Listas de valores
Congreso de los Diputados

Cerrar Cerrar

 
DS. Senado, Pleno, núm. 62, de 24/10/2001
 


CORTES GENERALES

DIARIO DE SESIONES DEL

SENADO

Año 2001 VII Legislatura Núm. 62

PRESIDENCIA DE LA EXCMA. SRA. DOÑA ESPERANZA AGUIRRE GIL DE BIEDMA

Sesión del Pleno

celebrada el miércoles, 24 de octubre de 2001

ORDEN DEL DIA:

Primero

Preguntas:

--De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por su vinculación con el narcotráfico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000472).


--De Dª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios, de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000486).


--De Dª CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de centros para inmigrantes irregulares (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000490).


Página 3418


--D. JOSE MANUEL CORES TOURIS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la campaña llevada a cabo durante la época estival del presente año 2001 denominada «drogas: más información, menos riesgos» (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000504).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la criminalidad en Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000508).


--De Dª MARIA DEL CARMEN MONTES CONTRERAS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana para hacer frente al incremento de la criminalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000509).


--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la delincuencia en la Comunidad Valenciana (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000510).


--De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para evitar que se repita una situación como la acaecida en la comisaría del municipio de Motril (Granada) el pasado día 29 de julio de 2001 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000511).


--De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si funciona eficaz y correctamente la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Municipal de Madrid (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000512).


--De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para la creación de una fiscalía que permita la presencia permanente de fiscales en los juzgados del sur de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000507).


--De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los aeropuertos españoles que disponen de radar de tierra operativo (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000492).


--De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno tiene previsto mediar ante la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., para evitar que reduzca, a partir del día 28 de octubre de 2001, el número de vuelos entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias (Número de expediente 680/000515).


--De D. JOAN SABATE BORRËS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la construcción de una variante de circunvalación de la carretera nacional N-340 a su paso por el municipio de L'Aldea (Tarragona) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000498).


--De D. TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno ante la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas acerca de las restricciones a la circulación de vehículos pesados (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000500).


--De Dª MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las ventajas que presenta la nueva normativa de transporte escolar respecto a la anterior, del año 1983 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000501).


Página 3419


--De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las razones por las que en el programa de turismo social del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) se anuncia la reducción de instancias en las Illes Balears, cuando el programa global aumenta de beneficiarios (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000499).


--De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las pautas que está siguiendo actualmente el Gobierno respecto a la utilización de derivados del cannabis para usos terapéuticos (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000496).


--De D. DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la aportación del nuevo sistema de financiación autonómica a la financiación sanitaria (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000505).


--De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha tomado alguna medida el Ministerio de Sanidad y Consumo para hacer frente a un eventual ataque con la bacteria ántrax (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000513).


--De Dª MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a permitir el Gobierno que no se determine el foco emisor y las consiguientes responsabilidades de la epidemia de legionella, padecida el verano del presente año 2001 en Murcia (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000514).


--De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de Madrid, para la evaluación y gestión del riesgo ambiental de los organismos modificados genéticamente (OMG) (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000502).


--De D. JESUS FERNANDEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), para la realización de un estudio acerca de la situación de la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas en España (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000503).


--De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno establecer nuevas normativas para facilitar el incremento de la producción eléctrica a partir de la energía solar y de la biomasa (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000497).


--De D. EDUARDO GAMERO MIR, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación del sector turístico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000506).


--De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la posición del Gobierno en orden a facilitar, en la perspectiva de la futura Presidencia de la Unión Europea, la integración de Albania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000493).


--De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Gobierno tendrá en cuenta los acuerdos alcanzados por el Parlamento de Andalucía en relación con la paralización del proceso de privatización y la transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de varias fincas de titularidad pública ubicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 680/000495).


Segundo

Interpelaciones:

--De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el futuro del sector turístico (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000094).


Página 3420


--De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si la actuación de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. (AQUAVIR), se ha adecuado a sus fines de creación (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000095).


--De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política cultural y educativa del Gobierno durante la Presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre del año 2002 (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 670/000093).


Tercero

Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados:

--De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de Marcas (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 31, de fecha 16 de octubre de 2001) (Número de expediente S. 621/000031) (Número de expediente C. D. 121/000033).


--De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie II, número 35, de fecha 24 de octubre de 2001). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente S. 621/000035) (Número de expediente C. D.
121/000039).


Cuarto

Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados:

--Proyecto de Denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 90, de fecha 10 de octubre de 2001). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente S. 610/000090) (Número de expediente C. D.
110/000100).


--Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 91, de fecha 10 de octubre de 2001). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente S. 610/000091) (Número de expediente C. D. 110/000102).


--Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 (publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie IV, número 92, de fecha 10 de octubre de 2001). SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Número de expediente S. 610/000092) (Número de expediente C. D. 110/000103).


Quinto

Mociones:

--Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el desarrollo de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 662/000158).


--Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA por la que se insta al Gobierno para que promueva la declaración de las islas de Mallorca (Illes Balears), Gran Canaria (Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) como distritos telefónicos de tarifación única, al amparo de los artículos 37 y 42 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (publicada en el «Boletín Oficial de las Cortes Generales», Senado, Serie I, número 287, de fecha 22 de octubre de 2001) (Número de expediente 662/000159).


Página 3421


SUMARIO

Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


PREGUNTAS (Página 3427)

De D. VICTORIANO RIOS PEREZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por su vinculación con el narcotráfico (Página 3427)

El señor Ríos Pérez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Ríos Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De Dª MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios, de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia (Página 3428)

La señora Nóvoa Carcacía formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Nóvoa Carcacía. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De Dª CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de centros para inmigrantes irregulares (Página 3430)

La señora Morales Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Morales Rodríguez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


D. JOSE MANUEL CORES TOURIS, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la campaña llevada a cabo durante la época estival del presente año 2001 denominada «drogas: más información, menos riesgos» (Página 3431)

El señor Cores Tourís formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la criminalidad en Madrid (Página 3432)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De Dª MARIA DEL CARMEN MONTES CONTRERAS, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana para hacer frente al incremento de la criminalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía (Página 3434)

El señor Galán Pérez da por formulada la pregunta en nombre de la señora Montes Contreras. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).
En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Galán Pérez. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la delincuencia en la Comunidad Valenciana (Página 3435)

El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero

Página 3422


del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. ANGEL DIAZ SOL, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para evitar que se repita una situación como la acaecida en la comisaría del municipio de Motril (Granada) el pasado día 29 de julio de 2001 (Página 3437)

El señor Díaz Sol formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Díaz Sol. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si funciona eficaz y correctamente la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Municipal de Madrid (Página 3439)

El señor Barranco Gallardo formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Barranco Gallardo. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior (Rajoy Brey).


De D. ALONSO ARROYO HODGSON, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para la creación de una fiscalía que permita la presencia permanente de fiscales en los juzgados del sur de la isla de Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) (Página 3440)

El señor Arroyo Hodgson formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arroyo Hodgson. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Justicia (Acebes Paniagua).


De D. VICENT BEGUER I OLIVERES, del Grupo Parlamentario Catalán en el Se nado de Convergència i Unió, sobre los aeropuertos españoles que disponen de radar de tierra operativo (Página 3441)

El señor Beguer i Oliveres formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Beguer i Oliveres. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno tiene previsto mediar ante la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., para evitar que reduzca, a partir del día 28 de octubre de 2001, el número de vuelos entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias (Página 3442)

El señor Rodríguez Díaz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Rodríguez Díaz.


De D. JOAN SABATE BORRAS, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la construcción de una variante de circunvalación de la carretera nacional N-340 a su paso por el municipio de L'Aldea (Tarragona) (Página 3444)

El señor Sabaté Boràs formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Sabaté Borràs. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno ante la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas acerca de las restricciones a la circulación de vehículos pesados (Página 3445)

El señor Burgos Beteta formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De Dª MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, del Grupo Parlamentario

Página 3423


Popular en el Senado, sobre las ventajas que presenta la nueva normativa de transporte escolar respecto a la anterior, del año 1983 (Página 3446)

La señora González Rodríguez formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Fomento (Alvarez-Cascos Fernández).


De D. MANUEL CAMARA FERNANDEZ, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las razones por las que en el programa de turismo social del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales (IMSERSO) se anuncia la reducción de instancias en las Illes Balears, cuando el programa global aumenta de beneficiarios (Página 3447)

El señor Cámara Fernández formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Cámara Fernández. En turno de dúplica, lo hace el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales (Aparicio Pérez).


De Dª INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las pautas que está siguiendo actualmente el Gobierno respecto a la utilización de derivados del cannabis para usos terapéuticos (Página 3448)

La señora Loroño Ormaechea formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).
En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Loroño Ormaechea. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la aportación del nuevo sistema de financiación autonómica a la financiación sanitaria (Página 3450)

La señora Presidenta anuncia que esta pregunta ha sido retirada.


De D. FRANCISCO ARNAU NAVARRO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha tomado alguna medida el Ministerio de Sanidad y Consumo para hacer frente a un eventual ataque con la bacteria ántrax (Página 3450)

El señor Arnau Navarro formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero) En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Arnau Navarro. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De Dª MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a permitir el Gobierno que no se determine el foco emisor y las consiguientes responsabilidades de la epidemia de legionella, padecida el verano del presente año 2001 en Murcia (Página 3451)

La señora Martínez García formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero). En turno de réplica, interviene de nuevo la señora Martínez García. En turno de dúplica, lo hace la señora Ministra de Sanidad y Consumo (Villalobos Talero).


De D. PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de Madrid, para la evaluación y gestión del riesgo ambiental de los organismos modificados genéticamente (OMG) (Página 3453)

El señor Pérez Ruiz formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. JESUS FERNANDEZ LOPEZ, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), para la realización de un estudio acerca de la situación de la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas en España (Página 3454)

El señor Fernández López formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Fernández López.


De D. RAMON ALEU I JORNET, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno establecer nuevas normativas para facilitar

Página 3424


el incremento de la producción eléctrica a partir de la energía solar y de la biomasa (Página 3455)

El señor Aleu i Jornet formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). En turno de réplica, interviene de nuevo el señor Aleu i Jornet. En turno de dúplica, lo hace el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. EDUARDO GAMERO MIR, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación del sector turístico (Página 3456)

El señor Gamero Mir formula su pregunta. En nombre del Gobierno, le contesta el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. JORDI XUCLA I COSTA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la posición del Gobierno en orden a facilitar, en la perspectiva de la futura Presidencia de la Unión Europea, la integración de Albania en la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y en la Unión Europea.


Esta pregunta ha sido aplazada.


De D. JOSE CABRERO PALOMARES, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre si el Gobierno tendrá en cuenta los acuerdos alcanzados por el Parlamento de Andalucía en relación con la paralización del proceso de privatización y la transferencia a la Comunidad Autónoma de Andalucía de varias fincas de titularidad pública ubicadas en las provincias de Cádiz, Sevilla y Córdoba.


Esta pregunta ha sido aplazada.


INTERPELACIONES (Página 3458)

De D. ARSENI GIBERT I BOSCH, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el futuro del sector turístico (Página 3458)

El señor Gibert i Bosch realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía (De Rato y Figaredo).


De D. PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si la actuación de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S.A. (AQUAVIR), se ha adecuado a sus fines de creación (Página 3464)

El señor Rodríguez Cantero realiza la interpelación. En nombre del Gobierno, responde a la misma el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou). Vuelve a intervenir el señor interpelante. Cierra el debate el señor Ministro de Medio Ambiente (Matas i Palou).


De D. JOSEP VARELA I SERRA, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre la política cultural y educativa del Gobierno durante la Presidencia española de la Unión Europea, en el primer semestre del año 2002.


Esta interpelación ha sido aplazada.


DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADO (Página 3470)

De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de Marcas (Página 3470)

El señor Arroyo Hodgson, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


No se produce debate de totalidad.


Comienza el debate del articulado.


Se retiran las enmiendas números 7 a 10, del Grupo Mixto. El señor Albistur Marin defiende las enmiendas números 11 a 30, y retira la número 31, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos. El señor Gibert i Bosch defiende las enmiendas números 32 a 40, así como la vuelta al texto remitidos por el Congreso de los Diputados de la Disposición Adicional Decimotercera, del Grupo Entesa Catalana de Progrés. El señor Varela i Serra defiende las enmiendas números 80, 81 en relación con una enmienda transaccional respecto de la número 104 del Grupo Popular, y 83, retirando la número

Página 3425


82, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El señor Saavedra Acevedo defiende las enmiendas del Grupo Socialista números 41 a 49, 51 a 59 y 61 a 79, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 85, 87, 99, 101 y 104, del Grupo Popular. El señor Abejón Ortega consume un turno en contra.


Se suspende la sesión a las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.


En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Gibert i Bosch, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió Saavedra Acevedo, por el Grupo Socialista, quien en este acto retira las enmiendas números 41, 42 y 43, y Abejón Ortega, por el Grupo Popular.


De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3479)

La señora Presidenta anuncia la retirada de la propuesta de veto del Grupo Mixto.


El señor Elorriaga Fernández, Presidente de la Comisión, presenta el dictamen.


Se abre debate de totalidad.


No se hace uso de los turnos a favor y en contra. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra el señor Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; la señora Etxegoyen Gaztelumendi, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, y los señores Aleu i Jornet, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Marimon i Sabaté, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, y Arnau Navarro, por el Grupo Socialista, así como la señora Posada Chapado, por el Grupo Popular.


De la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de Marcas (continuación) (Página 3483)

Se procede a votar.


Se rechazan las enmiendas números 15, 17, 24 y 25, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 5 votos a favor, 190 en contra y 14 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 11, 26 y 29, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 77 votos a favor, 129 en contra y 3 abstenciones.


Se aprueba la enmienda número 30, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 141 votos a favor, 2 en contra y 66 abstenciones.
Se aprueban las enmiendas números 12, 13, 16, 18, 19, 21, 22, 23, 27 y 28, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 194 votos a favor, 4 en contra y 3 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 32 a 40, del Grupo Entesa Catalana de Progrés, por 64 votos a favor, 137 en contra y 10 abstenciones.


Se rechaza la enmienda número 83, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 76 votos a favor, 129 en contra y 5 abstenciones.


Se rechazan las enmiendas números 44 a 49, 52 a 59 y 61 a 79, del Grupo Socialista, por 63 votos a favor, 143 en contra y 6 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen relativa a la enmienda número 20, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 208 votos a favor y 2 en contra.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen relativa a las enmiendas números 80 y 81, del Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, por 150 votos a favor y 61 en contra.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen relativa a la enmienda número 51, del Grupo Socialista, por 210 votos a favor y 2 abstenciones.


Se aprueba la propuesta de modificación del dictamen relativa a la enmienda número 14, del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, por 207 votos a favor, 1 en contra y 2 abstenciones.


Se aprueban los artículos 7, 12, 34, 38, 40, 46, 51, 52, 54, 62, 87, 90 y 91, así como las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera --salvo el punto 2--, quinta, sexta, octava, novena, decimotercera y decimoséptima y las disposiciones transitorias tercera y cuarta del dictamen por 151 votos a favor, 60 en contra y 1 abstención.


Se aprueban los artículos 4, 5 y 64 a 78 del dictamen por 151 votos a favor, 5 en contra y 57 abstenciones.


Página 3426


Se aprueba el resto del dictamen por 211 votos a favor, 1 en contra 1 abstención.


La señora Presidenta anuncia a la Cámara el traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados.


De la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el Proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA >3485)

Se procede a votar.


Se aprueba el texto del dictamen por 213 votos a favor y 2 abstenciones.


La señora presidenta anuncia a la Cámara que queda definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de ley.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADO (Página 3485)

Proyecto de Denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3485)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno aprestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3486)

En turno de portavoces, hacen uso de la palabra la señora Aburto Baselga, por el Grupo Socialista, y el señor Morales Montero, por el Grupo Popular.


Se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno aprestar su consentimiento para obligarse.


Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (Página 3487)

No habiéndose consumido turnos a favor, en contra ni de portavoces se aprueba por asentimiento y se autoriza al Gobierno a prestar su consentimiento para obligarse.


MOCIONES (Página 3487)

Del GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el desarrollo de la Estrategia Española para la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica (Página 3487)

El señor Bella Galán defiende la moción. El señor Gatzagaetxebarría Bastida defiende la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Arroyo Hodgson, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Ganyet Solé, por el Grupo Entesa Catalana de Progrés; Servià i Costa, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió, y Bella Galán, por el Grupo Socialista, así como la señora Fernández Pacheco, por el Grupo Popular.


Se rechaza la moción por Grupo Socialista por 72 votos a favor, 142 en contra y 3 abstenciones.


Del GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA por la que se insta al Gobierno para que promueva la declaración de las islas de Mallorca (Illes Balears), Gran Canaria (Las Palmas) y Tenerife (Santa Cruz de Tenerife) como distritos telefónicos de tarifación única, al amparo de los artículos 37 y 42 de la Ley 11/1998, de 24 de abril, General de Telecomunicaciones (Página 3497)

El señor Rodríguez Díaz defiende la moción. El señor Rojo Martínez defiende la enmienda del Grupo Popular. El señor Rodríguez Díaz expone la posición de su grupo

Página 3427


parlamentario respecto de la enmienda. En turno de portavoces, hacen uso de la palabra los señores Cámara Fernández, por el Grupo Mixto; Rodríguez Díaz, por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria; Albistur Marin, por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos; Varela i Serra, por el Grupo Catalán en el Senado de Convergència i Unió; Saavedra Acevedo, por el Grupo Socialista, y Rojo Martínez, por el Grupo Popular. Los señores Rodríguez Díaz, Cámara Fernández y Rojo Martínez intervienen de nuevo en virtud del artículo 87.


Se aprueba la moción del Grupo de Senadores de Coalición Canaria, con la incorporación de la enmienda del Grupo Popular, por asentimiento de la Cámara.


Se levanta la sesión a las diecinueve horas y cincuenta minutos.


Se abre la sesión a las nueve horas y treinta y cinco minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se abre la sesión.


PREGUNTAS:

--DE DON VICTORIANO RIOS PEREZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS MEDIDAS PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA LA RETIRADA DE LAS INSTALACIONES PORTUARIAS DE LAS EMBARCACIONES QUE HAN SIDO TRASLADADAS A LOS PUERTOS DE SANTA CRUZ DE TENERIFE Y LAS PALMAS DE GRAN CANARIA (LAS PALMAS), POR SU VINCULACION CON EL NARCOTRAFICO (680/000472).


La señora PRESIDENTA: Punto primero del orden del día: Preguntas. Las preguntas de los Senadores Xuclà i Costa y Cabrero Palomares han sido aplazadas.
Por tanto, comenzamos con la pregunta del excelentísimo señor don Victoriano Ríos Pérez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las medidas previstas por el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos de Santa Cruz de Tenerife y Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas), por su vinculación con el narcotráfico.
Tiene la palabra el Senador Ríos Pérez.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro. Como es sabido existen múltiples embarcaciones inmovilizadas, más de veinte, vinculadas al narcotráfico en los puertos canarios. Por su tamaño, algunas con más de 100 metros de eslora, y por la espectacularidad de sus apresamientos en alta mar, destacamos el «Privilege», en Las Palmas, el «Constantinos» y el «Titania» en Santa Cruz de Tenerife. Estas embarcaciones relacionadas con el tráfico de estupefacientes, alguna de las cuales se encuentra muy deteriorada, ocupan un espacio destinado al tráfico comercial en ambas instalaciones portuarias. Y, por tanto, su presencia en las mismas durante meses y años después de su detención representa un problema para los gestores de dichos puertos y un peligro, dado que pueden zozobrar y perderse dentro de la dársena bloqueándola. A ello se une la incertidumbre sobre qué medidas se adoptarán con respecto a estos buques.
Asimismo y al margen de la evolución de las resoluciones judiciales, que en estos casos se tendrían que resolver con mayor celeridad, se deberían adoptar medidas paralelas con respecto a la retirada de estos buques de las zonas portuarias y prever unos destinos alternativos para futuros apresamientos.
Por todo ello se formula la siguiente pregunta: ¿Qué medidas prevé el Gobierno para la retirada de las instalaciones portuarias de las embarcaciones que han sido trasladadas a los puertos canarios por su vinculación al narcotráfico? Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ríos.
Como usted muy bien sabe, la ley no permite a la Administración en este momento adoptar medidas concretas sobre bienes incautados, hasta que no exista una sentencia firme que los asigne al Estado con carácter definitivo. En este caso concreto al que usted ha hecho referencia en su intervención, esta sentencia no existe aún, por lo que tales bienes están a disposición de las autoridades judiciales que instruyen los procedimientos.
Para evitar este tipo de situaciones, que coincido con usted, son indeseadas, en el Ministerio del Interior hemos elaborado una propuesta de reforma legislativa de modificación del artículo 374 del Código Penal, que ya hemos remitido a la Comisión del Ministerio de Justicia que se encarga de reformar las penas en el Código que acabo de citar, y que tiene como objetivo básico que de esos bienes pueda disponer la Administración, incluso antes de que haya recaído sentencia firme, porque es la única forma de evitar que se produzcan ese tipo de acontecimientos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Ríos.


El señor RIOS PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Ministro.


Página 3428


Me da una alegría al saber que ya está prevista, por lo menos, una solución importante, en tanto en cuanto en el Plan Nacional de la lucha contra la drogadicción se preveía la posibilidad de nombrar un depositario judicial, que entraran en una subasta, pero a medida que iba pasando el tiempo no merecía la pena porque se iban deteriorando totalmente los barcos y perdiendo su valor. Por lo tanto, creo que es una medida que se adelanta a los acontecimientos, por lo que le doy las gracias.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ríos.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
En realidad es así, porque esto no sólo nos ocurre con los barcos, que, sin duda, puede generar situaciones de riesgo, sino también, por ejemplo, con la droga. Y hace no muchas fechas he tenido que responder en esta Cámara y también en el Congreso sobre un robo que se ha producido en Navarra, de droga que llevaba allí depositada desde el año 1990.
Entonces, en cuanto modifiquemos el artículo 374 del Código Penal podremos disponer de estos bienes, con lo cual, en primer lugar, eliminaremos las situaciones de riesgo, en este caso, derivadas del atraque de embarcaciones en los puertos durante un período largo o larguísimo de tiempo.
En segundo lugar, también evitaremos gastos de conservación y administración de los bienes decomisados, que en estos momentos tiene que pagar el erario público y, por tanto, el contribuyente. Y, en tercer lugar, podremos disponer de esos bienes, con arreglo a la Ley de Fondo, precisamente para dedicarlos en la lucha contra la droga.
Por tanto, creo que ésta es la mejor de las soluciones y espero que las medidas que se recojan en el Pacto de Estado por la Justicia se plasmen a la mayor celeridad posible en proyectos de ley y, por tanto, podamos tomar la decisión a la que acabo de hacer referencia. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DOÑA MARIA DEL PILAR NOVOA CARCACIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LA RESPUESTA QUE VA A DAR EL GOBIERNO A LA PETICION FORMULADA POR LA FEDERACION GALLEGA DE MUNICIPIOS DE INCREMENTAR LA PARTIDA ECONOMICA DESTINADA A HACER FRENTE A LOS DAÑOS GENERADOS POR EL TEMPORAL SUFRIDO EL PASADO INVIERNO EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE GALICIA (680/000486).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María del Pilar Nóvoa Carcacía, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre la respuesta que va a dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia.
Tiene la palabra la Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, el pasado invierno y a lo largo de tres meses la Comunidad Autónoma de Galicia fue objeto de un temporal de lluvias y vientos huracanados que produjeron importantísimos daños en infraestructuras públicas, bienes privados y sectores económicos importantes en la Comunidad Autónoma.
En este caso, el interés de mi pregunta gira en torno a los daños generados en las infraestructuras competencia de las administraciones locales.
Por eso le formulo la pregunta: ¿Qué respuesta prevé dar el Gobierno a la petición formulada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias de incrementar la partida económica destinada a hacer frente a los daños generados por el temporal sufrido el pasado invierno en la Comunidad Autónoma de Galicia? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, Senadora Nóvoa.
En realidad, creo recordar que usted ya se interesó por este asunto no hace mucho tiempo en esta misma Cámara y, lógicamente, la respuesta que le voy a dar a esta pregunta es la misma que le di en su día, es decir, nosotros no podemos dar a la Federación Gallega de Municipios y Provincias --naturalmente, nos merece todo el respeto, así como sus planteamientos-- una respuesta distinta a lo que se recoge en el Decreto-ley que aprobamos en su día y que, como usted ya conoce, supone que el Gobierno aprobó el Real Decreto-Ley 6/2001, de 6 de abril, dotado con 4.000 millones de pesetas, de los cuales más del 90 por ciento es para Galicia.
De todos modos, para valorar la suficiencia de estas medidas habrá que esperar a la finalización de todos los expedientes y trámites y de los diferentes proyectos de reparación tanto de bienes públicos como privados.
También quiero recordar que la Xunta ha aportado 1.500 millones de pesetas y que el Estado, dentro de su propia competencia, fundamentalmente a través de los Ministerios de Medio Ambiente y Fomento, ha realizado obras extraordinarias por valor de casi 1.400 millones de pesetas, y el Ministerio del Interior ha concedido ayudas a particulares al amparo de la Orden de 18 de marzo de 1993, además de otras medidas contempladas en el Real Decreto, que, naturalmente, algunos pueden considerar insuficientes

Página 3429


pero que a nosotros nos han parecido, como ya dije en su día, las adecuadas.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra la Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Primero del Gobierno, usted ha citado una serie de medidas que van más allá de lo que son los daños generados en las infraestructuras locales. Me ciño única y exclusivamente en esta pregunta a esos daños.
Y usted sabe, porque así lo ha hecho público el Gobierno, cuáles son los daños generados. Hay una valoración ya de los mismos, estimados por el propio Gobierno en 20.230 millones de pesetas.
Como bien ha dicho, el Real Decreto-ley de 6 de abril de 2001 prevé un crédito extraordinario de 4.000 millones de pesetas para colaborar desde el Gobierno Central a hacer frente a los daños generados por el temporal.
Pero también ese Real Decreto, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, estipula que los recursos económicos que podrán recibir las administraciones locales para hacer frente a la reparación de daños podrá alcanzar hasta el 50 por ciento del valor de las obras a recuperar.
Con los datos que su Gobierno ha hecho públicos de 20.230 millones de pesetas por los daños generados, el crédito de 4.000 millones de pesetas, señor Vicepresidente del Gobierno, se aleja mucho de ese hasta el 50 por ciento, ya que supone sólo un 18 por ciento de aportación.
Por otra parte, la Federación Gallega de Municipios y Provincias demanda que el reparto sea proporcional. En estos momentos hay un prerreparto que, según la información de la que dispongo aportada por la Federación Gallega de Municipios y Provincias, es totalmente desproporcionado, y para comprobarlo no hace falta más que ir a los datos aportados por el propio Gobierno de cómo se reparten esos 20.230 millones de pesetas en daños en las respectivas provincias de Galicia, ya que ese reparto significa para algunas provincias hasta el 32 por ciento y para otras única y exclusivamente el, 12 por ciento de los daños reconocidos por el Gobierno, insisto, señor Vicepresidente Primero del Gobierno.
Por tanto, el acuerdo adoptado por unanimidad en la Federación, Gallega de Municipios y Provincias me parece totalmente justo y adaptado a la realidad de los hechos.
Usted, señor Vicepresidente Primero del Gobierno, conoce, al igual que yo, la realidad de Galicia, y sabe que los daños afectan especialmente a municipios que tienen una reducida capacidad económica, una reducida capacidad presupuestaria, y que hacer frente ya al 50 por ciento del gasto de reparación les supondría una auténtica hipoteca, pero a más del 50 por ciento de los gastos les supondría una hipoteca doble y no respecto al actual y próximo presupuesto, sino para varios ejercicios presupuestarios consecutivos.
Muchas gracias, señora Presidenta.
La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Déjeme, por favor, señora Presidenta, formular una petición al señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


La señora PRESIDENTA: Sea breve, Senadora Nóvoa.


La señora NOVOA CARCACIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Por favor, no me conteste que a la oposición siempre nos parece poco, porque en este caso los datos, son elocuentes, señor Vicepresidente, y yo lo único que reclamo es que para mi Comunidad Autónoma, que es suya, exista un trato igual al que se ha producido para otras Comunidades Autónomas en situación de catástrofe.
Muchas gracias, señora, Presidenta.


La; señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Nóvoa.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señora Senadora, en relación a este último asunto yo puedo asegurarle que no tiene un trato peor que el de otras Comunidades Autónomas, y en cualquier caso cualquier representante de cualquier Comunidad Autónoma siempre suele decir que tiene un trato peor que el de la otra Comunidad Autónoma, porque yo ya he respondido a algunas preguntas de estas características tanto aquí como en el Congreso.
Es verdad que usted se ciñe a los daños que se han producido en las corporaciones locales, eso sí lo acepto, pero yo he hecho este comentario que me parece muy razonable y que es demostrativo de que el Gobierno ha tomado medidas no solamente en el caso de daños que afectan a servicios públicos de las corporaciones locales, sino a otros daños que se han producido en sectores distintos.
Yo no discuto la valoración de los 20.000 millones --no tengo en este momento ese dato, pero si usted dice que es así, seguro que es verdad--, en cualquier caso veremos al final cuáles son los expedientes que se presentan y cómo se resuelven.
Hay un comentario al que le quería responder. Es verdad que las corporaciones locales tienen recursos limitados, pero también el Estado los tiene, al igual, que supongo, las diputaciones y las Comunidades Autónomas, pero creo que el Estado en Galicia va a dedicar a esta atención 3.692 millones, la Xunta 1.500 millones y no sé lo que van a aportar las diputaciones provinciales.
En cuanto al reparto, según los datos que yo tengo, corresponderían 1.050 a la provincia de la Coruña, 845 millones a la de Lugo, 847 a la de Ourense y 950 a la de Pontevedra. No hay enormes diferencias entre unas y otras provincias.


Página 3430


Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DOÑA CLAUDINA MORALES RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO CON RESPECTO A LA CREACION EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS DE CENTROS PARA INMIGRANTES IRREGULARES (680/000490).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña Claudina Morales Rodríguez, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre las previsiones del Gobierno con respecto a la creación en la Comunidad Autónoma de Canarias de centros para inmigrantes irregulares.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Buenos días, señor Ministro.
La llegada de inmigrantes irregulares a Canarias ha aumentado de forma exponencial en los últimos años. Como dato les diré que desde enero hasta estos momentos han llegado a nuestras costas en pateras un total de 1.836 inmigrantes irregulares. Tenemos claro que debemos articular políticas de diversa índole encaminadas a evitar que los inmigrantes irregulares lleguen a nuestras costas, pero una vez que llegan debemos acogerles en centros que en la Comunidad Autónoma de Canarias son insuficientes y en algunos casos no reúnen las condiciones mínimas, como es el caso del Centro de Internamiento para Extranjeros situado en la antigua terminal del aeropuerto. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Un momento, Senadora Morales.
Señorías, por favor, guarden silencio porque no se puede oír a la Senadora Morales. Continúe.


La señora MORALES RODRIGUEZ: Es el caso --decía-- del Centro de Internamiento para Extranjeros situado en la antigua terminal del aeropuerto del Matorral en Fuerteventura y el de Guasimeta en Lanzarote.
Por ello, le hacemos esta pregunta: ¿Qué centros de internamiento para inmigrantes para extranjeros, los llamados CIE donde están los inmigrantes ilegales hasta que son repatriados o derivados, y qué centros temporales para inmigrantes, los llamados CETI, piensa el Ministerio del Interior crear en Canarias? En concreto quisiéramos que aclarara unas declaraciones poco explícitas y confusas hechas por el Secretario de Estado para Inmigración, el señor Fernández-Miranda, en su visita a Fuerteventura el pasado 20 de septiembre sobre la posibilidad de crear en Fuerteventura un centro de referencia para los inmigrantes ilegales que llegan a Canarias e, incluso, a otras zonas del Estado en las antiguas instalaciones militares del campamento de Valenzuela.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señora Senadora.
Efectivamente, la construcción de varios centros de emigraciones en la Comunidad Canaria ha sido abordada en la reunión constitutiva del pasado 21 de septiembre de la Subcomisión de Residencia y Trabajo de Extranjeros dentro de la Comisión bilateral Canarias-Estado y de la que, lógicamente, forman parte representantes de ambas administraciones.
Dichos centros --allí lo acordamos-- deberán ubicarse geográficamente teniendo en cuenta cuáles son las islas en las que se constatan mayores llegadas de inmigrantes irregulares fundamentalmente Lanzarote, Fuerteventura y Gran Canaria. Por ello, se han asignado partidas presupuestarias para el año 2000 en torno a los 243 millones de pesetas aportados al 50 por ciento por la Administración central y por el Gobierno de Canarias como aporte económico para la conferencia sectorial y para los convenios de acogida suscritos con el Imserso.
Por su parte, la Dirección General del Imserso dispone también para el ejercicio del año 2001 de 800 millones para destinarlos a la construcción de centros migratorios de los que buena parte de ellos se emplearán lógicamente por sus especiales circunstancias en Canarias.
En cuanto al centro de Fuerteventura por el que usted se interesa, le diré que el actual se halla ubicado en las instalaciones del antiguo aeropuerto de Fuerteventura y hoy aloja a 301 personas.
Respecto del acondicionamiento de estas instalaciones se elaboró un estudio sobre el costo económico para acondicionar temporalmente sus servicios, pero la elevada cuantía de las obras aconsejó desistir de esta propuesta en beneficio de la construcción de un centro nuevo. Además, AENA quiere utilizar esas instalaciones para ampliar el aeropuerto.
Estas circunstancias aconsejan la creación de un centro de emigraciones en la isla de Fuerteventura habida cuenta de que por su situación geográfica de isla más cercana al continente africano constituye el objetivo de gran parte de inmigrantes irregulares procedentes de las costas del Sahara occidental que pretenden alcanzar el suelo español.
Por tanto, queremos hacer en Fuerteventura un centro que sea el más importante de Canarias. La razón, que es objetiva, es la que acabo de señalarle: es la isla más próxima al continente africano.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra la Senadora Morales.


Página 3431


La señora MORALES RODRIGUEZ. Muchas gracias, señora Presidenta.
Gracias, señor Ministro.
Efectivamente, la isla de Fuerteventura es la más cercana al continente africano y es por donde entra un mayor número de inmigrantes ilegales. De hecho, de los 1.836 inmigrantes irregulares que decía que habían entrado por las costas canarias 1.200 --no me acuerdo exactamente de la cifra-- entran por la isla de Fuerteventura. Sin embargo, en la isla de Fuerteventura --esto ha causado preocupación tanto en distintos sectores de población como en organizaciones sociales e instituciones públicas-- inquieta que se pretenda crear un macrocentro de internamiento para extranjeros que vaya más allá de un centro de internamiento hasta que sean repatriados o trasladados a un centro de estancia temporal. La isla de Fuerteventura no reúne las condiciones para que se instale un macrocentro en esta isla. Es una isla con poca población y el pilar básico de su economía insular es el turismo. De instalarse el centro de referencia del que usted habla el impacto que podría producir seguramente tendría consecuencias negativas tanto para la sociedad majorera como para los propios inmigrantes.
Recogemos la propuesta del Gobierno de Canarias de que deberían crearse cuatro centros de internamiento para extranjeros: uno en Lanzarote, uno en Fuerteventura, uno en Gran Canaria y uno en Tenerife, y dos CETI, previstos ya en el Programa Greco, como usted decía, uno en Tenerife y otro en Gran Canaria, de tal manera que el gran número de inmigrantes irregulares que están llegando a Canarias se disperse en función no sólo de la zona geográfica sino también de la población para que las consecuencias no sean negativas y la integración de estos inmigrantes pueda ser eficaz.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, señora Morales.
No discrepo de lo que ha manifestado porque, además, como he señalado al principio de mi intervención, se ha constituido dentro de la Comisión Gobierno de Canarias-Administración central del Estado una subcomisión para tratar estos asuntos y, como es lógico, dicha comisión se constituye para intentar que las cosas se hagan de forma razonable y de mutuo acuerdo. No he oído, ni sé, ni me consta, y por tanto puedo decir que no es así, que pretendamos construir un gran macrocentro en la isla de Fuerteventura. Lo que sucede es que, como usted muy bien ha dicho, y es cierto, la isla de Fuerteventura es la que recibe un mayor número de inmigrantes, pero el objetivo es crear un centro de internamiento hasta que estas personas sean repatriadas.
Además, es nuestra voluntad --y también se ha hablado de ello en esa comisión-- que se construya un centro en la isla de Tenerife, donde todavía no hay.
En cuanto al caso de la isla de gran Canaria, hay un centro de internamiento de extranjeros que se llama de Barranco Seco, en Las Palmas, y se está estudiando su remodelación con una ampliación de plazas y mejora una vez que entre en funcionamiento el centro de Fuerteventura.
No me parece mal lo que usted ha expuesto, y tengo la firme seguridad de que llegaremos a un entendimiento sobre este asunto. No se pretende hacer del centro de Fuerteventura ningún centro de referencia de nada ni ningún macrocentro y, por tanto, así puedo transmitírselo.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON JOSE MANUEL CORES TOURIS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION QUE HACE EL GOBIERNO DE LA CAMPAÑA LLEVADA A CABO DURANTE LA EPOCA ESTIVAL DEL PRESENTE AÑO 2001 DENOMINADA «DROGAS: MAS INFORMACION, MENOS RIESGOS» (680/000504).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don José Manuel Cores Tourís, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la valoración que hace el Gobierno de la campaña llevada a cabo durante la época estival del presente año 2001 denominada «Drogas: más información, menos riesgos».
Tiene la palabra el Senador Cores.


El señor CORES TOURIS: Señora Presidenta, doy por presentada la pregunta en sus mismos términos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cores.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Senador.
Desde diciembre del año 1996, la Delegación del Gobierno del Plan Nacional sobre Drogas ha venido impulsando un nuevo modelo de campañas para concienciar a toda la sociedad, especialmente a los jóvenes, de todos los valores positivos de la vida sin drogas.
El trabajo desarrollado en estas campañas y el hecho de que la prevención sea una de las fórmulas más adecuadas para luchar contra el consumo de drogas supone que la valoración del Gobierno sobre esta campaña sea, al igual que las anteriores, positiva.
Además de concienciar y de informar, pretendemos ser eficientes y eficaces en la forma de hacerlo o, dicho de otro modo, tenemos que lograr que los mensajes lleguen a sus destinatarios con el menor coste posible.


Página 3432


Queremos incidir en la prevención y alertar e informar sobre diversos aspectos del consumo de droga, pero, además, pretendemos ser rentables.
Hemos conseguido que una inversión en campañas durante estos cinco años, de 565 millones de pesetas, haya tenido una valoración de mercado de 4.309 millones de pesetas, lo que supone una rentabilidad de más del 1.000 por cien.
En cuanto a la campaña en sí «Drogas: más información, menos riesgos» se inicia en junio de 2001 como continuación de la de diciembre del año anterior. Se editó una guía con el mismo título de la campaña en formato de bolsillo y en un lenguaje joven y dinámico que trataba de aportar en 86 páginas la información más útil posible para los ciudadanos sobre las drogas.
La primera edición de 1.200.000 guías tiene ya comprometida su distribución, que se ha llevado a cabo a través de la solicitud directa y por medio de las universidades y el suplemento dominical de un periódico nacional. Actualmente se procede a una segunda edición de 800.000 ejemplares ante la solicitud, por otro periódico nacional, de 1.000.000 de guías para incluirlas en su suplemento.
La campaña denominada «Drogas: más información, menos riesgos», desde un punto de vista cualitativo, ha sido muy valorada tanto por la opinión pública como por los profesionales, y ha sido considerada como una de las mejores entre las realizadas hasta la fecha.
Desde el punto de vista cuantitativo, los resultados han sido los siguientes. La campaña de diciembre de 2000, en la inversión real, fue de 90 millones de pesetas; la valorada, de 711; y la de junio de 2001, la real fue de 82 y la valorada de 695.
En definitiva, el Gobierno cree que la campaña ha tenido unos contenidos y unos mensajes que han sido valorados positivamente por los ciudadanos, ha contribuido a la prevención de las drogodependencias y, además, ha conseguido un gran respaldo social a la hora de su difusión, como lo demuestra la aportación de más de 1.400 millones de pesetas por parte de distintas instituciones y empresas cuya colaboración, como es lógico, tenemos que agradecer.
Muchas gracias, señor Cores.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
Senador Cores, ¿quiere intervenir? (El señor Cores Tourís hace signos negativos.)

--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS MEDIDAS QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL AUMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN MADRID (680/000508).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es del Excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las medidas que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la criminalidad en Madrid.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Barranco.
Cualquier dato sobre delincuencia es manifiestamente mejorable, y los datos de Madrid capital también lo son. Además, cualquier análisis serio de la seguridad debe pasar por el estudio de tendencias y no de repuntes, y ello exige detenernos en períodos de cierta duración.
En los últimos cinco años se han producido 31.112 delitos y faltas menores, con una disminución del 12,2 por ciento del año 2000 respecto a 1996, y es importante destacar que desde el año 1996 el número de delitos ha bajado cada año, confirmando una clara tendencia en esta evolución, aunque con un repunte que se inicia este año.
Y como nos preocupan estos datos, como es natural, entre otras medidas quisiera destacar lo siguiente. En primer lugar, medidas para reforzar las plantillas de los cuerpos policiales. Este año se ha aprobado la oferta de empleo público de Policía y Guardia Civil más numerosa desde el año 1990 --al menos que yo conozca, porque no he estudiado los datos anteriores--, hemos incluido en la Ley de acompañamiento una prórroga para el pase a la segunda actividad en el Cuerpo Nacional de Policía de tres años y vamos a implantar un nuevo sistema de recursos de la Guardia Civil para tener más personal operativo.
Asimismo, hemos planteado una serie de reformas legales que me consta que se están estudiando dentro de la Comisión que se ha creado para el estudio de las penas y dentro del Pacto de Estado de la Justicia porque tenemos algunos problemas, como usted muy bien sabe porque se lo he contestado a su compañero señor Leguina no hace muchas fechas en el Congreso, como los temas de prisión preventiva, reincidencia, juicios rápidos y expulsión de inmigrantes ilegales. Estas medidas legales incidirían muy positivamente a la hora de evitar determinados delitos, sobre todos los menores, que son menores pero que para el que los sufre, evidentemente, son mayores.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias.
Tiene la palabra el Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Ministro.


Página 3433


La seguridad ciudadana en Madrid se ha convertido en el problema más grave en la escala de preocupaciones de los madrileños. Ha aumentado la inseguridad objetiva y también la subjetiva. Yo sé que a usted no le gusta, rechaza o cree que son poco fiables los datos que algunas veces da la fiscalía, los propios sindicatos, institutos de estudios de seguridad o los propios medios de comunicación. Por eso esta mañana le quiero hablar de los propios datos que he obtenido de su Ministerio. Y por cierto, permítame decirle sin acritud, como diría un clásico, que le han dejado unos servicios de documentación que son un auténtico desastre. En las más de diez preguntas y sus correspondientes respuestas que he obtenido de su Ministerio se da la circunstancia de que las cifras no coinciden, que pregunto por unos datos y me dan ustedes otros, que muchas veces los datos y las cifras son absolutamente contradictorias. Por no coincidir no coinciden ni las firmas del mismo Secretario de Estado. O a usted le han dejado ahí unos malabaristas de los números o, sencillamente, le han dejado unos profesionales de la simulación para que nunca sepamos a ciencia cierta cuáles son los datos reales de la criminalidad en nuestro país.
No obstante, he conseguido sacar algunas cosas en limpio. Una de ellas es que los índices de criminalidad han subido a nivel nacional. Otra que Madrid está muy por encima de la media nacional. Otra, en la última respuesta que usted me envió ayer mismo, día 23, es que de agosto de 2000 a agosto de 2001 en Madrid han aumentado los delitos un 7,08 por ciento, que en los ocho primeros meses de este año se han producido en Madrid 72.618 delitos, y que Madrid es la cuarta en delitos y, desgraciadamente, la primera en faltas.
Ante toda esta situación la única respuesta, la única iniciativa que ha tomado el Delegado del Gobierno en Madrid, como usted muy bien sabrá y seguro que mejor que yo, es decir que va a iniciar una operación de imagen y una operación café, que no se sabe muy bien qué es pero cuyo nombre; desde luego, es muy desafortunado y ha sido rechazado por todos los sindicatos.
Señor Ministro, al actual Delegado del Gobierno, a quien sé que usted no nombró sino que lo ha heredado, le viene muy grande el cargo. Confunde las asociaciones de vecinos con la «kale borroka». Ha entrado en el Libro Guinness al ser el primer Delegado del Gobierno en Madrid que ha sido denunciado por más de 100 asociaciones vecinales ante Naciones Unidas. En los últimos tiempos se han producido manifestaciones de miles de ciudadanos madrileños pidiendo su dimisión. Suspende hermanamientos entre ayuntamientos, cosa que no tiene ningún sentido. El delegado del Gobierno en Madrid, señor Ministro, no tiene ninguna estrategia, ninguna iniciativa ni ninguna capacidad.
El Plan Policía 2000 ha fracasado en Madrid estrepitosamente y hay que revisarlo. Fue una operación de imagen pero ya no da más de sí. Usted ha hecho mención a las plantillas que quiero recoger someramente.
Efectivamente, me consta que es usted consciente de que hay un problema de vacantes en la plantilla puesto que se le pasó un informe en marzo de este año. Usted sabe que de 1990 hasta la fecha se han producido 6.000 vacantes en la Policía Nacional. Y en lo que a la Guardia Civil se refiere, entre 1995 y el día de hoy han llegado a tener 2.000 vacantes. Y las plantillas del Cuerpo Nacional de Policía y de la Guardia Civil de la Comunidad Autónoma de Madrid han descendido entre 1995 y 2001 en un 12,6 por ciento. Usted sabe mejor que yo que en nuestra ciudad y en nuestra Comunidad se han asentado bandas y mafias internacionales que van aumentando año tras año y que en toda España ya superan la cifra de 474.
Usted sabe muy bien que mientras todo esto ocurre la seguridad privada va en aumento; el año pasado facturó más de 200.000 millones de pesetas y está creciendo a un ritmo anual del 20 por ciento.
Todo esto da un cuadro que a mi juicio justifica más que sobradamente que una de las primeras iniciativas que debe usted tomar sea cesar al actual Delegado del Gobierno por incompetente, por incapaz y por no hacer frente al problema más importante que tenemos los madrileños.


La señora PRESIDENTA: Gracias.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Barranco. Es verdad que he dicho en mi intervención que este año se ha producido un aumento de los delitos y sobre todo de faltas denunciadas. Completaré algunos datos diciéndole que la evolución por tipos delictivos no es uniforme. Disminuyen los robos en domicilios, en establecimientos, los homicidios, los delitos contra la libertad sexual, los delitos de lesiones y los malos tratos conyugales, y lo que fundamentalmente aumenta son los robos con violencia e intimidación y las sustracción en y de vehículos.
Hay un dato muy importante sobre el que se ha debatido mucho, el de los homicidios. Tengo que decir que entre enero y octubre de 2000 se produjeron en la capital de España 81 homicidios, mientras que en este mismo período de este año 2001 se han producido 72 homicidios, siendo muy grande en esta ocasión, muy grande, el grado de eficacia policial puesto que se han esclarecido ese tipo de delitos en un 80 por ciento.
En relación con otras capitales europeas tengo que decir que la tasa de delitos por cada mil habitantes en Madrid es del 43,7 por ciento, tasa superada por la ciudad de Berlín con un 100,71 por ciento; por París, 134 por ciento; por Roma, un 72 por ciento; por Lisboa, un 55 por ciento; por Copenhague, 161 por ciento, y por Viena con un 96 por ciento. Pero en realidad eso no significa nada, porque como he dicho antes, toda situación es manifiestamente mejorable y también todo juicio debe ser tenido en cuenta poniendo sobre la mesa todos los datos.
En cuanto a la respuesta policial, dato que me parece muy importante, hay que señalar que el número de personas detenidas este año asciende a 16.860 frente a 16.409 del año anterior, es decir, se ha detenido a 451 personas más. Como también le he dicho, hay algunas medidas que

Página 3434


están ya en marcha. En primer lugar, el incremento de policía. Señoría, tiene usted razón, ya sé que ha bajado el número de policías y de guardias civiles. Para saber eso no hay que ser muy inteligente porque eso está ahí. Ha bajado de manera ininterrumpida desde 1990, y créame que si alguna preocupación tiene este Ministro que le habla es que esto no vuelva a suceder en el futuro, porque soy muy consciente de que si alguna obligación tiene el Estado ésa es la de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
La oferta de este año --usted lo sabe-- ha sido la mejor por lo menos desde 1990, las anteriores no las he revisado. Por tanto, considero este dato importante. En Madrid, las últimas incorporaciones corresponden a los 912 policías de la Jefatura Superior, de los que 818 han sido destinados a Madrid capital. También se ha incrementado el personal en los grupos de menores, asunto que --como usted sabe-- está generando muchos problemas, y en los distintos SAM también se han incorporando nuevos funcionarios.
Por último, como le he dicho antes, me preocupan mucho los temas de multirreincidencia. Es decir, a veces una persona es detenida hasta más de cien veces; si a esa persona se le aplicara la ley la primera vez que comete el delito, probablemente noventa y tantas personas no habrían sido objeto de actos delictivos.
Por lo tanto, quiero transmitirle que soy plenamente consciente del problema y que, además, intento tomar todas las medidas que están a mi alcance, y algunas las he puesto sobre la mesa. A partir de ahí, cada uno emite, como es natural, los juicios que estima oportunos y convenientes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias señor Vicepresidente.


--DE DOÑA MARIA DEL CARMEN MONTES CONTRERAS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO EN MATERIA DE SEGURIDAD CIUDADANA PARA HACER FRENTE AL INCREMENTO DE LA CRIMINALIDAD EN LA COMUNIDAD AUTONOMA DE ANDALUCIA (680/000509).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta, que había sido inicialmente formulada por la Senadora doña María del Carmen Montes Contreras, del Grupo Parlamentario Socialista, va a ser formulada por el Senador Galán Pérez. Se pregunta sobre las actuaciones previstas por el Gobierno en materia de seguridad ciudadana para hacer frente al incremento de la criminalidad en la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Tiene la palabra el Senador Galán Pérez.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente, doy por formulada la pregunta en sus justos términos.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Galán.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, supongo que usted entiende que mi respuesta no sea muy diferente de la que le he dado al señor Barranco con motivo de su pregunta sobre la inseguridad ciudadana en la Comunidad de Madrid. Son precisamente estas Comunidades, la de Madrid y la Valenciana, y algunas provincias de la Comunidad Andaluza, fundamentalmente Málaga y Sevilla, donde la actividad delictiva se ha acentuado de manera especial.
En el caso de Málaga y Sevilla, hemos puesto en marcha el Programa 10 por 10 para intentar dar una respuesta eficaz y rápida a las más graves formas de delincuencia, así como un conjunto de medidas para reforzar las plantillas y el retraso del paso a la segunda actividad, a la que antes he hecho referencia.
Hay un asunto importante, y es que, dada la incidencia de la delincuencia internacional en la Comunidad Andaluza, sobre todo en la zona de la Costa del Sol, se están agilizando los canales de cooperación internacional con la Interpol, Europol, Sirene y los oficiales de enlace a través de los servicios correspondientes.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente, me parece que las medidas que se han iniciado con la puesta en marcha del Programa 10 por 10 son necesarias pero insuficientes.
Si comparamos los datos del primer semestre del año 2001 que facilita el Instituto de Estudios sobre Seguridad Pública, vemos que el incremento de los delitos en el conjunto de la Comunidad Autónoma Andaluza ha sido del 12 por ciento, situándose tres puntos por encima de la media nacional.
Evidentemente, en todas las provincias no se ha producido el mismo incremento. Si comparamos los datos con los del primer semestre del año 2000, vemos que en Huelva los delitos han crecido un 19 por ciento, en Sevilla un 17,9, en Jaén un 14,9 por ciento, en Granada un 14 por ciento, en Málaga un 13,6 por ciento y, situándose por debajo de la media andaluza y nacional, encontramos el aumento en un 7,8 por ciento de Cádiz y el 2,6 por ciento de Córdoba. Queda Almería, la única provincia de la Comunidad Andaluza donde ha descendido un 9 por ciento el número de delitos.


