Mecenazgo, y créditos especiales, pero las salas de cine... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, silencio, por favor.


La señora NAVARRO GONZALEZ: Pero las salas de cine están totalmente transferidas a las Comunidades Autónomas, incluido el control de taquilla --por cierto, la única Comunidad que lo ejerce es Cataluña.
Sí coincido con las enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto en que desde las Comunidades Autónomas se puede hacer mucho por el sector de la exhibición --con la modernización de esas salas, con las ayudas al sector, con un control de taquilla, etcétera--, y además ya no hay excusa para no hacerlo porque a partir de hoy el cine en España es oficialmente cultura.
Yo, señora Agudo, me adhiero también a ese Día Internacional de la Música. Quizá con un fondo de banda sonora todos tendremos que ser consecuentes, pues todos tenemos en nuestro subconsciente alguna imagen cinematográfica que nos identifica con un elemento histórico o con significados o momentos muy concretos de nuestra historia reciente.


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Así, los años cincuenta, en mi caso los identifico con esa película de «Bienvenido Mr. Marshall»; los años sesenta, con el «Seiscientos» o «La familia numerosa»; en los ochenta teníamos las primeras películas de Almodóvar, con «Pepi, Luci, Boon y otras chicas del montón»; y aquellas películas como «Todo por la pasta», de comedietas «yuppies» y, en el noventa, las películas de cine-arte y sobre todo de una gran profusión de cine procedente de las Comunidades Autónomas, así como esas magníficas películas de «Mujeres al borde de un ataque de nervios» y «Todo sobre mi madre».
En esta década del 2000 vamos a continuar... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, guarden silencio o tendré que dar un turno completo a la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO GONZALEZ: Repito, en esta década del 2000 y con este proyecto de ley vamos a desarrollar un cine español muy importante y muy especial. El cine oficialmente es cultura y hoy, no lo dudemos ninguno de nosotros, es un gran día para el cine en lenguas españolas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Navarro.
Señorías, vamos a proceder a votar el proyecto de ley de fomento y promoción de la cinematografía y el sector audiovisual. En primer lugar, las enmiendas de los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, voto particular número 1, empezando por la enmienda número 17.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 64; en contra, 121; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 36.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 185; a favor, dos; en contra, 170; abstenciones, 13.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 20, 29 y 32.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, uno; en contra, 124; abstenciones, 63.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Procedemos a votar las enmiendas números 18, 24, 26, 27, 28, 31, 33, 34 y 38.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189: a favor, uno; en contra, 180; abstenciones, ocho.
La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el resto de las enmiendas presentadas por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 57; en contra, 125; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Mixto, originariamente presentadas por el Senador Quintana.
Votamos la enmienda número 50.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, uno; en contra, 126; abstenciones, 61.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 48.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 16; en contra, 123; abstenciones, 50.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 46.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 57; en contra, 123; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 42 y 45.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 64; en contra, 121; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 51.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, tres; en contra, 124; abstenciones, 62.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Se vota ahora el resto de las enmiendas presentadas por el Senador Quintana y el Grupo Parlamentario Mixto.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 60; en contra, 125; abstenciones, tres.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos el voto particular número 3, enmienda número 15, presentada por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, siete; en contra, 168; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En primer lugar, votamos la enmienda número 1.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 61; en contra, 121; abstenciones, siete.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos número 2.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 18; en contra, 170; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 6.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, ocho; en contra, 125; abstenciones, 56.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas números 10 y 11 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, siete; en contra, 180; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, seis; en contra, 131; abstenciones, 51.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos la enmienda número 13.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 14; en contra, 169; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas 4 y 7.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 14; en contra, 174.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos las enmiendas números 3, 5, 8 y 9. Se inicia la votación.
(Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 15; en contra, 123, abstenciones, 49.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Voto particular número 5, presentado por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Primer bloque, enmiendas números 52, 56 y 58.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 57; en contra, 121; abstenciones, 11.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 66.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, siete; en contra, 124; abstenciones, 55.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Ahora votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, excepto la 53, 54, 55, 60 y 64 que han sido retiradas; es decir, votamos las enmiendas números 57, 59, 61, 62 y 63.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 57; en contra, 124; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Enmiendas del Grupo Parlamentario Socialista, correspondientes al voto particular número 6. En primer lugar, votamos las números 67 a 72.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 57; en contra, 124; abstenciones, ocho.


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La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas. Votamos, ahora, el texto del dictamen en varios bloques.
En primer lugar, los artículos 5 y 12.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 177, en contra, cuatro; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados los artículos 5 y 12 del texto del dictamen.
Votamos, a continuación, el artículo 7 y la disposición adicional primera. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 124; en contra, 64.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votamos los artículos 1 a 4, 6, 8 a 11, disposiciones adicionales segunda y tercera, disposición derogatoria y disposiciones finales.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 189; a favor, 187; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
Votación del artículo 13.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 188; a favor, 132; en contra, 56.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado.
Votamos, ahora, la exposición de motivos. Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 186; a favor, 184; en contra, uno; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie sobre las mismas en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


CONOCIMIENTO DIRECTO POR EL PLENO DE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE UN CREDITO EXTRAORDINARIO POR IMPORTE DE 8.229.849.001 PESETAS, PARA ATENDER EL GASTO DE OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA COMPENSACION A LAS UNIVERSIDADES PUBLICAS POR LA REDUCCION O EXENCION EN LOS PRECIOS PUBLICOS POR SERVICIOS ACADEMICOS A ALUMNOS DE FAMILIAS NUMEROSAS CORRESPONDIENTES A LOS CURSOS 1996/1997 Y 1997/1998 (S. 621/000027) (C. D. 121/000028).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto cuarto del orden del día.
Conocimiento directo por el Pleno de proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de Ley sobre concesión de un crédito extraordinario por importe de 8.229.849.001 pesetas, para atender el gasto de obligaciones derivadas de la compensación a las universidades públicas por la reducción o exención en los precios públicos por servicios académicos a alumnos de familias numerosas correspondientes a los cursos 1996/1997 y 1997/1998.
¿Alguien quiere hacer uso de la palabra en el turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Se puede aprobar por asentimiento? (Asentimiento.) Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales.


--PROYECTO DE LEY SOBRE CONCESION DE DOS CREDITOS EXTRAORDINARIOS POR IMPORTE TOTAL DE 4.246.948.705 PESETAS (25.524.892 EUROS), PARA EL PAGO DE LAS CANTIDADES DERIVADAS DE LA SENTENCIA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ANDALUCIA, DE 28 DE DICIEMBRE DE 1998, A LOS TITULARES DE VARIAS FINCAS EXPROPIADAS EN EL PARQUE NACIONAL DE DOÑANA (S. 621/000028) (C. D. 121/000035).


La señora PRESIDENTA: Proyecto de ley sobre concesión de dos créditos extraordinarios por importe total de 4.246.948.705 pesetas para el pago de las cantidades derivadas de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de 28 de diciembre de 1998, a los titulares de varias fincas expropiadas en el Parque Nacional de Doñana.
¿Alguien quiere intervenir en el turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Turno de portavoces? (Pausa.) ¿Se aprueba por asentimiento? (Asentimiento.) Queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales.


