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DS. Senado, Pleno, núm. 60, de 10/10/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 60

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 10 de octubre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. JOSE FERRANDEZ OTAÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de los niveles de calidad en las redes de transporte de electricidad que gestiona la empresa Red Eléctrica de España, S. A. (REE) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000481).


--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que el proyecto de aeropuerto en Castellón requerirá la calificación de aeropuerto público (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000488).


--De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los parámetros y referencias que ha utilizado la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para determinar el nivel real de los sueldos brutos aprobados por Resolución de 28 de marzo de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000446).


--De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del acuerdo entre la Generalidad Valenciana y el Ministerio de Hacienda para atajar el endeudamiento de la Comunidad Valenciana

Página 3282


(publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000487).


--De Dª ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la actividad que está desarrollando el Ministerio de Asuntos Exteriores para preparar la presidencia española de la Unión Europea en el año 2002 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000475).


--De D. MANUEL PRADO LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Gobierno respecto a la ampliación de la Unión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000479).


--De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que el acuerdo con el Reino Unido respecto a la normativa comunitaria de cielo único, favorecerá la entrada en vigor del Acuerdo de diciembre de 1987 sobre utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000484).


--DE D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación con la necesidad de incrementar la información a las Cámaras sobre la evolución del conflicto bélico internacional (Número de expediente 680/000491).


--De Dª MARIA ISABEL FLORES FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si respalda el Gobierno las declaraciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la propuesta de transferencias realizada por la Junta de Andalucía (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000489).


--De D. OVIDIO SANCHEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que está promoviendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para incrementar la seguridad en la red (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000476).


--De Dª TERESA GARCIA AVILES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones que se han alcanzado en la reunión de Ministros Iberoamericanos de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrada en Madrid los días 27 y 28 de septiembre del presente año (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000480).


--De D. DOMéNEC SESMILO I RIUS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la formación continua, en lo que se refiere a la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000467).


--De D. JOSEBA ANDONI AURREKOETXEA BERGARA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para desarrollar en los próximos meses los mandatos que sobre la inspección de trabajo recoge la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en lo que afecta a las Comunidades Autónomas y, en concreto, a la Comunidad Autónoma del País Vasco (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000482).


--De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del incremento del paro en el pasado mes de septiembre (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000483).


--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si existe todavía la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno que D. José Barea Tejeiro dirigió desde el año 1996 hasta que fue cesado (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000471).


Página 3283


--De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que se impida, por parte del sector lácteo francés, la venta de leche española en Francia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000469).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las perspectivas de futuro de la empresa Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola, S.A. (COOSUR) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000473).


--De Dª JUANA BORREGO IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones de firma de convenios de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000477).


--De D. MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras en las posibilidades de pesca de nuestra flota con la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000478).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la licitación de las obras pendientes de realización en el canal de Pinyana, en la provincia de Lleida, de acuerdo con el llamado Pacto del Agua (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000468).


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si va a retirar el Gobierno el proyecto de paseo marítimo de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines (Illes Balears) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000474).


--De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si considera conveniente el Gobierno actualizar la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, dados los continuados avances producidos en biomedicina, así como las demandas de la comunidad científica española (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000470).


--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por su vinculación con el narcotráfico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000472).


--De Dª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios, de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000486).


--De Dª CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de centros para inmigrantes irregulares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000490).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la función social de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones del llamado tercer sector (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000091).


Página 3284


--De D. CARLOS GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de pesca en relación con la flota dependiente del acuerdo con Marruecos y con el resto del sector pesquero español (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000092).


--De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política general de montañas y, en concreto, sobre la celebración del Año Internacional de las Montañas (AIM) durante el año 2002 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000090).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 30, de fecha 1 de octubre de 2001) (Número de expediente C. D. 121/000021) (Número de expediente S. 621/000030).


Cuarto

Mociones (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno al desarrollo de una nueva política en materia de suelo y vivienda, así como a la introducción de diversas medidas en el futuro Plan de Vivienda para el período comprendido entre los años 2002 y 2005 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001) (Número de expediente 662/000157).


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a despenalizar el consumo de cannabis y sus derivados para usos terapéuticos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 281, de fecha 8 de octubre de 2001 (Número de expediente 662/000154).


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 3289)

De D. JOSE FERRANDEZ OTAÑO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de los niveles de calidad en las redes de transporte de electricidad que gestiona la empresa Red Eléctrica de España, S. A. (REE) (Página 3289)

El señor Ferrández Otaño formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, De Rato y Figaredo.


De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que el proyecto de aeropuerto en Castellón requerirá la calificación de aeropuerto público (Página 3290)

El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento, Alvarez-Cascos Fernández. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento, Alvarez-Cascos Fernández.


De D. SALVADOR CAPDEVILA I BAS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los parámetros y referencias que ha utilizado la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para determinar el nivel real de los sueldos brutos aprobados por Resolución de 28 de marzo de 2001 (Página 3291)

El señor Capdevila i Bas formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda,

Página 3285


Montoro Romero. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Capdevila i Bas.


De D. JOAN LERMA BLASCO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre el contenido del acuerdo entre la Generalidad Valenciana y el Ministerio de Hacienda para atajar el endeudamiento de la Comunidad Valenciana (Página 3292)

El señor Lerma Blasco formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Hacienda, Montoro Romero. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Lerma Blasco. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Hacienda, Montoro Romero.


De Dª ROSA MARIA POSADA CHAPADO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la actividad que está desarrollando el Ministerio de Asuntos Exteriores para preparar la presidencia española de la Unión Europea en el año 2002 (Página 3293)

La señora Posada Chapado formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps.


De D. MANUEL PRADO LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Gobierno respecto a la ampliación de la Unión Europea (Página 3294)

El señor Prado López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps.


De D. JOSE CARRACAO GUTIERREZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que el acuerdo con el Reino Unido respecto a la normativa comunitaria de cielo único, favorecerá la entrada en vigor del Acuerdo de diciembre de 1987 sobre utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar (Página 3295)

El señor Carracao Gutiérrez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Carracao Gutiérrez. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps.


DE D. JUAN JOSE LABORDA MARTIN, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del Gobierno en relación con la necesidad de incrementar la información a las Cámaras sobre la evolución del conflicto bélico internacional (Página 3296)

El señor Laborda Martín formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Laborda Martín. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Asuntos Exteriores, Piqué i Camps.


De Dª MARIA ISABEL FLORES FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si respalda el Gobierno las declaraciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la propuesta de transferencias realizada por la Junta de Andalucía (Página 3298)

La señora Flores Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Administraciones Públicas, Posada Moreno. En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Flores Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Administraciones Públicas, Posada Moreno.


De D. OVIDIO SANCHEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que está promoviendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para incrementar la seguridad en la red (Página 3299)

El señor Sánchez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología, Birulés Bertrán.


De Dª TERESA GARCIA AVILES, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones que se han alcanzado en la reunión de Ministros Iberoamericanos de Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, celebrada en Madrid los días 27 y 28 de septiembre del presente año (Página 3300)

La señora García Avilés formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Ciencia y Tecnología, Birulés Bertrán. En turno de réplica, interviene de nuevo la señora García Avilés.


Página 3286


De D. DOMéNEC SESMILO I RIUS, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la formación continua, en lo que se refiere a la Fundación para la Formación Continua (FORCEM) (Página 3301)

El señor Sesmilo i Rius formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez.
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sesmilo i Rius. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez.


De D. JOSEBA ANDONI AURREKOETXEA BERGARA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para desarrollar en los próximos meses los mandatos que sobre la inspección de trabajo recoge la Ley 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en lo que afecta a las Comunidades Autónomas y, en concreto, a la Comunidad Autónoma del País Vasco (Página 3303)

El señor Aurrekoetxea Bergara formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aurrekoetxea Bergara. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez.


De D. JOSE MARIA ROMERO CALERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del incremento del paro en el pasado mes de septiembre (Página 3304)

El señor Romero Calero formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez.


De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si existe todavía la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno que D. José Barea Tejeiro dirigió desde el año 1996 hasta que fue cesado (Página 3305)

El señor Gibert i Bosch formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de la Presidencia, Lucas Giménez. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gibert i Bosch. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de la Presidencia, Lucas Giménez.


De D. RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que se impida, por parte del sector lácteo francés, la venta de leche española en Francia (Página 3306)

El señor Gatzagaetxebarría Bastida formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Gatzagaetxebarría Bastida. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete.


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las perspectivas de futuro de la empresa Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola, S. A. (COOSUR) (Página 3308)

El señor Cabrero Palomares formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cabrero Palomares. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete.


De Dª JUANA BORREGO IZQUIERDO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones de firma de convenios de las Sociedades Estatales de Infraestructuras Agrarias (SEIASA) (Página 3309)

La señora Borrego Izquierdo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete. En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Borrego Izquierdo.


De D. MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras en las posibilidades de pesca de nuestra flota con la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania (Página 3310)

Página 3287


El señor Pampín Rúa formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete.


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la licitación de las obras pendientes de realización en el canal de Pinyana, en la provincia de Lleida, de acuerdo con el llamado Pacto del Agua (Página 3312)

El señor Varela i Serra formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Varela i Serra. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou.


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si va a retirar el Gobierno el proyecto de paseo marítimo de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines (Illes Balears) (Página 3312)

El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou.

De D. RAMON ESPASA I OLIVER, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si considera conveniente el Gobierno actualizar la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, dados los continuados avances producidos en biomedicina, así como las demandas de la comunidad científica española (Página 3314)

El señor Espasa i Oliver formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero. En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Espasa i Oliver. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo, Villalobos Talero.


De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por su vinculación con el narcotráfico.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De Dª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios, de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De Dª CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de centros para inmigrantes irregulares.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 3315)

De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la función social de las organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras asociaciones del llamado tercer sector (Página 3315)

El señor Díaz Sol realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez. Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales, Aparicio Pérez.


De D. CARLOS GONZALEZ PRINCIPE, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de pesca en relación con la flota dependiente del acuerdo con Marruecos y con el resto del sector pesquero español (Página 3321)

El señor González Príncipe realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias

Página 3288


Cañete. Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Arias Cañete.


De D. JOAN GANYET SOLE, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política general de montañas y, en concreto, sobre la celebración del Año Internacional de las Montañas (AIM) durante el año 2002 (Página 3327)

El señor Ganyet Solé realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou.
Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Medio Ambiente, Matas i Palou.


Se suspende la sesión a las trece horas y cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS (Página 3331)

De la Comisión Constitucional en relación con el Proyecto de Ley Orgánica reguladora del Derecho de Petición (Página 3331)

El señor Agramunt Font de Mora, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen. En turno de portavoces intervienen los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Aurrekoetxea Bergara, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Solé i Tura, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Sesmilo i Rius, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió ; García Miralles, por el Grupo Socialista, y Amilivia González, por el Grupo Popular.


Habiéndose retirado las enmiendas presentadas, el proyecto de ley se aprueba por asentimiento de la Cámara.


MOCIONES (Continuación) (Página 3335)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno al desarrollo de una nueva política en materia de suelo y vivienda, así como a la introducción de diversas medidas en el futuro Plan de Vivienda para el período comprendido entre los años 2002 y 2005 (Página 3335)

El señor Herranz Martínez defiende la moción. El señor Beguer i Oliveres defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Llanos Vera defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Bonet i Revés defiende la enmienda del Grupo Entesa Catalana de Progrés . El señor Herranz Martínez expone la posición de su Grupo respecto de las enmiendas. En turno de portavoces intervienen los señores Cabrero Palomares, por el Grupo Mixto, y Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, así como la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Bonet i Revés, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Beguer i Oliveres, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Herranz Martínez, por el Grupo Socialista, y Llanos Vera, por el Grupo Popular.


Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés, por 69 votos a favor, 110 en contra y ocho abstenciones.


Del GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO por la que se insta al Gobierno a despenalizar el consumo del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos (Página 3346)

El señor Cabrero Palomares defiende la moción. La señora Loroño Ormaechea defiende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Cardona i Vila defiende la enmienda del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. La señora Navarro de Paz defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Cabrero Palomares expone la posición de su Grupo respecto de las enmiendas. En turno de portavoces intervienen el señor Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; la señora Loroño Ormaechea, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; así como los señores Espasa i Oliver, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés, y Cardona i Vila, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y las señoras Nóvoa Carcacía, por el Grupo Socialista, y Navarro de Paz, por el Grupo Popular. Vuelven a hacer uso de la palabra los señores Cardona i Vila y Espasa i Oliver, así como la señora Navarro de Paz.


Se rechaza la moción, con la incorporación de las enmiendas de los Grupos Parlamentarios de Senadores Nacionalistas Vascos y Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 74 votos a favor y 107 en contra.
Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.


Página 3289


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Se abre la sesión.


PREGUNTAS:

La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas.
Las preguntas de don Victoriano Ríos Pérez, doña María Pilar Nóvoa Carcacía y doña Claudina Morales Rodríguez han sido aplazadas a petición del Gobierno.


--DE DON JOSE FERRANDEZ OTAÑO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LOS NIVELES DE CALIDAD EN LAS REDES DE TRANSPORTE DE ELECTRICIDAD QUE GESTIONA LA EMPRESA RED ELECTRICA DE ESPAÑA, S. A. (REE) (680/00048).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don José Ferrández Otaño, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de los niveles de calidad en las redes de transporte de electricidad que gestiona la empresa Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima.
Tiene la palabra el Senador Ferrández Otaño.


El señor FERRANDEZ OTAÑO: Gracias, Presidenta.
Señor Vicepresidente y Ministro de Economía, las medidas liberalizadoras del sector eléctrico adoptadas por el Gobierno, que contrastan con la fuerte intervención que padecía antes de 1997, han supuesto un avance irreversible y con resultados altamente satisfactorios hacia la desregulación y el aumento de la competencia del sector eléctrico que, unido a las cautelas para preservar el grado de competencia empresarial, han contribuido de forma definitiva a que las tarifas eléctricas en España hayan sido las que más se han reducido en el período comprendido entre 1997 y 2000 en toda la Unión Europea, haciéndolo, en más de un 17 por ciento.
Sin embargo, y no obstante los buenos resultados derivados de las medidas adoptadas para el interés general de los ciudadanos, desde alguno de los sectores afectados y desde algunos grupos de la oposición de un tiempo a esta parte se viene cuestionando la compatibilidad entre las medidas liberalizadoras adoptadas y la calidad del servicio, realizando vaticinios respecto a la imposibilidad, según se dice, de mantener las inversiones necesarias para el buen funcionamiento de la red eléctrica tras la reducción de precios, manteniendo a la vez los buenos resultados económicos de las empresas distribuidoras, llegando a la conclusión, puesta de manifiesto con reiteración, de que eso sólo se puede conseguir disminuyendo las inversiones, principalmente de las redes de distribución, con el consiguiente perjuicio para los usuarios, que verían perjudicados sus intereses con anunciados cortes de energía.
Por ello, y a la vista de la inquietud manifestada por algunos, señor Ministro, ¿qué valoración hace el Gobierno de los niveles de calidad en las redes de transporte de electricidad que gestiona Red Eléctrica, sociedad anónima?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ferrández.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Senador.
Como muy bien sabe la Cámara, Red Eléctrica de España es la empresa titular, y por tanto propietaria, de los principales activos de transporte de energía eléctrica en España, y como tal empresa titular tiene encargada la construcción, el desarrollo y la gestión de la propia red, al tiempo que también tiene responsabilidades en la operación del sistema eléctrico, que es como definimos el conjunto de actividades destinadas a garantizar la continuidad y la seguridad del suministro a través de la coordinación entre la generación que realizan las empresas eléctricas y el transporte que se hace a través de las redes de la propia Red Eléctrica.
En ese sentido, una de las fórmulas para medir la calidad sería calcular los tiempos de interrupción medios que cuantifican la energía no suministrada por cortes que se produzcan en la red. Así, los últimos datos que tenemos del año 2000 nos indican que estamos, aproximadamente, ante interrupciones en torno al cuatro por millón de la demanda nacional, es decir, 0,8 gigavatios de los 200.000 consumidos en todo el territorio peninsular.
Yo creo que la cifra es importante y, además, es beneficiosa para España respecto a la Unión Europea. Esto pone de manifiesto un nivel de calidad muy alto desde el punto de vista del transporte peninsular, incluso comparándolo en el ámbito internacional.
La mejora de la calidad es un proceso continuo que ha ido mejorando consistente y constantemente a lo largo de los últimos años y, en ese sentido, esa mejora de calidad se apoya en una gestión cada vez más exigente en la programación del mantenimiento de las redes y en los planes desarrollados por Red Eléctrica.
Desde el punto de vista de la operación del sistema, que como he dicho a la Cámara es el conjunto de actividades que están destinadas a garantizar la continuidad y la seguridad del suministro, Red Eléctrica ha hecho públicos recientemente los resultados de un estudio sobre evaluación de la satisfacción de los beneficiarios que se cifra, sobre un total de diez, en 7,3 puntos.
En ese sentido, desde el punto de vista de la gestión del transporte eléctrico, los datos indican una alta calidad que viene a complementarse también con la eficiencia que el sistema en general ha demostrado a lo largo de los últimos años con un traslado de rentas del conjunto de las empresas eléctricas a los consumidores gracias a la reducción de

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tarifas, que podemos cifrar en unos 300.000 millones de pesetas.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente del Gobierno.
Si lo desea, el Senador Ferrández puede hacer uso de la palabra. (Pausa.)

--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL PROYECTO DE AEROPUERTO EN CASTELLON REQUERIRA LA CALIFICACION DE AEROPUERTO PUBLICO (680/000488).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si considera el Gobierno que el proyecto de aeropuerto en Castellón requerirá la calificación de aeropuerto público.
Tiene la palabra el Senador Arnau Navarro.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el aeropuerto de Castellón, pese a ser sólo un proyecto y tener tan sólo el nombre, ha dado lugar ya a innumerables declaraciones, contradeclaraciones, y sobre todo a una enorme confusión.
Promovido por la Diputación sobre la, base del artículo 43 de la Ley de Navegación Aérea, que autoriza a las corporaciones locales a construir aeropuertos públicos, como usted sabe, el señor Presidente, de la Diputación de Castellón anunció desde el principio que sería financiado por el Estado. En plena campaña electoral desde el Partido Popular sea seguro que este aeropuerto lo cofinanciaría la Unión Europea a través del fondo de cohesión. Realmente han fracasado en todo esto, al menos hasta ahora.
El Ministerio de Fomento no sabe, no contesta o no quiere contestar. Ni siquiera se pronuncia sobre la calificación del futuro aeropuerto. El anterior Ministro, señor Arias-Salgado, a una pregunta que le formulé en el Congreso de los Diputados sobre el carácter o el interés general posible de este aeropuerto, me dijo que el Ministerio apoyaba el aeropuerto en el marco de un cierto planteamiento estratégico, financiero y temporal. Es decir, como ve una maraña, un laberinto.
¿Y qué dice AENA a todo esto? Pues que no entra en sus planes el futuro aeropuerto de Castellón. ¿Y qué le contesta el Presidente de la Diputación de Castellón? Pues contesta (sic) que le importa un rábano lo que diga AENA. Tengo aquí el recorte de prensa a su disposición. Y mientras, la Diputación, es decir, los ciudadanos de Castellón, han pagado ya 200 millones de pesetas para el proyecto; y la Generalidad valenciana, es decir, los valencianos han pagado ya 1.800 para hacer frente a las expropiaciones. Y lo último es un pie de foto que le voy a enseñar, señor Ministro, de un periódico de la provincia del pasado domingo en el que se dice: Carlos Fabra ya tiene el apoyo de Alvarez-Cascos para su aeropuerto. Y recalco el «su».
Señor Ministro, sáquenos del lío, y díganos, por favor, si este aeropuerto va, a ser público, o si lo prefiere, díganos, en términos del Decreto de 1981, si el aeropuerto de Castellón va a ser de interés general y de gestión directa por el Estado.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señores Senadores, he vuelto a recordar mis tiempos de Diputado provincial escuchando a un aspirante a diputado provincial venir a hacer al Senado ejercicios de oposición a la plaza (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Risas y aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), porque lo que nos ha contado son asuntos de gran interés provincial. El resto es un alarde de ignorancia, señora Presidenta.
Señor Arnau, el problema de... (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--El señor Romero Calero: ¡Tienes mucha cara!--El señor Carracao Gutiérrez y varios Senadores del Grupo Parlamentario Socialista pronuncian palabras que no se perciben.) ¿Les molesta lo que estoy diciendo, verdad? ¡Claro que les molesta! La verdad siempre molesta al Partido Socialista, señora Presidenta! (Fuertes rumores y protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Mire, señor Arnau, parte usted de la base de que lo que usted no conoce no existe, y ése es su primer error porque el Plan director del aeropuerto de Castellón está aprobado por la Comisión interministerial de Defensa y de Transportes desde el día 21 de noviembre de 2000. Por tanto, en primer lugar, todas sus especulaciones sobre que ese aeropuerto no existe comienzan ya a fallar por la base. En segundo lugar, veo que desde que ha formulado su pregunta hasta hoy ha aprendido, entre otras cosas, a leer la declaración. Porque usted me preguntaba si requerirá la calificación de aeropuerto público, calificación que no existe en la legislación vigente.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Señor Ministro, hoy viene usted de mal talante.
Seguramente recuerda usted sus épocas de flecha y por eso no ha cambiado la Ley de Navegación Aérea, que sigue hablando del Ministerio del Aire en lugar del Ministerio de Fomento. Pese a lo mucho que mi Grupo Parlamentario le ha requerido para que modifique esa ley y presente un nuevo proyecto, usted sigue hablando del Ministerio del Aire.
Por lo demás, señor Ministro, usted calla y no quiere decirnos si el aeropuerto será público o no. Usted dijo al

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señor Presidente de la Diputación de Castellón --y si no es así desmiéntalo en la réplica, que tendrá ocasión, así como para decir que la culpa de todo esto es de los socialistas, como siempre-- que el aeropuerto de Castellón será de interés general y de gestión privada.
Nosotros no tenemos nada contra la gestión privada, pero sí estamos en contra de la mala utilización de los recursos públicos. Se trata de un aeropuerto iniciado por la Diputación, con el proyecto pagado por la Diputación y expropiaciones pagadas por la Generalitat valenciana; sin embargo, se presenta como aeropuerto de todos y es un aeropuerto de uno sólo. Nosotros no tenemos nada, en contra de ese aeropuerto, lo vamos a apoyar, pero queremos que sea de todos y de todos los castellonenses.
En cuanto al Plan director, usted sabe que eso no significa nada. Si usted lo ha calificado previamente como aeropuerto de interés general, ese aeropuerto tiene que tener, lógicamente, un plan director; pero díganos, por favor, ¿es de interés general?, ¿es de gestión privada? Eso es lo que la sociedad castellonense quiere saber.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau. Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Gracias, señora Presidenta.Teniendo en cuenta que durante catorce años no han cambiado la Ley de Navegación Aérea --y también ponía Ministerio del Aire--, fíjense la credibilidad que tiene la argumentación del señor Arnau, que es parlamentario desde el año 1982. (Risas.) Es de una autoridad política considerable, pero en fin, ¡allá cada cual! Cada uno tiene derecho a hacerse su autorretrato, señor Arnau, pero he buscado si usted había tomado alguna iniciativa a favor del aeropuerto de Castellón durante esos catorce años y no la he encontrado. (Risas.) Por lo tanto, entiendo que lo que le molesta es el aeropuerto de Castellón; le molesta que esté avanzando el expediente del aeropuerto de Castellón y que esté avanzando por su orden, porque como está planteado como un aeropuerto internacional, de acuerdo con el artículo 1 del decreto de calificación de aeropuertos civiles, tiene que ser de interés general. No es que pueda serlo o no, es que tiene que ser de interés general a petición del promotor, será de interés general y de gestión privada. (El señor Arnau Navarro pronuncia palabras que no se perciben.) El segundo error de su señoría es que cree que eso es un obstáculo para que sea un aeropuerto de todos porque ignora que los aeropuertos se financian con tasas aeroportuarias y éstas las percibe el que lo gestiona, señor Arnau, y el Estado, está obligado, en virtud de este Decreto, a ocuparse de los servicios aeronáuticos que sirven para instrumentar la ordenación del tráfico aéreo --es decir, todo lo que hace referencia a la navegación aérea--, y el resto de los servicios no imprescindibles para la ordenación de la navegación aérea, al ser de gestión privada, los puede gestionar el promotor del aeropuerto, que es el supuesto en el que nos encontramos.
Además, ya he dicho que tiene el informe favorable previo de la comisión interministerial y declaración de impacto ambiental, condiciones imprescindibles para que se pueda declarar de interés general, que será el paso siguiente, señora Presidenta, que firmaremos el señor Ministro de Defensa y del de Fomento en las próximas fechas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Fomento.
Señorías, según el orden facilitado por el Gobierno, la siguiente pregunta le corresponde responderla a señor Ministro de Asuntos Exteriores y, después, al Ministro de Administraciones Públicas. Como ninguno de los dos están presentes en este momento, pero sí están disponibles el señor Ministro de Hacienda y el Senador Capdevila, que es quien tiene que formularle la pregunta, sino hay inconveniente, podríamos pasar a esta pregunta. (El señor Capdevila i Bas hace signos afirmativos.)

--DE DON SALVADOR CAPDEVILA I BAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS PARAMETROS Y REFERENCIAS QUE HA UTILIZADO LA COMISION EJECUTIVA DE LA COMISION INTERMINISTERIAL DE RETRIBUCIONES (CECIR) PARA DETERMINAR EL NIVEL REAL DE LOS SUELDOS BRUTOS APROBADOS POR RESOLUCION DE 28 DE MARZO DE 2001 (680/000446).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Salvador Capdevila i Bas, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los parámetros y referencias que ha utilizado la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones (CECIR) para determinar el nivel real de los sueldos brutos aprobados por Resolución de 28 de marzo de 2001.
Tiene la palabra el Senador Capdevila i Bas.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, esta pregunta que ha enunciado nuestra Presidenta es una pregunta antigua pero, desgraciadamente, de unos efectos actuales rabiosos.
Hay que hacer memoria y referirnos al Pleno del Senado del día 30 de noviembre de 1999, con ocasión de la aprobación del protocolo de Copenhague de la doble imposición de impuestos entre España y Dinamarca, en cuyo artículo 19 de dicho convenio modifica la situación y anterior y, concretamente a partir del 1í de enero del año 2001, el personal laboral contratado por la Embajada pasaba a tributar por la presión fiscal de Dinamarca en lugar de España, como había ocurrido hasta entonces.
Asimismo, hay que significar que este personal laboral, antes de ser contratado, era informado por el empleador, España, de que estos trabajadores no estarían sometidos a

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la imposición fiscal de Dinamarca, sino que continuarían estándolo como no residentes y, por lo tanto, con la presión fiscal del 8 por ciento.
Con la reforma del artículo 19 de este convenio pasan, pues; a tributar por las normas tributarias del país donde prestan el trabajo y, por lo tanto, con una presión fiscal que va del 40 al 59 por ciento.
El artículo 36.4í de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2001 prevé que los Ministerios de Hacienda y Administraciones Públicas determinarán y, en su caso, actualizarán las retribuciones del personal laboral exterior de acuerdo con las circunstancias específicas de cada país.
La CECIR, es decir, la Comisión Ejecutiva de la Comisión Interministerial de Retribuciones, en fecha 28 de marzo de 2001, rectificó estas retribuciones; fijándose unas remuneraciones máximas por estas categorías laborales que en nada se asoman a las que realmente corresponden por este tipo de categoría laboral en las localidades de referencia.
Por consiguiente, la pregunta es: ¿a qué parámetros se refirieron para fijar estas retribuciones máximas? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Efectivamente ha habido un cambio en el régimen fiscal de estos trabajadores que, además, ha afectado a los trabajadores en Dinamarca y en Noruega y ello ha supuesto una minoración de sus retribuciones.
Como sabe su señoría, la Administración lo que hace es fijar las condiciones salariales de sus trabajadores atendiendo a los puestos de trabajo que ocupan y al trabajo que desarrollan, no al régimen fiscal al que, están acogidos ni a las circunstancias fiscales personales que pudieran concurrir en cada uno de ellos. Esa es la distinción que debemos hacer, señoría.
En el caso del personal laboral en el exterior, se tienen en cuenta además las condiciones y sueldos existentes en los respectivos países.
Así, tanto el caso danés como en el noruego, la CECIR analizó las retribuciones de los 52 trabajadores incluidos en la propuesta, exactamente 31 en Dinamarca y 21 en Noruega. Este análisis dio como resultado que las retribuciones estaban efectivamente por debajo, de las que ofrecía el mercado local.
Para subsanar estas deficiencias, la CECIR procedió a un estudio detallado basado en datos oficiales de los organismos nacionales de Estadística de ambos países y en la información solicitada a las organizaciones sindicales y empresariales. Con esta información, se pudieron establecer criterios de remuneración para puestos de trabajo equivalentes y adaptar así los sueldos del personal laboral afectado.
Por resolución de 28 de marzo de 2001, la CECIR acordó finalmente una revisión de retribuciones de los puestos de trabajo del personal laboral en Dinamarca y Noruega y se fijó un límite alas retribuciones de las distintas categorías laborales en dichos países.
Gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro. Tiene la palabra el Senador Capdevila.


El señor CAPDEVILA I BAS: Gracias, señora Presidenta. Es verdad que, tal como he leído, las retribuciones tienen que fijarse a tenor del artículo 36.4 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, pero las quejas continúan porque usted sabe perfectamente que cuando este personal fue contratado se hizo a la baja, es decir, que en su momento se concertó un salario más bajo de lo que era normal y prescriptible en el mercado laboral local dada la repercusión fiscal menor a tenor de las normas tributarias de España.
Tengo aquí las referencias que me han facilitado respecto de la patronal danesa y los sueldos están muy por debajo del salario previsto en el mercado laboral local. El analista de mercado está en 517.000 coronas, cuando el fijado por la CECIR está en 319.000; el administrativo contable en 453.000 coronas, cuando el fijado por la CECIR está en 270.000; el administrativo en general en 362.000 coronas y el fijado por la CECIR en 245.000; el auxiliar administrativo en 333.000 coronas y el fijado por la CECIR en 220.000, y la categoría de ordenanza-conductor en 274.000 coronas según la patronal y el fijado por la CECIR 196.000. Ergo continuamos en esta situación a la baja de los sueldos fijados para el personal.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Capdevila.


--DE DON JOAN LERMA BLASCO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE EL CONTENIDO DEL ACUERDO ENTRE LA GENERALIDAD VALENCIANA Y EL MINISTERIO DE HACIENDA PARA ATAJAR EL ENDEUDAMIENTO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA (680/000487).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentisimo señor don Joan Lerma Blasco, del Grupo Parlamentario Socialista; sobre el contenido del acuerdo entre la Generalitat Valenciana y el Ministerio de Hacienda para atajar el endeudamiento de la Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el Senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias.
Señor Ministro, hace unos días el Presidente de la Generalidad explicaba que tiene un plan de saneamiento para atajar el exceso de deuda que cuenta con el visto bueno del Ministerio de Hacienda. Como el Presidente de la Generalidad no quiso decirlo en las Cortes Valencianas, yo le pregunto a usted si para atajar el exceso de endeudamiento -que ronda los 400.000 millones de pesetas-- tiene ese plan de saneamiento y si lo conoce usted y cuenta efectivamente con su visto bueno.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


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El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, no existe ningún plan de saneamiento con ninguna Comunidad Autónoma de España.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Lerma Blasco.


El señor LERMA BLASCO: Muchas gracias, porque ahora sabemos que efectivamente no existe el plan de saneamiento y por tanto puedo mostrar mi preocupación ante la inexistencia de ese plan, puesto que el endeudamiento de la Generalidad, Valenciana supera o ronda el billón de pesetas --el endeudamiento ha tenido un crecimiento espectacular: desde el 6,4 por ciento del PIB en el año 1995 a más del 10 por ciento actualmente--. Y no sólo quiero mostrar mi preocupación aquí --me gustaría poder mostrarla también allí-- porque no exista un plan de saneamiento, sino sobre todo por una cosa que a veces el señor Ministro dice que planteo confusamente y es que el nuevo modelo de financiación y las nuevas circunstancias económicas no van a ayudar precisamente a mejorar esa situación.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Lerma.
Tiene la palabra el señor Ministro de Hacienda.


El señor MINISTRO DE HACIENDA (Montoro Romero): Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, el Senador Lerma confunde siempre ál Ministro de Hacienda, tiene usted toda la razón, señoría, y ha vuelto a hacerlo esta mañana, lo confieso públicamente. Porque, Senador, el nuevo sistema de financiación autonómica ha sido votado a favor por todos los Gobiernos autonómicos de España, incluyendo los del Partido Socialista, y yo imagino que usted, como Miembro del Partido Socialista que supongo que es, respalda algo que ha apoyado la dirección del Partido Socialista. Pero día tras día que usted se levanta en esta Cámara lo hace con tal peculiaridad que lo que muestra es la coherencia interna del Partido Socialista; señoría, eso es lo que usted está mostrando día a día aquí. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Yo imagino que como ahora vendrán a las Cámaras unas leyes de financiación autonómica su señoría votará en sentido negativo; imagino que va a hacer eso realmente, con lo que volveremos a ver lo que es esa cohesión interna de la que hoy goza el Partido Socialista bajo, la dirección del señor Rodríguez Zapatero. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Muy bien, señor Lerma, siga usted haciendo esas preguntas a este Gobierno. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Lerma Blasco pide la palabra.) La señora PRESIDENTA: Senador Lerma, el problema es que son dos turnos; usted no consumió su tiempo, pero sí los dos turnos. No me es posible volver a darle la palabra.
(Rumores.--Protestas.)

--DE DOÑA ROSA MARIA POSADA CHAPADO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA ACTIVIDAD QUE ESTA DESARROLLANDO EL MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES PARA PREPARAR LA PRESIDENCIA ESPAÑOLA DE LA UNION EUROPEA EN EL AÑO 2002 (680/000475).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de la excelentísima señora doña Rosa María Posada Chapado, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la actividad que está desarrollando el Ministerio de Asuntos Exteriores para preparar la presidencia española de la Unión Europea en el año 2002.
Tiene la palabra la Senadora Posada.


La señora POSADA CHAPADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, buenos días a todos. Quiero, en primer lugar, agradecer su presencia, señor Ministro, nuevamente hoy en el Senado, y quiero hacerlo expresamente porque si siempre la agenda de un Ministro de Asuntos Exteriores puede producir en el común de los mortales un cierto vértigo, me parece obligado reconocer que durante las últimas cuatro semanas su agenda ha sido especialmente difícil, especialmente intensa.
Unas dificultades y preocupaciones que todos compartimos ante una crisis mundial, que sabemos cómo y cuándo empezó, pero que nadie sabe cómo y cuándo terminará. Pero aunque su presencia en este pleno provoque el deseo de hablar del estado de este conflicto, debo retomar la pregunta que tengo el honor de plantearle, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, y que se refiere, señor Ministro, a la preparación de la presidencia española en la Unión Europea que se inicia, como todos conocemos, el primero de enero del año próximo. Organización, señorías, que supone un desafío formidable y una enorme carga de trabajo para todos los Ministerios que participan en la presidencia, pero especialmente para el Ministerio de Asuntos Exteriores y para su Ministro.
Sabemos, señor Ministro, que consciente el Gobierno de las dificultades que supone la organización del semestre español y deseosos todos de que nuestra presidencia sea un éxito, hace más de un año se creó el Comité organizador de la presidencia, y ese Comité ha ido trabajando todos estos meses.
Señor Ministro, ¿cómo está el proceso de preparación? ¿Qué documentos y qué programas están consolidados? Agradezco de antemano, señor Ministro, su información, que no dudo irá usted actualizando en la medida de lo posible en sucesivas comparecencias.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Posada.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


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El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señoría. Efectivamente estamos en unos momentos de especial turbulencia internacional, que está afectando a todas nuestras agendas, también a la agenda política, y sin ninguna duda a la agenda diplomática, y va a modificar también la agenda de la presidencia española de la Unión Europea, porque previsiblemente toda esta situación va a seguir afectándonos a todos a lo largo de los próximos meses. Pero es cierto que, siendo esto así, y por tanto teniendo que incrementar sin ninguna duda nuestra actividad diplomática como Presidentes de la Unión Europea en todos los países de Asia Central implicados ahora en el conflicto, pero también en todos los países árabes y musulmanes, incluidos los del Mediterráneo, por tanto mereciendo también una especial atención el conflicto de Oriente Medio, la vida sigue, y hay que preparar la presidencia de una manera adecuada, y se está haciendo ya.
Se ha redactado un programa provisional de trabajos de los Consejos de Ministros de la Unión Europea que contiene además todos los asuntos que se pueden abordar durante la misma, con una ficha para cada uno de esos Consejos; hay también un documento programático de objetivos, que lógicamente se tiene que ir actualizando, y que por razones de cortesía, tanto en un caso como en otro, no se van a aprobar hasta noviembre y diciembre, porque se trata de ver cómo va trabajando la actual presidencia belga y, a partir de ahí, darle toda la continuidad necesaria. En cualquier caso, esos documentos se remitieron a finales del mes de agosto a la Comisión Mixta del Congreso y del Senado para la Unión Europea, y por tanto todas sus señorías están en disposición de conocerlos. Yo también tuve ocasión de explicar los objetivos de la presidencia en los trabajos preparatorios, en una comparecencia a petición propia, ante la Comisión Mixta, y lo que le puedo decir es que las cosas se están desarrollando bien y estamos trabajando para que la presidencia española sea un éxito, como lo fueron las anteriores, y a partir de ahí, contar como es natural con la responsabilidad por parte de todos.
También para esa preparación es necesario hacer una serie de trabajos diplomáticos previos. Por ejemplo, uno de los grandes retos de la presidencia española es darle un impulso definitivo al proceso de ampliación. Tenemos la voluntad de que, a finales del año 2002, muchos países hayan cerrado ya las negociaciones, para lo cual también es necesario visitar todos y cada uno de esos países, como efectivamente estoy haciendo ya y como lo está haciendo el Presidente del Gobierno.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON MANUEL PRADO LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA OPINION DEL GOBIERNO RESPECTO A LA AMPLIACION DE LA UNION EUROPEA (680/000479).
La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Prado López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la opinión del Gobierno respecto a la ampliación de la Unión Europea.
Tiene la palabra el Senador Prado López.


El señor PRADO LOPEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, en los últimos meses, se viene hablando con cierta asiduidad de la apertura de la Unión Europea hacia los países del Este y, consecuentemente, de su ampliación.
Se viene hablando también de los posibles problemas que dicha ampliación pueda ocasionar en nuestro país en orden a la libre circulación de personas y al reparto de los Fondos de Cohesión, ya que pensamos que las regiones españolas que se benefician de los fondos comunitarios no pueden estar sujetas de ningún modo a intercambios estadísticos motivados por la entrada de nuevos países.
Por esta razón, y partiendo de la base de que, por un lado, una prioridad política fundamental de la presidencia española es contribuir a un avance decisivo en las negociaciones sobre la ampliación, de acuerdo con los calendarios marcados, y, por otro, de que nuestro Gobierno va a seguir defendiendo con el mayor rigor posible, como ya viene siendo habitual, los intereses de nuestro país, formulo la siguiente pregunta: ¿Cuál es la opinión del Gobierno español respecto a la ampliación de la Unión Europea? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Prado.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchísimas gracias, señora Presidenta. Muchísimas gracias, señoría.
En efecto, el proceso de ampliación de la Unión Europea constituye una de nuestras máximas prioridades políticas por muchos motivos. Pero me gustaría destacar uno, que es que esta ampliación tiene un alcance todavía superior a la de otras ampliaciones que se han producido con anterioridad. Otras ampliaciones han incorporado a la Unión Europea inicial, al núcleo de los seis países del Tratado de Roma, países que eran democracias consolidadas y economías de mercado que en esos momentos pertenecían ya a una misma alianza militar defensiva: la Alianza Atlántica. Después, se fueron incorporando países como el nuestro, que aun siendo economías de mercado y formando ya parte de la OTAN, no éramos una democracia hasta poco antes de nuestra integración. Después se han incorporado países neutrales y ahora, por primera vez, vamos a incorporar países que, hasta hace muy poco, no eran democracias ni economías de mercado y que, además, en su inmensa mayoría, formaban parte de una alianza militar contraria a la alianza militar propia de los países occidentales. Por lo tanto, estamos ante un proceso de unificación de Europa que viene dado por la Historia y que tiene una trascendencia fuera de lo común.


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Sé que puede haber ciertas reservas o reticencias en determinados ámbitos respecto al impacto de la ampliación sobre España en términos de política regional, fondos estructurales y de cohesión, en términos de competencia, porque la mayoría de esos países son más pobres que España y tienen salarios más bajos. Hay toda una serie de elementos. Lo que le puedo decir es que para España, para el Gobierno español, la ampliación no puede ser vista fundamentalmente como un riesgo o como una amenaza. Como es lógico, defenderemos nuestros intereses sectoriales como corresponde.
Pero la ampliación es claramente una oportunidad. Un país con una de las economías más abiertas del mundo y, por lo tanto, muy proyectado hacia el exterior, un país que es el sexto país inversor del mundo en el exterior, no puede ver de otra manera que como una oportunidad el proceso de ampliación hacia el Este para estar presentes en unos países que, históricamente, han permanecido muy al margen de los intereses generales de España.
Por todo lo expuesto, creo que debemos acrecentar e intensificar nuestros trabajos para poder cumplir con los calendarios previstos que, hoy por hoy, establecen, de acuerdo con la Cumbre de Gotemburgo, que, a lo largo del año 2002 --y por tanto nos toca a nosotros una responsabilidad especial--, se puedan terminar las negociaciones con un gran número de países, es posible que hasta un máximo de diez, de tal forma que, después de los procesos de ratificación correspondientes, esos países puedan participar ya en las elecciones al Parlamento Europeo del año 2004 y puedan formar parte, en su caso, de la nueva Comisión Europea, que tiene que iniciar sus trabajos el 1 de enero del año 2005.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE CARRACAO GUTIERREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI CONSIDERA EL GOBIERNO QUE EL ACUERDO CON EL REINO UNIDO RESPECTO A LA NORMATIVA COMUNITARIA DE CIELO UNICO FAVORECERA LA ENTRADA EN VIGOR DEL ACUERDO DE DICIEMBRE DE 1987 SOBRE UTILIZACION CONJUNTA DEL AEROPUERTO DE GIBRALTAR (680/000484).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Carracao Gutiérrez, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si el Gobierno considera que el acuerdo con el Reino Unido respecto a la normativa comunitaria de cielo único favorecerá la entrada en vigor del Acuerdo de diciembre de 1987 sobre utilización conjunta del aeropuerto de Gibraltar.
Tiene la palabra el Senador Carracao Gutiérrez.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, nos hemos enterado de un principio de acuerdo con el Reino Unido, a través del cual le desbloquearía la aplicación de la normativa comunitaria de cielo único. No se han hecho públicos los términos de ese principio de acuerdo. Sí sabemos que el aeropuerto de Gibraltar quedaría excluido de las medidas liberalizadoras del transporte aéreo comunitario. Ese aeropuerto, como su señoría bien sabe, fue construido en terrenos que no fueron cedidos. Todos los gobiernos han hecho constar oportunamente sus protestas por esa apropiación indebida.
Esa postura se ha mantenido con tal rigor y precisión que incluso el informe denominado Kershaw de la Comisión de Asuntos Exteriores de la Cámara de los Comunes de 1981 calificaba como de dudosa la soberanía sobre el istmo, y sobre el propio aeropuerto. Ese ha sido el fundamento de la postura española ante el paquete de medidas liberalizadoras del transporte aéreo comunitario de 1987. Es algo tan evidente que desde que se inicia, el proceso negociador de Bruselas, las conversaciones sobre e1 aeropuerto estuvieron orientadas, con muy buena disposición por ambas partes, a buscar una fórmula que permitiera el funcionamiento del aeropuerto sin que la controversia sobre la soberanía del istmo, y esa fórmula se encontró, precisamente producto de intensas negociaciones, en el segundo semestre del año 1987, y está recogida en la declaración conjunta, del 2 de diciembre, de Londres de 1987.
El acuerdo de uso conjunto que contiene esa declaración está concebido, yo diría casi exclusivamente para neutralizar las repercusiones de la controversia de soberanía. Hasta ahora su señoría sabe que hemos utilizado precisamente la legislación comunitaria como medida de presión ante el Reino Unido para que se cumpla ese acuerdo.
Desearía saber, tal y como expresó la señora Presidenta, si esta nueva situación va a favorecer la entrada en funcionamiento del acuerdo de utilización conjunta de 1987.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Ha hecho una descripción de los acontecimientos absolutamente exacta y, por lo tanto, me ahorra a mí volver sobre la misma. Le puedo confirmar que efectivamente hay un'principio de acuerdo que se va a materializar muy pronto entre el Reino Unido y España para que, una vez presentado el reglamento de cielos abiertos por parte de la Comisión, a través de una petición del Consejo de Ministros correspondiente competente, se introduzcan las llamadas cláusulas sobre Gibraltar que básicamente contienen dos principios. Uno primero es que la aplicación de los reglamentos comunitarios en ningún caso puede afectar a, lo que es el contencioso sobre la soberanía sobre el istmo y, por lo tanto, no predetermina ningún cambio de posiciones tanto por parte del Reino Unido, como, por parte de España y, después, el principio de no aplicabilidad de los reglamentos comunitarios mientras no se solucione ese tema del contencioso sobre el aeropuerto de Gibraltar que está

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construido efectivamente sobre territorio que España considera, creo que con todo el derecho español.
Hemos llegado al acuerdo de incluir esas dos cláusulas y, por lo tanto, desbloquear la situación. Esto no quiere decir que ya esté todo resuelto.
Hemos desbloqueado la posibilidad de que se presente el reglamento, ahora va a tener que haber una discusión por parte de todos los países para que finalmente ese reglamento se pueda poner en práctica, previsiblemente dentro de un par de años aproximadamente.
Otra cuestión es el acuerdo de 1987 sobre la utilización conjunta del aeropuerto. Yo creo que fue un acuerdo realmente muy imaginativo, de un gran contenido político y que permitía resolver la cuestión de la utilización del aeropuerto, sin entrar en la disputa sobre la soberanía.
Lo acordamos los dos gobiernos en su momento, pero no fue posible aplicarlo por la oposición de las autoridades gibraltareñas y por la inacción legislativa de las propias autoridades gibraltareñas necesaria para poner en marcha el mismo. Por tanto, yo no mezclaría las cosas.
Nosotros seguimos trabajando a nivel comunitario. Nuestra relación con el Reino Unido en estos momentos es muy fluida. Como sabe usted, además, en otro ámbito hemos reiniciado ya el llamado proceso de Bruselas para discutir de todo, incluido la soberanía, pero no hay que mezclar estas cosas, porque ahora de lo que se trata es de ver si en algún momento las autoridades gibraltareñas llegan a la conclusión de que ese acuerdo es beneficioso para todos, y España a partir de ahí va a cumplir lo, que acordó en su momento, y no tiene nada más que decir. Esperamos que el Reino Unido en ese momento pueda también cumplir con lo que firmó.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
El Senador Carracao tiene la palabra.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, lamento decirle que quizás, la tenacidad y la perspicacia de los diplomáticos británicos le han seducido a su señoría demasiado pronto. Sinceramente, creo que se ha rendido. Y estamos renunciando de manera implícita a que el acuerdo de 1987 se ponga en práctica.
Sepa su señoría que la fórmula de ese acuerdo es la única posible. No existe otra, señor Ministro. Y en eso coinciden todos los expertos, británicos y españoles. La historia juzgará estos hechos, téngalo usted muy presente. La única fórmula posible para desbloquear ese problema de cielo único, de utilización conjunta del aeropuerto es que el bloqueo lo levanten quienes tienen la situación bloqueada. Y no es otro que el Reino Unido, que se somete, por intereses inconfesables, a las exigencias de las autoridades de la Roca.
La estrategia británica ha sido, prácticamente desde inmediatamente después de firmar la declaración conjunta de 1987, la de conseguir que el aeropuerto de Gibraltar se abra al tráfico europeo por la vía de la modificación de ese acuerdo. Y lo van a conseguir, señor Ministro. Creo que usted no hace gala de esa fama de aguantar el resuello que tiene como catalán, señor Ministro. No está haciendo gala de eso. A la primera de cambio nos dejamos seducir, nos rendimos.
Sí, señor Ministro, no haga gestos de asombro. Dígame qué supone ese principio de acuerdo. Si la propia legislación comunitaria, en su preámbulo, contempla que el aeropuerto de Gibraltar queda excluido, entonces, ¿por qué prescinden ustedes de la única arma de presión ante el Reino Unido? ¿Por qué lo tiran ahora por la borda? ¿Qué supone este acuerdo?