Página 3435


En base a los datos de su Ministerio, el número de delitos por cada 1000 habitantes registrados en junio del 2001 supone un aumento del 2,14 por ciento, mientras que en el año 2000 fue del 1,92. Las faltas también han crecido, pasando del 1,96 por ciento de junio del 2001 frente al 1,68 del año anterior.
Por tanto, se ha dado un crecimiento generalizado del número de delitos, con la excepción de Almería, y una correlativa disminución del número de miembros de la Policía Nacional destinados en la Comunidad Autónoma. Es curioso ver la evolución experimentada desde enero de 2000 a enero de 2001, porque en ese año se ha reducido el número de miembros de la Policía Nacional en todas y cada una de las provincias andaluzas. Por ejemplo, en Sevilla hay 89 policías menos, en Granada 80, en Málaga 60, en Cádiz 50, y de nuevo encontramos la excepción en Almería, la única provincia donde desciende el número de delitos y a la que han sido asignados 24 policías nacionales más. Lo que quiero decir, señor Vicepresidente, es que hay una clara relación entre el número de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado dispuestos a poner en marcha, por ejemplo, la policía de proximidad o policía de barrio, a extender su aplicación en las grandes capitales andaluzas, y a luchar con aquellos núcleos de delincuencia organizada que existen en la Costa del Sol fundamentalmente, pero también en Sevilla y en las capitales andaluzas, y el número real de delitos.
Por lo tanto nuestro Grupo no puede estar de acuerdo con declaraciones como las de hace una semana del Delegado del Gobierno en Andalucía, señor Torres Hurtado, donde decía, por una parte, que la culpa esencial del incremento de la delincuencia y de la criminalidad que se ha producido en lo que va de año es de la inmigración --no en modo alguno en exclusiva: en Almería hay mucha inmigración y sin embargo ha disminuido el número de delitos; en otras provincias con menor número de inmigrantes sube la delincuencia, como es el caso de Jaén y Granada-- y, por otro, muchísimo menos podemos asumir las declaraciones en la línea de que la respuesta es que si los ciudadanos quieren más seguridad que contraten seguridad privada. Los últimos datos son que hay ya más de 100.000 vigilantes privados en España, mientras que de las 58.000 plazas del Cuerpo Nacional de Policía todavía está un 18 por ciento sin cubrir.
Evidentemente, la oferta de este año es importante, pero lo necesario es poner en marcha todo un abanico de medidas para que realmente no se produzca, como está pasando en los últimos años --usted lo ha reconocido--, una sistemática reducción de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en sus estados numéricos...


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Galán.


El señor GALAN PEREZ: Termino.
Esto se debe mejorar porque --como usted bien decía y utilizo sus propias palabras-- si hay un deber del Estado es garantizar la seguridad y la libertad de los ciudadanos, y ni el objetivo del déficit cero ni ningún otro deben hacer ceder ante ese compromiso que debe tener el Gobierno siempre con la ciudadanía.
La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Galán.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas, gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Galán.
En realidad no tengo grandes cosas que añadir; no voy a reiterar lo que le he dicho al señor Barranco porque la problemática es sustancialmente similar. En cualquier caso, sí quiero hacer unas cuantas precisiones.
En primer lugar, es verdad que las tres Comunidades por las que el Grupo Socialista me pregunta hoy son las tres Comunidades en donde se ha producido una subida mayor; hay otras donde se produce incluso una bajada.
En segundo lugar, yo no comparto los datos que usted ha dado. Los datos del Ministerio del Interior son que la subida que se ha producido es de un 7,52 por ciento más de delitos conocidos que en el mismo período anterior.
En tercer lugar, quiero hacer un comentario objetivo sobre el famoso asunto de la inmigración. El dato es que el 47,6 por ciento de los presos preventivos --que son, lógicamente, las personas que han cometido delitos hace menos fechas, como ustedes saben-- son personas provenientes de la inmigración. Este es un dato objetivo y la inmigración es mayor en unas zonas de España que en otras. Insisto en que éste es un hecho objetivo y que no debemos discutirlo; la cuestión es cómo somos capaces de atajar esta problemática.
En cuarto lugar, estoy de acuerdo con usted en que hay que poner medidas.
He anunciado algunas de las medidas que estamos tomando y no voy a reiterarlas, sobre todo las de justicia y las de incremento de las ofertas públicas de policía y guardia civil.
Por último, un asunto específico de Andalucía. Es verdad que en Andalucía se han establecido determinadas organizaciones criminales, sobre todo provenientes del Este de Europa, que han aumentado significativamente la violencia empleada en la comisión de hechos delictivos. Esto ha ocurrido sobre todo en la provincia de Málaga, pero también se da en otras provincias donde, como he señalado antes, estamos intentando hacer todo lo posible para evitar que se produzcan este tipo de situaciones que, en cualquier caso, créame que no son fáciles.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES QUE PIENSA ADOPTAR EL GOBIERNO ANTE EL AUMENTO DE LA DELINCUENCIA EN LA COMUNIDAD VALENCIANA (680/000510).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre

Página 3436


las actuaciones que piensa adoptar el Gobierno ante el aumento de la delincuencia en la Comunidad Valenciana.
Tiene la palabra el Senador Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Gracias, señora Presidenta.
En realidad, es una pregunta que responde a las mismas motivaciones que las dos anteriores. Es verdad que se ha producido un aumento en las cifras de delitos conocidos en la Comunidad Valenciana; también es verdad --y es un dato importante-- que el porcentaje de detenciones ha aumentado un 15 por ciento respecto del año anterior y las medidas que vamos a adoptar son, sin duda, muy similares a las que he anunciado para las otras dos Comunidades Autónomas.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente, ha admitido usted el incremento de la delincuencia y no ha apoyado la afirmación del Director General de la Policía que aseguró en Valencia que no era la delincuencia la que había aumentado sino el número de denuncias.
Señor Vicepresidente, el pasado verano los cronistas locales se hicieron eco del robo de que fue objeto, por dos veces consecutivas, la Delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana. El hecho podría ser considerado como una anécdota o, si usted quiere, como una versión moderna de «El alguacil alguacilado» si no fuera porque los índices de criminalidad en la Comunidad Valenciana están subiendo por encima de la media nacional, lo que convierte esta posible anécdota en un paradigma o en un ejemplo.
Todo el mundo está admitiendo --y usted también lo ha hecho-- que el incremento de la delincuencia en la Comunidad Valenciana es un hecho; también lo han reconocido los sindicatos policiales, los subdelegados del Gobierno y lo dice también el Grupo Parlamentario Popular en la ciudad de Castellón al firmar un moción al respecto conjuntamente con el Partido Socialista. Sin embargo, son otras las peregrinas interpretaciones que estamos escuchando sobre el incremento de la delincuencia en la Comunidad Valenciana; por ejemplo, en Alicante, subdelegado del Gobierno lo atribuía a la calidad de vida de la zona, como si fuera compatible la calidad de vida con la inseguridad ciudadana; y, en Valencia, la Delegada del Gobierno se ha referido a la Ley del Menor y, también como usted, a la inmigración y quiero recalcar este punto porque esta afirmación puede ser una llamada peligrosa a la xenofobia.
Señor Vicepresidente, creo que sobra resignación, que falta determinación política para atajar el problema y faltan, sobre todo, medios. En unos casos, la falta de medios se suple con seguridad privada, que es un negocio floreciente en los últimos años y, en demasiados casos, son los ayuntamientos los que están asumiendo responsabilidades que no les corresponden. No tengo tiempo y, por ello, no voy a poner muchos ejemplos, pero le puedo citar casos de ayuntamientos de la provincia de Castellón, tanto gobernados por el Partido Socialista como por el Partido Popular, como el de la Vall d'Uxó, en el que el Ministerio del Interior ha firmado un convenio con el ayuntamiento mediante el cual éste se obliga a mantener en condiciones de habitabilidad la Casa Cuartel de la Guardia Civil y, en correspondencia, la Guardia Civil se obliga a cumplir aquellas obligaciones que le son impuestas legalmente. Parece como si se estuvieran mendigando los recursos para la Guardia Civil o para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
Señor Vicepresidente, ya ha dicho usted bastante al reconocer que se ha incrementado la delincuencia en la Comunidad Valenciana pero, insisto, falta determinación política y medios. Estamos todavía en el trámite presupuestario y, por tanto, esperamos que su grupo parlamentario presente una enmienda que modifique sustancialmente los presupuestos del Ministerio del Interior.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Arnau. No voy a reiterar conceptos, pero sí hay dos o tres asuntos que creo que puedo introducir como novedosos en este debate porque es verdad, como he comentado antes, el aumento de la delincuencia respecto a la media nacional. En cuanto a las causas, ha apuntado usted algunos datos, y quisiera comentarle dos o tres asuntos.
Respecto del tema de la inmigración, el número de españoles detenidos en la Comunidad Valenciana hasta hace unos días ha descendido en el año 2001 un 0,7 por ciento, en tanto que las detenciones de extranjeros se han incrementado en un 47 por ciento. Ese es un dato importante y objetivo; no hablemos, por tanto, de racismo ni xenofobia. Hay que plantear aquello que es verdad y después hacer pedagogía. Y esto no quiere decir nada más que lo que quiere decir, que tenemos que hacer un esfuerzo en materia de inmigración para favorecer la integración social, pero no podemos ocultar la realidad porque no tiene ningún sentido, y yo estaría engañándole a usted y a esta Cámara si no lo dijera. Ese es un dato objetivo.
En segundo lugar, ha hecho su señoría algunas referencias al señor Cotino. Es verdad que las denuncias telefónicas

Página 3437


y en Internet facilitan mucho que los ciudadanos puedan dar a conocer al Cuerpo Nacional de Policía o a la Guardia Civil los delitos que se han cometido. Eso es cierto, es un hecho objetivo y tampoco podemos discutirlo.
También me ha hablado usted de total resignación de determinación y de medios. Sobre este asunto quisiera decirle que me gustaría disponer de más medios --aunque me temo que también al Ministro de Justicia y a otros que no están presentes-- dentro de los Presupuestos Generales del Estado.
Antes he apuntado que la oferta pública de Policía y Guardia Civil es una buena oferta que se va a repetir en los próximos años, pero me ha acusado usted de resignación y falta de determinación, al tiempo que de firmar convenios con el ayuntamiento de Vall d'Uxó. Buena prueba de que ni tenemos resignación ni falta de determinación es, precisamente, que firmamos convenios con Vall d'Uxó, pero no sólo con Vall d'Uxó, sino también con la Comunidad Autónoma de Extremadura, donde acudí personalmente a firmar junto con el Presidente de la Comunidad, así como con la Comunidad Autónoma de Castilla y León. Procuraré hacerlo con todas aquellas comunidades y ayuntamientos que lo deseen, tenga usted la absoluta certeza de ello, precisamente porque no estoy dispuesto a resignarme y porque los medios que se necesitan en esta materia sean probablemente infinitos.
No puedo, por tanto, aceptar lo que usted me dice; he planteado aquí las medidas que estamos adoptando y las que adoptaremos en el futuro y, repito, si alguien está dispuesto a aportar algo para mejorar la seguridad ciudadana no será el Ministro del Interior quien se muestre en contra, y usted en mi lugar haría exactamente lo mismo. Comprendo que su señoría me pueda criticar, y me parece muy bien. Bueno, en realidad tan bien no me parece, pero qué le voy a hacer. (Risas.) Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.


--DE DON ANGEL DIAZ SOL, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE LAS ACTUACIONES PREVISTAS POR EL GOBIERNO PARA EVITAR QUE SE REPITA UNA SITUACION COMO LA ACAECIDA EN LA COMISARIA DEL MUNICIPIO DE MOTRIL (GRANADA) EL PASADO DIA 29 DE JULIO DE 2001 (680/000511).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, de don Angel Díaz Sol, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre las actuaciones previstas por el Gobierno para evitar que se repita una situación como la acaecida en la comisaría del municipio de Motril (Granada) el pasado día 29 de julio de 2001.
Tiene la palabra el Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el pasado día 29 de julio se produjeron varios desembarcos de inmigrantes en distintos puntos de la costa de Granada. De ellos, 69 personas fueros detenidas y conducidas a Motril, donde ingresaron en distintas dependencias. Cuarenta y cuatro de estas personas durmieron esposadas a la intemperie en el patio de la comisaría que mide 80 metros cuadrados. ¿Qué actuaciones tiene previsto acometer el Gobierno para evitar que se repitan situaciones como ésta?

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias, señor Díaz Sol.
Como usted sabe y todos conocemos, el fenómeno de la inmigración, que sin duda alguna es uno de los fenómenos más importantes que se han producido en el mundo en los últimos tiempos y que afecta a todos los países, Estados Unidos, Australia, tanto a aquéllos de donde parten como a los de nuestro entorno, ha generado nuevos problemas y dificultades, uno de ellos es la falta de centros de internamiento y acogida.
Sobre lo ocurrido en Motril quisiera, en primer lugar, hablarle de lo que hemos hecho desde ese momento. Hemos realizado un esfuerzo para aumentar el número de plazas disponibles, y ahora contamos con 97, la mayoría de ellas gracias a instituciones y organizaciones a las que creo oportuno agradecer su iniciativa y apoyo. Tenemos 10 plazas en dependencias policiales, 32 en la Cruz Roja, 35 en un centro benéfico y 20 en Cáritas Diocesana. Eso es lo que hemos planteado de cara al futuro, además de que en este momento estamos en negociaciones con el Ministerio de Defensa para la gestión de la cesión del edificio de la antigua Ayudantía Militar de Marina en el puerto de la localidad.
En relación con la segunda parte, es decir lo que ahí pasó y lo que pretendemos hacer de cara al futuro, yo tengo que decir que en ningún caso hubo maltrato a estas personas, según me comunica la Dirección General de la Policía, pero para evitar fugas o situaciones de tensión con los efectivos policiales, se utilizaron lazos de seguridad para unirlos de dos en dos por las muñecas, ubicándolos en un lugar semicubierto y poniendo a su disposición --esto también hay que señalarlo-- colchonetas, así como alimentos suficientes y la atención de voluntarios de la Cruz Roja que ahí estuvieron. Tengo que decir que los efectivos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil que se pudieron destinar a la custodia de estas personas fueron cuatro funcionarios de Policía y uno de Guardia Civil.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Muchas gracias, señora Presidenta.


Página 3438


Señor Ministro, en estos momentos es cierto que existen esas plazas, pero son plazas totalmente provisionales.
Una de las razones por las cuales hubo ese colapso es que durante el verano algunas de esas instituciones benéficas son utilizadas para otros fines y, por tanto, no se pueden usar en los momentos de mayor llegada de inmigrantes. Esto, además de ser posible es previsible, dado que, como se ha producido un blindaje cada vez mayor de la zona del estrecho, estas embarcaciones, las pateras y las lanchas neumáticas, derivan hacia costas más al levante, como las de Granada y Almería, que son más abruptas y accidentadas, e incluso permiten desembarcos con más éxito para los inmigrantes.
En el mes de mayo, viendo esto, yo planteé al Gobierno una pregunta sobre qué medidas pensaba adoptar. Sus servicios me contestaron que el Plan Greco, sin hacer ninguna especificación para la costa de Granada. La respuesta fue el 4 de julio, y el 29 de ese mismo mes en los medios de comunicación aparece una imagen realmente deplorable de personas tiradas en el suelo. No es verdad que hubiera jergones para todos, señor Ministro, estaban esposados de dos en dos, durmiendo al raso --menos mal que era verano-- y en una situación lamentable después de haber hecho una travesía tan dificultosa. El señor Subdelegado del Gobierno reconoció que la situación era inhumana, pero que lo habían hecho por razones de seguridad para la Policía. Dado el número de miembros de la policía y de la Guardia Civil que intervinieron en este asunto se habría podido pensar en ello, pero hay que valorar que cuando estas personas llegan desde el otro lado del mar Mediterráneo lo hacen en una situación física de agotamiento y moralmente suelen estar muy decaídas porque ven que ha fracasado su intento de llegar a El Dorado de Europa, después de haberse jugado no sólo sus esasos ahorros sino la vida.
Ya que en su respuesta sólo ha reconocido que se van a adoptar medidas policiales de represión y de bloqueo en el ámbito de todo el territorio nacional y que van a realizar una serie de gestiones para lograr del Ministerio de Defensa unos locales, pero eso, como todas estas cosas, irá despacio, yo creo que se deben tomar medidas más urgentes, porque es seguro que vamos a tener mayores problemas en el futuro. Es verdad que tenemos escasas dotaciones de policías. En la provincia de Granada se dieron de baja, por pasar a segunda actividad, 103 policías al año pasado y sólo se han cubierto 13 plazas. Vamos para atrás.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Díaz Sol.


El señor DIAZ SOL: Un momento, señora Presidenta, acabo en un minuto.


La señora PRESIDENTA: Concluyó su tiempo. Termine, por favor.


El señor DIAZ SOL: ¿Cuándo van a aplicar el Plan Greco, señor Ministro? La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Díaz Sol.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, señor Senador.
Quiero hacer tres comentaríos en relación con su intervención, El primero, sobre el trato que se ha dado a estas personas. Ya le he dicho que allí estaban los voluntarios de la Cruz Roja, y que disponían de colchonetas, así como de suficientes alimentos.
Quisiera hacer una consideración sobre la labor de la Guardia Civil y de la Policía, porque es importante que todos la tengamos muy en cuenta. Ha dicho usted que estas personas llegan, y es verdad, a la costa en una situación muy lamentable desde el Punto de vista personal, pero no olvide que muchas de esas personas lo consiguen gracias a la labor que hace la Guardia Civil en toda la zona del Estrecho, y que si no, ni siquiera lo lograrían. Yo no sé si eso es función de la Guardia Civil, pero es algo que debe ser ponderado por todos nosotros y no quiero que nuestro discurso no deje ninguna duda en relación con este asunto.
En segundo lugar, estoy de acuerdo en lo que ha dicho usted sobre la existencia de centros e instalaciones, pero también sería de desear una mayor solidaridad por parte de las instituciones, porque tanto el Jefe Superior de Policía como el Subdelegado del Gobierno se han dirigido en multitud de oportunidades al Alcalde de Motril, que no sé de qué partido político es, lo ignoro y además ni siquiera lo he preguntado y además me es igual (El señor Díaz Sol: Es de mi partido.) y el Alcalde de Motril no ha sido capaz de dar ninguna respuesta a los requerimientos que le ha hecho el Subdelegado del Gobierno.
Yo creo que a la hora de ceder locales e instalaciones tiene bastantes más posibilidades el Ayuntamiento que las que pueda tener la propia Administración del Estado, porque tenemos transferida la práctica totalidad de locales, como es sabido, y por eso nos tenemos que dirigir al único Ministerio que tiene en este momento locales, que es el Ministerio de Defensa.
Por tanto, la solidaridad que a veces se nos demanda para con los ayuntamientos yo también la demando para el Gobierno, y sobre todo para el Ministerio del Interior, como ya le dije antes al señor Arnau. Esta es la política que he empezado a aplicar y que voy a continuar aplicando en las próximas fechas, y espero de su total y absoluto apoyo para que el Ministerio del Interior funcione bien, porque precisamente tiene la obligación de garantizar los derechos y libertades de los ciudadanos.
Cuento con él.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


Página 3439


--DE DON JUAN ANTONIO BARRANCO GALLARDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO, SOCIALISTA, SOBRE SI FUNCIONA EFICAZ Y CORRECTAMENTE LA COORDINACION ENTRE LOS CUERPOS Y FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y LA POLICIA MUNICIPAL DE MADRID (680/000512).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Juan Antonio Barranco Gallardo, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si funciona eficaz y correctamente la coordinación entre los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y la Policía Municipal de Madrid.
Tiene la palabra el Senador Barranco Gallardo.


El señor BARRANCO GALLARDO: La doy por reproducida, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero y Ministro del Interior.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Yo creo, señor Barranco, que funciona razonablemente bien, aunque todo es susceptible de mejorar, evidentemente. Lo que sí debe saber es que entre los responsables del Cuerpo Nacional de Policía, la Guardia Civil y la Policía Municipal de Madrid existen continuos contactos, tanto de forma directa inmediata, cuando actuaciones precisas así lo requieren, como de forma continua, ya previamente establecida, en el seno de la Delegación del Gobierno, a través de la Junta de Seguridad que se reúne cada dos o tres semanas.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente.
Tiene la palabra el Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, éste es un asunto delicado, como a todos se nos alcanza, y mi Grupo siempre procura tocarlo con la máxima prudencia. Vaya por delante mi felicitación a su Departamento, a usted, y a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado por las últimas detenciones y la desarticulación de los comandos efectuadas en los últimos días, y ojalá tengamos que felicitarle muchas veces.
El 12 de octubre se produjo aquí, en Madrid, un atentado con coche bomba, por cierto, el sexto coche bomba desde el mes de enero del año 2000, es decir, desde que se rompió la tregua. Los culpables de este acto criminal, sin ninguna duda, son los asesinos y los terroristas de ETA.
Afortunadamente, esta vez no hubo víctimas mortales que aumentaran la ya trágica estadística que sufrimos en Madrid. Usted sabrá perfectamente que somos la ciudad que ha padecido más asesinatos de la banda terrorista ETA; la ciudad de toda España que más ha sufrido los atentados del terrorismo. Como digo, un coche bomba estuvo estacionado incorrectamente en un paso de peatones durante nueve horas, sin que fuera detectado, pese a que los terroristas alertaron telefónicamente sobre su colocación. Se puso en altísimo riesgo la seguridad de muchos ciudadanos madrileños. Las explicaciones que dieron el Director General de la Policía y el Delegado del Gobierno de Madrid fueron, señor Ministro, como mínimo, de una gran ligereza y rayanas en el sarcasmo.
Es evidente que algo falló; aquí ha fallado algo, señor Ministro. Ha fallado la coordinación, ha fallado la prevención, ha fallado la eficacia debida, y no es la primera vez, pero no me voy a detener en cuestiones pasadas, aunque sean recientes. O asumimos que algo ha fallado, lo aclaramos y lo corregimos, o se corre el riesgo de repetir los errores.
¿Qué es lo que falló? ¿Falló el temporizador? ¿Impregnaron los explosivos con líquido, como dijo algún responsable, para que los perros no lo detectaran? ¿Por qué no estaba avisada la Policía Municipal? ¿Los perros tenían algún problema? ¿Les afecto la lluvia, como dijo algún responsable --entre comillas-- a pie de explosión? Hubo una llamada de aviso, señor Ministro, no 47 como dijo usted desde Nueva York. Pudiera ser que los perros, a los que al final se les echará la culpa, a lo mejor es que llevaban más de cinco horas trabajando. A los perros les ocurre como a las personas que los cuidan y que los llevan, que cuando trabajan más de lo debido --usted lo debe saber-- pierden eficacia y sensibilidad. A lo mejor éste pudiera ser uno de los fallos que se cometió, aparte de los de coordinación que le he comentado antes.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco.


El señor BARRANCO GALLARDO: Ya termino, señora Presidenta.
Hay un aspecto muy grave en esto, y es que en Madrid hay un comando estable de ETA con infraestructura hace mucho tiempo, señor Ministro. Y eso supone, como es lógico, una gran preocupación para todos los madrileños, y estoy seguro que para usted también. Lo que no puede ser, señor Ministro, es que la responsabilidad del Ministerio del Interior termine en el año 1996.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Barranco.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Primero del Gobierno.


El señor VICEPRESIDENTE PRIMERO DEL GOBIERNO Y MINISTRO DEL INTERIOR (Rajoy Brey): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Barranco, es verdad que en Madrid ha habido seis coches bomba desde enero de 2000. Es verdad, aunque esto ya no me atrevo a afirmarlo con tanta intensidad como la afirmación anterior, que hay un comando de ETA estable en Madrid, y es verdad que Madrid es una ciudad que ha sufrido muchos atentados de la organización terrorista ETA. Lo sé y agradezco que me lo recuerde, pero le agradecería que me aportara alguna idea para evitar que

Página 3440


esto vuelva a ocurrir. Se lo agradezco de corazón, y tenga la absoluta certeza y la total convicción de que si usted me dice qué es lo que yo tengo que hacer para que ETA no ponga coches bomba en Madrid, para que no haya asesinatos o para que no haya un comando estable, lo voy a hacer.
En relación con lo que ha pasado en Madrid, le diré que hubo una llamada diciendo que había un coche bomba en la calle Alcántara y allí fue la Policía. Primero, la Policía montó el dispositivo del que dispone siempre cuando hay un anuncio de coche bomba; fueron los TEDAX, los perros y los servicios de información. Segundo, la Policía se jugó la vida porque el coche podía haber explotado y, como ha ocurrido en otras ocasiones, podía haber matado a algún policía. Y, tercero, yo no sé lo que ha fallado.
Usted por lo visto es policía, y si sabe por qué los perros no detectaron el explosivo, le ruego que me lo diga porque, igual que en el caso anterior, tenga usted la absoluta seguridad de que si usted me dice lo que tengo que hacer para que los perros detecten el explosivo, lo haré.
Y ya puestos a pedirle a usted consejos, dígame lo que quiere que yo haga, porque parece que usted lo sabe (La señora Martínez García: ¡Nombrarle Ministro a él!), para acabar con la organización terrorista ETA. Hay preguntas que son lamentables. (Rumores en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.--Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, hagan el favor de guardar silencio.
Gracias, señor Vicepresidente, por su respuesta a las numerosísimas preguntas que se le han formulado en el día de hoy.


--DE DON ALONSO ARROYO HODGSON, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE LA FECHA PREVISTA POR EL MINISTERIO DE JUSTICIA PARA LA CREACION DE UNA FISCALIA QUE PERMITA LA PRESENCIA PERMANENTE DE FISCALES EN LOS JUZGADOS DEL SUR DE LA ISLA DE TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) (680/000507).


La señora PRESIDENTA. Pregunta de don Alonso Arroyo Hodgson, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre la fecha prevista por el Ministerio de Justicia para la creación de una fiscalía que permita la presencia permanente de fiscales en los juzgados del sur de la isla de Tenerife.
Tiene la palabra el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, doy por formulada la pregunta en los términos expresados por la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.
El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, para el próximo ejercicio tenemos previstas, y por lo tanto están presupuestadas, 49 nuevas plazas de fiscales para el próximo año.
De las correspondientes a la Comunidad de Canarias es de las que puede salir la dotación para la creación de una fiscalía con una adscripción permanente en el sur de Tenerife. Como es lógico, y usted conoce, hay un procedimiento determinado por una serie de criterios objetivos para la creación, que es con carácter excepcional, de estas plazas.
En cualquier caso, la plantilla del Ministerio Fiscal en la Audiencia Provincial de Tenerife se compone de 33 fiscales. En los dos últimos años se han creado cinco plazas de fiscales en dicha Audiencia y hay que destacar, en relación a su pregunta, que las fiscalías tienen su sede donde residen sus respectivos tribunales y audiencias y ejercen sus funciones en todo el ámbito territorial de los mismos. Así como las adscripciones temporales las puede decidir la fiscalía respectiva, el fiscal jefe de la misma, las adscripciones definitivas, que es lo que usted me pregunta, exigen el cumplimiento de los requisitos legales derivados de alterar la sede normal de la fiscalía.
No obstante, el punto de vista del Ministerio es que, en este caso, puede cumplirse ese requisito. Hay dotación suficiente en el número de plazas como para que, en el próximo ejercicio, se pueda cubrir y, además, conocemos el criterio también favorable del Gobierno de la Comunidad Autónoma.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, la situación en el sur de Tenerife a este respecto es caótica. El suroeste de la isla de Tenerife en este momento es una zona de crecimiento turístico de las mayores de Canarias, de las mayores de España y de las mayores de Europa, lo que tiene sus ventajas y sus convenientes.
En el asunto que nos ocupa, la carga de los procesos civiles y penales es muy grande, es de una gran complejidad. Los índices de criminalidad son muy elevados y el grado de conflictividad es enorme. Hay mafias organizadas --aunque algunas personas no lo quieran reconocer--, según datos recientes del año 2000 de la Memoria anual del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en el que yo he trabajado. Existen cuatro juzgados en el partido judicial de Arona, y se ha creado un quinto en septiembre pasado, pero la carga de cada juzgado es de aproximadamente 30.000 diligencias. Se producen agravios comparativos en relación a la situación de los juzgados de Primera Instancia de las capitales que no son mixtos, sino que están separados en civiles y penales, como, por ejemplo, el de la capital de la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Además, esto va en incremento, en aumento, y los asuntos civiles también son muy complejos, puesto que hay poderosísimas inversiones realizándose en el sur de Tenerife en este momento.


Página 3441


La situación es bastante mala en cuanto a efectivos. Existen muy pocos jueces titulares; los secretarios tampoco son titulares, etcétera.
Obra en mi poder el «Diario de Sesiones» del 15 de junio de 2000, donde se recoge su comparecencia en la Comisión de Justicia, a petición propia, para informar sobre las líneas generales de la política del Departamento.
Sinceramente, señor Ministro, me parece una comparecencia interesante, equilibrada y sincera. Usted dijo, y leo textualmente: «La Justicia es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico y garantía de nuestros derechos y libertades. (...) La reforma de la Justicia (...) es uno de los temas que más interesan a la sociedad. (...) La reforma de la Justicia es para una significativa mayoría de los encuestados uno de los objetivos más importantes a cumplir en esta legislatura. Esta es la demanda social y ésta es también una prioridad del Gobierno, como planteó el Presidente de Gobierno en el debate de investidura.» Usted apeló al diálogo y me parece muy bien. Apeló a las múltiples reuniones que ha mantenido con las asociaciones profesionales de jueces, fiscales, secretarios, etcétera. Habló hasta la saciedad de la modernización y planteó un plan de reformas en tres etapas, un plan de choque para la agilización de la Administración de la Justicia con el que se pretende dar una solución de urgencia a algunos de los problemas descritos.
No me quiero entretener más en esta cuestión. Es su intervención y son sus palabras. Usted pormenoriza una serie de medidas que pueden ser interesantes para toda España y también para el caso que nos trae.


La señora PRESIDENTA: Su tiempo ha concluido, señoría.


El señor ARROYO HODGSON: Concluyo, señora Presidenta, diciendo que en el sur de la isla de Tenerife, donde viven aproximadamente 350.000 personas, la situación de la Justicia en estos momentos --y a mí me gusta usar sinónimos-- es alarmante, caótica, explosiva, esperpéntica, grave, lamentable y le ruego que haga todos los esfuerzos posibles para solucionarlo.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Tiene la palabra el señor Ministro de Justicia.


El señor MINISTRO DE JUSTICIA (Acebes Paniagua): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Ministerio de Justicia conoce cuál es la situación y la carga de trabajo que existe en los juzgados del sur de Tenerife, y no sólo la conoce sino que debe poner los medios que se encuentran a su alcance para resolverla.
Usted mismo ha reconocido que el 13 de julio pasado hemos creado un nuevo juzgado, el de Primera Instancia e Instrucción número 5 de Arona, que, además, ha entrado en funcionamiento recientemente, el pasado día 17 de diciembre. Con dicha creación se supera ya en tres juzgados la previsión inicial de planta judicial prevista para ese partido.
En cualquier caso --y así lo conoce también el Gobierno de Canarias--, en la programación para el año 2002, que será estudiada en el seno de la Comisión Mixta entre el Ministerio de Justicia y el Consejo General del Poder Judicial, se va a evaluar la posibilidad de crear algún juzgado más en el partido judicial de Arona, si fuese propuesto por el Gobierno de Canarias, porque, como su señoría conoce --aunque le ha faltado mencionarlo-- es el Gobierno de Canarias el que propone la creación de los juzgados y de la reforma de la planta, puesto que tiene las competencias transferidas en materia de Justicia. Cuando ha habido propuestas, se han creado y se han dotado por parte del Ministerio.
Ya le he informado de que para el próximo ejercicio están previstas 49 nuevas plazas de fiscales, de las cuales una puede destinarse como presencia permanente destacada en el sur de la isla de Tenerife, con lo cual estaremos paliando este problema y dotando de medios personales y materiales en lo que respecta al Ministerio de Justicia. Pero también ha de ser en necesaria coordinación y colaboración con el Gobierno de Canarias, adoptando éste las decisiones que le competen, porque, como sabe --insisto--, tiene transferida la competencia sobre dotación de medios materiales de la Administración de Justicia.
Muchas gracias, señor Ministro.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON VICENT BEGUER I OLIVERES; DEL GRUPO PARLAMENTARIO CATALAN EN EL SENADO DE CONVERGéNCIA I UNIO, SOBRE LOS AEROPUERTOS ESPAÑOLES QUE DISPONEN DE RADAR DE TIERRA OPERATIVO (680/000492).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Vicent Beguer i Oliveres, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, sobre los aeropuertos españoles que disponen de radar de tierra operativo.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el accidente que se produjo hace pocas semanas en el aeropuerto de Linate, de Milán, entre una avioneta y un avión de SAS, con un resultado de 118 muertos, puso de relieve la importancia de que muchos aeropuertos de cierta envergadura cuenten con un radar de tierra operativo.
La pregunta es: ¿Qué aeropuertos españoles disponen de radar de tierra operativo? Gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, en España, el de Barajas.
Gracias.


Página 3442


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Beguer.


El señor BEGUER I OLIVERES: Muchas gracias, señora Presidenta.
Muchas gracias, Señor Ministro.
Tanto por la importancia que tienen algunos otros aeropuertos, como el del Prat de Barcelona, el de Palma de Mallorca o los del norte de España por sus deficientes condiciones climatológicas en muchas ocasiones, como por el cúmulo de circunstancias que parece extraño que a veces se produzcan, pero que el día que suceden, como ocurrió en Milán, son ciertamente lamentables, no sólo por los cuantiosos daños materiales sino, lo que es mucho más importante, por los daños humanos, se ve la necesidad de revisar los planteamientos generales de inversiones en aeropuertos. Yo supongo que tanto por el planteamiento que tenga el Ministerio como por el hecho de este accidente, debe haber en estos momentos algún estudio o algún proyecto sobre qué aeropuertos españoles y en qué plazos van a disponer en un futuro de este radar de tierra. Yo le agradecería, señor Ministro, que me lo especificase al máximo posible.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Beguer.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Senador, con muchísimo gusto le explico los planteamientos que está desarrollando el Ministerio de Fomento, a través de AENA, en relación con esta cuestión.
Primero, permítame que le exponga una precisión: el radar de rodadura y tierra no es un elemento básico de seguridad, sino de agilidad en el tráfico, y lo que permite es agilizar las maniobras en la circulación en tierra entre la pista de vuelo y los estacionamientos a través de las plataformas y las calles de rodadura y, evidentemente, cuando desde las torres de control hay alguna dificultad de visibilidad, bien porque hay inmuebles, edificios o hangares interpuestos o bien circunstancialmente por problemas de niebla, ayuda a completar lo que desde el circuito cerrado de televisión se controla desde las torres. Por lo tanto, relacionar directamente seguridad con radares de tierra, no es conceptualmente y desde el punto de vista de la seguridad aeroportuaria lo más indicado. En Milán fallaron otras cosas. No estaba operativo el radar, pero hay otros procedimientos con el mismo nivel de seguridad que hubieran evitado ese accidente, que son los que fallaron, y la comisión de investigación tendrá que determinarlo.
Hasta ahora, para la instalación de los radares de tierra, siguiendo y los procedimientos de la OACI, se analizaban, primero, las condiciones de visibilidad del aeropuerto; segundo, la complejidad del propio aeropuerto, el número de pistas, la posibilidad de las pistas y, tercero, la densidad de los tráficos. Es evidente que, desde el punto de vista de la complejidad del aeropuerto, no es lo mismo un aeropuerto con una pista y una única calle de rodadura, que un aeropuerto con una pista y varias calles de rodadura o que un aeropuerto con más de una pista y varias calles de rodadura. Esta combinación de elementos es lo que determina la conveniencia de aplicar mecanismos más sofisticados de control, entre ellos este tipo de radares. Y de hecho en la combinación de estos factores y en los estudios que AENA tenía en marcha en los últimos tiempos, además de la instalación en Madrid-Barajas, se contempla la instalación en Barcelona, en Tenerife norte, en Palma de Mallorca, en Santiago y en Bilbao. Quiero decirle de paso que cuando aún no estaba en servicio había preguntas parlamentarias sobre el funcionamiento del ILS II/III en el Aeropuerto de Barcelona, y ahora que está ya en servicio permítame que le recuerde que desde el día 4 de octubre el aeropuerto de Barcelona dispone del ILS II/III, junto con el de Santiago y con el de Madrid, que es lo que da mayor capacidad de operación y mayor seguridad en condiciones mínimas de visibilidad. Por tanto, están previstos estos radares para mejorar la regularidad del tráfico en estos aeropuertos.
También debe conocer su señoría, y no me voy a extender en ello, que los criterios de eurocontrol ya están en la generación tecnológica siguiente y que apuestan por el posicionamiento por satélite de los aviones en los aeropuertos. Es exactamente en esto en lo que está trabajando AENA para la modernización definitiva de nuestro sistema aeroportuario.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON FROILAN GERMAN RODRIGUEZ DIAZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA, SOBRE SI EL GOBIERNO TIENE PREVISTO MEDIAR ANTE LA COMPAÑIA IBERIA, LINEAS AEREAS DE ESPAÑA, S. A., PARA EVITAR QUE REDUZCA, A PARTIR DEL DIA 28 DE OCTUBRE DE 2001, EL NUMERO DE VUELOS ENTRE LA PENINSULA Y LA COMUNIDAD AUTONOMA DE CANARIAS (680/000515).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta de don Froilán Germán Rodríguez Díaz, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, sobre si el Gobierno tiene previsto mediar ante la compañía Iberia, Líneas Aéreas de España, S. A., para evitar que reduzca, a partir del día 28 de octubre de 2001, el número de vuelos entre la península y la Comunidad Autónoma de Canarias.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, las informaciones que hace dos días justificaron la urgencia de nuestra pregunta se han ido agravando en las últimas 48 horas. Los datos son los siguientes: La oferta de vuelos semanales Canarias-Península

Página 3443


se reduce de 151 a 117 vuelos semanales, lo que representa una caída del 22,5 por ciento. Los enlaces entre Madrid y La Palma se reducen de siete a tres frecuencias semanales. Este es el caso más grave con una reducción del 57 por ciento de los vuelos. Las conexiones entre Madrid y Fuerteventura se reducen de siete a cuatro trayectos semanales. Se suprimen los cuatro vuelos que enlazaban semanalmente los aeropuertos de Barcelona y Lanzarote. Se eliminan de la programación los enlaces directos entre Málaga y los aeropuertos canarios de Gran Canaria y Tenerife.
A partir del 28 de octubre habrá sólo dos vuelos diarios desde Canarias a Barcelona, uno desde Gando y otro desde Tenerife Norte, mientras se suprimen los vuelos desde Tenerife Sur con destino a Barcelona. Habrá notables reducciones en los enlaces con Madrid. Habrá solamente entre cinco y seis vuelos diarios desde Gran Canaria y desciende la oferta a sólo seis vuelos desde Tenerife desde sus dos aeropuertos. También habrá un descenso en las conexiones con Sevilla. A partir de ahora únicamente habrá cuatro vuelos semanales desde Gran Canaria y tres desde Tenerife.
A estos datos habría que añadir dos más. En la mayoría de estas líneas la ocupación en pasaje supera el 80 por ciento como es el caso de La Palma, que está creciendo además en los últimos meses. En todas, la ocupación de la capacidad de carga es prácticamente del cien por cien. Por tanto, no parecen existir razones objetivas para estos drásticos recortes de los servicios aéreos con Canarias. Por ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Tiene previsto el Gobierno mediar ante la compañía Iberia para evitar que reduzca a partir de este próximo 28 de octubre el número de vuelos entre la península y Canarias? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
No me gustaría en este trámite caer en un debate nominalista de si lo que tiene que hacer el Ministerio de Fomento es mediar o no. Yo preferiría retirar el término y decirle que el Ministerio de Fomento va a ejercer las competencias que tiene atribuidas en el marco de la legislación vigente y en la normativa europea de aplicación al transporte aéreo para éste y para cualquier otro supuesto que afectara a la normalidad de la navegación aérea o del transporte aéreo en España.
Como el Ministerio de Fomento tiene la responsabilidad de ser el organismo regulador en un sistema liberalizado, también le pediría que hiciera un esfuerzo por interpretar la posición del Ministerio, porque el Ministerio no tiene capacidad coercitiva sobre empresas privadas. Iberia no es una empresa pública y no tiene ninguna relación de dependencia de ningún tipo con el Ministerio de Fomento.
Hechas estas aclaraciones, querría darle un dato para que veamos el escenario actual del transporte aéreo en España. Con los últimos datos completos, que son los del mes de septiembre, a lo largo de este año y hasta el 30 de septiembre se registró en los aeropuertos españoles un tráfico de 174.686 aeronaves, que supone un incremento con relación a la misma etapa del año anterior del tres por ciento.
En términos de pasajeros, en septiembre de este año se ha registrado un total de 14.783.000 viajeros, lo que supone, con relación al mismo período, al mes de septiembre del pasado año, un crecimiento del 2,7 por ciento. Esta es la situación real hoy de los escenarios generales del transporte aéreo.
Los datos, por ejemplo, del aeropuerto de Gran Canaria son los siguientes: En septiembre del año 2000 con relación a 1999 el tráfico había crecido un 1,3 y ahora en este septiembre, con relación al mismo período del año 2000, un 0,9. En el caso de Tenerife Sur ha ocurrido lo contrario. Había crecido el año pasado un 0,8 y este año ha crecido un 4,4 por ciento.
El tráfico del aeropuerto de Lanzarote creció un 3,6 el pasado año, y en el mismo período correspondiente a este año ha crecido un 2,6. El de Fuerteventura creció el año pasado un 6,5, y este año, a 31 de septiembre, ha crecido un 3,6. Por lo tanto, nos encontramos en un escenario, no de regresión del tráfico aéreo, sino de desaceleración.
Pero en este momento siguen existiendo crecimientos significativos del tráfico aéreo en los aeropuertos de la península y en los canarios.
En esta situación, lo que debe hacer el Ministerio de Fomento es cumplir con sus obligaciones en el marco de un sistema liberalizado y en una economía de mercado, con unos reglamentos europeos que nos vinculan en cuanto a las reglas de juego.
Debo añadir, además, que en los tráficos Península-Canarias, Iberia representa sólo el 50 por ciento, sin contar los vuelos chárter, representa sólo el 50 por ciento. Por lo tanto, también vamos a contemplar el conjunto de los servicios. Tal vez Iberia decida reducir los servicios --es una posibilidad con vistas a la programación de invierno-- y otras compañías decidan incrementar los servicios con un saldo que no tiene por qué ser negativo a la hora de garantizar las comunicaciones entre la península y Canarias.
Perdóneme, señora Presienta, si doy dos datos más al señor Senador en esta respuesta.
Para tener todos los instrumentos que permitan al Ministerio, como regulador, actuar en estos casos, quiero decirle que el Gobierno es partidario de una aplicación estricta de la norma en materia de asignación de franjas horarias y de retirar a las compañías que no prevean su operación los «slots» históricos no utilizados durante la próxima temporada de invierno 2001-2002 para facilitar su reasignación a otras compañías aéreas.
Y como, además, no hemos desarrollado la normativa sancionadora en relación con el incumplimiento de las franjas horarias y los «slots», el Gobierno está estudiando con urgencia una norma para sancionar el incumplimiento de los preceptos exigidos en el reglamento europeo, en particular que cuando las compañías aéreas no, devuelvan en las fechas previstas las franjas horarias que no vayan a utilizar, de forma que se permita su reasignación a otras compañías aéreas, se apliquen las sanciones previstas en la

Página 3444


normativa europea, lo mismo que las operaciones sin «slot» o fuera del «slot» asignado; y también perseguir el intercambio fraudulento de franjas horarias entre compañías aéreas.
Creo que, con todos estos instrumentos, en la actualidad el sistema de comunicaciones en el marco de la liberalización del transporte aéreo permitirá resolver los problemas de comunicaciones con Canarias que preocupan a su señoría.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Gracias, señora Presidenta.
El señor Ministro quizá haya consumido el tiempo que correspondía a mi turno, pero le agradezco que me lo conceda.
Señor Ministro, entendemos la situación de privatización en que ahora nos encontramos. El escenario es diferente, está claro. Y precisamente esto abunda en mi preocupación porque, aunque se produzca una desaceleración se reconoce que hay un crecimiento de la demanda. Por lo tanto, hablando de forma global, no se justificó la disminución de vuelos y servicios.
Al margen de cualquier otra consideración, espero que la defensa del interés general que suponen las comunicaciones aéreas con Canarias constituya para usted una prioridad como Ministro. Me alegra, además, lo que ha manifestado sobre el ejercicio de la función reguladora del Ministerio, con sanciones, si fuera necesario, por el abandono de «slots» o de franjas horarias.
También desearía confirmar que no hace suyas las palabras del Presidente de Iberia, que nos han preocupado mucho, cuando dice que los vuelos a Canarias son vuelos internacionales con tarifas nacionales. Nos tranquilizaría algo su respuesta ante tanta noticia preocupante para el futuro inmediato de las comunicaciones con Canarias que, como sabe, son de vital importancia para un archipiélago que tiene tanta dependencia de un sector como el turístico y que va a ejercer tanta influencia y va a tener repercusiones en amplios sectores sociales y económicos.
Agradezco, por tanto, su confirmación en este sentido.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.


--DE DON JOAN SABATE BORRËS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL MINISTERIO DE FOMENTO EN RELACION CON LA CONSTRUCCION DE UNA VARIANTE DE CIRCUNVALACION DE LA CARRETERA NACIONAL N-340 A SU PASO POR EL MUNICIPIO DE L'ALDEA (TARRAGONA) (680/000498).


La señora PRESIDENTA: La siguiente pregunta es de don Joan Sabaté Borrás, del Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Ministerio de Fomento en relación con la construcción de una variante de circunvalación de la carretera nacional N-340 a su paso por el municipio de L'Aldea en Tarragona.
Tiene la palabra el Senador Sabaté Borràs.


El señor SABATE BORRËS: Gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus términos precisos.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Sí, señoría, tiene prevista la construcción de la variante de L'Aldea.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
El señor Sabaté tiene la palabra.


El señor SABATE BORRËS: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, dicen que lo bueno si breve dos veces bueno, y su respuesta seguramente ha entrado dentro de esta categoría.
Celebro que su Ministerio tenga prevista la construcción de la variante, pero entenderá, señor Ministro, que es una reivindicación antigua del territorio y nos gustaría conocer los plazos y previsiones.
No le descubro nada si le digo que la carretera nacional N-340 es prácticamente la carretera básica de la Red de Carreteras del Estado en todo el Mediterráneo, que soporta una de las mayores intensidades de tráfico, especialmente en verano, que sólo tiene como alternativa una autopista de peaje, la A-7, con todo lo que esto conlleva, y que sobre todo el paso por el casco urbano de muchas poblaciones representa, sin duda, un problema importante.
En el caso del municipio de L'Aldea --es un caso muy concreto, evidentemente--, la carretera pasa por el casco urbano, tiene tres cruces con semáforos y, además, en dicho casco urbano se produce la confluencia de la carretera autonómica C-42 que da salida a la comunicación de las tierras del Ebro interior, a través de Tortosa, para confluir con la carretera nacional N-340.
La Generalitat de Cataluña está desdoblando la carretera C-42 y, evidentemente, esto se debería completar con una conexión con la carretera nacional N-340, ya con la variante construida y en un nudo de comunicaciones en el mismo entorno de la autopista A-7, lo que daría una salida adecuada a este eje viario que está construyendo el Gobierno autónomo porque, si no, una carretera desdoblada que acaba confluyendo con la carretera nacional, precisamente dentro de un casco urbano y con multitud de cruces con semáforos, evidentemente plantea un serio inconveniente. Si además tenemos en cuenta que el Gobierno de la Generalitat, con todas las fuerzas políticas presentes en el territorio, ha elaborado el plan territorial parcial de las Terras de l'Ebre, donde se prevé, sobre todo en materia de infraestructuras, que esta variante se construya, sería importante

Página 3445


que su Ministerio concretase los plazos y las previsiones presupuestarias, lo cual sería de agradecer.
Muchas gracias, señor Ministro. Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Seguramente ha pasado desapercibido para su señoría que el día 2 de agosto de 2001 el «Boletín Oficial del Estado» recogió el concurso para la redacción del estudio informativo entre Castellón y Hospitalet de l'Infant, que es un tramo de futura autovía que podrá tener --depende del trazado-- entre 125 y 145 kilómetros que incluye, en concreto, el tramo correspondiente a la variante de L'Aldea.
Este estudio informativo ya tiene las ofertas presentadas y en los próximos días o semanas el Ministerio de Fomento adjudicará a la empresa seleccionada el encargo de su redacción con un plazo de doce meses.
Ese es el procedimiento para hacer los grandes corredores de carretera o de autovía, porque aunque su señoría se interese por el tramo de la variante, tiene que entender que hay que enmarcarlo en una transformación del corredor en su conjunto, y eso lo podemos hacer con una visión global en un estudio informativo de todo el tramo del corredor que le acabo de anunciar.
Este estudio informativo, una vez redactado con las distintas alternativas de trazado, y por lo tanto a partir de los doce meses desde su adjudicación, deberá salir a información pública preceptivamente, momento en el que se podrán presentar las alegaciones y las sugerencias en torno a las propuestas que se contengan en el mismo, y que una vez contestadas por el Ministerio, permitirán precisar alguno de los elementos de preocupación como, por ejemplo, las conexiones con la red de carreteras de la Comunidad Autónoma que mejoren el conjunto de circulaciones en la zona. Y a partir de ahí se remitirá el expediente al Ministerio de Medio Ambiente para la correspondiente declaración de impacto ambiental.
Es verdad que en los Presupuestos para 2002 no aparece una partida concreta. Este estudio informativo ha salido a licitación por 388 millones de pesetas; tiene partidas globales genéricas contra las que se cargan los estudios informativos. No habría ningún inconveniente en que cuando lleguen los Presupuestos para su tramitación en esta Cámara, si alguien plantea una desagregación de este estudio informativo vía enmienda, el Ministerio apoyaría que apareciera explícitamente la asignación de la consignación para que no quede ninguna duda.
Finalmente, quiero darle un último dato. Una vez hecho el estudio informativo y tengamos la declaración de impacto ambiental, el orden de selección de los proyectos para esos más de 140 kilómetros se hará en función de las prioridades del tráfico. Por tanto, parece lógico que se dé prioridad a los proyectos de las variantes sobre los proyectos de los tramos interurbanos donde los problemas de congestión sean menores. Creo que podríamos convenir con su señoría en que uno de los proyectos prioritarios, obtenida la declaración de impacto ambiental, repito, sería el de esta variante para empezar a acometer las obras en el plazo más breve posible.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DON TOMAS PEDRO BURGOS BETETA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA POSICION DEL GOBIERNO ANTE LA PROPUESTA DE LA COMISION DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS ACERCA DE LAS RESTRICCIONES A LA CIRCULACION DE VEHICULOS PESADOS (680/000500).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Tomás Pedro Burgos Beteta, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre la posición del Gobierno ante la propuesta de la Comisión de las Comunidades Europeas acerca de las restricciones a la circulación de vehículos pesados.
Tiene la palabra el Senador Burgos Beteta.