TOMA EN CONSIDERACION DE PROPOSICIONES DE LEY DEL SENADO:

--PROPOSICION DE LEY DE MODIFICACION DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO

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ENTESA CATALANA DE PROGRES) 622/000013).


--PROPOSICION DE LEY PARA LA REFORMA DEL ARTICULO 23, PUNTO 4, DE LA LEY ORGANICA 6/1985, DE 1 DE JULIO, DEL PODER JUDICIAL Y DEL ARTICULO 149 DE LA LEY ORGANICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL CODIGO PENAL, A FIN DE GARANTIZAR LA REPRESION EFECTIVA EN ESPAÑA DE LA MUTILACION GENITAL FEMENINA (AUTOR: GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA) (622/000012).


La señora PRESIDENTA: Punto quinto del orden del día: Toma en consideración de proposiciones de ley del Senado.
Ha sido retirada la proposición de ley de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, del Poder Judicial, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés.
Proposición de ley para la reforma del artículo 23, punto 4, de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y del artículo 149 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de garantizar la represión efectiva en España de la mutilación genital femenina.
No se ha presentado ninguna proposición de ley alternativa. Por lo tanto, para la defensa de la toma en consideración, tiene la palabra el Senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, Presidenta.
Llevamos una semana complicada y larga y comprendo que lo único que se puede agradecer es la brevedad en la intervención. Sin embargo, el tema que nos toca debatir ahora es importante ya que implica una enorme tragedia colectiva. Nos toca hablar de la mutilación genital femenina.
Las cifras son claras y precisas. Aproximadamente 130 millones de mujeres en todo el mundo han sufrido mutilaciones genitales. Cada año, aproximadamente, dos millones de mujeres se incorporan a esa larga lista.
En concreto, cada minuto que pasa cuatro niñas son objeto de mutilación genital. No es un panorama precisamente alentador y es probable que no sea el momento más adecuado para entrar en él, pero nuestra obligación parlamentaria es debatir este punto.
Esos son los hechos. Quizá haya que hablar de cómo se logra la mutilación genital femenina. Se logra porque en 38 países la mutilación genital femenina es legal, y en otros muchos, en torno a 40, la mutilación genital femenina es tolerada.
Los métodos son de lo más variado. Se utilizan, por ejemplo, las latas de sardinas o simplemente dos piedras afiladas para practicar esa operación.
Las consecuencias son bastante claras también. En muchas ocasiones se produce la muerte, la muerte por infección naturalmente. Por descontado que no se considera oportuno adoptar medidas que puedan paliar el dolor.
No existen analgésicos ni ningún método alternativo. Se produce la muerte, la infección por sida y por hepatitis C. Se producen psicosis como resultado terminal. Se producen consecuencias dramáticas con limitaciones evidentes de la capacidad, de la actitud de desarrollar la potencialidad sexual como uno de los derechos fundamentales de cualquier persona.
No es un tema que tenga ningún aspecto de partido. No es un tema que pueda plantearse en serio desde la óptica de uno u otro grupo parlamentario. No plantea cuestiones ideológicas. Todas las ideologías que caben en la Constitución estamos de acuerdo. Estamos de acuerdo en que son imprescindibles, por descontado, medidas asistenciales, informativas, sanitarias, de prevención, para facilitar la incorporación de las mujeres que sufren esa posibilidad de riesgo a nuestra vida, a través de los mecanismo que prevé la Ley de Extranjería, pero también es imprescindible que nos atrevamos a reprimir de manera efectiva esas conductas.
Ya no podemos mirar a otro lado porque resulta que el fenómeno de la inmigración ha determinado ahora en España, como en el pasado en otros países de la Unión Europea, que el problema lo tengamos en casa. Ya no cabe mirar a otro lado porque se están practicando en España.
A partir de este planteamiento, ¿qué es lo que proponemos a través de esta proposición de ley? Es evidente que el Congreso de los Diputados no hace mucho tiempo, esta misma semana, ha adoptado una serie de acuerdos que yo creo que explicitan con claridad que no se trata de un problema de opción de partido, sino de una opción estricta de respetar la Constitución, de una opción que tiene claro lo siguiente: los extranjeros que vienen a España, a la patria común europea, tienen todos los derechos, pero también todos los deberes.
El mito de la multiculturalidad tiene un límite, que es el respeto a los derechos y libertades fundamentales. El mito de la inutilidad de la vía penal también tiene un límite. Igual que no soportamos despenalizar el asesinato, por la circunstancia coyuntural de que después de 2000 años de historia el asesinato siga cometiéndose y las leyes penales no lo hayan evitado, no podemos pretender que la mutilación genital femenina no sea sancionada penalmente porque no va a ser útil que la tipifiquemos de manera expresa en el Código Penal.
Es evidente que las leyes penales tienen una finalidad criminológica inicial: no impedir, pero contener el fenómeno delictivo, y tienen sobre todo una finalidad de fondo, pedagógica, de transmitir al conjunto de la sociedad cuáles son los valores mínimos sobre los cuales no hay duda. En España y en Europa hay que decir: derechos sí a los extranjeros, pero deberes también, y entre los deberes está el de aceptar el acervo común de nuestros derechos y libertades fundamentales. Eso es lo que tenemos todos claro. Lo hemos acordado en Cortes Generales, en el Congreso de los Diputados.
Se han adoptado una serie de medidas que yo creo que son fundamentales en todos los ámbitos para tratar de acabar con la vergüenza colectiva que supone convivir con la humillación de que las mujeres sean mutiladas, precisamente para ser supeditadas. Detrás de la mutilación genital