La señora PRESIDENTA: Senador Carracao, su tiempo ha concluido.


El señor CARRACAO GUTIERREZ: Señor Ministro, respóndame a esto y dígame de verdad si usted ya desestima el acuerdo de 1987, y entonces lo damos por perdido, o si cree que es un acuerdo políticamente válido...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Carracao.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, pongo gestos de asombro porque estoy asombrado, y lo estoy por lo siguiente.
Usted mismo ha situado la responsabilidad de que no se cumpla el acuerdo no en España sino en el Reino Unido y en las autoridades de Gibraltar.
Por tanto, no me atribuya la responsabilidad. Otra cosa es que sigamos aplicando las mismas cláusulas que se han aplicado de forma inveterada desde hace muchísimos años para desbloquear el reglamento de cielo único.
Pero no mezclemos las cosas. El problema del aeropuerto de Gibraltar es uno y el desbloqueo de los reglamentos comunitarios es otro. Y la responsabilidad está donde está. Por tanto, no la lleve usted a otro sitio. Y le voy a decir otra cosa. Yo me puedo dejar seducir por muchísimas cosas y por muchísimas personas, pero, desde luego, no por la diplomacia británica.
Gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.


--DE DON JUAN JOSE LABORDA MARTIN, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA NECESIDAD DE INCREMENTAR LA INFORMACION A LAS CAMARAS SOBRE LA EVOLUCION DEL CONFLICTO BELICO INTERNACIONAL (680/000491).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Juan José Laborda Martín, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración del

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Gobierno en relación con la necesidad de incrementar la información a la Cámara sobre la evolución del conflicto bélico internacional.
Tiene la palabra el Senador Laborda Martín.


El señor LABORDA MARTIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, no sé si usted tiene la percepción de lo que los ciudadnos piensan y opinan en la calle. Yo tengo la percepción de que los ciudadanos creen que no hay proporción entre su grado de preocupación y de solidaridad con los norteamericanos y la manera, en mi opinión, lenta y un tanto doméstica con la que el Gobierno ha ido respondiendo a cada una de las fases de la crisis.
Yo tengo la percepción, señor Ministro, de que tampoco hay proporción entre los gestos con los que el Gobierno se ha dirigido al Gobierno norteamericano y los gestos con los que el Gobierno norteamericano ha respondido, atendido o se ha comunicado con el Gobierno español.
No siento ningún gusto en decir esto pero creo que es mi obligación ponérselo de relieve porque considero que una de las causas de que esto esté sucediendo radica en que la comunicación de este Gobierno con el Parlamento, con estas Cámaras, a lo largo de esta crisis no es buena. Y me parece que cuando un Gobierno prescinde del Parlamento, pierde peso específico.
Por tanto, quiero saber cuál es el programa del Gobierno para su relación con las Cámaras, si vamos a implicarnos de manera más potente en este problema militar y va a haber una petición de apoyo a las Cámaras y, en concreto, cuál es el programa del Gobierno respecto del Senado.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, yo no puedo competir con usted a la hora de captar la percepción que tienen los ciudadanos de una manera tan precisa. Los ciudadanos se expresan a través de las elecciones, los medios de comunicación también van reflejando una determinada opinión pública, y creo que en estos momentos la actitud y la posición de España son plenamente comprendidas y compartidas, como indican todos los sondeos de que se disponen.
Por otra parte, en mi opinión hay una clara correspondencia entre el esfuerzo que los Estados Unidos está haciendo contra el terrorismo y lo que estamos realizando desde España; algo que, desgraciadamente, venimos haciendo desde hace muchísimo tiempo ya que llevamos muchos años sufriendo el terrorismo. Por tanto, vamos a seguir actuando de la misma manera pero, desde luego, compartiendo con usted la necesidad de tener un diálogo muy fluido con el Parlamento; faltaría más.
Y tengo aquí una pequeña relación que me parece suficientemente explicativa de lo que quiero decir. El día 13 de septiembre, es decir, 48 horas después de los atentados, yo mismo comparecí --a petición propia, por cierto-- ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso. El día 19 de septiembre compareció el Presidente del Gobierno para responder a la sesión de control del Congreso. El día 26 también compareció el Presidente para hablar de las conclusiones del Consejo extraordinario de Ministros de la Unión Europea, que se refería a esta situación. El día 3 de octubre volví a comparecer ante la Comisión Mixta de la Unión Europea para informar sobre nuestra Presidencia, aunque también tratamos ampliamente todos estos aspectos de la situación internacional. El día 5 de este mismo mes he vuelto a comparecer ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso, de nuevo a petición propia. Y hoy mismo por la tarde vamos a comparecer el Ministro de Defensa y el Ministro que les habla. Asimismo, están previstas comparecencias de los Ministros de Justicia e Interior; el Secretario de Estado de Asuntos Exteriores comparecerá ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Senado el próximo día 15 y, como es sabido, el día 18 de este mes va a comparecer de nuevo el Presidente del Gobierno.
Le reto amistosamente, señor Laborda, a que busque precedentes en relación con otros conflictos internacionales. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El Senador Laborda tiene la palabra.


El señor LABORDA MARTIN: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, ésta no es una cuestión de retos ni de que exponga usted aquí una relación de las distintas comparecencias, que desde luego no han tenido un impacto entre la opinión pública en función del nivel de compromiso que, afortunadamente, ésta tiene en la resolución del conflictos. No estamos hablando sólo de un problema de apoyo porque nosotros tengamos un problema de terrorismo. Ya he dicho que a veces he percibido una cierta sensación doméstica en el planteamiento del Gobierno español, y creo que la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles está apoyando las acciones de los aliados y sienten una profunda preocupación por lo que ha sucedido sin pensar en que nosotros también tenemos un problema de terrorismo; es decir, que muchos de nosotros pensamos que si España no tuviera un problema con ETA también deberíamos prestar ese apoyo.
Por otro lado, en su relato no ha hecho una sola mención a esta Cámara, que se sitúa en el plano de la política internacional en un nivel más relevante que en lo que se refiere al resto de los asuntos legislativos en comparación con el Congreso. Y ya que usted ha dado esa relación, le diré que durante otra crisis, la del Golfo, su entonces Ministro de Asuntos Exteriores, de otro Gobierno, compareció en esta Cámara y tuvimos un debate en el Pleno para contrastar con los grupos parlamentarios --porque aquí no somos meras sucursales de los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados-- cuál era el estado de opinión.


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Todo lo que se haga en relación con el Parlamento, señor Ministro, no sobra, porque no estamos sólo ante una amenaza de nuestra civilización material sino también ante una amenaza de nuestros valores culturales y políticos; sencillamente, ahora está amenazada nuestra concepción laica y tolerante de la convivencia y del Estado. Por tanto, le pido que en su próximo turno exprese con más énfasis, con más emoción, y con un mayor grado de compromiso cuál es la relación que el Gobierno va a tener con las Cámaras en tanto dure un proceso que parece efectivamente prolongado.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Laborda.
Tiene la palabra el señor Ministro de Asuntos Exteriores.


El señor MINISTRO DE ASUNTOS EXTERIORES (Piqué i Camps): Muchas gracias.
Con independencia de que comparecí ante esta Cámara en la Comisión Mixta y de que también he anunciado la comparecencia del Secretario de Estado de Asuntos Exteriores para dentro de muy pocos días, le voy a decir lo que pienso al respecto. Tengo plena disponibilidad de acudir a las Cámaras. Contando con la comparecencia de esta tarde, durante este mes escaso que se cumple mañana desde los hechos del día 11 de septiembre he comparecido cuatro veces ante las Cámaras, y dejo aparte mi comparecencia ante la Comisión Mixta. Teniendo en cuenta que, de los últimos 30 días, casi 20 he estado de viaje, me parece difícil que se pueda pedir al Ministro de Asuntos Exteriores mayor disponibilidad frente al Parlamento, y se lo digo con toda sinceridad. Pero, dicho esto, estoy dispuesto a hacer más, y por tanto, a comparecer ante esta Cámara cuando se me requiera; es más, voy a solicitar una comparecencia a petición propia.
Muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Asuntos Exteriores.


--DE DOÑA MARIA ISABEL FLORES FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI RESPALDA EL GOBIERNO LAS DECLARACIONES DEL DELEGADO DEL GOBIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA EN RELACION CON LA PROPUESTA DE TRANSFERENCIAS REALIZADA POR LA JUNTA DE ANDALUCIA (680/000489).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora, doña María Isabel Flores Fernández, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si respalda el Gobierno las declaraciones del Delegado del Gobierno en la Comunidad Autónoma de Andalucía en relación con la propuesta de transferencias realizada por la Junta de Andalucía.
Tiene la palabra la Senadora Flores Fernández.
La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en los términos expresados por su señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra el señor Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, dispongo aquí de la transcripción literal de las declaraciones del Delegado del Gobierno en Andalucía que considero sustancialmente correctas, aunque contienen un pequeño error.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra la Senadora Flores.


La señora FLORES FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la verdad es que coincido por una vez con el Ministro de Asuntos Exteriores, señor Piqué. Yo también estoy asombrada y perpleja por su contestación, tal como dicen los miembros de su Grupo cada vez que nosotros intervenimos. Si las declaraciones del Delegado son sustancialmente correctas pero contienen un pequeño error, quizá nos tendría que haber explicado usted aquí cuál era aquél.
Leí en un diario --que le aseguro no es ni mucho menos proclive a la Junta de Andalucía, pues se trata del ABC del martes, día 2 de octubre-- que no habrá transferencias de competencias del Gobierno central a la Junta; así de contundente se pronunció ayer el Delegado del Gobierno en Andalucía, y además, por lo visto en presencia de la señora Subsecretaria del Ministerio de Administraciones Públicas, doña María Dolores Cospedal.
Ante esta noticia solicitaba yo que se clarificara esta cuestión para que pudiéramos saber si estábamos ante otra incontinencia verbal del señor Torres, a las que nos tiene bastante acostumbrados a los andaluces. A este respecto, me imagino que recordará usted las desafortunadas declaraciones que hizo cuando asesinaron al Fiscal Portero o recientemente a propósito de la inmigración, o cuando recomendó que todos solicitáramos seguridad privada. Pensé que podía haber habido algo de eso, pero me extrañaba que en un tema de tanta envergadura el señor Torres fuera por libre. Confieso que pensé honradamente que se trataba de un globo sonda que ustedes le habían pedido que lanzara para tantear.
Por último, y siendo un poco mal pensada, pues por mi condición de Senadora por la Comunidad Autónoma sufro, en el buen sentido de la palabra, la dura oposición que los miembros de su Grupo ejercen hacia la Junta de Andalucía, tal como es su obligación hacer, pensé que quien manda desde Génova había dicho nuevamente que había que echar el freno, tal como ya ha ocurrido alguna otra vez.


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El señor Aparicio, aquí presente, recordará el desdichado episodio de las fallidas transferencias en políticas activas de empleo.
En mi opinión, el señor Torres confunde su papel institucional con la oposición al Gobierno de la Junta de Andalucía que su Grupo, aunque duro, lo hace mal. El derecho de la oposición a controlarles debe ir parejo a su obligación de contestar, y eso, que ustedes ejercen tan bien cuando son oposición, lo olvidan cuando son gobierno. Usted tiene ahora derecho a contestar, en tanto que yo no lo tengo a replicar, y por tanto, usted me contestará. En mi opinión, ha perdido usted la oportunidad de demostrar un talante distinto a ese que, desde las primeras intervenciones de esta mañana he comprobado que venía bronco, de poca altura política y con bastante mal estilo, si me permite que se lo diga.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Flores.
Tiene la palabra el Ministro de Administraciones Públicas.


El señor MINISTRO DE ADMINISTRACIONES PUBLICAS (Posada Moreno): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, en ningún momento vengo yo con un espíritu bronco, sino que, muy al contrario, voy a contestarle con absoluta normalidad. Tengo aquí la transcripción textual de las declaraciones donde se dice: realmente las transferencias en este momento...
Simplemente hay un documento, que yo diría que más que un documento es un folio, que presenta el señor Zarrías cuando va a ver al Ministro Posadas.
Aquí está el error, es Posada, no Posadas, pero es un error pequeño.
(Risas.) En este folio aparecen una serie de inquietudes de la Junta, pero sin ninguna base legal, normativa o documentada para proceder a unas transferencias, sobre todo algunas tan importantes como las que se planteaban, incluida la creación de la policía autónoma. En efecto, en esta reunión que yo mantuve con el señor Zarrías me dio dos folios, una simple relación, cosa que me parece muy oportuna porque lo que estábamos dando era una vuelta a cómo se encontraba la situación de las relaciones con Andalucía. En estos dos folios hay cosas tan diferentes como, por ejemplo, transferencias que ya se han hecho pero que el señor Zarrías considera que no están bien dotadas, como puede ser asistencia y servicios sociales del Instituto Social de la Marina, traspaso de la ejecución de la legislación sobre productos farmacéuticos o centros escolares dependientes del Ministerio de Defensa. Hay otras que se están estudiando en ponencia técnica y que llevan su marcha, como pueden ser mediaciones de seguro privado, ampliación de los medios traspasados en materia de patrimonio arquitectónico y control de la calidad de edificación y vivienda; otras, tienen un carácter muy puntual, como puede ser el traspaso del laboratorio animal de Santa Fe, Granada, y otras tienen otra amplitud, como la que usted se ha referido de traspaso de la gestión realizada por el Instituto Nacional de Empleo en el ámbito del trabajo, del empleo y la formación. Las políticas activas de empleo, como ya le he dicho y he reiterado aquí, las hemos transferido ya a Asturias, a Extremadura, espero el lunes hacerlo a Castilla y León, a final de mes a Baleares y espero que podamos resolverlo en Andalucía. Había otros temas como el de las confederaciones hidrográficas y obras hidráulicas.
Ahí hay una diferencia sustancial de interpretación de la Constitución entre unos y otros.
Finalmente, señalaba el Delegado del Gobierno en Andalucía el tema de la policía autónoma. Ahí sí debo decir que es un tema de una enorme trascendencia y que exige unos estudios que no se han hecho, y eso se reconoce por el propio señor Zarrías. Hay incluso dos acuerdos firmados que están funcionando razonablemente bien. Por lo tanto, parece como si hubiera un cambio de posición y eso hay que estudiarlo mucho más. Por consiguiente, yo creo que esas declaraciones que hace el Delegado del Gobierno no hacen más que reflejar una realidad que es una continua relación de transferencias, algunas se harán pronto, y yo espero que muy pronto, y otras tendremos más dificultades porque hay visiones diferentes sobre las cosas.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Administraciones Públicas.


--DE DON OVIDIO SANCHEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEDIDAS QUE ESTA PROMOVIENDO EL MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA PARA INCREMENTAR LA SEGURIDAD EN LA RED (680/000476).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del excelentísimo señor don Ovidio Sánchez Díaz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las medidas que está promoviendo el Ministerio de Ciencia y Tecnología para incrementar la seguridad en la red.
Tiene la palabra el Senador Sánchez Díaz.


El señor SANCHEZ DIAZ: Gracias, señora Presidenta.
Doy por reproducida la pregunta en sus justos términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Ministerio está en estos momentos actuando en varios frentes tanto en el frente nacional como en el frente internacional. A nivel internacional, con la participación activa en el grupo de trabajo de telecomunicaciones del Consejo de la Unión Europea y de la Comisión para la elaboración del que hoy aún no existe plan de seguridad para la información y las comunicaciones en la Unión Europea y que está previsto que esté realizado a finales del presente año. Pero en España se ha avanzado y se han tomado una serie de medidas, medidas en la puesta en marcha

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del Centro de Alerta Temprana de Virus Informáticos, que como continuación de la primera campaña antivirus del año pasado ha realizado en los meses de agosto y septiembre cuatro alertas, detectándose 122 nuevos virus y teniendo en estos momentos casi 100.000 suscriptores en relación con este aspecto de protección antivirus.
Asimismo se han atendido más de medio millón de consultas en estos dos meses. Además del Centro de Alerta Temprana de Virus hay otros aspectos que son tan importante como éste para la realización y el desarrollo de la sociedad de la información y, en particular, de la seguridad de la red. Me estoy refiriendo evidentemente al ámbito normativo.
La elaboración del anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información y del comercio electrónico y los primeros trabajos para la elaboración de un anteproyecto de ley de firma electrónica, que ha de reforzarlas garantías actuales va a permitir certidumbre y seguridad mayor en la red para todos los actores, usuarios y proveedores de servicios. Además, hay ya un plan de actuación en proyectos concretos, como el programa Pista sobre la firma electrónica en el que se está trabajando para el desarrollo del DNI electrónico.
Dentro del programa PROFIT se ha apoyado una línea específica de seguridad de la información, habiéndose aprobado ya en el año 2000 un total de 15 proyectos y más de 20 ó 25 están presentados para este año 2001. Además, se han tomado iniciativas muy importantes porque este aspecto requiere la autorregulación respecto de contenidos nocivos. En este caso se apoyan iniciativas como el portal Capitán Net participado por la UNICEF y el Comité español, iniciativas de retirada de contenidos ilícitos y nocivas para la juventud y la infancia.
En todo caso, los ministerios de Justicia e Interior ya han adoptado medidas concretas de prevención y persecución de las actividades ilícitas a través de la red. Quiero destacar que en los últimos informes de la Unión Europea ya se reconoce que España destaca por encima de muchos de los países y, en particular, de la media de la Unión Europea en cuanto en que acusa en menor medida los problemas relacionados con la seguridad.
Por lo tanto, las medidas tomadas ya están dando sus resultados. Por ejemplo, la incidencia de los virus afecta al 5,3 por ciento de los usuarios españoles y ha tenido un nivel de incidencia menor que la media europea que se sitúa en el 8 por ciento. Lo mismo está ocurriendo con las tarjetas de crédito y, por consiguiente, las medidas de seguridad están siendo, y seguro que lo serán aún más, efectivas para tener una red segura que de confianza, certidumbre y permita desarrollar los servicios de la sociedad de la información.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
¿Senador Sánchez, quiere intervenir? Gracias.


--DE DOÑA TERESA GARCIA AVILES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS CONCLUSIONES QUE SE HAN ALCANZADO EN LA REUNION DE MINISTROS IBEROAMERICANOS DE TELECOMUNICACIONES Y SOCIEDAD DE LA INFORMACION, CELEBRADA EN MADRID LOS DIAS 27 Y 28 DE SEPTIEMBRE DEL PRESENTE AÑO (680/000480).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de la excelentísima señora doña Teresa García Avilés, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las conclusiones que se han alcanzado en la reunión de ministros iberoamericanos de Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, celebrada en Madrid los días 27 y 28 de septiembre del presente año.
Tiene la palabra la Senadora García Avilés.


La señora GARCIA AVILES: Muchas gracia señora Presidenta.
Gracias, señora Ministra.
Señorías, España ya ha dejado claro a la Unión Europea su voluntad de formar parte de un proceso de integración abierto al resto del mundo y muy en particular a la Comunidad Iberoamérica con la que deben reforzarse los lazos de cooperación y hacerlos extensibles a las oportunidades que ofrece la sociedad de la información, para lo cual contamos con un patrimonio común excepcional que es la lengua española.
Sabemos que dentro del plan de acción Info XXI, aprobado por el Gobierno español, existen importantes acciones encaminadas a la creación de contenidos en la red en lengua española, pero también es responsabilidad de todos los gobiernos iberoamericanos colaborar y potenciar todas aquellas acciones dirigidas a la creación de contenidos en lengua española y a facilitar el acceso de las comunidades iberoamericanas a la sociedad de la información. Por todo ello, tiene una gran importancia la reciente reunión de representantes gubernamentales Iberoamericanos. En concreto, señora Ministra, le pedimos que informe a esta Cámara sobre las conclusiones que se han alcanzado en la reunión de ministros iberoamericanos de Telecomunicacioes y Sociedad de la Información celebrada en Madrid los días 27 y 28 de septiembre del presente año.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Senadora.
Tiene la palabra la señora Ministra de Ciencia y Tecnología.


La señora MINISTRA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA (Birulés Bertrán): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, forma parte efectivamente del plan de actuación Info XXI el desarrollo de contenidos digitales basados en el conjunto de nuestras lenguas, el patrimonio nacional, el patrimonio histórico, el patrimonio natural y, en particular, el aprovechamiento del activo que significa en este ámbito del alcance del español, en particular con la Comunidad Iberoamericana.


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En este sentido, tras la celebración del primer Foro hispano-andino de nuevas tecnologías de la información y la comunicación, celebrado en julio de 2001 en Cartagena de Indias, en que ya anuncié como una de las prioridades de la propia Presidencia española de la Unión Europea la cooperación con Iberoamérica en todas las áreas y en especial con la sociedad de la información, hemos celebrado esta primera reunión de los ministros iberoamericanos de Telecomunicaciones y Sociedad de la Información, en la que han participado 19 países y en la que se da cumplimiento al mandato de la X Cumbre Iberoamericana de jefes de Estado y de Gobierno, celebrada en Panamá los días 17 y 18 de noviembre del año 2000.
Además, se han adoptado un conjunto de acuerdos que se elevarán a la próxima Cumbre de jefes de Estado y de Gobierno que se celebrará en Lima en el próximo mes de noviembre.
Quisiera destacar algunos de estos acuerdos. En primer lugar, avanzar en la definición de una estrategia común para la implantación de la sociedad de la información en Iberoamérica como acción encaminada a disminuir la brecha digital y crear para ello un portal que integre el conjunto de la información actualizada, legal, comercial, fiscal y aduanera que agilice las transacciones entre los países iberoamericanos profundizando, además, en el desarrollo de algo que ya se ha iniciado, que es el proyecto Ciberamérica, a través del cual se crea una comunidad virtual iberoamericana que contribuya a consolidar el espacio institucional, económico, social y cultural, habiéndose establecido un grupo de expertos que están desarrollando el diseño y la plataforma tecnológica de dicha comunidad virtual.
Otro acuerdo consiste en crear un portal educativo iberoamericano que facilite el intercambio de experiencias, proyectos y contenidos técnicos, científicos y culturales y que, además, promueva la constitución de redes de profesores y alumnos y centros de investigación.
Asimismo, se pretende intensificar la cooperación científica y tecnológica que promueve el programa CITEC a fin de generar en la comunidad iberoamericana mayor capacidad de innovación, poner en marcha la iniciativa cibermedia, desde donde se va a catalizar la creación de contenidos digitales en español y en portugués y promover el uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones en las pequeñas y medianas empresas.
Finalmente, otro objetivo es continuar con los trabajos de algo que es muy relevante, que es el Foro de reflexión iberoamericano sobre propiedad intelectual en el nuevo entorno digital.
Por lo tanto, señoría, creo que se avanza significativamente en el cumplimiento de los objetivos del Ministerio de Ciencia y Tecnología de fortalecer la cooperación iberoamericana y hacer del desarrollo de los contenidos digitales la explotación de nuestro patrimonio y de nuestro idioma común para integrarnos con éxito en la sociedad de la información.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora García Avilés.
La señora GARCIA AVILES: Muchas gracias, señora Ministra.
Conscientes de los grandes retos que su Ministerio tiene planteados, desde nuestro Grupo valoramos muy positivamente el trabajo que están realizando en su Ministerio, con usted a la cabeza, y que sin duda conseguirá integrar plenamente a España en la sociedad de la información.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.


--DE DON DOMéNEC SESMILO I RIUS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DEL TRIBUNAL DE CUENTAS SOBRE LA FORMACION CONTINUA, EN LO QUE SE REFIERE A LA FUNDACION PARA LA FORMACION CONTINUA (FORCEM) (680/000467).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Domènec Sesmilo i Rius, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para dar cumplimiento a las recomendaciones del Tribunal de Cuentas sobre la formación continua, en lo que se refiere a la Fundación para la Formación Continua (FORCEM).
Tiene la palabra el Senador Sesmilo i Rius.


El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, le supongo conocedor de las recomendaciones que figuran en los informes de fiscalización del Tribunal de Cuentas. Estas recomendaciones, según los casos, se hacen al FORCEM, otras al Ministerio, otras al INEM, otras al Gobierno en general, y simplemente quería saber qué medidas ha tomado usted, su Ministerio o el Gobierno en general para que estas recomendaciones, si es que consideran que las han de cumplir, vayan tomando cuerpo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sesmilo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, sin duda ninguna son recomendaciones que estamos intentando poner en marcha de la manera más diligente posible, aunque como bien señalaba su señoría no son todas de responsabilidad directa de nuestro propio Departamento.
Los informes de fiscalización que ha ido realizando el Tribunal de Cuentas corresponden a los períodos 1993-1995 y 1996-1998, y recogen distintas recomendaciones.


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También ha habido recomendaciones con motivo de la liquidación del primer acuerdo nacional de formación continua, ya que ha realizado informes de fiscalización especial correspondiente a estos períodos.
Si tomamos como base el primero de los informes referidos, el que corresponde al período 1993-1995, se puede ver que existe un amplísimo número de recomendaciones, entre las cuales me atrevo a señalar alguna que sí tiene importancia y que ha recibido respuesta, por ejemplo, la ampliación de la formación continua al ámbito de la economía social.
Por lo que respecta al informe de fiscalización 1996-1998 --que aún está en fase de anteproyecto aunque haya sido conocido, bien que parcialmente, por los medios de comunicación--, entre las recomendaciones efectuadas algunas están siendo recogidas para su aplicación en la convocatoria de 2001 y creemos que otras podrán ser aplicables al año 2002.
En cuanto a los informes especiales referentes a liquidación del primer acuerdo, destacaría algunas materias. En relación con la recomendación de reanualización de los fondos para que puedan ser destinados a ejercicios siguientes, el acuerdo tripartito de formación continua vigente para el período 2001-2004 establece el compromiso de Gobierno y de interlocutores sociales de estudiar medidas para que estos fondos se acomoden al esquema plurianual de cofinanciación del Fondo Social Europeo. Confío en que pueda alcanzarse.
Se ha subsanado también ya la recomendación referente a la no reconfiguración de planes tras la concesión de ayudas toda vez que las convocatorias para 2001 eliminan esa posibilidad. También entendemos atendida la recomendación de que con el marco jurídico generado con la entrada en vigor de los terceros acuerdos se garantizan los principios de pluralidad y de concurrencia en la contratación. (Digamos que abrimos y extendemos las posibilidades del concurrente.) La constitución de la nueva fundación de composición tripartida con carácter de fundación estatal y actuación bajo el protectorado del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales puede ser una buena garantía --también ha habido cambio de Ministerio responsable de ese protectorado; hasta hace poco lo era el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
Por último, con fecha 19 de julio de este mismo año el Inem inició ya el procedimiento de reintegro al Forcem de las cantidades indebidamente empleadas con un importe de 456 millones de pesetas más los intereses de demora, procedimiento que se encuentra en estos momentos en fase de instrucción y resolución, evidentemente con la filosofía de intentar recuperar los fondos sin perjudicar la gestión del conjunto de acciones que contempla el Forcem. Y puedo informarle también de que en el día de hoy he firmado la orden ministerial que garantiza una gestión suficiente y eficaz --entiendo yo-- de los fondos remanentes para este ejercicio.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro de Trabajo.
Tiene la palabra el Senador Sesmilo.
El señor SESMILO I RIUS: Señor Ministro, celebro esa respuesta. Tengo que decirle que en algunas preguntas a las que se me había respondido por escrito no veía la intensidad de estas medidas. Pero hay una cuestión sobre la que le quisiera hacer un simple comentario.
El Tribunal de Cuentas se extraña, y yo modestamente lo comparto, de que la Intervención General de la Administración del Estado no haya fiscalizado nunca el buen fin de estos fondos. Creo que cuando la Directora General del Inem, a requerimientos insistentes del Tribunal de Cuentas reclama a la Intervención General, ésta se excusa diciendo: ...
como ya interviene el Tribunal de Cuentas... Señor Ministro, eso es como si la contabilidad general del Estado, que siempre la fiscaliza el Tribunal de Cuentas, hiciera innecesaria la Intervención General del Estado.
Es decir, debido a que yo opino que la ciudadanía ha de tener muy claro que estos fondos se administran bien, le pregunto si no le extraña que en ocho años la Intervención General de la Administración del Estado no intervenga el financiamiento con fondos públicos de esta fundación.
Después de lo que usted me ha contestado éste es el punto que le agradezco me aclare si le es posible.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Sesmilo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Es indudable que hemos ido acumulando experiencias, tanto los interlocutores sociales como el Gobierno, en la gestión de estos fondos. Tal vez sea bueno distinguir, de cara a la observación que hacía su señoría, que la Intervención General del Estado actúa en aquellos procesos en que se ven afectados o comprometidos también fondos procedentes de la Unión Europea, especialmente los procedentes del Fondo Social. En ese momento se produce la concurrencia habitual --en este caso bastante armónica-- de los mecanismos ordinarios de intervención de los departamentos afectados, en este caso del Ministerio de Trabajo de la Intervención General del Estado. En otros procedimientos en que no existe esta concurrencia de fondos europeos no se ha estimado hasta la fecha necesaria esa presencia sistemática, porque, como también se ha dicho de manera muy correcta, sobre esta fundación y sobre estos fondos también hay una vigilancia y una tutela del Tribunal de Cuentas.
Ciertamente, al final creo que todo ello ofrece garantías de transparencia puesto que estamos hablando de que en muchos de los expedientes y procedimientos sí se da esa triple concurrencia de intervención ordinaria o mecanismos ordinarios, de intervención del departamento afectado, Intervención General del Estado y, naturalmente, Tribunal de Cuentas. Pero insisto, la Intervención General del Estado tiene como nota característica su presencia en aquellos fondos en que participa el Fondo Social Europeo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


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--DE DON JOSEBA ANDONI AURREKOETXEA BERGARA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA DESARROLLAR EN LOS PROXIMOS MESES LOS MANDATOS QUE SOBRE LA INSPECCION DE TRABAJO RECOGE LA LEY 42/1997, DE 14 DE NOVIEMBRE, ORDENADORA DE LA INSPECCION DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, EN LO QUE AFECTA A LAS COMUNIDADES AUTONOMAS Y, EN CONCRETO, A LA COMUNIDAD AUTONOMA DEL PAIS VASCO (680/000482).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Joseba Andoni Aurrekoetxea Bergara, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas previstas por el Gobierno para desarrollar en los próximos meses los mandatos que sobre la inspección de trabajo recoge la Ley, 42/1997, de 14 de noviembre, Ordenadora de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, en lo que afecta a las Comunidades Autónomas y, en concreto, a 1a Comunidad Autónoma del País Vasco.
Tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, voy a intervenir brevemente para dar contexto a la pregunta y para que conozca las claves que han movido a mi Grupo Parlamentario a realizarla. En primer lugar, queremos plantear esta cuestión desde una óptica general y, como ya dijimos con ocasión de la creación de la Comisión Especial para la Prevención de los Riesgos Laborales, esto no debe servir de excusa para que no se siga trabajando en la puesta a punto de todos los instrumentos necesarios para luchar contra la siniestralidad laboral, que mantiene unos niveles preocupantes.
En ese sentido, la Inspección de Trabajo sigue siendo un instrumento importante que hay que tener a punto, aunque nuestra gran apuesta siga siendo la prevención.
En segundo lugar, tras las elecciones del 13 de mayo hay un nuevo Gobierno en Euskadi y, por tanto, se dan nuevas condiciones políticas, pero entiendo que esta nueva situación no puede servir de excusa y hay que empezar a poner fechas y buscar acuerdos mediante el diálogo en una materia que, como dice la propia ley, se debe regir bajo los principios de colaboración, coordinación, y cooperación.
En consecuencia, desde esta postura positiva y constructiva, entendemos que es un problema de todos, y como queremos asumir también nuestras responsabilidades, nos hemos interesado por las medidas que el Gobierno piensa poner en marcha en los próximos meses.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aurrekoetxea.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, sin duda ninguna ha citado la base de la preocupación que comparten ambas administraciones. En relación con la normativa laboral, hay materias que son de competencia de las Comunidades Autónomas, pero también hay otras que son de indudable carácter estatal, por tanto, corresponden al Gobierno de la nación, y es deseable articular instrumentos que nos permitan operar de manera que sea posible la cooperación, la lealtad y el respeto a nuestro propio ordenamiento.
Esto ha sido posible --vuelvo a decirlo-- con 15 Comunidades Autónomas y creo que en un plazo inmediato será posible con 16, puesto que dispondremos de los convenios adecuados; convenios que reflejarán las formas de coordinación material, indicando quién es la autoridad correspondiente, etcétera. Es evidente que el proceso electoral del pasado 13 de mayo supuso una interrupción --en este caso no imputable a la mala fe, ni a ninguna circunstancia extraña--, pero el deseo del Gobierno es que se reanude este proceso y debo añadir que en la primera fase de las conversaciones constatamos la dificultad que suponía el alejamiento del modelo que se ha venido aceptando libremente, por 16 Comunidades Autónomas. Frente a este modelo de acuerdo, se nos pedía una transferencia directa de los funcionarios correspondientes a la Inspección de Trabajo y, aunque no quiero decir que esto no sea correcto, que sea ilegal o ilegítimo, sí que plantea dificultades para seguir actuando en el marco de la unidad de acción que debe caracterizar, sin duda alguna, la actuación de los inspectores. Además, también plantea dificultades de encaje en el propio convenio 81 de la Organización Internacional del Trabajo.
Esta situación no nos debe llevar a pensar que son dificultades insalvables y coincido con usted en que es deseable que se reanude el diálogo para que también se pueda cerrar ese mapa en el que, sin duda ninguna, hay una excepción no querida por ninguna de las partes.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Aurekoetxea.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Gracias, señora Presidenta.
Me alegro de que ustedes también se planteen esta cuestión desde la óptica del diálogo.
Evidentemente, nuestra concepción del autogobierno y de cómo se debe llevar a cabo seguramente siempre será distinta a la de ustedes, pero eso no un obstáculo para que se ponga sobre la mesa este planteamiento, veamos cuáles son las dificultades y se lleve adelante.
Me hubiera gustado que se hubiesen marcado algunos plazos o algunas fechas porque, desgraciadamente, el ámbito de la siniestralidad laboral sigue siendo preocupante y, como decía, aun apostando por la prevención como primer objetivo, creemos que la Inspección de Trabajo tiene mucho que decir.
Por lo tanto, simplemente quiero reiterarle que el Gobierno vasco, que comienza su andadura, tiene buena disposición

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y, en consecuencia, que confío en que se reúnan las mesas adecuadas en el plazo más breve posible para que todos podamos avanzar en el sentido indicado por la exposición de motivos de la propia ley. Yo creo que la ley es bastante abierta y si cogiéramos su tono y su espíritu --independientemente de que, como bien dice, no se cierre a eventuales modificaciones posteriores ni a impedir el ejercicio de competencias autonómicas posteriores que se pudieran desarrollar--, sí podría existir ese diálogo y asentarse conjuntamente en función de sus respectivas competencias bajo un principio de colaboración interinstitucional, y eso es lo que espero que prime y rija.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Aurrekoetxea.
Señor Ministro, tiene la palabra.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS, SOCIALES (Aparicio Pérez): Con mucha brevedad, señora Presidenta.
El ánimo de ambas partes es positivo y si queremos localizar las dificultades son básicamente tres --ya las he señalado porque han surgido en el debate--. Creemos que actuación de la Inspección de Trabajo tiene, un carácter unitario y que no debe quedar circunscrita a ninguna de las materias que la componen por importante o prioritaria que nos parezca, como puede ser el caso --y coincido en que -es una gran prioridad-- de la siniestralidad. Entendemos que ese intentar que sus actuaciones sigan teniendo carácter global se defiende mejor desde los convenios, que, por cierto, insisto, han parecido absolutamente razonables a otras 16 Comunidades Autónomas, lo cual nos lleva a pensar que tampoco hay una razón especialmente visible para entender que aquí deba producirse la excepción de un procedimiento de transferencia. Y además creemos que con eso no perjudicamos ninguna expectativa de las que pudiera tener a medio o a largo plazo la Comunidad Autónoma, del País Vasco, en la medida que el que exista hoy un convenio no impide ni precluye que pueda haber otros procedimientos en el futuro.
Pero, localizadas esas tres diferencias, y sobre, todo desde una experiencia positiva --lo he de decir con toda normalidad y naturalidad--, con la positiva experiencia de 15 convenios suscritos y el decimosexto en puertas de ser firmado, yo creo que también alguna flexibilidad metodológica deberíamos recibir para poder agilizar ese proceso.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE MARIA ROMERO CALERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DEL INCREMENTO DEL PARO EN EL PASADO MES DE SEPTIEMBRE (680/000483).
La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del Excelentísimo señor don José María Romero Calero, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la valoración que hace el Gobierno del incremento del paro el pasado mes de septiembre.
Tiene la palabra el Senador Romero Calero.


El señor ROMERO CALERO: Gracias, señora Presidenta.
Efectivamente, señor Ministro, estos días hemos conocido las cifras de paro registrado del Inem referidas al mes de septiembre. En dicho mes se ha incrementado el paro registrado en nuestro país de una manera ciertamente importante, pero, consideradas las cifras de una manera aislada, no es ninguna novedad: en todas las series anuales el mes de septiembre siempre supone un incremento del desempleo. Lo que ha llevado a mi Grupo a plantear esta inquietud al Gobierno ha sido el que se dan unas circunstancias específicas, concretas, singulares, en el mes de septiembre de 2001 y en el comportamiento del desempleo a lo largo de ese mes, todo lo cual nos produce, repito, una cierta inquietud.
Como es de todos conocido, se ha producido un incremento de casi 30.000 personas en el desempleo en el mes de septiembre, pero la singularidad de este incremento del paro es que en su totalidad se refiere al segmento femenino, en su totalidad se refiere a mujeres; es más, para hombres se ha reducido en algo más de 300 personas el paro en España y todo el incremento de paro ha sido incremento femenino. Por tanto, es una cuestión verdaderamente preocupante el que en nuestro país se singularice de manera tan rotunda el paro en las mujeres. Por otra parte, analizado cómo ha evolucionado el paro a lo largo del mes de septiembre y cómo ha evolucionado la contratación a lo largo de ese mismo mes, vemos que poco más del 8 por ciento de los contratos que se han realizado a lo largo de este mes son contratos indefinidos.
Situándonos en este contexto, que yo creo honestamente que nos permite hacer ya un primer apunte de análisis de las consecuencias del Decreto de reforma laboral que el Gobierno promulgó después de no haber llegado a acuerdo con los agentes sociales, vemos que se está produciendo una contratación indefinida de poco más del 8 por ciento, no llega al 9 por ciento, del total de las contrataciones --por cierto, que poco más del 4 por ciento de los contratos indefinidos que se producen en España a lo largo de todo este período son contratos que afectan a mujeres--. Es más, en el período en el que lleva en vigor la reforma laboral, la rotación --otro de los grandes males junto con la temporalidad que tiene el mercado laboral en España-- no sólo no sé ha reducido, sino que se ha incrementado. Tengan en cuenta sus señorías que para la generación de un empleo en España se necesitan algo más de cincuenta contratos de trabajo; eso supone una precarización, no sólo desde el punto de vista de la temporalidad, sino desde el punto de vista --yo creo que muy, muy preocupante, porque pone en relación aspectos tan singulares como la siniestralidad laboral-- de la rotación.


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Por último, otro aspecto también preocupante de este análisis es que se ha reducido la contratación indefinida a tiempo parcial. Por tanto, aquellos elementos que se introducían en el decreto de reforma laboral, que se suponía que iban a servir para avanzar en la solución de los problemas del mercado de trabajo en España --la baja tasa de ocupación femenina, el alto índice de rotación, el bajo índice de utilización de los contratos a tiempo parcial--, no sólo no ha servido para mejorarlos, sino que han empeorado.
Por ello, señor Ministro...


La señora PRESIDENTA: Señor Romero, vaya terminando, por favor.


El señor ROMERO CALERO: Termino en diez segundos, señora Presidenta.
Esta es, señor Ministro, la preocupación que mi Grupo le traslada, en el bien entendido que usted compartirá seguramente las mismas preocupaciones que nosotros.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Romero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Naturalmente, comparto la preocupación, no comparto --y se lo digo de antemano-- algunos elementos de análisis que podrían inducir a confusión.
Su señoría ha hecho un análisis muy breve: hombres y mujeres, y yo creo que es mucho más correcto hacerlo no sólo tomando como referencia otros ejercicios, otros meses de septiembre, otros años, sino también entendiendo algo que usted conoce como yo: que el mes de septiembre nunca ha sido un buen mes para el empleo, y digo nunca porque su media histórica, la media de pérdida de empleo en los últimos quince años sabe de sobre que se sitúa por encima de las 30.000 --35.000 si quiere la cifra exacta--. Es un mal dato --y no hay que negarlo-- que se produzca un aumento del paro, pero también creo que el análisis debe hacerse por sectores, no sólo por sexos, aunque puede ser muy interesante, para ver qué sectores son los que realmente han contribuido a esa cifra de 29.000 personas: el paro registrado ha subido en agricultura, y parece lógico dada la estacionalidad de buena parte de nuestra producción agraria; en los servicios y en el colectivo sin empleo, fenómeno que también su señoría conoce como habitual en el mes de septiembre. Sin embargo, ha mejorado --el paro, se ha reducido-- tanto en industria como en construcción, lo cual nos lleva a pensar que indudablemente en un contexto que nadie discute de deceleración económica, en un contexto de atemperación del crecimiento económico, es más difícil crear más empleo.
Dicho de otra manera, creo que eso es razonable.
Segundo. Me dice que el hecho de que sólo el 8,75 por ciento de los contratos producidos sean estables es una cifra baja. Admito la comparación con el simple ejercicio anterior, y verá que aunque a todos se nos antoja escasa, es superior al porcentaje del mes de septiembre del año pasado, y desde luego infinitamente superior a los porcentajes que venían arrojando las acciones de mercado laboral hasta el año 1996, y especialmente hasta el año 1997, en el que también se logró una reforma importante. Creo que ésas son las claves, porque además la prueba del algodón --si me lo permite, en términos muy coloquiales-- es que se sigue reduciendo la temporalidad en España, e insisto en que es uno de los pocos países que está logrando este objetivo, en un contexto económico más difícil y con una tendencia en la mayor parte de los países europeos al aumento de la misma. Si me dice que con peores condiciones económicas es más fácil crear más empleo y además empleo de más calidad, le diré que esa receta hasta ahora no la ha podido aplicar ni la ha sabido aplicar ningún país de nuestro entorno, y ahí entiendo que no hay distingos ideológicos o recetas mágicas.
Le puedo decir también que sin duda ninguna compartimos la preocupación.
También cabe hacerse la pregunta de cuál sería nuestra posiciones de no haberse producido la reforma. Yo tengo la certeza de que, dado que han mejorado los contratos globalmente considerados para mujeres, globalmente considerados a tiempo parcial y, especialmente, como reflejaba la última encuesta de población activa, se ha reducido la temporalidad, estamos en el camino correcto. Ojalá la recuperación económica ponga en evidencia las buenas decisiones que se adoptaron el mes de marco de este mismo año.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI EXISTE TODAVIA LA OFICINA DEL PRESUPUESTO DE LA PRESIDENCIA DEL GOBIERNO QUE DON JOSE BABEA TEJEIRO DIRIGIO DESDE EL AÑO 1996 HASTA QUE FUE CESADO (680/000471).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si existe todavía la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno que don José Barea Tejeiro dirigió desde el año 1996 hasta que fue destituido.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de la Presidencia, como verá; la pregunta es sencillita: ¿Existe todavía la Oficina del Presupuesto de la Presidencia del Gobierno creada con tanto énfasis por el primer gobierno, del Partido Popular en 1996? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.