El señor BURGOS BETETA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, desde hace tiempo la Unión Europea intenta resolver el problema relativo a las restricciones en la circulación de vehículos pesados que vienen imponiendo varios países.
Recientemente la Comisión ha realizado una propuesta sobre la materia que corregía otra anterior, Está siendo un largo proceso porque, como usted sabe, la propuesta inicial de directiva de 1998 ha tenido un alto grado de discusión. Provocó un importante debate en el Parlamento Europeo, así como en el Comité de las Regiones, y una gran oposición en algunos países. Lo cierto es que el texto actual tiene modificaciones sustanciales con respecto al inicial de hace tres años.
El objeto de la directiva es armonizar las normas existentes en los países de la Unión que restringen la circulación en la red transeuropea de carreteras a fin de que los transportistas puedan organizar adecuadamente sus operaciones de transporte internacional. La directiva intenta abordar un problema importante, cual es el de las limitaciones a la libre circulación de mercancía. Son restricciones sobre un derecho básico, la libre circulación, uno de los pilares de la construcción europea. Esto tiene importantes consecuencias prácticas y más aún en los transportistas procedentes de países periféricos como España.
La planificación del transporte, el cálculo, el coste final del mismo, los efectos sobre el tiempo de trabajo de los transportistas, etcétera, son difíciles de evaluar cuando estamos bajo restricciones de este tipo, lo que sin duda influye en nuestra competitividad. Pero sobre todo, señor Ministro, insisto en que estamos hablando de un derecho fundamental que está siendo afectado por las limitaciones que se nos vienen imponiendo desde disposiciones nacionales.


Página 3446


Por eso quisiera saber, tal y como figura en el texto de mi pregunta, cuál es la posición del Gobierno ante la propuesta de modificación de la directiva de la Unión Europea acerca de las restricciones a la circulación de vehículos pesados.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Beteta.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señor Senador.
Como ha descrito su señoría, España se encuentra entre ese grupo de países, junto con Portugal, Grecia y los Países Bajos, que está intentando alcanzar en el ámbito de la Unión Europea un punto de equilibrio entre los diversos representantes del sector de conductores.
Una parte de ellos aspiran --y entre éstos están nuestros representantes-- a que los fines de semana pueda haber un mínimo de circulación para poder retomar a su país de origen, a sus hogares, en tanto que los países centrales de Europa, fundamentalmente Alemania, Francia, Austria e Italia, invocando el principio de subsidiariedad, reclaman para sí la competencia nacional y se oponen a toda regulación comunitaria de esta materia.
Por tanto, estamos ante posiciones enfrentadas radicalmente. Tengo que decir que la posición española tiene un punto débil, y es que alguna Comunidad Autónoma, concretamente el País Vasco, que tiene competencias plenas en materia de tráfico, practica las mismas restricciones que desde España estamos tratando de modificar en otros países, lo cual no nos proporciona precisamente un argumento de autoridad cuando hay quien nos recuerda que empecemos por arreglar el problema en nuestro territorio.
Dando por sentada esta observación, lo cierto es que la propia Comisaria de Transportes promovió una iniciativa en el seno del Consejo de Transportes; intento que no ha tenido éxito durante el primer semestre de este año bajo la Presidencia sueca, a pesar de que ofrecía muchas más concesiones hacia los países partidarios de las restricciones que hacia los que defendían que hubiera unas franjas horarias para la circulación de camiones durante los fines de semana.
Por razones puramente prácticas, la posición del Gobierno español en estos momentos es la de retomar, en el ámbito de las relaciones bilaterales, la solución de este problema. Porque, mientras no consigamos que modifiquen su posición Francia y Alemania, es inútil plantear en el seno de la Unión Europea un proyecto de directiva que lo resuelva.
En este momento, con la celebración de reuniones de alto nivel entre los dos Gobiernos y entre los Ministerios de Transporte, desde España estamos tratando de buscar argumentos para justificar ante las autoridades francesas y alemanas la conveniencia de que haya unos mínimos corredores que sirvan para atravesar el país en unas determinadas franjas horarias --cuando no se produce ni congestión, ni ruido, ni afectación al medio ambiente-- que pudieran servir de grandes vías de circulación, aunque también hubiese restricciones para algunas mercancías, y poder así garantizar el retorno de los conductores. Esa es la vía posibilista en la que estamos trabajando en estos momentos desde el Ministerio de Fomento.


La señora PRESIDENTA: Muchas, gracias, señor Ministro de Fomento.


--DE DOÑA MARIA DEL CARMEN GONZALEZ RODRIGUEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LAS VENTAJAS QUE PRESENTA LA NUEVA NORMATIVA DE TRANSPORTE ESCOLAR RESPECTO A LA ANTERIOR, DEL AÑO 1983 (680/000501).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María del Carmen González Rodríguez, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre las ventajas que presenta la nueva normativa de transporte escolar respecto a la anterior.
Tiene la palabra la Senadora González Rodríguez.


La señora GONZALEZ RODRIGUEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, desde el 25 de agosto de 1983 están recogidas en un Real Decreto las normas de seguridad aplicables en el transporte colectivo de menores por carretera.
Como es sabido, desde la entrada en vigor de dicho Real Decreto se han producido cambios importantes en el marco legislativo y reglamentario en materia de ordenación del transporte terrestre, de tráfico, de circulación, de seguridad vial, de las normas y de las condiciones técnicas de los vehículos.
Igualmente, la comunidad educativa viene reclamando mayores medidas de seguridad que se adapten a las necesidades actuales, ajustándose también, cómo no, al Reglamento de la Comisión Europea. Los padres muestran especial preocupación a la hora de facilitar el uso del transporte de los alumnos con movilidad reducida y la asistencia de personas adultas que acompañen a esos alumnos en el trayecto, así como por la antigüedad de los vehículos.
Estas y otras muchas normas son necesidades --y así se entiende-- prioritarias en materia de seguridad. Me consta que el Gobierno ha sido muy receptivo a todas estas demandas y que el fuerte compromiso que ha manifestado el Gobierno del Partido Popular, en especial el Ministerio que usted preside, en su intento de garantizar el progreso y la seguridad de todos los ciudadanos ha quedado plasmado en el Real Decreto aprobado el 27 de abril por el Consejo de Ministros.
Señor Ministro, la pregunta que le hacemos es la siguiente: ¿Qué ventajas representa la nueva normativa de transporte escolar respecto a la anterior, de 1983? Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Fomento.


Página 3447


El señor MINISTRO DE FOMENTO (Alvarez-Cascos Fernández): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Senadora, yo creo que son muchas las ventajas que en materia de seguridad ofrece este Real Decreto que deberá ser aplicado, básicamente, por las Comunidades Autónomas, porque contempla de una manera exhaustiva las respuestas a los problemas que se habían venido planteando en los últimos años.
En primer lugar, se eleva la edad de los menores, cuyo transporte es objeto de regulación en estas condiciones de exigencia, de los 14 a los 16 años.
En segundo lugar, la edad máxima de los vehículos se reduce de 18 a 16 años, con excepción de Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla, donde se han tenido en cuenta circunstancias geográficas que hace que los vehículos realicen menos kilómetros. Cada menor deberá ocupar su propia plaza y se prohíbe que tres niños viajen en dos asientos. Se exige la presencia de acompañante, además de en los supuestos anteriores, siempre que el 50 por ciento o más de los viajeros sean menores de 12 años, y la implantación gradual depende de cada Comunidad, pero garantizando que estará implantada en todo el territorio español en el curso 2007-2008.
Se establecen normas mucho más precisas sobre los itinerarios y las paradas. Se regula el acceso y el abandono de los vehículos, exigiéndose en las inmediaciones de los centros escolares que este abandono y acceso se realice bajo vigilancia de personas mayores. Luego se detallan numerosas exigencias técnicas de los autobuses: por ejemplo, una mayor resistencia de la superestructura de los vehículos de gran capacidad; cómo deben ser operadas las puertas por el conductor; qué características deben tener los asientos y cuáles deben tener los asientos no enfrentados al respaldo de otro; las características de los autobuses de dos pisos; las garantías de reserva de plazas para personas de movilidad reducida; los tipos de suelo del vehículo para que no tengan características deslizantes y la existencia de barras o asideros para facilitar el acceso desde el exterior, o también la señalización con colores vivos de los obstáculos.
En su conjunto, la aplicación de esta normativa va a suponer un avance objetivo en materia de seguridad en el transporte escolar.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.


--DE DON MANUEL CAMARA FERNANDEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO MIXTO, SOBRE LAS RAZONES POR LAS QUE EN EL PROGRAMA DE TURISMO SOCIAL DEL INSTITUTO DE MIGRACIONES Y SERVICIOS SOCIALES (IMSERSO) SE ANUNCIA LA REDUCCION DE INSTANCIAS EN LAS ILLES BALEARS, CUANDO EL PROGRAMA GLOBAL AUMENTA DE BENEFICIARIOS (680/000499).


La señora PRESIDENTA: Siguiente pregunta, del Excelentísimo señor don Manuel Cámara Fernández, del Grupo Parlamentario Mixto, sobre las razones por las que en el programa de turismo social del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales, IMSERSO, se anuncia la reducción de instancias...
en las Illes Balears, cuando el programa global aumenta de beneficiarios.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro, el saldo por turismo no deja de crecer en España en términos generales --los siete primeros meses del año ha crecido un 12,5 por ciento por encima del año pasado-- y Baleares representa el 26 por ciento del turismo global en este país. El turismo es el motor de nuestra economía, representa el bienestar de muchos ciudadanos y ciudadanas de nuestra Comunidad Autónoma y la mayoría del empleo. Pero hay problemas, la estacionalidad es uno de ellos, por lo que prolongar la temporada turística es fundamental y esencial para la propia economía y el empleo en nuestra Comunidad Autónoma. Diversificar, por tanto, la oferta es esencial para luchar contra esa estacionalidad.
El programa de vacaciones del IMSERSO es una parte pequeña del conjunto del turismo que llega a mi Comunidad, pero es importante y significativa para algunos hoteles y en general, como decía antes, para el empleo.
Según la información que yo poseo --si usted me la corrige será estupendo--, el programa actual del IMSERSO ha crecido globalmente y sin embargo --lo digo para aclarar la confusión en la lectura-- parece ser que puede disminuir en 50.000 instancias menos --instancias son días por persona en un hotel--, lo que, según he calculado, serían aproximadamente 3.000 turistas menos del IMSERSO que vendrían a Baleares.
La pregunta es para que usted me la responda y me lo pueda aclarar.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Muchas gracias, señora Presidenta.
Evidentemente hemos tenido la misma duda semiológica la señora Presidenta y yo, porque instancia es solicitud, al menos diccionario de la Real Academia en mano. Estancia es el concepto al que usted se ha referido, y como algún grado de intuición seguimos manteniendo en el Ministerio, no tendré ningún inconveniente en responderle después por su orden.
En cuanto a las instancias, apenas han sido 400 las solicitudes menores que se han producido en los ejercicios que su señoría cita, y la explicación es simple: la propia Comunidad de Baleares ha puesto en marcha un programa que ha tenido aproximadamente una capacidad para 450 personas. Yo no me complicaría mucho la vida en cuanto a ese dato.


Página 3448


Si se refiere, en general, al programa que desarrolla el IMSERSO --del que no podemos olvidar que tiene una vocación claramente nacional y que tiene que prestar atención equilibrada a todos los territorios españoles--, debo decirle que el número total de plazas ha ascendido a 400.000, una cifra semejante a la del año pasado y que el presupuesto se ha incrementado en 250 millones de pesetas aproximadamente.
Respecto a si ha habido importantes oscilaciones en lo que concierne a la Comunidad Autónoma de Baleares, y sosteniendo el dato que usted aportaba de que representa aproximadamente el 27 ó 29 por ciento del turismo nacional, le diré que mantiene el 37 por ciento de las estancias de todo el programa. No creo que quepa hablar de que haya una infrautilización de la red turística de Baleares; antes al contrario, sigue manteniendo una posición realmente importante porque 1.837.864 de las estancias del Imserso se han llevado a cabo en Baleares.
Insisto en que no debemos perder de vista esa vocación de ampliación a otros territorios y otras modalidades porque, sin duda ninguna, también conocerá su señoría que se han puesto en marcha programas como los de hidrotermalismo y turismo rural, que obligan a una razonable diversificación para atender, entre otras cosas, los propios criterios y preferencias que manifiestan los usuarios de este programa.
La ligera disminución en las cifras que usted manejaba obedece al uso de una segunda modalidad, la de ocho días, que ha sido una de las preferencias expresadas por los propios interesados y, situado en términos porcentuales, no alcanza siquiera el 3 por ciento, es sólo el 2,95 por ciento.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Aunque ha aclarado el tema, el problema fundamental que yo quería destacar es el de la disminución o aumento. Yo no le he hecho esta pregunta con el fin de competir con el turismo de interior, porque soy consciente de que hay que repartirlo en todo el Estado --e incluso creo que está muy bien--, simplemente le he formulado la pregunta porque la economía turística en Baleares está haciendo un esfuerzo contra la estacionalidad, de manera que se produzca la apertura de hoteles y, por tanto, de empleos, sobre todo de fijos discontinuos; sin embargo, la disminución de ese tipo de turismo viene en contra de esa pelea contra la estacionalidad tremenda que tenemos en Baleares y, por tanto, incluso supone un coste mayor para las arcas del Estado en prestaciones sociales de subsidios o de desempleo. Al margen de ello, el problema está en que se pueda producir el cierre de algunos hoteles por una disminución del turismo, lo que supondría un serio perjuicio y, por tanto, un paso atrás.
Espero que en el futuro tenga usted el máximo de sensibilidad con el fin de que, entre todos, podamos conseguir el objetivo deseado porque, aunque la economía de Baleares es muy buena --con crecimientos normalmente por encima de la media--, tenemos problemas estructurales, entre ellos el de la estacionalidad, que afectan enormemente al empleo y, por tanto, el turismo del IMSERSO viene a representar una ayuda inestimable para la economía y el empleo en Baleares.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Tiene la palabra el señor Ministro de Trabajo y Asuntos Sociales.


El señor MINISTRO DE TRABAJO Y ASUNTOS SOCIALES (Aparicio Pérez): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, evidentemente sensibilidad no nos va a faltar para intentar proteger al máximo todos los puestos de trabajo existentes en el sector turístico, y cuando digo todos, lo hago con igual afecto hacia las Islas Baleares que hacia otras zonas de indudable importancia turística o incluso hacia las zonas emergentes --por las que también se han interesado muchas de sus señorías--, que son diversificadoras, como pueden ser los programas de turismo rural o los de hidrotermalismo.
Insisto en el hecho de que frente al mismo dato porcentual de volumen global turístico que representa Baleares, no creo que pueda hablarse de desatención desde el IMSERSO puesto que un 37 por ciento es claramente superior al 25 ó 27 por ciento que usted citaba.
En segundo lugar, no busque solamente en el exterior algunas de las razones por las que el turismo de Baleares pueda estar estancándose o resintiéndose porque su señoría conoce perfectamente que se ha demostrado que algunas de las decisiones adoptadas por el Gobierno de Baleares --especialmente en cuanto al encarecimiento por vía fiscal o parafiscal-- pueden ser algunos de los elementos que crean dificultades objetivas al funcionamiento del turismo de Baleares. Me parece que, a veces, no hay que buscar las causas tan lejos de casa. (El señor Cámara Fernández pronuncia palabras que no se perciben.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Ministro.


--DE DOÑA INMACULADA LOROÑO ORMAECHEA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES NACIONALISTAS VASCOS, SOBRE LAS PAUTAS QUE ESTA SIGUIENDO ACTUALMENTE EL GOBIERNO RESPECTO A LA UTILIZACION DE DERIVADOS DEL CANNABIS PARA USOS TERAPEUTICOS (680/000496).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de doña Inmaculada Loroño Ormaechea, del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, sobre las pautas que está siguiendo actualmente el Gobierno respecto a la utilización de derivados del cannabis para usos terapéuticos.
Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.


Página 3449


Señora Ministra, la pregunta queda formulada en los términos expuestos por la Presidencia.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, las pautas que está siguiendo el Gobierno respecto de la utilización de derivados del cannabis para usos terapéuticos no pueden ser otras que las que permite la legislación vigente. En este sentido, y dado que actualmente el cannabis y sus derivados no forman parte de ninguna especialidad farmacéutica autorizada en España, su empleo con fines terapéuticos debe ajustarse a alguna de las siguientes opciones: importación de medicamentos extranjeros, uso compasivo o ensayos clínicos.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Loroño.


La señora LOROÑO ORMAECHEA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, estoy totalmente de acuerdo con la respuesta que me ha facilitado, pero la pregunta viene formulada precisamente a raíz de un debate mantenido recientemente en esta Cámara, concretamente el pasado día 10 de octubre, tras una moción presentada por el Grupo Parlamentario Mixto. A lo largo de dicho debate se dio a entender, de alguna forma, que el Ministerio de Sanidad no estaba actuando de acuerdo con lo que acaba usted de plantear.
Me explico. Existen actualmente numerosas líneas de investigación abiertas para la delimitación de cuáles pueden ser los efectos terapéuticos de los derivados del cannabis. En estos momentos todos sabemos que está totalmente demostrado que el cannabis tiene una función muy específica, sobre todo para pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia para quienes los tratamientos convencionales utilizados para suprimir los efectos colaterales de los mismos no están dando resultado, motivo por el cual se está utilizando el derivado del cannabis como antiemético para suprimir y reprimir los vómitos, lo cual está incidiendo de forma notoria en una mejora de la calidad de vida de estas personas, y entiendo --y considero que también el Ministerio-- que en la calidad asistencial de las mismas. De otra forma no se entendería cómo el Ministerio de Sanidad, junto con la Consellería de Sanidad de la Generalitat de Cataluña, ha dado una serie de pasos y realizado determinados trámites, a raíz de una proposición no de ley aprobada en el Parlamento catalán, en aras de poder impulsar --así lo entiendo-- la utilización de los derivados del cannabis, y concretamente de una de las especialidades farmacéuticas actualmente comercializadas, el Nabilone, para su prescripción a través de especialistas a pacientes sometidos a tratamientos de quimioterapia en los que los tratamientos convencionales no están dando resultado.
Por otro lado, señora Ministra, y aun entendiendo que desde el Ministerio ya se están dando pasos para potenciar la utilización de derivados del cannabis en situaciones muy concretas y, por supuesto, con fines terapéuticos, basándose en ensayos clínicos y, por tanto, en hechos concretos y demostrados en los que se ha planteado que existe eficacia, le pediría, como representante del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos que soy, que de alguna forma impulsara los trámites para poder autorizar dichos derivados en aquellas situaciones en las que está totalmente demostrada la eficacia de los mismos, y que lo haga incluso a través de un instrumento del que, usted, dispone, el Consejo Interterritorial de Salud, donde, con el conjunto de los consejeros de las distintas Comunidades Autónomas, se podrían sentar las bases para su regulación y utilización, así como para el control en su consumo, insisto, siempre con fines absolutamente terapéuticos, pues entiendo que la finalidad y uno de los objetivos del Ministerio es buscar la calidad asistencial de los usuarios del sistema de salud y, por tanto, la calidad en salud de las personas afectadas por distintas problemáticas.
Nada más, y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Loroño.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, le debo confesar que no entiendo el fondo de la pregunta, porque creo que compartimos el cien por cien del planteamiento.
En primer lugar, en España existe ya la fórmula de utilizar medicamentos y fármacos de derivados del cannabis. En España ningún laboratorio ha presentado ninguna fórmula para ser autorizada por la Agencia Española del Medicamento, por tanto, son medicamentos que funcionan en otros países, o bien en la Unión Europea o bien fuera de la Unión Europea, que son el Dronabinol y el Nabilone. ¿Cómo funcionan cualquiera de los dos? El médico pide la autorización para la importación de este medicamento.
Esto funciona ya perfectamente en el Sistema Nacional de Salud, pero tiene que haber un médico y un centro sanitario u hospital que pida la importación de este medicamento. Cuando se pide, se autoriza.
Por otro lado, es cierto que hay análisis y ensayos clínicos en torno a la utilización de estos derivados, porque en líneas generales, todavía no se ha demostrado la eficiencia y la eficacia terapéutica del cannabis, y se están haciendo ensayos clínicos, en Europa, muchos; en otros países al margen de la Unión Europea, también. En España se presentaron dos peticiones de ensayos clínicos, uno con Dronabinol en administración intramural en pacientes con glioblastoma multiforme recidivante en mayo del 2001, y otro con Dexabinol para el tratamiento intravenoso de pacientes con traumatismo craneoencefálico grave, en junio del año 2001.


Página 3450


La Agencia Española del Medicamento ha tenido que analizar si la investigación ciertamente es seria, tiene los contenidos científicos adecuados, y la Agencia Española del Medicamento ha autorizado estos dos ensayos clínicos, que son los primeros que se hacen en España. Insisto, ensayos clínicos que también se están haciendo en otros países de la Unión.
Por último, en España también se permite la utilización de medicamentos sin autorización, que son ensayos clínicos realizados en algún otro país, o bien la utilización de algún medicamento que no está especificado para ese tratamiento pero y respecto del que, sin embargo, el médico entiende que puede ser aplicado para ese paciente. En ese caso necesita el visto bueno del paciente y la petición del médico del centro sanitario donde está ubicado ese médico, y la Dirección General de Farmacia lo autoriza.
Tanto en el procedimiento de fármacos ya en el mercado, fuera de España, como en el procedimiento de medicamentos en ensayos clínicos en otros países, es necesario solicitarlo, y cuando se pide, se hace.
Respecto al tercer punto, que son los ensayos clínicos, en España han sido ya autorizados dos en estos últimos días. En esto, como en otras cuestiones, creo que estamos al nivel adecuado de investigación y de aplicación de fármacos para conseguir el objetivo que usted y yo compartimos, que es curar la enfermedad y una mejor calidad de vida para nuestros pacientes. Estoy convencida y espero que estos ensayos que se están realizando consigan el objetivo de salvar vidas.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.


--DE DON DIEGO LADISLAO CASTELL CAMPESINO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA APORTACION DEL NUEVO SISTEMA DE FINANCIACION AUTONOMICA A LA FINANCIACION SANITARIA (680/000505).


La señora PRESIDENTA: La pregunta del señor Castell Campesino, ha sido retirada.


--DE DON FRANCISCO ARNAU NAVARRO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI HA TOMADO ALGUNA MEDIDA EL MINISTERIO DE SANIDAD Y CONSUMO PARA HACER FRENTE AUN EVENTUAL ATAQUE CON LA BACTERIA ANTRAX (680/000513).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Francisco Arnau Navarro, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si ha tomado alguna medida el Ministerio de Sanidad y Consumo para hacer frente a un eventual ataque con la bacteria Antrax.
Tiene la palabra el Senador Arnau.
El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Doy por formulada la pregunta en sus propios términos, señora Ministra.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Arnau.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador, en primer lugar, el Ministerio de Sanidad ha realizado el Plan de Respuesta de Salud Pública y de Asistencia Sanitaria ante posibles, casos, plan que ha sido enviado a todas las Comunidades Autónomas y a la red del Insalud. Se han definido los recursos sanitarios en colaboración con la Sanidad Militar. Estos recursos, como no podía ser de otra manera, se han puesto a disposición de la Dirección General de Protección Civil del Ministerio del Interior, y se ha constituido un Comité de Expertos en agresiones NBQ (nucleares, biológicas y químicas), formado por facultativos de reconocido prestigio tanto del Insalud, de todo el Sistema Nacional de Salud, como de hospitales y centros militares. Este Comité es el que ha elaborado los protocolos que han sido distribuidos a todo el Sistema Nacional de Salud.
Al mismo tiempo se ha activado de forma especial la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señora Ministra.
Tiene la palabra el Senador Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Lo que ocurre, señora Ministra, es que esa respuesta la han dado usted o su Ministerio muy tarde y muy mal. Muy tarde, si comparamos con otros países, por ejemplo el I Protocolo de Actuación en el Reino Unido se dio el mismo día 11 de septiembre, es decir bastante antes que usted. Usted ha empezado a actuar la semana pasada, el 18 de octubre, el pasado jueves.
En España, las únicas explicaciones que recibieron los usuarios del Sistema Nacional de Salud derivaron de los periódicos, de los medios informativos. Señora Ministra, lo ha hecho usted muy mal; lo ha hecho fatal. Una vez más, tal y como usted hacía cuando estaba en la oposición, antepuso usted lo superficial al rigor, y cuando esto ocurre surge la desconfianza. Mire usted, la primera reacción de los ciudadanos, de los españoles ante cualquier instrucción suya no es la de atenderla, no es la de prestarle atención, señora Ministra; la reacción es una exclamación; simplemente: ¡Dios nos pille confesados! Porque los ciudadanos nos exigen rigor, nos exigen sencillez, no tesis doctorales, pero también nos exigen seguridad, coordinación e información. Coordinación que ha faltado, usted lo sabe perfectamente, y esto ha sido denunciado desde los medios informativos.
Desde Sanidad usted no está dando la debida respuesta a todas estas necesidades y a estos principios, por lo que al

Página 3451


riesgo hipotético de una amenaza del bioterrorismo se añade el riesgo real de tenerla a usted como Ministra. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Usted, señora Villalobos, es sencillamente un riesgo añadido. Sí, no se ría, porque encima se está riendo usted, con lo cual recalca las afirmaciones de superficialidad que le estoy señalando.
(Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.) Le voy a citar --tengo aquí el recorte-- al profesor Lian Donaldson, del Servicio Nacional de Salud británico, Dijo lo siguiente hace unos días: el ántrax no es particularmente una buena arma biológica, pero es una potente y exitosa arma psicológica. Por eso usted, la Ministra de Sanidad de todos los españoles, para reforzar seguramente nuestro equilibrio psicológico, lo que hizo fue definir la enfermedad como una gripe, y por eso nos prohibió ir a los servicios de urgencia, para no colapsarlos.
Señora Ministra, realmente no todo es tan malo; tampoco conviene exagerar. Estuvo usted acertada el pasado domingo, cuando dijo: «no voy a hablar más de estas cosas». (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es lamentable, señora Ministra, que usted que tiene por misión prevenir la enfermedad de los españoles, se tenga que imponer esa autocensura, pero bienvenida sea la autocensura si con ella ganamos en seguridad y ganamos en salud todos los españoles. Le voy a decir más: déjese aconsejar por los expertos; déjese aconsejar por los técnicos en medicina preventiva y, repito, ganaremos así todos los españoles.
(Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arnau.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Arnau, escuchándole, si yo fuera un ciudadano, cogería el pasaporte y me iría de este país; menos mal que no es usted Ministro de Sanidad (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.), porque desde luego no hay mejor forma de crear alarma que hacer lo que usted hace; no sé si es que le gusta a usted hacer reír a sus compañeros. Si el papel que le han dejado en su partido es el de payaso, es su problema, no el mío; lo digo sinceramente. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) La censura no me gusta para nadie, y como comprenderá para mí tampoco.
Este país tiene un sistema sanitario del nivel más alto de todos los países desarrollados, y no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud. Tenemos los mejores médicos de asistencia primaria que tiene cualquier país de la Unión Europea o país desarrollado, y no lo digo yo, sino que lo dice la Organización Mundial de la Salud.
En lo que respecta a los expertos, lógicamente cuando yo hago declaraciones, tengo detrás el informe de un experto, porque yo podré utilizar un lenguaje simple, que no sé muy bien si al final les gusta o no les gusta, pero irresponsable no soy. A usted le encantaría que lo fuera, pero no lo soy, y detrás hay informes científicos. Desde asociaciones de médicos, desde sociedades científicas, desde el Consejo de colegios de médicos y en el propio documento de la red de alerta, se dice claramente cuáles el sistema, señor Senador, y es acudir a su médico de cabecera. Ese es el primer consejo que hay que darle a un ciudadano, porque las redes de alerta están en marcha; porque el Ministerio de Sanidad ha cumplido la obligación que le corresponde en un proceso de esta naturaleza. Un proceso en el que no se ha producido ningún caso de carbunco derivado de una guerra bacteriológica, sí los casos conocidos que se producen en el campo español, cada vez con menos frecuencia, porque, como usted sabe, sigue siendo una enfermedad de declaración obligatoria.
Todo el mundo en España sabe qué es el carbunco, y usted y actitudes como la suya es lo que pueden provocar una cierta alarma. Menos mal que le hacen poco caso, señor Senador. En España el Gobierno ha tomado, en colaboración con las Comunidades Autónomas que asumen estas competencias, las medidas que se tenían que tomar, y ha hecho llegar los protocolos adecuados. No conozco ningún médico de asistencia primaria ni especializada que no sepa, mucho antes de que este Ministerio le mande un protocolo, qué es el carbunco. Ahora, si usted me quiere comparar al sistema sanitario inglés, quiero decirle, señor Senador, que no, porque el sistema sanitario inglés viene aquí a aprender de nosotros, y no al revés. Y si usted entiende lo que dice el experto, el señor Donaldson, respecto a que el ántrax o carbunco no es una enfermedad peligrosa, porque efectivamente no lo es, usted la está convirtiendo en peligrosa, señor Senador. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

--DE DOÑA MARIA ANTONIA MARTINEZ GARCIA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI VA A PERMITIR EL GOBIERNO QUE NO SE DETERMINE EL FOCO EMISOR Y LAS CONSIGUIENTES RESPONSABILIDADES DE LA EPIDEMIA DE LEGIONELLA, PADECIDA EL VERANO DEL PRESENTE AÑO 2001 EN MURCIA (680/000514).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de la excelentísima señora doña María Antonia Martínez García, del Grupo Parlamentario Socialista, sobre si va a permitir el Gobierno que no se determine el foco emisor y las consiguientes responsabilidades de la epidemia de legionella, padecida el verano del presente año 2001 en Murcia.
Tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, según declaraciones de representantes del Centro Nacional de Epidemiología, de los 46 brotes de legionelosis habidos en España desde el año 1989, en el 82

Página 3452


por ciento de los casos se han detectado los focos emisores. Sin embargo, en Murcia no parece que vaya a ocurrir lo mismo, pues se acaba de cerrar una investigación del brote de legionelosis más importante de los conocidos hasta ahora, y que ha ocasionado en la ciudad de Murcia más de 800 enfermos, como mínimo ocho muertos, siendo calificado como normal el hecho de que no pueda determinarse ese brote. Ese es el motivo por el que le formulo la pregunta en los términos expresados por la señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
Señoría, el Gobierno, dentro de las competencias que tiene encomendadas, ha cumplido con sus responsabilidades y funciones en relación con la legionellosis.


La señora PRESIDENTA: Gracias; señora Ministra.
Tiene la palabra la Senadora Martínez.


La señora MARTINEZ GARCIA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señora Ministra, su respuesta es como la investigación que se ha hecho: decepcionante. La señora Ministra, y como tal me dirijo a usted, es la máxima responsable sanitaria del Sistema Nacional de Salud y tiene competencias para hacer muchas más cosas. Su Ministerio tiene competencias en relación a la fase previa del brote, durante el brote y después del brote. Buena prueba de ello es que hace poco aprobó el Real Decreto que fija los criterios higiénico-sanitarios para controlar y prevenir la legionellosis, que durante el proceso de detección del brote ha ayudado el Instituto Nacional de Salud Carlos III y, también, que han sido los servicios del Insalud, por lo que la felicito, los que han atendido magníficamente a los pacientes y han paliado esta enfermedad de una forma radical e inmediata produciéndose tan pocas muertes, ya que se podían haber producido muchas más. Como también es evidente que sigue teniendo competencias después de producirse el brote, ya que es precisamente el Instituto Nacional de Salud Carlos III, a través del Centro Nacional de Microbiología, el que está haciendo todo el análisis, que ha sido la base fundamental para decir que no se puede determinar el foco emisor y que, además, es normal.
Señora Ministra, yo no le voy a decir que es usted irresponsable, desde luego competente sí es y responsable espero que no. Yo lo que le pido, señora Ministra, es que siga adelante e impulse la investigación de la determinación de este foco emisor, por varias razones. En primer lugar, porque hace falta que los que han sido afectados tengan a quién dirigirse a la hora de pedir responsabilidades, es decir, que puedan exigirles las responsabilidades habidas por los daños que han sufrido. En segundo lugar, por traer seguridad no sólo respecto a esta situación sino para las futuras que se puedan plantear en relación a una enfermedad como ésta. Y, en tercer lugar, señora Ministra, para que no dé usted una patente de corso a los infractores de las propias normas que usted patrocina. No se puede decir, como usted declaró en Murcia el pasado lunes, que es normal que no se detecte el foco emisor, porque lo que está usted diciendo a los que son responsables --tal como figura en el Decreto--, que son los propietarios, los titulares de las torres emisoras y de los focos que no cumplen las condiciones higiénico-sanitarias debidas, es que es normal que no se detecte el foco. Los expertos en los que usted debe confiar dicen que sí se puede, que hacen falta pruebas complementarias.
Por tanto, lo que le pido, señora Ministra, lo que le exijo es que ponga en marcha lo que se hizo en Valencia, es decir, que se recomiende, que se impulse, que se pida, que se siga adelante con la investigación y que se dilucide no sólo el foco emisor de este brote tan trágico, sino también quiénes son los responsables del mismo.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Martínez.
Tiene la palabra la señora Ministra de Sanidad y Consumo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Muchas gracias, señora Presidenta.
La verdad es que usted tiene una enorme experiencia --muchísima más que yo, lógicamente-- en lo que significan las competencias de una Comunidad Autónoma. Usted ha presidido el Gobierno regional de Murcia. Por tanto, usted sabe perfectamente de quién son las competencias en salud pública. Entre 1980 y 1986 se transfirió la salud pública en su totalidad a todas las Comunidades Autónomas, a todas; territorio Insalud y no territorio Insalud. Por tanto, lo que ha hecho el Ministerio es lo que puede hacer dentro de sus competencias.
En primer lugar, usted reconoce que este Ministerio ha desarrollado unas normas de aplicación nacional para el control y la vigilancia de este problema ocasionado por la legionellosis. Porque nos las han pedido las Comunidades Autónomas. Es competencia de las Comunidades Autónomas, señoría --insisto, competencia de las Comunidades Autónomas--. Y ha sido la reunión sectorial de Directores Generales de Salud Pública la que ha pedido al Ministerio --insisto, el conjunto de Directores Generales-- que elaboráramos una norma igual para todos. Y lo hemos hecho en un tiempo récord y apareció en el «Boletín Oficial del Estado» en un tiempo récord.
Es de aplicación en todo el territorio nacional, pero quienes tienen que aplicarla y quienes tienen que sancionar son las Comunidades Autónomas, señoría --insisto, las Comunidades Autónomas--, no el Gobierno.
¿Qué puede hacer el Gobierno, el Ministerio de Sanidad en lo concerniente a la legionellosis? En Murcia y en Andalucía, señorías; en Huelva y en Almería, en los dos casos, y en Navarra, y en aquellos que surjan, ¿qué hace el Ministerio de Sanidad en uso de sus competencias? Poner a disposición de la Comunidad Autónoma todos los científicos, es decir, el Instituto Carlos III en su totalidad; poner a disposición de la Comunidad Autónoma todos los instrumentos

Página 3453


científicos y técnicos de que dispone el Ministerio para ayudar a esa comunidad a resolver un problema.
Eso es lo que hemos hecho tanto en Murcia como en Andalucía. La diferencia está en que Murcia aceptó que fueran dos técnicos y Andalucía no se ha dado por aludida, porque Andalucía ni siquiera ha reconocido que ha tenido un brote, que ha tenido un problema. Pero eso es cuestión de la Comunidad Autónoma de Andalucía, no mía. (Fuertes protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Volvamos a Murcia. Serénense, por favor. (Continúan las protestas en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Es que ha habido casos en Huelva y en Almería y lo han tenido que reconocer los enfermos y el Consejero de Sanidad ha dicho que es mentira, señorías. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--La señora Aránega Jiménez: ¡Pero no era un brote!) Volvamos a Murcia. (Fuertes protestas desde los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.) Señora Presidenta, ¿volvemos a Murcia?

La señora PRESIDENTA: Señora Ministra, ha consumido su tiempo.
Termine por favor.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): ¿Puedo continuar? Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: No. Puede terminar porque ha consumido su tiempo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Pero si no me han dejado terminar. (El señor Laborda Martín: No hemos preguntado por Andalucía.) Le pido 30 segundos.


La señora PRESIDENTA: Señora Ministra, por eso le ruego que concluya, porque le han interrumpido, pero está fuera de tiempo.


La señora MINISTRA DE SANIDAD Y CONSUMO (Villalobos Talero): Si me autoriza, señora Presidenta, por supuesto, concluyo.
Volvamos a Murcia. El Gobierno de Murcia ha actuado de forma absolutamente eficaz y transparente.
En segundo lugar, se refiere usted a los resultados de la investigación.
En Murcia dije lo mismo que estoy diciendo ahora. Según el Instituto Carlos III, que ha investigado ese brote, porque es un brote, efectivamente, como los que se han producido este año en Navarra y en en Andalucía, el informe de los científicos dice, señoría --fecha, 24 de octubre--: No se han demostrado microbiológicamente las fuentes de infección causantes del brote. No obstante --es lo mismo que dije en Murcia--, la investigación ambiental continúa en curso. No se ha cerrado la investigación, señoría. Se sigue investigando. Lo mismo que dije en Murcia respondiendo a una pregunta se lo digo aquí. Ahora comprendo por qué ha dejado usted de ser Presidenta de la Comunidad Autónoma. (Aplausos en, los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señora Ministra.


--DE DON PEDRO JOSE PEREZ RUIZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL OBJETIVO DE LA FIRMA DE UN CONVENIO ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSIDAD COMPLUTENSE DE MADRID, PARA LA EVALUACION Y GESTION DEL RIESGO AMBIENTAL DE LOS ORGANISMOS MODIFICADOS GENETICAMENTE (OMG) (680/000502).


La señora PRESIDENTA: Pregunta del excelentísimo señor don Pedro José Pérez Ruiz, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de Madrid, para la evaluación y gestión del riesgo ambiental de los organismos modificados genéticamente (OMG).
Tiene la palabra el Senador Pérez Ruiz.


El señor PEREZ RUIZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Ministro de Medio Ambiente, realmente la sociedad española sabe y está viendo cómo desde la llegada al Gobierno del Partido Popular, presidido por don José María Aznar, los temas medioambientales en nuestro país tienen una calificación diferente, y por eso la sociedad, este Senador y el Grupo que representa se sienten muy orgullosos de tener unos directivos como los que tenemos y un Ministro como el que tenemos para poder seguir actuando con sensatez con respecto a lo que es el medio ambiente, y por eso, «manque le pese», como decimos algunos en mi tierra, estamos muy contentos con ellos. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Tengo que decirle, señor Ministro, que he observado con agrado un acuerdo del Consejo de Ministros de mayo de este año que hace referencia a su Ministerio, que considero de gran importancia para nuestro medio ambiente y por lo que creo que estamos siempre, desde que gobierna el Partido Popular, dando respuesta a los problemas actuales y futuros, a la vez que cumpliendo con los compromisos adquiridos en foros regionales, nacionales e internacionales, como son la Directiva Comunitaria 90/219 del Consejo de la Unión Europea, la Directiva 98/81 de la Comisión del 26 de octubre de 1998 y también con el principio 15 de la Declaración de Río sobre Medio Ambiente y Desarrollo. También, ¡cómo no!, a la Ley de 1994, por la que se establece el régimen jurídico de utilización cofinanciada y liberación voluntaria de la comercialización de los organismos genéticamente modificados, los OGM, con el fin de prevenir los riesgos para, la salud humana, y el medio ambiente.


Página 3454


Quisiera preguntarle, señor Ministro, con respecto a ese acuerdo del Consejo de Ministros, cuál es el objetivo perseguido con la firma de dicho convenio entre el Ministerio, de Medio Ambiente y la Universidad Complutense de Madrid para la evaluación y gestión del riesgo ambiental de los organismos genéticamente modificados.
Muchas gracias, señora Presidenta.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señoría, el objetivo general del convenio es proporcionar al Ministerio de Medio Ambiente la cobertura científica necesaria en materia de evaluación y control de riesgo de los OGM.
Los objetivos concretos en los que se centra este convenio son: Primero, estudiar la información existente relativa a las notificaciones de actividades con organismos modificados genéticamente, con el objeto de asesorar a la Comisión Nacional de Bioseguridad.
En segundo lugar, elaborar informes técnicos de evaluación de riesgo de las actividades de utilización confinada, liberación voluntaria y comercialización de OGM, proponiendo en cada caso las condiciones y requisitos específicos que deben cumplir los notificadores de estas actividades.
En tercer lugar, elaborar informes de evaluación de riesgo medioambiental de la comercialización de nuevos medicamentos veterinarios tal como se requiere a petición de la Agencia Europea del Medicamento.
En cuarto lugar, contribuir a la elaboración de informes periódicos sobre la situación en España de las actividades llevadas a cabo con OGM en cumplimiento de las normas comunitarias y las de la legislación española.
Usted sabe que en estos momentos se está tramitando una nueva directiva europea en este sentido.
En quinto lugar, contribuir al desarrollo de los documentos técnicos sobre evaluación de riesgo para el medio ambiente que se elaboren en los marcos de la Unión Europea y de la OCDE. En sexto lugar, realizar propuestas para la inclusión de sistemas de cuantificación del riesgo ambiental.
Por último, el convenio pretende colaborar con la traducción de determinados expedientes y documentos técnicos con la finalidad de cumplir con las obligaciones de información a la Comisión Europea establecidas en directivas para su difusión en España a expertos y al público en general.
Conviene recordar, en cualquier caso, señoría, que el principio general de la transparencia y de la precaución deben seguir guiándonos dentro de la política respecto de los OGM.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
¿Va a hacer uso de la palabra, Senador Pérez? (Denegaciones.) Muchas gracias.
--DE DON JESUS FERNANDEZ LOPEZ, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE EL OBJETIVO DE LA FIRMA DE UN CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y EL CENTRO DE ESTUDIOS Y EXPERIMENTACION DE OBRAS PUBLICAS (CEDEX), PARA LA REALIZACION DE UN ESTUDIO ACERCA DE LA SITUACION DE LA REUTILIZACION DE AGUAS RESIDUALES URBANAS DEPURADAS EN ESPAÑA (680/000503).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Pregunta del excelentísimo señor don Jesús Fernández López, del Grupo Parlamentario Popular en el Senado, sobre el objetivo de la firma de un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), para la realización de un estudio acerca de la situación de la reutilización de aguas residuales urbanas depuradas en España.
Tiene la palabra el Senador Fernández López.


El señor FERNANDEZ LOPEZ: Gracias.
Señor Presidente, señor Ministro, señorías, siguiendo la firma de convenios y dentro de la filosofía que inspira el Plan Hidrológico Nacional para fomentar el ahorro del agua, el Consejo de Ministros autorizó, en su reunión de fecha 7 de septiembre de 2001, un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX) para la realización de un estudio sobre la situación de la reutilización de aguas residuales urbanas procedentes de depuradoras.
Este convenio tendrá una duración de cuatro años y su importe asciende a 90 millones 74.000 pesetas. Dado que la demanda de agua es cada día mayor en España parece conveniente y necesario que se realicen cuantos estudios sean precisos en orden a conseguir un mejor y mayor aprovechamiento del agua.
Ya es bueno que las aguas una vez depuradas vuelvan a engrosar el caudal de los ríos de por sí bastante pobre. Si estas aguas, además, se pueden reutilizar directamente para usos agrícolas muchísimo mejor. Por todo ello, le formulo la siguiente pregunta: ¿Qué objetivo u objetivos se persiguen con la firma de este convenio? Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, con la firma del convenio de colaboración entre el Ministerio y el CEDEX para la realización de un estudio sobre la situación de las aguas residuales urbanas depuradas y su reutilización en España se persigue básicamente un doble objetivo. En primer lugar conocer de forma detallada en qué situación nos encontramos dentro de las actuaciones que se están llevando a cabo en nuestro país en materia de reutilización de aguas depuradas y, en segundo

Página 3455


lugar, analizar los avances tecnológicos que se están produciendo en materia de la depuración de aguas, de calidad de aguas, en definitiva, para su posterior aplicación con criterios técnicos, económicos y de protección sanitaria.
El estudio es importante y será sin duda de gran utilidad para la elaboración de las normas sobre las condiciones básicas de reutilización, calidad y usos previstos del agua. Para conseguir este objetivo se desarrollarán los siguientes trabajos en un plazo de 36 meses y con un presupuesto de 90 millones: Puesta al día del banco de datos del CEDEX, realización de una aplicación informática específica para la consulta y análisis del banco de datos, evaluación de la situación actual de la reutilización, análisis del funcionamiento de los tratamientos existentes y análisis del rendimiento de las tecnologías empleadas y cumplimiento con los límites de calidad establecidos en la normativa vigente.
Señoría, se trata de una colaboración que dará muy buenos resultados teniendo en cuenta, tal como se recoge en el Plan Hidrológico Nacional, la importancia de la reutilización da aguas depuradas como fuente generadora de recursos que permitan mejorar la eficiencia, especialmente en las zonas de mayor escasez como las costeras del arco mediterráneo, sur atlántico y los archipiélagos insulares.
Cabe destacar que es importante dotar de los medios necesarios a las distintas administraciones públicas responsables para que en España aprobemos, de una vez por todas, la asignatura pendiente de la calidad del agua, de la depuración y de la reutilización de nuestras aguas, no en vano, a pesar de ser una competencia municipal y autonómica, el Plan Hidrológico Nacional contempla una inversión de más de 500.000 millones de pesetas en depuración y reutilización de nuestras aguas.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro.
Tiene la palabra el Senador Fernández López.


El señor FERNANDEZ LOPEZ: Intervengo sólo para dar las gracias al señor Ministro por la clara explicación que ha hecho.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Fernández López.


--DE DON RAMON ALEU I JORNET, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE SI PIENSA EL GOBIERNO ESTABLECER NUEVAS NORMATIVAS PARA FACILITAR EL INCREMENTO DE LA PRODUCCION ELECTRICA A PARTIR DE LA ENERGIA SOLAR Y DE LA BIOMASA (680/000497).


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Pregunta del excelentísimo señor don Ramón Aleu i Jornet, del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés, sobre si piensa el Gobierno establecer nuevas normativas para facilitar el incremento de la producción eléctrica a partir de la energía solar y de la biomasa.
Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
La pregunta es bastante clara, tiene su origen en una pregunta parlamentaria que formulé para su contestación por escrito, en cuya respuesta se decía que, a 31 de diciembre de 2000, solamente 26 instalaciones fotovoltaicas estaban conectadas a la red. Asimismo, respecto a la biomasa, se decía que, aunque el Plan prevé el consumo de 500.000 toneladas --nivel anterior al petróleo--, la realidad es que estamos por debajo de los 100.000, y la Comisión Nacional de Energía en sus publicaciones mensuales señala que prácticamente estos dos tipos de energías renovables no crecen.
La pregunta es: ¿piensan introducir alguna modificación para fomentar tanto las instalaciones eléctricas provenientes de biomasa como las instalaciones eléctricas fotovoltaicas? Nada más y muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias.
Tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Como sabe muy bien señoría, el Plan de Fomento de Energías Renovables es relativamente reciente y sólo tenemos una primera experiencia en el año 2000. Efectivamente, en el año 2000 sólo se han alcanzado menos del 6 por ciento de los objetivos previstos, para un plan que tiene una vigencia de seis años. Por lo tanto, lo que plantea su señoría es importante, pero tenemos que seguir observando la evolución del plan.
En ese sentido, el Plan de Fomento de Energías Renovables supone plantear que, en un horizonte de diez años, el 12 por ciento de la demanda total de la energía primaria en España estaría siendo suministrada por ese tipo de energías. En estos momentos, aproximadamente estamos en la mitad, es decir, cerca del seis por ciento.
En dicho plan se especifica igualmente que, como su señoría apunta en su pregunta, la generación de electricidad con energía renovable en el año 2010 se situaría casi en el 30 por ciento, 29,4, y hoy está en el 15 por ciento.
Nuestras propuestas están en línea con las recomendaciones y con las directivas de la Unión Europea. Es cierto, como apunta su señoría, que en algunos aspectos, como en el de la biomasa, no se han producido los avances que esperábamos pero, sin embargo, en la energía eólica se están produciendo avances muy considerables.
En ese sentido, debemos hacer un seguimiento continuo del plan, comprobando también por dónde están dispuestas a moverse las empresas en los próximos años.
Muchas gracias.


Página 3456


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.
Tiene la palabra el Senador Aleu i Jornet.


El señor ALEU I JORNET: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, estoy totalmente de acuerdo con usted. El tirón de las energías renovables lo está dando la energía eólica, pero los otros dos no están tirando lo que esperábamos, ni lo que esperaban ustedes ni lo que esperaba el plan.
¿No se han preguntado que, a lo mejor, el Real Decreto 1663 de 2000 está planteado fundamentalmente para la protección de la línea eléctrica, muy dominado por las compañías eléctricas y sin ninguna facilidad para el instalador de energía fotovoltaica, que tiene dificultades enormes para conectarse a la red? Solamente la lectura del artículo 4 pone esto en evidencia. Es la compañía la que decide dónde tiene que conectarse el productor de energía fotovoltaica. Determinadas empresas lo están utilizando, dificultando en gran manera la conexión a la red de instalaciones fotovoltaicas.
En el caso de la biomasa, el problema está seguramente --y esto ya fue motivo de una interpelación, por lo que no voy a entrar tanto en ello-- en que no está perfectamente calculado el coste de la energía, el coste del kilovatio, para que las centrales de biomasa puedan ser rentables.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señoría.


Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo del Gobierno y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señor Presidente.
Gracias, señoría.
Los argumentos de su señorías los vamos a estudiar con detenimiento. No creo en absoluto que el Gobierno deba negarse a analizar si la realidad de una medida legislativa, como son las contenidas en un decreto, pueden no producir los efectos que se estaban buscando. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Eso sucede a menudo, y por eso debemos seguir detenidamente el plan y ver si los efectos de las medidas adoptadas ya en el segundo año de vigencia, es decir, en el año 2001 --ya tendríamos dos años de experiencia-- nos permiten medir lo que su señoría ha dicho.
En cualquier caso, voy a encargar a mis servicios que analicen concretamente las dos puntualizaciones que ha realizado su señoría. Pero en concreto, lo que sí es cierto es que debemos dar un cierto plazo de maduración a los proyectos en los que se basa este plan de energías renovables.
Con respecto a la energía solar, actualmente se encuentra en las últimas fases de tramitación el reglamento de desarrollo del real decreto al que creo que ha hecho mención su señoría, y en cuyo articulado se va a incluir la prima que se percibirá por la generación eléctrica a partir de energía solar de alta temperatura. La prima establecida supondrá, según nuestra opinión, un despegue suficiente para la energía solar. Estamos hablando de unas 20 pesetas por kilovatio. Por tanto, si su señoría quiere hacer comentarios en ese sentido, el Gobierno los tendrá muy en cuenta.
En el caso concreto de la biomasa, que representa la fuente energética con más perspectivas de crecimiento según el propio plan del Gobierno --coincidimos con su señoría--, éste ha puesto en marcha una comisión interministerial para estudiar todos los aspectos que se están derivando de lo que no se está produciendo, según nuestros propios planes, y, por lo tanto, compartimos la preocupación de su señoría.
Entre las misiones de esta comisión, destaca la elaboración de un informe que va a ser analizado por la Comisión Delegada de Asuntos Económicos del Gobierno, en el que se van a abordar las implicaciones fiscales, medioambientales, económicas y de apoyo público, así como el seguimiento de las actuaciones derivadas del informe que podrán construir el marco para el impulso de esta energía. Por consiguiente, creo que vamos a poder elaborar una propuesta más concreta que es probable que satisfaga lo que dice su señoría.
En cualquier caso, desde el punto de vista de lo que sería la diversificación energética y la utilización de energías renovables, como su señoría ha reconocido, en estos momentos la apuesta por la energía eólica está siendo muy interesante. No cabe duda de que el mercado está respondiendo. El Gobierno va a mantener esa apuesta sin que eso quiera decir que, a través de las nuevas medidas sobre energía solar y de las decisiones que se planteen en la Comisión Delegada del Gobierno sobre la biomasa, no podamos continuar en la línea que marca su señoría.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señor Vicepresidente Segundo del Gobierno para Asuntos Económicos y Ministro de Economía.


--DE DON EDUARDO GAMERO MIR, DEL GRUPO PARLAMENTARIO POPULAR EN EL SENADO, SOBRE LA VALORACION DEL GOBIERNO ACERCA DE LA SITUACION DEL SECTOR TURISTICO (680/000506).


La señora PRESIDENTA: Pregunta de don Eduardo Gamero Mir, del Grupo Parlamentario Popular en el Senador, sobre la valoración del Gobierno acerca de la situación del sector turístico.
Tiene la palabra el Senador Gamero.


El señor GAMERO MIR: Muchas gracias, señora Presidente.
Señor Vicepresidente Segundo para Asuntos Económicos y Ministro de Economía, hemos repetido en varias ocasiones en esta Cámara, y es de todos conocido, lo que representa el sector turístico para la economía nacional, así como su aportación al producto interior bruto y su capacidad para crear empleo tanto directo como inducido, siendo

Página 3457


España uno de los destinos líderes mundiales en materia de turismo y líder mundial absoluto en turismo vacacional.
El sector turístico español es el que tiene mayor implantación internacional, exporta tecnología y «know how» y, sin duda, es el sector productivo español más globalizado.
Durante muchos años, el sector turístico español ha contribuido eficazmente a equilibrar la balanza comercial y ha ido creciendo en capacidad de oferta y en diversificación del producto, adaptándose constantemente a las cambiantes exigencias de la demanda y ofreciendo en todo momento una excelente relación calidad-precio.
En los últimos años, las cuentas de resultados de las empresas turísticas han permitido una mejora y renovación de las instalaciones, dotando a los establecimientos de mayor confort, de nuevas tecnologías, lo que les permite ser más competitivos en el horizonte de la moneda única, y haciendo una apuesta decidida por la mejora continua de la calidad a través de los sistemas de autorregulación del sector.
También es de todos conocido que desde el Ministerio de Economía se ha impulsado la calidad en los destinos turísticos a través de los planes de excelencia y dinamización turística, y que en el año 2000 se aprobó el Plan integral de calidad turística, con vigencia hasta el año 2006, que constituye, entre otros, un apoyo decidido a la iniciativa del sector turístico en su apuesta por la calidad.
Lamentablemente, después del 11 de septiembre, todos los sectores económicos productivos se encuentran en situación de desaceleración y, en este nuevo orden mundial, uno de los sectores más afectados, sin ninguna duda, debido precisamente a su globalización, es el sector turístico.
Me consta que su señoría está informado puntualmente de la situación por la que atraviesa el sector turístico y que el Secretario de Estado de Comercio y Turismo y el Secretario General de Turismo mantienen frecuentemente reuniones con representantes del sector turístico para analizar la situación.
De todo ello ha dado cumplida información el Secretario de Estado de Comercio y Turismo anteayer en esta Cámara con ocasión de su comparecencia en la Comisión de Economía.
Sabemos que la caída de la demanda turística afecta en estos momentos en mayor medida al turismo de negocios, de congresos, seminarios, circuitos, cruceros y, en menor medida, al turismo vacacional. También sabemos que algunos operadores turísticos internacionales están renegociando los contratos para la próxima temporada y que reducen sus capacidades de transporte aéreo a destinos lejanos y al Mediterráneo oriental. Esta situación puede beneficiar considerablemente a los destinos vacacionales españoles cara a la próxima temporada, habida cuenta de que dichos operadores turísticos tienen necesidad de asignar o reasignar esas capacidades de transporte aéreo a destinos más cercanos y, más seguros, que son básicamente los destinos españoles.
Por todo lo anteriormente expuesto es por lo que le formulo la pregunta en los justos términos expresados por la señora Presidenta.
Muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias, señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Gracias, señoría.
Como su señoría muy bien ha dicho, el sector turístico es el principal sector económico español y, además, es un sector que tiene un nivel de competencia internacional muy importante puesto que representa el segundo sector turístico del mundo y, en algunos casos, el primero, compitiendo con países de la importancia de Estados Unidos y Francia.
En el mes de septiembre, concretamente, entraron en España, según la información oficial, aproximadamente 143.000 turistas más que en el año anterior, lo que representa un incremento cercano al 3 por ciento. Yo creo que ésta es una cifra significativa, habida cuenta de que estamos ya en niveles de entrada de turistas en nuestro país muy considerables, que rondan casi los 50 millones de personas.
El cierre de la temporada de verano va a suponer que el turismo internacional ha crecido en España aproximadamente un 4 por ciento, llegando casi a los 24 millones de turistas, y con el dato de septiembre la cifra de entradas de turistas internacionales en los nueve primeros meses del año superaría los 40 millones de personas, casi 1.650.000 personas más que el año anterior, con una tasa de crecimiento por encima del 4 por ciento.
Los acontecimientos del 11 de septiembre sin duda representan, y no sólo para el turismo, sino para toda la actividad económica, e incluso más allá de la actividad económica, una muy considerable incertidumbre, hasta el punto de que ninguna autoridad económica mundial está en estos puntos haciendo vaticinios concretos sobre cuál pueda ser la repercusión. No cabe duda de que desde el punto de vista de las expectativas la repercusión de los ataques terroristas y sus consecuencias después, en cuanto a los hechos que se están produciendo en estos momentos, desde el punto de vista de la ofensiva militar norteamericana, tienen consecuencias, a su vez, sobre expectativas de los ciudadanos y expectativas tan concretas como la de los viajes. Posteriormente voy a contestar a una interpelación y tendré tiempo de extenderme con más detalle.
En cualquier caso, la Organización Mundial de Turismo ha revisado prácticamente a la mitad sus previsiones de crecimiento del turismo internacional. Eso quiere decir un crecimiento que se situaría por debajo del 2 por ciento frente a un crecimiento por encima del 7 por ciento en el año 2000. Eso va a ser distinto según las áreas geográficas.
No cabe duda de que España es un mercado estable que, además, tiene un turismo próximo en cuanto a su distancia, como es el turismo europeo, en el que somos un mercado líder. Es un mercado diversificado en el sentido de que

Página 3458


cada vez hay una mayor diversificación temporal, una menor presencia exclusivamente en los meses de verano y un creciente turismo de ciudad, de congresos y de cultura que nos permite presentar una oferta turística muy variada y que, además, es contemplado por la mayor parte de nuestros clientes como un destino seguro desde todos los puntos de vista.
En cualquier caso, no parece que los efectos sobre el turismo español en el año 2001 vayan a ser considerables, ni muchísimo menos. Acabo de dar las cifras con que cerramos los primeros nueve meses, es decir, la parte más importante del año en lo que a turismo se refiere, y se ve en estos momentos una cierta ralentización del nivel de reservas para la temporada de invierno y para la próxima de verano. Pero creo que no se pueden sacar conclusiones inmediatas sobre esta cuestión ya que en situaciones anteriores, desde el punto de vista de los conflictos bélicos que hay por el mundo, por ejemplo, la guerra de 1991, las expectativas de los consumidores en un sector tan poco elástico como el turismo se recuperaron con una cierta rapidez.
En cualquier caso, en los Presupuestos Generales que esta Cámara debatirá dentro de pocas semanas hay un importante aumento precisamente en el de promoción turística. Vamos a introducir una cierta flexibilidad sobre mercados en el plan de marketing de Turespaña. Se va a acelerar e impulsarla puesta en marcha del turismo cultural y, además, como sabe la Cámara, tenemos concertadas a nivel europeo medidas de apoyo al sector aéreo, Y como podré explicar más tarde, son también importantes los avances tecnológicos, por ejemplo; el portal de Turespaña en los que la Administración turística española está claramente a la cabeza del mundo en estos momentos desde el punto de vista de la utilización de nuevas tecnologías como instrumentos para mantener nuestro, liderazgo turístico.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.


INTERPELACIONES:

--DE DON ARSENI GIBERT I BOSCH, DEL GRUPO PARLAMENTARIO ENTESA CATALANA DE PROGRES, SOBRE LAS PREVISIONES DEL GOBIERNO EN RELACION CON EL FUTURO DEL SECTOR TURISTICO (670/000094).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto segundo del orden del día: Interpelaciones. Interpelación del excelentísimo señor don Arseni Gibert i Bosch, del Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés, sobre las previsiones del Gobierno en relación con el futuro del sector turístico.
Para exponer su interpelación tiene la palabra el Senador Gibert i Bosch.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Vicepresidente del Gobierno, creo que la pregunta del señor Gamero he sido muy oportuna porque enlaza con esta interpelación, aunque como se desprende claramente del texto que yo presento, el objeto de mi interpelación no es hacer referencia a ninguna prospectiva. El texto, no se refiere a la coyuntura, y mucho menos a lo que se ha derivado de la actual situación internacional, aunque no hay duda de que dicha situación está afectando al turismo, afectación que puede llegar a ser importante, como decía el Ministro hace un momento, aunque posiblemente no llegue a afectar gravemente a nuestro turismo. Incluso como ha ocurrido en otras ocasiones, debido a razones de proximidad o de seguridad por contraste con otros países competidores nuestros, puede que ésta sea una más de esa serie de buenas coyunturas de que disfruta nuestro turismo a excepción tal vez de las Islas Canarias, donde quizá puedan llegar a sufrir algo más las consecuencias de esta situación al menos en mi opinión.
Pues bien, como decía, la interpelación no va a tratar de todo eso. Con ella pretendo plantearle al Gobierno otros aspectos que hay que situar a medio e incluso a largo plazo. Concretamente se centra en estos tres aspectos: investigación e innovación tecnológica en el sector turístico, sostenibilidad del sector turístico vacacional en las zonas de explotación intensiva, y como derivación de este último aspecto, fiscalidad específica de carácter turístico. Intentaré enlazar estos tres aspectos en mi reflexión.
Señor Ministro, en 1996 el señor Fernández Norniella decidió que el Instituto de Estudios Turísticos era un magnífico centro de estudios del sector, lo que a mi juicio era una valoración extraordinariamente exagerada. Probablemente habrá en ello responsabilidades de gobiernos anteriores, pero en cualquier caso yo lo he encontrado exagerado. En los años setenta ese Instituto había realizado algunos trabajos de cierto interés, pero la verdad es que había evolucionado poco. A mi juicio, actualmente sigue siendo un feudo de burocracia en el que se siguen haciendo trabajillos de escaso interés, rutinarios y de poco nivel y poca utilidad. Pero esto no resulta excepcional en Europa. En Francia y en Holanda, por ejemplo, hay gran cantidad de centros públicos de investigación y estudio del turismo bastante mejores que este Instituto, pero tampoco son nada extraordinario. Las políticas de turismo, basadas en la parafernalia y en el triunfalismo son bastante habituales en este viejo Continente. Pero curiosamente no en todas partes es así. En Canadá, en Australia y en el sudeste asiático, tal vez porque no lo tengan tan fácil, el turismo es visto de otra manera, lo ve como un verdadero sector económico, como un sector productivo y no como una especie de maná espontáneo que cae del cielo. Por ejemplo, la Universidad de la isla de Guam, en el Extremo Oriente, un Estado independiente del archipiélago japonés como saben sus señorías, ha publicado recientemente un minucioso y documentado trabajo científico que mide los famosos efectos inducidos o multiplicadores del sector en 19 zonas turísticas del mundo, entre ellas en dos zonas españolas, y llega a la conclusión de determinar una banda que tiene su límite mínimo en un índice de 1,38 y su límite máximo en 1,53. En nuestro caso, cada 100 pesetas del PIB turístico supondría

Página 3459


una cantidad adicional comprendida entre 38 y 53 pesetas, que sería el efecto inducido por el turismo. Es mucho en comparación con otros sectores, pero no da pie a decir --como a veces señalan algunos empresarios-- que el país funciona gracias al turismo. Afortunadamente, no es así y el país funciona por muchas otras razones y no sólo por el turismo.
Lo cierto es que en los citados países hay centros de investigación y de innovación tecnológica, universitarios y no universitarios, que, entre otras cosas, miden con creciente precisión la rentabilidad global del turismo, no solamente la empresarial sino la global para todo un territorio; separan en la composición del PIB la parte del turismo vacacional de los sectores de alojamiento, restauración y similares, que nada tienen que ver con las vacaciones y que existen en todos los países aunque no tengan turismo; innovan nuevos productos haciendo adaptaciones concretas a los mismos; transfieren al sector procesos avanzados de adaptación de nuevas tecnologías; se preguntan cosas tan simples e interesantes como, por ejemplo, si dentro de cinco años un turista medio aceptará no poder controlar el sistema de alarma de su domicilio desde la habitación del hotel, o si esto no será necesario porque lo hará con el teléfono móvil; se cuestionan qué tipo de servicio de transportes, de alojamiento, de alimentación, sanitarios y lúdicos hay que diseñar para dar respuesta a las nuevas generaciones de jubilados, a personas acostumbradas a una vida laboral desarrollada en un marco tecnológico que nada tiene que ver con el de los actuales jubilados.
Aquí, ¿hay alguien que se dedique a hacer éstas o parecidas cosas? Yo diría que no, que en este país ni siquiera contamos bien los turistas, salvo en las islas. Pero es que tampoco contabilizamos correctamente los ingresos que nos aporta el turismo. Hace tres o cuatro años en una Comisión del Senado le pregunté a un alto cargo del Banco de España por la metodología usada para las estimaciones de los ingresos por turismo que tan pomposamente se difunden, y me dijo que me mandaría una nota que todavía estoy esperando. Tenemos la suerte de que los medios de comunicación digieren con facilidad las cifras que se les dan sin preguntar casi nunca por la fuente o interesarse por la metodología empleada.
Por eso, para ilustrar una de las vías de estudio en la que convendría avanzar, sería interesante desarrollar una serie de líneas de actuación, y para ello propongo dos ejercicios virtuales. El primero consiste, señor Rato, en coger el porcentaje del PIB que corresponde al turismo y añadirle, de acuerdo con los índices que he citado antes, la parte que corresponde a sus efectos inducidos. Alcanzaríamos una participación directa e indirecta, en este caso, no inferior al 14 por ciento, que es mucho.
Ahora bien, hagamos además una buena estimación de aquella parte, en este caso el 14 por ciento, que corresponde a lo que pesaría en el PIB la industria del sector turístico sin el hecho vacacional; es decir, la que existe en un país aunque no tenga zonas dedicadas al turismo intensivo.
Para ilustrar este concepto, señorías, que puede parecer algo confuso, basta con decirles que lo que ustedes pagan en el restaurante o en la cafetería del Senado o en los hoteles de la zona forma parte de este 14 por ciento, que los «pubs» a donde van sus hijos forman parte de este 14 por cien y que incluso las pensiones legales donde se alojan los inmigrantes ilegales también forman parte de este 14 por cien.
Por otra parte, habría que separarlo de lo que es estrictamente vacacional, es decir de lo que se concentra en zonas concretas, principalmente las costeras, que se especializan en recibir a turistas españoles y extranjeros que van a pasar sus vacaciones allí. El resultado de esta separación les sorprendería --no me atrevo a decir cuánto sería-- porque es posible que la parte no vacacional fuera igual o superior a la vacacional: Esta afirmación coincide con los estudios rigurosos hechos en Quebec y Singapur que revelan que el porcentaje del turismo que no tiene nada que ver con las vacaciones, aunque sí se incluye el de los congresos y el urbano, supone entre un 7,5 y un 9 por ciento de su PIB. No es un dato preciso, pera sí es indicativo de lo importante que es la parte no vacacional.
El segundo ejercicio, como tendríamos aislado el peso de este turismo vacacional, podría consistir en medir bien la rentabilidad del mismo. El otro, el turismo de los congresos, no ofrece dudas y se sabe que es perfectamente rentable, por lo que no hace mucha falta medirlo. Yo le propongo un método virtual para, por una parte, medir los ingresos mejor de lo que se miden y, por otra, contabilizar los costes fijando un criterio sobre los conceptos de coste, o mejor dicho, sobre cuatro conceptos que deberían cubrir lo que pagan los turistas vacacionales.
Estos conceptos son: el coste de los servicios privados que reciben, el beneficio normal de las empresas que los suministran, el coste de los servicios públicos que deberían recibir para mantener el producto en un nivel alto de competitividad y el coste de prevención y restauración de los impactos ambientales en su sentido más amplio que generan cuando es muy intensiva la presencia.
Sabemos que se pagan los dos primeros conceptos y la mitad del tercero porque vía impuesto sobre las empresas que suministran los servicios pagan también los servicios públicos que reciben, pero ¡ojo!, no los que deberían recibir y que ni los pagan ni los reciben, porque para mantener competitivo el sector a largo plazo deberían ser mejores estos servicios públicos; tampoco pagan el apartado cuarto, los costes de prevención y restauración del impacto ambiental.
Una vez hecha esta medición y bien contabilizada, sabríamos cuán rentable es este tipo de turismo --yo no estoy diciendo que no lo sea, estoy diciendo que deberíamos medirlo, estoy pidiéndole que se arbitren medidas para medirlo--, no vaya a ser que a lo mejor en alguna zona estemos subvencionando indirectamente las vacaciones de algunos turistas. Conocer este dato serviría sin duda para dotar de racionalidad --la que no está teniendo, a mi juicio, en este momento-- el debate de las ecotasas turísticas, y quede claro que no estoy defendiendo las ecotasas, estoy diciendo que debería conocerse esto para racionalizar el debate.
Le aseguro que soy poco partidario, señor Rato, de la fiscalidad creativa que se ha puesto da moda. No me gustan

Página 3460


los impuestos sobre los depósitos bancarios, ni las tabaqueras ni las grandes superficies, pero las ecotasas son otra cosa, deberían considerarse de otra manera; insisto, deberían considerarse de otra manera. ¿Por qué? Porque los costes adicionales o marginales derivados de la propia actividad caso de existir --y yo creo que existen-- deberían ser ciertamente sufragados por los turistas, repito, deberían ser ciertamente sufragados por los turistas, no por los ciudadanos del país receptor. Por otra parte, no ofrecer unos servicios públicos al nivel de competitividad que va a requerir el mercado o no prevenir o restaurar los impactos ambientales es un error gravísimo, un riesgo gravísimo para el futuro, una pésima operación de futuro, es poner en riesgo a medio o largo plazo el futuro del turismo en algunas zonas castigadas por estos problemas.
Con ello no defiendo estrictamente, como he dicho, la puesta en marcha de las ecotasas que plantea el Gobierno balear porque no sé si se dan las condiciones adecuadas para implantarlas, no lo sé --hablaré un momento de ello--; estoy defendiendo un concepto: el de medir las cosas y actuar en consecuencia.
Las condiciones para implantar un impuesto de este tipo serían: primera, que las paguen realmente los turistas, no las empresas, porque en ese caso sí habría duplicidad; en el otro caso no. Segunda, que el mercado las admita, lo cual no es tan difícil puesto que no suponen una gran distorsión de precios y, por otra parte, los mercados turísticos están demostrando ser lo bastante maduros algunos de ellos como para retribuir mejoras de calidad y concretamente de calidad medioambiental; es más, la no calidad medioambiental quedará a no muy largo plazo fuera del mercado.
Y, tercera, que las empresas que deben hacer de recaudadores estén básicamente de acuerdo en la implantación; la contrapartida adecuada a este acuerdo es la participación de las mismas en la gestión de los recursos generados, por una parte, y en la definición de políticas turísticas en el territorio en el que operan, por otra.
En cualquier caso, la negativa y el recurso del Gobierno al caso balear me parece con excesiva fundamentación política --repito, con excesiva fundamentación política-- y apriorística, lo cual es con toda seguridad un error, y la negativa a estudiar a fondo la cuestión lo es, a mi juicio, también.
Es falso que éste sea un problema de mayor presión fiscal o menor presión fiscal. Probablemente estemos entrando en una época en la que nuevas figuras impositivas deberán ser compatibles con el mantenimiento o el decrecimiento de la presión fiscal individual. Estamos hablando de una figura fiscal finalista en los sujetos pasivos que la pagan y finalista en la aplicación, que tendría como sujetos pasivos nuevos contribuyentes, muchos de ellos no españoles, y todo ello en función de la rentabilidad y sostenibilidad del sector, muy agresivo con el territorio y con riesgo de autofagia --cuando una central térmica contamina un paisaje está perjudicando la calidad de la vida, pero no se está perjudicando ella misma; en el turismo, estos problemas son autofágicos.
Piense, señor Rato, que en Suiza o en Francia tienen un impuesto de este tipo --cierto que más antiguo y con otro concepto, pero su finalidad conceptualmente sí es de este tipo-- desde hace decenas de años, y no creo que se pueda decir que en Suiza no saben gestionar su turismo --sería una afirmación demasiado atrevida--. Por lo menos deberíamos reflexionar sosegadamente, sin pasiones partidistas, sobre estos temas.
Yo lo que le pido, señor Rato, es visión de futuro, y sé que a usted le interesan los problemas de futuro. En realidad convendría hacerlo tranquilamente, sin prisas, porque --no lo dude-- el debate está ahí porque el problema está potencialmente ahí, y no se podrá eludir en un futuro próximo.
Quiero terminar mi intervención anunciando que la moción consecuencia de esta interpelación no versará sobre las ecotasas sino sobre el impulso de centros públicos, privados o mixtos de alto nivel mundial en la investigación del turismo y la innovación tecnológica del sector.
Ser líderes en Europa en el que es, tal vez, el único sector económico en el que es posible serlo, no consiste en contar el número de turistas y decir que somos los que tenemos más, porque esto no nos dará el liderazgo sino el hecho de ser los mejores y tener mayor capacidad de tecnificar.
Muchas gracias, señorías.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Gibert.
Para contestar la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Gracias, señora Presidenta.
Senador Gibert, entiendo que su señoría ha planteado básicamente dos debates; uno, sobre el papel que las administraciones públicas puedan jugar en la tecnificación y en una planificación más sofisticada y a largo plazo del sector turístico español, teniendo en cuenta otras variables y, el otro, muy específico y probablemente con una intencionalidad política más clara, que es el de decir que no a algo para, al final, decir que sí, como con la ecotasa en Baleares. Entiendo los dos caminos.
Independientemente de que los debates son mejores cuanto más sosegados, tengo que decir que, de momento, por lo que se refiere a los destinos enero-septiembre de turistas extranjeros, en Baleares se ha producido un descenso del 2,3 por ciento; en Cataluña se ha producido un incremento del 12 por ciento; en Madrid, un incremento del 8,6 por ciento; en Canarias, un crecimiento del 1,4 por ciento; en Andalucía, un crecimiento del 5,6 por ciento y, en la Comunidad Valenciana, un crecimiento del 2,8 por ciento. Por lo tanto, sólo hay una Comunidad Autónoma que ha sufrido el decrecimiento turístico, que es la de Baleares y, a partir de ahí, las autoridades deberían meditar sobre su política turística.
Quiero decir, con toda lealtad, que nosotros desaconsejamos a las autoridades turísticas baleares que tomaran esa

Página 3461


medida; les desaconsejamos que lo hicieran tanto desde el punto de vista turístico como desde el tributario y, además, les dijimos que tal y como estaba diseñada jurídicamente no sólo era un error económico y político sino que, además, no era constitucional y deberían haberla diseñado de otra manera.
Ya sé que el tiempo transcurrido puede parecer a su señoría que no es suficiente pero, hasta ahora, nos va dando la razón y, además, la prueba es que en el resto de las Comunidades Autónomas españolas --y son muchas las que tienen intereses turísticos, tienen deseos de incrementarlos y están gobernadas por todo tipo de partidos-- nadie quiere verse asociado con esa medida. Por lo tanto, si yo estuviese en el lugar de las autoridades baleares, más que incidir en el debate, probablemente volvería a meditar sobre la conveniencia de esta medida, ahora que estamos a tiempo.
En cualquier caso, hasta ahora nadie parece coincidir en que sea una buena medida; los datos que hay sobre la mesa, en este momento, parecen indicar que no lo es y, además, creo que hay un base jurídica más que suficiente como para considerar, incluso, que la medida --además de que económica y turísticamente sea una equivocación--, es equivocada desde el punto de vista de los derechos de los contribuyentes.
A partir de ahí se puede deducir que su señoría, y el partido político al que representa, como es natural, son partidarios de subir impuestos y en la política, como en casi todo, las medidas se notan cuando se pueden adoptar, es decir, cuando se gobierna --en la oposición nadie es partidario de subir impuestos-- y ya sean cuentas corrientes, impuesto sobre la renta, impuesto sobre las empresas o ecotasas, el Partido Socialista y sus derivados, como es el caso del partido al que pertenece su señoría --y no trato de definirlo políticamente-- son partidarios de subir los impuestos. Eso es algo que sabemos todos y, por tanto, no veo la necesidad de ocultarlo; sin embargo, nosotros no estamos de acuerdo con esta medida y en ese sentido, tampoco coincidimos con lo que su señoría plantea.
Por otra parte, su señoría también ha indicado en su intervención que le parece que las administraciones públicas no hacen lo suficiente para dotar al sector turístico español de instrumentos de medición de la realidad económica que sean realmente orientativos. Considero muy importante el debate de las estadísticas públicas y el de hasta qué punto los poderes públicos deben suministrar --y en mi opinión, deben hacerlo-- la mejor información económica para que los agentes privados tomen decisiones.
En ese sentido hemos realizado algunos esfuerzos que probablemente no sean suficientes, pero que están dotando al sector turístico español de nuevas estadísticas, más fiables y desarrolladas, así como de nuevas oportunidades desde el punto de vista técnico. Hemos creado una estadística llamada «Frontour» sobre movimientos turísticos en fronteras, motivada por la firma del acuerdo «Schengen»; hemos iniciado la estadística «Familytour» sobre movimientos turísticos de los españoles, pues no olvidemos que el 50 por ciento de nuestro turismo corresponde a españoles que viajan a lo largo de nuestro país y que, por tanto, constituyen una parte muy importante de la industria desde el punto de vista de la demanda; hemos creado un sistema de indicadores para análisis del turismo, «Sintour», cuya principal misión consiste en el estudio del empleo en las actividades turísticas y en la integración del turismo dentro del marco de la contabilidad nacional; hemos iniciado la encuesta continua de gasto turístico que permitirá estimar mensualmente, a partir de la entrada en circulación del euro en enero del año 2002, los ingresos y pagos de la rúbrica de turismo y viajes de la balanza de pagos que publica el Banco de España; en el año 2000 se ha firmado un acuerdo de cooperación estadística entre la Secretaría General de Turismo y las Comunidades Autónomas; en el año 2001 ha culminado un esfuerzo para facilitar el acceso a la información estadística a través del sistema «Datatour». Dentro de esta misma política de difusión me gustaría destacar la puesta en marcha, desde principios de este año 2001, de una nueva base de datos estadísticos para el estudio del turismo a través de Internet, y se han creado nuevos indicadores para la explotación de la información suministrada, como es el índice de precios hoteleros, un nuevo módulo de agencias de viajes incluido en la encuesta anual de servicios, la nueva encuesta de touroperadores nacionales y un módulo de seguimiento del empleo a partir de explotaciones de distintas fuentes estadísticas.
Considero que la Administración pública, y en concreto la Administración General del Estado, está siendo muy sensible a los argumentos que su señoría ha puesto en marcha en el sentido de poner nuevos instrumentos técnicos y estadísticos al servicio de la industria y de la opinión pública en general para poder extraer nuevas conclusiones de lo que constituye nuestra principal industria, en la que creo que somos líderes, no sólo desde el punto de vista de recepción; sino también tecnológico.
Además, hemos realizado durante el último año y medio nuevos análisis prospectivos que permiten sentar las bases de políticas más amplias, como estudios de producto, turismo cultural, idiomático, de reuniones, de cruceros, que nos están permitiendo, junto con el sector y las Comunidades Autónomas, analizar las posibilidades de estos mercados. Se han publicado 23 estudios de 24 mercados que se van a revisar cada dos años y que van a permitir que la industria y la opinión pública puedan estudiar sistemáticamente la evolución de los mismos, y estamos elaborando dos estudios más profundos sobre dos mercados básicos para nosotros, el alemán y el británico, hasta el punto de que, como su señoría sabe, a partir del pasado mes de junio celebramos una feria de touroperadores británicos exclusivamente para el mercado español, lo que supone un esfuerzo de promoción importante y el reconocimiento por parte de la administración turística española, dependiente de la Administración General del Estado, de la importancia que para nosotros tienen los mercados alemán e inglés.
Durante los tres últimos años hemos ocupado la presidencia en el Comité de Seguimiento de Estadísticas, de la Organización Mundial de Turismo, y en estos momentos ostentamos la vicepresidencia primera del Comité de Estadísticas de la OCDE.


Página 3462


Por tanto, considero que en esa dirección, e independientemente de que nunca se está satisfecho con la información existente, lo que supongo es una de las responsabilidades de cualquier administración pública, se están dando pasos para que las estadísticas públicas españolas tengan un reflejo mucho más específico del sector turístico que permita a los responsables del mismo y a las empresas tomar decisiones en otra dirección.
En política turística, la coordinación entre la administraciones públicas, las empresas y la Administración General del Estado es esencial, porque --la Cámara es consciente de ello--, por una parte, el turismo es una competencia transferida, exceptuando la promoción internacional del sector turístico, y por otra, nos enfrentamos a un sector muy atomizado que requiere un contacto constante.
Por tanto, hay muchos órganos de cooperación, y creo que son todos muy útiles: La conferencia sectorial del turismo la integran el Estado y las Comunidades Autónomas. Desde el año 1996 se ha reunido en 21 ocasiones; tiene un órgano ejecutivo, la mesa de directores generales que es quien ha fijado el plan integral de calidad del turismo español 2000-2006.
Además, a través de esta conferencia sectorial de turismo se aprueban los planes de becas de turismo en España, se designa a los representantes de las Comunidades Autónomas que integran el jurado de selección de estos planes, se aprueban los planes de excelencia y dinamización, y el protocolo general de la conferencia sectorial de turismo.
Tenemos varios grupos de trabajo, a los que hay que sumar, el consejo promotor de turismo, en el que está el sector privado, las Comunidades Autónomas, los ayuntamientos y la Administración General del Estado, y que en estos momentos se está reuniendo con mucha periodicidad para seguir las incidencias de la situación internacional desde el punto de vista económico y político.
Hay muchos ejemplos de cooperación: 56 planes de excelencia y dinamización turística, por importe de unos 110 millones de euros; campañas cooperativas, como la de Estados Unidos, en la que siete Comunidades Autónomas han colaborado con un coste superior al millón de dólares, sobre el turismo en esas Comunidades Autónomas; las marcas interregionales, que cada vez son más comunes en nuestro país y que indican una colaboración importante a nivel de Comunidades Autónomas, como la marca Pirineos, el Camino de Santiago, la España Verde, la Ruta de la Plata; los proyectos realizados en cooperación con la Federación Española de Municipios y Provincias, como por ejemplo los municipios verdes, la gestión integral en destinos, la mejora de calidad en oficinas de información municipal, y también la cooperación en la organización de viajes de periodistas extranjeros a destinos españoles, que han sido aproximadamente más de mil durante el año 2001.
Por todo ello, creo, señoría, que, independientemente de la atención que la Cámara pueda dedicar al sector turístico, dicho sector me parece indispensable, y es sin duda una de nuestras principales, si no nuestra principal industria, en la que somos claramente líderes mundiales.
El debate de la calidad de las estadísticas es un debate que debemos continuar, y que yo agradezco a su señoría. Creo que en los últimos tiempos hemos dado pasos importantes en esa dirección y continuaremos dándolos en el futuro.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Señor Vicepresidente.
El Senador Gibert tiene la palabra.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señor Vicepresidente Segundo del Gobierno, yo le agradezco muy sinceramente la parte de su intervención que ha dedicado a contestar a mi interpelación, y también le agradezco, aunque un poco menos, la parte que no ha dedicado usted a contestar a mi interpelación. Ya no nos sorprende ni nos molesta, forma parte de los malos hábitos parlamentarios a los que estamos acostumbrados.
Creo que he dicho claramente que para pensar en un impuesto de este tipo deben darse unas condiciones que no sé si se dan en Baleares y debe hacerse un debate sosegado y sin apriorismos excesivos sobre estas cuestiones. Me gustaría que esto fuera así, que siga siendo así en el futuro, y sobre todo me gustaría que se midiera con el máximo rigor posible la rentabilidad del turismo vacacional en determinadas zonas del país. Lo demás se mide mejor, pero no hace falta decirlo, he dicho que me gustaría que se midiera esta rentabilidad. Creo que sería interesante porque ayudaría a mantener con más sosiego este debate, y una de las condiciones clarísimas es que los impuestos, en el caso de que hagan falta después de medir esto, los paguen los turistas. Yo me conformaría, señor Rato, con haber conseguido que el debate le hubiera inducido a usted a pensar que tal vez sí, que tal vez habría que tomar un poco más en serio el sector turístico y el estudio riguroso de sus variables en cuanto a innovación tecnológica.
Para tratar de convencerles, les daré tres argumentos más. El primero se refiere a un reciente viaje de la Mesa y portavoces de la Comisión de Ciencia y Tecnología de esta Cámara para visitar los parques tecnológicos del País Vasco --por cierto una apuesta muy seria de política industrial-- y uno de ellos que está abriendo una sucursal en Cádiz, se propone, en función de su ubicación, abrir una línea de trabajo relacionada con el turismo, pues habían notado la pobreza de la información en el estudio de las variables del turismo en este viaje a Europea y descubierto, en cambio, los trabajos que están haciendo sobre estas materias en Australia y Canadá. Yo me comprometí --y he cumplido la promesa-- a enviarles referencias --ciertas web, etcétera-- de universidades del sudeste asiático que están haciendo trabajos interesantes en este tema.
El segundo argumento se refiere a la prueba de que los mercados --no las Administraciones-- tienden a absorber los costes medioambientales crecientes, o al menos una parte de esos costes, obligados por la progresiva sensibilidad en todo el mundo hacia los problemas de este tipo, que a su vez obliga a cambios radicales en la forma de contemplar determinados aspectos del turismo. Tengo la satisfacción y el honor en este momento de participar en el desarrollo

Página 3463


de un programa, a iniciativa de las Naciones Unidas, con los grandes operadores turísticos del mundo, con la UNEP, que están trabajando en una guía de buenas prácticas para los operadores turísticos e introducir en toda la cadena de producción calidad ambiental en sus productos. ¿Por qué lo hacen? Porque tienen sensibilidad medioambiental, no lo dudo, pero sobre todo porque quieren añadir valor y precio a su producto, en función de ese criterio --la demanda así lo hace--; están dispuestos a retribuir, en incrementos de precio, a las zonas turísticas de todo el mundo las mejoras de calidad medioambiental. Los grandes operadores del mundo están en esta tesitura. Creo que vale la pena tenerlo en cuenta, porque es un factor que se va a incrementar en todos los mercados turísticos.
Un tercer argumento se refiere a que en Rímini, señor Rato, en la actualidad han iniciado un trabajo que contempla estás cuatro variables de coste que le he mencionado: la variable de coste de producción y beneficios de empresas, más servicios que deberían ser optimizados en la propia zona, más costes de impacto medioambiental. Todo esto se está contemplando para medirlo y, en función de ello, tomar decisiones que es lo que creo que deberíamos hacer nosotros.
Entroncando con la capacidad de los mercados para absorber costes medioambientales, hay que tener muy presente, señor Rato, que cuando hablamos de turismo, cada vez más, además de una razón ética de solidaridad intergeneracional para la sostenibilidad, hay una razón económica de mucho peso: el mercado exige y exigirá cada vez mayor calidad medioambiental. Esto es así. Hay una razón económica, además de la otra.
Se puede obtener con ecotasas o sin ellas; lo primero que hay que hacer es medirlo, pero yo en su lugar no descartaría nada, y tomaría en serio absolutamente la reflexión que modestamente --y seguro que muy mal-- he intentado transmitirle.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Tiene la palabra el señor Vicepresidente Segundo y Ministro de Economía.


El señor VICEPRESIDENTE SEGUNDO DEL GOBIERNO PARA ASUNTOS ECONOMICOS Y MINISTRO DE ECONOMIA (De Rato y Figaredo): Muchas gracias, señora Presidenta.
Senador, su señoría me ha transmitido muy bien su opinión, lo que pasa es que no estoy de acuerdo con ella. Yo modestamente --y también apelando a la generosidad de su señoría-- le quiero decir, no que usted no me transmita bien su opinión, sino que no estoy de acuerdo con ella, y ahora le voy a explicar por qué.
Respecto a las preocupaciones --que ya no han sido tan intensas en la segunda parle-- de cómo poder medir los efectos inducidos en el producto interior bruto del turismo, quisiera reiterarle que la cuenta satélite que he mencionado en mi primera intervención va a ser una especie de contabilidad nacional del sector turístico, y va a permitir medir el peso de cada subsector, es decir, vacacional, congresos, etcétera, y eso nos va a permitir avanzar en el aspecto que comentaba su señoría.
En cuanto al gasto del sector turístico, la propia existencia de una nueva estadística que nos permita medir la encuesta del gasto turístico, nos va a permitir conocer con precisión su papel, además del que ya tenemos a través de la propia balanza de pagos en cuanto al sector privado.
A partir de ahí, señoría, ¿por qué cree que debemos transmitir a los turistas que ellos son los que contaminan, ya sea en las Islas Baleares, en Segovia, en Madrid o en Gijón, de donde yo soy? Yo soy partidario --y está presente el Ministro de Medio Ambiente-- de que tengamos una fiscalidad, y sobre todo un gasto público, que nos permita mejorar nuestra calidad de vida, pero, ¿por qué decírselo a los turistas, que además pernoctan en un hotel, ya que si no lo hacen no contaminan? Eso es lo absurdo de la medida. (El señor Gibert i Bosch hace signos denegatorios.) Señoría, o la defiende o la respalda, pero no podemos hacer las dos cosas al mismo tiempo, porque eso me parece excesivamente cómodo. ¿Por qué decirles a los turistas que pernoctan en un hotel, por el que ya pagan impuestos al Estado español, al municipio español y a la Comunidad Autónoma española, que además, tienen que ser los responsables de la política medioambiental de donde su señoría quiera? Eso es es exactamente lo que supone la ecotasa balear, y decir que lo único que hay que hacer en la Comunidad Autónoma balear para mejorar el medio ambiente es desincentivar el uso de los hoteles por parte de los turistas, es difícil de aceptar como una política de ningún tipo, por mucho que se haya prometido en las elecciones.
Eso es lo que está desincentivando el turismo, hasta el punto de que todavía no se ha aplicado, y ya vemos la reacción de mercados muy importantes para nosotros, como por ejemplo el alemán, que, además, si usted me apura, son mucho más sensibles al medio ambiente y a ese tipo de planteamientos que el mercada español. Ellos probablemente tienen problemas medioambientales más fuertes que los nuestros, quizá porque son sociedades --aceptémoslo-- más desarrolladas, más educadas, que tienten en sus países políticas muy estrictas de medio ambiente, y seguramente verían con mucho interés que nosotros las tuviéramos, pero no pueden aceptar esta política porque no entienden por qué son ellos los responsables de esa política medioambiental cuando utilizan una habitación de hotel y si tienen una casa, si duermen en un camping o si tienen un amigo, entonces ya no se les aplica la ecotasa. Comprenda, señoría, que con medidas de esa profundidad jurídica y económica es muy difícil competir en el mundo.
En ese sentido nosotros hemos desaconsejado la ecotasa, y esta oportunidad que me brinda su señoría no la voy a desaprovechar: la vuelvo a desaconsejar. Es decir, no me parece una medida que ni jurídica ni económicamente deba tomarse. Y en ese aspecto los datos del primer año no pueden ser más significativos. Otra cosa es que, indudablemente, el medioambiente y la calidad de vida forman parte de un concepto amplio de calidad que debe ser básico. Yo quiero recordar que ha sido el Gobierno del Partido Popular en la legislatura pasada, junto con el Ministerio

Página 3464


de Medio Ambiente y con la Ministra de entonces, el que confirmó el primer acuerdo sobre turismo y medio ambiente, que estamos en fase de proyecto sobre municipios verdes, en los que estamos colaborando e invirtiendo dinero público y que, sin duda, las políticas de medio ambiente tienen un efecto, como las políticas de infraestructuras, extraordinariamente importante sobre la calidad de vida de los turistas que vienen a nuestro país. En ese sentido, entre todos tenemos que encontrar fórmulas que nos permitan mejorar la calidad de la oferta turística, y en ese marco se engloban las medidas públicas que afectan, entre otras, al medio ambiente.
No olvidemos, por otra parte, que en el proceso de diversificación turística de nuestro país no sólo somos uno de los más importantes desde el punto de vista cultural, sino que tenemos la mayor reserva medioambiental de Europa y, por lo tanto, somos los más interesados en que nuestros clientes turistas del mundo lo sepan. Entre todas las administraciones públicas estamos caminando en esa dirección, con la pequeña excepción, que yo lamento, de la política actual del Gobierno balear en cuanto a la ecotasa.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Vicepresidente.
Señorías, de acuerdo con el Reglamento corresponde el turno de portavoces, pero hasta ahora el acuerdo de la Junta de Portavoces ha sido no hacer uso del mismo en las interpelaciones. ¿Alguien quiere hacer uso de este turno? (Pausa.)

--DE DON PEDRO RODRIGUEZ CANTERO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA, SOBRE SI LA ACTUACION DE LA SOCIEDAD ESTATAL AGUAS DE LA CUENCA DEL GUADALQUIVIR, S. A. (AQUAVIR), SE HA ADECUADO A SUS FINES DE CREACION (670/000095).


La señora PRESIDENTA: Pasamos a la interpelación del Excelentísimo señor don Pedro Rodríguez Cantero, del Grupo Parlamentario Socialista , sobre si la actuación de la sociedad estatal Aguas de la Cuenca del Guadalquivir, S. A. (Aquavir), se ha adecuado a sus fines de creación.
Para exponer la interpelación, tiene la palabra el Senador interpelante, en este caso, el señor Rodíguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señor Ministro, la Ley 13/1996, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social, o, por decirlo con una denominación genérica más conocida, la Ley de acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado para 1997, autoriza al Consejo de Ministros a la creación de las sociedades estatales de obras hidráulicas, por extensión de la autorización que el artículo 158.1 hace en relación con las sociedades estatales de carreteras, de las cuales, paradójicamente, no se ha constituido ninguna hasta el momento, mientras que sí se han creado doce sociedades estatales de obras hidráulicas.
¿Casualidad? En mi opinión, no.
No es casualidad que se hayan creado, insisto, doce sociedades estatales de obras hidráulicas y ninguna de carreteras. Es la consecuencia de que las hidráulicas, las llamadas sociedades de agua, constituyen un elemento clave de la política de agua defendida por el Partido Popular, primero, en la oposición, y promovida después por el Gobierno de Aznar a partir de 1996; política cuya definición culminó posteriormente con la reforma de la Ley de Aguas de 1985, aprobada, como saben sus señorías, en 1999 con la oposición del Grupo Socialista y que abre el uso del agua a las leyes del mercado y detrae su gestión al estricto control de la esfera pública y al sometimiento al interés general. Señor Ministro, sé que el tema de la interpelación no es la reforma de la Ley de Aguas de 1985. Los socialistas ya hemos anunciado que cuando volvamos al Gobierno volveremos sobre el asunto y debatiremos; no se preocupe.
Coincidirá conmigo en que para analizar el cómo y el porqué de las sociedades estatales de agua es obligado conocer y recordar las directrices y objetivos que impulsaron al Gobierno a reformar dicha Ley.
A partir de julio de 1998, tres sociedades estatales de agua iniciaron progresivamente sus actuaciones en Andalucía: Aguas de la Cuenca del Sur, S. A. (Acusur) y las del Guadiana (Hidroguadiana, S. A.) y del Guadalquivir (Aquavir, S. A.). Las tres tienen algo en común: en ninguna de ellas participa la administración andaluza, pese a que en sus consejos de administración se deciden, se priorizan inversiones, y, además, estas sociedades van a ser las encargadas en el futuro de la explotación de las infraestructuras que se ejecuten, de manera que todo ello implica un enorme poder de decisión sobre el aprovechamiento y la gestión de buena parte de los recursos hídricos andaluces, con indudable repercusión e implicaciones en la política de ordenación territorial, competencia que no es de la Administración central sino de la Junta de Andalucía en su territorio. ¿Otra casualidad? Tampoco creo yo que sea así.
La creación de la Sociedad Estatal de Aguas del Guadalquivir (Aquavir), se autoriza por el Consejo de Ministros de 2 de julio de 1999 y se constituye el 20 de octubre de ese mismo año, con un capital social de 23.700 millones de pesetas de aportación total. Según el Gobierno, se crea Aquavir para ser el instrumento que dinamice y mejore la ejecución de obras hidráulicas y con el fin --y leo textualmente de sus estatutos-- de dar eficaz respuesta administrativa a la necesaria inversión en la cuenca del río Guadalquivir.
Las actuaciones a desarrollar por la sociedad están recogidas en el convenio suscrito por el Ministerio de Medio Ambiente y ella misma, y se concretan en siete obras a construir o explotar por Aquavir mediante el pago de contraprestaciones por los usuarios (dos embalses y cinco actuaciones de regadío) y cinco obras a construir o explotar por Aquavir, con la colaboración de instituciones públicas (un embalse y cuatro abastecimientos). En total, son doce obras, con una inversión prevista de 75.000 millones de

Página 3465


pesetas, de los que Aquavir deberá aportar --quédense con la cifra-- 33.000 millones de pesetas; los usuarios, 35.000 millones de pesetas; algo menos de 7.000 millones se financiarán con fondos comunitarios y sólo unos 50 millones serán aportados por otras administraciones públicas. Señor Ministro, desde entonces han pasado dos años. ¿Se ha terminado o, al menos, se ha iniciado la construcción de alguna de esas obras? El día 1 de octubre compareció, en la Comisión de Medio Ambiente del Senado, el Presidente de la Sociedad Estatal de Aguas del Guadalquivir, el señor Vizcaíno, y en sus respuestas no dejó dudas: Aquavir no había iniciado a esas fechas la construcción de ninguna de esas obras.
En consecuencia, yo le pregunto, señor Ministro: ¿Cumple Aquavir con ese fin de dar eficaz respuesta administrativa a la necesaria inversión en la cuenca del río Guadalquivir? Le recuerdo que es una cuenca estructuralmente deficitaria en más de 700 hectómetros cúbicos, pese a que su plan nacional intenta camuflarlo.
En la referida comparecencia del señor Vizcaíno, quedaron sin respuestas muchos de los interrogantes que el funcionamiento de Aquavir nos plantea.
Es verdad que para algunos de ellos se comprometió que lo iba a hacer por escrito, y desconozco si lo ha hecho, pero no es menos cierto que en la mayoría de los casos o contestó con evasivas o simplemente ignoró las preguntas. Yo voy a repetirle hoy aquí esas mismas preguntas, primero, porque el señor Vizcaíno no las contestó y, segundo, porque es el Gobierno, en este caso su Ministro de Medio Ambiente, quien tiene la obligación de dar cuenta ante esta Cámara del funcionamiento bueno o malo de una sociedad estatal, como es Aquavir.
Señor Ministro, para medir la eficiencia de una empresa que dice en sus estatutos que tiene como finalidad el dar eficaz respuesta administrativa a la inversión necesaria, hay que determinar la ratio corriente/inversión real ejecutada. ¿Conoce usted esa ratio en Aquavir? Si lo actuado hasta ahora por esta sociedad lo hubiera hecho la Confederación, ¿hubiera tenido algún coste adicional en su presupuesto? Son cuestiones a las que usted tiene que dar respuesta para que así podamos conocer si la sociedad cumple o no los fines de eficacia inversora que la justificaron y para los que fue creada. Más aún, usted con sus respuestas debe disipar las sospechas que muchos tenemos de que la eficiencia de las sociedades de agua no las mide el Gobierno por su capacidad inversora, sino por otros parámetros; las mide por la posibilidad que ofrecen de vaciar de cometidos a las confederaciones, sustrayendo así la gestión del agua al control público y, sobre todo, porque utilizan fondos comunitarios y priorizan inversiones, limitando así la capacidad financiera y de decisión de las Comunidades Autónomas y, en definitiva, recortando el autogobierno que la Constitución y los estatutos les reconocen.
Eso es lo que muchos pensamos, señor Ministro, y vemos a esas sociedades estatales de agua no como un instrumento eficaz al servicio de una política de aguas sometida al interés general, sino como un instrumento más en la estrategia de involución autonómica que el Gobierno del Partido Popular viene desarrollando.
Señoría, si la nula eficiencia inversora de Aquavir es patente, la estrategia que orienta sus relaciones con el Ministerio de Medio Ambiente y con la Federación son, simplemente, desconocidas. Señor Ministro, ¡aclárelas! Hoy tiene la oportunidad de decir qué criterios se siguen para adjudicar obras a la Dirección General de Obras Hidráulicas, a la Confederación o la sociedad Aquavir, porque ejemplos hay para todos los gustos, y usted los conoce mejor que yo. Aclárenos también si Aquavir ha suscrito o está previsto que suscriba algún convenio de usuarios --fíjese bien, se lo voy a repetir, algún convenio de usuarios-- con la Confederación --creo que usted me ha entendido perfectamente, si no, en mi segunda intervención se la aclararé más--, o si ha suscrito o está prevista entre Confederación y Aquavir alguna encomienda de explotación de infraestructura existentes, de las que ya están funcionando. Por último, respecto de este capítulo de relación de la sociedad con la Administración estatal, aclárenos qué medidas ha adoptado la sociedad para aprovechar la experiencia técnica de la Confederación. Aclare estas cuestiones y disipe las sospechas.
Seguimos --insisto-- pensando que se está produciendo un vaciado competencial de las confederaciones y más aún, existe el temor extendido de que pudiera darse la incongruencia de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir sea usuaria de una sociedad que debiera ser instrumental y a la que debe controlar como Administración hidráulica.
¡Fíjese qué galimatías! Excuso decirle los múltiples interrogantes que existen en el régimen económico de estas sociedades, desde la perdida de oportunidad de inversión que supone la inmovilización de miles y millones de pesetas --el Presidente de Aquavir en unas declaraciones que hizo en Córdoba dijo que las tenía en un banco, supongo que así será, pero está perdiendo oportunidad de inversión-- hasta el descontrol presupuestario de los ingresos financieros o la justificación de los inmovilizados.
En definitiva, hay todo un ejemplo de opacidad, de confusión, de riesgo.
Como eso ocurre para la generalidad de las sociedades estatales de agua, Aquavir no iba a ser distinta. Aquavir tiene un proceso de financiación que está lleno de incertidumbre. Le digo alguna. En cuanto a la financiación de la diferencia entre la aportación exigida a la sociedad por el convenio suscrito con el Mimam, quiero saber cómo se van a financiar esos 33.000 millones de pesetas, que antes le dije que recordara, y su capital social, que son 23.700. Usted nos lo aclarará.
Hay una pregunta que no se la voy a hacer ahora. Se la voy a hacer después, señor Ministro, porque primero me ha de contestar a otra. ¿Va a gestionar la sociedad las operaciones de crédito, para financiar las operaciones de los usuarios, que son de 35.000 millones de pesetas? Aclare también, señor Ministro, en este mismo capítulo, ¿qué ocurrirá si cuando los usuarios finalicen el cumplimiento de sus compromisos económicos dentro de 20 ó 25 años el Estado decide, tal como está prevista la posibilidad, que la sociedad asuma a su cargo el 50 por ciento financiado por ella? Cuéntenoslo. ¿Van a poder cobrar tasas? ¿No van a poder cobrarlas? ¿Qué va a ocurrir? Esa es una posibilidad prevista.