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femenina --como saben sus señorías-- hay una cosa muy clara: afirmar que una mujer no mutilada puede llegar a ser una mujer no supeditada al hombre. Ese es el fondo. Y con eso nadie decente puede estar de acuerdo.
El Congreso ha hablado. ¿Qué le queda al Senado? El Congreso ha establecido una serie de criterios muy sensatos y muy razonables y, además, ha dicho dos cosas importantes. Ha dicho que la Comisión técnica que evalúa la posibilidad de modificación de los tipos penales y que evalúa la posibilidad de modificar el sistema de penas estudie cómo lograr la represión efectiva de esas conductas. Además, ha dicho una segunda cosa aún más importante, que hay que garantizar que en todo caso esas conductas no queden impunes aunque los hechos se cometan en un país distinto de España aprovechando circunstancias coyunturales como las vacaciones, etcétera.
Eso ya lo ha dicho el Congreso. Eso vacía de contenido --y hay que decirlo con toda claridad-- el artículo segundo de la proposición de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista, que aludía a garantizar la represión judicial efectiva, aunque los hechos se hubieran cometido fuera de España. El acuerdo del Congreso también excluye la posibilidad de que aquí debatiéramos si procede o no, que probablemente sea correcto, ir a un tipo penal específico que regule en exclusiva la mutilación genital femenina.
Por tanto, queda excluido --porque se ha decidido en el Congreso por acuerdo unánime-- que se defina un tipo penal específico, que se modifique la pena y que ahora resolvamos el problema procesal y orgánico consistente en hallar el mecanismo más adecuado para lograr que no quede impune esa conducta en España, aunque los hechos se hayan realizado fuera del territorio nacional.
Después queda algo muy concreto. No podemos tolerar entretanto --y en ese sentido he de agradecer a todos los grupos parlamentarios de esta Cámara su sensibilidad y las facilidades que nos han dado para que esta propuesta pudiera seguir adelante-- que el principio de seguridad jurídica quede conculcado porque resulte que algún juez --algunos de ustedes saben que es mi profesión originaria, y jueces originales en España tenemos demasiados-- pueda llegar a elucubrar sobre la posibilidad de que el clítoris sea o no un órgano principal. No podemos permitirlo.
Como creo que esta Cámara no puede permitir --y sé que sus señorías comparten mi opinión-- que se discuta sobre si algunas de las modalidades concretas --estoy pensando en la escisión de las mutilaciones genitales femeninas-- impliquen o no mutilación. Mientras, que esa Comisión fije, en su caso, el tipo específico de mutilación genital femenina, en su caso, la pena que se considere más adecuada y, en su caso, el mecanismo procesal y orgánico para hacerlo efectivo, el Senado tiene la obligación de cubrir este asunto, en aras del principio de seguridad jurídica y de evitar cualquier interpretación que nos humille como país. Tenemos que dejar claro que el artículo primero de la propuesta está lleno de contenido. Este artículo sólo dice algo muy claro: que en todo caso se entenderá comprendida en el párrafo anterior la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones.
Con la toma en consideración de esta propuesta vamos a garantizar el principio de seguridad jurídica; vamos a dar tiempo a esa comisión técnica para que pueda evaluar con más precisión la posibilidad o no de tipificación de un tipo penal concreto, la posibilidad o no de modificación de la pena; vamos a estudiar si es o no conveniente el sistema de jurisdicción universal sin límites que nuestros compañeros del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés planteaban o hay que introducir un sistema de jurisdicción universal limitada. Demos tiempo a que esos trabajos se desarrollen pero evitemos que pueda ocurrir algo inaceptable, algo que nos desprestigie como país y como institución.
De ahí que --y gracias precisamente a la generosidad de los diferentes grupos parlamentarios-- analizáramos la fórmula más adecuada en términos de técnica parlamentaria para que todo esto saliera adelante sin tener que esperar. Finalmente, el asesoramiento global de la Cámara nos ha aconsejado que mantengamos la proposición de ley reducida exclusivamente al artículo primero de la misma, de suerte que el artículo segundo será votado en contra, incluso por el Grupo que la propuso, por respeto al acuerdo al que llegamos en el conjunto del Congreso de los Diputados.
Por tanto, se mantiene exclusivamente el artículo primero en términos políticos. Se modifica por ello el título de la ley para dejar claro que sólo pretende introducir una cláusula interpretativa legal, técnica que como sus señorías saben, es muy frecuente en el Derecho anglosajón pero poco frecuente en el ámbito del Derecho continental; por el contrario, la parte de la exposición de motivos referida a la reforma procesal y orgánica y el artículo segundo serán votados en contra.
Con ello lograremos, primero, que se respete en su integridad el acuerdo del Congreso de los Diputado y, segundo, que se aleje para siempre el riesgo desde el punto de vista de la seguridad jurídica de que algún supuesto, de mutilación genital femenina, cualquiera que fuere, pudiera quedar impune en este momento en nuestro país.
Por ello, señorías, pienso que estamos todos de acuerdo; así lo han mostrado los diferentes grupos a lo largo de la discusión de este proceso. Estoy convencido de que todos estamos por la misma causa, por evitar que esa indignidad continúe. (Aplausos.) Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Belloch.
Turno a favor. Tiene la palabra la Senadora doña María Australia Navarro.


La señora NAVARRO DE PAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, utilizando las célebres palabras de Virgilio en su «Eneida», aunque tuviera cien bocas y cien lenguas y mi voz fuese de hierro, no podría enumerar todo el horror, repudio e indignación que personalmente me producen las mutilaciones genitales de niñas. Aunque tuviera cien años para contarlo, no acabaría de expresar la vergüenza que siento como ser humano y como mujer de que estas prácticas

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se sigan produciendo en pleno siglo XXI, vergüenza que es compartida por todos los hombres y mujeres de mi Grupo, el Grupo Popular, que está dispuesto a abordar este gravísimo y vergonzante problema con seriedad y rigor. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) La mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones es, señorías, un ataque a lo más íntimo de la mujer y la forma más repugnante que puede existir de controlar su sexualidad y hacerla dócil, obediente y dependiente del varón. Esta práctica sangrienta y brutal nos convulsiona y nos llena de rabia. Cada niña mutilada, señorías, es un ataque intolerable contra la dignidad de todos los seres humanos. Como dijo Tagore, no es posible tocar el pétalo de una flor sin que se estremezca una estrella.
El mundo entero se estremece con el grito y con el llanto de esos dos millones de niñas que cada año son mutiladas. La mutilación genital no sólo viola la Declaración Universal de los Derechos Humanos sino también todas las declaraciones y convenios internacionales de las Naciones Unidas y de otros organismos e instancias internacionales que han sido suscritos por nuestro país y que se han ido aprobando con el fin de proteger los derechos de la mujer, especialmente en lo que se refiere a estas mutilaciones, para obligar a los países donde ésta se practica a adoptar medidas apropiadas para erradicarla, lo que ha supuesto ya un paso importante en la lucha internacional contra estas medidas.
Pero todos estos esfuerzos de la comunidad internacional no han dado el resultado perseguido, porque todavía se siguen produciendo, reitero, dos millones de mutilaciones de niñas por año, lo que resulta de todo punto intolerable. Y ello, pese a que algunos países tradicionalmente mutiladores, como Ghana o Egipto, las han prohibido expresamente. Pero evidentemente, señorías, no basta con introducir medidas legales abolicionistas, sino que tiene que haber una educación y concienciación social en los países, principalmente africanos, que la practican para que esta costumbre se erradique definitivamente. Países como Somalia, Sierra Leona o el mismo Egipto alcanzan un porcentaje de mutilaciones femeninas superior al 90 por ciento, lo que resulta enormemente preocupante y pone de manifiesto que este problema está aún muy lejos de solucionarse definitivamente.
El Grupo Popular, tanto del Congreso como del Senado, especialmente sensible a este tema, como a todos los que afectan a la mujer en general, ha apoyado siempre todas las iniciativas parlamentarias tendentes a proteger la integridad física de las mujeres. En esa línea, hemos apoyado este mismo año una proposición no de ley en Comisión en esta Cámara sobre la inclusión dentro de las causas que determinan la condición de refugiados de las mujeres que sufren persecución por razón de género.
Asimismo, hace dos días se aprobaba por unanimidad en el Pleno del Congreso la proposición no de ley sobre medidas para la erradicación de la mutilación genital femenina, medidas que, en síntesis, consisten en el estudio en profundidad por parte de la Comisión técnica que está revisando el sistema de penas del Código Penal de las modificaciones legislativas adecuadas para sancionar eficazmente estas mutilaciones; en la intervención más activa del Fiscal General del Estado para la persecución de las personas responsables de estas prácticas; en la información obligatoria a quienes soliciten un permiso de residencia de que estas mutilaciones son un delito perseguido penalmente en España; en el desarrollo de programas sanitarios, sociales y educativos de prevención entre la población de inmigrantes de alto riesgo; en facilitar las denuncias garantizando el derecho a la intimidad de los afectados, y en la continuación de la colaboración con distintas organizaciones internacionales para poner en marcha programas destinados a prevenir y tratar estas prácticas, fomentándose también la cooperación y la ayuda en aquellos países implicados que hayan adoptado medidas legislativas y de Gobierno tendentes a erradicar estas mutilaciones.
En esta línea de apoyo que mi Grupo, el Grupo Parlamentario Popular, mantiene hacia todas esas medidas que contribuyan a combatir con eficacia y rigor estas mutilaciones aberrantes, vamos a votar a favor de la reforma del artículo 149 del Código Penal en los términos contenidos en la primera parte de la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista que estamos debatiendo, a fin de que quede expresamente contemplado y sancionado este delito de mutilación genital femenina en el marco de los delitos de lesiones y mutilaciones de órganos o miembros principales, tipificados en el reseñado artículo 149 del Código Penal y sancionado con una pena de prisión de seis a doce años. Y vamos a votar a favor porque aunque en la actualidad estas conductas están ya generalmente admitidas tanto por la doctrina como por la jurisprudencia dentro del delito de lesiones de órganos o miembros principales del vigente artículo 149 del Código Penal, en aras de la seguridad jurídica y del propio principio de legalidad penal, parece razonable, señorías, que exista un tipo penal específico que recoja y sancione este tipo de conductas.
El Grupo Parlamentario Popular entiende que con esta reforma lograremos, sin duda, una persecución más eficaz de estas prácticas, aunque el problema de la mutilación genital femenina es mucho más complejo, por constituir la expresión de una tradición muy arraigada en determinados países, especialmente africanos, y esta tradición prevalece frente a la norma penal que la prohíbe y sanciona, lo que exige medidas de concienciación y educación de los emigrantes de alto riesgo que acaben con estas terribles prácticas. Por eso nosotros, el Grupo Parlamentario Popular hemos apoyado, con el consenso de todas las fuerzas políticas, la aplicación conjunta de todas las medidas contenidas en la proposición no de ley aprobada por el Pleno del Congreso, que son las que, coordinadamente, van a poder afrontar el problema con mayores garantías de éxito.
No debemos olvidar, señorías, que en Egipto y Ghana, la prohibición legal de la mutilación genital femenina no ha contribuido a disminuir su práctica, por lo que ni siquiera el endurecimiento de las penas parece una medida eficaz para combatir estas mutilaciones si no se le combina con otras medidas como las aprobadas por la citada proposición no de ley del Congreso. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