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Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Muchas gracias, señora Presidenta.
La contestación a su pregunta es que sí. Efectivamente, la Oficina del Presupuesto de la Presidencia fue creada por el Real Decreto 838/1996, que está vigente, y se configura corno una unidad dependiente del Presidente del Gobierno, a la que corresponde la asistencia en la formulación de la política presupuestaria y el seguimiento de los Presupuestos Generales del Estado.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que suponíamos que era así, señor Ministro. La duda proviene del sepulcral silencio actual de dicha Oficina, cuya creación creemos que fue una buena idea en aquel momento. A nuestro juicio, el profesor Barea, cuando la dirigía, ejercía su función con rigor. Por ejemplo, en el bienio 1996-1997, el déficit estructural, que no el de origen cíclico, se redujo ciertamente 3,1 sobre el PIB, lo cual es mucho. Pero parece ser que el profesor Barea los incordiaba demasiado, exponía en público lo que pensaba, y ustedes forzaron su jubilación antes de lo previsto.
En el trienio 1998-2000, por el contrario, ha proseguido la reducción del déficit, pero como consecuencia del ciclo, el déficit estructural se ha reducido tan sólo en 0,1 puntos sobre el PIB. Los datos son del profesor Barea quien, con su habitual rigor y solvencia, sigue incordiándolos a ustedes, ahora a través de sus artículos de prensa. Las opiniones y los datos del profesor Barea como mínimo, merecen tanto crédito --al menos para mí-- como los del señor Montoro, que también me merecen mucho crédito. Me gustaría saber, señor Ministro, el crédito que le merecen a usted las opiniones y datos del señor Barea.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra el señor Ministro de la Presidencia.


El señor MINISTRO DE LA PRESIDENCIA (Lucas Giménez): Gracias.
Al Gobierno le satisface enormemente que su señoría considere que el Gobierno anterior toreó alguna decisión acertada. En ese sentido sería conveniente señalar cómo funciona la Administración.
Usted sabe perfectamente que la Administración española tiene una relación de puestos de trabajo, aprobados por la Comisión Interministerial tiene lo que se denominan puestos de trabajo presupuestados, que son los dotados técnicamente; y tiene puestos de trabajo vacantes o cubiertos; de los presupuestados y de los que están en la relación de puestos de trabajo. En estos momentos, la Oficina y su responsable se encuentran en una situación presupuestada, dotada pero no cubierta. Es decir, los Presupuestos no obedecen a una distribución exacta de los puestos reales y, por tanto, las vacantes se cubren mediante un criterio de oportunidad. En el caso que nos ocupa, el de la Oficina del Presupuesto, existe una relación de puestos de trabajo presupuestados y dotados, pero que no estarán cubiertos hasta que se estime conveniente, según el criterio de la oportunidad que antes le he expuesto, y estoy seguro de que, si en algún momento se estima la conveniencia de cubrirla, merecerá el mismo elogio que su señoría ha reflejado con sus palabras hace breves instantes.
Si lo que preocupa a su señoría es el gasto, puede estar tranquilo porque al estar vacante no se genera ningún costo ni ningún perjuicio presupuestario.
Si, por el contrario, lo que preocupa a su señoría es la política presupuestaria del Gobierno, no tema: goza de buena salud, como demuestran todos los indicadores económicos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON RICARDO GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE SE IMPIDA, POR PARTE DEL SECTOR LACTEO FRANCES, LA VENTA DE LECHE ESPAÑOLA EN FRANCIA (680/000469).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Ricardo Gatzagaetxebarría Bastida, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las medidas adoptadas por el Gobierno para evitar que se impida, por parte del sector lácteo francés, la venta de leche española en Francia.
Tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
La pregunta queda formulada en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador.
Tiene la palabra el señor, Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señora Presidenta.
El pasado verano llegaron noticias al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, de la existencia de algunos problemas en operaciones de venta de leche a algunas empresas francesas.
No tenemos constancia de que se haya presentado ninguna reclamación formal por ningún operador español más allá de alguna carta de protesta enviada por algún sindicato de productores y por la Feplac. Según la información de que disponemos, lo que se ha producido es la recisión de

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una operación de compra de leche envasada. Desconoce el Gobierno si existía algún documento contractual o no entre una empresa española y una empresa de distribución francesa, pero, señorías, podemos decir que nadie ha presentado la más mínima prueba de que hayan existido presiones de sindicatos o de operadores.
En principio, hay una operación fallida entre dos entidades privadas, sin que ninguna administración, ni la francesa ni la española, hayan intervenido en absoluto en la cuestión. También se ha producido una parada en la salida de leche a granel en las últimas semanas. En este sentido debo indicar a sus señorías que han circulado muchos rumores, no confirmados tampoco por parte de los operadores españoles. El hecho relevante es que hoy por hoy los precios de la leche al productor son muy similares en España y Francia y en consecuencia las salida de leche desde España tiene que verse muy reducida.
No obstante todo lo anterior, he enviado una carta personal a mi colega francés haciéndole partícipe de la situación expuesta, solicitándole atención especial a este asunto. Los servicios de mi Ministerio han realizado la misma gestión con los responsables de la Embajada francesa, y estamos realizando un detallado seguimiento de la cuestión.
Habrá que estar atentos a lo que suceda cuando se produzca un diferencial de precios que avale una salida de leche hacia Francia, pero de momento el gradiente de precios no lo permite y, por lo tanto, la situación no es preocupante. Pero le puedo asegurara sus señorías que para este Ministerio es un objetivo irrenunciable mantener abierto todos los mercados de exportación, incluido el de la leche. Por lo tanto, cuando tengamos constatación de cualquier práctica ilegal, pondremos este hecho en conocimiento de la Comisión europea a los efectos de que tome las medidas oportunas para garantizarla libre concurrencia en el mercado comunitario.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias; señor Ministro.
Tiene la palabra el señor Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, gracias por la información. Le voy a comentar la información que ha recibido este Grupo Parlamentario por doble vía, tanto a través del sector productor, como a través del sector de la transformación --son documentos que nos han mandado ambos agentes de la cadena de comercialización--. Una firma nos ha mandado a diferentes grupos parlamentarios, entre ellos el nuestro, la siguiente información: Una conocida firma española de leche ha recibido un fax de una cadena comercial francesa en el que se aseguraba que no le podía seguir adquiriendo la leche que habían contratado debido a las presiones del sector productor y del sector industrial francés, con la aquiescencia de la administración francesa.
También la industria láctea nos ha mandado un informe de qué es lo que está ocurriendo. Señor Ministro, usted sabe que en Francia hay una interprofesional que es la Unilait, que funciona como agente de planificación --la administración francesa le ha transferido unas facultades para gestionar el mercado lácteo francés-- y opera de manera que impulsa la concertación de acuerdos entre la producción, la transformación y la comercialización, pactando precios en origen y en destino, lo cual es ilegal. Tanto es así que don ello, ¿qué logran? Logran proteger el mercado interno de las ventas que puedan venir del exterior que, como usted ha dicho, no pueden ser muy competitivas, pero las industrias lácteas habían empezado a exportar a Grecia, a Italia, a Francia. Por lo tanto, esta concertación les perjudica. Pactan precios en origen y precios en destino. Fíjese cuál es la situación que ellos compran la leche más barata a sus productores, a la industria láctea francesa --en España se compra leche de calidad tres o cuatro pesetas más cara--, y la venden un 20 por ciento más cara. ¿Qué es lo que logra la industria láctea francesa? Logra maximizar beneficios en su mercado, evitando competencia de la leche española o de otros países, y con los excedentes, sobre todo en la leche desnatada o semidesnatada --la leche entera con grasa se paga muy bien en Francia--, confieren unos grandes beneficios y pueden hacer «dumping» en el mercado español. Es decir, ellos rentabilizan tal nivel de ganancias que luego pueden vender en el mercado español a precios muy inferiores. Esa es la situación que se está produciendo.
Decía usted que tenemos un problema de prueba. Efectivamente puede ser así, pero la Unilait es una interprofesional asentada y sabemos que Francia tiene una capacidad de producción absolutamente consolidada y no tiene problemas de sobrepasamiento; en el ámbito de la distribución sabemos quiénes mandan y, además, mientras en los supermercados españoles podemos ver infinidad de productos lácteos de todas las gamas, en los supermercados franceses no se ve ni una gama de producto lácteo español.
Esto es lo que nos preocupa; esto es lo que el sector productor industrial español ha transmitido a este Grupo Parlamentario, y nos gustaría, como usted ha señalado anteriormente, que el Gobierno esté atento, adopte las medidas que sean oportunas, e incluso si tiene una constatación más fehaciente, haga uso del artículo 81 del Tratado de la Unión, según el cual los Estados pueden poner en conocimiento de la Comisión la concertación de acuerdos que impidan, restrinjan o falseen la competencia.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señora Presidenta.
No le quepa a su señoría la menor duda de que el Gobierno está dispuesto a utilizar todos los elementos del Tratado de la Unión Europea.
Su señoría se ha referido a faxes de productores franceses de los que no tiene constancia el Gobierno, y le agradecería

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que, si los tiene, los ponga a nuestra disposición para iniciar las acciones.
De momento hemos iniciado acciones bilaterales con el Gobierno francés; hemos alertado también a la Comisión Europea, que nos ha transmitido que cuando tengamos elementos de prueba los pongamos a su disposición --si no, no podrá actuar--, pero también tenemos que tener en cuenta la realidad.
La situación del comercio de leche de España con Francia no hace sino mejorar. Hemos pasado en leche líquida a granel de un saldo exportador de 34.000 toneladas en el año 1996 a otro exportador de 42.000 en el año 2000, y la tendencia se mantiene en este año.
Nuestras exportaciones se han incrementado en un 188 por ciento y las importaciones se han reducido un 36 por ciento. En leches envasadas, el balance sigue teniendo todavía signo importador, pero significativamente menor, porque nuestras exportaciones han crecido en ese período un 600 por ciento, mientras que las importaciones francesas hacia España han crecido un 34 por ciento.
Es verdad, como dice su señoría, que en productos lácteos la situación es mucho menos favorable, y en epígrafes como quesos y yogures las exportaciones francesas son masivas mientras que las nuestras son muy reducidas. Por lo tanto, estaremos atentos a que no existan distorsiones de la competencia, y agradeceré a su señoría que cualquier información de que disponga su Grupo, o cualquiera otro de esta Cámara, la ponga a disposición del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE CABRERO PALOMARES, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS PERSPECTIVAS DE FUTURO DE LA EMPRESA CORPORACION OLIVARERA DEL SUR PARA EL DESARROLLO OLEICOLA (COOSUR) (680/000473).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es la del excelentísimo señor don José Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las perspectivas de futuro de la Empresa Corporación Olivarera del Sur para el Desarrollo Oleícola, Sociedad Anónima.
Tiene la palabra el Senador Cabrero Palomares.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sabe usted que no es la primera vez que traemos este asunto de la defensa de la empresa COOSUR y la de sus trabajadores a esta Cámara.
La verdad es que nos preocupa la política de su Gobierno en relación a COOSUR. Este año no se ha puesto en marcha la campaña de girasol, con unos efectos muy negativos en la actividad industrial agroalimentaria en una provincia como Jaén, que no se puede permitir ese lujo, señor Ministro, porque ello supone una merma de la actividad industrial, así como una pérdida de empleos directos e indirectos en esa empresa.
Para nosotros esto es absolutamente inaceptable y creemos que sólo puede obedecer a la nefasta gestión que se está realizando en esta empresa que, como sabe, es pública y es competencia de Alycesa.
Señor Ministro, nosotros exigimos transparencia en el proceso en que está inmersa COOSUR. Queremos que se pongan en marcha políticas de expansión del sector agroalimentario, de la industria del sector del aceite de oliva y, además, consideramos que se deben poner en marcha políticas para la creación de empleo en Jaén y en Andalucía. La tendencia que ustedes están planteando es precisamente la contraria.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Como sabe su señoría, entre las empresas del grupo Alimentos y Aceites, S. A., se encuentra la denominada Aceites COOSUR, antes Corporación Olivera del Sur para el Desarrollo Oleícola.
Aceites COOSUR está participada por Alycesa en un 86 por ciento, por UniCaja, en un 9,25 por ciento y por Soprea en un 4,69 por ciento. A su vez, Alycesa tiene un accionariado representado en un 91,96 por ciento por la SEPI y un 8,04 por ciento por el FEGA.
Usted ha dirigido su pregunta al Ministerio de Agricultura. Como puede usted apreciar por la composición del accionariado, la participación del Ministerio de Agricultura es claramente minoritaria. Serían los Ministerios de Hacienda y Economía los que le podrían dar una respuesta más fiable.
Sin embargo, sí debo decir, atendiendo a sus inquietudes, que la privatización de COOSUR, por la que se interesa en concreto, es un proceso que sigue en estudio. En este momento se está iniciando el proceso de selección, de valoración de las sociedades, porque la última data de febrero del año 2000. El Gobierno espera que esta valoración esté finalizada en el menor tiempo posible. Mientras tanto, se está actualizando toda la documentación para elaborar el cuaderno de ventas que sirva de documento informativo para los posibles interesados en participar en este proceso. Básicamente, en este momento estamos en un proceso de trabajo fundamentalmente interno.
Una vez que se tenga la valoración y el documento de ventas, en el caso de que Aceites COOSUR se ponga en el mercado, se iniciará todo un proceso de revisión de la documentación y se iniciarán los contactos con los posibles interesados en el sector.
No le quepa la menor duda de que el Gobierno va a potenciar cualquier actuación que venga desde el propio sector oleícola español y, especialmente, desde el sector de las

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cooperativas. Y podemos asegurarle que, en el caso de llegar a una privatización de esta empresa, el Gobierno garantizará la consolidación de la compañía asegurando la continuidad del proyecto empresarial y dando plenas garantías de empleo, para lo que se establecerán los compromisos adecuados a fin de que los compradores satisfagan estas premisas prioritarias para el Gobierno.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Quiero aclararle simplemente que los Senadores dirigen las preguntas al Gobierno y es éste el que decide quién es el Ministro que contesta.
Tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor, CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
La aclaración ha sido muy oportuna, porque, efectivamente, nosotros dirigimos las preguntas al Gobierno y usted está en representación del Gobierno, sentado en el banco azul de este hemiciclo que corresponde al Gobierno.
En cualquier caso, esperábamos que hubiera traído información sobre el abandono de la campaña del girasol de este año, que ha dejado sin empleo a 40 trabajadores, en su mayoría fijos discontinuos, y no se puede perder ni un día de la campaña a la que tienen derecho estos trabajadores.
Como sabe su señoría, esta empresa se dedica a la extracción del girasol en Puente del Obispo, Baeza, así como de aceite de orujo en la campaña correspondiente. Queremos concreciones. Queremos un compromiso del Gobierno, una respuesta del Gobierno en relación a que no se va a perder ni un día de empleo de los trabajadores en las campañas de extracción de girasol, que se ha abandonado. Queremos saber por qué no se está llevando a cabo la campaña del girasol.
Desde luego, en cuanto al proceso de la privatización tantas veces anunciada por parte de su Gobierno en esta Cámara a petición nuestra, no compartimos el modelo actual de la empresa COOSUR, Vilches-Baeza, que está funcionando porque está haciendo, como es evidente en el caso del girasol y también en las otras actividades, dejación de sus funciones industriales. En cualquier caso, el futuro de esta empresa debe basarse en un proyecto amplio, que sirva para el desarrollo y la expansión del sector del aceite de oliva y las cooperativas a fin de impulsar la comercialización y revertir valor añadido en el conjunto del sector.
Nunca puede basarse en la reestructuración de las plantillas --dejación de funciones, en ese sentido-- y pérdida de empleo.
En este momento, al día de hoy, precisamente nos preocupa esa actitud del Gobierno al haber dejado abandonada la campaña del girasol, con las repercusiones concretas que ello tiene en el empleo. Y exigimos que no pierdan ni un día de empleo los trabajadores de COOSUR-Puente del Obispo.
Nada más. Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, las empresas participadas por la SEPI tienen una gestión profesional independiente y el Gobierno no está interfiriendo constantemente en las decisiones empresariales. El Gobierno ha adoptado esta voluntad política porque entiende que en el sector agroalimentario los operadores privados funcionan en el mercado con toda eficacia y que una privatización es más eficaz en términos de agresividad comercial, presencia en los mercados y rentabilidad para la empresa y para los propios trabajadores en cuanto a la estabilidad en el empleo.
Y el sistema de privatización que ha seguido este Gobierno es un sistema de saneamiento financiero de las empresas, dotación de medios personales y materiales y, cuando son empresas que tienen viabilidad en el mercado, se sitúan para que los operadores privados se hagan cargo de ellas. En el sector del aceite no está justificada la presencia del capital público en empresas de carácter público, en una situación como la actual.
Por tanto, el Gobierno valorará esa empresa, estudiará quienes son los compradores que puedan tener una mayor presencia y estabilidad en el mercado del aceite y procederá a realizar un proceso de privatización absolutamente transparente, como lo han sido todos aquellos llevados a cabo por este Gobierno.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA JUANA BORREGO IZQUIERDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS PREVISIONES DE FIRMA DE CONVENIOS DE LAS SOCIEDADES ESTATALES DE INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS (SEIASA) (680/000477).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la siguiente pregunta, de la excelentísima señora doña Juana Borrego Izquierdo, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las previsiones de firma de convenios de las sociedades estatales de infraestructuras agrarias.
Tiene la palabra la Senadora Borrego Izquierdo.


La señora BORREGO IZQUIERDO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el día 4 de septiembre, en la primera actuación de este período parlamentario de sesiones, y en una sesión conjunta de las Comisiones General de Comunidades Autónomas y de Agricultura, Pesca y Alimentación, usted mismo presentó por su propia iniciativa en esta Cámara,

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antes que en el Congreso, el Plan Nacional de Regadíos elaborado por el Gobierno. En nombre de todos los Senadores del Grupo Parlamentario Popular, y creo que también en general, quiero agradecerle ese detalle; ojalá se animen otros Ministros a presentar en primer lugar en el Senado algunas otras iniciativas.
Según su comparecencia, el Plan Nacional de Regadíos cuenta con una financiación prevista de alrededor de 836.000 millones de pesetas, de los cuales 502.000 millones corresponden a las administraciones públicas y 333.097 millones a la iniciativa privada. Si las Comunidades Autónomas asignan en sus presupuestos en tiempo y forma el 50 por ciento que les corresponde seguramente la financiación del Plan Nacional de Regadíos esté asegurada.
También sabemos que el Gobierno creó las sociedades estatales de infraestructuras agrarias, las SEIASA, siendo en estos momentos cuatro las existentes: sur y este, meseta sur, norte, y nordeste. El objeto de dichas sociedades estatales es la promoción de la contratación y la explotación de las obras e infraestructuras concretas de modernización y consolidación del regadío en su ámbito geográfico.
Dichas sociedades se constituyeron en 1999 y gracias a las mismas se contempla un sistema de financiación o prefinanciación novedoso para este tipo de actuaciones. La parte de financiación que corresponde directamente a los regantes supone, dependiendo de las distintas Comunidades Autónomas, un 33 por ciento si no pertenecen al Objetivo 1, y un 26 por ciento para las que se incluyen en dicho objetivo, llevándose a cabo a través de unos préstamos a 50 años, con una carencia de 25.
Para todo ello las Comunidades Autónomas tienen que firmar convenios con el Ministerio de Agricultura. Por tanto, señor Ministro, al Grupo Parlamentario Popular le gustaría conocer las previsiones de las sociedades de infraestructuras agrarias en lo que a la firma de convenios se refiere y el estado actual de las SEIASA.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Borrego.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, la actividad realizada hasta el momento por las sociedades estatales de infraestructuras agrarias queda reflejada en la firma de los correspondientes convenios con las comunidades de regantes que han solicitado la ejecución y la financiación de obras de consolidación y mejora de sus regadíos a través de dichas sociedades.
Hasta el día de la fecha la situación se resume de la siguiente manera.
Existen 24 convenios firmados, de los que 10 corresponden a la sociedad del nordeste --seis de ellos en ejecución--, con un volumen total aproximado de 33 millones de euros y una superficie afectada de 13.321 hectáreas; nueve convenios, a la sociedad de la meseta sur, con un volumen aproximado de 114 millones de euros y una superficie afectada de 23.811 hectáreas; tres convenios, a la sociedad del sur y este, con un volumen aproximado de 72 millones de euros y una superficie afectada de 27.343 hectáreas, y dos convenios, a la sociedad del norte, con un volumen de 21 millones de euros y una superficie afectada de 3.422 hectáreas.
Actualmente se encuentran en avanzado estado de negociación --y se espera que puedan firmarse antes de fin de año-- siete convenios por la SEIASA del nordeste, con un presupuesto de 112 millones de euros y una superficie afectada de 81.920 hectáreas; 12 convenios por la SEIASA de la meseta sur, con un presupuesto de 353 millones de euros y una superficie de 85.810 hectáreas; cinco convenios por la SEIASA del sur y este, con un presupuesto de 24 millones de euros y una superficie de 32.321 hectáreas, y siete convenios por la SEIASA del norte, con un presupuesto aproximado de 63 millones de euros y una superficie afectada de 11.140 hectáreas. Es decir, hay un total de 31 convenios pendientes de firmarse próximamente.
El resto de las actuaciones se plasmará en los convenios actualmente en negociación, cuya firma lo más probable es que se produzca durante el próximo año, de los cuales cinco corresponden a la sociedad del nordeste, por un importe de 66 millones de euros y 12.680 hectáreas; ocho convenios, a la meseta sur, por un importe de 91 millones de euros y 72.272 hectáreas; cinco convenios, a la sociedad del sur y este, por un importe aproximado de 157 millones de euros y 41.307 hectáreas, y tres convenios a la sociedad del norte, por un importe de 288 millones de euros y 58.000 hectáreas de superficie.
Gracias.


La señora PRESIDENTA; Gracias, señor Ministro.
Senadora Borrego, si lo desea, tiene usted la palabra.


La señora BORREGO IZQUIERDO: Gracias, señora Presidenta.
Deseo agradecer al señor Ministro la información que nos ha facilitado y decirle que valoramos positivamente su trabajo. Deseamos que se firmen todos estos convenios para poder poner en marcha todas esas infraestructuras necesarias para los regadíos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


--DE DON MIGUEL RAMON PAMPIN RUA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS MEJORAS EN LAS POSIBILIDADES DE PESCA DE NUESTRA FLOTA CON LA RENOVACION DEL ACUERDO DE PESCA ENTRE LA UNION EUROPEA Y LA REPUBLICA ISLAMICA DE MAURITANIA (680/000478).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Miguel Ramón Pampín Rúa, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las mejoras en las posibilidades de pesca de

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nuestra flota con la renovación del acuerdo de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica de Mauritania.
Tiene la palabra el Senador Pampín Rúa.


El señor PAMPIN RUA: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, sabemos que el plan de acción propuesto por la Comisión Europea va a permitir asumir una reconversión ordenada de la flota, de manera que se reduzca el impacto causado, a la actividad económica y social del sector pesquero, afectado por la ausencia del acuerdo con el Reino de Marruecos, tal como su señoría comentó recientemente en la Comisión de Agricultura de esta Cámara. Consideramos suficiente el paquete de medidas, propuestas para desarrollar las acciones de carácter estructural, teniendo en cuenta que se han mejorado las primeras ofertas planteadas a la Comisión y atendido las peticiones españolas, habida cuenta que la Comisión plantea la posibilidad de contar con otros fondos estructurales de pesca, como el IFOP, así como con los fondos estructurales para la diversificación económica de las zonas costeras afectadas, a financiar con el FEDER y con el Fondo Social Europeo.
Estamos satisfechos también --por qué no decirlo-- con el convenio de colaboración entre su Ministerio y el Presidente, de la Xunta de Galicia, don Manuel Fraga, en res puesta a la preocupación de las administraciones central y gallega sobre los sectores agrario y pesquero gallego que se beneficiarán de un plan de mejora valorado en más de 20.000 millones de pesetas y que, en el capítulo de acciones para la diversificación económica de las comarcas dependientes de la flota pesquera que faenaba al amparo del último acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos, incluirá medidas relativas a la financiación de inversiones de industrias de transformación y comercialización de productos pesqueros en las comarcas afectadas, como fueron Barbanza, Morrazo y Baixo Miño, que repercutirán en la creación de puestos de trabajo.
Señor Ministro, todo esto está muy bien, pero nos preocupa la parte del sector que se acoja a las primas para la transformación de buques para optar a otros caladeros, así como las primas a sociedades mixtas y asociaciones temporales de empresas, porque no hay que olvidar que el plan propuesto por la Comisión Europea no es un plan integral, es decir, no recoge la recolocación de los buques en otros caladeros, sino que contempla solamente acciones estructurales.
Como conocemos su esfuerzo para reubicar el mayor número de barcos en caladeros alternativos, le formulo la siguiente pregunta. ¿Qué mejoras va a haber en las posibilidades de pesca de nuestra flota con la renovación del acuerdo, de pesca entre la Unión Europea y la República lslámica de Mauritania? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Pampín.
Tiene la palabra el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señora Presidenta.
La renovación que tuvo lugar el pasado día 31 de julio de este año del acuerdo de cooperación en materia de pesca entre la Unión Europea y la República Islámica, de Mauritania ofrece nuevas posibilidades pesqueras para la flota española, permitiendo la incorporación de un mayor número de buques en las aguas de dicha República.
Es importante señalar que gracias a ello será posible reubicar parte de las unidades afectadas por la falta de acuerdo entré la Unión Europea y Marruecos. Hasta el mes de julio del presente año, el anterior acuerdo permitía la actividad de entre 120 y 140 buques españoles, aun cuando las posibilidades en algunas categorías estaban infrautilizadas como consecuencia de las condiciones técnicas vigentes en las mismas. En el nuevo protocolo se aumentan las posibilidades de las categorías primera (marisquero), quinta (cefalópodos), octava (atuneros cañeros) y se modifican sustancialmente las condiciones de las categorías segunda (merluza negra), tercera (especies diferentes de la merluza negra con artes no de arrastre) y cuarta (arrastre de especies demersales con congelación). Estos aumentos y modificaciones van a permitir incorporar un número de buques superior a las 60 unidades, en su mayoría procedentes de la zona paralizada por la ausencia de acuerdo con Marruecos. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Analizando el aumento posible por cada categoría, el Gobierno entiende que en la categoría de marisqueros se van a poder incorporar cuatro unidades nuevas, de las que al menos tres serán españolas. En la categoría de merluza negra, aunque se mantiene el mismo tonelaje, se modifica el porcentaje de capturas accesorias para los palangreros de fondo hasta el 50 por ciento, lo cual equipara esta categoría a las condiciones en que operaba la flota, palangrera de fondo en el caladero marroquí y por ello la actual utilización, que no es superior al 60 por ciento, se situará cerca del cien por cien, lo que supondrá ubicar entre 16 ó 20 unidades nuevas. En este momento, el cambio en las condiciones va a permitir a las unidades más grandes de la flota regional canaria operar con rentabilidad en este caladero, con mejores condiciones que las que tenían en Marruecos. Entre 10 y 15 nuevas unidades podrán faenar al amparo de este acuerdo. En la categoría cuarta, arrastre de especies demersales con congelación, se han mejorado sustancialmente las condiciones, facilitando una utilización plena de las posibilidades de pesca y esta, nueva categoría, que permite la congelación de la merluza negra, va a permitir reubicar 14 unidades cefalopoderas de las afectadas por el paro de Marruecos tras su adaptación a la pesca de peces. Para la categoría de cefalópodos, se aumentan cinco unidades y en la categoría de atuneros cañeros se aumenta en 13 unidades para España, lo cual va a permitir la utilización de las mismas por parte de los atuneros cañeros con base en Canarias y por los palangreros de superficie de Algeciras, ya que las condiciones y las aguas son muy similares a las existentes en el acuerdo con Marruecos.
Muchas gracias, señor Presidente y señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.


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--DE DON JOSEP VARELA I SERRA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LA FECHA PREVISTA PARA LA LICITACION DE LAS OBRAS PENDIENTES DE REALIZACIóN EN EL CANAL DE PINYANA, EN LA PROVINCIA DE LLEIDA, DE ACUERDO CON EL LLAMADO PACTO DEL AGUA (680/000468).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Pregunta del excelentísimo señor don Josep Varela i Serra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la fecha prevista para la licitación de las obras pendientes de realización en el canal de Pinyana, en la provincia de Lleida, de acuerdo con el llamado Pacto del Agua.
Tiene la palabra el Senador Josep Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señor Presidente.
Doy por formulada la pregunta en sus justos términos.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señor Presidente.
Señoría, en cumplimiento del convenio de Pinyana, el Ministerio ha finalizado obras y está ejecutando obras. Las que se han finalizado son las de revestimiento con elementos prefabricados de un tramo de la acequia mayor de Pinyana, con una inversión de 1.045 millones de pesetas, y se están ejecutando obras complementarias del proyecto de revestimiento de la acequia mayor de riego de Pinyana, subtrozo 1, que se encuentran contratadas y con finalización prevista el 15 de enero de 2002; la modificación de este proyecto, subtrozo 2, se encuentra contratada y con la finalización prevista el 31 de enero de 2002; las obras complementarias, en ejecución, con fecha de finalización prevista en enero de 2002 y un modificado del proyecto de revestimiento final que se encuentra aprobado y el plazo de ejecución se espera que será de seis meses y un modificado del proyecto de revestimiento final que se encuentra aprobado y el plazo de ejecución se espera que será de seis meses, y un modificado del revestimiento del ramal de Alguaire, que se encuentra en ejecución, y la finalización está prevista para el mes de enero. En relación con la construcción del la balsa de regulación de la acequia mayor, con un presupuesto de 267 millones y un plazo de ejecución de nueve meses, ha sido aprobado el proyecto y el expediente de información pública, y está pendiente de la disponibilidad de los terrenos para la licitación, e inicio de las obras.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Varela i Serra.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señor Presidente.
Gracias, señor Ministro, por sus explicaciones.
Efectivamente, se están haciendo estas obras de revestimiento, y nos satisface que se cumplan como corresponde. Sin embargo, usted sabe que llevamos unos años de retraso en el cumplimiento del llamado Pacto del Agua, y estas obras deberían estar desde hace tres o cuatro años, aunque es normal que a veces no se pueda hacer todo.
De todo lo que usted ha dicho, lo más importante es la construcción de la balsa reguladora, que aún está pendiente. Nos ha sorprendido que la expropiación de terrenos no se haya hecho por el régimen de urgencia sino por el régimen normal, con lo cual la negociación es mucho más lenta y puede durar casi un año. Lo que le pediría, dado que llevamos ya algunos años de retraso y el asunto del agua es vital para Lérida y para toda España, es que los trámites de expropiación se agilicen al máximo, para poder tener esos terrenos para construir esta balsa que queda pendiente del Pacto del Agua y hacer así una obra muy importante en esa zona de Cataluña (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, yo creo que usted tiene razón, pero hemos seguido el principio de que valía más un mal acuerdo que un buen pleito, y la comunidad de regantes de Pinyana, con su Presidente a la cabeza, ha sido el promotor de este intento de acuerdo. La comunidad de regantes estaba convencida de que podría alcanzar este acuerdo voluntario de cesión de los terrenos, naturalmente pagando, y desgraciadamente esto no ha sido posible. ¿Qué hemos hecho? Ante el fracaso de esta negociación voluntaria, hemos introducido en la Ley de medidas de acompañamiento la declaración de urgencia de la expropiación de estas tierras, con lo cual si las Cámaras aprueban el proyecto de esta ley, a partir del 1o de enero ya estará declarado el proceso de expropiación de urgencia y tendremos que ir por la vía de la expropiación urgente, desgraciadamente.
Gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE SI VA A RETIRAR EL GOBIERNO EL PROYECTO DE PASEO MARITIMO DE LA COLONIA DE SANT JORDI, EN SES SALINES (ILLES BALEARS) (680/000474).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si va a retirar el Gobierno

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el proyecto de paseo marítimo de la Colònia de Sant Jordi, en Ses Salines (Islas Baleares).
Para formular la pregunta, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, le hablo sobre el proyecto del paseo marítimo de la Colònia de Sant Jordi. Este es un proyecto de los varios que tiene previsto el Ministerio. Yo le recuerdo --me puedo equivocar en alguno-- los siguientes: Cala Tuent, Port de Valldemossa, Cala Mesquida, Camp de Mar, etcétera.
Este proyecto tiene especificado que sólo es una primera fase, porque posteriormente va a haber un paseo marítimo, que va a ir desde Cap Salines a S'Estanyol, si no me equivoco.
Socialmente, el Ministerio lo tiene perdido, porque la gente se opone a este paseo marítimo, pero también lo tienen perdido jurídicamente por la reciente sentencia del Tribunal Supremo, que tiene como base un Decreto de cuando ustedes gobernaban en la Comunidad Autónoma, que recurrió la Administración del Estado, gobernada entonces por el PSOE; ustedes han recurrido ahora, también lo han perdido, y ese Decreto 72/1994 lo dan como válido, y lógicamente hace falta el consenso y el acuerdo de la Comunidad Autónoma para actuar en el litoral de Mallorca.
Le quiero formular varias preguntas para ampliar el asunto. ¿A qué interés o intereses responde el proyecto presentado? ¿En qué momento se encuentra la tramitación del mismo? ¿A qué conclusiones se ha llegado después de las reuniones que usted ha tenido con las partes interesadas? Y sobre todo, una pregunta doble: ¿Se va a retirar --que es lo que le pido yo-- o se va a modificar? En cualquier caso, ¿se va a someter a una nueva información pública? Porque lógicamente este paseo marítimo tiene que tener una respuesta muy concreta: o se modifica, con el consenso y el acuerdo de las partes interesadas, incluida la Comunidad Autónoma, o se retira.
En cualquier caso, yo creo que el Ministerio se ha pasado por alto el Decreto que antes he mencionado presentando este proyecto a información pública sin los trámites previstos en el Real Decreto de la Comunidad Autónoma. Creo que es conveniente que rectifiquen y que den una respuesta socialmente satisfactoria al conjunto de los ciudadanos de esa zona sobre lo que está ocurriendo en este paseo marítimo que usted quiere impulsar en la colonia de Sant Jordi.
Muchas gracias.
.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou). Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en cuanto a las dudas jurídicas, los servicios jurídicos del Ministerio no tienen ninguna duda sobre de quién es la competencia de la ejecución de las obras de interés general del Estado: Naturalmente, de la Administración del Estado.
Este no es un proyecto de este Ministro ni muchísimo menos. Este es el proyecto, a diferencia de lo que dice usted, que ha pedido la mayoría de los ciudadanos representados democráticamente en el Ayuntamiento de Ses Salines. ¿Cuál es la postura del Ministerio? El Ministerio no piensa retirar ningún proyecto. El Ministerio quiere ayudar a los ciudadanos de Ses Salines a que les puedan llegar esas inversiones, que desgraciadamente no les han llegado antes, para mejorar su litoral, su costa y el dominio público. En definitiva, el Ministerio quiere hacer una inversión que es buena para esos ciudadanos, pero nuestra condición es que el proyecto tiene que ser el que quieran los ciudadanos de Ses Selines.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Senador Cámara, le restan 30 segundos.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señor Presidente.
Muy rápidamente quiero recordar al señor Ministro que le he mencionado la Sentencia del Tribunal Supremo que da como válido ese Decreto que ustedes en su momento aprobaron, porque en su artículo 13 dice que podrán autorizarse obras permanentes siempre que exista un acuerdo expreso entre las administraciones estatal, autonómica y local interesadas en los casos de fuerza mayor o de necesidad, etcétera.
Por tanto, ustedes tienen que atenerse fundamentalmente al respeto institucional que requiere en este caso el consenso lógico y natural con otra parte del Estado que es la Comunidad Autónoma.
Señor Ministro, termino con --permítame que se lo diga-- una medio broma: se le está poniendo cara de Ministro de Fomento más que de Medio Ambiente, porque le he mencionado una gran cantidad de obras que usted quiere hacer en el litoral de Mallorca. Es una línea equivocada que me gustaría que corrigiese lo antes posible.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, este Ministro lo único que hace con este proyecto y con estas inversiones es intentar paliar en las Islas Baleares el déficit de las mismas que desgraciadamente durante muchos años hemos tenido que padecer.
Por ello, vamos a hacer lo que esté en nuestra mano para que las inversiones que necesiten esos ayuntamientos y esos ciudadanos puedan llegar a Baleares, porque lo necesita. Baleares puede tener esas inversiones y mejorar sus condiciones.
No tenemos ninguna duda jurídica sobre ese proyecto. Las obras de interés general del Estado son competencia del Estado. Hemos dicho que exigimos que haya un consenso

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porque el Alcalde del Partido Socialista Obrero Español era quien había solicitado ese proyecto de paseo marítimo, dicho sea de paso, bastante más impactante que el actual, aunque ahora parece que ha cambiado de opinión, pero ese proyecto es el que encontramos. No se había financiado.
Es una petición de los ciudadanos de Ses Salines, aunque su alcalde sea del Partido Socialista. ¿Podemos ayudarle? ¡Pues vamos a ayudarle! Vamos a financiar ese proyecto.
A pesar de que el proyecto es petición del Partido Socialista Obrero Español, luego el propio ayuntamiento, con otro signo político, aprueba ese proyecto. Es la voluntad de los ciudadanos. A pesar de eso, queremos y exigimos que haya consenso, que sean los ciudadanos de Ses Salines los que decidan y no otros El Ministerio de Medio Ambiente va a ayudar a que esa inversión que tendría que haber llegado hace muchos años llegue y pueda ser beneficiosa para esos, ciudadanos.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.


--DE DON RAMON ESPASA I OLIVER, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI CONSIDERA CONVENIENTE EL GOBIERNO ACTUALIZAR LA LEY 35/1988, DE 22 DE NOVIEMBRE, SOBRE TECNICAS DE REPRODUCCION ASISTIDA Y LA LEY 42/1988, DE 28 DE DICIEMBRE, DE DONACION Y UTILIZACION DE EMBRIONES Y FETOS HUMANOS O DE SUS CELULAS, TEJIDOS U ORGANOS, DADOS LOS CONTINUADOS AVANCES PRODUCIDOS EN BIOMEDICINA, ASI COMO LAS DEMANDAS DE LA COMUNIDAD CIENTIFICA ESPAÑOLA (680/000470).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Espasa i Oliver, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, sobre si considera conveniente el Gobierno actualizar la Ley 35/1988, de 22 de noviembre, sobre técnicas de reproducción asistida y la Ley 42/1988, de 28 de diciembre, de donación y utilización de embriones y fetos humanos o de sus células, tejidos u órganos, dados los continuados avances producidos en biomedicina, así como las demandas de la comunidad científica española.
Tiene la palabra el Senador Espasa i Oliver.


El señor ESPASA I OLIVER: Muchas gracias, señor Presidente.
Señora Ministra, podría dar por formulada la pregunta en sus estrictos términos, pues es suficientemente explícita, pero quisiera preguntarle además, para que en su respuesta me dé ya cumplida satisfacción, si piensa convocar a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que está muy involucrada en los temas que vamos a debatir en esta pregunta. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Usted sabe tan bien como yo que la biomedicina avanza sin parar. Teníamos y tenemos unas leyes muy positivas, las de 1988, pero habría que actualizarlas. ¿Qué piensa hacer usted como Ministra? ¿Qué piensa hacer su Gobierno en este tema?