Página 3466


Por último, señorías, señor Ministro, quiero insistir en el hecho de que en ninguna de las tres sociedades estatales de agua que actúan en Andalucía tiene representación la Administración andaluza en su Consejo de Administración. Yo le pregunto, ¿ cree razonable que no la tenga? Le pregunto más: ¿ Por qué Andalucía no tiene representación en esos Consejos de Administración? En definitiva, señor Ministro, ineficiencia, incertidumbres, riesgos y amenazas al autogobierno de los territorios, que evidencian que el proceso de creación y puesta en funcionamiento de las sociedades estatales de agua ha sido, como mínimo, muy confuso y lleno de improvisaciones.
Aclárenos las interrogantes planteadas sobre el funcionamiento de Aquavir y, sobre todo, comprométase a que las actuaciones de las sociedades estatales de agua están al servicio del interés general y no de estrategias que pretenden corregir lo que la derecha de siempre califica de veleidades de autogobierno y nuestra Constitución, en su Título VIII, reconoce como Estado de las Autonomías.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señoría.
Para responder a la interpelación, en nombre del Gobierno, tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señora Presidenta.
Señoría, quiero agradecerle esta posibilidad que me ofrece, a través de esta interpelación, para aclarar o al menos intentarlo, el funcionamiento y la gestión de esta Sociedad Estatal de Aguas del Guadalquivir.
Permítame que empiece por el final diciéndole que uno, aquí, tiene que aguantar muchas cosas, y puedo admitir que me hable de veleidades respecto al desarrollo del Estado de las Autonomías y que me dé clases de autonomía, pero usted comprenderá que no comparta sus manifestaciones.
Como ya sabe su señoría, la Sociedad Estatal de Aguas de la Cuenca del Guadalquivir se constituyó el 22 de octubre de 1999, y comenzó a funcionar, de forma efectiva, a partir del convenio de gestión directa, al que usted se ha referido, el 12 de enero de 2000.
Voy a intentar explicar cuál es el proceso para acatar estas actuaciones encomendadas a la Sociedad Estatal.
Lo primero que hay que comprender es que estamos hablando de un instrumento, una sociedad estatal de aguas, para poder llevar a cabo o acometer una serie de inversiones, de proyectos que, en otras condiciones, no podrían convertirse en una realidad. Esto nos ayudará a comprender los plazos y sucesivas etapas por las que se debe discurrir, y que constan de los siguientes pasos: definición detallada de las actuaciones encomendadas; redacción de los proyectos y de las obras o revisión de los proyectos existentes, si estuviesen anticuados; tramitación ambiental de los mismos; aprobación de los proyectos básicos; tramitación, en su caso, de las medidas compensatorias o correctoras de impacto ambiental; solicitud de fondos europeos, si procede; firma del convenio de financiación con los usuarios; licitación de las obras con publicidad estatal y comunitaria; selección de ofertas y adjudicación; aprobación, por el Ministerio de Medio Ambiente, de los proyectos de construcción e inicio de las obras. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Aquavir tiene encomendado un conjunto de obras por un importe total de 75.000 millones de pesetas, entre las cuales, naturalmente, destacan los embalses de La Breña II y Arenoso, que suponen una inversión del 53 por ciento del total. La modernización de regadíos supone un 30 por ciento, y la mejora de abastecimientos, un 17 por ciento del total.
Quiero recalcar que el hecho de que un proyecto se tramite por la Sociedad Estatal no cambia en absoluto ningún paso administrativo de la tramitación por la que debe pasar este proyecto, que es exactamente igual que si el proyecto se lleva a cabo directamente por el organismo autónomo o por la Administración: la declaración de impacto ambiental, la solicitud de los fondos europeos, la aprobación por la Unión Europea, etcétera. Lo digo porque, a diferencia de lo que usted ha manifestado, no voy a echar la culpa de que La Breña II no se haya empezado al hecho de que la Junta de Andalucía no nos haya entregado las medidas compensatorias hasta hace tres o cuatro meses. Estoy convencido de que si la Junta de Andalucía ha tardado todo este tiempo en entregarnos las propuestas sobre las medidas compensatorias que quieren y que nosotros hemos aceptado para mandarlas a la Unión Europea y que ésta pueda aprobar el proyecto por el cual vamos a ejecutar esta obra, no es por mala intención de la Junta de Andalucía. Si nosotros, hasta hoy, no hemos tenido este proyecto de la Junta de Andalucía, supongo que será porque ésta no habrá podido hacerlo antes, habrá tardado mucho en hacerlo porque no habrá tenido esa posibilidad, y punto. Se habrá tardado mucho en ese trámite, pero la cuestión es que, hasta hace cuatro meses, no hemos recibido esta solicitud de las medidas compensatorias y, a partir de ahora, ya hemos podido desbloquear completamente la ejecución de este proyecto y hemos remitido el expediente a la Comisión Europea, con esta solicitud de medidas compensatorias que nos había solicitado la Junta y que nosotros compartimos. Como es natural, una vez aprobado por ésta, se adjudicarán, y espero que puedan comenzar en el primer semestre del próximo año.
Respecto a la presa de Arenoso, su señoría sabe que en el año 1997 la declaración de impacto ambiental --estoy hablando del 53 por ciento de las obras encomendadas-- no presentó ningún problema. Se podía hacer perfectamente. Lo que pasa --y no es un reproche, sino exponer un hecho objetivo-- es que con posterioridad al año 1997 la Junta de Andalucía ha propuesto declarar LIC, es decir, lugar de interés comunitario, la sierra de Cardeña y Montoro. Lógicamente esto retrasa la tramitación de este proyecto y en este momento se ha presentado un documento de afección no significativa que, en caso de ser aprobado por la autoridad ambiental, permitirá licitar la obra inmediatamente.
Hay que insistir en que yo no quiero que usted desprenda de mis palabras ningún tipo de reproche, sino todo

Página 3467


lo contrario. Si la Junta cree que se tenía que declarar LIC la sierra de Cardeña y Montoro, naturalmente, como Ministro de Medio Ambiente, estoy encantado de que se protejan estos espacios naturales, pero sorber y soplar al mismo tiempo es imposible, con lo cual, cuando se concede esta declaración a un espacio natural por donde pasaba el proyecto de la obra, ésta se retrasa.
En las actuaciones de abastecimiento se han comenzado las correspondientes a Jaén. Aquí también hay una tramitación de la Junta para poder suscribir el convenio como usuario, que al final fue firmado por la Diputación de Jaén, pero la Junta tiene que firmar este convenio de usuario y consignar el importe del 15 por ciento en plena colaboración con nosotros para llevar adelante este proyecto.
En cuanto al abastecimiento a Puertollano, se ha redactado el proyecto definitivamente, pero en este caso otra Comunidad Autónoma y otro ayuntamiento aún no han puesto a disposición de la sociedad el convenio de financiación.
Para la modernización de regadíos se han adjudicado las obras de la margen izquierda del Genil y están en fase de adjudicación las de modernización de regadíos de Barbate.
Es importante saber cuáles son estas circunstancias y constatar que se han firmado cuatro convenios, que está negociándose la firma de otros tantos, que se han licitado cuatro obras por 31.000 millones de pesetas, que se han adjudicado obras por 5.070 millones de pesetas, que se han redactado otros proyectos, como la presa de Arenoso, la zona regable de Genil-Cabra, la modernización de la zona regable de Bembézar abastecimiento a Jaén y la presa del Salobre. En definitiva, yo creo que estos proyectos demuestran cuál es la viabilidad de esta forma de ejecutar la obra pública.
Quisiera llamarle la atención, con todo respeto, sobre una cuestión que creo que no debería descentrarnos de este debate. Las sociedades estatales son un instrumento para que, efectivamente, estas inversiones que Andalucía necesita puedan ser una realidad en beneficio de los ciudadanos de Andalucía, y es un instrumento que nos permite encontrar nuevas fórmulas de financiación y acometer proyectos que si no fuera a través de. este instrumento no tendríamos capacidad financiera para asumir. Y lo que hay que decirle a los ciudadanos es qué es lo que ha invertido y lo que está invirtiendo el Ministerio de Medio Ambiente en Andalucía. Hay que decirles a los ciudadanos qué es lo que ha propuesto invertir el Ministerio de Medio Ambiente en el Plan Hidrológico Nacional que usted votó en contra. Y hay que decir a los ciudadanos que todas estas obras, que suponen la mayor inversión en Andalucía, si fuera por usted no se podrían hacer y no se harían. Si su voto se hubiera impuesto, los más de 691.402 millones de pesetas que el Plan Hidrológico prevé para Andalucía no se hubieran podido invertir.
La realidad son las obras que se ejecutan por la totalidad de los Presupuestos. Y la realidad es, sinceramente y de una forma objetiva --aunque las comparaciones son odiosas--, que estamos invirtiendo en Andalucía en materia de obra hidráulica, gracias a las sociedades estatales y de forma directa, unas cantidades que rondan en cada presupuesto los 120.000 millones de pesetas. Y ya que usted me hace tantas preguntas, señor Senador; ¿cuánto invertíamos hace seis años? Repito que las comparaciones son odiosas, pero a veces resultan ilustrativas.
Lo que también es importante, desde mi punto de vista, es saber que este tipo de instrumentos se incluyen dentro de un concepto moderno e integral de la gestión del agua no sólo en España sino en toda Europa. Su señoría me preguntaba que por qué se elige una sociedad estatal y no una confederación, y decía también que estamos vaciando de contenido las confederaciones. Señoría, no entiendo por qué hemos de vaciar de contenido las confederaciones. Nosotros las encontramos tal como están; ustedes también gobernaron y las dejaron tal y como están. No las transfirieron a ninguna Comunidad Autónoma sobre la base de la ley que establece, naturalmente, que las que pasen por más de una Comunidad Autónoma son confederaciones de ámbito estatal. Es lo que dice la ley, no lo digo yo. En cualquier caso, no entiendo por qué hay que vaciar de contenido.
¿Por qué se hace la obra por la sociedad? Porque la ley, la directiva sobre aguas que usted tan bien conoce, señoría, y asimismo la propia Ley de Aguas y esa reforma, establecen un principio básico, el de la incorporación del coste de la instalación en el precio final del agua en España y en toda Europa. Y sobre la base de ese precepto, a través de una sociedad estatal, y siempre y cuando exista la posibilidad de la participación del usuario --que es lo que diferencia el que elijamos una obra por una Administración o por una sociedad estatal-- se nos permite acometer estos proyectos cofinanciados por los usuarios como una fórmula más de financiación. Señoría, estoy seguro que usted es el primero en defender, al igual que lo hace la directiva, que los costes se tienen que incorporar al precio, y hay muchas formas de incorporarlos. Una de ellas es asumir el coste de la inversión directamente en lugar de repercutirlo en el precio final. Ese es el instrumento financiero que se establece en las sociedades estatales. Creo que es algo bueno y positivo ya que al final eso permite acometer unas inversiones que en otras condiciones no nos sería posible.
No estoy de acuerdo en que exista opacidad, confusión o incertidumbre en este tipo de sociedades. Son instrumentos totalmente públicos, son Estado, es decir, no hay esa representación que usted me pide en este instrumento ni en cualquier otro, pero eso no quiere decir que no haya información. Del mismo modo que tampoco hay representación nuestra en algunos organismos de Comunidades Autónomas en los que quizá también sería positivo que la pudiera haber. Yo creo que eso no se tiene por qué traducir en ninguna voluntad de opacidad, se lo digo con toda sinceridad; antes al contrario. La financiación de estos proyectos, como es natural, está garantizada. No existe ningún riesgo de que no se puedan afrontar estas inversiones porque en este sentido tenemos garantizadas las financiaciones, y se lo hemos demostrado muchas veces.
Lo importante, insisto en ello, es que éste es un instrumento que nos permite acometer unas inversiones con la

Página 3468


participación de los usuarios sin que ello le genere al Estado déficit público. El SEC/95, como usted sabe perfectamente, es la regla que establece cuáles deben ser esos criterios, de ahí la buena iniciativa de aquellos a quienes les correspondió en su momento crear este tipo de sociedades que nos han permitido acometer muchas inversiones y que nos van a permitir acometer las del Plan Hidrológico Nacional.
Quiero, una vez más, insistir en el hecho de que el Plan Hidrológico Nacional precisamente reconoce que la mayor necesidad de inversiones en España se produce en Andalucía; que las mayores necesidades están en Andalucía; que los mayores déficit que debemos cubrir están en Andalucía.
Otra cosa, señoría, es que usted me venga a decir aquí que Andalucía tiene un déficit, que nosotros intentamos cubrir con estos proyectos de inversión, y que después usted no diga nada, se calle cuando le pido su opinión sobre si está o no de acuerdo con que se lleve agua del Ebro a Almería. A mí también me gustaría saberlo, porque usted ha votado en contra de que llegue agua del Ebro a Almería.
Por lo tanto, quiero insistir en que debemos ser serios y, sobre todo, tenemos la obligación de ser coherentes. En este sentido, también quiero animarle a que nos ayude a que estas obras puedan llevarse adelante.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señor Ministro de Medio Ambiente.
Tiene la palabra el Senador Rodríguez Cantero.


El señor RODRIGUEZ CANTERO: Gracias, señor Presidente.
Señor Ministro, escuchándole se me ha ocurrido el título, no sé si de un trabajo o de una tesis doctoral, que usted pudiera escribir, y es «El universo visto a la luz del Plan Hidrológico del señor Matas». (Risas.) ¿Verdad que es bonito? Lo que sucede es que es deformante. Si usted quiere, otro día presento una interpelación sobre el Plan Hidrológico y contesto a las preguntas que usted me formule. Yo me siento en el banco azul y usted viene aquí y cambiamos los papeles. (Risas en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.--Un señor Senador del Grupo Parlamentario Popular: ¡Ya habéis estado ahí!) Porque, usted está de Ministro, y justifica su sueldo en la medida en que venga aquí a decir a los ciudadanos qué va a hacer y qué no va a hacer y a someterse al control de la oposición. No cambie usted los papeles ni quiera usted que yo, que no cobro su sueldo, dé respuesta a lo que es su problema y a lo que usted tiene que hacer.
De todas maneras, en su intervención, señor Ministro, no ha contestado a una sola de las preguntas. (El señor Ministro de Medio Ambiente, Matas y Palou: Usted cobra más que yo.) Yo no he dicho que cobre menos, he dicho que no cobro su sueldo. (Risas.) Si quiere usted, lo expreso de otra manera.
De las preguntas que he formulado usted no ha contestado a ninguna. Me ha hablado del Plan Hidrológico, etcétera. Como quedan reflejadas en el «Diario de Sesiones», le recomiendo que se las lea, que se las va a leer o si no, un asesor, y pregunte usted por ellas porque, señor Ministro, me da la impresión de que usted, que no fue muñidor ni de la reforma de la Ley de Aguas de 1985 ni de estas sociedades estatales, no conoce exactamente cómo están funcionando y para qué funcionan.
Lo dejo ahí. Usted no quiere contestarme, no puede contestarme y yo quiero creer que usted no me puede contestar.
Pero de su intervención he anotado dos o tres cosas. Primera conclusión, el hecho de que Aquavir no haya invertido en Andalucía los 9.000 y pico millones de pesetas o los casi 6.000 que tenía previsto para el 2001 --hablo de memoria-- es culpa de la Junta de Andalucía, que ha retrasado La Breña y Arenoso.
¿Llevo o no razón cuando le planteo la conveniencia, la necesidad y la urgencia de que la Junta de Andalucía esté en el Consejo de Administración de Aquavir? Porque todos esos problemas y esas descoordinaciones se sustanciarán allí. ¿Se compromete usted al menos a que desde mañana se ocupará de tomar los acuerdos necesarios para que la Junta de Andalucía esté en el Consejo de Administración de Aquavir, de Acusur y de Hidroguadiana? ¿Qué me cuenta, señor Ministro, de que las cosas son así y no pueden ser de otra manera? Más o menos es lo que ha dicho.
Señor Ministro, hay representación de gobiernos y administraciones autonómicas en la cuenca del Segura, en la cuenca del Duero, en la cuenca del Ebro. ¿Por qué no la hay en las cuencas andaluzas? ¿Y qué es eso de que no se pueden transferir las cuencas por no sé qué razón? ¿Quién le ha dicho a usted que no se pueden transferir las cuencas intracomunitarias? En esta Cámara y en más de una ocasión yo mismo he instado al Gobierno a que hiciese la transferencia de la cuenca del sur.
¿Sabe cuál fue el último argumento que se me dio? Que se estaba abasteciendo de agua a Ceuta y que, entonces, no era intracomunitaria.
Señor Ministro, no diga esas cosas tan raras.
En conclusión, los socialistas no nos oponemos a las inversiones ni en Andalucía ni en ningún territorio, ni a que haya instrumentos eficaces y transparentes para realizar esas inversiones, pero sí nos oponemos, señor Ministro, a que tengan ustedes instrumentos como las sociedades estatales de agua, que no están al servicio de una inversión eficaz y ágil y pretenden el vaciamiento de competencias de las Comunidades Autónomas.
Eso es así, señor Matas. Mire bien lo que están haciendo, que no es más que el truco del armario, lo que pasa es que lo hacen de forma muy basta y es más que evidente.
Llegan ustedes a la La Breña y dicen que van a construirla. Por cierto, la licitaron en el año 2000 y no entiendo lo que dice ahora sobre la Junta de Andalucía. Lo que pasa es que la licitaron pasándose por encima la legislación medioambiental española, europea y la de todo el mundo.
¿Sabe por qué la licitaron en el año 2000? Porque se celebraban las elecciones. La licitan y, desde entonces, allí está.


Página 3469


Pero, ¿sabe lo que ocurre con la financiación? Que, como no encuentran la financiación de los usuarios porque es de regulación general, pretenden --y ésa era una de las preguntas que le hacía-- que la confederación se convierta en usuario de la sociedad. Entonces, ¿para qué queremos la sociedad? Si la confederación tiene que entramparse en la parte que le corresponde al usuario y la sociedad va a hacer la aportación de fondos comunitarios, ¿qué pinta ahí la sociedad? Yo le digo lo que pinta: camuflar el endeudamiento del Estado --no corregirlo, sino enmascararlo-- y evitar que la Junta de Andalucía decida sobre la inversión de los fondos comunitarios dándoles prioridad. Eso es lo que consiguen; vacían la confederación y, como no tienen un sustituto razonable que funcione si quiera tan mal como lo hacen las confederaciones, tienen que convertirla en usuario.
¿Usted ha estudiado qué complejidad jurídica tiene eso? ¿Qué va a pasar con las tasas? Por eso le digo que la financiación de la sociedad tiene toda la opacidad del mundo. ¿Qué va a pasar con las tasas? La sociedad no puede cobrarlas, entonces ¿quién las va a cobrar? ¿Quizá la confederación? ¿Qué va a ocurrir si el Estado decide --puede hacerlo y está recogido como prioridad-- que la sociedad se haga cargo del 50 por ciento de su aportación? ¿A quién le van a cobrar las tasas y con qué procedimiento van a hacerlo? Señor Matas, está todo en el aire. Pregunte y que se lo cuenten, porque me da la impresión de que, como está tan ocupado con el Plan Hidrológico Nacional, no ha tenido tiempo de darse cuenta de que tienen ustedes un instrumento que, desde luego, apañados vamos todos los andaluces si todas las inversiones del Plan Hidrológico Nacional van a venir de la mano de esas sociedades estatales, tal y como funcionan.
Lo que yo y los socialistas pretendemos, señor Matas, es que esas inversiones lleguen de manera ágil y eficiente, y para eso hay que corregir el instrumento. No dude de que con las sociedades estatales que ustedes han creado no disponen de ese instrumento del que hablan, lo que sí tienen es un instrumento que está vaciando de contenido a las confederaciones.
Pregunte a los ingenieros de caminos de las confederaciones, y verá lo que le dicen. La señora Tocino recibió una carta en su tiempo, porque se pusieron de uñas. Pregúntele a la Dirección General de Obras Hidráulicas y, sobre todo, a las Comunidades Autónomas, verá cómo todas ellas necesitan y quieren estar ahí. Porque usted está manejando, no un factor económico --el agua no es un factor económico--, un elemento de cohesión y de ordenación del territorio, y eso no lo puede hacer a espaldas de las Comunidades Autónomas, máxime si son tan autonomistas como dicen. No quiero darles ninguna lección de autonomía, pero a los hechos me remito.
Ustedes serán todo lo autonomistas que quieran, pero cada paso que dan supone una regresión centralista. Eso es así, señor Matas.
Termino, señoría. Si usted no se compromete --y espero que lo haga-- a que la Junta de Andalucía tenga representación en esos consejos de administración, traeremos una moción consecuencia de interpelación. En todo caso, le quiero decir que nosotros queremos que haya un instrumento eficaz y ágil. Nosotros no rechazamos la fórmula de principio, nosotros lo que rechazamos es el mecanismo y el funcionamiento que ese instrumento está teniendo hasta ahora.
¿Y sabe usted en qué se concluye? En que no ha invertido ni una sola peseta, señor Matas. No me lea usted lo que los estatutos dicen que puede hacer, dígame usted lo que ha hecho, y seguro que acabaría usted muy pronto porque no ha hecho absolutamente nada. Para corregir eso cuente usted con nuestra ayuda y si no lo hace olvídese usted de que su propaganda de tantas inversiones llegue a ser mínimamente realidad.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Rodríguez.
Tiene la palabra el señor Ministro de Medio Ambiente.


El señor MINISTRO DE MEDIO AMBIENTE (Matas i Palou): Gracias, señoría.
Brevemente, ¿qué ha hecho la Sociedad? En estos momentos la Sociedad tiene licitadas el 40 por ciento de las obras adjudicadas, 5.097 millones de pesetas, y el 52 por ciento de las obras son los dos grandes proyectos que usted sabe perfectamente en qué proceso están, Arenoso y La Breña.
Sin todo ese procedimiento que ha hecho la Sociedad estos proyectos no podrían ser una realidad, exactamente igual que sucede en la Administración.
Yo no culpo a la Junta de Andalucía, señoría. A diferencia de lo que usted hace --si me lo permite--, yo no culpo a la Junta de Andalucía, yo sólo expongo hechos objetivos, y estoy seguro de que esos retrasos que hemos tenido que padecer por mor de esa tramitación administrativa que correspondía a la Junta de Andalucía en absoluto son intencionados, sino que sin duda deben responder a criterios estrictamente objetivos en el cumplimiento de su ámbito competencial y con la voluntad de que estas inversiones sean una realidad y se hagan; estoy convencido de ello. Ahora bien, hace cuatro meses que hemos recibido las propuestas de las medidas compensatorias de La Breña, no antes, hace cuatro meses. Esta es la realidad y no pasa nada, se va a hacer el proyecto y se va a hacer, sin duda, gracias a que el Gobierno de España quiere hacer este proyecto.
Quiero insistir en el hecho de que la Sociedad Estatal sólo gestiona una parte relativa de las obras que integran el Plan Hidrológico Nacional y de las obras que integran este proyecto. Yo le invito a analizar los Presupuestos Generales del Estado y usted verá qué parte de Andalucía ejecuta la Sociedad Estatal y qué parte adjudican las otras Administraciones. Y hechos son amores y no buenas razones: las obras son una realidad y Melonares hoy es una realidad porque hemos tenido que hacer un esfuerzo del que ustedes dudaban, que hoy afortunadamente ya ha sido superado y que, repito, es una realidad; exactamente igual que el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España triplicando o cuadruplicando las inversiones en Andalucía, de

Página 3470


hace unos años. Este es un hecho objetivo que todos deberíamos intentar reconocer.
¿Pero qué es lo importante? Lo importante es que las obras se hagan y se hagan bien. Lo que quiere el ciudadano no es que nosotros discutamos y nos peleemos por un mes más o un mes menos de una Administración o de otra, sino que la coordinación entre las Administraciones sea correcta, sea positiva y al final cumpla el objetivo de que estas obras puedan ser una realidad. Lo importante es que La Breña se haga, y para que La Breña se haga nosotros hemos encontrado un instrumento financiero que antes no se pudo encontrar. Y yo quiero negar la mayor de que este instrumento financiero sea un instrumento que esconda déficit, porque esto es tanto como decir que usted no está de acuerdo ni con el SEC/95 ni con las normas de contabilidad de la Comisión de la Unión Europea. Es más, yo estoy seguro de que si usted gestionara utilizaría ese instrumento, porque ésas son las normas. Cuando se admiten unas normas de contabilidad, luego no se puede rechazar el resultado que esas mismas normas han obtenido. Por tanto, aquí nadie está escondiendo nada ni nadie está amagando nada; todo lo contrario, es un instrumento que permite acometer proyectos de inversión con cargo a activos financieros y siempre que haya una aportación de los usuarios, y la ley y la propia Comisión reconocen que no computa en déficit.
En cualquier caso, voy a ir más allá porque el ciudadano sigue queriendo que la obra se haga, y eso es lo que está haciendo este Gobierno, que las obras se hagan y se lleven adelante a diferencia de lo que ocurría antes, desgraciadamente. (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.) Usted no debe tener ningún temor con el tema de las tasas porque existe un convenio con los usuarios que está delimitado de la «a» a la «z»; usted no debe preocuparse porque el usuario no va a firmar un convenio que le genere cualquier sombra de duda y que le perjudique, ¡buenos son los regantes y los usuarios del agua! Nadie les tiene que enseñar nada y no se preocupe que tendrán absolutamente cubiertas todas sus garantías antes de asumir un proyecto de estas características. (El señor Rodríguez Cantero pronuncia palabras que no se perciben.) Usted dice que yo no le contesto, pero usted tampoco me contesta a ninguna de las preguntas que le formulo y no me dice si quiere o no agua para Almería, que es una pregunta importante y sobre la que deberíamos conocer su opinión, para saber si estamos de acuerdo en que las cuencas de Andalucía son deficitarias y necesitan de estas inversiones y de este esfuerzo. Porque éste es el Gobierno que se ha comprometido a realizarlo, que se compromete y que, además, demuestra con hechos que va a resolver ese problema de déficit, afortunadamente, de una vez por todas.
En cualquier caso, le sigo agradeciendo la interpelación y me sigo poniendo a su disposición.
Nada más y muchas gracias, señoría.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, señor Ministro.
DICTAMENES DE COMISIONES SOBRE PROYECTOS Y PROPOSICIONES DE LEY REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS (S. 621/000031) (C. D. 121/000033).


La señora PRESIDENTA: Terminadas las interpelaciones, señorías, y después de efectuar consultas con los portavoces, vamos a continuar con el punto tercero del orden del día: Dictámenes de Comisiones sobre proyectos y proposiciones de ley remitidos por el Congreso de los Diputados.
En primer lugar, el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología en relación con el Proyecto de Ley de Marcas.
Para la presentación del dictamen, tiene la palabra el representante designado por la Comisión, en este caso el Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, el Senador Arroyo Hodgson.


El señor ARROYO HODGSON: Señora Presidenta, señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar al Pleno de la Cámara el dictamen de la Comisión de Ciencia y Tecnología al proyecto de ley de marcas.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 4 de julio. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el 12 de septiembre y el proyecto se tramita por el procedimiento ordinario.
Se han presentado un total de 108 enmiendas: de la 1 a la 6, por los Senadores Cámara Fernández y Cabrero Palomares, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 7 a la 10, por el Senador Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto; de la 11 a la 31, por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; de la 32 a la 40, por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés; de la 41 a la 79, por el Grupo Parlamentario Socialista; de la 80 a la 83, por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió; y, finalmente, de la 84 a la 108, por el Grupo Parlamentario Popular.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los Grupos Parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes: Por el Grupo Parlamentario Popular, don Adolfo Abejón Ortega, don Juan Seva Martínez y don Alberto Terán Molleda; por el Grupo Parlamentario Socialista, don Félix Lavilla Martínez y don Jerónimo Saavedra Acevedo; por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, don Josep Varela i Serra; por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, don Arseni Gibert i Bosch; por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, don Francisco Xabier Albistur Marin, y por el Grupo Parlamentario de Coalición Canaria, don Alonso Arroyo Hodgson.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 27 de septiembre,

Página 3471


incluyéndose en el informe las enmiendas números 84 a 108 del Grupo Parlamentario Popular. El día 11 de octubre la Comisión acordó aceptar como dictamen el texto del informe emitido por la Ponencia. Para su debate ante el Pleno, asunto que nos trae hoy aquí, han formulado votos particulares los Senadores Nacionalistas Vascos, enmiendas números 11 a 31; Entesa Catalana de Progrés, enmiendas números 32 a 40, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en relación con la disposición adicional decimotercera; Convergència i Unió, enmiendas números 80 a 83, y enmienda transaccional en Comisión a la enmienda número 104 del Grupo Parlamentario Popular, y Grupo Socialista con las enmiendas números 41 a 49, 51 a 59 y 61 a 79, y vuelta al texto remitido por el Congreso de los Diputados en lo modificado por las enmiendas números 85, 87, 99, 101 y 104 del Grupo Parlamentario Popular.
Con estas palabras creo haber resumido la tramitación que, hasta ahora, se ha llevado a cabo en el seno de la Comisión de Ciencia y Tecnología de este importante proyecto de ley de marcas.
Finalizo, señora Presidenta, agradeciendo el trabajo realizado por los Senadores que han participado en dicha tramitación, y especialmente a aquellos Senadores que forman parte de la Ponencia.
Nada más, señora Presidenta. Señorías, muchas gracias.


La señora PRESIDENTA; Gracias, Senador Arroyo.
Comenzamos, pues, el debate de totalidad. ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra para un turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) ¿Algún Grupo desea hacer uso de la palabra en turno de portavoces? (Pausa.) Pasamos, pues, al debate del articulado. El voto particular número 1, correspondiente al Grupo Parlamentario Mixto sobre las enmiendas números 7 a 10, ha sido retirado.
Comenzamos con el voto particular número 4 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, correspondiente alas enmiendas números 11 a 31.
Para su defensa tiene la palabra el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Muchas gracias, señora Presidenta.
En aras a la brevedad, y puesto que ya han tenido lugar unas conversaciones entre los diferentes Grupos y el Grupo Parlamentario Popular en las que se ha llegado a una serie de transacciones y acuerdos respecto del debate de las enmiendas y en cuanto al mantenimiento y retirada de las mismas, voy a enumerar, por razones de orden, las que mi Grupo va a retirar. En este sentido, la enmienda número 31 se retira de forma absoluta, transaccionada o no. Asimismo, quedarían retiradas las enmiendas números 30, 28, y 20 a expensas de ser sustituidas por una transaccional, sin perjuicio de poder ser corregido por el representante del Grupo Parlamentario Popular que, en estos momentos, y dadas las prisas con las que se está organizando este debate, lleva con más exactitud que yo la cuenta de cuáles son las correspondencias entre las transacciones y las enmiendas que presentamos.
En relación con la enmienda número 14, se transaccionará el párrafo 5 del artículo 11 y se retirará parte de la enmienda planteada al párrafo 7 de este artículo 11.
El resto de las enmiendas las mantenemos vivas por razones fundamentalmente de defensa de competencia de las Comunidades Autónomas, por considerar que, de alguna forma, se produce en nuestro texto y en los introducidos una mayor seguridad jurídica en relación al ciudadano usuario de las marcas y de los registros correspondientes, y también, por una mayor precisión jurídica en los términos utilizados en relación a lo que es la fuente del registro o la fuente donde se produce la competencia para la Comunidad Autónoma o para la Oficina Española de Patentes y Marcas, dado que la Unión Europea, en este caso, no tiene por qué condicionar el orden constitucional español introduciendo una serie de conceptos jurídicos de carácter genérico, como puede ser un domicilio o establecimiento que sea de carácter riguroso, no estableciendo si es permanente o no, cuando en nuestras leyes, en las leyes ya existentes en el Estado español, existe terminología que se refiere al domicilio social, al establecimiento permanente o a establecimientos financieros ahí donde se ubica la administración y la dirección.
Dicho esto, mantendríamos vivas para su votación las enmiendas que no he citado anteriormente. Esperamos que el resultado de las transaccionales sustituya a las enmiendas que he citado, a excepción de la 31, que decae por sí misma.
Quiero agradecer sinceramente el esfuerzo realizado por el representante del Grupo Parlamentario Popular, señor Abejón, en esta materia por intentar un acercamiento con los grupos representantes nacionalistas, ya que en este caso también afecta a enmiendas de Convergència i Unió, que consideramos ponen de salvaguarda la sentencia del Tribunal Constitucional y las competencias de las Comunidades Autónomas.
Asimismo, agradezco el clima de buen entendimiento en una ley tan compleja como ésta, y anuncio que votaremos a favor de la ley en el momento en que se produzca la votación.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Albistur.
Para la defensa del voto particular número 3, que corresponde al Grupo de Entesa Catalana de Progrés, el Senador Gibert tiene la palabra.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias, señora Presidenta.
Quiero decir en un solo turno que la transcripción de la Directiva de esta ley nos parece, plausible, aunque podría ser un poco más simple, e incluso un poco más, corta, pero plausible en definitiva.
Defiendo las enmiendas 32 a 40, presentadas por mi Grupo, y que se refieren a aspectos como el ámbito de protección no diferencia entre municipio y otros ámbitos; el mantenimiento de rótulos de establecimiento, que entronca

Página 3472


con lo anterior; la consideración de aspectos fonéticos cada vez más como marcas debería precisarse algo más; facilitar la solución o la no aparición de conflictos y evitar, por tanto, el número de litigios, y hacer alguna precisión en relación al tratamiento de las franquicias.
Compartimos, aunque no las hemos presentado por considerar que no era un asunto de extrema conflictividad, las precisiones que han planteado algunos grupos en relación a las competencias de las Comunidades Autónomas.
Finalmente, me gustaría decir que intuyo que por lo menos una de nuestras enmiendas tendrá que decaer en función de los nuevos textos, pero como no hemos sido consultados ni hemos tenido ocasión de hablar, yo tampoco me he molestado en ver si era necesario, retirar alguna enmienda, por tanto, en principio no la retiro, aunque me alegro de que se hayan incorporado observaciones de otros grupos. No obstante, nos hubiera gustado tener alguna conversación al respecto.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Corresponde ahora la defensa del voto particular número 2, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. Para su defensa, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Muchas gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero agradecer, en nombre de mi grupo, la buena disposición del señor Abejón para contemplar posibilidades de acercamiento respecto a nuestras enmiendas, y nos felicitamos por haber llegado a una transaccional satisfactoria en cuanto a las enmiendas números 80 y 81. Vamos a retirar la enmienda número 82, en aras de una promesa, que esperamos se confirme, de que estaría contemplada --que es lo que pedimos en esta enmienda--en la ley de acompañamiento a los Presupuestos para el año 2002. Unicamente mantendremos la enmienda número 83, porque pensamos que la regulación de los contratos de distribución o el régimen de franquicia son aspectos importantes que no están suficientemente contemplados en la ley.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Tiene la palabra el Senador Saavedra, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, para defender los votos particulares números 5 y 6, que, corresponden a su grupo parlamentario, y a las enmiendas números 41 a 49, 51 a 59, y 61 a 79, así como la vuelta al texto del Congreso de los Diputados.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Nos encontramos ante un proyecto de ley que ha experimentado una profunda transformación en su paso por el Congreso de los Diputados y también en esta Cámara, especialmente con las incorporaciones de enmiendas del Grupo Parlamentario Popular. Es una ley que, en su conjunto, tiene un apoyo muy amplio de nuestro grupo, no obstante lo cual hemos presentado estas enmiendas que ha mencionado la Presidencia, y que tratan de perfeccionar ciertos tecnicismos jurídicos, dicho sea con toda sinceridad, aunque en otros casos se trata de algo de mayor calado.
Las enmiendas referidas al primer grupo tratan de aclarar o de precisar ciertas generalidades que podrían dar lugar a alguna confusión en la aplicación práctica de la ley, y como toda ley debe procurar el máximo de seguridad jurídica, es por lo que hemos hecho referencia en distintas enmiendas a temas relacionados con la sustitución de la expresión de «titulares» por «legitimados». Alguna otra enmienda creo que responde a algo más que a una simple referencia técnica, como es el epígrafe donde se habla de la marca como objeto del derecho de propiedad. Sostenemos que es más justo, en términos jurídicos, que la marca no sólo sea objeto del derecho de propiedad, sino también de otros derechos, por lo cual el epígrafe quedaría más correcto si se recogiera nuestra enmienda que hace referencia a la marca como objeto del derecho, sin entrar a determinar si aquí estamos más volcados en la regulación del aspecto de la propiedad, del dominio, que en otras manifestaciones jurídicas que inciden sobre la marca.
La enmienda de más calado se refiere al artículo 9, que, en mi opinión, responde mejor que el propio texto --que todavía, estamos en condiciones de mejorar-- cuando, en su exposición de motivos, trata de explicar las razones de la ley que sustituye a la de 1988: en primer lugar, la experiencia derivada de la aplicación de la ley de 1988, la incorporación necesaria de directivas, acuerdos, protocolos y convenios de carácter comunitario o internacional suscritos por nuestro país, y también la Sentencia 103, del año 1999, del Tribunal Constitucional, donde se delimitan las competencias de la Administración del Estado y de las Administraciones Autonómicas. Además, se dice que la nueva ley no sólo se justifica por la aplicación de la Ley de 1988, sino por la necesidad de hacer frente a nuevas situaciones derivadas de la sociedad de la información. Y es aquí donde nos encontramos con una insuficiente protección de las denominaciones que se utilizan en la sociedad de la información, ya que tal como está redactado el artículo 9 del proyecto de ley no creo que esto esté suficientemente protegido. Como justificación de nuestra enmienda al artículo 9 reflejamos que la propia Organización Mundial de la Propiedad Intelectual reconoce que los valores de dominio han adquirido mayor importancia en tanto que indicadores comerciales. El valor de la marca sobre el dominio queda perfectamente garantizado en el artículo 34, como efectos del registro de la marca y de su solicitud, cuando se cumplan una serie de condiciones que recoge el artículo 34.
Pero queda delimitado y garantizado que, sin la debida autorización, no se excluye el registro de la marca. Con ello, tan sólo pretendemos imponer una cautela para evitar aprovechamientos ilícitos por parte de personas que pretendan utilizar el prestigio adquirido por la actividad previa de un dominio y convertirlo después en marca. Por esta razón, la enmienda número 51, a la que estoy refiriéndome, propone añadir al final del apartado c)

Página 3473


del artículo 9, la frase «y en particular el nombre de dominio». Es decir, que no pueda ser objeto de marca sin las garantías o cautelas anteriormente señaladas y sin la debida autorización.
Sé que el Grupo Parlamentario Popular está dispuesto a ofrecernos alguna enmienda transaccional en relación con esta materia, y cuando lo veamos opinaremos si nos deja suficientemente tranquilos y seguros respecto a los usuarios ante este fenómeno en extensión, que puede dar lugar a aprovechamientos ilícitos por parte de terceros, que no encuentran o no van a encontrar en la nueva legislación española --pues de momento no las tiene-- las garantías suficientes para evitar tales aprovechamientos.
En resumen, se trata de una ley útil, necesaria, a la que hemos incorporado algunas enmiendas, unas de menor alcance porque son de carácter estrictamente jurídico --pero yo creo que también el perfeccionamiento del lenguaje de nuestras leyes tiene que ser un deber de todos los miembros de esta Cámara--, y otras que ponen de relieve que el tema del dominio no está protegido debidamente en este proyecto.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Saavedra.
Terminados los votos particulares, procede un turno en contra. En nombre del Grupo Parlamentario Popular y para el turno en contra, tiene la palabra el Senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, señoras y señores Senadores, ha quedado bastante claro el clima favorable en el que se ha desarrollado la Ponencia, el proyecto de ley y la participación de los grupos parlamentarios, como no podía ser de otra manera. Es decir, se trata de hacer una ley de todos los españoles, una ley que responda a lo que la Unión Europea demanda en estos momentos de nuestros productos y de nuestros servicios, una ley acorde con la comunidad internacional, y que tras largo debate en el Congreso y también muchas horas de pasillo y de despacho en el Senado, ha encontrado un punto común a todos, con importantes enmiendas que han reforzado el texto del Congreso.
Quisiera resaltar principalmente que, aunque solemos decir que cuando un proyecto de ley pasa por la Cámara del Senado no se modifica el texto en sus aspectos básicos, en este caso ha habido tres ejes fundamentales que en la Comisión con competencia plena en el Congreso quedaron sin resolver, y, por tanto, ha habido que trabajar porque realmente eran tres temas muy complicados.
En primer lugar, se trataba de situar en nuestro contexto económico la marca notoria y renombrada, con lo que hoy día significa en el contexto de la globalización disponer de una marca notoria conocida en un determinado sector y que haya que protegerla por encima de la propia especialidad, y una marca renombrada que sea conocida por la totalidad de todos los españoles y que haya que protegerla de todos los productos y servicios que pueda desempeñar. Desde mi punto de vista, éste ha sido un punto clave y que ha quedado completamente claro en el debate mantenido en esta Cámara con la inclusión de marca notoria, por un lado, y marca renombrada, por otro.
Quisiera resaltar a este respecto el trabajo de todos los grupos parlamentarios, pero, en especial, creo que el que más fuerza hizo, más hincapié puso fue el Grupo de Izquierda Unida en el Congreso de los Diputados, que ha podido ver satisfecha esa batalla que planteó para que al final la marca renombrada se considerara en el texto del proyecto que hoy se presenta a debate.
El segundo punto, como ha expresado el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, era el relativo a adecuar la normativa con que ya contábamos a la nueva sociedad de la información. Se trata de un punto muy delicado porque no es nada fácil que un proyecto de ley recoja los intereses de todos los ciudadanos sin que pueda perjudicar a alguien, y ése es el equilibrio que debe guardar, en principio, una ley.
Es evidente que la marca tiene mucha tradición en España y sus productos y servicios ya se contemplaban adecuadamente en la ley anterior, reforzados en este proyecto de ley en cuanto a que la marca queda muy bien protegida. Así, a esta marca para ser tal se la exigen muchos condicionantes: en primer lugar, una tramitación seria y rigurosa, un proceso que en algunos casos dura más de un año y, lo más importante de todo, el hecho de que una empresa ha de custodiarla durante un período de tiempo, es decir, una marca se tiene que dedicar a los productos o servicios que vienen en esa marca.
El Grupo Parlamentario Socialista --entre otros, pero principalmente-- plantea en su enmienda número 51 que, lógicamente, si se hace esta protección de la marca y de los nombres comerciales, a la inversa también debe hacerse un esfuerzo de protección, ya que no podemos olvidar que hoy día la informática es una realidad y, como bien ha dicho el portavoz, la OMPI así lo reconoce, es decir, el mundo de la informática, de la telemática, de Internet, las redes de dominio tienen ya un poder económico notable, aunque la OMPI no se atreve a dar el paso y situarlos al mismo nivel que las marcas o los nombres comerciales, ya que sostiene que no constituyen, en principio, una propiedad industrial o intelectual.
Se queda ahí porque la propia OMPI ya ve el riesgo que conllevan los nombres de dominio. Evidentemente, no me refiero a un nombre de dominio notorio, renombrado o que detrás tiene un nombre comercial o una razón social jurídica. Es obvio que si a una marca se la obliga a tener unos productos y unos servicios, también tendremos que obligar a un nombre de dominio a que preste un servicio o tenga unos productos. Si queremos que exista reciprocidad en esta cuestión, deberemos establecer también las mismas exigencias.
Es por esto por lo que el texto es cuidadoso a la hora de no utilizar el nombre de dominio, ya que se podría inducir a ciertos errores y dar cabida a ciertos listillos --sin ofender a nadie--, quienes, vista la ley, pudieran poner sus nombres de dominio y, después --sabemos el proceso de la Justicia, que es complicado--, requerir ciertas exigencias a las propias empresas, como ya está ocurriendo, es decir, empresas españolas de gran prestigio se han encontrado

Página 3474


con que estaban ya en el nombre de dominio .com y, por no recurrir a la Justicia, han tenido que ir a la indemnización.
Eso hay que protegerlo en su conjunto, es decir, la sociedad de la información tiene que llegar a la Ley de Marcas, tiene que llegar a los productos, tiene que llegar a los servicios, pero debe ser seria y rigurosa. Por eso existe esa inquietud. Nosotros no pretendemos excluir a los nombres de dominio, pero en algo que el sector industrial y el sector comercial están tan vigilantes no podríamos cometer un atropello del cual luego pudiéramos arrepentirnos todos. En ese sentido es en el que tanto a sus señorías como al portavoz del Grupo Parlamentario Socialista les hago ver ese riesgo que indudablemente existe con los nombres de dominio.
Respecto al tercer eje de la negociación del Senado, quisiera resaltar lo más importante de todo. Este proyecto de ley no ha llegado al Senado con el tema principal resuelto, que es el de la sentencia del Tribunal Constitucional, en el que las Comunidades Autónomas tienen competencia plena, que son los rótulos de establecimiento pero no ha llegado porque también tiene enormes dificultades. La primera es que la sentencia reconoce un único registro para todos los españoles. En consecuencia, todos son iguales ante esta ley y por ello deben cumplir los requisitos bien en la Comunidad Autónoma o bien en el registro central en la misma igualdad de condiciones.
Se ha suscitado a este respecto el tema de las lenguas, y está claro que hay error. El Grupo Mixto aludía a una sentencia del Tribunal Constitucional de 1997, pero también hay que ver la de 1999 que es posterior. La sentencia de 1997 está juzgando unos registros comerciales que se ubican dentro de la Comunidad Autónoma y, en consecuencia, no tienen trascendencia supraterritorial. Mientras que la sentencia de 1999 está analizando el conjunto de los productos que se mueven por todo el territorio nacional, y ahí dice claramente que todos los españoles son iguales ante la ley y que un ejemplar forzosamente debe ir en la lengua común de todos los españoles, sin que eso suponga que pueda ir otro ejemplar en la lengua cooficial de la Comunidad Autónoma respectiva.
Queda claro que ese apartado suscitado en bastantes enmiendas no tiene ningún sentido.
En lo que respecta a los rótulos de establecimiento, no solamente tiene que abordarse todo el contenido de la competencia, en cuanto que a partir de ahora quien tiene plena competencia en este tema transitorio son las Comunidades Autónomas. A partir de ahora la renovación no solamente tendrá el expediente, no solamente hará el análisis de forma, sino de fondo, de resolución. Pero las peticiones de los grupos, sobre todo nacionalistas, pedían más: que la tasa que se cobra por renovación también estuviera incluida en esa competencia y, en consecuencia, que el Estado cediera esa parte. Pues bien, en ese apartado también se recoge la tasa. Pero todavía quedaba otro tercer escollo: El registro ahora es único y está en la Oficina Española de Patentes y Marcas, como muy bien conocen sus señorías. ¿Qué hacemos para que tenga competencia plena con todos los documentos, si están ubicados en un único lugar? También el proyecto recoge que tendrán una fotocopia de todos los expedientes.
Tampoco pasa nada si en las Comunidades Autónoma se suscita realmente el problema de que el Gobierno que sustenta el Partido Popular no quiera dar documentos originales. Ese no sería el problema, es decir, no habría ningún inconveniente para transmitir incluso los documentos oficiales del registro único del Estado de patentes y marcas. El problema viene porque muchos documentos son muy complejos, son de hace muchos años, están deteriorados. Hay un proceso en camino. Los registros han de ser seguros y --como su palabra indica-- ha de quedar registrada toda la documentación desde que existe la Ley sobre la Propiedad Industrial. Por eso, se llegó a esa fórmula interesante de mandar el expediente a las Comunidades Autónomas, que son quienes hacen la resolución.
El Partido Nacionalista Vasco, prácticamente en todas sus enmiendas, hace una defensa de sus legítimas competencias como Comunidad Autónoma y, sobre todo, alude a unos temas particulares que guardan siempre relación con ir más allá de lo que la ley puede ir. La ley tiene que trasponer la Directiva comunitaria de obligado cumplimiento en sus mínimos, de la A a la Z. La tiene que transcribir textualmente. El Reglamento no es de obligado cumplimiento, pero no tendría sentido que no sirviera para un acercamiento de la Unión Europea a nuestro país. ¿Por qué? Porque sería posible que un mismo ciudadano tuviera dos marcas, una amparada por la Comunidad y otra por el Estado español, con distinto tratamiento. Por eso, debemos ser rigurosos y transcribir el Reglamento de la Unión Europea.
En cuanto al tema internacional, la ley que da paso a una nueva ley ya había recogido el Acuerdo de ADPIC, pero también se han dado pasos muy importantes en otras cuestiones que hasta ahora lógicamente no se habían podido dar: la marca multiclase, que el registro de la marca internacional pasara a nacional, y un montón de materias que han enriquecido nuestro texto.
El Partido Nacionalista Vasco ha dejado bien claro en su exposición que el texto actual le satisface porque recoge sus principales inquietudes en el ámbito competencial. En su enmienda número 20 quería extender el registro de la marca no sólo a su titular, sino a los derechohabientes, que son los herederos de una marca, por lo que se solicita que tengan esos derechos del titular de la marca, pues, a veces en el aspecto jurídico aparece el titular de la marca. En esta cuestión hay Comunidades más afectadas que otras.
Usted ha ido un poquito más lejos en las enmiendas que ha presentado al proponer sustituir la terminología estricta de la Unión Europea por una más adaptada a nuestro quehacer diario, pero lo que nosotros hemos reflejado es de obligado cumplimiento. En consecuencia, hay frases que no nos gustan a todos si nos referimos al texto de la Marca, pues nos parece que en España están superados términos como «registro», «establecimiento serio y riguroso», «causahabiente» o «derechohabientes». Son términos que en nuestro contexto pierden su sentido y parece que lo más razonable es hablar de razón social que de esas palabras que figuran ahí.
Yo resumiría las enmiendas del Partido Nacionalista Vasco en dos apartados: el puro competencial, que está satisfecho,

Página 3475


y el de la terminología. Respecto de éste último sugeriría utilizar términos más habituales en España que están sustituidos por términos europeos de obligado cumplimiento, pues prácticamente se podría decir que todo nos obliga a ese apartado.
Senador Gibert, le pido disculpas. Este parlamentario no ha contrastado ni dialogado con usted sobre sus enmiendas, pero no ha sido por falta de interés. Le pido mil disculpas. Ha sido por una simple razón. Como eran enmiendas que coincidían con las del Grupo Parlamentario Socialista, he hablado con el Grupo Parlamentario Socialista. ¿Por qué? Porque su señoría insiste mucho en utilizar el rótulo de establecimiento o un sinónimo parecido. Habla del establecimiento o de la ubicación del establecimiento. Usted sabe que de las nueve que presenta cuatro tienen relación con los rótulos de establecimiento.
La ley no la cuestiona nadie. Tiene la virtud de que refuerza las marcas, los nombres comerciales, las marcas notorias, las marcas renombradas, las marcas comunitarias, las marcas internacionales, las marcas multiclase, y en toda la normativa internacional ya no aparecía el rótulo de establecimiento como un registro obligatorio. Esto se deja a la normativa de la competencia desleal. Pero es que, al final, nuestro, proyecto satisface bastante. ¿Por qué? Pues porque, aunque no es de obligado cumplimiento, el registro tiene muchas vías para que un rótulo de establecimiento se convierta en marca o en nombre comercial. Las tiene todas. Pero no sólo eso, es que, además, da un período de vigencia de siete años, que a partir de ahora deberán renovar, a todos los rótulos de establecimientos registrados. Al cabo de este período de siete años, los parlamentarios tendrán que discutir sobre la nueva marca, pero creo que es un tiempo suficiente para ver cómo va la cuestión relativa a los rótulos de establecimiento en las Comunidades Autónomas que tienen plenas competencias. Esa es la razón por la cual hemos estado dialogando con el Partido Socialista.
Dejaré para el final las enmiendas de Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, ya que la enmienda a la disposición adicional de la que hemos hablado antes guarda mucha relación con la de ese grupo.
El Grupo Parlamentario Socialista ha presentado muchas enmiendas, tanto en el Congreso de los Diputados como en el Senado. En el segundo eje ha hecho un especial hincapié en lo relativo a la adaptación de la normativa --no podía ser de otra manera-- a la sociedad de la información. Por eso he hablado con el portavoz respecto a que, posiblemente, aunque no sea en el apartado c) del artículo 9, podamos buscar un acercamiento. Dicho apartado hace mención a las marcas, a los nombres comerciales, a los derechos de autor y de diseño, es decir, a lo que en la legislación actual se entiende por la pura, dura y sana propiedad intelectual y propiedad industrial, dejando el apartado d) para otros.
Aparece un texto nuevo en el que se incluyen los nombres de dominio, en el que se habla de que éstos deben tener una razón social, una razón comercial, ser algo, no limitarse a ser sólo un nombre de dominio puesto en el ordenador, sino que deben tener detrás un servicio, un producto, una empresa, un comercio y una cierta notoriedad. Eso es lo que nosotros entendemos por nombres de dominio, y ésa ha sido la razón del posible traslado del apartado c) al d).
Como sabe el portavoz del Grupo Parlamentario Social muchas enmiendas --como sabe perfectamente-- están bien conducidas. No hemos hablado sobre esta cuestión, pero creo que el Grupo Parlamentario Socialista se sumará a las enmiendas 80 y 81, del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió y 29 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos. En principio, el Grupo Parlamentario Socialista tiene presentada a la disposición adicional otra enmienda de supresión.
Vista la madurez del texto al que hemos llegado en el Senado, no tendría sentido --y, además, estoy seguro de que ése no es el sentir del portavoz-- suprimir toda la competencia de los rótulos de establecimiento. Por eso sabe muy bien que en muchas enmiendas, a lo largo de las 39 ó 40 que plantea, hay una especie de duda sobre si meter ese rótulo de establecimiento que, al final, ha quedado perfectamente reflejado.
La mayoría de ellas son también enmiendas técnicas y, según el texto de la ley, de obligado cumplimiento para todo lo que es la normativa comunitaria. Salvo la enmienda que ha comentado y alguna otra más, yo destacaría lo relativo a la marca como derecho de propiedad industrial, que es lo que los industriales quieren. Lo que hemos oído los parlamentarios del Grupo Parlamentario Popular es que ellos quieren que aparezca que es un derecho de propiedad. Sabemos que hay otros muchos derechos. A través de una marca se puede ceder, se puede compartir, se pueden hacer muchas cosas, pero ellos querían que apareciera explícitamente el título de la marca como derecha de propiedad.
Efectivamente es correcto el texto de la marca como derecho, pero las cosas tienen unos derechos, las personas tenemos otros derechos y aquí estamos juzgando productos y servicios. En la escuela nos enseñaban que un título lo que refleja realmente es la síntesis, es decir, el resumen final de un gran texto. Por eso hemos puesto ahí el derecho de propiedad.
Otras enmiendas van dirigidas a las marcas en su nuevo contexto de derivada y multiclase. Hacen una defensa de la ley anterior, como no podía ser de otra manera, que es plausible, pero yo creo que la marca derivada está muy bien recogida en el nuevo texto, porque una marca derivada no es más que una variación de la marca o de los productos que ya tiene, es decir, una variación de los signos distintivos.