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En cuanto a la otra reforma contenida en la proposición de ley del Grupo Parlamentario Socialista, que nos ocupa, relativa al artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y dirigida a la inclusión expresa del delito de mutilación genital femenina dentro de los delitos universales, mi Grupo es partidario de que esta reforma legislativa concreta, al igual que cualquiera otra que fuere necesaria, sea estudiada y debatida en el seno de la Comisión técnica de revisión del sistema de penas del Código Penal, tal y como se aprobó anteayer unánimemente en el Congreso en la tan repetida proposición no de ley, pudiendo extenderse estas reformas legislativas, si la Comisión lo considera conveniente, más allá de la esfera estrictamente penal y/o procesal penal, todo ello a los fines de una mejor y más eficaz erradicación de estas conductas.
Señorías, como quiera que la primera reforma propuesta, la relativa a la modificación del artículo 149 del Código Penal, resulta adecuada para perseguir más eficazmente estos delitos aberrantes, mi Grupo votará a favor de dicha reforma y de la primera parte de la proposición de las del Grupo Parlamentario Socialista, mientras que en lo que se refiere a la segunda reforma propuesta, la que atañe a la modificación del artículo 23.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, entendemos que la misma resulta precipitada por las razones reseñadas anteriormente, y por ello, señorías, y porque parafraseando a Eurípides, nunca la precipitación es compañera de la justicia, el Grupo Parlamentario Popular votará en contra de esta segunda reforma legislativa recogida en dicha proposición de ley.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: ¿Algún Senador desea hacer uso del turno en contra? (Pausa.) Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, a pesar de que es tarde y de que soy el primero en estar bastante cansado y con deseos de irme, como éste es un tema importante y todos los grupos tienen intención de intervenir en este turno, mi Grupo Parlamentario también lo va a hacer.
Es obligado pronunciarse en torno a esta cuestión y, al menos, hacer una declaración formal desde esta tribuna, aunque tanto aquí como en el Congreso de los Diputados haya habido consenso, como no podía ser de otra manera.
Es necesario impulsar una cultura que rechace la barbarie, la sinrazón, el dogmatismo, amén desde luego del rechazo a la violencia de género, la violencia contra las mujeres, que es el caso de esta práctica pero que también podríamos extender al conjunto de la violencia de género que se produce en todo el mundo y también en nuestro país.
Izquierda Unida ha presentado proposiciones con otros grupos, también en el Congreso de los Diputados, en torno a este tema. La posición de Izquierda Unida es clara: en este momento existen alrededor de 135 millones de mujeres y niñas en todo el mundo que han sufrido esta práctica y dos millones corren el riesgo de sufrirla cada año; en Africa, señorías, se lleva a cabo de forma generalizada y es práctica común en algunos países de Oriente Medio, en comunidades de emigrantes en zonas de Asia y el Pacífico, América del Norte, Latinoamérica y Europa.
Se practica a niñas, fundamentalmente de entre los 4 y los 11 años, y las razones son varias: se justifica con la religión, el control de la sexualidad femenina, la higiene y la limpieza y también se alega que la mutilación constituye un rito de iniciación a la edad adulta; sin embargo, según la Organización Mundial de la Salud, parece ser que la media de edad a la que se realiza esta mutilación está descendiendo vertiginosamente, por lo que cada vez es más evidente que dicho argumento no guarda relación con la realidad.
La Conferencia sobre Derechos Humanos celebrada en Viena, en 1993, subrayó la importancia de la labor destinada a eliminar la violencia contra la mujer en la vida pública y privada, y a erradicar cualquier tipo de conflicto que pudiera surgir entre los derechos de la mujer y las consecuencias perjudiciales de ciertas prácticas tradicionales o costumbres derivadas de prejuicios culturales y del extremismo religioso.
Señorías, las conclusiones de esta Conferencia vinculan al Gobierno español, que tomó parte en la misma, de forma tal que exigen no sólo la prescripción formal de esta práctica inhumana sino también la adopción de un papel activo en la prevención de la misma.
También en la Plataforma para la Acción de Beijing, aprobada en la Conferencia Mundial de Mujeres, se da un paso en este sentido y, aunque no me voy a extender en esta cuestión, hay algo que quiero expresar, y es que en los últimos años la opinión pública internacional ha comenzado a tener noticias de mujeres que huyen por temor a sufrir esta práctica o que sean sus hijas quienes sufran la mutilación genital femenina. Las dificultades a las que se han enfrentado a la hora de solicitar asilo en varios países han sido muy numerosas, y se derivan principalmente de las lagunas que existen tanto en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados como en las legislaciones nacionales de asilo y refugio.
El Parlamento Europeo determinó en 1984 que las mujeres se enfrentan a un trato cruel e inhumano porque aparentemente transgreden las normas sociales, y deberían ser tenidas en cuenta como un grupo social especial para determinar el estatuto del refugiado. En este sentido hemos hecho alguna propuesta, pero varios países como Francia y Estados Unidos han reconocido la mutilación genital femenina como una forma de persecución basada en el género, que entra dentro del ámbito de la Convención de la ONU sobre el Estatuto de los Refugiados y que, por tanto, puede dar lugar a la concesión de asilo político. En Estados Unidos dos mujeres africanas han recibido asilo político en los últimos tres años por este motivo.
Canadá también otorgó en el año 1993 asilo a una mujer somalí por esta causa.
Izquierda Unida propone cuatro puntos importantes --promover una regulación legal más efectiva; inducir e introducir sanciones penales, civiles, laborales y administrativas