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, Presidenta.
Señor Espasa, hay que reconocer su enorme habilidad parlamentaria. Usted hace una pregunta y después se refiere a otra.
Efectivamente, usted y yo hemos debatido en esta misma Cámara, en la Comisión, las cuestiones relacionadas con la modificación de las leyes de reproducción asistida y compartimos las dificultades.
Vamos a convocar la Comisión porque vamos a intentar ampliar esa información, ya que usted sabe igual que yo que ni siquiera en la Comisión asesora hay consenso.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Espasa i Oliver.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Ministra.
Perdóneme la ironía, pero usted me recuerda a la mujer de Lot, que mirando atrás se quedó convertida en estatua de sal. Usted está mirando a unas leyes del año 1988. Los progresos en biomedicina son impresionantes, la Comisión Nacional de Reproducción Asistida lleva tres años sin reunirse y los científicos de esta Comisión piden a gritos que se les dé una respuesta en congelación de ovocitos, en utilización de embriones para la investigación y en prolongación del tiempo de congelación de los embriones o de los gametos, es decir, del semen, y usted no contesta.
La señora Margarita Salas, Presidenta de la Academia de España, que agrupa a ocho reales academias, le pide al Gobierno, por favor, que se actualice la ley, una ley española que fue pionera.
Hay que hacer algo pero usted continúa mirando para atrás, usted no convoca la Comisión Nacional de Reproducción Asistida. Usted y su Gobierno tienen miedo al futuro, tienen miedo al progreso, tienen miedo a la ciencia.
Ya sé que es complicado. Compartimos con usted que las enormes potencialidades de la biomedicina conllevan también enormes riesgos, pero lo que no se puede hacer es mirar hacia atrás, señora Ministra. Además, está usted mirando a unas leyes que hizo, sobre todo, la izquierda de este país, socialistas e Izquierda Unida en aquel momento, que ustedes aprobaron pero un poco mirando para atrás también, es decir, su objetivo no es su proyecto, sino un proyecto mucho más progresista que el suyo, que sólo tiene un defecto, y es que ha pasado el tiempo porque el tiempo es implacable.
Haga usted el favor de mirar hacia adelante, convoque a la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, abra usted la posibilidad de encontrar consenso entre todas

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las fuerzas políticas para mejorar y actualizar las leyes de reproducción asistida, porque nuestra comunidad científica lo pide a voz en grito, lo ha pedido en diversas universidades de verano, lo ha pedido, repito, la Presidenta del Instituto de España y lo piden miembros de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida, que me piden que no diga su nombre para que no sean no diré sancionados, pero sí mal vistos en la propia Comisión. Al menos los miembros de Cataluña, señora Ministra, me lo están pidiendo cada día, pero me dicen, además, que por favor no diga sus nombres, y ya le he dado demasiadas pistas.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Señor Espasa, está usted excesivamente bíblico. Entre mirar para atrás y el castigo divino no sé con cual de los dos términos quedarme. Me asombra usted bastante, la verdad.
En primer lugar, para estar mirando atrás demasiado tiempo a los del Partido Popular no nos ha ido nada mal. Lo que ocurre es que no miramos hacia atrás, sino hacia adelante.
Este tema es profundamente polémico, y usted lo sabe. No hay consenso ni científico ni ético ni filosófico. Ningún país europeo ha podido tomar una decisión sobre esta cuestión. Solamente lo ha hecho en parte el Reino Unido, y fíjese usted los problemas que está teniendo. Además, tengo mis serias dudas de que se estén aplicando las leyes que ellos mismos se han dado.
Por lo tanto, estamos trabajando en el sentido de buscar una solución adecuada, compleja y difícil. La Comisión a la que usted se refiere fue creada para que hicieran un informe, y lo hicieron. Después decidieron que ese informe no les gustaba y se volvieron a reunir para hacer otro en sentido contrario, luego tampoco parece que allí haya mucho consenso.
Esta Comisión se crea gobernando ya el Partido Popular, porque antes tampoco existía. Por lo tanto, es complejo.
El Consejo de Europa tampoco está en una línea decidida sobre qué hacer con los embriones sobrantes de la reproducción asistida. Hay un convenio firmado por España --concretamente en Oviedo-- y aprobado por el Parlamento nacional, que también nos condiciona mucho en la solución de esta cuestión. Y además, en este país hay una ley vigente que no se está aplicando, una ley que, efectivamente, fue aprobada en tiempos del Gobierno socialista, en 1988, siendo uno de sus ponentes el Doctor Palacios.
Señoría, ¿qué hacer con esos embriones sobrantes? Desde el punto de vista ético-científico hay posiciones absolutamente contrapuestas. Por tanto, dígales a sus amigos catalanes de esa Comisión que no tengan ningún miedo, aunque usted y yo sabemos que en realidad no tienen miedo y que utilizan los medios de comunicación para expresar sus opiniones. Y creo que hacen muy bien. ¡Hasta ahí podía llegar la broma! Gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


INTERPELACIONES:

--DE DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN RELACION CON LA FUNCION SOCIAL DE LAS ORGANIZACIONES NO GUBERNAMENTALES (ONG) Y OTRAS ASOCIACIONES DEL LLAMADO TERCER SECTOR (670/000091).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al segundo punto del orden del día: Interpelaciones. Interpelación del excelentísimo señor don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en relación con la función social de las organizaciones no gubernamentales y otras asociaciones del llamado tercer sector.
Para exponer la interpelación tiene la palabra el Senador interpelante, señor Díaz Sol, por un tiempo de 15 minutos.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, esta interpelación es consecuencia de un debate que tuvo lugar en el último Pleno con motivo de una moción presentada por el Grupo Parlamentario Popular, ya que el trámite de dicha moción hacía difícil que en aquel momento se produjese un debate a fondo sobre el mundo de las ONG.
Lo que nosotros pretendemos, pues, es debatir, conocer y, en consecuencia, plantear en el futuro una moción consecuencia de interpelación sobre la política a desarrollar de cara a lo que se ha dado en llamar el sector de las asociaciones sin ánimo de lucro o tercer sector, cuyo componente principal son las organizaciones no gubernamentales, las cuales forman también parte de este tercer sector que es uno de los elementos más dinámicos que existen en estos momentos en la economía. Se llama tercer sector social porque no pertenece a la economía que generan los poderes públicos y tampoco es economía privada, pero tiene una serie de características que le hacen muy interesante.
En primer lugar, se trata de un vehículo muy adecuado para que los ciudadanos ejerzan sus derechos sociales. Colabora de forma efectiva en el desarrollo de las prestaciones del Estado del bienestar, y ejerce a veces con una mayor eficacia algunos de los nuevos servicios que se van generando dentro del desarrollo social. Hablemos de atenciones de proximidad, donde las ONG demuestran ser mucho más eficaces y dan más calidad en la prestación de los servicios. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Pero, desde luego, hay una cosa que para nosotros está clara y me imagino que para ustedes también:

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no pueden sustituir la acción de los poderes públicos ni tampoco pueden asumir la inhibición de éstos ya que su única finalidad es complementarlos y potenciar esa actuación. Además, sirven de cauce para la participación de ciudadanos que tienen una vocación solidaria, quienes ven a través de las ONG una forma de participar activamente en la vida social y, de algún modo, un elemento de perfeccionamiento de las sociedades modernas.
La Unión Europea ha considerado en 1998 que el tercer sector es un elemento constitutivo y fundamental del Estado social europeo que, además, genera empleo. Por darles algunos datos les diré que el tercer sector genera el seis por ciento del empleo total que se genera en Francia. Se calcula que hay unos 18 millones de personas en toda la Comunidad Europea que trabajan en el tercer sector. Por tanto, en un momento en que el desarrollo tecnológico está produciendo una disminución de las capas de generación de empleo, el tercer sector aparece como un elemento que va a paliar estos efectos perniciosos para el empleo en el mundo. También, por supuesto, contribuyen a la generación de riqueza.
Hemos comentado que se les denomina tercer sector de la economía social; así, el tercer sector produce en Alemania, Francia y España del 5 al 6 por ciento del producto interior bruto y en Estados Unidos, por ejemplo, es superior, lo que significa que hay más personas trabajando en Estados Unidos en el tercer sector que en algunos sectores de la economía privada, como puedan ser el transporte u otro tipo de actividades.
Esta ha sido una pequeña introducción a la problemática. En España, según datos de su Ministerio, hay 11.000 organizaciones no gubernamentales, lo que demuestra que hay un gran dinamismo a la hora de canalizar las capacidades de participación de los ciudadanos pero, lamentablemente, no encontramos que haya un conocimiento a fondo del sector. Hace dos años el Gobierno se comprometió a elaborar un libro blanco y, sin embargo, que nosotros sepamos, ese libro blanco aún no ha visto la luz; parece ser que su elaboración va muy lenta, pero sin un diagnóstico exacto del papel de esas asociaciones, de su número, de su importancia, de sus recursos, de su organización, etcétera, va a ser difícil llevar a cabo unas políticas serias y adecuadas que permitan que este colectivo de asociaciones, de tanta importancia desde el punto de vista social y económico, tengan un encuadre adecuado en las políticas del Gobierno. Por tanto, en primer lugar quisiera saber cómo va el libro blanco del tercer sector.
Uno de los problemas de fondo que existen es el de la interlocución de estas asociaciones con los poderes públicos. El Gobierno ha establecido cambios en cuanto a la designación y a los requisitos para elegir a los representantes de las organizaciones no gubernamentales. En el modelo anterior, las organizaciones no gubernamentales se elegían entre ellas y, de entre ellas, a sus representantes, para participar en los consejos consultivos --que, por cierto, son escasos--. Habría que potenciar más la participación de las ONG a través de consejos consultivos, pero algunos de ellos aún no se han creado, ya que este proceso se ha limitado a la creación de los consejos de los sectores considerados más importantes.
Como he dicho, el Gobierno ha cambiado este sistema estableciendo un baremo para la selección de organizaciones no gubernamentales desde criterios de representación territorial, volumen de recursos, etcétera.
Al final, todos estos puntos del baremo recaen en la capacidad de funcionamiento, en el nivel de recursos que manejan estas organizaciones y, por tanto, sólo son las más potentes las que llegan a participar en estos consejos consultivos. Además, como el sistema de financiación por subvenciones es anual, las organizaciones evitan los planteamientos críticos, porque cada año tienen que pasar por la criba de la distribución de las subvenciones.
En este sentido, si no se está de acuerdo con la composición del consejo o no les es favorable, como es el caso del Foro de la Inmigración, se ralentiza su funcionamiento --por ejemplo, éste está prácticamente estancado e incluso se va a cambiar a su presidente, pero no funciona, no se reúne y no hay visos de que llegue a funcionar adecuadamente--; en otros casos, se entra en conflicto directo, como ha ocurrido en el Consejo de Cooperación con la Plataforma de ONG de Cooperación, que han llevado al Tribunal Supremo el decreto que elaboró el Gobierno en el que se designaban a dedo a los cuatro componentes que tenían que entrar en el Consejo de Cooperación; y en el caso de los consejos que por su constitución, por ejemplo, no permiten la actuación del Gobierno de manera directa, han sufrido una disminución de los apoyos, como es el caso del Consejo de la Juventud, donde ciertas campañas han perdido apoyos porque el Gobierno no ha estado de acuerdo con sus contenidos. Por tanto, es necesario que los sistemas de interlocución tengan una clarificación, estén normalizados y no se dé la sensación de que el Gobierno, a través de estos sistemas, está configurando un tejido proclive a sus posicionamientos y evitando las posturas críticas que se puedan dar en algunas asociaciones.
Otro tema es el de la financiación. Creernos que no está ni medianamente claro el aspecto de la financiación de las organizaciones no gubernamentales. En primer lugar porque el sistema anual es, como hemos dicho antes, un poco maligno y además supone falta de previsión de futuro; hay que ir a la financiación plurianual, que permite hacer programas mucho más ambiciosos y al mismo tiempo fortalece la autonomía de las ONG respecto a los poderes públicos por todas las razones que hemos expuesto antes. Además, habría que establecer un sistema parlamentario que pudiera controlar los criterios de reparto de las subvenciones y de esa financiación; no existe ningún mecanismo en el que el Parlamento pueda opinar y pueda influir en cómo se distribuyen esas medidas. Es necesario también para el mejor funcionamiento de las ONG producir una profesionalización de sus dirigentes y una actualización y puesta al día permanente de los funcionarios de la Administración que se relacionan con el sector. Hay que afrontar estas dos cuestiones, en estos momentos no se están afrontando y hay organizaciones que manejan importantes cantidades de dinero que tienen a su frente profesionales sobre los que no tenemos ninguna garantía de su cualificación, aunque normalmente suelen ser cualificados --menos mal, porque si no sería un desastre.


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Señor Ministro, en el reparto del 0,52 hay que buscar fórmulas mucho más participativas, hay que prever la participación de los niveles institucionales que luego tienen relación con la gestión de las ONG y, desde luego; hay que evitar esa sensación de que muchas asociaciones sin ánimo de lucro se lucran precisamente por dos vías: una, por las ayudas a alguna organización religiosa y, otra, por el 0,52. Esto hay que clarificarlo y, sobre todo, habría que fomentar que los ciudadanos participaran en el desarrollo de los trabajos de las organizaciones no gubernamentales a través del 0,52 con campañas que inciten al ciudadano, a la hora de su declaración de la renta, a que pongan la cruz en la casilla de los fines sociales, porque parece ser que en el último año ha habido 1.000 millones menos de recaudación, y esto es preocupante. Aunque el Gobierno garantiza unas cantidades superiores a lo que supone el 0,52, es evidente que el incentivar que los ciudadanos colaboren con este esfuerzo del Gobierno le facilitará a éste liberar más recursos para potenciar este sector. Por tanto, hay que crear más partidas o aumentar las que hay en los Presupuestos Generales del Estado que permitan un mayor desarrollo y consolidación de estas asociaciones.
Por último, hay que buscar fórmulas que posibiliten que las organizaciones tengan acceso a infraestructuras que les permitan el funcionamiento. A través de medidas que tome el Gobierno tiene que haber acceso a locales, acceso a medios informáticos, etcétera.
Ya para terminar, señora Presidenta, voy a referirme al voluntariado. Es el elemento básico del funcionamiento de las organizaciones no gubernamentales; sabemos --ya lo he dicho al principio-- que es un elemento también de participación de los ciudadanos en temas concretos que les producen una satisfacción, pero yo quisiera hacerle una pregunta al señor Ministro: ¿es cierto que el Gobierno tiene la idea de, en su momento, regular el servicio civil? Y si lo va a hacer, ¿qué previsiones tiene el Gobierno para superar la posible fractura que se puede producir entre ese voluntariado incentivado que pueda haber en la regulación del servicio civil --que está previsto en la Constitución-- y lo que es ahora el voluntariado que actúa de forma desinteresada? A mí me parece que ése es un tema de futuro que hay que aclarar, sobre todo teniendo en cuenta que con la nueva estructura del servicio militar este problema está sobre la mesa.
En definitiva, señor Ministro, hay que conocer mejor el sector, el libro blanco es necesario, hay que mejorarlos sistemas de financiación, los sistemas de interlocución, y potenciar la participación de los ciudadanos, mejorando la imagen de las ONG, porque es un sector que puede ayudar oye mucho en el perfeccionamiento de la sociedad, en la- mejora del empleo y en el desarrollo de la economía.
Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Díaz Sol.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.
El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, en primer lugar yo creo que la coincidencia es clara. Las ONG o eso que genéricamente --aunque tampoco hay un consenso pleno-- llamamos tercer sector tienen importancia y trascendencia desde cualquier perspectiva, sea la perspectiva de su importante acción social, sea la perspectiva de su capacidad generadora de empleo, o sea simplemente por un hecho para mí también muy querido, que es esa capacidad de vertebración de la sociedad, y en muchos casos, como se decía, de poder atender con la inmediatez con que no puede actuar a veces la siempre compleja maquinaria administrativa. Sobre esta cuestión sabe que no hay un consenso en cuanto a su perfecta delimitación; se ha referido a ello en la elaboración de ese libro blanco, y me congratulo también de que se reconozca que son buenos los esfuerzos de identificación, los esfuerzos de delimitación del tercer sector, confiando en que después de esta intervención tal vez --hoy me siento optimista-- pueda cambiar algunas de las opiniones que ha manifestado, especialmente la referida a que el Gobierno actual ejerce políticas de desatención o de desprotección. A base de datos objetivos intentaré cambiar su opinión o al menos su percepción.
No tengo nada que objetar a ese valor social, a ese impulso que supongo que todos los grupos parlamentarios deseamos dar a ese llamado tercer sector. Además, en esta labor no sólo debe ser el Gobierno, sino también el conjunto de la sociedad quien coopere y colabore; al fin y al cabo será la sociedad, tanto presente como futura, la que necesite esta conjunción de agentes públicos y privados. Como Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales puedo asegurarle que esa cooperación entre las Administraciones Públicas es relevante.
Señoría, hasta aquí llegan nuestras coincidencias a la hora de valorar y apoyar esta importante función social, y he de manifestarle que el Gobierno ha llevado a cabo, está desarrollando y en el futuro seguirá ejecutando una política de diálogo permanente, de atención, de apoyo y de protección efectiva al tercer sector, y esto no es una expresión de voluntad o manifestación voluntarista. Yo creo que los hechos y actuaciones que le voy a relatar acreditan estas afirmaciones.
En todos los ámbitos en los que es posible actuar para favorecer, impulsar o apoyar las labores de las ONG, ha trabajado el Gobierno del Partido Popular, y a mi juicio se han conseguido mejoras notables respecto a la situación anterior, que no quiero desacreditar a priori --también se lo digo, señor Díaz Sol, porque creo que ése no debe ser el ánimo de una contestación--. Pero creo que son indudables algunas mejoras. Comencemos por lo que sería su propio marco jurídico básico.
Sabe que en este momento hay dos grandes bloques sobre los que pueden sustentarse las ONG: Ley Orgánica de Derecho de Asociación y Ley de Fundaciones. Le diré que se han potenciado sustancialmente los mecanismos de diálogo y de participación de las ONG con medidas como la creación de órganos de participación, tanto de carácter general como de ámbito sectorial,

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y asimismo se han intensificado los apoyos técnicos y financieros que constituyen un aspecto esencial en el desarrollo del tercer sector. Ese va a ser el esquema de mi intervención: bases jurídicas, apoyos técnicos y lo que podríamos denominar financieros, así como capacidad de vertebración, de mejora de la articulación de este tercer sector.
Pues bien, vayamos por partes. Como sin duda sabe su señoría, el Gobierno ha remitido ya al Parlamento el proyecto de Ley Orgánica Reguladora del Derecho de Asociación que, tal y como recoge en su exposición de motivos, al establecer el régimen jurídico común de las asociaciones tomando como criterios fundamentales su estructura democrática y su ausencia de fines lucrativos, pretende garantizar la participación de las personas en éstas y la participación misma de las asociaciones en la vida social y política desde un espíritu de libertad y pluralismo, y reconociendo la importancia de las funciones que cumplen como agentes sociales de cambio y de transformación social. Para eso, el texto normativo que el Gobierno ha elaborado, incluye un capítulo dedicado al fomento y al apoyo del asociacionismo, que incorpora el régimen de asociaciones de utilidad pública como instrumento dinamizador de la realización de actividades de interés general.
Por otro lado, en respuesta a las demandas de las propias fundaciones --segundo gran marco jurídico--, el Gobierno está ultimando en estas fechas, en fase previa al Consejo de Ministros, el borrador del anteproyecto de la ley de Fundaciones, con dos objetivos principales. En primer lugar, potenciar el fenómeno fundacional como cauce a través del cual la sociedad civil coadyuva con los poderes públicos en la consecución de fines de interés general. En segundo lugar, reducir al mínimo indispensable la intervención de los poderes públicos en el funcionamiento interno de las fundaciones, flexibilizando y simplificando los procedimientos administrativos.
En definitiva, este Gobierno ha venido a poner en práctica esta nota característica del Estado Social de Derecho, al que se ha referido nuestro Tribunal Constitucional; de que los intereses generales se definen a través de una interacción entre el Estado y los agentes sociales, y que esta penetración entre lo público y lo privado trasciende también el campo organizativo.
Si importantes son las reformas emprendidas en el campo normativo básico para facilitar la creación y el desenvolvimiento de las entidades del tercer sector, creo que igualmente lo son las actuaciones encaminadas a potenciar el protagonismo de las ONG, para lo cual este Gobierno ha puesto en práctica una política de diálogo y de cooperación permanente.
Debo añadir en este punto que esta actitud de diálogo y de colaboración ha sido reconocida de forma expresa por el sector. Se ha intensificado el diálogo con las ONG en el área social desde las primeras reuniones mantenidas ya en la pasada legislatura, en las que participó el propio Presidente del Gobierno. Con el fin de facilitar estas reuniones y contactos, se constituyó por las propias ONG --subrayo el dato-- un grupo de diecisiete entidades, las más representativas, que después se han creado como asociación plataformas de ONG de acción social. Ocasión habrá de ver si debemos estar primando la dispersión, el trabajo en red, la cooperación entre ONG, la experiencia, o la inexperiencia. Este es un debate absolutamente abierto. Creo que es importante buscar esta vertebración desde aquellas ONG que no sólo ya han acreditado una larga experiencia sino que, además, poseen esa capacidad de interacción, de vertebración y de trabajo en grupo.
Fruto de ese diálogo ha sido, entre otras medidas, la creación, por real decreto, del Consejo Estatal de ONG de acción social, dando respuesta a una demanda creciente del movimiento asociativo. Por su naturaleza generalista, viene a completar la existencia de órganos a colegiados de carácter sectorial, claramente análoga al Consejo Estatal de Personas Mayores o al Consejo Estatal de Personas con Discapacidad, así como en otros foros en los que participan las ONG, como son los observatorios de la infancia o de la mujer, también creados por este Gobierno.
Este Consejo tiene como finalidad primordial promover la participación y la colaboración del movimiento asociativo en el desarrollo de las políticas de bienestar social. Es, pues, un órgano de encuentro, de diálogo, de participación y de asesoramiento sobre las políticas públicas, y debo decir que también es pionero en el entorno de los países de la Unión Europea.
Los cometidos de este Consejo dan buena cuenta de su participación en el diseño y desarrollo de las políticas sociales. Entre dichas funciones me gustaría destacar, no solamente el diagnóstico y la evaluación de necesidades, sino también el establecimiento de prioridades y de líneas estratégicas, la canalización de preocupaciones y expectativas del tercer sector, la propuesta de nuevas medidas sociales y, en general, la creación de sistemas efectivos de cooperación entre poderes públicos e iniciativas sociales.
Creo que la composición del Consejo también garantiza el adecuado desempeño de estas funciones, puesto que en él están representantes de diferentes colectivos. Son veintidós las ONG que forman parte del Consejo, junto con los responsables de las distintas administraciones públicas.
Asimismo, la participación de las ONG en la elaboración y puesta en marcha de distintos planes de acción aprobados por el Gobierno ha sido y está siendo constante. El movimiento asociativo ha sido consultado y ha podido presentar propuestas para la redacción de los textos definitivos.
Sirvan como referencias la participación en el Plan del Voluntariado 2001-2004, la participación en el Plan Nacional para la inclusión social del Reino de España, la participación en el Plan integral contra la violencia doméstica. Dentro de ellos, me permito destacar que también han contado con el apoyo financiero correspondiente el Plan del Voluntariado 2001-2004, que recibirá más de 9.575 millones de pesetas y da un protagonismo esencial a las ONG, de tal modo que en las tres áreas de actuación del plan: sensibilización, apoyo y coordinación, se establece un importante número de actividades y medidas en las que el movimiento asociativo es el actor principal en la puesta en marcha o en el que, después, será su propio destinatario.
Destaco las siguientes líneas de actuación: apoyo a la modernización organizativa y funcional de las entidades del tercer sector; dotación de recursos humanos, como señalaba,

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económicos y técnicos, adecuados a las actividades de cada ONG --mejorar su capacidad técnica y organizativa es fundamental--; fortalecimiento e intensificación de las relaciones de coordinación y colaboración entre las propias ONG por creación de redes locales e internacionales; fomento y apoyo a aquellas iniciativas que supongan la difusión en nuestra sociedad de las actividades voluntarias y del reconocimiento del papel social de los voluntarios.
Este plan nacional de acción para la inclusión social --el segundo documento citado, en el que ha habido una presencia activa y participativa del tercer sector-- recibirá más de 4 billones de pesetas, y contempla entre sus objetivos la movilización de todos los agentes públicos y privados; se implica expresamente a las ONG de acción social en la lucha contra la exclusión como elemento clave para la consecución de los fines. En este plan las ONG reciben, como grandes orientaciones, su propia participación y el apoyo estratégico que se les brinde como agentes proactivos para la inclusión social; el desarrollo del capital social, con especial atención al voluntariado; sensibilización, difusión y debate sobre exclusión social y necesidades de políticas de inclusión; apoyo, consolidación y mejora del empleo en las ONG en cuanto agentes estratégicos para la cohesión social, y extensión también de las nuevas tecnologías al ámbito de las ONG.
Por lo que se refiere al tercer ámbito relativo al apoyo técnico y financiero de las ONG y fundaciones del área social, comprende desde la prestación de asesoramiento a los órganos directivos y de gestión de las ONG, hasta la concesión de ayudas, subvenciones para el mantenimiento de las propias entidades; así como para la ejecución de los programas sociales que llevan a cabo. Yo no utilizaré el término de profesionalización en instituciones cuya nota característica es el voluntariado, pero sí que deben actuar con la máxima calidad técnica y administrativa.
En el ámbito del Ministerio de Trabajo, además de la concesión de las llamadas subvenciones del régimen general, destinadas al mantenimiento y realización de actividades ordinarias de las entidades, esto es, a su funcionamiento estructural, debe destacarse también, como señalaba su propia señoría, la cuantía de las subvenciones concedidas con cargo al 0,52 del IRPF. Desde 1989 se vienen concediendo subvenciones con cargo a este porcentaje del IRPF, habiéndose pasado de un total de 7.625 millones de pesetas en el año 1989 a 15.200 millones de pesetas el año 2001, esto es, se ha duplicado la cantidad destinada a programas de interés social que desarrollan las ONG del área social --insisto en que estamos hablando del doble--, dirigidos a grupos y colectivos afectados por carencias sociales, culturales o económicas. Si tomamos como referencia el año 1996, se ha pasado de 11.936 millones a 15.200, es decir, un incremento en este período de 3.264 millones de pesetas. El año 2001 son veintidós las entidades que reciben más de 100 millones de pesetas; destacan Cruz Roja con 2.800 millones de pesetas y Cáritas Española con 1.438 millones de pesetas, en tanto que 39 entidades reciben entre 50 y 100, y el resto reciben evidentemente cantidades inferiores a 50 millones de pesetas.
Se ha dado el dato antes de la importante dispersión de más de 11.000 entidades destinadas a fines sociales. Todos los colectivos sociales con especial necesidad están presentes en los múltiples programas puestos en marcha con cargo a las subvenciones citadas. En efecto, en el año 2001 se han subvencionado 331 ONG para el desarrollo de 850 programas sociales; de los que el 21 por ciento están destinados a personas mayores, el 16 por ciento a discapacidad, el 10 por ciento al colectivo de infancia y familia, el 9 por ciento al de emigrantes, refugiados y solicitantes de asilo, el 8,93 por ciento a mujeres, y el resto van dirigidos a los otros colectivos, como pueden ser reclusos drogodependientes, etcétera.
Concluyo ya, señoría. Mi única intención ha sido demostrar, con medidas, actuaciones concretas y cifras precisas que el Gobierno del Partido Popular desde sus comienzos ha desarrollado una política de atención y protección de las ONG y otras asociaciones del llamado tercer sector en el ámbito social, política que continuará llevando a cabo en los próximos años.
Las instituciones no lucrativas presentan un crecimiento institucional y una valoración social tan sólida que nos permite afirmar que estamos ante algo más que un fenómeno circunstancial que puede desaparecer con el tiempo. Se trata de una tendencia consolidada, que abre unas vías reales de intenso desarrollo futuro, a la que este Gobierno --y espero que futuros Gobiernos-- debe prestar el adecuado apoyo, acción y protección.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, nos ha presentado usted un catálogo de algunas cosas que se están haciendo y muchas que parece que se van a hacer. Habla de las reuniones celebradas en la Legislatura anterior con el Grupo de los 17.
En un debate en el Congreso de los Diputados, este Senador --en aquel momento Diputado-- observó que las resoluciones presentadas por su Grupo a principios del año 1999 eran unas recomendaciones adecuadas, pero es que de eso realmente hay poco que se haya llevado a cabo. Para empezar, aún no se ha elaborado el libro blanco. Es cierto que estamos en trámite de elaborar el marco legislativo, pero también es verdad que hay algunas cuestiones en la Ley de Asociaciones sobre las que usted sabe que no tenemos los mismos criterios. Pero no vamos a entrar ahora en el debate de la Ley de Asociaciones, sobre todo en el Título VII, relativo a la potenciación de las asociaciones no lucrativas.
Por tanto, lo que nosotros manifestamos y nos manifiestan muchas ONG --que a lo mejor no son las mismas que hablan con ustedes-- es que hay muchas cosas que se dice que se van a hacer pero no se están haciendo.
Así pues, creo que la finalidad debiese haber sido la de algún mensaje nuevo sobre cuestiones que no encontremos, por ejemplo, en la página web del Ministerio, que es prácticamente lo que usted nos acaba de expresar.


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Es verdad que ha aumentado el 0,52, pero también lo es que ha disminuido en mil millones respecto al año pasado. Si en el año 2001 son 15.000 millones, en el año 2000 fue algo más de 16.000 millones de pesetas. Por tanto, es un mal síntoma que un proceso de aumento de recaudación obtenido por el 0,52 haya dado un bajón tan importante, porque no es una cuestión baladí el que se hayan recaudado mil millones de pesetas menos.
Es verdad que hay una distribución de las asociaciones que se benefician del 0,52, pero son 22 las asociaciones que superan los cien millones de pesetas, de las que casi un 25 por ciento corresponde a asociaciones relacionadas con la Iglesia Católica, que a través de otras fuentes recibe subvenciones del Estado. Por tanto, me parece que esta doble financiación debiera ser una cuestión que habría que discutir y clarificar, porque insisto en que se trata de las que reciben más de cien millones de pesetas. No se trata de las que reciben pequeñas subvenciones para el funcionamiento y mantenimiento de la actividad de forma casi milagrosa. El 25 por ciento corresponde a asociaciones relacionadas con la Iglesia, por ejemplo, Hermanas de los Ancianos Desamparados, con 277 millones de pesetas, la Congregación de Hermanas Hospitalarias del Corazón de Jesús, el Centro Sociosanitario Católico de Cataluña, etcétera. Por tanto, éste es un asunto que hay que arreglar, y hay que hacerlo de forma que los criterios de reparto supongan participación parlamentaria, porque ahora son decisiones prácticamente unilaterales por parte del Ministerio.
Coincidimos con usted en que la profesionalización no es un término adecuado y estamos de acuerdo con el suyo. Pero también es verdad que a lo mejor la Ley de Asociaciones, como resultado del trámite parlamentario, nos puede clarificar algo que también es importante que no hay nada que regule que directivos de ONG se sitúen en la dirección de esas organizaciones y permanezcan eternamente en ellas hasta que se jubilen, si es que hay edad de jubilación en la organización de las ONG.
No hay ningún mecanismo que regule cómo se nombran, cómo se eligen, cómo funcionan los estatutos.
Confío en que la ley de asociaciones --que en estos momentos se está discutiendo en el Congreso, y a la que el Grupo Socialista ha presentado una enmienda a la totalidad--, tras un proceso en el que deseo haya consenso, pueda ser una buena ley que clarifique este sector.
Por todo ello, señor Ministro, y sin estar en desacuerdo con su planteamiento, como consideramos que muchos de estos objetivos no son más que promesas de futuro, y en algunos casos llevamos dos años esperando que se cumplan, presentaremos una moción consecuencia de esta interpelación.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Díaz Sol.
En nombre del Gobierno, tiene la palabra el Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, le garantizo que he intentado que mi intervención fuese lo más tendente posible al consenso --que creo que todos deseamos-- con objeto de llegar a medidas de ayuda práctica y eficaz para este sector. Pero, créame, me quedan algunas dudas después de escucharle.
No sé si el modelo que usted me propone tiende hacia la dispersión, o hacia la aglutinación, el trabajo en red y la cooperación entre las ONG.
No sé si usted desea o no esa profesionalización; incluso ha llegado a hablar de jubilación, aunque ésta sólo tiene lugar cuando existe una relación laboral. Y en cuanto a lo de las retiradas, como verá, es algo que hay que considerar con mucho tiento. Seguramente usted recordará --porque es un veterano y curtido parlamentario-- los experimentos realizados con las jubilaciones anticipadas y forzosas de personas académicas, de profesores universitarios, a las que luego hubo que dar extrañas marchas atrás o curiosas soluciones.
Pero lo que más me ha preocupado, y se lo digo de corazón, es ese ánimo de enfrentar a las ONG. Señoría, este Gobierno también ha conseguido que el marcar la cruz en las dos casillas sea algo perfectamente posible para evitar ese tipo de confrontaciones, porque supongo que haríamos un muy flaco favor a las ONG si las clasificáramos por afinidades, confesionalidades, u otras características que no fueran las correspondientes a su propia eficacia, a la hora de realizar sus funciones.
Le garantizo que lo que este Gobierno aprecia y valora de las ONG es su capacidad de ejecutar programas y llevar a cabo una función social. Si a usted le gusta un modelo en el que la nota dominante sea la confesionalidad o la aconfesionalidad, la proximidad, o la afinidad ideológica, estaré encantado de conocerlo, pero no creo que con ello estemos cooperando al desarrollo del tercer sector, y menos aún en una sociedad tan profundamente plural como la española. En ese aspecto ya le digo de antemano que este Gobierno no está por confrontar. Repito que hoy es posible marcar la cruz en las dos casillas --cosa que antes no se podía hacer-- y que tenemos un suelo de garantía en lo que se refiere a los ingresos del 0,52 que antes no existía, que, por cierto, ha sido acordado con las propias ONG. Por tanto, si alguien aduce que algún año se ha podido ingresar más dinero le diré que ojalá haya muchos más en los que eso se pueda hacer, pero que garantías de funcionamiento como las actuales se han producido de la mano de este Gobierno.
Por otro lado, en el año 2002 tendrá usted el libro blanco, el cual, por cierto, también se está haciendo en cooperación con las ONG. Así pues, también en este caso admito la parte de crítica al Gobierno que se haga desde la oposición, pero le puedo asegurar que algunas dilaciones se deben a la petición de las ONG de contar con más tiempo.
Ha hecho usted una serie de afirmaciones que no puedo dejar sin respuesta. Señoría, desde mi Ministerio no se prohíbe, ni se obliga, ni se quitan ni se añaden los contenidos de las campañas: eso lo deciden las ONG. Y nos harán más o menos gracia, pero el Gobierno no está para vetar, quitar o poner, y acabaría siendo realmente pintoresco que hubiera que establecer un plus de mejor trato y mayor financiación

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para quien sea más crítico con las acciones del Gobierno. Estoy seguro de que cuando ustedes gobernaban tampoco tenían en cuenta ese criterio, que no parece que obedezca a una racionalidad, como ya he indicado. Creo que un Gobierno debe considerar la capacidad de esas organizaciones para atender fines y funciones sociales, organizaciones que tienen que estar caracterizadas por su capacidad de presentar programas adecuados y gestionarlos correctamente. Si ahora hay que introducir, insisto, elementos de perfil confesional --por cierto, pensé que ése era un debate bastante superado en la sociedad española-- o de afinidad ideológica, su señoría tendrá ocasión de expresarlo así cuando se tramiten los proyectos de ley que le he citado. Espero que eso no ocurra.
Vuelvo a insistir en que no se trata de profesionalizar al voluntariado sino de que actúe con absoluto rigor técnico y administrativo, lo que creo que es bastante distinto.
Por último, hay una pregunta que no me gustaría dejar sin contestación.
En un debate producido en el Congreso de los Diputados se convino que antes de aventurarse por un camino tan complejo como es el del servicio civil --una institución mucho más propia de la cultura sajona, y especialmente de la norteamericana-- cabía llevar a cabo un escrutinio, y hubo un razonable consenso político, se lo puedo garantizar --al menos en el Congreso--, sobre la potenciación del voluntariado, línea en la que en estos momentos sigue trabajando el Gobierno buscando una cooperación que, insisto, espero recibir de los muchos Diputados y Senadores que supongo comparten los mismos deseos que yo he expresado: deseos de mejora, potenciación y perfeccionamiento del voluntariado en España.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.


--DE DON CARLOS GONZALEZ PRINCIPE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA POLITICA DEL GOBIERNO EN MATERIA DE PESCA EN RELACION CON LA FLOTA DEPENDIENTE DEL ACUERDO CON MARRUECOS Y CON EL RESTO DEL SECTOR PESQUERO ESPAÑOL (670/000092).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Interpelación del excelentísimo señor don Carlos Alberto González Príncipe, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la política del Gobierno en materia de pesca en relación con la flota dependiente del Acuerdo con Marruecos y con el resto del sector pesquero español.
Tiene la palabra el señor González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Señor Ministro, le ruego me atienda, porque somos pocos pero somos buena gente, y además educados.
El motivo de la interpelación es que en sede parlamentaria, usted, en nombre del Gobierno, nos defina cuáles van a ser las prioridades del Gobierno y de su Departamento en relación con el futuro de la flota pesquera española que está trabajando en caladeros fuera de las aguas comunitarias.
Sin duda, el Acuerdo de Marruecos, en eso coincidirá usted, y hay declaraciones suyas abundantísimas cuando presidía la Comisión de Pesca en el Parlamento Europeo, era --y digo era porque en este momento no lo tenemos-- el acuerdo pesquero más importante de la Unión Europea y desde luego el más importante para la flota pesquera española. Usted, en sede parlamentaria aseguró el año pasado que el objetivo del Gobierno era conseguir ese acuerdo. Hablaba usted en este mismo salón de un acuerdo de una nueva generación. Ha pasado el tiempo, señor Ministro, y el acuerdo pesquero no es que sea de una nueva generación, es que ustedes no han sido capaces de convencer a la Unión Europea y al Gobierno de Marruecos de que era bueno para Marruecos, para España y para la Unión Europea. Por tanto, al menos me tendrá que admitir, señor Ministro, que han fracasado, que en este asunto, al que usted incluso llegó a ponerle fecha, no ha cumplido con la palabra dada ante el Parlamento.
Lo que queremos saber los socialistas es a partir de aquí qué va a pasar con esos 400 buques que estaban faenando en esas aguas, qué va a pasar con esos 4.000 tripulantes que estaban trabajando en esas aguas y, según dicen los representantes de los sindicatos y de los armadores, qué va a pasar con esos 10.000 empleos que se movían en torno a la flota en los distintos puertos donde desembarcaban.
Hace veinte días he estado con mis compañeros de la UGT en Las Palmas, y usted constatará --seguro que lo sabe porque su alcalde, el señor Soria, es del Partido Popular-- que la actividad pesquera portuaria ha descendido en un 90 ó 95 por ciento. Le he puesto el ejemplo de Las Palmas para no citarle el ejemplo de otro sitio como el Barbanza, en la provincia de La Coruña, donde el propio alcalde se vistió el traje de negociador e intentó pactar, acompañado con algunos armadores y algunos sindicatos un acuerdo privado para que la flota de Santa Uxía de Ribeira pudiera faenar en aguas marroquíes.
Verá usted, señor Ministro, que el problema es sumamente grave, y nosotros quisiéramos saber cuáles son las medidas políticas que va a adoptar el Gobierno en relación con esos 400 barcos, con esos 4.000 tripulantes y con esos 10.000 empleos que estaban alrededor de la actividad pesquera de esa flota que pescaba en aguas marroquíes.
Le voy a decir cuál es la posición inicial de los socialistas. Más tarde o más temprano habrá acuerdo con Marruecos, porque el sector pesquero marroquí necesita el capital, la tecnología y el mercado que sólo nosotros le podemos dar. Y eso va a tener lugar, señor Ministro.
Si ese proceso se va a dar, los socialistas consideramos, con humildad, que el Gobierno de la nación, y usted muy directamente, debe incluir constantemente en la agenda política de la Unión Europea la puesta en marcha de un nuevo acuerdo. No se puede sacar de la agenda de los Consejos de Pesca europeos el acuerdo pesquero con Marruecos.
Esa es la posición que mantenemos los socialistas, porque es un sector estratégico. No es posible para determinada

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flota de nuestro país prescindir de esas aguas, y tampoco lo es que los marroquíes puedan modernizarse ellos solos. Por lo tanto, nosotros los necesitamos y ellos nos necesitan.
Por ello, nosotros, los socialistas, consideramos que la primera obligación del Gobierno es que en la agenda política de la Unión Europea figure el mantener las puertas abiertas para conseguir un nuevo acuerdo pesquero con el Reino alauita.
Pero mientras llegamos a eso, queremos que usted nos diga cuál va a ser la política del Gobierno. ¿Está el Gobierno por que España siga siendo la principal potencia pesquera de Europa? ¿O está el Gobierno por considerar que las actividades extractivas tienen un límite y que lo que hay que hacer es una reorientación del sector hacia la comercialización y hacia la distribución? En definitiva, señor Ministro, ¿la política del Gobierno es achatarrar? ¿La política del Gobierno es desguazar? ¿Es ésa la prioridad política del Gobierno? Yo le voy a decir cuál es la nuestra. La nuestra es modernizar y después le diré cómo.
La segunda cuestión que le queremos plantear es la relativa a las ayudas.
En relación con las ayudas, considero que hemos negociado mal, se lo digo con absoluta tranquilidad, porque parte del dinero que vamos a emplear era dinero que ya teníamos, no es un dinero que nos haya dado de más Europa. Y usted, cuando aquí desgrane las ayudas, comprobará que va a contabilizar dinero que sale del Feder, que ya lo teníamos; el IFOP ya lo teníamos. Es decir, a Europa el no acuerdo le ha salido, según nuestra opinión, demasiado barato.
A continuación, nosotros queremos que usted nos clarifique qué piensa hacer el Gobierno en relación con la propuesta sindical sobre los efectos sociales de la paralización de esa flota. Me gustaría que usted clarificase a todos los socialistas, y en sede parlamentaria, cuál va a ser la política de jubilaciones y prejubilaciones, cuál va a ser la política de formación y recolocación, cuáles van a ser las medidas de protección por el desempleo, y cuál es la política que se va a desarrollar en el futuro en relación con las empresas mixtas.
Como verá, señor Ministro, estamos pidiendo lo que normalmente pide la oposición, medidas útiles para la sociedad, y en este caso, que sirvan para seguir haciendo de España la principal flota pesquera de Europa. En este sentido, deseamos que el Gobierno defina claramente si vamos a primar más los desguaces o si vamos a apostar por la modernización. ¿Qué política de acompañamiento social vamos a llevar a cabo? Porque usted, señor Ministro, tendrá que coincidir conmigo en que, en el paquete de ayudas que estoy seguro va a desgranar ahora, lo social, la parte obrera, está claramente discriminada respecto de la patronal, los armadores. Los socialistas no le pedimos que rebaje las ayudas a los armadores, le planteamos --y en la réplica se lo diré-- que deberíamos realizar un esfuerzo, para el que brindamos nuestra ayuda, a fin de que el Gobierno de España corrija esos aspectos de la política social de ayudas que en este momento considero discrimina a nuestros trabajadores del mar afectados por el no acuerdo.
Termino, señor Ministro, tal y como empecé hace más de un año, la primera vez que compareció usted ante Cámara. En aquella ocasión le expliqué, como portavoz de pesca del Grupo Socialista, que para nosotros ésta es una cuestión de Estado, es de las pocas cosas en las que somos los mejores del mundo, pero, además, existen regiones de nuestro país con una gran dependencia económica del sector pesquero. Como consideramos que la pesca es una cuestión de Estado, le ofrecimos un acuerdo en su primera comparecencia aquí --acuerdo que seguimos manteniendo-- en relación al futuro del sector pesquero y al acuerdo con Marruecos, que no debe ser abandonado. La posibilidad de firmar ese acuerdo debe ser una obligación para todos los responsables políticos, tanto los que están en el Gobierno como los de la oposición. Y por ello finalizo, señor Ministro, ofreciéndole el acuerdo más amplio posible para salvar la flota pesquera.
Si el Gobierno que no firmara el acuerdo fuera socialista ¡qué barbaridades no hubieran dicho ustedes! ¿Se acuerda de lo que dijo en la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo? (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) No se me altere la banda izquierda (Risas.) Cuando usted era europarlamentario --y entonces hubo momentos muy difíciles para la pesca española, usted lo sabe; algunos me tocó vivirlos con usted incluso por teléfono-- se llegaron a decir barbaridades del tipo de que el Gobierno de la nación, el que en aquel momento querían los ciudadanos, estaba traicionando los intereses nacionales. Yo nunca diré esa barbaridad del gobierno de la nación, aunque sea del Partido Popular, pero creo honestamente que en el tema de Marruecos se han equivocado ustedes y han cometido un gravísimo error; y nosotros debemos ayudar a corregirlo si ustedes nos dejan. Esa, es nuestra oferta, señor Ministro. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador González Príncipe.
En nombre del Gobierno tiene la palabra el Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA ALIMENTACION (Arias Cañete): Gracias, señor Presidente.
Señorías, Senador González Príncipe, en los trece años que llevo de parlamentario europeo tengo a gala no haber criticado al Gobierno de España en ninguna intervención y haber defendido siempre la política del Gobierno español. Le reto a que del «Diario de Sesiones» del Parlamento Europeo extraiga usted una frase en la que diga que el Gobierno de España estaba traicionando al sector pesquero. Le reto, y si no, me pedirá usted disculpas desde la tribuna. (El señor González Príncipe: Le traeré el acta.) En segundo lugar, cuando yo me hice cargo de la cartera de Agricultura y de Pesca tenía determinada información sobre el acuerdo pesquero y pensé que sería posible su renovación. A medida que entré en contacto con los responsables marroquíes, me aclararon cómo se hizo la negociación del último acuerdo. Me dijeron: ¿cómo quieren los españoles

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que se renueve el acuerdo si lo firmaron sabiendo que era el último? Su Gobierno y su Ministro de Exteriores lo sabían y por eso no tiene cláusula de renovación. Es curioso que de 23 acuerdos que tiene la Unión Europea todos tengan cláusula de renovación, salvo el de Marruecos. Eso lo firmó la Unión Europea con el beneplácito absoluto del Partido Socialista y usted extraiga las consecuencias que quiera.
A partir de ese momento, ¿cuál fue la actuación del Gobierno español? Intentar que un Gobierno que no se quería sentar a la mesa de negociación se sentara, tardamos tardamos hasta el mes de octubre y lo hizo con poca voluntad negociadora, pero se sentó. O sea, el Gobierno hizo lo que tenía que hacer, intentar presionar, convencer para que se sentaran y hubiera una oferta marroquí. La oferta que se puso encima de la mesa se trasladó al sector y éste dijo que era inasumible para todos los segmentos de flota. La mesa de seguimiento del convenio con Marruecos por unanimidad, con presencia de todas las Comunidades Autónomas y el Gobierno, trasladó a la Unión Europea que esa oferta era inasumible y que había que mejorarla en términos cualitativos y cuantitativos. Eso fue lo que hizo el Gobierno. El Gobierno no ha aceptado cualquier acuerdo y ha dicho que no se podía aceptar un acuerdo a cualquier precio.
Debo decirle otra cosa, y es que cuando la Unión Europea negocia acuerdos internacionales lo hace con sentido común y con generosidad presupuestaria y la prueba es el acuerdo con Mauritania, en donde se han puesto encima de la mesa 150 millones de euros adicionales, sobre el acuerdo anterior. No es un problema de recursos económicos, es un problema de adecuación entre la compensación financiera y las posibilidades pesqueras. Yo siempre he dicho, y lo mantengo, que el acuerdo pesquero con Marruecos era el más importante. También, si su señoría ha seguido este acuerdo, es un acuerdo en declive, que, empezando por 1.200 barcos terminó el pasado año con 394. Cuando usted dice que parte del dinero que figura en los fondos estructurales estaba ya destinado a la flota de Marruecos, lo estaba por la curva biológica de descenso que hemos tenido acuerdo tras acuerdo; sabemos que acuerdo tras acuerdo hay descensos lógicos y, por lo tanto, el Feder, el Fondo Social y el Feoga tenían provisiones para lo que podía ser un descenso lógico en un acuerdo renovado. Eso es lo que tenemos previsto presupuestariamente.
Lo que no teníamos previsto es el no acuerdo y la diferencia y por eso el plan de acción con Marruecos. Por consiguiente, señoría, pongamos las cosas en sus justos términos.
En primer lugar, el Gobierno, visto que no hay acuerdo, ¿qué es lo que ha hecho? Usted dice que no hemos hecho nada, pero en el Consejo Europeo de Niza hizo que se tuviera en cuenta, primero, que hubiera una declaración de todos los jefes de Estado y de Gobierno a favor de que hubiera acuerdo, lo cual demuestra que se le ha dado el impulso político al acuerdo, lo que usted no querrá reconocer nunca. En segundo lugar, se dijo: si no hay acuerdo, que haya medidas financieras. Esas medidas financieras han permitido elaborar un plan específico para esta flota, que yo ya tuve ocasión de detallar en el Congreso de los Diputados y en el Senado el 7 de septiembre y el 1 de octubre, y es un plan que es reflejo de la sensibilidad política del Gobierno ante los problemas económicos, sociales y laborales de las flotas y zonas costeras afectadas por este no acuerdo, no acuerdo que tiene muchas causas, y lo he dicho en Comisión y no seré mucho más explícito, la no negociación del mismo. En este momento el sector pesquero marroquí económico nacional es contrario totalmente a este acuerdo, presiona a su Gobierno, que es un Gobierno democrático, un Gobierno que tiene prensa, donde hay medios de comunicación; la clase política es contraria al acuerdo, el sector económico es contrario al acuerdo y la opinión pública es contraria al acuerdo. Esa es la situación en el Reino de Marruecos, país soberano que toma una decisión que hay que respetar aunque no nos gusta.
Usted dice ¿va a haber acuerdo? El comisario Fischler y yo siempre hemos dicho lo mismo: el día que Marruecos modifique su posición, que es absolutamente cerrada, la Unión Europea vuelve a dialogar. En tanto que Marruecos mantenga la última carta que envió, y yo se la he hecho llegar a todos los responsables marroquíes por todos los medios, no cabe asumir un acuerdo de esa naturaleza, porque eso era pan para hoy y hambre para mañana. Por eso en el Consejo de Ministros el día 25 de abril se aceptó que no era el acuerdo posible. Pedimos propuestas a las Comunidades Autónomas para ver cómo podíamos elaborar un plan de acción, se lo enviaron armonizadamente a la Comisión Europea y en este momento la Comisión Europea nos ha planteado ya un plan y una dotación financiera de 197 millones de euros, a los que, como dijo antes, había que sumar los 240 millones de euros que ya España tenía destinados en su programa operativo para estos fines. La suma de los 240 millones de euros y los 197, más la cofinanciación nacional suponen 568 millones de euros, que es una cifra muy importante para actuar sobre la flota afectada.
Por cierto, le voy a dar los datos más recientes. En estos momentos tenemos 266 barcos y 2.200 marineros. Esa es la envergadura del problema.
El resto de los barcos están ubicados en otros caladeros y los marineros están embarcados, con lo cual nuestro problema en este momento es ése: datos estos antes de conocer la situación de los acuerdos con Mauritania, Argelia y Túnez.
Esta es la envergadura del problema que tenemos y la financiación de que disponemos. ¿Qué ha entendido la Unión Europea? Que los procesos de diversificación económica había que atenderlos con cargo a los fondos estructurales normales de los cuales España es el país número uno beneficiario de la Unión Europea. Como la Unión Europea no los ha concedido asignaremos 125 millones de euros de nuestro presupuesto y en total tendremos un plan que tendrá una dotación financiera de 693 millones de euros. Además, la Comisión ha modificado el Reglamento del IFOP, de manera que las primas de desguace se incrementan un 20 por ciento, igual que las ayudas a exportaciones a sociedades mixtas.
¿Qué quería el Gobierno? Un marco jurídico en el que el desguace no estuviera primado sobre las sociedades mixtas, que tuvieran los mismos incentivos. La política fundamental del Gobierno es promover las sociedades