La señora PRESIDENTA: Senador Abejón, le ruego que vaya concluyendo por favor.


El señor ABEJON ORTEGA: Voy terminando, Presidenta.
Lo que se ha hecho es dar esta posibilidad, que está recogida con las marcas multiclase. Es mucho más fácil hacer una nueva marca. Y se acabó.
Dejo mi última intervención, abusando de la bondad de la Presidenta, para contestar al Grupo Parlamentario Catalán

Página 3476


en el Senado de Convergència i Unió. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Este Grupo hizo un gran trabajo en el Congreso de los Diputados, presentó numerosas enmiendas y muchas de ellas fueron recogidas. Además, ha batallado, como también lo ha hecho el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, para defender sus enmiendas números 80 y 81, referentes a los rótulos de establecimiento, para que quedasen perfectamente recogidos. Ese trabajo, al final, ha dado su fruto y, aunque tenía pendientes dos enmiendas más, que son perfectamente entendibles, referidas a la potenciación de la innovación y la internalización de nuestros productos, yo creo que en la ley de presupuestos queda perfectamente recogido.
En cuanto a la franquicia, planteada también por los Grupos Socialista y Catalán de Convergència i Unió, es cierto que está alcanzando un poder económico muy importante y creo que sabe a poco hacer referencia a la enmienda del Grupo Socialista, donde aparecían marcas de garantía y de franquicia.
En cuanto a la enmienda que planteaba el Grupo Catalán de Convergència i Unió, se instaba al Gobierno a que presentara una nueva normativa relativa a la franquicia. No lo hemos considerado oportuno, aunque no significa que no estemos a favor de que esta ley suponga estar, en cierto modo, detrás del Gobierno para ver lo que tiene o no que hacer.
Agradezco a Coalición Canaria su participación en el debate porque sus enmiendas quedaron recogidas en el Congreso de los Diputados y termino como empecé: yo creo que es una ley de todos los parlamentarios y de todos los españoles, constituyendo la mejor marca que podemos exhibir dentro y fuera de nuestro país, que es la marca de España.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Muchas gracias, Senador Abejón.
Se suspende la sesión hasta las cuatro de la tarde, que dará comienzo con el turno de portavoces. La votación será después de la Ley del Tratado de Niza.


Eran las catorce horas y treinta y cinco minutos.


Se reanuda la sesión a las dieciséis horas y quince minutos.


La señora PRESIDENTA: Señorías, se reanuda la sesión.
Turno de portavoces respecto de las enmiendas y votos particulares al Proyecto de Ley de Marcas. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Mixto.
El Senador Cámara tiene la palabra.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Teniendo en cuenta el trabajo realizado en la Ponencia y en la Comisión y considerando que al menos a Izquierda Unida se le han aprobado las seis enmiendas que tenía, me siento tan feliz que votaré a favor.
Alguna de las enmiendas de los grupos nacionalistas tienen mi consideración y sería deseable que fuesen recogidas para tener en cuenta el papel de las Comunidades Autónomas.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Cámara.
Turno del Grupo Parlamentario de Coalición Canaria. En su nombre, tiene la palabra el Senador Arroyo.


El señor ARROYO HODGSON: Gracias, señora Presidenta.
Intervendré muy brevemente, para indicar que mi Grupo, como ya se dijo esta mañana, vio recogidas sus enmiendas en el trámite del Congreso de los Diputados. Simplemente quería añadir que, como Presidente de la Comisión de Ciencia y Tecnología, me siento muy satisfecho del comportamiento de los portavoces de los distintos grupos. A todos les quiero felicitar porque creo que se ha dado un ejemplo de diálogo, de consenso y se ha hecho un esfuerzo importante para mejorar el proyecto de ley en su tramitación en esta Cámara.
No quiero ser petulante, pero pienso que no sucede lo mismo en otros asuntos y me gustaría aprovechar la ocasión para hacer un llamamiento al consenso y a la responsabilidad institucional de los distintos grupos.
Mejor nos iría a todos y a España en general.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
En nombre del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos no va a intervenir nadie.
Turno del Grupo de Entesa Catalana de Progrés. Tiene la palabra el Senador Gibert.


El señor GIBERT I BOSCH: Muchas gracias; señora Presidenta.
Señorías, tengo que hacer tres breves comentarios. En primer lugar, por supuesto que acepto sin ningún tipo de reserva las disculpas del Senador Abejón. Estoy convencido de que no había ninguna mala intención.
En segundo lugar, insistir en que siendo cierto que el resultado final de este proyecto de ley es bastante mejor que el texto inicial llegado del Congreso y que no tenemos en este momento discrepancias graves con el mismo, sigue siendo cierto que nos parece irregular, excesivamente detallista en algunos aspectos y, en cambio, poco claro en otros.
En tercer lugar, hemos seguido con mucha atención el debate relacionado con la enmienda número 51 del Grupo Parlamentario Socialista y hemos llegado a la conclusión de que su no introducción no empeora la situación, lo cual ya es mucho, pero supone desaprovechar una oportunidad para cubrir un vacío que existe y que habrá que llenar, y pensamos que no había motivos para ser tan precavidos; es decir, el problema es real y habrá que solucionarlo lo antes posible.


Página 3477


Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gibert.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Varela.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Voy a hacer unos breves comentarios. Esta ley es producto de la sentencia del Tribunal Constitucional de junio de 1999 que resolvía los recursos de inconstitucionalidad presentados por el Gobierno vasco y el Parlament de Catalunya en relación con determinados aspectos de la Ley de 1988, de Marcas. Esta ley intenta contemplar la mencionada sentencia del Tribunal Constitucional y adaptarse a las nuevas circunstancias de la vida económica y legal.
Considero que es una buena ley y, como he dicho esta mañana, estamos satisfechos porque esta sentencia se podía resolver de muchas maneras y el Partido Popular lo ha hecho de forma no cicatera sino con espíritu de diálogo y, en particular, su portavoz el señor Abejón. Por tanto, nuestro Grupo está satisfecho del resultado y del espíritu de la negociación.
Estoy totalmente de acuerdo con el señor Abejón en cuanto al papel del Senado. Nada me place más que resaltarlo, pero que no nos ocurra lo que sucedió hace dos o tres años en el Senado con la Ley de Cooperación en la que, a mi entender, introdujimos mejoras que hacían posible que desde esta Cámara se controlase parlamentariamente la cooperación internacional de España, pero, lamentablemente, después esta posibilidad fue hurtada en el Congreso. Insisto, no debe ocurrir ahora lo mismo con esta ley.
Agradecemos las enmiendas transaccionales; aceptamos las explicaciones sobre la enmienda número 83 relativa a las cuestiones fiscales que se contemplarán en la Ley de Presupuestos e insistimos en la necesidad de regular las franquicias. En el futuro, y si es posible con la colaboración del Partido Popular, haremos mejoras en ese sentido.
Mi último comentario es para adherirme a la expresión del señor Arroyo Hodgson para solicitar más consenso. Estoy de acuerdo; mejor nos iría si el ejemplo de esta ley pudiera aplicarse a otros casos de la vida legislativa.
Nada más. Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señora Presidenta.
Aludiendo a la intervención sobre el consenso del representante y portavoz del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado, he de decir que quizá podríamos hacer una investigación y llegar a una regla inversamente proporcional entre consenso y aburrimiento. Es decir, estamos ante una ley muy aburrida. Los que hemos estudiado y dedicado nuestra vida al Derecho consideramos poco atractivo tener que buscar y rebuscar en la redacción posibilidades de mejora, fallos, etcétera. Afortunadamente, en el Congreso se ha realizado una buena labor y en el Senado también se han corregido algunos olvidos.
Por todos estos motivos, nos encontramos ante una ley que valoramos positivamente, que responde a nuevas realidades, y de nuevo quiero insistir al señor Abejón, en relación con su intervención de esta mañana, en que no hay ningún riesgo en la posición que defendemos con la enmienda número 51. Y me explico. Cuando en el proyecto se alude a que sin previa autorización no se podrán registrar como marca una serie de circunstancias ya se está introduciendo una cautela, pero lo que nosotros queremos es proteger a los usuarios, a los que están moviéndose y creando eso que se llama dominio, frente a terceros. Por ello, ante la notoriedad que pueda adquirir una expresión y el hecho de que ésta no encaje perfectamente en todos los supuestos contenidos en las letras a), b), c) y d) del artículo 9, queremos añadir la referencia al dominio para que, repito, sin previa autorización no sea objeto de registro por parte de personas que quieran aprovecharse del valor patrimonial adquirido por ese dominio.
Por tanto, vamos a apoyar la enmienda transaccional que se ha presentado, aunque lo hacemos con todas las reservas apuntadas en el sentido de que tememos que la protección no sea suficiente para aquellos que están trabajando en esa nueva sociedad de la información. Quizá pueda tratarse de un exceso de celo, pero no creo que esté mal expresarlo aquí, y ya los abogados y jueces determinarán si ha existido un abuso o una extralimitación, en definitiva, pondrán de relieve si este temor nuestro estaba o no fundamentado. No hay ninguna otra intención en la defensa de la enmienda número 51.
Antes de concluir, creo que debemos felicitarnos por contar con esta nueva ley, que será estudiada por los administrativistas, los mercantilistas, los civilistas o los internacionalistas; no sabemos si al final será esa ley que nunca se estudia en nuestras facultades y sobre la que pocos bufetes profesionales van a tener alguna dedicación, porque es una ley con un gran contenido patrimonial. De eso no cabe duda, ya que detrás de cada nombre comercial o marca hay un valor intangible pero muy cuantificable, de ahí que ésta sea una ley que regule importantes cuestiones para la sociedad y con la que queremos que ésta se encuentre segura y bien protegida. Por tanto, vamos a darle nuestro apoyo.
Por último, retiramos las enmiendas números 41, 42 y 43, ya que en el Senado se ha introducido una serie de correcciones en la exposición de motivos relativas al renombre y a alguna referencia a la ley anterior, de 1988.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Abejón.


El señor ABEJON ORTEGA: Gracias, señora Presidenta.
En primer lugar, quiero adelantar el voto favorable del Grupo Parlamentario Popular y, al igual que ha hecho el Senador Saavedra, expresar mi felicitación al Gobierno por esta ley. Siempre es una satisfacción para todos los

Página 3478


grupos parlamentarios, y principalmente para el que sustenta al Gobierno, que se debata una nueva ley, y creo que en este caso la satisfacción es doble ya que estamos hablando de la primera ley que presenta en el Parlamento el Ministerio de Ciencia y Tecnología, de reciente creación.
Por tanto, le damos la bienvenida y deseamos que dicho Ministerio siga presentado leyes y que las mismas puedan gozar del consenso que ésta tiene.
En segundo lugar, y al igual que han hecho otros portavoces, quiero resaltar el diálogo y la participación que ha rodeado la elaboración de este proyecto. Esperemos que en las próximas leyes presentadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología hagamos los esfuerzos necesarios para alcanzar el mismo diálogo y entendimiento, algo que no faltará por parte del Grupo Parlamentario Popular y del portavoz que ahora les habla.
Como saben, esta ley ha pasado por distintas asociaciones y órganos de Comunidades Autónomas todos los cuales han elaborado informes muy positivos para el proyecto. Y como portavoz del Grupo que sustenta al Gobierno haré las lógicas referencias al proyecto de ley desde su presentación en el Congreso, el cual, lógicamente, se ha visto enriquecido con las aportaciones de dicha Cámara y asimismo del Senado a través de todos los grupos parlamentarios sin excepción.
Por hacer un breve resumen diré que el proyecto centra sus actuaciones en torno a tres ejes fundamentales. El primero de ellos guarda relación con la sustentación de la Sentencia del Tribunal Constitucional de 3 de junio de 1999 y el proyecto de ley plasma fielmente los criterios jurisprudenciales que delimitan las competencias del Gobierno y de las Comunidades Autónomas. No solamente atribuye a los órganos autónomos lo dispuesto en dicha Sentencia, sino que amplía la colaboración en otros temas muy importantes, como saben muy bien sus señorías.
En lo que respecta a la sustentación de la Sentencia, he de decir a sus señorías que ésta se limitaba a la admisión de solicitudes y al análisis del expediente de forma en todo aquello que guardaba relación con marcas y nombres comerciales, dando competencias plenas al tema de los rótulos de establecimiento. Como saben todos los que han participado en la elaboración del proyecto, estas competencias se han visto ampliadas en el texto legislativo a los procesos de renuncia, renovación, modificación de la marca y nombres comerciales, que siguen el mismo procedimiento competencial que el registro de las marcas y nombres comerciales. No hay ninguna duda de que se establece una buena colaboración entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno, como no podía ser de otra manera.
No ha sido posible introducir esta competencia concurrente entre el Estado y las Comunidades Autónomas en lo referente a la transformación de marcas internacionales --alguien lo había solicitado-- toda vez que estamos limitados por el Protocolo del Arreglo de Madrid que, como en él se dice, es competencia del registro central que en este caso es el único del Estado.
En relación con los rótulos de establecimiento, el proyecto en línea con los países de nuestro entorno político y económico suprime el carácter registral de los rótulos de establecimiento dejando la protección de esta modalidad a las normas comunes de competencia desleal. El proyecto fija minuciosamente en sus disposiciones transitorias la renovación de los rótulos ya inscritos y su período de vigencia, así como la competencia de recepción que, como he dicho antes, corresponde plena y totalmente a las Comunidades Autónomas cuando el rótulo no tiene carácter supraterritorial.
Un segundo eje que también quisiera resaltar gira en torno alos compromisos adquiridos por el Estado español. La presente ley da cumplimiento a los mismos dando respuesta a los altos niveles de armonización impuestos en el seno de la Comunidad Europea e internacional en general, cuya terminología adaptada a nuestra terminología actual de funcionamiento de Estado territorial con unas Comunidades Autónomas --como he dicho esta mañana refiriéndome en concretamente a la terminología europea-- no nos ha gustado demasiado.
La armonización europea se ha llevado a cabo principalmente a través de la Directiva comunitaria 104/89 que, como sus señorías saben, es de obligado cumplimiento para el Gobierno en función del pacto suscrito con la Unión Europea. Quisiera destacar entre las normas traspuestas de esta Directiva el nuevo concepto de marca, la reformulación de las causas de nulidad y denegación de registro, la extensión al ámbito comunitario del derecho de la marca y el reforzamiento de la obligación de uso de la marca.
Dentro del Derecho comunitario merece también una mención el Reglamento 40/94 sobre marca comunitaria. Si bien es cierto que este Reglamento no impone a los Estados miembros dictar disposiciones de aproximación, salvo la regulación de la transformación de una marca comunitaria en una marca nacional, no es menos cierto que debemos adaptar el Reglamento también a la normativa. Y es que si no, no se entendería lo que he dicho esta mañana, que con dos marcas de un mismo ciudadano hubiera comportamientos diferentes.
Por último, en este apartado la ley incorpora asimismo las reglas de armonización realizadas en el seno de la comunidad internacional. Se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Protocolo concerniente al Arreglo de Madrid relativo al Registro Internacional de Marcas, de 27 de junio de 1989, lo que ha obligado a reformar el título que la ley dedica a las marcas internacionales, admitiendo que la solicitud de extensión territorial a España se funde en una mera solicitud de registro de marca conforme al Protocolo concerniente al arreglo de Madrid.
Se aprovecha al mismo tiempo la oportunidad para suplir ciertas lagunas como la ausencia de cobertura legal para el examen nacional de una solicitud internacional, y al igual que ocurre con la marca comunitaria, también aquí se contempla la posibilidad de transformación en marca nacional.
La relevancia es menor en lo que respecta a la inclusión de las directrices contenidas en el Acuerdo ADPIC habían sido ya incorporadas en su mayor parte a la Ley vigente. Hay que resaltar dentro de este apartado el establecimiento de las causas justificativas de falta, de uso de la marca, así

Página 3479


como una nueva prohibición absoluta de registro relativa a las falsas indicaciones geográficas de vinos y bebidas aun cuando no conduzcan a error. Las exigencias contenidas en los instrumentos internacionales se ven culminadas con la adecuación del proyecto del Tratado sobre derecho de marcas y su Reglamento de acuerdo con la OMC.
No quisiera cansar demasiado a sus señorías, pero he de decir que un tercer eje hace referencia a las novedades surgidas por la experiencia de la vigente Ley con el común denominador de dotar a la marca de un procedimiento ágil y lógico. Sobresale, de manera especial, la supresión del examen de oficio de las prohibiciones relativas al procedimiento de otorgamiento de marcas.
Esta modificación que se ha introducido es de suma importancia, y que no hemos resaltado esta mañana y cabe hacerlo, ya que una vez que la Oficina Española de Patentes ha examinado la licitud de la marca, la publicará en el «Boletín Oficial de la Propiedad Industrial» y lo comunicará a los interesados que sean titulares de una marca anterior que pudiera colisionar con la nueva marca solicitada, al objeto de poder oponerse al otorgamiento de la misma.
De esta forma se satisfacen los intereses de la mayoría de los solicitantes de nuevos signos, acortando aproximadamente, según los expertos, en un mes el procedimiento y, además, los de los titulares anteriormente registrados en la Oficina Española de Patentes y Marcas, que verán suprimida la necesidad de publicar más del 20 por ciento de las solicitudes presentadas.
De esta forma, se protege de manera eficiente a la pequeña y mediana empresa, al poder oponerse y estar informada sin necesidad de estar detrás del proceso, si lo tiene por conveniente y considera que la nueva marca solicitada a veces puede estar o no en contra de sus intereses.
Veremos que no tendrán necesidad de oponerse, y será una oportunidad que tendrán los rótulos y títulos de establecimiento de convertirlo en marca, en nombre comercial, sin ningún proceso complicado.
Con este nuevo procedimiento van a poder coexistir marcas idénticas o similares en distintas partes del territorio nacional siempre y cuando no exista una colisión económica real entre ellas.
Debo resaltar, como ya se ha señalado aquí, la marca notoria conocida por el sector pertinente, que está protegida si está registrada por encima del principio de especialidad. Asimismo, hay que mencionar la marca renombrada, con el nuevo aire que recibe en el Senado, que va a tener protección en cualquier género de productos y servicios, lo que nos va a permitir que estas marcas pioneras de comercios y de empresas muy importantes puedan seguir generando productos y servicios dentro y fuera de nuestro territorio nacional.
Desaparecen formalmente, como comentaba esta mañana, las figuras de marca derivada y la ampliación de la marca en armonía con los sistemas mayoritarios de nuestra comunidad.
Este es un sistema que logra, de modo más simple, manteniendo el registro de una nueva marca, el mantenimiento del distintivo principal incorporando nuevos elementos de los distintos accesorios de la marca.
La nulidad y caducidad de la marca se completa y se sistematiza. Respecto de la caducidad, el proyecto introduce el principio general de que las marcas caducadas dejarán de surtir efectos jurídicos desde el momento en que se produjeran los hechos u omisiones que dieron lugar a la caducidad, y se reordena la regulación de las marcas colectivas y de garantía, procurando que las diferencias que separan a estas dos modalidades de marca aparezcan más nítidamente defendidas, eliminando el confusionismo que siempre ha envuelto a las mismas.
Voy terminando. Finalmente, quisiera comentar el importante paso que se ha dado para adaptar nuestro sistema de marcas a las nuevas exigencias de la información y de la comunicación que, como se ha debatido anteriormente, puede ser que no nos satisfagan a todos, pero lo que nadie pone en duda es que hemos dado un paso muy importante, no solamente en el tema de los dominios, sino también en la posibilidad de comunicación entre las Comunidades Autónomas, el Estado y los usuarios con medios telemáticos, informáticos y electrónicos. Asimismo, es acertado equiparar con carácter general el uso del signo de la marca en los documentos de negocios a usos de redes de comunicación telemáticas.
Por último, y en resumen, el interés de este nuevo proyecto ha sido mejorar la protección de todo el sector de la propiedad industrial e intelectual, en primer lugar, colocando siempre al consumidor como eje de todas sus actuaciones y, en segundo lugar --pero no de manera menos importante--, a la empresa y al sector de servicios que tanta importancia, como aquí se ha señalado, tiene para nuestra economía.
Por lo tanto, a partir de ahora nuestras marcas están salvaguardadas en el movimiento nacional e internacional, y aunque se trata de una ley, como se ha indicado aquí, no todo lo encantadora que puede serlo, tiene una repercusión muy importante.
En consecuencia, considero que se ha hecho un trabajo positivo y tengo que añadir que no tiene marcha atrás; es decir, en el Congreso no se puede rebatir lo que se ha hecho en el Senado, ya que sería tanto como dejar a todo el sistema de rótulos sin legislación, pues volveríamos al título inicial y éste quedaría como vino, sin regular los rótulos de establecimiento.
Por lo tanto, no hay enmienda que valga. O se admite y tiene competencias plenas o no se admite y no las tiene.
Muchas gracias, señora Presidenta; muchas gracias, señoras y señores Senadores.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Abejón.
Hemos acordado, junto con los portavoces, que la votación de este proyecto se realice al finalizar el debate del siguiente dictamen. Por lo tanto, dejamos para el final la votación de ambos.


--DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR ESPAÑA DEL TRATADO DE

Página 3480


NIZA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS ANEXOS, FIRMADO EN NIZA EL DIA 26 DE FEBRERO DE 2001. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA. (S. 621/000035) (C. D. 121/000039).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores en relación con el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el día 26 de febrero de 2001.
El voto particular que había presentado el Grupo Parlamentario Mixto a este dictamen ha sido retirado.
Presentará el dictamen el representante designado por la Comisión, su Presidente. Tiene la palabra, Senador Elorriaga.


El señor ELORRIAGA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, me cabe el honor de haber sido designado para presentar a la Cámara el dictamen de la Comisión de Asuntos Exteriores al proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos conexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.
Este honor no es una frase de rutina, sino el sincero sentimiento de la Comisión que presido, ya que todos sus miembros hemos sido conscientes de la trascendencia del Tratado como un paso necesario en la preparación de las instituciones de esa gran convergencia de Estados que es la Unión Europea y para su futuro próximo como Unión ampliada y más densa en su trama interior y su política de seguridad y defensa.
Este proyecto de ley fue remitido al Senado por el Congreso de los Diputados y publicado el pasado 10 de octubre de 2001. El plazo de presentación de enmiendas concluyó el 15 de octubre y el proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia. En la Comisión se presentó un veto por parte del señor Quintana González, del Grupo Parlamentario Mixto, y dos enmiendas del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Los Senadores que designó la Comisión, a propuesta de los grupos parlamentarios, para formar parte de la Ponencia encargada de informar el proyecto de ley fueron los siguientes: Por el Grupo Parlamentario Popular, doña Rosa María Posada Chapado, don José Luis Morales Montero y don Manuel Prado López. Por el Grupo Parlamentario Socialista, doña María Fátima Aburto Baselga y don Francisco Arnau Navarro.
A la vista de las enmiendas presentadas, la Ponencia procedió a informar el proyecto de ley el día 22 de octubre, acordando proponer a la Comisión de Asuntos Exteriores que se mantuviera en sus propios términos el texto remitido por el Congreso de los Diputados. Igualmente, el 22 de octubre la Comisión acordó aceptar como dictamen el texto del Informe emitido por la Ponencia.
En cuanto al veto --como ha dicho la señora Presidenta-- presentado en Comisión por el Grupo Parlamentario Mixto, fue retirado para su tramitación en el Pleno por el propio Grupo.
Confiamos, por tanto, que esta tramitación haya servido como una tramitación activa y positiva en el continuo proceso constituyente de la Europa contemporánea y para facilitar las tareas y negociaciones que dentro de pocas semanas deberá protagonizar la Presidencia española en la Unión Europea.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Elorriaga.
Comienza el debate de totalidad, por lo que, de conformidad con el artículo 120 del Reglamento, procederá un turno a favor y otro en contra, así como las intervenciones de los portavoces de los grupos parlamentarios que deseen hacer uso de la palabra.
¿Turno a favor? (Pausa.) ¿Turno en contra? (Pausa.) Pasamos, entonces, al turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Expresaré muy brevemente nuestra opinión aprovechando el turno de portavoces.
Señorías, aunque legalmente el Tratado de Niza es un tratado separado, se limita a cambiar y adaptar las disposiciones del Tratado de la Unión Europea y de los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas anteriormente acordados; en definitiva, trata diferentes cuestiones --por ejemplo, el número de representantes del Parlamento Europeo, ponderación del voto, etcétera-- y todo ello en elementos anejos al propio Tratado.
Lo fundamental es proclamar como objetivo del Tratado el llevar a término el proceso acordado por el Tratado de Amsterdam --anteriormente aprobado-- con el fin de prepararse para una Unión ampliada --ése será el debate fundamental en su momento.
En cualquier caso, independientemente de que estemos hablando de una ratificación de lo ya firmado --por tanto, entiendo yo que no tienen sentido las enmiendas o vetos porque ya está aprobado por parte de los diferentes Gobiernos y por parte de la propia Cumbre de Niza--, nuestra opinión es que el Tratado de Niza es claramente insuficiente porque se deja en la cartera diferentes temas que han reivindicado y planteado diferentes colectivos, partidos y movimientos sociales de distinto signo.
A la postre, estamos hablando de un Tratado que en su fase previa ha tenido un déficit democrático de participación, de consulta y de opinión que considero sumamente peligroso; es sumamente peligroso que vayamos dando pasos en la construcción de la Unión Europea sin que la gente participe de esa construcción, como ha ocurrido ya con déficit democráticos que fueron fuertemente denunciados en su momento.


Página 3481


Por tanto, sería conveniente que en el futuro se produjera un debate público y un debate parlamentario destinados especialmente a dotar a la ciudadanía de un conocimiento exhaustivo de cuáles son los objetivos y los elementos políticos que se tratan en esos lugares donde, lógicamente, se cuece el futuro de la Unión Europea, elemento esencial y fundamental para construir una Unión Europea de todas y todos los ciudadanos del continente.
Gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra la Senadora Etxegoyen.


La señora ETXEGOYEN GAZTELUMENDI: Gracias, señora Presidenta.
Ahora sí intervengo en nombre del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos para fijar posición en el presente punto relativo al Tratado de Niza de fecha 26 de febrero de 2001, anunciando nuestro voto favorable a su ratificación. Mostramos nuestro apoyo más sincero a lo que entendemos que es un paso más --modesto, pero igualmente importante-- en ese camino común que es el proceso de construcción europea, todavía inconcluso y, por lo tanto, lleno aún de retos y posibilidades.
Sus señorías saben que mi Grupo presentó dos enmiendas parciales, las cuales fueron defendidas en Comisión y suscitaron un debate ciertamente interesante, tanto que, en cierta medida, me apena no poder reproducirlo hoy. Sin embargo, como representantes --que lo somos-- del Partido Nacionalista Vasco hemos considerado una cuestión de responsabilidad política no mantenerlas vigentes para su debate en el Pleno, de manera tal que quedara patente, sin matices, nuestra posición favorable a la ratificación del Tratado de Niza por esta Cámara Legislativa. Ello no obsta, sin embargo, para querer subrayar hoy ante sus señorías la voluntad de mi Grupo de no cejar en la reivindicación que motivara la presentación de las mencionadas enmiendas, reivindicación que nace de la misma responsabilidad a la que acabo de aludir: esto es, impulsar cualquier iniciativa que permita la participación de Euskadi en los procesos de adopción y ejecución de las decisiones comunitarias en las materias en las que tenemos constitucional y estatutariamente reconocida competencia para decidir y también para ejecutar.
Termino reiterando nuestro apoyo y reconocimiento, con el voto favorable, a la ratificación del Tratado de Niza.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Etxegoyen.
El turno es ahora del Grupo Parlamentario Entesa. Tiene la palabra el Senador Aleu.


El señor ALEU I JORNET: Muchas gracias, señora Presidenta, también seré muy breve.
Evidentemente, como ha dicho la Senadora Etxegoyen, en el Tratado de Niza caben múltiples interpretaciones, todas ellas susceptibles de ser compartidas por nosotros. Es decir, nosotros podemos compartir la mayoría de las interpretaciones que se han dado, pero de lo que estamos hablando es de la autorización para que España firme la modificación del Tratado de la Unión Europea y los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas; por lo tanto estamos delante de una propuesta concreta, que es la única que hay sobre la mesa y que permitirá la ampliación. A partir de esta consideración, nosotros nos hemos hecho la siguiente reflexión: si de nuestro voto dependiese la aplicación del Tratado de Niza, es decir, si de ello dependiese que Malta, Chipre, Estonia, Eslovenia, Lituania, Letonia, Eslovaquia, Bulgaria, Hungría, la República Checa, Rumania y Polonia pudiesen acceder a la Unión Europea, ¿qué haríamos? Este es el motivo fundamental por el que mi Grupo Parlamentario va a votar favorablemente el proyecto de ley orgánica que se nos presenta.
Sin embargo, tengo que manifestar nuestro desencanto por cómo finalizó el Tratado de Niza, fundamentalmente por dos motivos: el primero, porque el Tratado de Niza no ha integrado dentro de su texto la Carta de los Derechos Fundamentales, en la que muchos parlamentarios --incluidos algunos de esta Cámara--, han trabajado para que fuese una realidad; y, el segundo, que todo el proceso de negociación del Tratado de Niza ha puesto de manifiesto que el método intergubernamental está agotado y la declaración 23, relativa al futuro de la Unión, abre expectativas de un acuerdo constitucional de hecho para construir Europa de otra manera.
Con esta apuesta y con estas perspectivas, anuncio que vamos a votar favorablemente el proyecto de ley que hoy se presenta.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Aleu.
Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió, tiene la palabra el Senador Marimon.


El señor MARIMON I SABATE: Gracias, señora Presidenta.
Mi Grupo Parlamentario va a votar favorablemente este proyecto de ley, a pesar de que quisiéramos hacer unas consideraciones.
El Tratado de Niza nace en un momento en el que se aprecia un notable desinterés de los ciudadanos hacia la Europa comunitaria: por decirlo de alguna manera, hay un distanciamiento de las instituciones respecto de los ciudadanos quizá motivada porque, a lo largo de los años, se ha puesto de manifiesto una cierta rutina burocrática e incluso surgen dudas en algunos países respecto a la moneda única, etcétera. Es en esta fase de escepticismo sobre la propia constitución de la Unión Europea, sobre sus finalidades y objetivos, cuando se produce este Tratado y, evidentemente, quizá uno de los mayores motivos de preocupación de los ciudadanos --al menos en determinados sectores-- es la ampliación de la Unión Europea.
Entendemos que con el Tratado de Niza se abre un camino para conseguir ir formalizando esta gran Europa que todos deseamos, pero desde nuestro punto de vista --especialmente para los partidos nacionalistas-- tiene lagunas.


Página 3482


En ese sentido, una de las más importantes es la no posible presencia de las Comunidades Autónomas y, además, pensamos que España no consiguió del todo lo que deseaba, especialmente el encontrarse ubicada en el grupo motor, en el grupo delantero de la Unión Europea.
A pesar de lo anterior, como he citado a lo largo de mi intervención, entendemos que el Tratado de Niza constituirá una herramienta eficaz en la creación y consolidación de la gran Europa que todos deseamos, que crea unas condiciones para avanzar en la profundización de esta Europa que todos deseamos y, en todo caso, confiamos que en el año 2004 podamos mejorar lo que no conseguimos en esta ocasión.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Marimon.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Arnau. (El señor Arroyo Hodgson pide la palabra.) Senador Arroyo, ¿es una cuestión de orden? (Pausa.)

El señor ARROYO HODGSON: Sí, es que usted no me dio la oportunidad de intervenir en el turno de portavoces.


La señora PRESIDENTA: Perdón, señoría, si ha sido así le ruego que me disculpe; entendí que no pedían la palabra o quizás se la diera a la Senadora Etxegoyen.
Puede hacer ahora uso de la palabra si así lo desea.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Estamos cumpliendo el trámite que establece el artículo 93 de la Constitución Española para autorizar mediante ley orgánica este Tratado de Niza. Y desde Coalición Canaria, por supuesto, tenemos una posición clara, rotunda, tajante, a favor del Tratado de Niza, a pesar de que sabemos que hay asuntos que han quedado pendientes hasta el 2004-2005, pero se hace camino al andar y, obviamente, había que preparar a las instituciones comunitarias para la adhesión de los nuevos Estados miembros.
En Canarias queremos decir que lo que ya estaba recogido en el Tratado de Amsterdam en su articulo 299.2 referido a las regiones ultraperiféricas, se ha incluido en el Tratado de Niza, y las Canarias están reflejadas junto con otras regiones ultraperiféricas de la Unión Europea, como los territorios franceses de ultramar, Guadalupe, Martinica, los archipiélagos portugueses de Madeira y Azores. Por supuesto, nosotros, además de exigir nuestras especificidades, motivadas por unos claros condicionantes o hándicaps inherentes a nuestra situación geográfica, también somos solidarios con el resto del territorio español y con la Unión Europea.
Desde Coalición Canaria quiero reafirmar que nuestro sitio estará siempre en la Unión Europea. Sabemos que hay que pagar un precio, observamos durante el debate alusiones al eje francoalemán, etcétera, pero creo que esto es una política de convivencia en la que se va avanzando y entre todos, y España es un Estado miembro importante en la Unión Europea, debemos seguir consolidando una Unión Europea que sea líder mundial en el bienestar, en las libertades, en la seguridad, etcétera. Por tanto, acabo expresando el apoyo sin reserva de Coalición Canaria a la ratificación del Tratado de Niza.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Ahora sí, turno del Grupo Parlamentario Socialista. En su nombre, tiene la palabra el Senador Arnau.


El señor ARNAU NAVARRO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Tratado de Niza es el fruto del Consejo Europeo que tuvo lugar en esta ciudad los días 7, 8 y 9 de diciembre del pasado año. El Consejo Europeo de Niza fue, sin duda, el más largo de los habidos hasta ahora, pero seguramente no pasará a la historia como el más satisfactorio y relevante para Europa, por mucho que el Presidente del Gobierno se esforzara en calificarlo como un paso trascendental, que convirtió --dijo-- a España en un país más grande.
Considerado como un paso trascendental, señorías, uno echa en falta la presencia en los bancos del Gobierno de algún Ministro o del propio Presidente del Gobierno. Hay que recordar que con motivo del Tratado de Adhesión, como éste transfería competencias a la Unión Europea --en su caso a la Comunidad Económica Europea--, acudió el Presidente del Gobierno de entonces a esta Cámara. No hubiera estado de más contar con la presencia del Presidente actual en el debate de este Tratado, que requiere una Ley Orgánica de autorización como aquel Tratado.
En cualquier caso, estamos de acuerdo con el señor Aznar y algún portavoz del Partido Popular en que Niza es un paso, lo que implica reconocer la obviedad de que la construcción europea es un proceso, es una sucesión de pasos, pasos que empezaron dando seis países en el año 1957 y que prosiguieron otros y otros Gobiernos. Tal es así que el Tratado de Niza carece de entidad propia, puesto que se limita a modificar y adaptar otros tratados: el de Maastricht o de la Unión Europea y los tratados constitutivos de las Comunidades Europeas.
Por sí solo, por tanto, el Tratado de Niza pone de manifiesto, evidencia las etapas cubiertas en el proceso de construcción europea con que se encontró el actual Gobierno. La falta de entidad propia como tal del Tratado de Niza no es, en cualquier caso, un demérito, ya que Niza tiene relevancia en cuanto a que da paso a la ampliación a 27 miembros, establece importantes modificaciones en instituciones y órganos de la Unión, reduce las materias susceptibles de veto y convierte el Tribunal de Justicia en garante de la unidad de interpretación del Derecho europeo.
Aunque lo que el Gobierno y lo que su Presidente hará querido vendernos es que Niza nos ha hecho más grandes. España es más grande desde Niza, se dijo. Es decir, se ha vuelto a utilizar un instrumento supranacional impulsado por 15 países en una mercancía publicitaria al servicio propio.
Y la publicidad se ha basado en si somos más grandes o más pequeños, en si el coeficiente de votos/población de

Página 3483


España en el Consejo ha pasado del 0,876 al 0,957, con una ganancia de 0,81 milésimas --eso sí, mientras los demás han empeorado--, y en si la capacidad futura de bloqueo de España ha aumentado, y así sucesivamente.
Pensamos que no es así como se construye Europa, que no es así como se convence a quienes se abstuvieron en las últimas elecciones al Parlamento Europeo para que no repitan en su actitud. Les recuerdo, señorías, que la abstención media de las elecciones del año 1999 se situó en el 50,2 por ciento, llegando en el Reino Unido al 76,7 por ciento y en los Países Bajos al 70 por ciento. Estos son los porcentajes que importan porque demuestran hasta qué punto la Unión Europea responde o no a las demandas de los ciudadanos europeos.
Por eso importaba que en Niza la Carta de Derechos Fundamentales se incorporara al Tratado como vinculante. Y en esto se fracasó, en que se extendiera la codecisión, en que se colmara el déficit democrático y social de la Unión Europea y en que las decisiones confluyeran con las demandas de los ciudadanos. Se fracasó, por tanto, en lo que más importaba. En Niza primaron los intereses particulares sobre los comunes y el conflicto de intereses se evidenció en la lucha por los porcentajes y la calculadora. Y no vamos a ser tan ingenuos que despreciemos los porcentajes, pero después de Niza nos debemos preguntar si Europa es más Europa y no si es España es más Alemania o más Francia.
Con todo, señorías, entre lo más destacado de Niza cabe mencionar la puerta de futuro que abre. Este sería motivo suficiente para que mi Grupo votara afirmativamente la ratificación, lo que vamos a hacer y vamos a hacer muy claramente.
La escasa virtualidad que la última Conferencia Intergubernamental tuvo se demuestra por el hecho de que Niza haya convocado otra, en cuya preparación España sí debe tener un papel relevante con la convención que la va a anteceder y debido a la próxima Presidencia en el primer semestre de 2002.
El futuro de la Unión no tiene por qué limitarse a las cuatro cuestiones que figuran en la declaración aneja al Tratado. Así, el atentado terrorista del pasado 11 de septiembre o, lo que es lo mismo, el mundo nuevo surgido de dicho atentado reclama la necesidad de reforzar el proyecto europeo. Hay que destacar la importancia de los acuerdos adoptados «a posteriori» por los Ministros de Justicia el pasado 20 de septiembre.
Europa debe fortalecer la seguridad de los europeos en todos los órdenes, y hay que debatir sobre la federalización de Europa y sus variantes.
Conocemos las propuestas de Jospin, SchrÜeder, Zapatero, pero desconocemos las del Gobierno Aznar, debate que debe ir acompañado por el de la reforma presupuestaria y el techo del 1,27 por ciento del PIB comunitario.
Señorías, hay que debatir sobre la participación de las Comunidades Autónomas. Nosotros somos partidarios de incorporarlas al diálogo de las decisiones que en Bruselas afecten al ámbito de sus competencias, y de ello hay que hablar aquí, en el Senado. Es cierto que la cesión de competencias que Niza supone implica a las Comunidades Autónomas y nos implica a todos como Cámara, si queremos desempeñar el papel de Cámara territorial.
Termino, señora Presidenta y señores Senadores, diciendo que Niza no fue un paso trascendental, como dijo el Presidente del Gobierno, pero al menos fue un paso, esto es lo que importa, es decir, que abre paso al futuro de una Europa ampliada en número de países y que deseamos verla más cercana a los ciudadanos, a sus intereses y a sus derechos.
Muchas gracias señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Arnau.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra la Senadora Posada.


La señora POSADA CHAPADO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, buenas tardes. Aprobamos hoy la ley orgánica que autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, un tratado que abre el camino a la mayor ampliación prevista en la historia de la Unión Europea con sus perspectivas de paz duradera, estabilidad y prosperidad para todos los Estados democráticos europeos. Y si ello suponía, antes del 11 de septiembre, un hecho histórico, hoy la crisis internacional pone más en valor este paso histórico para nuestro continente y por ello para España.
En todo este proceso, señorías, nuestro Gobierno ha mantenido posturas abiertas y posturas flexibles, ha defendido nuestros intereses y los de la Unión, y a partir del 1 de enero de 2002, desde nuestra Presidencia y durante el primer semestre, va a poder impulsar e influir en el proceso post-Niza que tiene que profundizar, señorías, en las exigencias de democracia, de legitimación y eficacia de la Unión.
Por ello y para ello mi Grupo Parlamentario, en primer lugar, le felicita, al tiempo que expresa el máximo de los apoyos con su voto positivo al texto remitido por el Gobierno.
Muchas gracias, señora Presidenta. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senadora Posada.
Llamen para la votación. (Pausa.)

--DE LA COMISION DE CIENCIA Y TECNOLOGIA EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY DE MARCAS (S. 621/000031) (C. D. 121/000033) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar el Proyecto de Ley de Marcas. Comenzamos por la votación de las enmiendas. En primer lugar, las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos en diferentes bloques. En un primer bloque votaremos las enmiendas números 15, 17, 24 y 25 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.


Página 3484


Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, cinco; en contra, 190; abstenciones, 14.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora las enmiendas también presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos con los números 11, 26 y 29.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 77; en contra, 129; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos ahora la enmienda número 30 también presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 209; a favor, 141; en contra, dos; abstenciones, 66.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Ahora votamos el resto de las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, salvo las números 14 y 20 que soportan propuestas de modificación del dictamen.
Recuerdo a sus señorías que la enmienda número 31 ha sido retirada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada a votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 201; a favor, 194; en contra, cuatro; abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobadas.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés, números 32 a 40.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 64; en contra, 137; abstenciones, 10.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Votamos la enmienda número 83, presentada por el Grupo Parlamentario Catalán en en Senado de Convergència i Unió, puesto que las números 80 y 81 soportan propuestas de modificación del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 76, en contra, 129; abstenciones, cinco.
La señora PRESIDENTA: Queda rechazada.
Votamos las enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista, en un solo bloque, salvo la número 51, que soporta una propuesta de modificación del dictamen, y las números 41, 42 y 43, que han sido retiradas por el Grupo Parlamentario Socialista.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 63; en contra, 143; abstenciones, seis.


La señora PRESIDENTA: Quedan rechazadas.
Señorías, ahora vamos a votar las propuestas de modificación del dictamen. ¿Alguien quiere que se lean? (Denegaciones.) ¿Conocen sus señorías el texto? (Asentimiento.) Están firmadas por más de cuatro Grupos. (La Senadora Martínez García pide la palabra.) Senadora Martínez, tiene la palabra.


La señora MARTINEZ GARCIA: Señora Presidenta, quiero pedir que haga referencia en la votación al número de la enmienda de la que forma parte la transacción.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
La propuesta de modificación del dictamen que vamos a votar en primer lugar se ha hecho sobre la base de la enmienda número 20, presentada por el Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos al artículo 32.1, que queda redactado como sigue: 1. El registro de la marca se renovará previa solicitud del titular de la misma o de sus derechohabientes. El resto queda igual. ¿Conforme?

La señora MARTINEZ GARCIA: Sólo haga referencia al número de la enmienda.


La señora PRESIDENTA: De acuerdo.
Votación de la propuesta de modificación del dictamen que lleva el número 24.472, sobre la enmienda número 20, del PNV.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 208; en contra, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen.
Ahora vamos a votar la propuesta de modificación del dictamen que tiene el número de registro 24.473, basada en las enmiendas números 80 y 81, presentadas por Convergència i Unió a la disposición transitoria tercera, número 2, letra a).
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 211; a favor, 150; en contra, 61.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen presentada en el registro con el número 24.473.


Página 3485


Ahora votamos la propuesta de modificación del dictamen que lleva las firmas del Grupo Parlamentario Popular, Grupo Parlamentario Socialista, Catalán en el Senado de Convergència i Unió, Nacionalistas Vascos y Coalición Canaria. No lleva la firma ni de Entesa ni del Grupo Mixto. El número es el 24.474, basada en la enmienda número 51, presentada por el Grupo Parlamentario Socialista al artículo 9, apartado 1.c).
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 210; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada.
Finalmente, votamos la propuesta da modificación del dictamen número 24.475 basada en la enmienda número 14 del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos; la enmienda es al artículo 11.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 210; a favor, 207; en contra, uno; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobada la propuesta de modificación del dictamen.
Señorías, a continuación, vamos a votar el dictamen en tres bloques. En primer lugar, sometemos a votación los artículos números 7, 12, 34, 38, 40, 46, 51, 52, 54, 62, 87, 90 y 91, las disposiciones adicionales primera, segunda y tercera, ésta salvo el número 2, quinta, sexta, octava, novena, decimotercera y decimoséptima y las disposiciones transitorias tercera y cuarta.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 212; a favor, 151; en contra, 60; abstenciones, una.


La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el primer bloque del texto del dictamen de la Comisión.
Señorías, a continuación votamos el segundo bloque del dictamen.
Votamos los artículos números 4, 5, 64, 65 y 66 a 78.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 151; en contra, cinco; abstenciones, 57.