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en las legislaciones nacionales; intentar ampliarlas al máximo o también reforzar las vigentes, con el fin de reparar los daños causados a las mujeres y a las niñas víctimas de cualquier tipo de violencia; organizar y financiar campañas de información --esto es importante porque son situaciones que están ahí y a veces no se conocen por la opinión pública en términos más generales-- y, por último, subsanar el vacío jurídico existente en nuestra legislación sobre asilo y refugio para incorporar la variable de sexo o género determinante en la mayoría de los casos, etcétera.
Yo no les quiero cansar más; ha habido un acuerdo en el Congreso de los Diputados --como no podía ser menos--; estamos en España, en Europa, y no porque tengamos una cultura distinta a otros, sino porque es una cultura de civilización, se debe intentar responder ante la agresión, la barbarie y la sinrazón. Por este motivo yo me alegro de que exista consenso, y lógicamente votaremos tal como ha indicado el señor Belloch para producir el acuerdo y casar la iniciativa interesante del Grupo Parlamentario Socialista en esta Cámara con las iniciativas de todos los grupos parlamentarios en el Congreso de los Diputados, de tal forma que la resultante sea igual o parecida y nos permita a todos caminar a partir de aquí para conseguir la erradicación de esta violencia, que es tremenda porque, al menos a mí, me causa cierto estremecimiento pensar que esto está ocurriendo en nuestro país y que todavía no tenemos mecanismos para combatirlo eficazmente.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Turno del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, yo me sumo a las palabras del Senador Cámara en el sentido de que éste es un tema importante y debemos hacer el esfuerzo necesario para prestarle atención y debatirlo como se merece.
Ultimamente ha crecido en la concienciación internacional y también, cómo no, en nuestro país, una preocupación sobre la mutilación genital femenina. Un problema que, como se ha dicho, afecta a 130 millones de niñas y mujeres en diferentes partes del mundo. Según UNICEF, la incidencia es de un 5 a un 20 por ciento en países como Uganda, Zaire, Camerún, Nigeria, y de un 80 a un 98 por ciento, la práctica totalidad de las mujeres, en países como Egipto, Etiopía, Gambia, Eritrea, Sierra Leona, Somalia y Sudán. Los importantes flujos migratorios desde estos países a otros más desarrollados han originado que estas prácticas se sigan desarrollando en los países de acogida, sensibilizando, por tanto, a estos países en el sentido de adaptar sus legislaciones a estas prácticas nuevas, existiendo leyes específicas relativas a la mutilación genital femenina en países como Australia, Canadá, Nueva Zelanda, Noruega, Suecia, Reino Unido y Estados Unidos. También desde distintos organismos internacionales, tales como la Organización Mundial de la Salud, las Naciones Unidas, la UNESCO, UNICEF, la Unión Europea, así como conferencias nacionales e internacionales, se ha denunciado la práctica de esta forma de violencia contra las mujeres.
En nuestro territorio también es creciente la sensibilidad respecto a la mutilación genital femenina; de hecho, el propio Parlamento de Canarias ha aprobado recientemente, el 23 de mayo, una proposición no de ley, consensuada por todos los grupos políticos de la Cámara, en la que se denuncian estas prácticas y se pide al Gobierno de Canarias que adopte medidas de denuncia, estudios, protección de las víctimas, información y concienciación a la población, fundamentalmente de origen africano, residente en nuestro territorio, y de persecución a los autores, encubridores o inductores de estas prácticas.
También en esta propia Cámara, en el Senado, el 2 de abril se aprueba por unanimidad en la Comisión Mixta de la Mujer una proposición no de ley por la que se insta al Gobierno a proteger a las mujeres que vengan a España y que se hayan visto obligadas a abandonar sus países de origen por cualquier forma de persecución, víctimas de la violencia de género. Y por último, como ya se ha mencionado, la proposición no de ley que se ha aprobado en estos días en el Congreso de los Diputados, además de ahondar en la necesidad de informar del delito que supone realizar estas prácticas en este país, y de desarrollar campañas en las que se prevengan, propone el estudio de posibles modificaciones legislativas, además de implicar al Fiscal General del Estado para que se dicten las instrucciones oportunas, con el fin de que se persiga y enjuicie a las personas implicadas en casos de mutilación genital femenina.
La presente iniciativa legislativa que modifica el Código Penal en su artículo 149, y que pretende recoger de forma específica la tipificación de la práctica de la mutilación genital femenina dentro de este artículo, nos parece desde luego acertada y, como se explicaba en el preámbulo de la proposición de ley y como ha dicho su defensor, el Senador Belloch, supone el incremento de la seguridad jurídica frente a posibles interpretaciones dispares y no justas de los tribunales y los jueces y, por tanto, una herramienta más en la lucha contra estas prácticas que se realizan contra las mujeres.
Desde Coalición Canaria vamos a apoyar todas estas iniciativas que se están llevando a cabo, y esperamos que sean un impulso para desarrollar políticas eficaces en contra de la aplicación de estas costumbres no sólo en nuestro país, sino colaborando decididamente en todos los programas que se estén desarrollando en los países donde esta práctica es habitual.
De todas maneras, me gustaría hacer una llamada de atención en lo que respecta a las reformas legales que podrían derivarse de las iniciativas que recientemente se han aprobado en el Congreso de los Diputados. Las reformas legislativas son necesarias, pero debemos evaluar cuidadosamente de qué forma son impuestas y su efectividad, ya que hay peligro de que se emprendan acciones legislativas que puedan dañar en vez de proteger a las mujeres y a sus familias si no van acompañadas de un diálogo con las comunidades de inmigrantes africanas en los países receptores,