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mixtas y la continuidad del mayor número de unidades de flota que tengan elementos de seguridad marítima suficientes. Somos conscientes de que hay una parte de la flota obsoleta, con mucho riesgo por las condiciones de navegabilidad de los buques y por las condiciones de habitabilidad y de higiene a bordo. Por lo tanto, habrá un segmento de flota de barcos de más de 20 ó 30 años que tendrán que afrontar decisiones de otra naturaleza. Pero la flota competitiva, la flota moderna, la alternativa que el Gobierno quiere propugnar, es la que ofrece las sociedades mixtas y la ubicación en otros caladeros. También la reconversión a actividades de pesca distintas de las que se están ejerciendo con cambios de artes que tienen primas del 30 por ciento.
Hemos obtenido algo importante que es la no deducción de las primas recibidas por paro temporal en caso de desguace, exportación o sociedad mixta, es decir, que el sector no pierda una magnitud de cerca de 14.000 millones de pesetas. También se ha reducido el umbral de edad para las sociedades mixtas, lo cual demuestra que el Gobierno quiere favorecer sobre todo a las sociedades mixtas que han bajado de diez a cinco años, y las contabilizaciones de las capacidades de pesca retiradas para el cumplimiento de los objetivos de los planes de ordenación plurianual.
Con independencia de todos estos temas, el Gobierno está insatisfecho --como ha dicho su señoría-- con que las ayudas a tripulantes no se incrementen en los mismos porcentajes. La batalla parlamentaria y en el Consejo de Ministros habrá de concentrarlas en las ayudas a los tripulantes.
El Gobierno sigue trabajando al margen de esto en cerrar acuerdos con otros países que tienen mejor voluntad de colaboración con el Gobierno español. Por eso, hemos cerrado el acuerdo con Mauritania, cuyos datos expuse en Comisión. También dije en respuesta a una pregunta parlamentaria que había un acuerdo que nos va a permitir ciertamente ubicar cerca de 60 unidades de las que faenaban en Marruecos, con lo cual el problema se nos va a reducir posiblemente a 230.
En este momento estamos negociando con Senegal. Mi equipo ha estado en Senegal la pasada semana. El Ministro senegalés está invitado a venir a España la próxima semana y tendré contactos con él, con lo cual estamos negociando con Senegal para ver si podemos ampliar las posibilidades pesqueras, lo mismo con Guinea-Conakry, aunque ya en Guinea-Conakry hemos situado algún buque procedente de Marruecos.
Ya he comentado el protocolo con Mauritania. Tenemos cerrado otro acuerdo con Gabón que también aumenta posibilidades pesqueras, que entra en vigor el 3 de diciembre. En el caso de Cabo Verde suscribimos un acuerdo el 1 de julio que para palangreros de superficie y atuneros cañeros también nos da un respiro. En Guinea-Bissau también tenemos muchas posibilidades.
En este momento también se han rubricado acuerdos con las islas Comores, con Madagascar y con las Seychelles en las que hemos obtenido todas las posibilidades pedidas por el sector.
En este momento tenemos un buque de investigación que hemos mandado al caladero argelino, el «Vizconde de Eza», para ver las posibilidades pesqueras y la oferta de sociedades mixtas. Llevamos más de un año trabajando con una delegación argelina. Hace unos días se produjo el primer encuentro entre operadores argelinos y españoles. Se ha plasmado en un documento la voluntad de concretar sociedades mixtas y confiamos en que tanto en Argelia como en Túnez tengamos posibilidades pesqueras.
Quiero decirle a su señoría que el Gobierno español le da una enorme importancia a los acuerdos pesqueros internacionales, tanta que en este momento estamos batallando en el seno de la Comisión Europea para que el Director de Acuerdos Internacionales de la Dirección General de Pesca tenga pabellón español y tengamos un español al frente de las negociaciones pesqueras para que se incremente la sensibilidad en estas materias. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) En aguas internacionales estamos en este momento dirigiendo muchos barcos al Pacífico y al Indico y explorando posibilidades mediante campañas experimentales en el Atlántico. En NAFO, en la Organización de Pesquerías del Atlántico Noroeste, los «stocks» tienen una situación biológica que permanece estable. Por lo tanto, las capturas no deberán reducirse en los próximos años.
En Groenlandia hemos conseguido la aprobación de una asociación temporal de empresa y tenemos tres proyectos más en pesca. En la Comisión de Pesquerías del Atlántico Nororiental, dirigida a especies profundas no reguladas, hemos logrado incorporar algunos buques procedentes de Marruecos y posiblemente haya espacio para alguno más. En Noruega y Svalbard nuestra flota sigue desarrollando su actividad con un pronóstico estable y el problema más grave lo tenemos en aguas comunitarias y, sobre todo, en aguas nacionales, donde hay que proceder con gran cautela debido a la situación de plena explotación en que se encuentra la mayor parte de los recursos. No obstante, algunas flotas compatibilizan ya su actividad en Marruecos con el caladero nacional, como la de Barbate, por lo cual van a entrar a faenar en este caladero inmediatamente.
Después de esta exposición, señoría, podrá comprobar que hablamos de realidades y de buenas perspectivas de futuro. No he hablado de las campañas experimentales, como la que estamos haciendo en Túnez, con cinco buques en este momento, y he aportado datos que reflejan que, frente a la falta de voluntad política del Gobierno de Marruecos, el Gobierno ha reaccionado, en primer lugar, buscando la solidaridad europea; en segundo lugar, elaborando un plan de acción para la flota y, en tercer lugar, buscando incesantemente nuevos caladeros. Poco más se puede hacer en esta materia.
Sin embargo, hay otros tres extremos en los que el Gobierno quiere seguir trabajando: en la modernización permanente de la flota española para que tenga más seguridad, en una mejor formación profesional de nuestros tripulantes y permanentemente en una mejor cooperación internacional para vincular acciones de cooperación a acciones de pesca en terceros países.
Yo creo que estamos en el buen camino y que los pronósticos tan agoreros que se hacían frente a una situación

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ciertamente no deseada puede que no sean tan trágicos como algunos han formulado. Entiendo, como ha dicho su señoría, que la pesca es una cuestión de Estado y siempre la hemos considerado como tal. Así, en el Parlamento Europeo, que es el foro donde se han discutido estos temas con más intensidad ha habido una absoluta armonía entre el Grupo Socialista y el Grupo Popular, al margen de quién estaba en el Gobierno o en la oposición, porque es la única fórmula para sacar proyectos adelante.
En este momento necesitamos esa solidaridad para dos cosas: para garantizar que en el presupuesto comunitario existan las dotaciones que la Comisión nos ha propuesto y para que se apruebe con urgencia el informe del Parlamento sobre las propuestas de la Comisión, de manera que podamos tener dotaciones presupuestarias este mismo año y, sobre todo, para que ese informe del Parlamento se centre fundamentalmente en el incremento a ayudas sociales.
Creo que en este momento tenemos un plan que permite que los operadores económicos, los armadores, tengan un amplio margen de discrecionalidad para tomar sus decisiones económicas y con generosas dotaciones financieras. En el horizonte de que todos los armadores quieran ir a sociedades mixtas tenemos recursos suficientes, sobre todo si logramos bajar algo más la edad de los buques por debajo de los cinco años. Es muy complicado porque la Unión Europea no es partidaria de haber financiado con fondos comunitarios la construcción de buques por una parte y el desguace tres años después, pero sería un objetivo. El segundo objetivo es que las ayudas a tripulantes, en caso de jubilación anticipada o en caso de puesta en marcha de procesos de creación de autoempleo, sean muy superiores a los límites vigentes. Las ayudas de 10.000 euros o 50.000 euros nos parecen insuficientes y deberíamos incrementarlas, como mínimo, con el mismo esfuerzo que se ha hecho por parte de la Unión Europea con los armadores. No se trata de más dinero adicional, sino de que los baremos sean superiores.
El Gobierno entiende que, dada la fortísima demanda de mano de obra que existe en el sector pesquero, donde tenemos en este momento un altísimo porcentaje de tripulantes inmigrantes, no hay problema de reubicación de los pescadores en un volumen de 2.200, pero entendemos que aquellos que quieran tomar decisiones distintas de jubilación anticipada, puesto que éste es un sector muy duro --el trabajo en el mar es un trabajo de riesgo, es un trabajo de desgaste físico y es un trabajo que realmente no es de los más cómodos--, tienen que tener un incentivo suficiente para tomar esta decisión en un marco económico razonable, en un contexto de prosperidad económica, y lo mismo aquellos que quieran afrontar proyectos empresariales. Esta es la asignatura pendiente de este plan de acción en Marruecos. Creo que los demás temas están bien cubiertos, creo que se está haciendo una negociación internacional inteligente, pero creo que falta esta pata social que comparto plenamente con su señoría y que es una de las preocupaciones básicas del Gobierno español en este momento y que espero que con la colaboración del Partido Socialista y de los demás partidos representados en esta Cámara podamos sacar adelante, con el empuje de todos, un plan equilibrado que luego, con la colaboración de todas las Comunidades Autónomas, podamos aplicar sobre el territorio.
Muchas gracias, señor Presidente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Muchas gracias, señor Ministro de Agricultura.
Tiene la palabra el Senador interpelante, señor González Príncipe.


El señor GONZALEZ PRINCIPE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, tengo que acudir al siguiente dicho: Aunque la mona se vista de seda mona se queda. Y es que no sé si usted nos ha querido convencer de que ha sido un éxito no haber obtenido el acuerdo pesquero con Marruecos.
Imagínense, ustedes por un momento el siguiente cuadro: un pobre ministro o una pobre ministra socialista que en su momento no hubiera obtenido el acuerdo pesquero con Marruecos. ¡Las cosas que estarían diciendo ustedes! Fíjese en la diferencia.
Es un grave fracaso de la política del Gobierno no haber conseguido el acuerdo pesquero. Yo creo que ese acuerdo se pudo conseguir, señor Ministro. Es más, como estamos en un sitio donde se levantan actas, digo lo siguiente: Habrá acuerdo pesquero con Marruecos, y lo habrá con un Gobierno de ustedes porque se conseguirá antes de las próximas elecciones generales. Y es que no le va a ser posible al sector pesquero marroquí modernizarse sin recibir nuestras inyecciones de capital. Y si no se llega a un acuerdo pesquero entre la Unión Europea, y Marruecos, veremos la «pagaille», como dicen los franceses, veremos el desorden que se organiza a través de acuerdos privados.
Repito que a Marruecos no le es posible modernizar su sector pesquero.
Además, su mercado somos nosotros; ellos no se comen el pescado. Por tanto, tengamos un mínimo de sensatez. Nosotros le decimos, señor Ministro --tema número uno--, que creemos que debe mantenerse en la agenda política europea la posibilidad del acuerdo, que, es o sí, como es lógico, tendrá que ser distinto al que había.
Tema número dos. Señor Ministro, yo tengo un papel que me han enviado los sindicatos con la contestación que le da el jefe de Gabinete del señor Fischler. Y mis compañeros sindicalistas insisten --y yo les creo; creo a mis compañeros de UGT del mar y a los de Comisiones Obreras del mar aunque no sean compañeros míos-- en que usted no ha querido negociar con ellos determinadas propuestas. Y en la carta que tengo aquí, fechada en Bruselas el día 5 de septiembre, el Comisario Fischler, vía su jefe de Gabinete, dice que la propuesta de la parte social tiene que asumirla usted. Y yo le he preguntado, señor Ministro, si el Gobierno de mi nación, que se llama España, está dispuesto a asumir parte de la propuesta hecha por los sindicatos referente al seguro de desempleo, a las ayudas de recolocación y a cómo se va a contabilizar el tiempo del seguro de desempleo, cómo van a ser las ayudas y si se va a

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bajar o no la edad de prejubilación. Le he preguntado cosas concretas.
Termino diciéndole, señor Ministro, que usted dijo en la Comisión el lunes 1 de octubre, cuando hablábamos de los palangreros de A Guarda de los de Barbanza, y de los de Morrazo, que iba a recolocar a unos palangreros de superficie dentro de las aguas. Creo que se acordará de ello; además, figura en el acta. Se acordará que yo le dije que estaba usted equivocado. Pues mire si estaba equivocado, señor Ministro --se ve que no le pagan a usted los papeles--, que en la Cooperativa de armadores de pesca del puerto de Vigo-- por cierto, de la que fue gerente el Conselleiro de Pesca actual que usted conoció en el Parlamento Europeo, don Enrique López Veiga, cooperativa, que no es dudosa de ser una sucursal socialista, todo lo contrario, son más bien gente de orden, decía que en esa cooperativa el día 5 de abril le dijeron a usted lo mismo que yo le dije en la Comisión. Y le estoy dando otro dato.
Usted está haciendo unos números que no son ciertos, señor Ministro.
Usted sabe que en Mauritania ha habido sobrepesca y que los estudios biológicos dicen que hay algunas especies que tienen que ser contingentadas más a la baja. Por tanto, nosotros creemos, señor Ministro, y lo hacemos respetuosa y humildemente, que usted nos quiere vender un cuento. ¿Conoce usted aquella canción que dice que a los pueblos los engañan con cuentos. Yo creo que a los pueblos no les engañan, pero lo que sí es un cuento es decir que, el que no haya acuerdo con Marruecos es un éxito del Gobierno. Si éstos son los éxitos que ustedes quieren, no son buenos para nuestro país, y los socialistas le proponemos ponernos de acuerdo en cómo corregir lo que han hecho mal, y para ello presentaremos una moción en el próximo Pleno.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador González Príncipe.
Tiene la palabra, en nombre del Gobierno, el señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): Muchas gracias, señor Presidente.
Senador González Príncipe, yo no digo que sea un éxito, lo que digo es que el fracaso no es imputable al Gobierno. Cuando ha habido un Gobierno socialista que no firma una cláusula de renovación y que asume que es el último tratado con un Gobierno signatario, vuelvo a decir que lo que a veces me extraña es la virulencia verbal cuando viene de esos bancos.
Yo lo que digo que es un éxito es afrontar una realidad, y este Gobierno lo que no hace es cerrar los ojos. Ustedes dicen que va a haber acuerdo, pero entre medias, ¿qué?, ¿que se mueran de hambre los pescadores? Este Gobierno, el mismo día que paró la flota, puso en marcha los subsidios, no espero siete meses como el Gobierno socialista, y el mismo día que tiene un problema, afronta la reconversión, la reubicación y las medidas sociales. Y tiene un plan aprobado, tiene financiación --porque nosotros hacemos los planes con financiación suficiente, y comprendo que esto le puede molestar a alguno--, y tiene un plan encima de la mesa que no es que sea el mejor pero es el plan que es posible.
Dice usted que nos vamos a entender. Aquí ha habido muchos profetas, yo he oído a la Junta de Andalucía decir que iba a crear una macroempresa para sociedades mixtas. ¿Sabe usted cuál es el problema con el que el Gobierno está lidiando en este momento? Que Marruecos está endureciendo su legislación de sociedades mixtas para hacer imposibles las sociedades mixtas. Esa es la realidad. En el seno de la reunión de alto nivel que tendrá lugar en diciembre trataremos de conseguir un marco jurídico para que las sociedades mixtas sean posibles por esa integración necesaria que entendemos que debe existir entre el sector pesquero marroquí y el español.
Pero no es ésta la voluntad. En este momento el proceso legislativo interno marroquí va en sentido absolutamente contrario. Por tanto, yo no vendo humo, yo he negociado en Mauritania lo que el sector me ha pedido.
Me han dicho que querían más cefalopoderos, y hay más; que querían más para merluza negra, y hay más; y cuando yo le digo que hay margen para cefalopoderos es que en la categoría dos de merluza negra, en este momento se modifica la captura accesoria para los palangreros de fondo, con lo cual habrá 16 ó 20 palangreros. ¿De dónde son estos palangreros? Ya veremos, pero hay 16 posibilidades de barcos. Lo mismo ocurre en la categoría octava, donde tengo espacio para palangreros de superficie, que posiblemente serán de Algeciras, donde tenemos casi 14 unidades más.
Yo digo que son realidades esas posibilidades pesqueras. Posteriormente, son los armadores los que tienen --que tomar decisiones económicas. Arribar de caladero siempre es complicado, no es fácil, habrá unidades, y en el caso de unidades gallegas muy lejanas posiblemente tendremos que poner un buque de transporte para evitar los costos de ¡da y vuelta de las unidades, y tendremos que ir a fórmulas imaginativas que en este momento se están trabajando con la Xunta de Galicia.
España tenía una absoluta dependencia de un acuerdo que era vital para nosotros. Creo que es una mala noticia que no exista este acuerdo, y lo que ahora estamos haciendo es disminuir nuestro grado de dependencia del caladero marroquí, porque estábamos siempre con la espada de Damocles. En este momento tenemos una mayor diversificación de la flota con, muchos problemas para alguno de sus segmentos. El Gobierno no oculta los problemas. No vendo humo porque si yo le digo que coloco a 60, tengo todavía 230 problemas, y para mí cada barco es un problema.
En cuanto al aspecto social, ¿qué está haciendo el Gobierno en este momento? En primer lugar, negociar con el Comisario Fischler lo que es de su competencia. La jubilación y el desempleo son asuntos nacionales; son una negociación que lleva el Ministerio de Trabajo, que está manteniendo conversaciones con los sindicatos, con los que no ha llegado a un acuerdo todavía, como es obvio, pero tenemos tiempo hasta el 31 de diciembre, ya tenemos cubiertas las ayudas hasta esa fecha, y después empieza la cobertura por desempleo, lo cual nos da un margen. También saben

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ustedes que el Ministerio de Trabajo está inmerso en plena negociación colectiva, con lo que sus efectivos, que son los mismos que negocian planes de esta magnitud, en estos momentos están dedicados a otras tareas, pero estamos manteniendo conversaciones permanentes.
¿Qué hace el Ministerio de Agricultura? Mejorar las condiciones que la Unión Europea tiene que dar. En la actualidad estamos realizando ese esfuerzo, y paralelamente el Ministerio de Trabajo está estableciendo los planes de Formación Profesional, estableciendo los baremos, primas y demás de todos los sistemas de juilación anticipada y está discutiendo con los sindicatos, pero no hemos llegado a un acuerdo todavía.
No le puedo decir si asumo o no asumo esta cuestión porque es una competencia de otro Ministerio --ya que se inserta en el marco de las grandes crisis macroeconómicas--, y si ustedes dicen que lo asumen, es porque el Partido Socialista lo asume todo, son ustedes una ventanilla abierta y dicen que sí a todo aquel que tiene una reivindicación, pero si estuvieran en el Gobierno tendrían que sumar, porque cuando se está en el Gobierno se suma y se busca una justa distribución de los recursos de que se dispone. Desde la oposición se puede jugar a otro juego y decir que se asume todo, pero si usted fuera Ministro de Trabajo tendría que ver qué es lo que pasa con el equilibrio financiero de la Seguridad Social.
El problema de negociar con un sector es que supone un precedente para todos los demás sectores. (El señor González Príncipe: La Seguridad Social tiene superávit).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Senador González Príncipe, por favor, guarde silencio.


El señor MINISTRO DE AGRICULTURA, PESCA Y ALIMENTACION (Arias Cañete): En este momento, señorías, nosotros estamos negociando con rigor con los sindicatos, estamos defendiendo todas sus peticiones relativas al plan de acción y confiamos en que, con la ayuda del Grupo Socialista en el Parlamento Europeo, tengamos una posición nacional sólida que nos permita conseguir en el Consejo de Ministros de la Unión Europea modificar aquellos elementos que son menos agradables de este plan. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Prada, Presa): Gracias, señor Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación.


--DE DON JOAN GANYET SOLE, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LA POLITICA GENERAL DE MONTAÑAS Y, EN CONCRETO, SOBRE LA CELEBRACION DEL AÑO INTERNACIONAL DE LAS MONTAÑAS (AIM) DURANTE EL AÑO 2002 (670/000090).


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Interpelación del excelentísimo señor don Joan Ganyet Solé, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre la política general de montañas y en concreto, sobre la celebración del Año Internacional de las Montañas (AIM) durante el año 2002.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador Ganyet.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, señorías, el tema que voy a suscitar hoy en la Cámara Alta, en positivo y en nombre de Entesa Catalana de Progrés, no es una cuestión menor; tiene la trascendencia de lo bello y la urgencia de lo necesario. Estamos ante una oportunidad y un reto que no podemos soslayar.
Decía Shakespeare que un toque de naturaleza une al mundo. En noviembre del año 1998, la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el año 2002 como el Año Internacional de las Montañas. Esta decisión ofrece una buena oportunidad y un apasionante desafío en cuanto al seguimiento del capítulo 13, Desarrolló Sostenible de las Montañas, del Programa o Agenda XXI; ofrece una plataforma única para reforzar el proceso a largo plazo iniciado en Río de Janeiro en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Desarrollo, para aumentar la conciencia pública y asegurar un adecuado compromiso político, institucional y financiero que concrete la acción de un desarrollo sostenible en las montañas que vaya más allá, lógicamente, del año 2002.
La Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, fue invitada a actuar como organismo coordinador del Año Internacional de las Montañas, en resolución aprobada por el Consejo de la FAO en noviembre del año 1998. En la resolución de las Naciones Unidas se solicitó el apoyo a la FAO, a la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, la UNESCO, al programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, al programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, así como a otras organizaciones.
Las montañas, como conocen perfectamente el señor Ministro y sus señorías, son ecosistemas frágiles y son mundialmente importantes como depósitos terrestres de agua, áreas de diversidad biológica y de recreación, y como centros de integridad y patrimonio cultural, ocupando alrededor de la quinta parte del área total de la Tierra. Las montañas ofrecen una base de sustento directo de la vida para casi un décimo de la humanidad, así como también proveen bienes y servicios a más de la mitad de la población.
Para asegurar el éxito del Año Internacional de las Montañas es necesaria la acción en varios campos: la creación e intercambio de información, el incremento de la conciencia y la sensibilización, la promoción de la conservación y el desarrollo de los recursos de las montañas para el bienestar de sus comunidades, una acción planificada, coordinada y eficaz, compromiso y dedicación. El éxito del Año Internacional de las Montañas necesitará de la acción de los Gobiernos nacionales para apoyar el programa de las montañas mediante políticas apropiadas.


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El año 2002 ha sido también declarado --y esto es muy trascendente para nuestro objetivo-- el Año Internacional del Ecoturismo. Considerando que buena parte de las actividades turísticas se efectúan en áreas de montaña, esta coincidencia nos ofrece una importante oportunidad para crear y beneficiarnos de la sinergia en el desarrollo de ambos eventos.
¿Cuáles son los objetivos del Año Internacional de las Montañas? Los objetivos en el ámbito de asegurar el bienestar de las poblaciones de montaña y de promover el desarrollo sostenible en esas zonas son los siguientes --no se les escapan a todos ustedes--: asegurar el bienestar presente y futuro de las comunidades de montaña promoviendo la conservación y el desarrollo sostenible en esas zonas. Incrementar la conciencia así como el conocimiento del ecosistema de montaña, sus dinámicas, su forma de funcionar, su importancia decisiva en proporcionar algunos bienes y servicios estratégicos esenciales para el bienestar del hombre de las tierras altas o de las tierras bajas, tanto urbano como rural, en particular la provisión de agua y la seguridad alimentaria.
Promover y defender la herencia cultural de las comunidades de montaña y poner atención, a los frecuentes --ya que estamos hablando de las montañas del mundo-- conflictos que ocurren en estas áreas y promover la paz en esas regiones. Los objetivos serán logrados mediante la generación y el intercambio de información, sensibilización y concienciación, educación, formación, difusión, documentación de las mejores prácticas y formulación de consejos sobre la base de estudios de casos que hayan tenido éxito en este campo, y la promoción, formulación y legislación específica de una política sobre las montañas. Ya comprende el señor Ministro, persona sensible a todas estas cuestiones, que no debe circunscribirse la problemática general de la montaña --que es prismática y por lo tanto muy compleja, que precisa de un tratamiento global integral-- a la redacción de una ley forestal, que es sin duda un aspecto importante, muy importante incluso, pero de alcance parcial y de vocación claramente sectorial.
¿Cómo se puede aplicar el concepto de desarrollo sostenible en áreas de montaña? La fragilidad de los ecosistemas de montaña significa que los impactos del desarrollo insostenible son más rápidos, más fuertes y de más difícil corrección respecto a otras áreas del mundo, por eso la orientación del desarrollo sostenible necesita de una atención particular en estas zonas y hay que considerar muy atentamente los requisitos fundamentales para el desarrollo sostenible, que supone igual atención a las consideraciones de tipo ecológico, económico y social, que aplica métodos integrados y asegura --y eso es muy importante, señorías-- la participación popular.
En realidad comunidades y gente de las montañas son el objetivo principal de todas las actividades que se realizan según el Capítulo XIII y el Año Internacional de las Montañas, por ser esas poblaciones depositarias del conocimiento autóctono y de las experiencias relacionadas con la ecología, la fragilidad y las posibilidades potenciales de su propio hábitat. La contribución y colaboración, por lo tanto, de las comunidades de montaña en el Año Internacional son esenciales para permitir el desarrollo de las mejores prácticas y la formulación de políticas para el desarrollo sostenible sobre la base del conocimiento tradicional y la experiencia práctica. Hoy en día tendencias como la globalización, el incremento del turismo y la urbanización ponen en peligro a las comunidades de montaña y los recursos de los que éstas dependen. En general las zonas montañosas afrontan una marginación cada vez mayor, así como la degradación económica y ambiental.
Como decía al inicio de mi exposición, el Año Internacional representa un paso importante del proceso a largo plazo iniciado en la Cumbre para la Tierra de Río del año 1992. El principal resultado de esa Conferencia fue un programa de acción mundial en materia de medio ambiente y desarrollo, la Agenda XXI.
La inclusión del capítulo XIII, titulado «Desarrollo sostenible de las montañas», situó a éstas en condiciones de igualdad con el cambio climático; la deforestación en las zonas tropicales, la desertización y otras cuestiones de similar importancia en la discusión mundial sobre el medio ambiente y el desarrollo. Algunos de esos programas temáticos específicos han tenido, como no se les oculta a sus señorías, una repercusión enormemente superior en la opinión pública. En todo caso, en los años posteriores a la Cumbre de Río se han puesto en marcha una serie de procesos dinámicos y actividades relacionadas con las cuestiones relativas a las montañas. España, por desgracia, ha permanecido muy alejada del núcleo central de esos debates; el Año de las Montañas proporciona una oportunidad única de reforzar la ejecución del capítulo XIII y hacer avanzar las cuestiones propias de las montañas, entre sus prioridades, en España y en el mundo.
Una manera de asegurar que los acontecimientos y actividades de este Año Internacional estén bien coordinados y sean eficaces consiste en crear comités nacionales, entre cuyas responsabilidades está asegurar que el desarrollo sostenible de las montañas mantenga un lugar prioritario en el programa de desarrollo de los países, no sólo en el año 2002, sino con posterioridad. Tengo una larga lista de países que ya han creado sus comités nacionales; en el momento presente 34 países han creado sus respectivos comités nacionales de la conmemoración, sin que hasta ahora en España se tenga noticia de que se haya constituido ningún organismo que coordine y promueva esa importante cita a escala mundial sobre el futuro de las regiones de montaña. Desde nuestro punto de vista, señorías, señor Ministro, sería incomprensible que no nos involucrásemos en un acontecimiento tan notorio cuando nuestro país es uno de los que cuenta con más zonas de montaña de toda Europa, y teniendo en cuenta que otros países del entorno europeo --Francia, Alemania, Italia, Suiza, Austria, etcétera-- ya han establecido sus comités nacionales del Año Internacional de las Montañas 2002. Bajo ningún concepto debemos quedar al margen.
Conviene, a nuestro parecer, como portavoces de un sentimiento generalizado de las personas sensibles al futuro de las montañas españolas, crear un comité español del Año Internacional de las Montañas, en el que estén representadas las instituciones gubernamentales, los poderes

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autonómicos y locales, las organizaciones no gubernamentales; los institutos de investigación y muy especialmente --y en eso estará de acuerdo el señor Ministro, estoy convencido-- las propias comunidades de montaña.
Señor Ministro, estamos ya a la mitad del mes de octubre del año 2001, faltan por tanto pocas semanas para el inicio del año 2002. Por todo ello, interpelo al Gobierno sobre la política general de montaña y en concreto, sobre la celebración del Año Internacional de las Montañas 2002, promovido por las Naciones Unidas.
Muchas gracias, señor Presidente; muchas gracias, señor Ministro, señorías.


El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, Senador Ganyet.
Para contestar a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, agradezco al señor Senador el interés que manifiesta por asuntos de esta naturaleza, porque nos permiten debatir y expresar nuestros criterios, y, en definitiva, informar sobre las actuaciones que despliega el Gobierno, así como intentar lograr su apoyo para seguir avanzando.
Como su señoría sabe, en la sesión plenaria de noviembre de 1998 la ONU proclama el año 2002 como Año Internacional de las Montañas con el propósito de crear una conciencia sobre la importancia global de los sistemas montañosos.
En dicha resolución, se asignó a la Organización para la Agricultura y la Alimentación (FAO), la función de organismo director de la celebración en colaboración con otros organismos de las Naciones Unidas, los gobiernos y otros interesados. El Año Internacional representa un paso importante en el proceso de la Cumbre de la Tierra, y en el programa XXI se incluye el desarrollo sostenible de las montañas.
En años posteriores a la Cumbre de Río, se han puesto en marcha una serie de procesos dinámicos y actividades relacionadas con las cuestiones relativas a las montañas. Europa no ha sido una excepción en esto, adelantándose incluso al resto del mundo, pues ya en la Conferencia Ministerial sobre Protección de Bosques en Europa, celebrada en Estrasburgo en 1990, se firmó la resolución S-4 titulada Adaptación de la Gestión de Bosques de Montaña a las nuevas condiciones ambientales. Y ya anteriormente existía el Grupo de Trabajo sobre Gestión de Cuencas de Montaña como órgano estatutario de la Comisión Forestal Europea de la FAO.
El Gobierno es consciente de la necesidad de aplicar una atención especial a ciertas regiones que, por sus características orográficas, sociales, turísticas y económicas, requieren una política específica desde distintos ámbitos de la actuación sectorial.
En primer lugar, quiero destacar una vez más que, en cumplimiento del compromiso adquirido por el Presidente del Gobierno en el debate de investidura, estamos elaborando el plan forestal de España, que analiza la situación de los montes y prevé la más importante actuación económica llevada a cabo en España en esta materia.
Del mismo modo, el Gobierno presentó en el mes de julio el inicio de la elaboración de la estrategia española de desarrollo sostenible, dentro de la estrategia europea de desarrollo sostenible, como la propuesta que España va a presentar en la Presidencia Europea y en la Cumbre de Johannesburgo. Su objetivo es realizar un diagnóstico sobre la situación actual y los principales desafíos; establecer las bases para un programa de progreso económico y social y una gestión responsable de los recursos naturales; así como determinarlas políticas, medidas e instrumentos para lograrlo.
En materia de agricultura, tanto desde el ámbito comunitario como nacional; se han puesto en marcha medidas para favorecer el desarrollo de las zonas de montaña, estableciendo indemnizaciones compensatorias, así como mejoras y modernización de las estructuras de producción de las poblaciones agrarias.
En materia turística, el Gobierno ha emprendido actuaciones que benefician a las zonas de montaña a través de los planes de dinamización turística que se han desarrollado, como usted sabe, en el Valle de Boí, en Cataluña; en el Valle de Tena y en el de Benasque, en Aragón; en el valle de Trubia, en Asturias; en la Sierra de Gúdar, en Teruel, en el Alto Aragón; en la Sierra del Maestrazgo, en Aragón, y en Pallars Sobirà, en Cataluña.
Por otro lado, es importante señalar la participación en los sistemas de calidad de las estaciones de esquí, con el sello «Q» de calidad, dentro de un programa de calidad de estos destinos turísticos, así como la actuación, que, en este sentido, se pueda llevar a cabo por el organismo Paradores de Turismo y Parques Nacionales.
En materia de industria, el Gobierno ha puesto en marcha el Plan de la Minería y del Carbón, que tiene por objeto facilitar la evolución de la economía de unas zonas que, tradicionalmente, han dependido de esa producción.
En materia medioambiental, también en cumplimiento del compromiso electoral, además del Plan forestal español, está el anteproyecto de ley de Montes, sin duda fundamental para la gestión de esos espacios. Dicho texto normativo está llamado a convertirse en la piedra angular de una nueva política forestal vertebrada en el uso y aprovechamiento sostenible de nuestros montes, y que debe garantizar la preservación de más de 22 millones de hectáreas de superficie forestal y satisfacer, a la vez, las demandas actuales tanto productivas, como recreativas y socioculturales.
La Unión Europea en todas sus políticas territoriales trata de hacer de estas zonas objeto de sus ayudas, con la idea base de que los habitantes de las mismas deben disfrutar de las mismas oportunidades y servicios que los de las cuencas bajas y medias: Por lo tanto, el concepto de desarrollo sostenible de áreas desfavorecidas con ecosistemas frágiles es un concepto fundamental dentro de la política global de este Gobierno.
En efecto, el año internacional de las montañas es algo que atañe, sin duda, a distintos y muchos organismos oficiales

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y particulares, desde responsables del desarrollo rural, agrícola, ganadero, forestal, paisajístico, ambiental, asuntos laborales, servicios básicos comunes, infraestructuras, nuevas fuentes de empleo, etcétera.
Habrá que contar, sin duda, con las Comunidades Autónomas de una forma prioritaria dentro de este tipo de coordinación de políticas sectoriales e institucionales enmarcadas dentro de esta política global, a la que he hecho referencia, y dentro de lo que vamos a tener que hacer en este año internacional declarado por la ONU.
También las comunidades que desarrollan allí su vida o su trabajo, incluso su ocio, deben ser naturalmente escuchadas con especial atención las más dependientes del medio, así como organizaciones de todo tipo que puedan aportar sus ideas y opiniones para conseguir los objetivos que debemos perseguir en esta celebración asegurar el bienestar presente y futuro de las comunidades de las montañas, promoviendo la conservación y desarrollo sostenible en estas zonas; incrementar la conciencia, así como el conocimiento del ecosistema de las montañas, sus dinámicas, su forma de funcionar y su importancia decisiva en proporcionar algunos bienes y servicios estratégicos esenciales para el bienestar del hombre de las tierras altas o de las tierras bajas tanto urbana, como rural, en particular la provisión de agua y la seguridad alimentaria; promover y defender la herencia cultural de las comunidades sociedades de montaña; atender los conflictos que ocurren en las áreas de montaña y promover la estabilidad en aquellas regiones.
El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha venido gestionando fondos estructurales europeos en las zonas de agricultura de montaña desde nuestra incorporación a la comunidad, indemnizándose con ellos a los habitantes de estas zonas por la diferencia de oportunidades de creación de renta que encuentran en su población de origen. El Ministerio de Medio Ambiente, además de los trabajos de restauración hidrológico-forestal que ha realizado en estas cuencas altas, se ha mostrado especialmente activo en estos temas a escala europea. Quiero recordarle el plan de acción de la resolución S-4 --antes mencionada--, y el liderazgo que España ostenta en este tema en el observatorio europeo de bosques de montaña. En el mes de junio del año 2002 le corresponde a España, al Gobierno de Navarra, en colaboración con este Ministerio, la organización de la reunión paneuropea de bosques de montaña.
En cualquier caso, señoría, dentro del espíritu constructivo de esta interpelación al Gobierno, al que usted hacía referencia, además de intentar hacer un repaso a la política general del Gobierno en esta materia y en este sector, le quiero decir, como le dije en la contestación a la pregunta anterior, que el Ministerio de Medio Ambiente está estudiando la constitución de la Comisión, y con ese espíritu positivo nuestra intención es plantear la constitución de esta Comisión dentro de la Conferencia Sectorial de responsables de Medio Ambiente, ya que creemos que es un asunto que se debe realizar de forma coordinada con las distintas Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.
El señor VICEPRESIDENTE (Prada Presa): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Ganyet, por tiempo de cinco minutos.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señor Presidente.
Muchas, gracias, señor Ministro, he escuchado con atención su respuesta, siempre amable en el tono, y le agradezco además su aceptación de la conveniencia de que España no quede marginada en la celebración del Año Internacional de las Montañas y del Año Internacional del Ecoturismo, que felizmente coinciden.
Señor Ministro, ha hecho mención a una serie de actuaciones de diversos Ministerios promovidas por el Gobierno, y es lógico que así sea; son actuaciones sectoriales; ha hablado repetidamente de cuestiones forestales, de la elaboración de la estrategia española de desarrollo sostenible dentro de la estrategia europea, de las indemnizaciones compensatorias de montaña desde el Ministerio de Agricultura, de los planes turísticos, del programa de calidad de las estaciones de esquí, de parques nacionales, de plan del carbón, etcétera. Es lógico, estamos en un país europeo con más de dos millones de personas que viven en la montaña y que cuidan del 40 por ciento de la superficie del país, y por tanto debe haber, y hay, políticas específicas. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Por tanto, se trata de participar desde la experiencia española, que existe, en una gran reflexión mundial el año que viene. No podríamos permitirnos bajo ningún concepto, siendo España uno de los países más montañosos de Europa, desperdiciar una oportunidad de oro para impulsar esa gran reflexión, y lo más importante es que sea liderada por el Gobierno con participación activa de la sociedad. El señor Ministro ha hecho referencia a las Comunidades Autónomas, también los ayuntamientos, las mancomunidades de municipios, las asociaciones de montaña, las universidades, los centros de investigación, etcétera. Una gran reflexión sobre el rol que corresponde, en los albores del siglo XXI, a esos dos millones de españoles que viven en las montañas en nuestro país y que ejercen ya una función de importancia estratégica para el conjunto de la sociedad.
No sería bueno, por otra parte, caer en el vicio nacional de la improvisación. Actuemos con diligencia, aún estamos a tiempo, señor Ministro. El Gobierno debe liderar la creación del Comité español del Año Internacional de las Montañas, como han hecho todos sus homólogos europeos: Italia, Alemania, Francia, Austria, Suiza, etcétera. No se trata de una cuestión con incidencia presupuestaria, sino de ejercer el liderazgo que le corresponde en la sociedad. Si no se hiciera así --que de las palabras del Ministro se desprende que no será así, es decir que vamos a crear ese Comité-- los españoles estarían en inferioridad de condiciones en relación a los otros europeos, y deberían participar en la celebración del Año Internacional de las Montañas y del Año Internacional del Ecoturismo casi individualmente, en formación dispersa.
Quiero recordar que el artículo 130 de la Constitución española, como el señor Ministro conoce perfectamente,

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reconoce explícitamente que los habitantes de las áreas de montaña españolas tienen derecho a un tratamiento especial. Y fue una aportación de este Senado en el momento discusión de la discusión de la Constitución española, a partir de la existencia de un artículo parecido en la Constitución italiana, a instancias de Entesa dels Catalans de aquel momento. Y también quiero recordarle que en los últimos meses el Senado, nuestra Cámara Alta, ha creado una Comisión «ad hoc», que iniciará --espero-- su andadura en las próximas semanas. Son dos botones de muestra de la relevancia que se da en nuestro país, que da la democracia española a la problemática de montaña.
Anuncio, pues, en positivo la presentación de una moción para ser debatida en el próximo plenario con el objetivo de promover un amplio acuerdo de los grupos parlamentarios y, a través de ese amplio acuerdo, del conjunto de la sociedad respecto a un tema que a todos nos concierne.
Muchas gracias, señor Presidente. Muchas gracias, señorías, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, agradezco también el tono de sus palabras, que creo que corroboran una sensibilidad compartida en este caso con respecto a la problemática de estas zonas de montaña. Es lo que he intentado explicar.
Usted interpelaba al Gobierno sobre su política destinada a este tipo de zonas y yo he intentado hacer un repaso que sinceramente creo que demuestra que sí ha existido esa sensibilidad.
En cualquier caso y respecto al tema que nos afecta en concreto, que es la celebración de este Año Internacional, como no puede ser de otra manera, reconocemos los esfuerzos que desde todas las administraciones en el pasado y en el presente se vienen haciendo o se tienen que hacer respecto a esa sensibilidad por estas zonas y estos ciudadanos. No obstante, en el Año Internacional de las Montañas creo que hay una serie de proyectos que nos pueden ayudar, como le dije en otra ocasión.
Sinceramente, creo que son proyectos muy importantes los que se van a debatir y si, como usted dice, no conforman la totalidad de la problemática de estas zonas, algo sí tienen que ver. Por ejemplo, creo que el Plan forestal español algo tiene que ver con respecto a la actuación en este tipo de zonas, aunque, efectivamente, hay muchas otras cuestiones.
En cualquier caso, recojo esta propuesta en positivo y nuestro compromiso es el de presentar este estudio para la constitución de dicho comité en la conferencia sectorial, porque creemos que efectivamente ésta es una cuestión que debe ser debatida con las Comunidades Autónomas, sin perjuicio de que posteriormente también se pueda extender al ámbito municipal. Esa es una decisión que debe adoptar esa conferencia sectorial, pero vamos a hacer esta propuesta.
Muchas gracias.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ministro de Medio Ambiente.
Concluido el debate de las interpelaciones, suspendemos la sesión, que se reanudará a las cuatro de la tarde.


Eran las trece horas y cincuenta minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y diez minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION CONSTITUCIONAL EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA REGULADORA DEL DERECHO DE PETICION (C. D. 121/000021) (S.
621/000030).


La señora PRESIDENTA: Punto tercero del orden del día: Dictámenes de comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
De la Comisión Constitucional en relación con el proyecto de ley orgánica reguladora del derecho de petición.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, el Senador Agramunt.


El señor AGRAMUNT FONT DE MORA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, de nuevo me corresponde, como Presidente de la Comisión Constitucional y por encargo de la misma, en los términos que señala el artículo 120 del Reglamento, dar cuenta al Senado de las actuaciones y motivos inspiradores del dictamen formulado por la Comisión Constitucional de la Cámara, respecto del proyecto de ley orgánica reguladora del Derecho de petición, que hoy debate el Pleno.
Este encargo, que siempre es un honor, es hoy además causa de satisfacción, porque junto a la labor de perfeccionamiento que habitualmente desarrollan las Ponencias, Comisiones y Pleno del Senado, en esta ocasión ha habido una tarea de corrección técnica por la aceptación de la enmienda número 4, en la fase de Ponencia, a la que me atrevo a calificar de institucional porque, merced a esta enmienda de todos los grupos parlamentarios, se ha mantenido el fuero parlamentario en los términos en que se contempla en el bloque de constitucionalidad y, además, se ha hecho tanto por lo que atañe al Congreso de los Diputados y al Senado como también a las asambleas legislativas de las Comunidades Autónomas.
Pero no sólo se ha realizado esa labor; ya de por sí valiosa, sino que además, en el debate en Comisión de este proyecto --que entró en el Senado el 11 de junio y al que

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se presentaron 8 enmiendas: la 1, 2 y 3 del Grupo Parlamentario Mixto, la citada número 4, de los siete grupos parlamentarios de la Cámara, y las 5, 6, 7 y 8 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió--, se aprobaron además las enmiendas números 6 y 8, de Convergèrcia i Unió, al artículo 10.1 y a la disposición adicional primera, apartado 2, además de una corrección gramatical en el preámbulo.
Permanecen, pues, como votos particulares, el número 1 referente a las enmiendas números 5 y 7 del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y el número 2 respecto a las enmiendas números 1, 2 y 3 de los citados Senadores del Grupo Parlamentario Mixto.
Estos son, señora Presidenta, señorías, los antecedentes del dictamen que aquí se debate.
No quiero finalizar, señora Presidenta, sin referirme a dos de los ponentes que más han trabajado por el perfeccionamiento del proyecto, los Senadores Antonio García Miralles y Ricardo Doñate Catalán; a ellos, al resto de los ponentes y miembros de la Comisión, así como a la Letrada de la misma, doña Rosa Ripollés, mi reconocimiento como Presidente de una tarea bien llevada, con la armonía y el acuerdo que siempre tratamos que sea norma en la Comisión que me honro en presidir.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Varios señores Senadores: ¡Muy bien!)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Comienza el debate de totalidad. En turno a favor, ¿algún Senador quiere hacer uso de la palabra? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos, por tanto, al turno de portavoces. Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Efectivamente habíamos mantenido el voto particular sobre tres enmiendas para el dictamen, pero vamos a anunciar en este Pleno que después de hacer una relectura y ver cómo quedaría la ley, consideramos que se ha reflejado lo que pretendíamos con esas tres enmiendas, de tal forma que las retiramos en este Momento y daremos nuestro voto favorable al dictamen.
Nada más y muchas gracias:

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, este derecho de petición que hoy regulamos, y que espero sea aprobado por unanimidad, está recogido en el artículo 29 de la Constitución Española como derecho fundamental. Han tenido que pasar 23 años desde la aprobación de la Constitución Española para que se desarrolle una ley propia de peticiones. Creemos sinceramente que es una buena ley; que mejoró muchísimo en su debate en el Congreso de los Diputados, y con ligeros toques técnicos introducidos por esta Cámara del Senado. Queda pendiente para el desarrollo futuro el derecho de petición, colectiva de las Fuerzas Armadas, que pronto serán totalmente profesionales, así como el de los internos en centros penitenciarios.
Finalizo diciendo que en Coalición Canaria creemos que entre todos debemos hacer un correcto uso de las grandes posibilidades democráticas de esta ley y, asimismo, contribuir a su divulgación.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
En su nombre, tiene la palabra el Senador Aurrekoetxea Bergara.