La señora PRESIDENTA: Quedan aprobados.
A continuación, votamos el resto del dictamen.
Se inicia la votación. (Pausa.) Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 213; a favor, 211; en contra, uno; abstenciones, una.
La señora PRESIDENTA: Queda aprobado el proyecto de Ley de Marcas.
Tal como dispone el artículo 90 de la Constitución, se dará traslado de las enmiendas aprobadas por el Senado al Congreso de los Diputados para que éste se pronuncie en forma previa a la sanción del texto definitivo por Su Majestad el Rey.


--DE LA COMISION DE ASUNTOS EXTERIORES EN RELACION CON EL PROYECTO DE LEY ORGANICA POR LA QUE SE AUTORIZA LA RATIFICACION POR ESPAÑA DEL TRATADO DE NIZA, POR EL QUE SE MODIFICAN EL TRATADO DE LA UNION EUROPEA, LOS TRATADOS CONSTITUTIVOS DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS Y DETERMINADOS ACTOS ANEXOS, FIRMADO EN NIZA EL 26 DE FEBRERO DE 2001 (S. 621/000035) (C. D.
121/000039) (Continuación).


La señora PRESIDENTA: Votamos ahora el proyecto de ley orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.
Antes de proceder a su votación debo advertir a sus señorías que en el texto publicado en el «Boletín Oficial de las Cortes» falta la rúbrica «Exposición de Motivos». Se trata de una mera corrección formal, pero los señores letrados me indican que debo advertirlo.
¿Se acepta que figure dicha rúbrica? (Pausa.) Muchas gracias.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 215; a favor, 213; abstenciones, dos.


La señora PRESIDENTA: Queda, por tanto, definitivamente aprobado por las Cortes Generales el proyecto de Ley Orgánica por la que se autoriza la ratificación por España del Tratado de Niza, por el que se modifican el Tratado de la Unión Europea, los Tratados constitutivos de las Comunidades Europeas y determinados actos anexos, firmado en Niza el 26 de febrero de 2001.


CONOCIMIENTO POR EL PLENO DE TRATADOS Y CONVENIOS INTERNACIONALES REMITIDOS POR EL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS:

--PROYECTO DE DENUNCIA DEL CANJE DE NOTAS DE 26 DE MAYO DE 1961 ENTRE ESPAÑA Y COLOMBIA SOBRE SUPRESION DE VISADOS. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000090) (C. D. 110/000100).


Página 3486


La señora PRESIDENTA: Punto cuarto del orden del día: Conocimiento por el Pleno de tratados y convenios internacionales remitidos por el Congreso de los Diputados.
Proyecto de Denuncia del Canje de Notas de 26 de mayo de 1961 entre España y Colombia sobre supresión de visados: Dicho proyecto se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este proyecto de denuncia en el plazo que a tal efecto se señaló.
¿Algún grupo parlamentario desea intervenir? (Pausa.) ¿Se puede entender concedida la autorización por asentimiento? (Pausa.) Por tanto, se autoriza en este acto que el Gobierno pueda prestar su consentimiento para obligarse por medio del proyecto de denuncia citado.


--PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, SOBRE LA PARTICIPACION DE NIÑOS EN CONFLICTOS ARMADOS, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE MAYO DE 2000 Y DECLARACION QUE ESPAÑA VA A FORMULAR EN EL MOMENTO DE SU RATIFICACION. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000091) (C. D. 110/000102).


La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, sobre la participación de niños en conflictos armados, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000 y Declaración que España va a formular en el momento de su ratificación. También se tramita por el procedimiento de urgencia.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo en el plazo que se señaló a tal efecto.
¿Algún grupo desea intervenir? (Pausa.) Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra la Senadora Aburto.


La señora ABURTO BASELGA: Muchas gracias, señora Presidenta. Con su permiso me gustaría consumir este turno y el siguiente conjuntamente.
(Fuertes rumores.) Ahora comprendo que algunos de los compañeros Senadores digan que los portavoces de la Comisión de Asuntos Exteriores no intervienen nunca, y es que con este barullo no hay quien se entere de nada. (Fuertes rumores.)

La señora PRESIDENTA: La Senadora Aburto tiene toda la razón.
Señorías, ¿quieren hacer el favor de guardar silencio? (Pausa.)

La señora ABURTO BASELGA: Señorías, deseo intervenir tan sólo un minuto para resaltar los dos tratados que vamos a ratificar dentro de un momento en esta Cámara.
En este mundo desordenado, desorden del que nos hemos dado cuenta bruscamente, de forma repentina, aunque en realidad no viene de ahora, a juicio de esta Senadora los protocolos internacionales cobran mayor importancia (Fuertes rumores.) a la espera de que instituciones internacionales nuevas o renovadas les puedan dar un mayor apoyo.
Vamos a ratificar dos protocolos. El primero de ellos está referido a la participación de niños en conflictos armados, por el que se intenta evitar que los menores de 18 años intervengan en guerras incluso de forma voluntaria. El segundo se refiere a la venta de niños, su prostitución y su utilización en la pornografía. Ambos están basados en acuerdos internacionales que en nuestro país podrían calificarse de mínimos, aunque no es el caso de otros países (Fuertes rumores.), como ha puesto de manifiesto el hecho de que la Corte Penal Internacional los haya admitido como dentro de su competencia por constituir delitos de lesa humanidad.
De todas formas, para España ambos son importantes, pero hasta la fecha se necesita la ratificación de diez países para que los mismos entren en vigor; de momento, el primero tan sólo ha sido ratificado por tres y el segundo lo ha sido por cuatro. Por tanto, deberíamos instar a otros países a que los ratifiquen cuanto antes y, por supuesto, a que los hagan cumplir.
En nuestro país quizá sirvan estos dos protocolos para que todos nos concienciemos de que la evitación de malos tratos a los niños es competencia de todo el mundo, pero no sólo en casos tan extremos como éstos relativos a su participación en conflictos bélicos, pornografía, prostitución y su propia venta --estas prácticas, a excepción de las relacionadas con guerras a veces también se dan en nuestro país desgraciadamente--, sino en cualesquiera otros en que se les maltrate.
Les diré, intentando ser lo más breve posible, que, por desgracia, yo he sido testigo de malos tratos a la infancia, que se pueden contemplar, por ejemplo, en las urgencias de los hospitales. (Fuertes rumores.) En la mayoría de los casos, señorías, después de haberme recuperado de la brusquedad con que irrumpe ese maltrato en la conciencia de uno, he podido ver detrás la enorme infelicidad que ha originado ese maltrato infantil. Por tanto, quisiera que todos nos concienciáramos de que debemos ir en contra de la infelicidad puesto que ella es la causa de ese maltrato y asimismo de muchísimos otros males.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Socialista.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senadora Aburto.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra el Senador Morales.


El señor MORALES MONTERO: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo en nombre del Grupo Parlamentario Popular para anunciar nuestro apoyo a la ratificación de España del Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño en su doble faceta, de las que se acaba de hablar aquí, la referente a la participación de niños en conflictos armados y en la concerniente a la venta, prostitución y utilización de niños en la pornografía.


Página 3487


Señorías, la Convención sobre los Derechos del Niño, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en su resolución 4425, del 20 de noviembre de 1989, fue ratificada por España el 6 de diciembre de 1990.
Se pretendía dotar de protección a la infancia, como grupo especialmente vulnerable con respecto al disfrute de los derechos humanos.
En su artículo 38, que se refiere a la participación de los niños en conflictos armados, se fija en 15 años la edad mínima para su reclutamiento y participación en hostilidades. Sin embargo, la constatación frecuente de que el límite de los 15 años no se respetaba hizo necesario que la propia Convención declarara que eran insuficientes los derechos.
Por ello, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas constituyó en 1995 un grupo de trabajo para que elaborase un proyecto de protocolo facultativo de la Convención que regulase, específicamente, las cuestiones relativas a la participación de los niños en conflictos armados. En el año 1994 creó otra Comisión de estudio en relación con los derechos del niño, en concreto sobre la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de los niños en la pornografía.
Por todo ello, España firmó el citado Protocolo durante Cumbre del Milenio que tuvo lugar en Nueva York el pasado 6 de septiembre de 2000, que fue suscrito por el Presidente del Gobierno español, José María Aznar. Estas mismas circunstancias, señorías, aconsejan ahora que España ratifique cuanto antes el Protocolo que sometemos hoy a su consideración.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Morales.
¿Algún otro grupo desea intervenir? (Pausa.) ¿Puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.


--PROTOCOLO FACULTATIVO DE LA CONVENCION SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO, RELATIVO A LA VENTA DE NIÑOS, LA PROSTITUCION INFANTIL Y LA UTILIZACION DE NIÑOS EN LA PORNOGRAFIA, HECHO EN NUEVA YORK EL 25 DE MAYO DE 2000. SE TRAMITA POR EL PROCEDIMIENTO DE URGENCIA (S. 610/000092) (C. D.
110/000103).


La señora PRESIDENTA: Protocolo facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño, relativo a la venta de niños, la prostitución infantil y la utilización de niños en la pornografía, hecho en Nueva York el 25 de mayo de 2000.
No se han presentado propuestas en relación con este Protocolo en el plazo previsto al efecto. ¿Desea intervenir algún grupo? (Pausa.) La intervención del Senador Morales y de la Senadora Aburto realizada en el punto anterior, se considera válida para ambos casos. Por tanto, ¿puede entenderse aprobado por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobado.
MOCIONES:

--DEL GRUPO PARLAMENTARIO SOCIALISTA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO A LA ADOPCION DE DETERMINADAS MEDIDAS PARA IMPULSAR EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA ESPAÑOLA PARA LA CONSERVACION Y EL USO SOSTENIBLE DE LA DIVERSIDAD BIOLOGICA (662/000158).


La señora PRESIDENTA: Pasamos al punto siguiente del orden del día.
Mociones.
Continuamos con las mociones inicialmente incluidas en el punto quinto del orden del día de la sesión de ayer y trasladadas a la sesión de hoy.
Moción del Grupo Parlamentario Socialista por la que se insta al Gobierno a la adopción de determinadas medidas para impulsar el desarrollo de la estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica.
Tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, hablar de biodiversidad desde esta tribuna comporta, desde mi punto de vista, dos riesgos fundamentales: por un lado, caer en la tentación de pensar que la biodiversidad es un tema sectorial y que, por lo tanto, afecta a un porcentaje pequeño de ciudadanos y, por otro, pensar que esto de la biodiversidad es un tema novedoso y que, por lo tanto, hay que meterlo dentro del cajón de esos conceptos que modernamente se llaman conceptos emergentes. Para evitar estos dos riesgos voy a dividir mi intervención en tres bloques: uno primero que va a estar dedicado fundamentalmente a definir cuál es el marco de actuación internacional en este aspecto; un segundo bloque que estaría dedicado principalmente a las cosas de casa, y hablaríamos del estado de estas cuestiones dentro de nuestro país y, por ultimo, la propuesta que ha elaborado del Partido Socialista como moción a esta Cámara.
Evidentemente, en un principio podemos pensar que la vida en la Tierra muestra una biodiversidad tan amplia que parece casi imposible encontrar los límites. Hay que tener en cuenta que los seres vivos han conquistado los distintos medios para sobrevivir en ellos: los océanos, el aire, las distintas franjas climáticas, etcétera; al mismo tiempo, para resolver retos importantes como la locomoción, la alimentación, la comunicación o la reproducción, han adoptado toda una serie apabullante de soluciones en su variedad. La diversidad de la vida, gestada a lo largo de los últimos 4.000 millones de años, es sin duda el gran tesoro que tiene este planeta Tierra.
Pero la biodiversidad hay que entenderla en tres niveles: un nivel específico, donde están definidas y descritas más de un millón de especies en el mundo; un nivel genético, sabiendo además que dentro de esas especies existen unas diferencias genéticas entre los individuos que las componen, y un nivel ecológico, donde se establecen las relaciones con el entorno y con otros seres vivos de los que componen las especies.


Página 3488


En los últimos 10.000 años la biodiversidad está sufriendo un retroceso devastador y hoy por hoy el ritmo de destrucción de esa biodiversidad es 400 veces mayor que cuando apareció el hombre en la Tierra. Las causas son claras: por una parte, la destrucción de los hábitats naturales y, por otra, la fragmentación de esos mismos hábitats. Según estudios de carácter internacional con base científica, aproximadamente el 23,9 por ciento de los sistemas biogeográficos están completamente transformados en el mundo, un porcentaje parecido ha sufrido ya alguna que otra transformación y sólo el 51,9 por ciento queda tal como era originalmente, contemplando ahí las zonas heladas y desérticas, que suponen aproximadamente el 20 por ciento. En Europa sólo queda el 15,6 por ciento de sus hábitats naturales; es en América del sur y en Oceanía, con un porcentaje aproximadamente del 62,5 por ciento, donde los hábitats permanecen en su estado inicial.
Evidentemente, en la Tierra todo está relacionado en un sistema totalmente interdependiente; al mismo tiempo, es preciso que la acción humana propicie un desarrollo que haga posible la vida en el planeta, y ahí es donde está realmente la cuestión: cómo compaginar esa acción humana --que, como es lógico, en un pasado remoto era apenas imperceptible y que ahora ya no lo es-- con los ecosistemas. Sin duda somos responsables de la destrucción del ozono, de la contaminación mundial y del cambio climático; por lo tanto, el desarrollo económico --que tiene que dar respuesta todavía a muchos millones de seres humanos que viven en la pobreza-- tendrá que ser necesariamente compatible para que esa biodiversidad no siga terminándose. El desarrollo debe estar centrado en las personas y basado fundamentalmente en la conservación.
Hay que usar la Tierra, pero haciendo un buen uso de ella, y ese desarrollo, por lo tanto, no deberá realizarse a expensas de otros grupos o de ulteriores generaciones, ni amenazando la supervivencia de otras especies que ya están. Necesitamos que la conservación de la biodiversidad sea esencial para que ese proceso de desarrollo sea a la larga todo un éxito. La biodiversidad, por tanto, ha dejado de ser una estrategia o una entelequia para convertirse ahora en el sustento de la vida, y la sostenibilidad no se define como algo para no usar, sino que hay que hacer un buen uso de esa cuestión.
España es un país privilegiado respecto a la Unión Europea. Cuatro de las seis regiones biogeográficas definidas por la Unión Europea están plenamente ubicadas en nuestro país y el 56 por ciento de los tipos de hábitat de interés comunitario también están presentes en nuestro país, así como el 44 por ciento de los hábitat prioritarios y el 38 por ciento de los taxones de flora y fauna, además de que el 50 por ciento de los endemismos que están presentes en toda Europa, también están en España, que supone aproximadamente el 4,5 por ciento de la superficie europea.
Por si fuese poco, nuestro país es el más rico en la biodiversidad marina.
Respecto al estado de conservación de tales sistemas naturales, voy a facilitarles algunos datos: el 39 por ciento del territorio español está ocupado por cultivos; el 32 por ciento de superficie está arbolada; el 18 por ciento del territorio está afectado por procesos erosivos graves, con un claro déficit de agua, y el 12 por ciento de la flora y el 7,2 por ciento de la fauna vertebrada están amenazadas.
El esfuerzo que se ha realizado en nuestro país también es digno de destacar a la hora de abordar, en su conjunto y en un marco, lo que es la biodiversidad: en el territorio nacional hay 544 áreas protegidas --entre parques, reservas, monumentos y parajes-- es decir, aproximadamente el 6,2 por ciento del territorio nacional está protegido. Hay que destacar las Comunidades Autónomas de Andalucía, con un 17 por ciento; Asturias, con un 28 por ciento, y Canarias, con un 40 por ciento. Aproximadamente 6 millones de hectáreas están ocupadas por montes de utilidad pública y, de acuerdo con la normativa de aves, en España hay 170 zonas de especial protección para las aves, denominadas ZEPAs. El catálogo nacional de especies amenazadas tiene aproximadamente 448 registros y se han realizado planes de recuperación o de manejo de especies protegidas, experiencias que han contado con mayor o menor grado de éxito.
Por lo tanto, el ejemplo de España a nivel de la Unión Europea es importante. Es el país que aporta mayor diversidad de ecosistemas y de hábitat naturales. De los 226 tipos de hábitat de interés comunitario que recoge el anexo de la Directiva de hábitat, 121 --lo que supone el 56 por ciento-- están presentes en el territorio español y una de las regiones que se ha definido como la Macaronésica es insular y está ubicada exclusivamente entre España y Portugal.
Por si fuera poco, España además aporta en el hábitat de agua importantes espacios, como Doñana, Daimiel o el Delta del Ebro que son, sin duda alguna, estaciones fundamentales para las rutas migratorias de las aves entre Europa y Africa.
Hasta aquí, señorías, creo que podríamos alcanzar un rápido acuerdo.
Estos son datos, preámbulos e introducciones que todos hacemos a la hora de elaborar distintos documentos relativos al medio ambiente pero, a partir de este momento, y en la situación en que se encuentra nuestro país, probablemente podamos tener algunas diferencias.
Todo se inicia en el año 1992, con la Cumbre de Río y con la ratificación del Convenio de las Naciones Unidas, asumido por España el 21 de diciembre de 1993. A partir de ese momento, hay que esperar justamente hasta la conferencia sectorial del día 2 de octubre de 1995, donde por primera vez se presenta un documento que pretende ser una estrategia nacional para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
Tras la llegada del Partido Popular al Gobierno, se hacen varios anuncios respecto a esta estrategia; se recuerdan distintas preguntas parlamentarias, comparecencias de la Ministra en el año 1998, hasta que por fin, en febrero de 1999, la entonces titular del Ministerio de Medio Ambiente anuncia que España ya tiene una estrategia para la biodiversidad. Sin embargo, no debía ser realmente una estrategia, porque permanece aún dentro de los cajones del Ministerio --o no sabemos dónde-- sin que haya conocido la luz pública ni haya tenido el respaldo suficiente del

Página 3489


Gobierno ni del Parlamento para que pudiera ser un instrumento útil a la sociedad española y europea.
Yo creo que esa estrategia formaba parte de una más amplia, que ya había llevado a cabo el Partido Popular y que tenía mucho que ver con el «marketing». Formaba parte de esa estrategia la creación del Ministerio de Medio Ambiente en el año 1996, como una panacea que iba a solucionar miles de problemas ambientales que existían en este país, a impregnar la política española de una política trasversal como es la de medio ambiente, y que se generalizaría en todas las acciones del Gobierno.
Ante la dispersión administrativa, que era una de las causas fundamentales para crear el Ministerio, nos encontramos con un Ministerio huidizo. Ante problemas endémicos --denominados así por el propio Ministerio-- como la sequía, la erosión, la desertización, encontramos un Ministerio totalmente ausente. Ante la política ambiental, que se denomina en muchas ocasiones integral o global, encontramos un Ministerio perdido. Los parámetros medioambientales para medir la realidad de este país ni se los plantean ni existen. En cuanto a la adaptación de nuestra legislación a la europea, son uno y cientos los casos que nos permiten ver que el Ministerio es lento y, lógicamente, no adecuado. Y para qué hablar del Plan Hidrológico Nacional, sin soluciones concretas a estos problemas. O de la mejora de la educación ambiental tan traída y llevada, cuando en realidad lo único que percibimos es un retroceso en los temas educativos, y más en todo lo que sea política ambiental. De políticas de coordinación nada más hay que mirar los órdenes del día de las distintas conferencias sectoriales que se celebran en nuestro país. Y de la política integral o global, esta misma estrategia o este intento de aprobar la estrategia puede formar parte de ello; es decir, no a una estrategia que fundamentalmente quiere integrar todas esas políticas para que sean eficaces.
También han practicado la huida hacia delante diciendo que algunas de las medidas que se contemplaban en la estrategia, como la recuperación de los cauces fluviales o la mejora de la calidad de las aguas, se incluyen dentro del Plan Hidrológico Nacional. En el Plan forestal estamos pendientes de la elaboración de la ley de montes. En la recuperación de especies se pone los ejemplos de algunas importantes, como el lince, el águila imperial, el oso pardo, etcétera, sin contemplar el gran fracaso que suponen algunos de estos programas de recuperación por no tener en cuenta, precisamente, la integridad de los mismos. Y los programas de determinación genética son cuestiones que siempre se avalan.
Señorías, esta estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica, que publicó el Ministerio en un documento, y a la que puso el logotipo de Medio Ambiente en el año 1999, permanece encerrada y hay que preguntarse por qué. Creo que hay dos cuestiones básicas que están dentro del mismo documento: por una parte, el diagnóstico que se realiza y la posibilidad de su revisión y, por otra, las estrategias de carácter autonómico, de planes sectoriales, de líneas directrices y de medidas que, indudablemente, eran difíciles de acometer. Está pendiente de aprobación esta estrategia, lo cual denota un nulo interés político por parte del Gobierno de sacarla adelante, cuando el documento ya establecía que era fundamental su aprobación, tanto por el Gobierno como por el Parlamento, para que realmente fuera un paraguas que cubriera todas las posibilidades del sostenimiento de la biodiversidad en nuestro país.
Al hablar de los planes sectoriales agrarios, forestal, de pesca y acuicultura, cinegético y piscícola, energético, turístico, industrial, de planificación territorial, del transporte, de política hidrológica, de sanidad y comercial, ninguno de ellos se ha abordado hasta el día de la fecha. Parece ser que, según las últimas declaraciones, se van a acabar algunos antes de diciembre del año 2001, pero indudablemente no se está contando con ninguno de ellos para elaborar otra nueva estrategia que ahora el Gobierno nos quiere presentar: la estrategia del desarrollo sostenible, que se presentará con motivo de la Presidencia de España en la Unión Europea. La Dirección General de Conservación de la Naturaleza, a través de sus representante en el Ministerio, indicaba el otro día la necesidad urgente de contar al menos con resúmenes de los distintos planes sectoriales para poderlos incorporar a la estrategia del desarrollo sostenible.
Señorías, estamos ante un problema fundamentalmente de credibilidad. Este Gobierno empieza a perder credibilidad desde el momento en que tiene una estrategia como ésta guardada en el cajón desde hace dos años y medio. Se fracasado en la difusión de la estrategia y en la información a la opinión pública, puesto que el proyecto de difusión pública es el mismo que había. Ya se ha contemplado, y todo el mundo lo sabe, un proyecto de difusión pública de la estrategia de desarrollo sostenible, que todavía no está elaborado, por valor de más de 7.000 millones de pesetas. Yo creo que la gran estrategia, en este caso del Gobierno del Partido Popular, es la del «marketing» respecto al medio ambiente, pero no la de creer realmente en las cuestiones de los preámbulos en las que todos coincidimos.
Es una estrategia totalmente incumplida, pero no sólo por los propios ministerios ajenos al medio ambiente, sino que el propio Ministerio de Medio Ambiente ya ha legislado y ha hecho algún que otro proyecto que está fuera de esta estrategia para el mantenimiento de la biodiversidad.
Por lo tanto, la estrategia se ha convertido más en una carga, entiendo que en una prioridad política.
En junio del año 2000, el entonces director general de Conservación señaló que, a partir de ese momento, se iba a elaborar la estrategia y que se aprobaría. Ha transcurrido un año y medio y no se ha hecho nada por el estilo. Falta, como digo, fundamentalmente, interés.
Otro déficit importante que ha ocasionado que no esté aprobada es la estrategia forestal nacional, que lógicamente tendría que estar adaptada; el plan estratégico para la conservación y el uso racional de los humedales en España; la estrategia española para la educación ambiental y el centro de estudios y conservación de la biodiversidad.
Ante este cúmulo de circunstancias, nuestra propuesta a esta Cámara pasa fundamentalmente por pedir que instemos al Gobierno --y aprovecho para decir que aceptamos

Página 3490


la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos--, primero, a que en un plazo no superior a seis meses pueda estar aprobada esta estrategia por el Gobierno y traída al Parlamento.
Consideramos fundamental que, en este plazo de seis meses, en la que la presidencia de la Unión Europea va a corresponder al Gobierno de este país, tuviéramos un compromiso serio con el medio ambiente. La presidencia española de la Unión Europea en los próximos seis meses va a definir gran parte de las políticas europeas que van a tener mucho que ver con el medio ambiente. Sería una buena tarjeta de presentación que este Gobierno aprobara esa estrategia.
Al mismo tiempo, pedimos que se pongan en marcha los planes sectoriales contemplados en la estrategia. Precisamente es ahí donde luego se va ver el rigor y la seriedad que conlleva aprobar la misma, ya que ahí está implicada gran parte de la sociedad a través de sus representantes.
Solicitamos, asimismo, que se eleve a rango de ley, modificando la Ley 4/1989, de 27 de marzo, adaptándola a las circunstancias actuales y, por último, que se elabore el programa nacional de investigación para la gestión de la biodiversidad; es decir, con aplicación en temas científicos, que son los que fundamentalmente dan cabida a todo lo que les he relatado, y que sirviera de seguridad de que esto se va a contemplar.
Señorías, me gustaría que esta moción que presenta el Partido Socialista tuviera que ver con la ilusión que tienen todos los que en este país creen en el medio ambiente y no sirviera, como mucho me temo --y ahora lo escucharemos--, para que esas ilusiones se vuelvan a quedar en el tintero.
En cualquier caso, el planteamiento de esta moción en este momento nos puede servir para aclarar cuál es la posición oficial del Gobierno. Desde el año 1999, la estrategia permanece metida en un cajón, escuchamos una y mil veces decir a la Ministra que estaba elaborando una estrategia de común acuerdo con todos y parece ser que así fue, puso encima de la mesa, como hay que hacer en las cuestiones medioambientales, un marco amplio de participación. Lo que sucede es que la participación supone que luego hay que asumir también aquellos criterios que otros ponen encima de la mesa, y es lo que me parece que este Gobierno no está dispuesto a hacer. Desde entonces, y hasta ahora, me parece que son muy pocos los que creen que el Ministerio de Medio Ambiente y este Gobierno puede tener alguna autoridad ambiental.
Considero que la moción está planteada en esos términos, en el sentido de sacar la estrategia adelante, por un lado, el desarrollo de los planes sectoriales, la modificación de la ley y avanzar en los temas de investigación, teniendo en cuenta, como digo, que la biodiversidad no es una materia sectorial y que, por otra parte, no es en absoluto un tema moderno, moderno, sino que es el sustento de la propia vida.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Bella.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, tiene la palabra el Senador Gatzagaetxebarría.


El señor GATZAGAETXBARRIA BASTIDA: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, nosotros hemos presentado una enmienda con el fin de dar un contenido autonómico a la moción que plantea el Grupo Parlamentario Socialista.
El Convenio sobre biodiversidad o diversidad biológica aprobado en la Cumbre de la Tierra de 1992 establece tres objetivos principales: atender a la conservación de la naturaleza, promover la utilización sostenible de los recursos naturales y fomentar el reparto equitativo de los beneficios que se derivan de la utilización de los recursos naturales.
El Convenio aprobado en la Cumbre de Río y ratificado por España en diciembre de 1993 contiene en su artículo 6 un mandato imperativo a cada uno de los Estados en virtud del cual hace un llamamiento para que los mismos elaboren estrategias, planes o programas para la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.
La cuestión radica en que España firmó el convenio internacional pero el Reino de España no es sólo el Gobierno central. También lo son las Comunidades Autónomas y aquellas entidades que, según el bloque de la constitucionalidad, son las competentes en materia de medio ambiente. Y la pregunta es: ¿Qué competencias tiene el Gobierno central en materia de medio ambiente? Las nacidas del bloque de la constitucionalidad: elaboración de normativa básica. ¿Puede desarrollar políticas el Gobierno central, entendidas éstas no como plasmación de voluntades en textos normativos, bien sean legales o reglamentarios, sino como la realización de actos administrativos, planes sectoriales, programas, en definitiva, lo que significa ejecución de la legislación en materia medioambiental? No, no puede desarrollarlas, porque hay un modelo de Estado, un sistema político de disgregación y reparto de competencias.
Y todavía avanzamos más, porque esta Cámara va a debatir próximamente el modelo de financiación del Estado de las Autonomías, modelo en el que se va a ver nuevamente cómo adelgaza la capacidad financiera del Estado en favor de las Comunidades Autónomas. Este es el modelo constitucional y hacia el cual se va progresivamente avanzando, sobre todo después del gran acuerdo entre el Partido Socialista y el Partido Popular para minorar los ingresos del Estado y aumentar los de las Comunidades Autónomas. ¿Para qué? Para hacer aquello que ya el bloque de la constitucionalidad tiene establecido. Y en ese bloque, una de las políticas es la relativa a medio ambiente, en la que hay que circunscribir lo que ahora estamos discutiendo. Es decir, ¿en qué marco político y jurídico estamos hablando? En este marco que hemos expuesto.
Por tanto, cuando se pregunta cuál es el valor de la estrategia hay que decir que la estrategia simplemente es una guía, una sugerencia, un libro blanco, como decía el anterior Secretario General de Medio Ambiente. Es un documento en cuya parte introductoria realiza un diagnóstico sobre la situación de los recursos naturales en España y en

Página 3491


una segunda apela a las Comunidades Autónomas para que en el plazo de tres años desde la aprobación de la estrategia española se aprueben las estrategias autonómicas. No puede ser más. No es un plan hidrológico, no es un plan de cuenca. No tiene carácter legal ni carácter reglamentario.
Tan es así que no está aprobado en ningún sitio. Simplemente, en una conferencia sectorial se produce una aquiescencia --o llamémoslo aprobación-- sobre un acuerdo político de consenso entre los poderes centrales del Estado y las Comunidades Autónomas. También se elabora un dictamen favorable en febrero de 1999 por parte de la Comisión Nacional de Conservación de la Naturaleza que la anterior señora Ministra de Medio Ambiente hace público el día 8 de marzo de 1999 en una rueda de prensa.
Por tanto, no se produce un acuerdo formal por parte de ningún órgano administrativo con potestad obligatoria «erga omnes», para administraciones y para administrados, porque no puede ser de otra manera, puesto que no tiene carácter normativo. Simplemente es un libro blanco, como dijo el anterior Secretario General, una guía y un análisis sobre cómo se encuentran los recursos en España.
Por tanto, no demos demasiada importancia a lo que ahora estamos debatiendo, porque ni es el plan hidrológico nacional ni son los planes de cuenca, ni es un instrumento de ordenación territorial. Simplemente es un documento de análisis donde se reflexiona sobre la situación de los recursos naturales, la protección de los mismos y qué políticas de común acuerdo van a realizar los poderes centrales y las Comunidades Autónomas, pero en un modelo político distinto del actual, en el que no hay un nuevo modelo de financiación autonómica, lo que también afecta a la política medioambiental, porque los recursos que en estos momentos figuran en la sección correspondiente del Ministerio de Medio Ambiente no van a estar disponibles en los presupuestos del año que viene y en los siguientes, por ese acuerdo político entre el Partido Socialista y el Partido Popular de que la Administración Central tenga menos recursos y las Comunidades Autónomas más para que hagan esas políticas que por los Estatutos y la Constitución les corresponde. Esto es en grandes líneas lo que en estos momentos estamos debatiendo.
El Grupo Parlamentario Socialista plantea que se apruebe por el Gobierno en un plazo de seis meses. A nosotros nos parece bien, lo que ocurre es que --lo he dicho ya-- la conferencia sectorial lo aprobó en diciembre de 1998, la Comisión de Protección de la Naturaleza, y la Ministra lo hace público en febrero de 1999. Pero había un compromiso político de la anterior Ministra de someterlo debate y consideración de las Cámaras, cosa que no se ha hecho. Es cierto que hay un compromiso político, según me consta, en un documento que tengo aquí, donde la anterior Ministra manifiesta la voluntad del Gobierno de someterlo a debate y consideración. Eso no se ha producido. Por tanto, aunque sea tarde, bienvenido sea, si tiene voluntad el Grupo Parlamentario Popular para que el Gobierno someta a la consideración de la Cámara este documento que ya lleva prácticamente dos años y medio --según ha dicho el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista-- enterrado --nosotros no sabemos si está enterrado o no-- y en algunas iniciativas públicamente el Gobierno suele hacer referencia al mismo, pero con menor relevancia, porque éste es un asunto de tercer orden, visto el volumen de los asuntos que ha tenido el Ministerio de Medio Ambiente en materia de residuos, de impacto ambiental, el plan hidrológico nacional, planes de cuenca y que ha traído el Gobierno a la Cámara y en ningún momento el Ministro de Medio Ambiente ha anunciado que fuera una de las políticas prioritarias en la legislatura, ni cuando compareció por primera vez en esta Cámara ni en la otra Cámara el mes de junio del año 2000.
Este es el contexto en el que nos encontramos y ésta es la transcendencia y enjundia que tiene el documento que en este momento estamos elaborando.
En el documento se dice: yo, Gobierno, hago el análisis general, el libro blanco, las líneas generales. Hagan ustedes, Comunidades Autónomas, en el plazo de tres años, sus estrategias. Exactamente la estrategia española que aprobó el Ministerio de Medio Ambiente en uno de sus considerandos, en concreto en la página 80, hace una remisión en bloque a lo que desarrollen las Comunidades Autónomas. No puede ser de otra manera. Esa es la voluntad de la Cámara, además: yo, Gobierno, reduzco mis funciones para que ustedes, Comunidades Autónomas, cada vez tengan más, y por eso les vamos a dar más dinero.
Se plantea la realización de planes sectoriales. ¿Pero en qué materias? ¿Agraria, cinegética, energética, turística, industrial, transporte, sanidad, sector comercial, desarrollo rural? Todas las materias están transferidas a las Comunidades Autónomas. ¿Qué planes tiene que hacer el Gobierno central? Ninguno. El Gobierno central ya ha cumplido sus funciones: ha elaborado la guía, el libro blanco, la estrategia, ha hecho el diagnóstico, el análisis. Ahora las que son competentes y responsables políticamente en la materia, las Comunidades Autónomas, tendrán que hacer, siguiendo los patrones de este documento, aceptado también por las mismas, los diferentes planes sectoriales con carácter vertical en cada uno de los ámbitos que he indicado con anterioridad. Este es el esquema de funcionamiento. No tiene que aprobar ningún plan en la materia. Ya ha hecho el análisis general que se llama estrategia española para la conservación de la diversidad biológica, luego no tiene que hacer nada más.
Se habla de una hipotética modificación de la Ley de Espacios Naturales.
Ya sabemos que la Ley de Espacios Naturales se ha modificado, pero en ejecución de sentencia. Esta Cámara ha modificado la Ley de Espacios Naturales en cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional que declaraba inconstitucional el modelo anterior, de la Ley 4/1989, por ser absolutamente centralista y decir: los parques nacionales los declaro yo y, además, me los gestiono en exclusiva, aunque estén en territorio de una Comunidad Autónoma en su integridad. En ejecución de eso, vienen las Cortes y modifican la Ley 4/1989, pero sólo en eso. Entonces el Grupo Parlamentario Socialista hace un llamamiento diciendo: caso de que sea necesario una modificación... Igual es necesaria. ¿Por qué? Porque la Ley 4/1989 es anterior al Convenio sobre diversidad biológica de Río de Janeiro de 1992. Es anterior también

Página 3492


a la directiva de Habitats del año 1982. Luego sí que puede haber algunos elementos de conservación de la diversidad biológica que necesitan su actualización en el ordenamiento jurídico estatal de Cortes a la realidad internacional del Convenio de 1992 y de la Unión Europea, a la directiva que he indicado, pero esa adaptación tiene que realizarse siempre de conformidad con el sistema de reparto competencial. Por eso hemos presentado la enmienda con la finalidad de garantizar y establecer esta cláusula de salvaguarda. No nos olvidemos que ésta no es una Cámara de un poder político centralista, sino de unos poderes políticos que tienen un reparto competencial y con un poder político, por lo tanto, repartido y descentralizado. Por ese motivo hemos presentado --lo repito señor Presidente-- la enmienda de nuestro Grupo parlamentario.
Se habla del programa nacional de investigación. Dice el Gobierno que ya lo tiene en marcha. Pero investigación, ¿en qué sentido? No se referirá a las anteriores que he mencionado, a la de los planes, etcétera. Ahí sí que hay concurrencia porque la investigación la pueden realizar las Comunidades Autónomas y el Estado, ambos, pero cada uno en su ámbito correspondiente, teniendo el Estado la facultad de coordinación.
Eso lo podemos admitir intelectualmente, siempre que se haga en colaboración con las Comunidades Autónomas. Reconocemos que el Estado puede intervenir en ese ámbito, no en materia cinegética, turística, de sanidad o comercial, pues esas competencias están totalmente transferidas a las Comunidades Autónomas.
Ese es el sentido de la enmienda que plantea nuestro Grupo parlamentario y por lo que pretendemos dar contenido autonómico al texto de la moción socialista.
Fíjese qué valor le da el Gobierno al Convenio sobre diversidad biológica que si analizamos los Presupuestos Generales del Estado para el 2002, el programa correspondiente al medio natural prácticamente dedica medio folio del proyecto de presupuestos a la diversidad biológica, medio folio. Y las inversiones del Capítulo VI...


La señora PRESIDENTA: Senador Gatzagaetxebarría, transcurrió su tiempo con creces. Por favor, vaya concluyendo.


El señor GATZAGAETXEBARRIA BASTIDA: Termino, señora Presidenta.
... se dedican a inversiones no en el medio natural, sino en infraestructuras del Ministerio; y las previsiones presupuestarias están fundamentalmente en el Capítulo VII. ¿Y para qué es el Capítulo VII? El Capítulo VII es de transferencias de capital para que las Comunidades Autónomas puedan desarrollar políticas propias en medio ambiente a través de convenios.
Ese es el esquema, el propio Gobierno está diciendo cuál es el camino a seguir: diagnóstico general en la estrategia o libro blanco y política propia de las Comunidades Autónomas, además presupuesto en el Capítulo VII para darle el dinero a las Comunidades Autónomas y que éstas hagan lo correspondiente según la voluntad y las opciones políticas dirigentes en cada una de ellas de conformidad con el reparto competencial en la materia.
Nada más y muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Gatzagaetxebarría.
Turno del Grupo Parlamentario de Entesa Catalana de Progrés.
El Senador Ganyet tiene la palabra.


El señor GANYET SOLE: Muchas gracias, señora Presidenta.
Señorías, el Senador Bella, del Grupo Parlamentario Socialista, es uno de los baluartes de la conciencia ecológica de la Cámara. Hace un buen servicio al país...


La señora PRESIDENTA: Senador Ganyet, le pido disculpas porque el Senador Gatzagaetxebarría no estaba utilizando el turno del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos, sino el de defensa de su enmienda. Por lo tanto, procede ahora que el Senador Bella diga si la acepta o no. ¿La acepta? (Asentimiento.) De acuerdo.
Empezamos el turno de portavoces.
Tiene la palabra el Senador Cámara. Perdón, Senador Ganyet.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Intervengo solamente para manifestar el voto favorable de ese Senador, sobre todo teniendo en cuenta lo que la exposición de motivos plantea sobre esta moción, que la conservación de la naturaleza no sólo es una obligación ética, sino que se ha convertido en una necesidad de supervivencia. Por lo tanto, España firmó en su momento el convenio sobre la diversidad biológica y, en mi opinión, creo que es conveniente que sea aprobado, si es posible, por toda la Cámara, y si no es así que se pongan de manifiesto la coherencia y el sentido común a la hora de plantearse que aquello a lo que uno se compromete o se firma se debe cumplir y si no que se diga el porqué no es así.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo de Senadores de Coalición Canaria, el Senador Arroyo Hodgson tiene la palabra.


El señor ARROYO HODGSON: Muchas gracias, señora Presidenta.
Voy a tratar de ser breve dada la hora. Si entendemos por biodiversidad la totalidad de genes, especies y ecosistemas de una región, como la ha definido el programa de las Naciones Unidas para el medio ambiente en el año 1992, estamos indudablemente hablando de patrimonio natural propio de cada nación y nacionalidad.
Voy a dar unos datos muy breves referidos al año 1995. Se han descrito en el mundo alrededor de 1.722.000 especies y solamente en Canarias 21.343, lo que es absolutamente desproporcionado en relación con la pequeña superficie insular. Esto obedece exclusivamente al grado de

Página 3493


«endemicidad» --perdón por la petulancia-- o de especies exclusivas de Canarias, que es muy alto, y que supera el 32 por ciento de la biota terrestre.
Estas especies endémicas conforman una parte sustancial del patrimonio de Canarias, ya que sobre ellas y los ecosistemas en los que habitan y se desarrollan se ha modelado, de alguna manera, parte de la cultura y el carácter de los canarios.
Conscientes de esta importancia, los canarios tenemos en la actualidad una red enorme de espacios naturales protegidos que suponen, aproximadamente, un 40 por ciento de la superficie terrestre del archipiélago. Es decir, que entre los espacios naturales y protegidos, los LIC, y los parques nacionales de Canarias, el 40 por ciento de la superficie terrestre del archipiélago canario está protegida. Y ahora, con la asunción de la Red Natura 2000, se va a ver notablemente incrementada, y al decir notablemente me refiero especialmente al medio marino, ya que en la superficie terrestre es muy difícil.
Tengo la satisfacción de decir que el Cabildo de Tenerife, del que soy Vicepresidente Primero, ha aprobado el pasado mes de septiembre un plan insular de biodiversidad que no sólo pretende proteger el patrimonio natural o silvestre, sino también los cultivos y razas autóctonas que, en el conjunto del archipiélago, alcanzan la cifra de 808.
Esto obedece --estoy acabando-- a la situación geográfica de Canarias, situada entre Europa, América y Africa, lo que ha hecho que existan variedades y razas de muchos lugares del mundo en donde ya han desaparecido, pero que se conservan en Canarias. Si tuviera tiempo les pondría algún ejemplo.
Todo lo anteriormente dicho está en sintonía con lo recogido en la estrategia nacional para la conservación de la naturaleza. Por supuesto, cualquier programa encaminado a la conservación de la biodiversidad y a las medidas necesarias para su mantenimiento será especialmente bienvenido desde Coalición Canaria, sobre todo si va dotado de los fondos necesarios para su desarrollo.
Gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Arroyo.
Senador Gatzagaetxebarría, ¿quiere intervenir en el turno del Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos? (Denegaciones.) Gracias.
Senador Ganyet, pidiéndole disculpas, tiene su señoría la palabra.


El señor GANYET SOLE: Está disculpada. No podía ser de otra manera, señora Presidenta.
Señorías, como decía el Senador Bella, del Grupo Parlamentario Socialista, es uno de los baluartes de la conciencia ecológica de la Cámara. Hace un buen servicio al país y al medio ambiente llamando la atención, con la moción que se debate, sobre cierto retraso en la aplicación, por parte del Gobierno, de la estrategia española para la conservación y el uso sostenible de la biodiversidad.
El documento base de la estrategia española, presentado ante la Comisión Sectorial de Medio Ambiente, el 8 de marzo de 1999, es equilibrado, coherente, y siendo como es ambicioso, nos parece aplicable si se tiene la suficiente voluntad política. En todo caso, se nos antoja necesario para equiparar a nuestro país con los de nuestro entorno europeo, para avanzar por la senda de una aplicación sostenida del espíritu y la letra de la Cumbre de Río de 1992.
Los objetivos básicos contenidos en el documento son imprescindibles, desde la óptica de nuestro grupo parlamentario, para una eficaz acción gubernamental en ese campo. Como botón de muestra, voy a citarles algunos: la cooperación activa entre todas las partes implicadas, tanto de las diferentes instituciones públicas y privadas como de los distintos colectivos sociales y económicos, para lograr un compromiso de toda la sociedad, con la conservación de la diversidad biológica a través de su uso racional y, por tanto, sostenible; la incorporación de los principios de restauración, conservación y uso sostenible de la diversidad biológica a los procesos de planificación y ejecución de las políticas sectoriales e intersectoriales; el fomento de la investigación, conocimiento e información en materia de diversidad biológica; el fomento de la educación; la articulación de los instrumentos normativos y financieros necesarios y el impulso de una activa cooperación internacional.
Quizá se nos diga desde el Grupo Parlamentario Popular y, por consiguiente, desde el Gobierno que esos objetivos y programas ya se están desarrollando y probablemente es así en algunos casos e incluso en muchos, no dudamos de ello, pero coincidimos con la voluntad de la moción del Grupo Socialista, que un acto formal de aprobación a corto plazo, por qué no en el plazo de seis meses, de la estrategia española por parte del Gobierno despejaría el camino para una acción gubernamental más integrada y con vocación más global.
Somos decididamente partidarios de un diseño global más que del mero sumatorio de acciones y programas sectoriales que avancen, por decirlo de alguna manera, en formación dispersa. La diversidad biológica, el medio ambiente en general no entienden ni de fronteras políticas, ni de fronteras administrativas, ni de visiones fragmentarias. Ese es uno de los aspectos más nucleares de la Cumbre de Río. El diseño global que reclamamos está contenido, a nuestro parecer, en la estrategia española.
Por las razones que acabo de exponer, señorías, el Grupo Parlamentario de la Entesa Catalana de Progrés va a apoyar la moción del Grupo Socialista, presentada por el Senador Bella, con la inclusión de la enmienda del Grupo de Senadores Nacionalistas Vascos.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Ganyet.
Turno del Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió. El Senador Servià tiene la palabra.


El señor SERVIË I COSTA: Gracias, señora Presidenta.
Evidentemente, tantas especies distintas de plantas y animales repartidas de forma tan caprichosa, en toda la superficie terrestre representan un tema que siempre ha despertado la curiosidad de la especie humana, especie humana

Página 3494


que es la que mejor se ha adaptado en la historia a los cambios, que ha intentado controlar siempre todas las demás especies y que ha sentido una gran fascinación por todas, cometiendo errores a veces y colaborando en la destrucción de algunas, errores que han tenido, más o menos, respuesta en la época actual, basadas además de en lo citado en la Unión internacional para la conservación de la naturaleza y los recursos naturales que estableció en 1980 la primera estrategia mundial para la conservación; se revisa en 1991 en un documento del «Cuidemos la tierra, una estrategia para vivir de forma sostenible», que influye mucho en la Conferencia de las Naciones Unidas para el medio ambiente; en 1992 tenemos la tan citada Cumbre de Río de Janeiro, con la estrategia global para la biodiversidad; en 1995 se establece la estrategia paneuropea para la diversidad ecológica y paisajística; en 1998, el documento sobre la estrategia de la Comunidad Europea en materia de biodiversidad, suscrita por el Consejo y el Parlamento europeos. Y el 8 de marzo de 1999 llegamos a España con la presentación, a bombo y platillo, de la estrategia española para la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica.
He hecho un pequeño estudio en el ámbito catalán: en 1976 las islas Pitiusas, las islas Baleares, el País Valencià y Cataluña establecen el «Llibre blanc de la gestió de la natura dels països catalans» que contiene en su primer capítulo ya unas «bases ecològiques per la gestió de la natura»; en 1985, el Parlamento catalán aprueba la «Llei d'espais naturals», cuyo objeto, en el artículo primero, es «protegir, conservar, gestionar, i si s'escau», si ha lugar, «restaurar i millorar la diversitat genètica», y en el 2001 la Conselleria de Medi Ambent de la Generalitat de Cataluña presentará en pocos días «la estrategia catalana per la conservació i l'us sostenible de la biodiversitat», donde ha establecido unos diagnósticos a través del Institut d'estudis catalans de la Universitat de Barcelona y que establece, entre muchos documentos, dos muy importantes, que son el «Banc de dades de la biodiversitat» y la «cartografia dels hàbitats de Catalunya». Gracias, por su atención en este tema.
Todos estos documentos, desde el año 1976 hasta la actualidad, hablan de la palabra estrategia y tratan el tema de la biodiversidad de la misma manera: tenemos que actuar, la especie humana tiene que proteger, tiene que reponer, etcétera. Todos dicen lo mismo con palabras distintas. Es decir, todo el mundo está de acuerdo en esta cuestión y es necesario actuar.
El Senador Bella Galán presenta una moción que nos parece correcta, precisa y necesaria y además ha hecho una buena exposición. Pero no vamos a votar favorablemente, y no porque estemos en contra ni porque nos parezca mal, sino porque debido a las averiguaciones que hemos realizado, a las explicaciones que nos va a dar la Senadora Fernández Pacheco y a los comentarios del Ministro de Medio Ambiente esta mañana en los pasillos de esta Cámara, a diferencia del Senador Bella, estamos dispuestos a dar una cierta credibilidad al Ministerio porque se nos ha asegurado que la estrategia está en marcha. Por tanto, creemos a una y a otro y votaremos en contra de la moción, repito, no porque nos parezca mal, sino simplemente porque consideramos que no hace falta si esta cuestión está ya en marcha.
Senadora Fernández Pacheco, la canción dice: déjame que te cante morena de mis amores --lo de morena no lo discute nadie--, pero permítame que haga, una adaptación: déjame que te cante morena de mis temores. Y voy a expresarle dos temores: el primero, que lo que hoy apoyemos sea verdad y que no se produzcan nuevas dilaciones porque este tema, tal como está planteado, va muy lento; la estrategia establece que, una vez aprobada, se concede a las Comunidades Autónomas tres años de plazo para emitir sus dictámenes, sus reglamentos y leyes. Es indispensable, pues, que todo ello se produzca con la rapidez que usted nos va a anunciar.
Mi segundo temor es un poco más complicado. Nos preguntarnos por qué una cuestión como ésta, en la que todo el mundo está de acuerdo y nadie discute los conceptos ni las estrategias, ha estado dos años y medio en el cajón del ministerio sin que se haya actuado. (El señor Vicepresidente, Rojo García, ocupa la Presidencia.) Respecto a esto les voy a dar dos palizas más muy cortas: la primera, una cita del Senador Gatzagaetxebarría de la página 80 de la Estrategia española, que dice: la presente estrategia debe ser interpretada siempre como el marco flexible a partir del cual las Comunidades Autónomas elaboren sus propias estrategias de conservación de la biodiversidad, dado que ostentan las competencias para su conservación. Yo voy a aportar otra cita del mismo documento en su página 6, en la introducción, donde se definen los objetivos básicos, que en su último párrafo dice exactamente: la estrategia española debe entenderse como el puente natural entre la que está elaborando la Unión Europea para el ámbito comunitario y las que deseablemente habrán de elaborar las Comunidades Autónomas como responsables de la aplicación de medidas y acciones sobre el territorio, debiendo ser coherente con aquélla --la europea-- y constituir un marco para éstas --las autonómicas.
He hablado del segundo temor de mi Grupo Parlamentario porque este retraso de dos años y medio no haya sido debido a ningún problema con la diversidad biológica que todos suscriben --y espero que usted lo haga ahora--, sino a una cierta pereza del Gobierno para acelerar este tema, dada su situación mayoritaria.
Espero que la postura de mi Grupo no apoyando al Grupo Parlamentario Socialista no sea un fallo, confío que todo vaya rápidamente, y desde aquí quedo a la disposición del Grupo Socialista para establecer iniciativas conjuntas en el caso de que se produjeran nuevas demoras y dilaciones, porque este tema es importante y trascendental.
Muchas gracias, señor Presidente.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Servià.
Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el Senador Bella.