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y de políticas de reeducación y prevención fundamentales.
Como decía, Coalición Canaria va a votar a favor de esta iniciativa y de cualquier otra que pretenda luchar contra la violencia que se ejerce sobre las mujeres. La mutilación genital femenina es una forma más de violencia, que tiene consecuencias físicas y psicológicas graves, que influyen negativamente sobre la salud, y sobre todo es un reflejo de la discriminación existente contra las mujeres en este mundo que entre todos y todas debemos transformar para hacerlo cada vez más igualitario.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Morales.
Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señorías. Quiero iniciar mi intervención agradeciendo a los dos grupos parlamentarios de esta Cámara, Entesa Catalana de Progrés y Grupo Socialista, la presentación de esas proposiciones de ley y haber tomado las decisiones adecuadas en función de acuerdos adoptados en el Congreso de los Diputados, y ceñirse en definitiva a lo que pueda prosperar en esta Cámara, en base, repito, a acuerdos adoptados. En ese sentido, mi más sincero agradecimiento a ambos grupos y también al resto de los grupos de la Cámara que hemos entendido perfectamente cuál era la situación y hemos sabido llegar a ese consenso para que salgan adelante este tipo de actuaciones y de medidas.
Como bien decía el Senador Belloch en su intervención, es un tema serio, es un tema a abordar con seriedad y contundencia, fundamentalmente porque el problema lo tenemos ya en casa; tenemos ya muchas comunidades de inmigrantes que han accedido a nuestro país, que se están asentando aquí y que tienen que entender que la ley les protege, que tienen una serie de derechos, pero que también tienen una serie de deberes en el marco de la legislación aplicable a cualquier ciudadano o ciudadana.
En ese sentido, hay que decir que las prácticas de mutilación genital femenina que están detectándose en la actualidad entre la población inmigrante están poniendo en pie de alarma al conjunto de la sociedad. La mutilación genital femenina, consistente en la extirpación parcial o total de los órganos genitales externos femeninos o cualquier otra lesión de los órganos genitales femeninos, es posiblemente una de las violaciones sistemáticas de los derechos humanos de mujeres y niñas más extendidas.
Esta práctica está justificada y fundamentada por quienes la realizan en cuestiones culturales, en razones de tradición, en razones religiosas y en otras razones, pero ninguna de ellas terapéutica. Esa ha sido siempre la excusa que se ha puesto para abordar el problema con toda su crudeza, con toda la realidad y tomar medidas adecuadas.
Ya han dado datos al respecto quienes me han precedido en el uso de la palabra y no voy a insistir en ello, pero sí quiero decir que los procedimientos utilizados son totalmente traumáticos para las personas sobre las que se practica y sus efectos duran toda la vida, por tratarse de procedimientos irreversibles. Casi el único argumento que se ha venido utilizando hasta ahora para manifestarse en contra de la mutilación genital femenina ha sido que surte efectos nocivos y perjudiciales sobre la salud de las mujeres y de las niñas y que dicha práctica ocasiona diversas secuelas y complicaciones que incluso pueden acarrear la muerte de la mujer o de la niña por las distintas infecciones que pueden derivarse de su realización. Sin embargo, creo que en el aspecto en el que debemos de insistir y, que sin ningún tipo de dudas es el fundamental, es en el de que se trata de una clara vulneración de los derechos fundamentales de las mujeres y niñas. Es cuestión de derechos humanos y, en consecuencia, debemos plantear medidas que prevengan su práctica y persigan y sancionen de forma adecuada a quienes la practiquen u obliguen a su realización, puesto que se atenta contra la integridad física de menores, niñas, y también de mujeres; supone una agresión sexual desde la perspectiva que comporta una mutilación de órganos sexuales femeninos en mayor o menor grado en función de que se practique una clitoridectomía, una escisión o una infibulación --procedimientos más habituales en la mutilación genital femenina--, y acarrea graves secuelas psicológicas, atentando, en definitiva, a la propia dignidad de las niñas y mujeres como personas.
Por tanto, claramente y sin lugar a dudas estamos en una vulneración y violación de los derechos humanos que asisten a todas las personas con independencia de su sexo, origen, creencias o religión.
Además, supone una forma de violencia ejercida sobre la persona de la mujer y de la niña con el objetivo claro de quienes la practican de marcar la diferenciación de sexos y de papeles en la vida y en el matrimonio; una forma más de violencia y de discriminación ejercida sobre la mujer, pero cruel y traumática, con el claro objetivo de controlar a la mujer y someterla. Para quienes la practican, además, es sinónimo, por incongruente que nos parezca, de docilidad y obediencia que, además, reduce las posibilidades de infidelidad de la mujer y supone el control de su sexualidad y funciones reproductivas.
Señorías, en estas creencias y esquemas mentales se basan quienes lo practican, llegándose incluso a castigar, a perseguir y repudiar a quienes no se someten a sus designios.
Por lo expuesto, bien claro está que supone, además, una clara vulneración de los derechos que asisten a los niños recogidos en la Convención de los Derechos de los Niños aprobada por Naciones Unidas, máxime teniendo en cuenta que su realización se lleva a cabo, como ya bien se ha dicho aquí, a edades muy tempranas, dependiendo del país de origen de la menor, desde días después de nacer hasta edades entre uno a cuatro años y hasta edades entre cinco y catorce años.
Además, como ya he indicado, es una forma de discriminación ejercida sobre la mujer. Esta misma semana se ha aprobado en el Congreso una proposición no de ley referente a medidas tendentes a erradicar la mutilación genital femenina, fruto de una transaccional de cinco proposiciones

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no de ley presentadas al respecto por el Grupo Parlamentario Popular, el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Federal de Izquierda Unida, el Grupo Parlamentario Catalán de Convergència i Unió, y el Grupo Parlamentario Mixto.
Por otro lado --como también se ha recordado--, el pasado mes de abril, concretamente el día 2, se aprobó en la Comisión Mixta de los Derechos de la Mujer una Proposición no de Ley --fruto también de una transaccional de tres proposiciones no de ley presentadas por tres grupos parlamentarios-- referida a la concesión de asilo y refugio a la mujeres que se ven obligadas a abandonar su país por ser objeto de persecución y violencia de género.
Estos instrumentos, más otra serie de instrumentos que ya tenemos en vigor --como son la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención de los Derechos del Niño, la Declaración y Plataforma de Acción de Pekín, la Convención sobre eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su Protocolo facultativo, recientemente ratificado y aprobado en estas Cortes Generales, entre otros--, nos obligan a tomar cartas en el asunto, como bien se ha dicho, y exigir su cumplimiento a aquellos países que también los han suscrito y en los que se sigue practicando la mutilación genital femenina, así como prevenir las posibles situaciones que puedan darse entre las comunidades de inmigrantes que viven entre nosotros.
En consecuencia, y como también se ha dicho, toca actuar adoptando medidas de cooperación --educando, concienciando y sensibilizando a los países que lo practican para que, progresivamente, se vaya desterrando esta práctica, y también a las comunidades de inmigrantes que viven entre nosotros y que siguen ejerciendo esta práctica porque proceden de países donde es habitual y, además, se sigue exigiendo que se practique--; medidas represivas, de persecución de esta actuación como delito, sancionando y persiguiendo a quienes lo practican o consienten y autorizan su realización, y también medidas legislativas pertinentes y adecuadas para prevenir su realización y conseguir a la larga su erradicación.
Por tanto, como grupo parlamentario, vamos a votar también a favor de la propuesta realizada desde esta tribuna por el Senador Belloch en los términos planteados por él mismo, porque nos parece correcta y adecuada.
No cabe duda, señorías, de que estamos concienciados del problema y de sus consecuencias; estamos iniciando actuaciones y dando pasos --los hechos lo demuestran: a través de las proposiciones no de ley que ya hemos aprobado y a través de esta proposición de ley que vamos a aprobar en esta Cámara en estos momentos--, pero seamos decididos y contundentes en la adopción de medidas en aras del cumplimiento de lo que ya vamos aprobando en estas Cámaras en nombre de tantas niñas y mujeres que no pueden hacerlo por su propia iniciativa puesto que les han quitado la voz y la posibilidad de ser y sentirse personas con plenos derechos en las sociedades de las que forman parte.
Muchas gracias, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Turno del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra la Senadora Cid.