El señor AURREKOETXEA BERGARA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Creemos que huelgan las referencias múltiples que se podrían dar a la configuración histórica de este derecho, por otro lado bien remoto, porque estamos ante un derecho que es indiscutido y aceptado por todos.
Como decía el interviniente anterior, su desarrollo viene de un mandato constitucional, además se encuentra en una zona constitucional especialmente protegida, y su contenido fundamental es la posibilidad de dirigirse a un poder público solicitando algo. Ese algo puede tener toda la amplitud que se quiera y se agota con esa posibilidad de ejercitarlo formulando la solicitud y, como bien se dice, sin que por ello pueda derivarse perjuicio alguno al interesado. Su carácter antiformalista precisamente se ha planteado para facilitar su uso. Además, este derecho de participación directa es en estos momentos muy interesante, ya que todos pretendemos la búsqueda de una mayor participación por parte de la ciudadanía. Los ciudadanos serán los que nos digan si éste es el instrumento que esperaban, si les sirve o no esta regulación, si lo van a utilizar o no.
Por lo tanto, estamos ante un derecho cuyo uso será el que nos diga si hemos sabido acertar, y si esta ley es todo lo buena que se ha podido hacer; no vamos a magnificarlo. Esta regulación surge desde la perspectiva de facilitar al máximo este ejercicio por parte de los interesados. Nuestra posición, pues, es favorable y damos ánimo a la ciudadanía para que lo ejercite y así podamos posteriormente evaluarlo.
En cuanto a la tramitación podemos darnos por satisfechos, porque la mayoría de nuestras enmiendas fueron aceptadas en el Congreso y otras las retiramos para conseguir entre todos un mayor consenso. Confiamos además en que éste siga siendo el talante que funcione en otras próximas leyes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Por el Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Solé i Tura.


El señor SOLE I TURA: Muchas gracias, señora Presidenta.


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Desde nuestro punto de vista, el derecho de petición ha podido aguantar su doble contenido político y administrativo por algunas razones. Una de ellas es que la ley de 1960 era básicamente administrativa; como tal, ha podido aguantar una regulación técnica e, insisto, ha continuado funcionando. Posteriormente, cuando el derecho de petición se incluyó en el artículo 29 de la Constitución, el contenido constitucional y más político se solventó por la actitud y el funcionamiento del Tribunal Constitucional que le otorgó un contenido realmente político y también administrativo; desde este punto de vista, esta ley surgida años antes ha llegado hasta hoy con sus deficiencias pero también con sus cualidades.
Hoy esto ya no es factible. En los años de democracia el derecho de petición ha experimentado un carácter nuevo porque la sociedad ha cambiado, porque esta misma sociedad se ha vuelto más abierta y más exigente y porque nuevas generaciones han entrado en escena sin los resquemores y las insuficiencias de las anteriores. Su aspecto formal se hizo estrecho y su aspecto político y administrativo superó los cauces del Tribunal Constitucional exigiendo celeridad, claridad, transparencia y, en definitiva, exigiendo inmediatez en la petición formal y sobre todo en la respuesta; todo ello adaptado a un marco jurídico que ha introducido las novedades surgidas de la Constitución democrática, como lo demuestra el artículo 5, con la utilización abierta de las lenguas cooficiales.
Por esta razón, nuestro Grupo Parlamentario votará afirmativamente el texto consensuado del proyecto.
En relación con las enmiendas que se han mantenido hasta el momento creo que se ha actuado con sensatez en el reconocimiento de algunas y el rechazo de otras. Especial interés tenía la enmienda número 1, de los señores Senadores Cámara y Cabrero, porque su contenido y el razonamiento eran claros y sensatos, pero como ha sido retirada no insisto más.
Por consiguiente, repito, nuestro Grupo Parlamentario votará a favor por las razones que acabo de señalar anteriormente.
Muchísimas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Solé i Tura.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Sesmilo.


El señor SESMILO I RIUS: Muchas gracias, señora Presidenta.
Queridos colegas, ¿qué más podría añadir después de lo que han dicho mis ilustres predecesores, especialmente después de la intervención de uno de los padres de la Constitución? Simplemente deseo mostrar la satisfacción de nuestro Grupo, ya que aparte de la enmienda conjunta, ha sido el único que ha visto prosperar dos enmiendas en el trámite del Senado, y la mejor muestra de nuestro agradecimiento es retirar las enmiendas que aún quedaban vivas y manifestar nuestro apoyo al dictamen.
Muchas gracias. (Aplausos.) La señora PRESIDENTA. Gracias, Senador Sesmilo.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador García Miralles.


El señor GARCIA MIRALLES: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, permítanme unas breves palabras, porque además lamentablemente no sé si me espera esta tarde, al regreso, la gota fría.
En estos momentos hay que hablar de algo importante en el Senado, cual es la oportunidad y la necesidad de una ley que consiguió 277 votos de un total de 278 en el Congreso y espero que, después de la intervención del Grupo Parlamentario Mixto, cuente con la unanimidad de esta Cámara.
Quiero resaltar que tanto cuando el Gobierno planteó el proyecto de ley como cuando el Grupo Socialista presentó una proposición de ley con su propio texto, se ha contado con el esfuerzo hasta el último instante de todos y cada uno de los grupos parlamentarios, y hemos consensuado el texto básico que hoy va a respaldar el Senado.
Si bien este proceso parlamentario --quiero recordar que estamos hoy al final del trámite parlamentario en el Senado-- ha sido un tanto largo, ha valido la pena, porque entendemos que no se trata, como han señalado a lo largo del proceso numerosos portavoces, de la regulación de un derecho menor; porque no hay derecho subjetivo que, caracterizado como fundamental, carezca de relevancia, y porque aunque en otros casos recientes leyes orgánicas no hayan obtenido este consenso, en esta ocasión va a conseguirlo de forma evidente.
Quisiera señalar que no sólo en el Parlamento Europeo, sino también en numerosos Parlamentos de las Comunidades Autónomas, se ha abierto una concepción --subrayo-- dinámica y de acercamiento institucional que regula y da practicidad a este derecho. La filosofía que anima el buen trabajo que ha realizado y sigue efectuando la Comisión de Peticiones del Senado es reflejo de esta concepción que hoy va a explicitarse en este proyecto de ley.
La aprobación de este proyecto requerirá en su momento las reformas reglamentarias que permitan a la Comisión de Peticiones cumplir con el fondo y la voluntad política de este acuerdo. El proyecto de ley potencia la intervención directa de los ciudadanos fortaleciendo este instrumento democrático. Se trata de la regulación de una forma de participación en positivo. Se amplía mucho la posibilidad de este derecho extendiéndolo a los no españoles, extranjeros y apátridas, más allá --creemos algunos-- de la propia literalidad del artículo 29 de nuestra Constitución.
Para los que somos un poco producto de la transición política y de otras cosas, entendemos que, cuando menos, resulta un tanto paradójico que esta extensión choque con la regulación establecida en la reciente normativa en materia de extranjería, pero debemos concluir que lo paradójico no ha de ser necesariamente inconstitucional, y menos en el caso de este proyecto de ley, que tiene tan amplio consenso. La voluntad política expresada por el arco parlamentario

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y la interpretación de nuestra propia Constitución sin duda han superado obstáculos más importantes.
Se trata de una reflexión que en la tramitación de este proyecto se ha efectuado en el Senado y que yo apunto desde la más absoluta solidaridad con el pacto político, que todos los grupos y el Gobierno hemos apoyado.
Se propone aligerar las trabas administrativas, como se ha dicho; fortalecer el protagonismo del ciudadano; garantizar la adecuada respuesta; facilitar, en su caso, la audiencia al interesado, junto con otras valoraciones, como ha indicado mi amigo y referente en temas constitucionales, el Senador Solé i Tura, es decir, la utilización clarísima de la cooficialidad de las lenguas. En definitiva, los elementos positivos, resaltados por otros intervinientes que me han precedido en el uso de la palabra, hacen que tengamos una valoración altamente favorable del dictamen de la Comisión del Senado, lo que supone, desde el punto de vista del compromiso de todos, que esta ley será muy estable y, por lo tanto, supondrá una mejora sustancial de este derecho constitucional.
No voy a referirme, en aras a la brevedad y al trabajo que se ha realizado, a algo que ha sido probablemente la aportación de mejora más sustancial que ha realizado el Senado, que es precisamente la enmienda que, firmada por todos los grupos, ha defendido de alguna manera el fuero de la propia institución parlamentaria en cuanto al recurso ante el propio Tribunal Constitucional. Lo ha expresado muy bien el Presidente de la Comisión que ha actuado como portavoz de todos, y a sus palabras me remito.
Quiero agradecer, en la medida en que me corresponda, el trabajo y la cooperación de todos y manifestar la voluntad del Grupo Socialista, no sólo de aprobar esta ley, sino todas aquellas medidas complementarias que hagan realidad para los ciudadanos el objetivo fundamental que nos ha unido a todos en el día de hoy.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador García Miralles.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Amilivia.


El señor AMILIVIA GONZALEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, también yo voy a intervenir con mucha brevedad. En primer lugar, quiero recordar que este proyecto de ley es un compromiso del Presidente del Gobierno manifestado en su debate de investidura, al que de esta manera damos cumplimiento. Asimismo, quiero destacar, como ya se ha hecho, el espíritu de diálogo, acuerdo y consenso que ha caracterizado todo el trabajo parlamentario, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado, trabajo que ha mejorado ostensiblemente este proyecto de ley. Se han aceptado tres enmiendas y hoy se han retirado los dos votos particulares que permanecían vivos, lo que demuestra todavía más ese espíritu de diálogo, acuerdo y consenso, propio de una ley orgánica que pretende desarrollar un derecho fundamental.
Como también se ha dicho, con este proyecto de ley se supera la vigencia de una normativa de carácter preconstitucional: la Ley de 22 de diciembre de 1960, que se ha mantenido vigente en el tiempo por su carácter técnico y neutro, aunque hay que decir claramente que no ha impulsado de forma adecuada el ejercicio de este derecho.
La gran aportación de este proyecto de ley respecto de la regulación preconstitucional es que reconoce como contenido esencial del derecho de petición el derecho a obtener una respuesta motivada y por escrito a cualquier petición que se formule a los poderes públicos, autoridades o administraciones. A éstos se les imponen cargas y obligaciones que aseguran que el derecho de petición no sea mera retórica sino un medio específico y privilegiado de comunicación de los ciudadanos con los gobernantes.
Como saben sus señorías, el constituyente español consagró el derecho de petición como un derecho fundamental en sentido estricto, privilegio que no se concedió a otros tan básicos y trascendentes como los derechos a la propiedad o al trabajo, por poner dos ejemplos. Y es que nos encontramos ante algo más que un derecho fundamental: el derecho de petición es el origen histórico de todas las libertades y constituye también hoy en día una institución jurídica con más amplio contenido y significación que un derecho fundamental más.
No voy a hablar de los antecedentes históricos porque creo que están en la mente de todos, pero sí diré que en la actualidad el derecho de petición presenta una doble naturaleza: la de derecho de participación política de todo ciudadano y la de inmunidad, es decir, el derecho a no ser perseguido por las opiniones expresadas en las peticiones formuladas; por tanto, se concibe como una forma de libertad de expresión genérica.
En toda época y en todo lugar ha sido, más que un derecho fundamental, una institución política, un cauce institucional privilegiado en las relaciones entre los gobernantes y los gobernados. A nuestro juicio, ésta es una muy buena ley reguladora del derecho de petición. Este no necesitaba que tuviera una excesiva regulación jurídica, por lo que nuestra misión fundamental ha consistido en no poner trabas innecesarias ni dificultar de ninguna manera el ejercicio de este derecho por parte de los ciudadanos. Sus características principales, son, en efecto, la claridad, la sencillez, el antiformalismo y la eliminación de obstáculos innecesarios en el ejercicio de este derecho.
En este proyecto de ley orgánica se reconoce el derecho fundamental de petición en los términos más amplios posibles, con las únicas limitaciones que la propia Constitución o la más elemental prudencia exigen, y aun éstas, reducidas a su mínimo contenido. Todos los aspectos que contempla el proyecto de ley apuestan por la más amplia concepción posible: la titularidad activa --como aquí se ha dicho, puede ejercerlo cualquier persona natural o jurídica prescindiendo de la nacionalidad--, la titularidad pasiva --se contempla en el artículo 2 del proyecto de ley, superando el sistema de listas de la ley preconstitucional--, el objeto --puede ser cualquier materia para cuya satisfacción el ordenamiento jurídico no tenga previamente establecido un procedimiento específico--, y la sencillez --se ha basado en el llamado principio antiformalista de forma escrita, con mínimos requisitos y cualquier medio, incluso

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el electrónico--. Con respecto a las lenguas cooficiales, las garantías para su eficacia tienen sólo dos limitaciones: que lo que se pida no sea ajeno a las atribuciones del órgano o que deba ser tramitado por un procedimiento reglado. Y finalmente, las garantías jurisdiccionales que asisten a cualquier derecho fundamental. Pero quiero reiterar una vez más que, a nuestro juicio, la gran aportación respecto de la actual Ley de 22 de diciembre de 1960 es que se reconoce como contenido esencial de este derecho la obtención de una respuesta motivada y por escrito a cualquier petición.
Deseo en nombre de mi Grupo, al igual que todos, que esta ley sirva para impulsar el ejercicio del derecho de petición para que sea en definitiva un instrumento de participación y expresión útil para los ciudadanos.
Muchas gracias. (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Amilivia.
Señorías, no procede el debate de las enmiendas puesto que han sido retiradas. Entiendo que la Ley puede aprobarse por asentimiento. ¿Es así? (Pausa.) Queda aprobada.
Tal y como dispone el artículo 90 de la Constitución Española se dará traslado de las enmiendas aprobadas en Comisión por el Senado al Congreso de los Diputados para que se pronuncie sobre las mismas de forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


MOCIONES (Continuación):

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO AL DESARROLLO DE UNA NUEVA POLITICA EN MATERIA DE SUELO Y VIVIENDA, ASI COMO A LA INTRODUCCION DE DIVERSAS MEDIDAS EN EL FUTURO PLAN DE VIVIENDA PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE LOS AÑOS 2002 Y 2005 (662/000157).


La señora PRESIDENTA: A continuación, pasamos al punto cuarto del orden del día: Mociones.
Moción de Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno al desarrollo de una nueva política en materia de suelo y vivienda, así como a la introducción de diversas medidas en el futuro plan de vivienda para el período comprendido entre los años 2002 y 2005.
A esta moción del Grupo Socialista se han presentado tres enmiendas, una por parte del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, otra por parte del Grupo Parlamentario Popular y una tercera por parte del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
Para la defensa de la moción tiene la palabra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, el Senador Herranz.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, las condiciones para disponer de una vivienda digna son en estos momentos duras y difíciles para amplios sectores de la población española, y especialmente para aquellos jóvenes que quieren alquilar o comprar su primera vivienda. El precio de la vivienda libre ha aumentado un 46,6 por ciento en los cuatro últimos años, y sólo en el primer semestre de este año se ha disparado a un 16 por ciento frente al 3,2 por ciento de incremento medio salarial pactado en enero de este año. El Parlamento no puede permanecer ajeno a este preocupante problema para muchos españoles. No obstante, el Ministro de Fomento ha comparecido ante esta Cámara para responder dos interpelaciones, y el 11 de septiembre pasado debatimos aquí una moción consecuencia de interpelación de Convergència i Unió que, aunque nosotros apoyamos, se limitaba a ser una mera declaración de intenciones que facultaba al Gobierno para hacer lo que estimase oportuno. (El señor Vicepresidente, Prada Presa, ocupa la Presidencia.) Ahora, y ante el fracaso del Gobierno del Partido Popular en su política de suelo y vivienda, el Grupo Parlamentario Socialista presenta esta moción con medidas concretas. Dentro del marco del programa de vivienda 2000, sólo se ha ejecutado el 46 por ciento de las actuaciones previstas para el presente año en viviendas de protección oficial, es decir, hay 37.200 viviendas protegidas frente a las 79.975 previstas en el plan.
Además, apenas se ha concedido el 48,6 por ciento de los 780.000 millones da pesetas que Fomento concertó con las entidades financieras para financiar el programa 2000, lo que supone un escándalo social y un absoluto desprecio a las necesidades de muchos ciudadanos. No se trata de construir muchas viviendas --se han construido aproximadamente 500.000 anuales en estos tres últimos años--, sino que su precio sea asequible para amplios sectores de la población española.
En este momento nos enfrentamos a dos hechos incuestionables: por un lado, el precio de la vivienda libre ha tenido un incremento medio del 14,8 por ciento en el año 2000, según datos oficiales, sin que este hecho sea achacable a la escasez de oferta, como hemos dicho anteriormente, y esto ha motivado que el esfuerzo que debe dedicar una familia para adquirir una casa representa el 40 por ciento de su renta, es decir, siete puntos por encima del porcentaje que se considera idóneo para las rentas familiares. Por otro lado, es irrefutable que mientras se dispara el precio de la vivienda libre no se construyen casi viviendas de protección oficial. El Gobierno del Partido Popular se ha desentendido de la obligación de construir viviendas de este tipo. Las simples declaraciones del Ministro de Fomento, señor Alvarez-Cascos, aduciendo que la mejora del empleo, el nivel de renta y el descenso de los tipos de interés permiten a los españoles comprar con facilidad viviendas sin subvencionar, son una muestra de esta despreocupación gubernamental.
Nosotros entendemos que hay otras razones para explicar la fuerte caída de la construcción de viviendas de protección oficial y el inmenso aumento experimentado por el precio de la vivienda libre: por un lado, como he dicho, el fracaso de la política del suelo y, por otro, el descontrol de la inflación, que influye en el incremento de los costes de construcción tanto de sus materiales

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como de la mano de obra, pero además está también la búsqueda de una inversión segura a la entrada del euro para amplios sectores de la población española.
La sentencia del Tribunal Constitucional del día 11 de julio de este año avala este fracaso de la política del suelo que ha llevado a cabo el Partido Popular. Este fallo judicial declara inconstitucionales los artículos 16.1 y 38 de la Ley 6 de 1998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y valoraciones, así como la disposición final única referida a estos artículos. Es nulo por esta sentencia el artículo 16.1, porque el Alto Tribunal entiende que la regulación de transformación del suelo urbanizable contiene opciones urbanísticas que corresponde adoptar a las Comunidades Autónomas, estimando de esta forma que tal regulación excede de las condiciones básicas para asegurar la igualdad de los españoles en el ejercicio de la propiedad urbana, tal y como recoge el recurso de inconstitucionalidad interpuesto en su día por los grupos parlamentarios Socialista, Federal de Izquierda Unida, Mixto, por el Parlamento de Navarra y por el Consejo de Gobierno de la Junta de Extremadura. Igual sucede con el artículo 38, regulador del procedimiento de urgente ocupación en los procesos de expropiación forzosa. Esta sentencia, además, hace una defensa de la autonomía local y de las Comunidades Autónomas en materia del suelo en el modo que, a juicio del Tribunal Constitucional, deben ser interpretadas las expresiones planeamiento de desarrollo, planeamiento general, planes de ordenación territorial, legislación sectorial, sistemas generales o dotaciones públicas de carácter local, porque puede condicionar el modelo urbanístico de cada Comunidad Autónoma y deben ser interpretados sin que condicionen al legislador urbanístico. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Con esta sentencia, los contenidos del Real Decreto-ley 4/2000, de 23 de junio, sobre suelo, no sirven para nada, porque cuando este Real Decreto se refiere a que la transformación del suelo urbanizable pude ser llevada a cabo por distintas administraciones que tienen competencias sobre la gestión urbanística, cuando este Real Decreto elimina la posibilidad de que los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas digan qué es suelo urbanizable, y cuando este Real Decreto plantea que el suelo urbanizable sea un instrumento cuyo desarrollo puede llevarse a cabo por parte de otras administraciones no competentes y por la iniciativa privada, incurre en motivos de inconstitucionalidad al invadir en sus preceptos competencias que tienen los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas y de su autonomía urbanística. Por eso pedimos en la moción que se derogue este Real Decreto en lo concerniente a materia de suelo y que se retire el proyecto de ley que lo desarrolla, que está bloqueado en el Congreso de los Diputados, y se consensue con las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios de las Cortes la revisión de la normativa en materia de suelo para su adaptación a esta sentencia del Tribunal Constitucional.
El suelo es el principal elemento a la hora de determinar el coste de la vivienda. Supone el 45 por ciento de su precio final. Potenciar en el Real Decreto-ley 4/2000 más suelo urbanizable no abaratará el precio de la vivienda, sino que generará especulación al plantear que, junto a la expansión de suelo urbanizable, sea el propietario del terreno quien pueda desarrollar su planeamiento urbanístico al margen de la dinámica urbana general elaborada por las administraciones autonómicas o locales.
Para evitar esto, aparte de la derogación de este Real Decreto, que margina a las administraciones competentes en la gestión y control del planeamiento urbanístico, proponemos en la moción que se arbitren con los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas patrimonios públicos de suelo.
En nuestras ciudades existen suelos inactivos de Renfe, del Ministerio de Defensa y de otros ministerios que no cumplen la finalidad de su destino.
Con este patrimonio público de suelo existirá suelo suficiente, público y urbanizado, para construir más viviendas de protección oficial.
El Gobierno del Partido Popular debería hacer un esfuerzo, dado que ya aceptó en el Congreso de los Diputados una resolución en la pasada legislatura por la que en el plazo de seis meses se elaboraría un programa de suelos públicos, y hasta ahora han dado la callada por respuesta.
De este modo, controlaríamos el precio de la vivienda libre y cumpliríamos con el fin social de proporcionar viviendas en alquiler o en venta a precio asequible a las familias numerosas, a los que tienen discapacitados a su cargo, a familias monoparentales, prioritariamente a los jóvenes, a los inmigrantes y a las mujeres maltratadas.
Lo importante es que exista suelo urbano; suelo urbanizable hay mucho.
Por eso proponemos que para abaratar la vivienda, o al menos para que el suelo no tenga una repercusión tan alta en su precio final, se urbanice suelo en colaboración con los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas a través del agente urbanizador, el agente edificador y el agente rehabilitador como intermediarios entre la Administración y los propietarios del terreno, tal como se hace en Comunidades Autónomas de distinto signo político, sea en la Comunidad Autónoma Valenciana o en la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha. Con esto, propiciaremos un desarrollo urbanístico equilibrado, evitaremos que los terrenos se acumulen en pocas manos para que se especule con ellos y proporcionaremos suelo tanto al operador privado como al operador público.
También, con esta forma de gestión, separamos --con el respeto constitucional, se entiende-- el derecho a edificar y a urbanizar de lo que es el derecho a la propiedad del suelo.
Para evitar que se produzca la especulación y el encarecimiento de suelo por parte de sus propietarios, proponemos también en la moción mecanismos de corrección de la valoración del suelo, teniendo en cuenta el valor de reposición y no el valor de mercado.
Estas son nuestras alternativas. Pero como en el precio final de la vivienda interviene no sólo el suelo sino también el coste de los materiales de construcción y el de la mano de obra en un 35 por ciento, creemos que se debe controlar la inflación, pero sobre todo realizar una política de vivienda seria y rigurosa.
Esta política que tiene que recoger el nuevo Plan de vivienda 2002-2005 y que el Gobierno debe elaborar en colaboración

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con las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y los grupos parlamentarios, en primer lugar tiene que establecer unos objetivos mínimos y prioritarios para que no ocurra lo que con el vigente Plan. En segundo lugar, tiene que apostar por la movilización de la vivienda usada, la vivienda en alquiler, la rehabilitación, unos nuevos sistemas de ayudas dirigidos a los sectores sociales más vulnerables, un tratamiento fiscal preferente a la adquisición de viviendas protegidas así como al alquiler, e introducir reformas fundamentales como las señaladas en el régimen del suelo para remover los obstáculos que impiden el impulso de políticas activas de promoción de viviendas de protección oficial.
En este sentido, además de dar ayuda a los propietarios de inmuebles para alquilarlas a los jóvenes, el Grupo Parlamentario Socialista propone en esta moción la adopción de medidas tendentes a la reducción del IVA del 7 al 4 por ciento para viviendas protegidas con el fin de fomentar las viviendas de protección oficial y atender a las necesidades de vivienda de los contribuyentes españoles, así como recuperar la desgravación por alquiler de las reducciones del IRPF.
Queremos también propiciar el alquiler de viviendas ya que en España su porcentaje es muy bajo en comparación con otros países de la Unión Europa. Con este fin recogemos en la moción incentivos fiscales en el IRPF para aquellos arrendadores que tengan en alquiler viviendas de renta antigua, así como subvenciones a los propietarios de viviendas de promoción pública en alquiler.
Es necesario rehabilitar las viviendas de los núcleos urbanos degradados con mayores ayudas por parte de las administraciones públicas y fomentar la calidad de la edificación, sobre todo en las viviendas protegidas, con medidas medioambientales y controles de calidad, así como conseguir que la superficie útil de las viviendas protegidas sea de 90 metros cuadrados.
Por último, es necesario establecer ayudas adicionales tanto en la promoción como en la adquisición de viviendas protegidas en régimen especial, y establecer ayudas complementarias también adicionales para los sectores de población más desfavorecidos tanto para la adquisición de vivienda como para la rehabilitación.
Señorías, si aprobamos esta moción esta Cámara habrá contribuido a que los españoles tengan en realidad el derecho a una vivienda digna tal y como recoge nuestra Constitución.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Herranz.
Para la defensa de la primera enmienda, correspondiente al Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, a propósito de la problemática de la vivienda, nuestro Grupo presentó el pasado mes de junio una interpelación aprovechando de acuerdo con lo previsto en el Tratado de Niza, la aprobación por aquel entonces del Plan nacional para la inclusión social, que contemplaba un importe de 4,2 billones de pesetas para el bienio junio 2001- junio 2003. Teniendo en cuenta que en la lucha contra la exclusión social la problemática de la vivienda es uno de los puntos básicos, nuestro Grupo interpeló al Gobierno para saber de qué forma se pensaba ajustar el próximo Plan estatal de vivienda 2002-2005 al Plan nacional para la inclusión social.
Como consecuencia de esa interpelación presentamos una moción el pasado 11 de septiembre, que fue aprobada, en la que manifestábamos de forma más resumida algunos de los datos que el Senador Herranz acaba de señalar.
La problemática de la vivienda de protección oficial en España es algo indiscutible. El número de viviendas iniciadas el pasado año descendió un 24 por ciento en relación con el año 1999, siendo el objetivo del Gobierno el mismo; las casi 80.000 viviendas se quedaron en poco más de la mitad, aproximadamente se iniciaron 45.000 el pasado año.
Evidentemente, el porcentaje de gasto familiar dedicado a vivienda en el período 1996-1999 se ha incrementado. No son datos nuestros, sino que ayer mismo el Presidente de Asprima daba cuenta de ello.
En cambio, es evidente que la construcción de vivienda libre se ha incrementado, siendo mayor el endeudamiento de las familias porque el precio de la vivienda libre se ha ido incrementando. Según el Presidente de Asprima el año pasado se incrementó un 14 por ciento y el año anterior, 1999, un 10 por ciento.
Por tanto, es evidente que existe un problema y, a través de esta moción que fue aprobada, intentábamos encauzar la solución. En aquella moción señalábamos unas pautas, unas líneas generales a seguir por parte del Gobierno o, en su caso, por la Cámara. Entre estas líneas generales señalábamos que se tomasen un conjunto de medidas fiscales y presupuestarias para el alquiler, la construcción y la rehabilitación de viviendas, sobre todo en los sectores más desfavorecidos y haciendo especial hincapié en los jóvenes, ancianos, mujeres maltratadas, familias numerosas o con discapacitados a su cargo, inmigrantes y, en general, sectores con escasos recursos. Finalmente, la moción fue aprobada con una modificación del Grupo Parlamentario Popular.
Ahora, el Senador Herranz, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, nos presenta una concreción de esas líneas generales que en su día planteó el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Se trata de una serie de medidas más concretas y basadas en parte en la sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de julio de este año y en la aplicación del Real Decreto-Ley 4/2000 de medidas urgentes de liberalización del sector inmobiliario y de transportes. Nuestro Grupo está de acuerdo con el conjunto de medidas de carácter social propuestas por el Grupo Parlamentario Socialista, porque entendemos que en su mayoría son positivas y de posible aplicación.
No obstante, con el deseo de concretar, nuestro Grupo ha presentado una enmienda de modificación en cuyo apartado 2.i) incluye como grupo desfavorecido y posible beneficiario de un conjunto de ayudas complementarias a

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las mujeres maltratadas; grupo que, desgraciadamente, ha visto agravada su problemática y que en ocasiones no puede salir de la grave situación en la que se encuentran por la falta de una vivienda.
Por otra parte, proponemos agregar otro punto que es el de eximir o reducir la tributación por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en las transmisiones de vivienda de padres a hijos o en las donaciones para la compra de vivienda destinadas a uso habitual; nos referimos naturalmente a una exención o reducción dentro de determinados límites, dentro de ciertas cuantías, lo que se denomina la entrada para la adquisición de pisos o cifras similares que en todo caso el Gobierno habría que fijar en cada caso.
Entendemos, por tanto, que este conjunto de medidas que propone el Grupo Parlamentario Socialista, con las modificaciones que proponemos por nuestra parte, podrían contribuir al cumplimiento del artículo 47 de la Constitución, al que el Senador Herranz se ha referido, es decir, a que el más amplio sector de ciudadanos pueda disponer de una vivienda digna.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Llanos.


El señor LLANOS VERA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me van a permitir que haga una primera valoración.
Indudablemente, como no podía ser de otra manera, yo estoy convencido de que todos los Grupos Parlamentarios deben estar de acuerdo en una serie de medidas para favorecer, sobre todo, a los sectores más desprotegidos.
Desde ese punto de vista, como ya veremos más adelante, quiero decirle que nosotros no sólo estamos en total acuerdo, sino que ya se han puesto en funcionamientos una serie de medidas.
Por lo tanto, señorías, me van a permitir que, después de haberles escuchado muy tranquilamente y con mucha atención, exponga la enmienda de sustitución de mi Grupo.
Yo entiendo que después de la exposición que ha hecho el señor Herranz, podíamos hacer una regularización con dos aspectos fundamentales: el primero de ellos, que es el que usted nos ha expuesto, se trata de la derogación del Real Decreto-ley 4/2000 de Medidas Urgentes de Liberalización del sector inmobiliario y transportes, exponiendo que sus preceptos, como ha dicho, son inconstitucionales. Por otro lado, lo que manifiesta es la puesta en marcha de una serie de medidas concretas encaminadas a incrementar la oferta de la vivienda, bien sean en el régimen de propiedad o en el de alquiler, con el fin de favorecer especialmente a determinados colectivos, como podrían ser los jóvenes, emigrantes, familias numerosas, etcétera, que, como le he dicho, posiblemente la mayoría de los Grupos estemos de acuerdo en algunas de ellas porque nos parecen razonables. No obstante, como también le he dicho, el Gobierno ya está actuando en esta materia, y se lo voy a explicar.
Si analizamos el primer punto, al que usted ha hecho referencia y posteriormente lo ha afirmado y estaba de acuerdo el Senador que me ha precedido en el uso de la palabra, estimamos que lógicamente esto no se encuentra justificado. ¿Por qué? Porque el citado proyecto está ahora mismo en una fase de tramitación en las Cámaras y precisamente es ahí donde los grupos deben de intervenir para mejorar el texto y evitar cualquier problema de constitucionalidad. Desde este punto de vista este decreto podría ser debatido en las diferentes Cámaras.
Con relación a la segunda parte, que es la que hace referencia a las medidas concretas, podemos dividirlas en dos: La primera de ellas solicita un incremento de la oferta de la vivienda de protección oficial y viviendas sociales, bien sea en propiedad o en alquiler; una serie de ayudas para su adquisición, medidas fiscales, apoyo a la rehabilitación, etcétera. La segunda medida que ustedes proponen es la de impulsar la cooperación entre la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos, mediante patrimonios municipales por ejemplo, o la urbanización de suelos para viviendas protegidas, la reforma del sistema de valoración del suelo, etcétera.
En relación al primer punto, ha de recordarse que el Real Decreto 115/2001, de 9 de febrero, ha modificado diversos aspectos del Plan Estatal de Vivienda 1998-2001, con el propósito de favorecer la construcción de viviendas de protección oficial y facilitar el acceso a las mismas de los sectores más necesitados de la sociedad. A este respecto, como medidas más significativas, se pueden recoger ya las siguientes. Una de ellas es que el precio básico por metro cuadrado de la superficie útil de las viviendas protegidas, establecido a nivel nacional en el Real Decreto 1186, de 1998, se incrementa en un 2,03 por ciento, pasando como sabe usted muy bien de 98.500 pesetas a 100.500 pesetas.
Otra de las medidas actualmente en vigor es que las Comunidades Autónomas pueden fijar el precio máximo de las viviendas protegidas hasta en un 25 por ciento más, en lugar del 15 por ciento que se había reflejado al principio, lo que supone que el precio máximo de dichas viviendas puede experimentar en las Comunidades Autónomas un incremento de hasta el 10,90 por ciento. En tercer lugar tengo que decirle, como sabe muy bien, que se ha introducido una ayuda estatal directa a la entrada en el momento de la compra de la vivienda. Esta medida constituye una fórmula adicional alternativa al sistema específico vigente de la financiación cualificada para el primer acceso a 1a vivienda en propiedad, que posiblemente, como usted sabe, contribuirá a solucionar el problema que tienen algunas familias con pocos ingresos, y en especial los jóvenes, para comprar por primera vez una vivienda, consistente en el abono de la entrada, o sea, de la parte no financiada por el préstamo hipotecario.
Por tanto, el incremento fijado del precio por metro cuadrado de la vivienda pública estatal se sitúa por debajo del IPC, que es del 4 por ciento, mientras que el precio controlado y gestionado por las Comunidades Autónomas, en ejercicio exclusivo de sus competencias, como ya le he

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dicho antes, puede llegar hasta un máximo del 10,90 por ciento.
Quiero decir a sus señorías --como ya deben saber-- que de forma periódica se están celebrando conferencias sectoriales de vivienda y urbanismo, en las que están participando las Consejerías correspondientes de las Comunidades Autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias. Justamente en el seno de la Conferencia del 19 de septiembre de 2000 se instó por estos representantes de las Comunidades Autónomas a la ampliación del 15 al 20 por ciento del margen de fijación del precio de las viviendas protegidas del Plan estatal de Vivienda, en su ámbito territorial.
Es fácil deducir que el propósito fundamental, al solicitar que se incremente la colaboración entre las Administraciones, es que mediante las diversas actuaciones de las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos se pueda reducir el precio de la vivienda pública y libre en España. A este precio, si usted me lo permite --y ha hecho usted algunas referencias que luego en el turno de portavoces le comentaré--, habría que hacer una serie de precisiones. Usted ha dicho que el incremento del precio de la vivienda libre en España ha sido de un 46 por ciento; sin embargo, parece bastante contradictorio que usted diga que debido a la inflación no se puede construir. ¡Dígame usted cómo ata estos perros con longaniza! ¿Cómo es posible que si tenemos inflación se haya doblado o triplicado el número de viviendas? Otra cosa que yo creo que usted no tiene muy clara es la separación o la diferencia entre la vivienda oficial protegida y la vivienda libre, aunque posteriormente, como le decía, podremos discernir todos los apartados que usted considere oportunos.
Usted ha dicho también --aunque no lo ha explicado debidamente-- que en algunas comparecencias del señor Ministro, contestando a preguntas que le habían formulado, manifestaba que efectivamente del precio de la vivienda al suelo le corresponde un 40 o un 50 por ciento. Como sus señorías conocen, este suelo es escaso para la demanda de promoción existente, pero lo que usted debe de tener claro es que precisamente este suelo está gestionado por las Comunidad Autónomas y los ayuntamientos, en el ejercicio de sus competencias, y no es responsabilidad del Gobierno.
No obstante, el Gobierno ha adoptado recientemente algunas medidas concretas conducentes a reducir la escalada de los precios inmobiliarios mediante la corrección del ya citado Real Decreto-ley de 4/2000, de 23 de julio, que se tramita actualmente como proyecto de ley de las Cámaras, y cuya derogación se propone en el primer apartado de su iniciativa. En esta norma se trata precisamente de corregir la escasez del suelo urbanizable mediante modificaciones de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y sus valoraciones. Por todo esto sacamos las siguientes conclusiones, que se basan fundamentalmente en lo siguiente.
Primero, en desestimar, como ya he dicho, la propuesta relativa a la derogación del Real Decreto-ley 4/2000, por el que se modifica la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y sus valoraciones, toda vez que se encuentran en fase de tramitación como proyecto de ley en las Cámaras, y los grupos parlamentarios tienen la oportunidad de presentar las enmiendas que estimen oportunas para mejorar el texto y evitar cualquier problema de inconstitucionalidad.
También quiero dejar sentado que el Gobierno viene desarrollando políticas activas en materias de vivienda, en coordinación con las Comunidades Autónomas y con los ayuntamientos, como ya he dejado reflejado antes.
Por otro lado, deseo manifestar que algunas de las medidas concretas que se proponen con el fin de mejorar la situación del mercado son compartidas totalmente, como todo lo que sea ayudar a jóvenes, emigrantes, familias numerosas, etcétera, y no tendríamos inconveniente en informarlas favorablemente. Pero como no ha sido posible, quiero decirle, en primera instancia, que el Grupo Parlamentario Popular solicita que se incluya una enmienda de sustitución que creo que ya ha sido repartida entre ustedes y cuyo texto es el siguiente: El Senado insta al Gobierno, primero, a que, a través del Ministerio de Fomento y dentro de la asignación presupuestaria contenida en el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2002 y en el marco de un nuevo plan de vivienda, intensifique las ayudas públicas activas que mejoren el acceso real, y efectivo a la vivienda de aquellos ciudadanos que en este momento encuentran mayores dificultades, a través de: 1)Mejora de las ayudas designadas para los jóvenes que acceden por primera vez a una vivienda.
2)Mejora de la ayuda destinada a las familias con tres o más hijos.
3)Estímulo a la promoción de viviendas en alquiler destinadas a aquellas rentas que no pueden alquilar una vivienda.
4)Intensificación de las ayudas a la creación de suelo urbanizado, destinado prioritariamente a viviendas de protección oficial.
Asimismo, insta al Senado a que, para el cumplimiento real y efectivo de esta política, el Ministerio de Fomento suscriba convenios de colaboración con las Comunidades Autónomas dentro de las competencias que le corresponden a cada Administración, con el objeto de poder materializar en el territorio español el derecho constitucional de disfrutar de una vivienda digna y adecuada.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para la defensa de la última enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Señoras Senadoras, señores Senadores, la filosofía del Grupo Entesa Catalana de Progrés es que, en cuestiones de vivienda, siempre hay que dar apoyo a las mociones, y sobre todo hay que hacerlo por los exiguos resultados de los planes de vivienda, tan proclamados y publicitados como incumplidos.