El señor BELLA GALAN: Gracias, señor Presidente.
Señorías, en esta segunda intervención debo anticiparles que tengo un especial interés por la estrategia de la biodiversidad,

Página 3495


ya que la fotografía que aparece en el documento publicado por el Ministerio corresponde a mi pueblo, concretamente a las marismas de Doñana mirando hacia El Rocío, con unos flamencos que son prueba evidente de la biodiversidad en nuestro país.
No sé hasta qué extremo ni hasta cuándo podremos resistir el proceso de reducción de la biodiversidad. No sé cuántas especies más tendrán que desaparecer local o globalmente, o cuántos ecosistemas dejarán de ser tales, para que consideremos que esta situación es definitivamente crítica y se produzca una manifestación de gran magnitud.
Y mi pregunta en estos momentos es si hay alguna forma de valorar lo que estamos perdiendo cada día. Desconozco el discurso de la Senadora Fernández Pacheco, pero sé que hay eruditos, investigadores y científicos de amplio reconocimiento a nivel internacional que ante estas preguntas dan respuestas fáciles para que todos podamos entenderles. Concretamente, Ehrlizh, ante la pregunta sobre el momento en que es irreversible y crítica la reducción de la biodiversidad responde con el ejemplo del señor que cada día sube a un avión y cada día ve que le falta otro remache. ¿Cuándo dejará de subirse? Pero yo creo que quizá sea más inteligente todavía preguntarnos cuál es el mundo en el que nos gustaría vivir y qué condiciones debería tener.
Entiendo que la estrategia de la biodiversidad, el documento que actualmente está durmiendo en algún cajón del Ministerio, es bueno. Fue en cierta medida un brindis al sol, pero la anterior Ministra lo puso sobre la mesa, sentó a ella a Comunidades Autónomas, ecologistas, etcétera, y se obtuvo, repito, un buen documento, aunque en mi opinión ha asustado al Ministerio por las repercusiones que puede tener, y es que tanto las cuestiones de medio ambiente como esta estrategia --que, en cierta medida, ustedes confunden-- no pueden llegar mucho más lejos. No sé cuál va a ser la opción del Grupo Popular --aunque me la imagino--, pero al menos esta moción habrá servido para que haya un pronunciamiento en ese proceso en el que tan interesados están todos los preocupados por el medio ambiente en este país.
En mi opinión, y como ya he dicho, esta estrategia va ser víctima de otra más amplia: la estrategia de un marketing que envuelve la política medioambiental de este país, por lo que ustedes van a guardar definitivamente ese documento asegurando con ello su desinterés por los temas medioambientales y por todo lo que eso conlleva.
Pero hay una cuestión fundamental. Se ha anunciado por parte del propio Presidente del Gobierno, del Ministro de Medio Ambiente y del Ministro de Economía, debajo de la capa fotovoltaica de la Moncloa, la presentación de la estrategia española para el desarrollo sostenible. Y yo me pregunto si ustedes consideran que es posible hacer una estrategia de desarrollo sostenible sin tener previamente una estrategia de la biodiversidad en este país. Si así lo consideran, vamos a seguir en lo mismo. En cualquier caso, yo he anunciado algo que dará mucho que hablar, y es que ya están previstos 7.000 millones de pesetas para anunciar esa estrategia de desarrollo sostenible, lo que a priori da a entender que estamos hablando de mucho marketing y de poco compromiso real. Y no lo entiendo. ¿Son capaces de votar en contra de lo que ustedes mismos han hecho en el Gobierno? ¿Es posible que en esa ceremonia de la confusión en que están convirtiendo las políticas medioambientales en este país hayan olvidado a todos los compañeros de viaje que tuvieron a la hora de elaborar esta estrategia? Yo creo que la moción puede servir para que ustedes renuncien expresamente. Lo decía antes y lo vuelvo a decir ahora: sirvan también mis palabras para lamentar que lo que era un sueño para amplios sectores de este país, lo que era una posibilidad de tomar realmente en serio la biodiversidad y el medio ambiente, se haya convertido en una fundamental decepción que ustedes propician.
Estamos en un país privilegiado, en un país que tiene un estado de conservación con mucho por hacer aún, en el que hay ya un gran esfuerzo realizado y en el que podemos incluso llegar a ser un ejemplo para otros.
Para lograr todo eso, y frente a otras consideraciones, la Secretaria General de Conservación de la Naturaleza, del Ministerio de Medio Ambiente, decía el otro día que los bosques españoles valen 54 billones de pesetas, dato fundamental a la hora de elaborar la estrategia forestal o la Ley de Montes, a lo que, lógicamente, hay que añadir bastantes consideraciones, pero yo le respondería con la siguiente frase de Antonio Machado: Todo necio confunde valor y precio.
Con esta idea quisiera terminar mi intervención. Sencillamente no estamos para poner precio a las cosas. El medio ambiente es un valor fundamental, y en cuanto a la biodiversidad de este país --y el Senador canario lo decía--hay que decir que el 50 por ciento de los endemismos que existen en Europa se encuentran precisamente en las Islas Canarias. El gran valor medioambiental que tiene este país es lo que realmente hay que resaltar.
Pero mientras el Ministerio no tenga claro que esto es así, seguirá considerando lo que yo decía al principio de mi intervención, la biodiversidad como un tema sectorial o como un tema novedoso con el que «ya veremos qué hacemos». Sinceramente, me parece que ésas no son formas ni respuesta para un país que hoy por hoy puede ser sin duda alguna líder en estos temas a nivel de la Unión Europea y también mundial.
Muchas gracias.


El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, Senador Bella.
Por el Grupo Parlamentario Popular tiene la palabra la Senadora Fernández Pacheco.


La señora FERNANDEZ PACHECO: Muchas gracias, señor Presidente.
Señorías, la diversidad biológica entendida como la variedad de los organismos vivos tanto silvestres como domésticos y los ecosistemas de que forman parte es un concepto que se ha impuesto en el campo de la conservación por su carácter globalizador, por la necesidad de tratar a la naturaleza como un todo y mantener la totalidad de sus componentes si queremos seguir sosteniendo en ella el mundo que estamos construyendo. En torno a esta biodiversidad se plantean dos necesidades en gran medida antagónicas:

Página 3496


su conservación y su utilización, conceptos que se han imbricado en un tercero como única salida a este dilema: uso sostenible. Ante la necesidad por parte de la sociedad de utilizar los recursos naturales y ante la necesidad de conservar y proteger la biosfera, un gran número de países firmaron convenios internacionales que a su vez influyeron en la aprobación de las legislaciones de conservación en la mayoría de ellos.
En los años ochenta comienza una nueva etapa en la que se parte de una estrategia mundial para la conservación de la naturaleza. En ella se propone el concepto «desarrollo sostenible», señalándose la necesidad de un desarrollo basado en la explotación de los recursos no más allá de los niveles que permitan su regeneración y la absorción de los impactos por los ecosistemas. Más tarde se emplea el término «biodiversidad» y la naturaleza deja de verse como un conjunto de elementos aislados.
La respuesta institucional a esta nueva concepción ha sido el Convenio sobre la diversidad biológica firmado por la Conferencia de las Naciones Unidas del Medio Ambiente y Desarrollo celebrada en Río de Janeiro en el año 1992. España, al compartir y perseguir los mismos objetivos, ratificó dicho Convenio el día 21 de diciembre de 1993 integrándose en el conjunto de Estados que han incorporado el principio de la diversidad biológica en sus políticas medioambientales.
Por eso el Ministerio de Medio Ambiente ha tomado a su cargo el proceso de elaboración de la estrategia, que se está desarrollando bajo la idea de la más alta participación por parte de los colectivos interesados en su elaboración, que engloban el conjunto de la sociedad, así como una serie de mesas de trabajo constituidas por la Administración General del Estado, las Comunidades Autónomas, la administración local, los investigadores, las organizaciones no gubernamentales dedicadas a temas ambientales y los agentes sociales. Todos ellos han aportado una gran cantidad de ideas que han llevado al Gobierno a la elaboración de la estrategia española, que se basa en los siguientes objetivos: la cooperación activa entre todas las partes implicadas, tanto de las diferentes instituciones públicas y privadas como de los distintos colectivos sociales y económicos para lograr el compromiso de toda la sociedad para la conservación de la diversidad biológica a través del uso racional y por tanto sostenible. La incorporación de los principios de conservación, restauración y uso sostenible de la diversidad biológica a los procesos de planificación y ejecución de la política sectorial e intersectorial. La creación de los mecanismos necesarios para la planificación de la gestión y conservación a medio y largo plazo de los recursos naturales. El fomento de la investigación, conocimiento y formación en materia de diversidad biológica. El fomento de la educación, divulgación e información dirigidas a aumentar la conciencia ciudadana y alcanzar la implicación social en la conservación y uso sostenible de la diversidad biológica. La articulación de los instrumentos normativos necesarios, ya sea mediante la adaptación de los existentes o través de la creación, en su caso, de otros nuevos. El impulso de una activa cooperación internacional en ese ámbito, mediante programas bilaterales y multisectoriales. Y la participación activa que surge entre los países encaminada a una mejor conservación del patrimonio natural.
Esta estrategia española fue elaborada por el Ministerio de Medio Ambiente y presentada públicamente el 8 de abril de 1999. Los objetivos propuestos por el Gobierno en la estrategia están siendo desarrollados por el Ministerio de Medio Ambiente, que trabaja en estos momentos en tres de los Planes sectoriales de desarrollo sostenible: el de turismo, el agrícola y el de transporte, además del Programa de investigación para la gestión de la biodiversidad. Cada uno de estos Planes es coordinado por un técnico miembro del grupo de trabajo. También se ha aprobado una propuesta de gasto que respalda económicamente el trabajo de este grupo.
En el futuro es previsible seguir ampliando su capacidad y en este momento se estudia la posibilidad de comenzar con los Planes de los sectores energético e industrial.
Por ello, mi grupo considera que el Ministerio de Medio Ambiente, en un aspecto eminentemente técnico como el que nos ocupa, debe llevarla iniciativa que actualmente sustenta. En este sentido, la moción del Grupo Parlamentario Socialista nos parece innecesaria.
Respecto a los trabajos para la modificación de la Ley 4/89, de 27 de marzo, es voluntad del Gobierno --y así se manifiesta en la Estrategia española-- establecer las líneas básicas de la futura modificación de la Ley 4/1989, de conservación de los espacios naturales de la flora y fauna silvestres, para incorporar a sus textos mecanismos a fin de elaborar y aplicar las nuevas políticas públicas de biodiversidad. Debido a que desde 1989 todo el sector ha variado profundamente, en cuanto a su desarrollo, eclosión de la biotecnología y concepciones globales, como puede apreciarse, ya está contemplada dicha modificación y creemos innecesario reiterarlo de nuevo a través de la moción presentada por el Grupo Parlamentario Socialista.
Finalmente, el Programa de investigación para la gestión de la biodiversidad, que es competencia del Ministerio de Ciencia y Tecnología, está siendo confeccionado con la colaboración necesaria del propio Ministerio de Medio Ambiente. Por tanto, aun siendo las consideraciones propuestas de gran interés y teniendo en cuenta que estamos en un trabajo eminentemente técnico que requiere que los pasos que se den sean irreversibles, rechazamos la moción presentada por considerar que los aspectos contenidos en ella están siendo objeto de estudio por parte de los Ministerios implicados.
El Gobierno está por el buen camino, y se ha querido llegar a un gran consenso en una materia que debe escapar radicalmente de los planteamientos partidistas. Debemos considerar lo que está en juego: el futuro de nuestro territorio. No antepongan sus señorías sus ambiciones políticas al objetivo general de conservación de la biodiversidad. Sean responsables y respeten el trabajo realizado por los expertos, que ha llegado a buen puerto y creemos que dará buenos resultados.
En consecuencia, vuelvo a repetir que rechazaremos la moción por considerarla inadecuada e innecesaria y porque no aporta ningún elemento innovador a un proceso

Página 3497


que sigue su curso gradualmente y con buenas expectativas.
Muchas gracias. (Aplausos en los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

El señor VICEPRESIDENTE (Rojo García): Gracias, señora Fernández Pacheco (La señora Presidenta ocupa la Presidencia.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, vamos a votar la moción del Grupo Parlamentario Socialista con la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario de Senadores Nacionalistas Vascos, que ha sido aceptada.
Se inicia la votación. (Pausa.)

Efectuada la votación, dio el siguiente resultado: Votos emitidos, 217; a favor, 72; en contra, 142, abstenciones, tres.


La señora PRESIDENTA: Queda rechazada la moción.


--DEL GRUPO PARLAMENTARIO DE SENADORES DE COALICION CANARIA POR LA QUE SE INSTA AL GOBIERNO PARA QUE PROMUEVA LA DECLARACION DE LAS ISLAS DE MALLORCA (ILLES BALEARS), GRAN CANARIA (LAS PALMAS) Y TENERIFE (SANTA CRUZ DE TENERIFE) COMO DISTRITOS TELEFONICOS DE TARIFACION UNICA, AL AMPARO DE LOS ARTICULOS 37 Y 42 DE LA LEY 11/1998, DE 24 DE ABRIL, GENERAL DE TELECOMUNICACIONES (662/000159).


La señora PRESIDENTA: Siguiente moción, del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, por la que se insta al Gobierno a que promueva la declaración de las islas de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife como distritos telefónicos de tarifación única, al amparo de los artículos 37 y 42 de la Ley 11/1998, de 24 de abril. A esta moción se ha presentado una enmienda por parte del Grupo Parlamentario Popular en el Senado.
Para la defensa de la moción, tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Señora Presidenta, señorías, traemos hoy a debate una iniciativa que trata de mejorar en uno de sus aspectos fundamentales la cohesión territorial del Estado en aquellos territorios que mayor dificultad objetiva tienen para conseguirlo, las islas.
La insularidad está recogida específicamente en nuestra Constitución, en los textos básicos de la Unión Europea y, para el asunto que hoy nos ocupa, en la Ley General de Telecomunicaciones. Este reconocimiento del hecho insular no tiene por objeto la confirmación de una realidad geográfica que, de por sí, es incuestionable e irremediable, sino el que los poderes públicos arbitren medidas que compensen los inconvenientes de esta realidad. Es evidente que las soluciones han de estar basadas fundamentalmente en la mejora de los transportes y las telecomunicaciones.
En el caso de los territorios insulares, la mejora de los transportes entre las islas, y de éstas con el territorio continental, sólo podemos cifrarla en la mejora de las comunicaciones aéreas y marítimas. En cuanto a las telecomunicaciones, debemos seguir incidiendo en la mejora de la calidad de la cobertura, de la agilidad y de los costes.
El efecto de la lejanía con el continente, en lo que se refiere a las comunicaciones telefónicas, ha sido abordado y solucionado de forma solidaria desde hace años. (Rumores.)

La señora PRESIDENTA: Por favor, señorías, guarden silencio.
Continúe cuando quiera, Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Para quienes no conozcan este asunto, les diré que las comunicaciones telefónicas entre Canarias y el primer punto de la Península --podríamos decir con Cádiz--, llevan implícitas un descuento de mil kilómetros, con lo que prácticamente equiparamos las comunicaciones de Canarias a las de otras Comunidades Autónomas entre sí, dentro de la Península.
Sin embargo, no ocurre lo mismo entre las islas, donde la bonificación es de sólo 50 kilómetros, lo que provoca efectos muy variables entre las diversas islas. Por ejemplo, entre Tenerife y Gran Canaria, que están separadas por 60 kilómetros, el descuento supone que sólo se contabilizan 10 kilómetros; pero entre dos islas, como La Palma y Lanzarote, separadas por una distancia de 500 kilómetros, el descuento de 50 kilómetros hace que paguen por 450 kilómetros en unas comunicaciones que se realizan solamente a través del mar y que no están compensadas.
Sobre este aspecto concreto, que condiciona gravemente el alquiler de circuitos telefónicos dentro de las Islas Canarias y por la influencia que tiene para el desarrollo del sector empresarial en Canarias, anunciamos ya una proxima iniciativa en esta Cámara.
Pero ciñéndonos al problema de los distritos tarifarios y a los efectos que hoy nos interesan, en el interior de las islas se han creado unas fronteras, en este caso telefónicas, que fraccionan lo único que físicamente no está fraccionado, el territorio estrictamente insular. Ese efecto de frontera en las comunicaciones telefónicas interiores es el que deseamos eliminar para las islas de Gran Canaria, Tenerife y Mallorca.
Es importante recordar que anteriormente se habían traído a la Cámara dos tipos de propuestas: las destinadas a convertir en distritos únicos las islas de Fuerteventura y La Palma, que se resolvieron sin mayor problema, aunque con bastante retraso; y, otras, para conseguir que los distritos telefónicos coincidieran con el mapa autonómico. Estas últimas propuestas plantean algunos problemas que el Gobierno del Estado y el Grupo Parlamentario Popular se han encargado de resaltar. Estos problemas serían básicamente los siguientes: cambio brusco del sistema, repercusión negativa para las operadoras, alteración del sistema de numeración, alteración de la planta telefónica con el consiguiente

Página 3498


esfuerzo inversor, y alteración del sistema tarifario, ya que desaparecerían las denominadas tarifas provinciales e interprovinciales.
Pues bien, aun manteniendo nuestro Grupo la idoneidad de conseguir en un futuro no lejano la adecuación del mapa telefónico al mapa autonómico, la propuesta que hoy traemos aquí es mucho más sencilla y no plantea ninguna de las dificultades señaladas. Se trata, en definitiva, de convertir las tres únicas islas del Estado Español que aún no lo son, en distritos tarifarios telefónicos únicos. De las diez islas mayores, siete son ya distrito único, y hay que aclarar que a estos efectos telefónicos, Formentera se incluye en Ibiza y La Graciosa en Lanzarote.
Por tanto, hoy queremos demostrar que la propuesta es perfectamente asumible, tanto para el Gobierno como para los operadores telefónicos, por las siguientes razones: no altera el sistema tarifario actual en ninguno de sus escalones. No tiene una repercusión significativa para los operadores, y ninguna para los titulares de las redes y centrales. No necesita cambios en el sistema de numeraciones y códigos. Y, por último, supone una adecuación progresiva y nada gravosa a nuestra realidad territorial, administrativa y política.
En relación con el único aspecto de nuestra propuesta que puede presentar alguna duda, que es el referido a cómo puede afectar a los posibles ingresos de las operadoras, hay argumentos de peso para llegar a la conclusión de que, incluso, pueden mejorar. Y, además, el principio de que las tarifas deben estar orientadas a los costes no se altera, como voy a tratar de demostrar. En primer lugar, los distritos que cubren lo que podríamos llamar las áreas metropolitanas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Mallorca, acaparan en torno al 80 por ciento de los abonados de las tres islas. Esto significa que el pequeño déficit que supondría esta medida, quedaría compensado con el aumento de la demanda que supondría la supresión de esas fronteras telefónicas interiores.
En estudios anteriores ya se ha demostrado que en las telecomunicaciones, como en otras actividades, las tarifas actúan como reguladores de la demanda. Otro dato, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones en sus informes más recientes ha sido muy reticente con los cambios del mapa telefónico, que impliquen modificación en los sistemas tarifarios o numéricos o que supongan alteraciones de las redes o de la planta telefónica y que, por ello mismo, suponen costes para las operadoras.
Este no es nuestro caso, como ya hemos explicado. Sin embargo, en sus informes para unificar distritos tarifarios dentro de una misma isla, ha emitido algunos muy favorables, y éste es el mismo caso que estamos planteando aquí hoy.
En segundo lugar, hay algunos datos que conviene conocer para resaltar las peculiaridades telefónicas en los territorios insulares y la necesidad de tomar medidas que incentiven el uso de las telecomunicaciones como factor previo e imprescindible para el desarrollo de la Sociedad de la Información. Estos datos son que mientras en el territorio peninsular la media de municipios por distrito telefónico se sitúa en torno a los 17, en las tres islas que hoy nos ocupan la media es de 6,5, casi un tercio de la media peninsular, incluso en algunos distritos con sólo tres o cuatro municipios, lo cual demuestra aún más la artificialidad de dichas fronteras. El otro dato es que Canarias está en los últimos lugares en cuanto a densidad de teléfonos por habitante.
Mientras la media de España se sitúa entre 44 y 45 aparatos por cada cien habitantes, en Canarias es de 38 a 39.
Para concluir, tengo que decir que somos perfectamente conscientes de que la liberalización del sector de las telecomunicaciones ha mejorado muchos parámetros, como la calidad de los servicios y los precios, pero no está en manos del sector cambiar el mapa de los distritos tarifarios. Esta es una competencia que, junto a los estudios e informes pertinentes, corresponde al Estado.
Les pido, pues, su apoyo a esta moción para romper en las islas fronteras artificiales que ya no tienen justificación alguna y para que afrontemos con claridad la realidad insular, incuestionable desde la mera perspectiva física y geográfica pero que además tiene claro amparo en nuestro ordenamiento constitucional.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Para la defensa de la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra el Senador Rojo Martínez.


El señor ROJO MARTINEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
La moción de Coalición Canaria que estamos debatiendo pretende ser enmendada por mi Grupo para que desde estos matices de discrepancia que voy a exponer sea posible acordar algo realmente útil para los isleños de Gran Canaria, Tenerife y Mallorca.
Los antecedentes parlamentarios en esta cuestión, en esta legislatura y en la pasada, han dejado muestra del interés de todos los grupos parlamentarios por el tema. Como se ha dicho, se trata de intervenir desde el Gobierno para alterar uno de los componentes del coste telefónico diferenciado para los usuarios, que es el que depende de la ubicación de los interlocutores en una llamada. Ciertamente, existen razones de carácter económico para dar importancia al gasto telefónico tanto desde el punto de vista familiar, como empresarial, profesional o personal. En muchos supuestos este gasto supone un consumo de recursos superior incluso a los que se destinan a energía doméstica. Por consiguiente, todos los grupos tenemos todo el derecho a darle vueltas a la factura telefónica.
Pero, señor Rodríguez, ni mi Grupo ni yo sacaríamos conclusiones exageradas sobre este gasto, sobre este recibo en cuanto a su transcendencia para la cohesión del territorio y la solidaridad. Sólo gastamos --y en esto estaremos de acuerdo-- en aquello que está a nuestro alcance. Y ésta es una premisa siempre previa --valga la redundancia-- al precio.
En este caso, lo que tenemos a nuestro alcance son unas infraestructuras de telecomunicaciones que sí miden, según nuestro criterio, el progreso, la solidaridad y la cohesión, valores constitucionales invocados en su moción.


Página 3499


Pero, a nuestro juicio, ésta pone un énfasis excesivo en la transcendencia respecto a la cohesión territorial que supone la existencia de los distritos de tarificación, énfasis que no pone, por cierto, en las infraestructuras, creo que probablemente subestimando la realidad, la auténtica realidad de éstas, así como la realidad actual de la economía española y la realidad propia del mercado de las telecomunicaciones en nuestro país.
Pero como se trata de una enmienda, vamos a salvar esos elementos subjetivos que siempre tienen cobijo bajo ese concepto de solidaridad.
Vamos a dejar a un lado ese carácter fundamentalmente económico y vamos a centrarnos en el fondo de la cuestión, que creo que debe abordarse con criterios objetivos. Por ello, he acudido a una fuente como la de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, una fuente que es preceptiva como informadora, una fuente experta y transcendental para las ulteriores decisiones del Gobierno.
Este informe es citado por usted en la moción, como lo es también el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones, que es precisamente el artículo que confirma la importancia de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones. El informe alcanzó a ser favorable en dos casos, en los de La Palma y Fuerteventura, por doble razón: una de tipo técnico, que no viene a cuento ahora detallar y, otra, de mercado de competencias, razones que dejo a su juicio valorar si son de aplicación en el resto de las islas.
El interés de mi Grupo por satisfacer las expectativas del suyo y de los isleños en general es tal que hemos seguido indagando en ese informe hasta encontrar ese punto de superación de las dificultades e inoportunidades que detalladamente se van desvelando en el mismo para que puedan modificarse a la demanda los distritos de tarificación. Nosotros tenemos que convenir seguramente en que en esta Cámara y en este debate es políticamente responsable poner de manifiesto las dificultades y sentar bases con antecedentes realistas, no de facilidad, en esta cuestión de la ruptura de los límites geográficos de la tarifación actual. No es cierto que alterar los distritos de tarifación sea inocuo y que sólo tenga una repercusión en el coste individual de una llamada. No es cierto tampoco que el hecho insular alegado en la moción suponga que todas las islas por el hecho de serlo sean ultraperiféricas ni Objetivo 1, siendo cierto, es verdad, que lo son en el caso de Canarias.
Nuestra enmienda no parte, por lo tanto, del prejuicio de la inferioridad ni del daño, deslealtad o agravio del hecho insular porque esa argumentación en este caso, tal como está planteada, creemos que no es de aplicación. A nuestro juicio, el hecho insular, en las cuestiones relativas al principio de solidaridad y asequibilidad de precios, está tratado y contemplado por lo general en la situación actual del esquema de precios que está vigente.
Los precios aplicados a llamadas entre provincias insulares es el mismo que entre provincias peninsulares, y entre las provincias insulares y peninsulares sin distinción alguna. Por otra parte, los precios aplicados entre islas, que corresponden a una misma provincia, tampoco tienen un carácter que no sea el de llamada provincial. Por lo tanto, desde el punto de vista de distancias tenemos que estar de acuerdo seguramente en que no se repercute ni se penaliza la complejidad de infraestructuras que requiere un servicio entre islas.
En cuanto a la participación de las islas en las ventajas de liberalización del mercado habría que decir que, excepto las de La Palma y Fuerteventura, que es uno de los argumentos por los cuales la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones es favorable a que se reorganicen esos distritos, el resto de las islas tienen condiciones de accesibilidad de los operadores para que fijen sus precios libremente como el resto del territorio. No obstante, intentando llegar a un acuerdo, nuestra enmienda quiere sostenerse sobre esa sensibilidad ya demostrada del Gobierno para acceder,a demandas en supuestos concretos y excepcionales, y también en la voluntad de mi Grupo de abrir en este momento cauces de análisis para esas razones de excepcionalidad para las islas que se contemplan en la moción.
Somos conscientes de que por la vía de la liberalización del mercado de las telecomunicaciones van a llegar muchas mejoras posibles en las tarifas. Nuestra enmienda se sustenta también en la necesidad de tener en cuenta esa situación de competencia. Nuestra enmienda se sustenta en la certeza de que el despliegue de la red de todos los operadores está vinculado a los planes de negocio. Y estos planes de negocio requieren una determinada certeza parla ser formulados. Y esa certeza hoy la dan los distritos de tarifación. El nivel de competencia, en definitiva, va a ser en gran medida el que va a determinar el coste del uso de las telecomunicaciones en un futuro no muy lejano. Pero también nuestra enmienda reconoce que los distritos de tarifación no son inamovibles. Se fijaron, en unos momentos muy distintos de las infraestructuras, y por razones que también han variado como han podido ser los núcleos de población, la densidad de población o el área cubierta por determinadas centrales de computación.
En definitiva, nuestra enmienda quedaría, en estos términos: «El Senado insta al Gobierno a estudiar, conforme a la actual situación de competencia en el mercado de las telecomunicaciones en España, la posibilidad de hacer más asequibles los precios del servicio telefónico en las islas de Mallorca, Gran Canaria y Tenerife mediante la reordenación de los distritos telefónicos.» Nos parece compatible con sus pretensiones, señor portavoz de Coalición Canaria, y también con las nuestras, para la utilidad de los isleños y para todo el territorio nacional. Si lo fuesen, que deberán serlo, no puede ser de otra manera, con respecto a los criterios de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que deberá emitir su informe previo, nosotros creemos que esta posición del Grupo Parlamentario Popular es perfectamente compatible con el enfoque desde la perspectiva de todo el territorio nacional. Creemos que es una posición compatible con el mantenimiento de la virtualidad del marco tarifario...


La señora PRESIDENTA: Senador Rojo, además de este turno de defensa de la enmienda tendrá luego otro turno de portavoces. Este ya ha concluido. Le ruego que vaya terminando.


Página 3500


El señor ROJO MARTINEZ: Termino, señora Presidenta.
También es compatible con la orientación a coste de precios, con la eliminación de barreras hacia una competencia efectiva y general y con los plazos que van a requerirse posteriormente para implementar medidas de índole técnica.
Muchas gracias, señora Presidenta.


La señora PRESIDENTA: Muchas gracias, Senador Rojo.
¿Quiere intervenir el representante del Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria para decir si acepta o no la enmienda? Tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
En relación a la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Popular nosotros creemos que podría haber sido bastante más generosa en su planteamiento. Es una enmienda bastante restrictiva que deja un resquicio mínimo para la posibilidad de aceptarla. Sin embargo, Coalición Canaria se ve abocada, a pesar de esa falta de generosidad con que yo la califico, a aceptarla ya que --repito-- nos deja un resquicio que nosotros aprovecharemos para seguir avanzando en la dirección que hoy hemos planteado.
Vamos a continuar presentando cuantas iniciativas sean necesarias para que la Administración del Estado asuma compromisos concretos que tiendan a minimizar los efectos negativos de la insularidad, de la lejanía y de la realidad archipielágica de Canarias. Evidentemente, vamos a hacer un seguimiento muy de cerca de esta instancia de estudio al Gobierno que hoy aceptamos.
Sí tengo que decir, antes de acabar, que coincidimos con el portavoz popular en algunas consideraciones que nos parecen muy interesantes. En primer lugar, aceptamos porque no puede ser de otra manera y coincidimos --ya lo dije en mi intervención-- en que es fundamental tener en esta etapa de estudio que ahora se abre, pues seguro que el Gobierno va a contar con ello, un informe de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones que yo espero que por lo menos en algunos de los casos que estamos planteando pueda darnos la razón.
Está claro también que hay razones objetivas que impiden meter en un mismo saco, por llamarlo de alguna manera, las tres islas que en esta moción se han presentado, ya que en concreto las dos de Canarias tienen algunos condicionantes de los que no goza o padece Mallorca, como es el caso de la ultraperificidad, el ser Objetivo 1 e, incluso, las diferencias en la extensión territorial y el número de distritos telefónicos.
También coincidimos en que, en su momento, cuando se decidió la división del territorio del Estado en distritos tarifarios, había una serie de criterios muchos de los cuales, probablemente tomados hace tantos años, hayan quedado absolutamente obsoletos.
Espero que, si se acepta esta enmienda, podamos abrir un tiempo de estudio, que espero que no sea indefinido, para ver qué casos concretos de nuestra propuesta pueden ser aceptables a la vista de los estudios que realiza el Gobierno o incluso de ese próximo informe --espero-- de la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Rodríguez.
Turno de portavoces.
Por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra el Senador Cámara.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Gracias, señora Presidenta.
Señorías, creo que el transporte y las comunicaciones, tal y como el Senador Rodríguez Díaz plantea en la moción de Coalición Canaria, son elementos de cohesión junto a otras políticas y a otros elementos, como es lógico.
Me ha parecido oír aquí que esto no es así por el hecho de tratarse de islas. Vamos a hacer pedagogía isleña para que comprendan exactamente lo que significa el hecho insular. Porque al margen de que esté recogido en la Constitución Española que Europa considera el hecho insular como un hecho diferencial y, por tanto, digno de protección a muchos niveles, las leyes que se han acordado, que se han aprobado en las Cortes Generales para Canarias, para Baleares --después diré algo al respecto-- así lo demuestran, han sido votadas por todos los grupos políticos, incluido el de ustedes.
En consecuencia, se es consciente, en teoría, de que el hecho insular es un problema real; y es un problema porque las circunstancias del hecho insular no sólo repercute en las personas, que ya es importante, sino también en las mercaderías, en la cohesión territorial, por ser simplemente territorios discontinuos --simplemente por eso--, y afecta a los servicios, y afecta a la sanidad, y afecta al transporte, y afecta a los costes empresariales y a los costes de los ciudadanos. Afecta a todo.
El hecho de ser insular --cuidado con ese desliz, señor Rodríguez Díaz, porque me ha parecido entenderle que se refería al hecho de ser ultraperiférico, y no es eso-- merece una atención especial, y si encima es ultraperiférico, más todavía. Digámoslo así para ser solidarios entre los archipiélagos por aquello de que poseemos una conciencia insular.
Lo que ha dicho en relación con la península y el continente, eso no es así, indiscutiblemente. Yo creo que la conciencia es formal, pero no se vive como lo hacemos nosotros los isleñas. No se vive exactamente igual.
Existe un problema insular, pero también un problema de doble y de triple insularidad. Y no es lo mismo, para muchas cosas, Formentera que Mallorca, por ejemplo; ni mucho menos. Padecen más problemas los que viven en Formentera, o en Ibiza, o en Menorca, respecto a Mallorca, y esto por hablar de las islas Baleares.
La cuestión de la cohesión se hace más complicada y más difícil. Les pongo un ejemplo muy concreto para que ustedes lo vean, como demostración práctica. Nuestros estudiantes, que viven en Menorca o en Ibiza, tienen que ir a estudiar a Barcelona o a Mallorca, con unos costes superiores a los de otras Comunidades Autónomas. Es totalmente

Página 3501


seguro. Ejemplos: para que una familia de Menorca pueda ir a ver a un preso que está en Mallorca, no hay ninguna subvención y, sin embargo, hay que costearse el viaje. Por consiguiente, el transporte, las comunicaciones, tienen su importancia en la vida práctica de los ciudadanos, de ahí que se hayan planteado múltiples iniciativas. Y aprovecho la ocasión para formular aquí una reclamación. Creo que ayer se celebró una reunión en el Ministerio de Fomento con gente del Gobierno de Baleares del Partido Popular, para ver si, después de dos años y medio, se pone en marcha la Comisión de Seguimiento del REB, el Régimen Especial para Baleares, porque tenemos muchos problemas.
Por lo tanto, ese tipo de leyes, de conceptos, de ideas, de protección de las cuestiones insulares tienen que ser recogidas. Y lo que plantea con mucho acierto Coalición Canaria es algo de un interés pasmoso, que se ve modificado sustancialmente con la enmienda --luego diré algo al respecto--, porque lo que plantea es que el Gobierno actúe y proteja ese tema. Y lo que se nos contesta de alguna manera es que, en función de la liberalización, en función de todo lo que aquí se ha argumentado, el interés del Estado y el interés público --que es lo que concierne a las islas--, esté supeditado al interés del comercio privado.
En consecuencia, eso es una línea peligrosa. Lo que se está tratando es que la modificación de los distritos telefónicos sea una realidad y se promueva por parte de los poderes públicos. ¿Es así, señor Rodríguez? Y lo que se nos plantea es: ya se estudiará.
Yo adelanto que por no dejar sola a Coalición Canaria y simplemente porque es una oportunidad, no porque me guste la enmienda, voy también a votarla a favor, pero quiero dejar claro que no es ni el espíritu ni la idea de la moción presentada por Coalición Canaria, y que seguiremos trabajando en la misma dirección.
Señala la moción que ha habido acuerdos en el Parlamento español, pero también en el Parlamento de Baleares el 1º de febrero de 2000 se presentó una proposición no de ley en la que se instaba al Gobierno del Estado, por razones de cohesión territorial, a que proceder a promover la declaración de la isla de Mallorca como distrito telefónico de tarifación única, tal y como está planteado en esta moción. Pues bien, fue votado por todos los grupos políticos por unanimidad.
Digo esto no para meter el dedo en la llaga, sino simplemente para aclarar que cuando ustedes plantean el tema de la cohesión de su Partido, unos dicen una cosa en un sitio y otra en otra. Lo cierto es que el Partido Popular en Baleares dice lo mismo que nosotros, y nos gustaría que también se dijera aquí lo mismo. Simplemente es eso, sería bueno y deseable que fuera así, y si alguien está mal asesorado o simplemente no tiene la misma posición, poderlo discutir, al menos para saber a que nos tenemos que atener.
Señorías, termino diciendo que voy a votar lo mismo que va a votar el Grupo de Coalición Canaria, pero quiero que quede claro que desde mi punto de vista, en este y en otros temas no se comprende de forma profunda el problema del hecho insular, del territorio discontinuo, con tantos y múltiples problemas. Inclusive, independientemente de su desarrollo económico, no se comprende lo que significa para el ciudadano; se ven cifras macro, cifras globales y, sin embargo, el que tiene cara y ojos, sea mujer u hombre, tiene problemas muy serios.
Por lo tanto, hacer posible un coste menor para el ciudadano en algunas cuestiones es un elemento de obligación política, al menos el comprenderlo y, sobre todo, ejecutarlo en la medida en que sea posible.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Por el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria, tiene la palabra el Senador Rodríguez.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Aunque sólo puedo intervenir para contestar al Grupo Mixto, por cortesía parlamentaria creo que sería feo dejar pasar está oportunidad.
Quiero agradecerle el posicionamiento y el complemento a la explicación que yo he dado y resaltar, acogiéndome a muchas coincidencias de su intervención, que en muchos casos cuando hablamos de territorios insulares no estamos haciendo una reivindicación victimista, ni mucho menos. Yo en ningún momento de mi intervención he apelado a la solidaridad. Creo que he expuesto argumentos objetivos y objetivables y realidades administrativas, legales y constitucionales para reivindicar esta solución. Por otro lado, me parece que es importante el debate, que podríamos llamarlo mercantilismo versus interés general, que muchas veces subyace en alguno de estos debates. De todas maneras, yo agradezco --no sé cuál va a ser el posicionamiento del resto de los Grupos--, a pesar de esa falta de generosidad, que el Grupo Popular nos dé la oportunidad de poder llegar a un acuerdo, que yo espero que sea unánime, de los Grupos de esta Cámara.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Tiene la palabra, en nombre del Partido Nacionalista Vasco, el Senador Albistur.


El señor ALBISTUR MARIN: Gracias, señora Presidenta.
Para manifestar la posición de mi Grupo respecto a la moción presentada por el Grupo de Coalición Canaria, con la cual nos sentimos de alguna forma solidarios y vamos a apoyar. Pero quisiera aprovechar esta oportunidad para poner el dedo en la llaga, sobre todo planteando que éste es uno de los múltiples problemas que existen en el sector de telecomunicaciones, particularmente con todo lo que está sujeto a la tarifa que todavía hoy día está en manos de Telefónica. Este no es un sector donde existe la competencia, es un sector donde existe, fundamentalmente, un oligopolio y hay muchos matices no solamente en la telefonía fija, en la telefonía dentro de una ciudad, en la telefonía interprovincial o interciudades sino que ambién están todos los temas relacionados con los costes de llamadas en los teléfonos móviles y con los acuerdos existentes entre las compañías en esas llamadas. Me alegro de que esta moción haya sido presentada para empezar a llamarla atención, en esta ocasión sobre un caso extremo, que es el caso de la insularidad,

Página 3502


pero debería estar contemplado este hecho dentro de todo lo que es la perspectiva de entrar en verdadera competencia y en unas tarifas que sean normales para una sociedad donde este servicio tiene un carácter universal para el uso por todos los ciudadanos.
Nos gusta la moción como está presentada, no nos gusta la enmienda presentada por el Partido Popular, porque, como dice el propio prólogo o introducción a la moción, ya en el año 1999 una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados proponía que instaba al Gobierno a estudiarla posibilidad de establecer como obligación de servicio público la prestación del servicio telefónico en Canarias con un precio más asequible que el actual, modificando en su caso los distritos telefónicos. Si se hubiera estudiado y se hubiera puesto en práctica aquella iniciativa, hoy no tendría sentido esta moción. Por eso volver de nuevo a decir al Gobierno que estudie es un gesto de absoluta buena voluntad, yo diría casi de ingenuidad política, que nosotros no vamos a compartir. Nos parece que la moción en sí misma, planteada por el Grupo de Coalición Canaria, es la moción que debería ser aprobada y el Gobierno, en cuanto regulador de este sector, debería tomar en serio la propuesta y solicitud planteada por el Grupo de Coalición Canaria.
Muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias Senador Albistur.


¿Por el Grupo Parlamentario Entesa Catalana de Progrés? (Pausa.) ¿Por el Grupo Parlamentario Catalán en el Senado de Convergència i Unió? (Pausa.) El Senador Varela tiene la palabra.


El señor VARELA I SERRA: Gracias, señora Presidenta.
Simplemente quiero decir que mi Grupo apoyará la moción del Grupo de Coalición Canaria. No nos gusta como queda la moción si se acepta la enmienda, como ha manifestado el Senador Rodríguez, por las razones que ha explicado muy bien el Senador Albistur. Pero si el mismo proponente la acepta, nosotros, aunque compartimos los argumentos que ha dado el Senador Albistur, votaremos a favor de la misma.
Nada más y muchas gracias.


La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Varela.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra el Senador Saavedra.


El señor SAAVEDRA ACEVEDO: Gracias, señora Presidenta.
Siempre hemos apoyado las iniciativas que desde la anterior legislatura viene presentando el Grupo Parlamentario de Senadores de Coalición Canaria en materia de tarifas telefónicas.
Esta larga serie de iniciativas parlamentarias comienza en la legislatura anterior con una pregunta que formuló el anterior Senador por la isla de Lanzarote don Cándido Armas. Se insiste en la necesidad de aplicar e interpretar el precio asequible a que hace referencia la Ley 11/1998 en su artículo 37 donde se establece que para determinar ese concepto de precio asequible se considerará especialmente el hecho insular.
Tras esa primera iniciativa, en la presente legislatura podemos mencionar la pregunta escrita formulada el 4 de julio del pasado año 2000 por don Froilán Rodríguez acerca de la reestructuración de tarifas en Canarias.
El Gobierno en su respuesta anuncia estudios, informes, etcétera. Le sigue otra pregunta del Senador don José Luis Perestelo el 7 de febrero del presente año a la Ministra de Ciencia y Tecnología sobre cuándo se va a aplicar el distrito único en las islas de La Palma y Fuerteventura, respondiendo la Ministra que en fecha muy breve. Le sigue una nueva pregunta formulada por la Senadora doña Claudina Morales y por don José Luis Perestelo el 2 de marzo de este mismo año acerca de la hora en que se va a aplicar ese distrito único en la fecha que se concretó por algunos representantes del Partido Popular el 23 de junio del presente año para La Palma y Fuerteventura, y en su contestación se duda si es hora canaria u hora peninsular, hasta eso requiere iniciativas parlamentarias. Finalmente, en el Pleno de 6 de marzo en esta misma sala fue rechazada una moción de Coalición Canaria en la que se insistía también en la estructura tarifaria.
Hoy nos encostramos con una moción que insiste --y es admirable la perseverancia del citado Grupo de Coalición Canaria-- en plantear este tema, en este caso, extendiéndolo a la isla de Mallorca, una vez resuelta la cuestión en las otras islas menores. Y tenemos una enmienda del Grupo Parlamentario Popular que de nuevo va a dejar en nuevos estudios el deseo del Grupo proponente y de todos los Grupos que apoyamos el contenido, la idea, la intención de Coalición Canaria. Porque se dice que se insta al Gobierno a estudiar y repito que en julio de 2000 hubo respuesta del Gobierno en este mismo sentido. Pero me sorprende que se lo diga conforme a la actual situación de competencia en el mercado de las telecomunicaciones en España, porque hace unos días hemos visto que el Presidente de Telefónica presume de que Telefónica ha sido el antiguo monopolio estatal que menos cuota de mercado ha perdido. Por tanto, en estas circunstancias, hablar de competencia y consultar a cada una de las empresas que puedan operar tanto en la red móvil como en la red fija, es ganar tiempo ante la petición de Coalición Canaria.
Por consiguiente, conscientes de estar apoyando algo que con la enmienda aceptada por el Grupo proponente va a quedar reducido a nada, manifestamos nuestro apoyo haciendo una aclaración al Senador Rodríguez que ha hecho una referencia a la ultraperiferia. Considero que este tema no tiene que ver con la ultraperificidad que es un concepto de la Unión Europea. En nuestra Constitución figura el hecho insular que abarca tanto a Baleares como a Canarias. Por tanto, basta con que esté en la Constitución y en la Ley de Telecomunicaciones para que no haya que apelar a lo que hemos obtenido, aunque todavía sean palabras --todo sea dicho-- a nivel europeo las islas que así se califican de ultraperiféricas.


Página 3503


Nada más, señora Presidenta. Muchas gracias y repito que apoyaremos algo que va a ser inútil.


La señora PRESIDENTA: Tenga fe, Senador Saavedra.
Por el Grupo Parlamentario Popular en el Senado, tiene la palabra el Senador Rojo Martínez.


El señor ROJO MARTINEZ: Gracias, señora Presidenta.
Celebro la unanimidad de lo útil, sin duda, porque en caso contrario tampoco nosotros estaríamos a favor de la enmienda, con la modificación que hemos introducido. Y si la hemos hecho es precisamente para que sea útil.
En relación con las palabras del señor Albistur, le diré que desde 1999 hasta hoy el Gobierno sí ha estudiado algo relacionado con las islas porque ha aceptado modificar los distritos de tarificación de al menos dos de ellas, la Palma y Fuerteventura, dato que creo que se ha pasado por alto. Por tanto, evidentemente esos estudios no quedan desvirtuados sino todo lo contrario, y espero que dentro de unos meses sigan revalorizándose ese tipo de estudios y decisiones del Ejecutivo, que es el que debe adoptarlos.
En cuanto a la posición, muy pesimista, del Senador Saavedra, portavoz del Grupo Socialista, debo decirle que tengo la obligación de creer en lo útil como político, una de las definiciones, propias de nuestra actividad.
Y respecto del señor Cámara, señoría, creo que hemos reducido en exceso los conceptos de solidaridad y hecho insular. Me he tomado la molestia --por citarse en la moción-- de leer el artículo 138 de la Constitución, al que se recurre para hablar de cohesión y solidaridad, y he encontrado conceptos muy ricos que van mucho más allá de la tarifa telefónica, de una llamada telefónica y de un recibo telefónico. A mí se me ocurre empeñar, y mucho, la actividad política hacia la solidaridad y la cohesión en aspectos que ahora voy a citar y que sin duda usted no ignora, pero que yo tengo presentes para dar contenido a palabras tan importantes como cohesión y solidaridad.
En mi opinión la interpretación que debemos hacer de ese artículo es sobre las condiciones de vida de los españoles. Y dígame si eso no es cierto. Por tanto, debemos interpretar ese artículo de la Constitución, que se refiere a la cohesión y la solidaridad, desde el punto de vista de una visión uniforme del territorio, del sistema de relaciones económicas en el Estado, de la autonomía financiera de los territorios del Estado, y de los fondos para inversiones, esos que se confían con el nombre de compensación interterritorial.
Señor Cámara, las palabras cohesión y solidaridad tienen que ver también, en lo que se refiere a la cohesión del territorio, con la planificación económica, con las garantías del nivel mínimo de servicios públicos, y no exactamente del precio, y también con los mecanismos políticos de cooperación y coordinación.
Creo que hoy conviene recordar todo esto para que cada vez que hablemos de la Constitución y de la interpretación de sus grandes líneas no nos quedemos interpretando exclusivamente los recibos de teléfono o precios de la gasolina.
Gracias, señora Presidenta. (El señor Rodríguez Díaz pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, señoría.
Senador Rodríguez, tiene la palabra por un minuto.


El señor RODRIGUEZ DIAZ: Ni siquiera lo voy a consumir, señora Presidenta.
Señoría, le agradezco la referencia que ha hecho insistentemente a la Constitución en el sentido del reconocimiento del hecho insular. Me dice por segunda vez que por qué no lo aplico a una serie de reivindicaciones mucho más importantes en infraestructuras, en calidad de vida, etcétera, y que por qué lo aplico a los distritos tarifarios. Pues porque hoy estamos hablando de distritos tarifarios, no estamos hablando de otra cosa.
Por lo tanto, la factura del teléfono, que usted menosprecia hoy aquí, es una pequeña parte, pero una parte también de nuestra calidad de vida, de nuestro gasto cotidiano. Es decir, hoy estamos hablando de distritos tarifarios, y yo invoco la Constitución y el hecho insular reconocido en ella para hablar también de distritos tarifarios. Otro día hablaremos de otras cosas, no se preocupe.
Gracias. (El señor Cámara Fernández pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Senador, Cámara, tiene otro minuto.


El señor CAMARA FERNANDEZ: Muchas gracias, señora Presidenta.
Intervengo solamente medio minuto para decir que en medio minuto no voy a polemizar con usted.
Yo tengo en cuenta toda la Constitución, de verdad, pero quiero aclararle una cosa, simplemente una cosa. Yo no reclamo solidaridad, señor mío. Yo estoy reclamando el reconocimiento de un hecho diferencial que aparece en la Unión Europea, que aparece en nuestra propia Constitución y que aparece en leyes que han aprobado las Cortes Generales.
Las islas tienen un hecho diferencial: son territorio discontinuo, el hecho insular. No es un tema de solidaridad. Cuando hablamos del tema tarifario de Telefónica estamos hablando de esto, y cuando hablemos de transporte hablaremos del transporte, y así un sinfín de aspectos más.
Por cierto, en mi Comunidad Autónoma --lo tengo en cuenta todo-- existe también otro hecho diferencial no solamente por ser islas, sino porque también hay un reparto de la riqueza muy desigual. Por eso yo, desde la izquierda, trabajo allí para hacer aquello mucho más justo.
Gracias. (El señor Rojo Martínez pide la palabra.)

La señora PRESIDENTA: Gracias, Senador Cámara.
Senador Rojo, tiene otro minuto.


El señor ROJO MARTINEZ: Señora Presidenta, yo sólo pretendía no reducir el debate de la cohesión a un recibo de teléfono porque, evidentemente, es mucho más.
Usted, señor Cámara, ha partido de la base de que yo necesito pedagogía isleña. Posiblemente necesite aprender

Página 3504


a nadar, pero pedagogía del territorio español, no necesito ninguna.
Muchas gracias (Aplausos desde los escaños del Grupo Parlamentario Popular.)

La señora PRESIDENTA: Señorías, ¿entiendo entonces que la moción originaria de Coalición Canaria, con la enmienda que ha presentado el Grupo Parlamentario Popular, se puede dar por aprobada por asentimiento? (Pausa.) Queda aprobada.
Señorías, antes de levantar la sesión quiero anunciarles que la reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Agricultura prevista para el jueves 25 a las 10 se celebrará hoy en la sala de Comisiones. La reunión de Mesa y portavoces de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales prevista para mañana a las 10 se celebrará hoy en la sala 20.001 A. Mesa y portavoces de la Comisión de la Sociedad de la Información y del Conocimiento prevista para mañana a las 10, se reunirá hoy en la sala de ruedas de prensa. Mesa y portavoces de la Comisión Especial sobre la situación de las poblaciones de montaña prevista para mañana día 25 a las 10, se reunirá hoy en la sala de Tapices. La Comisión General de las Comunidades Autónomas prevista para el 25 de octubre a las 11 se celebrará hoy al finalizar el Pleno en el antiguo Salón de Sesiones. La razón de que se haya autorizado la reunión de la Comisión es que solamente es para designar Ponencia para la Ley del Fondo de Compensación Interterritorial. Mesa y portavoces de la Comisión de Defensa, hoy al finalizar el Pleno en la sala Internacional. Comisión de Hacienda, ahora al finalizar el Pleno en la sala de Cuadros. Sólo para elegir Vicepresidente y Secretario, la Comisión de Presupuestos, al finalizar el Pleno, en la sala 20.002. Mesa, y portavoces de la Comisión de Asuntos Iberoamericanos en la sala 20.003. Por último, Mesa y portavoces de la Comisión de Infraestructuras, al finalizar el Pleno en la sala 20.001 B.
Se levanta la sesión.


Eran las diecinueve horas y cincuenta minutos.

Congreso de los Diputados · C/Floridablanca s/n - 28071 - MADRID · Aviso Legal