La señora CID PAÑELLA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, se ha dicho que éste es un tema importante, y lo es y mucho, tanto que --como ustedes saben-- mi Grupo presentó la toma en consideración de una proposición de ley, que hemos retirado --como también les han dicho a ustedes-- en aras del consenso a que se llegó en el Congreso de los Diputados con proposiciones no de ley presentadas por distintos grupos políticos. Es un tema que nos ha preocupado y lo hemos demostrado en las iniciativas que hemos ido tomando.
En el pasado Pleno del 23 de mayo, en nombre de mi Grupo, Entesa Catalana de Progrés, dirigí una pregunta al Gobierno, concretamente al Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, sobre las medidas previstas por el Gobierno para impedir las prácticas de mutilación genital sufridas por niñas o adolescentes, incluso si la ejecución material de dicho acto delictivo se realizase en el extranjero. En mi intervención manifesté el apoyo de mi Grupo a todas aquellas medidas que tuvieran por objetivo erradicar las prácticas violentas que atentan contra los derechos de la mujer. Hoy se presenta una iniciativa con ese objetivo y agradecemos la oportunidad de la misma al señor Belloch y su habilidad para que hoy podamos estar teniendo este debate en esta Cámara y, por tanto, el protagonismo que nos corresponde en este tema.
El compromiso de mi Grupo --y seguro que el de todos los de esta Cámara-- de erradicar esta forma de violencia contra la mujer, a la que nos referimos hoy, obliga a suscribir todas las iniciativas que favorezcan la desaparición de estas prácticas, ya sea con la cooperación internacional, para actuar allí donde se practican al amparo de la tradición cultural.
Podría explicarles, por ejemplo, que desde un cargo que tengo en una administración local, el año pasado tuvimos ocasión de organizar unas conferencias en las que una Senadora de Burkina Fasso nos explicó en qué consiste la ablación en su país y las lesiones genitales que produce a niñas y adolescentes. También hay que hacer esto aquí, porque es una manera de ayudar a esas mujeres que en sus países también luchan contra esas prácticas. Por lo tanto, son también acciones que debemos favorecer, ya sea con la implementación de políticas de formación e información dirigidas a las comunidades de inmigrantes y con todas las iniciativas posibles.
La integridad del ser humano está por encima de cualquier tradición o costumbre, sea de la índole que sea. Sin embargo, demasiado a menudo el relativismo cultural se convierte en una trampa para las personas sometidas.
Los colectivos de inmigrantes, los padres y las madres de niñas y adolescentes procedentes de países donde esas actuaciones, en cualquiera de sus manifestaciones, son una práctica habitual, deben ser informados ampliamente de que aquí repugna a los valores democráticos y colectivos más elementales; que su práctica supone la comisión de un delito grave y que existe una tolerancia cero por parte de la sociedad de acogida a dichas prácticas.


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El pasado martes, como muy bien hemos manifestado, el Congreso de los Diputados llegó a acuerdos: ocho puntos que reflejan iniciativas en el campo judicial, legislativo y social. Nosotros vamos a seguir de cerca las líneas de trabajo que se derivan de ese acuerdo y, en consecuencia, volveremos a actuar en un futuro.
Quede claro, pues, que no se puede presentar esta cuestión como un problema de naturaleza única o esencialmente penal, pero también hay que actuar en ese sentido con decisión, y la iniciativa del Senador Belloch va en esa línea.
Señorías, la finalidad del Derecho Penal es la de sancionar aquellas conductas que, por ser gravemente atentatorias contra la convivencia y la dignidad humana, se hacen merecedoras de un especial reproche social.
Somos conscientes de que el Derecho Penal ha de caracterizarse por una intervención mínima, pero ésta ha de poder reunir también los requisitos de necesaria y eficaz, necesaria para aquellos supuestos en los que las acciones preventivas y de concertación social fracasan o no consiguen los objetivos deseados; eficaz para evitar que las lagunas de una regulación deficiente del Derecho Penal, sea en sus vertientes material o procesal, pudiera evitar en la práctica la sanción de estas conductas antijurídicas o, en su caso, la no ejecución de la sanción impuesta.
La toma en consideración de la proposición que ha presentado el Senador Belloch, de ese puente técnico que nos permita preservar la ejecución de lo que manda el Código Penal con respecto a la mutilación genital en todas sus manifestaciones, pretende, a nuestro entender, incrementar la seguridad jurídica frente a posibles interpretaciones dispares de los tribunales, que recoja, por tanto, de manera expresa que debe cumplirse en todas las manifestaciones de esas agresiones.
Nos parece no sólo razonable, sino también conveniente, cortar de raíz cualquier atisbo interpretativo. En consecuencia, Entesa Catala de Progrés apoya esta toma en consideración defendida por el Senador Belloch en nombre del Grupo Parlamentario Socialista.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Cid.
Tiene la palabra el Senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Muchas gracias, señora Presidenta.
No voy a comentar las estadísticas y antecedentes sobre el tema porque creo que ya ha sido ampliamente comentado no solamente en esta Cámara sino, sobre todo, en el Congreso de los Diputados.
Sí voy a dejar claro que nuestro Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene muy claro que el bien jurídico a proteger es la integridad y la dignidad de las mujeres. Tiene claro, como lo tienen también los demás grupos parlamentarios, que la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones es un acto de violencia contra las mujeres y la manifestación aberrante y evidente de la dominación del hombre sobre la mujer y que, en definitiva, conculca los derechos fundamentales.
Lo dice el preámbulo de la iniciativa presentada por el Grupo Parlamentario Socialista. Son actos irreversibles, perjudiciales para la salud, no sólo por el evidente y horrible dolor con que se llevan a cabo generalmente, sin ningún tipo de garantía de sanidad --lo ha dicho con toda crudeza el Senador Belloch--, sino, además, por sus terribles secuelas, tanto físicas como psíquicas: frigidez, cálculos, quistes, lesiones renales, depresiones, ansiedades y psicosis.
La propuesta del Grupo Parlamentario Socialista persigue, pues, la modificación del artículo 149 del Código Penal para que quede bien claro y no haya ninguna fisura jurídica, en el sentido de que no puedan escaparse estas actitudes tan salvajes que se están practicando incluso aquí en España.
Por todo ello, creo --y aplaudo la iniciativa del Senador Belloch-- que es preciso concretar que en todo caso se considerará comprendido en el párrafo anterior la mutilación genital femenina en cualquiera de sus manifestaciones.
No me vale el comentario que se ha hecho en alguna ocasión, sobre todo en el Congreso de los Diputados, referente a la publicación en algún medio de comunicación de una carta de algún catedrático de Derecho Penal insistiendo en que no era necesario modificar el Código Penal, toda vez que ya contemplaba sobradamente estas salvajes mutilaciones.
Yo también lo creía. Creía que el Código Penal ya lo contemplaba, como creía también que el Código Penal de 1985 contemplaba todas las modalidades de violación, y luego resultó que, por mor de alguna sentencia referente a penetración bucal, penetración anal o vaginal con objetos tuvimos que reformar el artículo mencionado.
Por consiguiente, estoy de acuerdo con la manifestación del Senador Belloch, en que hay que precisar y cuanto mayor claridad haya en el Código Penal mejor que mejor. No podemos aplicar por analogía --y así nos lo ha dicho el Tribunal Supremo-- lo que no está establecido en el Código Penal.
El acuerdo alcanzado en el Congreso de los Diputados, por una parte, nos dice que tiene la concienciación de que la penalización por sí sola de esta práctica aberrante no es solución única y exclusiva, ya que su erradicación pasa por la complicidad de las mujeres afectadas por dicho problema. Dice que lo que son actos dañinos precisan una sola acción global multidisciplinaria, con políticas informativas y educativas, a través de centros sanitarios, sociales, educativos, sensibilizando a toda la sociedad.
Estamos de acuerdo, pero estamos de acuerdo también en que el Código Penal penaliza el delito de lesiones graves y que esto es constitutivo de un delito de lesión grave. Y, por consiguiente, está de acuerdo toda la sociedad, está prácticamente concienciada y hay múltiples publicaciones en las que todos los jueces, fiscales, agentes sociales que han tratado estos casos en diversas Comunidades piden esta modificación, como piden también el cambio de la Ley Orgánica del Poder Judicial, para perseguir los casos de extirpación de clítoris de centenares de niñas que, bajo el señuelo de un viaje de vacaciones, son efectuadas en el