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El Plan 1998-2001 ha sido un verdadero desastre. La memoria del año 2000 sobre la situación socioeconómica y laboral elaborada por el Consejo Económico y Social no deja lugar a dudas. Así, entre otros parámetros contundentes, dice que la vivienda oficial en el tercer trimestre de 2000 ha alcanzado su peor cuota en los últimos cinco años. Sólo un 3 por ciento del total de viviendas iniciadas en dicho período son protegidas y, si se estudia la serie que presenta dicha memoria, se puede apreciar un declive progresivo y persistente entre el año 1996 y el año 2000. El porcentaje de vivienda protegida en relación al total fue del 22 por ciento, en 1996; bajaba al 20 por ciento, en 1997; continuaba bajando hasta el 13,7 por ciento, en 1998; hasta el 11,3 por ciento, en 1999; y al 3,3 por ciento, en el año 2000. Esta situación es un auténtico desastre porque representa que la política del Gobierno en materia de vivienda, al margen de las declaraciones triunfalistas a que nos tienen acostumbrados, es un fracaso absoluto y parece no importar el que las familias modestas tengan que destinar el 40 por ciento de sus ingresos a procurarse una vivienda.
Hay que hacer política de vivienda, no beneficencia; no estamos hablando de las familias marginales y excluidas sino que hay que hacer una política para la inmensa mayoría de las familias, que son aquellas a las que les cuesta mucho llegar a final de mes, que tienen que empeñarse con una hipoteca para 30 años y que destinan el 40 por ciento de sus ingresos al pago de esta hipoteca.
El Consejo Económico y Social señala que el grado de cumplimiento de las actuaciones previstas para el año 2000 sólo ha sido --como ha señalado el Senador Herranz--, de un 47 por ciento escaso. Es decir, no importa que se incumpla el plan de vivienda, lo que sí es importante es hacer una gran presentación, ofrecer una gran comida a los medios de comunicación y que haya gran exuberancia de cifras y baile de millones. Creo que esto denota la falta de criterio y de política del Gobierno en relación con la vivienda.
De la inversión prevista en el plan de vivienda, el grado de cumplimiento es peor. Según el servicio de estudios del Banco Bilbao-Vizcaya, bancos y cajas de ahorros firmaron un convenio con el Gobierno para la concesión de 780.000 millones de pesetas en hipotecas, para comprar vivienda protegida, pero sólo se ha podido otorgar el 32 por ciento de esta cantidad por falta de peticiones. No hay peticiones porque no hay oferta; no hay peticiones porque a los promotores no les interesa acogerse a los planes de vivienda; no les interesa porque les sale mucho más a cuenta la vivienda libre; y les sale mucho más a cuenta la vivienda libre porque es mucho mas cara y porque las familias se empeñan durante 30 años. Esta es la política que ha promocionado el Gobierno del Partido Popular.
Supongo que no se atreverán a ser triunfalistas en relación con la vivienda porque hay que calificarles con un cero patatero.
Apoyamos la línea de esta moción de corregir y, sobre todo, advertir por esta ineficacia gubernamental; todo está por hacer y ello explica las múltiples medidas que contempla la moción del Senador Herranz. Por ello, nosotros hemos presentado una enmienda, con voluntad de complementariedad, destinada a impulsar las promociones en régimen cooperativo o aquellas promociones que hagan entidades, públicas o privadas, sin ánimo de lucro. Creemos que este tipo de actuaciones optimizan la efectividad de los recursos públicos, que son, sobre todo, un factor de contención de precios y llevan a cabo una política de vivienda, que es algo que las personas que están en el Gobierno en este momento no están haciendo.
En estos días ya se habla del nuevo plan de vivienda --el otro día el señor Ministro Alvarez-Cascos presentó las líneas maestras del plan 2002-2005-- y en este nuevo plan otra vez gran profusión de millones, grandes propósitos. Hacemos votos para que el nuevo plan no sea nada ambicioso, sólo pedimos que se cumpla lo que promete; es decir, que el Gobierno cumpla a lo que se compromete y, también, que observe escrupulosamente las competencias de las Comunidades Autónomas y municipios, clarificadas en esta sentencia del Tribunal Constitucional a la que hace referencia la moción.
En estos días vemos, pues, que Keynes vuelve a estar de moda; se ha visto el carácter, más que necesario, imprescindible, de que los poderes públicos impulsen las políticas económicas. Y en la cuestión de vivienda, el Gobierno debería estar a la moda y querer impulsar de una vez las políticas de vivienda, porque mucho nos tememos que otra vez este nuevo plan de vivienda 2002-2005 no sea más que una tomadura de pelo. Por tanto, votaremos favorablemente la moción, y suponemos que se aceptará esta enmienda que complementa a dicha moción.
Muchas gracias, señora Presidenta; gracias, señores Senadores.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Tiene la palabra el Senador Herranz, autor de la moción, para decir si acepta o no las enmiendas.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar tengo que agradecer las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios que han presentado enmiendas, por su tono cordial, pero especialmente tengo que nombrar a los señores Beguer y Bonet porque han presentado enmiendas que complementan las medidas concretas que propone nuestra moción. Añadir a las mujeres maltratadas me parece bien, no estaba recogido en nuestra moción, por lo tanto, está aceptado, al igual que todas las medidas que se proponen con un carácter social y positivo en el segundo apartado. Igualmente le diré al señor Bonet, que coincidimos en la apreciación del fracaso de la política de suelo y vivienda que ha realizado el Partido Popular y del Plan de Vivienda 1998-2001, y aceptamos su enmienda porque, indudablemente, mejora nuestra moción.
En cuanto al señor Llanos, con toda cordialidad le diré que he tenido que hacer un esfuerzo para entender qué es lo que quería proponer, porque a veces intercalaba conceptos referidos a lo que debe ser el turno de portavoces y al final nos ha leído la enmienda. Con lo que yo he expuesto en la moción, el señor portavoz del Grupo Parlamentario

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Popular entenderá que no podamos aceptarla. Es una enmienda de sustitución que no podemos aceptar por varias razones. En primer lugar, no se ha referido para nada a la Sentencia del Tribunal Constitucional, y es clara en los conceptos jurídicos que propone, ya que está diciendo que el Real Decreto 4/2000 es papel mojado, no sirve para nada. Ustedes se empeñarán en mantener el concepto de lo que es suelo urbanizable y toda su programación urbanística, invadiendo las competencias de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos, como le he dicho anteriormente en la moción. Una vez más ustedes están incurriendo en inconstitucionalidad queriendo aceptar preceptos que ya el Tribunal Constitucional ha declarado nulos por ser competencia de las Comunidades Autónomas y de los ayuntamientos.
La política de vivienda es una política de Estado. Las cuestiones básicas en el tema de la vivienda corresponden a la Administración Central y la ejecución del plan a las Comunidades Autónomas y a los ayuntamientos. Es intolerable que ustedes culpen a los ayuntamientos y a las Comunidades Autónomas del fracaso del Plan de Vivienda 1998-2001. Es intolerable. Y lo es por varias razones. Ustedes están asfixiando constantemente a los ayuntamientos en las cuestiones urbanísticas. Les están quitando competencias en cuanto a su desarrollo y planeamiento urbano y se desentienden de ello diciendo que son las Comunidades Autónomas y los ayuntamientos los que han de desarrollar la política del suelo. ¿Pero no les compete a ustedes la parte correspondiente a la legislación básica? Pues háganla bien y no incurran en motivos de inconstitucionalidad como lo están haciendo.
Hay algo que no entiendo y lo digo con toda cordialidad. Las propuestas que nosotros presentamos con relación a la política de vivienda les parecen razonables. Entonces, ¿por qué presentan una enmienda de sustitución? Enmienda de sustitución que una vez más no compromete para nada al Gobierno. Otra vez son apreciaciones vagas e imprecisas y se deja al Gobierno la potestad para que haga lo que le venga en gana. Esto no es justo. Concreten de una vez y digan qué es lo que quieren en cuanto al tema de la vivienda porque muchos ciudadanos españoles desean comprarse una y no pueden porque su poder adquisitivo no les llega. Comprendan ustedes que para muchos ciudadanos de este país es imposible emplear un 40 por ciento de la renta familiar en la adquisición de una vivienda y también lo es que la vivienda libre crezca, porque hay señores que quieren realizar una inversión fija en aquello que es seguro y no se permite que muchos jóvenes y ciudadanos que tienen una vulnerabilidad económica importante puedan comprarse una vivienda.
Me dice su señoría que estamos proponiendo medidas que ustedes ya han reflejado en la reforma del Real Decreto 1186. Estamos de acuerdo. Pero ustedes lo hacen al final, cuando se está terminando el Plan de Vivienda 1998-2001. Y estamos hablando ahora de un nuevo plan de vivienda. Y no sabemos cuáles son sus propuestas, no sabemos cuáles son sus ideas. ¿Por qué no hicieron esto al comienzo de la legislatura?; ¿por qué no lo hicieron en la legislatura pasada? Ya ha transcurrido bastante tiempo y le he dicho que a lo largo de cuatro años se ha producido una acumulación del precio de la vivienda del 46,6 por ciento. Y usted no me contesta a esto.
En segundo lugar, en su enmienda solicitan ustedes la colaboración de los ayuntamientos y de las Comunidades Autónomas. Piensen que la política de vivienda no se puede resolver si no hay un acuerdo. Cumplan lo que han dicho en su programa electoral: un pacto importante en cuanto al tema del suelo y la vivienda. Pero ustedes imponen sus principios y los demás al trágala. Y no aceptan las propuestas de los demás. Me dicen que hay que tener en cuenta los contenidos presupuestarios del próximo Presupuesto 2002 que todavía no se ha debatido. Pero ya hemos mirado lo relacionado con la política de vivienda. ¿Cómo van a poner la asignación económica necesaria si bajan el 0,6 por ciento de la política de vivienda con respecto al año anterior? Díganme cómo lo van a hacer.
La enmienda que ustedes proponen es tan contradictoria, tan suave, tan imprecisa que una moción como la nuestra de medidas concretas no puede aceptar esos conceptos tan vagos. Entiéndanlo. Cuando ustedes presenten medidas concretas, coincidiremos todos los grupos parlamentarios porque deseamos resolver el problema de la vivienda en este país y, por tanto, repito, estaremos de acuerdo.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Herranz.
Abrimos el turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
El Plan Nacional de Vivienda del Gobierno para el período 1998-2001 es un fracaso por varios motivos. Porque del total de las viviendas construidas solamente el 3 por ciento es de protección oficial, es decir, la inmensa mayoría de las viviendas son de renta libre. Porque los porcentajes de viviendas de protección oficial cada año son menores con respecto a los ejercicios anteriores. Porque la financiación que se destina por parte del Gobierno para dicho Plan en el último año no ha llegado siquiera al 50 por ciento. Porque toda esa situación está provocando que el mercado de la vivienda sea un espacio favorecedor para los especuladores. Y porque cada vez es más difícil el acceso a la vivienda, un derecho fundamental que se establece en la Constitución para todas las personas, aunque son precisamente las personas y familias con menor capacidad adquisitiva las que más dificultades encuentran para ello --como ya se ha dicho de forma reiterada, las familias deben destinar el 40 por ciento de sus ingresos a tal fin.
Este escenario y todos estos datos demuestran el fracaso del Plan Nacional de Vivienda. Y lo más grave es el incremento desorbitado de los precios y cómo los especuladores se están aprovechando de esa política.
Probablemente con esta política del Gobierno se pretenda que se beneficien de esa situación constructores y especuladores,

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porque no está dirigida precisamente a garantizar el derecho a la vivienda.
El pasado 11 de julio el Tribunal Constitucional estimó el recurso que presentaron el Grupo Federal de Izquierda Unida y el Grupo Socialista, junto con el Gobierno extremeño y el Parlamento de Navarra, en relación con los artículos 16.1 y 38 y la disposición final única de la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre el régimen del suelo y su valoración. Con la estimación de este recurso se anulan claramente dichos artículos por cuanto, por un lado, pretenden recortar las competencias de las Comunidades Autónomas en materia de vivienda y, por otro, trastocan los procesos de expropiación forzosa previstos con anterioridad.
Consideramos que la sentencia anula de alguna forma el propio Real Decreto-ley 4/2000, por lo que es necesario --y por eso apoyaremos la moción que se presenta-- que se pongan en marcha medidas que, consensuadas con las Comunidades Autónomas, la FEMP y los distintos grupos, se ajusten a la sentencia del Tribunal Constitucional en relación con el sector de la vivienda y su promoción. Asimismo, se deben impulsar una serie de actuaciones en el marco del programa de la vivienda con la perspectiva del año 2005, medidas que en nuestra opinión deberían apostar claramente por la vivienda en régimen de alquiler como un elemento fundamental para la promoción pública de viviendas y por el reequilibrio de los programas de construcción de viviendas de nueva planta para que la promoción pública alcance de manera progresiva el 30 por ciento del total de las viviendas construidas, ya que, como ya he dicho, en estos momentos está en un escaso 3 por ciento.
En definitiva, se trata de actuaciones dirigidas a garantizar el derecho la vivienda como un precepto constitucional. Nos da la impresión de que en éste, como en otros casos, el Gobierno del Partido Popular da muchas patadas a la Constitución; sobre todo, cuando se trata de derechos de las personas. Y en el caso de la vivienda, si no se tiene garantizado ese derecho es muy difícil la integración social. Son precisas, pues, actuaciones dirigidas a facilitar el acceso de los jóvenes a la vivienda, medidas fiscales que permitan el objetivo de garantizar el derecho a la vivienda, política de suelo, plan de rehabilitación de viviendas y casco antiguo de las ciudades, planes para facilitar el alquiler de vivienda a estudiantes en la zona histórica y el casco antiguo de las ciudades, ayudas para el acceso a la vivienda de mujeres maltratadas, tal como se ha planteado en alguna otra enmienda y, en definitiva, la perspectiva de una política diferente basada, sobre todo, en el derecho a la vivienda y no con el objetivo de facilitar un espacio más favorable a los especuladores. Nuestro voto será, por tanto, favorable a la moción que se presenta.
Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Turno del Grupo de Senadores de Coalición Canaria. Tiene la palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, la vivienda constituye un instrumento de cohesión económica y social de primer orden estando demostrado que la carencia de la misma amenaza la estructura familiar y dificulta el acceso al empleo, a la educación y al resto de los derechos y libertades básicas del ser humano.
Por ello, debemos convertir la política de vivienda en una política integradora, más amplia, evitando la creación de zonas o barrios que supongan verdaderos guetos por falta de infraestructura y equipamiento. A fin de construir la sociedad como una comunidad de valores compartidos, debemos combatir la exclusión y fomentar la solidaridad ya que, aún hoy, en España, y a pesar de los avances logrados, hay familias que viven en la pobreza, que no tienen vivienda o viven mal alojados y son quienes sufren la tragedia de la exclusión social, lo que no significa solamente insuficiencia de ingresos, sino también la exclusión de los derechos sociales: educación, salud, trabajo y acceso a los servicios.
Es preciso profundizar en un proceso de reinserción a través del alojamiento, donde el derecho a la vivienda sea el derecho al medio ambiente urbano, continuando con la labor de mejorar las condiciones de vida de los barrios, con la rehabilitación de las viviendas y su entorno, la construcción de equipamientos y la mejora de los servicios y evitando la ciudad segregada para que los barrios periféricos no sean los de la visualización de la pobreza. Esta necesidad de una mayor intervención de rehabilitación sobre tejidos urbanos degradados unido a la existencia o no de conflictos sociales: inseguridad ciudadana y marginalidad, constituyen elementos esenciales a tener en cuenta en cualquier política de vivienda para establecer la localización territorial de la nueva oferta atendiendo a la demanda, favoreciendo el desplazamiento poblacional desde los ámbitos más saturados de las áreas metropolitanas hacia las nuevas áreas de expansión y crecimiento y revitalizando las zonas degradadas para aprovechar las infraestructuras, equipamientos y servicios ya existentes. Los cambios en los hábitos sociales, el descenso de la natalidad, y como consecuencia, el envejecimiento de la población, el incremento de núcleos familiares unipersonales, parejas sin hijos, separaciones o la necesidad de emancipación de los jóvenes nos plantean también cambios en la demanda a los que hay que dar nuevas soluciones constructivas.
Partiendo de estas premisas, debemos valorar de manera positiva la moción planteada por el Grupo Socialista, pues supone, por un lado, un proceso de reflexión que parte de analizar el problema al que se quiere hacer frente, y por otro, contiene un catálogo de estrategias que deben conducir al objetivo deseado. En este punto tenemos que decir que desde Coalición Canaria nos gustaría realizar unas breves consideraciones en cuanto a los puntos de la parte dispositiva de la moción del Grupo Socialista. En cuanto al primer punto, cabe decir que lo compartimos globalmente, y es más, en el apartado a) la Ley de Ordenación del Territorio contempla en Canarias el destino de un 10 por ciento de suelo neto, después de urbanizar, a patrimonio público para vivienda. En cuanto al apartado B de este primer punto, nos parece acertado y tengo que resaltar que el lunes en la Comisión de Interior y Régimen de las Administraciones

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Públicas desde mi Grupo de Coalición Canaria hacíamos una reflexión sobre la reversión de bienes inmuebles o suelos no utilizados a administraciones más cercanas y creemos que ningún uso es más aconsejable que el de destinarlo a la construcción de vivienda.
El Plan de Vivienda de Canarias 2002-2005, en este momento sometido a debate, contempla lo especificado en el apartado 2.e) de este primer punto en cuanto a incentivar el uso de inmuebles desocupados con ayudas destinadas a los propietarios para alquilarlas a jóvenes a un coste equivalente al alquiler de viviendas de promoción pública.
Dicho esto, tengo que añadir que en relación al segundo punto de la moción discrepamos, porque se aceptan competencias que entendemos deben corresponder a cada Comunidad Autónoma. No obstante, sí quisiera --para ir finalizando-- dejar nuestro posicionamiento con respecto a alguna de las propuestas. Pensamos que debe ser decisión de cada Comunidad Autónoma el porcentaje dedicado a cada uno de los tipos de vivienda. Por ejemplo, en Canarias, en el último plan, el 80 por ciento se destinó a familias con menos de dos veces y media el salario mínimo interprofesional. Nos parece razonable el establecimiento de medidas fiscales de reducción de tipos. Nosotros en Canarias aplicamos un IGIC reducido del 2 por ciento al régimen general y un IGIC del cero por ciento al régimen especial.
También nos parece una buena medida dejar exentas del IRPF a aquellas subvenciones que se reciban por adquisición o por construcción de la propia vivienda. No parece razonable que si una familia se encuentra en el umbral de ser susceptible de una ayuda al final se desgrave por el incremento de patrimonio.
En conclusión, desde mi grupo queremos agradecer al Grupo Parlamentario Socialista la oportunidad que nos ha dado para reflexionar, para debatir en esta Cámara sobre un asunto de tanta importancia como es la política de vivienda, pero tenemos que indicar de nuevo que en Canarias se han aprobado y ejecutado planes de vivienda y, como decía antes, en este momento está en trámite parlamentario en el Parlamento de Canarias el Plan de Viviendas de Canarias 2002-2005. Quiero resaltar desde mi Grupo de Coalición Canaria que esto es, fundamentalmente, una competencia de las Comunidades Autónomas, por lo cual nosotros --repito-- agradecemos la oportunidad que nos han dado para debatir sobre este tema. No vamos a votar en contra, pero tampoco a favor porque creemos que no procede aquí y, por tanto, nos vamos a abstener.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias; señora Presidenta. «Arratsalde on guztiori».
Ya hemos tenido ocasión de comentar con anterioridad en esta Cámara que el tema de la vivienda suscita como pocos un debate de carácter, permítame la expresión, multidireccional. Si comenzamos, por ejemplo, por hablar sobre el derecho a una vivienda digna como un derecho fundamental reconocido por la Constitución, debemos abordar a continuación y necesariamente el tema de la dificultad de acceso a la vivienda, dificultad que obedece probablemente a muy diversas razones, pero que finalmente confluyen en una sola: su precio la convierte en un bien inalcanzable para muchos, hace de suyo imposible que personas con salarios ya no reducidos, sino simplemente medios puedan acceder a una vivienda. En definitiva, lo que es un derecho y una necesidad se convierte, y por la vía de los hechos, en un lujo. ¿Cómo enfrentar esta realidad? Ineludiblemente, hemos de hablar de actuar e intensificar políticas decididas en materia de promoción pública de vivienda y de ayuda a colectivos desfavorecidos; hemos de hablar también de una regulación rigurosa y coherente del mercado del suelo; hemos de hablar también de calidad de vida, de justicia y de cohesión social. En definitiva, la actuación pública ha sido y sigue siendo imprescindible para facilitar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna y asequible.
Por otro lado, la vivienda es una parte indiscutible de la ciudad, y ello trae consigo consideraciones igualmente importantes acerca de cómo articular mecanismos y criterios de localización y dotación que conduzcan a la existencia de viviendas en una ciudad equilibrada en lo social y en lo funcional, todo ello a través de actuaciones coordinadas entre el sector público y privado.
En definitiva, es evidente que nos enfrentamos a un tema complejo, y es esta complejidad lo que hace que cualquier iniciativa que se traiga a debate en este foro o en cualquier otro sea siempre interesante y necesaria. Así se considera y se valora por mi Grupo la moción que presenta hoy el Grupo Socialista.
Pero ello no obsta para reconocer una realidad igualmente incuestionable, y es que hemos de respetar, como no puede ser de otra manera, el marco normativo en el que se desenvuelve la actuación en materia de vivienda, jugando escrupulosamente las reglas de reparto competencial establecidas por la Constitución y los diferentes estatutos de autonomía. Y es en este punto donde flaquea, a nuestro entender, la moción defendida por el señor Herranz.
Señoría --sinceramente se lo digo--, consideramos acertadas todas y cada una de las propuestas que contiene su moción, éstas y cualquier otra que sirva para remover los obstáculos que dificultan el acceso a una vivienda digna para todos los ciudadanos. Pero el texto, en su globalidad, adolece, a nuestro entender, de un centralismo que conculca las competencias que sobre la materia tienen atribuidas las Comunidades Autónomas y que, además, en el caso de la Comunidad Autónoma del País Vasco, hace mucho, pero mucho tiempo, que se vienen ejerciendo --y no me causa rubor decirlo-- con rigor y eficacia.
En este punto permítanme que les haga unas breves consideraciones para hacerme más fácil la explicación respecto al sentido de voto de nuestro Grupo.
Señor Herranz, no será esta portavoz quien contradiga muchas de las afirmaciones acerca de la bondad o maldad, en su caso, de iniciativas del Gobierno del Partido Popular en materia de valoración de suelo o sobre medidas pretendidamente

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liberalizadoras del mercado inmobiliario, porque en lo sustancial --se lo digo con rotundidad-- comparto su opinión y participo de sus inquietudes.
Su postura crítica, por otra parte, a este respecto, al igual que cuando declara inadmisible por su parte la responsabilidad, sino culpabilidad, que el Gobierno imputa a los ayuntamientos sobre la carestía de la vivienda, es también la mía.
Por otro lado, si su señoría considera el futuro plan estatal de vivienda 2002-2005 como la herramienta idónea para desactivar el «impasse» en el que a su juicio se encuentra el tema en cuestión, para que sirva, en definitiva, de impulso a una política de vivienda dinámica y eficaz, tampoco es una afirmación que yo vaya a contradecir.
Finalmente, compartimos también la idea, como antes ya le he mencionado, de que la vivienda debe quedar vinculada a las políticas de ordenación del territorio y la ciudad con la necesaria colaboración y cooperación con las Comunidades Autónomas y los entes locales, como usted así expresamente lo recoge en la parte introductoria de la moción.
Sin embargo, Senador Herranz, he de subrayar que la mayor parte de las medidas concretas que propone de cara a integrar la nueva política estatal de suelo y vivienda que demanda en su moción, así como las que en su caso configurarían el futuro plan nacional de vivienda 2002-2005, son, a mi entender, competencia de las Comunidades Autónomas y no del Estado.
En cierta medida, Senador, su moción es tan ambiciosa que hace difícil su encaje competencial. ¿Realmente considera que estas medidas integran el bloque de condiciones básicas del derecho a la propiedad, que sí es competencia exclusiva del Estado? O, dicho de otra manera, ¿estas medidas que propone son realmente materia de un plan nacional o estatal de vivienda? A nuestro entender, no; rotundamente no. Nosotros consideramos que son las Comunidades Autónomas las que ostentan la potestad normativa para su regulación. Es opinión de esta portavoz, de mi Grupo, pero no es cuestión de confrontar mi opinión o mi parecer con el suyo, sino avalar dicha información con razones de más peso.
He mencionado con anterioridad que en Euskadi --a título meramente enunciativo se lo digo-- contamos desde hace años con una regulación propia sobre muchos aspectos mencionados en su moción. Por ejemplo, la Ley 17/1994, de 30 de junio, de medidas urgentes en materia de vivienda y de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión urbanística, en su propia exposición de motivos, dice literalmente lo siguiente: En virtud de los artículos 148.1.3 de la Constitución y el artículo 10.31 del Estatuto de Autonomía del País Vasco, corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco la capacidad legislativa en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda. Continúa diciendo: En la Comunidad Autónoma del País Vasco --esto puede servir para cualquier otra Comunidad--, la carestía de la vivienda en los últimos años constituye una problemática grave y generalizada a todos los municipios que provoca que actualmente un porcentaje muy elevado de la población no pueda acceder a una vivienda.
Algo parecido a esto alude usted en su intervención.
Lo importante de esta Ley del año 1994 es que introduce una herramienta novedosa para propiciar la construcción de viviendas de VPO consistente en imponer al planeamiento la obligación de calificar específicamente suelo con destino a este tipo de viviendas. Es decir, cualquier iniciativa urbanística en un municipio del País Vasco debe contar con una reserva destinada necesariamente a VPO.
Evidentemente, una de sus proposiciones va en este sentido. Nos parece estupendo, pero simplemente debo señalar que nosotros lo tenemos ya regulado y legislado hace mucho tiempo y funciona. Porque, además, hace que necesariamente este tipo de iniciativas tengan que tener un consenso y una colaboración exquisita con los municipios. Llevamos años avanzando en esta materia. Si ahora se puede poner en marcha a otros niveles, bienvenido sea.
En segundo lugar, también quisiéramos señalar que contamos con un plan sobre vivienda propio, el Plan director de Vivienda 2002-2003 aprobado por el Gobierno y el Parlamento de Gasteiz, que es el segundo Plan director de Vivienda. Y ya en el primero, el Plan de 1996 a 1999, era contundente a la hora de definir la misión del mismo, y cito textualmente: «La misión del Plan de Vivienda es facilitar el disfrute de una vivienda en condiciones dignas a la población de la Comunidad Autónoma del País Vasco, particularmente a sus colectivos más desfavorecidos, optimizando la eficacia de los recursos disponibles.» El Plan que actualmente está en vigor hay que desarrollarlo --en ello estamos-- pero mantiene la literalidad de este mensaje y plantea objetivos generales en seis grandes ámbitos. Primero, intensificar con carácter general la oferta de viviendas protegidas; segundo, rentabilizar el patrimonio existente mediante la rehabilitación del parque de viviendas y activar políticas de renovación urbana; tercero, acentuar el enfoque social de la promoción de vivienda protegida, impulsando el alquiler protegido y coordinando las actuaciones con políticas de inserción social. Cuarto, adecuar la política de vivienda al nuevo contexto económico; quinto, prestar especial atención a las políticas de renovación y rehabilitación urbanas, en base a programas interdepartamentales e interinstitucionales, y, sexto, impulsar la calidad en vivienda y mejorar los sistemas de gestión.
Convendrán conmigo, señorías, que son propuestas gemelas o, cuando menos, parientes muy cercanas a las que han mencionado los diferentes oradores que me han precedido en el uso de la palabra en esta tribuna.
Para concluir, debo manifestar que la moción, con inclusión de las enmiendas que ha indicado va a aceptar, en la literalidad de su redacción afecta de manera directa, a nuestro entender, por un lado, a las competencias autonómicas en materia de ordenación del territorio y de vivienda, tanto sustantivas como de gestión o mero desarrollo y, por otro, también a los intereses de los ayuntamientos quienes, valedores de la autonomía local, tienen el derecho y la capacidad efectiva de ordenar y gestionar los intereses de su colectividad, entre los que, indudablemente, se encuentra el urbanismo en sus aspectos de ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanísticas.


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El problema principal estriba, a mi entender, en la dificultad de compartir seguramente objetivos y estrategias por parte del Legislativo estatal y autonómicos --somos muchos los autonómicos--, en una materia además tan compleja como ésta. Probablemente esto sea motivo de otro debate --y a su momento me remito--, y es por lo que, a nuestro entender no es suficiente --y me consta que además es su talante-- hablar de colaboración o de hacer realidad la colaboración entre la política estatal y la autonómica. No nos vale, porque en una materia tan sensible como ésta no es suficiente lo que podríamos expresar como una especie de invasión competencial amistosa.
Sinceramente, reitero que valoramos en lo que vale su moción. Nos parecen acertadas todas sus medidas, pero, con total serenidad, decimos que no nos afecta, razón por la cual evidentemente no podemos votar en contra y nos vamos a abstener.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Etxegoyen.
En nombre del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Bonet.


El señor BONET I REVES: Gracias, señora Presidenta.
Sólo voy a expresar tres cuestiones muy rápidamente. En primer lugar, son varias las veces que compruebo en esta Cámara que el Partido Popular no entiende o no quiere entender por qué las familias no han utilizado el Plan de Vivienda y han optado por una vivienda libre. Pues bien, no han utilizado el Plan de Vivienda porque no han podido y, como en algún sitio se tiene que vivir, se han visto obligados a comprar vivienda libre.
Porque el problema es que no hay oferta de vivienda protegida, porque el Plan está mal hecho, ya que impide un escalonamiento de precios que sea realista para que los promotores puedan construir vivienda protegida para clases medias, clases medias-bajas y situaciones especiales.
La política de vivienda de un Gobierno serio y europeo es una política para las clases medias, las clases medias bajas y las situaciones especiales, para todas ellas, y no sólo para los muy pobres. Este es el error o el pecado del Gobierno del Partido Popular.
Ustedes han fracasado. El Plan 1998-2001 es un fracaso como atestiguan todos los agentes involucrados en el sector inmobiliario y como atestigua también el Consejo Económico y Social. Es un fracaso que ustedes no pueden achacar, como siempre hacen, a los demonios socialistas. Es su fracaso. Pero no es sólo suyo. Creo que es de todos. Por ello, desde nuestro Grupo estamos atentos a las posibles ofertas de diálogo y consenso, para que esta política de vivienda sea efectiva lo más pronto posible.
Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Bonet.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió tiene la palabra el Senador Beguer.
El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir únicamente por cortesía parlamentaria para agradecerle al Senador Herranz que haya aceptado la enmienda que nuestro Grupo ha formulado y, consecuentemente, para anunciar el voto favorable de Convergència i Unió.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beguer.
Turno del Grupo Parlamentario Socialista. Tiene la palabra el Senador Herranz.


El señor HERRANZ MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar quiero agradecer las intervenciones de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios, incluso las de aquellos que se van a abstener.
Quiero decir algo aunque sea una obviedad. La política de vivienda debe ser un principio rector de la política social económica de cualquier gobierno. Por lo tanto, ni el plan de vivienda futuro ni la normativa que se desarrolle sobre suelo se puede hacer sin el acuerdo, el diálogo, el consenso con los ayuntamientos y las Comunidades Autónomas. Esto es un principio que nosotros, los socialistas, entendemos, y con el que, desde luego, somos escrupulosos. Nosotros no somos centralistas. No queremos invadir las competencias de las Comunidades Autónomas. En la moción hacemos una serie de propuestas que han sido sometidas a la consideración de los diferentes grupos políticos. Son nuestras alternativas que están por negociar; no son dogmas de fe ni elementos definitivos.
Son propuestas hechas con la mejor intención, y sobre todo con la de que en este país se resuelva el problema de la vivienda y el del suelo, porque hay que decir que detrás del suelo hay unos intereses económicos muy importantes y que el Grupo Parlamentario Popular es muy permeable a esos intereses económicos. Ahí es donde está el meollo de la cuestión. Si consiguiéramos una política del suelo acertada, que tuviera un precio asequible que no fuera el 45 del precio de la vivienda, habríamos avanzado muchísimo. Pues esto lo están haciendo ya las Comunidades Autónomas, hay que aprender de ellas, señoras y señores Senadores del Grupo Parlamentario Popular. Incluso hay que aprender de las Comunidades Autónomas de su mismo signo político, porque en el Parlamento de Cantabria se han aprobado ayer o anteayer casi las mismas propuestas que nosotros traemos aquí. Y la Comunidad Valenciana está utilizando agentes de administración de suelo para saber cómo se deben construir viviendas de protección oficial y viviendas de promoción pública en general con una finalidad social. Y además, muchas Comunidades Autónomas, viendo que no hay colaboración por parte del Gobierno central, de sus propios presupuestos están introduciendo alternativas, porcentajes, ayudas y subvenciones para mejorar adicionalmente aquellas que tiene el Gobierno.
Esto lo realizan incluso la Comunidad Autónoma vasca y la Comunidad Autónoma de Canarias, y me parece muy bien. Yo comprendo su abstención.
Creerán que nosotros queremos invadir sus competencias. Pues de ninguna

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manera es ésa nuestra intención. Son propuestas de diálogo. Lo que nos interesa es que se entere el Partido Popular de que el problema de la vivienda hay que resolverlo mediante el diálogo, la colaboración y el acuerdo. Si no, es imposible.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Herranz.
Termina el turno de portavoces con el Grupo Parlamentario Popular. En su nombre, tiene la palabra el Senador Llanos.


El señor LLANOS VERA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Herranz, voy a empezar por lo último que usted acaba de decir.
Precisamente, lo que dice el Partido Popular desde hace tiempo y también en el programa 1998-2000 es que hay que dialogar con las Comunidades Autónomas y también con los Ayuntamientos. Antes ya he puesto de manifiesto que, gracias a eso, se han tomado diferentes acuerdos, entre otros el incremento del 15 al 20 por ciento. Luego, que quede constancia que una de las políticas activas que lleva a cabo el Partido Popular es la de dialogar con las Comunidades Autónomas y con los Ayuntamientos.
Con relación a las medidas, creo que como sigamos hablando al final nos vamos a poner todos de acuerdo. Como le decía en mi primera intervención, usted no puede echarle toda la culpa al Gobierno cuando en las políticas activas, sobre todo en materia de suelo, intervienen las Comunidades Autónomas y los Ayuntamientos. No se le puede echar la culpa al Gobierno, como usted hace. En mi intervención yo no culpé ni a las Comunidades ni a los Ayuntamientos, lo que dije es que el precio del suelo de las viviendas oscila entre un 45 y un 50 por ciento y que eso está gestionado por las Comunidades Autónomas y por los Ayuntamientos. Pero yo no he echado la culpa a nadie, Senador Herranz.
Presentamos nuestra enmienda porque la mayoría de las medidas sociales a las que ustedes han hecho referencia ya están recogidas y porque, en todo caso, entendemos que es en las Cámaras, donde se está tramitando el proyecto, donde los diferentes grupos parlamentarios deben discutir, dialogar, hacer concesiones y reunirse con las Comunidades y con quien corresponda para, efectivamente, adoptar las medidas más positivas y no incurrir en casos de inconstitucionalidad. Eso es lo que le he dicho, señor Herranz.
Con relación a lo que han dicho su señoría y el Senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, tengo que decir que a veces utilizan los números de forma partidista. Hacen referencia a que el precio de la vivienda libre ha subido un 46 por ciento, y es cierto, pero no dicen que la vivienda de protección oficial sólo ha subido un 2,03 por ciento. Dicen que no se han hecho viviendas, pero sí se han hecho; de las 284.000 viviendas de suelo libre y de protección oficial del año 1996 se ha pasado a 535.000 en el año 2000. Es verdad que han bajado y que no se han cubierto, pero también es cierto que estaban todos los créditos a disposición. Como no se han cubierto, habrá que buscar soluciones, pero ha quedado claro que los constructores no ven asequible ni atractivo el suelo y que, por eso, no construyen. Vamos a buscar entre todos soluciones. Lo que tampoco han dicho ustedes es que en este período, sin embargo, se ha multiplicado por dos o tres la rehabilitación de las viviendas, con lo que se han creado los correspondientes puestos de trabajo. Pero eso no lo dicen.
Con relación a otra de las cosas que usted decía, señor Herranz, es cierto que ha habido inflación en los materiales, pero parece que lo que usted dice no es muy coherente. Porque, si ha habido inflación de materiales, ¿cómo es posible que se haya multiplicado por dos o tres el precio de la vivienda libre, en la que también influye la subida de los materiales? Creo, señorías, que en el fondo estamos de acuerdo y que tenemos que reunirnos en el sitio adecuado para dialogar y poner en marcha medidas concretas. Respecto a la inconstitucionalidad --y no digo esto con afán de meter el dedo en el ojo, señor Herranz, pero sí quiero recordarlo por si acaso le flaquea la memoria--, de la Ley del suelo que ustedes hicieron en 1992 más de doscientos artículos fueron tachados de inconstitucionalidad. Espero que no pretendan, y esto va dirigido al Senador del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, hacer viviendas en régimen de cooperativa y que pase lo que sucedió con la PSV.
(Rumores.) Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Antes de proceder a la votación, señorías, les anuncio que la Comisión de Peticiones tendrá lugar al finalizar el Pleno, en la sala de Cuadros. La reunión de Mesa y Portavoces de la Comisión de Medio Ambiente, que estaba prevista para mañana jueves a las 10, se va a celebrar al finalizar el Pleno en la sala 20.001 a), así como la reunión de la Comisión de Ciencia y Tecnología, que estaba prevista para mañana a las 9,30, en la Sala de Comisiones, y Mesa y Portavoces de la Comisión General de Comunidades Autónomas, prevista para mañana, en la Sala de Tapices.
Vamos a votar, señorías, la moción, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista, con las enmiendas aceptadas de los Grupos Parlamentarios Catalán en el Senado de Convergència i Unió y Entesa Catalana de Progrés.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 187; a favor, 69; en contra, 110; abstenciones, ocho.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A DESPENALIZAR EL CONSUMO DEL CANNABIS Y SUS DERIVADOS PARA USOS TERAPEUTICOS (662/000154).


La señora PRESIDENTA: La siguiente moción es la presentada por el Grupo Parlamentario Mixto por la que se insta al Gobierno a despenalizar el consumo del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos.


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Se han presentado tres enmiendas: una del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, otra del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y otra del Grupo Parlamentario Popular.
Para la defensa de la moción y en nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Antes de iniciar la defensa de la moción, quiero decir que en la parte dispositiva del texto que sus señorías tienen, se dice «impulsar acciones necesarias dirigidas a despenalizar», y debería decir «impulsar acciones necesarias dirigidas a facilitar el consumo del cannabis».
Queremos hacer alusión, señorías, al simposio que se celebró hace ahora un año, en el mes de octubre del año pasado, sobre el uso terapéutico del cannabis, organizado por la Fundación Ramón Areces, por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, de la Universidad Complutense de Madrid, donde participaron los más importantes... (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, Senador Cabrero.
Señorías, por favor, guarden silencio porque no se puede escuchar al Senador Cabrero. (Pausa.) Puede continuar, señoría.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Como decía, en ese simposio participaron los más importantes investigadores mundiales sobre la química, la fisiología, la farmacología y la clínica del cannabis. Fue sorprendente la cantidad de esfuerzos que se realizaron por los participantes en ese simposio en la investigación sobre el cannabis, y el número de grupos de investigación básica de primera línea, donde también había españoles, que estuvieron trabajando en este asunto. Ya en 1964 describieron la estructura química del principal componente psicotropo del cáñamo, el THC. Diversos trabajos posteriores con derivados del THC indicaron que la actitud de estos componentes dependía, en gran medida, de la disposición espacial de los radicales de su molécula.
Ese fenómeno que se ha denominado esteroespecificidad abrió la puerta al descubrimiento de los receptores cannabinoides; de esa manera, al igual que hace ya cuarenta años se descubrieron los análogos de la morfina, que se fabricaban por organismos llamados endorfinas, la anandamida fue el primer cannabinoide endógeno que se descubrió. La identificación de ese endocannabinoide implicado en sustancias podría ejercer muy probablemente funciones fisiológicas normales en esos organismos.
Además, queremos hacer alusión al informe que el Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense de Madrid ha realizado en torno a los efectos del uso terapéutico, en el que se llega a afirmar que el cuadro de náuseas y vómitos prolongados, que regularmente acompañan al tratamiento de quimioterapia, uno de los procesos más angustiosos en medicina, puede ser tan intenso que los pacientes consideran estos síntomas tan intolerables que rechazan seguir el tratamiento, a pesar de ser conscientes de que tienen una enfermedad muy grave.
A continuación, el informe indica que, de toda la información disponible sobre el posible uso terapéutico del cannabis, la más contrastada es la realidad de su eficacia en cuanto a las náuseas y los vómitos intensos.
Algunos estudios sugieren que los cannabinoides son más efectivos que los antieméticos convencionales, mientras que otros los equiparan en eficacia incluso terapéutica.
En relación a la esclerosis múltiple, también afirman que existen muchos informes, algunos de divulgación científica y otros basados en ensayos clínicos controlados, que sugieren que el cannabis puede aliviar los síntomas en pacientes con esta enfermedad, en los que otros fármacos habían ya fracasado.
Con respecto al dolor, afirman también que muchos cannabinoides tienen propiedades analgésicas y antiinflamatorias demostradas en modelos animales y en la observación clínica. Existen algunos cannabinoides no psicoactivos que tienen propiedades analgésicas. Afirman también que los cannabinoides podrán ser útiles asociados a otros fármacos analgésicos en distintos tipos de dolor. Por ejemplo, en relación con la anorexia, una enfermedad del siglo pasado y del presente, también indican que la disponibilidad de fármacos convencionales útiles en el tratamiento de la anorexia es muy limitada, y siguen diciendo que, sin embargo, el cannabis aumenta el apetito debido a un mecanismo no muy conocido. Se ha podido demostrar que después de tres horas de la administración del cannabis en sujetos normales se produce el aumento del apetito.
Respecto a los enfermos de epilepsia también se llega a afirmar que, según datos de la investigación con animales, en epilepsias experimentales, el cannabidol parece ser prometedor como antiepiléptico.
Al parecer, tiene un espectro de propiedades anticonvulsivas más amplio que el dronabinol y el de otros antiepilépticos, ya de carácter convencional.
De igual forma, se hace mención de otras enfermedades como el glaucoma, el asma bronquial, alteraciones Mentales, etcétera.
En cuanto a efectos secundarios, si se hace una valoración beneficio-riesgo, comparándolo con otros fármacos; Su beneficio es mayor que el de muchos otros fármacos que tienen un margen terapéutico muy estrecho, con grave peligro de sobredosificación, como puede ser, por ejemplo, la morfina o la meperidina.
Señorías, desde nuestro punto de vista, todos estos avances, todas estas conclusiones, de manera bastante contundente desde el punto de vista científico y experimental, indican que ya otros países mas avanzados que nosotros ya han decidido facilitar el uso terapéutico del cannabis y sus derivados. Por ejemplo, en diversos estados de Estados Unidos y en otros países de la Unión Europea como Holanda, Suiza, Alemania, ya han considerado la importancia de poner en marcha esa facilitación para el uso terapéutico del cannnabis. En nuestro país, se debería profundizar en este asunto y, así lo han hecho otros parlamentos, por ejemplo, el de Cataluña, en el que, por unanimidad, se

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aprobó en similares términos una proposición no de ley, o el Parlamento balear, el Parlamento de Aragón, o el Parlamento de Andalucía. Existen otras iniciativas impulsadas en otros parlamentos regionales y Comunidades Autónomas de nuestro país. Hay una sentencia del año 1999, de un tribunal de Barcelona, en la que se absuelve a un ciudadano austriaco, enfermo de cáncer, que utilizaba cannabis para paliar los efectos de la quimioterapia a la que estaba siendo sometido por su enfermedad. Eso indica que también en el ámbito de las sentencias judiciales de los tribunales hay avances en ese sentido.
Desde nuestro punto de vista, los procesos de investigación, los ensayos clínicos relativos al uso terapéutico del cannabis y sus derivados siguen siendo necesarios. Aunque hay una evidencia constatable científicamente, somos conscientes de la necesidad de seguir avanzando en la investigación. Creemos que es muy importante avanzar en esa línea y poner en manos de la farmacología la posibilidad de suministrar estas sustancias a los enfermos para paliar los efectos negativos de su enfermedad.
Desde nuestro punto de vista, el hecho de que los facultativos tuvieran la posibilidad de suministrar cannabis a los enfermos de cáncer, de esclerosis múltiple, etcétera, facilitaría el camino a la investigación, y parece ser que compartimos la necesidad de seguir investigando sobre esta cuestión.
Hay colectivos importantes en nuestro país --como es el caso de Agata, que agrupa a mujeres enfermas de cáncer de mama-- que llevan tiempo luchando, trabajando, exigiendo y reivindicando la necesidad de que los facultativos puedan recetar el uso del cannabis de manera terapéutica. A propósito de esta cuestión, tengo que decir que esta mañana mantuve una conversación con la Presidenta de Agata, doña Consuelo Páez, quien me indicaba que pidiera al Pleno del Senado que, por favor, se tuviera en cuenta la necesidad de facilitar el uso terapéutico del cannabis. Me hacía esta petición en nombre propio, como afectada, en nombre del colectivo al que representa, pero también en nombre de los enfermos de cáncer y de aquellos que tienen tratamientos de quimioterapia porque, por encima de cualquier otra cuestión, siguen siendo personas y siguen, teniendo derecho a una vida más digna. Y, así, en este momento, les traslado esa petición porque creo que el Senado debería hacer caso a estos colectivos y ser coherentes con otros países europeos en el sentido de facilitar el uso terapéutico del cannabis y sus derivados.
Es importante tener en cuenta que otros fármacos que se pueden vender en las redes farmacéuticas de nuestro país provocan mayores perjuicios y tienen más contraindicaciones que las que podrían tener, por ejemplo, los comprimidos que se suministrasen a partir de esa despenalización del cannabis y sus derivados, para paliar los efectos de enfermedades a las que antes he hecho alusión.
Por otro lado, también me decía la señora Paez que, al final, hay muchísimos enfermos que recurren al uso del cannabis, pero que lo hacen de manera incontrolada, lo que comporta un riesgo tremendo --que es bien conocido--, y creo que no hacen falta más explicaciones en relación a ese asunto.
Desde mi punto de vista, hay suficientes argumentos científicos para tomar en consideración esta cuestión. En ese sentido, nos hemos puesto en contacto con profesionales, doctores y científicos que están trabajando en esa línea de investigación y han decidido suministrar estas sustancias a este tipo de enfermos del Hospital Vall d'Hebrón, en Cataluña. En el simposio al que antes hacía alusión, estos investigadores presentaron los resultados de una nueva investigación sobre pacientes con cáncer, los tratamientos de quimioterapia y el uso controlado del cannabis y sus derivados, que demuestra los efectos amortiguadores de estas sustancias en relación a los dolores, a los vómitos y a las náuseas.
Por lo tanto, las conclusiones científicas siguen aportando la misma solución a este tema; aquellos que tienen relación con pacientes en tratamiento con este tipo de sustancias ponen en tela de juicio la necesidad de recurrir a los mercados existentes en nuestro país, o en cualquier otro país de Europa, para conseguir esta sustancia. ¿Por qué han de recurrir a ese mecanismo si se puede resolver esta cuestión de la manera que estamos planteando? Nosotros planteamos esta moción, que se ha aprobado en el Parlamento de Cataluña y que se ha aprobado y se aplica en otros países de nuestro entorno.
No hay duda de que es un derecho básico de todos los seres humanos vivir con dignidad y de que la sintomatología de determinadas enfermedades, sobre todo en fase terminal, o el tratamiento farmacológico rebajan la dignidad de la persona humana. Por tanto, estamos ante la posibilidad de amortiguar y resolver en alguna medida esta situación por los profesionales y con el nivel de control que se establezca. Desde nuestro punto de vista, compartido por muchos colectivos, cualquier sustancia de cualquier índole que venga a aliviar a estos pacientes es moral y éticamente admisible, pues no nos parece razonable que se pueda utilizar una doble moral. Y lo dice alguien que no ha encendido ni se ha fumado un cigarro en su vida, ni tampoco otras sustancias, pero desde luego tengo clarísimo que si tuviera necesidad, por desgracia, de recurrir a esta posibilidad la utilizaría. En ese sentido, no recurriría a una doble moral ni tendría esa duda que puede tener un componente ético.
Señorías, termino diciendo que he visto las enmiendas que presentan el resto de los grupos. Tenemos una gran oportunidad para dar respuesta a lo que están pidiendo este tipo de pacientes. Hay pruebas científicas contundentes y resolutorias; somos conscientes de la precaución que exige este tipo de cuestiones, pero no lo hacemos a la ligera, sino sobre una base científica y experimental. Desde este plantamiento de precaución también hacemos una apuesta clara y nítida por seguir profundizando en los procesos de investigación, para conocer más y mejor los efectos del uso terapéutico de este tipo de sustancias. No podemos cerrarnos a la investigación. Si se les posibilitara --y así nos lo han indicado científicos y doctores que están trabajando en está línea-- suministrar con receta estos comprimidos, se abriría una puerta para el desarrollo de sus funciones de investigación científica en este campo. Hay situaciones de tal envergadura que nos deben hacer reflexionar y aprobar

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esta moción; con ello daremos respuesta a los colectivos que nos lo han requerido, nos incorporaremos al mundo de la racionalidad y a los países que ya han avanzado mucho en relación con este asunto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cabrero.
Para la defensa de la primera enmienda, presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenas tardes, señorías, he de iniciar mi intervención agradeciendo, en primer lugar, al Grupo Parlamentario Mixto la presentación de su moción, que el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos considera totalmente oportuna y acertada, máxime teniendo en cuenta el momento en que se plantea. En estos momentos hay numerosos estudios de investigación y ensayos clínicos sobre la utilización del cannabis y sus derivados con fines terapéuticos que han demostrado su validez y los efectos positivos que reportan. Además, esta propuesta, como decía el Senador, Cabrero, ha sido aprobada por unanimidad este mismo año en el Parlamento catalán; una propuesta en la que textual y taxativamente se aprueba la utilización terapéutica del cannabis, instando, por tanto, al Consell a realizar las gestiones necesarias ante las distintas administraciones para que autorice el uso terapéutico del cannabis y sus derivados.
En ese sentido, antes de pasar a la defensa de la enmienda quiero adelantar al Grupo Parlamentario Mixto que, tal y como he dicho, el planteamiento de su moción nos parece correcto y acertado; y hay que decir que esta moción fue presentada con fecha 29 de mayo de este mismo año en la Comisión de Sanidad y Consumo y que hoy se plantea a debate en el seno de esta Cámara y a través de este Pleno.
Con relación a la situación que actualmente estamos atravesando y que ya he mencionado previamente, repito que nos parece correcto el planteamiento de la moción en su primer punto y, si no me equivoco y he creído entender, debe existir algún pequeño error de transcripción en el texto; se plantea iniciar las acciones pertinentes en aras de modificar el término despenalización por el de facilitar las actuaciones pertinentes en aras de posibilitar el uso del cannabis y sus derivados con fines terapéuticos. En este sentido, he de decirle que estamos totalmente de acuerdo con que esto se lleve a cabo y con que la Administración estatal impulse esa misma iniciativa en todos aquellos foros internacionales en los que se participe.
Por centrar la cuestión en sus justos términos, diré que a través de la moción no se está planteando siquiera --al menos así lo entiende el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos-- la posible utilización del cannabis y sus derivados en programas de resarcimiento de daños o en programas de objetivos intermedios destinados a personas en situaciones de drogodependencia; por lo menos entendemos que nos estamos ciñendo única y exclusivamente al uso terapéutico y a indicaciones a través de profesionales sanitarios con destino a mitigar y minimizar en lo posible los efectos colaterales que puedan tener los distintos tratamientos oncológicos, fundamentalmente quimioterapia y radioterapia, en personas afectadas de cáncer, por estar actualmente demostrado que tiene un efecto antiemético, es decir, reprime los vómitos, estimula incluso el apetito en estos pacientes propiciando una recuperación más rápida del organismo, en respuesta a la agresión que se sufre después de estos tratamientos y también, dada su capacidad como analgésico, se utiliza para mitigar el dolor y, por tanto, cumple ese efecto paliativo.
Tal y como decía también el Senador Cabrero, a lo largo de las distintas investigaciones y de los diferentes ensayos clínicos que se han llevado a cabo, se ha podido demostrar que actúa como antiespástico, es decir, tiene su efecto evitando la rigidez en las articulaciones y relajación de músculos en enfermos afectados de esclerosis múltiple, y de alguna forme se ha podido comprobar ciertos efectos positivos en enfermos de Parkinson e incluso de Alzheimer, aunque las líneas de investigación siguen abiertas y no se ha podido determinar taxativamente la eficacia, pero se han planteado líneas de investigación en ese sentido.
Por tanto, como bien se dice en la moción y así lo entendemos, es necesario establecer garantías y me refiero a una cobertura de tipo administrativo, de tipo legal y de tipo normativo, la que sea precisa, orientada tanto a los profesionales sanitarios como a los propios pacientes susceptibles de intervención a través de la utilización del cannabis o de sus derivados en el tratamiento de sus distintas patologías y, por consiguiente, de esta forma evitar que se cuestione la actuación profesional e incluso la decisión del paciente para optar por esa vía en esos tratamientos. No podemos cuestionar la buena práctica de los profesionales sanitarios, e incluso ellos mismos manifiestan que en muchas ocasiones recomiendan a distintos pacientes oncológicos sometidos a tratamientos de quimioterapia la utilización del cannabis para mitigar los efectos colaterales de dichos tratamientos.
Por tanto, estamos hablando de una utilización que tiene por finalidad proporcionar calidad asistencial y avanzar en la eficacia del tratamiento de determinadas patologías. Todo ello se traduce, en definitiva, en proporcionar a esas personas calidad de vida y en avanzar en materia de salud pública.
Por otro lado, en el marco del Plan Nacional sobre Drogas se han solicitado informes a la Universidad Complutense con objeto de comprobar la utilidad terapéutica del cannabis. La idea de la delegación, adscrita en este caso al Ministerio del Interior, es someter la utilización del principio activo del cannabis, el THC, el tetrahidrocannabinol, a la aprobación por parte de la Agencia del Medicamento, si los estudios arrojan resultados positivos. En ese sentido, actualmente ya existen estudios y ensayos que demuestran que el cannabis puede tener sus efectos positivos sobre determinados pacientes y patologías.
Consideramos que es importante ir dando pasos en este sentido y, como es lógico, también en la línea de la investigación, tal como se plantea en el segundo punto de la moción, que con nuestra enmienda pasa a convertirse en tercero