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país de origen, y aquí no hay ningún arma legal para poder combatirlos.
Estamos de acuerdo --lo ha dicho la Senadora Morales-- en que hay que ir con tiento porque, al final, una modificación de esta índole lo que podría implicar es que persiguiéramos, en definitiva, a las mujeres.
¿Quién lleva a las niñas al ginecólogo aquí en España? La mujer. ¿Quién lleva a las niñas a la curandera en estos países, incluso aquí en España? Las llevan también las mujeres.
Por consiguiente, yo creo que hemos de ir con cuidado. Es una toma en consideración, tendrá su tramitación y, por tanto, habrá tiempo para debatir este tema, proponer las enmiendas correspondientes y, en definitiva, aprobar lo que sea más conveniente.
Por consiguiente, nuestro Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió va a votar favorablemente en los términos expuestos tan acertadamente por el Senador Belloch.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Capdevila.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Belloch.


El señor BELLOCH JULBE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Realmente yo creo que hemos dicho todo. Simplemente quiero dar las gracias a los portavoces por haber demostrado, una vez más, su sensibilidad democrática.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Belloch.
En nombre del Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO DE PAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, después de oír a los representantes de todos los Grupos, creo que podemos afirmar que hoy es un día histórico y lo es por varias razones: primero, porque todos los Grupos políticos del Senado hemos sido capaces, por encima de intereses partidistas, de hacer el esfuerzo necesario para alcanzar el consenso en un tema tan grave y terrible como es el de la mutilación genital femenina. Pero, señorías, es también un gran día porque tanto esta proposición de ley, como la proposición no de ley, aprobada hace dos días en el Congreso de los Diputados, suponen, además, el triunfo de la libertad y de la tolerancia; sobre todo, señorías, supone el triunfo de los derechos de la mujer frente a unas tradiciones y prácticas execrables, humillantes, denigrantes y vergonzantes.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Navarro.
Les comunico que ha quedado desconvocada la reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Infraestructuras, que iba a celebrarse después del Pleno.
Señorías, a pesar del acuerdo manifestado por todos los grupos parlamentarios sobre la toma en consideración de la proposición, tenemos que proceder a votación. No es una votación ordinaria por cuanto los grupos se han puesto de acuerdo para efectuar algunas modificaciones sobre el texto original.
Cierren las puertas, por favor. (Pausa.) En primer lugar, votamos el artículo 1º.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, 172; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el artículo 1º.
Votamos, ahora, el artículo 2º.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, dos; en contra, 172.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazado el artículo 2º de la citada proposición, que queda con un artículo único.
Por coherencia, tenemos que votar separadamente algunos apartados e incisos de la exposición de motivos. (El señor González Pons pide la palabra.) Tiene la palabra su señoría.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, todos los grupos hemos visto un solo texto, que le ha sido facilitado a la Mesa, en el que estaban marcados los párrafos que quedarían excluidos por referirse al artículo 2º, que se ha suprimido, manteniéndose los párrafos que se refieren al artículo 1º, que es el que se mantiene.
Hay un solo documento que ha sido entregado a la Mesa.


La señora PRESIDENTA: Entonces, separadamente vamos a votar los siguientes apartados e incisos de la exposición de motivos. (El señor González Pons pide la palabra.) Senador González Pons.


El señor GONZALEZ PONS: Señora Presidenta, entiendo que votamos, en primer lugar, párrafos e incisos que se suprimirían por referirse al artículo 2º.


La señora PRESIDENTA: Vamos a votar, en primer lugar, los que al parecer la Cámara piensa suprimir y, después, el resto de la exposición de motivos, salvo los que previamente se hayan suprimido.
Se suprime una frase del párrafo tercero, desde: «Muchas niñas nacidas ya en nuestro país...» hasta «territorio español». El párrafo séptimo, que empieza: «En particular en el punto 5...», se suprime íntegramente.


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El párrafo décimo, dice: «Dos son los aspectos fundamentales que pretende cubrir.» Esa frase se suprime, porque ya no son dos. También se suprime el comienzo de la siguiente frase: «El primero». El resto quedaría como está.
El párrafo undécimo, que empieza por: «El segundo aspecto» y termina: «del mismo apartado», se suprime íntegramente.
Votamos entonces estos párrafos, incisos y apartados de la exposición de motivos que acabo de leer.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 173; a favor, uno; en contra, 172.


La señora PRESIDENTA: Quedan suprimidos los párrafos e incisos de la exposición de motivos a los que me he referido con anterioridad.
Votamos el resto de la exposición de motivos: todos los párrafos e incisos que no han sido señalados antes. Texto de la proposición.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 174; a favor, 174.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada por unanimidad. (Aplausos.) Se me ha indicado por los grupos parlamentarios, y esta Presidencia considera que es lo técnicamente adecuado, que, dado el sentido de las votaciones producidas, es decir, la supresión del 2o artículo y la supresión de los incisos, el título de la proposición debería ser el siguiente.
Proposición de ley para la reforma del artículo 149 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, a fin de introducir una cláusula interpretativa sobre la represión de la mutilación genital femenina.
¿Lo entiende así la Cámara? (Asentimiento.) Muchas gracias.


INFORMES DE PONENCIAS:

--SOLICITUD DE AMPLIACION DEL PLAZO PARA LA PRESENTACION ANTE EL PLENO DEL INFORME DE LA PONENCIA SOBRE LA SITUACION DE LOS ESPAÑOLES INTERNADOS EN PRISIONES DE PAISES EXTRANJEROS, CONSTITUIDA EN EL SENO DE LA COMISION CONSTITUCIONAL (543/000003).


La señora PRESIDENTA: Punto sexto del orden del día: Informes de Ponencias.
Solicitud de ampliación del plazo para la presentación ante el Pleno del informe de la ponencia sobre la situación de los españoles internados en prisiones de países extranjeros, constituida en el seno de la Comisión Constitucional.
La Mesa del Senado, oída la Junta de Portavoces, ha acordado someter al Pleno de la Cámara la solicitud formulada por la Comisión Constitucional de ampliar en un año el plazo previsto para la presentación del informe de la Ponencia sobre la situación de los españoles internados en prisiones de países extranjeros.
¿Se aprueba por asentimiento esta prórroga? (Pausa.) Queda aprobada.
Muchas gracias, señorías.
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y treinta y cinco minutos.

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