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al introducir otro punto para completarla. A este respecto, dado que se plantea la utilización del cannabis y sus derivados desde la vertiente sanitaria --por tanto, con una finalidad terapéutica-- y para determinadas patologías, proponemos que en coordinación con las Comunidades Autónomas, y en el seno del Consejo Interterritorial de Salud, se establezcan las bases para su correspondiente regulación, así como los mecanismos de control que fuera pertinente determinar, con la finalidad de garantizar el correcto consumo del cannabis y sus derivados para los fines objeto de la moción. Y lo hacernos, por entender que de llevarse a cabo los distintos tramites que faciliten su utilización es preciso sentar las bases que delimiten y especifiquen quién prescribe, quién autoriza, quién dispensa, quién controla el consumo y quién determina la dosificación, tal como se establece para el caso de otro tipo de medicaciones sujeta a una regulación especial y destinadas a tratamientos específicos. Incluso consideramos que sería preciso autorizar su comercialización, si eso fuera pertinente, tras una valoración llevada a cabo por la Agencia del Medicamento en lo que se refiere a la finalidad del uso, destinatarios, dosificación, contraindicaciones, etcétera.
Y, tal como se establece en nuestra enmienda, el ámbito adecuado para sentar esas bases y debatir y llegar a acuerdos entre las administraciones competentes en materia de sanidad, que son tanto la Administración central como el conjunto de las Comunidades Autónomas --porque aunque algunas de ellas todavía no hayan asumido la transferencia en materia de sanidad todas deben participar--, es el seno del Consejo Interterritorial de Salud.
Ese es el motivo de que hayamos presentado esta enmienda, aunque ya les adelanto que vamos a apoyar la moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto: Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
Para la defensa de la segunda enmienda, tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, quiero manifestar, en primer lugar, el especial afecto con el que me dispongo a intervenir en nombre de mi Grupo Parlamentario de Convergència i Unió en el debate de esta moción, ya que existe un precedente en el «Parlament de Catalunya», que se ha citado anteriormente, en relación con este tema.
En efecto, el día 25 de abril de este año se aprobaba una proposición no de ley instando al «Govern de la Generalitat» --y cito textualmente-- a llevar a cabo las gestiones necesarias ante las diversas administraciones para que se autorice el uso terapéutico del cannabis. Las actuaciones del «Departament» de Sanidad de la «Generalitat de Catalunya», en el ámbito de la disponibilidad, distribución y dispensación han ido encaminadas, tras la aprobación de esta proposición no de ley, a hacer posible la utilización de los fármacos que se contienen en el tetrahidrocannabinol, THC, o derivados, como medicación extranjera a aquellos oncólogos que lo necesiten. Por tanto, ya se está haciendo algo en este sentido. La medicación extranjera se solicita a la Dirección General de Farmacia y Productos Sanitarios del Ministerio de Sanidad, de forma individual, por el especialista hospitalario a través del Servicio de Farmacia del hospital correspondiente.
La «Consellería de Sanidad de la Generalitat» se ha puesto en contacto con el Ministerio de Sanidad con el objetivo, en primer lugar, de establecer cuál habría de ser el producto comercial a solicitar, teniendo en cuenta sus indicaciones, facilidad de importación y rápida disponibilidad --se ha establecido que ese fármaco sería el nabilone comercializado en el Reino Unido--; en segundo lugar, establecer un protocolo de solicitud específico para facilitar su evaluación y así agilizar los trámites de autorización de importación, y en tercer lugar, disponer de un circuito de suministro ágil mediarte los contactos pertinentes con el laboratorio importador, al tiempo que se valora la posibilidad de tramitar en su momento el registro del producto en la Agencia del Medicamento. Se han suministrado ya unas unidades de tratamiento a la vez que se está haciendo un estudio de seguimiento de algunos casos tratados.
Como ya se ha dicho, parece que hoy en día existe base científica suficiente sobre los efectos farmacológicos, y usos terapéuticos de los derivados del cannabis, y aun cuando contiene unos 400 productos químicamente identificados, los cannabinoides son aproximadamente 60, la mayor parte de los cuales pertenecen al grupo de los tetrahidrocannabinoides, THC, que son los que producen ese efecto psico-activo. La vía de administración viene determinada por su farmacocinética, particularmente en función de su absorción y del metabolismo, habitualmente se fuma, como ya es bien conocido, pero se puede cocinar junto con los alimentos; puesto que aunque no es soluble en agua es extremadamente soluble en aceite, por lo que se puede administrar como condimento en los alimentos y, por otra parte, también se utilizan extractos para su uso oral.
En cuanto a los usos terapéuticos, sobre la base de ensayos clínicos, aparte de su efecto como analgésico, así como para desórdenes neurológicos y del movimiento, sea esclerosis múltiple, epilepsia, síndrome de Parkinson o corea de Huntington, parece que también disminuye la presión intraocular, y por tanto, podría tener un efecto beneficioso en el glaucoma. Pero lo que sí está claro, de acuerdo con esos estudios e investigaciones realizadas hasta el momento, son sus efectos terapéuticos más que conocidos en los casos de náuseas y vómitos asociados a la quimioterapia anticancerosa. Así, existe mucha literatura científica sobre los efectos de los cannabinoides respecto de las náuseas y vómitos inducidos por la quimioterapia y en la mayor parte de esos estudios se utilizó un preparado llamado dronabinol. Desde su aprobación en los Estados Unidos a mediados de los años ochenta, se han desarrollado antieméticos muy efectivos para contener el vómito como el ondansetrón, y asimismo, parece que un porcentaje de pacientes se puede beneficiar de su utilización al ser resistente a los tratamientos con los antieméticos convencionales.
Otro efecto terapéutico demostrado es la estimulación del apetito y, por lo tanto, es utilizable en aquellas enfermedades

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con caquexia, es decir, con desnutrición. Parece ser que incrementa el gusto por la comida, sin producir alteraciones ni en el sabor ni en los mecanismos que ocasionan sensación de saciedad.
Las especialidades farmacéuticas comerciales son dos: el dronabinol y la nabilone, con las mismas indicaciones terapéuticas, es decir, las náuseas, los vómitos asociados a la quimioterapia anticancerosa, que no responden adecuadamente a aquellos tratamientos antieméticos convencionales. Es necesario utilizarlos con las mismas precauciones, o sea, abstenerse de conducir y realizar trabajos con manejo de maquinaria peligrosa o similares y tienen parecidos efectos adversos como somnolencia, sequedad de boca, dificultades de la concentración, reacciones paranoica, confusión, desorientación, etcétera y también, como es natural, son susceptibles de crear dependencia, por lo que su prescripción se tendría que limitar sólo a aquel período de las nauseas o vómitos pos quimioterapia.
¿Cuál es la situación actual, en definitiva? El laboratorio que ha de suministrar el producto ya ha recibido del Ministerio de Sanidad la autorización de importación de un número determinado de unidades como remanente para el suministro de aquellas solicitudes de tratamiento que autorice el propio Ministerio a través, como he dicho antes, del Servicio de Medicamentos Extranjeros. El circuito para la obtención del medicamento es el siguiente: los servicios de farmacia de los hospitales han de dirigir una solicitud, acompañada del correspondiente informe médico sobre las circunstancias del paciente y de acuerdo con un modelo elaborado por el Ministerio de forma específica para el nabilone, al Servicio de Medicamentos Extranjeros del propio Ministerio. Las solicitudes son evaluadas por una comisión, al igual que se hace con los demás medicamentos procedentes del extranjero, no comercializados, por tanto, en España. El Ministerio comunica al laboratorio que ya puede hacer el suministro y finalmente el laboratorio lo suministra al servicio de farmacia del hospital correspondiente. El tiempo que puede transcurrir desde que una solicitud llega al Ministerio para su aprobación hasta que la medicación está disponible en el servicio de farmacia del hospital es, aproximadamente, de unos 15 días, caso de que se haya autorizado, y hay que señalar que este tiempo es sensiblemente mayor en el caso de otras medicaciones no comercializadas en España.
Por todo ello, señora Presidenta, señorías, hemos presentado la enmienda que propone sustituir el punto primero de la moción, cuya redacción después ha aclarado el Senador de Izquierda Unida, del Grupo Mixto, por el siguiente texto: «Seguir impulsando las acciones dirigidas a la autorización del uso terapéutico de los derivados del cannabis.» Así se pondría a disposición de las personas que lo puedan necesitar. El segundo punto de la moción seguiría igual.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta y señorías.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cardona.
Pasamos a la última enmienda, la presentada por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para su defensa, tiene la palabra la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, señora Presidenta.
Hasta ahora, señorías, el tratamiento parlamentario del cannabis se había referido únicamente a la intensificación de los estudios en orden a valorar el uso terapéutico de fármacos derivados de esta sustancia, pero la moción que ahora estamos debatiendo introduce un nuevo matiz, cual es la despenalización del consumo del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos, yendo, por tanto, más allá de la mera intensificación de los estudios tendentes al esclarecimiento de los efectos terapéuticos de esta sustancia.
Si nos atenemos al tenor literal del texto de esta moción, comprobamos que lo que se pretende es la despenalización del consumo terapéutico del cannabis, algo totalmente inútil, pues el simple consumo de esta sustancia no está penalizado en el Código Penal, cuyo artículo 368 castiga, sin embargo, entre otras conductas, la de aquellos que favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas. Tendríamos que hablar, por tanto, no de despenalizar el consumo terapéutico de cannabis y sus derivados que, como he dicho, no está penalizado, sino de despenalizar la administración de esas sustancias con fines terapéuticos y bajo prescripción médica.
Planteado entonces el debate en esos términos, la despenalización, no del consumo sino de la administración terapéutica de esas sustancias, requeriría importantes cambios legislativos que afectarían tanto a nuestra legislación nacional --artículo 25 de la Ley 1/1992, sobre protección de la seguridad ciudadana, y artículo 368 del Código Penal, entre otros-- como a distintos convenios internacionales suscritos por España, como es el caso de la Convención Unica de 1961 sobre estupefacientes, enmendada por el Protocolo de 25 de marzo de 1972; el Convenio de 21 de febrero de1971, sobre uso de sustancias psicotrópicas, y el instrumento de ratificación de la Convención de las Naciones Unidas contra el tráfico ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas, de 20 de diciembre de 1998.
Existen razones científicas --a las que me referiré en mi exposición-- que aconsejan, de momento, seguir profundizando en el estudio y la experimentación de las propiedades potencialmente terapéuticas y/o adversas del cannabis antes de tomar decisiones acerca de su utilización con fines terapéuticos.
Que duda cabe, señorías, que hoy en día ya nadie puede justificar, con los medios que la ciencia pone a nuestro alcance, la existencia del dolor y del sufrimiento, y que ha quedado ya obsoleta la célebre frase de Petrarca, que decía que el sufrimiento es alivio del dolor.
Aunque las abundantes investigaciones aparecidas en la literatura científica ponen de relieve los efectos terapéuticos del delta-9 tetrahidrocannabinol, llamado también THC, que es uno de los más de 400 principios activos o componentes que tiene el cannabis y de algunos de sus derivados sintéticos, como es el caso del dronabinol y la nabilona, especialmente en enfermedades degenerativas irreversibles, como es el caso del Alzheimer, la esclerosis múltiple y el sida, lo cierto es que estas investigaciones basadas

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en el THC, que ha sido el componente del cannabis que más se ha estudiado y por tanto sobre el que más literatura científica existe, apenas aluden a los demás componentes o principios activos y derivados del cannabis. No podemos olvidar, señorías, los importantes efectos secundarios que tienen los cannabinoides, como son las alteraciones mentales en personas predispuestas, la disminución de la espermatogénesis y la inmunosupresión de los macrófagos del pulmón, todo ello amén de que en el organismo humano se produce tolerancia, dependencia y síndrome de abstinencia cuando se deja de consumir estos productos.
En la actualidad se están empezando a conocer las distintas funciones que pueden desempeñar esos componentes y la posibilidad de que los mismos puedan tener alguna acción terapéutica, pero hasta ahora la mayoría de esos estudios han arrojado resultados tan sólo experimentales, salvo en lo concerniente al conocido sobre las propiedades de los derivados del cannabis como antieméticos y estimulantes del apetito, y fruto de estos avances son algunos fármacos compuestos de derivados sintéticos que ya se comercializan en el Reino Unido --nabilona-- y en los Estados Unidos --dronabinol--, especialmente indicados ambos en la profilaxis y tratamiento de las náuseas producidas por la quimioterapia y, además, el segundo de ellos para el tratamiento de la caquexia asociada al sida, fármacos estos que se están utilizando también en España en pacientes oncológicos en tratamiento quimioterápico que no responden al tratamiento antiemético convencional.
Todas estas investigaciones nos están permitiendo conocer, siquiera incipientemente, señorías, la acción de los cannabinoides en el control del dolor, de los movimientos, de la memoria y su posible acción en el sueño. Sin embargo, hay funciones relacionadas con la inmunidad cuyos mecanismos de acción no están todavía suficientemente claros. Fuera de estos casos concretos se siguen múltiples líneas de investigación que todavía no arrojan resultados definitivos para su utilización terapéutica. Ahora mismo se está debatiendo si estos productos deben elaborarse sintéticamente o extraerse directamente del cannabis para mejorar su eficacia. Se están estudiando también los efectos psicológicos que tienen estos compuestos, como por ejemplo la reducción de la ansiedad, sedación y euforia, efectos estos que pueden incluso ser positivos para algunas personas y sin embargo no aceptables para otras.
No olvidemos, señorías, que el cannabis es una planta de la que se pueden extraer más de 60 productos activos, los cannabinoides, y que cuenta con más de 400 productos químicos, de los que apenas se conocen unos pocos, como el ya citado THC, el cannabidiol y el cannabigerol. En el Reino Unido, uno de los países pioneros en la investigación de los cannabinoides, la Cámara de los Lores ha aprobado recientemente dos informes en los que se recomienda estimular la investigación para conocer más profundamente sus efectos y mecanismos de acción.
La medida del estado de la investigación, señorías, la da el hecho de que todavía hoy no es posible separar las acciones favorables de las adversas del THC, a pesar de ser el principio activo más estudiado del cannabis.
Queda, pues, muchísimo por investigar y por desarrollar en el estudio de los cannabinoides. Debemos esperar los resultados de todas esas investigaciones antes de tomar decisiones sobre su utilización terapéutica.
Señorías, también se plantea actualmente el problema de la vía de administración de los cannabinoides ya que hasta la fecha la forma de absorción más eficaz sigue siendo a través de los pulmones, por donde pasa la sangre rápidamente. Los resultados indican que fumar es más efectivo que la ingesta oral del THC, pero lógicamente fumar representa un riesgo para la salud del paciente. Por eso se están estudiando otras fórmulas que permitan la absorción pulmonar del TCH sin tener que fumarlo, es decir, a través de inhaladores o «sprays» nasales.
Señorías, en lo que se refiere a sus aplicaciones clínicas, existen ya estudios, aunque todavía preliminares, que plantean las posibles aplicaciones terapéuticas de los cannabinoides a enfermedades como el cáncer o el sida, pero estamos, todavía en fase experimental. He de reseñar, señorías, que nuestro país no es ajeno a todas estas investigaciones, y el Ministerio de Sanidad y Consumo, a través del Instituto de Salud Carlos III, ha venido realizando un continuo seguimiento de todos estos estudios y de sus resultados, a fin de incorporar a la medicina real todos los logros que se obtengan con la investigación, pero siempre de una manera contrastada.
El propio Instituto de Salud Carlos III, a través del Fondo de Investigación Sanitaria, financia actividades y proyectos de investigación dentro de las convocatorias públicas que se realizan en el marco del Plan nacional de investigación, desarrollo e innovación 2000-2003 en sus áreas de biomedicina y sociosanitaria.
Señorías, ahora mismo en la Universidad Complutense de Madrid se están realizando estudios preliminares sobre los cannabinoides y el cáncer. Sus resultados han sido ya presentados en un seminario celebrado el pasado año por invitación del Centro Nacional de Investigación del Cáncer.
Evidentemente, señorías, nos hallamos ante un horizonte por descubrir, con muchas posibilidades terapéuticas, pero sobre el que debemos ser prudentes hasta que el resultado de las investigaciones nos permitan su aplicación práctica.
Señorías, la ciencia nos abre cada día mundos insospechados en todos los órdenes de la investigación, y eso es lo que hace grande al ser humano.
Como decía Einstein, el encuentro con lo misterioso es la experiencia más hermosa de la vida humana y el origen de toda ciencia.
Termino diciendo que, aun reconociendo, señorías, las buenas perspectivas de las todavía incipientes investigaciones sobre esta materia, es evidente la necesidad de profundizar en el estudio e investigación de los efectos de los cannabinoides en el organismo humano, por lo que mi grupo, el Grupo Parlamentario Popular, ha presentado una enmienda de sustitución cuyo texto es del siguiente tenor: «El Pleno del Senado insta al Gobierno a que, a través de los organismos competentes nacionales, se intensifiquen los programas de investigación y participación que permitan conocer a fondo los efectos de los cannabinoides y sus

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mecanismos de acción, posibilitando la experiencia de otros países en posibles aplicaciones, siempre con carácter experimental, terapéutico y en condiciones especiales y en orden a conseguir un alivio en el tratamiento de las enfermedades en las que esta sustancia pueda estar presente.» Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Navarro.
En nombre del Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cabrero.


El señor CABRERO PALOMARES: Muchas gracias, señora Presidenta.
El simposio organizado el año pasado por el Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid, al que se ha hecho alusión sin llegar a plantear sus conclusiones, y el estudio del Departamento de Farmacología de la Universidad Complutense aportan datos científicos concluyentes sobre la necesidad de facilitar de manera terapéutica el uso del cannabis y sus derivados, sobre todo a los pacientes tratados con quimioterapia, porque mitiga de manera sustancial los efectos no deseables. Incluso la propia portavoz del Partido Popular ha planteado que las perspectivas en esta materia son bastante buenas.
Por lo tanto, no entendemos por qué se presenta una enmienda que viene a decir que se siga investigando y después ya veremos lo que ocurre.
Nosotros entendemos la necesidad de seguir investigando, pero creemos que se debe facilitar el uso terapéutico del cannabis y de sus derivados a las personas que lo necesiten, y eso es precisamente lo que pretende impedir el Partido Popular.
Creo que se está faltando a la verdad cuando se plantean algunos criterios científicos y que, en todo caso, no se concretan las fuentes que advierten de los efectos negativos o contraindicaciones del uso terapéutico del cannabis. Según los argumentos que se han planteado sobre las enfermedades de pulmón, etcétera, debería prohibirse de manera tajante el consumo del tabaco y, sin embargo, no se ha dicho nada al respecto. Pienso que conviene destacar esas contradicciones.
Su posición negativa a la hora de facilitar --porque hemos corregido el término y ya no hablamos de despenalización-- el uso terapéutico del cannabis se deba, probablemente, a una cuestión de ética, aunque nosotros ponemos entre comillas esa doble moral que parece se está planteando.
Señorías, se trata de facilitar el uso terapéutico del cannabis y de sus derivados, de responder de manera tangible y ética a los efectos positivos que tiene ese uso terapéutico y de ser más coherentes, ya que en el Parlamento de Cataluña se ha votado una proposición en términos similares.
Además, todos los portavoces que han intervenido han hablado de que en este momento existen en la red de distribución farmacéutica de nuestro país fármacos con efectos más perjudiciales que los del cannabis y sus derivados; sin embargo, no se plantea retirarlos de la red farmacéutica de nuestro país. En este sentido, estamos haciendo una moción extremadamente suave en la que solicitamos que los comprimidos derivados del cannabis se puedan suministrar con ese control médico que hemos planteado a los enfermos a los que hemos hecho alusión.
Nosotros queremos dar un paso más en este tema porque tenemos una tremenda sensibilidad. No sé si ustedes han hablado con la gente afectada por este problema, y escuchan cuáles son sus reivindicaciones y necesidades. Nosotros sí lo hemos hecho de manera insistente.
Como digo, nosotros queremos dar un paso más, y en ese sentido estamos dispuestos a aceptar algunas de las enmiendas presentadas, no la originaria nuestra en cuanto a la moción, sino la planteada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos porque nos parece que puede tener cabida en este contexto para que la Comisión interdepartamental de salud tenga también funciones en este proceso, así como la planteada por el Grupo de Convergència i Unió, que es lo que se aprobó por unanimidad en el Parlamento de Cataluña.
El segundo punto que planteamos, que sería el tercero si se acepta esa enmienda del PNV, pretende lo que está planteando el Grupo Parlamentario Popular, que es seguir investigando para conseguir mayores datos científicos y avanzar en el asunto de los efectos del uso terapéutico del cannabis. Es decir, es una posición más suave y la aceptamos porque queremos consensuar para dar un paso más en algo que otros países de nuestro entorno nos llevan un adelanto tremendo. Señoría, ¡qué más quieren que hagamos! Esta es la posición y el gesto que queremos plantear desde Izquierda Unida esta tarde para conseguir ese gran consenso. Yo creo que hay muchas posibilidades de conseguirlo, el gesto que estamos haciendo lo indica y vamos a facilitar las buenas perspectivas que ustedes planteaban.
Políticamente las cuestiones van por ahí y desde luego no tiene nada que ver con las dificultades para la protección de la seguridad ciudadana y ese tipo de cosas que se han argumentado, que yo creo que están absolutamente fuera de lugar.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cabrero. Entiendo que renuncia al turno de portavoces que le corresponde ahora. Creo que la Cámara se lo agradecerá.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, vuelve de nuevo a debate el cannabis en relación con sus virtudes terapéuticas.
Esta planta, conocidos ya sus efectos y utilizada en Egipto hace aproximadamente 2.500 años, pasó posteriormente a China, y fue recogida por los ingleses a principios del siglo XIX y traída a occidente. Sus efectos terapéuticos están tan difundidos que, por ejemplo, en algunas páginas de Internet aparecen más de 1.000 citas.
Estamos en plena polémica sobre sus virtudes y también sobre sus efectos, y puedo adelantar que desde el

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punto de vista científico-médico su valoración terapéutica específica no ha recibido aún el plácet internacional con estudios a doble ciego y con su producto o principio activo más específico, el THC tetrahidroxicannabiol, producido sintéticamente en California y registrado con el nombre de Marinol. En ese Estado se ha autorizado su uso --no en la Corte Federal Americana-- bajo control médico y para varias situaciones patológicas específicas como el glaucoma, como analgésico, en esclerosis múltiple, en hiperémesis por quimioterapia antitumoral y en Sida, para aumentar el peso por su estímulo al apetito, etcétera. Comparando con otra medicación específica para cada cuadro, no se ha objetivado claramente que los supere, aunque hay que diferenciar el producto sintético antes aludido, el Marinol, con fumar la hoja fresca que contiene otras sustancias distintas al THC, pero al fin y al cabo del mismo grupo con su típica estructura del carbono 21. Asimismo, se han objetivado ciertas mejorías en depresiones, patologías cerebrales degenerativas, tipo Alzheimer, y se le ha relacionado también con ciertas psicosis.
En síntesis, queda aún mucho camino para demostrar científica y fehacientemente el valor terapéutico específico del THC.
Otra cuestión sería realizar su despenalización por razones médicas. En España, en el Congreso de los Diputados, ha habido varias mociones para intentar la despenalización, y ya hay acuerdos en este sentido en algún parlamento autonómico, como el catalán y el balear; en cambio, el Plan Nacional sobre Drogas apunta que las ventajas terapéuticas sobre el cannabis no están suficientemente probadas. A pesar de todo ello, la Agencia Española del Medicamento no ha recibido ninguna solicitud para aprobar su fabricación, pero dadas las peticiones de centros oncológicos y colectivos sociales como Agata, de mujeres con cáncer de mama y tratamiento con quimioterapia, el Ministerio de Sanidad ha autorizado la importación del fármaco fabricado sintéticamente en Gran Bretaña con el nombre de nabilone, para casos concretos de enfermedades cuyos tratamientos específicos anteriores no han dado resultado, todo ello bajo control y petición de un equipo médico especializado.
Hasta aquí la línea general del problema, pero de forma muy sintética, pues no queremos entrar en la no demostrada drogodependencia del cannabis, ni la ausencia de muerte por sobredosis, ni en la problemática social de su tráfico, venta y utilización por los jóvenes españoles, pues es otro debate que está muy abierto y que ignoramos si está conectado con su uso terapéutico.
En todo caso, y resumiendo, estamos a favor del punto dos de la moción del Senador Cabrero; el punto uno no lo teníamos claro, pero se ha clarificado su redacción. Pensamos que la enmienda del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió mejora dicho punto uno, al igual que la enmienda del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, por lo que deseamos se pueda alcanzar un consenso y que esta moción sea aprobada por unanimidad.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a empezar por la intervención última, del Senador de Coalición Canaria, que me ha precedido en el uso de la palabra, llamando a ese consenso, y haciéndolo desde la prudencia, porque es algo que incluso se ha constatado a lo largo de las intervenciones de todos los grupos parlamentarios que hemos intervenido hasta estos momentos. Prudencia pero decisión también en las intervenciones que tengamos que llevar a cabo. Me choca, de alguna forma, la actitud planteada por el Grupo Parlamentario Popular a través de la enmienda que presenta, porque, si no me equivoco, y tal y como lo ha confirmado en esta Cámara el Senador Cardona a lo largo de su intervención, ya el Ministerio de Sanidad tiene protocolizadas unas líneas de actuación y el sistema a seguir para que, a todas aquellas personas a los que sus facultativos correspondientes les hayan prescrito la posibilidad de poder utilizar fármacos en los que el principio activo es el THC, se les pueda suministrar a través del Reino Unido. La enmienda lo que hace es dar marcha atrás, incluso hasta en las propias actuaciones que está llevando a cabo en estos momentos el Ministerio de Sanidad.
En la actualidad, las investigaciones y los propios hechos de intervención en el ámbito sanitario con pacientes que son sometidos a tratamientos de quimioterapia demuestran que aproximadamente un 15 por ciento de estos pacientes no responden a los tratamientos convencionales para hacer frente a los efectos colaterales de los tratamientos de quimioterapia. En estos pacientes se ha establecido que es buena la intervención y la utilización de medicamentos en los que el principio activo es el THC. Creo que en estos casos, con el fin de proporcionarles calidad de vida, calidad asistencial, es necesario dar pasos adelante.
Ello no impide seguir avanzando y profundizando en materia de investigación, máxime cuando la Senadora Navarro ha hecho referencia a las investigaciones que se llevan a cabo a través de la Universidad Complutense, y también se ha referido a datos que el pasado años, concretamente en octubre, si no me equivoco, se facilitaron fruto de esas investigaciones. Incluso hay una investigación de la Universidad Complutense, en colaboración con el Centro de Biología Molecular, Severo Ochoa, que apunta --y lo digo con toda la prudencia-- a que el principio activo del cannabis puede tener también efectos en la eliminación de células tumorales de determinados tumores neurológicos, y lo digo desde la prudencia, porque necesitamos seguir ahondando y profundizando en la línea de investigación y en los distintos ensayos clínicos.
Considero que debemos lograr ese consenso a favor de ese 15 por ciento de pacientes que en estos momentos pueden verse beneficiados por una actuación decidida en esta Cámara y avanzar en la línea que incluso el propio Senador Cabrero, proponente de la moción, ha propuesto a esta Cámara.
Nada más y muchas gracias.


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La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Loroño.
En nombre del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, tiene la palabra el Senador Espasa.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.
Le prometo, señora Presidenta, y prometo a la Cámara, que no les martirizaré ni un segundo más con discursos científicos, médicos, abstrusos y difíciles de comprender, ya que mis colegas han abundado en ello. Voy a intentar resituar la cuestión en los términos en que deberíamos abordarla aquí, es decir, en términos políticos.
No podré, señorías, ser fiel a la cita clásica del «instruir deleitando»; les podré instruir políticamente pero no les podré deleitar.
Saben ustedes perfectamente que el cannabis tiene dos usos: uno, lúdico y, otro, terapéutico. Vamos a hablar sólo del uso terapéutico. Desde el punto de vista jurídico-penal, el uso lúdico del cannabis en España, por suerte, está ya despenalizado; no hay penalización del consumo de esta sustancia. Esta es una circunstancia fundamental que hay que tener en cuenta.
¿Cuál es la situación farmacológica del uso del cannabis? La situación farmacológica es, como ya han expresado mis colegas Senadores, que hoy en día se puede ya importar, a través del servicio de importación de medicamentos del extranjero, estos derivados de nombre tan abstruso, que no voy a mencionar, que sirven para evitar los vómitos en los tratamientos quimioterápicos de cáncer. Este es el uso fundamental terapéutico que hoy tiene el cannabis.
Esto es así y es lo que aprobó, por unanimidad --y siento no ver entre las filas del Grupo Parlamentario Popular al Senador Fernández Díaz, porque él votó a favor de esta cuestión que ustedes van a votar en contra a hora-- el Parlamento de Cataluña, y es que había que profundizar, había que ampliar, había que facilitar el uso terapéutico del cannabis, sea en forma de hoja, sea en forma de inhalación, sea en forma de estos comprimidos que por ahora se deben importar porque no los fabricamos aquí. Es decir, hemos pasado de la yerba a la farmacología o, si ustedes prefieren, de la magia a la ciencia.
Sabemos cuáles son los principios buenos que están contenidos en el cannabis, y por eso los queremos utilizar de forma terapéutica --dejamos de lado todo el aspecto del uso lúdico--; los queremos utilizar de forma terapéutica porque creemos en la ciencia, creemos en el progreso, queremos pasar de la yerba o del miedo a la yerba que tenía la Senadora Navarro, porque toda la larga disquisición de la Senadora Navarro no era más que una forma camuflada de decir: en el Partido Popular tenemos miedo a la yerba, tenemos miedo a la farmacología, tenemos miedo al progreso, tenemos miedo a la ciencia, por eso hemos de estudiar mucho. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Esto es lo que con peor o mejor fortuna, con discursos más o menos complejos desde el punto de vista técnico, han planteado todos los portavoces que han intervenido, excepto la dignísima portavoz del Partido Popular, que va a poner en entredicho la honorabilidad política de un compañero suyo, nada menos que la del Presidente del Grupo Popular en el Parlament de Catalunya, el Senador Alberto Fernández Díaz, que el otro día nos deleitaba aquí con una primera intervención, regañando duramente a la Entesa. Pues bien, nosotros hoy no le regañamos. Hoy, nosotros estamos consternados. (Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) No, nosotros no regañamos, señores del Grupo Parlamentario Popular, simplemente constatamos cómo se usan dos varas de medir, pues vemos cómo se vota una cosa a favor en Cataluña y cómo se vota en contra aquí en el Senado. Si ustedes, señores Senadores del Partido Popular, no retiran la enmienda de sustitución y aceptan las tres enmiendas: la proposición inicial del Senador Cabrero, la enmienda de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió --por cierto, miembro de la mayoría parlamentaria en el Parlament de Catalunya y aliado incondicional suyo en esta Cámara-- y la del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, pondrán en una difícil posición al Senador Fernández Díaz, que --insisto--, lo saben ustedes mejor que yo, no es un simple Senador, sino que es el Presidente del Partido y el Presidente del Grupo Parlamentario en el Parlament de Catalunya que --repito, y con esto termino-- votó entusiásticamente a favor del texto literal que ahora sera sometido a votación en este Senado.
Gracias, señora Presidenta. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Espasa.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió.
Tiene la palabra el Senador Cardona.


El señor CARDONA I VILA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Permítanme, señorías, hacer algunas consideraciones en este turno de portavoces desde una óptica personal, en tanto que receptor de tratamiento de quimioterapia.
En primer lugar, creo oportuno y conveniente recordar que la iniciativa que se llevó a cabo en el Parlament de Catalunya surgió precisamente, como se ha dicho, de un grupo de afectadas de cáncer de mama que estaban sujetas a tratamiento de quimioterapia, el llamado Grupo Agata, y cuya labor impulsora fue determinante para que se estudiara a fondo la cuestión. Algunas de estas mujeres afectadas comprobaron los efectos positivos del cannabis para aliviarles los vómitos, a veces incoercibles, que se sufren tras la quimioterapia. Decían ellas: Si vomita una, que vomiten todas. Por lo tanto, todas tenían un sistema de equidad, todas tenían que estar atendidas por todo el arsenal terapéutico del que disponemos hoy en día para aliviar por lo menos, si no curar, su sintomatología. De hecho, los efectos y propiedades terapéuticas del cannabis son conocidos desde hace siglos, como se ha dicho, de manera que formaba parte de algunos remedios y medicamentos hasta que, allá por los años treinta, fueron eliminados de la farmacopea, quedando sólo su uso lúdico y recreativo.
Se han producido, desde los años ochenta, un debate social en todos los países desarrollados en relación con la

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conveniencia de su autorización con fines terapéuticos. Como es natural, se trata de un uso controlado médicamente. No se pide otra cosa, por lo menos en nuestra enmienda, que entiendo que sería aceptada --y se lo agradezco al Senador Cabrero-- en aras del alcance de un acuerdo de todos, lo cual valdría la pena.
Deseo significar el hecho de que ha sido la propia sociedad civil la que ha movido al estudio de sus efectos. En cualquier caso, deseo reconocer al Grupo Agata su labor impulsora en esta proposición.
Otra consideración que quisiera someter a sus señorías es que la proposición no de ley fue firmada y presentada por todos los grupos parlamentarios. No sólo votada favorablemente por todos, sino presentada y firmada por sus correspondientes portavoces. Todos los grupos se sumaron a la iniciativa e hicieron el esfuerzo necesario para que hubiera un sólo texto y para que no hubiera debate, de manera que todos aceptaban su parte de responsabilidad en la medida que se iba a tomar y que, como es natural, fue aprobada por unanimidad.
Lamento sinceramente que la postura del Grupo Parlamentario Popular sea diferente en el Senado que en el Parlamento de Cataluña y someto a su consideración una reflexión: ¿se han parado a pensar que si negamos a ese porcentaje relativamente pequeño de enfermos sometidos a quimioterapia el uso controlado por su oncólogo de esta sustancia --con un control médico exhaustivo--, les estamos abocando a que lo fumen? Piénsenlo.
Yo soy usuario de quimioterapia y, felizmente, no necesito de estos medicamentos específicos porque hay otros que me hacen efecto pero, si no tuviera otra disponibilidad tal vez me lo pensaría, y permítanme que se lo diga de esta forma. Por lo tanto, reflexionemos sobre ello.
También quiero resaltar el apoyo que ha recibido esta iniciativa de la Consellería de Sanidad, de la Dirección General de Drogodependencias, del Director General del Instituto de Farmacología, del propio Conseller y, en definitiva, del Govern de la Generalitat de Cataluña, que desde un principio se sumó a todos los grupos parlamentarios para estudiar la cuestión y llevar a cabo, como he dicho anteriormente, los acuerdos que se habían adoptado para favorecer la autorización del uso terapéutico de los derivados --y quiero subrayar la palabra derivados-- del cannabis.
Lean bien la enmienda porque la despenalización no tiene nada que ver, y una vez aceptada la enmienda por parte del grupo proponente, la justificación alegada por la portavoz del Grupo Parlamentario Popular, la Senadora Navarro, cae por su propio peso.
Ahora bien, no hemos de entender que es una panacea, una solución ideal a todos los problemas y a los efectos secundarios de la quimioterapia, sólo se trata de un remedio más, de una posibilidad más, de un medio más y de un recurso más para los casos de vómitos incoercibles, que no se alivian con los antieméticos convencionales. De hecho, y hemos recabado información al respecto en institutos oncológicos, el porcentaje de pacientes que se verían afectados no es alto, como se ha dicho antes, sino todo lo contrario. Sin embargo, aunque sólo se tratara de casos aislados, resistentes al tratamiento habitual, valdría la pena buscar soluciones a su problema.
Nada más y muchas gracias. (Aplausos.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cardona.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, a estas alturas del debate, y después de tanta argumentación en pro de la moción que estamos debatiendo, no es mi intención, en absoluto, repetir argumentos ya extensamente expresados por otros portavoces. No obstante, voy a hacer uso de un pequeño turno de palabra para indicar cuál es la posición de mi Grupo con relación a la moción del Grupo Parlamentario Mixto.
Desde nuestro punto de vista, la salud es el bien más preciado del ser humano y entendemos que los poderes públicos están obligados a promover la salud, prevenirla enfermedad y a tratar ésta cuando se presenta, y que en el tratamiento de la enfermedad juegan un papel fundamental las sustancias y principios activos con valor terapéutico demostrado.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que la moción que estamos debatiendo se encuadra en el marco conceptual que acabo de señalar y, por eso, tengo que anunciar nuestro voto favorable.
Señorías, tenemos que reconocer y dejar constancia de que a lo largo de los últimos tiempos son muchas las voces que en nuestro país se han alzado a favor de la utilización del cannabis y sus derivados para usos terapéuticos. En este sentido, quiero citar expresamente al Grupo Agata que, como ya se ha indicado en esta Cámara, aglutina a mujeres con cáncer de mama, y con sus demandas han conseguido que en España se haya legalizado el primer fármaco, el nabilone, derivado del cannabis.
Señoras y señores Senadores, distintas pruebas de laboratorio han demostrado que el tetrahidrocannabinol, principio activo del cannabis, tiene poder terapéutico y puede jugar un papel muy importante en el futuro. Por supuesto que la investigación no puede darse por finalizada, pero existen suficientes evidencias científicas de su eficacia para determinados supuestos clínicos; aquí ya citados, y para los que entendemos que no debe existir ninguna barrera para ser tratados con esta droga; en todo caso la barrera debe ser de naturaleza médica, señorías.
El Grupo Parlamentario Socialista entiende que estamos obligados a avanzar. Los médicos sobre quienes recae la responsabilidad de aliviar el sufrimiento humano necesitan todos los instrumentos que podamos poner a su alcance. Con nuestra inhibición no podemos poner barreras a médicos y pacientes: Y lo que todavía es más grave, señorías; lo que no podemos es meter la cabeza debajo del ala e ignorar hechos o circunstancias que se están dando en estos momentos, como que determinados profesionales de la medicina, amparados en la responsabilidad a la que antes hacía referencia, en un contexto

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de máxima confidencialidad con el paciente y de extrema confianza médico-paciente, suministran esas sustancias, señorías. Y si es grave que tengamos a profesionales y a pacientes en estas circunstancias, es todavía más grave que aquellos que no puedan disponer de ese médico cómplice; no tengan la oportunidad de ser tratados igual que el paciente que sí dispone de un médico amigo.
Señorías, aquí se ha indicado ya que el Parlamento de Cataluña ha aprobado por unanimidad una proposición de ley que insta al Consell Executiú a hacer las gestiones necesarias ante las diferentes Administraciones para que se autorice el uso terapéutico del cannabis. A mi grupo parlamentario le parece que sería deseable que en el debate de hoy en esta Cámara pudiera producirse el mismo consenso. Por supuesto, si así no sucede, no será mi Grupo el que sea una barrera para ello.
Por otra parte, me gustaría introducir un elemento especialmente dirigido al Grupo Parlamentario Popular, y decirle que estamos en un terreno en que no cabe imponer morales personales y, menos todavía, moverse por determinadas cuestiones culturales ajenas totalmente al tema que es objeto de este debate.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Nóvoa.
Es el turno ahora del Grupo Parlamentario Popular. Tiene la palabra la Senadora Navarro.


La señora NAVARRO DE PAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, no me voy a referir a cada uno de los Senadores que me han precedido en el uso de la palabra, voy a hablar en general. Yo he oído hablar de prudencia, de respeto a los pacientes y, efectivamente, el Grupo Parlamentario Popular tiene prudencia y respeta a los pacientes, pero añadimos un término que parece que el resto de esta Cámara no conoce: rigor científico. Y hasta el día de hoy, con los datos que se tienen, el Grupo Parlamentario Popular no puede negar que los cannabinoides tengan posibilidades terapéuticas. Pero al día de hoy --y esto sí que no lo dice el Grupo Parlamentario Popular sino la sociedad científica-- no podemos afirmar los resultados terapéuticos porque estamos en fase experimental. Por tanto, señorías, prudencia, respeto al paciente y rigor. Cuando se confirme y se compruebe que no tiene efectos secundarios, se aprobará.
Por otra parte, también quiero indicar que no estamos en contra de lo aprobado en el Parlamento de Cataluña; entendemos que no estamos en contra de lo aprobado por nuestros compañeros y por el resto de los demás grupos; lo que ocurre es que el Parlamento de Cataluña ha dicho que es necesario hacer todas las gestiones pertinentes para que la Administración proceda a poner en uso los cannabinoides, y el Partido Popular y el Gobierno de la nación lo hará cuando la sociedad médica nos indique que lo podemos hacer. Y al día de hoy con los datos que tenemos no es posible. Por tanto, y obviamente dados los argumentos esgrimidos mi Grupo votará en contra.
Nada más. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--El señor Cardona i Vila pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senador Cardona, tiene usted dos minutos.


El señor CARDONA I VILA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a intervenir en menos de un minuto. Ha hablado usted de rigor. ¿El Ministerio no tiene rigor en el servicio de fármacos extranjeros? ¿El nabilone está disponible? ¿La Consellería de Sanidad es irresponsable? ¿Qué ha estado usted diciendo?¿Es capaz de repetirlo? Léalo con calma.
¿Puede indicarme algún medicamento que no tenga ningún efecto secundario? Ninguno. Gracias. (Aplausos.--El Senador Espasa i Oliver pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senador Espasa, tiene usted otro minuto.


El señor ESPASA I OLIVER: Gracias, señora Presidenta.
Sólo medio minuto, señora Presidenta para defender la honorabilidad, la capacidad y el rigor político y científico, tan alto como el de esta Cámara, del Parlament de Catalunya.
Senadora Navarro; ha cometido usted un error imperdonable. (Rumores.) El Partido Popular en el Parlament de Catalunya y todos los demás partidos que votaron esta proposición no de ley tenían un acuerdo político y científico sobre lo que solicitaban. Usted, con sus palabras, ha tratado mal a sus propios compañeros. Allá usted. Pero no le permitiré que nos trate al resto de la Cámara y al Parlament de Catalunya como menores de edad. No somos menores de edad. Es un Parlamento tan digno cómo éste.
(Rumores.--Aplausos.--La señora Navarro de Paz pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senadora Navarro; puede usted intervenir.


La señora NAVARRO DE PAZ: Gracias, señora Presidenta.
Senador Espasa, la verdad es que me sorprende que para estrenarme en esta Cámara yo tenga esta calma y usted no la esté demostrando. De entrada, he de decirle que lo primero que tiene que hacer es estudiar.
(Rumores.--Aplausos.) Y le digo que tiene que estudiar porque no me he referido a mis compañeros de Cataluña sino a los argumentos que está exponiendo. Señoría, para eso está el uso compasivo. Y hoy en España no hay ningún paciente al que no se le dé tratamiento, y que si presenta vómitos no se le trate. Y la sociedad médica nos informa de que el ondasetrón es un inhibidor y de que está dando un resultado que al día de hoy todavía el THC no ha conseguido superar. Por tanto, no hagamos demagogia. No engañemos a la población y menos a los enfermos. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Rumores.)

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La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Vamos a proceder a la votación de la moción presentada por el Grupo Mixto, con las enmiendas de los Grupos de Senadores Nacionalistas Vascos y de Convergència i Unió.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 181; a favor, 74; en contra, 107.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
La Comisión de Nombramientos, de acuerdo con la decisión adoptada por la Mesa y Junta de Portavoces; se va a reunir a continuación en la Sala Mañanós.


Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y cuarenta y cinco minutos.

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